Source: http://deltaamacuromisionsucrepnf.blogspot.de/p/pnfej.html
Timestamp: 2017-09-25 00:36:40
Document Index: 367805223

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 102', 'Artículo 109', 'Artículo 3', 'Artículo 5']

Delta Amacuro Misión Sucre PNF: PNFEJ
El Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos (PFG-EJ) es el resultado del trabajo colectivo de un equipo multidisciplinar y de las reuniones que el mismo ha mantenido con organizaciones sociales, representantes de las Administraciones Públicas y abogados litigantes.
El Programa se ha elaborado partiendo del “Documento Rector” de la Universidad Bolivariana de Venezuela, que contiene sus objetivos y finalidades, así como los principios rectores fundamentales. Del mismo modo, se consideró el documento “Bases, Criterios y Pautas para el Diseño Curricular” de los Programas de Formación de la UBV, en lo referente a la concepción inter y transdisciplinar del conocimiento; el carácter flexible e integrador de los diseños curriculares: el enfoque integral y dialógico de la formación; la vinculación del Programa con el desarrollo integral del país; y la identidad del egresado como profesional altamente cualificado y éticamente responsable y como ciudadano comprometido con la consolidación de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Nuestros egresados/as obtendrán el título de Abogado/a.
Los criterios pedagógicos y curriculares están basados en los principios de formación integral, flexibilidad e integración de saberes, articulación entre docencia, investigación formativa e interacción socio comunitaria.
Una concepción social y democrática del Derecho y de la Justicia requiere una nueva visión de los nuevos escenarios, actores y necesidades en el contexto mundial y nacional, así como del marco del proceso participativo de democratización que debe dar lugar a la construcción del nuevo ordenamiento jurídico en el que residan los derechos y valores que garantizan que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se haga realidad.
El Derecho, entendido como un conjunto de valores, principios y reglas de conducta, juega un papel esencial en las relaciones humanas. Como instrumento regulador de las reglas de convivencia, determina el marco y refleja los modelos en torno a los cuales las personas configuran sus conductas y resuelven sus problemas.
Desde esta perspectiva, en una sociedad democrática, participativa, equitativa, pluralista, libre y justa, hay que entender que el Derecho obtiene su plena validez cuando se integra armónicamente en el espacio y el tiempo de los Pueblos a los que sirve y que poseen la potestad de su creación, directamente o a través de sus representantes elegidos.
Este proceso de integración de lo jurídico en lo social encuentra, en la República Bolivariana de Venezuela, unas condiciones especiales. En efecto, la soberanía popular se ha expresado dotándose de una Constitución que, legitimada democráticamente, positiviza los mandatos, valores y principios que dirigen el proceso de transformaciones de los que la sociedad venezolana ha querido dotarse. Quiere con ello garantizar su voluntad de convertir a la Justicia en el valor supremo mediante el que: terminar con la impunidad, la exclusión social y la desigualdad, y avanzar en la conformación de una nueva estructura social que universalice el disfrute de los derechos sociales.
De esta manera, el desarrollo jurídico-positivo y consuetudinario de los mandatos constitucionales tiene un papel fundamental, en el impulso de los cambios actuales, proporcionando la certeza y seguridad necesarias que sienten las bases para lograr un sistema político en el que se hagan efectivos los principios fundamentales consagrados en la Constitución: ser un Estado
Democrático y Social de Derecho y de Justicia que, mediante su ordenamiento jurídico y su actuación, garantice a sus ciudadanos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (artículo 2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Líneas Generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007).
Por consiguiente, la democracia se define ahora como plural, protagónica y participativa, lo que supone la creación de los mecanismos de intervención para la adecuación y control en la gestión de lo público, con nuevas fórmulas que combinan representación y participación directa. La participación ciudadana, entendiendo la ciudadanía como concepto amplio y abierto, juega un papel fundamental en la orientación y el control social sobre la acción del Estado.
