Source: https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/9601/5459
Timestamp: 2020-02-18 01:38:20
Document Index: 25671320

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'artículo 100', 'artículo 219', 'artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 100', 'artículo 179', 'artículo 50', 'artículo 16', 'artículo 23']

10.5294/dika.2019.28.1.5
Elegibilidad política y procesos de paz:
un análisis a partir del caso colombiano
Political Eligibility and Peace Processes:
An Analysis Based on the Colombian Case
Elegibilidade política e processos de paz:
uma análise a partir do caso colombiano
Yenny Andrea Celemin Caicedo1
Sergio Javier García2
1 orcid.org/0000-0003-0540-2036. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia yennya.celeminc@utadeo.edu.co
2 orcid.org/0000-0001-8425-0143. Consejo Nacional Electoral, Colombia. sjgarcia@cne.gov.co
Recibido: 10 de agosto de 2018
Envío a pares: 12 de agosto de 2018
Aprobado por pares: 12 de septiembre de 2018
Palabras clave: Elegibilidad política; inhabilidad por condenas penales; proceso de paz de Colombia; acuerdos para compartir el poder.
Keywords: Political eligibility; ineligibility based on criminal records; Colombian´s Peace Agreement, power-sharing agreements.
Palavras-chave: Elegibilidade política; incapacidade para condenações penais; Processo de Paz na Colômbia; Acordos para compartilhar poder.
1. El régimen de inhabilidades como garantía del proceso de representación política en Colombia.
2. La ausencia de condenas penales como requisito de elegibilidad política.
3. Las modificaciones al Régimen de Inhabilidades para ser elegido congresista como consecuencia del proceso de paz.
3.1. El contexto del proceso de paz.
3.2. La promoción de las ideas políticas de la organización en proceso de transición como un acuerdo para compartir el poder en virtud del proceso de paz.
3.3. ¿A quién se habilita para conformar los nuevos escenarios creados en virtud del Acuerdo de Paz, para compartir el poder?
4. El Acuerdo de Paz y los escenarios de estabilidad y de cambio de la inhabilidad política por condena penal.
4.1 El papel de la Corte Constitucional para morigerar el alcance de las modificaciones del Acuerdo de Paz en materia de elegibilidad política.
5. Algunos problemas jurídicos e interpretativos del cambio de la inhabilidad política por condena penal a partir del proceso de paz.
... la parte de nuestra legislación que establece las calidades para ser elegible. Así mismo, elegible es el ciudadano que tiene la capacidad legal requerida para ser designado para los cargos públicos cuyo nombramiento se hace mediante el sufragio. Es también la persona que reúne los requisitos para ser elegido para algún cargo o destino público provisto mediante los mecanismos electorales.11
... en la hipótesis de la condena a pena privativa de la libertad por un delito que no exista en Colombia, y como tal, resulte extraño a los patrones culturales y éticos que informan nuestra institucionalidad, la misma no sería admisible como sustento de la causal examinada cuya razón de existencia es la salvaguarda de dichos patrones culturales (jurídicos) y éticos.18
A postwar society is a country that has suffered from intense and severe arm conflict. [...]. In this environment institutions building is often understood as the initial creation or reform of formal state institutions (e. g. constitutions, electoral [laws], property rights, the government system and the security sector) (Helmke and Levitsky, 2004; North, 1990) in a way that promotes nonviolent conflict management between social and political groups. “Desirable” outcomes are typically related to the prevention of the recurrence of war or armed conflict and may therefore include the implementation of democracy or equal representation of politically salient groups, especially in divide societies.27
De acuerdo con esto, lo acordado conlleva una paradoja que puede formularse en los siguientes términos: entre menor grado de afectación del DIH tengan las conductas de los excombatientes –lo que explicaría el otorgamiento de la figura del indulto–, mayores y más amplias serán las restricciones para participar en calidad de elegidos en los mecanismos para compartir el poder creados con ocasión del proceso de paz. Por su parte, entre mayor grado de afectación del DIH tengan las conductas de los excombatientes, o de otros actores que se sometan voluntariamente a los mecanismos de justicia transicional, menores serán sus limitaciones para participar en calidad de elegidos en los mecanismos para compartir el poder creados como consecuencia del acuerdo.
1 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
2 Constitución Política de Colombia, artículos 98 y 99: “Artículo 98. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.
Parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años”.
“Artículo 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
3 Constitución Política de Colombia, artículo 100: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
4 Constitución Política de Colombia, artículo 219: “La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.
Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
5 Ley 599 de 2000, artículo 52. “Las penas accesorias. Las penas privativas de otros derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.
En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51”.
6 Por ejemplo, una edad mínima para ocupar los cargos.
7 Sobre el particular es importante reseñar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs. México, de 6 de agosto de 2008, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, núm. 184. En esta decisión, el demandante acudió a la instancia internacional ante la negativa de la autoridad electoral mexicana de inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales por no tener el respaldo de un partido político, pues pretendía presentarse como candidato individual. De acuerdo con su solicitud, esta negativa vulneraba su derecho a la participación política y su libertad de asociación. La Corte falló negando las pretensiones de Castañeda, pero el caso se convierte en un antecedente interesante frente a la discusión de las limitaciones a la universalidad de los derechos políticos en el contexto latinoamericano.
