Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/24722
Timestamp: 2019-12-07 06:31:41
Document Index: 249639985

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 137', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 77', 'artículo 87', 'artículo 87', 'artículo 161', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 168', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 87', 'Artículo 148', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 55']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 259/2015
SENTENCIA 259/2015, de 2 de diciembre
(BOE nº 10, de 12 de janvier de 2016)
ECLI:ES:TC:2015:259
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de noviembre de 2015, el Abogado del Estado, en representación del Gobierno, impugnó, al amparo de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 (“Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 7, de 9 de noviembre de 2015).
El contenido de la resolución impugnada (publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 7, del lunes 9 de noviembre de 2015) en su versión en castellano, difundida en su día por el Parlamento de Cataluña a través de su página web, resulta del siguiente tenor:
“Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.
Pleno del Parlamento de Cataluña.
El Pleno del Parlamento de Cataluña, en la sesión celebrada el 9 de noviembre de 2015, ha debatido el texto de la Propuesta de resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales (tram. 250-00001/11), presentada por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y por el Grupo Parlamentario de la Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent, y las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí y por el Grupo Parlamentario de la Candidatura d'Unitat Popular-Crida Constituent (reg. 195), por el Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya (reg. 196) y por el Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot (reg.198).
‘PRIMERO.- El Parlamento de Cataluña constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 se basa en una mayoría en escaños de las fuerzas parlamentarias que tienen como objetivo que Cataluña sea un estado independiente y en una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado.
SEGUNDO.- El Parlamento de Cataluña declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república.
TERCERO.- El Parlamento de Cataluña proclama la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana.
CUARTO.- El Parlamento de Cataluña insta al futuro gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones.
QUINTO.- El Parlamento de Cataluña considera pertinente iniciar en el plazo de treinta días la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.
SEXTO.- El Parlamento de Cataluña, como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente, reitera que esta cámara y el proceso de desconexión democrática del Estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera falto de legitimidad y de competencia a raíz de la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de autonomía de Cataluña, votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras sentencias.
SÉPTIMO.- El Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión del Estado español, de una forma democrática, masiva, sostenida y pacífica que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y se base en una participación abierta, activa e integradora.
OCTAVO.- El Parlamento de Cataluña insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español, como los especificados en el anexo de esta resolución.
NOVENO.- El Parlamento de Cataluña declara su voluntad de iniciar negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república, y acuerda ponerlo en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional.
1. Pobreza energética
5. Garantía de las libertades públicas
6. Administraciones locales
7. Refugiados
8. Derecho al aborto
9. Financiación de un plan de choque social y gestión de la deuda
Asimismo, el futuro gobierno debe establecer un calendario de reuniones con los responsables de la banca residente para estudiar la posibilidad de renegociación del pago de los intereses con finalidades sociales’.”
b) El Abogado del Estado, bajo la rúbrica “Nuestro orden constitucional de convivencia”, afirma que el pueblo español, la nación española, señaló cuáles eran sus deseos, principios y fines para la convivencia en el preámbulo de la Constitución de 1978, como manifestación de su voluntad colectiva. Reproduce parcialmente en sus alegaciones el contenido de dicho preámbulo y de los artículos 1, 2, 3 y 23 CE, para referirse seguidamente al contenido propio del Estado de Derecho, que, dice, vincula a todos los ciudadanos, que deben respetar los derechos y libertades de los demás, pero que concierne muy directamente a los poderes públicos y a los gobiernos, quienes deben actuar en la más estricta observancia del ordenamiento constitucional y del principio de legalidad.
Expone el contexto en el que se inserta la resolución, que, afirma, no es una decisión aislada, sino la continuación de una sucesión reiterada de iniciativas y actuaciones de las instituciones de la Comunidad Autónoma, tanto del Parlamento como del Gobierno, adoptadas en la anterior legislatura y ordenadas, de forma creciente, al mismo fin rupturista. Proceso que se inició con la resolución 5/X del Parlamento, de 8 de marzo de 2013, por la que se aprobó la declaración soberanista y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, anulada, en cuanto al reconocimiento de Cataluña como entidad soberana, por la STC 42/2014. Continuó con las disposiciones y actuaciones llevadas a cabo por las instituciones de la Comunidad Autónoma en orden a la celebración de una consulta refrendaria durante el último semestre de 2014, que dio lugar a las SSTC 31/2015 y 32/2015, de 25 de febrero, y 138/2015, de 11 de junio, que declararon inconstitucionales tanto las normas dictadas como la actuación de hecho del Gobierno de la Generalitat del día 9 de noviembre. Aquel proceso se manifiesta también, principalmente, con la aprobación de la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, en la que se incluyen previsiones dirigidas a crear estructuras de Estado en el ámbito de la hacienda pública, la Seguridad Social, el patrimonio, las infraestructuras estratégicas y la regulación de los mercados, del Decreto de la Generalitat 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el comisionado para la transición nacional, y, en fin, del acuerdo del Consejo de Gobierno, de 17 de febrero de 2015, por el que se adopta el denominado plan ejecutivo de preparación de las estructuras de Estado y el plan de infraestructuras estratégicas. Normas y acuerdo cuya suspensión el Tribunal ha acordado mantener en los AATC de 3 de noviembre de 2015, recaídos en el recurso de inconstitucionalidad 3493-2015 y en el conflicto positivo de competencia 3808-2015, en los que ha constatado la existencia de un denominado “proceso de transición nacional” de evidente “trascendencia constitucional”.
c) Las alegaciones del Abogado del Estado se centran seguidamente en lo que califica como “manifiesta inconstitucionalidad” de la resolución impugnada por violar los artículos 1.1, 1.2, 1.3, 2, 9.1, 23, 164 y 168 CE.
