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Timestamp: 2020-04-06 13:48:17
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Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 10']

6.En materia de Transportes Terrestres: Decreto 61/1988 (art. 2) - Los Cabildos asumen la representación ordinaria...
6.En materia de Transportes Terrestres: Decreto 61/1988 (art. 2)
1º.- La concesión, autorización y explotación de los transportes por cable, tanto públicos como privados dentro de las normas generales para las instalaciones y explotación dictadas o que pudieran dictarse por la Administración del Estado y por la Comunidad Autónoma de Canarias en beneficio de la seguridad de los viajeros en este medio de transporte.
2º.- Establecimiento y explotación de estaciones o vehículos de servicio público de viajeros o mercancías por carretera
3º.- La concesión, autorización y explotación de los siguientes servicios de transportes mecánicos por carretera:
Servicios públicos regulares de viajeros, mercancías y mixtos.
Servicios públicos discrecionales de viajeros, mercancías y mixtos.
Servicios privados complementarios.
Autos de alquiler sin conductor.
Conforme la Ley de Transportes Terrestres de Canarias 13/2007 modificada por Ley 6/2011, de 21 de marzo son competencias de los CbI las siguientes:
Artículo 7 Competencias de los Cabildos Insulares:
2. Mediante convenio, los Cabildos Insulares gestionarán las competencias en materia de transporte terrestre que corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias en virtud de Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio (LA LEY 1689/1987), de delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.
Asimismo el Decreto 159/1994 (art.2), Decreto 183/2005 (modificación) estableció como competencias de los CbI:
11.- La explotación directa de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera o por cable.
7. En materia de Turismo: Decreto 62/1988 (art.2) y Decreto 156/1994 (art.2):
1 La tramitación y resolución de los expedientes de apertura y funcionamiento y cese de la actividad de los establecimientos turísticos, excepto los referidos a las agencias de viajes, dando cuenta inmediata de sus resoluciones a la Comunidad Autónoma a los efectos de su inscripción en el Registro Regional de Empresas Turísticas.
5. La tramitación y resolución de los expedientes de cambio de titularidad de las empresas turísticas transferidas dando cuenta inmediata a la Comunidad Autónoma de Canarias, a efectos registrales.
6. La evacuación de informes previos al definitivo a elaborar por la Comunidad Autónoma en los expedientes de subvenciones que la Administración Central del Estado pueda conceder a instituciones y entidades de ámbito territorial insular, vinculante en caso de ser negativo, así como a empresas radicadas en cada isla, que serán remitidos a la Comunidad Autónoma.
7. La evacuación de informes previos al definitivo a elaborar por la Comunidad Autónoma en los expedientes de solicitudes de los créditos, convocados por el Estado, que serán remitidos a la Comunidad Autónoma.
11. La autorización, control, tutela y coordinación de las entidades locales o zonales de fomento del turismo
Las competencias inicialmente transferidas por dicha norma reglamentaria han sido ampliadas por las prescripciones de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias18, la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias19 según las cuales corresponden a los CbI las siguientes:
Formulación de los Planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular.
La promoción turística de su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de destino reconocido en esta Ley.
La coordinación de los servicios de promoción y fomento del turismo que desarrollen los municipios de la isla respectiva.
El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su isla, especialmente dentro de los Planes Insulares de Ordenación.
La coordinación de las actuaciones que, en materia de infraestructuras turísticas, verifiquen los municipios de la isla respectiva.
La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de su isla, en materia turística
8.En materia de Viviendas: Decreto 64/1988 (art.2):
1º.- Control administrativo de las viviendas de protección oficial de promoción privada
2º.- Rehabilitación, conservación y mejora del patrimonio inmobiliario residencial, a través de la ejecución de programas propios o mediante la actuación de las medidas de fomento previstas en la normativa general vigente.
3º.- Policía de vivienda y en particular de sus condiciones de habitabilidad.
4º.- Proponer al Gobierno de Canarias la declaración de áreas de rehabilitación integradas en los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico, cultural o ambiental.
5º Acordar la descalificación de viviendas de protección oficial sea con motivo de la instrucción de expediente sancionador, sea a petición del interesado.
