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Timestamp: 2020-02-22 23:49:33
Document Index: 304082350

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 79', 'artículo 26', 'artículo 31', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 57', 'artículo 21', 'artículo 71', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 35', 'artículo 37', 'Artículo 21', 'artículo 51', 'Artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 22', 'artículo 26', 'artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 17', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 10', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'artículo 10', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 50', 'Artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 27', 'artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 7', 'Artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 37', 'artículo 2', 'Artículo 38', 'artículo 2', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 2', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 14', 'Artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 31', 'artículo 29', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'artículo 138', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 52', 'artículo 85', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 85', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'artículo 23', 'artículo 19', 'Artículo 58', 'artículo 230', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 23', 'artículo 169', 'artículo 220', 'artículo 61', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 35']

Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas. TÍTULO II. De medidas administrativas
Vigencia desde 22 de Julio de 2004. Revisión vigente desde 08 de Noviembre de 2016 hasta 30 de Marzo de 2017
De medidas administrativas
Medidas con relación a las finanzas, la contratación y el patrimonio de la Generalidad
Medidas en materia de finanzas públicas
Artículo 18 Modificación del Decreto legislativo 3/2002
1. Se añaden tres apartados, del 3 al 5, al artículo 21 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, con el siguiente texto:
«3. El Gobierno debe enviar al Parlamento, con periodicidad trimestral y dentro de los tres meses siguientes a la finalización del trimestre que corresponda, conjuntamente con el estado de ejecución del presupuesto a que se refiere el artículo 79, la información sobre la evolución del endeudamiento, clasificada en:
«a) Créditos y préstamos bancarios a largo plazo.
«b) Emisiones de deuda a largo plazo.
«c) Créditos y préstamos a corto plazo.
«d) Emisiones de deuda a corto plazo.
«4. Con los mismos plazos y periodicidad fijados por el apartado 3, el Gobierno debe enviar al Parlamento la información completa y necesaria sobre la evolución de los resultados no financieros de la Generalidad y de sus organismos autónomos, con el análisis, si procede, de las desviaciones con respecto a las previsiones del presupuesto.
«5. Las entidades autónomas, entidades públicas y sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Generalidad deben enviar mensualmente al Departamento de Economía y Finanzas un estado de su situación financiera, de acuerdo con la estructura que éste determine.»
2. Se añade un apartado, el 4, al artículo 26 del Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
«4. El consejero o consejera de Economía y Finanzas puede disponer la no liquidación o, si procede, la anulación y la baja de la contabilidad de las liquidaciones de las cuales resultan deudas inferiores a la cuantía que se fija como insuficiente para cubrir el coste que la exacción y la recaudación comportan.»
3. Se modifica la letra a del apartado 4 del artículo 31 del Decreto legislativo 3/2002, que queda redactada del siguiente modo:
«a) La cuenta consolidada de los proyectos relativos a la Generalidad y a sus entidades autónomas, distinguiendo separadamente las operaciones corrientes y las de capital, teniendo en cuenta la distribución sectorial y territorial de los gastos de inversión. Los proyectos de inversión se identifican mediante el código de actuación que tienen asignado, con la finalidad de establecer su seguimiento presupuestario. Las modificaciones de los programas de inversión que implican el inicio de nuevos proyectos requieren la asignación de los correspondientes códigos, de acuerdo con el Departamento de Economía y Finanzas.»
4. Se modifica el apartado 2 del artículo 50 del Decreto legislativo 3/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Las órdenes de pago que no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos cuando se expidan tienen el carácter de órdenes a justificar, sin perjuicio de la aplicación que sea precisa a los créditos presupuestarios correspondientes.
«Las entregas de fondos pueden tener el carácter de renovables, de acuerdo con las siguientes normas:
«a) La renovación se efectúa por el importe justificado, de forma que la cantidad entregada se mantenga fija a lo largo del ejercicio.
«b) Antes de la entrega de fondos, debe efectuarse la retención del crédito en los conceptos presupuestarios para los que se solicita.
«c) El régimen de funcionamiento y los conceptos presupuestarios que pueden utilizarse deben ser fijados por orden del Departamento de Economía y Finanzas.»
5. Se añade un apartado, el 6, al artículo 50 del Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
«6. Durante el mes siguiente a la aprobación del presupuesto, los departamentos deben efectuar la autorización de gastos por el importe de la anualidad del ejercicio de los compromisos plurienales de gasto y por el importe de los contratos o los convenios de alcance anual relativos al funcionamiento de los servicios. El Departamento de Economía y Finanzas, previo informe del interventor o interventora delegado correspondiente, puede efectuar una reserva de crédito de las cantidades anteriores hasta que se materialice la autorización de gasto correspondiente.»
6. Se añade un apartado, el 3, al artículo 57 del Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
«3. Corresponde al Departamento de Economía y Finanzas velar por la coordinación de la gestión de tesorería de las entidades autónomas y las empresas de la Generalidad. A tal fin, en el estado de situación financiera a que se refiere el apartado 4 del artículo 21, las entidades a que se hace referencia deben remitir la información de su tesorería.»
7. Se añaden cinco apartados, del 4 al 8, al artículo 71 del Decreto legislativo 3/2002, con el siguiente texto:
«4. Las entidades autónomas de tipo comercial, industrial y financiero; las empresas públicas, si están constituidas en forma de sociedad anónima así como si no lo están; las universidades públicas financiadas por la Generalidad, y los patronatos y consorcios en los que participa la Generalidad deben enviar a la Intervención General de la Generalidad y a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña antes del 30 de abril la liquidación del presupuesto, las cuentas anuales y la memoria de gestión del ejercicio anterior, y también deben enviar la misma documentación referida a las empresas en que participan.
«5. Las universidades públicas y las empresas y entidades que, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema europeo de cuentas, se considera que forman parte del sector de las administraciones públicas deben enviar a la Intervención General de la Generalidad trimestralmente, dentro del mes siguiente a la finalización del trimestre, la información sobre la ejecución del presupuesto y la situación de endeudamiento, de acuerdo con dicha normativa y en el modelo que a tal efecto debe establecer la Intervención General de la Generalidad.
«6. Sin perjuicio de lo establecido por el apartado 4, la Sindicatura de Cuentas debe presentar anualmente al Parlamento un informe de fiscalización de las entidades a que se refiere el apartado 5 cuando su presupuesto anual supere los 150 millones de euros o la cifra que determine anualmente la ley de presupuestos.
«7. Las entidades a que se refiere el apartado 4 pueden establecer órganos propios de control económico y financiero interno. Corresponden a la Intervención General de la Generalidad las funciones de coordinación, inspección, asesoramiento e impulso de dichos órganos.
8. Las actuaciones de control a que se refiere el presente artículo deben comprender una auditoría financiera y de regularidad en orden a comprobar que la actuación de la entidad se ha ajustado a la legalidad vigente y a las directrices del Gobierno y del Departamento de Economía y Finanzas que le sean aplicables, así como que las transferencias recibidas de la Generalidad se han aplicado a las finalidades previstas; en caso contrario, pueden incluir la propuesta de las medidas de ajuste y de compensación que sean pertinentes.»
Número 7 del artículo 18 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 19 Modificación de la Ley 31/2002
Se modifica el artículo 35 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 35 Fomento de los objetivos sociales en la contratación
«1. En los términos establecidos por el presente artículo, los departamentos, los organismos autónomos y las empresas públicas de la Generalidad deben reservar determinados contratos administrativos de obras, suministros o servicios a centros de inserción laboral de disminuidos, empresas de inserción sociolaboral reguladas por la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral, o a entidades sin afán de lucro que tengan como finalidad la integración laboral o social de personas con riesgo de exclusión social, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las normas del Estado y de la Generalidad que los sean aplicables y que su finalidad o su actividad, de acuerdo con sus normas reguladoras, estatutos o reglas fundacionales, tenga relación directa con el objeto del contrato.
