Source: http://ppn.gov.ar/?q=registro-casos-tortura
Timestamp: 2017-07-20 14:52:28
Document Index: 287063642

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 75', 'Artículo 3']

Informe de los resultados del “Registro de casos judiciales de Tortura” | Procuración Penitenciaria de la Nación
Informe de los resultados del “Registro de casos judiciales de Tortura”
Durante 2007, mediante la Resolución PPN Nº 89-07, se creó -en el ámbito de la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación- el Registro de Casos Judiciales de Tortura. Esta iniciativa tiene por finalidad elaborar una base de datos en la cual se asiente información relativa a los procesos judiciales en los que se investigan casos de tortura y/o apremios ilegales. Uno de los factores tenidos en cuenta para la creación de ese registro fue la reciente entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, se tomó en cuenta –en línea con lo anterior- la pertinencia de adaptar la terminología a la usada en el ámbito internacional. A su vez, se consideró que la existencia de esa clase de registro constituye una deuda pendiente del Estado Argentino en materia de lucha contra la tortura, tal como ha sido observado en diversos exámenes internacionales. En lo relativo a la forma de obtener la información volcada a dicho registro, se hizo uso de la facultad prevista en el art. 18 de la ley 25.875, que establece que todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, están obligadas a prestar colaboración con carácter preferente al Procurador Penitenciario en sus investigaciones o inspecciones; y en particular que el Procurador se encuentra investido de la facultad de “Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para satisfacer el cometido que tiene asignado”. En vista de ello, se cursaron notas a un amplio conjunto de organismos del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público –a fin de cubrir la totalidad de las jurisdicciones del país- solicitando información para completar dicho registro. En particular, se solicitó a los organismos requeridos que informasen acerca de la tramitación de toda causa criminal que se instruya por los presuntos delitos de apremios ilegales y/o tortura –previstos y reprimidos en sus diversas modalidades por los artículos 144 bis (incisos 2 y 3), 144 tercero (incisos 1, 2 3), 144 cuarto (incisos 1 y 2) y 144 quinto del Código Penal de la Nación, siempre que prima facie aparecieran sindicados como autores funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y/o la Policía Aeronáutica; o cuando los hechos investigados hubieran ocurrido en lugares de detención dependientes de esas instituciones. Sin perjuicio de ello, a los fines de completar la información incluida en ese registro, se hizo necesario efectuar diversas consultas de las causas judiciales en los tribunales y fiscalías actuantes a través del personal de este organismo. A continuación, se ofrece un resumen de los aspectos principales de la información contenida en ese registro.
1. Fundamentos metodológicos.
Los datos que se presentan en el siguiente informe pertenecen a una base preliminar elaborada por el Observatorio de Prisiones de la PPN. La misma tiene como unidad de análisis las causas judiciales sobre tortura y malos tratos físicos que tramitan en Jurisdicción Nacional y Federal, por hechos ocurridos en 2008, iniciadas entre los meses de enero de 2008 y febrero de 2009, de las que tomó conocimiento la PPN (por haber sido informada por los juzgados o fiscales actuantes o por haberlas iniciado la PPN). Las fuentes de recolección de datos fueron los expedientes internos de este organismo, los informes enviados por las dependencias judiciales y los expedientes judiciales consultados por personal de la PPN en los tribunales y las fiscalías. Los expedientes mencionados en primer término (acerca de los cuales se informa en el siguiente apartado de este Informe Anual –II.D-) ofrecen –entre otros- datos estandarizados que surgen de la aplicación de los principios y criterios del Protocolo de Estambul ante casos de tortura y malos tratos físicos; aunque -en este apartado- se tomaron en consideración sólo aquellos casos que derivaron en una denuncia judicial. Esas causas judiciales que comenzaron con denuncias formuladas por la PPN incluidas en este registro ascienden a un total de treinta y dos (32); las cuales tuvieron como antecedente el consentimiento de las víctimas (debe tenerse en cuenta que varias de estas denuncias involucran a varias víctimas). En el registro, además, se incluyeron cincuenta y nueve (59) causas acerca de cuya existencia informaron los tribunales y fiscalías, en respuesta a sendos pedidos de informe formulados durante 2008. A fin de reunir la totalidad de la información incluida en la base de datos, fue necesario a su vez solicitar nuevos informes y consultar los expedientes en las sedes judiciales. Con la finalidad de dimensionar estadísticamente el accionar judicial frente al castigo físico desplegado por las fuerzas de seguridad federales (y el Servicio Penitenciario Federal en particular), la Dirección Legal y Contencioso y el Observatorio de Prisiones de la PPN han comenzado a establecer, en esta primera etapa, las primeras lecturas exploratorias sobre los datos que arroja la base construida a partir de las fuentes antes mencionadas.