El Estado en proceso de democratización modifica su rol tradicional y se convierte en social y democrático de Derecho y de Justicia, siendo esta el valor fundamental en torno al que se articula su actuación. Se proporciona un nuevo marco y unas nuevas reglas para la democracia, donde el Estado asume un papel tutelar que garantice que su actividad está al servicio de las personas, protegiendo la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos y la igualdad formal y real.
Para conseguir estos objetivos hay que lograr que la Administración Pública funde su actuación en los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, con sometimiento pleno al Derecho que, como expresión de la voluntad popular, otorga la certeza y seguridad jurídica necesarias.
Todo ello, integrado en el contexto local, nacional, regional y mundial. Desde luego, en este sentido, es importante que los cambios se impulsen teniendo en cuenta el planteamiento alternativo de los pensamientos integracionistas latinoamericanos que, desde la riqueza de su diversidad étnica y cultural, proponen un modelo social capaz de frenar los abusos de una globalización económica que persigue, desde su óptica puramente mercantil, producir consumidores homogéneos, lineales e individualmente fragmentados del todo social.
Estas razones exigen que la Universidad Bolivariana de Venezuela incorpore los Estudios Jurídicos a su oferta formativa, haciendo suya la necesidad del Estado y de la sociedad venezolana de contar con ciudadanos profesionales preparados para contribuir, desde el campo jurídico, a hacer posible la nueva realidad de justicia social, que supere las injusticias, desigualdades, discriminación y marginación social, económica, cultural y política generadas por las pretensiones hegemónicas del capitalismo neoliberal.
Un desafío que obliga a abordar el Derecho, como ciencia social y objeto de estudio, mediante una vinculación diferente entre la teoría y la práctica, entendiendo la complejidad de las categorías jurídicas que ordenan, en el todo social, las diferentes dimensiones de las prácticas jurídicas en su propia estructura interna y en sus relaciones e interrelaciones culturales, políticas o económicas.
El Programa de Formación de Grado en estudios Jurídicos acoge la perspectiva desde la cual la formación del profesional está fundamentada en la integración de saberes entre disciplinas científicas, capacidades técnicas, saberes, experiencias y prácticas de las comunidades. Este programa considera que el principio robinsoniano de integración entre la educación y el trabajo asumido por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 3, es el fundamento de la estructura del aprendizaje cuya manifestación se encuentra materializada a través del Proyecto Comunitario, del reconocimiento de su importancia y de la puesta en práctica del diálogo de saberes en la interacción socio comunitaria.
Asume así, el reto de dotarles de un enfoque innovador, tanto en el plano teórico-práctico, epistémico y metodológico, como en su dimensión ética, creando así una nueva manera de comprender el carácter de su función social con un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario.
Comprender el nuevo ordenamiento jurídico y el nuevo Estado que se requiere construir en la República Bolivariana de Venezuela mediante el desarrollo y la correcta aplicación de los preceptos constitucionales, demanda un profundo conocimiento y un riguroso manejo de la técnica jurídica, de las normas sustantivas y adjetivas e instrumentos hermenéuticos, necesarios para su correcta construcción, aplicación e interpretación. Pero necesita, al mismo tiempo y de un modo inexorable, comprender el porqué de dicha regulación, en un ejercicio donde la política del Derecho juega, como conocimiento, un complemento imprescindible para entender cuál es su ratio legis, su fundamentación social.
Desde luego, no podrían comprenderse los ordenamientos jurídicos que justificaron la esclavitud, el feudalismo, el latifundismo, y el que justifica hoy día la continuidad de la explotación del hombre por el hombre en el sistema capitalista, sin estudiar las relaciones de poder y las divisiones de clase manifiestas en la sociedad.
Igualmente, se requiere ser conscientes de que la nueva realidad plural también necesita adaptarse a una concepción amplia en el momento de administrar Justicia, al incorporar mecanismos alternativos que colaboren a mejorar su eficacia, ya sea desde lo extrajudicial, ya desde el reconocimiento de los usos y costumbres como mecanismo de solución de conflictos, dando respuesta a la diversidad que ofrece Venezuela como sociedad multiétnica y pluricultural.
