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Timestamp: 2017-09-26 18:12:44
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10 marzo 2014 1 10 /03 /marzo /2014 22:18
Las estipulación probatoria es retractable, si se presenta de común acuerdo entre defensa y fiscalía.
Art. 356CPP, CSJ, S.P, Auto AP 55892016, agosto 24-2016. M.P Guillermo Salazar Otero.
Excepcionalidad de la medida de aseguramiento: detención preventiva.
Desde la Comisión Interamericana de DDHH y la CN, se ha evidenciado que en Colombia la detención preventiva es prima ratio y no excepcional, adelantando una posible redención de la pena e incumpliendo en algunos casos los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad convicción.
Además, se evidencia que se incumplen los DDHH de los internos y se violentan de cara al hacinamiento, salud, relaciones sentimentales, familiares, entre otras.
CN Sent. T 276 mayo 25 de 2016. M.P Jorge Ignacio Pretelt.
Plazo razonable debe exigirse en procesos de extinción de dominio.
A estos procesos debe aplicársele la ley 1708 de 2014; además la CN, pidió a la fiscalía, a la Agencia Nacional para la Defensa del estado y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura celeridad y plazos razonables en estos procesos.
CN. Sent. SU 394, julio 28 de 2016, MP. Gloria Stella Ortiz.
Petición de conexidad procesal y oportunidad para hacerlo.
La fiscalía lo puede hacer al formular la acusación y la defensa y la victima en la preparatoria.
Art. 51 de la ley 906 de 2004. CN C 471, agosto 31 de 2016. M.P. Alejandro Linares.
Inconducente solicitar nulidad contra escrito de acusación.
Es una medida procedente contra las actuaciones de los funcionarios judiciales, no contra los actos de parte. CSJ, SP. AP 55632016 (48573), agosto 24 de 2016. M.P. Gustavo Enrique Malo.
Delito de estafa, cambia de teoría en 2016
Ya las condiciones personales de las partes cuando se deriva el negocio jurídico no influyen, pues esta causal exoneraba de responsabilidad penal a partir del reproche que se le hiciera al sujeto pasivo por el no uso de mecanismos de protección para evitar el menoscabo al patrimonio; la Corte cambia su postura, argumentando que esto permitía el engaño y el fraude en las relaciones contractuales.
CSJ, SP Sent. SP 94882016 (42548)/2016 M.P Antonio Hernández
La opción sexual diversa es un derecho constitucional y ni los establecimientos educativos, ni el Estado pueden restringirla.
Restringir las manifestaciones de individualidad, relacionadas con su identidad de género, el artículo 13 CN prohíbe que se discrimine por estos factores y el desconocimiento a este derecho no puede hacerse basados en autonomía universitaria u orientación filosófica.
CN, Sent. T 367/2016, M.P. Gloria Ortiz.
Todo colombiano es donante de órganos
Quienes no lo deseen deben manifestarlo formalmente y autenticado, además de radicarse ante el Instituto Nacional de Salud.
Ley 1805/2016.
Pago de la indemnización y el derecho a la libertad.
El articulo 63 y 64 del código penal, están subordinados a la reparación de los perjuicios; sin embargo en el art. 65 del código penal, se establece la acepción por imposibilidad de pago por parte de procesado, dado por la imposibilidad económica.
Lo anterior, no implica la exoneración total, pues la victima puede acudir a la jurisdicción dado que la decisión judicial presta merito ejecutivo.
CS de J, Sala Penal Sent. STP 657822016 (85888), MAYO 19/2016 M.P. JoséBarcelo.
Los animales seres sintientes y bienes jurídicos
Considerar a un animal como un bien jurídico de naturaleza muebles semovientes, no se opone a considerarlos seres sintientes y dignos de protección contra el maltrato.
CN, comunicado Sent. C 467, agosto 31 de 2016.
Declaración de menor abusado sexualmente debe ser cotejada con otras pruebas.
La declaración del menor debe ser cotejada con los otros medios de convicción recaudados con el fin de verificar el grado de credibilidad y veracidad de la declaración rendida.
Los relatos se narran acorde con sus recuerdos, también estas manifestaciones pueden faltar a la verdad, por lo que es imperioso valorar estos testimonios como el de cualquier otro testigo.
CSJ, SP, SENT. SP 95082016 (47124), julio 13 del 2016.
Reformas a la detención preventiva.
La ley 1760 de 2015, no es aplicable la ley 600 de 2000; y la ley 1786 de 2016, entra a regir el 1 de julio de 2018.
CSJ, SP Auto AP 44812016 (35691), julio 13-2016, M.P. Gustavo Enrique Malo.
Apelación del auto que admite o niega pruebas.
La Corte suprema acaba de variar su postura, de cara a que se puedan apelar tanto la decisión que niega una prueba como la que la concede.
A partir de este momento solo se podrán apelar las decisiones que niegan una prueba, no las decisiones que las conceden; lo anterior, no afecta el carácter adversarial del sistema acusatorio, dado que conforme al 359 CPP, las partes pueden solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios disuasorios que resulten inútiles, impertinentes, repetitivos, ilegales u obtenidos con violación de garantías fundamentales.
CSJ, SP, Auto 48122016 (47469) julio 27-2016, M.P. Gustavo Enrique Malo.
Autorización para los jueces de garantías, para decretar medidas de aseguramiento con fundamento en hechos futuros.
Las medidas de aseguramiento son en esencia una medida protectora de hechos futuros y ello lo debe evaluar el juez.
Sent. C 231 de 2016, art. 2 de la ley 1760 y art. 308 del CPP.
El debido proceso tiene rango superior de carácter de derecho fundamental, por eso para que el Estado pueda punir de forma legal y legitima, debe estar irradiado del pleno cumplimiento da las garantías fundamentales y legales que conforman el debido proceso.
Art. 29 CN, 8, 9,10, 11 de la declaración universal de los derechos humanos.
El decreto 2467 de 2015, reglamento el cultivo, fabricación, y distribución de las plantas de marihuana con fines médicos y científicos; la ley 1787 de 2016, genero el marco regulatorio para permitir el acceso informado al uso médico y científico de la marihuana. Lo anterior modifica los artículos 375 a 377 del C.P; pero falta reglamentar, según los encabezados de dicha normativa.
El elemento subjetivo del tipo penal, es el de matar por el hecho de ser mujer, para establecer lo anterior, se requiere:
Antecedentes o indicios de amenazas en el ámbito domestico, familiar, laboral o escolar (no se requiere la existencia de denuncia o investigaciones anteriores).
Estudiar la existencia de la intención y el análisis de la culpabilidad.
Art. 2 de La ley 1761 de 2015, Sent. C 297 de 2016, CN, M.P. Gloria Stella Ortiz.
Momento de la existencia legal de las personas: nace el derecho de protección a la vida.
El derecho a la vida del que esta por nacer, goza de una protección diferente a la constitucional (legal, art 90 CC), por eso, la vida prenatal, no tiene titularidad del derecho a la vida.
CN, Sent. C327, junio 22 del 2016, Gloria Stella Ortiz.
Muere el obligado a pagar alimentos?
Con la muerte de la persona que está en la obligación de dar alimentos, no muere la obligación, pues esta se trasfiere a quien reciba la pensión de sustitución.
Sent. T 199, abril 26 de 2016, CN, M.P. Jorge Ivan Palacio.
La aceptación de cargos: aceptación simple?
En esta, la fiscalía y el procesado efectúan renuncias reciprocas; la primera renuncia a la obligación de investigar y acusar y el segundo renuncia a un proceso normal en donde pruebe y controvierta las de la acusación; sin embargo, para ello, la fiscalía debe contar con EMP de convicción mínima; de lo contrario, no se puede emitir un fallo condenatorio.
Art. 40 y 232 ley 600 de 2000; art. 351 de la ley 906 de 2004 y Sentencia S.P. 83292016 (46243), CSJ, junio 22 de 2016, M.P. José Luis Barceló.
Quienes pueden solicitar los subrogados penales y medidas sustitutivas:
La persona privada de la libertad, defensoría pública, procuraduría y el apoderado del detenido.
Ley 1709 de 2014, articulo 5, Sent. C 328 del 2016
En el decreto 1732 de 1938, se escribe en la historia una vergüenza nacional; el decreto prohibía dar visa colombiana a las personas sin nacionalidad o que la hubieren perdido, y para la época los que estaban en esa situación eran los judíos perseguidos por los Nazis.
A una de las personas que se le negó venir a Colombia, residenciarse y volverse docente en este país fue a Hans Kelsen, cosa contraria; efectuó USA, para con este notable jurista.
Principio de oportunidad no es aplicable a la justicia penal militar.
CN, Sent. C 326, junio 22 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
Las estipulaciones probatorias en el proceso penal
Es una figura jurídica donde las partes le solicitan al juez de su aval, en tener como prueba sin su práctica, hechos y circunstancias atinentes al proceso; esta institución no hace parte de la justicia premial y no puede implicar compromiso del principio de presunción de inocencia, no auto incriminación y demás DDHH.
La estipulación nace de la palabra stipulari: pactar o concertar, guardan relación directa con el descubrimiento probatorio, por ello son producto de la autonomía de las partes, pero con el respeto a los principios y DDHH, son irretractables y vinculantes y su etapa procesal es la preparatoria.
Es impensable, estipular el hecho que una mujer está en estado de embarazo y que el padre de la criatura es el procesado, estando de cara a un delito de violación y que futura madre y procesado sean víctima y victimario.
CSJ, SP. 27283 M.P Yesit Ramirez Bastidas.
El juez puede rechazar la solicitud de absolución que efectué la fiscalía.
