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Timestamp: 2016-09-25 12:19:00
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INSTITUCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO EL DERECHO ADMINISTRATIVO MARCO CONCEPTUAL PARA LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL FUNCION PUBLICA ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DELITOS DOLOSOS, CULPOSOS Y POR OMISION DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
DESACATO DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PUBLICOS CONCUSION PECULADO CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PREVARICATO AGRADECIMIENTO
I EL DERECHO ADMINISTRATIVO 1.1 Derecho Administrativo General: Dedicado al estudio de los principios en que él se inspira. Es un derecho en formación que contiene instituciones relativamente nuevas y principios que todavía están en proceso de decantación.
1.2 Derecho Administrativo Especial: Son objeto de su consideración los procedimientos contencioso-administrativos y la competencia de sus tribunales. La armonización del derecho administrativo con los postulados básicos del Estado de Derecho, dependerá fundamentalmente del equilibrio entre la eficacia que se reclama de la acción del Estado y la misión que se le exige a la Ley para que los derechos de los ciudadanos no resulten desprotegidos frente a la arbitrariedad
II ORÍGENES 2.1 El Derecho Administrativo tiene un claro origen francés, concebido como un derecho separado y distinto del que rige la conducta de los particulares. 2.2 Mediante Ley de 24 de Mayo de 1872 la justicia administrativa es delegada al Consejo de Estado. La función de asesoramiento y la de proyectar sentencias contenciosoadministrativas es ampliada, otorgándosele una parte de jurisdicción.
2.3 Así, con la instauración de la justicia delegada autónoma, nace el Derecho Administrativo, aún cuando su fe de bautismo provenga del Tribunal de conflictos francés, que reconoció su autonomía al decidir que no es posible reglar por idénticas normas la conducta del Estado y los particulares.
III AUTONOMÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 3.1 Parte del supuesto de que no es técnico regular situaciones diferentes por normas iguales. 3.2 El Estado tiene una preeminencia sobre los particulares, nacida de la superioridad de los intereses que encarna. Tiene además la ventaja del poder coercitivo y la obligación de tutelar en su acción los derechos individuales. 3.3 Por las consideraciones expuestas en el numeral precedente, resulta evidente que la conducta del Estado requiere principios jurídicos propios, distintos de los del derecho común.
IV CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.1 Etimológicamente, la palabra administrar proviene de las voces latinas <ad> que significa <a> y <ministrare> que quiere decir <servir>. Según otros proviene de la contracción de <ad manus trahere> que da la idea de manejo o gestión. 4.2 En sentido más estricto, la palabra Administración designa el conjunto de órganos por los cuales se conducen y ejecutan las tareas públicas.
V DIFERENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 5.1 En los actos de administración privada, aún cuando de ellos se derive un beneficio a la colectividad, media fundamentalmente un interés de lucro, utilidad o beneficio para quien lo realiza. 5.2 En los actos de la Administración Pública, no existe interés de lucro, sino exclusivamente de servicio.
5.3 Las principales diferencias son: a) En la Administración Privada los actos se realizan por sujetos privados, individuales o en sociedades. b) En la Administración Pública, los actos se realizan por funcionarios o agentes de la Administración Pública. c) En la Administración Privada se persigue la obtención de lucro. d) En la Administración Pública se persigue el servicio a la colectividad.
5.4 En el Estado liberal de derecho, la Administración Pública está sometida a la ley. En el Estado absoluto campea la arbitrariedad; el Estado liberal de derecho perfila su actividad administrativa en el cauce de la ley. La sujeción de la administración a los postulados del Estado de Derecho supone no solamente normas claras de fácil interpretación y satisfacción, sino también la posibilidad de control judicial sobre toda actividad administrativa. Existe relación entre la Administración Pública y el Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo regula y estructura. La Administración Pública ejecuta y exige cumplir las normas del Derecho Administrativo.
I.UBICACIÓN 1.1 Doctrinariamente se puede decir que existe consenso en clasificar al Derecho Administrativo como una rama del Derecho Público. Al respecto es interesante recordar la famosa definición de Ulpiano Derecho Público es el que atañe al gobierno de la República, Derecho Privado el que vela por los intereses particulares, pues hay cosas de utilidad pública y otras de interés privado.
1.2 Se puede definir el Derecho Público como el sector del ordenamiento que regula el ejercicio del poder del Estado, orientado a la obtención de intereses comunes. El Derecho Privado está constituido por aquellas normas que regulan las relaciones entre individuos privados, en defensa de sus intereses particulares.
1.3 Las normas de Derecho Público son las que regulan la actividad de los poderes del Estado y las relaciones de estos poderes entre sí y con los ciudadanos. Esta vinculación del Derecho Público al interés común explica algunas de sus características; por un lado se trata de normas en las que su contenido es siempre obligatorio, esto es, los afectados no pueden elegir entre aplicarlas o no.
Por el contrario, las normas de Derecho Privado son en muchas ocasiones de libre elección, esto es, los afectados pueden elegir entre regular sus relaciones por ellas, o bien establecer sus propias normas de conducta. 1.4 Frente al imperio de la norma, propio del Derecho Público, prevalece, como regla, en el Derecho Privado la autonomía de la voluntad.
II CONCEPTO 2.1 Se entiende por Derecho Administrativo, el conjunto de principios y normas de Derecho Público Interno, que regulan la organización, la actividad de la administración pública y su control. Para García Herreros, el Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan el acto administrativo y la organización y el funcionamiento de la administración pública. De otro lado, Patrón Faura y Patrón Bedoya sostienen que el Derecho Administrativo es la rama del Derecho Público Interno que trata de la administración y manejo de los servicios públicos sobre la base de determinadas normas legales.
2.2 El Derecho Administrativo comprende el estudio de la actividad administrativa, porque si bien la administración es, en primer término, una organización, es también una actividad que desarrollan los distintos órganos que la integran. Por eso el contenido de este derecho se refiere a la organización y funcionamiento de la administración pública.
2.3 El Derecho Administrativo no se limita a estudiar las relaciones entre la administración y los particulares, sino que también tiene por objeto el estudio de las relaciones entre los entes públicos, que se llaman inter-administrativas y las que ocurren entre órganos de la administración, es decir, las relaciones inter-orgánicas.
2.4 También está dentro de la noción de Derecho Administrativo, el control de la administración. Este control puede ser administrativo o judicial. Es evidente que el control administrativo entra en el estudio del Derecho Administrativo. III CARACTERÍSTICAS 3.1 Las principales características del Derecho Administrativo son: a) Tiene carácter Público, porque es una relación permanente y recíproca del Estado con la colectividad a la que debe servir; pero de la que a su vez exige respeto, acatamiento y comprensión.
b) Es fundamentalmente dinámico. Esta en constante acción normativa y operativa. Debe tender siempre a evolucionar y perfeccionarse en armonía y con la coherencia y oportunidad que exigen los conceptos y necesidades del momento. c) Tiene un contenido esencialmente humanista.
IV DIVERSOS ESTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.1 Según el área donde desarrolla sus actividades, la Administración Pública se clasifica en: a)Gobierno Central, que abarca todas las dependencias ministeriales, las instituciones públicas y las empresas estatales. b)Gobierno Regional, que cubre el área de las Regiones y las circunscripciones departamentales. c) Gobierno Local, que comprende a todas las Municipalidades del país.
V FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 5.1 Las principales fuentes del Derecho Administrativo son: a) La Constitución Conocida también con el nombre de Carta Magna o Ley Fundamental, es la de mayor valor para cualquier rama del derecho. En el caso del Derecho Administrativo, las normas constitucionales tienen una presencia más acentuada y taxativa, por cuanto, las dos disciplinas marchan por senderos comunes en buena parte de sus temas.
b) Las disposiciones legales emitidas por el Congreso (Códigos y Leyes). c) Los Decretos Se trata de normas de carácter general; excepcionalmente pueden versar sobre asuntos de índole individual (nombramientos, destituciones, etc.). d) La doctrina La riqueza doctrinaria es importante no sólo como fuente del Derecho Administrativo, sino también para que dichas enseñanzas doctrinarias sean incorporadas en preceptos legales o en decisiones que crean jurisprudencia.
e) La jurisprudencia Es una importante fuente del Derecho Administrativo, ya que sirve de elemento orientador para resolver determinadas situaciones. En nuestro ordenamiento jurídico se da el caso de que en ciertas situaciones, y bajo ciertas condiciones, se puede dar a la jurisprudencia la característica de ser de cumplimiento obligatorio.
VI EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 6.1 El Estado de Derecho se caracteriza no solamente por su elemento sustantivo, o sea, el reconocimiento y tutela de los derechos públicos subjetivos, sino también por el sometimiento de la administración al ordenamiento jurídico. Este elemento formal es lo que se denomina principio de legalidad.
6.2 El principio de legalidad tiene un significado positivo y otro negativo: a) Significado negativo: - Los reglamentos no pueden exceder ni contradecir a una ley formal. - Los actos individuales no pueden contradecir las leyes formales ni los reglamentos. - En su actuación la administración no debe exceder las normas que regulan la competencia. - Toda actividad de la administración debe desarrollarse sin violar los principios generales del derecho.
b) Significado positivo: - Respeto de la administración por la reserva de ley. La administración no debe intervenir en cuestiones referentes a la libertad, la propiedad, la creación de impuestos, etc. - La actividad administrativa debe respetar los principios de justicia. - El legislador puede habilitar a la administración para que dicte reglamentos delegados o determinados actos concretos.
VII NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 7.1 Las causales de nulidad de los actos administrativos están expresamente consignadas en el artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 02-94-JUS, y son las siguientes: a)Los dictados por órgano incompetente. b) Los que son contrarios a la Constitución o a las leyes. c) Los que contengan un imposible jurídico. d) Los dictados prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, y de la forma prescrita por la ley.
VIII EL FUNCIONARIO PÚBLICO
8.1 Funcionario Público es quien actúa por delegación del Estado en las relaciones externas de la administración con los administrados, expresando ante éstos la voluntad de aquél. Empleado Público es el que prestando servicios en la administración, no actúa con dicha delegación y lo hace exclusivamente en las relaciones internas de la misma administración.
8.2 Conforme lo establece el artículo 4°del Decreto Supremo N°005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, Considérase Funcionario al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía.
8.3 De la definición propuesta por el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, se desprende que sólo tienen la condición de Funcionarios los que llegan a un cargo público por elección o por designación directa de uno de los Poderes del Estado, y también los que son designados para desempeñar un cargo de confianza; a los primeros se les conoce como funcionarios políticos y a los segundos como funcionarios de confianza. A esto habría que añadir que Funcionario Público es el individuo que ejerce función pública, esto es mando al interior del órgano a su cargo.
IX FACULTADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 9.1 Los encargados de la administración pública tienen potestades que se clasifican en: a) Imperativas, en virtud de las cuales la administración está dotada de elementos coactivos para hacer cumplir sus funciones. b) Reglamentarias, a fin de que las normas legales puedan ser complementadas y dispongan de una concreción más actuante.
c) Ejecutivas, para que sus decisiones legales y reglamentarias tengan el necesario poder coercitivo con miras a la fiel y cumplida protección de los derechos individuales y sociales. d) Sancionadoras, sin la fuerza de las cuales es imposible en nuestras sociedades obtener el respeto por las decisiones de quienes dirigen el Estado. e) Jurisdiccional, como medios para lograr la solución de las cuestiones que afectan los derechos particulares frente a la propia administración.
X DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
10.1 La doctrina ha tratado de establecer cuáles son los deberes de los Funcionarios Públicos. Sobre el particular se acepta una clasificación que distingue los deberes generales de los deberes especiales. 10.2 Los deberes generales son los que corresponden al Funcionario como tal, sin tomar en cuenta los que específicamente le corresponden por el desempeño de un cargo.
10.3 En cambio los deberes especiales o particulares son aquellos que está en la obligación de cumplir por razón del cargo que se le ha encomendado. 10.4 El principal deber de todo Funcionario es el de lealtad a la ley. De cualquier modo debe ser considerado como preeminente y en caso de que pudiera hallarse en oposición con los demás deberes, debe prevalecer. Por este deber se impone al Funcionario una obligación moral y jurídica de fidelidad a la Constitución y a las leyes que integran el ordenamiento jurídico.
XI SERVIDOR PÚBLICO 11.1 El citado Decreto Supremo N° 005-90-PCM señala lo siguiente: Para los efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente con las formalidades de la Ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares. Hace carrera el servidor nombrado y, por tanto, tiene derecho a estabilidad laboral indeterminada de acuerdo a Ley. Asimismo, el Decreto Legislativo N° 276 dice: Los servidores públicos son responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario por las faltas que cometan.?
XII SERVICIO PÚBLICO 12.1 Para resolver los problemas de responsabilidad del Estado que pudieran derivarse de la prestación de un servicio, deben aplicarse normas de carácter administrativo por cuanto la responsabilidad estatal en la atención de los servicios públicos no se rige por las disposiciones del Código Civil. 12.2 Hauriou define el concepto de servicio público como Un servicio técnico prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización pública. Bielsa por su parte conceptúa al servicio público como Toda acción o prestación realizada por la administración pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades colectivas, asegurada en acción o prestación por el poder de justicia.
XIII ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 13.1 Son elementos constitutivos del servicio público: a) Una actividad, acción o prestación. b) Una necesidad de carácter colectivo. c) Un sistema jurídico normativo. d) Un organismo estatal encargado de actuar como función permanente.
XIV CARACTERÍSTICAS 14.1 El servicio público reúne las siguientes características: a) Es prestado por el Estado o por una entidad oficial de la administración pública, directa o indirectamente. b) Es permanente, no debe faltar jamás. c) Los usuarios deben tener el mismo tratamiento, evitando grupos privilegiados. d) Responde a un interés colectivo y no individual e) No debe ser costoso.
XV CONCEPTO DE EMPLEADO PÚBLICO 15.1 Los empleados públicos son las personas que cumplen su labor pública, consistente fundamentalmente en actos materiales y con subordinación: secretarias, oficinistas, auxiliares, etc. El artículo 68° de la Ley N° 11377 dice: Es deber de todo empleado público desempeñar la función que se le encomienda sujetándose a las normas administrativas que rijan en su repartición La misma Ley en su artículo 69 dice: El empleado que actuase con demora o premura intencionada en la tramitación de documentos, expedientes, reclamos, informes o cualquier otra labor que compete a su cargo, cometerá falta grave.
MARCO CONCEPTUAL PARA LA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
I. CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD, CARÁCTER MULTÍVOCO DEL TÉRMINO La responsabilidad tiene variadas acepciones y se le puede utilizar en cuatro sentidos: 1. Capacidad o competencia para hacer algo Se refiere a la competencia para el desempeño de una tarea o labor, según las atribuciones propias del cargo. Así por ejemplo, el Presidente de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene competencia y la responsabilidad de citar al resto de los miembros para las reuniones extraordinarias.
2. Causa de Es decir el origen de un efecto, consecuencia o resultado. Por ejemplo cuando se dice: ?Su negligencia fue la que ocasionó el daño.? 3. Estado mental Se refiere al hecho de ser susceptible de responder y ser imputado Ejemplo: Todos los ciudadanos mayores de 18 años son responsables ante la ley penal. 4. Reproche Deóntico Es la conducta ligada a un aspecto moral, al rechazo que origina un hecho reprochable. Es la conducta valorada como negativa según la estimación ética o jurídica.
