Source: https://it.scribd.com/document/105645800/Guia-de-Participacion-Ciudadana-Del-Peru-Jne-2008
Timestamp: 2020-07-10 12:43:48
Document Index: 159925944

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'artículo 187', 'artículo 134', 'artículo 364', 'Artículo 2', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 17', 'Artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 75']

Guia de Participacion Ciudadana Del Peru Jne 2008 | Votación | Elecciones
SalvaSalva Guia de Participacion Ciudadana Del Peru Jne 2008 per dopo
ejerciciodelvoto
Límites de la democracia electoral en el Paraguay
Votamos Desde La Emoción o La Cognición i
ABSTENCIONISMO ELECTORAL EN PARAGUAY... - MARCELO LACHI - N 3 DICIEMBRE 2009 - PORTALGUARANI.pdf
Pedo Rra
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
Dr. Gastón Soto Vallenas Dr. Carlos Vela Marquillo Dr. José Luis Velarde Urdanivia
Dr. Juan Falconí Gálvez
Director Nacional del Proyecto
Dr. Miguel Ángel Stucchi Britto
Abog. Milagros Suito Acuña Psic. Gladys Ventura Ponce
Asesoría de Presidencia Gerencia de Fiscalización Electoral Gerencia de Normatividad Electoral y Asuntos Legales Abog. Milagros Aurazo Requejo
Diseño gráﬁco y Diagramación:
Diana Patrón Miñán Lesly Montes Montes
GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA CIUDADANA Lima, Perú Junio, 2008
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Avenida Nicolás de Piérola No. 1080, Lima 1 Página Web: www.jne.gob.pe
@ 2008 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana.
Se autoriza la reproducción total o parcial del presente documento en cualquiera de sus formas, previa aprobación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones
Hecho el Depósito Legal No. 2008-07580 en la Biblioteca Nacional del Perú. ISBN: 978-603-45161-1-3
Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo de: PNUD
La Participación Ciudadana Responsable en el Perú
Pronunciarse en los referendos y otras consultas ciudadanas
1.1 Conceptos y reseña histórica
Elegir y también ser elegidos (as)
2.1. Conceptos y reseña histórica
2.2. Base legal de la participación electoral
2.3. Recomendaciones para ejercer el derecho al sufragio
2.4. Aprendiendo de las experiencias
Manejar información y opinar sobre los asuntos públicos
Conceptos y reseña histórica
3.2. Base legal de la transparencia y acceso a la información pública
3.3. Recomendaciones para ejercer el derecho a la información pública.
Presentar iniciativas ciudadanas de reforma constitucional y de legislación
4.1. Conceptos y reseña histórica
4.2. Base legal de las iniciativas de reforma constitucional y de legislación
4.3. Recomendaciones para ejercer las iniciativas de reforma constitucional y legislativas
4.4. Aprendiendo de las experiencias
5.1. El referéndum
Base legal del referéndum
5.2. Otras consultas ciudadanas
5.3. Recomendaciones para ejercer el mecanismo del referéndum
5.4. Aprendiendo de las experiencias
Colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia y región
6.1. Conceptos y reseña histórica
6.2. Base legal de la colaboración y toma de decisiones en la gestión del desarrollo
6.3. Recomendaciones para el buen
funcionamiento de los Consejos de Coordinación Regional y Local
6.4. Aprendiendo de las experiencias
Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública
7.1. Conceptos y referencias históricas
7.2. Base legal de la vigilancia y control de
7.3. Recomendaciones para los comités de
vigilancia y control del presupuesto participativo
Guía de Participación Ciudadana en el Perú
Convencidos de la necesidad de continuar acelerando el proceso de culturización democrática en el Perú, nos complace presentar esta publicación denominada Guía de Participación Ciudadana en el Perú.
La democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. De esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los sectores más pobres del país.
Sin embargo, dicha participación ciudadana requiere de mecanismos de autocontrol para que la misma no genere el abuso y el caos. En ese sentido, este documento aporta valiosa información y orientación, a fin de que no se desnaturalice un mecanismo de desarrollo social y político tan importante.
Los mecanismos e instancias de participación ciudadana en la gestión local y regional, son parte de la actual política de descentralización del Estado peruano. Este proceso de democratización de las decisiones públicas tiene como sustento algunas experiencias capitalizadas en los años noventa a nivel local, donde la participación ciudadana generó un valor agregado a la gestión municipal en el Perú.
En aquel entonces, se afirmó la cultura democrática y deliberativa, avanzaron los procesos de rendición de cuentas y se mejoró la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, además de generar la toma de conciencia de corresponsabilidad de la población en el desarrollo de su localidad, así como en la inclusión política y social.
Consecuentemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un esfuerzo conjunto con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha editado esta Guía que
tiene el propósito de compartir conceptos, herramientas, aprendizajes y experiencias de
participación ciudadana con alcaldes, regidores, funcionarios municipales, comunicadores
y educadores. También está dirigida a los líderes sociales, así como a las instituciones
públicas y privadas que intervienen en la gestión pública a nivel local y regional, en todo
1.1. Conceptos y reseña histórica
Participación ciudadana es “formar parte y tomar parte” de un grupo, de una comunidad o de un país de manera activa y responsable.
Participación ciudadana significa también: ejercer en la práctica los deberes y derechos políticos, intervenir en los asuntos públicos y tomar decisiones.
Es decir, construir PLENA CIUDADANÍA.
Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a
través de actos, con la finalidad de influir en la formulación
y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes
niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará normada, pero en la medida que no
sea ilegal, se constituye en un elemento que dota de vida
a la democracia, pues supone ciudadanos informados,
conscientes de sus derechos y obligaciones, interesados en la conducción de la cosa pública de su comunidad.
En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia su marco legal.
En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de alguna manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la población organizada, pues se parte del supuesto de que es posible, a través de procesos de diálogo y negociación, encontrar bases de acuerdo que satisfagan a todos. 1
Al mismo tiempo, en el Perú no se puede hablar de participación ciudadana sin hablar de la descentralización. Estos dos procesos apuntan hacia la construcción de un nuevo modelo de las relaciones entre el Estado y la población.
Hay un cierto consenso en el Perú en torno a la defensa de la democracia representativa con elementos de participación ciudadana, con la necesidad de fortalecerla, dentro de ella, a fin de superar el divorcio entre política y ciudadanía.
En ese sentido, como lo sostiene Hernández Asensio, “las experiencias de participación suponen un progreso en la medida que dotan a la población de nuevas posibilidades de interacción con el Estado” 2
La democracia, se ve fortalecida con espacios de intervención y participación de la ciudadanía.
La historia de la participación ciudadana en el Perú se divide en tres períodos.
1. La primera etapa se dio en la década del ochenta: La participación ciudadana ha surgido históricamente desde “abajo”, y en particular desde la población organizada
Con las elecciones democráticas de las autoridades locales a partir de 1983, algunos alcaldes, vieron que una forma de fortalecer la institución municipal, era involucrando a las organizaciones sociales en los asuntos públicos y en las actividades autogestionarias. Con esa visión es que se desarrollaron las primeras experiencias urbanas en el Agustino, Villa El Salvador e Ilo.
En las zonas rurales, la historia de los gobiernos municipales es otra y está relacionada no sólo con las transformaciones del poder al interior de las sociedades
1. REMY, Maria Isabel. Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, Pág. 59.
2. HERNANDEZ ASENSIO, Raúl. Participación Ciudadana y Democracia, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, Pág. 132.
rurales, sino también con el conflicto armado interno que tuvo mayor incidencia en dichas zonas. En ese contexto, la participación ciudadana se ubicaría principalmente en la siguiente década.
La segunda etapa se ubica en la década del
Durante la década del 90, significó la reinserción del país en el sistema financiero internacional y el establecimiento de relaciones de cooperación con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Eso implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una agenda internacional donde la participación ciudadana fluía como una pieza importante para la gobernabilidad de países como el Perú.
La introducción en la Constitución Política de 1993 y en la Ley de Participación Ciudadana - Ley Nº 26300 promulgada en 1994, de mecanismos de democracia directa como la revocatoria, el referéndum, la rendición de cuentas y la remoción de autoridades, constituyó un cambio importante en ese sentido.
El ejercicio de dichos mecanismos, se vio reflejado en el incremento considerable de ordenanzas que promovían la participación ciudadana en los diversos distritos y provincias del Perú.
3. La tercera etapa corresponde al periodo de la transición democrática, desde fines del año 2000 en adelante
Esta etapa se inicia con el presidente Valentín Paniagua, ya que su política de diálogo con la sociedad civil, tuvo como resultado que el nuevo gobierno recogiera las experiencias
de concertación y participación de los gobiernos locales
y de esa manera hizo de la participación ciudadana una política de Estado.
Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades,
se crearon los Consejos de Coordinación Regional y
Local, como espacios de concertación oficiales en materia de planificación del desarrollo y presupuestaria.
A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación
que considera a la participación ciudadana como política pública, en el contexto del proceso de descentralización:
Ley de Bases de la Descentralización.
El marco legal de la participación ciudadana en el Perú,
se fortalece con las leyes que garantizan la transparencia y el libre acceso a la información de los asuntos públicos.
