Source: https://aulapenal.wordpress.com/2012/03/14/principios-limitadores-al-poder-punitivo-del-estado-en-el-fallo-arriola-por-daniel-adler/
Timestamp: 2018-03-21 10:36:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 30', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 14']

Principios limitadores al poder punitivo del estado en el fallo “Arriola” . Por Daniel Adler – Aula virtual Derecho Penal
II. Voto concurrente de los jueces Highton de Nolasco y Maqueda.
1) Limitación de la soberanía penal de los Estados
La primera limitación del poder punitivo es la construcción de un sistema interamericano de DDHH que fija pautas al poder soberano del estado para dictar sus normas de derecho penal y el modo de operarlas.
Así lo dicen los jueces Maqueda y Highton “la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones (considerandos 18 y 19 in re "Mazzeo", Fallos: 330:3248)”.-
Esto se observa tanto en la criminalización abusiva ( caso de las cárceles de Mendoza, o de abuso de la PP, caso Bayarri) o casos de ausencia de acciones positivas que implican una violación del deber de protección y garantía de DDHH( caso Espósito).
2) Limitación del poder punitivo del Estado a partir de la incorporación de los tratados y convenciones de DDHH a la CN
El voto de los jueces Maqueda y Highton de Nolasco enumera una serie de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, receptando los Tratados y las Convenciones de DDHH, ha hecho operativas derechos y garantías constitucionales a favor de las personas, ya se trate de imputados o de víctimas. Así:
1. garantía y derecho a las condiciones carcelarias mínimas aceptables ("Verbitsky" Fallos: 328: 1146);
2. a la revisión del fallo condenatorio en causas penales ("Casal" Fallos: 328:3399);
3. derecho de los menores en conflicto con la ley penal ("Maldonado" Fallos: 328:4343);
4. derecho al debido proceso en internaciones psiquiátricas involuntarias ("Tufano" Fallos: 328:4832);
5. desarrollo y alcance de la garantía de imparcialidad de los jueces ("Quiroga" Fallos: 327:5863, "Llerena" y "Dieser" Fallos: 328:1491 y 329:3034, respectivamente);
6. defensa en juicio ("Benitez" y "Noriega" Fallos: 329:5556 y 330:3526, respectivamente);
7. derecho a un proceso sin dilaciones indebidas ("Barra" Fallos: 327:327);
8. limitación del principio de peligrosidad ("Gramajo" Fallos: 329:3680);
Sobre el punto la Corte estableció que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán...Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos..."(CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005). "...En un Estado, que se proclama de derecho y tiene como premisa el principio republicano de gobierno, la Constitución no puede admitir que el propio estado se arrogue la potestad -sobrehumana- de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización del mismo, sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo, sea por la vía del reproche de la culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad, o si se prefiere mediante la pena o a través de una medida de seguridad..." (ver en sentido coincidente "Maldonado" Fallos: 328:4343).-
9. derecho de las víctimas ("Santillán" Fallos: 321:2021);
No sólo el poder punitivo del Estado debe ser limitado en relación al imputado, las víctimas, en tanto personas humanas, tienen derecho a exigir del Estado el respeto de ciertos límites. En “Santillán” el de acceso a la Justicia, en “Arriola” se delinea el derecho a no ser nuevamente objeto de victimización.
Resulta interesante esta construcción: el adicto es una víctima, y si el Estado lo persigue lo vuelve a victimizar. Así lo dicen estos jueces: “en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización”.-
10. investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos ("Arancibia Clavel" Fallos: 327:3312; "Simón" Fallos: 328:2056 y "Mazzeo" Fallos: 330:3248).
La Corte a través de estos fallos ha hecho operativo el deber de los Estados de respetar y garantizar los DDHH de las personas, a través de la obligación de investigar, juzgar y castigar a los responsables de las graves violaciones a los DDHH. En su primer caso de competencia contenciosa, "Velázquez Rodríguez" ( 29/7/88), la Corte Interamericana definió el deber de garantía sentenciando que incumbe a los Estados partes no sólo un deber de respeto de los derechos humanos, sino también un deber de garantía, de conformidad con el cual, "en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención"|.
