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Timestamp: 2018-05-27 09:53:44
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© Tirant lo Blanch, 2005
DERECHO CIVIL, Volumen II, para acceso a las carreras Judicial y Fiscal,
[Francisco de P. Blasco y otros]
Acuerdo de 8 de mayo de 2006, de la Comisión de Selección, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Juez y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.
Tema de nueva redacción:
Tema 42º. La responsabilidad patrimonial del deudor. La acción subrogatoria. La acción revocatoria o pauliana. El derecho de retención. La prelación extraconcursal de créditos.
TEMA 42º
I.LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEUDOR
La garantía genérica que representa el principio de responsabilidad patrimonial universal reconocido en el artículo 1911 CC, según el cual el deudor responde del cumplimiento de las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, puede ser insuficiente para tutelar debidamente el cumplimiento de la obligación. Por ello, la ley establece medios especiales de tutela y garantía del crédito dirigidos, en unos casos, a reforzar el estímulo del cumplimiento voluntario de la obligación y para asegurar, en otros casos, su cumplimiento forzoso.
En términos generales, estos medios de estímulo y aseguramiento (señala Ruggiero) se dividen en tres categorías: a) derechos de garantía; b) medidas conservativas y; c) medidas ejecutivas.
Los derechos de garantía, se dirigen a reforzar el vínculo obligatorio y asegurar al acreedor el exacto cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una garantía real o personal u otorgando al crédito una preferencia con respecto a los demás.
Las medidas conservativas conceden al acreedor ciertos poderes jurídicos, a modo de control del patrimonio del deudor, para procurar su integración o evitar su dispersión.
Las medidas ejecutivas tienen por objeto realizar el crédito cuando, siendo insolvente el deudor, deba desenvolver su eficacia práctica aquella necesitas que constituye la íntima esencia del vínculo obligatorio.
Una de las medidas conservativas consiste en conceder al acreedor la posibilidad de integrar el patrimonio del deudor bienes o valores que éste le son debidos: es la acción subrogatoria. Otra, concede al acreedor la posibilidad de evitar que salgan del patrimonio del deudor bienes o valores integrados en el mismo: es la acción revocatoria o pauliana.
Ambas se hallan previstas en el artículo 1111 CC al disponer que “los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de esté con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.
El fundamento y la finalidad de una y otra es común, coincidiendo también en su carácter subsidiario.
Junto a estas acciones, en el ordenamiento jurídico se reconocen otras medidas conservativas, tales como la pérdida del plazo en caso de insolvencia del deudor (art. 1129.1º CC), así como las medidas cautelares reguladas en los arts. 721 y ss LEC.
II. LA ACCIÓN SUBROGATORIA
1. La acción subrogatoria
Es la regulada en el inciso primero del citado artículo 1111 CC, y según Díez Picazo, es un poder de los acreedores para ejercitar derechos y acciones de su deudor que, inactivo, deja por ello de aumentar su patrimonio frustrando la satisfacción de aquéllos.
Aparte de su carácter subsidiario, unánimemente reconocido, se discute sobre la esencia de esta acción, pues unos autores la consideran como una acción de mera conservación del patrimonio, mientras otros, como Díez Picazo, le atribuyen una función puramente ejecutiva, no faltando tratadistas, como Puig Peña, que le conceden un carácter mixto, entre conservativo y ejecutivo.
Como dice Montés, en la actualidad predomina la denominada teoría de la función mixta, según la cual la acción subrogatoria es algo más que conservativa y algo menos que ejecutiva.
Desde la perspectiva procesal, las tesis han oscilado desde estimarla como un caso de representación en interés propio (Ruggiero), hasta los que ven en ella un supuesto de sustitución procesal (Díaz Pairó).
Que el acreedor -que se subroga- sea titular de un crédito exigible contra el deudor -subrogado-.
La acción debe ejercitarse con carácter subsidiario, lo que, a su vez, supone lo siguiente:
Previamente se ha de haber perseguido por el acreedor los bienes del deudor, tal como se desprende del artículo 1111 CC.
