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Timestamp: 2019-10-19 05:30:15
Document Index: 22332156

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 36', 'artículo 193', 'artículo 121', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 47', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 10']

SOLICITUD PARA CREACIÓN DE COMUNA DE LA JUNTA EN REGIÓN DE AISÉN. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE DECLARACIÓN FORMAL DEL EJECUTIVO SOBRE LEGITIMIDAD DE ÓRGANOS PÚBLICOS DE VENEZUELA. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 31ª, en martes 10 de julio de 2018
(De 16:17 a 18:54)
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 28ª, ordinaria, en 3 de julio de 2018; 29ª, especial, y 30ª, ordinaria, ambas en 4 de julio de 2018, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Con el primero inicia un proyecto que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).
Con el segundo inicia un proyecto de ley que fortalece la integridad pública (boletín N° 11.883-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y a la de Hacienda, en su caso.
Con el tercero inicia un proyecto que complementa la Ley sobre Trasplante y Donación de Órganos (boletín N° 11.872-11).
Con el cuarto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 20.845, de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la región que indica (boletín N° 11.833-04).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
Con los tres subsiguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).
Con los siete últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
2.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines números 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
7.- El que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07).
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que establece el día del rock chileno (boletín N° 9.062-24).
Con el siguiente informa el reemplazo de integrantes de la Comisión Mixta constituida para resolver las discrepancias surgidas durante la tramitación del proyecto que modifica el decreto ley N° 2.695, de 1979, para resguardar derechos de terceros en relación con la regularización de la pequeña propiedad raíz (boletín N° 10.802-12).
Con el último informa que ha aprobado el proyecto de ley que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines números 11.126-07 y 11.522-07, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Comunica nombramiento de la señora María Pía Silva Gallinato como nueva integrante del Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Da respuesta a petición, expresada en nombre de la Senadora señora Goic, para considerar la creación de un "Plan Especial de Desarrollo Antártico".
Contesta consulta del Senador señor García, relativa al mal estado de los caminos del sector Pelales, de Freire, y de la ruta que une Lautaro con Galvarino.
Informa sobre los proyectos de agua potable rural de la Región de Los Lagos; consulta efectuada en nombre del Senador señor Quinteros.
Entrega antecedentes del requerimiento formulado por el Senador señor Bianchi, relativo a la posibilidad de otorgar un subsidio para el uso de gas natural destinado a la calefacción de hogares en la comuna de Cabo de Hornos.
Consigna datos sobre el cronograma de cierre, por parte de la empresa que señala, de las plantas termoeléctricas de las comunas de Tocopilla y Mejillones; materia consultada en nombre del Senador señor Guillier.
Da respuesta a la petición del Senador señor De Urresti, en cuanto a la denuncia efectuada a raíz del movimiento de tierras y deforestación ocurridos a orillas del río Bueno, en la comuna del mismo nombre.
Absuelve solicitud, formulada en nombre del Senador señor Sandoval, sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia.
Entrega referencias sobre el proceso de postulación al programa de recambio de calefactores para la ciudad de Coihaique; solicitud efectuada por la Senadora señora Órdenes.
Da cuenta sobre la consideración de ciertos cuerpos legales en la tramitación del proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas; materia consultada en nombre del Senador señor Sandoval.
Adjunta información sobre el número de licitaciones realizadas por los gobiernos regionales en el período señalado, materia consultada por el Senador señor De Urresti.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor García, para informar sobre el proyecto de reposición de la escuela municipal de Cholchol.
Contesta petición de información, manifestada en nombre del Senador señor De Urresti, con relación a las normas que regulan la emisión de partículas de microplásticos contaminantes.
Remite respuesta a requerimiento del Senador señor García acerca de los procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones cometidas en las elecciones municipales del 2016.
Envía información relativa al sistema de pago de pensiones en la localidad de Radal, comuna de Freire; materia consultada en nombre del Senador señor García.
Del señor Director (S) del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Biobío:
Atiende consulta relativa al estado del proyecto de pavimentación de la calle Angol de la ciudad de Concepción; materia consultada en nombre del Senador señor Navarro.
Informa solicitud, manifestada en nombre del Senador señor Navarro, en relación con el impacto en las labores institucionales de la multa aplicada por prácticas desleales en negociación colectiva.
Del señor Alcalde de la comuna de Corral:
Responde preocupación del Senador señor De Urresti relativa al catastro de viviendas con techos de asbesto-cemento.
Del señor Gobernador Marítimo de Valparaíso:
Aporta datos sobre el resultado del sumario por el vertimiento de carbón en la bahía de Quintero; consulta realizada en nombre del Senador señor Chahuán.
De los Senadores señor Huenchumilla, señora Provoste y señores De Urresti, Latorre y Quintana, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que reconoce la plurinacionalidad y los derechos de los pueblos indígenas (boletín N° 11.873-07).
De los Senadores señoras Allende y Muñoz y señores De Urresti, Latorre y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que aumenta las penas a los delitos sexuales y mejora las medidas de protección cuando las víctimas de ellos sean niñas, niños o adolescentes (boletín N° 11.874-07).
De los Senadores señoras Aravena y Van Rysselberghe y señor Kast, con la que inician un proyecto de ley que prohíbe la explotación comercial de máquinas de juegos de destreza (boletín N° 11.892-07).
De los Senadores señoras Goic, Aravena y Muñoz y señores Latorre y Letelier, con la que inician un proyecto de ley en materia de tutela de derechos fundamentales de los trabajadores en régimen de subcontratación y de los trabajadores de servicios transitorios (boletín N° 11.875-13).
De los Senadores señor Girardi, señoras Allende y Órdenes, y señores Ossandón y Prohens, con la que inician un proyecto de ley sobre protección de glaciares (boletín N° 11.876-12).
1.- El que modifica el Código del Trabajo, en materia de finiquitos suscritos ante Notarios, Oficiales del Registro Civil o Secretarios Municipales (boletín N° 4.809-13).
4.- El que suprime el concepto de empresa establecido en el artículo 3° del Código del Trabajo (boletín N° 5.312-13).
8.- El que prohíbe condicionar las comisiones, bonos o incentivo a las ventas, al otorgamiento de crédito al cliente o a su extensión (boletín N° 6.319-13).
9.- El relativo a créditos laborales en procedimientos concursales (boletín N° 6.497-13).
12.- El que modifica el Código del Trabajo, prohibiendo las denominadas "listas negras" de trabajadores (boletín N° 6.784-13).
18.- El que modifica el Código del Trabajo, con el fin de prohibir la discriminación por discapacidad en el trabajo, y que establece una cuota mínima obligatoria de trabajadores con discapacidad en medianas y grandes empresas (boletín N° 9.394-13).
19.- El que permite ceder días de feriado anual o permiso legal a un padre o madre de un hijo o hija que padezca una enfermedad grave, discapacidad o accidente (boletín N° 10.476-13).
20.- El que modifica el artículo 44 de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de reservar puestos de trabajo en las empresas y entidades empleadoras a personas discapacitadas que tengan aptitudes para desempeñarlos (boletín N° 10.737-13).
Me gustaría que los proyectos se detallaran.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Senador, usted puede pedir el desarchivo respectivo, en caso que lo estime conveniente.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- A continuación, la misma solicitud recién referida propone que las siguientes iniciativas de ley sean archivadas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 bis del Reglamento del Senado:
2.- La que modifica el artículo 193 del Código del Trabajo, con el propósito de establecer ciertas prerrogativas a favor de trabajadores que indica (boletín N° 3.482-13).
3.- La que modifica el Código del Trabajo en materia de otorgamiento del finiquito (boletines números 4.045-13 y 4.123-13, refundidos).
4.- La que modifica el Código del Trabajo otorgando permiso al pariente que indica, en caso de hospitalización o atención en el hogar de menores enfermos (boletín N° 4.692-13).
6.- La que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de evitar que se vulnere la prohibición de exigir antecedentes económicos para la contratación de trabajadores (boletín N° 6.129-13).
10.- La que modifica la ley N° 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en materia de los créditos sociales que otorgan dichas cajas (boletines números 7.069-13; 7.580-03; 8.090-13 y 8.950-13, refundidos).
El señor MONTES (Presidente).- Señores Senadores, en este caso se trata de trece proyectos de ley, respecto de los cuales se ha pedido su archivo.
Dado que estas iniciativas provienen de la Cámara de Diputados, se requiere el acuerdo de esa rama legislativa.
El señor MONTES (Presidente).- Por supuesto, Su Señoría.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, con relación al proyecto que se propuso archivar en el primer grupo de materias y que figura en el número 14, relativo al término del contrato de trabajo por faltas a la seguridad minera, solicito que no sea archivado hasta que pueda revisarlo la Comisión respectiva en el más breve plazo.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Se refiere a la Comisión de Minería, señora Senadora?
La señora PROVOSTE.- Así es.
El proyecto dice relación con el término del contrato de trabajo por faltas a la seguridad minera, y lo que busca es sancionar al mandante, no al trabajador.
Esa iniciativa estaba en la Comisión de Trabajo.
La señora PROVOSTE.- Exacto. Y mi sugerencia, además, es que vaya a la de Minería.
¿Habría acuerdo en acceder a lo que solicita Su Señoría?
El señor GIRARDI.- En nombre de la Comisión de Salud, señor Presidente, solicito la fusión de los proyectos relativos al trasplante y donación de órganos, sobre los cuales el Gobierno tiene mucho interés. Son tres iniciativas las concernientes a esta materia.
Y, además, pido que los proyectos refundidos los podamos discutir en general y en particular, pues se refieren a una situación muy importante: la falta de donantes en Chile.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, todavía estamos en la Cuenta.
En todo caso, ya que fue planteado, ¿habría acuerdo para que los proyectos referidos a la donación de órganos se vieran en conjunto en general y particular en la Comisión de Salud?
El señor MONTES (Presidente).- Señor Prosecretario, continuamos con la Cuenta.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).- Comunicaciones
De la Senadora señora Muñoz, por la que retira del trámite legislativo el proyecto de su autoría, que modifica el Código Penal en materia de acoso sexual (boletín N° 11.862-07).
Del Gobierno Regional de Valparaíso, por la que transmite una solicitud relativa a la normativa medioambiental.
El señor MONTES (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, usted señaló que el proyecto de ley presentado por los Senadores señoras Araneda y Van Rysselberghe y señor Kast, que prohíbe la explotación comercial de máquinas de juegos de destreza, pasaba a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; pero yo le pediría que fuera a la Comisión de Gobierno, pues se encuentra analizando dos iniciativas similares.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito que se recabe autorización para que la Comisión de Hacienda pueda funcionar en paralelo con la Sala, a partir de las 17, con el objeto de ver el proyecto al cual el Gobierno le ha dado urgencia de "discusión inmediata", relacionado con el proceso de puesta en marcha de la reforma educacional de la nueva educación pública en la Región Metropolitana.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, quiero que se solicite autorización para que el proyecto que modifica la Ley de Tránsito en diversas materias (refundimos veinticuatro iniciativas en una sola) sea discutido en general y en particular en la Comisión, a fin de despacharlo rápidamente a la Sala para su debate.
Existe gran consenso sobre su texto.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, ¿ustedes quieren discutirlo en general y en particular en la Comisión?
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión de Transportes pueda discutir en general y en particular la mencionada iniciativa en el primer informe?
Al llegar a la Sala se trataría en general.
El señor MONTES (Presidente).- Saludo a la delegación del Colegio Polivalente San Martín de Porres, de La Pintana, que se encuentra en las tribunas acompañada por la señora Alejandra Matus.
Nos visitan alumnos de primero a cuarto medio.
¡Bienvenidos a este Senado de la República!
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en primer trámite constitucional, que incorpora en la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, la obligación de disponer en los centros comerciales de desfibriladores externos portátiles, con segundo informe de la Comisión de Salud.
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Chahuán y Girardi, y de los entonces Senadores señores Rossi y Uriarte):
Salud (segundo): sesión 28ª, en 3 de julio de 2018.
Sesión 21ª, en 5 de junio de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Salud deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La Comisión efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, la cual fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas.
El referido órgano técnico, en atención a la enmienda aprobada, propone, asimismo, modificar la denominación que se ha dado a la iniciativa por la siguiente: "Establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica.".
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, esta iniciativa, que ingresamos en agosto del 2014, a pocos días de que falleciera en el Metro de Santiago don José Bascuñán Pérez, busca que en aquellos lugares de alta concentración y flujo de personas se disponga de desfibriladores.
Este proyecto persigue que se cuente con este tipo de implementos que, según nos dice la experiencia, en el 70 por ciento de los casos permite recuperar a una persona que sufre un infarto cardiovascular.
Yo he relatado, además, el caso de mi padre, quien en una oportunidad sufrió un infarto de esa envergadura y un desfibrilador le salvó la vida. Pero cuando no hubo disponibilidad de uno, falleció.
Esto demuestra, efectivamente, la importancia de este tipo de iniciativas.
En la legislación comparada hemos visto que en países de Europa y otros, como Estados Unidos y Uruguay, ya existen normativas sanitarias que obligan a contar con estos desfibriladores en espacios públicos y privados, en centros comerciales, en supermercados, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, terminales de buses, complejos y centros deportivos y, en general, en los espacios públicos con gran afluencia de personas.
Este proyecto inicialmente establecía una modificación a las normas sobre protección de los derechos del consumidor, la ley N° 19.496, y se abrió un período de indicaciones.
Yo quiero agradecer el apoyo de los parlamentarios en la Sala, como también del Ministerio de Salud, que finalmente patrocinó el proyecto, le puso la urgencia necesaria y, además, logró corregirlo y establecer una normativa específica, única, para los efectos que se buscan.
Las enmiendas introducidas nos parecen absolutamente adecuadas, de modo que la iniciativa en proyecto permitirá que se cumpla plenamente el objetivo propuesto: utilizar un desfibrilador cuando se produzcan emergencias de esta naturaleza, a fin de recuperar un adecuado ritmo cardiaco.
Por otra parte, cabe tener presente que el reglamento, que se dictará en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley, permitirá implementar tales dispositivos en todos los recintos en que será obligatorio contar con ellos, como asimismo capacitar a quienes deban operarlos.
Como señalé cuando aprobamos esta iniciativa en particular, los desfibriladores externos, como se ha comprobado en los diversos países que poseen una normativa sanitaria que obliga a disponer de estos instrumentos, permiten salvar vidas a personas que sufren de paros cardiorrespiratorios, en los que el corazón mantiene actividad eléctrica, pero sin acción mecánica, o con una taquicardia ventricular, que se produce cuando la irrigación sanguínea no es la suficiente.
De igual modo, concordamos plenamente en que esta ley en proyecto tenga carácter de autónoma, razón que llevó a los miembros de la Comisión a formular los ajustes necesarios, conforme lo permite el artículo 121 del Reglamento de nuestra Corporación.
