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Timestamp: 2019-03-25 06:23:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'Artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 25', 'Artículo 10', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 13', 'Artículo 26', 'Artículo 11', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 173', 'Artículo 173']

Menores contra menores. Los supuestos de violencia escolar.
2. CONTEXTO LEGAL Y JURÍDICO
2.1 EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
Es necesario analizar el marco normativo con el que nuestro sistema jurídico protege a los menores frente a la violencia, con especial referencia a la propiamente escolar, y describir las principales actuaciones de las Administraciones educativas en relación con este problema.
El derecho a la educación se encuentra en España desarrollado legalmente por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros (LOPEG), que ha venido a modificar y a adecuar a la nueva realidad derivada de la reordenación del sistema educativo operado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo; el planteamiento participativo y los aspectos referentes a la organización y funcionamiento que se establecieron en la primera de las leyes orgánicas mencionadas.
Al proceder a una nueva regulación de los órganos de gobierno de los centros docentes públicos la Ley Orgánica 9/1995 de 20 noviembre, en su artículo 11.1.e) atribuye al Consejo Escolar -órgano de gobierno en que participan los directivos junto a representaciones de los padres, de los profesores, y también de los alumnos en el ciclo superior- el cometido de resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de los alumnos. La tipificación de las infracciones y sanciones, ello no obstante, se remite a las normas reguladoras de los derechos y deberes de los alumnos, conteniéndose únicamente en la LODE una referencia al deber general de los alumnos de respetar las normas de convivencia del centro docente (artículo 6,2). Conviene señalar que el artículo 2 de la misma ley orgánica establece los principios y fines de la actividad educativa entre los que afirma “la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia” y “la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos”.
Por su parte, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), en su Título Preliminar se refiere, entre los fines primordiales que debe perseguir el sistema educativo “la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia”. Sin embargo, no va más allá que la LODE en la definición del régimen de disciplina que se concreta en su desarrollo reglamentario de esta última ley, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los Derechos y Deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros.
En el artículo 43.1 del citado real decreto, aplicable en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, se establece que “las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un
carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y procurar la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.”
Por su parte, en el apartado 2.b) del mismo artículo parece ratificarse la interdicción de los castigos corporales en los términos siguientes:
Artículo 43.2. b) “No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumno.”
En todo caso, las correcciones previstas en los artículos 48 y 53 del mismo reglamento no incluyen ningún tipo de castigo corporal.
La Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), a través de los ejes transversales, da las pautas y defiende la necesidad de favorecer el aprendizaje de los valores éticos a través de la educación para la paz, la educación no sexista, intercultural, etc.
En la escuela, como en la familia, los niños deben estar a salvo de los comportamientos y las actitudes violentas. No sólo necesitan adquirir en ella conocimientos sino también –como dice y exige la ley- formarse en “el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia” (LODE, art. 2).
La estructuración de las etapas educativas a través del Sistema educativo y marcadas por la LOGSE son las siguientes:
0-6 años: Etapa Infantil. Voluntaria. no gratuita. Dividida en dos ciclos (0-3 y 3-6 años)
6-12 años: Educación Primaria, que comprende tres ciclos, de dos cursos cada uno (Ciclo inicial, medio y superior)
12-16 años: Educación Secundaria obligatoria (ESO). Es una etapa que se divide en dos ciclos de dos años cada uno. Al final se obtiene el título de Graduado en Enseñanza Secundaria.
16-18 años: Bachillerato, en las cuatro modalidades y Educación Técnico Profesional –grado medio-( módulo 2)
NIVELES DE VIOLENCIA EN CADA NIVEL EDUCATIVO
Con la aplicación de la LOGSE los niños y niñas de 12 a 14 años han dejado las escuelas de primaria y se han incorporado progresivamente a los institutos y conviven con alumnos mayores que ellos.
PRINCIPIOS Y REGLAS EUROPEOS
- Convención Europea para la salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma 4 de noviembre de 1950). Artículo 8.
- Carta Social Europea (Turín 18 de octubre de 1961). Artículo 16.
- Recomendación 561 (1969) de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, del 30 de septiembre de 1969, relativa a la Protección de los menores contra los malos tratos.
- Recomendación 751 (1975) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 24 de enero de 1975, sobre la Situación y las responsabilidades de los padres en la familia moderna y sobre el papel de la sociedad a este respecto.
