Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp15889-2016-47563-de-noviembre-2-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_ba7d2175c0d84f488fbf6c4bc528509e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 06:31:38
Document Index: 374092344

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SENTENCIA SP15889-2016 DE 02 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:ASPECTOS ESENCIALES DEL SISTEMA DE CUARTOS: EL SUSTENTO RAZONABLE Y LA DISCRECIONALIDAD REGLADA. SE ACLARA, LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CUARTOS, NO IMPLICA LA SUPRESIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD POR PARTE DEL JUEZ AL MOMENTO DE IMPONER LA PENATAN SOLO DEFINE (O LIMITA, SI SE QUIERE) EL ÁMBITO DENTRO DEL CUAL PODRÁ EJERCERLA. ES DECIR, SE TRATA DE UNA FACULTAD CONDICIONADA, SIN QUE SE ADVIERTAN LAS RAZONES POR LAS QUE DICHA REGLAMENTACIÓN NO PODRÍA ABARCAR LA DOSIFICACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS. POR LO TANTO, SE RESALTA QUE EL PROCESO DOSIMÉTRICO DEBE DESCANSAR EN DOS PILARES FUNDAMENTALES: LA DISCRECIONALIDAD REGLADA Y EL SUSTENTO RAZONABLE, ASPECTOS CON LOS CUALES SE BUSCA SEMBRAR PARÁMETROS DE PROPORCIONALIDAD EN LA CONCRECIÓN DE LA SANCIÓN AL TIEMPO QUE PERMITEN CONTROLAR LA FUNCIÓN JUDICIAL MEDIANTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN, PUES LOS CRITERIOS PLASMADOS PERMITIRÁN SU ATAQUE IGUALMENTE ARGUMENTADO EN ARAS DE ESTABLECER LA RESPUESTA CORRECTA A LO DEBATIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FACULTADES DEL JUEZ, CASACIÓN DE OFICIO, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, ACTUACIÓN DEL JUEZ, DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ
Sentencia SP15889-2016/47563 de noviembre 2 de 2016
Rad. 47563
Acta 346)
1. El problema jurídico consiste en determinar si en la dosificación de las penas privativas de otros derechos, como la «privación del derecho a la tenencia y porte de arma» de que tratan los artículos 43 numeral 6º y 49 del Código Penal(4), debe aplicarse o no el régimen de cuartos regulado en idéntico estatuto(5).
En efecto, el funcionario a quo impuso en este asunto la sanción máxima de quince (15) años consagrada en el inciso 6º del artículo 51 de la Ley 599 de 2000(6) sin tener en cuenta el sistema de cuartos aludido, pese a que en la dosificación de las penas privativas de la libertad sí se valió de este y, en relación con la accesoria de inhabilidad, aplicó el artículo 52 del mismo código(7), ajustándose al entendido (desarrollado por la jurisprudencia de la Sala) de que es equivalente en tiempo al de la prisión, excepto cuando excede el límite de veinte (20) años contemplado en el inciso 1º del artículo 51 ya citado(8).
De haber seguido el régimen de cuartos en la imposición de la pena privativa del derecho a tener armas de fuego, el a quo no hubiera podido individualizarla en el extremo superior establecido en el artículo 51 inciso 6º, sino a lo sumo en el máximo del llamado cuarto mínimo, que fue el ámbito de determinación en el cual, de acuerdo con los preceptos del artículo 61 del Código Penal, tenía que moverse el funcionario para efectos de individualizar la prisión en cualquier tipo contra la seguridad pública, que en virtud del principio favor rei tiene que entenderse como aquel que habría suscitado la imposición de la sanción accesoria en este asunto y respecto del cual no fue imputada agravante genérica alguna (como se explicará más adelante, cf. 3). Dicho tope, por lo tanto, no superaría los cincuenta y cuatro (54) meses, es decir, no iría más allá de cuatro (4) años y medio de privación del derecho.
El objeto de estudio, entonces, no solo repercutiría en la situación del procesado frente a la mayor o menor gravedad de la sanción que en últimas se le impuso, sino además atañe de manera directa al principio de estricta legalidad en el proceso de dosificación de la pena. En otras palabras, involucra definir el alcance de una garantía judicial.
