Source: https://clvddhhucv.wordpress.com/2012/10/29/informacion-consulta-y-ambiente-como-derechos-humanos-de-los-pueblos-y-comunidades-indigenas/
Timestamp: 2016-12-09 21:13:12
Document Index: 366468839

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 120', 'artículo 129', 'artículo 120']

INFORMACIÓN, CONSULTA Y AMBIENTE COMO DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS. « Catedra Libre De Derechos Humanos
« Audiencia a la sociedad civil sobre el proceso de fortalecimiento del SIDH
UN AMBIENTE SANO COMO GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA »
INFORMACIÓN, CONSULTA Y AMBIENTE COMO DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
Presentacion en Diapositivas de “Ambiente e Indígenas“
CATEDRA AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS
ABOG. GARCIA D., AIXA M.
ABOG. GOUVEIA DE S, MARIA LIGIA.
LIC. RODRIGUEZ R, AYURAMI.
Todo pueblo tiene derecho a ser informado y consultado sobre las medidas que puedan afectar su existencia o calidad de vida. Especialmente cuando se trata de pueblos vulnerables.
El objetivo de esta investigación es analizar la relación del derecho a la información como parte inseparable del derecho al ambiente, desde la perspectiva de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Para realizar este objetivo se analizarán ambos derechos y su relación. Luego se realizará una definición aproximada, de pueblos indígenas, territorios ancestrales y recursos naturales, para lograr una mejor comprensión del estudio.
En el segundo capítulo estudiaremos brevemente, el marco legal que le da sustento a esta relación del derecho a la información y del ambiente, que a su vez, es la garantía de innumerables derechos de los pueblos indígenas. Iniciando con el marco jurídico universal, regional y nacional.
Por último se revisarán las sentencias seleccionadas, para conocer la opinión de los distintos órganos de justicia a nivel internacional y nacional, sobre la relación de estos derechos, de cara a los pueblos indígenas.
Por razones de extensión, este trabajo sólo abarca el análisis de la consulta previa y el consentimiento libre e informado, dentro de lo que es el derecho a la información ambiental.
CAPÌTULO I. DERECHO AL AMBIENTE Y A LA INFORMACIÓN COMO DERECHOS HUMANOS.
No valorar el ambiente como derecho humano ocasiona graves consecuencias en el desarrollo sustentable, no es solo reconocerlo, sino asegurar su protección efectiva, no habrá dignidad ni justicia social en un entorno que no ofrezca calidad de vida, donde existen impactos ambientales que afectan a más de una generación, por ello debe haber una visión integrada entre ambiente y derechos humanos.
Uno de los principios del derecho ambiental es el derecho que tiene cada ciudadano de acceder a los conocimientos de los procesos gubernamentales que impliquen la alteración del ambiente, cuestión que se relaciona con el derecho humano a la información. La protección del ambiente será más efectiva en la medida en que se conjuguen el derecho a la información y a la participación.
Los interesados o posibles afectados de aquellas actividades que pudieran degradar el ambiente deben ser previa, oportuna y suficientemente informados para así eliminar o reducir las secuelas dañosas; nuestra Constitución le otorga una vital importancia al mantenimiento de la información.
Dentro de este contexto, guarda especial importancia el derecho que tienen los grupos vulnerables a estar informados sobre todas las incidencias que amenacen su sobrevivencia, en este caso, los pueblos indígenas.
Antes de pasar a analizar la vital importancia que tiene el derecho a la información ambiental en relación con los pueblos indígenas, veamos algunos conceptos que nos ayudarán a una mejor comprensión del tema.
I.1. Concepto de pueblos indígenas.
