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Timestamp: 2020-08-11 07:02:36
Document Index: 402442992

Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'Artículo 91', 'artículo 3', 'artículo 37', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 151', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 6', 'Artículo 19', 'artículo 151', 'Artículo 19', 'artículo 4', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 2', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'artículo 5', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'artículo 1', 'Artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 59', 'artículo 65', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 29', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 66', 'Artículo 70', 'artículo 71', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 19', 'Artículo 77', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 91', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'artículo 32']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2009-17181
Documento consolidado BOE-A-2009-17181
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos.
«DOGC» núm. 5430, de 28/07/2009, «BOE» núm. 262, de 30/10/2009.
BOE-A-2009-17181
https://www.boe.es/eli/es-ct/dlg/2009/07/21/1/con
Modificación publicada el 23/04/2020
Texto inicial publicado el 28/07/2009
Artículo 20 quinquies
Artículo 91 ter
La disposición final de la Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos, faculta al Gobierno para que, en el plazo de un año, refunde en un texto único la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos; la Ley 11/2000, de 13 de noviembre, reguladora de la incineración de residuos; la Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, y esa Ley.
La autorización para refundir se extiende también a la aclaración, la regularización y la armonización de los textos legales mencionados.
Los textos legales a refundir incluyen normas publicadas a lo largo de más de una década. La Ley 6/1993 entró en vigor en el año 1993. La primera modificación de este texto se produjo en el año 2003 y la segunda, en el año 2008. Estas modificaciones fueron impulsadas por diferentes motivos, pero en ambas se pone de manifiesto la necesidad de adaptar la Ley 6/1993 a las nuevas disposiciones publicadas en materia de residuos en el ámbito estatal y a la normativa de la Unión Europea.
Efectivamente, en el año 1998 en el ámbito estatal fue publicada la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que tiene la consideración de normativa básica. Cabe destacar también la publicación de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación y la lista europea de residuos, y del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Asimismo, y en el ámbito de la normativa de la Unión Europea, durante el periodo comprendido entre la publicación de la Ley 6/1993 y su primera modificación, se publicaron normas primordiales en materia de residuos que han comportado también la modificación de la normativa básica estatal, entre las que cabe destacar la Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000, que aprueba la lista europea de residuos; la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, de envases y de residuos de envases, y la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.
Asimismo, en el ámbito de Cataluña se publicó en el año 1998 la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la administración ambiental, que modificó el régimen administrativo y las competencias para la autorización de las actividades de gestión de residuos, que hasta el momento de su entrada en vigor ejercía la Agencia de Residuos de Cataluña y ahora ejercen de forma compartida y según el tipo de actividad el departamento competente en materia de medio ambiente y los ayuntamientos.
La normativa catalana en materia de residuos ha sido modificada teniendo en cuenta esta actividad legislativa producida en la normativa de la Unión Europea y en la normativa de ámbito estatal y catalán. No obstante, las modificaciones en la Ley 6/1993 han sido parciales, hecho que ha provocado que el lenguaje utilizado en la Ley no sea único, puesto que en los artículos que han sido modificados el lenguaje se ha adaptado a las nuevas disposiciones estatales y de la Unión Europea, y en los que no lo ha sido, se ha conservado el lenguaje utilizado en el año 1993. Se observa, por esta razón, que se utilizan varios términos para referirse al mismo concepto o que un mismo término tiene diferentes acepciones a lo largo de la Ley.
Por todo ello, se ha cumplido el mandato de armonización de las disposiciones de la Ley, procediendo a una revisión de la redacción de algunos artículos de la Ley con el fin de unificar el lenguaje utilizado y hacer posible una lectura sistemática de la Ley que no comporte interpretaciones incoherentes con su espíritu.
Esta armonización del lenguaje de la Ley se ha realizado teniendo en cuenta lo dispuesto también en la normativa básica estatal y en la normativa de la Unión Europea que, como se ha dicho, ha sido incorporada a la Ley 6/1993 a través de las diferentes modificaciones aprobadas por el Parlamento, y al ordenamiento jurídico a través de la Ley 11/2000 que, a pesar de su título, que la circunscribe a la incineración de residuos, regula también la acción del Gobierno de la Generalidad hacia la gestión de los residuos.
Así, se debe tener en cuenta que de acuerdo con la normativa básica estatal y la normativa de la Unión Europea, todo residuo debe ser sometido a una gestión controlada. Las vías de gestión de los residuos se clasifican en operaciones de valorización y operaciones de eliminación. Aunque estos conceptos fueron introducidos en el artículo 3 de definiciones mediante la Ley 15/2003, estos términos no se encuentran de forma uniforme a lo largo del articulado, que continúa utilizando el lenguaje del año 1993, hecho que dificulta la comprensión del texto.
Por ello, al hablar de gestión se ha unificado el vocabulario en torno a estos dos conceptos, valorización y eliminación, de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley 15/2003 y la normativa estatal y de la Unión Europea. En este sentido, se evita el uso de la palabra «tratamiento», utilizada en algunos casos para referirse a las operaciones de valorización y en otros, más concretamente, a las de valorización material.
Este uso generalizado en la Ley de la palabra «tratamiento» conducía a confusión teniendo en cuenta que el tratamiento, tal y como se encuentra definido en la misma Ley, se puede referir tanto a operaciones de valorización como operaciones de eliminación.
En el mismo sentido, se ha realizado también la sustitución de ciertos términos que a la luz de las nuevas normativas han quedado obsoletos.
Por otra parte, se han actualizado todas las referencias normativas y se ha revisado la redacción del texto teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Se ha actualizado, también, la referencia a la Junta de Residuos, que ahora es Agencia de Residuos de Cataluña.
Finalmente, se ha modificado la ubicación de ciertos artículos por motivos de sistemática. También se han eliminado los artículos derogados por las Leyes 15/2003, 16/2003 y 9/2008, y las disposiciones transitorias y las habilitaciones que han perdido su vigencia.
Dado que con la presente norma únicamente se realizan la aclaración, la regularización y la armonización de los textos legales objeto de la refundición, este Decreto legislativo y el texto refundido que se aprueba entran en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63, 144.1.e) y f), 150, 160 y 189 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y en el artículo 37 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, en ejercicio de la delegación mencionada, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, y de acuerdo con el Gobierno,
Se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, que se inserta a continuación.
Las referencias realizadas en otras disposiciones a las leyes objeto de refundición se deben entender realizadas a los artículos correspondientes del Texto refundido que se aprueba.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a este Decreto Legislativo y al texto refundido que se aprueba y, particularmente, las siguientes:
Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
Ley 9/2008, de 10 de julio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
Este Decreto Legislativo y el texto refundido que se aprueba entran en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Barcelona, 21 de julio de 2009.
El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda,
a)	Previniendo los riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna.
b)	Eliminando las molestias por ruidos y olores.
c)	Respetando el paisaje y los espacios naturales y, especialmente, los espacios protegidos.
d)	Impidiendo el abandono, el vertido y, en general, toda disposición incontrolada de los residuos.
h) Espacio degradado: el suelo afectado por vertidos incontrolados de residuos, cuyas características no se ven alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso en concentración superior a los niveles genéricos de referencia establecidos por la normativa vigente.
i) Suelo alterado: el suelo cuyas características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que superan los niveles genéricos de referencia establecidos por la normativa vigente o los 50 mg/kg de hidrocarburos totales de petróleo y que no tienen la consideración de suelo contaminado, dado que el análisis de riesgo realizado ha resultado aceptable para la salud humana o el medioambiente.
e) Bolsa de caja: cualquier bolsa utilizada para transportar la compra y que se puede llevar en una sola mano gracias a la confección de las asas, como bolsas camiseta, bolsas de asa troquelada, bolsas de asas de plástico flexible, bolsas de asas rígidas, bolsas de asas de cuerda, y cualquier otro tipo de bolsa con asas.
f) Bolsa de entrega a domicilio: cualquier bolsa, con o sin asas, utilizada por los servicios propios o subcontratados por los puntos de venta de mercancías o productos para transportar y entregar a domicilio la compra de sus clientes.
f) Desechería: el centro de recepción y almacenaje selectivos de productos para su reutilización y de residuos municipales para sus tratamientos posteriores: la preparación para la reutilización, la valorización y la disposición final.
a)	Los residuos radiactivos.
b)	Los residuos resultantes de la prospección, la extracción, el tratamiento y el almacenaje de recursos minerales y de la explotación de canteras.
c)	Los residuos de explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen exclusivamente en el marco de la explotación agraria.
d)	Los explosivos desclasificados.
e)	Las aguas residuales.
f)	Los efluentes gaseosos emitidos a la atmósfera.