11. Principio de reserva.
Claramente este principio es señalado únanimente como un límite al poder punitivo del Estado. En diferentes considerandos estos jueces abordan la cuestión. Lo definen como “el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 5º?de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Citan la opinión de la Corte Interamericana que ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquél posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con autonomía -que es prenda de madurez y condición de libertad- e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones" (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del 4 de julio de 2006, parágrafo 10 del voto del Juez Sergio García Ramírez).-
Más adelante, en considerando 31, con meridiana claridad establecen que las conductas que no afectan a terceros se encuentran bajo la esfera de este principio y que el legislador se excede cuando las criminaliza. Así ”… si bien como principio lo referente al mejor modo de perseguir el delito y cuáles son los bienes jurídicos que requieren mayor protección, constituyen cuestiones de política criminal propias de las otras esferas del Estado, lo cierto es que aquí se trata de la impugnación de un sistema normativo que criminaliza conductas que -realizadas bajo determinadas circunstancias- no afectan a un tercero y, por lo tanto, están a resguardo del artículo 19 de la Constitución Nacional. Consecuentemente, cabe afirmar que el Congreso ha sobrepasado las facultades que le otorga la Carta Magna”
Y más adelante, con cita del filósofo del derecho Ronald Dworkin, se establece que “el Estado tiene el deber de tratar a todos sus habitantes con igual consideración y respeto, y la preferencia general de la gente por una política no puede reemplazar preferencias personales de un individuo (Dworkin Ronald, Los Derechos en Serio, págs. 392 y ss, Ed. Ariel, 1999, Barcelona España). Y éste es el sentido que cabe otorgarle al original artículo 19, que ha sido el producto elaborado de la pluma de los hombres de espíritu liberal que construyeron el sistema de libertades fundamentales en nuestra Constitución Nacional, recordándonos que se garantiza un ámbito de libertad personal en el cual todos podemos elegir y sostener un proyecto de vida propio.
Por último entienden que “nuestra Constitución Nacional y sumado a ello los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos jerarquizados reflejan la orientación liberal garantizadora que debe imperar en un estado de derecho democrático para resolver los conflictos entre la autoridad y los individuos y respeto de éstos entre sí, y en ese sentido el estado de derecho debe garantizar y fomentar los derechos de las personas siendo éste su fin esencial”
12. Principio de dignidad del hombre.
Por este principio proclamado en el sistema internacional de derechos humanos, se consagra al hombre como un fin en sí mismo, motivo por el cual no puede ser utilizado como un medio para otro fin, es decir, no debe ser tratado utilitariamente.
Los jueces estiman de dudosa compatibilidad la vigencia de este principio con los justificativos de la ley 23.737 y con el antecedente "Montalvo", respecto de la conveniencia, como técnica de investigación, de incriminar al consumidor para atrapar a los verdaderos criminales vinculados con el tráfico.-
13. Principio pro homine
Los jueces Maqueda y Highton de Nolasco abordan cómo deben interpretarse estos principios que protegen a la persona frente al conflicto con la preservación de bienes colectivos ( bien común, orden público, utilidad publica, salubridad pública, o intereses nacionales) (artículo 22 inc. 3º, del Pacto de San José de Costa Rica; artículos 12 inc. 3º, 14, 19 inc. 3º b, 21 y 22 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 29 inc. 2º de la Declaración Universal de Derechos Humanos).-
Así señalan que la Corte en su Opinión Consultiva 5/86 estableció que “… es posible entender el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana. No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos de 'orden público' y 'bien común', ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna manera podrían invocarse el 'orden público' o el 'bien común' como medios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención" (parágrafos 66 y 67).-
En el considerando 23 los jueces establecen que “ De acuerdo con el artículo 5ºdel Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y el 29 de la Convención Americana, siempre habrá de preferirse la interpretación que resulte menos restrictiva de los derechos establecidos en ellos. Así cuando unas normas ofrezcan mayor protección, estas habrán de primar, de la misma manera que siempre habrá de preferirse en la interpretación la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la aplicación del derecho fundamental comprometido (CIDH OC 5-85).”
En los considerandos 34 y 35 “… las normas sancionadas regularmente por el Congreso gozan de legitimidad democrática, piedra angular del autogobierno de los pueblos. Pero los jueces no deben legitimar las decisiones mayoritarias, simplemente porque son mayoritarias (Cemerinsky Edwin Fireword: The Vanishing Constitution, en Harvard Law Review, 103:43). Que sobre tal cuestión la Corte Interamericana ha señalado que [...] no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30 [de la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual "los derechos esenciales del hombre...tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos" (Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo v. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas).-
III. Voto del Juez Lorenzetti
El Juez Lorenzetti realiza en su voto extensas consideraciones en relación al principio de reserva, en especial con referencia a la construcción política del Estado. Además establece que el tipo del art. 14 2da parte de la ley 23.737 constituye un delito de peligro abstracto y estos delitos, que no lesionan y ponen en peligro ningún bien jurídico, resultan inconstitucionales.
