Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp17024-2016-44562-de-febrero-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3afc0de66703436697249f502d691cc2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 07:05:26
Document Index: 315005005

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 9', 'artículo 38', 'artículo 184', 'artículo 23', 'artículo 38', 'artículo 365', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 208', 'artículo 205', 'artículo 351', 'artículo 23', 'artículo 38', 'artículo 68', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 61', 'artículo 51', 'e contrario', 'artículo 51', 'artículo 61', 'artículo 51', 'in fine', 'artículo 52', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 351', 'artículo 351', 'artículo 350', 'artículo 32', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 327', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 327', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 365', 'artículo 19', 'artículo 350', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 68', 'artículo 350', 'artículo 38', 'artículo 23', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 348', 'artículo 351', 'artículo 348', 'artículo 250', 'artículo 351', 'artículo 348', 'artículo 350', 'artículo 48', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 322', 'artículo 448', 'artículo 350', 'artículo 2', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 349', 'artículo 350', 'artículo 2341', 'artículo 350', 'artículo 351', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 350', 'artículo 369', 'artículo 367', 'artículo 348']

﻿ SENTENCIA SP17024-2016/44562 DE FEBRERO 14 DE 2017
SENTENCIA SP17024-2016 DE 14 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:NO PUEDE CONFUNDIRSE COMPENSACIÓN PUNITIVA RESULTADO DEL ACUERDO ENTRE LA FISCALÍA Y EL ACUSADO CON SUS EFECTOS. LA PENA SEÑALADA EN ABSTRACTO PARA UN DELITO POR EL CUAL EL IMPUTADO SE DECLARARÁ CULPABLE CUANDO CONLLEVE A UN CAMBIO FAVORABLE CON RELACIÓN A LA PENA POR IMPONER NO IMPLICA UNA REBAJA COMPENSATORIA ADICIONAL AL ACUERDO, SI CON SUSTENTO EN ESA SE DEFINEN LOS BENEFICIOS JUDICIALES O SUBROGADOS PENALES PREVISTOS EN EL CÓDIGO PENAL. DE IGUAL FORMA, BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS EL DELITO SIGUE SIENDO UNO SOLO, CUAL ES LA CONDUCTA POR LA CUAL ACEPTA SU CULPABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9º DEL CÓDIGO PENAL, EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE LA CONDUCTA PUNIBLE ES UNA SOLA, SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA TÍPICA, ANTIJURÍDICA Y CULPABLE. CUANDO LA FISCALÍA Y EL ACUSADO LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS Y SUS CONSECUENCIAS NO PUEDE CONFUNDIRSE LA COMPENSACIÓN PUNITIVA RESULTADO DE ÉL CON SUS EFECTOS. POR OTRO LADO, TAMPOCO PUEDE INDICARSE QUE EL ACUSADO ES AUTOR Y CÓMPLICE DE LA CONDUCTA AL MISMO TIEMPO, PUESTO QUE JURÍDICAMENTE RESULTA IMPOSIBLE SOSTENER DICHA DUALIDADY SI EL GRADO DE PARTICIPACIÓN ACORDADO ES EL DE CÓMPLICE, ESTA CALIDAD DEBE TENERSE EN CUENTA CON TODAS SUS CONSECUENCIAS, PORQUE FUE LA CONVENIDA AL ACEPTAR SU RESPONSABILIDAD PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CULPA, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONCILIACIÓN EN DELITO, CONDENA, DISMINUCIÓN DE LA PENA, SUBROGADOS PENALES, CONDENA PENAL
Sentencia SP17024-2016/44562 de febrero 14 de 2017
SP17024-2016
Radicación 44562
Decide la Sala de manera oficiosa la posible violación de las garantías fundamentales de M.J.E.G., en la sentencia de junio 25 de 2014, mediante la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó el fallo proferido en marzo 6 del mismo año por el Juzgado penal del circuito de XXX, que lo condenó a prisión de cuatro (4) años y seis (6) meses por el delito de porte de armas de fuego de defensa personal.
El 24 de abril de 2013 aproximadamente a las 5 de la tarde, unidades de la Policía Nacional que patrullaban por la carrera XXX con calle XXX del municipio de XXX, hicieron parar la moto XXX color azul, placas XXX, modelo 2007. Al pedir la documentación a su conductor M.J.E.G. y requisarlo, le hallaron dentro de un bolso de cuero negro un revólver Smith & Wesson calibre 32, el cual portaba sin permiso legal.
El 11 de mayo de 2016, la Sala inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor del acusado, al considerar que el impugnante incumplió la obligación de debida sustentación del cargo único propuesto en ella(1).
Sin embargo, consideró necesario determinar si los juzgadores desconocieron garantías fundamentales al negar a E.G. la prisión domiciliaria en los términos del artículo 38B de la Ley 906 de 2004, y al imponer la accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, para cuyo fin dispuso su pronunciamiento oficioso.
Sin que el demandante hubiera promovido el mecanismo de insistencia, como tampoco el Ministerio Público o alguno de los magistrados integrantes de la Sala lo hiciera en los casos que están habilitados para hacerlo, la Corte con fundamento en el inciso 3º del artículo 184 de la Ley 906 de 2004 procede a pronunciarse de fondo.
En orden a preservar la efectividad del derecho material como una de las finalidades de la casación y en atención a la naturaleza del recurso como control constitucional y legal contra las sentencias penales proferidas en segunda instancia, cuando afectan derechos o garantías fundamentales, se ocupa la Sala en determinar la procedencia de la prisión domiciliaria negada a E.G. y el monto de la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de arma impuesta en la sentencia.
1. De la prisión domiciliaria.
Después de enumerar las exigencias que conforme al artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, precepto que adicionó al Código Penal el artículo 38B, hacen procedente la prisión domiciliaria, el tribunal compartiendo la tesis del a quo reiteró que para la determinación de la pena prevista para el delito en abstracto, el amplificador del tipo de la participación no debía tenerse en cuenta en razón a que constituye la “compensación” por la aceptación de culpabilidad preacordada, puesto que los “fenómenos post delictuales como los allanamientos, preacuerdos, la reparación integral, etc., no operan para la determinación de la pena”.
Estableció que la pena mínima de nueve (9) años de prisión prevista en el artículo 365 del Código Penal, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, para el delito de porte de armas de fuego de defensa personal, siendo superior a ocho (8) años, impedía examinar los demás requisitos que permiten otorgar la prisión domiciliaria.
En esas circunstancias para efectos de determinar la procedencia de este beneficio, tomó como pena la señalada en abstracto para el autor del punible, bajo la consideración de que la prevista para la complicidad no puede tenerse en cuenta porque el amplificador del tipo surge del acuerdo y no de la conducta cometida, siendo esta la única “compensación” que corresponde por la aceptación de culpabilidad, apreciación que se antoja equivocada.
Tener en cuenta la pena señalada en abstracto por la ley para el delito por “el cual el imputado se declarará culpable”, cuando conlleva a un cambio favorable “con relación a la pena por imponer”, no implica una “rebaja compensatoria” adicional al acuerdo, si con sustento en aquella se definen los beneficios judiciales o subrogados penales previstos en el Código Penal.
Por eso, la distinción que los falladores proponen entre delito “cometido” y delito “preacordado” es inadmisible, riñe con el derecho y carece de sustento legal.
Bajo esas circunstancias el delito sigue siendo uno solo: la conducta por la cual acepta su culpabilidad. Si en virtud del acuerdo se modifica su nomen juris, el grado de participación o suprime el concurso de conductas punibles con incidencia en su punibilidad, es incorrecto sostener la existencia de dos hechos con el pretexto de evitar compensaciones adicionales a las convenidas, porque de acuerdo con el artículo 9º del Código Penal la conducta punible es una sola, a condición que sea típica, antijurídica y culpable.