Por todo ello, les pido a Sus Señorías que aprobemos esta iniciativa, con las enmiendas que fueron incorporadas, a fin de que a la mayor brevedad cumpla con su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Por último, quiero agradecerle al Ministerio de Salud por darle prioridad a un proyecto que ha esperado durante cuatro años para ser tratado y por haberle puesto la urgencia necesaria.
Asimismo, agradezco tanto a los miembros de la Comisión de Salud como a la Sala del Senado por posibilitar que en los lugares que se indican pueda contarse con un instrumento que permitirá salvar vidas.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, vamos a votar en general este proyecto. Consideramos que es muy importante,...
El señor COLOMA.- ¡La votación es en particular, señor Senador!
Solo quiero formularles algunas consultas a los autores de esta iniciativa. Quizás, señor Presidente, el propio Senador Chahuán, quien me antecedió en el uso de la palabra, me las pueda contestar.
Cuando en la norma pertinente se enumeran los lugares que deberán contar con desfibriladores externos automáticos portátiles, se habla de "recintos deportivos, gimnasios y otros con una capacidad igual o superior a las dos mil personas".
Entonces, si se trata de un campo deportivo, ¿da igual que sea particular o comunitario? ¿Qué pasa con un club deportivo rural cuando realiza algún campeonato y llegan dos mil personas?
Solo intento dejar claramente establecido en la historia de la ley cuál es el alcance del paso que queremos dar. No es mi ánimo relativizar este asunto en lo más mínimo; pero tampoco quiero que se generen situaciones que puedan prestarse para interpretaciones equívocas.
Ello, porque entiendo que, como criterio, no estamos hablando de una obligación para los recintos que se hallan administrados por organizaciones sin fines de lucro.
El señor COLOMA.- ¿Por qué no?
El señor LETELIER.- No está expresado de esa manera.
Además, esto se encuentra un poco vinculado a los derechos de los consumidores. Y hay lugares donde accede el público, como los centros deportivos y recreativos.
Parece una buena idea que el gimnasio perteneciente a un municipio cuente con este tipo de dispositivos, aunque dicho recinto no tenga fines de lucro.
Tal vez los autores de esta iniciativa, o quienes la hayan discutido en la Comisión de Salud, me puedan aclarar el punto.
Señor Presidente, me parece tremendamente adecuado que se generalice un proyecto de esta naturaleza. En tal sentido, me sumo con mi respaldo a lo obrado por el referido órgano técnico.
Pero -reitero-, sería muy importante despejar las dudas que planteé, para evitar interpretaciones inadecuadas de parte de quienes van a fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la obligación que ahora se establece.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los autores de este proyecto son, entre otros, los Senadores señores Chahuán, Girardi y Rossi (este último ya no pertenece a esta Corporación).
Les recuerdo a Sus Señorías que ahora estamos en la discusión particular. La iniciativa ya fue aprobada en general.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Le daremos unos minutos al Senador señor Chahuán para aclarar las dudas expuestas por el Honorable señor Letelier.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el inciso final del artículo único de la iniciativa que estamos discutiendo se hace cargo justamente de la inquietud del Senador Letelier, puesto que expresa: "El reglamento determinará los demás requisitos que hagan exigible la obligación impuesta en el inciso primero y establecerá las características técnicas de dichos desfibriladores, que deberán estar certificados para su uso en el país, así como las normas respecto de su ubicación, gabinetes, y otros elementos que aseguren su rápido y público acceso, orientaciones para el uso de estos dispositivos y para capacitación y entrenamiento de personal de servicios de emergencia y seguridad que pueda entregar asistencia telefónica en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.".
Cuando la referida norma señala que el reglamento determinará los demás requisitos que hagan exigible la obligación impuesta en el inciso primero, está dando respuesta a lo planteado por Su Señoría.
Lo que se logró hacer con las modificaciones introducidas por la Comisión de Salud fue cambiar la naturaleza original de este proyecto, que modificaba la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, para los efectos de establecer una normativa autónoma, desvinculada del referido cuerpo normativo, y posteriormente, a través del reglamento, determinar dónde y cuándo hacer exigible la obligación impuesta.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, este proyecto se halla muy bien intencionado; y lo vamos a votar a favor.
Me preocupa, sí, saber quién va a elaborar el reglamento pertinente. Ello, porque no es la primera vez -la mayoría de mis colegas ha completado más de un período en el Congreso- que dejamos esta materia a la más absoluta discrecionalidad.
Entiendo que la ley N° 19.496 determinaría lo relativo a la realización del referido reglamento.
Acá se señala un conjunto de recintos o lugares que deberán contar con desfibriladores externos automáticos portátiles. Sin embargo, las preguntas que surgen son: ¿Las AFP debieran tener estos aparatos, o los salones de baile? ¿Las Fuerzas Armadas disponen de ellos? ¿El Congreso Nacional los tiene?
En definitiva, el asunto acá es el Estado.
No queda claro que la obligación exista para las Fuerzas Armadas (por ejemplo, las escuelas matrices), que deban cumplir con tal exigencia.
Asimismo, esto se hace obligatorio para los establecimientos educacionales de niveles básico, medio y superior.
Quiero creer que habrá algún tipo de criterio. Esto, porque en mi Región hay colegios rurales que tienen de entre diez y quince alumnos, y no sé si se los obligará a contar con un desfibrilador.
Señor Presidente, en las playas, en los balnearios, que son lugares donde generalmente las personas pueden sufrir accidentes y morir ahogadas, ¿va a ser obligatorio tener estos artefactos?
El reglamento, entonces, va a jugar un rol fundamental.
La enumeración que se plantea en este proyecto podría ser mucho más extensa.
Yo incluí a las empresas.
Por ejemplo, BancoEstado, por las filas que se forman en sus distintas sucursales, ¿tendrá uno de estos aparatos?
¿Debiera haber uno en el IPS, o en los bancos que pagan pensiones, donde a veces se congregan cientos de personas?
El criterio del reglamento debiera traer aparejado conceptos que permitieran visualizar dónde hay niveles de riesgo, es decir, personas propensas a sufrir una emergencia cardiorrespiratoria, principalmente adultos mayores.
Sin embargo, debo advertir que estas buenas ideas pueden acabar en un desastre.
Al respecto, solo quiero recordar que cuando se trató de poner en el Transantiago contadores de acceso, o torniquetes, terminamos en múltiples intentos, y al final estas medidas no resultaron.
Entonces, es bueno el debate que estamos sosteniendo acá, pues es orientador respecto de esta materia. Porque resulta que vamos aprobar un proyecto de ley que no va obligar a las Fuerzas Armadas ni al Congreso Nacional a contar con este tipo de aparatos.
¿En la Moneda hay desfibriladores? ¿Existen en los museos? ¿El Congreso Nacional los tiene? ¿Los hay en todos los lugares que concentran un gran número de personas? ¿Las empresas, especialmente, cuentan con ellos?
El señor COLOMA.- ¡En la Moneda sí los hay!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quisiera preguntarles al Senador Chahuán o a los demás autores de este proyecto si esta obligación se hará exigible para las empresas.
En algunas empresas medianas y grandes hay desfibriladores. Lo más probable es que por asuntos vinculados con la Mutual de Seguridad los tengan. Pero yo no los he visto. Uno entra en algunas de ellas, y no se ven.
¿Dónde los he observado? Para ser franco, en ciertos aeropuertos. Es evidente que allí deben estar. Sin embargo, cuando uno va a determinada empresa, o al Congreso Nacional...
El señor COLOMA.- En el Senado tenemos uno, y está cerquita: en el primer piso.
El señor NAVARRO.- Me dicen que en esta Corporación hay uno, y que se encuentra en el policlínico.
¡Debiera estar más cerca de la Sala...!
El señor COLOMA.- ¡Está a pocos metros de acá...!
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solo digo que esos aparatos tendrían que estar donde sea más probable su uso. Y eso lo va a determinar el reglamento respectivo.
En consecuencia, quiero que se me aclaren dos cosas: quién va a elaborar el referido reglamento y a qué Ministerio le corresponderá hacerlo.
El señor COLOMA.- ¡Al Ministerio de Salud!
El señor NAVARRO.- Me señalan que al Ministerio de Salud.
Señor Presidente, voy a votar a favor de las modificaciones propuestas por la Comisión de Salud.
Sin embargo, creo que la enumeración planteada en este proyecto puede ser restrictiva. Y para que sea eficaz y logre su objetivo, deberá realizarse una nueva formulación.
Yo hubiera agregado más lugares. Pero aún nos queda la posibilidad de presentar indicaciones, pues nos hallamos en la discusión general...
La señora EBENSPERGER.- Estamos en la discusión particular, señor Senador.
¿Por qué no incluir a las instituciones del Estado? Si vamos a establecer una obligación respecto de los privados, ¿por qué no hacemos lo propio con todos los entes públicos que presten servicios de carácter masivo? Estos aparatos debieran estar presentes en ellos también.
Asimismo, tendría que haberlos, por ejemplo, en los transbordadores de la empresa Transmarchilay en el sur, dado el tiempo que demoran en el cruce del canal de Chacao para llegar a Chiloé.
Si queremos que la ley en proyecto sea eficaz, señor Presidente, el mencionado reglamento debería generar obligatoriedad, no para satisfacer una lista larga de lugares que han de contar con estos artefactos, sino para determinar las áreas de riesgo. O sea, el Ministerio de Salud tendría que elaborar áreas de riesgo o de frecuencia de uso mayor...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
Decía, señor Presidente, que en el reglamento respectivo tendrán que establecerse áreas de riesgo. Porque de lo contrario, nos van a decir: "Aquí debiera haber estado esto. Pero los parlamentarios, quienes legislan rápidamente, no lo consideraron. Y se equivocaron, pues no lo incluyeron".
Entonces, voy a votar a favor de lo obrado por la Comisión. Pero yo pediría -y espero que el punto quede consignado en la historia de la ley- que se fijara el área de riesgo donde el Ministerio de Salud y las mutuales deberán determinar que es necesario instalar desfibriladores externos portátiles.
Creo que solo así vamos a tener una normativa eficaz.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Recuerdo a Sus Señorías que nos hallamos en la discusión particular. Esta iniciativa ya se aprobó en general.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayor causal de muerte en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante estar preocupados de esta materia. Ello, porque hay acá una cuestión vinculada con la salud que parte de la alimentación, de los hábitos saludables, y finalmente llegamos a este tipo de situaciones.
Dentro de aquellas, obviamente, hay ciertas condiciones bastante críticas, en especial los infartos agudos al miocardio, que requieren una atención médica coordinada: que funcione el 131.
En tal sentido, el texto propuesto, en especial el nuevo artículo único, recoge muy bien todas las aprensiones que teníamos con respecto a la relevancia de contar con desfibriladores externos automáticos portátiles y a la forma en que se va a realizar su distribución mediante el reglamento que determinará el Ministerio de Salud.
Por intermedio de la Mesa, quiero comunicarle al Senador Navarro que, efectivamente, en el policlínico de nuestra Corporación existen dos desfibriladores: uno medicalizado, de última generación, que permite el tratamiento de situaciones bastante complejas, pero que no es transportable; y otro transportable, liviano, y que se halla funcionando.
¿Por qué señalo esto? Porque durante la discusión general se dijo que el aparato que había en el Senado estaba malo.
La verdad es que acá la normativa sobre la materia se cumple muy bien.
En cuanto al artículo transitorio, referido a la entrada en vigencia de la presente ley, se indica básicamente que será dentro de los seis meses siguientes a su publicación.
Esto dará oportunidad para que la población se sienta protegida. De tal manera que concuerdo con el hecho de que debemos minimizar el riesgo.
Sin embargo, se plantea que se precisa conocimiento previo para el uso de estos dispositivos. Ello ha quedado consignado en el artículo único de este proyecto, el cual señala incluso que se deberá reglamentar todo lo tocante al apoyo para los efectos de poder entregar asistencia telefónica en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.
Acá quiero agregar experiencias de otros países.
En Suecia existe una aplicación como el Waze, en que figura registrada gente que se halla capacitada para operar desfibriladores. Y si se produce una emergencia cardiorrespiratoria, se puede recurrir a quienes estén más cerca para que realicen la reanimación temprana pertinente.
Relevo aquello para que, ojalá, las personas del Ministerio de Salud que deberán elaborar el reglamento pertinente sean capaces de incorporar, más allá de la asistencia telefónica tradicional, el uso de tecnología moderna al objeto de asegurar que cuando ocurran eventos de esta índole la gente sea atendida como corresponde.
Señor Presidente, me siento muy contento por el trabajo de integración que se hizo.
Al respecto, quiero destacar la cantidad de indicaciones presentadas: seis de ellas se aprobaron por tres votos contra cero; tres fueron acordadas por cuatro votos contra cero.
En total, fueron diez las que se formularon, lo que demuestra que se trata de una materia relevante para todos.
Por lo tanto, voy a votar a favor del texto propuesto por la Comisión de Salud.
El señor DE URRESTI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero efectuar un par de comentarios con respecto al proyecto que estamos votando.
En primer lugar, deseo contextualizarlo.
Según los informes que recibimos, en Chile el 27 por ciento de las muertes se producen por enfermedades cardíacas, muchas de ellas derivadas de situaciones de emergencia, materia que precisamente aborda esta iniciativa.
Este proyecto me parece correcto, adecuado, importante. Y supone un cambio cultural.
Aquí quiero hacerme cargo de algunas de las observaciones que se realizaron en la Sala.
En efecto, es probable que en la lista que se plantea acá no estén consideradas todas y cada una de las situaciones que se pueden producir en la sociedad.
Sin embargo, el espectro que se abarca me parece bastante completo. En general, hay un buen escenario cuando se habla de establecimientos comerciales; terminales de buses, puertos, aeropuertos, estaciones de trenes; recintos deportivos; establecimientos educacionales; hoteles; ferias; cines, teatros; centros de atención de salud; parques, en fin.
Creo que se halla muy completa la descripción de lugares en donde culturalmente existe un cambio importante.
¿Y qué tiene que ver con lo que se establece acá? Que la obligación que se impone se extiende -aquí me hago cargo de la inquietud expresada por el Senador Letelier, que me parece correcta-, y, obviamente, no hay excepciones.
O sea, puede ser cualquier recinto deportivo, gimnasio u otro con capacidad igual o superior a las dos mil personas. Nada tiene que ver que la convocatoria a este tipo de establecimientos se haga con fines de lucro o no. La normativa no está hecha sobre la base de una eventual ganancia, sino en función de la salud de las personas. Esa es la única forma de entenderla.
Evidentemente, hay un cambio cultural que se incorpora a los procesos que se están llevando a cabo a nivel nacional, y habrá que adicionar la obligación que se está planteando mediante esta iniciativa.
