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Timestamp: 2019-06-20 05:49:06
Document Index: 107243087

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 29', 'artículo 286', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 42', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 15']

presentadas el 18 de julio de 2007 1(1)
5. En materia de protección de la propiedad intelectual en la sociedad de la información, procede mencionar en primer lugar la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. (2)
6. El artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2000/31 delimita su ámbito de aplicación. Según la letra b), la Directiva no se aplica a «cuestiones relacionadas con servicios de la sociedad de la información incluidas en las Directivas 95/46/CE y 97/66/CE». (3)
9. La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (4) contiene normas especiales sobre la protección de la propiedad intelectual en el comercio electrónico. Especial interés reviste su artículo 8, titulado «Sanciones y vías de recurso»:
11. El artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, (5) establece un derecho de información específico para los titulares de derechos de propiedad intelectual:
13. En materia de protección de datos es pertinente la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. (6)
15. Según el artículo 1, apartado 2, las disposiciones de dicha Directiva especifican y completan la Directiva 95/46, (7) a los efectos mencionados en el apartado 1.
«11) Al igual que la Directiva 95/46/CE, la presente Directiva no aborda la protección de los derechos y las libertades fundamentales en relación con las actividades no regidas por el Derecho comunitario. Por lo tanto, no altera el equilibrio actual entre el derecho de las personas a la intimidad y la posibilidad de que disponen los Estados miembros, según se indica en el apartado 1 del artículo 15 de la presente Directiva, de tomar las medidas necesarias para la protección de la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando las actividades tengan relación con asuntos de seguridad del Estado) y la aplicación del Derecho penal. En consecuencia, la presente Directiva no afecta a la capacidad de los Estados miembros para interceptar legalmente las comunicaciones electrónicas o tomar otras medidas, cuando sea necesario, para cualquiera de estos fines y de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que se hace de éste en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dichas medidas deberán ser necesarias en una sociedad democrática y rigurosamente proporcionales al fin que se pretende alcanzar y deben estar sujetas, además, a salvaguardias adecuadas, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.»
22. Además, procede destacar que al amparo del artículo 29 de la Directiva 95/46 se creó un grupo independiente de representantes de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros (en lo sucesivo, «grupo de protección de datos»). (8) Éste tiene la función de dar su opinión en lo relativo a cuestiones de protección de datos. El Supervisor de Protección de Datos, figura creada en virtud del artículo 286 CE y el Reglamento (CE) nº 45/2001, (9) tiene una función similar.
23. Por último, también resulta pertinente en el presente asunto la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE. (10)
27. El órgano jurisdiccional remitente, al exponer el marco jurídico nacional, se limita, esencialmente, al artículo 12, apartados 1 a 3, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico:
28. Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que la infracción de los derechos de autor únicamente puede sancionarse penalmente si el acto se cometió con ánimo de lucro. (11)
30. La dirección IP es un formato numérico de dirección, comparable a un número de teléfono, que hace posible la comunicación en internet de los aparatos conectados a la red, como servidores web, servidores e-mail u ordenadores personales. Así, el servidor a través del cual se puede acceder a las páginas del Tribunal de Justicia tiene la dirección IP 147.67.243.28. (12) Al consultar una página se comunica la dirección del ordenador que hace la consulta al ordenador en el que está albergada la página, de modo que puedan transmitirse los datos de un ordenador a otro a través de internet.
31. Para la conexión de usuarios particulares a internet pueden atribuirse direcciones IP fijas de forma similar a las conexiones a la red telefónica. No obstante, esto es poco frecuente, puesto que internet está organizado, en la actualidad, de modo que cada proveedor de acceso dispone de un número limitado de direcciones. (13) Por eso se usan en la mayoría de los casos, como también sucede en el presente asunto, direcciones IP dinámicas, es decir, el proveedor de acceso atribuye a sus clientes en cada conexión una dirección ad hoc de su contingente de direcciones. Naturalmente, ésta puede variar en cada conexión.
33. El filesharing es una forma de intercambio de archivos, por ejemplo, de piezas musicales o películas. En primer lugar, los usuarios copian los archivos a su ordenador para posteriormente ofrecerlos a todo el que esté conectado con ellos a través de internet y de un programa, en este caso, Kazaa. Normalmente (14) se utiliza la dirección IP de aquel que ofrece a otros acceder a los archivos, de modo que puede ser averiguada.
