Source: http://edgareblancocarrero.blogspot.com/2016/03/consideraciones-generales-para-una.html
Timestamp: 2018-05-24 21:12:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 322', 'artículo 4', 'artículo 322', 'artículo 324', 'artículo 322', 'artículo 323', 'artículo 3', 'artículo 328', 'artículo 5', 'artículo 59', 'artículo 59']

FESTINA LENTE: CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN UNA VENEZUELA REPUBLICANA.
CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN UNA VENEZUELA REPUBLICANA.
Pensar en una política de seguridad y defensa en la Venezuela en el presente no es posible debido a que la clase dirigente nacional se vio en la necesidad de declarar estados de excepción en la frontera occidental y estado de emergencia económica por su incapacidad de ejercer las competencias normales de una entidad política en cuanto a autonomía, plenitud y exclusividad de competencias, es decir, la clase dirigente nacional se ha visto en la necesidad de suspender el ordenamiento jurídico no para restituirlo sino para implantar un fracasado modelo de desarrollo que no está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Así pues, la no aplicación del ordenamiento por el cual se debe regir la comunidad política llamada Venezuela impide no sólo considerar, en la actualidad, la existencia de una república, también permite reflexionar acerca de la posibilidad de instrumentar una política de seguridad y defensa republicana.
Esta afirmación obliga a examinar el estado de cosas en el país en relación con la Constitución Nacional con el fin de establecer un plano de referencia que permita sentar los fundamentos de una política de seguridad y defensa en Venezuela desde una concepción republicana. Para ello vamos a analizar a quién compete la seguridad y la defensa nacional, cuál debe ser el rol que debe cumplir los encargados de la defensa nacional en relación con la sociedad partiendo de sus funciones específicas y cuáles podrían ser los lineamientos básicos de una política nacional.
La competencia de la seguridad y defensa nacional.
De acuerdo con lo especificado en el artículo 322 de la Constitución Nacional la “seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos…”. Aquí se pueden observar dos intenciones cuya operacionalización se encuentra en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) (2014). Es decir, la seguridad de la nación entendida como una competencia del Estado está orientada en concordancia con el artículo 4° a que su defensa esté circunscrita al modelo de desarrollo cuando afirma que
“El desarrollo integral, …, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acorde, con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.
Como se sabe el modelo de desarrollo fue declarado socialista por el difunto presidente Chávez y es parte de la política del actual gobierno. Ello es evidente en lo que concierne a la ley Plan de la Patria (2013). La otra parte que contiene el artículo 322 de la Constitución Nacional referida a una responsabilidad de todos los venezolanos de defender ese modelo supone la obligatoriedad de cumplir una política de desarrollo socialista que no está contenida en la norma fundamental. Esta es la causa principal de intranquilidad entre los venezolanos por los resultados de la instrumentación y desacuerdo en la comunidad política venezolana. No se puede defender, y no se debería obligar a defender algo que no está contemplado en su norma constitutiva y que ha resultado fallido.
Desde esta perspectiva se sigue que de la intranquilidad y del desacuerdo nace el deseo de imponer el modelo que ha instrumentado el régimen político y consecuentemente la resistencia. Del deseo de imponer, la clase dirigente ha desarrollado un conjunto de capacidades coercitivas que conspiran contra la Constitución Nacional y explican la situación excepcional que vivimos. Dentro del conjunto de medidas adoptadas por la clase dirigente se destacan, además del uso de la Guardia Nacional y los organismos de inteligencia como fuerza represiva, la conformación de cuerpos armados encuadrados en lo que se conoce como Milicia Nacional Bolivariana y los grupos de defensa de la revolución conocidos como “colectivos armados”. Estos hechos han convertido al gobierno nacional en una facción y en este contexto, no puede llamarse República la que está dominada por una facción política[1]. Estos hechos han generado a su vez un conjunto de distorsiones si se usa como modelo el republicanismo como forma constitutiva desde una perspectiva clásica y humanista. En primer lugar, si en una república, sus pobladores son a su vez ciudadanos y milicianos, no puede haber grupos que se abroguen la exclusividad en la defensa de una facción gobernante[2]. En segundo lugar, si el Estado, que de acuerdo con el artículo 324, sólo “puede poseer y usar armas de guerra” y la Fuerza Armada Nacional es “la institución competente para reglamentar y controlar,… la posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”, permiten que otros grupos al margen de la Constitución las posean, entonces se evidencia una incapacidad de ejercer esa competencia o se ha actuado de forma permisiva en función de una intencionalidad política. En ambos casos, la facción política ha sido generada por la acción u omisión de la clase dirigente en función de implantar un modelo de desarrollo que no está contemplado en la constitución. Y en tercer lugar, si hay una diferenciación de funciones entre “Estado” y “ciudadanos”, tal como señala el artículo 322 de la CRBV y que se evidencia en el concepto de “desarrollo integral” establecido en la LOSN y se considera además la intención que se deriva de la ley Plan de la Patria de implantar un modelo de desarrollo socialista, se hace difícil afirmar la existencia de una república y de establecer una política de seguridad y defensa que incluya a todos los venezolanos, debido a que la clase dirigente tiene que usar todo el aparato coercitivo del Estado para imponer sus políticas a pesar de la manifiesta oposición publica a las citadas intenciones.
