Source: https://www.scribd.com/document/38176012/Acceso-de-Las-Mujeres-Indigenas-a-La-Justicia
Timestamp: 2017-03-29 09:21:39
Document Index: 412924193

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'Artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo\n165', 'Artículo 19', 'artículo 165', 'artículo 165']

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Informe Final INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH) Programa de Pueblos Indígenas y DDHH del IIDH
EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE NICARAGUA
OBJETIVO METODOLOGIA INTRODUCCIÓN I. La legislación constitucional II. La legislación internacional de los derechos humanos III. El derecho consuetudinario III.1. El contenido y la estructura del derecho consuetudinario III.2. La legislación nacional y el derecho consuetudinario III.3. La aplicación del derecho consuetudinario III.4. La participación de las mujeres en la estructura comunal tradicional IV. Las autoridades comunales tradicionales y factores de la violencia estructural Primero: La presión económica sobre las mujeres indígenas - El caso de las “Pickineras” Segundo: La partidizacion de las autoridades comunales Tercero: El narcotráfico IV.1. La postergación sobre los casos de violencia contra la mujer IV.2. La percepción del delito en la cosmovisión indígena IV.2.1. El “TALAMANA” IV.2.2. La incompatibilidad del TALAMANA con principios constitucionales y la legislación internacional de los derechos humanos IV.2.3. La penalización del aborto terapéutico V. VI. VII. Las mujeres indígenas privadas de libertad Las buenas practicas y estrategias de las ONG y asociaciones de mujeres Los principales obstáculos encontrados a) entre las ONG que trabajan con mujeres
b) en la oficina del ombudsman y los operadores de justicia c) las barreras que tienen las mujeres indígenas para acceder a la justicia VIII. CONCLUSIONES IX. RECOMENDACIONES X. FUENTES BIBLIOGRAFICAS X. I. Normas en la Constitución Política de Nicaragua sobre pueblos indígenas y la mujer. X. II. Declaraciones, Convenios y Normas Internacionales para la protección de los derechos humanos 1.- Normas internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas 2.- Normas internacionales sobre derechos humanos de la mujer 3.- Leyes relacionadas a los pueblos indígenas de Nicaragua 4.- Leyes relacionadas con la mujer y la familia 5. Leyes relacionadas con la administración de justicia y el régimen penitenciario 6.- Decretos XIII. JURISPRUDENCIA XIV. XV. PUBLICACIONES OTROS DOCUMENTOS
XVI. ENTREVISTAS REALIZADAS
EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS DE NICARAGUA OBJETIVO Obtener y sistematizar información actualizada sobre los obstáculos, nudos, y causas que encuentran las mujeres indígenas para acceder a la justicia indígena (Derecho Indígena, consuetudinario o Derecho Propio) en el contexto nacional, especialmente cuando son víctimas de violencia y discriminación, identificando estrategias novedosas y buenas prácticas que propicien soluciones a dichas dificultades. METODOLOGÍA La metodología utilizada para la presente investigación fue la investigación bibliográfica, así como la realización de entrevistas con mujeres indígenas, grupos focales, autoridades comunales, expertas del tema indígena, miembros de organizaciones indígenas, funcionarios de ONG que trabajan con mujeres, funcionarios de la oficina del ombudsman, operadores y administradores del sistema de justicia. El mayor obstáculo encontrado fue la falta de bibliografía sobre el tema. Ya que se encuentra literatura sobre pueblos indígenas, sobre mujeres, violencia domestica y discriminación, pero muy poca sobre estos temas relacionados específicamente a la mujer indígena. Para la realización de este estudio seleccionamos zonas geográficas de sectores donde se aglutinan poblaciones indígenas y afro descendientes de Nicaragua, los pueblos indígenas Mayagna (Sumu), Rama y Mískitu y las comunidades étnicas Creole o Kriol y Garífuna, de la Costa Atlántica, que comprende las Regiones Autónomas Atlántico Norte (RAAN) y Atlántico SUR (RAAS) y además la Comunidad Indígena de Sutiaba, León, que aglutina organizaciones indígena del Occidente del país y forma parte de coaliciones de organizaciones indígenas del Pacifico, Centro, Norte de Nicaragua. Aunque Sutiaba es actualmente un barrio de la ciudad de León, los indígenas Sutiaba administran sus tierras tradicionales y auto identifican su raigambre indígena; sus organizaciones tienen gran peso, aunque la influencia de la Ciudad y de las grandes mayorías mestizas de Nicaragua son considerables, Sutiaba es un pueblo que se sigue considerando indígena y tiene gran orgullo por su casta. En las Regiones Autómonas de la Costa Atlántica de Nicaragua, los pueblos indígenas mantienen también tradiciones, usos, costumbres y sus tierras, pero además sus lenguas; ya que por encontrarse mas aislados conservan mayores elementos de su cultura. Para la elaboración de este trabajo se planificaron 3 meses. Los primeros 15 días fueron para investigar la bibliografía que incluyen leyes nacionales, internacionales,
estudios realizados sobre el tema y también determinamos a quienes entrevistar (15 al 30 de Septiembre). Entre el 10 y el 26 de octubre se realizo la investigación de campo, en la que se recopiló y procesó la información de las fuentes primarias o directas, actores institucionales que están involucrados directa e indirectamente en los procesos judiciales, administrativos y comunitarios del acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Actores que operan y administran la justicia, así como las propias mujeres indígenas. Se realizaron las entrevistas individuales y con grupos focales en Managua, León, Buefields (comunidad afro descendiente Monkey Point y comunidad indígena Rama Cay) y Bilwi, Puerto Cabezas. En la primera quincena de septiembre se analizo la información obtenida en el trabajo de campo y se redacto y presento el Informe Intermedio. A partir de la segunda quincena de Noviembre se continuó con el análisis de la información obtenida en las entrevistas y de los documentos obtenidos de las personas e instituciones entrevistadas, también se ampliaron puntos requeridos por el IIDH para entregar el 15 de diciembre el Informe Final. INTRODUCCION La protección internacional a los derechos humanos de las mujeres indígenas pasa por la efectiva implementación de las normas constitucionales y legales nacionales, pero además debe permear el sistema consuetudinario de los pueblos indígenas, para verdaderamente asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir libre de violencia y discriminación. Además del ordenamiento jurídico legal existen instituciones y operadores de justicia, tanto dentro del derecho consuetudinario, como del derecho estatal, que tienen la función y el poder de administrar justicia implementando las normas consuetudinarias, nacionales, e internacionales. Lo que para las mujeres indígenas esta inmerso en dos mundos, el propio y el ajeno. Con esta investigación hemos explorado brevemente los alcances y las limitaciones que tiene el acceso a la justicia de las mujeres indígenas e Nicaragua, y aunque se debe reconocer un papel activo por parte del Estado en la adopción de normas internacionales de derechos humanos, en la creación de legislación nacional, de políticas publicas y de normas que establecen instituciones con el fin de garantizar los derechos de las mujeres en general; el activo papel de las ONG que trabajan con mujeres. Pero también encontramos omisiones estatales en el sentido de no haber creado aun la regulación entre el derecho consuetudinario y el derecho estatal; o leyes que directamente discriminan contra los derechos de las mujeres, como la Ley 603 que penaliza el aborto terapéutico; o el efecto perverso que esta causando la implementación de la Ley 285, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras
Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades, impactando desproporcionadamente a las mujeres indígenas. Tropezamos, además, con una cultura jurídica que no acaba de asumir la protección de los derechos humanos de las mujeres como una prioridad, y percibimos indolencia en la sociedad sobre los delitos cometidos en contra de las mujeres, sobre sus problemas y necesidades. Por lo que creemos que aun falta mucho camino que recorrer para que el Estado verdaderamente garantice el acceso a la justicia para las mujeres indígenas.
I. La legislación constitucional La Constitución Política de Nicaragua incorpora los principales convenios internacionales sobre derechos humanos en su articulo 461 señalando los mas importantes de manera expresa y estableciendo en general que “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos” De la misma manera el Arto. 48 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”. La Constitución en su artículo 272 establece la igualdad ante la ley y la protección a la discriminación por razones de raza, sexo, idioma religión, origen, posición económica... Pero la igualdad ante la Ley presupone que las personas están igualmente situadas para que se les aplique la ley de la misma manera. Por lo que pretender aplicar una misma norma a personas que se encuentran en circunstancias disímiles, podría generar la profundización de tal desigualdad. Por lo que para verdaderamente aplicar la protección legal de igualdad ante la ley y evitar la discriminación legal, debemos analizar primero la situación de la persona a la que vamos aplicar la ley. Por ejemplo, las mujeres indígenas y afro descendientes en Nicaragua, por su lengua, cultura, limitaciones económicas y residir en lugares remotos, principalmente, no están igualmente situadas que el resto de los ciudadanos. Por su calidad de mujer y de indígena. Por lo que el derecho internacional y el legislador nicaragüense han creado una normativa especial para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua.
Arto. 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 2 Arto. 27.- Todas las personas son iguales ante la ley y tiene derechos a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma religión, opinión, origen, posición económica o condición social...
Y aunque existe como garantía constitucional la integridad física de todas las personas y por ende de la mujer,3 y expresamente la Constitución consagra la igualdad entre el hombre y la mujer de la manera siguiente: “Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer”4 así como específicamente para las mujeres privadas de libertad.5 Pero aun así, en la practica, las mujeres están en desventaja en comparación con los hombres debido a alcanzar en su vida en general menor desarrollo económico, por dedicarse a las labores domesticas, y por el menor grado de educación que el de los hombres por dedicar su tiempo y esfuerzo primordialmente a la crianza y formación de los hijos. Y en el caso especifico de las mujeres indígenas la mayoría de ellas solamente conocen la lengua materna ya que viven mas aisladas en sus comunidades, dedicadas a las labores del campo y del hogar, transmitiendo la cultura propia a los hijos; y por ende cuentan con menores recursos que los hombres de sus comunidades. Diferencias culturales, de lengua y origen étnico, que deben tomarse en cuenta al crear políticas publicas y al aplicar la ley, para que las mujeres indígenas verdaderamente gocen de las garantías constitucionales de “igualdad ante la ley”, que establece la Constitución Política de Nicaragua.
II. La legislación internacional de los derechos humanos Para la protección de los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes el Estado nicaragüense, ha suscrito la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y aunque ha suscrito, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, específicamente sobre protección de los derechos humanos de las mujeres, el Estado nicaragüense ha ratificado la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). Y como complemento a la garantía de igualdad ante la ley establecida en el Arto. 27 de la Constitución Política de Nicaragua, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. En su Artículo 2.2 establece:
Arto. 36.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. 4 Arto. 73 Cn. 5 Arto. 39.- En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tiene un carácter reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas sean del mismo sexo.
