Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-000132-de-abril-22-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_759ecca5fca0a044e0430a010151a044&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 10:33:10
Document Index: 378201067

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 299', 'artículo 38', 'artículo 299', 'artículo 28', 'artículo 48', 'artículo 33', 'artículo 38', 'artículo 122', 'artículo 38', 'artículo 48', 'artículo 28', 'artículo 299', 'artículo 71', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 38', 'artículo 299', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2008-000132 de abril 22 de 2009
SENTENCIA 2008-000132 DE 22 DE ABRIL DE 2009
Sentencia 2008-000132 de abril 22 de 2009
Decide la Sala el recurso de apelación que el demandante interpuso contra la sentencia de 30 de julio de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual decreta la pérdida de la investidura de un diputado.
En ejercicio de la acción instituida en los artículos 45, 55 y 70 de la Ley 136 de 1994, la ciudadana Yeny Carolina Peña Luengas presentó solicitud para que se decretara la pérdida de investidura de diputado del departamento del Amazonas, ostentada por José Prado Bardal para el periodo 2007-2011.
Los hechos que sirvieron de fundamento a la anterior solicitud se resumen en que el inculpado se inscribió y fue elegido diputado a la asamblea del departamento del Amazonas el 28 de octubre de 2007 y como tal tomó posesión el 2 de enero de 2007 (sic), no obstante que se encontraba inhabilitado para ello por haber sido condenado por el delito de concusión y falsedad de documento, a la pena principal de dos años y dos meses de prisión mediante sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena de Indias, la cual se encontraba en firme, por el delito de falsedad en documento privado en concurso con estafa.
Esta situación fue encuadrada por la actora como violación flagrante del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 33 de la Ley 617 de 2000, y en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con los incisos 2º y 3º del artículo 299 de la Constitución Política, como causal de pérdida de la investidura.
El acusado manifiesta que no es cierto que hubiere estado inhabilitado por los hechos en que se funda la demanda y que acepta como ciertos, por cuanto mediante providencia de 13 de diciembre de 2005 el Juzgado Primero del Circuito de Cartagena decretó oficiosamente la prescripción de la sanción penal que le impuso, por lo cual se extinguieron las penas que le fueron impuestas y sus efectos, es decir, que éstos desaparecieron.
El a quo, tras verificar los supuestos de la presente acción, la ocurrencia de los hechos, y la sustentación jurídica y jurisprudencial de la causal invocada, decidió accedió a las pretensiones de la demandada por considerar que independientemente de la prescripción decretada de la pena que le fue impuesta, dicha causal de inhabilidad se encuentra debidamente acreditada, sin que sea relevante la época en que se le impuso la aludida sanción penal y si ella fue o no efectivamente cumplida; como tampoco es procedente el principio de favorabilidad por haber sido condenado a pena privativa de la libertad solo por 2 años y 2 meses de prisión y atendiendo el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por cuanto el artículo 299 de la Constitución Política, que señala el no haber sido condenado a privativa de la libertad como requisito para ser elegido diputado, es de mayor jerarquía a aquella disposición. Por consiguiente decretó la pérdida de la investidura solicitada.
El impugnante manifiesta que disiente de las posiciones respetables del a quo, puesto que este no considera el conflicto entre normas constitucionales aplicables al caso del sub lite, los artículos 299 y 28 de la Constitución Política, en cuya contraposición el primero, al establecer el régimen de inhabilidades de los diputados, debió seguir los principios de la primera parte de la Constitución Política, por tratarse de principios prevalentes y de carácter filosófico, y por ello le estaba vedado consagrar una pena que rebasa todo límite temporal.
Así el a quo omitió toda consideración del artículo 28, que no es de jerarquía inferior a la que aplicó y estaba en la obligación de analizar y darle el alcance en la controversia, al tiempo que incurre en incongruencia al considerar que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no incluyó la violación del régimen de inhabilidad como causal de pérdida investidura, pero aplica esa disposición y decreta la sanción política apelada, apoyándose en una sentencia del Consejo de Estado, lo cual es lo más parecido a una vía de hecho.
También omite considerar la prohibición de la imprescriptibilidad de las penas, de la que no se ocupa la sentencia aludida.
Concluye que en este caso no podía darse aplicación a la causal prevista en el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 para decretar la pérdida de la investidura en cuestión, porque esa norma fue modificada por el artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que fija como pena inhabilitante la que sea mayor a 4 años por delito doloso dentro de los diez años anteriores; además de que en este caso el delito no causó daño patrimonial al Estado, como lo exige el artículo 122 de la Constitución Política.
Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones de la demanda.
El procurador primero delegado ante la corporación, luego de un detallado análisis sobre el régimen de la pérdida de la investidura de los diputados, así como el de inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, y de sostener con base en la jurisprudencia de esta corporación y de la Corte Constitucional (Sent. T-987/2007) que la violación de ese régimen sigue vigente como causal de pérdida de investidura, concluye que está comprobada la causal de pérdida de investidura endilgada al encausado, sin que le sea aplicable el artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002, pues frente a esa norma, que es general para los funcionarios públicos, prefieren las normas constitucionales y legales especiales concernientes a los diputados, lo cual implica la prosperidad de las pretensiones de la demanda, de donde solicita que se confirme la sentencia apelada, que decreta la pérdida de investidura del demandado como diputado del Amazonas en mención por el periodo citado.
ART. 299.—“modificado por A.L. 1/96, art. 1º” (texto vigente hasta la modificación introducida por el A.L. 1/2007).
“Inc. 2º, modificado por A.L. 2/2002, art. 2º”. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El periodo de los diputados será de cuatro años y tendrán la calidad de servidores públicos
3.3. El recurrente plantea cuatro problemas básicos, a saber: i) la existencia de la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de los diputados, a la luz de la nueva regulación prevista en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ii) la aplicación en el tiempo de la causal relativa a las condenas penales descritas en la norma, habida consideración de que el acusado aduce la prescripción de las mismas, incluso para efectos de ser tenidas como causal de pérdida de investidura de diputado; ii) la aplicación de una norma posterior a la Ley 617 de 2000 que fija la pena en un monto mayor de 4 años de prisión como constitutiva de inhabilidad, y iv) la aplicación del artículo 28 de la Constitución Política como principio filosófico para aplicar el artículo 299 ibídem.
“Así pues, en este caso se estaría, a lo sumo, frente al fenómeno de la derogatoria tácita prevista en el artículo 71 del Código Civil (3) y 3º (4) de la Ley 153 de 1887. Pero esta situación no podría ser alegada si se tiene en cuenta que ella requiere, de una parte, que la nueva ley contenga disposiciones que no puedan conciliarse con la ley anterior, lo cual no cabe predicarse del asunto examinado. Al efecto basta señalar que la nueva regulación no es incompatible con la anterior, sino, por el contrario, si se examinan de forma armónica y complementaria una de la otra, como evidentemente lo son, se advierte que la interpretación del tema resulta, en mayor grado, tanto apropiada como eficaz; y, de otro lado, como ya se expresó, la nueva ley no regula íntegramente la materia, pues expresamente se remite a lo que otras señalen sobre el asunto, omitiendo inclusive referirse a las causales de orden constitucional anotadas, las cuales por obvias razones también propician la comentada sanción.
“Ahora bien, del examen de los documentos allegados al expediente en virtud del auto para mejor proveer de 27 de septiembre de 2001 (5) , se advierte que el texto original del proyecto de ley 199 de 1999 Senado, 046 de 1999, Cámara, publicado en la Gaceta del Congreso año VIII 257 del 17 de agosto de 1999, visible a folios 29 a 66 del cuaderno principal, artículo 44, consagraba: ‘pérdida de investidura de diputados, concejales municipales, distritales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales, distritales y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura por: 1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses...’ (fl. 38).
“En la Gaceta 394 de 27 de octubre de 1999, contentiva de “ponencias” Cámara de Representantes (fl. 57, cdno. de anexos núm. 1) aparece el mismo texto; además de que en la Gaceta 257 obra un cuadro comparativo de las inhabilidades propuestas para diputados, concejales, gobernadores y alcaldes (fl. 55 y ss.), tema este que concentró los debates relacionados con el capítulo V referente a “reglas para la transparencia de la gestión departamental, municipal y distrital”, lo cual no permite evidenciar que la voluntad del legislador haya sido la de suprimir la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, pues de haber sido así, debieron producirse fundadas explicaciones justificativas del nuevo enfoque, como sí las hubo y en forma detallada, frente a la ampliación del régimen de inhabilidad e incompatibilidades.
“A partir del análisis de los referidos antecedentes y teniendo en cuenta que, ciertamente, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 no reguló “” lo relacionado con las causales de pérdida de investidura, no deben entenderse derogadas las demás disposiciones alusivas al punto, pues a simple vista se advierte que tal norma no agotó en su totalidad el tema, ya que expresamente permitió que otras leyes también lo trataran, organizaran o definieran, cuando en el numeral 6º dispuso que se perdería la investidura: “por las demás causales expresamente previstas en la ley”.