Actualmente, en el Perú se dispone de una amplia gama de procedimientos y mecanismos para ejercer la participación ciudadana activa
Y OPINAR SOBRE
SER ELEGIDOS (AS)
CIUDADANAS DE
EN LOS REFERERENDOS
Y EN LAS CONSULTAS
DESARROLLO DEL DISTRITO,
CIUDADANAS VIGILAR Y CONTROLAR
LA BUENA MARCHA DE
Elegir y ser elegidos (as)
Elegir y ser elegidos(as)
El ejercicio del voto o sufragio directo y universal es una conquista que se logra después de un largo camino:
llamado también proceso social y político.
En América del Sur se formaron los países tras varios años de lucha por la independencia política, saliendo del yugo colonial de España. También surgieron conflictos y debates para decidir el modelo de gobierno político: monárquico o democrático con sus distintas modalidades.
Finalmente en el Perú, se determinó el sistema político de democracia republicana según lo establece su vigente Constitución Política. Esto significa que los asuntos importantes se abordan y deciden públicamente entre las ciudadanas y ciudadanos.
Etimológicamente la palabra REPÚBLICA es de origen latino, y proviene de dos voces:
RE viene de RES, que es igual a decir cosas o asuntos de interés o de valor grandioso.
PÚBLICA , significa que la propiedad le pertenece a todos.
Pero al comienzo, la idea de ciudadanía y el derecho al voto se reducía a un número selecto de personas según sus condiciones: ser varón, ser instruido, ser propietario, ser padre de familia, etc.
En el Perú, se ha tenido un proceso de inclusión del ejercicio del voto, como producto de la evolución del sistema democrático y también de los movimientos sociales:
En el año 1955 por ley se reconoció el voto a la mujer y el año siguiente fue la primera vez que las mujeres ejercieron su derecho al sufragio.
En el año 1979 se otorgó el derecho de voto a las personas que no saben leer ni escribir, lo ejercieron en 1980.
En el año 2005 se otorgó el derecho de voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
¿Cómo se ejercía los derechos políticos hace más de 100 años?
Las elecciones hace más de 100 años, tenían características distintas a las de la actualidad, pues no existían reglas de juego acordes con los principios democráticos que debería existir en todo Estado de Derecho. Bajo ese contexto, es que se originaron muchos gobiernos de facto tras los famosos “golpes militares”.
Aquí, se presentan algunas consideraciones sobre la manera cómo se llevaban a cabo las elecciones en dicho período:
Elección reducida a la Presidencia de la República y a los congresistas – diputados y senadores- Los alcaldes eran nombrados por ser “buenos vecinos” o ser personas de confianza del partido en el gobierno central. Los gobiernos regionales no existían.
Elección reducida a la clase política limeña y oligárquica, tanto en el debate público como en la representación a nivel nacional. El voto rural no existía porque la población analfabeta no tenía derecho a elegir, menos a ser elegidos; además los medios de comunicación no existían y los escasos, sólo llegaban a las capitales de provincias del Perú. Igualmente desde Lima, los partidos políticos escogían los departamentos que aparentemente representaban sus candidatos a diputados.
Peruano, casado o mayor de 25 años, saber leer y escribir, tener propiedad o ejercer cualquier profesión
Además extranjeros casados con peruana o que obtuvieron carta de ciudadanía
Además realizar el pago de una contribución
Mayor de 21 años y los casados. Voto es directo
Agrega el pago de contribución al Tesoro Público. Y saber leer y escribir
Mayores de 21 años y emancipados
Mayores de 21 años y los casados
Peruanos varones mayores de edad (21), casados mayores de 18 años y los emancipados. Saber leer y escribir. Obligatorio hasta los 70 años y luego facultativo. Secreto.
Voto de las mujeres (Ley del año 1955).
Voto de los analfabetos (Constitución de 1979).
Voto de los policías y militares (Ley del año 2005)
A continuación, se presentan las normas vigentes que respaldan la participación ciudadana en los diversos procesos electorales del Perú.
Alcance y contenidos principales
del Perú (Artículo 31°)
Rati cada el 31 de
Reconoce los derechos de los ciudadanos a participar
Promulgada el 29
Esta ley comprende los siguientes procesos electorales:
Elecciones, Nº 26859
Publicada el 01 de
Regionales, Nº 27683
Promulgada el 14
Esta ley establece la organización y ejecución de las
elecciones regionales, en armonía con la Constitución
Política del Perú, con la Ley Orgánica de Elecciones así
como con sus normas complementarias y conexas.
Municipales, Nº 26864
de octubre de 1997
Esta ley regula la organización y ejecución de las
elecciones municipales, en armonía con la
Constitución Política del Perú, con la Ley Orgánica de
Elecciones así como con la Ley de Elecciones
Ley de Elecciones de
Nº 28360, modi cada
por Ley N° 28643 y
Promulgada el 15
Esta ley regula el procedimiento, participación,
requisitos, impedimentos entre otros aspectos de la
elección de representantes al Parlamento Andino, para
llevarse a cabo en las Elecciones Políticas Generales de
004-2006-JNE
¿Cuáles son las características del derecho al voto según la ley vigente?
PRIMERO El voto es personal, libre, igual, secreto y universal.
El derecho al voto se ejerce sólo con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
SEGUNDO Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes. 3
Los procesos electorales se llevan a cabo de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley.
Los(as) ciudadanos(as) peruanos(as) con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto es facultativo.
Son ciudadanos (as) los peruanos(as) mayores de dieciocho años.
individualmente 4
3. “Las cuales se traducen en dos modalidades del sufragio, una activa, en la cual el ciudadano tiene la posibilidad de concurrir con su ejercicio en la selección de los representantes a los cargos de elección popular y otra pasiva, en la cual se tiene la oportunidad de ser elegido para los cargos públicos”. Jurisprudencia electoral, Edit. Grijley, JNE, 2007, Pág. 31.
4. Sin embargo, es menester precisar que según jurisprudencia del máximo organismo electoral (JNE), es un imposible jurídico la candidatura individual de un ciudadano en elecciones pluripersonales, pues corresponde aplicar el principio de representación proporcional, a que se refiere el artículo 187° de la Constitución Política del Perú.
políticas tales como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la legislación sobre la materia.
TERCERO El ejercicio de la ciudadanía por ende el derecho a elegir y ser elegido solamente se suspende por los siguientes casos concretos:
Por sentencia con pena privativa de la libertad 5 .
¿Por qué es importante la organización electoral en el Perú?, ¿Y qué instituciones lo conforman?
Es importante tener una organización electoral 6 para lograr lo siguiente:
Asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y ciudadanas.
Garantizar que las votaciones y los escrutinios sean el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector o electora, expresada en las urnas por votación directa y secreta.
El Sistema Electoral del Perú, está conformado por tres entidades que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de coordinación, de acuerdo con sus atribuciones.
Los procesos electorales son los medios pacíficos que existen para renovar a las autoridades a través del voto de las y los ciudadanos.
En estos procesos intervienen dos actores importantes:
Las candidatas y los candidatos quienes presentan propuestas para la solución de los problemas.
Las electoras y los electores , quienes eligen la mejor propuesta y vigilan sus actos de gobierno.
Máxima autoridad electoral:
Administra justicia en materia electoral
Fiscaliza la legalidad de los procesos electorales
Brinda educación cívica electoral en forma permanente e
Proclama a los candidatos (as) como autoridades
Organiza, plani ca y ejecuta los procesos electorales
Registra la identi cación de las ciudadanas y los ciudadanos, elabora el padrón electoral y veri ca las rmas
5. En ese sentido la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, ha previsto que la interpretación deba de hacerse bajo el principio Pro liberta- tis, en la cual se estaría hablando de que el ciudadano sea sentenciado con pena privativa de libertad efectiva, o que en dicha sentencia se establezca de manera expresa la inhabilitación como pena accesoria.
6. Si bien es cierto, la Constitución Política del Perú, alude al término sistema electoral, para referirse al conjunto de organismos electorales que la conforman, es necesario precisar que en doctrina dicho término, es entendido como el “conjunto de reglas según las cuales los electores expresan sus preferencias políticas y los votos se convierten en escaños (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno ( en caso de elecciones de presidente, gobernador, alcalde, etc)”, por lo correspondería referirse mas bien a Organización electoral. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2007. Pág. 1304.
A continuación, tenemos los tipos de procesos electorales que se llevan a cabo en el Perú y sus correspondientes reglas de juego democrático.
¿Cómo y cuándo se llevan a cabo las
Elecciones Generales de la República del Perú?
Elecciones de la Presidencia y de las Vicepresidencias
Las Elecciones Generales se realizan cada cinco (5) años, el segundo domingo del mes de abril, salvo lo dispuesto en los artículos 84° y 85° de la Ley Orgánica de Elecciones, Nº 26859.
Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se procede a efectuar una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos o ciales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta (ballotage).
El Presidente y Vicepresidentes electos asumen sus cargos el 28 de julio del año en que se efectúe la elección, previo juramento de ley.
Elecciones del Congreso de la República
Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República.
El número de congresistas es de ciento veinte y son elegidos (as) mediante voto directo, secreto y obligatorio.
Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la elección. Salvo los elegidos en las elecciones previstas en el artículo 134° de la Constitución, quienes asumirán su cargo, después de haber sido proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones
Elecciones de Representantes al Parlamento Andino
La primera elección se realizó conjuntamente con las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República
Son elegidos (as) mediante voto directo, secreto y obligatorio en número de cinco (5) titulares y dos (2) suplentes por cada uno de ellos.