Los Estados Partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en la esfera social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a esos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas en los derechos humanos y de las libertades fundamentales... Por lo que las “medidas especiales y concretas” a la que se refiere el Arto. 2.2 de la CERD es el paso obligado para que la garantía de igualdad ante la ley pueda terminar con la brecha que existe entre la legislación y la práctica, para los pueblos indígenas en general y para la mujer indígena en particular. Con esta legislación internacional especial para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las mujeres, así como con y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua, de manea formal encontramos una amplia protección para la mujer indígena en la legislación nicaragüense. La mujer indígena, particularmente, por inmediación y accesibilidad así como por razones culturales, tiende a agotar los recursos que el derecho consuetudinario le ofrece, por lo menos en primera, aunque la mayor parte de las veces, en única instancia. III.1. El contenido y la estructura del derecho consuetudinario El conjunto de prácticas culturales indígenas que generan usos y costumbres jurídicas tradicionales por medio del cual los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua regulan sus asuntos locales, es lo que denominamos Derecho Consuetudinario. Los usos y las costumbres desde su cosmovisión,6 consideradas obligatorias por sus miembros; constituyen su esencia, se caracteriza por no encontrarse escrito o codificado y ser transmitidos oralmente y preservados por su memoria colectiva. Entre las costumbres o tradiciones de estos pueblos encontramos la inalienabilidad de la propiedad indígena tenida de manera comunitaria o colectiva y el concepto de territorio de sus tierras, basadas en el usufructo tradicional y en el dominio histórico sobre sus recursos naturales; en contraste con el derecho occidental imperante en el resto del país, caracterizado por la propiedad individual y el uso exclusivo de la tierra inmersa en una economía de mercado. Al reconocer la Constitución los usos y costumbres indígena como fuente del derecho nacional estos adquieren el mismo nivel que la ley escrita imperante en el ordenamiento jurídico nicaragüense y aplicable por los jueces y otros funcionarios
Para conocer mas sobre el tema ver: Cosmovisión de los Pueblos de Tulu Walpa, Según relatos de los sabios ancianos miskitos. Cox M. Avelino. URACCAN. Managua, Nicaragua, 1998. Y Sukias y Curanderos. Insigni en la espiritualidad. Cox M. Avelino. URACCAN. Managua, Nicaragua, 2003.
públicos. El derecho consuetudinario es aplicado por las Autoridades Comunales establecidas y elegidas por las asambleas comunales que toman diferentes nombres, composición y figuras en diferentes comunidades, pero que básicamente se refieren a los Whita, jueces comunales, coordinadores, ancianos, juntas o directivas comunales. Las autoridades comunales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas resuelven de manera expedita y sencilla, las diferencias entre los miembros de las comunidades, de manera colectiva y pública; o por medio de la conciliación, la negociación y la mediación. Lo anterior enfatizando resarcir a la victima y recuperando la paz social, antes que castigando al perpetrador. Los castigos impuestos en la comunidad más frecuentemente son: trabajo comunal, limpieza de las áreas públicas de la comunidad, multas y el resarcimiento, por medio de pagos pecuniarios o en especie, a las victimas o a sus familiares por parte del perpetrador. Sin embargo, el derecho consuetudinario de las comunidades indígenas de Nicaragua no ha sido estudiado lo suficiente y aun existe mucho desconocimiento al respecto. Actualmente, los delitos o faltas graves, las autoridades comunales las pasan a las autoridades Policiales o al Ministerio Publico, entidades del sistema judicial nacional. III.2. La legislación nacional y el derecho consuetudinario Dentro del marco de lucha de las naciones civilizadas en contra del racismo y para la protección de los derechos humanos, la su Constitución Política de Nicaragua en la parte de los principios fundamentales del Estado Nicaragüense (Arto.5), instituye el pluralismo jurídico al reconocer el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, y al garantizarles constitucionalmente que puedan “mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales...conforme a sus tradiciones...así como mantener las formas comunales de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas...” De la misma manera el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Arto.18)7 establece: “La Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirán por regulaciones especiales que reflejarán las particularidades culturales propias de las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua”. Las regulaciones especiales a las que se refiere el artículo 18 vincula al poder judicial en una clara referencia al derecho consuetudinario de los mismos. Ya que el sistema consuetudinario de estos pueblos establece la organización interna del liderazgo tradicional comunal, como son los Consejos de Ancianos, las Juntas Directivas Comunales, los Síndicos, los Jueces Comunales, o cualquier otra forma de organización interna, son autoridades comunales que se encargan de preservar el equilibrio social comunal, mediante la preservación y el respeto a las costumbres y tradiciones del grupo social; regula las formas de tenencia colectiva de la tierra, uso y administración de los recursos
la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 238 del 30 de octubre de 1987.
naturales de la Comunidad; y los asuntos referentes a la convivencia familiar, faltas leves entre los miembros de la Comunidad y agresiones provenientes de fuera del grupo social. Comprende también las formas tradicionales de elegir a sus Autoridades Comunales. Así mismo, las leyes 40 y 261, Ley de Municipios y sus reformas, en sus Arto. 67 a 69 establecen que: “Los Municipios reconocerán la existencia de las comunidades indígenas ubicadas en sus territorios, legalmente constituidas o en estado de hecho...Así mismo respetarán sus autoridades formales y tradicionales...Son autoridades tradicionales en las comunidades indígenas, aquellas que se rigen por la tradición y la costumbre...cuya elección o nombramiento no tiene previsto un reglamento oficial”. En las comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua los miembros mayores de edad de la comunidad se constituyen en asamblea y por consenso nombran y destituyen sus autoridades comunales, las que en su mayoría no son elegidas por términos preestablecidos, sino que por períodos indefinidos dependiendo de las circunstancias y necesidades de la comunidad. En general las comunidades no levantan actas sino que el compromiso mutuo del elegido y de los electores constituye la validez y la seguridad del respeto a la elección realizada. La Ley de Municipios y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reiteran el mandato del Arto.18 del Estatuto de Autonomía, estableciendo que las autoridades municipales y “el Poder Judicial respeta, promueve y garantiza el Régimen de Autonomía de las Regiones donde habitan los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua”. Así mismo el reglamento de la LOPJ establece que para la elección de los jueces en las Regiones Autónomas, Jinotega y Nueva Segovia, donde se encuentra la mayor población indígena del país, será mérito preferente para el nombramiento de miembros del poder judicial que conozcan las lenguas de las comunidades indígena y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua.8 De conformidad con lo estipulado en el Arto. 19 de la Ley 162, 9 Ley de Uso de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua,10 la LOPJ establece que las actas, resoluciones y demás documentos redactados en las lenguas de las comunidades, que conste en expediente judicial, tendrán plena
8 Arto.10 Reglamento LOPJ. 9 La Ley también establece que
los mensajes y carteles de salud pública; transporte terrestre, acuático y aéreo; de seguridad en centros de trabajo; y sobre los recursos naturales, deberán ser escritos en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. Y para comunicarse con miembros de estos pueblos el Estado deberá utilizar el servicio de traductores. Principalmente en los casos de las unidades de salud del Ministerio de Salud. Esto último es importante porque establece en el Estado la obligación de buscar los medios para comunicarse con los miembros de las comunidades étnicas e indígenas de la Costa Atlántica y no pone la carga en ellos para ejercer su derecho de comunicarse con el Estado y optar al uso de los servicios públicos. Con respecto al uso oficial de las lenguas en los medios de comunicación social la Ley establece que estos deberán incluir programas específicos que utilicen estas lenguas. Las Leyes y Decretos, así como cualquier otra documentación nacional; el Registro del Estado Civil de las Personas y de la Propiedad deberán también ser emitidas o inscritas en las lenguas de las comunidades de la Costa Atlántica. 10 Aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de junio de 1993 y Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996.
validez, sin necesidad de traducción al español; lo anterior sin perjuicio de que el documento se traduzca, si alguno de los intervinientes en el proceso no conozca la lengua o si en el caso del expediente, este debe ser remitido a un Juez o a un Tribunal fuera de las Regiones Autónomas.11 Así mismo la Sentencia No. 123 de la 1:30 p.m. del 13 de junio del 2000 de la Corte Suprema de Justicia reconoce las particularidades culturales de la las Comunidades de la Costa Atlántica y por ende la representación de las mismas por parte de sus Autoridades Comunales elegidos tradicionalmente, sin más formalidades que las observadas dentro del seno de las tradiciones comunales. Principio que quedo establecido de manera expresa por medio de la Ley 445,12 Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.13 Especialmente para la Costa Caribe nicaragüense. Además, existen regulaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia14 sobre este tema, y expresamente la Ley 230, Ley de Reforma y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar15 establece que en el caso de las comunidades de la Costa Atlántica las medidas de seguridad serán aplicadas por el Juez Comunal de acuerdo a los “procedimientos tradicionales de las leyes vigentes”. Este artículo parece crear una contradicción porque una cosa es el procedimiento tradicional comunal y otras son las leyes vigentes, esto no necesariamente significa que ambos sean incompatibles pero tampoco que sean la misma cosa, como lo hace aparecer a primera vista el artículo; a menos que la norma solamente se refiera a que el Juez Comunal aplicará la ley escrita, pero esto desvirtuaría la función y naturaleza
Arto.11 de la LOPJ. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 16 del 23 de enero de 2003. La Ley 445, Arto. 3 define Autoridad Comunal Tradicional: Es la autoridad de la comunidad indígena y étnica, elegida en Asamblea Comunal según sus costumbres y tradiciones para que los represente y los gobierne; tales como Síndico, Wihta, Coordinador u otros. Y el Arto. 4. La Asamblea Comunal: constituye la máxima autoridad de las comunidades indígenas y étnicas. Corresponde a las autoridades comunales la representación legal de las comunidades. Cada comunidad definirá qué autoridad comunal la representa legalmente. La Asamblea Territorial es la máxima autoridad del territorio y se convoca según los procedimientos establecidos por el conjunto de comunidades que integran la unidad territorial. Arto. 6. Las elecciones, reelecciones, destituciones y periodos de mandato de las autoridades comunales y territoriales, se harán de acuerdo a las costumbres y procedimientos tradicionales de las comunidades indígenas y comunidades étnicas. 14 El Código Niñez y Adolescencia de la República de Nicaragua en sus artículo 8 y 9 hace una interesante mención de los derechos de los adolescentes, niños y niñas pertenecientes a las comunidades indígenas y étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua al establecer que el Estado deberá garantizar los derechos a tener su propia vida cultural, educativa, religiosa e idioma, todos derechos colectivos de los miembros de estas comunidades. Lo que deberá en redundar del principio primordial de favorecer el interés superior del niño, niña y adolescente. Esta distinción es importante porque en los procesos de adopción, por ejemplo, se tendrá en cuenta que los niños dados en adopción permanezcan con personas de su misma cultura preferiblemente o en los casos en que el adolescente sea enviado a un lugar de rehabilitación se le tome en cuenta su cultura, religión e idioma, o la permanencia del mismo en su área geográfica. 15 Arto. 2 numeral 10.
