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Timestamp: 2019-10-18 15:38:52
Document Index: 399228079

Matched Legal Cases: ['Artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 28', 'Artículo 32']

LEY Y-1603. Obras sociales (Antes Leyes 23660, 23890, 26417 y 26425) - Seguridad Social - Digesto Jurídico - Legislación - VLEX 534037818
Fecha de Publicación: 20 de Enero de 1989
Fecha de Sanción: 29 de Diciembre de 1988
Fecha de Promulgación: 5 de Enero de 1989
Artículo 32. Quedan exceptuadas de las disposiciones de la presente Ley las
Quedan comprendidos en las disposiciones de la presente Ley:
Las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo;
Los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones u organismos que teniendo como fines los establecidos en la presente Ley hayan sido creados por leyes de la Nación;
Las obras sociales de la administración central del Estado nacional y sus organismos autárquicos y descentralizados;
Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado;
Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios;
Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas y las que fueron originadas a partir de la vigencia del artículo 2°, inciso
g), punto 4 de la ley 21476 ;
Las obras sociales del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas , de seguridad, Policía Federal Argentina , Servicio Penitenciario Federal y los retirados, jubilados y pensionados del mismo ámbito, cuando adhieran en los términos que determine la reglamentación;
Toda otra entidad creada o a crearse que, no encuadrándose en la enumeración precedente, tenga como fin lo establecido por la presente ley
Las obras sociales comprendidas en los incisos c), d) y h) del artículo 1° funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa y tendrán el carácter de sujeto de derecho, con el alcance que el Código Civil establece para las personas jurídicas; las obras sociales señaladas en los incisos a), e) y f) de dicho artículo funcionarán con individualidad administrativa, contable y financiera y tendrán el carácter de sujeto de derecho con el alcance que el Código Civil establece en el inciso 2 del segundo apartado del artículo 33 .
Las obras sociales señaladas en el inciso b) del artículo 1°, creados por leyes especiales al efecto, vigentes a la sanción de la presente Ley, mantendrán sus modalidades administrativas, contables y financieras conforme a las leyes que le dieron origen.
Las obras sociales destinarán sus recursos en forma prioritaria a prestaciones de salud. Deberán, asimismo, brindar otras prestaciones sociales.
Las obras sociales, cualquiera sea su naturaleza y forma de administración presentarán anualmente, en lo referente a su responsabilidad como agentes del seguro, la siguiente documentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud:
Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;
Presupuesto de gastos y recursos para su funcionamiento y la ejecución del programa;
Memoria general y balance de ingresos y egresos financieros del período anterior;
Copia legalizada de todos los contratos de prestaciones de salud que celebre durante el mismo período, a efectos de confeccionar un registro de los mismos.
Las obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado en jurisdicción de la Superintendencia de Servicios de Salud, a la prestación de los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios.
Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente Ley, como agentes del Seguro de Salud, deberán inscribirse en el registro que funcionará en el ámbito de la Superintendencia de Servicios de Salud y en las condiciones que establezca la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud y su decreto reglamentario.
Las resoluciones que adopten la Secretaría de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud , en ejercicio de las funciones, atribuciones y facultades otorgadas por la legislación, serán de cumplimiento obligatorio para las obras sociales, exclusivamente en lo que atañe a su condición de agentes del Seguro de Salud.
Quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales:
Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado;
Los jubilados y pensionados nacionales;
Los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales.
Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;
Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación.
La Superintendencia de Servicios de Salud podrá autorizar, con los requisitos que ella establezca, la inclusión como beneficiarios, de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso se fija un aporte adicional del uno y medio por ciento (1,5%) por cada una de las personas que se incluyan.
El carácter de beneficiario otorgado en el inciso a) del artículo 8° y en los incisos a) y b) del artículo 9° de esta Ley subsistirá mientras se mantenga el contrato de trabajo o la relación de empleo público y el trabajador o empleado reciba remuneración del empleador, con las siguientes salvedades:
En caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de tres (3) meses mantendrán su calidad de beneficiarios durante un período de tres (3) meses, contados desde su distracto, sin obligación de efectuar aportes;
En caso de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, el trabajador mantendrá su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo sin percepción de remuneración, sin obligación de efectuar aportes;
En caso de suspensión del trabajador sin goce de remuneración, éste mantendrá su carácter de beneficiario durante un período de tres (3) meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho plazo, podrá optar por continuar manteniendo ese carácter cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador;
En caso de licencia sin goce de remuneración por razones particulares del trabajador, éste podrá optar por mantener durante el lapso de la licencia la calidad de beneficiario cumpliendo con las obligaciones de aportes a su cargo y contribución a cargo del empleador.
