Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/797853837
Timestamp: 2019-07-23 06:57:06
Document Index: 345326386

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 124', 'ARTÍCULO 124', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 172', 'artículo 29', 'Artículo 105', 'artículo 34', 'Artículo 105', 'artículo 37', 'artículo 21', 'artículo 747', 'artículo 11', 'artículo 105', 'artículo 124', 'Artículo 12', 'artículo 124', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 115', 'artículo 115', 'artículo 41', 'artículo 178', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 124', 'artículo 9', 'Artículo 37', 'artículo 21', 'Artículo 747', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 163', 'Artículo 45', 'Artículo 41', 'Artículo 178', 'Artículo 41', 'Artículo 182']

Ejecutoria de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala - Jurisprudencia - VLEX 797853837
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2018. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS.I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).II. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS).III. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 9/2018. MUNICIPIO DE AMACUZAC, ESTADO DE MORELOS. 30 DE MAYO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: J.F.F.G.S.. SECRETARIA: A.C. CARMONA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil dieciocho.
PRIMERO.—Demanda. Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento de Amacuzac, Estado de M., promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades del Estado de M. que a continuación se señalan:
3. La sesión de Pleno de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en la que, por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., en aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de M., derivado del juicio laboral 01/553/09.
2. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M., por conducto del actuario adscrito, notificó al Ayuntamiento actor la sesión de Pleno de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, por medio de la cual se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Amacuzac, M., la destitución de su cargo como sanción por contumacia o incumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/553/09, es decir, la revocación de su mandato constitucional.
Aduce que la disposición referida lo es únicamente para sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son designados mediante el nombramiento correspondiente de un superior jerárquico y para operar una administración pública, mas no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo a través del voto o sufragio, como lo es el presidente de Amacuzac, M..
Al respecto, la disposición constitucional referida otorga de manera única y exclusiva a las Legislaturas Locales la facultad y competencia de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, es decir la Constitución Federal prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal.
Así, el artículo 41 de la Constitución del Estado de M., en congruencia con la Ley Fundamental, establece el procedimiento que debe llevar a cabo la Legislatura de la entidad para suspender o revocar a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, no así otro órgano, entidad u organismo; concretamente, señala que el Congreso del Estado, por acuerdo de al menos dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del gobernador o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, para lo que se concede previamente a los afectados oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga.
Por su parte, los artículos 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M. establecen el procedimiento que debe seguirse para declarar que un Ayuntamiento ha desaparecido o para suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, en ese sentido, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje carece de competencia para determinar la destitución de algún integrante de un Ayuntamiento.
Lo anterior, ya que el vínculo entre ellos no se refiere a una relación de supra a subordinación del tipo o género que conoce el tribunal referido, sino que se trata de una relación entre diferentes autoridades o poderes, por lo que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, y su aplicación en el caso, transgreden la Norma Suprema pues supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, se transgreden en perjuicio del Municipio actor los principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.
CUARTO.—Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la controversia constitucional bajo el expediente 9/2018, asimismo, ordenó su turno al M.J.F.F.G.S., por conexidad.
En proveído de veintitrés de enero siguiente, el Ministro instructor, por una parte, desechó la demanda en relación con la impugnación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que resultó extemporánea, al no haberse impugnado con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
Por otra parte, admitió a trámite la controversia constitucional respecto del acuerdo dictado el diecisiete de abril de dos mil diecisiete por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación, dentro del juicio laboral 01/553/09, por lo que se tuvo como demandado en la controversia constitucional; asimismo, se ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.
1. La determinación de destitución del presidente municipal de Amacuzac, Estado de M., que se combate, constituye una resolución de carácter jurisdiccional en términos de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad, por lo que en su contra es improcedente la controversia constitucional de conformidad con la tesis número 2a. CVII/2009, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
2. La aplicación de la sanción que prevé el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis jurisprudencial (sic) «P. XV/2009», que lleva por rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
No tiene razón el Municipio actor, ya que el artículo 41, fracción XXXIX, de la ley orgánica municipal de la entidad establece la obligación a cargo de los presidentes municipales de dar cumplimiento a los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
En ese sentido, señala que si en términos del numeral 123 de la Ley del Servicio Civil, las resoluciones dictadas por dicho tribunal son inapelables y se cumplirán por la autoridad correspondiente, entonces procede aplicar la sanción prevista en la fracción II del diverso numeral 124 de la citada ley, al funcionario que no cumpla lo ordenado en un laudo, como ocurrió en el caso, ya que el presidente municipal de Amacuzac, M., desatendió el laudo dictado en el expediente 01/553/09.
Precisa que al Congreso del Estado de M. compete sancionar actos u omisiones que pudieran derivar en responsabilidad política o administrativa de los servidores públicos por el ejercicio indebido de sus funciones, mientras que la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. es una consecuencia directa por desobedecer una resolución dictada por una autoridad jurisdiccional laboral, cuya finalidad es asegurar su debido cumplimiento.