Los representantes electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del año en que se efectúa la elección.
¿Cómo y cuándo se llevan a cabo
las Elecciones Regionales?
Las elecciones regionales se realizan cada cuatro (4) años para elegir las autoridades de los gobiernos regionales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular
Las autoridades de los gobiernos regionales objeto de elección son:
Las elecciones regionales se realizan junto con las elecciones municipales, su fecha es el tercer domingo del mes
las Elecciones Municipales?
Las elecciones municipales se realizan cada cuatro (4) años para elegir las autoridades de los gobiernos locales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular.
Las autoridades de los gobiernos municipales, objeto de elección son:
naturales a la fecha de las elecciones, las que se llevan a cabo el tercer domingo del mes de noviembre del año en que naliza el mandato de las autoridades municipales.
las autoridades municipales. 7
Para elegir mejor se necesita:
Emitir un voto responsable, es decir que el acto de elegir a un representante sea informado y razonado.
En ese sentido, les presentamos cuatro recomendaciones, para que las electoras y los electores ejerzan un voto responsable:
PRIMERO Conocer los deberes y derechos electorales.
SEGUNDO Tener conocimiento de las funciones de las autoridades que se eligen.
TERCERO Conocer la trayectoria de las candidatas y los candidatos (Hoja de vida) y su plan de gobierno. 8
CUARTO Participar en iniciativas y labores de educación electoral, de manera voluntaria, escuchar los debates electorales, etc.
Conociendo los deberes y derechos electorales
Deberes electorales
Manejar información completa de las
candidatas o candidatos, así como
denunciar los casos de corrupción.
Exigir información de calidad y exacta
sobre la trayectoria de los candidatos.
Proponer sugerencias para el mejoramiento
del plan de gobierno presentado por las
candidatas y los candidatos.
Vigilar que se hayan publicado los planes
de gobierno de todos los candidatos.
Conocer el local de votación que le
corresponde al elector y el día de la
votación, respetar el orden y tranquilidad.
Si es miembro de mesa, asistir a los talleres
Solicitar información electoral gratuita y
medidas de seguridad al organismo
responsable de su organización de las
elecciones: A la O cina Nacional de
Procesos Electorales – ONPE-
7. El pasado mes de noviembre del año 2007, en 22 circunscripciones del país fueron anuladas las elecciones, de conformidad con el artículo 364 de
la LOE, razón por la cual se convocó a elecciones municipales complementarias para elegir a sus autoridades ediles.
8. Siendo el Jurado Nacional de Elecciones (Pacto Ético Electoral), quien presentó la iniciativa legislativa, que fue posteriormente aprobada en la cual
los candidatos debían presentar su Hoja de Vida y Plan de gobierno de manera obligatoria al momento de su inscripción).
Los personeros de algún partido o
movimiento político, deberán conocer, los
derechos y prohibiciones del proceso
electoral: conteo, llenado de actas, traslado
y entrega de ánfora, entre otros, para ello,
podrán asistir a los talleres dictados por la
Escuela de Personeros del JNE.
Exigir que se apliquen de manera
imparcial y justa las normas de procesos
electorales democráticos: libertad e
igualdad de oportunidades para todos los
Si no resultó elegido el candidato o
candidata de su preferencia u opción
política, deberá aceptar los resultados
Celebrar la victoria del candidato o
candidata porque es válido el derecho a la
libre expresión en espacios públicos, pero
sin alterar el orden público.
Conociendo las funciones y competencias de las autoridades que se elegirá
¿Qué hacen las autoridades regionales?
Los gobernantes regionales son las autoridades que se encargan de conducir los
destinos de cada uno de los 25 gobiernos regionales del Perú, los cuales se han formado
a partir de los 24 departamentos, incluyendo la Provincia Constitucional del Callao.
Funciones del presidente o presidenta regional
Funciones de los consejeros o consejeras regionales
LEGISLAN, como los Congresistas de la
Ejecuta el Presupuesto Participativo
Regional aprobado por el Consejo Regional.
Conduce la ejecución de los planes y
programas de desarrollo regional: de
inversiones y exportaciones, de
competitividad, de desarrollo de
capacidades humanas, etc.
Proponen normas y acuerdos regionales
que son las leyes que tienen validez en el
ámbito regional y en concordancia con la
FOMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA en la
FISCALIZAN los actos de los órganos de
dirección y administración del gobierno
Propone y ejecuta estrategias y políticas
de participación de la población.
realizan labores ejecutivas porque les
toca hacer el control de la buena marcha
administrativa y asegurar el balance de
PROMUEVE LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN
MACROREGIONAL.
TIENEN DERECHO A VOZ Y A VOTO EN LAS
SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL.
¿Qué hacen las autoridades locales?
Los gobernantes locales son las autoridades municipales que se encargan de
conducir los destinos de cada uno de los distritos y provincias del Perú – tanto
urbanos como rurales-
Principales funciones del alcalde o alcaldesa
Principales funciones de los regidores o regidoras
República a nivel local.
De ende y vigila los derechos e intereses
de la municipalidad, sobre todo de la
Proponen ordenanzas que son las leyes
dentro de un distrito o provincia, en
concordancia con la Constitución
PROMUEVE Y ASUME EL LIDERAZGO DEL
DESARROLLO en el distrito o en la provincia.
FISCALIZAN la gestión municipal.
No realizan labores ejecutivas porque les
Dirige la formulación y la aprobación de
los diversos planes de desarrollo sostenible
de manera concertada – urbano,
económico, ambiental, etc.-
Desempeñan por delegación del alcalde
Propone espacios de concertación y
o alcaldesa, únicamente atribuciones
Somete a aprobación del concejo
municipal el Presupuesto Participativo.
Son parte de las comisiones ordinarias y
especiales para elaborar propuestas.
SUPERVISA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS en el distrito o en la provincia.
MANTIENEN COMUNICACIÓN con las
organizaciones sociales y con los
Propone la creación de empresas
municipales y vigila los resultados
Son como el nexo entre la municipalidad
y el vecindario para proponer soluciones
Indagando sobre la trayectoria y hoja de vida de las candidatas y candidatos
¿Cómo conocer a los candidatos y candidatas? PRIMERO: Averiguar sobre su hoja de vida y trayectoria
¿Cómo toma las decisiones, especialmente en situaciones difíciles?
¿Cómo manda? ¿Sabe delegar o pretende controlar todo?
¿Cómo piensa? ¿Qué ideas lo formaron? ¿Dónde estudió?
¿Es coherente entre lo que dice y hace? ¿Actúa con transparencia y lucha contra la corrupción?
¿Cómo ha sido su trayectoria social y política? ¿Ha sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad?
SEGUNDO: Averiguar sobre su formación y preparación para ser gobernante
¿Conoce los problemas y posibilidades de desarrollo del distrito, provincia o región?
¿Ha vivido en el lugar los últimos años? ¿Es conocido el candidato o la candidata en el distrito, provincia o región?
¿Conoce lo que podrá hacer realmente desde su cargo y cuáles serán sus limitaciones?
¿A qué actividad se dedica?
TERCERO: Averiguar sobre sus ofertas electorales y plan de gobierno:
¿Explica con detalle lo que va a hacer? ¿Demuestra la utilidad de los proyectos que promete, cuándo se realizarán y con qué nanciamiento?
¿Sus propuestas son realizables? ¿Tiene algún estudio o experiencia previa que muestren la factibilidad?
¿Incorpora a la ciudadanía en la elaboración de sus planes de gobierno? ¿Responde a las sugerencias e iniciativas de la población?
¿Informa sobre lo avanzado por la actual gestión municipal o regional en sus propuestas
CUARTO: Averiguar sobre quiénes le rodean o su entorno político:
¿Su lista está integrada por ciudadanos capaces, preparados y con trayectoria honesta?
¿Los conoce hace tiempo o son recientes en la relación? ¿Cuenta con equipos técnicos de soporte?
¿Quiénes son sus aliados estratégicos y sus jefes de campaña política?
¿Quién o quiénes les nancian esta campaña? ¿Hace público el nanciamiento de su campaña electoral?
* Toda la información puede ser obtenida, a partir de la declaración Jurada de Vida y Plan de gobierno, que los candidatos deben presentar al JNE, al momento de su inscripción.
Se constituyó como una buena práctica promovida desde el Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, como Idea Internacional, Comisión Andina de Juristas, Foro del Acuerdo Nacional y Asociación Civil Transparencia; siendo oficializada por el JNE la suscripción del PEE, mediante Resolución N° 029-2005-JNE de febrero de 2005, para ejecutarse a partir de las Elecciones Políticas Generales 2006. Dicha experiencia fue replicada en los sucesivos procesos electorales: elecciones regionales 2006 y elecciones municipales y complementarias de 2007.
El Pacto Ético Electoral, fue concebido como un acuerdo
de honor suscrito por las candidatas y los candidatos en contienda electoral, comprometiéndose a realizar una campaña electoral, en la que predomine el respeto mutuo, el debate de ideas y programas de gobierno.
Para lo cual asumieron los siguientes compromisos:
Pacto de No agresión Mediante el cual, los candidatos se comprometían
a desarrollar una campaña electoral pacífica, libre de insultos y agresiones.
Difusión y exposición de ideas y programas de gobierno A través del cual, los candidatos manifestaron su compromiso de dar a conocer a la ciudadanía sus planes de gobierno, participando en los debates electorales.
