Source: http://laizquierda.mx/2017/12/11/las-14-razones-de-la-onu-para-rechazar-la-ley-de-seguridad-interior/
Timestamp: 2018-02-21 07:22:37
Document Index: 83759860

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 18']

Las 14 razones de la ONU para rechazar la Ley de Seguridad Interior – La Izquierda
Lee: 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados.
5. Ausencia de controles.
a) Solamente dos artículos se albergan en el capítulo relativo al “control de las acciones en materia de seguridad interior”. Dichos controles se reducen a que el coordinador de las acciones de seguridad interior mantenga informado al Presidente, por conducto del Secretario de Gobernación, y que éste a su vez remita un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. En ninguna parte se establece cómo éstos informes garantizarían una rendición de cuentas.
6. Ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones.
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8. Indebida protección y garantía de los derechos humanos.
a) La ley prevé que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la ley deberán “preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes” (artículo 7).
Llama la atención que los derechos humanos se sujeten a un estándar de obligación más bajo que el previsto en la Constitución, misma que consagra como obligaciones por parte de las autoridades las de “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos.
b) Se indica en la ley (artículo 7, segundo párrafo) que cuando se requiera la “suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Es de señalar aún no existe la ley reglamentaria del artículo 29, no obstante que la misma debió emitirse desde el año 2012 de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Por lo tanto, no están generadas las condiciones normativas idóneas para un eventual escenario como el que prevé la ley. Además, la ley solamente refiere a una fuente de derecho (el derecho de origen interno) y a uno de sus
artículos (el 29), por lo que deja de lado al extenso corpus iuris vigente en la materia, tanto en el derecho y la jurisprudencia nacional como en las normas y jurisprudencia del Sistema Universal e Interamericano de derechos humanos.
9. Afectaciones a la protesta social.
El artículo 8 regula de manera deficiente el tema. En efecto, dice el numeral:
“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo políticoelectoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.”
Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad.
Se debe tener en cuenta que el derecho a la protesta social también es un derecho individual que debe preservarse incluso en presencia de acciones violentas por parte de algunas personas. La acción violenta en un contexto de protesta social sólo podría ameritar la acción pública en contra de las personas que están cometiéndola, pero no una actuación global contra la protesta y las personas que están actuando de manera pacífica.
Se establece una diferenciación artificial e innecesaria entre la protesta en razón de su motivación, lo cual es ilegítimo.
Por último, la ley solamente contempla a un derecho como objeto de exclusión de los alcances de la norma, lo que permitirá entender que otros derechos como podrían ser la libertad de expresión, el derecho de asociación o el derecho de huelga sí serían materia de sus alcances.
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10. Ausencia de transparencia.
El artículo 9 inhibe la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Indica el numeral:
11. Lesión a la autonomía.
12. Inconstitucionalidad e Inconvencionalidad.
c) La ley regula materias propias de seguridad pública que según el artículo 21 constitucional son propias de las autoridades civiles. Dice el artículo en comento: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil…”. A pesar de que la ley establece que las acciones de seguridad interior no se considerarán de seguridad pública (artículo 18), las acciones descritas a lo largo de la ley no se distinguen de las tareas de seguridad pública, lo cual se debe a la ambigüedad del concepto de seguridad interior.
13. Ámbito de excepción del derecho procesal administrativo.
14. Ausencia de explicitud de los principios rectores.
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