En una segunda etapa, se plantea el objetivo de profundizar sobre estrategias de relevamiento y calidad de la información brindada por los juzgados que intervienen en las causas judiciales, para posteriormente realizar un trabajo comparativo y mancomunado con otras bases de datos; con el fin de conformar la materia prima indispensable para caracterizar y denunciar las prácticas ejercidas por las fuerzas de seguridad y los efectos y reacciones de las demás instituciones del Estado acerca de ese fenómeno.
2. Datos generales de la base.
2.1. Distribución de las jurisdicciones competentes en las causas incluidas en el registro. La base de datos registra un total de noventa y una (91) causas judiciales iniciadas a raíz de hechos de tortura y/o “apremios ilegales” (vejaciones, severidades, etc. Conf. Art. 144 bis inciso 3º CP), que se distribuyen desde el punto de vista jurisdiccional del siguiente modo: La base de datos registra un total de noventa y una (91) causas judiciales iniciadas a raíz de hechos de tortura y/o “apremios ilegales” (vejaciones, severidades, etc. Conf. Art. 144 bis inciso 3º CP), que se distribuyen desde el punto de vista jurisdiccional del siguiente modo:
Juzgados Nacionales (Inst. Cap. Fed)
Juzgados Federales Jurisdicción San Martín
Juzgados Federales Jurisdicción Mercedes
Juzgados Federales Jurisdicción Morón
Juzgado Federal Jurisdicción Chaco
Juzgado Federal Jurisdicción Bariloche
Juzgados Federales Jurisdicción Lomas de Zamora
Juzgado Federal Jurisdicción Rawson
Tabla 1. Causas judiciales tortura y/o apremios ilegales (nacionales-federales) por jurisdicción.
Respecto de la distribución que surge de la tabla precedente, cabe formular algunos comentarios. Por un lado, que la base de datos fue construida –como se expuso- a partir de los informes remitidos por los juzgados y fiscalías actuantes en las causas; información a la que se añadieron los casos denunciados por este organismo (correspondientes al mismo período).