A veces tendemos a enmarcar el término de “pueblos indígenas” sólo en los primeros pobladores de América, dejando a un lado los pueblos africanos, asiáticos o europeos. Tal vez esto se debe a que, hasta ahora, no hay una norma jurídica que nos defina que son pueblos indígenas, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “No existe una definición precisa de “pueblos indígenas” en el derecho internacional, (…) Dada la inmensa diversidad de los pueblos indígenas de las Américas y del resto del mundo, una definición estricta y cerrada siempre correrá el riesgo de ser demasiado amplia o demasiado restrictiva”[1]
El artículo 1 del Convenio 169[2] de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que para llegar a una definición se debe utilizar dos criterios objetivos: “…uno es el hecho de descender de poblaciones que estaban antes de la conquista, la colonización o el establecimiento de las fronteras actuales, y el otro es que conserven alguna parte o todas sus instituciones sociales, culturales, económicas, políticas, cualquiera sea su situación jurídica.”[3]
En la Guía de Aplicación del Convenio No. 169, la OIT explica que “los elementos que definen a un pueblo indígena son tanto objetivos como subjetivos; los elementos objetivos incluyen: (i) la continuidad histórica, v.g. se trata de sociedades que descienden de los grupos anteriores a la conquista o colonización; (ii) la conexión territorial, en el sentido de que sus antepasados habitaban el país o la región; y (iii) instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas y específicas, que son propias y se retienen en todo o en parte. El elemento subjetivo corresponde a la auto-identificación colectiva en tanto pueblo indígena”
Cuando se habla de “minorías étnicas”, “aborígenes”, “pueblos autóctonos”, “nacionales minoritarios”, “tribus registradas” o “grupos tribales”, se hace referencia al mismo concepto y por lo tanto todos gozan de la misma protección. La única diferenciación que existe es: 1) Pueblos indígenas: guardan una relación directa con sus territorios ancestrales, siempre han estado allí de generación en generación; 2) Pueblos tribales: no tienen un territorio ancestral; pero mantienen un mismo idioma, las mismas instituciones económicas, culturales y políticas.
I.2. La importancia para los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales La mayoría de los pueblos indígenas tienen una vinculación especial con el territorio donde han vivido por generaciones, para algunos sus montañas son sagradas, para otros las corrientes de agua o los árboles. El territorio es fundamental para su subsistencia económica, la identidad cultural y su vida espiritual. La CIDH ha sido enfática al exigir a los Estados que respeten “la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación especial con la tierra y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general”[4]
I.3. Recursos Naturales Según la CIDH “Los recursos naturales son sustancias que existen naturalmente en la Tierra (…) son valiosos para la manufactura de productos, la satisfacción de necesidades o comodidades humanas, y la provisión de servicios eco sistémicos que mantienen la salud de la biosfera. Los recursos naturales incluyen el aire, la tierra, el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo e hidrocarburos, los minerales, la madera, el humus, la fauna, la flora, los bosques y la vida silvestre. Los recursos naturales renovables son aquellos que se reproducen o renuevan, e incluyen la vida animal, las plantas, los árboles, el agua y el viento. Los recursos no renovables sonirreemplazables una vez han sido extraídos del agua o de la tierra, e incluyen el oro, la plata, los combustibles fósiles, los diamantes, el gas natural, el cobre y otros minerales.”[5] Los pueblos indígenas siempre han estado encargados de proteger, administrar y utilizar los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio.
De acuerdo con el Convenio Nº 169 de la OIT los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de:
“Participar en la utilización, gestión, protección y conservación de dichos recursos;
Ser consultados antes de toda prospección o explotación de los recursos naturales de sus tierras;
Exigir que se realicen estudios sobre los efectos de dichas prospecciones o explotaciones;
Beneficiarse de las ganancias obtenidas de toda explotación y uso de los recursos naturales;
Que el gobierno les indemnice por todo perjuicio que les causen dichas actividades.”[6]
CAPÍTULO II. MARCO JURÍDICO SOBRE AMBIENTE, INFORMACIÓN Y CONSULTA COMO DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.
Una vez comprendido que la degradación ambiental genera un impacto sobre la calidad de vida de las personas y comunidades en general y por ende, al verse afectada su calidad de vida se ven vulnerados sus derechos, en específico de los pueblos indígenas, es necesario proseguir en la explicación breve del marco jurídico en tres planos específicos, universal, regional y nacional, haciendo especial énfasis en los dos últimos, y siempre relacionando todos los instrumentos con nuestro objetivo, el derecho a la información y consulta de los pueblos indígenas; para de este manera, dar el preámbulo jurídico, al análisis de la jurisprudencia seleccionada en el próximo capítulo.
II.1. Marco Universal sobre ambiente, información y consulta de los pueblos indígenas.
A continuación, realizaremos una pequeña selección de instrumentos relacionados con nuestro tema, no es nuestro objeto mencionar el amplio marco universal que existe en materia ambiental, de información y consulta de los pueblos indígenas.
Declaración de Estocolmo: adoptada en laConferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo Suecia en 1972, allí, se reconoce por primera vez a nivel mundial el derecho-deber del hombre a la conservación ambiental. Así lo expresa el Principio 1 de la Declaración: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”
Según lo expresa el Prof. Blanco-Uribe[7]: “Se consagra pues un importantísimo deber que, dadas las cualidades de “soft-law” que presenta esta declaración, por no estar dotada en derecho de carácter vinculante y obligatorio intrínseco, constituye una premisa de corte moral y objetivo finalista, ilustrador de la política internacional de gestión ambiental”. En el Principio 19, relativo a los programa de educación ambiental, la declaración, hace referencia a la importancia de “ensanchar las bases de una opinión pública bien informada,…”, con especial atención a los sectores menos privilegiados.
