Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-6657-de-abril-11-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041de7ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-22 12:27:22
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﻿ SENTENCIA 6657 DE ABRIL 11 DE 2003
SENTENCIA 6657 DE 11 DE ABRIL DE 2003
CONTENIDO:IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL. AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN UN INTERÉS ACTUAL, PECUNIARIO O MORAL SON QUIENES ESTÁN LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR, EXTENDIÉNDOSE EXCEPCIONALMENTE A ASCENDIENTES LEGÍTIMOS DEL PADRE O MADRE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PARENTESCO LEGÍTIMO, PADRES, IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:378 DE JUNIO DE 2003, PG.1022
Sentencia 6657 de abril 11 de 2003
IMPUGNACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL
INTERÉS ACTUAL PARA IMPUGNAR Y CADUCIDAD
Bogotá, D.C., once de abril de dos mil tres.
EXTRACTOS: «Cargo primero
Se acusó por éste la sentencia de ser violatoria, en forma directa, por interpretación errónea, del artículo 248 del Código Civil y de los artículos 1º y 5º de la Ley 75 de 1968.
1. Puntualizó de entrada el recurrente que no fue motivo de reproche por parte de ninguno de los sentenciadores de instancia el que el actor no haya podido tenérsele por padre de Yury Andrea y, por consiguiente, que el reparo que formula atañe a la errónea interpretación que se ha dado al párrafo final del artículo 248 del Código Civil, a causa de la cual se truncó su pretensión al declararse el fenómeno jurídico de la caducidad.
2. Sostuvo seguidamente que el término legal de caducidad consagrado para quienes prueben tener interés actual en la impugnación es de trescientos días siguientes a la fecha en que él sobrevino y pudieron hacer valer su derecho, constituyendo este factor un punto de partida bien diferente al que adoptó el juzgador de segunda instancia, quien lo computó a partir del momento de la firma del certificado de nacimiento de la menor.
3. Añadió el censor que dicho término, en el sub lite, estuvo comprendido entre el 28 de junio de 1993, época en que surgió su interés actual para impugnar la paternidad, por la notificación que se le hizo del embargo de su sueldo, y el 27 de septiembre del mismo año, fecha en la cual demandó, por lo que, en consecuencia, sólo transcurrieron noventa días, y no trescientos.
4. Expresó que el tribunal tomó como punto de partida a su amaño el día en que se hizo el reconocimiento y no la fecha del interés actual, como lo dispone el artículo 248 del Código Civil al cual se refiere el artículo 5º de la Ley 75 de 1968.
5. Reiteró, para terminar, que el interés actual de Bernardo Patiño Franco para impugnar el reconocimiento apareció justamente cuando le notificaron el embargo de su sueldo ordenado por el Juzgado Tercero de Familia de Bogotá, en el proceso de alimentos promovido por María del Rosario Uribe para la menor Yury Andrea, momento en el cual vio afectado su patrimonio, lo que ocurrió el 28 de junio de 1993.
1. La acusación está encaminada a cuestionar la comprensión que el tribunal dio al concepto del interés actual a que alude el artículo 248 del Código Civil, como quiera que para su determinación tomó como tal la fecha en que el actor efectuó el reconocimiento de la menor demandada, esto es, la del correspondiente registro civil de nacimiento, y no el día en que fue notificado del embargo de su sueldo decretado en el proceso seguido con miras a obtener alimentos en favor de Yury Andrea, ya que, según el recurrente, computado el tiempo transcurrido desde ese día y aquél en que se presentó la demanda con la que se dio inicio al proceso sólo transcurrieron noventa días, y no trescientos, por lo que no había lugar, en consecuencia, a estimar caducada la acción intentada, resultando así errada su apreciación sobre el instante del surgimiento de dicho interés en el presente asunto.
2. Punto de partida en el análisis es la confesión de paternidad contenida en el reconocimiento voluntario que se hace del hijo, la cual, en principio, significa, de un lado, la participación de su autor en los actos propios destinados a la procreación del reconocido, y no simplemente la concesión de un estado civil en su favor, y, de otro, que el reconocimiento mismo se torne, ab initio, en irrevocable para quien lo efectúa, impidiéndose así que por camino similar de la decisión voluntaria se pueda luego, motu proprio, despojar al reconocido de su estado civil, dado que este aspecto, en extremo ligado a la personalidad jurídica, concierne en su regulación única y exclusivamente al Estado y al imperio de la ley, como está plasmado en el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970, principio reiterado posteriormente en el inciso final del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, cuando pregona que “La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, lo que permite afirmar categóricamente que les está vedado a los particulares disponer sobre los efectos y circunstancias constitutivas o excluyentes de tal estado.
