Source: http://www.viajespirineoainsa.com/25-2/
Timestamp: 2018-08-20 22:06:13
Document Index: 405931187

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 52', 'artículo 221', 'artículo 249', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 711', 'Artículo 711', 'artículo 728', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 12', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 120', 'artículo 121', 'Artículo 121', 'Artículo 21', 'artículo 22', 'Artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 26', 'Artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 31']

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12. FUERO. Las presentes condiciones están redactadas en español, y se encuentran sometidas a la legislación española vigente. Para cualquier tipo de controversia derivada de la utilización de los servicios ofrecidos o de los contenidos propios del portal las partes, con la aceptación de estas Condiciones, las mismas se someterán a los Tribunales y Juzgados de Boltaña.
13. LEGISLACIÓN APLICABLE. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. LEY 39/2002, DE 28 DE OCTUBRE, DE TRANSPOSICIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DE DIVERSAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En los últimos años la Comunidad Europea ha impulsado una ambiciosa política de protección de los intereses de los consumidores y usuarios. La construcción efectiva del mercado interior, así como su buen funcionamiento, requiere normas comunes de protección de los consumidores en un espacio europeo sin fronteras interiores, en el que las personas, las mercancías, los capitales y los servicios circulan libremente. Por ello, se han aprobado numerosas Directivas referidas a dos ámbitos normativos que, siendo distintos en varios aspectos, tienen como elemento común su directa conexión con los derechos de los consumidores y usuarios: el ámbito de los contratos de adhesión, por una parte, y el de la actividad publicitaria, por otra. Así, y sin pretensión de ser exhaustivos, se han aprobado Directivas comunitarias referentes a la publicidad de los medicamentos, a la radiodifusión televisiva, a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a los viajes combinados o al crédito al consumo, entre otras. Sin embargo, la Comunidad ha considerado que los mecanismos actualmente existentes para garantizar el cumplimiento de estas Directivas no siempre permiten poner fin a su debido tiempo a las infracciones perjudiciales para los intereses colectivos de los consumidores. Por otro lado, es bien cierto que la eficacia de las medidas nacionales de transposición de dichas Directivas puede verse mitigada cuando las prácticas ilícitas que se persiguen surten su efecto en un Estado miembro distinto de aquél en el que se han originado, con el perjuicio que esto implica para el buen funcionamiento del mercado interior. En conclusión, es necesario aproximar las disposiciones nacionales que permiten hacer cesar dichas prácticas ilícitas. Así, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, Directiva que la presente Ley transpone al ordenamiento jurídico español, en ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Estado en su artículo 149.1 .6. y 8. Para llevar a término dicha transposición se modifican la Ley de Enjuiciamiento Civil, las leyes sustantivas que regulan los ámbitos sectoriales en los que la Directiva 98/27/CE demanda la introducción del instrumento de la acción colectiva de cesación y, finalmente, se norma la cuestión de las entidades españolas habilitadas en otros Estados miembros de la Comunidad Europea para el ejercicio de la acción de cesación. Existe un ámbito sustantivo en el que la Directiva 98/27/CE obliga a introducir la acción colectiva de cesación que no ha sido contemplado plenamente en la presente Ley: el de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (Directiva 2000/31/CE). La modificación que la presente Ley instrumenta en la de Enjuiciamiento Civil establece ya el marco procesal adecuado para que, una vez introducidas las acciones de cesación en la legislación sustantiva reguladora del ámbito referenciado, dicho instrumento de defensa de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios pueda ser efectivamente utilizado. Pero ha de completarse con el correspondiente texto legislativo que haga efectiva la transposición de la Directiva citada. Por otra parte, y también respondiendo a la preocupación por la protección de los consumidores y en ejercicio de las competencias estatales que acabamos de referir, se transponen en la presente Ley a nuestro ordenamiento interno la Directiva 98/7/CE, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y la Directiva 97/55/CE, de 6 de octubre de 1997, que modifica la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa. En sus dos primeros capítulos, la presente Ley regula la acción de cesación, de forma que se constituya en un instrumento efectivo para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, con las características jurídicas y el ámbito de aplicación señalados por la Directiva comunitaria 98/27/CE. Para conseguir este objetivo, la Ley modifica varios cuerpos legales preexistentes. En primer lugar, su capítulo I modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya reforma es necesaria para hacer no sólo posible, sino también eficaz el ejercicio de dicha acción, contemplando aspectos tan esenciales como la exención del deber de prestar caución o la imposición de multas coercitivas disuasorias. En el capítulo II se modifica la legislación sustantiva relacionada con los ámbitos concretos en los cuales se pretende dispensar una adecuada protección tanto de los intereses colectivos como difusos de los consumidores y usuarios mediante el instrumento de la acción colectiva de cesación, con excepción de los ámbitos referidos a la publicidad ilícita y al crédito al consumo, respecto de los cuales la acción colectiva de cesación se introduce en los capítulos III y IV, respectivamente. Asimismo, se regula la importante cuestión de las entidades españolas habilitadas en otros Estados miembros de la Comunidad Europea para el ejercicio de la acción de cesación. La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno de las acciones de cesación previstas por la normativa comunitaria se asienta sobre los siguientes criterios. La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite otorgar a las entidades de otros Estados miembros la capacidad para ser parte y la legitimación necesarias para poder actuar en los procesos que se sigan ante los Tribunales españoles y que traigan causa del ejercicio de una acción colectiva de cesación. Con el fin de garantizar la rapidez de los procedimientos judiciales en los que se ejerciten dichas acciones, éstos se tramitarán por el juicio verbal. Persiguiendo el mismo propósito enunciado en el párrafo anterior, se exceptúa a los procesos en los que se ejercite una acción de cesación de la obligación que existe de efectuar llamamientos a los perjudicados individuales que pudiere haber en los procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios para la defensa de derechos e intereses de los mismos. Por otra parte, se precisa la competencia territorial del Juez español y se establece un sistema ad hoc de multas coercitivas, medidas ambas encaminadas a reforzar la efectividad de la acción de cesación. Finalmente, siendo coherentes con el carácter tuitivo que respecto de los consumidores tiene la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo, el Tribunal podrá, en determinados casos, eximir de prestar caución a quien haya solicitado y obtenido una medida cautelar en el ejercicio de una acción de cesación. De otro lado, la acción de cesación que pasan a recoger diversas leyes sustantivas persigue un doble efecto: el de la condena judicial a cesar en el comportamiento lesivo y el de la prohibición judicial de reiteración futura de ese comportamiento, pudiéndose ejercitar así mismo cuando la conducta haya ya finalizado, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración. Los legitimados para el ejercicio de dicha acción serán, con carácter general, los órganos o entidades públicas competentes en materia de defensa de los consumidores, las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposiciones de desarrollo, así como las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. En lo referente a las entidades habilitadas españolas en otros Estados miembros de la Comunidad Europea para el ejercicio de la acción de cesación, se establece una doble regulación. Toda entidad pública competente en materia de consumo que desee estar habilitada ante la Comisión Europea para el ejercicio de dichas acciones mediante su inclusión en la lista a tal fin publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas así lo hará saber, a través del Instituto Nacional del Consumo, al Ministerio de Justicia, que lo notificará a la Comisión. Sin embargo, a las asociaciones de consumidores y usuarios, además de la solicitud expresa en el sentido antes citado, se les exige que estén presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios. El Ministerio de Justicia, cumplidos estos requisitos y a instancia del Instituto Nacional del Consumo, efectuará la preceptiva notificación a la Comisión Europea. Junto a ello, y como ya se ha señalado, la presente Ley, en su capítulo III, transpone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 97/55/CE, de 6 de octubre de 1997, que ha modificado la Directiva 84/450/CEE para incluir en ella la publicidad comparativa, así como la Directiva 98/27/CE en lo relativo a la acción colectiva de cesación en materia de publicidad ilícita. La Directiva 97/55/CE considera que la publicidad comparativa puede estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en beneficio del consumidor, ya que permitirá demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparados. Para que esta forma de publicidad pueda ser utilizada en condiciones de igualdad por todas las empresas que compiten en el mercado interior europeo es necesario aproximar las distintas legislaciones nacionales, y establecer unas reglas comunes en todos los Estados miembros sobre la forma y el contenido de la publicidad comparativa. Nuestra Ley General de Publicidad incorporó al ordenamiento español la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa. La Comunidad Europea