Source: https://www.scribd.com/document/109465034/Dr-HILLAR-Fundamentos-de-la-reforma-al-Codigo-Civil-Proponemos-agregar-estos-parrafos
Timestamp: 2017-08-20 05:36:40
Document Index: 199475711

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 51', 'artículo 446', 'ARTÍCULO 449', 'ARTÍCULO 562', 'ARTÍCULO 663', 'ARTÍCULO 1255', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1741', 'ARTÍCULO 1742', 'ARTÍCULO 804', 'ARTÍCULO 1764', 'ARTÍCULO 1765', 'ARTÍCULO 1766', 'artículo 1901', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2533', 'ARTÍCULO 2558']

Description: Codigo Civil. Fundamentos de la reforma al Codigo Civil hecha ante la Comision Bicameral del Congreso de la Nacion
DERECHO-UNC) .REFORMAS AL PROYECTO DE CODIGO CIVIL: Presentación: Tengo 52 años, Soy Abogado, Y Contador Público, Profesor Asistente en la materia DIP por mas de 24 años, en la casa de Trejo, he sido adscripto, asimismo en Contratos, y este es un humilde aporte, que ha sido consensuado con personas del pueblo, civilistas, profesionales, y que me toca defender. Numerosos Proyectos de Reformas al Código Civil, existieron, previamente al redactado por la Comisión de Reforma, designada por Decreto 191/2011, sin aprobación alguna. El arduo trabajo realizado, necesita de imprescindibles
reformas, porque diversas normas contenidas en el Proyecto, violan derechos humanos fundamentales, o estatutos profesionales, o necesita de reglas mas claras, y requiere, por consiguiente, su inmediata modificación y/o tratamiento, a los
fines de respetar el derecho internacional público, o bajar el nivel de litigiosidad, ante la ausencia injustificada de normativa. Proponemos agregar estos párrafos, al proyecto, a los fines de enriquecerlo, y adecuarlo al derecho internacional público.Nuestra propuesta: el Código propuesto es
insuficiente, en temas trascendentes, como derechos personalísimos, creo que hace falta legislar mas temas, como los propuestos: En oportunidad los de la audiencia de los pública, cambios ciertos
expondremos Código Civil
propuestos, artículo por artículo, queremos que el legisle adecuada derechos, ya que la certeza de la regulación, ahorrara problemas en su aplicación litigiosidad.Nobleza obliga se aclara que se han tomado como fuente la Constitución Española, y la ley uruguaya que regula la real malicia, con modificaciones propias hechas por el suscripto.2
Es un pedido a los legisladores para que hagan un esfuerzo, y consideren seriamente la posibilidad de incluir estas normas, acá debatimos ideas, y no personas.-
Modificase los artículos 2° y 3° del proyecto, por los siguientes: ARTÍCULO 2º.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, el objeto y sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados y normas sobre derechos humanos, los principios generales del derecho, los valores jurídicos, y la justicia, de modo coherente con todo el ordenamiento, teniendo en cuenta los trabajos preparatorios. Las autoridades deberán dar prioridad, a las
normas de orden público interno, sean de dirección, o de protección, y a las normas imperativas del derecho internacional.-
convencionalidad. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción, mediante una decisión razonablemente, fundada en la lógica, y el derecho. El juez, deberá aplicar de oficio, el control de convencionalidad, al resolver, si hubiere normas del derecho interno que no se adecuen, a los tratados con jerarquía constitucional, en que la Nación sea parte.NOTA: Los arts. 2 y 3 son precisados a los fines de darle mas técnica, se tienen en cuenta no solo las normas de orden publico del derecho interno, sino asimismo las normas imperativas del derecho internacional. Se incluye en el derecho argentino, el control de convencionalidad. En el escenario latinoamericano, la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ―Almonacid Arellano y otros vs. Gobierno de Chile”, del 26 de septiembre de 2006, definió, dentro del marco de vigencia de la Convención
humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, el ―control de convencionalidad‖ Conviene transcribir literalmente, primero, el texto del
veredicto, tal como surge del considerando 124: ―La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, estan obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento Jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicacion de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete ultima de la Convencion Americana‖. El considerando 125 agrega un dato complementario:
―En esa misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que „(s)egun el derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno‟. Esta regla ha sido codificada en el articulo 27 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969‖. La doctrina fue repetida, sin mayores variantes,en los casos ―La Cantuta vs. Perú”, sentencia del 29 de noviembre de 2006, consid. 173, y “Boyce y otros vs. Barbados”, del 20 de noviembre de 2007, consid. 78. “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú‖,
Modificase el art. 51 por el siguiente: ARTÍCULO 51.Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.
