Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-423-de-julio-10-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f3bad30a8cef00b4e0430a01015100b4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-18 16:50:25
Document Index: 29385001

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 69', 'artículo 19', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 67', 'artículo 13', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 356', 'artículo 13', 'artículo 183', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 14', 'artículo 38', 'artículo 21', 'artículo 69', 'artículo 36', 'artículo 67', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 19', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 20', 'Artículo 13']

SENTENCIA T-423 DE 10 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO FUNDAMENTAL EN CONSIDERACIÓN A QUE TIENE UNA ÍNTIMA RELACIÓN CON DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, POR ELLO EL ESTADO DEBE PROPENDER POR DIVERSAS ACTIVIDADES AFIRMATIVAS QUE CONLLEVEN A SU REALIZACIÓN. NO OBSTANTE, ESTE DERECHO EL CUAL TIENE COMO NÚCLEO ESENCIAL LA PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO, TIENE COMO LIMITANTE LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DEBEN PROPENDER POR UNA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO DE TODOS LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, DE LOS CUALES SON TITULARES LOS ESTUDIANTESPOR CONSIGUIENTE, LAS MEDIDAS QUE PROPENDAN POR LA CANCELACIÓN DE UN PERIODO ACADÉMICO Y COMO CONSECUENCIA EL NO RETORNO DE DINEROS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA, COARTAN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OTROS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES, AL OBLIGAR A HACER UN DOBLE PAGO POR UN MISMO PERIODO ACADÉMICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHO DE ASOCIACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, HUELGA, ESTUDIANTE, EDUCACIÓN SUPERIOR, DEBERES SOCIALES, ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL, MATRÍCULA UNIVERSITARIA
Senencia T-423 de julio 10 de 2013
Ref.: Expedientes T-3.816.804, T-3.818.340, T-3.816.807, T-3.822.679, T-3.822676, T-3.822.677, T-3.816.813, T-3.816.808, T-3.816.810, T-3.816.809, T-3.816.811, T-3.822.678, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.827.727, T-3.827.698, T-3.823.729, T-3.821.992, T-3.822.675, T-3.828.681 (Acumulados).
Demandantes: Luis Carlos Caicedo, Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres, Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Carlos Alberto Gamboa Álvarez, Aura Cecilia Angulo, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Doris María Palacios Salas, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Estefany Riascos Contreras, Adolfo Alzamora Caicedo, Elí Mina Cuero.
Demandado: Universidad del Pacífico
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio y Nilson Elías Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
En la revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.822.679, T-3.822.677 y T-3.822.678, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, dentro del Expediente T-3.818.340, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T- 3.816.804, T-3.816.807, T- 3.816.813, T-3.816.808, T-3.816.810, T- 3.816.809, T-3.816.811, T-3.816.805 y T-3.816.806, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.827.698 y T-3.823.729, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura, dentro del Expediente T-3.827.727, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.821.992 y T-3.828.681 y, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.822.676 y T-3.822.675 en el trámite de las acciones de tutela promovidas por las y los ciudadanos Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo, respectivamente.
I. Acumulación de expedientes.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Tres de la Corte Constitucional, mediante Auto del veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), decidió seleccionar para revisión los expedientes de tutela número T-3.816.804, T-3.818.340, T-3.816.807, T-3.822.679, T-3.822.676, T-3.822.677, T-3.816.813, T-3.816.808, T-3.816.810, T-3.816.809, T-3.816.811, T-3.822.678, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.827.727, T-3.827.698, T-3.823.729, T-3.821.992, T-3.822.675, T-3.828.681, correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas.
En consideración a que los expedientes señalados anteriormente abordan idéntica temática y se dirigen contra la misma entidad demandada, cual es la relacionada con la posible vulneración del derecho fundamental a la educación, en virtud de la cancelación por parte del consejo directivo de la Universidad del Pacífico, del segundo semestre del año 2012 por haber entrado los estudiantes en asamblea permanente, sin tenerles en cuenta lo pagado deduciéndolo del valor de la matrícula del siguiente semestre o devolverles el dinero, en el citado auto, la Sala de Selección correspondiente ordenó acumularlos para que fueran fallados en una misma providencia.
Las demandas se dirigen a obtener la protección del derecho fundamental a la educación el cual, afirman, ha sido desconocido por la Universidad del Pacífico, por cuanto en el segundo semestre de 2012 los estudiantes de dicha institución entraron en asamblea permanente y luego de tratar de llegar a acuerdos, sin lograrlo, el consejo directivo de dicho claustro tomó la determinación de cancelarlo sin derecho a devolverles lo pagado por este o al menos tener en cuenta la suma respectiva como parte de pago de la matrícula del primer período lectivo de 2013.
La situación fáctica fundamento de la acción es la que a continuación se expone:
3.1. Los estudiantes de la Universidad del Pacífico, de diferentes programas académicos, se matricularon para cursar el segundo semestre de 2012. No obstante, en la segunda semana de dicho período académico, los representantes del alumnado hicieron un llamado para entrar en “asamblea permanente” debido a irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la institución. Decisión que fue apoyada por la mayoría de los educandos.
3.2. En el mes de septiembre el rector solicitó la presencia de los estudiantes en las aulas de clase para reanudar las actividades y de esta manera continuar con el calendario académico. Sin embargo, a dicha convocatoria acudieron muy pocos de ellos.
3.3. En consecuencia el 30 de octubre de 2012, en vista de no haber llegado a ningún acuerdo con los estudiantes, el consejo académico de la Universidad del Pacífico, decidió que “... 4. A raíz de los continuos llamados a la normalidad académica, los manifestantes decidieron finalizar la asamblea permanente y declararse en paro indefinido y que seguirán con la toma a las instalaciones administrativas impidiendo que la universidad en condición de entidad estatal desarrolle sus actividades legales y normativas, a pesar que la defensoría delegada para los derechos humanos, secretaria de gobierno y Policía Nacional, advierten que su actuar es ilegal. Además que en un actuar de vandalismo pintaron con grafitis ofensivos el campus universitario, e hicieron daños en las diferentes sedes.
.... 9. Que el rector, el Consejo Superior y este consejo, mantuvo abierto el diálogo con los representantes estudiantiles a través de diversas reuniones en las que se recogieron inquietudes, algunas de las cuales no son competencia de la universidad.
10. Que el consejo académico a través de un comunicado expedido el 10 de octubre, manifestó que si el día 16 del presente, no se retomaban clases, era inviable recuperar el tiempo transcurrido en el próximo año, razón por la cual recomendó cancelar el semestre académico del periodo 2012-2.
11. Que los manifestantes continúan en su actitud de no levantar el paro, y los estudiantes que son mayoría y no están en el paro, a pesar del panorama de clausura del semestre, mantienen una actitud pasiva y no se presentan a las aulas de clase.
... 13. Que el día 22 de octubre el consejo académico sesionó extraordinariamente, para atender y evaluar las garantías solicitadas por los estudiantes representantes del paro para retornar a clases, las cuales fueron acogidas y otorgadas por este consejo.
14. Que a pesar de haberse dado las garantías y llegado a un acuerdo concertado con los líderes estudiantiles del paro, sobre las peticiones presentadas por ellos, como resultado al cumplimiento de la directriz del consejo superior de avanzar en la concertación de las peticiones de índole administrativo y estableciendo como fecha límite el día miércoles 24 de octubre los representantes del paro manifiestan su negativa de retornar a clases.
15. Que ante la interrupción al desarrollo de la actividad formativa, la permanente actitud de intransigencia y de desconocimiento de las decisiones legales y legítimas de las autoridades universitarias, por parte de los manifestantes, se evidencia la falta de condiciones apropiadas para la reanudación exitosa del segundo semestre académico del año 2012”.
En consecuencia, acordó cancelar las actividades académicas del segundo periodo del año 2012 que requieren presencia de estudiantes para su realización, así como las matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres de la Universidad del Pacífico para el mismo periodo académico.
3.4. La cancelación del período académico 2012-2, tuvo repercusión en el dinero pagado por los estudiantes por concepto de matrícula, que el consejo directivo dispuso no devolver por no configurarse ninguna de las situaciones que así lo permitían conforme al artículo 38 del estatuto estudiantil.
3.5. En consecuencia, varios estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad del Pacífico y que se relacionarán a continuación, invocaron el mecanismo de protección constitucional, con el fin de salvaguardar su derecho fundamental a la educación, el cual ven violentado por la institución demandada al no reintegrar o tener en cuenta para el siguiente periodo lectivo los dineros pagados por concepto de matrícula, pues son personas de escasos ingresos y no les es tan fácil obtener los recursos para solventar sus estudios y, por el contrario, se les está obligando a pagar, para continuar sus programas, una nueva matrícula con valor actualizado para el año 2013.
A continuación se relacionarán los estudiantes que interpusieron la presente acción, así como los programas académicos que se encuentran cursando, el valor que pagaron por concepto de matrícula para el año 2012-2 y el que deben pagar para el año 2013-1.
Radicado Estudiante Programa académico Matrícula 2012 Matrícula 2013
T-3.828.681 Elí Mina Cuero Ingeniería de Sistemas $ 122.500 $ 271.400
T-3.822.675 Adolfo Alzamora Caicedo Tecnología en informática $ 292.500 $ 300.500
T-3.821.992 Estefany Riascos Contreras Arquitectura $ 292.600 $ 300.600
T-3.823.729 Charlie Riascos Salcedo Tecnología en informática $ 292.600 No lo señala
T-3.827.698 Deivi Antonio Gamboa Hernández Tecnología en informática $ 488.000 $ 489.900
T-3.827.727 Yandra Stheyner Quiñónez Tecnología en informática $ 264.300 $ 271.600
T-3.816.806 Julio César Vidal Mina Tecnología en informática $ 434.200 No lo señala
T-3.816.805 Yucelly Vente Campaz Sociología $ 264.200 264.200
T-3.822.678 Doris María Palacio Salas Tecnología en acuicultura $ 320.000 $ 329.600
T-3.816.811 Héctor Fabio Montaño Tecnología en informática $ 275.600 $ 271.500
T-3.816.809 Danny Stiven Torres Moreno Tecnología en informática $ 264.300 $ 271.600
T-3.816.810 Miverr Andrés Mina Grueso Tecnología en informática $ 303.900 No lo señala
T-3.816.808 José Yessi Rodríguez Padilla Tecnología en agronomía $ 292.500 $ 271.600
T-3.816.813 Jerry Andrés Mosquera Minotta Tecnología en informática $ 304.000 $ 300.600
T-3.822.677 Aura Cecilia Angulo Angulo Tecnología en informática $ 348.500 No lo señala
T-3.822.676 Carlos Alberto Gamboa Álvarez Tecnología en informática $ 488.000 $ 489.900
T-3.822.679 Leidy Tatiana Montaño Mosquera Tecnología en informática $ 434.300 $ 446.300
T-3.816.807 Astrid Yulieth Martínez Torres Tecnología en informática $ 303.900 $ 329.700
T-3.818.340 Yasmín Olave Valencia Sociología $ 264.300 $ 271.600
T-3.816.804 Luis Carlos Caicedo Sociología $ 292.600 $ 300.700
Los estudiantes de la Universidad del Pacífico que acuden a la acción de tutela solicitan la protección de su derecho fundamental a la educación, que estiman violado, toda vez que la entidad accionada, al no tenerles en cuenta lo pagado por concepto de matrícula en el segundo semestre del año 2012, en el valor que deben cubrir por el mismo concepto respecto del primer semestre de 2013, hace nugatorio el permanecer en los respectivos programas académicos, por lo que solicitan le sea ordenado a la institución universitaria que reconozca, como parte de la matrícula del primer semestre del año 2013, el 100% de lo pagado por ese mismo concepto durante el semestre que se canceló y que deben repetir.
Como las pruebas que fueron allegadas dentro de los procesos de tutela coinciden, cabe relacionarlas así:
— Copia de las cédulas de ciudadanía de los estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo.
— Copia de los recibos de matrícula del año 2012-2 en los respectivos programas académicos cursados por los estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo, en los que se evidencia el valor cancelado por los mismo en dicho periodo.
— Copia de los recibos de matrícula del periodo 2013-1 en los respectivos programas académicos de los alumnos Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo.
