Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=71758
Timestamp: 2017-11-20 09:37:43
Document Index: 30181165

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Sentencia C-087 de 2016 Corte Constitucional
SENTENCIA C-087 DE 2016
conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.2.1 Demanda presentada por los ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla Salazar, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán Navas Talero, Jorge Enrique Robledo y Alexander López Maya contra la totalidad de la Ley 1753 de 2015. Expediente D – 10863.
1.2.1.1 Manifiestan que el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) durante la votación de los impedimentos del Proyecto de Ley 175 de 2013 en la Plenaria de la Cámara de Representantes, se evidenció la descomposición del quorum decisorio, por lo cual, el Presidente de dicha Corporación ordenó la suspensión de la votación, infringiendo el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, según el cual “anunciado por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está votando”.
1.2.1.2 Afirman que el propio Presidente de la Cámara de Representantes reconoció que interrumpió la votación porque de proseguir con la sesión habría tenido que certificar la ausencia del quorum decisorio: “Señor Secretario si el reglamento lo permite vamos a suspender la votación, vamos a pedirles a quienes se han declarado impedidos que ingresen nuevamente al recinto y como quiera que hay quorum deliberatorio y podría conformarse quorum decisorio con quienes a quienes (sic) se les está considerando el impedimento suspendamos la votación señor secretario y continuamos con el orden del día”.
1.2.1.3 Señalan que lo anterior demuestra la desintegración del quorum, de lo cual dejaron constancia en la plenaria del miércoles seis (6) de mayo los representantes del Departamento de Antioquia Víctor Correa Vélez y de Bogotá Germán Navas Talero. Resaltan que esta situación implicaría el desconocimiento de las normas constitucionales sobre el quorum contempladas en el artículo 145 de la Constitución, según el cual: “El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente”.
1.2.1.5 Aducen que la Corte Constitucional en la Sentencia C–386 de 1996 señaló que la ausencia de reglas internas durante el debate impide que la decisión final pueda calificarse de democrática, pues la legitimidad del mecanismo depende del respeto y la observancia de ciertos requisitos, tales como la publicidad o las garantías de la inviolabilidad de los parlamentarios por sus votos u opiniones.
1.2.1.6 Indican que la omisión de los requisitos en materia de quorum se traduce en la configuración de un vicio de forma en el trámite legislativo, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia C–730 de 2011: “Vicios de forma, en cambio, son aquellas irregularidades en que se incurre en el trámite que antecede a la promulgación de la ley y que ha sido establecido por el constituyente. Ello es así por cuanto la forma es el modo de proceder de una cosa, la manera como se hace. La forma es un concepto que en el ámbito jurídico remite a los requisitos externos de expresión de los actos jurídicos, a las cuestiones rituales que se contraponen a su fondo o materia. Por ello, los vicios en la formación de la ley se circunscriben a la manera como fueron debatidas, aprobadas y promulgadas las disposiciones legales. No se analiza, en este caso, la regla de derecho contenida en la disposición acusada, pues el examen que debe efectuar este Tribunal consiste sólo en verificar si se cumplieron en debida forma todas las etapas del proceso legislativo”.
1.2.1.7 Finalmente, agregan que la omisión deliberada de los procedimientos reglados sobre el quorum y las mayorías impide no solo la decisión informada de quienes habrían de concurrir en el proceso deliberativo, sino también desconoce los principios fundamentales de la Carta Política y el artículo 151 de la Constitución.
1.2.2 Demanda presentada por los ciudadanos Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Manuel Restrepo Medina contra la totalidad de la Ley 1753 de 2015. Expediente D – 10869.
1.2.2.1 Señalan que el artículo 160 de la Constitución dispone que “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”, aviso que deberá dar la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta en la cual se realiza la votación.
1.2.2.2 Afirman que el cinco (5) de mayo de 2015, se dio aviso en la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes de que el día 6 de mayo se incluiría en el orden del día para su votación el Informe de Conciliación correspondiente al Proyecto del Plan Nacional de Desarrollo en un momento en el cual la Plenaria se encontraba sesionando fuera de las condiciones constitucionales, pues se habían vulnerado los artículos 130 y 132 de la Ley 5ª de 1992:
1.2.2.2.1Señalan que en la sesión del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó suspender la votación de los impedimentos presentados por los Representantes Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángela María Gaitán, Didier Burgos, Martha Villalba y Eloy Quintero en relación con el Proyecto de Ley 175 de 2013 Cámara, lo cual vulnera el artículo 132 de la Ley 5 de 1992 según el cual: “Anunciado por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está votando”.
1.2.2.2.2 Expresan que luego de la interrupción, el Presidente de la Cámara de Representantes siguió sesionando con el quorum deliberatorio a la espera de conformar el quorum decisorio, evadiendo las reglas del quorum y dispuso pasar al siguiente punto del orden del día que era el retiro del Proyecto de Ley 066 de 2013. Sin embargo, al no poder conformar nuevamente el quorum decisorio volvió a suspender la decisión, desconociendo en segunda ocasión el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, lo cual vulneraría a su vez el artículo 151 de la Constitución.
1.2.2.2.3 Afirman que al haberse cumplido treinta (30) minutos sin cerrarse la votación, en vez de levantar la sesión, el Presidente de la Cámara de Representantes solicitó al Secretario informar el quorum que presentaba la plenaria, a lo cual éste informó que existía quorum deliberatorio y continuó sesionando con éste, vulnerando el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992, pues había transcurrido más de 30 minutos desde el inicio de la votación: “cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el presidente de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta (30) minutos por votación”.