Carta Mundial de la Naturaleza: aprobadaen Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de octubre de 1982, dos años después de la Declaración de Estocolmo. Otro documento sin valor vinculante, donde se expresan principios sobre el respeto de los Estados a la naturaleza. Explica la relación entre el Estado y la ciudadanía, “puesto que garantizan mecanismos de información, consulta y participación de los particulares, tanto en el proceso de planificación del desarrollo económico, como en los procedimientos previstos para la toma de decisiones susceptibles de alterar directamente el ambiente de éstos”[8]
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro de 1992. En este documento, se aclara el concepto de desarrollo sostenible, y el Principio 10 explica la importancia de la “participación de todos los ciudadanos interesados” como la forma para encarar el tema ambiental; y continúa: “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y actividades peligrosos en sus comunidades, y la oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y participación del público poniendo la información a disposición” Así mismo, hace referencia a la participación de los pueblos indígenas en el Principio 22: “Los pueblos indígenas y sus comunidades y otras comunidades locales tienen un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible”.
En cuanto al derecho al acceso a la información en general, en los instrumentos universales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y como veremos más adelante en la Convención Americana de derechos humanos, parecen vincular el acceso a la información con la libertad de pensamiento y de expresión[9].
Convenio Nro. 169. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes: aprobado en junio de 1989, en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. De este Convenio es necesario resaltar la explicación del derecho a la consulta[10], que debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada, en los siguientes casos: a) antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, b) antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan pueblos indígenas[11]; y la mención especial en cuanto a la protección del ambiente de sus tierras[12].
Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas: aprobada en Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, donde se reconocen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. También hace referencia, específica al derecho a ser consultados de buena fe con el objetivo de conocer su consentimiento en la aprobación de proyectos que de una u otra forma interfieran en su territorio[13].
II.2. Marco Jurídico Interamericano.
Por medio del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1998 (Protocolo de San Salvador), se reconoce el derecho humano a un ambiente sano, siendo el continente americano “la primera región del mundo en reconocerlo”[14]. Vemos entonces, que la principal referencia al ambiente como derecho humano la encontramos en el artículo 1 del Protocolo: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano…” Por su parte, la Carta Democrática Interamericana en el artículo 15 expresa: “El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente…”
En lo que respecta a el derecho de acceso a la información, aunque no aparece literalmente en el texto de la Convención, si se refiere, a la libertad de toda persona “de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”[15]
Por otro lado, el sistema interamericano no cuenta con una declaración que reconozca los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, desde 1989 se ha venido discutiendo en la Asamblea General de la OEA la necesidad de reconocer la protección especial a éstos pueblos, por lo que se presentó un Proyecto de Declaración Americana sobre los pueblos Indígenas[16]. Aunque no ha sido aprobado, ha servido como marco de referencia para la Comisión.
II.3. Marco Nacional. La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela ha prestado especial atención al tema del ambiente y a elaborar una legislación que lo proteja, le ha dado la misma valoración al tema del acceso a la información y consulta de los pueblos indígenas enmarcándola con una reglamentación actualizada.
La Constitución apegada a los anteriores instrumentos, reconoce el derecho-deber de las personas de proteger el ambiente, así como el del Estado de garantizarla y fomentar la participación[17]. Por ello, recoge un amplio número de artículos, entre los que podemos resaltar: Art. 127 (protección del ambiente), Art. 337 (caso de catástrofes), Art. 107 (educación ambiental), Art. 128 (ordenación del territorio).
El Estado Venezolano, con el objetivo de establecer los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente ha reformado la Ley Orgánica del Ambiente en el año 2006[18], allí vemos, en el Art. 3 la explicación de términos sobre ambiente, en el Art. 34. Se explica la importancia de la educación ambiental como requisito para promover la protección del ambiente; y otro particular en el Art. 39. para la participación ciudadana, donde nuevamente se reconoce el derecho-deber a la participación; el Art. 41 específicamente sobre la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales; en el Art. 64 hace referencia al derecho a la información, el Art. 68 sobre el suministro de información y el Art. 71 sobre el acceso a la información ambiental.
