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Timestamp: 2020-02-23 14:48:28
Document Index: 5204249

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 17', 'artículo 31', 'artículo 67', 'artículo 31', 'artículo 63', 'artículo 67', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 76', 'artículo 31', 'artículo 31']

Caso trabajadores cesados de petroperú y otros vs. Perú sentencia de 22 de agosto de 2018 Interpretación de la Sentencia de
C.1 Argumentos de las partes y de la Comisión
D.1 Argumentos de las partes y de la Comisión
D.2 Consideraciones de la Corte
SENTENCIA DE 22 DE AGOSTO DE 2018
En el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs Perú,
Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez;
de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve las solicitudes de interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por este Tribunal el 23 de noviembre de 2017 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuestas el 12 de marzo de 2018 por Carolina Loayza Tamayo, el 13 de marzo de 2018 por el señor Abraham Montero Ramírez, y el 20 de marzo de 2018 por el Estado del Perú.
El 23 de noviembre de 2017 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) el 20 de diciembre de 2017.
El 12 de marzo de 2018 la representante Carolina Loayza Tamayo1 (en adelante “la representante Loayza”) presentó una solicitud de interpretación de la Sentencia con relación a los párrafos 6, 13, 208, 218, y 222 de la misma, en lo que respecta a una precisión sobre lo siguiente: (i) la representación de las víctimas; (ii) el oferente de prueba en el proceso; (iii) los destinatarios en la aplicación de los mecanismos de la Ley 28803 y el plazo para presentar el informe de aplicación de dichos mecanismos; (iv) los alcances de la medida de reparación relacionada con el pago de aportaciones al sistema de pensiones; y (v) la compensación económica por lucro cesante.
El 13 de marzo de 2018 el señor Abraham Montero Ramírez2 presentó una solicitud de interpretación y reconsideración de la Sentencia con relación a los intereses de la indemnización que la Corte estableció como medida de reparación. Asimismo, solicitó a la Corte que reconsidere su condición como representante y ordene una indemnización por gastos y trámites por un monto razonable de $10,000 dólares americanos.
El 20 de marzo de 2018 el Estado presentó una solicitud de interpretación, en lo que respecta al pago de indemnización por daño inmaterial. Alegó que debe entenderse que lo sostenido por la Corte en los párrafos 207, 208 y 209 de la Sentencia, respecto al pago de reparaciones pecuniarias, debe considerarse no sólo en relación con el daño material, sino también en relación con el daño inmaterial.
El 26 de abril de 2018 la representante Loayza presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación del Estado. El 2 de mayo los representantes Manuel Paiba Cossios y Gregorio Paredes Chipana3 (en adelante “los representantes Paiba y Paredes”) presentaron sus observaciones escritas a las solicitudes de interpretación de la representante Loayza y del Estado. El 3 de mayo el Estado presentó sus observaciones escritas a la solicitud de interpretación de la representante Loayza y el señor Montero Ramírez. En la misma fecha, la Comisión presentó sus observaciones escritas respecto de las referidas solicitudes de interpretación.
De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía al dictar la Sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 68.3 del Reglamento. En esta ocasión, la Corte se integra por los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente; Humberto Antonio Sierra Porto, Juez; Elizabeth Odio Benito, Jueza; Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez; y L. Patricio Pazmiño Freire, Juez.
Corresponde a la Corte verificar si las solicitudes presentadas por la representante Loayza, el señor Abraham Montero Ramírez y el Estado cumplen con los requisitos establecidos en las normas aplicables a una solicitud de interpretación de Sentencia, a saber, el artículo 67 de la Convención, anteriormente citado, y el artículo 68 del Reglamento que dispone, en lo pertinente, que:
3. Para el examen de la solicitud de interpretación, la Corte se reunirá, si es posible, con la composición que tenía al dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se sustituirá al Juez de que se trate según el artículo 17 de este Reglamento.
Asimismo, el artículo 31.3 del Reglamento establece que “[c]ontra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación”.
