Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-7592-de-septiembre-19-de-1995?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416438f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-21 15:25:00
Document Index: 94754067

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 72', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 21']

﻿ SENTENCIA 7592 DE SEPTIEMBRE 19 DE 1995
SENTENCIA 7592 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995
CONTENIDO:PENSIÓN POR SERVICIOS A VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS. LITISCONSORCIO NECESARIO
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE PENSIONES, LITISCONSORTE NECESARIO, PROCESO LABORAL, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:287 DE NOVIEMBRE DE 1995, PÁG.1276
Sentencia 7592 de septiembre 19 de 1995
PENSIÓN POR SERVICIOS A VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS
EXTRACTOS: «No obstante que el Tribunal consideró plenamente establecido que el demandante trabajó al servicio de la demandada (Ecopetrol) durante doce (12) años y catorce (14) días, y pretende que ese tiempo se acumule al laborado para el Departamento de Bolívar, a fin de obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a cargo de Ecopetrol, por ser ésta la última empleadora, concluyó el ad quem que no le asiste derecho, toda vez que el artículo 1º del Decreto 2027 de 1951 dispuso que: “Las relaciones de trabajo de la Empresa Colombiana de Petróleos se regirán por el derecho común laboral contenido en el Código Sustantivo del Trabajo”, y este estatuto no consagró “la acumulación de tiempos de servicios cumplidos para empleadoras sometidas al régimen del derecho común laboral con el de aquellas bajo el régimen especial de servidores oficiales”, situación que sólo contempló la Ley 71 de 1988.
En este cargo, la censura acusa la decisión del Tribunal por violar directamente el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, porque no le dio aplicación a las normas que, como el artículo 72 del Decreto 1848 de 1969 y 1º de la Ley 33 de 1985, prevén la acumulación de tiempos servidos a distintas entidades oficiales, para efecto del reconocimiento de la pensión de jubilación a servidores estatales.
Son entonces dos las cuestiones que debe dilucidar la Corte: a) Si no obstante lo dispuesto por el Decreto 2027 de 1951, el actor tiene derecho a que para efecto de su pensión de jubilación, se le apliquen las normas generales que regulan la materia para los empleados oficiales; y b) Si se llegare a establecer ese beneficio, deberá examinarse el contradictorio a fin de establecer si a la litis le basta con la última entidad a la cual estuvo vinculado el demandante, como directamente obligada a efectuar el reconocimiento, o si debe integrarse el proceso con todas las entidades de derecho público que hubieren sido sujetos de las relaciones laborales que se pretenden sumar y que, por lo tanto, van a concurrir en el pago de porciones de la pensión debatida.
1. El artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, dispone:
“En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”.
La hermenéutica de la disposición transcrita evidencia dos importantes principios de interpretación, el primero, relacionado con la exégesis de las normas laborales, es el de la favorabilidad, y el segundo, que es el de la inescindibilidad de la ley. Esta norma le impone al fallador la obligación de escoger el precepto mas conveniente para el trabajador, ante la presencia de diferentes disposiciones aplicables al caso controvertido, pero sin escindir su contenido.
Desde la Ley 6ª de 1945 y para efecto de la pensión de jubilación, el legislador reconoció, en el sector oficial, al Estado como único empleador de sus servidores, sin importar que la vinculación derivara de relación legal y reglamentaria o estuviera regida por ficción de contrato laboral; ni que el servicio se hubiera prestado a sólo una o a varias entidades de derecho público; le basta al empleado oficial demostrar el servicio dentro de la órbita estatal, durante el tiempo que en cada caso sea menester, así como la edad también requerida, para que se le reconozca, por cuenta del erario, el derecho a la pensión. Y fue así como el artículo 29 de la ley antes citada, dispuso:
“Los servicios prestados sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público, se acumularán para el cómputo del tiempo en relación con la jubilación, y el monto de la pensión correspondiente se distribuirá en proporción al tiempo servido...”.
La parte transcrita de esta última disposición fue repetida por el legislador en el artículo 1º de la Ley 24 de 1947, cuyo parágrafo quedó derogado por el artículo 21 de la Ley 72 de 1947, el cual es del siguiente tenor:
“Los empleados nacionales, departamentales o municipales que al tiempo de cumplir su servicio estén afiliados a una caja de previsión social, tendrán derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de jubilación. La caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, habida consideración del tiempo de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales”.
Este artículo fue reglamentado por el Decreto 2921 de 1948 en los siguientes términos:
“ART. 1º—Los empleados nacionales, departamentales o municipales que tengan derecho a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión elevarán la solicitud a la caja o institución de previsión social, a la cual estén afiliados al tiempo de cumplir su servicio o a la que hayan estado afiliados en el momento de retirarse del servicio oficial, si es el caso.
