Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Grenada11743a.htm
Timestamp: 2017-10-17 13:14:01
Document Index: 199562307

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 51', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 14']

Grenada 11.743
iii. Sentencias individualizadas de otras jurisdicciones internacionales y nacionales
98. La experiencia de otras autoridades internacionales de derechos humanos, así como la de los tribunales superiores de varias jurisdicciones del derecho común que, al menos hasta hace poco mantenían la pena de muerte, sustancia y refuerza una interpretación de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención que prohibe la imposición obligatoria de la sentencia de muerte. A este respecto, opina la Comisión, sobre la base de un estudio de estas diversas jurisdicciones internacionales y nacionales, que se ha formulado un precepto común conforme al cual el ejercicio de una discreción orientada por parte de las autoridades que dictan la sentencia para considerar posibles circunstancias atenuantes de cada delincuente y cada delito, es una condición sine qua non para la imposición racional, humana e imparcial de la pena capital. Se ha determinado que las circunstancias atenuantes que deben considerarse incluyen, entre otras, el carácter y los antecedentes del delincuente, los factores subjetivos que puedan haber incidido en el comportamiento del delincuente, la forma y la manera de la ejecución del delito en particular y la posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente.
99. En el caso de Lubuto c. Zambia,61 por ejemplo, el peticionario había recibido una sentencia de muerte obligatoria por robo a mano armada. El Comité de Derechos Humanos de la ONU no consideró la cuestión de si las sentencias de muerte obligatorias per se contravienen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el Comité concluyó que la inexistencia de discrecionalidad de parte de la autoridad que impone la sentencia para considerar las circunstancias particulares de un delito al determinar si la pena de muerte es un castigo adecuado podría en ciertas circunstancias contravenir las condiciones prescritas internacionalmente para la aplicación de la pena capital. En este caso, el Comité concluyó que la inexistencia de discrecionalidad contravenía los requisitos del artículo 6(2) del Pacto Internacional62 de que la pena de muerte debe imponerse "únicamente para los delitos más graves". El Comité llegó a la siguiente conclusión:
Considerando que en este caso el uso de armas de fuego no produjo la muerte ni lesiones de persona alguna y que el tribunal no pudo por ley tener en cuenta estos elementos al imponer la sentencia, el Comité opina que la imposición obligatoria de la sentencia de muerte en esas circunstancias es violatoria del artículo 6 párr. 2 del Pacto.
100. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extra-Judiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sugerido en términos más generales que las normas del debido proceso aplicables a las actuaciones sobre la pena de muerte exigen, entre otras cosas, que se tengan en cuenta todos los factores atenuantes al imponer la sentencia:
Las actuaciones que den lugar a la imposición de la pena capital deben conformarse con las normas más estrictas de independencia, competencia, objetividad e imparcialidad de jueces y jurados. Todos los acusados en casos de pena capital deben contar con plenas garantías de una defensa adecuada en todas las etapas del proceso, incluyendo el adecuado otorgamiento de asistencia letrada financiada por el Estado, de parte de abogados defensores competentes. Debe presumirse la inocencia de los acusados hasta probarse su culpabilidad sin lugar a ninguna duda razonable, en aplicación de las normas más estrictas para la obtención y evaluación de pruebas. Deben tenerse en cuenta todos los factores atenuantes. Debe garantizarse un proceso conforme al cual puedan revisarse los aspectos de hecho y de derecho del caso en una instancia superior integrada por jueces distintos de los que entendieron en el caso en primera instancia. Además, debe garantizarse el derecho del acusado a solicitar el indulto, la conmutación de la sentencia o la clemencia.63 (Énfasis agregado)
101. Los tribunales superiores de diversas jurisdicciones del derecho común en los que, al menos hasta hace poco, se mantenía la pena de muerte, han considerado análogamente que la imposición racional, humana e imparcial de la pena de muerte exige una discreción orientada de parte de la autoridad que impone la sentencia para considerar las circunstancias atenuantes de cada delincuente y cada delito. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Woodson c. el Estado de Carolina del Norte 64 concluyó que una sentencia de muerte obligatoria por homicidio en primer grado de acuerdo con la legislación de Carolina del Norte violaba la Octava65 y Decimocuarta66 Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Entre los fundamentos de la decisión de la Corte se encontraba la conclusión de que la pena de muerte obligatoria no satisfacía un requisito constitucional básico y que el proceso para imponer una sentencia de muerte no debe ser arbitrario sino que debe incorporar "normas objetivas" que orienten y normalicen el proceso, permitiendo una revisión judicial.67 La Corte también concluyó que la sentencia de muerte obligatoria no permitía la consideración particularizada de aspectos relevantes del carácter y los antecedentes de cada acusado antes de imponer contra ellos una sentencia de muerte y que, por tanto, era incongruente con el respeto fundamental de la humanidad que informaba la prohibición de la imposición de un castigo cruel e inusual prevista en la Octava Enmienda. Con respecto a este último fundamento, la Corte formuló las siguientes elocuentes observaciones:
En Furman, los miembros de la Corte reconocieron que no puede razonablemente negarse que la muerte es un castigo diferente a todas las demás sanciones cualitativamente y no por grado.68 Un proceso que no atribuye significado alguno a facetas relevantes del carácter y los antecedentes de un determinado delincuente ni a las circunstancias de un delito en particular excluye de la consideración al determinar el castigo definitivo de la muerte la posibilidad de considerar factores de compasión o atenuantes derivados de las distintas fragilidades del ser humano. Trata a todos los condenados por determinado delito, no como seres humanos individuales únicos, sino como miembros de una masa sin rostro e indiferenciada que será sometida a la ciega aplicación de la pena de muerte.
Esta Corte ha reconocido anteriormente que "para la determinación de las sentencias, la justicia requiere en general la consideración de elementos que van más allá de los actos particulares por los que se cometió el delito y que se tengan en cuenta las circunstancias del delito conjuntamente con el carácter y la propensión del delincuente".69 Se ha entendido que la consideración de los aspectos vinculados al delincuente y al delito para llegar a una sentencia justa y adecuada constituye un hecho progresista y humanizante.70 Si bien la práctica prevaleciente de individualización de las sentencias en general refleja simplemente una política progresista más que un imperativo constitucional, creemos que en los casos de pena capital el respeto fundamental por la humanidad que informa la Octava Enmienda71 exige considerar el carácter y los antecedentes del delincuente en particular y las circunstancias particulares del delito como parte constitucionalmente indispensable del proceso para la aplicación de la pena de muerte.