Así manifiesta que “ el artículo 19 de la Constitución Nacional constituye una frontera que protege la libertad personal frente a cualquier intervención ajena, incluida la estatal. No se trata sólo del respeto de las acciones realizadas en privado, sino del reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo adulto es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea. Este poderoso reconocimiento de la libertad personal implica una inversión de la carga argumentativa, de modo que toda restricción de ese ámbito debe ser justificada en la legalidad constitucional. No cabe penalizar conductas realizadas en privado que no ocasionan peligro o daño para terceros. Los argumentos basados en la mera peligrosidad abstracta, la conveniencia o la moralidad pública no superan el test de constitucionalidad”-
Más adelante agrega que “Que toda persona adulta es soberana para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea (artículo 19 de la Constitución Nacional).Una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas, "Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil", México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues "aunque los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenían en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor" (Locke, John, "Segundo Tratado sobre el gobierno civil", capítulo 9, Madrid, Alianza, 1990). Esta libertad que se reserva cada individuo fue definida (artículos 4º y 5º de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, Francia, 26 de agosto de 1789) como el poder de hacer todo lo que no dañe a terceros. Su ejercicio no tiene otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, de modo que la ley no puede prohibir más que las acciones perjudiciales a la sociedad. Las principales consecuencias de este principio pueden sintetizarse en que: (a) el Estado no puede establecer una moral; (b) en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral y (c) las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad. Como consecuencia de lo anterior, las penas no pueden caer sobre conductas que son, justamente, el ejercicio de la autonomía ética que el Estado debe garantizar, sino sobre las que afectan el ejercicio de ésta.El ejercicio de la libertad tiene límites y puede dar lugar a la punición, pero un Estado de Derecho debe construirse sobre una cuidadosa delimitación de esa frontera. Por ello es posible señalar que: a) no es posible que el legislador presuma que se da un cierto daño o peligro para terceros como ocurre en los delitos llamados "de peligro abstracto"; b) no es posible imputar un daño a una acción cuando ella es consecuencia directa de otra acción voluntaria más cercana en la cadena causal, y por ello no es necesario penar el consumo en casos donde la punición deviene como consecuencia de un delito cometido en función de la drogadicción; c) no es posible imputar un mismo daño dos veces a los efectos de la punibilidad -esto excluye la punición por el consumo que conduce a delitos que son independientemente penados- d) no es posible computar daños que son demasiado nimios e indirectos, en comparación con la centralidad que puede tener la actividad que los provoca para un plan de vida libremente elegido -lo que excluye como daños los provocados por el tratamiento médico- de los adictos (cfr. Nino, Carlos Santiago, Fundamentos de Derecho Constitucional, Buenos Aires, 1992, p. 307). ( Considerando 13)”.
Establece la incompatiblidad de este principio con los delitos de peligro abstracto. Manifiesta que “. En cuanto al peligro de peligro se trataría de claros supuestos de tipicidad sin lesividad. Por consiguiente, el análisis de los tipos penales en el ordenamiento vigente y por imperativo constitucional, debe partir de la premisa de que sólo hay tipos de lesión y tipos de peligro, y que en estos últimos siempre debe haber existido una situación de riesgo de lesión en el mundo real que se deberá establecer en cada situación concreta siendo inadmisible, en caso negativo, la tipicidad objetiva.”.La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en sentido similar, diciendo que "La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, que agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán...Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos..." (CIDH, Serie C Nº 126, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia del 20 de junio de 2005).De ello se sigue que debe respetarse el ámbito de ejercicio de la libertad personal cuando no hay daño o peligro concreto para terceros, y que no son admisibles los delitos de peligro abstracto. Por aplicación de este criterio la norma que pune la tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional y por tanto debe ser declarada su inconstitucionalidad”-
IV. Voto del Juez Carlos S. Fayt.
Del voto del Juez Fayt se desprenden varios principios limitadores del poder punitivo del Estado, más allá del de reserva que es el que forma el pensamiento nuclear del fallo ( holding).
Desarrolla una extensa fundamentación de la razonabilidad de las leyes y de la declaración de inconstitucionalidad como herramienta para volver a lo razonable ( considerando 11). Con cita de diversas fuentes nacionales e internacionales observa cómo el tráfico y el consumo de estupefacientes se ha incrementado en los últimos veinte años pese a la prohibición legal de tener estupefacientes para consumo personal y a la doctrina de la Corte in re “Montalvo”, lo que torna irracional la prohibición sustentada en el principio utilitarista desarrollado en ese fallo, en el sentido de que esa prohibición serviría para luchar contra el narcotráfico.