Ahora, cuando la norma habla de desfibriladores externos automáticos portátiles -y así lo pude leer en los respectivos informes-, entiendo que se refiere a aparatos fáciles de usar por cualquier persona.
Ello, porque uno tendería a pensar que en un recinto donde se juntan muchas veces más de 2 mil personas parecería excesivo considerar personal médico extra para hacerlos funcionar. Pero justamente la característica de este tipo de desfibriladores es que cualquiera los puede manejar. Esto los justificaría como medio eficiente y exigible para los efectos de enfrentar una atención sanitaria de emergencia.
Si se requiriera un profesional experto para ello, se produciría un problema bastante más complejo, pues existen muchas situaciones en que no se podrá contar con personal de esta índole. Y eso lo entiendo.
Pero la particularidad de este tipo de artefactos -según se explicó- es que son automáticos y fáciles de utilizar para asistir a alguien que está sufriendo un colapso en el corazón.
Señor Presidente, en general yo miro con cierto escepticismo la exigencia de tanto cambio cultural simultáneo: unas veces justificado y otras no tanto.
A mi juicio, aquí hay un punto que se halla relacionado con enfrentar de manera más eficiente no solo situaciones que se viven en una sociedad moderna, sino también problemas respecto de los cuales probablemente nunca antes tuvimos capacidad para resolverlos en forma apropiada.
Se trata de una normativa exigente, que va a generar nuevos estándares.
Tengamos claro qué estamos legislando. Nos hallamos en la discusión particular, no general. O sea, lo que se apruebe acá pasará a la Cámara de Diputados, y no lo podremos modificar.
La ley en proyecto es rigurosa, pues hará exigibles este tipo de aparatos en muchos establecimientos donde actualmente no existe obligación de tenerlos.
Aquello lo estimo correcto. Hay un minuto en que esto debe establecerse. No hago esa objeción.
Solo estoy señalando que aquí va a haber un cambio en la forma de organizar eventos, en la manera de enfrentar los desafíos que suponen ese tipo de convocatorias. Y ello hay que asumirlo.
Por eso, me parece adecuado -por las complicaciones existentes- que un reglamento sea el que determine los requisitos que hagan exigible la obligación impuesta.
Entiendo que el Ministerio de Salud es el que deberá dictarlo, y para ello dispondrá de un plazo. Sin embargo, el objetivo es claro y preciso.
Pienso que el tipo de entidades que deberá contar con estos artefactos también se halla bien definido.
Creo, entonces, que este proyecto apunta en el sentido correcto.
Por ello, vamos a aprobar el texto propuesto por la Comisión de Salud.
El señor BIANCHI.- Tiene la palabra el Senador señor Girardi, quien también es autor de esta iniciativa.
El señor GIRARDI- Señor Presidente, las enfermedades cardiovasculares nos ponen un desafío mayor, pues son por lejos la primera causa de muerte en nuestro país; la primera causa de consultas y de hospitalizaciones. Y dentro de ellas, uno debería tener un criterio más amplio: los infartos al cerebro; los infartos al corazón; la hipertensión; la obesidad; la diabetes constituyen una constelación de alteraciones que están dañando severamente la salud de la población.
En Chile, 74 por ciento de los habitantes tienen sobrepeso y cerca de 35 por ciento de los adultos son obesos, y 90 por ciento, sedentarios.
Sin duda, debiéramos avanzar en políticas públicas en que nuestro país ha sido exitoso en materia de alimentación saludable.
Lamentablemente, todavía los chilenos consumen alimentos que les provocan aquel tipo de enfermedades. Aquí hay varios temas importantes.
Tales enfermedades crónicas no transmisibles son, en realidad, las más transmisibles de todas -mucho más que las bacterias, que los virus-, porque se transmiten a través de la publicidad. La gente consume comida basura, no porque quiere, sino porque está en la propaganda; porque hay gancho, incentivo para que lo haga; porque en las casas ya no se dispone de tiempo para cocinar: la incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que es muy importante, ha provocado que exista menos espacio para preparar alimentos naturales.
Luego, algunos alimentos no son tales, sino, a decir verdad, basura.
Ahora, debemos considerar que la gente ya no consume productos alimenticios: gracias a la publicidad, consume marca, estatus.
Estamos, pues, ante una situación en que la tendencia es a aumentar aquellas prácticas. Así, cada vez vamos a tener más infartos, más accidentes vasculares, más hipertensión, más diabetes.
Por ejemplo, cuando el Senador García-Huidobro, a quien estoy mirando, tenía 6 años la prevalencia de obesidad en Chile no superaba el 5 por ciento: hoy a esa edad es de 26 por ciento.
Si ya nuestra generación está teniendo infartos, cuando los niños de aquella edad tengan la de Su Señoría mayoritariamente van a sufrir enfermedades coronarias, en fin, o estarán muertos.
Entre 2000 y 2014 los infartos en menores de 40 años aumentaron en 30 por ciento. Es decir, cada vez estamos teniendo mayor cantidad de infartados jóvenes.
Por eso, señor Presidente, el proyecto que hemos elaborado con el colega Chahuán y otros Senadores constituye una medida paliativa: su propósito es salvar vidas.
¡Ahí debiéramos poner el acento!
Basta que la gente camine una hora diaria y modifique sus hábitos alimentarios para que disminuya en 70 por ciento la factibilidad de accidentes vasculares y en 50 por ciento la de cánceres. Además, podrían evitarse en 40 por ciento los nuevos casos de diabetes y de accidente vascular.
Un estudio contratado por el Ministerio de Hacienda señala que aplicar impuestos a los alimentos altos en azúcar y sal, aparte recaudar 500 millones de dólares, evitaría cerca del 50 por ciento de todas esas nuevas patologías.
Pero este proyecto -como decía- constituye un paliativo.
Recuerdo que en uno de los Congresos del Futuro me tocó vivir la experiencia dramática de que un Premio Nobel, Claude Allégre, quien había sido Ministro de Educación de Francia, sufrió un paro en el Senado en Santiago. No teníamos equipos, ni sistema para atender urgencias, ni un médico contratado, ni desfibriladores. Estuvimos atendiendo la emergencia durante 33 minutos. Afortunadamente, en esa ocasión había médicos que hicieron respiración boca a boca y masajes cardíacos. En definitiva, esa persona, que en aquel entonces tenía 80 años, se salvó. Pero fue una excepción.
¡Eso no puede ocurrir nunca más, en ninguna parte!
Cuando una persona muere a causa de un infarto en el corazón, ello ocurre, no por el infarto mismo, sino por un problema eléctrico que implica que dicho órgano entre en la llamada "fibrilación ventricular" y deje de bombear, lo que provoca la muerte.
El desfibrilador es muy sencillo. Entre otras cosas, va diciendo lo que hay que hacer.
Nosotros deberíamos capacitar a los niños, a las niñas, a toda la población en prácticas de reanimación.
Dicho aparato da un golpe eléctrico y genera una reconversión, lo cual permite que el corazón salga de su situación de mal funcionamiento eléctrico y vuelva a funcionar al ritmo normal.
Por eso, ¡la aplicación del desfibrilador es fundamental!
Después habrá que implantar el stent, hacer la cirugía cardiovascular, en fin. Pero el hecho esencial es que la aplicación previa de aquel aparato permite salvar la vida de la persona infartada.
Este proyecto es propio de una sociedad civilizada. Gracias a él podremos evitar que mucha gente fallezca por no existir esa asistencia mínima.
El procedimiento pertinente -insisto- es muy simple. Y si todos tuviéramos una capacitación básica nos sería factible salvar la vida de numerosos infartados.
El infarto es una de las primeras causas de muerte en el hombre y la segunda en la mujer.
Por lo tanto, es muy importante implementar esta iniciativa y que la ciudadanía tome conciencia y se eduque para que sepa usar el referido aparato.
Sin embargo, lo más relevante es que logremos que la gente no haga hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias, cánceres.
A ese respecto tenemos un desafío permanente, que implica la adopción de medidas más de fondo, hasta que se entienda que la gran estrategia, la única vacuna para enfrentar las enfermedades del futuro es la prevención.
No hay país que pueda solventar el costo de toda esa cascada de enfermedades, que son evitables, pues se pueden prevenir.
--Se aprueba en particular el proyecto, con las enmiendas que propuso la Comisión de Salud (33 votos a favor), el cual queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Pizarro.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Sobre el proyecto que se acaba de votar, que es de su autoría?
El señor CHAHUÁN.- Sí, Su Señoría.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, solo quiero felicitar -porque muchas veces esto no se hace- a la Secretaría de la Comisión de Salud por su trabajo técnico.
Felicito especialmente a los funcionarios de dicho órgano que inventaron la fórmula que permitió sacar el proyecto desde la Ley del Consumidor, como estaba concebido originalmente, para plantearlo como ley única.
Así que felicito tanto al Secretario como a los demás funcionarios de dicha instancia.
Era simplemente eso, señor Presidente.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, el Ministerio de Salud, que recién me entregó el documento pertinente, pide aprobar en general el proyecto sobre salud mental y otorgar un mes de plazo para presentar indicaciones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Le parece a...
El señor CHAHUÁN.- Todavía no hemos tratado ese proyecto, señor Presidente: está en el tercer lugar de la tabla.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, Senador señor Girardi, fijaremos el plazo para formular indicaciones luego de que discutamos la iniciativa a que se refirió.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde iniciar la segunda discusión general del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Sesión 27ª, en 20 de junio de 2018 (queda para segunda discusión en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solo en general y acordó proponerle a la Sala discutirlo de esa forma no obstante ser de artículo único.
Se hace presente que los nuevos incisos tercero y sexto propuestos por la iniciativa son de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, como para aprobar este proyecto se requiere quorum especial y algunos Senadores están en distintas Comisiones, le solicito abrir la votación, pues de ese modo podremos reunir los votos necesarios. Ello, independiente de las explicaciones que daremos sobre la materia.
No sé si está de acuerdo, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Sin duda!
¿Le parece a la Sala abrir la votación, por supuesto conservando los tiempos?
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en cuanto a este proyecto, sobre retiro de cables aéreos, los cuales inundan las diferentes ciudades de nuestro país, quiero destacar el papel que tuvo el Diputado Osvaldo Urrutia, quien durante el primer trámite constitucional me invitó a participar en la moción correspondiente.
Esta iniciativa se sitúa en un contexto que da cuenta de las enormes dificultades provocadas por la suerte de contaminación visual que afecta a nuestras ciudades.
Muchas empresas han desarrollado diversos sistemas sin asumir ninguna corresponsabilidad en la situación que se registra cuando los cables quedan en desuso. Así, nos hemos encontrado en las diferentes urbes con una contaminación a veces grotesca.
Fundamentalmente, ha habido una gran irresponsabilidad tanto en las empresas cuanto en los administradores primarios de las postaciones.
El proyecto que nos ocupa apunta a entregarles a los municipios facultades que les permitan efectuar el retiro de los cables sin involucrarse en el financiamiento del costo del proceso.
Al respecto ha habido una discusión, y tras ella prácticamente todos los actores han estado en completo acuerdo con la iniciativa.
Bien sabemos lo que significan, además de la contaminación visual, los peligros a que exponen los cables que cuelgan por todas partes sin que las empresas se hagan responsables de su retiro y asuman los costos correspondientes.
Como se expresó durante el debate habido en la Comisión, las empresas simplemente reciben los beneficios que reporta la instalación de las redes. Porque estas se usan; después, por alguna razón, los clientes se retiran, y los cables quedan eternamente sin ningún manejo, sin control alguno.
No es lógico que las ciudades, las poblaciones y en definitiva los barrios se vean afectados por un enorme grado de contaminación visual y, adicionalmente, deban afrontar los riesgos que los cables en desuso y no retirados implican para la seguridad de las personas.
Creo que la iniciativa que estamos votando va en la dirección correcta, pues necesitamos corregir la situación anómala que existe.
Señor Presidente, se ha hablado durante mucho tiempo del soterramiento de los cables. Y las empresas se han involucrado (sabemos que es así) en lo que les significan los costos.
Alrededor de 200 millones de pesos cuesta soterrar una cuadra de este tipo de instalaciones. Y en último término, de acuerdo a la propia ley, los costos tienen que ser traspasados a los respectivos usuarios.
Administrativamente, quienes autorizan la instalación de los cableados son las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces, hay una especie de tierra de nadie, pues ningún ente se hace responsable del retiro de los cables una vez que han cumplido su función.
A mi entender, este proyecto va en línea con lo que hay que hacer.
A las municipalidades la situación actual les provoca un gran dolor de cabeza. Todos los alcaldes quieren mejorar las condiciones de vida en sus comunas. Entonces, debemos darles facultades para afrontar una situación que sin duda debe corregirse cuanto antes, porque el problema existente habla muy mal de las empresas prestadoras de servicios de cable.
Esta iniciativa es adecuada y va en la dirección correcta, ya que les da a las municipalidades un buen instrumento para resolver la problemática a que me he referido.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que este proyecto debe aprobarse con quorum especial: al menos 25 votos favorables.
Varios Senadores y Senadoras aún no se han pronunciado.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio, le consulto al Titular de la Comisión de Transportes, Senador señor Navarro, si él va a dar cuenta del informe. De lo contrario, lo haré yo.
Sin duda, esta materia es bien importante, puesto que afecta a todo lo relacionado con los cables en desuso existentes fundamentalmente en las zonas urbanas.
El señor NAVARRO.- Que dé cuenta del informe el colega García-Huidobro, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Para ello debía pedir autorización, Su Señoría.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra para el efecto señalado, señor Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, este proyecto modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos.
La enmienda que se propone tiene como finalidad, por un lado, disponer de un procedimiento para el retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad, y por otro, fija sanciones para el caso de incumplimiento.
Esta iniciativa se halla estructurada sobre la base de un artículo único que modifica el artículo 18 de la Ley General de Telecomunicaciones por la vía de intercalar, a continuación del inciso segundo, cuatro incisos, que quedan como tercero, cuarto, quinto y sexto, pasando el actual inciso tercero a ser séptimo.
Lo anterior queda consignado de la forma que señalaré a continuación.
1.- En el nuevo inciso tercero se les impone a las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones la obligación de retirar de la vía pública las instalaciones de redes, tales como líneas y cables, que no estén en uso en un plazo -esto es importante- de tres meses desde que hayan dejado de prestar utilidad.
2.- El nuevo inciso cuarto dispone que, en el evento de incumplimiento de la obligación anterior, las municipalidades podrán hacer el retiro a costa del concesionario y que el cobro se regirá por el artículo 47 del Decreto Ley de Rentas Municipales, donde se fija un procedimiento ejecutivo para tal finalidad.
3.- El nuevo inciso quinto les impone a las empresas distribuidoras de energía eléctrica el deber de informar a los municipios correspondientes acerca de los apoyos de los servicios de telecomunicaciones -bien saben Sus Señorías que en los postes de energía eléctrica están asimismo los otros servicios de telecomunicaciones-, todo ello desagregado por empresa, para dar aplicación a lo indicado en el nuevo inciso tercero, que ya explicité.
