Source: http://grupoonce.com/2014/11/08/boletin-informativo-octubre-2014/
Timestamp: 2019-02-22 23:35:13
Document Index: 34370010

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 23', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 31', 'artículo 127', 'artículo 123', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 29', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 46', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 67', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 67', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 14', 'artículo 120', 'artículo 20', 'artículo 76', 'artículo 20', 'artículo 53', 'artículo 20', 'artículo 31', 'artículo 53', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 22', 'artículo 980', 'artículo 5', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 980', 'artículo 5', 'artículo 14']

BOLETÍN INFORMATIVO: OCTUBRE 2014 – Grupo ONCE
Sábado, 08 noviembre 2014 / Publicado en Boletin
PRIMERO.- SE AMPLÍA PLAZO PARA INFORMAR SOBRE OPERACIONES RELEVANTES. El pasado 29 de Octubre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a través del Servicio de Administración Tributaria que se amplía al 31 de enero de 2015 el plazo para declarar las operaciones relevantes a que se refiere el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, descritas en la forma oficial 76, “Información de Operaciones Relevantes”.
La ampliación del plazo obedece al interés del Servicio de Administración Tributaria de atender las dudas de diversos sectores de contribuyentes respecto a la manera de dar cumplimiento a la obligación mencionada, y permitirles que se familiaricen con la herramienta informática y con los lineamientos y requisitos de presentación.
SEGUNDO.- MÉXICO FIRMA ACUERDO MULTILATERAL PARA TENER ACCESO A INFORMACIÓN FINANCIERA DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO PARA EFECTOS FISCALES. En el marco de la 7a. Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal, efectuada en Berlín, Alemania; el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, firmó el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes, mediante el cual México intercambiará de forma automática y recíproca información financiera para efectos fiscales con más de 50 países y jurisdicciones, destacando Alemania, España, Francia, Islas Caimán, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido.
En junio de 2013, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, solicitó formalmente ante el G5 conformado por Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España, que México fuera considerado en el grupo de diseño del modelo estándar de intercambio automático de información para efectos fiscales; con la firma del acuerdo en Berlín, denominado también Common Reporting Standard (CRS), culmina el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los países y jurisdicciones involucrados.
Con base en el Common Reporting Standard, las administraciones tributarias entregarán anualmente y de forma automática información de residentes mexicanos que tengan cuentas en el extranjero. La primera entrega será, a más tardar, en septiembre de 2017 e incluirá, entre otros datos: nombres, direcciones, números de identificación fiscal, fechas y lugares de nacimiento, números de cuenta, saldos o valores de las cuentas, así como intereses, dividendos y ganancias por las ventas de activos financieros.
Aristóteles Núñez destacó como un gran adelanto para la actuación de la autoridad fiscal, el hecho de que la información se recibirá de forma automática, anualizada y en un formato electrónico fácilmente explotable.
En el evento se dio a conocer que México ‎será sede de la primer reunión de autoridades competentes del Common Reporting Standard (CRS), en los primeros días de diciembre.
El Servicio de Administración Tributaria señaló en un comunicado de prensa que este intercambio de información conducirá las labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a un nuevo nivel de eficiencia, permitiendo obtener un panorama de las operaciones de los contribuyentes con sus principales socios comerciales y contribuirá a la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, comúnmente denominada BEPS, lo que permitirá seguir recaudando los ingresos que el país requiere.
TERCERO.- PRODECON. NUEVOS LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN AUDITORÍAS INICIADAS POR DEVOLUCIÓN DE IVA. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Servicio de Administración Tributaria dieron a conocer los lineamientos de la nueva estrategia interna del órgano recaudador para auditar la procedencia de solicitudes de devolución de IVA, lo que constituye un avance para los derechos de los contribuyentes, ya que hasta hoy no se habían emitido reglas para agilizar las auditorías que el SAT puede iniciar para verificar la procedencia de los saldos a favor solicitados.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que estas nuevas reglas de actuación garantizan el debido proceso y proporcionan seguridad jurídica a los solicitantes de devoluciones, pues se asegura que el plazo legal para concluir la auditoría (90 o 180 días) es el mismo dentro del cual el contribuyente gozará del derecho de audiencia y será notificado de la respuesta que recaiga a su solicitud, con lo que se logra mayor brevedad en este tipo de actos.