«2. Los objetos contractuales susceptibles de reserva son las obras y servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles; los servicios de mensajería, correspondencia y distribución, de artes gráficas, de limpieza y lavandería, de restauración y de recogida y transporte de residuos, y los servicios y suministros auxiliares para el funcionamiento de la Administración. Sin embargo, los órganos de contratación pueden ampliar la reserva a otros objetos contractuales, dependiendo de la adecuación de las prestaciones a las peculiaridades de los centros, empresas y entidades a que se refiere el presente artículo.
«3. Los contratos reservados son exclusivamente los adjudicados como contrato menor o por procedimiento negociado por razón de la cuantía económica, de acuerdo con los umbrales establecidos por la legislación de contratos de las administraciones públicas. Con los mismos límites cuantitativos aplicables a los procedimientos negociados, los órganos de contratación pueden no utilizar los procedimientos derivados del sistema de contratación centralizada cuando se pretenda adjudicar, mediante reserva social, alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 2.
«4. Los contratos reservados deben someterse siempre al régimen jurídico establecido por la normativa vigente reguladora de la contratación pública, sin que en ningún caso pueda requerirse la constitución de garantías provisionales o definitivas.
«5. Las entidades a que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deben inscribirse previamente en el Registro de Licitadores de la Generalidad.
«6. El Gobierno debe fijar, al inicio de cada ejercicio, la cuantía económica de la reserva social que debe aplicar cada departamento, incluyendo los organismos o empresas públicas vinculadas o dependientes. El importe fijado no debe superar el 20% del importe contratado en el ejercicio anterior mediante contratos menores o procedimientos negociados por razón de la cuantía en los contratos que tienen por objeto las prestaciones a que se refiere el primer inciso del apartado 2.
«7. Las entidades que integran la Administración local de Cataluña pueden aplicar la reserva social establecida por el presente artículo en los términos que establezca el acuerdo correspondiente del pleno de la corporación.»
Artículo 20 Modificación del Decreto legislativo 1/2002
1. Se añade un apartado, el 5, al artículo 13 del Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«5. En los términos del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera del Departamento de Economía y Finanzas, puede autorizar a los departamentos para que adquieran inmuebles o construyan edificios para sustituir a los que actualmente ocupan en régimen de alquiler y, a tal efecto, puede acordar las modificaciones presupuestarias que sean precisas.»
2. Se añade un apartado, el 3, al artículo 15 del Decreto legislativo 1/2002, con el siguiente texto:
«3. Los proyectos de adecuación para la primera ocupación de inmuebles destinados a uso administrativo adscritos a servicios de los departamentos de la Generalidad y sus organismos autónomos y los proyectos de obras de reforma de los ya ocupados que tengan, en ambos casos, un presupuesto de licitación superior a 300.000 euros deben tener, para ser ejecutados, un informe favorable previo de la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, tanto por lo que respecta a los aspectos cualitativos como a los cuantitativos, que tiene carácter vinculante y que debe ser emitido en el plazo de un mes a contar de la fecha de la solicitud.»
Número 2 del artículo 20 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
3. Se modifica el apartado 3 del artículo 20 del Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«3. El Departamento de Economía y Finanzas puede acordar la cesión gratuita de bienes muebles y del uso de los derechos de la propiedad intelectual en favor de entidades vinculadas a la Generalidad o en favor de corporaciones públicas o privadas sin afán de lucro, para fines de utilidad pública o de interés social. Asimismo, los departamentos que tengan asignados derechos de propiedad intelectual pueden firmar convenios de cooperación con dichas entidades que tengan por objeto un intercambio de software.»
Número 3 del artículo 20 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
4. Se modifica el artículo 21 del Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«Por la enajenación de títulos representativos de capital en empresas mercantiles, es preciso atenerse a lo dispuesto por el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.»
5. Se modifica el apartado 1 del artículo 25 del Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«1. No pueden grabarse (sic) los bienes o derechos del patrimonio de la Generalidad si no es con los requisitos exigidos para su enajenación.
«Sin embargo, el Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, puede vincular los bienes inmuebles de la Generalidad, cualquiera que sea su afectación, al pago de una prestación periódica de las reguladas por la legislación civil catalana sobre el derecho de censo.»
6. Se añade un apartado, el 2, al artículo 35 del Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los beneficiarios de la adscripción y los cesionarios de los derechos de uso de inmuebles que son propiedad de la Generalidad deben asumir el pago de las obligaciones tributarias que corresponden a la titularidad del inmueble.»
Véase el número 2 de la Disposición Final 5.ª de esta Ley.
7. Se modifica el apartado 1 del artículo 37 del Decreto legislativo 1/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El Departamento de Economía y Finanzas debe llevar el inventario general del patrimonio de la Generalidad, que debe comprender los bienes inmuebles de dominio público y patrimoniales, los bienes muebles así como los derechos sobre bienes inmuebles y muebles, los derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual y los títulos valores, tanto si son de propiedad de la Generalidad como si son de propiedad de organismos autónomos o pertenecen a entes públicos o empresas públicas.»
Artículo 21 Modificación de la Ley 15/1990
Se añade un apartado, el 7, al artículo 51 de la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, con el siguiente texto:
«7. El Servicio Catalán de la Salud, previo informe favorable del Departamento de Economía y Finanzas, mediante una autorización del Gobierno, puede vincular los bienes inmuebles que formen parte de su patrimonio, cualquiera que sea su afectación, al pago de una prestación periódica de las reguladas por la legislación civil catalana sobre el derecho de censo. El capital obtenido debe destinarse a financiar las operaciones relacionadas con los servicios sanitarios.»
Artículo 22 Modificación del Decreto legislativo 4/2002
1. Se modifica el apartado 8 del artículo 11 del Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, que queda redactado del siguiente modo:
«8. El Instituto Catalán de Finanzas puede conceder e instrumentar operaciones de financiación y garantía en favor de otros sujetos y para otras finalidades.»
Número 1 del artículo 22 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
2. Se modifica el apartado 4 del artículo 17 del Decreto legislativo 4/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«4. Los demás vocales son nombrados y separados libremente por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.»
Número 2 del artículo 22 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
3. Se modifica la letra f del apartado 2 del artículo 22 del Decreto legislativo 4/2002, que queda redactada del siguiente modo:
«f) La dirección superior y la contratación del personal del Instituto Catalán de Finanzas, así como la libre designación de los responsables de las diferentes áreas funcionales.»
4. Se modifica la letra g del apartado 2 del artículo 22 del Decreto legislativo 4/2002 y se añade otra, la h, las cuales quedan redactadas del siguiente modo:
«g) La organización y estructuración internas del Instituto Catalán de Finanzas en las áreas funcionales que considere más adecuadas para cumplir mejor la actividad ordinaria.
«h) El ejercicio de las facultades que le delegue la Junta de Gobierno.»
5. Se modifica el apartado 2 del artículo 26 del Decreto legislativo 4/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Del número total de vocales electivos, cinco son nombrados y separados libremente por el Gobierno entre personas de competencia reconocida, procedentes del ámbito financiero, económico, social o universitario, y los otros cinco son designados por el Parlamento entre personas de la misma procedencia. A tal efecto, cada grupo parlamentario debe designar un vocal.»
Número 5 del artículo 22 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
6. Se modifica el apartado 5 del artículo 26 del Decreto legislativo 4/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«5. Los consejeros electivos designados por el Parlamento son nombrados por un período de cinco años no renovable. Son causas de finalización del mandato:
«a) La finalización del período para el que fueron designados.