2. Para la mayoría de la Sala, la respuesta al problema es afirmativa. Es decir, así como ocurre en la dosificación de las penas que restringen la libertad, en las privativas de otros derechos, bien sean principales o accesorias, es imperativo sujetarse al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 y demás normas concordantes del Código Penal.
En efecto, el rótulo jurídico del artículo 60 del Código Penal, que contiene la aplicación del sistema de cuartos para el proceso de dosificación punitiva, es «fundamentos para la individualización de la pena». No dice «fundamentos para la individualización de la pena de prisión», ni «fundamentos para la individualización de las sanciones principales». En otras palabras, la expresión «pena», al no ir acompañada de otra que la especifique o la restrinja, debe comprender las sanciones contempladas en el estatuto punitivo, incluidas las penas privativas de otros derechos a las cuales alude el artículo 52 inciso 1º de la Ley 599 de 2000.
Ello, claro está, a menos que de la norma se desprenda otra cosa, como sucede con el inciso 3º del último precepto acerca de la inhabilidad para ejercer cargos públicos en tanto sea accesoria de la prisión. Pero cuando las penas privativas de otros derechos están contempladas como principales en ciertos tipos (por ejemplo, las sanciones de los artículos 109 inciso 2º, 121 o 397 del Código Penal), o cuando el juez las impone a modo de accesorias siguiendo los parámetros del artículo 52 inciso 1º, emerge como consecuencia directa del principio de estricta legalidad dividir «el ámbito de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo», así como observar los demás parámetros previstos en el artículo 61.
Esta última norma, por lo demás, figura en el capítulo II del Código Penal, denominado «de los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad», que a su vez hace parte del Título IV, intitulado «de las consecuencias jurídicas de la conducta punible». Y preceptos como los del artículo 52, que trata de las penas privativas de otros derechos, así como los referidos tanto a las penas principales como a las accesorias, al igual que las que restringen la libertad y las de naturaleza pecuniaria (arts. 34 a 42), están comprendidos dentro de ese mismo título, en su capítulo I: «de las penas, sus clases y sus efectos».
De hecho, el inciso 2º del artículo 52 de la Ley 599 de 2000 dispone de manera explícita que «[e]n la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59». Y el artículo 59 ordena que «[t]oda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena». De estas disposiciones deviene en tan obligatorio como necesario circunscribirse a los fundamentos del artículo 61 del Código Penal, los únicos dentro de los cuales sería posible determinar las sanciones privativas de otros derechos desde una perspectiva cuantitativa.
(...) Teniendo en cuenta que la pena principal privativa de la libertad respecto del delito base se impuso dentro del primer cuarto (60 meses) pues solamente concurrían circunstancias de menor punibilidad, las referidas sanciones accesorias también debían ser situadas dentro del mismo rango. Sin embargo, como lo revela la transcripción, el juez unipersonal las fijó en 5 años, esto es, en el primer caso, dentro del segundo cuadrante y, en el segundo evento, en el extremo máximo del último margen, superando con suficiencia el marco legal, yerro que no fue advertido por el ad quem(9).
Desconocieron de esa manera los falladores el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Constitución Política, al amparo de la cual los funcionarios están obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley(10).
(...) Como ya ha tenido de señalarlo esta corporación (CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514), el citado precepto [artículo 61 de la Ley 599 de 2000] establece que una vez fijados los extremos mínimo y máximo de la pena, el juez procederá a dividir el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, labor que debe emprenderse tanto respecto de las sanciones principales como de las accesorias, pues la ley no introduce distinción al respecto.
En este caso los falladores acudieron al sistema de cuartos para cuantificar la pena de prisión, pero no procedieron de igual forma respecto de la sanción de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, pues impusieron el extremo punitivo máximo, lo cual denota que desconocieron el principio de legalidad, garantía de estirpe fundamental prevista en el artículo 29 de la Código Penal, al amparo de la cual los funcionarios judiciales están obligados a determinar las sanciones dentro de los límites cuantitativos establecidos en la ley, circunstancia que impone a la Corte acometer oficiosamente dicha ponderación y efectuar la respectiva enmienda(11).
De hecho, de los presupuestos indicados en el inciso 1º del artículo 52 del Código Penal, sería posible colegir fines diversos («cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado [de los derechos] o haber facilitado su comisión»). Así, por ejemplo, un juez podría imponer una pena privativa de otro derecho únicamente con el argumento de que el procesado abusó del mismo, sin que por lo demás hubiese el peligro de repetirse. Es decir, la función que cumpliría dicha sanción sería de retribución justa, mas no de prevención.