CUARTO.- NUEVOS CRITERIOS NO VINCULATIVOS 2014. El Servicio de Administración Tributaria señaló como práctica indebida que los contribuyentes pidan a sus clientes que generen su propia factura electrónica. El pasado 05 de Octubre de 2014 se publicó en el Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria un criterio no vinculativo que establece que la factura electrónica sea entregada al contribuyente sin necesidad de que realice una gestión adicional como ingresar a un portal electrónico.
QUINTO.- FIRMAN EUA Y MÉXICO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO EN MATERIA ADUANERA ÚNICO EN EL MUNDO. El Comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Jefe del Servicio de Administración Tributaria firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo, que permite una mayor colaboración entre la Alianza Aduana-Comunidad Comercial Contra el Terrorismo, de la CBP de Estados Unidos y el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC) del Servicio de Administración Tributaria.
El acuerdo de reconocimiento mutuo materializa un esquema de cooperación único en el mundo; a partir del cual las empresas manufactureras o productoras, los transportistas y los agentes aduanales, a partir de 2015 encontrarán beneficios como menores revisiones aduaneras, cruces más ágiles, disminución de costos de transporte y manejo más eficiente en sus procesos‎, por mencionar solo algunos.
Con este programa, el comercio exterior entre EUA y México se agiliza y con ello toda la región de Norteamérica, pues las empresas que a partir de 2015 serán beneficiadas representan 41% del comercio entre estos países, que alcanza un valor de 281 mil millones de dólares.
‎Derivado de la firma del acuerdo, en los próximos 60 días se llevará a cabo un programa conjunto de visitas en las aduanas fronterizas, y se buscará que se incluya a las empresas transportistas en el beneficio de reconocimiento mutuo.
SEXTO.- AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1042/2014. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el amparo y proteccción de la Justicia Federal a una empresa Jaliciense para el efecto de que se proceda al análisis de su demanda interpuesta en contra de los cobros indebidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad por las tarifas denominadas “CARGO POR DEMANDA”, “DEMANDA FACTURABLE” y/o “DEMANDA MÁXIMA”, que mensualmente se cargan en el Aviso-Recibo.
Dicho precedente fue obtenido por el Departamento Legal de GRUPO ONCE en su sede en la Ciudad de Zapopan, Jalisco; lo reelevante de este asunto versa en el sentido de que se determina procedente el juicio contencioso administrativo interpuesto en contra de un acuerdo general en términos de los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con unión al primer acto de aplicación, por lo que en base a ello, se abre nuevamente la posibilidad para que los usuarios para solicitar la devolución de los pagos indebidos por los cobros excesivos realizados por la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior, es así ya que los preceptos legales antes citados, “NO” requieren que ese acto de aplicación, sea un acto de autoridad, por lo que en el caso en cuestión el juicio contencioso administrativo intentado por la quejosa en contra del “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil doce, a partir de su primer acto de aplicación consistente en el “Aviso-Recibo” emitido por la Comisión Federal de Electricidad, resulta legalmente procedente el Juicio Contencioso Administrativo.
Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determino que la interpretación de la norma por parte de los órganos inferiores del Estado de Jalisco, no fue acorde con el principio de tutela judicial efectiva en cuanto a la emisión de una resolución que dirima todas las cuestiones debatidas, pues con la interpretación realizada lo que hizo fue hacer nugatoria la posibilidad de que el particular ejerza debidamente su derecho a la tutela judicial efectiva por medio de la interposición del juicio de nulidad en contra de un ACUERDO GENERAL y a partir de su primer acto de aplicación, siendo que el legislador no estableció ese requisito, lo cual se desprende de su voluntad de fortalecer el juicio contencioso administrativo atendiendo a la intención de reafirmar el derecho de los particulares de exigir un adecuado funcionamiento de la Administración Pública y a los servicios públicos prestados por la misma.
