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Timestamp: 2018-07-21 07:52:20
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 32', 'in fine', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 138', 'artículo 138', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

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Derechos fundamentales. Definición(1)
Jurisprudencia Referencia El concepto de derechos fundamentales comprende “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica” (Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37). Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 2 Podemos partir por definir los derechos fundamentales como bienes susceptibles de protección que permiten a la persona la posibilidad de desarrollar sus potencialidades en la sociedad. Esta noción tiene como contenido vinculante presupuestos éticos y componentes jurídicos que se desenvuelven en clave histórica. Exp. Nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 72 [Los] derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución constituyen componentes estructurales básicos del conjunto del orden jurídico objetivo, puesto que son la expresión jurídica de un sistema de valores que por decisión del constituyente informan todo el conjunto de la organización política y jurídica. En ese orden de ideas, permiten la consagración práctica del postulado previsto en el artículo 1 del referido texto que concibe a la persona humana como “el fin supremo de la sociedad y del Estado”. De este modo, la garantía de su vigencia dentro de nuestra comunidad política no puede limitarse solamente a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los diversos individuos, sino que también debe ser asumida por el Estado como una responsabilidad teleológica. Exp. Nº 1042-2002-AA, 06/12/02, S2, FJ. 2.2 Derechos fundamentales. Dimensión jurídica y axiológica
Jurisprudencia Referencia [S]i bien el reconocimiento positivo de los derechos fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto manifiesta concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de la Constitución). (Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 2) Derechos fundamentales. Como realidad concreta
Jurisprudencia Referencia De esta forma, el Tribunal Constitucional considera necesario configurar la naturaleza de los derechos fundamentales, que encerrando en sí mismos una aspiración, deben ser percibidos por los seres humanos como una experiencia concreta de la vida cotidiana, para lo cual se deben garantizar condiciones objetivas para su pleno goce y ejercicio. Exp. Nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 72 Derechos fundamentales. Como abstenciones y mandatos de actuación
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales no solo demandan abstenciones o que se respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección especial de los poderes públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía privada. Exp. Nº 0976-2003-AA, 13/03/03, P, FJ. 5 Derechos fundamentales. Doble carácter
Jurisprudencia Referencia La realización del Estado constitucional y democrático de derecho solo es posible a partir del reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es que estos derechos poseen un doble carácter: son, por un lado, derechos subjetivos; pero, por otro lado, también instituciones objetivas valorativas, lo cual merece toda la salvaguarda posible. Exp. Nº 3330-2004-AA, 11/07/05, P, F .J. 9 Derechos fundamentales. Dimensión subjetiva
Jurisprudencia Referencia En su dimensión subjetiva, los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su favor o defensa; es decir, este debe realizar todos los actos que sean necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia plena de los Derechos Fundamentales. El carácter objetivo de dichos derechos radica en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el Estado constitucional. Exp. Nº 3330-2004-AA, 11/07/05, P, FJ. 9 Derechos fundamentales. Dimensión objetiva
Jurisprudencia Referencia [L]os derechos fundamentales no solo tienen una vertiente subjetiva, sino también una dimensión objetiva, pues representan los valores materiales de todo el sistema jurídico nacional y, en esa condición, informan a la legislación, administración y jurisdicción. En esa medida, el Tribunal considera que el amparo no solo puede entenderse como un proceso en cuyo seno se diluciden problemas que atañen únicamente a las partes que en él participen, sino como una acción de garantía en la cual subyace un orden público, representado por los derechos constitucionales cuya defensa, en el ámbito de su competencia, la Norma Suprema ha encomendado al Tribunal Constitucional. Exp. Nº 2050-2002-AA, 16/04/03, P, FJ. 25 [Los derechos fundamentales] también cumplen una función objetiva, por cuanto representan el sistema material de valores de nuestro ordenamiento constitucional. Exp. Nº 1091-2002-HC, 12/08/02, P, FJ. 4 Derechos fundamentales. Contenido constitucionalmente protegido