Respeto a los resultados Se exhorta el respeto a las reglas de juego establecidas, donde los candidatos acatarían los resultados de quien haya gozado del respaldo de los electores en las urnas.
Campaña Ciudad Limpia Una vez finalizado el proceso electoral, dicho candidatos tendrían el compromiso de retirar la propaganda electoral colocada en su localidad y contribuir con su ornato.
El Pacto Ético Electoral, desde su implementación, a partir de las Elecciones Políticas Generales 2006, hasta su incursión en las elecciones municipales complementarias
2007, ha logrado establecer de alguna manera ciertos
códigos de conducta, respetando y llevando a la práctica los compromisos suscritos, contribuyendo de esta forma
a consolidar la confianza en el proceso democrático y
asegurar una atmósfera pública de tolerancia política.
Proyecto de Educación Ciudadana para el fortalecimiento de la democracia participativa en zonas rurales
Es un proyecto ejecutado con la contribución y financiamiento del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), el mismo que se desarrolló en dos etapas, realizándose durante la primera, Talleres de Educación Ciudadana, sobre voto responsable y consciente, reforzados con campañas de sensibilización; y durante la segunda, mediante talleres educativos sobre los mecanismos de participación y control ciudadano, lográndose acuerdos de desarrollo sostenible y gobernabilidad en los distritos.
El Jurado Nacional de Elecciones y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante
convenio suscrito en noviembre de 2006, convinieron en
la necesidad que existía de fortalecer la participación de los
ciudadanos, principalmente en zonas rurales, identificadas como zonas vulnerables; donde incrementar y mejorar los niveles de participación conllevaría a fortalecer la relación entre los ciudadanos y sus autoridades.
En esa perspectiva el JNE, como ente rector del sistema electoral en el cual recae la función de formación cívica ciudadana y con el financiamiento del PNUD, creyó en la necesidad de impartir educación a la ciudadanía, para el correcto ejercicio de los derechos de participación y control, previstos en la legislación vigente; priorizándose su ámbito de intervención en 10 distritos a nivel nacional. 9
La ciudadanía se vio beneficiada
Se tomaron en cuenta diez (10) distritos del total (22) de distritos convocados para el proceso de Elecciones Municipales Complementarias 2007, al haberse producido hechos de violencia durante las pasadas elecciones municipales.
9. La Resolución N° 037-2007-JNE, declaró la nulidad de las elecciones municipales realizadas en noviembre de 2006 en 22 distritos de 19 provincias del país en los cuales se llevaron a cabo actos de violencia.
Se logró generar compromisos en ciertos sectores de la sociedad civil durante la labor educativa e informativa (autoridades municipales, líderes de la comunidad, profesores, presidentes JEE, etc)
En relación con los medios de comunicación local, se contó con el servicio del Instituto de Defensa Legal (Ideeleradio), para la difusión de spots radiales en lengua castellano, quechua ancashino, quechua chanca y aymara, con la finalidad de desarrollar y ejecutar campañas de educación cívica electoral promoviendo el voto responsable, la tolerancia y aceptación de los resultados electorales
Se logró generar consensos entre ciudadanos y autoridades municipales, e identificar problemas comunes, suscribiendo para ello acuerdos de desarrollo sostenible y gobernabilidad, con la finalidad de mejorar los niveles de participación en su distrito.
Se produjeron y emitieron microprogramas radiales en los cuales se informó a la población sobre cómo ejercer los mecanismos de control y participación ciudadana, contando con el servicio de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), a fin de difundir los beneficios de ejercer una participación responsable.
3.1. Conceptos y reseña histórica
En varias entidades del Estado existe aún la “cultura del secreto”.
Para desterrarla, se debe ejercer el derecho al acceso a la información pública. Esto permitirá, motivar que la gestión estatal sea mucho más transparente.
Si se realizan pedidos de información con su respectivo seguimiento, se ayudará a que las entidades consideren este tema como prioritario.
Los mecanismos de acceso a la información pública, abren las puertas para conocer a fondo los asuntos públicos del distrito, provincia, región y a nivel nacional. Así se puede tener una opinión más calificada sobre los sucesos importantes que afectan los destinos de las familias y los proyectos de vida.
Estos derechos de transparencia y a saber sobre la gestión pública, son recientes en el Perú: sólo han sido reconocidos desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1993.
En el mismo sentido, la acción de hábeas data, como garantía judicial para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, también fue un avance incorporado en la Constitución de 1993.
Estos cambios normativos tuvieron como principal objetivo aminorar la presión internacional sobre el gobierno peruano para prevenir una posible dictadura en términos clásicos.
Durante los 14 primeros años de existencia del derecho al acceso a la información en el Perú, se observa que su aplicación ha sido muy lenta por el desconocimiento mayoritario de la población.
El Tribunal Constitucional ha hecho un esfuerzo por compilar esta información, resultando que los 25 casos examinados hacen de la acción de hábeas data, de lejos, la menos invocada ante dicha instancia.
Es necesario que los cambios se hagan de manera gradual en las instituciones, en los procedimientos que utilizan los funcionarios para compartir la información pública.
Al mismo tiempo, que las ciudadanas y los ciudadanos aprendan a ejercer este derecho mediante prácticas concretas:
Solicitando por escrito, información sobre los asuntos públicos, a las autoridades locales.
Revisando el portal Web de la municipalidad y de cualquier otro organismo público.
Formulando opinión sobre los asuntos más importantes del distrito, provincia y región; en base a información comprobada y actualizada
(Artículo 2° inciso 5)
Los ciudadanos pueden solicitar sin expresión de causa la
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el
pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por
Pública - Ley N° 27806
Esta ley tiene por nalidad promover la transparencia de
los actos del Estado y regular el derecho fundamental del
acceso a la información consagrado la Constitución
Publicada el 3 de
Dispone que toda entidad pública debe tener su portal de
transparencia en Internet, en la que debe publicarse los
datos generales de la entidad, organización,
procedimientos, los bienes y servicios que se adquieran.
Ley N° 27927 que modi ca y
agrega algunos artículos a la
Publicada el 4 de
Esta ley introdujo modi caciones importantes como es la
incorporación de las empresas estatales en el ámbito de
N° 043-2003-PCM
Publicado el 24 de
Tuvo la nalidad de sistematizar y actualizar la Ley N° 27806
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en un
Texto Único Ordenado.
N° 035 - 2001
Señala el acceso al ciudadano a la información sobre
nanzas públicas
N° 018-2001-PCM
Establece el procedimiento para facilitar a las personas el
acceso a la información que posean o produzcan las
¿Qué información pública se puede manejar sobre la gestión municipal?
Para mayor precisión, el artículo 10° de la Ley N° 27806 afirma que se puede acceder a cualquier información que haya sido creada por la entidad pública o que haya sido obtenida por ella, se encuentre en su posesión o bajo el control de la misma y no se constituya en información de carácter reservado que afecten derechos fundamentales 10 .
En realidad toda la información que tiene la municipalidad es pública. A continuación algunos ejemplos de información a obtener de los gobiernos locales:
1. Información sobre el Plan de Desarrollo Local Concertado: Los avances y dificultades encontradas, las medidas para lograr las metas propuestas. ¿Qué están haciendo para que la población participe en la ejecución del plan?
2. Información sobre el manejo presupuestal: El presupuesto participativo aprobado y en ejecución del presente año, rendición de cuentas del presupuesto municipal ejecutado el año anterior, los proyectos de inversión, así como las remuneraciones y beneficios de los altos funcionarios y del personal en general.
3. Información del funcionamiento de los servicios públicos municipales: Un panorama sobre el costo de los servicios frente a su rendimiento y a la eficiencia en el servicio que se brinda a la población.
4. Información de la gestión de los programas sociales: Los avances y logros alcanzados en el programa Vaso de Leche, en DEMUNA, en el apoyo a las personas con discapacidad y otros programas sociales. También sobre la transferencia de los programas sociales.
Además, es necesario tener información pública sobre:
Las principales disposiciones municipales
emitidas: Ordenanzas, acuerdos de concejo, decretos
y resoluciones de alcaldía.
Visitas de la Alcaldía: A las diferentes zonas territoriales y los logros en la integración del distrito. También de los viajes por intercambios y pasantías.
Las adquisiciones de bienes y servicios: modalidad
y montos comprometidos.
Sesiones del Consejo de Coordinación Local y acuerdos tomados.
10. Artículo 2°, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, en la cual se establecen que se puede solicitar información pública, siempre y cuando, ésta no afecte la intimidad personal o cuando expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
¿Qué “entidades” de la administración pública están obligadas a brindar información?
Se entiende por “entidades” de la administración pública, de conformidad con el artículo I de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, las siguientes:
El Poder Ejecutivo, incluyendo los Ministerios y organismos público descentralizados.
Los organismos a los que la Constitución del Perú y las leyes les confieren autonomía;
Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del estado, conforme a la normativa de la materia. 11
La solicitud de información pública es un trámite simple, no existe un formato único, sin embargo, en el artículo 11° de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el artículo 10° de su reglamento, figuran los requisitos formales. Aquí una síntesis:
Dirigir la solicitud al funcionario responsable de brindar información: Cada entidad municipal debe nombrar un Secretario General.
Precisar detalladamente qué información es la que necesita: Si se dirige a la municipalidad, puede ser copia de una resolución, datos sobre una obra, servicio o programa municipal, la remuneración de algún funcionario, copia de directivas municipales, etc. Las otras entidades públicas, darán información según los asuntos públicos que manejan.
Indicar dirección de contacto y opcionalmente, teléfono.
Firmar y anotar el número de su DNI . En caso de menores de edad, este documento no es obligatorio.
Posteriormente la municipalidad o cualquier otra entidad pública, cuenta con 7 días útiles para atender la solicitud, pero puede pedir una prórroga de 5 días útiles adicionales. (Total 12 días útiles).
Cuando la información pública que pidió ya está lista, solamente pagará por la reproducción de la información.
¿Qué sucede si la autoridad competente no responde la solicitud?
Usted puede presentar un recurso de apelación:
La apelación es una carta que va dirigida al mismo funcionario a quien pidió la información: puede ser el secretario general en el caso de alguna municipalidad. Esta vez, el funcionario se la envía al alcalde para que emita respuesta.
La apelación es parte del procedimiento de acceso a la información.
La municipalidad o cualquier otra entidad pública, tiene 10 días útiles, desde que usted presenta la apelación, para dar respuesta a vuestra solicitud. Vencido este plazo, termina el proceso en la vía administrativa y puede acudir al Poder Judicial e interponer una demanda via proceso contencioso administrativo o de lo contrario interponer una Acción de garantía constitucional de Habeas Data 12 .
Para ejercer nuestro derecho a la información pública, es menester tener en cuenta lo siguiente:
11. Cfr. Marco Legal, Planeamiento Concertado y la Participación en los Presupuestos públicos, Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, 2007, Pag.61.
12. “El proceso constitucional de habeas data se presenta sólo como una garantía constitucional que protege el derecho a la autodeterminación informativa, el cual se compone del derecho al acceso a la información pública y el derecho a que la información computarizada no suministre datos que afecte el derecho a la intimidad personal y familiar”. Landa Arroyo, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Palestra Editores, 2003, Pág. 139
PRIMERO Identificar los asuntos de interés que quiere conocer de la municipalidad a nivel de distrito y provincia. También del gobierno regional o de cualquier otra entidad pública.
SEGUNDO Redactar solicitudes pidiendo la información pública que requiere y si no lo encuentra en los portales Web de las instituciones. No se olvide de presentar dos copias de su pedido, una copia para dejarla en la entidad pública y la otra quedará consigo, como cargo de la recepción.
TERCERO La solicitud deberá ser ingresada a través de la oficina de trámite documentario (mesa de partes). Pero si usted es el representante de alguna organización, puede hacer el trámite en representación de los integrantes. Recuerde que el cargo del documento presentado, deberá tener el sello de la entidad pública con la fecha de recepción de su solicitud.
CUARTO Hacer seguimiento a la respuesta de la entidad pública, según los plazos establecidos.
Modelo de Solicitud de información pública 13
I. Funcionario responsable de entregar la información
Av./Calle/Jr.
N°/ Dpto/ Interior
Doc. de Identidad DNI/LM/OTRO
III. Información solicitada
IV. Dependencia de la cual se requiere la información
V. Forma de entrega de la información (Marcar con una x)
13. De acuerdo al modelo aprobado por el Reglamento de Transparencia y acceso a la información pública DS.072-2003.
3.4. Aprendiendo de las experiencias
Se comparten dos casos de aplicación del mecanismo de transparencia y acceso a la información pública.
1. Una experiencia reciente - junio del 2007- donde el Tribunal Constitucional, declaró fundada la solicitud de información pública de la organización denominada COMITE DE DEFENSA Y DESARROLLO DEL DISTRITO SACHACA que pertenece a la provincia de Arequipa.
Solicitaron información referente a los ingresos
y egresos de la Municipalidad provenientes del FONCOMUN y de los captados por la comuna en forma directa.
Solicitaron información relativa a los eventos
convocados por la comuna y la información obtenida
de los talleres de diagnóstico y elaboración del Plan
de Desarrollo Concertado Municipal de Desarrollo del Distrito de Sachaca.
Pidieron documentación referente al sistema de amplificación de la municipalidad.
Solicitaron el oficio de fecha 11 de septiembre de 2003 que contenía el agradecimiento institucional al director del programa televisivo “En la Mira” y la Ordenanza que dispone la conformación, instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Distrital.
A continuación se reproduce la sentencia:
EXP. Nº 1136-2006-PHD/TC AREQUIPA COMITE DE DEFENSA Y DESARROLLO DE SACHACA
En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzáles Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia Asunto
Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Comité de Defensa y Desarrollo de Sachaca contra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 109, su
fecha 7 de diciembre de 2005, que declara infundada la demanda de habeas data. Antecedentes
Con fecha 13 de julio de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas data contra la Municipalidad Distrital de Sachaca, con el objeto de que ésta le brinde la información necesaria respecto a los ingresos y egresos de dicha comuna para implementar los nuevos mecanismos de participación ciudadana, así como de presentar iniciativas de proyectos de financiamiento. Alega que ésta lesiona su derecho a la libertad de acceso a la información, toda vez que no ha dado respuesta a sus solicitudes.
La emplazada contesta la demanda alegando que el recurrente no cuenta con los requisitos mínimos para la obtención de la información solicitada. Asimismo, alega que no obstante ello se le brindó de manera oportuna documentos e información.
El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Hunter, con fecha 31 de enero de 2005, declara improcedente la demanda al considerar que el demandante cumplió con presentar la solicitud conforme a la Ley N. º 27806-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que por lo tanto no ha cumplido con recurrir a la vía especial propiamente.
La recurrida confirma la apelada por considerar que a la demandada dio respuesta a los reclamos de la demandante indicando que no se consigno domicilio alguno donde se pudiera remitir la contestación. Asimismo, consideró que no se ha cumplido con expresar de manera concreta
y precisa la información que se solicita, tampoco se ha identificado debidamente a los solicitantes. Fundamentos
1. El objeto de la demanda es que la Municipalidad Distrital de Sachaca (Arequipa) proporcione la documentación e información solicitada por Eduardo Simón Chávez Presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Sachaca, para el proceso implementación de nuevos mecanismos de participación ciudadana, proceso al que fueron convocados por la citada Municipalidad.
2. El inciso 5) del artículo 2° de la Constitución declara que toda persona tiene derecho “A solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido”. La Constitución ha consagrado en estos términos
el derecho fundamental de acceso a la información,
demandada, este no contiene la información so-
cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento del derecho que le asiste a toda persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, no
licitada, ni cuenta con la constancia de recepción respectiva.
existiendo por tanto, entidad del Estado o persona de
El ejercicio del derecho fundamental de acceso a
derecho público, excluida de la obligación respectiva.
información tiene límites, ya que “se exceptúan las
3.EsteTribunalsehapronunciadorespectoalosalcances
del derecho en cuestión en la STC 1797-2002-HD/
el derecho de acceso a la
información pública tiene una doble dimensión. Por un
lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan
o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que
aquellas que se han previsto como constitucionalmente
En segundo lugar, el derecho de acceso
a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir
la información necesaria y oportuna [
punto de vista, la información sobre la manera como
se maneja la res pública termina convirtiéndose en un
autentico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de cualquier individuo”. Como se observa, desde ambas perspectivas, el derecho de acceso a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en el Estado.
legítimas. [
TC, señalando que “[
4. De la revisión de los documentos adjuntados, se aprecia que la Municipalidad demandada no entregó la información referente a los ingresos y egresos de la Municipalidad provenientes del FONCOMUN y de los captados por la comuna en forma directa, así como la información relativa a los eventos convo- cados por la comuna y la información obtenida de los talleres de diagnóstico y elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Municipal de Desarrollo del Distrito de Sachaca; ni la documentación referente al sistema de amplificación de la municipalidad. Fi- nalmente, no entregó el Oficio de fecha 11 de septi- embre de 2003 que contenía el agradecimiento insti- tucional al Director del programa televisivo “En la Mira” y la Ordenanza que dispone la conformación, instalación y funcionamiento del Consejo de Coor- dinación Distrital. Es decir, ha quedado acreditado que la entidad emplazada no entregó la información solicitada, pues si bien obra en autos un documento de fecha 22 de diciembre de 2003 presentado por
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. Sin embargo, no teniendo la información solicitada relación alguna con la seguridad nacional, y al no existir ley que prohíba la entrega de información, resulta aceptable el pedido del recurrente.
6. Asimismo, debe precisarse que el artículo 17
de la Ley Nº 27806 (Ley de transparencia y acceso
a la información pública) estipula, con respecto al procedimiento para la solicitud de información, que “ El solicitante deberá abonar el importe correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida, en concordancia con el
segundo párrafo del citado artículo que establece que
“ El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Públicas”.
7. De acuerdo con lo dicho, este Colegiado considera
que la demanda debe estimarse, en tanto no existe impedimento alguno para que el emplazado brinde el acceso a la información pública generada en el ejercicio de sus funciones.
Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordena que la emplazada proceda a la exhibición de la documentación solicitada, y que se la entregue al demandante previo cumplimiento del pago de las copias fotostáticas y la correspondiente certificación solicitada, derechos que se abonarán conforme a lo establecido en el TUPA de la municipalidad emplazada.