— Copia del Acuerdo 001 de 2012, por medio del cual se cancela el segundo periodo académico de 2012.
— Copia de las peticiones e inquietudes de los estudiantes de la Universidad del Pacífico formuladas al Consejo Académico dentro de la asamblea permanente.
— Copia de las respuestas a las peticiones e inquietudes formuladas por los estudiantes y garantías dadas por el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico a estos.
— Copia de la Resolución Rectorial 002 del 5 de febrero de 2013, mediante la cual se otorga un subsidio equivalente al 70% de la matrícula básica para el primer período del 2013, a los estudiantes regulares y estudiantes de cursos libres de la Universidad del Pacífico que estuvieron matriculados en el período académico 2012-2.
— Dentro del expediente T-3.822.677 obra copia de carta enviada al rector de la Universidad del Pacífico por los representantes y voceros estudiantiles, mediante la cual se insta a la institución para que cumpla con los compromisos adquiridos. Adjunto se anexa el documento en el cual constan los acuerdos asumidos por la entidad educativa con los respectivos plazos de ejecución.
Con el propósito de conformar debidamente el contradictorio, cada una de las autoridades judiciales que conocieron de las acciones de tutela resolvieron admitirlas y ordenaron ponerlas en conocimiento de la entidad accionada, así como del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico (exps. T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813), del Ministerio de Educación Nacional (exps. T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813, T-3.822.677, T-3.822.678, T-3.822.679, T-3.827698, T-3.823729) y del Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, así como de la Secretaría de Educación Departamental (Exps. T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813, T-3.822.677, T-3.822.678, T-3.822.679), para efectos de que se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteados en ellas.
Dentro del término otorgado para ejercer el derecho de defensa, la Universidad del Pacífico y el Ministerio de Educación Nacional dieron respuesta a los requerimientos judiciales, mediante escritos separados que contienen los mismos argumentos. Por esa razón, y con fines prácticos, se realizará un solo recuento de lo allí expuesto.
6.1. Universidad del Pacífico.
El rector de la Universidad del Pacífico en calidad de representante de la institución, dio respuesta a las acciones de tutela interpuestas por los estudiantes Luis Carlos Caicedo, Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres, Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Carlos Alberto Gamboa Álvarez, Aura Cecilia Angulo Angulo, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Doris María Palacios Salas, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Estefany Riascos Contreras, Adolfo Alzamora Caicedo, Elí Mina Cuero, respectivamente.
En su defensa expuso que el 12 de septiembre de 2012 un grupo de estudiantes se tomó las instalaciones de la universidad impidiendo que se realizaran las actividades académicas y se declaró en paro indefinido. A partir de ese momento, la universidad buscó las alternativas para entrar en diálogo con los alumnos, los cuales se encontraban reticentes. No obstante, con la intervención de varios actores, se logró realizar una mesa de concertación con el objetivo de retornar a la normalidad académica.
Resaltó que la Universidad del Pacífico desde sus tres órganos de dirección, como el Consejo Superior, el Consejo Académico y la Rectoría, realizó siete (7) llamados a la comunidad estudiantil solicitando el regreso a clases, oportunidades en las que se les comunicó las consecuencias de su no comparecencia a las aulas, como la cancelación del semestre y el no retorno de los dineros pagados por concepto de matrícula.
Ante dicho panorama, se realizó una tarea de concertación con los líderes del movimiento estudiantil, quienes presentaron un pliego de condiciones y unas garantías para retornar a clases, las cuales, a pesar de ser acordadas y concedidas por parte de la rectoría y el consejo académico, la asamblea estudiantil decidió continuar en paro indefinido.
Como consecuencia de la decisión adoptada por los estudiantes, el consejo académico tomó la decisión de cancelar el semestre académico debido a la no comparecencia del estudiantado a clases. Al respecto dicho órgano precisó:
“1. Que el artículo 14 del reglamento estudiantil de la institución establece: ‘la matrícula da derecho a cursar el programa de formación elegido por el estudiante en el periodo académico correspondiente...’ es decir, que el valor pagado por los estudiantes por concepto de matrícula les permite cursar el periodo al cual se matricularon.
2. Ante esta situación, dicho pago cobija el periodo 2012-2, comprendido entre agosto y diciembre de 2012.
3. Que el mismo estatuto en su artículo 38, establece en qué casos es viable la devolución de dineros de matrícula y en ninguno de sus literales contempla la devolución de dicho pago por concepto de cancelación del periodo académico.
4. Bajo estas circunstancias, estatutariamente no es viable retornar los dineros por concepto de matrícula”.
Manifestó que en ningún momento hubo un enriquecimiento sin causa por parte de la universidad que representa, pues tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en su jurisprudencia, esta figura no tiene aplicación “cuando el empobrecimiento tiene por causa el hecho exclusivo del sujeto que lo padece, pues en estos casos debe soportar las consecuencias de sus acciones u omisiones, como lo impone la máxima según la cual a nadie le es dable alegar su culpa en beneficio propio”(2).
En consecuencia, a pesar de que la universidad realizó varios llamados para que se normalizara la situación académica y, así mismo, estuvo presta a brindar el servicio educativo, atendiendo incluso, las garantías solicitadas por los manifestantes, los estudiantes, a través de sus representantes manifestaron su negativa de retornar a clases, razón por la que la universidad se vio obligada a cancelar el período académico, situación que libera a la institución de toda responsabilidad, pues su actuación no fue arbitraria y, por el contrario, la medida se tomó para salvaguardar el patrimonio y la estabilidad institucional.
Precisó que “los dineros del recaudo de matrícula, una vez ingresan al patrimonio de la universidad, automáticamente se transforman en dineros públicos, los cuales entran a apalancar gastos en que se compromete la institución, que se deben ejecutar en la vigencia fiscal correspondiente, es decir, el año 2012. Disponer de los recursos para la devolución o reembolso de dineros de matrícula, por cancelación del periodo académico a particulares, configura sanciones de índole disciplinaria, fiscales y penales, tales como indebida destinación de recurso públicos, prevaricato, entre otro”.
Además, la Universidad del Pacífico es un ente que goza de autonomía universitaria, por lo que en función de esta expide reglamentos que enmarcan su actividad. En ese sentido los estatutos de la institución, no pueden insinuar que cuando los estudiantes, transcurrido el inicio del semestre, entren en paro indefinido que conlleve la cancelación del período académico, se les deba retornar el dinero, pues tal disposición vulneraría la facultad del ente de ser autónomo, así mismo, dicha situación no es imputable a las directivas de la universidad y esta no puede salir lesionada por el actuar irresponsable y omisivo de los estudiantes.
Ante la situación presentada dentro del campus, la universidad respetó el derecho a la educación de los estudiantes en tanto el pago del valor de la matrícula del período 2012-2, cubrió ese período académico, en el que la institución ejecutó unos gastos y fueron los mismos estudiantes los que decidieron no terminar este periodo, reiterando que por parte del ente académico “se brindaron todas las garantías para retornar a clases y por capricho de los mismos se toma esa decisión que perjudica no solo a los estudiantes sino a la universidad en general”.
Por último, afirmó que “a nadie le es dado sacar beneficio de su propia culpa y el estudiantado debe ser responsable de sus actuaciones, sea por acción u omisión, al no hacer uso del derecho a la educación que la universidad insistentemente ofertó”. Derecho que, en su opinión, exige obligaciones de ambas partes, por parte de la universidad, la de brindar el servicio educativo y, por parte del estudiante, la de recibir conocimiento cumpliendo compromisos académicos y administrativos.
6.2. Ministerio de Educación Nacional.
Mediante escritos allegados oportunamente a los procesos T-3.822.677, T-3.822.678, T-3.822.679, T-3.827.698 y T-3.823.729, el Ministerio de Educación Nacional manifestó su oposición a las acciones de tutela formuladas. En las demás, no obstante que fue vinculado por el respectivo ente judicial, guardó silencio.
Dentro del escrito presentado por esta entidad solicita se le desvincule de las acciones de tutela, bajo los siguientes argumentos:
En primer lugar, resaltó que en desarrollo de la autonomía universitaria garantizada por el artículo 69 de la Constitución Política y por la Ley 30 de 1992, se faculta a las universidades para darse y modificar sus estatutos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Conforme con lo mencionado, las universidades ejercen su autonomía diseñando las reglas y los principios a las cuales se han de someter los miembros de la comunidad académica, potestad que se extiende a la configuración de las consecuencias que acarreará su incumplimiento.
No obstante, la autonomía de los entes universitarios no puede ser entendida como absoluta, sin límites que la regulen y racionalicen, pues esta se predica de un régimen democrático y constitucional.
En segundo lugar, relacionado con el principio de la autonomía universitaria, se refirió al reglamento estudiantil, el cual debe definir lo concerniente a las matrículas, específicamente sobre el pago, devoluciones y sanciones frente al incumplimiento del contrato educativo. En ese orden de ideas, adujo que el proceder de la institución educativa accionada deberá estar soportado en sus disposiciones internas, las cuales justifiquen la cancelación del semestre cuando ocurran hechos como los acontecidos y legitimen a la institución para retener el 100% de lo pagado por concepto de matrícula.
Y, por último, se refirió a la función de inspección y vigilancia que dicha entidad tiene a su cargo, delegada por el presidente, la cual está encaminada al deber de velar entre otros asuntos por la calidad de la educación superior, el cumplimiento de las normas internas de las instituciones de educación superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de aprendizaje, investigación y cátedra.
En consecuencia, estima que: “cuando existen indicios de que una institución de educación superior no está cumpliendo con los fines y objetivos que como entidad prestadora del servicio educativo del nivel superior debe cumplir, con las normas que regulan la prestación de este servicio; se inicia una investigación administrativa tendiente a verificar, respetando el debido proceso a la institución implicada, los hechos que puedan evidenciar si realmente existe incumplimiento”.
De acuerdo con ello, ante el número de tutelas presentado por los estudiantes de la Universidad del Pacífico por los hechos ocurridos dentro del campus universitario, en relación con la protesta realizada por ellos y la cancelación del semestre, por parte de las autoridades educativas, se solicitó a la institución que rindiera un informe detallado sobre los hechos y las decisiones adoptadas.
En respuesta, la institución remitió una comunicación en la que expone los motivos que la llevaron a la cancelación del semestre 2012-2, de los que se desprende que ello obedeció: “a la decisión autónoma de los estudiantes de no asistir a clases desde el 12 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2012 fecha en que se adopta la decisión por parte del Consejo Académico de la Universidad, sin que se hubiere evidenciado a partir de los relatos de los estudiantes y de la institución, que se hubiere incumplido por parte de esta última su obligación de prestar el servicio de educación contratado”.
Por otra parte, en relación con la determinación de no devolver los dineros abonados por concepto de matrícula a los estudiantes, advierte que las disposiciones del reglamento estudiantil, establecen que no habrá lugar a devolución de los mismos, y que excepcionalmente procederá en algunos casos entre los cuales no se encuentra incluida la eventualidad de cancelación del período académico.
Con fundamento en lo señalado, y “habida cuenta que el acto de matrícula es ante todo un contrato o convenio educativo, en el que las partes gozan de libertad para asumir los compromisos que de este se derivan, a sabiendas que el cumplimiento del mismo supone no solo el ejercicio de derechos, sino también de obligaciones, siendo una de ellas la prestación efectiva del servicio por parte de la institución y de manera correlativa el derecho y obligación por parte del estudiante de asistir a las actividades académicas previamente programadas y dadas a conocer, la ‘subdirección de inspección y vigilancia de la educación superior determinó que solo en el caso de que pudiere comprobarse que hubo incumplimiento por parte de la institución, podrá por parte de los estudiantes alegarse el incumplimiento del contrato y en tal sentido, adelantarse las acciones correspondientes a fin de exigir la preservación de sus derechos constitucionales, legales y sobre todo contractuales”.
Las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela objeto de revisión, corresponden a los siguientes despachos judiciales: Juzgado Tercero Civil del Circuito, Juzgado Segundo Civil del Circuito, Juzgado Primero Laboral del Circuito, Juzgado Primero Civil del Circuito, Juzgado Tercero Penal del Circuito, Juzgado Segundo Laboral del Circuito y Juzgado Tercero Laboral del Circuito, todos de la ciudad de Buenaventura.