Jurisprudencia Referencia Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los Derechos Fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, pág. 41). Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 20 Derechos fundamentales. Determinación del contenido constitucionalmente protegido
Jurisprudencia Referencia [T]odo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental solo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incólume. (...) [E]l contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho de dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos fundamentales de la persona. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 21 [L]a exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, solo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 22 Derechos fundamentales. Sustento constitucional directo
Jurisprudencia Referencia La noción de “sustento constitucional directo” (...) no se reduce a una tutela normativa del texto constitucional formal. [Refiere] a una protección de la Constitución en sentido material (pro homine), en el que se integra la Norma Fundamental con los tratados de derechos humanos, tanto a nivel positivo (artículo 55 de la Constitución), como a nivel interpretativo (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución); y con las disposiciones legales que desarrollan directamente el contenido esencial de los derechos fundamentales que así lo requieran. Tales disposiciones conforman el denominado canon de control constitucional o “bloque de constitucionalidad”. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 9 Un derecho tiene sustento constitucional directo cuando la Constitución ha reconocido, explícita o implícitamente, un marco de referencia que delimita nominalmente el bien jurídico susceptible de protección. Es decir, existe un baremo de delimitación de ese marco garantista, que transita desde la delimitación más abierta a la más precisa. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 10 Derechos fundamentales. Contenido esencial
Jurisprudencia Referencia El contenido esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando este queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada. Exp. Nº 1042-2002-AA, 06/12/02, S2, FJ. 2.2.4 Derechos fundamentales. Desarrollo legislativo
Jurisprudencia Referencia [T]odo desarrollo legislativo de los derechos constitucionales presupone para su validez el que se respete su contenido esencial, es decir, que no se desnaturalice el derecho objeto de desarrollo. Exp. Nº 1124-2001-AA, 11/07/02, P, FJ. 12 Derechos fundamentales. Estructura
Jurisprudencia Referencia Si bien es cierto que la exactitud de aquello que constituye o no el contenido protegido por parte de un derecho fundamental, y, más específicamente, el contenido esencial de dicho derecho, solo puede ser determinado a la luz de cada caso concreto, no menos cierto es que existen determinadas premisas generales que pueden coadyuvar en su ubicación. Para ello, es preciso tener presente la estructura de todo derecho fundamental. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 22 De esta forma cabe distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las normas de derecho fundamental y las posiciones de derecho fundamental. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 23 Derechos fundamentales. Disposiciones de derecho fundamental
Jurisprudencia Referencia Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 24 Derechos fundamentales. Normas de derecho fundamental
Jurisprudencia Referencia Las normas de derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones [disposiciones de derecho fundamental]. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 24 Derechos fundamentales. Posiciones de derecho fundamental
Jurisprudencia Referencia [L]as posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una disposición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 24 [L]as posiciones de derecho fundamental, son los derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas derivadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen derechos. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 24 Derechos fundamentales. Interpretación
Jurisprudencia Referencia [Tratándose] de derechos fundamentales el operador judicial no puede sustentar sus decisiones amparándose únicamente en una interpretación literal de uno o más preceptos constitucionales, ya que, rara vez, la solución de una controversia en este ámbito puede resolverse apelándose a este criterio de interpretación. Requiere, por el contrario, de un esfuerzo de comprensión del contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos, principios o bienes constitucionales comprometidos, para, después de ello, realizar una ponderación de bienes. Exp. Nº 1941-2002-AA, 27/01/03, S1, FJ. 5 Derechos fundamentales. Fuerza expansiva