En todo caso, el estado de cosas antes descrito por la acción de la misma clase dirigente, que ha significado el no cumplimiento de la norma constitucional, indica que ésta clase se ha apartado de la misma para seguir un proyecto político obligando a la población y a las instituciones que no se hayan salido de la norma fundamental a restablecer la CRBV o proponer otro ordenamiento constitutivo que sea expresión de todos o una gran mayoría de venezolanos debido a que no se puede asegurar ni defender un modelo que está provocando la disolución del orden constituido. Esto nos lleva al segundo aspecto de nuestro análisis, es decir el relativo a la defensa nacional.
La defensa nacional es un aspecto que está contemplado en el artículo 323 de la CRBV bajo la figura de la defensa integral. Para tal fin se estableció el Consejo de Defensa de la Nación conformado por todos los representantes de los poderes públicos incluyendo los sectores de defensa, seguridad interior, relaciones exteriores y planificación. La defensa integral es definida en el artículo 3° de la LOSN como
“… el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación”.
Dentro de esta estructura se señala la episteme del Estado para garantizar la defensa y las entidades concurrentes y el objeto, y el artículo 328 de la CRBV señala dentro de este marco que la Fuerza Armada Nacional (FAN) es responsable de la defensa militar. Dicho de manera más específica, se señala en ese artículo que la FAN tiene como misión “Garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. Esta diferenciación expresa, de suyo, que hay acciones de defensa que no son militares y acciones que sí lo son, no obstante ello, el hecho que el Consejo de Defensa de la Nación esté ubicado dentro de la estructura del Ministerio del Poder Popular de la Defensa subordina la defensa integral a una función militar explicando con ello porque los militares actúan en todos los ámbitos del quehacer político bajo la figura de la defensa integral. Este hecho hace necesario analizar la FAN desde la perspectiva de lo que hemos argumentado hasta aquí desde el punto de vista de su denominación, sus componentes y sus funciones.
En primer lugar, es de mencionar que la denotación de la FAN como Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dentro de un contexto donde la república es bolivariana y donde el título VII de la CRBV no lo establece, parece indicar sólo un problema semántico, pero su carácter “socialista, chavista y revolucionario”[3] y “antiimperialista” tal como se observa en el discurso de las principales autoridades militares al menos desde el año 2005 contiene un elemento ideológico y teológico político basado en el carisma que en sí ha marcado la característica de los regímenes llamados progresistas en la primera década del siglo XXI[4]. Es decir, hay una interpretación ideológica ‘progresista’ de talante marxista del pensamiento de Bolívar inculcada por el líder carismático que representó el difunto presidente Chávez que es seguido por la FAN indiferentemente de la existencia de la CRBV.
En segundo lugar, como ya indicamos, la FAN compuesta por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional tiene como funciones la defensa militar, la contribución en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo. Aquí se presentan tres inconvenientes relacionados con aspectos que se salen de la CRBV, es decir, la existencia de un quinto componente que obedece a una facción política, la función de defensa entendida como defensa integral desde una perspectiva desarrollista y el significado de la expresión ‘orden interno’.
En relación con el primer inconveniente, es decir, la existencia de la Milicia Bolivariana se presenta cuando la CRBV no lo contempla, no permite la existencia de cuerpos militares politizados más allá de la estructura que indica la propia constitución, ni de otros cuerpos armados bajo el concepto de “comités de defensa de la revolución” o “colectivos armados”.