Los trabajadores de temporada podrán optar por mantener el carácter de beneficiarios durante el período de inactividad y mientras subsista el contrato
de trabajo cumpliendo durante ese período con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente Ley. Este derecho cesará a partir del momento en que, en razón de otro contrato de trabajo, pasen a ser beneficiarios titulares en los términos previstos en el artículo 8° inciso a), de la presente Ley;
En caso que el trabajador deba prestar servicio militar obligatorio por llamado ordinario, movilización o convocatorias especiales, durante el período que aquél no perciba remuneración por esta causa mantendrá la calidad de beneficiario titular, sin obligación de efectuar aportes;
La mujer que quedare en situación de excedencia podrá optar por mantener su calidad de beneficiaria durante el período de la misma, cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y de la contribución a cargo del empleador que establece la presente Ley;
En caso de muerte del trabajador, los integrantes de su grupo familiar primario mantendrán el carácter de beneficiarios, por el plazo y en las condiciones del inciso a) de este artículo. Una vez vencido dicho plazo podrán optar por continuar en ese carácter, cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieren correspondido al beneficiario titular. Este derecho cesará a partir del momento en que por cualquier circunstancia adquieran la calidad de beneficiarios titulares prevista en esta Ley.
La autoridad de aplicación estará facultada para resolver los casos no contemplados en este artículo, como también los supuestos y condiciones en que subsistirá el derecho al goce de las prestaciones, derivados de los hechos ocurridos en el período durante el cual el trabajador o su grupo familiar primario revestían la calidad
de beneficiarios, pudiendo ampliar los plazos de las coberturas cuando así lo considere.
Cada obra social elaborará su propio estatuto conforme con la presente Ley y las normas que se dicten en consecuencia, el que presentará ante la Superintendencia de Servicios de Salud para su registro.
Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente Ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones:
Las obras sociales sindicales son patrimonio de los trabajadores que las componen. Serán conducidas y administradas por autoridad colegiada, que no supere el número de cinco (5) integrantes, cuyos miembros serán elegidos por la asociación sindical con personería gremial signataria de los convenios colectivos de trabajo que corresponda, a través de su secretariado nacional, consejo directivo nacional o asamblea general de delegados congresales, conforme al estatuto de la obra social sindical. No existirá incompatibilidad en el ejercicio de cargos electivos entre las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente Ley y la correspondiente asociación sindical;
Las obras sociales e institutos de administración mixta, creados por leyes especiales al efecto, vigentes a la sanción de la presente Ley, continuarán desarrollando sus funciones conforme a las disposiciones legales que le dieron origen.
Las obras sociales de la administración central del Estado nacional y de sus organismos autárquicos y descentralizados serán conducidas y administradas por un presidente propuesto por la Subsecretaría de Salud de la Nación , cuatro
(4) vocales en representación del Estado propuestos por el respectivo organismo autárquico o descentralizado que corresponda y cuatro (4) vocales en representación de los beneficiarios que serán propuestos por la asociación sindical, con personería gremial pertinente. Todos serán designados por el Ministerio de Salud ;
Las obras sociales de las empresas y sociedades del Estado serán conducidas y administradas por un directorio integrado según las normas del inciso c). En estos casos la mitad de los vocales estatales serán designados a propuesta de la respectiva empresa. El presidente será designado por el Ministerio de Salud ;
Las obras sociales del personal de dirección y de las asociaciones profesionales de empresarios serán administradas por una autoridad colegiada de hasta cinco (5) miembros en representación de los beneficiarios designados conforme a lo establecido en sus respectivos estatutos;
Las obras sociales constituidas por convenio con empresas privadas o públicas -a la fecha de la presente Ley- serán administradas de conformidad con lo dispuesto en los respectivos acuerdos o disposiciones mientras dure su vigencia;
Las asociaciones de obras sociales serán conducidas y administradas por cuerpos colegiados que no superen el número de siete (7) miembros elegidos por las obras sociales integrantes de la asociación;
Las obras sociales que adhieran a la presente Ley mantendrán su propio régimen de administración y gobierno.