«b) La defunción.
«c) La renuncia expresa, comunicada por escrito al consejero o consejera de Economía y Finanzas o al presidente o presidenta del Parlamento.»
Número 6 del artículo 22 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 23 Modificación de la Ley 4/1984
1. Se añade un artículo, el 9 bis, a la Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán del Crédito Agrario, con el siguiente texto:
«Los miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo son nombrados y separados libremente por el Gobierno.»
2. Se modifica el artículo 17 de la Ley 4/1984, que queda redactado del siguiente modo:
«El Gobierno debe aprobar, a propuesta de los titulares de los departamentos de Economía y Finanzas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, y del departamento competente en materia de cooperativas, el reglamento del Instituto, que debe ser redactado por la Junta de Gobierno.»
Artículo 23 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción
Artículo 24 Modificación de la Ley 13/1997
Se modifica el artículo 9 de la Ley 13/1997, de 19 de noviembre, de creación del Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 9 La Dirección
«1. La persona que ocupa la Dirección del Instituto, que tiene nivel orgánico asimilado a dirección general, es nombrada y separada por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera competente en la materia.
«2. Corresponde a la Dirección del Instituto:
«a) Ejecutar los acuerdos del Consejo Rector.
«b) Presentar la propuesta del programa de actividades del Instituto al Consejo Rector.
«c) Elaborar y enviar al Consejo Rector la propuesta de las tasas o precios públicos a aplicar.
«d) Presentar al Consejo Rector el anteproyecto de presupuesto del Instituto y la memoria anual.
«e) Ordenar los gastos y pagos dentro de los límites establecidos.
«f) Dirigir, organizar y gestionar la actividad del Instituto.
«g) Proponer la contratación del personal para atender las necesidades del Instituto.
«h) Mantener relaciones con organismos análogos o con responsabilidad en el mismo ámbito.
«i) Resolver las solicitudes de declaración de idoneidad de las personas o familias que desean adoptar y de las que desean acoger sin voluntad de adoptar.
«j) Resolver la constitución de los acogimientos simples en familia ajena y resolver o proponer al órgano judicial la constitución de los acogimientos preadoptivos, según proceda.
«k) Dirigir las publicaciones del Instituto.
«l) Ejercer las demás funciones que le encomienden la Presidencia y el Consejo Rector.»
Artículo 24 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 25 Modificación de la Ley 23/1985
Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 23/1985, de 28 de noviembre, de creación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El Consejo de Administración está compuesto por los miembros siguientes:
«a) El presidente o presidenta.
«b) El director o directora general.
«c) Dos representantes del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
«d) Dos representantes del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.
«e) Un representante de cada uno de los departamentos siguientes: Economía y Finanzas, Salud, Medio Ambiente y Vivienda, Trabajo e Industria, y Comercio, Turismo y Consumo.
«f) Un representante elegido por los órganos de representación del personal del Instituto.
«g) Un representante de cada una de las diputaciones catalanas que participan en la financiación del Instituto.
«h) Hasta dos miembros más propuestos por el consejero o consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.»
Artículo 25 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Téngase en cuenta que la citada Ley [CATALUÑA] 23/1985, 28 noviembre, ha sido derogada por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 4/2009, 15 abril, del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias («D.O.G.C.» 23 abril) el 24 de abril de 2009.
Artículo 26 Modificación de la Ley 20/2000
Se modifica la letra a del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 20/2000, de 29 de diciembre, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales, que queda redactada del siguiente modo:
«a) Está presidido por el secretario o secretaria general de Cultura.»
Artículo 27 Modificación de la Ley 17/1996
Se modifican las tarifas por concesiones y autorizaciones administrativas otorgadas por Puertos de la Generalidad, que establece el artículo 10 de la Ley 17/1996, de 27 de diciembre, por la que se fijan los precios públicos que constituyen prestaciones patrimoniales de carácter público, que quedan fijadas en los siguientes importes:
C. Concesiones administrativas
Tarifa C-1. Ocupación y utilización de terrenos y superficies: 12,83 euros por metro cuadrado y por año.
Tarifa C-2. Utilización de locales y edificios: 37,43 euros por metro cuadrado y por año.
Utilización de naves de venta de pescado: 6,92 euros por metro cuadrado y por año.
A. Autorizaciones administrativas
Tarifa A-1. Utilización de una zona de agua resguardada, para un campo de anclaje: 0,38 euros por metro cuadrado de ocupación y por año; para palancas desmontables: 41,60 euros por metro de palanca y por año; para zonas anexas a los muelles: 20,79 euros por metro de muelle y por año.
Tarifa A-2. Utilización de una zona de botadura dentro de la zona de servicio del puerto: 4,15 euros por metro cuadrado y por año.
Tarifa A-3. Utilización de espacios cubiertos: 17,33 euros por metro cuadrado y por año.
Artículo 27 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 28 Modificación del anexo 1 de la Ley 5/1998
Se modifican determinadas cuantías de las tarifas por servicios generales y servicios específicos que presta directamente Puertos de la Generalidad de los apartados correspondientes del anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, las cuales quedan fijadas en los siguientes importes:
Apartado 3.1.4 de la tarifa G-1, entrada y estancia de barcos: 10,99 euros por cada 100 toneladas de registro bruto (o por cada 100 unidades de arqueo) o fracción.
Apartado 3.2.4 de la tarifa G-2, atraque: 1,42 euros.
Apartado 3.5.4 de la tarifa G-5, embarcaciones deportivas:
Servicios (por cada 10 metros cuadrados y por períodos de 24 horas): utilización del agua del puerto, 0,52 euros; anclaje con muerto, 1,05 euros; atraque en punta, 1,26 euros; atraque de lado, 3,45 euros, y botadura en zona de tierra, 0,52 euros.
Servicios adicionales (por cada 10 metros cuadrados y por períodos de 24 horas): atraque con amarra a muerto, 0,31 euros; tomas de agua, 0,31 euros; recogida de basura, 0,21 euros; vigilancia general de la zona, 0,21 euros; atraque o anclaje en instalaciones exclusivamente de temporada, 0,42 euros; tomas de energía eléctrica, 0,21 euros; cabrestantes y escaleras en zonas de botadura, 0,21 euros, y personal de ayuda en zonas de botadura, 0,42 euros.
Apartado 4.1.4, punto 1 de la tarifa E-1, utilización de maquinaria y utillaje portuarios:
Hora de grúa de más de 12 toneladas: 103,00 euros.
Apartado 4.2.4, punto 1 de la tarifa E-2, utilización de superficies de almacenamiento, de locales y de edificios:
Mercancías. Zonas de tráfico. Superficie descubierta (por cada 10 metros cuadrados y por día natural o fracción): de 4 a 10 días, 0,21 euros; de 11 a 17 días, 0,31 euros; de 18 en adelante, 0,84 euros; zona de almacenamiento, 0,21 euros.
Mercancías. Zonas de tráfico. Superficie cubierta (por cada 10 metros cuadrados y por día natural o fracción): de 1 a 3 días, 0,31 euros; de 4 a 10 días, 0,52 euros; de 11 a 17 días, 1,05 euros; de 18 en adelante, 2,09 euros; zona de almacenamiento, 0,42 euros.
Otras utilizaciones: temporada alta (de 1 de junio a 30 de septiembre), 2,62 euros; temporada baja, 1,26 euros.