En principio, cuando la fiscalía y el acusado llegan a un acuerdo sobre “los hechos imputados y sus consecuencias”, no puede confundirse la “compensación” punitiva resultado de él con sus efectos.
La inconsecuencia de la tesis fijada en la sentencia conduce a soluciones insatisfactorias, tales como que si el nomen juris se modifica, verbi gratia, acceso carnal violento en acceso carnal abusivo con menor de catorce años, para la fijación de la pena se tendría en cuenta la abstracta para esta conducta mientras que para la determinación de los beneficios judiciales o subrogados penales la prevista para la primera.
Esto es que mientras al imputado le sería impuesta la pena señalada en el artículo 208 del Código Penal para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, para los demás efectos se tendría la consagrada en el artículo 205 ídem para el acceso carnal violento, conducta punible respecto de la cual ninguna manifestación de culpabilidad hizo, evidenciándose la inconveniencia, lo restrictiva y desfavorable para el imputado que renuncia a un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, y contribuye a hacer efectivo los derechos de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación.
Igual ocurriría con fenómenos relativos a la extinción de la acción y de la sanción penal por prescripción, hipótesis en las cuales la pena a tenerse en cuenta sería según ella la del delito “cometido” y no por la que el acusado fue condenado, la cual por esa vía contraría los efectos y consecuencias de lo pactado o convenido con la fiscalía.
Del mismo modo tampoco puede hablarse que el acusado sea autor y cómplice de la conducta al mismo tiempo, puesto que óntica y jurídicamente resulta imposible sostener dicha dualidad. O es uno o es lo otro, pero no ambas a la vez. Si el grado de participación acordado es el de cómplice, esta calidad debe tenerse en cuenta con todas sus consecuencias, porque fue la convenida al aceptar su responsabilidad penal.
Además contraviene el mandato legal según el cual, los preacuerdos obligan al juez de conocimiento, salvo que desconozcan las garantías fundamentales, siendo reiterativa en ese sentido la jurisprudencia de la Sala.
Así ha dicho que “la aceptación de responsabilidad por parte del acusado mediante el allanamiento o cargos, o el acuerdo celebrado con la fiscalía con miras al proferimiento de un fallo anticipado, no solo son vinculantes para la fiscalía y el implicado. También lo son para el juez, quien debe proceder a dictar la sentencia respectiva, de conformidad con lo convenido por las partes, a menos que advierta que el acto se encuentra afectado de nulidad por vicios del consentimiento, o que desconoce garantías fundamentales, eventos en los cuales debe anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la legalidad, bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del juzgamiento ordinario”(2).
Y ha sostenido: “Pues bien, lo primero que importa resaltar, para la solución del caso puesto a consideración de la Sala, es que la aceptación de responsabilidad por parte del acusado, por la vía del allanamiento a cargos o de un preacuerdo celebrado con la fiscalía, no solo es vinculante para estos, sino también para el juez, a quien le corresponde dictar el respectivo fallo anticipado, atendiendo a lo convenido por las partes, salvo que advierta vicios del consentimiento o vulneración de garantías fundamentales”(3).
En esas condiciones, al derivar las consecuencias el juez no puede apartarse de lo acordado, ni menos entrar a hacer distinciones que la ley no autoriza, con mayor razón cuando resultan lesivas de los intereses del imputado, al desconocer beneficios judiciales o subrogados penales que no fueron objeto de consideración ni negociación alguna, pero a los cuales tendría derecho por el cumplimiento de las exigencias previstas en la ley.
De esa manera tampoco le está permitido separarse del acta de preacuerdo entre la fiscalía y el imputado, cuando la retribución acordada a cambio de la aceptación de culpabilidad implica la modificación del grado de participación de autor a cómplice.
Pues convenido “Lo anterior no deja margen de duda en que, por razón del preacuerdo, los procesados responderían penalmente a título de cómplices, lo que, como consecuencia, imponía a los jueces tener la pena correspondiente, esto es, 48 a 120 meses de prisión, como base para estudiar la procedencia de la prisión domiciliaria”(4).
Por tanto, “luego de la acreditación de la materialidad del delito, así como de la responsabilidad del acusado, el funcionario judicial procede a cuantificar la sanción teniendo en cuenta para ello no únicamente el comportamiento por el que se procede, sino las circunstancias modificadoras de la punibilidad generadas como consecuencia del preacuerdo, encuentra la Sala que mutatis mutandi, cuando se establece la conducta punible en punto del elemento objetivo para acceder a la prisión domiciliaria sustitutiva de la intramural, también deben tenerse en cuenta tales variantes de los extremos punitivos, a fin de precisar con singularidad e individualidad, que en el caso concreto la “pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos””(5).
De otro lado, cuando en el preacuerdo no es objeto de discusión alguna la prisión domiciliaria, sustituto que surge como consecuencia de la pena fijada para el delito y no fruto de la negociación, su reconocimiento por el juez no puede ser considerado una “compensación” que contraviene la limitante impuesta en el inciso 2º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, ya que ninguna incidencia tiene en la pena imponible sino que por el contrario es resultado de esta.
En el caso concreto, la modificación del grado de participación acordada entre fiscalía e imputado tiene un doble efecto: la condena del imputado a título de cómplice que fue lo convenido y la determinación del sustituto de la prisión domiciliaria, a partir de los límites punitivos, mínimo y máximo, establecidos para la complicidad.
La participación en el delito de porte de armas de fuego de defensa personal se preacordó en grado de complicidad, de modo que en razón del amplificador del tipo la pena mínima queda establecida en cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, monto inferior a los ocho (8) años establecidos en el numeral 1º del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 como límite para la procedencia de la prisión domiciliaria prevista en el artículo 38B del Código Penal.
Dicha conducta punible no se encuentra relacionada en el artículo 68A del Código Penal, luego los condenados por ella tienen derecho al sustituto de la prisión domiciliaria, los beneficios judiciales y mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad a que haya lugar.
Y en cuanto a la demostración del arraigo familiar y social de E.G., la sentencia de primera instancia indica que “allegó una certificación de la junta de acción comunal, para reseñar que viven en la carrera XXX Nº XXX de XXX desde hace 14 años, es decir que se demuestra el arraigo del imputado”.
Además se cuenta con las “declaraciones extrajuicio de D.R. y de J.A.V. que nos establece que M.J., es una persona de buenas condiciones y que mantiene el hogar, que es un trabajador responsable y padre de cabeza de familia”.
Adicionalmente se conoce que se encuentra casado con S.L.L.U., de cuya unión existen dos hijas menores S.M. y E.E., con lo cual queda establecido su arraigo social y familiar.
Cumplidas las tres exigencias requeridas para tener derecho a la prisión domiciliaria, la Sala concederá dicho sustituto de la prisión intramural, para lo cual fijara caución prendaria de $ 100.000 que prestará el condenado para el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los literales a, b, c, d del numeral 4º del artículo 38B adicionado al Código Penal por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014.
2. De la pena accesoria.
En el fallo de primera instancia se impuso al acusado la prohibición de portar arma de fuego de defensa personal, por un lapso igual al de la pena privativa de la libertad, esto es, cuatro (4) años y seis (6) meses, monto que ninguna atención mereció del tribunal, a pesar de vulnerar el principio de legalidad, porque su fijación ignora el sistema previsto en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000.
En efecto, el artículo 51 del Código Penal fija la duración de las penas privativas de otros derechos, con excepción de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, sin prever su forma de graduación.
La Sala ha dicho que los criterios y reglas que rigen la determinación de la punibilidad previstos en el capítulo II del Código Penal, aplican a las principales y accesorias privativas de otros derechos, en cuanto la Ley 599 de 2000 establece un sistema de discrecionalidad reglada en su concreción que limita la arbitrariedad y el capricho judicial en su imposición, consagrado en sus artículos 59, 60 y 61.
