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Timestamp: 2019-08-25 16:31:04
Document Index: 305040886

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 45', 'Artículo 26', 'Artículo 25', 'Artículo 64', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 26']

Viviana krsticevic marisol blanchard maria clara galvis - Página 7
Del ejercicio de los derechos humanos
Parientes a ser indemnizados
Entrevistas a Jorgelina Flores, Madre de Griselda Flores, menor de dos años de edad fallecida en agosto de 1997.
Entrevistador: ¿Griselda Flores era tu hija? ¿Ella cómo murió?
Jorgelina Flores: Se enfermó de diarrea ..
Entrevistador: ¿Y por largo tiempo?
Jorgelina Flores: Por largo tiempo, ocho días
Entrevistador: Ocho días ¿Y aquí al costado de la ruta murió [asiento actual de la comunidad]?
Jorgelina Flores: En la ruta antigua [asiento inicial de Yakye Axa sobre la ruta Pozo Colorado-Concepción]
Entrevistador: En la ruta antigua, allá... ¿En que año murió?
Jorgelina Flores: De eso no me acuerdo...
Entrevistador: La vez pasada llegamos a anotar eso... ¿Y en aquel entonces ella no se vacunó?’
Jorgelina Flores: No se vacunó...
Entrevistador: ¿Cuántos años ella tenía o meses?
Jorgelina Flores: Dos años tenía.
Entrevistador: Dos años ¿Y solía atacarle la diarrea?
Jorgelina Flores: Solía...
Entrevistador: ¿Y en ese entonces era época de sequía?
Jorgelina Flores: Era tiempo de sequía.
Entrevistador: ¿Y de donde ustedes tomaban agua? ¿De un tajamar?
Jorgelina Flores: De un tajamar, al costado de la ruta.
Entrevistador: ¿Y en aquel entonces el agua ya no estaba buena?
Jorgelina Flores: Sequía...
Entrevistador: ¿Ya estaba sucia [contaminada] el agua?
Jorgelina Flores: Ya estaba sucia.
Entrevistador: Entonces dos años tenía [Griselda]... ¿En aquel tiempo no vinieron los del Estado? ¿No tenían ustedes remedios, suero [oral] para darle a ella?
Jorgelina Flores: No.
Entrevistador: ¿No hubo quién los visite a ustedes allá [en la ruta antigua]? ¿No llegaron médicos, ni gente del Estado, ni [médicos] particulares llegaron?
Jorgelina Flores: Nisiquiera uno llegó a venir.
Enrevistador: ¿Y era difícil para ustedes ir hasta Concepción [por atención médica]?
Jorgelina Flores: Era difícil porque no había dinero.
Entrevistador: ¿Y ella [Griselda] murió en la estación calurosa?
Jorgelina Flores: Hacía calor, época de sequía también...
Entrevista a Rosa Chavez, Madre de Alcides Morel Chavez, menor de seis años de edad fallecido en noviembre de 1997.
Entrevistador: Rosa Chavez ¿Alcides era tu hijo?
Rosa Chavez: Así es...
Entrevistador: ¿El más o menos en qué fecha, en qué año murió?
Rosa Chavez: Eso es lo que no se... no me acuerdo en absoluto...
Entrevistador: Pero ¿Cuándo fue ustedes estaban sobre la ruta antigua [asiento inicial de Yakye Axa sobre la ruta]?
Rosa Chavez: Allí murió... [disentería] el estómago y vómito lo mataron...
Entrevistador: ¿Qué es lo que lo mató?
Rosa Chavez: El estomago y vómito...
Entrevistador: ¿Más o menos cuánto tiempo estuvo enfermo de eso?
Rosa Chavez: No me acuerdo bien de eso... el vivía entonces como mi mamá...ya era grande.
Entrevistador: Ya era grande...¿Cuántos años tenía más o menos?
Rosa Chavez: Seis años.
Entrevistador: ¿Y él vivía con tu mamá?
Rosa Chavez: Con mi mamá.
Entrevistador: ¿Él llegó a tomar remedios?
Rosa Chavez: Los Señores [Shamanes] lo medicaron... no sabían su enfermedad y murió.
Entrevistador: ¿Los Señores Yohóxma [Shamán en Enxet]?
Rosa Chavez: Sí...ellos
Entrevistador: ¿Pero no pudieron contra su enfermedad?
