Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-609-12.htm
Timestamp: 2018-10-18 01:09:59
Document Index: 182511149

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 44', 'artículo 50', 'artículo 13', 'artículo 67', 'artículo 16', 'ARTÍCULO 44', 'artículo 1', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 30', 'artículo 112', 'artículo 13']

C-609-12
LIMITE DE HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTAN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EXCLUSIVAMENTE EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo de falta de unidad de materia, porque no guarda relación con el tema de responsabilidad estatal
Acorde con la equiparación realizada por el Tribunal Constitucional de las víctimas del conflicto armado interno en relación con las víctimas de desplazamiento forzado interno; se puede afirmar que los derechos que integran el mínimo prestacional que debe ser satisfecho por el Estado es el siguiente: 1. El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 C.P. y el Principio 10. 2. Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se particularizan en el Principio 11. 3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia‑, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares. 4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno. (…) 5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 C.P. 6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en el Principio 22. 7. Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (artículo 67, inciso 3, C.P.). (…) El Estado está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento educativo público. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con la educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en entidades públicas o privadas de la zona. (…) 8. En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (…) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados. (…) 9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento en otro punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al acto de retornar o restablecerse. Ahora bien, respecto de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en relación con la administración de justicia, se puede aseverar que los estándares internacionales respecto de ellas han sido incorporados al orden jurídico colombiano a través del art. 93 constitucional y por ende son marco de referencia obligatorio. Dentro de dichos derechos encontramos (i) el deber de garantizar recursos accesibles y efectivos para reivindicar sus derechos, (ii) asegurar el acceso a la justicia; (iii) investigar las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; y (iv) cooperar en la prevención y sanción de los delitos internacionales y las graves violaciones de derecho humanos.
El Estado Social de Derecho – como principio constitucional- corresponde a una declaración política y filosófica sobre la naturaleza y manera de comportarse la estructura estatal. En este orden de ideas, dicho parámetro produce connotaciones mayores en el ejercicio de cualquier profesión, pero más aún en el desarrollo de la abogacía por la función social que cumple. Ciertamente, se ha entendido que la práctica del derecho se desarrolla como mínimo en los siguientes escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias. Precisamente en dichos espacios es donde el abogado debe ejecutar su actividad profesional con base en los nuevos postulados que impone el Estado Social de Derecho. Por consiguiente, dicha actividad profesional debe propender por la defensa de la dignidad humana, el respeto y salvaguarda de los derechos fundamentales, la protección de un orden justo, servir a la comunidad, garantizar los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución; entre otros muchos fines, todo esto dentro del marco normativo que dicha profesión tiene como elemento de trabajo y con el propósito de lograr una convivencia pacífica al interior de la sociedad.
Con base en el papel esencial que juega el ejercicio de la abogacía en la búsqueda de los fines del Estado, la Corte Constitucional ha considerado como justificada una adecuada regulación a la profesión de abogado. El Constituyente de 1991 otorgó al legislador la potestad de establecer medidas concretas respecto de la actividad profesional que se desarrolle, como la abogacía. Dicha prerrogativa es conocida jurisprudencialmente como el margen de configuración del legislador. Así entonces, es competencia del Congreso determinar los parámetros específicos para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, en este caso de la abogacía, lo que trae consigo el establecimiento de ciertos límites los cuales “encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana”.
Esta Corporación especificó en relación con el tema que “Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”. En este orden de ideas, y acorde por lo expresado por esta Corte, existe la posibilidad de que el legislador dicte alguna norma particular en punto de tarifas profesionales, que subsane los vacíos existentes en la materia.
En aplicación del test estricto de igualdad, debe el juez constitucional determinar si la norma acusada realmente otorga un trato diferente a las personas colocadas en situación similar, si ello en realidad ocurre se debe analizar "(i) si la medida es o no "adecuada ", esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no "necesario" o "indispensable ", para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. ; (iii) finalmente el juez realiza un análisis de "proporcionalidad en estricto sentido" para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial". Debe igualmente la Corte “cerciorarse de que el fin perseguido por el legislador sea legítimo, importante e imperioso; el medio adecuado, efectivamente conducente y necesario, y la relación medio-fin adecuada, efectivamente conducente y no susceptible de ser remplazada por otro medio alternativo o menos lesivo.
“ARTÍCULO 44. GASTOS DE LA VÍCTIMA EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS JUDICIALES. Las víctimas respecto de las cuales se compruebe de manera sumaria y expedita la falta de disponibilidad de recursos para cubrir los gastos en la actuación judicial, serán objeto de medidas tendientes a facilitar el acceso legítimo al proceso penal.
PARÁGRAFO 2o. Lo previsto en este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional, en un término no mayor a un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente ley”
La regla que se aplica a todos los abogados es que el monto de los honorarios se determina como consecuencia del libre acuerdo de las partes. Como referente para la fijación de esos honorarios se cuenta con las definiciones de los colegios de abogados que a su vez incluyen dos aspectos: a). unos razonables aplicables a cualquier tipo de honorarios; y b). unas tarifas con cuantías diferenciadas según el tipo de casos y criterios sistematizados por el Consejo Superior de la Judicatura. El fenómeno de honorarios llamado “cuota litis” se presenta en todos los tipos de procesos y está supeditado a que el fallo sea estimatorio y además a que mientras el proceso se surte el apoderado no cubre costos sino que estos son asumidos por el profesional contratado.
El ordenamiento jurídico establece reglas y parámetros para la fijación de honorarios y un régimen disciplinario a accionar en caso de que tales reglas fueran violentadas. En este sentido se hace referencia general a que los honorarios se consideran adecuadamente ajustados cuando se atiende un “criterio equitativo, justificado y proporcional en relación al servicio prestado de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto”. Así las cosas, indica, en contraste con lo que venía pasando en materia de honorarios, la norma acusada establece un techo al monto de estos, de abogados en dos tipos de procesos: en acciones de tutela y en procesos contenciosos administrativos promovida por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Dicha diferenciación no tiene en cuenta varias eventualidades: (i) que se represente a una sola persona; (ii) que se represente a varias personas; (iii) el avance del proceso; (iv) la asunción de eventualidades por parte del apoderado; (v) que el apoderado tenga o no experiencia.
