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Timestamp: 2019-12-14 13:34:09
Document Index: 157869540

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 107', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 107', 'artículo 82', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 80', 'artículo 79', 'artículo 80', 'Artículo 80', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 162', 'artículo 162', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 149', 'artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 7', 'artículo 25', 'Artículo 11', 'Artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 26', 'Artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 26', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 226', 'artículo 208', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 68', 'artículo 231', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 107', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 107', 'artículo 58', 'artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 107', 'artículo 19', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 6']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 107-679, de 07/09/2011
cve: BOCG_D_09_107_679
(621/000115)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 123
Núm. exp. 121/000123)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 7 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2011.—El Portavoz Adjunto, Antolín Sanz Pérez.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 1.1.
«Artículo 1. Integración en el Régimen General de la Seguridad Social del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
A partir de la entrada en vigor de la Ley, también quedarán integrados en el Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena que, en lo sucesivo, realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas en
explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten sus servicios, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»
Mejora técnica. Se trata de clarificar el contenido de dicho artículo para evitar que se pueda dar cualquier otra interpretación diferente a la pretendida.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 6.
Artículo nuevo: Artículo 10 bis (nuevo) al Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El artículo queda redactado en los siguientes términos:
«La aplicación de las Recomendaciones del Pacto de Toledo que instaba a la integración de los Regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social, ha dado lugar a la creación de nuevos Regímenes especiales configurados dentro del Régimen General de la Seguridad Social con sus propias especificidades que afectan a los trabajadores encuadrados dentro de los llamados Regímenes Especiales de la Seguridad Social regulados en el artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social.»
La disposición adicional segunda pasa a ser una disposición transitoria nueva.
Mejora técnica. De acuerdo con las directrices de técnica normativa contenidas en la Resolución de 28 de julio de 2005, y del contenido de la misma se entiende que éste se adecua más a una disposición transitoria más que a una disposición adicional.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda. 2.
«2. Una Comisión, constituida por representantes de la Administración de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales con competencias económicas o en el medio rural, agricultura y ganadería, junto con representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito estatal, velará porque los beneficios en la cotización aplicables incentiven la estabilidad en el empleo, la mayor duración de los contratos, y la mayor utilización de los contratos fijos discontinuos. Asimismo evitará un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.»
«Realizar las modificaciones oportunas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para adecuar las referencias al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a las del Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.»
Mejora técnica. Ajustar la legislación de la Seguridad Social a la nueva realidad como consecuencia de la desaparición del Régimen Especial Agrario y la creación del Sistema Especial dentro del Régimen General.
«Disposición adicional. Refundición de las normas de la Seguridad Social.
El Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Constitución, procederá, en el plazo de tres meses, a solicitar la autorización necesaria para realizar una refundición de los textos legales referentes a la Seguridad Social vigentes, así como a sus normas de desarrollo.»
«Disposición adicional. Edad de jubilación de los trabajadores por cuenta propia de actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
Para los trabajadores por cuenta propia de actividades agrícolas, ganaderas y forestales la edad para tener derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será la de haber cumplido 65 años.»
Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales realizadas por cuenta propia debido a los problemas de penosidad y siniestralidad para los trabajadores veteranos en dichas actividades hacen del todo imprescindible que la edad legal para tener derecho a la pensión de jubilación sea de 65 años.
En este sentido se propone añadir una disposición adicional nueva que recoja que tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, las personas incluidas en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales que reúnan las condiciones generales para dicha prestación, excepto la de la edad, que para estas personas la condición específica será haber cumplido 65 años de edad.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 2 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Ramón Aleu i Jornet.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés (GPECP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda. 1. C. b.
Substituir la letra b) del apartado C) del punto 1 de la Disposición adicional segunda por las siguientes reglas:
«b) Respecto a los trabajadores incluidos en los grupos de cotización 2 a 11, la reducción se ajustará a las siguientes reglas:
Año Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos El resto de empresarios
2012 6,44% 6,15%
2013 6,91% 6,33%
2014 7,36% 6,50%
2015 7,83% 6,68%
2016 8,27% 6,83%
2017 8,70% 6,97%
2018 9,12% 7,11%
2019 9,50% 7,20%
2020 9,88% 7,29%
2021 10,24% 7,36%
2022 10,35% 7,40%
2023 10,43% 7,40%
2024 10,51% 7,40%
2025 10,59% 7,40%
2026 10,66% 7,40%
2027 11,18% 7,60%
2028 11,65% 7,75%
2029 12,12% 7,90%
2030 12,53% 8,00%
2031 12,95% 8,10%
2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en la regla anterior y hasta 1.800 euros mensuales o 78,26 euros por jornada realizada, les serán de aplicación según el tipo de empresario, durante el período 2012-2021, el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas:
a) Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos:
(las mismas fórmulas del texto del proyecto de ley, a las que se substituye el 6,15% por el 6,44%)
b) El resto de empresarios:
(las fórmulas del texto del proyecto de ley)
Para el período 2022-2030, las reducciones a aplicar en puntos porcentuales de la base de cotización serán las resultantes de las siguientes fórmulas:
(la misma fórmula del texto del proyecto de ley, a la que se substituye el 8,1% por el 12,95%)
(la fórmula del texto del proyecto de ley)
Las reducciones para el año 2031, en todos los casos, serán del 12,95 por ciento para los empresarios trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y del 8,10 por ciento para el resto de empresarios.
En los supuestos de cotización por bases mensuales, cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, las reducciones a que se refiere esta letra C) serán proporcionales a los días trabajados en el mes.»
El propio proyecto de ley reconoce que la integración de los trabajadores del REASS por cuenta ajena al Régimen General se debe hacer creando un sistema especial, dentro de éste, que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias, pero el proyecto de ley trata a todos los empresarios agrarios de la misma forma, cuando en la Seguridad Social y para el mismo sector agrario existe esa misma consideración para los trabajadores por cuenta propia, de forma que la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, crea el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos para los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de 18 años, que reúnan los siguientes requisitos:
b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por cada titular de la misma no superen la cuantía equivalente al 75 por 100 del importe, en computo anual, de la base máxima de cotización establecida en cada momento en el Régimen General de la Seguridad Social.
c) La realización de labores agrarias de forma personal y directa en tales explotaciones agrarias, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate de más de dos trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada, que el número total de jornales satisfechos a los eventuales agrarios no supere los 546 en un año, computado de fecha a fecha.
Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En el caso de que en la explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos ellos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de trabajadores o jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador fijo mas, o 273 jornales al año, en caso de trabajadores eventuales, por cada titular de la explotación agraria, excluido el primero.
Para dichos trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos la Ley 17/2008 establece que para las contingencias comunes el tipo de cotización aplicable será del 18,75 por 100, mientras que para los que no están incluidos en dicho Sistema Especial el tipo de cotización aplicable es del 26,50 por 100.
Además, hay que tener en cuenta que las negociaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, han hecho empeorar el incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias de las que son titulares los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las cuales usan básicamente trabajadores eventuales, ya que mientras en las propuestas del Ministerio de noviembre de 2010 el tipo de cotización por contingencias comunes a cargo del empresario era del 21,60 por ciento y con las bonificaciones el encarecimiento progresivo de los costes sociales de los trabajadores eventuales y fijos alcanzaba su máximo el año 2027; ahora el proyecto de ley, tras la negociación que ha mantenido fuera de la misma a las organizaciones profesionales agrarias representativas de los trabajadores por cuenta propia agrarios, el tipo de cotización por contingencias comunes a cargo del empresario pasa al 23,60 por ciento y con las bonificaciones el encarecimiento progresivo de los costes sociales de los trabajadores eventuales alcanzará un incremento del 102% el año 2018 y su máximo el año 2031 con un incremento del 148%, mientras que para los trabajadores fijos alcanzará su máximo el año 2031 con un incremento solo del 68% (5 años más tarde).
Teniendo en cuenta que un incremento desmesurado de los costes, como el previsto en el proyecto de ley, influiría de forma muy perjudicial en la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias de las que son titulares los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, la propuesta es el equivalente, para los empresarios trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, mediante bonificaciones de no sobrepasar el 18,75% respecto al 23,60% propuesto por el Gobierno en el proyecto de ley.
