Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-audiencia-provincial-provincia-de-sevilla-num-10852011-13-05-2013
Timestamp: 2018-05-28 01:21:14
Document Index: 345681007

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 226', 'artículo 182', 'artículo 181', 'artículo 74', 'artículo 180', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 182', 'artículo 181', 'artículo 180', 'artículo 182', 'artículo 181', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'in dubio', 'artículo 189', 'artículo 226', 'artículo 154', 'artículo 74', 'artículo 116']

Marginal: PROV\2013\165157
Recurso de Apelación núm. 1085/2011
Porfirio , D.N.I. NUM012 nacido en Sevilla, el día NUM013 de 1973, hijo de Manuel y Carmen, domiciliado en Sevilla, en la CALLE002 , Torre NUM014 - NUM015 , declarado insolvente, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa, de la que ha estado privado de libertad desde el 17 de Mayo de 2.008 hasta el día 14 de Enero de 2009, representado por el Procurador Sr. D. Miguel Ángel Márquez Díaz y defendido por el Abogado Sr. D. José Javier Toucedo Carmona.
Rodrigo D.N.I. NUM016 , nacido en Sevilla, el día NUM017 de 1972, hijo de José y María del Carmen, domiciliado en Sevilla, en la CALLE003 Blq. NUM018 - NUM018 NUM019 , declarado solvente parcial, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa de la que ha estado privado desde el día 17 de Mayo de 2.008 hasta el día 14 de Enero de 2.009 representado por la Procuradora Sra. Dª. Flor María Gabela González y defendido por el Abogado Sr. D. Fernando Osuna Gómez.
Adela D.N.I. NUM020 , nacida en Sevilla, el día NUM021 de 1975, hija de José y María del Carmen, domiciliada en Sevilla, en la CALLE003 Bloq. NUM017 - NUM018 NUM019 , declarada insolvente, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa de la que no ha estado privada, representada por el Procurador Sr. D. Miguel Ángel Márquez Díaz y defendido por el Abogado Sr. D. José Javier Toucedo Carmona.
Asunción D.N.I. NUM022 , nacida en Sevilla, el día NUM023 de 1967, hija de Francisco y Julia, domiciliada en Sevilla, en la CALLE002 , Torre NUM014 - NUM015 , declarada insolvente, sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa de la que no ha estado privada, representada por la Procuradora Sra. Dª. Inmaculada Pastor González y defendido por el Abogado Sr. D. Javier M. Gimeno Puche.
PRIMERO. - Las actuaciones se iniciaron en virtud de Diligencias número NUM024 del Área de Protección al Menor APROME perteneciente a la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.- Los descritos en el primer bloque de sus conclusiones relativo a Rodrigo : a) Un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal del art. 182.1 y 2 en relación con el art. 181.4 y 180. 3 º y 4º en la redacción del Código de la LO 15/03 ( RCL 2003\2744 ; RCL 2004, 695 y 903) .- b) Un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal del art. 182. 1 y 2 en relación con el art. 181.4 y 180. 3 º y 4º en la redacción del Código de la LO 15/03 , en comisión por omisión respecto de los abusos de Porfirio a su hija Carmen ;
3.- Los hechos descritos en el bloque relativo a Adela y Asunción como constitutivos de sendos delitos de corrupción de menores y de abandono de familia previsto en el art. 189. 4 y 5 y 226 del CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
De los hechos narrados responden los acusados en concepto de autores, en virtud de lo indicado por el artículo 28RCL 1995\3170CP y conforme a los títulos de imputación ut supra descritos.
III.- Los hechos atribuidos a Adela los ha calificado como constitutivos de: un delito de corrupción de menores y de un delito de abandono de familia previstos en el art. 189. 4 y 5 y artículo 226RCL 1995\3170 del CP .
PRIMERO .- En fecha no determinada pero en todo caso tras el mes de enero de 2007 y antes del día 16 de mayo de 2008, el procesado Rodrigo , mayor de edad y sin antecedentes penales, aprovechando la convivencia continuada que él, su mujer la también procesada Asunción y sus 5 hijos menores, mantenían en el domicilio de la CALLE004 nº NUM025 - NUM026 , con su hermana y el marido de esta, los también procesados Adela y Porfirio y los 3 hijos menores de este matrimonio, mantuvo un contacto sexual con su sobrina Mercedes , menor de edad, nacida el NUM027 de 2.000.
