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Timestamp: 2019-06-24 17:14:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 1113', 'artículo 2', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 279']

¿Qué hacer ante un robo? - Página 2 de 2
Por Sergio	 Ultima actualización Jul 17, 2018
Salvo amenaza a la integridad física, en general recomiendan no resistirse, ni mirar la cara para evitar que los ladrones se sientan reconocidos, y lo material puede recuperarse. Desde ya que está el derecho de repeler la agresión de un modo proporcional al ataque pero la prioridad es la seguridad personal, la vida propia y la de los demás.
Fundamentos de la legítima defensa
Existe un consenso en que el Estado debe proveer a la resolución de conflictos básicos para evitar la violencia, que exista un sistema judicial independiente con capacidad de actuar ante una denuncia, que sea un mecanismo efectivo y rápido, sin importar el poder económico de quien la hace porque cuando hay poder el derecho suele no hacer falta; por ejemplo, el afectado por la música del vecino tendrá más posibilidades de mudarse de barrio o de insonorizar la casa versus aquel que vive en una pensión, y consecuentemente, mayor será la oferta de educación y seguridad.
La regla es que no se puede hacer justicia por mano propia (el hachazo al auto estacionado no es legítima defensa, hay que llamar a una grúa privada y pasar el gasto, o pedir mediación) pero sí vale defenderse. En los Estados Unidos llega al punto de que la Constitución permite portar armas a casi todo el mundo; los defensores de esta política, ven irrazonable que los delincuentes sí puedan tenerlas.
Como requisitos para la legítima defensa el código penal pide: «a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende». La legítima defensa solo opera en situaciones urgentes y permite repeler un ataque, usar la fuerza contra la fuerza, cuando la autoridad del Estado no llega a tiempo para reestablecer el orden.
Para que exista legítima defensa el agresor no debe haberse escapado, o ya sería venganza. Esto se analizó el caso de una persona que disparó contra dos que le habían robado el estéreo.
También vale el garrote. Una vez, los jueces consideraron esta situación, que parece de la película relatos salvajes: «al llegar el imputado acusado hasta donde se encontraban los vehículos, acciona la bocina pidiendo paso, dos veces, el conductor del tractor lo había cruzado al tractor de forma oblicua en el medio del camino impidiendo el paso, .. contestó con una seña de mano que ya iba, realizó la maniobra como para ceder el paso hacia delante, la combi intenta seguir, y de repente el tractor vuelve en reversa e impacta a la combi con la pesada rueda izquierda en el paragolpe izquierdo, y con su guardabarros derecho impacta a la altura del capot de la Combi, traccionando contra ésta, produciendo la detención del motor de la Combi, cimbroneándola, causando pavor en las personas del interior de la Combi que desesperadamente descendieron, a la vez que eran atacados por Enrique Osmar Castro con un garrote amarrado a su mano, que golpeó dos veces el parabrisas de la combi, causándole daños, cruzando por el frente de la Combi en busca de Páez, quien descendía por la puerta izquierda y manoteó un revolver calibre 32 largo…».
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Anexo – sentencia completa sobre responsabilidad por robo en el shopping
“M. N. S. c/ …. S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios” – CNCIV – SALA E – 07/04/2015
// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los siete días del mes de abril de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “M. N. S. C/ …. S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia corriente a fs. 259, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. RACIMO.
A raíz de un violento robo sucedido en los pasillos del shopping … el día 30-10-10, la actora sufrió diversas lesiones cuya indemnización reclama en este proceso. El señor juez de primera instancia, después de tener por acreditado el hecho delictivo a través de la declaración de dos personas que fueron presenciales, encuadró la cuestión dentro de las previsiones contenidas en la Ley de Defensa del Consumidor, pues debe considerarse usuario a quien transita dentro de un supermercado citando profusa jurisprudencia al respecto. A partir de ello estimó que la demandada tenía frente a los consumidores una obligación tácita de seguridad que la obliga a resguardar la integridad física de aquéllos.
Y, si bien es deber del Estado velar por la seguridad de los habitantes, ello no releva al comercio de aquella obligación. Concluyó, pues, que la demandada no había logrado acreditar la ruptura del nexo causal y había incumplido con la obligación de seguridad que contempla la citada legislación, por lo que, habiendo considerado además que el suceso no tenía las características de imprevisibilidad, sino que constituían un riesgo propio de la explotación empresaria de un centro comercial al que concurre gran afluencia de público, la condenó -junto a la aseguradora citada en garantía, esta última en los términos del art. 118 de la ley 17.418- a abonar la suma total de $ 136.500, con más sus intereses calculados a la tasa activa prevista en el plenario “Samudio de Martínez Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” y las costas del juicio.
La demandada, única apelante que ha sostenido en esta instancia su recurso, se agravia por la responsabilidad que se le ha endilgado y fundamenta su pretensión en tres circunstancias: a) considera que el hecho no ha sido debidamente probado, b) se trató de un hecho imprevisible e inevitable, por cuanto sostiene que ha cumplido con su deber de seguridad, en tanto el Estado ha incumplido el suyo y c) que resulta improcedente la aplicación de la ley 24.240, por cuanto existe ausencia de una relación de consumo (ver fs. 289/92).
A mi juicio, una primera lectura del escrito referido revela que difícilmente pueda considerarse a éste como revestido de los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal. En efecto, reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que el memorial, para que cumpla con su finalidad, debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada, para demostrar que es errónea, injusta o contraria a derecho. Debe precisarse, pues, punto por punto, los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo. Las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general no reúnen los requisitos mínimos indispensables para mantener el recurso. No constituye, así, una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica (conf. Fassi y Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, 3a. ed., t° 2 pág. 483 nº 15; Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, tº V, pág. 267; Fassi Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y demás normas procesales vigentes comentado, anotado y concordado, t° I, pág. 473/474; Fenochietto – Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y concordado, t° 1, pág. 836/837; Falcón – Colerio, Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t° VIII, pág. 239/240; CNCivil, esta Sala, c. 134.750 del 17-9-93, c. 162.820 del 3-4-95, c. 202.825 del 13-11-96, c. 542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras).
De la misma manera, es principio aceptado que no se cumple con la carga del recordado art. 265 cuando el apelante se limita a reiterar los mismos argumentos ya expresados al articular las cuestiones o defensas resueltas en la resolución que pretende atacar, toda vez que ellos ya han sido evaluados y desechados por el juez de la causa (conf. Fassi y Yáñez, op. y loc. cits., pág. 481 nº 5; CNCivil., Sala “B” en E.D. 87-392; id., Sala “C” en E.D. 86-432; id., esta Sala, c. 135.023 del 16-11-93, c. 177.620 del 26-10-95, c. 542.406 del 2-11-09, c. 542.765 del 5-11-09, c. 541.477 del 17-11-09, c. 544.914 del 3-12-09, c. 574.055 del 4-4-11, entre muchas otras), o cuando se plantean cuestiones que nada tienen que ver con la materia debatida (conf. Fassi y Yáñez, op. y loc. cits., pág. 483, nº 16 y fallos citados en nota 19; CNCivil, esta Sala, c. 160.973 del 8/2/95 y 166.199 del 7-4-95, 562.110 del 23-9-10, entre otras).
En este sentido, la crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio, y lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso. Queda claro así, que debe tratarse de un razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto lógico contenido en la sentencia que se impugna (conf. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado; t° 2, pág. 98), pues la argumentación no puede transitar los carriles del mero inconformismo (conf. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, t° II, pág. 74).
En esa inteligencia, la presentación aludida se limita a manifestar su desacuerdo con los fundamentos centrales del pronunciamiento, pero sin atacarlos en forma adecuada. Así, por empezar asevera que el hecho no se encuentra debidamente demostrado (ver punto II.a) porque pese a la notable afluencia de público sólo prestaron declaración únicamente dos personas. Más allá de que los testigos no se cuentan sino que se pesan, lo cierto es que ambas deponentes han sido contestes en relatar el violento atraco que sufriera la actora en los pasillos del centro comercial mencionado (ver fs. 179/80). Por otra parte, no rebate el contenido de esos testimonios, siendo que tampoco asistió al acto de la audiencia, por lo que su queja podría considerarse como una tardía reflexión.
Más adelante, expresa su “alarma” en el sentido de que el juez pretende trasladarle una obligación primaria del Estado. No obstante, seguidamente admite que ha contratado personal de seguridad privada, por lo que considera que no puede responsabilizársela por actitudes delictivas asumidas por terceros ajenos. Citando un precedente que dice ser de esta Cámara Civil -sin individualizar la Sala que lo habría emitido y el lugar donde se encuentra publicado-, considera que se trataría de un hecho imprevisible e inevitable, dada la proliferación e incremento de hechos delictivos que sufre la ciudad y de los que su parte no puede verse excluida. Ante esta reflexión, si ello es así, sólo cabe preguntarle: ¿para qué contrata personal de seguridad privada si éste no puede acudir en auxilio de quien está siendo asaltado dentro de su propiedad?. Por lo demás, como bien ha aseverado el magistrado de primera instancia, no puede hablarse en el caso de que el hecho tenga característica de imprevisibilidad, toda vez que el empresario debió prever, en las circunstancias que atraviesa el país, que se trata de un acontecimiento corriente en la vida diaria (ver Borda, Tratado de Derecho Civil – Obligaciones, 8ª. ed., t. I pág. 101 n° 110; Llambías, Tratado de Derecho Civil -Obligaciones, 2ª. ed., t. I pág. 234 n° 190, a; mismo autor, Código Civil Anotado, t. II-A pág. 125).
Por último, alega que el juez ha efectuado un erróneo análisis del hecho objeto de la litis al encuadrarlo dentro de las previsiones de la ley 24.240, puesto que la intervención de su parte no puede ser considerada dentro de los términos de los arts. 1 y 2 y aduce, como único fundamento, que frente a la contraria al encontrarse transitando ésta dentro del centro comercial no puede considerarse configurada una relación de consumo.
Al respecto, la doctrina se encuentra conteste en señalar que, después de la reforma introducida por la ley 26.361 a la ley 24.240 se ha ampliado notoriamente el concepto de “consumidor” o “usuario” que contenía esta última, toda vez que abarca no sólo a quien utiliza los bienes o servicios en forma onerosa y gratuita como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar, sino también a quien de cualquier manera está expuesto a la relación de consumo. Es decir, el concepto no se agota en la idea de contrato, sino que tal calificación abarca a aquellos que no son parte de la relación de consumo, pero que encuentran un vínculo con aquélla (como consecuencia o en ocasión) como así también a quienes se hallan expuestos a la referida relación, que sin tener vínculo específico y aún intención de tenerlo, igualmente sufren algún daño en función de ella (ver Lovece, Graciela Isabel, La expansión de la noción de seguridad. Las relaciones de consumo y la aplicación del by stander, L.L. 2011-B, 224; Piedecasas, Miguel A., La ley 26.361. Reseña general, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni editores, Consumidores, 2009-1 pág. 81, en especial, págs. 84/5; Hernández, Carlos Alfredo, La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar, en Revista de Derecho Privado y Comunitario recién mencionada, pág. 257, en especial, pág. 277 n° 2).
Ello sucede cuando una persona sufre daños dentro de un supermercado, pues será dificultoso discriminar entre quienes compraron y quienes no lo hicieron, razón por la cual el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales o bilaterales, de manera tal que la protección abarca a quien se encuentre en el ámbito de actuación y cuidado del empresario propietario del centro de consumo, toda vez que desde ese mismo momento ya comienza a regir el marco tutelante del art. 42 de la constitución Nacional con sus reciente reformas (ver Trigo Represas, Félix A., Responsabilidad por daños sufridos por la caída de un consumidor en un supermercado, provocada por pisos en mal estado, en L.L. 2011.C, 1, y autores citados en nota 38).
En un caso análogo, con voto de mi estimado colega de Sala Dr. Racimo, se llegó a la misma conclusión (causa 571.079 del 4-5-11, autos: “Braunstein Eduardo Héctor c/ Jumbo Retail Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios”). En efecto, se trató del caso de una persona que cayó al piso del supermercado Disco por haber sido empujado en el pasillo central por un empleado con ropas de la empresa. Citando un precedente de la Sala “F” de este Tribunal con primer voto de la Dra. Highton de Nolasco (L.L. 2004-A, 433, “Torres Érica F. c/ Coto C.I.C.S.A. y otro” del 17-9-03), concluyó que “…el particular que transita dentro de un supermercado es un usuario que se ajusta a la categoría determinada por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240; y la empresa es un típico proveedor de servicios entre los que se encuentra la protección de la integridad física de aquellos que circulan por sus corredores en los cuales es habitual que se susciten este tipo de colisiones entre personas o caídas en razón de las particulares condiciones de los pisos (ver CNCiv, Sala B, “García Carmen Beatriz y otro c. Supermercados COTO S.A. del 15-12-08, DJ 17-6-09, 1661 con cita de la ley del consumidor y también CNCiv Sala G, c. 324.940 “Jusid Cecilia c. Carrefour Argentina S.A. s/ daños y perjuicios” del 13-5-02; id. Sala L del 6-3-08, LL 2008-D, 58; CNCiv Sala J, 16-6-10 en autos “Fernández, Isabel c. Disco S.A.” La Ley Online: AR/JUR/42288/2010 y “Zemel, Olga c/ Banco Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, expte. n° 80.050/2004, del 12/3/08). Precisamente la prestación que se espera obtener de los supermercados en este tipo de contratos es el deber de organizar adecuadamente la custodia de las instalaciones a su cargo, con el objeto de evitar perjuicios a los clientes o personas que transitan por el local, adoptando las medidas de seguridad necesarias a tal fin (ver CNCiv, Sala L, voto del Dr. Galmarini, en autos “Arriega, Ilda Esther del Carmen c. Coto CICSA s/ daños y perjuicios” del 2-7-10)”.
Si bien el supuesto de autos no se trata de un supermercado como el resuelto por la Sala recién citado, ello no obsta a decidir en idéntico sentido, habida cuenta que existe jurisprudencia y doctrina que la han adoptado para hechos acaecidos en los denominados “sopping centers” -como el que se analiza en el sub exámine- y ámbitos equivalentes (ver CNCiv Sala H, voto del Dr. Kiper, en causa 597.520 del 25- 3-13, autos “A, E.D. c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. y otro s/ daños y perjuicios”; Gregorini Clusellas, El daño resarcible del consumidor accidentado en un supermercado, RC y S 2011-VII, 62).