Esta conclusión descansa en el postulado de que la pena de muerte es cualitativamente diferente de una sentencia de penitenciaría, por prolongada que ésta sea. En su finalidad, existe más diferencia entre la muerte y la cadena perpetua que entre 100 años y uno o dos años de prisión. Dada esa diferencia cualitativa, existe una consiguiente diferencia en la necesidad de confiabilidad de la determinación de que la muerte es el castigo adecuado en cada caso específico.72
102. En el caso de El Estado c. Makwanyane y McHunu73 el Tribunal Constitucional de Sudáfrica eliminó la disposición sobre pena de muerte de la Ley de Proceso Penal Nº 5174 por ser incongruente con la Constitución de Sudáfrica de 1993. Como parte de su análisis, el Tribunal sugirió también que la discrecionalidad orientada otorgada a los jueces sudafricanos para considerar las circunstancias personales y los factores subjetivos del acusado al aplicar la pena de muerte satisfacía parcialmente el requisito de que ese castigo no se imponga arbitraria o caprichosamente, y razonó como sigue (incluidas las notas al pie):
Basando su argumento en las razones que encontraron eco en la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Furman c. Georgia, el Sr. Trengove sostuvo en nombre del acusado que la redacción imprecisa de la Sección 277 y la ilimitada discreción otorgada por ésta a los tribunales, tornaba inconstitucional sus disposiciones.75
En nuestro sistema judicial, las cuestiones de la culpabilidad y la inocencia y la adecuada sentencia que debe imponerse a quienes son declarados culpables de un delito, no son decididas por los jurados. En los casos de pena capital, en que es posible que se imponga una sentencia de muerte, los jueces actúan con dos asesores que tienen igual voto que el juez en torno a la cuestión de la culpabilidad y a todo factor atenuante o agravante vinculado a la sentencia; pero la imposición de la sentencia es prerrogativa única del juez. La Ley de Proceso Penal permite un pleno derecho de apelación a los sentenciados a muerte, incluido el derecho a impugnar la sentencia sin establecer una irregularidad o vicio de parte del juez litigante. La División de Apelaciones está facultada para revocar la sentencia si dicha División no la hubiera impuesto y ha establecido criterios para el ejercicio de esta facultad por la propia División y por otros tribunales.76 Si la persona sentenciada a muerte no apela, la División de Apelaciones está no obstante obligada a revisar el caso y revocar la sentencia de muerte si opina que no es adecuada.77
El Tribunal debe identificar los factores atenuantes o agravantes, teniendo en cuenta que corresponde al Estado la carga de probar más allá de toda duda razonable la existencia de factores agravantes y negar fuera de toda duda razonable la presencia de todo factor atenuante que esgrima el acusado.78 Es preciso prestar la debida atención a las circunstancias personales y los factores subjetivos que puedan haber incidido en el comportamiento del acusado, 79 y estos factores deben ser ponderados con los objetivos principales del castigo, que se ha sostenido son: la disuasión, prevención, reforma y retribución.80 En este proceso, "toda consideración relevante debe merecer el más escrupuloso cuidado y atención",81 y sólo se debe imponer la sentencia de muerte en los casos más excepcionales en que no existen perspectivas razonables de reforma y el objetivo del castigo no podría conseguirse mediante otra sentencia.82
Me parece que existe escasa diferencia entre la discrecionalidad orientada exigida para la imposición de sentencias de muerte en Estados Unidos y el criterio establecido por la División de Apelaciones para la imposición de la sentencia de muerte. El hecho de que la División de Apelaciones, un tribunal de jueces experimentados, adopte la decisión final en todos los casos es, a mi juicio, más proclive a dar lugar a una sentencia congruente que cuando la sentencia queda en manos de jurados a los que se da una orientación estatutaria sobre cómo ejercer la discrecionalidad.83
103. Análogamente, en el caso Bachan Singh c. el Estado de Punjab,84 el apelante argumentó ante la Corte Suprema de la India que la sección 354(3) del Código Penal de la India de 1973 contravenía el requisito consagrado en el artículo 21 de la Constitución de ese país, de que "nadie será privado de su vida ni de su libertad personal excepto de acuerdo con el proceso establecido por la ley", puesto que la disposición otorgaba a los jueces demasiada discrecionalidad en la determinación de la sentencia de muerte.85 La Corte Suprema de la India rechazó la afirmación del apelante porque a su juicio no era congruente con los requisitos del artículo 21 de la ley de librar la imposición de la pena de muerte a la "discrecionalidad judicial de los tribunales que están integrados por personas de razón, experiencia y prestigio en la profesión", que ejercen la discreción para pronunciar sentencias "judicialmente", de acuerdo con principios ampliamente reconocidos y cristalizados en decisiones judiciales orientadas de acuerdo con los lineamientos generales de la política legislativa hacia los puntos de referencia promulgados en la sección 354(3)".86 Para llegar a esta conclusión, la Corte articuló los siguientes postulados encaminados a orientar a los jueces de la India en el ejercicio de la discrecionalidad para la determinación de las sentencias de muerte:
(a) la regla normal es que el delito de homicidio será sancionado con una pena de cadena perpetua. La Corte puede apartarse de esta regla e imponer la sentencia de muerte únicamente si existen razones especiales para ello. Esas razones deben quedar registradas por escrito antes de imponer la sentencia de muerte.
(b) al considerar la cuestión de la sentencia de muerte que impondrá por el delito de homicidio en virtud de la sección 302 del Código Penal, la Corte debe tener en consideración todas las circunstancias relevantes vinculadas al delito y al delincuente. Si la Corte concluye, y sólo si así concluye, que el delito es de un carácter excepcionalmente perverso y constituye, por su forma y por la manera de su ejecución, fuente de grave peligro para la sociedad en su conjunto, puede imponer la sentencia de muerte.87
104. La Corte también subrayó la incidencia crucial de factores atenuantes en la imposición, ajustada a parámetros humanitarios, de la pena capital. La Corte afirmó que "el alcance y el concepto de los factores atenuantes en la esfera de la pena de muerte debe merecer una interpretación liberal y amplia de parte de los tribunales, de acuerdo con la política prevista en la sección 354(3) sobre pronunciamiento de sentencias", y opinó que:
(a) una preocupación real y permanente por la dignidad de la vida humana postula la resistencia a quitar la vida de una persona mediante la instrumentalidad de la ley. Ello no debe ocurrir excepto en el caso excepcionalísimo en que resulte incuestionablemente inviable toda otra alternativa.88
105. La experiencia de otras jurisdicciones internacionales y nacionales, por lo tanto, sugiere que el tribunal debe tener discreción para tener en consideración las circunstancias individuales del delincuente y del delito al determinar si la pena de muerte puede y debe imponerse, si la sentencia se considera racional, humana y conforme a los requisitos del debido proceso. Se ha determinado que las circunstancias individuales que deben considerarse incluyen el carácter y los antecedentes del delincuente, los factores subjetivos que pueden haber incidido en su comportamiento, la forma y la manera de la ejecución del delito en particular, y la posibilidad de reforma y readaptación social del delincuente.
106. Las autoridades de estas jurisdicciones han sugerido que, para ejercer una discreción racional y no arbitraria en la formulación de las sentencias, dicha discreción debe estar orientada por principios y normas legislativas o judicialmente prescritos y debe ser objeto de una revisión judicial efectiva, todo ello con miras a garantizar que la pena de muerte se impone únicamente en las circunstancias más excepcionales y pertinentes. La Comisión considera que deben tenerse en cuenta estos principios al interpretar y aplicar los artículos 4, 5 y 8 de la Convención a fin de exigir sentencias individualizadas para implementar la pena de muerte. Aceptar una norma menos estricta equivaldría, a juicio de la Comisión, a no brindar protección suficiente para salvaguardar los derechos más fundamentales consagrados en la Convención Americana.
iv. El caso ante la Comisión
a. Pena de muerte obligatoria
107. Como se indicó, el Sr. Baptiste fue declarado culpable de homicidio de acuerdo con la Sección 234 del Código Penal de Grenada y fue sentenciado a una pena de muerte obligatoria en la horca. La Sección 234 del Código Penal estipula específicamente que "quien cometa homicidio será castigado con la muerte". Con respecto a los elementos del delito de homicidio en Grenada, el juez que entendió en el juicio instruyó al jurado en el sentido de que "la parte acusatoria tiene que probar que el acusado actuó intencionalmente y que ese acto que cometió el acusado causó intencionalmente la muerte de Annie Baptiste-Lambert por daño ilegítimo, contrario a la Sección 234 del Código Penal".89
108. En consecuencia, la Comisión concluye que una vez que el Sr. Baptiste fue declarado culpable de homicidio, la ley de Grenada no permitió que el tribunal celebrase una audiencia para determinar si la pena de muerte era una sanción admisible y adecuada para el Sr. Baptiste. No existió oportunidad de que el juez que entendió en el juicio o el jurado considerasen factores tales como el carácter o los antecedentes del Sr. Baptiste, la naturaleza o la gravedad del delito o los factores subjetivos que pudieran haber motivado el comportamiento del Sr. Baptiste. Éste se vio asimismo impedido de formular declaraciones sobre esta materia. El Tribunal sentenció al Sr. Baptiste únicamente sobre la base de la categoría del delito por el que había sido condenado.