En orden a preservar el principio de legalidad, el deber de motivación, los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables y los fundamentos para su individualización, son reglas de imperativa observancia en el proceso de cuantificación de las penas y no únicamente de la privativa de la libertad.
La obligatoriedad de acudir al sistema de cuartos para la fijación de las penas privativas de otros derechos, entre ellas, la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, es reconocida desde la sentencia de febrero 5 de 2014, rad. 40019, en la cual se dijo que “el sentenciador de primera instancia incurrió en un desacierto en el proceso de dosificación punitiva que no advirtió el tribunal, y que se exhibe contrario al principio de legalidad, porque al momento de determinar la duración de la pena accesoria referida a la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, impuso a los procesados la máxima prevista en el artículo 51 del Código Penal, sin atender para ello al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 ejusdem”, criterio reiterado en los fallos de 4 jun. 2014, rad. 42737; 11 mar. 2015, rad. 43881; 25 mar. 2015, rad. 45121; 21 oct. 2015, rad. 44367; 30 mar. 2016, rad. 46176, entre otros, manteniéndose vigente e invariable.
La omisión en este asunto en establecer el ámbito de movilidad punitiva para la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, a partir de sus límites mínimo y máximo establecido en el inciso 6º del artículo 51 del Código Penal, condujo a señalar un monto desproporcionado en relación con el fijado para la prisión, con mayor razón por el grado de participación acordado.
Los cuatro (4) años y seis (6) meses establecidos en la sentencia no son asimétricos con la privativa de la libertad, teniendo en cuenta los límites legales de una y otra. Además la única pena accesoria igual a aquella, por excepción legal, es la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, cuya determinación se rige por lo previsto en inciso in fine del artículo 52.
En esas circunstancias, el límite mínimo y máximo de uno (1) a quince (15) años previstos para la privación del derecho a la tenencia y porte de arma, se reducen en la mitad y una sexta parte respectivamente, fijándose en seis (6) meses y doce (12) años y seis (6) meses, en consonancia con las normas relativas a la complicidad.
El primer cuarto del ámbito de movilidad punitiva se establece de ese modo en seis (6) meses a tres (3) años y seis (6) meses. Las mismas razones que llevaron a fijar la prisión en el mínimo del primer cuarto aplican igualmente a la accesoria; la privación del derecho a la tenencia y porte de arma que en este asunto se impone al acusado es de seis (6) meses y no el indicado en la sentencia de primera instancia, con sujeción a los criterios dosimétricos del fallador.
Establecida la vulneración de garantías del imputado, la Sala casará oficiosa y parcialmente la sentencia para conceder el sustituto de la prisión domicilia a E.G. en las condiciones fijadas en esta decisión, y modificar el quantum de la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma.
1. Casar parcialmente de manera oficiosa el fallo de junio 25 de 2014 del Tribunal Superior de Cundinamarca que confirmó la condena impuesta a M.J.E.G.
2. Concederle a E.G. la prisión domiciliaria en las condiciones establecidas en este fallo.
3. Fijarle a E.G. la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de arma en seis (6) meses, en vez del término señalado en la sentencia casada.
Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—Eugenio Fernández Carlier—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuellar—Luis Guillermo Salazar Otero.
1 Folio 11, cdno. de la Sala de Casación Penal.
2 CSJ SP, 3 feb. 2016, rad. 43356.
3 CSJ SP, 1 jun. 2016, rad. 46101.
4 CSJ SP, 24 feb. 2016, rad. 45736.
5 CSJ SP, 9 mar. 2016, rad. 45181.
Con el respeto de siempre por la opinión mayoritaria de la Sala, y acorde con las manifestaciones que expresé durante la discusión del proyecto, una vez derrotada la ponencia que presenté a su consideración, me permito consignar los motivos por los que no comparto la decisión de casar de oficio y parcialmente la sentencia de segundo grado, en relación con la concesión al procesado M.J.E.G. de la prisión domiciliaria, prevista como mecanismo sustitutivo en el artículo 38B del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014.
Las razones de mi disenso, se fundamentan en la idea, contraria a la doctrina hasta ahora imperante y que se ratifica en esta decisión, consistente en que tratándose de las modalidades de preacuerdos reguladas en los numerales 1º y 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, el cometido práctico de los acuerdos celebrados entre la fiscalía y el acusado no puede ser otro que el de aminorar la pena para la conducta imputada, a cambio de la admisión de responsabilidad por parte del procesado.
En el propósito de sustentar mi posición disidente, se seguirá el siguiente orden argumentativo: los preacuerdos sobre los términos de la imputación; el problema jurídico relacionado con los preacuerdos sobre la conducta punible imputada y su desarrollo jurisprudencial; la doctrina jurisprudencial dominante y la propuesta de variación en relación con la interpretación de los numerales 1º y 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004; conclusiones provisionales; presentación del caso concreto y la fórmula de preacuerdo pactada entre la fiscalía y el acusado; y, por último, la propuesta de resolución del caso concreto.
1. Los preacuerdos sobre los términos de la imputación (L. 906/2004, art. 350, inc. 2º nums. 1º y 2º):
La primera de ellas se encuentra regulada en el artículo 351, inciso primero, de la Ley 906 de 2004, y se circunscribe a un acto de adhesión del procesado a las condiciones presentadas por el acusador en la audiencia de imputación, compensándolo con una rebaja de la pena imponible acorde con el momento procesal en que se presente el preacuerdo (conc. art. 352 ib.).
La segunda, conforme lo establece el inciso segundo del mismo artículo 351 ib., responde a la posibilidad de que la fiscalía y el imputado o acusado puedan llegar a un acuerdo sobre los hechos imputados. Adicionalmente, del contenido de esa misma norma, al igual que de los artículos 352 y 370 ib., se desprende que como fórmula de preacuerdo se puede convenir, de manera alternativa y excluyente, la rebaja de un porcentaje de la pena imponible o su individualización.
Centrando la atención en el tópico referido al preacuerdo sobre los hechos imputados, es indispensable su concordancia con las modalidades previstas en los numerales 1º y 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, que establece:
En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre otros aspectos, el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 32 del Código Penal, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56), la ira o intenso dolor (art. 57), la comunicabilidad de circunstancias (art. 62), la eliminación de casuales genéricas o específicas de agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica(1).
(...) la profunda transformación que se ha producido en el ordenamiento jurídico con la adopción de la institución de los preacuerdos y negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que el acuerdo pueda incidir en los elementos compositivos o estructurales del delito, en los fenómenos amplificadores del tipo, en las circunstancias específicas o genéricas de agravación, en el reconocimiento de atenuantes, la aceptación como autor o como partícipe (cómplice), el carácter subjetivo de la imputación (dolo, culpa, preterintención), penas principales y penas accesorias, ejecución de la pena, suspensión de esta, privación preventiva de la libertad, la reclusión domiciliaria, la reparación de perjuicios morales o sicológicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la lesión del bien jurídicamente tutelado”(2).
Así las cosas, en materia de la determinación de las variaciones al juicio de tipicidad por parte de la fiscalía, en aras de propiciar los preacuerdos, la Sala ha abordado de manera extensiva la interpretación sistemática del contenido del numeral 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, lo que ha justificado de la siguiente manera:
En conclusión, en lo que resulta relevante en la resolución de este caso, debe subrayarse que con fundamento en el numeral 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, para efecto de las negociaciones, cuando la misma versa sobre variaciones en torno al mismo delito imputado, la fiscalía puede modificar la adecuación típica reestructurando la conducta punible en cualquiera de sus categorías dogmáticas, con el específico propósito de incidir en la disminución de la pena.
2. El problema jurídico relacionado con los preacuerdos sobre la conducta punible imputada y su desarrollo jurisprudencial:
De esta manera lo precisó la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del numeral 2º, inciso segundo, del artículo 350 de la Ley 906 de 2004:
(...), en relación con la posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el imputado, aquel no tiene plena libertad para hacer la adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aun mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código Penal.