En consecuencia, contrario a lo señalado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en relación a que el “ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA MODIFICAR LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA” no encuadra en los supuestos de procedencia contemplados en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que en el referido precepto se prevé que el Tribunal de referencia conocerá de los juicios que se promuevan contra los acuerdos de carácter general cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación:
En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró errónea la determinación del Tribunal Colegiado del conocimiento, pues para la impugnación de un acuerdo general no es necesario un acto de autoridad, sino un acto de aplicación, siendo éstas figuras distintas, por lo que debemos entender como acto de aplicación aquél que se lleva a cabo por alguien que bien puede o no ser autoridad, pero que en virtud de una disposición legal aplica el control de un decreto o acuerdo general.
Es decir, que debe existir un vínculo obligacional que une al sujeto a la aplicación del decreto o el acuerdo general respecto de otra persona que es quien se puede ver afectada en su esfera jurídica. Siendo que este sujeto, que se encuentra en una posición pasiva, debe observar una determinada conducta a realizar sobre otra persona, pero de cuyo cumplimiento efectivo responderá frente a la autoridad o ley, con independencia de que sea autoridad o particular, pues al estar constreñido por el ordenamiento debe aplicarlo ya que está obligado a ello y debe responder en caso de no hacerlo. Siendo por otra parte que el sujeto sobre el que incide dicho acto de aplicación debe soportar la mencionada incidencia del decreto o acuerdo general. Por lo tanto, en la medida en que se acredite la existencia de este vínculo se actualiza el acto de aplicación que permite la impugnación vía juicio contencioso administrativo.
En ese sentido se estima que la interpretación del Tribunal Colegiado es contraria al principio de tutela judicial efectiva, ya que bajo el análisis que se ha realizado, podemos estimar que la interpretación conforme de la norma, debe ser en el sentido de que es procedente el juicio contencioso administrativo donde se controviertan los acuerdos generales, cuando se demuestre un acto de aplicación, con independencia del carácter que tenga quien llevó a cabo dicha aplicación, pues bastará que se acredite que la aplicación es legal y tiene fundamento para que con ello sea procedente su impugnación.
Por lo anterior, la interpretación correcta que debe realizarse para ser acorde al principio de tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución General y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos es que para determinar la procedencia del juicio contencioso administrativo lo que se requiere es un acto de aplicación y no un acto de autoridad en términos de los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Por lo tanto, el efecto de amparo será para que atendiendo a la interpretación que ha realizado esta Primera Sala se deje sin efectos la sentencia que resolvió la reclamación intentada, y se emita una nueva donde se tome en consideración lo señalado en esa resolución, es decir, que no es necesario que el acto en el que se sustenta la aplicación del acuerdo de carácter general deba ser un acto de autoridad.
Con este importante criterio, el pasado 17 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interrumpido y abandonado los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.) publicadas, las dos primeras, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 3, octubre de 2012, página 1457 y Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3218, con los rubros: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]).” y “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.”, respectivamente; y las segundas, en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, con los títulos y subtítulos: “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).” y “COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”, respectivamente.
Registro: 2007678
Libro 10, Octubre de 2014, Tomo I
Tesis: 2a. CVI/2014 (10a.)
Registro: 2007679
Amparo directo 34/2014. Josué Joel García Ríos. 27 de agosto de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas
Registro: 2007406
Tesis: 1a. CCCXVI/2014 (10a.)
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio.
Registro: 2007407
Tesis: 1a. CCCXV/2014 (10a.)
