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Timestamp: 2017-11-23 16:50:12
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 105', 'artículo 157', 'artículo 57', 'artículo 160', 'artículo 80', 'artículo 105', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 106', 'artículo 1279', 'artículo 106', 'artículo 1278']

Asesores Legales y Tributarios CIALT Abogados | 2012 abril
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23 abril, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Fiscal, Gestión, Normas Básicas y de Procedimiento Español /por Arantxa Pinto Paniagua
El 7 de Diciembre de 2011 el Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación en interés de la Ley en relación con la materia de comprobación de valores y más en concreto, con el medio regulado en el artículo 57.1.g) de la LGT referida al valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas.
Este recurso trae su causa en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que tenía una posición más pro-contribuyente, al considerar este medio de comprobación especial y necesitado de una serie de requisitos extras en cuanto a su posible utilización por la Administración.
En concreto se analiza la Sentencia 21 de Abril de 2010, en la cual el Tribunal estimó el recurso planteado al considerar que “es necesario partir de que el medio de comprobación previsto en el apartado 1, g) del artículo 57 LGT no puede referirse a un criterio abstracto y desligado del tributo a que se refiere, cuya normativa deba observarse por imperativo de lo dispuesto en el artículo 57.3 (…). El apartado g) del artículo 57.1LGT se introdujo por la ley 36/2006 , de medidas para la prevención del fraude fiscal, lo que implica que la comprobación atiende de este modo a tal finalidad, que debe justificarse implicita en el negocio jurídico que configura el tributo.
De este modo, al utilizar este medio de comprobación hay una carga adicional para la Administración ( artículo 105.1LGT ) consistente en acreditar la correspondencia entre el valor que considera correcto y el que corresponde de acuerdo con la normativa del impuesto para fijar su base imponible; operación en la que ha de incluirse la justificación concreta del modo en el cual una tasación que, notoriamente, le viene impuesta al contribuyente.”
Por tanto, se exigía que la Administración demostrara que el valor contenido en la tasación se correspondía con el real que pretendía concretar la normativa del impuesto al que se refería la comprobación y, a su vez, que existiera por parte del Administrado un ánimo defraudatorio en el valor declarado.
Esta conclusión se puede relacionar a su vez con una Instrucción de la Agencia tributaria de Cataluña de 2008, en la que se señalaba que “la utilización de los valores asignados en las tasaciones realizadas a efectos de la concesión de préstamos hipotecarios aconseja asegurarse previamente de que conducen a valores similares a los que resultan de otros medios de comprobación, ya que no pueden aplicarse en múltiples comprobaciones”.
Asimismo, se considera que este valor contenido en las tasaciones hipotecarias era algo impuesto al contribuyente, en cuanto es la entidad bancaria prestamista la que la fija, teniendo transcendencia a efectos hipotecarios y no, en principio, tributarios.
Pues bien, en la resolución del recurso impuesto por la Administración General del Estado, el Tribunal Supremo falla a favor de la misma considerando erróneo el criterio que sienta la anterior sentencia, fijando nueva doctrina legal en este materia:”la utilización por la Administración tributaria del medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del art. 57.1 de la LGT (“Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria“), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre , no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores , por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse“.
Esta doctrina se basa en los siguientes fundamentos:
1.	Una de las finalidades de la nueva redacción dada al precepto por la Ley 36/2006 era ampliar los medios de comprobación.
2.	La ley de cada tributo tiene la posibilidad de establecer como medio de comprobación exclusivamente uno o varios de los enumerados en la LGT.
3.	El artículo 157.1 de la LGT exceptúa los casos en los que no puede comprobar el valor declarado por el obligado tributario.
4.	No se establece en el artículo 57 de la LGT ninguna preferencia de ningún medio de comprobación sobre los demás
5.	Por último, en el artículo 160.3 del Reglamento de gestión e inspección de tributos no se establece ninguna particularidad en relación con el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas.