La Corte reafirma que la facultad otorgada al fiscal de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena es una simple labor de adecuación y no de construcción del tipo penal por el mismo. Las normas positivas deben consagrar previamente las conductas punibles y concretar igualmente las sanciones que serán objeto de aplicación por el fiscal. Por ende, se cumple a cabalidad con el principio de legalidad penal cuando se interpreta en correspondencia con el de tipicidad plena o taxatividad en la medida que la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor(4).
Es, además, el sentido que emana del contenido del inciso tercero del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, cuando estipula que “La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la fiscalía, no podrán comprometer la presunción de inocencia y solo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”.
(...), aun mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el legislador en el Código Penal(7).
Con ello se explica, además, que el objeto práctico de los preacuerdos que pueden celebrar las partes, en el marco de lo previsto en el artículo 350 de la Ley 906 de 2004, con el propósito de terminar anticipadamente el proceso, es la disminución de la pena legal aplicable(9), como claramente se desprende del contenido del numeral 2º del inciso segundo de dicha norma, en el que se permite al fiscal tipificar “la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”.
Es por lo anterior que tras presentarse un preacuerdo en los términos previstos en los numerales 1º y 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, el control judicial material llevado a cabo por parte del juez de conocimiento debe comprender, en términos de acatamiento de las garantías fundamentales, no solamente lo relativo a la legalidad de la fórmula de composición ofrecida por la fiscalía y el imputado o acusado, incluido el delito o los delitos acordados, su degradación punitiva y sus consecuencias, sino que también debe extenderse a la conducta punible original, la que fue objeto de imputación o acusación y su consonancia jurídica en materia de adecuación típica con la realidad fáctica que se viene acreditando hasta el momento procesal en que se presenta la negociación para el escrutinio judicial.
Control judicial que responde, de igual manera, a los límites establecidos a las facultades del fiscal a la hora de acordar con el imputado o acusado en términos de tipificación de la conducta, como lo señala el artículo 327, inciso tercero, de la Ley 906 de 2004, cuando exige las presencia de unos mínimos de elementos demostrativos de prueba que permitan inferir la existencia de la conducta, su tipicidad y el grado de participación criminal del procesado, de manera que no resulte sacrificada su presunción de inocencia.
3. La doctrina jurisprudencial dominante y su necesaria variación:
Sin embargo, para situaciones como la que es objeto de estudio, esto es, cuando en el acuerdo celebrado entre la fiscalía y el imputado o acusado se modifica la estructura de la conducta punible, esa posición jurisprudencial no se corresponde con una adecuada hermenéutica jurídica en torno a las modalidades de negociaciones y preacuerdos previstas en los numerales 1º y 2º, inciso segundo, del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, pues finalmente traslada la responsabilidad penal a un escenario irreal en lo normativo, producto de las fórmulas de acuerdo pactadas por las partes.
4. Consecuencias de asumir la doctrina jurisprudencial dominante:
Bastaría considerar que una mutación de la responsabilidad penal, que es lo que encierra la tesis prevalente en la corporación, tiene incidencia en una serie de circunstancias procesales y sustanciales, tales como enfrentarse a situaciones que impliquen la prescripción de la conducta punible por el delito acordado; habilitar la concesión de subrogados o beneficios cuando la ley expresamente lo prohíbe por el delito imputado (L. 1474/2011); promover sin base fáctica plausible la extinción de la acción penal por desistimiento, caducidad de la querella o indemnización, al tornar en querellables la conductas degradadas o readecuadas en su tipicidad; y, como sucede en este caso, basar los requisitos de la pena prevista en el delito acordado, que no en el real, como fundamento objetivo para la concesión de la prisión domiciliaria (C.P., art. 38B).
Pero además, cuando se asume la interpretación de la Sala mayoritaria, es apreciable la potencial afectación del derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva, reflejada especialmente en las prerrogativas a obtener la verdad y la reparación por el delito realizado (C.N., art. 250-7).
Lo primero, el derecho a la verdad, porque en el contexto de una distorsionada realidad a la que conduce la degradación de la conducta punible ejecutada, se terminan perdiendo de vista las verdaderas circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como las motivaciones que rodearon su ejecución.
5. Conclusiones parciales:
De allí que en la correcta comprensión de los numerales 1º y 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, debe entenderse que, cuando la fórmula de acuerdo corresponde a modificación de la estructura de la tipificación de la conducta punible imputada, la consecuencia estriba en la reducción punitiva correspondiente al delito acordado.
6. Del caso concreto y la fórmula preacordada por las partes:
Es necesario recordar que el preacuerdo celebrado entre la fiscalía y el acusado M.J.E.G., consistió en que como compensación de su admisión de responsabilidad penal por el delito imputado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (C.P., art. 365, modificado L. 1453/2011, art. 19), se pactó la degradación de la forma de participación en la conducta punible. Se acordó, además, la imposición de la pena mínima correspondiente al grado de intervención acordado, cuatro años y seis meses de prisión.
Así fue consignado en el acta de preacuerdo:
El señor a (sic) M.J.E.G., acepta ser responsable de los cargos que le fueron imputados y por los cuales se presentó el escrito de acusación, esto es, el de ser autor responsable a título de dolo del (sic) fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, del que trata el libro segundo, título XII de los “Delitos contra la administración pública”, capítulo segundo “De los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad...”, consagrado en el artículo 365 C.P. modificado por el artículo 19 de la Ley 1453/2011, en la modalidad de portar, a cambio de que la fiscalía degrade la conducta de autor a cómplice...(sic).
En esos precisos términos se presentó el preacuerdo a consideración del juez de conocimiento, quedando de ello claro, conforme a lo pactado por las partes, que se convino la responsabilidad por el delito imputado en la condición de autor y como compensación el beneficio punitivo resultante de degradar la forma de participación de la conducta a cómplice, alternativa de negociación que se encuentra en consonancia con lo previsto en el inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004.
Bajo la estimación que en los términos del preacuerdo no se desconocían o quebrantaban las garantías fundamentales, fue aprobado por el juez de conocimiento, pues además la voluntad de las parte lo obligaba a dicha decisión (L. 906/2004, art. 351, inc. 4º).
Fue así como el juzgado penal del circuito de XXX (Cundinamarca) emitió la sentencia condenatoria en contra de E.G., en calidad de cómplice.
En lo que atañe a la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, que no fue objeto del preacuerdo, el juez a quo determinó que el procesado no tenía derecho a ese subrogado penal, por cuanto en su caso no se cumplía con el requisito objetivo, relacionado con el quantum de la pena, exigido por el artículo 38B del Código Penal, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014. Así razonó el juzgador de primera instancia:
Ahora, el Código Penal Sustantivo señala en los artículos 38 y 38B, modificados por la Ley 1709 de 2014 que la ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de la residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el juez determine, siempre en (sic) cuando la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos; que no se trate de uno de los delitos contemplados en el artículo 68A, inciso segundo, del mismo estatuto penal, y que se demuestre el arraigo del condenado.
Pues bien, en virtud de la reforma legal del año 2007 al delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, el mínimo es de 9 años; en consecuencia, este beneficio también se torna improcedente. Para este fin no se tendrá en cuenta la complicidad, ya que no surgió de la conducta punible cometida, sino del acuerdo sobre la dosificación penal.
7. La propuesta de resolución del caso concreto:
De esa manera, se podría conciliar de manera adecuada, frente a los cometidos de aminorar la punibilidad como compensación por la admisión de responsabilidad del acusado, la alteración de la tipificación de la conducta en los términos previstos en el numeral 2º del inciso segundo del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, lo que obviamente debe conjugarse con la consideración de todas las variantes que como circunstancias concurrentes inciden en los extremos punitivos de la conducta punible imputada de manera legal, a fin de precisar con singularidad e individualidad, si en el caso concreto la “pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos”.