37. Han presentado observaciones Promusicae, Telefónica, Finlandia, Italia, Eslovenia, el Reino Unido y la Comisión. No lo han hecho el grupo de protección de datos (15) ni el Supervisor Europeo de Protección de Datos, entre otras razones, porque el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia no prevé esta posibilidad. No obstante, como pueden contribuir en gran medida al examen de las cuestiones relativas a la protección de datos, he creído oportuno, cuando menos, prestar especial atención a los dictámenes que han publicado sobre las cuestiones que se suscitan en el caso de autos.
41. Pueden existir dudas sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por lo que respecta a su pertinencia. (16) Una directiva no puede, por sí sola, imponer obligaciones a un particular. (17) Si el Derecho español se opusiera más allá de toda duda a la comunicación de los datos de que se trata, la interpretación de las Directivas que solicita el órgano jurisdiccional remitente no podría obligar a Telefónica a tal comunicación. Sin embargo, sobre la base de la información que obra en autos, no cabe excluir que el Derecho español pueda interpretarse de forma compatible con las Directivas. Mientras exista esta posibilidad no se puede considerar que una petición de decisión prejudicial como la presente carezca de pertinencia. (18)
43. Según el artículo 1, apartado 5, letra b), de la Directiva 2000/31, sobre el comercio electrónico, la Directiva no se aplica a cuestiones relativas a los servicios de la sociedad de la información comprendidos en la Directiva 95/46, sobre la protección de datos, y la Directiva 97/66, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Esta última Directiva ha sido sustituida posteriormente por la Directiva 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
47. Por este resultado también aboga, en relación con el derecho de información previsto en el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48 que aquí se trata, que este derecho se aplicará, con arreglo al artículo 8, apartado 3, letra e), sin perjuicio de otras disposiciones legales que rijan el tratamiento de datos personales. Este énfasis añadido y expreso en la protección de datos no formaba parte de la propuesta de la Comisión, sino que se incorporó a la Directiva durante los debates en el Consejo y el Parlamento. (19) La Directiva 2002/58 contiene precisamente disposiciones en esa materia, por lo que su aplicación no puede resultar limitada, cuando menos, por el derecho de información previsto en el artículo 8 de la Directiva 2004/48 que aquí se discute.
48. Con carácter complementario, cabe señalar que tampoco el acuerdo TRIPs (20) exige que la Directiva 2004/48 prevalezca sobre la protección de datos. Promusicae alega acertadamente que los artículos 41 y 42 del TRIPs exigen la tutela efectiva de la propiedad intelectual y que, en particular, tiene que ser posible la tutela judicial. Sin embargo, el artículo 47 del TRIPs únicamente prevé un derecho de información directamente frente a los infractores. (21) Los Estados contratantes pueden establecer tal derecho, aunque, de conformidad con el tenor del artículo 47, no están obligados a ello. (22) La ampliación a terceros del deber de informar que efectúa el artículo 8 de la Directiva 2004/48 excede incluso de esta facultad. Por ello, esta ampliación puede ser limitada por la protección de datos sin entrar en conflicto con el acuerdo TRIPs.
51. La protección de datos se basa en el derecho fundamental a la intimidad, que resulta, en particular, del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). (23) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (24) proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «Carta»), confirmó este derecho fundamental en el artículo 7 y estableció en el artículo 8 el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como importantes principios fundamentales sobre la protección de datos.
52. Por tanto, la comunicación de datos nominales a un tercero lesiona el derecho al respeto de la vida privada de los interesados, sea cual fuere la utilización posterior de los datos comunicados de este modo, y presenta el carácter de una injerencia en el sentido del artículo 8 del CEDH. (25)
53. Tal injerencia infringe el artículo 8 del CEDH, salvo que esté «prevista por la ley». (26) Por tanto, de conformidad con la exigencia de previsibilidad, tiene que estar redactada con la suficiente precisión para permitir que los destinatarios de la Ley adapten su conducta. (27) En consecuencia, en el Derecho sobre protección de datos, la exigencia de previsibilidad ha encontrado una expresión específica en la vinculación a fines concretos, indicada de forma expresa en el artículo 8, apartado 2, de la Carta. Según la concretización de la vinculación a un fin concreto que se realiza en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46, los datos personales únicamente pueden recogerse para fines determinados, unívocos y conformes a Derecho y no pueden ser tratados de forma incompatible con dichos fines.