Apartado 4.4.4 de la tarifa E-4, servicio de elevación, reparación y conservación:
a) Rampa de botadura: 6,30 euros por operación.
b) Carros de botadura: izada o botadura, 0,63 euros por metro lineal de eslora por manga; estancia en la zona de reparación, 0,31 euros por día y por metro lineal de eslora por manga.
c) Pórticos elevadores: izada o botadura, 14,55 euros por metro de eslora; inmovilización, 19,43 euros por hora; estancia en la zona de reparación, 2,19 euros por día y por metro lineal de eslora.
d) Grúas fijas: operación con grúa fija menos de 30 minutos, 18,87 euros; operación con grúa fija más de 30 minutos, 9,44 euros por cada media hora o fracción de exceso; estancia, 0,21 euros por metro cuadrado y por día.
e) Otros servicios: recogida de desperdicios, 1,49 euros por metro de eslora y por semana o fracción; suministro de energía y agua, 0,35 euros por metro de eslora y por día; alquiler de máquina de limpieza a presión, 25,41 euros por hora.
Artículo 29 Modificación de la Ley 31/2002
Se modifica el apartado 3 del artículo 50 de la Ley 31/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo está adscrita al departamento que tenga atribuida la función en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo, mediante la unidad directiva de este departamento que ejecuta estas competencias, el cual establece sus directrices y ejerce el control de eficacia y eficiencia sobre su actividad.»
Artículo 30 Modificación de la Ley 11/1989
1. Se modifica el artículo 4 de la Ley 11/1989, de 10 de julio, de creación del Instituto Catalán de la Mujer, que queda redactado del siguiente modo:
«El Instituto Catalán de la Mujer se rige por la Junta de Gobierno.»
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 11/1989, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La composición de la Junta de Gobierno está determinada por reglamento y sus miembros son nombrados por el Gobierno, a propuesta del presidente o presidenta de la Generalidad.»
Artículo 30 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Modificación del Decreto legislativo 1/1997
Artículo 31 Modificación del Decreto legislativo 1/1997
Se modifica la letra b del artículo 31 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, que queda redactada del siguiente modo:
«b) Las modificaciones producidas por la variación del número de puestos y las modificaciones del grupo, del complemento de destinación y del complemento específico de los puestos de trabajo incluidos en las relaciones iniciales.»
Artículo 32 Adición de una disposición transitoria al Decreto legislativo 1/1997
Se añade una disposición transitoria, la decimotercera, al Decreto legislativo 1/1997, con el siguiente texto:
«Decimotercera
«1. También podrá tomar parte en los procesos de funcionarización del personal laboral que están regulados por las disposiciones transitorias décima y duodécima el personal que tenga suspendido su contrato por tener excedencia voluntaria por incompatibilidad o por interés particular.
«2. El personal que cumpla los requisitos para acogerse a los correspondientes procesos de funcionarización en aplicación de esta disposición transitoria y supere las pruebas selectivas que se establezcan, queda, respecto al cuerpo o escala de personal funcionario al que haya accedido, en situación de excedencia voluntaria y puede reingresar en el supuesto de que exista una vacante dotada presupuestariamente.»
Artículo 33 Personal de la Sindicatura de Cuentas
1. Las retribuciones del personal de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, incluidos los trienios, son las que corresponden en función de la equiparación establecida por el artículo 27 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, según el texto establecido por la Ley 15/1991, de 4 de julio. Esta disposición debe aplicarse, por lo que respecta a los trienios, a los miembros de los órganos de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que tengan la condición de funcionarios.
Téngase en cuenta que la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 12/2004, 27 diciembre, de medidas financieras («D.O.G.C.» 31 diciembre), establece lo siguiente: «Equiparación de trienios en la Sindicatura de Cuentas A efectos de lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, de medidas fiscales y administrativas, con relación a los miembros de los órganos de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña que tengan la condición de funcionarios, la equiparación debe aplicarse a los trienios devengados en dicha institución».
2. Las garantías establecidas por la disposición adicional undécima del Decreto legislativo 1/1997, también son de aplicación, en los mismos términos, a los funcionarios de carrera que ejerzan o hayan ejercido durante más de dos años seguidos o tres con interrupción el cargo de síndico de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, nombrados por resolución del Pleno del Parlamento.
Artículo 34 Modificación de la Ley 21/1987
Se modifica el artículo 7 de la Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Generalidad de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El personal incluido en el ámbito de la presente Ley que, por razón del cargo o por designación o nombramiento, pertenezca a consejos de administración o a órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas en representación del sector público puede percibir únicamente las dietas e indemnizaciones derivadas de su asistencia en la cuantía establecida en el régimen general de dietas e indemnizaciones de la Generalidad de Cataluña o de la corporación local de que se trata.
«2. No puede pertenecerse a más de dos consejos de administración o a órganos de gobierno fijados por el apartado 1, salvo que esta pertenencia lo sea en virtud del cargo o bien esté determinada por el Gobierno o por el pleno de la corporación local de que se trate.
«3. El Gobierno, a propuesta del Departamento de Economía y Finanzas, o el pleno de la corporación deben determinar el importe de las dietas o indemnizaciones a percibir por la pertenencia a los órganos de gobierno de las entidades o empresas públicas o privadas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, así como su régimen de control. También lo deben determinar para los casos de pertenencia a cualesquiera otros órganos colegiados de esta Administración o de otra.
«4. En el ámbito de la Administración de la Generalidad, el importe de las dietas o indemnizaciones que por cualquier concepto se perciban no pueden ser superiores en términos anuales al 30% de las retribuciones brutas que la persona afectada deba recibir por este período. El porcentaje puede ser modificado por la ley de presupuestos.»
Artículo 35 Modificación de la Ley 5/1994
1. Se modifica el artículo 18 bis de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tenga un mínimo de dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior, que haya superado previamente un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña y que tenga la titulación adecuada puede acceder a la categoría de bombero o bombera de primera por promoción interna, mediante concurso oposición.
«2. También puede acceder a esta categoría el personal del Cuerpo de Bomberos que no disponga de la titulación requerida si cumple los demás requisitos establecidos por el apartado 1, tiene una antigüedad de diez años en la escala básica o de cinco años en esta escala y ha superado un curso de formación que puede constituirse como una ampliación del curso específico de formación exigible en todos los casos.
«3. El personal funcionario que accede a la categoría de bombero o bombera de primera, si cumple los requisitos que se establezcan, queda destinado de modo definitivo al mismo puesto de trabajo que ocupaba.»
2. Se modifica el artículo 19 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:
«El personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tenga un mínimo de dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior y que haya superado o supere un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña puede acceder a la categoría de cabo por promoción interna, mediante concurso oposición.»
3. Se modifica el artículo 20 de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:
«El personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tenga un mínimo de dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior y que haya superado o supere un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña puede acceder a la categoría de sargento por promoción interna, mediante concurso oposición.»
4. Se modifica el artículo 20 bis de la Ley 5/1994, que queda redactado del siguiente modo:
«El personal del Cuerpo de Bomberos de la Generalidad que tenga un mínimo de dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría inmediatamente inferior y que haya superado o supere un curso de capacitación de carácter selectivo impartido por la Escuela de Bomberos y Seguridad Civil de Cataluña puede acceder a la categoría de oficial por promoción interna, mediante concurso oposición.»
Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra
Artículo 36 Adición de una nueva disposición adicional a la Ley 10/1994
Se añade una nueva disposición adicional, la sexta, a la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra, con el siguiente texto:
«1. Los funcionarios del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de las categorías de mosso o mossa y cabo de la escala básica se clasifican, a efectos administrativos de carácter económico, en el grupo C, de acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.
«2. La aplicación de tal medida comporta que la diferencia retributiva del sueldo base resultante de la clasificación en el grupo C se deduce del complemento específico de la correspondiente relación de puestos de trabajo.
