Source: http://margencultural.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-26 03:57:51
Document Index: 208068115

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 197', 'Artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 27', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 133']

MARGENCULTURAL: febrero 2010
Comunicado de prensa de la Corte Constitucional Colombiana: No a referendo reeleccionista
1. Texto de la ley objeto de revisión. Ley 1354 de 2009[1] (septiembre 8) Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Artículo 1o. El inciso 1o del artículo 197 de la Constitución Política quedará así: “Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”. Aprueba usted el anterior inciso. Sí: ( ) No: ( ) Voto en Blanco: ( ) Artículo 2o. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación. 2. Fundamento de la decisión. 2.1. Control constitucional: alcance de la competencia y parámetro de control. En ejercicio de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional realizar el control automático de una ley convocatoria a un referendo constitucional, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución Política. Al abordar el examen de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional señala el alcance de su competencia, abocando el estudio tanto del procedimiento de formación de la norma legal en el Congreso de la República como del trámite mismo de la iniciativa legislativa ciudadana. Así, el parámetro normativo para el ejercicio del control de constitucionalidad se halla conformado por los preceptos constitucionales, la Ley 134 de 1994 (Ley estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudadana), la Ley 130 de 1994 (Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos) y las normas legales orgánicas regulatorias del proceso legislativo (Ley 5 de 1992). Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución, insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia para reformar la Constitución, mas no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por exceso en el ejercicio del poder reformatorio. 2.2. Principio democrático y formas. Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático. 2.3. Vicios en el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana. Al examinar el trámite de la iniciativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 20 09, la Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema democrático, a saber: la transparencia y el pluralismo político del elector consagrados en los artículos 1, 155, 374 constitucionales y en los artículos 24, 27, 97 y 98 de la Ley 134 de 1994. (i) En primer término, una organización ajena a la iniciativa -la Asociación Primero Colombia- adelantó gestiones propias de un Comité de Promotores desconociendo los mandatos del legislador estatutario, y en últimas, principios constitucionales. Desde la conformación misma del Comité de Promotores, la Asociación tuvo a su cargo dos labores fundamentales en el manejo de la campaña a favor del referendo: (i) la contabilidad; y (ii) el “manejo de los fondos”. Con apoyo en tan imprecisas tareas, la Asociación Colombia Primero recaudó y administró importantes aportes económicos para financiar la campaña de recolección de apoyos ciudadanos para referendo, recursos que fueron trasladados al Comité de Promotores mediante un contrato de mutuo. Resulta evidente la existencia de unidad de gestión y administrativa, entre el Comité de Promotores de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asociación Colombia Primero, dato relevante al momento de examinar la transparencia del proceso de financiación de la campaña de recolección de apoyos ciudadanos, y por supuesto, la vulneración de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación y de la Constitución Política. Se concluyó, por lo tanto, que el Comité de Promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular, que siempre controló, para adelantar labores que según la ley le eran propias; en concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de los apoyos ciudadanos conducentes al trámite de una reforma constitucional. (ii) Igualmente se estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis (6) veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral; a eso se añade que recibió aportes individuales superiores hasta casi treinta (30) veces lo permitido, contribuciones éstas realizadas a una organización no facultada para ello por el legislador estatutario, como la Asociación Colombia Primero. Estas actuaciones además de suponer una trasgresión de los mandatos de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (artículos 97 y 98), vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional. 2.4. Vicios en el procedimiento legislativo. (i) Estos vicios que tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana tuvieron a su vez incidencia en el procedimiento legislativo pues el trámite ante el Congreso de la república de la Ley 1354 de 2009 comenzó sin que fuera adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, el cumplimiento de los topes globales e individuales de financiación. La ausencia de esta certificación inhibe la iniciación del trámite legislativo y vicia la constitucionalidad de todo el procedimiento adelantado ante el Congreso de la República. (ii) Un segundo vicio del procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana apoyada por el 14.59% del censo electoral, que tuvo lugar durante el tercer debate, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado . Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al Pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería a una reelección mediata o por período interpuesto. Consideró la Corte que con una modificación de esta envergadura el Congreso, constitucionalmente privado de iniciativa legislativa en materia de referendos constitucionales, excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la función legislativa que surge de la iniciativa ciudadana, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009. Con ello se introdujo un cambio sustancial al proyecto que vulneró, a su vez, el principio de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo, al presentarse una vez transcurridos los debates ante la Cámara de Representantes, de modo que el texto finalmente aprobado únicamente fue objeto de dos debates, los realizados en comisión primera y en la plenaria del Senado. A consecuencia de lo anterior, no era posible someter el desacuerdo entre los textos aprobados por cada cámara a la comisión de conciliación, órgano interno que no tiene competencia para reemplazar ninguna de las instancias previstas para la realización de los cuatro debates. (iii) Del análisis de las circunstancias fácticas relacionadas con la publicación del decreto 4742 de 2008, mediante el cual se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la República se desprende que la plenaria de la Cámara de Representantes