Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-catastro-inmobiliario-15409463
Timestamp: 2020-07-13 16:47:47
Document Index: 273897905

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 13', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 1', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 5', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 105', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 111', 'artículo 112', 'artículo 82', 'artículo 235']

LEY 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15409463
Marginal: BOE-A-2002-25038
Norma citada en: 1723 sentencias, 35 artículos doctrinales, 18 disposiciones normativas, 34 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 1 Definición, principios, contenido y competencia en materia de catastro.
La información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, a cuyo fin el Catastro colaborará con las Administraciones públicas, los Jueces y Tribunales y el Registro de la Propiedad para el ejercicio de sus respectivas funciones y competencias. Asimismo, estará a disposición de las políticas públicas y de los ciudadanos que requieran información sobre el territorio, en los términos previstos en la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario y la difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.
Artículo citado en: 86 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 2 Bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales.
Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que regiamentariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la forma que se determine reglamentariamente.
Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos o de características especiales. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo.
Se entiende por suelo de naturaleza urbana el clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, el que, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, tenga la consideración de urbanizable y el que reúna las características contenidas en el artículo 8 de la Ley citada. Tendrán la misma consideración aquellos suelos en los que puedan ejercerse facultades urbanísticas equivalentes a los anteriores según la legislación autonómica.
ARTÍCULO 3 Titulares catastrales.
Cuando el derecho de propiedad concurra con alguno de los restantes derechos mencionados en el apartado 1 de este artículo, se incorporará también como titular al propietario que lo solicite conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 5 de esta Ley.
Cuando un bien inmueble o uno de los derechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo pertenezca pro indiviso a una pluralidad de personas, la titularidad catastral se atribuirá a la comunidad constituida por todas ellas, que se hará constar bajo la denominación que resulte de su identificación fiscal. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de aportar el número de identificación fiscal, y sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder, la titularidad se asignará a cualquiera de los comuneros, miembros o partícipes de la comunidad o entidad sin personalidad de que se trate.
En sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales ostentan los derechos reconocidos en el capítulo I de la Ley 1 /1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, con las especialidades previstas en la presente Ley.
En caso de discrepancia entre la identidad del titular catastral y la del propietario según el Registro de la Propiedad sobre fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en dicho Registro, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte del mismo, salvo que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad.
Artículo citado en: 63 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa
ARTÍCULO 4 Incorporación en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones.
La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor catastral, es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos:
Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán motivados conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral, éste se motivará mediante la expresión de la ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de los módulos básicos de suelo y construcción, el valor en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones y de las clases de cultivo, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles.
En los procedimientos a que se refiere el apartado 1, las actuaciones se entenderán con el obligado a realizar la declaración o comunicación o con quien formule la solicitud, según los casos.
Los procedimientos a que se refiere este artículo tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo dispuesto en esta Ley, siendo de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como sus disposiciones de desarrollo.
Artículo citado en: 151 sentencias, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 5 Procedimientos de incorporación mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.
Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza establecida en el artículo 1 16 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente.
Las solicitudes a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de esta Ley, que se acompañarán de la documentación acreditativa correspondiente, son las siguientes:
Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.
ARTÍCULO 6 Procedimientos de subsanación de discrepancias.
El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar a que se refiere el artículo 5. La iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de esta Ley, concediéndoles un plazo de quince días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
Podrá rectificarse de oficio la información obrante en el Catastro en cuanto sea necesario para reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartografía, o cuando se lleven a cabo otras operaciones de carácter general, legalmente previstas, que tenga por finalidad mantener la adecuada concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria.
ARTÍCULO 7 Inspección catastral.
Las actuaciones de inspección catastral podrán ser de comprobación y de investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así como de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento.
La Dirección General del Catastro podrá llevar a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los Ayuntamientos y entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a petición de los mismos, en los términos que reglamentariamente se determinen.
ARTÍCULO 8 Valor catastral.
El valor catastral ese¡ determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones.
El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden ministerial, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase.
Artículo citado en: 265 sentencias, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 9 Ponencias de valores.
La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 2, párrafo c), del artículo 12 de esta Ley, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores, que recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios, módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo dicha determinación, y que se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores totales o parciales se publicarán por edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el 'Boletín Oficial del Estado' o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.
ARTÍCULO 10 Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y rústicos.