54. Además, una injerencia en la intimidad, como es el tratamiento de datos personales, tiene que ser proporcional con respecto a los objetivos perseguidos. (28) Por tanto, tiene que existir una necesidad social imperiosa y la medida tiene que ser proporcionada a la finalidad legítima perseguida. (29)
55. En el marco de las finalidades legítimas procede tener en cuenta en el presente asunto los derechos fundamentales de los titulares de derechos de autor, en particular, la protección de la propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva. Según jurisprudencia reiterada, estos derechos fundamentales también forman parte de los principios generales del Derecho comunitario, (30) lo cual fue confirmado por los artículos 17 y 47 de la Carta. El artículo 17, apartado 2, de la Carta destaca que la propiedad intelectual también está comprendida en el ámbito de protección del derecho fundamental a la propiedad. (31)
56. El equilibrio entre los derechos fundamentales de que se trata ha de ser observado, en primer lugar, por el legislador comunitario y, asimismo, en la interpretación del Derecho comunitario que hace el Tribunal de Justicia. No obstante, los Estados miembros también están obligados a tenerlo en cuenta en el ejercicio de su facultad de apreciación al adaptar los ordenamientos jurídicos internos a las directivas. Además, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar su Derecho nacional de conformidad con las Directivas sobre protección de datos, sino también procurar que la interpretación de ésta que tomen como base no entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico comunitario o con los otros principios generales del Derecho comunitario. (32)
57. El Derecho derivado concretiza los preceptos en materia de derechos fundamentales relativos a la protección de datos y los amplía en un punto, que es uno de los decisivos para el caso de autos. En efecto, las Directivas no establecen que la protección de datos vincule únicamente a los autoridades estatales, sino que la extienden a los particulares, en la medida en que no se trate, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, segundo guión, de la Directiva 95/46, de una actividad realizada por una persona física para el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. (33) De este modo, la Comunidad consigue y concretiza un objetivo protector resultante del derecho fundamental a la protección de datos. (34)
59. La Directiva 2002/58 se aplica, según su artículo 3, apartado 1, al tratamiento de datos personales en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público en las redes públicas de comunicaciones de la Comunidad. Según el artículo 2 de la Directiva 2002/58, estos conceptos se definen en las Directivas 95/46 y 2002/21/CE. (35)
61. El dato del usuario al que a ciertas horas se habían atribuido determinadas direcciones IP es un dato personal según el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46, es decir, información sobre una persona física identificada o identificable. (36) Con la ayuda de este dato se relacionan las actividades realizadas mediante el uso de la correspondiente dirección IP con el titular del punto de conexión.
69. Con carácter excepcional, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2002/58 permite el tratamiento de dichos datos de tráfico mientras sean necesarios a efectos de la facturación de los abonados y los pagos de las interconexiones. Resulta dudoso que dicha excepción permita conservar la información de a quién se atribuyó una dirección IP dinámica en un determinado momento. Normalmente esta información no es necesaria para calcular el importe de la factura del proveedor de acceso. Los sistemas de facturación habituales se basan en la duración de la conexión al proveedor de acceso o en el volumen del tráfico de datos generado por el usuario, si es que no se ha acordado el uso ilimitado del acceso por un importe a tanto alzado. Si el tratamiento de la información correspondiente a la dirección IP no es necesario para la facturación, tampoco puede conservarse con este fin. (37)
76. Interpretar el artículo 6, apartado 6, de la Directiva 2002/58 en el sentido de que la mera finalidad de usar datos de tráfico en un litigio permite la comunicación a la posible parte contraria sería, por falta de indicios suficientes en su tenor, incompatible con la previsibilidad que tiene que respetarse cuando se justifican por ley injerencias en la intimidad y limitaciones a la protección de datos. Se estaría añadiendo una nueva excepción casi ilimitada a las excepciones previstas en el artículo 6, apartados 2, 3 y 5, y en el artículo 15, apartado 1, indicadas de manera expresa en el artículo 6, apartado 1, y delimitadas de forma relativamente clara. (38) El usuario de servicios de comunicaciones electrónicas, a la vista del tenor del artículo 6, no tiene por qué contar con una excepción de esta naturaleza.
77. Al propio tiempo, la referida excepción iría demasiado lejos, por lo que no podría considerarse proporcionada respecto de las finalidades perseguidas. En principio, el usuario tendría que contar constantemente, y no sólo en el caso de infracción de los derechos de autor, con que sus datos de tráfico se pueden comunicar a terceros que, por algún motivo, pretendan entablar un litigio contra él. No cabe considerar que tales litigios se basen en todos los casos en una necesidad social imperiosa en el sentido de la jurisprudencia relativa al artículo 8 del CEDH. (39)
78. Si se observan las finalidades que el artículo 6 de la Directiva 2002/58 contempla para la conservación de datos de tráfico, cobra más fuerza la idea de que la comunicación de estos datos debe limitarse. Estas finalidades son las únicas que pueden justificar dicha comunicación en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46. Según el artículo 6 de la Directiva 2002/58, dichas finalidades son, en el caso de datos de tráfico, la explotación de una red de comunicaciones, la facturación, la promoción comercial y la prestación de servicios de valor añadido con el consentimiento del usuario, y, además, el tratamiento bajo la autoridad del proveedor para consultas de los clientes y la persecución del fraude en el sentido antes indicado. (40) La resolución de litigios no es una finalidad autónoma de la conservación de datos de tráfico, sino que únicamente permite a los organismos competentes tener conocimiento de ellos. Por lo tanto, sólo puede referirse a litigios que guarden relación con las finalidades previstas para la conservación de dichos datos. (41) Sin embargo, no cabe apreciar que la puesta a disposición de pruebas para litigios con terceros sea una de estas finalidades.
