Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019282
Timestamp: 2019-10-20 06:38:27
Document Index: 20092037

Matched Legal Cases: ['artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 169', 'artículo 158', 'artículo 158', 'artículo 1019', 'artículo 1520', 'artículo 1750', 'artículo 1482', 'artículo 1245', 'artículo 1234', 'artículo 1321', 'Artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 1375', 'artículo 1520', 'Artículo 302', 'artículo 1954', 'artículo 1750']

200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030019282CC-SENTENCIAC683201410/09/2014CC-SENTENCIA_C_683__2014_10/09/2014300192802014Sentencia C-683/14 ( Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2014) PARTICION EN VIDA DE BIENES DEL CAUSANTE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA- No viola el derecho a la igualdad de los hijos que no hayan consolidado su relación paterno filial ni de los terceros interesados que en el momento de la partición no tengan vocación hereditaria ni un derecho reconocido que proteger/ PARTICION EN VIDA DE BIENES DEL CAUSANTE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA- No transgrede el principio de unidad de materia en la elaboración de las leyes La Corte consideró, frente al primer cargo, que la disposición acusada es exequible porque guarda conexidad temática, sistémica y teleológica con el Código General del Proceso. Respecto al segundo cargo, esta Corporación estimó que la figura de la partición del patrimonio en vida contenida en el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso, no desconoce el derecho a la igualdad de los hijos que no hayan consolidado su relación paterno filial ni de los futuros terceros interesados que en el momento de la partición no tengan vocación hereditaria ni un derecho reconocido que proteger ya que es el vínculo jurídico o parental el que les otorga la potestad de participar en la misma. En todo caso, la disposición protege los derechos de las personas que demuestren un interés legítimo durante el proceso mediante la licencia judicial y, después de concluida la partición, mediante la solicitud de rescisión que dispone la norma la cual constituye una garantía de los derechos de los interesados. UNIDAD DE MATERIA- Jurisprudencia constitucional/ UNIDAD DE MATERIA- Constituye una limitación a la cláusula general de competencia legislativa del Congreso de la República/ PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA- Alcance/ PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD- No puede instituirse en una restricción absoluta hasta el punto de convertirla en un obstáculo a dicho proceso PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA - Conexidad temática, teleológica, causal, sistemática o consecuencial CONEXIDAD TEMATICA- Concepto CONEXIDAD TELEOLOGICA- Concepto CONEXIDAD CAUSAL- Concepto CONEXIDAD SISTEMATICA- Concepto PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Naturaleza/ PARTICION DEL PATRIMONIO- Requisitos/ PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Concepto/ PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Similitud con las sucesiones por causa de muerte y en particular a las sucesiones testadas con la diferencia de que la partición la masa herencial se distribuye y liquida en vida de quien la realiza/ PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Sigue las mismas reglas de la sucesión en cuanto a las causales de nulidad SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE, DONACIONES ENTRE VIVOS Y PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Características, semejanzas y diferencias PROCESO DE PARTICION- Momentos diferenciados PROCESO DE SUCESION- Acciones con las que cuentan los legitimarios PROCESO DE PARTICION- Procedencia de acción de rescisión ACCION DE RESCISION- Contenido y alcance ACCION DE PETICION DE HERENCIA- Prescripción RESCISION DE LA PARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA- Características
Andrés Felipe Gómez ArroyaveCONSTITUCIONALIDADMauricio González CuervoDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 487 de la ley 1564 de 2012D-10113Identificadores20030027542true1092033original30027562Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 487 de la ley 1564 de 2012
UNIDAD DE MATERIA-Jurisprudencia constitucional/UNIDAD DE MATERIA-Constituye una limitación a la cláusula general de competencia legislativa del Congreso de la República/PRINCIPIO DEUNIDAD DE MATERIA-Alcance/PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-No puede instituirse en una restricción absoluta hasta el punto de convertirla en un obstáculo a dicho proceso
SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE, DONACIONES ENTRE VIVOSYPARTICION DEL PATRIMONIO EN VIDA-Características, semejanzas y diferencias
En primer lugar, se desconocerían los derechos hereditarios de los hijos cuyo nacimiento o adopción se produzca con posterioridad a la partición prevista en el parágrafo demandado. En particular, los bienes o recursos correspondientes a las asignaciones forzosas se encontrarían en cabeza de personas con el mismo derecho o incluso con menor derecho. A pesar de que la norma demandada, prevé la posibilidad de iniciar un trámite orientado a obtener la rescisión de la partición, se trata de un procedimiento más complejo que impone un trato diferente incompatible con la igualdad entre los herederos en primer grado. Adicionalmente, el término para iniciar esta acción es más corto que aquel previsto para “la pretensión de una rescisión corriente de 4 años o de la invocación del acervo imaginario de 10 años por donaciones hechas en vida (…).”