8 La Constitución Nacional de 1886, en su artículo 100, señalaba lo siguiente: “Para ser elegido Representante se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, y tener más de veinticinco años de edad”.
14 No obstante, la Corte Constitucional estableció en su jurisprudencia temprana que para la determinación de un régimen de inhabilidades no se requería del trámite de ley estatutaria. Por lo tanto, de acuerdo con el alto tribunal, el legislador ordinario puede imponer este tipo de restricciones. Eso sí, atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida que afecta la elegibilidad política (Corte Constitucional, Sentencia C-373 de 1995).
15 Señala la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-424 de 2016, respecto de esta figura: “La pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan. En ese orden de ideas, se trata de un juicio sancionatorio, que se efectúa en ejercicio del ius puniendi del Estado, previsto por el Legislador como un procedimiento jurisdiccional a cargo del juez contencioso administrativo –la Sala Plena del Consejo de Estado–, quien hace un juicio de reproche sobre un comportamiento. Esta figura jurídica comporta un juicio ético, que exige de los representantes elegidos por el pueblo un comportamiento recto, pulcro y transparente. En efecto, el juez de pérdida de investidura juzga a los miembros de los cuerpos colegiados a partir de un código de conducta previsto en la Constitución que deben observar en razón del valor social y político de la investidura que ostentan”.
16 Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo, Madrid, Alianza, 2008, pp. 131 y ss.
17 Esta precisión en relación con la interpretación de la norma constitucional fue elaborada por el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa en la sentencia del Consejo de Estado, AC-11861 de 2001. Los hechos que originaron la decisión que contiene esta subregla jurisprudencial se originaron en demanda de pérdida de investidura promovida en contra del Representante a la Cámara Luis Javier Castaño Ochoa, por incumplir la causal contenida en el numeral 1 del artículo 179 de la Constitución Política. Lo anterior, en la medida en la que él había sido condenado por sentencia judicial de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida a pena privativa de la libertad de 51 años de prisión, bajo el “Cargo 1 Conspiración para auxiliar y proteger la posesión y distribución de cocaína Título 18 USC 846 y 18 USC Sección 2 Cargo 2 Conspiración para defraudar y de esconder moneda de los Estados Unidos. Título 18, USC 371”. El Consejo de Estado encontró plenamente acreditado que “la materialidad de las conductas por las que fue condenado el demandado por la justicia de los Estados Unidos no tenían el carácter de delitos políticos o culposos”. Por este motivo, el alto tribunal decretó la pérdida de investidura del congresista con base en una sentencia emitida por juez extranjero.
18 Consejo de Estado, Sentencia AC-11861 de 2001.
19 Colombia, Consejo de Estado, e2001-00098 de 2001.
20 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-194 de 1995.
21 Ibid., Sentencia C-928 de 2005.
23 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Ley 707 de 2001, en su artículo quinto señala que el delito de desaparición forzada no será considerado político para efectos de extradición (Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art. 5. junio 9 de 1994). Además, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada mediante la Ley 1108 de 2006, establece una lista de delitos que no se pueden considerar como políticos, para efectos de extradición o asistencia jurídica mutua (Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana contra el Terrorismo, arts. 2 y 11, junio 3 de 2002). Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que el delito de terrorismo no puede ser considerado como político.
24 Determina el artículo 50 de la Ley 782 de 2002: “El Gobierno Nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieren sido condenados mediante sentencia ejecutoriada, por hechos constitutivos de delito político cuando a su juicio, el grupo armado organizado al margen de la ley con el que se adelante un proceso de paz, del cual forme parte el solicitante, haya demostrado su voluntad de reincorporarse a la vida civil. También se podrá conceder dicho beneficio a los nacionales que, individualmente y por decisión voluntaria, abandonen sus actividades como miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley y así lo soliciten, y hayan además demostrado, a criterio del Gobierno Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil. No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión”.
25 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-695 de 2002.
26 En la Resolución 2691 de 2017, el Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica al partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), se ordenó el registro de sus estatutos, la plataforma política, el código de ética, el logo-símbolo, e inscribió los nombres de las personas designadas para integrar sus órganos de dirección, gobierno y administración.
27 Nadine Ansor y Sabine Kurterbach, Institutional reforms and peace building, New York, Routledge, 2017, p. 5.
28 La idea de power sharing como resultado de los procesos de paz ha sido definida en los siguientes términos: “Power-sharing means dividing the institutions of governance between political parties and rebel movements, in the context of a new constitution and democratic elections” (Patricia Daley, “The Burundi peace negotiations: An african experience of peace-making”, Review of African Political Economy 34 (112) (2017), p. 335).
29 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-408 de 2017.
30 Ainara Mancebo, “La transformación de los sistemas electorales: la reforma electoral durante la transición democrática en Sudáfrica”, Revista Latinoamericana de Política Comparada 11 (2016).