82. Cabe dudar de que la conservación de los datos de tráfico de todos los usuarios, en cierto modo como medida de precaución, sea compatible con los derechos fundamentales, (42) en particular, porque se produce sin existir sospechas concretas. (43) No obstante, como el régimen español es compatible con el tenor del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, puede presumirse que la conservación es legal, al menos a efectos del presente asunto. No cabe examinar, al hilo de estas dudas, una eventual injerencia en los derechos fundamentales en el marco del presente procedimiento, ya que éste no se refiere a la validez del artículo 15, apartado 1. (44) Es posible que esta cuestión deba tratarse algún día por motivo de la Directiva 2006/24, que establece una obligación de Derecho comunitario de conservar datos. (45) No obstante, si en el caso de autos el Tribunal de Justicia deseara examinar, como cuestión preliminar, la procedencia de la conservación de datos, sería sin duda necesario reabrir la fase oral para dar la posibilidad de manifestarse a los legitimados para presentar observaciones con arreglo al artículo 23 del Estatuto.
83. Ahora bien, lo que en el fondo se plantea en el presente asunto es la cuestión de si el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 permite la comunicación a Promusicae de los datos solicitados que habían sido conservados. Si la comunicación fuese lícita desde el punto de vista de la normativa sobre protección de datos, procedería examinar si las Directivas que invoca el órgano jurisdiccional remitente, y la propiedad de los titulares de derechos de autor protegida en este marco, exigen que se haga uso de esta posibilidad. En dicho caso, los órganos jurisdiccionales españoles estarían obligados a utilizar los posibles márgenes de interpretación para posibilitar dicha comunicación. (46)
86. Vista esta disposición de forma aislada, podría entenderse como remisión a todos los motivos de excepción del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46. (47) Sin embargo, en contra de esta interpretación cabe señalar que el propio artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 menciona motivos de excepción que permiten una limitación «gemäß Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie 95/46». Dichos motivos se corresponden sólo parcialmente con los motivos del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46 y no contienen la excepción prevista en la letra g) para los derechos de otras personas. Por consiguiente, los motivos enunciados en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46 son aplicables al ámbito de la comunicación electrónica únicamente en la medida en que se recogen de forma expresa en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58.
87. Esta articulación queda más clara en otras versiones lingüísticas distintas de la alemana. En lugar del «gemäß», que resulta equívoco, la remisión se hace mediante la expresión «a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE». (48) Esto se debe a una decisión consciente tomada en el proceso legislativo. Como destaca la Comisión, el Consejo, al establecer por primera vez esta normativa mediante la Directiva 97/66, no recogió todos los motivos de excepción del artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46, sino que eligió la presente regulación diferenciada. (49)
88. Por este resultado también aboga la especialidad del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 frente al artículo 13, apartado 1, de la Directiva 95/46. (50) Este último es aplicable a todos los datos personales con independencia del contexto en que se recojan. Por esta razón, sus disposiciones son relativamente generales, dado que deben aplicarse a un gran número de situaciones muy distintas. (51) El primero, por el contrario, se refiere concretamente a los datos personales que se recogen en el marco de las comunicaciones electrónicas, por lo que se basa en una evaluación relativamente precisa de la gravedad de la injerencia en el derecho fundamental a la protección de datos que supone la comunicación de datos de tráfico personales.