Así como lo expresa el Prof. Blanco-Uribe, la Constitución también le ha otorgado importancia a mantener a la población informada, “como presupuesto clave de una sociedad democrática, cuando consagra una serie de dispositivos a este tema, en general y no solamente vinculados con la problemática ambiental”[19]. El Art. 28 expresa “Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados,…” El Art. 117 sobre servicios y productos explica “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consuman,…” Así mismo, el Art. 141 sobre la administración pública y Art. 143 sobre el acceso a los archivos, explican el derecho de los ciudadanos a ser informados y como la Administración pública está en la obligación de garantizarlo.
En lo que se refiere al acceso de la información como derecho de los pueblos indígenas, el Art. 120 sobre los recursos naturales explica “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la Ley”. Por otra parte, en el Art. 128 sobre la ordenación del territorio, la Constitución enfatiza que la misma se realizará bajo la premisa “del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana…”
Los artículos anteriormente expuestos, de una u otra forma advierten la participación colectiva a través de la consulta, de allí a que sea evidente que la Constitución por medio de sus disposiciones esté garantizando la participación del ciudadano y de los pueblos indígenas en específico. Vemos entonces, que la consulta “se origina en cuanto exista previamente una información por parte del ente público o privado que advierte la posibilidad de afectar los intereses individuales o colectivos de los diversos pueblos indígenas” [20]
El Estado, luego de un largo proceso de discusión, promulgó la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas[21], ésta tiene por objeto desarrollar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los convenios específicos, especialmente el Convenio 169 de la OIT. Con esta Ley, sería la primera vez, que Venezuela reconoce los derechos de los pueblos indígenas y los enmarca en ley. De allí podemos resaltar lo siguiente: Art. 3 (desarrollo de los conceptos), Art. 11 (consulta previa e informada); Art. 48 (derecho a un ambiente sano); Art. 50 (corresponsabilidad entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas); Art. 52 (educación ambiental); Art. 55 (impacto ambiental); Art. 59 (del incumplimiento de las condiciones de consulta y participación).
CAPÍTULO III EL DERECHO QUE TIENEN LAS COMUNIDADES INDIGENAS A SER INFORMADAS Y CONSULTADAS DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUS TIERRAS ANCESTRALES.
III.1. Importancia de la sentencia interpretativa Caso Saramaka vs Surinam.
El 12 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia, en relación con la petición hecha por el Estado de Surinam de interpretación de la sentencia de la Corte en el caso del Pueblo Saramaka versus Surinam[22].
Esta sentencia, sentó las bases para que los Estados cumplan, no sólo con informar a los pueblos indígenas de los proyectos de extracción o exploración que se vayan a hacer dentro de sus territorios ancestrales, sino que, esa información debe ser a través de una consulta previa, eficiente y oportuna, tomando en cuenta su opinión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática al sostener que “…cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio (…) el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar (…) sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo (…) según sus costumbres, y tradiciones”[23].
En el caso del Pueblo Saramaka vs Surinam, la Corte consideró “…que las concesiones madereras que el Estado ha emitido sobre las tierras de la región superior del Río Surinam han dañado el ambiente y que el deterioro tuvo un impacto negativo sobre las tierras y los recursos naturales que los miembros del pueblo Saramaka han utilizado tradicionalmente, los que se encuentran, en todo o en parte, dentro de los límites del territorio sobre el cual tienen un derecho a la propiedad comunal. (…) Además, el Estado no permitió la participación efectiva del pueblo Saramaka, de conformidad con sus tradiciones y costumbre, en el proceso de la toma de decisiones respecto de las concesiones madereras”.[24]
Tal será la importancia de este derecho de los pueblos indígenas que en el manual de Operaciones del Banco Mundial, entre los requisitos para ofrecer financiamiento, está, que todo proyecto de explotación comercial de recursos naturales en tierras indígenas “…el prestatario se asegura de que, en el contexto de consultas previas, libres e informadas, las comunidades afectadas reciban información sobre: a) sus derechos sobre dichos recursos conforme a la ley y al derecho consuetudinario, b) el alcance y la naturaleza de la explotación comercial que se pretende, así como sobre las partes interesadas o implicadas en la explotación, y c) los posibles efectos de dicha explotación sobre los medios de vida y el medio ambiente de los Pueblos Indígenas y sobre el uso de los recursos”[25] La experiencia del Banco indica que si no se informa a los pobladores cual es el impacto del proyecto de desarrollo, esto da origen a problemas económicos, sociales y ambientales.