- Recomendación R (79) 17 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 13 de septiembre de 1979, sobre la Protección de los niños contra los malos tratos.
- Recomendación 874 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 4 de octubre de 1979, relativa a una carta europea de los Derechos del Niño. Preámbulo
- Recomendación R (84) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 28 de febrero de 1984, sobre las Responsabilidades de los padres.
- Recomendación 1071 (1988) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 23 de marzo de 1988, relativa a la protección de la infancia.
- Resolución 1074 (1988) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 3 de mayo de 1988, sobre Política familiar.
Recomendación R (90) 2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 15 de enero de 1990, sobre Medidas sociales relativas a la violencia en el seno de la familia.
Recomendación 1121 (1990) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 1 de febrero de 1990, relativa a los Derechos de los Niños.
Recomendación R (91) 9 del Comité de Ministros del Consejo de Iniciativas educativas de la Comunidad Europea contra la violencia
El interés por los problemas de violencia en los centros educativos ha ido creciendo desde los primeros estudios escandinavos hasta la actualidad. En las tres últimas décadas, en la comunidad de países europeos, el problema del maltrato entre iguales ha pasado de ser considerado como un oscuro y esporádico fenómeno, a ser objeto de investigación en universidades, tema de simposios en los congresos internacionales de Psicología y de Educación, motivo de atención por parte de los medios de comunicación de masas, objetivo de organizaciones humanitarias de lucha contra el racismo, de iniciativas educativas de las administraciones públicas y de edición de revistas especializadas.
Pero, sin duda, es el año 1997, el que ha supuesto el mayor avance en el interés social por la violencia escolar. No sólo en muchos países se han empezado inves-tigaciones y estudios, sino que muchas administraciones públicas se han interesado por el problema, levantada su importancia por unos medios de comunicación que no han dejado de interesarse por el mismo. Este movimiento de sensibilización social ha tenido su punto culminante en la convocatoria, por parte del gobierno holandés, en el periodo en que éste tenía responsabilidad ejecutiva en la Comisión Europea, de una reunión de representantes de los gobiernos de los países miembros para estudiar el problema.
a) La conferencia de Utrech, sus objetivos y resultados
Convocada bajo el título: Escuelas más seguras, en Febrero de 1997, se reunieron un significativo conjunto de representantes de países pertenecientes a la Unión Europea, para analizar los problemas de comportamiento social, de indisciplina, disruptividad y malos tratos, como uno de los más graves problemas a los que se debe enfrentar la sociedad europea si quiere mejorar la calidad y la seguridad de las instituciones educativas.
A cada país se le pidió, con antelación suficiente, un informe sobre el estado en que se encontraban los estudios y las iniciativas públicas y privadas, respecto de la seguridad y el bienestar en los centros educativos; estudios que fueron presentados y discutidos en un seminario que coordinó, por delegación del gobierno holandés, el profesor Dr. T. Mooij de la Universidad de Nimega.
El seminario se ocupó de los siguientes aspectos del tema:
– Definición de la problemática antisocial: inseguridad, disruptividad,
– Definición y naturaleza del comportamiento prosocial.
– Frecuencia de presentación y despliegue de los problemas de antisociabilidad.
– Factores y causas determinantes de la inseguridad y la antisociabilidad.
– Prevención y control del problema de la violencia y la inseguridad escolar.
– Estrategias de intervención ante los problemas de violencia e inseguridad
– Cómo fomentar el comportamiento prosocial en los centros educativos.
– Seguridad en los centros escolares y política educativa.
Algunos de los informes que allí se presentaron han sido traducidos al español
y publicados en un monográfico de la Revista de Educación del Ministerio de
Educación y Ciencia, número 313, bajo la coordinación del profesor
Dr. Moreno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que fue, así
mismo, el representante español en la reunión de Utrech, y que tuvo a bien considerar
los trabajos de la Universidad de Sevilla, como uno de los estudios más
representativos de la investigación sobre el tema en España. La consulta a esta
monografía puede ser de gran utilidad para comprender hasta qué punto es éste
un problema del sistema educativo que preocupa a los ciudadanos de toda
Europa y sobre el que se está ocupando un relevante número de investigadores
educativos (ver capítulo 15).
b) Recomendaciones y sugerencias a los países miembros.