Artículo 5. Disposiciones específicas.
1. Deben regularse por reglamento la producción y la gestión de los residuos. Pueden establecerse regulaciones específicas para determinadas categorías de residuos si lo exige su naturaleza, características o requisitos especiales de gestión, y si lo requiere la necesaria adaptación al progreso científico y técnico.
a)	Establecer y consolidar el servicio de recogida selectiva, incluida la fracción orgánica, en los municipios de menos de cinco mil habitantes en que la distancia, la dispersión demográfica y la cantidad de residuos producidos condicionan económicamente la prestación de este servicio, y también en los municipios en que la afluencia de la población estacional condiciona económicamente y logísticamente la prestación de este servicio.
b)	Impulsar y consolidar el uso de los productos reciclados y reciclables para los que no hay un mercado consolidado y tienen dificultades por competir, en igualdad de condiciones económicas de mercado, con otros productos similares producidos con materias primas naturales de primera generación.
c)	Fomentar y establecer líneas de ayuda económica para los entes locales, en función del esfuerzo con que contribuyen a la recuperación y la valorización material del conjunto de fracciones que componen los residuos y que sean objeto del servicio de recogida municipal.
Artículo 6. Planificación de la gestión de los residuos.
a)	La reducción de la producción de los residuos y de su peligrosidad, en las fases sucesivas de diseño, producción, distribución y comercialización de bienes, y de prestación de servicios.
b)	La reutilización de los residuos.
c)	La recogida selectiva de los residuos.
d)	El reciclaje y otras formas de valorización material de los residuos, incluida la utilización de éstos para la restauración paisajística y topográfica, fomentando el aprovechamiento de los recursos que contienen.
e)	La valorización energética de los residuos la recuperación de los cuales se lleve a cabo con un alto nivel de eficiencia energética, de acuerdo con las mejores técnicas disponibles.
f)	La eliminación.
Artículo 7. Medidas de actuación.
a)	Informar y asesorar sobre la utilización de tecnología adecuada para conseguir la reducción progresiva de la producción de los residuos y de su peligrosidad y fomentar el tratamiento en origen.
b)	Fomentar la valorización de residuos para obtener materias primas o energía, o bien para cualquier otra utilización.
c)	Evitar el abandono incontrolado de los residuos y restaurar las áreas degradadas por descargas incontroladas.
d)	Prevenir las dificultades de la eliminación de determinados residuos.
e)	Promover el desarrollo de las infraestructuras físicas y de gestión necesarias, ya sea directamente ya sea mediante la cooperación con otros organismos públicos o privados.
f)	Fomentar e impulsar sistemas organizados de gestión de residuos.
g)	Cualquier otro que derive de la aplicación de la normativa básica del Estado y la normativa de la Unión Europea.
Artículo 8. Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
1. El Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales debe determinar los tipos de instalaciones de gestión de residuos municipales, como plantas de transferencia, plantas de selección de residuos, plantas de cualquier tipo de tratamiento e instalaciones de disposición del desperdicio de los residuos municipales, que deben dar servicio a los diferentes ámbitos territoriales, y, si procede, establecer su localización, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y reciclaje del programa de gestión de residuos municipales de Cataluña. El Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales también debe determinar los datos técnicos y de capacidad de cada una de las instalaciones previstas, con el objetivo de ajustarse a las necesidades de la población y de las actividades del ámbito territorial en cuestión.
2. La Generalidad asume la financiación de las inversiones que figuran en el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales de Cataluña, en la cuantía y forma que se determine en el mismo plan territorial, y que debe ser aprobado por el Gobierno.
3. El planeamiento territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos y las demás figuras de planeamiento o proyectos de implantación de instalaciones para la gestión, el tratamiento y el depósito de residuos urbanos, industriales y de la construcción deben ser coherentes con el planeamiento territorial parcial y con el planeamiento de protección del patrimonio natural y de la biodiversidad.
4. El planeamiento urbanístico debe ser coherente con las determinaciones establecidas por el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales. Para la implantación en el territorio de instalaciones de gestión de residuos municipales, puede tramitarse, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística, un plan especial urbanístico autónomo, siempre que esté previamente previsto por el Plan territorial sectorial y no entre en contradicción con figuras de especial protección en suelo no urbanizable del planeamiento general o territorial que sean de aplicación, ni con figuras de protección y gestión del patrimonio natural, en especial los espacios en planes de espacios de interés natural (PEIN), parques naturales, corredores ecológicos, zonas de especial protección para las aves (ZEPA) o lugares de importancia comunitaria, ni con otras figuras de protección de la biodiversidad o de montes de utilidad pública u otras figuras de protección de la Unión Europea.
5. La aprobación del plan especial urbanístico a que se refiere el apartado 2 habilita a la Administración competente para ejecutar las obras y las instalaciones correspondientes, sin perjuicio de la exigibilidad de las licencias y autorizaciones administrativas preceptivas y de lo establecido en la legislación sectorial.
Artículo 9. Programa de gestión de residuos municipales de Cataluña.
a)	Los objetivos que se han de alcanzar en la gestión de los residuos municipales en Cataluña, de acuerdo con lo que establecen los artículos 2 y 6.
b)	Las prioridades de las actuaciones necesarias para la gestión de los residuos municipales de Cataluña, de acuerdo con las medidas establecidas por el artículo 7 y con la finalidad de garantizar los objetivos de esta Ley.
c)	Los métodos y los procedimientos de tratamiento y gestión de los residuos municipales aplicables a cada zona, de acuerdo con las instalaciones establecidas por el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
d)	Las bases generales de actuación para programar, financiar y ejecutar las actividades de gestión de residuos municipales.
e)	La regulación de los órganos que, con participación de los entes locales, deben coordinar las actuaciones de gestión de residuos municipales, tanto en el ámbito general de Cataluña, como en relación con cada una de las instalaciones del Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
a)	Si al cabo de tres meses de la advertencia el ayuntamiento persiste en el incumplimiento, la Agencia de Residuos de Cataluña puede denegarle la posibilidad de obtener ayudas con cargo al fondo económico regulado por el artículo 32.
b)	Si el incumplimiento puede afectar a la consecución de los objetivos para la gestión de los residuos municipales establecidos en el Programa, la Agencia de Residuos de Cataluña se puede subrogar en el ejercicio de la competencia municipal de gestión de residuos, de conformidad con el régimen y el procedimiento establecidos por el artículo 151 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Artículo 10. Acción de reducción de la producción de los residuos y su peligrosidad.
5. Se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de caja o de entrega a domicilio de cualquiera material plástico, incluido el plástico en general, el plástico oxodegradable y el plástico biodegradable, a excepción de las bolsas compostables que cumplan los requisitos de la norma UNE-EN 13432 o equivalente, en los puntos de venta de mercancías o productos.
Artículo 11. Recogida selectiva.