Rosa Chavez: No pudieron contra ella...
Entrevistador: Era fuerte... ¿Y allí mismo lo enterraron?
Rosa Chavez: Allí mismo.
Entrevistador: ¿Y en aquel entonces tenías un solo hijo?
Rosa Chavez: Uno sólo.
Entrevistador: ¿Y donde quitamos la foto, allí fue donde él fue enterrado?
Rosa Chavez: Si allí fue...
Entrevista Marciano Solano, hijo de Adolfo Ramírez, de 64 años de edad, fallecido el 15 de agosto de 1998.
Entrevistador: ¿Vos sos el nieto de Adolfo Ramírez?
Marciano Solano: Así es.
Entrevistador: ¿Y él y tu abuela se separaron y luego tu abuelo volvió a casarse con la señora Isabel?
Marciano Solano: Si.
Entrevistador: ¿Cómo murió él? ¿Qué fue lo que le atacó?
Marciano Solano: La enfermedad lo extenuó, andaba apenas...
Entrevistador: ¿La enfermedad lo agobió? ¿No había que darle de comer?
Marciano Solano: No había...
Entrevistador: ¿Y con quién vivía él [al tiempo de morir]?
Marciano Solano: Con mi hija vivía.
Entrevistador: ¿Cómo se llamá tu hija?
Marciano Solano: Andresa.
Entrevistador: ¿Y finalmente vivió con una señora que se llamaba Balbina?
Entrevistador: ¿Y dónde murieron ellos [Adolfo e Isabel]?
Marciano Solano: Aquí murieron...aquí al costado de la ruta.
Entrevistador: ¿Murieron de hambre? ¿No podían comer?
Marciano Solano: No podían...
Entrevistador: ¿Tenían mál de estómago, arcadas?
Marciano Solano: No había nada para darles de comer, así nomás se acostaban [sin comer]...
Entrevistador: ¿Él [Adolfo] tuvo cédula [de identidad]?
Marciano Solano: Si tuvo.
Entrevistador: ¿No dejó sus documentos?
Marciano Solano: No dejó....
Entrevistador: ¿Cuando él murió tu hija se fue de nuevo? ¿Dónde esta ella ahora?
Marciano Solano: En Paradotodo’í [aldea de Colonia El Estribo].
Entrevistador: ¿Al costado del tajamar se los enterró [a Adolfo e Isabel] ?
Marciano Solano: Si allí.
Entrevistador: ¿Él murió acostado?
Marciano Solano: Si, acostado.
Entrevistador: ¿Y asimismo su esposa murió, cuatro días después?
Marciano Solano: Ella también murió.
Entrevistador: ¿Entonces su esposa también murió de hambre? Ambos de eso...
Marciano Solano: No podíamos alimentarlos...
Entrevistador: ¿Ustedes sabían que ellos tenían tuberculosis?
Marciano Solano: No sabíamos bien...
Entrevistador: ¿Ellos no se fueron a ver a un médico ni tampoco vino a verlos uno?
Marciano Solano: No vino...
Entrevistador: ¿Dos meses estuvieron acostados?
Marciano Solano: Así es...
Entrevistador: Y puede ser ... la tuberculosis nos debilita. ¿Victorina era quién los solía atender?
Marciano Solano: Ella es quien los atendía.
Condiciones de subsistencia y trabajo
La gran paradoja es que siendo el medio de subsistencia de uso más extensivo de los indígenas la práctica de la caza, pesca y recolección y su mayor fuente de alimentos e ingresos, no ha sido garantizada por el Estado. Son 33 las personas cabeza de familia que arriesgan sus vidas incursionando en las tierras reclamadas o que recorren largas distancias (de hasta 40 kilómetros) para encontrar pecaríes, venados, armadillos o miel silvestre. A veces se deben contentar con la pesca en tajamares cercanos, donde se proveen de anguilas y otros peces, pero siempre bajo la amenaza de ser vistos y molestados por los personales de la Estancia Loma Verde. Aún cuando se de el mayor éxito en la cacería –lo que esta condicionado por varias razones-, esto no puede asegurar una dieta suficiente en calidad y cantidad de manera permanente, y el complemento de alimentos adquiribles siempre se hace necesario.
De todas formas, el resultado es siempre una nutrición deficiente que a su vez contribuye a un cuadro sanitario crítico.