La estructura básica que indica la CRBV difiere de la establecida en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) (2015). En esta norma, según el artículo 5°, se indica que:
“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está organizada de la siguiente manera: la Comandancia en Jefe, el Comando Estratégico Operacional, los Componentes Militares, la Milicia Bolivariana destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa integral de la Nación y las Regiones Militares…”.
Una organización en sí está determinada por un fin, una estructura y unos procesos. En la CRBV se indica el fin de la FAN, la estructura y un marco procesal, que la LOFAN no respeta desde el punto de vista estructural. Esta estructura, que es producto de una evolución que se inició en el año 2005 se diferencia de la CRBV en que minimizó el rol de los componentes militares (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional) al igualarlo con un ente político no contemplado y unas entidades que deberían operar sólo en circunstancias excepcionales como las Regiones Militares y el Comando Estratégico Operacional (CEO). Este cambio de estructura evidencia la existencia de otro propósito que va más allá de la CRBV aunque en ese instrumento no está contemplado y es garantizar la defensa de un orden político. Cómo se observa esta intención.
Se observa de dos manera: en primer lugar, en el plano internacional, por una parte, la amenaza a la independencia política no se ha presentado por la imposición de una política determinada al país sino por una manifiesta incapacidad de autogobierno evidenciada en la pobre conducción de nuestras riquezas para alcanzar el bien común. Este problema es histórico y se hizo más patente cuando la clase dirigente actual decidió imponer otro modelo de desarrollo bajo el tutelaje extranjero. Por la otra, la integridad del espacio geográfico nacional cuyas amenazas se ciernen en los espacios marítimos específicamente en el Golfo de Venezuela y en la fachada Atlántica no ha sido considerada de forma debida por la clase dirigente. El ejemplo más patente de lo antes indicado se evidencia en que los principales incidentes que se han presentado en la fachada Atlántica han ocurrido en el espacio marítimo y la política nacional se ha focalizado en la recuperación del territorio otorgando con ello libertad de maniobra a Guyana en el mar en función de sus pretensiones políticas[5]. De igual forma, el desarrollo de capacidades de defensa nacional, sobre todo después del año 2007 se ha orientado para la guerra terrestre a pesar de que los espacios en disputa son marítimos.
En segundo lugar, si bien las Regiones Militares (REDI) dependen del CEO, estas también dependen del Presidente de la República de modo que en caso de conflicto, es decir, de conmoción interior/exterior, estas puedan operar de forma independiente siguiendo al efecto un criterio basado en la geometría fractal, con lo cual si fallan los canales jerárquicos por alguna u otra razón la dirección política del régimen puede dar órdenes directas a cuerpos armados específicos organizados fractalmente en función de su filiación política “chavista, socialista y revolucionaria”, teniendo presente la situación excepcional que vive el país atribuida a amenazas de origen interno y externo[6]. Dicho de otra manera se centralizó el comando de la FAN a expensas del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional para favorecer las acciones tácticas ejecutadas por un comando político en caso de que el CEO no pueda hacerlo.
Con respecto a la función de defensa entendida como defensa integral es de tener presente que ésta es también producto de un proceso evolutivo de la LOSN y la LOFAN. La pregunta es cómo se explica el criterio de defensa integral dentro del contexto de estado de excepción. La explicación está dada en que de acuerdo con los criterios existentes dentro de la clase dirigente, el país está afectado por una “guerra de cuarta generación”. La guerra de cuarta generación tiene una vertiente psicológica, financiera, económica y diplomática, entre otras, que es explicado de forma amplia por un conjunto de autores contemporáneos, en especial, por los generales chinos Qiao y Wang (1999)[7]. Según el criterio de estos autores la guerra, tal como se conoce convencionalmente es muy costosa para China y por ello han considerado otras formas de hacer daño en un campo donde no existen normas estatuidas.
