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Timestamp: 2019-09-18 01:44:16
Document Index: 294311612

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 23']

CRC/C/PRY/CO/3
53º período de sesiones
11 a 29 de enero de 2010
Observaciones finales: Paraguay
1.El Comité examinó el tercer informe periódico del Paraguay (CRC/C/PRY/3) en sus sesiones 1457ª y 1459ª (véanse CRC/C/SR.1457 y 1459), celebradas el 12 de enero de 2010, y en la 1501ª sesión, celebrada el 29 de enero de 2010, aprobó las siguientes observaciones finales.
2.El Comité celebra la presentación del tercer informe periódico y de las respuestas por escrito a su lista de cuestiones, que le confirieron una visión más clara de la situación de los niños en el Estado parte. También agradece la presencia de una delegación multisectorial y de alto nivel y el diálogo franco y abierto que se entabló con ella.
B.Medidas de seguimiento adoptadas y progresos realizados por elEstado parte
3.El Comité acoge con satisfacción diversas novedades positivas que han tenido lugar durante el período que se examina, en particular la aprobación de medidas legislativas con miras a la aplicación de la Convención, entre otras:
a)La Ley Nº 1600/2000 contra la violencia doméstica;
b)El Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante la Ley Nº 1680/2001;
c)La Ley Nº 1938/2002, en virtud de la cual los niños no acompañados que soliciten asilo serán tratados de conformidad con el principio del interés superior del niño;
d)La Ley Nº 2169/2003, por la que se establece la mayoría de edad en 18 años;
e)La Ley Nº 2861/2006, que reprime el comercio y la difusión comercial de material pornográfico utilizando la imagen de niños o personas con discapacidad;
f)La Ley Nº 3156/2006, que modifica la Ley Nº 1266/1997, para facilitar el registro de los niños que carecen de partida de nacimiento;
g)La Ley de educación escolar indígena (Ley Nº 3231/2007);
h)La Ley Nº 3360/2007, que deroga el artículo 10 y modifica el artículo 5 de la Ley Nº 569/1975 del servicio militar obligatorio, y en la cual se dispone que "en ningún caso podrá admitirse la prestación del servicio antes de los 18 años de edad";
i)La Ley Nº 3440/2008, que modifica el Código Penal, en particular las penas relativas a la trata con fines de explotación laboral y la extracción de órganos.
4.El Comité celebra asimismo la ratificación por el Estado parte de los siguientes instrumentos:
a)El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el 27 de septiembre de 2002;
b)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el 18 de agosto de 2003;
c)La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el 28 de junio de 2002;
d)El Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, el 3 de marzo de 2004;
e)El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), el 22 de septiembre de 2004;
f)La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el 23 de septiembre de 2008;
g)La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo, el 3 de septiembre de 2008.
5.El Comité acoge también con satisfacción la puesta en funcionamiento efectiva, en agosto de 2004, de la Comisión de Verdad y Justicia, establecida en virtud de la Ley Nº 2225/2003.
1.Medidas generales de aplicación (artículos 4, 42 y párrafo 6 del artículo 44 de la Convención)
6.El Comité observa que algunas de las preocupaciones señaladas y las recomendaciones formuladas (CRC/C/15/Add.166) al examinar el segundo informe periódico del Estado parte se han atendido, pero lamenta que muchas otras se hayan tratado de forma insuficiente o parcial.
7. El Comité insta al Estado parte a que adopte todas las medidas necesarias para seguir las recomendaciones de las observaciones finales sobre el segundo informe periódico que todavía no se hayan llevado a efecto o que lo hayan sido de manera insuficiente, en particular las relativas a la armonización de la legislación con la Convención, el mejoramiento de la coordinación a nivel nacional y local, la asignación de recursos para los niños, la recopilación de datos, los principios generales de la Convención, el registro de los nacimientos, los niños con discapacidad, la violencia y el maltrato de niños, incluidos los abusos sexuales, y la justicia juvenil, y a que dé un seguimiento adecuado a las recomendaciones recogidas en las presentes observaciones finales.
8.El Comité celebra los cambios que se han realizado durante el período que se examina para poner la legislación en conformidad con la Convención, así como los proyectos de ley que se están preparando o debatiendo con el mismo fin. Sin embargo, lamenta que la legislación nacional no se encuentre en plena conformidad con la Convención en determinadas esferas. El Comité lamenta además que el nuevo Código Penal reduzca la pena correspondiente a la pornografía infantil en comparación con las sanciones previstas en la Ley Nº 2861/2006. También, preocupa al Comité que el proyecto de ley de enmienda del Código Procesal Penal sea todavía objeto de examen, y no coincida con el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que se refiere al procedimiento penal aplicable a los niños.
9. El Comité recomienda al Estado parte que siga armonizando su legislación con los principios y disposiciones de la Convención, y que refuerce la aplicación de la legislación interna. Recomienda asimismo que las iniciativas que se adopten con fines de reforma legislativa se enmarquen en un análisis integral del sistema legislativo cuyo objetivo sea el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Convención, e incluyan la realización efectiva de los derechos de niños y niñas, medidas eficaces para protegerlos contra la violencia y reformas en materia de asignación presupuestaria. El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de introducir enmiendas legislativas que prevean penas proporcionales al daño infligido a la víctima y a la sociedad. También recomienda al Estado parte que ponga el Código Penal en conformidad con la Ley Nº 2861/2006.
10.El Comité acoge con agrado el establecimiento del Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y la Adolescencia, y de nuevas instituciones del ámbito de los derechos del niño como la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y los correspondientes consejos municipales y departamentales. No obstante, le preocupan las deficiencias observadas en la actuación del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y el hecho de que muchos consejos municipales y departamentales todavía no hayan sido elegidos. Por otra parte, el Comité lamenta la ausencia de consejerías municipales en cerca de 30 municipios, y la falta de coordinación efectiva entre esas consejerías y la Secretaría Nacional. También le preocupan la falta de equipos interdisciplinarios y la escasa formación de los profesionales que trabajan en las consejerías municipales.
11. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Refuerce el papel del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia a fin de asegurar la eficacia del sistema nacional de protección de la infancia;
b) Inste a los departamentos y municipios a que designen a sus respectivos consejos de la niñez y la adolescencia;
c) Establezca consejerías en cada municipio del país con el fin de asegurar su representación en todo el país y para todos los niños;
d) Dote a las consejerías municipales de recursos humanos y técnicos adecuados; y
e) Asigne los debidos recursos financieros a todos los mecanismos de coordinación con el fin de garantizar una coordinación efectiva entre las diversas instituciones.
12.El Comité celebra la información recibida acerca de la Política Nacional de Niños y Adolescentes (2003-2013) y su aplicación mediante el Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia (2003-2008) al objeto de seguir reforzando la aplicación de la Convención y la coordinación entre los diversos interesados. Sin embargo, preocupa al Comité que no se hayan asignado recursos suficientes al Plan, y que este todavía carezca de un mecanismo de seguimiento, vigilancia y evaluación que permita determinar los progresos y limitaciones en la aplicación de la Convención. Al Comité también le preocupa que no se haya aprobado un nuevo plan nacional de acción.
13. El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo las actividades de vigilancia y evaluación que sean necesarias para evaluar regularmente los progresos realizados por el Plan Nacional de Acción por la Niñez y la Adolescencia (2003-2008) y detectar las posibles deficiencias con respecto al presupuesto asignado. Recomienda asimismo al Estado parte que adopte las medidas necesarias para asegurar la participación efectiva de los niños en la (ejecución, vigilancia y) evaluación del Plan Nacional de Acción. Además , insta al Estado parte a que adopte un nuevo plan nacional de acción que se pueda aplicar eficazmente con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros.
14.El Comité acoge complacido el establecimiento en 2005 del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, le preocupa que su personal sea escaso, y que su mandato no sea lo suficientemente claro para permitirle actuar con eficacia en defensa de los intereses del niño. Le preocupa asimismo que los informes anuales de la Defensoría del Pueblo no se difundan adecuadamente entre la población en general, especialmente los niños.
15. El Comité recomienda al Estado parte que defina claramente el mandato del Departamento de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Recomienda asimismo al Estado parte que adopte medidas para promover el funcionamiento eficaz de la Defensoría y la difusión efectiva de sus informes entre la población en general, especialmente los niños, y que se cerciore de que los mecanismos de queja sean fácilmente accesibles, estén adaptados a los niños y sean conformes a los Principios de París, y tengan en cuenta la Observación general Nº 2, de 2002, sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo debería tener el mandato de vigilar la aplicación de la Convención y atender las quejas de todos los niños, y hacerlo de manera expedita y adaptada a sus necesidades.
16.El Comité celebra los esfuerzos desplegados por el Estado parte en los últimos años a fin de mejorar la asignación de recursos para los niños. Sin embargo, le preocupa que estos no sean suficientes para atender a las necesidades de todos los niños, y considera que se debe adoptar un enfoque basado en los derechos del niño al elaborar el presupuesto del Estado.
17. El Comité recomienda encarecidamente al Estado parte que:
a) Asigne recursos suficientes para los niños a nivel nacional y municipal, de conformidad con el artículo 4 de la Convención.
b) Asegure una presupuestación transparente y participativa mediante el diálogo y la participación del público, especialmente de los niños.
c) Utilice un enfoque basado en los derechos del niño al elaborar el presupuesto del Estado, aplicando un sistema de seguimiento para la asignación y el uso de los recursos destinados a los niños en todo el presupuesto, que permita asegurar la visibilidad de la inversión en la infancia. El Comité insta también al Estado parte a que emplee ese sistema de seguimiento para evaluar en qué medida las inversiones en cualquier sector contribuyen al "interés superior del niño", cerciorándose de que se mida la repercusión diferencial de dicha inversión en los niños y las niñas.
d) Defina partidas presupuestarias estratégicas para aquellas situaciones que puedan requerir medidas sociales afirmativas (como el registro de los nacimientos, la educación de los niños indígenas o la violencia contra los niños), y se asegure de que dichas partidas estén protegidas incluso en situaciones de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
e) Siga, cuando sea posible, las recomendaciones de las Naciones Unidas de empezar a utilizar la presupuestación basada en los resultados para controlar y evaluar la eficacia de la asignación de recursos y, en caso necesario, pida cooperación internacional a este respecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros interesados como la que se está suministrando a otros Estados partes de la región.
f) Tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité tras su día de debate general celebrado en 2007 y titulado "Recursos para los derechos del niño – Responsabilidad de los Estados".
18.El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para seguir mejorando los mecanismos de recopilación de datos, particularmente en colaboración con las organizaciones pertinentes. Sin embargo, le preocupa que el Estado parte carezca de un sistema de información plenamente desarrollado para producir, de manera periódica y puntual, las estadísticas necesarias para elaborar y supervisar las políticas públicas en los sectores sociales, y que los diversos organismos e instituciones generen datos de manera descoordinada. Además, preocupa especialmente al Comité que no se disponga de datos fiables y desglosados sobre esferas importantes de la Convención, como las partidas de nacimiento, el maltrato de niños, el trabajo infantil, los niños en situación de calle y los niños privados de libertad.
19. El Comité, en consonancia con sus anteriores recomendaciones, insta al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para desarrollar un sistema integral de acopio de datos sobre la aplicación de la Convención mediante el establecimiento de un sistema nacional de estadísticas. Los datos deberían abarcar a todos los niños hasta los 18 años de edad y estar desglosados por sexo, edad y otros indicadores pertinentes. El Comité recomienda también al Estado parte que utilice esos datos para vigilar y evaluar eficazmente los progresos logrados en la aplicación de la Convención, y que haga posible la formulación y promulgación de políticas públicas pertinentes.