Es que, cualquier daño sufrido en este tipo de lugares, que no responda al hecho de la víctima, o a un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser reparado por el titular del centro comercial (ver voto del Dr. Kiper recién mencionado, con cita de Álvarez Larrondo, Federico, Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361, en L.L. 2008-D, 58).
En la especie, la empresa propietaria no ha demostrado que haya adoptado las medidas de seguridad para evitar conductas delictivas como la que se investiga, siendo que, por otra parte, lucra sin duda con el alquiler de los locales a los comerciantes y se ve beneficiado económicamente con la presencia de personas que transitan por los pasillos de su propiedad (ver Álvarez Larrondo, artículo citado, en especial apartado III) y está, por ende, obligado a implementar las medidas necesarias para proteger a los usuarios (art. 5 de la ley 24.240) que hacen posible su negocio. Por esa razón, entiendo, la propia demandada admite que contrató personal de seguridad privada para protección de aquéllos y para impedir -entre otras cosas- la proliferación de hechos delictivos como el sucedido a la actora dentro de las instalaciones de su centro comercial, más allá, claro está, de la obligación del Estado de resguardar la seguridad de los habitantes.
Por estas breves consideraciones, voto para que se declare desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs. 275 y firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 259/66, con costas de Alzada a la vencida (art. 68 del Código Procesal).
Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Racimo por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.
Fdo.: MARIO P. CALATAYUD – JUAN CARLOS G. DUPUIS – FERNANDO M. RACIMO
Este Acuerdo obra en las páginas Nº 201 a Nº 204
del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Buenos Aires, abril siete de 2015.-
En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se declara desierto el recurso de apelación libremente concedido a fs.275 y firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 259/66, con costas de alzada a la vencida. Difiérase la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad correspondiente. Not. y dev.-
Fdo.: Mario Pedro Calatayud – Juan Carlos Guillermo Dupuis – Fernando Martin Racimo
Sentencia completa sobre la responsabilidad del supermercado por robo en el estacionamiento
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial
Francomano Claudia Antonieta c. Marin Norma Marcela y Otro s/ abreviado – daños y perjuicios – otras formas de resp. extracontractual – recurso de casación • 29/09/2014
El propietario de un automóvil lo llevó al lavadero dentro de un supermercado…
Córdoba, septiembre 29 de 2014.
1ª ¿Es procedente el recurso de casación? 2ª En su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión.— El doctor Andruet (h.) dijo:
I. La co-demandada Libertad S.A. —mediante apoderado— interpone recurso de casación en autos “Francomano Claudia Antonieta c. Marin Norma Marcela y otro – abreviado – daños y perjuicios – otras formas de responsabilidad extracontractual – recurso de casación (expte. 1547019/36 – F 06/13)”, en contra de la Sentencia nº 176 dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de esta Ciudad con fecha 13 de septiembre de 2012, invocando las causales previstas por los incisos 1º y 3º del art. 383 del C.P.C.C.
En Sede de Grado la impugnación fue debidamente sustanciada según el mecanismo predispuesto por el art. 386 del C.P.C.C, corriéndose traslado a la contraria —actora— quien lo evacua mediante apoderado a fs. 323/325. A fs. 330/335 emite dictamen el Sr. Fiscal de Cámaras Civiles y Comerciales. Mediante Auto nº 40 fechado el 6 de marzo de 2.013 la Cámara a quo concedió parcialmente el recurso articulado, sólo respecto de la pretensión unificadora contemplada por el inciso 3º del art. 383 del C.P.C.C.
Radicada la causa en esta Sede extraordinaria, se dio intervención a la Fiscalía General en los términos del art. 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, quien presentó informe nº C-934 (fs. 358/364). Dictado y firme el decreto de autos (fs. 367), queda la causa en estado de ser resuelta.
II. El escrito de casación, en los límites impuestos por la parcial concesión del recurso dispuesta por el Tribunal a quo, admite el siguiente compendio:
Al amparo del inciso 3º del art. 383 del C.P.C.C., el recurrente argumenta que la decisión adoptada en el sub lite se funda en una interpretación de la ley que resulta contraria a la propiciada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de esta Ciudad en la causa: “Brunori, Héctor Eduardo c. Disco S.A. y otro – ordinario – daños y perj. otras formas de resp. extracontractual – recurso de apelación – Expte. Nº 1264353/36”; según sentencia nº 37 de fecha 17/03/11, cuya copia juramentada —del original y de su publicación en la revista Zeus Córdoba— acompaña en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 385 del C.P.C.C.
Señala que las situaciones fácticas entre uno y otro caso son idénticas, pues —explica— en ambas se reclamó la indemnización de los daños sufridos por el titular de un vehículo automotor que había sido dejado en un lavadero de un hipermercado, habiéndose entregado la llave de arranque del vehículo al negocio lo que —postula— implica ceder su guarda, generándose los daños que se reclaman en la demanda.
Considera que la circunstancia de que en el caso invocado como antitético el hecho ilícito desencadenante haya sido el robo del automotor dejado en guarda en el lavadero, constituye una diferencia que no incide en el debate de la cuestión de fondo puesto que —advierte— en ambos casos se ha interpretado la misma norma del Cód. Civil en forma disímil.
Manifiesta que en los dos pleitos se demandó al lavadero, y solidariamente al titular de la explotación supermercadista que tenía como único vínculo con el lavadero un contrato de locación.
Destaca que en ambas resoluciones se ratificó la condena dispuesta contra el titular del lavadero y se analizó la obligación del supermercado; siendo diferente la solución adoptada por los tribunales en este último aspecto, pues mientras la Cámara a quo extendió ilimitadamente su obligación en virtud de la obligación de seguridad, la Cámara Primera desestimó tal extensión bajo el argumento de que éste nunca tuvo el carácter de guardián de la cosa (automóvil) ni la tuvo bajo su cuidado o a su servicio.
Postula como correcta la tesis sustentada en el fallo arrimado como antagónico, en cuyo mérito reclama la anulación del resolutorio en crisis.
III. Previo a todo, corresponde verificar la concurrencia de los requisitos que condicionan la viabilidad formal de la pretensión unificadora intentada; tales, la existencia de hipótesis fácticas análogas y una interpretación jurídica contradictoria sobre la materia juzgada.
El primer recaudo formal luce satisfactoriamente cumplido ya que los casos resueltos por ambos pronunciamientos lucen análogos. Se trata del siniestro que tuvo como protagonista un automóvil en ocasión de haber sido dejado por su dueño en la empresa de lavado de autos ubicada dentro del predio de un centro comercial o hipermercado. Si bien en un supuesto el rodado fue sustraído del lavadero y en el otro fue chocado por uno de los dependientes del lavadero, la cuestión jurídica a resolver resulta idéntica, pues consiste en determinar la eventual responsabilidad civil del Hipermercado por ser el Centro Comercial dentro del cual ocurrió el hecho lesivo; ello, por cierto, sin perjuicio del deber de responder atribuido sin discusión en ambos supuestos al titular del lavadero.
La disímil solución jurídica que merecieron los casos puestos a conocimiento de la Judicatura se revela evidente. En el fallo denunciado como antagónico se decidió eximir de responsabilidad al Hipermercado por considerar que el rodado no estaba bajo su guarda ni se servía del mismo en ocasión del hecho lesivo, motivo por el cual no resultaba aplicable el artículo 1113 del C. Civil; ello fue —a juicio del Tribunal interviniente— razón suficiente para desestimar la acción dirigida en contra del centro comercial. Diversamente, el pronunciamiento en crisis descartó expresamente dicha hermenéutica, encuadró el supuesto de hecho en una relación de consumo, y —en su mérito— juzgó que el Hipermercado debía responder como sujeto integrante de la cadena de comercialización, sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan corresponderle a éste contra la empresa de lavado de automóviles.
Encontrándose cumplidas las condiciones formales previstas por el inc. 3° del art. 383 del C.P.C., este Alto Cuerpo queda autorizado a asumir las tareas de nomofilaquia y unificación predispuestas por la Ley Formal.
IV. El asunto sujeto a unificación:
El debate que habilita la instancia consiste en dilucidar si el hipermercado puede ser civilmente responsable de los daños generados a un vehículo a raíz del siniestro que protagonizara luego de ser dejado por su dueña en una empresa de lavado de autos localizada dentro del predio del centro comercial, donde acudió a efectuar compras.
Delimitada la cuestión, el núcleo del dilema radica en indagar la vinculación —si es que existe— entre el damnificado dueño del automóvil y el hipermercado, que permita atribuir a este último legitimación sustancial pasiva en la obligación resarcitoria que constituye el objeto de la demanda.
V. En esa tarea, debemos dejar en claro que no existe ligamen contractual alguno entre el dueño del automóvil y el hipermercado, pues según dan cuenta los hechos, la relación se entabló de manera directa entre los sujetos involucrados en el evento dañoso; esto es, entre el dueño del rodado y la empresa de lavado, sin que el centro comercial haya tenido ninguna intervención en esa instancia.
Tal como han sido descriptos los antecedentes de hecho puestos a consideración ante el Órgano Jurisdiccional, resulta evidentemente difícil suponer que el hipermercado se haya servido del rodado, o que pueda haber tenido a su cargo algún tipo de control o gobierno efectivo sobre el automóvil, de manera que quepa investirlo del carácter de guardián en la figura del art. 1113 del C. Civil.
De otro ángulo, la empresa de lavado de autos está ligada con el centro comercial por un contrato de locación inmobiliario con destino comercial; razón por la cual no se vislumbra en una primera mirada una subordinación explícita ni implícita. Aún cuando el inmueble cedido en locación tenga por objeto la instalación y funcionamiento de un negocio, lo cierto es que no se ha pactado que el locador pueda encomendar tareas, impartir órdenes o asignar funciones al empresario o a sus auxiliares acerca de cómo debe ser cumplida la actividad mercantil que desarrolla el arrendatario.
Ello permite desechar la calificación jurídica del caso en la figura de la dependencia contemplada en el art. 1113 del C. Civil para calificar la responsabilidad del principal en su concepción originaria.
Sin embargo, opino que la falta de adecuación del caso a la norma sustancial aludida no conduce necesariamente al fracaso de la demanda entablada contra el hipermercado.
VI. De acuerdo al axioma según el cual las partes aportan los hechos y los jueces dicen el derecho, el Organo Jurisdiccional debe definir cuál habrá de ser el marco legal que corresponde asignar a los supuestos de hecho puestos a su consideración.
Para cumplir esa función, en los casos como el de autos donde la actividad involucra la adquisición de un servicio prestado en forma profesional por una empresa que se encuentra dentro de un predio destinado a la comercialización de bienes y servicios a consumidores y usuarios, los magistrados no pueden eludir la tarea de indagar si resulta o no aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, la cual forma parte del elenco normativo vigente y ha sido nominada por el legislador como de orden público.
Debemos reconocer el protagonismo que ha cobrado en los últimos años la protección jurídica de los consumidores, usuarios e, incluso, de quienes se encuentren expuestos en virtud de relaciones de consumo; suceso que comenzó con la sanción de la Ley nº 24.240 en el año 1993, se perpetuó con la consagración constitucional de la defensa del consumidor en la reforma de la Carta Magna del año 1994 (nuevo art. 42), y continuó afianzándose y expandiendo sus horizontes con las modificaciones a la nombrada ley sancionadas en el año 1998 (Ley nº 24.999) y más recientemente en el año 2008 (Ley nº 26.361).
Con acierto ha señalado Lorenzetti que su rango constitucional y el carácter de preceptos de orden público que le ha asignado el legislador, han producido notables cambios en la interpretación, vigencia, y análisis de compatibilidad de otras normas del derecho que, hasta el advenimiento de la nueva normativa, se tornaban como reglas o principios inconmovibles (Conf. LORENZETTI, Ricardo Luis, Consumidores, edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, p. 43 y ss.).
Explica el prestigioso autor y Ministro de la Corte Suprema, que el principio protectorio de rango constitucional es el que da origen y fundamenta el derecho del consumidor. Entonces, en los casos que presentan colisión de normas, es importante tener en cuenta que no es la ley, sino la Constitución Nacional, la que es fuente principal del Derecho Consumerista. La interpretación dominante es que no es necesaria una ley que reglamente el derecho para poder invocar su aplicación al caso concreto. En tal sentido se ha dicho que la norma del art. 42, C.N., pone en cabeza de los consumidores y usuarios derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad de que se dicte una ley que los instrumente (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, ob. cit., p. 44 y ss.).
En un precedente dictado por este Alto Cuerpo, en fecha reciente, he recalcado que este fenómeno conlleva la necesidad de que los operadores del derecho efectúen un nuevo análisis de las normas de derecho privado, ahora desde la perspectiva constitucional. El microsistema legal que se encuentra compuesto por la norma constitucional que reconoce protección al consumidor y sus derechos (art. 42, C.N.), los principios jurídicos y valores del ordenamiento y, por último, las normas legales infraconstitucionales como la ley 24.240, hace que siempre que exista una relación de consumo, deba aplicarse este microsistema, por revestir carácter autónomo y aún derogatorio de normas generales (Confr. Sent. nº 190 del 22/10/13).
VII. Corresponde, entonces, preguntarse si de acuerdo al escenario descripto las partes deben —o no— considerarse alcanzadas por la denominada relación de consumo, concebida por la Constitución Nacional (art. 42) y regulada por la Ley de Defensa del Consumidor (art. 3 de la Ley nº 24.240, t.o. por Ley 26.361).
En esa tarea, la calidad de usuario que reviste quien deja su vehículo en el lavadero de autos para su limpieza, resulta desde todo punto de vista indiscutible. Se trata, pues, de una persona —en este caso, física— que contrató a título oneroso y en beneficio propio el servicio de lavandería de autos para su rodado, ofrecido por una empresa dedicada a proveer del mismo. El servicio se materializó, como es habitual, poniendo el automóvil a disposición del lavadero; esto es, dejándolo dentro del comercio con las llaves de encendido por las necesidades propias de la actividad encomendada y en el marco de la confianza que inspira esta clase de contrataciones.