Vincula la autonomía ética de la persona con su dignidad y humanidad.
Asimismo, resulta de importancia la fundamentación que se realiza en torno a la innecesariedad de intervención del derecho penal cuando otros sistema pueden intervenir más efectivamente y con menor daño a la persona, lo cual nos recuerda el principio de subsidiariedad de intervención del Derecho Penal: en los casos de adicciones debe intervenir el sistema de salud y el derecho penal sólo en los casos de narcotráfico.
IV. 1. Irrazonabilidad de las leyes.
11) Que en primer lugar se impone el examen de validez de la norma cuestionada a la luz de la experiencia recogida durante los casi veinte años de su vigencia, pues aunque el acierto o conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que quepa pronunciarse al Poder Judicial, las leyes son susceptibles de reproche con base constitucional cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran (Fallos: 328:566 y sus citas).-Dicho de otro modo: estar a lo que se ha decidido previamente no sólo es un principio básico de la administración de justicia de aplicación prácticamente universal (conf. Cross Rupert, Precedent in English Law, Oxford University Press, 1961, pág. 4), sino también la especial consideración que debe existir respecto de la necesidad de certeza. Pero cuando esa necesidad de certeza en la aplicación de la ley, conduce a soluciones que -en punto a los límites de razonabilidad- no pudieron tener en cuenta elementos relevantes de la evaluación prospectiva que aporta la experiencia, mantener la doctrina establecida sin atemperar su rigor importaría incurrir, entre otras cosas, en un discurso autorreferente. A su vez, dicho déficit se traduciría en formas de argumentación que soslayan el examen de la realidad, con el consiguiente menoscabo -en cuanto punto medular en el sub lite- de la garantía consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional.-
12) Que, precisamente, las lecciones de la experiencia conducen a realizar una serie de consideraciones acerca de la validez de una norma que, aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen, ha devenido irrazonable, pues -como seguidamente se expondrá- no se adecua a los fines tomados en consideración para su sanción.-Estos nuevos datos de la realidad -transcurridos veintitrés años desde el dictado de los fallos "Capalbo" y "Bazterrica" (disidencia de los jueces Caballero y Fayt en relación al antiguo texto legal, Fallos: 308:1392)- conducen a una revisión de la doctrina allí sentada, en tanto indican con el rigor que una posible declaración de inconstitucionalidad -como ultima ratio- requiere, la ineficacia de aplicar sanciones penales o incriminar a la mera tenencia con el objeto de combatir el flagelo de la drogadicción.-En efecto, si bien la limitación del derecho individual no lucía irrazonable en su génesis y primer desarrollo, de los nuevos datos y otros no tan evidentes en los años '80 y '90, resulta la necesidad de reconsiderar, como se dijo, la doctrina sentada en el precedente.-Cabe recorda que en la disidencia mencionada se afirmó como holding que la presunción de peligro en la que se asentaba la figura descripta por la norma no aparecía como irrazonable respecto de los bienes que pretendía proteger (considerando 13). Mas hoy, la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana.-
IV.2.Principio de autonomía y su relación con los de dignidad y humanidad.
Establece tres tipos de niveles de injerencia: en la intimidad, en la vida privada y en la vida pública, decidiendo que en la primera no cabe ningún tipo de intromisión estatal a diferencia de las dos últimas en la que sí puede existir ( considerandos 16,17).
