Source: http://badellgrau.com/?pag=43&ct=1884
Timestamp: 2017-05-24 19:28:34
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El Principio Acusatorio en el Sistema Procesal Penal Venezolano Daniel Badell Porras
Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas UCAB. En curso.
*Agradezco a la Dra. Roxana Viloria Molina quien colaboró conmigo en el levantamiento jurisprudencial de este trabajo 1. Introducción
2. Aproximación al sistema inquisitivo y al sistema acusatorio
3. El Principio acusatorio como parte del sistema acusatorio
3.1 Elementos esenciales del principio acusatorio
3.1.1 Separación entre el órgano investigador/acusador y el juzgador
3.1.2 No hay condena ni juicio sin acusación
3.1.3 La sentencia condenatoria no puede ir más allá de la acusación
3.1.4 Las pruebas quedan en manos de las partes del proceso
3.1.5 Prohibición de reforma en perjuicio
4. Notas jurisprudenciales referidas al principio acusatorio
1. Introducción Constituye cuestión esencial dentro del sistema procesal penal estudiar los principios que lo informan. Entre ellos, tal como lo señala el propio Código Orgánico Procesal Penal (en adelante, COPP) encontramos los principios de oralidad (artículo 14 del COPP), publicidad (artículo 15 del COPP), inmediación (artículo 16 del COPP), concentración (artículo 17 del COPP) y contradicción (artículo 18 del COPP) que son propios del sistema acusatorio y diferenciables de principios característicos del sistema inquisitivo. En adición a los principios antes mencionados, y en razón del propio sistema acusatorio, surgen nociones que en la actualidad instruyen el proceso penal venezolano y cuyo estudio son de obligatorio conocimiento, tal es el caso del principio acusatorio.
El presente estudio está dedicado a la revisión del principio acusatorio desde una aproximación doctrinaria y jurisprudencial en Venezuela y en el derecho comparado. El objeto del mismo es precisar con la mayor claridad posible la concepción y alcance del principio acusatorio, sin que el mismo sea confundido con características propias del sistema acusatorio. Por una parte, revisaremos doctrina nacional y extranjera referida al principio acusatorio, mientras que en otra compararemos jurisprudencia nacional y foránea en la que en algunos de los casos, en aplicación del derecho a casos concretos, los juzgadores se refieren al principio acusatorio con aspectos propios del sistema acusatorio y viceversa, confundiendo su alcance sin precisar que son nociones que van de la mano pero que son diferenciables una de la otra. En definitiva, pretendemos distinguir el alcance del principio acusatorio entendiéndolo como garante de la imparcialidad del sistema acusatorio, pero con características propias y distinguibles del aludido sistema.
Constituye cuestión esencial al momento de efectuar el estudio de alguna institución procesal penal, revisar el origen y evolución del sistema penal aplicable en el país bajo estudio. En grandes rasgos el sistema de justicia penal a nivel internacional evolucionó de sistemas inquisitivos propiamente dichos a sistemas mixtos o acusatorios en los que los rasgos inquisitivos fueron quedando en desuso con el paso del tiempo. En principio, el sistema de justicia penal surgió de la mano de inquisidores de carácter privado quienes se encargaban de investigar y juzgar al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, cumplimiento de órdenes superiores y sometiendo a la aplicación de la justicia penal a no comulgantes o enemigos del régimen de gobierno de turno. Ese primer sistema de justicia penal se denominó inquisitivo[1] y fue creado por el Papa Inocencio III y establecido “…en las Decretales de 1198, 1199, 1212 y 1213 y, más tarde, consagrado en el Canon 8 del 4° Concilio Letrán de 1215. En este procedimiento el Juez actúa de oficio sin intervención de un denunciante o de un acusador. El nombre del procedimiento pasa a los organismos encargados de la represión…”[2].
En la inquisición española –Kamen- nadie era aprehendido hasta tanto los inquisidores reunieran pruebas “suficientes” en contra del investigado, pero en el momento de su detención los inquisidores ya lo consideraban culpable y debía entonces el privado de libertad tratar de demostrar su inocencia, muchas veces sin al menos saber porque había sido detenido. Una vez detenido entonces, el inquisidor instaba a la persona –en aplicación de cualquier medio de coerción posible- a que confesara, lo cual hacía que en muchas oportunidades se confesaran sujetos activos de delitos distintos por el que originalmente se había originado su aprehensión[3]. Así funcionó a groso modo el sistema inquisitivo. Ahora bien, en Venezuela durante muchos años, señala la Profesora Magaly Vásquez “…rigió un sistema inquisitivo (aun cuando algún sector de la doctrina lo calificaba como mixto) el cual constituía una moderación de aquel propio del absolutismo, ya descrito, caracterizado por una etapa secreta supuestamente bajo la responsabilidad del juez pero efectivamente en manos de la policía, con un Ministerio Público de escritorio, pues legalmente sólo le correspondía una función supervisora y una defensa meramente simbólica”[4]. Como características fundamentales del referido sistema inquisitivo -y para no entrar en mayores detalles por cuanto no corresponde el objeto del presente estudio- tenemos que en él (i) se actúa de oficio (ii) las actuaciones son secretas (iii) es permitido el empleo sistemático de la tortura (iv) se permite la confiscación completa y absoluta de los bienes (v) la finalidad u objeto del proceso es averiguar a toda costa la verdad y (vi) se produce el tratamiento del sospechoso como objeto de prueba. En ese sentido, señala el catedrático colombiano -José Urbano Martínez- que el sistema inquisitivo está ligado de manera directa y formal al principio de legalidad en la investigación del delito, a la indisponibilidad de la acción penal por las partes del proceso, a la verdad material u objetiva utilizando cualquier medio posible para alcanzarla, a la facultad del juez de decretar pruebas de oficio y de variar la calificación jurídica de la conducta en cualquier instancia del proceso y a la afectación de la imparcialidad u objetividad del juzgador[5]. El referido sistema inquisitivo -López Barja De Quiroga- entró en detrimento en razón de los principios impulsados y defendidos por la ilustración durante el transcurso del siglo XVIII por Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Beccaria. Dicho lo anterior, corresponde referirnos brevemente al sistema acusatorio y sus características para luego poder conceptualizarlo y diferenciarlo de lo que va a ser el punto central de nuestro estudio, es decir, del principio acusatorio. El sistema acusatorio es aquel en el que se unen las ventajas “…de la persecución penal estatal con las del proceso acusatorio que consisten, precisamente, en que juez y acusador no son la misma persona. Esto sólo puede suceder si el Estado asume tanto la tarea del acusador como la del juez, separando esa función en dos autoridades estatales distintas una autoridad de acusación y el tribunal (…) esto solo es posible a través de la creación de una autoridad de acusación estatal especial, la fiscalía”[6]. En el derecho alemán vigente, señala el maestro –Roxin- rige soberanamente el principio acusatorio formal en el que la apertura de una cognición jurisdiccional está condicionada o supeditada a la interposición de una denuncia o querella en el que nunca puede actuar jamás de oficio el órgano de carácter jurisdiccional. En ese sentido, el sistema acusatorio se relaciona con el principio de oportunidad para la investigación del delito y la acusación, la posibilidad de disponer de la acción penal por las partes del proceso[7], la búsqueda de la verdad formal, la proscripción de las pruebas de oficio[8] y de la variación de la calificación jurídica de la conducta[9] y la no afectación de la imparcialidad del juzgador[10]. En ese ámbito, el sistema acusatorio como punto neurálgico del proceso penal contemporáneo colaboró o produjo consecuencialmente el desarrollo del principio acusatorio, que estaremos estudiando de seguida.
Varias son las consecuencias que surgen de la aplicación del principio acusatorio que es –insistimos- diferenciable del sistema acusatorio. Habiendo hecho un esbozo previo del aludido sistema pasamos ahora a precisar qué es el principio acusatorio. Así, encontramos que el principio acusatorio para el profesor colombiano -Alberto Bovino- es “el desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona”[11].
