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Timestamp: 2017-08-24 08:49:19
Document Index: 177062270

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 69', 'artículo 16', 'artículo 284', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 284', 'artículo 9', 'Artículo 69', 'Artículo 16', 'Artículo 284', 'Artículo 151', 'artículo 126', 'artículo 129', 'Artículo 153', 'artículo 151', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 231', 'Artículo 294', 'artículo 222', 'artículo 225', 'in fine', 'Artículo 203', 'Artículo 205']

Detención sin orden judicial. ¿Detención arbitraria? | Ministerio de la Defensa Pública
Por Mario Alberto Juliano(*) y Martín Alberto Marcelli (**)
Ingresar al análisis de las medidas de coerción personal en el proceso penal, sin duda que resulta una invitación para transitar una de las características que lo distingue del resto de los sistemas procesales.
El acto de ejercer fuerza física sobre una persona que se encuentra (o quizás habrá de estarlo) sometida a un proceso penal, restringiéndola en su libertad ambulatoria y otra serie de derechos, expresa una de las caras más violentas del Estado, la cual nos refleja una de sus facetas más autoritarias e inquisitoriales, de la cual hoy nos resulta imposible desprendernos por haber sido formados en la creencia que sin la coacción directa, el proceso penal pierde su naturaleza y razón de ser, pues se hallaría impedido de lograr sus fines, es decir la realización del derecho penal sustancial.
No tenemos dudas que esa es una idea ciertamente errónea, pero proclamar su desaparición sería como declarar la extinción de las guerras, misión que sería de muy dudosos y difíciles resultados, pues por tratarse de un acto de poder del Estado, las medidas de coerción continuarían vigentes, por lo que nos queda únicamente procurar limitarlas en su intensidad y temporalidad, exigiendo –al menos- la existencia de motivos previos que justifiquen su adopción.
Otra cuestión no menos importante que presentan las medidas de coerción, es su carácter intimidante, cuya violencia se exterioriza generalmente al inicio del proceso y que resulta en la mayoría de los casos mucho más violenta y perniciosa que la sanción que posteriormente se imponga.
En tal sentido: “Uno de los aspectos más notoriamente intimidantes de la respuesta penal lo constituye, sin duda alguna, el carácter coactivo de las actuaciones. Más que la sanción punitiva derivada de un pronunciamiento conclusivo, importa por lo general, el momento inicial, dentro del que se producen los mayores constreñimientos. En el funcionamiento real del sistema punitivo las medidas inmediatas –por lo común a cargo de la policía- tienen una contundencia extrema que, en más de una ocasión, se evaden con amplitud no sólo de límites legales, sino de criterios de racionalidad y, a veces, de proporcionalidad, con un alto contenido intimidante. Es el ejercicio de la fuerza, la manifestación por excelencia de la violencia estatal, cuyos desbordes vienen de antiguo justificando todos los esfuerzos por una limitación de ese poder difícil de controlar y que tanta huella –cicatrices- ha dejado en cercanas memorias”[1].
2. LA BUSQUEDA DE JUSTIFICACIONES DE LA DETENCION PREVENTIVA.
La legitimidad de la detención durante el proceso penal -que innumerable cantidad de autores que han tratado el tema justifican- es extraída de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto dice “... ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente...”, remitiéndose también al Preámbulo en cuanto dispone entre uno de sus objetivos “... afianzar la justicia...”. De allí se infiere la posibilidad del Estado de detener a una persona que no tiene sentencia condenatoria firme.
Además, la posibilidad de detener a una persona sin orden judicial, ha sido extraída interpretativamente de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Nacional[2], que autoriza a la detención de quien tiene inmunidad parlamentaria en el caso de ser sorprendido “in fraganti delito”. De donde, si quien tiene privilegios constitucionales puede ser detenido sin orden judicial, podría serlo igualmente quien reviste el carácter de ciudadano común que carece de dichos atributos.