Así las cosas, es manifiesta en este caso la improcedencia del mecanismo sustitutivo, por cuanto en la situación del procesado E.G. no se reúne el requisito de índole objetivo que lo haría viable, porque la pena mínima prevista para el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en calidad de autor de la conducta punible, por el cual fue declarado penalmente responsable, es de 9 años, monto que sobrepasa los 8 años que establece el artículo 38B del citado estatuto, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014.
En consecuencia, no se advierte la transgresión de garantía alguna del procesado, cuando no se reconoció en su favor el derecho a la sustitución por domiciliaria de la pena de prisión que le fue impuesta en relación con el delito que, como fórmula de preacuerdo, fue degradado en su punibilidad a través de la mutación de autor a cómplice en su forma de participación criminal, por lo que la sentencia no se debió casar en este sentido.
En este asunto se condenó al procesado por una modalidad de participación que no corresponde a la conducta óntica y típica. Se declaró al incriminado responsable en calidad de cómplice cuando la estricta tipicidad era la de autor en un delito de porte de armas en el que ninguna persona distinta a E.G. intervino en la consumación del delito. Además se examinaron los requisitos del sustituto penal bajo presupuestos jurídicos que no correspondían.
En tales condiciones el juez no podría hacer control material y debe acertar el preacuerdo cuando se pacta condenar 1) como cómplice a quien ha sido único autor de un reato, 2) por delito culposo al que ha ejecutado uno doloso, 3) no condenar por el delito consumado que está excluido de subrogados o sustitutos y hacerlo por una modalidad que si tolere esos beneficios, 4) al responsable de una conducta punible que constitucionalmente lo inhabilite de por vida para ejercer cargos y funciones públicas sentenciarlo por una modalidad que no conlleve esa pena, 5) cambiar la tipicidad de un delito no querellable a una que lo sea, o alterar la estricta tipicidad que conlleve drásticas reducciones a la pena máxima prevista, 6) admitir el preacuerdo que lleve como único beneficio la readecuación de la conducta a un concurso homogéneo de delitos cuando se ha incautado 1.000 papeletas de cocaína que contienen cada una un gramo de la sustancia, en lugar de la modalidad agravada.
Los ejemplos señalados son los problemáticos en los preacuerdos y con base en los cuales he venido desde hace varios años estructurando el salvamento de voto que supera esas dificultades, aquellos representan una amenazada a la justicia material, a la legalidad, tipicidad estricta, debido proceso, derecho a la igualdad, garantías de la víctimas, pues pueden conllevar a la extinción de la acción penal por vía de la caducidad o prescripción de la acción penal, desconocer la voluntad del legislador, entre otros supuestos más.
El salvamento de voto se aparta del criterio mayoritario de la Sala, por cuanto que los preacuerdos no son instrumentos autorizados por la ley procesal penal para descocer y alterar la responsabilidad que corresponde al infractor por el delito cometido; criterio que se apoya en la naturaleza de aquellos, sus fines, las garantías y derechos de las partes y los intervinientes, el beneficio buscado que no puede tener sino repercusiones en la pena, los principios generales del derecho, las reglas del ordenamiento jurídico interno vigentes y las asumidas por la Corte Constitucional.
Los preacuerdos por definición se celebran con culpables del delito cometido, el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal al referirse a los fines de dicho mecanismo no estableció ninguno compatible con la exoneración o modificación de la responsabilidad penal por el delito ejecutado.
En los preacuerdos la sanción y solamente esta, se puede obtener a través i) de una rebaja en un monto determinado de la pena prevista para el delito, ii) en la cantidad que represente el pacto de no tener en cuenta para la fijación de la sanción lo que represente una agravante o cargo específico (degradación) o para esos mimos propósitos el guarismo de sanción al que equivalga una tipicidad relacionada de reproche punitivo menor (readecuación), sin que ninguno de los supuestos anteriores implique alteración de la responsabilidad por el ilícito cometido, iii) en la porción que fije la pretensión punitiva de la fiscalía, como en la culpabilidad preacordada, iv) o sin beneficio por mandato legal, como cuando se admite el negocio después de iniciado el juicio oral o el ordenamiento prohíbe descuentos dada la naturaleza de la conducta ilícita.
Los preacuerdos no son patrimonio exclusivo del sistema inquisitivo o acusatorio, dependiendo del rito que corresponda a los hechos judicializados se aplicaran los principios, valores, derechos y garantías que en cada sistema corresponda a los institutos de justicia premial.
Los fines perseguidos con el preacuerdo están consignados en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal y consisten en la humanización de la actuación procesal y de la pena, la pronta y cumplida justicia, lograr la solución de los conflictos sociales provocados por el delito, la reparación integral de los perjuicios ocasionados, la participación del imputado en la definición de su caso, de estos derechos son titulares todas las partes e intervinientes dentro de un marco de legalidad, de respeto por las garantías fundamentales, de prestigio a la administración de justicia y de evitar su cuestionamiento.
La fijación de los alcances de los preacuerdos no pueden marginarse de los fines, ni siquiera parcialmente, de no ser así se corre el riesgo de desnaturalizar la institución y sacrificar garantías y derechos fundamentales de las partes e intervinientes.
Ninguno de los fines señalados apunta a que con los preacuerdos se renuncia a la responsabilidad del inculpado por el delito cometido, esto último resulta incompatible con la enunciación que el legislador hace en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, allí solamente se tolera por su naturaleza la modificación de la pena, la que se puede obtener a través de instrumentos o procedimientos como la fijación de un monto, la degradación, la readecuación, o la culpabilidad preacordada, ectra(sic).
Tampoco los fines señalados o las reglas que regulan los preacuerdos toleran la posibilidad de renunciar a la vedad de los hechos ni a desconocer lo demostrado con los elementos de prueba aportados al proceso. Al establecer el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal que se puede “llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias” no puede tenerse como una autorización para ignorar los hechos y las pruebas, precisamente por los condicionamientos que en esa materia hizo la Sentencia C-1260 de 2005.
El artículo 348 del Código de Procedimiento Penal asigna como finalidad de los preacuerdos la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el delito a la víctima, quien también tiene protegida la necesidad de conocer la verdad y que el caso se resuelva con justicia. Este es un derecho constitucionalmente reconocido a la víctima en el proceso penal.
La naturaleza constitucional de los derechos y garantías de la víctima están fincados en el numeral 7º del artículo 250 de la Carta Política, contra este mandato superior no se puede legitimar condenas por delitos en modalidades no cometidas.
Las anteriores premisas imponen la necesidad de admitir que la afectación de los derechos y garantías de las víctimas, dada su naturaleza constitucional, está proscrita de los preacuerdos, a tenor de lo señalado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal al establecer que obligan al juez “salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales”, naturaleza esta que tienen la verdad, la justicia y la reparación.
Cierto es que la víctima no está obligada a aceptar los perjuicios del preacuerdo (CPP, art. 351, inc. 6º), pero ante la misma u otra jurisdicción el reclamo no puede desconocer la declaración de responsabilidad penal fundada en los supuestos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta en el proceso penal y por los que se le declaró responsable y condenó, como ha quedado expresado anteriormente. Que así lo es, lo ha reconocido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ejemplo de ello es la sentencia proferida el 6 de febrero de 2007 en el expediente con radicación 45.736, en la que se expresó:
“Y más recientemente, en Sentencia 164 de 14 de octubre de 2004, expediente 7637, dijo la corporación: ‘para justificar las razones de tal influencia o interdependencia, ha puntualizado la Corte que los pronunciamientos penales..., de suerte que, una vez sea decidido, en forma definitiva, un preciso punto por el juez penal, no es dable a otro, aunque sea de distinta especialidad, abordarlo de nuevo, pues se encuentra cobijado por la autoridad de la cosa juzgada, postulado que, ‘amén de precaver decisiones incoherentes y hasta contradictorias que tanto envilecen la confianza y la seguridad que los asociados deben descubrir en la justicia, rinde soberano homenaje a la sindéresis desde que parte de la premisa incontestable de que un mismo hecho no puede ser y no ser al mismo tiempo. La verdad es única, ‘y no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antagónicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario’ (cas. civ. de 29 de agosto de 1979. Cfme. cas. civ. 12 de octubre de 1999, Exp. 5253)”.