Por su parte, el catedrático español José Abad Liceras considera que el principio acusatorio consiste “…en que para que se abra un proceso y se dicte sentencia, es preciso que exista una acusación formulada por el Ministerio Público (…) que sean distintas las funciones de acusar u de juzgar. Ambas son funciones públicas, pero en virtud del principio acusatorio, el Estado no puede acusar y juzgar al mismo tiempo a través de sus órganos y funcionarios (…) debe existir una dicotomía entre el ente acusador (Ministerio Público) y el Jurisdiccional, con el fin de que se brinden las garantías necesarias al desarrollarse el proceso penal; siendo estas garantías la oralidad del proceso, publicidad del procedimiento y la igualad de las partes”[12].
Aunado a lo anterior, y de manera precisa y resumida, el maestro Roxin conceptualiza el principio acusatorio como la garantía que impide al juez actuar de oficio “incluso tampoco cuando un hecho punible se comete en la audiencia, ante los ojos del tribunal”, pues en su criterio debe regir de manera indefectible el axioma según el cual “donde no hay acusador no hay juez”[13]. Dicho esto, corresponde distinguir entre el "principio acusatorio" y el "sistema acusatorio" entendiendo al primero como parte integral del sistema acusatorio y que, en garantía de la imparcialidad judicial, regula determinados aspectos de él, en concreto, (i) la necesaria separación de la función de acusar y juzgar (ii) el hecho de que no puede haber ni juicio ni condena si no hay una acusación previa (iii) el hecho de que la condena no puede ir más allá de lo planteado por el fiscal en su acusación (iv) que la promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes intervinientes en el proceso y (v) la prohibición de la reforma en perjuicio. En adelante nos referiremos a los cinco puntos antes indicados como “elementos esenciales del principio acusatorio”. Por su parte, el sistema acusatorio comprende la vigencia de principios procesales y su aplicación a la configuración propia del sistema penal. El sistema acusatorio está referido al engranaje y aplicación concertada y sinfónica de principios que informan el proceso penal y que son propios del referido sistema, entre ellos, el principio de oralidad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción, incluso, el propio principio acusatorio. En sí, el sistema acusatorio agrupa y aplica de modo lógico y armónico un grupo de normas rectoras llamadas principios que en su conjunto determinan el desarrollo del proceso penal. Así, distinguimos entonces el principio acusatorio del sistema acusatorio al explicar que, el primero, tiene como cimiento la garantía de la imparcialidad del órgano jurisdiccional por aplicación de sus cinco elementos esenciales; (i) la necesaria separación de la función de acusar y juzgar (ii) el hecho de que no puede haber ni juicio ni condena si no hay una acusación previa (iii) el hecho de que la condena no puede ir más allá de lo planteado por el fiscal en su acusación (iv) que la promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes intervinientes en el proceso y (v) la prohibición de la reforma en perjuicio, mientras que, el segundo, comprende al conjunto de principios -oralidad, publicidad, inmediación, concentración y contradicción- que en su integración conforman el sistema en sí. 3.1 Elementos esenciales del principio acusatorio
Centrándonos ahora en lo que hemos denominado los cinco elementos esenciales del principio acusatorio, pasamos a desarrollar su contenido desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial. 3.1.1 Separación entre el órgano investigador/acusador y el juzgador
El primer elemento esencial del principio acusatorio lo constituye el hecho de que el órgano investigador/acusador no puede ser el mismo que el juzgador. En garantía del principio acusatorio debe el funcionario encargado de la investigación del imputado ser distinto y absolutamente independiente del funcionario que se encargará de llevar adelante su juzgamiento. Si bien es cierto que en ambos casos las funciones de investigar/acusar y juzgar son llevadas adelante por funcionarios públicos que dependen de la Administración Pública Central, no debe pasarse por alto que debe existir independencia absoluta entre ellos. Por una parte, fiscales del Ministerio Público como partes de buena fe dentro del proceso[14] y, por la otra, jueces independientes garantizando la imparcialidad del órgano jurisdiccional. Así, en aplicación del principio acusatorio se desarrolla un proceso de partes enfrentadas en el que la acusación y la actividad juzgadora no se solapan o confunden en ninguna instancia. Al respecto, ha señalado el Tribunal Constitucional Español que el principio de oportunidad exige la separación absoluta de las funciones de instruir y juzgar, así como la necesidad de que se respete el derecho del acusado a contar y conocer los términos de la acusación formulada en su contra y que la misma haya sido planteada por autoridades ajenas a aquellas que van a juzgarlo. Al respecto, ha señalado muy acertadamente el Tribunal Constitucional Español que: “En relación con el principio acusatorio, este Tribunal ha establecido que determinados elementos estructurales del principio acusatorio forman parte de las garantías constitucionales sustanciales del proceso penal, no solo en la dimensión expresamente reconocida por el art. 24.2 CE de que nadie pueda ser condenado sin que se formule previamente una acusación de la que tenga conocimiento y posibilidades de defenderse de manera contradictoria, sino también en su dimensión, implícitamente reconocida entre las garantías constitucionales en el procedimiento penal, de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial diferente del que ejerce la acusación, toda vez que el derecho a un proceso con todas las garantías impone un sistema penal acusatorio en el que el enjuiciamiento se desarrolle dialécticamente entre dos partes contrapuestas, debiendo resolverse por un órgano diferente, consagrándose así una neta distinción de las tres funciones procesales fundamentales: la acusación, propuesta y sostenida por persona distinta a la del Juez; la defensa, con derechos y facultades iguales al acusador; y la decisión, que corresponde a un órgano judicial independiente e imparcial, que no actúa como parte frente al acusado en el proceso contradictorio”[15] (negritas nuestras). En esos términos estableció y ha ratificado en repetidas oportunidades el Tribunal Constitucional Español que la acusación, la defensa y la decisión en el sistema penal español corresponden a órganos distintos, independientes e imparciales, quienes en conjunto actúan dentro de un proceso de carácter contradictorio.
Varias decisiones de nuestros órganos jurisdiccionales se han pronunciado en ese sentido. En este punto vale la pena destacar un Voto Concurrente pronunciado por la Magistrada Blanca Rosa Marmol, en decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el que señaló que las notas características del principio acusatorio están constituidas por: “1.- Ejercicio y mantenimiento de la acusación por órgano distinto al Juez, al que añade la exigencia de una acción pública y popular. Al ejercicio de esa acción están llamados, no sólo el Ministerio Fiscal, sino también el ofendido, e incluso, el ciudadano, a través de la acción popular. Esta característica materializa los principios ne procedta iudex ex officio y nemo iudex sine actore, que deben ser entendidos como prohibición terminante para el órgano jurisdiccional de iniciar un proceso y de sostener la pretensión formal.
