Source: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/20160629s00202256192.html
Timestamp: 2019-06-27 06:22:28
Document Index: 269227653

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 81', 'artículo 216', 'artículo 2', 'artículo 79', 'artículo 97', 'artículo 127', 'artículo 160', 'artículo 166', 'artículo 224', 'artículo 266', 'artículo 268', 'artículo 269', 'artículo 270', 'artículo 271', 'artículo 266', 'artículo 3', 'artículo 272', 'artículo 273', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 270', 'artículo 6', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 382', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 385', 'artículo 386', 'artículo 387', 'artículo 388', 'artículo 389', 'artículo 390', 'artículo 391', 'artículo 392', 'artículo 397', 'artículo 394', 'artículo 395', 'artículo 396', 'artículo 398', 'artículo 398', 'artículo 400', 'artículo 401', 'artículo 7', 'artículo 100', 'artículo 15', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 384', 'artículo 6', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 384', 'artículo 6', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 384', 'artículo 385']

20ª Sesión Ordinaria del 29 de junio de 2016
N.º 20 - TOMO 553 - 29 DE JUNIO DE 2016
20.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA
EL SEÑOR GUILLERMO BESOZZI Primer vicepresidente y EL SEÑOR MARCOS OTHEGUY Segundo vicepresidente
•	con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la gestión y resultados de la aplicación del Plan Juntos durante el período 2010-2015;
•	con destino al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, relacionado con la cobertura de la atención de salud en la localidad de Pirarajá.
5) Solicitud de archivo de carpeta
•	A solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación, el Senado resuelve archivar la carpeta n.° 340/2015.
–	El señor senador Saravia solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Municipio de Guichón, a la Junta Departamental de Paysandú, a la Junta Departamental de Río Negro, a la Intendencia de Paysandú, a la Intendencia de Río Negro, a la Comisión de Salud Animal de Paysandú (Codadesa) y a la Liga del Trabajo de Guichón.
7), 9), 11) y 13) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo
–	El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Agazzi, Tourné, Alonso, Cardoso, Xavier, Larrañaga, Amorín, Martínez Huelmo, Bordaberry, Moreira y Coutinho.
–	Quedan convocados los señores senadores Argimón, Garín, Pardiñas, López Villalba, Saravia, Pintos, Piñeyrúa, Iglesias, Meléndez, Eguiluz y Pesce, y el señor Federico Preve, a quien se le toma la promesa de estilo, luego de lo cual se lo declara investido de su cargo de senador.
10), 12) y 14) Código del Proceso Penal
– Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014.
15)	Levantamiento de la sesión
«Montevideo, 27 de junio de 2016
La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 29 de junio, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente
– Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal.
Carp. n.º 556/2016 - rep. n.º 296/2016 - rep. n.º 296/2016 Anexo I
ASISTEN: los señores senadores Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Bianchi, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Coutinho, De León, Eguiluz, García, Garín, Heber, Iglesias, Lacalle Pou, López Villalba, Meléndez, Mieres, Passada, Paternain, Payssé, Piñeyrúa, Pintado, Pintos, Preve, Saravia, Topolansky y Tourné.
FALTAN: con licencia, los señores senadores Agazzi, Alonso, Amorín, Bordaberry, Cardoso, Delgado, Larrañaga, Martínez Huelmo, Michelini, Moreira, Mujica y Xavier.
SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El Poder Ejecutivo remite un mensaje por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite respuestas a los siguientes pedidos de informes:
•	Solicitado por la señora senadora Carol Aviaga, relacionado con el uso de suelos y aguas en el arroyo Malbajar.
•	Solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con la eventual instalación en Uruguay de la empresa Ovoprot.
La Suprema Corte de Justicia remite:
•	Un mensaje comunicando los resultados de un estudio sobre los procedimientos de faltas y solicita el apoyo del Poder Legislativo a fin de continuar mejorando la implementación de la Ley n.º 19120, de 20 de agosto de 2013, sobre faltas y conservación y cuidado de los espacios públicos.
La Comisión de Constitución y Legislación aconseja el archivo de la carpeta n.º 340/2015, relacionada con un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el que se modifica el Código del Proceso Penal, en virtud de que la citada comisión votó dos iniciativas del Poder Ejecutivo de similar naturaleza.
El señor senador Jorge Saravia, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Municipio de Guichón, a la Junta Departamental de Paysandú, a la Junta Departamental de Río Negro, a la Intendencia de Paysandú, a la Intendencia de Río Negro, a la Comisión de Salud Animal de Paysandú (Codadesa) y a la Liga del Trabajo de Guichón, relacionada con una problemática sanitaria.
La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las palabras pronunciadas por el señor edil Darwin Correa, relacionadas con determinadas situaciones de ciudadanos comprendidos entre los 40 años y la edad para acogerse a sus beneficios jubilatorios.
La Junta Departamental de Paysandú remite copia de una moción presentada por el señor edil Rafael Bartzábal, relacionada con los precios de los alimentos que deben consumir los celíacos.
La Junta Departamental de Soriano remite copia de las palabras pronunciadas por el señor edil Luciano Andriolo, relacionadas con las consecuencias del tornado en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.
SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la solicitud de la Comisión de Constitución y Legislación, de la que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados, por la que se pide el archivo de la carpeta n.º 340/2015.
Se va a votar si se remite al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Municipio de Guichón, a la Junta Departamental de Paysandú, a la Junta Departamental de Río Negro, a la Intendencia de Paysandú, a la Intendencia de Río Negro, a la Comisión de Salud Animal de Paysandú (Codadesa) y a la Liga del Trabajo de Guichón, la exposición escrita presentada por el señor senador Saravia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica que, en virtud de la licencia concedida al señor senador Álvaro Delgado entre los días 8 y 15 de julio, y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Armando Castaingdebat y Jorge Saravia, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 20 de junio faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Coutinho.
A la sesión de la Comisión de Hacienda del 20 de junio faltó con aviso el señor senador Michelini.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 21 de junio de 2016
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia el día 29 de junio de 2016, al amparo del artículo 1.º, literal C, de la Ley n.º 17827.
Se comunica que el señor Francisco Beltrame ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Garín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 22 de junio de 2016
Por intermedio de la presente, solicito al Cuerpo se me otorgue licencia del 6 al 13 de julio, de conformidad con la Ley n.º 17827, artículo 1.º, literal D, que establece la causal “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país”.
Motiva la solicitud mi asistencia a la invitación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), para participar en The women, peace and security financing workshop: advancing the women, peace an security agenda - local to global financing as mechanisms for gender equality and stable and peaceful societies will take place at the Church Center for de United Nations, floor 10 in New York between 7th & 8th of July 2016. A follow upside event for member states will take place 11th July 2016 at Bahai Internacional. (Adjunto copia de la invitación).
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 24 de junio de 2016
Por la presente solicito a usted licencia por motivos personales, por los días 29 de junio y 5, 6, 12 y 13 de julio del corriente.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 27 de junio de 2016
Solicito a usted y al Cuerpo que preside licencia para el senador José Carlos Cardoso por el día 30 de junio, de acuerdo con el artículo 1.º, literal A, de la Ley n.º 17827.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 29 de junio de 2016
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por el día de la fecha, al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004. Motiva la misma haber sido invitada a participar, en mi carácter de secretaria general del Partido Socialista, en la conmemoración de los 120 años del Partido Socialista de Argentina.
Se comunica que los señores Daniel Olesker, Julio Bango, Viviana Piñeiro, Yerú Pardiñas, Eduardo Fernández, María Elena Laurnaga, Álvaro García, Hyara Rodríguez, Manuel Laguarda y Nohelia Millán han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Julio Pintos, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Junio de 2016
Solicito al Cuerpo, por motivos personales, se me otorgue 1 día de licencia, el miércoles 29 de junio, y se convoque a mi suplente respectivo.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 28 de junio 2016
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, los días 29 y 30 del presente mes.
Se comunica que los señores Tabaré Viera y Walkiria Olano han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Alberto Iglesias, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
Por este intermedio solicito al Cuerpo me conceda licencia, por asuntos personales, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, el día 29 de junio del corriente.
Queda convocado el señor Lauro Meléndez, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
10) CÓDIGO DEL PROCESO PENAL
SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del único punto: «Proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal. ( Carp. 556/2016 - rep. n.º 296/2016 - rep. n.º 296/2016 Anexo I)».
SEÑORA AYALA.- Muy buenos días señor presidente y señores senadores.
En el marco de los acuerdos llevados adelante por el Poder Ejecutivo con todo el espectro multipartidario –encabezados por el presidente de la república–, se han realizado reuniones en la Torre Ejecutiva y, como resultado, aparecen estos primeros proyectos de ley que comenzamos a considerar, a discutir y a aprobar en la Comisión de Constitución y Legislación, y que –como en este caso– ponemos a consideración del plenario.
En el presente proyecto de ley –relacionado con el Código del Proceso Penal, Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014– se modifican algunos artículos, se incorporan nuevos institutos y se dispone su entrada en vigencia.
La nueva estructura procesal supone pasar de un sistema penal inquisitivo a un sistema acusatorio, conciliando las garantías individuales y los conceptos de libertad, seguridad y legalidad.
Supone un cambio cultural que transformará concretamente las prácticas de los operadores jurídicos, asignando al ministerio público un rol central en la investigación de los delitos y transformando a la policía en parte auxiliar.
A su vez, los jueces tendrán la tarea de juzgar, con los elementos aportados por los fiscales…
SEÑOR PRESIDENTE.- Con el permiso de la señora senadora Ayala, solicito silencio a los señores senadores, para poder escuchar el informe que se nos está brindando.
Puede continuar la señora miembro informante.
SEÑORA AYALA.- Gracias, señor presidente.
Quiero hacer un paréntesis en mi exposición y mencionar que, en alguna oportunidad, durante la media hora previa planteé, precisamente, algunas cuestiones de orden por circunstancias que lamentablemente estaban fuera de lo reglamentario, como la poca atención que mucha veces se presta a quien está exponiendo; y no lo digo porque sea yo en este caso quien está haciendo uso de la palabra, en tanto ya lo he planteado en general.
Me parece, además, que estamos comenzando a discutir y a tratar temas que son de suma importancia, relacionados con todo un proceso que se dará en el país más adelante.
Continúo con el informe señalando que, a su vez, los jueces tendrán la tarea de juzgar con los elementos aportados por los fiscales y defensores, respetando y verificando el cumplimiento y las garantías del debido proceso.
En un principio, la comisión comenzó su trabajo sobre la base de dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo, denominados «Sistema Procesal acusatorio. Regulación» y «Código del Proceso Penal. Modificaciones». Ambas iniciativas tenían, como eje central, modificaciones al Código del Proceso Penal y, por lo tanto, la Comisión de Constitución y Legislación decidió unificarlas y trabajar en un texto único, a efectos de sistematizar e incorporar las modificaciones planteadas.
Durante el tratamiento del proyecto de ley, la comisión recibió a distintas delegaciones representativas de los operadores jurídicos, cuyos aportes –entre otros aspectos– fueron decisivos para acordar diferir la entrada en vigencia del nuevo código hasta el próximo 16 de julio de 2017.
El texto propuesto consta de siete artículos y contiene incorporaciones y modificaciones de algunos artículos del código, la introducción de un proceso denominado «proceso abreviado», la creación de nuevos institutos para la resolución de conflictos penales y, por último, lo referente a las derogaciones, observancia del código y disposiciones transitorias.
Con relación a las nuevas estructuras propuestas, el proceso abreviado y las vías alternativas de resolución de conflictos –mediación extraprocesal, suspensión condicional de proceso y acuerdos reparatorios– constituyen mecanismos que apuntan a resolver el conflicto penal de una manera más rápida y eficiente, contemplando la optimización de recursos humanos y materiales.
Realizada esta breve presentación, paso a analizar el articulado.
Lo dispuesto en el artículo 1.º complementa el artículo 266, con la incorporación de dos nuevos numerales y con el agregado de un inciso final. En el numeral quinto del artículo 266 se establece que si el imputado se encontrare en libertad, una vez recibida –por parte del fiscal– la solicitud de formalización –de la investigación–, el juez convocará a las partes y a la víctima a audiencia, la que deberá celebrarse en un plazo no mayor a veinte días. Este numeral se complementa con lo establecido en el artículo 266, numeral 6, donde se define el contenido de la audiencia, en la que se resolverá sobre la admisión de la solicitud fiscal de formalización de la investigación y sobre las medidas cautelares solicitadas por la víctima o el fiscal.
Al respecto, cabe señalar que por el artículo 81.2, literal e), la víctima puede solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del encausado –como por ejemplo embargo–, y el tribunal, a requerimiento del fiscal, podrá adoptar las medidas cautelares contenidas en el artículo 216 y siguientes. Esto es: limitación o privación de libertad ambulatoria, imposición de cauciones o medidas asegurativas sobre los bienes del imputado.
A su vez, con la incorporación del inciso final a este artículo, se establecen los efectos de la formalización de la investigación, esto es: la sujeción del imputado al proceso, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 80 de la Constitución de la república.
Por el artículo 2.º se sustituyen y modifican algunos artículos del Código del Proceso Penal, que son los siguientes: 79.4, 97, 127, 160, 166.2, 224, 266.1, 268 a 270 y 271.2.
En el artículo 79.4 se incorpora la facultad del Poder Judicial de realizar convenios con universidades públicas o privadas, a efectos de brindar asistencia letrada a víctimas carentes de recursos, ampliando la cobertura jurídica que realizan los defensores públicos.
En el artículo 97, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica plantea realizar un ajuste en la redacción del literal d). La comisión ha entendido pertinente modificar dicha redacción, desglosando su parte final para incorporarla a un nuevo literal. El literal d) del artículo quedaría redactado de la siguiente manera: «…la persona agraviada fuere menor de dieciocho años». Por su parte, el literal g) quedaría así: «…la persona agraviada estuviere internada en un establecimiento público».
En el artículo 127, la redacción propuesta resulta más completa en cuanto al contenido y los requisitos de la acusación, estableciéndose la posibilidad de realizar una calificación jurídica distinta a la establecida en la formalización de la investigación.
En el artículo 160.2 el Consejo Nacional Consultivo contra la Violencia Doméstica propone también ajustar la redacción original para que exprese «deberá», en lugar de «podrá».
El artículo 166.2 es otra propuesta de cambio de redacción. Se propone lo siguiente: «No procederá el careo entre el imputado y la víctima, así como tampoco entre el imputado y los testigos referidos en los artículos 161 a 163 de este código».