Con criterio semejante al expuesto lo ha admitido la Sala de Casación Penal al señalar que la fuente de la responsabilidad civil queda definida en el proceso penal y no es objeto de discusión ni quiera en el incidente de reparación (AP-2865-2016, Rad. 36783 de 04-05-2016).
La solución de los conflictos sociales conforme al artículo 348 del Codigo de Procedimiento Penal deben respetar los marcos de legalidad y las garantías fundamentales.
“No debe olvidarse, en efecto, que en virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a establecer claramente en que (sic) circunstancias una conducta resulta punible (...). No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado de derecho (C.P., art. 113)”.
“(...) la labor, en este caso del fiscal, se limita a verificar si una determinada conducta se enmarca en la descripción típica legal previamente establecida por el legislador o en una relacionada de pena menor”.
Bajos los supuestos señalados, los preacuerdos no pueden ser el instrumento para introducir modificaciones a las prohibiciones constitucionales o legales, regla contra la que atentan, entre otros supuestos, los beneficios dobles, cuando ha de pactarse “una única rebaja compensatoria por el acuerdo” (CPP, art. 351-2).
Lo propio acontece cuando la tipicidad que corresponde a la acción ejecutada prohíbe a perpetuidad ejercer derechos y funciones públicas (peculado por apropiación) y se cambia o readecúa en el preacuerdo por denominación jurídica para obviar esa prohibición; o siendo el ilícito consumado de aquellos para los que se restringe un subrogado o sustituto se reubica la conducta en norma penal que si lo tolera (concierto para delinquir agravado por simple).
Pero también la modificación de la responsabilidad penal a través de los preacuerdos puede facilitar el otorgamiento de beneficios indebidos por estar prohibidos por la ley o la Carta Política, afectándose la legalidad y la exclusión de doble beneficios. Ejemplo de estas situaciones se presentan cuando se eliminan agravantes o cargos o se hacen readecuaciones típicas que conllevan superar el factor objetivo para el otorgamiento de un subrogado, sustituto o imposición de una pena especial.
La condena por delito no cometido, afectándose la responsabilidad penal que corresponde, también puede dar lugar al desconocimiento de la prohibición del doble beneficio, se puede trasladar la adecuación de la conducta de un delito que excluye un sustituto penal a otro que si lo admite, el doble premio se representa en la eliminación de la prohibición (un aspecto de la ejecución de la pena) y necesariamente en la pena menor que se concede.
Para resguardar garantías nunca se puede declarar responsable al procesado en los preacuerdos por una tipicidad convenida, esta debe ser la que corresponde a la estricta tipicidad de los hechos, solo que la pena y los subrogados si pueden ser negociados en cualquiera de las modalidades de los preacuerdos.
El criterio de la Sala mayoritaria y el expresado en este salvamento de voto, ofrecen al caso concreto idéntico resultado punitivo, se diferencian en que para la Sala en los casos de readecuación o de degradación la responsabilidad debe ser por el delito acordado entre las partes, en tanto que en el salvamento voto se opta declarar la culpabilidad por el delito cometido (imputado con estricta tipicidad), pero en uno u otro caso se ha de imponer la misma sanción, la que equivalga al monto de una agravante o de una tipicidad relacionada.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-1260 de 2005, precisó que la única potestad que tiene la fiscalía en los pactos jurídicos del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal es adecuar la conducta conforme a la tipicidad que estrictamente le corresponde:
“(...) que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente.
Lo decidido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1260 de 2005 en la parte resolutiva constituye ratio decidendi para los actos de adecuación que ejecuta el fiscal en todas las modalidades de los preacuerdos, lo que conlleva a la aplicación del artículo 48 de la ley estatutaria de la administración de justicia que establece que “serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general”.
El numeral 2º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal se construyó sobre dos supuestos, el primero atañe a la tipificación de la conducta de una forma específica y cuyo alcance la Corte Constitucional condicionó a un acto de adecuación que corresponda al punible cometido y por el que se ha de juzgar al procesado, de esa ilicitud es que debe declararse culpable el incriminado, a tenor del texto legal citado. La segunda premisa de la norma en comento corresponde a la expresión a “cambio de que” y que el numeral en cita identifica con la expresión “disminuir la pena”.
Solamente cuando se define la condición, esto es, la culpabilidad, en los términos señalados, surge el derecho al beneficio. En ese contexto está la redacción del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal:
En las condiciones señaladas, la sanción a imponer como consecuencia del preacuerdo, la ley permite obtenerla i) a través de la fijación de un monto en concreto conforme a los topes permitidos según la fase procesal en que se presente el preacuerdo, ii) o por el guarismo que represente eliminar una circunstancia de agravación, un cargo específico, una readecuación típica relacionada o la culpabilidad preacordada, metodología que no implica afectar el juicio de responsabilidad que corresponde conforme a la estricta tipicidad a la conducta ejecutada.
El ejercicio de la acción penal es reglado y obligatorio, es lo que se deriva del artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, al disponer:
El abandono de la acción penal solamente es posible a través del principio de oportunidad. Excepcionalmente puede hacerse en el juicio oral a través de la petición de absolución por expresa autorización que hace el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal que impide condenar por delitos por los que no se haya solicitado condena.
La naturaleza que la ley le otorgó a los preacuerdos resultan incompatibles con la renuncia al ejercicio de la acción penal, son mecanismos de política criminal para la terminación del proceso sin impunidad, no para absolver sino para condenar a los responsables de delitos, con derecho a una rebaja de pena, dado que con ello se obtiene, entre otros propósitos, una pronta y cumplida justicia.
De ahí que, la eliminación de un cargo permitida en el numeral primero del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal no puede equivaler a la renuncia al ejercicio de la acción penal. Por lo que se ha explicado, el preacuerdo no conlleva a la exoneración de responsabilidad, la que en la hipótesis de marras debe declararse, solo que en virtud del preacuerdo se otorga una exención de punibilidad, solución que resulta compatible con lo que viene exponiéndose, esto es, la prohibición de renunciar a la acción penal, la afectación de los derechos a las víctimas al modificarse la responsabilidad penal que corresponde por un delito consumado.
Los servidores públicos y específicamente los vinculados con la administración de justicia deben obrar con objetividad, el incumplimiento a este supuesto les genera responsabilidad (C.N., art. 124).
La proposición jurídica que completa el principio de objetividad con el que debe obrar la fiscalía en los preacuerdos y que constituye límite de sus actuaciones, corresponde al postulado del artículo 2º de la Carta Política en el que se prevé como fin esencial del Estado garantizar la participación de todos en las decisiones, la efectividad de los derechos y la vigencia de un orden justo.
Los factores señalados involucran la necesidad que los negocios jurídicos de la fiscalía en los preacuerdos deben aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.
En sentencias C-037 de 1996 y SU-047 de 1999 la Corte Constitucional declaró sobre el carácter vinculante del precedente que corresponde a la ratio decidendi y el decisum, siendo solamente criterio auxiliar no obligatorio de la actividad judicial los conceptos que corresponden a un obiter dictum, esto es, los dichos de paso sin relación directa con las razones con base en las cuales se resuelve el problema jurídico.
