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Timestamp: 2017-12-11 22:30:25
Document Index: 224635324

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 233', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 44', 'artículo 159', 'artículo 407', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 488', 'artículo 23', 'artículo 20', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 31']

El Peruano - Imponen la sanción de destitución de Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo - RESOLUCION - Nº 207-2017-PCNM - ORGANOS AUTONOMOS - CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Imponen la sanción de destitución de Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo
N° 207-2017-PCNM
P.D. N° 005-2017-CNM
El proceso disciplinario N° 005-2017-CNM, seguido contra el doctor Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón, por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, y el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público; y,
1. Que, por Resolución N° 038-2017-CNM el Consejo Nacional de la Magistratura abrió proceso disciplinario al doctor Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón, por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo;
2. Se imputa a Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón los siguientes cargos:
a) Haber descargado en el Sistema Informático, bajo el supuesto de la aplicación del Principio de Oportunidad, casos que se encontraban con plazos vencidos, con el propósito de ocultar la carga procesal que se le asignó ocasionando que dichos casos se encuentren atrasados y sin la sustanciación procesal que le correspondía;
b) Haber omitido expedir oportunamente la Disposición Fiscal para judicializar los casos en los que verdaderamente se aplicó el Principio de Oportunidad, cuyos acuerdos no fueron cumplidos por los investigados;
c) No haber informado ni realizado las acciones necesarias para atender los requerimientos efectuados por los Juzgados, en los procesos en trámite, originando la dilación excesiva e innecesaria de los mismos;
d) Haber omitido proveer gran cantidad de escritos y recursos de quejas de derechos, correspondiente a diferentes Carpetas Fiscales, motivando el retraso del trámite normal de las mismas;
e) No haber concurrido en forma reiterativa e injustificada a las audiencias programadas por el juzgado, en los casos que estaban bajo su responsabilidad;
f) No haber cumplido con notificar a los agraviados el pago que recibió por concepto de reparación civil a favor de ellos, conforme lo preceptuado en el artículo 95, incisos 1), literal b) del Código Procesal Penal; del mismo modo, omitió depositar en el Banco de la Nación, el dinero que recibió por el mencionado concepto a favor del Estado;
g) No haber notificado a los agraviados la Disposición Fiscal, mediante la cual resolvió la abstención del ejercicio de la acción penal, impidiendo que los agraviados ejerzan su derecho de defensa conforme correspondía;
h) No haber emitido el requerimiento que correspondía, ante los juzgados, en los casos que se encuentran en la etapa de Ejecución de Sentencia;
i) No haber cumplido con el horario de ingreso al centro de labores, ingresando tarde en forma reiterada y sin justificación alguna; asimismo, se ausentaba del Despacho Fiscal durante las horas de oficina, dejando de atender a los usuarios;
j) No haber realizado las acciones necesarias para garantizar el ingreso, registro y almacenaje de las especies incautadas, conforme lo prescrito en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de Cadena de Custodia de Elementos, Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados, aprobado mediante Resolución N° 729-2006-MP-FN;
Con dichas conductas el doctor Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón habría presuntamente incurrido en la infracción disciplinaria prevista en los literales a), c), d), k), l), m) y n) del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, vulnerando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público;
Descargo del investigado Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón:
3. De conformidad con el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo, mediante la Resolución N° 038-2017-CNM se otorgó al investigado Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón el plazo de diez días para que formule sus descargos, presentando los medios probatorios que considerara pertinentes, no obstante lo cual no cumplió los requerimientos, a pesar de haber sido debidamente notificado;
Análisis sobre la Excepción de Prescripción:
4. El fiscal investigado no presentó informe de descargo; sin embargo, mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2017 se apersonó al presente proceso y dedujo la excepción de prescripción de la acción alegando que los hechos que fueron materia de control y se le imputan ocurrieron en un tiempo mayor a los dos años de iniciado el procedimiento disciplinario;
5. Cabe señalar que el artículo 25°, primer párrafo, del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, establece que “La facultad del Consejo para iniciar investigaciones de oficio por faltas disciplinarias prescribe a los dos años de producido el hecho”; norma que debe interpretarse a la luz de los reiterados pronunciamientos emitidos por este Consejo1 que señalan que para efectos de analizar el instituto procesal de la prescripción, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 233° numeral 2) de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General- modificado por el Decreto Legislativo N° 1029, el cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los hechos constitutivos de infracción que le sean imputados a título de cargo por parte del órgano de control competente;