No obstante, continúa, el incumplimiento a los laudos de la autoridad jurisdiccional laboral también constituye una conducta que da lugar a la responsabilidad administrativa o política de los presidentes municipales, ya que la obligación de acatarlos está contemplada en la fracción XXXIX del numeral 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de M., por lo que no pueden desconocerse la atribuciones que corresponden al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus resoluciones, como lo es aplicar la sanción consistente en la destitución del servidor público infractor, ya que tampoco puede afirmarse que los procedimientos administrativos o políticos sean la vía idónea para hacer efectivas las medidas de apremio, como la contenida en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de suerte que el citado tribunal puede imponer las sanciones procedentes para hacer efectivas sus resoluciones sin necesidad de seguir los procedimientos administrativos o políticos referidos.
Además, la medida tomada en el caso, a saber, la destitución del presidente municipal de Amacuzac, M., no ataca ni afecta su integración, ya que el artículo 172 de la ley orgánica municipal establece el procedimiento a seguir para la designación de un nuevo presidente municipal.
SÉPTIMO.—Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el diez de abril de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas y aportadas durante la instrucción del juicio, y se puso el expediente en estado de resolución.
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente medio de control constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o.,(2 )de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I,(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero,(5) del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero,(6) y tercero,(7) del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. y el Municipio de Amacuzac, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno debido a que el estudio de fondo versa únicamente sobre actos y no sobre normas de carácter general.
En el caso, el Municipio actor reclama la resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. dictada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente 01/553/09, mediante la cual se ordena la destitución del cargo del presidente del Municipio de Amacuzac; por lo que debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I,(8) de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor.
Dicha resolución fue notificada al Municipio actor el viernes ocho de diciembre de dos mil diecisiete(9) y surtió efectos ese mismo día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I,(10) de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, según lo previsto en el artículo 11,(11) de la Ley del Servicio Civil del Estado de M..
Por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del lunes once de diciembre de dos mil diecisiete al martes seis de febrero de dos mil dieciocho; descontando los días nueve, diez y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, así como uno, seis, siete, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro y cinco de febrero de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2o.(12) y 3o.(13) de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el 163(14) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto primero,(15) incisos a), b), c), d), y e) (sic), del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal.
Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho,(16) se concluye que fue promovida oportunamente.
TERCERO.—Legitimación activa. El Municipio de Amacuzac, Estado de M., compareció al presente juicio por conducto de C.A.M.R., en su carácter de síndica del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de constancia de mayoría expedida por el Concejo Municipal Electoral el diez de junio de dos mil quince,(17) en la que consta su carácter de síndica suplente, así como copia certificada del acta de C. donde se le tomó protesta como síndica propietaria con motivo de la destitución de la propietaria S.F.R..
Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales y actos, como en el caso, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. y su aplicación.
CUARTO.—Legitimación pasiva. Acto seguido se procederá al análisis de lalegitimación de la autoridad demandada, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda, en caso de resultar fundada.
J.M.D.P. suscribe la contestación de la demanda, en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M., lo que acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el gobernador del Estado el uno de septiembre de dos mil quince.(21)
"Artículo 12. El presidente tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
QUINTO.—Causales de improcedencia. La autoridad demandada señala que la determinación que en esta vía se combate, fue dictada en ejercicio de la autonomía jurisdiccional del Tribunal Estatal, por lo que se actualiza lo dispuesto en la tesis 2a. CVII/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA".(22)
Es infundado lo anterior, en virtud de que el Tribunal Pleno ha precisado que no se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el criterio anterior en los casos en que aun cuando se impugne una resolución jurisdiccional, la cuestión que se plantea atañe a la presunta invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado, a fin de preservar su ámbito de facultades; como puede advertirse de la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."(23)
Así, si en el caso, el actor esencialmente alega que la destitución del cargo de presidente municipal supone una invasión a las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso de la entidad y, por tanto, una infracción también en perjuicio del Municipio actor; aunado a que, en todo caso, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. carece de competencia para decretar la destitución de un miembro del Ayuntamiento, es inconcuso que se actualiza el supuesto de excepción de procedencia de controversia constitucional contra una resolución jurisdiccional, en tanto que la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandado, sino cuestiones que atañen al ámbito competencial de los Poderes Locales y la posible afectación a la integración del Ayuntamiento.
Por otra parte, el tribunal refiere que la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la Ley Orgánica Municipal, en específico, la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir, en tiempo y forma, los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; razón suficiente para considerar que se actualiza la tesis P. XV/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
Se desestima el anterior argumento, en virtud de que, en el caso, no se está en el supuesto referente a la impugnación de una norma general con motivo de un acto de aplicación consistente en una disposición de observancia general.
