Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23872
Timestamp: 2019-09-15 10:01:06
Document Index: 65422664

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 52', 'Artículo 66', 'Artículo 72', 'Artículo 1', 'Artículo 7', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 42', 'Artículo 52', 'Artículo 66', 'Artículo 72']

Sistema HJ - Resolución: AUTO 69/2014
AUTO 69/2014, de 10 de marzo
ECLI:ES:TC:2014:69A
Pleno. Auto 69/2014, de 10 de marzo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 6036-2013. Mantiene la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 6036-2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. Voto particular.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 14 de octubre de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1 de la Ley 24/2013, de 2 de julio de Navarra, por cuanto añade los arts. 42 bis —apartados 2, 4, 5 y 6—, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra; el art. 2, por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la citada Ley Foral 10/2010; el art. 5, por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010; el art. 6, por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010); y el art 7, por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados 1 y 2, a la Ley Foral 10/2010, todos ellos de la citada Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
2. Por providencia de 5 de noviembre de 2013 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y al Parlamento de Navarra, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo se tuvo por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 LOTC, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso —14 de octubre de 2013— para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado” para los terceros, lo que se comunicó a los Presidentes del Gobierno de Navarra y del Parlamento de Navarra. Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Navarra”.
3. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 20 de noviembre de 2013, comunicó que la Mesa de la Cámara, en su reunión de ese mismo día, había acordado la personación en este procedimiento y dar por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Por escrito de la misma fecha el Presidente del Congreso de los Diputados se expresó en iguales términos.
4. Por escrito registrado el día 11 de diciembre de 2013 el Asesor Jurídico-Letrado de la Comunidad Foral de Navarra presentó sus alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad, instando mediante otrosí el levantamiento de la suspensión de la disposición impugnada antes de que transcurra el plazo de cinco meses previstos en la ley.
5. El Letrado del Parlamento de Navarra presentó sus alegaciones en escrito registrado el 12 de diciembre de 2013 solicitando la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad respecto de la adición de los arts. 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010 y la desestimación en todo lo demás. Subsidiariamente, pide la desestimación íntegra del recurso. Mediante otrosí insta que sin agotar el plazo de los cinco meses ex arts. 161.2 CE y 30 LOTC este Tribunal “dé audiencia al Parlamento de Navarra para la evacuación del trámite de levantamiento o ratificación de la suspensión”.
6. Por providencia de 16 de diciembre de 2013 el Pleno acordó incorporar a los autos ambos escritos de alegaciones y, en cuanto a las solicitudes que formulan en los otrosíes sobre la suspensión de los preceptos objeto del recurso, oír a las partes personadas y al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expongan lo que consideren conveniente.
7. El Abogado del Estado, con fecha 23 de diciembre de 2013, evacuó el trámite conferido interesando el mantenimiento de la suspensión, por los motivos que, sintéticamente, se exponen a continuación.
“Desde la perspectiva de las entidades de crédito afectadas por la medida, cabe esperar que se genere una mayor incertidumbre por deterioro del valor de las carteras de activos.
Por último, la aplicación de la norma generará también mayores costes para las entidades derivados del cumplimiento de las obligaciones de información y comunicación de datos o, en caso de incumplimiento, como consecuencia del régimen sancionador previsto, que afectarían a la evolución de los márgenes y los resultados de las entidades.”
8. La Letrada del Parlamento de Navarra presentó sus alegaciones el 23 de diciembre de 2013 interesando el levantamiento de la suspensión que pesa sobre los preceptos impugnados por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación.
9. Por diligencia de ordenación de 8 de enero de 2014 se hace constar que en el plazo conferido en la anterior providencia de 16 de diciembre de 2013 no se ha recibido escrito alguno del Gobierno de Navarra.
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia de los arts. 1 (por cuanto añade los arts. 42 bis —apartados 2, 4, 5 y 6—, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra), 2 [por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la citada Ley Foral 10/2010], 5 (por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010); 6 (por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados 1 y 2, a la Ley Foral 10/2010) de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, preceptos que se encuentran suspendidos en su aplicación como consecuencia de la invocación de los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra dichos preceptos por el Presidente del Gobierno.