La acusación es el acto que convoca al juicio, cuyo titular es la fiscalía por tener la acción penal; sin embargo, la solicitud de absolución, no puede entenderse como un retiro de los cargos, sino, como un acto de postulación presentada en sus alegaciones finales; lo anterior, debido a que la fiscalía una vez presenta el escrito de acusación es parte e interviniente, a su vez que existen otros intervinientes como el ministerio público, la víctima y el juez no es un mero arbitro, el juez esta para ver que se materialice la justicia y la defensa de los derechos y garantías de todos los intervinientes.
CSJ, SP. 68082016 (43837), mayo 25 del 2016, MP. Gustavo Enrique Malo F.
Impugnación de condena por primera vez.
A partir de abril 24 de 2016, procede que las decisiones condenatorias por primera vez, sean apeladas ante el superior Jerárquico. Ver. C 792 de 2014 y SU 215 del 2016.
El delito no justifica prorrogar la detención indefinidamente: delitos contra menores les es aplicable el vencimiento de términos.
Ver parágrafos 1 y 3 del Art. 317 CPP, CSJ, Sent. STP 60172006 (84957) MP: Francisco Acuña. Abril 26-16
Menores de edad deben cumplir la pena impuesta completa.
Los jueces no pueden crear nuevas condiciones punitivas, inexistentes para el momento de la conducta punible, por más que sean altruistas.
Con fundamento en el Art. 187 del Código de Infancia y Adolescencia y en el principio de legalidad. Sentencia SP 3122016 de marzo 9 de 2016 (46614), M.P Eyder Patiño.
La expresión: “o realice otro acto para encubrir el origen su origen ilícito” en el lavados de activos es inexequible.
Según el artículo 323 del CP, modificado por la ley 1762 de 2015, en su artículo 11; esta modificación constituye una violación al principio de legalidad, pues esta expresión convierte la norma en gaseosa y el derecho penal por principio debe tipificar las conductas que constituyen un delito, no se puede dejar en cabeza de un fiscal o un juez, el descubrir nuevas conductas delictuales.
CN, Sent. C191, abril 201 de 2016, MP. Alejandro Linares.
Menores si pueden visitar a presos que no estén en primer grado de consanguinidad.
El artículo 112 A, de la Ley 1709 de 2014, dice lo contrario, pero la norma desconoce el deber de conservar las funciones familiares, lo importante no es el grado, sino la prueba de unión familiar.
CN, Sent. C 026, feb. 3 de 2016 MP. Luis Guillermo Guerrero.
Retención en propia residencia es secuestro.
Mantener a una persona retenida en su propia residencia bajo amenaza configura secuestro, pues impide su libre movilidad, no es extorsión dado que el constreñimiento económico esta precedido de la restricción en el derecho fundamental de locomoción.
CSJ, SP, Sent. SP 15882016 (46211) febrero 10 del 2016 M.P Fernando Alberto Castro
Testimonio de la víctima, única prueba de cargo en delitos sexuales.
El testimonio de la victima puede ser considerada como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, incluso siendo la única prueba disponible, dado que estos delitos siempre se harán ocultos, se dificulta la existencia de otra prueba.
La valoración de dicha prueba debe hacerse con criterios de lógica razón y experiencia:
Credibilidad objetiva. Características físicas y psíquicas del testigo, como sordera, ceguera, trastornos, debilidad mental, otros.
Móviles espurios: odio, resentimiento, venganza, enemistad.
Análisis de credibilidad objetiva verosimilitud: lógica de la declaración, coherencias internas y externas, que no se modifiquen sustancialmente las declaraciones; que no se repita como lesión o disco aprendido y sin ambigüedades o vaguedades: con los detalles propio de estos hechos y sin contradicciones.
Nadie puede ser declarado penalmente responsable por hechos que no consten en la acusación de manera formal, ni por delitos que no se haya solicitado condena, entre sentencia y acusación debe existir total armonía, sino se vulnera el debido proceso por derecho a la defensa.
CSJ, SP 174572015 (44178) dic. 16-2015 MP. José Leónidas Bustos.
El hacinamiento carcelario es la muestra de una política criminal “populista e incoherente” CN.
El hacinamiento, infraestructura deficiente, la inseguridad interna, un servicio de salud formal, tienen al sistema penitenciario como una bomba de tiempo; en poco tiempo será insostenible el sistema actual, dado que se esta empleado una política criminal poco reflexiva, subordinada a políticas de seguridad, cerrada a medidas alternativas por el populismo, entre otras.
Esto hace que no se hable de resocialización en estos momentos, sino que las personas encerradas se ahonde en sus resentimientos sociales.
Sentencia T 762 - 2015 MP. Gloria Ortiz Delgado CN.
Prisión domiciliaria (conocimiento) y permiso para trabajar (Ejecución de penas) para la inasistencia alimentaria.
Si se tiene la finalidad de resarcir el daño económico efectuado antes de la sentencia y así se cumplirá con la garantía constitucional de alimentos por parte del juez.
CSJ, Sala Penal, comunicado No. 4, febrero 15/16
Nulidad por ignorancia del defensor.
La defensa técnica es una garantía constitucional, por ende la falta de experticia y habilidades del defensor de cara a enfrentar el juicio oral, general que se vulnere el debido proceso desde las probatorio, es asi, que sin el mínimo de conocimientos en la materia se afecta desde lo epistemológico y pragmático el sistema penal acusatorio.
CSJ, SP 4902016 (45790), enero 17 de 2016, MP. Gustavo Enrique Malo.
Principios orientadores para los preacuerdos.
El art 348 del CPP, fines del preacuerdo: humanizar la actuación procesal y la pena, obtención pronta y cumplida justicia, activar solución a los conflictos sociales, propiciar reparación integral y la participación del imputado.
Lo anterior, con armonía de los principios constitucionales y los perseguidos por el sistema penal acusatorio; no es un catalogo de buenas intenciones, sino que se deben ver reflejados en el preacuerdo.
CSJ, Sent. SP 162472015 (46688) nov. 25 del 2015 MP. José Luis Barcelo.
Protocolos a víctimas de violencia sexual.
Las entidades de salud, tiene que implementar protocolos de atención integral, el cual debe contener: interrupción voluntaria del embarazo, objeción médica, asesoría durante la gestación (adopción. Sent. C 754 2015, CN. M.P. Gloria Stella Ortiz
Inconformidad por actuaciones de la Fiscalía se debe acudir primero al mecanismo de recusación, no a la acción de tutela
(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia STP- 168582015 (82889) - 12/3/2015)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia luego del análisis dogmático de una acción de tutela interpuesta frente a este caso concreto. En efecto, reiteró que si los accionantes insisten en que los tiempos han sido injustificados de parte de la Fiscalía para iniciar o tener resultados de la investigación penal tienen un mecanismo expedito al cual pueden acudir para garantizar los presuntos derechos vulnerados, que es el mecanismo de recusación previsto en la ley adjetiva penal. Lo anterior sin perjuicio de que pueda dirigirse ante el juez disciplinario para presentar la correspondiente queja con el fin de que sean tomados los correctivos establecidos en la legislación vigente. Por otro lado, aclaró que si la ley otorga mecanismos a los peticionarios para que se puedan hacer cumplir los plazos dentro de la actuación de instrucción penal con la finalidad de resguardar el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no surge la posibilidad de tomar la vía de la tutela para eventos como estos, al no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad que le es propio (M.P. Luis Guillermo Salazar).
Lesiones con sustancias como ácidos, agentes químicos o similares: ley Natalia Ponce De León, delito autónomo.
Ley 1773 de 2015, articulo 116 A, 68 A, 104, 113, 359 y 374 CP y 351 del CPP.
Medicina legal debe suministrar toda la información al médico tratante de la víctima, el tratamiento debe ser integral: fisco y psicológico.
Atención a la victima integral desde Min Salud.
Marihuana y estupefacientes.
Desde 1986, la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, uso, cultivo, comercio, posesión de estupefacientes; está limitada a fines medicinales y científicos, pero sin reglas claras para reglamentar lo anterior genero, por más de 30 años se dieron conductas que hoy mirando hacia atrás son reprochables. (Criminalización del drogadicto…) con el Decreto 2467 de 2015, se regula lo atinente a cultivos, posesión de semillas para siembra, licencias…
No es viable desechar de plano el testimonio de familiares o amigos de alguna de las partes involucradas (víctima o victimario)
(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-14839 (45682) - 29/10/2015)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que no es viable desechar de plano el testimonio de familiares o amigos de alguna de las partes involucradas (víctima o victimario), porque pese a la probable falta de objetividad que pudiera surgir del interés natural de favorecer a los consanguíneos y allegados, algún contenido de verdad puede estar inmersa en su versión. Según el alto tribunal, las reglas de apreciación de este tipo de prueba recomiendan someter a ese testigo un exhaustivo análisis, en los términos del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), el cual atiende a “la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememorización, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad”. A su juicio, aceptar un razonamiento diferente sería tanto como afirmar que la sentencia condenatoria no puede fundarse en pruebas que provengan de la víctima o de personas que tengan interés en el resultado del proceso (M. P. Fernando Alberto Castro).