De adición de una nueva Disposición Final, con el siguiente contenido:
Disposición Final (Nueva). Modificación de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
El texto de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad se modifica en los siguientes términos:
Uno. El apartado a) del artículo 46 de la Ley 14/1986 General de Sanidad queda redactado en los siguientes términos:
«a) La universalización de la atención sanitaria a toda la población.»
Dos. Se añade un nuevo apartado f) en el artículo 46, con el siguiente texto:
«f) La gratuidad de la asistencia sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para todas las personas con nacionalidad española y para las personas extranjeras con residencia en España.
Mientras no se produzca su integración en la Seguridad Social, no será gratuita la asistencia sanitaria pública para:
● quienes voluntariamente hayan optado por sistemas mutuales sustitutorios o alternativos a la Seguridad Social que cubran la asistencia sanitaria,
● quienes, estando incluidos en alguna mutualidad administrativa, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.»
Tres. El título y el primer párrafo del artículo 16 quedan redactados como sigue:
«Artículo 16. Criterios de acceso a los servicios sanitarios por usuarios sin derecho a la asistencia gratuita.
Las normas de utilización de los servicios sanitarios serán iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos. En consecuencia, los usuarios sin derecho a la gratuidad en la asistencia de los Servicios de Salud, así como los previstos en el artículo 80, podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados, de acuerdo con los siguientes criterios:»
Cuatro. El apartado b) del artículo 79 queda redactado como sigue:
«b) Transferencias del Estado, que abarcarán:
La compensación por la integración, en su caso, de los hospitales de las Corporaciones Locales en el Sistema Nacional de Salud.»
Cinco. El artículo 80 queda redactado en la siguiente forma:
«Artículo 80. Sistema de cobertura de la asistencia sanitaria.
El Gobierno regulará el sistema de financiación de la asistencia sanitaria prestada a las personas con derecho a la misma según lo dispuesto en el artículo 1.2 de esta Ley que no tengan la cobertura de esta prestación en virtud de la normativa reguladora de la Seguridad Social o en virtud de un sistema mutual alternativo a la Seguridad Social.»
I. Con fecha 30 de septiembre de 2.008 la Comisión de Sanidad y Consumo aprobó por unanimidad la Proposición de Ley promovida por este Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, mediante la que se instó al Gobierno la elaboración de un estudio sobre las personas sin derecho a la asistencia sanitaria pública, con evaluación del impacto económico que tendría la universalización efectiva de este derecho de manera gratuita.
En el mismo sentido fue aprobada en Pleno de la Cámara la PNL 162/500 mediante la que se insta al Gobierno a promover el reconocimiento del carácter universal y el derecho efectivo a la asistencia sanitaria de españoles y extranjeros residentes, modificando las normas que fueran pertinentes.
II. Con fecha 5 de noviembre de 2.008 se remite por el Gobierno al Congreso de los Diputados el Informe derivado de la aprobación de las Proposiciones no de Ley 161/205 y 162/500, mediante el que:
● Se identifican los colectivos actualmente excluidos de la asistencia sanitaria pública gratuita.
● Se cuantifican aproximadamente las personas que se ven afectadas por esta ausencia de cobertura gratuita.
● Se hace una estimación del coste económico derivado de la universalización de la asistencia gratuita a las personas con nacionalidad española.
● Se avanza una «propuesta para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a todos los españoles residentes en territorio nacional.»
Resulta necesario, en consecuencia, hacer efectivo el derecho constitucional y dar coherencia a la propia Ley General de Sanidad, en cuyo artículo 3.2 ya contempla como objetivo del sistema sanitario que «la asistencia sanitaria pública se extenderá a toda la población española» en condiciones de igualdad efectiva.
Entre las diferentes opciones legislativas posibles para asegurar el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita, se opta por la reforma de la Ley General de Sanidad, en parte por ser necesaria una norma con rango de ley y en parte por la voluntad de evitar normas dispersas en las que se regulen materias completamente dependientes. Es la Ley General de Sanidad la que desarrolla de manera más
amplia y general el derecho constitucional a la salud y, por lo tanto, es en ella en la que ha de fijarse la extensión y los límites de dicho derecho.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) y el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan 1 enmienda al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2011.—El Portavoz Adjunto del GPP, Antolín Sanz Pérez y la Portavoz del GPS, María del Carmen Silva Rego.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) y del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP) y el Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
Disposición adicional (nueva). Modificación del apartado 2 de la Disposición adicional trigésima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El 1 de enero de 2012, el apartado dos de la Disposición adicional trigésima quedara redactado de la siguiente forma:
La implementación y efectiva aplicación de las bonificaciones previstas en los párrafos anteriores será de manera progresiva durante las tres primeras anualidades de vigencia de la norma. Siendo el primer año del 43%, el segundo del 46% y el tercero y sucesivos del 50%.»
Con el fin de incentivar determinados sectores productivos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la Disposición adicional trigésima novena de la Ley 2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó la Ley General de la Seguridad Social, introduciendo un sistema de bonificación de las cuotas patronales a la Seguridad Social, que alcanzaban hasta el 40% en los sectores del comercio, turismo, industria (excepto agua y energía) y hostelería.
Estas bonificaciones comenzaron a aplicarse en virtud de la Orden TAS/471/2004, de 26 de marzo, fijándose en un 40% y por un período de duración de dos años. Posteriormente fueron prorrogadas por periodos sucesivos de dos años, estando prevista la finalización de la actual prórroga el 5 de marzo de 2012.
Las citadas bonificaciones han incidido positivamente en la reactivación de la economía, si bien se considera que, después de la experiencia de los años en que han venido aplicándose, no son suficientes, y deben ampliarse a otros sectores y hasta un 50%.
Dicha medida complementará las especialidades fiscales y los incentivos a la inversión y generación de empleo en Ceuta y Melilla, y contribuirá a corregir los significativos desequilibrios que se producen en las Ciudades Autónomas, derivados de la extrapeninsularidad, y de la escasez de suelo y recursos naturales, significando un estímulo para las inversiones mediante la reducción de los costes laborales de las empresas. La singularidad de ambas Ciudades viene determinada por su condición de únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África, situación que dificulta extraordinariamente su desarrollo económico y social, por su separación física del territorio continental europeo y las enormes diferencias de nivel de vida a un lado y otro de la frontera.
La pretendida ampliación y extensión de las bonificaciones cuenta con el consenso de los agentes económicos y sociales de ambas ciudades, de los respectivos Gobiernos autónomos y del propio Gobierno de España, como dejó constancia el Secretario de Estado de Cooperación Territorial en su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea el 10 de mayo de 2011, en que manifestó la intención del Gobierno de que el incremento de las bonificaciones estuviera en vigor el 1 de enero de 2012.
En el momento presente existe en trámite en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley consecuencia de una iniciativa legislativa promovida por las Ciudades Autónomas con la misma finalidad. Y, alternativamente, el Gobierno de España se comprometió a incluir la ampliación de las bonificaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Sin embargo, el anuncio de convocatoria de elecciones generales anticipadas por parte del Presidente del Gobierno, hace inviables, por razones de tramitación, las dos vías citadas.
En consecuencia, existiendo el consenso previo antes referido, y teniendo en cuenta la expresada voluntad de los Gobiernos autónomos y central, y el respaldo de los respectivos grupos parlamentarios que los sustentan, se ha optado por la presentación de esta enmienda adicional, como vía para garantizar la entrada en vigor de la medida el 1 de enero de 2012.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 21 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2011.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda. 1. B.
Disposición adicional segunda. Aplicación paulatina de las bases y tipos cotizados y de reducciones de ésta.
2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en la regla anterior y hasta 1.800 euros mensuales o 78,26 euros por jornada realizada, les serán de aplicación según el tipo de empresario, durante el período 2012-2021, el porcentaje resultante de aplicar las siguientes formulas:
% reducción mes (año x) = % reducción año x de la tabla x (1 + Base mes (año x) – 986,70 * 2,52 * 6,44% )
Base mes (año x) % reducción año x de la tabla
% reducción jornada (año x) = % reducción año x de la tabla x (1 + Base jornada (año x) – 42.90 * 2,52 * 6,44% )
Base jornada (año x) % reducción año x de la tabla
% reducción mes (año x) = % reducción año x de la tabla x (1 + Base mes (año x) – 986,70 * 2,52 * 6,15% )
% reducción jornada (año x) = % reducción año x de la tabla x (1 + Base jornada (año x) – 42,90 * 2,52 * 6,15% )
% reducción mes o jornada (año x) =
% reducción año 2021 base mes o jornada (año x) +( 12,95 % - % reducción año 2021 base mes o jornada (año x) * (año x - 2021) )
% reducción año 2021 base mes o jornada (año x) +( 8,1 % - % reducción año 2021 base mes o jornada (año x) * (año x - 2021) )
Establecer un régimen transitorio de integración de los trabajadores del REASS por cuenta ajena al Régimen General que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda. 2.
