Source: https://seniales.blogspot.com/2013/10/balances-cuatro-anos-de-la-ley-de.html
Timestamp: 2016-12-08 14:08:30
Document Index: 355662824

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 161', 'artículo 161', 'in fine', 'in fine']

Señales: Balances a cuatro años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Balances a cuatro años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
A cuatro años de su sanción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual espera que la Corte emita su veredicto
En el máximo tribunal trabajan en el fallo final de un expediente de alto impacto político y que se prevé para luego de las elecciones. Cómo fallarán los ministros, la incógnita a develar
La judicialización de la Ley fue casi inmediata y se produjo a partir de una demanda que presentó el Grupo Clarín contra el Estado cuestionando la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a la cantidad de licencias y al plazo de adecuación. El 7 de diciembre de ese año, el juez civil y comercial Edmundo Carbone dictó una medida cautelar que le permitió a Clarín postergar una eventual desinversión. La disputa se trasladó así a la Cámara Civil y Comercial, escenario en el que el multimedios y el Gobierno se sacaron chispas durante más de dos años. Fue la Sala I de la Cámara la que en 2011 mantuvo la cautelar pero fijó un plazo de desinversión de tres años, confirmado en mayo de 2012 por la Corte, que estableció el 7 de diciembre de ese año como fecha límite para adecuarse a la Ley. Así, dio pie al 7D que instaló el kirchnerismo y que, luego de recusaciones masivas a los camaristas y de una batalla en el Consejo de la Magistratura por el concurso que debía designar un juez para la causa, se frustró un día antes, cuando la Cámara Civil y Comercial resolvió extender la medida cautelar hasta que se dictara una sentencia definitiva.
Un compendio de promesas incumplidas que no cambió el negocio de los medios
Por: Andres Sanguinetti, Subeditor de Negocios anguinetti@cronista.com
A cuatro años de su nacimiento, la madre de todas las batallas sigue huérfana. Ya perdió a su padre, si bien tiene el inconfundible ADN kirchnerista. Y su madre sólo ha logrado mantener sus signos vitales con un respirador artificial. Es que la Ley de Medios carece hoy de síntomas que permitan revivirla, aun cuando sólo son cuatro los artículos que la Corte Suprema debe analizar de esta norma sancionada el 10 de octubre de 2009 bajo promesa de democratizar y pluralizar el mercado de la radiodifusión.
Y mientras el Grupo Clarín ha logrado bloquear su avanzada gracias a las presentaciones judiciales contra los artículos 41, 45, 48 y 161, referidos a desinversión y reducción de licencias, el resto de las empresas también mantiene el mismo statu quo.
Incluso, hay incumplimientos varios por parte del AFSCA, organismo creado con el propósito contrario de velar por su cumplimiento. Los planes de adecuación aprobados fueron pocos y ninguno se llevó a cabo; no se realizaron los prometidos concursos para otorgar licencias a pueblos originarios u ONGs; y se violaron varios de artículos cediendo frecuencias de manera directa, y permitiendo cambios accionarios a grupos que exceden los límites.
Basta con hacer una simple recorrida por canales, cables y radios para descubrir que no hubo ingreso de nuevos inversores, los medios comunitarios brillan por su ausencia y las asociaciones sin fines de lucro siguen sin tener voz. Ni qué decir de las nuevas tecnologías como la digitalización, tan prometida pero tan ausentes. Hoy, la Ley de Medios es un compendio de irregularidades que desvirtuaron su esencia creando una gran incertidumbre de cara a las inversiones que deberían poder realizarse en un marco de seguridad jurídica. Y este escenario excede a la pelea con Clarín, porque ha sido el mismo Gobierno el que vació de alma y vida una norma que prometía cambiar el mundo.
TelAm: La ley de medios cumple cuatro años mientras se espera su plena aplicación
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple este jueves cuatro años desde su sanción en el Congreso, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que defina la constitucionalidad de una norma debatida por la sociedad en foros federales e impulsada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
Se trata de un camino procesal que siguieron idénticamente los jueces federales de Salta, Miguel Antonio Medina, el 17 de diciembre, y de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, cuatro días después, que sostiene aún la Cámara Civil y Comercial y que sigue vigente pese a los planteos contrarios de la Corte, en una situación que la jefa de Estado catalogó como "Justicia Cautelar".
