Source: https://www.scribd.com/doc/8615501/Tribunal-Superior-Sala-Civil-Familia-confirmo-fallo
Timestamp: 2018-06-22 07:35:42
Document Index: 103306057

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 18', 'e contrario', 'artículo 86', 'artículo 23', 'artículo 209', 'artículo 24', 'artículo 86', 'artículo 86']

Description: Tribunal Superior de Cúcuta Sala Civil Familia resolvió la impugnación concedida a la accionante respecto fallo del 08-Sep-2008 Juzgado Quinto Familia del Circuito de Cúcuta. Accion de Tutela: De M...
Tribunal Superior de Cúcuta Sala Civil Familia resolvió la impugnación concedida a la accionante respecto fallo del 08-Sep-2008 Juzgado Quinto Familia del Circuito de Cúcuta. Accion de Tutela: De María Belén Contreras contra el IDS-NS
“TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA SALA CIVIL FAMILIA Magistrada ponente: Dra.
CONSTANZA FORERO DE RAAD Ref.: Rad. 5401-3110-005-2008-041300 Rad. Interno: 2008-00225-01 Cúcuta, veinticinco de noviembre de dos mil ocho. Esta Sala de decisión procede a resolver la impugnación concedida a la accionante, respecto del fallo proferido el día ocho de septiembre del presente año por el Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad, dentro de la acción de tutela instaurada por María Belén Contreras Martínez contra el Instituto Departamental de Salud. ANTECEDENTES La peticionaria mediante escrito inicial, solicita la protección del derecho fundamental constitucional de Petición, asi como el debido proceso, dignidad, igualdad, equidad, el reconocimiento y pago de lo debido, el derecho a desempeñarse laboralmente de acuerdo al perfil y las competencias, y el ejercicio de las funciones de acuerdo al estatus profesional, que considera le están siendo vulnerados por el extremo pasivo, al no darle respuesta oportuna y en los términos requeridos a la solicitud elevada el día 29 de julio del presente año, comunicación que fuera recibida por la entidad demandada en la última fecha, según se constata a folio 2 del cuaderno principal de la instancia. Los hechos base de lo pretendido, se sintetizan así: 1º Que elevó una petición el día 29 de julio del presente año ante la entidad pública accionada, solicitando información y expedición de las copias que da cuenta dicha reclamación, para con ello entrar a demostrar los tratos indebidos, inhumanos y degradantes que psicológicamente y laboralmente ha y está afectando su salud, sin que a la fecha de presentación de la acción le haya recibido respuesta alguna, evadiendo la accionada, su obligación en aportar todas las
pruebas que necesita para impetrar las acciones respectivas por acoso laboral y otras. 2º Que por lo anterior, debe ordenarse a la entidad demandada que conteste y resuelva en forma íntegra la reclamación elevada por haber transcurrido más de diez días hábiles para ello, aún cuando alegue haber dado respuesta ya que la misma fue extemporánea, no exonerándola de responsabilidad, por cuanto se encuentra de todas manaras(sic) violentando el derecho fundamental y constitución(sic) de dar información y expedir copias. 3º Que con relación al Debido Proceso que emerge del acoso laboral, es evidente, por cuanto no se ha constituido debidamente el comité de convivencia laboral y si este(sic) se conformó, se hizo con violación a dicho derecho; así como tampoco se le ha dado trámite y respuesta a la denuncia formulada mediante escrito dirigido a la Dra. Nelly Patricia Santafe(sic) Andrade en su condición de Directora del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, en vista de las sistemáticas conductas en su contra tipificadas en la Ley 1010 del 26 de enero de 2006, aunándose el hecho de haber sido desplazada a otra dependencia y con funciones que nada tienen que ver con sus conocimientos, título profesional de contador público, especializaciones, diplomados y otros estudios adicionales realizados, unido a la experiencia que ostenta real y ciertamente, con el ingrediente que en varias ocasiones y por años en forma interrumpida, se le han asignado, quitado y agregado funciones que debe ejercer, así como trabajos de apoyo, lo cual le ha generado sobre carga en sus labores y responsabilidades. 4º Que no le han sido reconocidos ni pagado los estudios de especialización adquiridos, en cambio el diplomado en el 70%, existiendo desigualdad frente a otros servidores de la institución que se les pagó el 100%, configurándose con ello la violación a tal derecho y de paso el de equidad y dignidad, unido a que se canceló a