La Corte observa que la representante Loayza remitió la solicitud de interpretación el 12 de marzo de 2018, el señor Abraham Montero Ramírez el 13 de marzo de 2018, y el Estado lo hizo el 20 de marzo de 2018, todos dentro del plazo establecido en el artículo 67 de la Convención, ya que la Sentencia fue notificada el 20 de diciembre de 2017. Por ende, las solicitudes resultan admisibles en lo que se refiere al plazo de su presentación. En cuanto a los demás requisitos, la Corte realizará el análisis respectivo al examinar el contenido de cada solicitud de interpretación en el próximo capítulo.
ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LAs SOLICITUDes DE INTERPRETACIÓN
A continuación, el Tribunal analizará las solicitudes de la representante Loayza, el señor Abraham Montero Ramírez y del Estado peruano para determinar si, de acuerdo con la normativa y los estándares desarrollados en su jurisprudencia, procede aclarar el sentido o alcance de algún punto de la Sentencia.
Para analizar la procedencia de las solicitudes de interpretación, la Corte toma en consideración su jurisprudencia constante, en cuanto a que una solicitud de interpretación de sentencia no puede utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere. Dicha solicitud debe tener como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en la parte resolutiva de la Sentencia4. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento, no se puede solicitar la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una solicitud de interpretación5.
Adicionalmente, la Corte ha sostenido la improcedencia de utilizar una solicitud de interpretación para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión6, así como para pretender que la Corte valore nuevamente cuestiones que ya han sido resueltas por ésta en su sentencia7. De igual manera, por esta vía tampoco se puede intentar que se amplíe el alcance de una medida de reparación ordenada oportunamente8.
Bajo este entendido, y en atención al contenido de las solicitudes, la Corte examinará las cuestiones planteadas por la representante Loayza, el señor Abraham Montero Ramírez y por el Estado, así como las observaciones de la Comisión, en el siguiente orden: A) los alcances de la aplicación del principio de complementariedad (subsidiariedad) en los párrafos 208 y 209; B) los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado D.2.a; C) los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado D.3, y D) otras consideraciones sometidas por las partes.
Los alcances de la aplicación del principio de complementariedad (subsidiariedad) en el párrafo 208
La representante Loayza solicitó que la Corte precise que, en los términos del párrafo 208 de la Sentencia, habiendo condenado el Estado, procede una remisión a los mecanismos previstos internamente, en los casos de las víctimas que no fueron incluidas en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente. La representante alegó que, dado que el Estado fue condenado, corresponde, de acuerdo a lo señalado por el párrafo 208 de la Sentencia, una remisión a los mecanismos internos previstos por la Ley 27803. En ese sentido, alegó que correspondería precisar el plazo en que el Estado debe informar a la Corte sobre cómo dichos mecanismos serán aplicados a las víctimas del caso. Asimismo, alegó que sería necesario determinar a cuales víctimas aplicaría la remisión al mecanismo interno. Los representantes Paiba y Paredes manifestaron su adhesión a la solicitud de la representante Loayza.
La Comisión consideró que la Corte podría precisar los aspectos referidos por la representante Loayza para favorecer el cumplimiento de las reparaciones, o bien para que estos aspectos no sean objeto de debates adicionales con el Estado de Perú durante la etapa de supervisión.
Por su parte, el Estado sostuvo que lo que pretende la representante es que se agregue un punto resolutivo nuevo a la sentencia, lo cual no resulta pertinente ni procedente en la presente etapa procesal, por lo que debe ser desestimado en todos sus extremos. Por otro lado, alegó que es importante tomar en consideración que la Corte IDH estableció reparaciones económicas, y no estableció que se incorpore a las víctimas en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente. Por el contrario, el Estado alegó que la Corte estableció que se tomen en consideración los beneficios pecuniarios otorgados a las víctimas para el cumplimiento de las reparaciones económicas previstas en la Sentencia.