II. DEFINICIÓN Consecuencia de las acciones u omisiones imputables a los funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cuando infraccionan algún precepto, regla, norma o dispositivo que guía su gestión. Elementos de la Definición 1. Es accesoria, derivada de otra acción u omisión. 2. La persecusión de un acto por comisión es diferente a la de un acto por omisión. 3. Imputar, concepto que supone establecer una adecuación entre el hecho humano y el efecto ocasionado por éste; esa vinculación es la imputación.
4. Comisión por Agentes Públicos; caen en este ámbito aquellas personas que desempeñan su labor en: - Las Empresas Públicas, Gobierno Central y Municipalidades. - Quienes ejercen función que afecta el patrimonio del Estado y las decisiones públicas. 5. En ejercicio de sus funciones. 6. El comportamiento debe infringir algún precepto legal.
III. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD Hablar de responsabilidad, supone a su vez referirnos a los conceptos de moralidad, representatividad o autoridad, entre otros, que se constituyen como los fundamentos principales del hecho de responder por el ejercicio de una función pública. Entiéndase por MORALIDAD, el hecho de que el comportamiento del funcionario o servidor público, al que en adelante denominaremos como EL AGENTE, sea esencialmente ético, sin considerar el imperativo de hacer, actuar o ejercer una función.
Por REPRESENTATIVIDAD, debe entenderse el hecho de que los funcionarios representan las expectativas de los demás ciudadanos, debiendo asumir la obligación consciente de responder a las expectativas del ente administrador por un lado y al de los usuarios de la función administrativa, por el otro. La idea de autoridad está caracterizada por el elemento de ascendencia que debe tener el agente superior frente a los subordinados. Quien ejerce autoridad, debe tener el poder para establecer Directivas y disposiciones para el mejor cumplimiento de sus fines; lo cual conlleva a contar con el instrumento de gobierno que induzca el cumplimiento de las orientaciones impartidas; ese cumplimiento no es otra cosa que la responsabilidad.
IV. EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD La responsabilidad presupone una relación bilateral: Actor Evaluador La realizan todos aquellos que tienen facultad de supervisión o para medir el desempeño de otros agentes. ¿Quiénes evalúan la responsabilidad? La responsabilidad se evalúa a través de la cadena de supervisión, la misma que puede comenzar desde el Jefe inmediato y puede culminar al interior de la entidad con la intervención de la Oficina de Auditoría Interna.
a) Supervisión inmediata: Se refiere a que el acto puede ser evaluado por los Jefes inmediatos, como responsables del control interno previo y concurrente de la gestión de su nivel. Es más oportuno, ya que permite su adecuación y corrección rápida. b) Órgano de Auditoría Interna En ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Control, las Oficinas de Auditoría Interna realizan el control posterior sobre los actos ejecutados por los funcionarios y servidores públicos dentro de sus respectivas entidades. c) Control Externo Es ejercido por la Contraloría General de la República, el Congreso y Órganos Reguladores, de acuerdo con las facultades que les otorga la Constitución, las leyes y otros dispositivos legales
d) Control Social Es ejercido por el periodismo, la opinión pública y otras instituciones representativas gremiales. No es formalizado y tiende a activar los demás niveles de control, a través de actividades de presión. Es importante tener presente que tanto el Evaluador como el Evaluado tienen una expectativa particular de dicho examen.
EVALUADOR - Que se conozca la verdad y la responsabilidad - Equidad - Que exista Rectitud e Imparcialidad - Visión Global - Que se cumplan las leyes y normas EVALUADO Que exista: - Objetividad
- Buen criterio - Que se tenga en cuenta las circunstancias generales de la decisión.
- Que exista colaboración
En la determinación de responsabilidades no sólo hay que analizar el incumplimiento de la norma, sino que también hay que tener en cuenta que los hechos ocurren como parte del proceso de la toma de decisiones, el cual involucra a varias personas. Se deberá tener presente las circunstancias y comprender el entorno, situaciones estructurales, coyunturales, etc.
V. ROL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL El artículo 16° del Decreto Ley N° 26162, Ley del Sistema Nacional de Control, determina las siguientes atribuciones: a) Efectuar por conducto de sus órganos, la verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos públicos dentro de los objetivos y planes de las entidades a que se refiere el artículo 9? de la referida Ley, y supervisar la ejecución de los presupuestos del Sector Público, así como de las operaciones de la Deuda Pública.
b) Formulará recomendaciones para mejorar la
capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos de gestión y de control interno.
c) Establecer los procedimientos para que todo titular de una entidad sujeta a la citada Ley rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión.
d) Propugnar la capacitación permanente de los servidores y funcionarios públicos.
e) Exigir a los servidores y funcionarios públicos la plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, determinando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, civil o penal, recomendando la adopción de las acciones preventivas necesarias, de validación, correctivas o sancionadoras o ejecutándoles en el caso de incumplimiento.
f) Considerar que los Informes o Dictámenes, resultado de una acción de control, emitidos por cualquier órgano del Sistema constituyen prueba pre-constituida para la iniciación de las acciones administrativas y/o legales a que hubiere lugar. El acápite c) es de particular importancia con respecto a las responsabilidades de los servidores y funcionarios públicos.
Respecto a este inciso se ha discutido mucho acerca del alcance de la palabra determinar, lo cierto es que debe entenderse en el sentido de señalar o indicar el tipo de responsabilidad, y no se está refiriendo a la determinación propia que hace el Juez con la opinión del Ministerio Público, y que importa una responsabilidad de efectos jurídicos. En efecto, son los jueces los que propiamente determinarán la responsabilidad civil o penal de los inculpados, lo que no compete a la Administración Pública ni a las Oficinas de Auditoría Interna, las cuales únicamente se deben pronunciar indicando o señalando el tipo de responsabilidad en que se pudiera haber incurrido.
VI ENTIDADES SUJETAS AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL De acuerdo con el artículo 3? del Decreto Ley N? 26162, las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control son: a) El Gobierno Central, el Gobierno Regional y el Gobierno Local. b) Las unidades administrativas del Poder Legislativo y del Poder Judicial. c) Los organismos autónomos creados por la Constitución Política tales como el Banco Central, Superintendencia de Banca y Seguros, las Universidades y el Ministerio Público y las instituciones y personas de Derecho Público.
d)Las empresas integrantes de la actividad empresarial del Estado, con excepción de las empresas de economía mixta y accionariado del Estado. Hay que destacar que en las Empresas de Economía Mixta el Estado participa en el accionariado y Dirección. En el accionariado del Estado, éste participa con carácter minoritario.
e) Las entidades privadas por los recursos públicos que perciban.
Servidor o funcionario público La Primera Disposición Final del Decreto Ley N? 26162 dice: Servidor o funcionario público es todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con alguna de las entidades comprendidas en el artículo 3? de la presente Ley, y que en virtud de ello ejerce funciones en las entidades comprendidas en el citado artículo.
VII CLASIFICACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES
El concepto de responsabilidad es uno solo conforme está expuesto, razón esta por la cual su clasificación obedece solamente a fines didácticos; así tenemos: 1. Clasificación por su exigibilidad Interna Cuando se refiere a las obligaciones del cargo o función respecto de la propia administración interna. Externa Cuando se refiere a las obligaciones del cargo o función respecto de los usuarios del servicio o la sociedad en general.
2. Clasificación por la Actividad Generador Por Omisión Se configura cuando el agente incurre en responsabilidad, cuando conscientemente deja de cumplir una obligación. En síntesis, la omisión revela una actitud apática y se puede considerar que es un NO HACER y por tanto califica como conducta reprochable. En conclusión, la omisión supone la existencia de un deber hacer que sea posible y exigible, y que a su vez el no hacerlo resulta ser deliberado o imputable.
3. Clasificación por el incumplimiento
Directa Cuando la responsabilidad se genera por el propio agente. Subsidiaria Cuando un tercero responde por el agente responsable y por él mismo. Ejemplo: Cuando por negligencia se dejan prescribir responsabilidades de otros funcionarios
4. Clasificación por la Materia. Administrativa Cuando se trata de un servidor o funcionario público Ejecutiva Cuando la responsabilidad corresponde a un funcionario ejecutivo Política Cuando se trata esencialmente del Ejecutivo Civil Resarcimiento económico al Estado, cualquiera sea el agente. Penal Incumplimiento de normas contenidas en el Código Penal.
5. Por sus consecuencias a) Responsabilidad simple: Implica la aplicación de sólo una sanción b) Responsabilidad compuesta: Implica la aplicación de más de una sanción
En el siguiente cuadro se observa los tipos de faltas que constituyen las diferentes responsabilidades, y cómo se efectúa el procesamiento de las faltas y la forma de sanción.
TIPO DE FALTA - PROCESAMIENTO- TIPO DE SANCIÓN- BASE LEGAL RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Faltas administrativas Inobservancia de Normas Int. o Ext. Principios Sistemas Administrativos RESPONSABILIDAD CIVIL Principio económico contra el Patri- monio Público (real, tangible) RESPONSABILIDAD PENAL Previsto en el Código Penal Es una responsabilidad mayor, es una sanción social RESPONSABILIDAD POLÍTICA Responsabilidad especial establecida en función a la PERSONA por las de- cisiones que emite: Presidente, Minis- tro, Titulares de Organismos Autóno- mos
AL INTERIOR DE LA ENTIDAD 1) INTERIOR Tesorería procede a des- cuentos individualizados 2) Cuando no es determi- nable va al PODER JUDICIAL La falta la determina el Congreso; analiza juzga y sanciona. No hay catálogo de faltas Amonestación,suspensión, cese. Afecta la relación laboral Descontar del Patrimonio del infractor Privación de libertad (Además inhabilitación) Censura/Inhabilitación RÉG. PÚBLICO D. Leg. N° 276 RÉG. PRIVADO D. Leg. N° 728 D. Ley N° 26162 D. Leg. N° 276 (En forma general) Código Penal Constitución Política del Perú
Está definida en la Primera Disposición Final de la Ley del Sistema Nacional de Control, Decreto Ley N° 26162, la cual establece además los parámetros para calificar la gestión deficiente o negligente. La citada disposición indica: Responsabilidad Administrativa es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollan una gestión deficiente o negligente. La calificación de gestión deficiente o negligente se adopta teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Que no se hayan logrado resultados razonables en términos de eficiencia, eficacia o economía, teniendo en cuenta los planes y programas aprobados y su vinculación con las políticas del secor al que pertenecen. b) Que no realicen una gestión transparente y no hayan vigilado que los sistemas operativos administrativos y de control estén funcionando adecuadamente. c) Que no respeten la independencia de la auditoría interna. d) Que no agoten todas las acciones posibles para preservar los bienes y recursos de la entidad a que pertenecen.
5.2 Responsabilidad Civil En la Responsabilidad Civil se distinguen dos (02) elementos: - Elemento Objetivo Se refiere a la conducta reprochable que debe ser identificada en forma cierta, efectiva e individualizada. Además, el daño o perjuicio económico debe ser susceptible de ser cuantificado. - Elemento Subjetivo Se refiere al hecho de determinar: a) El servidor que debe ser imputable b) La existencia de una relación directa entre causa y efecto
5.3 Responsabilidad Penal Corresponde a las conductas reprochables que la sociedad quiere sancionar con la privación de la libertad. Son delitos cuya calificación es rigurosa y están determinados en el Código Penal. Otras conductas no contempladas en este Código no son delito ni están sujetas a las sanciones que dicho Código ha establecido. En todo caso podrán acarrear responsabilidad civil o administrativa, pero no penal.
Los delitos se clasifican en tres tipos:
a) Delitos inherentes a la función Son delitos que se cometen en el ejercicio de la función pública, es decir, que la conducta reprochable la comete el funcionario o servidor público. Estos delitos no se aplican a personas del Sector Privado. Ejemplo de estos delitos son: la malversación y el abuso de autoridad.
b) Delitos de base común Son delitos que se cometen y sancionan tanto en el Sector Público como en elPrivado. Por ejemplo, el delito de peculado.
c) Delitos agravados por la Función Pública Son aquellos delitos que por el hecho de ser cometidos por funcionarios o servidores públicos conllevan mayor gravedad y por consiguiente mayor sanción.
5.4 Autonomía de la Responsabilidad La autonomía de la responsabilidad se refiere a que cada tipo de responsabilidad es independiente. Por ejemplo, la acumulación de cierto número de responsabilidades administrativas no dan como resultado una responsabilidad civil o penal. También significa que una conducta reprochable puede ocasionar cualquiera de los tres tipos de responsabilidades, todos o algunos de ellos.
Hay que tener presente lo siguiente: a) Un mismo hecho puede ocasionar más de una responsabilidad. Por ejemplo, el choque de un vehículo implica responsabilidad penal (peculado de uso), civil y administrativa.
b) Un hecho puede ser origen de más de un sujeto responsable. c)Un sujeto puede ser responsable de más de un hecho reprochable.
VIII. FASES PARA EL ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES El análisis que conlleva a la determinación de sigue por las siguientes fases: Un Pre-supuesto
Referido concretamente a que antes de pretender caracterizar una responsabilidad, debe identificarse un deber o una obligación expresa por la cual el agente debe responder, en el entendido que hay una persona de por medio al que conocemos como el sujeto o el agente de la responsabilidad.
- La Comisión de la Falta Se refiere a la acción u omisión reprochable cometida por el sujeto y que afecta la obligación del presupuesto. - La Evaluación
Como una acción orientada a determinar la graduación de la responsabilidad siguiendo determinados criterios, y los atenuantes, agravantes y circunstancias de la toma de decisiones.
- La Sindicación Entendida como la determinación de la responsabilidad incurrida y del presunto sujeto responsable. - El Proceso En este caso, cuando se realizan las investigaciones, se sigue una secuencia que va desde la obtención de las pruebas, la formulación de los cargos, la presentación de los descargos por el presunto agente de la responsabilidad, en uso de su derecho a la defensa, conforme a Ley. - La Sanción Viene a ser la aplicación del castigo al sujeto responsable, en aplicación de las normas administrativas, civiles o penales, según sea el tipo de responsabilidad.
IX. TENDENCIAS EN EL ANÁLISIS DE LAS RESPONSABILIDADES El Funcionario público está inmerso en un sistema de responsabilidades. Existe un interés FISCALISTA, así como existe el INTERÉS POR LA FLEXIBILIDAD, lo que se sintetiza en la frase El exceso de control impide una gestión fluída La filosofía del interés fiscalista se basa en la desconfianza, en cambio el interés por la flexibilidad, se basa en la confianza.
La desconfianza busca PROBIDAD, en tanto que la confianza busca la TOLERANCIA. La RESPOSABILIDAD OBJETIVA, es la que traduce el interés fiscalizador; busca responsabilizar únicamente en función a los deberes y a los efectos adversos acarreados a la Administración. El interés por la flexibilidad se traduce en lo que es RESPONSABILIDAD SUBJETIVA y en la MEDICIÓN DE RESULTADOS; se prioriza la EFICIENCIA. Se exige la probanza, tiene que existir conciencia y voluntad, es decir DOLO.