Con arreglo al artículo 1.2 CE “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La Constitución misma es un acto constituyente del pueblo español como se refleja en su preámbulo. En el artículo 1.2 CE el término “Estado” debe tomarse en su acepción global, en la que emplea el artículo 137 CE, como ha declarado la jurisprudencia constitucional (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3; 12/1985, de 30 de enero, FJ 3, y 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4), del que forman parte las Comunidades Autónomas. El propio artículo 3.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) proclama el principio general de que “la Generalitat es Estado” y la STC 31/2010, de 28 de junio, la ha considerado como “afirmación indiscutible por cuanto, en efecto, el Estado, en su acepción más amplia, esto es, como Estado español erigido por la Constitución Española, comprende a todas las Comunidades Autónomas en las que aquél territorialmente se organiza … y no únicamente al que con mayor propiedad ha de denominarse ‘Estado central’, con el que el Estado español no se confunde en absoluto, sino que lo incluye para formar, en unión de las Comunidades Autónomas, el Estado en su conjunto” (FJ 13). Así pues, las Asambleas legislativas autonómicas (art. 152.1 CE), y entre ellas el Parlamento de Cataluña, son en este sentido también “poderes del Estado”, fundados en la soberanía nacional de la que es titular el pueblo español, y no ninguna fracción de él, como lo es el pueblo de una de las Comunidades Autónomas.
Tras reproducir seguidamente la doctrina recogida en las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre (FJ 4), 31/2010 (FFJJ 8, 9 y 11) y 42/2014 (FJ 3), el Abogado del Estado sostiene que desde la perspectiva de la Constitución no hay más que un soberano, el pueblo español (art. 1.2 CE), y que, por ello, al atribuirse el Parlamento de Cataluña el carácter de “constituyente” (apartado tercero), “como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente” (apartado sexto), y al remitir esta legitimidad “al mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015”, se infringe de manera evidente el artículo 1.2 CE.
Tras reproducir la doctrina sobre el llamado “derecho a decidir” de las SSTC 103/2008 (FJ 4) y 31/2010 (FJ 12), el Abogado del Estado entiende que a diferencia de la resolución 5/X, que dio lugar a la STC 42/2014, en el caso de la resolución ahora impugnada no cabe ninguna interpretación que la haga conforme con la Constitución, pues supone una clara ruptura unilateral del orden constitucional. Las proclamaciones en ella enunciadas no expresan aspiraciones políticas que puedan ser encauzadas por vías democráticas o constitucionales. La condición de poder constituyente que se atribuye el Parlamento de Cataluña se asocia a una imposición unilateral que prescinde de todo cauce constitucional y democrático. Así se deduce claramente de la lectura conjunta de la Resolución y, en especial, de sus apartados primero y sexto a noveno. Por su parte, las menciones en el apartado tercero a un “proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana” se sitúan en una dinámica plebiscitaria ajenas a la Constitución y a la ley.
No hay mención alguna, sino claramente todo lo contrario, a la utilización de los preceptos de la Constitución que regulan la reforma constitucional, para la que goza de iniciativa el Parlamento de Cataluña (arts. 166 y 87 CE). La soberanía del pueblo de Cataluña no puede ser una estación de partida para una hipotética reforma constitucional del art. 168 CE, sino, en todo caso, la estación de llegada en virtud de una decisión soberana del pueblo español tomada a través del procedimiento constitucionalmente prescrito, pues la reforma constitucional por la vía de este precepto ha de ser previa a la declaración de soberanía de cualquier fracción o parte del pueblo español (SSTC 103/2008, FJ 4). En este sentido, con reproducción de doctrina de la STC 42/2014, el Abogado del Estado recuerda que tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional, “siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución se realice en el marco de los procedimiento de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable” (FJ 4).
f) La resolución vulnera también frontalmente el artículo 1.3 CE, que proclama que “la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, puesto que en ella se “declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república” (apartado segundo), así como se proclama “la creación de un estado catalán independiente en forma de república” (apartado noveno).
g) La resolución recurrida quebranta de igual modo el artículo 1.1 CE, en lo que se refiere a la configuración del Estado español como un Estado de Derecho, y, la que constituye una de sus principales manifestaciones, el artículo. 9.1 CE, que establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, precepto que plasma el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
La resolución aparece como un acto de radical insumisión a la Constitución y, por lo tanto, infractora de los artículos 1.1 y 9.1 CE. La insumisión adquiere además un carácter grosero y explícito cuando se proclama que se procede a “la apertura de un proceso constituyente no subordinado” (apartado primero), que “el proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional” (apartado sexto), o que el Parlamento “adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora” (apartado séptimo). Se abunda en esta insumisión cuando se “insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español” (apartado octavo).