«3. Los trienios perfeccionados en la escala básica con anterioridad a la aplicación del cambio de clasificación a que se refiere la presente disposición deben valorarse de acuerdo con el grupo de clasificación al cual pertenecía el funcionario o funcionaria en el momento en que fueron perfeccionados, entre los establecidos por el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997.
«4. Las personas aspirantes a la categoría de mosso o mossa, durante la realización del curso selectivo en la Escuela de Policía de Cataluña, deben percibir las retribuciones básicas correspondientes al grupo D.»
Permanencia en el servicio activo de los funcionarios de los cuerpos de médicos, farmacéuticos y practicantes titulares de la sanidad local
Artículo 37 Regulación de la prórroga en el servicio activo del personal funcionario perteneciente a los cuerpos de médicos, farmacéuticos y practicantes titulares de la sanidad local
1. Los funcionarios de los cuerpos de médicos, farmacéuticos y practicantes titulares de la sanidad local, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2.3 del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, pueden solicitar voluntariamente prolongar su permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta que cumplan los setenta años de edad, dentro de los dos meses anteriores a la fecha de cumplimiento de los sesenta y cinco años. La permanencia en el servicio activo debe ser autorizada por el departamento competente en esta materia, en función de las necesidades del sistema sanitario público, y articulada en el marco del plan de ordenación de recursos humanos que resulte afectado o el instrumento de gestión equivalente.
2. La prórroga en el servicio activo, a instancia de la persona interesada, es procedente si en el momento de cumplir la edad de jubilación forzosa le faltan seis años o menos de cotización para causar la pensión de jubilación. Esta prórroga no puede prolongarse más allá del día en que la persona interesada complete el tiempo de cotización necesario para causar la pensión de jubilación, en el régimen que le sea de aplicación, sea cual sea su importe, y su concesión debe supeditarse a que quede acreditado que tiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o actividades correspondientes a su nombramiento.
3. La persona interesada que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, haya cumplido los sesenta años de edad, puede prolongar voluntariamente su edad de jubilación hasta alcanzar el tiempo máximo de cotización en el sistema de previsión social al cual esté acogido, con el límite de los setenta años de edad y siempre y cuando quede acreditado que tiene la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento.
Otras modificaciones de leyes sustantivas
Artículo 38 Modificación de la Ley 6/1984
Se añade una nueva letra, la i, al apartado 1 del artículo 2 de la Ley 6/1984, de 5 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, con el siguiente texto:
«i) Fiscalizar la contabilidad de los procesos electorales cuyo ámbito se circunscriba a Cataluña.»
Artículo 38 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 39 Modificación de la Ley 6/1995
Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 6/1995, de 28 de junio, del Jurado de Expropiación de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El Jurado de Expropiación funciona en cinco secciones, cuya demarcación corresponde a los territorios de las provincias actuales de Barcelona, Gerona y Lérida y a los territorios de las delegaciones del Gobierno en Tarragona y las Tierras del Ebro.»
Artículo 39 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 40 Modificación de la Ley 25/1985
Artículo 40 derogado por la letra d) del número 1 de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 12/2009, 10 julio, de educación («D.O.G.C.» 16 julio).Vigencia: 17 julio 2009
Artículo 41 Modificación de la Ley 2/1983
Se modifica el apartado 2 del artículo 14 de la Ley 2/1983, de 2 de marzo, de alta montaña, que queda redactado del siguiente modo:
«2. La composición del Consejo General de Montaña debe ser determinada por el Gobierno a propuesta del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. En cualquier caso, en este Consejo debe haber representantes de la Administración local y de los diferentes departamentos de la Administración de la Generalidad vinculados a las actuaciones de montaña.»
Sistema bibliotecario de Cataluña
Artículo 42 Modificación de la Ley 4/1993
1. Se modifican las letras b y c del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 4/1993, de 18 de marzo, del sistema bibliotecario de Cataluña, que quedan redactadas del siguiente modo:
«b) La vicepresidencia primera, que corresponde al director o directora general competente en materia de patrimonio cultural; la vicepresidencia segunda, que corresponde al presidente o presidenta del Instituto de Estudios Catalanes, y la vicepresidencia tercera, que corresponde al director o directora de la Biblioteca de Cataluña.
«c) Los vocales siguientes, nombrados por el consejero o consejera de Cultura: los directores de las diferentes unidades de la Biblioteca de Cataluña; cuatro vocales a propuesta del director o directora general competente en materia de patrimonio cultural; dos vocales a propuesta del Instituto de Estudios Catalanes; dos vocales a propuesta del Consejo Interuniversitario, y un vocal a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona; un vocal a propuesta del Colegio Oficial de Bibliotecarios-Documentalistas de Cataluña.»
2. Se modifica el artículo 15 de la Ley 4/1993, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 15 El director o directora
«El director o directora, que es nombrado por el consejero o consejera de Cultura, tiene las funciones siguientes:
«a) Ejercer la dirección de la entidad, establecer las directrices técnicas para la prestación de servicios y fijar los criterios generales de organización.
«b) Representar al centro y ejercer sus acciones judiciales y administrativas.
«c) Formalizar los contratos y autorizar los gastos.
«d) Dirigir el personal.
«e) Coordinar la actividad de las diferentes unidades en que se estructura la Biblioteca de Cataluña.
«f) Acordar las adquisiciones de material bibliográfico.
«g) Proponer al Consejo Rector el plan anual de actuaciones, la memoria sobre la gestión y el anteproyecto de presupuesto.
«h) Cualquier otra que el Consejo Rector le encomiende y, en general, todas las que no hayan sido asignadas expresamente a otros órganos.»
Estudios de opinión de la Generalidad
Artículo 43 Modificación de la Ley 23/1998
Artículo 43 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 6/2007, 17 julio, del Centro de Estudios de Opinión («D.O.G.C.» 23 julio).Vigencia: 24 julio 2007
Artículo 44 Adición de un nuevo supuesto al anexo correspondiente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Ley 23/2002
Se añade un nuevo supuesto al anexo correspondiente al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Ley 23/2002, de 18 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos en relación con el régimen de silencio administrativo y el plazo de resolución y notificación, y de primera modificación de los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 13/1989, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, con el siguiente texto:
«Núm. 7
«Denominación del procedimiento administrativo: inscripción en el Catálogo de explotaciones prioritarias.
«Normativa reguladora: Decreto 97/1997, de 15 de abril, por el que se establecen determinados criterios de aplicación de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.
«Plazo máximo de resolución y notificación: 6 meses.
«Efecto del silencio administrativo: desestimatorio.»
Artículo 44 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 45 Modificación de la Ley 5/2001
Se modifica el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 5/2001, de 2 de mayo, de fundaciones, que queda redactado del siguiente modo:
«3. La documentación a que se refiere el artículo 29 es pública una vez el Protectorado ha verificado su adecuación formal a la normativa vigente.»
Artículo 45 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Téngase en cuenta que la Ley [CATALUÑA] 5/2001, 2 mayo, modificada por esta norma, ha sido derogada por la letra a) de la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 21/2014, 29 diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Medidas en materia de cooperativas
Artículo 46 Modificación de la Ley 18/2002
Se modifican los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. Las cooperativas constituidas antes de la entrada en vigor de la presente Ley deben adaptar sus estatutos sociales antes del 1 de enero de 2006.
«2. Una vez superado el plazo establecido por el apartado 1, si la cooperativa no cumple su obligación de presentar los nuevos estatutos, queda descalificada por resolución del consejero o consejera competente en materia de cooperativas, a propuesta del director o directora general competente en esta materia, y debe aplicársele lo establecido por el artículo 138.5 y 6.»