Al respecto ha expresado la Corte que “es el estado civil uno de aquellos aspectos en los que el Estado está vivamente interesado; no es raro, entonces, vérsele en posición intransigente, haciendo notar que es algo que se reserva para sí y que, por lo tanto, morigera, cuando no es que la excluye, la autonomía de la voluntad, la misma que en otros terrenos constituye la base esencial del derecho privado. Con razón es considerado como atributo de la personalidad y como tal, estímase inalienable, inescindible e imprescriptible, entre otros rasgos caracterizadores ... En el punto, bien vale recalcar que, dadas las razones que se dejan referidas, es el del estado civil un asunto que concierne al imperio de la ley. Es ésta la que dice cuál estado civil corresponde a una persona frente a una determinada situación; de ahí que el Decreto 1260 de 1970, al ensayar la definición de lo que por él se entiende, estuvo pronto a señalar allí mismo que “su asignación corresponde a la ley” (art. 1º), cosa que inclusive está elevada a mandato constitucional, como quiera que el artículo 42 de la Carta Política expresa en su postrer inciso que “La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. Los particulares, por lo mismo, no pueden manejarlo a su antojo; antes bien, no les queda sino aceptar los dictados de ella” (Sent., oct. 27/2000, exp. 5639, no publicada aún oficialmente).
3. Dicha irrevocabilidad sin embargo no genera siempre la inimpugnabilidad del reconocimiento cuando se presenten los rigurosos requisitos previstos previamente en la misma ley, y que arrancan precisamente del resultado que provoca haber confesado las relaciones sexuales como fenómeno natural generador de la concepción o, en la actualidad, la participación en la obtenida por cualquier medio científico, obligando a quien impugna con el propósito de hacer desaparecer el efecto de tal reconocimiento, a la cabal demostración de que el reconocido no pudo tener por padre a quien figura como tal, situación a la que alude el numeral 1º del artículo 248 del Código Civil, señalado como punto de referencia por el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, y que conduce en forma directa a aceptar como medio de impugnación, desvirtuar el hecho de ser en verdad el procreador del hijo. Desde esta perspectiva es claro que en ningún caso podrá servir como motivo de la negación cualquier pretexto antojadizo, por cuanto tal desconocimiento jamás podrá ser equiparable a la simple retractación.
Prescribe el artículo 5º de la ley acabada de citar que “El reconocimiento sólo podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil”.
A su turno, la primera disposición legal a la que remite el anterior precepto dice, en lo pertinente, que “en los demás casos podrá impugnarse la legitimación, probando alguna de las causas siguientes: 1. Que el legitimado no ha podido tener por padre al legitimante; ... No serán oídos contra la legitimación sino los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes legítimos del padre o madre legitimantes; éstos en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimación; aquéllos en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho”.
Nótese que la referencia concreta y exclusiva expresada en el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, comprende el contenido del artículo 248 del Código Civil en forma aislada, sin permitir la aplicación de las demás normas que regulan la situación de legitimación, de las cuales hace parte esta disposición. Tan tajante ubicación impide entonces que se generalice en el caso de la impugnación del reconocimiento de hijo extramatrimonial el empleo de aquellos preceptos a los que no se refirió el legislador no obstante tratar un tema similar, de suerte que tanto el interés actual, como la causa de la impugnación y la caducidad de la acción pertinente a este fin han de buscarse necesariamente en el citado artículo 248, pues, se itera, la remisión no abarcó los otros mandatos legales que regulan la situación de la impugnación de la legitimidad de las que hace parte éste.
Entonces, aquellas personas que tengan un interés actual, pecuniario o moral, según corresponda en cada situación, son quienes están autorizadas legalmente para promover la respectiva impugnación, haciéndose una extensión por vía de excepción a esa regla general, consistente en permitir a los ascendientes legítimos del padre o madre reconociente accionar, explicable por razones que incluyen los conceptos de la institución familiar, de estirpe y descendencia.
La hipótesis fáctica que consulta la dinámica de la disposición exige, por tanto, un interés actual, cuyo surgimiento deberá establecerse en cada caso concreto y que cobra materialidad con el ejercicio del derecho de impugnar el reconocimiento, el cual, por su propia naturaleza, que lo erige en potencial exclusivo de la ley y no del mero querer de las partes, impone la intervención judicial, pues sería inútil cualquier intento particular de cambiar sus efectos mediante un acto voluntario de los interesados, más cuando su contenido atañe al orden público. Ese interés actual pone en evidencia que está latente la necesidad de acudir a la decisión judicial ante la imposibilidad de decidir el derecho privadamente, de forma individual ora consensual, prédica que invade desde luego la esfera de quien efectuó el correspondiente reconocimiento frente a la irrevocabilidad unipersonal del acto objeto de impugnación, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 75 de 1968.
Es ese supuesto, valga repetirlo, el que origina el interés, toda vez que su objeto transciende a los atributos de la personalidad, que lo convierte en inalienable, inescindible e imprescriptible, no obstante haberse activado por un acto de potestad o prerrogativa del padre, forma exclusiva de reconocimiento de antes, concepto que ha venido cambiando con los avances sucesivos de la legislación que permitieron la posibilidad de que el hijo reclame contra su filiación, momento a partir del cual, frente al contenido del estado civil, surge concomitantemente la irrevocabilidad del mismo.
4. No obstante que en determinados supuestos el mismo autor del reconocimiento puede llegar a tener interés actual en la declaración que persigue, en este asunto no es admisible el argumento del recurrente, según el cual su interés vino a surgir “justamente cuando le notificaron el embargo de su sueldo ordenado por el juzgado tercero de familia de esta ciudad, es decir cuando se vio afectado su patrimonio, dentro del proceso de alimentos promovido por la señora María del Rosario Uribe, para la menor Yury Andrea; ello ocurrió en junio 28 de 1993”.
El interés actual, ha de resaltarse, no alcanza a confundirse con cualquier otro motivo antojadizo, pues aquél refiere a la condición jurídica necesaria para activar el derecho, al paso que éste apenas viene a ser cualquier otra circunstancia veleidosa y, por ende, carente de trascendencia o de razón algunas. Así, la presencia del segundo deviene innecesaria y, por ende, es inane en relación con el propósito de accionar; dicho interés, por consiguiente, valga repetirlo, no puede estar sometido al estado de ánimo a la voluntad de los afectados, o a la simple conservación y mantenimiento de las relaciones interpersonales.
El embargo del sueldo es apenas una circunstancia que ha alterado en el recurrente cualquiera de los aspectos mencionados, pero no es, de ninguna manera, el interés actual exigido por el artículo 248 del Código Civil para provocar la impugnación, y menos para servir como primer punto de referencia en la línea de caducidad plasmada en dicha norma legal.
En efecto, no obstante resultar que en el actor ha existido un interés actual derivado del reconocimiento voluntario que efectuó, interés que en el asunto que se examina devino evidente desde que se surtió ese acto, pues a ese momento Patiño Franco era consciente de que Yury Andrea no era su hija, tal y como él mismo lo acepta en la demanda, es lo cierto que la impugnación de dicho reconocimiento debió hacerse dentro de los términos que para el caso señala la propia ley, a cuyo vencimiento ya no es posible el ejercicio válido del derecho perseguido.
5. La caducidad entraña el concepto de plazo extintivo perentorio e improrrogable que impide el ejercicio de un derecho cuando la inactividad de la parte ha permitido que transcurra el término previsto por la ley para activarlo, y esto refleja que su presencia viene a pender en forma exclusiva del hecho objetivo de su falta de ejercicio dentro del tiempo preestablecido, sin atender razones de índole subjetiva o que provengan en forma única de la voluntad o capricho del interesado. Su efecto es automático en la medida que no depende ni de la actividad del juez ni de las partes, pues la regla está delimitada de antemano, conociéndose su principio y su fin. Es la ley la que fija sus extremos sin que esté dentro de la capacidad de los afectados alterar su contenido.
La Corte, en torno de la caducidad, tiene dicho que “produce ipso jure la extinción de la facultad de ejercer un derecho o realizar un acto por no haberlo ejercitado dentro del término perentorio señalado por la ley, y el juez no puede admitir su ejercicio, una vez expirado el plazo, aunque el demandado no la alegue ... Cuando la ley señala un plazo para que dentro de él se ejercite una determinada facultad procesal, la expiración del mismo surte efecto preclusivo, y en consecuencia, dicha facultad no puede ejercitarse eficazmente” (G.J., t. CXXXI, pág. 131).