Todas las personas humanas, tienen derecho a la vida, y a la integridad física, psíquica, y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidas a tortura, ni a penas, o tratos inhumanos o degradantes, o desaparición forzosa. El derecho a la vida digna, a la integridad psíquica, física, y moral, y a la libertad deben ser objeto de especial tutela por el estado, y tienen prioridad frente a los otros derechos personalísimos.a la
El derecho a la integridad física, protege a las cosas, o elementos adosados al cuerpo humano, por motivos de salud, y a la sangre humana, que haya sido extraída invasivas del mismo, no pudiendo humano, usarse sin el técnicas debido del cuerpo
El estado, debe garantizar la dignidad de la vida, mediante un nivel mínimo, de desarrollo humano, y el acceso a la vivienda.-
NOTA: Se regulan expresamente los derechos a la vida, integridad psico, física, y moral, y a la libertad, o sea la tríada de derechos humanos mayores, según los he estudiado. A pesar de las se limitaciones las ha convencionales, para la Corte su
jurisdicción respecto de ciertos DESC por medio de su integración, bajo el amparo de la Convención Americana. Con ello, ha generado una protección amplia del bienestar, derecho no autónomo, e íntimamente relacionado con el derecho a la protección contra la pobreza. En tal sentido, la Corte hizo debutar el derecho a una vida digna en el caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala.En esta misma línea -pero en otra oportunidad-, la Corte entendió que la educación, y la salud constituyen pilares fundamentales de la vida digna de los grupos vulnerables. Adicionalmente, afirmó que esta protección integral del derecho a la vida por parte del Estado, no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal Se precisan cuestiones de la integridad física, (Bomba de insulina, prótesis de cadera, etc.), y se aclara que cubre, a la sangre aun extraída del cuerpo humano.-
El derecho a la integridad personal, es aquel derecho humano fundamental, que tiene su origen en el respeto a la vida, y sano desarrollo de ésta. El ser humano, por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener, y conservar, su integridad física, psíquica, y moral. La integridad física, implica la preservación, y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano, a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. En otra definición, se lee… ― el derecho a la integridad personal, se entiende como, un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales, que le permiten al ser humano, su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo, en cualquiera de esas tres dimensiones‖ . El reconocimiento, de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado, o agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales, o morales, que le impidan conservar su estabilidad psicológica.
A PARTIR DEL ART. 52 Los derechos personalísimos, son aquellos de contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuos y oponibles erga omnes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, desde su concepción, y hasta su muerte, y de la que no puede ser privada por la acción del Estado, ni de otros particulares. En esta categoría quedan comprendidos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psíquica y moral. También están comprendidos los derechos al honor, a la identidad personal, a la intimidad, y el derecho a la imagen, como tutelares de la personalidad espiritual. También deberíamos incluir el derecho a la libertad y los derechos, que citaremos a continuación; también debe reconcerse el derecho al honor objetivo, a las personas jurídicas.-
A partir del art. 52 incorporamos una serie de derechos personalísimos, que inexplicablemente no están regulados en el nuevo Código, o precisamos como el caso del art. 52, temas fundamentales para su aplicación como el principio pro homine, expresamente legislado, se incluyen derechos fundamentales como Acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva, y tutela anticipada, expresión, malicia, derecho al de respuesta, posición objetivo libertad de de real información, prevalente,
jurídicas, principios de la bioética, y derecho a la salud, y privación arbitraria de la libertad.