En segundo lugar, se establece un trato desigual frente a los hijos extramatrimoniales en tanto estos “no sólo deben emprender la lucha de la filiación extramatrimonial sino que además deben solicitar la rescisión y posteriormente el cumplimiento de la asignación forzosa o la petición de herencia (…)”. Ello adquiere una relevancia mayor si se considera que, a diferencia del trámite de partición impugnado, el desarrollo de un juicio sucesorio supone actuaciones más estrictas para hacer públicos los trámites.
Se viola el derecho a la propiedad privada de los hijos posteriores a la partición en tanto son despojados de derechos que, en esa condición, les corresponden. Así “se afecta el bienestar económico por encontrarse frente a derechos hereditarios en suspenso que sin una debida asesoría se verían seriamente lesionados.” Adicionalmente se puede afectar el derecho a la propiedad de los acreedores en tanto se descompone la prenda general que asegura el cumplimiento de “las obligaciones adquiridas posteriormente al acto de partición.”
Aunque algún sector de la doctrina reconoce que determinadas actuaciones procesales –autos aprobatorios de remates y sentencias de expropiación- constituyen verdaderas formas de adquirir el dominio, lo cierto es que estas son formas de tradición. Así las cosas “la ley 1564 debió referirse a los asuntos propios de su naturaleza adjetiva y no inmiscuirse en asuntos eminentemente sustanciales.”
La norma acusada desconoce el derecho de acceder a la administración de justicia al establecer un término muy corto para solicitar la rescisión de la partición dado que “ciertas circunstancias que se dan en la realidad como falta de asesoría, falta de conocimiento y demora en trámites previos pueden superar el término previsto en la norma.” El término de dos años establecido en este caso contrasta con el plazo previsto para la rescisión por lesión enorme -4 años-, para la petición de herencia -10 años- y para la reforma del testamento -4 años-.
La partición del patrimonio en vida, garantiza los derechos de los herederos y terceros a diferencia de los negocios jurídicos que actualmente se emplean para adjudicar bienes en vida y que, en muchos casos, constituyen simulaciones orientadas a “disfrazar la voluntad de las partes contratantes” lo cual promueve la inseguridad jurídica. De este modo, se constata que se la norma acusada permite cumplir los fines del Estado porque regula una situación que hasta el momento no estaba amparada por el Derecho. Además la disposición protege derechos fundamentales y especialmente la libre autonomía del interesado que, respetando los límites determinados por la ley, puede disponer de su patrimonio. Pero también garantiza los derechos de los terceros que acrediten un interés legítimo porque permite la partición en vida del patrimonio sin necesidad de recurrir a otras figuras como la compraventa que por sus especificidades carecen del requisito de publicidad. Se advierte que la disposición acusada respeta los principios de razonabilidad y de proporcionalidad y contempla la licencia judicial garantizando los derechos de los legitimarios, cónyuges o compañeros permanentes y terceros interesados. Así, se concluye que el Legislador no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones sino que, por el contrario, obró de conformidad con los fines del Estado y en el respeto de los derechos ciudadanos. Es importante resaltar, que en la partición del patrimonio en vida, el notario no ejerce una función de control de legalidad, sustancial y notarial ya que el primer acto de control de parte del mismo es la existencia de licencia judicial, previo trámite de jurisdicción voluntaria, en la que se haya demostrado que el negocio o acto jurídico de partición, no desconoce las asignaciones forzosas los derechos de terceros y gananciales. Por otro lado, se considera que el cargo por la presunta violación del derecho a la igualdad no cumple con los requisitos mínimos de las demandas de constitucionalidad debido a su insuficiencia, falta de especificidad e impertinencia.