Publíquese y notifíquese. SS. GONZALES OJEDA BARDELLI LARTIRIGOYEN VERGARA GOTELLI
2. La experiencia de conformación de un grupo impulsor de la información pública del distrito de Independencia- Lima Norte, denominado “Abriendo Puertas”
De manera voluntaria se han acreditado como promotoras del manejo de la Ley N° 27806, unas 60 dirigentes capacitadas en el módulo de capacitación de la Escuela RENACER que promueve el enfoque de equidad de género, auspiciado por la municipalidad de Independencia y la asociación Calandria.
La mayoría son mujeres y utilizan un paquete o kit de materiales para reforzar su labor de capacitación en las zonas más pobres del distrito de Independencia.
Tienen formatos para la elaboración rápida de solicitudes y productos motivadores, tales como: microprograma radial sobre la importancia de la Ley 27806, dos folletos o fascículos que desarrollan el mecanismo y son explicativos de los asuntos públicos en general así como de manera particular, sobre la gestión municipal 2004 - 2005 de Independencia. También disponen de paneles que resumen el procedimiento para solicitar información pública.
TESTIMONIOS DE LOS LÍDERES SOCIALES EN SU FORMACIÓN COMO FACILITADORES (AS) DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Una facilitadora venció su temor a participar, ejerció su ciudadanía y se decidió a presentar la solicitud
Una facilitadora se sintió contenta de haber participado en el ejercicio de solicitar información pública
y de haber sido atendida oportunamente.
Una facilitadora sintió elevar su autoestima al ver que su solicitud de información pública fue aceptada
aún a pesar de estar escrita a mano. Pensó que la iban a rechazar porque “su letra era fea” y que le iban
a decir que lo trajera hecho a máquina.
Cuando en ocasiones solicitaban la copia del DNI para recibir la solicitud de información, algunas
facilitadoras hicieron prevalecer la ley, la cual no menciona este requisito.
Una facilitadora sintió el respaldo institucional al ser felicitada por un funcionario del Área de Salud de
la Municipalidad. Le dijo que era muy importante que los vecinos pregunten acerca de la gestión
municipal para que ellos puedan resolver sus dudas.
Una facilitadora se sintió satisfecha al ver que la municipalidad atendió su solicitud, no sólo con una
respuesta escueta como para salir del paso, sino que recibió un fólder de 57 páginas con toda la
información del Presupuesto Participativo 2004.
Algunas facilitadoras al ver que sus compañeras han obtenido respuesta de la municipalidad,
decidieron por n presentar su propia solicitud y hacer valer su derecho
Resumen de los aprendizajes de facilitadores(as) En el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.
Se interiorizó el proceso de solicitar información pública: Primero, elegir adecuadamente la pregunta,
teniendo en cuenta que la información solicitada sea de utilidad para nuestra comunidad. Segundo,
llenar correctamente la solicitud procurando una letra legible, formulando la pregunta en forma clara y
concisa. Tercero, presentar la solicitud en Mesa de Partes, sin necesidad de presentar una copia del DNI.
Cuarto, recoger la respuesta en Secretaría General después de siete días.
Todo trámite es personal. No es conveniente entregarle a otra persona para que presente la solicitud de
Se debe conservar el cargo de la solicitud sellado, para no tener inconvenientes a la hora de recoger la
Quedó claro que no es preciso llevar una copia del DNI para presentar su solicitud de acceso a la
información pública. Y si lo exigieran deben hacer respetar la ley.
No se debe dejar dilatar el tiempo entre la entrega de la solicitud e ir a recoger la respuesta. Lo
recomendable es ir tan pronto se cumplan los 7 días que establece la ley.
Formular una pregunta clara y concisa, para evitar que nuestro documento sea rechazado.
No confundir preguntas con pedidos a la gestión municipal. Se aprendió a diferenciar el manejo de dos
herramientas o mecanismos distintos: las solicitudes de información pública y los memoriales con
peticiones de obras o mejoramiento de los servicios que brinda la municipalidad.
Tener en cuenta el recorrido de la solicitud dentro de la administración pública. Se presenta la solicitud
en la o cina de Mesa de Partes, y se recoge la respuesta en Secretaría General o eventualmente habrá
que efectuar un seguimiento del documento.
Es recomendable socializar las respuestas para comparar datos y compartir información.
En lo posible contrastar la información otorgada por la municipalidad con otras fuentes, por ejemplo
Evaluar la calidad de la respuesta y observar si han respondido concretamente la pregunta, sino será
necesario reformular la pregunta.
La iniciativa ciudadana es también conocida como iniciativa popular.
Se refiere a la posibilidad amparada en la actual Constitución Política del Perú, de que las personas presenten peticiones, avaladas por las firmas de la población, para que se tome a consideración política un determinado asunto público, como puede ser una reforma constitucional, una ley, e incluso una ordenanza regional o local.
Si bien el concepto de iniciativas legislativas desde la ciudadanía, es algo relativamente nuevo en los espacios de democracia del Perú, la realidad mundial es bastante diferente. Desde hace más de 100 años, los ciudadanos suizos llevan iniciativas populares a su Congreso, los austriacos lo hacen desde 1929, y los siguen italianos, polacos, y estadounidenses.
Por eso, desde que a partir de la Constitución Política de 1993 y la Ley N° 26300, las ciudadanas y los ciudadanos
peruanos ya tienen la posibilidad de crear iniciativas legislativas, también surgió una enorme tarea: La población debe estar preparada, ya que la experiencia comparada hace ver, inclusive en países como Suiza, el porcentaje de iniciativas que llegan a ser aceptadas no supera el 15%.
Esta dimensión de la participación ciudadana es clave porque motiva la creatividad de la población en la formulación de normas – leyes y ordenanzas- que sean adecuadas y factibles según las diversas realidades del Perú, mucho más por ser pluricultural.
Para ejercer el mecanismo de la iniciativa de legislación ciudadana en el Perú, existen diversas opciones según la jerarquía de sus normas vigentes: Constitución Política, Leyes promulgadas por el Congreso de la República y Ordenanzas de los consejos regionales y concejos municipales. Ver las tres posibilidades:
Elaboración de anteproyectos o “borradores” de reforma constitucional.
Preparación de propuestas de leyes nacionales.
También se pueden elaborar propuestas de ordenanzas locales y regionales.
Perú (Artículo 31°)
Reconoce los derechos de los ciudadanos a
Ley de los Derechos de
Ciudadano, N° 26300 ( Art.
17º al 19º)
Promulgada el 3 de
Consagra los derechos a la iniciativa de Reforma
Constitucional, a la iniciativa en la formación de leyes, así
como a la iniciativa en la formación de dispositivos
Promulgada el 17 de
N° 27658
Declara al Estado en proceso de modernización para mejorar
la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano.
Constitucional? 14
Es un derecho por el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, tienen la posibilidad de proponer proyectos para la modificación de algún artículo o toda la Constitución Política ante el Congreso de la República para que sean debatidos, modificados, aprobados o rechazados. De esta manera, pueden participar directamente en la función legislativa a nivel de gobierno nacional.
A través de la iniciativa de reforma constitucional, las ciudadanas y los ciudadanos, participan de manera activa en la presentación de proyectos de ley para generar mejoras en comunidad.
¿Quiénes pueden solicitar una iniciativa de reforma de la Constitución Política del Perú?
La iniciativa de la Reforma de la Constitución puede ser solicitada por:
El Presidente de la República en el Consejo de Ministros.
El Congreso de la República, mediante acuerdo
¿Cuáles son los requisitos para presentar una Reforma Constitucional? 15
Presentación de promotores de la iniciativa, acreditados por medio de un acta de acuerdo, que incluye la fotocopia del DNI.
normativa),
Una exposición de motivos, es decir, las razones que sustentan el proyecto.
Un análisis costo-beneficio de la ley 16 , comienza por definirelproyecto,paraluegoidentificaralosgrupos que obtienen una ventaja (posibles beneficiarios) y
o desventaja (posibles perjudicados), seguidamente
se realizará la cuantificación de los efectos de la proposición, sean estos de carácter monetario o de aquellos que no son susceptibles de valorización monetaria y si luego de sopesar las ventajas y las desventajas del proyecto encontramos que el
beneficio neto para la sociedad es alto en relación con sus costos, la medida resulta pertinente. Debe tenerse en cuenta una proyección del impacto que
el proyecto puede implicar.
Estar ordenado en títulos, capítulos, artículos, etc.
Presentación del 0.3% de firmas de la población electoral nacional.
La reforma Constitucional debe beneficiar a la mayor cantidad de la población nacional.
El texto debe estar redactado en forma de ley y referirse a una misma materia.
¿En qué casos NO procede una reforma constitucional?
Cuando la iniciativa recorta o disminuye los derechos ciudadanos consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política del Perú (derechos fundamentales de la persona).
1. Presentar la solicitud dirigida al Presidente del JNE, suscrita por los promotores, señalando domicilio común.
14. La Reforma constitucional, es entendida como la “facultad prescrita por una norma constitucional en la que una o varias reglas del texto funda-
mental pueden ser sustituidas, pero bajo el supuesto de que queden garantizadas la identidad y continuidad de la Constitución, considerada como un todo”. García Toma, Víctor. Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Editorial Palestra, 2005.
15.Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) del JNE.
16. El análisis costo beneficio exigido como uno de los requisitos de acuerdo al artículo 75° del Reglamento del Congreso, es una metodología que
permite medir el impacto económico de las decisiones públicas en el contexto de cualquier economía y sirve además como un instrumento que permite orientar el rumbo de las decisiones legislativas de un análisis serio y completo de costos y beneficios. León Lecca, Favio, En: El análisis costo beneficio de las leyes, Revista de Economía y Derecho, Edit. Sociedad de Economía y Derecho UPC, Pág.122.