Fallo que absolvió a Plazas Vega por el delito de desaparición forzada
(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 17466 (38957) - 12/17/2015)
De conformidad con lo estipulado por el artículo 232 del Código de procedimiento Penal, para condenar a una persona se requiere que de la prueba legalmente aportada al proceso se obtenga certeza acerca de la existencia del hecho y de la responsabilidad penal del acusado. Así lo afirmó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de casación que absolvió al coronel (r) del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, acusado como autor mediato de los delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera, durante el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Según la corporación, del estado de probabilidad, que es lo que se declara en la acusación, al momento del fallo debe alcanzarse tal grado de convicción que sin duda demuestre esos dos aspectos, pues de no ser así inexorablemente deberá absolverse al procesado. Precisamente, el alto tribunal explicó que en este evento no existían indicios capaces de establecer la autoría mediata del acusado por el delito endilgado; por el contrario, advirtió la tergiversación de los hechos, encaminada a obtener a toda costa la condena del procesado. No obstante lo anterior, compulsó copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de investigar los posibles excesos en que Plazas Vega haya podido incurrir en la retoma del Palacio de Justicia (M. P. Luis Guillermo Salazar).
Prescripción de la acción penal en delitos sexuales cometidos contra menores
(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP-16269 (46325) - 11/25/2015)
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que la voluntad del legislador fue la de fijar en 20 años el término de prescripción de la acción penal respecto de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y el de incesto, cuando la víctima es un menor de edad. Según el alto tribunal, el plazo empieza a contabilizarse desde cuando la víctima cumple la mayoría de edad, excepción que fue concebida para que surta plenos efectos en la fase de investigación. En efecto, así se garantiza al agraviado que pueda acceder al aparato judicial una vez alcance la edad que lo habilita para el ejercicio pleno de sus garantías, sin que el tiempo transcurrido hasta ese momento haya extinguido la facultad punitiva estatal, indicó la corporación. También, aclaró que dicha excepción favorece al organismo titular de la acción penal, pues al tener conocimiento del suceso delictivo, bien por denuncia directa del menor agraviado o por otros medios, a diferencia de lo que ocurre con todos los demás delitos a los que se aplica la regla dispuesta en el artículo 84 de la Ley 599 del 2000, para la investigación y determinación de la ocurrencia de la conducta típica goza de un lapso que se extiende hasta 20 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad con el fin de que adelante las pertinentes actividades esclarecedoras (M. P. Eugenio Fernández).
Esterilización de personas con discapacidad no opera por la sola decisión de representantes legales o defensores de familia
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepto 114 - 9/21/2015)
La esterilización de personas con discapacidad declaradas o no en adoptabilidad no opera por la sola decisión de los representantes legales o defensores de familia, siendo necesario tanto para personas mayores de 18 años como de niños y adolescentes obtener la declaratoria de interdicción y la licencia judicial para el efecto, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el caso de los menores de edad con discapacidad, es indispensable tener en cuenta que la anticoncepción quirúrgica solo es posible en los términos y bajo las excepciones planteadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-131 del 2014, es decir, riesgo inminente de muerte de la madre a raíz de un eventual embarazo o cuando se trate de una discapacidad profunda o severa que le impida la paciente consentir en el futuro.
Declaraciones de desmovilizados en Justicia y Paz no contienen una verdad incontrastable
(Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia SP- 17048 (42245) - 12/10/2015)
Las manifestaciones rendidas por los desmovilizados sometidos al proceso transicional de la Ley 975 del 2005 no ostentan per se un valor dado, una calidad especial, ni están marcadas por una especie de tarifa legal, reiteró la Sala Penal de la Corte Suprema. De ese modo, agregó, sus testimonios no están dotados de un contenido de verdad absoluto, ni siquiera relativo, pues en todo caso están sometidas a demostración, prevista en el inciso tercero del artículo 17 de la citada ley, modificado por el artículo 14 de la Ley 1592 del 2012. Según lo determinó la providencia, la versión rendida por el desmovilizado, y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, serán objeto de estudio por el fiscal delegado asignado para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia (M.P. Fernando Alberto Castro).
Principio de autonomía judicial no autoriza la arbitrariedad judicial.
No es patente de corso de autorización judicial para efectuar conductas que rayen con la ilegalidad, se exhiban claras muestras de arbitrariedad o carezcan de respaldo en la normativa vigente. M.P julia Emma Garzon. C. S de la Judicatura Sentencia 27001110200020130004601 (1112527) del 9-16-2015
El hurto no exonera de responsabilidad a la transportadora incumplida.
CSJ, Sala Civil, Sent. SC 11822, sep 3 del 2015. M.P Ariel Salazar.
Funcionario que se apodera de bien custodiado comete peculado por apropiación. CSJ, S. Penal SP 12042 (45104), sep 9 – 2015 MP Fernando Castro.
Del retardo injustificado de los bienes vinculados a los procesos penales.
La medida cautelar no puede soportar
se de manera indefinida en decaimiento de la propiedad; el retardo injustificado en la entrega de un bien constituye en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y una negligencia por parte de la entidad que le corresponda la entrega o restitución del bien y cada día debe justificarse.
Deterioro, impuestos y demás gastos deben correr a cargo del ente negligente.
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sent. 28 de mayo 2015 Exp. 13001-23-31-000-1995-10521-01 (30607) C.P Ramiro de J. Pazos Guerrero.
Segunda instancia en aforados, no es un derecho fundamental.
CN. Sent. T 388, junio 26-2015. M.P. Gabriel Mendoza.
De la suspensión condicional de la pena de cara a delitos contra menores.
Según el artículo 193, numeral 6 de la ley 1098 de 2006, impide cualquier tipo de beneficios judiciales o administrativos cuando se trate de punibles en contra de menores; sin embargo, una norma posterior: la ley 1709 de 2014, en su artículo 29 establece que se puede dar el beneficio de la suspensión condicional de la pena sin ningún tipo de restricción; pero requiere indemnización.
Para la Corte, una norma no deroga la otra, simplemente se previó una menor restricción de cara a las medidas.
CSJ, auto AP- 4387 (46332) agosto 5 de 2015. MP Fernando Castro.
Condiciones laborales para las personas privadas de su libertad.
Desde el articulo 25 CN, se establece que el trabajo debe desarrollarse en condiciones dignas y justas; así, el trabajo penitenciario constituye una obligación social pero también un derecho; sin dejar de lado el cumplimiento de los fines de la pena: resocialización y el objetivo terapéutico que se desarrolla.
El decreto 1758 de 2015 y el decreto 1069 del 2015, en su título I, parte II, libro II, se establece el sistema de remuneración laboral para estas personas, las normas de seguridad industrial y las afiliaciones a salud, riesgos y pensión (menores de 65 años); obligando al INPEC, de velar por estas garantías y de que existan puestos suficientes para que la población carcelaria que desee pueda ejercer esta actividad.
La retribución, no será siempre como salario, pues se o puede ligar a los convenios de resocialización y reducción de la pena.
Tener 19 matas de marihuana es legal.
Según el artículo 375 del CP, lo penalizable es un cultivo, pero menos de 20 matas no lo son, al igual que portarlas, o sus tallos, semillas y hojas recién cortadas.
CSJ, SP Sent. SP 7600 (44891, de junio 17 del 2015), M.P Patricia Salazar.
La condición de migrante no justifica negar derechos fundamentales.
La soberanía del Estado, le permite ejercer la facultad discrecional de negar o conceder el ingreso al país o su estadía en el mismo, esto no le permite violar los derechos de estas.
CN, Sent. T 338 2015. M.P. Jorge Iván Palacio
Los padres pueden acceder a las comunicaciones de hijos por internet.
Los padres que acceden esto, están es protegiéndolos, no vulneran su intimidad.
CSJ, S. Penal. Sent. 42307 S.P 9792, julio 29 del 2015. M.P Patricia Salazar.
La cadena de custodia de los EMP, está a cargo de la parte que los presente, es así, que la autenticidad de estos elementos debe ser dada por la parte.
Ver inc. 2 del artículo 277 CPP, Numeral 3, Art. 250 CN y CN, Sent. C496 del 2015.
Diversidad sexual, uno de los peores temas para hacer violencia escolar.
Hay que ser más rigurosos en la protección de los derechos fundamentales y no permitir la violencia escolar a ningún nivel, por ninguna causa ni por cualquier y ante cualquier persona.
CN. Sent T 478 del 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz
La captura que efectué el INPEC y la Policía, a los que no cumplan con la detención o prisión domiciliaria es legal.
Los funcionarios encargados del control y vigilancia de estas medidas, está en obligación de privar de la libertad a quien vulnera las obligaciones impuestas y colocarla a disposición del juez que concedió la detención o la prisión domiciliaria dentro de 36 horas. }
CN, Sent C 411 julio 1 del 2015, M.P. María Victoria Calle
A control de garantías.
Cualquier acto de indagación o investigación: búsqueda selectiva en bases de datos, allanamientos, interceptación de comunicaciones, entregas vigiladas, seguimiento de personas, registros, recuperación de información dejada al navegar y operaciones encubiertas; así se trate de un proceso autónomo como el de extinción de dominio, debe tener autorización del juez de garantías por intervención severa en disfavor de los derechos fundamentales.
CN, Sent. C 516, agosto 12 del 2015 M.P Alberto Rojas.
La tortura no requiere de prueba científica.
Esta decisión sale después del estudio de un caso, en que varios militares amarraron y golpearon un líder indígena para que les confesara que era guerrillero, torturándolo física y moralmente.
La Corporación determino que no se requiere prueba científica, medica o técnica para acreditar la tortura, bajo el principio de libertad probatoria; pues en el caso del líder los rastros de ultraje no eran visibles, sin embargo, existen testimonios.
La tortura se diferencia de las lesiones personales, pues el primero cuenta con el elemento subjetivo de que su fin es obtener información, confesión o castigar por un acto cometido, generar coacción o propósitos sádicos o económicos.
CSJ, Sent. SP 9145 (45795) de julio 15 de 20115, M.P Eyder Patiño.
