Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/74450
Timestamp: 2019-11-18 15:09:40
Document Index: 388268360

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 103', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 71', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 33', 'artículo 61', 'artículo 89', 'artículo 103', 'artículo 27', 'artículo 68', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 103', 'Artículo 103']

Gaceta: LXIII/2SPR-34/74450
Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III bis al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA DE LA CáMARA DE DIPUTADOS.
La iniciativa propone que la Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno, del recurso de revisión en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, federales o locales, cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya declarado que dicha sentencia firme o ejecutoriada, laudo o resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
SYNOPSIS: The initiative proposes that the Supreme Court of Justice will hear appeals in plenary of the appeal for review against final or enforceable judgments, decisions and decisions ending the trial, handed down by federal judicial, administrative, agrarian or labor courts Or premises, in the cases covered by fraction I of Article 103 of the Political Constitution of the Mexican United States, and when the Inter-American Court of Human Rights has declared that said final or enforceable judgment, award or resolution has been rendered in violation of any of the rights recognized in the American Convention on Human Rights, provided that the violation, by its nature and seriousness, has effects that persist and can not be terminated in any way other than through this review.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE PERMITIR QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAGA EFECTIVAS LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la siguiente:
En el orden jurídico mexicano, los derechos humanos se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional y legal, como en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Así fue establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando en 2011 se realizó una trascendental reforma en materia de derechos humanos. El texto del artículo 1° de la Carta Magna señala que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”. Por su parte, el artículo 133 Constitucional dispone que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.
Uno de los tratados más importantes que ha signado nuestro país en materia de derechos humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el “Pacto de San José”, documento aprobado en San José, Costa Rica en 1969. Es necesario entender el contexto y antecedentes de dicha convención: tras la Segunda Guerra Mundial, a nivel global se comenzaron a crear sistemas de protección internacional de los derechos humanos, tanto en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, como a escala regional, en América, Europa y África.
En ese sentido, la protección regional en nuestro continente fue concebida en el seno de la Organización de Estados Americanos, en donde se aprobó la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. En 1956, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano encargado de vigilar la protección de los derechos humanos mediante visitas in loco, relatorías sobre temas prioritarios y conociendo de peticiones individuales de personas sobre la violación de sus derechos.[*]
Posteriormente, en 1969 se aprobó el tratado base del sistema interamericano de protección de derechos humanos: la Convención Americana o “Pacto de San José. Asimismo, la Comisión Interamericana dispuso la creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue instaurada en 1979. La Corte es la intérprete última de la Convención Americana y tiene competencia contenciosa en los casos individuales de violaciones de derechos humanos que le remita la Comisión. La Corte tiene facultad para emitir sentencias en las que se determine la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a derechos humanos, así como las medidas de reparación del daño a las víctimas.[*]
México ratificó “el Pacto de San José el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas, una referente al derecho a la vida correspondiente al párrafo 1 del artículo 4o., y la otra relativa a la libertad de conciencia y religión en el artículo 12 de dicho instrumento, así como una reserva al artículo 23, párrafo, 2 de los derechos políticos. Sin embargo, en aquél momento no reconoció la competencia contenciosa de la Corte”[*].
No fue sino hasta 1998 que nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la CIDH. “El instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte fue depositado ante el secretario general de la OEA el 16 de diciembre de 1998 y dicha declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999”[*].
“DECRETO Promulgatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica , adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a todos los que el presente vieren, sabed:
El veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se adoptó en la ciudad de San José, Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", a la que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhirió el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno.
En ejercicio de la facultad que el artículo 62, numeral 1, de la Convención citada, otorga a todo Estado Parte, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue aprobada por dicha Cámara el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho del propio mes y año, en los términos siguientes:
DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.
3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.
El instrumento de aceptación, firmado por mí el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el dieciséis de diciembre del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.”
Mediante su competencia contenciosa, la Corte Interamericana dirime controversias, culminando con la emisión de resoluciones que, en su caso, declaran la violación a los derechos e imponen la obligación del resarcimiento a la víctima. Las formas de reparación que la Corte impone en las sentencias condenatorias pueden ser “pecuniarias, donde es posible incluir daño material, moral e incluso al proyecto de vida de los afectados o sus sobrevivientes, o de diversa especie, tales como la orden de realizar investigaciones reales, profundas y efectivas para determinar fehacientemente los responsables de la violación de derechos humanos; la anulación de leyes —con efectos generales— cuyos contenidos son contrarios a la Convención, la obligación de modificar la legislación interna, que puede ser ordinaria o hasta constitucional; la expedición de normas que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, entre otras medidas.”[*]
Las violaciones a derechos humanos señalados por la Corte Interamericana en sus sentencias, deben ser subsanadas por los órganos internos de cada Estado, ya que la CIDH no tiene facultades para reparar dichas violaciones en el ámbito interno. A decir del académico Héctor Fix-Zamudio, dichos fallos: “son obligatorios para los Estados respectivos, es decir, tienen carácter imperativo, por no ejecutivo, ya que son los propios Estados los que deben cumplirlos en el ámbito interno.”[*]
A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 8 casos y emitido 6 sentencias condenatorias en contra del Estado Mexicano. Los casos son:
Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México (sentencia de 2004)
Caso Castañeda Gutman vs. México (sentencia de 2008)
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (sentencia de 2009)
Caso Radilla Pacheco vs. México (sentencia de 2009)
Caso Fernández Ortega y otros vs. México (sentencia de 2010)
Caso Rosendo Cantú y otra vs. México (sentencia de 2010)
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (sentencia de 2010)
Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (sentencia de 2013)
En los casos Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México y García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México la Corte no se pronunció sobre el fondo del asunto.
Cabe destacar que la sentencia del caso Castañeda Gutman vs. México es la única que se ha señalado totalmente cumplida.[*]En el resto de las mismas, existen obligaciones que se han impuesto al Estado Mexicano y que este ha cumplido sólo de forma parcial o ha incumplido de plano.
Un ejemplo de ello es la emblemática sentencia Radilla Pacheco vs. México, sobre un caso de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. El Estado ha incumplido diversos puntos de dicha resolución de la Corte Interamericana, dos de ellos revestidos de especial importancia, los relativos a la investigación y a la obligación de brindar servicios de salud para la familia Radilla: en cuanto al primer aspecto, no ha existido una investigación efectiva que dé con el paradero de Rosendo Radilla por parte de la PGR, y por lo que hace al segundo, los servicios de salud brindados a los familiares del desaparecido han sido muy deficientes y carentes de medicamentos.[*]
De la misma manera, respecto de la sentencia González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, relativa a casos de feminicidio, el Estado Mexicano cumplió con las partes menos complicadas, entre ellas, la de modificar su legislación, pero aún se desconoce quiénes fueron los responsables o cómplices de los delitos.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha señalado que de los casos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la reparación a las víctimas, en ninguno ha cumplido de manera integral.[*] Asimismo, ha indicado que “Es más fácil cumplir con las partes “cosméticas”, como una disculpa pública, una reforma legislativa o pagarle a las víctimas. Lo pendiente es que los hechos no se repitan. México tiene la sentencia del Campo Algodonero y al día de hoy tenemos alertas de género en Jalisco, Morelos, Edomex…”[*]
Eduardo Román González identifica dos obstáculos fundamentales en la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana que condenan al Estado mexicano: “a) el primer obstáculo, lo constituye la definitividad de las resoluciones de los organismos nacionales encargados de la jurisdicción constitucional; b) el segundo obstáculo, consiste en la no existencia de normas que señalen cómo debe darse en el ámbito interno el cumplimiento a las resoluciones de la Corte IDH y de otros organismos supranacionales cuya competencia haya sido reconocida por el gobierno mexicano.”[*]
Sobre el primer obstáculo, se puede señalar lo siguiente: El diseño jurisdiccional mexicano, hace posible que prácticamente cualquier acto de autoridad en el cual se alegue una violación a derechos fundamentales, pueda derivar en un procedimiento ante algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, ya que la jurisdicción constitucional en nuestro país está encomendada a ellos. En consecuencia, todos los actos que llegan a la jurisdicción de la Corte Interamericana en los que se alegan violaciones a derechos humanos, han sido conocidos con anterioridad por algún órgano del Poder Judicial de la Federación.[*]
Sin embargo, si hipotéticamente, la Corte Interamericana señalara que al emitirse una sentencia interna se violó algún derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en su resolución internacional requiere el reexamen de una sentencia interna definitiva, hoy día no existe algún recurso para impugnar dichas sentencias definitivas. Es por ello que la presente iniciativa plantea dotar -en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 103 Constitucional[*]- al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de conocer recursos de revisión contra resoluciones internas firmes o ejecutoriadas, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que dichas resoluciones fueron dictadas en violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello permitiría dar un mejor cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, para que las víctimas sean efectivamente reparadas en el ámbito interno. En la actualidad, países como España han adoptado reformas legales en este sentido, para permitir que el Tribunal Supremo tenga un cauce procesal para ejecutar las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.[*]
En cuanto al segundo obstáculo, cabe señalar que actualmente en México no existe ningún ordenamiento que obligue al cumplimiento irrestricto de las sentencias de los tribunales internacionales. El incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana es consecuencia de deficiencias estructurales. En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación señaló en un informe reciente que la Secretaría de Relaciones Exteriores no da seguimiento a los tratados para cuidar su cumplimiento y tampoco cuenta con un documento regulatorio en el que establezcan procedimientos de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales y dirigidas al Estado mexicano.[*]
Asimismo, otros obstáculos que dificultan y limitan el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, son los que ha introducido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversas resoluciones. En 2010, la Suprema Corte resolvió el incidente “Varios 912/2010”, respecto de los efectos que tendría la sentencia Radilla Pacheco vs. México. Esa representó un gran avance para nuestro orden jurídico, ya que entre otras cosas, se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores; se reconoció la facultad del Poder Judicial de la Federación de ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana; y se reconoció a todos los tribunales del país la facultad de realizar el control difuso de la constitucionalidad.