Determinación del tipo de escrutinio para la violación del derecho de igualdad. Expresa el demandante que la diferenciación entre los abogados que litigan en causas de derechos humanos donde la contraparte es el Estado y aquellos que no, comporta necesariamente un criterio sospechoso en la medida en que la circunstancia por la cual se distinguen unos y otros se encuentra signada por una actividad reconocida y especialmente protegida por la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. La diferencia entre los abogados afectados por la norma demandada es que estos representan a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado y/o representan víctimas de violaciones de derechos humanos que buscan amparo a sus derechos fundamentales por amenazas cometidas por autoridades o particulares, y los restantes abogados que representan a personas que presentan otro tipo de reclamos judiciales. Evidentemente este es un criterio sospechoso, que implica condiciones de contratación restrictivas fundadas en la naturaleza de los hechos involucrados – violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y la naturaleza del Estado como parte demandada-, por lo tanto acorde con la jurisprudencia constitucional el test debería calificarse de estricto.
Señala el demandante que el artículo 1° de la ley 1448 de 2011 establece como objeto indicar un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en el marco de la justicia transicional, y que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por ende, se indica, la norma acusada carece de unidad de materia con lo buscado por la ley, por cuanto a lo largo de la ley 1448 de 2011, el legislador evita y omite la responsabilidad del Estado, de hecho hace énfasis en que en ningún caso se estará ante al reconocimiento de obligaciones a cargo de este y por ello la reparación que se ofrece está basada en el principio de solidaridad que se encuentra estipulado en el preámbulo constitucional.
José Fernando Perdomo Torres interviene en el presente proceso, en calidad de Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, con el objetivo de solicitar que la Corte se inhiba o en su defecto que declare la exequibilidad de la disposición cuestionada. Ineptitud sustantiva de la demanda. Al respecto manifiesta que se presenta ineptitud sustantiva de la demanda por cuanto no resulta admisible que el argumento de un cargo de inconstitucionalidad se fundamente exclusivamente en la descalificación de la diversidad regulativa. No es posible que el cargo se limite en señalar que dos situaciones disímiles han sido reguladas de manera diversa por el legislador.
(ii) el medio empleado es compatible con la Constitución. El medio es compatible con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En efecto, con esa medida el legislador pretendía proteger a las víctimas y así garantizar la efectiva materialización de sus derechos.
(ii) La diferenciación comprendida en el parágrafo demandado, se encuentra dirigida a proteger de manera especial a las víctimas de que trata el art. 3 de la ley 1448 de 2011, respecto a los abusos de profesionales del derecho inescrupulosos que pretendan aprovecharse de su especial condición de vulnerabilidad. Señala el interviniente que se han reportado casos de abogados que aprovechándose de la vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado interno, cobran honorarios excesivos por trámites de naturaleza gratuita. Después de mostrar varios casos sobre abusos de abogados refiere a los honorarios acordados por los apoderados de las víctimas en el renombrado caso de la “toma de las delicias”.
Por consiguiente, la limitación que trae consigo la norma acusada no implica discriminación alguna, ya que no existe como tal la categoría de “abogado de acción de tutela” o la de “abogado de proceso contencioso administrativo”, respecto de los cuales la norma estuviera otorgando un trato desigual inconstitucional. El trato diferenciado no se confiere en función de la profesión o de la especialidad, sino del proceso de que se trata. Incluso dentro de la respectiva jurisdicción, la norma no resulta discriminatoria, debido a que la limitante de honorarios sólo se refiere a los procesos (de tutela o contencioso administrativos) que se adelanten voluntariamente por las víctimas a que hace referencia el art. 3 de la ley 1448 de 2011, lo que deja a salvo los demás procesos que los abogados tramiten ante dichas jurisdicciones (sin contar con los de las demás jurisdicciones). La norma restringe significativamente el espectro de los procesos, limita su ámbito de acción y debilita cualquier argumento justificativo de una posible discriminación.
5. Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas.
Las intervenciones de Leonor Cristina Padilla Godin de la Oficina de Coordinación de asuntos internacionales y asesoría jurídica de la Rama Judicial, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; Carlota Valverde Coscollola, representante en Colombia de Abogados sin fronteras; Edwin Rubio Medina , representante legal de “Acadeum”, Arturo Carrillo, profesor de la Universidad de George Washington y Patricia Luna Paredes en su calidad de Defensora Delegada para la Orientación y Asesoría a las víctimas del conflicto armado interno de la Defensoría del Pueblo; fueron recibidas de manera extemporánea.
3. No obstante lo anterior y aceptando esta Corte que en algunos aspectos específicos la demanda presentada por el ciudadano, puede considerarse defectuosa, lo cierto es que al analizar su contenido, las implicaciones constitucionales que apareja y los problemas jurídicos que plantea- los derechos de los abogados y especialmente los derechos de las víctimas del conflicto armado interno – y en aplicación del principio pro actione, la Sala Plena considera que en la demanda concurren las mínimas condiciones para emitir un fallo de fondo[1].
Ahora bien, plantea el demandante en relación con la falta de unidad de materia, que la norma acusada carece de dicha conexidad con lo buscado por la ley, por cuanto a lo largo de la ley 1448 de 2011, el legislador evita y omite la responsabilidad del Estado, de hecho hace énfasis en que en ningún caso se estará ante al reconocimiento de obligaciones a cargo de este y por ello la reparación que se ofrece está basada en el principio de solidaridad que se encuentra estipulado en el preámbulo constitucional. Por consiguiente, se afirma que no hay una unión temática y teleológica entre el cuerpo de la ley y las regulaciones que esta hace de fenómenos relacionados como los ya mencionados.