En respuesta a los planteos recibidos y al análisis efectuado del texto original, se propone modificar la redacción del artículo 224 a efectos de otorgar mayores garantías cuando deba disponerse la prisión preventiva. Concretamente, como parte del requisito habilitante se requiere la existencia de semiplena prueba del hecho y de la participación del imputado. Creemos que esta modificación resulta adecuada y que ofrece mayores garantías al debido proceso.
El artículo 266.1 es un ajuste de redacción, sustituyendo la referencia a la «audiencia preliminar» por la «audiencia de formalización».
El artículo 268 sustituye la redacción original establecida en el código, y en su lugar se establecen el plazo y la oportunidad con que cuenta el fiscal para deducir acusación o solicitar el sobreseimiento.
El artículo 269 establece el plazo que tendrán los defensores para evacuar el traslado de la acusación.
El artículo 270, que sustituye la «audiencia complementaria» por la «audiencia de juicio», se subdivide en cinco numerales que dan contenido a esta audiencia: el plazo para su convocatoria, su prórroga si fuera necesario, la prueba ofrecida y el diligenciamiento, la ampliación de la acusación por inclusión de hechos nuevos, los alegatos y el dictado de la sentencia.
El artículo 271.2 solo ajusta la redacción para referir al artículo 266.6.
El artículo 3.º, por el que se sustituye el Título II del Libro II de la Ley n.° 19293, incorpora y regula una estructura procesal abreviada. Debe tenerse presente que en un sistema penal de naturaleza acusatoria es necesaria la regulación de mecanismos de descongestionamiento del sistema, atento a la imposibilidad de perseguir de igual forma todas las conductas que ostentan apariencia delictiva. Las nuevas estructuras serán instrumentos que permitan a los sistemas procesales penales lograr un mayor grado de eficiencia. Esto responde a la lógica de los sistemas acusatorios en los que la resolución del conflicto penal pueda lograrse por distintas vías que no necesariamente implican el desarrollo de un juicio en los términos en que se lo concibe tradicionalmente. En ese sentido, conviene señalar que en los sistemas acusatorios los casos que llegan a juicio propiamente dicho constituyen un porcentaje muy bajo de la totalidad del sistema.
En este marco, se hace necesaria la regulación de una estructura procesal abreviada a efectos del juzgamiento de aquellos casos en los que exista prueba suficiente y en los que la pena a solicitar por el ministerio público no supere determinados parámetros. Se trata de un procedimiento más simple, sencillo y de menor complejidad. Este nuevo proceso se desarrolla en los siguientes artículos.
El artículo 272 establece su procedencia y refiere al juzgamiento de los casos en los que exista prueba suficiente en hechos cuya tipificación dé lugar a la aplicación de una pena mínima, en cuyo caso se requiere el conocimiento y la aceptación de los hechos por parte del imputado.
El artículo 273 establece el procedimiento que debe observarse en el proceso abreviado, la oportunidad para acordar entre el fiscal y el imputado la aplicación de dicho proceso, la aceptación por el imputado de los hechos y los antecedentes de investigación y su incidencia en cuanto a la imposición de la pena.
El 273.3 dispone el contenido de la audiencia: el control judicial del cumplimiento de los requisitos legales, así como si el imputado prestó su conformidad libre y voluntariamente, como requisito para la admisibilidad de este proceso.
El 273.4 establece la culminación del proceso mediante el dictado de la sentencia, que en caso de ser condenatoria no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el ministerio público.
El artículo 4.º sustituye los artículos 274 y 275 del Título III del Libro II «Del proceso en materia de faltas», estableciéndose su ámbito de aplicación y procedimiento, y remite a la Ley n.º 19120, de 20 de agosto del 2013.
El artículo 5.º dispone que las referencias efectuadas en la Ley n.° 19293 a la audiencia preliminar, deberán entenderse realizadas a la audiencia de formalización o a la audiencia de juicio, prevista en el artículo 270.
El artículo 6.º incorpora al Código del Proceso Penal el Libro VI «Vías Alternativas de Resolución del Conflicto». Se introducen en nuestro ordenamiento jurídico institutos nuevos y distintos y se procuran mecanismos alternativos a fin de resolver conflictos. La transformación del sistema acusatorio hace necesaria la regulación de un sistema alternativo de resolución de conflictos para el caso de conductas con apariencia delictiva que no revistan gravedad. Los mecanismos propuestos son: la mediación extraprocesal, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. Atento a la importancia de estos nuevos institutos, los desarrollaremos mínimamente.
La mediación extraprocesal está contenida en el Título I y dispuesta en el artículo 382 que, en sus seis numerales, establece supuestos fácticos para la aplicación de este instituto, según el artículo 382.1.
En el artículo 382.2 se confiere al Poder Judicial la competencia en la resolución del conflicto, a través de la mediación extraprocesal.
En el artículo 382.3 el proceso restaurativo requiere la conformidad del presunto autor y la presunta víctima, preceptiva y oportunamente informados. Efectivamente, la participación activa de las víctimas en el proceso implica que antes de decidirse cualquier situación, debe ser previamente informada.
El artículo 382.4 establece que en caso de llegar a un acuerdo de reparación, el Poder Judicial controlará su cumplimiento.
El artículo 382.5 establece que el Poder Judicial llevará un registro que especificará los acuerdos no alcanzados, los acuerdos alcanzados, los acuerdos alcanzados y cumplidos, así como los acuerdos alcanzados e incumplidos.
En este proceso restaurativo se exime a las partes de concurrir con asistencia letrada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 382.6.
El Título II «Suspensión condicional del proceso», es otra vía alternativa de resolución del conflicto penal. En este sentido debemos entender que el sistema jurídico debe perseguir aquellas conductas que son delictivas, pero no todas las soluciones a dichas conductas deben pasar por la reclusión. Como Estado, debemos dar la oportunidad a los operadores jurídicos de brindar a esa persona la posibilidad de recuperarse, proporcionándole otras alternativas que no pasen por la privación de libertad. Es más que sabido que, en ciertos casos, la privación de libertad en determinadas condiciones no ayuda a dicha recuperación. Es por ello que este tipo de instituto, la suspensión condicional del proceso con la concomitante aplicación de penas alternativas, abre otras posibilidades a quienes incurran en infracción.
Los artículos 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 y 392 establecen la oportunidad, procedencia, procedimientos, condiciones u obligaciones, plazo de cumplimiento, modificaciones, órgano de contralor, y revocación que surge de la aplicación del instituto.
El artículo 383 establece que desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al tribunal en forma fundada y bajo su responsabilidad funcional (artículos 24 y 25 de la Constitución de la república), la suspensión condicional del proceso a cambio de condiciones u obligaciones.
En cuanto a la procedencia establecida en el artículo 384 se dispone que la suspensión condicional del proceso no procede cuando la pena mínima del delito supere los tres años de penitenciaría; cuando la persona se encuentre cumpliendo una condena o cuando tuviere otro proceso con suspensión condicional en trámite, lo que evidentemente limita su aplicación.
El procedimiento se encuentra establecido en el artículo 385. Las condiciones del acuerdo a que se haya arribado deberán ser expuestas al juez, quien controlará los aspectos referidos al consentimiento del imputado, la información en cuanto al alcance del instituto aceptado y las obligaciones que asume. El hecho de que concurra alguno de los impedimentos establecidos en el artículo anterior o que las condiciones acordadas atenten contra los derechos humanos o afecten su dignidad, puede ser determinante para que el juez rechace la suspensión del proceso propuesto. De decretarse la suspensión condicional del proceso, las condiciones u obligaciones acordadas no podrán ser modificadas por el juez competente.
En el artículo 386, literales a) al m), se establecen algunas de las condiciones u obligaciones que podrán acordarse.
Por el artículo 387 se limita el plazo de cumplimiento en dos años, excepcionalmente podrá ampliarse por razones fundadas.
El nuevo instituto permite a las partes modificar las obligaciones o condiciones pactadas, dando noticia al Juez competente, según lo establece el artículo 388.
Según el artículo 389, el imputado tiene la carga de comunicar al fiscal cualquier imposibilidad o inconveniente en el cumplimiento del acuerdo al que se ha arribado.
Por otra parte, el artículo 390 establece que será el ministerio público el que deberá controlar, monitorear y supervisar adecuadamente el cumplimiento de las condiciones u obligaciones asumidas por el imputado.
El artículo 391 refiere a la revocación de la suspensión condicional del proceso cuando se verifique el incumplimiento de las obligaciones o compromisos asumidos por el imputado. En consecuencia, se continuaría con el proceso a partir del momento procesal en que fue suspendido.
En el artículo 392 se establece que la suspensión condicional del proceso no obstaculiza la posibilidad de alcanzar acuerdos en procesos ulteriores, a excepción de que exista otro pendiente de cumplimiento.
El cumplimiento de las condiciones u obligaciones impuestas en la suspensión condicional del proceso implica la extinción de la acción penal, artículo 397.
El Título III, «Acuerdos reparatorios», abarca los artículos 393 a 396, regula la oportunidad, procedencia, procedimiento y revocación. El nuevo Código de Proceso Penal le reconoce a la víctima una participación activa en todo el proceso, por tanto, este instrumento resulta idóneo en el amparo de sus derechos. Los delitos comprendidos en los acuerdos reparatorios figuran en el artículo 394, que establece la procedencia del instituto y comprende determinados delitos.
En cuanto al procedimiento se encuentra establecido en el artículo 395, que dispone su procedencia, el control del juez y la extinción del delito pasados seis meses del cumplimiento del acuerdo.
En caso de incumplimiento de lo pactado, el artículo 396 establece la revocación del acuerdo y el procedimiento continuará a partir del momento procesal en que fue suspendido.
Asimismo, el cumplimiento del acuerdo reparatorio implica la extinción del delito, artículo 398.
El Título IV, «Aspectos generales de las vías alternativas de resolución del conflicto», comprende los artículos 397 a 401, que regulan los efectos, la prescripción, la prohibición de traslado de prueba, la conservación de la investigación y el registro.
El artículo 398 establece que la prescripción se interrumpe por la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio aprobado por el juez, comenzando a correr nuevamente el plazo desde la revocación de esos institutos.
De acuerdo con el artículo 400, en los asuntos objeto de la suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios deberá conservarse todo lo referente a la investigación hasta la extinción de la acción penal o del delito.
En el artículo 401 se prevé que el ministerio público llevará los registros correspondientes de todas las formas alternativas que ponen fin al conflicto penal.
El artículo 7.º sustituye el Título III del Libro V en cuanto a las «Derogaciones, Observancia del Código y Disposiciones Transitorias» de la Ley n.° 19293, de 19 de diciembre de 2014.
Se incorporan los artículos 402 y 403, en cuanto a derogar, a partir de la vigencia del Código del Proceso Penal, el Decreto Ley 15032, de 7 de julio de 1980, sus modificaciones y todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al mismo y establece su entrada en vigencia a partir del 16 de julio de 2017.
En virtud de lo expuesto, la Comisión de Constitución y Legislación aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Con su aprobación estamos otorgando un plazo razonable que permitirá continuar capacitando a los distintos operadores jurídicos de este nuevo proceso penal e ir adecuando los espacios materiales para su correcta aplicación. Constituye un avance fundamental en la aplicación de un sistema respetuoso de los derechos humanos, y concreta un proceso penal democrático y garantista, basado en los principios de igualdad, imparcialidad, celeridad, concentración, inmediación y oralidad. Esto se irá complementando con otros proyectos de ley que se encuentran a estudio en esta o que están próximos a ingresar al plenario.
Quisiera dejar constancia e informar a todos los señores senadores –sé que va por una vía alternativa– que la comisión, en virtud del principio de oportunidad, decidió desglosar a partir del artículo 100, a efectos de dar un tratamiento diferencial al Sistema Procesal Penal Acusatorio, carpeta n.º 555/2016. Esto tiene su vía de ingreso al tratamiento nuevamente, pero no quería dejar de manifestar en el plenario, reitero, que habíamos desglosado en comisión esa parte del proyecto.
SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).-	«Montevideo, 29 de junio de 2016
Por medio de la presente y al amparo de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia, por motivos personales, el día de la fecha.
SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del asunto en discusión.
SEÑOR HEBER.- Señor presidente: luego del informe de la señora senadora Ayala –que fue exhaustivo, preciso y explicativo de cada uno de los artículos que se modifican–, quisiera realizar algunas consideraciones de carácter general al proyecto de ley.
Nos encontramos ante una situación especial porque el diálogo mantenido en la Torre Ejecutiva ha facilitado naturalmente los entendimientos en la comisión. Esa es la verdad. Es un buen instrumento, que se ha logrado en función de ese diálogo en el que naturalmente hemos tenido que ceder posiciones, al igual que los otros partidos y el propio Gobierno. ¡De eso se trata! De no ser así, no habría entendimientos; nadie puede obtener el cien por ciento de lo que pretende. Lo digo para que se tenga en cuenta en las discusiones internas de los partidos, que siempre son las más difíciles.
Sin perjuicio de ello, creo que este es el primer producto del diálogo político que se ha mantenido en la Torre Ejecutiva, en donde hemos tenido idas y venidas. Quizás en otras instancias, ante el tratamiento de otros proyectos de ley, haya más constancias de discrepancias o del hecho de no estar del todo conformes, aunque votamos porque lo que el Partido Nacional acuerda, lo cumple. Digo esto porque han surgido versiones de prensa –por suerte, no en la comisión ni tampoco en el plenario– de legisladores que no están dispuestos a acompañar los acuerdos. Dentro de la bancada del Partido Nacional ha habido mucha discusión y hemos realizado reuniones de bancada que han sido eternas, en donde se ha debatido mucho, pero hemos tenido el respaldo de los legisladores a la delegación formada por los senadores Besozzi, García y quien habla, que comprometió la posición del Partido Nacional en la Torre Ejecutiva. Eso no quiere decir que lo que allí se produzca no pueda ser modificado; por el contrario, como muy bien explicaba la señora senadora Ayala, este mismo proyecto tuvo modificaciones en comisión porque se advirtieron ciertas cosas pero, en principio, la regla general es cumplir con los entendimientos y los títulos. Si hay que mejorar los instrumentos que en forma articulada se proponen en los acuerdos de la reunión multipartidaria, lo haremos porque, naturalmente, no estamos presos de ellos, o sea, no se votan a tapas cerradas sino que tienen que reverse. Es más, en este momento en la Comisión de Constitución y Legislación estamos estudiando el tema de la reincidencia cuando se otorgan libertades anticipadas y ya ha habido modificaciones que me parecen de recibo. Existe acuerdo para tratar el proyecto de ley el martes próximo en la comisión y poder considerarlo el miércoles en el Senado. Así que me parece que, sin perjuicio de que cada uno de nosotros lo procese internamente y que muchos de esos artículos puedan mejorarse en lo técnico, los entendimientos se vienen cumpliendo y espero que ocurra lo mismo con los próximos.