consideró necesario armonizar las disposiciones de los Estados miembros en materia de protección contra la publicidad engañosa, dado que esta publicidad puede distorsionar la competencia en el seno del mercado interior. Se consideró, además, que la política de defensa de los consumidores exigía la aprobación de medidas que los protejan contra las formas engañosas de publicidad. La Comunidad pospuso para una segunda fase la regulación de la publicidad comparativa. Ello no obstante, la Ley General de Publicidad de 1988 reguló esta forma de publicidad, estableciendo los requisitos de objetividad en los que la publicidad comparativa de productos o servicios debe basarse para ser considerada lícita. Conforme a la Ley, la publicidad comparativa que no se ajuste a dichos requisitos se reputará como publicidad desleal y, en consecuencia, ilícita. Del cotejo de la Directiva 97/55/CE con la regulación de la publicidad comparativa contenida en la Ley General de Publicidad de 1988 se desprende que nuestra legislación nacional responde a los planteamientos de la normativa comunitaria, en el sentido de que en España la publicidad comparativa está permitida siempre que se ajuste a los requisitos de objetividad en la comparación que señala la Ley. Ello no obstante, la completa incorporación de la Directiva 97/55/CE a nuestro ordenamiento requiere una modificación parcial de la Ley General de Publicidad, para incluir en ella la relación íntegra de las condiciones que ha de cumplir la publicidad comparativa para ser considerada lícita. En fin, en este mismo capítulo III se incorpora la pertinente modificación de la Ley General de Publicidad, para transponer la Directiva 98/27/CE en lo relativo a la acción colectiva de cesación en materia de publicidad ilícita. Finalmente, el capítulo IV de la presente Ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 98/7/CE, de 16 de febrero de 1998, que modifica la Directiva 87/102/CEE, en lo referente al cálculo de la tasa anual equivalente, al disponer que el resultado de dicho cálculo se expresará con una precisión de al menos una cifra decimal y que el intervalo entre las fechas utilizadas en el mismo se expresará en años o fracciones de año, partiendo de la base de que un año tiene 365 ó 365,25 ó 366 días en el caso de los años bisiestos, con algunas precisiones en cuanto a los días, semanas y meses con el fin de alcanzar un mayor grado de armonización de los elementos de coste del crédito al consumo y de que el consumidor pueda comparar mejor los tipos de interés efectivos propuestos por las entidades de los distintos Estados miembros, asegurando un armónico funcionamiento del mercado interior. Junto a ello, el capítulo IV transpone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 98/27/CE en lo relativo a la acción colectiva de cesación en materia de crédito al consumo. CAPÍTULO I Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil Artículo primero. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Los artículos 6, 11, 15, 52, 221, 249, 250, 711 y 728 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se modifican en los siguientes términos: Primero. Se adiciona un nuevo punto 8.° al apartado 1 del artículo 6, con la siguiente redacción: 8.° Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Segundo. Se añade un apartado 4 al artículo 11, quedando redactado en los siguientes términos: 4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8.° estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Tercero. Se adiciona un apartado 4 al artículo 15, con la siguiente redacción: 4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Cuarto. Se añade un punto 16.° al apartado 1 del artículo 52, quedando redactado del siguiente modo: 16.° En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor. Quinto. Se adiciona un apartado 2 al artículo 221 con la siguiente redacción: 2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora. Sexto. Se modifican los puntos 4.° y 5.° del apartado 1 del artículo 249, que quedan redactados del siguiente modo: 4.° Las demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 1 2.° del apartado 1 del artículo 250 cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad. 5.° Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12.° del apartado 1 del artículo 250. Séptimo. Se adiciona un punto 12.° al apartado 1 del artículo 250, resultando del siguiente tenor: 12.° Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Octavo. El artículo 711 queda redactado como sigue: Artículo 711. Cuantía de las multas coercitivas. 1. Para determinar la cuantía de las multas previstas en los artículos anteriores, el Tribunal, mediante providencia, tendrá en cuenta el precio o la contraprestación del hacer personalísimo establecidos en el título ejecutivo y, si no constaran en él o se tratara de deshacer lo mal hecho, el coste dinerario que en el mercado se atribuya a esas conductas. Las multas mensuales podrán ascender a un 20 por ciento del precio o valor y la multa única al 50 por ciento de dicho precio o valor. 2. La sentencia estimatoria de una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios impondrá, sin embargo, una multa que oscilará entre seiscientos y sesenta mil euros, por día de retraso en la ejecución de la resolución judicial en el plazo señalado en la sentencia, según la naturaleza e importancia del daño producido y la capacidad económica del condenado. Dicha multa deberá ser ingresada en el Tesoro Público. Noveno. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 728, con la siguiente redacción: En los procedimientos en los que se ejercite una acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, el Tribunal podrá dispensar al solicitante de la medida cautelar del deber de prestar caución, atendidas las circunstancias del caso, así como la entidad económica y la repercusión social de los distintos intereses afectados.
CAPÍTULO II Modificación de leyes sectoriales para introducir en ellas la acción de cesación en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios Artículo segundo. Modificación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación. Los artículos l6 y 19 de la Ley de 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, se modifican en los siguientes términos: Primero. El artículo 16 queda redactado como sigue: Artículo 16. Legitimación activa. Las acciones previstas en el artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes entidades: 1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros. 2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 3. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. 4. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. 5. Los colegios profesionales legalmente constituidos. 6. El Ministerio Fiscal. 7. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno, para la defensa de los intereses que representan. Segundo. El artículo 19 queda redactado del siguiente modo: Artículo 19. Prescripción. 1. Las acciones colectivas de cesación y retractación son, con carácter general, imprescriptibles. 2. No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva. 3. Tales acciones podrán ser ejercitadas en todo caso durante los cinco años siguientes a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda dictarse con posterioridad como consecuencia de la acción individual. 4. La acción declarativa es imprescriptible. Artículo tercero. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Primero. Se adiciona un nuevo artículo 10 ter a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículo 10 ter. 1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de cláusulas abusivas que lesionen intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores y usuarios podrá ejercitarse la acción de cesación. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la utilización o en la recomendación de utilización de dichas cláusulas y a prohibir la reiteración futura de dichas conductas. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta Ley o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Segundo. Se adiciona un nuevo artículo 10 quáter a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: Artículo 10 quáter. 1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, cuando estén incluidos en la lista publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas entidades, con su denominación y finalidad, previa solicitud de dichos órganos o entidades, y dará traslado de esa notificación al Instituto Nacional del Consumo. 2. Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado miembro de la Comunidad Europea cuando estén incluidas en la lista publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, debiendo solicitar del Instituto Nacional del Consumo la incorporación a dicha lista. El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas entidades, con su denominación y finalidad, a instancia del Instituto Nacional del Consumo. Tercero. Se adiciona una nueva disposición adicional tercera a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Disposición adicional tercera. Acciones de cesación. 1. A falta de normativa sectorial específica, frente a las conductas de empresarios o profesionales contrarias a la presente Ley que lesionen intereses colectivos o intereses difusos de los consumidores y usuarios podrá ejercitarse la acción de cesación. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. La legitimación para el ejercicio de esta acción se regirá por lo dispuesto en el artículo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. En cualquier caso estará legitimado el Ministerio Fiscal. Artículo cuarto. Modificación de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Se añade un artículo 10 a la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 10. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Artículo quinto. Modificación de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados. Se modifica el artículo 13 de la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados, y se le adiciona un nuevo artículo 14. Primero. Se modifica el artículo 13, quedando redactado en los siguientes términos: Artículo 13. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Segundo. Se adiciona un nuevo artículo 14, con la siguiente redacción: Articulo 14. Prescripción de acciones. 