Que una vez perseguidos los bienes del deudor resulte que bien no los tenga o los tenga en cantidad suficiente para satisfacer el crédito del acreedor.
Que el acreedor no tenga otros medios para lograr la satisfacción del crédito.
Que los derechos y acciones que el deudor tenga contra terceros sean susceptibles de ejercitarse sustitutivamente por el acreedor. Así lo impone el artículo 1111 CC cuando exceptúa los que sean “inherentes a su persona”.
Albaladejo y Castán afirman que por tales derechos inherentes a la persona deben entenderse: 1º) los que no tengan carácter patrimonial; 2º) los que aún teniendo un valor pecuniario requiera para su ejercicio una apreciación personalísima, de orden ético y puramente subjetivo del deudor.
Si prospera la acción, y pese a su denominación de subrogatoria, el acreedor no se subroga en lugar del deudor inactivo, sino que los bienes ingresan en el patrimonio de éste y continúan perteneciéndole mientras el acreedor no los trabe y realice.
La opinión mayoritaria estima que el acreedor que ha ejercitado la acción ni se beneficia exclusivamente de la misma, ni adquiere preferencia respecto de los bienes en cuestión frente a los demás acreedores. Ahora bien, el acreedor que ha conseguido que determinados bienes entren en el patrimonio del deudor a través de la acción subrogatoria, lo que sí podrá es exigir a los demás acreedores que contribuyan a los gastos que le haya supuesto el procedimiento.
Debemos hacer una referencia a la denominada acción directa. En contraposición con la oblicua o indirecta regulada en el art. 1111 CC, esta acción directa, en cuya virtud el acreedor puede reclamar directamente y en su propio nombre al deudor para obtener la satisfacción de su crédito, en los casos que así está permitido.
Por algún sector doctrinal se pretende la generalización de esta acción, alegando la simplificación de muchos de los problemas que comportan las acciones contenidas en el art. 1111 CC.
Supuestos contemplados de acción directa son los siguientes:
El mandante contra el sustituto (art. 1722 CC).
El arrendatario contra el subarrendatario (art. 1552 CC).
El de los propietarios de los materiales y trabajo en una obra ajustada alzadamente contra el dueño de la obra (art. 1597 CC).
El de los acreedores del enfiteuta (art. 1650 CC).
El de la facultad de hacer valer la prescripción por los acreedores o interesados (art. 1937 CC).
III. LA ACCIÓN PAULIANA
La acción pauliana es una acción de carácter general que permite a los acreedores atacar los actos fraudulentos del deudor.
Como señalan Castán y Díez Picazo, el origen de esta acción se ha querido encontrar en una serie de figuras del Derecho Romano (interdictum frudatotium, restitutio in integrum ob fraudem y la actio ex delicto), si bien hoy día se afianza la tesis de aquellos que defienden que la acción pauliana no fue conocida por el derecho romano y que su nacimiento se produjo en el derecho intermedio.
En nuestro derecho ya se recogió en Las Partidas, contemplándose en la actualidad en el artículo 1111 CC in fine: “los acreedores ... pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho”.
Esta regulación se ve completada por los artículos 1291 a 1299 CC que regulan la acción rescisoria, así como en otros preceptos del Código y de la Ley Hipotecaria.
Según la generalidad de la doctrina la acción pauliana es:
Una acción personal, que puede ser promovida contra terceros participantes en el fraude.
Una acción subsidiaria, tal como se desprende de los arts. 1291.3º y 1294 CC, que solo es utilizable cuando el acreedor carezca de otro medio para satisfacer su crédito.
Es una acción rescisoria y no de nulidad.
El sujeto activo es el acreedor cuyo crédito debe ser protegido, es decir, como dice Díez Picazo, lo será aquel acreedor provisto de un auténtico derecho de crédito. Quedan excluidos los acreedores cuyos créditos se encuentran garantizados suficientemente, pues los actos del deudor no les perjudican. Aunque el CC en el art. 1111 habla en plural “acreedores” no parece que sea necesario que todos actúen colectivamente, sino que cualquiera de ellos puede por si sólo ejercitar la acción.
