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Timestamp: 2020-08-05 07:32:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 65', 'artículo 99', 'artículo 34', 'artículo 65', 'artículo 34', 'artículo 1']

Sentencia SL 4400 de 26-03-2014
Sentencia SL 4400
Radicación n° 39000
Acta n°. 10
Procede la Sala a decidir el recurso de casación interpuesto por HÉCTOR FERNANDO TORRES MORENO, contra la sentencia proferida el 27 de junio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió en contra de la SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERÍA LIMITADA –COSTCO LTDA- y, solidariamente, contra el BANCO DE LA REPÚBLICA. Fue llamado en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
El accionante llamó a juicio a la SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERÍA LIMITADA –COSTCO LTDA- y, solidariamente, al BANCO DE LA REPÚBLICA, con el fin de que se declare: (i) que con las demandadas «existió un contrato por duración de la obra o labor determinada», desde el 4 de diciembre de 1997 hasta el 10 de diciembre de 1999; (ii) que se obligaron a actualizar los salarios por él devengados, «conforme a las tablas y resoluciones del Ministerio de Transporte»; (iii) que las convocadas al proceso no actualizaron su salario de acuerdo a las mencionadas tablas; (iv) que las demandadas lo despidieron 6 meses antes del término de finalización de la obra; y (v) que no le cancelaron, a la terminación del contrato de trabajo, las acreencias laborales. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, implora el pago de: a) la diferencia salarial, que asciende a la suma de $12.513.993,oo; b) 6 meses de salario, que equivalen a $16.170.000,oo; c) la cesantía y sus intereses; d) la sanción por la no consignación de la cesantía; e) la sanción moratoria estatuida en el artículo 65 del C.S.T.; f) los aportes al sistema general de salud y pensiones; g) la indexación de la indemnización por despido injusto; h) lo que resulte probado extra y ultra petita; e i) las costas y gastos del proceso.
En lo que en estricto rigor concierne al recurso extraordiario, el accionante tuvo como báculo de las
súplicas, que la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada, Costco Ltda, celebró varios contratos con el Banco de la República, «con el objeto de realizar la Interventoría técnica y admnistrativa para los trabajos generales de adecuación y amplación de la sucursal» del Banco de la República; que se vinculó laboralmente con la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada, Costco Ltda, por la duración de una obra, el 4 de diciembre de 1997, para desempeñar el cargo de arquitecto director residente, con un salario incial de $1.846.850; que la labor determinada fue la de «dirección como residente de la interventoria (sic) administrativa y técnica»; que su empleadora suscribió con el Banco de la República, el contrato «No. 05189700/29 NOV./97», cuyo objeto fue la interventoría de la obra de ampliación y remodelación de la sucursal Cartagena de dicho banco; que trabajó en forma continua hasta el 10 de diciembre de 1999; que el salario, para el momento de la terminación de la relación laboral, ascendió a la suma de $1.980.000,oo; que en el contrato se pactó que «las tarifas de sueldos y demás gastos, serían actualizados de acuerdo a la resolución del ministerio del Transporte», cláusula que la demandada nunca cumplió; que el salario de $2.300.000,oo, percibido para el 31 de diciembre de 1998, se debió reajustar a partir del 1º de enero de 1999, en el 17 %; que le fue terminado el contrato de trabajo sin que mediara justa causa; que la sociedad llamada al proceso no aportó al Sistema General de Seguridad Social; y que el 12 de junio de 2000, elevó reclamación ante el Banco de la República.
La Sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Ltda -Costco Ltda-, al dar respuesta al escrito iniciador de la contienda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, pago y compensación.
Por su parte, el Banco de la República también estimó que no eran viables las peticiones incoadas por el actor y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación pretendida, carencia de derecho, prescripción, falta de causa y cobro de lo no debido y la que denominó «genérica».
Seguros del Estado S.A., llamado en garantía, por medio de curador ad litem, sostuvo que no se allanaba a las pretensiones, pero «tampoco me opongo, estaré a lo resuelto por el Despacho siempre y cuando corresponda a lo demostrado en el proceso».
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, profirió sentencia el 11 de mayo de 2007 por medio de la cual condenó a la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada- Costco Ltda- a reconocer y pagar al demandante $3.722.833,33 por cesantía; $427.271,33 a título de intereses sobre la cesantía; $1.980.000,oo por compensación de vacaciones; $1.840.000,oo por primas de servicios; y $66.000.oo diarios a partir del 10 de diciembre de 1999 y hasta el día en que se verifique el pago de las prestaciones. Asimismo, la autorizó para que de la condena deduzca la suma $3.499.894.oo, la absolvió de las restantes súplicas y le impuso costas; absolvió al Banco de la República.
Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante y de la sociedad condenada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con sentencia del 27 de junio de 2008, «revocó» parcialmente el literal c) del numeral primero de la decisión del juez de primer grado, en cuanto profirió condena por la suma de $66.000 diarios a partir del 10 de diciembre de 1999 hasta cuando se verifique el pago, para en su lugar, ordenar el pago de la indemnización moratoria desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 26 de abril de 2000; también revocó el numeral segundo y, en su lugar, condenó a la demandada, Sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada- Costco Ltda- al pago de la sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuya suma es $40.938.000; la confirmó en lo restante; e impuso costas.
El Tribunal, tras copiar el art. 65 del CST y apartes de la sentencia del 24 de agos. 1994, rad. 6813; de referirse a que la sociedad demandada, el 27 de abril de 2000, consignó ante el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá la suma de $3.499.894,oo a favor del demandante a título de prestaciones sociales, asentó que «aunque la suma no corresponda a la totalidad de la condena que se deprecó por este concepto, se demostró que a partir de tal fecha, no hay obligación a la indemnización moratoria». Así, dispuso tasarla a partir del 10 de diciembre de 1999 y hasta el 26 de abril de 2000. Atinente al tema de la solidaridad, el juzgador, luego de analizar el certificado expedido por la Superintendencia
Bancaria, hoy Financiera, los arts. 2º de la Ley 31 de 1992, 4º y 74 literal f) del D. 2520 1993 y 34 del CST, sostuvo que «el objeto principal del Banco de la República, es el de actuar como banca central, por lo tanto, es una función accesoria el de velar por los bienes que están bajo su tutela, por tal razón, de la labor contratada por el Banco de la República con Constructores y Consultores de ingeniería limitada Costco LTDA, no puede predicarse una solidaridad en los términos establecidos por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo».
Con relación al fenecimiento del vínculo, dijo, en suma, que había obedecido «a la imposibilidad de cumplir con el objeto pactado; y que solo hasta nueve meses después de terminado el contrato por labor o duración de obra al demandante» la sociedad demandada «suscribió un nuevo contrato con el BANCO DE LA REPÚBLICA, por lo cual no puede predicarse de la misma una solución de continuidad tal como el apelante pretende hacer creer. Por tal razón, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en lo que se refiere al Despido sin justa causa».
V. El recurso del demandante
Con apoyo en la causal primera de casación, pretende el recurrente la casación del fallo impugnado «en cuanto revocó parcialmente la sentencia del Juzgado Once Laboral de éste (sic) Circuito en el numeral primero, literal e), al reducir la condena por indemnización moratoria, y no la case en lo demás, es decir, respecto de la confirmación de condenas de primer grado y para que obrando en función de instancia, revoque la absolución del a-quo en el numeral 5° de la parte resolutiva y en su lugar condene solidariamente al Banco de la República y confirme el resto de la sentencia, proveyendo sobre costas». Para el efecto formula dos cargos, no replicados, que serán estudiados conjuntamente conforme lo autoriza el art. 51 del D. 2651/ 1991, convertido en legislación permanente por el art. 162 de la L. 446/1998, por cuanto a pesar de estar dirigidos por distinta vía y modalidad de violación, denuncian las mismas normas legales, persiguen un objetivo común y se valen de argumentos complementarios.
Ataca la sentencia por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos «65, 19 y 34 del C. 5. del T., subrogado éste último por el art. 3° del D. L. 235 1/65, y el art. 1568 del C. C.; como violación medio los arts. 60 y 61 del C. P. L. y los arts. 177 y 195 del C. de P. C., aplicables por remisión del art. 145 del C.P.L.».
1-Dar por demostrado, sin ser así, que el pago parcial por consignación efectuado por el demandado “COSTCO LTDA”, interrumpe la indemnización moratoria.
2-No dar por demostrado, estando, que el pago incompleto y tardío de prestaciones sociales, realizado mediante consignación judicial genera la indemnización moratoria pedida en la demanda, por no existir razones atendibles en la conducta del empleador.
3-No haber dado por demostrado, siendo así, que las labores realizadas por “COSTCO LTDA” mediante el Contrato de Interventoría y sus prórrogas, celebrado con el BANCO DE LA REPÚBLICA, no son extrañas al giro de las actividades normales de dicho Banco y sí por el contrario son cotidianas y complementarias.