Artículo 12. Acciones de formación y concienciación.
a)	Informar de las consecuencias negativas para el medio derivadas del uso incorrecto de productos que generan residuos especiales y del aumento de la producción de residuos, e informar de los beneficios derivados de un consumo sostenible.
b)	Promover la participación activa en las acciones de reducción de la producción de residuos y su peligrosidad y en la implantación de la recogida selectiva.
c)	Fomentar la disminución del uso de envases y embalajes de un solo uso, especialmente de los de difícil reutilización, reciclaje o valorización material.
d)	Evitar la degradación de espacios naturales, garantizando la conservación de los suelos, y promover la regeneración.
e)	Fomentar el uso de las deyecciones ganaderas como fertilizante orgánico.
Artículo 13. Fomento de la valorización de los residuos.
Artículo 14. Reciclaje y valorización material.
a)	Plantas de reciclaje y valorización material para determinadas materias o sustancias.
b)	Métodos, sistemas y técnicas de recuperación de los productos o sustancias que contienen los residuos.
c)	Canales y mecanismos de comercialización de los productos y sustancias recuperadas y los subproductos.
d)	Instrumentos que favorezcan la valorización material de los envases recogidos selectivamente.
e)	Otras acciones dirigidas a obtener materias primas secundarias.
Artículo 15. Valorización energética.
a)	La preparación de los residuos con el fin de facilitar el uso y la comercialización como combustible.
b)	La promoción de las técnicas y los sistemas de aprovechamiento energético de los residuos.
c)	Otras acciones dirigidas a utilizar los residuos como fuente de energía.
Artículo 16. Eliminación de los residuos.
Artículo 17. Principios de actuación.
a)	La suficiencia de las instalaciones de valorización material y de eliminación de los residuos para la gestión de todos los residuos que se generan en Cataluña y, en su caso, en un ámbito territorial determinado.
b)	La gestión de los residuos originados en el territorio de Cataluña, de conformidad con el principio de proximidad.
c)	La valorización de los residuos como vía prioritaria de gestión de residuos.
Artículo 18. Técnicas e instrumentos de actuación.
a)	Delimitar zonas del territorio a efectos de adscribir determinados residuos a instalaciones concretas en el marco del programa general, los programas de gestión y el Plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos municipales.
b)	Someter a control previo las actuaciones de expedición de residuos fuera de Cataluña y someter a autorización la importación de residuos procedentes de otros territorios, de acuerdo con el régimen aplicable a cada tipología de residuos. Para el otorgamiento de la autorización se atenderá a las determinaciones que resulten del programa general a que hace referencia el artículo 6.
Artículo 19. Espacios degradados, suelos alterados y suelos contaminados.
Para la regeneración de los espacios degradados, para el control de los suelos alterados y para la recuperación de los suelos contaminados, debe tenerse en cuenta:
a) Que están obligadas a asumir el coste de las operaciones de regeneración de los espacios degradados, de control y mejora de los suelos alterados y de recuperación de los suelos contaminados y, si procede, a elaborar a cargo los estudios de investigación y análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las siguientes personas:
1.º Las personas causantes de la posible contaminación, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una.
2.º Subsidiariamente a las anteriores, y por este orden, las personas propietarias de los terrenos y las personas poseedoras, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una persona.
b) Que las medidas de regeneración, control, mejora y recuperación de un suelo deben llevarse a cabo del modo y en los plazos establecidos por la autoridad competente.
c) Que las actuaciones de regeneración de espacios degradados deben ser ordenadas por el ayuntamiento, o, si procede, por el consejo comarcal, donde se encuentra situado el espacio degradado.
d) Que la acción de gobierno de la Generalidad encaminada a la regeneración de los espacios degradados de Cataluña debe llevarse a cabo dando asistencia a los entes locales y cooperando con ellos, y, si eso no es suficiente, aplicando la subrogación o la ejecución subsidiaria que establece el artículo 151 del texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril.
e) Que las competencias que en relación con los suelos alterados y contaminados corresponden a la Generalidad son ejercidas por la Agencia de Residuos de Cataluña. Corresponde al director o directora de la Agencia iniciar y resolver los procedimientos de declaración de suelos contaminados, aprobar los proyectos de recuperación y desclasificar el suelo que ha dejado de estar contaminado. Corresponde también al director o directora de la Agencia de Residuos de Cataluña aprobar los programas de control y seguimiento y los planes de mejora ambiental de los suelos alterados.
f) Que las personas causantes de la contaminación de un emplazamiento están obligadas a recuperarlo en función del uso urbanístico vigente existente cuando se produjo la contaminación, de modo que no se pueden requerir medidas de saneamiento complementarias derivadas de un nuevo uso del suelo, salvo que haya sido promovido por ellas mismas. En cualquier caso, es el promotor del nuevo uso quien debe adoptar las medidas adicionales de recuperación.
Artículo 19 bis. Suelo alterado.
1. Las personas causantes de una alteración del suelo y, a falta de estas, por este orden, las personas propietarias o poseedoras del mismo, cuando presentan a la Agencia de Residuos de Cataluña la valoración detallada de riesgo a que se refiere el artículo 4.3 del Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deben presentar un programa de control y seguimiento periódico del suelo, o de los vapores o de las aguas subterráneas, que permita valorar la evolución de las sustancias contaminantes en el tiempo y el espacio. Este programa debe ser aprobado por la Agencia de Residuos de Cataluña en el plazo de seis meses a contar desde su presentación.
2. Los resultados de los controles periódicos realizados en cumplimiento de los programas a los que se refiere el apartado 1 deben presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña con la periodicidad que se haya establecido en la resolución de aprobación. Cuando la evolución de la alteración se estime técnicamente no favorable, la Administración puede requerir la aportación de un plan de mejora ambiental, que debe ser aprobado por la Agencia de Residuos de Cataluña en el plazo de seis meses a contar desde su presentación.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña debe llevar un registro administrativo de los suelos alterados en el que se haga constar la información ambiental relativa a su emplazamiento. Este registro es de acceso público, en los términos que establece la normativa vigente en materia de acceso a la información en materia de medioambiente.
Artículo 19 ter. Contaminación histórica y contaminación nueva.
1. Se considera histórica la contaminación o la alteración de un suelo producida antes del 28 de agosto de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1993, reguladora de los residuos. En caso de que no se pueda determinar el momento temporal en el que se produjo la contaminación o la alteración, se presume histórica la que tiene el origen en una actividad implantada antes de la fecha mencionada, con independencia de su continuidad en el tiempo.
2. En los suelos en los que se detecta una contaminación considerada histórica, las medidas de descontaminación deben tener como finalidad devolver a este suelo la capacidad para desarrollar las funciones propias del uso a que estuviese destinado según el planeamiento vigente en el momento en el que se produjo la contaminación, garantizando unos niveles de riesgo aceptables de acuerdo con aquel uso del suelo. En los casos históricos, por razones justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental, se permiten medidas de descontaminación recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre y cuando incluyan medidas permanentes de contención o confinamiento de los suelos afectados. No se considera medida permanente de contención la mera pavimentación en superficie.
3. Si la acción contaminante se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1993, se considera nueva y las medidas de recuperación del suelo deben tener como finalidad el restablecimiento del mismo al estado anterior a la contaminación o, si este no es conocido, hasta llegar a un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con el uso vigente presente, sin perjuicio de lo establecido por la letra f del artículo 19. En este caso de nueva contaminación deben aplicarse obligatoriamente técnicas de recuperación tendentes a la eliminación del foco o de reducción de la concentración de los contaminantes en el suelo. Excepcionalmente pueden admitirse la contención o el confinamiento si se demuestra la imposibilidad técnica, económica o ambiental de otras soluciones de recuperación.
Artículo 20. Licencias y limitaciones en el aprovechamiento del suelo.
1. En el trámite de obtención de autorizaciones o licencias que comportan un cambio de uso de un suelo que previamente ha soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, el ente competente para otorgarlas requiere la presentación por parte del solicitante de un estudio detallado del suelo y, si procede según los resultados, de un análisis de riesgo realizado de acuerdo con lo establecido por el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Esta información debe remitirse a la Agencia de Residuos de Cataluña, que debe emitir un informe preceptivo previamente al otorgamiento de las autorizaciones o licencias que habilitan la actuación, la actividad o la obra.