El sujeto pasivo es el deudor que ha realizado el acto fraudulentamente que se pretende impugnar, así como los terceros de mala fe que hayan adquirido bienes a consecuencia del tal acto.
El objeto de la acción podría aparecer confuso, pues mientras el art. 1111 CC habla de actos en general, el artículo 1291 se refiere a los contratos y el artículo 1297 alude a la enajenación de bienes.
La doctrina prefiere la amplia dicción del artículo 1111 y considera rescindible cualquier tipo de acto fraudulento.
Los actos han de ser posteriores al nacimiento del crédito, pues si fueran anteriores, la obligación habría nacido con la garantía disminuida pues los bienes ya no estaban en el patrimonio del deudor para responder de la misma, y difícilmente se podría dar fraude sobre un derecho inexistente.
La doctrina y la jurisprudencia señalan como principales requisitos de la acción revocatoria o pauliana, los siguientes:
Que exista un auténtico crédito a favor del acreedor
Que el deudor haya realizado un acto de disposición con el ánimo de obtener un beneficio.
Que se produzca un perjuicio al acreedor como consecuencia del acto del deudor (eventus damni).
No es preciso que con carácter previo se pruebe la insolvencia del deudor (STS 13 de marzo de 2001), ahora bien, dado su carácter subsidiario, será preciso que el acreedor acredite:
Que el acto de disposición realizado por el deudor ha determinado o aumentado su insolvencia.
Que no existen otros bienes del deudor.
Que el acreedor no tenga otros medios para obtener la satisfacción de su crédito.
Que el acto de disposición sea fraudulento (colisium fraudis). Es decir, que el acto de disposición sea realizado con la intención de perjudicar a los acreedores o, al menos, con la conciencia del perjuicio que causa. El CC en el art. 1297.1 y 2 establece presunciones al respecto: se presumen celebrados en fraude de los acreedores todos aquellos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito.
También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra la cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes.
De este modo todas la enajenaciones efectuadas a título gratuito gozan de la presunción de fraudulentas.
En cuanto al tercero, éste deberá haber sido cómplice, para el caso de tratarse de una enajenación a título oneroso.
El efecto general y principal de la acción revocatoria es el de revocar el acto fraudulento. Ahora bien, esa eficacia es relativa, que ese efecto revocatorio solo se producirá en aquellos casos en que pueda efectuarse sin lesionar los intereses de terceros protegidos. Cuando esto ocurra, el efecto revocatorio se transforma en una condena a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con la disposición fraudulenta.
En este sentido podemos sistematizar los efectos de la acción pauliana del siguiente modo:
Rescinde la enajenación fraudulenta y obliga al adquirente a devolver lo recibido (arts. 1295 y 1298 CC).
Para el caso de que el adquirente hubiere procedido de mala fe, es decir, con conocimiento del carácter fraudulento de su adquisición, y no pudiere devolver las cosas así adquiridas, vendrá obligado a indemnizar al acreedor los daños y perjuicios ocasionados (arts. 1295.2 y 1298 CC).
Por lo que se refiere a los subadquirentes o adquirentes sucesivos se refiere, es decir, aquellos que hayan adquirido los bienes del primer adquirente inmediato del deudor, en cuanto a los efectos es preciso distinguir los siguientes dos supuestos:
1º) Que el adquirente hubiera adquirido a título oneroso y de buena fe. En este caso su adquisición es válida e inatacable por la acción pauliana o rescisoria.
2º) Que el subadquirente hubiera adquirido a título gratuito, o a título oneroso y de mala fe. Aquí vendrá obligado a restituir lo recibido, y si ello no fuera posible, deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. (arts. 1298 y 37 LH).
Tal y como prescriben los arts. 1299.1º CC y 37.4º LH, la acción pauliana tiene un plazo de duración de cuatro años. Este plazo es de caducidad, que se aprecia de oficio y no es susceptible, en consecuencia, de interrupción. Su cómputo se inicia a partir de la realización del acto fraudulento, y no desde que en las diversas ejecuciones contra el deudor no se encontraren bienes suficientes (art. 37.4º LH).