2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, dicho con las palabras del ATC 298/2013, de 17 de diciembre, “para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos destacado que esta valoración debe efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal ha precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (en este sentido, AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 12 de abril, FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 2; 122/2013, de 21 de mayo, FJ 2; 123/2013, de 21 de mayo, FJ 2; y 157/2013, de 11 de julio, FJ 2, entre otros).”
3. Los arts. 42 bis —apartados 2, 4, 5 y 6-, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies y 42 sexies introducidos en la Ley Foral 10/2010 contienen, respectivamente, una definición de vivienda deshabitada, unos indicios de no habitación, las obligaciones de información sobre viviendas deshabitadas, el procedimiento para declarar tal situación y un registro al efecto. Otras normas impugnadas disponen que mantener una vivienda deshabitada cuando el titular es una persona jurídica es una conducta constitutiva de infracción grave (art. 66.1 Ley Foral 10/2010) y que en dicho supuesto es causa justificativa de expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad [arts. 52.2 a) y 72.2 Ley Foral 10/2010]. En fin, la nueva disposición adicional décima incorporada a la Ley Foral 10/2010 en su apartado 1 “declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del uso de la vivienda objeto del mismo por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente o, en su caso, desde que finalice el plazo de suspensión del lanzamiento establecido por Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre”, norma estatal derogada tras ser tramitada como ley por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
4. Planteado así el debate procesal lo que corresponde a este Tribunal es examinar si los perjuicios que el Abogado del Estado asocia al levantamiento de la suspensión son reales y efectivos y tienen suficiente entidad para prevalecer sobre la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas legales y sobre los menoscabos de intereses públicos y privados que pueden seguirse del mantenimiento de la suspensión, todo ello sin prejuzgar el fondo de la cuestión planteada que no es el objeto de esta pieza de suspensión.
a) El buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero es un interés general y público. En el ATC 75/2010, de 30 de junio, dijimos que “debe apreciarse un perjuicio actual y directo al interés general en tanto que la previsión autonómica pudiera impedir … el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero” y también que “el interés público derivado del carácter de intermediarios financieros de las cajas de ahorros … aconseja igualmente el mantenimiento de la suspensión”. Lo mismo se desprende de los AATC 12/1987, 238/1987 y 29/1996 en la medida que acuerdan la suspensión de medidas autonómicas en función de la protección del sistema financiero en su conjunto.
b) Procede distinguir los perjuicios sufridos por las entidades de crédito, que como declaramos en el ATC 123/2013 afectan a intereses particulares, de los que inciden en el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero o, dicho de otro modo también usado en nuestra doctrina, en el conjunto del sistema crediticio nacional, pues éstos constituyen, como resaltamos antes, intereses generales o públicos.
c) Hemos admitido que hay riesgo cierto, o si se prefiere perjuicio actual y directo, para ese interés general en el ATC 75/2010 cuando “la previsión autonómica pudiera impedir el despliegue de las medidas necesarias en relación con la garantía y el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero” y cuando “la intervención previa autonómica puede llegar a interferir o impedir la constitución del SIP”, concluyendo en dicho ATC 75/2010 que “los posibles perjuicios apuntados son suficientes para que el Tribunal Constitucional se pronuncie, en fase de justicia cautelar y aún sin anticipar la resolución de fondo que en su día resulte procedente, a favor del mantenimiento de la suspensión”.
d) En la apreciación de la certeza de ese riesgo, como no podía ser de otro modo, hemos valorado si los perjuicios alegados venían o no respaldados en datos o análisis de organismos especializados por razón de la materia e independientes de las partes. Así en los AATC 123/2013, 153/2013 y 154/2013 negamos que existiesen, y levantamos en consecuencia la suspensión, porque los perjuicios alegados no tenían más apoyo que los datos extraídos de la página web de la Asociación Española de Banca mientras que constaban en las actuaciones documentos del Banco de España y de la Comisión Europea que afirmaban datos y perspectivas que excluían dichos perjuicios.
e) En fin, no hemos perdido de vista que la ponderación que nos ocupa exige sopesar los perjuicios asociados al levantamiento con los ligados al mantenimiento de la suspensión. Así, como quedó de relieve en el fundamento jurídico anterior, uno de los elementos decisivos para levantar la suspensión en los AATC 123/2013, 153/2013 y 154/2013 fue que el mantenimiento supondría prescindir de unos ingresos fiscales previstos legalmente en función del interés general en “hacer frente a una situación de inestabilidad financiera y crisis económica como el que actualmente vive nuestro país”.
