Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-8430-de-marzo-9-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421ef6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-20 01:19:50
Document Index: 24233197

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 2', 'artículo 97', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 9']

﻿ SENTENCIA 8430 DE MARZO 9 DE 2006
SENTENCIA 8430 DE 09 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:COMISIÓN DE ACREDITACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS PRUEBAS DE ADN. DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 721 DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:ICBF, COMITÉ ANDINO SOBRE RECURSOS GENÉTICOS, PRUEBA DE ADN, PRUEBA DE LABORATORIO, ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE SALUD
Sentencia 8430 de marzo 9 de 2006
Ref.: Expediente 11001-03-24-000 2002-0388-01 (8430)
Actora: Myriam Niño Fajardo
EXTRACTOS: «1. La norma acusada
El texto del parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1562 de 2002 (1) , es el siguiente:
“DECRETO 1562 DE 2002
ART. 2º—Conformación. La comisión de acreditación y vigilancia de los laboratorios que practican las pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer la paternidad o maternidad, estará integrada por los siguientes miembros:
5. Un delegado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, elegido por el Ministro de Salud, de terna que para el efecto presente el representante legal de dicha asociación.
7. Un delegado de los laboratorios privados que realicen pruebas con marcadores genéticos de ADN para establecer paternidad o maternidad, seleccionado por el Ministro de Salud entre los laboratorios que presenten certificado de participación en pruebas de control de calidad expedido por una entidad reconocida en el campo de la genética forense a nivel internacional.
En sentencia de 15 de enero de 2003 (4) la sección analizó la temática concerniente a la distribución de competencias entre la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las secciones respectivas, para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos contra decretos del Gobierno Nacional, y expuso las consideraciones siguientes:
“El Consejo de Estado ejerce sus competencias jurisdiccionales por medio de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya sea en Sala Plena, ya a través de alguna de sus secciones. Tratándose de la decisión de acciones de nulidad por inconstitucionalidad, el artículo 97-7 del Código Contencioso Administrativo (según fue modificado por el art. 33 de la L. 446) distribuyó la competencia entre la Sala Plena y las secciones, reservando a la Sala Plena las concernientes a decretos (i) de carácter general, (ii) cuya inconformidad con el ordenamiento jurídico se establezca mediante confrontación directa con una norma constitucional, y (iii) que no obedezcan a función propiamente administrativa. Cuando el decreto acusado no reúna estas tres condiciones, el fallo corresponde a la sección respectiva.
La potestad reglamentaria confiada al Presidente de la República por el artículo 189-11 C.P., es una función propiamente administrativa por razón de su objeto y finalidad, como son “la cumplida ejecución de la ley”. En consecuencia, el carácter reglamentario del decreto acusado, y su materia misma, determinan la competencia funcional de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
• La cuestión por resolver
En lo esencial la acusación controvierte la competencia del Presidente de la República pues la actora considera que al regular la integración de la comisión de acreditación y vigilancia de los laboratorios que practican pruebas con marcadores genéticos de ADN traspasó el ámbito material de la potestad reglamentaria, violando así los artículos 189-11 C.P. y 9º de la Ley 721 reglamentada.
El artículo 1º de la Ley 721 (modificatorio del art. 7º de la L. 75/68) dispuso que todos los laboratorios legalmente autorizados para practicar los exámenes científicos destinados a establecer en juicio la paternidad o maternidad deberán estar certificados por autoridad competente. El texto modificado quedó así:
PAR. 1º—Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estos esperticios (sic) deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los estándares internacionales.
PAR. 2º—Mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente artículo”.
El artículo 10 de la Ley 721 determina que la elaboración de estos exámenes técnicos de paternidad o maternidad —de obligada práctica en el respectivo proceso— estará a cargo del Estado, quien la realizará “directamente o a través de laboratorios públicos o privados, debidamente acreditados y certificados”. Se trata, pues, de una función pública.
El acto administrativo de acreditación de un laboratorio de esta especie es competencia de la comisión de acreditación y vigilancia, autoridad del orden nacional creada por el artículo 9º de la Ley 721 e integrada por delegados de las autoridades y particulares en ejercicio de funciones públicas listados así en esta disposición:
“LEY 721
ART. 9º—Créase la comisión de acreditación y vigilancia del orden nacional integrada por:
PAR. 2º—El delegado de los laboratorios privados de genética debe ser de aquellos laboratorios que cuenten con el reconocimiento de la comunidad genética forense en el ámbito internacional”.
Mediante el decreto reglamentario acusado se dispuso que serían “invitados permanentes” de esta comisión el coordinador del laboratorio de genética del Instituto Nacional de Salud (INS) y un delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes participarán “con voz pero sin voto” en las decisiones.
Para la actora, la inclusión de estos dos delegados en la comisión, así sea a título de “invitados permanentes” entraña un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, porque, habiendo regulado la ley la conformación de la comisión, mal podía el reglamento modificarla o variarla en modo alguno.
La presencia de los dos funcionarios aludidos, con voz y sin voto, es muestra de la coordinación que debe existir entre las autoridades administrativas. Pues ha de tenerse presente que la comisión ejerce, de un lado, unas funciones técnicas, para cuyo desempeño cabal resulta útil la colaboración del INS; y de otro, funciones de vigilancia (D. 1562/2002, art. 4º), que justifican la presencia del delegado de la SIC, aunque sin voto, respetando así la ley reglamentada, pues las decisiones solamente serán acordadas por los miembros provistos de voto conforme a la ley.
La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el de 9 de marzo de 2006».
(1) Publicado en el Diario Oficial 44.883 de 30 de julio del mismo año.
(4) Expedientes acumulados 6414/6424/6447/6452/6453/6522/6523/6693/6714/7057. Decretos del gobierno. Actor: Franky Urrego Ortiz y otros.