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Timestamp: 2019-11-16 01:50:58
Document Index: 118862879

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'in dubio', 'artículo 203', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'Artículo 51', 'Artículo 28']

Acuerdo y Sentencia 719/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 719/19
EXPEDIENTE: “TELECEL S.A. C/ RESOLUCIÓN N°127 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2015 DICTADA POR LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (SEDECO)”.
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los quince días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA y MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 468 de fecha 28 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENÍTEZ RIERA, RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo: La representante de la parte demandada, Abogada Felicita Argaña Bendlin, desistió expresamente del Recurso de Nulidad planteado, por lo que, se la debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponderán consecuencia tener por desistido este Recurso.
A SUS TURNOS LOS MINISTROS RAMÍREZ CANDIA y LLANES OCAMPOS, MANIFIESTAN que se adhieren al voto que antecede, por los mismas fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL Dr. BENÍTEZ RIERA PROSIGUIÓ DICIENDO: Que, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así observamos que EL Sr. Hipólito Ramón Galeano López denuncia a la firma Telecel S.A. por supuesta infracción a la ley N° 1334/98 por lo que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario tramitó dicha denuncia a raíz del expediente N°5102/15. En el marco del proceso se llevó a cabo una audiencia de conciliación entre las partes en fecha 8 de abril de 2015; llegando las partes a un acuerdo el cual consistió en que la firma Telecel S.A. se comprometió a entregar las facturas de servicio por los meses de noviembre y diciembre del año 2014 y enero, febrero, marzo, abril del año 2015 en un plazo de 10 días; aceptando el denunciante los términos de dicha propuesta. Ante el supuesto incumplimiento del acuerdo arribado por parte de Telecel S.A., la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario por resolución N° 127 de fecha 6 de mayo de 2015 (recurrida) sancionó a la empresa Telecel S.A. con multa de 100 jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la capital. Asimismo, ya en sede jurisdiccional, la firma Telecel S.A. se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Segunda Sala en fecha 16 de junio de 2015 (fs. 20/31) a promover demanda contencioso-administrativa contra la Resolución mencionada.
QUE, luego de los tramites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 468 de fecha 28 de noviembre del 2016, por el cual resolvió: “...1.- NO HACER LUGAR a la presente Demanda Contencioso Administrativa promovida en los autos caratulados “TELECEL S.A. contra Resolución N°127 de fecha 06 de mayo de 2015, dictada por la SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO)” y en consecuencia 2.-CONFIRMAR la Resolución N°127 de fecha 06 de mayo de 2015, dictada por la SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (SEDECO)...” e impuso las costas a la parte perdidosa...
QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Abogada Felicita Argaña Bendlin, en representación de la firma Telecel S.A., interpone y fundamenta el Recurso de Apelación bajo patrocino del abogado José Antonio Moreno Rodríguez (fs. 128/139), expresando cuanto sigue: “...la resolución impugnada fundamenta la sanción condenatoria en un supuesto incumplimiento - que negamos - a la conciliación realizada entre TELECEL S.A. y la denunciante, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto N° 21004/03. En virtud al artículo 16 referido, ante el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, el infractor es pasible de sanciones, las cuales se imponen “sin más trámite”. Sin embargo, cabe advertir que el procedimiento al que se refiere la norma “sin más trámite”, se encuentra implícitamente derogado por una nueva reglamentación, cual es el Decreto N°2.199/14, que rige para el ente administrativo del cual emana la resolución impugnada... En virtud a lo establecido en el artículo 16 del decreto N°2.199/14, previamente a cualquier sanción por (supuesta) infracción, deberá realizarse un sumario administrativo en el que deberán intervenir los interesados, o al menos deberá dárseles la oportunidad de hacerlo... ...La SEDECO ha aplicado un procedimiento sancionatorio sin darle intervención a la parte sancionada, violándose de esta manera su derecho a la defensa, uno de los derechos constitucionales más sagrados dentro de cualquier proceso. Además de ello, ha aplicado un procedimiento que se encontraba derogado, omitiendo la aplicación de la reglamentación vigente, evidenciándose una vez más la arbitrariedad de su actuar... ...El Tribunal de Cuentas, por medio de la resolución hoy recurrida, erróneamente antepuso el principio in dubio pro consumidor adoptado por la Ley N°1.334/98 antes que una norma constitucional. Más grave aún, resulta el hecho de que el principio es aplicado de manera incorrecta, debido a que no existieron cuestiones dudosas que ameriten la aplicación de la presunción adoptada por el articulado referido en este apartado...” (Sic.).