En lo que respecta a esta modificación del Código del Proceso Penal, no todo el proyecto de ley cuenta con nuestra aprobación. Para poder articular mejor los entendimientos en comisión, sugerí que el capítulo relativo a la suspensión condicional del proceso fuera separado porque había sido observado por la comisión técnica y también por nosotros en la mesa política multipartidaria, pero viene incluido porque tiene que ver con el Código del Proceso Penal. Desde ya adelantamos, señor presidente, que no vamos a acompañar el capítulo sobre la suspensión condicional del proceso. Nos podrán preguntar: «¿Todo el capítulo?». Sí, todo el capítulo, porque en uno de sus artículos –creo que en el 384– se establece la procedencia de la suspensión condicional del proceso –es decir que en esa instancia no se procesa– y se determina que uno de los casos en los que no procede es cuando la pena mínima prevista en el tipo penal supera los tres años de penitenciaría. A nuestro juicio esto es determinante para no acompañar ninguno de los artículos que siguen. ¿Por qué? Porque creemos que si hay pena de penitenciaría es porque el delito que se cometió es de una envergadura tal que amerita esa pena. Fíjense que uno de los acuerdos a los que llegamos en la Torre Ejecutiva fue, justamente, que el homicidio intencional tiene una pena de veinte meses, o sea, no tiene pena de penitenciaría. Ayer tuvimos la buena noticia de que vamos a elaborar una redacción para que la regla general sea que quien mata a una persona tenga pena de penitenciaría y que, por lo tanto, esa pena supere los dos años. Con la redacción actual se establece que para la suspensión del proceso la pena mínima no debe superar los tres años de penitenciaría. Sé que se hicieron esfuerzos para acercar a las partes, pero no pudimos llegar a un entendimiento en el sentido de que la pena mínima fuera de veinticuatro meses, es decir, que no tuviera pena de penitenciaría, porque el delito que cometen ya no tiene pena de prisión, sino de penitenciaría. Nosotros hicimos un esfuerzo y no perdemos la esperanza de que en el transcurso de la discusión de hoy se pueda llegar a un acuerdo.
Esta es una figura nueva; es una figura que tendríamos que mirar con cuidado, porque se trata de la suspensión condicional del proceso. Para nosotros no es una figura común ni conocida; es la suspensión condicional del proceso cuando la pena mínima no supere los tres años, o sea, cuando no haya pena de penitenciaría. En función de la recomendación que hicieron en la comisión técnica los asesores del Partido Nacional –todos saben que no tenemos formación jurídica, aunque no payamos sobre el tema; estamos bien aconsejados para sostener tal o cual posición–, para nosotros es determinante que el límite para que proceda la suspensión condicional del proceso se establezca en veinticuatro meses y no en tres años, ni tampoco en dos años. El tema medular es si tiene o no tiene pena de penitenciaría. A nuestro juicio, el código es bastante benévolo, y en tal sentido reitero el ejemplo que puse antes: a alguien que mata intencionalmente le dan una pena de veinte meses. ¡Veinte meses! Espero que ese plazo se modifique.
–Ayer tuvimos una reunión muy fructífera en la Torre Ejecutiva porque hubo entendimiento. Allí se habló de la posibilidad de que esto cambie, cuidando las situaciones, la casuística y las atenuantes que se puedan dar en esta figura, pero la regla general es que quien mata a otra persona debe tener pena de penitenciaría y no puede tener pena de prisión. Ahora bien, si hay una situación especial producto de un contexto de violencia, donde se responde a la violencia con otra actitud violenta, se puede contemplar en el mismo código, pero la regla general es que quien mata a otra persona, quien le quita la vida a otra persona, tiene que tener pena de penitenciaría.
Fíjense los señores senadores que se propone instrumentar una suspensión condicional del proceso cuando se trata de penas de hasta tres años de penitenciaría. Entonces, nosotros vamos a proponer a la Mesa que cuando se trate el proyecto de ley se desglosen esos artículos correspondientes a la suspensión condicional del proceso porque nosotros no vamos a votarlos, a no ser que, llegado el momento, en aras de muchos de los entendimientos que ha habido –aunque recién se dieron en el día de ayer–, podamos acordar que la pena mínima no supere los veinticuatro meses. Me parece que tenemos que ir con cuidado en este nuevo instrumento, sobre todo por lo que la ciudadanía entiende debe ser la reacción del Estado frente a la ola de delincuencia que se vive. La razón de ser del llamado del señor presidente para la reunión en la Torre Ejecutiva fue la alarma pública frente a la inseguridad que vivió y que está viviendo la población. Muchas veces el Poder Judicial nos culpa de eso; hemos escuchado a jueces y a fiscales decir a la prensa: «Bueno, pero esas son las leyes que hay». A mí me parece que no se trata tanto de la letra de las leyes o del código, sino de cómo se aplican. De todas maneras, creo que entablar una discusión con el Poder Judicial no va a ayudarnos a avanzar. Sí creemos que hay un reclamo al poder político y al sistema político, básicamente, para que cambien las leyes; bueno, aquí estamos cumpliendo con ese reclamo.
Como muy bien decía la señora senadora Ayala, la modificación al Código del Proceso Penal no mueve la aguja –y lo digo con todo respeto, pero es así– en cuanto a la inseguridad que siente la ciudadanía. No vamos a estar más seguros porque tengamos un nuevo Código del Proceso Penal; ese no es el fin. Se establece un período de transición hasta el 16 de julio, cuando el Código del Proceso Penal tendrá plena vigencia –esa es una buena noticia– porque supuestamente están los recursos –eso lo vamos a ver cuando analicemos el proyecto de ley de Rendición de Cuentas– acordados con la Suprema Corte de Justicia para su instrumentación. Ante esta situación, creemos que este Código del Proceso Penal es garantista –garantiza el proceso– porque se pasa de un sistema inquisitorio, como decía la señora senadora Ayala, a uno acusatorio, donde hay un juez que instruye la causa y otro que condena. Además, la oralidad del juicio acelera los procesos, evitando así que haya una población carcelaria que se encuentre en condiciones de reclusión durante muchos años sin recibir una condena de parte de la Justicia. Eso es una aberración que, naturalmente, lesiona los derechos humanos de las personas que están acusadas, quienes viven en la incertidumbre de no tener un pronunciamiento de parte de la Justicia con respecto a su causa. Desde ese punto de vista, esto está bien, pero no creemos que el Código del Proceso Penal nos dé más seguridad. Sin embargo, los otros proyectos que serán enviados al Parlamento producto del acuerdo alcanzado en la Torre Ejecutiva, si bien no puedo decir que moverán la aguja, darán más herramientas, generarán las condiciones y producirán modificaciones en la legislación de ciertos temas que hoy la ciudadanía critica –y, por lo tanto, también a nosotros– y se pregunta por qué no se reforma para proteger de mejor manera a los ciudadanos que trabajan, que no delinquen y son honestos, lo que parecería no está dentro de las prioridades de defensa del Estado. Al menos, eso es lo que la gente siente y uno puede comprobarlo cada vez que prende el televisor. En el día de ayer veíamos el caso de personas trabajadoras que con mucho sacrificio instalaron un comercio, ¡y ya lo robaron diez veces! ¡Diez veces fueron asaltados, señor presidente! Entonces, ya ni siquiera denuncian; están cansados de ir a hacer la denuncia. En nuestro país hay muchas rapiñas y muchos delitos que lamentablemente no se registran porque hay gente que ya no cree en la seguridad que debe brindar el Estado ni en la Justicia, y eso es muy grave para el Uruguay. Quienes formamos parte del sistema político tenemos que tomar nota de esto y preocuparnos por dar respuestas en algo tan elemental como es la seguridad, sobre todo a la gente más humilde, que es la que no puede pagar un guardia en su puerta ni contratar servicios de seguridad. Hay familias en las que todos tienen que salir a trabajar para poder sustentarse y, lamentablemente, se da la situación de que sienten temor y tienen dificultades cuando regresan a sus hogares o, lo que es peor, no encuentran nada cuando llegan a sus casas. Esto es lo que les sucede a muchos ciudadanos de nuestro país.
Nosotros creemos que este problema de inseguridad no se soluciona únicamente con leyes. Recientemente hemos presenciado en los medios de prensa muchas polémicas entre el ministro del Interior y el Poder Judicial, que involucran los instrumentos legales. Entonces, nosotros también somos responsables por la situación. Por lo tanto, entendemos que el diálogo político para buscar una respuesta a esta situación –para no crear falsas expectativas, reitero que no creemos que la inseguridad se resuelva con leyes–, permitirá dotar de instrumentos a la Justicia, a fin de que pueda actuar y penalizar a quienes opten por este camino.
Señor presidente: nosotros vamos a acompañar las vías alternativas de resolución de conflictos porque nos parece que son buenos instrumentos que buscan distintas opciones para resolver situaciones que realmente ocupan mucho al Poder Judicial, insumen muchos de sus recursos y lo distraen de aquello en lo que queremos que ponga atención, es decir, los delitos graves que afectan a nuestra sociedad. Entendemos necesario buscar vías alternativas de resolución de conflictos –vinculados al honor, al patrimonio, etcétera– que tienen otra envergadura; el Partido Nacional propuso específicamente que la resolución de estos conflictos se hiciera en sede judicial. En un momento se habló del Ministerio del Interior y luego de las fiscalías –creo que el Partido Independiente también estaba de acuerdo con nosotros–, pero finalmente entendimos que si estas son vías alternativas de resolución de conflictos en las que no se establece un proceso judicial, lo más lógico es que se den en sede judicial. En consecuencia, consideramos que lo que trae el proyecto de ley es importante y por eso vamos a acompañarlo. Se trata de mediaciones extraoficiales en sede judicial.
A su vez, también vamos a acompañar el proceso abreviado. A veces se cree que este tipo de proceso es para liberar, pero no es así. Se trata de abreviar un proceso cuando ya hay una confesión y, además, la certeza de que alguien ha delinquido, lo que permite inclusive condenar. No es necesario llevar adelante otro proceso cuando se tienen suficientes antecedentes y, además, la persona admite haber cometido el delito, aunque este sea grave. Entonces, también acompañamos este proceso abreviado porque no obliga al Poder Judicial a establecer toda una causa cuando ya tiene la plena convicción de que la persona es inocente o culpable. Me da la sensación de que en este proceso abreviado no hay matices de grises. Aclaro que digo todo esto desde el punto de vista de un ciudadano que no tiene formación jurídica. Los abogados podrán agarrarse la cabeza por algunas expresiones de un ciudadano que, como yo, no tiene formación de carácter jurídico, sino algunos años de Facultad de Medicina. Por lo tanto, no tengo la formación como para hablar con propiedad de estos asuntos, pero lo hago en función de trabajar con la seriedad de estar bien asesorado. Tanto el señor senador Camy, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, como los señores senadores Besozzi, García y quien habla estamos, en nuestro partido, muy conformes con el nivel de asesoramiento de carácter penal que hemos recibido, lo que nos ha permitido fundar posiciones que hoy expresamos en forma pública. Reitero que hemos podido hacerlo gracias a un asesoramiento técnico importante y contundente.
Por lo tanto, vamos a acompañar esta modificación del Código del Proceso Penal puesto que entendemos constituye un avance en cuanto a las garantías del debido proceso. Con respecto a las observaciones que hacen los organismos internacionales al Uruguay, varias veces he dicho –y asumo mi responsabilidad, sin incluir ni comprometer a mi partido en esto– que me tienen sin cuidado. Es así; lo digo en carácter personal y agrego que voy a acompañar este proyecto por nosotros y no en función de las observaciones de estos organismos. Creo que para nosotros es importante que tengamos un proceso transparente, garantista, es decir, que haya un debido proceso que, de alguna manera, nos dé plena confianza.
Hay gente de afuera que juzga a otros países, no sé con qué credenciales; muchas veces tienen contradicciones en sus propios países y levantan el dedo acusatorio hacia el nuestro.
Nosotros tenemos que modificar nuestro proceso penal, pero porque tenemos la convicción de que hay que hacerlo, ya que no está bien el sistema inquisitorio actual del Uruguay. Por tanto, en función de nuestra realidad, creemos que tenemos que aprobar este Código del Proceso Penal e instrumentar las garantías del debido proceso.
Antes de finalizar, nos parece importante señalar algunos temas. El nuevo proceso penal uruguayo demandará un cambio cultural. Por ejemplo, puede no comprenderse debidamente que una persona que comete un delito grave pueda quedar en libertad a la espera del debido proceso. Espero que los actores de la Justicia sepan explicarlo a la población, de modo que no se crea que no se hará justicia con aquel que cometa un delito grave.
Como decía, este es un proceso y por eso estamos revisando el tema de la libertad condicional. Para ello, en la Comisión de Constitución y Legislación se ha pedido opinión a la Suprema Corte de Justicia y a la fiscalía, para que nos asesoren acerca del impacto que generará este proyecto de ley frente a la cultura que existe sobre el proceso inquisitorio vigente. Advertimos esto porque creemos –no sé si nos estarán escuchando en estos momentos el Poder Judicial y la fiscalía– que debe haber personas que comuniquen y expliquen a la población la instrumentación de este proceso, que no implica que mañana vaya a quedar impune aquel que espera en libertad su debido proceso, que será mucho más rápido y oral, por lo que ya no habrá que esperar años y años, con expedientes de personas sin condena.
Queríamos hacer esta advertencia porque es muy importante que lo tengan presente quienes van a ser los responsables de aplicar el nuevo Código del Proceso Penal.