III.2. La consulta previa.
La consulta previa es obligatoria y vinculante. “La consulta, para ser previa, debe llevarse a cabo durante la fase exploratoria o de planificación del proyecto, plan o medida correspondiente, con suficiente antelación al comienzo de sus actividades de ejecución. Los procedimientos de consulta se deben desarrollar antes de diseñar y ejecutar proyectos de explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas”[26]. Otro punto importante es como se debe realizar esa consulta, según la doctora Raquel Yrigoyen[27] “la consulta no se trata de una audiencia, de un día de explicaciones, sino que debe haber un procedimiento que puede ser asambleas, ceremonias o cualquier otro mecanismo interno de su cultura”[28].
III.3. El proceso de consulta debe estar dirigido a obtener el consentimiento previo, libre e informado.
Cada vez que un Estado quiera realizar un proyecto o entregar una concesión en territorio indígena, debe tener el consentimiento de las comunidades afectadas, sin amenazas ni presiones.
En esta misma sentencia queda establecido que “… cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólode consultar a los saramakas, sino también de obtener el consentimiento libre”[29]
Algunos Estados han sostenido que el deber es sólo de mera consulta, por lo que dejan sin efecto la opinión de las comunidades indígenas que se sienten afectadas, otros han dicho que se trata de un derecho a veto; pero no es así, se trata de un principio de buena fe, donde las partes involucradas dialoguen, escuchen, cedan y defiendan sus intereses.
III.4. Evaluación del impacto ambiental
La realización de un estudio de impacto ambiental serio no solo va a permitir garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser informados sobre todos los proyectos que van a ser realizados en su territorio, sino también estudiar los efectos que pueden causar en el ambiente, así como la viabilidad y sustentabilidad de dichos proyectos en el tiempo.[30]
La Corte en la interpretación de la misma sentencia sostiene que “El Estado debe hacer un estudio previo de impacto social y ambiental con el objetivo de asegurar que los miembros del pueblo (…) tengan conocimiento de los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria”[31]. La Corte relaciona el estudio del impacto ambiental con el derecho a la información que deben tener los pobladores, para que puedan llegar a una decisión efectiva.
La misma Corte recomienda que uno de los más completos y utilizados estándares para evaluaciones de impacto ambiental en el contexto de pueblos indígenas son las Directrices Akwé Kon, las cuales son voluntarias y “…están destinadas a proporcionar un marco de colaboración que asegure la intervención plena de las comunidades indígenas en la evaluación de las inquietudes (…) ambientales (…) en proyectos de desarrollos”[32] III.5 Venezuela
En nuestra Constitución, como se señaló en el capítulo anterior, el derecho a la consulta previa está consagrado; pero al igual que la mayoría de los países latinoamericanos no se cumple a cabalidad. De hecho, hay quienes sostienen que el artículo 120 de la CRBV, fue redactado con la intención de no ser tan claro: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado (…) está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas” en ningún punto del artículo se menciona el consentimiento libre, lo que se podría entender que es suficiente con enviarles una carta describiendo de que se trata el proyecto.
Entre los proyectos que se han realizado, que repercuten en el ambiente y no se tomó en cuenta la consulta previa a las comunidades indígenas están: Caso de los pueblos Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña de la Gran Sabana en contra el tendido eléctrico a Brasil; el Decreto 1850 que abre la Reserva Forestal Imataca a la actividad minera, lo que implica la deforestación y contaminación con mercurio y cianuro; la explotación de carbón en la Sierra de Perijá (Edo Zulia) que está destruyendo las cuencas hidrográficas a pesar de la oposición del pueblo Yukpa y Barí; los pueblos indígenas de Amazonas, al utilizar los recursos genéticos de sus territorios sin recibir ningún tipo de información.
III.6. Breve reseña del caso del tendido eléctrico de Venezuela a Brasil.