109. Además, el expediente ante la Comisión indica que pueden existir circunstancias atenuantes en el caso del Sr. Baptiste que podrían haberse tenido en cuenta durante la sentencia y que podría considerarse ilustran la necesidad de imponer sentencias individualizadas. Más particularmente, surge del expediente que el comportamiento del Sr. Baptiste fue motivado por el deseo de evitar que su madre le infligiera daño a él y a su hermano menor. Por ejemplo, en una declaración no jurada formulada desde el banquillo de los acusados, durante su juicio, el Sr. Baptiste afirmó lo siguiente:
Mi madre golpeó a Deverill durante mucho tiempo y sin parar. Me interpuse entre mi madre y mi hermano y agarré el cinto con el que estaba golpeando a mi hermano. Liberé a mi hermano y lo envié fuera, al patio. Quité el cinto a mi madre porque pertenecía a mi novia Bernadette y regresé a la casa donde vivo, con el cinto.90
110. El Sr. Baptiste continuó:
Alrededor de las 12.10 horas, mi madre salió de la casa y se me acercó. Tenía un sombrero amarillo. No tenía nada en la mano. Yo tampoco tenía nada en la mano. Cuando llegó hasta mí, me abofeteó en la cara. Cuando llegó hasta mí me dijo "hoy, hoy te tengo que matar" y me abofeteó. Saqué los cordones de zapatos de la cuerda de ropa. Abrí el lazo y traté de pasarlo por encima de la cabeza de mi madre y por encima de sus hombros para atarle las manos. Al hacerlo, mi madre saltó hacia atrás y el lazo se cerró en el cuello. Cayó al suelo. Solté el lazo al mismo tiempo. Corrí a buscar algo para cortar el cordón que estaba rodeando el cuello de mi madre...Yo no quería hacerle nada a mi madre como no fuera maniatarla por haberme pegado en la cara. Sólo quería evitar que volviera a pegarme o a hacerme algo.91
111. Por lo tanto, las declaraciones del Sr. Baptiste sugieren que las amenazas y el abuso de su madre constituían un factor sustancial motivante del delito.
112. Además, de acuerdo con la declaración no jurada del Sr. Baptiste, no había planeado infligir daño a su madre. Fue sólo después que lo abofeteara y pronunciara las palabras "hoy, hoy tengo matarte", que retiró los cordones de la cuerda de ropa y los pasó por encima de su cabeza para que no volviera a abofetearlo. Declaró que no tenía intención de infligir ningún daño a su madre y que sólo procuraba atarle las manos. Si bien el jurado podría no haberse sentido satisfecho de que este indicio negaba el elemento mental del delito de homicidio, su estado mental podría haber constituido una circunstancia atenuante al determinar si las circunstancias del delito del Sr. Baptiste ameritaban la imposición de la pena de muerte.
113. La Comisión considera que la muerte de la madre del Sr. Baptiste es un asunto grave. Sin embargo, las pruebas que constan en autos sugieren también que el delito del Sr. Baptiste constituyó una reacción espontánea ante amenazas y actos de abuso previamente perpetrados por su madre. A juicio de la Comisión, estas circunstancias son relevantes a la determinación de si el delito cometido por el Sr. Baptiste merece como castigo la pena de muerte.
114. El expediente que estuvo a la vista de la Comisión revela también otros factores atenuantes en este caso vinculados al carácter y la disposición del Sr. Baptiste y a su relación con sus otras hermanas. Por ejemplo, la Sra. Roma Findlay, trabajadora social del Estado que trabajó previamente con la familia del Sr. Baptiste, declaró lo siguiente respecto de las relaciones del Sr. Baptiste con su hermana menor, Samantha:
Soy una trabajadora social. Soy la directora del Hogar Infantil de Sapodilla. Estoy adjunta al Ministerio de Servicios Sociales de St. George como funcionaria de Bienestar Infantil. Vivo en Westerhall, St. David. El Hogar de Sapodilla está ubicado en Westerhall, St. David.92
Conozco a la testigo Samantha Baptiste. Actualmente vive en el Hogar Infantil de Sapodilla. Tiene 11 años. Conocí primero a Samantha Baptiste en 1989. Tenía entonces cinco años. Vivía con su madre en St. David, en esa época. Tuve ocasión de visitar la casa de su madre y de Samantha, en esa época. Retiré a Samantha del hogar de su madre para darle atención médica. La llevé a ver al Dr. Noah, en el Hospital General. Pasó 10 días en el Hospital General y luego la llevé al Hogar de Sapodilla. Después de tres años, su madre Annie Baptiste pidió que la llevaran a su casa. Autoricé entonces que Samantha Baptiste saliera del Hogar de Sapodilla. Ese mismo año en que salió del Hogar, en 1992, pedí que Samantha fuera enviada nuevamente al Hogar de Sapodilla porque había observado en visitas de seguimiento que Samantha no iba a la escuela y que la dejaban cuidando a sus hermanas y hermanos menores. La llevé al Hogar de Sapodilla donde permaneció unos 11 meses. Samantha volvió a salir del Hogar de Sapodilla a pedido de su madre Annie Baptiste y volvió a su casa.93
En diciembre de 1992 recibí un informe relacionado con Samantha. Me ocupé del caso. Después de este informe, el padre biológico de Samantha fue procesado. Era a la sazón novio de Annie Baptiste. Entonces volví a llevar a Samantha al Hogar de Sapodilla. Esta era la tercera vez que lo hacía. Annie Baptiste tenía otros cuatro hijos con su novio. En mi calidad de trabajadora social tuve que ocuparme de los otros tres hijos de Annie Baptiste. Tuve que sacar a los otros tres hijos del cuidado de Annie Baptiste. Después del informe de 1992 y de que Samantha fuera llevada al Hogar de Sapodilla, fue devuelta a su hogar en 1993. Cuando su padre fue enviado a prisión en 1993, Samantha fue devuelta a su hogar. Cuando su madre murió en 1993, Samantha vivía en la casa de su madre.94
Me he estado ocupando de la familia Baptiste desde 1989. Vi al acusado unas seis veces. Primero lo vi en el patio donde vivía. También lo vi visitando a Samantha y a sus otros hermanos y hermanas, que vivían en el Hogar de Sapodilla. El acusado asistió financieramente a los niños del Hogar de Sapodilla. Algunas veces pedía la lista de libros de Samantha y ayudaba a conseguirle los libros y los medicamentos.95
Annie Baptiste tenía unos nueve hijos en total. Por lo que sé, ningún otro hijo de Annie Baptiste fuera del acusado visitó alguna vez a sus hijos en el Hogar de Sapodill ni aportó contribución alguna para su cuidado.96
El acusado era de carácter tranquilo. Sentía mucho cariño por Samantha. Nunca observé fricción alguna entre el acusado y su madre. Samantha ahora vive en el Hogar de Sapodilla. Vi al acusado en la cárcel durante mi visita de cárcel el año pasado y a principios de este año. Hablé con el acusado durante esas visitas. Sigue preguntándome cómo está Samantha. Otros dos hijos de Baptiste, aparte de Samantha, continúan en el Hogar de Sapodilla. El acusado era conductor de autobus. Los hijos del acusado se encuentran en Grenville. Los visité para ver en qué condiciones vivían.97
115. Por lo tanto, el testimonio de la Sra. Findlay indica que el Sr. Baptiste tenía buen carácter y se preocupaba por la crianza de sus hermanas. Se interesó por su bienestar y aportó contribuciones financieras para los miembros de su familia. El testimonio de la Sra. Findlay también sugiere que debido al carácter, disposición y preocupación del Sr. Baptiste por los miembros de su familia, probablemente interviniera para evitar que su madre infligiera daño a su hermano menor. A juicio de la Comisión, estos factores vinculados al carácter del Sr. Baptiste también son relevantes en la determinación de si la pena de muerte es un castigo adecuado a las circunstancias del delito del Sr. Baptiste.
116. Sin embargo, como surge del análisis anterior, la legislación de Grenada no permite que el tribunal que sentencia a una persona a muerte considere circunstancias atenuantes de esta naturaleza. La Comisión reconoce que, si el tribunal en este caso hubiera tenido por ley discrecionalidad para considerar factores de esta naturaleza al determinar la sentencia adecuada, bien podría haber impuesto igualmente la pena de muerte. La Comisión no puede y, en realidad, no debe especular sobre cuál hubiera sido el resultado. Esta determinación compete al tribunal nacional. Lo que es crucial en la determinación de la Comisión de que la sentencia de muerte del Sr. Baptiste contraviene la Convención, sin embargo, es el hecho de que el Sr. Baptiste no tuvo oportunidad de presentar estos y otros factores atenuantes en el contexto de la sentencia, ni se permitió que el Tribunal considerase indicios de esta naturaleza en la determinación de si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias del caso del Sr. Baptiste.
