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Timestamp: 2019-03-24 01:28:00
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El proceso como instrumento de la jurisdicción introducción
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EL PROCESO COMO INSTRUMENTO DE LA JURISDICCIÓN
El Proceso es el objeto de estudio del Derecho Procesal, y lo hemos definido previamente como el “conjunto o serie de actos jurídicos procesales que se verifican progresivamente ante el órgano jurisdiccional, con el objeto preparar el acto final, cual es el de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión.” Es una institución ordenada en torno a la decisión del asunto controvertido y el restablecimiento de la paz social. Sobre la base del concepto antes enunciado, podemos establecer que existen cuatro elementos que caracterizan fundamentalmente a esta institución:
Su vinculación con la función jurisdiccional;
Su carácter teleológico;
La existencia de un órgano jurisdiccional; y,
La existencia de una circunstancia jurídica diferenciada, con una naturaleza jurídica particular.
Sin embargo, respecto de este último elemento, el concepto de proceso ha tenido una evolución a lo largo de la historia. En efecto, la cuestión de la naturaleza del proceso ha sido materia de discusión en el último siglo.
2.- Naturaleza del proceso.
Ordinariamente, el derecho procesal ha sido asociado al derecho positivo que regula la práctica de los tribunales. Este concepto eminentemente estático, omite cualquier alusión al carácter eminentemente dinámico de este derecho, derivado de la vivencia jurídica constituida por el quehacer del juez, los abogados y las partes. Es este segundo elemento, aquel que ha sido latamente discutido por la doctrina.
Teoría Clásica: El proceso es un contrato de “litis contestatio”, esto es, un acuerdo de voluntades tendiente a encontrar la justa solución del conflicto. Posteriormente, ya en la época de la revolución francesa, aparece una segunda vertiente dentro de la teoría clásica, que considera al proceso como un cuasicontrato, en términos de ser tan sólo un conjunto de fórmulas legales que llevan a resolver el asunto.
Teoría de la Relación Jurídica: La segunda teoría respecto a la naturaleza del proceso, es la denominada doctrina de la relación jurídica, sustentada principalmente por autores como Von Bullow, Chiovenda y Calamandrei. El proceso es una relación jurídica que se presenta ante el órgano jurisdiccional a fin de que éste aplique la ley que corresponda al caso concreto, a fin de llegar a la justa solución de la contienda. La relación jurídica es la esencia del proceso y es previa al derecho litigioso, toda vez que surge en el momento en que la simple norma jurídica se traduce en una pretensión. Existen derechos y obligaciones recíprocos entre los interesados en el litigio y los funcionarios encargados de resolverlo.
Teoría de la Situación Jurídica: Posteriormente, aparece en escena la doctrina de la situación jurídica, la cual, de conformidad a los postulados de Goldschmidt, establece que no es posible hablar de relación jurídica, por cuanto la solución del conflicto es tan sólo una mera expectativa de las partes en orden a obtener sentencia favorable, por lo que sitúa al proceso en un escalafón inferior, cual es el de simple situación jurídica.
Teoría de la Institución Jurídica: En cuarto lugar figura la doctrina sostenida por el autor Jaime Guasp, conforme a la cual el proceso es una institución jurídica a la cual las partes acuden cuando existe entre ellas un conflicto que debe ser solucionado (explica la utilidad del proceso pero no su naturaleza jurídica).
Teoría Moderna de la Relación Jurídica Compleja: Finalmente, encontramos la teoría de la relación jurídica compleja, propuesta por autores como Carnelutti, la cual goza hoy en día de la aceptación mayoritaria de la doctrina, sobre todo por ser aplicable casi enteramente al proceso civil e inclusive a los procesos criminales con ciertas diferencias. Consiste en establecer que el proceso es un conflicto de intereses jurídicamente relevante, y que en consecuencia es objeto de regulación especial por parte del Derecho, constituyendo su esencia la “justa composición de la litis”.