2.- División del proceso en dos fases a la que corresponden, respectivamente, la investigación y la decisión del hecho punible, sin que sea posible que quien interviene en la instrucción participe en la decisión para evitar que el conocimiento de los hechos de la investigación prejuzgue la decisión…”(RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ricardo. Derechos Fundamentales y Garantías Individuales en el Proceso Penal. Granada. 2000, pp 22-23.)[16]. En esos términos, se enfatiza en el hecho de que el proceso penal debe estar claramente dividido en dos fases distintas en las que, en primer lugar, se investigue la presunta comisión de un hecho delictivo y, en segundo lugar, se juzgue la comisión del referido hecho. Destacándose vehementemente que el investigador/acusador y juzgador cumplen roles distintos sin que pueda haber participación encontrada entre ninguno de ellos. Ello ha sido advertido por muchas decisiones de máximo tribunal, señalando, por ejemplo, que “…el Ministerio Público es autónomo e independiente, por lo que ninguna instancia judicial puede obligarlo a acusar la comisión de un determinado delito, ni señalarle como concluir una investigación”[17]. También, se ha señalado que “…ningún Tribunal de la República puede obligar al Ministerio Público para que acuse a un determinado ciudadano, o, bien, concluya la investigación de cierta manera, toda vez que dicho órgano goza plenamente de autonomía funcional”[18]. Las referidas decisiones, insistimos, confirman el respeto y garantía de este primer elemento distintivo del principio acusatorio, según el cual el órgano investigador/acusador en el proceso penal debe ser absolutamente independiente y para nada estar vinculado al órgano que se encargará de juzgador sobre lo acusado. 3.1.2 No hay condena ni juicio sin acusación Nadie puede ser juzgado sin que exista una acusación o querella en su contra. Esa es la premisa fundamental de este segundo elemento del principio acusatorio. En efecto, la acusación fiscal o la interposición de una querella particular constituyen presupuestos indispensables para que cualquier persona sea sometida a juicio. No puede iniciarse un proceso judicial de oficio en el que se pretenda investigar la ocurrencia de algún hecho delictivo sin que previo a ello exista una acusación por parte del Ministerio Público o la interposición de una acusación privada. Al respecto, ha señalado la doctrina –López Barja De Quiroga- que el principio acusatorio “…impone que si nadie (autoridad pública o persona privada) sostiene una acusación no puede abrirse un juicio oral contra alguna persona. En el caso de que hubiera acusación y se hubiera seguido un juicio oral, pero la parte acusadora retirara la acusación, necesariamente el Tribunal no puede condenar y debe dictar sentencia absolutoria”[19].
Respecto a este particular el Tribunal Constitucional Español va incluso un poco más allá y señala que no solo es que no puede haber juicio sin acusación o querella, sino que no puede someterse a juicio a nadie que no conozca con exactitud los términos de la acusación o querella que ha sido propuesta en su contra. Precisa el aludido Tribunal Español que: “…para impedir la situación de quien se sabe sometido a un proceso pero ignora de qué se le acusa, un elemento central del proceso penal consiste en el derecho a ser informado de la acusación (art. 24.2 CE), que presupone obviamente la acusación misma, y cuyo contenido es un conocimiento de la acusación facilitado o producido por los acusadores y por los órganos jurisdiccionales ante los que el proceso se sustancia”[20] (negritas nuestras).
De ese modo, la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español engalanó el principio acusatorio al afirmar que aun cuando el sujeto investigado haya sido acusado o querellado, pero el mismo no tenga conocimiento de esa acusación o querella privada, no puede órgano jurisdiccional alguno pretender someterlo a un proceso judicial. En similar sentido –Winfried Hassemer- resalta que en el Derecho Alemán el legislador formula la obligación de información al imputado respecto a la investigación, tan pronto como sea posible, pues ello aminora las consecuencias negativas para el afectado[21]. Por su parte, señala la doctrina Alemana –Roxin- en el derecho vigente rige de modo soberano el principio acusatorio formal en el que la apertura o excitación del aparato jurisdiccional está indefectiblemente condicionada a la interposición de una acusación o querella[22]. En similar sentido, se propugna la tesis de que el principio acusatorio fija una estructura básica del proceso penal “…de un régimen democrático al indicar que no es posible una declaratoria de responsabilidad penal si previamente no se ha contado con una coerción personal, fáctica y jurídica que pueda generar esa declaratoria y que, a la vez que determina el ámbito de movilidad de la jurisdicción, circunscribe el correlativo espacio de acción de la defensa”[23].
Es de hacer notar que todos elementos que componen el principio acusatorio deben ser estudiados de manera concatenada y aplicados en interrelación. A modo de ejemplo corresponde señalar que en el sistema acusatorio el mismo funcionario instructor de la investigación –acusador- es el que se encarga de juzgar al investigado, de manera que se presenta la acusación y luego se inicia el juicio, lo cual estaría bien conforme al elemento que estudiamos en este punto porque ello cumple con el requisito de que exista una acusación para que pueda haber condena, pero que difiere con el elemento anterior pues, como ya sabemos, el órgano investigador/acusador no puede ser el mismo que el juzgador.
Este elemento esencial del principio acusatorio ha sido ampliamente acogido y ratificado por la jurisprudencia nacional. Al respecto ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia que “…nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4, de la Constitución, 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público)”[24]. Con esas mismas palabras el Tribunal Supremo de Justica ha reiterado la exigencia referida a que no puede haber juicio ni condena sin que exista una acusación previa y reconoce dicha exigencia como elemento integral del principio acusatorio. Solo a efectos académicos enumeramos algunas de esas decisiones: i) Sentencia Nro. 309 del 1 de julio de 2008, dictada por la Sala de Casación Penal, ii) Sentencia Nro. 212 del 2 de mayo de 2002, dictada por la Sala de Casación Penal, iii) Sentencia Nro. 476 del 3 de diciembre de 2004, dictada por la Sala de Casación Penal, iv) Sentencia Nro. 083 del 6 de marzo de 2003, dictada por la Sala de Casación Penal, v) Sentencia Nro. 502 del 7 de noviembre del 2002, dictada por la Sala de Casación Penal; entre muchas otras. 3.1.3 La sentencia condenatoria no puede ir más allá de la acusación El tercer elemento integrante del principio acusatorio exige, más que ningún otro, la preponderancia y validez de su esencia pues vigila que exista estricta correlación entre lo acusado y lo sentenciado. Ciertamente, el principio acusatorio en este sentido exige que el tribunal penal esté vinculado estrechamente a los términos de la acusación desde el punto de vista fáctico y jurídico. Señala la doctrina comparada, “…la correlación entre acusación y sentencia debe ser completa, en el sentido de que el Tribunal no puede referirse a hechos que no sean objeto de la acusación ni a calificaciones distintas a la realizada por la acusación”[25]. De modo que, insistimos, la incongruencia entre acusación y sentencia comporta una grave violación al principio acusatorio. En atención a lo anterior, el Tribunal Constitucional Español ha señalado lo siguiente: “…este Tribunal ha afirmado que una de las manifestaciones del principio acusatorio contenidas en el derecho a un proceso con todas las garantías es el deber de congruencia entre la acusación y el fallo, en virtud del cual nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le ha acusado, entendiendo por “cosa”, en este contexto, no únicamente un concreto devenir de acontecimientos, un factum, sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos, pues el debate contradictorio recae no solo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica. Ahora bien, también este Tribunal ha puesto de manifiesto que el deber de congruencia no implica un deber incondicionado para el órgano judicial de estricta vinculación a las pretensiones de la acusación, ya que, más allá de dicha congruencia, lo decisivo a efectos de la lesión del art. 24.2 CE es la efectiva constancia de que hubo elementos esenciales de la calificación final que de hecho no fueron ni pudieron ser plena y frontalmente debatidos, pues lo determinante es verificar que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes, por su lógico desconocimiento, no hubieran podido referirse para contradecirlo…”[26].
Este tercer elemento del principio acusatorio impone además que el juez no puede extender los efectos de su decisión a personas que no han sido acusadas. En efecto, más allá de la congruencia fáctica y jurídica que debe existir entre acusación y sentencia, consideramos que debe entenderse incorporada la congruencia personal significando que, precisamente, le está vedado al órgano jurisdiccional extender los efectos de su decisión a personas que no formaron parte del proceso[27]. En ese sentido, destaca –Roxin- “…el tribunal tampoco puede extender un procedimiento, en el que él conoce, a otras personas o a otros hechos jurídicamente independientes del mismo autor (…) la cognición y la decisión se extienden sólo al hecho descripto en la querella y a las personas imputadas en ella. Esto es una consecuencia del principio acusatorio”[28].