Para el supuesto de que afecte a personas sujetas a tutela o a ausentes, dispone el párrafo segundo del artículo 1299 CC que el plazo de cuatro años no empezará a contarse hasta que no haya cesado la incapacidad de los primeros o sea conocido el domicilio de los segundos.
IV. EL DERECHO DE RETENCIÓN
Hemos visto que la posibilidad de que la garantía genérica que representa el principio de responsabilidad patrimonial universal sea insuficiente para tutelar el cumplimiento de la obligación, la ley establece medios especiales de tutela y garantía del crédito dirigidos, en unos casos, a reforzar el estímulo del cumplimiento voluntario de la obligación y para asegurar, en otros casos, su cumplimiento forzoso.
Según lo ya expuesto, entre estos medios de estímulo y aseguramiento se hallan los derechos de garantía, que tienen por objeto reforzar el vínculo obligatorio y asegurar al acreedor el exacto cumplimiento de la obligación mediante la constitución de una garantía real o personal u otorgando un derecho de preferencia con respecto a los demás.
Dichas garantías se clasifican en la doctrina en personales y reales, si bien en esta contraposición no coinciden los derechos de una y otra naturaleza. Así, junto a aquellas que son naturaleza netamente personal o real, se sitúan otras garantías reales que no atribuyen a su titular un derecho real.
Dentro de esta última categoría se ubicaría el llamado derecho de retención que seguidamente examinamos.
Define Castán el derecho de retención como la “garantía concedida por la ley a ciertos acreedores, que consiste en la facultad que éstos tienen de conservar la cosa del deudor de que ya se encuentra en posesión, hasta que sean satisfechos ciertos créditos relacionados con la cosa misma.
Se discute en la doctrina cual es el fundamento del derecho (o facultad, según algún autor como Lacruz) de retención, existiendo al respecto distintas posturas que Díez Picazo divide en los siguientes grupos:
La de quienes sostienen que se halla en la voluntad presunta de las partes. Se afirma en este sentido que cuando una persona realiza una prestación a favor de otra, teniendo en su poder una cosa perteneciente a ésta, y nace un crédito a su favor, se presume que la voluntad de ambas partes es que quien realiza la prestación conserve la posesión de la cosa hasta que su destinatario, el deudor, satisfaga el crédito. Pero observa Díez Picazo que no pasa de ser una cabal ficción.
El mismo fundamento que, para unos, la compensación y, para otros, la compensatio morae o la exceptio non adimpleti contractus. Señala Lacruz que estos son fenómenos jurídicos relacionados entre sí, pero que también lo está con otras figuras (como la prenda) y existen diferencias importantes.
La idea de equidad, entendida como moderación de las consecuencias (Viñas Mey), o bien el principio de buena fe (Díez Picazo).
Por su parte, Lacruz, entiende que se halla en la necessitas del vínculo y el principio de responsabilidad patrimonial universal. Así, sostiene que si todos los bienes del deudor están afectos en garantía a su responsabilidad, dispuestos para satisfacer el interés del acreedor en el caso de incumplimiento de su obligación, si el acreedor ya poseía por otro título uno de esos bienes integrantes del patrimonio del deudor y el Derecho objetivo le permite que lo retenga, cumple, con ello, una doble función: compulsiva, al estimular al deudor a que cumpla la obligación para recuperar la cosa, y controladora, al evitar que la cosa salga del patrimonio del deudor con riesgo de quedar desafectada la garantía.
C) Casuística
Nuestro Código no regula con carácter general el derecho de retención como una institución jurídica, sino que por el contrario está reconocido en casos singulares:
1º.- Al poseedor de buena fe que haya sido vencido en su posesión por quien ostenta mejor derecho a poseer, hasta que se le abonen los gastos necesarios y útiles hechos por aquél en la cosa poseída (art. 453 CC).
