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Timestamp: 2019-05-22 01:17:16
Document Index: 409758520

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 216', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 203', 'artículo 1']

SENTENCIA SIN NÚMERO DE 18 DE ENERO DE 1963
CONTENIDO:DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN FIJADA POR LA LEY Y LA ORDINARIA DE PERJUICIOS. SE INDICA QUE LA INDEMNIZACIÓN PREFIJADA POR LA LEY DEL TRABAJO SE FUNDA EN EL RIESGO CREADO, ESTO ES, EN LA SIMPLE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, SIN TOMAR EN CUENTA LA CULPA PATRONAL. EN CAMBIO, LA ORDINARIA DE PERJUICIOS, COMPRENDE TODOS LOS QUE EL ACCIDENTE HAYA CAUSADO A LA VÍCTIMA Y QUE ÉSTE LOGRE DEMOSTRAR EN EL JUICIO. ELLO ES ASÍ, PORQUE LA RESPONSABILIDAD TIENE POR CAUSA LA CULPA DEL PATRONO, Y ES BIEN SABIDOS QUE TODO EL QUE A SABIENDAS OCASIONA UN PERJUICIO ESTÁ OBLIGADO A SU PLENA REPARACIÓN, SOBRE LA BASE DE QUE EL PERJUDICADO LOS ACREDITE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL, CONTRATO DE TRABAJO, RIESGO CREADO, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL EMPLEADOR, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia sin número de enero 18 de 1963
Bogotá, dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y tres.
Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en el juicio ordinario seguido por Rafael Cruz Lozada contra la sociedad “Morrison Knudsen & Compañía” y la Nación.
1. Raúl Cruz Lozada trajo a juicio a la Nación y a la sociedad anónima denominada “Morrison Knudsen & Compañía de Colombia”, para que se hiciera la declaración de que entre Cruz Lozada y los demandados existió un contrato de trabajo y la de que estos son solidariamente responsables de la disminución o pérdida de la capacidad laboral sufrida por el demandante a causa de un accidente de trabajo sobrevenido por culpa de los patronos. Como consecuencia de las declaraciones pide que las dos entidades sean condenadas a pagarle solidariamente, a título de indemnización total y ordinaria de perjuicios, la suma de $ 150.180, o la que en juicio se demuestre pericialmente. En subsidio solicita que las declaraciones se hagan exclusivamente contra la Nación. Pide también la condena en costas.
2. En su relación de hechos narra la demanda los que como esenciales se resumen a continuación: en virtud de un contrato de trabajo, Cruz Lozada prestó servicios personales dependientes a la sociedad “Morrison Knudsen & Co.”, desde el 21 de octubre de 1952 hasta el 1º de marzo de 1956; el servicio que prestó a la empresa fue el de operador de pala, y el salario convenido para retribuirlo la suma de $ 22 diarios durante el último período de labores; el día 3 de septiembre de 1953 el demandante sufrió un accidente de trabajo, por culpa de la nombrada sociedad, ocasionándole lesión orgánica y perturbación funcional que lo incapacitó definitivamente para el ejercicio de su profesión de palero. Cruz Lozada le reclamó a la sociedad la indemnización del accidente ante la Oficina Seccional del Trabajo de Cundinamarca, habiéndole reconocido y pagado la suma $ 7.500, pero como el insuceso se produjo por culpa del patrono, este le debe la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, que se ha negado a cubrirle, pues la suma expresada cancela únicamente el perjuicio de naturaleza laboral, tasado por la ley, cuyo importe debe descontarse del valor de la indemnización ordinaria. La “Morrison Knudsen” ejecutaba la obra de ampliación y pavimentación de la carretera Gualanday-Ibagué, donde ocurrió el accidente, para la Nación, por lo cual esta es también responsable de los perjuicios reclamados.
3. En derecho el libelo invoca los artículos 16 y 17 de la Constitución; los artículos 63, 1602 a 1617, 2341 a 2360 del Código Civil; 22 a 28, 199 a 211 del Código Sustantivo del Trabajo, y, por último, las normas aplicables de la Ley 6ª de 1945.