117. La Comisión no considera que el Comité Asesor del Estado sobre la Prerrogativa de Clemencia, creado por los artículos 73 y 74 de la Constitución de Grenada, pueda brindar una oportunidad adecuada congruente con los requisitos de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana para una adecuada implementación de la pena de muerte mediante sentencia individualizada. La autoridad del Ejecutivo de Grenada para ejercer la prerrogativa de clemencia está establecida en las Secciones 72, 73 y 74 de la Constitución de Grenada, que establece lo siguiente:
2(1) El Gobernador General puede, a nombre o en nombre de Su Majestad:
Conceder el indulto, libre o sujeto a condiciones legales, a toda persona condenada por cualquier delito;
Conceder a toda persona una suspensión indefinida o por un plazo específico de la ejecución de todo castigo que se le haya impuesto por un delito.
Sustituir por una forma menos severa de castigo el castigo impuesto a una persona por un delito; o
Revocar total o parcialmente todo castigo que se haya impuesto a una persona por un delito o toda sanción o confiscación ante la Corona por razón de un delito;
Las facultades del Gobernador General en virtud de la subsección (1) de la presente sección serán ejercidas por él de acuerdo con el asesoramiento del Ministro que transitoriamente pueda designar el Gobernador General, el cual actuará de acuerdo con el asesoramiento del primer Ministro.
73(1) Habrá un Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia que estará integrado por:
El Ministro designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente Constitución, el cual lo presidirá;
El Procurador General;
El funcionario médico jefe del Gobierno de Grenada; y
Otros tres miembros designados por el Gobernador General por instrumento escrito de su puño y letra.
(2) Un miembro del Comité designado en virtud de la subsección (1)(d) de la presente sección ocupará su cargo por el período que se especifique en el instrumento de designación, estableciéndose que su cargo quedará vacante 
en caso de que una persona que, a la fecha de su designación, fuera Ministro, si deja de ser Ministro;
Si el Gobernador General, por instrumento escrito de su puño y letra, así lo decide.
El Comité puede actuar pese a que existan vacantes o pese a la ausencia de alguno de sus miembros y sus actuaciones no resultarán inválidas por la presencia o la participación de una persona sin derecho a estar presente o a participar en sus actuaciones.
El Comité determinará sus propios reglamentos.
En ejercicio de las funciones de acuerdo con la presente sección, el Gobernador General actuará de acuerdo con el asesoramiento del Primer Ministro.
74(1) En los casos en que una persona haya sido sentenciada a muerte (con excepción de los casos de sentencia por corte marcial) por un delito, el Ministro designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente Constitución instruirá la preparación del informe escrito sobre el caso a cargo del juez que entendió en el juicio (o, si no se puede obtener un informe del juez, un informe sobre el caso que será preparado por la máxima autoridad judicial), conjuntamente con toda otra información que surja del expediente del caso o de otro origen, conforme pueda requerirse, la cual se tendrá en cuenta en la sesión del Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia; y, una vez obtenido el asesoramiento del Comité, decidirá ante sí si asesora al Gobernador General a efectos de ejercer algunas de las facultades previstas en la sección 72(1) de la presente Constitución.
(2) El Ministro designado transitoriamente en virtud de la sección 72(2) de la presente Constitución puede consultar con el Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia antes de brindar su asesoramiento al Gobernador General al amparo de la sección 72(1) de la presente Constitución en todos los casos no comprendidos en la subsección (1) de la presente sección, pero no estará obligado a actuar de acuerdo con las recomendaciones del Comité.
118. La legislación de Grenada, por tanto, dispone un proceso conforme al cual el Ejecutivo puede ejercer la autoridad de conceder amnistía, indultos o conmutaciones de las sentencias. Sin embargo, la Comisión no conoce ningún criterio prescrito que se aplique en el ejercicio de las funciones o de la discrecionalidad del Comité Asesor, excepto el requisito para los casos de pena de muerte en que el Ministro instruye la confección de un informe escrito del caso por parte del juez que entendió en el juicio y posiblemente el aporte de toda otra información que considere conveniente el Ministro, la que se tendrá en cuenta en la sesión del Comité Asesor. Tampoco conoce la Comisión de ningún derecho de parte del delincuente a apelar ante el Comité Asesor, a que se le informe de la fecha en que se reunirá el Comité para examinar el caso del delincuente, a formular declaraciones orales o escritas ante el Consejo Privado o a presentar, recibir o impugnar las pruebas examinadas por el Consejo Privado. Los escritos de los peticionarios confirman que el ejercicio de la facultad de indulto en Grenada comporta un acto de clemencia que no es objeto de derecho legal y por tanto no está sujeto a revisión judicial.98
119. Este proceso es incongruente con las normas dispuestas en los artículos 4, 5 y 8 de la Convención o aplicables a la imposición de sentencias de muerte obligatorias. Como se señaló antes, estas normas incluyen principios y normas legislativas o judicialmente prescritas para orientar a los tribunales en la determinación de la pertinencia de la pena de muerte en casos individuales y un derecho efectivo de apelación o revisión judicial de la sentencia impuesta. El proceso de prerrogativa de clemencia de Grenada obviamente no satisface esas normas y, por tanto, no puede servir como sustituto de una individualización de las sentencias en la imposición de la pena de muerte.
120. Además, sobre la base de la información que tuvo ante sí, la Comisión concluye que el procedimiento para el otorgamiento de clemencia en Grenada no garantiza a los condenados una oportunidad efectiva o adecuada de participar en el proceso de clemencia y por tanto no garantiza debidamente el derecho de las víctimas consagrado en el artículo 4(6) de la Convención de solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
121. A juicio de la Comisión, el derecho a pedir una amnistía, un indulto o la conmutación de la sentencia dispuesto en el artículo 4(6) de la Convención, leído conjuntamente con las obligaciones que impone al Estado el artículo 1(1) de la misma Convención, debe entenderse abarca cierta protección procesal mínima para los condenados para que se respete y goce efectivamente el derecho. Estas protecciones incluyen el derecho de los condenados a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a ser informados de cuándo la autoridad competente considerará el caso del delincuente, a formular declaraciones en persona o por vía de un asesor letrado ante la autoridad competente y a recibir una decisión de dicha autoridad dentro de un plazo razonable, antes de su ejecución. También conlleva el derecho a que no se le imponga la pena capital en tanto esté pendiente de decisión esa apelación ante la autoridad competente. A efectos de brindar a los condenados una oportunidad efectiva para ejercer este derecho, el Estado debe establecer y ofrecer un procedimiento conforme al cual los condenados puedan interponer una petición de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia y formular declaraciones en respaldo de su petición; si no existen protecciones y procedimientos mínimos de esta naturaleza, el artículo 4(6) de la Convención Americana pierde sentido, transformándose en un derecho sin recurso. Esta interpretación no puede sostenerse a la luz del objetivo y el propósito de la Convención Americana.
122. A este respecto, el derecho a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia en virtud del artículo 4(6) de la Convención puede considerarse similar al derecho consagrado en el artículo XXVII de la Declaración Americana de que "toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales", y el correspondiente artículo 22(7) de la Convención que establece el derecho de toda persona a "buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos".99 La Comisión ha interpretado la primera disposición, conjuntamente con la Convención de 1951 sobre la Condición de Refugiado y el Protocolo de 1967 relacionado con la condición de refugiado, en el sentido de que da lugar a un derecho en el derecho internacional a que la persona que busca asilo tenga acceso a una audiencia para determinar si está calificada para la condición de refugiado.100 Otros requisitos internacionalmente articulados que rigen el derecho de asilo reflejan normas mínimas similares, a saber, el derecho del individuo a pedir asilo a las autoridades pertinentes, a formular declaraciones en apoyo de su pedido y a recibir una decisión.101
123. En forma congruente con la interpretación del derecho a pedir asilo establecida por la Comisión y por otras autoridades internacionales, la Comisión concluye que el artículo 4(6) de la Convención debe interpretarse en el sentido de que abarca ciertas garantías procesales mínimas de los condenados para que el derecho se respete y aplique efectivamente. La Comisión observa a este respecto que algunas jurisdicciones del derecho común que mantienen la pena de muerte han establecido procedimientos conforme a los cuales el condenado puede iniciar un proceso para pedir la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena.102
124. La información que consta en poder de la Comisión indica que el proceso en Grenada para la concesión de una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia no garantiza al Sr. Baptiste ninguna protección procesal. Por sus términos, la Sección 74 de la Constitución de Grenada no dispone para los condenados ninguna participación en el proceso de clemencia.