Investigaciones sobre la violencia en los centros educativos.
El profesor Mooij, anfitrión en el seminario de Utrech y un investigador destacado
en este tema, sintetiza los informes y las conclusiones del seminario. Las recomendaciones y sugerencias que la conferencia de Utrech elaboró y dirigió a las administraciones educativas de los países miembros de la Unión Europea, respecto de la seguridad en las escuelas y los problemas de malos tratos y violencia en los centros, se pueden sintetizar en las siguientes:
1. Es necesario que los sistemas educativos inviertan más en investigación en estos temas, y que el trabajo investigador aporte distinción conceptual sobre qué es maltrato entre compañeros/as, qué es disruptividad, indisciplina y violencia en general, ya que los acuerdos conceptuales son necesarios para avanzar en este difícil tema.
2. Para avanzar en la definición y naturaleza de la problemática social en los centros educativos, es necesario que los investigadores y educadores de los distintos países trabajen de forma conjunta buscando acuerdos sobre la naturaleza y gravedad de estos problemas; sobre su aceptación o no por las distintas culturas y sobre los métodos de intervención educativa para hacer más seguros los centros educativos.
3. Todos los informes muestran que hay que atender preventivamente a los alumnos/as que, por sus circunstancias personales y sociales, están en riesgo de verse implicados en problemas de violencia, de malos tratos o de conducta antisocial de cualquier tipo. Esta atención debe dirigirse, no sólo a las víctimas del vandalismo de otros, sino también a los chicos/as violentos o excesivamente agresivos.
4. Tres contextos sociales parecen ser determinantes como factores donde puede anidar el riesgo de llegar a ser violento o de padecer violencia en el ámbito de la educación obligatoria: la familia, la escuela y la propia sociedad. Estos tres contextos deben convertirse en escenarios de la atención educativa de carácter preventivo, para erradicar la violencia y hacer más saludable la convivencia escolar.
5. De todos los modelos preventivos que se conocen para atajar los problemas de inseguridad, violencia y malos tratos en el ámbito de la escolaridad obligatoria, se destaca la eficacia y el valor preventivo de los modelos globalizadores y comprensivos.
6. Es imprescindible el apoyo de las administraciones educativas para abordar la erradicación de los fenómenos de violencia y hacer los centros más seguros, ya que el profesorado por sí solo no puede hacerlo.
En este sentido, señala el informe de conclusiones, hubo unanimidad entre los participantes del seminario de Utrech, en señalar que el profesorado se encuentra muy desorientado y muestra un alto grado de desconocimiento sobre esta problemática, al tiempo que tiene una gran necesidad de sentirse apoyado social y moralmente, ante ciertas situaciones de inseguridad en sus centros de trabajo.
En definitiva, la conferencia de Utrech viene a ratificar lo que ya está empezando a ser considerado un problema urgente: la necesidad de que en los centros educativos europeos se implementen medidas educativas de prevención de la violencia escolar.
conviene olvidar que…
– Los datos obtenidos en las investigaciones sobre abuso y malos tratos entre compañeros/as no son homogéneos, pero coinciden en algunos puntos fundamentales relacionados con el género, la edad y los lugares donde acontecen estos hechos violentos.
– La situación de maltrato no es un hecho anecdótico, sino un fenómeno común que afecta a un número nada despreciable de escolares, que son víctimas, agresores y espectadores de violencia entre sus iguales.
– El género y la edad son dos factores que inciden en el fenómeno de la violencia.
Afortunadamente, y contra lo que se suele creer, los problemas de violencia disminuyen con la edad. En cuanto al género, los chicos son más proclives a implicarse en estos problemas y a usar violencia física, mientras ellas se implican menos y tienden a utilizar maltrato social indirecto.
– Tanto para ellos como para ellas, las formas más comunes de maltrato entre iguales son: el verbal (insultos, motes, ridiculizaciones); el físico (provocar peleas, golpear, etc.) y el maltrato social (aislamiento, rechazo, marginación).
– La violencia afecta, además de a los agresores y a las víctimas, a los espectadores, que son la totalidad de los alumnos/as que observan la violencia, y muchas veces no saben qué hacer ante ella.