La Corte reitera lo establecido en el párrafo 208 de la Sentencia:
208. Así, en atención al principio de complementariedad (o subsidiariedad), este Tribunal ha señalado que, para que no resulte procedente ordenar reparaciones adicionales a las ya otorgadas en el ámbito interno, es insuficiente que el Estado reconozca que éstas ya han sido otorgadas, o que pueden ser otorgadas, a través de los recursos administrativos o judiciales disponibles a nivel interno, sino que, adicionalmente, debe evaluarse si el Estado efectivamente reparó las consecuencias de la medida o situación que configuró la vulneración de derechos humanos en un caso concreto, si estas reparaciones son adecuadas, o si existen garantías de que los mecanismos de reparación interna son suficientes. En consecuencia, en el presente caso, no basta con argumentar que la Ley No. 27803 dio acceso a las presuntas víctimas a un mecanismo para reparar las violaciones a los derechos humanos derivadas de sus ceses irregulares, o que dicho mecanismo está disponible para atender futuros reclamos, sino que es necesario que el Estado presente información clara sobre cómo, en caso de ser condenado, dicho mecanismo interno de reparación sería un medio efectivo para reparar a las presuntas víctimas del presente caso, con el fin de determinar si, en virtud del principio de complementariedad, cabría una remisión a los mecanismos previstos internamente.
La Corte recuerda que el párrafo 208 de la Sentencia forma parte de las consideraciones previas de la Sentencia en materia de Reparaciones. Este apartado constituyó una respuesta al alegato mediante el cual el Estado solicitó que el Tribunal analizara la suficiencia de los beneficios que ya habían sido otorgados a los trabajadores cesados; que determinara que el mecanismo de otorgamiento de beneficios se otorgó de manera adecuada, de forma tal que aquellas personas que no accedieron a él fue porque no cumplieron los requisitos previstos por la normatividad nacional; y que los beneficios frente a los ceses irregulares fueron suficientes (párr. 204). En esta lógica, el Estado solicitó a la Corte que tomara en cuenta el esfuerzo normativo y económico llevado a cabo para atender la situación de los trabajadores cesados, y le solicitó que considerara estos esfuerzos (párr. 204).
En relación con los alegatos del Estado, la Corte reiteró en la Sentencia que el carácter complementario (o subsidiario) de la jurisdicción internacional significa que el sistema de protección instaurado por la Convención Americana no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa (párr. 207). De esta forma, el Tribunal reiteró que en el Sistema Interamericano existe un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las instancias internacionales (de forma complementaria), de modo que los criterios de decisión, y los mecanismos de protección y reparación puedan ser conformados y adecuados entre sí (párr. 207).
Es en este sentido que la Corte recordó al Estado que, para que la Corte se abstuviera de ordenar reparaciones adicionales a aquellas que habían sido otorgadas, o que podían ser otorgadas en el ámbito interno, era insuficiente que el Estado alegara que efectivamente se habían otorgado dichas reparaciones, o que podían ser otorgadas, sino que además tenía que presentar información clara sobre cómo el mecanismo creado en virtud de la Ley 27803 sería un medio efectivo para reparar a las víctimas del caso y, en consecuencia, que la Corte aceptara remitir el caso para esos efectos (párr. 208). En ese sentido, dado que el Estado no presentó información clara al respecto, la Corte rechazó la solicitud del Estado de remisión al mecanismo interno de reparación.
Sin embargo, el Tribunal advirtió la existencia de beneficios que ya habían sido otorgados a algunos trabajadores en aplicación de la Ley 27803, por lo que, en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 63 de la Convención, y en atención al principio de complementariedad o subsidiariedad, al fijar las medidas de reparación integral a favor de las víctimas del caso, tomó en cuenta, en lo pertinente, los beneficios otorgados a las víctimas por el Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios. En ese sentido, contrario a la interpretación de la representante Loayza, el párrafo 208 no constituye una medida de reparación en sí misma, que remite al mecanismo interno de reparación, sino que debe ser interpretado precisamente como una respuesta rechazando la solicitud del Estado de remisión al mecanismo interno de reparación.