Interesante sentencia que aborda la eficacia de las notificaciones, estableciendo una serie de parámetros que permiten tratar el tema con cierta homogeneidad antes de entrar a discutir sobre el fondo del asunto.
Se parte de la doctrina del Tribunal Constitucional en cuanto a la finalidad de las notificaciones, que no es otra que “llevar al conocimiento » de sus destinatarios los actos y resoluciones « al objeto de que éstos puedan adoptar la conducta procesal que consideren conveniente a la defensa de sus derechos e intereses y, por ello, constituyen elemento fundamental del núcleo de la tutela judicial efectiva » sin indefensión garantizada en el art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) ( STC 59/1998, de 16 de marzo ( RTC 1998, 59) , FJ 3; en el mismo sentido, SSTC 221/2003, de 15 de diciembre ( RTC 2003, 221) , FJ 4 ; 55/2003, de 24 de marzo ( RTC 2003, 55) , FJ 2).”
Y para ello es necesario poner en ponderación dos elementos:
–	El grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades establecidas y, en concreto, la referida a la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance y el carácter excepcional de la notificación edictal.
–	Circunstancias particulares concurrentes en cada caso: diligencia demostrada tanto por la Administración como por el interesado; cabe resaltar el especial deber de diligencia de la Administración cuando se trate de notificaciones de sanciones y ponerlo en concurrencia con la buena fe del administrado en cuanto con su conducta pueda enervar la eficacia de tales actos.
En definitiva, lo importante es que el acto llegue a conocimiento tempestivo del interesado y si se le causó o no indefensión material y no tanto si se cumplieron con todas las formalidades previstas en la norma.
Sin embargo, cabe diferenciar dos situaciones:
1.	Si se cumplieron con las formalidades que exige la norma, se entiende que el interesado ha tenido conocimiento tempestivo del acto notificado.
Es una presunción que puede ser enervada si se acredita suficientemente que el acto o no llegó a su conocimiento, o cuando llegó ya no podía reaccionar contra el mismo (en estos casos se exige diligencia al interesado y no a un posible tercero receptor de la notificación), o pese a no haber actuado con la diligencia debida la Administración tampoco lo hizo (por ejemplo se acude directamente a la notificación edictal tras un primer intento fallido de la notificación).
2.	Se incumplen formalidades previstas en la norma, diferenciando si son de carácter sustancial que causan indefensión al interesado y lesionan su derecho a la tutela judicial efectiva ( por ejemplo de estos son: envío de la notificación a un domicilio de un tercero que no guarda proximidad geográfica con el interesado, o éste no se identifica) o si son de carácter secundario, que entonces el Tribunal entiende que el acto o resolución ha llegado a conocimiento tempestivo del interesado en la medida que no son garantías imprescindibles para asegurar su recibo.
Una vez sentados los criterios anteriores, el Tribunal Supremo entra a valorar si en el caso concreto del recurso se considera que hubo o no deficiencias en la notificación como señala la recurrente.
La recurrente no se encontraba en su domicilio cuando llegó la notificación y fue recogida por su vigilante de seguridad, el cual hizo constar su identidad como requiere la normativa (articulo 105.4 LGT) cumpliendo con ello con las formalidades exigidas.
En base a los criterios anteriores, se debe entender que en principio el acto ha llegado tempestivamente a conocimiento del interesado.
Sin embargo, la recurrente considera que el vigilante de seguridad no es persona apta para recibir notificaciones y no se puede equiparar a un conserje o portero.
El Tribunal rechaza tal argumento basándose en su propia jurisprudencia al entender que:
1.	Se cumplieron todos los requisitos establecidos, ya que como señaló el funcionario de Correos, era persona calificada como destinatario (artículo 80.2 Ley de Procedimiento Administrativo).