En el año 1997, Venezuela acordó con Brasil la construcción de un tendido eléctrico que pasaría por territorios indígenas, esto trajo protestas por parte de las comunidades que allí habitan, alegando que “Este sistema de transmisión eléctrica impide la visibilidad del paisaje no sólo por la presencia de grandes torres y postes que no son parte de la naturaleza, sino también como consecuencia de la deforestación, erosión y sedimentación de los ríos, todo esto trae como consecuencia la pérdida del hábitat de animales y plantas y de los bosques de la Gran Sabana (…) Como indígenas venezolanos nos oponemos al paso del tendido eléctrico por nuestros territorios, porque es un proyecto que se realizo sin la consulta y el consentimiento de nuestro pueblo…”.[33]
Dos recursos de Amparo fueron interpuestos por comunidades indígenas, uno ante la antigua Corte Suprema de Justicia y otro en el año 2000 en el Tribunal Supremo de Justicia, ambos recursos fueron desestimados. En el último recurso, los accionantes pedían que se hiciera un estudio de impacto sociocultural, para estar informados del daño que podría ocasionar ese proyecto, a lo que la Sala respondió “…no cabe fundar dicho pedimento en la falta del estudio de impacto sociocultural a que se refiere la disposición prevista en el artículo 129 constitucional, toda vez que ello implicaría hacer aplicación retroactiva de la citada disposición”[34]. La Sala se refería que para el momento de la celebración del acuerdo (1997), no existía la Constitución de 1999, que contempla la obligación de hacer un estudio de impacto como un medio de información.
Como se puede observar, el derecho a la consulta y a la información, sigue siendo un mero trámite del Estado frente a los pueblos indígenas, no tiene peso el consentimiento; o como diría el Despacho de abogados encargados de defender a Edelca, (la empresa demandada por los indígenas) “la acción de amparo propuesta pretendía hacer prevalecer los intereses difusos colectivos particulares del pueblo Pemón sobre el interés general de todos los venezolanos, lo cual ha sido negado por la mas autorizada doctrina y por la propia jurisprudencia del Supremo Tribunal”[35]
De esta investigación se concluye que el ambiente está unido con la vida de los pueblos indígenas, con su cosmovisión, su alimentación, su cultura. Para que esta unión pueda darse con armonía, es vital proteger y garantizar el derecho a la información que deben tener, con respecto a todo lo que se proyecta hacer dentro de sus territorios.
La mayoría de las constituciones consagran el derecho de propiedad del Estado, sobre los recursos hídricos y del subsuelo; pero, en el caso de los territorios indígenas, el marco jurídico internacional afirma que los recursos naturales presentes en esas tierras, pertenecen a sus pobladores y de allí el deber de informarles y consultarles sobre cualquier proyecto. Entre esos instrumentos internacionales sobresalen dos: el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración de la Naciones Unidas para los pueblos Indígenas, ambos instrumentos afirman que la consulta previa y el consentimiento libre e informado es un derecho fundamental.
Ese consentimiento no se debe como un derecho a veto, su objetivo es que el pueblo afectado, pueda participar en la toma de decisiones y llegar a un consenso, bien informado de cuales serán las consecuencias o el impacto ambiental que tendrá el proyecto.
En Venezuela con la Constitución de 1999, se ha dado un paso adelante en materia de protección de los pueblos indígenas; aunque en algunos puntos siguen existiendo ambigüedades, tal es el caso del artículo 120 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, donde a pesar de reconocerse el derecho a la previa consulta e información, no se menciona nada sobre el consentimiento, esto ha servido, para que en algunos casos el Estado y las empresas interpreten que no es necesario el consentimiento, como un requisito fundamental para la exploración y explotación en territorios indígenas.
Finalmente, hemos visto lo interesante de vincular varios derechos humanos con el derecho a un ambiente sano, cómo a través de los derechos de los pueblos indígenas a ser informados y consultados podemos proteger al ambiente y sobre todo, que mas allá de lo que digan estos marcos jurídicos lo realmente importante es el compromiso personal y del Estado a cumplirlo.
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. (2008). Guía de defensa ambiental. Construyendo la estrategia para el litigio de casos ante el sistema interamericano de derechos humanos. Libro en línea consultado el 12/01/12 en: http://www.aida-americas.org/es/node/1516.
Banco Mundial (2005). Manual de Políticas Operacionales del Banco Mundial. Consultado el día 15/02/2012 en la:
http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP4.10.July1.2005.Spanish.pdf
BLANCO-URIBE Q, Alberto (2001). Base constitucional y principios rectores del derecho ambiental. Revista “Protección Ambiental”. Nro. 7, órgano divulgativo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Caracas.
BLANCO-URIBE Q, Alberto (2008). La idea democrática de Participación para la protección del Ambiente. Corresponsabilidad en la protección ambiental, una forma de participar. Ponencia presentada en el XI Congreso Venezolano de Derecho Ambiental, Mérida, 2008 y, en las II Jornadas sobre el Derecho Público en Argentina y Venezuela, Caracas, 2008.