4.- Finalmente, como nuevo inciso sexto, se establece que la infracción contemplada en el nuevo inciso tercero será sancionada por el juez de policía local respectivo con multa de 100 a 1000 UTM a beneficio municipal.
Señor Presidente, debo resaltar que durante el debate general habido en la Comisión participó también uno de los gestores de este proyecto: el Diputado señor Osvaldo Urrutia. También, el Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Luis Ávila; el Alcalde de Concepción, señor Álvaro Ortiz, así como diversos representantes de distintas municipalidades y funcionarios de los departamentos de obras de diversas entidades edilicias.
Cabe subrayar que, además de las materias abordadas por la iniciativa en examen, la Comisión debatió acerca de la necesidad de soterrar el cableado aéreo y de la falta de claridad en cuanto a la propiedad de los postes que sirven de apoyo a las redes de telecomunicaciones, estimándose que todo ello debe superarse tras una definición clara en resguardo de los espacios públicos de la ciudad.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores Navarro (Presidente), Chahuán, Letelier y quien habla.
Finalmente, es del caso puntualizar que la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó unánimemente la iniciativa que estoy informando.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senado agradece la cuenta que dio Su Señoría sobre el informe de la Comisión de Transportes.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que estamos votando tiene plena pertinencia, pues dotará a los municipios de un instrumento del que hasta el día de hoy carecen y que les permitirá disponer el retiro de los elementos de las instalaciones de redes de servicios de telecomunicaciones que hayan dejado de prestar utilidad.
Como alcalde, tuve ocasión de constatar el abuso que cometen las empresas de telecomunicaciones, que no se ocupan de retirar sus redes aéreas en desuso.
Lo común hasta ahora es que las empresas no asuman dicha tarea, con lo cual afectan el paisaje urbano y, muchas veces, la seguridad de los peatones, quienes deben cuidarse para no sufrir un accidente cuando los cables caen a la vía pública, especialmente en regiones donde es usual el fuerte viento.
Tal negligencia responde a una actitud más general de buena parte de los concesionarios de servicios públicos, que no se hacen cargo de externalidades negativas causadas por las redes o la operación de sus servicios.
Por regla general, tratándose de la distribución de energía eléctrica, de agua potable, de gas y de telecomunicaciones, se goza de servidumbres gratuitas para tender o construir redes en bienes nacionales de uso público. La libertad y gratuidad, que adquirían pleno sentido años atrás, cuando el objetivo era lograr una mayor cobertura, han perdido justificación en algunos casos producto del desarrollo tecnológico o de los abusos cometidos.
Así como se acepta el cobro de peaje a los vehículos por circular en vías saturadas, de la misma manera habría que establecer un pago por líneas que se extienden en calles saturadas visualmente. De este modo, existiría un incentivo para el tendido de redes subterráneas, lo que hoy día depende del desarrollador inmobiliario, de la mera voluntad de la empresa de servicios o de aportes públicos.
Además, es preciso tener en cuenta que las entidades de telecomunicaciones pagan a las distribuidoras eléctricas por utilizar sus postes como puntos de apoyo, pero no aportan ni un peso a las municipalidades por el uso del espacio aéreo. Por su parte, las empresas eléctricas se excusan en que solo los arriendan, y es muy difícil pesquisar a las de telecomunicaciones dueñas de los tendidos, siendo más complicado aún conseguir que los retiren.
Hasta ahora se dependía de la buena voluntad de las empresas para lograr esto último. En adelante se contará con un procedimiento para obligarlas a actuar.
Con todo, creo que se deben incorporar perfeccionamientos al procedimiento establecido para la eliminación de los cables en desuso, así como al régimen de sanciones.
Pero, en líneas generales, apoyo la idea de legislar.
El articulado puede llegar a ser muy útil para la gestión municipal, para la limpieza visual de nuestras ciudades y caminos, y espero que ponga en alerta a los concesionarios con relación a otros efectos negativos o abusos que sufren las comunidades hasta el día de hoy y que reciben como única respuesta la indolencia de las empresas, las cuales se refugian en marcos legales elaborados hace décadas y que ameritan una revisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Nos visita una delegación del séptimo año básico de la escuela San Daniel, de Pudahuel.
Vienen con la persona responsable, que es su profesora Camila Loyola.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, el proyecto es bueno y necesario, pero siempre y cuando sea claro en cuanto a la responsabilidad de aquellos en quienes recae la obligación de retirar los cables en desuso.
Conforme a mi experiencia de cuando fui alcalde, eso debe quedar muy definido. Las municipalidades no disponen de funcionarios con experticia.
Los postes, después de la urbanización, son de propiedad de las empresas eléctricas. Además, el uso se arrienda para las corrientes débiles y la telefonía y el cable. Por lo tanto, el trabajo del retiro deben asumirlo las dueñas o administradoras, que rentan con ellos, y no el municipio. Así se limpiará la brutal contaminación visual.
Si se sigue avanzando y se contempla esta responsabilidad, vamos a contar con ciudades más hermosas a lo largo de nuestro país.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, quiero partir felicitando a los autores de la moción, porque nuestra ley no establece nada hoy respecto de las instalaciones de los servicios de telecomunicaciones en los postes del alumbrado público. Ello causa un efecto de contaminación visual muy fuerte en nuestras ciudades. De hecho, se ven desordenadas, feas. Muchas veces se arreglan los edificios, pero ni siquiera se pueden apreciar detrás de tantos tendidos en desuso.
En este sentido, creo que hacerse cargo del asunto es por lo menos un paso adelante hacia algo que deseamos todos, pero que sabemos que es muy caro, cual es el soterramiento. Eso sería muy bonito en los centros históricos.
No solo se trata de un progreso desde el punto de vista estético y de la contaminación visual, sino también de que el peso de todos los cables implica una amenaza por la eventual caída de postes y, en consecuencia, los accidentes de peatones y de vehículos.
Creo que impulsar el retiro de todas las redes en desuso ya es un avance, al igual que la fórmula de asignar la responsabilidad a las propias empresas y de que los municipios, si ellas no cumplen en tres meses, puedan retirar los elementos a costa del respectivo concesionario. Por lo tanto, podrán cobrar por tal concepto.
Solo manifestaré algo que siempre nos preocupa cuando entregamos otra responsabilidad a las municipalidades. Lo planteó el Senador señor Castro. Una cosa es que realmente enfrentemos un problema, y otra, que la solución sea a nivel comunal. Pero creo que tiene que existir también la conversación con ellas en cuanto a si efectivamente pueden y quieren hacerse cargo de la situación.
Aquí se establece, al menos, que el costo será del respectivo concesionario. Esperamos que no sea asignado nuevamente a los municipios sin entregarse los recursos necesarios para hacerse cargo del retiro.
Otro problema es el de que no se sabe de quién son muchos cables en desuso. O sea, hay un desorden en los propios postes, ya que se ignora a quién pertenecen los tendidos, cuáles no se utilizan y cuáles sí, pues las empresas simplemente los instalan y nunca los retiran después. Se precisará un trabajo bastante relevante hasta saber de quién son. Cabe resolver bien quién será el responsable de tener claridad en cuanto a quién pertenecen y a quién dejó de usarlos. Se enfrentará un desafío importante.
Mas estimo que dilucidar en forma adecuada el sistema a través del cual lograremos que esta política se cumpla constituirá un avance significativo para contar más adelante con un mecanismo que realmente funcione, en el que solo existan cables en uso, se sepa de quién son los que se encuentren en el tendido de los postes, se retiren los no usados y, finalmente, paguen el retiro los propios concesionarios, como es bastante obvio, porque son los que los instalan.
Sobre esa base, juzgo que el proyecto de ley avanza en la dirección correcta y que todos abrigamos una preocupación especial por la contaminación visual en nuestros centros poblados.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hacía falta entrar a discutir sobre un aspecto que en numerosas ciudades, a lo largo de todo Chile, realmente dice relación con un imposible para los alcaldes, para las juntas de vecinos, para agrupaciones de comerciantes, para todos los lugares.
Quisiera consignar que la cuestión no solo es un tremendo inconveniente desde el punto de vista estético, ya que la maraña de cables es horrible, sino que también constituye un obstáculo enorme para los bomberos. Cuando concurren a determinados llamados, la fijación de las escaleras y la operación que se requiere se dificultan, muchas veces, por el sinnúmero de tendidos.
Asimismo, el problema es enorme -cabe decirlo con toda claridad- para el desarrollo de los árboles. A menudo, el paso de cables adquiere preeminencia ante la vegetación urbana, lo que termina generando podas absolutamente brutales para su crecimiento.
Me parece que la iniciativa es bienintencionada, pero formulo algunos reparos.
Cuando integré la otra rama del Congreso, presentamos con Roberto Delmastro, entonces Diputado por la zona de Valdivia, una iniciativa tendiente a buscar una fórmula para armonizar la situación.
Mas considero que no se trata de algo solo declarativo -lo señalo para los autores del proyecto-, porque si no contamos con instrumentos, con sanciones drásticas, el asunto terminará simplemente alojado en los juzgados de policía local.
El inciso final del artículo único dispone, precisamente, que "La infracción de lo dispuesto en el inciso tercero será sancionada por el juez de policía local competente con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales.".
Me pregunto cómo identificar al propietario de los cables cuando hoy día se apoyan en un poste los correspondientes a decenas de empresas.
Muchos de los tendidos son obsoletos. Sale más barato dejarlos instalados que retirarlos.
Entonces, ¿dónde se halla la capacidad coercitiva de la autoridad? Desgraciadamente, no se puede ejercer.
Me permito sugerir que en la discusión particular en la Comisión se estudien algunos artículos a fin de fomentar los teleductos. Mientras no dispongamos de una política para tender en forma subterránea los cables -muchas veces, el punto dice relación con concesiones o el propio Ministerio contempla una obligación cuando se pavimentan avenidas importantes o se edifican conjuntos habitacionales-, no lograremos una solución. Porque aquí estaríamos recargando al municipio, en definitiva, con una función para la cual no cuenta con personal y en la que no sería posible identificar al dueño. ¿A quién va a cursarle la infracción el juzgado de policía local?
Formulo la reflexión porque debiera tratarse de una prioridad no solo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde la materia al parecer se encuentra situada, sino también del Ministerio de Vivienda.
Una población o un conjunto habitacional con cables subterráneos, con teleductos, abarata una enorme cantidad de costos. Si bien hay uno inicial, se registrarán menos interrupciones de energía. Especialmente los representantes de zonas australes, sureñas, sabemos del viento, de la cantidad de cortes a propósito de los temporales.
Igualmente, se presenta la coexistencia con los árboles urbanos, los cuales terminan nuevamente por generar el problema de que es preciso podarlos. Es un círculo vicioso. Se plantea una hegemonía, una verdadera dictadura de los cables. En definitiva, los postes y sus tendidos tienen preferencia respecto de otro mobiliario urbano o equipamiento, como pueden serlo los árboles en nuestras ciudades.
Por lo tanto, cabe llamar a pensar en la situación.
Repito que se requiere una vinculación con el Ministerio de Vivienda. Me parece necesario buscar incentivos para que los teleductos sean fundamentales. Especialmente en las licitaciones de grandes troncales, de grandes avenidas -al menos lo estimo indiciario-, esos elementos debiera incluirse en las bases, así como hoy día...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Dispone de un minuto para terminar, Su Señoría.
Así como en gran parte de las licitaciones de nuestros Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas se incluye, en buena hora, un porcentaje para ciclovías, que se entiende un equipamiento básico, también en las grandes avenidas, en las calles estructurantes en las ciudades, en particular, se debiera agregar la necesidad de un teleducto.
En la medida en que ello se contemple, los cables se bajarán y el alcalde no andará buscando enterarse de quién diablos es el tendido y desgastando su aparato administrativo para una hipotética sanción de cien a mil unidades tributarias mensuales.
La iniciativa cuenta con todo mi apoyo, pero vinculado especialmente con el Ministerio de Vivienda, para estos efectos.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, felicito al Diputado Osvaldo Urrutia y al Senador David Sandoval por la moción, como también a los alcaldes que hablaron a través de ellos. Creo que el proyecto es muy anhelado por una gran cantidad de municipios que ven cómo los cables en desuso inundan sus comunas. Ello, no solo por una cuestión estética, sino también de seguridad.
Aprovecho de manifestar que, en estos pocos meses de Gobierno, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Tarapacá, en conjunto con las empresas de telefonía celular y de distribución eléctrica, ha retirado a la fecha ya una tonelada de tendido en desuso, lo que representa más de 35 kilómetros de cables, aproximadamente.
Comparto algunas de las aprensiones en el sentido de que en la discusión particular debemos apuntar a que el proyecto solucione problemas prácticos que pueden llegar a presentarse. Básicamente, creo que la principal dificultad es la identificación del material en desuso, más allá de la empresa a la que pertenece. Porque entiendo que cada cable tiene una marca que acredita al titular.
Juzgo que un mejoramiento podría ser la introducción de mayores responsabilidades de las distribuidoras eléctricas, que arriendan tendido a otras entidades e, incluso, postes que no son de su propiedad, sino de algunas municipalidades.
A mi juicio, es preciso imponerles una multa por el hecho de no informar a solicitud de los municipios respecto de los cables en desuso. Hoy en día, muchos de ellos ya formulan consultas en tal sentido y la respuesta es nula.
Y, finalmente, revestiría importancia un perfeccionamiento en orden a establecerles una obligación de pago subsidiario por material de ese tipo que no sea retirado por el titular, lo que tendría que hacer el municipio a costa de dichas entidades. Sería una manera de que también se preocuparan, desde ya y a futuro, de los arriendos de líneas o de postes y de que ello incentivase para obligar a los titulares de cables en desuso a retirarlos.
Sin duda, votaré a favor en la discusión general.
El señor PUGH.- Señor Presidente, en este proyecto de ley la discusión se ha centrado en lo estético, en el eventual problema de la caída de los cables o en cómo estos pueden afectar la labor de los bomberos, como se ha mencionado.
Sin embargo, quiero hacer una advertencia importante que dice relación con nuestra dependencia digital. Y este sí pasa a ser un riesgo de país.
La convergencia digital ha llevado a que los tendidos que antiguamente se ocupaban para transmisión de voz (los teléfonos de red fija) y televisión de señal análoga hoy sean reemplazados por cables de fibra óptica de alta velocidad de transmisión de datos, entendiendo que el espectro que provee la modalidad inalámbrica no será capaz de manejar el ancho de banda que requiere el país.
Chile se está digitalizando a una velocidad vertiginosa. Por lo tanto, debemos depender, como parte de la infraestructura crítica de la información, de dichos cables.
Y aquí viene la advertencia: ¡no puede ser que tal infraestructura deba usar cables volantes!