Este hecho ha permitido explicar la masiva incorporación de militares en funciones públicas en el país, pero no explica cómo la realidad de una potencia mundial, como lo es China, pueda aplicarse en un país donde existen diversos cuerpos armados no militares y la propia doctrina militar ejemplificada en el Concepto Estratégico Militar (CEM) 2012 que indica abiertamente una hipótesis de conflicto. Este documento considera la defensa militar en períodos y fases donde se destaca una amenaza potencial y efectiva de invasión de una potencia imperialista apoyada por un país vecino y la realización de una guerra de liberación. Con este criterio se plantea el interrogante ¿cómo es posible considerar una amenaza de esa naturaleza y destacar a un importante número de profesionales para cumplir funciones en la administración pública?.
De Landa (1991) ha señalado la estrecha relación existente entre fuerza armada y complejo industrial en el mundo desarrollado. Esta relación es lo que ha explicado el desarrollo de máquinas inteligentes como se ha evidenciado en Afganistán, Irak, Libia, Yemen y Siria en lo concerniente a la precisión y autodesignación de blancos militares en situaciones de conflicto, y que algunos países, como por ejemplo Brasil, se reserve algunas industrias estratégicas para la producción de armas y/o componentes dentro de un contexto que persigue asegurar un mínimo grado de funcionamiento. En Venezuela en la actualidad se está observando a militares en tareas de producción, distribución y suministro de alimentos y de acuerdo con la crisis de producción que vive el país por una ineficiencia crónica que ha reconocido la propia clase dirigente, la FANB se va a dedicar a la extracción minera, de combustibles fósiles y a la producción de alimentos. ¿Qué relación tienen esas tareas con la defensa militar? Se podría argumentar que en Chile históricamente sus fuerzas armadas han tenido una participación en la producción de cobre, pero no en la explotación en sí, sino en el transporte y custodia del área de extracción. Si se considera que las áreas productivas (extractivas) en lo concerniente a minerales y combustibles fósiles, se hace necesario plantearse los siguientes interrogantes: ¿no será que servirá para que la FAN extraiga, comercie y custodie para sus propios fines una actividad económica en un área donde el Estado ha ejercido un débil control amparado en la figura de la participación activa en el desarrollo desvirtuando sus funciones esenciales dentro de un contexto de alta politización de la institución? ¿Por qué no se utilizan los logros alcanzados en la FAN en la construcción de aeronaves no tripuladas, buques de bajo tonelaje y vehículos todos terrenos, para potenciar otros sectores productivos del país que ayuden a recuperar la planta industrial por citar algunos ejemplos?
En la actualidad se ha estado produciendo un cambio en las estructuras de producción potenciado por la revolución de las redes de información y por las nuevas capacidades de procesamiento de nuevos materiales (tierras raras) que está generando cambios sociales y nuevas formas de hacer la guerra. Históricamente los cambios en las formas de producción han afectado las formas de defensa y de entender la seguridad, pero extraer no es transformar, por lo que la FANB al interpretar la ‘participación’ de forma muy flexible se está alejando de su misión básica, es decir, “la defensa militar”, para su propio perjuicio.
Con respecto al orden interno, la situación es aún más complicada sobre todo cuando se trata de pensar qué significa ‘orden interno’. Como se ha observado, la Guardia Nacional ha monopolizado esa función a partir de su capacidad represiva, pero ‘orden interno’ va más allá de reprimir, es el ordenamiento de la república desde una perspectiva constitutiva. El ‘orden interno’ es la expresión práctica y concreta de la seguridad ciudadana. Teniendo esto presente, si se consideran los informes realizados por la Organización Paz Activa (2015) y los escritos realizados por Bayardo Ramírez (2005) en Estado Paralelo…, es muy difícil hablar de seguridad ciudadana en la Venezuela de hoy como expresión de un orden interno con unos datos que expresan la yuxtaposición de crimen organizado, grupos armados con la anuencia o no del Estado e incumplimiento de normas estatuidas. En lo personal considero que no se puede hablar ni de orden interno ni de seguridad ciudadana cuando el Estado surfea sobre un conjunto de facciones armadas que compiten por dominar un espacio y una actividad ‘productiva’ basado en el resquebrajamiento de un orden político.