Jurisprudencia Referencia Los derechos constitucionales albergan contenidos axiológicos que, por su propia naturaleza, pueden y deben desarrollarse, proyectando su vis expansiva a través de remozadas y, otrora, inusitadas manifestaciones. Exp. Nº 1124-2001-AA, 11/07/02, P, FJ. 8 Derechos fundamentales. Mandatos de optimización a los poderes públicos
Jurisprudencia Referencia La interpretación de estos debe efectuarse siempre en sentido dirigido a alcanzar mayores niveles de protección. Es por ello que la doctrina sostiene que los derechos constitucionales han de interpretarse como mandatos de optimización. Exp. Nº 1124-2001-AA, 11/07/02, P, FJ. 12 Derechos fundamentales. Interpretación según el principio de concordancia práctica
Jurisprudencia Referencia [N]o puede permitirse que so pretexto de relevar ámbitos protegidos por nuestra Carta Fundamental, se sacrifique el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental. Hacerlo, implicaría generar un desequilibrio repudiado por la configuración unitaria de nuestro orden constitucional, que reclama la consecución de todo fin constitucional bajo el máximo respeto del principio interpretativo de concordancia práctica Exp. Nº 4677-2004-AA, 07/12/05, S1, FJ. 25 Derechos fundamentales. Interpretación unitaria de la Constitución
Jurisprudencia Referencia La comprensión del contenido garantizado de los derechos, esto es, su interpretación, debe realizarse conforme a los alcances del principio de unidad de la Constitución, pues, de suyo, ningún precepto constitucional, ni siquiera los que reconocen derechos fundamentales, pueden ser interpretados por sí mismos, como si se encontraran aislados del resto de preceptos constitucionales. Y es que no se puede perder de vista que el ejercicio de un derecho no puede hacerse en oposición o contravención de los derechos de los demás, sino de manera que compatibilicen, a fin de permitir una convivencia armónica y en paz social. Exp. Nº 1091-2002-HC, 12/08/02, P, FJ. 4 Derechos fundamentales. Derechos de configuración legal
Jurisprudencia Referencia [E]xisten determinados derechos fundamentales cuyo contenido constitucional directamente protegido, requiere ser delimitado por la ley, sea porque así lo ha previsto la propia Carta Fundamental (vg. el artículo 27 de la Constitución en relación con el derecho a la estabilidad laboral. Cfr. STC Nº 0976-2001-AA, fundamento 11 y ss.) o en razón de su propia naturaleza (vg. los derechos sociales, económicos y culturales). En estos casos, nos encontramos ante las denominadas leyes de configuración de Derechos Fundamentales. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 11 Derechos fundamentales. Contenido de los derechos de configuración legal
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley no carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en un requisito sine qua non para la culminación de la delimitación concreta del contenido directamente atribuible al derecho fundamental.
Y es que si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter jurídico abierto, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos a la discrecional regulación del legislador, pues el constituyente ha planteado un grado de certeza interpretativa en su reconocimiento constitucional directo. Exp. Nº 1417-2005-AA, 08/07/05, P, FJ. 12 Derechos fundamentales. Respeto al contenido esencial del derecho de configuración legal
Jurisprudencia Referencia [El] mandato constitucional al legislador no puede interpretarse en absoluto como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legislador una regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del citado derecho constitucional. Si bien es cierto que el legislador tiene en sus manos la potestad de libre configuración de los mandatos constitucionales, también lo es que dicha potestad se ejerza respetando el contenido esencial del derecho constitucional. Una opción interpretativa diferente solo conduciría a vaciar de contenido el mencionado derecho constitucional y, por esa razón, la ley que la acogiera resultaría constitucionalmente inadmisible. Exp. Nº 01124-2001-AA, 11/07/02, P, FJ. 12 Derechos fundamentales. Eficacia vertical y horizontal
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales, como instituciones reconocidas por la Constitución, vinculan la actuación de los poderes públicos, orientan las políticas públicas y en general la labor del Estado –eficacia vertical–, e irradian las relaciones inter privatos –eficacia horizontal– Exp. Nº 0050-2004-AI, 03/06/05, P, FJ. 72 Derechos fundamentales. Eficacia entre particulares
