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Timestamp: 2019-12-07 09:16:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 217', 'artículo 56', 'artículo 322', 'e contrario', 'artículo 217', 'artículo 24', 'artículo 56', 'artículo 322', 'artículo 469', 'artículo 24', 'artículo 394']

No se declara la nulidad del matrimonio por falta de capacidad del contrayente - Indret Advocats Vilafranca abogados Vilafranca del Penedès
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Se confunde la carga de la prueba con la vulneración de las normas sobre la valoración de la prueba, de forma que si el Tribunal da por probado un hecho, no cabe alegar la indebida aplicación del art. 217 LEC \ El Tribunal tiene como "questio facti" por no probada la incapacidad de D. Ceferino para contraer matrimonio \ Se entremezclan cuestiones sustantivas con procesales y sin haber impugnado por errónea la valoración de la prueba practicada, partes de hechos que da como probado y que el Tribunal no tiene por tales \ La presunción general de capacidad del art. 322 CC admite excepciones por las que debe comprobarse previamente la capacidad natural de la persona para prestar su consentimiento a un acto determinado, como sucede con el matrimonio (art. 56 CC) \ Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido
SP/SENT/812035
TS, Sala Primera, de lo Civil, 235/2015, de 29 de abril
Se confunde la carga de la prueba con la vulneración de las normas sobre la valoración de la prueba, de forma que si el Tribunal da por probado un hecho, no cabe alegar la indebida aplicación del art. 217 LEC
El Tribunal tiene como "questio facti" por no probada la incapacidad de D. Ceferino para contraer matrimonio
Se entremezclan cuestiones sustantivas con procesales y sin haber impugnado por errónea la valoración de la prueba practicada, partes de hechos que da como probado y que el Tribunal no tiene por tales
La presunción general de capacidad del art. 322 CC admite excepciones por las que debe comprobarse previamente la capacidad natural de la persona para prestar su consentimiento a un acto determinado, como sucede con el matrimonio (art. 56 CC)
Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido
A vista de la doctrina en materia de incapacitación, según la Convención de Nueva York, si los parientes más cercanos consideraban que éste padecía una discapacidad psíquica permanente no se entiende que lo sometiesen a curatela
No se declara la nulidad del matrimonio por falta de capacidad del contrayente, pues no se acredita que el Encargado del Registro Civil percibiese esas deficiencias, como tampoco las percibió el Notario
"... 1. Parte la recurrente de que ella ha acreditado que don Ceferino estaba afectado por una anomalía psíquica, sin que ello le conceda el Tribunal valor probatorio alguno, entendiendo aquella que correspondía a la demandada la carga probatoria sobre la actitud o no de don Ceferino a la hora de prestar su consentimiento, en concreto acreditar que se llevó a cabo el dictamen exigido por el artículo 56 CC .
2. Se confunde, como suele ser frecuente, la carga de la prueba con la vulneración de las normas sobre la valoración de la prueba.
Consecuencia de ello es que no cabe discutir, al amparo de dicha norma, la valoración probatoria llevada a cabo por el Tribunal aunque se discrepe de ella. Si el Tribunal da por probado un hecho, cualquiera que sea el medio probatorio tenido en cuenta o la parte que lo haya aportado, no cabe alegar la indebida aplicación del artículo 217 de la LEC (SST 554/2011 de 18 de julio y 686/2011 de 19 de octubre). ..."
"... El Tribunal ha tenido como "questio facti" por no probada la incapacidad de don Ceferino para contraer matrimonio, y difícilmente se podía probar por la demandada la existencia del informe médico previsto en el artículo 56 CC , cuando en ningún momento ha invocado su existencia y consta en el expediente prematrimonial que el Magistrado encargado del Registro Civil acordase su emisión.
Por tanto el motivo debe desestimarse. ..."
