Source: http://catedrajudicial.blogspot.com/2012/06/
Timestamp: 2017-10-22 06:35:11
Document Index: 375491068

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 97', 'artículo 93', 'artículo 95', 'artículo 53', 'artículo 139']

cátedrajudicial: junio 2012
Publicado por Catedra Judicial en 5:30 No hay comentarios:
Como Magistrado, soy demandado con alguna frecuencia con demandas de amparo contra resoluciones judiciales, en las que se identifica como el acto lesivo a aquellas resoluciones de segunda instancia que he suscrito. Es un tema importante definir cuál es la resolución judicial firme, unos dicen que es la sentencia de segunda instancia pese a que contra ella cabe el recurso de casación y otros que es ésta. Desde mi punto de vista la resolución judicial firme siempre será emitida en sede casatoria, cuando dicho recurso sea procedente y tenga la posibilidad real de revertir la decisión de segunda instancia.
Si ello es así, entonces el objeto del proceso de amparo contra resoluciones judiciales será la resolución expedida en sede casatoria, pero aún admitiendo que hay casos en los que la resolución judicial firme es la sentencia de segunda instancia, no cabe duda que los demandados deben ser los magistrados que las suscriben, dando por descontado: a) que su defensa estará a cargo del Procurador Público correspondiente y, b) que su participación en el proceso es facultativa, aunque el Código Procesal Constitucional establece que se les debe notificar la demanda y la sentencia.
Cuando se presenta una demanda de amparo contra una resolución judicial es porque al proceso constitucional le precede o antecede un proceso judicial ordinario cuya resolución judicial firme es considerada inconstitucional porque afecta un derecho constitucional según el demandante. Entonces, si el acto lesivo que será objeto de análisis en el amparo es una resolución judicial firme, cabe preguntarse ¿quién o quiénes son los demandados o, preguntado de otra forma quien es parte pasiva de dicha relación jurídico procesal?
Dejemos pendiente, por un momento, la respuesta a dicha pregunta y pongamos un ejemplo para ver si alguien más a los demandados naturales de un amparo contra resoluciones, debe tomar conocimiento del proceso de amparo: Si un proceso de obligación de dar suma de dinero es iniciado por A, con la pretensión de que B le pague una deuda, en el que efectivamente gana A porque el derecho le asistía, en primera, en segunda instancia e incluso la casación presentada ha sido declarada infundada, en razón a lo que ya se hizo efectivo del pago ejecutando un embargo que se había obtenido en el proceso. Pero como eso de que Jalisco nunca pierde y de que el derecho constitucional innominado “al pataleo” existe, B presenta una demanda de amparo contra la resolución casatoria que declaró infundado el recurso de nulidad, indicando que los demandados son los jueces supremos que la suscriben, argumentando que se han vulnerado varios derechos constitucionales integrantes del derecho al debido proceso. Fíjense que en este caso ficticio, si acaso el amparo lo gana B, podría ser que la satisfacción del crédito de A este en riesgo. Es por esta razón que el amparo no puede seguirse a espaldas de A, es decir, sin que éste lo conozca, por ello el artículo 43 del Código Procesal Constitucional establece: “Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido emplazados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar”.
Respondiendo a la pregunta formulada debemos decir que quienes son parte en un proceso de amparo contra resoluciones judiciales son, sin duda alguna, los magistrados que suscriben la resolución judicial firme y nadie más, es decir, no puede haber en esa parte demandada otro sujeto que no sean los magistrados que la suscriben, son sólo ellos y no otros o terceros quienes deben responder por la resolución judicial que se identifica como acto lesivo. Pero, ¿qué status procesal tiene A en el ejemplo que hemos puesto? De manera absoluta: al no ser parte es tercero y si es tercero su participación está permitida porque es precisamente un tercero con un interés legítimo que justifica su participación, sin dejar de mencionar que dicha participación es voluntaria o dicho de otro modo facultativa, sin que la situación de A se enmarque absolutamente en el artículo 97 del Código Procesal Civil (tercero coadyuvante), ésta le es la figura procesal más próxima “Quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial, a la que no deben extenderse los efectos de la sentencia que resuelva las pretensiones controvertidas en el proceso, pero que pueda ser afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, puede intervenir en el proceso como coadyuvante de ella”. Es natural que A despliegue una actividad procesal en el proceso de amparo defendiendo o ayudando a defender a los magistrados demandados (que sí son parte) sosteniendo la constitucionalidad de la resolución judicial firme cuestionada de inconstitucionalidad.