6. En este proceso es evidente que el término de caducidad relativo al ejercicio por parte de Bernardo de Jesús Patiño Franco de la acción de impugnación del reconocimiento, que en forma voluntaria hizo de la menor Yury Andrea, es de trescientos días siguientes a la fecha en que tuvo interés actual y pudo hacer valer su derecho, término que parte, de conformidad con lo antes expresado, del propio acto de reconocimiento, esto es, del 4 de agosto de 1998, fecha en la que, según el documento contentivo del registro civil de nacimiento de la citada menor, visible a folio 119 del cuaderno principal, se sentó el mismo. Significa lo demostrado que para el 27 de septiembre de 1993, cuando fue presentada la demanda de impugnación del reconocimiento, con notoria largueza se hallaba fenecido el tiempo otorgado al padre para hacer valer su derecho, es decir, había caducado para él la oportunidad legal para impugnar.
Como tal fue el entendimiento que el tribunal hizo del artículo 248 del Código Civil, al concordarlo con el artículo 5º de la Ley 75 de la 1968, síguese que el sentenciador ad quem no incurrió en la violación que se le imputa.
7. Por tanto, el cargo no prospera.
En éste se delató la violación directa, por falta de aplicación, de los artículos 3º del Decreto 1260 de 1970, 5º del Decreto 2737 de 1989, 7º de la Ley 12 de 1991, 1236 y 1239 del Código Civil, 14, 44 y 228 de la Constitución Nacional.
1. En orden a fundamentarlo, advirtió la censura que la sentencia recurrida dejó de lado principios tan valiosos como el derecho al nombre, al apellido, a la identidad, a la garantía de certidumbre de toda persona de saber quién es su padre, contenidos en el artículo 3º del Decreto 1260 de 1970, 5º del Decreto 2737 de 1989, elevados posteriormente a la categoría de derechos constitucionales fundamentales en el artículo 44 de la Carta Política.
2. Con respaldo en sentencia de la Corte Constitucional que citó el recurrente, invocó la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el que por no haber sido tenido en cuenta por el sentenciador ad quem dejó a la menor demandada con dos padres, uno natural cuyo nombre salió a relucir con la práctica de las pruebas —William Muñoz— y otro por un reconocimiento simulado —Bernardo Patiño—, vulnerándose así el derecho fundamental de ella a saber con exactitud quién es su verdadero padre, toda vez que, como está absolutamente probado, no lo es el último de los citados. Esta incertidumbre afecta por igual a la menor, a su padre biológico, al padre reconociente y a las hijas presunta y verdadera del actor.
Tras señalar cómo la certeza acerca del nombre y sobre la filiación tanto paterna como materna es la base esencial para fijar los derechos sucesorales del hijo, aseveró que por cuanto las normas del Código del Menor son de orden público y sus principios irrenunciables, ese conocimiento resulta fundamental al estar de por medio la dignidad humana, derecho que es también del interés de los progenitores para que así éstos puedan cumplir sus propias obligaciones.
3. Con lo expuesto, dijo el recurrente haber demostrado la primacía del derecho sustancial sobre el procesal, para demandar que se decida de fondo la cuestión litigiosa, máxime cuando estos aspectos también aluden al mandato constitucional contenido en el artículo 14.
1. Tal y como se dejó precisado en el extracto que se hizo de la sentencia del tribunal, su negativa a acoger las pretensiones de la demanda obedeció exclusivamente a la caducidad de la acción intentada, que dedujo de la aplicación de los artículos 5º de la Ley 75 de 1968 y 248 del Código Civil, a que aquél remite.
Con ese entendimiento de los planteamientos, del ad quem aflora palmaria la deficiencia técnica del cargo en estudio, por cuanto, fundado como está en la causal primera de casación, cuya nota característica es el quebranto de la ley sustancial, resulta desatinado el señalamiento que el impugnante hizo de las normas que denuncia como vulneradas, de un lado, por no corresponder ellas a las que fueron o debieron servir de base a la sentencia combatida, cual lo disponen el artículo 374, numeral 3º, del Código de Procedimiento Civil y el 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido hoy en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, y, de otro, porque consiguientemente se dejaron de lado las que sí fueron su sustento. En efecto, ninguno de los textos legales invocados en la censura toca con el preciso aspecto de la caducidad de la acción intentada, que, repítese, fue el definitivo para que el ad quem coligiera el fracaso de las pretensiones del escrito introductorio.