El otro efecto jurídico se dirige a los ciudadanos (apartado tercero), impulsando la acción política de éstos sobre la base de que a ellos, y sólo a ellos, se atribuye el carácter de pueblo soberano para decidir su futuro político colectivo, lo que tampoco es compatible con el artículo 9.1 CE. Nuestra Constitución reconoce a cualquier ciudadano la libertad de opinar que su nacionalidad o región debe independizarse de España [art. 20.1 a) CE] y permite ejercitar el derecho de asociación para crear partidos políticos que incluyan la separación de España en su ideario o programa (arts. 6 y 22.1 CE). Ahora bien, ello debe encauzarse necesariamente mediante el procedimiento constitucional adecuado y en este aspecto los ciudadanos quedan también sujetos a la Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7).
La resolución en su conjunto es un modelo de falta de lealtad constitucional en cuanto actuación unilateral, de acción directa y desconectada o no supeditada a las decisiones de las instituciones del Estado. Más allá del ámbito competencial, por lealtad constitucional debe entenderse la sujeción o acatamiento a la supremacía constitucional, lo que no implica adhesión ideológica a la Constitución, sino acatar las reglas de juego político y el orden jurídico existente y no intentar su transformación por medios ilegales. Tal deber, por lo tanto, no es contrario a la libertad ideológica (art. 16 CE), sino que es una concreción del deber de acatamiento a la Constitución (art. 9.1 CE), que, para el caso de los titulares de los poderes públicos, se traduce en un deber general de realizar sus funciones de conformidad con aquélla.
También contiene la declaración una referencia “al mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones del 27 de septiembre de 2015 (que) se basa en una mayoría en escaños de las fuerzas parlamentarias que tienen como objetivo que Cataluña sea un estado independiente y en una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado” (apartado primero). Esta invocación carece de toda legitimidad porque no existe tal mandato democrático, pues las elecciones autonómicas jamás pueden investir de naturaleza constituyente a la Asamblea legislativa que resulte de ella. La calidad de ciudadano catalán lleva ciertamente consigo el “derecho a elegir a sus representantes en los órganos políticos representativos” (en este sentido, STC 31/2010, FJ 11). Sólo el pueblo español es soberano. Sólo el pueblo español, y no una de sus fracciones, puede ser “unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fundamento de la Constitución y del Ordenamiento”. Sólo después, no antes, de un nuevo acto constituyente del soberano pueblo español —que incluye al pueblo catalán y a todos los demás “pueblos de España”— podría el pueblo de Cataluña, de manera jurídicamente legítima, declararse a sí mismo soberano. Sólo una decisión soberana del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña.
Las normas citadas en el apartado quinto en materia de hacienda pública y Seguridad Social, como también las citadas en el anexo, forman parte de la voluntad del Parlamento de Cataluña de incumplir con las obligaciones derivadas de un Estado de derecho y del sistema constitucional de distribución de competencias. En la medida en que estas disposiciones forman parte de la creación de las denominadas “estructuras de Estado”, debe recordarse que los AATC de 3 de noviembre de 2015, recaídos en el recurso de inconstitucionalidad 3493-2015 y en el conflicto positivo de competencia 3808-2015, han mantenido la suspensión de los preceptos impugnados tanto de la Ley catalana 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, como del Decreto de la Generalitat 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el comisionado para la transición nacional y del acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2015 en el que se adoptan el plan ejecutivo de preparación de las estructuras de Estado y el plan de estructuras estratégicas. En especial, por lo que se refiere al apartado octavo de la resolución, y al anexo a que se remite, lo esencial, en opinión del Abogado del Estado, no es tanto el contenido mismo, como que se incluya en la resolución a los efectos de blindar los “derechos fundamentales que puedan estar afectados por las decisiones de las instituciones del Estado Español”. Sin perjuicio de que el contenido del anexo contenga materias controvertidas, en las que existen procedimientos constitucionales no decididos, la inconstitucionalidad de este apartado octavo y su anexo deriva de la voluntad de incumplir cualquier normativa estatal y hacerlo por una razón que repugna en un sistema democrático como el nuestro, cual es el presupuesto de que las instituciones del Estado central vulneran los derechos fundamentales de los catalanes y que, ante tan injusto presupuesto, la respuesta ha de ser incumplir la ley.
Por un primer otrosí, habiendo invocado expresamente el artículo 161.2 CE, interesa que se acuerde la suspensión de dicha resolución desde la fecha de interposición de la impugnación, comunicándolo al Parlamento de Cataluña, y se disponga la publicación de la suspensión en el “Boletín Oficial del Estado”, en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” y en el “Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña” para que alcance conocimiento y eficacia general respecto a cualesquiera terceros (art. 64.4 LOTC, en relación con el primer inciso del art. 77 LOTC).