Sin embargo, estoy comprendido en un proceso de amparo ante el Juzgado Constitucional y Contencioso Administrativo del Cusco (Exp. N° 00106-2010-0-1001-JR-CI-03) en el que observo que se ha considerado a A como litisconsorte necesario pasivo de los magistrados demandados. En efecto, en el auto contenido en la Resolución N° 30, del 4 de mayo de 2012 se dice literalmente lo siguiente:
“AUTOS I VISTOS; I CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que el presente proceso se encuentra para volver a dictar sentencia, sin embargo de la revisión de la demanda que obra a fojas diecinueve i siguientes el demandante solicita la nulidad del Auto de Vista que contiene la resolución número doce de fecha treinta de noviembre del dos mil nueve; con el objeto de garantizar el derecho de defensa que le asiste a A por lo que el resultado de este proceso también es de interés de dicho A por lo que el resultado de este proceso también es de interés de dicho A ya que podría afectarlo en caso de que la sentencia sea favorable al demandante.- SEGUNDO.- Que en este sentido el artículo 93 del Código Procesal Civil aplicable en forma supletoria al presente proceso establece que cuando la decisión a recaer en el proceso afecta d manera uniforme a todos los litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorte activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario, esto es que cuando la decisión a recaer en el proceso afecta a los litisconsortes de modo uniforme a la sentencia, sólo se tendrá por válidamente expedida si en el proceso han sido emplazados o comparecen todos ellos. TERCERO.- Que así mismo el artículo 95 del mismo cuerpo legal establece que en caso de litisconsorte necesario el Juez puede integrar la relación procesal emplazando a una persona, si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar; que en el caso de autos lo manifestado anteriormente se enmarca dentro de lo establecido por la norma invocada en vista de que en el proceso laboral 2009-0383 seguido por el demandante B contra A sobre nulidad de despido; la entidad en mención es la demanda en consecuencia cualquier resolución final a emitirse en el presente proceso es de interés de A; estando al principio del debido proceso y el derecho de defensa; por estas consideraciones SE RESUELVE: INTEGRAR al proceso a A en calidad de LITISCONSORTE NECESARIO PASIVO, en consecuencia cumpla el demandante con proporcionar la dirección domiciliaria a donde debe notificarse, así como proporcionar un juego de copias de la demanda, anexos i admisorio para el emplazamiento correspondiente, por lo que deberá suspenderse el trámite del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal.- Dejándose insubsistente por ahora la llamada de autos para sentenciar.-”
Bueno: i) que A, sin ser Magistrado, se prepare para responder por la fundamentación de la resolución judicial; ii) que también se prepare para pagar junto con los Magistrados demandados si acaso pierden, porque acaba de ser declarado litisconsorte necesario (comunión de suertes por si acaso) la condena de costas y costos y, iii) que si acaso se anula la resolución judicial por inconstitucional se apreste a formar parte del órgano jurisdiccional que la deba volver a dictar. ¿Absurdo no?
Pero lo más grave de todo es que si la sentencia de vista hizo bien en declarar nula en sede de apelación, la sentencia apelada, es que al considerarse a A como demandado (litisconsorte necesario pasivo) tendrá que seguirse nuevamente la rutina procedimental establecida en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional (A podrá pedir la nulidad del admisorio, deducir defensas previas, excepciones, lo que obligará a emitir un auto de saneamiento etc. etc.), cuando lo que debió haberse hecho, si acaso se hubiese entendido que A es sólo un tercero (coadyuvante) como en efecto lo es, es echar mano del principio de informalidad (artículo III del título preliminar del Código Procesal Constitucional) para poner en conocimiento de A la existencia del proceso, darle un plazo judicial prudente para que lo estudie, lo analice y si acaso tiene a bien se apersone y haga valer sus argumentos como coadyuvante y en esencia voluntario o facultativo (como el mismo Tribunal Constitucional ha hecho en algunos casos en sede de Agravio Constitucional) y, vencido dicho plazo judicial dictar sentencia.
Escribo este artículo como demandado que soy en el proceso citado, así de a pie y calapata común y corriente, no como Juez Superior, aunque ahora dudo que lo sea realmente, invocando en todo caso mi derecho ciudadano establecido en el artículo 139.20 de la Constitución, dejando en claro que no he analizado una decisión judicial de fondo y pendiente de revisión en sede de apelación, sino sólo una decisión procesal que considero total y absolutamente errada desde mi punto de vista procesal que no me afecta ni incide en mi posición procesal de demandado.
