Source: https://www.scribd.com/document/18101143/Sentencia-Tribunal-Constitucional-declara-inconstitucional-gratuidad-del-abogado-del-turno
Timestamp: 2017-04-24 15:44:38
Document Index: 415588281

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ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSentencia Tribunal Constitucional declara inconstitucional gratuidad del abogado del turnoUploaded by iurisprudentia5.0 (3)DownloadEmbedDescription: Requerimiento de inconstitucionalidad del Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., señor Enrique Barros Bourie, en representación de dicha entidad respecto del texto íntegro del artículo 5...View MoreRequerimiento de inconstitucionalidad del Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., señor Enrique Barros Bourie, en representación de dicha entidad respecto del texto íntegro del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. En subsidio de lo anterior, solicita se declare la inconstitucionalidad del inciso primero del mismo artículo y, en subsidio de esto último, se declare inconstitucional la expresión “gratuitamente”, contenida en la misma norma legal.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content1Santiago, veintinueve de julio de dos mil nueve. VISTOS: El abogado y Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., señor de dicha Enrique entidad en el Barros y en Bourie, de en la del este
representación acción artículo pública 93 de
inciso ha
duodécimo a
Tribunal para que, haciendo uso de la facultad que le reconoce el numeral 7º del mismo precepto constitucional aludido, íntegro declare del En la inconstitucionalidad 595 de del lo Código anterior, del texto de se
artículo subsidio
Orgánico solicita
declare la inconstitucionalidad del inciso primero del mismo artículo y, en subsidio de esto último, se declare inconstitucional la expresión “gratuitamente”, contenida en la misma norma legal. Como antecedente de procedencia de esta acción se invoca la sentencia de esta Magistratura Rol 755, de fecha 31 de marzo del año 2008, por que se pronunció de sobre la la
legal que se impugna y cuyo texto es el siguiente: “Art. 595. Corresponde a los jueces de letras
designar cada mes y por turno, entre los no exentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas
civiles y otro que defienda las causas del trabajo de las personas que hubieren obtenido o debieran gozar del mencionado privilegio. Con todo, cuando las necesidades en lo requieran, lo y el la número Corte de de
Apelaciones respectiva podrá disponer que los jueces
de letras designen dos o más abogados en cada turno, estableciendo la forma en que se deban distribuir las causas entre los abogados designados. En la misma forma y para los mismos fines harán los jueces de letras las a quienes se refiere el inciso de
procuradores y receptores. Cuando alguna persona que goce del privilegio de pobreza no pueda o ser servida por los el abogados, juez de
letras podrá designar un abogado, un procurador o un receptor especial que la sirva. En las comunas o agrupaciones de comunas en donde hubiere dos o más jueces de letras, en hará los las dos
primeros incisos de este artículo, el más antiguo, y las especiales del inciso precedente el que
conociere del negocio en que han de aplicarse. Las designaciones generales de abogados,
procuradores y receptores de turno deberán hacerse por las Cortes de Apelaciones para el territorio jurisdiccional en que éstas tengan su residencia.”. Como afirma el requirente, la acción deducida se funda, en síntesis, en las siguientes consideraciones: Como cuestiones previas, se alude a la pertinencia de la acción, conforme a lo dispuesto por las normas constitucionales que la regulan. En primer lugar, se refiere al hecho de que esta Magistratura Constitucional ya ha declarado inaplicable la expresión “gratuitamente” contenida en el inciso
Tribunales, por considerar que contraviene, en todos los eventos hipotéticos de su posible aplicación, tanto la igualdad ante las cargas públicas como la libertad de trabajo, ambas garantías reconocidas en el artículo 19 del Texto Constitucional vigente. En segundo término, el actor fundamenta la
procedencia de la pretensión planteada al Tribunal, en orden a que se declare la inconstitucionalidad del
mencionado artículo, expresando que, a su juicio, los cinco incisos que éste contiene, constituirían una norma jurídica única, de momento que “discurren sobre un mismo tópico, consistente en la designación de un abogado que defienda gratuitamente diversas causas judiciales de
terceros”. En este mismo aspecto, el requirente sostiene que la gratuidad o nula retribución sería un elemento indisoluble e intrínseco de la carga o servicio forzoso al cual se encuentran sometidos todos los abogados por aplicación del texto íntegro de la norma impugnada. Por último, anterior, en cuanto que a la petición en que el subsidiaria Tribunal de la
inconstitucional el texto íntegro del inciso primero del mismo artículo antes referido, el actor manifiesta que, a su entender, ella sería pertinente, atendido que en tal inciso se contendría el núcleo de la descripción del
servicio gratuito que se impone a los abogados y que su texto no sería divisible sin agravamiento de la
inconstitucionalidad que identificó la sentencia dictada por esta Magistratura en el Rol Nº 755.
En cuanto al fondo, se invocan como infringidas por la norma impugnada la las siguientes ante la ley y garantías ante las
cargas públicas, reconocidas en los numerales 2º y 20º del artículo 19 de la Constitución Política,
respectivamente. En este capítulo el requirente sostiene que la carga pública impuesta por el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales “el es inconstitucional, esencial entre por cuanto y no es
desproporcionada tanto en relación con su finalidad como en la intensidad del gravamen impuesto”. Agrega que la norma del turno deja a los abogados afectados por él en una situación que califica de desigual y desmejorada si se compara con otras personas que están sometidas a
cargas públicas diversas, como el servicio militar o el servicio que presta un vocal de mesa en los procesos eleccionarios. También se invoca como eventualmente infringida la libertad de trabajo, reconocida en el numeral 16º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en particular, por cuanto la norma por el impugnada turno privaría derecho a a los abogados
libremente un trabajo y a obtener una “justa retribución” por el servicio prestado. Aduce el actor, en síntesis, que “el trabajo –en términos constitucionalesconstituye una actividad
económica desde el momento que implica la prestación de un servicio físico o intelectual a cambio de una
remuneración (artículo 7º del Código del Trabajo)” y de
garantía en comento y la que reconoce el numeral 21º del mismo artículo 19 recién citado, esto es, la libertad para desarrollar actividades económicas, la cual implica que sólo puede prohibirse su realización en la medida que atente contra la moral, el orden público o la seguridad nacional y que nadie puede ser forzado a ejecutarla. En contra de tales garantías, señala el requirente, se alza el turno de los abogados que, a su entender, constituiría la práctica forzada de un trabajo (entendido como
actividad económica, como se expresó) y una actividad que no es retribuida ni por el beneficiario ni por el Estado. Finalmente, se invoca como violentado el principio de legalidad de las cargas públicas, reconocido en los numerales 20º y 22º del artículo 19 de la Constitución Política. En el requerimiento se sostiene que el turno
aplicable a los abogados sería una de las cargas más intensas que es posible imponer a una persona dentro de nuestro ordenamiento jurídico y, por ello, sería
justificable que para regularla, al igual que como ocurre con los tributos, se exija al legislador el máximo grado de densidad normativa posible. En concreto, el actor
aduce que la ley, en esta materia, debiera especificar no sólo “el hecho que constituye la carga o los obligados, sino también el procedimiento”, de manera que el juez que deba ejecutar el mandato legal disponga de un mínimo de discrecionalidad en su aplicación. Nada de ello, dice, se cumpliría por la norma impugnada.
También el requirente hace presente al Tribunal que tras la sentencia de inaplicabilidad dictada en los autos Rol 755, la Corte Suprema, en sentencia Rol 6626-2006, de 24 de junio de 2008, procedió a aplicar la carga personal del turno prevista en el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, en la causa en la que dicho fallo
constitucional incidió. En síntesis, el referido Tribunal de Alzada rechazó el recurso de protección interpuesto por el abogado recurrente, atendido que el Tribunal
Constitucional no declaró inaplicable la institución del turno para los abogados, sino que sólo lo hizo respecto de la gratuidad del trabajo desarrollado por ellos, por lo que quedarían a salvo las acciones que el afectado tiene para obtener el pago de sus honorarios en caso que corresponda. A juicio del actor, en este caso la Corte Suprema habría agravado la situación que genera la norma legal en examen creando una nueva carga pública para el abogado afectado, cual sería la de ejercer una acción civil contra el Estado para exigir el pago de los
honorarios si se ha desempeñado el turno. Con fecha 30 de octubre de 2008, el Tribunal ordenó poner el requerimiento deducido en estos autos en
conocimiento de la Presidenta de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, y también fijó las reglas que regirían la tramitación de la causa. Dentro del plazo otorgado a esos efectos, ninguno de los órganos
constitucionales antes referidos hizo valer observaciones al requerimiento en examen. Cabe señalar, sin embargo, que, mediante resolución dictada el día 27 de noviembre de 2008, el Tribunal
dispuso agregar a los antecedentes la presentación de fecha 26 de noviembre del mismo año, suscrita por un grupo de 35 diputados, en la que se plantean, en primer lugar, cuestiones de previo y especial pronunciamiento con respecto a la acción deducida en autos. Dichas excepciones dicen relación con los siguientes aspectos: a) A su juicio, excedería la petición principal lo resuelto por el Tribunal en sus sentencias previas de inaplicabilidad referidas al precepto impugnado; b) Se rompería la presunción de constitucionalidad y el
carácter abstracto de la acción prevista en el inciso duodécimo del artículo 93 de la Constitución; c)
Entienden que la declaración de inconstitucionalidad que se formularía y en d) este caso llevaría que la al Tribunal a de
inconstitucionalidad que se persigue generaría vacíos y contradicciones. Por otra parte, en cuanto al fondo, solicitan al Tribunal el rechazo del requerimiento interpuesto por el Colegio de Abogados de Chile. Las consideraciones que se invocan dicen relación con los siguientes capítulos: 1. Algunos aspectos de la norma impugnada; 2. No es la única carga de nuestro ordenamiento; 3. Los equivalentes
invocados no son efectivos; 4. Precedentes de ponderación de conflictos de derechos en situaciones semejantes a la regulación del abogado de turno; 5. No se afecta la
igualdad ante la ley; 6. No se infringe la legalidad de las cargas públicas; y 7. No se vulnera la libertad de trabajo.
Se ordenó traer los autos en relación y con fecha 19 de marzo de 2009 se procedió a la vista de la causa, oyéndose el alegato del abogado Arturo Fermandois V., por la institución requirente.