2º.- Al adquirente de buena fe y en venta pública de una cosa mueble perdida o sustraída y a los Montes de Piedad en que hubiese sido empeñada, frente al reivindicante, hasta obtener, respectivamente, el precio que aquél pagó por ella y (el establecimiento benéfico) la cantidad del empeño y los intereses vencidos (art. 464.2 y 3 CC).
3º.- Al usufructuario una vez finalizado el usufructo frente al propietario, hasta obtener con los productos de la cosa usufructuada el reintegro del aumento de valor que la cosa hubiese experimentado a causa de las reparaciones extraordinarias, pero indispensables para su subsistencia, que aquél hubiese realizado en defecto del propietario (arts. 502 y 522 CC).
4º.- Al que ha ejecutado una obra en cosa mueble, hasta que se le pague (art. 1600 CC).
5º.- Al mandatario respecto de las cosas que son objeto del mandato, hasta que el mandante satisfaga la indemnización y el reembolso de las cantidades (y sus intereses) necesarias para la ejecución del mandato anticipadas por el mandatario, así como de los daños y perjuicios que a éste le haya causado la ejecución del mandato sin culpa o imprudencia del mismo (art. 1730 CC).
6º.- Al depositario la cosa depositada, hasta el completo pago de lo que se le deba por razón del depósito (art. 1780 CC).
7º.- Al acreedor pignoraticio la cosa poseída en prenda por otro crédito si el deudor contrae con él otra deuda exigible antes de haberse pagado la primera, hasta que se le satisfagan ambos créditos, aunque no se hubiese estipulado la sujeción de la prenda a la seguridad de la segunda deuda (art. 1866 CC).
En la doctrina se discute si es posible la aplicación analógica de los preceptos relativos al derecho de retención a casos distintos de los expresamente establecidos. Algunos (De Buen y Beltrán de Heredia) se inclinan por la posibilidad fundándose en la posibilidad positivamente prevista (art. 1.4º CC) de aplicar los principios generales del derecho. Otros (Castán, Viñas Mey, Albaladejo y Díez Picazo) por el contrario la niegan por no existir un principio general que fundamente la analogía. Por su parte, Lacruz, admite que no hay un principio general, pero al propio tiempo considera que el caso especialmente contemplado relativo al poseedor de buena fe es de cierta generalidad.
La doctrina considera que son elementos necesarios del derecho de retención que se erigen en requisitos:
1º.- Un crédito del titular del derecho de retención contra el destinatario de la cosa objeto de retención. El crédito ha de ser cierto; no parece necesario que haya de ser líquido y en cuanto a su exigibilidad parece deducirse de su exigencia en el Código de la regulación del derecho de retención a favor del acreedor pignoraticio.
2º.- Que el titular del derecho ostente una situación posesoria lícita preexistente sobre un objeto del deudor o que deba entregar al mismo. La cosa ha de ser ajena, y puede ser mueble o inmueble.
3º.- Extinción o decadencia de la previa situación posesoria.
4º.- Un cierto vínculo entre el crédito y la cosa retenida, aunque algunos autores como Albaladejo y Lacruz entienden que en las figuras tipificadas en el Código no siempre se da, y en concreto en el supuesto del acreedor pignoraticio.
Se ha discutido en la doctrina la naturaleza personal o real de derecho de retención, surgiendo las dudas debido al tenor literal de ciertos preceptos que lo reconocen (arts. 1730, 1780 y 1600 CC) que hablan de retener prenda, lo que a juicio de algunos autores determina la concesión de los efectos propios de esa figura jurídica. Sin embargo Castán opina que no hay que dar trascendencia a la terminología imprecisa del Código Civil, y que el derecho de retención regulado en éste no es un derecho real ni confiere a su titular facultades de persecución ni de preferencia.
La STS 7 de julio de 1987, al interpretar el artículo 1730 CC, declara que este precepto reconoce a favor del mandatario una garantía legal pignoraticia con todos los efectos inherentes a este derecho real, y que por ello, al propio tiempo es oponible erga omnes.
A parte de los efectos que van ligados a la cualidad de poseedor de la cosa y de acreedor que tiene el titular del derecho de retención, se contrae y limita a autorizar la continuación de la situación posesoria en tanto no se satisfaga a aquél el crédito que tiene a su favor (Castán).