Modificar el primer párrafo del apartado 2.
Una Comisión, constituida por representantes de la Administración de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de otros departamentos ministeriales con competencias económicas o en el medio rural, agricultura y ganadería, junto con representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de empleadores y trabajadores de ámbito estatal, velará porque los beneficios en la cotización aplicables incentiven la estabilidad en el empleo, la mayor duración de los contratos, y la mayor utilización de los contratos fijos discontinuos, así como para evitar un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.
En coherencia con la opinión del CES al respecto de que los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales sean las más representativas del sector, sin presuponer una representatividad exclusivamente estatal.
Modificar el segundo párrafo del apartado 2.
Esta Comisión analizará, a partir del quinto año de la entrada en vigor de esta ley, las cotizaciones efectivas y el cumplimiento de los criterios generales de separación de fuentes de financiación respecto a los periodos y cuantías aplicables compatibles con la necesaria sostenibilidad presupuestaria de la parte que quepa imputar a los beneficios en la cotización, con el fin de evitar que los costes sean soportados por el conjunto de los cotizantes. Asimismo, revisará las reducciones establecidas en esta disposición adicional en el supuesto de que los tipos de cotización generales se hayan modificado, al objeto de cumplir los objetivos expresados en el párrafo anterior.
Se clarifican los criterios de la separación de fuentes de financiación, en el mismo sentido que el expresado el informe del CES.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.
(Nueva) Disposición Adicional. Bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia del REASS que fueron integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Se incorpora una nueva disposición transitoria texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria vigésima primera. Actualización de las bases de cotización a efectos de la pensión de jubilación de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social que fueron integrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario que quedaron incorporados en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos mediante lo establecido por la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases de cotización a que se refiere el apartado 1 del artículo 162 y, en su caso, la Disposición transitoria quinta del beneficiario en el Régimen Especial Agrario de los años 1997 a 2007 se actualizarán, en base a la siguiente tabla, previamente a la aplicación de la regla 2.ª del punto 1 del apartado 1 del artículo 162 con las bases mínimas del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos fijadas en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 1997 a 2007.
Jubilación en el año Período de bases de cotización a actualizar Actualización con las bases mínimas del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos fijadas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años
2013 1997 y 1998 1997 y 1998
2014 1998 y 1999 1998 y 1999
2015 1998 a 2000 1998 a 2000
2016 1998 a 2001 1998 a 2001
2017 1998 a 2002 1998 a 2002
2018 1998 a 2003 1998 a 2003
2019 1998 a 2004 1998 a 2004
2020 1998 a 2005 1998 a 2005
2021 1998 a 2006 1998 a 2006
2022 1998 a 2007 1998 a 2007
2023 1998 a 2007 1998 a 2007
2024 1999 a 2007 1999 a 2007
2025 2000 a 2007 2000 a 2007
2026 2001 a 2007 2001 a 2007
2027 2002 a 2007 2002 a 2007
2028 2003 a 2007 2003 a 2007
2029 2004 a 2007 2004 a 2007
2030 2005 a 2007 2005 a 2007
2031 2006 y 2007 2006 y 2007.»
El año 2005 se suscribió el Acuerdo sobre encuadramiento y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios por cuenta propia, el cual se plasmó, en primer lugar, en un acercamiento de las bases de cotización del REASS cuenta propia a la base mínima de cotización del RETA en las leyes de los presupuestos generales de la Administración General del Estado de los años 2006 y 2007, y en segundo lugar, tras el debate en las Cortes Generales, en la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Dicha integración ha llevado consigo un incremento de la cotización de las personas encuadradas en el REASS cuenta propia, la cual llevaba aparejada una mejora en las prestaciones contributivas, culminando el conjunto de mejoras en la prestación por jubilación el año 2022, cuando todas las bases de cotización tenidas en cuenta para determinar la base reguladora de la pensión de jubilación ya hubieran sido del RETA. Pero ahora, el Gobierno, establece que la plena equiparación en materia de pensiones contributivas por jubilación no se producirá hasta el año 2032, es decir 10 años más tarde de lo pactado en el acuerdo del año 2005.
Para evitar retrasar 10 años más la plena equiparación en pensiones contributivas de jubilación entre el REASS cuenta propia y el RETA se propone, dada la paulatina incorporación de más bases de cotización para la determinación de la base reguladora de dicha prestación, establecer que el valor de las bases de cotización que se tendrán en cuenta para la determinación de la base reguladora de la pensión de jubilación, para los trabajadores por cuenta propia provenientes del REASS será la mínima que tuvo el RETA en todos y cada uno de los años de más con bases del REASS que se tendrían en cuenta con el Proyecto de ley respecto a lo que hubiera sucedido con el mantenimiento de lo pactado con el acuerdo del 2005 y la Ley 18/2007, de 4 de julio.
(Nueva) Disposición adicional. Reforma del subsidio agrario y la renta agraria, así como el Programa de empleo agrario (PFEA).
El Gobierno presentará en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un estudio sobre la evolución del subsidio agrario, la renta agraria y el programa de empleo agrario, en la que se analice su contribución a la creación de empleo y a la evolución de las tasas de
desempleo en las Comunidades Autónomas beneficiarias. En concreto, entre las conclusiones de este estudio deberán incluirse propuestas de actuación en los siguientes ámbitos:
a) La necesidad de mantener el subsidio agrario, la renta agraria y el programa de empleo agrario, o de realizar modificaciones normativas en su regulación, teniendo en cuenta la relación entre beneficiarios y desempleados en estas Comunidades Autónomas, su contribución al déficit del REASS y la integración del Régimen agrario en el Régimen General de la Seguridad Social.
b) La revisión las medidas llevadas a cabo en el sector agrario con el objetivo de mantener la actividad en el mismo.
c) En su caso, sobre la reducción de los niveles de fraude que puedan existir.
Realizar un estudio sobre la evolución del subsidio/renta agraria y el programa de empleo agrario, en la que se analice su contribución a la creación de empleo y a la evolución de las tasas de desempleo en las Comunidades Autónomas beneficiarias, que permita un debate parlamentario con datos objetivos y permita extraer conclusiones sobre su futuro.
(Nueva) Disposición Final. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Se añade un artículo 4 bis, con la siguiente redacción:
1. En el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración y después de su debate en el Congreso de los Diputados, aprobará la Estrategia Española de Empleo, que se elaborará en colaboración con las Comunidades Autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como con las organizaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos, se informará por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y se someterá a consulta e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, y se someterá a consulta del Consejo de Fomento de la Economía Social.
Prever el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Estrategia de Empleo con carácter previo a su aprobación por el Gobierno.
Se considera necesaria también la participación del Consejo de Fomento de la Economía Social en el diseño de las políticas de empleo, al ser este el órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la Economía Social con la Administración General del Estado, en la línea de lo expresado en el artículo 9 de la Ley de Economía Social y en consonancia a la definición del fomento de la economía social como uno de los pilares de las políticas activas de empleo.
Asimismo, la cantidad de normativas derogadas en el Proyecto de Ley que afectan a distintos colectivos de la Economía Social, como las cooperativas, las sociedades laborales, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y la discapacidad, hacen aconsejable una interlocución directa con el sector a través de sus órganos de representación.
Igualmente, en coherencia con las previsiones del artículo 21.5 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, se incorpora la participación de las organizaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos en la elaboración de la Estrategia Española de Empleo.
Se añade un artículo 4 ter con la siguiente redacción:
Artículo 4 ter. Plan Anual de Política de Empleo.
Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrá las acciones y medidas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo, tanto las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias de ejecución de las políticas activas, como el Servicio Público de Empleo Estatal en ejecución de la reserva de crédito establecida en su presupuesto de gastos.
2. El Plan Anual de Política de Empleo se elaborará, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informará por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y se someterá a consulta del Consejo de Fomento de la Economía Social, regulado en el artículo 7.1.b), y se aprobará por el Consejo de Ministros junto con la formalización de los criterios objetivos de distribución de los fondos de empleo contemplados en el artículo 14. Con carácter previo a su aprobación deberá realizarse un debate en el Congreso de los Diputados acerca del Plan Anual de Política de Empleo.