6. En consecuencia, el plazo de prescripción se interrumpió con la notificación al fiscal investigado de la resolución que dispuso el inicio del proceso disciplinario ante el órgano de control; por consiguiente, la prescripción deducida por el recurrente carece de fundamentos en todo contexto susceptibles de ser amparados y corresponde que sea desestimada; en consecuencia debe declararse infundada la excepción de prescripción deducida;
7. Los hechos materia de investigación se iniciaron a mérito de la Visita Ordinaria realizada por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de La Libertad a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo los días 11 y 15 de junio de 2013;
8. Con respecto al cargo a), de la revisión de los presentes actuados se encuentra probado que durante la referida Visita Ordinaria se encontraron 106 casos descargados con principio de oportunidad en etapa preliminar; correspondiendo a casos que fueron asignados al despacho del magistrado durante los años 2011 y 2012; es decir, casos antiguos que continuaban en dicho estado de manera innecesaria, sin trámite alguno pese a que los plazos ya se encontraban vencidos en exceso;
9. No obstante, resulta que en el reporte de plazos no aparecían con plazos vencidos, demostrando con ello que el investigado hizo eso con la intención de aparentar que se encontraba al día, pese a que un aproximado del 90% de los casos que se descargaron con principio de oportunidad estaban atrasados; es decir, se mantuvo la carga procesal materialmente distorsionada en relación con la información que brindaba el sistema informático, de manera que aparentemente figuraban con plazo procesal habilitado cuando lo cierto era que se encontraban con atraso procesal, incluso algunos se mantenían paralizados por más de un año;
10. Se debe tener presente que el hecho de haber efectuado descargos virtuales en el sistema informático, bajo el supuesto de aplicación del principio de oportunidad como mecanismo de apariencia para evitar que aparezcan con plazos vencidos constituye una evidente manipulación de la carga procesal;
11. El Tribunal Constitucional estableció en la sentencia recaída en el expediente N° 5228-2006-PHC/TC:
“La Constitución (artículo 159º) ha asignado al Ministerio Público una serie de funciones constitucionales, entre las cuales, destaca la facultad de ejercitar la acción penal ya sea de oficio o a pedido de parte, tal como dispone el artículo 159º inciso 5 de la Constitución. Si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente al Ministerio Público, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido, y por ende sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales.
En realidad, ésta es una exigencia que se deriva de la naturaleza misma de nuestro Estado constitucional y democrático, si se considera que dos elementos caracterizadores de este tipo de Estado son la supremacía jurídica de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. El primer elemento permite que la Constitución, en tanto norma jurídica y política suprema, establezca el marco jurídico dentro del cual se realiza el ejercicio de los poderes públicos y privados. Por su parte, la tutela de los derechos fundamentales, en tanto éstos comportan una eficacia vertical y horizontal, se erigen como auténticos límites al ejercicio del poder estatal, pero también de los particulares. En tal sentido, se puede señalar que el Estado constitucional se caracteriza, precisamente, por limitar y controlar el ejercicio arbitrario del poder del Estado y de los particulares.
Precisamente el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente. De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es así en la medida que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la concurrencia de dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal.
Precisamente, una de las garantías que se deriva del derecho fundamental al debido proceso aplicables a la etapa de investigación fiscal es el que ésta se realice dentro de un plazo razonable. Legislativamente no se ha previsto un plazo máximo para la investigación fiscal, por lo que le corresponde a este supremo intérprete de la Constitución, ponderar y concordar los deberes del Estado social y democrático de Derecho que están reconocidos en el artículo 44º de la Constitución –garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad– con el artículo 159º que erige al Ministerio Público como titular de la acción penal y representante de la sociedad en los procesos judiciales.
Los criterios que el Tribunal Constitucional considera necesarios para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del plazo de la investigación fiscal, evidentemente, no son criterios jurídicos rígidos aplicables de manera idéntica a todos los casos. Por el contrario, deberán ser aplicados atendiendo a las circunstancias presentes en la investigación fiscal. Al respecto, la jurisprudencia comparada, particularmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado que para determinar la existencia, en un caso concreto, de un plazo razonable se debe tener en consideración la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes y la actuación de los tribunales.