Suspensión de alimentos es posible, ante exclusión probable de paternidad.
El artículo 386 del C. General del proceso, es declarado exequible, permitiendo que el juez pueda generar la suspensión del decreto provisional de alimentos, si existe fundamento razonable dentro del proceso de la exclusión de la paternidad, dado que el interés superior del menor, su dignidad y debido proceso dependen en estos casos del vinculo filial y este está en entre dicho.
CN, Sent. C 258, Mayo 6 de 2015. M.P Jorge Pretelt.
Recibir pensión sustitutiva mas allá de los 25 años de edad, puede constituir el delito de enriquecimiento ilícito.
C.E. sección segunda, sentencia 25000232500020000120001 (05262008), mayo 6 del 2015.
Orden de captura no suspende la relación laboral.
Las causales son taxativas, articulo 51 del CST.
CSJ, Sentencia SP 551 (44367), enero 28 del 2015
Omitir pago de sanción por no envió de información tributaria no es delito.
CSJ, Sentencia SP 7253 (41053), junio 10 del 2015, M.P. Eugenio Fernández
Las medidas de aseguramiento no pueden ser superiores a un año, excepto si es proceso de especializada, tres o más acusados o juicio por actos de corrupción.
Las causales de libertad: 120 contados a partir de la presentación del escrito sin que se hubiere iniciado juicio.
150 días a partir del juicio y que no se haya dado fallo.
Las mediadas tienen vigencia diferida por un año, excepto el articulo 1 y el numeral 6 (“inexplicable”)
Ver ley 1760 de julio 6 de 2015.
Nueva condena y a la nación, por muerte de una mujer a manos de su cónyuge quien era policía. Ver. C.E, Sección Tercera, sentencia 26958, mayo 28 del 2015; Ley 1761 de julio 6 del 2015.
CSJ, Sentencia SL 551 (44367), enero 28 del 2015
Silencio de menor: ¿víctima de violación?
Es reprochable la actuación de un funcionario judicial, que de cara al silencio de la posible victima frente a las preguntas en juicio sobre los hechos y que se trate como grave alteración emocional (pruébese); enrostre la responsabilidad del delito.
Lo anterior desconoce el in dubio pro reo y las reglas de la experiencia y de psicología al afirmar que se guarda silencio por la afectación y por ende es prueba que el delito existió y es atribuible al procesado.
C. S. de J. Sala Penal, Sent. SP 7248 (40478, junio 10/2015, M.P Eugenio Fernández)
ICBF, no puede exigir moral específica para adoptar.
La moral aceptada es la que se tenga por una sociedad determinada, es el contexto quien la da, no una institución o funcionario y la moral in apropiada será siembre para toda sociedad, la del alcohólico, drogadictos o condenados por delitos relacionados con la libertad, integridad y formación sexual.
CN. Sent. T 129, marzo 27-2015. M.P Martha Victoria Sachica.
Reforma constitucional por justicia penal militar.
La justicia castrense será independiente de la fuerza pública.
El delito debe ser cometido por un miembro de la fuerza pública y en relación al conflicto armado o en enfrentamiento que reúna las características del DIH.
Los miembros de la justicia militar u ordinaria que conozcan de estos procesos, deberán tener formación en DIH.
Se puede presentar un derecho de petición, para el reconocimiento de un derecho, la intervención de un funcionario o entidad, resolución de una situación jurídica, prestación de un servicio, consecución de información o documento; o manifestación de una queja, denuncia o reclamo.
Los menores pueden presentar directamente el derecho, frente a entidades encargadas de su protección o formación.
Se permite mandarlo por cualquier medio idóneo de transferencia de datos.
15 días para dar respuesta a peticione generales.
10 días para la obtención de información o documentos
30 días para las consultas a entidades o autoridades en relación a su cargo.
10 días para que el interesado corrija en caso de petición inadecuada, incompleta o se requiera aclaraciones.
Articulo 23 y 152 CN, Ley 1755/2015, artículos 5 y siguientes CCA.
Medios de comunicación deben publicar información actual sobre los procesos penales e involucrados.
CN, sent. T 277, mayo 12-2015
Prueba ilícita vs prueba irregular.
Para hacer esta diferenciación, se debe mirar desde dos planos; en un primer plano debemos predicar que la prueba ilícita es la que se obtiene con la vulneración de garantías y derechos fundamentales y cuyos efectos se predican de cara al proceso; sin embargo, de la prueba irregular se predica una ilicitud meramente probatoria y ordinaria; concluyendo con su eficiencia probatoria dentro del proceso penal.
En un segundo plano, a la prueba ilícita se le impone como sanción su ineficacia y las pruebas relacionadas con estas, como lógica a la fuente de contaminación que permea toda la actuación, ello derivado de la teoría anglosajona: the tainted fruti o the fruti o the poisonous tree doctrine.
Mientras que para la irregular no se piensa ni se decreta tan duras consecuencias, al ser subsanable y nada obsta para que la convicción se obtenga a través de otros acreditamientos en la materia, que se resuelven en la práctica: testimonio, confesión, entre otros.
La ilicitud solo alcanza el valor probatorio de la primer evidencia, sin embargo mantienen su valor como fuente de investigación y para otros elementos o pruebas derivadas de estas.
La víctima y la sanción por el no descubrimiento probatorio en la acusación.
La victima debe revelar por medio del ente acusador sus elementos, no puede esperar a las observaciones, pues deslegitima el sistema adversarial y vulnera el debido proceso con ello; la víctima no está facultada para hacerlo en la preparatoria, ello hace que la estrategia defensiva sea asaltada pues esta se preparo al conocer los emp en la acusación. El descubrimiento debe respetar el orden cronológico legal, para garantizar, contradicción, igualdad y lealtad.
CSJ, S.P auto 2574 (45667), mayo 2015 M.P María del Rosario González.
Falta de resistencia de la víctima, no modifica en nada que el acto sexual es violento.
La desproporción de fuerzas, seriedad del ataque, estado de vulnerabilidad, son circunstancias que no hacen desaparecer la violencia en el ataque sexual, pues la valoración debe hacerse ex ante, antes del ataque.
CSJ, SP Sent. 5395 (43880), mayo 6 del 2015. MP. María del Rosario González.
2 años para la conformación de sociedad patrimonial entre compañeros.
CN, Sent C 257, mayo 6 del 2015.
Notarios autorizados para modificar registro civil de personas transgénero.
Desde el 4 de junio de 2015, están autorizadas las notarias, en aras de garantizar a este grupo de la sociedad sus derechos al libre desarrollo de su personalidad, igualdad, intimidad, identidad y libertad sexual y dignidad, modificación a los artículos 91 y 95 del decreto 1260 de 1970.
Decreto 1227 del 2015.
Inexequible la ley 1734 del 2014, tratado de seguridad con la OTAM
Por falta de verificación de quórum parlamentario. CN Sent. 337 junio 3 del 2015.
La responsabilidad penal en tránsito y el croquis.
El juez que con fundamento en el croquis determine responsabilidad penal incurre en error de derecho dado que está haciendo un falso juicio de convicción y genera tarifa legal.
CSJ, SP sent. 6353 (39233 mayo 25 de 2015) MP María del Rosario González
Mujeres transgénero no prestan servicio militar.
Las normas que regulan el servicio militar obligatorio están dispuestas es para los hombres.
CN, Sent. T 099 mayo 15 de 2015. M.P Gloria Stella Ortiz.
Ataque guerrilleros contra los objetivos militares no son actos de terrorismo.
Lo anterior, debido a que en Colombia se reconoce un conflicto interno armado y los daños son resultado de las hostilidades y con ello las partes están en el deber de conocer, respetar y acatar el DIH en todo tiempo y lugar.
Consejo de Estado, sección 3ra, 52001233100019980058001 (32014) abril 29 del 2015. C.P Hernán Andrade.
Bienes en extinción de dominio pueden afectarse con medidas en justicia y paz.
Es viable embargar, secuestrar, y suspender poder dispositivo de bienes incuersos en prosesor de extinsion de dominio y son de prelación sobre la extinsion.
Articulo 17B de la 975 de 2005.
CSJ, auto AP 2021 (44797), abril 22 del 2015. MP Eugenio Fernandez.
Los detenidos pueden recibir visitas de menores, con los cuales no se tenga parentesco.
La CN, declaro la inaplicabilidad del artículo 74 de la ley 1709 de 2014, pues el permitir solo visitas de hijos biológicos o adoptivos violenta el principio de unidad familiar.
Sentencia T 111, marzo 25-15, M.P. Jorge Iván Palacio CN
No procede la adición del escrito de acusación cuando se pretenda la exclusión de uno de los delitos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho que, con el fin de retirar algún delito, no es procedente acudir a la figura de la adición del escrito de acusación. El máximo tribunal penal manifestó en su providencia que el camino adecuado para la exclusión de un delito, y concluir definitivamente la actividad procesal respecto de este, es la preclusión.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 39894, 11/2/2015
Actividades de inteligencia sin justificación: configura un abuso de autoridad. (Caso directores del DAS)
CS de J, SP 5065 (36784) Ms Ps Fernando Castro y Eugenio Fernández.
Personas que tuvieron que migrar del país por violencia son víctimas.
Toda persona que migro de Colombia, por haber sufrido infracciones de DIH y al DIDH y decide retornar al país, la Unidad para la Atención y reparación a las Victimas (UARIV) debe inscribirla en el registro único de victimas (RUV)
CN T 832, Nov. 11 de 2014.
Crisis del sistema carcelario.