Como decía, nos alegra haber dado un paso en la dirección correcta en cuanto a nuestro proceso penal y al cumplimiento de los acuerdos, aspecto que, reitero, es muy importante. El señor senador García y quien habla fuimos quienes participamos de la discusión, pero nos sentimos plenamente respaldados por nuestros partidos, porque no solo comunicamos y discutimos, sino que también tuvimos la posibilidad de comprometernos sabiendo que después nadie iba a reclamarnos; podrá haber algún senador que discrepe con la solución establecida, pero por disciplina partidaria y por respaldar a la delegación que negoció acompañará los procesos de aprobación de estos proyectos. En ese sentido, puedo anunciar y afirmar que tenemos el respaldo de nuestros compañeros de bancada –que mucho agradecemos– para seguir negociando y mejorando la legislación vigente.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: hace tres meses, el motivo de mayor confrontación entre todos los partidos del sistema político era la política de seguridad y la situación que vivíamos en el país. En esa oportunidad, a partir de una serie de hechos muy lamentables que generaron un impacto particular en la ciudadanía, y en el contexto de una situación de inseguridad percibida cada vez como de mayor amenaza, planteamos públicamente al Gobierno que era el momento de iniciar un diálogo entre el Gobierno y todos los partidos políticos. Expresamos que el tema trascendía el debate dicotómico sobre si el ministro actual debía quedarse o irse, y que teníamos que levantar la mira y trabajar para buscar entendimientos, tal como se hizo en el año 2010.
Vimos con satisfacción que el presidente de la república y su Gobierno tomaron la iniciativa y convocaron a este diálogo que, a decir verdad, fue visto con mucho escepticismo por varios de los actores del sistema político, pensando que se entraba en un diálogo sin futuro. Sin embargo, transcurridos tres meses –esta es una buena oportunidad para decirlo–, en el día de ayer tuvimos la décima reunión del Gobierno y los partidos políticos, y todos salimos declarando nuestra satisfacción por los avances que se van generando. Esto no significa que todos tengamos la misma mirada sobre el problema, ni que necesariamente vaya a haber una transformación sustancial de las condiciones de seguridad en que vive nuestra sociedad, pero ciertamente hay un acercamiento de miradas y un conjunto de coincidencias en cuanto a qué cosas se deben hacer, lo que me parece extremadamente valioso en los tiempos que vivimos. Por eso nos alegra que el Partido Independiente haya sido el promotor de esta iniciativa.
Ciertamente, el tiempo dirá, pero como bien decía el señor senador Heber, no son solamente las leyes las que definen las políticas; hay un territorio enorme que tiene que ver con la gestión, con la aplicación de las normas y con la administración, y en ese terreno, obviamente, es solo el Gobierno –integrado por un partido– el que tiene la responsabilidad. Lo hará mejor o peor, seguiremos teniendo diferencias o encontraremos algunas coincidencias, pero lo importante es que en un tema en el que la gente no puede esperar porque las condiciones de seguridad hacen a su calidad de vida cotidiana, resultaba bastante contradictorio que quienes no integrábamos el Gobierno simplemente lanzáramos ideas esperando a que dentro de tres o cuatro años, cuando la ciudadanía tenga que elegir un nuevo gobierno, eventualmente elija otro. Me parece que no estábamos contribuyendo adecuadamente a la sociedad, que es la que todos los días vive el drama de la inseguridad.
El primer resultado de ese diálogo es el proyecto de ley que estamos votando en el día de hoy, pero se anuncian por lo menos cinco más, que vienen encaminados y que han determinado que la Comisión de Constitución y Legislación se dedique exclusivamente a esta temática.
Este proyecto de ley tiene, básicamente, dos partes. En primer lugar, adelanta la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal, no con respecto a la fecha que estaba incluida en el código aprobado en diciembre de 2014, que era febrero de 2017, pero sí con respecto a la decisión que el Gobierno tomó a mediados del año pasado, cuando envió al Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal en el que se prorrogaba su entrada en vigor hasta 2019 y se aprobaba un código de transición desde 2017 a 2019.
Esta fue una de las cuestiones que el Partido Independiente planteó al comienzo del diálogo entre el Gobierno y los partidos. El primer tema que nosotros planteamos fue la posibilidad de revisar esa prórroga hasta 2019, buscando el adelantamiento al 2017. El Gobierno tomó nota de ese planteo y, en un diálogo en el que no solo participaron todos los partidos, sino también el fiscal de Corte y la Suprema Corte de Justicia, se vio que era posible adelantar la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal completo al 16 de julio de 2017, en lugar de tener que esperar al año 2019. Por tanto, también se dejaba de lado la existencia de un código de transición que, desde el punto de vista procesal, generaba problemas muy notorios, porque en menos de un año el país iba a transitar por tres Códigos del Proceso Penal distintos, lo que habría sido muy engorroso. Por supuesto que si la transición era de dos años, como se había planteado en principio por el Gobierno, tenía lógica; pero al reducirse a unos pocos meses –desde el 1.º de febrero de 2017 al 16 de julio de 2017–, no tenía sentido.
Tuvimos vigente durante mucho tiempo el actual Código del Proceso Penal, que todos coincidimos en que es malo, en que afecta libertades y en que nos pone en mala posición a nivel internacional. Al contrario del señor senador Heber, a mí sí me preocupan las indicaciones de los organismos internacionales, porque se trata de la construcción global que se va generando. ¡Por supuesto que estamos de acuerdo con lo que dice el señor senador Heber en cuanto a que a algunos países se les exige, mientras en otros casos se mira para el costado! ¡Podemos ver eso en todos los temas! Los países fuertes, poderosos, se toman licencias con respecto a estas cosas. En eso estamos de acuerdo. Pero ello no significa que no tengamos la necesidad, incluso ética, de alinearnos a lo que se va avanzando en materia de protección de los derechos y de conquistas de los ciudadanos del mundo, no solamente de nuestro país.
El código actual es del año 1981; es un código de la Dictadura, que no da garantías y que genera esa locura de que mantiene a personas procesadas durante años, sin sentencia. Tan así es que hemos asumido que el procesamiento es el equivalente a la sentencia, lo que es un verdadero disparate. Por lo tanto, cuanto antes ocurriera este cambio, ¡mejor! Es por eso que el Partido Independiente lo planteó enseguida. El primer asunto que se discutió cuando dialogamos fue si podíamos adelantar la entrada en vigencia y, ciertamente, ese adelanto hay que saludarlo como un gran logro de todos.
Esto estuvo acompañado, además, de un acuerdo –que se hizo público la semana pasada– entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con los recursos que el Estado va a brindarle para que, a partir de enero de 2017, pueda comenzar a instrumentar los cambios que se requieren para la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal. Sin duda que ese es un logro, aunque probablemente no esté relacionado con la comisión de delitos y no implique el abatimiento de las cifras de los delitos. Lo que sí va a hacer es aumentar la velocidad de la tramitación procesal y determinar una mayor transparencia en el juicio penal, todo lo cual va a permitir tener sentencias con mayor celeridad.
Asimismo, entiendo que se va a cerrar –o por lo menos se achicará mucho– la brecha que actualmente se produce entre el accionar policial y el accionar de la Justicia. Creo que va a haber un cambio sustancial en lo que tiene que ver con los reproches que uno escucha todos los días –o muy frecuentemente– de la Policía, que se queja porque el juez deja libre a un indagado, o del juez, que se queja porque la Policía no produce bien la probatoria que permitiría una decisión judicial. Reitero que eso va a cambiar sustancialmente, porque como la conducción de la investigación va a quedar en manos del fiscal, y entre este y el juez existe un lenguaje común y una lógica de la aplicación del derecho mucho más en sintonía, la Policía va a poder desempeñar su rol, que es el de auxiliar al ministerio público en el trabajo de investigación. Reitero que la conducción de la investigación va a quedar en manos del ministerio público, con lo cual, cuando este lleve el caso ante el juez, seguramente la lógica de interpretación de los hechos va a estar mucho más en sintonía.
Creo que desde ese punto de vista vamos a resolver uno de los problemas que actualmente tenemos y que impacta mucho en la ciudadanía: la sensación de que, como vulgarmente dice mucha gente, «la Policía los agarra y el juez los suelta», o que el juez no logra avanzar porque la Policía no produce bien la prueba. Me parece que en ese sentido vamos a mejorar al pasar del viejo modelo inquisitivo al acusatorio que, obviamente, desde el punto de vista técnico es mucho mejor.
La norma que estamos votando –dentro de un contexto político que valoro particularmente, ya que me parece que es una buena señal la que estamos dando todos: el Gobierno y su partido y todos los partidos de la oposición– incluye algunas modificaciones que con el transcurrir del tiempo se vio que era necesario hacer a aquel Código del Proceso Penal que se votó en diciembre de 2014. Se fue revisando y se encontraron cosas que había que corregir, aun antes de su entrada en vigencia. Me imagino que después de que entre en vigor surgirán otras cosas, porque también es cierto que con la aplicación del nuevo código no todo va a ser color de rosa; seguramente se van a generar problemas y habrá que hacer ajustes, o surgirán algunas necesidades. Se trata de un cambio cultural para los agentes del proceso judicial y también para la ciudadanía, que va a encontrar respuestas de otro tipo, y no necesariamente todas serán vistas favorablemente. Pero yo creo que, en su conjunto, el Código del Proceso Penal es sustancialmente superior en todo sentido al que tenemos actualmente.
En las modificaciones que ahora se están proponiendo se incluye la sustitución de lo que en el Código del Proceso Penal aprobado en 2014 se definía como «proceso extraordinario», por un proceso abreviado, que creo que está mucho mejor definido. Según los agentes del sistema, se estima que a través del proceso abreviado se va a canalizar una parte muy importante de los casos; es decir que los asuntos penales, por lo menos los no graves, los que no tienen penas mayores –que son la gran mayoría–, podrán tramitarse por el proceso abreviado. Entonces, vamos a tener un proceso abreviado muy eficaz, por lo menos en la letra del texto legal, que va a canalizar buena parte de los procesos desarrollados.
También se mejora la secuencia de las etapas que se producen en las audiencias orales, que estaban definidas de una manera quizás no del todo feliz.
Asimismo, se ajusta la normativa sobre prisión preventiva, la que pasa a ser una solución menos frecuente que en el Código del Proceso Penal actual porque, lógicamente, al ser más rápido el proceso no tiene mucho sentido. La prisión preventiva es un proceso medular del proceso penal –que se diferencia del procesamiento, porque este lleva a una sentencia de larga duración–, que se ajusta a lo que establece el artículo 15 de la Constitución de la república, que dispone que solamente se puede aplicar en determinadas y muy precisas circunstancias. Pero también –digamos las cosas como son– se le da al juez una válvula de escape para disponer esa medida en alguna circunstancia como, por ejemplo, cuando la persona indagada pueda evadirse en la medida en que no tiene domicilio o pueda ser difícil de conducir si se la deja en libertad. Por tanto, con esta norma creo que se establece un buen equilibrio.
Por otro lado, se desarrollan vías alternativas de resolución de conflictos. Por cierto, las acompañamos a todas pues nos parece que son instrumentos adicionales que llevan a un mejor procedimiento en lo que a eso se refiere; porque, en definitiva, qué son –si no eso– los delitos: conflictos que la sociedad sanciona de distintas maneras, para los que puede instrumentar mecanismos de resolución que no necesariamente tienen que ver con la cárcel. Incluso, cuando las penas puedan ser de prisión, penitenciaría o privación de libertad en sentido general, en algunos casos podrán sustituirse por acuerdos entre las partes o por otras medidas que se planteen, como por ejemplo la mediación extraprocesal, que es particularmente relevante.
El mundo va, cada vez más, hacia el desarrollo de los instrumentos de mediación. Y en ese sentido planteamos, con el apoyo del Partido Nacional, que lo que no correspondía era que esa mediación se radicara en sede policial, sino que debía tramitarse en sede judicial. El Poder Judicial tiene mucha experiencia en el desarrollo de los centros de mediación y es el que da más garantías. Reconozcamos todos que una mediación en sede policial puede generar cierta suspicacia acerca de hasta dónde hay mediación y hasta dónde no la hay. Sin embargo, la sede judicial es garantista y además el Poder Judicial tiene constituidos centros de mediación en distintas partes del país. ¡Ojalá que con los recursos que se puedan obtener puedan desarrollarse aún más!
De modo tal que estamos votando un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, que no solo adelanta en el tiempo su vigencia sino que además corrige algunos aspectos jurídicos que no estaban bien resueltos en su versión original.
Tal como expresó la miembro informante, señora senadora Ayala, en su muy completo informe referido a todos los aspectos que se incorporan, queda pendiente el ajuste del tema de la libertad condicional. Los operadores del sistema judicial nos dicen que, con el nuevo Código del Proceso Penal y con la prisión preventiva, el juego de una prisión preventiva casi inexistente y la posibilidad de la libertad condicional en el momento de la sentencia puede llevar a un efecto no buscado: que el defensor del imputado prefiera siempre optar por la vía larga y no por el procedimiento abreviado, en la medida en que por la vía larga puede obtener el resultado de que el imputado nunca termine preso. Dicho de otro modo, si no hay prisión preventiva y luego hay libertad condicional, en hechos y delitos en los que podría ser necesario que existiera un período de prisión, esto no sucedería. Tanto el fiscal de Corte como las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y operadores del sistema judicial nos han dicho que el capítulo de la libertad condicional debería ser excluido del Código del Proceso Penal, pero lo que ocurre es que en la discusión que tuvimos en comisión descubrimos –en ese sentido la secretaría nos hizo un buen aporte– que el tema de la libertad condicional aparecía en muchas de las remisiones del texto legal. De manera tal que si eliminamos el capítulo de la libertad condicional, pero no las remisiones, se generan inconsistencias e incongruencias en el texto general. Por lo tanto, hemos pedido a la Suprema Corte de Justicia y al fiscal de Corte que nos hagan llegar un texto complementario, que sería otro proyecto de ley diferente, que resuelva finalmente el asunto de la libertad condicional. Entonces, como el Código del Proceso Penal recién comenzará a regir en julio de 2017 tenemos tiempo, en estos meses, para aprobar un proyecto de ley específico sobre libertad condicional, que nos deje a todos tranquilos y complete el proceso de ajuste del nuevo código.
Solo resta expresar que nosotros firmamos sin salvedades este proyecto de ley, aunque no vamos a votar el literal a) del artículo 384 –que pediremos que se desglose a la hora de la votación–, porque no compartimos el límite que se establece allí a una de las medidas alternativas para la solución de conflictos, que es la suspensión condicional del proceso. El proyecto que se presentó con el voto mayoritario del partido de gobierno establece que la suspensión condicional del proceso no procederá «cuando la pena mínima prevista en el tipo penal supere los tres años de penitenciaría». Creemos que el margen para la toma de una decisión respecto a la suspensión condicional del proceso no debería ser tan amplio como el que se aprobó en comisión, de tres años, sino de dos, porque es una medida importante que implica que el fiscal pueda determinar la suspensión del proceso penal. Entendemos que dos años –límite de la pena inexcarcelable– es mucho más razonable; tres años nos parece excesivo. Por lo tanto, insisto, esa norma no vamos a votarla.