Se estima que las teorías antes enunciadas, adolecen del error de definir la naturaleza del proceso como aquella que el derecho positivo le asigna; miran a la existencia en lugar de la esencia. En consecuencia, para poder determinar con claridad qué es el proceso, será preciso atender no a la ley sino a la práctica. Se ha entendido en general que el proceso es el trabajo que desarrollan los actores procesales con miras a la solución de la contienda.
Aparece entonces la trilogía “contienda - juez - juicio”, así como, una serie de conceptos similares que es preciso definir y diferenciar antes de entrar de lleno al análisis de fondo.
3. Conceptualización del proceso.
El proceso es “un medio idóneo para dirimir imparcialmente, por acto de autoridad, un conflicto de relevancia jurídica mediante una resolución que, eventualmente, puede adquirir la fuerza de cosa juzgada”. (Figueroa).
Regularmente suele confundirse con otros términos:
Proceso y Litis o Litigio: el litigio es la representación procesal de la contienda, caracterizada por la existencia de una pretensión resistida. Si bien un proceso supone un litigio, es posible que exista sin éste, como en los casos de jurisdicción voluntaria.
Proceso y Juicio: El juicio es la decisión, la sentencia, que sólo constituye una parte del proceso y que incluso puede no presentarse (avenimiento, sobreseimiento, etc.) No obstante, la influencia española hace que nuestros códigos normalmente utilicen esta expresión como sinónimo de procedimiento (Juicio Ordinario, Juicio Ejecutivo, etc.).
Proceso y Procedimiento: Es una relación de género a especie. El procedimiento es el conjunto de formalidades externas que determina el desarrollo de los actos que forman el proceso.
Conjunto de actos encaminados hacia un fin Conjunto de ritualidades y formalidades
Proceso y Expediente: El proceso es una idea, una abstracción, mientras que el expediente es la materialidad, el legajo de papeles en que se registran los actos de un proceso.
Proceso y Causa: Conforme a lo establecido en los artículo 76 del Código Penal y 1° del Código Orgánico de Tribunales, no se aprecian diferencias entre ambos conceptos, por lo que concluimos que nuestro legislador los considera como sinónimos.
Proceso y Autos: La palabra autos es utilizada por nuestro legislador en múltiples sentidos, en algunos casos como sinónimo de proceso, pero también en otros para referirse al expediente, e inclusive como una categoría o clase de resolución judicial.
Proceso y Pleito: Conforme al artículo 159 N°6 C.P.C., el concepto de pleito es sinónimo de litigio.
4.- Objeto del proceso
Encontramos una doble realidad del proceso, siendo la primera la conducta humana, y su segunda la representación formal. El conflicto, entendido como la oposición de voluntades en razón de intereses recíprocamente incompatibles, se transforma en contienda cuando los intereses mutan en pretensiones jurisdiccionales, siendo en consecuencia la contienda el objeto del conocimiento del Juez. El juez conoce la contienda, fundamentalmente en dos etapas:
Aprehensión Judicativa: La aprehensión de los hechos por parte del Juez no es sólo racional, sino que además tiene una calidad de ser el medio para llegar a juzgar, lo cual es el fin último del proceso.
Convicción Razonable: Como el proceso es posterior al conflicto, la verdad a la que se aspira es sólo una probabilidad, una opinión que se forma el Juez y respecto de la cual debe lograr un nivel de convicción a fin de que se trate de una solución justa y capaz de restablecer la paz social. La convicción del Juez se funda en apreciaciones que lo conducen a una verdad probable, para ello encontramos tres etapas:
Discernimiento de la Regla Aplicable: Supone la búsqueda y apreciación de una medida para sopesar la contienda que se conoce.
Apreciación: Es la comparación entre la regla discernida y la contienda aprehendida, siendo ésta evaluada a la luz de aquella.
Determinación de lo justo: El Juez es el “ius dicens” (dice lo justo del caso concreto), y en virtud de dicha autoridad, lo que él decida se tendrá por cierto. Esta autoridad de la justicia es la autoridad inherente del proceso, manifestada externamente a través de la cosa juzgada.
En estricto rigor el proceso es un medio, no un fin en sí mismo. Tiene en consecuencia una característica funcional y teleológica, encaminándose hacia la resolución del conflicto, cumpliéndose diversas etapas para llegar a una sentencia firme.