1. Prescribirán por el transcurso de dos años las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la presente Ley. 2. La acción de cesación es, sin embargo, imprescriptible. Artículo sexto. Modificación de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. Se modifica la rúbrica del capítulo III del Título I de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, y se le adiciona un artículo 16 bis, con la siguiente redacción: CAPÍTULO III Incumplimiento de los servicios y acción de cesación Artículo 16 bis. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Artículo séptimo. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. Con la rúbrica De la acción de cesación, se adiciona un nuevo Título Xl a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, comprensivo de los nuevos artículos 120 y 121, con la siguiente redacción: TITULO XI De la acción de cesación Artículo 120. Solicitud previa al ejercicio de la acción de cesación. 1. Cuando una publicidad de medicamentos de uso humano sea contraria a la presente Ley, a sus disposiciones de desarrollo o a la Ley General de Sanidad, afectando a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, podrán solicitar su cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea a las que alude el artículo 121. d) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo. 2. La solicitud se hará por escrito, en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido. 3. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. 4. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, el requerido comunicará al requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha cesación. 5. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá ejercitar la acción prevista en el artículo siguiente. 6. Tanto la solicitud como la voluntad de cesar, o, en su caso, la negativa a cesar en la actividad publicitaria, deberá ser comunicada a la autoridad sanitaria competente en materia de control de publicidad de medicamentos. Artículo 121. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo anterior, contra las conductas en materia de publicidad de medicamento de uso humano contrarias a la presente Ley, a sus normas de desarrollo o a la Ley General de Sanidad que lesionen intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a las normas citadas en el apartado anterior y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. Deberá comunicarse a la autoridad sanitaria competente en materia de control de la publicidad de medicamentos tanto la interposición de la acción, como la sentencia que, en su caso, se dicte. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. e) Los titulares de un derecho o interés legítimo. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Artículo octavo. Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552 CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Se añade un nuevo capítulo VII, con los nuevos artículos 21 y 22, a la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552 CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, con la redacción siguiente: CAPITULO VII De la acción de cesación Artículo 21. Solicitud previa al ejercicio de la acción de cesación. 1. Cuando cualquier persona física o jurídica infrinja lo establecido en la presente Ley, lesionando los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, podrán solicitar a dicha persona que cese en su comportamiento ilícito: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea a las que alude el artículo 22. d) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo. 2. La solicitud se hará por escrito, en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido. 3. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin del comportamiento ilícito. 4. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, el requerido comunicará al requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en dicho comportamiento y procederá efectivamente a dicha cesación. 5. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá ejercitar la acción prevista en el artículo siguiente. Artículo 22. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo anterior. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. e) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. CAPÍTULO III Modificación de la Ley General de Publicidad Artículo noveno. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 97/55/CE, por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa. El artículo 6 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se modifica, añadiéndose un nuevo artículo 6 bis, todo ello con la siguiente redacción: Primero. Se modifica el artículo 6, quedando del siguiente tenor: Artículo 6. Es publicidad desleal: a) La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus productos, servicios, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos. b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles. c) La publicidad comparativa cuando no se ajuste a lo dispuesto en el artículo siguiente. Segundo. Se introduce un nuevo artículo 6 bis con la siguiente redacción: Artículo 6 bis. 1. A los efectos de esta Ley, será publicidad comparativa la que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por él. 2. La comparación estará permitida si cumple los siguientes requisitos: a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades. b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio. c) En el supuesto de productos amparados por una denominación de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros productos de la misma denominación. d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. e) Si la comparación hace referencia a una oferta especial se indicará su fecha de inicio, si no hubiera comenzado aún, y la de su terminación. f) No podrá sacarse una ventaja indebida de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor, ni de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas, denominaciones específicas o especialidades tradicionales garantizadas que amparen productos competidores. Tampoco podrá sacarse una ventaja indebida, en su caso, del método de producción ecológica de los productos competidores. 3. En aquellas profesiones colegiadas en las que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la presente Ley, resulte de aplicación una norma especial o un régimen de autorización administrativa previa en relación con su actividad publicitaria, la publicidad comparativa de sus servicios profesionales se ajustará a lo que se disponga en dicha norma o régimen. Los requisitos que conforme a esta Ley ha de reunir la publicidad comparativa para ser considerada lícita deberán ser exigidos, en todo caso, por la normativa especial a la que se refiere el párrafo anterior, la cual podrá establecer además otras limitaciones o prohibiciones del uso de comparaciones en la publicidad. 4. El incumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 2 del presente artículo y, en general, cualquier publicidad desleal que induzca a error a los consumidores, tendrá la consideración de infracción a los efectos previstos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículo décimo. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/27/CE en lo relativo a la acción colectiva de cesación en materia de publicidad ilícita. Los artículos 25 y 26 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se modifican, añadiéndose un nuevo artículo 29, todo ello en los siguientes términos: Primero. Se modifica el artículo 25, que tendrá la siguiente redacción: Artículo 25. 1. Cualquier persona natural o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo, podrán solicitar del anunciante la cesación o, en su caso, la rectificación de la publicidad ilícita. 2. Cuando una publicidad ilícita afecte a los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios, podrán solicitar del anunciante su cesación o rectificación: a) El Instituto Nacional de Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea a las que alude el artículo 29. d) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo. 3. La solicitud se hará por escrito, en forma que permita tener constancia fehaciente de su fecha, de su recepción y de su contenido. Segundo. Se modifica el artículo 26, quedando del siguiente tenor: Artículo 26. 1. La cesación podrá ser solicitada desde el comienzo hasta el fin de la actividad publicitaria. 2. Dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud, el anunciante comunicará al requirente en forma fehaciente su voluntad de cesar en la actividad publicitaria y procederá efectivamente a dicha cesación. 3. En los casos de silencio o negativa, o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá ejercitar la acción prevista en el artículo 29. Tercero. Se adiciona un nuevo artículo 29, con la redacción siguiente: Artículo 29. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo 26. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. e) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. CAPÍTULO IV Modificación de la Ley de Crédito al Consumo Artículo undécimo. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/7/CE, que modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo. Se modifica el artículo 18 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, se le añade una disposición adicional única y se modifica su anexo, en los siguientes términos: Primero. Se adicionan dos últimos párrafos al artículo 18, con la siguiente redacción: Sin perjuicio de la aplicación general de la fórmula matemática mencionada en el párrafo anterior, mediante Orden del Ministro de Economía se podrán establecer las hipótesis de cálculo oportunas para determinar la TAE en aquellos supuestos en que no se conozca cualquiera de los elementos necesarios para su aplicación en el momento de la concesión de la operación de crédito. El Banco de España podrá establecer las indicadas hipótesis de cálculo previa habilitación expresa mediante Orden del Ministro de Economía. Segundo. Se añade una disposición adicional única del siguiente tenor: La indicación de la tasa anual equivalente será obligatoria, en los términos previstos en la presente Ley, no sólo cuando el préstamo es concedido por una entidad financiera o empresario español, sino cuando el concedente es una entidad extranjera, siempre que el contrato esté sometido a la legislación española o presente un punto de conexión con ella o con la legislación de otro Estado de la Unión Europea. Tercero. Se modifica el contenido del anexo, que dando redactado en los siguientes términos:
ANEXO 1. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) de costes o de rentabilidades La tasa anual equivalente (TAE), a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, se calculará con arreglo a la siguiente fórmula matemática: TAE =(1+ik)k-1 Siendo k el número de veces que el año contiene al período de tiempo elegido entre dos pagos consecutivos. Va a depender de la frecuencia con que se realicen las disposiciones o el cálculo de las cantidades a pagar (así, si se realizan cada mes, k será 12, si se realizan cada trimestre, k será 4, si se realizan cada cuatrimestre, será 3, si se realizan cada semestre, k será 2, etc.). ik simboliza la tasa efectiva correspondiente al período de tiempo elegido entre dos pagos consecutivos (período del término). Dicho período coincidirá con el elegido para expresar los tn y los tm contenidos en la fórmula que sigue. Dicha tasa ik se calculará (bien algebraicamente bien por aproximaciones sucesivas, bien mediante un programa de ordenador) utilizando la fórmula siguiente:
siendo: Dn= La cuantía de la disposición o entrega número n. Rm = La cuantía del pago número m por amortización, intereses u otros gastos incluidos en el coste o rendimiento efectivo de la operación. n = El número de disposiciones o entregas simbolizadas por D. m = El número de pagos simbolizados por R. tn = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la disposición o entrega n. tm = Tiempo transcurrido desde la fecha de equi valencia elegida hasta la del pago m. S = El signo indicativo de la suma. x = El número de orden de la última disposición o entrega simbolizada por D. Y = El número de orden del último pago simbolizado por R. Observaciones: a) Sin perjuicio de las hipótesis que sea necesario realizar, las cuantías de los términos de las fórmulas anteriores serán las que se deriven del con trato o del ejemplo representativo a que se refieren. b) Las sumas abonadas por ambas partes en diferentes momentos no serán necesariamente iguales y no serán abonadas necesariamente con intervalos iguales. c) La fecha inicial será la de la primera entrega o disposición. d) El intervalo entre las fechas utilizadas en el cálculo se expresará en años o fracciones de año. Se partirá de la base de que un año tiene 365 ó 365,25 días o 366 en caso de los años bisiestos, 52 semanas o 12 meses de igual duración. También se partirá de la base de que cada uno de dichos meses de igual duración tiene 30,41666 días (es decir 365/12). e) El resultado del cálculo se expresará con una precisión de, al menos, una cifra decimal. Se aplicará la siguiente norma para el redondeo de una cifra determinada: si la cifra que figura en el lugar decimal siguiente a la cifra decimal determinada es superior o igual a 5, la cantidad de cifra decimal determinada se redondeará a la cifra superior, en otro caso se redondeará a la cifra inferior. f) La aplicación de las fórmulas y observaciones anteriores deberán dar unos resultados idénticos al de los ejemplos presentados en el apartado II de este anexo. II Ejemplos de cálculo A) Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE) basado en el calendario 1 año = 365 días o 366 días para los años bisiestos. 1. Ejemplo primero: una persona A presta a una persona B una suma de 1.000 euros el 1 de enero de 1994, comprometiéndose ésta a devolver en un pago único 1.200 euros el 1 de julio de 1995, es decir, 1,5 años o 546 (= 365 + 181) días después de la fecha del préstamo. En este ejemplo: Dn= 1.000 euros en el momento o fecha inicial (fecha de la equivalencia elegida). tn = O Rm = 1.200 euros. tm = 546/365. k = 1 (si el período elegido para realizar los pagos -en este caso el cálculo de los intereses- y por tanto expresar los tn y tm es el año). Por tanto: 1.000 (1+ik)0 = 1.200 (1+ik)-546/365 1+ik= 1,129620377. ik= 0,129620377. TAE=(1+ik) TAE = (1 + 0,129620377) – 1 = 0,129620377. Esta cantidad se redondeará a 13 por 100 (o a 12,96 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales) 2. Ejemplo segundo: una persona A presta el 1 de enero de 1997 a una persona B 1.000 euros, reteniéndole por concepto de gastos administrativos 50 euros, de modo que el préstamo es, en realidad, 950 euros. La persona B se compromete a pagar 1.200 euros por devolución de capital y pago de intereses el 1 de julio de 1998. En este caso la entrada o disposición para el prestatario son 950 euros. Por tanto: Ahora Dn = 950. 950 = 1.200(1+ik)-546/365 1+ik= 1,169026. ik= 0,169026. TAE = 0,169026. Esta cantidad se redondeará a 16,9 por 100 (o a 16,90 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales) 3. Ejemplo tercero: una persona A presta a la persona B 1.000 euros, el 1 de enero de 1997 y ésta se compromete a devolverlos en dos pagos de 600 euros cada uno, al cabo de un año y de dos años respectivamente. En este caso: D = 1.000 euros. tn = 0. R = 2 pagos de 600 euros cada uno. tm = 1 año y 2 años respectivamente. Por tanto: 1.000 = 600 (1+ik)-365/365 + 600 (1+ik)-730/365 Al efectuar los cálculos algebraicos se obtendrá TAE = 0,1306623. Esta cantidad se redondeará a 13,1 por 100 (o a 13,07 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales) 4. Ejemplo cuarto: la persona A presta a la persona B 1.000 euros, el 1 de enero de 1997, comprometiéndose ésta a realizar los siguientes pagos por reembolso de capital y cargas financieras para cancelarlo: A los tres meses (0,25 años o 90 días): 272 euros A los seis meses (0,5 años o 181días): 272 euros A los doce meses (1 año o 365 días): 544 euros Total: 1.088 euros. En este caso: 1.000 = 272 (1+ik )-90/365 + 272 (1+ik)-181/365 + 544(1+ik)-544/365 TAE = 0,13226. Esta cantidad se redondeará a 13,2 por 100 (o a 13,23 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales). 1. Ejemplo uno: una persona A presta a una persona B 1.000 euros, comprometiéndose ésta a devolver en un pago único 1.200 euros dentro de año y medio (es decir, 1,5 x 365 = 547,5 días, 1,5 x 365,25 = 547,875 días, 1,5 x 366 = 549 días, 1,5 x 12 = 18 meses, o 1,5 x 52 = 78 semanas). En este caso: 1.000 (1+ik)0 = 1.200 (1+ik)-547,5/365 = = 1.200(1+ik)-547,85/365,25 = 1.200(1+ik)-18/12 = = 1.200(1+ik)-78/52 =1.200(1+ik)-1,5 ik = 0,129243. TAE = (1+ik)1 -1 =0,129243. Esta cantidad se redondeará a 12,9 por 100 (o a 12,92 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales). 2. Ejemplo dos: una persona A presta a una persona B 1.000 euros, reteniéndose por el cobro de gastos administrativos 50 euros, de modo que el préstamo es en realidad de 950 euros. La persona B se compromete a pagar 1.200 euros un año y medio después de la fecha del préstamo. En este caso: 950 = 1.200(1+ik)-547,5/365 = = 1.200(1+ik)-547,85/365,25 = = 1.200(1+ik)-18/12 = 1.200(1+ik)-78/52 = = 1.200(1+ik)-1,5 TAE = 0,168526. Esta cantidad se redondeará a 16,9 por 100 (o a 16,85 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales). 3. Ejemplo tres: una persona A presta a una persona B 1.000 euros y ésta se compromete a devolverle 600 euros al cabo de un año y 600 euros al cabo de dos años por reembolso del capital prestado y por intereses. En este caso: 1.000 (1+ik)0 = 600 (1+ik)-365/365 + + 600 (1+ik)-730/365 = 600 (1+ik)-365,25/366,25 + + 600(1+ik)-730,5/365,25 = 600(1+ik)-12/12 + + 600(1+ik)-24/12 = = 600(1+ik)-52/52 + 600(1+ik)-104/52 = = 600(1+ik)-1 + 600(1+ik)-2 TAE = 0,13066. Esta cantidad se redondeará a 13,1 por 100 (o a 13,07 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales). 4. Ejemplo cuatro: una persona A presta a una persona B 1.000 euros, comprometiéndose ésta a realizar los siguientes pagos por reembolso de capital y cargas financieras para cancelarlo. a. A los tres meses (0,25 años/13 semanas/91,25 días/91,3125 días): 272 euros. b. A los seis meses (0,5 años/26 semanas/182,5 días/182,625 días): 272 euros. c. A los doce meses (1 año/52 semanas/365 días/365,25 días): 544 euros. Total: 1.088 euros. En este caso: 1.000 = 272(1+ik)-91,25/365 + 272(1+ik)-182,5/365 +544 (1+ik)-365/365 = 272 (1+ik)-91,3125/365,25 + 272 (1+ik)-182,625/365,25 = 544(1+ik)-365,25/365,25 = 272 (1+ik)-3/12 + 272 (1+ik)-6/12 +544 (1+ik)-12/12 = = 272 (1+ik)-13/52 +272 (1+ik)-26/52 +544 (1+ik)-52/52 = 272 (1+ik)-0,25 + 272 (1+ik)-0,5 + 544 (1+ik)-1 TAE = 0,1318
Esta cifra se redondeará a 13,2 por 100(0 a 13,19 por 100 si se prefiere una precisión de dos cifras decimales). Artículo duodécimo. Transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 98/2 7/CE en lo relativo a la acción colectiva de cesación en materia de crédito al consumo. Se adiciona un nuevo artículo 20 a la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, del siguiente tenor: Artículo 20. Acción de cesación. 1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la presente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios. 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura. Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato. 3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores. c) El Ministerio Fiscal. d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores, que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan. Disposición transitoria única. Tramitación de los procesos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. Los procesos iniciados por el ejercicio de las acciones de cesación recogidas en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, que hayan comenzado antes de la entrada en vigor de la presente Ley se continuarán sustanciando por los trámites del juicio ordinario. Disposición derogatoria única. Derogación normativa Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente Ley. Disposición final única. Fundamento constitucional La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que corresponde al Estado de conformidad con el artículo 149.1 .6. y 8. de la Constitución.
REAL DECRETO 271/1988, DE 25 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES (1)
1.- 1. Tienen la consideración de Agencias de Viajes las Empresas que, en posesión del título-licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos. 2. La condición legal y la denominación e Agencias de Viajes queda reservada exclusivamente a las Empresas a que se refiere el apartado anterior. Los términos “viaje” o “viajes” sólo podrán utilizarse como todo o parte del título o subtítulo que rotule sus actividades, por quienes tengan la condición legal de Agencias de Viajes. 2.- 1. Son objeto o fines propios de las Agencias de Viajes los siguientes: a) La mediación en la venta de billetes o reserva de plazas en toda clase de medios de transporte, así como en la reserva de habitaciones y servicios en las Empresas turísticas. b) La organización y venta de los denominados “paquetes turísticos”. c) La actuación como representantes de otras Agencias nacionales o extranjeras para la prestación, en su nombre y a la clientela de éstas, de los servicios que constituyen objeto propio de su actividad. d) Cualesquiera otros servicios que se reconozcan como propios de su actividad de acuerdo con la legislación vigente. (1) Hoy la generalidad de la doctrina parece inclinarse por la tesis del contrato autónomo, en el que los puntos de conexión con diversas figura no permiten que se identifique con ninguna de ellas. Se podrían encontrar elementos de una promesa, de un contrato de trabajo, de un mandato, etc., pero abstracción hecha de toda escolástica jurídica, la actividad de las Agencias de Viajes guarda una fisonomía propia, dándole carácter especial (típico de mediación) el que ha de permanecer extraña al contrato principal por su actividad realizado. El servicio debe realizarse conforme a las instrucciones del encargo. La obligación fundamental del agente es la de guardar la más estricta fidelidad hacia los intereses a él encomendados, lo cual lleva consigo la necesaria lealtad impuesta por la naturaleza del asunto, y la prohibición de divulgar innecesariamente el encargo, así como la obligación de no realizar actos que puedan perjudicar el éxito de la misión encomendada, no debiendo proponer operaciones desacertadas o riesgos no convenidos. Para la otra parte contratante, la obligación principal consiste en el pago de la prima convenida, cuya cuantía y forma será la establecida entre las partes, rigiendo a falta de pacto las normas de la Ley o las de la costumbre. La doctrina y la jurisprudencia vacilan en la determinación del momento en el que surge la obligación de pago. El Tribunal Supremo, en la Sentencia del 2 de diciembre de 1902, mantuvo el criterio de que la comisión debe pagarse cuando se perfecciona el contrato principal. En 26 de noviembre de 1919 señala como momento para el pago aquel en que se hace efectivo el precio de contrato principal. Las actividades de las Agencias de Viajes se enmarcan dentro del contexto del contrato de mediación o corretaje. Surgen determinados problemas que hacen dudar de la existencia de un verdadero contrato. La Agencia de Viajes recibe normalmente el encargo de su cliente. Sin embargo, no está obligada a desarrollar ninguna actividad en relación con el encargo recibido. Sabe que si no la realiza no cobrará la comisión, pero sabe también que el empleo de su actividad depende de su exclusiva voluntad. La primera duda aparece al deducirse que si no tiene deber alguno de prestar su actividad no debe encuadrarse la relación inicial (véanse arts. 1 y 2), en el campo de Derecho contractual. Desde este prisma, la mediación es una relación derecho y no contractual. La doctrina otorga siempre a la mediación o corretaje un carácter contractual, y así se recoge en varias Legislaciones: Código Civil Alemán, Código de la Obligaciones Suizo, Nuevo Código Italiano. En el sistema español, este contrato ha sido perfilado por la doctrina, en líneas muy heterogéneas y dispares, que van desde el mandato con matices más o menos representativos, hasta el contrato innominado, pasando por el arrendamiento de servicios, vacilaciones de las que se ha hecho eco la jurisprudencia española, sin atreverse a cimentar un criterio exclusivo, firme y constante (véanse las Sentencias del Tribunal Supremo del 2 de diciembre de 1902; 3 de diciembre de 1907; 26 de noviembre de 1919; 8 de mayo de 1920; 10 de enero de 1922; el Decreto del 6 de abril de 1951 aprobando el Reglamento para el funcionamiento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; la sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central del 18 de marzo de 1952 entre otros). 2. El ejercicio de las actividades a que se refiere el apartado anterior estará exclusivamente reservado a la Agencias de Viajes, sin perjuicio de la facultad conferida por la legislación vigente a transportistas, hoteleros y otras Empresas turísticas para contratar directamente con los clientes la prestación de sus propios servicios. 3.- 1. Las Agencias de Viajes pueden ser mayoristas, minoristas y mayoristas-minoristas. 2. Son Agencias “mayoristas” aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las Agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario o consumidor. 3. Son Agencias “minoristas” aquellas que, o bien comercializan el producto de las Agencias mayoristas, proporcionándolo directamente al usuario o consumidor, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o suministran toda clase de servicios y paquetes turísticos directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras Agencias. 4. Son Agencias “mayoristas-minoristas” aquellas que pueden simultanear las actividades mencionadas en los dos apartados anteriores. 4.- 1. El otorgamiento el título-licencia de Agencias de Viajes se efectuará por la Administración turística competente de acuerdo con la sede o domicilio legal de la Empresa solicitante. Esta hará constar en su solicitud la categoría de Agencia, de entre las previstas en el artículo anterior, para la que pretendan ser habilitadas, así como el número de establecimientos cuya apertura soliciten. 2. El título-licencia para la apertura de Delegaciones de Agencias de Viajes extranjeras será otorgado por la Administración Turística competente, previa solicitud de la Agencia interesada. 3. La revocación del título-licencia de Agencias de Viajes corresponderá en su caso, a la Administración turística competente, mediante resolución motivada, previa tramitación del correspondiente expediente. 5.- 1. Las Agencias de Viajes tendrán la obligación de constituir y mantener en permanente vigencia una fianza que podrá ser individual o colectiva, para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios. 2. La fianza individual, que se formalizará mediante ingreso en la Caja General de Depósitos, aval bancario, póliza de caución o título de emisión pública a disposición de la Administración Turística competente, cubrirá las siguientes cuantías: 20.000.000 de pesetas para las Agencias de Viajes mayoristas, 10.000.000 de pesetas para las minoristas y 30.000.000 de pesetas para las mayoristas-minoristas. 3. La fianza colectiva podrá realizarse mediante la inclusión voluntaria de Agencias de Viajes, a través de asociaciones legalmente constituidas, en un fondo solidario de garantía. La cuantía de esta fianza colectiva será del 50 por 100 de la suma de las fianzas individuales que, de acuerdo con el apartado anterior, habría de constituir las Agencias de Viajes afectadas y su importe global no podrá ser inferior a 400.000.000 de pesetas por asociación de carácter nacional o regional. Las formas de constitución de esta fianza serán las mismas que las señaladas para la fianza individual. 4. Las cuantías indicadas cubrirán la apertura de seis establecimientos. Por cada nuevo establecimiento, que sobrepase la cifra anterior, se habrá de incrementar la fianza individual en la cantidad de 2.000.000 de pesetas, o la colectiva en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 5. Caso de ejecutarse la fianza, la Agencia o asociación afectada vendrá obligada a reponerla en el plazo de quince días hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma. 6.- 1. La apertura de nuevos establecimientos, además de los inicialmente habilitados, requerirá la previa autorización de la Administración Turística competente, habiéndose de acreditar, en su caso, el incremento correspondiente de la fianza, conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo anterior. 2. Excepcionalmente, podrá, asimismo, autorizarse la apertura de dependencias auxiliares, que tendrán la consideración de accesorios de un establecimiento, sin que les sea exigible el incremento de la fianza. 7.- Las Agencias de Viajes extranjeras podrán: a) Encomendar su representación con carácter permanente o simplemente para actos concretos a una o más Agencias de Viajes españolas. Cuando la representación sea otorgada con carácter permanente a una Agencia de Viajes española, ésta viene obligada a acreditarlo ante la Administración turística competente. b) Controlar directamente plazas de alojamiento y otros servicios turísticos. c) Establecer una o varias Delegaciones, previa autorización de la Administración turística competente, con el exclusivo objeto de atender a sus clientes de exterior. 2. Estas facultades se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa derivada de las obligaciones internacionales asumidas por España. 8.- Las infracciones que se cometan por incumplimiento de lo preceptuado en las normas reguladoras de las Agencias de Viajes, darán lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrirse, a la correspondiente responsabilidad administrativa, de acuerdo con la legislación vigente. DISPOSICIONES FINALES Primera. El articulo 4º. del Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas Privadas, quedará redactado con idéntico texto al del artículo 1.º de esta norma. Segunda. Se faculta al Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones para dictar las normas precisas para la aplicación y desarrollo del presente Real Decreto. Tercera. El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. DISPOSICIÓN DEROGATORIA (2) Queda derogado el Decreto 1524/1973, de 7 de junio (“Boletín Oficial del Estado” número 169, de 16 de julio), por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto. (2) El primer Reglamento de Agencias de Viajes se estableció en el Decreto de 19 de febrero de 1942. Otras disposiciones importantes fueron la Orden de 14 de julio de 1951 y la de 28 de marzo de 1955 sobre servicios por Agencias de Viajes, la Orden de 26 de febrero de 1963 que desarrollaba el Decreto 735/1962 y la Orden de 12 de abril de 1966 por la que se regulaba la actividad de mayoristas de Agencias de Viajes. En 1979 se promulgó una nueva normativa basada en el Decreto 1524/1973, de 7 de junio, desarrollado por la Orden de 9 de agosto de 1974. Finalmente, por Orden de 8 de mayo de 1978 de reorganizó la composición de la comisión mixta de vigilancia de las Agencias de Viajes. Todas estas disposiciones han sido expresamente derogadas.
ARTICULO ÚNICO Se aprueban las normas reguladoras de las Agencias de Viajes y de sus actividades que se insertan ajenas a la presente disposición. DISPOSICIÓN ADICIONAL No obstante lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, las Agencias de Viajes que, con anterioridad a la entrada en vigor de las Normas Reguladoras, tenían como objeto social el ejercicio de otras actividades turísticas, aparte el propio de la actividad de la Agencia, podrán seguir actuando como tales Agencias de Viajes, sin que les alcance la obligación impuesta en el segundo párrafo del apartado a) del articulo 5.º de las Normas Reguladoras. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. 1. Las Agencias de Viajes con título-licencia en vigor deberán, en el plazo máximo de dos años, adecuar y regularizar su situación, adaptándola de modo que den cumplimiento a todos cuantos requisitos y prescripciones se contienen en las Normas Reguladoras. A estos efectos y durante el plazo indicado, deberán presentar, ante la Administración Turística competente, documentación acreditada de haber realizado la adecuación a cada uno de los aspectos contemplados en dichas normas (capital social, fianza, póliza de seguros, etc.), de acuerdo con el grupo de Agencias de Viajes en el que desean quedar encuadradas. 2. Transcurrido el plazo indicado, se revocará de oficio el título-licencia de aquellas Agencias de Viajes que no hubieran presentado la documentación a que se hace referencia en el número anterior. Segunda. La subsistencia de las actuales dependencias auxiliares quedará condicionada a que en el plazo de dos años obtengan la autorización excepcional prevista en el articulo 10.4 de las Normas Reguladoras. Tercera. Queda suprimida la figura de delegados en calidad de agentes mandatarios de las Agencias de Viajes, que deberán cesar en su actividad en el plazo de un año. Cuarta. 1. Las Agencias de Información Turística actualmente existentes deberán, en el plazo de seis meses, solicitar su autorización como Agencias de Viajes previo cumplimiento y acreditación de los requisitos exigidos en las Normas Reguladoras. 2. En todo caso, transcurrido el plazo indicado en el número anterior, se revocarán de oficio sus licencias. Quinta. 1. A la entrada en vigor de las Normas Reguladoras se suprime el Registro Especial de Entidades no Mercantiles. 2. Las Entidades sin ánimo de lucro que hasta la fecha estuviesen inscritas en él o en Registro similar de las Comunidades Autónomas causarán baja en el mismo y deberán atenerse, en su actuación, a lo que se dispone en el artículo 36 de las Normas Reguladoras. Sexta. A partir de la entrada en vigor de las Normas Reguladoras, no se admitirán a trámite nuevas reclamaciones ante las Comisiones Mixtas de Vigilancia de las Agencias de Viajes, las cuales, sin embargo, resolverán los expedientes en curso, procediendo a la determinación administrativa de los descubiertos de las Agencias de Viajes que correspondan y elevando las propuestas competentes. Una vez resueltos todos los expedientes, la correspondiente Comisión quedará disuelta. Séptima. 1. En el plazo de un mes, por la Administración competente en cada caso, se procederá a señalar un código identificativo a cada una de las Agencias de Viajes. Dicho código constará de los dígitos alfabéticos y numéricos precisos para la determinación de la Comunidad Autonómica donde radique su sede social, y del nombre y ubicación de las Agencias, sus establecimientos y dependencias. 2. Las Agencias de Viajes existentes en la actualidad podrán continuar utilizando el número de títulos-licencia de Agencias de Viajes en lugar del código de identificación previsto en el número anterior durante el plazo de dos años. Octava. Los plazos contenidos en estas disposiciones transitorias son improrrogables y empezarán a contar a partir de la entrada en vigor de las Normas Reguladoras que aprueba esta disposición. DISPOSICIÓN FINAL La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas la Orden de 9 de agosto de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes (“Boletín Oficial del Estado” número 231, de 26 de septiembre), la Orden de 8 de mayo de 1978, por la que se reorganiza la composición de la Comisión Mixta de Vigilancia de las Agencias de Viajes (“Boletín Oficial del Estado” número 146, de 20 de junio), y cualesquiera otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente disposición. NORMAS REGULADORAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES (1) CAPITULO I De la naturaleza, actividad y clasificación 1.- 1. Tienen la consideración de Agencias de Viajes las Empresas constituidas en forma de Sociedad mercantil, Anónima o Limitada, que en posesión del título-licencia correspondiente se dedican profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la prestación de los mismos. 2. La condición legal y la denominación de Agencia de Viajes queda reservada exclusivamente a las Empresas a que se refiere el apartado anterior. Los términos “viaje” o “viajes” sólo podrán utilizarse como todo o parte del título o subtítulo que rotule sus actividades, por quienes tengan la condición legal de Agencias de Viajes, de acuerdo con las presentes normas reguladoras. 2.- 1. Son objetos o fines propios de las Agencias de Viajes los siguientes: a) La mediación en la venta de billetes o reserva de plazas en toda clase de medios de transporte, así como en la reserva de habitaciones y servicios en las Empresas turísticas y particularmente en los establecimientos hoteleros y demás alojamientos turísticos. b) La organización y venta de los denominados “paquetes turísticos”. Se entenderá a este efecto por “paquete turístico” el conjunto de servicios turísticos (manutención, transporte, alojamiento, etc.) ofertado o proyectado a solicitud del cliente, ambos a un precio global preestablecido. c) La actuación como representante de otras agencias nacionales o extranjeras para la prestación en su nombre y a la clientela de éstas de cualquiera de los servicios enumerados en el presente artículo. 2. El ejercicio de las actividades a que se refiere el apartado anterior, estará exclusivamente reservado a las Agencias de Viajes, sin perjuicio de la facultad conferida por la legislación vigente a transportistas, hoteleros y otras Empresas turísticas para contratar directamente con los clientes la prestación de sus propios servicios. 3. Además de las actividades anteriormente enumeradas, las Agencias de Viajes podrán prestar a sus clientes, en la forma señalada por la legislación vigente, los siguientes servicios: a) Información turística y difusión de material de propaganda. b) Cambio de divisas y venta y cambio de cheques de viajeros. c) Expedición y transferencia de equipajes por cualquier medio de transporte. d) Formalización de pólizas de seguro turístico, de pérdidas o deterioro de equipajes, y otras que cubran los riesgos derivados de los viajes. e) Alquiler de vehículos con o sin conductor. f) Reserva, adquisición y venta de billetes o entradas de todo tipo de espectáculos, museos y monumentos. g) Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo. h) Fletar aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de transporte para la realización de servicios turísticos propios de su actividad. i) Prestación de cualesquiera otros servicios turísticos que complementen los enumerados en el presente artículo. 4. La contratación de las Agencias de Viajes con las Empresas hoteleras y de alojamientos turísticos, transportistas y prestadoras de servicios turísticos de todo tipo, radicadas en España, se ajustará a la legislación específica en cada caso. 3.- Las Agencias de Viajes se clasifican en tres grupos: Mayoristas: son aquellas que proyectan, elaboran y organizan toda clase de servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las Agencias minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al usuario o consumidor. Minoristas: son aquellas que o bien comercializan el producto de las Agencias Mayoristas vendiéndolo directamente al usuario o consumidor, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase de servicios y paquetes turísticos directamente al usuario, no pudiendo ofrecer sus productos a otras Agencias. Mayoristas-minoristas: son aquellas que pueden simultanear las actividades de los dos grupos anteriores. CAPITULO II De la obtención y revocación de la licencia. Autorización de sucursales 4.- Los interesados en obtener el título-licencia de Agencias de Viajes podrán, como trámite previo a la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo siguiente, recabar de la Administración Turística competente un informe en relación con la concesión, a cuyo efecto deberán aportar la siguiente documentación: a) Proyecto de escritura de constitución de la Sociedad y de los Estatutos de la misma, donde consten claramente los requisitos exigidos en el artículo siguiente. b) Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial que acredite haber solicitado el nombre comercial y rótulo de establecimiento correspondiente a la denominación que pretenda adoptar la Agencia, e informe previo de antecedentes registrales expedido por el mismo Organismo. c) Estudio de viabilidad económica-financiera de la futura Empresa proyectada. 5.- El otorgamiento del título-licencia de Agencias de Viajes podrá ser solicitado de la Administración Turística competente por cualquiera de los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo, acompañando la siguiente documentación: a) Copia legalizada de la escritura de constitución de la Sociedad Mercantil Anónima o Limitada, de acuerdo con la legislación vigente y de sus Estatutos, en la que conste la inscripción en el Registro Mercantil, así como de los poderes de los solicitantes, cuando éstos no se deduzcan claramente de la escritura. En la escritura y Estatutos sociales deberá hacerse constar, de manera expresa, que el objeto único y exclusivo de la Sociedad es el ejercicio de las actividades propias de las Agencias de Viajes. Deberá igualmente constar un capital mínimo desembolsado de 30.000.000 de pesetas, para el grupo de mayoristas- minoristas, de 20.000.000 de pesetas, para el grupo de mayoristas, y de 10.000.000 de pesetas, para el grupo de minoristas. b) Póliza de seguro para afianzar el normal desarrollo de su actividad que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad, que será directa o subsidiaria, según se utilicen medios propios o no en la prestación del servicio. La póliza de seguro habrá de cubrir los tres bloques de responsabilidades siguientes: – La responsabilidad civil de la explotación del negocio. – La responsabilidad civil indirecta o subsidiaria. – La responsabilidad por daños patrimoniales primarios. Estas coberturas incluyen toda clase de siniestros: daños corporales, daños materiales y los perjuicios económicos causados. La póliza para cada bloque de responsabilidad habrá de cubrir una cuantía mínima