PAR.—Cuando la entidad respectiva no tenga establecida caja o institución de previsión social, la solicitud deberá ser dirigida a dicha entidad para la tramitación correspondiente”.
Señaló pues el legislador que la entidad obligada a reconocer y pagar la pensión es aquella a la que se encontrare vinculado el empleado al cumplir el tiempo de servicios, pero como era posible que para entonces el empleado no tuviera la edad requerida, el reglamento previó la posibilidad de que lo fuera la entidad a la cual estuviera afiliado al tiempo del retiro.
Igualmente, se alude a los pensionados del sector oficial por servicios prestados a varias entidades de derecho público, en los artículos 4º de la Ley 171 de 1961, 17 y 18 del Decreto 1611 de 1962, 9º de la Ley 48 de 1962, 4º y 5º de la Ley 4ª de 1966, 5º y 6º del Decreto 1743 de 1966, así como en los artículos 27 y 28 del Decreto 3135 de 1968, estos dos últimos derogados por la Ley 33 de 1985, cuyos dos primeros artículos disponen:
“ART. 1º—El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
ART. 2º—La caja de previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas cajas de previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos”.
Es evidente, por tanto, que las normas transcritas permiten al empleado oficial que completó los veinte años de servicio a entidades de derecho público, reclamar el reconocimiento de su pensión de jubilación a la última entidad y que a ésta le asiste el derecho para repetir contra las cajas de previsión social de los demás organismos públicos, o en su defecto, contra éstos directamente, a prorrata del lapso que aquél hubiera aportado o laborado para tales entidades.
No puede perderse de vista que todas las normas que se acaban de relacionar, y las posteriores pertinentes con la materia de este juicio, que regulan lo concerniente a pensiones de jubilación, tales como los artículos 7º y 11 de la Ley 71 de 1988, ponen de manifiesto la constante preocupación del legislador por establecer una normatividad que permitiera la suma de los tiempos laborados no sólo dentro del sector público sino también de éste con el tiempo servido en los sectores semioficial y privado, sin limitación al ámbito empresarial, propósito que logró su realización al implantarse, mediante la Ley 100 de 1993, el sistema de seguridad social integral, y dentro del mismo el sistema general de pensiones, con entidades administradoras sujetas al control y vigilancia estatal.
Ahora bien, es indiscutible que no por el hecho de haber establecido el Decreto 2027 del 28 de septiembre de 1951 que las relaciones de trabajo de la demandada se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo, la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, dejó de ser una entidad de derecho público ni sus servidores dejaron de ser empleados oficiales; de suerte que, de las normas transcritas surge, prima facie, el quebrantamiento del citado artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, puesto que el sentenciador ha debido aplicar la normatividad reguladora de la pensión de jubilación que permite la acumulación de tiempos de servicio en distintos entes oficiales, en cuanto se cumplan los presupuestos de la misma, ya que le es más favorable al ex trabajador oficial demandante. Como no obró así el Tribunal, resulta palmaria también su oposición a la Carta Política en cuanto rompe con el principio fundamental de la favorabilidad, consagrado en el artículo 53 como postulado constitucional, de ineludible aplicación, en beneficio de los trabajadores.
Cuanto hace con el segundo punto a tratar, advierte la Corte que las consideraciones precedentes no conducen propiamente a la prosperidad de las pretensiones, porque así definido el régimen aplicable y no obstante que, de acuerdo con el mismo, es la demandada la única obligada directamente y sólo sobre ella recaería la eventual condena, no puede desconocerse que existe una entidad territorial que no fue citada al proceso y que resultaría obligada, aunque no con el demandante sí con la demandada, a reembolsar el equivalente de la cuota parte a su cargo, en proporción al tiempo servido a ella por el actor, de donde se infiere indiscutiblemente su interés legítimo en el trámite y en las resultas del juicio.
Si cuando se trata de tramitar, de modo extrajudicial, el pago de la pensión, por servicios prestados a varias instituciones de derecho público, es menester que la directamente obligada corra traslado del reconocimiento y la liquidación a cada una de las demás entidades para que éstas tengan la oportunidad de efectuar los reparos del caso (D. 2921/48), con mayor razón cuando se acude al trámite judicial deba citarse también a todos los entes, que aun cuando no estén obligados directamente con la parte actora, sí tendrán que responderle a la última empleadora por la cuota pensional que a cada uno le corresponda; la omisión en tal sentido implica que no se cumple el proceso en forma de respetar el derecho de contradicción y de defensa que como garantía fundamental consagra la Constitución Nacional.