Sin embargo, un año después, la Suprema Corte emitió la primera de sus decisiones regresivas, al resolver la contradicción de tesis 293/2011. En ella, por un lado, se da un avance importante al reconocer la existencia del llamado “bloque de constitucionalidad”, “constituido por las disposiciones contenidas en la propia Constitución, pero ampliado por los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte”[*]. Sin embargo, en la misma resolución, la Suprema Corte volvió inoperante el “bloque de constitucionalidad”, al establecer que si nuestra Constitución incluyese alguna restricción a un derecho humano, aunque la misma no existiera en los tratados firmados por México, dicha restricción debe prevalecer.
Finalmente, en 2015, la Suprema Corte emitió la resolución respecto del incidente “Varios 1396/2011”, sobre los efectos de dos resoluciones de la Corte Interamericana, Fernández Ortega y otros vs. México y Rosendo Cantú y otra vs. México. En ella, la Corte reitera que las resoluciones de la CoIDH son obligatorias para México, haya o no sido parte en el caso, e introduce una excepción: “... en el entendido de que, si alguno de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, debe prevalecer ésta en términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011.” Santiago Corcuera señala al respecto que: “La SCJN, claramente le está enviando un mensaje a la CoIDH, en el que le dice: si en algún momento la CoIDH llegare a considerar que, por ejemplo, el arraigo es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por constituir una detención arbitraria, a la SCJN eso no le importará. Preferirá mantener la arbitrariedad constitucionalizada, y no se sentirá obligada a cumplir con la sentencia de la CoIDH que pudiera ordenarle al Estado mexicano la eliminación del arraigo de la Constitución, las leyes y la práctica.”[*]
Como se puede advertir, nuestro Máximo Tribunal está haciendo cada vez más estrecho el margen de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, y permitiendo que figuras violatorias de derechos humanos, como el arraigo, persistan bajo una visión de supremacía de la Constitución sobre los tratados internacionales. Ello viola el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados, el cual indica que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.”. De la misma manera, se está contraviniendo el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”
El enfoque de derechos humanos que se introdujo en nuestra Constitución Política a partir de 2011, exige no sólo cambios discursivos y buenas intenciones, sino que exista una protección efectiva a los derechos humanos de todas las personas. De nada nos serviría ser parte en los tratados y convenciones más avanzadas y progresistas en la materia, si el Estado Mexicano es incapaz de garantizar la protección de sus derechos a las y los mexicanos, incumpliendo con sus deberes internacionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:
Que adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. … III.
III BIS. Del recurso de revisión en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, federales o locales, cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya declarado que dicha sentencia firme o ejecutoriada, laudo o resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
IV. … XIII.
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Diputado Jorge Álvarez Máynez
[*] México y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/36-Mex-Siste-DH.pdf
[*] Íbid.
[*] PUENTE DE LA MORA, Gloria Margarita, El Estado Mexicano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Algunas consideraciones respecto al margen de apreciación en los casos contenciosos. Retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3160/14.pdf
[*] RANGEL HERNÁNDEZ, Laura, Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional, Revista IUS, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200008
[*] ROMÁN GONZÁLEZ, Eduardo, La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/14/14_12.pdf
[*] El Estado ha incumplido sentencia de la Coidh sobre Rosendo Radilla, señalan, La Jornada Guerrero, disponible en: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/10/08/index.php?section=sociedad&article=005n2soc
[*] Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética”, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/475933/jacinta-alberta-teresa-una-disculpa-cosmetica
[*] Que a la letra señala:
“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
II. … III.”
[*] CARMONA CUENCA, Encarna, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España, Council of Europe, disponible en: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa
[*] México no cumple con los tratados internacionales sobre derechos humanos, Animal Político, disponible en:
http://www.animalpolitico.com/2017/02/tratados-derechos-humanos-mexico/
[*] CORCUERA, Santiago, Otra vergonzosa decisión de la SCJN, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/santiago-corcuera/nacion/politica/2015/08/29/otra-vergonzosa-decision-de