Siendo así que el artículo 42 de la Constitución Nacional prevé que “la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”, resulta claro que, como evidentemente es la ley la que en detalle se ha ocupado a través de diferentes normas de regular el tema, no es apropiada la cita de los preceptos constitucionales que se hace para pretender el quiebre del fallo.
Desde esta perspectiva, ninguna de las normas referidas al inicio del cargo, ni las constitucionales allí también indicadas —artículos 14, 44 y 228— son, per se, suficientes para entenderlo debidamente formulado, pues como ya se anotó, tratándose del estado civil de las personas es la propia Constitución la que está defiriendo a la ley la consagración de los derechos sustanciales. De suerte que en este caso específico, no obstante el carácter normativo de la Constitución, el señalamiento que de su violación hace el recurrente resulta insuficiente, según se dijo, porque ninguna de las normas por él denunciadas establecen directamente los derechos sustanciales que se dicen afectados por la decisión del ad quem.
2. Al margen del defecto comentado es de verse que una aproximación al entendimiento del principio según el cual el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales, consagrados en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, elevado a categoría constitucional por el artículo 228 superior, con vigencia para todas las actuaciones judiciales, lo constituye el concepto más o menos reciente de la atemperación del rigor formal, tendiente a que no se sacrifique el derecho sustancial, y a ello contribuye como su mejor expresión la conducta de los contendientes cuando como partes interesadas no se han dolido de la alteración de algunas formalidades dentro las oportunidades propicias para ello.
El anterior principio rompe una estructura que en ocasiones se venía generalizando y que se había convertido en la excusa legal para eludir el fallo de fondo o negar los derechos impetrados por las partes, sin interés alguno del juez por sanear las eventuales irregularidades que terminaban las más de las veces en sentencias inhibitorias o en la declaración de nulidades que bien pudieron ser salvadas.
Existe una necesaria complementación entre la forma ritual dispuesta por la ley para el trámite del proceso y el contenido del derecho debatido, lo cual se constituye en pilar fundamental del debido proceso y, por consiguiente, en la posibilidad del ejercicio pleno del derecho de defensa, sin que su aplicación se erija en modo alguno en menoscabo del principio de la prevalencia del derecho sustancial. Sin embargo hoy es pertinente pensar en que en algunos puntuales eventos, si no se alegaron oportunamente vicios de procedimiento, pueda producirse sentencia de fondo, aun pasando de lado aspectos que en otras circunstancias eran constitutivos de nulidades, bajo las cuales se amparaba el juez para evadir su pronunciamiento.
Pero tal permisión ni por asomo puede entenderse como oportunidad del constituyente para deshacer el derecho procedimental, sino apenas una manera de evitar el rigorismo formal que aplicado daba al traste con el principio consagrado en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil. Se mantiene, pues, la observancia de las normas propias de cada juicio, principio constitucional fundamental que da vigor al debido proceso, como derecho de igual raigambre, y que es sustento, a su vez, del derecho de defensa.
La prevalencia de los principios constitucionales supuestamente desconocidos por el sentenciador, no pueden amparar la inobservancia de las normas procesales instituidas igualmente por el artículo 29 de la Carta Política como un derecho de rango fundamental, pues ellos son precisamente la garantía del derecho de defensa que está procedido del conocimiento exacto de las formas procesales que deben atender las partes y el juez en la solución del conflicto y a las que especialmente está sometido el juzgador según lo impone el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil.
Tales reglas de conducta señalan entonces en forma ordenada y precisa no sólo la oportunidad para el ejercicio de algunos derechos en cuya decisión tiene interés directo la ley, como ocurre con los referidos al estado civil de las personas, cuyo entorno todo se reserva a la potestad del estado aun con prescindencia de la voluntad de los interesados, por ser derechos que atañen al orden público, igual que ocurre con las normas procesales a cuyo cumplimiento están compelidos juez y partes.
Esas normas procesales le imprimen dinámica al orden público como fin superior del Estado y exigen su cumplimiento, pues en él estriba la razón de ser de éste.
3. El caso que ocupa la atención de la Sala no es asunto de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal sino de atender la correspondiente oportunidad para el ejercicio de un derecho o la realización de un acto, pues ese condicionamiento a términos previamente consagrados busca precisamente definir dentro de lapsos suficientes cuestión tan trascendente como el estado civil de las personas, impidiendo que hechos de tal importancia queden al arbitrio de los intereses personales o al reflejo de los vaivenes o conveniencias del momento de quienes resultaren afectados por ellos.