Artículo 46 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 47 Modificación de la Ley 17/2000
Se añade una nueva disposición adicional, la sexta, a la Ley 17/2000, de 29 de diciembre, de equipamientos comerciales, con el siguiente texto:
«Sexta Proyectos de nuevos establecimientos comerciales y de ocio adyacentes a estadios deportivos
«Los proyectos de nuevos establecimientos comerciales y de ocio adyacentes a estadios deportivos de nueva construcción pueden añadir un incremento de superficie de venta no superior a 25.000 metros cuadrados en el dimensionamiento que establezca el Plan territorial sectorial de equipamientos comerciales, siempre y cuando cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
«a) La instalación deportiva adyacente comporta una gran capacidad de atracción de público porque dispone de un aforo mínimo de 30.000 espectadores y se destina prioritariamente a acoger la competición en un deporte mayoritario.
«b) El establecimiento comercial y el nuevo estadio deportivo forman parte desde el inicio de un mismo proyecto urbanístico.
«c) En el caso de que se trate de un establecimiento colectivo, el proyecto no prevé la implantación de ningún gran establecimiento comercial alimentario.
«d) En el conjunto del proyecto del equipamiento comercial, la superficie de venta de productos alimenticios no supera en ningún caso los 2.000 metros cuadrados.»
Artículo 47 derogado por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Artículo 48 Modificación de la Ley 13/2002
1. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Una vez aprobadas las disposiciones reglamentarias y previa solicitud de los ayuntamientos interesados, el departamento competente en materia de turismo puede iniciar los trámites para la declaración de municipios turísticos y para las demás declaraciones turísticas contenidas en el título II de la presente Ley. En consecuencia, se suspenden las declaraciones realizadas hasta el desarrollo reglamentario preceptivo.»
2. Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley 13/2002, que queda redactado del siguiente modo:
«2. En el plazo de tres años a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, el departamento competente en materia de turismo debe elaborar un mapa turístico de Cataluña, en el cual deben constar los municipios, comarcas y demás áreas territoriales de carácter turístico. El mapa debe incluirse en el Plan de turismo de Cataluña.»
3. Se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 13/2002, que queda redactada del siguiente modo:
«El Plan de turismo de Cataluña debe redactarse en el plazo de tres años a contar de la entrada en vigor de la presente Ley.»
Artículo 49 Competencias municipales sobre animales potencialmente peligrosos
1. Se modifica el artículo 13 de la Ley 10/1999, de 30 de julio, sobre la tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13 Órganos competentes
«La competencia para imponer las sanciones establecidas por la comisión de las infracciones tipificadas por la presente Ley corresponde a los siguientes órganos:
«a) A los alcaldes, por la comisión de infracciones de carácter leve.
«b) Al pleno del ayuntamiento, por la comisión de infracciones de carácter grave y muy grave.»
2. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones tipificadas por la Ley del Estado 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y el Real decreto 287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla, corresponde a los órganos siguientes de los ayuntamientos:
a) A los alcaldes, por la comisión de infracciones de carácter leve.
b) Al pleno del ayuntamiento, por la comisión de infracciones de carácter grave y muy grave.
Programas de subvenciones a entes locales
Artículo 50 Programas de subvenciones a entes locales
1. El Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas debe redactar un informe anual sobre todas las partidas del presupuesto de la Generalidad destinadas a entes locales, indicando en cada caso la finalidad, criterios y procedimientos de asignación o de distribución a los entes locales destinatarios de estas partidas y el órgano responsable de su gestión.
2. Los entes locales pueden participar, mediante la Comisión de Cooperación Local de Cataluña, en la formulación de los programas de subvenciones destinados a sus inversiones financiadas con cargo a los presupuestos de la Generalidad. Las bases reguladoras de estos programas deben incorporar la emisión de un informe de la Comisión como trámite previo a la resolución correspondiente. Lo establecido por el presente apartado no es de aplicación a los casos de líneas de ayuda o programas cuya normativa reguladora establece un órgano específico de participación de los entes locales como trámite previo a la resolución correspondiente. En estos casos, basta con informar a la Comisión de Cooperación Local de las subvenciones otorgadas.
3. El Gobierno, sin perjuicio de lo establecido por el apartado 2, previo informe de la Comisión de Cooperación Local de Cataluña, debe establecer la integración en el Plan único de obras y servicios de Cataluña de los programas de subvenciones que, por la pluralidad de los destinatarios, el objeto y las características técnicas, pueden desarrollarse mediante este instrumento de cooperación económica. Esta integración debe realizarse sin perjuicio de que se pueda mantener, si procede, la gestión administrativa y económica en el departamento u organismo correspondiente.
Artículo 51 Programación universitaria de Cataluña
La Programación universitaria de Cataluña es un instrumento básico de ordenación del sistema universitario de Cataluña, marcado por la integración de las universidades en el nuevo espacio europeo de educación superior. En el caso de que de la Programación universitaria de Cataluña se deriven gastos asociados a la implantación de nuevos estudios, debe autorizarse el correspondiente gasto plurienal para el período de implantación.
Artículo 52 Medidas aplicables por el uso indebido del servicio de transporte público de viajeros
1. Las personas usuarias del servicio de transporte público de viajeros sujeto a régimen tarifario deben disponer, para acceder a estos servicios, de un billete o de un título de transporte adecuado de conformidad con las condiciones aplicables en cada momento.
2. Se considera que una persona usuaria hace un uso indebido del servicio cuando se halla en alguno de los siguientes supuestos:
a) Viaja sin billete o con un título de transporte no validado.
b) Viaja con un título de transporte que no es válido para las características del trayecto o de la persona usuaria.
c) Viaja con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamiento pero no validado en el transbordo.
d) Viaja utilizando un billete o un título de transporte manipulado o falsificado.
3. En caso de que el usuario o usuaria viaje sin billete, con un título de transporte no validado o con un título de transporte no válido para las características del trayecto o del usuario o usuaria, deben adoptarse las siguientes medidas:
a) El personal de la empresa operadora debe requerir al usuario o usuaria el abono de una percepción mínima de 100 euros. A tal efecto, el personal de la empresa operadora debe expedir el documento justificativo correspondiente a la percepción mínima. Este importe debe ser abonado en un plazo de treinta días a contar desde la intervención del personal de la empresa operadora. Si la percepción mínima se abona de forma inmediata, o en un plazo de dos días hábiles desde su emisión, el importe se reduce un 50%. Letra a) del número 3 del artículo 52 redactado por el apartado 1 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).Vigencia: 14 marzo 2015
b) En caso de que el usuario o usuaria no efectúe el pago inmediato de la percepción mínima, el personal de la empresa operadora debe solicitar que se identifique para gestionar su cobro. En caso de que no se efectúe el pago durante los treinta días posteriores a la intervención, la Administración titular del servicio debe tramitar el procedimiento sancionador correspondiente, siempre y cuando la actuación del usuario o usuaria constituya una infracción administrativa de acuerdo con la normativa de transporte aplicable.
c) En caso de que el usuario o usuaria se niegue a abonar la percepción mínima o a identificarse adecuadamente, el personal de la empresa operadora puede solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que lo identifiquen, sin perjuicio de la facultad de requerirle que abandone el medio de transporte o las instalaciones.
Número 3 del artículo 52 redactado por el número 1 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
4. En caso de que, previa identificación del usuario o usuaria, se compruebe que se trata de un título de transporte que no es válido debido a sus características, o cuando la persona se niegue a identificarse y, por lo tanto, no se haya podido comprobar este aspecto, el personal de intervención debe retener el título y depositarlo en el lugar que se determine para que que la persona titular, previa acreditación, pueda retirarlo.