Como pruebas indebidamente valoradas denuncia la diligencia de pago por consignación (fls. 255 y 256); los estatutos del Banco –D. 2520/1993-(fls. 146 a 151); el contrato de Interventoría No. 05189700 del 24 de noviembre de 1997 (fls. 230 a 237). Como probanzas no apreciadas, acusa el interrogatorio de parte rendido por el representante del Banco de la República (fls. 226 a 228 y 260 a 261); el certificado de existencia y representación legal de Costco Ltda. (fls. 79 a 80); la respuesta a la demanda de Costco Ltda. (fls. 106 a 109); la diligencia de pago por consignación (fls. 252); y los testimonios rendidos por Francisco J. Vargas H. (fls. 304 a 305 y Gilberto G. García V. (fls. 306 a 307).
Advierte el recurrente que el desacuerdo con la sentencia del Tribunal «se contrae únicamente a la reducción de la indemnización moratoria y a la absolución del Banco de la República por solidaridad, pues ciertamente se contravienen los arts. 65 y 34 del estatuto laboral».
1º) En torno a los dos primeros yerros.
Afirma el impugnante que si bien el juzgador advirtió que la demandada consignó, el 27 de abril de 2000, la suma de $3.499.894,oo, también lo es que pasó por alto que en esta fecha no se ordenó la entrega del título judicial,
Asevera que el yerro es protuberante, pues no obstante la transcripción que hace del inciso 2o del art. 65 del C.S.T. y de una jurisprudencia en el mismo sentido, no observó que la diligencia de pago por consignación carece de las exigencias allí contempladas,
como para que pueda enervar los efectos del art. 65, puesto que era necesario que el empleador demostrara desacuerdo con eltrabajador respecto del monto de la deuda, o que éste se negó a recibir, o que la consignación se hizo por la suma que confiese deber, errando ostensiblemente en el examen de esta documental, toda vez que lo que dicha prueba acredita, como queda visto, no es esto precisamente, ni la entrega al accionante del título el 27 de abril del 2000 como lo entendió el ad quem, sino hasta el 5 de septiembre del 2001 y sin ninguna liquidación que indique lo que se está pagando o se reconoce deber, pero además con un memorial suscrito por la abogada de Costco Ltda. (folio 256) en el que ella motu proprio señala que es por liquidación definitiva de acreencias adeudadas a la terminación del contrato de trabajo por sumas que el empleador reconoce deber.
Agrega que el juez de segunda instancia concluyó que el pago de prestaciones sociales mediante la consignación fue incompleto, por lo que debió ser consecuente y proceder en la forma ordenada por el art. 65 del C.S.T., y por la misma jurisprudencia laboral que citó,
y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito (art.61 del C.P.L.), fulminando al empleador con la condena por moratoria hasta el pago completo de acreencias, dada la total carencia de serias razones objetivas y jurídicas que pudieran atribuírsele al demandado y porque un hecho probado se debe tener por tal para todos los efectos procesales.
no solamente no conduce a esta errada conclusión, sino que además ante la aparente inapreciación de la documental del folio 252, por el contrario contaba con el sustento necesario para aplicar con todas sus consecuencias el art. 65 del C.S.T., habida consideración de que se incumplió el deber legal de pagar oportunamente las prestaciones sociales, se hizo una consignación por una suma no representativa del total adeudado, y lo que es peor, se aceptó como suficiente, sin serlo, un pago por consignación que no llena uno solo de los requisitos mencionados en el inciso 2 del precitado artículo y la jurisprudencia laboral vigente; lo que muestra un claro error de juicio por inapreciación de unos medios probatorios y por haber visto en otros lo que no contienen, amén de que brillan por su ausencia las razones jurídicas y atendibles sobre las cuales pueda construirse la buena fe que se exige para liberar a la pasiva de la sanción moratoria y por el contrario, pasa inadvertido el Juzgador, que en la respuesta a la demanda (folios 106 a 109), Costco Ltda. niega la totalidad de los hechos (excepto el tercero) y se opone a todas las declaraciones y condenas.
2) En lo que respecta con el tercer error de hecho, sostiene que el Tribunal aceptó que dentro de las funciones que desarrolla el Banco de la República se encuentra la de velar por los bienes que están bajo su tutela, lo que constituye «una función accesoria» y en ese orden de ideas no es pertinente la aplicación del art. 34 del C.S.T.; empero, incurrió en el yerro fáctico al examinar los Estatutos que citó—Decreto No. 2520/93, arts. 40 y 74, literal f, (fls.147 y 151), porque:
Añade que en el interrogatorio de parte el representante legal del Banco, aceptó que en la entidad «existe un departamento denominado de edificios en el cual laboran única y exclusivamente empleados que han sido vinculados banco mediante contrato de trabajo escrito».