Al respecto, cabe apuntar que ningún tribunal o fiscalía incluyó en sus informes las causas que habían comenzado por denuncias de esta institución, probablemente por considerar que la información respectiva ya estaba en poder de la PPN, aunque ese criterio -uniformemente seguido- surgió de forma espontánea de los órganos encuestados, ya que no había sido fijado en oportunidad de efectuarse los pedidos de informe. Esto último se vincula con el hecho de que los organismos judiciales requeridos han cumplido de modo desigual el pedido de informes que les fuera cursado por esta institución. Así como algunos han informado de forma razonablemente completa a los requerimientos, se registran otros casos en que los tribunales se han abstenido de remitir todo informe. Del total de dieciséis jurisdicciones territoriales del interior del país (excluida Buenos Aires y la Capital Federal) en que se encuentra dividido el territorio nacional a los fines de la competencia federal a las que se solicitó informe, sólo se recibió respuesta (afirmativa o negativa, por parte de al menos una de las dependencias) de nueve (9). En el caso de seis (6) jurisdicciones, se obtuvieron informes respecto de la existencia de causas en trámite, mientras que de tres (3) jurisdicciones se recibieron comunicaciones que indicaban la inexistencia de proceso alguno que encuadrase en el requerimiento. Es decir, existen siete (7) jurisdicciones del interior acerca de las cuales no se tiene información. En algunos de los casos mencionados en último término, la falta de respuesta puede atribuirse al hecho de que no existan causas judiciales que resulten de interés para el registro. Pero en otros -especialmente en el del Juzgado Federal Nº 2 Neuquén (con jurisdicción sobre la Unidad Nº 9 del SPF, sita en esa ciudad)- la ausencia de toda respuesta contrasta con la información disponible en este organismo acerca de la tramitación de causas por los delitos mencionados, cometidos durante el año 2008. En el caso de los juzgados federales con competencia en la Provincia de Buenos Aires, se recibió respuesta (afirmativa o negativa) de seis (6) de las dieciocho (18) jurisdicciones en que se encuentra dividida la competencia federal. Destacándose -por su número- la información remitida por aquellos con sede en Morón y Lomas de Zamora, con competencia sobre las unidades penitenciarias federales ubicadas en las localidades bonaerenses de Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente. Sin embargo, existe evidencia que indica que los Juzgados Federales de Lomas de Zamora no remitieron información respecto de algunas causas en trámite ante esa jurisdicción (de las 16 causas que tramitan en esa jurisdicción, el órgano judicial sólo informó de una), debiéndose ese hecho a cierto sub registro que, según la información disponible, se presenta en algunas de las secretarías de estos juzgados, que caratulan expedientes en los cuales se denuncian hechos de tortura y “apremios ilegales” bajo el rótulo de “lesiones” (u otros tipos penales), así como a otras modalidades o “criterios” propios de esas dependencias judiciales. Este déficit informativo, a su vez, se encuentra corroborado por distintas fuentes a disposición de este organismo, que indican que en las cárceles federales de Ezeiza se registran (contrariamente a lo que podría inferirse en base a los datos de este registro) aún más casos de tortura que en las de Marcos Paz.
Como ejemplo de ello, puede señalarse que ante este organismo tramitaron durante 2008 quince (15) investigaciones por hechos de tortura ocurridos en las unidades de Ezeiza y –en el mismo período- doce (12) acaecidos en las unidades de Marcos Paz. A la vez que, mediante la investigación “Malos Tratos Físicos y Tortura (…)” (2007), pudo establecerse que existía una frecuencia levemente superior de las situaciones de tortura en el CPF I (Ezeiza) respecto del CPF II (Marcos Paz); alcanzándose los mayores porcentajes de respuestas afirmativas ante la pregunta “fue golpeado en esta unidad” en el Módulo IV del primero de los complejos carcelarios mencionados (que aloja a jóvenes de 18 a 20 años). En las noventa y una causas judiciales sobre las cuales se obtuvieron datos fidedignos, se encuentran involucradas como víctimas un total de ciento cuarenta y seis (146) personas. En setenta y cinco (75) de esas causas, existe sólo una víctima (denunciante o no); en siete (7) de esas causas fueron víctima dos (2) personas; en dos (2) casos lo fueron tres (3) personas; mientras que se registran cuatro (4) casos judiciales “colectivos”, en que resultaron damnificadas respectivamente 4, 6, 19 y 22 personas.
De las 91 causas en cuestión, setenta y seis (76) involucran como sujeto activo de los hechos a agentes del SPF, mientras que en nueve (9) casos se encuentran denunciados funcionarios de la Policía Federal Argentina (PFA). En el resto de los casos (6), no se cuenta con datos fidedignos.
2.2. Los casos judiciales originados en actos de agentes del SPF. Unidad
Nº de causas
Víctimas denunciantes
CPF C.A.B.A.