Se considera necesaria la participación del Consejo de Fomento de la Economía Social en el diseño de las políticas de empleo, al ser este el órgano de colaboración, coordinación e interlocución de la Economía Social con la Administración General del Estado, en la línea de lo expresado en el artículo 9 de la Ley de Economía Social y en consonancia a la definición del fomento de la economía social como uno de los pilares de las políticas activas de empleo.
Prever también el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados de la Estrategia de Empleo con carácter previo a su aprobación por el Gobierno.
Se añade un nuevo artículo 7 bis con la siguiente redacción:
Este sistema garantizará que se lleven a cabo de forma adecuada las funciones de intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas demandantes de empleo; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su relación con los Servicios Públicos de Empleo; las estadísticas comunes; la comunicación del contenido de los contratos; el conocimiento de la información resultante, entre otros ámbitos, de la gestión de la formación para el empleo, la orientación profesional, incluida la de los beneficiarios de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la contratación, así como las actuaciones de las agencias de colocación.»
En coherencia con el artículo 17.1 de la Ley que regula la prestación por cese de actividad, en la que define entre las obligaciones de los trabajadores autónomos la participación en acciones de orientación profesional.
(Nueva). Disposición Final. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Se modifican las letras d), e), f), g), h), i), y se añaden las letras j), k) y l) en el artículo 13 quedando redactado como sigue:
Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como las organizaciones profesionales representativas de trabajadores autónomos, participarán en la elaboración de dicha Estrategia y recibirán información periódica sobre su desarrollo y seguimiento.
2. Acciones y medidas dirigidas tanto a las personas demandantes de empleo como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colaboración del Servicio Público de Empleo
Estatal con órganos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias exclusivas del Estado.
j) La gestión y el control de las prestaciones por desempleo, cuando no hayan sido asumidas por la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del cometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el artículo 3 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. A los efectos de garantizar la coordinación entre políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo, la gestión de esta prestación se desarrollará mediante sistemas de cooperación con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. El Servicio Público de Empleo Estatal deberá colaborar con las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de las competencias.
l) Cualesquiera otras competencias que legalmente o reglamentariamente se le atribuyan.»
En coherencia con las enmiendas anteriores, en referencia a la necesidad de consulta al Consejo de Fomento de al Economía Social como órgano representación de la economía social ante el Gobierno.
De igual forma, se incorpora la participación de las organizaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos en la elaboración de la Estrategia Española de Empleo.
La justificación relativa a la eliminación de la letra h es la siguiente: Este apartado de la Ley de Empleo es objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Catalunya. Los argumentos para la presentación de este recurso, que continúan manteniendo su vigor, son los siguientes:
a) El precepto se dicta al amparo del artículo 149.1.13 CE, ordenación general económica, partiendo de la idea que al tratarse de programas que afectan a más de una CCAA, en virtud de la necesidad de coordinación de la actividad económica, corresponde a un órgano del Estado la gestión de dichos programas. Se deja al arbitrio del Estado, de forma unívoca, decidir cuando hay necesidad de coordinación.
b) El diseño y la necesidad de un Sistema Nacional de Ocupación no implica la atribución de competencias exclusivas al Estado por sí, y el alcance supraterritorial de las competencias no implica que la titularidad de las competencias autonómicas se tengan que atribuir al Estado (STC 323/1993, 243/1994 y 106/1995).
c) La sentencia TC 95/2002, ha determinado que esta competencia no se puede hacer extensiva a incluir cualquier actividad que tenga relación con la actividad económica, si no regula de manera directa y significativa la actividad económica general (STC 186/88, 133/97, 112/1995 y 21/1999).
La justificación de la modificación en la letra j) es posibilitar la gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo en aquellas Comunidades Autónomas que lo deseen. Esta integración competencial de la gestión y control de las prestaciones y subsidios por desempleo y de las políticas activas, actualmente ya transferidas a la mayoría de Comunidades Autónomas, debe permitir una mejorar la integración de las políticas activas y pasivas, así como avanzar en la ocupabilidad de los trabajadores en los períodos de desempleo.
En último lugar, la atribución de nuevas funciones al Servicio Público de Empleo Estatal debe realizarse únicamente a través de modificaciones legales, sin perjuicio de su desarrollo por normas de rango inferior.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 14 quedando redactado como sigue:
Se propone la supresión del apartado 3, relativo a la reserva de crédito a gestionar directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal, en coherencia con la enmienda de supresión del artículo 13.h) de la Ley de Empleo.
(Nueva) Disposición Final. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre.
Se añade un nuevo Capítulo I, al Título I bis, con el contenido incluido en el Artículo 7 del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero) publicado en el BOCG serie A 116-1, incluidas las siguientes modificaciones:
Esta mejora técnica supone una concreción para incluir una referencia a las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo y de economía social, en consonancia con las peticiones de las organizaciones del sector.
Se modifica el artículo 25 tal y como se incluye en el Artículo 11 del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero) publicado en el BOCG serie A 116-1, pero incorporando las siguientes modificaciones:
Artículo 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo.
f) Oportunidades para colectivos con especiales dificultades: acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad y de las personas en situación de exclusión socia. En relación con las personas con discapacidad, se incentivará su contratación tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo.
Respecto a las personas en situación de exclusión social se impulsará su contratación a través de las empresas de inserción.
El Gobierno garantizará en la Estrategia Española de Empleo la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y el mantenimiento en el empleo. Las disposiciones que se contemplan en la Disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 3-2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, y que afecten a las personas con discapacidad, permanecerán en vigor en aquellas Comunidades Autónomas que no desarrollen acciones y programas propios en esta materia.
Al identificarse en el artículo 25 los ámbitos de las políticas activas de empleo que se cubrirán con las acciones y las medidas que se diseñen, solamente se reconocen expresamente a las empresas que se dedican a la generación de empleo para las personas con discapacidad, esto es, a los Centros Especiales de Empleo, entendiendo que la misma referencia incentivadora se debe recoger para las Empresas de Inserción en su función principal de generación de empleo para las empresas en riesgo de exclusión social.
Por otra parte, se refuerza la garantía de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento en el empleo, comprometiendo al Gobierno para su inclusión en la Estrategia Española de Empleo. Además, se mantienen en vigor las disposiciones derogadas que afecten a este colectivo en aquellas Comunidades Autónomas sin acciones y programas en esta materia.
Se modifica el artículo 26 tal y como se incluye en el Artículo 12 del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero) publicado en el BOCG serie A 116-1, pero incorporando las siguientes modificaciones:
a) El derecho a la formación profesional para el empleo y la igualdad en el acceso de la población activa, y las empresas y las Administraciones Públicas a la formación y a las ayudas a la misma.
Mejorar el acceso de las Administraciones Públicas al sistema de formación profesional para el empleo.
«(Nueva) Disposición adicional. Consulta a los Consejos del Trabajo Autónomo y para el Fomento de la Economía Social.
La inclusión de una disposición que regule específicamente la interlocución del Consejo del Trabajo Autónomo y el Consejo para el Fomento de la Economía Social en materia de políticas activas de empleo en el trabajo autónomo supone también dar respuesta a las peticiones de las organizaciones del sector.
Por otro lado, hay que destacar que esta propuesta encaja con las disposiciones que sobre esta materia ya vienen comprendidas en las normas que regulan los dos Consejos:
Consejo del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo) artículo 22.2 letra a 2.º: Son competencias del Consejo el diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de trabajo autónomo.
Consejo para el Fomento de la Economía Social (Proyecto de Ley de economía social, texto aprobado en el Congreso) artículo 9. 2, letra d: El Consejo tendrá la función de informar los programas de desarrollo y fomento de la economía social.
Se modifica el artículo 26 tal y como se incluye en el Artículo 12 del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente
del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero) publicado en el BOCG serie A 116-1, pero incorporando las siguientes modificaciones:
2. Las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo están dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de las Administraciones Públicas, de los territorios y de los sectores productivos.»
Se modifica el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, que queda redactado de la siguiente manera:
1. En el ámbito de competencia estatal corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el marco de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la coordinación de la política de empleo.