Difusión de la Convención y capacitación
20.El Comité celebra las iniciativas llevadas a cabo para difundir la Convención en el Estado parte, en particular la labor realizada con los medios de comunicación, entre otras cosas mediante la agencia de noticias para los derechos del niño, la formación temática a los periodistas y las campañas en los medios. Sin embargo, reitera su preocupación por la difusión insuficiente de la Convención por los órganos gubernamentales, especialmente en las zonas rurales y entre los niños indígenas. También le preocupa que los esfuerzos desplegados todavía no hayan generado una conciencia adecuada entre los profesionales que trabajan con y para los niños y entre el público en general. Al Comité le preocupa especialmente que los propios niños no estén bien informados de sus derechos, y que la Convención no se haya traducido lo suficiente a otros idiomas.
21. El Comité reitera su recomendación anterior e insta al Estado parte a que:
a) Redoble sus esfuerzos para traducir el material informativo al guaraní y a los principales idiomas indígenas y para difundirlo;
b) Desarrolle métodos más creativos de promoción de la Convención, en particular a través de medios audiovisuales como libros ilustrados y carteles, especialmente a nivel local;
c) Siga organizando actividades de capacitación y/o sensibilización adecuada y sistemática para los grupos de profesionales que trabajan con y para los niños, como jueces, abogados, agentes del orden público, maestros, directores de escuela y personal de los servicios de salud y de los medios de comuncación;
d) Integre plenamente la Convención en los programas de estudio de todos los niveles de enseñanza y asegure su traducción a todos los idiomas del país; y
e) Solicite en caso necesario asistencia técnica al UNICEF, entre otros.
2.Definición de niño (artículo 1 de la Convención)
22.El Comité expresa su preocupación por la temprana edad mínima para contraer matrimonio, que es de 16 años de edad pero en algunos casos puede reducirse a los 14.
23. El Comité recomienda al Estado parte que fije la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años tanto para las niñas como para los niños.
3.Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención)
24.El Comité aplaude que los derechos de los indígenas se hayan fijado como prioridad en la plataforma de la nueva Administración, y también celebra la existencia de un proyecto de ley contra todas las formas de discriminación. Sin embargo, le sigue preocupando que algunos niños del Estado parte sufran discriminación por motivos de origen étnico, idioma nativo, género, nacionalidad, discapacidad y situación de calle. Al Comité le preocupa en particular la discriminación que padece la población indígena, y que se traduce en diversas desigualdades que afectan a los niños.
25. El Comité, de conformidad con el artículo 2 de la Convención, recomienda encarecidamente al Estado parte que:
a) Redoble sus esfuerzos para prevenir y eliminar toda discriminación de hecho contra los niños indígenas, los que viven en la pobreza, las niñas, los niños en situación de calle y los niños con discapacidad;
b) Acelere el proceso de aprobación del proyecto de ley contra todas las formas de discriminación;
c) Garantice de forma efectiva los servicios de salud, nutrición, educación, acceso al empleo y actividades culturales para los niños indígenas.
26. El Comité pide también que en el próximo informe periódico se incluya información específica sobre las medidas y los programas pertinentes a la Convención que haya adoptado el Estado parte en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia de 2001, así como en relación con el documento final de la Conferencia de Examen de Durban de 2009.
27.El Comité celebra los esfuerzos del Estado parte por promover el principio del interés superior del niño, como la inclusión de dicho principio en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, le preocupa que dicho principio no se aplique lo suficiente, ya que no se traduce a la práctica y los encargados de determinar el interés superior del niño no están adecuadamente formados.
28. El Comité recomienda al Estado parte que prosiga y refuerce su labor para asegurar que el principio general del interés superior del niño sea debidamente operativo en todas las disposiciones legales, así como en las decisiones administrativas y judiciales y en los proyectos, programas y servicios que afecten a los niños.
29.Al Comité le preocupan profundamente las alegaciones recibidas con respecto a los casos de tortura y detención arbitraria de niños acaecidos durante la dictadura y que todavía no se han resuelto, como se indica en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia publicado en 2008.
30. El Comité insta al Estado parte a que haga todo lo posible para reforzar la protección del derecho a la vida de los niños en el Estado parte. También recomienda al Estado parte que realice investigaciones efectivas de los presuntos casos de tortura y detención arbitraria de niños y lleve a los autores ante la justicia, y que en su próximo informe periódico suministre información sobre todas las investigaciones realizadas con respecto a las denuncias de tortura y detención arbitraria de niños durante la dictadura.
31.El Comité toma nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Estado parte para promover y respetar el derecho de los niños a expresar libremente su opinión, en particular la creación de la Plataforma Nacional de niñas, niños y adolescentes. No obstante, preocupa al Comité que las opiniones del niño no se soliciten siempre adecuadamente ni se tengan en cuenta en los distintos ámbitos que lo afectan, como los procedimientos judiciales, los asuntos relacionados con la administración escolar y la educación en las aulas y los debates públicos.
32. A la luz del artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que haga todo lo necesario para reforzar la aplicación de medidas encaminadas a garantizar el derecho de los niños a ser escuchados en la escuela, en el hogar y en cualquier procedimiento judicial y administrativo que pueda afectar a sus derechos, así como en la esfera pública a nivel nacional, departamental y municipal. También recomienda al Estado parte que tenga en cuenta la Observación general Nº 12 del Comité, aprobada en 2009, sobre el derecho del niño a ser escuchado.
4.Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17, 19 y 37 a) de la Convención)
33.El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para promover el registro oportuno de los nacimientos, en particular la nueva campaña para el registro universal de los nacimientos realizada en las escuelas. Sin embargo, le preocupa el gran número de nacimientos que no se registran, y las dificultades de algunos niños, en particular los indígenas y los de las zonas rurales, para tener acceso a los servicios de registro de nacimientos por diversos motivos, especialmente el desconocimiento del propio proceso.