2. La descontaminación de un suelo puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo que sean incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que estas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.
Artículo 20 bis. Fianza.
Cuando se considere necesario la administración que declara el suelo contaminado puede exigir la constitución de avales, fianzas u otras garantías suficientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de recuperación establecidas en cada caso.
Artículo 20 ter. Eliminación de productos libres no acuosos.
Los productos libres no acuosos que se detecten en el medio deben ser extraídos en todos los casos y deben ser gestionados de acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos, puesto que constituyen un foco activo de contaminación.
Artículo 20 quater. Informes de entidades de control en el ámbito de la prevención de la contaminación del suelo.
1. El informe base o de situación de partida y la evaluación del estado del suelo y de la contaminación de las aguas subterráneas en el caso de cierre definitivo de una actividad, a que se refiere la Ley del Estado 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, deben ser realizados por una entidad colaboradora de medioambiente debidamente habilitada y acreditada como entidad de control, de acuerdo con el Decreto 60/2015, de 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medioambiente, en el ámbito de la prevención de la contaminación del suelo.
2. También deben ser realizados por una entidad colaboradora de medioambiente debidamente habilitada y acreditada como entidad de control, de acuerdo con el Decreto 60/2015, de 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medioambiente, en el ámbito de la prevención de la contaminación del suelo:
a) El informe preliminar de situación, el informe complementario y el informe de situación a los que se refiere el artículo 3 del Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, cuando lleven asociadas tareas de recogida de muestras de suelo o de aguas subterráneas o interpretación de resultados analíticos.
b) El análisis cuantitativo de riesgo al que se refiere el artículo 4 del Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establecen la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
c) Los proyectos de descontaminación que deba aprobar la autoridad competente, incluidos los proyectos de reparación de daños en el suelo presentados en aplicación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
d) Los programas de control y seguimiento o de mejora ambiental del suelo alterado.
3. La acreditación de la recuperación de un suelo declarado contaminado y la acreditación de la recuperación por la vía voluntaria se realizan aportando un informe a la Agencia de Residuos de Cataluña. Este informe debe ser elaborado por una entidad colaboradora de medioambiente debidamente habilitada y acreditada como entidad de control, de acuerdo con el Decreto 60/2015, del 28 de abril, sobre las entidades colaboradoras de medioambiente, en el ámbito de la prevención de la contaminación del suelo.
Artículo 20 quinquies. Niveles genéricos de referencia por metales y metaloides.
1. Los niveles genéricos de referencia por metales y metaloides en Cataluña son los establecidos en el anexo II.
2. Para aplicar los niveles genéricos de referencia por metales y metaloides, el objeto de protección es siempre la salud humana, a excepción de los emplazamientos incluidos en el Sistema de espacios naturales protegidos de Cataluña (ENPE, PEIN, Xarxa Natura 2000 e inventario de zonas húmedas), en que el objeto de protección es el ecosistema. En este caso, para la determinación del organismo objeto de protección debe solicitarse un informe preceptivo al órgano ambiental competente.
Artículo 21. Acuerdos voluntarios y convenios de colaboración para la limpieza y recuperación de suelos contaminados.
Artículo 21 bis. Plazo para resolver y notificar.
El plazo para resolver el procedimiento y notificar la resolución de declaración de suelo contaminado es de doce meses. El vencimiento de dicho plazo sin dictar y notificar su resolución comporta la caducidad del procedimiento.
Artículo 21 ter. Recuperación voluntaria de suelos.
1. La descontaminación del suelo puede llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como contaminado, mediante la presentación ante la Agencia de Residuos de Cataluña de un proyecto de recuperación voluntaria. Este proyecto, que debe ser aprobado por el órgano competente, debe considerar todo el alcance de la afección y debe acompañarse de la valoración de riesgos que acredita la existencia de un riesgo inaceptable.
2. Una vez acabadas las operaciones de ejecución del proyecto, la persona interesada debe presentar ante la Agencia de Residuos de Cataluña un informe acreditativo de que la recuperación se ha hecho en los términos del proyecto aprobado y que incluya el análisis de riesgo residual.
3. El plazo para dictar y notificar la resolución de aprobación del proyecto voluntario es de seis meses. Una vez transcurrido este plazo, y si no se ha dictado la resolución pertinente, se entiende desestimada la solicitud de la persona interesada por silencio administrativo.
Artículo 22. Sobre las personas productoras y poseedoras de residuos.
1. Las personas productoras y poseedoras de residuos que no estén adscritas a un servicio público de recepción obligatoria pueden gestionar directamente los residuos que generen o posean o bien entregarlos a una persona gestora autorizada para la valorización o la disposición del desperdicio de los residuos, en las condiciones establecidas por la presente ley y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.
Artículo 23. Obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos.
a)	Garantizar que los residuos que generen o posean sean gestionados de acuerdo con las prescripciones de esta Ley.
b)	Hacerse cargo de los costes de las operaciones de gestión de los residuos que generen o posean.
c) Las otras impuestas por la presente ley y por las disposiciones que la desarrollan.
a)	Aplicar tecnologías que permitan la reducción de la producción de residuos.
b)	Aplicar las técnicas más adecuadas para eliminar las sustancias peligrosas contenidas en los residuos.
Artículo 24. Obligaciones de las personas gestoras de residuos.
a) Obtener previamente las licencias y las autorizaciones preceptivas para la construcción de las instalaciones y el ejercicio de las actividades, o presentar la comunicación previa cuando se trate de instalaciones o actividades exentas de la obligación de obtener licencia, cuando recojan residuos sin instalación asociada, cuando transporten residuos de forma profesional mediante métodos profesionales y cuando se trate de un negociante o una negociante o de un agente o una agente.
b) Constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión, para cumplir las obligaciones adquiridas con relación al desarrollo de la actividad y para pagar las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley y, en su caso, suscribir la póliza de seguro, para responder de los daños y perjuicios ocasionados y para regenerar los recursos naturales o los espacios degradados.
d) Las otras impuestas específicamente por la presente ley y por las disposiciones que la desarrollan.
2. Las personas gestoras deben garantizar que las operaciones de gestión se llevan a cabo de conformidad con lo establecido por su autorización o licencia o de acuerdo con la información incorporada en la comunicación, y sin poner en peligro la salud de las personas; sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen el medioambiente, que originen riesgos para el aire, el agua o el suelo, la flora y la fauna, o que provoquen molestias por ruidos y olores, que tengan un impacto mínimo o asumible en cuanto a ruidos y olores y que eso sea cuantificable, y sin atentar contra el paisaje ni contra los espacios y los elementos especialmente protegidos.
4. Las personas físicas o jurídicas con domicilio social en Cataluña que llevan a cabo operaciones de recogida y transporte de residuos deben comunicar a la Agencia de Residuos de Cataluña, previamente, el inicio de la actividad.
La comunicación debe presentarse en el formato y el soporte informático fijados por el departamento competente en materia de residuos.
La comunicación supone la inscripción de oficio en el registro general de transportistas de residuos de Cataluña.
5. El departamento competente en materia de residuos puede eximir de la obligación de obtener autorización para la gestión de los residuos a las entidades o las empresas que eliminen los residuos no especiales en los propios centros de producción o que los valoricen, de acuerdo con los criterios que se determinen para cada tipo de actividad.
Artículo 25. Registro General de Gestores de Residuos.
a)	La identificación de la persona gestora.
b)	La fecha de la autorización o licencia de la Administración competente para el ejercicio de la actividad de gestión, cuando ésta sea preceptiva.
c)	La modalidad y la cuantía de la fianza depositada y, en su caso, el número de la póliza de seguro de responsabilidad civil.
Artículo 26. Valorización de los residuos en el origen y en plantas externas.
5. Los aceites industriales usados, generados en Cataluña, deben tratarse, exclusivamente, por la vía de su regeneración, haciendo uso de las mejores técnicas disponibles.
