Source: http://iuriscivilis.blogspot.com/2014_04_06_archive.html
Timestamp: 2017-06-26 01:51:21
Document Index: 267856592

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 1969', 'artículo 1969', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 23', 'artículo 73', 'artículo 23', 'artículo 1973', 'artículo 1973', 'artículo 1973']

04/06/14 | IurisCivilis
El Cómputo del Dies a Quo del plazo de Prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro - El artículo 23 LCS La prescripción extintiva es una institución jurídica que se caracteriza por ser una forma de extinción de las acciones o derechos por no haberse ejercido por su titular durante cierto lapso de tiempo. El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimonovena, de 2 de marzo de 2010 determina que es criterio doctrinal que: “la prescripción extintiva actúa más que por un no ejercicio por "silencio de la relación jurídica" durante el tiempo pertinente, el fundamento de la prescripción extintiva es que se entiende que abandona su derecho la persona que era su titular (STS 9 noviembre 1954). El "silencio" es el elemento fundamental de la prescripción extintiva y medida de la entidad de su eficacia frente al derecho afectado por ella; silencio y extinción son pues, términos correlativos.”
La SAP de Donostia-San Sebastián, sección 1ª, de 28 de junio de 2000 razona que: “El instituto de la prescripción extintiva tiene como componente básico el transcurrir de un determinado plazo de tiempo, plazo durante el cual el derecho, ni es ejercitado por su titular, ni tampoco es reconocido por el obligado. Para que la prescripción opere ha de producirse, a todo lo largo de un período de tiempo prefijado, lo que se ha llamado "silencio en la relación jurídica", es decir, silencio del acreedor o sujeto activo (falta de ejercicio) y también silencio del deudor o sujeto pasivo (falta de reconocimiento).” En cuanto a la naturaleza jurídica de la prescripción la SAP de Cádiz, Sala de lo Civil-Penal, Sección 4ª, de 3 de noviembre de 2004 señala, conforme a una reiterada jurisprudencial, que el instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia sino de seguridad jurídica, que deben ceder ante las anteriores, no debe ser objeto de una aplicación rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso y en el cual han de valorarse significativamente la actitud del perjudicado de reclamar por exteriorizar un ánimo de hacer efectivo su derecho y no de abandono del mismo – cfr. STS de 20 de octubre de 1988, 14 de marzo de y 1 de abril de 1990 y de 20 de junio de 1994, entre otras.
“La doctrina jurisprudencial proclama de manera reiterada y uniforme que el instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia, sino de seguridad jurídica, ante las que las anteriores han de ceder, no debe ser objeto de una interpretación rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso. Así, aunque ello no implique que hayan de recompensarse actitudes ociosas y apáticas ha de tenerse en cuanto, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Octubre de 1.988 que "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditada, y sí, por el contrario, lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvenir sus esencias."
En este sentido, establece el artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que: “Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años, si se trata de seguro de daños y de cinco, si el seguro es de personas”. En relación con el plazo de prescripción de las acciones que derivan del contrato de seguro marítimo, éste es de tres años frente a los dos años del art. 23 de la LCS, tal como establece el art. 954 del Código de Comercio: “Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos o desde la fecha del siniestro que diere lugar a ellas, las acciones nacidas de los préstamos a la gruesa o de los seguros marítimos”.
No obstante, conviene precisar que este precepto no contiene de forma explícita la fecha de inicio a partir de la cual comienza a correr el cómputo del plazo de prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro. Por tanto, resulta enteramente aplicable la regla general dispuesta en el artículo 1969 del Código Civil, aprobado por el Real Decreto de 24 de julio de 1889, que señala: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.” El Auto 232/2012, de 10 de diciembre de 2012, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en referencia al dies a quo, señala que, cualquiera que sea el criterio que se sustente sobre el momento del nacimiento de la acción, su determinación debe abordarse con criterios objetivos y exclusión de imposibilidades subjetivas.
En idéntico sentido al artículo 1969 CC se pronuncia la doctrina del Tribunal Supremo, sentando el criterio jurisprudencial, en base a la aplicación del aforismo “actio nondum nata non praescribitur”, que el dies a quo para el ejercicio de la acción derivada de un contrato de seguro es el día en que puede ejercitarse dicha acción. Por todas, STS de 8 de marzo de 2003: “El dies a quo para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse (SSTS de 27 de febrero y 24 de mayo de 2010, 12 de diciembre de 2011), es decir, desde el día 20 de octubre de 2006, momento en que se notifica la nulidad de la condena, conforme a lo que dispone el art.1969, que complementa en este aspecto el artículo 23 LCS.” Ahora bien, explicitado lo anterior, la cuestión principal radica en determinar en qué momento temporal se produce el nacimiento de la acción. Sobre esta cuestión, la STS 12/2013, de 21 de enero de 2013 nos advierte que la acción puede ejercitarse cuando “la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar”. La SAP de Málaga, 626/2001 de 10 de octubre de 2001 que es: “doctrina reiterada que la institución de la prescripción viene sometida a una interpretación y un tratamiento restrictivo, siendo cuestión de hecho lo relativo al cómputo de plazos.”
Por otra parte, en idéntico sentido, la STS de 17 de julio de 2012 nos previene que el dies a quo se encuentra condicionado por los antecedentes fácticos del caso aclarando que: “Es reiterada y pacífica doctrina de esta Sala que la fijación de dies a quo, para computar el plazo prescriptivo de la acción, ha de determinarlo el juez de instancia con arreglo a las normas de la sana crítica, siendo doctrina también reiterada que la determinación de este día inicial es función que corresponde en principio a la Sala de instancia, y que su decisión al respecto, estrechamente ligada a la apreciación de los hechos, es cuestión perteneciente al juicio fáctico, no revisable en casación ( SSTS de 27 de mayo de 2009 ; 16 de junio 2010, entre otras).” - La sana crítica es una operación jurídico-valorativa de índole intelectual realizada por el Juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados e impregnada del principio de la bona fide y definida por Montero Roca como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes".
La Sentencia T.S. 895/2011 de 30 de noviembre hace depender el ejercicio de la acción al momento temporal del reconocimiento de la responsabilidad civil mediante este razonamiento: “La jurisprudencia establece que el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro (RCL 1980\2295 y ApNDL 12928) al referirse a la prescripción de "las acciones que se derivan del contrato de seguro", cuando este es de responsabilidad civil, ha de interpretarse precisamente en relación con el artículo 73 de dicha Ley, en el sentido de la obligación del asegurador de "cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho", lo cual conduce a afirmar que, entretanto la misma no sea reconocida o declarada, no comienza a transcurrir el plazo de prescripción; luego tal prescripción no puede producirse cuando se demanda en el mismo proceso al asegurado y a la aseguradora (sentencia del Tribunal Supremo de 23 abril 1991 [RJ 1991\3022]).
Por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias n.º 125/2005, tiene oportunidad de pronunciarse en un supuesto de responsabilidad profesional que guarda múltiples semejanzas con el supuesto que se plantea en el presente juicio: "La sentencia que puso fin al procedimiento en la primera instancia acogió la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora demandada al considerar que habían transcurrido más de dos años desde el rechazo del siniestro hasta que se presentó la demanda. Cuestiona el demandante en su recurso de apelación este pronunciamiento por entender que el plazo de dos años, que el art. 23 de la LCS (RCL 1980\2295) señala para el ejercicio de la acción cuando se refiere al seguro de daños, debe computarse desde la fecha de la sentencia de la Audiencia Provincial que determinó definitivamente su responsabilidad en el ejercicio de su profesión de abogado. Este motivo del recurso debe resultar acogido ya que esta solución es de todo punto lógica pues solo cuando se dicta sentencia firme en la que se declara la existencia de responsabilidad y la cuantía de la indemnización se conoce realmente el alcance del daño y cuál es la suma de la que debe responder la aseguradora. En este sentido, cuando del ramo de seguro de responsabilidad civil se trata, se pronuncian Garrigues y Muñoz Jiménez, así como las sentencias del TS de 23-4-1991 (RJ 1991\3022), 10-5-93 (RJ 1993\3532),156-95 (RJ 1995\5295), 29-10-1997 (RJ 1997\7342), 14- 6-02 (RJ 2002\4901) y 14-7-03 (RJ 2003\4630) (entre otras).”
La STS de 5 de julio de 2013 en materia del seguro de responsabilidad civil fija el díes a quo en el momento de la notificación de la sentencia de apelación de una causa penal en la que se declara dicha responsabilidad mediante el siguiente alegato: “(…) definido legalmente el seguro de responsabilidad civil como aquel que cubre "el riesgo del nacimiento a cargo del asegurador de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho" (art. 73 LCS ), es indiscutible que la obligación del hoy recurrente frente a terceros nació, como muy tarde, el 30 de noviembre de 2005, fecha de la sentencia de apelación de la causa penal que confirmó la responsabilidad civil directa del hoy recurrente y fijó definitivamente tanto las cuantías de las indemnizaciones a favor de los muchos perjudicados como la cuarta (tercera parte) del hoy recurrente en su relación interna con los otros dos responsables civiles directos, y sin embargo la demanda del presente litigio no se presentó hasta el 15 de octubre de 2009, es decir, vencido con creces el plazo de dos años establecido en el art. 23 LCS .”