En tal sentido, el artículo 18 de la ley Nº 18.168 les otorga a los titulares de la concesión "derecho a tender o cruzar líneas aéreas". Quizás este sea el punto más significativo a discutir, en especial, considerando lo que requiere la mencionada infraestructura crítica.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa no debiera ser solo resolver los aspectos de estética o los problemas que podría acarrear el cableado, sino también sacar a Chile del subdesarrollo digital en que se encuentra.
No puede ser que los cables de fibra óptica que sostienen el gran aparato del Estado (la parte pública) y los servicios de los privados en estos momentos se encuentren en tales condiciones de vulnerabilidad: sujetos a cortes de suministro ocasionados por un accidente de vehículo, por la caída de árboles o por otras condiciones.
Nuestra infraestructura crítica de la información debe quedar mucho más protegida.
Con ese fin los poliductos, que brindan la capacidad de instalar cables de forma segura bajo tierra, quizás sean la solución más adecuada.
Dado que el Estado precisamente se está modernizando y avanza hacia su transformación digital, contar con una red robusta debiera considerarse parte de la política nacional de ciberseguridad para que los cables de data estén protegidos.
Además, ello posibilitará dar a las ciudades lo que necesitan: espacio, aire, todo lo cual implica mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y proveerlos de ciudades más vivibles, más hermosas, pero también más seguras.
En tal sentido, quiero colocar en el debate el punto de vista de la seguridad de la información que transportan esos cables.
Por otro lado, se establece en el inciso tercero propuesto que las concesionarias tendrán tres meses de plazo para retirar los cables, contado desde el momento en que dejen de prestar utilidad. Si es así, de seguro siempre van a estar ocupados. Las empresas nunca van a reportar que dejaron de ser usados. Bastaría que un solo bit de datos los cruzara para no hacerse cargo del problema. En tal caso, la ley en proyecto podría perfectamente no ser aplicable y no permitir lo que queremos: que se eliminen los cables en desuso.
Señor Presidente, quizás hay que reflexionar de forma profunda.
¿Qué Estado digital queremos construir?
¿Cómo se van a articular el mundo público y el privado en este nuevo escenario? Porque la nube no existe en el espacio, sino que viaja por cables físicos que atraviesan ciudades o cables de fibra óptica que cruzan los océanos.
Por lo tanto, si bien votaré en forma positiva la idea de legislar, quiero dejar planteadas las serias dudas que he expuesto acerca de la seguridad de la infraestructura crítica de la información.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, ya hicimos la primera discusión en general del proyecto, pero aún existen temas asociados por abordar, que dicen relación con el abuso tremendo de quienes provocan externalidades negativas para las ciudades, afeándolas con cableados horrendos.
Hablo de que algunas empresas, como las de distribución eléctrica, ganan plata ocupando postes, ubicados en un bien nacional de uso público -¡de todos nosotros!-, y no pagan ni un peso por su utilización. Es decir, estamos frente a industrias que se aprovechan de bienes nacionales de uso público y de un espacio aéreo que es de todos con una finalidad lucrativa, causando externalidades brutalmente negativas para la ciudad y las personas.
Aquí se da un primer paso. Se pide lo mínimo: que las concesionarias no dejen su basura tendida en el aire.
A cualquiera que deposita basura en la vía pública se le aplican normas para sancionarlo. A los niños les enseñamos que no contaminen. Pero las grandes empresas del país tienen contaminadas todas nuestras ciudades ¡y no se hacen cargo!
A mí me parece dramático que en pleno siglo XXI debamos llegar al punto de decirles a las empresas que saquen su basura del aire. Y es más vergonzoso aún que las compañías de distribución eléctrica usen el espacio público y cobren por colgar basura en los postes.
Por ende, señor Presidente, el proyecto en estudio solo debe ser entendido por esta Corporación como el primer paso para obligar a que se haga lo que corresponde en el siglo XXI: soterrar todos los cableados aéreos.
Las empresas nos van a decir: "¡Ah, pero eso es muy caro!".
Gracias a Dios, la Corte Suprema se pegó un "supremazo" la semana antepasada. Las compañías de telecomunicaciones están muy desesperadas contratando a todo tipo de abogados. Como en el espectro radioeléctrico los celulares quedaron con poquito espacio, solamente 60 megahertz, Telefónica, Entel, Claro -¡todas!- tienen que devolver a todos los chilenos espacios de frecuencia que tenían asignados.
Por lo tanto, se abre un debate distinto vinculado a parte de una industria que afecta la calidad de vida en la ciudad.
Como se ha hecho en muchos países, perfectamente se podrían construir poliductos, y quien los administra cobra por su uso. Ahí se pueden instalar no solamente las empresas de telecomunicaciones o las de cable, sino también las que proveen otros servicios más contemporáneos.
Hoy en día, por desgracia, incluso el Estado es corresponsable de la situación descrita. En efecto, el Ministerio de Vivienda, cuando edifica nuevos conjuntos habitacionales, concede a las empresas eléctricas el derecho de poner postes en la vía pública, que corresponde a un bien nacional de uso público, e instalar en ellos el tendido eléctrico, en circunstancias de que todo podría ir soterrado.
Señor Presidente, esta iniciativa constituye un buen primer paso. Espero que después, más que establecer solo la obligación de las empresas de comunicar los antecedentes respectivos, la facultad de los municipios de retirar los cables en desuso y la fijación de las multas correspondientes -ojalá no estemos recargando a los juzgados de policía local excesivamente-, tengamos la capacidad efectiva de pedir responsabilidad social a esas grandes empresas, que poseen porciones del mercado muy considerables, a efectos de que presten un buen servicio, aunque no a costa de dejar su basura aérea en la vía pública, contaminando y dañando la calidad de vida en nuestras ciudades.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar en esta materia, porque es cierto que los cables muertos y otros elementos que están en los postes de la vía pública constituyen un peligro para la comunidad, para los transeúntes, para los vehículos y sus conductores.
También producen un problema de estética. En verdad, afean mucho las ciudades, particularmente las de carácter turístico, que cuentan con hermosos paisajes. Este conjunto de cables sueltos que no prestan ninguna utilidad termina afectando enormemente la visión del paisaje, del espacio aéreo, etcétera.
Sin embargo, quiero que tengamos presente lo siguiente: la iniciativa en discusión introduce una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones. Es lo único que hace. Por tanto, se refiere solo a los cables y a otros elementos que pertenecen a las empresas del sector.
Como aquí se ha dicho, es un buen primer paso, pero no es suficiente.
También hay que abordar el problema de los cables de las distribuidoras eléctricas. Existe harto cable muerto en ese ámbito. En la discusión en particular, me gustaría mucho que el proyecto se hiciera cargo de ello.
En el informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones se lee la respuesta que entregó la Corte Suprema ante la consulta que, en virtud de nuestras disposiciones legales, se le formuló con relación a la competencia que se entrega en esta materia a los juzgados de policía local. Hay un par de sugerencias del Máximo Tribunal que creo que deberíamos acoger y analizar, particularmente en lo relativo a la autoridad que determinará cuándo se trata de un cable muerto, de artefactos en desuso, y a cómo se informa de ello al respectivo juzgado de policía local.
Finalmente, señor Presidente, en la idea de incorporar los cables de las distribuidoras eléctricas, me ha llamado la atención la muy interesante intervención del Superintendente de Electricidad y Combustibles, señor Ávila, en la Comisión. Según señala el informe, "un mecanismo que vendría a solucionar esta situación es el soterramiento del cableado, lo que reviste un alto costo, posiblemente de alrededor de trescientos millones de pesos por cuadra. Por ejemplo, indicó que en la comuna de Viña del Mar, entre el reloj de flores y la estación de Viña, se construyó hace 13 años atrás un poliducto, con cargo al Fisco. Esto, añadió, fue parte de la obra de soterramiento del tren, para posteriormente entregárselo a la empresa de distribución eléctrica y a las de telecomunicaciones.
"Luego, resaltó que las empresas decidieron, hasta el día de hoy, no bajar sus cables, ya que ello implicaba un costo de trescientos millones de pesos por cuadra. Dicho valor, precisó, incluía cables, transformadores y otros elementos. Por lo tanto, expresó que esa importante obra estatal se encuentra actualmente abandonada.".
Es decir, se construyó una obra con recursos públicos con el fin de facilitar a las empresas, tanto eléctricas como de telecomunicaciones, el soterramiento de cables, pero quedó sin uso. Terminó transformándose -lo diré de esta manera- en un elefante blanco, simplemente porque las compañías no quisieron asumir los costos de retirar los cables aéreos y soterrarlos.
Considero que debemos hacernos cargo de esa situación. Nuestras ciudades necesitan proyectos de tal naturaleza.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, el propósito de este proyecto de ley en sí mismo es un poquito obvio para las circunstancias actuales, pues hay un problema de obsolescencia del cableado aéreo. Es lo que estamos viviendo en la mayor parte de las ciudades del país en medio de un proceso de cambio cualitativo en las industrias de las telecomunicaciones y de las energías.
Por consiguiente, lo lógico es abordar esta materia en un contexto mucho más amplio, lo que permitiría resolver algunos problemas prácticos en cuanto a la aplicación de esta futura ley, si solo se refiere a las redes de cables que ya no se utilizan.
Tales instalaciones tienen que ver no solo con telecomunicaciones, sino también con energía eléctrica. Por tanto, hay que generar políticas públicas que promuevan una alianza entre todos los actores que proveen innumerables servicios, por los cuales cobran, ¡y cantidades muy grandes!
Desde luego, todos los proveedores de sistemas de comunicación digital que utilizan poliductos soterrados están proporcionando una similitud de servicios, a veces incluso compitiendo entre sí. Son ellos los que deben invertir en esta infraestructura, lo que supone retirar las viejas instalaciones, que ya no tienen uso razonable en ninguna ciudad, incluso en las más pequeñas, que también están avanzando rápidamente hacia la provisión de nuevos servicios de telecomunicaciones y de energía.
Es cierto que un aspecto del proyecto guarda relación con el retiro de los elementos antiguos. Eso está perfectamente claro. Pero las empresas eléctricas comenzaron a arrendar sus postes a otras compañías, y en los casos de instalaciones públicas, sucede lo mismo.
Hablamos de un conjunto de empresas e industrias que debiera trabajar coordinadamente con la autoridad política para ver cómo se produce la modernización de nuestro sistema de provisión de comunicaciones y de energía. Si no lo hiciéramos, quedaríamos como un país con prácticas obsoletas, y eso no tendría ningún sentido.
Por esa misma razón, hay que establecer quiénes serán los responsables de retirar toda esa infraestructura en desuso, tarea que, obviamente, corresponde a las empresas eléctricas, que eran en su origen los mayores propietarios, y al Fisco. En todo caso, los arrendatarios -ellos saben perfectamente quiénes son- tendrán que concurrir al financiamiento de la nueva inversión en infraestructura para el desarrollo tecnológico de nuestro país, uno más seguro y con mejores garantías.
Considero que este proyecto efectivamente queda un poco "colgado", porque toca un aspecto muy puntual. Pero, aunque parezca extraño, se le necesita, por cuanto ese aspecto puntual no solo está impactando demasiado en la seguridad de las comunas -por los accidentes durante las lluvias, las caídas de árboles, etcétera- y en el plano estético -esos cables restan prestancia a nuestras ciudades-, sino que, además, constituye instalaciones que revisten peligros inesperados, de los cuales nadie se hace cargo.
Me parece válido aprobar la iniciativa, pero observo una debilidad: solo resulta interesante que las empresas avancen en el retiro de los cables que no se utilizan, si la tarea está vinculada a toda una política de inversiones en infraestructura para nuestro país.
¿Qué debe hacerse? Dialogar con las industrias que operan en el campo de la energía y, por supuesto, de las telecomunicaciones.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que las intervenciones han sido bastante claras respecto de cómo debiéramos abordar las indicaciones cuando se realice la discusión en particular.
La Comisión recibió la visita de distintos alcaldes -especialmente del de Concepción- y directores de obras municipales, quienes nos informaron que, cuando se habla de un costo de trecientos millones de pesos por cuadra para soterrar cableado, se debe entender que ello depende de la situación de cada comuna.
Obviamente hay que aprovechar de hacer ese esfuerzo cuando, por ejemplo, el SERVIU cambia el pavimento en algún lugar.
Quien representó a la Municipalidad de Santiago nos explicó que ellos pudieron avanzar tres cuadras con doscientos millones de pesos.
Cuando se habla de esas cifras, que son un poco siderales, cualquiera se asusta. Pero hay que aprovechar las oportunidades.
En otro aspecto, creo que hay que abordar un tema de equidad -lo hablamos en la Comisión- respecto de las viviendas sociales. En el Presupuesto del próximo año debiéramos trabajar fuertemente para que los proyectos habitacionales de las personas más vulnerables se construyan con poliductos soterrados para transportar el cableado.
Tenemos que avanzar en esa línea, señor Presidente. Si no, vamos a seguir discriminando: mientras las comunas con más recursos podrán soterrar, ello no será posible en los sectores populares, que requieren apoyo para su vivienda. Sin duda, es algo que implica más recursos, pero es parte de la modernidad, de la equidad que queremos para los chilenos.
Por otro lado, el Alcalde de Concepción habló de cifras distintas, dependiendo del lugar.
Pero lo importante serán las indicaciones que se formulen. Ojalá nuestros asesores nos colaboren con el fin de contar con una buena legislación. Esta va a ser la primera normativa sobre la materia. Hoy día no hay nada: no existe ninguna obligación de sacar los cables. Lo que se ha hecho ha sido en forma voluntaria, por acuerdo entre algunos municipios y ciertas empresas, pero en el fondo, como legislación, no tenemos nada. Es cosa de ver el comparado, señor Presidente.
Creo que este es un avance muy significativo. Si bien no vamos a solucionar todos los problemas, iremos por el camino correcto.
Sin duda, lo señalado acerca del plazo es cierto. Yo comparto lo que plantea el Senador Pugh en el sentido de que tres meses puede significar un tema complejo, porque sería cosa de utilizar un cable una vez en ese lapso para que no hubiera obligación de retirarlo. Por lo tanto, a lo mejor tendremos que estudiar el plazo para la obligación de retiro.
Sin embargo, me parece que nos encontramos ante un muy buen proyecto, que va en el camino correcto. Apunta a la contaminación visual y a temas de seguridad. Hay muchos cables que caen, que nadie sabe si son eléctricos o de telecomunicaciones. En algunos lugares existen incluso marañas de cables y nadie sabe si están operativos o no.
Por eso, señor Presidente, creo que la iniciativa va en la dirección correcta, y pienso que debiéramos tomarnos un plazo prudente para las indicaciones, con el fin de sacar un muy buen texto y despacharlo rápido a la Cámara de Diputados.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, ¡Jorge Mateluna es inocente!