Incorporar al art. 52 el siguiente párrafo: ARTICULO 52. …………………………………………………………………………………………… …………………….. Constituyen civiles, sobre principios derechos rectores para la las
interpretación, aplicación, e integración de las normas personalísimos, disposiciones consagradas en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Americana de Derechos Humanos, en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el principio pro homine, siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección, establecidos en la legislación nacional, o reconocidos por la jurisprudencia nacional.-
Incorporar los siguientes artículos, posteriores al art. 52: 52 bis. Acceso a la Jurisdicción, y Tutela judicial
efectiva. Tutela anticipada.Todas las personas humanas, tienen derecho a obtener el acceso a la Jurisdicción, y la tutela judicial efectiva de los jueces, y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse lesión al derecho de defensa.
El derecho a la tutela judicial efectiva, comprende el derecho a obtener pruebas, medidas de naturaleza cautelar innovativa, auto-satisfactiva, y a ejecutar en forma coactiva la sentencia.Las personas humanas, podrán solicitar la tutela judicial efectiva anticipada, cuando haya inminente lesión a sus derechos personalísimos.52. ter. Derecho de respuesta Sin perjuicio de lo que disponga la ley especial, el derecho de respuesta, es la facultad reconocida a toda persona, que se considere agraviada, o afectada por una información inexacta, o agraviante emitida a través de un medio técnico de comunicación social, para difundir, por igual para medio o en forma las gratuita, que las aclaraciones, satisfactorias, su reputación réplicas, respuestas, estime
modalidades o legítimos
El derecho de respuesta, genera la obligación, para el propietario, director, o editor del medio de difusión de publicar, aquellas manifestaciones aunque la causa de la réplica resida, en expresiones provenientes de personas ajenas al medio que las difundió, o sean expresiones genéricas.52 quater. Libertad de Expresión; Posición
prevalente; Derecho a la información.-
1. Se reconocen, y protegen los derechos: a) A buscar, expresar, y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a recibir, todo tipo de información, excepto estén prohibidas por ley.b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia, y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
e) Al acceso a la información pública.
restringirse mediante ningún tipo de censura previa, sin perjuicio de la responsabilidad civil. 3. La ley regulará la organización, y el control de los medios de comunicación social dependientes del Estado, o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad, y el pluralismo en otorgar el estado las pautas de publicidad. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos y en personalísimos los preceptos reconocidos, de las leyes en este lo código, que
desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse y el otros secuestro medios de de
6. Los abogados y periodistas, gozan de la posición prevalente, en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y deben ser tratados con dignidad, y autonomía en relación a sus comitentes, o con los escritos de los mismos. 7. A recibir información adecuada y veraz, previa a la redacción, y firma de los contratos paritarios, o de consumo.8. A no recibir información no deseada, mediante medios escritos, telefónicos, o electrónicos.-
52 Quinqués. Real Malicia
Estará exento de responsabilidad, el que: a) Efectuare, o difundiere, cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos, como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya
involucrado, voluntariamente en asuntos de interés u orden público; b) Reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado; c) Efectuare o difundiere, cualquier clase de
manifestación humorística, o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes. d) Manifestare opiniones personales, o hechas en asuntos públicos, o sobre personas públicas, o donde estuviere en juego el orden público.Para la aplicación del estándar de real malicia, debe tenerse presente:
a) La calidad de figura pública o expuesta, b) La temeraria despreocupación, sobre la c) La distinción entre afirmaciones de
falsedad de la manifestación.
hechos sujetos a la calificación de verdaderos o falsos, en contraposición a la manifestación de opiniones.
d) La exención de responsabilidad, no
procederá cuando resulte probada la real malicia del autor, de agraviar a las personas, o cuando vulnerare su vida privada, o intimidad.
52 sextos. Personas jurídicas Las personas jurídicas, gozan del derecho al honor objetivo.