CONSIDERANDO: I. PRESUPUESTOS NECESARIOS CONSTITUCIONALES PARA LA Y PROCESALES DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL. PRIMERO: Que el artículo 93, inciso primero, numeral 7º, de la Constitución Política establece que es
atribución de este Tribunal Constitucional: “Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior.”; SEGUNDO: Que el inciso duodécimo del mismo artículo agrega: “Una de vez resuelta en sentencia de un previa la
declaración conforme pública
inaplicabilidad 6º de al
al número para
este artículo, Tribunal perjuicio la de
habrá acción de de
declaración la facultad
éste para declararla de oficio”; TERCERO: Que de los preceptos constitucionales
transcritos se desprende que los presupuestos necesarios para que esta Magistratura pueda declarar la
inconstitucionalidad de una determinada norma legal, con los efectos previstos en el artículo 94, incisos tercero y cuarto, de la Carta Fundamental, son los siguientes: a) Debe tratarse de la inconstitucionalidad de un precepto
de rango legal; b) La referida norma debe haber sido declarada previamente inaplicable por sentencia de este Tribunal artículo undécimo, pronunciada 93, de inciso la en virtud de lo dispuesto 6º, El e en el
numeral c)
inciso de el
Constitución; debe haberse
ejercicio de una acción pública acogida a tramitación por este Tribunal o por una resolución del mismo, actuando de oficio; y d) la Debe abrirse proceso sustanciándose en el que y se
dictándose concluya la
sentencia entre
legal en cuestión y las disposiciones de la Constitución Política de la República; CUARTO: Que la disposición que se solicita declarar inaplicable es el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, que ciertamente tiene el carácter de precepto de rango legal; QUINTO: Que la referida norma ha sido declarada
previamente inaplicable en tres procesos, tal como consta en los autos roles Nºs. 755-2007, de 31 de marzo de 2008, 1138-2008, de 8 de septiembre de 2008, y 1140-2008, de 14 de enero de 2009. Debe sí tenerse presente que en todos esos casos sólo se ha declarado inaplicable la expresión “gratuitamente” a que alude el inciso primero del
artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales; SEXTO: Que, en la especie, el abogado y Presidente del Colegio de Abogados de Chile A.G., señor Enrique
Barros Bourie, en representación de dicha entidad, ha ejercido la acción pública, en los términos previstos en la disposición 93, inciso primero, Nº 7º, de la Carta
Fundamental, con el propósito de que el Tribunal proceda a declarar la inconstitucionalidad del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales. Dicha presentación fue
acogida a tramitación, dándose traslado de la misma a los colegisladores, sin haber recibido observaciones, salvo un escrito de téngase presente suscrito por 35 diputados; SEPTIMO: Que, así las cosas, se han cumplido todos los presupuestos procesales para conocer y resolver esta acción de inconstitucionalidad, en los términos que
señala el artículo 93, Nº 7º, de la Carta Fundamental; II. EL PRECEPTO LEGAL DECLARADO PREVIAMENTE INAPLICABLE Y LA SOLICITUD DE INCONSTITUCIONALIDAD EFECTUADA POR LA REQUIRENTE. OCTAVO: declare artículo estimar la Que la requirente ha del solicitado texto de que se del por al
inconstitucionalidad del Código
595 que
Orgánico un solo
Tribunales, legal,
tratarse, en sus efectos jurídicos, de un todo normativo indisoluble de la gratuidad del turno de los abogados. En subsidio respecto de del el lo anterior se solicita del similar petición que
inciso núcleo
artículo, del
gratuito que se impone a los abogados y cuyo texto no sería divisible sin agravamiento de las
inconstitucionalidades ya falladas. Finalmente y, a su vez, en subsidio de de esto último, se de requiere la la
“gratuitamente”, contenida en la misma norma legal, única que ya fue declarada inaplicable. Por su lado, en su escrito de téngase presente, los 35 señores diputados
afirman la improcedencia de las dos primeras peticiones de la requirente, al excederse lo por resuelto lo que en las esta para de
anteriores Magistratura ello,
inaplicabilidades, carecería que de se
competencia afectaría la
específica presunción
constitucionalidad de las leyes e importaría una forma de legislar, lo que generaría vacíos y contradicciones
normativas, dado que la disposición contempla diversos supuestos y no sólo el turno gratuito de los abogados; NOVENO: Que este Tribunal encuentra fijada su
competencia, estando ella circunscrita a la posibilidad de resolver la inconstitucionalidad de un precepto legal que previamente haya sido declarado inaplicable, en a lo menos un proceso, tal como se desprende de lo señalado en el artículo 93, inciso primero, Nº 7º, de la Constitución Política de la República; DECIMO: referirse “precepto Que, en tal a sentido, lo que resulta debe de la conveniente por de
previamente legal”, para y,
entenderse declaración
efectos en su
inconstitucionalidad de la norma; DECIMOPRIMERO: Que, como ya se ha sentenciado, la expresión precepto legal es equivalente a la de norma jurídica de rango legal, la que puede estar contenida en una parte, en todo un artículo o en varios en que el legislador agrupa las disposiciones de una ley. Así, se ha razonado que “una unidad de lenguaje debe ser
considerada un ‘precepto legal’, a la luz del artículo 93 de la Constitución Política, cuando tal lenguaje tenga la aptitud de producir un efecto contrario a la
Constitución” (roles Nºs 626/2007 y 944/2008). De este modo, para que una unidad lingüística pueda ser
considerada un precepto legal de aquellos a que alude el artículo 93 de la Carta Fundamental, no es necesario que sea completa sino que se baste a sí misma; DECIMOSEGUNDO: Que por lo demás en diversas
sentencias se han declarado inaplicables partes de una disposición o inciso. Así, se ha resuelto en relación a las expresiones “procediendo de plano”, contenida en el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales y “en
cuenta, salvo que estime conveniente”, en los autos Rol 747/2007. Del mismo de las modo, se ha “y declarado establecidos la en
inaplicabilidad virtud
expresiones que para y el
estos efectos Instituto
fije el del
Deporte”, a que alude el artículo 2º de la Ley Nº 20.033, modificatoria del cuadro anexo Nº 1 de la Ley de Impuesto Territorial, Nº 17.235 (roles Nºs. 718, 773 y 759, todos de 2007). Adicionalmente, de se ha efectuado respecto semejante de las
expresiones “para dar curso a ellos se exigirá que el infractor acompañe el comprobante de haber pagado la
multa”, contenida en el artículo 171 del Código Sanitario (Rol Nº 1061-2008), lo que recientemente incluso ha
motivado una sentencia de
inconstitucionalidad por parte
de esta Magistratura (Rol Nº 1345-2009); DECIMOTERCERO: Que este Tribunal sólo puede declarar inconstitucional un precepto ya declarado inaplicable y, por lo tanto, no puede extender su declaración de
inconstitucionalidad más allá de lo resuelto previamente
inaplicabilidad,
cuales, como se ha señalado, sólo se ha decidido acerca de la contrariedad con la Constitución de la obligación de gratuidad contenida en el artículo 595 del Código
Orgánico de Tribunales; DECIMOCUARTO: preceptuado artículo 93 en de el Que según 7º se del desprende inciso de lo del la
numeral Carta
primero que fija
competencia específica de este Tribunal para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable con anterioridad, tal resolución
sólo puede considerar las causales en que se sustentó la referida desprende declaración de las de inaplicabilidad. “declarado Ello se en
conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”, las cuales ponen de relevancia que, en un proceso como el de la especie, han de que considerarse motivaron los vicios de la
declaración de inaplicabilidad; DECIMOQUINTO: Que, como se ha indicado, en las tres sentencias inaplicable en el que esta Magistratura lo ha ha declarado sólo en
relación a la gratuidad del turno de los abogados, mas no respecto de la totalidad de la disposición, como tampoco del inciso primero de la aludida norma; DECIMOSEXTO: Que, en efecto, en las dichas
oportunidades anteriores (roles 755, 1138 y 1140) sólo se ha declarado inaplicable la expresión “gratuitamente”, a que alude el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, debiendo entenderse para todos
los efectos que dicho término importa un precepto legal, razón por la cual este Tribunal debe limitarse a dicho punto, careciendo de atribuciones para analizar la
disposición completa o la totalidad del inciso primero, como se solicita; DECIMOSEPTIMO: Que, de esta manera, la declaración de inconstitucionalidad debe limitarse estrictamente a
aquello que se estimó como contrario a la Constitución Política previamente en sede de inaplicabilidad, lo que como se ha señalado y consta de autos se circunscribe a la gratuidad del turno que se impone a los abogados, lo que corresponderá analizar en las consideraciones
posteriores. En razón de lo anterior, deberá rechazarse la petición de inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, como
también la de todo su inciso primero, circunscribiéndose esta decisión a la gratuidad del turno de los abogados; III. CARACTER EXCEPCIONAL DE LA DECLARACION DE
INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO LEGAL. DECIMOCTAVO: Que, tal como lo ha señalado
reiteradamente esta Magistratura, “el respeto hacia la labor que desarrolla el legislador obliga al Tribunal Constitucional, en su función de contralor de la
constitucionalidad de la ley, a buscar, al menos, alguna interpretación del precepto cuestionado que permita
armonizarlo con la Carta Fundamental y sólo en el evento de no ser ello posible, unido a la necesidad de cautelar integralmente la plena vigencia de los principios de
supremacía constitucional, igualdad ante la ley y certeza jurídica, resultará procedente y necesaria la declaración
681-2006
558-2006).