6º.- Conceder la autorización de demolición de inmuebles, cuando ésta sea exigida por aplicación de la legislación de arrendamientos urbanos.
7º.- Imponer multas coercitivas en expedientes sancionadoras de viviendas de protección oficial.
8º.- Acordar las medidas de ejecución subsidiarias y de condonación parcial de multas relativas a expedientes sancionadores del régimen de viviendas de protección oficial.
9º.- Otorgar la calificación provisional y definitiva de VPO y resolver sobre los expedientes de rectificación, tramitación, decaimiento, caducidad, rehabilitación y los tramitados por cualquier otra incidencia derivada de las cédulas de calificación.
10º.- Resolver los recursos que presenten los inquilinos contra los incrementos de rentas para viviendas de protección oficial
11º.- Autorizar la venta a los arrendatarios de viviendas de protección oficial de promoción privada.
12º.- Acordar el desahucio y en su caso lanzamiento de los beneficiarios, ocupantes o arrendatarios de las viviendas o locales de protección oficial, propiedad de la Comunidad Autónoma o de los promotores.
13º- Autorizar las ventas o arrendamientos de viviendas destinados a minusválidos, promovidas privadamente y que no hayan podido ser adjudicadas.
14º.- Visar los contratos de compraventa y de arrendamiento de viviendas de protección oficial.
15º.- Otorgar autorizaciones para obras de modificación, mejora y reforma de las viviendas y locales de protección oficial así como para el cambio del régimen de uso de tales inmuebles.
16º.- Ejercer las funciones de registro y control sobre publicidad de venta o arrendamiento de viviendas de protección oficial.
17º.- Incoar y resolver expedientes sancionadores en materia de infracciones al régimen de viviendas de protección oficial, pudiendo adoptar las medidas cautelares contempladas en la normativa vigente, así como tramitar a resultas de aquéllos, y en los casos establecidos legalmente, la expropiación de viviendas por incumplimiento de la función social de la propiedad.
18º.- Tramitar y decidir sobre los expedientes instruidos en razón de deficiencias higiénico-sanitarias de toda clase de inmuebles dedicados a morada humana.
19º.- Autorizar la desocupación de las viviendas de protección oficial por razón justificada a petición de los interesados.
20º.- Expedir los certificados acreditativos de cumplimiento de los requisitos necesarios para la percepción de subvención, subsidiación de intereses, préstamos o cualquier otra modalidad de ayuda personal para el uso o acceso a viviendas de protección oficial o como consecuencia de rehabilitación de viviendas.
21º.- Expedir las cédulas de habitabilidad y cualquier otra determinante del acceso de las viviendas a los servicios públicos de suministro en razón de su nivel de aptitud para la constitución de morada humana.
22º.- Instar las medidas excepcionales del desahucio y alquiler obligatorio previstas en la legislación de arrendamientos urbanos, cuando las circunstancias lo aconsejen.
23º.- Autorizar las cuantías y modalidades de entregas de cantidades a cuenta tanto para viviendas de protección oficial como para viviendas libres.
24°) La conservación y administración de las viviendas de promoción pública de la titularidad de la Comunidad Autónoma.
25°) La formalización de los contratos de compraventa y arrendamiento de viviendas y locales promovidos por el Gobierno de Canarias, de acuerdo a los resultados de los procesos de adjudicación.
26°) La constitución y cancelación de las hipotecas de las viviendas adjudicadas en régimen de venta
Más tarde en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, las competencias de los CbI se reflejan en su artículo 5
En esta materia ha de tenerse en cuenta además, el Decreto 2/2004, de 27 de enero, por el que se aprueban las Normas Provisionales de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de la Vivienda que en su artículo Art. 2.3 expresa que “El Instituto Canario de la Vivienda podrá asumir, mediante convenio, la gestión de las competencias de los cabildos Insulares en materia de vivienda.”
9. En materia de Carreteras: Decreto 65/1988 (art.2) y Decreto 157/1994 (art.2):
1.- Catalogación e inventario.