En ese contexto siguen abiertas varias polémicas que se volvieron tema tabú para la AFSCA: las incompatibilidades de Telefónica de España para controlar simultáneamente en la Argentina un canal de TV (Telefe) y una empresa de servicios públicos (Telefónica); el reparto de licencias entre amigos y familiares de José Luis Manzano y Daniel Vila, dueños del Grupo Uno Medios, o el exceso de emisoras de radio que puede tener un sólo licenciatario, como el caso de la familia Moneta, entre otros. En cambio, se aprobó en un trámite exprés la transferencia de las radios de Daniel Hadad a Cristóbal López, lo que exigió una interpretación extremadamente amplia de la ley que para otros se aplica de manera radical.
Cuatro años de la ley audiovisual: un balance Por: Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes – Conicet. En Twitter, @aracalacana)
Los detractores del gobierno por su escasa competencia e ineptitud técnica en otras áreas denuncian el texto aprobado por el Congreso (en muchos casos sin haberlo leído) por su presunto “academicismo”, es decir, porque habría existido un sesgo “académico” en su redacción (hemos desmentido este clásico prejuicio anti-intelectual en un artículo que con Guillermo Mastrini escribimos acá.
A pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por la ley audiovisual. La demostración más clara es la ausencia de plan técnico de frecuencias. No se sabe, a días de cumplirse cuatro años de la aprobación de la ley audiovisual, cuántas licencias hay disponibles ni cuáles están ocupadas por licenciatarios en cada una de las localidades del territorio argentino. Sin plan técnico no pueden abrirse concursos para otorgar nuevas licencias ni, obviamente, reservar el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro. Sin plan técnico no sólo se debilita el conocimiento y la gestión de licencias audiovisuales, sino también la asignación de espectro para telecomunicaciones, sector que puja con insistencia por la falta de frecuencias para expandir las redes móviles, alegando que el pésimo servicio que brindan los operadores no puede mejorar sin nuevas frecuencias.
Ya pasaron cuatro años desde la promulgación de la Ley se Servicios de Comunicación Audiovisual. Y habían pasado 26 años para lograr una Ley de la Democracia. Demasiado tiempo
Fue el 27 de agosto de 2004 que cientos de organizaciones presentamos los "21 puntos de la Iniciativa Ciudadana por una Radiodifusión Democrática". Después de cinco años de debates a lo largo y ancho del país, la presidenta Cristina Fernandez asumió la demanda y envió el proyecto de ley al Congreso. En Diputados, previo cinco días de audiencias públicas, el proyecto con más de doscientas modificaciones fue aprobado por 147 votos a 3. En el Senado la votación fue de 44 a 24, con más de 50 mil personas frente al Congreso apoyando este avance para la democracia. La Ley que hoy cumple cuatro años de su publicación en el Boletín Oficial es producto de la construcción social y de la decisión política de la presidenta. Es el resultado del consenso de cientos de organizaciones sindicales, universidades, asociaciones de medios comunitarios, organismos de Derechos Humanos, cooperativas, movimientos sociales. Es el triunfo de la política sobre las corporaciones.
Resulta escandaloso que después de cuatro años el Poder Judicial siga dando vueltas en un trámite absurdo. Demasiado tiempo para democratizar la comunicación y demasiado tiempo para democratizar la justicia.
Con la mal llamada "Ley de Medios", en realidad Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no se discute solamente la regulación de la Radio y la Televisión. Se discute y pone en juego el sistema democrático.
Un balance de los legisladores que votaron la norma que regula los servicios de comunicación audiovisual
Cumple cuatro años la ley que desafió el monopolio de la palabra
Tras 20 horas de debate, el 10 de octubre de 2009 el Senado sancionaba la iniciativa tal vez más debatida de la democracia. Los parlamentarios que protagonizaron aquella jornada trazan una evaluación sobre lo obtenido y lo pendiente
El 10 de octubre de 2009 a las seis de la mañana, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual concluía su trámite parlamentario tras 20 horas de debate en el recinto de la Cámara Alta. El proceso duro meses, incluyó una veintena de audiencias, cientos de horas de debate y concluyó con la votación en el Congreso: en Diputados obtuvo 147 votos a favor, cuatro en contra, una abstención y 104 ausencias, y en el Senado, 44 votos a favor y 24 en contra. Cuatro años después, el conjunto de los legisladores reclama celeridad a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) para que la norma pueda ser aplicada en plenitud, ya que una medida cautelar logró impedir que el grupo Clarín cumpla el proceso de adecuación que lo obligaría a desprenderse de algunas señales (ver pag 15).