52 séptimos. Sanciones Pecuniarias disuasivas, por daños a la vida, o a la integridad: Podrá reclamarse, la aplicación de sanciones
pecuniarias disuasivas, a favor de la persona lesionada, o sus herederos forzosos, cuando se vulnere en forma arbitraria el derecho a la vida, o a la integridad psíquica, física, o moral, en la violación de los citados derechos personalísimos, en las relaciones de consumo, o en el ámbito civil, o como consecuencia de la lesión, a un bien de incidencia colectiva .-
La violación a los derechos personalísimos, dará lugar a una reparación plena, e integral, cualquiera fuere el fuero, o jurisdicción, que intervenga.-
52 Octavos. Principios de la bioética. Derecho a la salud. a. Los principios de la bioética, reconocidos
en este código son: 1) Beneficencia. 2) No-maleficencia. 3) Autonomía. 4) Justicia.
bienestar físico, mental, y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.19
Se reconoce, el derecho a la protección Compete a los poderes públicos
integral de la salud. organizar, y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas, o prestacionales, mediante servicios necesarios. La ley, establecerá los derechos y deberes de todas las personas humanas al respecto. e. Las empresas o agentes de salud, deberán cubrir aquellas prestaciones, que sean necesarias para preservar en forma integral el derecho a la salud, de conformidad a la ley o las normas con jerarquía constitucional.-
52 novenos. Privación arbitraria de la libertad
La persona humana, que sea privada en forma arbitraria, o ilegitima de su libertad, tendrá derecho a indemnización.La indemnización será viable, aun cuando el Juez haya actuado lícitamente.-
REFORMA art. 448 y 449 ANTEPROYECTO DE CODIGO CIVIL 2012 En el Código Civil proyectado se permiten los convenios prenupciales con nuevos contenidos, sobre todo la posibilidad de optar por un régimen matrimonial distinto de la tradicional comunidad de gananciales (art. 446 inc. d) del Anteproyecto), es necesario el asesoramiento letrado para cada parte, por parte del Abogado quien siempre es mas idóneo que un escribano , seguido de homologación judicial, bajo pena de nulidad, ya que en definitiva el Juez aplicando el orden público de protección, podrá avisorar si no hay abuso del derecho. Esto es así por el conflicto que encierran, y pensando en la presión o coaccion, que puede ejercer un contrayente sobre el otro, cuando se trata de modificación, luego de celebrado el matrimonio, art. 449 del Anteproyecto. La intervención notarial, por su propia naturaleza imparcial, no asegurara la defensa de uno, y otro contrayente (ni de uno, y otro cónyuge).
Formas. Las convenciones matrimoniales, podrán ser
hechas antes de la celebración del matrimonio por escritura pública, o por instrumento privado, con las firmas autenticadas de las partes, en todos los casos homologado judicialmente, bajo pena de nulidad, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto no sea invalidado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante un acto también otorgado por cualquiera de las formas previstas en este artículo. Para que la opción del artículo 446 inciso d), produzca efectos respecto de terceros, su otorgamiento debe haber sido mencionado en el acta de matrimonio”. Se podrá pactar en el contrato prenupcial, que las acciones de la persona jurídica, de la que es socio, o heredero, uno de los conyugues, no se transmitirán al ex cónyuge, en caso de divorcio.
ARTÍCULO 449.- Modificación de régimen. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges, con asistencia letrada. Esta convención puede ser otorgada después de UN (1) año de aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante las formas previstas en el art. 448. Para que el cambio de régimen, produzca efectos, respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Modificase el art 562 por el siguiente: ARTÍCULO 562.- Gestación por sustitución. Prohíbase en todo el territorio nacional, la
gestación por sustitución. La gestante, el personal, y los centros hospitalarios que autoricen una gestación por sustitución, serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios, y el reclamante tendrá derecho a
solicitar una multa civil, que será fijada en forma independiente.-
La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido, siempre que sea de conformidad a estas normas, y deberá ser homologado judicialmente. Salvo que resultara aplicable un Convenio
internacional, la resolución judicial extranjera, deberá ser objeto de exequátur.