91. El concepto de la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas admite, esencialmente, dos interpretaciones respecto de los comportamientos de que se trata: el uso con fines ilícitos y el uso contrario al sistema. La infracción de derechos de autor es, sin duda alguna, una finalidad ilícita, aunque para ello puede usarse el sistema de comunicaciones de acuerdo con su destino, esto es, para descargar datos de otros ordenadores conectados a internet. Para ello no es necesario manipular el sistema de comunicaciones de forma contraria a éste, por ejemplo, obteniendo claves de acceso a ordenadores ajenos o presentándose al ordenador ajeno con una identidad falsa. (52)
101. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, se hace referencia a actividades propias del Estado o de las autoridades estatales. (53) Aunque es cierto que las autoridades estatales pueden obligar a los particulares a colaborar, (54) la persecución de infracciones por particulares bajo su propia responsabilidad no está comprendida dentro de dichas excepciones. Ya por este motivo, las primeras cuatro alternativas del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 únicamente pueden posibilitar la comunicación a autoridades estatales, pero no la comunicación directa de datos de tráfico a Promusicae. (55)
103. Desde el punto de vista del Derecho comunitario no cabe excluir la punibilidad, puesto que, como resulta del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2001/29 y del artículo 16 de la Directiva 2004/48, el legislador nacional tiene que decidir si se sancionan las infracciones de los derechos de autor y de qué forma. Por lo tanto, puede sancionar la posible infracción de derechos de autor por el filesharing. Sin embargo, según indicó el órgano jurisdiccional remitente, en España la punibilidad de tales actos está supeditada a la existencia de ánimo de lucro. (56) Hasta este momento no se han presentado indicios de que así sea.
104. Además, de las excepciones previstas en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58, cabe considerar también la tercera alternativa, es decir, la seguridad pública. Según la jurisprudencia, en el ámbito de las libertades fundamentales, únicamente puede alegarse el orden y la seguridad públicos si existe una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. (57)
106. Sin embargo, no es indubitable que el filesharing privado, en particular cuando se produce sin ánimo de lucro, ponga en peligro la protección de los derechos de autor de forma tan grave que justifique la invocación de dicha excepción, ya que es discutible en qué medida el filesharing privado causa un perjuicio real. (58)
110. El legislador comunitario, en cualquier caso, no ha adoptado decisión alguna de este tipo sobre la limitación de la protección de datos para la persecución de las infracciones de los derechos de autor. En particular, las Directivas que ha indicado el órgano jurisdiccional remitente no son aplicables, puesto que, como dije con anterioridad, (59) no afectan a la protección de datos. Así ocurre, en especial, con el derecho de información del artículo 8 de la Directiva 2004/48, en virtud del cual, según su redacción, cabría la divulgación de la identidad de usuarios de internet. Según su apartado 3, letra e), dicha disposición es aplicable sin perjuicio de otras disposiciones normativas que regulan el tratamiento de datos personales.
111. Por lo tanto, no sería previsible deducir de dichas Directivas una finalidad para la conservación de los datos de tráfico que en ellas no se indica expresamente, y que es necesaria según el requisito de previsibilidad y el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 95/46. (60) Tampoco existe indicio alguno en favor de la intervención de las autoridades estatales en la comunicación de datos de tráfico personales a particulares que sean titulares de derechos.
115. Así, del hecho de que a través de una dirección IP se hayan lesionado derechos de autor en un determinado momento no resulta concluyentemente que el titular de la conexión, al que se había atribuido dicha dirección en ese momento, sea también el autor del acto. Al contrario, también es posible que otros hayan usado su conexión u ordenador, lo que puede producirse incluso sin su conocimiento, por ejemplo, cuando, para evitar conexiones por cable, se utiliza una red de área local radioeléctrica que no está suficientemente protegida (61) o cuando un tercero «ha tomado el control» de su ordenador a través de internet.
120. Los derechos fundamentales a la propiedad y a la tutela judicial efectiva no cuestionan esta apreciación sobre la proporcionalidad. Es cierto que, para tutelar los derechos fundamentales, los titulares de derechos de autor deben tener la posibilidad de defenderse judicialmente contra las infracciones. Sin embargo, en el caso de autos, a diferencia del caso Moldovan y otros/Rumanía, (62) invocado por Promusicae, no se trata de si existe una vía judicial, sino de los medios de que disponen los titulares de derechos para demostrar la infracción.
127. Antes bien, la Directiva 2006/24 podría conducir a fortalecer la protección de datos en el Derecho comunitario en lo relativo a litigios por infracción de los derechos de autor, pues incluso en procedimientos de investigación penal se plantearía la cuestión de en qué medida es compatible con el derecho fundamental comunitario a la protección de datos permitir a titulares de derechos vulnerados el acceso a los resultados de las investigaciones, cuando éstos se basen en la valoración de datos conservados al amparo de la Directiva 2006/24. Hasta la fecha, el Derecho comunitario no trata esta cuestión, puesto que las Directivas de protección de datos no son aplicables a la persecución de delitos. (63)
2 –	DO L 178, p. 1.
3 –	Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones (DO 1998, L 24, p. 1).
4 –	DO L 167, p. 10.