En la jurisprudencia, partiendo de la ausencia de sistematización del derecho de retención y considerando que los diversos preceptos que lo contemplan constituyen figuras jurídicas diferentes, declara en suma que para determinar la eficacia del mismo habrá que estar en cada caso a la figura para determinar su eficacia (así se desprende de la STS 7 de octubre de 1949). Esta posición explica las diferentes consecuencias que se han reconocido al derecho de retención.
Así, respecto del reconocido a favor del usufructuario por los reintegros de reparaciones necesarias (art. 502 y 522 CC), ha declarado que el derecho de retención no tiene otro alcance que el de un derecho de garantía especial dirigido principalmente a potenciar en cierta medida la protección del acreedor que tiene en su poder un bien de su deudor, que le autoriza mientras persista a dilatar su devolución, confiriéndole una posesión en nombre del dueño (según se desprende de las SSTS 19 de noviembre de 1958 y 4 de octubre de 1989). Por el contrario, ya hemos visto que en relación al derecho de retención reconocido al mandatario (art. 1730 CC) declara su naturaleza real con los efectos propios de la prenda y le reconoce eficacia erga omnes no solo frente al mandante que entregó la cosa objeto de retención sino también frente a su propietario.
Por ser un derecho accesorio se extinguirá cuando se extinga el derecho de crédito principal. En virtud de causas propias, el derecho de retención se extinguirá por la destrucción de la cosa, la pérdida de su posesión por quien retiene o por renuncia expresa o tácita de éste.
V. LA PRELACIÓN EXTRACONCURSAL DE CRÉDITOS
Hemos visto que el patrimonio del deudor constituye la garantía de los acreedores. Cuando un deudor tiene varios acreedores la regla general es la igualdad de todos ellos: par condictio creditorum. Sin embargo, esta regla, que puede hacer de mejor condición al acreedor más diligente, deja de aplicarse cuando el deudor es declarado en concurso y cuando hay acreedores a los que la ley concede preferencia.
Esta preferencia se regula en el CC en el Título XII del Libro IV bajo el epígrafe “de la concurrencia y prelación de créditos” y se conoce en la doctrina como privilegio.
No obstante, ésta regulación tiene carácter provisional y está llamada a desaparecer por cuanto la Disposición Final 33ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ordena al Gobierno que en el plazo seis meses desde la entrada en vigor de la ley remita a las Cortes Generales un proyecto de ley “reguladora de la concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares”.
La publicación de la mencionada Ley 22/2003 ha determinado que queden excluidos del ámbito de aplicación de la regulación prevista en el CC los supuestos de concurso, pues el párrafo segundo del artículo 1921 CC prevé que “en caso de concurso la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal”, la cual, establece para tales casos una clasificación distinta de los créditos a efectos del concurso.
Por tanto, el ámbito de aplicación de la prelación de créditos prevista en el CC queda limitado a los supuestos de ejecuciones singulares y a efectos de determinación del mejor de derecho de distintos acreedores.
Privilegio es el derecho del acreedor a cobrar su crédito pasando por delante de los acreedores ordinarios, e incluso, en su caso, de otros acreedores privilegiados, pero con rango inferior (Lacruz).
De esta definición se desprende el carácter accesorio del privilegio por cuanto su existencia precisa la base de un crédito, al que presta una eficacia específica frente a la concurrencia.
Por otro lado, el privilegio tiene carácter legal, por cuanto el privilegio lo establece la ley, careciendo de eficacia la autonomía de la voluntad a tales efectos. Al propio tiempo, el privilegio constituye una excepción a la par condictio creditorum y por ello es de interpretación estricta.
Al ser accesorio a un crédito, el privilegio carece de sustantividad y asume los caracteres del crédito al que cualifica, por lo que tiene naturaleza personal.
El Código Civil y la doctrina distinguen entre los privilegios especiales, que sujetan a la preferencia del acreedor un bien determinado del deudor, mueble o inmueble, y los privilegios generales, que recaen sobre el patrimonio entero del deudor (arts. 1921 a 1925 CC).