En cuanto a las personas que actualmente y a la fecha de realización del censo contaban con trabajo asalariado fijo y mensual suman en total 6 personas. Entre ellos figura el maestro de la escuela, miembro a su vez de la comunidad (no se cuenta a la maestra indígena del pueblo Guaraní Occidental que recién desde el año 2002 está trabajando en la escuela enseñando del 4to. al 5to. grado primario). El promedio de salarios de los mismos es de 9289 dólares mensuales, puesto que se cuenta el salario superior del maestro, pero sin contar al mismo nos da una idea más clara que el salario promedio en las estancias es de 64 dólares y que sólo en un caso incluye seguro médico. Aparte de las 6 personas que están trabajando mensualmente hay dos personas que lo hacen por un jornal diario de 3 dólares por día.
Se puede observar que varias personas trabajaron por más de 20 años en la Estancia Loma Verde (Venancio Flores, Tomás Galeano, etc.) o en estancias vecinas, pero ninguna de ellas contó con los beneficios legales (horas extra, vacaciones pagas, seguro médico, jubilación). Inclusive se apuntan casos recientes como el de Mario Montanía, quién trabajó en una estancia, y al ser embestido por un toro en un rodeo, tuvo que guardar reposo por varios meses y al no contar con seguro médico no pudo costear los remedios necesarios y atención médica para su tratamiento.
El hecho mismo de que la comunidad se encuentre sobre la ruta es ya una amenaza para su seguridad en lo que se refiere a accidentes de tránsito. Entre el año 2000 y el año 2001 ya han ocurrido al menos 3 accidentes graves en el trecho de ruta en que se encuentran los indígenas (dos vuelcos de automóviles). El 6 de abril del 2001, un conductor que venía a alta velocidad atropelló a Roberto Gómez, golpeándole el brazo derecho e inhabilitándole por dos meses para hacer cualquier tipo de actividad.
Principalmente, sin embargo, se deben citar la larga lista de hechos ligados a la persecución que los titulares de las tierras han realizado en contra de la comunidad y sus miembros. Además de las graves incidentes que se generaron en el año 2000 y a los cuales se hizo referencia más arriba90 y de la persecución realizada en el marco del proceso penal iniciado por el Juez Martínez Caimén, se dieron otros incidentes, algunos de reciente data que han puesto en peligro la vida de miembros de Yakye Axa y a partir de los cuales el Estado y sus órganos judiciales y de seguridad no ha tomado ningún tipo de recaudo.
Silvio Ramos, por ejemplo, comentó que en febrero de este año fue a cazar cerca del riacho –dentro de las tierras reivindicadas- junto con otras 5 miembros de la comunidad cuando se percataron que venían personales de la Estancia Loma Verde. Dichos personales, montados en sus caballos, al presentir la presencia de los indígenas se dirigieron hacía ellos. Los indígenas se refugiaron en un isla de bosque. Por más de una hora los personales asediaron el lugar con sus perros, realizando varios disparos al aire y amenazando a voces a los indígenas. Este incidente constituye parte de una larga serie de hechos similares, en los cuales los indígenas han tenido que huir o esconderse por sus vidas al entrar a cazar en la estancia.
Otro tipo de hechos constituyen las amenazas que hacen llegar a los oídos de los indígenas, por medio de vecinos no indígenas que también están asentados sobre la ruta, por administradores y personales vinculados a la Estancia Loma Verde. Recientemente, la propietaria de un almacén vecino le comunicó a Esteban López, líder de la comunidad, que personas que están contratadas para hacer alambrados dentro de la Estancia Loma Verde, habían dicho que lo iban a asesinar si es que por efecto de la medida de no innovar solicitada por la comunidad ellos quedaban sin trabajo.
Ante estos numerosos hechos, son varios los pedidos que los indígenas han hecho a autoridades judiciales locales y de otro tipo para que estas dispongan algunas medidas de seguridad –como guardia policial periódica o permanente en el asiento de la comunidad- y/o investigación de los hechos señalados, pero ninguna respuesta se ha tenido en este sentido hasta el presente.
