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Timestamp: 2019-01-20 21:10:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 76', 'artículo 197', 'artículo 80']

Contradicción de tesis 55/2007-ps
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/2007-PS.
entre las sustentadas por el Segundo y tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito; el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito; el segundo tribunal colegiado del quinto circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
SECRETARIO: MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ.
Tema de la posible contradicción: Determinar si resultan inoperantes los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, cuando los argumentos integrantes de éstos no se hubieren planteado como agravios en el recurso de apelación del proceso civil contencioso, y si ello impide su examen en el amparo directo.
EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEXTO CIRCUITO; EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL SEGUNDO CIRCUITO; EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO; Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
SÍ EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DENUNCIADA, Y SE PROPONE EL SIGUIENTE CRITERIO:
Sostuvieron que los conceptos de violación son inoperantes, cuando los argumentos integrantes de éstos no se hubieren planteado como agravios en la apelación, por lo que al tratarse de cuestiones nuevas, no pueden examinarse ni debe resolverse sobre el fondo del asunto en la sentencia de amparo.
Los nombres de los Magistrados de estos Tribunales Colegiados de Circuito se mencionan en las páginas 8, 12, 17, 24 y 27 del proyecto.
Considera que aunque las cuestiones planteadas en los conceptos de violación sean ajenas a los agravios (litis de la apelación), esa circunstancia no motiva su declaración de inoperantes, ni impide su examen en el amparo directo.
Benito Alva Zenteno.
Neófito López Ramos (Ponente).
Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil siete.
PRIMERO.- Mediante el oficio 132/2007-T, de tres de mayo de dos mil siete, dirigido al Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el propio día tres de mayo de ese año, el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el órgano de su adscripción, al resolver el amparo directo 191/2007, en la sentencia del doce de abril de dos mil siete, en la cual sostuvo que los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo, resultan operantes si tienen relación con la cuestión planteada en el juicio de origen, aunque versen sobre cuestiones omitidas en el recurso de apelación.
El órgano jurisdiccional denunciante consideró que esa postura se oponía al criterio sustentado por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en las ejecutorias que más adelante se precisan, relativo a que son inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo cuando no se refieran a las cuestiones propuestas en los agravios del recurso de apelación.
SEGUNDO.- En proveído de nueve de mayo de dos mil siete, el Presidente de esta Primera Sala admitió a trámite la referida denuncia de criterios, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis, bajo el número 55/2007-PS, y dispuso que se giraran oficios a los órganos jurisdiccionales involucrados en este asunto para que remitieran los expedientes relacionados con los criterios materia de la contradicción de tesis, o las copias certificadas de las ejecutorias relativas, e informaran si en posteriores ejecutorias se apartaron del criterio sostenido en los indicados expedientes.
TERCERO.- Una vez recibidos en este Alto Tribunal los documentos que se requirieron a los Tribunales Colegiados de Circuito, así como la información en el sentido de que no se habían apartado del criterio que sostuvieron; en proveído de cuatro de octubre de dos mil siete el Presidente de la Primera Sala ordenó dar vista con los autos del presente expediente, al titular de la Procuraduría General de la República, para que dentro del plazo de treinta días expusiera su parecer, si así lo estimare conveniente, y dispuso que pasaran los autos de la denuncia de posible contradicción de tesis, al señor Ministro Juan N. Silva Meza, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
El agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el presenta asunto, formuló pedimento mediante el oficio DGC/DCC/1490/2007, de fecha trece de noviembre de dos mil siete, en el sentido de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y que debe prevalecer el criterio relativo a que el Tribunal Colegiado de Circuito no puede pronunciarse sobre los concepto de violación, “cuando estos traten situaciones ajenas a las formuladas vía agravio a través del recurso de apelación y que no fueron materia de estudio por el tribunal de apelación”.
Posteriormente, el presente asunto fue listado para discutirse en la sesión de esta Primera Sala celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil siete, en la que a petición del Ministro ponente, se acordó que el asunto continuara en lista.
PRIMERO.- Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO.- La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la realizó el Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional del que proviene uno de los criterios en posible contradicción, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO.- El criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, contenido en la ejecutoria de siete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, pronunciada en el juicio de amparo directo 173/88, derivó de los siguientes antecedentes:
1.- En contra de la parte quejosa se promovió un juicio ordinario civil en el que se demandó la terminación de un contrato de arrendamiento, así como la desocupación del local comercial arrendado.
2.- El Juez de primera instancia declaró procedente la acción deducida por el actor, y la parte demandada interpuso recurso de apelación.
3.- El Tribunal ad quem que resolvió el recurso de apelación confirmó la resolución apelada, pues desestimó los agravios, entre otras razones porque el apelante no combatía los motivos de convicción en que se fundó el órgano jurisdiccional de primera instancia.
4.- En contra de esta última determinación la parte inconforme promovió juicio de amparo directo, y en la resolución de siete de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito negó el amparo solicitado, por los siguientes motivos:
Porque los conceptos de violación eran inoperantes, ya que los argumentos integrantes de éstos no se plantearon como agravios ante el Tribunal Superior de Justicia que pronunció la sentencia reclamada, y por ello, no estuvo en condiciones de resolver sobre ellos.