En consecuencia, el Tribunal nota que la solicitud de interpretación formulada por la representante no se encuentra dentro del marco establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, toda vez que se refiere a aclarar cuestiones de una medida de reparación distinta a la ordenada en la Sentencia.
Los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado D.2.a
La representante Loayza solicitó, respecto al pago de aportaciones al sistema de pensiones al que se refiere el apartado D.2 de la Sentencia, que se precise que dicho pago comprende a todas las víctimas, incluidas los trabajadores cesados de la empresa Petroperú, ENAPU y MEF. Alegó que existió una omisión en el sentido de la no mención de los trabajadores de Petroperú, ENAPU y MEF, que podría conducir a considerar que los mismos no fueron considerados en ese extremo de la sentencia.
El Estado sostuvo que la solicitud de los representantes debe ser desestimada, puesto que se trata de un pedido de rectificación respecto del cual ya venció la oportunidad procesal para que el mismo sea atendido. En ese sentido, el Estado manifestó que para él, resulta claro que las víctimas a las que hace referencia el párrafo 218 de la sentencia son los trabajadores de Minedu.
La Corte reitera lo establecido en el párrafo 218 de la Sentencia:
218. La Corte considera que no corresponde a este Tribunal ordenar la reincorporación de los trabajadores de Minedu a un régimen de pensiones que no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico nacional al momento de la emisión de la presente sentencia. Por otra parte, este Tribunal considera que corresponde recibir a las víctimas una suma por los aportes pensionales que no ingresaron a su patrimonio como consecuencia de la violación al derecho al trabajo. En ese sentido, la Corte considera que le corresponde recibir a las víctimas del presente caso, en equidad, una suma de US $5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por los aportes pensionales que no ingresaron a su patrimonio como consecuencia de sus ceses. La Corte reconoce que el Estado ha otorgado compensaciones monetarias por este aspecto a algunas de las víctimas del caso, razón por la cual, al momento de cumplir con la presente medida de reparación deberá restar del monto ordenado la cantidad ya otorgada a la víctima correspondiente, lo cual deberá ser comprobado en la etapa de supervisión de cumplimiento del presente caso.
La Corte advierte que el párrafo 218 debe ser interpretado a la luz de los alegatos presentados por las partes y en relación con las observaciones de la Comisión. En ese sentido, el Tribunal recuerda que el párrafo 216 de la Sentencia resume uno de los alegatos formulados por los representantes de las víctimas de Minedu, Gregorio Paredes Chipana, y Manuel Eugenio Paiba Cossio (referidos en el texto de la Sentencia como “otros representantes”). Estos representantes, en su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas solicitaron a la Corte, como medida de reparación, que los trabajadores de Minedu fueran reincorporados al mismo régimen laboral al que pertenecían al momento del cese irregular, y que la reincorporación debía “implicar al mismo régimen pensionario al que aportaba y/o pertenecía cada trabajador al momento del Cese Irregular (…) según corresponda a cada caso en particular.”
En relación con este alegato, el párrafo 218, en su primera línea, afirma que “[l]a Corte considera que no corresponde a este Tribunal ordenar la reincorporación de los trabajadores de Minedu a un régimen de pensiones que no se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico nacional al momento de la emisión de la presente sentencia”. De esta forma, esta afirmación debe ser interpretada como una respuesta de la Corte específicamente a la solicitud de los representantes Paredes Chipana y Paiba Cossio relativa a las víctimas de Minedu, expresada en el párrafo 216. En el mismo sentido, la afirmación de la Corte relativa a que “el Tribunal considera que corresponde recibir a las víctimas una suma por los aportes pensionales que no ingresaron a su patrimonio como consecuencia de la violación al derecho al trabajo” debe ser interpretada como una medida de reparación dirigida a la totalidad de las víctimas del caso.