Artículo 27. Principios de la acción de valorización.
a)	Que existan las plantas necesarias para acoger todos los residuos que se originan en Cataluña y que son susceptibles de ser valorizados.
b)	Que las operaciones de valorización atienden a los principios de una óptima valorización de los productos y sustancias recuperadas y a un alto nivel de protección ambiental.
Artículo 28. Operaciones de valorización de los residuos no municipales.
2. Las personas productoras y poseedoras de residuos valorizables que no los valoricen en origen están obligadas a entregarlos a una persona gestora inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos de Cataluña, en las condiciones fijadas, si procede, por la normativa específica en materia de residuos. La persona gestora adquiere la condición de poseedor o poseedora de estos residuos en el momento en que se le entregan.
3. Cuando se trate de residuos líquidos valorizables energéticamente como combustibles, las personas productoras y poseedoras de dichos residuos deben entregarlos en las instalaciones de valorización específicamente autorizadas a tal efecto, considerando la proximidad al lugar donde hayan sido recogidos como un elemento a priorizar.
Artículo 29. Servicio público de valorización.
3. Las personas productoras y poseedoras de residuos que deban someterse a operaciones de valorización en plantas externas, ya sea para valorizarlos materialmente, ya sea para favorecer su aprovechamiento como fuente de energía o la disposición del desperdicio, están obligadas a entregarlos a una persona gestora legalmente autorizada, en las condiciones fijadas, si procede, por la normativa específica en materia de residuos. El gestor o la gestora adquiere la condición de poseedor o poseedora de estos residuos en el momento en que se le entregan.
Artículo 30. Operaciones de disposición del desperdicio de los residuos
1. Las operaciones de disposición del desperdicio de los residuos pueden ser efectuadas en el origen o en plantas externas, y quedan sometidas a la correspondiente intervención administrativa ambiental.
2. La deposición controlada de los residuos especiales en plantas externas, que debe gestionarse preferentemente de forma indirecta, se declara servicio público de titularidad de la Generalidad.
3. Se faculta al Gobierno para declarar servicio público de titularidad de la Generalidad la disposición del desperdicio de otros residuos no municipales, siempre y cuando estas operaciones no estén garantizadas por la gestión privada.
Artículo 31. Garantía de las actuaciones.
a)	Cese de la actividad de eliminación de los residuos por libre voluntad de la persona titular de las instalaciones y desatención del requerimiento.
b)	Cese de la actividad por sanción.
a)	La duración de la intervención, en congruencia, en su caso, con la de la sanción impuesta.
b)	La aplicación del régimen indemnizatorio, en su caso, según la legislación de expropiación forzosa.
Artículo 32. Fondo económico.
2. Son beneficiarios del fondo económico los entes locales en cuyo territorio se sitúan instalaciones que llevan a cabo operaciones de gestión de residuos especiales declaradas servicio público de titularidad de la Generalidad.
Artículo 33. Sistemas de eliminación de los residuos.
Artículo 34. Clasificación de los residuos.
a)	Residuos especiales.
b)	Residuos no especiales.
c)	Residuos inertes.
Artículo 35. Clasificación de los depósitos controlados.
Artículo 36. Requisitos de los depósitos controlados.
Artículo 37. Residuos no admisibles en depósito controlado.
a)	Los residuos en estado líquido, salvo el caso de que sean compatibles con el tipo de residuos aceptables en cada depósito controlado determinado, vistas sus características.
b)	Los residuos que, en las condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables, tal y como son definidos por la Directiva 91/689/CEE.
c)	Los residuos infecciosos, procedentes de centros médicos o veterinarios, tal y como son definidos por la Directiva 91/689/CEE, y los residuos del grupo 14 del anexo I.A de la mencionada Directiva.
d)	Los neumáticos usados enteros y troceados, en los términos que establece la Directiva 99/31/CE.
e)	Cualquier otro residuo, cuando lo establezca la normativa básica del Estado y la normativa de la Unión Europea.
f)	Se limita la deposición en depósito controlado al rechazo proveniente de los residuos municipales.
Artículo 38. Eliminación de los residuos mediante incineración.
Artículo 39. Instalaciones de eliminación de los residuos mediante incineración.
a)	El límite máximo de emisiones a la atmósfera para este tipo de instalaciones, muy especialmente con respecto a los metales pesados, dioxinas, furanos y otros compuestos orgánicos persistentes (COP). Estos límites se revisarán bianualmente en función de los avances tecnológicos que permitan filtrajes mejores.
b)	La regulación específica para el sistema de eliminación de las cenizas que generan estas instalaciones.
Artículo 41. Tarifas.
Artículo 42. Competencias y funciones de los municipios.
a)	El ayuntamiento adquiere la propiedad de los residuos siempre que le sean entregados para la recogida en las condiciones establecidas por la normativa municipal aplicable.
b)	El ayuntamiento promoverá la valorización de los residuos en el marco del programa general y el programa de gestión de residuos municipales formulados por la Generalidad.
c)	El ayuntamiento tomará las medidas necesarias para garantizar que en las operaciones de gestión del servicio se cumplen los objetivos especificados por el artículo 2.
Artículo 43. Composición de los residuos municipales.
1. A los residuos municipales no se pueden incorporar materias o sustancias peligrosas, que, en todo caso, se deben poner en contenedores específicos o se deben depositar en la desechería.
Artículo 44. Servicios de valorización de residuos municipales.
Artículo 45. Gestión consorciada de los servicios de valorización de los residuos municipales.
Artículo 46. Operaciones de valorización y eliminación de los residuos municipales.
a)	La instalación y el ejercicio de la actividad están sujetos a la intervención administrativa ambiental correspondiente y, en su caso, a la declaración de impacto ambiental, de acuerdo con la normativa vigente reguladora de la evaluación de impacto ambiental.
b)	Para el control del cumplimiento de las determinaciones de esta Ley, la Administración ambiental de la Generalidad puede nombrar a un interventor técnico o una interventora técnica medioambiental en cada una de las plantas a que se refiere el párrafo primero de este artículo.
Artículo 47. Intervención administrativa del municipio.
Artículo 48. Trámite de evaluación de proyectos.
a)	Que se utiliza la mejor tecnología disponible y al alcance para la reducción de la producción de residuos y para la reducción de su peligrosidad.
b)	Que se garantiza de manera suficiente la valorización de los residuos y la eliminación.
c)	Que los productos manufacturados se diseñan de manera tal que facilitan el aprovechamiento de los subproductos y la valorización de las materias y las sustancias que contienen cuando queden fuera de uso.
Artículo 49. Previsiones urbanísticas y de equipamientos urbanos.
a)	Fijar, si les corresponde hacerlo, las reservas de suelo necesarias para ubicar las instalaciones del servicio de desechería.
b)	Afectar, cuando no tenga prioridad un servicio o una dotación de titularidad municipal, las reservas de suelo para dotaciones de cesión obligatoria y gratuita de los planes parciales de los sectores industriales a las necesidades de valorización de los residuos industriales.
a)	Promover la previsión en los edificios de viviendas y de oficinas, y en los comercios, los talleres y otros establecimientos emplazados en medios urbanos, de espacios y de instalaciones que faciliten la recogida selectiva de los residuos y, en general, las operaciones de gestión descritas por esta Ley.
b)	Prever, en la red vial urbana y en los caminos vecinales, los espacios reservados suficientes para la colocación de contenedores u otros equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de recogida y transporte de los residuos.
Artículo 50. Competencias y funciones de la Entidad Metropolitana de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento de Residuos.
Artículo 51. Competencias y funciones de la comarca.
Artículo 52. Servicio de desechería.
Artículo 53. Recogida selectiva de residuos municipales.