Las familias de los procesados convivieron juntos en el mismo domicilio de la CALLE004 nº NUM025 - NUM026 NUM028 , cuanto menos desde enero a septiembre de 2.007. En este domicilio convivían todos los procesados con sus respectivas descendencias, entre la que estaba además de Mercedes , sus hermanos Laureano y Luciano de un lado, y Montserrat , Carmen , Patricia , Teodulfo y Victorino de otra, siendo todos menores de edad.
Los hechos declarados probados en el apartado segundo son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal del artículo 182.1 y 2 en relación con el artículo 181.1 y 2 y 180.1º 4 ª y artículo 74 del C.P . en la redacción del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) de la L.O. 15/03 ( RCL 2003\2744 ; RCL 2004, 695 y 903) , pues concurren todos los elementos de dicha figura delictiva.
No concurre en cambio la agravante especifica 3ª del artículo 180RCL 1995\3170 del Código Penal .
"La jurisprudencia del T.S. ha señalado que la agravación consistente en la mayor vulnerabilidad de la víctima no puede ser aplicada en los delitos previstos en el artículo 181.1RCL 1995\3170 y 2RCL 1995\3170CP cuando se base en la menor edad, y ésta ya haya sido tenida en cuenta a los efectos del tipo básico, en tanto que el precepto considera abusos sexuales no consentidos, en todo caso, los cometidos sobre personas menores de trece años; que, en su caso, es necesario constatar circunstancias que en el supuesto concreto permitan establecer tal fragilidad especial agregada a la irrelevancia del consentimiento, de manera que de la edad menor de trece años no se sigue automáticamente la aplicación del tipo básico y de la agravación, si no que es preciso alguna circunstancia añadida a la edad de la víctima ( STS. num. 483/2010 de 25-05-2010 ).
La reciente S.T.S. de 19 de diciembre de 2012 , por su parte nos dice: "Como recuerda la STS 77/2012, de 15 de febrero , la jurisprudencia de esta Sala ha señalado que la agravación consistente en la mayor vulnerabilidad de la víctima no puede ser aplicada en los delitos previstos en el artículo 181.1RCL 1995\3170 y 2RCL 1995\3170CP , anteriores a la Ley 5/2010, cuando se base en la menor edad, y ésta ya haya sido tenida en cuenta a los efectos del tipo básico, en tanto que el precepto considera abusos sexuales no consentidos, en todo caso, los cometidos sobre personas menores de trece años, por lo que, en su caso, es necesario constatar circunstancias que en el supuesto concreto permitan establecer tal fragilidad especial agregada a la irrelevancia del consentimiento, de manera que de la edad menor de trece años no se sigue automáticamente la aplicación del tipo básico y de la agravación, si no que es preciso alguna circunstancia añadida a la edad de la víctima ( STS 483/2010 de 25 de mayo ( RJ 2010\6146 ) ). En el mismo sentido, esa Sala ha manifestado que, con independencia de la edad del menor, tiene que describirse una situación cualitativamente distinta que deba operar como agravamiento de la conducta específica distinta de aquélla ( STS. nº 743/2010 de 17-06-2010 ( RJ 2010\6674 ) ); y que serán compatibles ambas circunstancias cuando no se tenga en cuenta exclusivamente el dato cronológico de la edad, sino todas las circunstancias concurrentes, y entre ellas, la personalidad del sujeto pasivo del delito y los elementos objetivos para aprovecharse sexualmente de la víctima ( STS 665/2008 de 30 de octubre ( RJ 2008\7207 ) )".
SEGUNDO El bien jurídico protegido en los delitos tipificados en el Titulo VIII del Libro II del ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) Código Penal es la libertad sexual, entendida como autodeterminación o libre disposición de la potencialidad sexual y el derecho a no verse envuelto sin consentimiento en una acción sexual. La libertad sexual se la puede considerar como denominador común, sin perjuicio de que cuando el sujeto pasivo sea un menor, se deba valorar el derecho al libre desarrollo de la personalidad o la esfera de la intimidad y con ello se incida en su indemnidad o intangibilidad sexual, porque la idea de libertad sexual exige voluntad consciente y responsable en el sujeto pasivo.
El Tribunal Supremo, en sentencias como la núm. 159/2005, de 11 de febrero ( RJ 2005\1174 ) , ha declarado la compatibilidad de la minoría de edad tenida en cuenta para la tipicidad de la conducta con arreglo al apartado 2 del art. 181 con la agravación específica por especial vulnerabilidad.