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD A LA LUZ DE SUS FINES. El derecho administrativo sancionador participa de la naturaleza del derecho punitivo, por lo que cobra aplicación el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige que las infracciones y las sanciones deben estar plasmadas en una ley, tanto en sentido formal como material, lo que implica que sólo esa fuente democrática es apta para la producción jurídica de ese tipo de normas. De ahí que el legislador deba definir los elementos normativos de forma clara y precisa para permitir una actualización de las hipótesis previsible y controlable por las partes. Ahora bien, para determinar el alcance de su aplicación, hay que considerar que el fin del principio es doble, ya que, en primer lugar, debe garantizarse la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: i) para permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana; y, ii) para proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas; y, en segundo lugar, preservar al proceso legislativo como sede de creación de los marcos regulatorios generales y, por ende, de la política punitiva administrativa. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó un entendimiento evolutivo concluyendo que ninguna de las dos finalidades cancela la posibilidad de que la autoridad administrativa desarrolle ciertas facultades de apreciación al ejercer sus potestades de creación normativa en este ámbito, cuyo alcance se determina de acuerdo con las necesidades de la función regulatoria del Estado en cada época. Así, lo relevante desde la perspectiva de la seguridad jurídica, es adoptar un parámetro de control material y cualitativo que busque constatar que la conducta infractora, como está regulada, ofrece una predeterminación inteligible; desde el principio democrático de reserva de ley, se reconoce la posibilidad del legislador de prever formas de participación de órganos administrativos o del Ejecutivo para desarrollar una regulación especializada y técnica sobre temas constitucionalmente relevantes, siempre que el proceso democrático haga explícita esa voluntad de delegación y preserve su control mediante la generación de lineamientos de política legislativa que la autoridad administrativa debe cumplir, tanto en la emisión de normas, como en los actos de aplicación, lo que permite el reconocimiento de un ámbito de proyección de espacios regulatorios adaptables a cada época.
Registro: 2007458
Tesis: 1a. CCCXXV/2014 (10a.)
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL PREVER LÍMITES A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 17 constitucional reconoce el derecho de acceso a la justicia. Este derecho tiene como fin que las instancias de justicia constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que las personas acudan para dirimir cualquier conflicto que derive de las relaciones jurídicas en las que participan y que, para ello, no se establezcan requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad. En dichos términos, el artículo 41, fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación no coarta la posibilidad de acceder a la impugnación de un crédito fiscal determinado por las autoridades administrativas. La disposición referida establece que el crédito fiscal determinado por la autoridad administrativa -en ejercicio de las facultades que el mismo precepto le otorga- podrá hacerse efectivo a partir del tercer día siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo; en tales circunstancias, el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución -en el que podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal-. Al respecto, el acceso a la justicia se haría nugatorio si la disposición referida no permitiera impugnar los actos de autoridad ahí previstos. Por el contrario, lo único que se observa es que la procedencia del recurso administrativo está diferida al ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades administrativas. En conclusión, el artículo 41, fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, no transgrede el derecho de acceso a la justicia.
Amparo en revisión 512/2013. Industrial Química Energética, S.A. de C.V. 5 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Óscar Echenique Quintana.
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Registro: 2007459
Tesis: 1a. CCCXXIV/2014 (10a.)
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD AL PREVER LÍMITES A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE NO ESTÁN PREVISTOS PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE HAN SIDO SUJETOS DE LAS FACULTADES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 42 DEL MISMO ORDENAMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 1o., párrafo quinto constitucional, reconoce el principio de igualdad y no discriminación, el cual exige, entre otros aspectos, un trato igual en la ley a personas en circunstancias jurídicas iguales. Conforme a dichos términos, el artículo 41, fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, no contiene un trato desigual a personas en circunstancias jurídicas iguales. Dicha disposición establece que el crédito fiscal determinado por la autoridad administrativa -en ejercicio de las facultades que el mismo precepto le otorga- podrá hacerse efectivo a partir del tercer día siguiente a aquel en el que sea notificado el adeudo respectivo. En tales circunstancias, el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución -en el que podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal-. Por su parte, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación otorga a la autoridad administrativa diversas facultades cuyo objeto es comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales. Los términos normativos de ambos preceptos permiten identificar dos categorías de sujetos distintas. El artículo 41 está dirigido a contribuyentes que se encuentran en una situación de contumacia respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que, una vez verificada dicha circunstancia, se otorga a la autoridad administrativa las facultades extraordinarias ahí previstas. Distinto a ello, el artículo 42 contiene facultades de verificación del cumplimiento de obligaciones a través de los procedimientos ordinarios ahí previstos, por lo que los contribuyentes que pueden ser sujetos de tales facultades se encuentran en una categoría diversa. En consecuencia, el artículo 41, fracción II, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación -en comparación con el artículo 42 del mismo ordenamiento-, no prevé un trato desigual a sujetos en circunstancias jurídicas iguales.