De todas maneras nos pareció que la diferencia que tenemos con el proyecto de ley es tan puntual que no ameritaba la firma con salvedades.
SEÑOR PRESIDENTE (Guillermo Besozzi).- Gracias, señor senador.
Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora senadora Payssé.
SEÑORA PAYSSÉ.- Muchas gracias, señor presidente.
Celebro que podamos tener una sesión del Senado con este clima, con este ámbito de acuerdos. Estamos todos de acuerdo prácticamente en todo –es una redundancia pero es necesario decirlo– y los mecanismos para llegar a esta instancia son más que válidos, pues como bien se dijo anteriormente se han generado en el diálogo multipartidario por la seguridad que se instaló en la Torre Ejecutiva, en el que participan todos los partidos políticos con representación parlamentaria. A diez sesiones de esas reuniones, quiero decir que quienes trabajamos allí no lo hacemos para la foto –como se dijo de manera bastante escéptica cuando empezamos a plantear estos temas–, sino para encontrar acuerdos posibles, plantear nuestras discrepancias –que las hay– y, como bien lo expresó el señor presidente de la república, transitar un camino de ida y vuelta, donde no hay temas vedados y donde se analizan todas las propuestas. Algunas propuestas serán compartidas, otras no; habrá acuerdos totales, otros parciales; pero la idea es llegar al máximo común denominador posible.
–Esa es la voluntad presente en ese ámbito, en el que participo por mi fuerza política, junto con los señores senadores Heber y Mieres, por las suyas. Independientemente de la pasión que todos pongamos en tratar de defender nuestras miradas, nuestras visiones, hay una sensación –aunque quizás esa no sea la mejor palabra– de que el proceso está teniendo un correlato de responsabilidad. Creo que se ha logrado trasladar a la opinión pública que los acuerdos son posibles y que nadie está renunciando a sus principios, sino que todos estamos buscando herramientas para llevar adelante medidas que, como bien se dijo aquí, no son mágicas –porque estos temas no se resuelven por actos mágicos–, pero sí coadyuvan y colaboran a solucionar los problemas, en la medida en que generan un sustento jurídico importante para que estos acuerdos después puedan aterrizarse en políticas públicas. Obviamente, en este país, ir de un proceso inquisitorio a uno acusatorio es revulsivo –aunque en otros países hace tiempo que rige–, por lo que, por supuesto, estoy de acuerdo con quienes expresaron que es un cambio cultural muy profundo, pero también lo es en los operadores de la justicia, que van a tener que involucrarse y mucho.
En este ámbito de los acuerdos multipartidarios, señor presidente, también generamos una instancia paralela, complementaria, llamada «comisión técnica», en donde nos volvemos a reunir la misma semana en la que se van gestando miradas comunes sobre algunos temas, para ir generando los aterrizajes en forma de articulados, de acuerdos más consistentes ya escritos –con asistencia técnica, por supuesto–, que luego vuelven al ámbito multipartidario para ser ratificados. Creo que es una garantía importante, porque incluso aquellos que no están de acuerdo en casi nada, como los integrantes de Unidad Popular, no han faltado a una sola reunión y han hecho sus aportes. Hay un clima de mucho respeto, de mucho intercambio y de mucha paciencia y tolerancia, lo que no es menor.
En ese ámbito también recibimos la opinión de la Suprema Corte de Justicia y del fiscal de Corte. De la misma manera, cuando se trataron otros proyectos que fueron presentados, tuvimos la presencia del señor comandante en jefe del Ejército para que nos diera la mirada desde ese punto de vista sobre algunos temas vinculados a seguridad. Tuvimos también la posibilidad de ir acordando el calendario de esas reuniones, porque todos los aportes fueron puestos sobre la mesa. Algunos de ellos tienen ya el carácter de proyectos presentados en el Parlamento, pero otros son propuestas, anteproyectos, miradas conceptuales.
En definitiva, entonces, celebro –mi partido político lo celebra– que podamos reunirnos en este ámbito para aprobar dos proyectos, porque los unificamos pero fueron dos los acuerdos a los que se llegó en la Torre Ejecutiva. Esos acuerdos, además, no resignan que el Parlamento haga los ajustes técnicos que deba realizar para poder presentar una herramienta legislativa de calidad. En este sentido quiero hacer un agradecimiento especial a la secretaría de la comisión, en la persona de la señora Ana Veríssimo, que continuamente estuvo ayudando, colaborando, generando material para que pudiéramos trabajar con mucho más rigor técnico. Lo quiero rescatar, señor presidente, porque es fundamental el trabajo de las secretarías de las comisiones.
Aquí se hizo referencia también a que a veces en la televisión vemos algunas cosas que nos preocupan. Por supuesto que es así, pero también es cierto que vemos cien veces la misma cosa que nos preocupa. Y se ha generado, obviamente, una demanda de aumento de medidas vinculadas a la seguridad, que es lógico que hay que atender, pero no porque la demanda venga desde los medios de comunicación, sino porque hay una realidad que estamos analizando y concluimos que tenemos que abordar.
No hay actos mágicos que resuelvan estos temas; si no, miremos algunos hechos que están sucediendo en este mundo globalizado, que también nos los trae la televisión. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en París hace poco tiempo, a pesar de que Francia es un país donde hay fuertes mecanismos de prevención y de seguridad. También ocurrió un hecho similar en Orlando, Estados Unidos, otro país que tiene medidas preventivas muy fuertes y donde, sin embargo, suceden cosas bastante complejas, que atentan contra la seguridad y que generan alarma, alerta pública. Y otro ejemplo de esto es lo que ocurrió en el día de ayer en el aeropuerto de Estambul.
Tampoco creemos, como bien se dijo aquí, que las leyes resuelvan todo –no lo hacen–, pero son marcos que ayudan y que, además, obligan. Entonces, me parece que es más que importante que tengamos en cuenta estas cosas y que esta reunión de hoy esté enmarcada en esos acuerdos. En este sentido esperamos que el clima de las intervenciones de este «debate», entre comillas –porque en realidad no hay mucho debate sino, más bien, una confluencia de opiniones–, ayude a validar ese instrumento de los acuerdos posibles, porque vendrán otros proyectos que ya están acordados en la Torre Ejecutiva. Ahora ingresamos en el tema de la suspensión de las libertades anticipadas en algunos casos, con todo lo que el articulado de ese proyecto conlleva. El señor presidente nos ha hecho saber que el proyecto marco sobre narcotráfico ya tiene estampada su firma, iniciativa que también incluye algunas modificaciones a la ley de estupefacientes, teniendo en cuenta lo que es la caracterización de un grupo organizado. De manera que creo que vamos generando, reitero, los acuerdos posibles, pero acuerdos al fin.
Es en este marco que estamos hoy discutiendo este proyecto específico, del cual no voy a hacer una descripción, porque quienes me precedieron en el uso de la palabra ya lo hicieron de manera muy exhaustiva. Además, cada señor senador que intervenía generaba un refuerzo de lo que había dicho el orador anterior, lo que habla no solo de que hay temas que pudimos acordar, sino de que también pudimos estudiarlos a nivel de comisión y llegar a acuerdos de texto.
Sin embargo, quiero, sí, remarcar algunos puntos que me parecen importantes.
En primer lugar, como también se dijo aquí, el CPP tal cual está actualmente, la Ley n.º 19293, tiene planteada su entrada en vigencia el 1.º de febrero de 2017, cosa que se vio que no era posible. Por ese motivo, a través de un proyecto que oportunamente envió el Poder Ejecutivo se planteaba su aplicación parcial y se difería hasta el año 2019 su aplicación total; y esto tiene que ver, principalmente, con lo relativo al juicio oral. En este sentido, quiero rescatar que ha sido posible llegar a acuerdos que hacen que en última instancia podamos, a partir de julio de 2017, lograr la aplicación in totum del CPP, cosa que todos los actores políticos consultados consideraron que era más que importante. Quiero también rescatar el compromiso del señor presidente de la república, que se traduce en el mensaje de Rendición de Cuentas, acerca de los fondos que están destinados al Poder Judicial, habida cuenta del reclamo de recursos planteado por ese poder para lograr transitar el camino de este cambio cultural, como decíamos anteriormente.
Voy a pasar ya a destacar titulares, señor presidente, para no hacer más larga mi intervención.
Quienes intervinieron antes que yo hicieron hincapié, obviamente, en las modificaciones que tienen que ver con el CPP. Seguramente, antes de julio del año que viene vamos a tener que transitar por el camino de algunas otras modificaciones porque es un tema complejo que tiene muchas puntas. Como bien dijo el señor senador Mieres, en el marco de toda esta elaboración que estamos haciendo hay cosas que tienen que estar muy bien armonizadas, como por ejemplo el tema de la libertad condicional. Independientemente de eso y de la mención que hizo la señora senadora Ayala sobre las propuestas del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes tiene a estudio el proyecto de Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia basada en Género, que contiene modificaciones al proceso penal, al proceso administrativo y al Código Penal. Por lo tanto, seguramente también vamos a tener que ir ajustando y armonizando –en función de los tiempos que vamos a ir transitando– los ajustes correspondientes. Entonces, yo diría que independientemente de esas modificaciones específicas al CPP, el haber llegado a un acuerdo en el proceso abreviado, que va a agilizar y a descomprimir el sistema es, como ya se dijo acá, una solución buena, sensata y garantista.
También tenemos en el Libro VI «Vías alternativas de resolución del conflicto» la mediación extraprocesal que, como bien decía el señor senador Heber, en la propuesta original tenía como nomen iuris «Mediación extrajudicial» y dejaba de lado o prescindía del juez. A todos nos pareció que era importante que el juez estuviera presente, por lo que llegamos a un acuerdo.
Además tenemos el capítulo sobre la suspensión condicional del proceso –al que me voy a referir enseguida–, los acuerdos reparatorios y los aspectos generales que tienen que ver –como ya dije– con las vías alternativas de resolución del conflicto.
Si vamos a la Ley n.º 19293 veremos que tiene cinco libros, pero actualmente se trata de lograr un ordenamiento saludable, por lo que pensamos en mejorar el trabajo y, a través de secretaría, ordenamos estas nuevas modificaciones que va a tener el cuerpo del CPP en siete libros. Esto es por ahora porque, como es posible –por lo que expliqué anteriormente– que se sigan introduciendo modificaciones, es factible que esto siga teniendo el ordenamiento que corresponda.
Entonces, como en el marco del artículo 384 actual hay un desacuerdo que refiere a la suspensión condicional del proceso, quisiera decir que la bancada del Frente Amplio estuvo analizando mucho el literal a). El acápite establece: «La suspensión condicional del proceso no procederá en los siguientes casos: a) cuando la pena mínima prevista en el tipo penal supere los tres años de penitenciaría». Este literal a) es el que ofrece dificultades, por lo que no hay acuerdo. El literal b) dice: «Cuando el imputado se encuentre cumpliendo una condena». El artículo continúa diciendo: «c) Cuando el imputado tuviera otro proceso con suspensión condicional en trámite». Yendo al literal a), y habida cuenta de que en la comisión se planteó la duda, la diferencia tenía varios matices porque había quienes planteaban 24 meses o 2 años, pero el texto dice 3 años y el proyecto original del Poder Ejecutivo establecía 4. Nosotros hicimos un trabajo bastante exhaustivo para ver qué significarían los 2, 3 o más años. Llegamos a la conclusión de que entre los 2 y 3 años la única diferencia que hay son los artículos que tienen que ver con la falsificación documentaria y, por lo menos en la revisión que hicimos, no encontramos ningún elemento que nos hiciera pensar por qué sería importante una cantidad u otra. Pero hete aquí que en el trabajo riguroso que hicimos analizamos también el artículo 87 del Código Penal, que tiene que ver con las tentativas y ahí, en ese margen de los 2 y 3 años hay una diferencia vinculada a las tentativas. Nos parece que ese tema debería quedar por fuera de lo que puede ser la suspensión, porque las tentativas deberían poder allanarse en el marco de lo que estamos planteando acá. Entonces, señor presidente, no es caprichosa la postura de mantener los 3 años porque consideramos que ahí estamos dando un margen garantista. No queremos que la tentativa no pueda ser considerada en el marco de la suspensión condicional de la pena; no queremos que no pueda atenderse la tentativa. Creemos que debe poder estar incluida en la suspensión condicional del proceso por lo que, de alguna forma, reafirmamos ese planteo que habíamos hecho de terminar de resolver la duda que podía existir en la comisión, manteniendo los 3 años en función de estas consideraciones que hicimos y que contemplan lo que, a nuestro juicio, debe ser el marco de los delitos y el margen de los 2, los 3 años, etcétera, sin olvidarnos del artículo 87.
Considero que este proyecto que vamos a aprobar en el día de hoy abre el rumbo a otros en la dirección de mejorar el marco legislativo y jurídico. Creo que el resultado de las diez reuniones –como bien se dijo– es positivo y que las intervenciones del día de hoy señalan lo mismo. Habrá temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo pero, como bien dijo el señor presidente, los acuerdos totales que se puedan hacer serán totales y los parciales serán parciales, pero quiero que quede manifiesta la voluntad política expresa en los ámbitos en los cuales estamos trabajando estos proyectos porque es importante trasmitir lo que se dijo acá: ¿En qué puede ayudar en la vida diaria o cómo puede la gente –porque hoy vivimos en el mundo de la televisión– aterrizar o conectar el hecho de que hoy 30 o 31 senadores estén aprobando modificaciones a un CPP? Creo que la tarea ahí será no solo de los operadores, sino también de quienes pongan en práctica estas nuevas normas, y de todos nosotros que creemos en esta nueva herramienta. Tendremos que hacer los esfuerzos para que esto sea interpretado independientemente de que la puesta en práctica, a partir de 2017, va a ayudar a que esto sea posible.
SEÑOR PATERNAIN.- Pido la palabra.
SEÑOR PATERNAIN.- Señor presidente: vamos a votar con mucho entusiasmo y convicción lo que aquí se está planteando. Digo «entusiasmo» porque finalmente estamos concretando un esfuerzo que se nos venía negando desde hacía décadas: la implementación de un nuevo Código del Proceso Penal. Este Gobierno y esta fuerza política, en acuerdo –como bien se dijo– con todos los partidos con representación parlamentaria, han decidido dar un impulso decisivo para que esto se concrete, para que esta reforma, que creo que es una auténtica revolución cultural en materia de reformas institucionales, finalmente se materialice en el Uruguay. Entonces, este es un motivo para estar entusiasmado.