El orden político caracterizado por las disfuncionalidades antes indicadas por la voluntad de implantar, como hemos indicado, un modelo de desarrollo especificado en el Plan de la Patria desde la perspectiva militar, la LOSN (2014) lo denomina ‘paz’. Para tal fin, el citado instrumento contempla la institucionalización de un “sistema de protección para la paz” (artículo 59°) que persigue su preservación. Este artículo señala que:
“El Estado, a través del Ejecutivo Nacional creará un sistema de protección para la paz, en el cual se integren todos los Poderes Públicos del Estado, en todos los niveles políticos territoriales, con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal, a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación…”
La ‘paz’ es un estado que ha estado históricamente asociado a la justicia dentro de una comunidad política determinada. Recientemente, el papa Francisco I lo asoció a la fraternidad, pero, para que haya justicia y fraternidad se tiene que conformar la comunidad y para que cada uno de los miembros pueda sentirse en comunidad debe sentirse tranquilo, así pue, la paz en una comunidad política se expresa en la tranquilidad de sus miembros de modo que, como señala Spinoza (1677/1980) cada Ser en su singularidad pueda perseverar en su propia existencia. En este sentido Marsilio de Padua expresó que
"la tranquilidad es la disposición óptima de la ciudad instituida según la razón…, en la cual cada una de sus partes puede realizar perfectamente las operaciones convenientes a la naturaleza según la razón y su constitución. Y como el que bien define, significa igualmente su contrario, la intranquilidad será la mala disposición de la ciudad…, por la cual están impedidos todos o algunos de sus miembros para hacer sus operaciones propias, o tomados aparte absolutamente, o en su conjunto y funcionamiento total” (1324/1989:11).
Si la tranquilidad como expresión de la paz es la buena disposición de una comunidad política que se basa en una “quididad general”, es decir, donde cada miembro “puede realizar la función a ella conveniente”, se puede afirmar que Venezuela no vive en tranquilidad. Esta intranquilidad se observa en el rol que está cumpliendo la FAN en relación con el régimen político y se expresa en el sistema creado en el artículo 59° de la LOSN cuando no sólo se mantiene el concepto de enemigo interno, sino también cuando se pretende utilizar a una parte de la población (“pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal”) para preservar un orden donde se limita a cada ser a perseverar en su propia existencia. Esta limitación, que genera intranquilidad, se observa, en los índices de criminalidad, la escasez de alimentos y medicinas, ineficacia administrativa y, en general, en el empobrecimiento de la población.
Así pues, la ‘paz’ para la clase dirigente nacional es intranquilidad y para asegurarla se utiliza a la Guardia Nacional y grupos armadas creados para tal fin como un instrumento represivo que logre mantenerla.
Teniendo presente lo antes indicado, la FAN al convertirse en FANB ha sido apartada de su esencia al permitir la existencia de otros cuerpos armados que ha variado su estructura en perjuicio del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional para defender un orden político que se ha apartado de la CRBV. Este apartamiento se ha observado en el modo en que se permite el tutelaje extranjero al margen de la defensa de la independencia política y de cómo se han manejado nuestros intereses territoriales en la fachada Atlántica y el Golfo de Venezuela en lo concerniente a la integridad territorial, en el modo en que ‘participa’ en el desarrollo integral del país al margen de la necesidad de desarrollar capacidades defensivas autóctonas y en el modo en que se preserva la ‘paz’ dentro de un marco de intranquilidad generalizada.
Teniendo presente lo antes reseñado, la FANB se ha alejado de la FAN establecida en la CRBV y esta desviación ha afectado todo el ordenamiento político establecido en el año 1999 de una manera sin precedentes porque no sólo se ha apartado de su esencia al permitir la politización en sus filas y la aceptación de grupos armados (politizados o no) que operan en función de los intereses de la clase dirigente, sino también, se ha alejado de sus funciones específicas de defensa de la independencia política al aceptar el tutelaje extranjero y la integridad territorial al subordinar la defensa de los espacios marítimos sobre los cuales el país tiene intereses por la defensa territorial del régimen político. Esta distorsión se ha agravado aún más por la inclinación a interpretar la participación en el desarrollo bajo un dudoso criterio de estar viviendo el país una guerra de cuarta generación donde agentes internos y externos han obligado a imponer su idea de paz en perjuicio de todos los venezolanos. Para garantizar esta ‘paz’ se ha recurrido consecuentemente a la Guardia Nacional y otros componentes de la FANB en conjunto con otros cuerpos armados que han destruido el ordenamiento político del año 1999 para imponer otro que no cuenta con el apoyo de una gran parte de los venezolanos. Con estas graves distorsiones, es imposible establecer una política de defensa, pero su señalamiento así sea hecho de forma defectuosa puede ayudar a entender la situación a la que nos enfrentamos.