Jurisprudencia Referencia La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De conformidad con el artículo 38 de la Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir (...) la Constitución (...)”. Esta norma establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no solo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares. Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los Derechos Fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcar o desconocerlos, como el caso del acto cuestionado en el presente proceso, resulta inexorablemente inconstitucional. Exp. Nº 1124-2001-AA, 11/07/02, P, FJ. 6 [E]s menester determinar si la exclusión de la asociada ha respetado los derechos invocados, no obstante que se trata de un caso enmarcado en el ámbito privado, pues conforme al artículo 38 de la Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir y defender la Constitución”, norma que impone el deber de respetar los derechos de todos, sea que desarrollen sus actividades en la esfera privada o pública. Exp. Nº 1848-2004-AA, 26/08/04, S1, FJ. 2 Derechos fundamentales. Eficacia horizontal
Jurisprudencia Referencia [E]sta eficacia horizontal de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados se deriva del concepto de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad, que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del artículo 1 de la Constitución de 1993, que pone énfasis en señalar que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Se trata, además, de una consecuencia que se deriva, en todos sus alcances, del propio artículo 38 de la Constitución, según el cual “Todos los peruanos tienen el deber (...) de respetar, cumplir (...) la Constitución (...)”. Con dicho precepto constitucional se establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no solo al ámbito de las relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a aquellas establecidas entre particulares. De manera que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se proyecta también a las establecidas entre particulares, por lo que cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos o desconocerlos, deviene inexorablemente en inconstitucional. Exp. Nº 0976-2003-AA, 13/03/03, P, FJ. 5 Derechos fundamentales. Eficacia directa
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos cuando esos derechos subjetivos vinculan y, por tanto, deben ser respetados, en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar, por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad. Exp. Nº 0976-2003-AA, 13/03/03, P, FJ. 6 Derechos fundamentales. Eficacia indirecta
Jurisprudencia Referencia [S]e dice que los derechos fundamentales solo tienen eficacia indirecta cuando no tienen la capacidad de regular directamente las relaciones inter privatos, sino que tal eficacia se materializa mediatamente a través de su recepción por la ley y la protección de los jueces de la jurisdicción ordinaria, quienes están llamados a aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con la Constitución y, en especial, con el contenido constitucionalmente protegido de los Derechos Fundamentales. Tal teoría de la eficacia de los derechos fundamentales matiza la incidencia de estos en el ámbito del derecho privado, filtrándolos a través de las normas propias de cada sector del ordenamiento (civil, laboral, etc.).
Desde esta perspectiva, un problema entre privados en materia de derechos fundamentales no es resoluble, en principio, mediante los procesos de la justicia constitucional de la libertad, sino a través de los que existen en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Exp. Nº 0976-2003-AA, 13/03/03, P, FJ. 7 Derechos fundamentales. Carácter no absoluto
Jurisprudencia Referencia Los derechos fundamentales (...) no tienen la calidad de absolutos, más aún si en nuestro constitucionalismo histórico el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, entre otros, tampoco la han tenido. Por lo tanto, no obstante lo mencionado en el artículo 32 in fine de la Constitución, el legislador es competente para variar el contenido de los derechos fundamentales, siempre y cuando se respete las condiciones generales consagradas en la Constitución y no se quebrante su ‘contenido fundamental’. Exp. Nº 0050-2004-AI y acumulados, 03/06/05, P, FJ. 38 Derechos fundamentales. Límites y restricciones
Jurisprudencia Referencia [U]na cosa es limitar o restringir el ejercicio de un derecho constitucional, y otra, muy distinta, suprimirlo. La limitación de un derecho no comporta su supresión, sino solo el establecimiento de las condiciones dentro de las cuales deberá realizarse su ejercicio. Exp. Nº 2868-2004-AA, 24/11/04, S2, FJ. 16 [E]n el Estado Constitucional de Derecho no hay derechos absolutos, pues, con poquísimas excepciones, todos ellos son susceptibles de ser regulados y limitados; sin embargo, ello no autoriza a que el legislador los pueda vaciar de contenido, suprimir o disminuirlos (...).