La UBV pretende, bajo este prisma, formar un nuevo ciudadano profesional del Derecho profundamente preparado, capaz de comprender en su interacción con la comunidad las relaciones y los conflictos sociales; de aportar respuestas a las preguntas que formulan los nuevos retos que tiene la sociedad venezolana en su propia realidad y en el contexto mundial. Un profesional cuya formación integral como jurista se manifieste en su responsabilidad de contribuir a que se garantice el cumplimiento de los derechos, deberes, valores y principios constitucionales. Y de impulsar desde su actividad, pública o privada, la dignidad de las personas, el respeto a los derechos humanos, y la consecución de la igualdad formal y real, en su doble dimensión de igualdad de oportunidades y de resultados.
Un ciudadano íntegro y comprometido con la sociedad a la que pertenece y que, por mandato constitucional, se está ya cimentando desde la solidez de la democracia protagónica, participativa y plural, el desarrollo endógeno y sostenible, la economía popular, y la equidad como nuevo orden de justicia social y base material de la sociedad venezolana (Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007).
En definitiva, un nuevo ciudadano, profesional del Derecho, formado en una Universidad que hace efectivas sus obligaciones para con la sociedad venezolana, de la que emana y a la que sirve por propia convicción.
El análisis fragmentado de las relaciones sociales y la disociación entre el pensamiento y la acción han formado la concepción ideológico-educativa de nuestras universidades, favoreciendo el desarrollo de creencias e ideologías que configuran, desde la visión exclusiva de lo individual, modelos culturales de dominación, al servicio de elites sociales, económicas, políticas y/o religiosas.
Como puede imaginarse, esta percepción lineal de lo humano y lo social necesita ser superada para hacer frente a los procesos de cambio y transformación. En efecto, la reconciliación entre las ideas y la realidad implica desarrollar la aptitud para relacionar el pensamiento y la acción, permitiendo a la sociedad venezolana participar como protagonista en su propia historia.
Los postulados metodológicos de la UBV, según su propio Proyecto educativo, parten de la base de que la formación del profesional del Derecho necesita desarrollar la voluntad de interactuar con la realidad, desde una visión integral de la sociedad como un todo complejo y en continuo movimiento.
Desde luego, esta visión global y dinámica de la sociedad y el enfoque metodológico de la UBV son los que deben dar coherencia a la hora de definir el programa educativo en Estudios Jurídicos. Se trata de dotarles de una concepción compleja en el espacio de las prácticas sociales, reforzando su dimensión técnica, siempre asociada a una visión crítica y con conciencia social, en el marco del desarrollo de las sociedades latinoamericanas y la propuesta de Integración Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Desde la comprensión del Derecho como instrumento al servicio de la Justicia que actúa e interactúa con el todo social, es imprescindible promover la investigación y enseñanza desde un enfoque complejo, integral, dialéctico, crítico y transformador que garantice la producción de conocimientos capaces de enfrentar la complejidad de las nuevas realidades y de incidir en su transformación; lo que constituye cada día más un deber patriótico y humanista ante las agresiones imperialistas que ha padecido el pueblo venezolano, y la crisis mundial generada por el sistema neoliberal, el modelo de explotación irracional de los recursos naturales y los patrones de consumo que éste apareja, que generan cada vez más desastres socio-naturales y tienden a agotar las posibilidades de vida en el planeta.
Asímismo, se busca superar la dicotomía entre teoría y práctica, a través de una articulación unitaria entre, por una parte, fundamentos teóricos, epistémicos, metódicos y metodológicos y, por otra, la interacción en los espacios sociales y el estudio de los problemas concretos que vive la sociedad venezolana. Entre el rigor técnico y una formación humanista, crítica, solidaria, con sensibilidad y conciencia social.