Número 4 del artículo 52 redactado por el número 1 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
5. En el caso de que se viaje con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamiento pero no validado en el transbordo, el personal de la empresa operadora debe requerir a la persona usuaria el abono de una percepción equivalente al precio del billete sencillo de una zona tarifaria.
6. En el caso de que se viaje utilizando un billete o un título de transporte que presente indicios de haber sido manipulado o falsificado, el personal de la empresa operadora debe retener el billete o el título de transporte y debe requerir a la persona usuaria que se identifique a efectos de cursar la denuncia correspondiente. Posteriormente, debe indicarse a la persona usuaria que abandone el vehículo o las instalaciones del servicio. Si la persona usuaria se niega a identificarse, el personal de la empresa operadora debe solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que la identifiquen, sin perjuicio de la facultad de requerir a la persona usuaria que abandone el medio de transporte o las instalaciones.
7. En los ámbitos territoriales en los que se haya establecido un sistema de integración tarifaria con una tipología propia de títulos de transporte, debe aplicarse, con carácter genérico, la percepción mínima con el importe mencionado, sin perjuicio de que la autoridad competente pueda proponer importes diferentes, que deben ser aprobados por resolución de la persona titular del departamento competente en materia de transportes, por supuestos relacionados con la utización inadecuada del título, en los términos descritos en el apartado 2.
Número 7 del artículo 52 introducido por el número 2 del artículo 52 de la Ley [CATALUÑA] 26/2009, 23 diciembre, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
8. En caso de que la percepción mínima haya sido impuesta a una persona para viajar con un título de transporte de tarifación social, un título específico para familias numerosas o para familias monoparentales sin el carnet que acredite el derecho a obtenerlo, la percepción mínima se dejará sin efecto si la persona aporta la documentación acreditativa correspondiente en un plazo de 48 horas.
Número 8 del artículo 52 introducido por el apartado 2 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).Vigencia: 14 marzo 2015
9. En caso de que la percepción mínima haya sido impuesta a una persona menor de edad, las empresas operadoras de transporte público deben notificarlo formalmente a sus tutores legales, y deben otorgar la posibilidad de abonar su importe con la bonificación del 50% en un plazo de treinta días.
Número 9 del artículo 52 introducido por el apartado 3 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo).Vigencia: 14 marzo 2015
1. Es una infracción leve utilizar de modo indebido el servicio de transporte público de viajeros sujeto a régimen tarifario en los términos establecidos por el artículo 52.2.
2. La infracción a que se refiere el presente artículo es sancionada con una multa de hasta 600 euros.
3. El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador y notificar su resolución a la persona denunciada es de un año.
Número 3 del artículo 53 redactado por el apartado 4 del artículo 85 de la Ley [CATALUÑA] 3/2015, 11 marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas («D.O.G.C.» 13 marzo). Vigencia: 14 marzo 2015
1. Lo establecido por los artículos 52 y 53 es directamente de aplicación a los servicios de transporte ferroviario, así como a los servicios de transporte público de viajeros por carretera sujetos a régimen tarifario de competencia de la Generalidad.
2. Los entes locales pueden aplicar el régimen establecido por los artículos 52 y 53 en los términos que dispongan sus ordenanzas.
Afectación de ingresos
Artículo 55 Afectación de las cantidades recaudadas procedentes de las sanciones administrativas y las resoluciones judiciales en materia de protección de la salud
Las cantidades recaudadas procedentes de sanciones administrativas y las derivadas de resoluciones judiciales dentro del ámbito de la protección de la salud se afectan a actuaciones tendentes a la mejora del control sanitario y la protección de la salud, por una cuantía igual al exceso sobre la cantidad recaudada en el ejercicio anterior, incrementada en el índice de precios de consumo.
Artículo 56 Afectación de las cantidades recaudadas procedentes de sanciones en materia de control, regularidad y calidad del suministro de energía eléctrica en Cataluña
Las cantidades recaudadas procedentes de las sanciones impuestas en materia de control, regularidad y calidad del suministro de energía eléctrica en Cataluña se afectan a la financiación de actuaciones vinculadas al sector eléctrico. Dichas cantidades recaudadas son objeto de generación de créditos en las partidas correspondientes de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo e Industria, por una cuantía igual al exceso sobre la cantidad recaudada en el ejercicio anterior, incrementada en el índice de precios de consumo.
Artículo 57 Afectación de las cantidades recaudadas procedentes de sanciones en materia de minería
Las cantidades recaudadas procedentes de las sanciones impuestas en materia de minería se afectan a la financiación de actuaciones vinculadas a la seguridad minera y la investigación de recursos minerales. Dichas cantidades recaudadas son objeto de generación de créditos en las partidas correspondientes de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo e Industria, por una cuantía igual al exceso sobre la cantidad recaudada en el ejercicio anterior, incrementada en el índice de precios de consumo.
El importe de las sanciones económicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales recaudadas por el Departamento de Trabajo e Industria debe destinarse a las actuaciones preventivas que programa dicho departamento, competente en la ejecución de políticas en prevención de riesgos laborales, por una cantidad igual al exceso ingresado sobre la cantidad prevista en el presupuesto.
Artículo 58 redactado por el artículo 23 de la Ley [CATALUÑA] 12/2004, 27 diciembre, de medidas financieras («D.O.G.C.» 31 diciembre), en la redacción dada al mismo por el artículo 19 de la Ley [CATALUÑA] 21/2005, 29 diciembre, de medidas financieras («D.O.G.C.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2006
Artículo 58 redactado por el artículo 230 de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Primera Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos
Los rendimientos derivados del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos quedan afectados totalmente a la financiación de gastos sanitarios determinados con criterios objetivos.
Segunda Efectos del incremento del impuesto minorista sobre carburantes
El Gobierno debe adoptar las medidas pertinentes para minimizar los efectos del aumento de costes que implica el incremento del impuesto minorista sobre carburantes para los diversos sectores económicos.
Disposición adicional segunda derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Tercera Incorporación de los objetivos, funciones y personal del Instituto Catalán del Voluntariado al Departamento de Bienestar y Familia
1. Se suprime el Instituto Catalán del Voluntariado (Incavol), creado por la Ley 25/1991, de 13 de diciembre. Los objetivos y funciones que le habían sido atribuidos deben ser ejercidos por el Departamento de Bienestar y Familia.
2. El personal del Incavol se integra y pasa a depender del Departamento de Bienestar y Familia, dentro del cual se integra también el presupuesto. Asimismo, el patrimonio del Incavol se incorpora al patrimonio de la Generalidad y queda asignado al Departamento de Bienestar y Familia, al cual corresponde la adopción de las medidas necesarias en cuanto a conservarlo y utilizarlo para la finalidad prevista.
3. El Gobierno debe establecer y articular por reglamento un órgano de participación en la acción de gobierno de las entidades que actúen en Cataluña en el ámbito del voluntariado. En todo caso, entre las funciones que le sean asignadas debe incluirse la participación en la elaboración de líneas políticas relativas al voluntariado; en concreto, las siguientes:
a) Informar sobre los planes estratégicos de subvenciones del Departamento de Bienestar y Familia en este ámbito, sus objetivos y los efectos previstos.
b) Informar sobre los criterios de prioridad para la concesión de subvenciones que convoque el Departamento de Bienestar y Familia en este ámbito.
c) Informar sobre las propuestas de disposiciones generales en el ámbito de las entidades del voluntariado.
d) Promover la participación de las personas voluntarias en el seno de las entidades.
e) Promover campañas de voluntariado.
f) Informar sobre las necesidades formativas en el campo del voluntariado.
4. Las funciones que las disposiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la presente Ley atribuían al gerente del Incavol deben ser ejercidas por el órgano activo del Departamento de Bienestar y Familia que se determine.