Como se refiere en la STS 1.346/2.002 de 18 de julio ".. la declaración de la víctima no es prueba indiciaria, sino prueba directa. Ha sido admitida como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la de esta Sala (Entre muchas SSTC 201/89 , 173/90 , y 229/91 y SSTS 706/2000 y 313/2002 ). No solo los delitos contra la libertad sexual, sino otros muchos, se cometen en circunstancias de clandestinidad en las que el único testigo con el que puede contar el Tribunal es precisamente el de la víctima. Esto no quiere decir que la existencia de esa declaración se convierta por sí misma y automáticamente en prueba de cargo suficiente pues, como todas, está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador. Cuando el Tribunal Constitucional, respetando, con buen criterio, el ámbito de exclusividad de la potestad jurisdiccional penal constitucionalmente atribuido a los Juzgados y Tribunales ordinarios, señala que la declaración de la víctima o denunciante puede ser una prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, incumbiendo su valoración al Tribunal sentenciador, ello no significa, desde luego, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar una supuesta presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no es inhábil a los efectos de su valoración, como una prueba más, por el Tribunal sentenciador, el cual debe aplicar obviamente, en esta valoración, criterios de racionalidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba...".
Como pautas útiles o reglas de experiencia para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba se ha exigido la ausencia de incredibilidad subjetiva del denunciante derivada de las relaciones acusador/acusado; verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio - declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso - sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse y persistencia en la incriminación.
Si bien es cierto que nadie "... debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad..." ( STS 419/2.005, de 4 de abril ( RJ 2005\4389 ) ), también lo es que el testimonio del denunciante víctima, insistimos que apto por si sólo para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia ( SSTS 434/99 , 486/99 , 862/00 , 104/02 y 470/03, entre otras; así como del Tribunal Constitucional , SSTC 201/89 , 160/90 , 229/91 , 64/94 y 16/00 , entre otras muchas), debe gozar de las suficientes garantías de verosimilitud que permitan al Tribunal obtener del mismo la certeza precisa para dictar un pronunciamiento de condena.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal ( LEG 1882\16 ) , al regular la prueba testifical en el juicio oral, lo que regula en los arts. 701 y siguientes y en especial el art. 708, es simplemente el examen directo de los testigos por el Tribunal, respondiendo a las preguntas de la parte que los haya propuesto, a las preguntas contradictorias de las demás partes y eventualmente a las preguntas del Presidente. La apreciación de las declaraciones testificales corresponde por tanto al propio Tribunal, aplicando para ello las reglas del criterio racional y de modo conjunto con el resto de las pruebas, tal como establecen los arts. 717 y 741 de la misma Ley .
Los hechos que hemos declarados probados en el apartado primero, son constitutivos de un delito de abuso sexual con acceso carnal del artículo 182.1 y 2 en relación con el artículo 181.1 y 2 y 180.1º 4ª en la redacción del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) de la L.O. 15/03 ( RCL 2003\2744 ; RCL 2004, 695 y 903) , pues concurren todos los elementos de dicha figura delictiva.
No concurre en cambio la agravante especifica 3ª del artículo 180RCL 1995\3170 del Código Penal , por las razones expuestas con anterioridad en el fundamentado de derecho primero, que damos aquí por reproducido.
NOVENO El Ministerio Fiscal y la acusación particular han formulado asimismo acusación contra los dos procesados Porfirio y Rodrigo , por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal del artículo 182.1 y 2 en relación con el artículo 181.4 y 180.1 3 ª y 4ª en la redacción del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) de la LO 15/ 03 ( RCL 2003\2744 ; RCL 2004, 695 y 903) en comisión por omisión, el primero respecto de los abusos de Rodrigo a su hija Mercedes , y el segundo respecto de los abusos de Porfirio a su hija Carmen .