Estado de la educación formal
A partir del censo relevado, se pudo obtener información el grado de instrucción formal (de cualquier orden) de 105 miembros de la comunidad. De este número sólo una persona ha terminado el 1er. curso del colegio secundario (actualmente el 7mo. grado según el nuevo sistema educativo paraguayo) y cuenta con un carné de chofer profesional. Asimismo, sólo un persona, el maestro, ha concluido con el 6to. grado. Cinco personas han concluido o se encuentran cursando el 5to. grado, cuatro el 4to. y doce el 3er. grado. La amplia mayoría, treinta y tres personas, terminó -en caso de jóvenes y adultos- o esta cursando el 2do. grado -mayormente los niños-; catorce el 1er. grado, y cuatro niños y niñas están cursando el pre-escolar. Las personas adultas que declararon no tener ningún tipo de instrucción formal –es decir que son analfabetas- son 41 en total. Realmente, los adultos que sólo cuentan con 1er. y 2do. grado son más bien analfabetos funcionales puesto que su instrucción inicial la tuvieron en español, que para los Enxet es un tercer idioma (el Guarani es su lengua de contacto con la sociedad envolvente).
De hecho la escuela cuenta hoy con instrucción hasta el 5to. grado primario (con la presencia de la maestra nueva y desde este año). El único apoyo oficial que se tiene para la escuela es el rubro de los maestros y los materiales educativos se han obtenido de ayudas particulares. Existe un material educativo en Enxet que se usa sólo en preescolar y 1er. grado a iniciativa del maestro pero la precariedad en que esto se desarrolla no permite que los niños y niñas de Yakye Axa puedan asegurar un manejor escrito mínimo de los tres idiomas que precisan manejar (sin mención de la diferenciación que debería hacerse de los contenidos educativos a realizar).
Por último, quisiéramos rescatar aquí las palabras finales del Informe Médico-Sanitario de la comunidad realizado por el Dr. Pablo Balmaceda, el cual sostiene:
Los datos recogidos confirman las observaciones que penosamente se soportan al visitar la comunidad.
Poca cosa se puede decir acerca de las contundentes cifras que tenemos a la vista.
La comunidad entera se encuentra viviendo por muchos años en la precariedad absoluta, en chozas que ni por si acaso podemos llamar vivienda, en un hacinamiento indescriptible, sin ni una sola excreta en toda la comunidad, sin agua potable, ni siquiera hay agua suficiente para las más elementales necesidades básicas.
No tienen la más remota posibilidad de desarrollar sus vidas de acuerdo a las pautas tradicionales de los Enxet, la caza, la recolección y el cultivo a pequeña escala.
Además el estado se encuentra ausente, no existe ni representantes de las autoridades policiales, judiciales ni las asistenciales como las de salud, como podemos constatar en los fallecimientos. Todos fallecieron sin asistencia médica. Los 2 o 3 que pudieron llegar hasta un profesional médico lo hicieron en forma tardía.
Ante todo esto solo puedo decir que:
La comunidad de Yakye Axa se encuentra en la indigencia total.
Atentos a las circunstancias de hecho y de derecho expuestas precedentemente y a los expuesto por la Ilustre Comisión en su demanda, esta representación entiende que el Estado de Paraguay es responsable internacionalmente por violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas que se señalan en la nómina de fallecidos precedentemente expuesta, sus familiares y la comunidad Yakye Axa y sus miembros.
III.c VIOLACIÓN A LA PROTECCIÓN Y GARANTÍAS JUDICIALES
(Artículos 25 y 8)
El artículo 25 de la Convención establece el derecho de toda persona de acceder a tribunales competentes que lo amparen contra actos que violen sus derechos, y que los Estados parte de dicho instrumento, se comprometen a “garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”, garantizando asimismo “el cumplimiento de toda decisión en la que se haya estimado procedente el recurso”.
Conforme los hechos denunciados en nuestra petición inicial así como en los que a partir de entonces hemos elevado a conocimiento de la Ilustre Comisión y a los mismos hechos que ésta reconoce en su demanda, consideramos que el Estado paraguayo no ha garantizado un recurso efectivo a las víctimas del presente caso para responder a las reclamaciones de la Comunidad Yakye Axa sobre sus derechos a tierras y recursos naturales, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención.
En efecto, esta Corte ha interpretado el artículo 25 de manera de garantizar no solamente un recurso sencillo y rápido para la protección de los derechos sino, también, un recurso efectivo para proteger a los individuos de los actos del Estado violatorios de sus derechos fundamentales. De ahí, que el derecho a la protección judicial sea considerado como un derecho de trascendental importancia al constituirse en un mecanismo fundamental para ejercer la defensa de cualquier otro derecho que haya sido transgredido, planteando ante la autoridad judicial competente las acciones o recursos pertinentes.