Los privilegios especiales mobiliarios en el CC
En los artículos 1922 y 1923 CC se enumeran una serie de privilegios sobre bienes concretos relacionados con el crédito, que se adscriben por ello a la satisfacción íntegra de una determinada obligación antes de iniciar con él el pago de cualesquiera otras.
Según el artículo 1922, con relación a determinados bienes muebles del deudor gozarán de preferencia:
1º) Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.
2º) Los garantizados con prenda que se hallen en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.
3º) Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma.
4º) Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de ésta.
5º) Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.
6º) Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.
7º) Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.
Si los bienes muebles sobre los que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviere, dentro del término de treinta días contados desde que ocurrió la sustracción.
Conforme al artículo 1923 CC, con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozarán de preferencia:
1º) Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.
2º) Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.
3º) Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de refacción.
4º) Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.
5º) Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.
Son privilegios referidos al total patrimonio a favor de determinados créditos por motivos de oportunidad muy diversos. La preferencia no comporta reipersecutoriedad específica y se hace efectiva sobre los bienes que tiene el deudor en cada momento y los que puedan reintegrarse en su patrimonio mediante la acción pauliana.
Establece el artículo 1924 que con relación a los demás bienes muebles o inmuebles del deudor gozan de preferencia:
1º) Los créditos a favor de la provincia o del municipio, por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el artículo 1923, número 1º.
2º) Los devengados:
Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también los de su cónyuge y los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuvieren bienes propios.
Por gastos de última enfermedad de las mismas personas, causadas en el último año, contado hasta el día del fallecimiento.
Por salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico correspondientes al último año.
Por cuotas correspondientes a los regímenes obligatorios de subsidios, seguros sociales y mutualismo laboral por el mismo periodo de tiempo que señala el apartado anterior, siempre que no tengan reconocida mayor preferencia con arreglo al artículo precedente.
Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, en el mismo periodo de tiempo
3º) Los créditos que sin privilegio especial consten:
En sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.
Prelación entre créditos preferentes
De los artículos 1926 y 1927 CC se deduce que los privilegios especiales sobre concretos bienes muebles e inmuebles son preferentes a los generales, y así lo confirman los artículos 1924, 1928 y 1929.
Dispone el artículo 1926 que los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del mueble a que la preferencia se refiere.
1º) El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda.
2º) En el caso de la fianza, si estuviere ésta legítimamente constituida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se determinará por el orden de fechas de la prestación de la garantía.
3º) Los créditos por anticipos de semillas, gastos de cultivo y recolección serán preferidos a los alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.
4ª) En los demás casos el precio de los muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia con relación a los mismos.
Según el artículo 1927, los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.
Si concurren dos o más créditos respecto a determinados inmuebles o derechos reales, se observarán, en cuanto a su respectiva prelación, las reglas siguientes:
1º) Serán preferidos, por su orden, los expresados en los números 1º y 2º del artículo 1923 a los comprendidos en los demás números del mismo.
2º) Los hipotecarios y refaccionarios, anotados o inscritos, que se expresan en el número 3º del citado artículo 1923 y los comprendidos en el número 4º del mismo, gozarán de prelación entre sí por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad.
3º) Los refaccionario no anotados ni inscritos en el Registro a que se refiere el número 5º del artículo 1923, gozarán de prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad.
Según el artículo 1928 CC el remanente del caudal del deudor, después de pagados los créditos que gocen de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, se acumulará a los bienes libres que aquél tuviere para el pago de los demás créditos. Los que gozando de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, no hubiesen sido totalmente satisfechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al déficit, por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturaleza.
Finalmente, el artículo 1929 CC dispone que los créditos que no gocen de preferencia con relación a determinados bines, y los que la gozaren, por la cantidad no realizada, o cuando hubiesen prescrito el derecho a la preferencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:
1º) Por el orden establecido en el artículo 1924
2º) Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen común, a prorrata.
3º) Los créditos comunes a que se refiere el artículo 1925, sin consideración a sus fechas.