1.1. Colaborar en la confección y mantenimiento actualizado del Catálogo de las Carreteras de Canarias.
2. Planificación, Estudios y Proyectos.
2.1. Informar el proyecto del Plan Regional de Carreteras.
2.2. Redactar los Planes Insulares de Carreteras.
2.3. Informar el contenido de las figuras de planeamiento urbanístico o de sus modificaciones o revisiones, que afecten a carreteras insulares, así como a las determinaciones de los Planes Insulares de Carreteras, así como emitir directrices vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley de Carreteras.
2.4. Aprobar los estudios y proyectos de carreteras de interés insular.
2.5. Programar los proyectos, financiación y ejecución de las carreteras de interés insular.
3.1. Construcción de carreteras de interés insular y dirección técnica de las obras.
3.2. Ampliación del número de calzadas, acondicionamiento de trazado, ensanches de plataforma, mejoras de firme y ejecución de variantes de carreteras de interés insular.
4. Explotación de carreteras insulares, que comprende las funciones de:
4.1. Conservación y mantenimiento.
4.2. Defensa de la vía y de su óptima utilización, incluyendo la señalización, la ordenación de accesos y la regulación del uso de las zonas de dominio público, servidumbre y afección.
4.3. Concertar la explotación de áreas de servicio mediante sistemas de gestión indirecta de servicios públicos.
5. Uso y defensa de carreteras insulares, que comprende:
5.1. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en zona de dominio público.
5.2. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en la zona de servidumbre de las carreteras, así como utilización o autorización de la utilización de dicha zona por razones de utilidad pública, interés social o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
5.3. Otorgamiento de autorizaciones para la ejecución de obras e instalaciones fijas o provisionales, reparación y mejora de las mismas, cambio de uso o destino y tala de árboles en la zona de afección.
5.4. Adopción de medidas de paralización de obras y suspensión de usos no autorizados o que excedan de las condiciones establecidas en la autorización que vengan realizándose en zonas de dominio público, servidumbre o afección, así como dictar las resoluciones procedentes respecto a la reposición al estado primitivo o legalización.
5.5. Regular y reordenar los puntos de acceso a las carreteras y convenir, en términos legalmente establecidos, la financiación compartida de los accesos no previstos.
5.6. Imposición, con carácter excepcional, de limitaciones temporales a la circulación de todos o ciertos vehículos o usuarios en determinados tramos o partes de la carretera.
5.7. Autorizar usos especiales de la vía en los supuestos legalmente previstos.
5.8. Instalación o autorización de la instalación de estaciones de aforo y pesaje.
6.1. Incoación y tramitación de expedientes sancionadores e imposición de sanciones por infracciones en carreteras insulares.
7. Redes arteriales y tramos urbanos de carreteras de interés insular.
7.1. Planificar y ejecutar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial que forme o pueda formar parte de una red insular, a falta de previo acuerdo entre las Administraciones interesadas, sin perjuicio de la competencia atribuida al Gobierno de Canarias por el artículo 16.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
7.2. Autorizar la ubicación de la línea límite de edificación, en tramos de carretera que discurran total o parcialmente por núcleos de población, a una distancia inferior a la establecida en general para la carretera.
7.3. Informar previamente el otorgamiento de licencias para usos y obras en zonas de dominio público, servidumbre y de afección de los tramos de carreteras insulares que discurran por suelo clasificado como urbano o que correspondan a una travesía.
7.4. Conservar todo tramo de carretera de interés insular que discurra por suelo urbano o constituya una travesía.
7.5. Resolución de los expedientes de cesión de carreteras insulares, o tramos determinados de ellas, a los municipios, cuando adquieran la condición de vías urbanas.
Más tarde en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional el Decreto 112/2002 (artículo 2) transfiere las siguientes competencias:
A.1. Conservación y mantenimiento:
a) Mejoras de firme.
b) Obras de restablecimiento y mantenimiento de las condiciones de la carretera.
c) Actuaciones para mejora de la explotación y funcionalidad de la carretera, con la finalidad de mantener los parámetros de las condiciones tolerables en las carreteras existentes, según la normativa vigente.