CPF I
CPF II
Tabla 2 - Distribución de los casos judiciales según Unidad Carcelaria (SPF)
De las 76 (de 91) causas en que se encuentra involucrado personal del SPF, treinta y dos (32) comenzaron a raíz de denuncias documentadas de la Procuración Penitenciaria, que fueron formuladas en base a los estándares del Procedimiento de Investigación y Documentación de Casos de Malos Tratos y Tortura, sobre el que se informa en particular en el apartado siguiente de este informe. Esas treinta y dos (32) causas iniciadas por denuncias de la PPN, involucran como víctimas a setenta (70) personas, sobre un total de ciento veintiocho (128) víctimas de tortura y apremios ilegales por parte de agentes del SPF. La elevada cifra de víctimas en relación a las causas judiciales se explica por el hecho de que se incluyen diversas causas “colectivas”, de gran importancia para los objetivos de esta institución; habida cuenta su vinculación directa con situaciones y prácticas institucionales de tortura y otros malos tratos. Los hechos “colectivos”, en cambio, no se encuentran habitualmente representados (en su magnitud cualitativa) en los casos judiciales en trámite; entre otras razones porque los damnificados directos, sus familiares y sus defensores, generalmente circunscriben sus denuncias a la situación considerada sólo desde la perspectiva individual de una víctima (aún cuando en el caso hubieran otras). De la Tabla 2, a su vez, surge la importancia relativa de la situación de malos tratos existente en los CPF I y II (unidades de máxima seguridad sitas en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Marcos Paz respectivamente). Como puede advertirse (y aún cuando -como se expuso- existiría cierto sub registro de los casos ocurridos en el CPF I y otras unidades de Ezeiza), los hechos ocurridos en esas dos unidades dieron lugar a tramitación de cuarenta y seis (46) de las setenta y seis (76) causas judiciales que involucran a personal del SPF incluidas en nuestro registro. Al tiempo que setenta y ocho (78) de las ciento veintiocho (128) víctimas de tortura y malos tratos incluidas en esas (76) causas judiciales, fueron torturadas o maltratadas en alguna de esas dos unidades.
2.3. La intervención de los organismos jurisdiccionales y la tipicidad de los hechos.
Sin perjuicio de señalar que las causas abiertas a raíz de hechos ocurridos durante el año 2008 se encuentran en la mayoría de los casos “en trámite” –debido a lo cual no es posible aún extraer conclusiones definitivas respecto de la actuación que cupo a los juzgados y fiscalías- se ofrece a continuación algunos indicios respecto de las formas en las cuales se han encarado las investigaciones criminales respectivas. Por un lado, se clasificaron los casos según cuál era el organismo (juzgado o fiscalía) encargado de la instrucción. Obteniendo la siguiente distribución:
ORGANISMO QUE INSTRUYE
Juzgados San Martín
Juzgados de Mercedes
Juzgados de Morón
Juzgados de Chaco
Juzgados de Bariloche
Juzgados de Lomas de Zamora
Juzgados de Rawson
Tabla 3. Organismo que Instruye la causa (por jurisdicción)
Como se advierte a partir del cuadro anterior, existe un marcado contraste en los criterios seguidos en las dos jurisdicciones más relevantes desde el punto de vista cualitativo (las ya mencionadas Morón y Lomas de Zamora) en lo relativo al órgano (juzgado o fiscalía) al cual corresponde instruir este tipo de causas. Respecto de esta cuestión, deben previamente considerarse las disposiciones de los artículos 196 y 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Que establecen: “Art. 196. - El juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del agente fiscal, quien deberá ajustar su proceder a las reglas establecidas en la sección II del presente título. (…) Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción.” (Párrafo incorporado por art. 88 de la Ley N° 24.121 B.O. 8/9/1992) “Art. 196 bis. - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en los sumarios por hechos ilícitos de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado, la dirección de la investigación quedará desde el inicio de las actuaciones delegada al Ministerio Público Fiscal, con noticia al juez competente en turno. (…)”
Como se advierte a partir de la Tabla 3, en la jurisdicción federal de Morón prima un criterio según el cual la instrucción de esta clase de causas es efectuada directamente por los juzgados, sin delegación en las fiscalías (en al menos 29 de las 44 causas); mientras que en Lomas de Zamora se seguiría el criterio contrario, en la medida que la instrucción de los sumarios fue delegado en las fiscalías en –al menos- 12 de los 15 casos sobre los que se obtuvo información. Esa diversidad en la forma de distribuir las tareas durante la primera etapa de los procesos criminales de este tipo no se basa, cabe aclararlo, en el supuesto previsto por el art. 196 bis del CPPN, en la medida que los casos en los cuales no existe prima facie autor individualizado, se encuentran distribuidos en ambas jurisdicciones de forma similar respecto del total de expedientes en trámite. De modo que nos encontraríamos ante “criterios” particulares adoptados en cada una de las jurisdicciones, cuyas motivaciones no se encuentran suficientemente explicitadas en las resoluciones respectivas.