El ejercicio del derecho sustancial mirado en el ángulo bifronte de las partes interesadas en sus efectos es distinto para cada una. Exige a quien pretende su favor ceñirse a las imposiciones de la propia ley, que no son cortapisas impedientes para su ejercicio, sino que, por el contrario, vienen a definir la vía para obtener su materialización.
En tratándose de la impugnación de la condición de hijo, distintos son los momentos que ofrece la ley al padre y al reconocido para que eleven ante la jurisdicción dicha pretensión, constituyendo para ambos un acto voluntario el ejercicio de cualquier reclamación al respecto.
Obsérvese que en el presente asunto no se censura por parte del recurrente que el sentenciador hubiese declinado el derecho sustancial reclamado por proteger el derecho procesal. En el cargo su autor advierte simplemente que el ad quem dejó de lado principios fundamentales como el derecho al nombre, a la identidad y al de la certidumbre de la paternidad; mas ello no es cierto en la forma como se plantea, dado que la situación objeto de decisión fue adscrita de manera exclusiva a la discusión en torno a la oportunidad en que se ejerció el derecho del padre, quien pretendió promover la acción cuando ya estaba caducado su derecho, sin que en parte alguna se vislumbre que un riguroso formalismo legal haya sido la causa del fracaso de su pretensión, comportamiento que no debe confundirse con la sujeción del juez al cumplimiento de las normas procesales, que por mandato constitucional hoy son de orden público, como lo eran antes en el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, carácter que ostenta aquella que establece la caducidad, tornándose perentoria e improrrogable, de donde su aplicación no contraría en nada el aludido postulado constitucional sino que, antes bien, refleja con claridad el cumplimiento de esos principios superiores.
4. Si como se apuntó, en la correlación de efectos frente a las partes afectadas por una situación jurídica concreta no existe el mismo interés, debe observarse que a ello no es extraño el estado civil y que esa distinta posición impone una regulación de efectos igualmente diferente, de la que no escapa la caducidad.
De allí que exista la posibilidad de que justamente el hijo reconocido tenga acceso a demandar la impugnación de su reconocimiento y esta perspectiva aleja cualquier posibilidad de que sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados cuando, como aquí acontece, intentada dicha acción por el padre no recibe acogimiento, pues el derecho a la determinación de la filiación real, como derecho integrante de la personalidad jurídica, sigue gravitando con el vigor que le es propio en favor del propio hijo, quien, por ende, puede optar por su ejercicio, para lo cual tiene a su alcance la acción de que se trata cuando considere que la filiación que lo identifica no es la verdadera y que por ley le corresponde.
5. Por tanto, no es de recibo el argumento del impugnante, para quien la caducidad de su derecho arrastra a su paso los del otro extremo de la relación jurídica. Ello no es exacto pues, no obstante la suerte adversa de su pretensión, tal decisión desestimatoria no apareja la violación del derecho sustancial de la demandada, el cual sigue incólume.
El artículo 229 de la Constitución que garantiza el derecho a “acceder a la administración de justicia”, ha de entenderse como la oportunidad de toda persona de recurrir a los órganos de la jurisdicción para, mediante los mecanismos previstos procesalmente, poner en funcionamiento el aparato judicial del Estado con miras a solucionar las situaciones de orden legal respecto de las cuales le asista un interés legítimo, derecho del que goza plenamente el hijo reconocido para impugnar su propio reconocimiento.
El establecimiento de la filiación real constituye un derecho a reclamar su verdadera filiación, a condición de que su planteamiento se halle dentro del marco igualmente constitucional consagrado en el artículo 42 superior, que reserva a la ley todo lo atinente a la regulación del estado civil de las personas y de los derechos y deberes que de él se derivan, marco dentro del cual se prevé no solamente el derecho en sí mismo, sino el interés requerido, el término dentro del cual puede accionarse so pena de que se produzca su caducidad, las causales para controvertir presunciones legales en esta materia y, en fin, las regulaciones jurídicas del estado civil.
6. Por tanto, el cargo no está llamado a prosperar.
En mérito de las consideraciones expuestas la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 19 de marzo de 1997, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro de este proceso de impugnación de la paternidad.
Las costas en casación son de cargo de la parte recurrente. Tásense en su oportunidad.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad devuélvase el expediente al tribunal de origen.