Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-03245-de-agosto-28-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0a440bbc4a8c013ce0530a010151013c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-21 00:32:06
Document Index: 283183585

Matched Legal Cases: ['artículo 438', 'artículo 4', 'e contrario', 'artículo 56', 'artículo 16', 'artículo 49', 'artículo 863']

﻿ Sentencia 2003-03245 de agosto 28 de 2014
SENTENCIA 2003-03245 DE 28 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:COBRO DE LA TASA ESPECIAL POR LOS SERVICIOS ADUANEROS. LA SENTENCIA C-992 DEL 2001, QUE DECLARÓ INEXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 56 Y 57 DE LA LEY 633 DEL 2000, LOS CUALES CREARON LA TASA ESPECIAL POR SERVICIOS ADUANEROS (TESA), SURTIÓ EFECTOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU EXPEDICIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, PROCESO ADMINISTRATIVO, DIAN, TASA ESPECIAL POR SERVICIOS ADUANEROS, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2003-03245 de agosto 28 de 2014
Ref.: Exp. 760012331000200303245 01
Actor: Sociedad Johnson y Johnson de Colombia S.A.
Examen del recurso de apelación. Planteamiento del debate jurídico
Corresponde a la Sala, determinar si había lugar a acceder a la solicitud de liquidación oficial de corrección de las declaraciones de importación de la sociedad Johnson y Johnson de Colombia S.A. y, en consecuencia, a la devolución de los pagos realizados por la actora entre el 1º de abril de 2001 y el 18 de septiembre de 2001, por concepto de la tasa especial por servicios aduaneros TESA, creada mediante los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-992 de septiembre 19 de 2001.
La Sala en varias oportunidades se ha pronunciado sobre los mismos temas que ahora son objeto de apelación, motivo por el cual en la presente oportunidad se prohijaran y reiterarán las consideraciones expuestas en la Sentencia del 7 de febrero de 2013 radicación 76001-23-31-000-2005-00797-01 con ponencia de este mismo Despacho, fallo en el que se estableció lo siguiente:
“5.1. Devolución del valor pagado por la actora concepto de la tasa especial por servicios aduaneros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 200, declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-992 de 19 de septiembre de 2001.
Los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 disponían:
“ART. 56.—Tasa Especial por los servicios aduaneros. Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será equivalente al uno punto dos por ciento (1.2%) del valor FOB de los bienes objeto de importación.
Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.” (Negrilla fuera de texto)
Asimismo, el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000 «Por la cual reglamenta el Decreto 2685 de 1999» dispone que la Liquidación Oficial de Corrección procederá, a solicitud de parte en los siguientes casos:
“a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la Declaración de Importación y del Acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección.
b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso”.
Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos similares al referido en la demanda de la referencia, esto es, sobre acciones de nulidad y restablecimiento del derecho a través de las cuales se pretende que se declare la nulidad parcial de declaraciones de importación en las que se incluyó la liquidación de la tasa especial de servicios aduaneros declarada inexequible, mediante Sentencia C-992 de 2001.
En tales ocasiones, los demandantes alegaban que (i) a la luz del artículo 4º de la Constitución Política, los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 debían inaplicarse por ser manifiestamente contrarios a la Constitución, en tanto no establecían un servicio específico al cual se pudiera vincular el pago; que (ii) no podía hablarse de situación jurídica consolidada respecto de las declaraciones de importación en las que se liquidó la TESA, toda vez que estas eran susceptibles de corrección por la DIAN y, por ende, no se encontraban en firme; y que (iii) la Sentencia C-992 de 19 de septiembre 2001 surtía efectos a partir del día siguiente a la fecha en que fue proferida, es decir, a partir del 20 de septiembre de 2001.
Cada uno de los argumentos fue estudiado por esta Sala en sentencia de 13 de novi(1)e(2)m(3)br(4)e d(5)e 2008(6), providencia que se reitera en este caso, en vista de que los fundamentos jurídicos expuestos por el actual demandante son coincidentes.
Respecto de la excepción de inconstitucionalidad y la inexistencia de una situación jurídica consolidada, en la mencionada sentencia la Sala señaló lo siguiente:
De todas maneras, como la inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000 la fundamentó la Corte Constitucional en que la indeterminación de los servicios aduaneros prestados hace que ‘…la tasa por los servicios aduaneros se asimile a un impuesto sobre las importaciones’, lo cual constituye cosa juzgada, no entra la Sala a pronunciarse sobre dicho aspecto, como sí lo hace respecto de que tal fundamento no modifica en manera alguna los efectos hacia el futuro de dicha inexequibilidad ni la consecuente consolidación de las situaciones anteriores a ella, pues es la Corte Constitucional y no ninguna otra autoridad judicial o administrativa la competente para señalar que los efectos de sus fallos son hacia atrás o hacia el futuro.