125. Los peticionarios han sostenido que el Sr. Baptiste no tiene derecho a formular declaraciones ante el Comité Asesor. La presentación de un pedido de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia por parte de los reclusos y la oportunidad de formular ese petitorio queda enteramente a la discreción del Comité Asesor y no existe ningún procedimiento ni mecanismo que especifique la manera en que los reclusos pueden presentar un pedido de amnistía, indulto o conmutación de la sentencia, formular declaraciones en apoyo de su petición o recibir la comunicación de una decisión. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que el Estado no ha respetado el derecho del Sr. Baptiste consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
126. Sobre la base de los hechos que anteceden y los principios interpretativos ya delineados, la Comisión llega a la conclusión de que, con la imposición de una sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Baptiste, el Estado ha violado los derechos consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención.
127. Más particularmente, la Comisión concluye que el juez que entendió en el juicio impuso una pena de muerte obligatoria contra el Sr. Baptiste sin ninguna discrecionalidad orientada para considerar las características personales y las circunstancias particulares de su delito a los efectos de determinar si la pena de muerte era un castigo adecuado, lo cual constituye una violación de los derechos establecidos en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención Americana. Tampoco se otorgó al Sr. Baptiste una oportunidad para formular declaraciones y presentar pruebas en torno a si la pena de muerte era un castigo adecuado en las circunstancias de su caso. Por el contrario, la pena de muerte se le impuso sobre la base de la categoría del delito por el que fue condenado y sin ninguna distinción de principios ni racionalización en base a las circunstancias particulares de su personalidad o del delito cometido. Además, la pertinencia de la sentencia impuesta no estuvo expuesta a ningún tipo de instancia de revisión judicial y su ejecución es ahora inminente, habiéndose mantenido su condena por homicidio en el dictamen de la Corte de Apelaciones de Grenada. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado ha violado los derechos del Sr. Baptiste consagrados en el artículo 4(1) de la Convención a no ser privado arbitrariamente de su vida y, por lo tanto, su sentencia de muerte obligatoria es ilegítima.
128. La Comisión concluye, además, que el Estado, al sentenciar al Sr. Baptiste a una pena de muerte obligatoria sin considerar las circunstancias individuales del caso, no ha respetado el derecho a la integridad física, mental y moral del detenido, en contravención del artículo 5(1) de la Convención Americana, y lo ha sometido a un castigo o tratamiento cruel, inhumano o degradante en violación del artículo 5(2). El Estado sentenció al Sr. Baptiste a muerte únicamente porque fue condenado por un delito de una categoría predeterminada. En consecuencia, el proceso al que fue sometido lo privaría del derecho más elemental, el derecho a la vida, sin considerar sus circunstancias personales ni las del delito cometido. El trato que se ha dado al Sr. Baptiste abroga el respeto fundamental por la humanidad que informa los derechos protegidos en la Convención por los artículos 5(1) y 5(2) en particular.
129. La Comisión concluye también que el Estado ha violado el derecho del Sr. Baptiste consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana al no garantizarle el derecho efectivo a pedir una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia, a formular declaraciones, en persona o por la vía de un asesor letrado, ante el Comité Asesor sobre la Prerrogativa de Clemencia, y a recibir una decisión del Comité Asesor dentro de un plazo razonable, con anterioridad a su ejecución.
130. Por último, la Comisión concluye que el Estado ha violado el derecho del Sr. Baptiste a una audiencia con las debidas garantías, ante un funcionario judicial competente, independiente e imparcial, como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana. No se brindó al Sr. Baptiste oportunidad de formular declaraciones y presentar pruebas ante el juez que entendió en el juicio acerca de si el delito por él cometido merecía la pena capital y, por tanto, se le negó el derecho a responder plenamente y a defenderse de la acusación penal que se le imputó.
131. De las conclusiones de la Comisión se desprende que si el Estado ejecuta al Sr. Baptiste por sentencia de muerte obligatoria, estaría cometiendo una violación flagrante e irreparable de los artículos 4 y 5 de la Convención.
132. Dadas las conclusiones que anteceden en cuanto a la legalidad de la sentencia de muerte impuesta contra el Sr. Baptiste, en virtud de los artículos 4, 5 y 8 de la Convención, la Comisión no considera necesario determinar si la sentencia de muerte obligatoria contra el Sr. Baptiste violó los derechos a igual protección ante la ley, en contravención del artículo 24 de la Convención.
b. Artículos 4 y 5  Condiciones de detención
133. Los peticionarios alegan que el Estado ha violado el derecho del Sr. Baptiste al respeto por su integridad física, mental y moral, y el derecho a no ser sometido a un castigo o tratamiento cruel, inusual o degradante, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en razón de las condiciones de detención a las que fue sometido. Argumentan, además, que estas condiciones hacen ilegítima la ejecución, según lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención.
134. En apoyo de sus argumentos, los peticionarios han presentado a la Comisión una declaración jurada del Sr. Baptiste, del 11 de abril de 1997, en la que describe las condiciones de detención desde su arresto y posteriores a su condena por homicidio, el 11 de julio de 1995, en los siguientes términos:
Me encuentro actualmente recluido en espera de la ejecución, en una serie de celdas que alojan cada una a un recluso. Las celdas de los que están a la espera de ejecución se encuentran debajo del edificio principal de la penitenciaría en una zona denominada "Jonestown" (en referencia a la matanza de Jonestown, en Guyana, en Sudamérica, hace algunos años).
Mi celda es de aproximadamente 9 por 6 pies y paso unas 23 horas por día solo. Se me ha dado un colchón para dormir, pero no hay ningún otro mueble en la celda. Se me dio un balde que uso para mis necesidades elementales. Se me permite verter fuera el contenido del balde una vez por día. Una vez usado, se me obliga a soportar el olor y las condiciones antihigiéncias hasta que se me permite vaciarlo. La iluminación de mi celda es insuficiente. La celda no tiene ventana ni luz natural y en consecuencia no tiene ventilación. Toda la luz de la celda proviene de una única lamparita situada en el corredor, enfrente a la celda.
Se me entregan tres comidas por día. A veces me traen la comida a la celda, en la que como solo. La comida, en general, es de mala calidad. Se me da agua para beber. Se me permite una hora de ejercicios por día; no existen instalaciones para hacer ejercicio y mi hora habitualmente la paso de pie, en el patio.
Se me permite una visita por mes durante 15 minutos. Se me permite escribir y recibir una carta por mes.
Como recluso en espera de ejecución, no se me permite el acceso a los servicios de la cárcel. No se me permite utilizar la biblioteca ni se me permite el acceso al capellán y a los servicios religiosos.
Recibo una atención médica inadecuada. Las visitas del médico no son periódicas y no siempre resulta claro si podré ver al médico cuando sea necesario.
No existe un mecanismo o procedimiento de denuncias para canalizar las quejas que pueda tener.
135. Como se describió en la Parte III del presente Informe, los peticionarios también se basan en fuentes generales de información en relación con las condiciones carcelarias de Grenada y de otros países del Caribe. Esta información incluye los informes preparados en 1990 y 1991 por la organización no gubernamental "Caribbean Rights". Aunque algo atrasados, los informes tienden a respaldar las alegaciones del Sr. Baptiste en relación con las condiciones en que se encuentra recluido desde su arresto.
136. La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios deben evaluarse a la luz de las normas mínimas articuladas por las autoridades internacionales para el tratamiento de los detenidos, incluidas las prescritas por las Naciones Unidas. Más particularmente, las Reglas 10, 11, 12, 15, 21, 24, 25, 40, 41 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos103 (Reglas Mínimas de la ONU) disponen las normas básicas mínimas en relación con el alojamiento, la higiene, el ejercicio, el tratamiento médico, los servicios religiosos y los servicios de biblioteca para los detenidos, en los siguientes términos:
Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial;
La luz artificial tendrá que ser suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.