En este sentido, se hace necesario desarrollar, desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, nuevos campos de investigación que permitan comprender qué papel debe jugar el Derecho como instrumento al servicio de la Justicia y la igualdad social, en el marco del respeto a la diversidad, superando sus manifestaciones como herramienta de dominación de una clase social sobre otra; promoviendo el protagonismo del pueblo en la construcción de su sistema y organización social, jurídica, económica y política; la definición de un concepto amplio y abierto de ciudadanía que reconozca el pluralismo étnico y cultural; el respeto a los derechos humanos; y en definitiva: la construcción del Estado en su actual configuración constitucional.
De esta manera, lo jurídico se estudia desde su integración en el contexto social, político, cultural y económico de Venezuela y del mundo actual, proporcionando esta interacción los conocimientos necesarios para, junto con un riguroso manejo jurídico-positivo, favorecer su eficacia y adecuación.
Esta perspectiva permite que la realidad y el entorno determinen las necesidades formativas, abordando el Derecho con el objetivo de conocer y proponer el papel que ha de jugar para intervenir en las transformaciones sociales en el contexto de la globalización; dotar a la Administración Pública de los instrumentos para servir eficazmente a las personas; aportar al desarrollo individual y colectivo del pueblo venezolano; contribuir a la integración latinoamericana; combatir la exclusión y desigualdades sociales, interpretar el papel del Estado y de la sociedad para la conquista de una sociedad más libre, justa, igualitaria y democrática, en el contexto de la propuesta del “socialismo del siglo XXI”, impulsada por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, como alternativa de los pueblos, ante la crisis generada por el capitalismo neoliberal; entre otros tantos temas de interés en el contexto actual.
Todo ello, mediante situaciones de enseñanza - aprendizaje y experiencias de formación flexibles y dinámicas que articulen docencia, investigación e interacción socio comunitaria y enseñen a renovar conocimientos y cambiar paradigmas, con autonomía y compromiso social. Donde la enseñanza de lo ético, la lógica y las categorías jurídicas sea una herramienta para acceder a las fuentes de información mediante la búsqueda, sistematización y análisis personal y colectivo.
Facilitando una visión crítico-reflexiva de los procesos de construcción y difusión del conocimiento jurídico, del Derecho y de la Justicia. Y proponiendo alternativas de cooperación con la sociedad que, desde el proceso de formación y en sintonía con las iniciativas públicas, pongan en marcha proyectos de observación y diagnóstico comunitario y de atención de necesidades sociales.
Enmarcarse dentro de los fines del Estado venezolano y ser parte fundamental en el impulso de los procesos de transformación social, asumiendo la educación como medio para alcanzar dichos fines, desde un enfoque innovador de los estudios jurídicos que propicien una visión cultural y geopolítica de los procesos jurídicos en la interrelación local-nacional-regional-mundial, favoreciendo la elaboración de políticas y estrategias de interés nacional, de integración, justicia e igualdad social, de democracia, cooperación e intercambio cultural; basados en el reconocimiento y la participación equitativa de los pueblos, en el reconocimiento de lo diverso y plural como elementos característicos de nuestra condición humana y de la participación democrática.
Se asumen, igualmente, los fines de la educación de contribuir con el desarrollo del “potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal…” (Artículo 102 C.R.B.V), así como la dedicación a “la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación…”
(Artículo 109 C.R.B.V.)
El mandato soberano del pueblo Venezolano, expresado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ejemplo de democracia para el mundo, establece en su Artículo 3 como fines esenciales del Estado:
“… la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
Asímismo el Artículo 5, establece:
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Es en este marco Constitucional, que el Ejecutivo Nacional crea la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre, como políticas para lograr la justicia social y la transformación socioeducativa; ejecutadas por el Ministerio de Educación Superior con el fin brindar oportunidades reales de estudio a las mayorías de venezolanos tradicionalmente excluidos de la educación universitaria y al mismo tiempo egresar ciudadanos profesionales formados con los valores y principios establecidos en la Constitución.
Este Programa de Formación de Grado, asume plenamente su sometimiento al mandato popular y su papel como medio para alcanzar los fines del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, los cuales asume como propios.
El programa de Grado de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene como objetivo la formación de personas profesionales altamente capacitados teórica y técnicamente en el área del Derecho: intelectualmente creativos, éticamente íntegros, con sentido de pertinencia social y con un profundo conocimiento de la realidad social.
En este sentido, el Programa persigue cumplir los objetivos que se describen a continuación:
Promover el estudio integral de las ciencias jurídicas, bajo los principios de complejidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, ofreciendo una formación teórica y epistemológica que permita comprender el Derecho como un fenómeno complejo, que atraviesa múltiples dimensiones de la vida social y se conforma a su vez en la confluencia de diversos determinantes de tipo cultural, económico, político y social.
Brindar una sólida formación teórica y un sentido crítico que permita evaluar y reflexionar en torno al papel del Derecho y su impacto en la vida social.
Ofrecer una formación integral que permita incorporar conocimientos teóricos, herramientas metodológicas y destrezas técnicas para afrontar los retos que imponen al Derecho y al ejercicio de la abogacía, los constantes cambios culturales, económicos, políticos y sociales, incorporando siempre perspectivas que integren criterios de pertinencia y responsabilidad social y ética profesional.
Promover una concepción del Derecho como instrumento capaz de hacer viables los fines, valores y principios fundamentales del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, en particular, como un instrumento al servicio de la paz, la armonía social, la democracia, el interés general y la protección de los más débiles.
Capacitación y formación de estudiantes y profesores en la comprensión de la presencia e importancia del Derecho en todos los procesos de la interacción humana.
Brindar una orientación profesional dirigida a la interacción comunitaria y el servicio social, que permita fomentar y fortalecer el ejercicio profesional de acuerdo con los principios de la democracia participativa, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el pluralismo de ideologías, la diversidad cultural, la solidaridad y la justicia social.
El profesional del Derecho de la Universidad Bolivariana de Venezuela, debe estar formado integralmente para el ejercicio ético y responsable de su misión social, capaz de:
Comprender la complejidad de los procesos culturales, económicos, sociales y políticos, y de ejercer su profesión bajo los principios fundamentales de la convivencia, ética, la solidaridad, la democracia participativa y protagónica, la libertad, la justicia y la responsabilidad social.
Transitar las perspectivas global-nacional, entender las múltiples implicaciones de la progresiva interconexión e interdependencia mundial y del papel decisivo que lo jurídico tiene como instrumento para la configuración de nuestras realidades locales y nacionales; orientando, de acuerdo al contexto, su práctica profesional según principios de equidad, de respeto a la diferencia y a la diversidad cultural; de reconocimiento, cooperación, intercambio e integración social y democrática.
Ejercer con una visión crítica y reflexiva de las condiciones histórico-culturales y con plena conciencia de la trascendencia de su labor en el seno de la sociedad, con un sentido amplio de responsabilidad y compromiso social, respondiendo a las necesidades y propuestas de la comunidad. En tal sentido, el profesional se forma a partir de una concepción de mentalidad abierta, no dogmática, que le permita percibir y comprender con un menor rango de tergiversaciones los procesos sociales y las consecuencias de su trabajo como profesional.
Comprender las dimensiones, la complejidad e importancia cultural, económica, social y política del Derecho, de forma que ello les permita asumir una ética de responsabilidad con lo público, de pertinencia e inserción social del conocimiento y del desempeño profesional con el objetivo de contribuir con el desarrollo endógeno sustentable del país, la democratización cultural y la participación protagónica de los ciudadanos.
Observar crítica y permanentemente los valores éticos de la profesión y fomentar su independencia, objetividad, transparencia, equilibrio, honestidad y veracidad en el desempeño de su labor social, ejerciendo su profesión con alto sentido de la dimensión pública, en pro de la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, basado en el pluralismo cultural, la participación, la equidad, la sensibilidad social y el servicio público.