A su vez, se ha considerado cuál es el primero de los delitos en virtud de los cuales se instruyen los sumarios, obteniendo los siguientes datos: PRIMER DELITO ENCAUSADO
Sanciones Infundadas
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Delito de acción pública, conforme a los artículos 248, 255, 256, 258 del Código Penal 1
No hay delito todavía que impute el fiscal
Cabe indicar que en los siete (7) casos en que los hechos fueron prima facie caratulados como delito de Tortura (art. 144 tercero del Código Penal), la denuncia respectiva fue formulada por la PPN; que en sus presentaciones (siempre que el caso lo amerite) formula asiduas referencias a los elementos constitutivos de ese delito y a la necesidad de considerar la probabilidad de encuadrar los hechos bajo esa figura penal y otras conexas (como el art. 144 quáter y 144 quinto del CP). Iniciativas de este organismo que indudablemente han dado como resultado todos los (aún escasos) procesos judiciales en los cuales se ha siquiera tenido en cuenta –durante la instrucción- la posible comisión de hechos de tortura (véase respecto de esta cuestión el apartado II. B) 4 de este Informe Anual). De los setenta y tres (73) primeros delitos encausados, al menos dieciocho (18) tienen un segundo delito aparejado:
SEGUNDO DELITO ENCAUSADO
Por otra parte, se procedió a distribuir los delitos “primeros delitos encausados” por unidad carcelaria, resultando: DELITOS ENCAUSADOS
Unidad Penitenciaria Total de causas
Total parcial 52 causas
Total parcial 7 causas
Delito de acción pública, conforme a los artículos 248, 255, 256, 258 del Código Penal CPF II
3. El registro de casos a crearse en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Al margen de la información mencionada en los párrafos anteriores y de la restante que se encuentra en etapa de elaboración en este organismo (téngase en cuenta al respecto que desde el punto de vista de los “tiempos judiciales” se trata de causas relativamente recientes), cabe resaltar la iniciativa adoptada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación durante el año 2009, en un sentido similar al que se propuso la PPN en 2007, cuando se instauró el registro que venimos comentando.
Mediante la Resolución P.G.N. N° 17/09 del día 2 de febrero de 2009, el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Rigüi -en vista de las constancias del expediente “O 5415/2007” caratulado: "Mugnolo, Francisco M. Procurador Penitenciario s/remite el primer informe elaborado por el organismo acerca de la actuación de las Fiscalías Nacionales y Federales en la instrucción de causas relativas a casos de tortura y apremios ilegales (Años 2006/2007)", ordenó: “Artículo 1. DISPONER la recreación en el ámbito de la Procuración General de la Nación, dentro del nuevo software de gestión de casos "FISCALNET" y del actual "N2", de un registro computarizado que contenga información sistematizada relativa, en una primera etapa, al trámite de las causas seguidas por los delitos tipificados en los artículos 144, 144 bis y 144 ter del Código Penal contra funcionarios que se desempeñan en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal en cuanto concierne a las actividades de los magistrados del Ministerio Público Fiscal. Artículo 2. INSTRUIR a los Sres. Fiscales con competencia penal que actúan ante el fuero federal en todo el país, en sus distintas instancias, sobre la base de las consideraciones expuestas precedentemente, para que remitan semestralmente a la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación información precisa y actualizada respecto del avance de las causas iniciadas por los delitos tipificados en los artículos 144, 144 bis y 144 ter del Código Penal respecto de personas privadas de libertad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Artículo 3. ELEVAR a la consideración del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República la necesidad de que sea creada, en el organismo que oportunamente se resuelva, una base de datos nacional que registre, sistematice y administre toda la información relacionada con causas seguidas por los delitos tipificados en los artículos 144, 144 bis y 144 ter del Código Penal respecto de personas privadas de libertad a fin de dar cabal cumplimiento al compromiso asumido por la República Argentina al ratificar los tratados mencionados supra.”