Hace muchos años que se dice que uno de los grandes desafíos en materia de política de seguridad en nuestro país es la dificultad que tienen las instituciones encargadas de soportar esas políticas para transformarse o aggiornarse. Tenemos estructuras muy viejas diseñadas para otras realidades. En los últimos años vamos en la dirección de esas transformaciones institucionales, que no se hacen de un día para otro, que son muy dificultosas y requieren tiempo, acumulación y paciencia. Allí hay señales muy claras en materia de reformas doctrinales, orgánicas y funcionales a nivel de la Policía nacional; también las hay en lo que refiere a reformas doctrinales, orgánicas y funcionales del sistema penitenciario y ahora estamos dando un paso decisivo, ni más ni menos que asegurando, poniendo fecha y encuadrando esto en los acuerdos multipartidarios para la reforma del Código del Proceso Penal, en un contexto en el que resulta claro que la agenda sigue porque el país necesita otras reformas igualmente importantes. La señora senadora Payssé señalaba esto muy bien, ya que el país tiene que aggiornar su Código Penal del mismo modo que, con seguridad, debemos tener estructuras institucionales para políticas preventivas más ambiciosas.
Pero ahora estamos con esto, que es un motivo de enorme entusiasmo por todo lo que supone, en un proceso que no va a ser fácil, que está lleno de complejidades, que va a suponer una adaptación y cuya clave son las modificaciones en las culturas organizativas. El Código del Proceso Penal cambia radicalmente el procedimiento institucional, con consecuencias en términos que tienen que ver con la ciudadanía y con la opinión pública. Por consiguiente, más allá de dar un voto favorable, todos deberíamos asumir un importante nivel de responsabilidad política para garantizar que estos cambios se logren y se profundicen. Vamos a votar este proyecto con convicción, porque hay tres o cuatro elementos que fueron señalados aquí y que compartimos. Estoy hablando de la convicción de que el Código del Proceso Penal va a alterar definitivamente el abuso que en el Uruguay se ha hecho, desde siempre, del mecanismo de la prisión preventiva. Esta idea de que oscilamos entre la impunidad absoluta y, al mismo tiempo, la punición más perversa que nos lleva a tener las tasas de población carcelaria más altas de América Latina, representa una brecha que comienza a cerrarse, aspecto sobre el cual tenemos expectativas muy fundadas. En este caso, tal como señalaba el señor senador Mieres, se introduce una modificación con respecto a que el mecanismo de la prisión preventiva se lleve a cabo de acuerdo a mandatos constitucionales, como todos los procesalistas han sostenido en reiteradas oportunidades. Me parece que aquí tenemos un elemento de convicción que, más allá de todo lo que se ha dicho sobre los cambios en las mecánicas, sobre las garantías y la agilitación del proceso, sobre la oportunidad de cambiar y de mejorar la calidad de la investigación criminal en el Uruguay bajo la conducción de la fiscalía y con el apoyo y el asesoramiento de la Policía, más allá de todos estos elementos que son indiscutibles y que en la perspectiva comparada en América Latina han demostrado resultados muy importantes, va a generar que el país deje de hacer política criminal sobre la base del recurso de la prisión preventiva, lo que consideramos uno de los elementos decisivos en esta materia.
El segundo elemento de convicción es que todos los cambios en los procesos penales que se han visto en América Latina buscan un sinceramiento radical. Nosotros pensamos que este instituto que se crea de la suspensión condicional del proceso es un mecanismo de sinceramiento institucional. ¿Por qué? Por una sencilla razón: ningún sistema del mundo logra perseguir penalmente todo. Ese es un principio de realidad, una evidencia que está marcando el funcionamiento de todos los sistemas del mundo, aun del mejor. Es imposible, no hay manera material en ninguna sociedad del mundo, ya sea que tenga tasas de delito bajas, altas o intermedias, de que un sistema de justicia criminal pueda perseguir todo. Hoy en día –en lo personal no tengo los datos, pero podría investigarse al respecto–, existe el sistema de la suspensión condicional del proceso, no como instituto, sino como mecanismo de hecho.
–Deberíamos ver cuántos casos no solo se archivan –en esto podría haber un componente importante–, sino en cuántos casos se deja que venzan los plazos para que el delito se extinga sin que haya persecución penal. Los sistemas inquisitivos tienen esos mecanismos bastante secretos, bastante oscuros, bastante poco transparentes, y nosotros pensamos que este instituto lo que hace es crear un cierto nivel de institucionalidad, de sinceramiento del sistema. Por supuesto, tal cual se desprende del texto, no es un instituto que se vaya a aplicar en cualquier circunstancia o en cualquier contexto. El fiscal tiene que dar razones muy fundamentadas y asumir la responsabilidad para decir con claridad que el proceso queda en suspenso. Esto va a representar un enorme cambio para todos nosotros, y ojalá ayude también a disminuir algunas percepciones y prácticas negativas asociadas al funcionamiento del sistema procesal penal.
Con respecto al tema de los tiempos y los límites, punto que genera discusión y debate, suscribo lo que decía la señora senadora Payssé. Hay que tener en cuenta que la definición de un tiempo de pena, que –obviamente– está asociada a la gravedad del hecho y a los bienes que lesiona, no necesariamente configura una situación fenomenológica delictiva determinada. Pueden haber muchas situaciones para un mismo hecho. Al respecto pensamos que justamente este margen, con la temporalidad que se ha establecido, abre la puerta a la posibilidad de que, con razones fundadas, el fiscal pueda iniciar y dar trámite a este recurso, a este instituto, que además está condicionado por toda una serie de acuerdos. Es mucho mejor tener un sistema más transparente –que diga por qué no va a continuar el proceso y, al mismo tiempo, comprometa esa misma lógica con base en una cantidad de acuerdos que están repartidos y expresados con mucha claridad para dar garantía a la acción del procedimiento penal–, que aplicar mecanismos mucho más oscuros, como es la suspensión de hecho, que es el que tiene el sistema hoy. A mi juicio, en ese aspecto tenemos un instituto a fortalecer. Creo que la temporalidad no es un obstáculo determinante y si para algunos lo es, sería bueno reflexionar en términos de que en estos casos siempre resulta mejor dar posibilidades antes que restringirlas a priori.
Otro aspecto muy importante lo constituyen las formas extraprocesales de resolución de conflictos. El país va a tener mecanismos de justicia restaurativa, tal cual se dice a texto expreso. En virtud de la lógica de hoy en día, en la que solo hay un criterio punitivista y de privación de libertad, el país va a transitar sobre estos mecanismos que van a ser muy novedosos y van a suponer desafíos de acostumbramiento institucional y cultural muy grandes. ¿Cuál es la función esencial del sistema penal o de la política criminal? Es, precisamente, sancionar el delito. Un sistema de seguridad cumple con distintas funciones: prevenir, investigar y controlar, pero hay una que es sancionatoria, y la sanción no necesariamente se procesa por criterios punitivos de privación de libertad. Puede haber otras formas, y cabe destacar que este tema está muy estudiado ya que se han desarrollado literatura y ciertos paradigmas que se han aplicado en muchos lugares, como son el de la restauración y el de la reparación, que han dado resultados extremadamente positivos. Entonces, estas formas extraprocesales y de resolución de conflictos, así como el mecanismo de los acuerdos reparatorios, me parece que constituyen institutos a los que hay que prestar mucha atención y hacer un seguimiento institucional muy fuerte para que no queden anclados en dificultades. El país tiene la experiencia de la aprobación de las penas alternativas a la privación de la libertad, que fue una muy buena medida, pero que no ha podido materializarse en la medida deseada en función de debilidades institucionales y de falta de recursos. Creo que hay que poner mucho énfasis en esos institutos y mecanismos para que los efectos acumulados del nuevo proceso puedan verse materializados y, por lo tanto, el proyecto, la iniciativa y la transformación tengan la legitimidad que se pretende.
Señor presidente: tenemos por delante una cantidad de desafíos. Podemos pensar en la importancia, en la necesidad y en la urgencia de aprobar este proyecto de ley en el día de hoy; podemos pensar en los intentos frustrados –porque si no somos el último, seremos el penúltimo de los países de la región que se incorpora a estos nuevos procedimientos penales–, en la coyuntura y en la importancia de ubicar esto en materia de acuerdos partidarios y multipartidarios, pero también tenemos que pensar en la etapa de implementación, incluso en la tramitación política que todos vamos a dar a estos procesos cuando avancen que, como decíamos, no será sin dificultades. En este sentido, me gustaría señalar dos o tres aspectos. Hay que blindar este proceso de reforma no solo aprobando leyes, sino dándole la cobertura política y no cargándolo a priori de sobreexpectativas, del mismo modo que luego, en la medida en que empiece a funcionar, sería bueno que no lo sepultáramos con críticas injustificadas en función de su lógica de desenvolvimiento. Y aquí voy a referirme a dos o tres cosas.
En primer lugar, es verdad que no hay una relación directa entre las tasas de criminalidad y las políticas de persecución penal. Aquí se ha dicho que no tenemos que hacernos muchas ilusiones de que con esto se vaya a modificar la situación de criminalidad. Pero una cosa es que no nos hagamos ilusiones y otra es no pensar que la correcta aplicación puede tener consecuencias sobre las tasas de delito. Si los institutos de la limitación y la restricción de la prisión preventiva funcionan; si efectivamente el sistema se descongestiona; si hay fortaleza y robustez en los mecanismos de mediación extrajudicial, en la implementación de los procedimientos de justicia restaurativa, es decir, si establecemos varios escalones entre la sanción del delito y la privación de la libertad, realmente podemos lograr resultados positivos en la medida en que sabemos que leyes más severas, penas más duras y tasas de población carcelaria más alta son factores criminógenos que, lejos de solucionar los problemas, los multiplican. Entonces, me parece que allí hay un desafío interesante en términos de implementación para ver resultados. Es verdad: no existe una relación directa, pero de la suerte de este proceso puede haber consecuencias que terminen repercutiendo favorablemente sobre algunas modalidades de delitos, aunque no sobre todas. Creo que tanto el sistema procesal penal como toda la política penitenciaria y criminal tienen el enorme desafío de ver cómo abordar el problema de la delincuencia habitual, de la reincidencia y de la multirreincidencia, que si bien no son los temas que estamos considerando, los dejo planteados porque el nuevo proceso va a tener que asumir esta realidad.
Otro aspecto importante es que América Latina está llena de experiencias como para poder hacer un monitoreo sobre los logros alcanzados. Creo que la perspectiva comparada no solo tiene que estar asociada a procedimientos normativos o a cuestiones más técnico-jurídicas en cuanto a la implementación de esto, sino también a la forma en que se implementó y a los procesos, así como a la importancia que los distintos sistemas políticos han jugado en la suerte de estos procesos en la región; seguramente nos encontremos con situaciones muy variadas. Quiero señalar aquí que, en una cultura política como la uruguaya –incluso ahora, cuando hay sobre la mesa acuerdos multipartidarios–, tenemos un activo y un capital político que en algún momento deberíamos hacer valer, no solo ahora, para aprobar este proyecto de ley –que ya es mucho–, sino luego, en los procesos de implementación.
En estas circunstancias de los debates sobre la seguridad, donde predominan las lógicas de la criminalidad mediática o demandas exacerbadas en términos de punición y de castigo, muchas de estas dinámicas luego pueden ser obstáculos a los procesos de implementación. Entonces, aprendamos de las experiencias comparadas y garanticemos luego esto mismo que se celebraba –y que nosotros celebramos también, porque es un distintivo en materia de cultura política–, en términos de sostenibilidad, en una apuesta tan de fondo como esta.
Por último, hay una cuestión que ya no depende de los legisladores, sino de la implementación y del rol de la fiscalía: va a ser muy importante que, a partir de la sanción del nuevo Código del Proceso Penal, el país tenga una política clara de persecución criminal. Debemos tener reglas relativamente explícitas para no navegar entre la idea de la impunidad y de que el sistema no funciona porque no se persigue todo, y luego seguir insistiendo en las penas alternativas a la privación de libertad. Los nuevos procedimientos dan esa posibilidad, y por eso es muy importante –insisto en esto– tener una política con criterios institucionales claros sobre lo que se va a perseguir penalmente en función de decisiones que son eminentemente políticas. Es mucho más importante que el nuevo sistema realmente golpee sobre los nudos de la criminalidad en sus distintas modalidades –sobre todo los nudos más resistentes de la criminalidad organizada–, que se pueda meter con los casos más complejos, que pueda tener resultados de eficiencia y de eficacia en todo lo que tiene que ver con las redes de ilegalidad, y que no se limite a tener una concepción más bien productivista de cerrar casos simplemente por hacerlo. Digo esto –no es que vaya a pasar en Uruguay– porque es una tendencia bastante generalizada en América Latina, en el sentido de que bajo ciertas presiones se quiere demostrar que el nuevo sistema sanciona y castiga con mayor eficiencia que el sistema anterior; muchas veces, bajo esa presión, se recurre a caminos fáciles cuando, en realidad, podríamos discutir que la política criminal debe tener sus prioridades estratégicas. Me parece que a partir de toda la línea programática del desarrollo de la fiscalía, nuestro país va muy bien encaminado en ese sentido.
En definitiva, señor presidente, tengo el enorme entusiasmo de votar en su totalidad este proyecto de ley y poder poner fecha a una auténtica transformación de fondo a una de las instituciones vinculadas a la política de seguridad ciudadana del país, en la convicción de que estamos creando institutos que van a mejorar el proceso, con consecuencias múltiples, todas ellas atendibles, adelantándonos a posibles escenarios futuros que tienen que ver con contextos de implementación y de sostenibilidad, haciendo estas advertencias y volcando algunas de nuestras preocupaciones que son resorte de nuestra responsabilidad política.