Como ha precisado la doctrina, la denominada “presunción de constitucionalidad de la ley es impone a quien sostiene la que el de una
inconstitucional, que se
incompatibilidad entre la norma que ese texto expresa y el sistema de normas que el texto constitucional Justicia
Constitucional y Democracia, Madrid, CEPC, 1997, p. 141); DECIMONOVENO: inconstitucionalidad Que de un la precepto declaración legal de
previamente inaplicable no constituye un deber para el Tribunal, sino que es una facultad que le corresponderá ejercer en la medida que ninguna interpretación del
precepto impugnado permita su ajuste o adecuada sujeción con la Carta Fundamental, tal como se ha sentenciado por esta Judicatura (roles Nºs. 558, 681 y 1173); VIGESIMO: Que así por lo demás se desprende de la historia fidedigna del establecimiento de la norma, desde que de un deber –en ciertos supuestos- se transformó en una facultad del Tribunal, soberana de un al habérsele otorgado sobre en la
resolver legal
declarado inaplicable, tal como lo ha resuelto también esta Magistratura (roles Nºs. 558 y 1173) y lo ha
señalado la doctrina (Vid., entre otras, Revista Chilena de Derecho Público, Universidad de Chile, Nº 68, 2006 y Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Nº 10, 2006);
VIGESIMOPRIMERO: Que, por lo mismo, resulta evidente que la declaración de inconstitucionalidad constituye el último recurso –la “última ratio”para asegurar la
supremacía constitucional, desde que implica el dejar sin efecto, con carácter derogatorio, un acto emanado del órgano legislativo –expresión de la soberanía popular-, lo que puede eventualmente conllevar un cierto grado de inseguridad jurídica ante el vacío normativo que se
produce por la desaparición de un determinado precepto legal que se expulsa del ordenamiento jurídico por ser manifiestamente contrario a la Carta Fundamental; VIGESIMOSEGUNDO: Que, en todo caso, la labor de esta Magistratura en modo alguno es la de legislar, sino
constatar la irremediable contradicción entre un precepto legal y la Carta Fundamental. Y es que, como afirma
Bachof, el carácter político de un acto “no excluye un conocimiento jurídico del mismo, ni el resultado político de dicho conocimiento le despoja de su carácter jurídico” (Jueces y Constitución, Madrid, 1985, p. 61). Como nos lo recuerda Tribunales el tratadista francés Louis 1994), Favoreu el (Los
Constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, particularmente de la sujeción a la Carta Fundamental de las leyes, debiendo velar por el derecho fundamental a la integridad y primacía de la Constitución Política, lo que también forma parte sustancial de todo régimen democrático. Cabe tener igualmente presente que las normas que articulan la jurisdicción constitucional deben interpretarse de manera que potencien al máximo su
defensa y cumplimiento. Por lo mismo, la jurisdicción constitucional tiene un significado esencial para el
perfeccionamiento y la vigencia del Estado constitucional de Derecho, la división y adecuado equilibrio de los
diversos órganos públicos y, por sobre todo, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; VIGESIMOTERCERO: Que, en atención a lo anterior, la jurisdicción constitucional se proyecta así como una de las garantías básicas del Estado constitucional de
Derecho y del Régimen Democrático. En efecto, el poder público en todas sus manifestaciones —Estado legislador, Estado administrador y Estado juez— debe someter siempre su quehacer a la Constitución Política de la República. Por su lado, la jurisdicción constitucional debe asegurar que, efectivamente, sus actos a todas las las autoridades valores y públicas principios
constitucionales, de modo que cada una de las funciones estatales se desarrolle dentro de un ámbito correcto y de legítimo ejercicio de la función constitucional que les compete; VIGESIMOCUARTO: antecedentes de la Que, tal como consta de la en los
constitucional de agosto de 2005, materializada a través de la Ley Nº 20.050, el sentido de la declaración de inconstitucionalidad atribución directa conferida de al un precepto legal, como nueva tiene
Tribunal los
Constitucional, de la y de
supremacía justicia certeza
constitucional, constitucional,
concentración igualdad ante la
jurídica, consustanciales a un Estado de Derecho, cuya
custodia jurisdiccional la Carta Fundamental encomienda a este órgano de control constitucional; VIGESIMOQUINTO: Que, por otra parte, debe
considerarse que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal declarado previamente inaplicable en casos particulares, en nada vulnera sino que, por el
contrario, refleja y garantiza el necesario respeto hacia la labor de los órganos colegisladores y la plena
eficacia de la presunción de constitucionalidad de la ley generada por los órganos legitimados para ello dentro de un Estado Democrático en la de Derecho. de Este este principio, Tribunal,
constituye una expresión que concreta la separación de funciones del Estado y su asignación a los órganos
competentes, que se encuentra expresamente establecida en el artículo 7º, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Asimismo, el control a posteriori de constitucionalidad de la ley, que puede derivar, como en este caso, en la expulsión positivo, correcto de es un una precepto del ordenamiento procura del jurídico el de
Derecho, lográndose con ello el fortalecimiento constante de los sistemas de frenos y contrapesos en el actuar de los órganos del Estado en forma compatible con aquella división de funciones prevista en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, en el marco de un régimen democrático; VIGESIMOSEXTO: Magistratura en Que, como lo ha señalado el esta
Constitucional es el principal órgano encargado de velar
por que la ley no vulnere los límites constitucionales, lo que significa, a la vez, la garantía de cierta esfera de autonomía del legislador, que comprende, básicamente, el conjunto de apreciaciones de conveniencia y
oportunidad política que lo llevan a la adopción de una u otra fórmula normativa orgánica. Sólo cuando el Congreso Nacional excede su ámbito de atribuciones, infringiendo los márgenes contemplados en el texto, principios o
valores esenciales de la Carta Fundamental, o violenta el proceso de formación de la ley, el Tribunal
Constitucional puede intervenir para reparar los vicios de inconstitucionalidad en que éste haya incurrido (Vid., entre otros, roles Nºs. 231, consid. 7º; 242, consid. 3º; 465, consid. 23º; 473, consid. 11º; 541, consid. 15º; 664/2006, consid. 22º; 786 y, más recientemente, 1361); VIGESIMOSEPTIMO: Que el juicio de
inconstitucionalidad expresa una comparación abstracta de dos normas de distinto rango, para La emana constatar su
manifiesta constitucional
incompatibilidad. del precepto legal
ilegitimidad de su propio
enunciado, sin referencia a una situación singular. La sentencia estimatoria de inconstitucionalidad, que
expulsa el precepto del ordenamiento jurídico, produce efectos generales y derogatorios. En la inaplicabilidad, por el contrario, la decisión jurisdiccional ha de recaer en la conformidad o contrariedad con la Constitución que la aplicación de la norma impugnada puede tener en el caso concreto y no, necesariamente, en su contradicción abstracta y universal con la preceptiva constitucional, por lo que los efectos de la resolución son relativos y
conciernen inciden;
VIGESIMOCTAVO: Que de lo expuesto se sigue que no existe una relación causal entre ambos juicios –de
inaplicabilidad e inconstitucionalidad-, en términos que la inaplicación y de un precepto a provoque una y convoque de
declaración una
inconstitucionalidad. declarada inaplicable
abstracto y resultar aplicable en otros casos. Sólo será inconstitucional hipótesis de si ninguna de interpretación la disposición o posible su
sujeción a la Carta Fundamental; VIGESIMONOVENO: pronunciamiento oportunidad mencionado Que, a en esta si consecuencia, Magistratura el en el esta legal toda
deberá –la
determinar del
precepto bajo
forma de interpretación posible, con la igualdad ante la ley y ante las cargas públicas y con la libertad de trabajo, reconocidas y aseguradas por el artículo 19, numerales 2º, 20º y 16º de la Constitución; IV. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION DEL TURNO GRATUITO DE LOS ABOGADOS ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 595 DEL
CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES. TRIGESIMO: Que previamente parece conveniente
reiterar brevemente los antecedentes y alcances de la gratuidad del turno de los abogados, regulado en el
inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, materia desarrollada latamente en los autos Rol Nº 755;
TRIGESIMOPRIMERO: Que en este entorno la asistencia jurídica gratuita otorgada a los pobres encuentra sus antecedentes en el derecho hispano medieval y de allí es recogida durante por el los diversos de cuerpos legales en el dictados XIX.