Igualmente, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previo informe de este ministerio a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, la aprobación de los proyectos de normas con rango de Ley y la elaboración y aprobación de las disposiciones reglamentarias básicas en relación con la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, fomento de empleo, protección por desempleo, formación profesional para el empleo profesional ocupacional y continua en el ámbito estatal, así como el desarrollo de dicha ordenación, todo ello sin perjuicio de las competencias que en materia de extranjería corresponden al Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de planificación económica de dictar normas en esta materia.
En cualquier caso, corresponde al Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, la gestión y control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de las funciones que puedan asumir las Comunidades Autónomas.
Mejora técnica. Se clarifican las competencias de las Comunidades Autónomas respecto al desarrollo de las disposiciones básicas dictadas por el Estado, en tanto tienen relación con la planificación económica en su territorio.
Asimismo, se concreta la posibilidad de la gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo en aquellas Comunidades Autónomas que lo deseen.
(Nueva) Disposición Final. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 226 y se adiciona un nuevo apartado 1 bis.
1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en materia de sanciones y del apartado 1 bis.
1. bis. Las funciones de gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, en los términos que se definan en sus respectivos decretos de traspaso.
Dos. Se adiciona una nueva disposición transitoria sobre el traspaso de la gestión y control de las prestaciones por desempleo, con el siguiente redactado:
Disposición transitoria. Gestión y control de las prestaciones por desempleo por parte de las Comunidades Autónomas.
1) El Servicio Público de Empleo Estatal garantizará la coordinación entre políticas activas y pasivas con los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas mientras la gestión y control de las prestaciones no hayan sido objeto de transferencia a las Comunidades Autónomas.
2) Los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas asumirán la competencia sancionadora en materia de prestaciones por desempleo a través de los respectivos decretos de traspaso de la gestión y control de las prestaciones por desempleo.
Posibilitar la gestión y control de las prestaciones de protección por desempleo en aquellas Comunidades Autónomas que lo deseen. Esta integración competencial de la gestión y control de las prestaciones y subsidios por desempleo y de las políticas activas, actualmente ya transferidas a la mayoría de Comunidades Autónomas, debe permitir una mejorar la integración de las políticas activas y pasivas, así como avanzar en la ocupabilidad de los trabajadores en los períodos de desempleo.
(Nueva) Disposición Final. Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Uno. Se adiciona un nuevo apartado al punto 1 del artículo 208 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, del siguiente modo:
(nuevo) «Cuando se presente la demanda a trámite para la reclamación de los salarios adeudados, en una situación de impago en el pago del salario debido.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo al final del apartado d) del artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el siguiente redactado:
(nuevo) «No podrá aplicarse este apartado en caso que se adeuden salarios al trabajador.»
Tres. Se la letra a) del apartado 2 del artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactada de la siguiente manera:
«a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo, excepto en el período de duración de una reclamación judicial del trabajador por impago de salarios.»
Cuatro. Los trabajadores afectados por el impago de sus salarios podrán acceder a los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas desde el inicio de la reclamación judicial de los salarios adeudados, en las mismas condiciones que los trabajadores en situación de desempleo.
Permitir el cobro de las prestaciones por desempleo desde el inicio de la reclamación judicial de los salarios adeudados por el empresario, a los efectos de mejorar la actual indefensión de los trabajadores ante el impago de los salarios, así como acceder a las políticas activas de empleo desde el inicio del proceso judicial.
Actualmente, en caso de impago de las nóminas, el trabajador debe reclamar las cantidades adeudadas y solicitar la extinción del contrato mediante sendas papeletas de conciliación (demanda previa a la vía judicial), pero sin dejar de acudir a su puesto de trabajo hasta que tenga la sentencia que da por finalizado su contrato, para que no se le pueda achacar una baja voluntaria. Normalmente, en este plazo de tiempo el trabajador continua sin percibir su salario, sumando a ello los meses anteriores en que no ha percibido su remuneración. Teniendo en cuenta que el procedimiento judicial suele resolverse en dos o tres meses, existe un período de tiempo en que el trabajador no cobra, pero tampoco puede acceder a la prestación de desempleo ni buscar otro empleo, pues debe acudir a la empresa por la que está contratado. Son numerosas las veces en que, en la actual coyuntura económica, estos meses en las que no se tienen ingresos pueden existir numerosas dificultades para cubrir las necesidades básicas de la familia.
En tanto que en la actual coyuntura económica se han multiplicado los casos de empresas que, por distintos motivos, dejan de pagar a sus empleados, esta enmienda propone que se pueda acceder a las
prestaciones por desempleo (contributivas o asistenciales) desde el momento que se inicia la reclamación por impago de los salarios.
Debe tenerse en cuenta que la situación anterior se puede agravar en los casos que la empresa declare la situación de concurso de la empresa, pues en estas situaciones el cobro de los salarios dependen, en numerosas ocasiones, de la finalización del concurso. Esta situación puede dilatar por más de un año las situaciones descritas anteriormente que, a todas luces, sitúan a los trabajadores afectados en la más absoluta de las indefensiones.
(Nueva) Disposición Final. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Se adiciona un nuevo apartado en el artículo 68, con el siguiente redactado:
8. Deducción por formación.
— El 50 % de las cantidades abonadas para la realización de formación, en los términos que se definan reglamentariamente. La base máxima de esta deducción será de 3.000 euros anuales.
Establecer medidas de impulso a la formación continuada, en coherencia con las conclusiones del grupo de expertos sobre formación para el empleo, en la que consideran necesario un incremento de los recursos globales destinados a formación.
(Nueva) Disposición adicional. Bonificación por la contratación indefinida del primer asalariado del trabajador autónomo.
1. El trabajador autónomo que, desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta el 31 de diciembre de 2012, contrate indefinidamente a un desempleado que constituya su primer trabajador asalariado, y no esté en el ámbito de aplicación de las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo establecidas en el Capítulo III de esta Ley, tendrá derecho, siempre que no haya tenido trabajadores asalariados durante los tres meses anteriores a esta contratación, a una bonificación del 100 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, por un periodo máximo de 24 meses de duración.
2. El trabajador autónomo beneficiario deberá mantener la estabilidad en el empleo de su primer trabajador asalariado durante, al menos, los 12 meses desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación al reintegro de las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
8. El Gobierno, analizará la aplicación de los apartados anteriores, con objeto de analizar la procedencia de prorrogar sus medidas a partir de 31 de diciembre de 2012, ampliando su vigencia en función de su capacidad para generar empleo de forma significativa y de su eficiencia, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, asociaciones de autónomos y organizaciones de la economía social afectadas.
Permitir la bonificación de la totalidad de las cotizaciones empresariales para la contratación del primer asalariado por parte de un trabajador autónomo. Esta medida extraordinaria tendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y siempre que el nuevo trabajador se mantenga durante 12 meses.
Esta enmienda pretende dar visibilidad, adaptando su redactado, a la bonificación por la contratación indefinida del primer asalariado del trabajador autónomo regulada en el Real Decreto 1300/2009 y que ha pasado desapercibida para la gran mayoría de trabajadores autónomos, entidades contratadas por ellos para la gestión de la contratación e incluso, para las administraciones públicas que regularmente facilitan resúmenes de las bonificaciones aplicables a la contratación.
(Nueva) Disposición adicional. Bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo.
1. Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2012 a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios por desempleo regulados en el Título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o de la Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los tres años de duración.
3. El empleador beneficiario deberá mantener la estabilidad en el empleo del trabajador contratado durante al menos un año desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación al reintegro de las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
4. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, la aplicación de la bonificación prevista en este artículo requerirá el consentimiento del trabajador desempleado, que se expresará en el contrato de trabajo.
5. La bonificación a que se refiere este artículo será incompatible con cualesquiera otras previstas para la misma finalidad. En el caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a la aplicación de otras bonificaciones, sólo podrá aplicarse una de ellas, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social.
6. Los contratos a que se refiere este artículo se formalizarán en el modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal.
7. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas en el Programa de Fomento de Empleo recogido en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo establecido en materia de exclusiones en el artículo 6.2.
8. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo un seguimiento trimestral de la bonificación establecida en este artículo, para garantizar que se cumplen los requisitos y finalidad de la misma.
9. Esta bonificación de cuotas de la Seguridad Social se aplicará por los empleadores con carácter automático en los correspondientes documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Recuperar la fórmula vigente hasta el 18 de junio de 2010 de permitir la bonificación de las cotizaciones sociales de la empresa por la contratación indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo, regulada inicialmente en el artículo 5 de la Ley 27/2009 de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y que fue derogada por el Real Decreto Ley 10/2010, con lo que su vigencia fue de escasamente un año y tres meses.