Al respecto encuentra esta Corte que los argumentos esbozados por el accionante no reúnen los requisitos mínimos exigidos por el art. 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional. En efecto, los razonamientos expuestos respecto de la elusión del tema de la responsabilidad estatal en comento, en nada guardan relación con la disposición jurídica acusada, no devienen objetivamente de esta, y en este orden de ideas carecen de la certeza y especificidad[2] exigidas por esta Corporación. No existiendo conexidad con lo argüido con la norma demandada, la Corte se inhibirá al respecto.
12. En dicho contexto son derechos de las víctimas[19] (i) el derecho a la verdad, justicia y reparación, (ii) derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario, (iii) derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad, (iv) derecho a solicitar y recibir atención humanitaria, (v) derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral, (vi) derecho a que la política pública de que trata la ley, tenga enfoque diferencial, (vii) derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se halla dividido el núcleo familiar, (viii) derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional, (ix) derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley, (x) derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que se establecen en la Ley, (xi) derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes y (xii) derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
13. Ahora bien, al igual que la ley de 2005[20], la ley 1448 de 2011 establece una serie de prerrogativas de las víctimas relacionadas con la administración de justicia, esto es, dentro de los procesos judiciales. En este orden de ideas, se indica (i) el derecho que la víctima y/o su representante estén informados de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso, desde el inicio de la actuación[21], (ii) el derecho de las víctimas para que dentro de la actuación penal o en el marco de los procesos de justicia y paz, estén informadas del inicio, desarrollo y terminación del proceso, de las instancias en que pueden participar, de los recursos judiciales a su disposición y de la posibilidad de presentar pruebas, entre otras garantías previstas en las disposiciones legales vigentes[22], (iii) el derecho de la víctima a ser oída dentro de la actuación penal, a pedir pruebas y a suministrar los elementos probatorios que tenga en su poder,[23] (iv) la prerrogativa de que la declaración de la víctima sea a puerta cerrada acorde con unas especiales circunstancias,[24]o que (v) el testimonio de la víctima sea dado por medio de audio o video[25] o por alguna otra modalidad especial[26]
14. En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha afirmado que las víctimas del conflicto armado interno representan uno de los sectores más frágiles dentro de la sociedad[27]y en la mayoría de los casos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.[28] En efecto, no cabe duda que las víctimas del conflicto armado interno[29] por la violación masiva de sus derechos constitucionales, adquieren el estatus de sujetos de especial protección constitucional, lo que apareja de suyo el deber perentorio del Estado de atender con especial esmero y prontitud todas sus necesidades, hacer valer sus derechos y salvaguardar su dignidad humana. Al respecto esta Corporación ha considerado que “…las víctimas de la violencia dentro de un conflicto armado interno, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y, en tal sentido, demandan un trato especial por parte de las autoridades públicas, las cuales deben brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus condiciones mínimas de subsistencia. Por lo anterior, resulta pertinente extender a estos casos las consideraciones que esta Corporación ha hecho respecto de los desplazados.”[30]
15. La Constitución Política de Colombia[34] establece la posibilidad de que cualquier persona escoja libremente la profesión u oficio a la que se quiere dedicar. De la misma manera señala que las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios y que la ley puede asignarles funciones públicas e indicar los controles respectivos. Así las cosas, la profesión de abogado ha sido regulada a través del Decreto 196 de 1971 y últimamente mediante la ley 1123 de 2007. En efecto, dichos cuerpos normativos han señalado que la abogacía tiene la función social de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia.[35] Se señala además como la principal función del abogado la de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares.[36] Otros fines de la profesión de abogado son: observar la Constitución y la ley, defender y promocionar los derechos humanos, colaborar en la realización de la justicia y los fines del Estado, prevenir litigios “innecesarios, innocuos o fraudulentos”, facilitar mecanismos de solución alternativa de conflictos y abstenerse de incurrir en actuaciones temerarias.[37]
16. No obstante lo anterior, el Estado Social de Derecho – como principio constitucional- corresponde a una declaración política y filosófica sobre la naturaleza y manera de comportarse la estructura estatal. En este orden de ideas, dicho parámetro produce connotaciones mayores en el ejercicio de cualquier profesión, pero más aún en el desarrollo de la abogacía por la función social que cumple.
Ciertamente, se ha entendido que la práctica del derecho se desarrolla como mínimo en los siguientes escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.[38] Precisamente en dichos espacios es donde el abogado debe ejecutar su actividad profesional con base en los nuevos postulados que impone el Estado Social de Derecho. Por consiguiente, dicha actividad profesional debe propender por la defensa de la dignidad humana, el respeto y salvaguarda de los derechos fundamentales, la protección de un orden justo, servir a la comunidad, garantizar los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución; entre otros muchos fines, todo esto dentro del marco normativo que dicha profesión tiene como elemento de trabajo y con el propósito de lograr una convivencia pacífica al interior de la sociedad.
Así las cosas, el abogado al ejercer su profesión se convierte en instrumento primordial en la realización de los postulados del Estado Social de Derecho, por cuanto “…le corresponde, la realización constante, progresiva y efectiva de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y en el marco de éste, a muchos otros derechos fundamentales que sólo adquieren su plena garantía cuando se acude a los jueces para que ordenen su amparo….”[39]
En este orden de ideas, y con base en el papel esencial que juega el ejercicio de la abogacía en la búsqueda de los fines del Estado, la Corte Constitucional ha considerado como justificada una adecuada regulación a la profesión de abogado.[40] El Constituyente de 1991 otorgó al legislador la potestad de establecer medidas concretas respecto de la actividad profesional que se desarrolle, como la abogacía. Dicha prerrogativa es conocida jurisprudencialmente como el margen de configuración del legislador. Así entonces, es competencia del Congreso determinar los parámetros específicos para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, en este caso de la abogacía[41], lo que trae consigo el establecimiento de ciertos límites los cuales “encuentran su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y, en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana”[42]. La Corte ha señalado lo siguiente:
“En cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión u oficio, que interesa específicamente en este proceso, la función de reglamentación a cargo del legislador, que por su naturaleza tiene que cumplirse teniendo en cuenta las características propias de cada ocupación, implica, como su objeto lo indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas a los fines que cada una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario estatuir requisitos mínimos de formación académica general y preparación particular en la carrera de que se trata; normas sobre expedición de títulos que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el público; disposiciones concernientes a las prácticas y experiencias iniciales del recién egresado; exigencias y límites aplicables a quien -debidamente autorizado- ejerce todavía sin título y, desde luego, la espina dorsal de la reglamentación, que consiste en el régimen jurídico aplicable al desempeño de la profesión, dentro del cual a la vez resulta ineludible el señalamiento de principios y pautas, la tipificación de faltas contra la ética en el campo de actividad correspondiente y la previsión de las sanciones que habrán de ser impuestas a quien incurra en ellas”[43].
Así las cosas, el legislador ha señalado algunas reglas innatas al ejercicio de la profesión de abogado, entre ellas encontramos requisitos mínimos de formación académica general y de especialización en particular, la expedición de normas referentes a la obtención de títulos que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el público, normas relativas a las prácticas y experiencias de inicio del recién egresado, disposiciones relativas al régimen jurídico aplicable al desarrollo de la profesión de abogado; entre otras.[44] Es de resaltar que los fines buscados con el ejercicio de la profesión de abogado- a diferencia de otras profesiones – permiten que el legislador sea aún más exigente respecto de los lineamientos y parámetros para el ejercicio de la actividad profesional, por cuanto los profesionales del Derecho son consignatarios de la confianza de la sociedad y defensores del Derecho y de la Justicia.[45]
La regla general para determinar el monto de los honorarios profesionales de un abogado, en principio, es producto del acuerdo de voluntades entre el cliente y su abogado. No obstante, debido a la indeterminación en el señalamiento de los honorarios a cobrar, las legislaciones han optado por limitar la materia a través de las tarifas fijadas por los colegios de abogados, en algunas ocasiones, por la supervisión de los pactos de cuota litis o por los criterios rectores de origen jurisprudencial. Sin embargo, “aunque el problema de la fijación de honorarios parece librado a la autonomía privada y, en ese sentido, irrelevante en términos de derechos fundamentales, esta perspectiva se modifica cuando el pacto entre personas deviene en objeto de investigación disciplinaria y puede concluir con una sentencia como resultado de un proceso en el cual se deben respetar todos los principios que prescribe en ese sentido la Constitución Política”[49]
Con estos nuevos criterios, la misma ley estipuló como faltas de los abogados a la lealtad con el cliente[53] el adquirir de éste directamente o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales; y como faltas a la honradez del abogado[54] el acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente del cliente, exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas, no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo, no rendir, a la menor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo y no expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos.
19. El Consejo Superior de la Judicatura – como órgano competente para conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios de los abogados- ha señalado, en relación con la desproporción en la remuneración o beneficios obtenidos por parte del abogado, que deben tenerse en cuenta 5 criterios a saber: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente.[55] Al respecto se señaló:
“Al decidir sobre la desproporción como elemento configurativo de este tipo de falta disciplinaria, se han de tener en cuenta, y se han tenido en cuenta siempre, por la jurisprudencia y la doctrina, otras circunstancias como incidentes para la definición de aquel (...). Y por eso, precisamente, las tarifas que expiden los colegios de abogados, sobre honorarios profesionales, tampoco tienen como solo elemento determinante de aquellos el trabajo en sí, sino los otros señalados. (...) sabido es que la jurisprudencia siempre ha aceptado las mencionadas tarifas como buena guía para definir si el cobro que se haya hecho por algún abogado, en determinado asunto que se le imputa como desproporcionado y por tanto ilícito, realmente lo fue o no”[56]
Esta Corporación especificó en relación con el tema que “Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere. Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados”[57]
22. Ahora bien, en el presente caso el criterio de comparación presentado en la demanda alude a la situación supuesta de desigualdad que se presenta entre los abogados que apoderan a víctimas del conflicto armado interno respecto de los restantes abogados que litigan en diferentes causas que no responden a representaciones de las mencionadas víctimas. En este orden de ideas, las normas citadas en la presente providencia (supra 15 y ss) y en general el ordenamiento jurídico colombiano, en momento alguno realiza una diferenciación de aquellas personas que se dedican a la profesión del derecho en relación con el tipo de clientes que apoderan o las materias a las cuales se dedican. Menos aún lo realiza la Constitución Política. Así las cosas, encuentra esta Corte que en principio el ejercicio de la abogacía no comporta per se diferenciación alguna, al interior de aquellas personas que ejercen la mencionada profesión. En consecuencia, el criterio de comparación mínimo exigido por esta Corporación está presente en la demanda, por cuanto el demandante plantea una duda razonable de trato diferente, al establecer la norma acusada un límite en los honorarios de aquellos abogados que representan víctimas del conflicto armado interno respecto de los restantes abogados que apoderan otro tipo de personas. Diferenciación que en principio no deviene de manera expresa ni directa de la Constitución.
En este orden de ideas, y en aplicación del test estricto de igualdad, debe el juez constitucional determinar si la norma acusada realmente otorga un trato diferente a las personas colocadas en situación similar, si ello en realidad ocurre se debe analizar "(i) si la medida es o no "adecuada ", esto es, si ella constituye un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente válido; luego (ii) examina si el trato diferente es o no "necesario" o "indispensable ", para lo cual debe el funcionario analizar si existe o no otra medida que sea menos onerosa, en términos del sacrificio de un derecho o un valor constitucional, y que tenga la virtud de alcanzar con la misma eficacia el fin propuesto. ; (iii) finalmente el juez realiza un análisis de "proporcionalidad en estricto sentido" para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida diferencial".[61] Debe igualmente la Corte “cerciorarse de que el fin perseguido por el legislador sea legítimo, importante e imperioso; el medio adecuado, efectivamente conducente y necesario, y la relación medio-fin adecuada, efectivamente conducente y no susceptible de ser remplazada por otro medio alternativo o menos lesivo.”[62]
La Corte observa que la norma demandada establece un tope a los honorarios de los abogados que representen las víctimas del conflicto armado interno - exclusivamente en materia de tutela y acciones contenciosa administrativas – dentro de todo el universo de profesionales del derecho que litigan representando a otro tipo de personas y en otro tipo de procesos. Así entonces, dicha limitación en los honorarios recae de manera exclusiva y excluyente en los abogados que apoderan víctimas ya especificadas. Situación que, en opinión del demandante, apareja de suyo la violación del acceso a la justicia de las víctimas a representar. Por consiguiente, entrará la Corte a constatar si el tope en los honorarios establecido para los abogados en el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011- diferenciado del restante universo de profesionales del derecho- responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la justifiquen constitucionalmente. Y si dicha diferenciación va en menoscabo de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
25. Adecuación de la medida. Debe la Corte verificar si la medida adoptada por el legislador es adecuada, quiere esto decir si es un medio idóneo para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, importante e imperioso. La primera pregunta que surge es cual fue el propósito del legislador al establecer un tope en los honorarios de los abogados que representan a las víctimas del conflicto armado interno. Al respecto se encuentra que la norma acusada hace parte de la ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado interno. A su vez, el parágrafo 1° del artículo 44 hace parte del título sobre los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales.
Al respecto encuentra la Corte que las medidas alternativas propuestas no suplen la necesidad de la medida legislativa tomada, para obtener el fin constitucional buscado – evitar el abuso de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno-.
(ii) La sanción disciplinaria ante abusos de profesionales del derecho, tampoco suple la necesidad de la medida legislativa bajo estudio. La ley 1123 de 2007 estableció dentro de los deberes del abogado el obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales, por lo tanto, en desarrollo de dicha obligación este profesional debe fijar sus honorarios con criterios equitativos, justificados y proporcionales respecto al servicio prestado o de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto, y suscribir recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto. De igual manera, el profesional del derecho debe acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y la forma de pago. La misma ley estipuló como faltas de estos a la lealtad con el cliente el adquirir de éste directamente o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales; y como faltas a la honradez el acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación correspondiente del cliente, exigir u obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales o ilícitas, no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo, no rendir, a la mayor brevedad posible, a quien corresponda, las cuentas o informes de la gestión o manejo de los bienes cuya guarda, disposición o administración le hayan sido confiados por virtud del mandato, o con ocasión del mismo y no expedir recibos donde consten los pagos de honorarios o de gastos (supra 18).
Ahora bien, el establecimiento de sanciones a los profesionales de derecho que cometan abusos en su relación con el cliente, en este caso las víctimas del conflicto armado interno, se constituyen en situaciones jurídicas que se presentan posteriores al abuso cometido. En efecto, los procesos disciplinarios contra los abogados por las faltas que ellos cometan en su relación con el cliente son hechos ulteriores al abuso cometido y más aún cuando no existen- en reglas generales- límites en honorarios en la generalidad de procesos judiciales. La situación jurídica de las víctimas del conflicto armado interno es diferente, acorde con la Constitución, como ya se ha explicado. Precisamente, la medida tomada por el legislador opta por proteger - de manera preventiva y no posterior- a las víctimas señaladas. El establecimiento de topes específicos en los honorarios a los abogados pretende que tanto estos como las víctimas conozcan de manera previa cuales son los parámetros a seguir en materia de honorarios. Situación diferente plantean las simples sanciones –que son posteriores- y están guidas por criterios de equidad, justicia y proporcionalidad, que por ser conceptos amplios no permiten a las víctimas del conflicto armado interno conocer el derecho que les asiste en su relación con los profesionales del derecho. Por consiguiente, las sanciones a los abogados tampoco suplen la necesidad de la medida legislativa tomada por cuanto no evitan a priori el abuso que se pretende evitar.
Ahora bien, otras medidas que podrían pensarse como alternativas a la tomada por el legislador, consisten en establecer un registro de abogados que representen a las víctimas o determinar el manejo de las indemnizaciones en cabeza de la Defensoría del Pueblo, de manera similar a como lo establece la ley 472 de 1998[64]. La primera de ellas en momento alguno suplanta la necesidad de la disposición tomada; un registro de profesionales del derecho dedicado a representar a los mencionados sujetos de especial protección constitucional no evita por sí misma que estos cometan abusos en relación con los honorarios a cobrar. Simplemente permite identificar – de manera posterior- cual o cuales abogados fueron los que incurrieron en la arbitrariedad. La segunda, parte de un supuesto errado. Ciertamente, la ley 472 de 1998 señala que existirá un fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual será manejado por la Defensoría del Pueblo.[65] Por tal razón, corresponde a dicha entidad manejar el monto de las indemnizaciones de las acciones populares y de grupo a las cuales hubiere renunciado expresamente el beneficiario.[66] En este orden de ideas, trasladar el mencionado concepto a las indemnizaciones obtenidas por las víctimas del conflicto armado interno, implica que se parta de la base que los beneficiarios hubieren renunciado expresamente a su derecho. Muy por el contrario, lo que ha requerido el legislador a través del parágrafo 1° del art. 44 de la ley 1448 de 2011, es que la víctima como sujeto de manifiesta debilidad, pueda disponer y gozar, en un alto porcentaje, del resarcimiento a que ha tenido derecho. En este orden de ideas, la referida medida alternativa tampoco reemplaza la necesidad de la norma acusada.
27.1. Afirma el demandante que la norma aludida violenta – además del derecho a la igualdad- los derechos de los abogados de las víctimas del conflicto armado interno, al limitar de forma grave la libertad contractual, la libertad de escoger profesión u oficio y el derecho al trabajo. Al respecto se encuentra que (i) la libertad contractual en momento alguno se encuentra menoscabada en su núcleo esencial; lo que pretende la norma analizada es relativizar constitucionalmente dicha libertad, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. En efecto, esta Corporación ha afirmado que la autonomía de la voluntad privada se manifiesta en la existencia de la libertad contractual pero sujeta a especiales restricciones cuando están en juego derechos fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las partes ocupa una posición dominante o los acuerdos versan sobre prácticas restrictivas de la competencia; cuando se entiende que el ejercicio de la voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés particular sino también el interés público o bienestar común; en estos casos corresponde al Estado intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el propósito de evitar abusos de los derechos. Así entonces, el papel del juez consiste en velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atender exclusivamente la intención de los contratantes.[67]
Es de agregar, como lo manifiesta un interviniente, que en Colombia no existen abogados adscritos en su ejercicio profesional a una determinada jurisdicción, no existe en realidad una categoría denominada de “abogado de tutela” o “abogado de procesos contenciosos administrativos”, respecto de los cuales la norma estaría otorgando un trato desigual e inconstitucional. Así las cosas, la disposición jurídica no está creando un trato discriminado respecto de un grupo específico de abogados. En otras palabras, la norma no está creando una diferenciación entre abogados –con relación al ejercicio de la profesión- sino que está estableciendo unos específicos parámetros en honorarios con base en el proceso que se lleve y el cliente que se represente.
28. En consecuencia, esta Corte encuentra que el parágrafo 1° del artículo 44 de la ley 1448 de 2011 es proporcional y razonable a la luz de la Constitución. Aunque en aras de discusión se podría aceptar que la norma establece un límite respecto de la libertad contractual de los abogados que apoderan víctimas del conflicto armado interno en relación con el universo de abogados que se dedican a otro tipo de procesos y con otro tipo de clientes; lo cierto es que dicha restricción encuentra justificación constitucional en los fines – también provenientes de la Carta – en cabeza de sujetos de especial protección y de manifiesta debilidad, como los son las víctimas del conflicto armado interno. Esto es, prevenir y evitar que éstas sufran de abusos por parte de los abogados en el manejo de los honorarios.
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”
3. Si bien el suscrito Magistrado comparte parcialmente los argumentos que constituyen la ratio decidendi de este fallo, en cuanto pueden esgrimirse buenas razones para defender que la norma puede entenderse e interpretarse como una medida orientada a la protección de los derechos de las víctimas, encuentro que existe mayor peso argumentativo en la interpretación normativa según la cual, esta medida adolece de serias objeciones desde el punto de vista constitucional. Lo anterior, ya que si bien la disposición acusada pone un límite a los honorarios de los abogados, en forma de cuantía máxima, con la finalidad de frenar el posible abuso por parte de abogados inescrupulosos a la hora de pactar los honorarios como contraprestación por la labor de reivindicar judicialmente los derechos asociados a la reparación de las víctimas, y en consecuencia puede entenderse que propende por la garantía del goce efectivo de este derecho, tanto por la vía administrativa como por la vía judicial; considero que este precepto antes que proteger los derechos de las víctimas a la reparación, puede terminar entorpeciendo y obstaculizando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales y la debida e idónea representación judicial que se requiere para ello, ya que constituye el típico caso en que el exceso de protección termina generando desprotección.
LIMITE A HONORARIOS DE ABOGADOS QUE REPRESENTEN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN MATERIA DE TUTELA Y ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Constituye una medida innecesaria, inconducente y desproporcionada (Salvamento de voto)/LIMITE A HONORARIOS DE APODERADOS QUE REPRESENTEN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Afecta el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la administración de justicia (Salvamento de voto)
La medida prevista en el parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011 no solo no resultaba efectivamente conducente e innecesaria, sino desproporcionada, al afectar el derecho de las víctimas al acceso a la administración de justicia, al impedirles contar con apoderados con la experiencia y la idoneidad profesional y moral necesarias para representar sus intereses, especialmente en la jurisdicción contencioso administrativa.
JUICIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Inadecuada aplicación en norma que limita honorarios de abogados que representen a víctimas del conflicto armado (Salvamento de voto)
En mi opinión, hubo un desacierto en la aplicación del juicio de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que al examinar si una medida que restringe derechos es necesaria, se evalúa que no exista otro medio o medios alternativos que resulten menos lesivos de tales derechos, y en el presente caso, si existían otros medios menos lesivos para asegurar una asesoría adecuada a las víctimas y evitar el abuso de abogados corruptos, terminando por convalidar una fórmula que debilitó las posibilidades de la víctima que acude a la justicia para buscar la reparación integral por el daño sufrido y creó un beneficio manifiestamente desproporcionado a favor del Estado o de los victimarios.
Demanda contra el parágrafo 1º del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las razones que me llevaron a salvar el voto en la presente sentencia. La posición mayoritaria de la cual me aparto, compartió los argumentos que condujeron a la declaratoria de exequibilidad del parágrafo 1° del artículo 44 de la Ley 1448 de 2011. Al respecto se consideró que el establecimiento de un valor máximo como límite a los honorarios de los abogados que apoderan a las víctimas del conflicto armado interno en procesos de tutela y en procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa constituía una medida adecuada para evitar los abusos a que han sido sometidas por parte de abogados inescrupulosos. Igualmente se sostuvo que tal medida era necesaria ya que ninguna otra opción podría sustituir el efecto que esta tendría en prevenir este tipo de actos atentatorios contra los derechos de esa población manifiestamente débil.