En definitiva, sentado lo anterior, en cuanto al momento temporal del cómputo del plazo de dos años establecido en el artículo 23 LCS, es bien conocido el debate doctrinal sobre si lo decisivo en el seguro de responsabilidad civil derivado del artículo 73 LCS es el hecho causante de la obligación, el nacimiento de la obligación o la reclamación del perjudicado, inclinándose la jurisprudencia por la especial relevancia del hecho causante de la obligación – cfr. STS de 10 de marzo de 1993. Por tanto, la obligación del asegurado y, por consiguiente, del asegurador no depende de la reclamación, sino de que efectivamente exista o no una deuda de resarcimiento al reclamante a cargo del asegurado. En la teoría general de la responsabilidad civil la deuda del responsable nace con el hecho dañoso, que es la causa de la deuda. De la doctrina expuesta se deriva que el dies a quo para computar el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 23 LCS comienza el mismo día del siniestro, entendiéndose, por tal, el hecho del que deriva la obligación de indemnizar.
Para finalizar, entiende la doctrina que no puede hablase de la prescripción sin tratar la cuestión de la interrupción. Según el artículo 1973 CC: ”La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor”. La STS de 7 de julio de 2011 admite una interpretación amplia y flexible de las causas que determinan la interrupción del plazo prescriptivo debido a la naturaleza de la prescripción señalando que:
“En este sentido podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13-10-94 que señala que el acto interruptivo de la prescripción exige, no sólo la actuación del acreedor, sino que llegue a conocimiento del deudor su realización. O según señala la STS de fecha 9-10-2007 " la eficacia de la interrupción depende de una declaración de voluntad recepticia por parte del acreedor, que, además de la actuación objetivamente considerada, impone que la misma haya llegado a conocimiento del deudor". También podemos citar la más reciente de fecha 25-5-2010: " para que opere la interrupción de la prescripción, es preciso que la voluntad se exteriorice a través de un medio hábil y de forma adecuada, que debe trascender del propio titular del derecho, de forma que se identifique claramente el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que dicha voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del deudor."
La SAP de Madrid, sec. 19ª, núm. 356/2009, de 6 de julio, que: "...la interrupción de la prescripción ex art. 1973 del Código Civil supone que el tiempo de prescripción haya de contarse de nuevo por entero, a diferencia de lo que ocurre en la suspensión, partiendo de lo precedente es de señalar que para atender a la existencia o no de prescripción ha de estarse a la acción ejercitada, independientemente de la procedencia de la misma, que habrá de ser objeto de examen posterior, en el concreto caso consta pagado lo que luego por derecho de repetición se reclama, el día 24 de agosto de 2005, en fecha 14 de diciembre del mismo año, ya se formula reclamación por la demandante a la codemandada, reclamación que también se formula al codemandado en fecha 25 de noviembre también del mismo año, se les reitera ambos en fecha 25 de mayo de 2006 y de nuevo en fecha 19 de abril de 2007, siendo presentada la demanda en fecha 19 de julio de 2007, desde todo lo precedente que se haya de confirmar la sentencia recurrida en cuanto desestima la prescripción por los demandados alegados, con desestimación del recurso en ese particular...".
La Sentencia A.P. Bilbao 589/2010 de 20 de julio que: “El artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Ciertamente, y según reiterada jurisprudencial, el instituto de la prescripción ha de ser objeto de tratamiento restrictivo por no estar fundado en principios de justicia intrínseca, sino de seguridad, pero también indica el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de diciembre de 1994 que "si bien la declaración de voluntad en que consiste la reclamación extrajudicial a la que se remite el artículo 1973 del Código Civil reconoce la virtud de interrumpir la prescripción extintiva, la misma tiene naturaleza receptiva por lo que debe ir dirigida al sujeto pasivo y recibida por éste, aunque sus efectos se producen desde la fecha de la emisión y no de la recepción...".
Por último, la STS de 12 de julio de 1991 que: “el instituto de la prescripción, al no estar constituido sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el «animus conservandi» por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el «tempus praescriptionis» -Sentencias de 17 de diciembre de 1979 (RJ 1979\4363); 16 de marzo de 1981 (RJ 1981\916); 8 de octubre de 1982; 9 de marzo de 1983 (RJ 1983\1430); 4 de octubre de 1985 (RJ 1985\4572); 18 de septiembre de 1987 (RJ 1987\6066); 14 de marzo de 1989 ( RJ 1989\2043), entre otras.”