Los miembros de los cuerpos colegiados de conducción de las obras sociales deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades e incompatibilidades civiles ni penales, su mandato no podrá superar el término de cuatro (4) años y podrán ser reelegidos.
Las obras sociales podrán constituir asociaciones de obras sociales que abarquen los beneficiarios residentes en el ámbito de funcionamiento de la.
asociación e integren sus recursos a fin de otorgar las prestaciones médicoasistenciales que corresponda a su calidad de agentes del Seguro de Salud.
Cuando la Superintendencia de Servicios de Salud realice tareas de control y fiscalización en las obras sociales, en ejercicio y dentro de las facultades comprendidas por los artículos 7°, 8°, 9°, 21 y concordantes de la Ley del Seguro Nacional de Salud , aquéllas facilitarán el personal y elementos necesarios para el cumplimiento de la aludida misión.
Se establecen los siguientes aportes y contribuciones para el sostenimiento de las acciones que deben desarrollar las obras sociales según la presente Ley:
Una contribución a cargo del empleador equivalente al seis por ciento (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia;
Un aporte a cargo de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia equivalente al tres por ciento (3%) de su remuneración. Asimismo, por cada beneficiario a cargo del afiliado titular, a que se refiere el artículo 9° último apartado, aportará el uno y medio por ciento (1,5%) de su remuneración.
En el caso de las sociedades o empresas del Estado, la contribución para el sostenimiento de la obra social no podrá ser inferior, en moneda constante, al promedio de los doce (12) meses anteriores a la fecha de promulgación de la presente Ley.
Asimismo, mantendrán su vigencia los aportes de los jubilados y pensionados y los recursos de distinta naturaleza destinados al sostenimiento de las obras sociales
determinados por leyes, decretos, convenciones colectivas u otras disposiciones particulares.
Las contribuciones, aportes y recursos de otra naturaleza que se mencionan en el artículo anterior no podrán ser aumentados sino por ley.
A los fines del artículo 16 de la presente Ley, se entiende por remuneración la definida por las normas del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Para el personal mensualizado, los aportes y contribuciones mínimos serán calculados sobre las remuneraciones establecidas en los convenios colectivos de trabajo para la actividad y de acuerdo a la categoría laboral del trabajador, en base a la cantidad de doscientas (200) horas mensuales, salvo autorización legal o convención colectiva de trabajo que permita al empleador abonar una retribución menor.
Los empleadores, dadores de trabajo o equivalentes en su carácter de agentes de retención deberán depositar la contribución a su cargo junto con los aportes que hubieran debido retener -al personal a su cargo-, dentro de los quince.
(15) días corridos, contados a partir de la fecha en que se deba abonar la remuneración, conforme se establece a continuación:
A la orden de la Obra Social que corresponda, el noventa por ciento (90%) de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta pesos un mil ($ 1.000) inclusive, y del ochenta y cinco por ciento (85%) cuando dichas remuneraciones superen los pesos un mil ($ 1.000). Para el caso de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, dicho porcentaje será del ochenta y cinco por ciento (85%) cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta pesos un mil ($ 1.000) inclusive, y del ochenta por ciento (80%) cuando superen ese tope;
Conforme los niveles remunerativos mencionados, el diez por ciento (10%) o el quince por ciento (15%), respectivamente, de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incisos a) y b) del artículo 16 de esta Ley, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, el quince por ciento (15%) o el veinte por ciento (20%), respectivamente, de la suma a depositarse se destinarán al Fondo Solidario de Redistribución, a la orden de las cuentas recaudadoras que determine la reglamentación;
El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente Ley en su artículo 16, a la orden de la obra social correspondiente;
El cincuenta por ciento (50%) de los recursos de distinta naturaleza que prevé la presente Ley en su artículo 16 a la orden de la Superintendencia de
Servicios de Salud , en los mismos términos que los indicados en el inciso b) precedente;
Cuando las modalidades de la actividad laboral lo hagan conveniente, la autoridad de aplicación podrá constituir a entidades en agentes de retención de contribuciones y aportes calculados sobre la producción, que equivalgan y reemplacen a los calculados sobre el salario, a cuyo efecto aprobará los convenios de corresponsabilidad suscriptos entre dichas entidades y las respectivas obras sociales.