3. En este caso, el juez a quo jamás especificó en virtud de la realización de cuál conducta punible procedía la sanción privativa del derecho a portar armas de fuego. Tan solo adujo que se trataba de una «pena accesoria concurrente con la de prisión»(12). Tampoco realizó una individualización de la pena para las conductas de los tipos contemplados en los artículos 365 y 366 del Código Penal. Únicamente hizo el ejercicio de dividirlos en cuartos (sin señalar a cuál de ellos correspondía el ámbito de movilidad), solo para efectos de advertir que el delito más grave tenía que ser el secuestro simple agravado(13).
Adicionalmente, en la formulación de acusación, el Fiscal imputó la circunstancia genérica de agravación señalada en el artículo 58 numeral 10 del Código Penal, consistente en obrar en coparticipación criminal. Pero jamás especificó si se trataba de una atribución común a los tres delitos por los cuales llamó a juicio (secuestro extorsivo agravado —artículos 169 y 170 del Código Penal—, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones —artículo 365 ibídem— o fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos – artículo 366), o de uno o algunos, o solo en cuanto al primero, el que conculcaba la libertad de locomoción, como había ocurrido con las audiencias preliminares(14).
En efecto, en la imputación de 26 de noviembre de 2011, en la que solo achacó el delito contra la autonomía y libertad de locomoción, el Fiscal también atribuyó la circunstancia de mayor punibilidad(15). Pero, en la formulación de imputación de 29 de febrero de 2012, en la cual adicionó los delitos contra la seguridad pública, no hizo atribución de agravante genérica alguna en tal sentido(16).
Frente a estas indeterminaciones, la Sala, en atención del principio favor rei, entenderá que la formulación de acusación se limitó a repetir los términos de la imputación jurídica que se efectuó en las diligencias anteriores y que, por lo tanto, la Fiscalía jamás atribuyó el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 599 de 2000 para los delitos previstos en los artículos 365 y 366 del Código Penal, sino tan solo para el de secuestro (sobre todo cuando uno de los delitos contra la seguridad pública, el de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, requería en tal aspecto de la imputación de una agravante específica, la consagrada en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 599 de 2000 –«[o]brar en coparticipación criminal»).
A su vez, la Sala partirá del supuesto según el cual, si el juez de primer grado hubiera dosificado en forma debida las penas por los delitos de porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas militares, solo habría podido fijarlas en los ámbitos correspondientes a los cuartos mínimos. Igualmente, que la sanción accesoria de privación del derecho a portar armas de fuego no obedeció a la conducta más grave, sino que su «relación directa con la realización de la conducta punible», en los términos del inciso 1º del artículo 52 del Código Penal, la predicó el funcionario de cualquiera de los otros comportamientos formulados: el del artículo 365 o el del artículo 366 del Código Penal, en los que, como ya se anotó, no se atribuyó con claridad suficiente alguna circunstancia de mayor punibilidad.
Cualquier reajuste en la dosificación de esta sanción accesoria, por lo tanto, debería quedar encuadrado dentro del ámbito de movilidad correspondiente al cuarto mínimo, no a los cuartos intermedios, de que trata el artículo 61 de la Ley 599 de 2000.
Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto, la Corte casará de manera oficiosa y parcial la sentencia de segunda instancia, en el sentido de disminuir de quince (15) años a cuatro (4) años y seis (6) meses, o a cincuenta y cuatro (54) meses, la pena accesoria de privación del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego impuesta a AAM, JCBR, JACC, SFDT, RHL, JDMC, RPM, LSP y ODVG.
1. Casar oficiosa y parcialmente la sentencia de segundo grado proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué.
2. Como consecuencia de lo anterior, disminuir la pena privativa del derecho a la tenencia y porte de armas de fuego que se les impuso a AAM, JCBR, JACC, SFDT, RHL, JDMC, RPM, LSP y ODVG a cincuenta y cuatro (54) meses.