2.	En base a sentencias como la de 4 de marzo de 2010, señalando que con relación a la persona que se hace cargo del acto que se notifica, es verdad que la jurisprudencia de esta Sala se ha referido en mayor medida, admitiendo su validez y eficacia, a las notificaciones realizadas en la persona de los conserjes y porteros [por todas, Sentencias de 4 de marzo de 2010 (rec. cas. núm. 2421/2005), FD Quinto , y de 25 de septiembre de 2009 (rec. cas. núm. 3545/2003 ), FD Cuarto], pero la misma solución debe aplicarse a los vigilantes de seguridad cuando éstos realicen, con relación a la recepción y distribución del correo, funciones similares a las de un portero o conserje. Y, en este caso, puede deducirse razonablemente que don Pedro Antonio, vigilante de seguridad, ejercía de facto también la función de recepción y distribución del correo propia de un portero. Prueba de ello es que recibió en alguna otra ocasión una notificación dirigida a doña Noemi , como el mismo reconoce en el acta notarial de manifestación incorporada en la instancia.
Por tanto, se entiende notificado el acto el día que lo recibió el tercero y como válida la notificación realizada.
18 abril, 2012 /0 Comentarios/en Eventos Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El próximo día 10 de mayo de 2012 tendrá lugar en la ciudad de Madrid el Seminario sobre Transporte y logística en el sector del papel. Esta jornada tendrá como objetivo dar a conocer o mejorar el conocimiento sobre las responsabilidades del cargador y del transportista, las acciones para la mejora competitiva del transporte en el Sector Papel, la evolución del transporte marítimo mundial y su incidencia en el Sector Papel, el desarrollo de la intermodalidad y el papel del ferrocarril, la mejora de la sostenibilidad del transporte por carretera, el futuro de los modelos de transporte en la industria del papel así como los nuevos sistemas de distribución aplicados al Sector Papel. En este evento participará el consultor de CIALT Alberto Emparanza Sobejano, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco, profesional de reconocido prestigio en el sector del Derecho del Transporte y Logística.
Este seminario va dirigido a Directores Generales, Directores y Responsables de Logística y Transportes, Financieros, de Fábrica, Comerciales, responsables o técnicos, en general, de distintas áreas de gestión de la empresa con responsabilidad o simplemente interesados en mejorar sus conocimientos del transporte y la logística.
Entre los ponentes encontraremos:
Armando García-Mendoza: Secretario General, ASPAPEL
Alberto Emparanza: Catedrático de Derecho Mercantil Universidad del País Vasco, CIALT ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS
Juan del Agua: Responsable de Logistica Unidad Ingenieria e Innovacion, AIDIMA
Andrés Rodríguez: Director General, FR. MEYER´S SOHN (GmbH & Co.)
Miguel Angel Fañanás: Gerente de Mercado División General de Cargas, TRANSFESA
Fernando Liesa: Director Gerente, Centro Nacional de Competencia en Logística Integral Coordinador de LOGISTOP
Félix Ávila: Director Central Comercial-Transportes, LUIS SIMOES LOGÍSTICA INTEGRADA
Roberto Martinez: Director Territorial, NORBERT DENTRESSANGLE GERPOSA
Para más información, por favor, pulse aquí.
JORNADA SOBRE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES EN LA AEDAF EN BILBAO
16 abril, 2012 /0 Comentarios/en Eventos Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El próximo día 17 de abril de 2012, Eneko Rufino Bengoechea, socio de CIALT adscrito al departamento de derecho fiscal, y Josu Ibarzabal Barrenechea, asociado de CIALT adscrito al departamento de derecho mercantil, impartirán una jornada sobre el siempre interesante y controvertido tema de la retribución de los administradores.
El germen de esta jornada se encuentra en la que el propio Eneko Rufino impartió en Madrid, en la Delegación de la AEDAF de Madrid y Castilla La Mancha, el pasado 1 de diciembre.