Publicado por Catedra Judicial en 19:01 No hay comentarios:
Etiquetas: amparo contra resolución judicial firme, resolución firme, resolución judicial firme
Publicado por Catedra Judicial en 22:05 No hay comentarios:
Debo comenzar por decir que en Quillabamba no se sienten mucho los efectos de la acción de las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía en su lucha contra el narcoterrorismo, aunque el distrito de Echarate, como se sabe, actualmente ha sido declarado en estado de emergencia, lo que implica que muchos derechos constitucionales están suspendidos por allí.
He leído en el Diario del Cusco (edición del lunes 30 de abril de 2012) que las autoridades de Echarate están solicitando el levantamiento de dicho estado de emergencia, por los efectos que dicha declaración representa para la vida socio económica de tal distrito. Las autoridades de Echarate han efectuado una serie de pedidos al Poder Ejecutivo: mayor presencia policial, infraestructura en servicios de salud y personal, educación superior y profesores, servicio de suministro de electricidad de calidad, ejecución de proyectos viales y mayor celeridad en la aprobación de proyectos.
En tales requerimientos no he visto que las autoridades soliciten presencia de juzgados, debe ser porque no son prioritarios por los pobladores de Echarate, más si recordamos que el Juzgado de Paz Letrado ubicado en el centro poblado urbano de Kiteni, al norte del poblado de Echarate ya no existe más y según me dicen se reubicó en Paruro. Recuérdese que en Kiteni apareció el Sub Oficial de la Policía, Luis Astuquillca Vásquez, luego de haber estado perdido en la selva 17 días.
Espero que se tenga presente que en el centro poblado de Echarate, a una hora de Quillabamba, existe un Juzgado Mixto al que se ha adicionado (léase sumado) las funciones de un Juzgado Penal de Juzgamiento y, un Juzgado de Paz Letrado Transitorio al que se le ha adicionado las funciones de un Juzgado Penal de Investigación Preparatoria. Digo que se tenga presente pues por esa zona existen vías utilizadas para transportar droga y cuando los que la transportan son intervenidos y capturados en su acción delictiva, son llevados ante tales despachos judiciales. ¿se han tomado las previsiones para resguardar la integridad de los jueces encargados de tales despachos judiciales que actualmente laboran y están en una zona de emergencia?. No lo sé, pues a veces hay cosas que no se ven sobre todo si se está a 5 horas de viaje y separados por un abra ubicada a más de 4,000.00 msnm.
Luego de esa reflexión sigo con lo mío como hace dos meses ya, es decir, reportando la producción de la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, pues si acaso en el futuro me preguntan por mi baja producción jurisdiccional el año 2012, como toda respuesta exhibiré la vieja página de este diario en el que se publica este artículo, así me den de palos. Durante el mes de abril, pese a la variedad de su competencia, la producción jurisdiccional en la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, fue la siguiente:
Un dato curioso que vale la pena compartir con la comunidad es que cuando una persona es sentenciada penalmente en primera instancia y con el Nuevo Código Procesal Penal, la persona sentenciada - cuya responsabilidad de internamiento está indudablemente a cargo del INPE - es trasladada por razones de seguridad al Centro Penitenciario de Quencoro, lo que obliga a que la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, con sede en Quillabamba, tenga que itinerar (léase viajar) al Cuzco, razón por la que pienso que debe denominarse “Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de La Convención”, ¿Habrá estado esto en la mente de quien o quienes decidieron ubicarla en Quillabamba? No lo sé, en fín.
Lo anterior nos lleva a concluir que si un Tribunal tiene un volumen de trabajo muy por debajo de su real capacidad laboral, el error está en mantener a tal Tribunal en una mala ubicación espacial en función de la realidad de parte de quienes tienen la responsabilidad de leer las cifras y tomar decisiones, no tiene sentido tener una determinada capacidad instalada en personas e infraestructura, cuya capacidad de carga, ya que a los entendidos les gusta hablar de carga, está diseñada para soportar una tonelada de trabajo y actualmente está soportando 50 kilos; salvo que en las proyecciones y estadísticas de quienes tomaron la decisión de su ubicación, que confieso no conozco, se vislumbre que la Provincia de La Convención producirá, en un futuro cercano, más conflictos judiciales que deba conocer la Sala Mixta Descentralizada de La Convención que gas, café, cacao y fruta juntos, pues desde que está en Quillabamba (julio 2010) ya van a ser dos años y nada de ello ha pasado aún.