Esa la razón por la que, de viejo cuño, ha dicho la Corte que si existe la posibilidad de que alguna porción de la jubilación pueda ser repetida contra el organismo administrativo correspondiente, “la lógica jurídica presupone que deben ser citadas en litisconsorcio necesario al proceso declarativo de ese derecho todas las entidades contra las cuales pudiera repetirse” (sentencia del 25 de agosto de 1980, radicación Nº 6020).
Se advierte, por consiguiente, que cuando se trata de demandar a un organismo oficial para que reconozca la pensión de jubilación con base en tiempo de servicios a varias entidades de derecho público, es necesario que se cita el proceso a todas éstas, de tal modo que cada una participe en la definición del derecho, así como en la deducción de la cuota pensional que deberá reembolsar a la directamente obligada, a prorrata del tiempo servido en cada una. Como en este caso no se procedió así, se carece de uno de los presupuestos procesales y ese defecto no permite la decisión de mérito.
En consecuencia, y sin necesidad de abordar el segundo cargo, hay lugar a la anulación del fallo acusado para, en sede de instancia, revocar el de primer grado y, en su lugar proferir fallo inhibitorio».
(Sentencia de casación, septiembre 19 de 1995. Radicación 7592. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio).
Con mi acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias me aparto de esta en lo atinente a haberse producido decisión inhibitoria bajo la consideración de no estar integrado el litisconsorcio necesario.
En mi opinión, la exigencia de la conformación de dicho litisconsorcio resulta extraña al confrontarla con el tenor de las normas que reglamentan el derecho de pensión de jubilación bajo estudio.
En efecto, la Ley 72 de 1947 en su artículo 21 así como los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1985 otorgan al trabajador el derecho de exigir la totalidad de la pensión de jubilación a la última caja de previsión a la que estuvo afiliado, y a ésta la obligación de pagarla exclusivamente. Esto significa que el trabajador siempre tendrá que dirigir la solicitud de reconocimiento a la última caja de su afiliación, sin gozar de la posibilidad de solicitar independientemente a cada una de las que estuvo afiliado el reconocimiento fragmentario.
De esta suerte, aparecen dos tiempos y dos tipos de negocios jurídicos entre las diversas partes vinculadas al derecho de la pensión. La primera se contrae a la relación existente entre el trabajador y la última entidad de previsión a la que aquél estuvo afiliado. Para ésta la ley consagra, a cargo de la entidad de previsión, una obligación con deudor único, como que el trabajador no puede dirigir su solicitud de reconocimiento sino a esta última, y es ella exclusivamente la que tiene la carga de pagar la totalidad de la pensión reconocida. La segunda parte del fenómeno ocurre cuando satisfecha la obligación, y sólo en razón del pago, nace el derecho a repetir contra las demás entidades a las que estuvo afiliado el trabajador y completar el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión. Este derecho se origina en la subrogación que opera a favor de la entidad obligada por el solo hecho de efectuar el pago de la totalidad de la pensión.
La necesidad de un litisconsorcio necesario se origina en la imposibilidad de resolver de mérito sin la comparecencia de personas que sean sujetos de relaciones o actos jurídicos.
En primer término ha de resaltarse que la ley no impone para casos como el presente la necesidad de la conformación del litisconsorcio, y así tal exigencia en la sentencia en cierta forma rompe el principio de celeridad al constreñir al actor a nuevo proceso, dada la naturaleza de sentencia inhibitoria a la que conduce el requerimiento de integración del contradictorio.
Como ya se expresó, la relación entre trabajador y entidad obligada al pago de la pensión es bilateral y por ministerio de la ley, aquél no puede extenderla a las demás entidades donde aportó. De esta suerte el trabajador sólo puede dirigir la acción de reconocimiento de pensión contra la última entidad a la que estuvo vinculado, pues del tenor de la ley ha de inferirse la imposibilidad procesal del reconocimiento fragmentado de la pensión a cada una de las cajas a las que se aportó en el pasado.
De lo expuesto se concluye que, por ministerio de la ley, la relación entre la última entidad y el trabajador es de naturaleza puramente bilateral. Consecuencialmente, de ella no puede surgir la necesidad de conformar un litisconsorcio necesario (que requeriría que el deudor del trabajador fuese plural) para proferir decisión de mérito, teniendo en cuenta que el derecho de repetición nace posteriormente, originado en otra clase de negocio jurídico cual es la subrogación.
De esta suerte, la sentencia de instancia no debe ser inhibitoria sino de mérito. Por lo demás comparto los criterios expuestos en la decisión.
Dejo así planteado mi salvamento de voto.