Este es el primer proyecto de ley que se va a votar en sala que participa de una realidad legislativa muy particular: es la reforma de una reforma que nunca se aplicó. Se trata de la modificación de un Código del Proceso Penal votado al final de la legislatura anterior, pero que nunca se puso en práctica. Podemos decir que es la reforma de la reforma que no existió. Y todos sabemos que la causa fue que el Poder Ejecutivo no asignó en la Ley de Presupuesto –discusión que fue suficientemente dada en esta sala– los recursos indispensables para que el Poder Judicial cubriera las necesidades que el Código del Proceso Penal implicaba –me refiero a un aumento de las asignaciones presupuestales–, lo que llevó a que quedara en suspenso esa reforma, que nunca se aplicó. Así fue como, en la primera de las reuniones en Presidencia de la República –que empezaron hace dos meses y medio; ayer de tarde se llevó a cabo la décima–, se elaboró una agenda y el presidente de la república, creo que a instancias del fiscal de Corte –que fue quien defendió con más fervor esta iniciativa–, incluyó esta reforma del Código del Proceso Penal en primer lugar.
Bien decía el senador Heber –cuando hizo uso de la palabra en nombre del Partido Nacional al inicio de esta sesión– que este es un tema de administración de justicia; obviamente, es muy importante, pero para nosotros no fue el motivo central de las convocatorias que realizó el presidente de la república a los partidos políticos para adoptar medidas contra la inseguridad pública. Aun así, el presidente lo agendó en primer lugar y desde el Partido Nacional consideramos que, sin estar inscripto entre las políticas que tienden a mejorar la situación de inseguridad, se trataba de un tema importante. En ese sentido, hubo un acuerdo bastante generalizado, incluso antes de comenzar la discusión. ¡Cómo no iba a ser generalizado si estábamos haciendo una reforma parcial de un texto que había sido aprobado de manera unánime en el Poder Legislativo dos años atrás! Por eso es que hoy vamos a votar en su mayoría, no en su totalidad, este proyecto de ley que –reitero– viene con un acuerdo de muy larga data.
Nos hubiera gustado que toda esta discusión sobre las medidas para superar la inseguridad pública tuviera más profundidad y que estas se tomaran con mayor urgencia. En eso, señor presidente, desde nuestra posición de representantes del Partido Nacional tenemos una visión, quizás con un sentido de la urgencia mucho más importante que la que tiene el oficialismo. Creemos que hay que tomar medidas urgentes y que no se puede esperar, no porque los informativos pasen muchas noticias vinculadas a la inseguridad, sino porque hay mucha inseguridad. Por eso los medios de comunicación reflejan lo que la realidad dice; de lo contrario, no estarían apegados a la verdad. Existe una crisis muy grave en materia de seguridad pública, ciudadana y humana. Por lo tanto, el presidente de la república, sin tener que hacerlo, porque cuenta con respaldo mayoritario en ambas cámaras –de hecho no había actuado de esta forma en los once años anteriores, precisamente por esa misma razón–, actuó así por la sencilla razón de que el agua llegó al cuello. El reclamo popular para que se tomaran medidas graves, urgentes y determinantes para combatir la inseguridad llevaron a que el presidente de la república dijera: «No puedo con esto; llamo a los demás partidos políticos para que me brinden ideas».
Como militantes del Partido Nacional teníamos dos posibilidades. La primera, que no estuvo en consideración ni una décima de segundo porque va en contra de la genética del Partido Nacional, era decir: «¡Que se arreglen solos; cuanto peor, mejor!». Esa posibilidad no entra en la genética del Partido Nacional, pero tengo la convicción de que sí está presente en otras. En este caso, aun bastante lejos de tener la obligación de aceptar –porque somos minoría y el oficialismo tiene mayoría parlamentaria por sí solo–; aun no habiendo sido jamás tomados en cuenta nuestros reclamos –no había coincidencia en el diagnóstico ni en la gravedad que tenía el tema de la inseguridad en el Uruguay–, respondiendo a nuestro ADN decidimos que teníamos que concurrir a la convocatoria, y con propuestas, porque es lo que corresponde. La idea no era profundizar diagnósticos, que son más que conocidos, sino plantear soluciones y llevar propuestas. Así, el Partido Nacional concurrió, con la mejor de las buenas voluntades, con 29 proyectos de ley, distribuidos en diez capítulos diferentes. Lo hizo todo el Partido Nacional, a pesar de que son harto conocidas nuestras opiniones sobre la conducción de las políticas del Ministerio del Interior y el respaldo que el presidente de la república otorga a su titular. Por lo tanto, ese tema fue dejado de lado. Cada uno tiene legitimidad para dar sus opiniones y, obviamente, el presidente es el primero que tiene legitimidad para nombrar a los ministros y sacarlos de su cartera. Ahora bien, había un concepto que era fundamental tener en cuenta: si iba a mantener el mismo equipo quedaba claro que no podía mantener las mismas políticas, porque si mantenía el mismo equipo y las mismas políticas, no tenía sentido que estuviéramos reunidos. Si iba a mantener el mismo equipo, las políticas tenían que ser diferentes. Por eso con los senadores Besozzi y Heber, en la primera o segunda reunión preguntamos si iba a haber un cambio de rumbo. La respuesta del presidente de la república fue que el solo hecho de que estuviéramos allí sentados significaba que iba a ser así, respuesta que nosotros aplaudimos porque justificaba o legitimaba la reunión en la que estábamos participando. Anoto al margen: siempre queda la duda de si una persona que no cree en determinadas políticas puede llevarlas adelante, pero entiendo que hay que hacer una apuesta a la buena fe y a la buena conducta que puede tener una persona que, al darse cuenta de que las cosas que hizo fueron equivocadas, intenta cambiarlas. Eso lo veremos en el futuro, pero partimos de la base de que todos tenemos la posibilidad de corregir el rumbo.
Así fue que ingresamos a las reuniones. Consideramos que estaba bien tratar en primer lugar el Código del Proceso Penal porque era un acuerdo que tenía dos años de antigüedad y lo único que había que hacer era ponerlo en práctica. El martes pasado, en una conferencia de prensa, el presidente de la república con el presidente de la Suprema Corte de Justicia anunciaron los rubros destinados a poner en práctica el código al que vamos a dar media sanción en el día de hoy. Quiere decir que, hasta aquí, el acuerdo se viene cumpliendo.
El segundo tema de la agenda fue el de limitar el beneficio de las libertades anticipadas para los delincuentes que reiteran su condición de tales. Este tema fue acordado por lo que probablemente se va a aprobar en la Comisión de Constitución y Legislación el martes que viene y lo estaremos votando el miércoles siguiente aquí, en el Senado. A ese respecto hubo acuerdo en la comisión.
Luego ingresaremos al capítulo de las medidas contra el narcotráfico, que contó con el acuerdo de casi todos los partidos políticos, excepto de Unidad Popular. En otros temas no tuvimos acuerdo; incluso se dio la paradoja de que el presidente de la república coincidió con el Partido Nacional, pero no con su propio partido político. Estamos esperando el ingreso de este proyecto de ley al Poder Legislativo.
En este punto vale la pena hacer una anotación al margen. Lamento profundamente el fallecimiento del inspector Guarteche en la jornada de hoy. Fue una persona que dedicó buena parte de su vida al combate del narcotráfico en su ejercicio profesional y nos enteramos de la noticia en la mañana. Por tanto, aprovecho este subcapítulo que estoy mencionando para expresar mi solidaridad con su familia y lamentar profundamente su pérdida.
Retomo ahora la línea que venía siguiendo. Posteriormente ingresamos al capítulo de todo lo que significan los aspectos legales y penales de la minoridad infractora. No quiero adelantarme a lo que pueda suceder en la comisión técnica, pero seguramente allí pueda haber algún acuerdo y bastantes disidencias. Espero que en este capítulo sean mayores las coincidencias que las discrepancias porque, en buena medida, este era un tema que no estaba en la agenda hasta que el presidente convocó a los partidos políticos; para nosotros la adopción de medidas para un conjunto de adolescentes que delinquen con frecuencia y que son una parte importante, si no total, de la inseguridad pública, forma parte de un cambio de rumbo. Y en la tarde de ayer llegamos a algunos acuerdos importantes en materia de modificación del Código Penal, en cuanto a algunos delitos graves, ya que los recalificamos y aumentamos las penas.
Aquí quiero hacer notar que, desde el punto de vista teórico e ideológico, en dos meses y medio hubo un cambio importante en el abordaje de este tema. Realmente es algo que quiero destacar. Para nosotros –obviamente, hablo por el Partido Nacional; no puedo hacerlo por los demás–, uno de los aspectos importantes era dar una señal muy clara en lo que respecta al tratamiento penal de algunos delitos muy graves. Sosteníamos que no podían existir situaciones de delitos muy graves con penas muy livianas, y que el mensaje tenía que ser bien claro: para quien comete un delito grave, graves van a ser las penas. Además, no podía haber penas excarcelables para quienes cometieran delitos graves. Desde el oficialismo se nos contestaba que no estaban de acuerdo con el aumento de las penas, que no era ese el camino. Pues bien, en estos dos meses y medio de trabajo ha quedado claro que hubo un cambio de percepción y, por lo menos en tres de los cuatro o cinco capítulos que mencioné, hemos acordado, en forma casi unánime –pues solo Unidad Popular no lo acompañó–, el aumento de penas. Acordamos aumento de penas en materia de narcotráfico; en la tarde de ayer acordamos aumento de penas en el Código Penal, y en cuanto a la minoridad hubo un adelanto con respecto a las penas mínimas. No soy abogado, pero por diferentes caminos –como el aumento liso y llano de lo que son los tiempos mínimos de las penas de los menores que cometen delitos gravísimos, o la adecuación porcentual de las penas que se aplican a los adultos– llegaríamos al mismo objetivo. De modo que en ese punto ha habido, por lo menos, argumentaciones coincidentes.
En definitiva, estos dos meses y medio han servido para dar lugar a un cambio, y para que ya no se repita más aquello de que no se está de acuerdo con el aumento de las penas, pues hubo un acuerdo del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente para aumentar las penas en varios de los capítulos que se están considerando.
Quería hacer esta breve introducción, señor presidente, para señalar la situación en la que nos encontramos en esa instancia de diálogo, con las reuniones que estamos manteniendo. Como dije al principio, seguimos teniendo la misma percepción de que debe existir un sentido de urgencia más importante. Hoy estamos tratando el primer proyecto, que está total y absolutamente consensuado, y tardamos dos meses y medio en darle media sanción. Esperemos que los restantes –algunos de los cuales ya están prontos para ser considerados en la Comisión de Constitución y Legislación, mientras que otros serán analizados por la comisión técnica– puedan tener un muy rápido tratamiento. La diferencia entre las reuniones en la Torre Ejecutiva y la consideración parlamentaria ordinaria, común, está en el logro de un acuerdo para que los proyectos se traten con rapidez. Y reitero que sí tenemos un sentimiento diferente en lo que refiere a la urgencia y a la profundidad de las medidas.
Con respecto al Código del Proceso Penal quisiera realizar un simple análisis desde el punto de vista político institucional.
Como señaló el senador Heber, no vamos a votar algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley. A su vez, tenemos una visión contraria en lo que respecta a una de ellas –que fue desglosada–: el principio de oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque entendemos que el proceso penal debe tener un equilibrio y creemos que en algunos aspectos de este código se consolida un desequilibrio. ¿Un desequilibrio hacia dónde?
SEÑOR GARCÍA.- Con mucho gusto se la concederé no bien termine la expresión de esta idea.
Como decía, no compartimos algunos elementos que, a nuestro entender, llevan a un desequilibrio del proceso judicial. ¿En qué sentido? En el sentido de otorgar un poder, a nuestro juicio, en demasía, a la actuación de las fiscalías. Creemos que hay que ser muy cuidadosos con esto. En todo el proceso de justicia debe haber un equilibrio adecuado, de forma tal que ninguno de los actores tenga poderes tales que puedan no ser positivos para el proceso de administración de justicia. Por ello, el Partido Nacional no comparte algunas figuras y ciertos criterios que dejan en manos de las fiscalías, entre otras cosas, la continuidad de un proceso judicial. Esto queremos subrayarlo porque, en buena medida, hace a un tema de institucionalidad.
En este punto en especial, hay factores fundamentales de la administración de justicia en los que, como decía, se debe guardar un celoso cuidado; nadie debe tener, por sí y ante sí, la capacidad de administrar justicia sin ese equilibrio o esa ponderación. Me refiero, por un lado, a la representación de la ciudadanía a través del ministerio público y, por otro, a lo que debe ser para nosotros la cúspide, el principio del proceso judicial, que es el juez que representa a todos, con esa figura tan emblemática –que recuerdo de mis épocas de estudiante, cuando veía a los compañeros que seguían Derecho–, de ojos vendados, símbolo de la justicia y su imparcialidad.
Entonces, sin rasgarnos las vestiduras, sino simplemente valorando la importancia de este tema en materia de administración de justicia –aun cuando las consecuencias de su aplicación no puedan ser medidas por ahora–, es que vamos a votar este Código del Proceso Penal.
Ahora sí, señor presidente, con mucho gusto le concedo una interrupción a la señora senadora Payssé.
SEÑORA PAYSSÉ.- Señor presidente: en el marco de la reflexión que hacía el senador García, me parece importante realizar alguna reflexión sobre el desglose del principio de oportunidad.
Desglosamos el principio de oportunidad del proyecto a consideración sabiendo que fue uno de los puntos en los que no hubo acuerdo en la Torre Ejecutiva, pero lo cierto es que esos proyectos vienen con acuerdos totales o parciales, y por eso estaba incluido en el que oportunamente empezamos a analizar. Entonces, quiero detenerme en el porqué del desglose.
El principio de oportunidad ya existe; lo que estamos haciendo es modificar algunas de sus pautas. Este principio refiere a normas incluidas en el proyecto de ley de Carta Orgánica de la Fiscalía de Corte, que todavía no hemos comenzado a analizar, y como hace referencia a un consejo consultivo que aún no existe –pretendemos crearlo al aprobar el proyecto relativo a la Carta Orgánica de la Fiscalía de Corte, que también tenemos a consideración, y sobre el que se decidió que se alcanzaran los acuerdos en el Parlamento–, entendemos más que pertinente su desglose, además de saber que al momento de aprobarlo seguramente no cuente con el cien por ciento del acuerdo que sí tuvieron otros temas vinculados al proyecto que hoy estamos analizando.
A modo de síntesis quiero decir que, como bien señaló el señor senador García, tenemos la responsabilidad de analizar la Carta Orgánica. Este tema fue trabajado por un equipo multidisciplinario, lo que quiere decir que tiene un trabajo previo, aunque no en la Torre Ejecutiva sino en otros ámbitos, como lo veremos oportunamente. Básicamente, en una rápida mirada, los representantes de los partidos que participamos en ese equipo acordamos que era necesario profundizar el análisis para establecer a texto expreso el Consejo Consultivo y su integración, y no dejarlo en manos del fiscal de Corte. También estuvimos de acuerdo con la idea de que las directrices generales surgieran de ese Consejo Consultivo y no exclusivamente de la cabeza de un fiscal de Corte. Esos dos parámetros nos motivaron a seguir con la lógica de ese desglose, para analizar el proyecto de Carta Orgánica y, oportunamente, retomar el proyecto desglosado, que tiene iniciativa del Poder Ejecutivo, está en la comisión y en su momento será puesto a consideración.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador García.
SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Coutinho.
SEÑOR COUTINHO.- Señor presidente: en el mismo sentido que el señor senador García, antes de la instancia de votación queremos respaldar a los representantes de nuestro partido que han estado trabajando durante todo este tiempo.
Queremos trasmitir que, más allá de las salvedades planteadas, tanto en la mesa de la Torre Ejecutiva como en la comisión –gran parte de las cuales fueron compartidas por el señor senador Bordaberry, que hoy no está presente, y por el señor senador Heber–, más allá de los tiempos y más allá del tremendo esfuerzo que ha hecho nuestro partido en todo sentido por la seguridad en nuestro país, es realmente importante sentarse a dialogar. ¡¿Quién se va a negar a dialogar?! Y en ese diálogo estamos, con ilusión, con expectativa, con esperanza, en la primera de cinco etapas, gracias a lo que promovió el Partido Independiente –como bien lo dijo el señor senador Mieres– y a la generosidad de dialogar del señor presidente de la república. De modo que, más allá del esfuerzo que hemos hecho en varios sentidos, y pese a no coincidir en muchos temas a nivel de política de seguridad, vamos a permanecer en esa mesa de diálogo. Muchas veces, varios integrantes de nuestro partido han cuestionado el hecho de permanecer o no en ella, pero hoy, desde este Senado, queremos trasmitir nuestro respaldo a quienes están concurriendo, a quienes están trabajando y al diálogo mismo de todas las fuerzas políticas.
Adelantamos que, a pesar de alguna que otra salvedad y a pesar de un artículo en particular, vamos a acompañar con nuestro voto esta iniciativa y vamos a continuar trabajando en ese sentido. Por supuesto, nos habría gustado que el ritmo de trabajo hubiera sido otro y muchas decisiones, distintas; pero sabemos que muchas veces las cosas no pueden esperar, y creemos que se ha dado un paso, que en algo se ha avanzado. Asumimos los costos y las responsabilidades de algo que todavía está mal, pero a través de nuestros representantes le hemos puesto el pecho al país en un tema que nos preocupa a todos.
Señor presidente: agradeciendo la interrupción que me concedió el señor senador, vuelvo a decir que nuestro partido acompañará el proyecto de ley, aunque con salvedades, porque no votará el artículo 6.º. Quería marcar nuestra posición en función de lo manifestado por los señores senadores García y Mieres, así como también por los senadores del oficialismo.
Nos parece que si apuramos los ritmos, si podemos crear más herramientas como esta y desarrollar más diálogo, estaremos aportando más seguridad a todos los ciudadanos.
SEÑOR GARCÍA.- He culminado, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica que con motivo de la licencia concedida en la sesión pasada a la señora senadora Moreira por los días 28 a 30 de junio, y habiendo presentado nota de desistimiento los señores Rafael Paternain y Virginia Cardozo por el día 29 de junio, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado por el día de la fecha el señor Federico Preve, a quien se invita a pasar al hemiciclo a los efectos de que se le tome la promesa de estilo.
(Ingresa a sala el señor Federico Preve).
Señor Federico Preve: ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la república?
SEÑOR PREVE.- Sí, prometo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia desde el martes 5 de julio hasta el viernes 8 de julio de 2016 inclusive.
Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera de la organización “ELAS - Fundo de Investimento Social”, para participar del VI Diálogo Nacional por Autonomía Sexual, a realizarse en Río de Janeiro, Brasil, los días 5 y 6 de julio de 2016.
Solicito dicha licencia al amparo del literal D del artículo 1.º de la Ley n.º 17827. Solicito, también, se convoque a mi suplente respectivo.
Se comunica que los señores Rafael Paternain y Virginia Cardozo han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Federico Preve, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.
A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, del lunes 4 al miércoles 6 de julio del corriente.
14)	CÓDIGO DEL PROCESO PENAL
SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.
SEÑOR CAMY.- Señor presidente: muy brevemente vamos a referirnos al tema desde tres perspectivas.
Como presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, quiero destacar lo que ha sido el trabajo de esta asesora, así como el propósito –que sin duda implicará una ardua tarea el resto del año– de asumir, con sentido de prioridad, el tratamiento de los temas que involucran el diálogo político, que es el fundamento para estas iniciativas que comienzan a tratarse.
Al momento de asumir dimos cuenta a la comisión de que íbamos a solicitar una serie de entrevistas, que consolidamos en reuniones muy importantes, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal de Corte de la nación, la Asociación de Magistrados del Uruguay, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Asociación de Fiscales del Uruguay. La propia comisión recibió a estas partes, sumadas a la Asociación de Defensores de Oficio, al Colegio de Abogados del Uruguay, a distintas cátedras de Derecho de las distintas universidades públicas y privadas del país.
El propósito fue tratar de no equivocarnos al asumir una responsabilidad tan importante, que incluso llevó a que hace más de un mes el propio Senado de la república decidiera suspender las sesiones del plenario, a efectos de conferir el día martes, en su totalidad, para el funcionamiento de la comisión.
Precisamente, quiero destacar el funcionamiento de la comisión, y hacer un reconocimiento a quienes la integran y a los funcionarios, ya que –por supuesto, con los matices que componen la propia constitución de la comisión– comenzamos a cumplir el objetivo que nos planteamos. En el día de hoy el Senado de la república va a sancionar la primera ley luego de –como señalaba el señor senador Mieres– diez reuniones celebradas en el marco de la Torre Ejecutiva, tal como se denomina a los encuentros entre el señor presidente de la república, el Poder Ejecutivo y la delegación de los partidos políticos. Me parece justo hacer este reconocimiento porque creo que el cumplimiento de los desafíos merece ser destacado.
Tengo una segunda perspectiva como senador del Partido Nacional, de Alianza Nacional: quiero destacar el diálogo político, sobre todo aquel en el que se logran resultados. Entiendo que aun expresándonos con salvedades –como lo haremos–, tal como en nombre del Partido Nacional lo señaló el señor senador Heber, en este proyecto de ley –y seguramente, como ha habido matices en las discusiones de la comisión, algunos que hemos zanjado y otros que no–, es altamente probable que aquí se registren, quizá hasta con mayor intensidad, algunas diferencias en los temas que van a ir surgiendo. No obstante, me parece fundamental –porque creo en ello profundamente– destacar como aspecto positivo los logros que comienzan a surgir a partir de las instancias de diálogo. ¡Ojalá se den en el menor tiempo posible, porque es lo que todos queremos! ¡Ojalá se concreten en la mayor cantidad y medida posibles! ¡Ojalá interpreten de la mejor manera el parecer diverso que compone este Cuerpo!
A mi juicio, creo que es importante destacar el valor político de la instancia de diálogo, fundamentalmente –más allá de paternidades y de formas– cuando la convocatoria responde, como en este caso, a una realidad que rompe los ojos: la sociedad está pidiendo respuestas por parte del sistema político. Por supuesto que nuestras respuestas son distintas, porque somos partidos diferentes; por supuesto que son distintas, si en nuestros propios partidos –¡por suerte y en nombre de la libertad!– tenemos matices y posiciones diferentes. En el caso del Partido Nacional, esas diferencias hasta nos dan virtualidad y razón de existencia como partido. De todas formas, me parece importante destacar que considero un logro las instancias de diálogo para comenzar a dar respuestas.
El tercer punto que quisiera mencionar con respecto a lo que hoy nos convoca, tiene que ver con el interés de dejar sentada nuestra posición, es decir, el argumento por el cual no vamos a acompañar un literal del artículo 384. En realidad, esto lo vamos a expresar no votando el artículo 6.º; en esencia, se trata de no votar ese artículo o –como ha señalado el señor senador Mieres– no votar únicamente el literal a) del artículo 384, que refiere a la suspensión condicional del proceso. Aquí es, a nuestro juicio, donde se encuentra la diferencia que tenemos con lo que se ha consagrado en la norma que hoy estamos tratando.
Tal como expresáramos en la Comisión de Constitución y Legislación, el Partido Nacional no está en condiciones de votar el referido literal del artículo 384 de la forma en que quedó redactado. Hemos participado de las diferentes instancias a las que el Poder Ejecutivo ha convocado a efectos de proponer ideas para mejorar las condiciones de seguridad de la sociedad en su conjunto. Ese ha sido el objetivo. Las reformas al proceso penal fueron planteadas dentro de ese paquete de medidas y creemos firmemente que el país debe dar este paso para salir del viejo proceso inquisitivo –que, incluso, nos ha merecido múltiples observaciones internacionales, aunque este no sea el principal motivo– y pasar a un derecho procesal penal de tipo contencioso. También pensamos que es bueno armonizar con el derecho internacional y es por esta razón que vamos a votar favorablemente, en general, este proyecto de ley.
De todas formas, no acompañaremos con nuestro voto el concepto que encierra el literal a) del artículo 384, tal como se propone en el artículo 6.º del proyecto de ley que estamos analizando y vamos a someter a votación. Entendemos que no resulta conveniente que el ministerio público y la defensa puedan dejar en suspenso el proceso penal como consecuencia de un acuerdo de partes en aquellos delitos que el Código Penal persiga con penas mínimas de penitenciaría. Compartimos el criterio del Código Penal en su clásica división entre delitos con penas de prisión y de penitenciaría, como se dispone en el Título V, artículos 66 al 84. De la mencionada distinción dependen las condiciones de reclusión, el régimen de las libertades y las posibilidades de conmutar las penas de privación de libertad.
Estamos convencidos de que el límite entre la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo y el interés superior de conocer la verdad sobre los delitos a través de su procesamiento por la vía ordinaria se encuentra allí y no en lo que establece este proyecto de ley. En consecuencia, los delitos con penas previstas de un mínimo de dos años no pueden formar parte de un acuerdo entre fiscales y defensores; la sociedad debe estar informada y, por ende, se deben someter al proceso ordinario previsto, con todas las garantías y de forma transparente, todos los delitos de mayor gravedad, sobre todo aquellos que menoscaban la integridad y la dignidad de los seres humanos que vivimos en sociedad.
Estas eran las consideraciones que quería realizar.
SEÑOR LACALLE POU.- Me gustaría suscribir el informe del señor senador Heber y estribar en algo que mencionó el señor senador Paternain porque me parece que da en el clavo. No se trata solo de la productividad, de la cantidad de condenas o de sentencias, sino también de la calidad, porque cuando un individuo es sometido a la justicia queremos que ese proceso sea lo más perfecto, dentro de lo humanamente posible. Ese razonamiento me pareció muy bueno y entiendo que este es un paso hacia adelante, así que me surge una preocupación porque, como sucede con todo texto legal, recién cuando cobra vida y llega a la sociedad vemos qué tan eficaz es el instrumento. Además, la preparación para la aplicación de esta herramienta es tan importante como lo que estamos aprobando. Me refiero al conocimiento por parte de la ciudadanía, al conocimiento por parte de los operadores jurídicos, a los recursos para el Poder Judicial y también a la base de este poder.
Hace pocos días tomamos conocimiento de una acordada de la Suprema Corte de Justicia que suprime trece juzgados. De esto me enteré el viernes pasado, en Sarandí de Navarro –Río Negro–, leí la acordada y vi que las sedes de Pirarajá, Rincón, Vergara y ocho juzgados más se cerrarán. Si no tenemos los recursos pero pretendemos brindar mayor celeridad y concentrar los trámites, y al mismo tiempo contamos con menos puertas de ingreso a la Justicia, esto se complica, sobre todo en los pueblos más chicos, donde la tarea de los jueces comienza antes del ingreso al juzgado. ¡Está tan de moda hablar de la justicia restaurativa, del juez de paz como agente de cohesión social! Creemos que el entorno en el que impacta un instrumento jurídico como este es importantísimo.
Con respecto a los recursos, según tenemos entendido el Poder Ejecutivo habría acordado con el Poder Judicial, pero serían bastante inferiores a los solicitados, y nos enteramos de que hay juzgados que –diciéndolo en términos no jurídicos– van a cerrar.
Entendemos que estamos dando un paso hacia adelante, pero queremos señalar que tenemos estas preocupaciones y compartimos la alerta que ha planteado en sala el señor senador Paternain en el sentido de que la justicia no puede medirse en cifras o en número de actuaciones, sino en la calidad de cada uno de los procedimientos a los que estarán sujetos los uruguayos que sean sometidos a ese poder del Estado.
SEÑORA AYALA.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque todo el articulado del proyecto de ley, desglosando el artículo 6.º, que es en el que existirán diferencias en la votación.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora senadora Ayala a los efectos de que se suprima la lectura y se voten en bloque los artículos del 1.º al 7.º, desglosando el artículo 6.º.
En consideración los artículos 1.º a 7.º, desglosando el artículo 6.º.
SEÑOR MIERES.- Señor presidente: solicito que se desglose el literal a) del artículo 384.
SEÑOR HEBER.- Señor presidente: solicitamos que se desglose todo el Título II, «Suspensión condicional del proceso», que va de los artículos 383 al 392.
SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 6.º, excepto el Título II. Luego, ingresaremos al Título II, que consideraremos artículo por artículo.
Pasamos al Título II.
En consideración el artículo 383.
Pasamos al artículo 384.
En consideración los literales b) y c) del artículo 384.
SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor presidente: el acápite del artículo 384 también debemos votarlo.
SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el acápite del artículo 384, dentro del Título II.
La presidencia consulta al señor senador Heber si se puede votar en bloque del artículo 385 al 392.
SEÑOR HEBER.- Sí, señor presidente.
SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración los artículos 385 al 392, que están comprendidos en el Título II.
(Así se hace, a las 12:37, presidiendo el señor Raúl Sendic y estando presentes los señores senadores Aviaga, Ayala, Baráibar, Berterreche, Bianchi, Camy, Carámbula, Castaingdebat, Coutinho, De León, Eguiluz, García, Garín, Heber, Iglesias, López Villalba, Meléndez, Mieres, Otheguy, Passada, Payssé, Piñeyrúa, Pintado, Pintos, Preve, Saravia, Topolansky y Tourné).