4. El representante de la Nación, en la respuesta a la demanda, negó los hechos y el derecho que tutela la acción ordinaria de perjuicios. Propuso la excepción de pago y la de carencia de acción y de título. El mandatario judicial de la “Morrison Knudsen”, en la contestación al libelo, acepta el vínculo laboral, el salario pactado y el tiempo de servicio. Niega que la sociedad hubiera sido patrono del demandante, porque en la construcción de la carretera actuó en nombre de la Nación. Dijo que no eran ciertos o no le constaban los demás hechos.
5. Clausuró la relación de primera instancia el Juzgado 6º del Trabajo de Bogotá. El fallo que la decide declara que entre el actor y la Nación existió el contrato de trabajo a que alude la demanda (ordinal primero); condena a la Nación a pagarle a Cruz Lozada la suma de $ 49.175,19 a título de indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales, y la de $ 2.000 por perjuicios morales (ordinal segundo). Se abstiene de la condena en costas (ordinal tercero). Por apelación de ambas partes se surtió la relación de segundo grado, a la cual puso término la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá con fecha 22 de septiembre de 1959. La resolución del ad quem, confirma los ordinales primero y segundo del fallo de primera instancia (num. 1º); modifica el ordinal tercero para decir que no hay condena en costas a cargo de la Nación (num. 2º); adiciona el fallo en mención en el sentido de absolver a la “Morrison Knudsen” de todos los cargos, condenando en costas al demandante, “en relación con dicha firma” (num. 3º). No condena en costas en la instancia.
6. Ambas partes interpusieron el recurso de casación. Negó el Tribunal el de la Nación y concedió el de la parte demandante. Preparado el recurso debidamente, ha llegado la oportunidad de que la Corte se pronuncie sobre él.
Absuelve a la “Morrison Knudsen” de todos los cargos que le formula la demanda, porque en el juicio demostró el hecho de que las obras en que presentó servicios el trabajador las ejecutaba por administración delegada, a nombre de la Nación, circunstancia que no tuvo en cuenta el Juzgado en la parte dispositiva de su providencia. De ahí que en su fallo subsane la omisión. Declara la sentencia que es procedente la indemnización plena de los perjuicios sufridos por el actor, previa deducción de lo que este recibió a título de indemnización de orden laboral, con base en la culpa del patrono en la ocurrencia del accidente. El contrato de trabajo —dice el Tribunal— fue celebrado por la nombrada sociedad con el demandante, hecho aceptado por ella, advirtiendo que obró como intermediaria en representación de la Nación. Acerca del accidente de trabajo anota que, si bien fue negado por la compañía, admitió ella haberle pagado a Cruz Lozada la indemnización que prefija la ley laboral; que demuestran el accidente y su ocurrencia por culpa del patrono, el acta levantada por la Oficina Seccional del Trabajo y las declaraciones obrantes en el juicio. Resulta, por tanto, expresa el ad quem, que el demandante, vinculado como trabajador oficial a la administración pública por contrato de trabajo, se encuentra bajo el amparo de la Ley 6ª de 1945, artículo 12, literal b); que la suma recibida por el actor a virtud de conciliación (fl. 57) se refiere a la indemnización de orden laboral, distinta de la ordinaria de perjuicios cuando el accidente sobreviene por culpa del patrono, por lo cual es procedente su reparación total, de cuyo importe debe deducirse lo que recibió a título de indemnización de carácter laboral. El último salario devengado por Cruz Lozada ($ 22 diarios) es hecho aceptado por la empresa, y la cuantía de los perjuicios fue establecida en el proceso mediante dictamen pericial. No acepta la tesis sostenida por el apoderado del actor, según la cual la indemnización debe comprender la pérdida total de la capacidad de trabajo del accidentado para el desempeño de su profesión, porque según los dictámenes médicos corrientes en autos, aquel conserva un 35% de su capacidad laboral, que si bien no puede emplear en el oficio que venía ejerciendo, podrá utilizarla en otras actividades lucrativas.
