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Timestamp: 2017-12-16 07:05:31
Document Index: 125996144

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 161', 'artículo 30', 'artículo 24', 'artículo 64']

Decreto-ley 1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO-LEY 1/2014, DE 3 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO 3/2008, DE 25 DE JUNIO (DOGC 6638 DE 5)
El artículo 16 de la Ley 5/2012, de 20 de marzo ( LCAT 2012, 194, 407) , de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, creó, en el ámbito territorial de Cataluña, la tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia, añadiendo un nuevo título, el III bis, al Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña (LCAT 2008, 554). El capítulo I regula la mencionada tasa en su artículo 3 bis.1.
Sin embargo, con posterioridad, el 22 de noviembre de 2012, entró en vigor la Ley estatal 10/2012, de 20 de noviembre (RCL 2012, 1586), por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que derogó el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre ( RCL 2002, 3081 y RCL 2003, 933) , de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Si bien mantenía diversos aspectos de la regulación que se había incorporado en el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, el nuevo régimen introdujo modificaciones sustanciales tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que lo eran no sólo las personas jurídicas, sino también las personas físicas y ampliaba su aplicación al orden social, aunque sólo a los recursos de suplicación y casación.
Contra el artículo 3 bis.1-1, apartado 1, del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, el Presidente del Gobierno del Estado planteó un recurso de inconstitucionalidad al considerar que el referido precepto incurre en inconstitucionalidad por haber creado una tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia, pero que coincide con el hecho imponible de la tasa estatal sobre la función jurisdiccional e incurre en la duplicidad de hechos imponibles prohibida por el artículo 6.2 de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre ( RCL 1980, 2165 ) , de financiación de las comunidades autónomas. Igualmente, con la presentación del recurso, se invocó el artículo 161.2 de la Constitución (RCL 1978, 2836), y eso produjo la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado, para las partes en el proceso desde el 21 de diciembre de 2012, fecha de interposición del recurso, y para terceros desde el 17 de enero de 2013, fecha del correspondiente edicto en el Boletín Oficial del Estado.
La inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la mencionada Sentencia, momento en el que producirá, de conformidad con el artículo 30.1 de la Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre (RCL 1979, 2383), del Tribunal Constitucional, efectos generales, obliga a revisar, con carácter urgente, algunos aspectos de la regulación actual. Se quiere evitar así que la tasa tenga efecto disuasorio desproporcionado alguno para los que quieren obtener la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, como así sucedería si no se modificara, teniendo en cuenta las cuantías de las nuevas tasas establecidas por la Ley estatal 10/2012, de 20 de noviembre (RCL 2012, 1586), que se incrementan notablemente respecto de las que estaban anteriormente vigentes, y eso como una garantía del derecho a acceder a la justicia, componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución.
Por todo eso, en uso de la autorización concedida por el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña (RCL 2006, 1450), a propuesta de los consejeros de Economía y Conocimiento y de Justicia y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
Se modifica el capítulo I del título III bis del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio (LCAT 2008, 554), que queda redactado de la manera siguiente:
Se deroga el apartado 2 de la disposición final octava de la Ley 5/2012, de 20 de marzo ( LCAT 2012, 194, 407) , de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.