2. En caso de que los municipios de menos de cinco mil habitantes de derecho no puedan prestar el servicio de recogida selectiva por sí mismos o en colaboración con otros municipios, la recogida selectiva puede ser asumida por el consejo comarcal o ente consorciado correspondiente, de acuerdo con la legislación de régimen local aplicable en Cataluña. Asimismo, en todos los municipios de menos de cinco mil habitantes de derecho les es aplicable lo que establece el apartado 2.a) del artículo 5, sobre disposiciones específicas, siempre que concurran las condiciones referidas en dicho apartado. No obstante, los residuos para los cuales se ha dispuesto un régimen específico se rigen por la normativa aplicable.
3. A los efectos de lo que establece el apartado 1, los ayuntamientos o, en su caso, los entes locales supramunicipales consignarán los créditos necesarios en sus presupuestos.
Artículo 54. Gestión de los residuos comerciales.
a)	Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras los posea.
b)	Entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por materiales.
c)	Soportar los gastos de gestión de los residuos que posee o genera.
d)	Tener a disposición de la Administración el documento que acredite que ha gestionado correctamente los residuos y los justificantes de las entregas efectuadas.
Artículo 55. Fondo de gestión de residuos.
Artículo 56. Denominación y carácter.
1. La Agencia de Residuos de Cataluña es una entidad de derecho público, regulada por el artículo 1.b) del Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.
2. La Agencia de Residuos de Cataluña goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y ajusta su actividad al derecho privado, sin perjuicio de la aplicación de las normas de derecho administrativo en los supuestos en que ejerce funciones y potestades públicas.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña se adscribe al departamento competente en materia de medio ambiente.
Artículo 57. Funciones generales.
1. La Agencia de Residuos de Cataluña es la entidad responsable de la consecución de los objetivos fijados por el artículo 2 y de la ejecución del programa de acción de la Generalidad que ordena el artículo 6.
2. Corresponde también a la Agencia de Residuos de Cataluña el ejercicio de las competencias y las funciones que le atribuye la normativa vigente, de las que le encomiende el Gobierno y de las siguientes:
a)	Elaborar programas sectoriales en materia de residuos.
b)	Fomentar programas y proyectos de investigación y desarrollo (I+D) que tengan por objeto el desarrollo de tecnologías limpias en los procesos productivos y de gestión.
c)	Dar incentivos a las inversiones que tengan por objeto reducir la generación de residuos, recuperar y reutilizar.
d)	Impulsar a las empresas productoras a consumir materias y sustancias recuperadas o transformadas como materias primas, energía o combustible.
e)	Elaborar programas específicos para reutilizar y eliminar aceites usados y para eliminar policlorobifenilos y policloroterfenilos.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña puede imponer el tratamiento en origen de los residuos especiales que generan determinadas industrias si el volumen y las características de éstos lo permiten y lo hacen aconsejable, siempre que no haya otras empresas que puedan tratarlos.
La Agencia de Residuos de Cataluña, como entidad de derecho público, goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad de obrar con el fin de cumplir sus fines, de acuerdo con esta Ley y sus disposiciones de desarrollo y con el estatuto de la empresa pública catalana. En consecuencia, puede adquirir, incluso por expropiación forzosa, poseer, reivindicar, permutar, grabar o enajenar toda clase de bienes, concertar créditos, emitir deudas, establecer contratos, proponer la constitución de sociedades y consorcios, promover la constitución de mancomunidades, ejecutar, contratar y explotar obras y servicios, otorgar ayudas, obligarse, interponer recursos y ejercer las acciones determinadas por las leyes, para asegurar el control y la gestión de los residuos.
Artículo 59. Organización.
1. Los órganos de gobierno de la Agencia de Residuos de Cataluña son los siguientes:
a)	El Consejo de Dirección.
b)	El presidente o la presidenta.
c)	El director o la directora.
2. El órgano de asesoramiento y de participación del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña es el Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña, regulado por el artículo 65.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña está dotada de asesoría jurídica propia.
Artículo 60. Composición del Consejo de Dirección.
1. El Consejo de Dirección se integra por los siguientes miembros:
a)	El presidente o la presidenta, que es el consejero o la consejera del departamento competente en materia de medio ambiente.
b)	El vicepresidente o la vicepresidenta, que es el secretario o la secretaria general del departamento competente en materia de medio ambiente.
c) El Gobierno determina la composición de las vocalías, que han de estar formadas por representantes de la Generalidad, de las administraciones locales, del Área Metropolitana de Barcelona y de las entidades cuya actividad esté relacionada con las competencias de la Agencia.
d)	El secretario o la secretaria, con voz y sin voto, que forma parte del personal trabajador de la Agencia de Residuos de Cataluña, y que designa la persona titular de la consejería del departamento competente en materia de medio ambiente.
2. Si el orden del día de la reunión del Consejo de Dirección incluye la consideración específica de asuntos que afectan uno o diversos municipios, se convocará a los alcaldes o las alcaldesas correspondientes, que pueden asistir en compañía de la persona que designen a la deliberación de estos asuntos, y tomar parte con voz pero sin voto.
Artículo 61. Régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección.
El Consejo de Dirección se sujeta, con respecto al funcionamiento, a las normas sobre los órganos colegiados de la Administración de la Generalidad, que establece la Ley 13/1989, del 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad.
Artículo 62. Atribuciones del Consejo de Dirección.
1. Corresponden al Consejo de Dirección las siguientes atribuciones:
a)	Fijar las directrices generales de actuación.
b)	Aprobar el anteproyecto del programa de actuación y el programa de inversión y de financiación correspondientes al ejercicio siguiente, y enviarlos al consejero o la consejera del departamento competente en materia de economía y finanzas, según lo que establece el artículo 29 del Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.
c)	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de actuación y de capital de la Agencia de Residuos de Cataluña, para elevarlo también al departamento competente en materia de economía y finanzas, con el informe previo del departamento competente en materia de medio ambiente.
d)	Concertar créditos, de acuerdo con las autorizaciones contenidas en la Ley de presupuestos o en las de suplemento de crédito o de crédito extraordinario.
e)	Aprobar el balance anual y la memoria.
f)	Aprobar los convenios de cooperación, la constitución de consorcios y los convenios de colaboración con las universidades y otras instituciones.
g)	Proponer al Gobierno la constitución de sociedades filiales o la participación en sociedades.
h)	Proponer al Gobierno la planificación global.
i)	Aprobar los programas de actuación.
j)	Atribuir recursos a los proyectos técnicamente aprobados.
k) Aprobar las modificaciones relativas a la estructura organizativa de la Agencia de Residuos de Cataluña que afecte al personal.
2. El Consejo de Dirección se reunirá, al menos, una vez al trimestre.
Artículo 63. Atribuciones del presidente o la presidenta.
Corresponden al presidente o a la presidenta las siguientes atribuciones:
a)	La convocatoria de las sesiones del Consejo de Dirección y la formulación del orden del día.
b)	La presidencia de las sesiones del Consejo de Dirección, cuyos debates dirige y en los que goza de voto de calidad para dirimir los empates de las votaciones.
c)	Las otras atribuciones que le otorgan específicamente esta Ley y la legislación que la desarrolle y complemente.
Artículo 64. Atribuciones del director o la directora.
1. El director o la directora de la Agencia de Residuos de Cataluña dirige el funcionamiento de esta entidad bajo las directrices del Consejo de Dirección. Se nombra y separa por el presidente o presidenta de la Agencia de Residuos de Cataluña, oído el Consejo de Dirección.
2. El director o la directora de la Agencia de Residuos de Cataluña tiene las funciones siguientes:
a)	Ejecutar los acuerdos del Consejo de Dirección.
b)	Dirigir, coordinar, inspeccionar y controlar todas las dependencias e instalaciones y todos los servicios.
c)	Dirigir al personal.
d)	Presentar anualmente en el Consejo de Dirección, para qué, en su caso, los apruebe, las propuestas de programas de actuación, de inversión y de financiación, el balance y la memoria correspondiente.
e)	Las específicas que el Consejo de Dirección le delegue.
f)	Cualquier otra que no sea encomendada al Consejo de Dirección o al presidente o presidenta.