Aspira a que la Corte case parcialmente el fallo del Tribunal en cuanto al confirmar el de primer grado limitó a $ 49.175,19 el valor de la indemnización total y ordinaria por perjuicios materiales, para que en instancia reforme lo dispuesto por el a quo en el sentido de aumentar la condena a la suma de $ 97.131,12 o a que, en subsidio, la eleve a $ 60.510,32.
Cuatro cargos formula el recurrente en la órbita de la causal primera de casación, el último como subsidiario de los tres que le preceden. La Sala halla fundado el segundo, por lo cual se abstendrá de estudiar los demás.
La acusación señala como violado el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, último inciso del literal b), por aplicación indebida, porque el Tribunal le hizo producir consecuencias contrarias a las previstas en la norma.
Sostiene el recurrente que la sentencia del ad quem, al definir la cuestión relativa a la indemnización plena de los perjuicios reclamados por el actor, escogió rectamente el precepto legal que consagra el derecho ejercitado en el sentido de que deben repararse plenamente los perjuicios sufridos por Cruz Lozada, aplicándolo al hecho probado de que este los recibió por culpa del patrono. Pero no produjo la condena por la totalidad del daño material demostrado en el proceso, sino por el valor pericialmente fijado a la disminución de la capacidad general de trabajo del accidentado, haciéndole producir a la norma aplicada una consecuencia contraria a la querida por ella, ya que su voluntad es la reparación plena de los perjuicios sufridos y no la reparación parcial de ellos, como ocurrió en el caso concreto definido por el Tribunal, pues solo condenó al valor correspondiente al 65% de disminución de la capacidad laboral del actor. Se impone, por tanto, la quiebra del fallo acusado, para que en instancia se condene a la Nación al pago de la indemnización plena pedida por el actor, que se concreta conforme a los dictámenes médicos (fls. 76, 77 y 78) y a la estimación pericial (fls. 90, 101 y 102), en la suma de $ 97.131,12, deducida la de $ 7.500, importe de la indemnización laboral, recibida por el demandante.
El Procurador Delegado en lo Civil, representante de la Nación ante la Corte, replica el cargo decidiendo que el artículo 12, literal b) de la Ley 6ª de 1945, al cual da aplicación el Tribunal, debe estimarse insubsistente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, porque la materia relativa a accidentes de trabajo se halla regulada en su integridad por el Código del ramo en sus artículos 199 a 226. Rige el caso que se ventila —continúa el opositor— el artículo 216 del Código Laboral, no acusado por el recurrente, motivo suficiente para el rechazo del cargo. Con todo —agrega— en la hipótesis de que se tache de inválido el argumento, no puede prosperar el ataque porque la norma acusada no dice que en el caso de accidente por culpa del patrono, la indemnización del perjuicio debe ser pleno, pues si la incapacidad es parcial, la reparación debe concretarse a ella. Que el legislador no ha querido sentar la distinción que pretende el recurrente, lo indica el sentido como reglamentó lo relativo a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y su indemnización, el Código del Trabajo, después de la vigencia de la Ley 6ª de 1945. Transcribe el artículo 203 del Código, y agrega: en el presente asunto, el actor sufrió una incapacidad permanente parcial, señalada en el numeral 2º del artículo 203, según los conceptos médicos que obran en el expediente. Por tanto, si su incapacidad general, no como operador de pala, fue del 65%, no se ve “de donde resultaría el Tribunal violando por aplicación indebida una norma legal que no prevé la distinción de que habla el cargo”.
Se ha presentado ante la Corte el mandatario judicial de la “Morrison Knudsen”, en escrito incorporado al expediente antes de haberse surtido el traslado a la parte opositora, el cual dice que, aunque su mandante fue absuelto de todos los cargos que le hizo la demanda inicial, para colaborar en la réplica que a la demanda de casación debe presentar el Procurador General de la Nación, somete a la consideración de la Sala los argumentos que a su juicio conducen al rechazo del recurso. Los expone el alegato y concluye afirmando que, no se produjo la infracción de la norma legal que en todos los cargos acusa el recurrente, perteneciente a la Ley 6ª de 1945.