3. CONCEPTO DE DETENCION.
En ese orden de ideas, habremos inicialmente de definir cuándo estamos en presencia de la detención dentro del marco de un proceso penal, estimando que la misma consiste en la restricción de la libertad ambulatoria de una persona por parte de funcionarios estatales, aunque se trate de un breve instante, lo cual habilita en todos los casos a examinar la legalidad y constitucionalidad de dicha medida coactiva[3].
Es así, que la misma puede extenderse mientras dure el proceso, mediante las diferentes alternativas establecidas legalmente, tales como la aprehensión, la detención propiamente dicha y la prisión preventiva.
4. LA REGLA GENERAL EN MATERIA DE DETENCION Y SUS EXCEPCIONES.
En principio entonces, sin una orden escrita de juez competente (en la Constitución Bonaerense ello está expresamente previsto en su artículo 16[4]), nadie puede ser legalmente restringido en su libertad ambulatoria, aunque en supuestos excepcionales se establece la posibilidad de aprehensión de una persona sin ese recaudo.
En estos excepcionales casos, para que los funcionarios policiales puedan proceder a llevar adelante una medida de tamaño significado, deben encontrar reunidos alguno de los presupuestos establecidos en el artículo 284 del Código Procesal Penal de Nación[5] (artículos 151[6] y 153[7] del ritual bonaerense), en cuya ausencia se encuentran imposibilitados de proceder.
Es así, que hay tres de los cuatro supuestos allí previstos que no han tenido demasiada controversia, pues se trata de los casos en que una persona se dispone a cometer un delito (donde es lógico que los funcionarios eviten su consumación), a quien se fugare estando legalmente detenido y a quien es sorprendido en flagrancia de la comisión de un delito de acción pública.
Ahora bien, la cuarta opción es que hubiese “indicios vehementes de culpabilidad” (art. 284 inc. 3° C.P.P.N.) o “indicios vehementes de la comisión de un ilícito y motivos bastantes para sospechar que ha participado en su comisión” (art. 151 y 153 inc. 3° C.P.P.B.A.) y exista peligro inminente de fuga o entorpecimiento probatorio con relación a una persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, en cuyo caso los funcionarios policiales podrán proceder a la detención de esa persona y conducirlo de inmediato ante el juez competente para que decida acerca de su detención.
Este excepcional caso de aprehensión o detención sin orden, debe ser interpretado restrictivamente (artículo 2° C.P.P.N.[8], art. 3 C.P.P.B.A.), razón por la cual no podrá detenerse a ninguna persona que no se encuentre comprendida en la situación allí prevista.
5. EXCEPCIONES A LA EXCEPCION.
Sin embargo, a pesar de la claridad normativa, no son pocas las situaciones donde se procede a la detención de personas sin esos recaudos mínimos establecidos legalmente.
Efectivamente, ha sido motivo de pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos de detención sin orden “para una mayor verificación de la documentación”[9] o por advertirse una “actitud sospechosa”[10], supuestos donde claramente puede apreciarse la inexistencia de los recaudos legalmente establecidos.
Estas especiales (y habituales) frases de justificación, que vacías de contenido y explicación son documentadas por el personal policial en no pocos casos, para sostener la detención sin orden judicial de una persona, han llevado a dos posiciones claras: quienes admiten su legitimidad y quienes la rechazan.