3. El Pleno del Tribunal, por providencia de 11 de noviembre de 2015, acordó admitir a trámite la impugnación; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Parlamento de Cataluña, por conducto de su Presidenta, al objeto de que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime convenientes; tener por invocado por el Gobierno el artículo 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el artículo 77 LOTC, produce la suspensión de la resolución impugnada y su anexo desde la fecha de interposición del recurso para las partes del proceso y desde su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” para terceros; notificar personalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 LOTC, la presente resolución a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General de la Cámara y al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno en funciones de la Generalitat de Cataluña, advirtiéndoles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir; recabar, de acuerdo con el artículo 87.2 LOTC, el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados y, por último, publicar el contenido de esta resolución en el “Boletín Oficial del Estado”, en el “Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya” y en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
c) De acuerdo con el escrito del Parlamento de Cataluña, la Constitución española vigente no prohíbe ni establece límites al debate político, especialmente a aquel que se produce en sede parlamentaria, aun cuando se dé una discrepancia entre el proyecto o idea que se debate y el contenido de la Constitución. Tal y como ha reconocido repetidamente el Tribunal Constitucional, el ordenamiento constitucional no responde a un modelo de “democracia militante” que imponga a las instituciones públicas representativas un deber de adhesión positiva a dicho ordenamiento.
1. Con invocación del artículo 161.2 CE, y por el cauce establecido en los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que le habilitan para impugnar ante este Tribunal “disposiciones normativas sin fuerza de ley”, así como “resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas”, impugna aquí el Gobierno de la Nación la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada el 9 de noviembre de 2015 (publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” de la misma fecha), “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015”. Esta resolución, transcrita en su integridad en el antecedente 1 de la presente Sentencia, es calificada de inconstitucional en la demanda del Abogado del Estado por contraria a los artículos 1, 2, 9.1, 23, 164 y 168 CE, así como al principio de lealtad constitucional y al deber de fidelidad a la Constitución; a tales conculcaciones añade la demanda la de los artículos 1, 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC, en lo sucesivo). Con independencia de que en ocasiones las aducidas contravenciones del bloque de la constitucionalidad se imputen por la demanda a concretos apartados de los nueve que integran el cuerpo principal de esta Resolución, la impugnación se formula de modo conjunto o unitario. Por ello la demanda reitera que la Resolución debe ser “interpretada como un todo”, incluyendo el “anexo”. El Abogado de Estado lo tacha también de inconstitucional, no sólo en atención a las normas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía recién citadas, sino por contravenir el “sistema de distribución de competencias”, constitucional y estatutario, entre el Estado y la Comunidad Autónoma.
Tras reproducir la doctrina sobre el llamado “derecho a decidir” de las SSTC 103/2008, de 11 de septiembre (FJ 4), y 31/2010, de 28 de junio (FJ 12), el Abogado del Estado entiende que a diferencia de la Resolución 5/X, que dio lugar a la STC 42/2014, en el caso de la resolución ahora impugnada no cabe ninguna interpretación que la haga conforme con la Constitución, pues supone una clara ruptura unilateral del orden constitucional. Las proclamaciones en ella enunciadas no expresan aspiraciones políticas que puedan ser encauzadas por vías democráticas o constitucionales. La condición de poder constituyente que se atribuye el Parlamento de Cataluña se asocia a una imposición unilateral que prescinde de todo cauce constitucional y democrático. Por otra parte, las menciones a un “proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana” se sitúan en una dinámica plebiscitaria ajenas a la Constitución y a la ley.
De otra parte, la resolución es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues aunque pudiera entenderse carente de efectos vinculantes sobre sus destinatarios —la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la Comunidad Autónoma—, “lo jurídico —como afirmamos en la STC 42/2014 (FJ 2)— no se agota en lo vinculante”. En efecto, en primer lugar, la resolución impugnada en cuanto “declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república” y “proclama la apertura de un proceso constituyente … para preparar las bases de la futura constitución catalana”, en un anunciado marco de “desconexión” del Estado español, es susceptible de producir efectos jurídicos, ya que tales pronunciamientos pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos, especialmente el Parlamento y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, “de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española” (STC 42/2014, FJ 2). Entre otras manifestaciones, resulta expresiva de dicho reconocimiento, en este caso, la autocalificación del Parlamento de Cataluña “como depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente” (apartado sexto).
En segundo lugar, el carácter aseverativo de la resolución, al proclamar de presente la apertura de un proceso constituyente dirigido a la creación de un estado catalán independiente en forma de república, “no permite entender limitados sus efectos en el ámbito parlamentario al terreno estrictamente político, puesto que reclama el cumplimiento de unas actuaciones concretas y ese cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto para las resoluciones aprobadas por el Parlamento” (art. 165 del Reglamento del Parlamento de Cataluña) [ibídem].