del Juez Comunal, ya que estos aplican las normas consuetudinarias de los pueblos indígenas y no las leyes nacionales. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los Juzgados Civiles Locales deben coordinar la administración de justicia con los jueces electos por las Comunidades de la Costa Atlántica, una vez que esta cree las regulaciones especiales.16 Y con ese fin creo una Comisión de Trabajo formada por las instituciones del Estado, la que previa realización de un estudio encaminado a precisar la naturaleza, objetivos y funciones de los jueces comunales, formularían propuestas de regulaciones especiales para la impartición de justicia a la Corte Suprema de Justicia. Aunque el estudio se realizó, las coordinaciones entre estos jueces y el sistema de derecho consuetudinario no han sido reglamentadas, ya que los estudios no aportaron muchos elementos sobre el tema, a este respecto el mismo Estudio expresa: “Que el Derecho Consuetudinario va mas allá de la impartición de Justicia para el comunitario administrar sus asuntos locales, es el de convivir en paz, con el agua, la tierra, las estrellas, es decir con su Cosmovisión, por lo que habría que aplicar mecanismos que conlleven a investigaciones más profundas...en el concepto del Derecho, de cómo se crea y aplica de arriba hacia abajo a partir del Estado, no expresándose en ello la particularidad por falta de peritajes antropológicos, desconocimiento de la cultura indígena y falta de traductores; al desconocer a los indígenas el Derecho a tener su propio derecho, también se menoscaba de facto el acceso a la Administración de Justicia del sistema del Derecho Positivo.” 17 Dejando de esta forma la articulación entre el derecho consuetudinario y el estatal pendiente, adoleciendo el derecho consuetudinario de la falta de la certeza jurídica que le otorgaría que las decisiones de los jueces comunales fueran “Cosa Juzgada” y no puedan ser desvirtuados por un juez estatal. Por lo que el Estudio a este respecto recomienda a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua “emitir una Resolución estableciendo los tramites para la articulación entre ambos sistemas, mecanismos de coordinación y validez de los actos realizados por las Autoridades Comunales”.18
III. 3. La aplicación del derecho consuetudinario
Art. 55 numeral 3 LOPJ y Art. 12 Reglamento LOPJ. Informe Final sobre la Administración de Justicia en un Contexto Multiétnico e Intercultural. Corte Suprema de Justicia, Comisión de Administración de Justicia las Comunidades de la RAAN, 17 octubre 2001. Págs. 31 y 32. 18 Ídem.
Las comunidades indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua han promovido un proyecto de Ley en la Asamblea Nacional que no ha sido aprobado, estableciendo expresamente la jurisdicción indígena para asuntos de familia, de violencia intrafamiliar y sexual, el que constitucionalmente se apoya en el articulo 5 de la Constitución Política de Nicaragua, que no hace distinción entre las comunidades del Atlántico y las del Pacifico, Centro y Norte, como base del derecho consuetudinario.19 Estas comunidades en teoría podrían desarrollar y ejercer libremente su derecho consuetudinario aun antes que el proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea Nacional, y no seguir actuando como asociaciones civiles sin animo de lucro, con personerías jurídicas otorgadas el Estado; como muchas de ellas lo han hecho hasta ahora por falta de un marco legal apropiado. Sin embargo, se encontrarían con los mismos problemas de las autoridades comunales de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe, ya que necesitaran los mecanismos de reconocimiento de las decisiones de las autoridades indígenas por parte de las autoridades estatales. Por lo que a pesar de que el derecho consuetudinario este reconocido formalmente de manera constitucional, legal y jurisprudencial, todavía no existe, en el ordenamiento jurídico un procedimiento específico que lo regule o reconozca expresamente las decisiones tomadas por las autoridades comunales indígenas, Wihtas o jueces comunales, etc.. Dándoles la certeza jurídica necesaria para que sea respetado fuera de las propias comunidades, dando fin al caso de manera definitiva, ni creando los mecanismos para hacerlas cumplir, de ser necesario, por parte del Estado. Sin embargo, este vació legal, causado por omisiones del mismo Estado, no debe ser utilizado para negarle a las comunidades étnicas y a los pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua sus derechos reconocidos por la Constitución Política de Nicaragua y las leyes; porque aunque el Estado no haya creado un reglamento para
Propuesta de Anteproyecto Ley de los Pueblos Indignes del Norte, Centro y del Pacifico de Nicaragua, 27 de Marzo del 2006 Título V, De la Mujer y de la Familia Indígena Arto.- En vista que la mujer indígena ha jugado un papel fundamental a través de la socialización familiar, como consejeras y guías espirituales; y a nivel comunitario como comadronas, transmisoras de valores culturales, y conocimientos tradicionales. Los Gobiernos Indígenas deberán promover la participación de la mujer indígena en los gobiernos de pueblos y comunidades indígenas del norte, centro y del pacífico de Nicaragua. Arto.- Los Gobiernos Indígenas protegerán a la mujer y a los menores de toda violencia intra-familiar y sexual, en sus jurisdicciones. Arto.- En los procesos de adopción de los niños y niñas indígenas, las entidades estatales darán prioridad a la persona o personas indígenas que soliciten adoptarlos. Arto.- Los asuntos de familia se dirimirán dentro de la jurisdicción de la comunidad indígena. Solamente cuando una de las partes requiera ventilar estos asuntos en las jurisdicción ordinaria, así lo hará, previa notificación a los Gobiernos Indígenas. Arto.- En caso que la entidad competente pretendan separar a un niño, niña o adolescente, de su padre o madre indígena, residente en la jurisdicción de comunidad, la entidad gubernamental o judicial deberá consultar con el Gobiernos Indígena y su opinión será vinculante. Arto.- En caso de detención policial de uno de los miembros de la Comunidad Indígena, las autoridades deberán dar aviso al Gobiernos Indígena de la jurisdicción de la Comunidad a la que pertenece el detenido.
reconocer expresamente la jurisdicción y competencia de las autoridades comunales, las normas constitucionales y legales antes citadas, siguen siendo normas de obligatorio cumplimiento para el Estado y sus funcionarios.
III.4. La participación de las mujeres en la estructura comunal tradicional La participación de las mujeres en las estructuras de autoridad de las comunidades indígenas no es muy común. Ya sea en el ámbito de las comunidades indígenas del Pacifico, Centro y Norte, como en las de la Costa Atlántica. Este ámbito ha sido tradicionalmente dominado por los hombres. Principalmente porque ejercer la autoridad comunal comprende, en muchos casos, gestionar ante autoridades e instituciones fuera del ámbito territorial de las comunidades y territorios indígenas. Lo que limita a las mujeres, que tradicionalmente son las que cuidan a los niños, propios y ajenos, preservando y garantizando la continuidad cultural de la vida comunitaria y las actividades alrededor de la iglesia; las mujeres en las comunidades mas aisladas de la Costa Caribe, además están limitadas por el desconocimientos de del idioma español, por el menor grado de educación formal obtenida, en comparación de los hombres; o por la actitud de su pareja que no ve con buenos ojos que una mujer se dedique a actividades publicas y se ausente de la comunidad por periodos prolongados.20 Esto sin embargo, contrasta con la idiosincrasia de las comunidades Kriol o Afrodecendiente, donde las mujeres dominan con su presencia el ámbito de la gestión publica comunal.21 Pero aun en los casos en que las mujeres alcanzan un espacio en la estructura política o de autoridad comunal, su poder se encuentra limitado o compartido por los otros miembros de la estructura, generalmente hombres; la cosmovisión y la tradición indígena, que no otorga gran peso a los casos de violencia intra familiar y sexual en contra de las mujeres. Por lo que las mujeres y las niñas en muchos casos sufren en silencio, aun pensando que esto pertenece al ámbito privado o familiar y no puede salir de este. Y aun cunado en los casos en que la victima quiere denunciar situaciones de violencia, los familiares pueden no apoyarla. Y aun si así lo hacen, las autoridades comunales se ven limitadas por la falta de reconocimiento de sus decisiones al respecto, fuera del ámbito comunal. Ya que el derecho estatal, a pesar del mandato constitucional y la legislación al respecto, no reconoce completamente las decisiones de las autoridades comunales. Pero si las víctimas de violencia van directamente a las autoridades estatales, las autoridades comunales consideran que estas les están usurpando su poder. Y la victima minando su poder dentro de la comunidad.
20 Implica Ser Mujer y Ser Madre en Asang, Río Coco. García, Claudia. En WANI Revista del Caribe Nicaragüense No. 46, Junio-Septiembre. 21 Para conocer mas sobre el tema ver: Historia Oral de las mujeres criollas de Monkey Point: la identidad afro-descendientes y los derechos a las tierras comunales. Goett, Jennifer. En WANI Revista del Caribe Nicaragüense No. 46, Julio-Septiembre, 2006.
IV. Las autoridades comunales tradicionales y factores de la violencia estructural Según las entrevistadas realizadas para este estudio, en los últimos 5 años ha habido un incremento notable de la violencia en contra de las mujeres en la RAAN y la RAAS por diferentes factores: Primero: la presión económica sobre las mujeres indígenas. La presión sobre las tierras y los recursos naturales que impone el avance de la frontera agrícola, y la cada vez mayor dependencia por los bienes manufacturados o de consumo, hacen que las mujeres indígenas tengan que buscar como proveer recursos para sus familias y se vean obligadas a emigrar a los centros urbanos en busca de empleo remunerado. Mientras la media nacional de inmigración interna en Nicaragua es de 1.7, la de la RAAN es la mas alta del país con una taza de 4.8, debido a la invasión de precaristas y colonos a tierras indígenas provenientes del occidente del país22 alentados por políticos locales ante la indolencia de las autoridades estatales; y en detrimento de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras comunales tradicionales. -El caso de las “Pickineras” Actualmente las mujeres trabajadoras del mar, acopiadoras de langosta en los Cayos Mískitu enfrentan la prohibición por parte de las autoridades comunales tradicionales de la zona para acopiar la langosta de talla pequeña (Pikins) que rechazan las empresas para la exportación, y que las mujeres obtienen de los buzos para abastecer el mercado local. Las mujeres son pequeñas comerciantes que tratan directamente con los buzos y en algunos casos les adelantan dinero o les proveen con mercancías, con el compromiso que cuando estos regresen de la faena de captura le entreguen los “Pikins”. Sin embargo, las empresas consideran a estas mujeres una fuerte competencia, y han influido directa e indirectamente en las autoridades tradicionales, quienes acusan a las mujeres de ejercer la prostitución en los cayos o de ser las causantes de los desastres naturales y de los accidentes en alta mar; ya que alegan que la deidad del agua, según la cosmovisión Mískitu, la LIWAMAIRIN (sirena) se pone celosa de que las mujeres ese encuentren en la zona y causa las tragedias. Por su parte, las mujeres trabajadoras del mar o “Pikineras” están tratando de obtener personería jurídica por medio de la conformación de una cooperativa y ejercer su derecho al trabajo en los Cayos y el litoral del Caribe, amparándose con el derecho administrativo estantal, ante los obstáculos y la agresión en contra de su derecho a acceder a los recursos del mar, dirigida por empresarios a través de las autoridades tradicionales. Esto es solo un ejemplo de la presión sobre los recursos naturales que
VIII Censo de Población y IV de Vivienda, Censo 2005, Cifras Oficiales, Censos Nacionales, 2005 , Población, Vivienda, Hogar. Nicaragua, Mayo 2006. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Gobierno de Nicaragua.