Asimismo al contestar el traslado corrídole, el abogado Juan Gerardo Almirón Ojeda, en represtentación de la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario ha expresado a fs. 143/147 cuanto sigue: “...La parte recurrente basa su pretensión de desacreditar el fallo recurrido, exclusivamente, en que se ha omitido la realización de un Sumario Administrativo, y que a raíz de dicha situación se produjeron las demás -supuestas- trasgresiones a normas constitucionales, como ser la defensa en juicio y la presunción de inocencia. Que, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario se basa exclusivamente en el Decreto N°21.004/03... ...la cual establece claramente que una vez realizado el reclamo por parte del consumidor ante la SEDECO, se remite la Nota de Reclamo solicitando informe al proveedor o empresa, si esta no contesta o en caso de no estar conforme el consumidor, se remite el expediente a la Dirección de Asuntos Jurídicos formando así un expediente de denuncia y por consiguiente el inicio de un Sumario Administrativo... ...Que, la firma TELECEL S.A. reconoce expresamente que no ha dado cumplimiento al acuerdo celebrado entre las partes, y así lo señala también el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, quienes expresan que la falta atribuida a la firma denunciada no es cuestionada ni negada por la demandante, según lo expresado en el escrito de inicio de la demanda...” (Sic.).
Ahora bien, lo que corresponde dilucidar a continuación es el objeto de la litis, el cual, según lo manifestado por las partes y lo observado en autos se concentra en analizar si existió o no cumplimiento por parte de la firma Telecel S.A. del acuerdo arribado entre las partes ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario por acta de conciliación N°85/15 de fecha 8 de abril de 2015 y la procedencia de la sanción aplicada por la autoridad administrativa.
Que, el representante de la firma Telecel S.A. se presentó a la audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, en la cual reconoció expresamente el error de no haber entregado las facturas pendientes de los meses de noviembre y diciembre de 2014, enero, febrero, marzo y abril de 2015. Asimismo, según las constancias de autos, no se ha probado la remisión de dichas facturas al Sr. Hipólito Ramón Galeano (denunciante ante la Sedeco) en el término de los diez (10) días como así lo propuso al momento de llevarse a cabo la audiencia de conciliación.
Que, se considera lo manifestado por la parte recurrente en el escrito de inicio de la demanda; referente a que en fecha 7 de mayo de 2015 se procedió a la entrega de las facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015; como el reconocimiento expreso del incumplimiento del acuerdo arribado por las partes ante la autoridad administrativa en atención a que, teniendo en cuenta los días hábiles, la fecha final para dar cumplimiento al mismo sería el 22 de abril de 2015, siendo el punto de partida la fecha del acta conciliación N°85/15 de fecha 8 de abril de 2015 en la cual se estableció el plazo de diez (10) días para el cumplimiento efectivo.
Que, el art. 16 del decreto N° 21004/03 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE PROCESOS SUMARIALES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR QUE SE TRAMITEN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR establece: “El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios constituye violación a los derechos de los consumidores contenidos en la Ley N°1.334/98. En tal caso, el infractor será pasible de las sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieren acordado. En tal sentido, si el obligado a cumplir con un acuerdo o convenio no lo hiciera, se le impondrá sin más trámite una sanción de hasta el máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomarán en cuenta los criterios que emplea la autoridad al emitir resoluciones finales, sin perjuicio del cumplimiento de lo acordado. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad podrá imponer una nueva multa...”. A raíz de éste, resulta claro que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario ha actuado conforme a sus facultades legales al dictar la resolución impugnada y es debido a esto que la misma resulta regular existiendo el presupuesto de hecho negado por la parte apelante consistente en la relación entre el incumplimiento de un acuerdo arribado por las partes y la consecuente sanción por ello. Cabe resaltar que no está en discusión la derogación del decreto N°21004/03; no es objeto de la presente Litis ya que se observa que en el acta de conciliación (firmada al pie por el representante de la recurrente) se apercibe a las partes que en caso de incumplimiento con el acuerdo arribado, serán pasible de ser sancionadas según lo establecido por el Art. 16 del Decreto N°21004/03. Es decir, desde un principio se advirtió la forma y las normativas aplicadas al proceso tramitado por lo que en esta instancia resulta inocuo referirse a ello.