X. PRINCIPIOS Y CRITERIOS PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD 1. Principio de Licitud Este principio está establecido en el literal g) del artículo 14° de la Ley del Sistema Nacional de Control. Significa que el que evalúa conductas tiene que asumir como principio de verdad que no se ha cometido falta, a partir de allí las pruebas podrán demostrar lo contrario. Es una presunción que asume que el funcionario oservidor público ha cumplido las normas legales y administrativas en forma transparente.
La aplicación de esta presunción implica: a) Predisposición mental del auditor de que los actos son correctos b) La evaluación debe guiarse por evidencia en contrario c) Las observaciones o los comentarios deben tener su respaldo en prueba suficiente o competente. Por ejemplo, si el funcionario no contesta una observación no se puede presumir que es culpable. El silencio no es comisión de falta.
Límites a la Presunción - La presunción de inocencia no es absoluta, pues cabe prueba en contrario. - Para mantener la presunción de inocencia se necesita: a) Que los hechos estén respaldados en alguna norma o autorización b) Que se evidencie buena fe, la cual sustenta la confianza del observador c) Transparencia, sustentada documentariamente
2. Principio del Injusto Típico
Este principio exige delimitación concreta de los elementos de la conducta que se hace reprochable, a fin de aplicar alguna sanción El efecto de este principio limita el empleo de cláusulas abiertas, deberes generales o conceptos jurídicos indeterminados Excluye como sancionables conductas que no implican lesión alguna de bienes jurídicos, riesgos efectivos ni trastornos relevantes.
3. Principio de Legalidad Este principio se refiere a que el examen que se efectúe debe estar sujeto a un marco ordenatorio vigente y previo con relación a la conducta sancionable a la cual delimita: a) Aptitud para realizar el examen de responsabilidad, es decir, la norma que nos faculta para establecer responsabilidades b) Previsión en norma expresa de un deber incumplido y de la conducta sancionable c) Previsión de la sanción a aplicar
3.2 Omisiones Para este caso hay que determinar a) Hasta dónde llega la responsabilidad b) Hasta dónde es el justo límite ¿Cuándo una omisión es reprochable? Se dice que la omisión es reprochable cuando es sancionable a) La omisión debida Tener presente que la omisión puede ser deliberada b) La omisión directa Cuando se relaciona con un deber específico
4. Principio de Causabilidad
Es la condición indispensable consistente en una relación de causa adecuada a un efecto entre la conducta humana y el perjuicio irrogado Que la conducta humana tenga la aptitud suficiente para producir el daño o la lesión Reglas: 1) Constatación pragmática de la causa 2) Reconstruir mentalmente el proceso
En relación con éste principio es necesario probar:
a) Discernimiento Que el profesional o técnico en su función tenga el conocimiento efectivo y responsable de su cargo b) Voluntad Intención u omisión deliberada o intermedia. La intención es la decisión consciente y libre de hacer algo
5. Principio de Imputabilidad Es la real exigencia y atribución personal del deber consagrado a un sujeto determinado, sea en razón de circunstancias personales o estructurales de la administración. No significa permisividad, ni obedece a principios subjetivos, sin embargo, hay que tener presente que también hay normas que son incumplibles. La persona no es imputable si no pudo cumplir. Un administrador que no supervisa es responsable por omisión. El Contador generalmente es responsable por acción. Se es responsable por lo que se conoce,
6. Principio de la lesión resarcible
a) Existe detrimento patrimonial b) Carácter antijurídico del detrimento (cuando la Administración Pública no tenga el deber de soportar el detrimento conforme al principio de legalidad)
1.Concepto 2.Acto Administrativo 3.Administración Pública 4.Organización Administrativa
Antes de analizar la función pública administrativa, veremos lo que significa la palabra administración.
Etimológicamente viene de los términos latinos administratio y Administrare (ad = a y ministrare = servir), siendo su significación literal “servir a”, lo que traduce la idea de acción o actividad Administración en sentido objetivo o de acción significa función administrativa. Administración en sentido subjetivo o de estructura orgánica significa administración pública.
Ahora bien, para referirnos a la función pública administrativa, debemos señalar que ésta comprende diversificadas especies de actividad estatal, por ello su contenido es heterogéneo y su concepto indefinido.
Para comprender aún más diremos que la función legislativa es la que tiene por objeto la dación de Leyes o el acto que crea el derecho y la norma como dice Kelsen.
La función legislativa tiene carácter abstracto o general inmanente, en tanto que la función administrativa o jurisdiccional se manifiesta por actos particulares concretos.
Desde el punto de vista formal debemos atenernos al organismo encargado de ejecutar la función. Así la Legislativa está a cargo del Parlamento y la función administrativa por la organización administrativa del ejecutivo.
Por otro lado, Raúl Ferrero en su Obra Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho Constitucional, dice que la función administrativa tiene por finalidad asegurar la ejecución de las leyes y el funcionamiento de los servicios públicos, previendo las necesidades del grupo social.
De ahí se puede explicar que existe una relación jurídica y de filiación entre el acto administrativo y el acto legislativo.
Los actos administrativos son recurribles y revocables en tanto que los actos de Gobierno son de naturaleza política por lo que no puede pedirse su revocación.
De acuerdo al tratadista DROMI, primeramente identificaremos lo que señala como Régimen Jurídico de la actividad administrativa.
La función pública administrativa es la actividad estatal residuaria o remanente, que tiene por objeto la realización y ejecución práctica de cometidos estatales mediante actos y hechos jurídicos. Las actividades administrativas pueden ser jurídicas y no jurídicas. La actividad jurídica de la administración se exterioriza en actos jurídicos y hechos jurídicos. La actividad no jurídica se exterioriza en actos no jurídicos y hechos no jurídicos. Actos y hechos jurídicos son los vínculos que originan las relaciones jurídicas administrativas, por las cuales la administración es una de las partes.
ACTOS NO JURIDICOS Son las decisiones que la administración, declaraciones de cualquier tipo, de voluntad juicio o conocimiento que no produce efecto jurídico alguno, se trata de actos que tiene una exteriorización humana existencial, pero que escapa a la esfera jurídica, al menos de modo directo, ejemplos: invitaciones, felicitaciones, simples recomendaciones, comunicaciones.
ACTOS JURIDICOS Son declaraciones de voluntad, conocimiento y opinión, destinados a producir efectos jurídico, es decir el nacimiento, modificación o extensión de Derechos y obligaciones. HECHOS NO JURIDICOS Son todas las actuaciones materiales u operaciones técnicas de la administración, que no produce sus efectos jurídicos al menos directamente, ejemplo: colocar un florero al despacho de un funcionario, barrer, etc.
HECHOS JURIDICOS Son la actuación material en operaciones técnicos de la administración que produce efectos jurídicos, generando derechos y deberes, ejemplo la demolición de un edificio por la autoridad administrativa, por razones de seguridad, sin la decisión previa del órgano competente. Este acto administrativo desde el punto de vista subjetivo lo realiza la Administración y desde el objetivo el Derecho Administrativo. En suma, de lo expuesto se deduce que los actos administrativos son acciones o hechos humanos que los realiza la Administración normados por el Derecho Administrativo.
3. ADMINISTRACION PUBLICA La Administración es la organización social a través de la cual se ejerce la función de Gobierno y se desarrolla los procesos de producción de Bienes y Servicios. Dentro del ámbito de la Administración Pública se incluye a las Instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y dentro de ellos a los Ministerios, los Organismos de Nivel Ministerial, Instituciones Públicas, Empresas Públicas y Municipalidades.
Como organización social es producto de la realidad y tiene elementos esenciales como son los hombres.
Es una organización administrativa ya que cuenta con procesos técnicos administrativos particularidades a su organización y ubicación que definen el sentido y contenido de su acción y actividad.
Como organización del Gobierno para la creación de su voluntad política para algunos la Administración Pública es un complejo orgánico y una serie de entes, encuadrados en el Poder Ejecutivo, y que realizan funciones legislativas, jurisdiccionales y ejecutivas.
Sin embargo el concepto rebasa aún más, y se puede ver que la Administración Pública es desarrollada tanto por los órganos legislativos, jurisdiccionales y lógicamente por el órgano ejecutivo.
En suma la Administración Pública es la organización por la cual el Estado desarrolla la Función Pública Administrativa para atender a las necesidades de la colectividad.
4. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
En este punto veremos que la Administración Pública como organización social del Estado está organizada en el País, en niveles marcados, así tenemos:
Es la que ejerce la función ejecutiva del Estado, comprende a ella:
 Los Organos Superiores de Gobierno, con la responsabilidad de la conducción de la Función Pública Ejecutiva y las relaciones con los demás poderes del mismo. Dentro de los cuales se puede señalar: - La Presidencia de la República - La Presidencia del Concejo de Ministros - El Concejo de Ministros - Los Concejos de Políticas Nacionales Sectoriales, y el Organo encargado de la Política Empresarial del Estado.
 Los Sectores y Ministerios
Los Sectores como actividad pública correspondiente a políticas nacionales, es un ámbito de la política en general del Estado que hace posible en forma nacional, especializada y desagregada, la formulación, ejecución y control de políticas específicas con la finalidad de lograr los objetivos políticos y administrar el desarrollo nacional de forma coherente, integral, armónica y equilibrada.
El Ministerio es la Organización en sí, órgano parte de la persona jurídica única que el Gobierno, encargada de encargar, proponer, ejecutar, evaluar y controlar la política sectorial definida por ámbitos.
 Los Sistemas Administrativos
A nivel de órganos centrales, rectores como conjunto armónico e interrelacionado de órganos normas, procesos y procedimientos relativos a determinadas funciones generales y comunes, a las diferentes organizaciones de la administración pública con la finalidad de dar racionalidad y uniformidad al funcionamiento general de la administración pública para lograr su eficacia, eficiencia y articulación, como conjunto para lograr sus objetivos. Son pues mecanismos de asesoría destinados a optimizar las relaciones entre los recursos que se utilizan y los resultados que se obtienen.
 Los Organos Públicos Descentralizados
Comprendiendo a las Instituciones Públicas descentralizadas y las Empresas Públicas. Los Organismos Públicos Descentralizados como antes que gozan de descentralización administrativa, personería jurídica propia y autonomía delimitada.
Estos pueden descentralizarse aparte del gobierno central, del gobierno regional y del gobierno local. Las Empresas que cumplan el rol de la actividad Empresarial del Estado.
Las Instituciones Públicas descentralizadas cumplen el rol de Investigación científica y tecnológica, asuntos privativos, especiales, registrales, etc. y la regulación relacionada con la política general del Gobierno.
 La Administración Regional
Una desconcentrada administración central da origen a la administración regional, con autonomía progresiva y concertada en el Gobierno Nacional. La Administración Pública Regional, es parte desagregada de la Administración Nacional, y en la cual se cumple todos los procesos administrativos con las particularidades de la realidad y la situación regional . Lógicamente tiene competencias sobre un ámbito territorial denominado Región en la cual planifica, dirige, conduce, coordina, promueve, ejecuta, evalúa y controla las acciones del sector público y orienta las del sector no público.
 La Administración Pública Local
Ante todo debemos anotar que el Municipio es una comunidad de familias vinculadas por relación de vecindad dentro de los límites de un territorio y con capacidad para construir un Gobierno Local. Las Municipalidades son los órganos del Gobierno Local que ejercen su administración a través de los concejos municipales.
RESPONSABILIDAD PENAL EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LA LEY PENAL 1. GARANTIAS DE LA LEY PENAL Los principios garantistas del Derecho Penal moderno han sido recogidos en el Título Preliminar del Código Penal. El Código Penal de 1991, acorde con los principios constitucionales de protección a la persona humana y a los del Estado Social de Derecho, recoge el espíritu de las modernas tendencias del Derecho Penal donde figuran los postulados del derecho penal mínimo, el respecto de la dignidad de la persona humana en la determinación y aplicación de la pena.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- De acuerdo a esta garantía con rango constitucional (Const. 2.24-d) la ley penal resulta ser la única fuente creadora de delitos y penas y, por ello, de las conductas prohibidas. Este principio señala que sólo podrá sancionarse las conductas previa y expresamente señaladas como tales en la ley. En buena cuenta el principio de legalidad resulta un límite al poder punitivo del Estado al establecer el criterio de la ley estricta y previa que señale, sin lugar a dudas, las conductas prohibidas y susceptibles de sanción. El principio de legalidad se aplica también a las medidas de seguridad pues éstas también restringen la libertad.
PROHIBICION DE LA ANALOGIA.Es una consecuencia directa del principio de legalidad. La analogía en general implica sancionar, por extensión, un hecho no previsto en la ley penal. Conforme se ha establecido en el principio de legalidad que la ley penal es la fuente exclusiva creadora de delitos no se puede, por lo tanto, sancionar conductas a partir de la interpretación analógica de la ley. En doctrina se conoce a la analogía que amplia el ámbito de represión, extendiendo el tipo, (analogía in malam parten) y cuando limita la acción punitiva favoreciendo al procesado (analogía in bonan partem) y permite la aplicación de la última. Esta posición tiene además un sustento constitucional (139.9)
PRINCIPIO DE LESIVIDAD DE BIENES JURIDICOS.- El bien jurídico, uno de los ejes fundamentales del Decreto Penal moderno, constituye el límite material para tipificar conductas. Siguiendo los principios que inspiran el Derecho Penal mínimo sólo se puede sancionar las conductas que lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos. De esta manera únicamente resulta relevante o de interés para el Derecho Penal las conductas que concretamente lesionan o ponen en real riesgo a los bienes jurídicos
PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD O GARANTIA DEL JUICIO DEBIDO.- De acuerdo a la Constitución (139.3) la aplicación de las penas y las medidas de seguridad sólo pueden imponerse a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Toda pena deberá imponerse como consecuencia de un proceso desarrollado ante un juez competente y con el respecto de la presunción de inocencia y el derecho de defensa del procesado.
PRINCIPIO DE EJECUCION LEGAL DE LAS PENAS.Esta garantía se refiere a que en la etapa del cumplimiento de las penas que se deben aplicarse respetando la dignidad de la persona.
2. LA LEY PENAL Y SU APLICACIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y PERSONAL
APLICACIÓN ESPACIAL: La regla general señala que la ley aplicable es la del Estado sobre el territorio donde ejerce soberanía. Por este principio establece la exclusividad del Estado para imponer sus leyes en dicha área geográfica
EL PRINCIPIO DE BANDERA O DE PABELLON: También llamado de “territorio flotante” y permite extender el derecho a aplicar la ley nacional a hechos que ocurran a bordo de las naves o aeronaves, aunque se encuentren fuera de los límites territoriales del Estado. De esta manera se amplía el concepto de territorio más allá del espacio estrictamente geográfico.
La Ley de Aeronáutica civil (ley N° 24888) establece que ley peruana se aplica a todos los hechos realizados a bordo de aeronaves civiles de matricula peruana que se encuentra sobre altamar o sobre espacio que no dependa de soberanía extranjera. La ley peruana se aplica cuando los hechos, ocurridos a bordo de las naves que se encuentren en o sobre territorio extranjero, no comprometen a la seguridad u orden público y los que no dañen a personas o bienes en el territorio extranjero. No obstante, la regla general anotada tiene algunas excepciones
PRINCIPIO REAL O DE DEFENSA.- Por el cual se otorga al Estado el derecho a aplicar sus leyes cuando los hechos, aunque cometidos fuera de su territorio, afectan bienes jurídicos importantes para la existencia misma del Estado. Estos son, para la ley peruana, delitos contra la seguridad pública, contra el Estado, la defensa nacional, los poderes del Estado, el orden constitucional y el orden monetario
PRINCIPIO DE NACIONALIDAD O PERSONALIDAD.- Permite aplicar la ley nacional fuera del ámbito territorial en atención a la nacionalidad del titular del bien jurídico afectado. PRINCIPIO UNIVERSAL O DE DERECHO MUNDIAL: Permite la aplicación de la ley de cualquier Estado sobre un hecho que afecta intereses universalmente protegidos sin importar la nacionalidad del autor, la titularidad del bien jurídico ni el lugar de comisión del hecho.