Disposición adicional tercera derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Cuarta Disolución de la sociedad Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA
Se autoriza al Gobierno a disolver la sociedad Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA.
Disposición adicional cuarta derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Quinta Designación de los miembros de los órganos de gobierno y de asesoramiento del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario
1. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno puede sustituir, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 17.4 del Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, y 9 bis de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, según el texto establecido por los artículos 23 y 24 de la presente Ley, respectivamente, a los actuales miembros de los órganos de gobierno y de asesoramiento del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario, cuya designación le corresponde.
2. Quedan sin efectos las referencias de la Ley 4/1984, de 24 de febrero, del Instituto Catalán del Crédito Agrario, a la Federación de Cajas Rurales, especialmente las contenidas en los artículos 8 y 9 respecto al número de miembros de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo, que deben entenderse reducidas, respectivamente, en el número de representantes que correspondía a dicha Federación.
Disposición adicional quinta derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Sexta Planeamiento urbanístico
La tramitación de la primera formulación o de la revisión de una figura de planeamiento urbanístico general requiere un informe previo del departamento competente en materia de educación, en los términos de lo establecido por el artículo 83.5 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo.
Disposición adicional sexta derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Séptima Inscripción en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción
1. Las fundaciones y asociaciones que ejercen actividades de inserción sociolaboral en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley pueden solicitar, durante los seis meses siguientes a su aprobación, la inscripción en el Registro Administrativo de Empresas de Inserción y ser calificadas provisionalmente como tales, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la Ley 27/2002, de 20 de diciembre, sobre medidas legislativas para regular las empresas de inserción sociolaboral.
2. La calificación provisional a que se refiere el apartado 1, una vez expedida, es válida por un período transitorio de un año, durante el cual, para adquirir la calificación definitiva de empresa de inserción, deben adoptar cualquiera de las formas jurídicas establecidas por la Ley 27/2002.
Disposición adicional séptima derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Octava Participación en el consejo de administración de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA
Se autoriza al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas a participar, en representación de la Generalidad, como vocal y vicepresidente, en el consejo de administración de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas que hayan quedado viudos durante los años 2002 o 2003 pueden aplicarse la deducción establecida por el artículo 1 de la presente Ley, con los mismos requisitos y condiciones, en las declaraciones correspondientes a los ejercicios que se especifican a continuación:
a) En el caso de que la persona contribuyente haya quedado viuda en el año 2002, la deducción sólo es de aplicación en la declaración liquidación del ejercicio 2004.
b) En el caso de que la persona contribuyente haya quedado viuda en el año 2003, la deducción sólo es de aplicación en las declaraciones liquidaciones de los ejercicios 2004 y 2005.
Disposición transitoria primera derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Segunda Afectación de las cantidades recaudadas procedentes de las sanciones administrativas y las resoluciones judiciales en materia de protección de la salud
Lo establecido por el artículo 55 es de aplicación a los expedientes sancionadores que se inicien a partir del 1 de enero de 2004 o a los que se cierren por una resolución dictada a partir de esta fecha, con independencia del momento en que se hayan iniciado.
Tercera Prórroga del plazo establecido por el artículo 1 de la Ley 16/2001
El plazo para resolver y notificar los procedimientos de concesión de indemnizaciones se amplía a otros seis meses, a contar del día después de la finalización de dicho plazo, establecido por el artículo 1 de la Ley 16/2001, de 29 de noviembre, de ampliación de los plazos de resolución del procedimiento y de presentación de solicitudes concedidos por el Decreto 288/2000, de 31 de agosto, por el que se establecen los requisitos para regular las indemnizaciones de las personas incluidas en los supuestos previstos por la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, y excluidas de los beneficios de la disposición adicional decimoctava de los presupuestos generales del Estado para los períodos 1990 y 1992.
1. Se deroga la disposición adicional sexta de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de regulación de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamentos de Cataluña.
2. Se derogan la Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el Instituto Catalán del Voluntariado, y las normas de desarrollo de dicha Ley.
3. Se derogan la disposición adicional sexta del Decreto 68/2004, de 20 de enero, de estructuración y de reestructuración de diversos departamentos de la Administración de la Generalidad, y la Orden de 30 de noviembre de 1998, por la que se modifican el artículo 19 de la Orden de 21 de junio de 1982 y el artículo 23 de la Orden de 17 de marzo de 1986, en materia de concesión en el ámbito de la inspección técnica de vehículos y de la seguridad, calidad y normativa industrial.
4. Se derogan los capítulos I, II y X del título VI, el apartado 3 del artículo 169 del capítulo V del título VII y el apartado 5 del artículo 220 del capítulo I del título VIII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
5. Se deroga el artículo 61 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
6. Quedan derogadas las demás disposiciones de rango igual o inferior que contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo establecido por la presente Ley.
Primera Autorización para la regulación de los períodos y procedimientos de liquidación de los honorarios derivados de la gestión tributaria
Se faculta al consejero o consejera de Economía y Finanzas para que, mediante una orden, determine y regule los períodos y procedimientos de liquidación de los honorarios de los liquidadores de distrito hipotecario devengados como consecuencia de su intervención en la gestión, liquidación y recaudación de los tributos cedidos o de las cantidades correspondientes a la confección de los efectos timbrados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados a que se refiere el artículo 16.
Segunda Autorización de refundición de la legislación sobre tasas de la Generalidad
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un año, refunda en un texto único la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, y las disposiciones que la modifican contenidas en la Ley 17/1997, de 24 de diciembre, la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, la Ley 15/2000, de 29 de diciembre, la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, la Ley 9/2002, de 27 de mayo, y la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, y en la presente Ley, atendiendo a las actualizaciones de los importes de las tasas establecidas por las leyes de presupuestos para los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004, con el encargo de que la refundición comprenda la regularización, aclaración y armonización de estas disposiciones.
Disposición final segunda derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
En el plazo de seis meses a contar de la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno debe presentar al Parlamento un proyecto de ley que regule el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en ejercicio y con el límite de las competencias normativas asumidas en el marco de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), y la Ley del Estado 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Disposición final tercera derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Cuarta Publicación informativa de las tasas vigentes
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, cada uno de los departamentos del Gobierno debe publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mediante una orden del consejero o consejera competente en esta materia y con efectos meramente informativos, una relación de las tasas vigentes que gestionan, en la que se identifiquen los servicios y actividades que las generan y las cuotas correspondientes.
2. La relación de tasas debe exponerse en todas las dependencias y oficinas del departamento correspondiente y debe estar a disposición de los contribuyentes que la soliciten.
3. La relación de las tasas vigentes debe ser objeto de actualización en la medida en que las tasas que contenga sean objeto de modificación o de supresión o bien se creen nuevas tasas.
Disposición final cuarta derogada por el número 7 de la letra D) del anexo, conforme lo dispuesto en la disposición derogatoria segunda, de la Ley [CATALUÑA] 5/2017, 28 marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de creación y regulación de los impuestos sobre grandes establecimientos comerciales, sobre estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono («D.O.G.C.» 30 marzo).
Quinta Entrada en vigor específica de determinados apartados de los artículos 10 y 20
1. Los importes de las cuotas de la tasa de inspección y control sanitarios de animales y sus productos establecidos por el artículo 10, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son aplicables a partir del primer día del trimestre natural siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
2. La obligación establecida por el artículo 20.6, por el que se añade un apartado 2 al artículo 35 del Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de patrimonio de la Generalidad de Cataluña, es exigible:
a) Con carácter general, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
b) Para las adscripciones y cesiones de uso vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, a partir del 1 de enero de 2005.