2. Adjuntar la lista de firma de los adherentes en
planillones expedidos por ONPE 18 y en disco compacto con una copia, con la relación de sus nombres, apellidos, documentos de identificación, firmas o huellas digitales, además del texto de la iniciativa de reforma constitucional.
3. Una vez admitida la solicitud, el Secretario General
del JNE, remite al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) los planillones y los CDS para la verificación de la autenticidad de las firmas y datos de los adherentes.
Si durante el proceso de verificación de firmas RENIEC comprueba firmas improcedentes, los promotores tienen 30 días calendario para completar el número de firmas requerido. Posteriormente RENIEC remite al JNE el informe y reportes de la verificación.
4. Culminado el procedimiento de verificación, el
JNE expide una Resolución admitiendo a trámite la iniciativa de reforma constitucional, remitiendo el expediente al Congreso de la República. En el Congreso, la iniciativa de reforma constitucional tiene los mismos procedimientos que los proyectos presentados por los congresistas.
5. La iniciativa de reforma constitucional debe ser
aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.
6. Una vez aprobada la iniciativa de reforma constitucional, el Congreso ordena su publicación en el Diario Oficial El Peruano. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.
Cualquier iniciativa de reforma de la Constitución, independientemente de su carácter total o parcial, o de haber sido promovida por el gobierno o por la ciudadanía, debe ser sometida necesariamente a la aprobación del Congreso de la República.
Es un derecho que permite a los ciudadanos elaborar y presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República
debatidos,
Anteriormente se había regulado como mecanismo legislativo reservado para los parlamentarios, Presidente de la República y organismos constitucionalmente autónomos.
Los proyectos deben ser sobre temas que no están contemplados en una Ley específica y reciben preferencia en el trámite del Congreso.
Al igual que la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa legislativa permite a los ciudadanos participar directamente dentro de la función legislativa del gobierno.
De ahí su importancia y responsabilidad al momento de ejercer este derecho político.
¿Cuáles son los requisitos para presentar una iniciativa legislativa?
Presentación del texto del proyecto de iniciativa legislativa. La iniciativa se redacta en forma de proyecto articulado y debe referirse a una misma materia.
Quienes presentan la iniciativa pueden nombrar a dos representantes para la sustentación y defensa en la(s) comisión(es) dictaminador (as) del Congreso.
La iniciativa legislativa es un recurso apropiado para presentar propuestas de ley, en el caso en que las normas actuales no se ajustan o responden a la realidad de las diversas regiones del Perú o no resuelvan problemas reales que afectan a los ciudadanos y ciudadanas.
¿En qué casos NO procede una iniciativa legislativa?
Cuando la iniciativa versa sobre temas relacionados con materia tributaria - por ejemplo, reducir impuestos- o sobre temas presupuestarios – como sería el caso, para solicitar más dinero favorable al Sector Educación.
18. Denominado kit Electoral, el cual contiene los planillones que sirven para recolectar las firmas de adherentes que permitan tanto la inscripción de organizaciones políticas así como el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos.
¿Cuál es el procedimiento a seguir para la presentación de una iniciativa legislativa?
El procedimiento a seguir es el siguiente 19 :
1. Presentar la solicitud dirigida al Presidente del JNE,
suscrita por los promotores, señalando domicilio común.
planillones expedidos por ONPE y en disco compacto con una copia, con la relación de sus nombres, apellidos, documentos de identificación, firmas o huellas digitales, además del texto de la iniciativa legislativa.
del JNE, remite al Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil (RENIEC) los planillones y los CDs
para la verificación de la autenticidad de firmas y datos de los adherentes.
4. Si durante el proceso de verificación de firmas, el
RENIEC comprueba que las firmas válidas no son suficientes en número, los promotores tienen 30 días calendario para completar el número de firmas requerido y posteriormente el RENIEC remitirá al JNE el informe y los reportes de verificación.
5. Culminado el procedimiento de verificación, el
JNE expide una Resolución admitiendo a trámite la iniciativa legislativa, remitiendo el expediente al Congreso de la República. En el Congreso, la iniciativa legislativa es recibida y registrada por la Oficialía Mayor y remitida a la Comisión Parlamentaria (s) que corresponde de acuerdo al criterio de especialización, para que califique la admisibilidad de las proposiciones.
El Congreso dictamina y vota el proyecto en el plazo de 120 días calendario.
Una vez aprobada la iniciativa legislativa, será enviada
Presidente de la República para su promulgación y
no tiene observaciones, ordenará su publicación en
7. La iniciativa legislativa rechazada (siempre que haya
contado con el voto favorable de no menos de dos quintos de los votos del número legal de congresistas, esto es, 48) y las que se hayan aprobado introduciendo modificaciones sustanciales que desvirtúen su
19. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del JNE
20. Ley Nº 26300 y su modificatoria Ley Nº 26592
finalidad inicial, pueden ser sometidas a referéndum para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación, conforme la legislación vigente 20 .
La iniciativa legislativa, con similares requisitos y pasos, procede también en instancias a nivel regional y local.
Se alcanzan cuatro recomendaciones para que vuestras propuestasseanconvincentes,factiblesylogrenconvertirse en reforma constitucional, en leyes u ordenanzas locales y regionales:
PRIMERO Elaborar la iniciativa legislativa de manera participativa en talleres y haciendo indagaciones con la población sobre el tema de tu interés. Es importante partir de un diagnóstico actual y cabal de la realidad local, regional o nacional, según sea la modalidad de la propuesta.
SEGUNDO Solicitar asesoría técnica a profesionales y entidades especializadas, para la formulación del proyecto, sobre todo para hacer el análisis de costo- beneficio de la propuesta de reforma constitucional o la iniciativa legislativa que presentará.
Por ejemplo, si se quiere contribuir a descontaminar la ciudad mediante una ordenanza de prevención ambiental, tendrá que coordinar y pedir asistencia técnica a los colegios profesionales del ramo, a las ONG y las organizaciones que promueven la salud ambiental, etc.
TERCERO Planificar y conducir la organización para el recojo de las firmas de respaldo a la iniciativa, mediante iniciativas de promoción y educación ciudadana con la población. Previamente tendrá que gestionar el auspicio económico de parte de las entidades privadas o públicas que comparten los mismos objetivos y coinciden con su propuesta.
CUARTO Es clave hacer una campaña de comunicación, llegando a compartir su propuesta en los medios de
comunicación para lograr respaldo de los congresistas, de los regidores así como de los consejeros regionales. Además de explicar las ventajas y beneficios de la iniciativa legislativa, a la mayoría de la población.
1. Experiencia de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social en la iniciativa legislativa ciudadana para modificar la Ley de Radio y Televisión, presentada en enero del 2004.
Testimonio de Rosa María Alfaro Moreno, especialista en comunicación para el desarrollo y la democracia.
Elaboración de propuesta de ley
“… Se logra así producir un texto inicial, fruto de un arduo trabajo, sometidos a discusión interna entre las instituciones socias, y en agosto del 2002 se tenía ya una primera versión…”
Saliendo a las calles para recoger las opiniones.-
“… La siguiente acción fue organizar foros ciudadanos en Arequipa, Cuzco, Puno, Trujillo y Lima. Los voluntarios por primera vez se involucraban en una propuesta legal, más allá del monitoreo y el recojo de opinión ciudadana sobre los medios, que ya venían desarrollando.
A la vez profesionales, universidades y organizaciones sociales participaron. En ese momento nos dimos cuenta que la ciudadanía estaba altamente desinformada sobre sus derechos comunicativos y más aún sobre la relación que existe entre frecuencias, estado y empresariado…”
Se vio la gran necesidad de mayor conocimiento sobre la propuesta de la ley en preparación.-
“… Hasta la noción de espectro radioeléctrico era desconocida, más aún la historia de la legislación existente. Por ello esta primera actividad necesitó ser más informativa para luego dar pie a otras estrategias participativas. Para lo cual se produjo un video motivador y se organizaron caravanas ciudadanas en plazas públicas
en las mismas ciudades ya nombradas con el apoyo de los propios voluntarios.
Se recolectaron 12,500 apreciaciones fruto de la discusión y del uso de buzones (macro ánforas), de grafichangas (en lenguaje escrito y gráfico usando papelotes grandes) y en grabaciones anónimas (raje cabinas).
“… Con ese material se hicieron nuevas correcciones.
Y se procedió a organizar eventos que se denominaron
“Conversaciones democráticas” con políticos, empresarios y periodistas, con el apoyo directo y comprometido del British Council y de la Asociación Nacional de Anunciantes
así como expertos de Colombia, Chile e Inglaterra.
Recolectando firmas: una fiesta de participación
callejera.-
“… La propuesta ciudadana requería ser considerada como una iniciativa legislativa ciudadana cumpliendo con las normas pertinentes de la ley de participación ciudadana. Se requería 45,000 firmas de apoyo debidamente sustentadas, con padrones que llenar y las normas electorales que cumplir. Se presentó la solicitud al Jurado Nacional de Elecciones y se nos brindó las pautas que seguimos al pie de la letra.