causa que las mujeres sean desplazadas y violentadas en sus derechos a acceder a los recursos naturales de la zona y a que su integridad personal peligre al ser agredidas verbal y hasta físicamente al querer desarrollar su actividad económica en la zona. Segundo: La partidizacion de las autoridades comunales La partidizacion de las autoridades comunales entre diferentes partidos políticos nacionales con presencia en las Regiones Autónomas es un fenómeno reciente; el tema político en el sentido que la mentalidad clientelista, diferente a la cultura de reciprocidad tradicionalmente de los pueblos indígenas, hace que se sustituyan los valores; existe una violencia estructural, no solo los golpes físicos a las mujeres cuenta, consideran los entrevistados. Agresiones verbales, acusaciones de hechizos y envenenamientos generados por una cultura de odio, como practica política; generada por las rivalidades de la clientela política de los lideres locales politizados a la orden de los partidos políticos nacionales. El concepto de la armonía comunitaria ha sufrido grandes alteraciones Tercero: El narcotráfico Al ser Centroamérica el corredor de la droga que va desde América del Sur a América del Norte, se realiza el trafico de drogas en el territorio nacional. La amplitud de la región geográfica donde se encuentra la Costa Caribe y la precaria vigilancia de las autoridades estatales, favorece al narcotráfico en Nicaragua. Ya que no solo la droga que es transportada pasa, sino que una parte se deja y se introduce en el tejido social, que se convierte entonces en parte del tendido delincuencial de la narcoactividad. La droga también es comercializada, en expendios en las mismas comunidades, por medio de la adicción de muchas de las personas envueltas en esas actividades y de otros que se lucran de esta actividad. La droga en las comunidades indígenas se constituye en un factor determinante en el incremento de los casos de violencia en general y contra y la mujer en particular. Ante los retos considerados por los Whitas o jueces comunales más urgentes sobre la tierra y la presión sobre los recursos naturales, el clientelismo político y el narcotráfico, así como el desborde de la cantidad de quejas de violencia; todo en medio de circunstancias de opresión estructural; al apaliar el derecho consuetudinario han postergado la situación de las mujeres, no dándoles la importancia requerida.
IV.1. La postergación sobre los casos de violencia contra la mujer Mientras en Bilwi, Puerto Cabezas, se registraron 1,457 casos de violencia en 2005 en la Comisaría de la Mujer y la Niñez, entre enero y septiembre del 2007 ya se han
atendido a 6,671 personas con quejas.23 Las mujeres son agredidas en su barrio y en su casa, por sus más cercanos parientes y afines. A diferencia de los hombres que son agredidos por desconocidos. CAIMCA ha construido y administra un albergue para mujeres golpeadas en Bilwi, lo que es algo nuevo en esta sociedad. Hasta ahora no se había necesitado, pero con el aumento de la violencia se hace uso de este recurso novedoso socialmente hablando en la cultura indígena. Los Wihtas o jueces comunales tratan de mediar en los casos de violencia contra la mujer, pero, las mujeres tienen poca incidencia dentro de la estructura política de la comunidad, lo que las hace particularmente vulnerables al poder de los hombres, dentro de estas estructuras y por ende de la forma en que ellos perciben el problema de la violencia intra familiar y sexual en contra de la mujer. Además, después de la guerra civil que sufrió Nicaragua en la década de los años 80, la violencia contra la mujer se tiende a percibir por ciertos sectores como normal. Por lo que la justicia comunitaria no esta abordando la violencia contra mujer, y lo mantiene en el ámbito privado; o se abusa del TALAMANA que en principio debe ser una decisión colectiva que involucre a la comunidad, no un arreglo excluyente de unos pocos para lograr la impunidad. Cuando la victima no quiere o no puede ir a través de los canales de la justicia comunitaria, acude directamente a las autoridades naciones por medio de ONGs y redes de mujeres que las apoyan. Sin embargo, esta decisión puede causar tensiones en la comunidad y con las autoridades comunales, ya que estas últimas se sienten reemplazadas por las autoridades estatales.
IV.2. La percepción del delito en la cosmovisión indígena Es por esto que los casos de violencia domestica, el estupro, las violaciones o el tráfico de drogas, no son necesariamente percibidos como delito entre algunas comunidades indígenas por lo que en esos casos la comunidad trata estos asuntos internamente. La tendencia es percibir este tipo de situaciones como asuntos privados, y a menos que alguna de las partes pida ayuda, las autoridades comunitarias no intervienen. La hechicería (Sika Saura) en cambio, es percibida por las comunidades indígenas como fuente de delito,24 por lo que han solicitado que así sea tipificada en el Código Penal o que las sentencias impuestas en estos caso por
Actividad Delictiva en VIF/Sexual, Periodo del 2005 al 2007. Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, RAAN. Octubre 2007. 24 Para conocer mas sobre el tema ver: Hobson, Laura H. (2006) “Magia Sexual” y dinero: La estrategias de las mujeres miskitas en la economía global. En WANI Revista del Caribe Nicaragüense No. 46, JulioSeptiembre. García, Claudia. (1995). Creencias y actitudes tradicionales de los Miskitos en torno a ciertas enfermedades. En WANI, Revista del Caribe Nicaragüense. No. 16. Managua, Nicaragua. Dennis. Phillip A. (1999). Grisi Siknis entre los Miskitos. En WANI, Revista del Caribe Nicaragüense. No. 24. Managua, Nicaragua.
los Whitas o jueces comunales sean convalidadas por el derecho estatal; sin embargo, el Estado ha rechazado tal planteamiento.25 IV.2.1. El “TALAMANA” El otro tema que llama la atención en la realización de la presente investigación es el “TALAMANA” (Ley de la Sangre) que consiste en un uso tradicional de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe nicaragüense. En la que la Comunidad pretende reestablecer el equilibrio social, resarciendo a los familiares de la victima o a la victima misma, por medio del pago en dinero o en especie, por parte del que le ha causado algún daño. El TALAMANA es un uso tradicional pero la inconformidad viene del uso del mismo en casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. La entrada en las comunidades de los facilitadores de justicia rurales o indígena entrenados por a Corte Suprema de Justicia para mediar en casos de conflictos entre comunitarios, los promotores de derechos humanos, la capacitación de ONG feministas, y la creación de grupos o redes de mujeres en las comunidades, también ha creado que mas personas estén en desacuerdo con ese uso tradicional y que ahora sea denunciado y los jueces comunales o Wihta tradicionales sean criticados por aplicarlo. Pero la situación que se presenta a menudo es que el perpetrador después de ser favorecido con el TALAMANA no cumple con el pago estipulado y entonces las autoridades comunales lo entregan a la justicia ordinaria. Por lo que entonces la victima y sus familiares tienen que acudir a las autoridades estatales. Sin embargo, en muchos casos ya las pruebas físicas del ilícito han desaparecido y es muy difícil comprobar el delito, además que el perpetrador alega conocimiento previo del hecho de todos los familiares de la victima y hasta de la victima misma; por lo que el delito queda impune. Pero aun si la victima tuviera las pruebas físicas idóneas, que el caso llegue a sentencia es muy difícil para la victima, generalmente de escasos recursos económicos, con un idioma que no es el utilizado en el sistema judicial, aunque la Constitución26 y la Ley de Lenguas establecen que debe haber traductores. Ya que estas son mujeres proveniente de comunidades remotas que tienen que llegar a las ciudades a poner la denuncia, sin conocer a nadie en la ciudad y sin saber a que instancia dirigirse; teniendo además que permanecer en la ciudad mientras se desarrollan las gestiones policiales y judiciales. Todo lo que se constituye en una pesada carga para la victima; sin tomar en cuenta el estigma que el delito causa
CISP (2007). Hacia un Modelo Pluralista de Administración de Justicia en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Proyecto de Apoyo a la Promoción y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afro descendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Comisión Europea-CISPURACCAN-CEDEHCA. Pág. 111 y 112. 26 Ley de Lenguas Arto. 11.- El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también atendrán uso oficial en los casos que establezca la ley.
dentro de su comunidad y la falta de sensibilidad de los operadores de justicia, tiene como consecuencia la revictimizacion de la misma.
IV.2.2. La incompatibilidad del TALAMANA con principios constitucionales y la legislación internacional de los derechos humanos El derecho consuetudinario es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua, este, como todos los derechos tiene limitaciones. La practica del TALAMANA, aplicada en forma que asegura la impunidad o legitima acciones violentas (violación o estupro) contra la niña y la mujer, ante las acciones perpetradas por hombres mayores, es incompatible con la protección a los derechos humanos que el Estado debe a las mujeres y niñas. Pero en este caso tendríamos dos bienes jurídicos constitucionalmente tutelados en contienda; por un lado la protección de las mujeres y las niñas ante practicas, usos y costumbres, que lesionan su integridad física, moral y espiritual. Y por otro lado, el derechos de estos pueblos indígenas a resolver sus asuntos locales de conformidad con sus usos, costumbres y tradiciones. Por lo que valdría la pena ahondar en la investigación sobre el uso particular del TALAMANA en las comunidades indígena de la Costa Atlántica de Nicaragua, para conocer el verdadero alcance de esta institución.
IV.2.3. La penalización del aborto terapéutico El 26 de Octubre del 2006 la Asamblea Nacional, a pesar de la protesta de las organizaciones de mujeres del país, aprobó la Ley 603 derogando el articulo 165 del Código Penal,27 el que por mas de 130 años estuvo vigente reconociendo y regulando el aborto terapéutico. Por lo que desde entonces el aborto Terapéutico viene a ser penalizado en Nicaragua. La medida anterior suscito que los grupos de mujeres organizadas y ONG que trabajan con ellas presentaran varios Recursos de Amparo por Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.28 La Corte aun no se pronuncia. A diferencia de lo que ocurre en Managua, donde los y ONG grupos feministas están en una franca campaña tratando de revertir la penalización del aborto terapéutico. En cambio, las mujeres indígenas, religiosas y tradicionales, de Sutiaba, de la RAAN y la RAAS, a pesar que la mayor cantidad de muertes maternas por niños nacidos vivos ocurre en las Regiones Autónomas, no se animan a tocar el tema, aun considerado como tabú. En parte por la desinformación, ya que muchas mujeres creen que es el aborto simple el que ha sido penalizado; pero principalmente, por considerar el tema prohibido por las iglesias cristianas. Por lo que las ONG y los grupos de mujeres entrevistadas no están abordando el tema.
