Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/31417
Timestamp: 2019-05-22 01:52:26
Document Index: 364545716

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 77', 'artículo 57', 'artículo 259', 'artículo 6', 'artículo 87', 'artículo 32', 'artículo 6', 'Artículo 87', 'Artículo 6']

Sentencia: CE SIII E 13930 DE 2013
Los integrantes de un consocio o una unión temporal pueden comparecer a un proceso, en condición de demandantes o demandados, individualmente considerados
CONSORCIO GLONMAREX VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
El 1º de noviembre de 1996, la dirección ejecutiva de administración judicial declaró abierta una licitación pública, cuyo objeto era el de contratar la construcción, por el sistema de administración delegada, de los bloques A, B, C y E, así como los acabados de los bloques A, B, C, D y E de los tribunales Superior y Contencioso Administrativo en la ciudad de Bogotá.
El demandante expresó que la propuesta presentada por el Consorcio Glonmarex obtuvo 975 sobre 1.000 puntos como máximo posible tras la evaluación técnica; sin embargo, señaló el actor que en la audiencia de adjudicación, con fundamento en diversos argumentos que no comparte, la propuesta del Consorcio Glonmarex fue calificada en noveno lugar, con un puntaje de apenas 830 puntos, cuando la cabal aplicación de los criterios establecidos en el pliego de condiciones debió conducir a que dicha oferta fuera calificada con el máximo puntaje posible, esto es el de 1.000 puntos, por manera que el contrato debió serle adjudicado al mencionado proponente.
En cuanto a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que se invocaron como vulneradas por el acto administrativo demandado, el demandante sostuvo que el principio de transparencia fue desconocido comoquiera que para adjudicar el contrato no fueron tenidos en cuenta ni la evaluación ni el concepto emitidos por los comités jurídico y financiero; tampoco se fijaron reglas claras y precisas habida cuenta de que el pliego inicial fue modificado hasta en tres ocasiones, lo cual condujo a que se hicieran confusos los criterios de selección; se adujeron requisitos puramente formales como la falta de legalización o apostilla de documentos presentados por el Consorcio Glonmarex para subvalorar su propuesta y se violó el principio de selección objetiva al no adjudicarle a la propuesta que debió ser calificada con el puntaje más alto.
Por tales razones, la parte actora adujo que el acto administrativo demandado es nulo.
En el presente asunto se unifica el tema de la capacidad procesal para ser parte de los consorcios.
¿Pueden los integrantes de un consocio o una unión temporal comparecer a un proceso, en condición de demandantes o demandados, individualmente considerados?
Legitimación en la causa por pasiva y por activa. «(...) La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”(...)»
Dos requisitos para que prospere la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. «(...) Esta corporación ha precisado que se requieren dos condiciones para que salga adelante la pretensión de declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto de adjudicación de un contrato estatal: i) que se pruebe la ilegalidad de la decisión adoptada por la administración y ii) que la parte actora demuestre que su oferta era la mejor y que de no haberse presentado el vicio de ilegalidad habría sido la ganadora de la licitación o del correspondiente procedimiento administrativo de selección contractual. (...)»
Autenticación de documentos otorgados en el extranjero. «(...) Adicionalmente, lo previsto en el dispositivo legal en cita guarda absoluta armonía y coherencia con aquello que consagra —al ocuparse de regular la figura del registro de proponentes— el inciso final del numeral 4º del artículo 22 de la Ley 80 de 1993(74), en el siguiente sentido:
“Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio del deber a cargo de la entidad estatal respectiva de exigir a dichas personas documentos o informaciones que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad” (se ha resaltado).
Súmese a lo hasta ahora expresado, en la misma dirección, que de conformidad con lo que establece el inciso primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, “[E]n cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil”; pues bien, toda vez que en materia de requisitos de aducción o de valoración de los distintos medios de prueba admitidos por la ley, nada establecen de forma expresa ni el estatuto
contractual ni el Código Contencioso Administrativo —este último, de hecho, a través de su artículo 57 dispone que “serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil”(75)—, se impone admitir que en esta materia resulta aplicable lo regulado en el estatuto procedimental civil, cuyo artículo 259, en relación con los presupuestos que deben ser observados para que un documento público otorgado en el extranjero cuente con mérito demostrativo en territorio colombiano, dispone lo siguiente:
Naturalmente, lo hasta aquí expuesto en relación con la exigencia de legalización de los documentos otorgados en el extranjero para que cuenten con eficacia probatoria en Colombia, debe complementarse con lo previsto en la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 e incorporada en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 455 de 1998, en cuanto en dicho instrumento internacional se prevé la posibilidad de sustituir el descrito procedimiento de legalización por el de apostille del documento respectivo, por manera que este, si ha sido otorgado en un Estado parte de la aludida convención, debe ser aportado con la respectiva apostilla, mientras que si tiene origen en un Estado que no haya ratificado el tratado internacional en comento, ha de venir debidamente legalizado según lo prevén las normas a las cuales se ha hecho referencia.(...)»