En mi opinión, la medida no solo no resultaba efectivamente conducente e innecesaria, sino desproporcionada, al afectar el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la administración de justicia. Lejos de evitar abusos por parte de abogados inescrupulosos, tal medida no detiene la corrupción pero sí puede dejar desprotegidos los derechos de las víctimas al impedirles contar con apoderados con la experiencia y la idoneidad profesional y moral necesarias para representar sus intereses, especialmente ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Si bien la finalidad de otorgar a las víctimas del conflicto armado interno protección frente a abusos, dada su debilidad manifiesta, es un fin legítimo e importante, existía también un fin imperioso que debía ser sopesado: el de garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia, el cual no puede ser sometido a restricciones como las que propone la norma. En mi opinión, la fórmula escogida por el legislador impuso un límite desproporcionado a las víctimas para acceder efectivamente a la justicia.
No obstante el fin legítimo e importante buscado por la disposición, la debilidad manifiesta de las víctimas se acentúa cuando el Estado desestimula de manera irrazonable que las víctimas acudan a procedimientos judiciales en donde su derecho a la reparación integral pueda ser garantizado de mejor manera. El supuesto de la norma es por lo menos incongruente, al presumir que sólo los abogados que cobran honorarios por encima del techo fijado en la disposición son proclives a abusar de las víctimas, mientras que los que acepten unos honorarios dentro del tope, lo son menos o más garantistas. Por ello considero que el medio escogido no resultaba adecuado ni efectivamente conducente para evitar abusos.
La disposición parte, a mi juicio de una premisa falsa: que la corrupción de los abogados aumenta a medida que cobran más y disminuye cuando cobran menos. Si el objetivo de la norma era prevenir el abuso de las víctimas, la forma como fue diseñada no las hace menos vulnerables. Incluso, resultaba más adecuado reforzar la vigilancia disciplinaria de los abogados o establecer controles preventivos sobre quienes apoderan a las víctimas. Como tal límite no se impone al victimario o al Estado, cuando éste es responsable, por ejemplo, por falla en el deber de protección, la medida resulta adecuada para que el Estado o el victimario tengan mejores instrumentos para defenderse y no deban pagar sumas cuantiosas cuando sean condenados.
Durante el debate de la norma en el Congreso se citó como ejemplo del abuso que se pretendía corregir, el caso de miles de víctimas de desplazamiento forzado que eran engañadas por abogados inescrupulosos para obtener la reparación administrativa prevista en el Decreto 1290 de 2008 o la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y quienes a pesar de saber que no requerían de apoderados para solicitar las ayudas, ante la situación desesperada que enfrentaban preferían entregar el 50% o más de lo que pudieran recibir, que esperar indefinidamente la respuesta estatal. Esta situación que continúan enfrentando miles de víctimas de desplazamiento fue corregida en algunas zonas mediante la provisión de servicios de asesoría jurídica gratuita y la judicialización de los abogados corruptos.
En términos de protección, la norma parece dirigirse a un fin distinto al de garantizar los derechos de los más débiles, en cuanto establece este límite pero sólo a los honorarios de los apoderados de las víctimas cuando éstas “voluntariamente” decidan apartarse del procedimiento previsto en la Ley 1448 de 2011 y acudan a la acción de tutela o a la acción contencioso administrativa para solicitar la reparación o la indemnización por el daño sufrido.
Insisto en que el establecimiento de un tope fijo y bajo para remunerar a los apoderados de las víctimas, limita el tipo, la experiencia y calidad de abogados que podrán contratar las víctimas y en esa medida, sus intereses no necesariamente estarán mejor protegidos. A pesar de la diferencia de honorarios que prevé la norma entre procesos de tutela y contencioso administrativos, tal tope no tiene en cuenta necesariamente la dificultad de los procesos, la duración de los mismos, la labor que debe realizar el abogado, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía en litigio o la capacidad económica del cliente. La norma establece en realidad un desincentivo para que las víctimas que pueden demostrar un daño objetivo superior al monto de reparación contenida en la disposición, acudan a otros procedimientos judiciales para buscar la reparación integral por el daño sufrido y se queden dentro del proceso administrativo previsto por la Ley 1448 de 2011.
En mi opinión, existían otros medios menos lesivos para asegurar una asesoría adecuada a las víctimas y evitar el abuso de abogados corruptos. En la demanda se proponían como medios alternativos, el establecimiento de un tope porcentual a la cuota litis; el incremento de los servicios de abogados de oficio; la ampliación del amparo de pobreza y el mejoramiento de los mecanismos disciplinarios y penales contra los abusos de abogados. Frente a tales propuestas, la posición mayoritaria consideró que ninguna de las alternativas propuestas suplía la necesidad de la medida. Tal conclusión parte de un desacierto en la aplicación del juicio de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que al examinar si una medida que restringe derechos es necesaria, se evalúa que no exista otro medio o medios alternativos que resulten menos lesivos de tales derechos, no que tales medios alternativos hagan desaparecer la necesidad de la medida.
Si se examina solo una de las alternativas propuestas como menos gravosas, por ejemplo, el establecimiento de un tope porcentual a la cuota litis, era posible concluir que el medio escogido por el legislador no era necesario. A pesar de que tanto la fórmula elegida por el legislador como la alternativa de fijar límites a la cuota litis, buscan restringir el cobro de honorarios onerosos y asegurar que los abogados cumplan con su función social y cobren con criterios equitativos, justificados y proporcionales, resultaba menos oneroso en términos de garantía de los derechos de las víctimas el establecimiento del límite porcentual, pues tal criterio tenía en cuenta la complejidad del asunto y hubiera permitido a quienes no se sintieran reparados integralmente bajo los supuestos de la Ley 1448 de 2011, contratar abogados con la experiencia y seriedad necesarias para enfrentar las complejidades de un proceso contencioso administrativo. La posición mayoritaria concluyó que tal alternativa confirmaba que la finalidad perseguida por la norma era legítima.