5. Partiendo de los criterios jurisprudenciales precedentes hay que analizar, en primer lugar, el alegado riesgo para el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero. Esta ponderación ha de realizarse teniendo presente que las medidas de la Ley Foral 24/2013 vienen a sumarse a las ya adoptadas con un contenido similar por la Comunidad Autónoma de Andalucía (Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda).
6. De otro lado, consta en las actuaciones de este incidente que el Banco de España ha elaborado un informe de 29 de noviembre de 2013 sobre la cuestión que nos ocupa. El Banco de España, según su régimen jurídico establecido en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de autonomía del Banco de España (en la redacción dada por ley 12/1998, de 28 de abril), goza de un estatuto de autonomía en el desarrollo de su actividad (art.1.1) y cuenta entre sus funciones propias la de “promover el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero” [art. 7.5 b)].
7. Por su parte, el Letrado de la Comunidad Foral de Navarra y la Letrada del Parlamento de Navarra niegan que se pueda asociar a las previsiones de la Ley Foral 24/2013 que han sido impugnadas en este proceso un perjuicio cierto para la estabilidad del sistema financiero. Alegan que los informes del Ministerio de Economía y Competitividad, del Banco de España y de la SAREB contienen meras suposiciones y que los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial atestiguan que “Navarra tramitó 419 desalojos de los 58.604 registrados a nivel estatal”.
8. El Abogado del Estado alega en tercer lugar que el levantamiento de la suspensión también conllevará un perjuicio para la seguridad jurídica por “la coexistencia de dos regímenes (estatal y foral) con idéntica finalidad pero distinta articulación jurídica”.
9. Hemos comprobado hasta ahora que el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados conllevaría ciertos perjuicios, pero según nuestra doctrina la ponderación que es propia de un incidente de este tipo exige considerar al mismo tiempo los perjuicios que pueden ir asociados al mantenimiento de la suspensión, al objeto de decidir si los unos o los otros tienen mayor entidad.
10. Los razonamientos expuestos permiten concluir que en la ponderación de los intereses en presencia, y subrayando la especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del sistema financiero, que tiene un indudable interés público prevalente, y la proyección de esta materia en el contexto internacional, apreciemos que debe mantenerse la suspensión de los preceptos impugnados, sin que la medida adoptada implique, en este caso concreto, un relevante menoscabo del resto de los intereses en presencia.
Mantener la suspensión de los arts. 1 (por cuanto añade los arts. 42 bis, apartados 2, 4, 5 y 6; 42 ter; 42 quater; 42 quinquies y 42 sexies a la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra), 2 [por cuanto modifica el art. 52.2 a) de la Ley Foral 10/2010], 5 (por cuanto modifica el art. 66.1 de la Ley Foral 10/2010), 6 (por cuanto modifica el art. 72.2 de la Ley Foral 10/2010) y 7 (por cuanto añade la disposición adicional décima, apartados 1 y 2, a la Ley Foral 10/2010) todos ellos de la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra.
1. Voto particular que formulan la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez, la Magistrada doña Encarnación Roca Trías y los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan Antonio Xiol Ríos, respecto del Auto dictado en el recurso de inconstitucional núm. 6036-2013.