34. A la luz del artículo 7 de la Convención y en consonancia con sus recomendaciones anteriores, el Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que se inscriba en el registro a todos los niños, prestando especial atención a los indígenas y a los que viven en zonas rurales. Insta al Estado parte a que cree oficinas y dependencias de registro descentralizadas, dotadas de recursos humanos, materiales y financieros suficientes, y a que refuerce sus actividades de sensibilización en todas las comunidades sobre la importancia de registrar el nacimiento de todos los niños y niñas. Además, el Comité recomienda al Estado parte que garantice que los niños no registrados no se vean privados de sus derechos, especialmente a la salud y a la educación.
35.Al Comité le preocupan los informes de tortura y tratos crueles e inhumanos a los niños que viven en la calle por parte de la policía. También le preocupan las denuncias recibidas de tratos crueles y degradantes a los niños privados de libertad. Además, preocupa al Comité que se haya aportado información insuficiente sobre las investigaciones de esas denuncias y las medidas adoptadas por el Estado parte para llevar ante la justicia a los presuntos autores de esos actos.
36. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte medidas adecuadas para combatir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras cosas mediante programas de capacitación sistemática a nivel nacional y local, dirigidos a todos los profesionales que trabajan con y para los niños en la prevención y la protección contra la tortura y otras formas de maltrato;
b) Investigue y enjuicie todos los casos de tortura y maltrato de niños a fin de prevenir la impunidad y asegurar que los niños maltratados no se conviertan de nuevo en víctimas en el procedimiento judicial y que se proteja su intimidad;
c) Garantice que los niños víctimas reciban los servicios adecuados de atención, recuperación y reintegración;
d) Realice campañas de educación pública para promover una cultura de la no violencia;
e) Establezca un mecanismo nacional para la prevención de la tortura.
37.El Comité celebra las iniciativas adoptadas por el Estado parte para prevenir la violencia contra los niños, como las campañas de sensibilización organizadas en cooperación con las entidades pertinentes. No obstante, le preocupa que no exista una prohibición explícita del castigo corporal en las escuelas, en el hogar, en las instituciones penales o en las situaciones de empleo, y que el castigo corporal sea una forma culturalmente aceptada de educación y disciplina familiar.
38. El Comité recomienda al Estado parte que, con carácter urgente:
a) Prohíba expresamente y por ley el castigo corporal en todos los contextos teniendo en cuenta la Observación general Nº 8 del Comité, sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes;
b) Establezca un sistema eficaz de vigilancia para asegurar que no se produzcan abusos de poder por parte de maestros y otros profesionales que trabajan con niños; y
c) Lleve a cabo campañas de educación pública, sensibilización y movilización social sobre el castigo corporal, con vistas a modificar la actitud general hacia esta práctica y promover formas positivas, no violentas y participativas de crianza y educación de los niños.
39. En relación con el Estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños (A/61/299), el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Tome todas las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones que figuran en el informe del Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, teniendo en cuenta el resultado y las recomendaciones de la consulta regional para América Latina celebrada en la Argentina del 30 de mayo al 1º de junio de 2005. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que preste especial atención a las siguientes recomendaciones:
i) Prohibir toda la violencia contra los niños, en particular el castigo corporal en todos los entornos;
ii) Promover valores no violentos y la creación de conciencia;
iii) Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a la impunidad;
iv) Abordar la dimensión de género de la violencia contra los niños;
v) Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas nacionales de recopilación de datos e investigación.
b) Utilice estas recomendaciones como un instrumento para la acción, en colaboración con la sociedad civil, y en particular con la participación de los niños, a fin de garantizar la protección de todos los niños contra todas las formas de violencia física, sexual y psicológica y de generar el impulso necesario para la adopción de medidas concretas y sujetas a plazos definidos para prevenir tales actos de violencia y abusos, y reaccionar frente a ellos.
c) En su próximo informe periódico proporcione información acerca del cumplimiento por el Estado parte de las recomendaciones del Estudio; y
d) Solicite asistencia técnica en este sentido a la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños, el UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud.
5.Entorno familiar y cuidado alternativo (artículos 5, 18 (párrafos 1 y 2), 9 a 11, 19 a 21, 25, 27 (párrafo 4) y 39 de la Convención)
40.El Comité, aunque celebra los esfuerzos desplegados por el Estado parte para fortalecer a las familias, está preocupado por el número cada vez mayor de niños abandonados o privados de otra manera de su entorno familiar, a menudo debido a la pobreza, y porque la falta de recursos financieros puede obligar a los niños a trabajar o vivir en la calle. También preocupa al Comité el efecto que la migración puede tener en los niños en el Estado parte.
41. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas preventivas para apoyar y fortalecer a las familias, en particular medidas de educación familiar y concienciación, por ejemplo mediante oportunidades de formación evaluable para los padres, a fin de evitar el internamiento de niños en instituciones. Con ese fin, el Comité recomienda que se dé prioridad a los servicios sociales destinados a los niños de los grupos más vulnerables y al apoyo financiero y psicológico para ayudar a los padres a ejercer sus responsabilidades de crianza y desarrollo de los niños. Recomienda también que el Estado parte evalúe el efecto de todas las formas de migración en la desintegración de la familia nuclear.
42.El Comité toma nota del artículo 8 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que dispone que el niño o adolescente tiene derecho a vivir en su familia y prohíbe separar al niño de su grupo familiar invocando la situación económica de la familia. Sin embargo, está preocupado por la falta de datos estadísticos sobre el número de niños en instituciones como los centros de acogida, así como de información sobre las condiciones de vida de esos niños. Le preocupa además la falta de medidas preventivas para fortalecer a las familias.
43. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Emprenda un estudio para evaluar la situación de los niños internados en instituciones y, en particular, sus condiciones de vida y los servicios prestados;
b) Adopte todas las medidas necesarias para permitir que los niños internados en instituciones regresen a sus familias lo antes posible, y considere el acogimiento de niños en instituciones como último recurso y por el plazo más breve posible; y
c) Establezca normas claras para las instituciones existentes, las capacite y garantice un mecanismo general de examen periódico de los niños internados, a la luz del artículo 25 de la Convención y las Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que figuran en la resolución 64/142 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 20 de noviembre de 2009.
44.El Comité acoge con agrado la Ley Nº 1169, aprobada por el Estado parte en 1997, y las diversas iniciativas que ha emprendido en relación con los procesos de adopción para restringir la adopción internacional en respuesta a la trata y la venta generalizadas de niños. Sin embargo, está preocupado por las deficiencias del sistema de inscripción de los nacimientos y del sector de la salud que, junto con la excesiva cantidad de tiempo que lleva cumplir los procedimientos legales necesarios, pueden tener como consecuencia que no se comprenda adecuadamente la legislación relativa a la guarda temporal. Le preocupa también que las familias que desean adoptar puedan escoger a un niño y llevárselo a casa antes incluso de que se declare al niño adoptable y sin que se evalúe a la familia.
45. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte una estrategia en la que se tengan en cuenta el interés superior del niño y los demás principios generales de la Convención;
b) Modifique la legislación sobre la adopción para impedir la guarda previa en el proceso de adopción;
c) Proporcione los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para lograr un procedimiento de adopción basado en los derechos;
d) Fortalezca la autoridad central en la adopción;
e) Descentralice determinados servicios para facilitar la adopción en todo el país.
Maltrato y negligencia
46.El Comité celebra las iniciativas llevadas a cabo por el Estado parte para aumentar la conciencia sobre la violencia doméstica contra los niños. Sin embargo, está gravemente preocupado por las denuncias de violencia, maltrato, en particular abusos sexuales, y negligencia de los que habrían sido víctimas algunos niños del Estado parte, y la falta de estudios sobre la incidencia, medidas eficaces para luchar contra el problema, especialmente en el seno de la familia, y reparación efectiva para las víctimas.
47. El Comité insta al Estado Parte a que:
a) Intensifique las campañas de concienciación de la población y proporcione información, orientación parental y asesoramiento para, entre otras cosas, prevenir el maltrato y la negligencia de niños;
b) Se asegure de que los profesionales que trabajan con niños (como los maestros, los trabajadores sociales, los profesionales de la medicina, los policías y los jueces) reciban capacitación sobre su obligación de denunciar los presuntos casos de violencia doméstica contra niños y adoptar las medidas apropiadas al respecto;
c) Fortalezca el apoyo a las víctimas de maltrato y negligencia para que reciban servicios adecuados de recuperación, asesoramiento y otras formas de rehabilitación;
d) Aplique políticas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato de niños y fortalecer la coordinación entre los diferentes organismos a fin de dar respuesta a los casos denunciados y detectados;
e) Establezca centros para el cuidado, la recuperación y la reintegración de las víctimas prestando especial atención al género.
6.Salud básica y bienestar (artículos 6, 18 (párrafo 3), 23, 24, 26 y 27 (párrafos 1 a 3) de la Convención)
48.El Comité celebra las diferentes iniciativas y esfuerzos llevados a cabo para garantizar los derechos de los niños con discapacidad en el Estado parte, en particular la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, le preocupa que no haya ninguna política general ni plan nacional destinado específicamente a este sector de la población. Además, el Comité lamenta que los niños con discapacidad sigan siendo víctimas de discriminación, que no se capacite adecuadamente a los maestros para satisfacer sus necesidades y que no se recopilen datos sobre esos niños.
49. El Comité recomienda al Estado parte que siga aplicando las medidas de protección y promoción de los derechos de los niños con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 (2006), relativa a los derechos de los niños con discapacidad, el artículo 23 de la Convención, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y:
a) Preparando una política y adoptando un plan de acción específico para proporcionar atención de la salud, educación general y protección a los niños y los adolescentes con discapacidad;
b) Reforzando las instancias de formulación de las políticas, dotándolas de la estructura y la capacidad institucionales necesarias para coordinar la concepción y la aplicación de políticas generales;
c) Publicando datos desglosados fiables y de alta calidad sobre el alcance y las causas de la discapacidad;
d) Redoblando los esfuerzos para proporcionar los recursos profesionales (es decir, especialistas en discapacidad) y financieros necesarios, especialmente en el plano municipal, y promover y ampliar los programas de rehabilitación basados en la comunidad, como los grupos de apoyo a los padres, para atender a todos los niños con discapacidad.
50.Si bien celebra las iniciativas del Estado parte para que todos los niños accedan gratuitamente a los servicios de salud, el Comité está preocupado porque muchos niños, como los que viven en las zonas rurales y los que viven en la extrema pobreza, tienen dificultades para acceder efectivamente a los servicios de salud o no pueden acceder a ellos en absoluto, debido a la insuficiencia presupuestaria. El Comité está preocupado también por las consecuencias negativas de la fumigación con productos fitosanitarios que sufren las familias campesinas y, en particular, el efecto en los niños que viven en las zonas rurales.
51. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para ampliar la atención médica gratuita a todos los niños, especialmente los que viven en las zonas rurales y los que viven en la extrema pobreza;
b) Aumente el presupuesto de salud para hacer más eficaz la aplicación de diferentes modelos de prestación de servicios de atención de la salud, como los de las comunidades indígenas;
c) Evalúe sistemáticamente el efecto de los programas de salud, especialmente los que se están ejecutando en zonas afectadas por la pobreza;
d) Aplique todas las medidas necesarias, con inclusión de estudios y evaluaciones, para hacer frente a las consecuencias extremadamente negativas de la fumigación con productos fitosanitarios en las comunidades rurales.