Aquella madrugada el Frente para la Victoria (FPV) consiguió, más allá de los votos de la totalidad de su bloque, el apoyo del socialista Rubén Giustiniani, del tucumano de Fuerza Republicana Carlos Salazar, de los fueguinos María Rosa Díaz y José Martínez; y de la radical correntina María Dora Sánchez. La cláusula sobre la desinversión fue la que menos adhesiones obtuvo, aunque los 38 votos a favor fueron contundentes.
Uno de los hombres fundamentales para que la norma transite con éxito el camino parlamentario fue el titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto. A cuatro años de la madrugada en que se aprobó la ley, el senador rionegrino destacó ante Tiempo Argentino los avances alcanzados en las ciudades de interior pese "al cuestionamiento del corazón de la ley". "Ha avanzado mucho la multiplicidad de medios radiales en el interior del país. Muchos otros se están regularizando. Uno nota eso en cada una de las ciudades y pueblos del interior en los que se observa una multiplicidad de voces que han cumplido el objetivo de la ley" fue el balance de Pichetto. Sin embargo, el jefe del bloque oficialista advirtió que "lo central, lo que hace a la desmonopolización de los medios todavía está pendiente. Falta el fallo de la Corte sobre el corazón de la ley." Rubén Giustiniani, quien acompañó la ley en general pero votó en contra del artículo 161 (de desinversión), no fue crítico respecto de la judicialización de la norma: "Nosotros pedíamos cuatro años justamente de tiempo de desinversión cuando no acompañamos el artículo 161, como así también propusimos en el tratamiento en particular una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales". Claudio Lozano, uno de los diputados de la oposición que acompañó la norma, definió como "ilegítima" la demora y cuestionó la actitud del Poder Judicial que favorece los intereses del Grupo Clarín. "Obviamente el Poder judicial demora demasiado. Es una demora ilegítima que tiene que ver con la influencia que tiene el Grupo Clarín. Sin embargo, si el gobierno hubiera puesto en marcha la aplicación de la ley hubiera conseguido una apoyatura distinta que obligaría a la justicia a no demorar más", detalló Lozano. Para Daniel Filmus, senador del FPV, no es cierto que no se haya avanzado en otros aspectos de la ley. "Se han otorgado 365 licencias AM/FM y otras 295 a organizaciones sin fines de lucro, 11 mil escuelas rurales ya tienen acceso a la Televisión Digital Terrestre, ya se financiaron más de 2000 contenidos, esto sólo por nombrar algunas cosas."
"Toda aplicación de una ley programa como esta no se puede llevar a cabo de un día para el otro, lleva su tiempo. Pero nadie puede negar que estos cuatro años se ha avanzado en la desmonopolización de la palabra y en darle voces a los que no tenían voz a lo largo y a lo ancho de todo el país."
En cuanto al aporte de la norma a la democratización de la comunicación, Giustiniani reivindicó el aspecto que busca evitar las posiciones dominantes: "La no concentración de medios le hace bien al país." En un sentido similar se expresó Lozano quien afirmó que “la sanción de la ley fue un avance real respecto de la legislación dictatorial vigente hasta ese entonces. La ley permite, más allá de falencias que se pueden corregir, la democratización de los medios.”
Lozano, sin embargo, hizo un balance negativo de lo sucedido en estos últimos cuatro años con la ley. “El balance es negativo porque en el marco de la trifulca con el Grupo Clarín, con tan sólo tres artículos cuestionados, la ley no se está aplicando. En lugar de avanzar en la aplicación, el gobierno puso en marcha un multimedio propio.”
Desde otra perspectiva, la diputada mandato cumplido Cecilia Merchán, quien fue una votante a favor de la iniciativa destacó que "una cuestión fundamental de la Ley de Medios tiene que ver con que cada vez más ciudadanos y ciudadanas saben que la verdad no está dicha en los medios. Los medios tienen una visión y eso es parte fuerte de la batalla cultural que estamos dando. La Ley de Medios, tanto en su construcción y posterior debate, generó un gran avance en esa batalla cultural. Antes casi no se hablaba de los monopolios, ni se cuestionaba a sus dueños, y la creencia en los medios era total". Producción: Gustavo Montiel
Graciana Peñafort, la abogada del Estado que expuso ante la Corte por la plena vigencia de la norma, denunció “un discurso deslegitimador de la ley” y afirmó que el Tribunal " tiene una enorme responsabilidad institucional de cara a la historia y la democracia"
¿Cómo no vamos a celebrar los cuatro años de la ley?
Las radios comunitarias y populares, los medios que hacemos comunicación porque la entendemos como derecho y no como una mercancía, somos, desde el 10 de octubre de 2009, actores reconocidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por nuestra ley. No somos nuevos. Siempre hicimos comunicación desde nuestras comunidades. Siempre fuimos legítimos en nuestros territorios. Ahora, además, tenemos un marco normativo que nos permite construir en diálogo con los organismos del estado y con otros actores sociales que participan del sistema de medios y ampliar nuestra capacidad de transformación política, social y cultural. Pero este es un camino que tenemos que ir transitando. Las leyes comienzan cuando se sancionan y luego viene el largo recorrido de su aplicación plena.
El error de haberse centrado en la pelea con Clarín
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 debe haber sido una de las más discutidas desde el regreso de la Democracia. A cuatro años de su sanción por el Congreso Nacional seguimos a la espera de su plena aplicación. La causa más visible son las impugnaciones judiciales que aguardan una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Pero también hubo inacción por parte del Estado. Poner todo el esfuerzo en la pelea con Clarín hizo pasar a segundo plano otros aspectos de la ley que podrían haber avanzado, fundamentalmente en lo que hace al 33% de los medios sin fines de lucro, porcentaje difícil de establecer si primero no hay un plan técnico que determine la cantidad de frecuencias disponibles. Esta semana se otorgaron 80 licencias concursadas de FM en distintas provincias (me tocó ser jurado de esos concursos) y autorizaciones que no necesitan concursos, un avance que saludo. También saludo que se haya dado un reconocimiento a 20 canales de baja potencia, pero la discrecionalidad con que se los otorgó conspira contra la legitimidad de la ley y da pasto a sus detractores, a la vez que deja fuera a otros canales comunitarios y alternativos, que, al no tener reconocimiento, no pueden acceder al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que por suerte se ha activado en los últimos meses.
En términos institucionales se avanzó en la conformación del Consejo Federal y la Defensoría del Público, pero es inexistente el funcionamiento de la Comisión Bicameral que sólo se reunió para elegir sus representantes en el AFSCA, uno de los cuales, el del FAP, no fue designado, sin que se explicaran los motivos. A cuatro años se pudo ver un crecimiento de los medios afines al gobierno, que aportan una mirada diferente a la de los medios tradicionales pero que muchas veces actúan como "espejo". Siguen faltando otras voces, otros sectores sociales, pero no todo hay que adjudicárselo a la ley. Por ejemplo, el financiamiento es fundamental y tiene que llevarnos a legislar sobre las pautas publicitarias oficiales, tanto las nacionales como las provinciales y municipales, entre otros temas pendientes.
Corriente Nacional Popular Latinoamericana
Ayer se cumplieron cuatro años de nuestra querida y ansiada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gestada por más de 300 organizaciones y legitimada por el pueblo argentino. Como ya sabemos, estamos a la espera del fallo de la Corte sobre la causa del Grupo Clarín -ultra beneficiado por las décadas neoliberales-, que no permite que se apliquen los artículos 45 y 161 (sobre la limitación de la cantidad de licencias y la adecuación en un plazo no mayor a un año). Desde la sanción de la norma se otorgaron 1018 licencias para radio, televisión abierta y televisión paga y 210 autorizaciones a radios comunitarias. También se produjeron 6 mil horas de contenidos distribuidas en más de 40 canales nacionales y provinciales, generando nuevos puestos de trabajo en el sector. Asimismo, la Televisión Digital Abierta incorporó 31 señales gratuitas. No obstante, seguimos insistiendo en la lucha colectiva y no individual. Continuamos peleando por una comunicación popular y al servicio del pueblo. En la aplicación plena de la ley y en la sustentabilidad y accesibilidad para los medios comunitarios y las organizaciones públicas no estatales, además de seguir insistiendo y avalando la participación activa del Estado en el 33% que le corresponde. Vamos por más, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual arrancó el 10 de octubre de 2009, pero su consolidación requiere años de esfuerzo, trabajo y continua militancia, que no empieza ni termina con el Grupo Clarín, sino con la batalla cultural contra los grupos económicos concentrados y la monopolización de la comunicación en beneficio de estos. También vamos por más en la comunicación, por un Ministerio de Comunicación, por una ley de medios gráficos y de Internet, por una comunicación integral y al servicio del pueblo.
Mesa NacionalFARCo - Foro Argentino de Radios Comunitarias