Los aportes a cargo de los beneficiarios mencionados en los incisos b) y c) del artículo 8° serán deducidos de los haberes jubilatorios de pensión o de prestaciones no contributivas que les corresponda percibir, por los organismos que tengan a su cargo la liquidación de dichas prestaciones, debiendo transferirse a la orden de la respectiva obra social en la forma y plazo que establezca la reglamentación.
Para la fiscalización y verificación de las obligaciones emergentes de la presente Ley por parte de los responsables y obligados, los funcionarios e inspectores de la Superintendencia de Servicios de Salud y de las obras sociales tendrán, en lo pertinente, las facultades y atribuciones que la ley asigna a los de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social .
Las obras sociales destinarán a sus gastos administrativos, excluidos los originados en la prestación directa de servicio, hasta un ocho por ciento (8%) de sus recursos brutos deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribución creado por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. La reglamentación establecerá el plazo dentro del cual las obras sociales deberán ajustarse a esa proporción de gastos administrativos.
Los fondos previstos por la presente Ley como también los que por cualquier motivo correspondan a las obras sociales deberán depositarse en instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales y serán destinados exclusivamente a la atención de las prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que demande su funcionamiento.
El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales, y de las multas establecidas en la presente Ley se hará por la vía de apremio prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las obras sociales o los funcionarios en que aquéllas hubieran delegado esa facultad.
La Superintendencia de Servicios de Salud , como organismo descentralizado de la administración pública nacional en jurisdicción del Ministerio de Salud, actuará como autoridad de aplicación de la presente Ley, con jurisdicción sobre las obras sociales del artículo 1°.
La Superintendencia de Servicios de Salud tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales en todo aquello que no se encuentren obligadas por la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Para el cumplimiento de estos fines tendrá las siguientes atribuciones:
Requerirá y aprobará la memoria anual y balances de las obras sociales.
Requerirá y suministrará información adecuada para el mejor contralor de las obras sociales a la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social .
Propondrá al Poder Ejecutivo nacional la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento.
En este caso, cuando la denuncia sea por incumplimiento de sus obligaciones como agentes del seguro, se instrumentarán mecanismos sumarios para asegurar las prestaciones de salud garantizadas por la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Llevará un Registro de Obras Sociales en el que deberán inscribirse todas las obras sociales comprendidas en la presente Ley, con los recaudos que establezca la autoridad de aplicación.
A los efectos de la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y demás normas complementarias, podrá solicitar de las obras sociales la información necesaria, su ampliación y/o aclaraciones. Sin perjuicio de ello podrá disponer que su sindicatura constituida en la entidad, constate y/u obtenga la información requerida.
Resolver los conflictos sobre encuadramiento de los beneficiarios de las obras sociales, determinando el destino de los aportes y contribuciones.
Las violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias o las que establezca el órgano de aplicación harán pasibles a las obras sociales de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por otras leyes:
Multa desde una (1) vez el monto del haber mínimo de jubilación ordinaria del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia, hasta cien (100) veces el monto del haber mínimo de dicha jubilación vigente al momento de hacerse efectiva la multa;
Solamente serán recurribles las sanciones previstas en los incisos b) y.
del artículo 28 de esta Ley dentro de los diez (10) días hábiles de notificadas por el órgano de aplicación o desde la publicación del acto pertinente por el Poder Ejecutivo nacional, en su caso, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo o la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a opción del recurrente. El recurso deberá interponerse y fundarse dentro del término aludido ante el órgano de aplicación, el que remitirá las actuaciones al tribunal competente sin más trámite.
Los bienes pertenecientes a la administración central del Estado, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, para estatales o.
de administración mixta afectados a la prestación de los servicios médicoasistenciales del Seguro Nacional de Salud, serán transferidos a la obra social correspondiente.
Los bienes afectados al funcionamiento de las obras sociales cuyo dominio pertenezca a una asociación sindical de trabajadores continuarán en el patrimonio de la asociación, pero las respectivas obras sociales no reconocerán usufructos a título oneroso por la utilización de dichas instalaciones, quedando a cargo de la obra social los gastos de mantenimiento, administración y funcionamiento.
Artículo 32 Quedan exceptuadas de las disposiciones de la presente Ley las
obras sociales correspondientes al Poder Judicial y a las universidades nacionales.
LEY Y-1603
(Antes Ley 23660)