La parte considerativa de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, relacionada con esa apreciación, es la siguiente:
“QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación hechos valer.- - - En efecto, el ahora quejoso expuso substancialmente como agravios ante el Tribunal de apelación, que las pruebas por él ofrecidas en el juicio generador del acto reclamado fueron admitidas en tiempo y forma legal, y sin embargo no fueron desahogadas, agregando que la autoridad de primera instancia omitió analizar (sic) incidente de nulidad de actuaciones que promovió.- - - Ahora bien, en la demanda de garantías expresó esencialmente que se viola (sic) en su perjuicio las garantías constitucionales contempladas en los artículos 14 y 16 constitucional (sic) ya que el juez de primera instancia no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por él en el juicio generador del acto reclamado.- - - De lo anterior se desprende que dichos argumentos hechos valer como conceptos de violación en esta litis constitucional, no fueron planteados como agravios ante el tribunal de apelación, y al no haber estado la autoridad responsable en condiciones de resolver sobre ellos, menos aún puede hacerlo este Tribunal Colegiado, atento a la técnica del juicio de garantías resultando por tal motivo inatendibles esas consideraciones. Sirve de apoyo a lo anterior lo sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia número 99 visible en la página 271 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1985, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías’”.
El citado criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito lo reiteró en las siguientes ejecutorias:
1.- En la de dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, dictada en el amparo directo 247/88.
2.- En la de veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, pronunciada en el amparo directo 249/88.
3.- De veintitrés de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, pronunciada en el amparo directo 264/88; y,
4.- De cuatro de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, pronunciada en el amparo directo 285/88.
De esas ejecutorias derivó la tesis que enseguida se reproduce:
Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988
Tesis: VI. 2o. J/5
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo el Tribunal Colegiado, atenta la técnica del juicio de garantías.”
Amparo directo 173/88. Sandalio Velazco Mendoza. 7 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 247/88. Joaquín Flores García. 16 de agosto 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.
Amparo directo 249/88. Elsa Judith Espino Méndez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.
Amparo directo 264/88. Alicia Benítez Chávez. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez.
Amparo directo 285/88. Rosa María Hernández viuda de Díaz. 4 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge A. González Álvarez.
CUARTO.- El criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la ejecutoria de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, pronunciada en el juicio de amparo directo civil 31/89, emanó de los siguientes antecedentes:
1.- La parte quejosa demandó la nulidad del reconocimiento de herederos, en contra de quienes argumentó no tenían la calidad de hijos del autor de la sucesión, así como la reivindicación de varios predios.
2.- El Juez de primera instancia declaró improcedente la acción deducida.
3.- En contra de esa resolución el promovente interpuso recurso de apelación, y la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, al resolver el mencionado recurso de apelación confirmó la sentencia apelada, al considerar que el juez de primera instancia dictó la resolución conforme a las pruebas aportadas al juicio ordinario civil, y porque los coherederos “comprobaron con todas y cada una de las pruebas aportadas que son hijos del autor de la sucesión”.
4.- En contra de esta última determinación, la parte actora promovió juicio de amparo directo, y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito le negó el amparo solicitado, en la resolución de treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, entre otras por las siguientes razones:
Porque aunque no se resolvió en la sentencia reclamada sobre el derecho que tenía el quejoso a heredar sobre el cincuenta por ciento del haber hereditario, ello se debía a que tal cuestión fue materia de la sentencia de la primera instancia, y la apelación sólo se ocupó de los argumentos invocados en los agravios, que no versaron sobre “lo que ahora se invoca como concepto de violación”.
La parte considerativa de la ejecutoria de referencia consta en el contenido de la siguiente transcripción:
“CUARTO. Es infundado en parte el primero de los conceptos de violación invocado por el quejoso, e inoperante en lo restante, habida cuenta que de la lectura de la resolución reclamada, se aprecia que no infringe en su perjuicio el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que establece entre otras cosas, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y prestaciones deducidas, dado que se pronunció sobre todos y cada uno de los agravios que le fueron invocados, sin embargo resulta inoperante en parte este concepto de violación, dado que si bien es cierto que no resolvió la sentencia reclamada sobre el derecho que tenía a heredar sobre el cincuenta por ciento sobre el haber hereditario de su padre (…), ello se debió a que tal tema fue materia de la sentencia de primer grado, y en cambio sólo fueron materia de la apelación, las argumentaciones que fueron invocadas en vía de agravio, y en el caso que nos ocupa, no fue materia de agravio lo que ahora se invoca como concepto de violación, y por ello resulta inoperante.- - - Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relacionada con el número tres a la jurisprudencia 99 visible a fojas 273, Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que al rubro expresa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO. Los conceptos de violación son improcedentes, si lo que se alega en ellos no fue invocado como agravio en la apelación, y sería antijurídico declarar inconstitucional una sentencia por virtud de alegaciones que fueron (sic) sometidas a la consideración de la responsable. Tratándose de una violación cometida en la primera instancia, que fue consentida puesto que no se reclamó en la apelación por vía de agravio, el concepto de violación que se endereza contra la misma resulta improcedente’”.
