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Timestamp: 2019-02-18 18:56:57
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Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 33', 'Artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 30', 'Artículo 35']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-466
Documento BOE-A-2019-466
«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2019, páginas 3206 a 3242 (37 págs.)
BOE-A-2019-466
https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2018/11/08/14
Artículo 14. Acceso a los espacios y terrenos afectados por las actuaciones de localización, delimitación, exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas.
Artículo 33. Incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la memoria democrática.
Artículo 39. Colaboración en investigación y divulgación de la memoria democrática de Aragón.
Disposición adicional primera. Reconocimiento y restitución personal por actuación de órganos penales o administrativos.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón.
Esta ley se enmarca en el conjunto de principios redactados por la Organización de las Naciones Unidas para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. En su principio 2 (Derecho a la verdad) se dice que «Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes». Acorde con este derecho de memoria, el principio 3 (Deber de recordar) establece que «El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones». Estas medidas deben encaminarse a «preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas».
Especialmente cruel fue el castigo ejercido sobre sectores vulnerables de la población, como las mujeres, los homosexuales o los hijos e hijas de quienes perdieron la guerra. El ricino, el rapamiento y la violación son las categorías más reconocibles de la humillación y la violencia ejercida específicamente contra las mujeres. Las humillaciones y las vejaciones se ejercieron con profusión contra mujeres por ser «viuda» o «mujer de rojo», y también contra los homosexuales. El castigo y el menosprecio por el valor de la infancia en el caso de los hijos e hijas de quienes perdieron la guerra se manifestó con brutalidad en el encarcelamiento de niños y niñas, y en la estigmatización social en contextos como el educativo, que sancionó una profunda represión psicológica sobre la infancia con castigos brutales a las formas, capacidades y ritmos diversos de desarrollo personal (personas zurdas, con capacidades diferentes, con disfemia...), y que truncó el normal desarrollo emocional de generaciones enteras de españolas y españoles durante décadas.
Cabe decir, en primer lugar, que los crímenes cometidos por el Estado franquista, condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39 de 12 de diciembre de 1946 como fascista y, por lo tanto, ilegal, están claramente definidos por el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 8 de agosto de 1945 como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, los cuales son crímenes imprescriptibles y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o similares.
Pese a que el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950, ratificado por España en 1979, señala en su artículo 7.2 que «no se impedirá el juicio o condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de la comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas», lo cierto es que nada se ha hecho para enjuiciar a los victimarios responsables de crímenes que, con arreglo a la legislación penal internacional, se cometieron durante la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Para evitar esta impunidad sería conveniente que el Gobierno de España ratificase la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968, que insta a los Estados firmantes a la persecución y castigo de dichos crímenes.
En línea con lo anterior, la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005, en su punto 10.3.3; califica las desapariciones de personas como «un crimen permanente mientras los autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida y los hechos permanezcan sin aclarar», y, consecuentemente, se declara «la no aplicación de la prescripción a las desapariciones forzadas», cuestiones estas a las que debería darse una respuesta política y judicial desde las instituciones españolas.
En lo referente a las conclusiones del Comité contra la Tortura de la ONU de 19 de noviembre de 2009, figura la exigencia al Gobierno de España para que «las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía». Y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009, recordaba, en su artículo 5.º, que la práctica generalizada y sistemática de este delito constituye un crimen de lesa humanidad y, consecuentemente, resulta jurídicamente imprescriptible y no amnistiable.
Más recientemente, en septiembre de 2013, el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU emitió un informe tras girar visita a España, publicado el 2 de julio de 2014, en el que expresaba su preocupación por la situación de desamparo en que estaban sumidas las víctimas del franquismo, planteando cuarenta y tres exigencias para reparar lo que calificó de «gravísimas negligencias» en esta materia e instando al Estado español a asumir su responsabilidad para adoptar las medidas necesarias, «legislativas y judiciales», para asegurar «que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto a la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales».
En Aragón se puso en marcha en el año 2004 el proyecto «Amarga Memoria», impulsado desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a partir del cual se iniciaron las primeras actuaciones en materia de políticas públicas de memoria en la Comunidad Autónoma. Dicho proyecto recibió un fuerte impulso político y presupuestario tras la aprobación de la proposición no de ley 88/2006, de 31 de mayo, y, de este modo, el Gobierno de Aragón, durante el período 2007-2011, realizó diversas actuaciones en temas tales como la adecuación de enclaves militares de la guerra civil en Aragón, fosas comunes, identificación e investigación de la documentación aragonesa existente en archivos estatales, edición de obras impresas, audiovisuales y digitales, realización de exposiciones y congresos o presencia en actos de homenaje en campos como Gurs o Mauthausen. Para ello concedió subvenciones a las entidades memorialistas.
En el año 2016, las Cortes de Aragón han emitido la más clara iniciativa parlamentaria a través de la proposición no de ley 285/16, condenando el «golpe de Estado» que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el «régimen de dictadura militar» implementado posteriormente, instando al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía, y a que desarrolle los trabajos pertinentes para la aprobación de una «ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, y de dignificación de las fosas comunes».
El artículo 22 del Estatuto de Autonomía impone a los poderes públicos aragoneses el deber de «conservación, conocimiento y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico de Aragón, su recuperación y enriquecimiento».
En su artículo 30, el Estatuto de Autonomía señala que «los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de los valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia», y que «facilitarán la protección social de las víctimas de la violencia».
