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Timestamp: 2019-10-22 01:33:43
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Real Decreto por el que se adaptan las Normas Legales en Materia de Establecimientos de Crédito al Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Económica Europea (Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 270929761
Real Decreto por el que se adaptan las Normas Legales en Materia de Establecimientos de Crédito al Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Económica Europea (Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de Junio)
CAPITULO I. Entidades de Credito - art. 1
CAPITULO II. Uso de denominaciones - art. 2
CAPITULO III. Autorización - arts. 3 a 5
CAPITULO IV. Información y secreto profesional - art. 6
CAPITULO V. Afiliación a organizaciones profesionales - art. 7
PRIMERA. Limitaciones temporales
SEGUNDA. Establecimientos de crédito existentes
Norma citada en: 606 sentencias, 94 artículos doctrinales, 109 disposiciones normativas, un tema práctico, 198 resoluciones administrativas, 4 noticias
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, título modificado por la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Julio de 1988.
Las referencias contenidas en el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, o en otras normas posteriores a los establecimientos de credito se entenderan efectuadas a las Entidades de Credito, por la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Julio de 1988.
El artículo 1. de la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la Aplicación del Derecho de las Comunidades Europeas, faculta al Gobierno para dictar normas con rango de Ley en el ámbito de las competencias del Estado sobre las materias reguladas por la leyes incluidas en el anexo, a fin de adecuarlas al ordenamiento jurídico comunitario.
CAPITULO I Entidades de Credito Artículo 1
Capítulo I, rúbrica modificada por la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Julio de 1988.
A efectos de la presente disposición, y de acuerdo con la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, se entiende por «entidad de crédito» toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.
Artículo 1 modificado por la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Julio de 1988.
Artículo 1, apartado 2 modificado por la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislacion española en materia de Entidades de Credito a la Segunda directiva de Coordinacion bancaria y Se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de Abril de 1994.
Artículo 1, modificado por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 281, 23 de Noviembre de 2002.
Artículo 1, modificado por la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 27 de Julio de 2011.
Artículo 1, apartado 2, letra e), suprimida por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Noviembre de 2013.
Artículo citado en: 129 sentencias, 49 artículos doctrinales, 57 disposiciones normativas, 147 resoluciones administrativas, 2 noticias
CAPITULO II Uso de denominaciones Artículo 2
ARTÍCULO 2 Uso de denominaciones por establecimientos de crédito extranjeros.
Artículo citado en: 10 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa
CAPITULO III Autorización Artículos 3 a 5
ARTÍCULO 3 Cajas de Ahorro
Requisitos de los Consejeros.
ARTÍCULO 4 Establecimientos de crédito
El número 7. del artículo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, queda redactado así:
Revocación de la autorización del establecimiento.
Se adiciona un párrafo último al artículo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, con el siguiente texto:
Las sanciones previstas en los números 6. y 7. anteriores y lo dispuesto en el artículo 57 bis serán aplicables a todos los establecimientos de crédito que operen en España, excepto las Entidades oficiales de crédito.
Se añade un artículo 57 bis a la Ley de Ordenación Bancaria, con el siguiente texto:
f) como sancion, segun lo previsto en la Ley sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito.
El artículo 156 del Real Decreto-ley 2532/1929, de 21 de noviembre, por el que se regula el Régimen del Ahorro Popular y se aprueba el Estatuto especial para las Cajas Generales de Ahorro Popular, queda redactado así:
Las sanciones aplicables por incumplimiento de las normas de observancia obligatoria por las Cajas de Ahorro serán las establecidas en el artículo 57 de la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.
Artículo 4 modificado por la Ley 26/1988, de 29 de Julio, sobre Disciplina e Intervencion de las Entidades de Credito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Julio de 1988.
ARTÍCULO 5 Ejercicio de actividades por establecimientos de crédito extranjeras.
Se exceptúan de estas condiciones los establecimientos de crédito con sede social en un país miembro de la Comunidad Económica Europea.
