Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S39-05.html
Timestamp: 2018-10-18 23:34:01
Document Index: 67727371

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 927', 'artículo 178', 'Artículo 202', 'Artículo 178', 'Artículo 123', 'Artículo 178']

11. De acuerdo a lo señalado por los peticionarios, el mencionado inmueble fue adquirido en virtud de un contrato de compraventa celebrado con la sociedad comercial “Cueva S.A.” el 30 de junio de 1971. El 15 de julio de 1971, se firmó la minuta de compraventa y, el 22 de febrero de 1990, se formalizó la escritura pública ante el notario Percy González Vigil. Los peticionarios manifiestan que, el 8 de agosto de 1990, solicitaron la inscripción de dicha escritura en el Registro de Propiedad pero el pedido fue rechazado con el argumento de que la sociedad vendedora, “Cueva S.A.”, se había extinguido en el año 1983.
12. Los peticionarios aducen una desigualdad en los criterios aplicados por el Registro de la Propiedad Inmueble al rechazar la inscripción por ellos solicitada y admitir la inscripción del inmueble a favor Antonio Ketín Vidal Herrera. Señalan que, en fecha 10 de agosto de 1992, es decir, luego de dos años y medio de que los peticionarios firmaran la escritura pública de transferencia del lote 8-A, el Sr. Antonio Ketín Vidal Herrera firmó con la empresa Cueva S.A. la escritura de transferencia del inmueble identificado como lote 7-A, colindante del terreno adquirido por los peticionarios. Aducen que, el 28 de agosto 1992 y el 15 de octubre de 1992, el Sr. Vidal Herrera presentó su solicitud de inscripción de dicha escritura y el pedido fue rechazado por el Registro de Propiedad en las oportunidades por la misma razón por la cual se había rechazado la inscripción presentada por los peticionarios, esto es, porque la empresa vendedora Cueva S.A. ya se encontraba extinguida. Sin embargo, tras un tercer intento realizado el 5 de noviembre de 1992, el Registro de Propiedad no sólo no observó el título de Vidal Herrera sino que procedió a inscribirlo en violación al Reglamento General de los Registros Públicos. Los peticionarios alegan que a ellos se les aplicó estrictamente dicho reglamento no así al General PNP Antonio K. Vidal Herrera. Sostienen que, en el caso del General PNP Antonio K. Vidal Herrera, el Registro de Propiedad procedió a la inscripción sin tener en consideración que la empresa vendedora ya se encontraba extinguida y que el contrato de compraventa había sido firmado por sólo uno de los cónyuges el cual no tenía capacidad de disponer del patrimonio social sin la firma del otro. Los peticionarios mencionan que la inscripción del título de Antonio K. Vidal Herrera a pesar de las deficiencias mencionadas revela un trato arbitrario y desigual. Concluyen alegando que el Estado peruano actuó en violación de la ley al darles un trato diferente al otorgado a otros ciudadanos que también solicitaron la inscripción de títulos con problemas idénticos.
37. El artículo 46 de Convención Americana señala:
48. Los peticionarios alegan que el Estado peruano violó en perjuicio de la sociedad conyugal por ellos constituida los artículos 21, 8 y 25 de la Convención Americana al privarles, a través de un procedimiento irregular de prescripción adquisitiva de dominio, el derecho de propiedad que tenían sobre un inmueble y al rechazar las acciones sucesivamente intentadas con el fin de remediar las irregularidades cometidas en dicho proceso.
49. La Comisión procederá entonces a analizar si los hechos denunciados en esta oportunidad configuran una violación de los artículos de la Convención invocados por los peticionarios.
59. La Comisión advierte que el punto central discutido a lo largo de los diferentes procesos iniciados por los peticionarios en la jurisdicción interna a fin de recuperar el dominio y la posesión del inmueble cuya titularidad fuera otorgada a los señores Vidal Herrera en virtud de sentencia judicial, ha sido la idoneidad de las vías procesales escogidas por los peticionarios para dar satisfacción a sus pretensiones.
60. En efecto, la Comisión observa que, los recursos y acciones planteados por los peticionarios para recuperar la propiedad del inmueble, fueron considerados formalmente inadecuados para lograr dicho fin. La nulidad de lo actuado planteada por los peticionarios en el procedimiento de prescripción adquisitiva fue rechazada el 28 de abril de 1995 por el Cuarto Juzgado Civil de Lima con el argumento de que la mencionada vía resultaba improcedente para discutir cuestiones de fondo en un proceso no contencioso. La demanda de desalojo fue igualmente declarada infundada el 10 de abril de 1995 por el Décimo Octavo Juzgado Civil de Lima quien entendió que, existiendo contradicción respecto de la propiedad del inmueble, no procedía discutir las pretensiones de los peticionarios en un juicio como el de desalojo cuyo objeto está limitado a restituir la posesión a quien acredita la propiedad en forma indubitable. La demanda de reivindicación planteada por los peticionarios también fue declarada improcedente en todas las instancias. Los jueces señalaron como fundamento lo dispuesto en el artículo 927 del Código Civil sobre la improcedencia de la acción reivindicatoria contra el que adquiere la propiedad de un bien por vía de la prescripción. En el juicio de reivindicación, los jueces señalaron además que la nulidad de la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio sólo podía obtenerse a través de un juicio de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme a lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Civil.
[2] Artículo 202, Código Penal de Perú - Usurpación
[4] Artículo 178, Código Procesal Civil del Perú – Nulidad de cosa juzgada fraudulenta
Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable, puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, o por el juez o por éste y aquéllas. Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los principios exigidos en este Título.
[5] Artículo 123, Código Procesal Civil del Perú – Cosa Juzgada
Una resolución adquiere cosa juzgada cuando:
[6] Oficio Nº 52-2004-DDHH/PJ de fecha 11 de febrero de 2004, acompañado como anexo al Informe Nº 20-2004-JUS/CNDH-SE del 16 de febrero de 2004.
[7] Artículo 178, Código Procesal Civil del Perú: Nulidad de cosa juzgada fraudulenta.- “Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable, puede demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una, o por ambas partes, por el juez o por éste y aquéllas. Puede demandar la nulidad la parte o tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo los principios exigidos en este Título.
[12] Ibid, párr. 9