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Timestamp: 2018-12-10 11:49:56
Document Index: 242775116

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 52', 'artículo 81', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 2498', 'artículo 2', 'artículo 2497', 'artículo 2495', 'artículo 52', 'artículo 52', 'Artículo 2', 'Artículo 2495', 'artículo 2422', 'artículo 2425', 'artículo 1213', 'artículo 247', 'artículo 24']

﻿ Sentencia C-447 de julio 15 de 2015
SENTENCIA C-447 DE 15 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:NORMA QUE ESTABLECE UNAS REGLAS PARA LAS GARANTÍAS REALES EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1676 DE 2013. SE INHIBIRSE DE EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE FONDO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPRESIÓN “EN TODO CASO, LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTÍCULO NO APLICARÁ EN DETRIMENTO DE DERECHOS PENSIONALES” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 1676 DE 2013, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL, CITACIÓN DEL ACREEDOR CON DERECHO REAL DE GARANTÍAS, DERECHO REAL DE GARANTÍAS, GARANTÍAS MOBILIARIAS
Sentencia C-447 de julio 15 de 2015
“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías inmobiliarias”.
ART. 52.—Las garantías reales en los procesos de liquidación judicial. Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.
PAR.—La exclusión de los bienes en garantía en los procesos de liquidación judicial se hará sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el acreedor garantizado y el liquidador, cuando los bienes en garantía hagan parte de la unidad de explotación económica del deudor y esta pueda venderse en los términos del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006. Enajenado el bien en garantía el liquidador asignará al acreedor garantizado el valor del bien dado en garantía o podrá optar por pagar previo a la enajenación un importe equivalente al valor del bien dado en garantía y proceder a la enajenación en el curso del proceso.
2.1. Dado que tres intervinientes consideran que la demanda no es apta, por distintas razones, que van desde la inadecuada comprensión de las obligaciones alimentarias(2) hasta la no contradicción entre la norma demandada y el régimen de prelación de créditos(3), pasando por una injustificada interpretación del texto de la misma(4), debe estudiarse, como cuestión previa, la aptitud de la demanda.
En el ordenamiento jurídico colombiano hay varios regímenes de insolvencia: (i) el general(5), que se aplica a “las personas naturales comerciantes y a las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto” y a “las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”, y (ii) el especial(6), que se aplica a “la persona natural no comerciante”. A pesar de que el capítulo II del título V de la Ley 1676 de 2013, en el que está el artículo 52, que contiene la expresión demandada, alude de manera general a las garantías en los procesos de insolvencia, lo que en principio podría incluir la insolvencia de la persona no comerciante, una interpretación sistemática de las normas de este capítulo, en especial de los artículos 50, 51 y del parágrafo del artículo 52, en concordancia con lo previsto en el artículo 2º sobre el ámbito de aplicación de la ley, permite concluir que este último artículo sólo se aplica al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006.
De esta interpretación se apartan el demandante(7), un interviniente(8) y el Ministerio Público(9) al considerar que el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 sí modifica, de manera tácita, el régimen general de prelación de créditos. Para mostrarlo destacan los cuatro primeros incisos del referido artículo, que preceden a la expresión demandada, según los cuales (i) los bienes que soportan la garantía mobiliaria podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho del acreedor garantizado; (ii) si el valor del bien es igual o menor al de la garantía que soporta, puede ser adjudicado directamente al acreedor garantizado; (iii) si el valor del bien es mayor al de la garantía, se adjudica al acreedor garantizado y el remanente a los demás acreedores, conforme a la prelación de créditos, a menos que el acreedor garantizado opte por pagar el saldo al liquidador, para que lo aplique a los demás acreedores; y (iv) si opera el pago por adjudicación, el bien se adjudicará al acreedor garantizado y el remanente se adjudicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal.
2.3.1. Las dos primeras reglas, previstas en el inciso uno y en el inciso dos del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, al emplear la expresión “podrá”, que es condicional, permiten hacer prima facie una interpretación armónica con el régimen general de prelación de créditos, en el sentido de que sólo se procederá así cuando los demás bienes del deudor sean suficientes para cubrir los créditos de primera clase(10), si los hubiere, conforme a lo previsto en el artículo 2498 del Código Civil.
2.3.3.1. Los créditos de los acreedores con garantía real mobiliaria, que conforme al artículo 2º de la Ley 1676 de 2013(11) corresponden a los que será aplicable esta ley, en tanto créditos del acreedor prendario sobre la prenda, hacen parte de los créditos de segunda clase, previstos en el artículo 2497 del Código Civil y estarían después de los créditos del posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste a la posada y los del acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes dependientes.