Con el respeto de siempre por la opinión mayoritaria de la Sala, y acorde con el criterio disímil que el suscrito ha mantenido, me permito reiterar la razones por las que me aparto de la decisión de casar de oficio y parcialmente la sentencia de segundo grado, con fundamento en la vulneración del principio de legalidad, como consecuencia de que los falladores de instancia no hubieran aplicado el sistema de cuartos en la determinación concreta de la pena accesoria de «privación del derecho a la tenencia y porte de arma».
1. La decisión que se adoptó por la mayoría tiene como argumento central que el juzgador debe atender las directrices legalmente establecidas para la determinación de la pena, esto es, acudir al sistema de cuartos previsto en el artículo 61 del Código Penal, del cual no se exceptúan las sanciones accesorias, como que la norma en cita ninguna distinción hace al respecto, y dado que la restricción del derecho a la tenencia y porte de armas se establece entre dos extremos que van de uno (1) a quince (15) años, según el artículo 51 ibídem.
2. Sin embargo, en la providencia de la que respetuosamente nos apartamos se dejan de lado los temas relativos (i) a la naturaleza y fines de las penas accesorias y (ii) a razones de justicia material, concretadas en el principio de proporcionalidad de la sanción penal. En este último aspecto, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 del CP, se ofrece adecuado inaplicar el sistema de cuartos en la dosificación de las penas accesorias, habida cuenta que tal labor ha de entenderse como un ejercicio de ponderación motivada, delimitado por lo dispuesto en el art. 51 ídem.
2.1 En cuanto al primer aspecto, cabe anotar que las penas restrictivas de otros derechos (art. 43 C.P.) son aquellas que privan o restringen a su titular del ejercicio de facultades o prerrogativas distintas a la libertad personal o a su peculio. Dichas sanciones pueden ser principales cuando así se consagren en el respectivo tipo penal (art. 35 ídem) o accesorias, cuando no obren como tales (art. 34 ejusdem).
Del artículo 52 de la codificación citada se extrae que la aludida clase de pena solo puede ser aplicada por el juez (i) con ocasión de la imposición de una pena principal y (ii) siempre que entre la realización del delito y el contenido de la pena accesoria exista una «relación directa», valga decir, se verifique un vínculo estrecho entre su contenido y la conducta punible cometida.
De otro lado, si bien originalmente el legislador consideró que en quien recaía una condena de prisión era indigno y, por tanto, estableció la restricción para el ejercicio de algunos de sus derechos políticos y, principalmente, para desempeñar cargos públicos, lo cual explica la existencia de ciertas penas accesorias denominadas obligatorias o «automáticas»(17), aquella visión evolucionó hacia un concepto preventivo(18), cuyo propósito es conjurar el riesgo de reiteración de delitos que de forma directa tengan relación con determinadas actividades o derechos, finalidad que sustenta la aplicación de las llamadas penas accesorias discrecionales o «facultativas»(19).
Sobre cómo se determinan cuantitativamente las penas accesorias, cabe destacar que dos aspectos permiten concluir que en ese ejercicio no tiene cabida el sistema de cuartos —art. 61 C.P.—, el cual está previsto para la individualización de las penas principales, ellos son: (i) la función primordial que cumplen las penas accesorias difiere de la que tienen asignada las penas principales; y, (ii) el margen de apreciación reglado del que goza el sentenciador, según se extracta de los artículos 52, inciso 1º y 59 ídem, lo faculta para imponer o no en cada caso las penas accesorias que estime necesarias, así como para fijar el término de duración de las mismas.
2.1.1 En relación con el primer punto, cabe destacar que, en términos generales, en la concepción dogmática del Código Penal de 2000, la pena en sentido amplio cumple varias funciones, tales como, «prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado»(20), por lo que puede afirmarse que no se adscribe a una tesis en particular, valga decir, ni a las teorías absolutas que propenden porque el fin de la pena es únicamente la retribución o compensación en razón de la comisión del delito, ni a aquellas denominadas relativas que consideran a la pena como un medio para conseguir un fin, es decir, que tienen propósitos exclusivamente preventivos orientados a evitar que se cometan delitos en el futuro, sino que se ubica dentro de las concepciones mixtas, que son aquellas que buscan conciliar las dos anteriores, aceptando la idea retributiva, pero sin desligarla del cumplimiento de fines preventivos, bien sea generales o especiales(21).