12. Las instalaciones sanitarias deberá ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
(2) Los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición física lo permitan, recibirán durante el período reservado al ejercicio una educación física y recreativa. Para ello, se pondrán a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo necesario.
24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, y tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. (1) El médico estará encargado de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención.
(2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión.
41. (1)Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará o admitirá un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo.
(2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión.
(3) Nunca se negará a un recluso el derecho de comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud.
137. Es evidente, a partir de la información presentada por los peticionarios, que las condiciones de detención a que ha sido sometido el Sr. Baptiste no cumplen con varias de las normas mínimas para el tratamiento de los detenidos en esferas tales como la higiene, el ejercicio y la atención médica. Por ejemplo, el Sr. Baptiste declara que la celda carece de ventanas, no tiene luz natural ni ventilación, y que la iluminación de la celda es insuficiente. Se queja de que se le entrega un balde que debe usar para sus necesidades y que tiene derecho a vaciarlo sólo una vez por día, viéndose, por tanto, obligado a soportar un olor desagradable y condiciones antihigiénicas después de usarlo. El Sr. Baptiste también se queja de que no se le permite utilizar la biblioteca de la cárcel ni se le permite el acceso al capellán y a los servicios religiosos. Además, el Sr. Baptiste declara que recibe una atención médica insuficiente, pues las visitas del médico no son periódicas y no resulta claro si podrá ver al médico cuando lo necesite. Finalmente, el Sr. Baptiste sostiene que no existe un mecanismo o un procedimiento adecuado en la cárcel para canalizar las denuncias.
138. El Estado no ha aportado información alguna respecto de las condiciones carcelarias de Grenada, ni en general ni en lo que se refiere al Sr. Baptiste. Sobre la base de la información que consta en el expediente, la Comisión concluye que el Estado no ha tratado al Sr. Baptiste con respeto por su integridad física, mental y moral, y ha violado por tanto el artículo 5(1) de la Convención.
c. Artículos 8 y 25  Inexistencia de asistencia letrada para plantear recursos constitucionales
139. Los peticionarios argumentan que no existe una asistencia letrada efectiva para presentar recursos constitucionales ante los tribunales de Grenada y que esto constituye una violación del derecho a un juicio imparcial previsto en el artículo 8 de la Convención. Aunque los peticionarios no se han referido específicamente al artículo 25 de la Convención Americana sobre el derecho a una reparación efectiva, la Comisión considera que sus alegaciones en relación con la negativa de una reparación efectiva legal abarca también el artículo 25 de la Convención. Por tanto, la Comisión también ha analizado sus denuncias en relación con la no disponibilidad de asistencia letrada para la presentación de recursos constitucionales en virtud del artículo 25 de la Convención, en conformidad con el artículo 32(c) del Reglamento de la Comisión.104
140. Los peticionarios sostienen que el hecho de que el Estado no proporcione asistencia letrada niega al Sr. Baptiste el acceso a los tribunales de hecho y de derecho. Los peticionarios argumentan que la interposición de una impugnación de carácter constitucional ante los tribunales nacionales comporta con frecuencia cuestiones sofisticadas y complejas de derecho que requieren la asistencia de un abogado. Además, los peticionarios sostienen que el Sr. Baptiste es indigente y que no dispone de asistencia letrada efectiva para recorrer la vía constitucional en los tribunales de Grenada. Afirman también que existe escasez de abogados en Grenada que estén dispuestos a representar al Sr. Baptiste pro bono.
141. Sobre la base del material que tuvo ante sí, la Comisión reconoce que los recursos constitucionales vinculados a aspectos jurídicos de la naturaleza que plantea el Sr. Baptiste en su petición, como el derecho al debido proceso y a condiciones carcelarias adecuadas, son procesal y sustantivamente complejos, por lo cual, el recluso no los puede plantear ni presentar en forma efectiva sin contar con representación letrada. La Comisión concluye también que el Estado no ofrece asistencia letrada a los individuos en Grenada para presentar recursos de carácter constitucional y que el Sr. Baptiste es indigente y, por tanto, no puede obtener por otra vía la representación legal para presentar una impugnación constitucional.
142. La Comisión considera que, en las circunstancias del caso del Sr. Baptiste, las obligaciones del Estado en relación con la asistencia letrada para presentar recursos de carácter constitucional derivan de los artículos 8 y 25 de la Convención. En particular, la determinación de los derechos a través de un recurso constitucional en la Suprema Corte debe conformarse con los requisitos de un juicio imparcial de acuerdo con el artículo 8(1) de la Convención. En las circunstancias del caso del Sr. Baptiste, la Suprema Corte tendría que determinar si la condena de la víctima en un juicio penal viola los derechos consagrados en la Constitución de Grenada. En tales casos, la aplicación de un requisito de un juicio imparcial en la Suprema Corte debe ser congruente con los principios del artículo 8(2).105 En consecuencia, cuando un condenado procura una revisión constitucional de irregularidades del juicio penal y carece de los medios para contratar asistencia letrada para la impugnación constitucional y cuando así lo requiera el interés de la justicia, el Estado debe proporcionar asistencia letrada.
143. Al no disponer de asistencia letrada, se ha negado al Sr. Baptiste una oportunidad efectiva de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. Esto constituye a su vez una violación de su derecho consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana.106
144. Además, el artículo 25 de la Convención dispone el derecho de las personas a un recurso sencillo y rápido ante un tribunal competente para la protección contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o las leyes del Estado afectado o por la Convención. La Comisión ha declarado que el derecho al recurso previsto en la Sección 25, leído conjuntamente con la obligación del artículo 1(1) y las disposiciones del artículo 8(1) "debe entenderse como el derecho de todo individuo a presentarse ante un tribunal cuando hayan sido violados sus derechos (ya sea un derecho protegido por la Convención, la Constitución o la legislación interna del Estado afectado), a una investigación judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente, que establezca si ha existido o no una violación y a que determine una compensación adecuada."107 Además, la Corte Interamericana ha sostenido que si se requieren servicios letrados como cuestión de derecho o de hecho para que se reconozca un derecho garantizado por la Convención y la persona no puede obtener estos servicios por causa de su indigencia, esa persona queda eximida del requisito de la Convención de agotar los recursos internos.108 Si bien la Corte formuló esta opinión en el contexto de las disposiciones de la Convención sobre admisibilidad, la Comisión considera que los comentarios de la Corte también son ilustrativos en el contexto del artículo 25 de la Convención, en las circunstancias del presente caso.
145. Al no poner a disposición del Sr. Baptiste asistencia letrada para recorrer la vía constitucional en relación con su proceso penal, el Estado ha impedido que el Sr. Baptiste recurra a una corte o tribunal competente en Grenada para obtener protección contra actos que pudieran violar sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución de Grenada y en la Convención Americana. Además, en los casos de pena capital, en que los recursos constitucionales se vinculan a los procedimientos y condiciones mediante los cuales se ha impuesto la pena de muerte y, por tanto, se relacionan directamente con el derecho a la vida y al trato humano de un acusado, es opinión de la Comisión que la protección efectiva de esos derechos no puede quedar librada aleatoriamente a la posibilidad de que un abogado esté dispuesto a representar gratuitamente al acusado. El derecho a la protección judicial de estos derechos fundamentales debe estar garantizado mediante una disposición efectiva que garantice la asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.109 No puede decirse que el Estado haya garantizado dicha protección al Sr. Baptiste. En consecuencia, el Estado no ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el Sr. Baptiste.
146. Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado no ha respetado los derechos del Sr. Baptiste que le otorga el artículo 8(1) de la Convención, al negarle la oportunidad de impugnar las circunstancias de su condena al amparo de la Constitución de Grenada en una audiencia imparcial. La Comisión concluye también que el Estado ha negado al Sr. Baptiste un recurso sencillo y rápido ante una corte o tribunal competente para obtener protección contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y las leyes de Grenada y por la Convención, con lo cual ha violado los derechos del Sr. Baptiste a la protección judicial, dispuestos en el artículo 25 de la Convención Americana.