“El condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, aún por delitos que supongan la grave afectación de dineros públicos (causal de inhabilidad prevista en L. 136/94, art. 43, num. 1º) o quien previamente haya sido despojado de su investidura, por ejemplo (causal de inhabilidad previsto en el num. 8º, ibíd.), que resultare elegido concejal nunca podría ser sujeto de la sanción de pérdida de investidura cuyos drásticos efectos, como es sabido, trascienden o van más allá del periodo para el cual se produjo la elección, por lo que bien pueden considerarse como permanentes o definitivos, pues, según el enfoque que la parte demandada le atribuye al presente asunto, frente a una persona que se halle en las condiciones anotadas, lo único procedente sería la solicitud de declaratoria de nulidad de su elección, decisión que, de darse, solo tendría incidencia o abarcaría el periodo respectivo, lo que no impediría que dicha persona aspire sucesivamente a nuevas elecciones esperando contar con la suerte de que en alguno de sus intentos exitosos precluya el término de 20 días para el ejercicio de la acción electoral, y ante esa eventualidad poder desempeñar la curul a sus anchas, sin ningún tipo de inconvenientes, posibilidad que podría ser mucho más real si el candidato inhabilitado por la aludida causal, o por cualquier otra, se “camufla” en lugares segundarios de la lista esperando ocupar la vacancia del elegido por el procedimiento del llamado, acto que, por su naturaleza, reviste una precaria difusión, lo cual, aunado al corto tiempo con que se cuenta para el ejercicio de la acción pública electoral, impediría que se verifique un efectivo control sobre la situación relativa a la hipótesis planteada, el que solo sería posible por virtud del ejercicio, en cualquier momento, de la acción de pérdida de investidura. Conclusión esta que, a juicio de la Sala, a todas luces, resulta inobjetable. Más aún si se tiene en cuenta que las causales de inhabilidad citadas en el ejemplo podrían ser “sobrevinientes”, esto es, posteriores a la elección, caso en el cual la acción electoral no resultaría procedente pues, como se sabe, esta recae sobre los motivos o circunstancias que anteceden al citado acto.
Lo anterior se sustenta en lo expresado en la Sentencia S-140 de 2008, en el sentido de que “tal norma constitucional permitió que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 8 de agosto de 2000, Expediente S-140, con ponencia de la consejera María Elena Giraldo Gómez, sostuviera la tesis según la cual mientras el legislador no dictara un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados más riguroso, en comparación con el de los congresistas debe acudirse al de estos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda”.
La anotada posición jurisprudencial de la Sala Plena fue reiterada en sentencia de esta Sala, de 15 de mayo de 2003, Expediente 8707, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero, en la cual concluye que “trasladadas las anteriores apreciaciones jurídicas (refiriéndose a las del fallo de abr. 23/2002 de Sala Plena atrás transcritas) al caso de los diputados a las asambleas departamentales, encuentra la Sala que no existe razón alguna para considerar que la violación al régimen de inhabilidades no constituya causal de pérdida de la investidura para estos servidores públicos”.
Así fue como en sentencia de septiembre 13 de 2001, radicación 11001-03-24-000-2000-6389-01(6389), de esta sección, consejera ponente Olga Inés Navarrete Barrero, reiterada en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación, de 10 de septiembre de 2002, Expediente IJ-0566, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, precisó:
3.4. Finalmente, la aplicación del artículo 38, numeral 1º, de la Ley 734 de 2002 (9) , que por favorabilidad reclama el apelante en cuanto fija una pena mayor de 4 años de pena privativa de la libertad, en la configuración de la inhabilidad respectiva, cabe decir que se trata de una norma general, como lo advierte el Ministerio Público y el a quo, referida a los servidores públicos, frente a la cual priman las normas especiales, como es el caso del artículo 299 de la Constitución Política, que no fija cuantum alguno, y el numeral 1º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, pues ambas son específicas para diputados, y es sabido que frente a las normas generales priman las especiales, más si alguna de éstas es de rango constitucional. No es cierto, entonces, que el primer artículo citado hubiera modificado el precitado 33, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22 de abril del 2009.
Magistrados: María Claudia Rojas Lasso, Presidente—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Marco Antonio Velilla Moreno—Martha Sofía Sanz Tobón, con aclaración de voto.
(6) Sentencia de veinticuatro (24) de abril de dos mil tres (2003); radicación 41001-23-31-000-2002-01067-01(8705), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.