1.2.2.2.4 Aducen, que si en el trámite de una sesión, encontrándose abierta una votación se cumplen los 30 minutos de la misma sin que logre completarse y en lugar de su levantamiento se recurre a maniobras encaminadas a lograr que, se pueda completar el quorum decisorio para poder cerrar la votación y continuar con la evacuación de los restantes puntos del orden del día, según el artículo 149 de la Constitución, nada de lo que se vote posteriormente tiene validez: “Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.
1.2.2.2.5 Manifiestan que de manera sucesiva y sin que se hubiera vuelto a conformar el quorum decisorio, a las 7 horas y 18 minutos de haberse abierto el registro de asistencia se hizo el Anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuando en al menos dos (2) oportunidades durante esa sesión, la misma tuvo que haber sido levantada por falta de quorum decisorio vulnerándose las reglas establecidas en la Ley 5ª de 1992.
1.2.2.2.6 Resaltan que la ilegalidad en la continuación de la sesión desde el momento en que se tendría que haber levantado, hace que la misma se hubiera efectuado fuera de las condiciones constitucionales, por lo que lo actuado por la Plenaria de la Cámara de Representantes carece de validez y los actos realizados, incluyendo el Anuncio Previo del Informe de Conciliación de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no pueden tener efecto alguno.
1.2.2.2.7 Exponen que si el anuncio previo en la Plenaria de la Cámara de Representantes del informe de conciliación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo carece de efecto, se vulnera también el artículo 160 de la Constitución, pues se omitiría el requisito previsto por esa norma constitucional para que el informe de conciliación pudiera ser debatido y votado por dicha plenaria y por consiguiente la Corte Constitucional debería declarar inexequible la norma demandada.
1.2.3 La Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión llevada a cabo el día veinticuatro (24) de junio del presente año resolvió acumular el expediente D – 10869 al proceso D – 10863 para que sean decididos en la misma sentencia.
1.3.1.1 Sobre la demanda con número de radicación D - 10869, señala que adolece de ineptitud sustancial por carecer del requisito de certeza exigido para la admisibilidad de este tipo de acciones, pues la norma acusada simplemente no existe. La regla que alegan los demandantes, según la cual se tiene que levantar la sesión cuando se ha descompletado el quórum decisorio no está escrita, tan es así, que los actores no pudieron citarla en el libelo de la demanda, sin poder extraerla de la Constitución, la Ley 5ª de 1992 o su norma modificatoria.
1.3.1.2 Sostiene que la primera disposición que sirve de sustento en la demanda es el artículo 130 de la Ley 5ª de 1992, que fija un límite de tiempo para la votación electrónica, lo cual nada tiene que ver con el levantamiento de las sesiones en el Congreso.
1.3.1.3 Aduce que el artículo 132 de la Ley 5ª, citado como norma de soporte, nada prescribe acerca de la suspensión de las sesiones, pues se limita a indicar que la votación anunciada no podrá interrumpirse, pero se refiere a la votación, no a la sesión, y el cargo aquí estudiado está basado en el levantamiento de la sesión, no de la votación.
1.3.1.4 Afirma que mientras el quórum decisorio es un componente de la validez de la votación de un proyecto en concreto, el deliberatorio lo es de la reunión de la célula legislativa. Así, una comisión o la plenaria puede sesionar válidamente, no obstante que no puedan someter a votación ningún proyecto. El rompimiento del quórum decisorio afecta la votación, no la sesión y, por tanto, que no sea posible votar un proyecto no significa que el debate sobre éste o cualquier otro proyecto no pueda continuar.
1.3.1.5 Por lo anterior, suponer la existencia de una norma que obligue a levantar la sesión cuando se ha roto el quórum decisorio es confundir los dos (2) conceptos e implica asumir que, como no se puede votar, tampoco se puede deliberar.
1.3.1.6 Citando la Sentencia C–168 de 2012, que se refiere a la dinámica propia del debate parlamentario, indica que nada justifica que los demandantes impugnen el procedimiento legislativo que se cumplió en la sesión del 5 de mayo. La opción de solicitar la verificación del quórum era el mecanismo adecuado para impedir que la plenaria de la Cámara siguiera sesionando de manera incompleta.
1.3.1.7 Sobre el expediente D – 10863, indica que el argumento de esta impugnación incurre en el mismo error de fundamentación que la demanda D – 10869, ya que los actores no pudieron transcribir o citar, siquiera, la norma objeto de su alegato. Los actores pretenden establecer una conexión probatoria entre el quórum decisorio y el deliberatorio, intentando derivar la inexistencia del segundo de la inexistencia del primero. Es simplemente imposible determinar que la ausencia de la mitad más uno de los Representantes a la Cámara es prueba de que faltaba la cuarta parte. Esta no es una inferencia lógica sino fáctica, es decir, hay que probarla.
1.3.1.8 En el mismo sentido manifiesta que como no hay una sola prueba en la demanda que demuestre que la sesión del 5 de mayo se desintegró por falta de quórum deliberatorio, entonces, no hay ningún sustento jurídico para sostener que el Presidente de la Cámara de Representantes debió levantar la sesión ese día. El único que tiene la facultad legal para verificar el quórum de las sesiones es el Secretario, así que mientras éste no certifique otra cosa, su verificación es el único sustento jurídico para verificar la existencia del quórum deliberatorio y decisorio.