"... Al igual que decíamos en el recurso extraordinario por infracción procesal brilla por su ausencia la adecuada técnica casacional, pues se entremezclan cuestiones sustantivas con procesales y, sin haber impugnado por errónea la valoración de la prueba practicada, parte de hechos que da como probados y que el Tribunal no tiene por tales. Todo ello provoca a la Sala una evidente confusión a la hora de dar respuesta al recurso que, en aras a la tutela judicial efectiva y a lo delicado de la cuestión debatida, como resalta el Ministerio Fiscal, trataremos de ordenar siguiendo la precisión y clara sistematización de la sentencia recurrida. ..."
"... El Código Civil establece una presunción general de capacidad de los mayores de edad para todos los actos de la vida ( artículo 322 CC ), de forma que sólo por la sentencia judicial que contenga la declaración de incapacitación se entenderá constituido este estado ( artículos 199 CC Y 756 a 762 LEC ).
De ahí, la importancia del dictamen médico si existe constancia o percepción de las deficiencias o anomalías psíquicas ..."
"... Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados. En otras palabras cuando falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido, según las reglas del criterio humano y siempre desde el respeto los hechos base de la deducción.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el recurso de casación viene limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado de los hechos probados, viene abocado al fracaso en aquellos supuestos, como el presente, en que sin combatir abiertamente la base fáctica de la sentencia recurrida, se prescinde de ella y se desarrolla el recurso al margen de la misma (Autos de 18 y 25 enero y 8 febrero 2005, en recursos 1063/2004, 958/2004 y 1077/2004, citados por la sentencia de 26 marzo 2015, Rc. 2131/2013 . ..."
"... El extenso alegato que se hace en el recurso sobre las previsiones legales en materia de incapacitación así como de la convención de Nueva York ratificada por España y entrada en vigor en nuestra nación el 3 mayo 2008 no sólo no la desconoce la sentencia recurrida sino que hace expresa mención a ella, pero para reprochar a los actores que, de ser ciertas las deficiencias de su hermano, no instaran medidas de apoyo y asistencia o, en su caso, de sustitución en la toma de decisiones encaminadas a la protección de su persona y patrimonio.
A la vista de tal doctrina, compartida por la sentencia recurrida, echa en falta esta que si los parientes más cercanos de don Ceferino consideraban que éste padecía una discapacidad psíquica permanente no se entiende que lo sometiesen a curatela para la adopción de las medidas de apoyo que su déficit requiriese e hiciese necesario ..."
"... Desestimación del recurso.
Por contra la resolución de la DGRN de 17 enero 2007, en un supuesto de "retraso mental ligero", y a pesar de haberse pronunciado una sentencia judicial declarando la incapacidad total y absoluta de la persona para regir su persona y bienes, confirma el Auto recurrido del juez encargado que concluye de forma favorable la autorización del matrimonio. ..."
1. La procuradora doña María José Jiménez Sánchez, en nombre y representación de don Franco , don Joaquín y don Nicanor , interpuso demanda de nulidad matrimonial, proceso verbal, contra doña Otilia y el Ministerio Fiscal, suplicando al Juzgado dictase sentencia en los siguientes términos:
«[...] por formulada demanda siguiendo los trámites del juicio verbal recogido en los artículos 770 y concordantes de la LEC ejercitando una acción de solicitud de Nulidad Matrimonial contra doña Otilia , y tras los trámites oportunos con preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, y recibimiento del pleito a prueba que desde ahora intereso con las especialidades propias dentro de este procedimiento, dicte en su día Sentencia por la que estimando la presente, acuerde Declarar la Nulidad del Matrimonio contraído entre la demandada doña Otilia y don Ceferino .».
2. El Juzgado de Primera Instancia de Sevilla número 7, admitió a trámite la demanda, acordándose emplazar a las partes por término de veinte días hábiles para contestar.