Conocer la historia de los pueblos venezolanos y latinoamericanos, profundizar en el estudios del pensamiento Bolivariano, Robinsoniano y Zamorano.
El profesional del Derecho ha de tener una formación integral que lo capacite para el ejercicio ético y responsable de su misión social. El contenido y la orientación del presente Programa están dirigidos a la formación de un profesional capacitado para:
Asumir una actitud de investigación crítica y de análisis permanente frente al ordenamiento jurídico y su desarrollo legislativo, doctrinal y jurisprudencial en el derecho interno, internacional y comparado, así como su relación con la realidad social a la que se aplica.
Desarrollar su trabajo bajo el compromiso de un aporte significativo en el proceso de mejorar las condiciones culturales, de conocimiento y, en general, de la calidad de vida de las personas y el mejor desempeño de las instituciones públicas.
Cultivar su capacidad reflexiva, analítica, autónoma y autocrítica, así como su disposición al trabajo en equipo mediante una actitud de diálogo, tolerancia, flexibilidad y consenso.
Además de los conocimientos inherentes a toda formación humanística, el profesional del Derecho ha de poseer los conocimientos y las destrezas que lo capaciten para el ejercicio profesional en los diferentes espacios que demandan la presencia del conocimiento jurídico:
Conocer las teorías en torno a las que se ha construido el Derecho, así como la importancia de su interacción con lo social y el contexto en que se aplica.
Manejar de forma impecable de la técnica-jurídica que le permita contribuir, mediante un razonamiento riguroso, crítico y creativo en el proceso de elaboración, aplicación e interpretación normativa.
Dominar las técnicas de investigación que le posibiliten acceder a las fuentes de información, así como desarrollar la capacidad para su selección, sistematización y análisis crítico que le permita perfeccionar de manera permanente sus habilidades profesionales.
Habilidad para realizar los aportes jurídicos necesarios que permitan la formulación y ejecución de teorías, métodos y técnicas para la planificación, formación y gestión de políticas públicas y planes de actuación social. Capacidad para, desde una visión interdisciplinaria y transdisciplinaria, detectar y diagnosticar necesidades y problemas en lo público y lo privado, así como ser capaz de plantear soluciones jurídicas con visión social.
Manejar las técnicas de comunicación y metodológicas necesarias para difundir con claridad los conocimientos adquiridos y las propuestas formuladas, facilitando la comprensión de lo jurídico a la comunidad.
Poseer las herramientas y conocimientos pedagógicos y andragógicos, que junto a sus conocimientos, habilidades y experiencia profesional contribuyan al fortalecimiento académico venezolano.
El profesional o la profesional del Derecho egresado/a de la UBV ha de estar capacitado para actuar en diversos ámbitos de ejercicio profesional.
Organizaciones sociales: sindicatos, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, juntas de vecinos, juntas de condominio, asamblea de ciudadanos, grupos vecinales, empresas comunitarias y todas las formas de organización de la comunidad.
Órganos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal: Presidencia y Vicepresidencia de la República, Oficinas Presidenciales, Comisiones Presidenciales, Ministerios, Institutos Autónomos, Empresas, Fundaciones y Asociaciones del Estado, Servicios Autónomos, Asamblea Nacional, Ministerio Público, Contralorías, Defensorías del Pueblo, Tribunales, Gobernaciones de Estados, Consejos Legislativos Estadales, Consejos de Panificación Pública, Corporaciones Regionales, Alcaldías, Consejos Municipales, Consejos Locales de Planificación Pública, Cabildos Abiertos, Juntas Parroquiales, Consejo Federal de Gobierno, Consejo de Estado y demás instituciones públicas.
Organismos y organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana, la Comunidad Andina de Naciones, el Tribunal Andino, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, los parlamentos Andino y Latinoamericano, entre otroso Empresas y otras instituciones privadas.
Asesorias y asistencia a particulares.