Por lo que se refiere a este particular, encontramos dos (2) excepciones en el COPP. La primera, en el artículo 333 del COPP, el cual señala que si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, “podrá advertir al acusado[29]” sobre esa posibilidad para que prepare su defensa. En esos términos, se prevé la posibilidad para el juez de modificar la calificación jurídica brindada al hecho investigado. La segunda, en el artículo 345 del COPP, al establecerse que en la sentencia condenatoria “…el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad”. Al respecto, consideramos que la posibilidad de cambio en la calificación jurídica por parte del juez de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 del COPP y la posibilidad de dar al hecho una calificación jurídica distinta en la sentencia condenatoria conforme lo previsto en el 345 del COPP, constituyen un resabio del sistema inquisitivo que se encuentra aún vigente en nuestra norma penal adjetiva. Más allá de los efectos procesales que derivan de la aplicación de los artículos antes referidos, que en la práctica podrían estar justificados en el principio de economía procesal, siempre que no se afecte el derecho a la defensa de los justiciables, consideramos que en aplicación pura del principio acusatorio tales posibilidades deberían estar vedadas al poder judicial o, en todo caso, aplicadas en extremo apego y garantía del derecho a la defensa del sujeto procesado. Esa garantía del derecho a la defensa del imputado comprende la obligación para el juzgador de advertirle, previamente, el posible cambio de calificación y permitir que el mismo prepare sus defensas en ese sentido. Al respecto ha señalado la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal que “…en el nuevo sistema penal -de corte predominantemente acusatorio-, también le está permitido al juez el cambio de la calificación jurídica, siempre y cuando advierta al acusado de esa posibilidad, a fin de garantizar el derecho a la defensa”[30].
3.1.4 La promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes intervinientes en el proceso
Atendiendo al principio acusatorio tenemos que la promoción o proposición de pruebas en el proceso penal queda en manos de las partes. En principio, son las partes intervinientes en el proceso las que tienen la carga de alegar y probar sus alegatos y defensas quedando vedado al juzgador proponer o hacer evacuar pruebas conforme a su voluntad. Sin embargo, en el COPP encontramos una excepción a este cuarto elemento integrante del principio acusatorio. En efecto, el artículo 342 del Código adjetivo penal dispone que “Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevos, que requieren su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes”. Lo anterior, en nuestro criterio, debe interpretarse de manera taxativa y literal para concluir que serán admisibles nuevas pruebas en la fase de juicio cuando en el curso de la audiencia surjan hechos o circunstancias nuevas que requieran esclarecimiento y que hayan sido desconocidas por las partes. En la actualidad, cualquier escape o intromisión del sistema inquisitivo en el sistema moderno de administración de justicia penal debe ser censurado y esfuerzos legislativos deben ser encaminados a eliminarlos. A nuestro parecer solo de manera excepcional y en aplicación estricta de los requisitos previstos en el 342 del COPP podría incorporarse una nueva prueba en la fase de juicio. Precisamente, la punta de lanza del principio acusatorio es la imparcialidad en la administración de justicia, con lo cual no debería poder el juzgador, menos aún actuando de oficio y encontrándose en fase de juicio, ordenar la recepción de nuevas pruebas.
Precisamente, en criterio reiterado respecto a este particular ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente: “…se observa que en el presente caso el Juez de Instancia, incorporó ilegalmente al juicio oral, el testimonio del ciudadano GERARDO PUGLIESE GARCÍA, por cuanto las partes conocían de su existencia desde el inicio de la investigación, tal como lo indicó su hermano el ciudadano RAFAEL PUGLIESE GARCÍA, al momento de rendir declaración en la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y como se desprende del escrito de contestación del recurso de casación, donde la defensa reconoce que no es un hecho nuevo la participación del ciudadano GERARDO PUGLIESE GARCÍA. Con ello, el Tribunal de Juicio vulneró el artículo 359 del Código Orgánico Procesal Penal, y la Corte de Apelaciones convalidó la indebida aplicación de la referida norma, por parte del tribunal de instancia al inobservar el enunciado normativo del artículo 359 eiusdem, que exige como requisito necesario para la recepción de cualquier prueba bajo esta modalidad, el surgimiento en el desarrollo de la audiencia del juicio, de algún hecho o circunstancia nueva, que requieran su esclarecimiento, lo cual no quedó acreditado en las actas de audiencia ni en la sentencia de instancia que diera motivo al Tribunal de oficio incorporar dicho testigo para revisar el conocimiento de los hechos”[31] (negritas nuestras). De modo que, conforme a la jurisprudencia del Supremo Tribunal se exige como requisito sine qua non que la necesidad de nueva prueba surja, en primer lugar, en el desarrollo de la audiencia de juicio y, en segundo lugar, que se trate de un hecho o circunstancia nueva que requiera su esclarecimiento. 3.1.5 Prohibición de la reforma en perjuicio Nos corresponde revisar el último y quinto elemento que conforma el principio acusatorio; la prohibición de reforma en perjuicio. Esta prohibición se refiere al hecho de que quien recurre de una sentencia condenatoria no puede ser perjudicado por la sentencia que resuelva sobre el recurso interpuesto. El fundamento de la reformatio in peius encuentra su lógica –Roxin- en evitar que el condenado no se atreva a recurrir de la sentencia por temor a resultar más perjudicado por la nueva sentencia.
Conforme a este precepto, no podrá entonces el tribunal de alzada causar mayor perjuicio al condenado del que el mismo recibió con la sentencia condenatoria. Evidentemente, la prohibición de la reformatio in peius será aplicable exclusivamente cuando sea el condenado quien apele de la decisión que le causa el perjuicio. En el caso en que la fiscalía o el querellante ejerzan recursos en contra de una sentencia sí es posible que la misma sea reformada en perjuicio del imputado. Al respecto ha señalado el Tribunal Constitucional Español que: “Resulta pues de toda evidencia que la pretensión impugnatoria que se ventilaba en el referido recurso de apelación, en lo referido al ius puniendi y sus consecuencias, había quedado delimitada por el factum y la calificación jurídica (que además se aceptaron en la Sentencia de apelación recurrida), constitutivos de amenazas en el ámbito doméstico de menor entidad (sin circunstancias modificativas), y por una pena alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en grado mínimo de treinta días (…), por una pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un año, y por una pena de prohibición de aproximación o comunicación con la víctima por dieciocho meses; constituyendo estas penas el límite máximo de condena, dado que el recurso de apelación únicamente fue interpuesto por el condenado. No existiendo acción impugnatoria, ni por parte del Ministerio Fiscal, ni por la representación de la víctima, y por la acusación particular sólo en lo relativo a las costas, resulta indudable que ni siquiera el principio de legalidad penal podría habilitar una revisión penológica como la efectuada por el Tribunal ad quem sin lesión del principio de proscripción de reformatio in peius, dado que el único objeto del recurso de apelación era la mejora para el condenado de su situación penal, esto es, su absolución”[32] (negritas nuestras). Precisamente en esos términos el Tribunal Constitucional Español ratificó la plena vigencia y aplicación de la prohibición de reforma en contrario o interdicción de reforma peyorativa, llamado así por la doctrina española, al advertir que no podía resultar perjudicado el condenado recurrente al haber sido él la única parte que apeló de la decisión que le resultó adversa. Por su parte, nuestro Tribunal Supremo de Justica ha señalado al respecto que conforme a “…la prohibición de reforma en perjuicio, el juez superior no puede agravar la situación de la parte apelante, puesto que, el juez a los efectos de la congruencia de la sentencia, en segunda instancia, solo puede pronunciarse en relación a las peticiones del apelante, de otra forma, estaría extralimitándose en su actividad decisoria, con lo cual estaría violando derechos constitucionales del recurrente”[33]. En similares términos, la propia Sala de Casación Penal reconoce la reformatio in peius como una garantía fundamental integrante del derecho al debido proceso cuya finalidad es: “…evitar que el imputado sea sorprendido ex officio con una sanción que no ha tenido oportunidad de rechazar. Por lo que su naturaleza es, además de limitar al poder punitivo del Estado, la de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión de la sentencia respecto a las pretensiones solicitadas, garantizando así la operatividad del sistema acusatorio.