Algunos autores, incluso, se remontan al derecho romano, en donde habría surgido la costumbre de designar abogados de oficio, particularmente a los indigentes y a aquellos que carecieran de bienes por su situación crediticia, bajo la fórmula pretoriana “si non habent advocatum, ego dabo”, dentro de un procedimiento de sorteo (Doyharcabal Casse, Solange, Asistencia judicial gratuita en Derecho Romano, Revista Chilena de Historia del Derecho, número 9, 1983, pp. 35 y ss.); TRIGESIMOSEGUNDO: Que, ya en el siglo XIII, en las Siete Partidas, de Alfonso X El Sabio, se consigna que los jueces podían obligar a los abogados a defender
gratuitamente a viudas, huérfanos y a otros menesterosos (Ley Nº 6, de la Partida III, Título VI “De los
Abogados”). De acuerdo a lo consignado por historiadores, la institución “pasó en esencia a textos jurídicos
posteriores, y es así como en la Ordenanza de Abogados de 1495 de los Reyes Católicos, incluidas en la Recopilación de Leyes de Castilla de 1567, se ordenaba que los
abogados defendieran a los pobres ‘de gracia y por amor a Dios’” (Dougnac Rodríguez, Antonio, Notas históricas en torno a la asistencia jurídica gratuita y la práctica forense en Chile, de Chile, Revista 1973, de pp. Derecho 26 y 27). Procesal, Se hace
presente que hubo abogados de pobres a partir de 1567,
año de la fundación de la Real Audiencia de Concepción. En el siglo XVII, al se crearse la Real dicha Audiencia en
remunerándose a esos funcionarios con el producto de las multas. Se destaca, sin embargo, que en los partidos o corregimientos se carecía de dichos funcionarios, razón por la cual se aplicaba la norma de las Partidas, que autorizaba al corregidor para imponer a un abogado la carga de auxiliar gratuitamente a las personas de escasos recursos. A su vez, mediante auto acordado de la Real Audiencia de 20 de diciembre de 1784, se estableció un turno entre todos los abogados inscritos en la Audiencia, de manera que hubiera cada año un letrado que defendiera asuntos civiles y otro criminales, lo que se aumentó a cuatro en 1793. Señala el mismo autor que “las personas que querían ser amparadas por estos profesionales debían obtener previamente privilegio de pobreza, que era
declarado por el tribunal ante el cual se ventilaba la causa. Este exigía que se acreditara carencia de fortuna en términos relativos pobre) y que los (a se veces jurara un hacendado era
considerado recursos,
obteniéndose empleados porteros y
otros” (Ibid.); TRIGESIMOTERCERO: Que, producida la independencia de la nación, del si bien subsistieron hispano, por algunos a años las
preceptos que regularon la institución del abogado de turno. Así, por Decreto de 29 de septiembre de 1837, se dispuso que “los abogados no están exentos de las cargas
desempeñando el cargo de abogados de pobres”. Como puede apreciarse, ya en dicha normativa se comienza a
configurar la carga del turno gratuito, asimilándose a otras análogas. A su vez, por Decreto de 13 de julio de 1839, se reguló expresamente la institución del abogado de turno, la que fue justificada en la circunstancia: “que la defensa de los derechos de las personas
miserables tan recomendada por las leyes no puede hacerse en el dia, atendido el excesivo número que hai de causas de pobres, por el corto número de abogados y procuradores a quienes se encomienda; y que puede remediarse el grave perjuicio de que queden indefensos los derechos de esta porcion infeliz, al mismo tiempo que se haga una
distribucion mas igual del gravámen de defender a los pobres, que por razon de su oficio contraen todos los abogados y procuradores”; TRIGESIMOCUARTO: Que la institución del abogado de turno es recogida posteriormente por la Ley de
Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia de 1875, la que en su artículo 42 señaló como competencia de los jueces de letras, en los departamentos en donde no tuviera su asiento una Corte de Apelaciones, el “designar cada mes i por turno, entre los no escentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles i otro que defienda las criminales de las personas que hubieren
obtenido o debieren gozar del mencionado privilegio”. A su vez, el artículo 72 del mismo cuerpo legal le confería similar facultad a la Corte de Apelaciones, en lo que dice relación con el departamento en que tuviere su
residencia. Por su lado, el artículo 407 de la ley en cuestión establecía la obligación de los abogados de
“defender gratuitamente las causas de pobres que se les encomienden con arreglo a lo dispuesto por los artículos 42 y 72”; TRIGESIMOQUINTO: Organización Justicia, de y Que el Mensaje de explica los de la Ley de de esta
Atribuciones 1875, no
Tribunales mayormente
institución, limitándose a expresar que “en cuanto a los relatores, secretarios, receptores, notarios, abogados, de
conservadores, archiveros, procuradores i
todos los cuales se trata en títulos especiales, apenas se ha hecho otra cosa que reproducir lo existente con lijeras modificaciones”. Cabe señalar que no se produjo mayor discusión parlamentaria en relación a la aludida disposición proyecto sufrió Revisora legal, en atención por a que el artículo Fontecilla la del no
Vargas en a a
sustanciales y la en salvo
modificaciones la referencia de
Comisión le de fue
también Cortes -
correspondía Apelaciones
facultad el
designar de
aprobado por el Congreso Nacional en la forma acordada por la referida Comisión Revisora, sin perjuicio de una observación, del diputado señor Fabres, en cuanto a que no sólo debía atribuirse a los jueces letrados, sino a los tribunales en general, la tuición de las personas pobres y desvalidas. Años antes, el propio Vargas
Fontecilla había señalado que “Nuestro actual sistema de tribunales ha tenido por base primitiva el que rijió
durante la dominacion colonial. Quien considere uno i
otro sistema en su conjunto (...) no puede ménos de notar entre ambos una recíproca semejanza, que manifiesta que el uno es una derivacion del otro. Ni podia dejar de ser así; porque Chile, como todas las demas secciones
hispanoamericanas i como toda sociedad que ha recibido su existencia de otra, no ha podido abdicar instantáneamente a su antigua vida para adoptar otra de todo punto nueva. Necesariamente ha tenido que obedecer, despues de su
emancipacion, a sus anteriores hábitos i costumbres, i que contemporizar en gran parte con las instituciones que le rijieron durante la época de su pupilaje. No solo en punto a tribunales, sino que en casi todos los tramos de la administracion pública, encontramos a cada paso
vestijios de nuestra antigua existencia. No es posible improvisar un orden de cosas en todo diverso de aquél bajo el cual se ha vivido mucho tiempo; esto es obra de los años; las reformas son siempre graduales i mas o menos paulatinas. Ni a los individuos ni a los pueblos les es dado, i en tan como a Proteo, variar de formas a su
arbitrio trata de
un momento”; solo
concluyendo luego i mejorar la
que “se actual
organizacion de nuestros tribunales sin alterar las bases en que reposa” (Francisco Vargas Fontecilla, Discurso de incorporación a la Facultad de Leyes, Anales de la
Universidad de Chile, 1856, pp. 6 y 8); TRIGESIMOSEXTO: Que, por su parte, el jurista Manuel Egidio detalle Ballesteros, la historia en la única de obra que analiza en
señala en cuanto a los antecedentes de la disposición que regula la defensa gratuita de pobres -contenida en el
artículo 42 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales- que en todas las épocas los legisladores han tenido debido cuidado de facilitar a los indigentes el acceso a la justicia, remontándose a Roma y luego a España e Hispanoamérica. Sobre la materia expresa que “ademas de la obligacion primordial de desempeñar honrada i fielmente la mision que su cliente le encomienda, el abogado tiene la de defender gratuitamente las causas de los pobres. Este deber es una compensacion del privilejio que le concede el art. 406, i una carga que todo abogado delicado i concienzudo desempeña con esmero” (La Lei de Organización i Atribuciones de los Tribunales de Chile, Imprenta Nacional, pp. 737 y 738). El mismo autor hace referencia a la forma en que se materializa, en España, los turnos en las causas de pobres, tanto en materia penal como civil, haciendo notar que ya en algunos países “se ha tenido la idea de mantener defensores de pobres rentados por el erario público”, tal como ocurre en
México y en Argentina. De este modo, la defensa de pobres que se encomienda a los abogados y que tiene antecedentes en el derecho hispano, se consagra privilegio como de una carga en
gratuita, tribunales;
TRIGESIMOSEPTIMO: siglo XX señalaron
principios obligación Así,
alcance a los “servir
defender Risopatrón
gratuitamente consigna que
Carlos a los
pobres (…) bien podrá ser esta una verdadera contribucion de servicios. Pero no debe olvidarse que ello es
necesario para que sea efectiva la tuicion que la ley
impone a los jueces a favor de las personas desvalidas, y que, por otra parte, está en cierto modo retribuido con el privilegio de que gozan (…) en el hecho de excluir de las ventajas que trae consigo el ejercicio de su cargo a muchas otras personas.” (Ley de Organización y
Atribuciones de los Tribunales de Chile y Comentarios, Imprenta Barcelona, Chile, 1900, pp. 342 y 343). Para otros, la actividad del abogado es una función pública, agregando que “como que la abogacía nació por