1.3.2 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.3.2.1 Manifiesta que de la lectura detallada del texto de la demanda se advierte que los accionantes no señalaron qué artículo o norma constitucional indica que la sesión debe levantarse cuando se ha desintegrado el quórum decisorio. Lo que se concluye es que la norma constitucional que se alega como incumplida no existe ni en la Carta, ni en la Ley 5ª, ni en otra disposición.
1.3.2.3 Expresa que de considerar que se incurrió en un vicio de constitucionalidad, éste no afectaría el anuncio del Informe de Conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, pues en aplicación del principio de instrumentalidad de las formas, el artículo 149 de la Constitución debe ser leído en un sentido diferente al planteado por los accionantes. En este sentido, no todas las irregularidades que se presentan dentro del trámite configuran un vicio de constitucionalidad.
1.3.2.4 Argumenta que para verificar si una irregularidad tiene la entidad para viciar el trámite de un proyecto de ley, debe establecerse si se sacrificó un principio constitucional o si se afectó la voluntad democráticaAsí pues, la manifestación de la voluntad legislativa de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo se construye con independencia de otros proyectos de ley, pues se trata de un proyecto autónomo.
1.3.3.1 Afirma que los artículos 42, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 1753 de 2015 no tienen ninguna relación de tipo temático, sistemático o teleológico con los objetivos y metas del PND 2014 – 2018 por lo cual se violan los artículos 158 y 169 de la Constitución. El principio de la unidad de materia en el caso del Plan Nacional de Desarrollo es bien riguroso, puesto que el plan no puede ser utilizado sino para sus propósitos constitucionales específicos y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores.
1.3.3.2 Plantea que en el caso particular la norma bajo reproche constitucional en los artículos precitados, modifica y altera la política, regulación, vigilancia y control del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia y, además, no tiene una relación directa con los objetivos, metas y bases del PND. A partir de contrastar tales artículos con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo, se confirma que el principio de unidad de materia y conexión directa no se cumple para ninguno de ellos.
1.3.3.3 Expone que el artículo 42 de la norma demandada plantea una modificación estructural al artículo 12 de la Ley 1341 de 2009, por la cual se organizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo que tiene que ver con el plazo y la renovación de los permisos para el uso del espectro radioelectrónico. Por su parte, el artículo 43 del PND asigna funciones en materia de antenas a la Agencia Nacional del Espectro, las cuales están reguladas por la Ley 1341. El artículo 44 del PND se refiere a la dosimetría sancionatoria del régimen integral de infracciones y sanciones del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, tema que regula el artículo 65 de la Ley 1341, donde el tope de multas sin importar el régimen de proveedores de redes y servicios de comunicaciones era de 2.000 SMLMV, mientras que la ley del Plan crea un régimen especial para personas jurídicas que permite la imposición de multas hasta por 15.000 SMLMV. Además, el artículo 46 de la Ley 1753 de 2015 busca sin definición de prioridades ni focalización alguna ampliar el ámbito de destinación de los recursos que nutren el Fondo de las TICs, el cual se encuentra regulado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009. De otro lado, el artículo 47 de la norma demandada adiciona las funciones de la Comisión de Regulación y Comunicaciones, estipuladas en el artículo 22 de la Ley 1341.
1.3.3.4 Aduce que los artículos relacionados tratan más bien de normas jurídicas de carácter ordinario que le correspondería regular al legislador ordinario y no tienen relación con la necesaria planificación de desarrollo a mediano y largo plazo que le corresponde regular al PND.
1.3.4.1 En primer lugar alude a que los demandantes fundamentan la solicitud de inexequibilidad basados en ficciones jurídicas y no en disposiciones existentes que permitan efectuar una real confrontación normativa entre la disposición puesta en entre dicho y la norma Superior. Se puede concluir entonces que las demandas no cumplen con los mínimos exigidos, en cuanto a los requisitos de suficiencia y certeza, que permitan efectuar un juicio de constitucionalidad.
1.3.4.2 Afirma que los accionantes fundamentan su demanda sobre pruebas que no son conducentes ni pertinentes al debate, como lo son, las dos (2) intervenciones en una sesión posterior a la del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), en claro desconocimiento de las actas y el registro de asistencia que por disposición legal lleva el secretario de la respectiva corporación y que se constituyen en la prueba idónea y conducente para la acreditación del quórum mínimo requerido para abrir y deliberar en la sesión.
1.3.4.3 Manifiesta que el requisito de orden constitucional exigido para abrir las sesiones y deliberar sobre los asuntos sometidos a consideración de una comisión o corporación, está sujeta única y exclusivamente a la existencia del quórum deliberatorio. De manera que no existe norma de orden constitucional que impida darle continuidad a una sesión ante la ausencia o desintegración del quórum decisorio, siempre y cuando permanezca presente al menos el número mínimo de integrantes de la célula legislativa que permita conformar el quórum deliberatorio, máxime cuando existen temas o asuntos incluidos en el orden del día que requieren ser objeto de deliberación o incluso simplemente de información y que, no requieren un quórum decisorio para tal fin. Es más, permitir la continuidad de la sesión en dichos casos es un deber de la presidencia de la respectiva corporación o comisión, tal como lo señala el artículo 95 de la Ley 5ª de 1992.
1.3.4.4 Cita el interviniente los distintos momentos de la sesión del día cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), en los cuales se evidencia el registro de asistencia y la demostración de la existencia del quórum constitucionalmente requerido para mantener abierta la sesión, contrario a las afirmaciones de los demandantes.