Reflexión final: hacia una política de defensa nacional
Es muy difícil establecer una política de defensa nacional cuando el objeto de la clase dirigente es ‘defender la revolución’, pero unos lineamientos sobre el tema pueden ayudar a establecer un referente que permita a los venezolanos recomponer la comunidad política que le ha dado su gentilicio. En los párrafos anteriores se indicó la naturaleza de la desviación de la FAN en algo que se denomina FANB. Estas indicaciones, ya de suyo, plantean la necesidad de recomponer los fundamentos constitutivos de la comunidad política que se llama Venezuela. Este es pues el primer lineamiento de una política de defensa nacional, es decir, hay que establecer un nuevo orden político que permita que cada Ser en su singularidad pueda perseverar en mejores condiciones y de acuerdo con su propio criterio dentro de un marco de tranquilidad que permita que aflore la fraternidad y la justicia.
Si se entiende como política de defensa nacional el conjunto de orientaciones para garantizar la independencia política y la integridad del espacio geográfico nacional, ésta debe ser desarrollada fundamentalmente por los venezolanos a través de su órgano representativo mediante un consenso de los factores sociales y políticos. Desde esta perspectiva no es una clase dirigente (presidencialista y/u oligárquica) la que define la política de seguridad y defensa como la actual, es la república desde una perspectiva spinoziana, donde todos sus miembros tengan que ganar o perder en términos de seguridad y defensa nacional (Spinoza, 1677/1986). Con lo cual el Consejo de Defensa de la Nación no puede ser un órgano subordinado al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Si las principales amenazas que pueden afectar al país se derivan de problemas de delimitación de áreas marinas y submarinas, la orientación de una política de defensa debe apuntar al escenario marítimo y a todos aquellos factores que impidan o dificulten su buen ordenamiento.
Si bien la LOSN establece los entes que conforman el consejo y consecuentemente quienes son los encargados de desarrollar la política en el país, reiteramos que los venezolanos son los responsables de la defensa nacional y la república es la forma en que esta se expresa en todos los ámbitos de la seguridad, es decir, político, económico, social, cultural, geográfico, ambiental y militar. Por ello vamos a indicar de forma específica que ello significa.
En lo político, se debe recuperar el status del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. El Comando Estratégico operacional es expresión de un accionar conjunto en función de una situación excepcional específica contemplada en la política de defensa nacional, por ello no puede ser un órgano de ejecución permanente sino un órgano de planificación y de monitoreo de circunstancias excepcionales que puedan motivar la presencia de la FAN para actuar efectivamente cuando se declare el estado de excepción. Consecuentemente, en el proceso de recomposición del orden político, el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional deben recuperar su autonomía funcional limitándola en caso de situaciones excepcionales debido a que los supuestos sobre los cuales se basó el criterio de unicidad potenciaron la disfuncionalidad y la desviación. Además, se deberá promover la cooperación, la confianza a nivel inter-fuerzas y la confianza mutua a nivel regional. Ello implica la presencia activa en organismos supranacionales y de construcción de la paz internacional.
En lo económico, se debe asignar los recursos para garantizar una disponibilidad operacional que sea compatible con las necesidades de defensa. Ello supone la orientación de las adquisiciones en función de las necesidades desde una perspectiva multifuncional y estandarizada, la descentralización de las funciones administrativas a como estaban antes del año 1999 y mantener la centralización en aquellas funciones relativas al mantenimiento y reparación de equipamiento común, así como en lo relativo a la adquisición de equipamiento donde sea aplicable. Consecuentemente, la participación activa en el desarrollo nacional se debe orientar a facilitar la investigación científica y técnica a efectos de consolidar sectores de conocimiento que permitan reducir la dependencia externa del país en asuntos de defensa y la participación en los entes nacionales relacionados con la investigación científica y el desarrollo tecnológico en todos los espacios de interés nacional incluyendo la Antártica.
Desde el punto de vista social, hemos indicado que la defensa nacional es un asunto de los venezolanos como una totalidad y se expresa en la república. Desde esta perspectiva un buen ordenamiento político que garantice la cohesión social es el primer acto de defensa. Por ello el empleo de recursos militares en apoyo a la comunidad ha sido un aspecto que ha caracterizado históricamente a la institución militar venezolana para garantizar la justicia y la paz social, pero ello no debe implicar riesgos para la defensa nacional como un todo. Para tal fin, se deberán asignar los recursos necesarios.