El indicado criterio fue aplicado también en las siguientes ejecutorias:
1.- Del doce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, emitida en el amparo directo civil 52/89.
2.- Del día cinco de enero de mil novecientos noventa, pronunciada en el amparo directo civil 680/89.
3.- Del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, derivada del amparo directo civil 318/93; y,
4.- En la ejecutoria del tres de junio de mil novecientos noventa y tres, del amparo directo civil 399/93.
Las citadas ejecutorias dieron origen a la siguiente tesis:
74, Febrero de 1994
Tesis: II.2o. J/14
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aún cuando el juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el Tribunal de Apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella menos puede hacerlo el Tribunal de Amparo, atenta la técnica del juicio de garantías”.
Amparo directo 31/89. Jesús Calva Cruz. 31 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Ma. Elena Solórzano Ávila.
Amparo directo 52/89. Andrés Frutero Trujano. 12 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.
Amparo directo 680/89. Juan Gutiérrez García. 5 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.
Amparo directo 318/93. Fausto de la Cruz Mejía y otro. 27 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina.
Amparo directo 399/93. Alejandro Toral Ibarrola. 3 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Secretaria: Yolanda Leyva Zetina.
QUINTO.- El criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, contenido en la ejecutoria de trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, correspondiente al amparo directo civil 84/93, se produjo de los siguientes antecedentes:
1.- En contra del quejoso de ese juicio de amparo se demandó la nulidad de un contrato de compraventa de inmueble.
2.- El juez de primera instancia declaró procedente la acción de nulidad deducida.
3.- En contra de esa sentencia la parte demandada interpuso recurso de apelación, y la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero modificó la sentencia apelada con apoyo básicamente en lo siguiente:
Que el contrato de compraventa se celebró inicialmente con la modalidad de a plazos, y posteriormente se celebró una promesa de venta respecto del mismo bien inmueble, con una diversa persona, por lo cual este último acto jurídico resultaba nulo “en virtud de que cuando se prometió en venta dicho bien inmueble, aun cuando se formalizó el acto definitivo, ya había salido del patrimonio del vendedor” (demandado y quejoso); por ello era procedente la acción de nulidad del contrato y procedía confirmar el segundo y sexto de los puntos resolutivos de la sentencia apelada.
4.- En contra de lo resuelto por la Sala Civil, el apelante promovió juicio de amparo directo, y en la ejecutoria de trece de mayo de mil novecientos noventa y tres el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito le negó el amparo solicitado, conforme a las siguientes consideraciones:
Estimó entre otras cosas que no procedía examinar los conceptos de violación en los que el quejoso introdujo cuestiones nuevas, que omitió hacer valer en su escrito de agravios, tales como que “se pasa por alto la afirmación del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, en cuanto al informe que rindió,…”.
La parte considerativa de la ejecutoria de referencia se contiene en la siguiente transcripción:
“VI. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación, los que se estudian conjuntamente, por la íntima relación que guardan las cuestiones comprendidas.
De igual forma se dejan de atender los conceptos de violación, en donde el impetrante del amparo introduce cuestiones nuevas que omitió hacer valer en su escrito de agravios, como puede constatarse de la transcripción que se llevó a cabo en el considerando quinto de esta sentencia, y si el Tribunal de apelación no tuvo la oportunidad legal de resolver sobre ellas, menos puede hacerlo este Cuerpo Colegiado, atenta la técnica del amparo; cuestiones que se traducen básicamente en que ‘se pasa por alto la afirmación del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Guerrero, en cuanto al informe que rindió, en el sentido de que el bien controvertido ya no era propiedad de la señora (…), sino del señor (…); y que, en consecuencia, al ordenar que quede subsistente el sexto punto resolutivo de la sentencia de primer grado que ordena la cancelación de la inscripción del acto jurídico celebrado por los demandados, incuestionablemente se está ordenando un imposible; pues dicha inscripción quedó superada al existir actualmente un nuevo propietario, de donde se evidencia la incongruencia de la resolución combatida; que de las actuaciones puede advertirse la existencia de otras personas que debieron litigar o ser llamadas al juicio de origen; que el juez natural señala el nombre a favor de quién está actualmente inscrita la propiedad del inmueble en controversia, que lo es (…), que no fue emplazado a juicio; que lo mismo ocurre con el Notario Público y que tampoco se le emplazó, no obstante tener legitimación pasiva por haber dado fe del acto jurídico de la operación que pidió el actor su nulidad’. Se cita en apoyo la jurisprudencia número 441, visible en la página 776 del Apéndice y Parte que se consulta, que reza: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN. Aun cuando el Juez de primera instancia haya resuelto sobre determinado punto cuestionado, si ante el tribunal de apelación no se planteó cuestión alguna al respecto, no habiendo tenido la autoridad responsable oportunidad legal de resolver sobre ella, menos puede hacerlo la Suprema Corte, atenta la técnica del juicio de garantías’”.
El referido criterio fue aplicado también en las siguientes ejecutorias: