Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00049-3358-14-de-mayo-18-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_b3101945937347e3b17439255e46562c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-25 17:26:10
Document Index: 39129920

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 140', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 140', 'artículo 23', 'artículo 365']

﻿ SENTENCIA 2013-00049/3358-14 DE MAYO 18 DE 2017
SENTENCIA 2013-00049 DE 18 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:PARTIDAS COMPUTABLES EN LA ASIGNACIÓN DE RETIRO APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS. SE PRECISÓ QUE LAS PARTIDAS COMPUTABLES QUE SEÑALAN LA ASIGNACIÓN DE RETIRO CONFORME AL ARTÍCULO 140 DEL DECRETO 1212 DE 1990 EN LAS QUE SE ENCUENTRAN: SUELDO BÁSICO, PRIMA DE ACTIVIDAD, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, PRIMA DE OFICIAL DIPLOMADO EN LA ACADEMIA SUPERIOR DE POLICÍA, DUODÉCIMA PARTE DE PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE VUELO, GASTOS DE REPRESENTACIÓN, SUBSIDIO FAMILIAR Y BONIFICACIÓN DE LOS AGENTES DEL CUERPO ESPECIALMIENTRAS QUE LAS PARTIDAS COMPUTABLES PARA LIQUIDAR LAS ASIGNACIONES DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DEL NIVEL EJECUTIVO ESTÁN DETERMINADAS EN EL ARTÍCULO 23 DEL DECRETO 4433 DE 2004. DE IGUAL FORMA, LAS PARTIDAS COMPUTABLES QUE SE ALUDIERON OBEDECEN A QUE CADA UNO DE LOS REGÍMENES, EL DE SUBOFICIALES Y EL DE LOS MIEMBROS DEL NIVEL EJECUTIVO, TIENEN BASES SALARIALES DIFERENTES Y PRIMAS, SUBSIDIOS, BONIFICACIONES Y OTROS EMOLUMENTOS PROPIOS, DE LOS QUE SE DERIVAN LAS PARTIDAS QUE HAN DE TOMARSE PARA LIQUIDAR LA PRESTACIÓN POR RETIRO, LO CUAL NO ES PERMITIDO SEGÚN LO SEÑALADO POR LA SALA, CON RAZÓN A ACUDIRSE A LAS PARTIDAS DE UN RÉGIMEN (EL DE SUBOFICIALES) PARA LIQUIDAR LA PRESTACIÓN DE RETIRO DE QUIEN PERTENECE A OTRO (EL DEL NIVEL EJECUTIVO).
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIONES SOCIALES, ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES, ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADO PÚBLICO, ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2013-00049/3358-14 de mayo 18 de 2017
Radicación: 68001 23 33 000 2013 00049 01 (3358-14)
Actor: Henry Alberto Santamaría Forero
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional - Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Se circunscribe a establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro con base en la normatividad que lo regían antes de producirse la homologación al nivel ejecutivo y, si tiene derecho al reconocimiento o compensación de las primas, subsidios, bonificaciones y prestaciones que le dejaron de reconocer con ocasión de esa homologación.
El señor Henry Alberto Santamaría Forero ingresó al servicio de la Policía Nacional, en calidad de agente alumno, el 1º de agosto de 1983; posteriormente fue vinculado como agente nacional desde el 1º de enero de 1984; fue incorporado como suboficial desde el 1º de agosto de 1986 y empezó a hacer parte del nivel ejecutivo de la institución el 1º de septiembre de 1994(11).
Su retiro del servicio se produjo a partir del 10 de octubre de 2008, en virtud de la Resolución 4324 del 30 de septiembre de ese año(12).
2.3.2. En relación con los emolumentos que el demandante ha percibido durante su relación laboral.
Mediante Resolución 6062 del 1º de septiembre de 1989(13), se reconoció el subsidio familiar a favor del demandante, en el 30%; posteriormente, fue incrementado, mediante Resolución 2932 del 27 de marzo de 1990(14), al 35% y, más adelante, aumentó al 39%, en virtud de la Resolución 310 del 27 de noviembre de 1992(15).
2.3.3. En relación con la reclamación en sede administrativa.
Mediante petición radicada el 10 de julio de 2012(16) el demandante, solicitó el reconocimiento y pago de las primas, subsidios, bonificaciones y auxilio de cesantías que la Policía Nacional dejó de cancelar y que tienen sustento en lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, con los intereses e indexaciones de ley.
La Policía Nacional, a través de la jefe del área administración salarial resolvió tal solicitud, mediante Oficio S-2012-187525/ADSAL-GRUNO-22 del 17 de julio de 2012, mediante el cual despachó desfavorables las pretensiones del actor, aduciendo que la administración ha dado estricto cumplimiento a las normas relativas a los salarios y prestaciones sociales de los miembros del nivel ejecutivo de la institución.
El demandante, en su condición de miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, reclama el reconocimiento y pago de prestaciones, auxilios, subsidios, entre otros, que fueron suspendidos con ocasión de su homologación en ese nivel, así como la reliquidación de su asignación de retiro, con base en las normas que lo cobijaron antes de que se produjo la homologación, motivo por el cual es necesario realizar un comparativo de los emolumentos que percibía antes de su homologación y después de ella, lo que se ve reflejado en el cuadro siguiente:
A los diez (10) años, el diez por ciento (19%0 y por cada año que exceda de los diez (10), el uno por ciento (1%) más. ART. 8º—Prima de retorno a la experiencia. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de retorno a la experiencia, que se liquidará de la siguiente forma: a) El uno por ciento (1%) del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado de intendente y el uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el siete por ciento (7%); b) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por ciento (9.5%); c) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de comisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12).
ART. 81.—Prima de vacaciones. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio activo, con la excepción consagrada en el artículo 8º del Decreto 183 de 1975, tendrán derecho al pago de una prima vacacional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los haberes mensuales, por cada año de servicio, la cual se reconocerá para las vacaciones causadas a partir del 1º de febrero de 1975 y solamente por un período dentro de cada año fiscal. ART. 11.—Prima de vacaciones. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima de vacaciones por cada año de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, conforme a los factores que se señalan en el artículo 13 de este decreto.
Adicionalmente, debe decirse que de acuerdo con las certificaciones allegadas como prueba(17), aludidas en el acápite correspondiente, se puede establecer que al demandante se le incrementó en un alto porcentaje su asignación básica; lo que quiere decir que el ingreso mensual total que recibía como miembro de ese nivel fue mayor al que percibía en su condición de suboficial de la Policía Nacional.
Las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta corporación ya han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre controversias similares y han concluido, en reiteradas providencias(18), que el régimen salarial y prestacional de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, analizado en su integridad, resulta más favorable que el que cobijaba a los suboficiales y agentes de la institución, en particular, porque la asignación salarial les resultó favorable, por ende, no se puede entender que hubo vulneración a los derechos adquiridos o detrimento salarial, como el que alega la demandante. Así se discurrió en una de tantas sentencias:
Por último, como se dejó expuesto en el marco normativo y jurisprudencial, la Sala(19) ya se había pronunciado sobre el presunto desmejoramiento de la situación salarial y prestacional del personal activo que ingresó al nivel ejecutivo. En aquella oportunidad, sostuvo la Sala:
“El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio (en este caso, el de agentes – D. 1213/90, por un lado; y, el del nivel ejecutivo – D. 1091/95, por el otro). Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad (ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa), la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable (la contenida en el D. 1091/95) existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales”(20).
Además, en aplicación del principio de inescindibilidad, el demandante no se puede favorecer de las ventajas de uno y otro régimen, máxime cuando la decisión de acogerse, en este caso, al nivel ejecutivo de la Policía Nacional surgió en forma libre y espontánea, y ello conllevaba la aceptación y acogida de las normas que fijaban los salarios y prestaciones sociales para el mismo.
Ahora bien, en materia de asignación de retiro, el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990 establece las bases de liquidación y fija las siguientes partidas computables: sueldo básico, prima de actividad, prima de antigüedad, prima de oficial diplomado en la academia superior de policía, duodécima parte de prima de navidad, prima de vuelo, gastos de representación, subsidio familiar y bonificación de los agentes del cuerpo especial; mientras que las partidas computables para liquidar las asignaciones de retiro de los miembros del nivel ejecutivo están determinadas en el artículo 23, numeral 23.2 del Decreto 4433 de 2004 y son: sueldo básico, prima de retorno a la experiencia, subsidio de alimentación, duodécima parte de la prima de servicios, duodécima parte de la prima de vacaciones y duodécima parte de la prima de navidad.
Las partidas computables que se aludieron obedecen a que cada uno de los regímenes, el de suboficiales y el de los miembros del nivel ejecutivo, tienen bases salariales diferentes y primas, subsidios, bonificaciones y otros emolumentos propios, de los que se derivan las partidas que han de tomarse para liquidar la prestación por retiro, y no se puede, como lo pretende el demandante, acudirse a las partidas de un régimen (el de suboficiales) para liquidar la prestación de retiro de quien pertenece a otro (el del nivel ejecutivo), pues ello, igualmente, iría en contra del principio de inescindibilidad normativa, según se explicó previamente.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(21), respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 365 del Código General del Proceso(22), se condenará a la parte demandante al pago de las costas de segunda instancia, por haberse confirmado íntegramente la sentencia del inferior y teniendo en cuenta la gestión que realizó la entidad demandada en segunda instancia(23).
Con los anteriores argumentos fuerza concluir que el demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones, auxilios, subsidios y demás emolumentos reclamados, ni a la reliquidación de su asignación de retiro, lo que conlleva confirmar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda. Con condena en costas de la segunda instancia al demandante.
1. Confirmar la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso promovido por Henry Alberto Santamaría Forero contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.
3. Reconocer al abogado Oscar Daniel Hernández Murcia como apoderado judicial de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, en la forma y términos del poder visible en folio 316 del expediente.
(7) Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
(8) Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
(9) Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del estatuto para la seguridad social y bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada “Nivel ejecutivo”, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la carrera profesional de oficinas, suboficiales y agentes.
(10) “Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se encuentre”.
(11) Folios 16 a 19.
(12) Folio 128.
(13) Folios 20 a 22.
(14) Folios 23 a 25.
(15) Folios 26 a 28.
(16) Folios 3 a 9.
(17) Folio 148.
(18) Ver, entre otras, las siguientes: Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación 25000-23-25-000-2011-00696-01(0590-2015); Subsección A, sentencia de 3 de marzo de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; radicación: 25000-23-42-000-2013-00067-01(3546-13); Subsección A, sentencia de 19 de mayo de 2016, M.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación 25000-23-25-000-2012-00108-01(3396-14); Subsección A, sentencia de 17 de noviembre de 2016, M.P. William Hernández Gómez, radicación: 25000-23-42-000-2013-05603-01(2296-14).
(19) Esta cita hace parte del texto trascrito: Sentencia de 31 de enero de 2013. NI. 0768-12.
(20) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 9 de febrero de 2015, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación: 17001-23-33-000-2012-00152-01(2987-13).
(21) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C.P. William Hernández Gómez.
(22) En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
(23) Presentar alegatos de conclusión.