Esta Honorable Corte ha establecido que la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos fundamentales reconocidos por la Convención, constituye en si mismo una trasgresión de la misma por parte del Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En consecuencia, según sostiene la Corte, la inefectividad de un recurso exime a los peticionarios de agotar los recursos internos y, a la par, representa una nueva violación a las obligaciones contraídas en virtud de la Convención.
En su Opinión Consultiva OC-9/87, esta Corte concluyó que no pueden considerarse efectivos los recursos que resulten ilusorios como consecuencia de las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso concreto. Entre las circunstancias relacionadas que deben ser tenidas en cuenta para determinar la inefectividad de un recurso, justamente, se encuentra la existencia de cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia como es el caso del retardo injustificado en la decisión.
En este caso, el retardo injustificado y el posterior rechazo de la Corte Suprema de Justicia sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas a fin de proteger los derechos fundamentales de la comunidad sobre el hábitat ancestral, de proveer la diaria subsistencia a través de nuestros métodos tradicionales de cacería, pesca y recolección de frutos silvestres, dado el absoluto desamparo en el que nos encontramos por parte del Estado, así como la privación de contar con un territorio propio debido a la ineficacia de los procedimientos establecidos en el ámbito administrativo para hacer efectivos los derechos de propiedad de la Comunidad en sus tierras, constituyen una flagrante violación al artículo 25 de la Convención en relación con la obligación general de respetar los derechos convencionales establecida en el artículo 1.1 del instrumento internacional en cuestión.
Además, existen otra gama de derechos especiales para las comunidades indígenas consagrados en diferentes instrumentos internacionales que han sido transgredidos por el Estado paraguayo. Aun cuando la Convención Americana garantiza preferencialmente derechos individuales, señala que sus disposiciones no pueden interpretarse en el sentido de "limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados" (art. 29 b), ni de "excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza" (art. 29 d).
Paraguay es parte tanto de la Convención Americana, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante Pacto)por Ley No. 5 de 1992, y del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobada por la mencionada Ley, los cuales consagran derechos específicos a las comunidades indígenas. Es así que, en concordancia con las circunstancias que señalamos, el artículo 14(3) del Convenio 169 de la OIT previene:
Art. 14. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Art. 14.3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Dicho artículo requiere a los gobiernos tomar las medidas que sean necesarias para identificar las tierras que estos pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Obsérvese el uso de la palabra "efectiva", es decir, debe ser una protección real y práctica, no sólo una protección meramente retórica.
Siguiendo con la lectura del artículo citado del Convenio, este señala que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras de los pueblos interesados. En muchos casos, solo desde tiempos recientes, estos pueblos han podido reclamar la posesión de tierras que antes poseían. Los Estado deben establecer conforme a esta norma, los procedimientos a fin de resolver los reclamos de modo que estos pueblos tengan una posibilidad real de devolución de sus tierras o el pago de una compensación por la pérdida de éstas. A este respecto este instrumento dispone:
Art. 16: 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdos o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas.
A la luz de las disposiciones del Convenio 169 y del artículo 25 de la Convención, el Estado paraguayo se encontraba obligado al momento en que la comunidad Yakye Axa presenta su reivindicación en el año 1993, a desarrollar las posibilidades de un recurso efectivo. Contrariamente, el Estado paraguayo incluso fue cercenando los recursos financieros del INDI con lo cual, aún resuelta que fuera la reivindicación de Yakye Axa como señaláramos ab initio, llevaría años poder ocupar el área adquirida, dado que en casos como la expropiación, esta solo puede hacerse efectiva previo pago a los propietarios afectados.
Cabe ahora referirnos a las violaciones al artículo 8(1) de la Convención Americana, el cual establece, el deber de los Estados partes de garantizar la determinación en un plazo razonable de los derechos y obligaciones de naturaleza civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, a más de las obligaciones propias del debido proceso en la jurisdicción penal, a las personas sometidas a su jurisdicción.
En el transcurso de la formulación de estos alegatos, hemos expuesto cuáles han sido las actuaciones que han correspondido al proceso penal seguido a la Comunidad Yakye Axa a instancia de los titulares de las tierras reivindicadas y bajo la dirección del proceso a cargo del Juez Ramón Martínez Caimén.