Finalidad de jurisdicción, restablecimiento del derecho y paz social.
Finalidad del proceso: jurídica, social y de cooperación.
Los distintos criterios de diferenciación que se utilizan para intentar clasificar el proceso, son más bien aplicables a los procedimientos, por lo cual nos remitiremos a enunciarlos:
1. Según las pretensiones:
Contencioso: Tiende a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto, oposición de intereses suscitados entre las partes.
Voluntario: Su objeto se centra es una o más peticiones no contenciosas y sus sujetos privados se denominan peticionarios o solicitantes.
Declarativo: (de conocimiento o cognicion), tiene por objeto la pretensión tendiente a lograr que el órgano judicial dilucide y declare el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes.
Ejecutivo: Hay ausencia de controversia y tiene por objeto cumplir lo ordenado en una sentencia o en un título ejecutivo exigible que contiene una obligación.
Cautelar: es accesorio a uno principal y tiene por objeto asegurar la viabilidad de la sentencia condenatoria.
3. Según su estructura:
Ordinario: Todas las contiendas judiciales que no tuvieren señalada una tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario, salvo cuando este código autoriza al juez a determinar la clase de proceso aplicable.
Especial: aquellos que tienen una regulación especial.
4. Según el derecho sustantivo reclamado:
- Civil, penal, laboral, de familia, comercial, etc.
5. Según la forma del procedimiento:
6.- Elementos del proceso
Existe acuerdo en la doctrina que el proceso cuenta de estos elementos:
6.1 Elemento objetivo: La Contienda: el conflicto cuyos intereses han mutado en pretensiones jurisdiccionales, y que se encuentra constituido fundamentalmente por la acción y la reacción. Es el enfrentamiento de intereses comprometidos.
6.2 Elemento subjetivo: son los sujetos que están envueltos en el respectivo proceso, y son los siguientes
Órgano jurisdiccional (Juez): La labor fundamental del juez en el proceso es innegable, pero variará según estemos en presencia del principio dispositivo o inquisitivo. No obstante, la misión del juez será esencialmente la misma en ambos casos, y se desarrolla a través varias funciones:
Función receptora: Recibir las presentaciones de las partes, tanto alegaciones como probanzas, las que se acumulan en el expediente.
Función Inspectiva: Verificar la admisibilidad de las pretensiones como de probanzas. Reviste importancia porque es el análisis preliminar de un determinado asunto. Ej interposición de recursos.
Función de proveimiento: proveer o despachar las diferentes presentaciones y solicitudes que se van presentando a tiempo.
Técnica Valorativa o de juzgamiento: Resolver las presentaciones de las partes, ponderar el valor de las pruebas y en definitiva fallar el asunto sometido a su decisión. es necesario distinguir el juzgamiento de las cuestiones accesorias del conflicto mismo.
Función de cumplimiento: en la medida que la resolución necesite ser cumplida y no lo haya hecho voluntariamente la parte respectiva.
Acto de comunicación: por los cuales se hace saber a las partes o a terceros las actuaciones judiciales. Dentro de estos actos encontramos las notificaciones.
Las Partes: Las analizaremos a propósito del estudio de las “Disposiciones Comunes a todo Procedimiento. Que puede estar constituido por el demandante, demandado o incluso terceros.
7.- Presupuestos procesales
Son aquellos elementos o exigencias esenciales que deben concurrir para la constitución de un proceso válido y eficaz.
De Constitución: Son los presupuestos esenciales y equivalen a los requisitos de existencia de un acto jurídico, por cuanto su ausencia determina la inexistencia del proceso. Son los siguientes:
Existencia de un Tribunal.
Emplazamiento Válido de las Partes.
De Validez: Una vez que el proceso ha nacido, aparecen estos presupuestos necesarios para su validez:
Competencia, a lo menos absoluta, del Tribunal
Capacidad Procesal de las Partes.
De Finalidad: Son aquellos sin los cuales el proceso carece de sentido o degenera en otra cosa diferente:
Interés o relevancia jurídica.
