Source: http://www.marisaaizenberg.com/2018/02/procede-accion-de-amparo-contra-el-ipss.html
Timestamp: 2018-05-21 12:49:56
Document Index: 242038607

Matched Legal Cases: ['artículo 87', 'artículo 42', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 40']

Dra. Marisa Aizenberg: Procede acción de amparo contra el IPSS que ordena cobertura integral de medicamentos en favor de afiliada con Linfoma de Hodgkin
1.-Corresponde hacer lugar a la acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud, a fin de que se ordene la cobertura integral de los medicamentos -brentuximab vedotin y bendamustina-, en las dosis indicadas por el médico tratante; a una afiliada a la que le detectaron un 'Linfoma de Hodgkin Variedad Celular Mixta', pues surge evidente la arbitrariedad de la conducta endilgada al demandado quien afirma que la paciente presenta un diagnóstico de 'Linfoma No Hodgkin', quedando así la actora desprovista de una respuesta adecuada, en tiempo oportuno, a sus requerimientos de un fármaco aprobado por el ANMAT y tal conducta vulnera de manera ostensible las expresas disposiciones de la Ley Nº 7.783 .
2.-La posición evidenciada por el Instituto demandado, informada a la afiliada, carece de toda razonabilidad, pues a la vez de partir de una premisa equivocada, al afirmar que la paciente presenta un diagnóstico de 'Linfoma No Hodgkin', no obstante indicar lo contrario la historia clínica de la amparista, en consonancia con los estudios que en copia obran allí agregados, expresa que la medicación 'Brentuximab Bendamustina' no se justifica ya que la evidencia científica encontrada es de baja calidad, sin indicar, siquiera someramente, a qué evidencias concretas se refiere.
Y VISTOS: Estos autos caratulados "C., L. vs. INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA (I.P.S.S.) - Amparo", Expte. Nº 604.571/17 de esta Sala Tercera, en trámite por ante el doctor Marcelo Ramón Domínguez, y, RESULTANDO
Explica que el 17 de noviembre de 2015 le detectaron un "Linfoma de Hodgkin Variedad Celular Mixta", por lo que inició un tratamiento de quimioterapia con ABVD, desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2016; que en enero de 2017 fue derivada, por el demandado, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde le realizaron un estudio de "PET SCAM", en el que se concluye que la enfermedad que padece persistió y se agudizó, no obstante el tratamiento de quimioterapia llevado a cabo; que, por tal motivo, se le practicó una Tomografía Computada, cuyos resultados dieron lugar a una nueva derivación para repetir el estudio de "PET SCAM", diagnosticándose un "aumento de metabolismo y tamaño de las múltiples adenopatías infradiafragmáticas"; que en esa oportunidad, realizó una interconsulta con otro especialista, el doctor Miguel Arturo Pavlovsky, quien por el resultado de este último "PET SCAM", recomendó una biopsia de ganglio inguinal izquierdo para reconfirmar el diagnóstico y, de confirmarse el de "Hodgkin recaído", sugirió su tratamiento con la medicación oncológica cuya provisión requiere por esta vía.Afirma que el resultado de la aludida biopsia confirmó el diagnóstico de "Linfoma de Hodgkin de Celularidad Mixta", razón por la cual el doctor Pertiné coincidió con el doctor Pavlovsky en realizarle un tratamiento farmacológico con Brentuximab Vedotin 50 mg (Acdetris) y Bendamustina 100 mg (Bendavar), cuyo elevado costo no puede ser solventado, dado los haberes que percibe como jubilada de la Municipalidad de Salta.