El trámite notarial de partición patrimonial en vida de una persona es un mecanismo que ayuda a resolver de manera concreta la problemática que suponen las simulaciones contractuales, como la contraventa en la que se entregan a uno o más herederos los bienes que debían liquidarse en la sucesión del causante después de su fallecimiento y que producen mayores dificultades a la hora de demandar por tratarse de procesos probatoriamente complejos. La misma situación se presenta en los casos de donaciones por causa de muerte porque las mismas se someten a la revocabilidad del donante e implican un gasto excesivo. De este modo, se constata que la partición del patrimonio en vida es un trámite que evita la simulación respetando las asignaciones forzosas, derechos de terceros y gananciales y que se realiza previa autorización judicial. En relación con el posible desconocimiento del derecho a la igualdad, se advierte que el acto de partición no es absoluto dado que la norma permite la rescisión de la misma por parte de cualquier persona que demuestre un interés legítimo, como acreedor heredero, cónyuge o compañero permanente. Por otra parte, los bienes que la persona adquiera después de la partición, se integrarán al proceso sucesorio dentro del cual quienes tengan vocación hereditaria o interés legítimo, podrán reclamar sus derechos. Ahora bien, respecto de los herederos nacidos, reconocidos o adoptados después de la partición, se considera que existe cierta ambigüedad normativa por no establecerse en la disposición acusada los efectos jurídicos frente a estos herederos que no fueron tenidos en cuenta “de buena fe” en la partición. Sin embargo, el Observatorio estima que en ese caso no se estarían violando los derechos de los nuevos herederos ya que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el interés de una persona en la herencia es una “mera expectativa” por lo que no se puede alegar un desconocimiento de derechos que no se vuelven ciertos hasta el fallecimiento del causante y menos cuando no se verifica la mala fe del mismo. Con respecto de los bienes que se hayan podido adquirir luego de la partición, deben considerarse los descuentos de los bienes ya entregados a los herederos para no reconocerles más derechos de los de los nuevos herederos o interesados. Tampoco se constata violación alguna del artículo 158 Superior ya que la disposición demandada supone la creación de un procedimiento pero no puede entenderse como una nueva forma de adquirir el dominio a través de la “sucesión en vida”. Dado que en la partición en vida interviene el juez, se hacía necesario establecer una regulación procedimental y por consiguiente existe unidad temática desde el punto de vista de la unidad de materia.
3.1. ¿Se desconoce el principio de unidad de materia (Art. 158) por haberse introducido la figura de la partición del patrimonio en vida, de naturaleza sustancial, en una ley procedimental como el Código General del Proceso
3.2. ¿Desconoce la figura de la partición del patrimonio en vida los derechos a la igualdad (art 13, 42) de los hijos que al momento de la partición no han consolidado su relación paterno filial y de los terceros interesados futuros al no prever la participación de dichos sujetos en pie de igualdad con las demás personas en un proceso que puede afectar su patrimonio
4.2.1. La unidad de materia regulada en el artículo 158 Superior, constituye una limitación constitucional a la cláusula general de competencia legislativa del Congreso de la República[1]. Esta supone que, en el proceso de formación de las leyes, el Legislador deberá tener en cuenta los siguientes mandatos: (i) “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”; (ii) si una iniciativa no se aviene con el mandato anterior, el presidente de la respectiva comisión la rechazará, siendo esta decisión apelable ante la misma comisión; y (iii) cuando se reforme de manera parcial una ley, se debe publicar en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. El primero de estos mandatos se reitera y complementa en el artículo 169 de la Constitución, que dispone: “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido”[2].
4.2.2. En este orden de ideas, la unidad de materia se orienta a garantizar, de un lado, la coherencia es decir, el sentido temático y orden de la materia regulada por el Legislador y, de otra parte, la transparencia del proceso legislativo para impedir que en el mismo se incluyan de manera sorpresiva y subrepticia asuntos que no han sido discutidos y que no guardan relación con el tema tratado[3].
De este modo, la unidad de materia se constituye en una especie de control para asegurar una deliberación cualificada desde el inicio de los debates en el Congreso, así “la relación de las diferentes disposiciones con un núcleo temático identificable permite que los miembros del Congreso puedan anticipar el alcance y los efectos derivados del proyecto. Además de ello y en relación el deber de respetar el artículo 158 de la carta Política, promueve un control efectivo de la actividad legislativa por parte de los ciudadanos”[4].