1.3.4.5 Aduce que los honorables Representantes Angélica Lisbeth Lozano Correa, Carlos Germán Navas Talero y Víctor Javier Correa Vélez no presentaron moción de orden ni intervención alguna durante el desarrollo de la misma. Soportan su demanda con apreciaciones de carácter subjetivo, las cuales se desvirtúan con las pruebas idóneas: el Acta No. 60 de 2015 de la H. Cámara de Representantes, los audios y las grabaciones de la sesión del cinco (5) de mayo, que reposan en el expediente y que dan cuenta de la existencia del quórum mínimo requerido para sesionar.
1.3.4.6 Sostiene que incluso en eventos donde la votación se ha prolongado por más del tiempo establecido para tal fin y se ha interrumpido, la Corte Constitucional ha señalado en sentencias como la C–240 de 2012, que este defecto carece de entidad para afectar la validez de una norma demandada.
1.3.4.7 Indica que es deber de la presidencia de la respectiva corporación, abrir la sesión y permitir su continuidad cuando se conforme y mantenga el quórum deliberatorio. Agrega que se encuentra ampliamente demostrado que durante todo el trámite de la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes del día cinco (5) de mayo de 2015, se contó con el quórum constitucionalmente requerido para deliberar y anunciar.
1.3.4.8 Finalmente afirma que el anuncio de la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se encuentra revestido de toda validez y eficacia, por cuanto el mismo se realizó en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y en una sesión valida.
1.3.5 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
1.3.5.1 Afirma que el mandato del artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, es una expresión de la voluntad democrática y soberana de la Cámara de Representantes, en la medida en que para iniciar una votación debe estar el quórum requerido por la Constitución para iniciar el trámite y en caso de que se desintegre la votación no puede realizarse de forma fraccionada, porque constituiría una burla al principio democrático.
1.3.5.2 En relación con los vicios del procedimiento legislativo, cita la sentencia C–240 de 2012, en la cual esta Corporación estimó que “para determinar la trascendencia de un vicio en el procedimiento legislativo se debe contextualizar la situación en la cual se presentó, pues no toda irregularidad conlleva la afectación de aspectos sustanciales, luego no da lugar a la invalidez de una norma, tal como se explicó en la sentencia C-473 de 2004 (…) Por ello, para determinar si un vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera la inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregularidad irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio de instrumentalidad de las formas”. En el presente caso el vicio de forma no está llamado a ser subsanable, toda vez que mediante éste se marginó a las minorías, tal como lo expresaron los representantes Víctor Javier Correa Velásquez y Carlos Germán Navas Talero.
1.3.5.3 En el mismo sentido, sostiene que los artículos 157 y 161 de la Constitución Política establecen como requisito indispensable para que los proyectos de ley hagan tránsito a una norma aprobada, que se asegure la publicidad de los mismos, en tanto solo el conocimiento previo asegura el debate democrático por parte del Congreso. En el caso que nos ocupa, la norma exigía que el texto conciliado se publicara al menos con un día de anticipación, cosa que no ocurrió, pues tanto su publicación como su aprobación se dio el mismo día, como bien se desprende de la Gaceta del Congreso número 564 del 5 de agosto de 2015.
1.3.5.4 En conclusión, estima que se desconoció la voluntad del Congreso, por cuanto una parte de la votación se realizó sin el quórum exigido por la Constitución y la misma se suspendió en una maniobra claramente dirigida a recomponer el quórum requerido y asegurar la aprobación de la ley, todo lo cual fue denunciado por representantes de la oposición política.
1.3.6 PRÁVNE CONSULTING GROUP S.A.S.
1.3.6.1 Solicitan los intervinientes que en caso de que la Ley 1753 de 2015 sea declarada inexequible, y en consecuencia el artículo 191 referente al tema del alumbrado público, se declare la reviviscencia de la Ley 97 de 1913 “que da autorizaciones especiales a ciertos Consejos Municipales” y la Ley 84 de 1915 “por la cual se reforman y adicionan las Leyes 4 y 97 de 1913”, debido al perjuicio que causaría dejar sin fuente de ingresos al sistema de alumbrado público, para el cual no hay ingresos sustitutos a nivel de finanzas públicas territoriales.
1.3.6.2 Afirman que el Vigente Impuesto de alumbrado público, creado mediante las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, es la única base económica para la prestación efectiva del servicio de alumbrado público. El tributo que se paga en materia de alumbrado se rige por el derecho tributario por tratarse de una contribución de orden fiscal.
1.3.6.3 Señalan que esta Corporación mediante sentencia C–504 de 2002 estimó que si bien es cierto que la Ley 97 de 1913 no fijó los elementos de la obligación tributaria, es viable constitucionalmente que tales elementos sean fijados por los concejos municipales o distritales.
1.3.6.4 Indican que el Consejo de Estado mediante sentencia del 9 de julio de 2009[1] estimó que es claro que el artículo 338 de la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular, determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los departamentos y municipios en tales aspectos.
1.3.6.5 Manifiestan refiriéndose a la constitucionalidad de declarar la reviviscencia de una norma derogada por otra declarada inconstitucional, teniendo en cuenta la relevancia de la prestación efectiva del servicio de alumbrado para los municipios colombianos, una eventual derogatoria del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015, el cual a su vez sustituyó el impuesto de alumbrado público, implicaría graves perjuicios a nivel local generando posiblemente la paralización del servicio. Por este motivo, el sustento legal para el cobro de este tributo debe mantener su vigencia en caso de declarar la inconstitucionalidad del citado artículo en la norma acusada.
