Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A121-08.htm
Timestamp: 2017-11-21 07:59:42
Document Index: 27322860

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 241', 'artículo 79', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 79', 'artículo 26']

A121-08
Auto 121/08
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE MAGISTRADOS, CONJUECES, PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional
RECUSACION O IMPEDIMENTO EN PROCESO DE CONSTITUCIONALIDAD-Causales y procedimiento correspondientes al trámite según Decreto 2067/91
RECUSACION-Causales según Decreto 2067/91
TRAMITE DE RECUSACION-Pertinencia según Decreto 2067/91
PERTINENCIA DE LA RECUSACION-Criterio para determinarse/RECUSACION-Eventos en los cuales no resulta pertinente
RECUSACION-Quien la promueve debe delimitar el ámbito de competencia de la Corte Constitucional y señalar con claridad los hechos en que funda su acusación
RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-No es pertinente aunque haya sido demandado ante el Consejo de Estado por supuesto favorecimiento a Sayco Acinpro
INCIDENTE DE IMPEDIMENTO Y RECUSACION-Suspensión de los términos según Decreto 2067/91/IMPEDIMENTO Y RECUSACION-Término sigue corriendo sin solución de continuidad para que el Ministerio Público rinda el concepto por no abrirse el incidente
RECUSACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Improcedente para emitir concepto sobre ley para la fijación de tarifas por utilización de obras, prestaciones artísticas y copias o reproducciones de fonogramas
Referencia: expediente D-7194
Recusación al Procurador General de la Nación.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (parcial) de la Ley 44 de 1993.
1. El demandante Jorge Alonso Garrido Abad presentó, el 31 de marzo de 2008, ante la Corte Constitucional, escrito mediante el cual recusa al señor Procurador General de la Nación, para impedirle intervenir en el proceso de constitucionalidad contra la expresión “así como la forma como se fijarán las tarifas por concepto de las diversas utilizaciones de las obras, prestaciones artísticas y de las copias o reproducciones de fonogramas”, contenida en el artículo 30 de la Ley 44 de 1993.
2. Según las palabras del ciudadano, el señor Procurador se encontraría impedido “porque lo he demandado ante el Consejo de Estado, por supuesto favorecimiento a Sayco Acinpro”.
1. La Sala Plena de la Corporación es competente para resolver los asuntos relativos al control constitucional de las normas referidas por el artículo 241 de la Carta, incluyendo lo que atañe a impedimentos y recusaciones de magistrados y conjueces de la Corte, así como del Procurador General de la Nación y del Viceprocurador General de la Nación, en relación con los conceptos que debe emitir en dichos procesos.[1]
2. En lo atinente a las causales y al procedimiento correspondientes al trámite de una recusación o impedimento, en los procesos de constitucionalidad de las leyes, el artículo 79 del Acuerdo 05 de 1992 establece específicamente: “[t]odos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
3. De acuerdo con lo anterior, las causales de recusación aparecen enunciadas en los artículos 25 a 31 del Decreto 2067 de 1991 y se contraen a las siguientes: “(i) haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada, (ii) haber intervenido en la expedición de la norma objeto de control, (iii) haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, (iv) tener interés en la decisión y, finalmente, (v) tener vínculo por matrimonio o por unión permanente, de parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante[2]”.[3]
4. En cuanto se refiere al trámite de la recusación, la Corte Constitucional ha tomado en consideración la pertinencia de la recusación para los efectos de decidir si abre el correspondiente incidente, pues según el artículo 29 del Decreto 2067 de 1991, sólo “[s]i la recusación fuere pertinente, el magistrado o conjuez deberá rendir informe el día siguiente”. De lo contrario, la Corte puede rechazarla de inmediato.