NOTA: La gestación por sustitución, viola tratados internacionales vigentes en nuestro país. Argumentos en contra a los que adhiero, de la gestación por sustitución: — La introducción de un tercero en el proceso de la procreación, que debería limitarse a las relaciones de amor recíproco entre dos personas, constituye un
matrimonio. — Es incompatible con la dignidad humana que una mujer explote el útero con fines de lucro y que lo emplee de incubadora de un niño que no va a ser suyo. -La relación entre la madre y el hijo se deforma por el fenómeno de la subrogación. En ese convenio una mujer permite deliberadamente quedarse embarazada con la intención de abandonar el niño al que dé nacimiento. Esta situación resulta potencialmente nociva para el niño, cuyos lazos con la madre gestante se consideran muy sólidos y cuyo bienestar se estima de la máxima importancia. El acuerdo por subrogación es degradante para el niño ya que, a todos los efectos prácticos, el niño habrá sido intercambiado por dinero o por otro bien, que no es su madre biológica. En el ámbito de la Unión Europea, debemos tener en cuenta que el Parlamento Europeo, en su Resolución A 2-372/88, aprobada el 16 de marzo de 1989, mantuvo que toda forma de maternidad bajo comisión fuese prohibida y se declarase punible la mediación comercial, debiendo prohibirse, asismismo, los impresos anunciadores de tal actividad y el comercio de embriones o gametos (J. M. MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ y J. M. MASSIGOGE BENEGIU, La maternidad portadora, subrogada o de encargo
en el Derecho español, op. cit., p. 71). También debemos tener presente la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea Europea) (incorporada que, recientemente no la a la Constitución aunque rechaza
expresamente, prohíbe que el cuerpo humano o partes del mismo, en cuanto tales, se conviertan en objeto de lucro (art. 3). En el ámbito americano, debe reputarse a dicha norma como contraria a los arts. 11 (reconocimiento de la dignidad), 17 inc. 4to y 19 de la Convención Americana de DD.HH. por ende seria inconstitucional, sin perjuicio de ello conviene adoptar medidas para casos que vengan de estados, que si la admiten.-
Modificase el art. 663 por el siguiente: ARTÍCULO 663.Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos, al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de VEINTICINCO (25) años, si la prosecución de estudios o preparación
profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo, o por el progenitor con el cual convive, en caso de imposibilidad de aquel, debiendo acreditarse la viabilidad del pedido, y su prueba. Deberá acreditar el hijo asimismo, la regularidad de los estudios; El Juez podrá eximir, al progenitor deudor de esta obligación, por razones de edad avanzada, o de salud.NOTA En principio, la regla es que la mayoría de edad de los hijos establecida a los 18 años, no es el límite por el cual cesa la obligación alimentaria en nuestro país que se extiende hasta los 21 años.
Límite de edad, que no está acorde con la Convención de los Derechos del Niño, que estipula en su art.18 que niño, se es hasta los 18 años. Las legislaciones europeas, y latinoamericanas en su mayoría, ha receptado la edad establecida en la Convención, siendo Argentina, la que actualmente no lo ha hecho, ya que pese a modificar la edad para ser mayor, mantiene la
obligación alimentaria, a cargo de los padres hasta los 21 años. Estimo que la norma en comentario, debe ser acotada (o lisa, y llanamente suprimida), o limitada, porque va en contra no solo de la Convención de los derechos del niño citada, sino de la realidad jurídica de la mayoría de los estados. Con mayor razón, si el padre es anciano, o goza de
mala salud, es absurdo que deba alimentar al hijo, que tiene plena capacidad física, y se combate asimismo al estudiante crónico.