Está claro que las multas contempladas en el proyecto resultan francamente irrisorias respecto de las utilidades que las empresas distribuidoras obtienen. Ellas no representan ningún desincentivo con miras a cumplir el objetivo de la iniciativa, es decir, el retiro de los cables. Multas de cien a mil UTM no son un incentivo fuerte para sacarlos.
Enel Distribución, filial de una empresa italiana y encargada de distribuir energía eléctrica en 33 comunas de la Región Metropolitana -enfrentó duras críticas por las nevazones y los cortes de luz-, anotó ganancias por 33.795 millones de pesos entre abril y junio de 2017. La publicación de Emol indica que en lo que iba de ese año sumó 57.937 millones de pesos, si bien este monto implica una reducción en relación con el período anterior.
Entonces, ¿cuál es el incentivo para que las empresas retiren los cables? Claro, a las eléctricas otras empresas les pagan por instalar allí los suyos. Por lo tanto, en la prestación del servicio debiera estar contemplado que si utilizan esa infraestructura la responsabilidad es de la empresa eléctrica, de televisión por cable, de telefonía. Pero el que brinda el servicio, el -comillas- dueño de los postes, debiera tener una responsabilidad.
Señor Presidente, todos los postes en Chile, particularmente en las construcciones habitacionales, han sido pagados por el Estado. Y se les pasan a las empresas eléctricas para que los administren. Estas compañías cobran por el uso de esos postes, financiados por el Estado, produciendo una externalidad: la acumulación de cables. Y no los retiran ni la empresa a la que le pagan por el servicio ni los portadores de televisión por cable, de telefonía, que son los que compran ese servicio a las eléctricas.
En consecuencia, creo que el tema de fondo no es solo la obligación a las distribuidoras para que retiren los cables, sino también apuntar a que en el futuro no exista cableado aéreo. De manera responsable ello se está haciendo en muchas poblaciones de casas de 4 mil, 5 mil UF, pero los cables se mantienen en los sectores de viviendas básicas.
Esto abre un debate de fondo: ¿cuándo, en los próximos cincuenta años, vamos a terminar con el cableado aéreo si no fijamos una obligación gradual para que las compañías vayan soterrando?
En otras partes del mundo se ha legislado para establecer de manera progresiva el soterramiento y retiro de un 5, 10, 15 o 20 por ciento, quinquenal. Si ello no ocurre aquí, lo que vamos a tener es un despeje, como el que ha hecho el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a través de un programa piloto extraordinario. En esa ciudad existe un alcalde eficiente que ha procedido a retirar más de 14 mil kilos de cable.
Pero, claramente, los cables van a permanecer y serán una herencia o una carga producto de una legislación que lo permitió. Si el Estado fue el que instaló los postes y se los pasó a las compañías eléctricas, debiera haber garantizado un uso adecuado de ellos, evitando lo que hoy día tenemos.
Yo solo quiero recordar que cuando el Presidente Lagos iba a implementar el acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez llegó a plantear que le salía más barato construir una pista aérea que obligar a las empresas de electricidad a retirar los postes, porque le cobraban el retiro y, además, un adicional, en circunstancias de que ocupaban una franja fiscal -donde estaba el poste- y el posteado había sido financiado por el Estado. Al final, se negoció y se obligó a las empresas a retirar los postes, a su cargo.
En tal sentido, este es un proyecto de ley que da un paso importante en la materia. Yo lo voy a votar a favor, pero pienso que el soterramiento progresivo del cableado aéreo es la solución. Y eso debiera contemplarlo una legislación de mayor profundidad.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, creo que todos aspiramos a que ojalá no haya ningún cable en nuestras ciudades. Pero, en verdad, esa es una situación virtualmente imposible.
De hecho, en la ciudad de Bruselas -varios Senadores estuvimos allí la semana pasada, en la sede de la Unión Europea- uno ve que, por ejemplo, todos los tranvías, que son eléctricos, tienen que usar los cables, los cuales, naturalmente, deben estar instalados de manera aérea. Hay otros sectores de la ciudad en que se soterra mucho. Otras urbes optan por colocar grandes cables que llevan datos, los que instalan más bien pegados a las murallas cuando hay fachadas continuas. En fin, existen muchas soluciones.
Obviamente, lo que nadie está dispuesto a tolerar es que haya cables que no se usan y que estén colgando y afeando sin ningún sentido las ciudades. Ese es todo el punto.
Ahora bien, yo quería poner en discusión otro tema.
Hoy día los postes son privados, de acuerdo con lo que ha dicho incluso el Poder Judicial. Pero me parece que hay algo perfectamente modificable en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y que podríamos analizar a propósito del proyecto en debate.
Muchos de los postes son elaborados por las empresas constructoras de los loteos y se los deben entregar en forma gratuita a la concesionaria eléctrica, la que, naturalmente, tiene que usarlos y mantenerlos. Sin embargo, esta recibe un ingreso, pues les cobra a las empresas de datos, a las de telefonía, que van colgando sus respectivos cables.
Voy a tratar de hacer un símil entre las concesiones sanitarias y las concesiones eléctricas.
Si el poste está dentro de un bien nacional de uso público, como las veredas y las calles, a mí me suena perfectamente razonable que ese poste también sea considerado, por adherencia, un bien nacional de uso público, lo que no obsta en absoluto a que la concesionaria eléctrica lo mantenga, lo cuide y haga uso de él, e incluso le saque algún tipo de renta. Pero ese bien es, naturalmente, del Fisco, por adherencia.
Por lo tanto, sería muy bueno que la Ley General de Urbanismo y Construcciones considerara aquello. De esa manera, a mi juicio, podríamos llegar a una solución más fácil.
La verdad de las cosas es que este proyecto de ley va a ponerles a las municipalidades una carga que probablemente no sabrán cómo resolver, que será ir viendo de quién es cada cable que eventualmente se encuentra en desuso. Es un trabajo que casi ninguna estará en condiciones de llevar a cabo.
Entonces, si el peso de la prueba se le pone a la concesionaria eléctrica, que es la que está rentando por autorizar que se pongan cables en los postes, podríamos llegar a una solución mucho más sencilla y más fiscalizable: las municipalidades, aleatoriamente, podrían revisar los cableados, y si hay alguno en desuso, la empresa eléctrica que no se ha preocupado de retirarlo será la responsable, ya que tiene a su cargo la concesión del uso y mantención de ese poste.
Por lo tanto, señor Presidente, me parece que hay espacio para mejorar sensiblemente el cuerpo legal que estamos discutiendo. Se puede partir, como digo, con una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que haga que los postes, cuando se hallen ubicados en bienes nacionales de uso público, pasen también a serlo por adherencia, para que de ahí nazca la responsabilidad de la empresa eléctrica de no colgar ningún cable que no sea estrictamente necesario.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El Senador señor Navarro, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, sugiere que sea hasta el miércoles 25 de julio, a las 12.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta la fecha y la hora indicadas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La siguiente iniciativa también requiere quorum especial, por lo que, si les parece a Sus Señorías, se abrirá la votación después de que el señor Secretario haga la relación.
Si no hay inconveniente, se procederá en tales términos.
De los Senadores señor Chahuán y señora Goic, por medio de la cual inicia un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.451, sobre trasplante y donación de órganos, para precisar la voluntad del donante fallecido (boletín N°11.893-11).
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha solicitado la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Solamente con el objeto de pedir autorización, señor Presidente, para que la Comisión de Seguridad Pública, a la cual se encuentra citado el señor Ministro del Interior, pueda sesionar en paralelo con la Sala.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si no hay objeción, se otorgará la autorización para que se haga efectiva después de que se abra la votación del asunto que se tratará enseguida.
--Se autoriza el funcionamiento paralelo en la forma señalada.
Boletín N° 10563-11
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación figura en la tabla el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la salud mental, con informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (10.563-11 y 10.755-11, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Salud: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental y de quienes experimenten una discapacidad intelectual o psíquica, desarrollando y complementando las normas constitucionales y legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas personas.
La Comisión de Salud discutió el proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Goic y Van Rysselberghe y señores Girardi y Quinteros.
Cabe hacer presente que el número 5 del inciso primero del artículo 7; el artículo 11; el inciso primero del artículo 12, y los artículos 13, 15 y 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 32 a 42 del primer informe de la Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Conforme a lo resuelto hace un par de minutos, voy a abrir la votación. Se trata de una iniciativa de quorum especial que requiere 25 votos favorables para su aprobación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para comenzar a ilustrarnos sobre el proyecto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero dejar muy en claro que la propuesta legal persigue reconocer y garantizar los derechos de las personas con enfermedad mental o que experimenten una discapacidad intelectual o psíquica. No apunta a resolver las graves deficiencias de nuestro sistema de salud mental, que ha sido profusamente diagnosticado.
Una de las eminencias de la psiquiatría nacional, el profesor Otto Dörr, llamaba la atención, en un reciente artículo, al hecho de que, mientras en nuestro país la primera causa de "carga de enfermedad" es la patología mental, solo se dedica a su cuidado el 2,1 por ciento del presupuesto de salud, cuando el promedio de los demás países es el 8 por ciento.
Destaca que en Chile solo tenemos nueve camas psiquiátricas por cada cien mil habitantes, en tanto que en los países europeos la relación es de cien por cada cien mil habitantes.
Los efectos de esta carencia se traducen en sufrimiento y dolor para las personas, y en un deterioro grave de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. ¿Por qué? Porque esta débil capacidad de atención de nuestro sistema de salud se expresa también en el sector privado, con coberturas muy limitadas para estas patologías en los planes de las isapres.
Pero sus consecuencias se dejan sentir no solo en el plano de la salud propiamente tal, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, se expresa en la educación, con baja capacidad de concentración y mal rendimiento de los estudiantes, o en el empleo, con gran cantidad de licencias médicas por razones psiquiátricas y la consecuente baja en la productividad.
Se expresa igualmente en las políticas de infancia. Qué duda cabe que detrás de cada vulneración de derechos de los niños, especialmente en las situaciones de abusos, se encuentran patologías mentales insuficientemente tratadas de sus agresores.
Y qué decir de la seguridad pública. El mismo profesor recuerda la llamada "Ley de Penrose", según la cual existe una correlación inversa entre el tamaño de la población penal y el de los hospitales psiquiátricos. Es decir, si en un país se reducen las camas psiquiátricas, aumenta el número de reclusos, que es justamente el caso de Chile.
Este cuadro, claramente deficitario, ha sido abordado parcialmente con algunas iniciativas. Hay que consignar, por ejemplo, la inclusión de la depresión en el GES, o los proyectos de integración escolar en las escuelas públicas. Sin embargo, la situación general de las políticas de salud mental sigue siendo claramente insuficiente. Ello resulta especialmente evidente en el plano de las adicciones.
Como decía, este proyecto solo regula los derechos de los pacientes, no toca el sistema general, pero es un paso en la dirección correcta, y su aprobación y posterior aplicación permitirá poner en evidencia las serias carencias de infraestructura y recursos humanos para asumir las demandas insatisfechas en materia de salud mental en nuestro país.
En todo caso, no se trata solo de más recursos.
Nuestro sistema de salud completo requiere una reforma integral, una reforma que asegure su carácter universal; que beneficie a todos los habitantes de nuestro territorio por igual; que sea solidaria, es decir, que se financie con las contribuciones de todos; que no discrimine por edad, sexo, región, preexistencias médicas o cualquier otra condición; que se construya sobre la base de la atención primaria, y que privilegie la prevención y la promoción de la vida saludable.
Una reforma así requerirá ingentes recursos y tomará varios años.
Pero estoy convencido de que es un desafío ineludible que debe abordar la sociedad chilena.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve.
Voy a aprobar en general este proyecto, que pretende, por primera vez en los últimos veinticinco años, traer al Congreso Nacional un debate sobre salud mental.
Si hay algún pariente pobre en la salud, es la atención mental. Y tal como se enferma el cuerpo, también podemos padecer trastornos mentales.
Hay muchos profesionales dedicados a este rubro, pero hasta ahora el sector público está al debe.
Esta iniciativa tiene su origen en mociones de varios Diputados (algunos de ellos se encuentran en ejercicio; otros, no).
Yo quiero poner de relieve, puntualmente, un tema que hasta ahora, en la legislación vigente sobre salud mental y en el proyecto original, no está contemplado -sí lo incorpora una indicación que presentó el Ejecutivo en la Comisión de Salud- y que dice relación con qué pasa con las personas drogodependientes, específicamente con aquellas que consumen pasta base.
Hoy día nuestro país está sufriendo una pandemia causada por el consumo de dicha droga, que ha generado estragos tremendos.
La gran dificultad radica en que para rehabilitarse se requiere voluntad. Sin embargo, los efectos del consumo de pasta base son tales que anulan esa voluntad y, por ende, necesitamos crear en la ley en proyecto a lo menos dos mecanismos.
Uno de ellos debe permitir la internación no voluntaria para desintoxicar a las personas dependientes de la pasta base. Si no se desintoxica a un adicto a este tipo de droga, es imposible rehabilitarlo.
Sabemos que este desafío abarca a todo el territorio, pues el consumo de pasta base es distinto al de cualquier otra droga. El daño que está causando en cada una de nuestras regiones, incluso en muchas comunas de las zonas rurales más lejanas, es dramático.
Uno de los problemas -y no quiero entrar en la discusión de fondo- radica en que muchos consideran que la adicción en sí no es una patología mental, sino una condición. Por ende, si bien algunas interpretaciones de las normas vigentes permiten que un psiquiatra ordene la internación no voluntaria de un adicto a la pasta base, lo real es que eso no ocurre.
De esa forma, hoy tenemos a cientos de miles de familias angustiadas por el hecho de que sus hijos, hijas o parientes, que son drogodependientes, no logran desintoxicarse a través del financiamiento público otorgado por una ley y no conseguimos atacar uno de los mayores flagelos que estamos viviendo y que provoca externalidades societales a lo largo de todo el país.
Sé que el tema que acabo de mencionar es uno de entre varios que aborda la ley en proyecto.
Sin embargo, solo quiero subrayarlo para indicar que en el área de la salud mental tenemos muchos problemas que abordar.
Uno de ellos, que tiene un aterrizaje muy concreto, apunta a zanjar los efectos derivados de las adicciones. Y creo que hay muchas otras patologías mentales que deben ser enfrentadas, respecto de las cuales el Estado debiera dar garantías.
Asimismo, existen otras situaciones en que los servicios de salud o las prestaciones de las isapres dan derecho solo a dos o tres atenciones, en circunstancias de que un paciente puede necesitar una psicoterapia que dure seis meses o un año.
¡Para qué hablar de FONASA!
Señor Presidente, necesitamos una nueva ley de salud mental, que aborde los problemas derivados de las adicciones y que también cubra las enfermedades mentales como una patología más, sin discriminarlas en razón de si el paciente pertenece al sector público -o sea, a FONASA- o a determinada isapre, con el objeto de brindar el tipo de atención que corresponde y no dejarlas acotadas, como ocurre ahora con las depresiones, a los programas GES, los cuales ofrecen muy pocas prestaciones.