1.3.6.6. En el mismo sentido, sostienen que la Corte Constitucional en sentencia C-402 de 2010 se pronunció sobre la reincorporación de una ley por la inexequibilidad de la norma que la deroga, en relación con el principio de legalidad de los tributos. En este orden de ideas, la reincorporación de la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 atiende al primer criterio descrito por la jurisprudencia de esta Corporación: “(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto”, toda vez que, el impuesto fijado en las citadas leyes constituye la única fuente de financiación del sistema de alumbrado público, dirigida a cubrir los costos de todos los componentes descritos por el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006: suministro de energía al sistema de alumbrado público, administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema.
2.1 Afirma que si bien se presentó la suspensión de dos procesos de votación por falta de quórum que alegan los accionantes, tal suspensión no invalida las actuaciones surtidas con posterioridad a la misma, pues se trataba de la falta de quórum decisorio, pero siempre se demostró que en todo momento hubo quórum deliberatorio. En ese sentido, debe destacarse que en ninguna norma de la Constitución Política ni de la Ley 5ª de 1992 se establece como requisito esencial de validez que los anuncios de votación en sesión posterior de los proyectos de ley y de los informes de conciliación requieran de quórum decisorio para que éstos tengan validez constitucional. Por el contrario, lo único que se exige como requisito de validez del anuncio es que se cuente, para el momento de su realización, con el quórum deliberatorio, por tratarse de un anunció de votación, pero no de la votación misma.
2.2 Sostiene que, en el caso analizado, cuando mucho podría llegarse a cuestionar la constitucionalidad del trámite de proyectos de ley cuyos procesos de votación fueron suspendidos a partir de que está prohibido interrumpir un proceso de votación una vez anunciado el mismo por el presidente de la respectiva corporación o célula legislativa, salvo que algún congresista plantee una moción de orden relacionada con la votación pertinente. Pero lo que nunca siquiera se puede colegir es que de una orden de suspensión de un proceso de votación automáticamente se produzca la invalidez de todo lo que se actúe en la sesión correspondiente con posterioridad a dicha suspensión. Por el contrario, en estos casos la invalidez indicada sólo resulta procedente en el momento que no haya quórum deliberatorio para darle trámite a los asuntos que no requieren quórum decisorio, tales como el anuncio de la votación de un proyecto de ley o de informe de conciliación.
2.3 Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debe aclararse en el presente caso que el último quórum verificado antes de hacerse el anuncio de la votación del informe de conciliación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, fue de rango decisorio.
2.4 Indica que frente a estas circunstancias de duda en materia del quórum existente para determinados momentos de los debates parlamentarios, es a los congresistas a quienes precisamente les corresponde asumir la carga de solicitar la verificación del quórum que se requiera en cada momento del trámite legislativo, ante lo cual el Presidente de la Cámara legislativa, o de cualquiera de sus células legislativas, obligatoriamente debe darle curso inmediato y, de comprobarse la falta de quórum requerido debe levantarse la sesión, so pena que todo lo que se realice a partir de tal comprobación carezca de validez constitucional. En este caso ningún parlamentario solicitó la verificación del referido quórum, con la excepción del Representante Jack Housni Jaller quien lo solicitó justo antes de hacerse el anuncio para la votación en la siguiente sesión del informe de conciliación del plan, cuyo conteo de Congresistas arrojó quórum decisorio.
3.2 CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE CADUCIDAD
3.4 EL DEBATE PARLAMENTARIO Y EL QUORUM EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
3.4.1 Importancia y alcance del debate parlamentario
3.4.1.1 Concepto y alcance
3.4.1.2 Importancia constitucional del debate parlamentario
(ii) El momento de iniciación y de terminación del debate (artículos 94, inciso 2, 157 y 176, Ley 5ª de 1992).
3.4.3 Principios básicos que orientan el proceso legislativo[15]
(i) El principio de las mayorías, que parte de suponer que las decisiones del parlamento tienen que reflejar la voluntad del sector mayoritario presente en la respectiva sesión. Dicho axioma actúa como una garantía del principio de representación, pues la aprobación y validez de las medidas legislativas depende que sean más sus partidarios que sus detractores y así quede consignado en las distintas votaciones a que deban ser sometidas[17]. Este principio está consagrado en el artículo 146 de la Constitución, según el cual: “en el Congreso pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”[18].
3.4.4 El quórum como elemento fundamental del debate parlamentario
3.4.4.1 Alcance y formas del quórum
3.4.4.2 Consecuencias de la ausencia del quórum
El quórum, es un elemento indispensable para la validez de los actos del Congreso[30]. La carencia de quórum constituye una causal de ineficacia de cualquiera de las decisiones que se adopten durante la sesión correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, que dice[31]: "Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes"[32].
3.5 LOS VICIOS DE FORMA EN EL DEBATE PARLAMENTARIO Y EL PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS
3.5.1 Importancia de las formas
3.5.2 Vicios de forma
Los vicios en la formación y aprobación de las leyes, originados en la inobservancia de las ritualidades previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso, contenida en la Ley 5ª de 1992, son las “irregularidades en que se incurre durante el trámite legislativo, por omisión o quebrantamiento de cualquiera de los requisitos extrínsecos impuestos por el ordenamiento jurídico, afectándose parcial o definitivamente la eficacia y validez de aquéllas”[38].
3.5.3 Análisis de la trascendencia del vicio
3.5.4 Principio de instrumentalidad de las formas
3.5.4.1 Concepto
De acuerdo con la jurisprudencia, los vicios que conducen a la inexequibilidad de la ley o el proyecto de ley, definidos como “vicios de carácter sustancial”, se caracterizan porque: (i) vulneran algún principio o valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y estructura básica institucional diseñada por la Carta , lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la ley 5ª de 1992 u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo[54].