Expone que al responder la cuarta pregunta (fls. 226 y 227 al respaldo) «donde se le inquiere sobre quiénes diseñan o planean los proyectos o anteproyectos de las construcciones, remodelaciones, ampliaciones o adecuaciones de sus sucursales” respondió que “comúnmente lo hacen los empleados propios del Banco de la República que trabajan en el citado departamento de edificios pero también pueden encargársele a compañías externas.., con base en lineamientos y esquemas trazados por el departamento de edificios del banco».
Asevera que en el contrato de interventoría No. 05189700 de noviembre 24/97 y de sus prórrogas (fls. 230 y s.s. y 263 a 270), apreciados con error por el Tribunal, se observan funciones, similares a las del contratista, que «en la relación contractual debe desarrollar el Banco, como se ve (fijos 268 respaldo y 269) en la cláusula 9a, numeral 2, literal c): «…Ejercer la vigilancia de la obra por intermedio de un delegado del departamento de edificios… d) Vigilar, fiscalizar y aprobar la ejecución de la obra…»
Afirma que el certificado de existencia y representación legal de Costco Ltda., inapreciado en el fallo (fls. 79 y 80), muestra que el contratista por medio de su objeto social (actividades propias de la construcción de inmuebles y consultoría de proyectos) y de las actividades principales del Contrato de Interventoría que realizan sus empleados (cláusula 4a folio 266), ejecuta labores semejantes a las del contratante, como puede verse en la cláusula 1a ( fls. 263 y 264 al respaldo) sobre las obligaciones principales del contratista.
Acusa la sentencia por violación directa de la ley sustantiva, en el concepto de interpretación errónea del «numeral 2° del art. 65 y del art. 34 del C. S. del T., subrogado éste último por el art. 3° del D. L. 235 1/65, y en relación con el 19 del mismo código y el art. 27 del C. C».
a) Sostiene que si el Juzgador de segundo grado está de acuerdo con el hecho de que el Banco de la República «está obligado a brindar seguridad y protección de los bienes que estén bajo su tutela y a mantener, establecer o suprimir sucursales o agencias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos» resulta indubitable que:
la función accesoria de velar por los bienes, así como cualquiera de las otras mencionadas en los precitados estatutos, no están comprendidas dentro de la excepción (labores extrañas) que trae el art. 34 del C. S. del T., y que en el caso de mora o pago incompleto de salarios y prestaciones al trabajador permiten relevar de la obligación solidaria al beneficiario, sino que por el contrario se trata de actividades institucionales complementarias, dependientes o secundarias, pero no extrañas o ajenas a las normales del Banco de la República, como erradamente lo entiende el ad-quem; máxime porque extraño y accesorio son dos conceptos diferentes, pues del primero el diccionario de la lengua española se refiere a lo que es ajeno, raro, impropio, extraordinario, extravagante, insólito; en tanto que accesorio es complementario, dependiente, secundario; lo que depende de lo principal.
Concluye que el juzgador de segunda instancia interpretó equivocadamente el canon 34 del C. S.T., ya que
si consideró que velar por los bienes es labor accesoria del Banco:
debió aplicar la solidaridad, porque no se está ante una actividad extraña o ajena a las normales del beneficiario de las obras, sino ante una labor que por consagrarse en los Estatutos es institucional complementaria, dependiente o secundaria, como igualmente las otras que transcribe, como mantener, establecer o suprimir sucursales o agencias; amén de que su equivocación normativa va más allá, al decir “…que cuando las labores sean extrañas al objeto principal del beneficiario no podrá predicarse dicha solidaridad”, puesto que la norma habla es de “labores extrañas a las actividades normales de la empresa” y no de labores extrañas al objeto principal, lo cual es muy diferente, pues resulta claro que frente a las funciones de banca central (objeto principal) no se da la solidaridad, pero sí en cambio ante las actividades conexas que contemplan los Estatutos, ya que no puede decirse que éstas son labores “extrañas” o ajenas al ente bancario.
b) En relación con la decisión del ad-quem sobre la indemnización por falta de pago consagrado por el art. 65, del C.S.T. y que revocó parcialmente, dice que este precepto posibilita la consignación del empleador que lo ha de liberar de la indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato.