Persuasión y Convicción del tribunal en torno a lo justo para el caso concreto.
8.- Actos jurídicos procesales
El proceso jurisdiccional ha sido conceptualizado por Couture, como “la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión”. Es en consecuencia una sucesión de acciones y reacciones en que la actividad de los sujetos constituye un nuevo impulso para ponerse en movimiento.
El proceso como tal es una idea abstracta, a la cual debe darse una forma externa que canalice su desarrollo: el procedimiento. Por procedimiento entendemos “sistema racional y lógico que determina la secuencia o serie de actos que deben realizar las partes y el tribunal para obtener los fines del proceso.” Así, mientras el proceso es la totalidad o unidad, el procedimiento es la sucesión de actos en movimiento, en que cada acto se encuentra vinculado o coordinado a otro acto o a otro grupo de actos, que se suceden en el tiempo en forma continua.
Si bien cada acto tiene y cumple una finalidad inmediata y propia, que lo califica en su individualidad, todos están dirigidos a un objeto común, lejano, cuál es la formación del acto final que resumirá el procedimiento y constituirá su resultado individualmente. Cada uno de estos actos de que se compone el proceso y que tiene como objetivo último la formación del acto final, se conocen con el nombre de “Actos Jurídicos Procesales”.
Al igual que en materia civil, el acto jurídico procesal se diferencia del hecho jurídico procesal, en que éste último es tan sólo aquel suceso de la naturaleza que produce efectos en el proceso. A modo de ejemplo podemos citar los siguientes:
Caso Fortuito (artículo 79 C.P.C.)
Cesación de la representación legal (artículo 9 C.P.C.)
Ausencia física del territorio de la república (artículos 11, 284 y 285 C.P.C.)
Muerte (artículos 77, 396 y 529 C.O.T., artículos 5, 6 y 165 C.P.C. y artículos 38 y 408 C.P.P.)
También se ha definido el acto jurídico procesal como aquel “Acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción, o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales.”
8.1 Elementos del Acto Jurídico Procesal:
De acuerdo a la definición precedentemente transcrita, que por cierto es la aceptada por la cátedra, podemos establecer los principales elementos que distinguen al acto jurídico procesal, a saber:
Existencia de una o más voluntades;
La voluntad debe exteriorizarse; y,
Debe existir la intención de producir efectos en el proceso.
Por su parte, fuera de estos elementos de fondo, los actos jurídicos procesales son además reconocibles por ciertas características particulares, especialmente las que a continuación se indican:
Son Esencialmente Solemnes: Esto no implica que vayan revestidos de una excesiva solemnidad, sin que existe siempre la exigencia de requisitos mínimos, cuya infracción acarrea las sanciones prescritas por el legislador para cada caso. Así por ejemplo, la demanda, como acto jurídico procesal de parte, si no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 254 CPC, se verá expuesta a la sanción contenida en el artículo 256 CPC o bien, a su rechazo por ineptitud del libelo (artículo 303 CPC)
Son Mayoritariamente Unilaterales: La manifestación de voluntad destinada a producir efectos en el proceso, emana normalmente de un solo sujeto (ejs: demanda, contestación, sentencia, peritaje, etc.). Excepcionalmente, hay actos en que la ley exige la concurrencia de dos o más voluntades para su perfeccionamiento, tales como el compromiso, la transacción, la prórroga expresa de la competencia, etc. Estos actos jurídicos procesales bilaterales, son también denominados “Negocios Jurídicos Procesales”.
Suponen y Crean al Proceso: Los actos jurídicos no pueden existir sin el proceso, y éste último no existe sin ellos.
Son Autónomos: Pese a que en su esencia están todos coordinados hacia un objetivo común, no suponen ligazón a otro tipo de actos. De este modo, una prueba testimonial se basta a si misma, y no requiere de la prueba confesional para su validez. No obstante, como ya lo hemos dicho, si bien son autónomos, sólo son comprensibles como una unidad que persigue los fines del proceso.