Estado en cosas de inconstitucionalidad. T 388 del 2013: niveles dramáticos de hacinamiento, violación masiva de derechos fundamentales: falta de dignidad humana, dificultades estructurales: riesgo de muerte, insalubridad, problemas de alimentación, agua, aseo, médicos.
No ultima ratio y eficiencia del poder punitivo desaparecidos.
Tasación de penas accesorias, debe guiarse por sistema de cuartos.
2639 (44221), marzo 11-15, MP. María del Rosario González.
Insolvencia empresarial, extingue acción penal por omisión de agente retenedor.
CSJ, SP. Sent. 3001 (42822), marzo 18 de 2015, Patricia Salazar Cuellar.
Concierto para delinquir, es de lesa humanidad según su fin.
Si se comete con fines paramilitares y en tal contexto se dieran desplazamiento forzado y desaparición forzada, torturas, homicidios por razones políticas, además sus integrantes deben estar en la organización voluntariamente y conocer la naturaleza criminal de su actividad.
Ver art. 7 del Estatuto de Roma: ataque generalizado o sistemático hacia la población civil.
Ojo con el non bis in idem, pues no se puede condenar a una persona por concierto, luego que se allá precluido por esto; y su condena obedezca a su colaboración en desmantelar la organización criminal y en donde se afirmo que su conocimiento era por haber permanecido a la organización.
CSJ, Sent. SP 3240 (36628), marzo 18-15, MP. Eyder Patiño.
Inaceptable que los abogados se afrenten en los procesos.
No se pueden hacer afirmaciones injuriosas contra la contraparte y menos acusar temerariamente a los intervinientes dentro del proceso, se lesiona el honor, honra, nombre y reputación, pues tienen frases de agravio.
Ley 1123, numeral 7 del art. 28.
CS de la Judicatura, Sent. 63001110200020120013601, dic 3 de 2014 M.P José Ovidio Claros.
Todo prestador de servicio de salud a garantizar muerte digna
Las IPS que tengan habilitado servicios medianos de hospitalización de mediana o alta complejidad oncológica o de paciente crónico y que cuenten con los protocolos de manejo paliativo deben conformar comité: medico, abogado y psiquiatra clínico.
Min. Salud resolución 1216, abril 20 de 2015.
Adición al escrito de acusación.
Este escrito puede ser adicionado, corregido o aclarado con la finalidad de establecer de manera clara, adecuada, suficiente y certera el marco de actuación de la fiscalía en fase del juicio oral, en aras de reforzar el derecho a la defensa del acusado.
Retiro de la acusación:
Antes de la audiencia de acusación, sin que ello implique finalización de la actuación de cara a los hechos investigados; no puede retirarlo para variar o excluir un delito, pues la vía para ello es la preclusión, en áreas de no poder sostener más adelante su pretensión.
Posterior a la audiencia de acusación, se puede retirar el escrito solo por la causal primera o tercera del 332 y no exigen pronunciamiento de fondo y elementos de convicción que surgieron con posterioridad al escrito.
CSJ, Sent SP 1392, Feb. 11-15, MP. Jose Leonidas Bustos.
Decisión judicial que desconoce norma clara: prevaricato
Cuando el funcionario desconoce preceptos claros y precisos o se justifica inaceptablemente, es un prevaricato por acción, por ser una decisión que obedece a la arbitrariedad y capricho del juez y es clara la contrariedad con el ordenamiento jurídico.
Igualmente debe ponderar y valorar el acerbo probatorio de conformidad con la sana critica y lógica.
CSJ, SP. Sent. 2650 (43023), marzo 11 del 2015, MP. María del Rosario Gonzalez.
Es imposible que se suspenda la cobertura de las prepagadas por preexistencias.
Así estas preexistencias, no hayan sido incluidas al momento de suscribir el contrato.
CN. Sent. T 963, dic. 10 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
La registradora debe registrar un tercer sexo: intersexual.
La intersexualidad o personas de genitales ambiguos, este dato se debe registrar en folio diferente el cual debe desaparecer cuando se efectué la adopción del sexo.
Se requiere: concepto medico, autorización del menor y padres.
CN. Sent. T 450 A, de julio 16 de 2013 M.P. Mauricio González
Circular de la Registradora No. 33 de feb. 25 de 2015.
El abogado no puede ser sancionado si no cuenta con recursos para ir a la audiencia.
Si el cliente carece de recursos y esto afecta que el abogado puede trasladarse, no se puede sancionar disciplinariamente.
C. S. de la Judicatura, Sala Disciplinaria, Sent. 73001110200020100027901. M.P Néstor Iván Usuna. Nov 12 de 2014.
No se puede invalidar las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar.
Debido proceso, vida digna y acceso a la justicia, son los derechos a tutelar a una persona víctima de violencia intrafamiliar e invalidarlas desconoce el principio de preclusión.
CSJ, Sala Civil, Sent. STC 1261, feb. 12 de 2015. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
La Ley 1408 de 2010 y el decreto 303 de 2015: medidas para la localización, identificación, inhumación, auxilios para familiares y homenajes a las víctimas de desaparición forzada.
Se crea el banco de perfiles genéticos en manos de la Fiscalía y se prohíbe inhumaciones de cadáveres no identificados sin previa inspección técnica, necropsia medico legal y orden judicial.
Dignidad, salud y familia en reclusión penitenciaria.
La reclusión en centro penitenciario y carcelario hoy en día, es un servicio público que atenta contra los derechos fundamentales de los internos: vida, salud, condiciones dignas y a la familia.
Las deficiencias en infraestructura física son hechos notorios: fallas hidráulicas, paredes y losas agrietadas, en riesgo de colapso, humedades con hongos, escases de agua potable, fallas en el tratamiento de aguas residuales, entre otros.
El decreto 4150 de 2011, ordena a la dirección penitenciaria, evidenciar estas falencias y corregirlas, pero la ineficiencia y ineficaz coordinación del USPEC con el INPEC, además de la empresa prestadora de salud a los internos, se convierten en otras penas más para purgar.
Consejo de Estado, sección cuarta, Exp. 2580000-23-41-000-2014-00791-01, del 21 de agosto de 29014. C.P Jorge Octavio Ramírez.
El hurto por medio informático admite rebaja punitiva.
Este delito admite la rebaja del artículo 269 del CP, y es consecuente en aras del interés del estamento de reparar a las víctimas.
CSJ, SP, Sent. 42724, Feb. 11 de 2015.
La Eutanasia y la despenalización del homicidio por piedad
Desde la sentencia C 239 del año 2007, se exhorto al Congreso para que regulara el tema del morir dignamente, ello no se ha materializado y por ello la CN, se ve en la tarea de legislarlo de manera positiva:
Cada persona es dueña de su cuerpo y de su vida, y si esta quiere acabar con ella y requiere de ayuda, la Corte fija las siguientes pautas:
La enfermedad debe ser terminal y producir intensos dolores y sufrimientos; teniendo que ser lo anterior calificado por un experto medico.
Posteriormente, se debe dar el consentimiento por parte del solicitando de manera libre, informado e inequívoco. Consentimiento el cual debe ser decepcionado por el médico y convocar comité científico interdisciplinario.
En un plazo perentorio de 10 días el médico o el comité ratificar de nuevo el consentimiento del paciente, en caso de que continúe su solicitud de morir dignamente, el procedimiento se efectuara en un término no mayor de 15 días.
Efectuado el procedimiento, el comité debe enviar informe pormenorizado al Min. Salud.
CN. Sent. T 970 de 2014. M.P Luis Ernesto Vargas.
Objeción de conciencia de cara al servicio militar.
Frente a esta materia, se equipara a un derecho fundamental; sin embargo la FFAA, niegan este derecho aludiendo que es un deber de carácter legal y que la normativa no lo consagra como una causal excluyente.
Lo anterior llevo a que la CN por medio de la sentencia T 455 de 2014 legisle de manera positiva:
La solicitud debe ser tramitada, sin importar si es presentada antes o después de la inscripción al servicio o si esta acuartelado o no.
La solicitud debe ser resuelta de fondo bajo el ppio pro homine, en un plazo perentorio de 15 días hábiles.
La negativa debe ser sustentada en prueba y de carencia de esta, basarla en motivos de convicción profunda y sinceras, sui esto no sustenta el acto, el mismo será violatorio del debido proceso y del derecho fundamental de la objeción de conciencia.
De prosperar la solicitud, se expedirá libreta de segunda y exigirá el pago de la cuota de compensación militar, si corresponde.
De las batidas.
La sentencia C 879 de 2011, prohíbe las llamadas batidas, que las fuerzas hacen redadas indiscriminadas para acuartelar a quienes no han resuelto su situación militar. Estas batidas vulneran libertad personal y la reserva judicial.
La ley 48 de 1993, permite compeler a los jóvenes para que presten su servicio, en aras de resolver su situación jurídica, esto no implica retener a los jóvenes por largos periodos, sino únicamente para identificarlos, ello no permite llevarlos después de la inscripción a guarnición militar.
La fiscalía puede solicitarle a la DIAN, la declaración de renta como prueba en procesos de falsedad de firma.
En estos casos no se viola la intimidad del contribuyente, dado que el documento se está utilizando como medio de prueba.
DIAN, Cpto. Dic. 5/14.
No puede cambiarse el núcleo factico de la acusación.
Hay que tenerse siempre en cuenta, cuales son los bienes jurídicamente tutelados, por ejemplo: actividades terroristas o concierto para delinquir no pueden ser equiparadas a rebelión.
CSJ, Sala Penal. Sent. SP 13938 (41253) oct. 15 del 14. MP. Gustavo Malo.
Victima no requiere autorización judicial para gravar a victimario.