6. TESIS LEGITIMANTE DE LAS DETENCIONES SIN ORDEN JUDICIAL.
Para apuntalar la tesis legitimante, se ha dicho que si la actitud sospechosa fue corroborada por el posterior hallazgo de elementos ilícitos, ello permite su consideración y legitimidad; que “no se advierte ninguna irregularidad en el procedimiento de la que pueda inferirse alguna violación al debido proceso legal”, pues al invocar la ley ritual se “prescinde así del significado constitucional de sus términos y de las restantes normas del ordenamiento procesal penal, de las que resulta que en supuestos como el de autos en que la detención se realiza por parte de la prevención policial, las garantías constitucionales en juego se resguardan mediante la regularidad del procedimiento cumplido, según el examen de todas las circunstancias que lo rodearon...”; toda vez que “el acto de detención se efectuó dentro del marco de una actuación prudente y razonable del personal policial en el ejercicio de sus funciones específicas...”; que “los jueces tienen el deber de resguardar, dentro del marco constitucional estricto, “la razón de justicia, que exige que el delito comprobado, no rinda beneficios”...”; que “...“el interés público reclama la determinación de la verdad en el juicio”, ya que aquél no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia...”[11].
También se han citado precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los cuales se ha dejado de lado la necesidad de que exista “causa probable”, tal como lo manda la IV Enmienda de la Constitución de ese país (Terry v. Ohio”[12] y otros) en aquellos casos en que a la luz de la experiencia, las circunstancias llevan razonablemente a concluir que se está preparando alguna actividad delictuosa, por ejemplo al advertirse que personas actuaban “de manera sospechosa”.
7. TESIS DESLEGITIMANTE DE LA DETENCION SIN ORDEN JUDICIAL.
Por otra parte, quienes han cuestionado la legalidad de las detenciones carentes de motivos suficientes que la justifiquen, han expresado que el personal policial debe ajustar su proceder a lo dispuesto en los códigos procesales en cuanto requieren indicios vehementes de culpabilidad; que es necesaria la existencia de “causa probable” que permita fundamentar por qué es lícito que un habitante de la Nación deba tolerar la detención, proscribiendo que cualquier habitante esté expuesto en cualquier circunstancia y momento de la vida, sin razón explícita alguna, a ser detenido por la autoridad[13]; que igualmente las medidas restrictivas de libertad no pueden hallarse libradas a la arbitrariedad y que no basta con la existencia de una ley para autorizar indiscriminadamente el empleo de la coacción estatal, sin que ésta deba limitarse a los casos en los que aparece fundadamente necesario restringir ciertos derechos de quien todavía aparece como inocente ante el sistema penal, pues de lo contrario la garantía del artículo 14 de la C.N. sería letra muerta[14].
La necesidad de fundamentación de la actuación policial para detener a una persona sin orden judicial también ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, al decir que “El funcionario policial no está autorizado para detener y revisar a toda persona que ve en la calle o acerca de la cual se están realizando investigaciones. Antes de colocar sus manos sobre la persona de un ciudadano en busca de algo, él debe tener motivos razonables y constitucionalmente adecuados para actuar de ese modo” (“Sibron v. New York).
Por su lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acentuado que no es suficiente que la autoridad que realiza un arresto actúe de buena fe y que tenga convicción sincera para sospechar del afectado. Por cierto que tal presupuesto es básico, pero además, su decisión debe apoyarse en hechos concretos que alcancen para convencer al observador objetivo, de que el sospechado podría haber cometido el delito en cuestión; que el recurso de una fórmula estereotipada como la “actitud sospechosa” remite a una opacidad indescifrable que no satisface la exigencia de la debida fundamentación de los actos estatales[15].
8. NUESTRA POSICION.
Sin dudas nos inclinamos hacia la posición que sostiene la ilegitimidad de estas detenciones indiscriminadas y sin orden judicial, las cuales lucen como evidentemente arbitrarias.
A este respecto, entendemos que existen dos aspectos que deben ser puestos de resalto, pues ellos nos darán los parámetros legales y constitucionales adecuados al momento de analizar la legitimidad de una detención sin orden judicial.
En el primer aspecto, sin necesidad de marco legal específico y recurriendo a lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, podremos advertir que cualquier detención que no se sustente en la preexistencia de una causa probable que indique objetivamente que la persona cuyos derechos serán cercenados se encuentra participando de un delito de acción pública, será inconstitucional, pues nos encontraríamos frente a una detención arbitraria, resultando éste el marco mínimo al cual deberá ajustarse la legislación que reglamente la detención sin orden, pero que podrá aumentar pero nunca disminuir los requisitos para proceder a una privación de libertad en esas condiciones.
