Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0000031_2017.html
Timestamp: 2019-12-10 02:04:13
Document Index: 159639987

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 174', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 246', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 25']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0000031_2017]
CONCEPTO 31 DE 2017
Ref.: Remisión consulta del 20 de febrero de 2017.
Este despacho recibió la consulta de la referencia, por la cual solicita se proceda a indicar la pertinencia o no de registrar las sanciones disciplinarias impartidas por la jurisdicción especial indígena en atención a que el sistema SIRI carece de tal posibilidad «al no existir un régimen disciplinario o compendio normativo que regule las conductas y las sanciones disciplinarias de cada una de las comunidades indígenas, no es posible parametrizarlas en el sistema».
La consulta se hace en atención a la solicitud expresa elevada ante ese grupo por parte de un cabildo indígena para hacer efectiva una sanción a uno de sus miembros y a fin de evitar que los represente como «líder indígena» en las diversas corporaciones públicas del Estado colombiano.
Antes de atender su consulta y en cumplimiento de la función asignada por el artículo 9o, numeral 3, del Decreto 262 de 2000, he de precisarle que en desarrollo de la función consultiva no es posible resolver casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse en forma genérica de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares.
En este orden de ideas las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas tienen la potestad de ejercer la función pública de administración de justicia en sus territorios y para sus miembros, dentro de los parámetros propios de su cosmovisión, siguiendo sus usos y costumbres tradicionales. El resultado del ejercicio de dicha potestad por parte de los pueblos indígenas implica su ejecución dentro de los límites fijados en su especial normatividad, en tanto que corresponde al ejercicio de un fuero particular reconocido desde la Carta Política dada la condición de miembros de una etnia y de ejercer tal prerrogativa en un ámbito espacial delimitado, como son los resguardos indígenas.
Esta oficina, a través de la consulta PAD C-0153 de 2014, señaló sobre los presupuestos de autonomía que reviste el ejercicio de la jurisdicción especial indígena que:
Ahora, esta situación, frente a la razón por la cual se presenta un fuero indígena en el que se prohíbe la intromisión las autoridades estatales, fue analizada debidamente por la Corte Constitucional en sentencia T-496 de 1996, incluyendo sus limitaciones, al advertir:
Del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo.
La autonomía que gozan los pueblos indígenas por mandato constitucional es de orden administrativo, político, económico y jurídico(1); en este último punto existe un fuero especial que dificulta la interferencia de la jurisdicción ordinaria en la actividad de la jurisdicción especial indígena, siempre ponderando la regla que en caso de tensión de los marcos normativos de cada una de tales jurisdicciones, primarán siempre las normas que protejan principios y valores constitucionales superiores.(2)
Con ello, el legislador se reservó en materia disciplinaria, en la Ley 734 de 2002 – C.D.U., que serán sus destinatarios los «Los indígenas que administren recursos del Estado… conforme a este código(3). Así mismo, es claro que, según el artículo 2o del Decreto 2001 de 1988, reiterado por el Decreto 1088 de 1993, los cabildos indígenas son entidades públicas especiales, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, encargadas de representar legalmente a sus grupos y ejercer las funciones que les atribuyen la ley, sus usos y costumbres; no obstante, la posibilidad de registrar las sanciones que emanen de su jurisdicción especial disciplinaria no puede ser asumida en el SIRI, en tanto el artículo 174 del C.D.U. no habilita de forma expresa el registro de sanciones emanadas en la jurisdicción especial indígena.
Ahora bien, la única posibilidad del registro de sanciones disciplinarias en el SIRI para personas que tengan la condición de indígenas, que ostentan la condición de particulares, será en el evento señalado en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, cuando la conducta reprochada tenga relación con la administración de recursos públicos y tal decisión sea asumida por la autoridad disciplinaria competente, que en el caso de particulares como sujetos de la acción estatal está radicada, únicamente, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.
En ningún otro evento se podrá realizar registro de sanción disciplinaria en el SIRI originada en actuaciones desarrolladas por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas por gozar de fuero constitucional para su ejecución, lo anterior sin perjuicio que el legislador ordinario adopte un criterio diferente.
[1]. En la Sentencia T-254 del 30 de mayo de 1994 se indicó por la Corte Constitucional que:
«…a diferencia de lo que acontece frente a otras entidades territoriales, a los miembros de las comunidades indígenas se les garantiza no sólo una autonomía administrativa, presupuestal y financiera dentro de sus territorios, como puede suceder con los departamentos, distritos y municipios, sino que también el ejercicio, en el grado que la ley establece, de autonomía política y jurídica, lo que se traduce en la elección de sus propias autoridades (CP art. 330), las que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (CP art. 246). Lo anterior no significa otra cosa que el reconocimiento y la realización parcial del principio de democracia participativa y pluralista y el respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (CP art. 7o). (Negrillas fuera de texto).
La autonomía política y jurídica reconocida a las comunidades indígenas por el constituyente, por su parte, debe ejercerse dentro de los estrictos parámetros señalados por el mismo texto constitucional: de conformidad con sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley (CP arts. 246, 330), de forma que se asegure la unidad nacional».
[2]. Ver nuestra Consulta PAD C- 264 del 9 de agosto de 2005.
[3]. La Corte Constitucional a través de la Sentencia C 127 de 2003 consagró la exequibilidad del artículo 25 del CDU sobre los indígenas como destinatarios de la ley disciplinaria así:
«Así las cosas, resulta claro para la Corte Constitucional que, conforme a la Constitución Política la inclusión como destinatarios de la ley disciplinaria de los indígenas que administren recursos del Estado, no vulnera el artículo 246 de la Carta Política, ni tampoco su artículo 1 como lo sostiene el actor. La norma contenida en el artículo 25 de la Ley 754 (sic) de 2002, por este aspecto, coloca a quienes siendo indígenas administren recursos públicos en la misma situación de cualquier colombiano que se encuentre en esa hipótesis, sin que ser destinatarios de la ley disciplinaria signifique decisión anticipada sobre responsabilidad alguna de carácter disciplinario, pues ella se rige por los principios y las reglas establecidas en el código disciplinario, y muy especialmente en su artículo 28.
Así las cosas, el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, no vulnera los derechos constitucionales de los indígenas al incluirlos como destinatarios de la ley disciplinaria, siempre y cuando, tal como lo señalan el Interviniente y el Ministerio Público, el Estado capacite y asesore a las autoridades indígenas, para que se produzca una comprensión de cada una de las cláusulas del contrato, a través del cual administrarán recursos públicos y las consecuencias de su infracción.» (Subrayadas propias)