Modificar, y agregar el siguiente párrafo del art. 730, por el siguiente: ARTICULO 730: …………………………………. Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del TREINTA POR
transacción, o instrumento que ponga fin al diferendo, con mas sus intereses. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. La transacción, es inoponible a los profesionales, que no la suscribieron. Los honorarios por el saldo, quedan a cargo de los comitentes, o beneficiarios, y esta norma no deroga los aranceles mínimos que aseguran la dignidad del trabajo profesional, en cuyo caso deberá abonarlos el condenado en costas. Los honorarios de los peritos, quedan excluidos de esta norma, y no podrán ser inferiores en un tercio, a la mayor El regulación prorrateo, efectuada debe hacerse a en los la abogados planilla de intervinientes. liquidación del juicio.
NOTA: Se clarifican reglas de la norma, a los fines de facilitar su aplicación, conforme la jurisprudencia dominante. El art. 730 del Proyecto –y también el actual art. 505 del Código Civil - no modifica la imposición de costas, sino que establece un tope a la extensión de la responsabilidad del vencido, a quien se obliga a pagar hasta un 25% calculado sobre el monto de sentencia, laudo, transacción o liquidación. Ello significa que los jueces determinarán los honorarios profesionales, de acuerdo a la ley local, debiendo responder por ellas el condenado en costas, hasta el límite antes mencionado. Sucede que, como veremos, todo lo que excede el límite de ese 25% quedará a cargo del vencedor. Paradójicamente lejos de que con esta norma, se pregone el mayor acceso a la justicia, ésta y otras circunstancias de la norma, terminan por perjudicar al ganancioso, generalmente la parte débil de la relación, imaginen un pobre consumidor, que litiga contra un banco multinacional, y pese a ganar el juicio, deberá abonar al abogado, peritos, o interventores, todo aquello que supere el 25%, lo que puede llegar al absurdo, de confiscar todo su capital, si el juicio es de poca monta, y se regulan honorarios minimos minimorun, que es –justamente- el titular del derecho, y a quien el Estado debería amparar.
profesional que no la suscribe, ya que puede darse el caso de que frente a un juicio millonario, las partes simulen una transacción, para aligerar el pago de los honorarios, y costas, perjudicando al abogado, o al perito.-
Modificar el art. 1255 por el siguiente: ARTÍCULO 1255.Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial fundada. Las leyes arancelarias sólo revisten el carácter de supletorias, no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar libremente el precio de las obras, o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación
determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución, salvo los aranceles mínimos, fijados en arancelarias. NOTA: Se respeta de esta forma, aquellas dejando a unidades
provincias, que protegen a los aranceles mínimos, mediante normas de orden público.Incorporase, el art. 1255 bis, a continuación del art. 1255: Son válidos los convenios de honorarios, y pactos de cuota Litis celebrados libremente conforme a esta normativa, dichos convenios constituyen título ejecutivo, a los fines de su cobro, y las leyes
arancelarias no pueden establecer porcentajes o topes. Los honorarios, devengaran tasas de interés reales positivas, que se fijen, según las reglamentaciones del Banco Central.Los honorarios de profesionales, revisten carácter, de créditos alimentarios,
condenados en costas. Los abogados pueden cobrar sus honorarios a los comitentes, o a beneficiarios, en el caso de que haya tareas de beneficio común.Los peritos, interventores, y veedores, pueden cobrar sus honorarios, a las partes proponentes, o beneficiarias, sin perjuicio de la condena en costas, y pueden convenir sus honorarios. En el caso de los peritos oficiales, deben convenirlo con ambas partes. Las obligaciones que surgen de este artículo, y de la condena en costas, son concurrentes.-
alimentarios, a los honorarios profesionales, obligados al pago, intereses, unificando criterio en todo el país
Agregar al art 1.328 el inc. e el siguiente texto: ………………………………………………………………… e) Autorizar al mandatario, a retener los fondos de propiedad del mandante, en la proporción de la deuda
por honorarios, o gastos derivados del mandato, hasta su íntegro pago. NOTA: Se reproduce el art. 1.956 del Código Civil, de mucha utilidad para los profesionales
Agregar incisos d y e, al artículo 1.741: ARTÍCULO 1741.- Indemnización por fallecimiento. En caso de muerte, la indemnización debe consistir en: …………………………………………………………. d) El costo por las tareas sustitutas, que cumplen en el hogar cualquiera de los conyugues, hasta una edad avanzada razonable. e) Tienen legitimación para reclamar, quienes recibían en vida, asistencia económica, material, social, y espiritual de parte del accidentado, o damnificado directo, fallecido. La indemnización, será determinada a valores actualizados, al tiempo de la sentencia. (NOTA: Se incluye la indemnización por tareas sustitutas de las amas de casa que son de gran valor cotidiano, y se incluye la legitimación activa amplia).34
Modificase el art. 1742: ARTÍCULO 1742.- Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. Incapacidad vital o social. En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas, sociales, o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades, o en la edad en que se presuma la esperanza de vida. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado. Se debe computar a los fines del ingreso, el salario mínimo vital y móvil, haya o no actividad lucrativa.