17) “…..El marco constitucional de los derechos de la personalidad comprende la intimidad, la conciencia, el derecho a estar a solas, el derecho a disponer de su propio cuerpo, etc.-
29 y 30) “…la mayoría de los países de la región que a la par de haber despenalizado la tenencia para consumo personal, dedican los recursos disponibles a la persecución del tráfico de estupefacientes….. Que a ello, entonces, debe circunscribirse y reforzarse la persecución penal, pues, a su vez, toda extralimitación al respecto importaría validar lo que constituye en definitiva una intromisión en el ámbito de señorío personal en tanto marco de una acción autorreferente. Ello por cuanto no es misión del derecho penal prevenir los daños que una persona puede causarse a sí misma. No hay lugar para plantear dicha cuestión cuando la conducta de esa persona no afecta a los intereses de ninguna otra (conf. John Stuart Mill, On Liberty, en Wasserstrom R., comp. "Morality and the Law", Belmont, California, 1971, cap. III, págs. 92-93).-
“….no debe soslayarse que lo que aquí realmente se cuestiona es la intervención del Estado nada menos que sobre la esfera íntima del individuo -en cuanto ámbito de ejercicio de su autonomía personal-, la que a diferencia de la esfera pública -y aun de la privada- no admite ningún tipo de intromisión. La aceptación de esa injerencia convertiría al poder estatal en una verdadera deidad.-De ese modo se estaría negando, a su vez, la dignidad del hombre como imperativo categórico y se desdibujaría notablemente aquello que propugnaba Séneca -símbolo de la filosofía estoica- en una epístola dirigida a Lucilio: "el hombre debe ser algo sagrado para el hombre" (homo res sacra homini).-
En este cometido, corresponde reiterar que el artículo 19 de la Constitución Nacional ha ordenado la convivencia humana sobre la base de atribuir al individuo una esfera de señorío sujeta a su voluntad y esta facultad de obrar válidamente libre de impedimentos, conlleva la de reaccionar u oponerse a todo propósito de enervar los límites de aquélla. En este contexto vital, puede afirmarse que en una sociedad horizontal de hombres verticales, en la que la dignidad es un valor entendido para todo individuo por su sola condición de tal, está vedada toda medida que menoscabe aquella prerrogativa (artículo 19 de la Constitución Nacional).-Más allá de la opinión que merezca el plan de vida de cada individuo, no puede afirmarse sin más que una norma como la que aquí se impugna que compele al sujeto involucrado a transitar el estigmatizante camino del proceso penal, no aumentaría el daño que seguramente ya padece así como la afectación a su dignidad. Ello por cuanto -como en cualquier otra causa en la que se investiga un delito- el acusado debe atravesar un iter necesariamente restrictivo de sus derechos que implica, entre otras cosas: ser detenido, verse enfrentado a jueces y fiscales, ser llamado a declaración indagatoria y, sobre todo, convivir durante el tiempo que dure el proceso con la incertidumbre propia que genera el encontrarse sometido a la justicia criminal, amén de la mácula que, en su caso, lo signará a futuro.-
Por lo demás, se violentan sus sentimientos, en tanto a quien se encuentra ante esta problemática (medida curativa), o bien, como en el caso, el tribunal de mérito califica como simple principiante o experimentador (medida educativa), se lo somete a la invasión de su persona y su intimidad ( 18)-
IV. 3. Principio de subsidiariedad del Derecho Penal: en estos casos debe intervenir el sistema de salud y el derecho penal sólo en los casos de narcotráfico.
22) Desde esta perspectiva se asume claramente que la "adicción es un problema de salud y no debe encarcelarse a los afectados" (cfr. UNODC, Informe del año 2009 ya citado; énfasis agregado).
V. Voto del Juez Enrique S.Petracchi
El Juez Petrachi se remite, en su voto, a su opinión en el caso "Bazterrica" (Fallos: 308:1392) y, con posterioridad -ya bajo la vigencia del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 aquí en discusión-, a su disidencia en "Montalvo" (Fallos: 313:1333), fallos en los cuales sostuvo que la citada norma resultaba violatoria del art. 19 de la CN.
VI. Voto del Juez Eugenio R. Zaffaroni.
El Juez Zaffaroni repasa los orígenes del art. 19 de la CN; con cita de constitucionalistas del S. XIX aclara que la función de este principio es delimitar la moral del derecho, y que en el caso de la norma en cuestión, art. 14 2da parte de la ley 23.737, el art. 19 de la CN que resguarda la privacidad se ve conculcado.
A su vez destaca la irracionalidad de una política criminal que en base a esa norma se ha dirigido en forma inefectiva a la persecución de consumidores, lo cual afecta la racionalidad republicana.
VII. Voto de la Jueza Carmen M. Argibay
La jueza Argibay establece que en el precedente Montalvo la Corte violó la doctrina que la obliga a tratar casos, resultando indebido el dictado de normas generales cual es la inconstitucionalidad de los tipos penales ( CSJN “Municipalidad c/Elortondo”).
Coincide, en consecuencia, con el análisis realizado en Bazterrica, donde se determinó, en un caso concreto y no en general, la inconstitucionalidad de la norma.
Manifiesta, en el considerando 13, alguna pautas tenidas en cuenta en Bazterrica y en otros antecedentes, para conocer si la tenencia de estupefacientes resulta un caso de acciones privadas reservadas a la esfera de intimidad de los individuos o si, por el contrario, se trata de una acción que puede ser objeto de persecución penal. Para esa distinción se deben tener en cuenta tres elementos:	1) Si el lugar donde se la tiene es un lugar público o privado; b) si en ese lugar público se la exhibe; 3) la cantidad de sustancia estupefaciente.
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