«(…) Así pues, la capacidad de contratación que expresamente la Ley 80 otorgó y reconoció a los consorcios y a las uniones temporales, en modo alguno puede entenderse agotada en el campo de las actuaciones que esas organizaciones pueden válidamente desplegar en relación o con ocasión de su actividad contractual —incluyendo los actos jurídicos consistentes en la formulación misma de la oferta; la notificación de la adjudicación; la celebración, ejecución y liquidación del respectivo contrato estatal—, sino que proyecta sus efectos de manera cierta e importante en el campo procesal, en el cual, como ya se indicó esas organizaciones empresariales podrán asumir la condición de parte, en cuanto titulares de derechos y obligaciones, al tiempo que podrán comparecer en juicio para exigir o defender, según corresponda, los derechos que a su favor hubieren surgido del respectivo procedimiento administrativo de selección contractual o del propio contrato estatal, puesto que, según lo dejó dicho la Corte Constitucional, la capacidad de contratación que a los consorcios y a las uniones temporales les atribuyó el artículo 6º de la Ley 80 “(...) comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos (...)”.
Añádase a lo anterior que el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo — CCA—, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 expedida en 1998, disposición que aunque no resulta aplicable al presente asunto porque la demanda se presentó el día 30 de abril de 1997(53), esto es antes de la vigencia de la aludida Ley 446, lo cierto es que dicha normativa que mantiene en lo pertinente las mismas previsiones de la norma legal anterior, aplicable al presente caso y contenida en el Decreto-Ley 2304 de 1989 —al establecer que “cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas”(54)— erigió en titulares de la acción contractual a las partes del contrato, entre las cuales se encuentran, precisamente y por expresa autorización del referido artículo 6º de la Ley 80, los consorcios y las uniones temporales, de lo cual se desprende con claridad que esas organizaciones empresariales, dotadas por ley de capacidad jurídica para actuar como partes de un contrato estatal, en su calidad de tales también se encuentran legitimadas para ejercer la correspondiente acción contractual.
Como resulta apenas natural, ha de entenderse también que la representación del consorcio o de la unión temporal, en los términos de la ley, para todos los efectos, comprenderá por igual las actuaciones procesales que deban emprenderse o desplegarse con el propósito de reclamar o defender en juicio los derechos derivados de la propuesta o del contrato.
En consecuencia, a partir del presente proveído se concluye que tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos judiciales —bien como demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda—, opción que de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal concurran a un proceso judicial, en su condición individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda. (…)»
Los integrantes de un consocio o una unión temporal pueden comparecer a un proceso, en condición de demandantes o demandados, individualmente considerados, porque:
La capacidad de contratación que expresamente la Ley 80 de 1993 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales, en modo alguno puede entenderse agotada en el campo de las actuaciones que esas organizaciones pueden válidamente desplegar en relación o con ocasión de su actividad contractual, sino que proyecta sus efectos de manera cierta e importante en el campo procesal, por lo que esas organizaciones empresariales pueden asumir condición de parte, en cuento titulares de derechos y obligaciones, al tiempo que podrán comparecer en juicio para exigir o defender, los derechos que a su favor hubieren surgido del respectivo procedimiento administrativo de selección contractual o del propio contrato estatal.
Las partes de un contrato estatal son las que están suficientemente facultadas para acudir a la vía judicial con el propósito de reclamar o de defender los derechos originados en el respectivo contrato, cuestión que permite señalar que cuando el contrato se celebra con un consorcio o con una unión temporal, se ha de entender que una de las partes está constituida por esta clase de agrupación, sin perjuicio de agregar que en esos eventos sus integrantes, individualmente considerados, también resultarán vinculados al respectivo contrato estatal y, por mandato de la ley, deberán responder en forma solidaria por la integridad de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
Esta capacidad procesal que tienen los consorcios y las uniones temporales, no impide que los integrantes de los respectivos consorcios o uniones temporales, individualmente considerados, puedan comparecer al proceso en condición de demandantes o demandados.
Por lo tanto, los consorcios y las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés.
1. UNIFICAR la jurisprudencia en relación con la capacidad procesal que legalmente les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos —en condición de partes, terceros interesados o litisconsortes— en los procesos judiciales en los cuales se debatan asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna otra manera les conciernen con ocasión o por causa de la actividad contractual de las entidades estatales.
2. NEGAR la solicitud de nulidad procesal elevada por la procuraduría quinta delegada ante el Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
3. REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 31 de enero de 2001 por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá D.C., Sección Tercera, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y, por consiguiente, NEGAR las súplicas de la demanda.
Decreto 1 de 1984. Artículo 87 y 149. Ley 80 de 1993. Artículo 6. Decreto-Ley 2304 de 1989.
Capacidad jurídica. «(…) La capacidad para ser parte en un proceso, no es otra cosa que la aptitud legal que tiene la persona para ser titular de derechos y obligaciones procesales, es la facultad de realizar directamente o por intermedio de sus representantes actos procesales válidos y eficaces así como asumir las cargas y responsabilidades que se desprenden del proceso”(29). (…)»
Consorcio. «(…) Se tiene de lo anterior (L. 80/93, art. 7º) que según la ley, el consorcio es un convenio de asociación, o mejor, un sistema de mediación que permite a sus miembros organizarse mancomunadamente para la celebración y ejecución de un contrato con el Estado, sin que por ello pierdan su individualidad jurídica, pero asumiendo un grado de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales(…)»
Documento: CE SIII E 13930 DE 2013