147. A la luz de las conclusiones de la Comisión de que el Estado ha cometido varias violaciones graves de los derechos humanos fundamentales del Sr. Baptiste, en virtud de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención, la Comisión ordena por este medio la adopción de medidas cautelares en conformidad con el artículo 29(2) de su Reglamento. La Comisión solicita por este medio que el Estado adopte las medidas adecuadas para suspender la ejecución del Sr. Baptiste a efectos de evitarle un daño irreparable y garantizar el que no se prive arbitrariamente al Sr. Baptiste de su vida.
V. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME Nº 126/99
148. El 27 de septiembre de 1999, la CIDH, en el 104º. período de sesiones, aprobó el informe Nº 126/99 en este caso sobre la base del artículo 50 de la Convención y lo remitió al Estado con sus conclusiones y recomendaciones, el 30 de noviembre de 1999. En sus recomendaciones al Estado, la Comisión le solicitó informarle dentro de los dos meses de las medidas que hubiera adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión.
En consecuencia, la Comisión, sobre la base de la información presentada y del análisis pertinente en virtud de la Convención Americana, reitera sus conclusiones en el sentido de que el Estado de Grenada es responsable de lo siguiente:
149. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Baptiste consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8 (1), en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al sentenciar al Sr. Baptiste a una pena de muerte obligatoria.
150. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Baptiste en virtud del artículo 4(6) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al no otorgar al Sr. Baptiste un derecho efectivo a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
151. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Baptiste consagrados en el artículo 5(1) de la Convención Americana, en conjunción con una violación del artículo 1(1) de la Convención, en razón de las condiciones de detención a que ha sido sometido.
152. Que el Estado es responsable de la violación de los derechos del Sr. Baptiste consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención, al no poner a su disposición asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.
RECOMIENDA QUE EL ESTADO DE GRENADA:
1. Otorgue al Sr. Baptiste una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una compensación;
2. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar que la pena de muerte sea impuesta en cumplimiento de los derechos y libertades garantizados en la Convención Americana, incluidos y en particular los artículos 4, 5 y 8;
5. De conformidad con el artículo 29(2) del Reglamento de la Comisión, adopte las medidas adecuadas para suspender la ejecución del Sr. Baptiste, a efectos de evitarle un daño irreparable, y garantizar que no se le prive arbitrariamente de la vida.
153. La Comisión decide remitir el presente informe al Estado de Grenada y concederle un plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones que anteceden. Este plazo empezará a correr desde la fecha de remisión del presente informe al Estado, el cual no podrá publicarlo, de acuerdo con las disposiciones del artículo 51 de la Convención. La Comisión también decide remitir el presente informe a los peticionarios, quienes no podrán publicarlo, a menos que la Comisión decida posteriormente su publicación.
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 13 de abril de 2000. (Firmado): Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente, Juan Méndez, Segundo Vicepresidente; Miembros de la Comisión: Marta Altolaguirre, Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
61 Comité de Derechos Humanos de la ONU, Lubuto c. Zambia, Comunicación Nº 390/1990, ONU Doc. CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1, párr. 7.2.
62 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, supra.
63 Informe Ndiaye, supra, párr. 377. Con respecto a las normas internacionales para la imposición de sentencias, en términos más generales, el Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia ofrece uno de los pocos ejemplos modernos de un tribunal internacional que debe entender de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Si bien la pena impuesta por el Tribunal se limita a la reclusión, el Estatuto que rige el Tribunal específicamente dispone que "al imponer las sentencias, la sala litigante debe tener en cuenta aspectos tales como la gravedad del delito y las circunstancias individuales del condenado". Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia, Anexo al Informe del Secretario General de acuerdo con el párr. 2 de la Resolución 808 del Consejo de Seguridad, ONU, Doc. S/25704/Add.1/Corr.1 (1993), Art. 24. Véase, análogamente, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, Anexo a la Resolución 955, ONU SCOR, 49º Período Ordinario de Sesiones, Sesión 3453, ONU Doc. S/RES/955 (1994), Art. 23.
64 Woodson c. Carolina del Norte 49 L Ed 2d. 944.
65 Constitución de los Estados Unidos, Enmienda VIII (1791) (que dispone que "no debe exigirse una fianza excesiva ni deben imponerse multas excesivas, ni infligirse castigos crueles e inusuales".
66 Ibid. Enmienda XIV, Sección I (que dispone que "toda persona nacida en Estados Unidos o naturalizada en Estados Unidos y sometida a su jurisdicción es ciudadano de los Estados Unidos y del Estado en que reside. Ningún Estado formulará o aplicará una ley que restrinja las prerrogativas o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos, ni ningún Estado privará a una persona de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido proceso de la ley; ni negará a persona alguna de su jurisdicción la protección igual de la ley".
67 Ibid, 960. En su decisión en el caso Furman c. Georgia, 408 U.S. 238, la Corte Suprema declaró que el otorgamiento de una discreción total al jurado para imponer una sentencia capital es contraria a la Octava y Decimocuarta Enmiendas. Al rechazar la afirmación de Carolina del Norte en Woodson de que las fallas identificadas en Furman podían repararse quitando toda discreción a los jurados para la imposición de sentencias en casos de pena capital, la Corte sugirió que el criterio de sentencias obligatorias no era más racional, pues ese Estatuto no establecía "norma alguna que orientase al jurado en su ejercicio ineludible de la facultad de determinar qué homicidas en primer grado deben vivir y cuáles deben morir", ni ofrecía mecanismo alguno a la justicia para "controlar el ejercicio arbitrario y caprichoso de esa facultad mediante una revisión de las sentencias de muerte".
68 Véase 408 US, 286-291, 33 L Ed 2d 346, 92 S Ct 2726 (Voto concurrente de Brennan J.); ibid, 306, 33 L Ed 2d 346, 92 S Ct 2726 (Voto concurrente de Stewart, J.).
69 Pennsylvania ex rel. Sullivan c. Ashe, 302 US 51, 55, 82 L Ed43, 58 S Ct 59 (1937).
70 Véase Williams c. New York, 337 US, págs. 247-249, 93 L Ed 1337, 69 S Ct 1079; Furman c. Georgia, 408 US, págs. 402-3, 33 L Ed 2d 346, 92 S Ct 2726 (Voto discordante de Burger, C.J.).
71 Véase Trop c. Dulles, 356 US, pág. 100, 2 L Ed 2d 630, 78 S Ct 590 (opinión plural).
72 Ibid, 961. Véase también Roberts (Stanislaus) c. Luisiana, 428 US, 325, 333, 96 S Ct. 3001, 49 L. Ed 2d 974 (1976).
73 El Estado c. Makwanyane y McHunu, Sentencia, Caso Nº CCT/3/94 (6 de junio de 1995) (Tribunal Constitucional de la República de Sudáfrica).
74 La Sección 277 de la Ley de Proceso Penal Nº 51 disponía:
(1) La sentencia de muerte puede ser pronunciada por un tribunal superior únicamente en el caso de condena por:
(a) homicidio;
(b traición cometida cuando la República se encuentre en estado de guerra;
(c robo o intento de robo, si el tribunal concluye que existieron circunstancias agravantes;
(d) secuestro;
(e) robo de niños;
(f) violación;
(2) La sentencia de muerte se impondrá
una vez que el juez que preside conjuntamente con los asesores -si los hay-- , sujeto a las disposiciones de la sección 145 (4)(a), o, en el caso de un juicio a cargo de un tribunal superior especial, de que el tribunal, teniendo debidamente en cuenta toda prueba y argumentación sobre la sentencia en los términos de la sección 274, haya llegado a un dictamen sobre la existencia o no de factores atenuantes o agravantes; y
si el juez que preside o el tribunal, según sea el caso, teniendo debidamente en cuenta ese dictamen, está satisfecho de que la sentencia de muerte es la sentencia adecuada.
75 Ibid, págs. 32-36. El Tribunal pasó a concluir que factores adicionales tales como la discriminación y la "imperfección" intrínseca de los juicios penales podría también dar lugar a resultados arbitrarios en la imposición de la pena de muerte y determinó además que esos resultados arbitrarios no podían repararse adecuadamente mediante un debido proceso estricto, como se había procurado en Estados Unidos. Ibid, 36-43.