3. La demanda impugna “en su totalidad” esta resolución, a la que reprocha haber infringido los preceptos constitucionales y estatutarios relacionados en el fundamento 1 que antecede, así como los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Constitución (SSTC 25/1981, de 14 de julio, FJ 3; 18/1982, de 4 de mayo; 11/1986, de 28 de enero, FJ 5; 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11, y 13/2007, de 18 de enero, FJ 7). Considera que la lealtad constitucional debe entenderse como la sujeción a la supremacía constitucional, lo que no implica adhesión ideológica a la Constitución, sino acatamiento de las reglas de juego político y el orden jurídico existente y no intentar su transformación por medios ilegales. No respeta, en fin, el “sistema de distribución de competencias” entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta última censura se dirige, sobre todo, a los apartados 5 y 8 del cuerpo principal de la resolución y a su anexo. En lo que se refiere a la conculcación de los artículos 1, 2 y 9.1 CE (título preliminar), el Abogado del Estado entiende que estamos ante un caso de “radical inconstitucionalidad”, de “insumisión” igualmente “radical” a la Constitución y de “ruptura unilateral del orden constitucional”; apreciaciones todas ellas que le llevan a denunciar que el acto impugnado supone “más que un quebrantamiento particular de un precepto constitucional, la negación de las cláusulas esenciales de la Constitución Española” y “la instauración de un principio de legitimidad en contradicción absoluta con ella”.
En la STC 42/2014 el Tribunal apreció que del tenor de algunos de los “principios” incorporados a la entonces impugnada “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” —excluido, por inconstitucional precisamente el referido a tal “soberanía”— se desprendía que la declaración controvertida no excluía “seguir los cauces constitucionalmente establecidos para traducir la voluntad política expresada en la resolución en una realidad jurídica” (FJ 3). Esto permitió, examinados y valorados aquellos principios, una interpretación conforme a la Constitución del llamado “derecho a decidir” como “aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución” [FJ 4 c)]. En idéntica línea argumental, en relación con la locución “pueblo de Cataluña” del que, de conformidad con el art. 2.4 EAC, emanan “los poderes de la Generalitat”, el Tribunal sostuvo que el pueblo de Cataluña no es un “sujeto jurídico que entre en competencia con el titular de la soberanía nacional cuyo ejercicio ha permitido la instauración de la Constitución de la que trae causa el Estatuto que ha de regir como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma”. En otras palabras, “los ciudadanos de Cataluña no pueden confundirse con el pueblo soberano concebido como ‘la unidad ideal de imputación del poder constituyente y como tal fuente de la Constitución y del Ordenamiento’ (STC 12/2008, FJ 10)” [STC 31/2010, FF JJ 9 y 11].
Que tal aspiración política puede ser defendida respetando la Constitución y, singularmente, los procedimientos para su revisión formal cabe reiterarlo ahora. No es menos claro que la resolución aquí impugnada —a diferencia de lo que consentía, en algunos de sus pasajes, la enjuiciada en la STC 42/2014— permite entender que el Parlamento de Cataluña, al adoptarla, está excluyendo la utilización de los cauces constitucionales (art. 168 CE) para la conversión en un “estado independiente” (apartado segundo) de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Parlamento, en efecto, “proclama la apertura de un proceso constituyente … para preparar las bases de la futura constitución catalana” (apartado tercero); se compromete a tramitar en determinado plazo una ley, junto a otras, de “proceso constituyente” (apartado quinto); afirma, en tanto que “depositario de la soberanía” y “expresión del poder constituyente”, que en el proceso que emprende no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español y, en particular, a las de este Tribunal Constitucional (apartado sexto); por último insta al “futuro gobierno” de la Comunidad Autónoma “a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara” (apartado octavo).
Determinaciones tan concluyentes como las parcialmente transcritas reclaman, en coherencia con su patente unidad de sentido, una valoración jurídico-constitucional también integral o de conjunto, sin dejar fuera el “anexo” incorporado a la resolución. La cuestión no es, por lo que se refiere a esta última parte del acto impugnado, la compatibilidad o no con la Constitución de unas u otras de las “medidas” anunciadas o proyectadas, con los términos en que lo han sido, a lo largo de sus nueve puntos. El asunto de relieve jurídico-constitucional es ahora que tales “medidas” —todas y cada una de ellas— se requieren del “futuro gobierno” sobre la base de la proclamación que la Cámara hace de sí misma como depositaria de “la soberanía” y expresión del “poder constituyente” (apartado sexto) y, más específicamente, con el sentido y en los términos de lo afirmado en el apartado octavo: el “Parlamento de Cataluña insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente las normas o los mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan resultar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español, como los especificados en el anexo de esta resolución”. Es así evidente la integración resultante entre el anexo y el cuerpo principal de la resolución; también lo es que las “medidas” encomendadas al “futuro gobierno” lo son desde una resuelta posición de ajenidad al ordenamiento constitucional y a la espera de un comportamiento consecuente por parte del Gobierno de la Generalitat.