Se logró presentar la iniciativa legislativa.-
“… Los grupos de padrones llegaban de un lado y otro. Había que procesar toda esa información en programas
específicos. Así llegamos a las 85,000 firmas, las que fueron revisadas por RENIEC. Se confirmaron 46,000
y se procedió a declararla como Iniciativa Legislativa
Ciudadana, entregándola al Congreso en el mes de enero
del año 2,004.
Luego vinieron casi 1,000 cartas institucionales de adhesión, de iglesias, de las ONG, de organizaciones sociales, de prefecturas y municipios, de colegios profesionales, de instituciones públicas y privadas de todo nivel. Hasta nos llegó una adhesión de una comunidad campesina que nadie conocía…”
5.1.1 Conceptos y reseña histórica
Es el derecho que permite someter a consulta determinados temas normativos, asuntos de índole constitucional, o de importancia nacional, constituyéndose principalmente como un mecanismo de validación de normas.
Vale decir, es la consulta hecha al pueblo, para que mediante votación se pronuncien a favor o en contra de una determinada decisión; eligiendo una opción SÍ o NO ante pregunta (s) de interés común, que les es formulada.
El referéndum es considerado como el principal instrumento de democracia directa, puesto que mediante tal institución, el pueblo o más exactamente el cuerpo electoral, participa por vía consultiva o deliberativa, en el proceso de decisión.
El REFERÉNDUM es una consulta popular diferente al PLEBISCITO 21 , este último viene a ser una consulta sobre una decisión política fundamental que no atañe el ejercicio regular del poder de una forma ya establecida, como por ejemplo, el plebiscito que se realizó en Tacna y Arica sobre el tema de cambio de soberanía; mientras que el referéndum, es una consulta sobre la aprobación de una norma. La Constitución peruana ha previsto al referéndum como un mecanismo de participación ciudadana.
El referéndum legislativo tiene en Suiza su mejor ejemplo. Las leyes aprobadas por el parlamento son sometidas a votación popular. El primer documento constitucional sometido a la aprobación de la población, fue la Constitución francesa del 4 de junio de 1793, lo que se hizo con fundamento en la concepción del contrato social, ideado por Juan Jacobo Rousseau.
En el siglo XIX la popularidad de referéndum decreció, seguramente por su desprestigio al ser usado por fuerzas
dictatoriales, con excepción de Suiza donde su crédito es permanente, y donde fue utilizado para aprobar la Constitución de 1848 y su revisión completa de 1874. Así el referéndum asume una fisonomía distinta según el sistema político en el que se inserta. No es lo mismo en una democracia, que en una dictadura.
Si bien hizo su aparición en el Perú - con nombre propio de referéndum - recién a través de la vigente Constitución Política de 1993; la historia registra sus antecedentes que se remontan a los albores del siglo XX.
Muchos presidentes de la República intentaron usar este mecanismo democrático para llevar a cabo sus proyectos políticos particulares. Por ejemplo, durante el año 1913, el presidente Guillermo E. Billinghurst concibió el proyecto de recurrir a la celebración de un plebiscito – otra forma de consulta popular – para reformar la Constitución de 1860, vigente en aquel entonces. Quiso involucrar a la población para que dirima los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En vista de sus malas relaciones con el Congreso de la
época, Billinghurst consideró que la única manera de llevar
a cabo dichas reformas era sometiéndolas directamente
a la consideración del pueblo. Una de ellas consistía,
casualmente, en la implantación en el Perú del sistema de referéndum o plebiscito nacional.
Billinghurst fue depuesto por el coronel Oscar R. Benavides el 4 de febrero de 1914, antes de que tales reformas pudieran ser propuestas a la población. Sin embargo, estas consultas populares no fueron sólo un recurso político que se llevó a la práctica – o se trató de llevar – en circunstancias complicadas, como se acaba de ver. También hubo intentos democráticos de introducir la figura de la consulta popular en la constitucionalidad peruana en los dos ejercicios constituyentes anteriores a la Constitución actual.
En el seno del Congreso Constituyente que elaboró la Carta de 1933, se quiso incorporar el REFERÉNDUM pero sin éxito debido a que primó el criterio según el cual el grado de adelanto político de la población peruana no permitía la práctica de formas de democracia directa.
Asimismo, durante los debates en la Asamblea Constituyente de 1978, se apostó por el referéndum, esta vez con éxito, aunque extremadamente modesto, ya que ni siquiera se obtuvo que el término en sí, figurara en el texto constitucional. A duras penas se consiguió que
21. El plebiscito es otra forma de participación popular, que consiste en la consulta directa a los votantes sobre algún asunto de excepcional importancia en la vida colectiva, que por comprometer una cuestión nacional, requiera el consentimiento expreso de los ciudadanos. Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, 1998.
la aprobación de las modificaciones en la demarcación regional tuviera como requisito el pronunciamiento previo y directo de las poblaciones afectadas.
El referéndum no sólo aparece con todas sus letras sino que pasa a constituir, al mismo tiempo, un derecho fundamental, un derecho político y un derecho colectivo. Por otro lado, es también una opción del Congreso de la República en materia de reformas constitucionales.
No obstante estos importantes cambios, hasta la fecha el referéndum no ha sido utilizado en relación con ninguna reforma constitucional, norma con rango de ley u ordenanza municipal.
Ni siquiera el referéndum de ratificación de la Constitución de 1993 fue convocado al amparo de sus propias disposiciones, ya que éstas, como es obvio, entraron en vigor recién después del referéndum.
Para ejercer el mecanismo del referéndum, existen diversas posibilidades según el origen y el tipo de pregunta que es consultada a la población:
Puede ser propuesta por uno de los órganos del Estado – nivel ejecutivo o central, gobiernos regionales, gobiernos locales.
Puede ser consultada a iniciativa del propio pueblo a través de mecanismos legales establecidos.
5.1.2. Tipos de referéndum
Pronunciarse en un referéndum sobre la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú.
Pronunciarse en un referéndum para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales
También, pronunciarse en un referéndum para la desaprobación de leyes, decretos legislativos y decretos de urgencia.
Asimismo, pronunciarse en los asuntos referidos al proceso de la descentralización.
5.1.3. Base legal del referéndum
Rati cada el 31
Reconoce el derecho de la participación de los
ciudadanos(as) en asuntos públicos de seguridad nacional.
Ciudadano, N° 26300
Consagra el derecho al referéndum
Declara al Estado en proceso de modernización para
mejorar la gestión pública y construir un Estado
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
Establece la realización de referéndum o consultas para
Organización Territorial, N°
27795, y su respectivo
reglamento DS N° 019-
Promulgada el 24 de
2003-PCM
Acciones de normalización, categorización y
recategorización de centros poblados -caserío, pueblo,
villa, ciudad, metrópoli-
Acciones de regularización, para la delimitación y/o
redelimitación por carencia, imprecisión o indeterminación
de límites territoriales.
Acciones de formalización para la creación de distritos
(prohibición hasta el año 2011), así como de la creación
distrital en áreas urbanas.
Municipalidades, N° 27972
Promulgada el 27 de
¿Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar un referéndum?
suscrita por los promotores, señalando domicilio
Adjuntar la lista de firma de los adherentes en planillones expedidos por ONPE y en disco compacto con una copia, con la relación de sus nombres, apellidos, documentos de identificación, firmas o huellas digitales, en un número no menor al 10% de población electoral nacional, equivalente a 1´659,482 firmas válidas 22 .
2. Para el caso de iniciativas de ley rechazadas o modificadas sustancialmente por el Congreso, deberá completarse el número de firmas establecidas por ley.
Adjuntar la propuesta debidamente fundamentada a ser sometida a referéndum, conforme a ley para el referéndum.
y Estado Civil (RENIEC) los planillones y los CDS para la verificación de la autenticidad de firmas y datos de los adherentes.
4. Si durante el proceso de verificación de firmas, el RENIEC comprueba que las firmas válidas no son suficientes en número, para lo cual los promotores tendrán 30 días calendario para completar el número de firmas requerido. Posteriormente el RENIEC remitirá al JNE el informe y los reportes de la verificación.
5. Si la iniciativa fuera rechazada o modificada sustancialmente por el Congreso se podrá iniciar el proceso de referéndum. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones lo convocará, en un plazo no mayor de 4 meses después de acreditadas las respectivas iniciativas.
Estas limitaciones se justifican ampliamente por la preeminencia de los derechos humanos, pues sería
absurdo consultar a la población respecto su eliminación
o rebaja.
En cuanto a las leyes tributarias, se correría el riesgo de que los ciudadanos pudieran presentar solicitudes de referéndum para disminuir los impuestos y los precios, lo
que implicaría un desequilibrio en la Caja Fiscal y afectar
¿En qué casos SÍ procede el referéndum?
Para la reforma parcial o total de la Constitución Política.
Para la aprobación de normas con rango de ley, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.
Para las materias relativas al proceso de descentralización.
Pueden derivarse de un proyecto de iniciativa legislativa que es rechazado por el Congreso o cuando los promotores juzguen que al aprobarla le han introducido modi caciones sustanciales que desvirtúan su primera nalidad.
¿En qué casos NO procede el referéndum? ¿Cuáles son los asuntos que jamás pueden someterse a referéndum?
La supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona.
Las normas de carácter tributario y presupuestal.
Los tratados internacionales de vigor.
22. Resolución N° 101-2007-JNE
¿Cómo se lleva a cabo un referéndum para la aprobación o desaprobación de ordenanzas municipales?
Es convocado por el Jurado Nacional de Elecciones,