De allí que el Tribunal Constitucional haya sido enfático en señalar que no se puede despojar de contenido a un derecho so pretexto de limitarlo o, acaso, suprimirlo, pues la validez de tales limitaciones depende que ellas respeten el contenido esencial de los derechos sobre los cuales se practica la restricción. Exp. Nº 0014-2002-AI, 21/01/02, P, FJ. 93 Derechos fundamentales. Clases de límites
Jurisprudencia Referencia [L]os límites a los derechos pueden ser impuestos por la misma norma que reconoce el derecho; por el ejercicio de uno o más derechos constitucionales, o por el ejercicio de uno o varios bienes jurídicos constitucionales. Exp. Nº 2496-2005-HC, 17/05/05, S1, PV, FJ. 5 Ningún derecho fundamental (...) puede considerarse ilimitado en su ejercicio. Los límites que a estos se puedan establecer pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los primeros son aquellos que se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión. Los segundos, los límites extrínsecos, son aquellos que se deducen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. Es así que pueden ser restringidos o limitados mediante ley. Exp. Nº 2663-02003-HC, 23/03/04, P, FJ. 6 Derechos fundamentales. Razonabilidad y proporcionalidad de los límites
Jurisprudencia Referencia Los principios de razonabilidad y proporcionalidad, previstos en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución son pues el parámetro de determinación de validez de los actos (normativos y no normativos) que establezcan límites a los derechos fundamentales. Exp. Nº 4677-2004-AA, 7/12/05, S1, FJ. 26 Derechos fundamentales. Restricciones para proteger otros bienes constitucionales
Jurisprudencia Referencia [E]l Estado puede establecer medidas limitativas o restrictivas de la libertad de los ciudadanos con el objeto que, en el caso específico de la defensa de valores como la paz o de principios como la seguridad, se evite la consumación de actos que puedan producir perturbaciones o conflictos. De allí que en resguardo del denominado orden material –elemento conformante del orden público– el Estado procure la verificación de conductas que coadyuven al sostenimiento de la tranquilidad pública, el sosiego ciudadano, etc. Exp. Nº 3283-2003-AA, 15/06/04, P, FJ. 29 Derechos fundamentales. Criterios para su restricción
Jurisprudencia Referencia La aplicación de una medida restrictiva a un caso concreto debe ajustarse al principio de razonabilidad, ser adecuada para desempeñar su función protectora, posibilitar ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y guardar proporción con el interés que debe protegerse. Exp. Nº 2876-2005-HC, 22/06/05, S2, FJ. 15 Los derechos constitucionales, como lo eran en el Estado legal de derecho, no valen en el ámbito de las leyes, sino a la inversa: las leyes valen en el ámbito de los derechos fundamentales (...); de manera que si a través de una ley se limita el ejercicio de un derecho fundamental, tal restricción necesariamente debe sustentarse en un fin constitucionalmente valioso, además de presentarse como una medida estrictamente necesaria y adecuada para conseguir lo que se persigue alcanzar. Exp. Nº 2579-2003-HD, 06/04/04, S1, FJ. 14 Derechos fundamentales. Garantía del respeto al contenido esencial
Jurisprudencia Referencia [L]os niveles de protección que han revestido constitucionalmente los derechos fundamentales no se agotan con las “garantías normativas” [reserva de ley y legalidad]. Aunque la Constitución de 1993 no contenga una cláusula semejante a la existente en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 o en la Constitución española de 1978, en virtud de la cual se establezca que en la limitación de los derechos el legislador deberá respetar su contenido esencial, lo cierto es que en nuestro ordenamiento tal limitación de los derechos se deriva de la distinción de planos en los que actúa el Poder Constituyente y el legislador ordinario. Exp. Nº 2868-2004-AA, 24/11/04, S2, FJ. 16 Derechos fundamentales. Legitimidad de los límites
Jurisprudencia Referencia La legitimidad constitucional de una limitación al ejercicio de los derechos fundamentales no se satisface con la observancia del principio de legalidad. Al lado de esta garantía normativa de los derechos fundamentales, el último párrafo del artículo 200 de la Constitución ha establecido la necesidad de que tal restricción satisfaga exigencias de razonabilidad y proporcionalidad. Exp. Nº 2235-2004-AA, 18/02/05, P, FJ. 6 [E]ncontrándose el legislador de los derechos fundamentales obligado a respetar su contenido esencial, no basta que se satisfagan las garantías normativas [reserva de ley y legalidad] (...) para que se considere, sin más, que una limitación determinada no constituye afectación de un derecho o, acaso, que la aplicación de una norma legal limitadora, por el simple hecho de haberse establecido respetando tales garantías normativas, no puede suponer la violación de un derecho constitucional (...).
[L]a sujeción al principio de legalidad de la actividad limitativa de (...) [cualquier] derecho no puede entenderse en el sentido de que basta que una ley o norma con rango de ley establezca un límite a cualquiera de las potestades por él protegidas para que estas se consideren válidas en sí mismas, pues este último juicio solo podrá considerarse constitucionalmente correcto si, a su vez, se respeta el contenido constitucionalmente declarado del derecho y se satisfacen los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Exp. Nº 2868-2004-AA, 24/11/04, S2, FJ. 17 Derechos fundamentales. Test de proporcionalidad de la actividad limitadora
Jurisprudencia Referencia El principio de proporcionalidad es un test o canon de valoración para evaluar actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos [constitucionales o simplemente legales]. Se trata de una técnica a partir del cual un tribunal de justicia puede evaluar si la intromisión estatal en el ámbito de los derechos resulta, o no, excesiva. Pero no se confunde, ni se superpone, a las potestades que garantizan cada uno de esos derechos.
De ahí que una actuación administrativa pueda no satisfacer el test de proporcionalidad y, sin embargo, no afectar a derechos reconocidos por .la Norma Fundamental.
Estos últimos, como es evidente, generan la invalidez de aquella actuación administrativa, pero si no inciden en el ámbito de los derechos protegidos por los procesos constitucionales, no son de competencia de la justicia constitucional, sino de la jurisdicción contencioso-administrativa. Exp. Nº 2868-2004-AA, 24/11/04, S2, FJ. 21 Derechos fundamentales. Principios de razonabilidad y proporcionalidad
Jurisprudencia Referencia El principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Exp. Nº 2192-2004-AA, 11/10/04, S1, FJ. 15 ()
Derechos fundamentales. Principio de proporcionalidad
Jurisprudencia Referencia [C]uando el Tribunal se enfrenta a un caso donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar no solo un ejercicio argumentativo enjuiciando las disposiciones constitucionales en conflicto (ponderación), sino también deberá evaluar también todas las posibilidades fácticas (necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la decisión adoptada. Exp. Nº 2192-2004-AA, 11/10/04, S1, FJ. 18 Derechos fundamentales. Razonabilidad de la medida restrictiva
Jurisprudencia Referencia Por virtud del principio de razonabilidad se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los Derechos Fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de razonablidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Exp. Nº 2235-2004-AA, 18/02/05, P, FJ. 6 Una decisión razonable (...) supone, cuando menos:
b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no solo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues solo así un “hecho” resultará menos o más tolerable,
c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la mas idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso. Exp. Nº 2192-2004-AA, 11/10/04, S1, FJ. 20 Derechos fundamentales. Proporcionalidad de la medida en sentido lato
Jurisprudencia Referencia [E]l principio de proporcionalidad exige, a su vez, que la medida limitativa satisfaga los subcriterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Exp. Nº 2235-2004-AA, 18/02/05, P, FJ. 6 Derechos fundamentales. Idoneidad de la medida limitadora
Jurisprudencia Referencia El principio de idoneidad comporta que toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo, es decir, que exista una relación de medio a fin entre la medida limitativa y el objetivo constitucionalmente legítimo que se persigue alcanzar con aquel. Exp. Nº 2235-2004-AA, 18/02/05, P, FJ. 6 Derechos fundamentales. Necesidad de la medida limitadora
Jurisprudencia Referencia [E]l principio de necesidad impone al legislador adoptar, entre las diversas alternativas existentes para alcanzar el fin perseguido, aquella que resulte menos gravosa para el derecho que se limita. Como tal, presupone la existencia de una diversidad de alternativas, todas aptas para conseguir el mismo fin, debiendo ser la escogida por el legislador aquella que genera menos aflicción sobre el derecho fundamental.