1. No se detiene en el examen de la réplica aducida por el apoderado de la “Morrison Knudsen”, porque, debido a su absolución, perdió todo interés jurídico en las resultas de la litis. La ley no autoriza la intervención en el proceso jurisdiccional contencioso, en cualquiera de sus fases, a título de simple colaboración. Trátese de partes o de coadyuvantes, simples o litis consortes, la decisión debe afectarlos para adquirir el derecho a impugnarla. No siendo este el caso, la compañía en referencia no está legitimada para obrar en el recurso extraordinario, por lo cual la gestión de su representante es ineficaz, cualquiera que sea la denominación que se atribuya al acto procesal.
2. Ante todo debe rechazar la Corte la glosa del Procurador sobre insubsistencia del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945. Está demostrado en el proceso que Cruz Lozada prestó servicios personales a la Nación, por intermedio de la “Morrison Knudsen”, su administrador delegado, en la construcción de una carretera. Ahora bien: según el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo, las relaciones de derecho individual del trabajo entre el Estado y los empleados oficiales en el ramo de obras públicas, no se rigen por sus normas, sino por los estatutos especiales que se dicten posteriormente, y como esos estatutos no se han promulgado, tales relaciones han quedado bajo el imperio de la legislación anterior al Código Laboral, normativa del contrato de trabajo entre particulares, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4º del Decreto 2127 de 1945. A la legislación anterior al Código pertenece la Ley 6ª de 1945, cuyo artículo 12, inciso último de su literal b), aplica la sentencia. Por lo demás, esta no es impugnable por la parte opositora demandada, por lo cual, la aplicación que haya hecho de normas de derecho material, aun suponiéndola equivocada, es inatendible, ya que en lo que a ella respecta, el fallo del ad quem es intocable. La actividad del opositor en casación se limita a sostener el pronunciamento de segundo grado.
3. Es ahora oportuno examinar la acusación en el fondo. Preceptúa el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, en el último inciso de su literal b): “En los casos de enfermedad profesional y de accidente de trabajo por culpa del patrono, el valor de la indemnización se descontará de la condenación ordinaria de perjuicios”.
El Tribunal entendió el anterior precepto en su recto sentido. En efecto, dice que, probada en el juicio la culpa del patrono en la producción del accidente de trabajo, el demandante adquirió el derecho a la reparación plena de los perjuicios que por tal causa le sobrevinieron, previa deducción de la indemnización de orden laboral, prefijada por la ley. Sin embargo, al fijar el quantum de los perjuicios, opta por el que, según el dictamen pericial, representa el 65% de su importe, no el que, conforme a la misma prueba, determina el valor total de aquellos.
4. La resolución en la forma expuesta la funda el Tribunal en la consideración de que al actor le queda un 35% de su capacidad general de trabajo, según dictamen médico, que si no puede emplear en el desempeño de su profesión, sí puede utilizar en otras actividades lucrativas. Para la Sala no es aceptable el argumento, ya que ordena tomar en consideración factores que impiden la reparación plena del perjuicio causado, pues el pedido en la demanda inicial y establecido en el proceso, no era el proveniente de la merma de la capacidad general de trabajo, sino el sufrido por Cruz Lozada como operador de pala, que fue el oficio desempeñado por él durante todo el tiempo de su vinculación laboral (oct. de 1952 a mar. de 1956).