La consagración legal de la prohibición de reformatio in peius nace en razón de la necesidad de preservar el principio acusatorio para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del juez, sin que éste pueda anular o sustituir las funciones atribuidas a las partes en el proceso. Dicha prohibición se sostiene sobre tres puntales: la máxima ‘tantum apellatum, quanto devolutum’, el principio de impetración y el principio acusatorio. Los dos primeros son formulaciones diferentes de una misma situación: la disponibilidad de los derechos o el principio dispositivo; mientras que, el principio acusatorio comporta el requisito de contradicción en el proceso penal, referido a su vez a garantizar la posición acusadora, la defensora y la relación entre ambas…”[34].
Respecto a este particular no queda más que destacar que el fundamento de la prohibición de la reforma en perjuicio se encuentra en los cimientos mismos del principio acusatorio, garantizando al imputado la libertad de recurrir con la tranquilidad de saber que no será perjudicado por la decisión que ya le resultó en algún modo desfavorable. 4. Notas jurisprudenciales referidas al principio acusatorio
Aunado a las decisiones que hemos estado comentando en párrafos anteriores, revisamos ahora algunas sentencias nacionales y foráneas relacionadas al principio acusatorio y que inciden en el desarrollo jurisprudencial del referido principio; sin tener la intención de pasearnos por innumerables sistemas judiciales, haremos mención de alguno de ellos. 4.1 España
Refiriéndonos al caso de España encontramos que el Tribunal Supremo Español describe o trata de conceptualizar el principio acusatorio y lo hace con meridiana claridad. En efecto, mediante Sentencia Nro. 1182/2006, de fecha 29 de noviembre de 2006 la Sala 2° de lo Penal del Tribunal Supremo explicó de qué trata el principio acusatorio y cómo debe el mismo tomarse en cuenta por el juez al momento de decidir. Al respecto, señaló la referida decisión que la esencia del principio acusatorio: “…consiste en que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él acusación por una parte acusadora ajena al órgano enjuiciador, en tales términos que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse en el ámbito de los términos del debate, tal y como han quedado formulados por la acusación y la defensa, lo que significa que ha de existir correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia condenatoria.
(…)Constituye un presupuesto básico del enjuiciamiento penal, (…) consistente en el derecho a ser informado de la acusación formulada (…) Por ello, el contenido esencial del principio acusatorio se concreta en la necesidad de que se formule acusación por una parte ajena al Órgano Jurisdiccional y que éste se mantenga en su enjuiciamiento dentro de los términos fácticos y jurídicos delimitados por dicha acusación o los introducidos por la defensa. Ello implica que no se puede condenar por unos hechos sustancialmente distintos de los que han sido objeto de acusación, ni por un delito más grave ni por circunstancias agravantes, grados de perfeccionamiento y grados de participación más severos[35] (Subrayado nuestro).
De lo anterior apreciamos que en el sistema español el principio acusatorio se fundamenta en tres (3) premisas básicas. La primera, es que debe existir una acusación que inicie la puesta en marcha de la investigación; segundo, debe haber separación total de funciones entre quien acusa y quien juzga, pues se trata de un principio estructural del proceso penal, de forma que la acusación ha de ser sostenida por alguien distinto del juzgador para garantizar imparcialidad en la decisión y; tercero, debe necesariamente haber una correlación entre acusación y sentencia para evitar decisiones que vayan más allá de lo planteado en la acusación. En esa misma decisión a la que nos hemos referido se citan varias decisiones del más alto Tribunal en España, el Tribunal Constitucional, señalando en relación al principio acusatorio lo siguiente: “Aunque no aparece formulado expresamente en la Constitución, el Tribunal Constitucional, en Sentencias 17/1988, 168/1990, 47/1991, 14 febrero 1995 y 10 octubre 1994, ha consagrado una constante doctrina que reflejada, entre otras, en Resoluciones de esta Sala de 14 febrero 1995, 14 marzo, 29 abril y 4 noviembre 1996, es del siguiente tenor: «los derechos a la tutela judicial sin indefensión, a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las garantías que reconoce el art. 24 CE conducen a señalar que este precepto consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. Ello significa, además, que ha de existir una correlación entre la acusación y el fallo». (STS nº 1590/1997, de 30 de diciembre, y 29 de enero de 2.002, entre otras)” (Subrayado nuestro). En síntesis, el Tribunal Constitucional Español, siempre en miras de salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los justiciables, señaló que el principio acusatorio propugna la protección individual del ser humano al establecer que debe existir, de manera indefectible, identidad entre la persona a quien se dirige la acusación y los hechos denunciados, por lo que nunca deberían variar las partes intervinientes en el proceso; de lo contrario no existiría seriedad procesal y cualquier persona correría el riesgo de ser acusada de la posible comisión de un hecho punible. En similar sentido, señaló el Tribunal Constitucional Español que, así como el imputado debe ser identificado en la acusación y no está sujeto a variación luego de admitida la acusación, los hechos también deben permanecer incólumes durante el proceso, al igual que la calificación jurídica, para proteger así el derecho a la defensa del justiciable. Al respecto, señaló el juzgador en la decisión citada con anterioridad que “El principio acusatorio, por lo tanto, contiene una prohibición dirigida al Tribunal de introducir hechos perjudiciales para el acusado sustancialmente distintos de los consignados por la acusación. Tal forma de proceder afectaría a dicho principio, en cuanto el Tribunal invade las funciones del acusador construyendo un relato fáctico que, esencialmente, no tiene su antecedente en la acusación”[36].
Esa declaración está íntimamente relacionada con el principio del juez imparcial y con la regla de que quien acusa no puede ser quien juzga. Asimismo, ese principio se ve estrechamente relacionado con el derecho a la defensa, porque en la medida de que varíen alguna de las circunstancias bajo las cuales se sigue un proceso penal, se estaría dejando al imputado en indefensión, pues no sabría de que defenderse. Luego de haber revisado algunas decisiones del Tribunal Supremo Español y el Tribunal Constitucional Español, no podemos más que destacar que el principio acusatorio en España, al igual que en Venezuela, propugna la defensa y garantía absoluta de la imparcialidad judicial, mas no se define claramente distinguido del sistema acusatorio. En la jurisprudencia española, tal como sucede en muchos otros sistemas penales, el principio acusatorio y el sistema acusatorio son utilizados, en muchos casos, como sinónimos o acepciones que no ameritan mayor distinción entre ellas, lo cual resulta equivocado a nuestro modo de entender el principio acusatorio pues necesariamente debe distinguirse como parte integrante del sistema acusatorio, pero nunca como sinónimo de él. 4.2 Perú En el caso de Perú encontramos que su desarrollo jurídico procesal penal ha estado ampliamente influenciado por el sistema español y la tradición ya en desuso del sistema inquisitivo. Sin embargo, con todo el desarrollo social, la progresividad de los derechos humanos y la globalización los sistemas penales en Europa y Latinoamérica, el sistema procesal penal peruano fue evolucionando en pro de salvaguardar derecho a los imputados, y todo ello a partir de 1.974 básicamente, tomando como guía el sistema norteamericano.
En efecto, el sistema Peruano se desarrolló bajo ese contexto inquisitivo y ha ido cambiando paulatinamente con el transcurso del tiempo junto a los procesos evolutivos a nivel internacional. El espíritu del Código de Procedimientos Penales en Perú de 1.940, se encontraba enfocado en que el proceso penal se dividiera en dos etapas, una de Instrucción y otra de Juzgamiento. Esto fue una de las causas por las cuales comienza a desarrollarse el principio acusatorio, para darle forma al proceso penal. En relación al principio acusatorio, el profesor -Waldir Espinoza Ramírez- identificó su alcance teórico y desarrolló su estudio en base a la siguiente premisa: “El desdoblamiento, de las funciones de perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se mantiene el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona”[37]. Seguidamente -Waldir Espinoza Ramírez- identifica la esencia o núcleo del principio acusatorio peruano haciendo referencia al siguiente concepto: “No ha de ser la misma persona quien realice las averiguaciones y decida después, al respecto, tenemos una persecución de oficio del delito, pero con división de roles, lo que es fruto del derecho procesal francés. Esta división, en primer lugar impide la parcialidad del juez, pues la función persecutoria – investigación y acusación- se encuentra en el Ministerio Público, que por lo demás constituye un órgano público autónomo, separado de la organización judicial y regido por su propio Estatuto Orgánico; y en segundo lugar, suprime la necesaria posición de objeto del acusado en el derecho procesal común”[38].