Como quiera que la elección entre diversas alternativas se encuentra dentro la esfera de discrecionalidad que la Constitución ha brindado al Poder Legislativo, este Tribunal ha declarado que una medida será innecesaria o no satisfacerá este segundo subprincipio cuando la adopción de un determinado medio significa, o importa, un sacrificio desmesurado o manifiestamente innecesario, del derecho limitado. Exp. Nº 2235-2004-AA, 18/02/05, P, FJ. 6 Derechos fundamentales. Proporcionalidad de la medida en sentido estricto
Jurisprudencia Referencia De acuerdo con el principio de proporcionalidad strictu sensu, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de esta debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental, comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental. Exp. Nº 0050-2004-AI y acumulados, 03/06/05, P, FJ. 109 Derechos fundamentales. Test de proporcionalidad en la limitación de derechos
Jurisprudencia Referencia [El] test [de razonabilidad o proporcionalidad] se realiza a través tres subprincipios:
3. Subprincipio de proporcionalidad stricto sensu. Según el cual, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Se trata, por tanto, de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental. Exp. Nº 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ. 65 Derechos fundamentales. Garantías de protección ordinaria y específica
Jurisprudencia Referencia [E]n la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los derechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138 de la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría [a]firmar que solo el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138. Exp. Nº 0206-2005-AA, 28/11/2005, P, FJ. 5 [N]uestra Norma Fundamental ha consagrado un conjunto de garantías específicas para la protección de los derechos fundamentales, constituyendo una tutela especializada (a cargo de jueces constitucionales) distinta a aquella tutela común (a cargo de jueces ordinarios).
De este modo, los “derechos fundamentales” y las “garantías para su protección” se han constituido como institutos que no pueden entenderse de modo aislado, pues tales derechos solo podrían “realizarse” en la medida que cuenten con mecanismos “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” para su protección. Los derechos y sus mecanismos procesales de tutela se constituyen así en el presupuesto indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema democrático. Exp. Nº 5374-2005-AA, 17/10/05, P, FJ. 2 Derechos fundamentales. Situaciones especiales de limitación
Jurisprudencia Referencia Los límites que pueden establecerse por el ejercicio de estos derechos son varios y, como regla general, se determinan tomando en consideración la naturaleza de los derechos en cuestión. No obstante, en determinados supuestos, el legislador puede fijar una diversa clase de límites a tales libertades, límites cuya justificación se encuentra en las relaciones especiales de sujeción bajo las que se encuentran determinados individuos [respecto a la administración pública] Exp. Nº 0866-2000-AA, 10/07/02, P, FJ. 3 En la medida en que los límites especiales derivados de una relación de sujeción especial tienen por propósito garantizar la efectividad de los intereses públicos a los que sirve una dependencia pública, los alcances de esta limitación deben entenderse concretamente referidos a esos intereses públicos cuya efectividad se persigue asegurar con la limitación de los derechos constitucionales. Exp. Nº 0866-2000-AA, 10/07/02, P, FJ. 4 Derechos fundamentales. Titularidad del derecho al debido proceso en personas de derecho público
Jurisprudencia Referencia [A]tendiendo a la naturaleza no estrictamente personalísima del derecho al debido procedimiento administrativo, se reconoce su extensión a las personas jurídicas, y, entre ellas, se debe hacer extensivo dicho reconocimiento de la titularidad del derecho fundamental para el caso de las personas jurídicas de derecho público, pues una interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un lado, habilitar el ejercicio de facultades a las municipalidades consagradas en la Constitución y, por otro, negar las garantías necesarias para que las mismas se ejerzan y, sobre todo, puedan ser susceptibles de protección.