27 Publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 244 del 17 de noviembre del 2006 28 Recurso de Amparo por Inconstitucionalidad de la Ley 603 que deroga el artículo
165 del Código Penal de la Republica de Nicaragua. Penalizando el Aborto Terapéutico en Nicaragua. Ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, presentado el 8 de enero del 2007.
V. Las mujeres indígenas privadas de libertad El narcotráfico llega a las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Caribe nicaragüense en la última década, debido a su estratégica ubicación geográfica, ya que muchos de los pueblos indígenas se encuentran ubicados en las costas del Mar Caribe. Mientras la población indígena se concentra en pequeños poblados, la zona tiene una muy baja densidad poblacional, y la gran parte del litoral se encuentra cubierto de bosque y despoblado; lo que sumado a la escasa vigilancia de las autoridades nacionales dan a la zona, tiene como resultado que el mar y la playa sean lugares propicios para transportar, generalmente en avionetas o en lanchas con poderosos motores, la droga procedente de Sudamérica en ruta hacia Norteamérica. Cuando las lanchas van huyendo de persecuciones, cuando hay mal tiempo o desperfectos mecánicos, estas lanzan la droga al mar. La droga, generalmente cocaina, va envuelta en paquetes plásticos que llegan a las costas donde se encuentran los pescadores y otros miembros de las comunidades indígenas y étnicas del Caribe. Por lo que los pescadores comunitarios las encuentran y cuando no las entregan a la Policía Nacional la venden. Una vez que las comunidades conocieron del alto precio que la droga tiene en el mercado, la comenzaron a vender, pero antes la dividen internamente entre los miembros y autoridades en las comunidades, de manera equitativa, para que todos ”se beneficien” del hallazgo. En los últimos 3 años la Policía Nacional también ha logrado capturar grandes cantidades de droga en contenedores tratando de pasar las fronteras, en el interior del país y en las playas del Pacifico de Nicaragua. También se ha reportado ampliamente la presencia de capos y miembros de carteles colombianos y mexicanos en Nicaragua. Y el procesamiento judicial de algunos, así como su condena. Pero también se han reportado escandalosos fallos judiciales liberándolos bajo protesta del Ministerio Publico y hasta un grupo de reos extranjeros se escapo crecientemente de la cárcel de Puerto Cabezas en compañía de dos de los policías nacionales que los custodiaban. Pero mientras la narcoactividad es un flagelo que afecta a toda la sociedad nicaragüense, y en la que se encuentran involucrados miembros de todos los estratos sociales; principalmente hombres, según el libro de Registro de Causas Penales del Ministerio Publico de la RAAN en 2006, mientras a la hora de ser procesados, el numero de hombres y mujeres fue casi el mismo, 24 y 22 respectivamente, y aunque resultaron condenados tres veces mas los hombres (9) que las mujeres (3), todas ellas pertenecen al pueblo indígena Miskitu. 29
momento de hacer la investigación en el Sistema Penitenciario de Bluefields se encontraban alrededor de 100 hombres privados de libertad. Y 13 mujeres en total.
Por lo que especial atención merece el caso de las mujeres indígenas condenadas por el delito de Trafico Interno de Estupefacientes (TIE) en Nicaragua. Mientras la población indígena y afro descendiente de Nicaragua constituye una minoría, 443.847 habitantes, casi un 10% de la población total, que es de 4,357.099; conformando de ese 10%, tan solo la etnia Mískitu en el 27%, la etnia Creole, Kriol o Afro descendiente, con un 4.5 % y los indígenas de la casta Xiu de Sutiaba también con un 4.5 %.30 Contrastando estas cifras con la población carcelaria de las mujeres indígenas y afro descendiente que constituye en los casos de TIE, una sobre representación en el sistema penitenciario de occidente para el caso del 100% de las mujeres de Sutiaba; aproximadamente el 20% de mujeres mestizas, el 15% de las mujeres Kriol y el restante 65% de mujeres Mískitu, en Bluefields, RAAS; mientras que el 100% de mujeres Mískitu componen la población carcelaria condenada por TIE en la RAAN.31 Actualmente las 8 mujeres privadas de libertad en el Sistema Penitenciario de Occidente condenadas por TIE son todas provenientes de la comunidad indígena de Sutiaba;32 de las 11 mujeres condenadas y cumpliendo sentencia en el Sistema Penitenciario de Bluefields por TIE, 2 son mestizas, otras 2 son de la etnia Kriol33 o afro descendientes, mientras que las restantes 7 son de la etnia Mískitu; 34 así mismo, todas las 7 que se encuentran condenadas y cumpliendo sentencia en las Celdas
Caracterización Sociodemográfica de la Región Autónoma Atlántico Norte, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (NIDE), VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Nicaragua, Julio 2007. Pág. 30. 31 Lista del Personal Femenino Detenido en las Celdas de la Policía Nacional de Puerto Cabezas por Diferentes Delitos. Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, RAAN. Octubre 2007. 32 Según información obtenida por la Consultora en la entrevista realizada el día 12 de octubre del 2007 con la Señora Marina Isabel Maradiaga Pérez, miembro del Patronato de Reos del Sistema Penitenciario de Occidente y Coordinadora Fundación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Indígenas de Sutiaba “Xochilacal”. León, Nicaragua. Sutiaba cuenta con una población estimada en 35,511 miembros en 1994. Rizo C. Mario. Identidad y Derecho: Los Títulos Reales del Pueblo de Sutiaba. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica IHNCA-UCA. Managua, Nicaragua, 1999. 33 Según la lingüista Arja Koskinen, “El nombre del idioma kriol se ha acostumbrado a escribir con la ortografía inglesa, creole, también en textos en español. Además, aparece el uso de criollo pero como criollo se refiere también a una población totalmente diferente (habitante nacido en la América Latina colonial que descendía, en teoría, exclusivamente de padres españoles (aunque en la práctica podían ser mestizos en algún grado)), no es recomendable. La ortografía del idioma kriol está establecida en el principio de un sonido – un símbolo y, entre otros, establece el uso de la consonante k en todos los casos del sonido /k/, así que la forma de escribir el nombre del pueblo e idioma es KRIOL, según su pronunciación. Como no hay uso normado del nombre de esta lengua en Nicaragua, es recomendable usar el nombre con la ortografía propia: kriol. Sin embargo, por la falta de normalización del nombre, no es tampoco equivocado usar el nombre creole en un texto en español”. Sobre las comunidades étnicas, Creole o Kriol, de la Costa Caribe de Nicaragua, el Arto. 3. de la Ley 445 las define de la manera siguiente: Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocaribeña que comparten una misma conciencia étnica, por su cultura, valores y tradiciones vinculados a sus raíces culturales y formas de tenencia de la tierra y los recursos naturales. 34 Hay 11 mujeres condenadas por el delito de TIE, y las otras 2 mujeres, para completar las 13 que hay en total, son mestizas y están condenadas por los delitos de estafa una, y por el delito de robo con violencia seguido de muerte, la otra. Lista de Internas del Sistema Penitenciario de Bluefields, Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario Nacional, Dirección Penitenciario de Bluefields-RAAS. Octubre 2007.
Preventivas de la Policía Nacional en Bilwi, Puerto Cabezas,35 son de la etnia Mískitu.36 Lo anterior denota la sobre representación de las mujeres indígenas en el sistema carcelario nacional cumpliendo sentencia por el delito de TIE; ya que según el mas reciente Censo nacional la población Kriol representa en Bluefields un poco menos del 26%, la Mískitu el 3.6% y siendo los mestizos la mayoría, con un el 65% del total de la población; a nivel regional las cifras no son muy diferentes, la población Kriol es del 22%, la Mískitu el 10% y la mestiza del 60% del total de la población de la RAAS. Mientras que la población Mískitu es del 75% en Bilwi, Puerto Cabezas, y en toda la RAAN es del 57%. Por lo que encontramos una sobre representación de las mujeres indígenas y étnicas en la población carcelaria en las condenadas por el delito de TIE ya que estas etnias, a pesa de ser originarias de las Regiones Autónomas, ya no constituyen la mayoría de la población local. Para las comunidades indígenas y étnicas la droga es algo que ha llega a ellos, que no buscaron, y que a veces les proporciona medios económicos para satisfacer sus necesidades materiales provenientes de la sociedad de consumo. Los expendios de droga en las comunidades han proliferado y el consumo ya ha comenzado a hacer estragos en la sociedad y en la juventud indígena. Aumentando en cantidad y frecuencia los pequeños hurtos y la violencia intra familiar y sexual en contra de las mujeres, como suele ocurrir con la droga en general. Sin embargo, la aplicación de la Ley 285, “Ley de Estupefacientes, Sicotropicos y otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas”,37 parece haberse ensañado con las mujeres indígenas que de manera desproporcionada y en su mayoría por exiguas cantidades, se encuentran en las cárceles de Nicaragua. 38 Estas mujeres son todas madres y sus hijos quedan desprotegidos al ser condenadas (con penas entre 5 y 20 años de cárcel; con multas de entre un millón y cinco millones de Córdobas; y cuyos delitos no admiten ser sometidos a tribunal de jurado, excarcelación bajo fianza, condena condicional, libertad condicional, indulto, amnistía o ningún otro beneficio)39 como lo establece la Ley 285. Lo que todas estas mujeres tienen en común, además de que todas son madres de familia, es que pertenecen a minorías étnicas y tener muy escasos recursos económicos, por lo que generalmente no han tenido acceso a una defensa
En Bilwi, Puerto Cabezas, cede del gobierno regional de la RAAN no existe un Sistema Penitenciario, por lo que las personas condenadas por delitos se encuentran recluidas en las celdas preventivas de la Policía Nacional. 36 Ver supa nota 31. 37 Publicada en La Gaceta, diario Oficial, No. 6 del 15 de Abril de 1999. 38 Una de ellas, de la etnia Mískitu, proveniente de una comunidad indígena donde viva, condenada a 5 años de cárcel porque en un allanamiento la policía encontró marihuana en su casa, lo que ella asegura le fue prescrito por el Sukia, curandero de la comunidad, para tomarlo cocida para mejorar su padecimiento de reumatismo y las dolencias crónicas que se desprenden de esta condición, que aun en la cárcel continua sufriendo, según comprobó el medico forense. 39 Ley 285 Artos. 51, 78 y 79.