5 –	DO L 157, p. 45. Se ha utilizado la versión corregida, publicada en el DO L 195, p. 16.
6 –	DO L 201, p. 37.
7 –	Citada en la nota 3.
8 –	Los documentos del grupo de protección de datos pueden consultarse en http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/index_de.htm.
9 –	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1).
10 –	DO L 105, p. 54.
11 –	Se refiere a este respecto a la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2006, de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, http://www.fiscal.es/csblob/CIRCULAR %201-2006.doc?blobcol=urldata&blobheader=application %2Fmsword&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1109248064092&ssbinary=true, pp. 37 y ss.
12 –	Según www.dnsstuff.com.
13 –	Véase, en este sentido, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – La Internet de nueva generación – actuaciones prioritarias en la migración al nuevo Protocolo Internet IPv6 [COM(2002) 96].
14 –	Técnicamente también parece posible ocultar la propia dirección IP. Sin embargo, los programas correspondientes son de pago o lentos. Véase el registro en Wikipedia Anonymous P2P en http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_p2p, y el documento de trabajo WP 37 del grupo de protección de datos, de 21 de noviembre de 2000; Intimidad en internet, pp. 86 y 87, en el que aún no se tiene en cuenta el filesharing.
15 –	Véase el punto 22 supra.
16 – Véanse las sentencias de 16 de marzo de 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, Rec. p. I‑2505), apartado 14, y de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Rec. p. I‑11987), apartado 17, y la jurisprudencia que en ellas se cita.
17 –	Sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑8835), apartado 108, y de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros (C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, Rec. p. I‑3565), apartado 73.
18 –	Véase la sentencia de 16 de junio de 2005, Pupino (C‑105/03, Rec. p. I‑5285), apartados 31 y ss., en especial, apartado 48.
19 –	Compárese el artículo 9, apartado 3, letra e), de la Propuesta de la Comisión [COM(2003) 46] con la misma disposición del proyecto consolidado del Consejo, de 19 de diciembre de 2003 (documento del Consejo 16289/03) y con el artículo 8, apartado 3, letra e), del proyecto revisado por el Parlamento (DO 2004, C 102 E, pp. 242 y ss.) que el Consejo adoptó sin modificar.
20 –	Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se encuentra en el anexo 1 C al Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, adoptado en nombre de la Comunidad en lo relativo a los ámbitos que son de su competencia mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1). TRIPs significa Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.
21 –	Aunque el artículo 42, frase cuarta, del acuerdo TRIPs podría (mal)interpretarse en su versión alemana en el sentido de que la tutela judicial efectiva exige la comunicación de información confidencial, en realidad dicha disposición tiene por objeto hacer posible la protección de la información confidencial en el proceso, en caso de que su uso fuese admisible. Así se aprecia con mayor claridad en las versiones lingüísticas auténticas (inglesa, francesa y española). En este sentido argumenta también Daniel Gervais: The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis, Londres 2003, p. 291.
22 –	Ésta también fue la opinión del Consejo y de la Comisión en el marco del procedimiento de adopción de la Directiva 2004/48 (documento del Consejo 6052/04, de 9 de febrero de 2004, pp. 6 y 7).
23 –	Sentencia de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros (C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, Rec. p. I‑4989), apartados 73 y ss.
24 –	DO C 364, p. 1.
25 –	Sentencia Österreichischer Rundfunk y otros (citada en la nota 23), apartado 74.
26 –	Sentencia Österreichischer Rundfunk y otros (citada en la nota 23), apartado 76.
27 –	Sentencia Österreichischer Rundfunk y otros (citada en la nota 23), apartado 77, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
28 –	Sentencia Österreichischer Rundfunk y otros (citada en la nota 23), apartado 80.
29 –	Sentencia Österreichischer Rundfunk y otros (citada en la nota 23), apartado 83, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
30 –	Véase, por lo que respecta a la propiedad, entre otras, las sentencias de 11 de julio de 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237), apartado 15; de 28 de abril de 1998, Metronome Musik (C‑200/96, Rec. p. I‑1953), apartado 21, y de 6 de diciembre de 2005, ABNA y otros (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04, Rec. p. I‑10423), apartado 87, así como, en lo referente a la tutela judicial efectiva, las sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651), apartados 18 y 19; de 15 de octubre de 1987, Heylens y otros (222/86, Rec. p. 4097), apartado 14; de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677), apartado 39, y de 13 de marzo de 2007, Unibet (C‑432/05, aún no publicada en la Recopilación), apartado 37.