En consecuencia, a continuación, se procederá a exponer los fundamentos que los jueces dispusieron para resolver las acciones de tutela interpuesta por los estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo contra la Universidad del Pacífico, de las cuales tuvieron conocimiento respectivamente. Así, se hará un solo recuento de cada uno de ellos, pues los argumentos de los fallos proferidos dentro de los procesos de tutela, coinciden en su integridad. Ninguna de las decisiones tomadas por los respectivos jueces fue objeto de impugnación.
1. Expedientes T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813.
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, mediante Sentencias del 8 de febrero de dos mil trece (2013)(3), 11 de febrero de dos mil trece (2013)(4), 12 de febrero de dos mil trece (2013)(5) y 14 de febrero de dos mil trece (2013)(6), respectivamente negó el amparo constitucional impetrado, al considerar que los estudiantes contaban con mecanismos institucionales para quejarse de los malos manejos de la universidad y de la corrupción, que estos pretendieron combatir. Al respecto el ente judicial señaló:
“Cabe destacar que no está reglamentado de manera específica en ninguno de los acuerdos, procedimiento alguno destinado a pedir y adelantar la remoción del rector de la Universidad del Pacífico, por lo que es menester entender que cualquiera de los estamentos universitarios, entre ellos los estudiantes, están habilitados por los artículos 67,71 y 72 del Acuerdo 14 de 2005 para presentar peticiones ante las autoridades competentes de la universidad como lo indican los artículos 13 y siguientes que reglan el derecho de petición y 47 y siguientes que reglan el procedimiento administrativo sancionatorio de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, competencia que en el caso concreto de rogar la remoción del rector pertenece al Consejo Superior como lo señala el literal h) del artículo 19 del acuerdo 14 de 2005, por lo que la formación probanzas, publicidad y ejecución de las actuaciones administrativas que ese Consejo llegue a conocer, adelantar y proferir, fuere favorable o denegatoria de la remoción del rector, se sujetará ‘a las normas legales sobre la materia’ porque ‘las actuaciones administrativas de los órganos de gobierno y dirección de la universidad se rigen por el Código Contencioso Administrativo y demás normas que lo reformen, adicionen o sustituyan, en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de la institución y su régimen legal especial.
Este es el debido proceso que los estudiantes de la Universidad del Pacífico han debido seguir para denunciar ‘que existía corrupción y politiquería al interior del alma mater’ y reclamar ‘mejor calidad académica para sus pregrados’ así como la remoción del rector”.
En consideración de lo expuesto, el a quo estimó que los actos de “rebeldía y de contumacia” de los estudiantes carecen de apoyo constitucional, legal e institucional, pues el reglamento estudiantil de la Universidad del Pacífico prevé que quien se matricule a uno de los programas ofertados por la institución, adquiere “el derecho de organizarse para participar en la vida universitaria,, en el marco del respeto de la opinión ajena, la pluralidad de posiciones y análisis y del ejercicio de estos derechos en condiciones de acatamiento a los procedimientos pertinentes”, que no pueden ser, en todo caso, actuaciones de violencia o de facto.
Así las cosas, la pretensión de los estudiantes de que se les aplique el valor de la matrícula que cancelaron por el periodo académico 2012-2 al período académico 2013-1, es de contenido económico lo que hace a la acción de tutela improcedente, pues no se evidencia la violación del derecho fundamental a la educación por la circunstancia descrita.
2. Expedientes T-3.822.675 y 3.822.676.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 31 de enero de dos mil trece (2013) y del 1º de febrero(7) del mismo año, decidió conceder el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Adolfo Alzamora Caicedo y Carlos Alberto Gamboa Álvarez, y, en consecuencia, ordenó a la Universidad del Pacífico que reintegre a los mismos, el cien por ciento (100%) del valor que cancelaron por concepto de matrícula en el periodo 2- 2012, suma que deberá aplicar la institución como parte de pago de matrícula de los estudiantes en el período 1-2013, a título de indemnización en abstracto.
El a quo fundó su decisión en los siguientes argumentos:
“Cabe entonces preguntarse, si el aquí accionante incurrió en una o varias de las conductas que constituyen faltas disciplinarias graves conforme lo reglado en los artículo 75 y 77 del Acuerdo 29 de 2006 reglamento estudiantil de la Universidad del Pacífico y de ser afirmativa la respuesta, debió la universidad imponerle la sanción de cancelación de la matrícula (u otra) prevista en el artículo 76 ibídem, entendiendo, a la luz del mismo reglamento estudiantil, que la cancelación de la matrícula es una sanción aplicable al estudiantes que haya cometido una falta grave o que teniendo matrícula condicional incumpla con alguna obligación contraída, y la impone el rector, previo concepto del consejo académico e inhabilita al estudiante para continuar sus estudios por un período máximo de dos (2) años.
Tal parecer que en el sentir de las directivas de la Universidad del Pacífico la respuesta sería afirmativa, ya que tal razonamiento fue el que dio lugar a la generación e implementación o consumación del Acuerdo 1 de 2012, sin percatarse que tal actuar del ente universitario vulnera ostensiblemente el derecho constitucional al debido proceso del estudiante.
(...) En lo referente al primero de los aspectos señalados, debe enfatizarse que toda imposición de sanciones, inclusive en los centros docentes, debe estar precedida de la realización de un procedimiento donde se permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción.
(...) La Universidad del Pacífico en uso de la autonomía universitaria, mediante Acuerdo 1 del 30 de octubre de 2012 canceló las actividades académicas del período 2-2012, que requieren presencia de los estudiantes; canceló las matrículas de los alumnos regulares y de cursos libres de esa universidad; la cancelación de la matrícula conforme el reglamento estudiantil (lit. d, art. 76) es una sanción que impone el rector, previo concepto del consejo académico, por incurrir el alumno en una falta grave (art. 77), que además de inhabilitar al estudiante para continuar sus estudios por un período hasta de dos años, le genera la pérdida de los derechos económicos cancelados por concepto de matrícula (art. 38), empero, no se arribó a este trámite prueba alguna que dé lugar a inequívocamente soportar el haber preservado el derecho al debido proceso del estudiante accionante por parte de la Universidad del Pacífico; esto es, se le vulneró el derecho a que se le oiga y se examinen y evalúen las pruebas que obran en su contra y también las que constan a su favor”.
En razón de lo expuesto, el a quo declaró la nulidad del Acuerdo 001 del 30 de octubre de 2012, por medio del cual se canceló el semestre 2-2012 proferido por el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico, dentro de los procesos en que tuvo conocimiento, al considerarlo trasgresor de los principios de legalidad y tipicidad.
3. Expedientes T-3.828.681 y T-3.821.992.
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 4 de febrero de dos mil trece (2013), negó el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Estefany Riascos Contreras y Elí Mina Cuero, por considerar que no fue transgredido, toda vez que el mencionado derecho ostenta también la calidad de deber en el sentido de que quien funge como estudiante debe asistir al claustro universitario para recibir la formación académica que brinda la institución, en consecuencia, no se puede hablar de la vulneración de un derecho si el estudiante no cumple con asistir a las clases programadas.
Por otro lado, estimó que los estudiantes cuentan con otros mecanismos de defensa, como las acciones que prevé la jurisdicción contencioso administrativa, pues lo que se demanda es un acto administrativo, siendo esta la vía idónea para pronunciarse sobre su legalidad y no la acción de tutela. Así mismo, el a quo observó que la institución universitaria expidió el acto administrativo el 30 de octubre de 2012, sin embargo, las acciones de tutela solo se presentaron en enero de 2013, es decir, más de dos (2) meses después de la expedición del mencionado acuerdo, razón por la que considera que no se cumple con el requisito de la inmediatez.
4. Expediente T-3.827.727.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura mediante sentencia del 14 de febrero de dos mil trece (2013) declaró improcedente la presente acción, negando, en consecuencia, el amparo del derecho fundamental a la educación de Yandra Stheyner Quiñónez Casquete.
El a quo, encontró que la negativa por parte de las directivas del establecimiento educativo de reembolsar el dinero, no podía considerarse como un acto arbitrario, toda vez que durante el paro estudiantil, la institución siempre estuvo presta a dialogar y a solucionar las diferencias planteadas por los estudiantes. No obstante, estos desestimaron las propuestas elevadas por la universidad, sin considerar las probables repercusiones que ello ocasionaría y “se empecinaron en mantener vigente el paro”.
El juez estimó, que lo que pretende la accionante es el reembolso del dinero que pagó por concepto de matrícula, pretensión que no es procedente por el mecanismo de amparo constitucional, pues esta acción está concebida para la protección de los derechos fundamentales, y escapa al ámbito meramente económico. Para ello, concluyó, debe acudir a la jurisdicción pertinente y no al juez constitucional.
5. Expediente T-3.818.340.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura mediante sentencia del 30 de enero de dos mil trece (2013) negó el amparo del derecho fundamental a la educación de Yasmín Olave Valencia, por cuanto consideró que en ejercicio de la autonomía universitaria, la Universidad del Pacífico fijó un ordenamiento al que se deben acoger los estudiantes y en el cual no se contempló la devolución de los dineros por cancelación del periodo académico a causa de paros estudiantiles.
El a quo dispuso que “al faltar a clases los alumnos, más allá del límite permitido, se tiene que no cumplieron con sus obligaciones académicas contenidas en el reglamento estudiantil, razón por la cual pueden aplicarse las sanciones establecidas en los estatutos o reglamentos de la universidad, previamente establecidos para el efecto, sin que tal hecho devenga en la desprotección exigida jurisprudencialmente para la activación de la protección especial por vía de tutela.
(...) está demostrado que debido a la posición asumida por la comunidad estudiantil de la Universidad del Pacífico, no fue posible el desarrollo normal de las actividades académicas previstas para el segundo período académico del año 2012”.
Así mismo, señaló que lo que se busca es la devolución o reintegro del dinero pagado por concepto de matrícula o que este se impute para el siguiente periodo académico, pretensión que no es posible exigir por el mecanismo de la tutela, pues para ello existen otros medios de defensa judicial, como son las acciones previstas en la jurisdicción contencioso administrativa.
6. Expedientes T-3.827.698 y T-3.823.729.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 4 de febrero de dos mil trece (2013) y del 11 de febrero del mismo año, negó por improcedente el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Charlie Riascos Salcedo y Deivi Antonio Gamboa Hernández, al establecer que entre la institución universitaria y los estudiantes se celebró un contrato de adhesión para la prestación del servicio de educación, correspondiente al período académico del segundo semestre de 2012. Así, la relación contractual que se dio entre el alumno y el ente universitario se perfeccionó en virtud del pago de la matrícula, del cual, a su vez, nacieron obligaciones para las partes, pero únicamente para el período académico contratado, esto es, el segundo semestre de ese año. En consecuencia, la relación contractual que se constituye para el año 2013 es diferente y se perfecciona con el pago que se haga para dicho período.
Señaló, que el período académico del segundo semestre de 2012 no pudo adelantarse en virtud a un paro estudiantil el cual se prolongó indefinidamente, por lo que el objeto del contrato de educación no pudo perfeccionarse. Dicho conflicto no puede ser dirimido por el juez constitucional, pues para esta clase de asuntos existen otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria a través de los cuales se puede lograr, dentro de un debate procesal más amplio, establecer si alguna de las partes ha incumplido las obligaciones emanadas del contrato.
Así mismo, concluyó que no existe una violación o amenaza de las garantías a la educación de los estudiantes que interpusieron las acciones de tutela respectivas, ni que se evidencie que se esté causando un perjuicio irremediable a los mismos por la situación descrita.
7. Expedientes T- 3.822.677, T-3.822.678 y T- 3.822.679.
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante sentencias del 31 de enero de dos mil trece (2013)(8) y del 5 de febrero del mismo año(9), negó el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas y Leidy Tatiana Montaño Mosquera, al considerar que las actoras no demostraron que por causa atribuible a la universidad se hayan suspendido las actividades académicas y, en virtud de ello, se les haya negado el acceso a clase. Por el contrario, de lo relatado por las estudiantes y por la entidad demandada, se desprende que los alumnos dejaron de cumplir con su deber al no retornar a sus estudios a pesar de los llamados que realizó la universidad para continuar con el calendario académico. Razón por la cual “ahora no pueden alegar a su favor las consecuencias que le ocasionaron su incumplimiento”.
Así mismo, el despacho judicial consideró que el Acuerdo 001 de 2012, por medio del cual se canceló el segundo semestre del año 2012, es totalmente válido y, en ningún momento, vulnerador de los derechos fundamentales de los estudiantes. Además, sostuvo que estos conocieron dicho acto, sin que hayan acudido ante la jurisdicción ordinaria a demandarlo, siendo esa la vía idónea para reclamar los intereses que ahora se demandan ante el juez constitucional, sin que este pueda pronunciarse al respecto, pues no existe, a su juicio, un perjuicio irremediable que permita su intervención.
III. Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional.
Con el fin de contar con mejores elementos de juicio para resolver el presente caso, el magistrado sustanciador, consideró pertinente recolectar ciertas pruebas, por lo que mediante auto del 10 de mayo de 2013, dispuso:
“Por Secretaría General, OFÍCIESE al rector y al consejo directivo de la Universidad del Pacífico, para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de este auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala, si se han adoptado medidas relacionadas con el pago efectuado por los estudiantes por concepto de matrícula para el periodo académico 2012-2 en los diversos programas académicos, teniendo en cuenta la cancelación del semestre respectivo, como consecuencia del paro estudiantil”.
Mediante oficio del 30 de mayo de 2013, la Secretaría General de esta corporación allegó al despacho comunicación dirigida por el rector de la Universidad del Pacífico en la cual sostuvo lo siguiente:
“Actuación de la universidad
Respetuosamente manifiesto a esta honorable Corte que la institución, ante la problemática suscitada cumplió con todos los compromisos y deberes institucionales que le permitían a los estudiantes gozar de su derecho a la educación, procediendo a citarlos para retornar a las clases y sin embargo fueron estos quienes se negaron a asistir, por tanto la cancelación de las actividades académicas no se dio por voluntad del rector, del consejo académico, ni del consejo superior, sino por la negación de los estudiantes de asistir a clases, por lo que la universidad no puede hacerse responsable del actuar negligente y omisivo de los estudiantes. Sin embargo, la universidad en búsqueda de encontrar salida a la problemática y en búsqueda de disminuir la deserción estudiantil y apoyar a los estudiantes, a través de la Resolución Rectoral 002 de 2013, ha otorgado un subsidio equivalente al 70% del valor de la matrícula a los estudiantes matriculados en el período académico 2012-2, con lo cual demuestra nuevamente su intención de concertar con los estudiantes, así como también extendió el plazo para el pago de matrículas para que los estudiantes paguen el 30% del valor que les correspondió, además de permitir la financiación de la matrícula.(sic)
Es importante precisar que más del 80% de los estudiantes de la UniPacífico, pagan en la actualidad un valor equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente, es decir la suma de $ 294.750, que aplicando el subsidio del 70% que se otorgó, pagaron $ 88.450, por concepto de matrícula básica, valor que, a su vez, puede ser financiado en 4 cuotas mensuales (sic).
En este sentido la universidad originó diversas garantías para que los estudiantes retornaran a clases, situación que afortunadamente quedó aclarada y superada y en la actualidad se cuenta con normalidad académica y un buen ambiente universitario”.
Con la comunicación trascrita, el rector de la Universidad del Pacífico adjuntó dos resoluciones, las cuales se relacionarán a continuación y su contenido se detallará posteriormente:
1. Resolución rectorial 002 del 05 de febrero de 2013, por medio de la cual se modifica el calendario académico y se otorga un subsidio en la matrícula para el período 2013-1.
2. Resolución rectorial 006 del 19 de febrero de 2013, por medio de la cual se modifica el calendario académico para el período 2013-1.
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto del 21 de marzo de 2013, proferido por la Sala de Selección de Tutelas número Tres de esta corporación.
De acuerdo con los hechos descritos por los accionantes en los diferentes procesos de tutela, le corresponde a esta Sala de Revisión establecer si la Universidad del Pacífico vulneró el derecho fundamental a la educación de los estudiantes de dicha institución educativa, en primer lugar, al haber cancelado el segundo semestre del 2012 por haber entrado los estudiantes a paro indefinido y, en segundo término, en virtud de tal hecho, no devolverles el dinero pagado por concepto de matrícula o aplicárselo a lo que debían pagar por matricularse en el siguiente período académico.
Con el objetivo de dar solución a los casos concretos, se abordarán algunos temas tratados por la jurisprudencia de esta corporación, como (i) el derecho fundamental de educación y la permanencia en el sistema educativo, (ii) el deber que tiene el Estado de establecer mecanismos para garantizar la educación superior, en especial, a personas de escasos recursos, (iii) el principio de autonomía universitaria y (iv) el derecho a la participación estudiantil.
3. Derecho fundamental de educación y permanencia en el sistema educativo. Reiteración de jurisprudencia.
La Constitución Política, en el artículo 67, dispuso que la educación es un derecho y, a la vez, un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Así mismo, dicho artículo determinó que los responsables de garantizar el servicio de la educación son, el Estado, la sociedad y la familia, el cual deberá ser obligatorio entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
“Le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”(10).
El derecho a la educación fue establecido por el constituyente dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, por tener un carácter prestacional, sin embargo, esta corporación, lo ha catalogado, desde sus inicios, como un derecho fundamental al estar íntimamente relacionado con diversos principios constitucionales de carácter esencial para las personas, tales como su propio desarrollo y crecimiento individual, cultural, intelectual e incluso, físico.
“[e]s indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 67, 68 y 69 de la Constitución Política. En este orden de ideas, en la medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona”(11).
En síntesis, la fundamentalidad del derecho a la educación se da en razón a varios argumentos como son: “i) su entidad como herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución debido a que potencia la igualdad material y de oportunidades, ii) constituye un instrumento que permite la proyección social del ser humano, iii) es un elemento dignificador de la persona humana, iv) representa un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y vi) significa un valioso medio para el desarrollo de la comunidad en general(12)”(13).
En observancia de lo que se ha venido reseñando, el Estado debe adoptar todos los medios que estén a su alcance para realizar los fines que persigue tal derecho, pues, de no hacerlo, se amenazarían, además de aquel, todos aquellos con los que se encuentra íntimamente relacionado.
Al respecto, esta Corte, a través de su jurisprudencia, ha reconocido el mandato de progresividad(14) de los derechos, el cual “impone al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (deliberadas y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y (iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a evaluar.
El mandato de progresividad, en los términos recién descritos, incorpora los principios de razonabilidad, de acuerdo con el cual no se pueden adoptar medidas que restrinjan en alguna medida los derechos constitucionales, si no obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio de proporcionalidad, con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos fundamentales alcancen la mayor efectividad posible, dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas existentes(15)”.(16).
En conclusión, al ser el derecho a la educación un derecho fundamental en razón de la íntima relación que tiene con diversos derechos fundamentales de la esencia del individuo, se deben establecer, por parte del Estado y de la sociedad, diversas acciones afirmativas que conlleven su realización. En caso de adoptarse medidas que lo limiten, estas, deben cumplir con los postulados de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
En virtud de lo anterior, es deber del Estado garantizar, no solo el acceso al sistema educativo, sino también su permanencia en el mismo, pues así lo determina el artículo 67 superior, que establece:
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo”. (Destacado fuera de texto).
El constituyente al establecer el derecho de los estudiantes a permanecer en el sistema educativo, se refirió a la posibilidad del niño, niña o joven a no ser excluido del mismo.
Al efecto esta corporación ha señalado “que el núcleo esencial del derecho a la educación reside no solo en el acceso, sino en la permanencia en el sistema educativo(17).
‘La efectividad del derecho fundamental a la educación exige que se tenga acceso a un establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se garantice la permanencia del educando en el sistema educativo’(18).
‘El núcleo esencial del derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una ‘adecuada formación’(19), así como de permanecer en el mismo’(20).
‘Corresponde entonces al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los estudiantes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo’(21).
En síntesis, la Corte ha protegido el derecho a permanecer en una institución educativa determinada, en aquellos casos en que los motivos de la exclusión del estudiante no han estado directamente relacionados con el desempeño académico y/o disciplinario del alumno, analizado dentro de los parámetros previstos en el manual de convivencia del plantel, los cuales, a su vez, tienen que haber sido concebidos bajo criterios constitucionalmente razonables”(22).
No obstante, la permanencia dentro del sistema, depende también del alumno, toda vez que la educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que exige de los estudiantes el acatamiento de los reglamentos que las instituciones educativas profieran, los cuales contienen normas de comportamiento, que, a su vez, no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar dentro de los límites constitucionales(23).
“De ahí que el incumplimiento de los deberes por parte del estudiante puede dar lugar a la toma de medidas correctivas que solo en casos muy extremos pueden terminar en la pérdida de cupo, y que correlativamente, redundan en la garantía de estabilidad y permanencia dentro de ese plantel educativo, en la medida en que el estudiante cumpla sus deberes a cabalidad”(24).
4. Deber del Estado de establecer mecanismo para garantizar la educación superior.
El artículo 67 de la Constitución Política establece que “[E]l Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”.
Del mismo modo, el artículo 28 del Código de la Infancia y la Adolescencia determina que “[L]os niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política”.
La Ley 115 de 1994(25) se encargó de regular lo concerniente al tema educativo. En ella se señalaron tres tipos de educación, la formal, la no formal y la informal.
La educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos(26). Esta contiene tres niveles(27):
1. Preescolar.
2. Educación básica, divida en dos niveles, básica primaria y básica secundaria.
En primer lugar, la educación preescolar corresponde a la ofrecida a los niños y niñas, para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Este nivel comprende, como mínimo, un (1) grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para menores de seis años de edad(28).
En segundo lugar, la educación básica obligatoria, es aquella que se encuentra constituida por nueve grados, de los cuales 5 son de básica primaria y 4 de básica secundaria. Dicho nivel se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana(29).
Luego de este tercer nivel, se encuentra el de educación superior, el cual ha sido definido por el artículo 1º de la Ley 30 de 1992, como aquel que constituye un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
Según lo establecido por la Carta Fundamental y la ley, el Estado debe garantizar el acceso al sistema educativo de manera obligatoria a los niños, niñas y adolescentes, entre los grados de preescolar y los nueve de básica, divididos entre primaria y secundaria. Así mismo, se habla en el artículo 356 de la Constitución, de la financiación de los servicios a cargo de los departamentos, distritos y municipios, el cual establece:
“(...) Los recursos del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre”.
El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en cuanto al derecho de educación, dispuso que “Los estados partes en el presente pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
De acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política, y las leyes que al efecto se han proferido sobre la materia, para el pleno goce del derecho a la educación, el Estado debe asegurar el acceso al sistema educativo en todos sus niveles, así como implementar de manera progresiva la gratuidad en los mismos.
En consecuencia, esta corporación en sentencia(30) que decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 183(31) de la Ley 115 de 1994, según el cual se faculta al Gobierno Nacional a regular lo concerniente al cobro de derechos académicos por parte de establecimiento educativos estatales, consideró que dicho precepto demandado era exequible de manera condicionada, toda vez, que “la competencia que la norma otorga al Gobierno Nacional para regular cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se aplica en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y gratuita”.
En aquella ocasión la Corte consideró:
“De acuerdo con el texto de los anteriores instrumentos internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, en armonía con la interpretación autorizada efectuada en las observaciones generales 11 y 13 del Comité DESC, existe claridad sobre la obligación de los estados de garantizar a todos el acceso gratuito en el caso de la educación primaria. En efecto, la Observación General 11 señala que el requisito de gratuidad es de carácter ‘inequívoco’ en cuanto ‘se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de enseñanza primaria gratuita para el niño’ (num. 7º). En similar sentido, la Observación General 13 contempla la gratuidad como rasgo distintivo de la educación básica primaria, al señalar que debe ser: ‘asequible a todos gratuitamente’ (num. 10), y precisa que ‘mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implementen la enseñanza secundaria y superior gratuita’ (num. 6.b. parte iii).