4.2.3. La jurisprudencia ha admitido, sin embargo que, en el marco de los procesos legislativos, caracterizados por el debate, las propuestas, las modificaciones y los ajustes a los textos normativos, la unidad de materia no puede instituirse en una restricción absoluta hasta el punto de convertirla en un obstáculo a dicho proceso[5]. Así las cosas, al interpretar el artículo 158 de la Constitución, este tribunal ha puesto de presente que la expresión“materia” debe entenderse desde una perspectiva amplia y global, de tal suerte que “permita comprender diversos temas cuyo límite es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley”[6]. Así, pues, una misma ley puede tener varios contenidos temáticos, “siempre y cuando los mismos se relacionen entre sí y éstos a su vez con la materia de la ley[7]”[8].
4.2.4. Con el fin de establecer si determinada ley o disposición desconoce el principio de unidad de materia, la Corte ha considerado que debe existir una relación e conexidad entre la parte y el todo, o bien, “un vínculo objetivo entre cada parte y el tema general o materia dominante de la ley”[9]. La relación de conexidad puede manifestarse de diversas formas, como la causal, la temática, la sistemática o la teleológica[10].
(iv) La conexidad teleológica tiene que ver con la identidad en los fines u objetivos que persigue la ley tanto en su conjunto general como en cada una de sus disposiciones en particular, es decir, “la ley como unidad y cada una de sus disposiciones en particular deben dirigirse a alcanzar un mismo designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la posible complejidad temática de la ley”.[11]
5.2.4. La donación entre vivos por su parte[12], es otra de las formas tradicionales de transferir de manera gratuita el dominio y se encuentra regulada en el Título XIII del Libro Tercero del Código Civil. Se define como un contrato unilateral a título gratuito en el que se protegen tanto el derecho de libre disposición de los bienes del donante como los derechos de la familia y de los terceros que podrían verse eventualmente despojados de lo que les espera. En todos los casos, la donación supone que el donatario se enriquezca y el donante vea disminuido su patrimonio, de lo cual se deprende que la cosa donada debe ser de propiedad del donante. Atendiendo a estas particularidades, la donación exige ciertas solemnidades como la insinuación, la capacidad para donar y recibir y la posibilidad de hacer reservas. Así, la insinuación es un requisito fundamental para las donaciones que superan los 50 salarios mínimos legales vigentes, las cuales deben ser autorizadas por el notario, requieren de la capacidad y consentimiento del donante y el donatario y no pueden contravenir ninguna disposición legal.
No puede hacerse una donación entre vivos a persona que no existe en el momento de la donación, pero en este caso se aplican las mismas excepciones contenidas en el artículo 1019 del Código Civil respecto de las personas que se espera existan en los 10 años siguientes a la apertura del proceso de sucesión así como de quien preste un servicio importante aunque en el momento de la donación no exista. Sin embargo, la aplicación de estas excepciones es diferente que en los casos de sucesión por causa de muerte, dado que la donación es revocable antes de la aceptación del donatario. Finalmente, cabe señalar que, al ser la donación un contrato, se le aplican las mismas reglas de rescisión y nulidad de este tipo de actos jurídicos[13].
Dicha figura fue incorporada en el informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley (196/11 Cámara – 159/11 Senado) en la Cámara de Representantes, considerando la importancia de la misma para evitar negocios jurídicos simulados o procedimientos complejos, como las fiducias o la creación de sociedades, que realizaban ciertas personas con el fin de ocultar el verdadero interés de partir en vida su patrimonio y de este modo evitar procesos de sucesión innecesarios[14]. En la ponencia para tercer debate del proyecto de ley igualmente se exaltó la inclusión de la partición del patrimonio en vida que garantiza los derechos de los herederos y de los terceros a diferencia de otras figuras empleadas usualmente para adjudicar bienes en vida[15].
La partición del patrimonio en vida responde de esta manera a la necesidad de regular una situación que se venía presentando de tiempo atrás y que eventualmente podría perjudicar intereses de terceros, consagrándose además como una excepción ulterior del artículo 1520 del Código Civil que prohíbe la sucesión por causa de muerte de una persona viva[16], en los casos en los que se procede a la partición de todo el patrimonio de cierto individuo[17].
(8) La partición debe ser inscrita en las oficinas de registro para que se verifique la tradición[18].
