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Timestamp: 2019-11-15 19:08:15
Document Index: 249392754

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 71', 'Artículo 5', 'artículo 71', 'Artículo 6', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18']

Decreto 23/2009 de 26 de Mar C.A. Castilla y León (medidas relativas a la simplificacion documental en los procedimientos administrativos) | Iberley
DECRETO 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificacion documental en los procedimientos administrativos. - Boletín Oficial de Castilla y León de 01-04-2009
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 07 de Marzo de 2013
También incluye, como novedad más significativa, el Catálogo de simplificación documental. En este catálogo aparecerán de forma detallada aquellos documentos cuya obligación de aportación se suprime en este Decreto y aquéllos que en un futuro puedan ser objeto de supresión, así como las certificaciones acreditativas del cumplimiento de determinados requisitos que sean objeto de sustitución por declaraciones responsables por parte de los interesados.
1. Constituye el objeto de este Decreto la adopción de medidas de simplificación documental en los procedimientos administrativos mediante la supresión de la obligación de aportar determinada documentación o mediante la sustitución de ésta, en su caso, por declaraciones responsables.
2. Su finalidad es la mejora de la calidad de los servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, en particular, contribuir a hacer efectivo el artículo 35. f de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 3. Petición de documentación por parte del personal que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
1. El personal que preste sus servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León no podrá exigir a los interesados la presentación de aquellos documentos cuya aportación no esté prevista como obligatoria por la correspondiente norma, sin perjuicio de las funciones inspectoras, de supervisión y control, de investigación y de instrucción de los órganos que las tengan atribuidas.
2. No podrá exigirse la presentación de originales ni copias compulsadas de aquella documentación e información que no sea necesaria para la resolución del procedimiento o que, aún siéndolo, se encuentre en poder de la Administración actuante, que ésta pueda comprobar por técnicas telemáticas o en el caso de procedimientos electrónicos para los que será de aplicación la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Los ciudadanos podrán solicitar la compulsa de aquella documentación o información necesaria que no se encuentre en los supuestos previstos en el apartado anterior.
3. De la misma forma, tampoco podrá exigir la presentación de aquellos documentos cuya obligación de aportarse haya sido suprimida o hayan sido objeto de sustitución por una declaración responsable en los términos previstos en este Decreto.
Artículo 4. Comprobación, constancia y verificación de los datos.
1. La comprobación y constancia de los datos necesarios en el procedimiento administrativo se realizará de oficio, de acuerdo con los datos que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales.
2. El órgano administrativo a quien corresponde la comprobación, constancia y, en su caso, verificación de los datos es aquél que determine la normativa reguladora del correspondiente procedimiento como encargado de recabar la documentación exigida para su tramitación.
3. En cualquier caso, dichas operaciones deberán efectuarse con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución, y en todo caso, con carácter previo a su resolución.
4. Si resultara alguna discrepancia con los datos facilitados por el interesado o fuera procedente aclarar algún aspecto de los mismos, el órgano competente para la comprobación, constancia y, en su caso, verificación estará facultado para realizar las actuaciones procedentes, a través del requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los términos de la normativa específica aplicable en cada caso.
Artículo 5. Consulta de datos de carácter personal.
1. Cuando la obligación de aportar documentación haya sido suprimida y afecte a datos de carácter personal, la verificación oficial de los mismos deberá realizarse, salvo en los supuestos previstos por una norma con rango de Ley, con el consentimiento expreso del interesado.
2. Cuando el interesado no otorgue su consentimiento expreso para realizar las consultas oportunas, estará obligado a aportar la documentación que contenga sus datos, siendo causa para requerirle en los términos recogidos en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6. Catálogo de simplificación documental.
3. El contenido del Catálogo se pondrá a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: AQUI.
Modificación realizada (Artículo 6) por DECRETO 7/2013, de 14 de febrero, de utilizacion de medios electronicos en la Administracion de la Comunidad de Castilla y Leon. (BOCYL de 15-02-2013) en vigor desde 07-03-2013
Texto Original. Publicado el 01-04-2009 en vigor desde 01-05-2009
07/03/2013 (Vigente)
01/05/2009 (Versión Original)
CAPÍTULO II. SUPRESIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL INTERESADO DE APORTAR DETERMINADOS DOCUMENTOS.