La gratuidad de la educación básica primaria forma así parte integrante del contenido de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia mencionados, al igual que de la doctrina de los organismos autorizados para interpretar dichos instrumentos. La gratuidad es concebida en esos referentes jurídicos como un mecanismo privilegiado para remover las barreras económicas que dificultan el acceso a la educación en este nivel. Se trata de una obligación mínima de carácter inmediato, exigible a los Estados, en tanto que el mecanismo de la progresividad está previsto para garantizar el acceso a los niveles de educación secundaria y superior.
No obstante, el carácter progresivo de estas obligaciones, el Pidesc (art. 2.1), dispone que cada uno de los Estados Parte de dicho Pacto ‘se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos’.
El mandato de progresividad, reitera la Corte(32), no justifica la inactividad del Estado. Por el contrario, le exige la obligación de actuar lo más expedita y eficazmente posible para ampliar el nivel de satisfacción de los derechos, respetando el contenido mínimo previsto en los tratados, el cual le es exigible de manera inmediata.
8.2.4. Interpretando el inciso cuarto del artículo 67 de la Constitución, de conformidad con los estándares de protección establecidos en los tratados internacionales sobre el derecho a la educación, precisa la Corte que la gratuidad es un principio que se predica del derecho a la educación pública en cualquiera de sus niveles, en la medida que se trata de un mecanismo para lograr la accesibilidad de todos a este bien social. Sin embargo, para su implantación los Estados deben adoptar diferentes estrategias: la gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata respecto de la enseñanza primaria, y progresividad en los niveles de secundaria y superior”.
En conclusión, en virtud del mandato de progresividad al que se ha comprometido Colombia, en particular frente al derecho a la educación, el Estado debe buscar las medidas necesarias para el acceso y permanencia de las personas que opten por la educación superior. En consecuencia, tal como lo establece el artículo 69 de la Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que hagan posible tal objetivo, así como los que se consideren necesarios para alcanzarlo. Frente a este punto esta corporación ha señalado:
“De los antecedentes normativos previamente reseñados se desprende que en el diseño de esos mecanismos, son aplicables todos los principios y criterios que componen el mandato de progresividad (incluidos por supuesto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad), así como los principios que orientan la adecuada prestación de los servicios públicos, reseñados en el numeral 2º de esta providencia y, en el caso concreto de la educación superior, el principio de igualdad ordena dar prioridad a la población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los recursos), y a los estudiantes con mayores méritos académicos”(33).
5. El principio de la autonomía universitaria. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 67 de la Constitución Política establece que el Estado y la sociedad son los responsables de la educación, concebida como un servicio público dotado de función social. Así mismo, con el fin de garantizar este derecho al Estado le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes.
La misma Carta, en el artículo 68, delega la prestación del servicio educativo tanto al Estado como a los particulares, los cuales podrán crear establecimientos educativos con sujeción a la ley.
En tratándose de las universidades, la Constitución les dio la potestad de ser autónomas, en el sentido de estar facultadas para darse sus propias directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley.
En desarrollo de dicho postulado constitucional, la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio de educación superior, dispuso:
“La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”(34).
En ese sentido, la misma ley, mencionó el campo de acción de dichas instituciones educativas en virtud de la mencionada potestad, así se dispuso:
“La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos:
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”(35).
Al respecto de la autonomía universitaria esta corporación ha manifestado:
“En armonía con dicha disposición, la Corte Constitucional en varias ocasiones ha determinado que la autonomía universitaria ‘encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo(36)’”(37).
En virtud de la mencionada facultad, los entes universitarios pueden establecer reglas con el fin de gobernar las relaciones dentro del ente de educación superior, no obstante, estas deben ser claras “sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción”(38).
En esa medida, las prerrogativas concedidas a las instituciones universitarias “no pueden interpretarse en el sentido de abandonar su regulación al entero poder discrecional de las universidades, pues estas facultades han de ser ejercidas dentro del marco que fija la Constitución Nacional, y en tal sentido, el orden público, el interés general, el bien común y, desde luego, el respeto por los derechos constitucionales fundamentales”(39).
6. Derecho a la libertad de expresión de los estudiantes en relación con el proceso educativo. Reiteración de jurisprudencia.
El Estado colombiano, a partir de la Constitución Política de 1991, con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, se fundó dentro de un marco jurídico democrático y participativo(40).
El artículo primero de la carta fundamental promulgó que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Igualmente, dispuso que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación(41).
Esta corporación en relación con el principio de participación democrática como uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho ha dispuesto lo siguiente:
“El principio de participación democrática expresa no solo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo.
El concepto de democracia participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional.
La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho”(42).
En ese sentido, en el escenario educativo, los estudiantes tienen el derecho de intervenir en los asuntos y decisiones tomadas en virtud de todo el proceso formativo, pues este les concierne al ostentar la calidad de beneficiarios del mismo, por lo que en los estatutos de la institución, se deben fijar los mecanismos a través de los cuales estos pueden y deben participar.
Adicionalmente a los mecanismos democráticos derivados del principio de participación, los estudiantes cuentan con la posibilidad de asociarse o reunirse para expresar sus opiniones y ser oídos en sus demandas e inconformidades. Esta posibilidad con la que cuenta se deriva del derecho fundamental de expresión contenido en la Constitución Política, así:
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”(43).
La Sentencia T-391 de 2007(44), al respecto de este derecho, puntualizó que tal como se encuentra concebido en la Carta Fundamental, tiene un sentido muy amplio y complejo, compuesto por varios derechos y libertades fundamentales. Razón por la que dicha disposición debe ser interpretada a la luz de los diferentes tratados internacionales de derechos humanos que hacen referencia a la libertad de expresión.
Al respecto se dispuso por parte de esta corporación que “para delimitar el contenido de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional y el ámbito de protección del artículo 20 Superior, es obligatorio tener en cuenta —como mínimo— el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 —artículo 19(45)—, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —artículos 19(46) y 20(47)—, la Convención Americana sobre Derechos Humanos —artículo 13(48)—, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 —artículo IV(49)—, la Convención sobre los Derechos del Niño —con sus protocolos adicionales—, la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, y la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.
A la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables, puesto que ampara siete derechos y libertades fundamentales específicos y autónomos, y establece cuatro prohibiciones especialmente cualificadas en relación con su ejercicio”(50).
En relación con lo anterior, la Corte ha definido la libertad de expresión en sentido estricto como aquel derecho que tienen las personas “a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Desde esa perspectiva puede ser entendida como una libertad negativa pues implica el derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión individual y una colectiva, pero también como una libertad positiva pues implica una capacidad de actuar por parte del titular del derecho y un ejercicio de autodeterminación(51)”.
Sin embargo, a pesar de que toda forma de expresión se presume protegida, existen unas excepciones tales como: “(a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia); (c) la pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con estricta sujeción a las definiciones fijadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para así minimizar el riesgo de que se sancionen formas de expresión legítimamente acreedoras de la protección constitucional”(52).
En esa medida, existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana protegidos por la libertad de expresión stricto sensu, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo que incide directamente sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones. Gozan de mayor grado de protección el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público, y los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse(53).
Por otro lado, existen demostraciones de la libertad de expresión que componen el ejercicio de otros derechos fundamentales, por lo tanto esta es una condición necesaria para su manifestación por lo que debe ser protegida especialmente en estos ámbitos particulares de discurso, a saber: “(a) la correspondencia y demás formas de comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos o personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la exposición de convicciones y la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social”. (Destacado fuera de texto).
A pesar de la protección que se debe dar a todo tipo de libertar de expresión, teniendo en cuenta las excepciones antes dichas, este derecho puede ser objeto de limitaciones, “posibilidad que se desprende claramente del artículo 13 de la CADH cuando señala que su ejercicio puede ser objeto de responsabilidades ulteriores fijadas por la ley y necesarias para garantizar los derechos y la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público o la moral pública. En el mismo sentido el artículo 19 del PIDCP expresamente señala que este derecho puede ser objeto de restricciones siempre y cuando estén expresamente fijadas por la ley y sean necesarias asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En todo caso las limitaciones a la libertad de expresión están sujetas a un control constitucional estricto, como ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de esta corporación”(54).
De acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia, a continuación se resolverán los casos concretos puestos a consideración. Tal como se ha venido señalando a lo largo de esta sentencia, la situación fáctica en todos es la misma, por lo que no se tratarán de manera individual, sino que la solución se impartirá al conjunto de estudiantes demandantes.
Los estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo interpusieron acción de tutela con el fin de que les sea protegido su derecho fundamental a la educación, presuntamente vulnerado por la Universidad del Pacífico, al no reconocerles el valor pagado por concepto de matrícula en el período 2012-2 o aplicárselos para el siguiente período académico, debido a la decisión que tomó el consejo directivo de la institución de cancelar el semestre, por no haber llegado a un acuerdo con los estudiantes y haber permanecido estos en “paro indefinido”.
Los estudiantes de la Universidad del Pacífico fueron convocados por sus representantes cuando transcurría la tercera semana del periodo académico 2012-2, con el fin de entrar en una “asamblea permanente” por los malos manejos que los directivos de la universidad le están dando a la institución, lo cual se refleja en la baja calidad de la educación que se está impartiendo, decisión que fue apoyada por la mayoría de estos.
Señalan los estudiantes que en septiembre fueron llamados por el rector de la universidad para que reiniciaran las clases, lo cual no fue posible debido a que eran pocos los disidentes del paro y, además, por la inasistencia de los profesores a dictar la cátedra respectiva.
Por lo que en vista de no haber podido conciliar con los estudiantes, el 30 de octubre de 2012, el consejo académico de la Universidad del Pacífico tomó la determinación de cancelar el período académico 2012-2, sin posibilidad de retornar lo que aquellos pagaron por concepto de matrícula.
Debido a dicha situación muchos de los estudiantes acudieron al mecanismo de amparo constitucional, pues son personas de escasos recursos a los que les es difícil acceder y permanecer en el sistema de educación y tanto ellos como sus familias realizan un gran esfuerzo para obtener los medios para su superación, por lo que la decisión tomada por la universidad de cancelar el semestre y, como consecuencia de ello, no devolverles ni imputarles como parte del valor del siguiente período académico lo pagado por concepto de matrícula, los perjudica en gran medida.
Por otra parte, el rector de la Universidad del Pacífico señaló que el día 12 de septiembre un grupo de estudiantes se tomó las instalaciones de la universidad impidiendo que se realizaran las actividades académicas, declarándose en paro indefinido, argumentando falacias, improperios y mentiras en contra del rector y su cuerpo directivo, agitando los ánimos de los demás alumnos.
Manifestó que desde ese momento la universidad buscó las alternativas para entrar en diálogo con los estudiantes, a lo cual estos se negaban. Luego de un ir y venir, y gracias a la intervención de diversos actores, se logró realizar una mesa de concertación con el fin de retornar a las actividades académicas, la universidad a través de sus diferentes órganos de dirección realizó 7 llamados a la comunidad estudiantil solicitando el regreso a clases y,
“tras distintos comunicados se les socializó las consecuencias de su no comparecencia a las aulas, entre ellas se les manifestó que si no se retornaba a clases se cancelaría el semestre y los dineros conforme a lo estipulado en la ley no se podrían devolver.
Ante esta situación se realizó una tarea de concertación con los líderes del movimiento estudiantil, quienes presentaron un pliego de condiciones y unas garantías para retornar a clases, las cuales a pesar de ser acordadas y concedidas por la rectoría y el consejo académico con el objetivo de retornar a clases, sorpresivamente nos informan que la asamblea estudiantil había decidido, continuar en paro sin importar las consecuencias.
Ante esta decisión el consejo académico en sesión extraordinaria, tomó la decisión de cancelar el semestre académico, por la no comparecencia de los estudiantes a las clases.
En este sentido ante la decisión del consejo académico de cancelar el período académico 2012-2, es importante precisar:
1. Que el artículo 14 del reglamento estudiantil de la institución establece: ‘la matrícula da derecho a cursar el programa de formación elegido por el estudiante en el período académico correspondiente...’, es decir que el valor pagado por los estudiantes por concepto de matrícula les permite cursar el periodo al cual se matricularon.