La victima puede gravarse o interceptar sus líneas, dado que está legitimada por su afectación por el delito.
CSJ, Sala Penal. Sent. SP 16740 (41369) M.P María del Rosario González.
CSJ, Sala Penal. Sent. SP.
Protección de la Policía a la posesión y tenencia de bienes.
Según la sentencia C 813 del 2014, esta facultad es provisional, no definitiva; es decir, cuando se presente perturbación a la posesión, a la mera tenencia de un bien, se está por parte de la fuerza a restablecer estos derechos, con el fin de mantener la convivencia y el orden público. Ej. El desalojo de un predio de manera administrativa, por parte de los uniformados, está restableciendo los derechos reales.
Beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena para desmovilizados.
Mediante la ley 1424 del 2010 y el dto 2601 de 2011, se traslado ciertos beneficios jurídicos a los desmovilizados, entre ellos la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Min. Justicia D. 2637 2014.
Ley de orden publico vigente hasta 2018.
La ley 418 de 1997, prorrogada nuevamente mediante la ley 1738 de 2014, pudiendo el gobierno negociar acuerdos de paz, desmovilizaciones de los grupos armados, indultos y protección a testigos, además de preservar el orden público; pero se prohibió la exigencia de la libreta para graduarse de la U.
ondenado en segunda instancia por vez primera puede impugnar.
Los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179B, 194 y 481 del CPP, contradicen la igualdad y el debido proceso al no haber impugnación en estos casos.
CN Sent. C 792, oct 29 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
El que haya cometido un delito o sea un adicto, no implica necesariamente que no está en condiciones de cuidar un menor.
Si se juzga a un padre, por estar inmerso en algunas de las situaciones anteriores, se está entrometiendo en cuestiones de moralidad, se debe probar la verdadera afectación a los derechos del menor por parte del padre.
T 212, abril 1 de 2014. M.P Luis Guillermo Guerrero.
Privación de la libertad o Captura en otro país.
Dentro de los derechos como capturado, le asiste: el que se le notifique el derecho al acceso efectivo a su consulado, mediante notificación consular, cuando se es privado de la libertad en el extranjero; este informe se debe efectuar sin retraso.
El consulado, debe brindarle la asistencia e información jurídica que requiera;
Así mismo, el Estamento que priva de la libertad deberá informar de la situación jurídica y desarrollo del proceso al consulado de su nacional.
Se advierte que la fuerza pública (PONAL, CTI) que efectúen la captura, deben hacerle conocer sus derechos del capturado, pero la puesta en conocimiento de este derecho especifico, no constituye una afectan directa a sus derechos fundamentales, es subsanable y debe subsanarse, mas adelante por el funcionario judicial competente.
Convención de Viena sobre relaciones consulares de abril 24 de 1963, Ley 17 de 1971, art. 36 Numeral 1B.
CSJ, SP. AP-5244 de 2014, Rad. 43964. M.P. Patricia Salazar Cuellar.
La dosis personal: ¿asunto superado en Colombia?
La dosis personal y de aprovisionamiento, es antijurídica si se trata para su propio consumo, no para la comercialización de estas (ausencia de antijuridicidad material). No puede penalizarse conductas que no lesionen o amenacen realmente los bienes jurídicamente tutelados; sin embargo, la función social del Estado, legitima la función general de prevención, en la medida que sea necesaria para proteger a la sociedad de cara a determinados comportamientos extremadamente lesivos.
Es así, que el adicto sorprendido portando sustancias estupefacientes excediendo mínimamente la dosis personal, no alcanzan a lesionar los Bienes tutelados: salud pública, seguridad pública y orden económico y social (delito pluriofensivo): trafico, fabricación o porte; generándose una exclusión de criminalidad: principio de lesividad, articulo 11 del CP; porque el derecho penal no existe para sancionar exclusivamente con fundamento en la confrontación que se efectuare con acción humana y la norma.
Sin embargo, lo anterior debe relacionarse con la Ley 745 de 2002, en donde si es una contravención quien consuma en presencia de menores o en sus domicilios, en domicilio propio con grave riesgo para la tranquilidad de hogar o porte, almacenamiento de la dosis en establecimientos educativos, donde vivan menores o geriátricos.
La prospectiva mundial apunta a generar medidas que desincentiven el poder punitivo para los consumidores de drogas; dado que la despenalización de la dosis es beneficiosa en términos de garantizar la tutela de la seguridad ciudadana y salud pública: Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC, Organización Mundial de la Salud y la Cruz Roja.
C221 de 1994, C 420 de 2002, C 574 del 2011.
Pos segunda guerra mundial, la defensa y protección de los derechos fundamentales para la existencia y desarrollo de una persona humana toma relevancia absoluta; derechos como: integridad física, psicológica, honra, buen nombre, intimidad y libertad; son la base del constitucionalismo occidental y desarrollo del principio de dignidad; convirtiéndose el ser humano en el bien más preciado y absoluto.
Es así, como la dignidad humana no se agota en la constitución, o en la legislación, sino que trasciende todo los ámbitos y rincones jurídicos y de la vida misma.
CN, Sentencia C 489 de 2002.
Declaran inconstitucionales varias expresiones del Código de Procedimiento Penal relacionadas con la apelación
La Corte Constitucional declaró inexequibles, con efectos diferidos, las expresiones "las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del imputado o acusado serán susceptibles del recurso de apelación", del artículo 20; "de los recursos de apelación contra los autos y sentencias que profieran en primera instancia los tribunales superiores", del artículo 32; "sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión", del artículo 161; "la apelación procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria", del artículo 176; "realizado el reparto de segunda instancia", del artículo 179; "cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso", del artículo 179 B; "decisión de única, primera y segunda instancias y constancias de su ejecutoria, según sea el caso, proferidas en la actuación cuya revisión se demanda", del artículo 194 y "copias de las sentencias de primera, de segunda instancia y de casación si fuere el caso. Copia de la cartilla biográfica", del artículo 481, todas del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), pues, para el alto tribunal, omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias. Sin embargo, la sentencia declaró exequible el contenido positivo de estas disposiciones. Finalmente, exhortó al Congreso de la República para que en el término de un año, contado a partir de la notificación, legisle sobre la materia. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término se entenderá que "procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena".
Corte Constitucional, Sentencia C-792, 29/10/2014
Exequibilidad condicionada del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014. Libertad condicional
La Corte Constitucional declaró, parcialmente, la exequibilidad condicionada del artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 64 del Código Penal, que versa concretamente sobre el instituto de la libertad condicional.
La expresión "previa valoración de la conducta punible", contenida en el mencionado artículo, ahora, a partir de esta decisión, implica que el juez de ejecución de penas debe tener también en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean estas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional.
Corte Constitucional, Sentencia C-757, 15/10/2014
Procesos en justicia ordinaria contra indígenas y sus penas.
Las penas para los indígenas deben ser diferentes a la prisión, además la reforma al código penitenciario y carcelario ley 1709 de 2014, ordena la creación de establecimientos de reclusión específicos y diferenciados para grupos étnicos.
Del mismo modo, los indígenas poseen una cosmovisión diferente; es decir, una identidad cultural propia, que se pierde al ingresarlo a una penitenciaria común.
Principios y derechos como: jurisdicción especial, juez natural, debido proceso, diversidad étnica y cultural…se vulneran al confinarlo en un centro penitenciario ordinario y aplicarle ley nuestra o común.
CN. Sent. T 642, sep. 4 del 2014. M.P. Martha Sáchica.
La procuraduría es un interviniente especial y no tiene acceso ilimitado al proceso en la etapa de indagación.
El Min. Publico tiene acceso a los medios de prueba en las condiciones y oportunidades legalmente establecidas, porque de conocerlas antes, se violaría la igualdad de armas con el representante de las víctimas y el defensor; incluso en la misma audiencia de formulación de la acusación, darle pleno acceso puede afectar la teoría del caso y la cadena de custodia, mientras se ejerce la contradicción. CN, Sent. T 582, agosto 11 de 2014. M.P. María Victoria Calle.
Siguen las EPS negando servicios a personas vulnerables.
Alegando la falta de prescripción por el médico tratante, estar excluidos del POS o la falta de aprobación del comité técnico científico, estas entidades siguen vapuleando los derechos de las personas con protección especial constitucional: Niños, discapacitados y adultos mayores. Sent. T 266, abril 30 de 2014, M.P. Alberto Rojas, CN.
No se puede suspender el pago de alimentos, pensión de sobrevivientes, y similares por impugnación de paternidad.
Lo anterior seria violatorio de la dignidad, la prevalencia del interés superior de los menores, sujeto de protección especial de rango constitucional, mínimo vital, la seguridad social y otros, pues los menores dependen de otro y mientras figure hijo (a) en el registro civil, este documento se reputa autentico, mientras no exista una decisión judicial.
Sent. T 588 agosto 15 de 2014, M.P Jorge Pretelt CN.
Reasignación de sexo, es por parte de la misma persona no de sus padres.
Después de los cinco años, los menores comienzan a tener capacidad de decisión, sobre que sexo quieren escoger en caso de nacer hermafroditas.
Sentencia T.622 agosto 28 de 2014.
Importancia del testigo de acreditación para incorporar documentos públicos en la audiencia del juicio oral
La manera de introducir las evidencias, objetos y documentos al juicio oral se cumple a través de un testigo de acreditación, manifestó la Sala Penal de la Corte Superna de Justicia mediante auto recientemente publicado. Este testimonio tiene como función el afirmar en audiencia pública que una evidencia, elemento, objeto o documento es lo que la parte que lo aporta dice que es, recordó. Sin embargo, para el alto tribunal, ello no basta para que el documento sea admitido como prueba en el debate oral, pues previo a ello es imperioso cumplir las demás exigencias contenidas en la ley, entre las cuales se destaca precisamente la de su autenticación. A juicio del órgano de cierre, esta última se entiende satisfecha cuando se tiene conocimiento certero de su origen o procedencia cuya falta de acreditación deriva en la inadmisión del medio de prueba, por tratarse de un documento anónimo.