otros funcionarios los incrementos salariales, teniendo en cuenta que éstos tenían o no el mismo grado y asignación mensual. El operador judicial de instancia mediante auto del 27 de agosto del presente año, admite la acción por encontrarla ajustada a derecho, ordenando su notificación al Representante Legal de la entidad demandada, para que se pronunciara sobre los hechos puestos a su consideración por el reclamante. Enterada de la iniciación de la presente Acción Constitucional, la Directora de la Institución demandada se pronunció diciendo resumidamente, que la acción debe declararse improcedente por cuanto el requerimiento elevado por la accionante se satisfizo durante el presente trámite al darle respuesta a su reclamación, toda vez que a pesar de que las copias solicitadas desborda cualquier concepto de racionalidad y pese a la limitación de recursos, el 2 de septiembre del presente año se hizo entrega física y efectiva de unos documentos, pues de los restantes, se le manifestó que ellos se encuentran disponibles para la reproducción a su costa por cuanto el volumen solicitado fácilmente supera las 1000 unidades, decisión que se fundamenta en los artículos 24 del C.C.A, en concordancia con la Resolución número 0317 del 20 de febrero de 2006, mediante la cual se reglamenta internamente el procedimiento del trámite de los derechos de petición en el Instituto, en su artículo 1º, capitulo II, numeral 7º, así como con lo dispuesto en la Ley 57 de 1985, artículo 18. Expresó así mismo, que frente al punto de la ocurrencia del acoso laboral denunciado por la tutelante, el Instituto evidencia la inexistencia de mecanismos preventivos como lo es el Comité de Convivencia Laboral, tal y como lo dispone la Ley 1010 de 2006, no obstante ello, la Dirección del Instituto adoptó mecanismos de prevención del acoso laboral definiendo a su vez procedimientos internos para su desarrollo, adoptados mediante la Resolución 00195 del 28 de julio de 2008.
Indicó igualmente, que respecto de los derechos a la dignidad, igualdad y equidad, no es clara la accionante en el sentido del no reconocimiento y pago de lo debido, por cuanto no allega prueba idónea y ni siquiera sumaria de las sumas que le adeuda la entidad en donde se especifiquen los conceptos de dichas deudas, ya que contrario a ello, durante todo el tiempo que ha estado vinculada con el Instituto se le han cancelado tanto el salario como la prima técnica a que tiene derecho, en virtud del cargo que está ocupando y conforme a las asignaciones salariales autorizadas por la Junta Directiva, lo cual ocurre con el desempeño laboral acorde con su perfil y competencias, pues los en todos se y le cada uno de los actos está administrativos con cuales asignan funciones,
perfectamente claro que le respeta el perfil profesional que tiene la funcionaria y acorde con el manual de funciones de la entidad, anexando para el efecto la Resolución número 0320 del 27 de febrero de 2008 con la cual se reasignaron las áreas de desempeño laboral de la funcionaria. El Juez Constitucional finiquitó la instancia mediante el pronunciamiento objeto de impugnación, por el cual no concedió la tutela invocada, por considerar que el hecho que dio origen a la acción se encuentra superado, ante la afirmación efectuada por la entidad demandada en el sentido de haber hecho entrega de algunas copias a la peticionaria y otras que quedaron a su disposición para ser cancelada su reproducción por la solicitante, tornándose por ello inoficiosa por sustracción de materia, como quiera que los motivos que la originaron desaparecieron, razón por la cual, para no desnaturalizar el sentido y filosofía de la presente acción y así de(sic) evitar fallos inocuos, por lo que con base en ello decretó la cesación del procedimiento, no sin antes, conminar a la accionada para que en lo sucesivo no se repita(sic) estas conductas so pena de ser sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley.
oportunamente, exponiendo prácticamente los mismos argumentos que adujera en el escrito demandatorio de esta acción, por lo que arribados a esta Superioridad Jerárquica los autos, se procede a emitir la decisión que ponga fin a la instancia, previa las siguientes,(sic) Tramitada la instancia en debida forma y no observando la Sala causal de anulación alguna capaz de invalidad lo actuado, procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes, CONSIDERACIONES La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 86, la figura de la Acción de Tutela como una herramienta adicional a las ya establecidas por nuestra legislación, para brindar solución a los conflictos originados en las distintas actividades de la persona en sociedad y para las cuales no existan procedimientos legales preestablecidos. El fin primordial de la mencionada figura constitucional, es el de ofrecer a las personas una protección inmediata de los derechos constitucionales, cuando estos(sic) resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en los casos expresamente señalados en la Ley, cuando no exista otro medio de defensa judicial, o también como medio transitorio de inmediata aplicación a efecto de evitar un perjuicio irremediable, cuando aquellos(sic) hayan sido previstos. El artículo 23 de la Carta Política, reconoce el derecho de petición como un derecho fundamental, como quiera que éste es el que permite un contacto directo entre el gobernado y el gobernante, manifestándose como una forma de participación en los asuntos públicos, sirviendo además como instrumento para lograr la protección de los demás derechos de la persona. “En virtud el derecho de petición, los particulares se encuentran en la posibilidad de dirigirse a las autoridades publicas, en interés
particular o general, para obtener dentro del término legalmente establecido, una respuesta, pues cuando la autoridad pública omite resolver sobre la petición o produce una decisión tardía sobre el asunto a su consideración por esa vía, conculca el derecho, cuyo núcleo esencial comprende una “pronta solución.” (Sentencia T-572 de 1.995, M.P., Dr. Fabio Morón Diaz(sic). Infiérese de lo anterior, que el derecho de petición no se realiza de manera plena, si la administración retarda su respuesta, independientemente que esta sea favorable o no al peticionario, puesto que tal presupuesto se encuentra contenido en el artículo 209 de la Ley fundamental cuando dispone, que la función pública está al servicio de los intereses generales y se desarrolla bajo los principios de eficacia y celeridad, entre otros. “La comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía”. (Sentencia T-220. 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.) En atención a las anteriores consideraciones y requisitos señalados, la Sala estima que el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, vulneró el derecho de petición y de paso el del debido proceso, al no haber dado respuesta de manera oportuna a la reclamación elevada por la accionante el día 29 de julio del presente año, pues de la ofrecida por dicha entidad se produjo el 1º de septiembre del año citado, es decir, esto es, con posterioridad a la iniciación de la tutela. No obstante lo dicho, la entidad accionada en su escrito de descargos visto a folios 107-115 del cuaderno principal, hizo saber de la respuesta dada a la solicitante, allegando la respectiva comunicación como soporte de su dicho, como se advierte a(sic) folio 105 y 106 del mismo cuaderno, cumplimiento que en la actualidad hace desaparecer la omisión enroscada, al haberse removido el obstáculo generador del agravio.
Si bien es cierto la situación que ahora se presenta se acompasa con lo que la jurisprudencia constitucional ha señalado como “carencia actual del objeto”, entendida esta(sic) como la inexistencia del agravio al momento de proferirse la decisión correspondiente, no por ello puede decirse que la solicitud de amparo era infundada, puesto que para el momento de intentarse la tutela la entidad accionada le estaba vulnerando el derecho invocado, ya que como consta en el expediente, solo(sic) hasta hace pocos días se dio respuesta a la petición invocada. En este orden de ideas, ante la carencia actual de objeto, procede aplicar el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Nacional, pues resultaría inoficioso conceder la Tutela cuando el hecho que lo generó ya fue subsanado. No obstante, es pertinente prevenir a la entidad accionada, para que en lo sucesivo se actúe con mayor agilidad al momento de tramitar las peticiones que le sean elevadas, para evitar situaciones como la aquí puesta de presente. Al tratar el tema de la desaparición de los motivos que dan lugar a la acción de tutela, la H. Corte Constitucional, en sentencia T-259/01, Expediente T-383269, con ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabrera, dijo: “En reiteradas oportunidades la Corte ha señalado enfáticamente que la acción de tutela pierde su razón de ser y carece de objeto cuando han desaparecido los motivos que en su momento justificaron la iniciación del proceso. En estos eventos, las pretensiones deben ser negadas por sustracción de materia e inexistencia de un objeto jurídico susceptible de protección…”. (destaca la Sala). La tutela cuando ya no existen los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales, carece de objeto, porque como lo dijera la corporación citada en la sentencia T-511 de 2002, con ponencia del Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra,
“La acción de tutela tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma que si la situación de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caería en el vacío. Esto implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela. Cuando la perturbación, vulneración o amenaza ya no es actual ni inminente y el peticionario carece de interés jurídico, desaparece el sentido y el objeto de la acción de tutela, por lo cual habrá de declararse la cesación de la actuación impugnada.” Ahora bien. Con relación al presunto acoso laboral que dice la accionante es violatorio de su derecho al debido proceso, se desprende de la demanda de tutela que, precisamente las copias requeridas tienen por objeto iniciar las acciones que se encuentren a su alcance, ya que en el numeral tercero se dice que se necesitan para “impetrar las respectivas demandas por Acoso Laboral y otras”, en otras palabras, advierte que tiene a su alcance otros mecanismos para salvaguardar su derecho, el que por obvias razones en dicha materia no le ha sido conculcado por cuanto dicha acción aún no se ha iniciado. No obstante lo anterior, es importante resaltar y como da cuenta la comunicación dirigida a la tutelante por el Coordinador de Recursos Humanos de la Institución accionada, fechada 22 de agosto del presente año, así como de la respuesta de descargos emitida por la
Directora del Instituto demandado, que en aplicación a la Ley 1010 de 2007(sic) y Resolución número 001935 del 28 de julio de 2008, el Comité de Convivencia Laboral asumió el estudio de la situación laboral por ella planteada, con lo cual se reafirma que su caso además de encontrarse en curso, se está ciñendo a las directrices establecidas en la(sic) normatividades referidas, por lo que sería prematuro afirmar una vulneración al debido proceso sin que el trámite se encuentre definido. Con relación a los pagos que indica la tutelante le adeuda la entidad demandada, así como de las demás situaciones administrativas de orden salarial que se le han venido presentando, son reclamaciones que no están llamadas a prosperar a través de este mecanismo constitucional, por cuanto tiene a su alcance otros medios idóneos para ello, como sería el de acudir a la justicia ordinaria laboral en donde a través del procedimiento establecido para ello, puede hacer valer lo que aquí predica, no resultando entonces este medio el más eficaz para ello, como quedara consignado anteriormente. Ahora bien, si tomamos como base de la tutela el derecho a la igualdad, es preciso seguir los derroteros de la jurisprudencia plasmada en la sentencia T-338 del 30 de abril de 2003, MP. Dr. Álfaro Tafur Galvis, de la cual se colige la no vulneración de este fundamental derecho en un caso similar, al decir: “Las reclamaciones hechas por el actor corresponden a prestaciones laborales de carácter netamente legal que pueden ser efectivamente reclamadas por otra vía judicial… De igual forma, el no percibir dicha prestación laboral no está atentando contra el mínimo vital del accionante o contra otros derechos fundamentales, que pueda justificar que se ordene su pago por medio de esta vía judicial excepcional…” En tal sentido es preciso indicar, que una de las características fundamentales de la acción constitucional de tutela es precisamente
su carácter subsidiario, esto es, que sólo procede cuando el ciudadano no tenga a su alcance otro medio de defensa efectivo para la protección de sus derechos fundamentales, circunstancia que en el asunto sometido a estudio se da, como quedara expuesto anteriormente. Unido a todo lo anterior, se tiene el hecho de que la demandante recibe su remuneración acorde con la labor que desempeña, con lo cual se puede concluir la inexistencia de un posible agravio al mínimo vital, por cuanto ni de los hechos de la demanda ni de las pruebas aportadas a la acción, se desprende esa afectación. Sin necesidad de más consideraciones, y habiendo llegado la Sala a la misma conclusión a la que llegó el Juez Constitucional de instancia, su fallo deberá confirmarse por tener suficiente respaldo legal y probatorio. En mérito de lo expuesto, la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: Primero: Confirmar el fallo impugnado de origen, fecha y contenido puntualizados en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar la presente decisión a las partes por el medio más idóneo. Tercero: Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. CONSTANCIA: Aprobada según acta de la fecha. COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE Firma ilegible. CONSTANZA FORERO DE RAAD Firma ilegible. EVELIO MORA GUTIERREZ Firma ilegible.
GUILLERMO RAMÍREZ DUEÑAS”.
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