sentimientos humanitarios y de justicia, siempre se ha impuesto el desinterés en su ejercicio. Los abogados
deben ayudar con sus consejos y sus conocimientos a los indigentes que ocurran a ellos solicitándoles protección y amparo legal. Las leyes de todos los países consagran este principio de la defensa gratuita de las causas de los pobres, y al efecto, los jueces nombran de oficio a los abogados de los pobres” (Adriana Preusser Taylor, De la profesión de abogado y su legislación. Memoria para optar al grado de Licenciado, Universidad de Chile,
Valparaíso, 1927, p. 71); TRIGESIMOCTAVO: Atribuciones sufrió de los como Que la Ley de de Organización de y
diecisiete cuerpos legales y, fruto de lo anterior, se dictó la Ley Nº 7.421, publicada en el Diario Oficial, de fecha 9 de julio de 1943, en virtud de la cual se fijó el texto refundido de aquélla, en lo que se denominó Código Orgánico de Tribunales. El título XVII del mismo se
refiere al sistema de asistencia judicial y al privilegio de pobreza, incluyendo la institución del abogado de
turno gratuito, la que se regula de manera idéntica, por lo demás, al texto de 1875. En efecto, el primitivo
artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales expresaba que: “Incumbe a los jueces de letras de mayor y menor cuantía designar cada mes y por turno, entre los no
exentos, un abogado que defienda gratuitamente las causas civiles personas y otro que que defienda obtenido las o criminales debieren de gozar las el
mencionado privilegio”; TRIGESIMONOVENO: Que, por su parte, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, aprobado en sesión de 28 de octubre de 1948, vigente para los
abogados desde el 1º de enero de 1950, al referirse a la obligación de defender a los pobres, expresaba que “la profesión de abogado impone defender gratuitamente a los pobres, tanto cuando éstos se los soliciten como cuando recaiga nombramiento de oficio. No cumplir con este deber desvirtúa la esencia misma de la abogacía. No rige esta obligación donde las leyes provean la defensa gratuita de los pobres”. Ello se encontraba por lo demás en estrecha relación con lo dispuesto en la Ley Nº 4.409, que reguló la estructura orgánica del Colegio de Abogados. En tal sentido, Luis Bates ha consignado que “la Ley 4.409 del Colegio de Abogados, estableció el sistema de abogacía en Chile e incorporó entre otras tareas fundamentales la de atender la defensa gratuita y correcta de los pobres, tratando de hacer realidad el principio de igualdad
jurídica y de la gratuidad de la justicia, asistiendo al desvalido sin costo alguno, en la defensa de sus
legítimos derechos. No cumplir con este deber, se decía
en el artículo 7 del Código de Ética Profesional citado y vigente desde el 1º de enero de 1949, ‘desvirtúa la
esencia misma de la abogacía’”. (“Acceso a la Justicia y las Personas de Escasos Recursos”, en Cuadernos de
Análisis Jurídico, serie Seminarios Nº 22, julio de 1992, p. 169); CUADRAGESIMO: Que la disposición legal que motiva el presente requerimiento de inconstitucionalidad, relativa al turno gratuito de los abogados, fue objeto de diversas modificaciones en el último medio siglo, la totalidad de las cuales se refiere a aspectos meramente formales. Así, por la Ley Nº 16.437, publicada en el Diario Oficial de 23 de febrero de 1966, se agregó a la disposición una frase, según la cual “con todo, a requerimiento del
Consejo Provincial del Colegio de Abogados, cuando las necesidades lo requieran y el número de abogados en
ejercicio lo permita, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer que los Jueces de Letras designen dos o más abogados o de turno para y la la defensa forma de cómo las causas se
criminales entre legal los
éstas La tenor
distribuirán disposición
designados”. el
artículo 598 del Código Orgánico de Tribunales, que el alcance de la obligación de defensa gratuita debía
extenderse ‘hasta su término’, con lo cual “se logrará a través del conocimiento del proceso un mejor éxito en la atención de estos asuntos” (Segundo Informe de la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, sesión celebrada el 8 de junio de 1965, Historia de la Ley, p. 472). Luego, en virtud del
Decreto Ley Nº 2416, publicado en el Diario Oficial de 10 de enero de 1979, se suprimió la referencia a los jueces de menor cuantía. Otra modificación se materializa como consecuencia del establecimiento de una jurisdicción
laboral especializada, en virtud de la Ley Nº 18.510, de 1986. A su vez, la Ley Nº 18.776, publicada el 18 de enero de 1989, en atención a la nueva división políticoadministrativa, sustituyó el término departamentos por el de comunas o agrupaciones de comunas. Finalmente, la Ley Nº 19.718, publicada el 10 de marzo de 2001 y en virtud de la cual se creó la Defensoría Penal Pública -habida consideración de lo anterior-, eliminó la referencia al turno en materia criminal; CUADRAGESIMOPRIMERO: Que, como puede apreciarse, la institución del abogado de turno gratuito tiene
antecedentes históricos en el derecho español medieval -e incluso romano- y de allí se consagró en normas internas en la República -a partir de 1837- y, especialmente, en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875, trasladándose luego, en términos similares, al Código Orgánico de Tribunales de 1943, habiendo a la
fecha sufrido sólo modificaciones de carácter formal. Se trata del deber que se impone a los abogados de atender gratuitamente a los pobres, lo que constituye un honor o labor filantrópica de los abogados, a quienes se les
otorga el monopolio de la defensa judicial en el contexto de una verdadera función pública de colaboradores de la administración de justicia y que, además, se enmarca en la particular circunstancia de que el título de abogado es otorgado por la Corte Suprema;
INFRACCION CONSTITUCIONAL A LA IGUALDAD ANTE LA LEY. CUADRAGESIMOSEGUNDO: Que, en primer lugar, se afirma por la parte requirente que la gratuidad del turno,
establecida en el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, infringiría el artículo 19, Nº 2º, de la
Constitución Política de la República, que reconoce y resguarda la igualdad ante la ley; CUADRAGESIMOTERCERO : Que la eventual infracción a la igualdad ante la ley se produciría como consecuencia de que los gravámenes impuestos por el Estado deben ser razonables, juicio lugar, aplicándoseles no las categorías propias en una del
discriminatorio se expresa,
arbitrario. debe tratarse
primer misma
categoría de personas, lo que no se percibe respecto del precepto legal impugnado, dado que los iguales deberían ser los profesionales en general. En segundo lugar, se afirma por la peticionaria que el medio previsto por la ley no sería adecuado al fin que se persigue, en atención a que la institución habría demostrado ser insuficiente para satisfacer la obligación estatal a que alude el
artículo 19, Nº 3º, de la Carta Fundamental, cuestión que quedaría Penal demostrada Por con la creación se de la Defensoría también
infringiría el criterio de proporcionalidad, puesto que la carga sólo se reduce a un grupo específico de
profesionales, como son los abogados. Adicionalmente, se hace presente la situación abogados de desigualdad en que se
cargas públicas, como lo son el servicio militar y el
actuar como vocal de mesa en un proceso electoral, las que incluso se remuneran actualmente por el Fisco. Agrega la requirente, para confirmar lo anterior, la cita de diversas decisiones jurisprudenciales que han establecido el derecho a ser indemnizado frente a situaciones de
cargas o limitaciones de derechos fundamentales; CUADRAGESIMOCUARTO: Que, por su parte, tal como se ha señalado en la parte expositiva de esta sentencia, en el escrito de téngase presente de 35 señores diputados se sostiene que la disposición impugnada no atentaría contra el derecho a la igualdad ante la ley, pues la finalidad de la norma es asegurar el acceso a la justicia y el grupo afectado sería únicamente el que participa del
sistema de administración de justicia. Adicionalmente, se sostiene que la medida resultaría adecuada al fin
perseguido, porque facilita que ciertas personas -y en determinados casos- accedan a la justicia no pagando por servicios que normalmente son obligatorios y remunerados, no correspondiéndole de a los las no la tribunales que se carga son efectuar del la
consideraciones legislador.
Finalmente, dado que
infringiría tiene por
hacer efectivo un derecho de carácter constitucional y no vacía de contenido los derechos e intereses de los
afectados, a lo que se agrega que se trata de una carga excepcional y muy poco intrusiva; CUADRAGESIMOQUINTO: controversia menester, en planteada primer Que, ante para esta analizar resolver Magistratura, la la es
jurídica constitucional del derecho a la igualdad ante la
ley, la que se encuentra amparada en el artículo 19, Nº 2º, de la Constitución Política de la República, conforme al cual se asegura a todas las personas: “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y
mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer
diferencias arbitrarias”; CUADRAGESIMOSEXTO: Que este Tribunal, en diversos
pronunciamientos, entendió que la igualdad ante la ley “consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para
aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. No se trata, por consiguiente, de una igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la distinción razonable entre quienes no se encuentren en la misma condición”. Así, se ha concluido que “la razonabilidad es el cartabón o standard de
acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad”. (Sentencias roles Nºs. 28, 53 y 219); CUADRAGESIMOSEPTIMO: disposición legal que se Que un a análisis la luz de de la dicha
primitiva concepción de la igualdad, podría suponer que no contravendría en abstracto la Carta Fundamental, desde el momento en que quienes los se encuentran a en la misma se les
puede imponer –eventualmente y bajo ciertos supuestos- la
carga personal de defender gratuitamente a los pobres. No obstante y por el contrario, un estudio comparativo con las demás a profesiones la norma, liberales habida haría de merecedora que el de
gratuito sólo se exige respecto de los abogados y no así en relación a otras profesiones que cumplen una función social como la medicina, arquitectura o pedagogía,
vinculadas a bienes jurídicos tan o más relevantes como son la salud, la Esto vivienda último ha y la educación, a un
autor a sostener que “si todas las profesiones tuvieran la carga pública de ejercer la profesión a favor de los sectores de escasos recursos por cierto plazo y en forma gratuita, dicha carga estaría igualmente repartida y no podría alegarse que es arbitraria e ilegal, no podría objetarse su constitucionalidad” (Nicolás Balmaceda
Jimeno, Corporaciones de Asistencia Judicial y Abogados de Turno: ¿incumplimiento de una garantía
constitucional?, Revista Chilena de Derecho 27, 2000, p. 730); CUADRAGESIMOCTAVO: Que, como lo ha precisado esta Magistratura, supone, “la garantía la jurídica de la igualdad entre
quienes no se encuentren en la misma condición; pues no se impide que la legislación contemple en forma distinta situaciones diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo, debiendo quedar suficientemente claro que el legislador, en
ejercicio de sus potestades, puede establecer regímenes especiales, diferenciados y desiguales, siempre que ello no revista el carácter de arbitrario” (Rol Nº 986/2008). En palabras del Tribunal Constitucional español, “no toda desigualdad de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con
criterios o juicios de valor generalmente aceptados” (STC 128/1987). De esta forma, un primer test para determinar si un enunciado normativo es o no arbitrario, consiste en analizar su fundamentación o razonabilidad y la
circunstancia de que se aplique a todas las personas que se encuentran en la misma situación prevista por el
legislador; CUADRAGESIMONOVENO: Que, además, no puede
desatenderse el hecho de que el título de abogado es el único que no es otorgado por las propias universidades sino por la Corte Suprema, en atención a la calidad que aquellos ostentan de colaboradores de la administración de justicia, lo que le otorga una particularidad a esta profesión. En efecto, el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales indica que el título de abogado es otorgado “en audiencia pública por la Corte Suprema reunida en tribunal pleno”, previa comprobación y declaración de que el candidato reúne los requisitos establecidos en la ley. En la aludida de audiencia, “desempeñar el postulante y debe prestar la
profesión”, luego de lo cual el presidente del tribunal lo declarará “legalmente investido al efecto del el título diploma de que
abogado”,
entregándosele
acredita su calidad de tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 522 del mismo Código Orgánico de Tribunales; QUINCUAGESIMO: Que, del mismo modo, además de la atención de las necesidades sociales o la satisfacción de los requerimientos básicos de la población,
característica común a varias profesiones, en la especie, el trabajo de los abogados es el único medio para cumplir el objetivo y constitucional el derecho a de la la igualdad ante la bien
jurídico tutelado por la Carta Fundamental; QUINCUAGESIMOPRIMERO: Que, en efecto, es del caso tener presente que el artículo 19, Nº 3º, de la Carta Fundamental asegura a todas las personas “la igual
protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”, agregándose que “toda persona tiene derecho a defensa jurídica autoridad en o la forma que la ley señale y ninguna o
perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”. A su vez, el inciso tercero establece que “la ley y arbitrará defensa los jurídica medios a para no otorgar puedan
procurárselos por sí mismos”; QUINCUAGESIMOSEGUNDO: Que al encomendar a la ley el arbitrar los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos, el constituyente tuvo en consideración el que una materia tan relevante no fuera alterada por vía administrativa u otro mecanismo similar (sesión Nº 100 de de Estudio de la Nueva Constitución, la Comisión
p. 5). De este
modo, “la norma en análisis pretende asegurar que, en el
hecho, ejercer
personas derecho para lo
que al cual
requieran, y
puedan a la
siempre defensa al
asesoramiento el
legislador el suministro de los medios necesarios para que quienes, por cualquier motivo, no pueden acceder a dicha asistencia, ésta, no obstante, les sea otorgada” (Alejandro Silva Tomo que Bascuñán, XI, la p. Tratado 152). Ahora de Derecho debe
Constitucional, tenerse presente
según su sentido natural y obvio, es “la que facilita el Estado a quienes carecen de recursos para litigar”
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2001, Tomo I, p. 229); QUINCUAGESIMOTERCERO: Que, como puede apreciarse,
así como se consagra el derecho a la asistencia jurídica, le corresponde al Estado efectivos –a que través del legisladoruna adecuada bienes Ley Nº
establecer defensa de
carezcan sentido,
19.718, de 10 de marzo de 2001, estableció en materia criminal la Defensoría Penal Pública, de modo tal que esta defensa se efectúa a través de una institución
estatal, por sí misma o vía licitación a privados, a quienes, obviamente, se remunera por sus servicios
profesionales en conformidad a las bases respectivas. Por su lado, décadas antes, en el ámbito civil –bajo la
estructura de la Corporación de Asistencia Judicial- la legislación estableció una práctica profesional, en
virtud de la cual se obliga a todo egresado de Derecho a atender gratuitamente a aquellas personas que sean
beneficiarias del denominado privilegio de pobreza. Dicha entidad también tiene a su cargo la defensa de asuntos de familia y laborales, ámbito este último en proceso de modificación según se ha señalado en el último discurso de la Presidenta de la República, de 21 de mayo pasado; QUINCUAGESIMOCUARTO: institución del abogado Que, de turno así sólo las cosas, en la la
actualidad, subsidiariamente, frente a la inexistencia de otras formas lo de que asesoría da institucional, cuenta de su pública o
excepcionalísimo; QUINCUAGESIMOQUINTO: Que lo anterior, por lo demás, se enmarca en los principios de servicialidad y
subsidiariedad del Estado que reconoce el artículo 1º de nuestra Carta Fundamental, al precisar que el Estado se encuentra al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, y que debe reconocer y amparar a los grupos intermedios a través de los cuales se
organiza y estructura la sociedad; QUINCUAGESIMOSEXTO: Que, por otro lado, como lo ha señalado esta Magistratura en diversos pronunciamientos (roles 755 y 790, entre otros), el examen de la
jurisprudencia de diversos Tribunales Constitucionales, como el alemán y el español, da cuenta de que no basta con que la justificación de las diferencias sea razonable sino que además debe ser objetiva. De este modo, si bien el legislador puede establecer criterios específicos para situaciones fácticas que requieran de un tratamiento
diverso, ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin que, por
libre arbitrio del legislador; QUINCUAGESIMOSEPTIMO: Que, en el caso de autos, el fin que justifica la norma es la satisfacción adecuada del derecho de acceso a la justicia que toda persona tiene, la que debe ser atendida por el legislador, quien debe prever los mecanismos que den cumplimiento efectivo a dicho derecho esencial, incluido excepcionalmente el turno de los por abogados, la lo que, por de lo que demás, el se ve de
abogado sigue siendo otorgado a la fecha por la Corte Suprema de Justicia; QUINCUAGESIMOCTAVO: Que para poder determinar si se infringe la igualdad ante la ley, es necesario atender además a la finalidad perseguida por el legislador para intervenir el derecho fundamental de que se trata, la que debe ser adecuada, de la necesaria misma, como y lo tolerable ha para el la la la
destinatario doctrina
puntualizado De de
autorizada del
Ramón Una
Fernández. crítica
jurisprudencia constitucional. Editorial Civitas, Madrid, 1988, pp. 34 y 42); QUINCUAGESIMONOVENO: sentido, señalado, el Tribunal Que, precisamente de en España que lícita este ha la no
específicamente, resulte
basta que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias
jurídicas que resultan de tal distorsión sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación
entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador sede supere un juicio de evitando
proporcionalidad resultados
constitucional, gravosos o
desmedidos”.