de 25.000.000 de pesetas. La Agencia queda obligada al mantenimiento en permanente vigencia de la citada póliza. c) Copia fehaciente de los contratos debidamente cumplimentados a nombre de la Empresa o títulos suficientes que prueben la disponibilidad de la sede social y de los locales abiertos al público y de la sede social a favor de la persona jurídica que solicite la licencia. Los locales habrán de reunir las siguientes características: a. Estarán destinados única y exclusivamente al objeto o fines de las Agencias de Viajes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2. b. Estarán independizados de los locales de negocio colindantes. Excepcionalmente la Administración Turística competente podrá autorizar la actividad en locales que no cumplan este requisito, siempre que estén situados en edificios singulares destinados en su conjunto a actividades comerciales, en vestíbulos de hoteles, en recintos feriales o en estaciones y terminales de servicios públicos de transporte terrestre, marítimo o aéreo. c. Deberán estar atendidos por personal propio de la Empresa. d. En el exterior del local donde se halla instalado el establecimiento deberá figurar un rótulo donde conste claramente el nombre de la Agencia, grupo a que pertenece y su código de identificación. d) Contrato entre la Agencia y el Director. El nombramiento de Director o Directores deberá cumplir los requisitos exigidos en la normativa vigente sobre esta materia. e) Documento acreditativo de la constitución de la fianza o de la inclusión de la Agencia en el fondo de garantía en la forma y cuantía prevenidas en estas normas. f) Certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial que acredite haberse solicitado el nombre comercial y rótulo de establecimiento correspondiente a la denominación que pretenda adoptar la Agencia, e informe previo de antecedentes registrales expedido por el mismo Organismo. g) Estudio de viabilidad económico-financiera de la Empresa proyectada. 6.- A la vista de la documentación la Administración Turística competente resolverá sobre la solicitud presentada. La resolución por la que se concede el título-licencia habrá de indicar el grupo al que pertenece la Agencia y su código de identificación. Si la resolución es denegatoria, ésta habrá de ser motivada y podrá ser recurrida en vía administrativa. 7.- Otorgado el título-licencia, y a partir de la fecha de concesión de la misma, la Agencia habrá de realizar las actuaciones que se indican en los plazos siguientes: a) Antes de iniciar sus actividades dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de Hojas de Reclamaciones y Libro de Inspección. b) En el plazo de un mes, iniciar las actividades y presentar copia del alta de la Licencia Fiscal en el epígrafe que corresponda. c) En el plazo de un año, presentar documentación acreditativa de la concesión por el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial y del rótulo de establecimiento. Si en el plazo indicado en el párrafo anterior no hubiera recaído resolución, deberá presentar certificación expedida por el Registro de la Propiedad Industrial acreditativa de la situación de los expedientes. La presentación de esta certificación prorrogará por períodos anuales el plazo señalado en el primer párrafo. Si el nombre comercial y rótulo del establecimiento no fuera concedido por el Registro de la Propiedad Industrial, en el plazo de un mes a contar desde que la denegación sea firme, deberá solicitar de la Administración Turística competente el cambio de denominación de la Agencia y presentar la documentación exigida en el presente artículo, en relación con la nueva denominación. A partir de la presentación de la documentación citada en el párrafo anterior empezará a contar nuevamente los plazos señalados en el presente artículo. 8.- Cualquier modificación de los Estatutos sociales en sus aspectos sustantivos, designación o sustitución de representantes de la Sociedad, modificación del capital social, cambio de denominación social o domicilio, deberá ser comunicada a la Administración Turística competente, en el plazo de un mes de haberse producido, mediante la oportuna documentación acreditativa. En el mismo plazo habrá de comunicarse el cambio de Directores y de locales, este último deberá ser autorizado por la Administración turística competente. 9.- En el caso de que las Agencias deseen utilizar en el desarrollo de sus actividades una marca comercial diferente de su nombre, deberán comunicarlo previamente a la Administración Turística competente, acompañando la correspondiente certificación registral, y cuando se utilice ésta deberá colocarse al lado el código identificativo y nombre de la Agencia de Viajes. 10.- 1. Cuando una Agencia desee abrir establecimientos deberá solicitar, para cada uno, la oportuna autorización ante la Administración Turística competente, acompañando los requisitos exigidos en los apartados c) y d) del artículo 5º. 2. De acuerdo con el número de establecimientos ya autorizados, habrá de acreditar, en su caso, haber incrementado en la cantidad que corresponde la fianza prevista en el artículo 15 de las presentes normas. 3. En la autorización de establecimientos se estará a lo establecido en el artículo 6º. 4. Excepcionalmente podrá, asimismo, autorizarse la apertura de dependencias auxiliares, que tendrán la consideración de accesorias de un establecimiento, sin que les sea exigible lo preceptuado a efectos de fianza en el artículo 15.2 de estas normas. 11.- La revocación del título-licencia de Agencias de Viajes se hará mediante resolución motivada, previa tramitación del correspondiente expediente, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo. Dicha resolución podrá ser recurrida en vía administrativa. 12.- Podrán ser causa de revocación del título-licencia de Agencias de Viajes: a) Todas las previstas en el Ordenamiento Jurídico español para la extinción de Sociedades Mercantiles. b) La no realización de las actuaciones previstas en los artículos 7º, 8º y 9º, dentro de los plazos previstos. c) La no reposición de la garantía en la cuantía y plazo previsto en el artículo 15. d) La reducción del capital social por debajo de los importes indicados en el artículo 5º, a). e) El no mantenimiento de la vigencia de la póliza de Seguro prevista en el artículo 5º, b). f) La no actividad comprobada de la Agencia durante un año continuado sin causa justificada.
CAPITULO III De las Agencias de Viajes extranjeras 13.- 1. Las Agencias de Viajes extranjeras podrán: a) Encomendar su representación con carácter permanente o simplemente para actos concretos a una o más Agencias de Viajes españolas. Cuando la representación sea otorgada con carácter permanente a una Agencia de Viajes española, ésta viene obligada a acreditarlo ante la Administración Turística competente. b) Contratar directamente plazas de alojamiento y otros servicios turísticos c) Establecer una o varias Delegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente, con el exclusivo objeto de atender a sus clientes en el exterior. 2. Estas facultades se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa derivada de las obligaciones internacionales asumidas por España. 14.- 1. El título-licencia para la apertura de las Delegaciones de Agencias de Viajes extranjeras será otorgado por la Administración turística competente, previa solicitud de la Agencia interesada. 2. Las Agencias de Viajes extranjeras que deseen abrir una de las citadas Delegaciones, además de someterse a la legislación que les afecte como Empresa, deberán presentar la siguiente documentación: a) Certificación acreditativa de la existencia legal de la Agencia de Viajes extranjera, e informes de su solvencia económica y profesional, visados todos ellos por la representación diplomática o consultar española en el país de la Agencia peticionaria. b) Contrato suscrito entre la Agencia y la persona designada como Director de cada Delegación. El nombramiento de Director deberá cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente. c) Resguardo acreditativo de la constitución de una fianza de 20.000.000 de pesetas en las condiciones previstas en el artículo siguiente. d) Documento que acredite la disponibilidad del local, de acuerdo con lo previsto en el apartado c) del artículo 5 e) Póliza de seguro en los términos señalados en el artículo 5b CAPITULO IV CAPITULO IV De las fianzas y de las Comisiones arbitrales de Agencias de Viajes 15.- 1. Las Agencias de Viajes vendrán obligadas a constituir y mantener en permanente vigencia una fianza que podrá revestir dos formas: a) Fianza individual: mediante ingreso en la Caja General de Depósitos, aval bancario, póliza de caución o títulos de emisión pública a disposición de la Administración turística competente. Estas fianzas cubrirán las cuantías siguientes: Mayoristas: 20.000.000 de pesetas. Minoristas: 10.000.000 de pesetas. Mayoristas-minoristas: 30.000.000 de pesetas. b) Fianza colectiva: mediante la inclusión voluntaria de las Agencias de Viajes, a través de las asociaciones legalmente constituidas en un fondo solidario de garantía. Las cuantías de esta fianza colectiva será del 50 por 100 de la suma de las fianzas que las Agencias de Viajes individualmente consideradas habrían de constituir de acuerdo con el apartado anterior y su importe global no podrá ser inferior a 400.000.000 de pesetas por asociación de carácter nacional o regional. Cualquier modificación de esta fianza colectiva deberá ser comunicada de inmediato a las Administraciones Turísticas competentes. Las formas de constituir esta fianza serán análogas a las señaladas para la fianza individual y estarán a disposición de la Administración o Administraciones Turísticas territorialmente competentes en razón de la sede social de las Agencias de Viajes incluidas en el fondo de garantía colectivo y en proporción al número y grupo de las mismas. 2. Estas cuantías cubrirán la apertura de seis establecimientos. Por cada nuevo establecimiento que sobrepase la cifra anterior se habrá de incrementar la fianza individual en la cantidad de 2.000.000 de pesetas o la colectiva en la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 3. Caso de ejecutarse la fianza la Agencia o asociación afectada vendrá obligada a reponerla en el plazo de quince días, hasta cubrir nuevamente la totalidad inicial de la misma. 4. La fianza no podrá ser cancelada durante la tramitación de un expediente de revocación, renuncia o baja de licencia, ni hasta después de transcurrido un año desde la resolución del correspondiente expediente sea firme. 5. La fianza quedará afecta a: a) Resolución firme en vía judicial declaratoria de responsabilidades económicas de las Agencias de Viajes derivada de la prestación de servicios al usuario o consumidor final. b) Laudo dictado por las Comisiones Arbitrales de Agencias de Viajes previstas en los artículos siguientes. 16.