Es importante destacar que pretender aplicar la excepción de inconstitucionalidad a una situación anterior consolidada cuando la norma objeto de tal excepción ya ha sido declarada inconstitucional con efectos hacia el futuro es simple y llanamente desconocer dichos efectos futuros, razón por la cual solo es posible aplicar una excepción de inconstitucionalidad con posterioridad a un fallo de inexequibilidad cuando se respeten los efectos fijados por la Corte en el respectivo fallo, máxime cuando tal excepción de inconstitucionalidad la plantea el administrado con posterioridad al fallo de inexequibilidad, como en el asunto que se examina, pues qué sentido tiene plantearla para un caso particular, cuando ya el organismo competente la declaró con efectos erga omnes y hacia el futuro”. (Subrayas fuera del texto)
“ Sin embargo, respecto de los pagos efectuado s por la actora por concepto de la TESA entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre de 2001, la Sala estima que se configuró el pago de lo no debido, si se tiene en cuenta que la misma Corte Constitucional fijó su posición respecto de cuándo sus fallos empiezan a producir efectos jurídicos, entre otras, en la Sentencia C- 973 de 7 de octubre de 2004, actor, Francisco José Vergara Carulla, Magistrado Ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil:
<<Esta Corporación en diversas oportunidades ha establecido que cuando en una sentencia no se ha modulado el alcance del fallo, los efectos jurídicos se producen a partir del día siguiente a la fecha en que la Corte ejerció, en el caso específico, la jurisdicción de que está investida, esto es, ‘a partir del día siguiente a aquél en que tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad y no a partir de la fecha en que se suscribe el texto que a ella corresponde o el de su notificación o ejecutoria’. En aras de salvaguardar la integridad y supremacía del Texto Constitucional y de asegurar la vigencia de la garantía fundamental de la seguridad jurídica, concluye, por una parte, que las sentencias de constitucionalidad producen efectos desde el día siguiente a su adopción, siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios adoptados por esta Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56), y por el otro, sujeta las instituciones de la notificación y el término de ejecutoria contados a partir de la desfijación del edicto (Decreto 2067 de 1991, artículo 16), para delimitar el plazo dentro del cual los ciudadanos pueden interponer el incidente de nulidad contra el fallo de constitucionalidad por vulnerar el debido proceso (Decreto 2067 de 1991, artículo 49)”(7).
Cotejados los apartes de la citada Sentencia C-992 de septiembre 19 de 2001 para el caso en estudio, se tiene que al encontrarse vigentes los artículos 56 y 57 de la Ley 633 del 2000 para la fecha de la presentación de las declaraciones de importación de 1º de abril al 18 de septiembre de 2001, sobre las cuales la actora pagó la TESA y que al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo que declaró la inexequibilidad de dichos preceptos, la Sala confirmará la sentencia apelada, teniendo en cuenta que según la Corte Constitucional, los efectos de la Sentencia C-992 se produjeron a partir del día siguiente de su expedición, es decir, a partir del 20 de septiembre de 2001, tal y como lo reconoció el fallo apelado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En cuanto al restablecimiento del derecho, la Sala ordenará a la DIAN devolver el valor pagado por la actora por concepto de la TESA sobre las declaraciones de importación presentadas entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2001, junto con los intereses a los que hacen referencia los artículos 557 y 863 del Estatuto Tributario, teniendo como base la suma de dinero por concepto de la TESA liquidada en las diecinueve (19) declaraciones de importación acertadamente relacionadas en la providencia apelada.
El tenor de los artículos 557 y 863 del Estatuto Tributario señalan:
“ART. 557.—Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales y previa solicitud de interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones correspondientes dentro del Presupuesto General de la Nación, conforme a lo previsto en los artículos 863 y 864 del Estatuto Tributario”.
“ART. 863.—Intereses a favor del contribuyente. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:
Se causan intereses moratorios, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha de giro del cheque, emisión del título o consignación. (…).” (Negrilla fuera de texto)
Cabe advertir acerca de los intereses moratorios de que trata el inciso 3º del artículo 863 del Estatuto Tributario, que comoquiera que la devolución de saldos tiene lugar en virtud de la declaratoria de nulidad parcial de los actos administrativos que negaron la solicitud oficial de corrección, la Sala otorgará el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, para que la DIAN proceda a la devolución de las sumas de dinero antes referidas. Si dentro de dicho término el desembolso no se lleva cabo, deberá pagar intereses moratorios hasta tanto el pago se haga efectivo.
En virtud de las anteriores consideraciones, lo procedente será confirmar el fallo apelado en su integridad, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
1. CONFIRMASE EN SU INTEGRIDAD la sentencia de mayo 18 de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
6 M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente Nº 2003-00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation, Esta providencia fue reiterada en la sentencia de 26 de noviembre de 2009, M.P. María Claudia Rojas Lasso (E), Expediente Nº 2003-03958, Actor: HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.
7 Providencia de 13 de noviembre de 2008. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente Nº 2003-00805. Actor: Pharmacia Inter American Corporation.