Tampoco ofrece dudas la calidad de proveedor profesional que reviste el lavadero, en tanto constituye el sujeto que ofreció y cumplió de manera profesional el aludido servicio de limpieza del rodado que constituye el objeto principal de la relación. Es evidente, entonces, que entre los nombrados —dueño del auto y lavadero— subyace un vínculo de naturaleza contractual que puede y debe ser encuadrado en la relación de consumo conforme al marco normativo indicado.
La prestación debida por el proveedor profesional consistió en la limpieza del automóvil; actividad cuyo cumplimiento o incumplimiento no constituye materia de este pleito. Ahora bien, el objeto primordial de la relación de consumo se encuentra complementado por el deber de ofrecer seguridad al usuario, garantizando que el servicio sea prestado sin sufrir menoscabos en la persona o en los bienes del profano. Dicho deber ha sido consagrado en el art. 42 de la Constitución Nacional, al mencionar el derecho de los consumidores y usuarios a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; y reafirmado en el art. 5 de la Ley 24.240, en cuanto establece que las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para los usuarios.
En las circunstancias graficadas, si el rodado mientras estaba en el ámbito de custodia de la empresa de limpieza fue protagonista de un hecho lesivo (sea por haber sido sustraído por terceros, o por haber sido chocado por uno de sus empleados al movilizarlo) que provoca un menoscabo patrimonial al dueño, resulta innegable que se ha incumplido con la obligación de seguridad que subyace en la relación de consumo; de la cual resulta directo responsable quien suministra el servicio.
VIII. Ahora bien, una vez calificado el hecho entre los vinculados inmediatos, corresponde indagar si este esquema de responsabilidad fundada en el estatuto consumeril puede ser extendido al Hipermercado, en su carácter de locador de la prestataria del servicio, y propietario del predio.
Para responder el interrogante planteado, el primer enfoque debe, necesariamente, tener por base el marco legal. En esa tarea, el nuevo artículo 2º de la Ley de Defensa del Consumidor (t.o. Ley 26.361 del 30/07/08, aplicable al caso por ser de fecha anterior al siniestro) define al proveedor como la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios.
Si nos ajustamos a la definición propuesta, desde una mirada abstracta, parece obligado calificar al hipermercado como un típico proveedor, pues nadie puede dudar que su actividad consiste, esencialmente, en la distribución y comercialización de bienes y servicios, ya sea brindándolos por sí mismo, o bien valiéndose de los comercios que su organización congrega. Además, esa actividad es desarrollada por estos emprendimientos de manera profesional, pues su objetivo consiste en convocar a potenciales destinatarios y estimularlos al consumo masivo de bienes y servicios con el propósito de generar o incrementar ganancias en beneficio de todos los integrantes del centro comercial, por cierto con la menor cantidad de costos operativos posible.
En ese sentido, Lorenzetti, con la claridad que lo caracteriza, se ha ocupado de describir a los hipercentros como lugares destinados al consumo, donde existe un lugar y espacios de utilización común, gastos de mantenimiento y subcontrataciones también compartidos, se diversifican productos y servicios, frente a los terceros la publicidad se realiza unificadamente incluso con fondos comunitarios, se suelen establecer precios competitivos acordados, horarios extendidos y promociones especiales (Lorenzetti, Ricardo L., “Redes Contractuales, contratos conexos y responsabilidad” en Revista de Derecho Privado. Responsabilidad Contractual, Bs. As. año 1998, Ed. Rubinzal Culzoni, Vol. Nº 17, Pág. 211).
De estas características participan los sujetos demandados en los casos confrontados, pues se trata de organizaciones empresariales que nuclean diversos comercios proveedores de bienes y servicios estratégica y planificadamente seleccionados por el empresario para atender las diferentes necesidades de eventuales clientes. En ellos los distintos servicios que se brindan procuran complementarse unos con otros para no superponerse y evitar competencias, donde el servicio de lavadero de autos está siempre presente y suele ofrecer promociones que incluyen la gratuidad o descuentos por las compras realizadas en los locales que componen el emprendimiento.
No obsta a esta conclusión la circunstancia de que el centro comercial no haya contratado en forma directa con el usuario, o que esté ligado a la prestataria del servicio —que ha resultado defectuoso— por un contrato de locación de espacio o local con destino comercial, aún cuando dicho acuerdo contenga cláusulas limitativas de responsabilidad.
Existe en la actualidad una tendencia a ampliar la legitimación pasiva de la acción de daños originados en una relación de consumo, sea que deban responder en forma concurrente o solidaria, a todos los que intervienen en la cadena de prestación del servicio defectuoso, sin perjuicio de las acciones de regreso que puedan luego, entre ellas, corresponder. Y esa tendencia ha sido recibida por nuestra ley al consagrar la responsabilidad solidaria de los proveedores —sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan— con el indiscutible objetivo de asegurar al sujeto protegido de la relación jurídica, la pronta y segura reparación de los menoscabos sufridos.
Como bien puntualiza prestigiosa doctrina, “…Se quiere con ello proteger al damnificado emplazando como posibles responsables en un mismo plano de igualdad a un elenco de legitimados pasivos que actúa protagónicamente en el mercado, sobre la base del parámetro objetivo del riesgo creado o del riesgo de empresa…” (PIZARRO, Ramón D. VALLESPINOS, Carlos G. en Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones., Bs. As., Hammurabi, año 2012, Vol. 5 – p. 118).
A ello corresponde agregar la apariencia creada frente al consumidor o usuario con motivo de la puesta en escena de una actividad comercial que se presenta a la mirada común como una red o entramado complejo, en la que no se sabe con precisión si los negocios pertenecen al grupo empresario del hipercentro, si dependen económica o funcionalmente de él, o si son comercios independientes; lo cual dificulta la tarea del profano de descifrar cuál de los sujetos que ofrecen los servicios es en definitiva el obligado al pago de los daños ocasionados con motivo de un acto de consumo.
En suma, las características que presenta el centro comercial y la confianza generada por la apariencia, determinan su calificación jurídica como proveedor profesional de bienes y servicios en las relaciones de consumo que tienen lugar en su ámbito de actuación. Tal calidad constituye factor de imputación suficiente para justificar prima facie la posible atribución de responsabilidad por los menoscabos que sufra el consumidor y que sean consecuencia de la adquisición de bienes o servicios defectuosos.
IX. De cualquier manera el análisis que debe realizar la judicatura debe estar siempre gobernado por la prudente ponderación de cada situación de hecho que se presente a juzgamiento. De manera que la responsabilidad civil del experto está condicionada a que se demuestre la existencia de un daño originado en un servicio defectuoso que pueda ser jurídicamente atribuido al proveedor por mediar nexo causal adecuado; por cierto en tanto y en cuanto no se acredite una circunstancia eximente idónea.
Dicho aspecto de la acción de daños ha sido también motivo de controversia en los casos que habilitaron la unificación de jurisprudencia.
El centro comercial adujo que el hecho se produjo por una causa ajena a su ámbito de actuación; vale decir, la defensa invocada se define como el hecho de un tercero por el que —a su juicio— el hipercentro no debe responder; hecho que bien podría tener virtualidad para romper el nexo causal y funcionar como eximente.
En un primer análisis, este argumento defensivo no puede ser mirado con desprecio si tenemos en cuenta que, partiendo de la premisa de su anunciada condición de mero arrendador del local comercial o espacio destinado al funcionamiento del lavadero, resulta cuanto menos verosímil suponer que al hipermercado le resulta, en los hechos, materialmente imposible controlar la mayor o menor seguridad puesta a disposición del usuario dentro del negocio del locatario en pos de garantizar que el servicio sea prestado en condiciones de indemnidad.
Va de suyo que ese es el fundamento jurídico ensayado por el Centro Comercial demandado para poner de manifiesto el carácter ajeno de la actuación del lavadero. Lo cual parece, además, tener basamento legal en la última parte del art. 40 de la L.D.C., en cuanto establece que se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
Sin embargo, me apresuro a sostener que el análisis que antecede peca de simplista a la luz de la naturaleza del servicio prestado. Doy razones:
Ante todo debemos examinar la manera como se desarrolla el servicio contratado. En esa tarea se advierte que con el objetivo de organizar y llevar a cabo la limpieza de automóviles en las empresas que a esa actividad se dedican, es normal y ordinario que el dueño del rodado lo ponga a disposición del lavadero dejando las llaves de encendido al encargado o a algún dependiente. La razón es sencilla: el proceso de lavado implica generalmente que el vehículo deba ser desplazado de un lugar a otro, sea para dar comienzo a la tarea, para posibilitar el aseo de sus diferentes partes, o bien para ubicarlo en un lugar apto para ser retirado por su dueño una vez finalizada la labor.
A ello debemos sumar que los objetos sobre los cuales se materializa el servicio (automóviles) constituyen “cosa riesgosa” por naturaleza —aspecto sobre el cual no existen discrepancias—, y además se trata de bienes que son cotidianamente presa de sustracción por parte de malvivientes de los estacionamientos situados dentro de los centros comerciales, lo cual parece más sencillo aún cuando el servicio prestado involucra necesariamente la entrega de la llave de encendido.
De manera que ante la real probabilidad de que en el ámbito de un lavadero de autos ocurran siniestros como los acaecidos en los casos juzgados —robo del automóvil o accidente—, el centro comercial que planifica, elige y decide dar en locación un espacio o local para la instalación y funcionamiento de esta clase de emprendimientos, tiene el deber de prever y evitar los eventuales daños, adoptando todas las medidas de seguridad necesarias e idóneas para poner a los usuarios o terceros a resguardo de los menoscabos que suele provocar las condiciones de movilidad de los automóviles cuyo lavado constituye la prestación principal de la empresa locataria.
La ponderación de los axiomas y las pautas hermenéuticas consagradas en la Carta Magna (art. 42) y en las normas que integran el Estatuto del Consumidor, brindan suficiente justificación normativa y axiológica a la solución que se propone.
Como se indicó anteriormente, la obligación resarcitoria del Centro Comercial encuentra fundamento en el genérico art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (t.o. ley 24.999). Prestigiosa doctrina ha interpretado que este precepto “…expresamente consagra la responsabilidad objetiva por daño al consumidor resultante ‘del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio’ la cual pesa no sólo sobre el profesional con el que contrató el consumidor (responsabilidad contractual) sino también sobre todos los que han intervenido en la cadena de producción, comercialización y ejecución del servicio, aún los que no contrataron directamente con él (responsabilidad extracontractual). Se impone de tal modo, una obligación de seguridad de mantener la persona y bienes del cocontratante en condiciones de indemnidad, la cual no se cumple cuando el servicio, a raíz de sus deficiencias, ocasiona un perjuicio a su persona o a sus bienes…”(PIZARRO, Ramón D., “Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa – Contractual y Extracontractual – Parte Especial”, Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2006, Tomo II, p. 492).
Por otra parte, desde la perspectiva axiológica, el principio protectorio de la seguridad de los consumidores y usuarios (art. 5, L.D.C.) y el principio de prevención que deriva del primero, imponen al experto el deber jurídico de impedir o neutralizar los efectos perjudiciales de la actividad contratada en el marco de una relación de consumo. Asimismo, la confianza en la apariencia desplegada por el Centro Comercial al presentarse ante el profano como el organizador de los negocios o el promotor de las actividades que se desarrollan dentro del predio, torna razonable que a la par del lucro perseguido al organizar el emprendimiento comercial e introducirlo en el mercado mediante la cesión de espacios destinados al establecimiento de negocios, el empresario tenga también el deber de responder por los daños que previsiblemente se puedan generar dentro de alguno de los locales comerciales que, por su decisión, integran el centro de consumo, cuando no ha tomado las medidas de seguridad que pudo adoptar.
Dicha responsabilidad —reitero— no se ve desplazada ni atenuada por la naturaleza del vínculo que liga al hipercentro con el comercio (locación de inmueble con fin comercial) o por los términos de la contratación existente entre ellos (v.gr. cláusulas limitativas de responsabilidad); tampoco por las dificultades que puede tener el mismo para ejercer un efectivo control material sobre la actividad desarrollada por el arrendatario.
Es que su condición de experto le imponía un plus en el desarrollo de su conducta; una actitud proactiva al tiempo de incorporar a la prestataria del servicio de lavado de autos, la cual consiste en prever los eventuales daños que la actividad que se incorporaba pudiera generar a usuarios o terceros, y decidir o acordar el modo como los mismos iban a ser prevenidos y/o evitados. En ese sentido, bien pudo estipular con el locatario el control de idoneidad del personal del lavadero, o implementar un servicio de seguridad dentro del predio que incluya el interior del comercio para evitar los siniestros. Asimismo, para evitar afrontar los daños, pudo exigir al arrendatario la contratación de un seguro que cubra eventuales daños controlando el pago de la prima, o contratar el propio hipercentro un seguro de responsabilidad civil en pos de garantizar que los menoscabos que puedan sufrir los usuarios sean resarcidos.
En conclusión, la circunstancia de que el hecho dañoso haya ocurrido dentro del lavadero, no constituye causa ajena al ámbito de actuación legal del hipermercado, tal que autorice a eximirlo de la responsabilidad civil que le corresponde por no haber adoptado las medidas razonables de seguridad tendientes a evitar los daños generados al usuario del servicio, por la acción u omisión de quienes se desempeñan como dependientes de la empresa de lavado.
X. Siendo que la interpretación realizada por este Alto Cuerpo coincide en lo sustancial con la avalada por el Tribunal a quo, corresponde rechazar el recurso de casación.
En ese sentido dejo sentado mi voto.
El doctor García Allocco dijo:
Adhiero a los fundamentos brindados por el Señor Vocal Armando Segundo Andruet (h). Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.
El doctor Sesin dijo:
Comparto los fundamentos expuestos por el Señor Vocal del primer voto.
2ª cuestión.— El doctor Andruet (h.) dijo.
I. En base a las consideraciones que anteceden, propongo: rechazar en lo sustancial el recurso de casación articulado por el co-demandado.
II. La existencia de diversidad jurisprudencial sobre la materia traída a conocimiento constituye fundamento suficiente e idóneo para justificar que las costas devengadas en esta Sede extraordinaria sean impuestas por el orden causado (arg. art. 130 in fine C.P.C.C.).
Atento lo normado por el art. 26 de la Ley 9459 —a contrario sensu— no corresponde regular honorarios a favor de los profesionales intervinientes en esta oportunidad.
Adhiero a la solución a que arriba el Señor Vocal del primer voto.
Coincido con la respuesta proporcionada por el Sr. Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), ya que el mismo expresa la solución correcta a la presente cuestión.
Por ello, voto en idéntico sentido.
Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial, resuelve: 1. Rechazar en lo sustancial el recurso de casación articulado. 2. Imponer las costas por el orden causado. No regular honorarios a favor de los profesionales intervinientes en esta oportunidad. Protocolícese e incorpórese copia.— Armando S. Andruet (h.).— Carlos F. García Allocco.— Domingo J. Sesin.
Anexo – Dos sentencias completas sobre ART – accidente in itinere – robo – responsabilidad de la ART por accidente camino al trabajo
Expte. 38.037/2010/CA1 – «NNNy otros c/Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/accidente – ley especial», Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, IX, 14/04/2015
En la ciudad de Buenos Aires, el 14-4-15, para dictar sentencia en los autos: “NNN Y OTROS C/CONSOLIDAR ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE – LEY ESPECIAL” se procede a votar en el siguiente orden:
I. La sentencia de primera instancia de fs. 270/2 que rechazó la demanda en su totalidad, ha sido apelada por la parte actora, a mérito del recurso que luce agregado a fs. 281/5. Dicho recurso mereció réplica de las codemandadas LMS S.R.L. y Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a fs. 287/90 y fs. 291/2, respectivamente. El perito contador recurre sus honorarios por considerarlos reducidos (v. fs. 275/6).-
II. El recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de prosperar mi voto, ha de obtener favorable recepción.- Disiento con la solución adoptada en origen donde se concluyó que no se acreditó que el hecho delictivo que derivó en la muerte del Sr. … haya ocurrido en el trayecto entre su trabajo y su domicilio, que el trabajador interrumpió dicho recorrido al dirigirse a un quiosco con el fin de realizar otra actividad y que transcurrió una franja muy extensa entre el horario de salida del trabajo y el arribo a su domicilio.-
III. Liminarmente corresponde señalar que de un análisis íntegro del escrito de inicio surge que estamos en presencia de un reclamo fundado en la acción especial de conformidad con lo normado en la ley 24.557 donde se solicita se haga lugar a un accidente “in itinere” encuadrado en los términos de la ley especial. No desconozco que en la demanda (v. capítulo VIII: “INCONSTITUCIONALIDAD LEY 24557”) también se señala que a los efectos de litigar bajo las normas del derecho común se interpone la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, pero del escrito aludido no surge cuál sería el fundamento a los fines de demandar con sustento en una supuesta acción civil, ni cuáles serían las circunstancias
fácticas que avalarían dicha petición, por lo que no he de tener en cuenta este aspecto del escrito de apertura.-
IV. En el marco precedentemente descripto, es dable señalar que el sistema de renta periódica ha merecido la tacha por el Máximo Tribunal de Justicia, cuando al resolver el pronunciamiento dictado en los autos “Milone, Juan A. c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente- ley 9.688” de fecha 16/10/2004, declaró la inconstitucionalidad del pago en rentas por su apartamiento de la tendencia a aproximarse a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados, vulnerando el principio protectorio, por lo que en este caso concreto sugiero declarar la inconstitucionalidad del art. 14. b) de la L.R.T. en cuanto estableció el pago en forma de renta periódica.-
V. En dicho marco, y en lo que concierne a las probanzas reunidas en esta causa, señalo que en mi opinión no se acreditó que el trayecto entre el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador – donde no llegó por el luctuoso hecho señalado anteriormente – haya sido interrumpido o alterado por voluntad propia y por causas ajenas al trabajo.-
Liminarmente, corresponde señalar que la supuesta contradicción referida por la codemandada LMS S.R.L. en su responde (v. fs. 60/vta.) en cuanto a que en la demanda por una parte se dice que el Sr. L. viajó en una combi y luego se reconstruye ese trayecto en colectivo – en referencia al tercer y último tramo del viaje – no resulta tal por cuanto en la demanda (v. fs. 7) se explica que en el tercer tramo el Sr. L. tenía dos opciones, por un lado el colectivo de la línea 36 y por otro, – en caso de perderlo – las llamadas “combis” circunstancia que resulta justificada por cuanto teniendo en cuenta el fatal desenlace que tuvo el Sr. L. su viuda se limita a describir las dos variantes que según ella conocía tenía el Sr. L., teniendo en cuenta el fatal desenlace que tuvo y sin perjuicio de las pruebas ofrecidas por las partes.-
Sentado lo expuesto, refiero que el testigo Daniel A. L. (v. fs. 255 y vta.), quien declaró en la causa penal y dijo ser el tío del causante, y relata que su sobrino habría arribado a su domicilio particular y luego habría ido al cambiar billetes por monedas para viajar al día siguiente, conoce lo relatado a través de los dichos de su hermana, por lo que resulta ser un testigo “de oídas” y carece del conocimiento directo sobre lo testimoniado en este sentido, de modo que no lo he de tener en cuenta.-
Por otra parte, el testimonio de Carlos F. Oliver (v. fs. 156/8) resulta intrascendente a los fines pretendidos ya que se trata de un auditor de la empleadora y todo lo que declara sobre la cuestión que aquí nos convoca lo conoce a través de dichos de terceros y sólo conoce a la viuda de L. porque fue a tramitar el seguro de vida. En consecuencia, y por los mismos fundamentos expuestos en relación con el testigo anterior, tampoco lo he de tener en cuenta.-
Además, de los testigos que declararon en la causa penal (v. copias certificadas agregadas a fs. 252/66) tampoco surge elemento probatorio alguno que avale la cuestión vinculada con que el Sr. L. habría suspendido el recorrido por cuestiones ajenas al trabajo.-
Por otro lado, la dicente Jennifer Cardacci (v. fs. 195/6), quien era vecina de la reclamante Sra. A. J. al momento de declarar, dijo “Que el señor L. llegaba de trabajar, la dicente llegaba de la casa de su abuela y se cruzaron en el colectivo, en uno que manejan los bolivianos, un truchito, que la dicente y el señor L. tomaron en Chilavert” lo que avala la postura acerca de que se tomó una “combi” como indica la sentenciante de origen, pero en el marco descripto con anterioridad en cuanto a las distintas opciones que tenía el Sr. L. de acuerdo a las diferentes circunstancias de cada jornada sobre la frecuencia y horario, no existe la contradicción que apunta la Sra. Magistrada, sino que, por el contrario, sustenta la postura dada en el escrito de inicio en cuanto al último de los tres segmentos del recorrido entre el trabajo y el domicilio.-
La dicente sostiene que el Sr. L. le comentó que llegaba de trabajar, y que iba a cambiar monedas a un kiosco y ella siguió caminando con su marido y su nene. Dicha circunstancia no implica necesariamente que se haya acreditado el supuesto de excepción del accidente “in itinere”, en cuanto alude a la “interrupción o alteración de dicho trayecto por causas ajenas al trabajo” por cuanto considero que detenerse por un momento en un kiosko rumbo a su domicilio, no constituye una alteración de su recorrido habitual. Antes bien, pudo tratarse de un cambio de monedas a los fines de poder viajar al día siguiente para dirigirse a su trabajo, por lo que, en dicho marco, entiendo que no se dio una interrupción del trayecto para realizar otra actividad como apunta la Sra. Magistrada en su sentencia, -por cierto tampoco acreditada -.-
En el contexto descripto, considero que aun cuando el trabajador hubiera salido de Coto a las 22.00 horas o a las 23.00 del día 31 de octubre de 2009 – nótese que si bien el certificado de defunción indica que falleció a las 01.50 del día siguiente, de la testimonial recabada en la causa penal surge que varios testigos lo escucharon pedir ayuda luego de ser baleado, por lo que el hecho delictivo necesariamente sucedió antes del horario aludido -, el tiempo que demoró hasta que finalmente fue herido de bala, teniendo en cuenta que se trató de una persona que tomaba tres medios de transportes públicos para volver a su domicilio, la extensa distancia existente entre San Isidro y la Matanza y considerando también que la frecuencia de los medios de transportes referidos en el horario nocturno inexorablemente era menor que en otro horario y, consecuentemente, de mayor duración, y teniendo en cuenta que si hubiera alguna duda, debe resolverse a favor del actor a la luz de lo normado por el art. 9 L.C.T., es prudente concluir que el lapso insumido para recorrer dicho tramo entre el lugar de trabajo y el lugar donde fue herido de muerte es razonable y no resulta desproporcionado como se dijo en la sentencia de primera instancia.-
VI. En consecuencia, se acreditó que el hecho delictivo que culminó con la vida del Sr. E. L. ocurrió en el trayecto entre el trabajo y su domicilio y no se demostró que ese recorrido haya sido interrumpido o alterado por causas ajenas al trabajo, por lo que estamos en presencia del supuesto establecido en el artículo 6 inc. 1 de la L.R.T. y teniendo en cuenta que del informe contable obrante a fs. 145/54 surge que entre la demanda LMS SRL y la aseguradora Consolidar ART S.A. se celebró contrato de afiliación Nº 162591 y el objeto de la póliza es la cobertura de enfermedades y accidentes en el marco de la ley 24.557 con vigencia entre el 01.06.2009 y el 30.04.2011, y conforme certificado de defunción que luce agregado a fs. 198 expedido por la Dirección del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, el Sr. E. L. falleció el día 01 de noviembre de 2009 a las 01.50 horas; la aseguradora es responsable en los términos establecidos en la acción especial y conforme lo normado por el artículo 6 citado anteriormente.-
VII. De conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 14 de la ley 24.557 y teniendo en cuenta el ingreso base determinado por el perito contador a fs. 150 de $ 2.026,65 – reivindicado por la parte actora en su alegato, ver fs. 227/vta. 2º párrafo – y un coeficiente de 1,71 (65./.38: edad del trabajador al momento de su deceso) y el coeficiente 53 se arriba a la suma de $ 183.675,28 (Pesos ciento ochenta y tres mil seiscientos setenta y cinco con veintiocho centavos).-
VIII. Teniendo en cuenta la información sumaria que se encuentra obrante en el sobre agregado por cuerda (v. anexo 4842) que acredita que la Sra. A. N. P. J. fue conviviente del Sr. E. L. desde 18 años antes del fallecimiento de este (01/11/2009), acta de nacimiento de la hija de ambos R. M. L. (nacida el 11 de enero de 2001) (v. informe del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 211 y copia certificada que luce agregada a fs. 210), única hija soltera menor de 18 años y lo establecido en los artículo 18 de la ley 24.557 que, con relación a los derechohabientes del trabajador remite a las personas enumeradas por el art. 53 de la ley 24.241 en el orden de prelación y condiciones allí señaladas; la condena aquí establecida será distribuida de la siguiente manera: un 50% a la Sra. A. N. P. J. y el restante 50% para su hija menor de edad R. M. L., representada en autos por su madre y por la Sr. Defensor Público de Menores e Incapaces, ya que es quien asume la representación promiscua y necesaria tanto de la persona, sus bienes e intereses en el marco de la presente causa y de la normativa expuesta (conf. art. 59 del Cód. Civil, arts. 25 inc. i) y 54 inc. a) y b) de la ley 24.946). La parte correspondiente a la menor de edad deberá ser depositada en la cuenta del Banco Nación – Sucursal Tribunales – a la orden del Juzgado de primera instancia, perteneciente a estas actuaciones y hasta tanto la menor alcance la mayoría de edad, salvo mejor inversión.-
IX. En cuanto a los intereses y conforme jurisprudencia de esta Sala, el artículo 7 ap. 2 de la ley 24.557, prescribe que la incapacidad laboral temporaria cesa por: a) alta médica; b) por declaración de incapacidad laboral permanente c) por el transcurso de un año desde la primera manifestación invalidante y d) por muerte del damnificado. Asimismo con apoyatura en los artículos 7 y 9, ap. 2 de la misma ley y el artículo 2 de la Res. Nº 414/99 SRT corresponde computar los intereses desde los treinta días en que cabe reputar definitiva la minusvalía del trabajador (conf. esta Sala, in re: “Henderson, Nicolás Eduardo c/Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART S.A. s/accidente- ley especial”, S.D. Nº 18.132 del 19/09/2012 y “Gutierrez, Roberto Rubén c/CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/accidente-acción civil” S.D. Nº 18.503 del 30/04/2013).-
En el contexto señalado y teniendo en cuenta la fecha del deceso y el período establecido en el inciso “d” del artículo mencionado en el párrafo anterior, los intereses comenzarán a computarse a los treinta días corridos a partir de ese momento (01/11/2009), es decir, a partir del 01 de diciembre de 2009.-
Respecto a la tasa a aplicar, toda vez que la demandante no puso en tela de juicio al demandar la suficiencia de la tasa de interés sobre condena aplicable en el fuero hasta el 20/5/14, ni tampoco con posterioridad, propondré que en la etapa prevista en el art. 132 de la L.O. se aplique desde el 01 de diciembre de 2009 y hasta el 20/5/14 la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla difundida por la Prosecretaria General de esta Cámara establecida en el acta 2357 de esta Cámara del 7/5/02. En lo sucesivo, a efectos de conjurar la desactualización de tasas aplicadas con anterioridad y compensar de manera adecuada el crédito del trabajador, la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, hasta su efectivo pago. Ello toda vez que la presente es la primera oportunidad en que se determinan dichos accesorios (conf. art. 622 del Código Civil y Acta 2601 de esta Cámara del 21/5/14).-
X. En cambio, la codemandada LMS S.R.L. no ha de responder por cuanto en la demanda no se dio fundamento alguno a los fines de demandar a dicha codemandada en el marco de la ley 24.557, y del recurso no surge argumento autónomo en ese sentido de modo que se ha de confirmar el rechazo de la condena contra dicha parte.-
XI. Tampoco han de prosperar los pedidos de pluspetición inexcusable articulados por las codemandadas Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y L.M.S. S.R.L., a fs. 36/vta. y fs. 62 punto VII, respectivamente.-
Sobre dicha cuestión, cabe señalar que el art. 20 de la L.C.T. dispone, en su tercer párrafo, que “en cuanto de los antecedentes del proceso resultase pluspetición inexcusable, las costas deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante”; y, por su parte, el art. 72 del C.P.C.C.N. ejemplifica la excusa absolutoria de condena en costas, cuando el valor de la condena dependa del arbitrio judicial, de un dictamen o de una rendición de cuentas (cfr. esta Sala “in re” “Lopez Carlos E. c/ Instituto Superior Perito Moreno S.R.L. y otro s/ accidente-acción civil” S.D. Nº 11.285 del 27-2-04).-
En el presente caso, y teniendo en mira el pleno ejercicio del derecho de defensa que torna restrictiva la adopción de medidas como la solicitada, que el monto pedido en la demanda no deja de ser una estimación provisoria, y toda vez que en virtud de las particulares circunstancias del presente caso, la parte actora pudo haberse considerado con derecho a efectuar el reclamo aludido, en el marco descripto, sugiero rechazar las pretensiones articuladas por las codemandadas en sus respondes.-
XII. Teniendo en cuenta la solución propuesta, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279, CPCCN corresponde dejar sin efecto la imposición en costas y las regulaciones de honorarios de los profesionales intervinientes en la acción contra la aseguradora, lo que torna abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el perito contador.
En atención a que la codemandada Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. resultó sustancialmente vencida y de conformidad con el principio objetivo de la derrota, sugiero imponer las costas en ambas instancias a cargo de esa codemandada en la acción contra la aseguradora (conf. art. 68, CPCCN).-
A tal fin sugiero regular los honorarios por los trabajos efectuados en primera instancia en la mencionada acción, a la representación letrada de las partes actora, codemandada Consolidar A.R.T. S.A. y perito contador, en el 16%, 13% y 7% respectivamente, sobre el capital e intereses de condena (conf. arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839, 38 Ley Org. y 3 y concs. del dto. ley 16.638/57).-
XIII. En consecuencia, sugiero imponer las costas originadas antes esta Sede en la acción contra la aseguradora a su cargo y en la acción contra la empleadora por su orden, teniendo en cuenta lo resuelto en la instancia anterior (conf. art. 68, 2º párrafo, CPCCN). A tal fin, y por los trabajos profesionales desarrollados ante esta Sede, sugiero regular a la representación letrada de cada una de las partes, el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una por los trabajos efectuados en primera instancia (conf. art, 14, ley 21.839).-
El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:
Por compartir los fundamentos expuestos, me adhiero al voto que antecede.-
El Dr. Mario S. Fera: no vota (art. 125 L.O.).-
En mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y declarar, para este caso concreto, la inconstitucionalidad de los artículos 14 b) conforme las pautas dadas en el primer voto del precedente acuerdo; 2) Hacer lugar a la demanda, condenando a Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar a la Sra. NNN y a su hija …. – en la forma dispuesta en el punto VIII del primer voto del precedente acuerdo -, dentro de los cinco días de notificada de la liquidación a practicarse en oportunidad del art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 183.675,28 (Pesos ciento ochenta y tres mil seiscientos setenta y cinco con veintiocho centavos). Sobre dicha suma deberán calcularse los intereses desde la fecha del deceso del causante (01.11.2009) y hasta su efectivo a las tasas establecidas en el punto IX del primer voto del precedente acuerdo y del modo allí previsto; 3) Dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios en la acción contra la aseguradora y fijarlas de manera originaria; 4) Imponer las costas originadas en dicha acción en ambas instancias a cargo de la aseguradora; 5) A tal fin y en la acción contra la aseguradora, regular los honorarios por los trabajos realizados en primera instancia, a la representación letrada de las partes actora y codemandada Consolidar A.R.T. S.A. y perito contador, en el 16%, 13% y 7% respectivamente, sobre el capital e intereses de condena; 6) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que decide sobre el rechazo de la demanda contra la codemandada LMS S.R.L.; 7) Imponer las costas originadas antes esta Sede en la acción contra la aseguradora a su cargo y en la acción contra la empleadora por su orden; 8) A tal fin, y por los trabajos profesionales desarrollados ante esta Sede, sugiero regular a la representación letrada de cada una de las partes, el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir a cada una por los trabajos efectuados en primera instancia.-
Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.-
Fdo.: Roberto C. Pompa – Alvaro Edmundo Balestrini
SENTENCIA DEFINITIVA N° ….
Expediente Nro.: CNT 5947/2013/CA1
(Juzg. N° 21)
AUTOS: “AAA CÉSAR SALUSTIANO C/ COCA COLA FEMSA DE BUENOS
AIRES S.A. S/ ACCIDENTE – ACCION CIVIL” ”
Buenos Aires, 25 de febrero de 2015
para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones,
practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el
orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se
I. La sentencia de fs. 433/435 rechazó la demanda
incoada por el actor con base en el derecho civil, con costas
por su orden, que apela la sentencia a fs. 444/448 con réplica
de la codemandada aseguradora GALENO ART SA. La demandada
empleadora se alza contra la decisión de fijar costas por su
orden dispuesta en el pronunciamiento de origen (fs.440) y el
médico (fs. 444) apela sus honorarios por bajos.
II. El actor se agravia por cuanto la sentencia de grado:
Rechazó la demanda no aplicando el art. 1113 del Código
Civil por tratarse un accidente in itinere.
La apelante se agravia, entendiendo que Señora Jueza de
grado realizó una equivocada interpretación de “…las
constancias y fundamentos legales de ésta causa al fundar su
decisión de rechazar la demanda de autos”.
Señala que el automóvil con el que se accidentó el actor
-de su propiedad-estaba al servicio de la empleadora, conforme
declaraciones testimoniales obrantes en la causa que cita.
El actor reconoce que el accidente ocurrió en el trayecto
al trabajo mientras iba en su auto y que el accidente ocurrió
porque sufrió un intento de robo que motivó la colisión que
produjo el daño al accionante (fs. 445).
Adelanto que la queja no prospera.
En mi criterio no logra rebatir ni conmover los cimientos
de condena, ya que se trata de un accidente “in itinere”
agravado por la intervención de un tercero ajeno al empleador.
No logra demostrar los factores de atribución de
responsabilidad civil que le atribuye a la accionada
empleadora y menos aún la de la aseguradora.
El recurso no reúne los recaudos del art. 116 de la LO, ya
que expresa meras afirmaciones dogmáticas sin una crítica
concreta y razonada respecto del decisorio impugnado vinculado
a las merituaciones probatorias efectuadas por la Sra. Juez de
grado, que por otra parte subsumió los hechos de autos a la
doctrina vigente de la Corte Federal.
La CSJN ha dicho que corresponde declarar desierto el
recurso de apelación …”si el escrito de expresión de agravios
no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos
desarrollados por el sentenciante de la anterior instancia
desde que las razones expuestas en el memorial respectivo
deben ser suficientes para refutar los argumentos de hecho y
de derecho dados para arribar a la decisión impugnada; no
bastando en consecuencia escuetos argumentos que no
constituyen más que una mera discrepancia con el criterio
sostenido en el fallo recurrido y que distan de contener una
crítica concreta y razonada de los argumentos que sostienen
aquel”. (Fallos 323:2121).
Sin perjuicio de ello, estando probado la existencia del
daño y que el mismo tiene vinculación con el trabajo del actor
para la empleadora, ya que ocurrió mientras se dirigía a tomar
servicios (art.6 inc.1 L.24557), la aseguradora codemandada
debe otorgar las prestaciones dinerarias del sistema de dicha
ley ya que poseen carácter irrenunciable (art.11 apdo.1 LRT).
Cabe recordar al respecto, la advertencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación formulada en el considerando
14 –segundo término de la sentencia recaída en “Aquino”
( A.2652.XXXVIII- Recurso de hecho. 21.09.2004)…”es
manifiesto que del hecho de ser constitucionalmente inválido
que la mentada prestación de la LRT origine la eximición de
responsabilidad civil del empleador (ART.39,INC.,1) no se
sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden
relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en
el marco de la citada ley”.
La conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias de
la Corte Federal ha señalado que “ …en el cumplimiento de su
misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos,
tienen el deber de examinar autónomamente la realidad fáctica
subsumiéndolos en las normas jurídicas que las rigen.
Atribución que por ser propia y privativa de la función
jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y
calificaciones normativas que postulen las partes, aun cuando
concordaren en ellos; y que encuentra su único límite en el
respeto al principio de congruencia”. (Fallos 329:4372,3517
citado en la causa CS, 2013/04/16 “Cómoli Daniel Alberto y
otros c/ Banco de la Nación Argentina s/despido”).
GALENO ART S.A. expresamente ha reconocido expresamente la
cobertura derivada del contrato de afiliación con la
empleadora en el marco de la Ley 24557, en sus intervenciones
en autos incluso en la propia réplica del agravio actor (fs.
No puede obviarse que las prestaciones dinerarias de la LRT
poseen carácter irrenunciable como expresamente lo consagra el
art.11 apdo.1 de la Ley 24557 y no pueden ser cedidas ni
enajenadas.
Consecuentemente deberá hacerse cargo de satisfacer la
prestación dineraria conforme lo establecido en el art. 14
apd. 2 a) de la Ley 24557, tomando el ingreso base mensual
determinado pericialmente (fs. 351 y ss.) y la incapacidad
fijada por los peritos médicos cuyas conclusiones no han sido
impugnadas por las partes (fs. 301 y 384 vta.) a saber:
IBM: $ 3.814,90 x 53 x 58% x 1,16 (65/56) = $117.273 a
la que debe deducirse la suma abonada por la aseguradora al
actor en sede administrativa de $ 57492 = $ 59.781, con más la
incidencia del mecanismo de ajuste RIPTE dispuesto por la Ley
26773 y conforme doctrina de Sala (octubre 2010: 323,38 /
septiembre 2014: 1302,28=4,02) x $117.273= $ 240.320 que
deberá abonarle al actor con más intereses morigerados del 15%
anual desde el día del accidente el 7 de octubre de 2009
conforme la tasa que surge del Acta 2601/2014 de ésta Cámara,
hasta el momento de la liquidación en la oportunidad del art.
132 de la LO y sin perjuicio de un nuevo ajuste si no se
cancelara antes la obligación dispuesta por la presente.
Así lo dejo propuesto.
III. Costas. En atención al nuevo resultado del pleito y
conforme lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN, corresponde
dictar un nuevo pronunciamiento en materia de costas y
honorarios, por lo que se tornan abstractos los recursos
interpuestos a fs. 440 y fs. 441.
Así, propongo que, las costas de ambas instancias, sean
soportadas en el orden causado, en base a lo normado por el
art. 68, 2º párrafo del CPCCN y en atención a que el actor
pudo considerarse asistido de derecho a litigar.
IV. Honorarios. Teniendo en cuenta el valor del litigio,
el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las
características del procedimiento laboral, estimo los
honorarios de los letrados de la actora y codemandadas en el
14%, 12% y 12% y de los peritos médico, psiquiatra y contador
en el 6% para cada uno de ellos, sobre el monto total de
A su vez, los honorarios de alzada se establecen en el
25% para cada uno de los letrados intervinientes en esta etapa
de lo que les corresponde percibir por su labor en la
la Ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: 1.- Modificar la
sentencia de grado y condenar la Galeno ART S.A. a otorgar la
prestación dineraria al actor (ley 24.557) conforme los
considerandos de la presente por la suma de $ 240.320. A dicha
suma se le deberán adicionar los intereses tal como fueron
dispuestos en los considerandos pertinentes; 2.- Confirmar la
sentencia de grado en lo que fue materia de apelación y
agravios respecto del rechazo de la demanda contra Coca Cola
Femsa de Buenos Aires S.A.; 3.- Imponer las costas de ambas
instancias en el orden causado; 4.- Regular los honorarios de
los letrados de la actora y codemandadas en el 14%, 12% y 12%
y de los peritos médico, psiquiatra y contador en el 6% para
cada uno de ellos, sobre el monto total de condena.
la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.
Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan.
Anexo con sentencia completa sobre robo en el garage del supermercado
“Provincia seguros S.A. c/ …. s/ordinario” – CNCOM – SALA E – 27/08/2015
En Buenos Aires, a los 27 días del mes de agosto de dos mil quince reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos seguidos por: “PROVINCIA SEGUROS S.A. c/ ….A. s/ORDINARIO”, en los que según el sorteo practicado votan sucesivamente los jueces Ángel O. Sala y Miguel F. Bargalló. Se deja constancia que intervienen solamente los Señores Jueces antes nombrados por encontrarse vacante la restante vocalía (R.J.N., art. 109).
¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 415/424?
El Juez Ángel O. Sala dice:
I.En la sentencia de grado se resolvió: (i) rechazar las excepciones de ausencia de legitimación activa y de prescripción opuestas por la demandada, y hacer lugar a la demanda promovida por Provincia Seguros S.A. contra ….n S.A., intimándola a pagar la cantidad de $ 19.216 más intereses; (ii) tener presente la citación como tercero en los términos del art. 94 de Prevención y Control de Pérdidas S.A., respecto de quien no cabía emitir pronunciamiento alguno; y, (iii) imponer las costas a la accionada.
Para así decidir, el magistrado comenzó por destacar que: (i) la actora -subrogada en los derechos de su asegurado- demandó el pago de una suma de dinero en virtud del siniestro que ocurrió en las instalaciones del supermercado demandado; (ii) la accionada resistió la pretensión por cuanto el acceso a la playa de estacionamiento era libre y sin control, y no poseía ninguna obligación respecto de los vehículos que allí aparcaban, opuso falta de legitimación en su contraria y prescripción de la acción; (iii) la tercera citada dijo haber puesto toda su pericia para evitar el hurto, que negó, alegó que no podía exigírsele que garantizara la inmediata reposición de las cosas que se perdían o se sustraían dado que solo era una empresa de vigilancia, y adujo que dado el modo en el que terminó su relación con la demandada, ésta carecía de legitimación para accionar contra ella.
Trató entonces la excepción de falta de legitimación respecto de la actora.
Resaltó que la aseguradora, además de acreditar los presupuestos para cimentar la responsabilidad respecto de la efectiva ocurrencia del daño derivado de la sustracción del rodado asegurado que habría acaecido en la playa de estacionamiento de la encartada, debía demostrar el vínculo asegurativo alegado y un pago válido en virtud del contrato por la ocurrencia del siniestro.
Indicó que de la pericia contable no observada, de fs. 322/323 surgía que: (i) la actora llevaba sus libros de acuerdo a la ley, (ii) se exhibió detalle de la póliza denunciada por la compañía en la que constaba asegurado, plazo, bien y riesgo cubierto, y la denuncia del siniestro ocurrido el 06.05.2003 durante la vigencia del contrato; (iii) el experto constató el registro del pago efectuado en concepto de indemnización por $ 19.216. Y puntualizó que, además, la demandante adjuntó cesión de derechos sobre el rodado con firmas autenticadas por notario, por lo que no encontraba óbice en la legitimación de la aseguradora para accionar.
Luego, analizó el material probatorio colectado destacando: (i) la copia certificada de la denuncia penal efectuada por el asegurado el 06.05.2003 por el hurto del automotor de su propiedad, donde se relató como acaecido en la playa de estacionamiento del supermercado Coto; (ii) que aun cuando no se allegó copia emergente de la propia comisaría ante lo indicado a fs. 180 vta., lo cierto era que allí se dejó asentada la efectiva existencia de tal denuncia asentada en el libro correspondiente de la dependencia interviniente, y que a fs. 346 la comisaría informó que había remitido la denuncia a la UFI nro. 10; (iii) que del conteste del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 190 surgía constancia de denuncia por hurto de fecha coincidente con la efectuada en sede policial, y cesión posterior a la aseguradora; (iv) que un empleado de la tercera citada dio testimonio a fs. 239/240 y manifestó que: (iv.1) prestaba servicios en la playa de Coto de Ciudadela, (iv.2) tomó conocimiento del hurto objeto de autos dos días después de ocurrido porque había estado de franco, (iv.3) informó que en la playa de estacionamiento no había otra empresa de seguridad prestando servicios pero que había gente de prevención de Coto que los supervisaba, (iv.4) brindó precisiones acerca del modo en que se efectivizaba la guardia, y afirmó que se emitía comprobante de estacionamiento y que el aparcamiento era gratuito; (v) otro dependiente de la empresa de vigilancia declaró a fs. 241 y señaló que había conocido la presunta sustracción de un vehículo de la playa de estacionamiento del hipermercado en el mes de mayo de 2003, que le dijeron a todo el personal que estuviera atento, que fue el encargado quien escribió en el libro de actas lo ocurrido, que allí se dejaba constancia de todo lo que pasaba en el día, incluso si había habido robos, para control de la empresa; (vi) un empleado del sector “prevención de pérdidas” de la sucursal Ciudadela de la demandada testificó a fs. 244/245 y 294/297 y manifestó que su función consistía en evitar robos y hurtos y que la playa estuviera ordenada, desconoció el robo ocurrido el 06.05.2003 y en relación a las medidas de seguridad de la playa de estacionamiento, indicó que había carteles que recomendaban a los propietarios cerrar bien las puertas de sus coches porque la empresa no se hacía responsable de los daños que pudiesen ocurrir por robos, roturas de vidrio y otros.
Con el análisis de las constancias referidas, el magistrado consideró que se encontraba acreditado el acaecimiento del siniestro y su ocurrencia dentro del predio de la demandada destinado a estacionamiento de los automotores de sus clientes.
Indicó que el servicio que para ello prestaba el supermercado le redituaba importantes beneficios económicos frente a otros establecimientos que no lo poseían y le permitía mejorar su posición o mantenerse frente a la competencia aun cuando no se concretara la compra por parte del concurrente.
Así, siendo que este servicio posibilitaba un mayor volumen de clientela, conceptuó que no se trataba de una liberalidad, que el ánimo de lucro era evidente y que no podía alegarse inexistencia de vínculo con el dueño del automóvil: la empresa realizaba una oferta aceptada implícitamente al aparcarse el rodado y de ahí surgía la responsabilidad del ofertante, dada la expectativa que generaba en los potenciales usuarios, por lo que se configuraba un contrato atípico que se acercaba al depósito del art. 2182 del Código Civil.
Hizo hincapié en que el beneficio adicional del empresario permitía concluir la asunción de un deber de custodia, y que entre los servicios que brindaba estaba el de estacionar sin costo adicional y con seguridad, pues de otro modo no se entendía a qué fines se contrataba servicio de vigilancia y seguro.
Más aún cuando en el caso existía un “encargado de prevención de pérdidas”, cuya función consistía en evitar la producción de hurtos además del resguardo del buen orden del aparcamiento.
Reputó que no tenía incidencia alguna que las normas vigentes obligaran a poseer playa de estacionamiento como se sostuvo a fs. 95, ya que era absolutamente claro que de ello se derivaban beneficios económicos indirectos; y subrayó que las advertencias colocadas en los muros de la playa que eximían de responsabilidad a la demandada carecían de toda eficacia frente al usuario, a tenor de lo previsto por el art. 37 de la ley 24.240.
Rechazó, entonces, las excepciones propuestas por la accionada.
La de ausencia de legitimación activa, debido a que la medida de la transmisión del derecho al deudor que paga la deuda, está dada por la extensión de lo efectivamente abonado y no por la del derecho transmitido, y encuentra sustento en lo previsto por el art. 80 de la ley de seguros, siendo que nada impedía que Coto persiguiera patrimonialmente al ladrón causante del ilícito o en su caso a la empresa de seguridad.
Y la de prescripción pues se encontraba verificada en el caso una relación contractual, por lo que el plazo era el decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil.
Finalmente, se pronunció respecto de la responsabilidad de la tercera citada Prevención y Control de Pérdidas S.A. (PCP).
Indicó que más allá de que el accionado no adjuntó los términos del contrato que lo unía con la empresa de vigilancia, lo cierto era que el objetivo que perseguía la intervención dispuesta y pedida conforme el art. 94 era el de preservar al demandado, frente a una eventual acción regresiva de que le fuera opuesta la defensa de negligente defensa; por lo que no cabía emitir condena alguna a su respecto, sin perjuicio de las acciones que el supermercado entendiera pertinente promover.
Valoró además, por otro lado, que la actora no demandó ni prestó conformidad a la citación pedida, limitándose a fs. 137 a desconocer la autenticidad de la documental adjuntada por la tercera, por lo que tampoco se la podía beneficiar ampliando el elenco de condena.
II. Apeló Coto (fs. 429) y fundó su recurso con el memorial que corre glosado a fs. 449/460, cuyo traslado fue respondido a fs. 462/468.
Criticó que: (i) se omitiera tener en cuenta que quien efectuó el reclamo no era un cliente afectado por violación del deber de seguridad sino una empresa aseguradora que lucraba prestando el servicio de cobertura de seguros a sus clientes; (ii) se soslayara que la aseguradora abonó al Sr. Miguel Angel Asin cumpliendo con una deuda propia, contraída a título oneroso, puesto que cobraba a su asegurado una prima periódica por cubrir el riesgo, y que podría haber sido judicialmente demandado si no la abonaba; de modo que se estaría obligando a pagar a su parte una cantidad a la que la aseguradora se había obligado, cobrando a cambio una prima mensual de la que no se le dio participación; (iii) se perdiera de vista que se trataba de obligaciones concurrentes, en las que quien supuestamente pagó es el propio deudor y no un tercero, y que en el régimen de tales obligaciones no resulta de aplicación el principio de contribución fijado para las solidarias previsto en el art. 716 del Código Civil; (iv) se rechazara la excepción de prescripción, soslayando considerar que el ofrecimiento de un lugar destinado a estacionamiento de vehículos en el centro comercial, no obedecía a un propósito lucrativo de aumentar la clientela, sino a una imposición reglamentaria provincial y municipal; (v) se considerara acreditado el aparcamiento del vehículo y el acaecimiento del siniestro en la playa del hipermercado, valorando el testimonio de Ancin; (vi) se considerara que Coto era responsable del hurto en cuestión; (vii) subsidiariamente, que se eximiera de responsabilidad a Prevención y Control de Pérdidas S.A.; (viii) se aplicaran intereses a tasa activa.
III.1) Primer agravio: Imposibilidad de que la aseguradora recupere de Coto lo que contractualmente se obligó a pagar a su asegurado. Obligaciones concurrentes.
El art. 80 de la ley de seguros dispone que los derechos que corresponden al asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se transfieren al asegurador hasta el monto de la indemnización abonada.
La acción ejercida por Provincia Seguros, en el sub lite, halló su fundamento en el precepto antes transcripto: viene aquí a peticionar que Coto, como responsable del hurto del vehículo por violación de sus deberes, le reembolse lo que la aseguradora debió pagar a su asegurado.
El argumento ensayado por el supermercado en este agravio no puede ser receptado, y no autoriza a modificar la sentencia apelada.
El asegurador no ostenta un derecho propio que pueda hacer valer contra quien causó el siniestro. Sin embargo, la ley que rige la materia le transfiere la acción del asegurado contra el tercero que así actuó, en su art. 80 (norma cuya inconstitucionalidad no se demandó).
El fundamento de tal transferencia es –al decir de Halperín- “más de política legislativa que estrictamente jurídico: como consecuencia del pago de la indemnización, el asegurado no tiene ningún interés en perseguir la indemnización debida por el tercero, que si se la autorizara a recoger, lo enriquecería indebidamente; y como tampoco el tercero debe beneficiarse por el contrato celebrado por la víctima y quedar impune su acto ilícito, se le impone que responda hacia el asegurador, quien incluye estos recuperos en el cálculo comercial de su explotación” (Halperín-Morandi, “Seguros”, T. II, Editorial Depalma, p. 719/720).
Por imperio entonces, de la citada norma, el asegurador que abonó al asegurado, se coloca exactamente en la posición que este último ostentaba contra aquél que causó el daño, hasta el importe del monto que ha pagado.
Ahora bien, no puede válidamente esgrimirse que –en casos como el sub lite- la subrogación se produzca únicamente contra el delincuente, y no contra quien tenía la obligación de custodia del vehículo; pues es doctrina aceptada que “…la subrogación del asegurador se aplica tanto en el caso de responsabilidad extracontractual como contractual del tercero (en este último caso, cuando el contrato genera una obligación de custodia, cuya violación da lugar a responsabilidad: garajistas, depositarios, transportistas, etc.)…” (M. E. Castro Sanmartino-C. A. Schiavo, “Seguros”, Editorial Lexis Nexis, p. 332).
Así lo dispuso también este Tribunal por mayoría, hace años, aunque en integración diferente, resaltando que como el asegurado, dueño del automotor que fue sustraído mientras se hallaba en un garaje, pudo haber pedido a este último el pago del resarcimiento, sin requerir nada de su aseguradora, cabe concluir que en virtud del pago de la indemnización cumplido por la compañía aseguradora, ésta tiene acción para demandar al garajista (esta Sala, 13.09.1993, “Omega Coop. de Seguros Ltda. V. Figari, Roberto E. s/ ordinario”). Y lo reiteró más tarde en otro precedente, en criterio que comparto, al sostener que “luego de abonar la indemnización pactada la aseguradora queda subrogada ipso iure en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, entendiéndose por tal tanto al que obró el ilícito, como al garajista de cuyo establecimiento se sustrajo el vehículo amparado por la póliza” (íd., 29.05.1998, “Sancor Coop. de Seg. Ltdo. c/ Santoro Mario s/ sumario”); sostenido en similar sentido por la sala D, el 05.05.1994, in re “Astro Cooperativa de seguros Ltda. c/ Gran Garage Barrancas S.R.L. s/ ordinario”, citado por Castro Sanmartino en la p. 335 de su obra).
Entonces, asiste derecho a Provincia Seguros a demandar de Coto lo que ella debió oblar a su asegurado, pues este último tenía razón para accionar contra el hipermercado por violación de sus deberes de custodia y restitución.
Subrogada la compañía que pagó al asegurado –por imperio de lo dispuesto en el ya citado art. 80 de la LSg- en los derechos de este último, se halló legitimada para reclamar, como lo hizo en el sub lite.
Por otra parte, en nada empecen a la solución que propongo, las críticas efectuadas por el supermercado, en cuanto a que haciéndose lugar a la presente demanda, la aseguradora se beneficia pues se libera de la obligación que asumió contractualmente respecto de su asegurado, y por la que percibió mensualmente una prima; ni la cita de los fallos de la Cámara Civil a la que se hace referencia en el memorial.
No desconozco el enjundioso voto del Dr. Llambías como integrante de la Sala A de aquél Tribunal, in re “Centro Gallego de Buenos Aires c/ Napolitano Héctor”, citado en la expresión de agravios, del 07.05.1968, ni la autoridad del civilista. Allí, el centro de asistencia demandó del autor de un acto ilícito, el costo de los servicios asistenciales de dos de sus socios que fueron víctimas del mismo; y el tratadista concluyó que: (i) la entidad actora no sufrió el quebrantamiento de un derecho a consecuencia de la comisión del hecho ilícito que imputó al demandado; (ii) según las disposiciones reglamentarias de los derechos y deberes de dicha entidad con sus afiliados, éstos debían solventar una cuota fija mensual para gozar de la asistencia médica que ella brinda a sus afiliados; (iii) en el caso, los adheridos al sistema fueron víctimas de un accidente automovilístico causado por culpa del demandado, se acogieron a los beneficios asistenciales y recibieron sin cargo la prestación de servicios médicos y accesorios; (iv) para la entidad actora la prestación de esos servicios médicos tenía su causa en la vinculación jurídica que mantenía con sus mencionados asociados, siendo irrelevante la naturaleza del hecho de un tercero que fue causa ocasional de la prestación; (v) la accionante no resultó lesionada en un derecho por la comisión del hecho ilícito efectuado por un tercero, puesto que la prestación de los servicios médicos de que se trataba tenían como causa eficiente la vinculación contractual mantenida por la actora con sus afiliados; (vi) el hecho ilícito fue sólo el presupuesto de hecho que puso en movimiento el contrato que ligaba a los afiliados con la actora, razón por la cual ésta no podía pretender descargar sobre el tercero el costo de las prestaciones que en rigor fueron costeadas por las cuotas que periódicamente solventaron los afiliados.
Mas adhiero a la doctrina contraria, sentada en otro precedente más reciente del mismo Tribunal, donde una asociación mutual demandaba también los gastos de atención médica y otros rubros afines (ortopedia, traslados, alojamiento, etc.) de un asociado que había sufrido lesiones provocadas por un tercero; donde se decidió que: (i) no podía sostenerse que la actora hubiera carecido de legitimación ad caussam, porque por mérito del entuerto causado, debió erogar la asistencia médica hospitalaria de su afiliada, con total independencia de factores endógenos a ella (enfermedad, accidente por descuido, etc.); a punto que de no haber existido el ilícito, no habría tenido que honrar tales erogaciones; (ii) más allá de la dualidad de fuentes contractual (para la relación de la mutual con su asociada) y extracontratual (para la de la damnificada con los responsables concurrentes del evento lesivo) resulta determinante que la peticionaria en este pleito soportó la reparación del rubro cuyo reembolso solicitó, en virtud de una obligación propia pero en respaldo de un interés que le era ajeno; (iii) el crédito que frente a ella tenía su afiliada proveniente del contrato de cobertura médico asistencial, mutó en su titularidad a favor de aquella, precisamente por el pago que realizó de este ítem y en función de la subrogación legal prevista en el art. 768 inc. 3 del Código Civil; (iv) la cancelación efectuada por la mutual no extinguió la obligación en cabeza de los co-condenados, sino su transmisión, en virtud de la amplitud con que ha sido legislada la subrogación legal, que en nuestro ordenamiento adjudica al tercero interesado, cualquiera sea la posición subjetiva de los deudores hoy recurrentes al realizarse aquella erogación; (v) dicho pago produjo una sucesión particular en aquella obligación nacida del ilícito, por actos entre vivos, de modo que el pago realizado legitimó a la prestadora de asistencia médica; (vi) de no haber existido el suceso reprochable lesivo, no se hubiera provocado el desembolso por el que se reclamó; (vii) tampoco resultaba predicable el enriquecimiento indebido o sin causa que beneficiaría a la peticionaria, ya que lo percibido como cuotas tendió a mantener la cobertura asistencial, mientras que lo que se desembolsó era contractualmente exigible por la víctima, pero no por ello liberatorio de la imputabilidad de los victimarios quienes, con su proceder, forzaron la ocurrencia del pago de los gastos médicos y de internación; (viii) la relación convencional entre Provincia ART y la asociación demandante comprometía a esta última a brindar un servicio de atención médica e internación sanatorial a los accidentados de trabajo a cambio de una suma o cuota fija, pero de ninguna manera impedía que, ante la obligación indemnizatoria de los responsables de cualquier hecho ilícito contra aquéllos, accionara para obtener el reintegro de lo gastado en dicha atención (CNCiv., sala G, “Asociación Mutual Empleados Banco Provincia de Buenos Aires c/ Mazza, Juan C.”, del 03.06.2005, publicado en RCyS 2005, 1191; y sus citas de sala A, “Asociación…c/ Toledo…” del 06.05.1999, voto del Dr. Escuti Pizarro; sala C, “Asociación … c/ Cao…”, voto del Dr. Galmarini, del 04.12.2003; sala E, “Asociación…c/ Soria…”, del 25.02.2002, voto del Dr. Calatayud; sala F, “Asociación …. c/ Muggeri…”, del 09.03.1999, voto de la Dra. Highton de Nolasco).
Finalmente, tampoco pueden tener predicamento las críticas esgrimidas por la apelante en el sentido de que tratándose de obligaciones concurrentes, no resultaría de aplicación el principio de contribución.
Recuerdo que se conceptúan tales, aquellas que presentan identidad de acreedor, identidad de objeto debido al que están referidas las obligaciones que concurren, diferentes deudores, diversidad de causas de deber (distintas e independientes entre sí), que engendran deudas distintas; a diferencia del caso de las solidarias, en las que la deuda es única (Belluscio-Zannoni, “Código Civil”, T. 3, Editorial Astrea, p.304).
Las obligaciones solidarias entrañan entonces unidad, mientras que las concurrentes son varias que se unen en un mismo objeto e idéntico acreedor (Luis María Boffi Boggero, “Tratado de las Obligaciones”, T. 3, Editorial Astrea, p. 589).
Así es que, en las obligaciones de la primera clase referida, como existe una única obligación con pluralidad de vínculos coligados o concentrados que infunde a la obligación en “una estructura unitaria”, lo que “acontece a uno de los vínculos”, “se propaga” a los demás vínculos paralelos. De modo tal que, los actos realizados por cualquiera de los integrantes de la obligación, son oponibles a los demás integrantes del frente y “se justifica así la propagación de efectos”, sin perjuicio de las responsabilidades internas que competan ulteriormente a los interesados entre sí (Alberto J. Bueres-Elena I. Highton, “Código Civil…”, T. 2ª, Editorial Hammurabi, p. 660).
No ocurre lo mismo, en cambio, en las obligaciones de tipo concurrente, donde existen varias obligaciones sin conexión entre los deudores, por lo que no rige la propagación de efectos, ni resulta aplicable el principio de contribución entre los deudores (Bueres-Highton, Ob. Cit., p. 666).
Sin embargo, la falta de predicamento de tales características respecto de las obligaciones de este último tipo, no puede ser interpretada en forma lineal, llegando a conclusiones contrarias a derecho.
En efecto no podría válidamente sostenerse que, una vez que uno de los codeudores concurrentes abonó totalmente la deuda para con el acreedor, éste último pueda reclamarle nuevamente lo abonado a otro de los coobligados, con fundamento en que la cancelación efectuada por uno de los deudores produce la extinción de la obligación a su respecto, pero no propaga sus efectos a las otras deudas. Porque, precisamente, aunque la llamada “propagación de efectos” del pago no tenga lugar, no puede desconocerse que, una vez satisfecho el crédito del acreedor, “…quedan sin causa las otras obligaciones concurrentes que estaban referidas a él…” (Belluscio-Zannoni, Ob. Cit., p. 304; y, en similar sentido, Ricardo L. Lorenzetti, “La legitimación pasiva y el litisconsorcio en el proceso de daños”, LA LEY 1991-E, 586).
Tampoco podría postularse que, efectuado el pago por parte de uno de los coobligados concurrentes, éste deba verse impedido reclamar la parte que pagó en exceso, respecto de quien revistió con él, la calidad de codeudor.
En la obligación solidaria que –como ya vimos- es una sola, una vez efectuado el pago de la obligación por cualesquiera de los codeudores, existen entre éstos relaciones internas de “contribución”, ya que en definitiva cada uno de ellos sólo estaba obligado a su parte y porción. Por ello, quien efectuó la cancelación, puede luego recuperar el desembolso efectuado en todo cuanto excediese de su respectiva parte a través de acciones de regreso contra sus coobligados.
Es cierto que ello no sucede en general en las obligaciones “concurrentes”, porque no se trata de una sola obligación, sino de varias, de modo que no hay contribución entre los coobligados.
Sin embargo, quien es coobligado concurrente y paga la deuda, puede verse compelido a soportarla íntegramente si es que ha sido el único responsable de su constitución; o, por el contrario, puede “en otros casos pretender el reintegro total de lo por él abonado y que en rigor no debía”. Por ejemplo, en el caso de un “incendio provocado del que es víctima alguien asegurado contra ese siniestro, si el damnificado hubiese sido indemnizado por la compañía aseguradora, ésta puede luego accionar por el todo contra el autor del hecho ilícito dañoso, por aplicación de los principios del pago con subrogación (arts. 80 de la ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677); 767 y ss. del Cód. Civil); en tanto que si se hubiese cobrado el resarcimiento directamente del incendiario, en realidad el único responsable, será éste solamente quien deba soportar todo el peso de esa deuda, careciendo por ende de acción recursoria” (Félix A. Trigo Represas, “Obligaciones concurrentes, indistintas o conexas en el derecho vigente y en el Proyecto de Código”, LA LEY 07/05/2013; y, en similar sentido ver: Germán D. Hiralde Vega, “Las obligaciones concurrentes en el proyecto de Código Civil y Comercial”, DJ 06.02.2013, 97; y, Carlos Alberto Calvo Costa, “Obligaciones solidarias y obligaciones concurrentes: Similitudes y diferencias”, LA LEY 31.03.2010).
Es decir que, en las obligaciones concurrentes aunque no hay una contribución interna por efecto del vínculo, ésta sí existe “…en la medida en que uno de los codeudores demuestre una causa para reclamar al otro…” (Ricardo L. Lorenzetti, “La legitimación pasiva y el litisconsorcio en el proceso de daños”, LL 1991-E, 586).
Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia in re “Ahumada, Lía Isabel c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, del 25.09.2001, donde consideró que pesando obligaciones de tipo concurrente entre las demandadas en un pleito de responsabilidad civil, las mismas podían ser objeto de acciones de regreso destinadas a obtener la contribución en la deuda solventada. Y, en similar sentido falló en el caso “Buenos Aires, Provincia de c/ Arturo Julio Sala s/ cobro de australes”, del 21.12.1989, donde expresamente explicó que después de desinteresado el damnificado por cualquiera de los responsables in solidum, queda en pie una eventual responsabilidad compartida que puede ser alegada por cualquiera de los deudores, a fin de que el monto de la indemnización sea cubierto por todos los concurrentes, en la medida en que cada cual contribuyó a causar el daño; y que en estos casos, la acción recursoria promovida por el obligado que solventó la totalidad de la deuda no es una consecuencia de la estructura propia de la deuda concurrente, puesto que en ésta no existen –a diferencia de la solidaridad- relaciones internas de contribución entre los codeudores, sino que se encuentra su fundamento último en razones de justicia y equidad que obstan a que alguien soporte, en definitiva, un daño mayor del que efectivamente causó.
La solución que propicio va en consonancia con lo legislado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado el 01.10.2014 y promulgado el 07.10.2014 (ley 26.994).
Allí se reguló especialmente a las obligaciones de tipo concurrente, categoría que –como se esbozara supra- ya había sido reconocida doctrinaria y jurisprudencialmente.
Se las definió, en su art. 850, y se previeron sus efectos en el 851, entre los cuales específicamente se regló que “…la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia…”.
En conclusión y como ya lo refiriera infra, cuando el responsable del siniestro es uno de los obligados (en nuestro caso, el supermercado que falló en sus deberes de custodia), la aseguradora puede accionar por el todo contra él, como ocurrió en el sub lite.
Todo lo cual obliga a rechazar las quejas.
III.2. Segundo agravio: Rechazo de la excepción de prescripción.
Conforme lo ha establecido esta Sala en otros precedentes, la responsabilidad del hipermercado por los vehículos estacionados en las playas destinadas para los clientes que concurren al establecimiento importa “una obligación de custodia y restitución”.
En consecuencia, la acción del cliente del hipermercado, que estaciona el auto en la playa de estacionamiento de éste, por incumplimiento del deber de custodia y restitución que pesaba sobre el mismo, prescribiría a los 10 años, por imperio de lo normado en el art. 4023 del Código Civil anterior; o, en todo caso, a los 5 años, si se considerara de aplicación el nuevo régimen conforme ley 26.994 (art. 2560).
Es que, el plazo de prescripción de la acción de pago con subrogación es el que, según la relación jurídica (contractual o extracontractual), podría haber sido invocado por el asegurado contra el tercero (Rubén S. Stiglitz, “Derecho de Seguros”, T. III, Editorial La Ley, p. 235).
En consecuencia, siendo que la responsabilidad de la accionada por la sustracción de un vehículo en su playa de estacionamiento es de origen contractual, resulta entonces aplicable el plazo contenido en el referido art. 4023 del Código Civil (esta Sala, “Omega Cooperativa de Seguros Limitada c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 07.09.2007; y, “Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 03.09.2009), o a lo sumo el quinquenal previsto en la nueva ley, y nunca el plazo bienal, como lo pretende la recurrente en su memorial.
Tampoco enerva lo expuesto, la cuestión relativa a que Coto habría ofrecido el servicio de estacionamiento en virtud de la existencia de una normativa municipal que así se lo impusiera; ni el hecho de que su sola voluntad de cumplir con la regulación impuesta, hubiera quedado acreditada con la confesión ficta de la parte contraria, por imperio de lo normado por el art. 417 del Código Procesal (conf. fs. 451 vta. del memorial).
En primer lugar, porque más allá de que proveer un servicio de estacionamiento fuera una obligación legal de parte del supermercado, lo cierto es que una vez ofrecida tal comodidad extra al cliente, el deber de custodia del titular del establecimiento una vez probado el hecho del depósito, resulta indiscutible.
En segundo término, porque la confesión ficta a la que se hace mención en la expresión de agravios no existió en el expediente, en el que la prueba confesional fue declarada inconducente mediante resolución obrante a fs. 145/146.
Razones, todas ellas, por las cuales este segundo agravio debe ser también rechazado, y así lo dejo propuesto al Acuerdo.
III.3. Tercera crítica: Que se considerara probado el estacionamiento del vehículo en Coto y que el robo ocurrió en tal lugar.
En otros precedentes he meritado que cuando el servicio de estacionamiento es provisto sin entrega de ticket, “…resulta esencial la acabada demostración del hecho (sustracción del vehículo dentro de la playa de estacionamiento del hipermercado o centro de compras)…”. Valoré, allí, que: (i) “la fuerza probatoria de la sola declaración del asegurado como único testigo no constituye por sí plena prueba para fundamentar la condena del tercero responsable, desde que éste ha sido precisamente uno de los protagonistas del evento motivador del pleito promovido por su aseguradora, lo cual torna sus dichos sospechosos de parcialidad”; (ii) “El asegurado, además de haber sido protagonista del incidente, se hallaba vinculado contractualmente con el asegurador” por lo que no podía afirmarse que se tratara “de un tercero carente de interés” aun cuando no fuera parte del juicio; (iii) no se ofreció como prueba el o los testimonios de personas que se encontraban en el lugar, en especial de aquéllas a las que se hizo referencia como que no le proveyeron “ningún tipo de solución”; (iv) tanto al demandar como en la denuncia ante la policía, se manifestó que se concurrió al supermercado a realizar compras, pero ningún comprobante fue adjuntado a la causa; (v) las antedichas evidencias hubieran constituido indicios ciertos para presumir que estuvo en ese lugar y a esa hora (esta Sala, “Omega Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 22.08.2006; y, en similar sentido, ver pleitos entre las mismas partes sentenciados el 07.09.2007, 17.03.2008, y, 03.09.2009; y, “Argos Compañía de Seguros Generales S.A. c/ Carrefour Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 15.12.2008).
Sin embargo, el sub lite presenta ciertas particularidades que obligan a apartarse de tal doctrina.