– En los últimos años el problema del maltrato entre escolares ha pasado de ser un fenómeno oculto, a ser considerado un problema psicológico, educativo y social por el que se han interesado la investigación, la administración educativa y los medios de comunicación de masas. (La convivencia escolar. Junta de Andalucía,72)
(a) Medidas de urgencia relativas a la familia.(Europa, del 9 de septiembre de 1991)
- Resolución A3-0172/92 del Parlamento Europeo, del 8 de julio de 1992, sobre una Carta Europea de Derechos del Niño. Párrafos 8.11, 8.12, 8.17 y 8.19
- Resolución 1099 (1996) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 25 de septiembre de 1996, relativa a la explotación sexual de los niños.
- Resolución A4-0393/96 del Parlamento Europeo, del 12 de diciembre de 1966, sobre medidas de protección de menores en la Unión Europea.
(b) Intervención del Estado. Protección tutelar
(b.1) Naciones Unidas
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 25, 2
- Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 10, 2
- Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. Artículo 24.148
(b.2) Europa
- Carta Social Europea. Parte I, párrafo 7, y artículos 7, 16 y 17.
- Resolución R (70) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 15 de mayo de 1970, sobre Protección social de las madres solteras y de sus hijos.
- Resolución R (77) 3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 3 de noviembre de 1977, sobre el acogida de menores.
(c) Derecho a la educación
(c.1) Naciones Unidas
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26
- Declaración de los Derechos del Niño. Principio VII
- Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 13
- Pacto Internacional de Derecho civiles y políticos. Artículo 26
- Resolución 2037 (XX), de 7 de diciembre de 1965, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el Fomento entre la Juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos
(c.2) Europa
- Carta Europea de Derechos del Niño. Párrafo 8.38.149
(d) Derecho sancionador del menor. Reforma
(d.1) Naciones Unidas
- Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 11
- Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. Artículos 7 y 9
- Resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores. (Reglas de Beijing)
- Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)
- Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Reglas para la protección de los menores privados de libertad
(d.2) Europa
- Convención Europea. Artículos 6 y 7.
- Resolución R (78) 62 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 29 de noviembre de 1978, sobre transformación social y delincuencia juvenil
- Carta Europea de Derechos del Niño. Párrafo 8.23
- Recomendación R (88) 6 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del 18 de abril de 1988, sobre Reacciones sociales al comportamiento delictivo de jóvenes procedentes de familias inmigrantes.
PRINCIPIOS Y REGLAS QUE REGULAN DERECHOS Y DEBERES
La sistematización de derechos y deberes de los alumnos de los centros docentes no universitarios de Cataluña se estableció por el Decreto 226/1990, de 4 de setiembre y se modifico por el Decreto 302/1993, de 9 de diciembre. Y más tarde en el decreto 266/1997 del octubre.
Título 2.: Capítulo 1: De los derechos y deberes del alumnado
7.1 Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que les permita conseguir el desarrollo de su personalidad, dentro de los principios éticos, morales y sociales comúnmente aceptados en nuestra sociedad. Y para hacer efectivo este derecho, la formación de los estudiantes deberá de comprender -además de adquisiciones culturales, lingüísticas, formación religiosa, adquisición de habilidades intelectuales.
f) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural.
g) El respeto y la contribución a la mejora del entorno natural y del patrimonio cultural.
h) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
Los alumnos tienen derecho al respecto de sus convicciones religiosas, morales e ideológicas, a la libertad de consciencia y a su intimidad en relación con aquellas creencias o convicciones..
10.3 Los alumnos tienen derecho a un ambiente convivencial que fomente el respeto entre los compañeros.
Capítulo 2: De los derechos de los alumnos
Artículo 21 Los alumnos tienen el deber de respetar el ejercicio de los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 23 El respeto a las normas de convivencia dentro del centro docente como un deber básico de los alumnos se extiende a las obligaciones siguientes:
Respetar las libertades de convivencia y las convicciones religiosas, morales e ideológicas, como también la dignidad, la integridad y la intimidad de todos los
h) Propiciar un ambiente convivencial y respetar el derecho de los otros alumnos a que no sea perturbada la actividad normal de las aulas.