Hemos señalado el cercenamiento de las garantías procesales más elementales del debido proceso, incluído el derecho a intervenir en juicio y designar defensor, el de ser oido antes del dictamiento de medidas coercitivas o de comunicación de las imputaciones que se formularan a lo largo del proceso contra la Comunidad.
Estas actuaciones irregulares del Juez Martínez Caimén constituyen una flagrante violación del artículo 8 de la Convención y en su momento, dada su gravedad, han motivado incluso el auxilio de la protección internacional a favor de Yakye Axa, a través de las medidas cautelares dictadas y prorrogadas por la Ilustre Comisión.
Debemos señalar que sobre este punto, el Estado no ha adoptado de igual modo medidas destinadas a investigar y eventualmente sancionar si correspondiere a dicho magistrado u otros funcionarios judiciales que han intervenido en el proceso, pese a que en su momento, la Corte Suprema de Justicia se comprometio a tal investigación en el marco del presente caso ante la CIDH, sin que hasta la fecha conozcamos los resultados de la misma.
III.d. VIOLACIÓN A LA OBLIGACION DEL ESTADO DE RESPETAR LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (ARTICULO 26)
El Artículo 26 (Desarrollo Progresivo) de la Convención Americana establece que "...los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados".
Tal como surge de su simple lectura, el artículo 26 de la Convención Americana exige medidas estatales destinadas al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Entendemos Honorable Corte que dicha obligación comporta dos aspectos: el primero consiste en la interdicción del retroceso en esta materia y el segundo, impone la obligación de realizar esfuerzos constantes para el progreso de estos derechos.
Al respecto el artículo 45 (f) de la Carta de la OEA, expresamente referido a este punto dispone:
Agrega la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, derechos particularmente afectados en el caso sub examine e igualmente protegidos por el Artículo 26 de la Convención Americana; a saber:
Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoracmiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.
Por su parte, el Convenio 169 de la OITsobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado en Paraguay mediante Ley 234/93, en su Artículo 25, dispone:
También en el ámbito interno, los artículos 6391 (Derecho a la Identidad Étnica), 6592 (Derecho a la Participación) y 66 (Derecho a la Educación y la Asistencia)93, todos de la Constitución Nacional garantizan, además del derecho a la tierra (Artículo 64), el respeto a las culturas nativas y una amplia gama de derechos en materia económica, social y cultural del país; en conjunto, los derechos convencionales y domésticos deben ser respetados en virtud del artículo 29 (cláusula de interpretación) ya analizado en el transcurso del presente escrito.
Como puede observarse en la normativa señalada, dos características esenciales tienen ésta en común. De un lado, se refieren a los elementos que en su conjunto son la base de su existencia como pueblos indígenas y, como tales, sujetos colectivos de derechos fundamentales: identidad social y cultural, costumbres, tradiciones, valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales, costumbres, derecho consuetudinario e instituciones propias, todas las cuales configuran su integridad o su existencia como sujeto colectivo.
De otro lado, y para diferenciar de manera explícita al sujeto colectivo de los sujetos individuales, en casi todos los artículos citados a renglón seguido de establecerse el derecho colectivo o los derechos fundamentales colectivos, se precisa la protección adicional a los derechos individuales de los miembros.
Este conjunto de derechos al que hacemos alusión y que integra el haber jurídico de la Comunidad Yakye Axa y sus miembros, no solo no ha sido afirmado mediante acciones positivas, sino ha sido francamente vulnerado a través de medidas concretas del Estado que implican ya no un estancamiento en sus políticas sociales, sino un claro retroceso en sus compromisos convencionales respecto a los Pueblos Indígenas.
Al respecto, el Capítulo sobre Pueblos Indígenas del Informe “Derechos Humanos en Paraguay, 2002” de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, manifesta que “...el impacto socio ambiental de la sequía en el Chaco, la frustración de las reivindicaciones territoriales indígenas en el Parlamento, la intención de adoptar medidas de carácter regresivo y un menoscabo generalizado en el disfrute de estándares mínimos, señalan un cuadro de denegación estructural de derechos94. de los pueblos originarios en el 200295. Agrega dicho Informe cuanto sigue:
El presente año deja nuevamente un saldo negativo en materia del disfrute de los derechos fundamentales por parte de los y las indígenas del país, debido fundamentalmente al vacío institucional que ha representado el fracaso del gobierno en rediseñar las políticas públicas dirigidas al sector sobre la base de la agenda neoliberal que lo acompañaba. En el año 2001 se señalaba que la iniciativa de reformar la Ley N° 904/81 dada a conocer por la Secretaría de la Reforma del Presidencia de la República era el corolario de la política indigenista nacional de los últimos tres años: negar a los Pueblos Indígenas sus derechos prestándoles la menor atención posible en términos financieros y políticos (CODEHUPY, 2001:295).