Artículo 65. El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña.
1. El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña es el órgano de asesoramiento y de participación del Consejo de Dirección con respecto a las acciones de la Agencia de Residuos de Cataluña en materia de prevención y gestión de los residuos.
2. La composición del Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña se determina por reglamento, teniendo en cuenta que la mitad del Consejo debe estar formado por representantes de los departamentos de la Generalidad y la otra mitad, por representantes de las administraciones locales, del Área Metropolitana de Barcelona y de las entidades cuya actividad esté relacionada con las competencias de la Agencia.
3. El Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña tiene las funciones que le son otorgadas reglamentariamente y, concretamente, las siguientes:
a)	Asesorar y formular propuestas de actuación en materia de prevención y de gestión de residuos.
b)	Emitir informes sobre planes y programas de gestión de residuos, y sobre la revisión de estos planes y programas.
c)	Emitir informes previos sobre disposiciones de carácter general que tengan por objeto los residuos.
d)	La promoción de procesos participativos en materia de prevención y gestión de residuos.
4. La Agencia de Residuos de Cataluña facilitará al Consejo para la Prevención y la Gestión de los Residuos la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 66. Régimen jurídico.
1. La actividad de la Agencia de Residuos de Cataluña se somete, en las relaciones externas, al derecho privado, con carácter general. No obstante:
a)	El régimen de acuerdos y de funcionamiento del Consejo de Dirección se sujeta a la normativa general sobre órganos colegiados de la Administración de la Generalidad.
b)	Las relaciones de la Agencia de Residuos de Cataluña con el departamento competente en materia de medio ambiente y con otros entes públicos se someten, en todo caso, al derecho público.
c)	También quedan sometidas al derecho público las relaciones jurídicas externas que se deriven de actos de limitación, intervención, control y sancionadores y, en general, cualquier acto, tanto de gravamen como de beneficio, que implique actuación de autoridad o ejercicio de potestades administrativas, incluido el régimen de impugnación de actos, el silencio administrativo y el recaudatorio.
2. El régimen de contabilidad de la Agencia de Residuos de Cataluña es el correspondiente al sector público.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña se somete en materia de contratación al régimen establecido en la legislación sobre contratación del sector público.
4. Sin perjuicio que el personal de la Agencia de Residuos de Cataluña pueda ser contratado en régimen laboral, el régimen jurídico y la clasificación del personal de la Agencia de Residuos de Cataluña, y del que en el futuro se incorpore, se rigen por las disposiciones que le sean aplicables atendiendo a su procedencia y a la naturaleza de su relación de ocupación.
Artículo 67. Régimen de recursos.
1. Las resoluciones del presidente o la presidenta y los acuerdos del Consejo de Dirección ponen fin a la vía administrativa.
2. Los actos administrativos dictados por el director o la directora pueden ser objeto de recurso de alzada ante del presidente o la presidenta.
3. El ejercicio de acciones civiles y laborales se rige por lo que prescribe la normativa vigente.
4. Los actos dictados en aplicación del régimen económico-financiero determinado por esta Ley, por la Ley de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la eliminación de los residuos y por otras normas tributarias y financieras pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa en la forma y los plazos que establece la legislación aplicable.
Artículo 68. Patrimonio y recursos económicos.
1. Constituyen el patrimonio de la Agencia de Residuos de Cataluña los bienes que le son adscritos y los bienes y los derechos de cualquier naturaleza que produzca o adquiera.
2. Los bienes adscritos a la Agencia de Residuos de Cataluña para ejercer sus funciones se rigen por lo que establece el Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.
3. La Agencia de Residuos de Cataluña, para el cumplimiento de sus fines, dispone de los medios económicos siguientes:
a)	Los productos y las rentas de su patrimonio y otros ingresos de derecho privado, y cualquier otro que le pueda corresponder.
b)	Los rendimientos de la explotación de los servicios objeto de concesión.
c)	Las asignaciones que puedan establecer cada año los presupuestos del Estado, los de la Generalidad y los de las corporaciones locales.
d)	El producto de las sanciones y de las tasas y los tributos que se impongan y que no se refieran a los residuos municipales y asimilables gestionados por los entes locales.
e)	Los recursos procedentes del endeudamiento y de la emisión de deuda.
Artículo 69. Responsabilidad.
La responsabilidad de la Agencia de Residuos de Cataluña, por los actos a que hace referencia el apartado 1.c) del artículo 66 y por sus actuaciones en relaciones de derecho privado, es exigible de acuerdo con lo que establece la legislación vigente sobre esta materia.
Artículo 70. Control de auditorías.
Con periodicidad anual se efectuará el control de carácter financiero, mediante el procedimiento de auditoría a que hace referencia el artículo 71 del Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.
Artículo 71. Consejo Asesor de la Gestión de Residuos Industriales de Cataluña.
Artículo 72. Infracciones sancionables.
a) El ejercicio de una actividad descrita por la presente ley sin la comunicación, licencia o autorización preceptivas, o con esta comunicación, licencia o autorización caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones y licencias o de la información incorporada en la comunicación, sin que haya comportado un peligro grave o un daño para la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medioambiente.
t) El incumplimiento de la obligación de presentación del programa de control y seguimiento o mejora ambiental al que se refiere el artículo 19 bis en el caso de los suelos alterados.
u) El incumplimiento de la obligación de realizar las operaciones de control y seguimiento o mejoras ambientales de los suelos alterados, una vez requeridas por la Administración en función del programa aprobado.
v) El incumplimiento de la obligación de retirada del producto libre no acuoso existente en el medio una vez ha sido requerida por la Administración.
Artículo 77. Clases de sanciones.
a)	Multa.
b)	Suspensión temporal de actividad, total o parcial, y de la licencia o título que autoriza, en su caso, la actividad, ya sea de producción o de gestión de residuos.
c)	Suspensión definitiva de actividad, total o parcial, y revocación, en los mismos términos, de la licencia o título autorizador, e inhabilitación profesional temporal como gestor o gestora de residuos.
d)	Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del local, el establecimiento o la industria en que se ejerce la actividad de producción o de gestión.
e)	Precinto de aparatos, vehículos u otros medios mecánicos, temporales o definitivos.
Artículo 77 bis. Baja en los registros administrativos de la Agencia de Residuos de Cataluña.
Artículo 78. Multas.
Artículo 79. Cuantía de las multas.
Artículo 80. Grados de la multa.
Artículo 80 bis. Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.
Artículo 81. Competencia sancionadora.
Artículo 82. Otras sanciones.
La imposición de las restantes sanciones se determina según la competencia por razón de la materia, si bien las que sean de suspensión o de clausura solo pueden ser acordadas por el consejero o por la consejera del departamento competente en materia de medio ambiente, con excepción de las atribuidas a los alcaldes o a las alcaldesas, que pueden imponerlas en los procedimientos en los que son competentes por razón de la materia.
Artículo 83. Ejecución.
Artículo 84. Inhabilitación.
Artículo 85. Criterios de graduación.
Artículo 86. Criterios objetivos.
g) El incumplimiento de las advertencias previas, si se han producido.
Artículo 87. Criterios subjetivos.
Artículo 88. Agravantes.
Artículo 89. Equiparación al beneficio.
Artículo 90. Reincidencia.
Artículo 91. Personas responsables.
Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas también responsables las personas que integran sus órganos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la actividad siempre y cuando se demuestre la existencia de culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 91 bis. Extinción de la responsabilidad.
Artículo 91 ter. Extinción de la sanción.
2. En los casos de extinción de las personas jurídicas sancionadas, la disolución da lugar a la transmisión de la obligación de satisfacer la sanción a las personas que integraban sus órganos rectores o de dirección. Estas personas físicas responden solidariamente entre ellas.»
Artículo 92. Personas autoras.
Artículo 93. Otras personas responsables.
Artículo 94. Adopción de las medidas.