Necesitamos un nuevo marco, una mejor defensa para los derechos de los enfermos mentales o de aquellos que sufren este tipo de patologías, y una política que no discrimine a aquellos que caen en situaciones como las descritas, pues como sociedad debemos ayudarlos a que las resuelvan.
Votaremos a favor de la idea de legislar, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, en primer lugar, respaldaré en su votación general este proyecto.
Quiero recordar, además, que la iniciativa se originó en una moción presentada por varios Diputados, entre ellos el ex Diputado Sergio Espejo, con quien me tocó trabajar un poco más el texto, y la Diputada Marcela Hernando. Ellos son algunos de los mocionantes.
También destaco que detrás de este proyecto hay un equipo de profesionales de la Escuela de Salud Pública, de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Católica, de la Fundación Aninat, de la Universidad de Valparaíso, cuyos reclamos apuntan a un aspecto que ya se mencionó en la Sala: cómo nosotros avanzamos en un ámbito que es evidente en la vida cotidiana de las personas.
Ya se dio cuenta en esta Sala de parte de la realidad que afecta a nuestro país en cuanto a la salud mental. Por ejemplo, el porcentaje asignado a la "carga de enfermedad", tal como indicó el Senador Rabindranath Quinteros.
Cuando uno ve los datos que evidenciamos en comparación a otros países de la OCDE, no son precisamente datos que nos enorgullezcan.
Ocupamos el segundo lugar entre los países donde más ha aumentado la tasa de suicidios -esto es grave- y, además, hablamos de la segunda causa de muerte en adolescentes.
Detrás de un suicidio subyace un problema de salud mental. Cinco personas se quitan la vida diariamente en Chile. Sin embargo, tal como se ha explicado, la salud mental pareciera muchas veces no existir.
Por ello, quiero destacar públicamente el esfuerzo que hacen muchos equipos de profesionales, con pocos recursos y muy baja prioridad en lo presupuestario y en lo programático, en este ámbito de la atención primaria, sobre todo -los conozco- en Magallanes.
Necesitamos una política pública que ponga en el lugar que corresponde a la salud mental.
Cuando vemos los índices de consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y cocaína, observamos que también son graves.
Los datos de 2015 de la OMS nos sitúan como el país con mayor consumo de alcohol. Y ocupamos el tercer lugar en cuanto a consumo de cocaína y marihuana dentro del continente, según las cifras de la ONU de 2017.
Podría seguir con muchos otros.
Sin embargo, uno ve gente que sufre una adicción y que quiere tratarse. Pero solo un tercio de ellas, del orden de 90 mil personas -una de cada tres-, puede acceder a un programa.
Ya se señaló lo que ocurre en la población infanto-adolescente, en que el Programa GES solo cubre a la población mayor de 15 años que sufre problemas de depresión, en circunstancias de que esta patología se gatilla cada vez antes y carece de alternativas de tratamiento.
¡Qué decir de la realidad de los niños y las niñas del SENAME, cuyos datos ya conocemos y nos duelen profundamente: cerca del 80 por ciento de ellos padece enfermedades relacionadas con la salud mental y no tienen posibilidades de tratamiento!
Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es una tremenda oportunidad. Y quiero plantearlo así.
El proyecto contiene definiciones que corresponden a un marco inicial y que requieren el patrocinio del Ejecutivo, porque se trata de temas en los cuales, si no ponemos recursos, la sola prioridad y la sola definición de lo que se trata y de las garantías no son suficientes.
Veo en el texto propuesto, por poner solo un ejemplo, que una persona que sufre un problema de salud mental no podrá mantenerse internada indefinidamente en virtud de sus condiciones sociales o su discapacidad.
Pienso en muchos casos, por ejemplo, de adultos mayores que no tienen alternativas. O sea, esta ley en proyecto se nos queda coja, no se sostiene en la mesa, si carecemos de un plan nacional de salud mental, con recursos asignados e identificados en el Presupuesto, que nos permitan efectivamente ofrecer vías de solución.
No obstante, lo que nosotros sí podemos hacer es establecer un principio de paridad, no en materia de género -como ocurre en otros casos-, sino en cómo abordamos la salud mental, para que esta tenga el mismo trato que aquella que llamamos en denominación común "la salud física" y ambas áreas no sean dispares.
Hoy día a nadie se le ocurriría que una isapre pudiera restringir las atenciones de un gastroenterólogo. Yo podría ir todas las semanas a consulta, sin tener restricciones. Sin embargo, si necesito una psicoterapia, esta atención se encuentra limitada, y las sesiones de psicólogo se bonifican en un pequeño porcentaje y con un tope.
¡Por qué ocurre esto si es tan importante la salud mental, si es tan necesario abordarla, tanto y más que la salud física!
Es eso lo que debemos dejar establecido, y contamos con una tremenda oportunidad para hacerlo.
Quiero repetirlo en la discusión en particular, sobre un marco que me parece bien pensado, pero que es preciso complementar.
Y termino reiterando el llamado a aprobar esta iniciativa (no tengo duda de que lo vamos a lograr), e insistiendo -por su intermedio- en la solicitud a los Ministros de Salud, de Hacienda y de la SEGPRES, para que este tema sea considerado una prioridad y contemos con el respaldo del Ejecutivo a fin de sacar adelante una buena ley, que efectivamente permita avanzar en la solución de los problemas que hoy día existen en materia de salud mental.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay varios inscritos todavía.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este proyecto de ley es un punto de partida y de ninguna manera un puerto de llegada, porque en Chile, lamentablemente, se mantienen muchas deudas desde el punto de vista de la salud. Hay 2 millones de personas en listas de espera: 400 mil para cirugía durante un tiempo excesivamente largo, e incluso pacientes con cáncer esperando para toma de exámenes. Pero por lo menos toda esa constelación de problemáticas es evidente, está puesta sobre la mesa.
Sin embargo, en materia de salud mental la dificultad es mucho más grave, porque ni siquiera existe conciencia ni visibilización de estas enfermedades, a pesar de ser las que más prevalencia tienen en este país.
Es desde esa invisibilidad que se enfrentan tales enfermedades. Cuesta mucho tratarlas, pues hay que manifestar una situación de salud mental dramática para que se considere un problema.
Cuando miramos el índice de consumo de benzodiacepina en Chile, nos damos cuenta de que es el más alto del planeta.
Cerca del 45 por ciento de las mujeres refieren padecer angustia; cerca del 20 por ciento de los hombres manifiestan disfunciones sexuales, como eyaculación precoz; cerca del 40 por cierto de las mujeres presentan disfunciones orgásmicas; una parte importante de la población sufre de depresión.
Tal vez la salud mental es el síntoma de la modernidad, el síntoma de esta era llamada "sociedad del rendimiento", donde cada ser humano está compelido de cierta manera a trabajar permanentemente por su reputación, que se transa como valor de mercado. Esta reputación nos obliga a estar preocupados 24/7 de actualizar nuestros datos en las redes. Somos empresarios de nosotros mismos; y cuando uno lo es, a la vez se es amo y esclavo de uno mismo, lo que provoca que este sistema vaya generando como síntoma la depresión de sus usuarios.
A mi juicio, la depresión y la enfermedad mental son los elementos más simbólicos del período en que estamos entrando: la era digital, donde el homo digitalis no tiene un "nosotros"; no se involucra en la lucha de clases; se distancia de la política porque está inmerso en su individualidad. Pero, justamente, también está sometido al estrés del rendimiento.
Y, por lo tanto, cuando se elabora una política de salud mental es importante darse cuenta de que debemos afrontar situaciones muy complejas: el 20 por ciento de los niños que asisten a colegios están medicados con Ritalín y con otras formas de aplacadores; existe una prevalencia altísima en los jóvenes de consumo de drogas y de tabaco (Chile llegó al 38 por ciento de tabaquismo infantil), y nos ubicamos entre los países con mayor consumo de marihuana.
Pero, más allá del síntoma, yo diría que lo preocupante es lo que subyace: los niveles de ansiedad, de angustia, de depresión que sufre nuestra sociedad.
Para qué hablar -lo decía el Senador Juan Pablo Letelier- de la falta de alternativas, por ejemplo, para rehabilitar y tratar a los pacientes.
Entonces, ¿qué es lo importante? Que por primera vez en un Parlamento se plantea establecer una política de salud mental.
La salud mental, como todas las cosas, necesita un eje fundamental, que debiera ser la prevención, a fin de evitar que las personas lleguen a estos padecimientos. Y eso se relaciona con la felicidad, con la autonomía, con el estado de bienestar integral de la persona y de su familia.
Al observar a las familias y sus modelos de convivencia, donde los padres se insultan, nos damos cuenta de que los niños aprenden a relacionarse desde el insulto, desde la descalificación, desde la agresión, y se va reproduciendo un modelo de convivencia totalmente insano.
Entonces, las políticas de salud mental tienen que ver con educación; con los niños y las niñas; con la lucha que están dando las mujeres por su emancipación, por no ser tratadas como personas sin derechos sociales a tomar decisiones, por no sufrir interdicción ellas ni los niños.
Por lo tanto, me parece muy importante que el Senado comience este debate.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Como no, Su Señoría.
Considero que la principal estrategia de una política de salud mental que no cuenta con recursos -ustedes saben que en el Presupuesto de salud lo que se destina a atención de salud mental tanto para prevención como para atención es mínimo- debería enfocarse en implementar en todos los consultorios del país una unidad terapéutica, un equipo de salud de familia orientado a la salud mental, que contara con psicólogos, con asistentes sociales, con psiquiatras y con terapeutas que ayudaran a resolver muchos de los conflictos de vida, que son los que finalmente hacen que las personas accedan o no a la felicidad y accedan o no a una situación de autoestima suficiente para poder desarrollarse y vivir de manera integral y con calidad.
En tal sentido, me parece muy importante que se avance en esa dirección.
Cuando se habla de "reforma a la salud", tal vez si uno pudiera relevar la prevención y al menos contar con estos equipos multidisciplinarios en todos los consultorios del país, podríamos lograr un gran avance y además mantener una estrategia no solamente de prevención, sino de rehabilitación en materia de drogas.
Creo que este es un buen comienzo, pero queda todavía un inmenso océano por avanzar.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, deseo intervenir muy brevemente.
Todos los proyectos de ley iniciados en mensajes o en mociones se fundan en cierta filosofía que los inspira. Y me parece que la intención de esta iniciativa es algo que no podemos dejar de compartir, y por supuesto, yo la comparto.
Sin embargo, solo quisiera plantear un pequeño "Téngase presente" para la Comisión respectiva en el tratamiento de este proyecto, porque la pregunta que yo me formulo es si, en este caso, estamos legislando en blanco o existen disposiciones que vamos a modificar y, de ser así, en qué sentido.
Fíjese, señor Presidente, que busqué en el informe de la Comisión de Salud (en definitiva, es un texto comparado) y respecto a algunas materias muy importantes de este proyecto, referidas a la naturaleza y al requisito de la hospitalización psiquiátrica, o sea, de la internación no voluntaria, no aparecen textos legales vigentes. Es decir, partimos de la base de que hoy día esto no se halla regulado.
Después, me fui al primer trámite constitucional y reglamentario de la Cámara de Diputados, al informe de la Comisión de Salud, y en la página 5 encontré un párrafo que se titula: "Normas legales que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal". En él se habla del artículo 19 de la Constitución Política de la República; de la ley N° 18.600, que establece normas sobre deficientes mentales, que no tiene nada que ver con esto; de la ley N° 20.422, que establece disposiciones sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, y de la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
Después consulté el segundo informe de la Comisión, en la parte que dice "Disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue"; pero solo se refiere a la ley N° 20.584.
Entonces, señor Presidente, dada la excelente intención que tiene la iniciativa que estamos votando, que se encuentra inspirada en una buena filosofía, y para que hagamos bien las cosas, quiero decirles a la Sala y a los miembros de la Comisión de Salud que nosotros ya disponemos de una legislación que regula esta materia. Me refiero, básicamente, a lo relacionado con los enfermos mentales que deben ser internados en un psiquiátrico de forma no voluntaria.
Porque este proyecto establece una serie de procedimientos a realizar ante la Corte de Apelaciones respectiva -cuestión engorrosa, difícil y cara, sobre todo para la gente más modesta- que lo tornarán inoperante.
Por eso, a los miembros del referido órgano técnico y a los Senadores que concurrirán a él para analizar esta iniciativa les sugiero, respetuosamente, que se fijen en las disposiciones del Código Sanitario vigente, específicamente en el Libro VII, artículos 130 a 134, pues lo que se quiere establecer con respecto a la internación no voluntaria se halla regulado.
Además, el Código Sanitario hace referencia a un decreto del año 1998 que aprueba el reglamento para la internación de las personas con enfermedades mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.
Por lo tanto, existe un larguísimo reglamento que regula exactamente la materia que aquí se quiere normar.
En consecuencia, señor Presidente, al objeto de que legislemos bien sugiero tener presentes las disposiciones legales que mencioné y, también, que ellas sean incorporadas al comparado respectivo. Esto, a fin de saber qué estamos haciendo. De esa manera, este proyecto, que a mi juicio posee excelentes intenciones, se va a traducir en un buen texto que irá en ayuda de las personas.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos votando tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual o con discapacidad psíquica, resguardando en especial su derecho a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al cuidado sanitario y a la inclusión social y laboral.
Debo destacar que su artículo 6 adquiere trascendental importancia al consagrar la prohibición de realizar un diagnóstico de salud mental basándose en criterios relacionados con el grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso de la persona, o con su identidad u orientación sexual.
En tal contexto, estamos ante una normativa que busca proteger y garantizar el derecho a la salud de las personas.
Ahí radica su fundamental relevancia, sobre todo considerando las nuevas patologías que surgen dadas las características y condiciones de vida que se enfrentan en nuestros días.
No obstante lo anterior, debo manifestar mi preocupación por la a mi juicio excesiva intervención judicial en las decisiones que se adopten con respecto a las personas que sean internadas involuntariamente por problemas de salud mental.
Tan así es que el proyecto determina que la Corte de Apelaciones respectiva autorice y supervise, periódicamente, las condiciones de su hospitalización involuntaria o voluntaria prolongada.
Se establece, incluso, una instancia de apelación. Y se llega a determinar, en su artículo 13, que el afectado hospitalizado involuntariamente (es decir, el paciente), o su abogado, pueden solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva el alta hospitalaria en cualquier momento.
Asimismo, se justifica que, al estimarse la hospitalización psiquiátrica involuntaria como una "afectación al derecho a la libertad", debe ser siempre autorizada y revisada por la Corte de Apelaciones pertinente, amparándose para ello en el artículo 21 de la Constitución Política de la República. Y, por ese mérito, se determinan una serie de facultades que pueden ser ejercidas por la Corte de Apelaciones correspondiente.