Lo anterior es así, porque si bien en la demanda se impugnó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M., lo cierto es que, como se dijo, en proveído de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor la desechó en relación con dicha impugnación, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, toda vez que resultó extemporánea, al no haberse impugnado con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior.
a) Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el que se integra por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
a) El órgano revisor de la Constitución pretendió, a través de la enmienda de mil novecientos ochenta y tres, fortalecer el ámbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalismo mexicano, consignando facultades propias de los Municipios y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, y sólo a través de la existencia de causas graves, que las leyes estatales hayan determinado, cuando así fuere necesario, se podrá revocar o suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento.
b) La revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento sólo procede porque haya incurrido en alguna causa grave legalmente prevista; en este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Pleno, en la tesis P./J. 19/99, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO)."(25)
"CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.—El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional."(26)
Acorde con ello, el artículo 41, párrafo primero,(27) de la Constitución Política del Estado de M. establece que el Congreso de la entidad podrá declarar, por acuerdo de cuando menos dos terceras partes de sus integrantes, a petición del gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes o la suspensión de alguno de ellos, siempre que previamente permita a los afectados rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, en los supuestos que expresamente consigna.
Así también, el artículo 178(28) de la Ley Orgánica Municipal del Estado dispone que corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes; mientras que los diversos 181(29) y 182(30) de dicho ordenamiento señalan los casos en que podrá suspenderse definitivamente a los integrantes del Ayuntamiento o revocar su mandato.
Pues bien, en el caso, como se precisó, el Municipio promueve controversia constitucional reclamando la resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. dictada el diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente 01/553/09, mediante la cual ordena la destitución del cargo del presidente del Municipio de Amacuzac, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, que dispone:
En términos de dicha disposición, ante la desobediencia de sus resoluciones, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. se encuentra autorizado para destituir al infractor, sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o del Municipio.
En este orden de ideas, tal disposición, interpretada conforme a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I, así como los artículos 41 de la Constitución Local y 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, permite considerar que la palabra "infractor" no incluye a los miembros de los Ayuntamientos, pues, de hacerlo, se contravendría la Norma Fundamental, al estimar que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje está facultado para revocar, de facto, el mandato a uno de sus miembros, olvidando que el citado artículo 115 señala con toda claridad que únicamente las Legislaturas Locales "por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan."
Esto es, si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de M. no se interpreta conforme a la Constitución Federal, se incurre en un acto contrario a ésta, tal como ocurrió en la especie, pues el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud destituir a un integrante del Ayuntamiento, por lo que revocó, de facto, el mandato otorgado a éste, no obstante que, como ha quedado evidenciado, la Ley Fundamental así como la Constitución del Estado de M. y Ley Orgánica Municipal de dicha entidad federativa, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales referidos.
En consecuencia, dado que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de M. no interpretó la norma conforme a la Constitución Federal, toda vez que destituyó directamente a un integrante del Municipio actor, en concreto, al presidente municipal, procede declarar la invalidez del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado por dicho órgano jurisdiccional dentro del expediente 01/553/09, en el que se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente municipal, como sanción por el incumplimiento del laudo dictado en el referido juicio laboral.
A similares consideraciones arribó esta Segunda Sala, al resolver, entre otras, las controversias constitucionales 205/2017, 235/2017 y 231/2017, en sus sesiones de treinta y uno de enero, catorce de febrero y catorce de marzo de dos mil dieciocho, respectivamente.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez del acuerdo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de M. dentro del expediente 01/553/09, en el que se declaró procedente la imposición de la medida de apremio consistente en la destitución del presidente del Municipio de Amacuzac, Estado de M., por los motivos expuestos en el último considerando.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S. (ponente), M.B.L.R. y presidente E.M.M.I.E.M.J.F.F.G.S. emitió su voto con reservas.
En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción XXI, 73, fracción II, 111, 113, 116, octavo y duodécimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el segundo párrafo deartículo 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se testa la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
5. "Artículo 37. La Suprema Corte contará con dos S. integradas por cinco Ministros cada una, que ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica, bastando con la presencia de cuatro de ellos para funcionar. La Primera Sala conocerá de las materias civil y penal, y la Segunda Sala, de las materias administrativa y laboral, en los términos establecidos en el presente reglamento interior. Además, conocerán de los asuntos que determine el Pleno mediante acuerdos generales."
"I.T. de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
9. Fojas 7 y 8 del expediente principal.
10. "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:
12. "Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
13. "Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:
14. Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 14 y 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley."
"d) El primero de enero; ...
"e) (sic) El veinte de noviembre."
16. Foja 28 vuelta del expediente principal.
19. "Artículo 45. Los síndicos son miembros del Ayuntamiento, que además de sus funciones como integrantes del C., tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como la supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento; tendiendo además, las siguientes atribuciones:
21. Foja 146 de expediente principal.
27. "Artículo 41. El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: "
28. "Artículo 178. Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política Local."
"Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto. "
30. "Artículo 182. Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo, el Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus miembros, acordará la revocación del mandato del munícipe de que se trate.
Tesis, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito