Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2015/sep/20150922-I.html
Timestamp: 2019-10-19 04:27:43
Document Index: 109978744

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 62', 'artículo 72', 'artículo 27', 'artículo 34', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 145', 'artículo 82', 'artículo 4', 'artículo 276', 'artículo 1', 'artículo 125', 'artículo 122', 'artículo 123', 'Artículo 1', 'in fine', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 27', 'Artículo 4', 'in fine', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 34', 'Artículo 39', 'Artículo 42', 'Artículo 47', 'Artículo 51', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 67', 'Artículo 82', 'artículo 72', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 62']

Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4367-I, martes 22 de septiembre de 2015
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe de avances de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el segundo informe trimestral sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, a cargo de la SCT
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al impulso de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de estímulos fiscales que promueva las mayores ventajas del uso de combustible no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a emprender acciones para que en programas gubernamentales como Pyme o Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, en su componente de transferencia de tecnología, se impulse el desarrollo de la industria del hule
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a analizar la conveniencia de instaurar una política de precios máximos del huevo
De la Secretaría de Salud de Morelos, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los titulares de los Sistemas de Salud federal y locales a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de niños diagnosticados con cáncer
De la Secretaría General de Gobierno de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al procurador general de Justicia del estado a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez en relación con los ataques de que fue víctima; y al gobierno del estado, a garantizar su seguridad e integridad y la de su equipo de trabajo
De la Secretaría General de Gobierno de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear programas y campañas destinados a fomentar el respeto de las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que informa que en agosto de 2015, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó sólo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y no transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
De la Cámara de Senadores, con la que remite el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura
De la Cámara de Senadores, con la que remite similar del senador Ismael Hernández Deras por la que informa que a partir del 27 de agosto de 2015 asumió la presidencia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura
De la Cámara de Senadores, con la que remite el segundo resolutivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en la integración del Presupuesto de Egresos de 2016 recursos suficientes para implantar el Sistema Nacional de Protección Integral, suscrita por los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 recursos que permitan cumplir las acciones establecidas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN
De la Cámara de Senadores, con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incrementar en el marco del análisis, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social, suscrita por las senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
De la Cámara de Senadores, con la cual remite el primero y segundo resolutivos de la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita un incremento de recursos destinados al sector de cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, presentada por el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD
De la Cámara de Senadores, por la que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor
De la Cámara de Senadores, por la cual comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio
De la Cámara de Senadores, por la cual comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
De la Cámara de Senadores, con la que remite la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala
De la Cámara de Senadores, con la que remite la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en Aguascalientes, Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal
Con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
México, DF, a 15 de septiembre de 2015.
En respuesta al oficio número CP2R2A.-3122, signado por el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número OPR/UPE/17/2015, suscrito por el licenciado Gabriel Rivera Conde y Castañeda, jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos y presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Presidencia de la República, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a informar sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio comprometidos para 2015.
Como es de su conocimiento, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión establece periódicamente un punto de acuerdo en el pleno de ese órgano legislativo a fin de solicitar al Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, remitir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores un informe detallado y actualizado sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) comprometidos por México para 2015.
En ese contexto, solicito su apoyo para que por su amable conducto se haga entrega a dichas instancias del Informe de avances 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Este informe enriquece y actualiza la información contenida en el Informe 2013 y profundiza en aquellos factores que nos están impidiendo avanzar en diversos rubros y que podrían impedimos cumplir con las metas programadas, tal como se solicitó en el punto de acuerdo del 20 de agosto de 2014 por el pleno de ese órgano legislativo.
No omito señalar que este es el último informe que elaborará México sobre el cumplimiento de los ODM, y que fue presentado el pasado 19 de agosto, en acto público en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Informe, así como la filmación del evento, ya se encuentran disponibles en el sitio de información de los ODM: www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx.
Licenciado Gabriel Rivera Conde y Castañeda
Jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos
y Presidente del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
México, DF, a 18 de septiembre de 2015.
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal; y el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGV/MVG/1.3.-434/2015, suscrito por el maestro Mario de la Vega Grajales, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, remite el Segundo Informe Trimestral correspondiente al periodo de abril a junio de 2015, sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como la lista de beneficiarios del mismo y las reglas a las que se sujetará la entrega de los equipos.
Por lo anterior les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos, en formato impreso y disco compacto.
México, DF, a 17 de septiembre de 2015.
Hago referencia a lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, a través del cual se establece que esta Secretaría deberá informar trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como la lista de beneficiarios del mismo y las reglas a las que se sujetará la entrega de los equipos.
Por lo anterior, me permito adjuntar al presente el segundo informe trimestral, que comprende el periodo de abril a junio de 2015, con las acciones implementadas en el programa citado, el cual fue elaborado por el ingeniero Javier Lizárraga Galindo, coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y administrador del Proyecto de Transición a la TDT, recibido en esta Dirección mediante oficio 1.- TDT.-317/2015, con fecha 11 de septiembre de 2015.
En tal virtud, solicito su atento apoyo para que a través de su conducto se pueda remitir al honorable Congreso de la Unión dicho informe y así atender los compromisos antes señalados.
Maestro Mario de la Vega Grajales
Me refiero al artículo décimo segundo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, a través del cual se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá informar a la Cámara de Diputados cada trimestre sobre el ejercicio de los recursos asignados al Programa Transición a la Televisión Digital terrestre (TDT), así como la lista de los beneficiarios del mismo, así como las reglas a las que se sujetará la entrega de los equipos, para dar cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones electorales aplicables.
Al respecto, anexo al presente se hace envío del informe trimestral correspondiente al periodo comprendido entre los meses de abril y junio de 2015 del Programa para la TDT con objeto de que por su amable conducto se haga llegar a la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación dicho informe con la finalidad de que esa dependencia lo remita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Javier Lizárraga Galindo (rúbrica)
Administrador del Proyecto TDT
En respuesta al oficio DGPL 62-II-7-2310 signado por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2015.DGVP.339 suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar los mecanismos para que se considere al ciclista y a las tecnologías para la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de estímulos fiscales que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.
México, DF, a 14 de septiembre de 2015.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/849/15 de fecha 6 de mayo de 2015, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a continuación se transcribe:
La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con las de Economía; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, implementen a la brevedad posible los mecanismos para que se considere al ciclista y a las tecnologías para la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de estímulos fiscales que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles.
Al respecto, le comunico que, con base en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de noviembre de 2012, a esta Secretaría de Economía no compete determinar sujetos beneficiarios a sistemas de estímulos fiscales.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
(Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.)
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-11-7-2313 signado por el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 113.2015.DGVP.340, suscrito por el licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a emprender las acciones necesarias para que dentro de los programas gubernamentales como Pymes o el de Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, en su componente de Transferencia de Tecnología, se impulse el desarrollo de la industria del hule.
Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/845/15, de fecha 6 de mayo de 2015, a través del cual remite el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a continuación se transcribe:
“La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones necesarias para que dentro de los Programas Gubernamentales como Pymes o el de Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado, en su componente de Transferencia de Tecnología, se impulse el desarrollo de la industria del hule”.
Al respecto, le informo que esta Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), instrumenta, ejecuta y coordina la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores -sin importar el sector estratégico, giro comercial u oficio al que se dediquen; ya las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme); sin menoscabo de la materia prima que procesen o sirva de base para sus productos-, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.
En esa tesitura es de resaltar que la Presidencia de República, por conducto del Inadem ha creado la Red de Apoyo al Emprendedor (en lo sucesivo, la “Red”), como un mecanismo de coordinación al interior de las dependencias de gobierno para poder ofrecer en una sola ventanilla los servicios, programas y productos que ofrece el gobierno federal a los emprendedores y empresas para ayudarlos a crecer a través de 65 programas orientados a incrementar la productividad, con los cuales se facilita la vinculación del emprendedor de acuerdo a su perfil y el grado de madurez de su proyecto, incluyendo a las Mipyme dedicadas a trabajar el hule, encuentre el paquete de productos, apoyos y servicios que respalden su esfuerzo y lo acompañen para conseguir su materialización.
Dicho esto, le comento que la Red cuenta con un rubro de Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado en su componente de Transferencia de Tecnologías, que es un fideicomiso público creado entre la SE y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el propósito de apoyar a las Mipyme, así como a personas físicas con actividad empresarial que desarrollen o adopten actividades de innovación y desarrollo tecnológico.
Con base en esto, en días pasados se suscribió el anexo de ejecución para el ejercicio fiscal en curso, en el que la SE y el Conacyt acordaron aportar de manera conjunta un total de $127’247,617.00; el cual respaldará proyectos de innovación tecnológica que estén relacionados preferentemente con los sectores estratégicos de los estados de la República, señalando de manera enfática que los proyectos susceptibles de recibir apoyos serán los presentados por las Mipyme –entre las que se sitúan las empresas dedicadas a la producción, tratamiento y distribución del hule.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito atentamente haga del conocimiento del honorable Congreso de la Unión la información contenida en el presente, en la forma que usted estime conveniente.
(Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento. )
En respuesta al oficio DGPL 62-II-8-5628, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 113.2015.DGVP.338, suscrito por el licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a analizar la conveniencia de instrumentar una política de precios máximos al huevo, en su carácter de bien de consumo popular; promover y apoyar una política de comercialización de dicho producto mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria del producto con sus procesos de comercialización.
(Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.)
Cuernavaca, Morelos, a 9 de septiembre de 2015.
Diputado de Jesús Zambrano Grijalva
En atención al oficio número DGPL-62-II-4-2252 de fecha veinticuatro de marzo del presente año, relativo al punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los titulares de los sistemas de Salud federal y de las entidades federativas, a diseñar esquemas de atención profesional inmediata de todos los niños y niñas a quienes se diagnostique algún tipo de cáncer, independientemente de que estén o no adscritos a algún sistema de salud público: me permito informarle lo siguiente:
A través de la entonces Dirección General Jurídica ahora denominada Enlace Jurídico; giró oficio número SS/DGJ/216/2015 dirigido a la directora general de Servicios de Salud de Morelos, doctora Ángela Patricio Mora González, mediante el cual se requirió un informe de las acciones llevadas a cabo en el tema que hoy nos ocupa.
En, consecuencia, se recibió en la Unidad de Enlace Jurídica el oficio número DAM/SP/DPCE/INF/0750/2015, signado por el Director de Atención Médica, Dr. Víctor Manuel Pérez Robles, del cual se desprende lo sucesivo:
Existen protocolos técnicos de tratamiento que representan el esfuerzo conjunto de hematólogos y oncólogos pediatras del país, liderados por el Comité Técnico del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia; estos protocolos son el resultado de la revisión sistemática de la literatura y del consenso de expertos en la materia , dando origen a los lineamientos terapéuticos para los veinticinco tipos más frecuentes de cáncer en niños y niñas y adolescentes, y que a la fecha representan mejores opciones terapéuticos.
Estos protocolos surgen como respuesta a la reconocida necesidad de estandarizar el tratamiento integral de los niños y adolescentes con cáncer atendidos en las unidades médicas acreditadas para este fin, en cualquier estado de la República Mexicana. Con ello se garantiza la igualdad en la calidad del tratamiento, independientemente de la unidad que brinde el servicio.
La elaboración de dichos protocolos también responde a la necesidad de evaluar, a través del uso sistemático de tratamientos homogéneos a nivel nacional, la efectividad de los mismos en la población infantil y adolescentes, o en su defecto, su reevaluación y modificación correspondientes. Cabe mencionar, que la estandarización de la atención medica de niños y adolescentes con cáncer, a través del uso de los Protocolos Técnicos, es una estrategia dirigida por el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer para reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer en los menores de 18 años, aumentar las tasas de supervivencia, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, y dar protección financiera a las familias de los menores con cáncer.
No es de óbice comentar, que en 2014 se estableció de manera específica, el Programa de Cáncer dentro del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia: este programa cuenta con presupuesto independiente y está encargado de desarrollar modelos de prevención para el cáncer en la infancia y adolescencia.
El trabajo coordinado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud ha permitido logros importantes en la materia, al unir el esfuerzo de los actores clave en las decisiones y operación del programa.
Trabajan de manera conjunta entre otras, el Consejo de Salubridad General, la Unidad de Análisis Económicos, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, las Direcciones Generales de Planeación y Desarrollo, Calidad y Educación en Salud, y la de Epidemiología.
Se cuenta con 54 unidades médicas acreditadas a nivel nacional, que atienden de manera integral cerca de 2,500 pacientes anuales, cuyo tratamiento está cubierto por el Seguro popular. Entre 2008 y 2012, se destinó un promedio de 250 millones de pesos anuales para la atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer. En 2013 el Seguro Popular otorgó más de 400 millones de pesos para el cuidado de los pacientes y sus familiares.
Esto ha permitido incrementar muy importante mente el apego al tratamiento y por ende, los resultados obtenidos. Los protocolos de atención a los pacientes se encuentran bajo continua evaluación y actualización, se realizan campañas de comunicación en diversos medios donde se orienta a la población para detectar signos de sospecha, brindando la información para acceder al tratamiento. Asimismo, se cuenta con un modelo sólido de capacitación al personal de salud, para identificar los casos de manera temprana en el primer nivel de atención y referir oportunamente los pacientes a los centros de tratamiento, donde personal altamente especializado cuida de ellos.
Cabe destacar que se cuenta con la estrategia de Sigamos Aprendiendo en el Hospital... mediante la cual, pacientes de estancia prolongada en los nosocomios (todos, no solamente los oncológicos), evitan el rezago educativo en aulas hospitalarias.
En 2005 se crea por decreto presidencia el Consejo Nacional para lo Prevención y el Tratamiento de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, Conacia, órgano consultivo para coordinar y concertar las acciones nacionales de atención integral a las niñas, niños y adolescentes con cáncer. El Consejo tiene las siguientes funciones:
1. Propone políticas, estrategias y acciones que incluyen investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer en menores de 18 años, así como para mejorar la calidad de vida de las pacientes y sus familiares.
2. Funge como órgano de consulta nacional.
3. Coordina las acciones entre las dependencias de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas. Concerta las acciones con los sectores social y privado.
4. Propone las medidas necesarias para homologar la atención, garantizar la cobertura con eficiencia y calidad, incluyendo las estrategias financieras para instrumentarlas.
5. Impulsa la difusión de la normatividad y de la información científica, técnica y de salud.
6. Promueve actividades educativas y de investigación.
7. Coadyuva en la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de los sistemas de información en salud.
8. Vigila el funcionamiento de consejos estatales para la prevención y el tratamiento del cáncer en la infancia y adolescencia.
Sin otro particular, esperando que la información le sea de utilidad, reciba un saludo cordial.
Doctora Vesta Louise Richardson López Collada (rúbrica)
Secretaría de Saludo del Estado de Morelos
Vicepresidencia de la Mesa Directiva
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Código Postal 15960, México, DF
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio número DGPL 62-II-2-2131 de fecha 28 de abril pasado, dirigido al gobernador del estado de Puebla, referente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con el exhorto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a agilizar las investigaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manuel Alberto Merlo Martínez, en relación con los ataques de que fue víctima el pasado 11 de marzo de 2015; al respecto, me permito enviar copia del oficio número 017706/2015 de fecha 21 de mayo del actual, que contiene el informe emitido por el encargado del despacho de la Fiscalía General Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, en cuyo ámbito de competencia incide la atención del asunto planteado.
Maestro Juan Pablo Mirón Thomé
Jefe de Oficina del Encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno
Con fundamento en los artículos 21 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 4 fracción II del Reglamento, en atención su oficio EN-1683/2015, de fecha 04 de mayo de 2015, en donde se anexa el oficio DGPL 62-II-2-2131, signado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en donde se comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 28 de abril del año en curso, informo a usted que se inició la averiguación previa 134/2015/AMP04, por el delito de robo a casa habitación en agravio de Manuel Alberto Merlo Martínez en contra de quien resulte responsable, por lo que se ha instruido al director de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur de esta institución, para que vigile de forma directa que las actuaciones se lleven a cabo con estricto apego a derecho, debiendo dar la celeridad y legalidad necesaria para el esclarecimiento de los hechos denunciados, sin que esto vulnere las garantías Individuales del agraviado y su equipo de trabajo, realizando todas y cada una de las diligencias que sean necesarias para poder determinar a la brevedad la Averiguación Previa.
Lo que informo a usted para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, enviándole un cordial saludo.
Octaviano Escandón Báez (rúbrica)
Encargado del Despacho de la Fiscalía General Metropolitana
(Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno, y en atención al oficio número DGPL.62-II-6-1995 dirigido al gobernador del estado de Puebla, mediante el cual remite el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 17 de febrero pasado, que contiene el exhorto a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas destinados a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad; al respecto, me permito informar que la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/1554/2015 de fecha 28 de mayo del actual, dio a conocer las acciones que sobre el particular realiza la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del estado de Puebla, a través de la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, en cuyo ámbito de competencia incide el asunto planteado.
Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 28 de mayo de 2015.
Ciudadano José Montiel Rodríguez
Consejero Jurídico del Gobernador y Encargado de Despacho de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría General de Gobierno
Hago referencia al oficio número DGPL 62-II-6-1995 de fecha 17 de febrero de 2015, dirigido al gobernador del estado, por el diputado vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, remitido a través del similar SGG/SJ/DGAJ/DPL/0297/2015, signado por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, recibido el 24 de marzo de 2015, referente al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fin de crear programas y campañas destinadas a fomentar el respeto hacia las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad.
Al respecto, remito dicha documentación y al mismo tiempo informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta Dependencia y Entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la Unidad Administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área mediante memorándum número SSSYCSS/247/2015, remitió el informe respectivo emitido por la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, a través del similar DSPVE/SSEP/DECNT/PD/88, que en copia simple se acompaña.
Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta Entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención que se estime conducente.
Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Puebla
Cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, a 18 de mayo de 2015.
De: María Eugenia Hernández Omaña
Asesora Jurídica de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.
En respuesta a su similar CI-727/2015, de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, anexo al presente remito copia del Oficio número DSPVE/SSP/DECNT/PD/88 y anexos, de fecha 27 de abril de 2015, signado por el doctor Leandro Hernández Barrios, Director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del estado de Puebla; con el que da respuesta al exhorto referente al punto de acuerdo único de la sesión de fecha 15 de diciembre de 2014, enviado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 abril de 2015.
En respuesta al memorándum número SSSYCSS/146/2015, en el cual se da atención al similar CI-727/2015 signado por la directora de Asuntos Jurídicos, en donde remite el punto de acuerdo de la Cámara de’ Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dicen:
La Secretaría de Salud como dependencia de la administración pública centralizada del gobierno del estado de Puebla, y los Servicios de Salud del estado de Puebla, cuenta con el Programa de Atención y Prevención de la Discapacidad, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la Atención Primaria en la Salud con el objetivo de prevenir, detectar oportunamente y atender de manera integral, brindando el servicio de fisioterapia, psicología y nutrición en las principales condiciones discapacitantes y factores de riesgo, mediante estrategias específicas para sensibilizar y con cien tizar al personal de su adscripción y a la población en general, con el fin de prevenir y evitar la discriminación, así como fomentar una cultura de inclusión laboral, al efecto, se imparten capacitadores sobre la terminología correcta de acuerdo a la directriz que emite la Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, además de talleres vivenciales y platicas orientadas a la difusión de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Prueba de ello, es la obtención de 13 distintivos nacionales como centros incluyentes en reconocimiento a las políticas de inclusión laboral a personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad, y cumplir con el diseño universal de la accesibilidad arquitectónica.
Asimismo, los Servicios de Salud del estado de Puebla, es miembro activo de la Red Estatal de Inclusión Laboral para las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y como tal, coadyuva en la promoción de la cultura de inclusión laboral en beneficio de esta población.
Para acreditar lo referido se adjunta al presente, copia simple de tres listas de asistencia a la reunión ordinaria de la Red de Vinculación Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde participan de manera activa representantes de éste organismo.
Dr. Leandro Hernández Barrios (rúbrica)
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de agosto de 2015, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE)..
Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:
• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agro pecuarios; productos farmacéuticos y material de curación, entre otros.
El total de bienes destinados en el mes de agosto de 2015 fue de 31,810 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el informe respectivo.
Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica)
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Junta de Coordinación Política, comunicación por la que se establece el calendario de sesiones para el Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 239 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.
A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente:
Primero. Se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Segundo. Este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 3 de septiembre de 2015.
Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa (rúbrica)
Senador Carlos Alberto Puentes Salas (rúbrica)
Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica)
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del ejercicio de 2016, así como a la Cámara Diputados a fin de que en la integración de dicho Presupuesto de Egresos asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia el primer resolutivo y a la Cámara de Diputados el segundo de ellos.
Los que suscriben, senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo y Héctor Larios Córdova de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 76, 95 y 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo –de urgente resolución– por la que se exhorta respetosamente al Ejecutivo federal a que expida el Reglamento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a la promulgación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2016, así como a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto de Egresos para 2016 asigne los recursos suficientes para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral, al tenor de las siguientes
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido un tema que se ha abordado a lo largo de la historia, desde que México suscribió la Convención de los Derechos del Niño, en 1990, ratificado en cada ocasión que el Organismo de las Naciones de Unidas lo ha requerido.
En 2000, se expidió la Ley para la Protección de las Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que en conjunto con la reforma constitucional en el artículo 4o. donde por primera vez se antepuso el interés superior de la niñez a cualquier legislación, acción u omisión.
Revisando la fecha en la que esta disposición reglamentaria debió ser publicada, tenemos que fue el pasado 2 de junio de 2015 fue la fecha límite en la que debió haber sido publicada. Al 31 de agosto han transcurrido 90 días de extemporaneidad, sumando en total 270 días de retraso.
El anteproyecto de esta disposición reglamentaria se encuentra en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, dicho documento ha sido analizado y se han compartido diversos comentarios como los que fueron evidenciados en el Punto de Acuerdo suscrito por la Senadora Laura Angélica Rojas, Juan Carlos Romero Hicks y Maria del Pilar Ortega Martínez en fecha 24 de Junio de 2015 dentro de la Comisión Permanente de esta legislatura, quienes pusieron de manifiesto su preocupación por contar con una ley reglamentaria que verdaderamente incluya el fin por el cual fue creada la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ahora bien, la preocupación por contar con una Ley Reglamentaria para atender este tema, es de suma importancia para la integración del presupuesto que viene para el ejercicio de 2016, desde el ejercicio pasado, se solicitó a la Cámara de Diputados contar con un presupuesto adecuado para implementar lo que sería todo el Sistema de Protección Integral.
Hay que aprovechar las bondades que esta ley general implantó para todos los casos que previó, desde las niñas y niños migrantes hasta la posibilidad de la adopción. La coordinación entre dependencias es un factor clave para que pueda desarrollarse, en este caso el papel de la Secretaria de Gobernación para nombrar a la Secretaría Ejecutiva que se encargue de coordinar este sistema, es trascendente, puesto que tendrá dentro de sus facultades se encuentran la vigilancia y la supervisión de quienes interceden en todos estos procesos.
Por lo expuesto y fundado, proponemos a esta soberanía los siguientes
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a fin de que publique el Reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes previo a que se integre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a fin de que en la integración del Presupuesto de Egresos de 2016 asigne una partida especial para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral.
Senadores: Jorge Luis Lavalle Maury (rúbrica), Mariana Gómez del Campo, Héctor Larios Córdova.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a firma en Nueva York, el 26 de enero de 1990, y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.
Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos protocolos facultativos de la convención; el Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero de 2002, y el Protocolo facultativo de la convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, cuya entrada en vigor fue el 18 de enero de 2002.
Al respecto, el Estado mexicano suscribió y ratificó la convención y sus dos protocolos obligándose a su observación y cumplimiento.
Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia en nuestro país es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual, tras un proceso de análisis y discusión, fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 5 de diciembre de 2014.
Dicha iniciativa turnada por el Ejecutivo federal fue analizada y discutida en observancia con el principio del interés superior del niño y los instrumentos internacionales en la materia, además de que se consideraron las opiniones de los actores involucrados, como lo son las organizaciones de la sociedad civil, los organismos no gubernamentales y la academia que han luchado por la garantía y respeto de los derechos de la niñez en México.
El Senado modificó aproximadamente en ochenta por ciento la propuesta del Ejecutivo, abonando principalmente en modificar la visión asistencialista por una garantista.
Gracias a esta ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. Asimismo, esta ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas.
Otro avance trascendental, es que esta ley mandata que las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.
Así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por dicha ley.
Es así que con la entrada en vigor de esta Legislación, las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, están obligadas a garantizar bajo un enfoque de derechos y transversal la implementación de las políticas públicas necesarias para la niñez y la adolescencia, así como los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
En el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, también establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”
Al respecto cabe destacar que en mi calidad de presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, tuve a bien participar como integrante de la delegación que sustentó el 4o. y 5o. informes consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité el pasado 19 y 20 de mayo de 2015 y con fecha 5 de junio de 2015, ese comité en su 2024 sesión emitió observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, haciendo hincapié en lo siguiente, con respecto a la asignación de recursos en su recomendación número 14:
A la Luz de su Día de Debate General de 2007 sobre “Recursos para los derechos del niño-Responsabilidad de los Estados”, el Comité recomienda al estado parte que:
(a) Elabore un diagnóstico sobre el presupuesto necesario para la implementación de la LGDNNA y para asegurar que los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados sean asignados para la efectiva aplicación de la ley;
(b) Fortalezca sus esfuerzos para elaborar diagnósticos integrales sobre las necesidades de presupuesto para la infancia, y que asigne los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la infancia, en particular, que incremente el presupuesto asignado a la educación, a la salud, a la protección de la infancia y a la participación de niñas y niños;
(c) Continúe utilizando un enfoque de derechos de infancia al momento de preparar el presupuesto federal, incluyendo los recursos presupuestarios que serán transferidos a las entidades estatales y municipales, garantizando que los presupuestos estatales y municipales especifiquen el gasto asignado a la infancia, y mejorando el sistema para rastrear la asignación y uso de recursos para la infancia;
(d) Realice evaluaciones de impacto sobre cómo el interés superior de la infancia es tenido en cuenta al realizar recortes presupuestales en los diferentes sectores del gobierno, y que se asegure de establecer el impacto de estos recortes en niñas y niños;
(e) Fortalecer las medidas para combatir la corrupción, incluidas las capacidades institucionales para detectar, investigar y denunciar efectivamente la corrupción.
Por otro lado, cabe resaltar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, se contempló por primera vez el Anexo de Presupuesto Transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los recursos asignados en el Anexo de Recursos para Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, aumentó en 7.5 por ciento real del 2012 al 2014. Para el 2014 se asignaron 655,956.4 millones de pesos, distribuidos en 84 programas presupuestarios.
De conformidad con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, un presupuesto con enfoque de derechos de la niñez y de la adolescencia debe de contener una vinculación entre la clasificación funcional del gasto usada en el presupuesto y los derechos que estipula la Convención sobre los Derechos del Niño (Derecho a la Supervivencia, Derecho al Desarrollo, Derecho a la Protección y Derecho a la Participación).
Ahora bien, al ser un presupuesto transversal las dependencias que se encargan de ejercer dicho presupuesto y de atender a la infancia por mencionar algunas son: el Sistema Nacional DIF, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Procuraduría General de la República, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional.
De esta manera las dependencias enumeradas cuentan con programas presupuestarios federales para la atención de la niñez y la adolescencia observando el enfoque integral de derechos de la infancia al desarrollo, a la protección, a la participación y a la supervivencia, sin embargo, es importante realizar una exhaustiva revisión del anexo transversal así como de la efectividad de los programas existentes en la materia.
Cabe enfatizar que el presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2015 aprobado para llevar a cabo las acciones contempladas en la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue a todas luces insuficiente, por lo que esta nueva Legislatura de la Cámara de Diputados tiene el compromiso de analizar bajo este enfoque de derechos el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y la asignación de los recursos con el objeto de hacer efectivos los derechos de la niñez y adolescencia considerados en la multicitada ley general.
En ese sentido es también importante hacer mención que esta ley en su artículo 1o. menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , a efecto de que el estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados1 .
En su capítulo tercero, Del Sistema Nacional de Protección Integral, en su artículo 125, establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ahora bien, la coordinación operativa del sistema estará a cargo de la secretaría ejecutiva, que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el sistema referido.
La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las procuradurías de protección; la federación contará con una procuraduría de protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán procuradurías de protección locales. (Artículos 121 de la LGDNNA).
Las atribuciones de estas procuradurías de protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la ley, asimismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.
En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Cabe señalar la necesidad de que estas figuras sean implementadas y que se contemple en este Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 recursos suficientes para la operatividad del Sistema de Protección Integral y la Procuraduría.
Si bien la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes representa un hito en la materia, es menester que se cumpla el mandato que se establece de incorporar en los proyectos de presupuesto la asignación de recursos para de esta manera garantizar efectivamente los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Al ser facultad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, es que se realiza este exhorto, reiterando la responsabilidad y el compromiso que esta Cámara debe observar con la niñez y la adolescencia, y con el objetivo de garantizar plenamente sus derechos.
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, los recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
1. Artículo 1, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Senado de la República, a 8 de septiembre de 2015.
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, las diputadas Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel Ríos de la Mora, Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas, Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social.
1. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son entidades de iniciativa social que normalmente persiguen fines humanitarios, las cuales son independientes de la administración pública y que no tienen fines lucrativos.
En 1945, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció formalmente la existencia de las organizaciones no gubernamentales, surgidas en todo el mundo hacia el siglo XIX. Si bien no tienen una definición fija, generalmente son consideradas como entidades sin fines de lucro, independientes y voluntarias, que no están ligadas al Estado ni a organismos intergubernamentales, aunque si reciben fondos o recursos de los gobiernos.
En general, la definición de ONG se le da a las organizaciones que operan a nivel internacional, pero también se utiliza para referirse a grupos domésticos (excepto, por lo general en los Estados Unidos, donde se utiliza para nombrar también a organizaciones con fines lucrativos).
Las actividades que realizan las ONG son muy variadas y pueden incluir temas como, el medio ambiente, el trabajo social, la educación, la movilización y defensa comunitaria, y los derechos humanos. Generalmente, trabajan para promover el cambio social o político a nivel nacional y local, desempeñando un papel crítico dentro de la sociedad, ya que se enfocan en la mejora de las comunidades y en promover la participación ciudadana.
2. En México, durante muchos años la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presentaba rasgos clientelares, en donde el intercambio de favores políticos, como el apoyo a cambio del voto, era el criterio más importante para la asignación de fondos públicos federales.
A partir de la década de los ochenta, se presentaron cambios importantes, ya que se abrió un margen para empezar a modificar la relación entre el gobierno federal y las ONG, la cuales impulsaron, dentro de la administración pública, el reconocimiento de su papel y su trabajo en la promoción del cambio social, desde un enfoque de acción pública y corresponsabilidad.
En los últimos años ha predominado la idea de que el Estado no es el único responsable del desarrollo del país. Derivado de lo anterior, se han implementado esfuerzos para formar alianzas no políticas entre el Estado y actores no gubernamentales para cubrir diversas necesidades.
En 2004 se aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se denominan OSC.
Dentro de estos esfuerzos podemos encontrar la creación, en el año de 1992 del Fondo de Coinversión Social, el cual en 2001 se convirtió en el Programa de Coinversión Social (PCS), un programa de asignación de fondos públicos a OSC por demanda, actualmente operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Fue a través del Indesol que la sociedad civil organizada aprovechó para empezar a poner las pautas y así combatir los mecanismos clientelares tradicionales y darle al programa mayor grado de institucionalidad y de transparencia. A este proceso se han sumado otras dependencias federales, que empiezan a incorporar en sus programas elementos para otorgar a las OSC recursos públicos para financiar sus actividades y establecer regulaciones claras sobre sus procedimientos. En este contexto, el Programa de Coinversión Social, entre otros, se han convertido en uno de los programas federales más institucionalizados y con mayor reconocimiento y participación de OSC.
3. El Instituto Nacional de Desarrollo Social es la instancia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, encargada de promover y fomentar el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género.
La misión del Instituto es fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria, a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social.
En este tenor, el Indesol también tiene funciones básicas de fomento, capacitación, formación, investigación, divulgación, comunicación; vinculación, asesoría y orientación, y tiene a su cargo los Programas de Coinversión Social, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), y el de Fomento para el Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Asimismo, en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se encarga cuenta con una de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público y coordina acciones con los responsables de coordinación de todas las dependencias del gobierno federal. En este marco opera el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), el cual otorga una clave única para aquellas organizaciones que desean participar en los programas sociales federales, actualmente existen 27,752 organizaciones registradas en todo el país.
A través del Programa de Coinversión Social apoyó a 1,350 proyectos de OSC en 2013 y ha apoyado 1468 en 2014, estos proyectos inciden directamente en el bienestar de grupos y personas que viven en situaciones de vulnerabilidad y marginación.
Es por ello que, ante la función tan importante que vienen desarrollando diversas organizaciones de la sociedad civil, proponemos exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, encargada de analizar y dictaminar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, incremente los recursos para el Instituto Nacional de Desarrollo Social, respecto al ejercicio fiscal del año anterior, ya que de esta forma, podrá seguir apoyando a aquellas organizaciones de la sociedad civil que desde el ámbito privado vienen impulsado el desarrollo de México.
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente los recursos destinados al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), con el objeto de destinar mayores recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil y, con ello, fortalecerlas para la realización de sus funciones.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, septiembre de 2015.
Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Anabel Acosta Islas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Elena Barrera Tapia.
Me permito comunicar a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados los resolutivos primero y segundo; y a la Comisión de Cultura el tercero de éstos.
Quien suscribe, Armando Ríos Piter, integrante de la LXIII Legislatura de este honorable Senado de la República, en ejercicio dé la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita un incremento de recursos destinados para cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, al tenor de las siguientes
• ¿Es suficiente el presupuesto asignado al Subsector de Cultura para atender sus objetivos?
• ¿Los mecanismos para la asignación del presupuesto a los proyectos y programas que se deben apoyar, son los adecuados?
• ¿Cómo podemos lograr que la cultura influya como lo ha hecho en otros países, en la prevención y combate a la delincuencia?
En el 2014, para el subsector de cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobaron 18 mil 364.59 millones de pesos, de los cuales un monto de 4 mil 601.3 millones de pesos se asignaron al rubro de etiquetados para un Fondo Especial de Cultura, destinado a proyectos estatales, y un rubro de apoyos y donativos para programas culturales, festejos, ferias, festivales, cumbres y bibliotecas, entre otros.
En el presente año, se aprobaron 18 mil 583.47 millones de pesos, de los cuales nuevamente se asignaron recursos para los llamados “etiquetados” por un monto de 4 mil 348.72 millones de pesos, que serían destinados a estados y municipios, así como organizaciones sociales como donativos o a través del Ramo 23, cuando de proyectos de infraestructura se tratara.
Aunque podríamos considerar que de 2014 a 2015 existe un incremento de 218.88 millones, para la comunidad cultural no es así, ya que los recursos asignados a los llamados “etiquetados”, tienen muchas observaciones y comentarios negativos por la manera discrecional de cómo son asignados.
El 10 de julio del presente año, la diputada federal Zuleyma Huidobro, representante del partido movimiento ciudadano e integrante de la Comisión de Cultura, denunció en conferencia de prensa la discrecionalidad en los etiquetados y dio a conocer un informe del Conaculta, que decía que 20 proyectos culturales no reclamaron el recurso que los diputados les habían etiquetado para este año y 4 más renunciaron al apoyo. Por ello, los fondos que dejarán de ejercerse por estos motivos ascienden a 54 millones 631 mil pesos.
El 8 de junio de 2015, se publicó que más de 708 artistas, curadores, historiadores, promotores, escritores y empresarios solicitaron al Presidente de la República restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar con proyectos y programas artísticos suspendidos durante el primer semestre de año por falta de recursos económicos.
Asimismo, mencionan en su misiva que “La cultura, como uno de los derechos humanos garantizados por el artículo 4 de la Constitución, es un factor decisivo en la búsqueda de una mejor calidad de vida y de una convivencia armónica entre los habitantes del país; un garante de la libertad y el desarrollo democráticos y una herramienta fundamental para superar la pobreza y la inseguridad”.
La referencias citadas nos demuestran una falta de control y transparencia en la asignación de recursos, ya que se autorizan proyectos a organizaciones que no son donatarias autorizadas; se etiquetan recursos a estados, municipios y organizaciones sin expedientes técnicos o simplemente a proyectos inexistentes en el momento de su aprobación, y al final esto termina en subejercicio de recursos que afecta al sub sector por fallas de origen, al momento de aprobar el Presupuesto.
En la preparación del Presupuesto de 2016, ya se empieza a especular que habrá un recorte presupuestal al sub sector de cultura; en cierta forma se dice que el “presupuesto base cero” será como un borrón y cuenta nueva.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el documento “Estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, donde se plantean 1ineamientos de las propuestas que, con el presupuesto definitivo, serán debatidas por la Cámara de Diputados.
En el caso de cultura, hay una propuesta que contempla la fusión de cinco programas de subsidios de cultura que hoy dependen del Conaculta en uno solo que se llamará Programa de Apoyos a la Cultura. Esto implica concentrar allí los programas de Ciudades Patrimonio Mundial, Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba), Instituciones Estatales de Cultura, Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) y Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).
“La fusión se realiza –dice el texto– para crear un sólo Programa de Apoyos a la Cultura, ya que las cinco acciones conjuntas de los cinco Pp (programas presupuestarios) involucrados permitirán ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, para lo cual es imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país”.
El presupuesto base cero, ha generado comentarios dentro de la comunidad cultural, hay quienes proponen que cada gremio presente un documento de sus mínimos, con los recursos que requiere para trabajar y que no deben recortarse. Así como que “El presupuesto base cero podría ser la oportunidad para tomar decisiones, pero la cuestión es ¿quién va a decidir qué sí y qué no? Por otra parte, está muy bien que haya recursos etiquetados, pero la pregunta es ¿por qué están decidiendo los diputados a quién dárselos ya quién no?”
Proponen ante las instituciones expliquen qué se va a hacer y con qué criterios: que la repercusión sea en términos de burocracia y gastos administrativos, pero no en golpear más a los beneficiarios que son creadores, artistas, comunidades e infraestructura. “La comisión de cultura de la Cámara tendría que ser cuidadosa de la programación, generar una metodología y acercarse con distintos sectores de la comunidad cultural, ver de manera objetiva minuciosa qué tiene solidez, certeza, para el presupuesto 2016.”
Analizando todos los planteamientos, necesitamos garantizar que el presupuesto de cultura en 2016 no sufra recortes, al contrario, que se incremente 50% con relación al 2015, ya que, los recursos asignados no son suficientes para que la cultura y el arte impacten sólidamente en temas como la prevención del delito y el combate a la delincuencia, en un momento de crisis como el que actualmente vive nuestro país, y que requiere atención especial en estos rubros. Asimismo, se tienen que implementar mecanismos de control para la asignación de recursos a estados, municipios y organizaciones, que permitan transparentar su aplicación, evitando que se hagan de manera discrecional, para poder cumplir con el objetivo primordial de que la cultura sea realmente un factor central para la reconstrucción del dañado tejido social del país, contribuir a la cohesión social, restituir la dignidad de las personas en zonas de conflicto y facilitar la expresión libre de las comunidades.
El fomento a la cultura, no debe considerarse una prebenda para los intelectuales y artistas, sino una urgencia para que la gente pueda recuperar los espacios públicos, darle vida a los barrios y empoderarse plena y humanamente.
Planteamos hacer una convocatoria masiva e incluyente, un Foro de Cultura que nos permita un diálogo directo con los gremios y organizaciones, así como, en especial, con representantes de las instituciones de prevención del delito y combate a la delincuencia, para lograr un acuerdo estratégico que permita hacer un programa de concurrencia de recursos para la cultura como medio de comunicación con la sociedad, de nuestra historia y de valores sociales.
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, de obvia y urgente resolución los siguientes
Primero. La honorable Cámara de Senadores solicita un incremento de 50% al Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 en materia de cultura, con relación al de 2015, para dar un impulso sin precedente a la cultura como instrumento para la reconstrucción del tejido y la cohesión social.
Segundo. La honorable Cámara de Senadores solicita que en la asignación del presupuesto se establezcan mecanismos de control y transparencia para evitar subejercicios en el subsector y que se garantice la aplicación transparente de los recursos a las instancias culturales de estados, municipios y organizaciones para los que fueron etiquetados.
Tercero. La honorable Cámara de Senadores solicita convocar un foro de cultura al que sean convocados la comunidad cultural, los representantes de la Segob, Sedesol, Imjuve, y otras dependencias involucradas en los temas de prevención y combate a la delincuencia, para hacer un acuerdo estratégico en favor de la cultura como una herramienta central para el cambio social.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, LXIII Legis1atura, 3 de septiembre de 2015.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expresa conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que adicionaba un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con lo que su proceso legislativo queda concluido.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expresa conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, con lo que su proceso legislativo queda concluido.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se expresa conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con lo que su proceso legislativo queda concluido.
México, DF, 17 de septiembre de 2015.
Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el Secretario de Gobernación y por la Procuradora General de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la presidencia dictó el siguiente trámite: “Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Reitero a Ustedes las seguridades de mi atenta consideración.
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento de lo que dispone el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, emite la siguiente
El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número ST/2239/2015, suscrito por el doctor Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, Director General de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de esta Secretaría, se envía la declaratoria firmada de manera conjunta por el ciudadano Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el ciudadano Secretario de Gobernación y la ciudadana Procuradora General de la República, a efecto de que por su amable conducto y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el honorable Congreso de la Unión emita la Declaratoria de entrada en vigor del ordenamiento referido a nivel federal, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el original de su anexo.
México, DF, a 04 de septiembre de 2015.
Distinguido señor subsecretario,
Con fundamento en los artículos 6, 17, fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle la solicitud de Declaratoria firmada de manera conjunta por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Secretario de Gobernación y la Procuradora General de la República, en la cual se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:
“Con fundamento en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014,splicitamos, por su conducto, ante el honorable Congreso de la Unión, la emisión, de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas, el Poder Judicial dela Federación, la Secretaría de Gobernación y, la Procuraduría General de la República, mediante acuerdos conjuntos, solicitaremos a ese honorable Congreso de la Unión, que se proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes.”
Lo anterior, a fin de que sea usted tan amable de girar sus instrucciones a quien corresponda para que sea entregada dicha solicitud en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.
Doctor Héctor Marcos Díaz Santana Castaños (rúbrica)
Director General de Coordinación Interinstitucional
Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
Con fundamento en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, solicitamos, por su conducto, ante el honorable Congreso de la Unión, la emisión de la declaratoria de entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal, a partir del 30 de noviembre de 2015, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, mediante acuerdos conjuntos, solicitaremos a ese honorable Congreso de la Unión, que proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes.
Ministro Luis María Aguilar Morales (rúbrica)
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica)
Maestra Arely Gómez González (rúbrica)
Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la procuradora general de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en Aguascalientes, Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal.
El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que con el oficio número ST/2240/2015, suscrito por el doctor Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, director general de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de esta Secretaría, se envía la declaratoria firmada de manera conjunta por el ciudadano presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el ciudadano secretario de Gobernación y la ciudadana procuradora general de la República, a efecto de que por su amable conducto y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el honorable Congreso de la Unión emita la declaratoria de entrada en vigor del ordenamiento referido a nivel federal, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal.
Con fundamento en los artículos 6, 17, fracciones IV VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitirle la solicitud de declaratoria firmada de manera conjunta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el secretario de Gobernación y la Procuraduría General de la República, en la cual se solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:
Con fundamento en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación e l5 de marzo de 2014, solicitamos, por su conducto, ante el honorable Congreso de la Unión, la emisión de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como el Distrito Federal.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales en las demás entidades federativas, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, mediante acuerdos conjuntos, solicitaremos a ese honorable Congreso de la Unión, que se proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes.
Lo anterior, a fin de que sea usted tan amable de girar sus instrucciones a quien corresponda para que sea entregada dicha solicitud en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.
Con fundamento en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, solicitamos, por su conducto, ante el honorable Congreso de la Unión, la emisión de la declaratoria de entrada en vigor de dicho ordenamiento legal a nivel federal, a partir del 29 de febrero de 2016, en los estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.
Por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda.
Artículo Único. Se reforman los artículos 4 fracción X, 8 fracción V, 13 fracción II, 17, apartado A, fracción II, y, apartado B, fracción II, 19 fracción VII, 34 fracción II, 39 párrafo primero, 42 fracción I, 47 segundo párrafo, 51, 54 primer y tercer párrafos, 55 primer párrafo, 58, 61 primer párrafo, 62 fracción I, 67 y 82 fracciones II y III, todos de la Ley de Vivienda.
Artículo 4 . ...
X . Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritaria mente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;
XI . a XIV . ...
Artículo 8 . ...
I . a IV . ...
V . Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;
VI a XVIII . ...
Artículo 13 . ...
II . Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos, procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las necesidades de vivienda, particularmente de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III . a V . ...
Artículo 17 . ...
II . Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III . a VI . ...
II . Instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como realizar la planeación, programación y presupuestación de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial, otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III . a VII . ...
I . a VI . ...
VII . Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;
VIII . a XXIV . ...
Artículo 34 . ...
II . Acordar inversiones y mecanismos de financiamiento y coordinación para ampliar la oferta habitacional; facilitar el crédito a toda la población; consolidar la producción social de vivienda y lograr una mayor transparencia y equidad en la asignación de los apoyos, estímulos y subsidios federales para la adquisición, construcción y mejoramiento de viviendas, particularmente los dirigidos a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
III . a VIII . ...
Artículo 39. El gobierno federal, a través de los acuerdos o convenios que celebre con los gobiernos de las entidades federativas Y municipios, podrá transferir recursos económicos para complementar la realización de sus proyectos de vivienda y suelo, destinados a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Artículo 42 . ...
I . Buscar el acceso del mayor número de personas a la vivienda, estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II . a X . ...
Artículo 47 . ...
La Comisión fomentará esquemas financieros y programas que combinen recursos provenientes del crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para generar opciones que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población, preferentemente de los que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad y a los productores sociales.
Artículo 51 . Los programas, fondos y recursos federales destinados a satisfacer las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, se sujetarán a lo dispuesto en esta ley, en la Ley General de Desarrollo Social y en las reglas de operación correspondientes. En todo caso estos programas deberán ser evaluados al menos cada tres años y en su caso, fortalecidos atendiendo a las mejores prácticas nacionales e internacionales.
Artículo 54 . El sector público, con la participación que corresponda de los sectores social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda la población, con especial atención a la que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de conformidad con las previsiones de esta ley y demás disposiciones aplicables.
Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 55. El gobierno federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el acceso al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Artículo 58. Las instituciones de banca de desarrollo vinculadas con el sector de vivienda, deberán diseñar e instrumentar mecanismos que fomenten la concurrencia de diversas fuentes de financiamiento para generar oportunidades que faciliten a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, de acceso en la vivienda de conformidad con las disposiciones aplicables y las reglas fomentar con las instituciones privadas de crédito público. Asimismo podrá fomentar con las instituciones privadas de crédito, acciones destinadas al otorgamiento de créditos a estos sectores de la población, bajo el principio de responsabilidad social empresarial.
Artículo 61. Los subsidios que en materia de vivienda y de suelo otorgue el gobierno federal se destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento.
Artículo 62 . ...
I . Atender a la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II . a VI . ...
Artículo 67 . La Comisión, con el apoyo de la banca de desarrollo, instrumentará programas de acompañamiento para el mejoramiento progresivo de la vivienda, en beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad a la que le haya sido asignado un lote en los términos del artículo anterior o lo haya adquirido por otra vía.
Artículo 82 . ...
II . Apoyar programas de producción social de vivienda, particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción y mejoramiento de vivienda para familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, y
III. La conformidad de paquetes de materiales para las familias en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Artículo Único , El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, DF, a 17 de septiembre de 2015.
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:
Para los efectos de la declaratoria de excedentes referidos en el presente artículo, esto ocurrirá, una vez acreditado que el recurso pesquero de que se trate, ha sido sometido a concurso entre concesionarios y o permisionarios pesqueros mexicanos.