1. En materia de mantenimiento o levantamiento de la suspensión de leyes autonómicas debemos convenir en que el punto de partida es la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos objeto de conflicto (entre otros muchos, ATC 298/2013, de 17 diciembre, FJ 2).
a) Los informes en los que el Auto se fundamenta ponen de manifiesto que medidas como las previstas en la ley impugnada pueden tener “un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera” (programa de asistencia financiera de recapitalización de las instituciones financieras de España —tercera revisión, verano 2013—); que “los distintos marcos legales a nivel nacional y regional y la inseguridad jurídica acerca de las reglas aplicables pueden afectar al valor de la garantía hipotecaria y a la estabilidad de los mercados financieros”, lo que “puede tener repercusiones subsiguientes en los balances y en las necesidades de provisión de las instituciones de crédito, así como sobre el flujo del crédito hacia la economía real y el funcionamiento de la SAREB” (programa de asistencia financiera de recapitalización de las instituciones financieras de España, quinta revisión, invierno de 2014); que la aplicación de las medidas previstas en la Ley Foral 24/2013 generan “incertidumbre sobre el marco en el que las entidades de crédito o la propia SAREB podrán gestionar sus activos inmobiliarios” y producen “inseguridad jurídica en relación con los títulos hipotecarios de las entidades españolas, lo que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, al flujo del crédito de la economía real” (informe del Banco de España).
b) El Parlamento navarro, por el contrario, sí que ha aportado un dato concreto sobre la incidencia que puede tener la eficacia de la regulación impugnada en la reestructuración bancaria: en los tres primeros trimestres de 2013 Navarra tramitó 419 desalojos de los 58.604 registrados en el ámbito estatal, lo que supone un 0,8 por 100 de los mismos, por lo que difícilmente esta medida pueda tener los efectos tan devastadores del sistema financiero que el Auto del que discrepamos le atribuye. Este dato aparece enmascarado en el Auto tras el hecho de que se refiere únicamente a uno de los tipos de medidas previstas en la norma impugnada —las relativas a la expropiación del uso de la vivienda—, pero este hecho no desvirtúa su elocuencia, pues el método del cálculo proporcional hace bien patente la escasa incidencia que las medidas previstas en la Ley Foral 24/2013 pueden tener en el conjunto del sistema financiero.
c) El hecho de que medidas similares a las que prevé la Ley Foral recurrida hayan sido adoptadas también por la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, no constituye, en sí mismo, un argumento que justifique el mantenimiento de la suspensión. Para ello hubiera debido acreditarse que es la suma de estas medidas la que perturba el buen funcionamiento del sistema financiero y ocasiona por ello un perjuicio al interés general de imposible o difícil reparación, lo que no ha quedado demostrado. La alusión que se contiene en el informe del Banco de España al “potencial impacto acumulado sobre el sistema financiero español que tendría la aplicación conjunta de las normas andaluza y navarra, al que se podrían sumar otras iniciativas autonómicas en el futuro” no puede considerarse seriamente una acreditación de tal extremo, salvo en el terreno futuro y preventivo al que el informe no tiene reparo en remitirse. Esta consideración, pues, no deja de ser un juicio meramente hipotético que, por lo demás, ni siquiera se encuentra argumentado. En todo caso, la citada Ley 4/2013, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, frente a la que el Presidente del Gobierno ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, se encuentra suspendida por providencia del Pleno de este Tribunal de 14 de enero de 2014, por lo que, en este momento, las medidas previstas en la misma no tienen eficacia y en consecuencia no pueden producir ningún efecto acumulativo en relación con las previstas en la Ley Foral 24/2013. Tales perjuicios solo podrían valorarse en el caso de que este Tribunal acordara levantar la suspensión de su eficacia; supuesto en el que el Abogado del Estado podría, en su caso, solicitar que se acordara de nuevo la suspensión.
d) Tampoco puede justificarse, en nuestra opinión, el mantenimiento de la suspensión en los perjuicios que ocasionaría a la seguridad jurídica la coexistencia de dos regímenes jurídicos, el estatal y el foral, cuando ambas regulaciones tienen el mismo objeto. Conforme a la doctrina constitucional —que el Auto recoge, pero de la que no extrae, a nuestro juicio, las debidas consecuencias—, como regla general la seguridad jurídica no puede conllevar que en este tipo de incidentes deba mantenerse la suspensión de la norma autonómica, pues, como se afirma, entre otros muchos en el ATC 156/2008, de 12 de junio, FJ 6, de lo que se trata en este incidente es de demostrar que, más allá de la existencia de un conflicto entre dos normas, aparecen concretos perjuicios irreparables derivados de la vigencia y aplicación de la norma autonómica durante la pendencia del proceso. Y es precisamente esta circunstancia la que no ha quedado acreditada en este caso.