Artículo 7. Documento nacional de identidad o documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español.
Artículo 8. Certificado de empadronamiento.
1. Queda suprimida la obligación de aportar el certificado de empadronamiento como documento probatorio del domicilio y residencia en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto.
2. Si el procedimiento administrativo requiere acreditar un determinado período de residencia, si el domicilio del interesado no consta en el Sistema de Verificación de Datos de Residencia o el que consta es diferente al facilitado por el interesado, se solicitará el certificado de empadronamiento al propio interesado o al ayuntamiento del municipio correspondiente.
3. En caso de que el interesado haya modificado su empadronamiento en los dos últimos meses se actuará conforme lo dispuesto en el apartado anterior.
Artículo 9. Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Artículo 10. Certificación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones frente a Seguridad Social.
Artículo 11. Documento acreditativo del título de familia numerosa reconocido y expedido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 12. Documentación obrante en el fichero de personas con discapacidad en la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 13. Certificaciones e informes acreditativos del cumplimiento de determinados requisitos cuya emisión corresponda a la misma consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que lo solicita.
Artículo 14. Documentación e inscripción en un registro adscrito a la consejería, organismo autónomo o ente público de derecho privado que tramita y resuelve.
Artículo 15. Supresión de documentos alternativos.
CAPÍTULO III. DECLARACIONES RESPONSABLES.
Artículo 16. Concepto y efectos de la presentación de la declaración responsable.
1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entenderá por declaración responsable, aquélla que suscribe la persona interesada o quien la represente, en la que manifiesta, con todas las responsabilidades que se deriven de su inexactitud, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo, que, en su caso, se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que cada procedimiento disponga o que dispone de la documentación cuya presentación es obligatoria.
2. Si, una vez realizada la declaración responsable, la Administración comprueba la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes para aclararla, sin perjuicio de declararse decaído en su derecho al trámite correspondiente y de la iniciación por el órgano competente de las acciones correspondientes y relativas a la exigencia de las responsabilidades previstas en la legislación aplicable.
Artículo 17. Certificación acreditativa de la titularidad de una cuenta bancaria.
Artículo 18. Estatutos sociales, poderes públicos de representación y cuentas anuales.
1. En los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto se podrá sustituir la obligación de aportar los estatutos sociales vigentes debidamente registrados, los poderes públicos de representación y las cuentas anuales del último ejercicio depositadas en el Registro Mercantil por una declaración responsable en la que consten los datos necesarios para la debida tramitación y resolución del procedimiento.
2. La acreditación de los datos contenidos en dicha declaración deberá requerirse antes de formular la propuesta de resolución del procedimiento y en todo caso, con carácter previo a su resolución.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Programa de Acción para la simplificación y reducción de las cargas administrativas en la legislación vigente.
La Consejería de Administración Autonómica elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto, un Programa de Acción para la simplificación y reducción de las cargas administrativas en la legislación vigente que comprenda un conjunto de medidas para la reducción de trámites administrativos y de supresión de obligaciones de información que puedan considerarse innecesarias o prescindibles.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Sustitución de documentación por declaraciones responsables.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Presentación por el interesado de la documentación que dé lugar a la inscripción en Registros o la inclusión en ficheros automatizados de datos de carácter personal.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Comprobación y verificación en actos formales o públicos de apertura.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Sistemas de verificación de datos.
El establecimiento de la configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso a los Sistemas de Verificación de Datos, así como de la fecha en que dichos sistemas estarán plenamente operativos, se llevará a cabo mediante orden de la Consejería de Administración Autonómica.
El presente Decreto entrará en vigor el primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo. La Consejera de Administración Autonómica, Fdo.: Isabel Alonso Sánchez.
DECRETO 7/2013, de 14 de febrero, de utilizacion de medios electronicos en la Administracion de la Comunidad de Castilla y Leon.
07/03/2013 Redacción Vigente
desde 14/10/2010 hasta 07/03/2013
desde 01/05/2009 hasta 14/10/2010