Principios y reglas de Derecho Español
La Constitución española, en el artículo 39 que encabeza el Capítulo III de su Título I, sitúa la protección social, económica y jurídica de la familia como el primero de los principios rectores de la política social y económica. No se derivan de ello derechos
subjetivos fundamentales especialmente protegidos para los niños, si bien es cierto que el párrafo 4 del citado precepto constitucional declara que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” y que, en este aspecto, la Convención sobre los Derechos del Niño forma parte del Ordenamiento jurídico español desde su ratificación por España el 30 de noviembre de 1990, así como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (ratificados el 13 de abril de 1977), la Convención Europea (ratificada el 26 de septiembre de 1979) y la Carta Social Europea (ratificada el 29 de abril de 1980).
La Constitución, por otra parte, declara como derechos fundamentales el derecho a la integridad física y moral (artículo 15); el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17); el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24); el derecho a la legalidad penal extendido expresamente a las "medidas de seguridad" (artículo 25) y el derecho a.151 la educación (artículo 27) señalando que ésta tendrá por objeto “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
Finalmente, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se propuso “el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos” reflejando “una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás.”
Al margen del indudable progreso que esta ley ha supuesto en el reconocimiento y garantía de determinados derechos a los menores de edad, interesa ahora señalar que la ley vino a sistematizar las reformas previas del Código Civil relativas a la protección tutelar en los supuestos de desamparo del menor, declarando como principios rectores de la actuación de los poderes públicos, entre otros, la supremacía del interés del menor y el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés y su integración familiar y social. (Defensor del Pueblo, 151)
El consejero de Educación ha admitido que la ampliación de la escolarización hasta los 16 años puede provocar conflictos en las aulas, pero asegura que «no es progresista ni una solución justa expulsarlo sistema a los 14, como se hacía antes de la Logse».(Alvarez.Viol-esc)
«Relacionar estos problemas (violencia) con la obligatoriedad de la escuela hasta los 16 años y la integración de las minorías» es caer en un grave error.
(Asoc-REDES-viol-escolar, 5)
Diferentes institutos han reiterado sus quejas sobre la reforma de la LOGSE que obliga a la escolarización obligatoria hasta los 16 años, que permite a los chavales pasar de curso sin necesidad de repetir, y que impide la expulsión de los alumnos conflictivos.
Los responsables de la educación de estos chavales exigen a las autoridades políticas que invierten dinero en planes específicos para los menores violentos.
“No es cuestión de echarlos a su casa, no es cuestión de marginarlos, pero sí de adaptar su formación a su capacidad y, sobre todo, a su actitud. Profesores especializados y aulas independientes”, según portavoces del IES José Caballero de Huelva .
Tal vez, el ordenamiento del sistema educativo español nos ha llevado a la situación de exigir una escolaridad obligatoria a alumnos que no quieren estudiar, que rechazan el marco escolar y que, en gran medida, son infelices (Carrascal-disciplina)
Desde que las leyes aparecen en los Diarios Oficiales hasta que se implican en la realidad que pretenden transformar, existe un largo trecho que cuesta trabajo recorrer. Las leyes tienen que desarrollarse en reglamentos adecuados y en la toma de decisiones concretas. Nuestra Comunidad (Castilla-La Mancha) tiene ahora, por primera vez, la oportunidad de hacer esos desarrollos adaptándolos a nuestra propia especificidad. Dos cuestiones adquieren capital relevancia: El asunto de la financiación de la educación y la necesaria colaboración educativa de toda la sociedad con la escuela.
(Castilla-Consejo- Escolar)
Ni entre las correcciones para las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, ni entre las que pueden imponerse para sancionar conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar.
Importa destacar que atendiendo a la regulación contenida en el mismo real decreto las sanciones por conductas contrarias a las normas de convivencia del centro pueden ser acordadas, según los casos, por los profesores, tutores, jefes de estudios o directores, siempre previa audiencia del alumno, y sólo por el Consejo Escolar, también previa audiencia, las de suspensión de asistencia. Las sanciones por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro competen en todo caso al Consejo Escolar y requieren la instrucción de expediente con designación de instructor y audiencia del menor y de sus padres o representantes. Las sanciones correspondientes a esta última categoría de faltas y las consistentes en suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, es decir, todas las sanciones que han de ser acordadas por el Consejo Escolar, son susceptibles de recurso ante el Director Provincial.
El sistema en conjunto resulta satisfactorio si bien llama la atención que las sanciones acordadas por órganos unipersonales no puedan ser objeto de recurso, recurso cuyo conocimiento fácilmente podría ser atribuido al Consejo Escolar.
Las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia educativa han producido en grado desigual algunos desarrollos normativos en materia de disciplina escolar cuyas líneas generales, en los aspectos que aquí interesan, son similares a las del Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo. No parece necesario, por tanto, hacer aquí una referencia detallada a su contenido, más allá de lo que sin ánimo exhaustivo se expresa a continuación. Estas Comunidades.156 Autónomas han aprobado, igualmente, otras líneas reglamentarias, en materias conexas que, asimismo, se citan:
- Andalucía. Tiene en preparación un Decreto sobre normas de convivencia en los centros y derechos y deberes del alumnado. Los Decretos 200/1997, de 3 de septiembre y 201/1997, de 3 de septiembre, regulan el funcionamiento de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar y sus fines.
- Cataluña. Tiene en vigor el Decreto 266/1997, de 17 de octubre, sobre derechos y deberes de los alumnos en centros de educación no universitaria de Cataluña. Por Resolución de 5 de febrero de 1997 se creó una comisión de estudio de desajustes
conductuales de alumnos en centros docentes y se establecieron medidas sobre la materia. La Orden de 20 de marzo de 1983 regula la intervención psicopedagógica en los centros educativos y creó los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAP).
Mediante dos Resoluciones de 12 de junio de 1998 del Departamento de Enseñanza sobre organización y funcionamiento de los centros de educación infantil y primaria, y los de secundaria, prevé las actuaciones en adaptación curricular y las actuaciones en supuestos de lesiones a bienes y derechos de los particulares. Asimismo en las Instrucciones de 12 de junio de 1998 del Departamento de Enseñanza para organización horaria del curriculum de la E.S.O. se establecen tres horas/grupo semanales para atención individualizada de alumnos entre los que se incluyen los que manifiesten conductas con riesgo de violencia.
(Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Cataluña cuenta con legislación propia en materia de protección tutelar compuesta por la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, la Ley 39/1991,.157 de 30 de diciembre, de la tutela y las instituciones tutelares, y la Ley de 27 de julio de 1995 de atención y protección de los niños y adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991).
- Galicia. El Decreto 129/1998, de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia, y la Orden de 24 de julio de 1998 que lo desarrolla, establecen los departamentos de orientación con
funciones de apoyo en la resolución de conflictos en los centros.
- Navarra. La Orden Foral 90/1998, de 2 de abril, del Consejero de Educación y Cultura regula las respuestas específicas a problemas de inadaptación mediante las Unidades de
Curriculum Adaptado (UCA).
País Vasco. El marco general se encuentra en la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Pública Vasca cuyo Título II contiene las normas generales sobre la convivencia escolar incluyendo las garantías procedimentales de los alumnos respecto a la imposición de sanciones.
El desarrollo del régimen disciplinario junto a los derechos y deberes de los alumnos se encuentra en el Decreto 160/1994, de abril, sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, y la Orden de 30 de julio de 1998 que lo desarrolla, prevén las atenciones educativas especiales para alumnos que manifiesten trastornos de conducta. (Defensor del Pueblo, 155 -157)
En todo caso, cabe también que, de no constituir lesiones, constituyan el hecho sancionado por el tipo general del artículo 173.
Artículo 173 (entre los delitos de torturas). "El que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años."
(Defensor del Pueblo, 163)
La actual regulación legal en España de las facultades correctoras de los padres o tutores así como de la disciplina escolar no permite, ni basándose en los principios legales que las inspiran ni en base a las reglas concretas que las regulan, la utilización de castigos corporales ni la utilización de correcciones o sanciones que supongan un maltrato de carácter físico o psíquico. (Defensor del Pueblo, 166)
Los supuestos de violencia escolar entre iguales tendrían como característica la de que tanto los autores, o agresores, como las víctimas, o agredidos, serían menores de edad. Su régimen jurídico, por tanto, vendría a ser una yuxtaposición de las previsiones legales que sancionan o agravan los delitos y faltas contra los menores con las que regulan la responsabilidad penal de los menores. Es necesario, sin embargo, distinguir dos niveles: aquél en que el acto o actos de agresión carecen de gravedad y constituyen tan sólo una infracción de las normas de convivencia del centro o de los deberes escolares, que queda sujeta a la propia disciplina escolar, y aquél en que los hechos resultan constitutivos de algún tipo de delito o falta. (Defensor del Pueblo, 168-169)
Lo que en todo caso parece necesario es continuar apoyando e incrementando tanto la especialización de los jueces y fiscales que operan en esta jurisdicción como la dotación personal y medios de los equipos técnicos a su servicio. Un análisis especial requiere, a estos efectos, la doble función del Ministerio Fiscal. (Defensor del Pueblo, 170)
Es claro que no hay en nuestro Ordenamiento jurídico un marco legal específico para el fenómeno de la violencia escolar. (Defensor del Pueblo, 174)
Algunas administraciones citan otras normas que a su juicio también inciden de manera más o menos directa en el fenómeno estudiado.