Sobre la base del marco mínimo de legitimidad de la detención sin orden judicial, sostenido en las normas de carácter constitucional, habremos de analizar las leyes que permiten esta clase de detención y a partir de allí sostener si las mismas tienen respaldo constitucional.
En primer término, lo dispuesto por el artículo 284 del C.P.P.P.N. y arts. 151 y 153 del C.P.P.B.A., aparecen como razonables y constitucionalmente aceptables, pues allí expresan la necesidad de requisitos aún mayores a la reclamada “causa probable”, es decir que si la detención se sustenta en la posible comisión de un delito de acción pública, no alcanzará con que el personal policial exprese la existencia de una causa probable de participación del sujeto pasivo en un ilícito, sino que deberá contar con indicios vehementes de culpabilidad y peligro inminente de fuga o entorpecimiento probatorio para proceder a su aprehensión, conduciéndolo de inmediato ante el juez competente para que resuelva acerca de su detención, es decir que los requisitos legalmente dispuestos son mayores al estándar mínimo constitucionalmente establecido.
8. REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL.
Por otra parte, los artículos 230 bis del C.P.P.N.[16] y 294 del C.P.P.B.A.[17] otorgan la posibilidad al personal policial de efectuar una revisión de los efectos que las personas porten en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o que tengan en vehículos automotores, en operativos públicos de control, lo que si bien está indicado para las requisas y secuestros, no es menos cierto que ello implica la necesaria detención de la persona para efectuar esa diligencia y la permanencia compulsiva de la misma durante su realización, por lo que también estamos frente a un supuesto de detención sin orden.
La requisa y el eventual secuestro, resultan una concreta derivación de la detención anterior, y si carece de legalidad la detención, ello inhabilitaría todas las diligencias posteriores, entre ellas las mencionadas[18].
En el caso de detención de personas para ser requisados en “operativos públicos de control”, la misma debe ajustarse a lo dispuesto en los artículos 284 C.P.P.N. ó 151 y 153 C.P.P.B.A., es decir que no puede procederse a la detención de una persona sin la existencia de indicios vehementes de culpabilidad sobre un ilícito determinado, lo que lógicamente torna inaplicable las requisas y secuestros inmotivados, porque el acto previo, la detención, debe ajustarse a lo dispuesto en la ley, y justamente los arts. 230 bis C.P.P.N. y 294 C.P.P.B.A. no hablan de detención.
Si supusiésemos por un instante que los artículos mencionados abarcan la posibilidad de detener sin orden judicial a una persona para su requisa, ciertamente que habría que ajustarse a los estándares constitucionales mínimos reseñados, es decir, la existencia de causa probable sobre la comisión de un ilícito de la persona afectada en su derecho a la libertad ambulatoria, pues de lo contrario, dichas normas se tornarían inevitablemente inconstitucionales y por lo tanto inaplicables.
Asimismo, la ley provincial 12.155 de “Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires”, establece en su artículo 9° los “únicos” casos en que el personal policial se encuentra facultado para limitar la libertad de las personas, son: a) en cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial competente -lo que resulta lógico y constitucionalmente adecuado-, b) cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el Código Procesal Penal o Ley Contravencional de aplicación al caso, es decir, que la detención debe tener un sustento legal (arts. 151 y 153 C.P.P.B.A.) y c) cuando sea necesario conocer la identidad de una persona, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, o se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita, situación por demás excepcional cuyas “circunstancias que razonablemente lo justifiquen” no pueden vulnerar el estándar mínimo constitucional de la “causa probable”, reuniéndose los demás requisitos allí previstos.
En dicho artículo, también se establece que estas medidas no pueden extenderse más allá de las 12 horas y deben ser notificadas inmediatamente a la autoridad judicial competente.