Publicado por Catedra Judicial en 22:04 No hay comentarios:
Ha transcurrido el mes de marzo de 2012, mi segundo mes de trabajo en la Sala Mixta Descentralizada de La Convención, con sede en Quillabamba, capital de provincia. Este es mi segundo reporte, con algunas reflexiones. Durante ese mes la producción de la Sala Mixta Descentralizada de La Convención fue la siguiente:
Había preparado un reporte con algunas cifras estadísticas y su relación con el tema de “acceso a la justicia”, pero ese desarrollo lo dejo para un próximo reporte, pues creo más importante compartir una reflexión personal o testimonio sobre el hecho que mi producción judicial individual durante los años 2004, 2005, 2006, 2007 ha sido de un determinado promedio, y que la misma descendió el año 2008 a un nivel muy bajo, para luego volver al promedio anterior durante el año 2009 y descender nuevamente el año 2010 y luego subir el año 2011, y es de esperar que el año 2012 mi producción sea estrepitosamente baja que no sé si cuando me pidan una explicación – como ya lo hicieron – la que dé sea creíble.
La explicación es sencilla: durante los años 2004 al 2007 trabajé en lo que fue la Segunda Sala Civil y durante esos años su competencia abarcaba no sólo procesos civiles, sino constitucionales y contencioso administrativos; el año 2008 fui enviado a trabajar a lo que era la Sala Mixta Itinerante de La Convención con sede en Cusco, donde no era posible producir más pues sólo había en su mayoría procesos penales antiguos; el 2009 volví a tener un buen promedio de producción pues volví a la Segunda Sala Civil cuya competencia era básicamente la misma hasta el mes de julio de 2010, pues el segundo semestre de dicho año me designaron a trabajar a la Sala Constitucional y Social que no podía tener muchos procesos porque recién empezaba a trabajar y además hubo paralizaciones de los trabajadores del Poder Judicial; el 2011 volví a la Segunda Sala Civil donde el volumen de trabajo ya no era el de los años 2004 a 2009 pues los procesos constitucionales y laborales (públicos y privados) ya eran de competencia de la Sala Constitucional y Social. Bueno, toda esta explicación apunta a decir que si me preguntasen por mi producción personal al día de hoy, tendría que decir que esta es de 12 autos y 12 sentencias.
Este resultado sale de sumar los autos y sentencias producidos por la Sala Mixta Descentralizada de La Convención durante los meses de enero y marzo de 2012: 36 autos y 37 sentencias, lo que dividido entre tres (3 Jueces Superiores) dan un total de 12 autos y 12 sentencias. Ahora, si proyectamos este resultado a diciembre de 2012, puedo decir válidamente que mi producción judicial a fin de año será muy baja, no hago la proyección pues aún necesito un par de meses más para sacar un promedio.
Cuando sumo el total de resoluciones de la Sala Mixta Descentralizada de La Convención al mes de marzo 2012: 36 autos y 37 sentencias y me dan 73 procesos, veo y me imagino – para hacer un paralelo a futuro – la producción que tendrá la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco, si sólo la semana del lunes 9 al viernes 13 de abril de 2012 (Cf. la tabla publicada de esa semana en la edición del lunes 9 en El Diario del Cusco), tuvo 72 vistas de causa, es decir, ésta Sala Laboral tiene en una semana un número de vistas de causa que le darán la producción, en una semana, de 72 procesos resueltos, que resulta ser la producción de la Sala Mixta Descentralizada de La Convención en dos meses.
¿Algún Juez Superior logrará tener, este Año Judicial 2012, el volumen de producción de un Juez Superior de la Sala Laboral?, ¿Algún Juez Superior podrá igualar, léase descender, al volumen de producción del Juez Superior Fernando Murillo Flores, que ahora está designado en la Sala Mixta Descentralizada de La Convención y cuya producción individual proyectada será de más o menos 66 sentencias y 66 autos = 132 resoluciones, durante el año 2012?
Entonces, la producción de un Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco no depende de su capacidad o performance individual, sino que la misma está en relación directa con el volumen de trabajo que haya en el Tribunal en el que sea designado a trabajar en un año judicial determinado. Esta es una opinión, una reflexión personal, nada más.
Publicado por Catedra Judicial en 22:02 No hay comentarios: