Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-357-de-junio-20-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e2d6526a1d9701b6e0430a01015101b6&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-15 19:59:02
Document Index: 184007280

Matched Legal Cases: ['artículo 299', 'artículo 86', 'artículo 73', 'artículo 2', 'artículo 124', 'artículo 11', 'artículo 83', 'artículo 86', 'artículo 52', 'artículo 36', 'Artículo 46']

﻿ Sentencia T-357 de junio 20 de 2013
SENTENCIA T-357 DE 20 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PAREJAS DEL MISMO SEXO. LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE OTORGAR SUSTITUCIÓN PENSIONAL VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO AL EXIGIRLE A PAREJAS DEL MISMO SEXO COMO ÚNICO REQUISITO PARA ACCEDER A LA PENSIÓN, LA ACREDITACIÓN ANTE NOTARIO DE LA UNIÓN PERMANENTE DE LA PERSONA CON EL CAUSANTE, DESCONOCIENDO ASÍ OTROS DOCUMENTOS QUE PRUEBAN DICHA UNIÓN. DE IGUAL MANERA, TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR SE IMPONE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO, A TRAVÉS DE LA EXIGENCIA DE REQUISITOS NO PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LO CUAL SE ENTIENDE COMO UN TRATAMIENTO SOSPECHOSO DE DISCRIMINACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PAREJA HOMOSEXUAL, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, DERECHOS DE LA PAREJA HOMOSEXUAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PERSONA HOMOSEXUAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, SUSTITUCIÓN PENSIONAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES
Sentencia T-357 de junio 20 de 2013
Ref.: expediente T-3.807.272
1.1.2. Asegura el accionante, que desde el 16 de junio de 2006 conformó con su compañero José William Bautista Montealegre una unión marital de hecho en forma continua y permanente, la cual duró hasta el día 5 de enero de 2012, fecha en que este último falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.
1.1.5. Manifiesta que en el mes de diciembre de 2010, su compañero permanente sufrió nuevamente un infarto, razón por la cual en abril de 2011, se le practicó una cirugía a corazón abierto. Dice que en esa ocasión, los cuidados y atención, antes y después de la cirugía, estuvieron a cargo de él y de las dos hermanas de José William Bautista Montealegre, así como de su hermano, quienes posteriormente, realizaban visitas periódicas con el fin de estar atentos a su recuperación, ya que estos no residían en la ciudad de Bogotá.
1.1.8. Manifiesta que los hermanos de su compañero permanente, después de su muerte, recogieron todas sus pertenencias del apartamento donde convivieron durante seis años, y retiraron de la cuenta bancaria la suma de $ 10.000.000 correspondientes a los ahorros de los dos. De igual forma, reclamaron en la firma Auditores S.A., donde su compañero trabajaba, las liquidaciones laborales.
1.2.1.1. Copia del registro civil de defunción del señor José William Bautista Montealegre, expedida por la notaría 33 del Círculo de Bogotá (fl. 15).
1.2.1.2. Copia de la declaración extrajuicio presentada el día 7 de febrero de 2012, por el señor Yesid de Jesús Varela González (fl. 16).
1.2.1.3. Copias de las declaraciones extrajuicio presentadas el día 7 de febrero de 2012 por los señores Yaneth del Socorro Meza Acosta y Nelson Enrique Gutiérrez (fl. 17).
1.2.1.4. Copia del oficio remitido por Porvenir S.A., donde solicita la sentencia ejecutoriada de declaración de la unión marital de hecho que demuestre la calidad de compañero permanente del señor José William Bautista Montealegre (fl. 18).
1.2.1.5. Copia de la cédula de ciudadanía del señor Yesid de Jesús Varela González (fl. 19)
1.2.1.6. Copia de la cédula de ciudadanía del señor José William Bautista Montealegre (fl. 20).
1.2.1.7. Fotocopias y copias de correos electrónicos entre los señores Yesid de Jesús Varela González y José William Bautista Montealegre, que demuestran convivencia de hecho (fls. 21 al 31).
1.2.1.8. Oficio recibido por este Despacho en sede de revisión y que fuera remitido por el señor Yesid de Jesús Varela González, de fecha 30 de mayo de 2013, donde manifiesta que con el fallo revocatorio de segunda instancia se ha desconocido en presedente(sic) constitucional fijado con carácter inter comunis en la Sentencia T-051 de 2010.
Asegura, que no es posible darle trámite a las reclamaciones presentadas, por cuanto el Fondo de Pensiones carece de competencia o jurisdicción para determinar realmente quien cuenta con mejor derecho en el presente asunto, razón por la cual, se le solicitó al señor Yesid de Jesús Varela González, para que aportara la sentencia ejecutoriada de declaración de la unión marital de hecho que demuestre la calidad de compañero permanente del señor José William Bautista Montealegre, pues las declaraciones extraproceso constituyen tan solo una prueba sumaria, de conformidad con el artículo 299 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, como se evidencia un conflicto de intereses, la prueba requerida no puede considerarse como un acto intransigente antijurídico imputable a Porvenir S.A.
Para llegar a la anterior conclusión, el Juez constitucional consideró, en primer lugar, la procedencia de la acción de tutela, al establecer que aunque el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. es de carácter privado, la misma es procedente por cuanto, no obstante se trata de un particular, este presta un servicio público.
En segundo lugar, consideró que “al exigirse una sentencia ejecutoriada de unión marital de hecho, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., viola su derecho a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana al exigirle requisitos diferentes y adicionales a los que se requieren a las parejas heterosexuales. (…) Además, la Sentencia T-711 de 2011 establece que los medios probatorios a los que debe recurrir una persona para obtener la pensión de sobrevivientes serán los establecidos por la ley sin importar la orientación sexual, esto, pues el derecho sustancial prima sobre el procesal”.
Finalmente dentro del análisis, el juez de instancia consideró que no era pertinente la vinculación del señor Santiago Bautista Murcia, padre del señor José William Bautista, por cuanto no corresponde determinar si el accionante tiene o no el derecho a la pensión sustitutiva del causante, sino establecer si la entidad accionada vulneró algún derecho fundamental al solicitar una declaratoria de unión marital de hecho ante notaría, entre este y el afiliado fallecido.
Para el estudio de los asuntos enunciados, esta Sala seguirá algunos lineamientos que fueran fijados en idéntico asunto en las sentencias T-860 de 2011(1), y T-716 de 2011(2) que analizaron temas de la pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo.
La jurisprudencia de esta Corporación(3), ha reiterado, que en principio la tutela no procede para ordenar el reconocimiento de prestaciones económicas derivadas del derecho a la seguridad social, en razón al carácter subsidiario previsto en el artículo 86 de la Constitución(4). Sin embargo, ha indicado excepciones a la regla general(5).
En primer lugar, la Corte Constitucional(6) ha señalado que la tutela procederá como mecanismo principal y definitivo cuando las condiciones particulares del afectado hacen que el mecanismo judicial ordinario no resulte idóneo y/o eficaz(7), y por lo tanto “… debe dilucidarse en el caso concreto si el peticionario se encuentra en un estado de vulnerabilidad o marginalidad tal que requiera con urgencia la prestación económica como presupuesto para el mantenimiento de su subsistencia en condiciones dignas”(8).
Respecto al criterio descrito, esta Corporación en Sentencia T-021 de 2010(9) concedió la pensión de sobrevivientes a una persona que padecía de VIH-sida, teniendo en cuenta que la enfermedad “genera un detrimento significativo en la salud de la actora. La circunstancia antedicha enmarca a la accionante en el grupo sujetos considerados de especial protección constitucional, para los cuales el Estado tiene el deber de protegerlos y de sancionar cualquier abuso que se cometa en contra de ellos. Adicionalmente se encuentra probado que la actora carece de otros medios para garantizarse su propia subsistencia, pues la enfermedad que padece, le impide desarrollar alguna actividad productiva y debido a esto la peticionaria no ha podido sufragar los gastos que conlleva su enfermedad, ni satisfacer sus necesidades básicas”.
En otras oportunidades donde el peticionario se encuentra en situación de vulnerabilidad o marginalidad, esta Corte ha concedido en forma definitiva la pensión de sobrevivientes. Por ejemplo, en la Sentencia T-197 de 2010(10) se estudió el caso de una señora que le fue negada la pensión de sobreviviente de su esposo, argumentando que no cumplió con el requisito establecido por la Ley 100 de 1993 de acreditar que convivió con el pensionado hasta su muerte. En ella esta Corporación sostuvo que:
“… debe tenerse en cuenta que la tutelante es una persona de la tercera edad, que está prácticamente sola en la vida después de la muerte de su cónyuge, y que ha tenido que sobrellevar su vida sin contar con la pensión que este le dejara después de su muerte y sin otros medios que le depararan la posibilidad de satisfacer autónomamente sus necesidades básicas. A estas cargas, no sería justo sumarle una adicional, así sea la de instar la justicia ordinaria. Hacerlo significaría someterla a un período adicional de incertidumbre sobre los derechos que tiene, y a una inversión de tiempo, esfuerzos y dinero que bien podrían evitarse pues en este caso no hay dudas, determinantes y decisivas, de que a ella le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes.”
En segundo lugar, ha señalado igualmente que la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuando es necesario para evitar un perjuicio irremediable derivado de la afectación del derecho fundamental al mínimo vital”(11). En este caso, para determinar la existencia de la violación o amenaza a este derecho fundamental, ha dicho la Corte que se debe comprobar que “i) la prestación económica que percibía el trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico de su grupo familiar dependiente; y ii) los beneficiarios de la pensión carecen, después de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para garantizarse su subsistencia, por lo cual quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado de la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital”(12).
Por otra parte, esta Corporación en Sentencia T-051 de 2010(13) señaló otras consideraciones pertinentes, por ejemplo, “… la condición de sujeto de especial protección, y el deber de amparo que, de acuerdo con el art. 46 de la Constitución, surge para el Estado, la sociedad y la familia respecto de los sujetos en esta condición, el cual resulta incompatible con el tiempo de respuesta de los medios ordinarios dentro del sistema jurídico, el que resulta excesivo si se tiene en cuenta que se resuelven casos de personas que no cuentan con otra fuente de ingresos económicos(14)”.
2.2.2. El reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los miembros de las parejas del mismo sexo en la Sentencia C-336 de 2008. Reiteración de jurisprudencia
De conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, la pensión de sobrevivientes es una prestación del sistema general de seguridad social, dentro del régimen de prima media con solidaridad, que se reconoce a favor del grupo familiar del afiliado o pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, de acuerdo con las condiciones de cotización y personales de los beneficiarios, previstas en la misma norma(15). El artículo 73 de la misma ley, establece que las mismas condiciones, en lo que respecta a los requisitos para acceder a la prestación y su monto, son igualmente predicables para la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad.
La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-336 del 16 de abril de 2008(16), resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, contra las expresiones “compañero o compañera permanente” que establecen quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. La demanda se fundamentó en la violación de los derechos fundamentales a la igualdad (Constitución, art. 13), a la seguridad social (art. 48 ídem) y a la dignidad humana, por cuanto la norma no incluía a las parejas homosexuales en el régimen de protección que en materia de seguridad social se reconoce a las parejas heterosexuales, como era la pensión de sobrevivientes.
“la aplicación de las expresiones demandadas [compañero o compañera permanente] ha permitido dar a las parejas homosexuales un tratamiento distinto al que se otorga a las parejas heterosexuales en cuanto estas son beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y aquellas no, trato distinto que resulta discriminatorio respecto de las parejas homosexuales, las cuales, aun cuando no están excluidas de manera expresa de los beneficios de la pensión de sobrevivientes, sí resultan de hecho exceptuadas del sistema de seguridad social, pues la falta de claridad del legislador ha conducido a implementar una situación contraria a los valores del Estado social de derecho, a los principios de reconocimiento y respeto por la dignidad de la persona humana, y a las normas que desde la Constitución amparan el libre desarrollo de la personalidad y su extensión: la libertad de opción sexual”.
2.2.3. El régimen probatorio para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al miembro supérstite de una pareja del mismo sexo.
Como se dijo en el acápite anterior, en la Sentencia C-336 de 2008 se afirmó en la parte motiva que “al resultar extensivos los efectos de estas normas a las parejas integradas con personas del mismo sexo, a los compañeros o compañeras del mismo sexo les corresponde acreditar su condición de pareja, para lo cual deberán acudir ante un notario para expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente, que permita predicar la existencia de una relación afectiva y económica responsable”(17). Y en la parte resolutiva de este mismo pronunciamiento se sostuvo que las normas que regulaban el derecho de la pensión de sobrevivientes se declaraban exequibles “en el entendido que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición sea acreditada en los términos señalados en la Sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales”(18).
Esta postura fue asumida por algunas entidades del sistema de seguridad social en pensiones y algunos jueces de tutela de instancia, al señalar que la sentencia C-336 de 2008 debe ser interpretada en el sentido de que, en el caso de las parejas del mismo sexo que desean acceder a la pensión de sobrevivientes ante la muerte de alguno de sus miembros, la única prueba admisible para demostrar la existencia de una relación permanente de pareja es una declaración ante notario de ambas personas(19). Esta interpretación fue avalada por las sentencias T-1241 de 2008(20) y T-911 de 2009(21).
Sin embargo, en sentencias posteriores(22) esta corporación acogió una interpretación más favorable que garantiza los derechos fundamentales involucrados. Este razonamiento fue acogido por la Sentencia T-860 de 2011(23), al señalar que: “además de ser más favorable a los derechos fundamentales involucrados, es la acertada a juicio de la Sala, razón por la cual la reitera y refuerza en esta oportunidad. De acuerdo con esta interpretación el miembro supérstite de la pareja homosexual goza de todos los medios probatorios admitidos para las uniones maritales de hecho heterosexuales, a efectos de acreditar la existencia de una relación permanente de pareja con el fin de acceder a la pensión de sobrevivientes”.
“impone a las parejas homosexuales una carga imposible de cumplir, pues muerto uno de los compañeros o una de las compañeras no es factible que la pareja acuda simultáneamente a la notaría a acreditar la permanencia y singularidad de la unión”(24). Así, la exigencia de la Sentencia C-521 de 2007 “fue pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse, sin más ni más, en el caso de la pensión de sobrevivientes (…) En el caso de la pensión de sobreviviente, es claro para la Sala (…) que las circunstancias y supuestos de hecho son distintos y exigen que el sentido y alcance de lo establecido en la Sentencia C-521 de 2007 se ajuste a los supuestos de hecho que rodean el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, instituto cuya aplicación tiene lugar precisamente cuando acontece la muerte de uno de los compañeros permanentes. De lo contrario, se impone una carga probatoria imposible de cumplir por cuanto suele ocurrir –y esto sucede tanto respecto de parejas homosexuales como de parejas heterosexuales– que uno de los compañeros permanentes muere sin que haya podido la pareja acudir ante notario para acreditar la unión”(25).
En efecto, la ley ha establecido distintas formas de acreditación, tales como la escritura pública ante notario, el acta de conciliación, la sentencia judicial (artículo 2 Ley 54 de 1990) y para fines de adopción la inscripción del(a) compañero(a) en las cajas de compensación, declaración ante notario y el registro civil de nacimiento de los hijos de los compañeros (parágrafo artículo 124 Código de Infancia y Adolescencia). Específicamente para efectos de la pensión, el artículo 11 del decreto 1889 de 1994 establece que “se presumirá compañero o compañera permanente, quien haya sido inscrito como tal por el causante en la respectiva entidad administradora. Igualmente se podrá acreditar dicha calidad por cualquier medio probatorio previsto en la ley”.
De igual manera, para constituir alguna de las referidas fórmulas de acreditar tal condición, existe una regla general de libertad probatoria, tal como se ve en los procesos que la Sala de Casación Civil falla cuando se trata de demostrar la existencia de una unión marital luego del fallecimiento de uno de los compañeros(26). En resumen, la ley determina por cuáles medios se tiene certeza jurídica de la existencia de una unión marital y a dicha certeza se llega por regla general por los medios probatorios comúnmente aceptados en derecho”.
De conformidad con lo expuesto, no hay razones constitucionalmente válidas para hacer una distinción injustificada —violatoria del derecho a la igualdad— entre las uniones permanentes homosexuales y heterosexuales, ya que ello supone que las primeras producen efectos jurídicos sólo a partir de la suscripción formal del requisito de acreditación ante notario de su unión permanente.
Así las cosas es razonable exigirles a las parejas del mismo sexo un medio probatorio igual a las parejas heterosexuales, las cuales disponen de cinco alternativas para ello en el caso de la adjudicación de efectos jurídicos en materia de pensiones, valga decir, i) escritura pública ante notario, ii) acta de conciliación, iii) sentencia judicial, iv) inscripción del causante de su compañero(a) en la respectiva entidad administradora de pensiones y v) cualquier medio probatorio previsto en la ley.