En consecuencia, la Corte aclara que la medida de reparación contenida en el párrafo 218 de la Sentencia, consistente en que las víctimas reciban una suma de $5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), menos aquellas compensaciones económicas que ya hayan sido otorgadas por el mismo concepto como parte de los beneficios previstos por la Ley 27803, se refiere a las víctimas de Petroperú, Minedu, MEF y Enapu.
Los alcances de la medida de reparación prevista en el apartado D.3, y D) otras consideraciones sometidas por las partes.
El Estado solicitó a la Corte que esclarezca si es que –tal como sucede con los pagos de pensiones dejados de percibir por los trabajadores o con el lucro cesante- pueden considerarse los pagos ya realizados por medio de la Ley No. 27803 como parte del cumplimiento del pago por daño inmaterial establecido en la Sentencia. Lo anterior en aplicación del principio de complementariedad (o subsidiariedad) tal y como fue sostenido en los párrafos 207 a 209 de la Sentencia.
La Comisión consideró que, de una lectura integral de los párrafos 207 a 209 de la Sentencia, se desprende que la Corte tuvo en cuenta los beneficios ya reconocidos bajo la Ley No. 27803, y en virtud del principio de complementariedad, tomó en cuenta dichos montos en la determinación de las modalidades y especificidades relativas al daño material. En ese sentido, la Comisión entendió que los beneficios ya otorgados bajo la Ley No. 27803 fueron tomados en cuenta por la Corte al momento de calcular el daño material, por lo que no existiría falta de claridad en la sentencia.
La representante Loayza manifestó que la solicitud del Estado debía ser desestimada por las siguientes razones: (i) busca modificar lo decidido por la Corte e incorporar aspectos no contenidos en su sentencia; y (ii) no se trata de una aclaración o precisión de la sentencia dirigida a alcanzar la efectiva implementación de lo decidido, sino de introducir cuestiones no contempladas por la Corte en perjuicio de las víctimas del caso.
Los representantes Paiba y Paredes observaron que la solicitud del Estado pretende en la práctica descontar de manera abusiva los montos de reparación previstos en la Sentencia. Manifestaron que la Sentencia estableció una reparación mínima, y que sólo en lo que respecta al lucro cesante se descontarán los montos que hayan sido recibidos como compensación económica. En consecuencia, manifestaron que no hay nada que indique que en los demás conceptos se deba descontar monto alguno de las reparaciones autorizadas por la Corte.
C.2 Consideraciones de la Corte
La Corte recuerda lo establecido en los párrafos 209, 218, 222 y 228 de la Sentencia:
209. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte reconoce y valora los esfuerzos desarrollados por el Estado en materia de reparación de los trabajadores que fueron considerados cesados irregularmente en la década de los noventa. En ese sentido, la Corte considera que el mecanismo de reparación interno, así como los beneficios que ya han sido otorgados, en virtud de la ley No. 27803, pueden ser tomados en cuenta en lo que concierne a la obligación de reparar integralmente una violación de derechos. Por ello, este Tribunal, en el presente caso, al fijar las reparaciones correspondientes, en el marco de sus atribuciones y deberes establecidos por el artículo 63 de la Convención, tomará en cuenta, en lo pertinente, los alcances y resultados del Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios a favor de ex trabajadores, en lo que corresponde a la fijación de una reparación integral a favor de las presuntas víctimas.
222. Sin perjuicio de lo anterior, tomanto en cuenta que el Estado es responsable por la violación a los artículos 8, 25 y 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, y que las 164 víctimas del presente caso dejaron de percibir sus salarios con motivo de sus ceses, situación que se mantiene vigente hasta la fecha de la emisión de esta sentencia, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$ 43.792 (cuarenta y tres mil setescientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América), por concepto de lucro cesante, para cada una de las víctimas del presente caso, los cuales deberán ser entregados directamente a las mismas. Asimismo, la Corte considera que la compensación económica que haya sido recibida por las víctimas, como parte de los beneficios previstos por el Decreto Ley 27803, deberá ser descontada del monto establecido por esta Corte por concepto de lucro cesante en el presente caso.