Toda incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario practicada en virtud de los procedimientos previstos en los artículos 5, 6 y 7 de esta Ley incluirá, cuando sea necesario, la determinación individualizada del valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características. Dicho valor catastral se determinará mediante la aplicación de la ponencia de valores vigente en el municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del catastro o, en su caso, mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento de valoración colectiva simplificada.
ARTÍCULO 11 Procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial.
Los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Los valores catastrales resultantes de estos procedimientos se notificarán individualmente a los titulares catastrales con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, a cuyo efecto se podrá recabar la colaboración de las Corporaciones locales o de otras Administraciones y entidades públicas.
La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha, la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorporándose al expediente la acreditación de la notificación efectuada.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente en atención al término municipal en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las motiva, órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio en el 'Boletín Oficial del Estado' o en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso la comparecencia se deberá producir en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9.1 de la presente Ley, los acuerdos surtirán efectos el día uno de enero del año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del momento en que se produzca la notificación del acto.
Con referencia exclusiva para los casos de notificación de valores a los que se refiere el presente artículo, el plazo para la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación o, en su caso, al de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2.
Artículo citado en: 309 sentencias
ARTÍCULO 12 Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el día uno de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento, sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.
ARTÍCULO 13 Procedimiento de determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
La notificación, efectividad e impugnación de los valores catastrales resultantes de este procedimiento se regirán por lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.
ARTÍCULO 14 Actualización de valores catastrales.
Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles.
Asimismo, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán fijar coeficientes de actualización por grupos de municipios, que se determinarán en función de su dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de los mismos que se establezca reglamentariamente. Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catastrales actualizados conforme al apartado 1 de este artículo.
ARTÍCULO 15 Deber de colaboración.
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está sujeta al deber de colaboración establecido en el artículo 111 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario.
Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones públicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean recabados por éste, bien mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos concretos.
Las infracciones tipificadas en el apartado anterior se sancionarán con multa de 60 a 6.000 euros, salvo que se trate de la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, o de la conducta prevista en el párrafo d) del citado apartado, en cuyo caso la multa será de 6 a 60 euros por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones o ser aportado en virtud de los requerimientos efectuados y sin que la cuantía total de la sanción pueda exceder de 6.000 euros. Si, como consecuencia de la resistencia del sujeto infractor, la Administración no pudiera conocer la información solicitada ni el número de datos que ésta debiera comprender, la infracción se sancionará con multa de 1.000 a 6.000 euros.
Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a los criterios señalados en los párrafos a), b), c), e) y f) del número 1 del artículo 82 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, conforme a las reglas de aplicación que se determinen reglamentariamente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA Referencia catastral de los bienes inmuebles de características especiales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA Competencia para la resolución del recurso de alzada en materia de acceso a los datos catastrales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA Comisión Técnica de Cooperación Catastral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA Acceso a los datos catastrales.
'b) Para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y, en general, para la identificación de las fincas, por los notarios y registradores de la propiedad.'
La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida por la presente Ley tendrá efectividad desde el 1 de enero de 2006. Las incorporaciones o modificaciones en el Catastro Inmobiliario que para ello procedan se realizarán de oficio por la Dirección General del Catastro y no requerirán notificación individualizada a los titulares catastrales, siempre que no se modifique la descripción catastral de dichos bienes.
Los bienes inmuebles de características especiales que a la entrada en vigor de la presente Ley consten en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2005 el valor, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración.
La descripción de los bienes inmuebles contenida en el Catastro Inmobiliario a la entrada en vigor de esta Ley se mantendrá hasta que tenga lugar la práctica de otra posterior conforme a los procedimientos de incorporación en ella regulados o hasta que por cualquier otro medio se modifique, sin perjuicio de la actualización de valores.
Disposición citada en: 95 sentencias, una disposición normativa, 5 resoluciones administrativas
Normativa preexistente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Procedimientos en tramitación.
El inciso final del segundo párrafo del apartado 2.° del artículo 235 del Decreto de 12 de enero de 1973, que aprueba el texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.
Disposición citada en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
LEY FORAL 20/2005, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y se actualizan las...
ORDEN FAM/801/2009, de 24 de marzo, por la que se convoca la concesión de una Beca de Formación y Perfeccionamiento en Programas Europeos de Juventud.
ORDEN IUE/479/2008, de 11 de noviembre, por la que se aprueba la modificación de la trama urbana consolidada del municipio de Puigcerdà.