4. De la lectura de la resolución 1/XI, de modo inequívoco, se desprende que se la considera el acto fundacional del “proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república” (apartado segundo) y a tal efecto se sirve de un lenguaje (futura “constitución”, en el apartado tercero, o “soberanía” y “poder constituyente” en el sexto) que se pretende asimismo materialmente “constitucional”. Tales términos, sin embargo, figuran en la Constitución española o están presentes en la jurisprudencia de este Tribunal.
a) El “imperio de la Constitución como norma suprema” (STC 54/1983, de 21 de junio, FJ 2, y, antes aún, STC 16/1982, de 28 de abril, FJ 1), declarado expresamente por su artículo 9.1, trae causa de que la Constitución misma es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes de un Estado (art. 1.2 CE). Este ha de ser concebido como el conjunto de instituciones y órganos que ejercen, en todo el territorio, poder público y en el que se integran también, por tanto, las Comunidades Autónomas (STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2, y múltiples resoluciones ulteriores en igual sentido).
La soberanía de la nación, residenciada en el pueblo español, conlleva necesariamente su unidad y así lo proclama, como es notorio, el art. 2 CE, de acuerdo con el cual la propia Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La unidad del sujeto soberano es fundamento de una Constitución mediante la que la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE y, entre otras, STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3). Se trata de un Estado también único o común para todos y en todo el territorio, sin perjuicio de su articulación compuesta o compleja por obra del reconocimiento constitucional de autonomías territoriales [por todas, STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a)], a las distintas nacionalidades y regiones que, constituidas en Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos, integran España (principio de unidad del Estado, deducible también del artículo 2 CE: SSTC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 4, y 177/1990, de 15 de noviembre, FJ 3).
El artículo 1.2 CE es, así, base de todo nuestro ordenamiento jurídico (STC 42/2014, FJ 3, y jurisprudencia allí citada), de modo tal que, como se dijo en esta resolución del Tribunal, si “en el actual ordenamiento constitucional sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano. Un acto de este poder que afirme la condición de ‘sujeto jurídico’ de soberanía como atributo del pueblo de una Comunidad Autónoma no puede dejar de suponer la simultánea negación de la soberanía nacional que, conforme a la Constitución, reside únicamente en el conjunto del pueblo español. Por ello, no cabe atribuir su titularidad a ninguna fracción o parte del mismo”.
b) Como señalamos en la STC 42/2014, “en tanto que realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978” (FJ 3). Desde el punto de vista jurídico, el artículo 1 EAC define su posición en el actual marco constitucional, disponiendo al respecto que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este Tribunal ha considerado que la declaración recogida en el precepto estatutario transcrito predica de Cataluña, “en términos constitucionalmente impecables … cuantos atributos la constituyen en parte integrante del Estado fundado en la Constitución. Una nacionalidad constituida en Comunidad Autónoma y cuya norma institucional básica es su propio Estatuto de Autonomía”. No se presenta la Constitución, por lo tanto, como “resultado de un pacto entre instancias territoriales históricas que conserven unos derechos anteriores” a ella [SSTC 76/1988, de 26 de abril, FJ 3, y 247/2007, FJ 4.a)], sino como norma incondicionada y condicionante de cualesquiera otras en nuestro ordenamiento. Se trata de una norma superior, a la que todos —ciudadanos y poderes públicos— quedan sujetos (art. 9.1 CE).
El sometimiento de todos a la Constitución es “otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente” [SSTC 108/1986, de 29 de julio, FJ 18, y 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 6 b)]. En el Estado constitucional, el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución, que, como afirmó este Tribunal en la STC 42/2014, FJ 4 c), “requiere que toda decisión del poder quede, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella”.
Para garantizar que esto último no ocurra se cuenta con el sistema de nuestro Estado constitucional de Derecho —los poderes públicos, pero también la ciudadanía— y, en última instancia, cuando así se le requiera, con este Tribunal Constitucional. A él corresponde “en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC), custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél” (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4).
5. La resolución impugnada contrapone el supuesto alcance del “mandato democrático” recibido por el Parlamento de Cataluña en las elecciones de 27 de septiembre de 2015 (apartados primero y noveno), o el carácter “legítimo y democrático” del Parlamento de Cataluña por idéntica razón (apartado octavo), a la legalidad y la legitimidad de las instituciones del Estado, en particular de este Tribunal Constitucional, al que se considera directamente “carente de legitimidad y competencia”. El referido “mandato democrático” justificaría el anuncio de que las decisiones del Parlamento de Cataluña “no se supeditarán” a las adoptadas por las instituciones del conjunto del Estado, así como la apertura de un proceso constituyente “no subordinado”, esto es, unilateral, calificado de “ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo”. En su escrito de alegaciones, el Parlamento de Cataluña reitera que la resolución “se apoya directamente sobre los principios básicos de la democracia y el pluralismo político”.
a) En cuanto a su fuente de legitimación, la Constitución Española formalizó la voluntad del poder constituyente. El pueblo soberano, concebido como la unidad ideal de imputación del poder constituyente, ratificó en referéndum el texto acordado previamente por sus representantes políticos. La primacía incondicional de la Constitución también protege el principio democrático, “pues la garantía de la integridad de la Constitución ha de ser vista, a su vez, como preservación del respeto debido a la voluntad popular, en su veste de poder constituyente, fuente de toda legitimidad jurídico-política” [STC 42/2014, FJ 4 c)]. Por ello, es misión de este Tribunal velar por que se mantenga la primacía incondicional de la Constitución, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez como poder constituyente (STC 108/1986, de 29 de julio, FJ 18).
