Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-5-2006-10-abr-regulacion-conflictos-intereses-miembros-gobierno-altos-cargos-administracion-general-estado-3608492
Timestamp: 2019-06-20 11:12:37
Document Index: 105655452

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 18']

Ley 5/2006 de 10 de Abr (Regulacion de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado) | Iberley
LEY 5/2006, de 10 de abril, de regulacion de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado. - Boletín Oficial del Estado de 11-04-2006
20/04/2015 (Vigente)
01/05/2006 (Versión Original)
Por esta ley se regulan los requisitos previos para el nombramiento de los titulares de determinados órganos y para el nombramiento de los altos cargos en determina dos organismos reguladores y de supervisión, así como las medidas básicas para evitar situaciones de conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
2. A los efectos de esta Ley se consideran como altos cargos.
a) Los miembros del Gobierno
f) El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y los vocales del mismo
g) El presidente y los directores generales del Instituto de Crédito Oficial
1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos, a los que se refiere el artículo 3, no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado. A estos efectos se considera que existe relación directa cuando se den cualquiera de los siguientes supuestos de hecho.
1. El ejercicio de las funciones de un alto cargo será compatible con las siguientes actividades públicas.
El ejercicio de un puesto de alto cargo será compatible con las siguientes actividades privadas, siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función, sin perjuicio de la jerarquía administrativa.
La declaración patrimonial comprenderá, al menos, los siguientes extremos.
a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean
b) Los valores o activos financieros negociables
c) Las participaciones societarias
1. Las personas incluidas en el artículo 3 que ejerzan competencias reguladoras, de supervisión o control sobre sociedades mercantiles que emitan valores y otros acti vos financieros negociables en un mercado organizado, así como los miembros del Gobierno y los Secretarios de Estado, y en relación con los valores y activos finaniceros de que sean titulares tales personas, sus cónyuges no separados legalmente, salvo que su régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes, o sus hijos menores de edad no emancipados, deberán contratar para la gestión y administración de tales valores o activos a una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta obligación no será exigible cuando la cuantía de dichos valores y activos no supere la cantidad de 100.000 euros, calculada por el valor a los efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. La encomienda de gestión se mantendrá mientras dure el desempeño del cargo.
3. El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales tendrá carácter reservado y solo podrán tener acceso al mismo además del propio interesado, los siguientes órganos.
Modificación realizada (14 (apdo. 4)) por Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE de 10-12-2013) en vigor desde 30-12-2013
Texto Original. Publicado el 11-04-2006 en vigor desde 01-05-2006
1. A los efectos de esta ley se consideran infracciones muy graves.
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere este título
3. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará a la Abogacía General del EstadoDirección del Servicio Jurídico del Estado el ejercicio de las acciones que correspondan.
5. Las personas que hayan cometido las infracciones tipificadas en el artículo 17. 1 no podrán ser nombradas para ocupar ninguno de los cargos incluidos en el artículo 3 durante un periodo de entre 5 y 10 años.
6. En el supuesto previsto en el artículo 8.5 si la empresa o sociedad prosiguiera con la contratación de la persona que ha vulnerado lo establecido en el apartado 1 del mismo, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la declaración de incumplimiento de la ley llevará aparejada además la prohibición a la empresa o sociedad para contratar con el sector público estatal, autonómico o local, durante todo el período que sea aplicable la limitación prevista en el artículo 8.1. A tal fin la Oficina de Conflictos de Intereses procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21. 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El inicio de las actuaciones se notificará al interesado
2. La instrucción de los correspondientes expedientes se realizará por la Oficina de Conflictos de Intereses
D.A. 1ª. Subsistencia de incompatibilidades.
D.A. 2ª. Régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Banco de España.
D.A. 3ª. Obligación de comunicar los nombramientos.
1. Las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, deberán informar a la Oficina de Conflictos de Intereses de los nombramientos que efectúen respecto de aquellos puestos de trabajo que conforme a esta Ley tengan la condición de altos cargos .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, expresamente.
Se añade una nueva letra l) al artículo 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en los siguientes términos:
«Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el artículo 18. 6 de la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.»
Entrada en Vigor: 2006-05-01
D.A. 24ª. Incompatibilidades.
20/04/2015 Última Redacción
desde 30/12/2013 hasta 20/04/2015
desde 01/05/2006 hasta 30/12/2013