“(...) una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial solo puede apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contra argumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii) discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones de su desconsideración en el caso que se juzga”.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del numeral 2º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal en la Sentencia C-1260 de 2005. En este fallo se citó como texto de la norma acusada, el siguiente:
“Es claro, entonces, que cuando el numeral acusado refiere a que el fiscal podrá adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo —preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación— en el que el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal “Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”, no se refiere a la facultad del fiscal de crear nuevos tipos penales, pues tratándose de una norma relativa a la posibilidad de celebrar preacuerdos entre la fiscalía y el imputado, la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal penal está referida a una labor de adecuación típica, según la cual, se otorga al fiscal un cierto margen de apreciación en cuanto a la imputación, pues con miras a lograr un acuerdo se le permite definir si puede imputar una conducta o hacer una imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación el fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.
En conclusión, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 2º, del artículo 350 de la Ley 906 de 2004, que dispone que “Tipifique la conducta de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena”, en el entendido que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente (fuera de texto la negrilla).
Es incuestionable que la Corte Constitucional en la sentencia de exequibilidad C-1260 de 2005 incorporó como regla jurisprudencial y fuente de derecho para interpretar y aplicar el numeral 2º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal que el fiscal frente a los hechos única y exclusivamente puede adecuar la conducta haciendo “la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente”.
Aunque la decisión se vinculó normativamente al numeral 2º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, que regula el preacuerdo con readecuación, el supuesto de hecho o problema jurídico resuelto y referido anteriormente, corresponde a la adecuación típica que de la conducta debe hacer el fiscal para todos los preacuerdos, esto es, el simple, con degradación, la culpabilidad preacordada o sin rebaja punitiva. Opera, entonces, en este caso, la misma solución en derecho para idéntica labor de calificación jurídica que debe ejecutar el fiscal a la conducta objeto de negocio jurídico.
Se ha dicho que la afectación de la responsabilidad de los preacuerdos pueden conllevar impunidad, como por ejemplo si por razón del trascurso del tiempo y la pena a aplicar se readecua la conducta prevaricadora a un abuso de autoridad, o un delito doloso a uno culposo, o a un bien jurídico por ilícito cuya pena prevista es mínima, se reduzca a tres años. Este obrar así podría dar lugar a que al proferirse el fallo de segunda instancia esté prescrita la acción penal, habida consideración del término trascurrido desde la imputación a la fecha en que se ha de pronunciar el ad quem.
Lo propio ocurre cuando se hace preacuerdos por delitos que la Ley 1474 de 2011 los excluye de subrogados o beneficios, como por ejemplo, en los ilícitos dolosos contra la administración pública preacordar la modalidad culposa para beneficiar al procesado con la menor pena y de paso eliminar la prohibición para el otorgamiento de un mecanismo que está legalmente prohibido, o admitir que se cometió concierto para delinquir agravado a cambio de que se le dé tratamiento punitivo de concierto para delinquir simple, y, así, muchos más casos se pueden ofrecer de asuntos en donde el preacuerdo se convierte en un instrumento para jugar con la justicia, riesgo que se evitaría si se condena por el delito cometido y se impone la pena por el delito acordado como beneficio propio del preacuerdo.
El reintegro del 50% del valor del incremento patrimonial obtenido por el sujeto activo y el aseguramiento del recaudo del remanente (art. 349 íd.) son condiciones sin las cuales no es posible asignarle eficacia y exigibilidad a los preacuerdos.
Si se modifica la tipicidad del comportamiento al alterarse la cuantía, el tipo penal que resulta de ese pacto no es equivalente al consumado sino a uno menor, de aceptarse responsabilidad por este último, conlleva una vulneración del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal y por ende del principio de legalidad.
Las normas que integran la Ley 906 de 2004 y especialmente las que regulan los preacuerdos, registran que la intención del legislador con los negocios jurídicos, cualquiera sea su especie, fue la de otorgar una rebaja de pena como beneficio por aceptarse responsabilidad en el delito cometido, de ahí que las modalidades del inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal o del 367 y 369 ídem no sean más que instrumentos para cuantificar la sanción como consecuencia de la culpabilidad.
Así, por ejemplo, en los artículos 350, 351, 352 y 353 del Código de Procedimiento Penal, entre otros, se manifestó expresamente que los preacuerdos se celebran “con miras a disminuir la pena”, o para una “pena menor”, buscando un “cambio favorable con relación a la pena”, o que la modificación en la pena sea “la única rebaja compensatoria por el acuerdo”, en fin que el propósito del negocio jurídico sea que “la pena imponible se reducirá”, o que se logren “los beneficios de punibilidad”. En los artículos 367, 369 y 370 ejusdem se lee “De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados” o “la fiscalía deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere” o “no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la fiscalía”.
Si la Corte Constitucional en la Sentencia C-1260 de 2005 señaló que la fiscalía ha de someterse en la adecuación de la conducta a la calificación jurídica que le corresponde a los hechos, está admitiendo como contra cara del argumento expresado que en el preacuerdo el beneficio recae sobre la tasación de la pena y su ejecución, no sobre la responsabilidad.
Un ejemplo que denota la importancia de esta regla estriba en que la reparación e indemnización de la víctima está en relación directa con la responsabilidad declarada y no con la pena impuesta, así lo declara expresamente el texto del artículo 2341 del Código Civil, por lo que si en el proceso penal se condena por el delito cometido, las garantías del procesado o de las demás partes e intervinientes no se afectan con las rebajas de las penas o la ejecución de las mismas.
El artículo 350 del Código de Procedimiento Penal establece como modalidades de preacuerdos:
Las partes pueden o no acordar las consecuencias de la conducta punible, a decir del artículo 351-2 del Código de Procedimiento Penal.
La rebaja, por límites legales, será hasta del 50% si el convenio se realiza entre la formulación de imputación y antes de la presentación del escrito de acusación (CPP, arts. 350-1 y 351-1); de la tercera parte si es posterior a la presentación del escrito de acusación y hasta antes del inicio del juicio oral (art. 352 íd.), o de la sexta parte si es en el juicio oral, pacto este que debe ser expresado cuando se conceda la palabra al procesado para que se declare inocente o culpable (art. 358 ib.).
Esta forma de preacordar está fijada en el inciso segundo y el numeral primero del artículo 350 ídem, con las siguientes expresiones: “el imputado se declarara culpable del delito imputado” o de “uno relacionado de pena menor”; si esta condición ocurre se genera como consecuencia el beneficio, pues se establece seguidamente “a cambio”, autorizándose que el fiscal “1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico”.
El precepto que regula el preacuerdo con degradación, en el inciso de marras, solamente admite que el incriminado se declare responsable por el “delito imputado” o de uno relacionado de pena menor” y esta adecuación en cualquiera de esos casos no puede apartarse de la estricta tipicidad porque así se dispuso en la Sentencia C-1260 de 2005 y no puede darse un entendimiento diferente al ya fijado en dicha sentencia de la Corte Constitucional.
El numeral primero alude a la eliminación de una agravante o un cargo específico, dos supuestos a los que haremos referencia seguidamente.
Se parte de la regla que establece el inciso 1º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, que el fiscal y el procesado aceptan que este último se declara culpable del delito o los ilícitos que se le atribuyeron en la audiencia preliminar o uno relacionado de pena menor porque es la calificación que corresponde a los hechos, o en su caso y de haber ocurrido, por el o los reatos señalados en la audiencia en la que se adicionó los formulados en la imputación, en otros términos, “el imputado se declarará culpable” del delito imputado o relacionado que resulte de la estricta tipicidad del caso.
El inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, dada su construcción, en los preacuerdos le da el carácter de presupuesto al hecho que el indiciado o procesado admita culpabilidad (“se declarará culpable”) por el “delito imputado”, pues, solamente después de este anuncio que hace el legislador es que señala el beneficio, al expresar “a cambio de que el fiscal”.
Registrada la situación en los términos explicados en el párrafo anterior, en el preacuerdo debe consignarse luego el beneficio, la disminución de la pena calculada en los términos ya indicados para cuando se acude a alguno de los supuestos del numeral 1º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal.