Corte Suprema de Justicia, Auto 41908, 3/9/2014
Testimonio de oídas, no puede ser la única prueba para condenar.
Las reglas de apreciación probatoria indican que el testimonio indirecto debe soportarse en otros medios de convicción, en aras de atribuir responsabilidad penal.
Requisitos para la valoración probatoria:
Necesidad. Que se trate de un testigo en primer grado, es decir, con conocimiento inmediato de los hechos.
Precisar. El testigo de oídas debe decir su fuente de conocimiuento.
Establecer. Las condiciones en que el testigo directo trasmitió los datos, evidenciando que el declarante de oídas se encuentra reproduciendo fielmente la información recibida.
Concurrencia y coincidencia. Que otros medios de prueba refuercen lo afirmados por los testimonios.
CSJ, Sala Penal, sentencia SP10694-14 M.P. Fernando Alberto Castro.
Contenida en el articulo 57 CP, comporta la incitación de un tercero como causa definitiva de la conducta punible, además, debe calificarse como grave e injusta y excesiva. Por otra parte debe establecerse el nexo entre la provocación y la reacción, atendiendo a las condiciones particulares de los protagonistas: relación psicoafectiva, grado de educación, nivel socio económico, edad …
Ira: pasión del alma que me causa indignación y enojo, de reacción momentánea.
Dolor: sentimiento de pena, congoja, angustia y desanimo, de carácter permanente.
CSJ, Sala Penal, Sentencia SP 10724-14. M.P. José Luis Barcelo.
Declaración administrativa de abandono de automotores.
Las secretarias de transito deberán publicar la lista de vehículos que llevan inmovilizados un año o más, de allí se cuentan 15 días avilés, para que el usuario cancele la grúa, parqueadero, multa y otros; sino, se procederá a su enajenación.
Ley 1730 de 2014.
Función pública atribuida a particulares no implica que puedan considerarse sujetos activos de todos los delitos contra la administración pública
La función pública atribuida a los particulares que intervienen en la contratación estatal no implica que puedan considerarse como sujetos activos de todas las conductas punibles lesivas de la administración pública, las cuales exigen sujeto activo calificado, así lo precisó la Corte Suprema de Justicia. En su opinión, por el contrario, constituye una extensión de la calidad de servidor público a efectos, exclusivamente, de permitir la eventual imputación de los tipos penales de celebración indebida de contratos descritos en los artículos 408, 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41406, 18/6/2014
Jóvenes a cargo del ICBF, no deben pagar costos de la libreta ni la cuota de compensación militar.
Artículo 6 de la ley 1184-2008 (Exequibilidad condicionada) sentencia C 586-14. M.P. Maria Victoria Calle Correa. CN.
Se reglamenta la ley de patrimonio cultural sumergido.
Decreto 1698 de 2014.
Listo el acuerdo entre la OTAN y Colombia.
Mediante la ley 1734 de sep. 8 de 2014, se ratifica el acuerdo de cooperación internacional y seguridad de información, instrumento que fortalecerá a las FFAA, en misiones humanitarias, de justicia militar, de DDHH, paz, entre otras.
Sustitución de la medida de aseguramiento, en justicia y paz cuando existe condena.
Cuando una de las salas de justicia y paz, que emita una condena en disfavor del postulado, para acceder a libertad no debe estar requerido por otras salas.
CSJ, Sala Penal. Sent. SP 12157-14, sep. 10 de 2014. M.P. José Luis Barcelo.
La devolución de los bienes incautados es competencia de los jueces de garantías.
El fiscal no puede devolver los bienes que se incautaron o están en comiso, al declarar inexequible el artículo 88 del CPP.
CN. Sentencia C 591 de agosto 20 de 2014, M.P. Luis E. Vargas.
Daño moral causado por cobros inexistentes.
La angustia, el estrés, la intranquilidad, la ansiedad, entre otros, son los sentimientos que les generan a las personas los cobros inexistentes ya sea porque no lo adquirieron o por que ya fue saldado y ello genera es una obligación jurídica de la entidad y el deber de reparar, por el daño que se le produce a la persona y a su grupo familiar.
Sent. SC 10297, 5 de agosto de 2014. Sala Civil.
Incumplir con conciliación preprocesal, en procesos por delitos querellables, acarrea nulidad
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no realizar la conciliación preprocesal "reviste la capacidad de generar la invalidez de la actuación por afectación al debido proceso en aspectos sustanciales, por cuanto para el ejercicio de la acción en relación con los delitos querellables es requisito de procesabilidad la celebración de una audiencia de conciliación preprocesal en los términos señalados por el artículo 522 de la Ley 906, en la que bien podrían las partes llegar a un acuerdo que pusiera fin a las diligencias (CSJ AP, 2 de dic. de 2008, rad. 29959)."
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 41637, 4/6/2014
Efectos del allanamiento a cargos. No retractación.
La Corte Suprema de Justicia ha señalado que ante el allanamiento a cargos surge el principio de no retractación y que "dado el efecto vinculante y obligatorio del allanamiento o del acuerdo, el interés del defensor y del procesado para impugnar el fallo sufre una restricción ante el principio de irretractabilidad, sea expresa por desconocer el convenio celebrado, o tácita cuando discute alguno de sus términos."
Corte Suprema de Justicia, Auto 41180, 11/6/2014
Extradición simplificada. No procede retractación, salvo por vulneración de garantías fundamentales.
Señala la Corte Suprema de Justicia que "la solicitud de trámite simplificado libre, voluntaria e informada es irretractable, siempre y cuando, como en este caso, no se configuren vicios en el trámite que inciden en la validez del procedimiento por ausencia de control material sobre la petición del requerido de someterse al trámite simplificado."
Corte Suprema de Justicia, Auto 42380, 2/7/2014
Causal de libertad del 317 # 5 CPP.
Este término debe contabilizarse desde la radicación del escrito de acusación, pero el conteo desde esta etapa arrancara solo desde el 20 de julio de 2015.
CN Sent. C 390, junio 26 del 2014 MP. Alberto Rojas Ríos.
La prescripción extraordinaria adquisitiva y las victimas de desplazamiento forzado.
La usucapión extraordinaria no es aplicable a estas víctimas, por estar en la imposibilidad de ejercer sus derechos como propietario en los términos del artículo 2530 CC.
Venta de bienes de menor ante notario no requiere autorización del defensor de familia.
Supernotariado concepto 1381, mayo 20 del 2014
La formulación de imputación, condicionante fáctico de la acusación.
Delitos de peligro en concreto: se debe crear una situación de riesgo, debe existir una lesión, comporta destrucción o mengua al bien, la amenaza al bien se debió concretar o materializar.
Delitos de peligro en abstracto: no hay exigencia de probabilidad de lesión, no se exige destrucción o mengua del bien jurídicamente tutelado, sino una mera amenaza o una puesta en riesgo del bien.
Falsedad ideológica en documento público es un delito de peligro presunto o en abstracto.
CSJ, Sala Penal, Sent. 36337, marzo 5/2014. M.P. Eugenio Fernández Carlier
Inexequibles los artículos 23, 24 25, 33, 40, 41 y el articulo 27 en su inciso 3, respecto a la expresión "y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas" de la ley 1592 del 2012. lo anterior por que estos asuntos no pueden supeditarse a una actuación administrativa, sino que deben resolverse a través de los jueces como lo ordenaba la 975, por incidente de reparación integral. Con ello vuelve a la vida jurídica los artículos 7, 8, 23,24, 42, 43, 45, 47, 48 y 49 de la 975/05.
C.N. Sentencia C 286, mayo 20/2014, M.P. Ernesto Vargas Silva.
Incrementos punitivos por concurso
Además de los incrementos cuantitativos previstos en el articulo 31 CP, el aumento en la pena debe hacerse observando el numero de conductas criminales y de los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, atendiendo a la gravedad; la expresión hasta 60 años o hasta otro tanto, debe aparearse con temas valorativos: agravantes, cantidad de delitos, entre otros.
necesidad: es la relación entre aptitud y eficacia de la sanción, en la protección del bien tutelado y los fines perseguidos.
proporcionalidad. es la apreciación de las circunstancias especificas del caso a la luz de la gravedad e importancia, para que la sanción no sea exagerada frente a la realización.
razonabilidad. es la búsqueda de eliminar juicios subjetivos o arbitraros de las sanciones.
CSJ, Sala Penal, Sent, SP 5420 (41350), abril 30/2014. M.P. Eugenio Fernández Carlier.
Reglamentación de venta a sustancias que puedan causar daños en la piel.
Los vendedores de estas sustancias al detal, deben suministrar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, datos del consumidor y del producto, bajo reportes de dos veces al mes.
Atención medica de personas víctimas de ataques con sustancias que causen destrucción a tejidos.
La atención es de carácter prioritario, en razón a su condición de vulnerabilidad y la puesta a disposición de las tecnologías para su recuperación y la ruta de atención en salud necesaria.
Decreto 1033/2014 y ley 1639/2013.
En junio del 2014, se incorporan nuevos delitos al ordenamiento penal: embarazado forzado en persona protegida o la desnudez forzada en persona protegida. De igual forma, se define que el delito de genocidio, así como los crímenes de guerra y de lesa humanidad serán imprescriptibles. Finalmente, se dispone que los actos constitutivos de violencia sexual en el marco del conflicto armado serán crímenes de lesa humanidad.
