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Timestamp: 2019-01-23 05:39:10
Document Index: 342687390

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 144', 'artículo 4', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 146']

SENTENCIA ATC6968-2015 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:JUEZ DE TUTELA PUEDE DECLARARSE INCOMPETENTE O DECRETAR NULIDADES POR FALTA DE COMPETENCIA. SE PRESENTAN DOS POSICIONES AL RESPECTO ENTRE LAS ALTAS CORTES, LA PRIMERA EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS JUECES DE TUTELA NO ESTÁN FACULTADOS PARA DECLARARSE INCOMPETENTES PARA EVITAR LA DILACIÓN EN EL TRÁMITE DE LAS ACCIONES DE TUTELA CON EL OBJETO DE GARANTIZAR ASÍ LA PROTECCIÓN EFECTIVA E INMEDIATA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO 1382 DEL 2000, LA SEGUNDA POSICIÓN QUE NO COMPARTE DICHA POSTURA, PUESTO QUE LAS REGLAS CONTENIDAS EN LA MENCIONADA DISPOSICIÓN SON MERAMENTE DE REPARTO. ASÍ LAS COSAS, LA COMPETENCIA DEL JUEZ ESTÁ INDISOCIABLEMENTE LIGADA CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL DEBIDO PROCESO, EL ACCESO AL JUEZ NATURAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE DONDE, SEGÚN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, LA FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE TUTELA GENERA NULIDAD INSANEABLE Y LA CONSTATACIÓN DE LA MISMA NO PUEDE PASARSE POR ALTO, POR MÁS URGENTE QUE SEA EL PRONUNCIAMIENTO REQUERIDO, PUES LA COMPETENCIA DEL JUEZ SE RELACIONA ESTRECHAMENTE CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHOS FUNDAMENTALES, FALTA DE COMPETENCIA, JUEZ NATURAL, GARANTÍAS EN EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Sentencia ATC6968-2015 de noviembre 26 de 2015
Rad.: 54001-22-13-000-2015-00321-01
(Aprobado en sesión de nov. 25/2015)
1. De los hechos narrados en el escrito genitor de tutela, se advierte que el reclamo está dirigido contra el Juzgado Primero de Familia de Tuluá, despacho que conoce del proceso de alimentos que M. R. O. actuando en nombre de su menor hijo ZZZ promovió contra W. J. B. (fls. 139 a 141, ídem.); luego entonces, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta carece de competencia funcional para conocer de la queja interpuesta, toda vez que se vienen censurando decisiones de carácter judicial, proferidas por una autoridad perteneciente a otro distrito judicial.
Así las cosas, se itera, dada la categoría del despacho judicial accionado y el hecho de que pertenezca a un distrito judicial diferente al del a quo constitucional, de conformidad con la regla de competencia contenida en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 que prevé que “[c]uando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado”, la competencia para conocer del presente caso corresponde al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Civil Familia, por ser el superior funcional del juzgado accionado.
2. En consecuencia, el presente asunto se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de acuerdo con el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela por remisión del artículo 4º del Decreto 306 de 1992, la que es menester declarar a partir del auto que dispuso su trámite, y se ordenará remitir el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
3. En torno a la facultad para decretar “nulidades” a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta corporación de tiempo atrás ha precisado, que
la Sala hace suya la preocupación de la honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. ICC1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales.
Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no están facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000” el cual “[…] en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto”. “En efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el artículo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes”.
Pero también, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. ad exemplum, “[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del presente decreto”, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hipótesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas corporaciones de justicia, que serían los mismos en los cuales también procedería contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasión o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades.
Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez está indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (C.P., art. 29), el acceso al juez natural y la administración de justicia, de donde, “según la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso” (auto. 304A/2007), “el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio” (C.C., auto. 72A/2006).
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación.” “En idéntico sentido, razones de transcendental significación inherentes a la autonomía e independencia de los jueces (C.N., arts. 228 y 230) y su sujeción al imperio del ordenamiento jurídico, estarían seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales” (auto, mayo 13/2009, Exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01).
4. En atención a lo expuesto, se ordenará remitir la presente solicitud a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, para lo pertinente.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela referida, a partir del auto que ordenó su trámite, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los términos del inciso 1º del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
2. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
3. Comuníquese lo resuelto a los interesados mediante telegrama y líbrense las demás comunicaciones pertinentes».