En lo geográfico, el principal acto de defensa está en su uso y ocupación. Este es el único modo de defender no sólo los recursos que en él existen, sino también la actividad productiva. De ahí que, el objeto de la defensa de la integridad territorial no sólo se circunscribe a garantizar la posesión, sino también, el uso y ocupación del mismo. Esta afirmación se extiende a otros espacios comunes como la alta mar, los fondos oceánicos, la Antártica y el espacio ultraterrestre.
En relación con el ambiente, el cambio climático ha modificado las condiciones para la defensa. Eso es patente hoy en día cuando se conoce acerca de la existencia de armas basadas en la modificación climática dentro de un contexto de deterioro ambiental. Por ello, la modificación realizada para producir daño dentro de un contexto de cambio producido la actividad humana que se traduce en mitigación y adaptación, obliga a considerar el problema del ambiente desde una perspectiva de gestión de riesgos y en este contexto, la política de defensa nacional debe considerar ambas desde una perspectiva militar, social, económica y política para adecuarse a las circunstancias de defensa y para ayudar a mitigar los daños producidos por estos cambios.
En lo cultural, Venezuela es una forma simbólica que existe en la medida en que el homus simbolicus venezolano existe como tal[8]. Eso es sólo posible con el buen ordenamiento que haga que en tranquilidad cada quien pueda hacer lo que considere para perseverar en su propia existencia. Preservar la cultura no es suficiente, la cultura greco-romana existe pero no existen dichas civilizaciones, por ello lo importante es preservar la forma simbólica dentro de un contexto de cambios y ello no pasa sólo por saber de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos como comunidad. Una FAN y consecuentemente unas FAN’s deben ser expresión de una comunidad política bien ordenada entendida como forma simbólica, por lo que es deber de la FAN promover la venezolanidad y no alguna ideología. La FAN se debe a los venezolanos y no a una ideología.
En lo militar, el empleo de la FAN debe estar orientado a la disuasión estratégica convencional con lo cual se hace necesario un alistamiento y disponibilidad operacional que de credibilidad para enfrentar y eventualmente neutralizar las amenazas externas que se presenten. Para ello, debe disponer de la información procesada permanentemente actualizada que le permita efectivamente cumplir con su propósito que supone la potenciación de la vigilancia en las fronteras en todo el espacio geográfico nacional, la protección de los recursos económicos sobre todo en los espacios marítimos y la participación en operaciones de mantenimiento de paz de acuerdo con los intereses políticos de la república para conocer el estado del arte de la defensa militar y facilitar así la actualización permanente. De igual forma, se debe evaluar periódicamente sus capacidades de forma específica y conjunta, y se debe orientar la participación al desarrollo en aquellos aspectos que contribuyan a la defensa y al perfeccionamiento del sistema de movilización nacional.
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[1] Sobre este tema, ver al respecto: Cicerón (54 a. C./1991).
[2] Sobre este tema, ver al respecto: Maquiavelo (1997)
[3] El “antiimperialista”, que también se utiliza es redundante desde el punto de vista republicano e innecesario para una institución concebida para la defensa de la independencia y la integridad territorial. Este carácter antiimperialista se explica sólo en función de un modelo de desarrollo tal como se ha indicado.
[4] Sobre la teología política y sus consecuencias ver el comentario de Villacañas en Schmitt (2009). En este comentario señala el pensador español que fue usado por Schmitt para justificar el régimen nacionalsocialista alemán.
[5] En relación con el Golfo de Venezuela existe una estrecha relación en lo ocurrido en la disputa por espacios marítimos entre Colombia y Nicaragua y las pretensiones colombianas en el Golfo de Venezuela y en los ríos fronterizos. Sobre este tema ver: Blanco (2014).
[6] Sobre geometría fractal y guerra rizomática, ver Deleuze y Guattari (2008).
[7] Sobre estas nuevas formas de hacer la guerra, ver también: Blanco (2013). Fenomenología de la Guerra contra la Guerra.
[8] Ver al respecto: Cassirer (1968). Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura.
Publicado por Edenrique Blanco en 14:18
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