3. La procuradora doña María Dolores Bernal Gutiérrez, en nombre y representación doña Otilia , formuló demanda de oposición y suplicó al Juzgado:
«[...] por formulada demanda de oposición a la nulidad matrimonial civil, en nombre y representación de doña Otilia , deducido por la parte actora, y en consecuencia, previo traslado a la adversa, declare la falta de competencia de la parte actora para ejercitar la presente acción de nulidad matrimonial y por tanto no se tenga por admitida a trámite la misma, y subsidiariamente cite a las partes para la correspondiente vista que se sustanciará conforme a las normas del juicio verbal, y en su día dicte resolución estimando la oposición deducida por esta parte, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante, por ser de justicia que pido en Sevilla a cuatro de noviembre de dos mil once. »
4. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla dictó Sentencia el 9 de mayo de 2012 , con la siguiente parte dispositiva:
« Fallo: Que desestimando la demanda instada por don Joaquín , don Franco y don Nicanor , contra doña Otilia y el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro no haber lugar a la nulidad del matrimonio contraído entre ambos contrayentes.
Sin imposición de costas. » .
5. Contra la anterior resolución interpuso recurso de apelación, la representación procesal de doña Otilia , así como la representación procesal de don Joaquín y don Nicanor correspondiendo su resolución a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla que dictó sentencia el 18 de diciembre de 2013 cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
« Que, desestimando tanto el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Mª José Jiménez Sánchez, en nombre de don Joaquín y don Nicanor , como el articulado por la Procuradora doña María Dolores Bernal Gutiérrez, en nombre de doña Otilia contra la sentencia de fecha 9 de mayo de 2012 , debemos confirmar dicha resolución, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en segundo grado. »
6. La representación procesal de don Franco , don Joaquín y don Nicanor interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación contra la anterior resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla.
7. Por Diligencia de Ordenación de 20 de febrero de 2014, se acordó la remisión de los autos originales a esta Sala Primera, previo emplazamiento de las partes para comparecer.
8. Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera del Tribunal Supremo, comparecieron las partes con sus respectivos representantes legales, ya mencionados anteriormente.
9. La Sala dictó Auto de fecha 23 de diciembre de 2014, cuya parte dispositiva dice:
« 1º)Admitir los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación de don Franco , don Joaquín y don Nicanor contra la sentencia dictada, en fecha 18 de diciembre de 2013 por la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección Segunda), en el rollo de apelación nº 7947/2012 dimanante de juicio verbal nº 965/2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Sevilla. [...] ».
10. Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, la representación legal de doña Otilia , manifestó su oposición a los recursos formulados de contrario.
11. Evacuado el informe del Ministerio Fiscal, solicita la inadmisión del motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal, estimando la admisión del único motivo del recurso de casación.
12. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo del recurso el día 15 de abril en que ha tenido lugar.
1. Por la representación de don Joaquín , don Franco y don Nicanor se formuló demanda de nulidad matrimonial contra doña Otilia y el Ministerio Fiscal, interesando que se declare la nulidad del matrimonio contraído entre la demandada doña Otilia y don Ceferino , hermano de los actores, alegándose que el matrimonio estaba viciado de nulidad ya que don Ceferino padecía una enfermedad psíquica, así como porque el consentimiento de doña Otilia también se encontraba viciado, pues buscaba con el matrimonio no formar una comunidad de vida con su cónyuge y respetar los fines de aquél sino más bien conseguir apropiarse de todo el patrimonio del mismo, incluso a sabiendas de la enfermedad de la que estaba aquejado el contrayente.
2. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda con la siguiente motivación:
3. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación de la parte actora, solicitando práctica de pruebas en la segunda instancia, correspondiendo el conocimiento del recurso a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla.
4. Dicha Sección dictó Auto el 20 noviembre 2012 por el que se denegaba la admisión y práctica de los medios de prueba propuestos por la parte apelante, en atención al carácter rigurosamente excepcional que tiene la práctica de prueba en la segunda instancia.
5. Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la representación de la parte apelante en el que se denunciaba que no se había motivado la inadmisión de la prueba propuesta, indicaba cuál era la intención que perseguía con su práctica y destacaba de entre todas las postuladas la pericial no practicada.