En cuanto a la actividad del fiscal, el primer criterio a considerar es la capacidad de dirección de la investigación y la diligencia con la que ejerce las facultades especiales que la Constitución le reconoce. En principio, se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público. No obstante, es una presunción iuris tantum, en la medida que ella puede ser desvirtuada. Ahora bien, para la determinación de si en una investigación prejurisdiccional hubo o no diligencia por parte del fiscal a cargo de la investigación deberá considerarse, de un lado, la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización de la denuncia respectiva.
En ese sentido, habrá inactividad fiscal aun cuando se lleven a cabo actos de investigación que no tengan relación directa o indirecta con el objeto de investigación. Más aún, la falta de diligencia fiscal no puede ser soslayada por aseveraciones o infundios acerca de la conducta del investigado o de terceros; por cuanto, de realizarse una conducta ilícita de personas vinculadas al proceso, sólo cabe realizar una denuncia a fin de no incurrir en el posible delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 407º del Código Penal”;
12. Las conductas imputadas al fiscal investigado inobservan lo preceptuado en la Constitución Política con respecto a las funciones del Ministerio Público concordante con lo que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo Nº 052, configurando las infracciones sujetas a responsabilidad disciplinaria reguladas en el artículo 23 literal n) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, además de los artículos 1, 3, 8 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
13. En lo concerniente al cargo b), se advierte del acta de visita fiscal que en más del 50% de expedientes en los que el investigado aplicó el Principio de Oportunidad los obligados no habían cumplido con los acuerdos, incluso algunos no cancelaron suma alguna; sin embargo, pese a ello, seguían sin trámite alguno (Carpetas Nros. 3491-2011, 1551-2012, 2109-2012, 2348-2012, 2350-2012, 2802-2012, 2934-2012, 3562-2012, 3863-2012, 31-2013, 370-2013, 374-2013, 1050-2013, 1445-2013, 1509-2013, 1565-2013 y 2166-2013);
14. Esta situación propició que se incumplieran las disposiciones fiscales correspondientes para judicializar los casos en los que se aplicó el Principio de Oportunidad (acusación, conclusión de investigación preparatoria, etc.), pese a que los acuerdos fueron incumplidos por los procesados, ocasionando retardo procesal injustificado, configurando las infracciones sujetas a responsabilidad disciplinaria reguladas en el artículo 23 literal n) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
15. Respecto al cargo c), se encuentra acreditado que omitió informar y realizar las acciones que le fueron requeridas por el órgano jurisdiccional, dilatando excesiva e innecesariamente el proceso, como lo sucedido en la Carpeta Fiscal N° 3206-2012, en donde el Juzgado de Investigación Preparatoria solicitó en dos oportunidades al fiscal investigado que precisara el nombre del representante de la sociedad agraviada; sin embargo, el fiscal investigado no cumplió con dar respuesta al juzgado;
16. La conducta del fiscal investigado se manifiesta en una acción voluntaria y directa, porque omitió responder al Poder Judicial un requerimiento formal, siendo entonces la conducta reprochada una que evidencia un incumplimiento de las normas referidas a la presentación de informes solicitados por otras autoridades, y un proceder renuente a acatar oportunamente disposiciones que en su condición de magistrado son de observancia obligatoria, configurando las infracciones sujetas a responsabilidad disciplinaria reguladas en el artículo 23 literales d), n) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
17. Sobre el cargo d), de acuerdo al Acta de Visita Fiscal se observó el trámite de dos Carpetas Fiscales:
• Carpeta Fiscal N° 2721-2012: en la que se observó que no se estaba dando el impulso procesal que el caso requería, existiendo escritos pendientes de resolver;
• Carpeta Fiscal N° 1580-2013: se verificó que el trámite se encontraba paralizado desde el 01 de julio y no se había proveído un escrito presentado en fecha 27 de mayo de 2013;
18. Al respecto, cabe indicar que la omisión en proveer escritos originó la dilación en el trámite de las Carpetas Fiscales, con lo cual se vulneró el deber de administrar justicia sin dilaciones indebidas; incurriendo en la comisión de la infracción establecida en el artículo 23 literal n) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
19. En lo referido al cargo e), de la revisión de los autos se advierte que se demostró que en diversos expedientes el fiscal investigado no asistió a las audiencias programadas por el juzgado o las audiencias, tal como puede observarse de las Carpetas Fiscales Nros. 1745-2012 y 2805-2011; además obra en autos que en otros casos fue citado, desconociéndose si asistió o no a la audiencia ya que no existe constancia alguna, pero estuvieron sin impulso procesal (Carpetas Nros. 581-2012 y 4180-2009);