sólo si previamente a esta circunstancia existe desacuerdo de las partes respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir; evento en el cual la consignación tiene que ser por la suma que confiese deber, pues esto es lo que dispone el canon interpretado con error por el ad-quem. El equivocado entendimiento del precepto llevó al Juzgador a revocar parcialmente la indemnización moratoria, se reitera, con la premisa errada, de que sólo con la consignación se posibilitaba dicha decisión, pero incurriendo en el yerro hermenéutico (juris in judicando) de no ver que en el caso subexamine no se dan los demás supuestos de la norma y de la misma jurisprudencia citada, para que ahí sí procediera la exoneración parcial de esta condena, con lo cual se vulnera también el art. 19 del C. S. del T.
1º) Sobre el pago por consignación.
importa precisar que no resulta suficiente que la empleadora consigne lo que debe, o considera deber, por concepto de salarios y/o prestaciones de quien fue su trabajador, en los términos del artículo 65 del C. S. Del T., sino que es su obligación notificarle o hacerle saber de la existencia del título y del juzgado a donde puede acudir a retirarlo, porque, de no obrar así, es lógico entender que no actuó con buena fe, lo que es lo mismo, que su responsabilidad se entiende extendida hasta dicho momento.
el título de depósito judicial No. 00100013140 por valor de $3.499.894,oo consignado en el Banco Agrario de Colombia por COSTCO INGENIERIA (sic) LTDA, a favor de HECTOR (sic) FERNANDO TORRES MORENO (…) por concepto de liquidación definitiva de acreencias laborales adeudadas a la terminación del vínculo laboral de conformidad con la ley. En consecuencia, y atendiendo a que el pago por consignación efectuado por COSTCO INGENIERIA LTDA corresponde a las sumas que el empleador, reconoce deber a su extrabajador a la terminación del vínculo laboral, ruego a ustedes hacer entrega del título de depósito judicial en comento a Héctor Fernando Torres Moreno, quien se identifica como quedó consignado arriba.
– En decisión del 7 de diciembre de 2000, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, dispuso:
– A través de auto del 3 de septiembre de 2001, el mencionado juzgado procedió a la entrega del título consignado a favor del actor.
2º) Sobre la mala fe
Por tal razón, es dable ubicar la conducta del empleador en el terreno de la mala fe, en el pago de las
obligaciones laborales a su cargo, que genera, en este caso en particular, la imposición de la sanción moratoria estatuida en el art. 65 del CST.
3º) Supuestos fácticos para que la demandada pudiera efectuar el pago a través de la consignación
Debe reiterar la Corte que, en virtud del art. 65 del CST, el empleador debe reconocer y pagar las acreencias laborares debidas a la terminación de la relación laboral y que la obligación del mismo, si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, es realizar el depósito o consignación de que habla este precepto.
En el presente asunto se tornan insoslayables las siguientes circunstancias: (i) que el demandante formuló reclamación ante el Ministerio de Trabajo, en contra de la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada- COSTCO INGENIERIA LTDA, y el Banco de la República; (ii) que el 17 de abril de 2000, se celebró una audiencia de conciliación; (iii) que no se llegó a ningún acuerdo; y (iv) que el 28 de abril siguiente, el empleador consignó ante el juez laboral competente lo que creyó deberle al demandante, pero, como se asentó, omitió informar a su extrabajador de tal depósito.
Lo anterior significa, que ante la falta de acuerdo de las partes en contienda, el empleador procedió a consignar el valor que estimó le adeudaba a su excolaborador, lo que permite concluir que resulta infundada esta parte de la acusación, en cuanto a que no se dieron los supuestos para que la sociedad demandada pudiera efectuar el pago por consignación, cuando, como quedó visto, existió motivo para ello.
4º) En lo concerniente con la solidaridad del Banco de la República, con respecto a la condena impuesta a la sociedad Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada- COSTCO LTDA-.
El recurrente afirma que el Tribunal se equivocó, habida cuenta que el «mantener, establecer o suprimir
sucursales o agencias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de pagos y que ciertamente el banco desarrolla cotidianamente y que no se pueden considerar como «labores extrañas» (evento que excluye la solidaridad), pues evidentemente se trata de labores institucionales, que debe realizar el ente y que contribuyen al desarrollo de su objeto principal».