El desempeño de su actividad profesional, en los ámbitos de actuación descritos, debe contemplar el desarrollo de un amplio abanico de competencias, tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. Esto se materializa en su posible papel como creador normativo, en su dedicación a la adecuada aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, y en su capacidad como asesor para la negociación y la solución jurídica de los conflictos sociales o en su actividad académica.
Sin duda, puede plantearse un listado de competencias casi inagotable, tanto como la posible combinación entre los diferentes ámbitos de trabajo y las múltiples actividades que las relaciones humanas y sociales pueden requerir de un jurista.
A modo de ejemplo, conviene plantear su papel en la interacción entre la sociedad y lo jurídico, de modo tal que pueda contribuir a la elaboración de las políticas públicas que respondan con eficacia a las necesidades y propuestas de la comunidad, así como ser capaz de traducirlas en instrumentos jurídicos que garanticen los derechos ciudadanos.
Aun cuando hay que decir que no sólo a su elaboración, sino también es importante su actuación como gestor público, al servicio del ciudadano, con unsentido amplio de responsabilidad y compromiso social.
Del mismo modo, la propia comunidad también participa y requiere, de motu propio, la intervención de los poderes públicos. En este sentido, el profesional del Derecho debe servir para canalizar estas solicitudes, desde su comprensión del contexto social, colaborando en el diseño, tramitando y dando seguimiento a los Proyectos sociales.
Pero las relaciones sociales son, seguramente, las que necesitarán su mayor atención. De este modo, las relaciones humanas individuales y colectivas requieren de grandes recursos que faciliten el diálogo, la negociación y, llegado el caso, la solución de sus conflictos de un modo pacífico. El profesional del Derecho
debe ser capaz de atender estas necesidades. La asesoría, desde lo público o lo privado, juega así un rol importante en la sociedad, para lo que debe ser capaz, desde su sensibilidad humana, tolerancia y flexibilidad, de utilizar sus habilidades para la comunicación y los instrumentos para poner en marcha los mecanismos judiciales y extrajudiciales existentes.
Y, sin duda, todo su conocimiento debe tener la posibilidad de transmitirlo a la población en general, y en la Universidad en particular. En efecto, su capacidad para aproximar lo jurídico y el nuevo sentido de Justicia a la población es vital para hacer efectivo el nuevo sentido del Derecho. Pero esta habilidad debe traducirse también en su competencia docente e investigadora, en la capacidad para manejar y poner en práctica los recursos que permitan fortalecer académicamente las universidades venezolanas y, con ello, crear un nuevo ciudadano y profesional capaz de consolidar las transformaciones que el pueblo venezolano, a través de la Constitución, ha venido a sancionar.
PLAN DE ESTUDIOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Plan de Formación de Estudios Jurídicos descansa en la visión integral de la actividad docente, la investigación formativa y la interacción socio comunitaria criterios orientadores de la UBV.
El presente Plan se desarrolla en cuatro años o trayectos. Cada uno de los cuales comprende una línea de investigación formativa, en torno a la cual se pone en marcha el proyecto de interacción comunitaria y las demás unidades curriculares.
Las líneas de investigación que guiarán este Programa son “Sociedad, Justicia y Derecho”, “Estado, Derecho y Democracia”, “Clases Sociales, Derechos Humanos y Justicia Social” y “Atención Jurídica y Políticas Públicas”, determinando los ámbitos desde los que se definirán las investigaciones a desarrollar y, en coherencia con estas, las demás unidades curriculares.
Los Proyectos son las unidades centrales del Plan de Formación. El resto de las unidades, además de tener sustantividad propia, son útiles al mismo. Esta es la idea que ha intentado plasmarse en el presente Plan de Estudios Jurídicos.
Para ello se ha optado por priorizar que la observación social sea el punto de partida que haga comprender, de un lado, el papel que juega el Derecho en la sociedad y, de otro, cuáles son las relaciones y los conflictos que está encargado de regular y resolver.