Registro: 2007461
Tesis: 1a. CCCXXII/2014 (10a.)
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y FACULTAD DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE DETERMINAR Y EXIGIR SU CUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2013). El artículo 23 constitucional incorpora el principio jurídico non bis in idem como un derecho de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger a la persona de no ser juzgada dos veces por el mismo delito. En materia administrativa este principio se traduce en prohibir que una persona reciba una doble consecuencia sancionadora por la misma conducta. Conforme a dichos términos, el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación no transgrede el principio referido al establecer las diversas consecuencias jurídicas que contienen sus fracciones I y II. La fracción I prevé la imposición de una multa por el incumplimiento de la obligación de presentar las declaraciones, avisos y demás documentos exigidos por las disposiciones fiscales. La fracción II prevé la facultad de las autoridades administrativas de determinar y exigir las cantidades que el contribuyente adeuda ante el fisco. Es decir, mientras que la primera hipótesis tiene como propósito sancionar el incumplimiento de diversas obligaciones formales, la segunda hipótesis tiene por objeto la recuperación de la obligación sustantiva omitida. En conclusión, el artículo no prevé una doble sanción por una misma conducta.
Registro: 2007486
Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III
Tesis: (I Región)1o.14 A (10a.)
Página: 2511
PAGO DE INTERESES. PROCEDE CUANDO LA AUTORIDAD FISCAL DEVUELVA LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, FUERA DEL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN IX, DEL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006. El artículo 22-A del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación a cargo de la autoridad, de realizar el pago de intereses cuando no resuelva la devolución de las cantidades solicitadas en los plazos establecidos en el artículo 22 del mismo ordenamiento. Por su parte, el numeral 6, fracción IX, del Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2006, estatuyó un beneficio en favor de las empresas altamente exportadoras que cuenten con registro de empresa certificada, consistente en que la autoridad fiscal debía devolverles las cantidades indebidamente pagadas por concepto de impuesto al valor agregado, en un plazo de cinco días, sin señalar expresamente la procedencia del pago de intereses en caso de no realizarse la devolución en dicho lapso. Por tanto, procede el pago de intereses por la devolución fuera del plazo establecido en dicho decreto, pues si bien es cierto que no se trata de los supuestos que prevé el artículo 22 citado, también lo es que la hipótesis que establece aquél consiste en una devolución fiscal y, consecuentemente, a falta de norma tributaria expresa en relación con el pago de intereses, debe aplicarse el artículo 22-A referido, pues, de lo contrario, se haría nugatorio el beneficio contenido en el decreto aludido.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 187/2014 (cuaderno auxiliar 530/2014) del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “4” de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. 17 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda Ayala. Secretaria: Julia Mercedes Díaz Corza.