De los referidos conceptos apreciamos que el sistema peruano coincide con la jurisprudencia Española y que en él se maneja el mismo concepto básico de principio acusatorio asemejado al sistema acusatorio.
Ahora, en relación al sistema judicial Peruano corresponde revisar la Resolución de Queja Nº 1678-2006, de fecha 13 de abril de 2007, dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú en la que se estableció “…que el principio acusatorio contiene una serie de garantías que han de ser fundamentales para el desarrollo del proceso penal que distribuye de roles y las condiciones en las que se realizará el proceso penal. El objeto del proceso, lo fija el Ministerio Público, con lo hechos que determinan la incriminación ulterior y se concreta con la acusación fiscal que a su vez debe relacionarse con la denuncia fiscal y respecto de la cual la decisión judicial debe ser respetuosa en orden a sus límites fácticos”[39] (negritas nuestras). De la precitada decisión se evidencia que en el sistema procesal penal peruano se considera el principio acusatorio como parte integral de un proceso lógicamente ordenado y cargado de garantías que propenden al desarrollo del proceso. En ese sentido, tenemos que por lo menos en la decisión comentada el principio acusatorio en Perú es definido como parte integrante del sistema acusatorio. 4.3 Colombia El sistema Colombiano, ha sido consecuente en diferenciar el principio acusatorio del sistema acusatorio propiamente dicho, con una postura que analiza también el rol del fiscal y la defensa, a diferencia del sistema español, peruano y venezolano donde el centro del análisis del principio radica en las personas del fiscal y del juez, quienes en todo caso no pueden ejercer bajo ningún concepto las mismas funciones. En relación a ello, tenemos que “…el Acto Legislativo No. 03 de 2002 introdujo el principio acusatorio, caracterizado por diversos aspectos que coinciden, con algunas variaciones, con los sistemas acusatorios de que habla el derecho comparado, entre ellas: 1.4.1 El Reconocimiento de la “igualdad de armas” entre la fiscalía y la defensa, de modo que puedan actuar en el mismo plano como adversarios que someten su teoría del caso y sus pruebas a conocimiento del juez, encargado de resolver el asunto en justicia”[40]. En reconocimiento a la evolución del sistema de administración de justicia penal colombiano, la Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana, mediante Sentencia Nro. C-1288/01 de fecha 5 de diciembre de 2.001, señaló que debe existir una separación de funciones entre jueces y fiscales para garantizar, el debido proceso, la imparcialidad del juez y en fase de juicio el control y contradicción de la prueba, lo cual implica que el hecho de la sola existencia de esa separación es característica fundamental en los estados democráticos. Al igual que en Venezuela, la Corte Constitucional Colombiana sostiene que a pesar de que la acusación está en manos de fiscales, la misma debe tener cierto control por parte del juez para garantizar derechos y garantías del imputado. Ello lo podríamos comparar con Venezuela, cuyo sistema resultaría ser muy similar al colombiano, puesto que el juez en la audiencia preliminar también realiza un control de la acusación presentada por el fiscal, llamado control formal y control material. En relación a lo anterior, la ya aludida Corte Constitucional ha indicado que: “debe existir una separación de funciones entre los jueces y los fiscales. Y la Constitución recoge parcialmente ese principio acusatorio, propio de los ordenamientos procesales democráticos, al distinguir las funciones de acusación, que corresponden a los fiscales, y las de juzgamiento, en cabeza de los jueces (CP arts 116 y 250). Con todo, desafortunadamente ese reconocimiento es insuficiente pues la Carta confiere ciertas facultades judiciales a los fiscales durante la instrucción, lo cual desvirtúa la naturaleza de las competencias de los órganos acusadores.
El reconocimiento de esa separación funcional entre jueces y fiscales, y el hecho de que la Carta confiera a los fiscales la potestad de acusar (CP art. 250), no significa (…) que los jueces no puedan ejercer un control sobre la acusación. La razón por la cual ese control es posible es elemental: el hecho de que una persona sea acusada en un proceso penal, ya configura una situación que afecta sus derechos, y es entonces razonable que la acusación misma esté sujeta a un cierto control judicial”[41] (Subrayado nuestro)
En esos términos, señaló la Sala que no se trata de que sea el juez el que acuse por ejercer su control formal y material, sino que “simplemente verifica la legitimidad del ejercicio de la potestad acusadora, y por ello su acción no comporta una invasión de las potestades de los fiscales”. Asimismo, la decisión a la que nos hemos referido, haciendo una comparación con otras legislaciones, hace mención al proyecto de Código Maier en Argentina, conocido también como el Código Modelo para América Latina, en el cual se establece que: “El control judicial de la acusación, de suerte que el tribunal abre el juicio si acepta la acusación del ministerio fiscal. En (…)Estados Unidos, la formulación misma de la acusación está sometida a la garantía del jurado, pues en los delitos graves, la acusación o “indictment” no es formulada por el fiscal autónomamente sino que debe ser aprobada por un gran jurado.
En consecuencia, apreciamos como el sistema de justicia procesal penal Colombiano deriva también en un sistema acusatorio en el que la función de investigar/acusar reposa en manos de fiscales y la de juzgar en el órgano jurisdiccional. Se refieren además, al control judicial de la acusación como un control natural propio del sistema acusatorio en el que reinan principios de instrucción procesal derivados del mismo sistema.
4.4 Venezuela En Venezuela el estudio jurisprudencial del principio acusatorio se ha enfocado desde una perspectiva particular, pues en la mayoría de las decisiones se pretende describir en referencias cruzadas entre sistema acusatorio y principio acusatorio. Así, tenemos que en fecha 11 de agosto de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte, estableció como criterio reiterado, la diferencia entre el principio acusatorio y el sistema acusatorio, atendiendo a la importancia que tiene la independencia en la actuación del juez y del Ministerio Publico en las diversas etapas del proceso, en las cuales actúan sin injerencia alguna de uno u otro. Es de hacer notar que esa independencia es propia de los sistemas acusatorios, pero también es un elemento integrante del principio acusatorio. Sin embargo, no se efectúan mayores consideraciones jurisprudenciales al respecto y se dejan ver como interrelacionados uno del otro. Por otra parte y de manera mucho más acertada, mediante Sentencia Nro. 811, dictada también por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia el 11 de mayo de 2005, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, se planteó la importancia que revisten los elementos característicos del principio acusatorio y que forman parte de un engranaje para el funcionamiento del proceso judicial, bien conocido como debido proceso. Específicamente, la referida decisión hizo referencia a la prohibición de reformatio in peius, la cual se encuadra en el principio acusatorio y es uno de sus elementos esenciales. Así se desarrolló en aludida decisión que: “La prohibición de la reformatio in peius es una garantía fundamental que forma parte del derecho al debido proceso y tiene por finalidad evitar que el imputado sea sorprendido ex officio con una sanción que no ha tenido oportunidad de rechazar. Por lo que su naturaleza es, además de limitar al poder punitivo del Estado, la de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión de la sentencia respecto a las pretensiones solicitadas, garantizando así la operatividad del sistema acusatorio”.