2. Ante esta situación, dicho pago cobija el período 2012-2, comprendido entre agosto y diciembre de 2012.
3. Que el mismo estatuto en su artículo 38, establece en qué casos es viable la devolución de dineros de matrícula y en ninguno de sus literales contempla la devolución de dicho pago por concepto de cancelación del período académico.
4. Bajo estas circunstancias, estatutariamente no es viable retornar los dineros por concepto de matrículas”.
Ahora bien, esta Sala observa que dentro de los expedientes de tutela se encuentran los siguientes documentos:
• Acuerdo 1 del 30 de octubre de 2012, por medio del cual se cancela el segundo período académico del 2012, el cual dispone lo siguiente:
“El Consejo Académico de la Universidad del Pacífico, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y;
1. Que es función del consejo académico, conceptuar y definir sobre el desarrollo académico de la universidad relativo a sus ejes misionales (docencia, investigación y proyección social) y bienestar universitario, con fundamento en el artículo 21 literal b del estatuto general.
2. Que el día 12 de septiembre un grupo de estudiantes y personas externas a la universidad, bloquearon las instalaciones de la sede administrativa y se declararon en asamblea permanente, agitando los ánimos, con frases calumniadoras y ofensivas en contra del rector y su cuerpo directivo y de algunos consejeros, entorpeciendo las actividades académicas y administrativas de la institución.
3. Que el consejo superior, el consejo académico y el rector mediante diversos comunicados y ruedas de prensa, llamaron al diálogo y a retornar las actividades académicas y administrativas, paralelo a unos espacios de diálogo, donde pudiesen aclararse malos entendidos y mejorar aspectos en los cuales se presentan debilidades.
4. Que a raíz de los continuos llamados a la normalidad académica, los manifestantes decidieron finalizar la asamblea permanente y declararse en paro indefinido y que seguirán con la toma a las instalaciones administrativas impidiendo que la universidad en su condición de entidad estatal desarrolle sus actividades legales y normativas, a pesar que la defensoría delegada para los derechos humanos, secretaria de gobierno y Policía Nacional, advierten que su actuar es ilegal. Además que en un actuar de vandalismo pintaron con grafitis ofensivos el campus universitario, e hicieron daños en las diferentes sedes.
5. Que debido a la situación anterior la policía realizó el desbloqueo de la sede administrativa evacuando a los manifestantes.
6. Que posterior a esta situación se invita a una reunión en el Consejo Distrital de Buenaventura, donde se concluye realizar una mesa de concertación integrada, por distintos actores, tales como: estudiantes, rector, concejales, comisión del CSU, ex trabajadores, comunidades negras, indígenas, federación de municipios, habitantes de Tumaco, entre otros, donde los líderes del paro manifiestan que no van a regresar a clases y que solo se dedicarán a concertar en la mesa.
7. Que ante la situación la dirección de la universidad suspendió la vinculación laboral de los docentes y personal que presta servicios directos a os estudiantes, desde el 1º de octubre.
8. Que en las mesas de concertación, los manifestantes han entregado varios pliegos donde han presentado una amplia cantidad de peticiones muchas de competencia del Consejo Superior, Consejo académico, dirección de la universidad, Ministerio de Educación y Congreso de la República.
9. Que el rector, el consejo superior y este consejo, mantuvo abierto el diálogo con los representantes estudiantiles a través de diversas reuniones en las que se recogieron inquietudes, algunas de las cuales no son competencia de la universidad.
10. Que el Consejo académico a través de un comunicado expedido el 10 de octubre, manifestó que si el día 16 del presente, no se retomaban clases, era inviable recuperar el tiempo transcurrido en el próximo año, razón por la cual recomendó cancelar el semestre académico del período 2012-2.
12. Que ante las vías de hecho descritas y la negativa de los manifestantes de buscar una salida consensuada y eficaz a la problemática generada por la parálisis de la universidad, porque la mesa de concertación hasta el momento ha sido dilatoria y no se visiona un panorama de solución viable a corto plazo.
13. Que el día 22 de octubre el consejo académico sesionó extraordinariamente, para atender y evaluar las garantías solicitadas por los estudiantes representantes del paro para retornar a clase, las cuales fueron acogidas y otorgadas por este consejo.
14. Que a pesar de haberse dado las garantías y llegado a un acuerdo concertado con los líderes estudiantiles del paro, sobre las peticiones presentadas por ellos, como resultado al cumplimiento de la directriz del consejo superior de avanzar en la concertación de las peticiones de índole administrativo y estableciendo como fecha límite el día miércoles 24 de octubre, los representantes del paro manifiestan su negativa de retornar a clases.
15. Que ante la interrupción al desarrollo de la actividad formativa, la permanente actitud de intransigencia y de desconocimiento de las decisiones legales y legítimas de las autoridades universitarias, por parte de los manifestantes, se evidencia la falta de condiciones apropiadas para la reanudación exitosa del segundo semestre académico del año 2012.
ART. 1º—Cancelar las actividades académicas del segundo período del año 2012 que requieren presencia de estudiantes para su realización.
PAR.—Se deberá reprogramar las actividades misionales de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario que puedan desarrollarse sin la participación de estudiantes.
ART. 2º—En consecuencia de lo anterior se cancelan las matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres de la Universidad del Pacífico, para el segundo período del año 2012.
ART. 3º—Recomendar al señor rector, derogar la Resolución Rectorial 18 del 6 de agosto de 2012 ‘Por medio de la cual se establece el calendario académico para la matrícula de estudiantes antiguos y para la organización y el desarrollo del segundo periodo de 2012”.
• Así mismo, se encuentran los cuestionamientos que hacen los representantes de los estudiantes al consejo directivo, sobre las garantías para regresar a la normalidad académica, los cuales se refieren a lo siguiente:
“Se les pregunta: ¿Hay condiciones garantizadas para regresar a clases?, Entonces si las hay respóndanos lo siguiente:
1. ¿Los estudiantes de arquitectura están preparados para entregar todas las maquetas desde el primer corte hasta esta fecha?, Sabiendo que para hacer tan solo una requieren de tiempo, dedicación y trasnocho. ¡Cómo será para entregar varias!
2. ¿Los estudiantes de agronomía tienen todos los docentes suficientes para el desarrollo de su carrera?, Sabiendo que no tienen algunos docentes y les toca ver materias en noveno semestre.
3. ¿Los estudiantes que están en proyecto de grado ya tienen los tutores para que los asesoren en su proyecto?, Sabiendo que la administración cree que no necesitamos de un tutor para poder ¡hacer más difícil los medios para graduarnos!
4. ¿Los estudiantes de informática tienen todas las salas de sistemas adecuadas y los laboratorios de redes y circuitos en óptimas condiciones para regresar?, sabiendo que no se ve la preocupación por parte del director del programa para gestionar el fortalecimiento de lo mencionado anteriormente.
5. ¿Los estudiantes tienen asesorías?, teniendo en cuenta que la administración no ha pagado las asesorías que deben recibir los estudiantes y lo peor del caso es que son limitadas, es decir deben haber 20 estudiantes para poder recibir asesorías, ¡osea que si hay 19 estudiantes no las pueden recibir!
6. ¿Los estudiantes de sociología tienen tiempo para poder leer todo lo que se tenía previsto desde que se inició el semestre, existe una biblioteca adecuada y posibilidades de realizar excelentes investigaciones?, teniendo en cuenta que no hay los elementos básicos para que un sociólogo pueda desarrollar la investigación y la proyección social.
7. ¿Hay garantías de que el agua pueda ser consumible y utilizada para la higiene de la universidad?, teniendo en cuenta que la universidad no tiene agua potable.
8. ¿Hay garantías de consumir una alimentación saludable para obtener el bienestar que nos merecemos?, sabiendo que el restaurante- cafetería de la Universidad del Pacífico desde que se posesionó el rector fue cerrada y no ha funcionado.
9. ¿Todos los estudiantes de la Universidad del Pacífico ya realizaron la matrícula financiera y académica para que aparezcan como estudiantes regulares de la universidad y no tener inconvenientes con las notas cuando finalice el semestre al que piensan regresar?
10. ¿Los estudiantes que hacen parte de grupos culturales, deportivos y artísticos de la universidad tienen los elementos suficientes para fortalecer el trabajo? Teniendo en cuenta que por medio de estos grupos la universidad gana reconocimientos desde estos ámbitos.
11. ¿Los estudiantes de todos los programas como: arquitectura, sociología, tecnología en informática, ingeniería en sistemas, agronomía y acuicultura, podrán realizar sus salidas pedagógicas para contribuir con el desempeño de su formación integral y educativa? Sabiendo que en bienestar universitario nunca hay presupuesto para las salidas de los estudiantes.
12. ¿Qué alternativas o estrategias de solución real le ofrece la administración de la universidad a los estudiantes que no pudieron matricularse por falta de recursos económicos para combatir la deserción intersemestral?
13. ¿Qué solución real da la administración a los estudiantes que estando matriculados solo pueden cursar una sola asignatura en el semestre por la decisión de no haber abierto convocatoria de aperturas anteriormente o en la actualidad para sus respectivos programas académicos?
14. ¿Qué solución real tenemos los estudiantes y docentes para realizar investigación cuando no tenemos las garantías para hacerlas ya que cada 4 meses no sabemos con cuales docentes nos vamos a encontrar?
Bueno compañeros de ser así entonces estamos listos para la normalidad académica y que tengan buena suerte en este semestre, porque yo no estoy lista sin garantías.
Definitivamente no hay ningún tipo de garantías y no creo que la población de la Región Pacífica se merezca una educación con tanta mediocridad.
Compañeros su dinero no se pierde, y no lo digo yo lo dice el Consejo Superior quién es la máxima autoridad de la Universidad del Pacífico, así que no le sigan el juego a la administración encabezada por el señor rector porque si él no ha cumplido con la ejecución del plan de desarrollo institucional, ni ha cumplido con acuerdos en las mesas de diálogos, entonces él no va a responder por los inconvenientes que se tengan en el transcurso del semestre”.
• Posteriormente, el 25 de octubre de 2012, el consejo académico de la Universidad del Pacífico respondió a las inquietudes de los estudiantes, lo siguiente:
“Respuesta garantías por parte del consejo académico
1. Se reprogramará el semestre y las jornadas, permitiendo flexibilidad en las evaluaciones y en los talleres, no solo del programa de arquitectura, sino de todas las carreras.
2. En el momento se cuenta con todos los docentes para iniciar clases y en agronomía hubo un problema con unas materias específicas, en las cuales los docentes de esas especialidades, no pudieron asistir este período por fuerza mayor, a raíz de esa situación se está fortaleciendo la búsqueda de estos docentes dado que sus especialidades son muy difíciles de conseguir en la región.
3. Los que estaban matriculados ya tienen tutores asignados, y si se llegasen a matricular más estudiantes en trabajo de grado, se cuenta con un número de docentes calificados externos que se vincularían para suplir esa función.
4. Ya se evacuó en la mesa de diálogo.
5. Esto obedece al cumplimiento de los estatutos y está plasmado corregirse esta situación y otras del estatuto docente, que lo plasma de esa manera y no permite la asignación de horas por docentes.
6. Se cuenta con una base de datos de libros, para esta gestión y se cuenta con suscripciones a bibliotecas como la Luis Ángel Arango, la cual el estudiante puede consultar y pedir préstamo de libros gratuitos.
7. Tema que se debe tocar en la mesa de diálogo.
8. Tema que se debe tocar en la mesa de diálogo.
9. El consejo académico, dentro de la reprogramación del período académico se compromete a reabrir, el plazo de matrículas.
10. Tema que se debe tocar en la mesa de diálogo.
11. Tema evacuado en la mesa de diálogo.
12. La universidad se compromete a abrir las matrículas y la financiación, y evaluar los costos de matrícula, para el próximo período así como la financiación sin codeudor, con base en consultas a otras universidades y órganos gubernamentales.
13. La dirección académica deberá realizar un censo, de que estudiantes se encuentran en esa situación, y velar por solucionar esta situación.
14. Se está elaborando la política de investigación que fortalezca y direccione la investigación universitaria y se abrirán espacios para que los estudiantes participen en su construcción”.