CAPITULO IV Información y secreto profesional Artículo 6
En el ejercicio de sus funciones de supervisión e inspección de las entidades de crédito, el Banco de España colaborará con las autoridades que tengan encomendadas funciones semejantes en Estados extranjeros y podrá comunicar informaciones relativas a la dirección, gestión y propiedad de estas entidades, así como las que puedan facilitar el control de solvencia de las mismas y cualquier otra que pueda facilitar su supervisión o sirva para evitar, perseguir o sancionar conductas irregulares. Igualmente, podrá suscribir, a tal efecto, acuerdos de colaboración.
Sanciones por infracciones graves o muy graves y medidas excepcionales adoptadas, en particular la solicitud de recursos propios adicionales con arreglo a lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y la imposición de limitaciones al uso de métodos internos de medición del riesgo operacional.
Las sanciones por infracciones muy graves y graves que lleven aparejada amonestación pública o inhabilitación de administradores o directivos.
Los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Banco de España en virtud de cuantas funciones le encomiendan las leyes tendrán carácter reservado y no podrán ser divulgados aninguna persona o autoridad. La reserva se entenderá levantada desde el momento en que los interesados hagan públicos los hechos a que aquéllas se refiera.
Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para el Banco de España y hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello dimane.
Se exceptúan de la obligación de secreto regulada en el presente artículo:
La publicación de datos agregados a fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas ni siquiera indirectamente.
Las informaciones que, en el marco de los procedimientos mercantiles derivados de la suspensión de pagos, quiebra o liquidación forzosa de una entidad de crédito, sean requeridas por las autoridades judiciales, siempre que no versen sobre terceros implicados en el reflotamiento de la entidad.
Las informaciones que, en el marco de recursos administrativos o jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en materia de ordenación y disciplina de las entidades de crédito, sean requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.
Las informaciones que el Banco de España transmita a los Bancos centrales y otros organismos de función similar en calidad de autoridades monetarias, cuando la información sea pertinente para el desempeño de sus respectivas funciones legales, tales como la aplicación de la política monetaria y la correspondiente provisión de liquidez, la supervisión de los sistemas de pago, de compensación y liquidación, y la defensa de la estabilidad del sistema financiero.
Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar, para el cumplimiento de sus funciones, a los organismos o autoridades de otros países en los que recaiga la función pública de supervisión de las empresas de servicios de inversión, de las empresas de seguros, de otras instituciones financieras y de los mercados financieros, ola gestión de los sistemas de garantía de depósitos o indemnización de los inversores de las entidades de crédito, siempre que exista reciprocidad, yque los organismos y autoridades estén sometidos a secreto profesional en condiciones que, como mínimo, sean equiparables a las establecidas por las leyes españolas.
Las informaciones que el Banco de España decida facilitar a una cámara u organismo semejante autorizado legalmente a prestar servicios de compensación o liquidación de los mercados españoles, cuando considere que son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dichos organismos ante cualquier incumplimiento, o posible incumplimiento, que se produzca en el mercado.
Las informaciones que el Banco de España tenga que facilitar a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, así como las comunicaciones que de modo excepcional puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 de la Ley General Tributaria, previa autorización indelegable del Ministro de Economía y Hacienda. A estos efectos deberán tenerse en cuenta los acuerdos de colaboración firmados por el Banco de España con autoridades supervisoras de otros países.
Las informaciones que por razones de supervisión prudencial o sanción de las entidades de crédito, el Banco de España tenga que dar a conocer al Ministerio de Economía y Haciendaoalas autoridades de las Comunidades Autónomas con competencias sobre entidades de crédito.
Las informaciones requeridas por una Comisión Parlamentaria de Investigación en los términos establecidos en su legislación específica.
La información comunicada a la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la normativa vigente, y en particular, la establecida en los artículos 31 y 35 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. No obstante lo anterior, dicha información estará sujeta a secreto profesional.
La información comunicada a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, cuando esta información sea pertinente para el desempeño de sus funciones estatutarias conforme al Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico.