Señaló de seguida la referida decisión que “La consagración legal de la prohibición de reformatio in peius nace en razón de la necesidad de preservar el principio acusatorio para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del juez, sin que éste pueda anular o sustituir las funciones atribuidas a las partes en el proceso. Dicha prohibición se sostiene sobre tres puntales: la máxima “tantum apellatum, quanto devolutum”, el principio de impetración y el principio acusatorio. Los dos primeros son formulaciones diferentes de una misma situación: la disponibilidad de los derechos o el principio dispositivo; mientras que, el principio acusatorio comporta el requisito de contradicción en el proceso penal, referido a su vez a garantizar la posición acusadora, la defensora y la relación entre ambas”[42].
En la decisión comentada se efectuó una aproximación al principio acusatorio mucho más acertada, pues se asumió el referido principio como “parte integrante de un proceso”, es decir, a nuestro entender, parte integrante del sistema acusatorio y se definió al principio acusatorio como garantía de la independencia e imparcialidad judicial. En abundancia a lo anterior, en fecha 14 de mayo de 2012, la Corte de Apelaciones Única del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, en un caso relacionado a robo genérico, refiriéndose ahora al sistema acusatorio señaló lo siguiente: “…debe señalarse que en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en el del Código Orgánico Procesal Penal, se encuentra delineado y consolidado un sistema procesal penal acusatorio (institución que también se cristaliza en la noción de principio acusatorio), en virtud del cual la persecución penal se encuentra en manos de un órgano estatal distinto al encargado del enjuiciamiento, a saber, en el Ministerio Público. En otras palabras, la titularidad de la acción penal le corresponde al Estado, quien la ejerce a través del Ministerio Público, siendo entonces que el representante de dicho órgano, el Fiscal, constituye un elemento esencial de tal sistema, toda vez que oficializa la acción penal a través de las atribuciones que le toca desempeñar en el proceso”[43]. De lo anterior se desprende que el Ministerio Publico, si bien tiene la cualidad de presentar una acusación y representar el interés del Estado, su misión no solo se reduce a lo jurídico procesal sino que debe ir en consonancia con principios constitucionales y propios del derecho procesal penal, tal como se desprende del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual describe el contenido del sistema acusatorio en el momento que asigna una serie de atribuciones exclusivas al Ministerio Público, el cual no podría funcionar y no estarían dictadas esas potestades sin la existencia de un control previo establecido por los principios del derecho procesal penal y el principio acusatorio que funge de guía para el desarrollo del sistema judicial. Al respecto, señala el maestro -Diez Picazo[44]- que: “El modo en que un ordenamiento regula la titularidad y el ejercicio de la acción penal posee una in las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; segundo, entraña un problema de reparto de atribuciones y control del poder dentro del aparato estatal. Precisamente porque hace referencia a un problema jurídico-político básico, la titularidad y el ejercicio de la acción penal merecen ser examinados no sólo desde un punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista específicamente constitucional del fundamento, la organización y los límites del poder”.
Atendiendo a lo anterior y en virtud del principio acusatorio, señala la jurisprudencia, el Ministerio Publico debe desempeñar por sí mismo un cúmulo de tareas como perseguir a los infractores de la ley, ordenar y dirigir la investigación de la perpetración de los hechos punibles, establecer la identidad de sus autores y partícipes e interponer acusaciones. Esto porque debe haber alguien distinto al juez que lleve a cabo la investigación y se encargue de recabar elementos de convicción que le permitan, de ser el caso, presentar una acusación. Lo anterior, pues, constituye nota característica del sistema acusatorio y garantía de que en ejecución del principio acusatorio se asegure la imparcialidad e independencia del poder judicial. En relación a Venezuela vale la pena acotar –y lo hacemos como parte de un trabajo critico- que aunque doctrinariamente existe un extenso desarrollo y distinción entre el principio acusatorio y el sistema acusatorio, a nivel jurisprudencial no lo es tanto. Los juzgadores no se han dado a la tarea de estudiar y definir claramente que comprende cada uno de esos conceptos. No han dedicado su estudio a efectuar un verdadero entendimiento respecto al funcionamiento del principio y el sistema, lo que trae como consecuencia que exista confusión entre ambas nociones y se presente su conceptualización de forma indistinta para referirse al principio acusatorio o al sistema acusatorio. 5. Conclusiones
- El principio acusatorio y el sistema acusatorio comprenden conceptos y características distintas, absolutamente diferenciables entre ellas.
- El principio acusatorio garantiza la imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional y se caracteriza por agrupar cinco (5) elementos esenciales. Ellos son: (i) la necesaria separación de la función de investigar/acusar y juzgar (ii) el hecho de que no puede haber ni juicio ni condena si no hay una acusación previa (iii) el hecho de que la condena no puede ir más allá de lo planteado por el fiscal en su acusación (iv) que la promoción o proposición de pruebas queda en manos de las partes intervinientes en el proceso y (v) la prohibición de la reforma en perjuicio.
- El sistema acusatorio es aquel en el que se agrupan y aplican de modo lógico y armónico un conjunto de normas rectoras llamadas principios y que determinan el desarrollo del proceso penal; esos principios son el de publicidad, oralidad, inmediación, concentración y contradicción, incluso mismo el principio acusatorio. Como es evidente, creemos que el sistema acusatorio debe conceptualizarse atendiendo a sus características y a la aplicación práctica de ellas. - Logramos distinguir el principio acusatorio del sistema acusatorio al explicar que, el primero, tiene como cimiento la garantía de la imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional por aplicación de sus cinco elementos esenciales, mientras que, el segundo, comprende al conjunto de principios -oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción y principio acusatorio- que en su integración conforman el sistema en sí.
- La jurisprudencia nacional y extranjera, en la mayoría de las oportunidades, define al principio acusatorio como sinónimo de sistema acusatorio o utiliza cualquiera de los elementos del principio acusatorio para definir al sistema o viceversa. En resumen, no es clara la concepción del principio acusatorio individualizada del sistema acusatorio, individualización que debe efectuarse única y exclusivamente a efectos académicos, pues coincidimos al considerar que el principio acusatorio es parte integral o hacen relación de contenido y continente de cara al sistema acusatorio.
6. Bibliografía - ABAD LICERAS, José; “El Papel del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal Español”. Artículo publicado por el portal Ámbito Jurídico de Brasil y disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5072
- BOVINO, Alberto; Principios Políticos del Procedimiento Penal. Editorial del Puerto. Buenos Aires – Argentina, 2005. Página 37.
- HASSEMER, Winfried; “Líneas del desarrollo del Derecho Penal Alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”. Artículo publicado en: Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat. Tomo I Editorial Edisofer Libros Jurídicos. Madrid – España, 2008. Páginas 371 y siguientes.
- KAMEN, Henry; “El juicio a los judíos conversos: la inquisición y la comunidad”. Artículo publicado en: Los grandes procesos de la historia de España. Editorial Muñoz Machado, Barcelona, 2002.
- SAN MARTÍN CASTRO; César. Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Lima, Grijley, 2003, Tomo I, p. 620.
- URBANO MARTÍNEZ, José; La nueva estructura probatoria del proceso penal. Ediciones Nueva Jurídica. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2011.
- VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magaly; “El proceso penal: ¿instrumento de garantía o mecanismo de persecución?” Artículo publicado en: Consideraciones sobre el Código Orgánico Procesal Penal. Fundación Konrad, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas –Venezuela, 2013. [1] En el sistema inquisitivo –Portilla Contreras- el procedimiento se desarrollaba en el más absoluto secreto, con sucesivos interrogatorios y recurriendo a la tortura cuando era necesario. [2] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo I. 5ta Edición. Editorial Thomson Reuters Aranzadi. Pamplona – España, 2012. Página 197 y siguientes. [3] KAMEN, Henry; “El juicio a los judíos conversos: la inquisición y la comunidad”. Artículo publicado en: Los grandes procesos de la historia de España. Editorial Muñoz Machado, Barcelona, 2002. Página 152. Citado por Ob Cit López Barja De Quiroga, Jacobo.