En este sentido, la corte Constitucional en Sentencia T-1083 de 2004(27), se pronunció de la siguiente manera:
Así, lo ha indicado esta Corporación en Sentencia T-359 de 2006(28): “si bien la preservación de los intereses de la administración y el cumplimiento de los fines propios de la actuación estatal son imperativo de todos los procedimientos que se surtan a este nivel, en cada caso concreto debe llevarse a cabo una ponderación que armonice estas prerrogativas con los derechos fundamentales de los asociados”.
Por su parte, la Sentencia T-051 de 2010(29) amparó los derechos fundamentales de los peticionarios que reclamaban el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y, que fueran negadas por parte de las entidades administradoras de pensiones demandadas, bajo el sustento de que los accionantes no cumplían con los requisitos que en materia probatoria estableció la Sentencia C-336 de 2008 a las parejas del mismo sexo para acceder al derecho a la pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones que a las parejas heterosexuales. En ella señaló:
El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”(30). Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión” (C.P., arts. 4º y 122)(31). De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad”.
De otro lado, cabe señalar que, por lo general, las autoridades judiciales como las administrativas, incluyendo las administradoras de los fondos de pensiones suelen ignorar el principio constitucional de buena fe, según el cual —como lo ordena el artículo 83 superior— “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
De lo anterior se concluye, que todo acto arbitrario de la administración, o en el caso que nos ocupa, las entidades administradoras de pensiones, al apartarse de las normas aplicables vigentes o de la jurisprudencia constitucional, en cuanto a la exigencia de la carga probatoria imposible de suministrar como requisitos indispensables para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en especial a las personas del mismo sexo, implica violación del debido proceso administrativo, más aún cuando la decisión adoptada dentro de dicha actuación puede llegar a afectar su mínimo vital. Por lo tanto, los procesos administrativos se deben cumplir atendiendo los requerimientos de agilidad, rapidez y flexibilidad(32), con el fin de garantizar una eficaz y oportuna realización de la función pública cumpliendo estrictamente con el respeto por los derechos de la personas sin distinción de su orientación sexual.
La primera verificación que se debe realizar en este caso es la relativa a la procedibilidad de la acción de tutela, pues el artículo 86 de la Constitución prescribe que esta sólo procederá cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial idóneo, salvo que se interponga de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable.
Contrario a lo sostenido por el juez de segunda instancia, esta Sala considera que, en esta oportunidad, el mecanismo ordinario laboral no resultaría idóneo frente a la exigencia de protección inmediata de los derechos fundamentales del señor Yesid de Jesús Varela González, toda vez que el amparo solicitado se circunscribe a la no aceptación de las pruebas aportadas para el reconocimiento de la pensión por parte de la entidad accionada. En esa medida, al actor se le esta pretermitiendo la instancia inicial y legal para que se estudie su pretensión de acceder al derecho prestacional.
De una lectura detallada del expediente, se observa que el accionante anexa para acreditar su vida de unión marital con el causante los siguientes documentos: i) una declaración extraproceso, ii) correos electrónicos entre los años 2009 y 2011, en los cuales el señor José William Bautista Montealegre impartía órdenes su pareja Yesid de Jesús Varela González acerca de la distribución de su salario(33), iii) copia de registros fotográficos de la pareja en diversas situaciones(34), iv) y declaraciones notariales juramentadas con fines extraprocesales, en las que, dos ciudadanos coinciden en afirmar que conocían a la pareja conformada por los ciudadanos Yesid de Jesús Varela González y José William Bautista Montealegre, quienes estuvieron juntos por periodos que oscilan entre los 6 y 5 años(35).
Ahora bien, una vez relacionados los documentos cuestionados, es preciso aclarar que los efectos de la Sentencia C-336 de 2008 no son constitutivos de una prestación económica particular, sino declarativos de una discriminación injustificada contra las parejas del mismo sexo. Esto indica que una vez promulgada la sentencia, las autoridades del Estado y los particulares, están obligadas a cumplir con lo dispuesto en el fallo, es decir, que todas las actuaciones que deban adelantarse con el fin de reconocer prestaciones sociales, especialmente la pensión de sobrevivientes deben tener en cuenta que el régimen legal de esta última, es igualmente predicable a los compañeros permanentes del mismo sexo.