Ahora, como se señaló párrafos atrás, las penas accesorias, en cuya imposición e individualización el juez goza de un margen de apreciación motivado, no hay una determinación legislativa absoluta del aspecto cualitativo. Éste es flexible, al punto que corresponde al juzgador determinar en qué casos resulta necesaria su imposición, atendiendo a las particularidades del asunto concreto, obviamente respetando las pautas establecidas en la ley —art. 52, inc. 1º C.P.— y considerando que aquéllas tienen una marcada finalidad preventiva(22), en tanto que con su aplicación se pretende precaver la afectación futura de bienes jurídicos concretos mediante la restricción de un derecho o prerrogativa, distintas a las que resultan limitadas con la aplicación de la sanción principal —con injerencia en la libertad personal y el patrimonio económico—.
En otras palabras, si bien las penas en general, principales y accesorias, obedecen a unos específicos fines consagrados en el artículo 4º del CP, dada la particular naturaleza y función que aquéllas cumplen, itérese, fundamentalmente utilitarista mediante la prevención del delito, demandan en su determinación la existencia de un estrecho nexo entre el injusto penal y el derecho que se busca restringir, de donde se sigue que su afectación emergerá necesaria solo en la medida en que surja patente que la restricción de los derechos que conlleva la imposición de las penas principales, resulta insuficiente para prevenir, en el caso particular, el comportamiento delictivo(23).
Por tanto, sin desconocer que las penas principales de prisión y multa, así como las restrictivas de otros derechos cuando están previstas como tales, amén de la función de retribución justa que apareja la realización del delito, también cumplen fines preventivos —generales y especiales—, bien puede suceder en determinados casos que la limitación de la libertad y el patrimonio, producto de la sanción principal, no sean medidas suficientes para proteger ciertos bienes jurídicos de ulteriores conductas desviadas por parte del condenado. En tal virtud, la concreta armonización de las finalidades preventivas de la pena con el principio de proporcionalidad (arts. 3º inc. 1º y 4º del CP), impone la necesidad de ampliar esa cobertura con la aplicación de sanciones adicionales.
[E]s imprescindible que el hecho cometido por el autor permita justificar la necesidad de agregar medidas que cubran la mayor gravedad o exigibilidad del comportamiento inicialmente sancionado, a través de efectos diferentes a los que producen las penas principales, y que no sean contemplados por ellas, para precisar una adecuada proporción entre la sanción y el delito, y, en todo caso, para brindar una mayor protección a los bienes jurídicos vulnerados no protegidos directamente por la norma penal(24).
Sobre el punto, el tratadista Eduardo Demetrio Crespo, en su obra «Fines de la Pena e Individualización Judicial de la Pena»(25), sostiene:
Aunque ello sea bastante obvio a tenor de lo ya dicho hasta ahora, sobre todo en el análisis del concepto de «factor final de la I.J.P(26)», no es recurrente señalar que los fines de la pena son el presupuesto fundamental de la I.J.P. La determinación de qué fines persigue la pena, en qué momento y con qué intensidad en cada momento de la intervención del sistema penal, es la clave a partir de la cual se obtiene respuesta tanto a la cuestión de la dirección valorativa de los factores reales que concurren en la I.P.J., como a la del peso de los mismos en la pena final a imponer(27). Creo que no es exagerado decir que la racionalización de la I.J.P. debe empezar por clarificar la cuestión de los factores finales de la I.J.P., ya que dependiendo de qué fin de la pena se tome como punto de referencia, la individualización de la pena por el juez en el caso concreto puede conducir a resultados muy diferentes.(28) (Negrilla y subraya fuera del texto original)
2.1.2 En cuanto a la segunda cuestión, valga decir, la atinente al ejercicio de ponderación aplicable por el juzgador en orden a establecer la procedibilidad de la pena accesoria en el asunto particular —factor cualitativo—, lo que se advierte es una armonización del principio de legalidad de la pena con el de proporcionalidad —el cual también ostenta la categoría de principio rector y garantía fundamental(29)—, habida cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con las penas principales, las cuales han sido reguladas de manera absoluta por el legislador en la parte especial para cada delito, frente a las primeras hay un margen de apreciación judicial reglado que, atendiendo a los factores generales previstos en el inciso primero del artículo 52 de la Ley 599 de 2000(30), determina en qué casos resulta necesaria la imposición de una restricción o prohibición de derechos, adicional a la que comportan las penas principales.