El título segundo hace referencia a las manifestaciones diversas de la memoria democrática. En el primer capítulo se establece que el Gobierno de Aragón deberá abordar el fenómeno de las exhumaciones en fosas para recuperar e identificar los restos de víctimas desaparecidas. Para ello, se actualizará el mapa de fosas, se aprobará un reglamento que contendrá el Protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la guerra civil y del franquismo, que se basará en el Protocolo de exhumación de restos humanos relacionados con la guerra civil dentro del proyecto «Amarga Memoria», y se creará un depósito de ADN homologado con otras bases de datos similares de las administraciones públicas para poder intercambiar datos en procesos de identificación de solicitantes y víctimas. El capítulo segundo relativo al derecho de las víctimas a la justicia, establece la elaboración de un protocolo de puesta en conocimiento por indicios de la comisión de delitos; la disposición de acciones procesales por la Comunidad Autónoma cuando se aprecien indicios de comisión de delitos con ocasión de las localizaciones e identificaciones y la efectividad del derecho de información y asistencia a las víctimas y sus familiares. En el tercer capítulo se abordan los lugares y rutas vinculados a la memoria democrática de Aragón, estableciéndose el grado de protección pertinente de los lugares y rutas de memoria democrática de Aragón, adecuando su gestión a la legislación de patrimonio cultural de Aragón; se crea el Inventario de lugares y rutas de memoria democrática de Aragón, se regula la inscripción de los lugares en el mismo y se establecen los medios para su identificación, señalización, interpretación y difusión. En el cuarto capítulo se aborda el tratamiento de la información que recogen los documentos de memoria democrática y el compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar la creación de un Centro de investigación de la memoria democrática de Aragón, cuya función más específica será la elaboración del Censo de memoria democrática en Aragón en los términos que reglamentariamente se determinen. El capítulo quinto se ocupa del fomento del movimiento memorialístico y de la formación de la ciudadanía en memoria democrática, estableciendo la creación de un Registro de entidades de memoria democrática de Aragón y garantizando el acceso a una información veraz y rigurosa sobre ella en los diversos ciclos formativos del alumnado, así como disponiendo medios para la formación del profesorado en esta materia y la generación de contenidos y actividades adecuados. El capítulo sexto promueve la difusión de la memoria democrática a través de los distintos medios y plataformas de comunicación que gestiona o en los que participa el Gobierno de Aragón. El capítulo séptimo aborda los símbolos y actos contrarios a la memoria democrática, delimitando su configuración y estableciendo el procedimiento para su retirada del espacio público por parte de las administraciones según lo estipula la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en aras a la prevención y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o en homenaje del franquismo o sus responsables.
l) Víctimas: las aragonesas y aragoneses que por razón de su compromiso con los derechos y las libertades en el ámbito de la memoria democrática perdieron la vida o que, de conformidad con la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005, hayan sufrido daños individual o colectivamente, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violen las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el período que abarca la guerra civil y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978. Asimismo, y en los mismos supuestos, tendrán la consideración de víctimas las personas con origen no aragonés que en el citado período hayan sufrido daños en el territorio de la Comunidad Autónoma.
De la reparación y el reconocimiento de las víctimas
El Gobierno de Aragón impulsará, mediando las investigaciones pertinentes, las actuaciones para que las organizaciones o empresas que probadamente utilizaron los trabajos forzados en su beneficio adopten medidas de reconocimiento y reparación a las víctimas, así como la señalización de los lugares directamente relacionados con los trabajos forzados, de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido.
1. El Gobierno de Aragón, en coordinación con el ordenamiento jurídico estatal, aprobará un Reglamento complementario que contendrá el Protocolo de exhumación, identificación genética y dignificación para fosas y enterramientos clandestinos de la guerra civil y del franquismo, que se basará en el Protocolo de exhumación de restos humanos relacionados con la guerra civil dentro del proyecto «Amarga Memoria». Dicho Protocolo contemplará las actuaciones que habrán de realizarse por la Administración de la Comunidad Autónoma y por otras entidades y organizaciones públicas o privadas, en especial por entidades memorialistas y familiares directos de las víctimas.
Lugares y rutas de memoria democrática de Aragón
Participación y formación de la ciudadanía en la memoria democrática
Símbolos y actos contrarios a la memoria democrática
«Artículo 35. Información sobre violencia y represión durante la guerra civil y el franquismo.
«g) Lugar de la memoria democrática de Aragón, que es aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo significado histórico sea relevante para la explicación del pasado de Aragón en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia frente a la intolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Segunda República española, la guerra civil y la dictadura franquista. Estos espacios podrán incluir ateneos, escuelas, centros sociales y culturales vinculados con la sociabilidad y la cultura republicanas, así como, en relación con la guerra y la dictadura franquista, obras de fortificación, vestigios de combates, fosas, lugares de detención e internamiento, obras realizadas con trabajos forzados, espacios de acción guerrillera antifranquista, así como cualquier otro tipo de espacio significativo o conmemorativo, tales como las maternidades en las que se cometieron los actos contra la dignidad de los bebés robados.»
«d) Coordinar las actuaciones archivísticas que se derivan de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática y elaborar instrumentos de referencia (guías de fuentes, inventarios, etc.) y protocolos de información y asesoramiento dirigidos a investigadores, asociaciones, familias de las víctimas y ciudadanos en general.
e) Coordinar el Sistema Aragonés de Información de Archivos, que incluirá el buscador de Documentos y Archivos de Aragón (DARA) y, dentro de este, al menos, el buscador monográfico de memoria democrática.»
Zaragoza, 8 de noviembre de 2018.–El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» número 226, de 22 de noviembre de 2018)
Publicada en el BOA núm. 226, de 22 de noviembre de 2018.
el art. 35 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, (Ref. BOE-A-2015-5332).
el art. 12.2.B) de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, (Ref. BOE-A-1999-8270).
el art. 20 de la Ley 6/1986, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-1986-32792).