- Para resolver las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios en sus relaciones con las Agencias de Viajes, cada Comunidad Autónoma podrá establecer Comisiones Arbitrales con ámbitos territoriales definidos. 17.- Las Comisiones Arbitrales de Agencias de Viajes estarán integradas por un Presidente y dos Vocales. El Presidente será un representante de la Administración Turística competente y los Vocales serán designados uno por la Asociación de Consumidores y otro, por las Asociaciones o agrupaciones Empresariales del Sector de Agencias de Viajes que territorialmente corresponda. Será designado como Secretario un funcionario de la Administración Turística competente, que actuará con voz pero sin voto. 18.- Desde el momento en que se constituyan las Comisiones Arbitrales, las Agencias de Viajes, de forma individual o colectivamente a través de las Asociaciones Empresariales, podrán dirigir escritos a la Administración Turística competente, indicando su decisión de someterse voluntariamente a este régimen arbitral de solución de reclamaciones. 19.- El compromiso arbitral voluntariamente asumido por las partes implica la aceptación expresa del arbitraje como marco exclusivo para la resolución de las controversias que pudieran surgir entre las respectivas Agencias de Viajes y los usuarios o consumidores finales. 20.- 1. Las Comisiones Arbitrales de Agencias de Viajes resolverán las controversias según su leal saber y entender. 2. El laudo una vez dictado, será firme y deberá ser cumplido en sus propios términos por ambas partes. 3. Del laudo dictado se dará copia escrita a ambas partes, firmada por el Presidente y los Vocales de la Comisión Arbitral. 21.- El procedimiento de actuación de las Comisiones Arbitrales de Agencias de Viajes no estará sometido a formalidades legales especiales y responderá a los principios de concreción, celeridad y eficacia. No obstante deberá garantizarse a las partes en controversia la posibilidad de ser oídas y presentar las pruebas que estimen oportunas. CAPITULO V Del ejercicio de las actividades de las Agencias de Viajes 22.- En toda la propaganda impresa, correspondencia, documentación y publicidad realizada por una Agencia de Viajes, cualquiera que sea el medio empleado en esta, se indicará el Código de Identificación, el nombre y, en su caso, el de la marca comercial registrada, así como su dirección. 23.- Los folletos y programas editados por las Agencias de Viajes responderán a criterios de utilidad, precisión y veracidad y no podrán incluir publicidad falsa o engañosa. 24.- Al contratar con sus clientes, las Agencias de Viajes deberán informarles previamente del coste de los servicios a prestar, sobre el cual podrán exigir un depósito, no superior al 40 por 100 del coste total previsto, contra el que deberán entregar recibo o documento justificante en el que conste las cantidades recibidas a cuenta y sus conceptos. 25.- A los efectos de estas normas los tipos de contratos que se concierten entre las Agencias de Viajes y los usuarios o consumidores pueden ser: a) De “servicios sueltos”, cuando se facilitan a comisión los elementos aislados de un viaje o una estancia. b) De “paquetes turísticos”, cuando se incluyen un conjunto de servicios previamente programados y ofertado al público por un precio global o proyectados a solicitud del cliente también por un precio global. 26.- 1. En los contratos de servicios sueltos, las Agencias no podrán percibir de sus clientes más que el precio que corresponde a tales servicios, al que se podrá añadir un recargo por gastos de gestión derivados de la operación. 2. En el momento de la perfección del contrato, la Agencia de Viajes deberá entregar al usuario o consumidor los títulos, bonos, etc., correspondientes a los servicios encargados, en unión de un a factura en la que además de figurar el precio total abonado por el cliente claramente, se especifiquen separadamente el precio de cada uno de los servicios y el recargo por gastos de gestión. 27.- 1. En los contratos de paquetes turísticos de la Agencia de Viajes deberá confeccionar y poner a disposición del público el programa y oferta pertinente completa, en el que se deberá facilitar una clara y exacta información sobre destinos; duración y calendario del viaje; precio del paquete y precio estimado de las excursiones facultativas; medios de transporte, con mención de sus características y clase, así como relación de establecimientos de alojamiento, con indicación de su categoría. Contendrán también las cláusulas aplicables a posibles responsabilidades, cancelaciones y demás condiciones del viaje. 2. En el momento de la perfección del contrato entregará al usuario o consumidor los títulos o bonos de transporte, bonos de alojamiento en su caso, y demás documentos necesarios para la realización completa de los servicios incluidos en el paquete turístico, así como una factura que la habrá de figurar además del precio global del paquete una clara referencia a la oferta de que se trate, en relación con los programas que se refiere el número anterior. 28.- 1. En los paquetes turísticos de la Agencia respetará los precios a tanto alzado fijados y acordados con el cliente, que no podrán ser superiores a los que consten en los folletos de información al público. Solamente se permitirá revisión de los precios por modificaciones de las tarifas de transporte y por cambio sustanciales producidos por razón de las fluctuaciones en el tiempo de cambio de las monedas, cuando conste en el contrato el tipo de cambio aplicado en la formación del precio. 2. En todo caso, cuando la repercusión supere el 15 por 100 del precio establecido, el cliente podrá desistir del viaje con derecho a reembolso de sus pagos, con excepción de los de gestión y anulación, si los hubiere. 29.- En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito previsto en el artículo 24, pero deberá indemnizar a la Agencia en las cuantías que a continuación se indican: a) En el caso de servicios sueltos, abonará los gastos de gestión así como los de anulación debidamente justificados. b) En el caso de paquetes turísticos, abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en: el 5 por 100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez y el 25 por 100 dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo causa de fuerza mayor demostrable o acuerdo entre las partes en otro sentido. c) En el caso de que alguno de los servicios sueltos o el paquete turístico estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes. 30.- 1. Las Agencias de Viajes vienen obligadas a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados con las condiciones y características estipuladas. 2. Sólo eximirá de esta obligación la fuerza mayor o la causa suficiente. 31.- 1. A los efectos de lo establecido en el artículo anterior se considerarán causas suficientes: a) Los supuestos en que las Agencias, a pesar de actuar con la previsión y diligencia debidas, no pueden facilitar los servicios contratados por razones que no le sean imputables. b) Cuando en los viajes organizados o paquetes turísticos no se haya alcanzado el número suficiente de inscripciones, siempre que dicho número mínimo haya sido especificado en las condiciones del viaje, y que la anulación se anuncie a los viajeros al menos con diez días de antelación al de salida. 32.- Si existiera imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las condiciones pactadas, la Agencia ofrecerá al usuario la posibilidad de optar por el reembolso total de lo abonado, o su sustitución por otro de similares características en cuanto a la categoría y calidad. Si de esta sustitución, el servicio resulta de inferior categoría o calidad, la Agencia deberá reembolsar esta diferencia. 33.- 1. Si las causas indicadas en el artículo 31 o las de fuerza mayor se producen antes del inicio del viaje, impidiendo el cumplimiento de la operación, el cliente tendrá derecho al reembolso total de lo abonado, salvo los posibles gastos que, bajo esta condición, se hubieran pactado. 2. Si tales causas sobrevienen después de iniciado el viaje, la Agencia vendrá obligada a proporcionar a su cliente, en todo caso, el regreso hasta el punto de origen y a devolver las cantidades que proporcionalmente correspondan. 34.- 1. Al realizar viajes colectivos y por el tiempo de duración del mismo, las Agencias de Viajes quedan obligadas a utilizar los servicios de Informadores Turísticos debidamente titulados, a razón de un profesional hasta 10 viajeros. No habiendo informadores disponibles, podrán realizar los servicios de un Técnico de Empresas o de Empresas y Actividades Turísticas titulado y en su defecto personal cualificado de la propia Empresa. 2. En las visitas colectivas a lugares turísticos organizadas por Agencias de Viajes, éstas deberán contratar los servicios de un Guía o Guía-intérprete debidamente habilitado. 3. En la contratación y utilización de los servicios contemplados en los números anteriores, se estará a lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia. CAPITULO VI De la protección de actividades profesionales de las Agencias de Viajes: Infracciones y sanciones 35.- La realización o publicidad por cualquier medio de difusión de las actividades mercantiles propias de las Agencias de Viajes sin estar en posesión de la correspondiente licencia será considerada intrusión profesional y sancionada administrativamente, iniciándose el correspondiente expediente de oficio o a instancia de parte. 36.- 1. Las personas físicas o jurídicas, Instituciones, Organismos y entidades de cualquier orden, tanto públicas como privadas, que oferten al público la realización de viajes, habrán de hacerlo a través de una Agencia de Viajes legalmente constituida. 2. Podrán, no obstante realizar la organización de viajes aquellas Entidades, Asociaciones o Instituciones y Organismos que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) Que se efectúen sin ánimo de lucro. b) Que vayan dirigidos única y exclusivamente a sus miembro y no al público en general. c) Que no utilicen medios publicitarios para su promoción ni sean de general conocimiento. d) Que se realicen de forma ocasional y esporádica. e) Que se organicen sin apoyatura administrativa o de personal específica para la organización de tales viajes. 3. Excepcionalmente, la Administración Turística competente podrá autorizar a determinados Organismos Públicos la organización y promoción de viajes sin ánimo de lucro, en función de acuerdos de su participación en Organismos Internacionales que exijan esta condición. 37.- Las infracciones que se cometan contra lo preceptuado en estas normas y cualquier otra que sea de aplicación, dará lugar a la correspondiente responsabilidad administrativa, que se hará efectiva mediante la imposición de alguna o varias de las sanciones establecidas en la normativa vigente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.