A.2. En todo caso la explotación de las carreteras comprenderá la elaboración y aprobación de los estudios, proyectos y anteproyectos, la contratación de las obras correspondientes y la dirección técnica de las mismas.
Los Cabildos Insulares ejercerán las competencias transferidas en el marco de las previsiones y directrices de la planificación de carreteras.
A.3. La defensa de la vía y su óptima utilización, incluyendo la señalización y la disposición de los usos de las zonas de dominio público, servidumbre y afección.
A.4. Explotación de las áreas de servicio mediante cualquiera de los sistemas de gestión indirecta de los servicios públicos.
B.- Uso y defensa.
B.1. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el apartado B.6.
B.2. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de obras en la zona de servidumbre, así como utilización o autorización de la utilización de dicha zona por razones de utilidad pública o interés social.
B.3. Otorgamiento de autorizaciones para la ejecución de obras e instalaciones fijas o provisionales, reparación y mejora de las mismas, cambio de uso o destino y control de la vegetación situada en la zona de afección.
B.4. Adopción de medidas de paralización de obras y suspensión de usos no autorizados o que excedan de las condiciones establecidas en la autorización, que vengan realizándose en zonas de dominio público, servidumbre o afección de las carreteras a las que se refiere el presente Decreto, así como dictar las resoluciones procedentes respecto a la reposición al estado primitivo o legalización.
B.5. Imposición de la obligación de reparación de daños causados a la infraestructura viaria y a sus elementos funcionales.
B.6. Autorización de las solicitudes de constitución de accesos, reordenación de los existentes y gestión de la financiación de los no previstos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5.5 del artículo 3 del presente Decreto.
B.7. Imposición con carácter excepcional de limitaciones temporales a la circulación de todos o ciertos vehículos y usuarios, en determinados tramos o partes de las vías afectadas por la presente disposición.
B.8. Autorización de usos especiales de las carreteras, en los supuestos legalmente previstos.
B.9. Instalación o autorización de instalaciones de estaciones de aforo y pesaje en las carreteras.
B.10. Evacuación del informe previsto en el artículo 48 de la Ley de Carreteras de Canarias, en relación con las vías a las que se refiere el presente Decreto.
C.- Infracciones y sanciones.
Inspección, incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por infracción de la normativa de carreteras, así como la imposición de las correspondientes sanciones.
Dicha regulación ha de verse encabezada con la preexistente Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias que establece:
1. las carreteras quedan bajo la exclusiva competencia y responsabilidad de cada organismo administrador correspondiéndole a éste su planificación, proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, señalización, uso y explotación, así como, si fuese necesario, la ampliación del número de sus calzadas, acondicionamiento de trazado, ensanches de plataforma, mejoras de firme o ejecución de variantes.
2. el gobierno de canarias, por razón de los principios de eficacia, economía, descentralización y máxima proximidad a los ciudadanos, y de conformidad con lo previsto en la ley 14/1990, de 26 de julio, de régimen jurídico de las administraciones públicas canarias, podrá delegar con carácter excepcional en los respectivos cabildos insulares el ejercicio de todas o algunas de las competencias descritas en el apartado anterior, con las excepciones contempladas en el artículo 10.2 de la citada ley
1. coordinadamente con los respectivos cabildos insulares y ayuntamientos, la consejería competente confeccionará y mantendrá actualizado el catálogo de las carreteras de canarias que comprenda su denominación e identificación, así como la información sobre las características, situación, exigencias, viabilidad y limitaciones en la utilización de las mismas.
3. corresponde a los cabildos insulares y ayuntamientos ejercer sobre sus propias redes de carreteras insulares y municipales, respectivamente, las mismas facultades que tiene conferidas el gobierno de canarias para la red de carreteras regionales en virtud del apartado uno.- puntos 1), 2) y 3) de este artículo, así como otras que pudieran sobrevenirles como resultado de cada proceso de transferencias y que no están específicamente imposibilitadas para ello, según lo preceptuado en la presente ley.
4. la consejería competente, los cabildos insulares y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para la administración, gestión y financiación en lo referente a redes arteriales, travesías e intersecciones entre las distintas redes de carreteras.