La indisoluble unidad de la Nación española que afirma el art. 2 CE se combina con el reconocimiento del derecho de las nacionalidades y regiones a la autonomía. El derecho a la autonomía se encuentra así proclamado en el núcleo mismo de la Constitución junto al principio de unidad. Mediante el ejercicio de aquel derecho, la Constitución garantiza la capacidad de las Comunidades Autónomas de adoptar sus propias políticas en el marco constitucional y estatutario. Es la propia norma fundamental la que obliga a conciliar los principios de unidad y de autonomía de las nacionalidades y regiones. Principios que, naturalmente, también se reflejan debidamente articulados en el Estatuto de Autonomía de Cataluña: “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica” (art. 1 EAC).
6. De acuerdo con lo establecido por este Tribunal aceptar a “Cataluña como sujeto de derecho en los términos señalados en el art. 1 de su propio Estatuto de Autonomía implica naturalmente la asunción del entero universo jurídico creado por la Constitución, único en el que la Comunidad Autónoma de Cataluña encuentra, en Derecho, su sentido. En particular, supone la obviedad de que su Estatuto de Autonomía, fundamentado en la Constitución Española, hace suyo, por lógica derivación, el fundamento propio que la Constitución proclama para sí, esto es, ‘la indisoluble unidad de la Nación española’ (art. 2 CE), al tiempo que reconoce al pueblo español como titular de la soberanía nacional (art. 1.2 CE), cuya voluntad se formaliza en los preceptos positivos emanados del poder constituyente” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 8).
7. La Constitución como ley superior no pretende para sí la condición de lex perpetua. La nuestra admite y regula, en efecto, su “revisión total” (art. 168 CE y STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7). Asegura así que “sólo los ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, puedan disponer del poder supremo, esto es, del poder de modificar sin límites la propia Constitución” (STC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ 2). Todas y cada una de las determinaciones constitucionales son susceptibles de modificación, pero “siempre y cuando ello no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales”, pero para ello es preciso que “el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a estos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable” (STC 138/2015, de 11 de junio, FJ 4, y jurisprudencia allí citada).
Es plena la apertura de la norma fundamental para su revisión formal, que pueden solicitar o proponer, entre otros órganos del Estado, las asambleas de las Comunidades Autónomas (arts. 87.2 y 166 CE); como ya tuvo oportunidad de recordar este Tribunal hace poco más de año y medio, en la STC 42/2014 (FFJJ 3 y 4) relativa al examen de constitucionalidad de la Resolución 5/X de 23 de enero de 2013 adoptada por el Parlamento de Cataluña. Ello depara la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualesquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que “pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediante la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 12). El debate público, dentro o fuera de las instituciones, sobre tales proyectos políticos o sobre cualesquiera otros que propugnaran la reforma constitucional goza, precisamente al amparo de la misma Constitución, de una irrestricta libertad. Por el contrario, la conversión de esos proyectos en normas o en otras determinaciones del poder público no es posible sino mediante el procedimiento de reforma constitucional. Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos.
La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario (arts. 1 y 2.4 EAC, antes citados), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts. 1.1 y 9.1 CE). Este Tribunal dijo ya en la STC 103/2008 que el respeto a los procedimientos de reforma constitucional es inexcusable, de modo que “tratar de sortear, eludir o simplemente prescindir de esos procedimientos sería intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica” (FJ 4). Esto es lo recogido en realidad en la resolución 1/XI, cuya apariencia de juridicidad —por provenir de un poder sin duda legítimo en origen— debe ser cancelada mediante la declaración de inconstitucionalidad que aquí se decide.
Estimar la impugnación promovida por el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, contra la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, adoptada el 9 de noviembre de 2015 (publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” de la misma fecha), “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” y su anexo, declarando en consecuencia su inconstitucionalidad y nulidad.
Dada en Madrid, a dos de diciembre de dos mil quince.
Numéro et date BOE [Nº, 10 ] 12/01/2016
Type et numéro d'enregistrement Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015
Fecha de resolución 02/12/2015
Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.
Soberanía y unidad de la nación; principio democrático y primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a la Constitución; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de la resolución parlamentaria que declara solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república.