Ahora, la limitación del principio de estricta legalidad de la pena en punto de la elegibilidad de la sanción accesoria facultativa, se explica en que «no en todos los casos es justificado, desde el punto de vista de la prevención, la proporcionalidad y la necesidad de la pena, preestablecer efectos agregados a los contemplados por las penas principales frente a un determinado hecho punible, sin considerar las circunstancias y características concretas de su realización»(31).
En efecto, tal como se indicó párrafos atrás, las reglas contenidas en los artículos 60 y 61 del Código Penal para la determinación del marco de punibilidad y la individualización de la pena, responden principalmente a factores objetivos relacionados con el injusto típico, que no son aplicables a las penas accesorias, pues no cabe duda que los extremos mínimo y máximo de estas últimas no se modifican porque concurra una causal específica de agravación o atenuación punitiva, que se predican del tipo básico o especial, tampoco cuando el delito es tentado, ni frente a ellas se pueden considerar circunstancias tales como la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas —art. 56 C.P.—, o la ira e intenso dolor —art. 57 ídem—, entre otras, lo cual se explica en que el fin preventivo–especial de las sanciones accesorias obedece a factores subjetivos de la conducta, que corresponde al juez valorar para fijar el monto de la pena atendiendo, verbi gratia, el criterio legal de la intensidad del abuso del derecho en la realización del delito, contenido en el art. 52 inc. 1º del CP.
Lo anterior no significa que la cantidad de sanción accesoria quede librada al capricho o arbitrariedad del juzgador, pues éste, en todos los casos, deberá exponer en la sentencia «la fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena», como lo ordena el inciso segundo del artículo 52 del Código Penal, en concordancia con el artículo 59 ibídem, labor en la cual tendrá especial cuidado en velar porque se cumplan los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que orientan la imposición de las sanciones penales, según el artículo 3º ibídem, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso particular.
De esa manera se garantizan el debido proceso sancionatorio y el principio de estricta jurisdiccionalidad(32), según el cual la actividad judicial debe ser comprobable y verificable, aspectos que se reflejan en la motivación de la sentencia y que obviamente comprenden la determinación de la pena en sentido general.
Consecuente con lo anterior, consideramos que en la aplicación cualitativa y cuantitativa de las penas accesorias de que trata el artículo 52 del Estatuto Punitivo, debe primar el fin preventivo especial, así que no tiene cabida el sistema de cuartos que, según quedó visto, está diseñado para fijar las penas principales, en tanto éstas sí tienen una regulación absoluta en cada tipo penal, dado los efectos que de antemano le señaló el legislador a la sanción de la conducta punible, fundado en razones de política criminal.
3. Por último, pero no menos importante, cabe destacar que la decisión mayoritaria de la cual nos apartamos desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, desde la perspectiva del mandato de protección suficiente, el cual está relacionado con el postulado de vigencia de un orden justo(33) y, por ende, con el imperativo del Estado de promover ese orden y el deber de investigar y sancionar las infracciones a la ley penal, imponiendo penas condignas con el grado del injusto y de culpabilidad, pero sin dejar de lado la función que aquellas han de cumplir en cada caso.
De tal forma que si como lo ha reconocido esta corporación, «los fallos de la judicatura están inspirados en un principio de justicia, como lo ha dejado entrever la doctrina constitucional, por ejemplo en la sentencia C-366 de 2000»(34), dicho postulado se quebranta en casos como el presente, donde la función de prevención especial que orienta primordialmente la imposición de las penas accesorias queda fuertemente menguada.
En efecto, el fin preventivo especial de las sanciones accesorias facultativas queda comprometido porque si a quien es declarado penalmente responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (art. 365 C.P.), se le impone la pena mínima privativa de la libertad prevista en la ley —9 años—, en ese orden, siguiendo el sistema de cuartos, termina por aplicársele el extremo ídem de la pena accesoria, valga decir, un año de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, sin detenerse a examinar las particularidades del caso que, en determinados eventos, verbi gratia, cuando el arma que se porta ilegalmente se usa para cometer otro delito, aconseja restringir el respectivo derecho en un quantum superior al mínimo que resultaría de aplicar la regla prevista en el artículo 61 del Código Penal, en orden a precaver la afectación futura de bienes jurídicos concretos.