8.2 Clasificación:
Según la Voluntad Necesaria para la Existencia del Acto: Existen actos jurídicos procesales unilaterales y bilaterales (negocios jurídicos procesales).
Según el sujeto del que emana el acto: Podemos distinguir actos del tribunal, actos de las partes y actos de terceros.
Del Tribunal: Son la regla general en los procedimientos en los cuales rige el principio inquisitivo. El ejemplo más claro son las resoluciones judiciales.
De las Partes: Dentro de este concepto comúnmente se incluyen también aquellos actos emanados de terceros directos. Son la regla general en los procedimientos regidos por el principio dispositivo (ejs: demanda, tercerías, querella, etc.)
De Impulso Procesal: peticiones de las partes para dar curso progresivo a los autos.
De Postulación: aquellos en que se formulan cuestiones de fondo, vinculadas con el asunto objeto del proceso (ejs: demanda, excepciones perentorias, observaciones a la prueba, etc.)
Probatorios: aquellos que se realizan para acreditar los hechos en que se sustentan las pretensiones y defensas (ej: prueba de testigos)
De impugnación: pretenden atacar los actos del tribunal, ya sea por defectos o vicios de forma o de fondo, o bien, porque producen agravio o gravamen irreparable a alguna de las partes (ej: recursos)
De Terceros Indirectos: son aquellas personas que participan en el proceso pero se desvinculan del litigio y carecen de interés en él (ej: peritos, receptores, martilleros, etc.) Pueden ser de tres clases:
Probatorios: Fundamentalmente caen en esta clase el informe de peritos, la declaración de testigos y la información sumaria.
De Certificación: En general, se trata de aquellos ministros de fe que acreditan la realización efectiva de un hecho o acto, o lo materializan (ej: receptores y secretarios) Son actos destinados específicamente a dar validez a otros actos jurídicos procesales (artículo 61 inc. 3° C.P.C.), a dejar constancia expresa de ciertos hechos (artículo 44 C.P.C.) o bien, simplemente para efectos probatorios (artículo 427 C.P.C.)
De Opinión: Aquellos en que el tribunal está obligado o facultado para recurrir al informe de un tercero (ej: Ministerio Público y Defensor Público - artículo 369 C.O.T.) Los informes en derecho también se comprenden en esta calificación.
8.3 Requisitos de Existencia y Validez:
En nuestro derecho procesal, no existe una regulación orgánica y específica de los actos jurídicos procesales, debiendo por ello aplicarse siempre en forma supletoria la “Teoría del Acto Jurídico” contenida y desarrollada en los artículos pertinentes del Código Civil, en todas aquellas materias no reguladas por los códigos procedimentales y siempre que no pugnen con la naturaleza del proceso. En esta misma línea, podemos decir que en principio, los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos procesales son los mismos que regula el Código Civil, salvo ciertas peculiaridades que los diferencian, y que analizaremos a continuación:
a) La Voluntad y sus Vicios: la regla general es que la voluntad debe ser expresa. En materia civil el silencio por lo general no produce efectos, sin embargo en materia procesal el silencio puede producir consecuencias jurídicas sumamente relevantes al interior del procedimiento (ejs: artículos 78 y siguientes y 394 CPC, artículo 451 CPP y artículo 197 COT) Los vicios de la voluntad son los mismos que en materia civil, pero sus efectos se encuentran atenuados:
Error: No necesariamente produce la nulidad del acto, sino que da lugar a otras consecuencias. Por ej, el error permite revocar una confesión (artículo 402 CPC); asimismo, la generalidad de las vías de impugnación o recursos procesales, suponen como objetivo último reparar errores cometidos por el tribunal, sin que con ello se declare necesariamente la nulidad de los actos ya ejecutados. Finalmente, en materia procesal, vemos que la sanción al error judicial es una indemnización de perjuicios solventada por el Fisco (artículo 19 N°7 letra i CPR)
Fuerza: Menos reglamentada en los códigos procesales que el error, sólo existen algunas alusiones asiladas que utilizan una terminología similar que nos da la idea de fuerza. (ejs: artículo 483 CPP y artículos 79 y 810 CPC)