De esa forma, de conformidad con la providencia citada, como la exigencia a que se refiere la Sentencia C-521 de 2007 fue pensada para solicitudes relacionadas con la afiliación en salud, más no para el caso de las pensiones de sobrevivientes, la Sala reitera que en estos casos quien reclame esta prestación goza de libertad probatoria, toda vez que una interpretación distinta impondría al compañero sobreviviente una carga imposible de cumplir por cuanto suele ocurrir que la pareja fallezca sin que se haya podido acreditar la unión marital de hecho ante un notario(36).
De la misma forma, un comportamiento de esta naturaleza viola el derecho fundamental del peticionario al debido proceso administrativo, siendo este y no otro, el derecho fundamental que la entidad demandada se encuentra vulnerando, al exigir al accionante una prueba imposible como es la acreditación ante notario de la unión permanente del actor con el causante José William Bautista Montealegre. Además, tal exigencia no esta prevista en la ley para que la pareja, con independencia de su orientación sexual, demuestre la condición de compañero permanente en el trámite de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Actuación que, como en el caso del actor, se interpreta como un tratamiento discriminatorio prohibido en nuestro ordenamiento jurídico.
1. REVOCAR el fallo de tutela de segunda instancia proferida por el Juzgado Treinta y Seis del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, del 4 de febrero de 2013 y, en su lugar, confirmará el fallo de primera instancia del Juzgado Diecinueve Penal Municipal de Bogotá, del 27 de diciembre de 2012, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
2. REITERAR la orden judicial de primera instancia que ORDENÓ al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a evaluar y resolver de fondo sobre la procedencia o no del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el señor Yesid de Jesús Varela González, con fundamento en los documentos aportados dentro de la solicitud, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
3. Prevenir al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron origen a la presente tutela, advirtiendo que el incumplimiento de la presente decisión o su dilación, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
4. LÍBRESE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2691 de 1991, para los efectos allí contemplados.
(1) M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(2) M. P. Luis Ernesto Vargas.
(3) Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-008 de 2006, T-630 de 2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-129 de 2007, T-168 de 2007, T-184 de 2007, T-236 de 2007, T-326 de 2007, T-335 de 2007, T-593 de 2007, entre otras.
(4) “Esta acción [la de tutela] sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
(5) Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-008 de 2006, T-630 de 2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-129 de 2007, T-168 de 2007, T-184 de 2007, T-236 de 2007, T-326 de 2007, T-335 de 2007, T-593 de 2007, entre otras.
(6) En este sentido, sentencia T-630 de 2006.
(7) Ver las sentencias T-401 de 2004, T-971 de 2005, T-836 de 2006, T-692 de 2006, T-129 de 2007, T-236 de 2007 y T-593 de 2007, entre otras.
(8) Sentencia T-716 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(11) Sentencia T-971 de 2005. En el mismo sentido las sentencias T-692 de 2006 y T-129 de 2007.
(12) Sentencia T-971 de 2005. En el mismo sentido las sentencias T-692 de 2006 y T-129 de 2007.
(14) Corte Constitucional. Sentencia T-404 de 2009.
(15) Ley 100/93. Artículo 46. Modificado. L. 797/2003, art. 12. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
ART. 47.—Modificado. L. 797/2003, art. 13. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
(17) C-336 de 2008, fundamento jurídico 8.1.
(18) Sentencia C-521 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, a propósito de la declaratoria de inexequibilidad del contenido normativo de la Ley 100 de 1993 que establecía que el(a) compañero(a) permanente podría ser beneficiario en salud siempre que acreditara mínimo dos (2) años de convivencia con el afiliado, indicó que “la condición de compañero(a) permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto (…)”
(19) Sentencia T-860 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(21) M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Nótese que el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto aclaró su voto en la Sentencia T-911 de 2009, entre otras cosas, por no compartir esta interpretación.
(22) Sentencias T-051 de 2010 y T-592 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo.
(24) Sentencia T-051 de 2010. Reiterada por la sentencia T-592 de 2010.
(26) Ver sentencias de la Sala de Casación Civil, SC-239 de 2001, SC-330 de 2005, SC-383 de 2005, SC-050 de 2007, entre otras.
(30) Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable. La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar el debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
(31) Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004.
(33) Folios 21 al 24. Cuaderno de primera instancia.
(34) Folios 25 al 31. Cuaderno de primera instancia.
(35) Folios 16 y 17. Cuaderno de primera instancia.