Creo que esta materia no debe abandonar el ámbito de la salud ni ser judicializada, más aún si pensamos que las instancias de supervisión dependen de las secretarías regionales ministeriales de salud y de la Comisión Regional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental a las que se refiere la propia ley N° 20.584.
En definitiva, si una persona con este tipo de patologías es violentada en sus derechos, sobre todo en el marco de una hospitalización involuntaria, podrá por sí, o a través de cualquiera en su nombre, interponer el correspondiente recurso de protección.
En esa instancia, las autoridades de la salud y los profesionales tratantes tendrán que informar acerca de la situación, y sobre esa base se dictará la resolución judicial respectiva. Pero no debe otorgarse facultades a las Cortes de Apelaciones para intervenir en áreas que no son de su competencia, menos cuando se trata de dar el alta a los pacientes, tal como se propone en el artículo 13 del proyecto que estamos votando.
Señor Presidente, me abstengo.
Necesitamos un Plan Nacional de Salud Mental, pues el que se halla vigente en Chile es del año 2001: ¡dieciséis años sin tener un plan de esta índole!
Esto lo reconoció la Ministra de Salud durante el Gobierno pasado. Ahora hace lo propio el actual Secretario de esa Cartera, don Emilio Santelices. Y se nos señala que dicho plan está en proceso de elaboración.
Los médicos del Hospital Psiquiátrico Leonor Mascayano de Concepción han planteado una renuncia global. ¿Por qué? Porque les llevan para ser tratadas personas que vienen de las cárceles, las cuales, por su condición, deben mantenerse engrilladas. Y tienen que atenderlas junto a otros pacientes del referido establecimiento hospitalario.
Esa situación ocurre de manera permanente con respecto a quienes presentan problemas mentales agudos.
¡En Chile no hay dónde tenerlos...!
Señor Presidente, en las cárceles hay muchos presos condenados, rematados que padecen enfermedades mentales. Ellos deben permanecer recluidos; pero cuando tienen un problema de esa naturaleza van a parar a un hospital psiquiátrico, lo que genera una situación de riesgo para el resto de los pacientes que se atienden ahí.
Lo señaló el Senador Letelier: ¡los angustiados!
En seguida, se halla el flagelo de la droga. Miles y miles de jóvenes quieren huir de ella. Tienen un problema de salud mental: no les es factible dejar la marihuana o la pasta base.
¿Dónde pueden rehabilitarse? No existe una política nacional de rehabilitación para jóvenes. No hay un centro especializado de carácter público. Solo tenemos iniciativas privadas, muchas de ellas voluntarias y que, además, implican un alto costo, independiente de que sean sin fines de lucro.
No existe hoy día una institucionalidad para asistir a quienes padecen algún grado de enfermedad mental o de dependencia de drogas.
De otro lado, señor Presidente, el 40 por ciento de las licencias médicas que hoy se otorgan en el mundo laboral son por estrés: ¡son cinco millones al año!
Lo que todavía hay es la creencia de que cuando un trabajador pide una licencia por estrés lo van a calificar de loco; o de que por solicitar una licencia de este tipo quiere burlar el sistema.
Esas licencias son rechazadas por el COMPIN y por las isapres.
Ha ido aumentando el rechazo de licencias médicas.
En el Senado legislamos para sancionar a los médicos que otorgan licencias falsas.
Reitero lo que dije en aquella oportunidad: "Hay que sancionar a quien da una licencia falsa; pero también hay que castigar al doctor que da un alta falsa", es decir, que le dice a una persona que está sana cuando aún se halla convaleciente y la obliga a ir a trabajar.
También habría que sancionar al médico que por instrucción de su empleador o de la mutual le dice a un paciente que tiene una enfermedad común, o que no se trata de un accidente del trabajo.
¡Tenemos un grave problema!
Las licencias por estrés debieran acotarse a un ámbito en que se reconozca que se trata de una situación creciente en el mundo laboral de hoy.
Hay muchos médicos cuestionados por entregar este tipo de licencias. Y también hay numerosas personas, en todos las áreas -no creo que el Senado escape a esto-, que no reconocen, ni son capaces de hacerlo, que pueden tener estrés laboral, porque se asume que en toda asociación a esa condición física hay un grado de demencia, de locura.
Por tanto, yo quiero subrayar que existe estrés laboral en las instituciones.
Recuerdo que, siendo yo su Presidente, en la Comisión de Derechos Humanos realizamos nueve sesiones a propósito de la situación del SENAME. Asistieron representantes de los funcionarios de dicho Servicio. En total, se trata de 4.000 trabajadores: ¡1.000 de ellos están con licencia médica!
¡El 25 por ciento de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores se hallan con licencia médica!
Ello revela que hay instituciones con una condición especial, extraordinaria que motiva que sus trabajadores puedan padecer ese tipo de situaciones.
Señor Presidente, el artículo 1 del proyecto señala que "Esta ley tiene por finalidad reconocer y garantizar los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental...".
En su artículo 10 dice: "Ninguna persona podrá permanecer hospitalizada indefinidamente en razón de su discapacidad y condiciones sociales.".
¡No hay adonde llevar a quiénes se encuentran en tales situaciones...!
Estamos haciendo una definición general sobre derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Pero está claro que no hay una política nacional, no existe infraestructura.
¡No tenemos suficientes psiquiatras, señor Presidente!
Es algo parecido a lo que sucede con los geriatras: 2,3 millones de adultos mayores y 83 médicos de esta especialidad.
El valor de la consulta con un psiquiatra o un psicólogo no está al alcance del bolsillo de los trabajadores.
En consecuencia, está bien que garanticemos los derechos fundamentales y que reconozcamos que las enfermedades mentales forman parte de la salud en su conjunto, incluido el mundo del trabajo, y que se diseñen mecanismos para reconocer que el estrés laboral existe, es real y debe ser atendido.
Sin embargo, es claro que no tenemos ni infraestructura ni especialistas para hacer una política de Estado real en torno a nuestra preocupación central por la salud mental de los chilenos en general.
No obstante, hay un tema abierto al debate. Y espero que podamos abordarlo, como se ha señalado aquí, cuando toquemos las cuestiones de fondo: qué hacer como país para enfrentar hoy día la salud mental en Chile.
El señor PUGH.- Señor Presidente, tal como se ha mencionado, los problemas de salud mental van creciendo.
El estudio hecho por el Ministerio de Salud básicamente en cuanto a la realidad al año 2016 a nivel de Atención Primaria indica que 22 por ciento de la población beneficiaria está propensa a un problema de salud mental.
Sin embargo, lo más grave es que 83 por ciento está fuera de algún tipo de tratamiento. Vale decir, no somos capaces de hacernos cargo de algo que nos está golpeando, y muy fuerte, no solo -como se indicó- sobre la base del problema de la droga, que se ha introducido de manera muy fuerte en la juventud, o del problema de la convivencia, sino también en función del estilo de vida, de la frustración que tiene muchísima gente por no alcanzar una felicidad mal definida.
Por eso, como legisladores, debemos hacernos cargo de aquello, utilizando para ese efecto la experiencia y, además, la legislación comparada.
En tal sentido, puedo decir que, por haber sido director de un establecimiento con hospitalización psiquiátrica, conozco muy bien los problemas que afectan no solo clínicamente a los pacientes, sino también a las familias que necesitan internar a sus enfermos.
Por lo tanto, quizás se deben utilizar procedimientos mucho más rápidos; y en lo general, tomando como base la legislación británica, recurrir a la segunda opinión, probablemente otro especialista que coincida. De esa manera puede haber mayor agilidad.
En cuanto a los consentimientos, muy especialmente en los casos en que se van a aplicar tratamientos con electroconvulsión, debemos garantizar que, teniendo el paciente un problema de salud mental, se tomarán las mejores prevenciones para tratar de sacarlos de la condición en que se encuentran.
Hoy los fármacos psiquiátricos permiten estabilizar a los enfermos y darles una calidad de vida mejor.
Sin embargo, se requieren hospitales de día; establecimientos hospitalarios con capacidad para recibir a los pacientes y aplicarles tratamiento que les posibilite superar su situación.
Asimismo, hay que entrenar a las familias. Los problemas de salud mental no son individuales, de una sola persona: son del contexto de la sociedad. Por eso, todos deben contribuir a su solución.
En esa línea, considero importante avanzar.
En virtud de lo que expuse, apoyo esta iniciativa, que votaré afirmativamente.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumplió con el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Galilea.
La fecha para formular indicaciones sería el lunes 30 de julio.
Boletín N° s1992-12
El señor BIANCHI (Presidente).- En primer término, corresponde votar un proyecto de acuerdo que presentaron los Senadores señoras Órdenes, Muñoz, Provoste, Rincón y Von Baer y señores Araya, Castro, De Urresti, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Insulza, Latorre, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.992-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 28ª, en 3 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Mediante el proyecto de acuerdo que presentaron las señoras Senadoras y los señores Senadores individualizados por el señor Presidente se le solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya la realización de los estudios de factibilidad necesarios y el envío de un proyecto de ley con el objeto de crear la comuna de La Junta, en la Región de Aisén.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala aprobar este proyecto de acuerdo?
--Así se acuerda por unanimidad.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, al inicio de la sesión el Senador Girardi pidió la fusión de todos los proyectos sobre donación de órganos existentes en la Comisión de Salud del Senado, y aludió por lo menos a tres.
Eso fue aprobado por la Sala.
Simplemente, yo quería dejar constancia de que esos tres proyectos están fusionados.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Está bien, señor Senador. No hay ningún problema.
Boletín N° s1994-12
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por último, la Sala debe pronunciarse acerca de un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Van Rysselberghe y Von Baer y señores Allamand, Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.994-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- Mediante este proyecto de acuerdo se le pide a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, instruya en cuanto a la formulación de una declaración formal sobre la legitimidad de diversos órganos públicos de la República Bolivariana de Venezuela.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (13 votos a favor, 2 en contra y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Goic y los señores Bianchi, Chahuán, Durana, Galilea, Huenchumilla, Kast, Lagos, Montes, Pugh y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Contralor General de la República, a fin de que informe sobre EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE SOLICITUD DE SEÑOR ROBERTO MARIO FAGGIONI DIGUERO EN MATERIA PREVISIONAL.
A los señores Alcaldes de Maullín, Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue y Los Muermos, solicitándoles antecedentes referidos a PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE MUNICIPIOS DE MAULLÍN, PUERTO MONTT, PUERTO VARAS, LLANQUIHUE Y LOS MUERMOS PARA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE RÍO MAULLÍN Y NOMINACIÓN DE HUMEDALES DE MAULLÍN COMO SANTUARIO DE LA NATURALEZA.
A los señores Director Nacional de Vialidad y Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, requiriéndoles antecedentes sobre ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVO A "CONSERVACIÓN TRAMO 2 RUTA T-720, SECTOR PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO", COMUNA DE CORRAL, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS.
A la señora Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de La Araucanía, pidiéndole considerar LEVANTAMIENTO DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARAMEJORAMIENTO DE CAMINOS PÚBLICOS CHAURA-EL CARMEN Y NALCAHUE-RELÍN, AMBOS DE LA COMUNA DE VILLARRICA.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, con el objeto de que adopte MEDIDAS TENDIENTES A QUE EMPRESA NAR BUS PRESTE SERVICIO SEGURO Y EFICIENTE EN RECORRIDO DESDE Y HACIA TEMUCO.
Y al señor Director de Vialidad de La Araucanía, para que informe sobre ESTADO DE PROYECTO DE ASFALTADO CAMINO PUENTE QUEPE-PUENTE CAIVICO, EN 18 KILÓMETROS DE LONGITUD, COMUNAS DE PADRE LAS CASAS, CUNCO Y VILCÚN.
Al señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, efectuándole diversas consultas vinculadas con EXPORTACIÓN DE ANIMALES VIVOS VÍA MARÍTIMA.
Al señor Ministro de Educación, para formularle dos planteamientos: INCLUSIÓN POR CONSEJO DE CONICYT, EN PERÍODO 2018-2019, DE EJE RELATIVO A ESTUDIOS ANTÁRTICOS E INVITACIÓN PARA EXPOSICIÓN DE INQUIETUDES SOBRE LA MATERIA.
Al señor Ministro de Salud, al objeto de requerirle DICTACIÓN DE REGLAMENTO DE LEY REGULATORIA DE DONACIÓN CRUZADA DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS, PUBLICADA HACE UN AÑO Y MEDIO; y además para, reiterando oficio, consultarle acerca de MEDIDAS ADOPTADAS PARA ADECUACIÓN DE REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE CALDERAS EN ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, A RAÍZ DE PROBLEMAS DE COSTOS PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS.
Al señor Director del hospital Van Buren, para consultar por EJERCICIO DE ALGUNA ATRIBUCIÓN ANTE SEPARACIÓN DE SUPLENTE EMBARAZADA SEÑORA JENIFER JAIME JORQUERA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al señor General Director de Carabineros de Chile, a fin de que se informe respecto de ACCIDENTES EN ÚLTIMOS TRES AÑOS EN RUTA DE LA MADERA, CON DESGLOSE POR MES, CAUSA, MUERTOS Y HERIDOS, E INVOLUCRAMIENTO DE ALGÚN VEHÍCULO DE CARGA, y de que se proporcionen antecedentes respecto de CONTROLES DE CARABINEROS EN RUTA DE LA MADERA DESDE 2016 A LA FECHA.
A la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, pidiéndoles remitir COPIA DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIAD DE EXTENSIÓN DE SERVICIO DE BIOTRÉN HASTA COMUNA DE LOTA, CON INDICACIÓN DE PROGRAMACIÓN PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO Y COSTOS ASOCIADOS.
Al señor Superintendente de Educación, requiriéndole antecedentes sobre INSPECCIONES A COLEGIO GALVARINO DE LOMAS COLORADAS, COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ.
Y al señor Director de Tránsito y Transporte Público de Tomé, consultándole por EVENTUALES MEDIDAS PARAREMPLAZO DE BARRERA DE CONTENCIÓN DETERIORADA EN CALLE LORD COCHRANE ESQUINA VICENTE PALACIOS.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que entregue detalles y fundamentos de CIERRE DE BASES EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO.
A la señora Ministra del Medio Ambiente, preguntándole si se ha considerado la INCORPORACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN DE MATRIZ ENERGÉTICA Y FOMENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA COIHAIQUE, CAPITAL DE LA REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles, con el objeto de que informe acerca de DIFERENCIACIÓN TARIFARIA ELÉCTRICA PARA COMUNIDADES DE ISLAS HUICHAS, PUERTO CISNES, VILLA AMENGUAL, LA TAPERA Y VILLA O'HIGGINS POR PARTE DE EDELAYSÉN.