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05/06/2015 | LEGAL CLOUD MRCI
La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, suele definirse como un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a correr supuestos de infortunio.
A nivel internacional es reconocido por varios organismos este principio en favor de los trabajadores, entre los que se encuentran la OIT, con quien México ha firmado varios Tratados Internacionales. Esta reconoce que el trabajo no es una mercancía y que la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos; así mismo, hace referencia que el diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho.
En México, en la CPEUM de 1857, se vislumbraron los primeros pasos para otorgar derechos a la clase trabajadora en su artículo 5o. Después al promulgarse la Constitución Federal de 1917, se reivindicaron los derechos laborales, al incorporar novedosas disposiciones en beneficio del trabajador, como son, entre otras, las que contemplan responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad y la previsión popular.
Al respecto de la seguridad social, esta se integró en la fracción XXIX del artículo 123 de la Constitución de la misma fecha (1917), dicha fracción fue modificada en 1929 y posteriormente el 5 de diciembre de 1960, se publicó el decreto que reformó y adicionó el artículo 123 de la Constitución General de la República, dividiéndolo en dos apartados.
Esto muestra que a partir de la Constitución de 1917, ha regido en la vida institucional de México el principio de que la clase trabajadora debe gozar de los beneficios de la seguridad social, es decir, ningún trabajador debe estar desprotegido.
En este mismo sentido fueron publicadas diversas legislaciones relativas a la seguridad social, dentro de las cuales se encuentra la Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995, vigente hasta nuestros días. La cual en su artículo 25, menciona que al tratarse de Contratos colectivos, el Estado aportará la contribución que le corresponda conforme a la Ley (estas son realizadas en forma independiente al patrón, pero siempre como parte de aquélla, es decir, de la suma que debe percibir el IMSS para la prestación del servicio público que tiene encomendado) independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.
Al respecto el artículo 25 de la Ley del Seguro Social en su párrafo primero establece que para el caso de que en los contratos colectivos de trabajo se hayan previsto prestaciones de seguridad social, el Estado aportará la parte que le corresponde (0.075%) independientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste (el patrón), tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación. (0.375 +1.05 = 1.425)
Sin embargo debido a que el párrafo primero se refiere a los contratos colectivos de trabajo, ha habido mucha confusión respecto de la aplicación del segundo párrafo ya que algunas interpretaciones sostienen que los porcientos establecidos en este en que se cubrirán las aportaciones para prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado sólo aplican para el caso de los contratos colectivos de trabajo (como en el párrafo primero)
Sin embargo la SCJN ha emitido Jurisprudencia en el sentido de afirmar que a pesar de que el primer párrafo del artículo 25 indicado contenga una disposición dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos prestaciones de seguridad social, ello no limita ni condiciona la aplicación de la cuota del segundo párrafo a dichos contratos colectivos, lo que se ajusta no sólo a la letra de dicho precepto, sino también a la finalidad perseguida por el legislador, al sistema del plan de seguridad social regulado en la Ley del Seguro Social y a su sostenibilidad.
Por lo cual la aplicación de este segundo párrafo será para trabajadores con o sin contrato colectivo de trabajo.
A continuación transcribimos la jurisprudencia citada.
Registro: 2009254
Publicación: viernes 29 de mayo de 2015 09:40 h
Tesis: 2a./J. 63/2015 (10a.)
SEGURO SOCIAL. LA CUOTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EXISTA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
El artículo y párrafo citados establecen que los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de 1.5% sobre el salario base de cotización, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora bien, de la interpretación de dicha porción normativa se obtiene que tal cuota es de aplicación general a todos los sujetos del régimen obligatorio, y a pesar de que el primer párrafo del artículo 25 indicado contenga una disposición dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos prestaciones de seguridad social, ello no limita ni condiciona a este último supuesto la aplicación de la cuota del segundo párrafo, lo que se ajusta no sólo a la letra de dicho precepto, sino también a la finalidad perseguida por el legislador, al sistema del plan de seguridad social regulado en la Ley del Seguro Social y a su sostenibilidad.
Contradicción de tesis 396/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Primer Circuito y Primero del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 8 de abril de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 463/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 191/2014.
Tesis de jurisprudencia 63/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de abril de dos mil quince.
Esta tesis se publicó el viernes 29 de mayo de 2015 a las 09:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de junio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.