[4] VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Magaly; “El proceso penal: ¿instrumento de garantía o mecanismo de persecución?” Artículo publicado en: Consideraciones sobre el Código Orgánico Procesal Penal. Fundación Konrad, Universidad Católica Andrés Bello. Caracas –Venezuela, 2013. Página 197 y siguientes. [5] URBANO MARTÍNEZ, José; La nueva estructura probatoria del proceso penal. Ediciones Nueva Jurídica. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2011. Página 63 y siguientes. [6] ROXIN, Claus; Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto. Traducción de la 25ª Edición Alemana revisada por Julio Maier. Buenos Aires, 2014. Página 86 y siguientes. [7] Posibilidad de (i) aplicar el principio de oportunidad (artículo 38 del COPP) (ii) proponer acuerdos reparatorios (artículo 41 del COPP) (iii) solicitar la suspensión condicional del proceso (artículo 43 del COPP). [8] Supuesto previsto en el artículo 342 del COPP al señalar que “Excepcionalmente, el tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia (audiencia de juicio) surgen hechos o circunstancias nuevas, que requieren su esclarecimiento. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes”.
[9] Ver artículo 345 COPP “En la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación o del auto de apertura a juicio, o aplicar penas más graves o medidas de seguridad”.
[10] URBANO MARTÍNEZ, José; Ob cit. Página 63. [11] BOVINO, Alberto; Principios Políticos del Procedimiento Penal. Editorial del Puerto. Buenos Aires – Argentina, 2005. Página 37.
[12] ABAD LICERAS, José; “El Papel del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal Español”. Artículo publicado por el portal Ámbito Jurídico de Brasil y disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5072 Acceso a la página en fecha 8 de mayo de 2015. [13] ROXIN, Claus; Ob Cit. Página 86.
[14] Prevé el artículo 105 del COPP que “Las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les concede. Se evitará, en forma especial, solicitar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada cuando ella no sea absolutamente necesaria para asegurar las finalidades del proceso”. [15] Sentencia Nro. 133/2014 del 22 de julio de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional Español en Pleno. Texto íntegro de la decisión puede ser revisada en la siguiente dirección electrónica: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24072#complete_resolucion&completa Acceso a la página en fecha 5 de mayo de 2015.
[16] Sentencia Nro. 73 del 13 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales Lamuño. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/Diciembre/73-131212-2012-2009-000240.html. Acceso a la página en fecha 2 de mayo de 2015. [17] Sentencia Nro. 1747 del 10 de agosto de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan. Decisión citada por RIONERO, G y BUSTIOS, L; Edición Especial 2000-2010 Maximario Penal. Vadell Hermanos. Caracas – Venezuela, 2010. Página 89. [18] Sentencia Nro. 87 del 5 de marzo de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchan. Decisión citada por RIONERO, G y BUSTIOS, L; Ob Cit. Página 92. [19] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; Ob Cit. Página 201.
[20] Sentencia Nro. 75/2006 del 13 de marzo de 2006, dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional Español. Texto íntegro de la decisión puede ser revisada en la siguiente dirección electrónica: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5677#complete_resolucion&completa Acceso a la página en fecha 4 de mayo de 2015.
[21] HASSEMER, Winfried; “Líneas del desarrollo del Derecho Penal Alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”. Artículo publicado en: Estudios Penales en homenaje a Enrique Gimbernat. Tomo I Editorial Edisofer Libros Jurídicos. Madrid – España, 2008. Páginas 371 y siguientes. [22] ROXIN, Claus; Ob Cit. Página 86.
[23] URBANO MARTÍNEZ, José; Ob cit. Página 64.
[24] Sentencia Nro. 241 del 1 de julio de 2003, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Voto salvado del Magistrado Rafael Pérez Perdomo. Texto íntegro de la decisión puede ser revisada en el siguiente acceso: http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/julio/241-010703-c030114.htm&palabras=principio_acusatorio
[25] LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo; Ob Cit. Página 202.
[26] Sentencia Nro. 133/2014 del 22 de julio de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional Español en Pleno. Texto íntegro de la decisión puede ser revisada en la siguiente dirección electrónica: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24072#complete_resolucion&completa Acceso a la página en fecha 5 de mayo de 2015.
[27] URBANO MARTÍNEZ, José; Ob cit. Página 64.
[28] ROXIN, Claus; Ob Cit. Página87.
[29] Es de hacer notar que atendiendo al ejercicio y garantía del principio acusatorio el “podrá” indicado en esa norma debe ser entendido como “deberá”. Es decir, es obligatorio y no potestativo para el juez advertir al acusado de un posible cambio en la calificación. [30] Sentencia Nro. 811, del 11 de mayo de 2005, dictada por la Sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero. Texto íntegro de la decisión disponible para su revisión en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/811-110505-04-1813.HTM Acceso a la página en fecha 20 de mayo de 2015.
[31] Sentencia Nro. 459 del 2 de agosto de 2007, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/agosto/459-2807-2007-c06-0443.html&palabras=la_recepción_de_cualquier_prueba Acceso a la página en fecha 15 de mayo de 2015.
Criterio ratificado mediante Sentencia Nro. 343 del 9 de agosto de 2011, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Eladio Aponte Aponte. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/agosto/343-9811-2011-c10-244.html&palabras=la_recepción_de_cualquier_prueba Acceso a la página en fecha 15 de mayo de 2015.
[32] Sentencia Nro. 126/2010, del 29 de noviembre de 2010 dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español. Texto íntegro de la decisión puede ser revisado en la siguiente dirección electrónica: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6765#complete_resolucion&completa Acceso a la página en fecha 8 de mayo de 2015.
[33] Sentencia Nro. 581 del 20 de noviembre de 2009, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Deyanira Nieves Bastidas. [34] Sentencia Nro. 525 del 6 de diciembre de 2010, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Mirian Morandi Mijares. Texto íntegro de la decisión puede ser revisado en la siguiente dirección electrónica: http://historico.tsj.gob.ve/sr/Default3.aspx?url=../decisiones/scp/diciembre/525-61210-2010-c10-273.html&palabras=principio_acusatorio Acceso a la página en fecha 18 de abril de 2015.
[35] Sentencia Nro. 1182/2006, del 29 de noviembre de 2006, dictada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo Español.
[36] Sentencia Nro. 1182/2006. Ob Cit. [37] SAN MARTÍN CASTRO; César. Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Lima, Grijley, 2003, Tomo I, p. 620.
[38] GIMENO SENDRA, Vicente; Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda Edición. Colex Editorial. España, 2010. [39] Resolución de Queja Nº 1678-2006, de fecha 13 de abril de 2007, dictada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.incipp.org.pe/media/uploads/documentos/principioacusatorio.pdf Acceso a la página en fecha 24 de abril de 2015.
[40] GAVILLAN; “Sistema Acusatorio y Principio Adversarial en la Legislación Colombiana”. Artículo electrónico disponible para su consulta en la siguiente dirección: http://gavillan1.blogspot.com/2006/09/principio-adversarial.html Acceso a la página en fecha 28 de abril de 2015.
[41] Sentencia Nro. C-1288/01 del 5 de diciembre de 2001, dictada por la Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-1288-01.htm Acceso a la página en fecha 2 de mayo de 2015.
[42] Sentencia Nro. 811 del 12 de mayo de 2005. Ob Cit.
[43] Sentencia Nro. FG012012000185, del 14 de mayo de 2012, dictada por la Corte de Apelaciones Única del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Texto íntegro de la decisión disponible en la siguiente dirección electrónica: http://bolivar.tsj.gob.ve/decisiones/2012/mayo/1021-14-FP01-R-2012-000086-FG012012000185.html Acceso a la página en fecha 28 de mayo de 2015.
[44] DÍEZ-PICAZO, Luis María; El poder de acusar. Ministerio Fiscal y Constitucionalismo. Editorial Ariel. Barcelona, 2000, pp. 11 y 12
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