6. El Tribunal decidió el recurso por Auto de 15 marzo 2013, estimándolo en un solo extremo, a saber, en la admisión de la pericial propuesta, como sexta de las postuladas.
7. El Tribunal dictó sentencia el 18 noviembre 2013 desestimatória del recurso de apelación con la siguiente motivación:
8. Apoya también el Tribunal su decisión en elementos objetivos índiciarios que alejan la probabilidad de la certeza:
9. Asimismo entiende el Tribunal, por idéntica motivación que la sentencia de primera instancia, que no cabe considerar que el consentimiento de doña Otilia estuviese viciado al contraer el vínculo matrimonial por reserva mental invalidante.
10. Contra la sentencia del Tribunal de Instancia han interpuesto la representación de la parte actora recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación en los términos que se recogerá, de los que, admitidos por Auto de la Sala de 22 diciembre 2014, se dio traslado a la parte demandada y al Ministerio Fiscal, presentando, ambos respectivamente, los oportunos escritos de alegaciones a los recursos.
TERCERO.- Decisión de la Sala sobre la inadmisión de pruebas por el Tribunal de instancia que ha conocido del recurso de apelación.
1. Se entendería violado el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente si por un lado se declarase que no procedía la admisión de prueba y por otro, se sostuviese que no ha acreditado lo que le correspondía probar conforme al artículo 217 LEC . Ello supondría una notoria indefensión para los actores a quien se les exige probar y luego no se les permite apoyarse en los medios de prueba conducentes a integrar la obligación procesal que le impone la carga de la prueba.
2. Ahora bien ( STS 27 septiembre 2012, Rc. 1981/2009 ), como declara entre otras las sentencias de esta Sala de 14 de Julio de 2010, Rc 1914/2006 , y 29 de noviembre de 2010, Rc. 361/2007 , para que una denegación de prueba adquiera relevancia constitucional infringiendo el derecho a la defensa que consagra el artículo 24 de la Constitución Española , que pueda operar en el campo de la legalidad ordinaria es preciso que se haya traducido en una efectiva indefensión material en el sentido de que la parte afectada quede privada de la posibilidad de justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o replicar las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de contradicción (TCSS 169/96 de 29 de octubre, 101/99 de 31 de mayo, 159/02 de 16 de septiembre). Se exige, por consiguiente, que la prueba sea decisiva en términos de defensa, lo que sólo sucede en el caso de que, de haber sido tomada en consideración, la resolución final del proceso hubiera podido ser distinta con efecto favorable para quien denuncia infracción de derecho fundamental (TCSS 219/1988 de 17 de diciembre, 159/2002 de 16 de septiembre). Y la misma exigencia de demostrar que la práctica de la prueba omitida hubiera tenido trascendencia decisiva (valor relevante o influencia notoria) para resolver el litigio se viene requiriendo por la doctrina del Tribunal Supremo sentencias, entre otras, 29 de febrero de 2000 , 19 de diciembre de 2001 , como un motivo de quebrantamiento de las garantías del proceso determinante de la casación, pues obviamente, de no ser así no concurriría la situación de indefensión
3. En el presente caso no se aprecia ningún menoscabo al derecho a la tutela judicial efectiva de la parte recurrente.
CUARTO.- Decisión de la Sala sobre la alteración por la sentencia recurrida de la carga de la prueba.
1. Parte la recurrente de que ella ha acreditado que don Ceferino estaba afectado por una anomalía psíquica, sin que ello le conceda el Tribunal valor probatorio alguno, entendiendo aquella que correspondía a la demandada la carga probatoria sobre la actitud o no de don Ceferino a la hora de prestar su consentimiento, en concreto acreditar que se llevó a cabo el dictamen exigido por el artículo 56 CC .
QUINTO.- Motivo Único. Enunciación.