psíquico, en
estético, al
indemnizarán determinado.-
La indemnización, será determinada a valores actualizados, al tiempo de la sentencia. (NOTA: El salario mínimo vital y móvil es para supuestos que no tiene trabajo remunerado, niños, estudiantes, amas de casa, etc. Y se aclara que los nuevos daños como el daño psíquico, biológico, o estético, son un tercer genero, y se indemnizan en forma autónoma) Mantener los artículos de la Corte, sobre
responsabilidad del estado y astreintes, los propuestos por el PEN, son abiertamente inconstitucionales por violar el art. 17 de la C. Nac y los arts 8, 21 y c.c. del Pacto de San José, lo que causa responsabilidad internacional al estado:
ARTÍCULO 804.- Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario,
a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial, sean a las partes, o terceros. Las condenas se deben graduar, en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas, y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Los funcionarios, o escribanos, responderán en forma solidaria, con su patrimonio.-
ARTÍCULO 1764.- Responsabilidad del Estado. El Estado responde, objetivamente, por los daños
causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.
ARTÍCULO 1765.- Responsabilidad del funcionario, y del empleado público.
El funcionario y el empleado público son responsables por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público, y del Estado son concurrentes.ARTÍCULO 1766.- Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro. Modificase el art. 2459, por el siguiente: ARTICULO 2459.Prescripción adquisitiva. La acción de reducción, no procede contra el donatario ni contra el sub-adquirente, que han poseído la cosa donada durante DIEZ (10) años computados desde la adquisición de la posesión, y desde el inicio de la declaratoria de
herederos, iniciada por el legitimario. Se aplica el artículo 1901. La posesión, deberá ser denunciada en la declaratoria, o en el juicio sucesorio respectivo, para ser oponible al legitimario.(NOTA: La actual norma favorecerá la proliferación de posesiones clandestinas y el fraude a la legítima, además el legitimario solo puede oponerse desde la muerte del causante, ya que antes no tiene acción) Agregase el siguiente párrafo al art. 2.554: ARTÍCULO 2.554.Regla general. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible. En el supuesto de daño permanente, o continuado, el plazo corre desde que la víctima toma conocimiento adecuado, e informado, del mismo.-
NOTA: El daño permanente, muchas veces es ignorado por la víctima, por ejemplo una lesión interna, que es detectada varios años después de producida.
Modificar arts. 2533 y 2546, por los siguientes: ARTÍCULO 2533.- Carácter imperativo. Las normas relativas a la prescripción son de orden público, no pueden ser modificadas por convención. Las Provincias o Municipios, no podrán establecer formas distintas, para el inicio del cómputo de la prescripción, ni plazos mayores a los establecidos en este Código. Nota: Se aplican las doctrinas Filcrosa, y Ullate de la CSJN ARTÍCULO judicial. El curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que traduce la intención de no abandonarlo, contra el poseedor, su representante en la posesión, o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente, o en el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con autoridad de cosa juzgada formal.