Artículo 95. Requerimiento previo.
Artículo 96. Vigencia.
Artículo 97. Supuesto especial de vigencia.
Artículo 98. Clases.
a)	Las de suspensión provisional de la actividad, y también de las licencias, las autorizaciones, los permisos, las concesiones o cualquier otro título administrativo en el que la actividad tenga su cobertura posible.
b)	Las de clausura de establecimiento o industria o de cierre del local, el lugar o el asentamiento donde esté radicada la actividad, que se pueden acordar de forma total o parcial.
c)	Las de seguridad, control o corrección, encaminadas a impedir la continuidad del daño o perjuicio.
d)	Las de precinto de aparatos, instrumentos o vehículos por razón de los cuales se produzca en cada caso la incidencia en el medio protegido.
e)	Cualquier otra que, según el estado actual de la técnica, permita la interrupción del daño o perjuicio.
Artículo 99. Facultades de ejecución.
Artículo 100. Supuestos.
Artículo 101. Compatibilidad con otras sanciones.
Artículo 102. Cuantía.
Artículo 103. Necesidad de expediente.
Artículo 103 bis. Procedimiento abreviado
En el caso de infracciones leves, el expediente puede instruirse mediante el procedimiento abreviado si se trata de una infracción flagrante y los hechos han sido reflejados en el acta correspondiente o en la denuncia de la autoridad competente o se desprenden de la documentación aportada por la inspección o de los resultados de los análisis practicados. Este procedimiento debe aplicarse de acuerdo con el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad.»
Artículo 104. Incoación.
Artículo 105. Órganos competentes.
1 bis En la Agencia de Residuos de Cataluña, son órganos competentes para acordar la incoación del procedimiento sancionador los directores de área.
Artículo 106. Acción pública.
Artículo 107. Persona instructora.
Artículo 108. Pliego de cargos.
a)	Los hechos deducibles de los elementos aportados, de acuerdo con los artículos precedentes.
b)	La norma y el precepto que se consideran infringidos.
c)	La tipificación del hecho.
d)	Los daños ocasionados o la previsión de los que se pueden derivar para el medio ambiente o para bienes de cualquier naturaleza.
e)	La sanción que puede corresponder.
f)	La responsabilidad de la persona o las personas a las que se dirige el pliego de cargos.
Artículo 109. La prueba.
Artículo 110. Intervención de las personas interesadas en la prueba.
Artículo 111. Propuesta de sanción.
a)	La descripción del hecho infractor.
b)	La determinación de la intervención y la responsabilidad en este hecho de las personas sometidas a expediente.
c)	La indicación del precepto o los preceptos que tipifican la conducta.
d)	La determinación de circunstancias concurrentes.
e)	La indicación del órgano competente para dictar la resolución.
Artículo 112. Resolución.
Artículo 113. Archivo del expediente.
Artículo 115. Defectos del expediente.
a)	La devolución al instructor o la instructora de las actuaciones con la expresión de las diligencias o las rectificaciones a realizar.
b)	La práctica de las diligencias que considere pertinentes, sin necesidad de devolución de actuaciones.
Artículo 116. Ejecución.
Artículo 117. Apreciación de delito o falta.
Artículo 118. Normas procedimentales.
Artículo 119. Resolución de los entes locales.
Artículo 120. Prescripciones de infracciones.
Artículo 121. Prescripción de sanciones.
Artículo 122. Consecuencias de la prescripción.
Artículo 123. Vía de apremio.
Artículo 124. Reparación y ejecución subsidiaria.
Artículo 125. Derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Artículo 126. Estatuto de los inspectores y de las inspectoras ambientales.
En el ejercicio de su función, los inspectores y las inspectoras tienen el carácter de autoridad y pueden solicitar el apoyo de cualquier otra, bien sea de los mossos d’esquadra, bien sea de los cuerpos de seguridad del Estado.
Artículo 127. Atribuciones.
a)	Practicar las pruebas, las investigaciones o los exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa ambiental.
b)	Tomar o sacar las muestras necesarias para la comprobación.
c)	Realizar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la inspección que efectúan.
Artículo 128. Obligaciones de las personas o entidades inspeccionadas.
a)	Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios.
b)	Permitir que se practique la oportuna toma de muestras de los productos o las mercancías que elaboran, distribuyen, destruyen, vierten o transforman.
c)	Permitir a los inspectores y las inspectoras la comprobación directa de cualquier acción que se relacione en este precepto.
Artículo 129. Valor probatorio de las actas de inspección.
Disposición adicional tercera. Actividades potencialmente contaminantes del suelo e informes de situación para actividades no incluidas en la Ley del Estado 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
1. El informe preliminar de situación regulado por el Real decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en el caso de establecimiento de una nueva actividad potencialmente contaminante del suelo debe presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña en un plazo de dos años a contar desde la obtención de la autorización o licencia regulada por la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades.
2. Los informes de situación periódicos regulados por el Real decreto 9/2005, e 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, deben presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña, con el mismo contenido que el informe preliminar de situación y con una periodicidad de diez años, si la autorización o licencia ambiental de la actividad no establece un plazo inferior.
3. El informe de situación, independientemente de la periodicidad establecida, debe presentarse en cualquier caso en los supuestos de cambio sustancial y de clausura de la actividad en el momento de la solicitud del cambio al órgano competente o en el momento de inicio de los trámites de cese.
Disposición adicional cuarta. Fomento de la utilización de áridos reciclados.
1. Los proyectos de construcción de obra pública y de obra privada determinarán el uso de áridos reciclados procedentes de la valorización de residuos de la construcción y la demolición en un porcentaje mínimo del 5 % en peso sobre el total de áridos previstos, excepto que las características de la obra no permitan el uso de este tipo de material, supuesto que el redactor del proyecto deberá justificar debidamente en la memoria. La dirección de obra debe certificar el porcentaje de áridos reciclados utilizado efectivamente en la obra, y debe adjuntar el certificado del suministrador de los áridos reciclados, acompañado del certificado del gestor de residuos que ha producido el árido reciclado.
2. Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia de medio ambiente para establecer, mediante orden, los requisitos para la utilización de los áridos reciclados y de los materiales de construcción obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de la construcción y la demolición.
Los entes locales que en el momento de la entrada en vigor de la Ley 9/2008, de 10 de julio, eran beneficiarios del fondo económico en los términos establecidos por el apartado 2 del artículo 32 continúan teniendo esta condición.
Se faculta al Gobierno de la Generalidad para desarrollar y ejecutar las disposiciones de la presente ley y para dictar las reglamentaciones en materia de residuos.
Se habilita al consejero competente en materia de medioambiente para modificar mediante una orden los niveles genéricos de referencia por metales y metaloides en Cataluña, en función del progreso científico-técnico.
Niveles genéricos de referencia para metales y metaloides en Cataluña
a) Para la protección de la salud humana:
mg/kg m s
Otros usos1.
1.000 ***
1,5 **
1. En los suelos en que sean aplicables los NGR por otros usos en la protección de la salud humana, la muestra representativa superficial del suelo es la que resulta de una muestra homogénea de los primeros 50 cm, una vez retirada la cobertura natural del terreno (los primeros 5-10 cm).
* En aplicación del criterio de contigüidad.
** En aplicación de los valores de referencia.
*** En aplicación del criterio de reducción.
b) Para la protección de los ecosistemas:
Valores de NGR en mg/kg suelo seco: Protección ecosistemas
Zona agropecuaria y forestal2
1. Niveles de referencia: cota superior del intervalo de confianza del percentil 95 calculado a partir de las muestras de suelo natural.
2. La columna de NGR definida como zona agropecuaria y forestal es aplicable a todos los suelos sometidos a prácticas agrícolas de fertilización. En este caso, la muestra representativa superficial del suelo es la que resulta de una muestra homogénea de los primeros 50 cm, una vez retirada la cobertura natural del terreno (5-10 cm).