e) Por otra parte, el Gobierno se limita a aducir unos perjuicios genéricos en relación con los preceptos impugnados de la Ley Foral 24/2013 considerada en su conjunto, pero no todas las medidas previstas en estos artículos son susceptible de tener el mismo impacto en el sistema financiero, por lo que hubiera debido distinguirse entre cada una de estas medidas y justificar en cada caso qué perjuicio grave y de difícil o imposible reparación ocasionaba cada una ellas al interés general.
2. Nuestro desacuerdo es todavía mayor con la forma en que se han valorado los perjuicios que el mantenimiento de la suspensión podría originar a efectos de ponderar si procedía o no mantener esta medida cautelar. Dichos perjuicios se valoran de una forma absolutamente superficial, sin el examen de datos concretos sobre la incidencia cuantitativa y cualitativa de una medida susceptible de afectar a personas en situación de exclusión social. Pero aun esto resulta gratuito en nuestra opinión, pues, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, en el incidente de suspensión lo que ha de ponderarse es la dificultad de reparar los perjuicios que originaría el levantamiento de la suspensión (ATC 147/2012, de 16 de julio, FJ 7; en el mismo sentido, AATC 96/2011, FJ 6, y 95/2011, FJ 5, ambos de 21 de junio) y no la dificultad de reparar los perjuicios que originaría el mantenimiento de la suspensión. En consecuencia, a efectos de la resolución de este incidente es irrelevante que exista una regulación estatal, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que tenga como finalidad garantizar el derecho a la vivienda de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues lo que ha de justificarse es que la eficacia de la norma impugnada puede originar determinados perjuicios de imposible o difícil reparación que justifican que cautelarmente se suspendan sus efectos, no que la suspensión de la eficacia no causa perjuicios irreparables.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 6036-2013
Fecha de resolución 10/03/2014
Derecho a la vivienda. Entidades de crédito. Suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas: interés general; mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas. Proceso de ejecución hipotecaria. Sistema financiero. Vivienda. Voto particular, formulado uno.
Artículo 42 bis.2 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42 bis.4 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42 bis.5 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42 bis.6 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42.3 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42.4 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42.5 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 42.6 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 52.2 a) (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 66.1 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 72.2 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Disposición adicional décima, apartado 1 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Disposición adicional décima, apartado 2 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio)
Artículo 1.1 (redactado por la Ley 12/1998, de 28 de abril), f. 6
Artículo 7.5 b) (redactado por la Ley 12/1998, de 28 de abril), f. 6
Ley de la Asamblea de Extremadura 4/1995, de 20 de abril. Crédito cooperativo
Decreto Legislativo de la Junta de Galicia 1/2005, de 10 de marzo. Texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia
En general (redactado por la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de diciembre), f. 4
Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de diciembre. Modifica el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de marzo, de cajas de ahorros de Galicia
Artículo 42 bis.2 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42 bis.4 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42 bis.5 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42 bis.6 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42.3 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42.4 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42.5 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 42.6 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 6
Artículo 52.2 a) (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 66.1 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Artículo 72.2 (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Disposición adicional décima, apartado 1 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), ff. 1, 3
Disposición adicional décima, apartado 2 (redactada por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 24/2013, de 2 de julio), f. 1
Derecho a la viviendaDerecho a la vivienda, ff. 2 a 9
Interés generalInterés general, ff. 4 a 6
Mantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades AutónomasMantenimiento de la suspensión de disposiciones de las Comunidades Autónomas, ff. 2 a 10
Sistema financieroSistema financiero, ff. 3 a 7, VP
Entidades de créditoEntidades de crédito, ff. 5, 6
ViviendaVivienda, ff. 3 a 9, VP
Proceso de ejecución hipotecariaProceso de ejecución hipotecaria, ff. 3 a 9, VP