En otra oportunidad, la Corporación determinó el criterio que debía observarse para determinar la pertinencia de abrir el incidente:
“El criterio de pertinencia debe ser entendido como la existencia de requisitos mínimos para la procedibilidad del trámite incidental. Al respecto la Corte considera que la recusación no resulta pertinente al menos en dos eventos: en primer lugar, cuando se invoca una causal inexistente en el ordenamiento jurídico; en segundo lugar, cuando a pesar de invocarse una causal válida, no existe una relación de correspondencia entre el hecho invocado por el recusante y el supuesto fáctico descrito en la norma”. [4]
Finalmente, es necesario advertir que “quien promueve una recusación, además de delimitar el ámbito de competencia de la Corte en este punto, tiene el deber de señalar con claridad los hechos en que se funda su acusación”.[5]
5. Ahora bien, en el caso concreto el demandante recusa al Procurador General en una ‘nota’ de su memorial, presentado ante la Corte el 31 de marzo de 2008, y en la que dice expresamente: “Recuso al Procurador General, porque lo he demandado ante el Consejo de Estado, por supuesto favorecimiento a Sayco Acinpro”.
En primer lugar, la Corte advierte que el recusante no invoca ninguna causal de recusación. Tan sólo dice que ha presentado una demanda contra el director del Ministerio Público por supuesto favorecimiento a Sayco y Acinpro.
Por otra parte, en la recusación el ciudadano no señala con claridad cuáles son los hechos por los cuales ha demandado al señor Procurador General de la Nación, ni aporta copias de la demanda o del auto admisorio de la misma, tampoco del sustento probatorio que permita a la Corte Constitucional forjarse un criterio acerca de lo buscado por el recusante, para determinar si la recusación es pertinente.
Así las cosas, la Corporación debe declarar que no es pertinente la recusación formulada por el demandante Jorge Alonso Garrido Abad, al señor Procurador General de la Nación.
6. Debido a que el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991 se refiere a la suspensión de los términos “durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación”, en este caso –por no abrirse el incidente- el término sigue corriendo sin solución de continuidad para que el Ministerio Público rinda el concepto ordenado por la Constitución.
Negar por impertinente la recusación presentada por el ciudadano Jorge Alonso Garrido Abad, al señor Procurador General de la Nación, para emitir concepto de fondo respecto de la constitucionalidad de la expresión “así como la forma como se fijarán las tarifas por concepto de las diversas utilizaciones de las obras, prestaciones artísticas y de las copias o reproducciones de fonogramas”, contenida en el artículo 30 de la Ley 44 de 1993.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 121 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades en relación con que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver las recusaciones presentadas en contra del Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso respecto del artículo 30 (parcial) de la Ley 44 de 1993. Las razones que justifican mi posición son las que paso a exponer a continuación:
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado los aceptó y correspondió a lo solicitado[6].
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[7], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
[1] Cfr., Autos 078 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y 021 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[2] Según el artículo 26 del Decreto 2067 de 1991, la última causal está reservada exclusivamente a los procesos donde media acción pública de inconstitucionalidad.
[3] Auto 078 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En el mismo sentido son enunciadas por la Corte en el Auto del 17 de noviembre de 2007, expediente D-5441, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[4] En el Auto del 10 de abril de 2003, la Corte declaró impertinente la recusación formulada contra la totalidad de los magistrados de esta Corporación para continuar conociendo de la constitucionalidad de la Ley 796 de 2003. Cfr., Auto 078 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[5] Auto 078 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[6] Cfr. Gaceta del Congreso de la República No. 406 del 4 de noviembre de 1999, págs. 15 y ss.
[7] Adoptado por el Acuerdo 01 de 1992; adicionado por los Acuerdos 03 y 04 de 1992 y de nuevo codificado por el Acuerdo 05 de 1992. Posteriormente, adicionado por los Acuerdos 01 de 1995, 01 de 1996, 01 de 1997, 01 de 1999, 01 de 2000 y 01 de 2001, que fueron insertados por la Relatoría en los artículos correspondientes del Acuerdo 05 de 1992, para su lectura y comprensión conjunta.