En párrafos anteriores se han ofrecido las razones por las que no hay lugar a modificar la estricta tipicidad que corresponde a los hechos juzgados en los preacuerdos, por tanto el beneficio que resulta del negocio jurídico en la modalidad de eliminación de una agravante no conlleva la modificación de la responsabilidad penal y representa exclusamente la deducción de lo que equivale punitivamente en la tasación de la pena los conceptos referidos de eliminar una agravante o cargo específico.
Cuando el negocio jurídico consiste en la eliminación de un cargo, se parte de la base que se acepta culpabilidad por los reatos que fueron registrados en la audiencia de imputación o en la acusación, la eliminación únicamente afecta la imposición de la pena, hay que repetir hasta la saciedad que a través de los preacuerdos no se puede renunciar al ejercicio de la acción pernal, como se explicó anteriormente.
Esta modalidad de negociación está prevista en el inciso segundo del artículo 350 del Código Penal.
El juez según el texto legal examinado debe condenar por el delito que corresponda a la tipicidad readecuada y no por la imputada o acusada, pues se indica que “el imputado se declarará culpable..., de uno relacionado de pena menor”, debiendo imponer la pena que corresponde a la ilicitud acordada.
Gramaticalmente el legislador con la redacción del inciso 2º del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal pareciera que autoriza condenar por un delito negociado y no por el reato cometido, ese entendimiento no debe ser aceptado, pues ello implica modificar la responsabilidad del delito ejecutado, lo que es imposible en cualquier preacuerdo, porque con ello se afecta el debido proceso, los principios de tipicidad, las garantías de verdad, justicia y reparación, la justicia material y el precedente jurisprudencia de carácter constitucional vigente.
Para el preacuerdo con readecuación típica, debe decirse que el inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, al referirse a las formas de aceptación de responsabilidad por el delito imputado o aceptación de culpabilidad por el delito preacordado típicamente, indica el beneficio con la frase “a cambio de que el fiscal” y enuncia seguidamente las posibilidades i) la eliminación de una agravante o cargo específico y ii) la tipificación de la conducta que implique una pena menor, hipótesis para las cuales ya se explicó que solamente son un mecanismo que debe convertirse en un monto de pena para definir el guaranismo a tener en cuenta para rebajarla.
La redacción del inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal pareciera permitir que los supuestos de los numerales 1º y 2º del inciso segundo se pueden aplicar a las dos modalidades de preacuerdo que allí se refieren (preacuerdo con degradación y preacuerdo con readecuación), pero un examen sistemático de este texto con el ordenamiento jurídico, la dogmática penal y sus principios, nos llevan a precisar que la naturaleza del preacuerdo con degradación solo admite el supuesto del numeral segundo del artículo 350 ejusdem.
La expresión “Uno relacionado” de pena menor es solamente el factor de referencia para la conversión a un guaranismo que representa la rebaja de pena a otorgar y no como criterio modificador de la responsabilidad del delito cometido.
El legislador limitó los beneficios en los preacuerdos, otorgando el derecho a ellos si se celebran en determinado momento procesal, no fueron previstos si el negocio jurídico se realiza con posterioridad al inicio del juicio oral pero antes de la presentación del caso en el juicio oral y también los excluyó para determinadas conductas punibles por su gravedad o la condición de la víctima (minoría de edad o femenicidio).
El procesado asesorado por su defensor puede aceptar los cargos formulados en la acusación de manera consensuada con el fiscal en la fase procesal indicada anteriormente, caso en el cual el legislador no previó beneficio, lo que no obsta para que el negocio jurídico en estas condiciones surta sus efectos, si de tal situación se la ha suficientemente al procesado.
El artículo 369 del Código de Procedimiento Penal autoriza al fiscal a fijar la pretensión punitiva (“no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la fiscalía” —art. 370 ejusdem—) si se conviene la culpabilidad con la defensa y el procesado, “en los términos previstos en este código”, lo que debe hacerse conocer del juez para su aprobación en el inicio del juicio oral.
El inciso segundo del artículo 367 del Código de Procedimiento Penal otorga una rebaja de pena de la sexta parte si el incriminado unilateralmente acepta culpabilidad. Los textos que integran el capítulo de la instalación del juicio oral no refieren en concreto cuanta pena se debe disminuir como premio por lo que el legislador denomina manifestaciones de culpabilidad preacordada, solo se anuncia que el fiscal debe expresar la “pretensión punitiva” y que “no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la fiscalía” (CPP, arts. 369 y 370).
El irrespeto a las garantías y derechos, de los que se ha dado cuenta en este estudio, sería la razón atendible para que el juez improbara las manifestaciones de culpabilidad preacordada, por lo que su celebración ajustada a derecho le otorga al fiscal la potestad de fijar la punibilidad, en la que ha de tener en cuenta el estado de a actuación, el principio de legalidad de las penas, la proporcionalidad, el aporte a la justicia, las realización de las finalidades a que se refiere el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal.
En los casos en que los subrogado o sustitutos penales estén prohibidos por la ley, tales mecanismos no pueden ser autorizados por el preacuerdo.
Los supuestos para la definición de los subrogados, cuando no se trata de exclusiones o prohibiciones, se circunscribe no a la responsabilidad declarada sino sobre la pena impuesta y el marco de punibilidad de donde se deriva esta, de ahí depende normativamente el requisito objetivo de aquellos, el marco de punibilidad no es el del tipo penal que se tuvo en cuenta para definir la responsabilidad sino el que resulta de la punibilidad negociada para el caso concreto y la sanción impuesta.
En materia de preacuerdos, por regla el juez no puede hacer control material, solamente por vía excepcional debe hacerlo si de manera grosera, arbitraría, se desconoce la estricta tipicidad. No habría lugar cuando sobre la adecuación no hay duda, ni se trata de un supuesto jurídico discutible, problemático.
1 CSJ AP, 10 mayo 2006, rad. 25389. En el mismo sentido, CSJ AP, 20 nov. 2013, rad. 41570.
2 CSJ SP, 15 oct. 2014, rad. 42184.
3 CSJ AP, 20 nov. 2013, rad. 41570.
5 Cfr. CSJ SP, 12 sep. 2007, rad. 27759.
6 Mínimo probatorio que resulta ineludible, como en su oportunidad lo subrayó la Sala: CSJ AP, 10 mayo 2006, rad. 25389.
8 CSJ SP, 12 sep. 2007, rad. 27759 (subrayas y negrillas en el texto). En el mismo sentido, cfr. Igualmente, cfr. CSJ AP-7233-2014, 26 nov. 2014, rad. 44906.
9 En este sentido, cfr. CSJ AP-7233-2014, 26 nov. 2014, rad. 44906.
10 Cfr. CJS SP-13939-2014, 15 oct. 2014, rad. 42184. En el mismo sentido, CSJ SP-10299-2014, 5 ago. 2014, rad. 40972; CSJ SP, 6 feb. 2013, rad. 39892; CSJ SP, 8 jul. 2009, rad. 31280; CSJ SP, 15 jul. 2008, rad. 28872.
11 Cfr. CSJ SP-2168-2016, 24 feb. 2016, rad. 45736; CSJ SP-7100-2016, 1º jun. 2016, rad. 46101. El mismo entendimiento se desprende de la CSJ SP-3103-2016, 9 mar. 2016, rad. 45181.
12 CSJ SP-2168-2016, 24 feb. 2016, rad. 45736.
13 Luigi Ferrajoli, El juicio penal, en: Epistemología jurídica y garantismo. Distribuciones Fontamara, México, 2006, p. 233: “Las sentencias… exigen una motivación fundada en argumentos cognoscitivos de los hechos y recognoscitivos del derecho, de cuya verdad jurídica y fáctica, depende tanto su validez o legitimación jurídica (o interna o formal), como su justicia o legitimación política (o externa o sustancial)”.