228. En el presente caso, en consideración a las circunstancias en que los trabajadores fueron cesados, a las violaciones cometidas resultado de una inadecuada falta de respuesta judicial del Estado ante los ceses, lo cual constituyó una violación a su derecho al trabajo, y al tiempo transcurrido desde sus ceses, corresponde ordenar un monto por concepto de daño inmaterial. De esta forma, al ponderar el conjunto de factores involucrados, así como su propia jurisprudencia sobre la materia, el Tribunal fija, en equidad, la cantidad de US$ 5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de las víctimas del presente caso.
La Corte resalta que los párrafos 218 y 222 deben ser interpretados a la luz de las consideraciones previas en materia de reparaciones, expresadas en los párrafos 207 a 209 de la Sentencia. En ese sentido, en primer lugar, el Tribunal destaca que el párrafo 209 estableció que, en virtud del principio de complementariedad (o subsidiariedad), los alcances y resultados del Programa Extraordinario de Acceso a Beneficios a favor de ex trabajadores podrían ser tomados en cuenta por la Corte para realizar el cálculo –y fijar– las medidas de reparación otorgadas a las víctimas del caso. En segundo lugar, la Corte estableció, en los párrafos 218 y 222, en relación con lo establecido en el párrafo 209, que los montos que ya hubieran sido otorgados a través de los mecanismos previstos en la Ley No. 27803, como parte del pago de aportaciones al sistema de pensiones, o por concepto de lucro cesante, se deberían descontar del monto monetario fijado en la Sentencia.
En ese sentido, el Tribunal aclara que el párrafo 209 de la Sentencia hace referencia a la posibilidad de que los beneficios que ya hubieran sido otorgados a las víctimas del caso, en virtud de la Ley 27803, fueran tomados en cuenta por la Corte para el cálculo en equidad de la reparación pertinente o bien para establecer la modalidad para su cumplimiento. Pero la medida en que estos beneficios otorgados en el ámbito interno fueron tomados en consideración para el cálculo de reparaciones en la Sentencia están contenidos exclusivamente en los párrafos 209, 218 y 222. En consecuencia, la Corte considera que, en lo que respecta al modo en que deben ser otorgadas las reparaciones, la Sentencia es clara en el sentido que se deberá pagar la integralidad del concepto por daño inmaterial determinado en el párrafo 228 de la Sentencia, y que no podrá ser descontado ningún monto que haya sido otorgado en el ámbito interno.
Otras consideraciones sometidas por las partes.
La representante Loayza solicitó lo siguiente: (i) que se precise que los intervinientes comunes Gregorio Paredes y Manuel Paiba no representaron ni representan a los trabajadores del MEF; (ii) que se precise que todos los testigos y peritos a los que se refiere la Resolución del Presidente de la Corte, de fecha 14 de septiembre de 2016, fueron ofrecidos por la representante Carolina Loayza Tamayo; y (iii) que se precise que la compensación a la que se refiere el párrafo 222 de la Sentencia se refiere a la compensación económica dispuesta en el artículo 16 de la Ley 27803, y en consecuencia no están comprendidos los montos que por beneficios sociales le correspondió a cada víctima.
El señor Abraham Montero Ramírez solicitó lo siguiente: (i) que se especifique el momento en que comienzan a correr los intereses de la indemnización ordenada por la Corte en la sentencia; y (ii) que se ordene una retribución económica a su favor por los gastos y trámites que realizó ante la Corte por un monto de $10,000.00 dólares.
En relación con la solicitud de la representante Loayza, los representantes Paiba y Paredes manifestaron que sólo representan a los 39 trabajadores cesados de Minedu.
La Comisión no formuló observaciones respecto a las solicitudes de los representantes.