se reunió cuando ese Decreto aún no había sido publicado en el Diario Oficial. En este escenario, la Corte concluye que el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, a las 0:05 a.m. d el 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico que autorizara su reunión en sesiones extraordinarias. De hecho, sólo se presentó este soporte a los 18:20 minutos del 17 de diciembre de 2009, cuando finalizó el proceso de elaboración del Diario Oficial. (iv) La Corte constata que a la cadena de irregularidades que constituyen vicios de inconstitucionalidad, se suma el hecho de que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron en contra de las directivas internas suscritas y aprobadas por ellos. Esta situación conlleva a desconocer el artículo 108, norma con eficacia jurídica directa que ordena que los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellos como bancadas. Independientemente de las consideraciones de carácter subjetivo sobre debido proceso, que deben respetarse, desde una dimensión objetiva relativa a la racionalidad política del Congreso de la República, la consecuencia de la infracción directa de la Constitución genera la invalidez de los votos proferidos en contra de la norma constitucional expresa. Así, un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución en los términos no sólo del artículo 108, sino también del artículo 133. (v) En relación con los posibles vicios competenciales o de exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional, la Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial trazada desde el 2003 bajo la denominación de la teoría de la sustitución, reiterando que a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen. Respecto de la ley 1353 de 2009, encontró la Corte que desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes. 3. Conclusión. Los vicios de trámite referidos, los cuales tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana y durante el procedimiento legislativo que culminó con la expedición de la Ley 1354 de 2009, suponen el desconocimiento de importantes principios constitucionales y de los procedimientos formales previstos por la Constitución y la ley para la convocatoria de un referendo de iniciativa popular reformatorio de la Constitución. No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien. 4. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve: Declarar INEXEQUIBLE en su totalidad, la Ley 1354 de 2009, “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”. 5. Consideraciones adicionales. Los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO Presidente Publicadas por
Columna de Angel Berges en el "Diario El País": Sentido común europeo
Aunque todavía en un estado muy embrionario, y pronto como para lanzar las campanas al vuelo, lo cierto es que las insinuaciones desde Alemania en el sentido de un inminente paquete de medidas de apoyo de los principales países europeos a Grecia sólo puede ser calificada como una excelente noticia, y desde luego saludada como altamente necesaria para señalizar el grado de cohesión en el seno de la Unión Europea (UE), restaurando unas dosis de "sentido común europeo" que parecían haberse perdido. A buen seguro que no faltarán detractores de la decisión que pueda adoptarse. Los sectores más puristas, argumentando que va en contra del principio básico de no bail out consagrado en el acuerdo de Maastricht, según el cual se prohíbe expresamente que las deudas de un país de la Unión Europea puedan ser asumidas por el resto de países.Los más "fundamentalistas", argumentando que con ello se da un mal ejemplo, al alimentar la sensación de que se pueden incumplir las normas básicas en cuanto a equilibrios fiscales, al asumir que siempre estará la institución europea al rescate.Ni una ni otra argumentación es suficiente, en mi opinión, para compensar una de mucho más calado, cual es la de garantizar la estabilidad de una Unión Monetaria cuya credibilidad venía cayendo en picado en las últimas semanas. Por otro lado, esos mismos argumentos de "quien la hace la paga", etcétera, son los que también se utilizaban en contra de los apoyos públicos al sistema bancario hace año y medio; y hoy podemos decir que seguimos vivos gracias a esos apoyos.Por otra parte, no cabe ninguna duda que el apoyo que finalmente se ponga en práctica no será gratuito -como tampoco lo han sido las ayudas públicas a la banca- y a buen seguro que Grecia será sometida a un intenso escrutinio de los mercados, en cuanto al cumplimiento de sus programas de reconducción de sus cuentas públicas.La decisión de apoyo cabe contextualizarla en el severo test que para el área euro estaba suponiendo el cuestionamiento de la capacidad de un país miembro para hacer frente a sus deudas, emitidas en la misma moneda que sus socios del club monetario, y cuya contaminación podía amenazar con una preocupante extensión a todos los países del club.De hecho, esa contaminación ya comenzó a propagarse a países con niveles de deuda similares a Grecia, como pueden ser Italia o Portugal, o incluso a países como España o Irlanda, cuyo nivel de deuda es mucho más reducido, pero a quienes los mercados han infligido un castigo excesivo.Pero no solo existe el riesgo de contaminación a países con endeudamiento elevado, o déficits públicos crecientes, sino que vía el sistema bancario pudiese afectar también a los países considerados modélicos en sus cuentas públicas.En este sentido, cabe resaltar que una buena parte de la deuda emitida por el tesoro griego se halla en manos de bancos alemanes, austriacos, etc. Esos bancos, cuya capacidad de generación de márgenes en su negocio tradicional es muy exigua, han hecho grandes beneficios en el año pasado, tomando dinero del Banco Central Europeo al 1%, y comprando bonos griegos con rentabilidades del 4%, 5%, o 6%, y que en caso de un impago de dicho país se verían en serias dificultades. Es por ello que, en la decisión de apoyo a Grecia, que parece haberse gestado en Alemania, no sólo cabe visualizar razones de solidaridad y cohesión europea, que sin duda las hay, sino también de evitar los riesgos de contaminación a su sistema bancario, máxime después del vértigo vivido en el último año y medio.Sólo basta recordar, en este sentido, cómo la crisis de las hipotecas subprime, gestada a más de 5.000 kilómetros de distancia, acabó afectando a la banca alemana, y europea en general, obligando a costosas intervenciones de apoyo público.Al fin y al cabo, esas son las ventajas e inconvenientes de una elevada interdependencia financiera en Europa que se enfrenta a una gran contradicción entre el federalismo fiscal y la rigidez monetaria. Está claro que en situaciones extremas, como la que Grecia ha vivido en las últimas semanas, el mencionado "sentido común europeo" aconseja saltar por encima de las mismas. Publicadas por
Comunicado de prensa de la Corte Constitucional Co...
Columna de Angel Berges en el "Diario El País": Se...