Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A156-01.htm
Timestamp: 2017-11-25 04:00:52
Document Index: 38563074

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 150', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86']

A156-01
Auto 156/01
Referencia: expediente ICC. 281
Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- en la acción de tutela promovida por Adalberto Rafael Molinares Carbonell contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-.
Magistado Ponente:
Bogotá, D.C., abril diecinueve (19) del año dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia planteado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- en la acción de tutela promovida por Adalberto Rafael Molinares Carbonell contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Laboral-.
1. El ciudadano Adalberto Molinares Cabonell en escrito que obra a folios 1 a 2 del cuaderno de la actuación, interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por presunta violación al debido proceso, en el trámite y decisión de acción ordinaria laboral promovida por él contra la Sociedad Urbanizadora Salinas del Rey y Cía. Ltda., así como por presunta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Constitución Política.
2. Mediante auto de 30 de noviembre de 2000, el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que ella, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 12 de julio de ese año, le diera la tramitación correspondiente.
3. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de 24 de enero de 2001, a su turno manifestó su incompetencia para conocer de la acción de tutela a que se ha hecho referencia y, por tal razón, ordenó el envío del expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico. Este, en auto de 26 de febrero de 2001, insistió en que carece de competencia para ese efecto y dispuso remitir la actuación a la Corte Constitucional para que ella dirima el conflicto así suscitado.
1. Como es suficientemente conocido, la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, proferida en la revisión del proyecto que se convirtió luego en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), expresó que "de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (Corte Constitucional, Sala Plena auto de 1º de septiembre de 1993, magistrado ponente, doctor Jorge Arango Mejía), es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional", asunto este sobre el cual, en múltiples providencias ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corte al respecto, como puede verse, entre otras, en auto 044 de 1998, en el cual se expresó que:
"Todos los jueces de tutela, independientemente de la jurisdicción a la cual pertenezcan, hacen parte -para los fines de la actividad judicial propios de aquella- de la jurisdicción constitucional-", pese a lo cual "no todos los conflictos de competencia deben ser resueltos por la cabeza de la jurisdicción constitucional. Solamente deben llegar a la Corte Constitucional aquellos que no puedan resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen". (Magistrado ponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo).
2. La Corte Constitucional, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, al analizar el Decreto 1382 de 12 de julio de ese año, decidió su inaplicación por ser contrario a la Constitución Política, providencia aquella en la que se expresó que:
"3. Dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política.
"4. No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
"5. El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política.
"6. Así las cosas, con absoluta transparencia se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del viernes 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º a pretexto de ejercer la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
"6.1. Mientras el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, se agrega que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
"6.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
"6.3. Por otra parte, el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dicta nuevas normas que fijan la competencia para los casos en que la acción de tutela se incoe contra funcionarios o corporaciones judiciales.
"7. Así las cosas, para la Corte es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
"8. Pero es más. Mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
"Siendo ello así, surge de bulto que el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379)". (Magistrado ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra), posición esta posteriormente reiterada de manera invariable por esta Corporación en múltiples providencias.
3. El Gobierno Nacional, mediante Decreto No. 404 de 14 de marzo de 2001, publicado en el Diario Oficial No. 44.358 del viernes 16 de marzo del presente año, suspendió por el término de "un (1) año la vigencia del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000 ´Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela´, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo".
4. Analizada la actuación surtida en esta acción de tutela, se observa por la Corte que el ciudadano Adalberto Molinares Carbonell la dirigió al Tribunal Administrativo del Atlántico, lo que significa que en atención a lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, es a ese despacho judicial al que le corresponde su tramitación y decisión, por lo que así se resolverá por la Corte.
Dirimir el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- en la acción de tutela promovida por el ciudadano Adalberto Molinares Carbonell, a que se refiere la parte motiva de esta providencia, en el sentido de que su conocimiento y decisión corresponde al primero de los organismos judiciales mencionados, y no al segundo.
En consecuencia, envíese el expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico para su tramitación inmediata.
Salvamento de voto al Auto 156/01
REF. Expediente ICC - 281
Peticionario: Adalberto Molinares C.