Señala que mediante el Expte. Nº 74-52590/2015-01, iniciado el 08/09/2017, solicitó al Instituto demandado la cobertura de los aludidos medicamentos; que en función de ello, el 25/09/2017 se llevó a cabo una Junta Médica Ampliada para evaluar su situación, presidida por la doctora Jozami; que dicha Junta sólo duró unos minutos, en tanto la aludida profesional sólo le hizo saber que su médico tratante no había sido claro en la historia clínica y en el pedido de los fármacos, sin que le requiriera la exhibición de los resultados de los estudios practicados y, sin evaluar su estado de salud, dictaminó varios días después que sugería no autorizar la provisión de los medicamentos, incurriendo incluso en un grave error en el diagnóstico de su enfermedad, al expresar como tal que es "Linfoma No Hodgkin", cuando ella adolece de "Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta", tratándose de diferentes clases de linfomas.Manifiesta que su patología se ha visto incluso agravada a raíz de una fuerte baja en sus glóbulos rojos que motivaron la necesidad de realizarse seis transfusiones de sangre y que, a través del aludido dictamen, notificado el 27 de septiembre de 2017, se le denegó arbitrariamente la medicación ajustada a su diagnóstico y recomendada por su médico tratante y por el doctor Pavlovsky del Centro de Hematología Pavlovsky de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 7783 y la autorización de la ANMAT para el medicamento denominado Brentuximab Vedotin.En otro orden de consideraciones, hace notarque por Expte. Nº 74- 444451/2017-0 solicitó autorización para la realización de un estudio de Videocápsula con descartable -prescripto por su médico tratante- que se encuentra en trámite ante el Instituto demandado y que, por Expte. Nº 74- 45171/2017-0, requirió el reintegro de los gastos por la biopsia llevada a cabo el 05/09/17 por la suma de $ 4.300, para determinar la medicación que debía aplicarse
I. La acción de amparo: La vía escogida para el planteo de la pretensión, es uno de los puntos que enfrentan a los litigantes en el caso y, al respecto recordaré -tal como sostuve invariablemente en precedentes en los que intervine como juez de grado en procesos de amparo- que la Constitución de la Provincia, en su artículo 87, al consagrarlo, dispone que la acción resulta procedente frente a cualquier decisión, acto y omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares; restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícitos o implícitos de la Constitución, tanto en el caso de una amenaza inminente cuanto en el de una lesión ya consumada. El amparo constituye un proceso excepcional utilizable en situaciones extremas por carencia de otras vías legales aptas, y su apertura requiere de circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del amparo (CJSalta, Tomo 45: 333; 47:395; 56:1181; 64:233). Procede no solo contra actos sino también ante omisiones que pueden ocasionar lesiones frente a quien debe ejecutar un acto concreto. Con relación a la lesión, ésta debe ser actual, debe tratarse de un perjuicio real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Quedan excluidos de la acción de amparo los perjuicios imaginarios, debiendo además ser cierto el daño que se pretende reparar" (Expte. N° 553.186/16 "G. T., G. G. vs. Instituto Provincial de Salud de Salta - Amparo" del 28 de junio de 2016, CApel. CC.Salta, Sala III, año 2016, f° 234/243).
II. El derecho a la salud: Sabido es que el derecho a la salud ha sido considerado como un primer derecho de la persona humana, desde que el hombre es el eje y centro de todo sistema jurídico, estando consagrado en los artículos 10, 32, 33, 36, 38, 39, 41 y 42 de la Constitución Provincial; en el artículo 42 de la Constitución Nacional; en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado que adquirió jerarquía superior en virtud de los artículos 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, como así también tuvo reconocimiento en los artículos 10, incisos 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948; artículos 4, 5 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El derecho constitucional a la preservación de la salud, emerge del derecho a la vida y se ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas.En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha dicho "que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" (Fallos, 316:479); y que "a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen rango constitucional, esta Corte ha reafirmado en posteriores decisorios el derecho a la preservación de la salud -comprendido en el derecho a la vida- y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga" (Fallos 321:1684 y 323:1339; CSJ, octubre 16 -año 2001- in re "Monteserín, Marcelino c/ Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social- Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas- Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad" , publicado en la Revista El Derecho del día miércoles 27 de marzo de 2.002).
En ese contexto, la posición evidenciada por el Instituto demandado, informada a la afiliada, carece de toda razonabilidad, pues a la vez de partir de una premisa equivocada, al afirmar que la paciente presenta un diagnóstico de "Linfoma No Hodgkin", no obstante indicar lo contrario la historia clínica de la amparista corriente a fs. 13 del Expte. Nº 74-52590/2015-0-1 reservado en Secretaría, en consonancia con los estudios que en copia obran allí agregados (v. fs. 14, 18/26), expresa que la medicación "Brentuximab Bendamustina" no se justifica ya que la evidencia científica encontrada es de baja calidad, sin indicar, siquiera someramente, a qué evidencias concretas se refiere. Además, descalifica el uso de "Brentuximab" en el linfoma refractario o recaído por falta de estudios comparativos y porque su impacto en la sobrevida es incierto, pese sostener, de manera contradictoria, que tal tipo de linfoma no es el caso tratado.
Tal conducta vulnera de manera ostensible las expresas disposiciones de la Ley Nº 7.783 que impone al Instituto Provincial de Salud de Salta la obligación de "brindar cobertura total en el tratamiento y provisión de medicamentos, debidamente autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a los afiliados que padezcan enfermedades oncológicas" (artículo 1º), obligación que "refiere a los tratamientos y medicamentos vinculados a la patología oncológica" (artículo 2º) que, en el caso, ha quedado plenamente demostrada.