Así, algunas de ellas se refieren a las normas reglamentarias dictadas en materia de autorización o supervisión de libros de texto y material didáctico, en las que se hace referencia a los principios de igualdad entre los sexos, rechazo de todo tipo de discriminación, respeto a las diversas culturas, fomento de hábitos de comportamiento democrático y atención a los valores éticos y morales de los alumnos, de evidente repercusión en la prevención del uso de la violencia por los alumnos. A la importancia de esta norma desde la perspectiva indicada se alude en concreto en los informes de la Consejería de Educación y Cultura de Baleares y del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del País Vasco.
Otras normas que, a juicio de determinadas administraciones educativas, presentan relación con la convivencia y la prevención de conflictos en el ámbito escolar son todas aquellas que regulan la escolarización de alumnos cuyas características personales o sociales requieren del sistema educativo un esfuerzo suplementario para asegurar su incorporación a una escuela comprensiva e integradora.
Desde esta perspectiva, el Departamento de Educación y Cultura de Navarra cita su Orden Foral 90/1998, de dos de abril, por la que se dan instrucciones y orientaciones para establecer respuestas educativas específicas para el alumnado del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que precise medidas de promoción y compensación educativas.
Por su parte, en la respuesta del País Vasco se cita el Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al.192 alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, y la Orden de 30 de julio de 1998 por la que se regula la acción educativa para el alumnado que se encuentre en situaciones sociales o culturales desfavorecidas y las medidas de intervención educativa para los alumnos y alumnas que manifiesten dificultades graves de adaptación escolar.
También el Departamento de Enseñanza de Cataluña cita varias normas en este sentido, al referirse a la Orden de 24 de noviembre de 1998 por la cual se establece el procedimiento para la autorización de modificaciones de elementos prescriptivos del curriculum de la primera etapa de E.S.O.; a las Instrucciones de 12 de junio de 1998 de la Dirección General de Ordenación Educativa para la organización horaria del curriculum y la confección de grupos e itinerarios para la E.S.O., en la que se recogen medidas de atención a la diversidad; a las Instrucciones dictadas en materia de organización y funcionamiento de la Unidad de Adaptación Curricular (UAC); y al
Decreto 338/1986, de 18 de noviembre, sobre creación de los Equipos de Asesoramiento a la Infancia y Adolescencia (EAIA).
La Administración educativa catalana menciona, también en relación con su respuesta normativa al problema de la violencia escolar, la Resolución de 5 de febrero de 1997 por la cual se crea la comisión de estudio de los desajustes conductuales de alumnos de centros docentes y se establecen otras medidas sobre esta materia. La misma administración se refiere por último a toda la normativa referida al ámbito de la protección del menor que, si bien se refiere también a los conflictos escolares, va mucho más allá.
Por otra parte, la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia se refiere a las normas que regulan la orientación educativa y profesional: Decreto 129/1998 de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia, y Orden del 24 de julio de 1998, por la que en desarrollo del anterior se establece la organización y funcionamiento de la orientación educativa y profesional en la misma Comunidad Autónoma. La alusión a estas normas se justifica, desde el punto de vista de esta administración, en la medida en la que en ellas se plantea como objetivo favorecer en los alumnos capacidades de resolución de conflictos de relación interpersonal.
El conjunto de las respuestas obtenidas en relación con el tratamiento normativo del fenómeno de la violencia escolar pone de manifiesto que las distintas administraciones educativas consultadas no han aprobado normas específicas dirigidas a afrontar la violencia escolar, más allá de las que regulan con carácter general la convivencia en los centros o las que crean comisiones para su estudio. (Defensor del Pueblo, 191-193)