En efecto, si bien no surge acompañado el ticket de estacionamiento que la actora dijo haber traído en su demanda (fs. 24), cuestión que por cierto fue resaltada por Coto a fs. 85 de su contestación; lo cierto es que existieron dos declaraciones testimoniales de personal dependiente de la empresa de seguridad PCP, que prestaba servicios allí, de las que se desprende la efectiva ocurrencia del evento en el lugar.
Así, a fs. 240 compareció el testigo Romero, quien: (i) explicó que trabajaba para PCP y que en tal carácter, prestó servicios en la playa de estacionamiento de Coto de Ciudadela, (ii) al ser inquirido sobre si tomó conocimiento de la sustracción de un vehículo de la playa de estacionamiento del hipermercado en el mes de mayo de 2003, afirmó que podía tratarse de una camioneta, (iii) dio cuenta de que aunque él estuvo de franco, fue inquirido al respecto “dos días después” siendo preguntado sobre si habían visto una camioneta en la playa (rtas. 1 y 2, a fs. 240).
En sentido concordante prestó declaración el Sr. Sosa fs. 241, también empleado de PCP que trabajaba en la playa del hipermercado, quien afirmó: (i) que el día de los hechos estaba de “rondín”; (ii) al ser inquirido sobre si había tomado conocimiento de la sustracción, que les comunicaron por radio que si habían visto “algo”, “lo hicieran saber”; (iii) también se explayó en el sentido de que se enteró del hecho a través de la “radio”, por donde “le informaron qué es lo que había pasado” y le dijeron que “si alguno vio un vehículo tal, si pasó algo, y cada uno contestaba desde su puesto”; (iv) que el encargado “fue el que escribió en el libro lo que ocurrió, en el libro de actas” (fs. 241/241 vta.).
Estas testimoniales brindadas por el personal de seguridad perteneciente a una empresa independiente de la demandada, que se desempeñaba precisamente en la playa de estacionamiento del supermercado, y que no fueron impugnadas por la accionada en los términos de lo dispuesto por el art. 456 del Código Procesal, aunadas a que consta en el expediente la denuncia del robo efectuada el mismo día en la Comisaría, precisamente el día en que el ilícito tuvo lugar, y que situó su comisión en el lugar (v. fs. 358/359), resultan a mi juicio suficientes como para formar convicción (art. 386 del Código Procesal) sobre el modo, tiempo y lugar en el que se sucedieron los hechos.
Destaco, que no se me escapa que otros testigos afirmaron haber estado allí, y no haber tomado conocimiento del robo (vgr. fs. 294/298 y 244/245); pero destaco que quienes depusieron en tal sentido fueron empleados directos de la demandada, lo que si bien no autoriza a descartar sus dichos, sí impone apreciarlos con mayor rigor (esta Sala, “Grupo Estrella S.A. c/ Colialco S.A. s/ ordinario”, del 22.02.2010).
Y apoyo finalmente la decisión en el hecho de que –como lo he sostenido en caso analógicamente aplicable al presente- no puede el garajista “…desentenderse de la carga de la prueba en lo concerniente a los movimientos de los vehículos confiados a su custodia, en tanto es su obligación conocer y poder informar a los interesados, los movimientos de ingreso y egreso, adoptando los medios conducentes a tal efecto, pues no otra cosa es lo que la regla legal impone a los empresarios de depósitos (art. 123, inc. 1ro. Y 2do., 127 y conc. Del Código de Comercio)…” (esta Sala, en integración parcial diferente, in re “Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Garage Los Hermanos de Daniel H. Vitcop y Claudio Vitcop s/ ordinario”, del 24.08.2006).
Razones, todas ellas, por las que propondré también la desestimación de esta queja.
III.4. Cuarto agravio: Atribución de responsabilidad a Coto.
Conforme lo explicara al tratar la segunda queja de la recurrente (ap. III.2), esta Sala –en sus distintas integraciones- ha considerado que el hipermercado debe asumir responsabilidad por el robo los vehículos aparcados en las playas destinadas para los clientes que concurren al establecimiento, con sustento en el art. 2182 del Código Civil velezano (hoy art. 1356), en tanto pesaba sobre el mismo la obligación de custodia y restitución (v. voto del doctor Ramírez del 28.10.1991, in re “Inca S.A. Cía. de Seguros c/ Carrefour Argentina S.A.”, J.A. 1992-II, 60; en igual sentido, voto del doctor Arecha del 18.02.2003 in re “Formoso de Juárez, A. c/ Supermercados Norte S.A.”; y, actual integración in re “Omega Coop. de Seguros Ltda. c/ Carrefour Argentina S.A. s/ ordinario”, del 03.09.2009).
Coincido con el Juez de grado en que los hipermercados, con el objeto de “captar” clientes, ofrecen un servicio de estacionamiento.
Se celebra, así, un contrato accesorio al de compra (art. 1137 del pretérito Código Civil, hoy art. 957), que los obliga a que el servicio sea prestado en forma segura y eficaz para los consumidores que concurren a su establecimiento (art. 5 de la Ley de Defensa del Consumidor).
Así lo entendió Coto, por otra parte, en el desplegar de su propia conducta contractual, pues conforme ha quedado demostrado en el sub lite, procuró un servicio de seguridad para que permaneciera en distintos sectores de la playa (v. testimoniales obrantes a fs. 240 y 241), custodió distintas zonas de la playa (v. rta. del testigo Romero a las repreguntas de la actora a fs. 240 vta; y lo mismo a fs. 241 vta. de la declaración de Sosa) y apostó también personal de su propia empresa a trabajar en un sector especial de la compañía, que tenía por objeto la prevención de ilícitos como aquél que diera origen a la subrogación ejercida en estos autos (v. rta. 1 y 3 de fs. 244 de la testimonial de Herrera).
Poco importa, entonces, si el servicio era prestado o no en forma gratuita, o, si se expedía o no ticket cuando los vehículos ingresaban. Lo relevante es, precisamente, que si el supermercado le otorgaba a los concurrentes el servicio de estacionamiento, debía hacerlo de modo seguro, y que si la obligación de custodia y restitución que asumió como deber al ofrecer el servicio, no resultó honrada, el oferente del aparcamiento debe responder; por lo que propiciaré la desestimación de esta queja.
Destaco, finalmente, que un buen hombre de negocios como el supermercado Coto, con la vasta experiencia en el comercio que tiene, no pudo ignorar la conveniencia de contratar un seguro respecto de los autos aparcados en su estacionamiento. Y, si no obró de tal modo, debe en todo caso afrontar las consecuencias de su decisión.
Todo lo anterior, claro está, sin perjuicio de las acciones de regreso que la encartada pueda o quiera entablar contra la empresa de seguridad que contrató para custodiar su playa, sobre lo que no cabe adelantar opinión en la oportunidad, por ser materia ajena al proceso.
III.5. Quinto agravio: Exención de responsabilidad de Prevención y Control de Pérdidas S.A.
Coto se agravió también de que no se condenara a la tercera PCP.
Sin embargo, tal como se determinara en el fallo de la instancia anterior –cuestión por cierto no rebatida eficazmente en el memorial- en el caso, el tercero fue traído al pleito por la encartada, siendo que la accionante no la demandó ni prestó conformidad con la citación pedida (conf. fs. 137).
Así es que el hecho de que tal tercero no haya sido ni citado ni demandado por el actor, impide que se lo condene en la sentencia o que ella sea ejecutable en su contra (conf. art. 96 del Código Procesal). Esto sin perjuicio, de que el fallo pueda serle oponible en un eventual proceso o ejecución ulterior y que ella constituya un antecedente favorable a la fundabilidad de la acción de regreso (esta Sala, 05.05.2015, “Vindman Diego Hernán c/ Hoteleria y Negocios S.A. y otro s/ ordinario”); cuestión que impone la desestimación de la queja.
III.6. Sexto agravio: aplicación de intereses a tasa activa.
El fundamento de la queja estribó en que: (i) la ley 25.561 mantuvo la prohibición de indexar establecida por ley 23.928; (ii) subsidiariamente, en la sentencia se contrarió la doctrina sentada en los plenarios “Plus Ultra” y “La Razón”.
Ahora bien, existe efectivamente prohibición de indexar, por imperio de lo normado por el art. 7 de la ley de convertibilidad, ratificada por el art. 4° de la ley de emergencia pública N° 25.561 (esta sala, 28.10.2002, “Sociedad Española de Beneficencia – Hospital Español s/ quiebra”; y 25.04.2003, “Naveiro de la Serna, Alberto Emilio y otro c. Nivel Salud S.A.”). Sin embargo, lo que se hizo en la sentencia de grado fue simplemente aplicar intereses al capital de condena, y no actualizar su monto, cuestión que obliga a desestimar la primer causal de apelación.
De su lado, tampoco procede la queja subsidiaria, relativa a que el magistrado habría contrariado la doctrina vigente que emana de los plenarios “Plus Ultra Cía. De Seguros c/ Garage Campi S.R.L.”, y, “Sociedad Anónima La Razón s/ quiebra s/ inc. de pago de los profesionales”.
Es que, más allá de la sanción de la ley 25.683 (sancionada el 24.04.2013 y promulgada el 09.05.2013), que dejó sin efecto el recurso de inaplicabilidad de ley, lo cierto es que el fallo atacado ha precisamente seguido la doctrina enunciada en los citados plenarios.
Del primero, en cuanto aplicó el criterio emergente del mismo respecto de que los intereses correrán desde la fecha de pago de la indemnización al asegurado, cuando el asegurador en subrogación demanda al titular del garaje por resarcimiento a raíz del incumplimiento de su deber de restituir el vehículo.
Del segundo, en cuanto mandó aplicar intereses a tasa activa Banco Nación.
IV. Por las consideraciones vertidas, propongo al Acuerdo rechazar el recurso interpuesto por Coto, con costas (art. 68 párrafo 1ero. del Código Procesal.
El Señor Juez de Cámara, Miguel F. Bargalló dice: Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.
Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara doctores Ángel O. Sala y Miguel F. Bargalló. Ante mí: Francisco J. Troiani. Es copia del original que corre a fs………….del libro nº 35 de Acuerdos Comerciales, Sala “E”.
FRANCISCO J. TROIANI: SECRETARIO DE CÁMARA
Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: rechazar el recurso interpuesto por Coto, con costas (art. 68 párrafo 1ero. del Código Procesal. Notifíquese a las partes por cédula a confeccionarse por Secretaría. Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13).
ÁNGEL O. SALA – MIGUEL F. BARGALLÓ – FRANCISCO J. TROIANI: SECRETARIO DE CÁMARA
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juan dice 3 años hace
Hola, podrías indicar la ley en cuestión? más que anda para tener una herramienta más al momento de hacer el reclamo. Gracias
Sergio dice 3 años hace
Hola, ¿De qué caso?
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Mara dice 3 años hace
Hola. Mi mamá estuvo internada en clínica privada de Barrio Norte re cheta. Falleció. Le hurtaron la alianza al cadáver. La clínica se lava las manos porque “hay carteles que dicen que no se pueden tener objetos de valor y hay cajas de seguridad en todas las habitaciones”. La alianza no le salía del dedo porque lo tenía hinchado, por eso no se la sacamos en los 13 días que estuvo internada (hacía meses que ni ella se la podía sacar de la hinchazón). ¿Estas leyes que mencionás (o alguna otra) me defienden, puedo hacerle flor de agujero a la clínica?
Hola, Mara: siento mucho eso. Ver abogado/a en entrevista para evaluarlo. Un saludo grande.
Diego dice 3 años hace
Hola. En el verano me robaron el auto en el estacionamiento de un easy de provincia, el cual por año, marca y modelo no me lo aseguraban contra robo. Es éstos casos el shopping, mercado o estacionamiento tienen alguna responsabilidad? Ya que tienen personal de “Seguridad”.
Hola, Diego. Ver colega abogado/a para evaluar acciones cuanto antes.
Angel dice 3 años hace
Hola, que debería hacer si me roban una bicicleta de una cochera que pago mensualmente.
Hola, Ángel. Procurar abogado y mediación civil.
Vanesa dice 3 años hace
Si me roban una bicicleta, atada con cadena del estacionamiento de un supermercado, puedo hacer algo?
Hola, Vanesa: efectivamente, si se prueba que estaba atada ahí, el supermercado es responsable. ¿Dónde pasó? Mandame mail a dzconsultas@gmail.com
Eduardo dice 3 años hace
Hola, me robaron la bici de la cochera del edificio donde vivo. Puedo reclamar algo al consorcio?
Hola, Eduardo. El consorcio podría ser responsable, hay que estudiar el caso.
Helena dice 3 años hace
Hola Consulta! a mi marido le robaron equipo de musica en el estacionamiento de un super mercado!que tendriamos que hacer?
Hola, denuncia al seguro y poner abogado/a para evaluar acción legal. Guardar todos los tickets y pruebas.
jazmin echeverria dice 2 años hace
hola buena tarde soy jazmin me robaron mi bici, del antejardin de la empresa donde laboro por que unas alumnas dejaron puerta de reja abierta la empresa es responsable y que debo hacer?
antonela dice 1 año hace
hola, me robaron el celular en el trabajo una persona que entro diciendo que era del seguro y pasaba a ver las camaras y cuando se fue nos dimos cuenta que se habia llevado los celulares, se tienen que responsabilizar los dueños en este caso? gracias
Mateo Moran Di Lernia dice 1 año hace
Hola, tuve un hurto de celular en hora pico en el subte C. ¿Hay alguna posibilidad de hacer algo? No tenia manera de tener la mano en el bolsillo del celular mientras me empujaban y buscaba sujetarme de algo para no caerme con las vueltas del subte. Saludos
Alexa dice 1 año hace
Buenas. Quisiera conocer fallos o antecedentes acerca de pago por daños en casos de robos/hurtos dentro de restaurantes (o algún otro local con deber de seguridad). Efectué un reclamo ante el restaurant (hurto de cartera colgada en los ganchos que colocan en las mesas) y se cobijan bajo el eximente de caso fortuito.
Hola, habría que buscar, te robaron?
Sofía dice 1 mes hace
Hola, me robaron el celular en la puerta del supermercado jumbo. No había hecho ninguna compra por que estaba entrando, se consideraría relación de consumo? Respondería jumbo por obligación de seguridad? Datos: Atendí y me quedé hablando unos cinco minutos en la puerta por que adentro no tienen señal. El local cuenta con seguridad en la puerta que no hizo nada.
Se cayó en las escuela durante las elecciones. Ahora la indemnizan