• El 16 de noviembre de 2012, los representantes y voceros estudiantiles de la Universidad del Pacífico presentaron ante el rector de esta institución una comunicación en la que manifestaron:
“Por medio de la presente queremos hacer acuerdo de los compromisos que usted como administrador de la universidad asumió en la mesa de diálogo para dar cumplimiento al pliego de peticiones que presentamos los estudiantes y que estamos en espera de soluciones.
En la última reunión que sostuvimos en la mesa de diálogo el día jueves 25 de octubre, usted y su equipo de colaboradores se levantaron sorpresivamente después de escuchar la decisión tomada por los estudiantes en asamblea el día miércoles 24 del mismo mes, donde se ratificaba la postura de seguir en paro indefinido dado que el pliego no había sido abordado en su totalidad pues el consejo superior universitario no había agendado los puntos correspondientes.
De todas maneras, independiente de que la mesa no se haya vuelto a reunir y que aún queden aspectos por discutir, usted como administrador de la Alma Mater, junto con su equipo de colaboradores, asumieron unos compromisos que esperamos sean cumplidos en los tiempos establecidos por ustedes mismos, en donde estaba presente la comisión del CSU que pueden dar fe de lo avanzado hasta ese momento. A la fecha ya debieron haber entregado informes y algunos avances importantes como lo indica el documento que anexaremos a esta carta”.
Así mismo, dentro de uno de los expedientes de tutela(55), se encuentran los acuerdos asumidos por la administración de la Universidad del Pacífico, con las respectivas fechas para su cumplimiento.
De acuerdo con la situación fáctica descrita y al haber analizado las pruebas allegadas en los expedientes, se vio la necesidad de preguntar a la institución universitaria, si luego de haber cancelado el semestre 2012-2, desplegó alguna actuación en relación con el pago que hicieron los estudiantes por concepto de matrícula para dicho periodo.
Así, mediante auto del 10 de mayo de 2013, se solicitó tal información, la cual fue recibida a través de oficio remitido por la Secretaría General de esta corporación el 30 de mayo de 2013, con la cual, el rector de la Universidad del Pacífico, adjuntó dos resoluciones, una en la cual se otorga un beneficio económico del 70% a los estudiantes para el período académico 2013-1 y, la otra que modifica el calendario de estudios. Dichos actos administrativos disponen:
“RESOLUCIÓN RECTORIAL 002
‘Por medio de la cual se modifica el calendario académico y se otorga un subsidio en la matrícula para el período 2013-1’
1. Que la Universidad del Pacífico se ha visto abocada a una anormalidad académica a raíz de un paro estudiantil indefinido, que inició el 12 de septiembre del 2012.
3. Que ante esta medida se estudió una propuesta de subsidio de matrícula, presentada por el representante estudiantil ante el consejo superior, para buscar salida a la problemática presentada por el pago del semestre en el período 2013-1.
7. Que de igual forma del 2% del presupuesto que le corresponde a bienestar universitario por transferencias se utilizará un porcentaje para aplicar la cobertura de subsidios con el objeto de disminuir la deserción estudiantil.
ART. 1º—Otorgar un subsidio equivalente al setenta por ciento (70%) de la matrícula básica, para el período 2013-1, a los estudiantes de cursos libres que estuvieron matriculados en el período académico 2012-2.
ART. 2º—Los estudiantes que a la fecha de expedición de la presente resolución hayan realizado el pago de matrícula para el período académico en vigencia, se les aplicará el subsidio, y la diferencia resultante, constituirá un saldo a favor, el cual podrá ser utilizado para el pago de cualquier derecho pecuniario, tales como matrícula, derecho de grado, inscripción, certificaciones, entre otros, que establecen las normas internas de la universidad.
ART. 3º—Que el presente subsidio aplica exclusivamente para el período académico de 2013-1.
ART. 4º—Que los plazos del pago de matrícula extraordinaria para el período 2013-1, quedará de la siguiente manera:
Matrícula académica: hasta el 27 de febrero de 2013”.
Y, la segunda resolución dispone:
“RESOLUCIÓN RECTORIAL 6
‘Por medio de la cual se modifica el calendario académico para el período 2013-1’.
1. Que la Universidad del Pacífico, está en proceso de reiniciar actividades académicas para el período 2013-1.
2. Que dado los inconvenientes suscitados en el período académico anterior, se están realizando gestiones y estrategias que permitan disminuir la deserción estudiantil.
3. Que en sesión ordinaria del consejo académico del día 19 de febrero de 2013, se aprobó conceder una extensión a las fechas de matrícula de los estudiantes.
4. Que esta iniciativa fue acogida por el consejo académico, en la búsqueda de permitir mayor ingreso de estudiantes para el período que se avecina.
ART. 1º—Extender los plazos del pago de matrícula extraordinaria para el período 2013-1, quedará de la siguiente manera:
Pago de matrícula extraordinaria: hasta el 7 de marzo de 2013.
Trámite de financiación: hasta el 1 de marzo de 2013.
Matrícula académica: hasta el 11 de marzo de 2013.
ART. 2º—Ordenar a los funcionarios competentes realizar las acciones, que permitan realizar los trámites de matrícula a los estudiantes”.
De acuerdo con las pruebas arriba transcritas, contenidas dentro de los expedientes de tutela, esta Sala, en primer lugar, se referirá a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional para los casos objeto de estudio y, en segundo término, analizará si la medida tomada por la Universidad del Pacífico en la Resolución 2 del 5 de febrero de 2013, se ajusta a los postulados constitucionales reiterados en la parte general de esta providencia.
Al efecto, la Ley 65 de 1988 creó la Universidad del Pacífico como un ente público nacional de carácter docente con personería jurídica y autonomía de educación nacional con domicilio en la ciudad de Buenaventura, que tiene como fin principal generar, compartir y transferir el conocimiento y ofrecer, con calidad, el servicio de educación superior a los habitantes de la región.
En consecuencia, al ser la institución demandada un ente público que presta el servicio de educación superior a una población de bajos recursos con el fin de que tengan acceso al conocimiento en condiciones de igualdad, la acción de tutela es el mecanismo eficaz para reclamar este derecho fundamental, no obstante que se controvierta un acto administrativo susceptible de ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la acción que en este caso procedería, no resultaría eficaz para la protección inmediata del derecho en discusión.
Lo anterior, por cuanto el hecho de que los estudiantes al no haber podido desarrollar los respectivos cursos en el periodo académico 2012-2 y, como consecuencia de ello, no retornarles el dinero cancelado por concepto de matrícula o tenerlo en cuenta para el próximo período académico, repercute en la permanencia de estos en el sistema educativo, pues, como se expuso, se trata de personas de escasos recursos económicos a los que no les resulta fácil obtener los medios para permanecer y llegar hasta el fin de su proyecto académico. Por tal razón, la vía ordinaria que tendrían para reclamar su derecho, no es eficaz, debido al tiempo que demanda su trámite y a la congestión misma de la jurisdicción contenciosa, la decisión se prolongaría y podría ser inocua. Es por ello que la tutela, al ser una vía expedita, garantiza la protección efectiva del derecho, en caso de que prospere.
Ahora bien, en cuanto a la constitucionalidad de la medida adoptada por el consejo académico de la Universidad del Pacífico de otorgar un subsidio económico equivalente al 70% del valor de la matrícula para el período 2013-1 a los estudiantes regulares y de cursos libres, esta Sala considera que la medida no se ajusta a los postulados constitucionales, bajo los fundamentos que se reseñarán a continuación.
En primer lugar, cabe reiterar que la Corte “ha protegido el derecho a permanecer en una institución educativa determinada, en aquellos casos en que los motivos de la exclusión del estudiante no han estado directamente relacionados con el desempeño académico y/o disciplinario del alumno, analizado dentro de los parámetros previstos en el manual de convivencia del plantel, los cuales, a su vez, tienen que haber sido concebidos bajo criterios constitucionalmente razonables”(56).
En esa medida, en virtud del mandato de progresividad al que se ha comprometido Colombia, en particular, frente al derecho a la educación, el Estado debe buscar las medidas necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes que opten por la educación superior. En consecuencia, tal como lo establece el artículo 69 de la Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que hagan posible tal objetivo, así como los que se consideren necesarios para alcanzarlo. Al respecto esta corporación ha mencionado.
“De los antecedentes normativos previamente reseñados se desprende que en el diseño de esos mecanismos, son aplicables todos los principios y criterios que componen el mandato de progresividad (incluidos por supuesto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad), así como los principios que orientan la adecuada prestación de los servicios públicos, reseñados en el numeral 2º de esta providencia y, en el caso concreto de la educación superior, el principio de igualdad ordena dar prioridad a la población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los recursos), y a los estudiantes con mayores méritos académicos”(57).
No obstante, la Carta Política envistió a las instituciones universitarias de autonomía, entendida como aquella facultad, mediante la cual se pueden establecer reglas con el fin de gobernar las relaciones dentro del ente de educación superior, sin embargo, estas deben ser claras “sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las instituciones educativas tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de cualquier sanción”(58).
En ese sentido el reglamento estudiantil(59) de la Universidad del Pacífico, dispone que la matrícula es el acto mediante el cual un aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la Universidad del Pacífico, y, en consecuencia, acepta y se compromete a cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones institucionales. Así mismo, dicho instrumento normativo, establece las causales por medio de las cuáles se podrá cancelar la matrícula, que son, a. por decisión voluntaria del estudiante; o b. por incurrir en alguna de las causales de pérdida de dicha calidad, que son:
“1. Cuando se ha completado el programa de formación académica previsto.
2. Cuando no se renueva la matrícula dentro de los plazos señalados por la universidad.
3. Cuando se cancela voluntariamente la matrícula, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente reglamento.
4. Cuando se pierde el derecho a permanecer en la universidad por bajo rendimiento académico.
5. Cuando sea retirado por sanción disciplinaria.
6. Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen médico o psicológico, la universidad considere inconveniente su permanencia”.
Ahora bien, específicamente sobre el reintegro de los derechos pecuniarios pagados por los estudiantes dicha disposición establece que estos no podrán ser devueltos, salvo en los casos de matrícula, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:
“a. Que el estudiante con matrícula inicial, desista de la iniciación de sus estudios antes de comenzar el período académico respectivo, según calendario fijado por el consejo académico, por calamidad o fuerza mayor y lo informe por escrito a la oficina de registro y control académico, con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles, el consejo académico podrá previa evaluación:
“1.Conservar el cupo
2. Devolver excepcionalmente la totalidad de lo que hubiere pagado cuando las condiciones así lo ameriten.
3. De la devolución de que trata el presente artículo, se descontará el 30% del valor pagado, como gastos de administración, con las excepciones que el consejo académico considere procedente y previo el cumplimiento de las condiciones.
b. Cuando un estudiante, a partir del segundo período académico, se vea obligado a retirarse de sus estudios, deberá formular la solicitud de retiro ante el consejo académico indicando los motivos de calamidad doméstica o fuerza mayor. En este caso se podrá autorizar la devolución de los derechos pecuniarios de matrícula, parcial o totalmente según el concepto del consejo académico”.
De lo expuesto, se puede concluir que las directivas de la Universidad del Pacífico desbordaron el marco regulatorio de sus atribuciones, pues a través de la Resolución 1 de 2012, por medio de la cual se canceló el segundo semestre de 2012, decidió, así mismo, cancelar las matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres por la inasistencia a las clases programadas en los respectivos programas y permanecer en paro indefinido, hecho que se encuentra por fuera de los supuestos contenidos en el reglamento estudiantil. Lo sucedido durante el semestre de 2012-2 fue una situación atípica, no contemplada en los estatutos, por lo cual la medida tomada vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la educación de los estudiantes.
Del mismo modo, esta Sala considera, que aun cuando la actitud asumida por las directivas de la universidad era de diálogo, como lo sostiene su rector, no cabe duda que simultáneamente se coartaron las libertades de expresión y de asociación de los estudiantes al ser amenazados con sanciones de tipo pecuniario si no retornaban a las actividades académicas programadas para dicho semestre. Por lo que para esta corporación, el argumento del rector de la institución, según el cual: “Respetuosamente manifiesto a esta honorable Corte que la institución, ante la problemática suscitada cumplió con todos los compromisos y deberes institucionales que le permitían a los estudiantes gozar de su derecho a la educación, procediendo a citarlos para retornar a las clases y sin embargo fueron estos quienes se negaron a asistir, por tanto la cancelación de las actividades académicas no se dio por voluntad del rector, del consejo académico, ni del consejo superior, sino por la negación de los estudiantes de asistir a clases, por lo que la universidad no puede hacerse responsable del actuar negligente y omisivo de los estudiantes”, no se compadece con su deber de garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión y de asociación de los estudiantes, quienes se sentían agredidos por la baja calidad del servicio educativo que la universidad les estaba prestando.