Congreso de la República, Ley 1719, 18/6/2014
Nuevas nomenclaturas de la CS de Justicia:
H: habeas corpus
T: tutela.
Luego vendrá la letra que identifica la sala: L: laboral, P: penal, C: civil, PL: sala plena.
Para terminar, estará el consecutivo del año y luego el numero del año de la decisión.
EJ. SP (sentencia de la sala penal) y el numero consecutivo mas el año.
Jurisdicción ordinaria: competente para la desaparición forzada.
Las jurisdicciones exeocionales, no tienen competencia sobre este tipo de delitos, por tener una conotacion en el derecho penal internacional; es asi, que los indígenas que cometan estos delitos, serán investigados y juzgados por la ordinaria.
CN SENT. T 449 JULUIO 12-2013 M.P. MAURICIO GONZALEZ CUERVO.
Vistas conyugales.
Tanto los reclusos con relaciones estables: casados, uniones libres; como los que poseen relaciones no consolidadeas como noviazgos, amigas especiales, entre otros, etero o homo, deben ser respetadas, porque de otra manera se violentarían derechos fundamentales: dignidad humana, libertad sexual, libre desarrollo de la personalidad…
CN, Sent. T 372, junio 27 de 2014. M.P Jorge Ivan Palacio.
La Corte Constitucional avala prohibición del uso de anormales silvestres en circos.
La prohibición en toda la república de animales exóticos o nativos de cualquier especie en espectáculos circenses, no respeta las demás especies que habitan con el ser humano este planeta, además las tradiciones no deben conservarse cuando la razón del hombre las empieza a considerar incorrectas.
CN C 283, mayo 14-14 MP. Jorge Ivan Palacio
Materiales como oro, perlas, corales, entre otros. Deben ser incluidos en esta norma y ser protegidos como tesoros sumergidos.
L. 1675 del 2013, CN. Sent. C 264, abril 29-14, MP. Alberto Rojas Rios.
La tutela frente a la pena.
Cuando por errores protuberantes en la dosificación de la pena, procede tutela así no se haya agotado la vía ordinaria o pasado algunos años, por existir una violación a los derechos fundamentales al pararse en un cuarto mayor, sin existir circunstancias para ello.
CSJ, SALA PENAL STP 5390 (72976), ABRIL 29 DE 2014, M.P. PATRICIA SALAZAR CUELLAR.
LAVADO DE ACTIVOS, delito de más de uno.
La practica indica que cuando la relaciones laborales se permean de inmoralidad y se alejan de la buena costumbre, los trabajadores renuncian, en la practica una persona por conservar su trabajo no está dispuesta a efectuar conductas criminales; los empleados se limitan a efectuar tareas propias de su trabajo y dentro de los horarios y duración del contrato o relación laboral, un trabajador no afecta su dignidad por un empleo.
CSJ, SALA PENAL, SENT. SP 4615 (42722) ABRIL 19 DEL 2014, M.P PATRICIA SALAZAR CUELLAR.
Grabación hecha por víctima no necesita orden judicial.
Señala la Corte Suprema de Justicia que “la víctima, por sí misma o por interpuesta persona, perfectamente puede hacer la grabación de voz o de imagen, cuando está siendo objeto de una conducta punible por parte de un tercero, y éste, prevalido de ese interés de perseverar en el ilícito fin propuesto, se expone a ser captado de una u otra manera por equipos tecnológicos fabricados para tales fines –registrar voces y/o imágenes-, y esa recopilación puede ser tenida como elemento de convicción lícito y con la virtualidad de ingresar a la actuación penal, sin ser sometida a control de legalidad alguno".
Corte Suprema de Justicia, Auto 41741, 17/3/2014
Falsedad ideológica en documento público es un delito de peligro presunto.
Empieza la Corte Suprema de Justicia exponiendo la diferencia entre los delitos de peligro concreto y los de peligro abstracto, señalando que en los primeros se debe crear una situación de riesgo como exigencia típica, mientras que en los segundos no se exige la probabilidad de lesión.
Acto seguido el alto tribunal pone de presente que el delito de falsedad en documento público “no apareja la destrucción o mengua del bien jurídico protegido, sino la amenaza o puesta en riesgo del mismo. Es, entonces, un delito de peligro presunto en el cual el legislador presume esa posibilidad de daño, no de peligro concreto en el cual es necesario denotar la efectiva ocurrencia de riesgo para el bien jurídico.”
Diferencia entre dolo eventual y preterintención.
La Corte Suprema de Justicia ha establecido la diferenciación entre las modalidades de imputación subjetiva del dolo eventual y de la preterintención. Señala el alto tribunal que “la diferencia entre las dos figuras es clara: en el dolo eventual el resultado no excede el propósito del agente, porque este actúa a sabiendas del riesgo que asume hacia el resultado lesivo que se va a producir si no hace nada para poder evitarlo.
En la preterintención, en cambio, el sujeto activo de la conducta riesgosa omite la posibilidad de prever el resultado mayor por la falta de deber de cuidado que le era exigible, siendo fácilmente constatable que esa consecuencia no coincide con el propósito inicial del sujeto.”
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 36312, 12/2/2014
La legítima defensa no cubre casos en que se lesionen bienes jurídicos de terceros.
La Corte Suprema de Justicia, en una providencia reciente, ha señalado que el ejercicio de la legítima defensa (como causal de exclusión de la responsabilidad penal) no cubre la lesión de bienes jurídicos ajenos al agresor. Señala el alto tribunal que ante dicha hipótesis pueden plantearse dos situaciones distintas: “ (i) aquella en que el agredido para salvaguardar su vida o integridad, se ve compelido a lesionar intencionalmente a terceros inocentes como única manera de hacer viable su defensa, vale decir, de conjurar el ataque; y (ii) cuando quien ejerce la acción defensiva, involuntariamente lesiona a un tercero neutral, esto es, quien no participa en la agresión, bien por error en cuanto a la persona del atacante ora por desvío de la acción (aberratio ictus).” Concluye la Corte que este tema no ha sido pacífico en la doctrina, pero una posición mayoritaria ha sido la de considerar “que en el primero se está frente a un estado de necesidad exculpante, por cuanto el agredido no tiene opción distinta que lesionar al tercero para defender sus bienes; mientras que en el segundo, se debe acudir a las reglas que regulan el error, en orden a determinar si éste es o no relevante en el caso concreto, esto es, si tiene o no la potencialidad de excluir el dolo.”
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 43033, 5/3/2014
Procedencia de la sustitución de medida de aseguramiento para madres cabeza de familia
La Corte Constitucional recordó que los derechos de la niñez y la protección de la familia deben tener un especial miramiento por parte del juez penal, en lo que atañe a medidas privativas de la libertad para madres cabeza de hogar. Añadió que el artículo 314 de la Ley 906 del 2004 (numeral 5º) obliga a conceder la sustitución de la medida preventiva en establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia a la mujeres que prueben ser madres cabeza de familia de niños menores de 12 años o que sufran discapacidad mental permanente, cuando de ellas dependa su sostenimiento. Con estos argumentos, la corporación ordenó a un juez de ejecución de penas conceder el beneficio a una detenida y al ICBF brindarle acompañamiento sicosocial a ella y a su familia; también deberá ofrecerle instrumentos que le permitan disponer de las herramientas sociales, económicas y educativas de las que carece.
Corte Constitucional, Sentencia T-705, 16/10/2013.
Ocultamiento, destrucción o alteración de información pública
La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, dispone, en su artículo 29, que todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal, es decir como si se cometiese el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de documento público.
Congreso de la República, Ley 1712, 6/3/2014.
Grabación de la víctima no requiere orden judicial.
Este es un instrumento más que se tiene para alcanzar los fines de la justicia restaurativa en el proceso penal, y es un medio probatorio totalmente valido, este elemento no se debe condicionar a condiciones de tiempo y espacio.
Auto 41741, marzo 17 de 2014, CSJ.
Desplazamiento forzado es un delito permanente
El alto tribunal señaló que el desplazamiento forzado es un delito permanente, pues se sigue cometiendo mientras la condición de desarraigo en que pone a las víctimas se perpetúe.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia 38795, 24/3/2014
No reformatio in pejus aplica para autos apelables. Favorabilidad para Ley 600.
La Corte Suprema reiteró que la non reformatio in pejus también cobija a los autos y providencias susceptibles del recurso de apelación. Igual tratamiento debe darse a procesos regidos por la Ley 600 de 2000.
Corte Suprema de Justicia, Auto Acordado 42763, 14/5/2014
La Procuraduría no es juez: no juzga ni condena.
Una cosa es la presunción de legalidad otra es la cosa juzgada, la primera se depreca de los actos del procurador o sus delegados, la segunda de las actuaciones judiciales; así las cosas, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se examina la concordancia objetiva del acto administrativo de lo disciplinario con la norma constitucional y su incidencia sobre el disciplinado.
C.E. sección 2da, Sentencia 11001032500020130011700, marzo 26 del 2014.
De las medidas cautelares de la CIDH
Por razones constitucionales, DDHH y política internacional, frente a lo que es el bloque de constitucionalidad, son de carácter obli
orlandourquijo estrada 03/11/2014 03:01
Este blog, es fundamental ya que instruye a personas que tienen que ver con el derecho y aquellas que no poseen medios de aclarar ciertos aspectos de su vida, el ser pluralistas, nunca limita el
conocimiento, antes por el contrario lo engrandece cada día de su vida, crece con él, y muere con lo demás.