20. La situación descrita obviamente dilató el trámite de los expedientes a su cargo. Se debe resaltar lo expuesto por la ODCI de La Libertad: “Se ha establecido múltiples y reiteradas situaciones, en las que el Fiscal programa diligencias, que debían ser realizadas en sede institucional, no llevándose a cabo las mismas, no existiendo en la carpeta la razón o justificación necesaria o exigible, afectándose tanto el desarrollo de las investigaciones, como a los propios usuarios, que generan desplazamientos y pérdida en sus actividades laborales o familiares”, lo que constituye la comisión de la conducta regulada en el artículo 23, literales d), m) del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, además de los artículos 1, 2, 4, 6, 8 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
21. En relación al cargos f) y g), se encuentra acreditado que el fiscal investigado recibió diferentes sumas de dinero en efectivo provenientes del pago de la reparación civil por diversos delitos; dinero que debía ser entregado a sus respectivos titulares; sin embargo, resulta que todo el dinero que iba recibiendo no lo depositó en el Banco de la Nación ni cumplió con notificar a los agraviados;
22. En efecto, se advierte que tal situación sucedió en un primer momento en la Carpeta Fiscal N° 1593-2013, propiciando a que la agraviada Vivian Vanity Horna Sánchez interpusiera una queja funcional ante la ODCI de La Libertad, y ante ello recién el fiscal investigado entregó el dinero;
23. Advertidos de la conducta irregular del fiscal investigado, la ODCI de La Libertad realizó otra visita al Despacho, advirtiendo que el doctor Ferrer Calderón incorporó a su dominio patrimonial diferentes sumas de dinero provenientes de las reparaciones civiles, actos reiterativos desarrollados muchas veces durante los años 2011, 2012 y 2013;
24. Resulta que dicha apoderamiento de dinero se suscitó en el trámite de 58 carpetas fiscales, por un monto ascendente a S/ 14,850.00 soles; lo cual finalmente fue aceptado por el investigado, quien en el informe de descargo presentado ante la ODCI adjuntó 43 depósitos judiciales por diversos montos que correspondían a 43 carpetas fiscales, que hacían un monto de S/ 11,200.00 soles, admitiendo que los incorporó a su patrimonio de manera ilícita;
25. Además se advierte que las apropiaciones de dinero ocurrieron principalmente en los casos por delito de conducción en estado de ebriedad, en los que la sociedad es la parte agraviada, y en los que nadie reclamaría ni se daría cuenta; siendo el caso que para ocultar su irregular actuación emitía la Disposición de Abstención de la Acción Penal bajo el supuesto de que el obligado había cumplido con cancelar lo convenido, archivando de manera definitiva el caso;
26. Sin embargo, en los casos en que los agraviados eran particulares y podrían reclamar, procedía de otra manera, actuando con total precaución a fin de no ser descubierto. Así tenemos que en la Carpeta Fiscal N° 3347-2011 se celebró audiencia de Principio de Oportunidad ante su Despacho y dos investigadas pagaron en ese mismo instante el monto en efectivo (S/ 250.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, quien no asistió a la audiencia), entregándole dinero al Fiscal, quien a su vez debería haberlo entregado a la agraviada; empero, resulta que el investigado Ferrer Calderón se apropió de dichas sumas, emitiendo la Disposición de Abstención de la Acción Penal, luego la declaró consentida, pese a que nunca había dispuesto la notificación a la agraviada, evitando así ser descubierto;
27. Ahora bien, se encuentra probado, además, que el fiscal investigado en un inició manifestó que no tenía en su poder suma alguna de efectivo ni en otro lugar, puesto que el dinero lo depositaba en el Banco de la Nación, alegando que iba a buscar los certificados de depósitos; no obstante, luego y al verse descubierto efectuó los depósitos de las sumas apropiadas en las Carpetas Fiscales Nros. 3592-2011 y 1324-2012;
28. Sobre el particular, es importante señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 2465-2004-AA/TC (11 de octubre de 2004), refiere que: “(…) el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad social debido a la importante labor que realiza como garante de la aplicación de las leyes y la Constitución (…) el demandante parte de un criterio errado cuando pretende equiparar a un juez con cualquier ciudadano, puesto que, como ya lo hemos señalado, algunas personas –como jueces y magistrados–, en razón de su cargo o posición, tienen específicos deberes y responsabilidades que importan el cumplimiento y la protección de bienes constitucionales, como la correcta administración de justicia, en función de lo cual pueden justificarse limitaciones a sus derechos”;