﻿El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 26 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
(Nueva) Disposición adicional. Medidas para favorecer el empleo durante el año 2011 y 2012.
1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2012, de forma indefinida a trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, recibirá una subvención directa del Estado de 5.000 euros.
2. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones establecidas en este artículo las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de trabajadores por cuenta ajena.
3. Será requisito imprescindible para que puedan aplicarse las bonificaciones establecidas en este artículo que las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo las referidas a contratos de relevo, supongan un incremento del nivel de empleo fijo de la empresa.
4. Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado con la contratación indefinida o transformación bonificada.
El incumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones establecidas en este apartado dará lugar al reintegro de las subvenciones recibidas, celebrados al amparo de este artículo, afectadas por el descenso del nivel de la plantilla fija que se alcanzó con esas contrataciones.
Impulsar, de forma extraordinaria y hasta el 31 de diciembre de 2012, la contratación de los trabajadores desempleados mediante la subvención directa de 5.000 euros en los costes de contratación.
(Nueva) Disposición adicional. Programa de fomento a la creación de nuevas actividades empresariales.
1.ª La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, aunque hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades, independientemente de su duración, o constituirlas, o cuando dichos beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con minusvalía igual o superior al 33 por 100.
3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.
En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 100 por 100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir.
2. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en el apartado anterior.
Ampliar a todos los colectivos la posibilidad de capitalización de la prestación de desempleo hasta el 100%.
3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, así como por la constitución de una nueva actividad empresarial, independientemente de la forma jurídica elegida.
En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para el inicio
de la actividad, con el límite máximo del 100 por 100 del importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir.
4.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución de la cooperativa o sociedad laboral, o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo o por la constitución de una nueva actividad empresarial, independientemente de la forma jurídica elegida, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social.
2. Las personas que se acojan al abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único podrán complementar su financiación a través de los instrumentos que articule el Instituto de Crédito Oficial para la financiación de Pymes y autónomos.
3. El Gobierno podrá modificar, mediante Real Decreto, lo establecido en el apartado 1 anterior.
Ampliar a todos los colectivos la posibilidad de capitalización de la prestación de desempleo hasta el 100%, para la creación de nuevos actividades empresariales, independientemente de su forma jurídica.
Esta medida debe prever la posibilidad de financiación complementaria a través de los instrumentos de financiación de Pymes y autónomos que articule el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Asimismo, esta enmienda se complementa con la derogación de la Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, a los efectos de evitar la actual dispersión normativa en relación a la capitalización de la prestación del desempleo.
(Nueva) Disposición adicional. Bonificaciones en la formación de demanda para empresas de menos de 100 trabajadores.
Se modifica el apartado Cuatro de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con el siguiente redactado:
«Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el año 2010 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se establece a continuación:
a) Empresas de 6 a 9 100 trabajadores: 100 por ciento.
c) b) De 101 a 249 trabajadores: 60 70 por ciento.
d) c) De 250 o más trabajadores: 50 60 por ciento.
Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por empresa de 420 800 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas que durante los años 2011 y 2012 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante los años 2011 y 2012 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados por Orden del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo.
Asimismo, el Gobierno establecerá, en el plazo de tres meses, una tramitación administrativa abreviada para el acceso a los fondos de formación profesional para el empleo de las empresas de menos de 100 trabajadores.»
Mejorar la financiación de la formación continua de los trabajadores de las empresas de menos de 100 trabajadores, a través de un incremento de los créditos asignados para la formación de demanda y una tramitación abreviada para el acceso a estos fondos.
(Nueva) Disposición adicional. Bonificación en las contrataciones interinas en empresas de menos de 50 trabajadores.
Contrataciones interinas de un trabajador que sustituya a un trabajador en situación de incapacidad temporal, en empresas de menos de 50 trabajadores.
Se aplicará a las empresas de menos de 50 trabajadores una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social en los contratos de interinidad que se celebren con personas desempleadas para sustituir a un trabajador en situación de incapacidad temporal de más de tres meses.
Esta bonificación se aplica también a las substituciones de los trabajadores autónomos, socios trabajadores o socios de trabajo de las sociedades cooperativas, en los mismos términos.
Fomentar la contratación interina de nuevos trabajadores en los casos de incapacidades temporales superiores a tres meses. Actualmente, muchas de estas bajas laborales no se cubren a causa del incremento de costes que supone para la empresa, especialmente para las pymes.
(Nueva) Disposición adicional. Funciones y servicios de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.
Los incentivos a la contratación, mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales, de conformidad con lo previsto en la legislación estatal, en relación con los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo radicados en una Comunidad Autónoma, así como respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos radicados en la misma, podrán ser asumidos por aquellas Comunidades Autónomas que lo soliciten mediante el correspondiente decreto de traspaso.
Extender, a aquellas Comunidades Autónomas que así lo planteen, el traspaso de los incentivos a la contratación, mediante el régimen de bonificaciones de las cuotas sociales, iniciado con la Comunidad Autónoma Vasca.
(Nueva) Disposición adicional. Modificación del Real Decreto Ley 1/2011 en relación a la inclusión de las personas con discapacidad.
Se modifica el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado a) del punto 1 del artículo 1, que queda redactado de la siguiente manera:
«a) Tener una edad igual o inferior a 30 años, o igual o inferior a 35 años en lo casos de las personas con discapacidad.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo final al punto 1 del artículo 1, con el siguiente redactado:
«A los efectos de esta Ley, se consideran personas con discapacidad las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.»
Tres. Se modifica el segundo párrafo del punto 2 del artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera:
«No podrán acogerse a este programa las personas que hubieran percibido la prestación extraordinaria del programa temporal de protección por desempleo e inserción, ni las que hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción, ni las que hubieran agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo, ambos en favor de los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Las personas con discapacidad con especiales dificultades para su inserción laboral podrán acogerse a este programa aunque se encuentren en alguno de los supuestos señalados en este párrafo. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando estén incluidas en algunos de los grupos siguientes:
b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.»
Cuatro. Se modifica el punto 1 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. Los Servicios Públicos de Empleo se dirigirán, durante un año desde la entrada en vigor de esta norma, a jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, personas con discapacidad, a personas procedentes del sector de la construcción y de otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificación, para llevar a cabo acciones de mejora de su empleabilidad, mediante itinerarios individuales y personalizados de empleo, que incrementen sus oportunidades de ocupación.»
Adaptar el Real decreto Ley de medidas urgentes de empleo a las especificidades de inserción laboral de las personas con discapacidad, como la incorporación más tardía al mercado laboral o a colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral, que este real decreto debería tener en cuenta para favorecer la mejora de su empleabilidad.
(Nueva) Disposición adicional. Modificación de la Ley 43/2006 relacionado con las bonificaciones aplicables a las personas con discapacidad.
Se modifica la Disposición final sexta de la Ley 43/2006 con el siguiente redactado:
«Las personas con discapacidad que causen alta en el Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se beneficiarán, mientras dure la situación de alta, de una bonificación del 75 por 100 de la cuota, en el caso de los hombres, y del 90 por 100 en el caso de las mujeres, que resulte de aplicar sobre la base de cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen Especial.
Se entiende por trabajador con discapacidad la persona definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.»
Mejorar el régimen aplicable a las personas con discapacidad, dada la desigualdad que tiene este grupo social en el mercado de trabajo en relación a la población en general, menor tasa de empleo y mayor tasa de desempleo.
Se propone modificar esta regulación para:
— Mejorar la bonificación, incrementándola del 50% al 75%, en el caso de hombres, y al 90% en el caso de mujeres.
— Aplicar la bonificación sobre la base de cotización que realmente se aplique y no solo sobre la mínima.
— Hacerla indefinida (no temporal, como sucede ahora) para equipararla a los contratos de trabajo indefinidos, suprimiendo también la obligatoriedad de que sea inicial.
(Nueva) Disposición adicional. Disponibilidades presupuestarias en el pago de las subvenciones por mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo.
El Gobierno realizará, durante el ejercicio 2011, las modificaciones presupuestarias necesarias para el pago de las subvenciones por mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo, previstas en el artículo 8 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que no pudieron atenderse en el año 2010 por falta de créditos presupuestarios.