3.5.4.2 Consecuencias
3.6 LA TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DE LOS ANUNCIOS EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO
3.6.1 Naturaleza y alcance
3.6.2.1 En primer lugar, permitir que tanto los parlamentarios como la comunidad política en general conozcan, con la debida antelación, la fecha en la cual un proyecto se someterá a discusión y votación en cada instancia legislativa. Ello evita que los congresistas sean sorprendidos con votaciones imprevistas, a la vez que asegura que tengan la posibilidad de reflexionar y preparar sus argumentos de cara al debate. En esa medida, el anuncio previo “es una exigencia establecida por el propio Congreso para afianzar el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias y la publicidad y transparencia del proceso legislativo”[65], todo lo cual propicia una adecuada formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras legislativas[66].
3.6.2.2 En segundo lugar, la Corte ha reconocido que este requisito contribuye al ejercicio del control político por parte de la comunidad en general, pues “bajo el influjo de esta exigencia se incrementan las posibilidades de realización de seguimiento ciudadano a los proyectos de ley, lo cual produce un benéfico resultado de ampliación de los márgenes de control popular a la actuación del Congreso”[68].
En este sentido, desde el punto de vista de la defensa de los valores democráticos, la jurisprudencia sostiene que el anuncio: “facilita a los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en influir en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política (Artículo 40 C.P.) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa (Artículos 1 y 3 C.P.)”[69].
3.6.2.3 En tercer lugar, el requisito del anuncio previo a la discusión y votación de los proyectos de ley tiene una relación estrecha con la eficacia del principio democrático[70]. El anuncio, “afianza y profundiza el principio democrático en el Congreso de la República toda vez que asegura que la aprobación de la Ley recoge, de manera efectiva, un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella desarrollados”[71].
3.6.3 Presupuestos básicos y reglas de los anuncios
3.7 EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DEL CINCO (5) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015)
3.7.1 Inicio y lectura del orden del día
3.Proyectos para segundo debate:
3.7.2 Intervención de oradores y aprobación de modificación del orden del día
3.7.3 Lectura y debate de las proposiciones
3.7.4 Aprobación del informe de conciliación y fe de erratas del Proyecto de Ley No. 216/2014 Cámara – 171/2014 Senado
3.7.5 Presentación de impedimentos en el Proyecto Ley No. 175/2013 Cámara y suspensión de la votación
3.7.6 Solicitud de retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara y suspensión de la votación
3.7.7 Continuación del debate sobre la proposición sobre la suspensión de la fumigación con glifosato y verificación del quórum
3.7.8 Anuncio de proyectos
Presidente: Gracias señora Subsecretaria, se levanta la sesión y se convoca para mañana miércoles 6 de mayo a las 2 de la tarde, iniciamos con informe de conciliación, luego el orden del día se establecerá de acuerdo a la Ley 5ª, que primero es el debate de control político y luego es el Proyecto de Ley, con el que quedamos hoy en el primer lugar. Si la plenaria decide modificarlo será en su momento considerado cuando tengamos abierto el registro y será sometido el orden del día”[103].
3.8 LA SUSPENSIÓN DE LAS VOTACIONES EN LA SESIÓN PLENARIA DEL CINCO (5) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015) DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
3.8.1 Los demandantes señalan que en la sesión del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), el Presidente de la Cámara de Representantes Fabio Raúl Amín Saleme ordenó suspender la votación de los impedimentos presentados por los Representantes Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángela María Gaitán, Didier Burgos, Martha Villalba y Eloy Quintero en relación con el Proyecto de Ley 175 de 2013 Cámara, lo cual vulneraría el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 según el cual: “Anunciado por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está votando”.
3.8.2 Adicionalmente afirman que luego de la interrupción el Presidente de la Cámara de Representantes siguió sesionando con el quórum deliberatorio a la espera de conformar el quórum decisorio, desatendiendo las reglas del quórum y dispuso pasar al siguiente punto del orden del día que era el retiro del Proyecto de Ley 066 de 2013. Sin embargo, al no poder conformar nuevamente el quórum decisorio volvió a suspender la decisión, desconociendo por segunda vez el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, lo cual vulneraría a su vez el artículo 151 de la Constitución.
3.8.3 Una vez revisada el acta de la sesión publicada en la Gaceta del Congreso y observado el video de la misma, puede concluirse que, tal como lo señalan los accionantes, en la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), se suspendieron las votaciones en dos (2) ocasiones:
3.8.4 De esta manera, se observa claramente que se suspendió la votación de los impedimentos presentados por los Representantes Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángel María Gaitán Pulido, Didier Burgos, Martha Villalba y Eloi Chichí Quintero respecto del proyecto Ley No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara, desatendiéndose lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992:
3.9 ANÁLISIS DE LOS CARGOS FORMULADOS
3.9.1 Cargos formulados por la demanda presentada por los ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla Salazar, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán Navas Talero, Jorge Enrique Robledo y Alexander López Maya contra la totalidad de la Ley 1753 de 2015 (Expediente D – 10863)
3.9.1.1 No vulneración del artículo 145 de la Constitución
3.9.1.1.1 Como se expresó en el relato del desarrollo de la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), el anuncio del proyecto de conciliación se presentó después de que el representante Housni Jaller solicitara la verificación del quórum frente a lo cual el secretario certificó oralmente y luego en el acta que existía quórum decisorio:
3.9.1.1.2 Adicionalmente, en las dos (2) ocasiones en las cuales se suspendió la votación se verificó que pese a que no existía quórum decisorio sí existía deliberatorio, por lo cual no tenía que levantarse la sesión:
3.9.1.2 No vulneración del artículo 151 de la Constitución
Conforme al principio democrático, la propia Carta Política y el Reglamento del Congreso, son los ordenamientos llamados a regular el proceso de formación de las leyes[113]. Por lo anterior, esta Corporación ha reconocido en relación con las normas del Reglamento del Congreso de la República que en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución “pese a su carácter infraconstitucional, su desconocimiento es susceptible de generar una vulneración de la Carta, por cuanto teniendo la naturaleza de ley orgánica, a sus dictados ha de someterse el Congreso al ejercer su actividad (art. 151 C.P.)” [114].