Como se refiere en la STS 1.313/2.005, de 9 de noviembre "...para que se de un Fallo condenatorio es preciso deslindar como fases perfectamente diferenciadas dentro del proceso de análisis de las diligencias, las dos siguientes:
En la primera fase operaria la presunción de inocencia, en la segunda el principio ""in dubio pro reo"". Así, la presunción de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga probatoria y supone (ver STC 31 mayo 1985 ) que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien compete acreditar la imputación mediante las correspondientes pruebas, practicadas con validez jurídica y que puedan objetivamente reputarse como pruebas de cargo, y por su parte, el principio ""in dubio pro reo"", presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal a quien compete su valoración en conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos ( art. 741LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) ). La importancia de esta distinción es fundamental en la práctica dado que al juzgador de instancia compete realizar en toda su extensión el íntegro proceso de análisis de las diligencias probatorias practicadas comprensivo, por tanto, de las dos fases indicadas...". Se continua afirmando en la referida resolución en relación con el principio "in dubio pro reo" que "... dicho principio es una condición o exigencia subjetiva del consentimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso ( STC. 44/89 ) de forma que si no es plena la convicción judicial se impone el fallo absolutorio. Por tanto debe distinguirse el principio "in dubio pro reo" de la presunción de inocencia. Esta supone el derecho constitucional imperativo de carácter público, que ampara al acusado cuando no existe actividad probatoria en su contra y aquel es un criterio interpretativo, tanto en la norma como de la resultancia procesal a aplicar en la función valorativa, o lo que es lo mismo, si a pesar de toda la actividad probatoria, no le es dable al Tribunal subsumir los hechos acaecidos en el precepto, no queda convencido de la concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación el proceso penal debe concluirse, por razones de seguridad jurídica, con una declaración negativa de culpabilidad, al ser menos gravoso a las estructuras sociales de una país la libertad de cargo de un culpable que la condena de un inocente ( STS. 20.3.91 )...".
El delito de corrupción de menores tipificado en el artículo 189.4RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , se halla incardinado dentro de los delitos contra la libertad sexual y tiende, como expone la STS de 21 de marzo de 2000: " a proteger a las personas que, por razón de su edad, se hallan en un período de formación de su personalidad, que podría verse afectada negativamente en el porvenir, en lo concerniente a su libertad sexual y a su propia dignidad personal, por lo que se considera irrelevante el posible consentimiento de tales personas menores de edad, porque el legislador, al sancionar este tipo de conductas, pretende proteger penalmente a las personas que carecen de la madurez necesaria para decidir sobre la orientación de su vida sexual y, en definitiva, para usar de la libertad sexual, con la finalidad de hacer posible una decisión responsable al alcanzar la mayoría de edad y, con ella, normalmente la consiguiente madurez humana ".
El artículo 226.1RCL 1995\3170 del Código Penal sanciona, la conducta del "que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge" .
Se trata, por tanto, de una norma penal en blanco, que exige su integración con los deberes establecidos, en este caso, a los progenitores por el artículo 154LEG 1889\27 del Código Civil ( LEG 1889\27 ) : el deber de educar a los hijos y procurarles una educación integral, completados por la Ley Orgánica 1/1.990 de 3 de octubre ( RCL 1990\2045 ) de ordenación general del sistema educativo, que establece la obligatoriedad de la enseñanza desde los seis a los dieciséis años.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1998 , señala que "comporta una dinámica omisiva-comisiva con efectos permanentes cuya integración normativa de referencia - dada su naturaleza de tipo penal en blanco- la constituyen los artículos del Código Civil reguladores de los deberes inherentes a la patria potestad, de cuyo núcleo central irradian con intensidad los de sostenimiento, guarda y custodia y educación del sujeto pasivo" . Y añade que el incumplimiento de los deberes que como padres afectan a estos en el ejercicio de su patria potestad "debe ser voluntario y no producto de la imposibilidad de asumir y cumplir tales deberes, además de persistente, no esporádico o transitorio y completo" .
UNDÉCIMO Del delito continuado de abuso sexual con acceso carnal, responde como autor el acusado Porfirio , por haber realizado personal y directamente los hechos conforme a los arts. 27RCL 1995\3170 y 28RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
Del delito de abuso sexual con acceso carnal responde como autor el acusado Rodrigo , por haber realizado personal y directamente los hechos conforme a los arts. 27RCL 1995\3170 y 28RCL 1995\3170 del Código Penal .
DECIMOTERCERO I) Para determinar la pena a imponer al acusado Porfirio , por el delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal, habrá de tenerse en cuenta lo preceptuado en los artículos 182.1 y 2 , 181.1 y 2 , 180.1 4 ª, artículo 74 , 56 y 57 en la redacción del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) de la L.O. 15/03 ( RCL 2003\2744 ; RCL 2004, 695 y 903) .
DECIMOCUARTO Señala el artículo 116RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) que toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente. En aplicación de este principio, cuya extensión se determina en los artículos 109 a 115 de dicho cuerpo legal , estas personas deberán restituir, reparar o indemnizar todos los daños causados.
DECIMOQUINTO El autor de un delito ha de ser condenado también al pago de las costas del juicio necesario para su persecución, conforme al art. 123RCL 1995\3170 del Código Penal ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
PUBLICACIÓN. - Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario Doy fe.