APLICACIÓN TEMPORAL: La regla general, concordante con el principio constitucional (2.24-d), es la aplicación de la ley vigente al momento de la comisión de delito. La excepción a este principio es la retroactividad de ley penal; es decir que en caso de conflicto de leyes en el tiempo se escoge el más favorable para el procesado. a) APLICACIÓN DE LAS LEYES TEMPORALES: Las Leyes temporales, aquellas destinadas por la propia norma, a regir por un plazo determinado o cuya vigencia para los hechos que ocurrieron durante su vigencia, incluso después de su derogación. APLICACIÓN PERSONAL: La igualdad de las personas ante la ley es la regla general. Las excepciones en atención al cargo que ostenta y se encuentran en los Tratados internacionales y en la Constitución.
EL HECHO PUNIBLE El hecho punible o el hecho típico es el acto humano típico, antijurídico y culpable. Se trata de acto humano pues sólo los hombres pueden ser sujetos activos de un delito; es un acto típico porque la conducta del agente se adecua a la conducta prohibida en la norma penal; es antijurídico por ser contraria a derecho y no tener causa de justificación y es culpable porque el agente posee capacidad de culpabilidad al tener la completa comprensión de sus actos. El concepto de hecho punible se refiere a las conductas prohibidas y comprende a los delitos y las faltas. La forma de comisión de las conductas prohibidas pueden ser por acción u omisión.
DELITOS DOLOSOS.- Los delitos dolosos de comisión son el eje de la conducta humana típica pues a partir de ellos se estudian las otras formas de acción delictiva (delitos dolosos de omisión y los delitos culposos) Los delitos dolosos tienen la siguiente estructura: a) TIPO OBJETIVO.- La norma penal presenta elementos descriptivos, que pueden ser asimilados fácilmente por los sentidos, y normativos, que necesitan ser comprendidos a partir de un proceso intelectivo que permita aclarar su significado como los conceptos de “ajenidad”, “casa habitada” o “nocturnidad”. El tipo objetivo describe cual es la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico.
b) TIPO SUBJETIVO.Es absolutamente indispensable que el agente actúe con dolo, además de realizar la conducta descrita en la norma penal, a fin que se considere su conducta como típica.; es decir, que el agente desee realizar la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico. El dolo es el conocimiento y voluntad del agente respecto a realizar la conducta prohibida. El dolo posee dos aspectos; el cognitivo o intelectual (conocimiento de la conducta desarrollada por el agente (apropiarse de una cosa ajena o disparar a otro) y el volitivo que es el deseo de realizar dicha conducta.
DELITOS CULPOSOS.- La aparición de los delitos culposos en la doctrina penal es de fecha reciente y surge a partir del incremento del uso de las máquina y el consecuente incremento del riesgo en las relaciones sociales. El núcleo de la estructura típica del delito culposo es la falta de cuidado requerido en un determinado ámbito de relaciones. Es decir, la culpa surge de un sistema de relaciones sociales en el cual se exige a sus miembros un cuidado debido a fin de no causar daño a otro. La existencia de la culpa se determinará por la falta de previsión en la conducta del agente. Esta falta de previsión consiste en no realizar la acción debida que impedirá el resultado dañoso.
El delito culposo se determina cuando aparece una diferencia entre la acción realizada y la acción debida; por ejemplo: un albañil que tarrajea un edificio sin colocar mallas de protección para impedir que los materiales de construcción caigan y golpean a los transeúntes siendo la conducta debida que el albañil coloque las mallas de protección que impidan las lesiones a los paseantes. a) NEGLIGENCIA.- Es la falta de cuidado que demuestre el agente al desarrollar sus actividades. Se trata de no hacer lo debido o lo correcto en determinada circunstancia.
b) IMPRUDENCIA.- Es la excesiva confianza en los conocimientos o habilidades que posee el agente; por ejemplo: un conductor que ingresa a una calle en sentido contrario del tránsito confiando que su habilidad en el manejo evitará cualquier colisión. c) IMPERENCIA.- Es la falta de capacidad o conocimientos en determinada área del conocimiento humano; por ejemplo: un conductor que no puede de controlar un vehículo pesado por no ser un chofer profesional.
DELITOS DE OMISION.- Además de los delitos de comisión, que se realizan contraviniendo la norma prohibitiva mediante una acción positiva, se encuentran los delitos de omisión, que se cometen vulnerando las normas de mandato o imperativas. El concepto unitario de acción comprende ambas formas de actuación humana. Asimismo, los delitos de omisión se dividen en los delitos de omisión propia e impropia. a) DELITOS DE OMISION PROPIA.- Es aquel que se encuentra expresamente tipificado en el texto legal e indica el mandato típico. (por ejemplo omisión de auxilio, art. 126; omisión de asistencia familiar, art. 149; omisión de información financiera, art. 242)
Tipo objetivo Se encuentra conformado por: Mandato típico.- En la omisión propia los actos omisivos se encuentra establecidos en la ley de manera clara y precisa y, además, se describe en la norma el ámbito situacional en la cual se desarrollará la acción. Omisión del mandato.- La omisión es la pura abstención de obrar que implica el incumplimiento de un deber jurídico concreto. En buena cuenta, se trata de un “no hacer” lo ordenado en el mandato típico.
Capacidad real de acción. La capacidad real de acción se determina de acuerdo a cada acción en concreto y conforme a las condiciones personales es cada individuo. En rigor, estamos hablando de la capacidad física de realizar la acción debida impuesta por el ordenamiento jurídico. La fuerza irresistible y la teoría del riesgo son causas de atipicidad pues éstas excluyen la capacidad física para obrar.
Tipo subjetivo.- El tipo subjetivo, tanto en los delitos de omisión propia e impropia, coinciden plenamente. Ambos son sancionados en nuestro Código Penal únicamente a título de dolo. No se admite la forma culposa. Delito de omisión impropia.- A diferencia de los delitos de omisión propia, los delitos de omisión impropia no poseen tipo propio o se encuentran tipificados expresamente en la ley penal. La omisión impropia estará siempre referida a un tipo de comisión de donde se extraerá sus elementos constitutivos.
La posición de garante.- La posición de garante se encuentra en la relación personal entre el sujeto y el bien jurídico o, menor dicho, entre un deber jurídico específico que tiene el sujeto de cautelar un bien jurídico. La posición de garante resulta indispensable para considerar una omisión del deber de actuar como un delito de omisión impropio. Tipo comisivo de referencia.- Al no existir un tipo penal específico en el delito de omisión impropia la conducta omisiva debe reflejarse en un tipo penal comisivo. Por ejemplo, en el caso que la madre al ver a su menor hijo, que ha caído en una piscina, no lo socorre con el propósito que se ahogue el tipo de referencia de esta conducta será el art. 107 del Código Penal, parricidio.
3. CAUSAS EXIMENTES O ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL: INIMPUTABILIDAD, LEGITIMA DEFENSA, OBEDIENCIA JERARQUICA Y OTRAS CAUSAS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
La tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son los elementos constitutivos del delito. La ausencia de cualquier de ellos origina la exclusión de la responsabilidad penal del agente. No todas las conductas que se adecuen a la descripción objetiva del tipo penal son hechos típicos; es decir, actos punibles. Las causas eximentes de la acción penal o los elementos negativos del tipo se encuentran comprendidos en el art. 20 del Código Penal.
La imputabilidad o la incapacidad de culpabilidad.(CP. 20.1 y 2) El criterio psicológico- jurídico seguido en el Código Penal para establecer la imputabilidad penal procura que el sujeto tenga, al momento de realizar el hecho punible, total y absoluta capacidad de comprensión de sus actos y que esta actuación sea producto de esa comprensión cabal. La incapacidad de conocer o comprender (capacidad de culpabilidad) puede provenir de alteraciones, permanentes o pasajeras, en el sistema nervioso (CP. 20.1) o surgen de la determinación legal como el caso de la minoría de edad (CP. 20.2)
La legítima defensa.- (CP. 20.3) Este instituto permite la defensa al sujeto a rechazar lo injusto o lo ilícito. La defensa de bienes jurídicos, propios o de terceros, sólo es legítima cuando es necesaria. Este aserto permite conocer los requisitos de la “legítima defensa” o “defensa necesaria”; a saber: agresión ilegítima, necesidad del medio empleado y la falta de provocación. Agresión ilegítima.- La agresión deberá ser inminente, actual y producto de la actividad humana. El aspecto central para definir el concepto de agresión es el peligro del bien jurídico. Asimismo, una agresión ilegítima no tiene porque constituir un delito.
Necesidad del medio empleado.- La defensa es necesaria cuando es racional. La racionalidad exigida limita al medio y a la defensa misma debiendo utilizar el único medio adecuado que el sujeto tenía a su alcance. Falta de provocación.- El sujeto no debe haber provocado la agresión de la que se defiende. Esto es, que la conducta de quien se defiende no debe influir, en modo decisivo, en la del agresor. La defensa la puede efectuar el sujeto o un tercero.
Estado de necesidad.- (C.P. 20.4 y 5) El estado de necesidad se produce cuando existe un conflicto de bienes jurídicos y es menester sacrificar a uno de ellos para alejar el peligro. Existen estado de necesidad justificante (CP. 20.4) y estado de necesidad exculpante (CP. 20.5) y ambos se diferencian, fundamentalmente, el valor de los bienes jurídicos en conflicto. El estado de necesidad ocurre cuando ocurre una colisión entre bienes jurídicos que coloca en peligro inminente la pérdida de un bien jurídico y la posibilidad de su salvación lesionando a otro bien jurídico. El sacrificio de uno de los bienes jurídicos en conflicto es un acto voluntario pero necesario o indispensable por ser el único capaz de conjurar el peligro.
En el aspecto subjetivo es necesario que el agente conozca que sacrifica un bien jurídico para salvar a otro. Estado de necesidad justificante.- (CP. 20.4) Aquí el bien jurídico que se sacrifica es de menor valor y por lo tanto se elimina la antijuricidad al sacrificarse el bien de menor importancia. Si un sujeto es sorprendido en el interior de una galería de arte por un incendio y la única vía de escape constituye un valioso vitral puede destruirlo (y causar daños a la propiedad) para salvar su vida o salud.
Estado de necesidad exculpante.- (CP 20.5) En este caso los bienes jurídicos en conflicto tienen igual valor. El sacrificio de uno de ellos es permitido porque el ordenamiento jurídico no puede exigir otra conducta al sujeto. Por ejemplo, es el caso que encontrándose dos naufragos en alta mar y uno de ellos lanza igual al otro pues la tabla que los mantiene a flote sólo puede soportar el peso a uno. No cabe duda que el ordenamiento jurídico no puede reprochar la conducta del naufrago que se quedó asido a la tabla.
Fuerza física irresistible.- (CP 20.6) Se trata de una fuerza absoluta que actúa sobre la voluntad del agente impidiendo que pueda conducirse de cuerdo a su propia determinación. De esta manera el ordenamiento jurídico no puede exigir que aquél actúe conforme a derecho. Miedo insuperable.- (CP. 20.7) El medio insuperable es un estado emocional que sufre el agente al momento de realizar un delito. No obstante, la emoción surgida a partir del miedo que sufra el agente no debe confundirse con la emoción violenta o que llegue a alterar su capacidad psíquica de tal manera que le impida comprender el carácter delictuoso de sus actos.
El concepto de miedo insuperable se refiere a que no puede ser evitado o que el agente no tiene capacidad de evadir la situación. Asimismo, el mal anunciado debe ser igual o mayor al que realiza el agente. Esta valoración se efectúa desde la perspectiva de áquel.
Actos permitidos por la ley.- (CP 20.8) En la doctrina se entiende como una cláusula general de justificación que permite al agente a actuar sin ser pasible de sanción.
Orden jeráquica .- (CP. 20.9)
Elementos constitutivos: Situación de obediencia.- La obediencia debida sólo puede aplicarse en un sistema legal de subordinación entre superior e inferior. Asimismo, el cumplimiento de la orden impartida ha de producirse en virtud a las normas de subordinación; es decir que esta orden sea dictada en uso de las funciones asignadas por ley.
Actuar por obediencia.- La orden debe cumplir con las exigencias y requisitos legales formales y que ésta no sea manifestante ilícita. Esto es que la orden impartida no infrinja el ordenamiento jurídico. Aspectos subjetivos.- Es necesario que el agente actúe con la intención de cumplir una orden legítimo.
Consentimiento.- (CP. 20.10) El consentimiento del ofendido excluye la tipicidad. Nuestro Código señala que sólo puede otorgarse el consentimiento para lesionar bienes jurídicos de libre disposición; es decir, bienes jurídicos cuya protección sólo interesa a su titular. El consentimiento para que sea válido debe reunir los siguientes requisitos: Sujeto capaz.- El sujeto que consiente la acción debe tener la capacidad para comprender los alcances y significado de la lesión al bien jurídico que permite.
Oportunidad del consentimiento.El consentimiento sólo puede ser dado antes que el autor efectúe la acción dañosa.
El consentimiento debe otorgarse sin coacción.- El sujeto que admite la acción dolosa debe otorgar el consentimiento sin ningún tipo de coacción o manteniéndolo error que pese sobre su voluntad que vicie su manifestación de voluntad
4. PENAS: CLASES, DETERMINACION, CONVERSION La pena es la consecuencia natural de la comisión de un delito. Aunque la pena tradicionalmente aplicada es la de privación de libertad el Código Penal de 1991 introduce mecanismo alternativos a la cárcel. De acuerdo al artículo 28 del Código Penal las penas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico son: 1. Privativa de libertad 2. Restrictivas de libertad 3. Limitativas de derechos 4. Multa
PRIVATIVA DE LIBERTAD.- Es la privación de la libertad ambulatoria con el consiguiente encierro en un establecimiento penitenciario. Esta pena puede ser temporal o perpetua. Si es temporal su duración es de dos días a 25 años. RESTRICTIVAS DE LIBERTAD.- En este caso no se restringe totalmente la libertad ambulatoria pues únicamente le impide retornar al país mientras dure la pena. Cuando se trata de nacionales la pena restrictiva de libertad se denomina “expulsión del país” y tiene un plazo máximo de 10 años; a los extranjeros se aplica la expulsión del país.