29. El Consejo Nacional de la Magistratura ha sostenido en el Proceso Disciplinario N° 002-2005-CNM (resolución del 19 de diciembre de 2006),: “(…) el accionar de todo Magistrado, debe encuadrarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley, ya que un actuar contrario a las mismas crearía inseguridad y desconfianza absoluta en el Poder Judicial (…) debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de (…) integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas (…)”;
30. De lo indicado en los considerandos precedentes se determina la verdad del cargo imputado en contra del investigado, concluyéndose que los hechos constituyen una muy grave conducta disfuncional por parte del magistrado, al no desarrollar un proceder que lo haga merecedor del reconocimiento de los justiciables, ya que resulta evidente que se apropió del dinero proveniente del pago de las reparaciones civiles, omitiendo notificar a los agraviados a fin de evitar ser descubierto, todo lo cual pone en evidencia un actuar manifiestamente irregular, contrario al respeto que todo Fiscal debe demostrar por la función que desempeña así como por la institución misma a la que pertenece, cuya delicada se ve seriamente empañada con este tipo de actos, que no hacen otra cosa que mellar la respetabilidad del Ministerio Público, así como su credibilidad ante la opinión pública;
31. En esa misma línea de ideas, se debe resaltar que un magistrado debe estar plenamente consciente que no sólo debe ser honesto sino parecerlo, esto es, dar una imagen de indiscutible imparcialidad, corrección2 y fortaleza en el ejercicio de sus funciones, y además ser consciente que con actitudes como la investigada se originan muy graves suspicacias e interpretaciones que finalmente desmerecen la imagen y respetabilidad de su cargo y con ello la del Ministerio Público, máxime si como consecuencia de la acción contralora se determinó que el fiscal investigado se había apropiado de un monto ascendente a S/ 14,850.00 soles;
32. Todo ello implica objetivamente la comisión de la infracción disciplinaria prevista en los literales a), c) y d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, además de los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
33. A mayor abundamiento, se debe tener presente que según el Oficio N° 081-2016-MP-FN-PJFS, que contiene la propuesta de destitución contra el fiscal investigado, resulta que se le denunció por la presunta comisión del delito de Peculado Doloso, en agravio del Estado Peruano, habiéndose dictado en su contra mandato de detención preventiva por el plazo de 10 días; esto por haberse apropiado del dinero proveniente del pago de las reparaciones civiles;
34. En lo concerniente al cargo h), de acuerdo al acta de visita fiscal se evidenció que existió incumplimiento de formular los respectivos requerimientos fiscales ante los juzgados, respecto a los procesos en etapa de ejecución de sentencia, en donde además era evidente que no se estaba cumpliendo con el pago de la reparación civil;
35. Esta situación además de originar la dilación en la ejecución de la sentencia ocasionó en algunos casos la prescripción de la penas sin que hubiera podido efectivizarse el pago, perjudicando a las víctimas y quedando el delito impune, con lo cual se vulneró el inciso 3 del artículo 488 del Código Procesal Penal y la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 279-2009-MP-FN del 09 de marzo de 2009; conductas con las cuales se incurrió en la infracción establecida en los literales d) y n) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, además de los artículos 2, 4, 7 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
36. En relación al cargo i), de la revisión de los autos se evidencia que el fiscal investigado tuvo una conducta reiterativa en llegar pasado el horario de ingreso a su centro laboral3 y sin la debida justificación, tal como se acredita con los reportes de control de puntualidad de los días 05, 07, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 24 de junio y el 03, 04, 05, 08, 09, 10 y 11 de julio de 2013 (folios 350-375 del expediente de la ODCI);
37. Además el día 25 de julio de 2013 el fiscal investigado ingresó a su Despacho a las 07:44 am; sin embargo, se retiró a las 07:58 am; es decir, permaneció en la oficina sólo durante 14 minutos;
38. Conforme se establece en el artículo 20, inciso k), de la Ley Orgánica del Ministerio Público los miembros de esta entidad pública no pueden: “Ausentarse del local donde ejerce el cargo durante el horario de despacho, salvo en el caso de realización de diligencias propias de su función fuera del mismo, vacaciones, licencia o autorización del superior correspondiente. Tampoco pueden ausentarse de la ciudad sede de su cargo sin la licencia respectiva, salvo que subsane dicha omisión dando cuenta inmediata y justificando tal acto. Si la causa alegada no es suficiente para justificarla, se aplica la correspondiente medida disciplinaria”; norma que fue vulnerada al haberse probado la comisión del cargo imputado, por lo que incurrió en la infracción establecida en los literales c) y d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, además de los artículos 1, 2, 4, 8 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