Frente a este acelerado derrumbe del indigenismo oficial, lamentablemente hasta hoy día no se ha podido pergeñar en el ámbito estatal un modelo alternativo, algo nuevo que remplace a lo viejo por decirlo de algún modo; y es así que llegamos a una situación caracterizada por violaciones sistemáticas a varias categorías de derechos en los que se destacan los económicos, sociales y culturales, debido a la inobservancia del Estado de su deber de adoptar medidas efectivas que los garanticen.
En el caso concreto de la Comunidad Yakye Axa, la situación regresividad en materia de Desc no sólo es representativa de la situación generalizada que atraviesan los últimos años las comunidades indígenas del país (recorte presupuestario sistemático al INDI para compra de tierras, disminución en la prestación de servicios sociales, entre otros96), sino que además ha significado la privación de sus medios tradicionales de subsistencia ligados a su identidad cultural ( la tierra y sus recursos naturales) con un daño concreto expresado en deplorables condiciones de existencia e incluso la muerte de varios de sus miembros, en su mayoría niños y ancianos.
Por lo expuesto, ésta representación considera violado por el Estado paraguay, su obligación de garantizar a la Comunidad Yakye Axa y sus miembros, el desarrollo progresivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, en conexión con la situación de menoscabo generalizado del disfrute de tales derechos respecto a los Pueblos Indígenas del Paraguay.
III.e OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS Y ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO (Artículos 1.1 y 2)
La Convención Americana establece en su artículo 1.1., la obligación para los Estados partes de respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella, de manera que toda actuación u omisión estatal al respecto genera responsabilidad para los mismos.
Por otra parte, también se establece la obligación de garantizar la vigencia de los derechos humanos a toda persona sometida a su jurisdicción. Por tanto, las medidas de protección que debe adoptar el Estado para no generar su responsabilidad internacional deben ser oportunas y eficaces y además atender al desarrollo progresivo de los derechos, tal como establece el artículo 26 de la Convención Americana. Esta obligación implica por tanto la interdicción de medidas regresivas y el deber de adoptar acciones afirmativas y de realizar esfuerzos constantes para el progreso de estos derechos.
Conforme hemos señalado, a efectos de dar cumplimiento a su obligación de restitución de sus tierras a los indígenas, el Estado en primer término debió adoptar medidas eficaces y no lo hizo, ni en el ámbito administrativo (INDI/IBR) mediante compra directa de las tierras, ni en el ámbito legislativo al momento de solicitársele al Parlamento la sanción de una Ley de expropiación. Tampoco lo ha hecho al acudir la Comunidad al Poder Judicial en miras a la protección de derechos consagrados por el orden jurídico paraguayo por vía del amparo y de medidas cautelares. Estas omisiones que van convirtiéndose en práctica sistemática del Estado paraguayo no son ajenas al conocimiento de la Ilustre Comisión, pues en las recomendaciones que en su último informe sobre DDHH en Paraguay se señalan, encontramos:
“Que se resuelvan favorablemente las solicitudes de reivindicación de tierras planteadas por las comunidades indígenas en trámite ante la autoridad administrativa y legislativa de la Nación...” (ítem 4)
Concluimos Honorable Corte al igual que la Ilustre Comisión, que estas omisiones por parte del Estado paraguayo constituyen asimismo una violación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, los cuales en su conjunto y en concordancia con los artículos 4, 21 y 26 establecen el derecho de la Comunidad Yakye Axa a medidas efectivas para garantizar, fundamentalmente, la vida, la restitución de la propiedad y posesión de sus tierras ancestrales, así como la no regresividad en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y obligan a los Estados a adoptar aquellas disposiciones de derecho interno que fueren necesarias, para dar vigencia a los derechos contenidos en la Convención.