5. Debe observarse que no se trata de investigar el hecho dañoso y sus consecuencias en abstracto, con prescindencia de la profesión que ejercía el accidentado, sino el perjuicio sufrido por este en esa actividad concreta y específica, según los términos del petitum y los expresados en la causa petendi. No puede colocarse en el mismo plano el accidente de trabajo, que, según la definición legal, es hecho imprevisto y repentino sobrevenido por causa o con ocasión del trabajo, sin intervención del patrono o del trabajador, que el producido por culpa del empresario, pues en tal evento pierde mucho de su imprevisión, ya que su ocurrencia se debe a la falta de diligencia y cuidado por quien tenía la obligación de tomar las medidas de protección y seguridad necesarias para prevenirlo. Si en el primer caso, por regla general, se toma en cuenta la incapacidad del trabajador para el desempeño de una actividad cualquiera, en proporción al daño sufrido, en el segundo, el hecho dañoso, en cuyo acaecimiento ha mediado el dolo (elemento equivalente a la culpa grave, a vista de lo preceptuado en el art. 63 del C.C.), no puede merecer en el plano jurídico el mismo tratamiento. Medir la responsabilidad y el perjuicio consiguiente con el mismo rasero, se presta para concluir que el hecho productor del accidente tiene el mismo significado para el patrono inocente que para el culpable, con la única diferencia de aumentar para este el valor de la indemnización tasada, pero sin alterar el grado de incapacidad señalado para ella por la medicina industrial. La indemnización prefijada por la ley del trabajo se funda en el riesgo creado, esto es, en la simple responsabilidad objetiva, sin tomar en cuenta la culpa patronal. En cambio, la ordinaria de perjuicios a que se refiere la norma legal que se examina, comprende todos los que el accidente haya causado a la víctima y que este logre demostrar en el juicio. Ello es así, porque la responsabilidad tiene por causa la culpa del patrono, y es bien sabido que todo el que a sabiendas ocasiona un perjuicio está obligado a su plena reparación, sobre la base de que el perjuicio los acredite, como ha ocurrido en el caso litigioso.
6. Por razones idénticas a las expuestas, no era el caso de escoger —como lo hizo el Tribunal— entre las dos liquidaciones de perjuicios presentadas por el perito, la qua(sic) deduce del salario de $ 660 mensuales, la suma de $ 100 al mes, con destino a gastos personales del accidentado, pues el precepto legal en examen no autoriza deducción distinta de la prefijada por el legislador para la indemnización de naturaleza laboral, como lo anota el fallo acusado. Si del monto del perjuicio se sustrae una parte, la indemnización ya no es la ordinaria y total de que habla el mandato legal, sino una inferior a la que él indica.
7. No son aceptables los argumentos del opositor. Es cierto que el precepto legal en estudio no dice que la indemnización de perjuicios deba ser plena. A lo cual observa la Sala: en doctrina y jurisprudencia la expresión “indemnización ordinaria de perjuicios”, usada en el referido precepto, e “indemnización plena de los mismos”, tiene igual significación. Ambas locuciones traducen el mismo concepto, es decir, la obligación para el patrono de reparar la totalidad del perjuicio sufrido por la víctima del accidente. También es cierto que el mandato no distingue entre incapacidad general del lesionado e incapacidad del mismo en relación con su profesión u oficio. Al respecto se debe decir que si el accidente incapacita al trabajador de manera permanente para el desempeño de su profesión, la indemnización debe reparar el perjuicio causado en relación con la actividad inherente a ella. La norma legal que el cargo cita autoriza para darle esa inteligencia, ya que solo así se llega a la indemnización ordinaria o total del perjuicio recibido, y, de consiguiente, a la plena satisfacción del derecho que tutela. No son pertinentes las razones que el opositor presenta con fundamento en el artículo 203 del Código Sustantivo del Trabajo, porque no se trata de fijar el perjuicio de orden laboral, y, además, porque son inaplicables al caso que se contempla, las normas del citado código.
8. Conclusión de lo expuesto es la de que la reducción a que el fallo recurrido somete el valor de la indemnización ordinaria, limita los efectos de la disposición legal acusada, la cual no produce los previstos en ella en toda su extensión. La aplicación de la norma, con tal restricción, lleva a su quebranto, por el concepto que indica el recurrente.