Registro: 2007345
Tesis: 2a./J. 93/2014 (10a.)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Si bien es cierto que tales preceptos otorgan a las dependencias y entidades ahí señaladas la facultad para modificar las percepciones de los puestos conforme a las disposiciones que haya emitido la Secretaría de la Función Pública, sujetándose a los límites máximos establecidos para cada uno de ellos en el anexo correspondiente al Decreto de Presupuesto de Egresos, previo dictamen de suficiencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como para realizar ajustes en la composición de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se incremente el monto mensual previsto en dicho anexo para cada puesto, también lo es que ello no implica que las dependencias, las entidades y los entes autónomos estén facultados para determinar los elementos que conforman el salario tabular, que es el que sirve de base para calcular las cuotas y aportaciones que se deben cubrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con la legislación vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. Ello es así, ya que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.) (*) de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el salario tabular es el identificado con los importes consignados en los tabuladores regionales para cada puesto y que se suele denominar como sueldo base o sueldo bruto, mientras que el tabulador regional es el instrumento que permite representar los valores monetarios con los cuales se precisan los importes por tal concepto y otras asignaciones diversas que aplican a un puesto determinado; de ahí que no pueda estimarse que el salario tabular se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional correspondiente, en virtud de que se constituye por un solo concepto (sueldo base o sueldo bruto). En ese tenor, si las cuotas y aportaciones que se tienen que enterar al indicado Instituto deben calcularse sobre el salario tabular y éste se integra por un concepto que comúnmente se denomina sueldo base o sueldo bruto, resulta claro que aquellas normas generales, en cuanto autorizan a las entidades, dependencias y entes autónomos para modificar el monto de las percepciones que corresponden a cada puesto (como es el salario tabular) o para realizar el ajuste en la composición de las percepciones ordinarias que comprenden lo que se conoce como sueldo mensual integrado para otros efectos legales, es evidente que los artículos 20 y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no violan el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello no implica que se le autorice a determinar los elementos que conforman la base gravable de las referidas contribuciones de seguridad social, sino en todo caso a fijar su monto, lo que no atañe a la configuración del tributo, la cual está prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Amparo directo en revisión 413/2014. Jesús Guillermo Santiago Hernández. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.
Amparo directo en revisión 852/2014. Ma. de Lourdes Cisneros Noyola. 14 de mayo de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo directo en revisión 999/2014. Adriana Ramírez Nava. 28 de mayo de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
Amparo directo en revisión 1206/2014. Raymundo Islas Rivera. 4 de junio de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.
Amparo directo en revisión 1237/2014. María Adela Ahumada Aquino. 11 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado.
Tesis de jurisprudencia 93/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de agosto de dos mil catorce.
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 63/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 774, con el rubro: “ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).”
Esta tesis se publicó el viernes 05 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007344
Tesis: 2a./J. 94/2014 (10a.)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO VIOLAN EL NUMERAL 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado establece que la remuneración de los servidores públicos de las dependencias y entidades que ahí se precisan será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las bases señaladas en el propio artículo. Ahora, si se toma en cuenta que conforme al numeral 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación del Presupuesto de Egresos en el ámbito federal corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados, resulta claro que los artículos 20 y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 no violan el artículo 127 de la propia Norma Suprema, pues en ellos no se prevé que las dependencias y entidades citadas sean las que fijen las remuneraciones de los servidores públicos, bien sea en su incremento o disminución, ya que sólo se limitan a autorizar la expedición de los manuales de percepciones para instrumentar y planificar cómo ha de distribuirse la integración salarial en términos del proceso presupuestario.
Tesis de jurisprudencia 94/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veinte de agosto de dos mil catorce.
Registro: 2007410
Tesis: 1a. CCCXVIII/2014 (10a.)