La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia. Podrá interponerse la caducidad de la instancia, a los fines de este artículo, si la demanda es notificada luego del plazo de caducidad que establezcan las leyes respectivas. NOTA: Se aclara que la notificación tardía, no purga la caducidad de instancia, se evitan notificaciones hechas 10 años después de iniciada la demanda, y el fraude o abuso del derecho. Modificase el art. 2558 por el siguiente: ARTÍCULO 2558.Honorarios por servicios
prestados en procedimientos. El transcurso del plazo de prescripción para reclamar honorarios por servicios que han sido prestados en procedimientos judiciales, arbitrales o de mediación, comienza a correr desde que vence el plazo fijado en resolución firme que los regula; Si no fija plazo, desde que adquiere firmeza. La resolución judicial no notificada, interrumpe el plazo de prescripción, hasta su notificación. Si los honorarios no son regulados, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución que pone fin al
proceso; si la prestación del servicio profesional concluye antes, desde que el acreedor tiene conocimiento de esa circunstancia. En ambos casos el plazo queda interrumpido, si no existe notificación, al profesional interviniente.La prescripción se interrumpe, por tareas administrativas o extrajudiciales, aunque no consten en el expediente judicial. El plazo de la prescripción no corre, si el juicio no tiene base económica, o esta paralizado por voluntad común de las partes. En la disolución de sociedad conyugal, declaratoria de herederos, y el juicio sucesorio, el plazo de la prescripción no corre, hasta tanto no se haya aprobado el inventario, y la tasación. Si se ocultaren bienes, a los fines de disminuir el acervo, el plazo de prescripción, corre desde que cada bien es denunciado, en el expediente respectivo.NOTA: Se precisan ciertas cuestiones para evitar el fraude por ocultamiento del expediente, o de los bienes, se exige la notificación expresa a los profesionales intervinientes, o que hayan intervenido con anterioridad en la causa.-
Incorpórense al art. 2562, los incisos i, j, k, l: ……………………………………………………………………… ……….. Inciso I) Las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social, u obligaciones establecidas por entes públicos de carácter no estatal.-
Inciso K) Las acciones, a favor de los acreedores de consumidores, o usuarios, en los procesos de consumo, excepto que hubiere un plazo menor.Inciso L) El pago de la cuota alimentaria, o el derecho a pedir su modificación.NOTA: Se incluyen diversos supuestos, para dar coherencia y completitud al sistema, buscando asegurar la seguridad jurídica.-
Deben acordarse plazos prescriptivos mas cortos, tanto en las deudas por consumo, como en las fiscales, o por multas, cuotas alimentarias, etc. ya que sobre todo hay una grave crisis en la clase media, el sobre endeudamiento de las personas físicas, que como tal puede y suele arrastrar al grupo familiar, es un fenómeno relativamente novedoso en cuanto afecta a quienes no son comerciantes sino empleados, jubilados, amas de casa, estudiantes. Se atribuye, su expansión a la denominada, ―sociedad de consumo‖ ,que parece exigir ―tener‖ bienes a los cuales parece ―fácil‖ acceder a través del crédito; todos sabemos que hoy, podemos comprar un televisor, u otros electrodomésticos en cincuenta cuotas mensuales, un automóvil a través de un sistema de ahorro y préstamo, o disponer de dinero líquido de manera más, o menos sencilla, y sin demostrar necesariamente capacidad de repago, el problema es que luego esa facilidad para acceder al crédito termina por endeudar sobre manera a las familias, yo creo que el estado debe ayudar acortando los plazos prescriptivos, ya que asimismo hoy en día el uso de poderosos medios informáticos facilita mucho la cobranza.
II. INCLUIR DENTRO DE LAS LEYES REFORMADAS, O DEROGADAS: Derogase el art. 16 de la ley 14.236, y la ley 24.432.NOTA: El art. 16° de la ley 14.236, es usado por los Tribunales Superiores para establecer la prescripción de los aportes previsionales por el absurdo plazo de 10 años, seria un contrasentido mantener un plazo de 10 años, cuando el plazo máximo prescriptivo será de 5 años.La ley 24.432 es incompatible, con el actual proyecto de reformas, ya que fue diseñada en un modelo neoliberal, y viola competencias de las Provincias no delegadas a la Nación.-
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