CHANDUVÍ JAÑA, E. (2011). No se pueden modificar las condiciones de existencia de un pueblo sin su consentimiento. Noticias Aliadas. Consultado el día 11/02/2012 en la http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6428
COLMENARES OLIVAR, R. (2001) El derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas de Venezuela. Consultado el día 12/02/12 en http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlinea/derecho%20de%20consulta%20pueblos%20ind.htm
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2012). Disponible en: www.cidh.oas.org/default.htm
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. Informe de Seguimiento – Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. (2009) Doc. OEA/Ser/L/V/II.135. Consultado el día 16/01/2012 en la
http://cidh.org/annualrep/2009sp/Cap.V.2.htm#VI.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organización de Estados Americanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribalessobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consultado el día 10/01/2012 en la
http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.III-IV.htm#_ftnref25.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial No 36.860. 30-12-99.
Consulta Previa a los pueblos indígenas (2011). Noticias Aliadas. Junio 2011. Consultado el día 15/01/2012 en la
http://www.noticiasaliadas.org/objetos/informe/14PE_consulta_na.pdf
Convención América de los Derechos Humanos (1969). Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica 7 al 22-11-1969.
Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, (2003). Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales UN Manual. Consultado el día 12/01/2012 en la
http://pro169.org/res/materials/es/general_resources/Convenio%20num%20169%20%20manual.pdf
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989)- Adoptada por la Conferencia General de la OIT. (Convenio Nº 169) Entró en virgo el 5-9-91. 17 Ratificaciones. Publicado en G.O. 37.305 del 17-10-2001.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012). Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Adoptada en Nueva York, sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 13-09-07.
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Adoptada por la Asamblea General de la ONU.
Directrices Akwé:Kon voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares, párr. 3. Consultado el día 17/02/2012 en la
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/CCB/File/DIRECTRICESAKWE.pdf
Fundación para el Debido proceso Legal (DPLF, por sus siglas Due Process of Law Foundation) (2011). El Derecho a la Consulta Previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”. Consultado el día 04/02/2012 en la
http://www.observatori.org/documents/INFORME_DERECHO_CONSULTA_2011.pdf
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 38.344.
Ley Orgánica del Ambiente (2006). Gaceta Oficial Nº 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006. Deroga la Gaceta Oficial N° 31.004.
Organización de Estados Americanos. (2012) Disponible en: www.oas.org/es/
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Adoptada por la Asamblea General de ONU. Entró en vigor el 23-3-76. 151 Ratificaciones. Publicado en G.O. Nª 2146.
SENTENCIAS Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28/11/2007. Serie C Nº 172,
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12/08/2008 Serie C No. 185
Tribunal Supremo de Justicia (2012). Exp. Nº 00-1641, Fecha 20-12-2000. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribalessobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. párr. 25. Consultado el día 10/01/2012 en la
http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.III-IV.htm#_ftnref25
[2]Convenio Nro. 169. sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Entrada en vigor 05/09/1991. Ratificado por Venezuela Mayo de 2002. Consultado el día 14/01/2012 en la
[3] NA Informe Especial. Consulta Previa: Derecho fundamental de los pueblos indígenas (2011) (Revista en línea), pág. 3.Consultado el día 15/01/2012 en la
[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,Informe de Seguimiento-Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 2009, párr.160. Consultado el día 16/01/2012 en la http://cidh.org/annualrep/2009sp/Cap.V.2.htm#VI.
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los pueblos indígenas y tribalessobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos., párr. 41. Consultado el día 15/01/2012 en la
[6] Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 2003, pág. 37 consultado el día 12/01/2012 en la http://pro169.org/res/materials/es/general_resources/Convenio%20num%20169%20%20manual.pdf
[7] BLANCO-URIBE Q, Alberto. La idea democrática de Participación para la protección del Ambiente. Corresponsabilidad en la protección ambiental, una forma de participar. Ponencia presentada en el XI Congreso Venezolano de Derecho Ambiental, Mérida, 2008 y, en las II Jornadas sobre el Derecho Público en Argentina y Venezuela, Caracas, 2008.
[8] Ídem pág. 4
[9] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Art. 19. 1:” Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”
Art. 19:”Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”
[10] Art. 6.2: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”
[11] Art. 6.1: “1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin”.
[12] Art. 15.1: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”
[13] Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Art. 30.1: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”
[14] Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. (2008). Guía de defensa ambiental. Construyendo la estrategia para el litigio de casos ante el sistema interamericano de derechos humanos. pág. 6
[15] Art. 13.1. Convención América de los Derechos Humanos. Adoptada en San José de Costa Rica, 1969.