Asimismo deberán aplicarse a las particiones las mismas cargas fiscales de las sucesiones que corresponden a los asignatarios[19].
Cabe detenerse especialmente en el tema de la acción rescisoria frente a la cual también se alega el desconocimiento del derecho a la igualdad comparando dicha acción con otras como la rescisión corriente, la lesión enorme[20], la invocación del acervo imaginario y la petición de herencia. La Corte encuentra que la lesión enorme y la rescisión del artículo 1750 del Código Civil[21] no son comparables con la acción rescisoria de la partición del patrimonio en vida, puesto que se emplean en supuestos diferentes. No obstante, otras acciones de los procesos sucesorios plantean hipótesis semejantes a las de la partición.
Por otra parte, la acción de rescisión del artículo 1482 para la restitución de lo excesivamente donado que describe el artículo 1245 del Código Civil se relaciona con la figura de los acervos imaginarios. El acervo imaginario se encuentra regulado en los artículos 1243 y 1244 del Código Civil y se refiere a la acumulación imaginaria del acervo líquido de las donaciones revocables o irrevocables que se realizan en razón de legítimas o mejoras, de acuerdo con el valor de las cosas donadas al tiempo de su entrega y de las deducciones que se hagan a la porción conyugal en los términos del artículo 1234 del mismo Código. En otras palabras, se trata de reconstruir el patrimonio del causante en el momento de la muerte tal y como habría sido si no hubieran realizado donaciones. El primer acervo imaginario es el de las donaciones revocables e irrevocables realizadas en razón de legítimas o mejoras y las deducciones a la porción conyugal, por consiguiente los beneficiarios son los respectivos titulares y no se cuentan ni terceros ni acreedores[22]. El segundo acervo imaginario se relaciona con las donaciones hechas a extraños –es decir a quienes no tengan la calidad de asignatarios forzosos-, cuando excede la cuarta de libre disposición si en el momento de la donación el donante contaba con legitimarios en cualquier orden. En estos supuestos opera la restitución de lo excesivamente donado. En el primer acervo imaginario la restitución corresponde a los herederos forzosos y en el segundo acervo imaginario se dará entre no legitimarios y quienes tengan esa calidad. Dado que los artículos mencionados no señalan expresamente le término de prescripción en el caso de las acciones rescisorias para la restitución de lo excesivamente donado, se deben tener en cuenta las normas generales de los artículos 1750 y 1751 del Código Civil que corresponden a cuatro años desde la muerte del donante.
La petición de herencia regulada en el artículo 1321 del Código Civil, establece que todo aquel que probare su derecho a una herencia podrá interponer esta acción para que esta se le adjudique y para que quienes la ocupen, restituyan las cosas hereditarias tanto corporales como incorporales, incluso aquellas respecto de las cuales el difunto era mero tenedor y que no hubieren devuelto legítimamente a sus dueños. Es evidente que para poder interponer esta acción, se requiere que la persona demuestre su calidad de heredero para oponerse a otra persona que haya ocupado dicha herencia de modo que pueda interrumpirse la prescripción adquisitiva de dominio a su favor. La acción de petición de herencia puede interponerse conjuntamente con la acción de estado civil, de modo que el hijo extramatrimonial en proceso de filiación puede solicitar la petición de herencia en el proceso de sucesión frente a los demás herederos para que estos le restituyan su parte de la herencia, así, de prosperar el proceso de filiación, deberá accederse a la petición de herencia. Tal y como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, “si bien es cierto que, como ha reconocido esta Corporación, es dable acumular a la demanda de filiación la acción de petición de herencia, no por ello la interposición de ésta se hace indispensable para deducir los efectos patrimoniales derivados de la condición de hijo extramatrimonial”[23]. La acción de petición de herencia prescribe en el término de diez años.