2.3.3.2. Los créditos de los niños y los créditos de los trabajadores, que corresponden a las omisiones que señala la demanda, hacen parte de los créditos de primera clase, previstos en el artículo 2495 del Código Civil. Entre estos créditos, los créditos de los niños prevalecen, conforme a la Sentencia C-092 de 2002(12). De los créditos de primera clase también hacen parte, en este orden, (i) las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores; (ii) las expensas funerales necesarias del deudor difunto; (iii) los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor; (iv) los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo; (v) los artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor y a su familia durante los últimos tres meses; y (vi) los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados.
2.3.3.5. Dado que el anterior referente legal no ha sido derogado ni modificado expresamente, debe examinarse el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, para establecer si éste lo modificó o no de manera tácita. A partir del objeto de la ley(13), de su ámbito de aplicación(14) y de sus derogatorias expresas, es posible advertir que la ley no pretende cambiar la calificación de los créditos de los acreedores con garantía mobiliaria. En efecto, con el propósito “incrementar el acceso al crédito”, se amplía los bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía y se simplifica la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de dicha garantía. De manera consecuente con dicha ampliación, la ley se aplica a las garantías que correspondan a “obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles”; y, además, se aplica a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de dichas garantías mobiliarias. Por ello, entre las derogatorias de la ley(15), no se encuentran los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, que regulan la prelación de créditos.
2.3.3.6. Al examinar de qué manera la Ley 1676 de 2013 simplifica la prelación de la garantía en comento, prevista en el título V, se aprecian tres tipos de reglas: las de prelación(16), las que corresponden al proceso de insolvencia(17) y las de otras prelaciones(18). Las primeras regulan la prelación entre garantías constituidas sobre un mismo bien, valga decir, entre créditos que son de la misma clase: la segunda. Las segundas regulan las garantías reales en el proceso de reorganización, en los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización y en los procesos de liquidación judicial, entre las cuales está el artículo sub examine. Las últimas regulan otras prelaciones que respecto de compradores de los bienes muebles, de la garantía mobiliaria de adquisición, fijan reglas adicionales de prelación de garantías mobiliarias y de prelación de obligaciones fiscales y tributarias.
1. La demanda. Los ciudadanos Nicolás Caballero Hernández y Alejandro José Peñarredonda Franco, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad solicita que se declare inexequibles la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de los derechos pensionales”, contenido en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por la vulnerar (i) el principio de prevalencia de los derechos de los niños (C.P., 44), dado que ésta da prevalencia a los créditos de los acreedores garantizados respecto de los créditos de los niños en el proceso de liquidación judicial; y (ii) los principios mínimos del estatuto del trabajo (C.P., 53), dado que ésta también da prevalencia a los créditos de los acreedores garantizados respecto de los créditos de los trabajadores en el proceso de liquidación judicial.
(1) Uno de los motivos por los cuales procede la unidad normativa para efectos de control ordinario de constitucionalidad es cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. Cfr. Sentencias C-298 de 1998 y C-871 de 2003.
(2) Supra I, 3.4.
(3) Supra I, 3.2.
(4) Supra I, 3.3.
(5) Cfr. Artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.
(6) Cfr. Título IV, Capítulo I, Artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso.
(7) Supra I, 2.2.
(8) Supra I, 3.1.
(9) Supra I, 4.
(10) Cfr. Artículo 2495 del Código Civil.
(11) ART. 2º. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.
(12) Supra II, 4.4.3.
(13) ART. 1º—Objeto de la ley. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas.
(14) ART. 2º—Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.
(15) ART. 91.—La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación y deroga expresamente las disposiciones que le sean contrarias y especialmente los artículos 2414, inciso 2o del artículo 2422, se modifica el artículo 2425 en el sentido de modificar la cuantía de ciento veinticinco pesos a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 2427 del Código Civil, los artículos 1203, 1208,1209, 1210, lo referente al Registro Mercantil del artículo 1213 del Código de Comercio; el artículo 247 de la Ley 685 de 2000 <sic, es 2001>; los artículos 1º, 2º, 3º de la Ley 24 de 1921. Se adiciona el artículo 24 del Código General del Proceso con un numeral 6 así: “La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia de garantías mobiliarias”. Los artículos 269 al 274 y 468 entrarán en vigencia para los efectos de esta ley y en la fecha de su promulgación.
PAR.—Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, conservarán su validez hasta cuando los créditos amparados por las mismas sean extinguidos por cualquier medio legal.
(16) Cfr. Capítulo I, artículos 48 y 49.
(17) Cfr. Capítulo II, artículos 50 a 52.
(18) Cfr. Capítulo III, artículos 53 a 55.