(Sentencias 76/1990 y 253/2004); SEXAGESIMO: Que, en otras palabras, como también lo ha hecho presente esta Magistratura (roles Nºs 755, 790, 1138 y 1140), la igualdad ante la ley supone analizar si la diferenciación legislativa obedece a fines objetivos y constitucionalmente sustancial efectuar válidos. un examen De de este modo, resulta de la
distinción; a lo que debe agregarse la sujeción a la proporcionalidad, fácticas, afectados; SEXAGESIMOPRIMERO: Que la imposición de la la teniendo de en la cuenta ley las y situaciones derechos
obligación de defender a determinadas personas de escasos recursos constituye un fin razonable, pero el medio
utilizado por el legislador –la gratuidad- sin duda se transforma en gravoso, máxime si se piensa que el abogado deberá dedicarse sin contraprestación pecuniaria alguna a atender numerosos asuntos en desmedro de aquellos que ha asumido libremente, lo que se tornará en una situación imposible de acometer, y aun de ejecutar de manera
satisfactoria e idónea, más todavía si se tiene presente que la obligación se mantendrá hasta el término efectivo del juicio, lo que importará un largo período de
tramitación. Como se aprecia, para cumplir con el mandato constitucional de dar asistencia legal a quienes no están en condiciones de procurársela por sí mismos, el
legislador puede emplear el medio –por cierto excepcional y supletorio- de obligar a los abogados a desempeñar esta tarea, pero ello no autoriza la circunstancia de que no se remunere dicha labor profesional. Así, tal carga de gratuidad no aparece ni se justifica como un medio
necesario para alcanzar el fin constitucional perseguido; SEXAGESIMOSEGUNDO: Que, para apreciar lo anterior, parece también relevante efectuar una breve referencia a la situación existente en el derecho comparado,
particularmente en el derecho español, si se tienen en consideración los antecedentes históricos de esta
institución, de los que se da cuenta en el capítulo IV del presente fallo y, más latamente, en los autos Rol Nº 755 de 2008; SEXAGESIMOTERCERO: presente que en Que en sobre el punto cabe tener
Italia o Francia, se dejó en poder de los abogados la representación y defensa en juicio de los litigantes de escasos recursos, bajo el supuesto de que se trataba de una “obligación honorífica”. Sin embargo, el
reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la asistencia jurídica gratuita ha supuesto un cambio en la concepción del sistema, dado que “a partir de ese momento es el Estado el que debe asumir la responsabilidad de garantizar efectivo las ese condiciones objetivas sin que para sea que sea
confiar en la solidaridad o caridad de los miembros de la abogacía para que asuman de forma gratuita la defensa de las personas de menos recursos” (Patricia Canales y
Virgine Loiseau, La asistencia jurídica gratuita en la
legislación de Chile, Alemania, España, Francia, Italia y Suecia, 2004, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile,
p. 36). Un claro ejemplo de ello lo constituye el
estado de la cuestión en España, país en que el acceso gratuito a la justicia se encuentra consagrado en el
artículo 119 de la Carta Fundamental, de forma tal que la defensa gratuita de las personas de escasos recursos deja de conceptualizarse como una labor altruista u honorífica de los abogados y pasa a ser un derecho de carácter social, que impone una obligación al Estado para su
adecuado aseguramiento. Por lo demás, y confirmando lo anterior, ya en 1974 se comenzó a remunerar a los
abogados de turno y en 1996 se dictó una ley que regula especialmente la materia. Por su parte, debe recordarse que un sistema similar se aprecia en otros países de Europa continental. el derecho Así, de en los Alemania, abogados de en 1919 se al
Estado el debido reembolso de los gastos ocasionados como consecuencia de la asistencia jurídica gratuita y en 1923 se les autorizó para demandar una remuneración. En Italia también existe un sistema de asistencia estatal para la defensa del ciudadano sin recursos económicos
suficientes, siendo de cargo del Estado los honorarios profesionales abundamiento, Europeo de de los abogados y sus gastos. que el A mayor
Tribunal de 23 de
noviembre de 1983, en el denominado caso Van der Mussele contra Bélgica, consignó como un deber del Estado, a
través de la hacienda pública, indemnizar a los abogados designados para asistir en los casos de justicia
gratuita, destacando la circunstancia que diversas leyes de los Estados contratantes han ido evolucionando hacia el establecimiento de un fondo público precisamente para pagar a los abogados nombrados para representar a
litigantes indigentes (considerando 40º); SEXAGESIMOCUARTO: Que, de este modo, la asistencia jurídica gratuita para sus se los ha transformado en un el derecho Estado
fundamental satisfacer
justiciables, a
debiendo través de
mecanismos legales, entre los cuales puede incluirse la carga del turno que se impone a los abogados, de manera subsidiaria y excepcional, la que ciertamente debe ser remunerada o compensada; SEXAGESIMOQUINTO: Que, como puede apreciarse, el fin perseguido por el legislador de dar asistencia jurídica gratuita no sólo resulta constitucionalmente lícito sino también debido. Por su parte, el instrumento, consistente en establecer una carga, es idóneo para cumplir dichos fines. Sin embargo, si se impone gratuitamente, en un se
desproporcionadamente gravoso, desde el momento que el fin perseguido no exige ni supone que el abogado deba desempeñarse sin retribución alguna. Y ello, porque la obligación se radica en el Estado y no en los abogados. El Estado, entonces, puede satisfacerla transfiriéndola a los abogados (bajo el sistema de defensorías e incluso del turno, como en la especie), pero no es necesario ni lícito desde un punto de vista constitucional que se les imponga sin retribución, tal como lo señala el inciso
Tribunales; SEXAGESIMOSEXTO: Que de todo lo señalado se
desprende que la gratuidad del turno establecida en el inciso primero del artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, considerada en abstracto, infringe
objetivamente la igualdad ante la ley y en particular la prohibición de discriminar arbitrariamente, en los
términos que reconoce y ampara el artículo 19, Nº 2º, de la Carta Fundamental y así se declarará; VI. LA GRATUIDAD A DEL LA TURNO IGUALDAD Y SU ANTE INFRACCION LAS CARGAS
PÚBLICAS Y A LA LEGALIDAD DE LAS MISMAS. SEXAGESIMOSEPTIMO: Que, como se ha consignado en la parte expositiva de esta sentencia, la requirente señala que la gratuidad del turno contenida en el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales contravendría también el artículo 19, Nº 20º, de la Constitución Política de la República, que resguarda “la igual repartición de las demás cargas públicas”; SEXAGESIMOCTAVO: Que la peticionaria sostiene que la carga del turno no se encontraría suficientemente
precisada, debiendo no sólo describirse por el legislador el contenido y los obligados a la misma, sino también el procedimiento y las causales de excepción, de manera de evitar la absoluta discrecionalidad por parte del juez en su aplicación. Por su parte, los señores diputados
señalan que el principio de legalidad de los tributos no tiene la misma intensidad que el de las cargas públicas, a lo que debe agregarse que en todo caso la carga se
legal, precisándose los sujetos, el contenido esencial y el procedimiento de designación; SEXAGESIMONOVENO: Que las “cargas públicas” han sido entendidas como “todas las prestaciones de carácter
personal y todas las obligaciones de carácter patrimonial que no sean jurídicamente tributos, que la ley impone a la generalidad de las personas para el cumplimiento de determinados fines, ética y jurídicamente lícitos,
queridos por el legislador”. (Enrique Evans de la Cuadra. Los Derechos Constitucionales, Tomo II, Editorial
Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 285). Éstas pueden ser personales o patrimoniales y, en ambos casos, la
Constitución asegura la igualdad en su repartición entre todos los llamados a soportarlas sin que se incurra en discriminaciones arbitrarias, por lo que la igualdad ante las cargas públicas una que estatuye del la Ley Suprema, de
isonomía o de igualdad ante la ley; SEPTUAGESIMO: doctrina personales Que, por su los lado, de acuerdo o a la
administrativa, deben
fundamentales: a) el ser impuestas y reglamentadas por una ley; b) su carácter temporal; c) su igual aplicación a las personas; d) irredimibles por dinero; e)
intransferibles y, por último, f) debe tratarse de un servicio cierto y determinado (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, pp. 177 y
siguientes);
SEPTUAGESIMOPRIMERO:
gratuito, su establecimiento se ha efectuado a través de una disposición legal, contenida en los artículos 595 y 598 del Código Orgánico de Tribunales. También presenta carácter temporal, sin perjuicio de que debe destacarse la circunstancia de que los aludidos preceptos legales establecen la obligación de atender el asunto hasta el término del proceso judicial respectivo. Se aplica
subsidiariamente a todos los abogados, en atención a su condición de colaboradores de la administración de
justicia, cuyo título es otorgado por la Corte Suprema. No cabe sustituirla por una prestación pecuniaria. Es personalísima, terceros, y por lo es que no puede transferirse Su alcance, a en
cuanto a atender gratuitamente las causas de pobres, como se ha señalado, está determinado en la normativa legal que lo establece. De este modo, la ley ha determinado el contenido esencial de la carga (la defensa gratuita), los sujetos afectos (los abogados no exentos) y los términos y su forma de designación (a través de los respectivos órganos jurisdiccionales); SEPTUAGESIMOSEGUNDO: tercero, de la Que el artículo de 22, la inciso
preceptúa que “las demás cargas personales que imponga la ley son obligatorias en los términos y formas que ésta determine”. Como se ha señalado, la forma en que debe efectuarse artículos el 595 turno y se encuentra del regulada en los de
Tribunales, siendo aplicable ante la falta de abogados que formen parte de la Corporación de Asistencia Judicial
entidades asistencia
públicas judicial
privadas El
carácter de carga de la institución se ve confirmado por la circunstancia de que el artículo 599 del Código
Orgánico de Tribunales exceptúa de la obligación a los abogados “que se hallaren en actual ejercicio de algún cargo concejil”; SEPTUAGESIMOTERCERO: Que si bien tradicionalmente se ha entendido que este tipo de cargas personales, en
principio, deben ser gratuitas, no es menos cierto que “ocasionalmente la ley puede establecer algún viático o remuneración” (Néstor Sagüés, Elementos de Derecho
Constitucional, p. 913). En muchos casos también existe compensación por los gastos de cargo del Estado. De
manera que si bien la carga pública es gratuita, esta característica “no es óbice para que el Estado indemnice (presuntivamente) mediante un pequeño emolumento al que cumple la carga” (Rafael Bielsa, Derecho Administrativo, Tomo III, p. 7). En nuestro país, Silva Cimma ha señalado que tratándose de deberes personales, “jurídicamente, en principio, el derecho a la remuneración no puede
discutirse y ha sido reconocido en términos más teóricos que reales, pero respetando el principio del derecho
administrativo de que toda función pública da origen a una remuneración" (Derecho Administrativo chileno y
comparado, p. 131); SEPTUAGESIMOCUARTO: Que la imposición del deber de atender gratuitamente en los términos que establece el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales, puede transformarse en una carga contraria a la Constitución,
en consideración a los criterios que se han sostenido respecto de la igualdad ante la ley, aplicables en la especie; SEPTUAGESIMOQUINTO: Que, en efecto, la licitud de los fines perseguidos por el legislador no justifica ni puede permitir el empleo que de medios una gravosos y al
patrimonio de los abogados convocados al turno, todos los cuales tienen ciertamente el derecho a una justa
retribución por su servicio profesional; SEPTUAGESIMOSEXTO: Que no escapa a esta Magistratura la circunstancia de que incluso en deberes de carácter cívico, como son el servicio militar y la integración como vocales de mesas electorales, el legislador (Leyes Nºs. 20.045 y 20.092, ambas de 2005) ha establecido
mecanismos de compensación pecuniaria –bajo la forma de asignación o bono- que permitan, en parte, hacerse cargo de los gastos en que se debe incurrir para poder ejecutar los mismos de manera eficiente; SEPTUAGESIMOSEPTIMO: Que, de este modo, la carga del turno -que se impone excepcionalmente a los abogados y que se encuentra suficientemente descrita en la ley- debe ser debidamente Carta compensada, Suprema prevé derecho incluso fundamental en estados que de
excepción constitucional, al reconocer el derecho a ser indemnizado respecto de las limitaciones que se impongan al derecho de propiedad (artículo 45). El Estado puede cumplir sus obligaciones a través de los particulares, en conformidad supletoriedad, al pero principio sin que de ello subsidiariedad importe un o
equitativa, en los términos autorizados por el artículo 19, Nº 20º, de la Constitución Política de la República; VII. LA GRATUIDAD DEL TURNO DE LOS ABOGADOS Y SU
INFRACCION A LA LIBERTAD DE TRABAJO. SEPTUAGESIMOCTAVO: Que también se señala por la
requirente que la gratuidad contenida en el artículo 595 del Código Orgánico de Tribunales vulneraría la libertad de trabajo consagrada en el artículo 19, Nº 16º, de la Constitución Política de la República; SEPTUAGESIMONOVENO: Que la eventual infracción se
produciría como consecuencia de que la norma privaría a los abogados afectados por el turno del derecho a
desarrollar libremente un trabajo y a obtener una justa retribución por el servicio prestado, lo que
transformaría la carga en una verdadera práctica forzada de un trabajo. De este modo, se sostiene, la Carta
Fundamental no puede autorizar un impedimento absoluto por parte del profesional para obtener una legítima
retribución patrimonial; OCTOGESIMO: Que, sobre la infracción constitucional descrita en el considerando anterior, se ha sostenido por los señores diputados la en su presentación desde que que el no se
(colaborador de la administración de justicia) siempre podrá elegir y ejercer su actividad con el beneficio
dedicar parte de su tiempo al cumplimiento del turno, a lo que debe agregarse que, como todo trabajo, se
encuentra sometido a la normativa legal vigente, entre
situación extraordinaria que permite excepcionarse, sin perjuicio acuerdo de al obtener artículo una 594 eventual del compensación, Orgánico de de
Tribunales; OCTOGESIMOPRIMERO: Que en el caso de autos, como se ha señalado, en se el impone a los abogados de una un carga que
trabajo excepcional, lo que se relacionaría -en opinión de la requirente- con el artículo 19, Nº 16º, de la Constitución Política de la República, que asegura “la libertad de trabajo y su protección”, precisando que
“toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”. Este derecho debe fundamental, comprenderse como en un lo ha señalado amplio, la al
proteger “no sólo el trabajo del asalariado o trabajador dependiente, sino que quedarían comprendidos también los trabajadores independientes” (Luz Bulnes Aldunate, La
libertad de trabajo y su protección en la Constitución de 1980, Revista de Derecho Público, 28, 1980, p. 129). Por lo mismo, “la justa retribución debe entenderse referida como un concepto amplio, el como que al comprende tanto al
subordinado”
Humeres, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo I, p. 31); OCTOGESIMOSEGUNDO: Que la profesión de abogado tiene determinadas particularidades, habida consideración de la función que se realiza a través de ella. Los abogados, tal como lo indica el artículo 520 del Código Orgánico de
competente de la facultad de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes litigantes”. Si bien no son auxiliares de la administración de justicia, cooperan con el servicio judicial, desempeñando ante los tribunales de justicia relevantes funciones; OCTOGESIMOTERCERO: Que, en efecto, como lo ha
consignado la doctrina procesal, se trata de personas que “desempeñan una función pública y deben colaborar al
servicio judicial desempeñando sus funciones con altura de miras y sin olvidar nunca el interés general que están llamados a cautelar” (Fernando Alessandri R., Apuntes de Derecho Procesal, p. 418). En otras palabras, el abogado es conceptuado como un “verdadero y, en a los colaborador de la
administración imponen (Jaime
de justicia superiores
este sentido, meramente p.