A modo de ilustración resulta interesante observar la figura de la detención sin orden judicial en el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación propuesto por el INECIP, donde en sus artículos 203[19] y 205[20] trata la cuestión. Efectivamente, allí se suprime la posibilidad de que el personal policial pueda proceder a la detención de una persona cuando existan indicios suficientes para sostener razonablemente que una persona ha participado de un ilícito, poniéndolo en cabeza del fiscal, por un término máximo de 24 horas, término en el cual, si estima que debe continuar la detención habrá de solicitar la prisión preventiva al juez competente.
La judicialización de la detención en estos supuestos, es una decisión realmente saludable y mucho más garantizadora, que implica un paso hacia delante en el respeto a las garantías constitucionales.
(*)Juez del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Necochea - mjuliano2004@yahoo.com.ar
(**)Defensor Oficial Adjunto de Olavaria - sofiamarcelli@hotmail.com
[1] VAZQUEZ ROSSI, Jorge E. - "DERECHO PROCESAL PENAL" – Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 1995, p. 233
[2] Artículo 69 Constitución Nacional: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
[3] CSJN, “Fernández Prieto”, Fallos 321:2947 (del voto del Dr. Gustavo Bossert)
[4] Artículo 16 Constitución Provincia de Buenos Aires: “Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente”.
[5] Artículo 284 C.P.P.N.: “Los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el debner de detener, aún sin orden judicial: 1º) Al que intentare un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad, en el momento de disponerse a cometerlo. 2º) Al que fugare, estando legalmente detenido. 3º) Excepcionalmente a la persona contra la cual hubiere indicios vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo ante el juez competente de inmediato para que resuelva su detención y 4º) A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública reprimido con pena privativa de libertad. Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, inmediatamente será informado quien pueda promoverla, y si éste no presentare la denuncia en el mismo acto, el detenido será puesto en libertad”
[6] Artículo 151 C.P.P.B.A.: “Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, y sólo a pedido del Fiscal interviniente, el Juez librará orden de detención para que el imputado sea llevado inmediatamente ante la presencia de aquél, siempre que existan elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito y motivos bastantes para sospechar que ha participado en su comisión. La orden será escrita y fundada, contendrá los datos personales del imputado u otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye, Juez y Fiscal que intervienen y será notificada en el momento de ejecutarse inmediatamente después, con arreglo al artículo 126. Sin embargo, en caso de urgencia, el Juez podrá transmitir la orden por los medios técnicos que se establezcan, según lo dispuesto en el artículo 129. No procederá la detención cuando al hecho imputado le corresponda una pena que no supere, en su término medio, entre el mínimo y el máximo previstos, los tres (3) años de privación de la libertad o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto y cuando de las circunstancias del hecho, y de las características y antecedentes personales del procesado, resulte probable que le pueda corresponder pena de ejecución condicional. Sin embargo, se dispondrá su detención cuando registre una condena anterior que impida una segunda condena condicional o hubiere motivos para presumir que no cumplirá la orden o intentará alterar los rastros del hecho, o se pondrá de acuerdo con terceros o inducirá a falsas declaraciones. La sola denuncia no basta parab detener a una persona. La resolución denegatoria de detención será apelable por el Ministerio Público Fiscal dentro del quinto día”.
[7] Artículo 153 C.P.P.B.A.: “Los funcionarios y auxiliares de la Policía a instancia propia o del Fiscal, deberá aprehender: 1. A quien sea sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad. 2. Al que fugare, estando legalmente detenido. 3. Cuando en el supuesto del artículo 151, se tratare de una situación de urgencia y hubiere peligro de que con la demora el imputado eluda la acción de la justicia. Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, en el acto será informado quien pueda promoverla. Si no presentare la denuncia inmediatamente, el aprehendido será puesto en libertad”.