La institución universitaria demandada, no respetó sus reglamentos, pues dentro de estos se encuentran, como derechos de los estudiantes, el de vigilar que se cumplan de manera satisfactoria las obligaciones académicas por parte de la universidad, así como el de asociarse y formar organizaciones de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes, pues al tratar de disuadirlos con amenazas para volver a la normalidad académica, les estaba limitando la posibilidad de ejercer tales derechos.
Para esta corporación, “existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana protegidos por la libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que otros, lo que incide directamente sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones. Gozan de mayor grado de protección el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público, y los discursos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse(60)”.
Con base en lo dispuesto, esta Sala concluye que el discurso de los estudiantes de la Universidad del Pacífico, que decidieron entrar en asamblea permanente, con el objetivo de reclamar una mejor calidad de la educación y mejorar diversos aspectos administrativos y académicos que los beneficien para culminar satisfactoriamente su proyecto educativo, es totalmente válido y debe ser protegido constitucionalmente, siempre que este sea pacífico. Razón por la que la medida adoptada por el consejo académico de la universidad de cancelar el semestre y, como consecuencia, las matrículas de los estudiantes, y además, la de no retornar los dineros pagados por concepto de esta, es desproporcionada, pues constituye un desincentivo a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes, al obligarlos a pagar dos veces lo que en realidad representa un único semestre. Para esta corporación, es cuestionable la adopción de dicha sanción por exceder el ámbito de la autonomía universitaria.
En virtud de lo expuesto, la Corte considera que la institución demandada debió aplicar el 100% de lo pagado por los estudiantes por concepto de matrícula en el período 2012-2, para el período 2013-1 y no solo el 70%, como lo hizo mediante la Resolución 2 de 2013. Por lo que esta Sala ordenará a las directivas de la Universidad del Pacífico que aplique a las matrículas correspondientes al semestre 2013-2 o subsiguientes el 30% restante de lo pagado en el período 2012-2, por dicho concepto.
En consecuencia, se revocarán las sentencias de los entes judiciales que negaron el amparo invocado por los accionantes, y en su lugar se concederá la protección al derecho fundamental a la educación, al debido proceso y a la libertad de expresión de los estudiantes que se relacionarán a continuación:
Radicado Estudiante Entidad judicial que resolvió la acción Fecha de providencia
T-3.828.681 Elí Mina Cuero Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.821.992 Estefany Riascos Contreras Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.823.729 Charlie Riascos Salcedo Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.827.698 Deivi Antonio Gamboa Hernández Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.827.727 Yandra Stheyner Quiñónez Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura Catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.806 Julio César Vidal Mina Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.805 Yucelly Vente Campaz Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.822.678 Doris María Palacio Salas Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura Cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.811 Héctor Fabio Montaño Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.809 Danny Stiven Torres Moreno Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.810 Miverr Andrés Mina Grueso Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.808 José Yessi Rodríguez Padilla Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.813 Jerry Andrés Mosquera Minotta Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.822.677 Aura Cecilia Angulo Angulo Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura Treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.822.679 Leidy Tatiana Montaño Mosquera Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura Treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.816.807 Astrid Yulieth Martínez Torres Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.818.340 Yasmín Olave Valencia Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura Treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.816.804 Luis Carlos Caicedo Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
Y por otro lado, se confirmarán las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura el 31 de enero de dos mil trece (2013) y el 1º de febrero del mismo año, dentro de los expedientes T-3.822.676 y T-3.822.675, las cuales concedieron el amparo y ordenaron tener en cuenta para la matrícula del periodo académico 2013-1, el 100% de lo cancelado en el semestre 2012-2, por los estudiantes Adolfo Alzamora Caicedo y Carlos Alberto Gamboa Álvarez.
Así mismo, se ordena al Ministerio de Educación Nacional que supervise el cumplimiento de lo concertado entre los estudiantes y las directivas de la universidad, en pro de mejorar la calidad de la educación brindada a los alumnos de la institución.
Adicionalmente, se compulsaran copias al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General, para que investiguen y examinen las denuncias sobre corrupción que los alumnos de la Universidad del Pacífico han puesto de manifiesto en la presente acción de tutela, para que se tomen las medidas pertinentes.
1. CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura el 31 de enero de dos mil trece (2013) y el 1º de febrero del mismo año, dentro de los expedientes T-3.822.675 y T-3.822.676 en relación con el amparo constitucional solicitado por Adolfo Alzamora Caicedo y Carlos Alberto Gamboa Álvarez.
2. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias del 8, 11, 12 y 14 de febrero de 2013 proferidas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Luis Carlos Caicedo, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Astrid Yulieth Martínez Torres, José Yessi Rodríguez Padilla, Danny Stiven Torres Moreno, Miverr Andrés Mina Grueso, Héctor Fabio Montaño y Jerry Andrés Mosquera Minotta.
3. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de 30 de enero de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Buenaventura, dentro del Expediente T-3.818.340, y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de la estudiante Yasmín Olave Valencia.
4. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 31 de enero de 2013 y 5 de febrero de 2013 proferidas por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.822.677, T-3.822.679 y T-3.822.678, y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacio Salas y Leidy Tatiana Montaño Mosquera.
5. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 4 y 11 de febrero de 2013, proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.827.698 y T-3.823.729 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Deivi Antonio Gamboa Hernández y Charlie Riascos Salcedo.
6. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de 14 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura, dentro del Expediente T-3.827.727 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de la estudiante Yandra Stheyner Quiñónez.
7. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 4 de febrero de 2013, proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.828.681 y T-3.821.992 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Estefany Riascos Contreras y Elí Mina Cuero.
8. ORDENAR al rector de la Universidad del Pacífico y a sus directivas que para el semestre 2013-2 o subsiguientes, realice un descuento del 30% al valor de las matrículas de los estudiantes Luis Carlos Caicedo, Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres, Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Doris María Palacios Salas, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Estefany Riascos Contreras y Elí Mina Cuero, toda vez que mediante la Resolución 2 de 2013 se otorgó un beneficio del 70% sobre la matrícula del semestre 2013-1.
9. ORDENAR al rector y a las directivas de la Universidad del Pacífico, tener en cuenta lo ordenado en el presente fallo, respecto de los demás estudiantes que se encontraban matriculados en dicha institución, en cualquier calidad, en el período académico 2012-2.
10. ADVERTIR a las autoridades académicas de la Universidad del Pacífico abstenerse de volver a incurrir en este tipo de sanciones.
11. ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que supervise el cumplimiento de lo concertado entre los estudiantes y las directivas de la Universidad del Pacífico, en pro de mejorar la calidad de la educación brindada a los alumnos de la institución.
12. COMPULSAR copias al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General, para que investiguen y examinen las denuncias sobre corrupción que los alumnos de la Universidad del Pacífico han puesto de manifiesto en la presente acción de tutela, para que se tomen las medidas pertinentes.
13. Por Secretaría, líbrense las comunicaciones prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
(2) Consejo de Estado, sentencia 7 de junio de 2007, M.P. Ramiro Saavedra.
(3) T- 3.816.804. Accionante Luis Carlos Caicedo; T-3.816.805. Accionante Yucelly Vente Campaz; T-3.816.806. Accionante Julio César Vidal Mina; T-3.816.813. Accionante Jerry Andrés Mosquera Minotta.
(4) T-3.816.807. Accionante Astrid Yulieth Martínez Torres; T-3.816.808. Accionante José Yessi Rodríguez Padilla.
(5) T-3.816.809. Accionante Danny Stiven Torres Moreno; T-3.816.810. Accionante Miverr Andrés Mina Grueso.
(6) T-3.816.811. Accionante Héctor Fabio Montaño Rentería.
(7) T-3.822.676 Accionante Carlos Alberto Gamboa Álvarez.
(8) Expedientes T-3.822.677 y T-3.822.679.
(9) Expediente T-3.822.678
(10) Constitución Política, artículo 67.
(11) Corte Constitucional, Sentencia T-202 del 28 de febrero 28 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
(12) Sentencia T-787 de 2006.
(13) Reiterada, entre otras, por la Sentencia T-308 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(14) “El contenido del principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver, entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004, C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del PIDESC”. (Sent. T-845/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
(15) El principio de proporcionalidad está lógicamente implicado en la concepción de los derechos fundamentales como mandatos de optimización, adoptada por esta corporación. En ese sentido, los derechos indican propósitos particularmente valiosos para la sociedad que deben hacerse efectivos en la mayor medida, dentro de las posibilidades fácticas (medios disponibles) y las posibilidades jurídicas, que están dadas por la necesidad de garantizar, a la vez, eficacia a todos los derechos fundamentales e incluso a todos los principios constitucionales. El estudio de los medios se lleva a cabo mediante los principios de idoneidad (potencialidad del medio para alcanzar el fin), necesidad (ausencia de medidas alternativas para lograr el fin perseguido) y el estudio de los límites que cada derecho impone a otro, en el marco de un caso concreto, mediante el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, mediante la evaluación del grado de afectación (y eficacia) de los principios en conflicto, analizando la importancia de los principios en conflicto en un momento histórico determinado, la gravedad de la afectación de cada derecho, y la certeza de la afectación, a partir de le evidencia empírica presente en el caso concreto. Sobre el principio de proporcionalidad, la Sala remite a las sentencias C-093 de 2001, C-916 de 2002, y la reciente T-340 de 2010.
(16) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
(17) Ver por ejemplo las sentencias T-452 de 1997, T-585 de 1999, T-571 de 1999 y T-620 de 1999.
(18) T-290 de 1996. Negación del cupo por causa de embarazo.
(19) Sentencia T-534 de 1997.
(20) Sentencia T-329 de 1997.
(21) Sentencia T-423 de 1996.
(22) Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(25) Ley General de Educación.
(26) Artículo 10, Ley 115 de 1994.
(27) Artículo 11, Ley 115 de 1994.
(28) Artículos 15 y 17, Ley 115 de 1994.
(29) Artículo 19 de la Ley 115 de 1994.
(30) Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(31) El Gobierno Nacional regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Para tales efectos definirá escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar, y los servicios complementarios de la institución educativa.
(32) Ver al respecto las sentencias C-251 de 1997; C-671 de 2002, T-025 de 2004; C-038 de 2004; T-1318 de 2005; T-787 de 2006; T- 1030 de 2006 y T-1228 de 2008.
(33) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(34) Artículo 28.
(35) Artículo 29.
(36) Sentencia T-492 de 1992 MP: José Gregorio Hernández.
(37) Sentencia de T-237 de 1995 MP: Alejandro Martínez Caballero.
(38) Sentencia T-917 de 2006 MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Providencia reiterada entre otras en la Sentencia T-705 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda.
(39) Corte Constitucional, T-1105 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(40) Constitución Política de 1991, Preámbulo.
(41) Constitución Política de 1991, artículo 2º.
(42 Corte Constitucional, Sentencia C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. Reiterada en otras por la Sentencia T-141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(43) Constitución Política, artículo 20.
(44) M.P. Manuel José Cepeda
(45) “ART. 19.—Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
(46) “ART. 19.1.—Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. // 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. // 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: (a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; (b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
(47) “ART. 20.1.—Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. // 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.
(48) “Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
(49) “Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”.
(50) Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda.
(51) En fecha reciente algunos autores critican la clásica distinción entre libertades negativas y libertades positivas, al respecto puede consultarse a Luigi Ferrajoli. Principa iuris. Teoría del derecho y la democracia. Madrid, Ed. Trotta, Vol. I., págs. 151-155.
(52) Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda. Reiterada por la Sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(55) T-3822677. Accionante Aura Cecilia Angulo Angulo.
(56) Corte Constitucional, Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
(57) Corte Constitucional, Sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(58) Sentencia T-917 de 2006 M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. Providencia reiterada entre otras en la Sentencia T-705 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda.
(59) Acuerdo 029 de 2006.