VI. FALLO DE INSTANCIA
Son hechos demostrados en el juicio: la relación contractual de trabajo entre las partes; el salario devengado por el trabajador a la fecha de su expiración ($ 22 diarios); el accidente de trabajo durante su vigencia y el hecho de haber ocurrido por culpa del patrono; la calificación de la incapacidad que el insuceso ocasionó al demandante, tanto para cualquier género de actividad, como para el oficio o profesión de aquel; y el valor correspondiente a una y otra especie de incapacidad, fijado mediante avalúo pericial.
La medicina industrial, en Concepto 609 S. (fl. 76) coloca la incapacidad en el artículo 1º del Decreto 841 de 1946, numeral 8º del grupo VII de la tabla de valuaciones. Dice el dictamen que las lesiones sufridas por Cruz Lozada tuvieron influencia sobre su profesión de operador de pala, estimando que era del caso aumentar el importe que para la indemnización fija el numeral 8º del grupo citado, de acuerdo con lo previsto en la observación 4ª del mismo artículo.
El Concepto 520 de la misma oficina (fl. 78) reafirma el anterior, anotando que la disminución de la capacidad laboral sufrida por Cruz Lozada persiste en un 65%, según la calificación contenida en el dictamen 609 S., y agrega que las alteraciones orgánicas y funcionales en la columna vertebral, son de “carácter permanente y lo incapacitan total y definitivamente para continuar ejerciendo su profesión de operador de pala”.
El dictamen pericial y su ampliación y corrección (fls. 88 a 91 y 101 y 102), fija el valor de los perjuicios tomando en cuenta la profesión del accidentado, con descuento de la suma de $ 7.500, importe de la indemnización laboral, en la cantidad de $ 97.131,12 y el de la incapacidad parcial (65%), en $ 60.510,62.
Conforme al mismo dictamen, el valor de la primera indemnización, descontando el salario de $ 660 mensuales, la suma de $ 100 al mes, para gastos personales del accidentado, da el guarismo de $ 79.692,60, y el de $ 49.175,19,(sic) para la segunda.
De las dos incapacidades a que se refieren los dictámenes médicos y su estimación pericial, el Tribunal escoge la del 65%, con descuento de parte del salario, es decir, la que determina el monto del perjuicio en la cifra de $ 49.715,19.
Para el descuento de parte del salario, el perito aduce como razón la de que el actor no podía destinar la totalidad del sueldo para gastos de su familia, pues debía tomar de él una cuota para atender a sus necesidades personales. Ese punto de vista lo acepta el sentenciador, sin expresar los motivos de la determinación. Sobre el particular observa la Sala: el procedimiento utilizado por el experto, ideado por la jurisprudencia, tiene operancia cuando habiendo fallecido el trabajador reclaman la indemnización sus causahabientes, circunstancia que, como es lógico, no tiene ninguna influencia cuando quien pide la indemnización es directamente el accidentado. Es claro que faltando el titular del derecho, no cabe hablar de sus gastos personales, por lo cual es razonable sustraer del valor del perjuicio el de esos gastos, que el accidentado no habría podido trasmitir a sus herederos. Pero sobreviviendo el trabajador al accidente, que es el caso de autos, desaparece la hipótesis en que el perito funda la deducción, que, como se advierte fácilmente, es la contraria de la contemplada por la jurisprudencia. Es, pues, el caso de aceptar como importe de la indemnización suplicada en el libelo inicial la que el experto estima en la cantidad de $ 97.131,12, hecho ya el descuento de la indemnización de orden laboral.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia recurrida en cuanto fija en $ 49.715,19 el valor de la indemnización por perjuicios materiales causados al demandante, reforma la del Juzgado a quo en igual sentido, y, en su lugar, señala el valor de tales perjuicios en la suma de NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA UN PESOS DOCE CENTAVOS ($ 97.131,12) moneda corriente. NO LA CASA en lo demás.
Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Magistrados: Luis Alberto Bravo—Roberto de Zubiría C.—Luis Fernando Paredes—José Joaquín Rodríguez