52.Aunque celebra el Plan Nacional de Salud Integral de la Adolescencia y el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como las iniciativas del Estado parte para mejorar la salud de los adolescentes, el Comité lamenta la falta de información sobre la evaluación de esos planes y está preocupado por la alta incidencia de embarazos en la adolescencia, infecciones de transmisión sexual y abuso de las drogas y el alcohol entre los adolescentes del Estado parte.
53. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Realice un estudio exhaustivo para comprender la naturaleza y la magnitud de los problemas de salud de los adolescentes y se base en él para formular políticas y programas de salud destinados a ese sector de la población, prestando especial atención a las adolescentes, con la plena participación de los interesados;
b) Forje alianzas con las organizaciones pertinentes para llevar a cabo campañas de sensibilización sobre, por ejemplo, los riesgos para la salud que existen tanto para el bebé como para la madre en los embarazos en la adolescencia y la importancia de la vacunación;
c) Prepare estrategias para prevenir los embarazos en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual y el abuso de las drogas, el tabaco y el alcohol, mediante actividades atractivas en las que emplear el tiempo libre;
d) Promueva y asegure el acceso a los servicios de salud reproductiva por todos los adolescentes, incluida la educación sobre la salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los centros de salud;
e) Tenga en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) del Comité, relativa a la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención.
54.Aunque celebra la Ley Nº 1478, de comercialización de sucedáneos de la leche materna, el Comité está preocupado por el bajo nivel de la lactancia materna en el Estado parte y la falta de aplicación efectiva de esa ley.
55. El Comité recomienda que el Estado redoble sus esfuerzos por promover la lactancia materna, proporcionando información en particular a las adolescentes. Recomienda también que se aplique efectivamente la Ley Nº 1478.
56.El Comité celebra las iniciativas para luchar contra la pobreza y aumentar el nivel de vida de los niños, como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional y el Programa de Prevención y Tratamiento de la Malnutrición. Sin embargo, le preocupa que la pobreza haya aumentado constantemente en las zonas urbanas en los últimos años, que el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria Nutricional se enfrentara con muchas dificultades en 2008 y que apenas se lograran progresos en su mejora y ampliación. El Comité está preocupado también por el elevado número de niños que carecen de acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento.
57. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Redoble sus esfuerzos por luchar más decididamente contra las múltiples causas de la malnutrición, preparar un sistema de vigilancia de la nutrición y evaluar la eficacia de las estrategias existentes;
b) Aumente la inversión y refuerce la coordinación entre las instituciones públicas, las empresas privadas y las organizaciones sociales para garantizar el suministro de agua potable y la prestación de servicios adecuados de saneamiento a la población, especialmente a los niños de las zonas rurales;
c) Redoble sus esfuerzos por que todos los niños, especialmente los niños que viven en las zonas rurales, se beneficien de los programas que se están ejecutando.
58.El Comité observa con satisfacción que el Estado parte ha hecho de la prevención de las infecciones por el VIH una de sus prioridades en materia de salud. Sin embargo, está preocupado porque los programas de prevención para niños y adolescentes son relativamente limitados y no hay servicios públicos de atención y asistencia integrales a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias.
59. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para reducir la propagación del VIH en su territorio, especialmente entre los jóvenes. Recomienda en particular al Estado parte que:
a) Continúe, fortalezca y desarrolle las políticas y los programas para atender y apoyar a los niños infectados o afectados por el VIH/SIDA, incluidos los programas y las políticas para fortalecer la capacidad de las familias y la comunidad para atender a esos niños;
b) Garantice fondos públicos para adquirir suministros de prevención de la transmisión vertical, como pruebas de diagnóstico rápido y otros materiales;
c) Prosiga la labor de concienciación para prevenir la incidencia y la propagación del VIH/SIDA;
d) Luche contra todas las formas de discriminación hacia los niños que viven con el VIH/SIDA;
e) Establezca servicios públicos para atender a los niños afectados por el VIH/SIDA y sus familias;
f) Recabe asistencia técnica del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF y el PNUD, entre otros; y
g) Tenga en cuenta la Observación general Nº 3 (2003) del Comité, relativa al VIH/SIDA, y los derechos del niño, y las Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos al formular sus políticas y programas.
7.Educación, esparcimiento y actividades culturales (artículos 28, 29 y 31 de la Convención)
La educación, incluidas la formación y orientación profesionales
60.El Comité acoge con agrado los esfuerzos realizados por el Estado parte para aumentar la asistencia escolar a efectos de reducir el abandono y reconoce los progresos alcanzados, en particular la aprobación de la Ley de educación indígena, Nº 3231/2007. Sin embargo, preocupa al Comité la mala calidad de la enseñanza en muchas escuelas, producto en parte de la incompleta formación de los docentes, y las tasas de abandono durante el tercer ciclo, algunas veces por falta de recursos financieros de las familias para sufragar los derechos de matrícula y otros gastos. Al Comité le preocupan asimismo las dificultades con que tropiezan los niños indígenas para acceder a la enseñanza y las medidas insuficientes adoptadas para reflejar el carácter multilingüe de la población. El Comité toma nota también del aumento de la educación inicial, aunque le preocupa el número insuficiente de establecimientos preescolares y el acceso limitado de los niños de las zonas rurales e indígenas. El Comité lamenta la casi total inexistencia de lugares de cuidado y enseñanza para los niños más pequeños. Considera también que falta información sobre la formación profesional para los adolescentes que optan por seguir una formación no académica.
61. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Suministre fondos suficientes para asegurar la gratuidad de la enseñanza primaria en todos sus niveles y para todos los niños, suprimiendo los derechos de matrícula y demás costos en todas las escuelas;
b) Ofrezca incentivos para mantener escolarizados a los niños y para facilitar la transición de la enseñanza primaria a la secundaria;
c) Refuerce el carácter multilingüe de la población (guaraní, español y demás idiomas) y adapte las metodologías y materiales de enseñanza a esa realidad;
d) Mejore la calidad de la formación de los docentes, especialmente en lo relativo a la enseñanza intercultural y bilingüe;
e) Proporcione suficientes establecimientos de enseñanza inicial, en particular para los niños pequeños, y conciencie a los padres sobre la importancia de la estimulación precoz y la educación inicial;
f) Redoble esfuerzos para que los niños de las zonas rurales e indígenas accedan a la enseñanza, especialmente a la educación inicial;
g) Amplíe el sistema de formación profesional y mejore el acceso de los adolescentes a esos establecimientos.
8.Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 38, 39, 40, 37 (apartados b) a d)), y 32 a 36 de la Convención)
Niños refugiados no acompañados
62.Si bien acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para mejorar la situación de los refugiados en el país, el Comité lamenta que no se haya facilitado suficiente información sobre la situación de los niños refugiados. También lamenta que no se hayan establecido procedimientos especiales para ocuparse de los menores de edad no acompañados que solicitan asilo, en particular medidas para atender a sus necesidades específicas y determinar sus intereses superiores.
63. El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas para asegurar que las solicitudes de asilo presentadas por niños se estudien con arreglo a un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado que tenga en consideración las necesidades y los derechos específicos de los niños solicitantes de asilo, de conformidad con el derecho internacional de los refugiados y las normas internacionales de derechos humanos, y que tenga en cuenta las Directrices de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la determinación del interés superior del niño. En este sentido, el Comité hace referencia a su Observación general Nº 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.
64.El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para erradicar el trabajo infantil, por ejemplo el programa "Abrazo", iniciado en 2005. Sin embargo, expresa su preocupación por la inexistencia de estadísticas fiables sobre el número de niños que ejercen actividades económicas, algunas veces a muy temprana edad, y la falta de dependencias especializadas de vigilancia e inspección de las condiciones laborales de los niños.
65. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas urgentes para supervisar y reducir las formas de explotación del trabajo infantil:
a) Tomando medidas para impedir que los niños que no hayan alcanzado la edad mínima trabajen en ningún sector;
b) Redoblando sus esfuerzos para facilitar información fiable sobre el número de niños que ejercen actividades económicas;
c) Mejorando los mecanismos de vigilancia con el fin de hacer cumplir las leyes laborales en vigor y proteger a los niños de la explotación económica; y
d) Solicitando la asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, el UNICEF, las organizaciones no gubernamentales competentes y los asociados para el desarrollo, con el fin de elaborar programas de rehabilitación y reinserción de los niños trabajadores.
Práctica del criadazgo
66.Preocupa profundamente al Comité la información recibida sobre la persistencia de la práctica denominada "criadazgo" y el hecho de que esta práctica aún no esté tipificada como delito en la ley.
67.El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos para erradicar la práctica del criadazgo. A este respecto, el Comité recomienda al Estado parte que:
a) Realice un estudio para analizar todos los efectos negativos de este fenómeno en los niños;
b) Proceda, con carácter urgente, a tipificar la práctica del criadazgo como delito en la ley;
c) Elabore políticas y programas para crear conciencia sobre las consecuencias negativas de este fenómeno en los niños.
68.El Comité acoge con agrado la estrategia para abordar la cuestión de los niños en situación de calle, pero expresa su preocupación por el elevado número de niños que viven o trabajan en la calle, constantemente expuestos a la violencia, la explotación sexual, la discriminación y la brutalidad policial.
69. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Siga ocupándose de la cuestión de los niños en situación de calle en cooperación con los propios niños, por ejemplo elaborando un plan de acción nacional con programas y servicios de prevención y respuesta que estén vinculados a las medidas de erradicación de la pobreza extrema;
b) Se asegure de que los niños de la calle reciban protección y asistencia, nutrición y refugio adecuados, así como atención de la salud y oportunidades de educación, para contribuir a su pleno desarrollo;
c) Respete el derecho de los niños en situación de calle a ser escuchados en el contexto de la elaboración de programas y medidas destinados a protegerlos y asistirlos.
70.El Comité toma nota del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes y de los esfuerzos realizados por el Estado parte para luchar contra ese fenómeno. Sin embargo, preocupa al Comité que el Plan no se haya ejecutado por falta de financiación pública. Le preocupa asimismo la falta de información sobre la explotación y el abuso sexual de niños y niñas y sobre el enjuiciamiento de los autores de delitos sexuales contra niños.
71. El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Asigne los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Aplique políticas y programas apropiados de prevención, recuperación y reinserción social de los niños víctimas, teniendo en cuenta los documentos finales de los tres Congresos Mundiales contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños celebrados en 1996, 2001 y 2008, respectivamente;
c) Instruya a los agentes del orden, los trabajadores sociales, los jueces y los fiscales sobre la forma de recibir, supervisar e investigar las denuncias de modo que se tengan en cuenta los intereses del niño y se respete la confidencialidad; y
d) Dé prioridad a la asistencia para la recuperación y se asegure de que se presten a las víctimas servicios de educación y capacitación, así como asistencia y asesoramiento psicológicos.
Venta y trata
72.El Comité observa con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la trata de niños. Sin embargo, le preocupa que el Paraguay siga siendo un país de origen y destino de mujeres y niños víctimas de la trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.
73. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Adopte todas las medidas necesarias para asegurar la protección de los niños contra la trata y la venta a nivel internacional y nacional;
b) Se esfuerce más en atacar las causas fundamentales de la venta y la trata, como la discriminación basada en el género, la pobreza y la falta de acceso a la educación y la formación profesional;
c) Investigue y enjuicie todos los casos de trata de niños a efectos de evitar la impunidad;
d) Proporcione asistencia social y psicológica integral a los niños víctimas de la trata y la venta para lograr su recuperación y reinserción social;
e) Establezca un sistema de recopilación y desglose de datos sobre la venta y la trata de niños; y
f) Lleve a cabo actividades de sensibilización a fin de que tanto los padres como los niños sean conscientes de los peligros de la trata y la venta.