El Estado manifestó que las afirmaciones realizadas por la representante Loayza en relación con (i) la rectificación respecto a los representantes de los trabajadores cesados de MEF y (ii) sobre quién propuso a los declarantes, se trata de solicitudes de rectificación de errores por lo que no debían ser atendidos por la Corte. En relación con la compensación a la que se refiere el párrafo 222, el Estado manifestó que debe también tomarse en consideración otras compensaciones económicas brindadas por el Estado como lo dispuesto en sentencias judiciales vinculadas a la ejecución de la Ley No. 27803. Adicionalmente, en relación con la solicitud del señor Abraham Montero Ramírez, el Estado indicó que la Corte estableció en la Sentencia el tiempo en que las reparaciones deben ser cumplidas, por lo que la solicitud debe ser desestimada.
En relación con la solicitud (i) y (ii) de la representante Loayza, la Corte advierte que se trata de una solicitud de rectificación de una imprecisión de la Sentencia que no afecta el fondo del asunto. La Corte recuerda que el artículo 76 del Reglamento de la Corte establece que el plazo para presentar una solicitud de rectificación venció treinta días después de la notificación de la sentencia, es decir, el 21 de enero de 2018. Adicionalmente, el Tribunal recuerda que, en virtud del artículo 31.3 del Reglamento, no es procedente una solicitud de modificación de la sentencia a través de una solicitud de interpretación. Por otro lado, en relación con la solicitud (iii) de la representante Loayza, la Corte advierte que el contenido de la Sentencia es claro en el sentido que sólo podrán ser descontados aquellos montos que hayan sido directamente otorgados a las víctimas en virtud de la aplicación de la Ley No. 27803. En consecuencia, la Corte desestima las solicitudes de la representante.
En relación con las solicitudes del representante Abraham Montero, la Corte recuerda que los párrafos 246 a 250 de la Sentencia establecen con claridad la modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados. En concreto, el párrafo 246 de la Sentencia establece que el Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la Sentencia directamente a las personas indicadas como víctimas dentro de un plazo de un año, a partir de la notificación de la Sentencia. Por otro lado, la Corte advierte que la solicitud del señor Montero, relativa a la determinación de una indemnización económica a su favor por parte del Tribunal, implica una modificación del contenido del fallo, lo cual es improcedente en virtud del artículo 31.3 del Reglamento. En consecuencia, la Corte desestima las solicitudes del señor Abraham Montero.
Declarar admisible la solicitud de interpretación presentada por la representante Carolina Loayza Tamayo, en relación con la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs Perú.
Declarar admisible la solicitud de interpretación presentada por el señor Abraham Montero Ramírez, en relación con la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs Perú.
Declarar admisible la solicitud de interpretación presentada por el Estado, respecto de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas dictada en el caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs Perú.
Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas, al señor Abraham Montero Ramírez y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2018.
** Por razones de fuerza mayor, el Vicepresidente de la Corte, Juez Eduardo Vio Grossi, no participó en la deliberación y firma de la presente Sentencia. Asimismo, Roberto F. Caldas presentó su renuncia a la Corte Interamericana el 14 de mayo de 2018, la cual se aceptó con efectos inmediatos. En consecuencia, de conformidad con los artículos 68.3 y 17 del Reglamento, el señor Roberto F. Caldas no participó en la deliberación de esta Sentencia.
1 La señora Carolina Loayza Tamayo representa a la totalidad de las presuntas víctimas del MEF y ENAPU, y a 53 víctimas de Petroperú, en los términos establecidos en el párrafo 6 de la Sentencia.
2 El señor Abraham Montero Ramírez es una víctima del caso en los términos de los puntos resolutivos 4, 6 y 7 de la Sentencia.
3 Los señores Manuel Paiba Cossios y Gregorio Paredes Chipana representan a 39 trabajadores de MINEDU en los términos establecidos en el párrafo 6 de la Sentencia.
4 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47, párr. 16, y Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero 2018, Serie C No. 347, párr. 10.
5 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47 párr. 16, y Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero 2018, Serie C No. 347, párr. 10.
6 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 1999. Serie C No. 53, párr. 15, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336, párr. 12.
7 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2011. Serie C No. 230, párr. 30, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336, párr. 12.
8 Cfr. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 208, párr. 11, y Caso I.V. Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2017. Serie C No. 336, párr. 12.