Prever el pago de las subvenciones para el mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo que no pudieron ser atendidas presupuestariamente durante el año 2010.
(Nueva) Disposición adicional. Evaluación continuada de las políticas activas.
Anualmente, el Gobierno presentará una memoria sobre el gasto, incluido el necesario para la gestión del sistema, y los resultados de las políticas activas en el conjunto del Estado, con el objetivo de otorgar mayor transparencia a las políticas de empleo y de formación, al tiempo que contribuye a garantizar la eficacia y eficiencia del gasto en consonancia con los objetivos fijados.
En ella, se incluirán un apartado destinado a la evaluación de la mejora de los procedimientos de la modalidad de Formación para el Empleo de demanda, en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, rigideces del sistema y la incorporación de las pymes.
Prever la presentación de una memoria anual sobre los gastos en las políticas activas y sus resultados, con el objetivo de dar mayor transparencia a la gestión que se realiza en las políticas de empleo y formación.
(Nueva) Disposición adicional. Evaluación de los trámites administrativos para la creación de empresas.
La Agencia de Evaluación y Calidad publicará anualmente las principales medidas adoptadas por la Administración General del Estado destinadas a la reducción de los trámites administrativos y de los plazos para la creación de empresas, evaluando la evolución anual del plazo necesario para la creación de una sociedad.
Coordinar el fomento de la emprendeduría con la necesaria agilidad de la administración en los trámites necesarios para la constitución de empresas. Con esta enmienda se propone evaluar los plazos necesarios para la creación de una empresa, mejorando los sistemas de transparencia de las políticas pública, con el objetivo de fomentar la introducción de las modificaciones necesarias por parte de la Administración General del Estado.
De esta forma se da continuidad a los estudios elaborados por la propia Agencia (Estudio de los trámites administrativos para la creación de empresas, 2007) e índices internacionales (Doing Business elaborado por el Banco Mundial) en la que se reconoce la mala posición de España en el tiempo de creación de una sociedad, debido al tiempo excesivo necesario en la realización de los trámites. En ambos estudios, especialmente el de la Agencia de Evaluación y Calidad, proponen una serie de medidas a adoptar que de forma mayoritaria, cuatro años después de la finalización del estudio, todavía están por desarrollar.
La propia Agencia reconocía en su informe que para la constitución de una Sociedad Limitada el tiempo mínimo era de 45 días y un máximo de 210 días, suponiendo que los trámites inmediatos se puedan realizar en un solo día. En el informe del Banco Mundial, establecía una media de 47 días los necesarios para la creación de una empresa, que contrasta con el plazo medio de 15 días para su constitución en los países de la OCDE.
(Nueva) Disposición adicional. Recursos económicos destinados a políticas activas mientras se mantengan las elevadas tasas de paro.
Mientras se mantenga una tasa de paro superior a la media de la UE, el Gobierno consignará anualmente los créditos presupuestarios necesarios, a gestionar por las Comunidades Autónomas, para el desarrollo las medidas contenidas en la Ley. En todo caso, los recursos económicos consignados no serán inferiores a los previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
Prever una adecuada financiación de las políticas activas de ocupación mientras la tasa de paro supere la tasa media de la UE, que contribuya a la mejora del mercado de trabajo y a la mayor empleabilidad de quienes buscan empleo.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición derogatoria única.
Uno. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la presente ley y, expresamente, el texto refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, de 22 de diciembre, por las que se establece y regula el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado por el Decreto 2123/1971, de 23 de julio, y la disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
Dos. En el ámbito de la regulación de la protección …/… (resto igual)
En coherencia con la enmienda de modificación de la capitalización de la prestación de desempleo.
(Nueva) Disposición Final. Deducción por discapacidad.
«Se adiciona un apartado 3 nuevo en el artículo 58, con el siguiente redactado:
3. En los supuestos en que el descendiente con discapacidad obtenga unos ingresos por rendimientos del trabajo equivalentes al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, el límite de rentas anuales previsto en el apartado 1 de este artículo, será de 12.000 euros.»
Las personas que trabajan en un centro especial de trabajo y perciben el salario mínimo interprofesional, superan los 8.000 euros anuales actuales y sus ascendientes no pueden aplicarse la deducción por discapacidad.
Se propone aumentar la cantidad mínima en concordancia con los ingresos obtenidos por un salario equivalente al SMI.
(Nueva) Disposición Final. Tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo
Se modifica la disposición transitoria tercera de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición Transitoria Tercera. Tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo.
La modificación de la letra e del artículo 7, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, contenida en la disposición adicional decimotercera de la presente Ley, será de aplicación a los despidos derivados de los expedientes de regulación de empleo aprobados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, como también a los despidos posteriores a su entrada en vigor procedentes de expedientes de regulación de empleo anteriores, así como a los despidos producidos por las causas previstas en la letra c del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores desde esta misma fecha.»
Clarificar las dudas interpretativas que ha suscitado esta disposición transitoria, adaptándola al objetivo perseguido por los legisladores al redactar esta disposición incorporada en el trámite parlamentario. De esta forma, el tratamiento fiscal de las indemnizaciones derivadas de Regulación de Empleo que regula la DA decimotercera de la Ley 29/2007, debe aplicarse también a todos a aquellos despidos se han producido con posterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley 2/2009, pero que procedían de EREs aprobados con anterioridad.
(Nueva) Disposición Final.
Se modifica el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en los siguientes términos:
Uno. Se adiciona una nueva letra d) al apartado 1 del artículo 15, con el siguiente redactado:
«d) Cuando se trate de contratar trabajadores para la ejecución de programas públicos de empleo y formación de duración determinada.»
Dos. Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo 15, que queda redactado de la siguiente manera:
«Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, a los contratos que realicen las administraciones públicas y sus organismos para la ejecución de políticas activas de empleo, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado.»
Prever la utilización de los contratos temporales en la ejecución de los programas de política activa de empleo, permitiendo a las corporaciones locales la contratación del personal que requiere la ejecución de los distintos programas de duración determinada o vinculados a programas públicos de empleo y/o formación mediante este tipo de contrato.
(Nueva) Disposición Final. Bonificación a los nuevos trabajadores autónomos.
Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que queda redactado de la siguiente manera:
«Disposición adicional trigésima quinta. Bonificación de la cotización de la Seguridad Social aplicable a los nuevos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
1. En el supuesto de trabajadores, incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a partir de la entrada en vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, se aplicará sobre la cuota por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos de alta, equivalente al 100 por 100 de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo mínimo de
cotización vigente en cada momento en este Régimen, y una bonificación del 30 por 100 en los 18 meses siguientes a la finalización del periodo de reducción.
En el caso de mujeres trabajadoras autónomas comprendidas entre los 30 y 35 años de edad, y que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados, se mantendrán las bonificaciones vigentes.»
Posibilitar una reducción del 100% en todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social a los nuevos trabajadores autónomos durante su primer año, independientemente de su edad.
El objetivo de esta enmienda es facilitar la emprendeduría y la autocupación de las personas en situación de desempleo. Los emprendedores que se dan de alta en el RETA como trabajadores autónomos, también están generando empleo, aunque sea el suyo propio, por lo que entendemos que también deben de beneficiarse de este tipo de reducciones similares a la contratación de personal en las empresas, evitando así agravios comparativos, y potenciando la generación de empleo autónomo o autoempleo.
(Nueva) Disposición Final. Lealtad institucional.
La financiación de los gastos por los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo, especialmente a los que hacen referencia los artículos 13.g), 19 bis, 19 ter, 19 quáter, 19 sexies, 19 septies, 19 octies y la disposición transitoria segunda, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedará garantizada de acuerdo con lo previsto por la disposición adicional sexta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía o, en su caso, por los correspondientes traspasos de funciones y servicios.
A estos efectos, una vez transcurrido seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno se reunirá con cada Comunidad Autónoma para establecer el incremento de gastos ocasionados para el cumplimiento de la Ley y establecer el procedimiento de compensación anual. Dichas cantidades podrán ser incrementadas en función de la especial contribución de la Comunidad Autónoma a la reducción de las tasas de desocupación.
La presente ley fija medidas y políticas activas de empleo que deberán implementar los servicios públicos de empleo de las CCAA, teniendo una indudable repercusión en sus presupuestos. Por ello, el Estado debe garantizar la financiación adecuada y suficiente a las CCAA, para que puedan hacer frente a dichas medidas.