En esta ocasión, la jornada será de 3´5 horas y se impartirá en la sede que la Delegación de la AEDAF de País Vasco que tiene en Bilbao, en la calle Elcano nº 21, de 16.00 a 19.30h. Así mismo, además de las controvertidas cuestiones fiscales derivadas de diferentes actuaciones de la Agencia Tributaria y de diversas sentencias dictadas por los Tribunales, se abordarán las cuestiones mercantiles de la retribución de administradores.
16 abril, 2012 /0 Comentarios/en Noticias Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
El próximo día 3 de mayo de 2012 se celebrará en Madrid la jornada formativa “La responsabilidad de los administradores de empresas de transporte“. Esta ponencia será impartida por Alberto Emparanza Sobejano, Josu Ibarzabal Barrenechea y Marta Tena Núñez, de CIALT, en la sede de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC).
Los puntos a tratar en esta acción formativa serán:
1) Situación actual y alcance del régimen de responsabilidad de los administradores y altos directivos de empresas de transporte.
2) La responsabilidad mercantil y concursal de los administradores de empresas de transporte.
3) Las consecuencias penales de la responsabilidad de los administradores de empresas de transporte.
4) Propuestas y recomendaciones para evitar la responsabilidad de los administradores en las empresas de transporte.
Horario: de 8:30h a 14:30h
Precio: 78 € bonificado. Coste de gestión de bonificación gratuito.
Lugar: ASTIC, C/ Fernández de la Hoz, 78. Entreplanta. 28003 Madrid.
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10 abril, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de marzo de 2012 se pronuncia sobre dos importantes cuestiones que han sido objeto de amplios debates doctrinales.
Así, por un lado se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la responsabilidad de administradores por deudas de la sociedad y por otro sobre el criterio a seguir en la determinación del “dies a quo” para el cómputo del plazo de dos meses en los que debe efectuarse la convocatoria de la Junta que deba decidir sobre la disolución de la sociedad cuando concurra causa legal.
Ambas cuestiones, a pesar de haber sido resueltas por nuestro Alto Tribunal, continúan siendo objeto de numerosas controversias judiciales.
La primera de las cuestiones la aborda al mismo tiempo que determina la irretroactividad de la modificación operada por la Ley 19/2005 sobre el antiguo artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (actual art. 367 LSC).
Como es sabido, dicha modificación suavizaba la responsabilidad por deudas de los administradores sociales que dejaba de abarcar “todas las deudas sociales” para comprender exclusivamente las deudas “posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución”.
En su argumentación los recurrentes calificaban la responsabilidad por deudas como “sanción”, pretendiendo con ello la aplicación retroactiva de la Ley 19/2005 por obra del artículo 9.3 de la Constitución que permite la aplicación retroactiva de normas sancionadoras favorables.
Pues bien, frente a dicho argumento el Alto Tribunal se alza refiriéndose a varias sentencias (STS 458/2010, de 30 de junio y STS 557/2010, de 23 de septiembre) en las que ya se había rechazado que la responsabilidad por deudas tenga naturaleza punitiva o sancionadora. Conforme con ello entiende que la eficacia en el tiempo de la Ley 19/2005 queda sometida a lo dispuesto en el artículo 2.3 del Código Civil – irretroactividad de leyes si no dispusieren lo contrario- y por ende dicha norma no puede aplicarse con carácter retroactivo.
Con respecto a la segunda de las cuestiones – determinación del “dies a quo” para el computo del plazo de convocatoria de Junta – vuelve a recordar la jurisprudencia uniforme de la Sala (STS 460/2010, de 14 de julio y STS 680/2010 de 10 de noviembre) que ha afirmado con rotundidad que el cómputo de los dos meses para la convocatoria de la Junta de la sociedad tiene lugar desde que los administradores efectivamente conocieron la concurrencia de la causa de disolución, o la habrían conocido de ajustar su comportamiento al de un ordenado empresario.
Es decir, queda meridianamente claro que el “dies a quo” para el cómputo del plazo no es una fecha concreta e inamovible, como pueda ser la aprobación o formulación de cuentas anuales, sino que puede concurrir en cualquier momento de la vida social y serán los administradores los obligados a conocerlo.