31 –	Así se señaló ya en la sentencia Metronome Musik (citada en la nota 30), apartados 21 y 26, así como recientemente en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Anheuser-Busch Inc. c. Portugal de 11 de enero de 2007 (recurso 73049/01, § 72).
32 –	Véase la sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist (C‑101/01, Rec. p. I‑12971), apartado 87.
33 –	Véase la sentencia Lindqvist (citada en la nota 32), apartados 46 y 47.
34 –	Por lo que respecta al secreto de las telecomunicaciones, el Bundesverfassungsgericht alemán llega a considerar en sus resoluciones de 9 de octubre de 2002 (1 BvR 1611/96 y 1 BvR 805/98, BVerfGE 106, 28 [37], apartado 21, en su versión publicada en www.bundesverfassungsgericht.de), y de 27 de octubre de 2006 (1 BvR 1811/99, Multimedia und Recht 2007, 308, apartado 13, en su versión publicada en www.bundesverfassungsgericht.de) que el Estado tiene el correspondiente deber de protección. Sin embargo, en el caso de autos no procede decidir sobre si las obligaciones de particulares relativas a la protección de datos se basan, en el Derecho comunitario, en una obligación imperiosa de protección de la Comunidad.
35 – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108, p. 33).
36 –	En la medida en que puede identificarse a los correspondientes usuarios de las direcciones IP debido a la conservación de los datos de adjudicación por el proveedor de acceso a internet, la obtención de las direcciones IP por Promusicae constituye, por lo demás, un tratamiento de datos personales, que debe cumplir las exigencias de la protección de datos. Véase la sentencia del Rechtbank Utrecht, de 12 de julio de 2005, Brein (194741/KGZA 05-462, anexo 5 al escrito de demanda de Promusicae, apartados 4.24 y ss.), el documento de trabajo WP 104 del grupo de protección de datos de 18 de enero de 2005, Cuestiones de protección de datos en relación con derechos de propiedad intelectual, p. 4, así como, desde el punto de vista del Derecho francés, las resoluciones (Délibérations) de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 2005-235, de 18 de octubre de 2005 y 2006-294, de 21 de diciembre de 2006, (Acceso a través de http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheExperteCnil.jsp). En el Registro de ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.agpd.es/index.php?idSeccion=100, existe la correspondiente inscripción de Promusicae.
37 –	Véase, en este sentido, el número 2.8. de las observaciones del grupo de protección de datos relativas a la conservación de datos de tráfico para la facturación, WP 69, de 29 de enero de 2003.
38 –	Véanse mis conclusiones de 29 de enero de 2004 en el asunto en que recayó la sentencia de 24 de junio de 2004, Comisión/Países Bajos (C‑350/02, Rec. p. I‑6213), punto 71, en relación con la interpretación del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 97/66.
39 –	Véase el punto 54 supra.
40 –	Véase el punto 72 supra.
41 –	A este respecto, no cabe hacer una interpretación excesivamente amplia de mi afirmación sobre la «diversidad de litigios», hecha en otro contexto en las conclusiones del asunto Comisión/Países Bajos (citadas en la nota 38), punto 81.
42 –	Véase el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la retención de los datos procesados en conexión con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE [COM(2005) 438 final] (DO 2005, C 298, p. 1), así como los dictámenes del grupo de protección de datos, de 21 de octubre de 2005, 4/2005, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la retención de los datos procesados en conexión con la prestación de servicios públicos de comunicación electrónica y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE [COM(2005) 438 final], de 21 de septiembre de 2005, y de 25 de marzo de 2006, 3/2006, sobre la Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE.
43 –	El Bundesverfassungsgericht alemán considera que tales injerencias son de alta intensidad, puesto que el particular no da motivo para la injerencia, pero puede verse intimidado cuando actúa dentro de la Ley, debido a los riesgos de abuso y al sentimiento de ser observado. Véase la resolución de 4 de abril de 2006 sobre la «Rasterfahndung» (análisis computerizado de datos personales, recogidos en archivos pertenecientes a instancias ajenas a la administración de justicia penal para una finalidad distinta a la persecución de delitos) (1 BvR 518/02, Neue Juristische Wochenschrift 2006, 1939 [1944], apartado 117 de la versión publicada en www.bundesverfassungsgericht.de).
44 –	Véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Eurotunnel y otros (C‑408/95, Rec. p. I‑6315), apartados 33 y 34.
45 –	Actualmente se encuentra pendiente el asunto Irlanda/Consejo y Parlamento (C‑301/06, comunicación publicada en DO 2006, C 237, p. 5). Irlanda solicita que se anule la Directiva 2006/24 por haberse elegido una base jurídica errónea. Ahora bien, el recurso no se extiende a la cuestión de si la conservación de datos es compatible con los derechos fundamentales.