39. En torno al cargo j), se advierte que en la Carpeta Fiscal N° 1255-2013, que había sido archivada el 24 de abril de 2013, el fusil fal cat – 762 de serie 1534268 (longitud aproximada de un metro) no fue remitido a la entidad competente para su internamiento (DISCAMEC), pese a que ya habían transcurrido más de dos meses, con lo cual se puso en riesgo al personal de la Fiscalía así como se expuso dicho bien a una posible pérdida o a ser utilizado para otros fines;
40. La situación descrita evidencia que se vulneró lo dispuesto en los artículos 124, 135 y 146 del Reglamento de Cadena de Custodia de Elementos, Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados, aprobado mediante Resolución N° 729-2006-MP-FN, por lo que incurrió en la infracción establecida en el literal d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno, además de los artículos 2, 4 y 8 del Código de Ética del Ministerio Público, lo que se tendrá presente al momento de graduar la sanción;
41. En este contexto, a fin de determinar la graduación de la responsabilidad disciplinaria incurrida por el citado magistrado que conlleve a imponer la sanción de mayor gravedad, cual es la destitución, en el marco de las competencias que la Constitución Política ha otorgado al Consejo Nacional de la Magistratura, se debe tener en consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando criterios subjetivos que no estén respaldados en la valoración de pruebas indiciarias suficientes que manifiesten conductas concretas que denoten la comisión de hechos que puedan ser pasibles de sanción;
42. Bajo este marco conceptual, habiendo compulsado las pruebas de cargo actuadas obrantes en el expediente sujeto a análisis, se ha llegado a comprobar que el magistrado investigado incurrió en la comisión de la infracciones disciplinarias previstas en los literales a), c), d), k), l), m) y n) del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, vulnerando los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del Código de Ética del Ministerio Público;
43. El artículo 31 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura establece que procede aplicar la sanción de destitución por la comisión de un hecho grave, que sin ser delito o infracción constitucional, compromete la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto público. El desmerecimiento en el concepto público hace referencia a la imagen pública que el magistrado proyecta hacia la sociedad, en vez de revalorar la percepción del cargo, lo desmerece y afecta gravemente la imagen del Poder Judicial o Ministerio Público;
44. A este respecto, las conductas atribuidas al doctor Ferrer Calderón afectan gravemente la imagen del fiscal en el concepto público, puesto que si un magistrado incurre en las infracciones ya analizadas, obviamente afecta al Ministerio Público que debe contar con magistrados probos y honrados para lograr la confianza de la sociedad y en la función que efectúan;
45. Tal medida resulta ser acorde a las faltas cometidas, resultando necesaria a fin de preservar los derechos de los ciudadanos que esperan contar con magistrados transparentes y con conducta ejemplar. De manera que no existiendo circunstancia que justifique la irregular actuación del doctor Ferrer Calderón en las faltas muy graves acreditadas con arreglo a los cargos imputados, resulta razonable y proporcional la aplicación de la medida disciplinaria de mayor gravedad bajo tales supuestos;
Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, en uso de las facultades previstas por los artículos 154° inciso 3) de la Constitución Política, 31 numeral 2) de la Ley N° 26397, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y 10° concordante con el 89° de la Resolución N° 248-2016-CNM, Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura, y estando al Acuerdo N° 736-2017, adoptado por unanimidad de los señores Consejeros presentes en la Sesión Plenaria N° 2944 del 03 de mayo de 2017, sin la participación del señor Consejero Baltazar Morales Parraguez;
Artículo Primero: Declarar infundada la excepción de prescripción deducida por el fiscal Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón.
Artículo Segundo: Dar por concluido el presente procedimiento disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, en consecuencia, imponer la sanción de destitución al doctor Diego Alonso de Jesús Ferrer Calderón, por su actuación como Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
Artículo Tercero: Disponer la inscripción de la medida en el registro personal del fiscal destituido, debiéndose asimismo cursar oficio al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República y al señor Fiscal de la Nación, y publicarse la presente resolución, una vez que quede consentida o ejecutoriada.
Artículo Cuarto: Disponer la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, una vez que la misma quede consentida o ejecutoriada.
1592571-1