Se impugna la resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente como consecuencia de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
Se estima la impugnación y se declara nula la resolución. Por un lado, la Sentencia declara que el acto parlamentario vulnera el principio democrático y el de primacía de la Constitución. El Parlamento de Cataluña actúa como mandatario de un poder constituyente que derivaría del pueblo catalán, reconocido como sujeto jurídico soberano y, en consecuencia, afirma su legitimación para adoptar todas las decisiones necesarias para la creación de un Estado independiente. La Sentencia subraya que en el Estado social y democrático de Derecho no cabe contraponer una supuesta legitimidad democrática de un cuerpo legislativo a la primacía incondicional de la Constitución, contraviniendo a las manifestaciones relevantes de democracia en ella consagradas. La legitimidad democrática de un cuerpo legislativo no excluye el necesario respeto a la legalidad constitucional, puesto que la legitimidad de una actuación del poder público consiste básicamente en su conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por ello, la aspiración política de una Comunidad Autónoma a modificar el orden constitucional existente se puede defender sólo respetando la Constitución y los procedimientos para su revisión formal. Por otro lado, el acto parlamentario vulnera las normas constitucionales que otorgan al pueblo español la soberanía nacional y, en correspondencia con ello, afirman la indisoluble unidad de la nación española. El reconocimiento del pueblo de una Comunidad Autónoma como sujeto jurídico soberano conlleva la simultánea negación de la soberanía nacional, puesto que la misma no puede ser atribuida a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo. Por último, la Sentencia afirma que la resolución vulnera también la disposición de la Constitución que regula su propio procedimiento de reforma. La resolución impugnada permite entender que el Parlamento de Cataluña está excluyendo la utilización de los cauces constitucionales expresamente previstos para una redefinición del orden constitucional, proceso que es incompatible con el Estado social y democrático de Derecho.
La resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía (arts. 1.2 y 2 CE) [FJ 6].
Sólo el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público atribuirle la cualidad de soberano (STC 42/2014) [FJ 4 a)].
Recae sobre los titulares de cargos públicos un cualificado deber de acatamiento a la Constitución, que no se cifra en una necesaria adhesión ideológica a su total contenido, pero sí en el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella y en el respeto al resto del ordenamiento jurídico (SSTC 101/1983, 122/1983) [FJ 4 b)].
En el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática de un cuerpo legislativo y legalidad constitucional, en detrimento de la segunda: la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico [FJ 5].
La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad [FJ 7].
La aspiración política de la creación de un estado independiente puede ser defendida respetando la Constitución y, singularmente, los procedimientos para su revisión formal (SSTC 31/2010, 42/2014) [FJ 3].
La resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña es contraria al artículo 168 CE, al excluir el cauce constitucionalmente establecido para abordar una redefinición del orden constitucional como la que se pretende con aquella resolución [FJ 7].
La resolución sobre proceso político en Cataluña permite entender que el Parlamento autonómico, al adoptarla, está excluyendo la utilización de los cauces constitucionales (art. 168 CE) para la conversión en un estado independiente de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cataluña [FJ 3].
Doctrina sobre la idoneidad de una resolución parlamentaria para ser objeto de impugnación a través del proceso constitucional, en virtud de los artículos 161.2 CE y 76 y 77 LOTC (STC 42/2014, ATC 135/2004) [FJ 2].
Artículo 1.1, ff. 4, 5, 7
Artículo 1.2, ff. 4, 6, 7
Artículo 2, ff. 1, 3 a 7
Artículo 9.1, ff. 1, 3, 4, 7
Artículo 87.2, f. 7
Artículo 148.1.17, f. 5
Artículo 166, f. 7
Artículo 167, f. 5
Artículo 168, ff. 1, 3, 5, 7
Disposición final única, f. 5
Artículo 164, ff. 1, 2
Artículo 165, f. 2
Artículo 1, ff. 1, 4 a 7
Artículo 2.4, ff. 1, 3, 7
Artículo 4.1, f. 1
Artículo 55.2, ff. 1, 2
Apartado 1, f. 5
Apartado 2, ff. 3, 4
Apartado 3, ff. 3, 4
Apartado 5, f. 3
Apartado 6, ff. 3, 6
En general, ff. 1 a 5, 7
Anexo, f. 3
Apartado 8, ff. 3, 5
Apartado 9, f. 5
Control constitucional de los actos parlamentariosControl constitucional de los actos parlamentarios, ff. 2, 5 b)
Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regionesDerecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, ff. 4, 5 b), 6
Garantía de supremacía de la ConstituciónGarantía de supremacía de la Constitución, ff. 4 b), 5
Límites constitucionales a la autonomía parlamentariaLímites constitucionales a la autonomía parlamentaria, ff. 4 b), 5 b) a 7
Parlamento de CataluñaParlamento de Cataluña, f. 1
Poder constituyentePoder constituyente, ff. 2 a 5
Principio de lealtad constitucionalPrincipio de lealtad constitucional, f. 3
Principio de legalidadPrincipio de legalidad, f. 5
Principio de unidad de la nación españolaPrincipio de unidad de la nación española, ff. 3, 4, 6
Principio democráticoPrincipio democrático, ff. 4 b), 5
Procedimiento de reforma constitucionalProcedimiento de reforma constitucional, f. 7
Reforma constitucionalReforma constitucional, f. 7
Resoluciones parlamentariasResoluciones parlamentarias, f. 2
SoberaníaSoberanía, ff. 3, 4, 6