31 Sobre el particular se puede observar la matriz comparativa del Instituto Kroc sobre acuerdos de paz en el mundo. Este instituto establece lo relativo a los acuerdos para compartir el poder como uno de los criterios de indización de la información sobre los diversos acuerdos de paz suscritos en el mundo. Esta matriz se encuentra disponible en https://peaceaccords.nd.edu/peace-accords.
32 Andreas Mehler, “Peace and power sharing in Africa: a not so obvious relationship”, African Affairs 108 (2009), p. 453.
33 Ana Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley, University of California Press, 1992.
34 Chandra Lecka, Olga Martin y Johana Herman, War, Conflict and Human Rights, New York, Routledge, 2016, p. 29.
35 Mehler, “Peace and power sharing in Africa: a not so obvious relationship”, ob. cit., p. 460.
36 Acuerdo de Lome, 1999, art. 5.2.
37 Mehler, “Peace and power sharing in Africa: a not so obvious relationship”, ob. cit., p. 460.
39 Acuerdo de Chapultepec, 1991, capítulo 5.1.
40 Acuerdo Final, 2016, p. 150.
41 Acto Legislativo 01 de 2017.
42 En efecto, el más notorio de estos casos es la decisión proferida por la Corte Penal Internacional (CPI), Judgment ICC-01-05-01-08 de 2016. En este fallo de instancia, del 21 de junio de 2016, este Tribunal encontró culpable a Jean Pierre Bemba, beneficiario de los acuerdos para compartir el poder en el Congo, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por los milicianos del Movimiento para la Liberación del Congo (MLC), en contra de la población del Congo. Aunque de acuerdo con la decisión del tribunal internacional, los crímenes objeto de la decisión fueron cometidos de forma posterior a los Acuerdos de Lusaka y de Sun City del año 2002, la Corte desestimó como argumento de la defensa del acusado la contribución de Bemba al proceso de pacificación de su país. Lo anterior, al no haber encontrado una prueba de la real naturaleza de esta contribución. Por su parte, el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, quien en el acuerdo de Ouagadougou continuó ostentando esta posición como mecanismo de distribución del poder a partir de este Acuerdo de Paz, en la actualidad se encuentra en la etapa de antejuicio por crímenes de lesa humanidad, perpetuados después de la suscripción de los Acuerdos de 2007, de conformidad con la decisión de la CPI (Case ICC-02/11-01/11-656 de 2014).
43 Andrés Molano Rojas, “Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos”, en Andrés Molano Rojas (ed.), El posconflicto en Colombia. Reflexiones y propuestas para recorrer la transición, Bogotá, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Ológaza y Fundación Konrad Adenauer en Colombia (KAS), 2015, p. 17.
45 Estos delitos, según la ley, son: rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos conexos con estos, de conformidad con esta ley, a quienes hayan incurrido en ellos (Ley 1820 de 2016).
46 Los delitos conexos de conformidad con esta ley son: apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro; constreñimiento para delinquir; violación de habitación ajena; violación ilícita de comunicaciones; ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; utilización ilícita de redes de comunicaciones; violación de la libertad de trabajo; injuria; calumnia; injuria y calumnia indirectas; daño en bien ajeno; falsedad personal; falsedad material de particular en documento público; obtención de documento público falso; concierto para delinquir; utilización ilegal de uniformes e insignias; amenazas; instigación a delinquir; incendios; perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial; tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; corrupción al sufragante; voto fraudulento; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; violencia contra servidor público; fuga; espionaje (art. 16, Ley 1820 de 2016).
Incluso, la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la facultad legal de considerar otros delitos políticos conexos, distintos de los enunciados en el artículo 16, con base en los criterios fijados en el artículo 23 de la ley en cita (art. 23, Ley 1820 de 2016).
47 “Teniendo en cuenta los límites competenciales del Congreso en materia de implementación del Acuerdo Final mediante el procedimiento legislativo especial para la Paz, la Corte concluye que: i) resulta inexequible, a la luz del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y de los principios de condicionalidad y finalidad, la aplicación del inciso primero del artículo transitorio 20 a los sancionados que no contribuyan a la consecución de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, mediante el reconocimiento de verdad plena sobre lo ocurrido y de responsabilidad por su participación en graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual quienes sean objeto de las sanciones ordinarias a que se refiere el Acuerdo no serán beneficiarios de la regla sobre inhabilidades del inciso primero” (Corte Constitucional, Comunicado 55 de 2017, p. 22).
Mancebo, Ainara, “La transformación de los sistemas electorales: la reforma electoral durante la transición democrática en Sudáfrica”, Revista Latinoamericana de Política Comparada 11 (2016).
En http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/14273
Mehler, Andreas, “Peace and power sharing in Africa: a not so obvious relationship”, African Affairs 108 (2009).
En https://www.jstor.org/stable/40388400
Declaración Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948),
en http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
International Criminal Court, Judgment ICC-01-05-01-08, 21 de junio de 2016,
en https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_04476.PDF