2 abril, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Civil, Sección 1ª) 258/2012, de 5 de enero de 2012. Recurso 931/2008 y Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo Civil, Sección 1ª) 234/2011, de 14 de abril de 2011. Recurso 1147/2007.
Cuando vamos a realizar una compra o una venta de participaciones sociales de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) no se nos pueden pasar por alto dos cuestiones básicas:
1. El régimen de transmisión previsto en los estatutos de la sociedad cuyas participaciones se van a transmitir. En defecto de los mismos, se aplicará el régimen legal que se regula en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y que en la mayoría de las ocasiones coincidirá con el estatutario.
Así, en líneas generales, serán libres las transmisiones entre socios y las realizadas a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes del socio o de sociedades del grupo. Respecto al resto de transmisiones, se establecen dos obligaciones: (i) Comunicación al órgano de administración: el socio que pretenda transmitir sus participaciones a un tercero lo deberá comunicar a los administradores de la sociedad y (ii) Aprobación por la Junta General: dicha transmisión deberá ser aprobada por el resto de socios que, en todo caso, tendrán derecho de adquisición preferente frente al tercero.
2. La forma jurídica de la transmisión. Es sabido por todos que para la válida transmisión de participaciones sociales es necesario escritura pública. Así lo disponía el derogado artículo 26.1 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada (LSRL) y lo establece el actual artículo 106.1 de la LSC, según el cual “La transmisión de las participaciones sociales deberán constar en documento público”.
Pues bien, respecto a este último requisito, nos sorprende lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 2012, siguiendo el criterio ya establecido en la sentencia del mismo Tribunal de 14 de abril de 2011 (RJ/2011/3591) señalando que “La referida exigencia formal ha sido entendida en el sentido de que no tiene carácter esencial -ad substantiam o solemnitatem- para la perfección de la transmisión, sólo cumple la función de medio de prueba -ad probationem- y de oponibilidad de la transmisión a los terceros -ad exercitium o utilitatem-, en sentido similar al que atribuye a la misma forma el artículo 1279 del Código Civil”.
De esta forma, el Tribunal Supremo viene a aclarar que la exigencia de documento público del artículo 106.1 de la LSC no es constitutiva, es decir, no es esencial para la validez de la transmisión de participaciones sociales, sino que dicha formalidad tiene un doble valor: (i) Valor probatorio, que se puede manifestar positivamente (la forma del documento público es el único medio de probar su existencia) o de forma negativa (excluyendo lo demás medios de prueba) y (ii) Valor de publicidad que implica su eficacia general o respecto a terceros y su oponibilidad mediante la facultad de las partes de exigirse recíprocamente el otorgamiento de documento publico ex art. 1279 CC.
Para su argumentación el Alto Tribunal se basa fundamentalmente en el principio espiritualista o de libertad de forma que rige nuestro ordenamiento jurídico y que consagra el artículo 1278 del Código Civil “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez” y es ratificado por innumerable jurisprudencia (entre otras, STS 133/2004, de 19 febrero -RJ 2004, 821-, STS 182/1999, de 27 febrero -RJ 1999, 1894-, STS 441/2007, de 24 de abril -RJ 2007, 2418-).
A la vista de lo anterior podemos concluir que la falta de documento público (escritura pública) no implica la nulidad del contrato de compra-venta de participaciones sociales de una SRL sino que solo le confiere de una eficacia relativa en la medida en que las partes pueden compelerse a cubrir dicha forma.
No obstante, a efectos prácticos, siempre será mejor documentar desde un principio la transmisión de participaciones sociales en escritura pública pues de esta forma dicha transmisión gozará de la fe pública notarial presumiéndose su contenido veraz e íntegro y sirviendo de titulo suficiente para poder inscribir su titularidad en el libro registro de socios de la sociedad y hacer valer su eficacia frente a terceros.