Las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate. Las restantes autoridades, personas o entidades que reciban información de carácter reservado quedarán sujetas al secreto profesional regulado en el presente artículo y no podrán utilizarla sino en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente establecidas.
Las transmisiones de información reservada a los organismos y autoridades de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo a que se refieren el segundo párrafo del apartado 1 y la letra h) del apartado 4 estará condicionada, cuando la información se haya originado en otro Estado miembro, a la conformidad expresa de la autoridad que la hubiere revelado, y sólo podrá ser comunicada a los destinatarios citados a los efectos para los que dicha autoridad haya dado su acuerdo. Igual limitación se aplicará a las informaciones a las cámaras y organismos mencionados en la letra i) del apartado 4.
Artículo 6 modificado por la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislacion española en materia de Entidades de Credito a la Segunda directiva de Coordinacion bancaria y Se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de Abril de 1994.
Artículo 6 modificado por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Noviembre de 1998.
Artículo 6, apartado 1 modificado por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Noviembre de 2007.
Artículo 6, apartado 1 bis adicionado por la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 17 de Noviembre de 2007.
Artículo 6, apartado 4, letra g) modificada por la Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 12 de Abril de 2011.
Artículo 6, apartado 1, modificado por el Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 24 de Marzo de 2012.
Artículo 6, apartado 4, letras m) y n) añadidas por el Real Decreto-ley 10/2012, de 23 de marzo, por el que se modifican determinadas normas financieras en relación con las facultades de las Autoridades Europeas de Supervisión, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 24 de Marzo de 2012.
Artículo 6, apartado 1 bis, letra c), modificado por el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de Agosto de 2012.
Artículo 6, apartado 1 bis, letra c), modificado por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 15 de Noviembre de 2012.
Artículo 6, apartado 2, segundo párrafo, añadido por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 30 de Noviembre de 2013.
Artículo citado en: 11 sentencias, 16 artículos doctrinales, 40 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
CAPITULO V Afiliación a organizaciones profesionales Artículo 7
ARTÍCULO 7 Consejo Superior Bancario.
Se adiciona un párrafo 8. al apartado 2. del artículo 50 de la Ley de Ordenación Bancaria, con el siguiente texto:
El párrafo final del artículo 50 de la Ley de Ordenación Bancaria queda redactado así:
PRIMERA Limitaciones temporales
No podrán, salvo autorización expresa de la autoridad competente, obtener financiación ajena en el mercado interior no iterbancario en proporción superior, en relación con sus inversiones en valores y créditos a Entidades españolas, públicas y privadas, más los activos de cobertura del coeficiente de caja: Al 40 por 100, hasta el 31 de diciembre de 1987; al 50 por 100, a partir del 1 de enero de 1988; al 60 por 100, a partir del 1 de enero de 1989; al 70 por 100, a partir del 1 de enero de 1990; al 80 por 100, a partir del 1 de enero de 1991, y al 90 por 100, a partir del 1 de enero de 1992 y hasta el 31 de diciembre de este año.
Podrán abrir hasta tres oficinas, incluida la oficina principal, y, además, una oficina, a partir del 1 de enero de 1990; dos oficinas, a partir del 1 de enero de 1991, y dos oficinas, a partir del 1 de enero de 1992.
SEGUNDA Establecimientos de crédito existentes
El Ministro de Economía y Hacienda, CARLOS SOLCHAGA CATALAN
Real Decreto 1336/2012, de 21 de septiembre, por el que se modifican determinados reales decretos en relación con las facultades de las Autoridades Eur...
RESOLUCION DE 7 DE JULIO DE 1994, de la delegacion del Gobierno en la Explotacion del Sistema electrico, por la que se fijan las Normas para el Calculo de las Compensaciones de Ofico correspondientes a los Gastos de almacenamiento de Carbon termico durante el año 1993.
LLEI 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
DECRET 50/2003, de 20 de febrer, de modificació del Decret 32/2002, de 5 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
DECRETO FORAL 29/2011, de 4 de abril, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos a fin de posibilitar la cobertura por concurso de méritos de determinadas Jefaturas de Sección y Negociado.