Con todo comedimiento.
4 ART. 43.—Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos: […]
6 ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. […]
8 ART. 51.—Duración de las penas privativas de otros derechos. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52.
9 CSJ SP, 4 dic. 2013, rad. 41511.
10 CSJ SP9226, 16 jul. 2014, rad. 43514.
11 CSJ SP2636, 11 mar. 2015, rad. 44221.
12 Folio 110 de la carpeta III. En palabras del funcionario: “Como pena accesoria concurrente con la de prisión, se impone a los implicados la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años y la privación del derecho para la tenencia y porte de armas por un término de 15 años”.
13 Cf. folio 111 de la carpeta III. Según el juez: “El delito que consagra la pena más elevada es el delito de secuestro simple agravado. Ahora bien, como se imputaron c9cunstancias de mayor punibilidad, obrar en coparticipación criminal, y concurren circunstancias de menor punibilidad por no haberse demostrado en contra de los procesados la existencia de antecedentes penales, corresponde seleccionar los cuartos medios, los cuales consagran una pena de 327 a 469 meses de prisión y multa de 1362,5 a 1954,17 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa”.
14 Cf. archivo de audio y video 73001600000020120002500_730013107001_1 en el disco rotulado “Formulación de acusación 20-04-2012”. El Fiscal, en la diligencia de formulación de acusación, leyó el contenido de los artículos por los cuales realizaba la imputación jurídica: artículos 169, 170, 365, 366 y 31 del Código Penal. Al final, también leyó el contenido del artículo 58 numeral 10 de la Ley 599 de 2000 («[o]brar en coparticipación criminal»). Y eso fue todo. No indicó si esta última norma procedía respecto de todos los delitos, o de algunos, o solo de uno. Las partes no pidieron aclaración al respecto y el juez calificó dicha imputación como “un acto de partes” que “no se puede oponer al mismo”. 48’13’’.
15 Archivo de audio y video 73001600877220110007200_730014088008_3 en el disco rotulado “Juzgado 8 Penal Mpal. Garantías”, 3:22’16’’.
16 Archivo de audio 73001600877220110007200_730014088008_0, en el disco rotulado “Juzgado 8 Penal Mpal. de Garantías Febrero 29/12”.
17 Artículo 52, inciso 3º, C.P.; arttículo 16 C. Co.; art. 163 de la Ley 685 de 2001 y art. 24 Ley 1257 de 2008.
18 Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 260.
19 Artículo 52, inciso 1º, C.P.
20 Artículo 4º Código Penal.
21 Morrillas Cueva Lorenzo, Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 1991, pág. 18.
22 Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 260.
23 Ídem, pág. 337.
24 Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 337.
25 Ediciones Universidad de Salamanca, 1ª Edición: mayo de 1999.
26 Individualización Judicial de la Pena.
27 «Hirsch, Günter, «Vorbemerkungen…», Op.cit, pág. 9; Gribbohm, Günter, «Vorbemerkungen…», Op.cit, pág. 103».
28 Página 73.
29 Cfr., C.S.J. SP. 27/02/13, rad. 33254 y 24/06/15, rad. 40.382, entre otras.
30 «ART. 52.—Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena».
31 Posada Maya Ricardo y Hernández Beltrán Harold Mauricio, El sistema de individualización de la pena en el derecho penal colombiano, Medellín, 2001, pág. 339.
32 En SCC C-272 de 1999, sobre dicho principio y el de estricta legalidad, el Tribunal Constitucional refirió que «ciertamente, la Corte estima que el proceso penal, en cuanto manifestación del poder punitivo del Estado, se encuentra sometido a los principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad», y en cita de pie de página añadió que «mientras que el primero de estos principios determina que los delitos se encuentren inequívocamente consagrados en una ley que exista previamente a la conducta humana que, conforme a esa ley, se considera delictuosa, el segundo requiere que las acusaciones en contra del acusado sean sometidas a una estricta verificación judicial y puedan ser ampliamente controvertidas por el imputado. Sobre la significación y alcance de estos principios en el Estado democrático de derecho contemporáneo, véase Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Madrid, Trotta, 1995, pp. 34-38, 94-97, 373-385, 603-623».
33 SCC T-429 de 1994 y SCC C-306 de 2012, entre otras.
34 CSJ SP, 29 jul. 2009, rad. 28725.