LIMITATIVAS DE DERECHOS.- Estas penas han aparecido en el Código de 1991 como la alternativa a la pena privativa de libertad y se aplican para delitos leves. Las penas limitativas de derechos pueden ser aplicables como autónomas o sustitutivas de la de la libertad siempre que la pena no supere los 3 años. Las penas limitativas de derechos permiten una fácil reinserción social del procesado quien se mantiene unido a su núcleo familiar y social debiendo acudir únicamente los días señalados para el cumplimiento de su pena. Estas penas se denominan a su vez en:
Prestación de servicios a la comunidad.- Son los trabajos gratuitos en centros educativos, de salud o comunitarios que son asignados de acuerdo a las habilidades o preparación del condenado. Limitación de días libres.- Obliga a permanecer al condenado en durante los sábados, domingos y feriados entre 10 y 16 horas por cada fin de semana. Inhabilitación.- Esta pena incapacita o suspende ele ejercicio de determinados oficios, derechos o cargos. Puede ser principal o accesoria; la accesoria se encuentra, taxativamente, señalada en la Parte especial. El Código Penal ha limitado la pena de inhabilitación a 5 años.
DETERMINACION DE LA PENA.- El Código Penal incluye el criterio de co-culpabilidad social (45.1) para la determinación de la pena. Este criterio que obliga al juzgador a apreciar “las carencias sociales” que ha sufrido el procesado en el transcurso de su vida a fin de poder determinar exactamente la pena que corresponde. Otro criterio que sigue el Código en este tema es el error de comprensión culturalmente condicionado (45.2) que permite atenuar la pena a quien por su cultura y costumbre comete un acto típico sin comprender el real carácter delictuoso de su acción. Esta disposición otorga un justo trato entre personas que poseen una desigual cultura o costumbres.
CONVERSION.- La propuesta político criminal del Código Penal permite la conversión, sustitución de una pena por otra, de las penas cortas las cuales no resultan ni útiles ni eficaces. La pena privativa de libertad no mayor a 1 año podrá convertirse, a criterio del juzgador, en multa, prestación de servicios a la comunidad o limitación de días libres. La conversión podrá revocarse por incumplimiento de la pena convertida, debiendo cumplir la pena privativa de libertad original, o por comisión de un nuevo delito doloso debiendo cumplir, en este caso, el tiempo que le resta de la primera pena y la condena correspondiente por el nuevo delito.
En el caso que un condenado solvente no cumpla con pagar la pena de multa ésta se ejecuta, previo requerimiento judicial, sobre los bienes del procesado. Si el condenado es insolvente la pena de multa se puede convertir en una de prestación de servicios o limitativa de derechos.
La reparación pecuniaria es una de las consecuencias, además de la pena o la medida de seguridad, proveniente del hecho punible. Esta institución procura la reparación del daño ocasionado por el delito dentro del procesado penal. El Código Penal señala que la reparación civil comprende la devolución del objeto del delito y la indemnización de los daños y perjuicios.
Para determinar la indeminzación habrá que remitirse a las reglas establecidas en el Código Civil en la responsabilidad extracontractual. Es decir, que comprenderá el daño emergente, el lucro cesante y el daño a la persona. No existe obligación de indemnizar cuando existe una causa de justificación; es decir, cuando el hecho es lícito o permitido por la ley, por ejemplo: legítima defensa y el estado de necesidad justificante El agraviado puede escoger la vía civil para solicitar una indemnización del hecho dañoso.
5. EXTINCION Y PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA Extinción de la acción penal.- El Código Penal señala en el artículo 78 las causas de la extinción de la acción penal. La acción penal es la capacidad de promover y proseguir el ejercicio de ius puniendi para obtener un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad del procesado. Causas de extinción de la acción penal :
Muerte del imputado.- La responsabilidad penal es estrictamente personal y concluye con la muerte del procesado. Se entiende por muerte la cesación definitiva e irreversible de las actividades cardiorespiratoria seguida de la inmediata descomposición de los tejidos de una persona. Prescripción.- La prescripción es la finalización de la potestad punitiva del Estado, ya sea para promover la acción penal o ejecutar una pena, por el transcurso del tiempo. Prescripción de la acción penal.- Finaliza la capacidad de promover o continuar la acción penal. Esto es que la prescripción de la acción penal actúa antes que exista una resolución firme que concluya el procesado.
Prescripción de la pena.- Impide la ejecución de la pena y su plazo se comienza a contarse a partir de una sentencia firme, ejecutoriada o consentida. Cosa Juzgada.- Se encuentra en la Constitución como garantía de la administración de justicia. Su fundamento reside en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis un idem). El Código Penal (79) regula la cosa juzgada de un hecho juzgado en la jurisdicción penal. Es decir, que se entiende que el hecho declarado lícito en la vía civil no podrá ser juzgado nuevamente en un procesado penal.
Amnistía.- Corresponde el derecho de gracia y puede ser otorgado por el Congreso. La amnistía es el perdón y olvido del hecho considerado delito y por lo tanto de sus consecuencias jurídicas. Es aplicable a los delitos políticos sociales.
Perdón del ofendido.- En los casos de procesados que sólo se pueden iniciar por acción privada corresponde al agraviado a desistirse de la acción penal. Su fundamento se encuentra en que en ese tipo de procesados el Estado no tiene la facultad sancionadora y que ésta le corresponde al agraviado.
USURPACIÓN DE AUTORIDAD, TÍTULOS Y HONORES Usurpación de Funciones Código Penal Artículo 361. El que sin título o nombramiento usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene será reprimido con pena privativa de libertad no menos de cuatro ni mayor de siete años o inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36 inciso 1 y 2. Si para perpretar la comisión del delito, el agente presta resistencia o se enfrente a las fuerzas del orden, la pena será privativa no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Consideraciones Generales Este artículo se refiere a que alguna persona sin tener el título correspondiente o el nombramiento requerido para el desempeño de una función pública, la usurpa, se arroga facultades, o incluso da órdenes militares o policiales cometiendo abuso de autoridad. De igual manera el que habiendo sido destituido, ya sea previo proceso Administrativo disciplinario o después de un proceso penal respectivo, o sin ellos, o el que ha sido cesado de sus funciones o sea alejado de parte de sus funciones oficiales mediante resolución respectiva, o habiendo sido subrogado por cualquier causal debidamente comprobada, ésta continúa ejerciendo dicho cargo, cometiendo delito de abuso de autoridad.
Asimismo el que ejerce funciones correspondientes a otro cargo diferente del que ha sido asignado o designado, comete delito de abuso de autoridad o Usurpación de Funciones. Que en el delito de Usurpación de Funciones se da varias modalidades, así tenemos:  El que ejerce funciones sin tener título  El que ejerce funciones sin estar nombrado para tal fin  El que usurpa la función pública  El que ejerce funciones después de haber sido destituido  El que ejerce funciones después de haber sido cesado  El que ejerce funciones después de haber sido subrogado  El que ejerce funciones de cargo diferente  El que para ejercer se enfrenta a las Fuerzas del Orden Público. Todos ellos cometen el delito de Usurpación de Funciones
1. El ejercicio de Funciones sin tener título
Sujetos a. Sujeto activo Cualquier persona sea hombre o mujer que se atreve a cometer el delito de abuso de autoridad, se enviste de autoridad sin tener título.
b. Sujeto pasivo El Estado por cuanto el ejercicio ilegal del cargo perjudica fundamentalmente la actuación del mismo ante la colectividad nacional.
2. El ejercicio de Funciones sin nombramiento Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que se atreve a prestar servicios en las entidades de la Administración Pública sin haber tenido derecho a un nombramiento público. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto el ejercicio ilegal del campo perjudica a la Administración Pública contra la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a. Que se trate de un agente hombre o mujer b. Que presta servicios en la Administración Pública sin haber sido nombrado para ello.
3. El ejercicio de funciones después de haber sido destituido Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona, hombre o mujer que ejerce funciones después de haber sido sancionado con destitución en el ejercicio de su cargo. b) Sujeto pasivo El Estado porque a pesar de haber sido sancionado con destitución del cargo sigue ejerciendo las funciones, Elementos constitutivos a. Funcionario servidor público b. Haber sido destituido del cargo público c. Sigue ejerciendo funciones públicas
4. Ejercicio de funciones después de haber sido cesado Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona, hombre o mujer que después de haber sido cesado en el ejercicio de sus funciones sea temporal o definitivamente del cargo, sigue ejerciéndolo. b) Sujeto pasivo El Estado ya que con ello la Administración Pública se ve perjudicado en el ejercicio ilegal del cargo de funcionario o servidor público. Elementos constitutivos a. Funcionario o servidor público b. Haber sido cesado del cargo c. Sigue ejerciendo funciones públicas
5. El ejercicio de funciones después de haber sido subrogado
Análisis De acuerdo a la lengua española subrogar es sustituir una persona cosa por otra, esto quiere decir en otras palabras que como consecuencia de la destitución a un servidor, a éste se le ha subrogado de su cargo, por sinónimo éste de destitución, razón por la cual me inhibido de dar mayores análisis al respecto.
6. El ejercicio de funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que ejerce funciones de cargo diferente al que tiene , que se arrogue funciones que no ha sido expresamente autorizado por la autoridad competente. b) Sujeto pasivo El Estado por cuando el ejercicio ilegal o diferente del cargo va ha contravenir en desajuste de la propia Administración Pública. Elementos constitutivos a. Funcionario o servidor público b. Haber sido nombrado para ejercer un determinado cargo c. Ejerce funciones de otro del cual no ha sido autorizado por autoridad competente. Agravante
7. Para perpretar la comisión del delito el agente presta
resistencia o se enfrenta a las fuerzas del orden. Análisis Si convencido de que ejerce ilegalmente las funciones públicas y si para dicho ejercicio presta resistencia a las fuerzas del orden y mucho más se enfrenta a ellos, está cometiendo un delito de usurpación de funciones por abuso de autoridad agravado y en dicho caso merece una sanción mayor y para ello la penalidad es no menor de cinco ni mayor de 8 años según el artículo 361 del Código Penal.
Código Penal Art. 362 El que públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicios comunitarios de diez a veinte jornadas. Bien jurídico tutelado: Interés del Estado porque se cumplan a cabalidad las funciones de la Administración Pública.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Sujetos
a) Sujeto activo El funcionario o servidor público o cualquier persona sea hombre o mujer que públicamente ostenta, insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden. b) Sujeto pasivo El Estado por cuando la mala actuación de los servidores y funcionarios públicos le dificulten su accionar en la colectividad nacional. Elementos constitutivos a. Cualquier persona natural, sea hombre o mujer, o funcionario o servidor público. b. Públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce, o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden.
Código Penal Art. 365. El que sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o la estorba en el ejercicio de éstas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 321 párrafo 1º Bien jurídico tutelado Interés del Estado porque se cumplan a cabalidad las funciones de la Administración Pública con personal calificado y en forma satisfactoria.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que utilizando violencia o amenaza impide ejercer funciones a una autoridad, funcionario o servidor de la Administración Pública o lo obliga a practicar un determinado acto de sus funciones le estorba en el ejercicio de ella. b) Sujeto pasivo El Estado y el funcionario, autoridad o servidor público, que se ve amenazado por la violencia o la amenaza para ejercer sus funciones.
Elementos constitutivos a. Cualquier persona hombre o mujer que sin alzamiento público b. Usa la violencia a la amenaza o impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público a ejercer sus funciones c. Le puede obligar a practicar un determinado acto de sus funciones o le estorba en el ejercicio de estos. RESISTENCIA Código Penal Art. 366: El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le preste asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento de aquel para impedir a trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres. Norma anterior : Código Penal de 1924 art. 322
Bien jurídico tutelado Interés del Estado, porque se cumplan a cabalidad las funciones de la Administración Pública, por quienes tienen esa responsabilidad. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona, hombre o mujer que con sus actos de violencia o intimidación trata de evitar que se cumplan las funciones propias de su cargo para los cuales debe ejercer. b) Sujeto pasivo Funcionario público, o persona que le presta asistencia legal y el Estado, en tanto el funcionario público no pueda cumplir eficazmente sus funciones
a) Ejercer intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un mandato legal. Esto no es más que la forma de emplear formas que intimiden y usar sobre todo la violencia contra él o su familia. b) Requerimiento del funcionario o persona que le presta ayuda por disposición legal para impedirlo o trabarlo la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Código Penal Art. 367. En los casos de los artículos 365 y 366 la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de seis años, cuando: 1. El hecho se comete a mano armada 2. El hecho se realiza ara dos o más personas 3. El actor es funcionario o servidor público 4. El actor ocasiona una lesión grave que haya podido prever Si el agraviado muere y el agente pudo prever este resultado, la pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 321 párrafo 2º
Código Penal Art. 374. El que amenaza, injuria o de cualquier otra manera ofenda la dignidad o el decoro de un funcionario público a causa del ejercicio de sus funciones, o al tiempo de ejercerlos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Agravante Si el ofendido es presidente de uno de los poderes del Estado la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 328
Bien jurídico tutelado Interés del Estado de que se cumplan las funciones de la Administración de Justicia, por quienes están obligados a ella. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que agrede a un funcionario público o presidente de un poder del estado. b) Sujeto pasivo El funcionario o presidente de un poder del estado.
Elementos constitutivos a) Persona cualquiera sea hombre o mujer que amenaza, injuria u ofende la dignidad o el decoro de un funcionario o presidente de un poder del estado. b) Que haya amenaza, injuria o de cualquier otra manera haya ofensa a la dignidad o el decoro de un funcionario o presidente de un poder del estado. c) Un funcionario público, o presidente de un poder del estado en el ejercicio de sus funciones. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de 3 años Agravante. Si el ofendido es presidente de un poder del estado la pena privativa de libertad no será menor de dos ni mayor de cuatro años.
ABUSO DE AUTORIDAD Código Penal Art. 376. El funcionario público que, abusando de sus atribuciones comete u ordena, en perjuicio de alguien un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 337 Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de los funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Las autoridades, funcionarios o servidores públicos que ostentan títulos o funciones públicas y que se extralimitan su propia órbita funcional actual y en algunos casos invaden otras. b) Sujeto pasivo Los particulares que recurren a la Administración Pública en virtud de sus peticiones a quienes deben cumplir funciones públicas.
Elementos constitutivos a) Que sea funcionario público y que él actúe abusando de sus atribuciones nombrados por autoridad competente. b)Comisión u ordenamientos de actos, acciones o actitudes en perjuicio de alguien y que como producto de ello los particulares recurren a él. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Código Penal Art 377. El funcionario público que ilegalmente emita, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 338
Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos o negligencias de funcionarios y servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo Autoridad, funcionario o servidor público, que ostenta título y funciones públicas. b) Sujeto pasivo Los particulares que recurren al funcionario en virtud de las atribuciones de su cargo.
Elementos constitutivos a) El funcionario público con título de nombramiento para ejercer función pública y en virtud del cual debe cumplir determinadas atribuciones. b) Que ilegalmente omita, rehúse, o retarde algún acto de su cargo esto no es sino el actuar con conocimiento de causa. Acá existe una especie de obligación de no hacer al omitir o rehusar o retardar determinados actos ya que las normas legales le exigen su cumplimiento. c) Persona particular que recurre a los funcionarios solicitando una determinada acción. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa.
Código Penal Art. 378. El policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Agravante Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menos de dos años ni mayor de 4 años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 341
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública, ya que puede verse afectado por el abuso u omisión de funcionarios y servidores públicos Sujetos a) Sujeto activo El policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de auxilio legalmente requerida por autoridad competente o por particular en peligro. b) Sujeto pasivo El funcionario público, el Estado o el particular que recurren a los servicios del policía y que al no actuar y convenientemente se ven perjudicados.