deberes Guasp,
privados” Así,
corresponde a una actividad profesional que se relaciona tanto con aspectos de interés particular como público, desde que colabora con la administración de justicia. Como lo afirmara Jaime Galté, “aunque la función de estos profesionales no implica ciertamente el ejercicio de un cargo público (…) colaboran con los magistrados en la investigación de las legítimas pretensiones de los
ciudadanos” (Manual de Organización y Atribuciones de los Tribunales, p. 383); OCTOGESIMOCUARTO: Que, como ha quedado explicitado, su carácter especial se constata en la circunstancia de que es la única profesión universitaria cuyo título no es otorgado por las mismas universidades sino que por la
Corte Suprema de Justicia, según expresa el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, precisamente, porque son colaboradores de la administración de justicia. En todo caso, debe de tenerse la presente que del los abogados no
forman debiendo
Poder sólo
Judicial, con los
honorarios que se devengan en su beneficio por la debida defensa que efectúen de sus clientes. Obviamente, todo abogado puede renunciar a cobrar los honorarios a que tiene derecho, particularmente por razones de consciencia o convicción ética, como cuando Gandhi, defendiendo
derechos fundamentales vinculados a la dignidad de su pueblo, afirmaba que “no se puede cobrar nada por cumplir una tarea de bien público”, negándose a “aceptar ningún salario por trabajos en beneficio de mis de la comunidad” con la
(Autobiografía,
verdad, Madrid, 2008, pp. 120 y 124); OCTOGESIMOQUINTO: Que la Carta Fundamental reconoce y ampara el derecho a una justa retribución por todo trabajo, aunque se imponga bajo la forma excepcional de una carga, lo que, por lo demás, se vincula ni más ni menos que con la dignidad de la persona humana a que alude el artículo 1º de la Constitución Política. Como lo recuerda Couture: “de asuntos de dinero, el abogado debe hablar con su cliente sólo una vez: concluido el litigio, para ajustar en muy pocas palabras, las menos posibles, la recompensa del trabajo legítimo” (El Arte del Derecho y otras meditaciones, México, 2002, p. 172); OCTOGESIMOSEXTO: Que se ha señalado por los señores diputados que, en todo caso, los abogados siempre
tendrían derecho al pago de las costas. Si bien es cierto que el artículo 594 del Código Orgánico de Tribunales indica que “si el litigante pobre obtuviere en el juicio, será obligado a destinar una décima parte del valor
líquido que resultare a su favor para el pago de los honorarios y derechos causados”, debe tenerse presente que se trata de una situación eventual y que sólo resulta aplicable en los casos en que se obtenga una determinada suma de dinero y no en aquellos asuntos no avaluables pecuniariamente. Por su lado, el artículo 600 expresa que los abogados de turno “no serán responsables del pago de las costas y sus demás cargos pecuniarios a lo que a se que sean la
patrocinados”,
circunstancia de que las personas que gozan de privilegio de pobreza, como condenados lo indica al pago de la misma costas, disposición, a menos que “no el
tribunal respectivo, en resolución fundada, declare que han obrado como litigantes temerarios o maliciosos”. De este modo, en asuntos en que ambas partes gozan del
privilegio de pobreza, como regla general, no resulta procedente el pago de las costas, salvo que se acredite mala fe o en abuso procesal, lo que De el tribunal modo, deberá no es
suficiente que el tribunal declare la actuación temeraria o maliciosa, sino que deberá señalar circunstanciadamente las razones en virtud de las cuales se trata de un
litigante de tales características; OCTOGESIMOSEPTIMO: Que parece ilustrativo también
analizar ciertos pronunciamientos judiciales efectuados en Hispanoamérica sobre esta institución. Así, aunque en
algunos países –como en Colombia- se ha aceptado el turno gratuito, 071/95), de es manera del “justificada tener y excepcional” que la (CSala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha precisado que si bien resulta ajustada la
circunstancia de que se designe un defensor de oficio, “lo que sí estima esta Sala contrario a la Constitución Política es la obligatoriedad que impone el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de asumir esas defensas órgano públicos de oficio gratuitamente, con de un su pues si de ese mismo
estatal pagados
defensores resulta
contrario a los artículos 33 y 57 constitucionales que los defensores de oficio tengan que colaborar con el
Estado en el cumplimiento de una de sus obligaciones para con los habitantes del país, sin tener a cambio
remuneración alguna, mientras que otros profesionales que cumplen igual función sí reciben la respectiva paga por iguales servicios”(Res. Nº 06420-98). De esta manera se ha aceptado el turno de los abogados, teniendo siempre derecho a una justa retribución por el trabajo realizado; OCTOGESIMOCTAVO: Que, en nuestro país, el instituto del abogado de turno ha adquirido especialmente en las últimas décadas un carácter excepcional y subsidiario, cuestión que queda demostrada si se tiene en
consideración la cantidad de veces que un letrado puede ser designado va a para el turno, de la lo que, entre otros
existente entre el número de abogados y de habitantes en el país. En el decenio de 1870 se titulaban algo menos de
una cincuentena de abogados para una población de cerca de dos millones de habitantes. A la fecha de dictación del Código Orgánico de Tribunales (1943) se recibían al año alrededor de cien abogados, habiéndose más que
duplicado la población. A principios de los años ochenta juraban más de trescientos abogados anualmente y el año 2007 la Corte Suprema otorgó el título de abogado a 2.013 postulantes, en circunstancias que la población actual supera los 15 millones. Obviamente la cultura jurídica y la formación de los abogados han cambiado sustancialmente en el último siglo y medio en Chile (Bernardino Bravo Lira, Estudios de Derecho y cultura de abogados en Chile 1758-1998, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos Nº 20, Valparaíso, 1998); OCTOGESIMONOVENO: Que, además, como lo ha señalado esta Magistratura (Rol Nº 804), poder ejercer libremente una profesión los o implica, en los de la a hechos, desplegar o
practicar ciencia
respectiva terceros, en la
carrera, sin más Carta
ofrecérselos
Fundamental, debiendo el legislador regular su ejercicio –como en este caso con la carga excepcional del turno gratuito- sin afectar los derechos en su esencia, en los términos que señala el artículo 19, Nº 26º, de la misma. La doctrina ha precisado que la libertad de trabajo y su protección “es un derecho constitucional que habilita a toda persona a buscar, obtener, practicar, ejercer o
desempeñar cualquier actividad remunerativa, profesión u oficio lícitos, vale decir, no prohibidos por la ley” (Enrique Evans de la Cuadra, Derechos Constitucionales,
Tomo III, p. 10). Ya decía Carnelutti que “un hombre obligado es un hombre ligado y un hombre ligado no tiene libertad” (Arte del Derecho, México, 2002, p. 5); NONAGESIMO: Que, en este caso, el trabajo lícito se
produce como consecuencia de la imposición de una carga legal, la que sin embargo no resulta compatible con
nuestro sistema constitucional si no va acompañada de una justa compensación el pecuniaria, artículo tal 19, como Nº lo ordena de la
Constitución Política de la República; VIII. CONSIDERACIONES FINALES. NONAGESIMOPRIMERO: Que la peticionaria hace
referencia a la forma en que la Corte Suprema habría interpretado en la gestión pendiente la declaración de inaplicabilidad de la gratuidad del turno realizada en los autos Rol Nº 755-2007, en cuanto a que el abogado designado deberá ejercer una acción civil en contra del Estado para exigir el respectivo pago de los honorarios, lo que supondría una nueva carga inconstitucional; NONAGESIMOSEGUNDO: Que no le corresponde a esta
Magistratura hacerse cargo de las interpretaciones de las disposiciones declaración subsistentes, previa de de un como consecuencia de la por legal. esta Corte
inaplicabilidad precepto por o la
inconstitucionalidad Como se ha
reconocido los jueces de
reiteradamente la instancia
Suprema, en su caso, son soberanos para determinar la debida interpretación de las disposiciones legales (roles Nºs. 1018 y 1138);
NONAGESIMOTERCERO: produce como
único la
inaplicabilidad de un determinado precepto, en este caso de la gratuidad del turno, es que el Tribunal de la instancia no deberá considerar dicha disposición,
teniendo plenas facultades para determinar el sentido y alcance de las demás normativas vigentes o de la parte de la disposición que como no en el fue caso reprochada de autos en de lo
relativo a la ejecución de la carga misma o a la forma en que debe determinarse el carácter no gratuito de la
defensa; NONAGESIMOCUARTO: abogados ha sido Que el de turno gratuito por de los
especialistas en el siglo XX. Así, en la década de los noventa, el destacado procesalista Mario Mosquera, con motivo Nacional del de proyecto de ley que creaba el Servicio que la
iniciativa no considerara todas las formas de asistencia jurídica turno, existentes en el país la y, especialmente, el
“está actualmente mal concebida, pues, a su juicio, el turno no debería hacerse al comienzo de la carrera, sino posteriormente, cuando los abogados se encuentren en una etapa de su y carrera otros profesional recursos, lo en que dispongan de
contribuir más eficazmente a la defensa jurídica de los pobres” (Boletín Nº 861-07); NONAGESIMOQUINTO: Que, en todo caso, como se
analizó, el turno gratuito de los abogados constituye una
supletoria,
resulta procedente frente a la imposibilidad efectiva de que la asistencia al y defensa –a por jurídica del gratuita que le sea o
corresponde prestada
legisladorpúblicas
privadas establecidas al efecto; NONAGESIMOSEXTO: Que, sin perjuicio de lo señalado, parece conveniente instar al legislador a resolver esta situación que se ha producido, como consecuencia de la subsistencia del turno gratuito de los abogados,
estableciendo un mecanismo de asesoría similar al que ya existe en otras materias, como por ejemplo en materia penal y, más recientemente, en el ámbito laboral; NONAGESIMOSEPTIMO: precedentemente, en Que a todo que el lo razonado legal
contraviene la igualdad ante la ley y al justo derecho a ser remunerado por un trabajo lícito, no puede
interpretarse de manera alguna en términos tales que la supresión de la gratuidad del turno de los abogados se traduzca en obligación pecuniaria alguna por parte de la persona afectada o cliente, quien siempre se encontrará exenta del pago de honorarios a su defensor designado, puesto que una interpretación diversa produciría efectos contrarios República; NONAGESIMOCTAVO: Que, en otras palabras, todos los fundamentos que anteceden de la para declarar la a la propia Constitución Política de la
inconstitucionalidad contenida en el
expresión 595 del
“gratuitamente”, Orgánico de
Tribunales, dicen relación con el impedimento que ella
contiene para que el abogado designado en el turno pueda cobrar del Estado una justa compensación de su trabajo, pero deja enteramente a salvo el derecho de las personas a ser asistidas gratuitamente, en los términos
consagrados en la Carta Fundamental; Y VISTO lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 19 Nºs 2º, 3º, 16º, 20º y 22º, 22, 93, inciso primero, numeral 7º, e inciso duodécimo, y 94, de la Constitución Política, así como en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, SE RESUELVE: Que se acoge el requerimiento de fojas 1 sólo en cuanto se declara en el que la expresión del “gratuitamente”, artículo 595 del
Código Orgánico de Tribunales es inconstitucional y, en consecuencia, se entenderá derogada desde la publicación en el Diario Oficial de la presente sentencia, la que no producirá efecto retroactivo, tal como lo ordena el
artículo 94 de la Constitución Política de la República.
Redactó la sentencia el Ministro señor Enrique Navarro Beltrán. Notifíquese, publíquese, regístrese y archívese. ROL 1254-08-INC.
Se certifica que el Ministro señor Jorge Correa Sutil concurrió a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por haber cesado en su cargo. Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente, señor Juan Colombo Campbell, y los Ministros señores José Luis Cea Egaña, Hernán Vodanovic Schnake, Mario Fernández Baeza, Jorge Correa Sutil, Marcelo Venegas Palacios, señora Marisol Peña Torres y señores Enrique Navarro Beltrán y Francisco Fernández Fredes. Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.
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