Igualmente, ha señalado la Corte local en el fallo registrado en el Tomo 204:249, que "la proclamación del derecho a la salud parte de concebir al hombre como unidad biológica, psicológica y cultural, en relación con su medio social, y esto implica proteger y garantizar el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas, según la Organización Mundial de la Salud.La protección que garantizan las normas y preceptos constitucionales no puede estar condicionada a la inclusión o no de los tratamientos en los programas médicos, cuando la salud y la vida de las personas se encuentran en peligro.
Ello es así, porque el ejercicio de los derechos constitucionales reconocidos, entre ellos el de preservación de la salud, no necesita justificación alguna, sino por el contrario, es la restricción que se haga de ellos la que debe ser justificada (cfr. Tomo 91:603; 125:1027; 142:771)".
No enerva lo concluido la invocada afectación del principio de solidaridad contributiva, en tanto nuestro máximo tribunal local ya ha tenido ocasión de pronunciarse desestimando tal planteo, con argumentos que resultan aplicables al caso, y que en virtud del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Justicia Provincial cabe seguir.Concretamente, dijo "que en referencia al agravio consistente en la alegada afectación del principio de solidaridad contributiva -en virtud del cual es necesario un uso proporcional y cuidadoso de los recursos con que cuenta la obra social para brindar el servicio de salud-, cabe señalar que la demandada no puede eludir ligeramente sus obligaciones constitucionales alegando limitaciones financieras para cumplir con las prestaciones exigidas por los restantes afiliados y beneficiarios. En efecto, no basta con la simple y conjetural afirmación de que podrían existir limitaciones para atender esas demandas, pues el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido como el de la preservación de la salud no necesita justificación alguna sino que, por el contrario, es la restricción que de ellos se haga la que debe ser justificada (cfr. esta Corte, Tomo 114:603; 125:401, entre otros); de modo que es preciso fundar adecuada y convincentemente la carencia presupuestaria para que ésta pueda ser considerada un obstáculo insalvable a la procedencia de la acción (esta Corte, Tomo 99:185; 146:973). Esa Corte sostuvo que por tratarse de un ente autárquico, la obra social demandada goza de una personalidad jurídica propia y tiene capacidad de administración de sí misma aunque, al ser creada por el Estado para la satisfacción de sus fines, su patrimonio es estatal, siendo su responsabilidad para con los terceros, directa (cfr. Gordillo, Agustín A., Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, págs. XI-4 y XI-5); y que, si bien el Estado también debe garantizar el derecho a la salud de los habitantes, tal circunstancia no la exime de cumplir con su obligación en la forma que se dispuso (cfr. Tomo 81:845; 114:903). Lo expuesto en los párrafos anteriores no implica desconocer la existencia de eventuales conflictos de valores y de derechos -distribución de los recursos económicos destinados al área de salud y la protección integral de la salud en relación a los individuos-, pero resulta inevitable jerarquizar aquellos principios que priorizan la salud del ciudadano por sobre consideraciones de mercado (cfr.esa Corte, Tomo 111:031), máxime cuando -como en el caso- no se ofrecieron argumentos relevantes para desvirtuar este criterio. Sobre el particular es importante destacar que en autos no se ha acreditado, ni se ha ofrecido demostrar, que exista una desproporcionada magnitud entre la suma de dinero que la obra social debe gastar para cumplir con la sentencia judicial y su concreta capacidad económica o su estado patrimonial, menos aún que ello pueda desequilibrar sus finanzas al extremo de privar de prestaciones a los restantes afiliados y beneficiarios" (CJS Tomo 182:323).
En efecto, de las constancias del Expte. Nº 74-45171/2017-0 se desprende que en esa fecha (v. fs. 3 y cargo fs. 67 vta. de autos), la actora cursó el referido requerimiento al Gerente de Prestaciones Médicas acompañando -en lo que aquí interesa- la Factura B Cod. 06 Nº 00000226 emitida el 8 de septiembre de 2017 por Sara Raquel Gonorazky, por la suma de $ 4.300 en concepto de "Estudios Patológicos" (v. fs. 5) e informe de la práctica llevada a cabo el 5 de septiembre del mismo año (v. fs.7). Además, surge que remitidas las actuaciones a la Junta Médica del Instituto, ésta se expidió seguidamente el día 3 de octubre, informando a la amparista que, para poder dar curso a su pedido, se le solicitaba adjuntar el pedido médico de tal estudio y que se especifique en la aludida factura qué estudio patológico se realizó (v. fs. 13), sin que la Junta obtuviese respuesta alguna de la interesada al día 18 de octubre de 2017 (v. fs. 16).
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