Entre las consideraciones tenidas en cuenta para adoptar esa decisión, se menciona que “sin perjuicio de los deberes que surgen ya del artículo 18 de la Constitución Nacional, el Estado argentino, al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, asumió frente a la comunidad internacional el compromiso de adoptar en el ámbito de su jurisdicción todas las medidas que resulten necesarias con el objeto de prevenir, sancionar y erradicar la tortura así como otros tratos o penas igualmente crueles, inhumanos o degradantes. Estos compromisos adquirieron jerarquía constitucional en ocasión de la reforma del año 1994 que incorporó al artículo 75 inc. 22, entre otros tratados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.” Así como que “con el objeto de fortalecer la prevención de esta clase de crímenes, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales a los lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad.” A la vez que se tuvieron en cuenta “las Observaciones Finales elaboradas por el Comité contra la Tortura relativas a los cuatro informes periódicos presentados por nuestro país como consecuencia de la ratificación de este Protocolo concuerdan en expresar preocupación por la ausencia de un registro que contenga información sistematizada y estadística oficial a nivel nacional relativa a las denuncias por coacciones ilegales, y recomiendan al Estado la creación pronta de éste con el objeto de contar con datos precisos y detallados esenciales para dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionalmente asumidos en materia de prevención, sanción y eliminación de la tortura así como de cualquier otro trato o pena igualmente cruel, inhumano o degradante.” De acuerdo a lo establecido en esa disposición, la base de datos del Ministerio Público Fiscal tendrá como soporte un nuevo software de gestión de causas judiciales "FISCALNET" (que se encuentra actualmente en proceso de implementación), el cual, mediante la introducción de los parámetros necesarios, podría “ofrecer el soporte adecuado para organizar un registro computarizado que contenga información sistematizada relativa, en una primera etapa, al trámite de las causas seguidas por los delitos tipificados en los artículos 144, 144 bis y 144 ter del Código Penal contra funcionarios que se desempeñan en establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, en cuanto concierne a las actividades de los magistrados del Ministerio Público Fiscal.”
A raíz de esa resolución, se avanzó en la implementación de estrategias conjuntas (de la PPN y el MPF) destinadas a avanzar en la dirección mencionada por el Sr. Procurador General de la Nación en el Artículo 3º de su resolución. Mediante el cual se señaló la “necesidad de que sea creada, en el organismo que oportunamente se resuelva, una base de datos nacional que registre, sistematice y administre toda la información relacionada con causas seguidas por los delitos tipificados en los artículos 144, 144 bis y 144 ter del Código Penal respecto de personas privadas de libertad a fin de dar cabal cumplimiento al compromiso asumido por la República Argentina al ratificar los tratados mencionados (…)”. Fue en ese marco, que se mantuvieron contactos con la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación (que habían comenzado respecto de estas temáticas tiempo atrás); a los fines de aunar esfuerzos para avanzar en la realización de la mencionada iniciativa; los cuales se encuentran al tiempo de cerrar el presente informe en plena etapa de concreción. Buscar	Buscar en este sitio: Datos Públicos	Radio PPN	Informe Anual 2016	Resumen Ejecutivo
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