46 –	Véase la sentencia Lindqvist (citada en la nota 32), apartado 87.
47 –	Así, por ejemplo, Christian Cychowski defiende en «Auskunftsansprüche gegenüber Internetzugangsprovidern „vor“ dem 2. Korb und „nach“ der Enforcement-Richtlinie der EU», Multimedia und Recht 2004, 514 (517 y 518) la opinión de que la adaptación del ordenamiento jurídico alemán a esta regulación de las excepciones permite la comunicación a los titulares de derechos de autor de datos de tráfico que infringen dichos derechos.
48 –	De este modo, la versión francesa dice «comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE», la versión inglesa, «as referred to in Article 13(1) of Directiva 95/46/EC» y la versión española «a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE», en cada caso después de enumerar los diferentes motivos de justificación permitidos.
49 –	Véase la nota 6 del escrito de la Comisión.
50 –	Ulrich Sieber/Frank Michael Höfiger: «Drittauskunftsansprüche nach § 101a UrhG gegen Internetprovider zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen», Multimedia und Recht2004, 575 (582), y Gerald Spindler/Joachim Dorschel: «Auskunftsansprüche gegen Internet-Service-Provider», Computer und Recht2005, 38 (45 y 46).
51 –	Véase, en este sentido, la sentencia Lindqvist (citada en la nota 32), apartado 83.
52 –	Normalmente, el uso contrario al sistema también consistirá en actuaciones punibles conforme a la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información (DO L 69, p. 67).
53 –	Sentencia Lindqvist (citada en la nota 32), apartado 43.
54 –	Sentencia de 30 de mayo de 2006, Parlamento/Consejo y Parlamento/Comisión (C‑317/04 y C‑318/04, Rec. p. I‑4721), apartado 58.
55 –	Según indica Promusicae, esta conclusión sobre las alternativas tercera y cuarta del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 corresponde a la situación jurídica en Francia, Italia y Bélgica, dónde, según Promusicae, está previsto que las autoridades estatales competentes puedan exigir la comunicación de datos de tráfico personales. El grupo de protección de datos da incluso un paso más en el documento de trabajo WP 104 (citado en la nota 36, p. 8), y limita la comunicación a las autoridades policiales: «El principio de compatibilidad y la observación del principio de discreción de las Directivas 2002/58/CE y 95/46/CE prohíben que las bases de datos de los proveedores de servicios de internet que se tratan con determinados fines y que se refieren, esencialmente, a la prestación de un servicio de telecomunicaciones se comuniquen a terceros, por ejemplo, a titulares de derechos, con la excepción de las autoridades policiales en determinados supuestos legalmente definidos.»
56 –	Véase el punto 28 supra.
57 –	Véanse, entre otras, las sentencias de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri (C‑482/01 y C‑493/01, Rec. p. I‑5257), apartado 66, sobre la libre circulación de personas, y de 14 de marzo de 2000, Église de scientologie (C‑54/99, Rec. p. I‑1335), apartado 17, sobre la libre circulación de capitales.
58 –	Véase el informe DSTI/ICCP/IE(2004)12/FINAL, de 13 de diciembre de 2005 (http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf, pp. 76 y ss.) dirigido al grupo de trabajo de la economía de la información de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE).
59 –	Véanse los puntos 42 y ss. supra.
60 –	Véase el punto 53 supra.
61 –	Véase el documento de trabajo del International Working Group on Data Protection in Telecommunications, de 15 de abril de 2004, sobre los posibles riesgos de redes inalámbricas, accesible en inglés y alemán en http://www.datenschutz-berlin.de/doc/int/iwgdpt/index.htm. Según Stefan Dörhöfer en Empirische Untersuchungen zur WLAN-Sicherheit mittels Wardriving, https://pi1-old.informatik.uni-mannheim.de:8443/pub/research/theses/diplomarbeit-2006-doerhoefer.pdf, p. 98. En el momento que se realizó este estudio, un 23 % de todas las redes radioeléctricas carecían de protección y un 60 % estaban protegidas de manera insuficiente. Por lo que respecta a los métodos de ataque, véase Erik Tews, Ralf-Philipp Weinmann y Andrei Pyshkin: Breaking 104 bit WEP in less than 60 seconds, http://eprint.iacr.org/2007/120.pdf.
62 –	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de julio de 2005 (recursos 41138/98 y 64320/01, §§ 118 y 119).
63 –	Véase la sentencia Parlamento/Consejo y Parlamento/Comisión (citada en la nota 54), apartado 58.