76 Ley de Proceso Penal Nº 51 de 1977, Sección 322(2A) (enmendada por la Sección 13 de la Ley Nº107 de 1990)
77 Ibid, sección 316A(4)(a).
78 S. c. Nkwanyana y Otros 1990 (4) SA 735 (A), 743E-745A.
79 S. c. Masina y Otros 1990 (4) SA 709 (A), 718G-H.
80 S. c. J. 1989 (1) SA 669 (A), 682G. "Sin embargo, en términos generales, la retribución tiende a ceder terreno a los aspectos de la corrección y prevención y es la disuasión (incluida la prevención) lo que se ha descrito como 'esencial', 'importantísimo', 'fundamental', y 'universalmente admitido' como objetivo del castigo". Ibid, 682I-J (citada con aprobación en S c. P 1991 (1) SA 517 (A), 523-G. CF. R. c. Swanepoel 1945 AD 444, 453-455.
81 Per Holmes JA en S. c. Letsolo 1970 (3) SA 476 (A), 477B (citado con aprobación por Nicholas AJA en S c. Dlamini 1992 (1) SA 18 (A), 31I-32ª en el contexto del criterio para la imposición de sentencias conforme a la sección 322(2A)(b) de la Ley de Proceso Penal Nº 51 de 1977.
82 S. c. Senonohi 1990 (4) SA 727 (A), 734F-G; S. c. Nkwanyana, supra, 749 A-D.
83 Ibid, 35-36.
84 Bachan Singh c. el Estado de Punjab, (1980) 2 S.C.C. 475.
85 Ibid, 509-510.
86 Ibid, 516.
87 Ibid, 515.
88 Ibid, 534.
89 Ibid, Transcripción del Juicio, pág. 1, (10).
90 Declaración no jurada del Sr. Baptiste, desde el banquillo de acusados, 10 de julio de 1995, 9:10 horas, pág. 72-73, (30) Transcripción del Juicio, Caso Nº 181 de 1994, Regina y Rudolph Baptiste.
91 Ibid, págs. 73 y 74 (20).
92 Ibid, pág. 74.
94 Ibid, págs. 74-75.
95 Ibid, pág. 75.
98 Véase Reckly c. Ministro de Seguridad Pública (Nº 2) (1996) 2 W.L.R.281, 289-291 (se concluye que el ejercicio de la prerrogativa de clemencia por parte del Ministro de Seguridad Pública de Bahamas comporta un acto de clemencia que no es objeto de derecho legal alguno y no es por tanto objeto de revisión); de Freitas c. Benny (1976) 2 A.C. 239.
99 Véase, análogamente, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14 (que dispone el derecho de todo individuo a procurar y recibir en otros países asilo contra la persecución).
100 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Centro Haitiano de Derechos Humanos y otros (Estados Unidos), Caso 10.675 (13 de marzo de 1997), Informe Anual de 1996, párr. 155.
101 Véase, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de Procedimientos y Criterios para la Determinación de la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 relacionado con la Condición de Refugiado, párrs. 189-219 (en el que se prescriben los requisitos básicos para los procedimientos encaminados a determinar la condición de refugiado, incluido el derecho del peticionario a contar con las facilidades necesarias para presentar su caso ante las autoridades pertinentes y que se permita al peticionario permanecer en el país hasta tanto se adopte una decisión sobre su pedido inicial de condición de refugiado); Consejo de Europa, Resolución sobre las Garantías Mínimas para los Procedimientos de Asilo, Bruselas, 21 de junio de 1995, artículos 10, 12, 14, 15, 23 (en los que se prescriben garantías procesales comunes para los Estados Miembros de la Unión Europea en la tramitación de los pedidos de asilo, incluido el derecho de quienes buscan asilo en la frontera o por otra vía, a tener oportunidad de presentar cuanto antes su pedido de asilo, a permanecer en el territorio del Estado en que ha presentado la petición o en el que se esté examinando la misma, hasta tanto haya sido objeto de una decisión, a tener oportunidad de una entrevista personal con un funcionario calificado por la ley nacional antes de que se adopte una decisión final sobre su pedido de asilo y a que se le comunique por escrito la decisión que merezca su pedido de asilo).
102 En el Estado de Ohio, por ejemplo, la revisión a los efectos de la clemencia ha sido delegada en gran parte a la autoridad que decide la libertad condicional de adultos. En el caso de un recluso sentenciado a muerte, esta autoridad debe celebrar una audiencia para atender pedidos de clemencia dentro de los 45 días previos a la fecha fijada para la ejecución. Antes de la audiencia, el recluso puede pedir una entrevista con uno o más de los integrantes de la junta que decide la libertad condicional. Esta autoridad decisoria celebra la audiencia, completa el examen del pedido de clemencia y formula una recomendación al Gobernador. Si se obtiene más adelante información adicional, esta autoridad puede a su discreción celebrar otra audiencia o modificar su recomendación. Véase la Constitución de Ohio, Art. III, s. 2, Código revisado de Ohio, s.2967.07 (1993). Véase también la Autoridad encargada de la Libertad Condicional de Adultos de Ohio c. Woodward, Expediente Judicial Nº 96-1769 (25 de marzo de 1998) (U.S.S.C.) (en el que se llega a la conclusión de que los procedimientos para otorgar la clemencia de Ohio no violan la Cláusula de la Constitución de Estados Unidos relativa al debido proceso).
103 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas el 30 de agosto de 1955 por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, ONU Doc. A/CONF/611, anexo I, E.S.C. res. 663C, 24, U.N.ESCOR Supp.(Nº1), pág.11, ONU Doc. E/3048 (1957), enmiendas E.S.C. res. 2076, 62 U.N. ESCOR Supp. (Nº 1) pág. 35, ONU Doc. E/5988 (1977).
104 El artículo 32 del Reglamento de la Comisión dispone que: "Las peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener: (c) la indicación del Estado aludido que el peticionario considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el caso de los Estados partes en ella, aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado".
105 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (Arts. 46(1), 46(2)(a) y 46(2)(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, Informe Anual de 1991, párr. 28 (interpretando el artículo 8(1) en los siguientes términos:
En los casos que se vinculen a la determinación de los derechos y obligaciones de una persona, de naturaleza civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole, el artículo 8 no especifica ninguna garantía mínima similar a la dispuesta en el artículo 8(2) para los procesos penales. Sin embargo, dispone las debidas garantías; en consecuencia, también en este caso el individuo tiene derecho a un juicio imparcial como el que se dispone para los procesos penales.
Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Loren Laroye Rieba Star y otros c. México, Informe Nº 49/99 (13 de abril de 1999), Informe Anual de 1998, párr. 70 (interpretando el artículo 8(1) en el contexto de los procesos administrativos que dan lugar a la expulsión de extranjeros y que requieren ciertas garantías procesales mínimas, incluida la oportunidad de ser asistido por un asesor letrado u otro representante, a contar con tiempo suficiente para considerar y refutar las acusaciones que se le imputen y a procurar y aducir las pruebas pertinentes.
106 Véase, análogamente, Currie c. Jamaica, Comunicación Nº 377/1989, ONU Doc. NºCCPR/C/50/D/377/1989 (1994), párr. 13.4 (donde se concluye que a un condenado que procure una revisión constitucional de irregularidades en el juicio penal y carezca de medios para solventar el gasto de la asistencia letrada a efectos de procurar una reparación constitucional y cuando así lo requiera el interés de la justicia, el artículo 14(1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exige que el Estado otorgue asistencia letrada).
107 Véase el caso Perú, supra, pág. 190 y 191.
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos, supra, párr. 30.
109 Véase, análogamente, Comité de Derechos Humanos de la ONU, William Collins c. Jamaica, Comunicación Nº 240/1987, ONU Doc. Nº CCPR/C/43/D/240/1987 (1991), párr. 7.6 (en que se concluye que en los casos de pena capital no sólo debe ofrecerse asistencia letrada, sino que debe permitirse que el asesor letrado prepare la defensa de su cliente en circunstancias que puedan garantizar la justicia).