REPARACIONES Y COSTAS
(i) Medidas de Reparación
En este punto, nuestra parte se adhiere nuevamente in totum a las pretensiones de reparación de los derechos violados en el caso sub examine, elevadas ante la H.Corte por la Ilustre Comisión en su escrito de demanda.
En tal sentido, los representantes de las víctimas entendemos que el Estado debe reparar los daños materiales y morales sufridos por las víctimas y sus familiares y pagar por las costas y gastos que haya implicado la búsqueda de justicia. Todo esto teniendo en consideración los elementos culturales y las circunstancias específicas de cada víctima. Además, consideramos que una parte fundamental de las reparaciones son las garantías de satisfacción y no repetición, esenciales para reparar aquellos daños que no tienen un corolario pecuniario. Las medidas de reparación solicitadas comprenden tanto aquellas individuales como colectivas y para su determinación será necesario considerar el derecho consuetudinario97 de la comunidad afectada.
Entre las medidas de reparación solicitadas por las víctimas están las siguientes:
Entregar a título gratuito a la Comunidad Indígena Yakye Axa del Pueblo Enxet –Lengua las tierras reivindicadas como su hábitat tradicional o parte de su territorio ancestral, en una superficie de 18.189 hectáreas.
En garantía de cumplimiento del punto anterior, ordenar al Estado que establezca un fondo destinado a cubrir el pago por las tierras a ser adquiridas, en base al valor promedio de mercado de las tierras en el área reivindicada (70 a 80 U$S aproximadamente) calculado sobre el total de la extensión reclamada por la comunidad, esto es, 18.189 hectáreas.
En atención a la situación de urgencia, habilitar el área reclamada por la Comunidad Indígena Yakye Axa y sus miembros con servicios básicos, incluyendo agua potable e infraestructura sanitaria, un centro de salud y un establecimiento escolar.
Entregar atención médica y educacional pertinente culturalmente en forma permanente a los miembros de la Comunidad Indígena Yakye Axa, teniendo presente las costumbres y tradiciones de la Comunidad.
Ordenar la protección de las tierras reivindicadas por la Comunidad Indígena hasta tanto le sean entregadas efectivamente.
Como garantía de no repetición, establecer un recurso efectivo y eficaz que permita a los pueblos indígenas de Paraguay acceder a su hábitat tradicional de acuerdo a los derechos que le reconoce la legislación interna.
Establecer como medida de satisfacción que el Estado de Paraguay otorgue un reconocimiento público a la Comunidad Indígena y sus miembros, a través de un acto simbólico, acordado previamente con los peticionarios y las víctimas.
(ii) Medidas de indemnización
Nuestra parte es conteste en este ítem junto a la Ilustre Comisión, en incluir en la reparación económica los daños materiales, es decir el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño inmaterial o moral.
Sin perjuicio de adherirnos a la solicitud hecha por la CIDH, en cuanto a que la Honorable Corte ordene en la oportunidad procesal que considere pertinente, una audiencia con el objeto de oír las declaraciones de testigos y el dictamen de peritos sobre la dimensión cultural de la Comunidad Indígena Yakye Axa, sus usos y costumbres; dejamos constancia de la decisión de la Comunidad de que los beneficios de las medidas que en indemnización se dicten en el presente caso, alcancen al conjunto de familias ampliadas (90) que integran el último censo realizado en el año 2002.-
En el supuesto que la H. Corte no convoque a una audiencia sobre reparaciones, la Comisión solicita a la H. Corte fijar una suma en equidad para determinar el monto indemnizatorio que por concepto de daño emergente y lucro cesante le corresponde los miembros de la Comunidad Indígena Yakye Axa, por los daños ocasionados mediante las violaciones objeto de la presente demanda.
En relación con el daño moral, nuestra parte solicita a la Honorable Corte ordene al Estado paraguayo pagar a los familiares de los miembros de la Comunidad fallecidos durante su asentamiento actual, una cifra que en equidad disponga, siendo éstas las siguientes personas:
(NN) Sosa Chavez
Eleuteria Chavez (padre – madre)
Marciano Solano Ramírez
Isabel García de Ramírez
Nena García (sobrina )
Faustino Chavéz Liliana González
(padre / madre)
Mauro Fernández Gómez
Irene Gómez Benítez
(NN) Morel Chavez
Alcides Morel Chavez
Basilicio Morel
(padre – madre)
Anuncio Gómez
Asunciona Gómez Fernández
Severa Benítez Alvarenga