Hay que configurar por tanto el Plan de Estudios de un modo flexible, permitiendo que la investigación formativa condicione sus contenidos en virtud de la realidad venezolana. Y en cuanto al docente, debe combinar la necesidad formativa de contenidos imprescindibles con la posibilidad de ajustar la formación a sus propias inquietudes, conteniendo el Plan de Estudios unidades obligatorias y electivas.
Como puede entenderse, abordar el Derecho desde la sociedad tiene en el plano formativo consecuencias evidentes. Como cabe entender, los tipos de relación humana y de problemas sociales pueden ser infinitos, al margen de encontrarse con la cotidiana movilidad que le otorga la rapidez con la que los cambios sociales se producen hoy día. En este sentido, el Derecho, para responder eficazmente a su función social, debe estar en permanente adecuación con la sociedad. Y el jurista, por una parte, debe ser capaz de entender el problema social y el contexto en el que se genera el ordenamiento jurídico y, de otra, debe tener un exquisito dominio de la técnica jurídica, lo que le permitirá un perfecto manejo y comprensión del Derecho positivo y demás expresiones jurídicas, para encontrar soluciones jurídicas justas y adecuadas a cada contexto y caso concreto.
El conocimiento del problema en el entorno donde se produce, junto con el uso adecuado de la técnica jurídica, proporciona al jurista su capacidad y, por tanto, su excelencia profesional; y es esto lo que contribuye a que, desde esa labor técnica, pueda contribuir a construir una sociedad que refleje la Justicia como valor que su compromiso social le hace defender.
Esto supone que, en el desarrollo de su formación académica, el objetivo no consiste en facilitarle información de un modo indiscriminado y fragmentado. El proceso de formación pasa así por priorizar el adecuado uso de los instrumentos técnico jurídicos que, comprendiendo la información en el contexto donde se produce, le permitan al estudiante de un lado, conocer si el Derecho vigente es eficaz en su contexto y, llegado el caso, realizar los aportes necesarios para su modificación; de otro, ser capaz de alcanzar la solución que permita construir el modo justo en el que ha de interpretarse y aplicarse.
Desde una perspectiva, la formación es transdisciplinar, perspectiva que, lejos de mermar lo jurídico, viene a enriquecerlo con un conocimiento que permite alestudiante atender los problemas humanos en toda su integridad. Ahora bien: la posibilidad de partir de un problema real ofrece la posibilidad de abordarlo de manera interdisciplinar: aparecen en torno a él las diferentes disciplinas jurídicas que inciden en el problema, superando así el estudio fragmentado del Derecho. Y permite estudiar de un modo conjunto el derecho sustantivo y adjetivo, siendo el objetivo que el estudiante pueda construir la argumentación y el razonamiento jurídico necesario para aportar la solución adecuada, pero activando al mismo tiempo los mecanismos procesales adecuados para que la justicia sea administrada.
Este es el enfoque metodológico que ha servido para diseñar el Plan de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela que a continuación se detalla bajo una modalidad presencial de cuatro (4) años, que servirá de base para el diseño de otras modalidades que se adapten a las diversas condiciones de vida de nuestro pueblo. Para ofrecer oportunidades reales y garantía plena del derecho a la educación; prioritariamente, a los venezolanos tradicionalmente excluidos de la educación superior.
MAPAS CURRICULARES DE LA MODALIDAD BASE
AÑO PRIMERO: SOCIEDAD, JUSTICIA Y DERECHO
TOTAL CRÉDITOS: 56 TOTAL HORAS SEMANALES: 23
AÑO SEGUNDO: ESTADO, DERECHO Y DEMOCRACIA
AÑO TERCERO: CLASES SOCIALES, DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA SOCIAL
TOTAL CRÉDITOS: 57 TOTAL HORAS SEMANALES: 23
AÑO CUARTO: ATENCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
DESCRIPTORES DEL CONTENIDO DE LAS UCS DEL PFG-EJ
Abog. Héctor Romero
Coordinador. del PNFEJ