Elementos constitutivos a) El policía que ejerce sus funciones como tal debidamente nombrado para tal fin. b) Rehusar, omitir, o retardar sin causa justificada la prestación de auxilio. c) Un funcionario civil, que solicita el auxilio del policía d) Puede darse el caso de que sea un particular que solicite el auxilio por estar en inminente peligro. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años Agravante. En caso de particular en situación de peligro, la pena no será menos de dos años ni mayor de cuatro años.
OPOSICION A LAS ORDENES DE LA AUTORIDAD Código Penal Art. 379. El funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública, para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad, o evite la ejecución de sentencia o mandato judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 342 Bien jurídico tutelado Interés del Estado para el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos u omisiones de los funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Funcionario público que requiere asistencia de la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de autoridad o evita la ejecución de sentencias o mandatos judiciales. b) Sujeto pasivo El Estado y los funcionarios públicos que deben cumplir sus atribuciones o sentencias dictadas.
Elementos constitutivos a) Tiene que ser un funcionario público en actividad con nombramiento para ejercer sus funciones. b) Que éste requiera la fuerza pública para oponerse a la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad o contra la ejecución de sentencias o mandatos judiciales. c) Que se trate de ejecuciones u órdenes legales de autoridad en este caso debe la autoridad haber dictado disposiciones u órdenes que estén dentro de sus atribuciones o dentro de una norma legal y que deben ser cumplidas a cabalidad. d) Sentencias o mandatos judiciales, en el ejercicio normales de los jueces que en cumplimiento de sus funciones dictan sentencias para ser ejecutadas con el auxilio de la fuerza pública. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de tres años.
ABANDONO DEL CARGO Código Penal Art. 380. El funcionario o servidor público que con daño del servicio abandona su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Agravante Si el agente incita al abandono colectivo del trabajo a los funcionarios y servidores públicos la pena será privativa de libertad no mayor de tres años. Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de los funcionarios y servidores públicos.
a) Sujeto activo Cualquier persona, hombre o mujer con investidura de funcionario público que abandone su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto el abandono del cargo de un servicio imprescindible de seguridad cumpliéndolo funciones va en contra de la colectividad.
Elementos constitutivos a) Que sea funcionario o servidor público y para ello debe estar asignado o designado en cargo o puesto en la Administración Pública el cual le faculta el desempeño de funciones o atribuciones propias de su nombramiento. b) Que existe abandono del cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo. Puede darse el caso de que sea: 1. Habiendo solicitado el cese de su cargo y sin esperar la resolución respectiva abandona el cargo o deja de concurrir a su centro de labores. 2. Que sin haber presentado su renuncia deja de concurrir a su centro de labores. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años.
Agravante Si el agente incita a los demás funcionarios y servidores públicos al abandono colectivo de su centro laboral es causa agravante en esta clase de delito, acá no basta que él haga abandono de cargo, sino que inste a demás funcionarios y servidores públicos a abandonar el cargo. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de 3 años.
NOMBRAMIENTO ILEGAL Código Penal Art. 381. El funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona en que carece de los requisitos legales, será reprimido con sesenta a ciento días multa. El que acepta el cargo sin reunir los requisitos legales será reprimido con la misma pena. Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de funciones de los funcionarios y servidores públicos.
a) Sujeto activo El funcionario público que hace el nombramiento para cargo público a persona a quien no concurren los requisitos legales y por otro lado el que acepta el cargo sin tener dichos requisitos.
b) Sujeto pasivo Estado por cuanto el ejercicio malo de funcionarios y servidores públicos permite incumplir convenientemente su servicio a la colectividad
Elementos constitutivos a) La autoridad respectiva denominado funcionario público con capacidad para nombrar personal en la Administración Pública para ejercer cargos de carácter público. b) Que el nombramiento recaiga en persona que no cuenta con los requisitos legales respectivos para ejercer el cargo. c) Que como producto del nombramiento dicha persona ejerza ilegalmente el cargo para el cual ha sido designado. Penalidad. Para el funcionario público y para el agente nombrado deben de cumplir con sesenta a ciento veinte días multa
Código Penal Art. 382. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otra, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 343 Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño en forma especial de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de funcionarios y servidores públicos.
a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que desempeña funciones públicas como funcionario o servidor público, nombrado previamente para dicho cargo. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto la actuación diferente de sus agentes administrativos permite no cumplir convenientemente su servicio a la colectividad a la cual debe y sirve.
Elementos constitutivos a) Debe ser afectado el delito por funcionario o servidor público con nombramiento específico para el desempeño de dicho cargo. Los funcionarios o servidores públicos para ejercer el cargo en la Administración Pública deben tener nombramiento en la que señalen el cargo o plaza a desempeñar. b) Que dicho funcionario abusando de su cargo obliga o induce a una persona, esto no es más que inducir a una persona que se comparte como él quiere, lo obliga lo induce o sea que tiene que emplear violencia o amenaza por un lado, o hacerlo entender determinado comportamiento de parte del particular para con él.
c) Que esta persona que ha sido obligada o inducida, de o permita indebidamente para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial o sea que es el enriquecimiento exigiendo dádivas o beneficios por medio de la extorsión o estafa del funcionario o servidor público. d) Que lo que haga sea contraviniendo las normas legales vigentes o contra la normalidad del comportamiento del funcionario o servidor público. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.
EXACCION ILEGAL Código penal Art. 383. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad que exceda la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 343 (modificado por Ley Nº 24653) Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectada por los alumnos de funcionarios o servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer, que desempeña cargos en la Administración Pública como funcionario o servidor público que actúe abusando de su cargo en forma ilegal. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto el mal funcionamiento de su organización afecta la imagen ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Que el delito que se cometa sea por funcionario o servidor público esto es debidamente nombrado para el ejercicio de dicho cargo. b) Abuso de su cargo para exigir o hacer pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos en su cantidad que exceda la tarifa legal, esto no es más que abusando de las prerrogativas de su cargo, exige por la autoridad que tienen o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos y no permitidos por ley o en cantidad que exceda la ley, o sea que sobrepase el valor que normalmente debe pagar el contribuyente. c) El contribuyente que se acerca a cancelar sus contribuciones o a pagar derechos que por ley está obligado. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
CONCUSION DESLEAL Código Penal Art. 384. El funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial, defraude al Estado o a empresa del Estado o sociedad de economía mixta u organismos sostenidos por el Estado, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 344 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico Tutelado. El interés del estado por el desempeño en forma legal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectada por el abuso de funcionarios y servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que desempeñe cargo público como funcionario o servidor público. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la actuación dolosa de los funcionarios o servidores públicos se ve afectado en su integridad y su imagen ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Que el agente sea funcionario o servidor público con investidura como tal para ejercer funciones públicas. b) Que se trate de contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subasta o en cualquier otra operación semejante que intervenga por razón de su cargo o comisión especial. Esto quiere decir que solo se trata cuando se cumple el desarrollo de acciones tendientes a cumplir los contratos, suministros, licitaciones u otros asuntos propios de adquisiciones o asuntos contractuales que desarrolla la Administración Pública para poder cumplir a cabalidad con las funciones propias de su servicio. c) Que en la realización de estos asuntos administrativos defraude al Estado o sea que perjudique al Estado, por medio de medidas o acciones que favorezcan a determinada persona natural o jurídica en contra del Estado para sacar provecho propio.
d) Que también pueda ser aparte del Estado la defraudación a las empresas del Estado o sociedades de economía mixta o de organizaciones sostenidas por el Estado. Esto nos remite a señalar que no solo es contra el Estado peruano. sino contra las empresas cuyo dueño sea el Estado o sociedades de economía mixta donde el Estado es accionista de derecho privado y de organismos internacionales las cuales viven con los emolumentos del Estado peruano. e) Que exista concertación con los interesados en los concursos, ajustes, liquidaciones o suministros, etc. no es más que el acuerdo de antemano con los integrantes para estipular cantidades que perjudiquen al Estado, y a las autoridades señalar en provecho tanto de los interesados como de funcionarios públicos que de acuerdo al ejercicio de sus funciones tienen que intervenir en éstas acciones de interés estatal. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 15 años.
PATROCINIO INCOMPATIBLE Código Penal Art. 385. El que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la Administración Pública será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas.
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer con calidad de funcionario o servidor público actúa como abogado de particulares ante la Administración Pública estando prohibido de tales situaciones. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la actuación de sus funcionarios o servidores públicos su imagen y su creditividad se ven empañadas ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Quien comete este delito debe ser únicamente funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones como tal. b) Patrocinio interés de particulares ante la Administración Pública o sEea actuar como abogado de éstos en sus reclamaciones ante la Administración Pública, al cual él representa. c) Que esté expresamente prohibido de patrocinar ante la Administración Pública; precisamente ellos al actuar tienen que ser juez y parte: por ejemplo a los que trabajan en la SUNAT no pueden patrocinar a particulares contribuyentes en tales administraciones, o los que laboren en INDECOPI, no pueden patrocinar a particulares en sus reclamaciones ante tal institución porque el Estado se vería afectado por la actuación de los funcionarios, que de seguro intervendrían como funcionarios o servidores dentro de INDECOPI.
Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años o prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. EXTENSION DEL CONCEPTO Código Penal
Art. 386. Las disposiciones de los artículos 384 y 385 son aplicables a los peritos, árbitros, contadores particulares respecto de los bienes cuya tasación, adjudicación o partición intervienen respecto a los pertenecientes a sus pupilos testamentarios.
a) Sujeto activo Los peritos, árbitros, contadores particulares que intervienen en tasaciones, adjudicaciones o particulares. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la actuación parcializada de estos agentes se perjudica su imagen y credibilidad del mismo.
Elementos constitutivos a) Deben ser expresamente los peritos, árbitros y contadores particulares. b) Deben intervenir en tasaciones, adjudicaciones o particiones específicamente señaladas como tareas fundamentales dentro de la prestación de servicios que ejercen en dichos asuntos. c) Deben a su vez intervenir como miembros de las instituciones o empresas propias que actúan tanto en la defraudación o colusión desleal como en el patrimonio incompatible, interesándose con los agentes principales. d) Que con su intervención favorezcan decididamente a los que intervienen con el Estado en sus reclamaciones propias. Penalidad. Si es colusión desleal pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años y si es patrocinio incompatible con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas.
PECULADO DOLOSO Código Penal Art. 387 primera parte. El funcionario público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. Agravante segundo párrafo Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.
Código Penal de 1924 art. 346 (modificado por Ley Nº 24653) Bien jurídico tutelado Interés del Estado por el desempeño en forma legal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de los funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer, que tenga investidura de funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro de caudales o efectos que estén a su percepción o cuidado o confiados a él. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto directamente es el perjudicado por la acción dolosa del agente en tanto que se ve imposibilitado las funciones propias de tal.
Elementos constitutivos a) Debe tener la calidad de funcionario o servidor público con investidura otorgada por su nombramiento. b) Apropiación o utilización de cualquier forma para sí o para otra, es la razón fundamental de este delito que el funcionario publico debe apropiarse o utilizar para sí o para otro. c) Caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia están confiados por razón de su cargo. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho. Agravante Elementos constitutivos Además de los señalados en el peculado: que los dineros estén destinados a fines asistenciales o programas de apoyo social.
Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de 4 años ni mayor de 10 años
PECULADO CULPOSO Código Penal Art 387. Tercer párrafo. Si el agente por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Agravante. Ultima parte del tercer párrafo Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años. Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer investida de autoridad como funcionario o servidor público. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto la mala gestión de sus funcionarios o servidores públicos dan como consecuencia la mala imagen ante la colectividad nacional. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestaciones de trabajos comunitarios de 20 a 40 jornadas
Agravante a) Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieron destinados a fines asistenciales o a programas de interés social, esto quiere decir que estos caudales o efectos tienen fines altruistas o de apoyo a clases necesitadas del país dada la pobreza o extrema pobreza en que están envueltos. Y al no tomarse las precauciones del caso se ha llegado a tocar los dineros sagrados destinados a la población necesitada. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
FACILITACION INDEBIDA DE INSTRUMENTO DE TRABAJO Código Penal Art. 388. El funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la Administración Pública que se hallan bajo su guardia, será reprimido con pena privativa de libertad no mayo de cuatro años. Este dispositivo es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. No están comprendidas en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Norma anterior C.P. art. 12, 29, 62, 68, 92, 187, 425
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de los funcionarios y servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo En este delito puede ser cualquier persona hombre o mujer que desempeña función pública como funcionario o servidor; además se considera sujeto activo al contratista de obras públicos o sus empleados. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto el uso indebido de dichos asuntos le perjudica en su imagen ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Debe ser por una lado funcionario o servidor público con nombramiento; o también puede ser contratista de obra pública o empleado en relación con el Estado por el desempeño de ciertas funciones. b) Que el uso sea para fines ajenos al servicio activo o permitir que otro use para fines diferentes a la Administración Pública. c) Tiene que ser vehículos, máquinas o cualquier instrumento de trabajo que pertenezca a la Administración Pública y se halle bajo su guarda. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de cuatro años.
MALVERSACION Código Penal Art. 389. El funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra, una aplicación diferente de aquellas a la que están destinadas afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de cuatro años. Agravante Constituye circunstancia agravante, si el dinero o bienes que administra estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años.
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de los funcionarios y servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona que desempeña función pública como funcionario o servidor que actúe indebidamente en el desempeño de la función pública. b) Sujeto pasivo El Estado porque con la mala actuación de sus agentes se ve perjudicado.
Elementos constitutivos a) Debe ser funcionario o servidor público debidamente nombrado para desempeñarse como tal. b) Dar el dinero o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a los que están destinados. c) Como consecuencia de ellos puede resultar dañado o entorpecido el servicio respectivo. d) Constituye circunstancia agravante que dicho dinero o bienes que administra estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de cuatro años Pero si por dicho motivo se ve entorpecido o dañado el servicio respectivo la pena no será menor de dos ni mayor de cinco años. Y si como agravante dichos dineros o bienes están destinados para fines asistenciales o de programas de apoyo social la pena privativa de libertad no será menor de 3 ni mayor de 8 años.
DEMORA INJUSTIFICADA DE PAGO Código Penal Art. 390. Los funcionarios o servidores públicos que teniendo fondos expeditos demoran injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de funcionarios o servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que sea funcionario servidor público que demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por funcionario competente. b) Sujeto pasivo Los particulares que se ven perjudicados con el incumplimiento de los pagos y el Estado por la mala imagen que le significa este comportamiento.
Elementos constitutivos a) Debe ser agente de dicho delito solo funcionarios o servidores públicos nombrados para desempeñar dichos cargos. b) Deben de tener procesos expeditos o sea debidamente autorizados para realizar dichos cargos. c) Demora injustificada de pago ordinario o decretado por la autoridad competente, no es más que el no querer cancelar una factura o una obligación teniendo el dinero y estar decretado por orden superior. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años.
RETENCION INDEBIDA DE COSAS
Código Penal Art. 391. El funcionario o servidor público que requerido con las formalidades de ley por la autoridad competente rehúsa entregar dinero, cosas o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Bien jurídico tutelado El interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por los abusos de los funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo El funcionario o servidor público que no cumple con sus obligaciones tal como es solicitado b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto la mala actuación de sus agentes lo denigran ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Que el agente de dicho delito sea funcionario o servidor público debidamente nombrado para desempeñar dichas funciones.
b) Que la autoridad competente lo requiera de acuerdo a Ley o sea que le de las órdenes competentes. c) Rehusar entregar dinero, cosas o efectos depositados bajo su custodia a administración. Esto quiere decir que el no quiere entregar el dinero cosas o efectos que ha sido depositado bajo su custodia o administración como producto de su cargo.
Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años.
COHECHO PROPIO Código Penal Art. 393. El funcionario o servidor público que solicita o acepta donaciones, promesa o cualquier otra ventaja para realizar u omitir actos en violación de sus obligaciones o el que acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 349 (modificado por Ley Nº 24653)
Sujetos a) Sujeto activo Todo funcionario o servidor público que solicite o acepte donativos, promesa o cualquier ventaja para realizar u omitir actos en violación de sus obligaciones públicas. b) Sujeto pasivo El Estado que se ve perjudicado con la actuación de dichos funcionarios. Elementos constitutivos a) El agente en este delito solo puede ser funcionario o servidor público investida de autoridad para ejercitar cargos públicos.
b) El funcionario o servidor público debe solicitar o aceptar donativos, promesa o cualquier otra ventaja. c) Dicha solicitud y aceptación debe ser para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones. d) También se da el caso de que los acepte a consecuencia de haber faltado a sus deberes. En consecuencia se dan dos figuras, una que es la solicitud expresa del funcionario para todas las acciones u omisiones y otra es la aceptación a propuesta de los particulares. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
COHECHO IMPROPIO Código Penal Art. 394. El funcionario o servidor público que solicite o acepte donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos no mayor de cuatro años. Norma anterior Código Penal de 1924 art. 350 (modificado por Ley Nº 246 53) Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño de las funciones normales de la Administración Pública ya que puede verse afectada por los abusos de funcionarios o servidores públicos
Elementos constitutivos a) Que el agente sea funcionario o servidor público debidamente investido de autoridad. b) Que solicite o acepte donaciones, promesas o cualquier otra ventaja indebida, o sea que por un lado es él que solicita y por otro lado acepta cualquier dinero o bienes indebidamente originados. c) Que la solicitud o aceptación sea para practicar un acto propio de su cargo sin faltar a sus obligaciones, en este caso es por cumplir convenientemente con sus funciones saca provecho solicitando o aceptando. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 4 años.
CORRUPCION DE MAGISTRADOS Código Penal Art. 395. El juez, árbitro, fiscal, miembro de tribunal administrativo, perito o cualquier otro análogo que solicite o acepte donativo, promesa u otra ventaja a sabiendas de que lo hacen con el fin de influir en la decisión de un asunto de que está sometida a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 15 años o inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa.
La inhabilitación que como accesoria de la pena privativa de libertad se imponga al agente del delito será puesto en conocimiento del Colegio de Abogados del lugar en donde se encuentre inscrito para que la Junta Directiva, bajo su responsabilidad, proceda en el plazo de cinco (05) días a suspender la colegiación respectiva.
Norma anterior Código Penal de 1924 art, 351 (modificado por Ley Nº 24653) Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectada por abusos de funcionarios públicos. Sujetos a) Sujeto activo El juez, árbitro, fiscal, miembro de tribunal administrativo, perito o cualquier otro análogo que solicite y/o acepte donativos, promesas u otra ventaja, en asuntos de su conocimiento. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la mala actuación de funcionarios o servidores públicos se ve empañada la imagen ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Debe ser el agente, juez, árbitro, fiscal, miembro de un tribunal administrativo o cualquier análogo, o sea que en este caso está expresamente señalado el cargo de quienes pueden cometer delito de corrupción de magistrados. b) Solicita o acepta donativos, promesa u otra ventaja, en este caso es parecido al cohecho propio, pero también se solicita y se acepta toda clase de cosas. c) Deben hacerlo a sabiendas que lo hacen con el fin de influir en la decisión de un asunto, que está sometido a su conocimiento. En este caso el agente sabe perfectamente que es un asunto sometido a su jurisdicción y que debe resolverlo conforme a Ley y a pesar de eso actúa maliciosamente, abusando de su poder que tiene investido por el cargo que desempeña.
Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de 6 años ni mayor de 15 años o inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal y además con 180 a 365 días multa. Pero a su vez, la inhabilitación es puesto en conocimiento del Colegio de Abogados donde se encuentra inscrito para que sea suspendido su colegiación como tal y con ello se le priva de la libertad de ejercer el derecho de la abogacía en forma libre.
NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES Código Penal Art. 397. El funcionario o servidor público que directa o indirectamente o por actos simulados se interesa en cualquier contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 345 (modificado por Ley Nº 24653) Bien jurídico tutelado. El interés del Estado por el desempeño normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de funcionarios o servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo El funcionario o servidor público que directa o indirectamente o por actos simulados intervienen cualquier contrato u operación que interviene por razón de su cargo. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la mala actuación de los funcionarios o servidores públicos se ve afectado ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Debe tratarse de funcionarios o servidor público debidamente investido de autoridad. b) Que se a en forma directa, indirecta o por acto simulado su actuación en los asuntos que interviene. c) Debe tratarse de cualquier contrato u operación que interviene por razón de su cargo. Como funcionario o servidor público puede intervenir en los asuntos de licitaciones públicas, concursos de precios u otras operaciones que por razón de sus funciones debe intervenir para decidir tal situación. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años
CORRUPCION ACTIVA DE MAGISTRADOS Y AUXILIARES Código Penal Art. 398. Magistrados. El que hace donativos, promesas o cualquier otra ventaja a un juez, fiscal, miembro de un tribunal administrativo o de cualquier otro análogo, con el objeto de influir en la decisión de un proceso pendiente de fallo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Auxiliares. Cuando el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja se hace a un testigo, perito, traductor o intérprete la pena será no menor de dos no mayor de cuatro años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 352 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico tutelado. El interés del Estado por el desempeño normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de funcionarios o servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que hace donativos, promesas o cualquier otra ventaja a los jueces, árbitros, fiscales o miembros de tribunal administrativos, etc. así como a los auxiliares de justicia.
b) Sujeto pasivo La Administración de Justicia por cuanto se ve afectada por el mal comportamiento de los particulares y de sus miembros. Elementos constitutivos a) Debe ser un particular que dé donativos, promesas o cualquier otra ventaja. b) Esta entrega deberá hacerla al juez, árbitro, fiscal o miembro de tribunal administrativo o de cualquier análogo, así puede también hacerlo a testigos, peritos, traductores o intérpretes. c) El objetivo debe ser influir en la decisión de un proceso pendiente de fallo.
CORRUPCION ACTIVA POR AUTOR CALIFICADO Código Penal Art. 398 A. Si en el caso del art. 398, el agente del delito de corrupción a un juez, árbitro, fiscal o miembro de un tribunal administrativo, auxiliar de justicia o cualquier otro análogo es abogado, la pena privativa de libertad será no menor de 5 ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme al inciso 4 u 8 del art. 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Cuando el donativo, la promesa o cualquier otra ventaja le hace el abogado a un testigo, perito, traductor o intérprete la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años a inhabilitación conforme al inc. 4 del art. 36 y con 90 a 120 días multa. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 352 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de funcionarios judiciales dentro de la Administración de Justicia. Sujetos a) Sujeto activo En este caso el sujeto activo es un abogado que corrompe a las autoridades judiciales y a los auxiliares de justicia. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto se ve perjudicado con la mala actuación de sus agentes
Elementos constitutivos a) Los señalados en el artículo 398 sirven para este artículo. b) La diferencia es que no es cualquier particular sino tiene que ser un abogado el que corrompe, ejerciendo su carrera de abogado. Penalidad. Cuando el delito es contra magistrados, la penalidad es privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme a los incisos 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días multa. Cuando el delito es contra auxiliares de justicia la pena privativa no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los incisos 4 y 8 del artículo 36 del Código Penal y con 90 a 120 días multa.
INHABILITACION DE CORRUPCION ACTIVA Código Penal Art. 398-B. La inhabilitación que como accesoria de la pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior (398A) se imponga a los autores del delito de corrupción de magistrados será puesto en conocimiento de la Corte Superior de Justicia respectiva y del Fiscal Superior Decano para que en el caso del inciso 8 del artículo 36 se proceda a anular el asiento de inscripción en el libro de registro de títulos, así como del Colegio de Abogados del Perú en el plazo de 5 días para la suspensión o anulación de la colegiación. Igualmente la inhabilitación impuesta de acuerdo al inciso 8 del artículo 36 será puesto en conocimiento de la Universidad que otorgó el Título Profesional de abogado al sentenciado para que el rectorado respectivo en el plazo de 8 días proceda a su cancelación. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 352 (modificado por Ley Nº 24653)
CORRUPCION ACTIVA DE FUNCIONARIOS Código Penal Art 399. El que trata de corromper a un funcionario o servidor público con dádivas, promesas o ventajas de cualquier clase para que haga u omita hacer algo en relación de sus obligaciones será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Corrupción impropia Si el agente trata de comprar para que el funcionario o servidor público haga u omita un acto propio de sus funciones, sin faltar a sus obligaciones la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 353 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado por el abuso de funcionarios y servidores públicos. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que por encontrarse como parte de una controversia ante la Administración Pública trata de comprar a los funcionarios y servidores públicos. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto se ve afectado en su integridad por el mal comportamiento de sus funcionarios y servidores públicos.
Elementos constitutivos a) Cabe mencionar que en este caso en ambas modalidades se trata de personas extrañas o particulares de la Administración Pública que tratan de comprar a los funcionarios y servidores públicos. b) La compra debe ser con dádivas, promesas o ventajas de cualquier tipo o clase. c) Debe ser dirigido a funcionarios o servidores públicos en actividad y de quienes va a depender el resultado de un proceso pendiente de solución en la Administración Pública. d) En el primer caso de corrupción activa de funcionarios se trata de comprar para que haga u omita algo en violación a sus obligaciones.
e) En el segundo caso de corrupción impropia es para que el funcionario o servidor público haga u omita un acto propio de sus funciones, sin faltar a sus obligaciones.
Penalidad. En el caso de la corrupción activa de funcionarios, pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Para el caso de corrupción impropia, pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO Código Penal
Art. 401. El funcionario público o servidor público que por razón de su cargo, se enriquecen ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años. Norma anterior
Código Penal de 1924 art, 361-A
Bien jurídico tutelado. Interés del Estado por el desempeño en forma normal de las funciones de la Administración Pública ya que puede verse afectado con los abusos de funcionarios y servidores públicos.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer con investidura del cargo de funcionario o servidor público. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto con la mala gestión de funcionarios y servidores públicos afecta su normal desenvolvimiento. Elementos constitutivos a) Debe ser solo funcionario o servidor público el que comete el delito de enriquecimiento ilícito. b) En razón de su cargo se enriquecen ilícitamente. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
DENUNCIA MENDAZ, SIMULACION DE DELITO Y AUTOCALUMNIA Art 402. El que denuncia a la autoridad un hecho punible, a sabiendas que no se ha cometido, o el que simula pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso penal o el que falsamente se atribuye delito no cometido o que ha sido cometido por otro, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 330
Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que se perjudica con la mala Administración de Justicia por parte de los que deben encargarse de aquellos. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que denuncia ante la sociedad sobre diferentes aspectos ilegales. b) Sujeto pasivo El Estado como representante del pueblo se ve afectado por tales hechos
Elementos constitutivos a) Debe ser cualquiera persona con capacidad de actuar que se dirige a la autoridad. b) La denuncia deberá ser hecha ante la autoridad competente. c) Hechos punibles a sabiendas de que no se ha cometido tales hechos. d) Señalar pruebas o indicios de la comisión de un delito que puede servir de indicios para un proceso penal. e) O puede ser que falsamente se atribuye delito sin cometerlo o que ha sido cometido por otro. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de tres años.
ENCUBRIMIENTO PERSONAL Código Penal Art. 404. El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Agravante. Si el agente sustrae al autor de delito contra la tranquilidad pública, contra el Estado y la Defensa Nacional o de tráfico ilícito de drogas, la pena privativa de libertad será no menor de 7 años ni mayor de 10 años y de 180 a 365 días multa.
Si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público, encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente la pena será privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años.
Norma anterior Código Penal de 1924 art, 331 Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que se perjudica con la mala Administración de Justicia por parte de los que deben encargarse de ella. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra actividad ordenada por la justicia, así como a determinados delitos y con el agravante de ser funcionario o servidor público o custodia del referido interno. b) Sujeto pasivo El Estado por cuanto la mala administración de justicia perjudica la imagen de éste ante la colectividad nacional.
Elementos constitutivos a) Debe se una persona con clara intención de sustraer una persona. b) La sustracción de una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia. c) Es agravante si al sustraer lo hace al autor de los delitos a la tranquilidad pública, contra el Estado y la Defensa Nacional o de tráfico ilícito de drogas. d) Es a su vez agravante si el autor del encubrimiento personal es funcionario o servidor público encargado de la investigación del delito o de la custodia del delincuente.
Penalidad. Para personas que simplemente sustraen es pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando se trata de autor de delitos contra la tranquilidad pública, contra el Estado y la Defensa Nacional o tráfico ilícito de drogas, la pena no será menor de siete ni mayor de 10 años y 180 a 365 días multa. Y tratándose de que el autor sea funcionario o servidor público encargado de la investigación o la custodia del delincuente la pena privativa no será menor de 10 años ni mayor de 15 años.
OMISION DE COMUNICAR A LA AUTORIDAD Código Penal Art. 407. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito, cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. Agravante Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la Ley pena privativa de libertad superior a cinco años, la pena será no menor de dos años ni mayor de cuatro años.
Norma anterior Código Penal de 1924 art, 333 (modificado por D. Leg. 121) Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que se perjudica con la mala Administración de Justicia por parte de los que deben encargarse de ella. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que omita comunicar a la autoridad los motivos sobre la comisión de un delito. b) Sujeto pasivo La Administración de Justicia por cuanto la falta de esclarecimiento constituye serio agravante para su administración.
Elementos constitutivos a) Debe ser una persona particular que omita comunicar a la autoridad los motivos que tenga acerca de la comisión de un delito. b) Debe estar obligado a hacerlo por su profesión o empleo, por ejemplo un médico o una enfermera. c) Cuando el hecho punible no denunciado merezca una pena privativa de libertad superior a cinco años es agravante. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de dos años. La causa agravante es cuando el delito es susceptible de sanción a pena privativa de libertad no mayor de cinco años, en este caso la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de 4 años.
FUGA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE Código penal Art. 408. El que después de un accidente automovilístico o de otro similar es el que ha tenido parte y del que han resultado lesiones o muerte, se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones necesarias o se aleja por razones atendibles pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres y con 90 a 120 días multa. Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que se perjudica con la mala Administración de Justicia por parte de los que deben encargarse de ella.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que haya tenido parte de un accidente automovilístico u otro similar. b) Sujeto pasivo Cualquier persona que se encuentre lesionado y el Estado que se ve empeñado con la procedencia de las personas ante los delitos que se cometen.
Elementos constitutivos a) Tienen que ser una persona que ha estado en el accidente automovilístico u otro similar como parte de dicha acción. b) Que se haya producido efectivamente un accidente automovilístico u otro similar. c) Que como producto de dicho accidente se haya producido lesiones o muerte. d) El agente se aleja del lugar para sustraerse a su identificación o para eludir las comprobaciones. e) Puede ser que también se aleje por razones atendibles pero omite dar cuenta inmediata a la autoridad. f) Debe ser abandono en persona en peligro por lesiones por la cual requiere de atención inmediata u otra clase de auxilio. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de tres años y con 90 a 120 días multa.