3.9.1.3 No vulneración del artículo 161 de Constitución
3.9.2 Demanda presentada por los ciudadanos Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Manuel Restrepo Medina
3.9.2.1 No vulneración del artículo 160 de la Constitución
3.9.2.2 No vulneración del artículo 149 de la Constitución
3.9.2.2.1 Los demandantes señalan que se desconoció el artículo 149 de la Constitución, en virtud del cual “toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”, por cuanto afirman que durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) en la cual se llevó a cabo el anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 se desatendieron los artículos 132 y 130 de la Ley 5ª de 1992:
(ii) Frente al artículo 130 de la Ley 5ª de 1992, señalan que las suspensiones aludidas se presentaron porque habían transcurrido más de treinta (30) minutos desde que se inició la votación, lo cual desconoció que según esta norma: “cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será el presidente de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta (30) minutos por votación”.
3.9.2.2.2 Desde el punto de vista fáctico, como ya se afirmó se encuentra demostrado que se presentó la suspensión de 2 decisiones durante el debate, sin embargo, en virtud de los videos de la sesión se pudo comprobar que en ambos casos la interrupción se presentó antes de que se cumplieran treinta (30) minutos desde la apertura del registro:
4.1 La primera demanda señala que durante la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), en la cual se anunció el Informe de Conciliación del Proyecto por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se suspendió la votación de dos (2) proyectos de ley por falta de quórum, lo cual desconocería el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 y con ello vulneraría los artículos 145, 151 y 161 de la Constitución.
4.2 La segunda demanda, reitera que en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo se suspendió irregularmente la votación en dos (2) ocasiones, agregando que en ambos eventos habían transcurrido más de treinta (30) minutos sin haberse terminado la votación, lo cual desconocería lo señalado en los artículos 160, 149 y 151 de la Constitución.
4.3 Al no existir ningún cuestionamiento sobre el trámite del proyecto en el Senado de la República ni en una sesión distinta a la llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), el problema jurídico se centra en determinar si en esa sesión se desconoció el Reglamento del Congreso al suspenderse la votación en dos (2) ocasiones y si esta situación afectó el anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, vulnerándose los artículos 145, 151, 161, 160 y 149 de la Constitución.
4.4 Analizadas las pruebas se pudo concluir que, tal como lo señalan los demandantes, en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) se suspendió la votación de los impedimentos respecto del proyecto Ley No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara, lo cual constituyó una desatención del artículo 132 del Reglamento del Congreso en virtud del cual “Anunciado por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está votando”.
4.5 Esta situación no vulneró el artículo 145 de la Constitución, pues se demostró que en ambos casos se mantuvo el quórum deliberatorio y por ello la plenaria podía seguir sesionando. Adicionalmente, por solicitud expresa de un Representante a la Cámara se verificó que existía quórum decisorio minutos antes del anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto por el cual se expidió el Plan de Desarrollo 2014 – 2018.
4.6 Tampoco se vulneró el artículo 151 de la Constitución, pues no toda desatención de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea su declaración de inconstitucionalidad, sino que es necesario acudir al principio de instrumentalidad de las formas para determinar si implicó la vulneración de las finalidades del procedimiento. En aplicación de este axioma se pudo concluir que el objetivo de la norma inaplicada con las (2) suspensiones (artículo 132 de la Ley 5ª de 1992) era salvaguardar la votación de dos (2) proyectos específicos en los cuales se presentó, pero no tiene relación con el anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, cuyas finalidades se cumplieron plenamente: (i) permitir que se conozca un proyecto con la debida antelación, (ii) salvaguardar el control político por parte de la comunidad en general y (iii) materializar el principio democrático facilitando un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella desarrollados.
4.7 No se afectó el artículo 161 de la Constitución, el cual exige la existencia de un anuncio publicado al menos un día antes de la votación del informe de conciliación, lo cual se cumplió claramente, pues el anuncio se realizó el día cinco (5) de mayo y la conciliación se aprobó el seis (6) de mayo del mismo año, es decir, un día después.
4.8 No se desconoció el artículo 160 de la Constitución, en virtud del cual “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”, pues el anuncio realizado el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) cumplió con todos los requisitos señalados por la Constitución y por la Ley: (i) se hizo en el debate reglamentario, (ii) se realizó por el Presidente de la Cámara de Representantes, (iii) la fecha de la votación era cierta, pues se manifestó que el debate se llevaría a cabo el seis (6) de mayo de 2015 y (iv) el proyecto fue votado en sesión distinta a la anunciada previamente, pues se votó el seis (6) de mayo y se anunció el día anterior.