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. MODULACIÓN APLICABLE A LA VERTIENTE SANCIONATORIA DEL MODELO DEL ESTADO REGULADOR. Como los participantes de los mercados o sectores regulados ingresan por la obtención de la concesión, permiso, autorización o mediante la realización de cierta conducta activa que los pone al interior del sector regulado, es dable concebirlos constitucionalmente como sujetos activos de las reglas establecidas por el Estado en su función reguladora. Así, estos sujetos regulados, cuando se encuentran expuestos a normas punitivas, tienen derecho al principio de legalidad por la proyección de una doble exigencia cualitativa en el subprincipio de tipicidad, consistente en que tengan un grado de previsibilidad admisible constitucionalmente y que la autoridad encuentre una frontera a la arbitrariedad clara; sin embargo, el principio de reserva de ley adquiere una expresión mínima, pues, al tratarse de sectores tecnificados y especializados, es dable al legislador establecer esquemas regulatorios cuyo desarrollo corresponda por delegación a órganos igualmente especializados. Esto explica por qué la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla órganos constitucionalmente autónomos en distintos sectores, como competencia económica, telecomunicaciones, energía, etcétera, con facultades de creación normativa, ya que su finalidad es desarrollar desde una racionalidad técnica los principios generales de política pública establecidos por el legislador. Así, la expresión mínima del principio de reserva de ley exige que la parte esencial de la conducta infractora se encuentre formulada en la ley, aunque pueda delegar en los reglamentos y normas administrativas la configuración de obligaciones, cuyo incumplimiento se prevea como conducta infractora en el precepto legal, con la condición de que esas obligaciones guarden una relación racional con lo establecido en la ley y no tengan un desarrollo autónomo desvinculado de lo establecido legalmente, cuya justificación complementaria pueda trazarse a la naturaleza técnica y especializada de la norma administrativa, lo que implica que son admisibles constitucionalmente las normas legales que establecen como conducta infractora el incumplimiento a las obligaciones establecidas en los reglamentos o fuentes administrativas legalmente vinculantes. No obstante, debe insistirse que el principio de tipicidad exige que, sin importar la fuente jurídica de la que derive la obligación, la conducta que es condición de la sanción se contenga en una predeterminación inteligible, la que debe ser individualizable de forma precisa, para que permita a las personas la previsibilidad de las conductas y evite la arbitrariedad de la autoridad.
Registro: 2007450
Tesis: XI.1o.A.T.18 L (10a.)
Página: 2595
SEGURIDAD SOCIAL. LOS EXTRANJEROS TIENEN DERECHO A LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE ELLA SI HAN DESEMPEÑADO UN TRABAJO, AUN CUANDO OMITAN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE ÍNDOLE MIGRATORIO Y CAREZCAN DE PERMISO PARA LABORAR. De la interpretación conforme de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando alude a que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin discriminación motivada por razón de raza, religión, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, opinión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 68, numeral 1, del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social; y, 1, 2 y 27 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como de la Opinión Consultiva OC-18/03, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, se concluye que al instituirse el derecho a la seguridad social en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, acorde con los principios de igualdad y no discriminación, al igual que en el artículo 6 de la Ley de Migración, que garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, así como en los instrumentos internacionales, con independencia de su situación migratoria, tienen derecho a gozar de los derechos derivados de la seguridad social, por lo que la circunstancia de que una persona extranjera desatienda las disposiciones administrativas de índole migratorio, ello no puede repercutir en el desconocimiento de sus derechos laborales y tampoco en los beneficios de aquélla, ya que éstos surgen por el hecho de haber desempeñado un trabajo, con el que se genera una aportación a la generación de riqueza en el país y es suficiente para que sea acreedor de tales beneficios, aun cuando carezca de permiso para laborar en él.
Amparo directo 561/2013. Jorge Luis Valdovinos Mercado. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Francisco Javier López Ávila.
Registro: 2007511
Tesis: PC.I.A. J/22 A (10a.)
Página: 1984
VALOR AGREGADO. POR REGLA GENERAL, LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTE MULTIMODAL INTERNACIONAL DE BIENES, ES UNA ACTIVIDAD QUE SE GRAVA CON LA TASA DEL 0% EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. De la interpretación conjunta de los artículos 1o., fracción II; 2o.-A, fracción IV y párrafo último; 3o., párrafo último; 14, fracción II; 16, párrafos primero y segundo; 18, primer párrafo; y 29, fracción V, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, una de las actividades gravadas por el impuesto indicado es la prestación de servicios independientes, consistente en la transportación internacional de bienes que realizan las empresas residentes en el país, quienes deberán calcular el impuesto aplicando la tasa del 0% al valor de dicha prestación de servicios. Por su parte, el penúltimo párrafo del citado artículo 14 dispone que no se considerará prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. Luego, de los artículos 16 de la citada ley y 577 del Código de Comercio, se deduce la identidad que guarda la figura del “exportador” con la del “porteador”, lo que concuerda con el concepto de “operador” que al respecto contempla el artículo 1 del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, del que México forma parte, por lo que partiendo de la premisa de que el porteador es la persona que por sí o por medio de otra que actúa a su nombre, asume la responsabilidad del cumplimiento del contrato de transporte relativo y puede valerse de recursos propios o ajenos para tal efecto, es evidente que, por regla general (salvo pacto en contrario), quien se dedica a la coordinación del transporte multimodal internacional de bienes es quien habitualmente desarrolla la actividad consistente en el transporte propiamente dicho por sí o por conducto de otro quien en esa relación sólo lo hace de manera subordinada; y, en consecuencia, la empresa extranjera residente en México que demuestre que desarrolla dicha actividad en los términos anotados, podrá calcular el impuesto al valor agregado con la tasa del 0% a que se refiere el artículo 29, fracción V, de la ley relativa, pues lo que grava dicho impuesto, es la prestación del servicio independiente de que se trata y no así el que lo hace de manera subordinada mediante el pago de una remuneración.