Igualmente, deben preverse mecanismos de compensación anual por el incremento de los gastos en los que se primen aquellas Comunidades Autónomas que hayan realizado una especial contribución a la reducción de las tasas de paro.
(Nueva) Disposición Final. Lealtad institucional en materia de extranjería.
1. La financiación de los gastos de gestión soportados por las Comunidades Autónomas por la tramitación de las autorizaciones de trabajo y la emisión de los informes previstos en el Reglamento de Extranjería quedará garantizada de acuerdo con lo previsto por la disposición adicional sexta de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía o, en su caso, por los correspondientes traspasos de funciones y servicios.
2. A estos efectos, una vez transcurrido un año desde la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería, las Subcomisiones de cooperación constituidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas para analizar cuestiones sobre trabajo y residencia que les afecten directamente procederán a evaluar y distribuir los gastos mencionados de conformidad, en su caso, con los criterios comunes que puedan acordarse en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
Prever la lealtad institucional en la aplicación del Reglamento de Extranjería.
(Nueva) Disposición Final. Aplicación de los itinerarios individuales y personalizados de empleo.
A partir de enero de 2013, la elaboración de estos itinerarios se extenderá a toda la población desempleada demandante de empleo.
Extender la elaboración de itinerarios personalizados de empleo a todos los demandantes de empleo, que permita incluir a los autónomos beneficiarios de la prestación por cese de actividad o a ocupados que desean cambiar de empleo.
Se modifica la Disposición final primera «Fondo de políticas de empleo» incluida en el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-Ley 3/2011, de 18 de febrero) publicado en el BOCG serie A 116-1, con la incorporación de las siguientes modificaciones:
«a) El 10 % de Los remanentes de créditos no comprometidos por las Comunidades Autónomas en la ejecución de las acciones y medidas de políticas activas de empleo, que se integren en el presupuesto de ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal.»
Evitar que todos los créditos presupuestarios destinados anualmente a las políticas activas se pierdan por la falta de ejecución. Con esta propuesta, todos los remanentes presupuestarios se verán automáticamente afectados al Fondo de políticas de empleo.
«b) El 10 % de Los remanentes de crédito no ejecutados por el Servicio Público de Empleo Estatal en las acciones y medidas incluidas en la letra h) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.»
Evitar que los créditos presupuestarios destinados anualmente a las políticas activas se pierdan por la falta de ejecución. Con esta propuesta, todos los remanentes presupuestarios se verán automáticamente afectados al Fondo de políticas de empleo.
(nuevo párrafo) «El saldo de mayor recaudación de la cuota de desempleo, que se obtendrá como diferencia positiva entre la liquidación de las cuotas de desempleo efectivamente imputadas al presupuesto de ingresos y los gastos en prestaciones por desempleo.»
Destinar los excedentes de las cuotas por desempleo a las políticas activas a través de su incorporación al Fondo de políticas de empleo.
«3. Se integrarán adicionalmente en dicho Fondo, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera lo permitan:
A los efectos de realizar las correspondientes dotaciones, se establece como condición mínima para considerar que la situación financiera permite la misma, que el resultado presupuestario del ejercicio sea positivo. El resultado presupuestario de cada ejercicio se obtendrá, en aplicación de la legislación contable y presupuestaria vigente en cada momento, como diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas de cada ejercicio.»
6. La disposición de los activos del Fondo de políticas de empleo se destinará …/…
(nuevo párrafo) «En cualquier caso, los Servicios Públicos de Empleo que hayan realizado aportaciones al Fondo de reserva, no quedaran excluidas de la posterior disposición de dicho Fondo.»
8. Para el Control y ordenación de la gestión del Fondo de políticas de empleo se crea el Comité de Gestión del mencionado fondo.
Dicho Comité estará presidido por la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, y se compondrá, además de un representante de cada Comunidad Autónoma, de cinco miembros: dos designados por el Ministerio de Economía y Hacienda, uno de los cuales realizará las funciones de vicepresidente; uno designado por la Intervención General de la Administración del Estado; y dos designados por la Secretaría de Estado de Empleo, uno de los cuales actuará como secretario del Comité, con voz pero sin voto.
Prever la participación de las CCAA en el Comité de Gestión del Fondo de Reserva.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 5 enmiendas al Proyecto de Ley por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.
Palacio del Senado, 5 de septiembre de 2011.—La Portavoz, María del Carmen Silva Rego.
«Disposición final (Nueva). Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
Se modifica el apartado 1.2 del artículo 19 quáter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando redactado como sigue:
“1.2 Información y gestión de ofertas de empleo adecuadas, incluyendo las procedentes de los otros países de la Unión Europea, así como información sobre el mercado de trabajo, y los incentivos y medios disponibles para el fomento de la contratación y el apoyo a las iniciativas emprendedoras, con especial atención a las fórmulas de autoempleo, de trabajo autónomo o de economía social.”»
Se modifica la letra f) y g) del apartado 1 del artículo 25 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, quedando redactado como sigue:
“Artículo 25. Identificación y ámbitos de las políticas activas de empleo.
f) Oportunidades para colectivos con especiales dificultades: acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el empleo. A estos efectos, se tendrá especialmente en consideración la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de las personas con discapacidad y de las personas en situación de exclusión social. En relación con las personas con discapacidad, se incentivará su contratación tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo.
(…)”»
Añadir una nueva disposición final, con la siguiente redacción:
“Disposición adicional séptima. Consulta a los Consejos del Trabajo Autónomo y para el Fomento de la Economía Social.
En la elaboración de la Estrategia Española de Empleo y del Plan Anual de Política de Empleo, y en relación con las actuaciones de promoción del trabajo autónomo y de la economía social, se consultará a los Consejos del Trabajo Autónomo y de Fomento de la Economía Social.”»
Consejo para el Fomento de la Economía Social (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social) artículo 9. 2, letra d: El Consejo tendrá la función de informar los programas de desarrollo y fomento de la economía social.
«Disposición final (Nueva). Modificación del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.
Se modifica el segundo párrafo del apartado 8 de la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo, que queda redactado como sigue:
“Disposición final primera. Fondo de políticas de empleo.
Dicho Comité estará presidido por la persona titular de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal y se compondrá, además, de seis miembros: dos designados por el Ministerio de Economía y Hacienda, uno de los cuales realizará las funciones de vicepresidente; uno designado por la Intervención General de la Administración del Estado; dos designados por la Secretaría de Estado de Empleo; y uno en representación de las comunidades Autónomas, con voz y sin voto, que será quien ostente, en cada momento, la vicepresidencia del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Actuará como secretario del Comité, con voz y sin voto, un funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal.”»
Incluir en el Comité de Gestión del Fondo de políticas de empleo a una persona que ostente la representación de las Comunidades Autónomas, permite garantizar que el criterio de éstas pueda ser tenido en cuenta en el desarrollo de las funciones atribuidas a dicho Comité.
«Disposición final (Nueva). Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Permitir, por una parte, la utilización del contrato para la formación en aquellos supuestos de proyectos pendientes de aprobación y, por otro, la no sujeción a los límites de edad y duración establecidos para el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje.
Artículo 1 GP Popular en el Senado (GPP)  1
Artículo Nuevo a continuación del Artículo 6 GP Popular en el Senado (GPP)  2
Disposición adicional segunda GP Popular en el Senado (GPP) GP Popular en el Senado (GPP)  3 4
GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  8
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 11
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 12
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)  13
Disposición adicional nueva GP Popular en el Senado (GPP) 5
GP Popular en el Senado (GPP)  7
GP Popular en el Senado (GPP) y GP Socialista (GPS)  10
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 14
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 15
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 32
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 33
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 34
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 35
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 36
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 37
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 38
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 39
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 40
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 41
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 42
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)  43
Disposición derogatoria única GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)  44
Disposición final nueva GP Entesa Catalana de Progrés (GPECP)  9
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 16
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 17
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 18
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 19
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 20
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 21
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 22
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 23
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 24
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 25
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 26
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 27
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 28
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 29
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 30
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 31
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 45
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 46
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 47
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 48
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 49
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 50
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 51
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 52
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 53
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 54
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 55
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU) 56
GP Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU)  57
GP Socialista (GPS) 58
GP Socialista (GPS) 59
GP Socialista (GPS) 60
GP Socialista (GPS) 61
GP Socialista (GPS) 62