EVASION Código Penal Art. 413. El que, estando legalmente privado de su libertad, se evade por medio de violencia o amenaza, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que se ve afectado por la mala Administración de Justicia por quienes están encargados de ella. Sujeto a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que se encuentre privado de su libertad en forma legal.
b) Sujeto pasivo El Estado por la mala actuación de la Administración de Justicia. Elementos constitutivos a) Debe tratarse de una persona que está legalmente privado de su libertad. b) La evasión por medio de violencia o amenaza a los que le cuidan. Penalidad. Pena privativa de libertad no mayor de tres años.
FAVORECIMIENTO DE LA EVASION Código Penal Art. 414. El que por violencia, amenaza o astucia, hace evadir a un preso, detenido o interno o le presta asistencia en cualquier forma para evadirse, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Agravante Si el agente que hace evadir, o presta asistencia para tal efecto es funcionario o servidor público, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Favorecimiento culposo Si el agente actuó por culpa, la pena será no mayor de un año. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 335
Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que requiere de una buena actuación de la Administración de Justicia por quienes están encargados de ello. Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer hace evadir a un preso, detenido o interno con el agravante que puede ser funcionario o servidor público. b) Sujeto pasivo El Estado que se ve agraviado por el mal comportamiento de los que administran justicia.
Elementos constitutivos a) Debe ser ejecutado por una persona particular o funcionario o servidor público. b) Que exista violencia, amenaza o asistencia para hacer evadir a un preso, detenido o interno. c) Puede ser solo asistencia en cualquier forma para poder evadirse. d) El agravante es que el agente sea funcionario o servidor público. e) Puede existir culpa en el favorecimiento para la evasión. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, Con agravante pena privativa no menor de tres ni mayor de 8 años. Por el delito culposo pena privativa no mayor de un año.
MOTINAMIENTO DE DETENIDOS Código Penal Art. 415. El detenido o interno que se amotina atacando a un funcionario del establecimiento a cualquier persona encargada de su custodia u obligando por la violencia o amenaza a un funcionario del establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia a practicar o abstenerse de un acto con el fin de evadirse, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni mayor de 4 años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 336
Bien jurídico tutelado El pueblo o la sociedad que requiere de una buena actuación de la Administración de Justicia por quienes están encargados de ello. Sujetos a) Sujeto activo Necesariamente es un detenido o interno que se encuentra recluido. b) Sujeto pasivo El Estado ya que se perjudicado con la mala actuación de la Administración de Justicia.
Elementos constitutivos a) Debe tratarse de un detenido o interno. b) En su amotinamiento debe atacar a un funcionario o a cualquier persona amargada de su custodia. c) Debe obligar por la violencia o amenaza a funcionario del establecimiento o a cualquier persona encargada de su custodia. d) Debe llegar a practicar o abstenerse de un acto con el fin de evadirse. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
FRAUDE PROCESAL Código Penal Art. 416. El que por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a la Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Bien jurídico tutelado. La Administración de Justicia por cuando con el equivocado desarrollo de sus funciones se ve afectado su imagen ante la colectividad nacional.
Sujetos a) Sujeto activo Cualquier persona hombre o mujer que con cualquier medio fraudulento induce en error a un funcionario o servidor público. b) Sujeto pasivo El funcionario público o el Estado que se ve agraviado por el mal comportamiento de los interesados de la colectividad. Elementos constitutivos a) Debe ser una persona particular que utiliza cualquier medio fraudulento. b) La idea es hacer inducir en error a un funcionario público. c) El resultado obtenido es una resolución contraria a la Ley. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 4 años.
PREVARICATO POR FALLO O DICTAMEN ILEGAL Código penal Art. 418. El juez o fiscal que a sabiendas dicta resolución o emite dictamen, contrarios al texto expreso y claro de la Ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos o se apoya en leyes supuestos o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Norma anterior Código Penal de 1924 art, 354 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico tutelado La sociedad o el Estado con la mala Administración de Justicia se ven afectadas tremendamente por funcionarios o encargados de ella. Sujetos a) Sujeto activo Sólo puede ser el juez o el fiscal que desempeñan funciones en el ejercicio de su cargo. b) Sujeto pasivo El que resulta agraviado con dicho fallo o dictamen y el Estado por la mala actuación de la Administración de Justicia.
Elementos constitutivos a) El Juez o el Fiscal que actúan a sabiendas de que está mal dictar resolución o emitir dictamen en forma ilegal. b) Dicha resolución o dictamen son contrarios al texto preciso y claro de la Ley o citar pruebas inexistentes o hechos falsos. c) Dichas nociones pueden apoyarse en leyes supuestos o derogados. Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
CAPITULO III DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA
NEGATIVA DEL JUEZ A ADMINISTRAR JUSTICIA Código Penal Art. 422. El Juez que se niega administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencia de la Ley será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Norma anterior Código Penal de 1924 art, 358 (modificado por Ley Nº 24653)
Bien jurídico tutelado La población o sociedad que se afectado por la mala Administración de Justicia por quienes están encargados de ella. Sujetos a) Sujeto activo Necesariamente tiene que ser un Juez. b) Sujeto pasivo El agraviado y el Estado por la mala Administración de Justicia.
a) b) c) El Juez debidamente investido de autoridad. La negativa a administrar justicia. Aludir so pretexto de defecto o deficiencia de la Ley.
Penalidad. Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA El rubro de los delitos contra la fe pública contiene el concepto de falsedad entendido como la falta de verdad del contenido de los documentos en cuanto a la falsedad material ( sobre la autenticidad del documento) o la falsedad ideológica (respecto de la información que contiene). Ambos aspectos se refieren a la dicotomía existente entre lo que dice el documento falso y la realidad. En realidad el eje de la protección penal se refiere a la presentación de la autenticidad del documento.
Bien jurídico En los delitos contra la fe pública se protege la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico en la medida que desarrolla una triple labor: perpetuación de la declaración documental, garantía del autor del documento en el tráfico jurídico, medio de prueba de la declaración documental No se protege únicamente la falta de verdad en el documento. La protección penal surge contra los documentos que ingresan al tráfico jurídico ocasionando perjuicio.
Falsificación de documento Tipicidad objetiva La conducta descrita en el artículo 427 del Código Penal señala las siguientes conductas: Hacer. Se refiere a la confección o elaboración de un documento. Esta conducta indica la creación de un documento y, por lo tanto, no es necesario que exista. La elaboración puede ser en la totalidad del documento o sólo en un parte de él. Los medios empleados para confeccionar un documento o para adulterarlo pueden ser de cualquier índole o proceso técnico idóneo que permita efectuar la falsificación. Adulterar. Se refiere a la adulteración que sufre un documento auténtico. En este caso, previamente, se constata la existencia un documento auténtico sobre el cual recae la acción delictiva que realiza un proceso de adulteración.
Usar. La conducta prohibida se refiere al uso de documentos falsos o adulterados. Es necesario además que se establezca un elemento subjetivo en la conducta del agente; es decir que el agente conozca que el documento que está utilizando es total o parcialmente falso. Condición efectiva de punibilidad. El tipo penal exige que los documentos falsos sean capaces de causar perjuicio. Es decir, no es suficiente con falsificar un documento sino que es indispensable que, además, que tengan la capacidad de producir algún perjuicio. El perjuicio al que se refiere el Código puede ser de cualquier índole patrimonial, personal o moral.
Concepto del documento El Código Penal no establece el concepto de documentos y, por lo tanto, debemos extraerlo de las normas contenidas en el Código Procesal Civil. El artículo 233 del Código Procesal Civil señala que el documento es "todo escrito u objeto que sirva para acreditar un hecho". A continuación, artículo 234, señala las clases de documentos incluyendo cualquier clase de objeto donde puede fijarse un hecho, acontecimiento o pensamiento. El aspecto esencial para considerar en la categoría de documento a un objeto es que tenga la capacidad para conservar o fijar en el tiempo un hecho o actividad humana.
Por documento se entiende todo objeto en el cual se ha fijado, por medio de signos que tienen permanencia jurídicamente apreciable, un contenido espiritual cualquiera. No obstante la protección penal recae sobre los documentos que tienen interés jurídico relevante cuando pueden servir como medio probatorios al fundamentar un pretensión en derecho. El documento no sólo debe ser usado en un proceso sino que puede servir en el tráfico jurídico en general.
Documentos públicos. De acuerdo al Código Procesal Civil, artículo 235, son documentos públicos los otorgados por funcionario público en ejercicio de sus funciones y por lo que extienden los notarios.
Documentos equiparados a documentos públicos. La ley penal considera en la categoría de documentos públicos, para efectos penales en los delitos contra la fe pública, a los registros públicos testamentos, ológrafos y cerrados, títulos valores y de créditos transmisible por endoso o al portador (CP. 433) Circunstancias agravantes El artículo 427 señala en su última parte el agravante cuando la falsificación o el uso de los documentos falsos se realizan con documentos públicos.
Penas Cuando la falsificación o el uso de los documentos se efectúan sobre documentos privados la sanción es pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro- En el caso de tratarse de documentos públicos la pena es de dos a diez años. Cuando el agente es funcionario público o notario se impondrá, además de las sanciones señaladas, la inhabilitación por el plazo de uno a tres años. La inhabilitación comprenderá la suspensión del cargo de notario que ejercía y la incapacidad para obtener mandato o cargo público.
Comisión del delito por parte del Notario Para aplicar la agravante es necesario que el notario efectúe la falsificación o use el documento falso con abuso de sus funciones. Esto es, que el delito se realice durante el ejercicio de sus funciones (CP 432) FALSIFICACION DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS OFICIALES Falsificación de sellos o timbre.-(CP. 434) Tipicidad objetiva. Se encuentra compuesta de las siguientes conductas: Fabricar. Se refiere a la labor de confeccionar por cualquier método o medio los sellos o timbres oficiales con el propósito de que sean utilizados o incorporados al tráfico comercial, por sí o por otra
Falsificar. Se refiere a adulterar los sellos o timbres utilizados para darle apariencia de ser nuevos y puedan ser nuevamente empleados. Usar. Los timbres falsos o ya empleados conocimiento de a procedencia o que ya no tienen valor. Falsificación de marcas oficiales. (CP. 435) Tipicidad objetiva. Se encuentra compuesta de las siguientes conductas: Fabricar. Se entiende por confeccionar, producir, por cualquier método o medio, las marcas o contraseñas que sirven para demostrar la identidad de un objeto o la realización de una inspección o examen. La conducta descrita también comprende la falsificación de marcas oficiales.
Usar. El concepto de usar se refiere únicamente a emplear la marca falsa sin que sea necesario que el agente la haya fabricado. El vocablo "a sabiendas" se refiere a l conocimiento de la procedencia lícita de las marcas que utiliza. Objeto material. Los objetos protegidos en este capítulo pueden ser los sellos, o marcas oficiales. La protección penal se extiende a las de procedencia extranjera, artículo 437. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Cuando el agente es funcionario público se impondrá, además de las sanciones señaladas, la inhabilitación por el plazo de uno a tres años. La inhabilitación comprenderá la suspensión en el cargo que ejercía y la incapacidad para obtener cualquier mandato o cargo público.
Penas El uso o la falsificación de los sellos o timbres se sancionan con pena privativa de libertad de dos a cinco años y multa. Adicionalmente se impone, a los funcionarios públicos, la inhabilitación, de uno a tres años, suspendiéndolo en el cargo e incapacitándolo para obtener cualquier otra función pública. LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LAS CONDUCTAS DISTINTAS A LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, SELLOS, TIMBRES Y MARCAS OFICIALES. Falsedad ideológica.-(CP. 428) Este tipo penal protege a los documentos públicos debidos a su mayor garantía y validez que gozan frente a los documentos privados y requiere que la alteración se efectúa sobre el contenido del instrumento.
Tipicidad objetiva. La falsedad sobre el contenido de los documentos contiene, en su tipo objetivo, las siguientes conductas. Insertar o hacer insertar declaraciones falsas. El insertar, por si o por medio de otra persona, supone al incluir o añadir declaraciones que no corresponden a la realidad. Las declaraciones debe ser relativas a declaraciones que han de ser probados con el documento en cuestión. Uso de documento. Al utilizar el documento el agente debe conocer que ha sido falsificado y que su contenido no es el verdadero. Debe, por lo tanto, constatarse la conexión subjetiva, exigida por la ley; es decir, el conocimiento de la falsedad del documento.
Objeto material. Esta conducta sólo recae sobre los documentos públicos. Condición objetiva de punibilidad, causar algún perjuicio. Esta condición es la misma a la señalada al desarrollarse el delito de falsificación de documentos. Tipo subjetivo. Además del dolo es necesario que el agente actúe con el ánimo o propósito de utilizar el documento adulterado. Consumación. Conforme a la estructura típica de este artículo el momento consumativo ocurre cuando el agente simplemente realiza la conducta descrita sin esperar que se produzca el perjuicio. Esto es al insertar, al hacer que otro realice la inserción o usa; es un delito de peligro.
Omisión en la expedición de documentos.-(CP 429) Es un delito de omisión propia pues el agente cumple con realizar el mandato debido señalado la norma penal. La conducta omisiva puede realizarse al momento hacer el documento o cuando se expide duplicado. no en de un
Objeto material. Pueden ser los documentos públicos o privados. Condición objetiva de punibilidad. El tipo penal exige que la omisión tenga el propósito de dar origen a un hecho u obligación.
Elemento subjetivo. La conducta descrita debe realizarse dolosamente. El agente debe conocer que no cumple con la norma y querer omitir efectuar la conducta debida. Supresión o destrucción de documentos.-(CP. 430) El tipo objetivo señala que la conducta del agente deba destruir o suprimir, en todo o en parte, cualquier tipo de documentos. No es indispensable que el documento se encuentre incorporados a un expediente o en custodia de un funcionario público sino que la conducta del agente impida que el documento continúe en el tráfico jurídico.
Causar perjuicio. Al igual que en el delito contra la fe pública se exige, como elemento objetivo, que la supresión o destrucción tenga la capacidad de causar peligro. Falsedad supletoria. (CP. 438). Es un tipo residual complementario de las disposiciones sobre la falsificación anteriormente analizadas. Esta disposición extiende la sanción a las falsedades que se cometen sin utilizar un documento o escrito al indicarse que el medio utilizado puede ser "palabras, hechos".
Establece un supuesto en el cual se utiliza el nombre o la calidad de una persona o suponiendo viva a un fallecido. El núcleo del tipo se encuentra en la alteración de la verdad. Asimismo, exige como condición objetiva de punibilidad, la existencia de un perjuicio a terceros.
Actos preparatorios.-(CP. 439). Esta disposición tiene referencia a los delitos de falsificación de sellos, timbres, o marcas oficiales. El Código sanciona los actos preparatorios que realiza el agente con el propósito de realizar las falsificaciones indicadas.
El tipo penal, por tener la estructura de un delito de peligro, se consuma al momento de fabricar los cuños o al mantener en su poder los elementos señalados en el tipo sin que sea necesario que se llegue a efectuar la falsificación
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