Tal razonamiento en mi opinión resulta equivocado y terminó por convalidar una fórmula que debilitó las posibilidades de la víctima que acude a la justicia para buscar la reparación integral por el daño sufrido y creó un beneficio manifiestamente desproporcionado a favor del Estado o de los victimarios.
[3] Art. 2 C.P.
[4] Art. 1 C.P.
[5] Art. 229 C.P.
[6] Sentencia C- 936 de 2010.
[8] Art.1 Ley 975 de 2005.
[9] Art. 5 ibidem.
[10] Sentencia C-370 de 2006 Corte Constitucional.
[13] Art. 37 ley 975 de 2005.
[14] Sentencia C-575 de 2006 Corte Constitucional “'en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron”
[15] Sentencia C- 370 de 2006 Corte Constitucional “'en el entendido que conforme al artículo 30 de la Ley 600 de 2000, y de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esa norma declarada mediante la sentencia C- 228 de 2002, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación'.
[16] Art. 1. Ley 1448 de 2011.
[17] Art. 3. Ibídem.
[18] Art. 3 Ley 1448 de 2011 “PARÁGRAFO 1o. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.
PARÁGRAFO 5o. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley. “
[19] Art. 28 ley 1448 de 2011.
[20] Ley 975
[21] Art. 35 ley 1448 de 2011.
[22] Art. 36. Ibidem
[23] Art. 37, Ibidem
[24] Art. 39 Ibidem.
[25] Art. 40 Ibidem.
[26] Art. 41 Ibidem.
[27] Sentencia C-370 de 2006
[28] Sentencia T-045 de 2010
[29] Se pueden observar entre otras las sentencias T-025 de 2004, T-045 de 2010, T-1094 de 2007, entre otras.
[30] Sentencia T-1094 de 2007.
[32] Sentencia T-1134 de 2008.
[33] Sentencia C- 936 de 2010.
[34] Art. 26 C.P. “Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
[39] Sentencia T-969 de 2009.
[40] Se pueden observar las Sentencias C-196 de 1999, C-393 de 2006 y C-884 de 2007.
[41] Sentencia C-398 de 2011.
[42] Corte Constitucional, Sentencia C-177 de 1993. También pueden consultarse, entre muchas otras, las Sentencias T-408 de 1992, T-610 de 1992, C-540 de 1993, C-377 de 1994, C-619 de 1996, C-505 de 2001 y C-1213 de 2001.
[43] Corte Constitucional, Sentencia C-002 de 1993.
[44] Sentencia C-002 de 1993.
[45] Cfr. Sentencia C-212 de 2007 y Sentencia C-190 de 1996.
[47] Sentencia C-819 de 2010.
[49] Sentencia T-1143 de 2003
[50] Se hace referencia al Decreto de 1971 debido a que de la lectura del artículo 112 de la ley 1123 de 2007 , que establece la vigencia y derogatorias , se determina que se deroga en lo pertinente el Decreto 196 de 1971. Art. 112 Ley 1123 de 2007. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente código entrará a regir cuatro (4) meses después de su promulgación y deroga en lo pertinente el Decreto 196 de 1971, el artículo 13 del Decreto 1137 de 1971, la Ley 20 de 1972, y demás normas que le sean contrarias
[51] Art. 28 ley 1123 de 2007.
[53] Art. 34, ley 1123 de 2007.
[54] Art. 35, ley 1123 de 2007.
[55] Sentencia T-1143 de 2003.
[57] Sentencia T-1143 de 2003
[58] Al respecto se pueden observar las Sentencias C-431 de 2010, C-643 de 2011, C-748 de 2009, C-106 de 2004; entre otras.
[61] Sentencia C-663 de 2009. Se pueden observar igualmente las Sentencias C-093 de 2001 y la C-673 de 2001.
[63] Folios 211 a 284 del expediente. Entre otros: “Mafia de abogados tramita ayudas para desplazados y luego se quedan con el 20 y hasta el 100% de ellas” El Tiempo, 5 de abril 2009; “Aviones ofrecen ayuda a desplazados” Revista Semana Noviembre 9 de 2008; “ Abogados engañan a víctimas del Conflicto armado denuncia Ministerio de Justicia” WRadio.com.co febrero 21 de 2012; “Víctimas de la toma a las Delicias denuncian abusos de los abogados” El Espectador.com.co Octubre 14 de 2011; “Piden Reglamentar la ley de víctimas para que abogados no reciban dineros de los beneficiados” Caracol Radio, Junio 12 de 2011; “Avivatos están buscando provecho de la ley de víctimas” El Tiempo Septiembre 8 de 2011; “Mafias de Abogados están tras millonarias demandas de desplazados, dice el Gobierno” Caracol Radio Junio de 2010; “Denuncian Cartel de Abogados,” El periódico.com.co Febrero 23 de 2012; “Cazadores de Fortunas” Revista Dinero Agosto 5 de 2011; “Abogados engañan a víctimas con prácticas inescrupulosas” El Nuevo Siglo Septiembre 19 de 2011; “ Investigan a abogados que estarían tras manipulación de ley de víctimas” El Espectador Septiembre 19 de 2011; “Denuncian excesos de abogados de víctimas de toma de las Delicias” Noticiero la FM, Octubre 14 de 2011; “Abogados pretendían apropiarse de indemnizaciones de afectados de masacre de las Delicias” RCN Radio Octubre 14 de 2011; “Denuncian que abogados cobran el 60 por ciento en indemnización por toma de las Delicias” Noticias RCN, Octubre de 2011; “Quien dijo víctimas” El Tiempo Febrero 27 de 2012.
[67] Sentencia C-186 de 2011. Al respecto se pueden observar también las sentencias C-254 de 1995 y la Sentencia T- 1001 de 2000, entre otras.