[8] Artículo 2 C.P.P.N.: “Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales, deberá ser interpretado restrictivamente. Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía”
Artículo 3 C.P.P.B.A.: “Toda disposición legal que coarte la libertad personal, restrinja los derechos de la persona, limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código, o que establezca sanciones procesales o exclusiones probatorias, deberá ser interpretado restrictivamente”
[9] CSJN, “DARAY”, Fallos 317:1985
[10] CSJN, “Fernández Prieto”, Fallos 321:2947
[11] CSJN, “Fernández Prieto”, Fallos 321:2947
[12] Corte EEUU, 392 U.S. 1; 1968
[13] C SJN, “Daray”, Fallos 317:1985 (del voto de la mayoría)
[14] CSJN, “Fernández Prieto”, Fallos 321:2947, (del voto de los Drs. Nazareno, Molinne O’Connor y Levene (h)
[15] Citado por el Dr. Petracchi en su voto en “Fernández Prieto” Fallos 321:2947
[16] Artículo 230 bis C.P.P.N.: “Los funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y buques, de cualquier clase, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo de acuerdo a las circunstancias particulares de su hallazgo siempre que sean realizadas: a) con la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonablemente permitan justificar dichas medidas respecto de opersona o vehículo determinado; y, b) en la vía pública o en lugares de acceso público. La requisa o inspección se llevará a cabo, de acuerdo a lo establecido por el 2º y 3º párrafo del artículo 230, se practicarán los secuestros del artículo 231, y se labrará acta conforme lo dispuesto por los artículos 138 y 139, debiendo comunicar la medida inmediatamente al juez para que disponga lo que corresponda en consecuencia. Tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos”.
[17] Artículo 294 C.P.P.B.A.: “Los funcionarios de la Policía tendrán las siguientes atribuciones: ...5. Disponer los allanamientos del artículo 222 y las requisas urgentes, con arreglo al artículo 225, con inmediato aviso al Juez o Tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal. Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo al secuestro en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de todo aquellos que constituya elemento del delito o instrumento de un delito o sea producto de él, con observancia de lo establecido en el Título VII, Capítulo IV, de este Código, bastante la inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al Juez de Garantías. En cualquier circunstancia, podría requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros, cumplimentando lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso...”.
[18] Art. 207 del C.P.P.B.A., ; “La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos los actos consecutivos que de él dependan. Al declarar la nulidad, se establecerá, además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza, por su conexión con el acto anulado. El órgano que la declare ordenará, cuando fuere necesario y posible, la renovación, ratificación o rectificación de los actos anulados” (además los conocidos precedentes de la CSJN “Rayford”, “Ruiz” y “Francomano”
[19] Artículo 203Proyecto CPPN INECIP: “APREHENSION SIN ORDEN JUDICIAL. No podrá aprehenderse a ninguna persona sin orden judicial, salvo en los siguientes casos: 1) cuando haya sido sorprendida en flagrante delito; y 2) se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de detención.
En caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión con la finalidad de impedir que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente a la autoridad más cercana. La autoridad que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar inmediatamente al fiscal, en un plazo que nunca podrá superar las dos horas. Si el fiscal estimare que debe mantenerse la detención, la misma no podrá superar las veinticuatro horas y de ello deberá dar inmediata noticia al juez. Si en ese plazo no se resolviera la aplicación de una medida de coerción privativa de libertad, el responsable del establecimiento donde se halle detenido el imputado lo dejará en libertad”.
[20] Artículo 205.Proyecto CPPN INECIP: “DETENCION. El fiscal podrá ordenar la detención del imputado cuando existan suficientes indicios para sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un delito por el que proceda la prisión preventiva. La detención no podrá superar veinticuatro horas. Si el fiscal estima que la persona debe quedar detenida por más tiempo, la pondrá inmediatamente a la orden del juez con la petición de prisión preventiva para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se convoque a una audiencia oral y pública en la que se resuelva la procedencia de lo peticionado o la aplicación de otra medida de coerción menos gravosa”.
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