4.9 No se infringió el artículo 149 de la Constitución, pues en las dos (2) ocasiones en las cuales se suspendió la votación: (i) no transcurrieron más de treinta (30) minutos después de que se hubiera abierto el debate, (ii) no se afectó ninguna condición constitucional del debate, (iii) no se reconoció la existencia de un vicio de trámite y (iv) las infracciones sucedidas exclusivamente en la votación de un proyecto no pueden afectar la validez de toda una sesión.
4.10 En virtud de lo anterior, la Corte encontró que la Ley 1753 de 2015 es exequible por los cargos analizados en la presente sentencia.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C- 277 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), con ocasión del examen de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, “Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”. En igual sentido, Sentencias C - 786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C - 386 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas; C - 277 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C - 240 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C - 332 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[86] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), Minuto 01:35 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015): “Presidente: Señor Secretario se registra quórum deliberatorio con cerca de cincuenta y nueve (59) o sesenta (60) registrados, vamos a iniciar dándole lectura al Orden del Día propuesto para la sesión plenaria de hoy y permitimos las intervenciones de los oradores que se han inscrito”.
[88] Gaceta del Congreso de la República número 476 del 15 de julio de 2015, pág. 11. Minuto 05:47 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del 5 de mayo de 2015: “Intervención de la Presidencia: Muchas gracias señora Subsecretaria. Vamos a esperar tener el quorum decisorio que nos permita discutir el orden del día que ha sido leído ante la plenaria y mientras esperamos constituirse el decisorio vamos a evacuar el listado de oradores que se han inscrito en la tarde de hoy, el primero de ellos es el representante conservador doctor Arturo Yepes Alzate. Intervención del Honorable Representante Arturo Yepes Alzate: Solicita que se modifique el orden del día para aprobar una proposición firmada por todos los integrantes de todas las bancadas del Congreso en la que la Cámara de Representantes respalda la recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social de suspender la aspersión de glifosato en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos y recomienda la erradicación manual como sustituto”.
[89] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 15. Minuto 41:37 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015): “Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señor Secretario vamos a dejar nuevamente constancia en el acta de que el Orden del Día ha sido leído ante la plenaria. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Sí señor Presidente, ya fue leído en la plenaria cuando existía quórum deliberatorio en este momento existe quórum decisorio. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Gracias Secretario, conformado el quórum decisorio, anuncio que se abre la discusión para la aprobación del Orden del Día, en discusión del Orden del Día, representante Arturo Yepes.
Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señores representantes estamos votando la proposición de Orden del Día. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Señores honorables Representantes, estamos votando el Orden del Día nominalmente, doctor Ape Cuello, Doctor Zabarain, Ape Cuello vota Sí, Armando Zabaraín vota Sí. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: la Representante Sandra Ortiz vota Sí. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Paola Agudelo vota Sí. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señores Representantes anuncio que se va a cerrar la votación, para que aquellos que no hayan hecho uso del sistema, doctor Tous ¿ya voto?, doctor Romero ¿voto?, doctor Jaime Serrano, doctor Jack Jousni, ¿ya votó?, doctor Serrano puede hacerlo por el biométrico sin problema. ¿cómo vota doctor Serrano? Jaime Serrano vota Sí. ¿Cuantos votos manuales señora Subsecretaria? Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo: Cinco, Presidente. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Doctor Villamil ¿ya voto?, ¿Cómo vota doctor Ángelo?, doctor Ángelo Villamil vota Sí, doctor Ángelo ya le autorizamos el voto manual, no lo haga vía electrónica. Señor Secretario el Representante Carrasquilla no ha votado por el sistema, se autoriza el voto manual de Silvio Carrasquilla, vota Sí. Señor Secretario se ordena cerrar el registro y anunciamos el resultado de la votación. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se cierra el registro la votación es de la siguiente manera: Por el Sí 62 votos electrónicos y 7 manuales, para un total 69 votos por el Sí. Por el no 18 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el No de 18 votos. (…) Señor Presidente ha sido aprobada la modificación del Orden del Día, con el orden que fue propuesto por la Mesa Directiva más la modificación del doctor Arturo Yepes”.
[95] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 27. Presidente: “Señor Secretario vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día invitando a los honorables representantes que se declararon impedidos que puedan nuevamente ingresar al recinto”.
Presidente: “Siguiente punto del orden del día señor Secretario, siga señor Secretario, siguiente punto del orden del día”.
[99] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 28. Presidente: “El doctor Orlando Guerra me está pidiendo una moción, vamos a escuchar al doctor Orlando guerra y consideraremos continuar depende el quórum que presente la plenaria”.
[100] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 3:52:50 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015): Presidente: “Señor Secretario transcurridas 3 horas y 50 minutos le pregunto a la plenaria si se declara en sesión permanente”.
Secretario: “Así lo quiere señor Presidente”.
[102] Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 49: “Intervención del Honorable Representante Housni Jaller: Presidente una moción de procedimiento, ya que el doctor Prada ha dejado un manto de duda sobre la consistencia del quórum, yo le pido por favor que lo verifique. Muchas gracias señor Presidente. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Claro que sí representante, no tengo problema alguno y si es la solicitud de la Plenaria para darle toda la veracidad a la información que hemos venido desarrollando con el quórum requerido y necesario, señores de registro, favor abrir sistema, vamos a verificar el quórum para que quede constancia en el acta de la sesión. Subsecretaria General, Yolanda Duque Naranjo: Señores de cabina favor abrir el registro. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señores representantes, estamos verificando el quórum, para que en Acta conste de la presencia de cada uno de los miembros de esta Corporación”.