Teniendo en cuenta las características de la acción rescisoria y de las otras acciones existentes en los procesos de sucesión por causa de muerte, la Corte estima que esta acción garantiza los derechos de los hijos que no hayan consolidado un vínculo paterno filial o que no demuestren un interés legítimo en el momento de la partición. Tal y como sucede en la partición del patrimonio en vida, en el proceso de sucesión el Legislador previó distintas acciones tenientes a proteger los derechos herenciales de quienes demostraran su calidad de herederos. Estas acciones no constituyen una carga, sino que son una garantía de los derechos de personas que han sido excluidas de la partición o de la sucesión. Es claro, que quienes no demuestran su calidad de herederos o su interés legítimo en el proceso de sucesión o de partición no pueden pretender recibir el mismo trato de quienes ostentan dicha calidad. Tal y como lo ha puesto de presente en el pasado la jurisprudencia “la igualdad sucesoral se predica de los estados civiles definitivos, pero no de aquellos derechos que son meramente eventuales por estar condicionados a la certidumbre previa del estado civil”[24].
Declara exequible (Parágrafo. ) Artículo 487 LEY_1564_2012_12/07/2012
A LA SENTENCIA C-683/14
Referencia Expediente: D-10113
Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 487 de la ley 1564 de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corporación, salvo parcialmente mi voto a la sentencia C-683 de 2014.
Comienzo por señalar que estoy de acuerdo en cuanto a que el artículo 487 de la ley 1564, al regular la partición del patrimonio en vida, en un código de carácter procedimental, no violó el principio de unidad de materia. Sin embargo, debo aclarar que la sentencia presenta afirmaciones que no comparto acerca del vicio mencionado. Especialmente, afirma que se trata o de un vicio formal, o de un vicio formal y sustancial. En mi concepto, la jurisprudencia de la Corte es pacífica en considerarlo un vicio sustancial en el procedimiento de formación del acto[25], razón por la cual no le es aplicable término de caducidad alguno. En consecuencia, estimo que concebirlo como un yerro formal implica desconocer el carácter pacífico y constante de la jurisprudencia, mientras que plantear que puede ser una cosa y la otra es contradictorio y genera inseguridad jurídica, acerca de un aspecto tan importante para los ciudadanos como la existencia o no de un término de caducidad de la acción.
De igual manera, estimo que el cargo por presunta violación a los de derecho de propiedad, debido proceso y acceso a la justicia era insuficiente para proferir una sentencia de fondo (o de mérito).
Sin embargo, en relación con el cargo por presunta violación al derecho a la igualdad, que dio lugar a una decisión de exequibilidad de la disposición demandada, estimo que la Corte debió orientarse hacia una providencia inhibitoria, dado que este no reunía las condiciones argumentativas mínimas que exige la jurisprudencia constitucional y el Decreto 2067 de 1991.
En el segundo cargo, la demanda proponía que el artículo 487 del Código General del Proceso podría desconocer los artículos 13 y 42 de la Carta Política, pues podría atentar contra los intereses de los hijos o herederos futuros, y porque privaba a aquellos que tienen un interés actual en la partición (las personas que se encuentren adelantando procesos para definir temas de filiación o adopción) de un medio idóneo para controvertir la partición del patrimonio en vida.
Como se puede observar, la demanda se fundaba en una interpretación basada en escenarios hipotéticos sobre la afectación a hijos y herederos “futuros”. Además, frente a los terceros e hijos con intereses actuales —es decir, aquellos que se encuentran adelantando procesos de discusión de la filiación o de adopción—, la demanda planteaba que carecen de un medio idóneo para controvertir la partición del patrimonio en vida, en abierto desconocimiento del contenido normativo de la disposición, que precisamente establece la posibilidad de solicitar la rescisión de ese acto jurídico, como se puede concluir a partir del tenor literal de su parágrafo.
En ese marco, el cuestionamiento por violación a los principios de igualdad y protección a la familia, carecía decerteza, por la absoluta incomprensión del texto demandado; pertinencia, por referirse a hechos hipotéticos y no al contenido normativo de la disposición demandada; y suficiencia, pues tales falencias impedían extraer del escrito de demanda un problema jurídico serio, susceptible de generar una duda inicial sobre la presunción de constitucionalidad de la ley.
[1] C-309 de 2002.
[2] C-830 de 2013.
[3] C-523 de 1995, C-657 de 2000, C-501 de 2001, C-886 de 2002, C-570 de 2003, C-230 de 2008, C-714 de 2008, C-802 de 2009, C-077 de 2012, C-133 de 2012, C-830 de 2013, entre muchas otras.
[4] C-896 de 2012.
[5] C-796 de 2004, C-188 y C-832 de 2006, C-400 de 2010 y C-277 de 2011.
[6] C-523 de 1995.
[7] C-830 de 2013.