Este fundamento encuentra su sustento constitucional en el sentido de reconocer a las personas jurídicas, independientemente de su naturaleza pública o privada, que puedan ser titulares de algunos derechos fundamentales, y que en esa medida puedan solicitar su tutela mediante los procesos constitucionales, entre ellos, el amparo Exp. Nº 2939-2004-AA, 13/01/05, S1, FJ. 6 [O]pina el Tribunal que el reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera que también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos derechos fundamentales en ciertas circunstancias. Exp. Nº 0905-2001-AA, 14/08/02, P, FJ. 5 Artículo 1º.- DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y RESPETO A SU DIGNIDAD
Artículo 2º.- DERECHO A LA VIDA, A LA IDENTIDAD, A LA INTEGRIDAD, A LA LIBERTAD Y AL BIENESTAR. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONCEBIDO.
Artículo 2º.- LIBERTAD DE CONCIENCIA, RELIGIÓN, IDEAS, CREENCIAS Y OPINIÓN
Artículo 2º.- LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
Artículo 2º.- EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA
Artículo 2.- DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA
Artículo 2º.- DERECHO AL HONOR, BUENA REPUTACIÓN, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR, VOZ E IMAGEN
Artículo 2º.- EL DERECHO A CREAR Y EL DERECHO A LA CULTURA
Artículo 2º.- INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
Artículo 2º.- SECRETO E INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS PRIVADOS
Artículo 2º.- LIBERTAD DE TRÁNSITO Y RESIDENCIA
Artículo 2º.- LIBERTAD DE REUNIÓN EN LOCALES PRIVADOS Y PÚBLICOS
Artículo 2º.- DERECHO DE ASOCIACIÓN. CONSTITUCIÓN DE FUNDACIONES Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Artículo 2º.- DERECHO A LA LIBRE CONTRATACIÓN
Artículo 2º.- DERECHO AL TRABAJO
Artículo 2º.- DERECHO A LA PROPIEDAD. DERECHO A LA HERENCIA
Artículo 2º.- PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA NACIÓN
Artículo 2º.- RESERVA DE CONVICCIONES
Artículo 2º.- IDENTIDAD ÉTNICA Y CULTURAL. DERECHO AL USO DEL PROPIO IDIOMA
Artículo 2º.- DERECHO DE PETICIÓN
Artículo 2º.- DERECHO A LA NACIONALIDAD
Artículo 2º.- DERECHO A LA PAZ Y TRANQUILIDAD
Artículo 2º.- DERECHO A LA LEGÍTIMA DEFENSA
Artículo 2º.- LIBETAD PERSONAL
Artículo 2º.- RESERVA DE LA LEY DE RESTRICCIONES A LA LIBERTAD
Artículo 2º.- PROSCRIPCIÓN DE IMPONER PRISIÓN POR DEUDAS
Artículo 2º.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL
Artículo 2º.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Artículo 2º.- PROCEDENCIA Y REQUISITOS DE LA DETENCIÓN
Artículo 2º.- EL DERECHO A NO SER INCOMUNICADO
Artículo 2º.- INTEGRIDAD MORA, PSÍQUICA Y FÍSICA
Artículo 3º.- LOS DERECHOS NO ENUMERADOS