[16] La OEA se encuentra en un proceso de negociación de un Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para tal efecto, se ha creado un Grupo de Trabajo en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA, al cual el Departamento de Derecho Internacional brinda asesoramiento jurídico. En las discusiones y sesiones de negociación participan representantes de los Estados y representantes de los pueblos indígenas. Hasta octubre de 2011, el Grupo de Trabajo ha celebrado un total de trece reuniones de negociaciones para la búsqueda de consensos, con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Consultado el día 21/01/12 de la
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_apoyando_Elaboracion_del_Proyecto_de_Declaracion.htm
[17] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
Art. 127: “Es una derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticas regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
[18] Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial Nº 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006. Deroga la Gaceta Oficial N° 31.004 de fecha 16 de junio de 1976.
[19] BLANCO-URIBE Q, Alberto. (2001) Base constitucional y principios rectores del derecho ambiental. Revista “Protección Ambiental”. Nro. 7, órgano divulgativo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Caracas. Pág. 4
[20] COLMENARES OLIVAR, R. (2001) El derecho de participación y consulta de los pueblos indígenas de Venezuela. Consultado el día 12/02/12 en
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlinea/derecho%20de%20consulta%20pueblos%20ind.htm
[21] Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 38.344, 27 de Diciembre de 2005
[22] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12/08/2008 Serie C No. 185 Consultado el día 10/01/2012 en la
http://www.convergenciacnoa.org/files/Caso_comunidad_Saramaka_vs_Surinam..pdf
[23] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28/11/2007. Serie C Nº 172, párr. 135. Consultado el día 10/01/2012 en la
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12/08/2008 Serie C No. 185, párr. 154 Consultado el día 10/01/2012 en la
[25] Banco Mundial (2005). Manual de Políticas Operacionales del Banco Mundial, Párr 18. Este documento es una traducción de la versión en inglés de OP 4.10, Indigenous Peoples, de julio de 2005, que contiene el texto autorizado de esta directriz según fue aprobada por el Banco Mundial. Consultado el día 15/02/2012 en la http://siteresources.worldbank.org/OPSMANUAL/Resources/210384-1170795590012/OP4.10.July1.2005.Spanish.pdf
[26] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28/06/2007, párr. 249. Consultado en la
http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07cap4.sp.htm#_ftnref206
[27] Abogada especialista en derecho indígena e integrante del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad de Perú. El 20 de octubre de 2011 el gobierno peruano decidió destituirla como jefa del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa) a pesar de estar en plena realización de actividades para elaborar el reglamento de la Ley de Consulta en coordinación con las organizaciones indígenas.
[28] Noticias Aliadas.org. “No se pueden modificar las condiciones de existencia de un pueblo sin su consentimiento.” Entrevista a la especialista Raquel Yrigoyen, consultado el día 11/02/2012 en la http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6428
[29] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 28/11/2007. Serie C Nº 172, párr. 134. Consultado el día 20/01/2012 en la
[30] Para mayor información sobre el tema ver: DPLF / OXFAM. (2011) El Derecho a la Consulta Previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. pág. 26. Consultado el día 04/02/2012 en la
[31] Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam”. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12/08/2008 Serie C No. 185, párr. 40 Consultado el día 13/02/2012 en la http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_esp.pdf
[32] “Directrices Akwé:Kon voluntarias para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, ambientales, y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse en lugares sagrados o en tierras o aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y locales, o que puedan afectar a esos lugares”, párr. 3. Consultado el día 17/02/2012 en la
[33] Caciques y Comunidades de Cruz de Mapaurí, Kumarakapay, Warpatá, San Antonio y San Juan de Kamoirán, Agua Fría, Vista Alegre: El tendido eléctrico hacia Brasil amenaza la sobrevivencia del Pueblo indígena Pemón, habitante ancestral de la Gran Sabana. Gran Sabana, Estado Bolívar, 29 de abril de 2000. Consultado el día 02/02/2012 en la
http://www.venecologia.com/El%20tendido%20electrico.htm
[34] TSJ, Expediente Nº 00-1641, de fecha 20/12/2000. Consultado el día 18/02/2012 en la http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1600-201200-1641%20.htm
[35] Se declaró improcedente acción de amparo interpuesta por representantes del pueblo Pemón contra EDELCA. Consultado el día 17/02/2012 en la http://www.badellgrau.com/?pag=16&ct=893
This entry was posted on octubre 29, 2012 a 8:39 pm	and is filed under Derechos De Los Pueblos Indigenas, Trabajos Posgrado UCV. Mencion Derechos Humanos.