[8] C-830 de 2013, C-188 de 2006 y C-432 de 2010.
[9] C-812 de 2009.
[10] C-025 de 1993, C-523 de 1995, C-1185 de 2000, C-714 de 2001, C-104 de 2004, C-188 de 2006, C-230 de 2008, C-486 de 2009, C-400 de 2010, C-077 y C-133 de 2012.
[11] C-830 de 2013.
[12] La Corte se concentrará únicamente en las donaciones entre vivos remuneratoria sin considerar las donaciones por causa de matrimonio.
[13] Vélez, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil colombiano. Tomo V. Editorial Paris-América. Paris, Francia.
[14] Gaceta del Congreso n. 754 de 2011.
[15] Gaceta del Congreso n. 114 de 2012.
[16] No es la primera vez que se establece una excepción a la prohibición del pacto entre vivos. Tal y como lo señala Álvarez Gómez, otras excepciones son la donación por causa de matrimonio (art. 1463, 1842, 1844 CC), la donación a través de fideicomiso civil (art. 1470, 1471 CC), la donación partición (art. 1375 CC). La novedad de la partición del patrimonio en vida es que no se requiere proceso de sucesión. Ver: Álvarez Gómez, Marco Antonio. Ensayos sobre el Código General del Proceso. Editorial Temis. Bogotá, 2013.
[17] La partición del patrimonio entre vivos es diferente a la partición por el testador consagrada en el Título X del Libro Tercero en los artículos 1374 y siguientes del Código Civil, cuyo objeto es permitir la división de los coasignatarios de una cosa universal o singular. En este orden de ideas, el artículo 1375 del Código autoriza las particiones realizadas por el difunto por acto entre vivos o por testamento, para evitar controversias judiciales, lo cual se considera excepcional al permitir pactos sobre sucesión futura que en principio se encuentran prohibidos por el artículo 1520 del Código Civil. El fundamento de esta figura de acuerdo con Fernando Vélez es evitar gastos y problemas de la partición judicial cuando hay herederos incapaces; dar a cada heredero lo que más le convenga; permitir que el testador viejo o enfermo pueda liberarse de la administración de los bienes entregándoselos a quien pueda sacarle más provecho (acordando para ello, si así lo decide una renta vitalicia en los términos del art. 2287 del CC). En estos casos, las formalidades son las mismas de las donaciones entre vivos y el testamento y solo pueden tener como objeto bienes presentes. Además deben respetarse las asignaciones forzosas y se requiere autorización del juez cuando se trata de partición extrajudicial. Se aplican las reglas generales de nulidad o rescisión.
[18] Álvarez Gómez, Marco Antonio “Variaciones de derecho sustancial en el Código General del Proceso”. En: XXXIII CONGRESO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL. Universidad Libre Bogotá D.C. - Colombia
[19] Ver Ley 1607 de 2012. Artículo 302. Origen. Se consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este impuesto, las provenientes de herencias, legados, donaciones, o cualquier otro acto jurídico celebrado inter vivos a título gratuito, y lo percibido como porción conyugal.
[20] La lesión enorme es una acción que rescinde el contrato de compraventa e bienes inmuebles cuando el vendedor recibe un precio que es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende o cuando el justo precio de la cosa que adquiere el comprador, es inferior a la mitad del precio que paga por ella. La acción rescisoria por lesión enorme expira, de acuerdo con el artículo 1954 en el término de cuatro años, contados desde la fecha del contrato.
[21] La nulidad relativa se presenta cuando se verifica cualquier otro vicio diferente al que produce la nulidad absoluta, lo cual da derecho a la rescisión del acto o contrato, para lo cual las partes contarán con un plazo de cuatro años, en los términos del artículo 1750 del Código Civil.
[22] Así, en estos casos, los bienes donados se imputan primero a la legítima rigorosa, segundo a la cuarta de mejoras y por último a la parte de libre disposición de acuerdo con los artículos 1251, 1252 y 1256 del Código Civil.
[23] Sent. Cas. Civ. de 5 de diciembre de 2008, Exp. No. 50001-3110-002-1999-02197-01.
[24] C-122 de 1991 citada en la sentencia C-336 de 1999.
[25] Ver entre muchas otras, las recientes decisiones C-581 de 2013, C-830 de 2013 y C-386 de 2014.