SEXTO.- Al igual que decíamos en el recurso extraordinario por infracción procesal brilla por su ausencia la adecuada técnica casacional, pues se entremezclan cuestiones sustantivas con procesales y, sin haber impugnado por errónea la valoración de la prueba practicada, parte de hechos que da como probados y que el Tribunal no tiene por tales. Todo ello provoca a la Sala una evidente confusión a la hora de dar respuesta al recurso que, en aras a la tutela judicial efectiva y a lo delicado de la cuestión debatida, como resalta el Ministerio Fiscal, trataremos de ordenar siguiendo la precisión y clara sistematización de la sentencia recurrida.
1. El Código Civil establece una presunción general de capacidad de los mayores de edad para todos los actos de la vida ( artículo 322 CC ), de forma que sólo por la sentencia judicial que contenga la declaración de incapacitación se entenderá constituido este estado ( artículos 199 CC Y 756 a 762 LEC ).
2. Se incurre en petición de principio o supuesto de la cuestión cuando la certeza de la proposición necesitada de prueba se incluye implícita o explícitamente como premisa para apoyar un motivo de casación. En tales casos la doctrina de la Sala establece que el motivo ha de ser desestimado sin mayor razonamiento dado que no se puede partir, al resolver el recurso de casación, de hechos distintos de los que la Audiencia ha considerado probados, salvo que se haya resuelto lo contrario al conocer del recurso extraordinario por infracción procesal y se tengan por acreditados hechos diferentes a los considerados en la instancia.
3. Como recoge la sentencia de 23 marzo 2011, Rc. 2311/2006 , las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado, pueden ser sometidos al examen del Tribunal de casación, al amparo del artículo 469.1.4 LEC , cuando por ser la valoración de la prueba manifiestamente arbitraria o ilógica, ésta no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE .
4. Tratándose de presunciones sólo cabe la denuncia casacional de la norma que disciplina la prueba de presunciones cuando el proceso deductivo no se ajusta a las reglas de la lógica por no ser el hecho deducido producto de una inferencia lógica desarrollada a partir de los hechos acreditados. En otras palabras cuando falta un enlace preciso y directo entre el hecho base y el hecho deducido, según las reglas del criterio humano y siempre desde el respeto los hechos base de la deducción.
5. El extenso alegato que se hace en el recurso sobre las previsiones legales en materia de incapacitación así como de la convención de Nueva York ratificada por España y entrada en vigor en nuestra nación el 3 mayo 2008 no sólo no la desconoce la sentencia recurrida sino que hace expresa mención a ella, pero para reprochar a los actores que, de ser ciertas las deficiencias de su hermano, no instaran medidas de apoyo y asistencia o, en su caso, de sustitución en la toma de decisiones encaminadas a la protección de su persona y patrimonio.
OCTAVO.- Desestimación del recurso.
2. En cuanto a la crítica a la valoración de las pruebas periciales ya hemos expuesto como no es este el cauce de denunciar los déficit de valoración, sin perjuicio de añadir que sus inferencias, bien motivadas en la sentencia de Instancia, no son ilógicas, absurdas o arbitrarias.
5. Finalmente, en cuanto a la reserva mental de la demandada a la hora de contraer matrimonio, el Tribunal de Instancia no la considera probada, motiva su decisión valorando la prueba practicada y no cabe hacer supuesto de la cuestión al no haberse impugnado esta por el cauce procesal adecuado.
NOVENO.- Procede la desestimación del recurso extraordinario de infracción procesal y de casación con imposición a la parte recurrente de las costas de ambos, en aplicación del artículo 394.11 en relación con el 398, ambos de la LEC , y pérdida del depósito constituido para recurrir de conformidad con la disposición 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
1. Desestimar el recurso extraordinario de infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por don Franco , don Joaquín y don Nicanor , representados por la procuradora doña María Amparo Alonso León, contra la sentencia de 18 de diciembre de 2013, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla en el rollo de apelación número 7947/2012 , dimanante de juicio verbal número 965/2011 del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Sevilla.
2. Imponer a la parte recurrente las costas de ambos recursos y la pérdida del depósito constituido para recurrir.