74.El Comité acoge con agrado la inclusión del servicio Fono Ayudacomo subprograma de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, le preocupa que el servicio telefónico de asistencia infantil no sea gratuito para los teléfonos móviles, y que no siempre sea accesible para todos los niños. Además, al Comité le preocupan las dificultades con que tropieza el servicio en relación con la transferencia de las llamadas de las víctimas a las Consejerías Municipales por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por la falta de coordinación entre las diversas instituciones, así como la falta de un sistema eficaz de seguimiento debido al alto número de llamadas que se reciben.
75. El Comité insta al Estado parte a que:
a) Asigne los recursos necesarios al servicio telefónico de asistencia infantil a fin de asegurar la gratuidad de las llamadas desde todo tipo de teléfonos, incluidos los teléfonos móviles;
b) Dé a conocer entre los niños el servicio telefónico de asistencia infantil;
c) Asigne recursos financieros suficientes para apoyar las actividades de largo plazo del servicio telefónico de asistencia, incluidas las de formación y de fomento de la capacidad para que satisfagan las normas internacionales de calidad;
d) Se esfuerce por promover y lograr una mejor coordinación entre las diferentes instituciones participantes; y
e) Establezca un sistema eficaz de vigilancia y seguimiento de las llamadas que se reciban.
76.El Comité acoge con agrado los esfuerzos desplegados por el Estado parte para mejorar el sistema de justicia juvenil, por ejemplo mediante la promulgación de la Ley Nº 1680/2001, que establece un sistema de justicia especializada para el tratamiento de las cuestiones relacionadas con los niños en conflicto con la ley. Sin embargo, preocupa al Comité que el Estado parte no le haya facilitado información sobre los profesionales del sistema de justicia, particularmente los jueces y los defensores de oficio especializados en casos relacionados con niños y que se haya generalizado el recurso a la detención preventiva de niños de entre 16 y 18 años. También preocupan al Comité las condiciones precarias en que los adolescentes cumplen sus condenas, y la falta de una política efectiva para aplicar las medidas socioeducativas destinadas a los niños que se encuentran en conflicto con la ley.
77. El Comité insta al Estado parte a asegurar que las normas relativas a la justicia juvenil sean plenamente aplicadas, en particular los artículos 37 b), 39 y 40 de la Convención, así como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana). En particular, el Comité exhorta al Estado parte a que tenga en cuenta su Observación general Nº 10 (2007), relativa a los derechos del niño en la justicia juvenil. Asimismo, recomienda al Estado parte que:
a) Se esfuerce por aplicar la política relativa a la justicia juvenil;
b) Institucionalice la figura de los jueces especializados en casos relacionados con niños en todas las regiones y se cerciore de que éstos reciban una formación y capacitación adecuadas;
c) Se asegure de que todos los sectores que intervienen en el sistema de justicia juvenil sean formados para la aplicación efectiva de la justicia, en particular los agentes de policía y los fiscales;
d) Aplique medidas distintas de la privación de libertad, como la libertad condicional, la mediación, los servicios a la comunidad o la suspensión de la ejecución de la pena, siempre que sea posible;
e) Se asegure de que la pena de privación de libertad se aplique tan sólo como medida de último recurso por el período más breve que proceda y se revise periódicamente, y que se mantenga a los niños separados de los adultos durante ese período;
f) Solicite la asistencia técnica y cooperación de otro tipo al Grupo Interinstitucional sobre Justicia Juvenil, que incluye la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales.
Protección de los testigos y de las víctimas de delitos
78. El Comité recomienda asimismo al Estado parte que se asegure, mediante disposiciones, procedimientos y reglamentos jurídicos adecuados, de que todos los niños víctimas o testigos de delitos (por ejemplo, los niños víctimas de abusos sexuales, violencia doméstica, explotación sexual y económica, secuestro y trata de seres humanos, y los propios niños testigos) tengan acceso efectivo a la justicia y reciban la protección prevista en la Convención, y que tome debidamente en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos.
79.Preocupa al Comité el limitado disfrute de los derechos por parte de los niños indígenas, y en particular su limitado acceso a los servicios de educación y salud, la tasa desproporcionadamente alta de desnutrición y las tasas de mortalidad maternoinfantil que los afectan. Asimismo, le inquieta especialmente el elevadísimo número de niños indígenas que trabajan.
80. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños indígenas contra la discriminación y garantizar que esos niños disfruten de los derechos consagrados en el ordenamiento interno y en la Convención. En este sentido, el Comité remite al Estado parte a su Observación general Nº 11, relativa a los niños indígenas y los derechos de que disfrutan en virtud de la Convención.
9.Ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos
81. El Comité recomienda al Estado parte que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Asimismo, insta al Estado parte a que presente lo antes posible sus informes iniciales previstos en los dos Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que debía haber presentado en octubre de 2004 y en septiembre de 2005, respectivamente.
10.Seguimiento y divulgación
82. El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas adecuadas para que se cumplan plenamente las presentes recomendaciones, por ejemplo, transmitiéndolas a la Corte Suprema, al Parlamento y a los ministerios y las autoridades locales competentes para su debido examen y la adopción de medidas complementarias.
83. El Comité recomienda, además, que el tercer informe periódico y las respuestas por escrito presentadas por el Estado parte, así como las recomendaciones conexas (observaciones finales) aprobadas por el Comité, se divulguen ampliamente entre el público en general (especialmente entre los niños, los grupos juveniles y las organizaciones de la sociedad civil) a fin de suscitar el debate y promover el conocimiento de la Convención, su aplicación y su seguimiento.
11.Próximo informe
84. El Comité invita al Estado parte a que presente sus informes periódicos cuarto, quinto y sexto en un informe consolidado, en octubre de 2017. El informe no deberá exceder de 120 páginas (véase el documento CRC/C/118).