Esa correlación indirecta, que pretende el recurrente adecuar, no es suficiente para considerar que la labor ejecutada por el demandante sea inherente al negocio del Banco de la República, constituya una actividad normal o permanente suya que habitualmente desarrolle, para de allí concluir la existencia de los supuestos exigidos por el art 34 del CST y así inferir la solidaridad entre el contratista independiente y el beneficiario o dueño de la obra. Vale decir, la solidaridad ante acreencias laborales, entre Constructores y Consultores de Ingeniería Limitada – COSTCO LTDA- y el Banco de la República.
Es protuberante entonces el error del Tribunal cuando concluyó luego de un análisis teórico muy superficial del tema que “..la responsabilidad solidaria de contratista y beneficiario se debe a que la obra contratada es inherente con la actividad ordinaria de PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A, la construcción de un tanque para almacenamiento de aceite se considera una actividad normal de la empresa PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A y no una labor extraña a las actividades normales de esta…
No escapa a la Sala la posibilidad de que el Tribunal haya partido de una errónea interpretación del artículo 34 C.S.T, a propósito de la hipótesis de exclusión de solidaridad del beneficiario de la obra con el contratista independiente en el evento de que la obra contratada comporte labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de aquel, pero ello no es dable dilucidarlo dada la precaria motivación del fallo.
Con todo interesa aclarar que la solidaridad en cuestión se excluye cuando el contratista cumple actividades ajenas de las que explota el dueño de la obra, porque lo que persigue la ley con el mecanismo de solidaridad es proteger a los trabajadores frente a la posibilidad de que el empresario quiera desarrollar su explotación económica por conducto de contratistas con el propósito fraudulento de evadir su responsabilidad laboral. Esta situación por tanto no se presenta en el caso de que el dueño de la obra requiera de un contratista independiente para satisfacer una necesidad propia pero extraordinaria de la empresa, conforme acontece en e asunto de los autos.
De suerte que no está acreditado que las labores ejecutadas por el actor correspondieran a aquellas propias y
esenciales del Banco de la República, esto es, ejercer las funciones de banca central y aunque se reitera, no se desconoce que esta entidad buscaba cubrir una necesidad propia, ello, per se, no significa que la actividad desarrollada por el promotor del proceso sea permanente, o se entienda como inherente a dicha institución. No puede olvidarse que tal actividad solo se requería hasta tanto se finalizara la «ampliación y remodelación del Banco de la República, Sucursal Cartagena»; esto es, para una obra concreta y puntual.
Y el hecho de que el beneficiario del servicio tuviese un «departamento denominado de edificios», tampoco es suficiente para hacerlo solidario, por cuanto dicha dependencia cumple un rol diferente al de la esencia de la institución, que, a la luz del artículo 1º de la L. 31/1992, es la de ejercer «las funciones de banca central de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la presente Ley».
Para ilustrar todo lo asentado, viene como anillo al dedo lo razonado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL del 30 ago 2005, rad. 25.505:
ha sostenido la Sala cuando ha considerado que son extrañas al giro ordinario de los negocios, las actividades de mantenimiento de la infraestructura física del establecimiento productivo, -de ella hace la requerida para servicios públicos-, o a empresas del sector servicios en las que su equipamiento son de apoyo a la labor, y no como aquí, maquinarias imprescindibles y específicas para la obtención del producto industrial (resaltado fuera de texto).
En sede de instancia, bastan las consideraciones esgrimidas en la esfera casacional para modificar el fallo de primer grado en cuanto a la que se condenará a la SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERÍA LIMITADA –COSTCO LTDA- a pagar al actor la sanción moratoria desde la terminación de la relación laboral, 10 de diciembre de 1999, hasta el 3 de septiembre de 2001, a razón de $66.000,oo, diarios suma que asciende al valor de $41.184.000,oo.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA el numeral primero de la sentencia proferida el 27 de junio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario que promovió HÉCTOR FERNANDO TORRES MORENO en contra de la SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERÍA LIMITADA –COSTCO LTDA- y, solidariamente, contra el BANCO DE LA REPÚBLICA, en el que fue llamado en garantía Seguros del Estado S.A. No se casa en lo demás.
En sede de instancia modifica el literal e) del numeral 1º de la sentencia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, el 11 de mayo de 2007, en cuanto a condenar a la SOCIEDAD CONSTRUCTORES Y CONSULTORES DE INGENIERÍA LIMITADA –COSTCO LTDA- a pagar al actor la sanción moratoria desde la terminación de la relación laboral, 10 de diciembre de 1999, hasta el 3 de septiembre de 2001, a razón de $66.000,oo, suma que asciende a $41.184.000,oo.
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