profesional y efectiva, dentro del proceso penal. Sin embargo, es altamente debatible si las medidas aplicadas a estas mujeres, en estas circunstancias, guardan relación con un combate frontal y efectivo contra el narcotráfico nacional e internacional. Estamos pues ante un caso claro de discriminación en la aplicación de la Ley 285, al resultar condenadas desproporcionadamente en numero y frecuencia, un sector especifico de la población nicaragüense, las mujeres indígenas. VI. Las buenas practicas y estrategias de las ONG y asociaciones de mujeres Las asociaciones de mujeres y las ONG a través de la Red de Mujeres contra la Violencia en la RAAS, aglutina a todas las ONG que trabajan el tema; se reúnen con las instituciones gubernamentales a través de la Comisión de Vigilancia del Cumplimiento del Código de Procedimiento Penal (CPP); y a través del Centro de Atención Integral a la Mujer Caribeña (CAIMCA)40 en la RAAN, en la que se han organizado para proteger los derechos de las mujeres de manera integral. Y han adoptado la modalidad de ofrecerles a las mujeres violentadas una asesoría medica y legal independiente y personalizada. La mayoría de las instituciones visitadas cuentan con mujeres asesoras legales, excepto una que tiene un hombre, otorgando apoyo técnico a las mujeres en casos en materia civil que van desde: divorcios, el pago de pensiones alimentarias, regulación de vistas y custodia de los niños; hasta acompañamiento en busca de justicia en los casos penales de violencia intra familiar y sexual. 41 Además estas instituciones organizadas en redes tienen espacios radiales una o dos veces por semana en la RAAS, fuera de otros espacios donde acuden como invitadas; y aprovechan esos espacios para sensibilizar e informar a la población sobre los asuntos que atañen a las mujeres; así como para comentar las situaciones que los casos que trabajan en la administración de justicia local. En el caso de Bilwi, la preocupación se ha formado además en conformar un sistema único a través de CAIMCA conformado por ONG e instituciones estatales tales nacionales y regionales para que las mujeres y niñas usuarias vayan a una sola institución y esta las acompañe a través de todo el sistema de administración de justicia, en vez de que las victimas vayan de institución en institución, revictimizandose y sin saber donde realmente le pueden resolver el caso, según la competencia institucional.
Una red de atención a las victimas de violencia Intra familiar y Sexual de Puerto Cabezas, RAAN, compuesta por: Movimiento de Mujeres Nidia White, AMICA, CEDEHCA, Comisaría de la Niñez y la Mujer, SILAIS del Ministerio de Salud, Comisión Regional de Salud, el Ministerio de la Familia (Mi Familia), Corte Suprema de Justicia y e Ministerio Publico, como un proyecto ejecutado por Médicos del Mundo, una ONG de Francia. 41 Según estadísticas de la Comisaría de la Mujer y la Niñez los casos mas frecuentes en Bilwi en lo que va del 2007 son: Lesiones (587); Amenazas (229); Violaciones (58); Estupro (27); Daños (27); Hurto menor (17); Tentativa de violación (13); Abusos deshonestos (10); Robos (9); Maltrato de menores (8); Acoso sexual (5); Rapto (3); Homicidio (2); Incesto (2); Sustracción de menores (1); Exposición de personas al peligro (1) para un total de 979 denuncias presentadas y 6,671 personas atendidas.
Los principales obstáculos encontrados a) entre las ONG que trabajan con mujeres
Uno de los dificultades identificadas es que todos estos proyectos de las ONG y de las organizaciones de mujeres, dependen de financiamiento externo, ya que el Estado no destina suficiente presupuesto para este tipo de servicios. Además, aun así, funcionando con fondos de la cooperación, la demanda de estos servicios a las mujeres sobrepasa la capacidad de respuesta de estas instituciones. Otro asunto que causa molestia entre los y las profesionales que trabajan en las ONG, y la Procuraduría de Derechos Humanos es que los funcionarios públicos manejan un doble discurso; y mientras en los foros de capacitación o durante las reuniones interinstitucionales, estos se expresan de acuerdo a las políticas de protección al acceso a la justicia de las mujeres con apego a la ley, así como con aseveraciones contra el sexismo y el racismo; en cambio en la practica, sus acciones son muy diferentes. De la misma manera, la falta de coordinación entre estos y las ONG también es causa de frustración, debido a que cuando las mujeres aparecen acompañadas de miembros de la ONG a tramitar los casos los funcionarios públicos se molestan. Y las frecuentes rotaciones en el personal, especialmente entre los representantes del Ministerio Publico, pone en desventaja a la victima en los casos pendientes, aprecian los representantes de las ONG. b) en la oficina del ombudsman y los operadores de justicia estatal Es de notar que en la última década el Estado Nicaragüense ha creado una serie de instancias y políticas para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de la mujer. Sin embargo, estas instituciones carecen de suficiente financiamiento y además sus funcionarios no tienen una cultura jurídica adecuada para proteger los derechos humanos de estos sectores vulnerables de la sociedad. La Procuraduría para la Defensa de los de Derechos Humanos (PDDHH) de Nicaragua, aunque cuenta con una Procuradora Especial para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, esta no tiene un programa especial para atender a la mujer indígena; y aunque trabaja en coordinación con la Procuradora Especial de Cárceles con mujeres privadas de libertad y en otros temas de genero, no lo hace exclusivamente con mujeres indígenas. De la misma manera, existe un Procurador Especial para la Defensa de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas en cada una de las regiones autónomas, Atlántico Norte y Sur, de la Costa Atlántica de Nicaragua; pero estos Procuradores Especiales de Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas, a pesar de su designación de especiales, en la practica se ocupan de toda clase de denuncias y casos, no exclusivamente de los que se relacionan directamente con pueblos indígenas y menos, con mujeres indígenas. Y aunque hay planes para nombrar a un Procurador Especial para los pueblos indígenas del Pacifico, Centro y
Norte del país, este nombramiento aun no se ha realizado, aparentemente por falta de fondos. También el Estado por medio del Poder Ejecutivo crea el Ministerio de la Familia (MiFAMILIA) como ente rector de la Política de Protección Especial hacia la familia, niñez y la adolescencia; y por medio del reglamento de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, las Comisarías de la Mujer, la Niñez y Adolescencia. Sin embargo MiFAMILIA trabaja con fondos muy escasos provenientes de las utilidades de la venta de La Lotería Nacional; y las Comisarías reciben fondos principalmente de a cooperación internacional, lo que hace que la sostenibilidad de estas instituciones sea incierta. Otro esfuerzo del Estado identificado se encuentra en la Ley Orgánica del Ministerio Público, su Reglamento y directrices nacionales que contemplan la conformación de una Unidad Especializada de Mujer, Niñez y Adolescencia para atender los casos relacionados a este segmento de la sociedad; sin embargo, en la practica no existe un impacto notable en resultados de mayor acceso a la justicia para las mujeres en general, o para la mujer indígena en particular. Aunque se ha incrementado en los últimos 15 años en la cultura jurídica nicaragüense, aun existe muy poco uso de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos e general, por los operadores de justicia estatal en particular. Y aunque se han realizado capacitaciones sobre el tema, sin embargo, los operadores de justicia estatal no hacen uso de las mismas, como tampoco lo han hecho los jueces en sus sentencias. Generalmente los instrumentos internacionales de derechos humanos son percibidos como carentes de coercitividad estatal y por ende no como verdaderas leyes. Sin embargo, esta percepción ha variado un poco en las Regiones Autónomas desde la emisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en los casos de Awas Tingni en el 200142 y del partido político indígena YATAMA43 en el 2005.44 Sin embargo, aunque los operadores de justicia conozcan los principales instrumentos internacionales estos no conocen bien los mecanismos para activarlos y por ende los ven como alternativas lejanas y costosas.
Sentencia sobre el fondo y reparaciones en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, Sentencia de 31 de agosto del 2001 de la Corte Intermericana de Derechos Humanos de la OEA. En la que la Corte condena al Estado Nicaragüense por violar los derechos de propiedad tradicional sobre tierras de la Comunidad, al otorgar una concesión sobre estas; la Corte establece que los derechos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus tierras son reconocidos en la Convención Americana. A raíz de este fallo la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley 445, que establece el reconocimiento legal de las autoridades comunales y territoriales, así como el proceso de demarcación y titulación de las tierras indígenas de la Costa Atlántica y de las cuencas de los ríos Bocay, Coco (Wanki), Indio y Maíz. 43 “Yapti Tasba Maskrita Aslatakanka” (Hijos de la Madre Tierra) YATAMA. 44 Sentencia sobre el fondo y reparaciones en el Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio del 2005. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condena al Estado nicaragüense por la violación del derecho a la garantía y protección judicial, así como los derechos políticos y el derecho de igualdad ante la ley reconocidos en la Convención Americana, en perjuicio de los candidatos propuestos por la organización indígena Yatama y excluidos por el Estado para las elecciones municipales de la RAAN y la RAAS del año 2000.
Además en los casos especifico del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Convenio 169 de la OIT, aunque este ultimo fue suscrito en 1989 con la participación de un representante del Estado Nicaragüense, ninguno de estos dos instrumentos han sido aun ratificados por el Estado. c) Las barreras que tienen las mujeres indígenas para acceder a la justicia En las comunidades indígenas y étnicas existe un alto nivel de tolerancia a la violencia y a la discriminación en contra de las mujeres y de sus problemas. La generalizada percepción de que los asuntos de violencia domestica, intafamiliar y sexual en su contra es un asunto privado, y que por ende así debe permanecer; es uno de los problemas mas grandes que enfrentan las mujeres y las niñas indígenas dentro de sus comunidades. Esto junto al abuso de la implementación de TALAMANA u otro tipo de arreglos con los perpetradores para tratar de resolver esos casos por parte de parientes y autoridades comunales. El potencial repudio de las autoridades comunales y de los miembros de la comunidad cuando la victima reporta, dentro o fuera, los casos de violencia y discriminación ocurridos dentro de la comunidad; así como la lejanía de las comunidades, lo costoso del viaje, el desconocimiento del sistema estatal y el desconocimiento del idioma español, en el que se desarrollan los proceso judiciales. Específicamente en el caso de las autoridades comunales y mujeres indígenas el desconocimiento de la legislación nacional y más aun de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas tales como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y/o el Convenio 107, ambos de la OIT, es aun mayor, ya que entre mas aislados y remotos están los territorios indígenas, más difícil es que se realicen talleres sobre el tema. Por lo que el desconocimiento sobre estos instrumentos internacionales es ente los pueblos indígenas generalizado. Conclusiones Las comunidades indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, han sufrido mas de 500 años de resistencia tratando de preservar sus tierras, cultura y tradiciones. La Constitución Política de Nicaragua, en su primera reforma en 1995, les reconoce los derechos que en 1987 otorgo únicamente a las comunidades indígenas y éticas de la Costa Atlántica de Nicaragua; para lo que las comunidades indígenas del Pacifico, Centro y Norte han presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que regula la elección y los períodos de sus autoridades comunales, el régimen de propiedad de sus tierras comunales y el derecho de ejercer una jurisdicción indígena de familia por elección de sus miembros.
Así mismo, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua es un reconocimiento constitucional reforzado por alguna legislación en la materia. Sin embargo, no existe suficiente conocimiento por parte del Estado, para realizar las coordinaciones, necesarias entre los Whitas o jueces comunales tradiciones y los jueces estatales, o para establecer las y validaciones de las decisiones de los jueces comunitarios, lo que genera una brecha entre los dos sistemas de derecho. El acceso a la justicia por parte de las mujeres indígenas tiene una peculiar ruta, primero ante el derecho consuetudinario dentro de sus comunidades, y luego ante la justicia estatal. Lo que obliga a las mujeres indígenas a vencer primero los prejuicios propios de su cultura y luego las barreras legales, sociales y culturales de la justicia estatal para tener acceso al resarcimiento de sus derechos. Aliados como las normas internacionales de derechos humanos, normas constitucionales y legales del ordenamiento jurídico interno, políticas publicas e instituciones con la finalidad de proteger sus derechos a vivir sin violencia, discriminación o a no ser victima del racismo, pueden quedarse cortas si todos estos esfuerzos se encuentran sumidos en una cultura jurídica que no termina de asumir estas normas y políticas o si peor aun, la sociedad no se deshace de sus perjuicios en contra de las mujeres en general y de las mujeres indígenas, en particular. Además, la brecha cultural y jurídica de los dos sistemas legales afecta a las mujeres indígenas en el sentido que ninguno de ellos les da una respuesta efectiva a las agresiones de las que es objeto. Sin embargo, es importante notar que el derecho en general tiene un alto componente cultural, por lo que la percepción de lo que debe ser penado por la sociedad, o catalogado como falta o delito es un juicio de valor social eminentemente cultural. Pero las agresiones a las mujeres tienen un común denominador, la hegemonía masculina de las instituciones de administración de justicia tanto comunitaria como estatal. Aunque las normas internacionales de derechos humanos protegen los derechos delas mujeres indígenas, estas aparentemente no han perneado lo suficiente los sistemas legales nacionales para verdaderamente ser invocadas y aplicadas. Parece ser una constante generalizada que los convenios internacionales, y las normas constitucionales de protección a los derechos humanos de las mujeres indígenas, se queden a nivel formal sin ser aplicados efectivamente. Con este trabajo esperamos contribuir a señalar en que ámbitos se pueda trabajar para contribuir a asegurar que las mujeres indígenas, no solamente puedan acceder a una justicia pronta e imparcial, pero también construir una cultura jurídica que las respete, dentro de una sociedad en la que las mujeres en general, y la mujeres indígenas en particular, puedan vivir como seres humanos íntegros, nacidas iguales en derechos y en dignidad.
Recomendaciones Promover e impartir capacitaciones sobre el contenido y los mecanismos para operar La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará) y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y/o el Convenio 107, ambos de la OIT a las autoridades de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de Nicaragua preferiblemente a través de instituciones que trabajen con mujeres indígenas, así como alas mismas comunitarias. Promover la aprobación y la ratificación por parte del Estado de Nicaragua del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y del Convenio 169 de la OIT. Profundizar el estudio sobre las mujeres privadas de libertad y condenadas por el delito de TIE para comprobar si existe discriminación en la aplicación del procedimiento legal, que aparentemente niega el efectivo acceso a la justicia a las mujeres indígenas en estos casos. Y de ser así, explorar las posibilidades de presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por discriminación basada en el sexo, en el origen y en las condiciones económicas y culturales de las mujeres indígenas condenadas por TIE en Nicaragua; ya que es claro el desproporcionado impacto que la aplicación de la Ley 285 esta teniendo en este sector de la sociedad nicaragüense. Para lo que primero se deberá presentar una demanda que agote los remedios internos. También existen aspectos discriminatorios contra la mujer en la recién aprobada ley que penaliza el aborto terapéutico, ya algunas ciudadanas apoyadas por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han presentado un recurso de Amparo por Inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la que de no pronunciarse dentro de los 45 días, se habrían agotados los remedios de la legislación interna; y por ende el caso podría presentarse al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos de la OEA. Ampliar las investigaciones sobre el uso tradicional del TALMANA en las comunidades indígenas para conocer si verdaderamente existe incompatibilidad entre su aplicación y la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
X. FUENTES BIBLIOGRAFICAS X. I. Normas en la Constitución Política de Nicaragua sobre pueblos indígenas y la mujer. La Constitución Política de Nicaragua de 1987 y la Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua. Ley No.192 del 1 de Febrero de 1995. Artos. 5, 8, 11, 46, 49, 89, 90, 91, 99, 103, 107, 121, 180 y 181, sobre pueblos indígenas y los Artos. 27, 34.5 y 6, 36, 39, 48 Capitulo IV Derechos de la Familia Artos. 70 a 79; 82.1, 6 y 7; en el caso de las Mujeres. X. II. Declaraciones, Convenios y Normas Internacionales para la protección de los derechos humanos 1.- Normas internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas La Declaración Universal de los Derechos Humanos; aceptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (XXX), del 10 de diciembre de 1948. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia 1948. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas; Nicaragua se adhiere el 12 de marzo de 1980. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Nicaragua deposita el instrumento de adhesión el 15 de febrero de 1978. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Nicaragua se adhiere el 15 de febrero de 1978. La Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos; ratificada por medio del Decreto Ley No.55 del 25 de septiembre de1979. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; suscrito por el Gobierno de Nicaragua el 17 de noviembre de 1968 y firmado el 17 de noviembre de 1988.
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT. (Aun no ratificado por el Estado de Nicaragua). La Declaración del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-2004). La Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de Septiembre del 2007. El Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. 2.- Normas internacionales sobre derechos humanos de la mujer Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Aprobada el 18 de diciembre de 1979. La Cuarta Conferencia Mundial Sobre La Mujer (Declaración De Beijing). Septiembre de 1995. Y Adopción de la Plataforma de Acción. Con tres principios fundamentales para lograr la igualdad de la mujer: a) habilitación de la mujer b) promoción de los derechos humanos de la mujer c) promoción de la igualdad de la mujer. En esta Cumbre se promueve, que cada Estado participante, incorpore, en el futuro, una perspectiva de género, en todas las políticas y programas a desarrollar. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Adoptada por la Asamblea General en su Resolución A/54/4 del 6 de octubre de 1999. (Aún no ratificado por el Estado de Nicaragua). Convenio No. 3 (OIT) sobre la Protección de la Maternidad. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América el 29 de octubre del año 1919. A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende a toda persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada o no, y el término hijo comprende a todo hijo, legítimo o no. Convención de los Derechos del Niño y la Niña. El Estado Nicaragüense, mediante Decreto legislativo, el 19 de abril del año 1990.
3.- Leyes relacionadas a los pueblos indígenas de Nicaragua Ley Legislativa de 16 de Febrero de 1906, derogada por la Ley de 3 de Junio de 1914 y declarada vigente por la Ley de 24 de Abril de 1918.
Ley de 3 de Junio de 1914 que derogaba la de 16 de Febrero de 1906 sobre venta de terrenos de Comunidades Indígenas, y reglamenta la administración de los bienes de dichas Comunidades. Ley de 6 de Agosto de 1918 Sobre Estatuto de Comunidades Indígenas. La Gaceta, Diario Oficial, Managua, 11 de Marzo de 1952 sobre Elecciones de las Juntas de Administración de los Bienes de las Comunidades Indígenas. Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987. Ley 212, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 7 del 10 de enero de 1996. Ley No.217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio de 1996. Ley No.162, Ley de Uso Oficial de las Lenguas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 132 del 15 de julio de 1996. Ley No. 185, Código del Trabajo de la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 205, del 30 de octubre de 1996. Ley 218, Ley para la Asignación del Presupuesto Universitario e Inclusión en de las Universidades BICU y URACCAN en la Ley de Autonomía de Educación Superior, publicada en El Nuevo Diario, del 5 de septiembre de 1996. La Ley No. 40, Ley de Municipios, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 155 del 17 de agosto de 1988. Y su reforma Ley 261 publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 162 del 20 de agosto de 1997. Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Región Autónoma de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 16 del 23 de enero de 2003.
4.- Leyes relacionadas con la mujer y la familia Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua. (1906).
El Derecho de Familia está contenido principalmente en el Código Civil (1904), y numerosas leyes promulgadas con posterioridad que lo complementan o modifican, tales como: Decreto No. 862, Ley de Adopción, publicación en la Gaceta, Diario Oficial, No. 259, del 14 de noviembre de 1981. Decreto número 1065 el día 24 de junio de 1982, Ley reguladora de la Relación Padre, Madre Hijos. Ley No. 38, Ley para la Disolución del Matrimonio por Voluntad de una de las Partes y sus Reformas publicada en la Gaceta No. 80 del 29 de abril de 1988; Ley 485, Ley de Adiciones a los Artículos 3 y 18 de la Ley para la Disolución del Matrimonio por Voluntad de una de las Partes Aprobada el 28 de Abril del 2004 y publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 98 del 20 de Mayo del año 2004. Ley No. 143, Ley de Alimentos, publicada en la Gaceta No. 57 del 24 de Marzo de 1992. Ley No. 482, Ley de Reforma al Artículo 19 de la Ley 143, Ley de Alimentos Aprobada el 22 de Abril del año 2004 y publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 19 de Mayo del año 2004. Ley 290, Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 137, del 23 de junio de 1998. Ley No.287, Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Nicaragua publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 97, del 27 de mayo de 1998. Ley 423, Ley General de Salud, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 91 del 17 de Mayo del 2002. Ley 160, que deroga el artículo 165 del Código Penal de la Republica de Nicaragua, publicada en La Gaceta Diario Odicial No. 244 del 17 de noviembre del 2006.
5. Leyes relacionadas con la administración de justicia y el régimen penitenciario Ley No.230, Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 191, del 9 de octubre de 1996.
Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional publicado en La Gaceta, Diario Oficial No 162 del 28 de agosto de1996. Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de la República de Nicaragua y su reglamentación publicada en la Gaceta No. 104 del 2 de junio de 1999. Ley 285, Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias Controladas; Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas, publicada en La Gaceta, diario Oficial, No. 6 del 15 de Abril de 1999. Ley No. 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en la Gaceta No.196 del 17 de Octubre de 2000. Ley No. 411, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 244 del 24 de diciembre de 2001. Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 243 y 244 del 21 y 24 de Diciembre del 2001. Ley No 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, publicada en la Gaceta No. 222 del 21 de noviembre de 2003. Ley No 501. Ley de Carrera Judicial, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 9, 10 y 11 del 13, 14 y 17 de Enero de 2005.
6. Decretos Aprobación del Proyecto de la Convención Interamericana Relativa a la Creación de un Instituto Indigenista Interamericano (Congreso Nacional) Gaceta No. 2 del 8 de enero de 1942. Decreto No.448, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 142 de junio de 1980. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Decreto 53-94 creador del Comité Nacional del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas (CONADIPI), publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 237 del 19 de diciembre de 1994. Decreto 18-95 Aprobación y Ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 107 del 9 de junio de 1995. Decreto No. 49-95, Ratificación del Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 198 del 23 de octubre de 1995.
Decreto No. 56-95, Ratificación del Convenio Sobre Diversidad Biológica, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 245 del 29 de diciembre de 1995. Decreto No. 9-96, Reglamento de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No 163 del 29 de agosto de1996. Decreto No. Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No 32 del 14 de febrero de1997. Decreto A. N. 3584, Reglamento de la Ley No. 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, publicado en La Gaceta Diario Oficial No.186 del 2 de octubre del 2003. Reglamento de la Ley y del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, publicada en la Gaceta No. 54 del 17 de marzo de 2004. Reglamento Disciplinario del Personal de la Dirección de la Dirección general del Sistema Penitenciario Nacional, Acuerdo Ministerial No. 34-2004, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No 97 del 19 de mayo de 2004.
XIII. JURISPRUDENCIA Sentencia de la 1:30 p.m. del 13 de junio del 2000 de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Sentencia de la Corte Intermericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el fondo y reparaciones en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, 31 de agosto del 2001. Sentencia de la Corte Intermericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el fondo y reparaciones en el Caso Yatama Vs. Nicaragua, 23 de junio del 2005. XIV. PUBLICACIONES
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Acceso a la Justicia para las Mujeres Victimas de Violencia en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007 Hacia un Modelo Pluralista de Administración de Justicia en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. Proyecto de Apoyo a la Promoción y Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Comisión Europea-CISPURACCAN-CEDEHCA. CISP (2007). Caracterización Sociodemográfica de la Región Autónoma Atlántico Norte, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (NIDE), VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Nicaragua, Julio 2007. Caracterización Sociodemográfica de la Región Autónoma Atlántico Sur, Instituto Nacional de Información de Desarrollo (NIDE), VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Nicaragua, Julio 2007. Awas Tigni Vs. Nicaragua, y el Proceso de Demarcación de Tierras Indígenas de la Costa caribe Nicaragüense. Acosta, Maria L. WANI Revista del Caribe Nicaragüense, WANI. No. 47. CIDCA-UCA Octubre-Diciembre 2006.El VIII Censo de Población y IV de Vivienda, Censo 2005, Cifras Oficiales, Censos Nacionales, 2005, Población, Vivienda, Hogar. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Gobierno de Nicaragua, Mayo 2006. Historia Oral de las mujeres criollas de Monkey Point: la identidad afrodescendientes y los derechos a las tierras comunales. Goett, Jennifer. WANI Revista del Caribe Nicaragüense No. 46, Julio-Septiembre, 2006. “Magia Sexual” y dinero: La estrategias de las mujeres miskitas en la economía global. Hobson, Laura H. WANI Revista del Caribe Nicaragüense No. 46, Julio-Septiembre, 2006. Breve Historia Jurídica y Análisis sobre la Institucionalidad, el Derecho Maya y el La Derecho de los Pueblos Indígenas en Guatemala. Rosales B. Moisés E. Programa de Sociedad Civil de USAID, Proyecto “Un Estado y una Nación para todos”. Programa Plurianual Democracia y Derechos Humanos América Central. Guatemala. 2005. Régimen Legal de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua: Comentarios al Decreto A. N. 3584 (2003) Reglamento a la Ley No. 28, y Comentarios e Implementación de la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Acosta. Maria L. ACDI/PRODENI/URACCAN. Managua, Nicaragua. 2005.
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El Estado y la Tierra Indígena en las Regiones Autónomas: El caso de la Comunidad Mayagna de Awas Tingni. Acosta, Maria L. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. (IWGIA) No. 4, 1998.Copenhague, Dinamarca. Creencias y actitudes tradicionales de los Miskitos en torno a ciertas enfermedades. García, Claudia. WANI, Revista del Caribe Nicaragüense. No. 16, 1995. Managua, Nicaragua. XV. OTROS DOCUMENTOS Sistematización, Acceso a la Justicia de las Mujeres Indígenas en Centroamérica: Encuentro de Defensoras Comunitarias. Rodríguez O. Javier. IIDH, San José, C.R. 18-20 de junio 2007. Actividad Delictiva en VIF/Sexual, Perido del 2005 al 2007. Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, RAAN. Octubre 2007. Lista del Personal Femenino Detenido en las Celdas de la Policía Nacional de Puerto Cabezas por Diferentes Delitos. Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, RAAN. Octubre 2007. Lista de Internas del Sistema Penitenciario de Bluefields, Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario Nacional, Dirección Penitenciario de Bluefields-RAAS. Octubre 2007. Recurso de Amparo por Inconstitucionalidad de la Ley 603 que deroga el artículo 165 del Código Penal de la Republica de Nicaragua, penalizando el Aborto Terapéutico en Nicaragua. Ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, presentado el 8 de enero del 2007. Propuesta de Anteproyecto de Ley de los Pueblos Indígenas del Norte, Centro y del Pacifico de Nicaragua, 27 de Marzo del 2006. Libro de Registro de los Casos Penales del Ministerio Publico de la RAAN, 2006. Cátedra sobre mujer indígena privada de libertad y derechos humanos y las perspectivas del Sistema Penitenciario. Magistrada Clarisa Ibarra. URACCAN-CEIMM, Nueva Guinea, 2006. Diagnóstico sobre Acceso de las Mujeres a la Justicia en Materia de Familia. López H. Carlos E.et al. Fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)AECI/NIC/ 2005/ 002 –CSJ. Managua, Nicaragua, Agosto 2005
Informe Final sobre la Administración de Justicia en un Contexto Multietnico e Intercultural. Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Comisión de Administración de Justicia de las Comunidades de la RAAN. Marzo del año 2001. XVI. ENTREVISTAS REALIZADAS Managua 1- Lic. Deborah Gradison, abogada creole, Procuradora Especial de los Derechos Humanos de la Mujer de la PDDHH, Cell (505) 854-8236 debigran@yahoo.com 2.- Lic. Gonzalo Carrión, Director de la Sección Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). 3.- Lic. Carlos Emilio López, consultor, exprocurador especial de la niñez y la adolescencia de la PDDHH. evomundo@hotmail.com Sutiaba, León 1.- Leonor Barcenas, miembro de la Junta Directiva de la Comunidad Indígena de Sutiaba, y Zeneida Benavides, secretaria. Frente al Centro de Salud de Sutiaba, León Nicaragua. Teléfono (505) 317-0236 y (505) 415-2048 2.- Marina Isabel Maradiaga Perez, Coordinadora Fundación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Indígenas de Sutiaba “Xochilacal”. Casa quemada, Sutiba, León Nicaragua (505) 311-2520 xochiltprocremis@cablenet.com.ni Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN 1.- Juana Bilbano y Tagni Hodgon, Responsable y Asistente respectivamente de los Programas del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), (505) 834-7976 juana_cejudhcan@yahoo.com 2.- Maribel Salas, Defensora Social, Centro de Atención Integral a la Mujer Carieña (CAIMCA), Movimiento de Mujeres Nidia White, (505) 408-1078 3.- Dra. Mirna Cunningham, Mískitu, Ex rectora de la Universidad URACCAN, casa Museo Juddy Kain, Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN. (505) Mirnacunningham@aol.com 4.- Neptalia Herrera, Colectivo Gaviota, del Hotel USA ½ cuadra al Oeste, Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN (505) 659-1006 5.- Mujeres Acopiadoras en los Cayos Miskitos, Dakura, Tawira y Muelle, “Pikineras” o Mujeres Trabajadoras del Mar. Antonia Medina Lewis, Ofelia
Thompson, Angela Chow, Mireya Zamora, Brenda Patterson, Betty Chow, Dora Morrison, Ivania Chow. 6.- Sahsha Marly, Coordinadora Centro de Estudios y Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM-URACCAN) Puerto Cabezas, RAAN. (505) 854-0209 7.- José Barrientos, Procurador Especial de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la RAAN (PDDHH), frente a casa Museo Juddy Kain, Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN. (505) 834-4124 8.- Lic. Alejando Téllez Alvarado Presidente Tribunal de Apelaciones de la RAAN, Bilwi, Puerto Cabezas. (505) 792-2515 9.- Lic. Clarisa Ibarra, Magistrada de la sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la RAAN. (505) 792-2515 (505) 856-8224 cybarrar@yahoo.com 10.- Sub-Comisionada Carmen Poveda, Comisaría de la Mujer y a Niñez, Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN. (505) 855-8131 11.- Doris Borst y Mara Wilson, Directora y Asesora Legal de la Asociación de Mujeres Indígenas de la Costa Atlántica (AMICA), Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN. asociacionamica@yahoo.es (505) 792-2219 Telefax wimachow@yahoo.es (505)475-2827 12.- Lic. Felix Ramón Hernández, Fiscal Auxiliar de la RAAN, De la Gasolinera Cañon ½ cuadra al Oeste, Bilwi, Puerto Cabezas, RAAN (505) 792-2323 Bluefields, RAAS 1.-Lic. Wilfredo Jarquìn, Procurador de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la RAAS (PDDHH), Oficina Contiguo al Laboratorio Taley , Blefields RAAS, Teléfono (505) 572-1624 y (505) 658-5584, wilfredojarquin@yahoo.com 2.- Lic. Sandra Hodgson, Asesora Legal IXCHEN, Bluefields Teléfono (505) 5722965 Cell 835-8048 ixchblue@yahoo.mx 3.- Lic. Yorlene Orozco, Jueza de Ejecución de Sentencia de Bluefields Teléfono (505) 663-1277 4.- Lic. Shirlaine Howard, Abogada Creole de la RAAS y profesora universitaria de la Bluefields Indian & Carreibean University (BICU) Asociación de Mujeres Costeñas Teléfono (505) 572-1603 5.- Lic.Aleyda Gómez, Centro de Estudios y Información de la Mujer Multiétnica (CEIMM-URACCAN) Teléfono (505) 572-1308 y (505) 841-5517 aleyda.gomez@gmail.com
6.- Lic. Linda Domínguez, Secretaria del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, Sala Penal, Teléfono (505) 572-2469 Cell (505) 4415599 dominguezlada_71@yahoo.com dominguezlada_71@hotmail.com 7.- Pearl Watson y Allen Clair, Autoridades Comunales, Coordinadora y Vice Coordinador, respectivamente de la Comunidad de Monkey Point. Teléfono (505) 572-1765 ramagob@gmail.com 8.- Hortensia Hernández, Presidenta de la Comunidad Indígena Tama de Rama de Rama Cay. Teléfono (505) 572-1765 y (505) 636-7065 ramagob@gmail.com
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