En consecuencia, por lo precedentemente analizado y en base a las prescripciones legales citadas, corresponde No Hacer Lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Felicita Argaña Bendlin bajo patrocino del Abogado José Antonio Moreno Rodríguez, representantes de la firma Telecel S.A. y Confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 468 de fecha 28 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa (artículo 203 inc. a) del C.P.C.). ES MI VOTO.
A SU TURNO, el señor Ministro MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA, DIJO: disiento respetuosamente por los fundamentos que paso a exponer a continuación:
La cuestión a resolver versa sobre la legalidad o no de la Resolución N° 127 de fecha 06 de mayo de 2015, dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario -SEDECO.
La mencionada resolución resolvió: 1) MULTAR a la empresa TELECEL S.A. con la suma de Gs. 7.015.600, equivalente a 100 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas; 2) COMUNICAR a quienes corresponda.
Del análisis de la resolución impugnada se observa que el sustento jurídico se basó en lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto N° 21.004/03 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO PARA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCESOS SUMARIALES EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR QUE SE TRAMITEN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR”. Dicha norma disponía que: “El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios constituye violación a los derechos de los consumidores contenidos en la Ley N° 1.334/98. En tal caso, el infractor será pasible de sanciones establecidas en la presente, sin perjuicio del cumplimiento imperativo de las obligaciones que las partes hubieren acordado. En tal sentido, si el obligado a cumplir con un acuerdo o convenio no lo hiciera, se le impondrá sin más trámite una sanción de hasta un máximo de la multa permitida, para cuya graduación se tomarán en cuenta los criterios que emplea la autoridad al emitir resoluciones finales, sin perjuicio de cumplimiento de lo acordado. Si el obligado persiste en el incumplimiento, la autoridad podrá imponer una nueva multa duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última impuesta hasta que se cumpla con la medida impuesta y sin perjuicio de poder denunciar al responsable ante la autoridad competente para que ésta inicie el proceso penal que corresponda.(...)”
Ahora bien, el trámite vigente al momento de dictarse la resolución impugnada era el dispuesto en el artículo 16 del Decreto N° 2.199/14 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 4974/2013 “QUE CREA LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO” y no el utilizado por la SEDECO -artículo 16 del Decreto N° 21.004/03.
En ese sentido, el artículo 16 del Decreto N° 2.199/14 dispone: “Las sanciones por infracciones a las disposiciones de la Ley N° 1.334/1998 serán establecidas por Resolución de la SEDECO, previo sumario administrativo, con intervención de los interesados, de conformidad con el Artículo 51 de la citada norma, en concordancia con los Artículo 28 y 30 del Decreto N° 21.004/2003. El afectado podrá recurrir a la Resolución dictada ante el Tribunal de Cuentas del Poder Judicial en el perentorio plazo de 18 días a partir del día siguiente de recibida la notificación. La escala de multas será establecida mediante Resolución de la SEDECO según el jornal vigente.”
Esto se debe a que, al tratarse de normas especiales, que regulan el procedimiento administrativo ante la SEDECO, y que disponen trámites diferentes, es decir son normas antinómicas, debe prevalecer la norma posterior. La cual en el presente caso es la dispuesta en el Decreto N° 2.199 / 14 y no la establecida en el Decreto N°21.004/03. Así, la sanción impuesta a la firma TELECEL S.A. debió haber provenido de un sumario administrativo previo, con intervención de las partes interesadas, lo cual no se observó en el presente caso; motivo por el cual el acto administrativo impugnado debe ser anulado por no haber observado lo dispuesto en la norma reglamentaria vigente al momento del dictado de la resolución.
Por tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 468 de fecha 28 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
En el presente proceso, el acto administrativo impugnado fue declarado nulo por el Tribunal de Cuentas y confirmado por esta instancia, por lo que se configura su carácter de acto administrativo irregular y el Art. 106 de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone que “Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad, en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables.
A SU TURNO, la señora Ministra MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS, DIJO me adhiero al voto del Ministro preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos.
Asunción, 15 de octubre de 2019
1.- TENER POR DESISTIDO del Recurso de Nulidad a la Abogada Felicita Argaña Bendlin bajo patrocino del Abogado José Antonio Moreno Rodríguez en representación de Telecel S.A.
2.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Abogada Felicita Argaña Bendlin bajo patrocino del Abogado José Antonio Moreno Rodríguez representantes de la firma Telecel S.A. y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 468 de fecha 28 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.