Contradicción de tesis 16/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 18 de agosto de 2014. Mayoría de dieciséis votos de los Magistrados: Carlos Ronzón Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, María Simona Ramos Ruvalcaba, Jorge Arturo Camero Ocampo, Guadalupe Ramírez Chávez, Luz Cueto Martínez, Salvador Mondragón Reyes, Carlos Amado Yáñez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Disidentes: Ma. Gabriela Rolón Montaño y José Antonio García Guillén. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secretaria: Laura Elizabeth Miranda Torres.
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 37/2013, y el diverso sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 542/2010.
Esta tesis se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 09:45 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de septiembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Registro: 2007453
Tesis: I.8o.A.77 A (10a.)
VISITA DOMICILIARIA. LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL SE ACTUALIZA SI LA REVISIÓN SE ORDENÓ RESPECTO DE UN PERIODO QUE COMPRENDE DIVERSOS AÑOS. El Código Fiscal de la Federación establece las diversas facultades con que cuentan las autoridades tributarias para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los gobernados para contribuir a los gastos públicos, lo cual se justifica en función del imperativo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de donde deriva que, durante el desarrollo de una visita domiciliaria -entre otras formalidades- cuando las leyes establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario, acorde con el artículo 11 del código citado. Asimismo, que tratándose de la última acta parcial que al efecto se levante, se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal, y que cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial, según el artículo 46, fracción IV, segundo párrafo, del propio ordenamiento tributario. Consecuentemente, si la autoridad administrativa ordena practicar una visita domiciliaria respecto de un periodo que comprende diversos años, se actualiza esta última hipótesis, en razón de que el plazo adicional resulta correlativo a los años que serán objeto de escrutinio, en la inteligencia de que dicha prórroga se justifica porque, mientras mayor sea el periodo revisado, mayor será la cantidad de contabilidad que deba analizarse.
Amparo directo 157/2014. Eissmann Automotive de México, S.A. de C.V. 30 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretario: Carlos Alberto Araujo Osorio.
VISITA DOMICILIARIA. NO EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL PARA QUE EL CITATORIO PARA NOTIFICAR SU INICIO O EL CIERRE DEL ACTA FINAL SE DEJE EN MÁS DE UNA OCASIÓN A EFECTO DE QUE EL CONTRIBUYENTE ESPERE AL NOTIFICADOR EN UNA FECHA Y HORA DETERMINADAS, SIEMPRE QUE EXISTA MOTIVO JUSTIFICADO PARA HACERLO. De los artículos 44, fracción II, y 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación deriva que debe dejarse citatorio al visitado o a su representante, cuando no se encuentre presente, ya sea para notificarle el inicio de la visita domiciliaria o el cierre del acta final; ahora bien, aun cuando tal notificación se rige por facultades regladas, no existe una prohibición expresa, ni implícita para que en caso de que la diligencia relativa no se lleve a cabo por una causa justificada, sea por fuerza mayor o caso fortuito, pueda dejarse citatorio en más de una ocasión a efecto de que el contribuyente espere al notificador en una fecha y hora determinadas a fin de practicarla, si en este último el notificador señala la causa justificada que le impidió asistir puntualmente a la primera cita.
VII-P-SS-206
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. CONFORMACIÓN DE LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, CUANDO LA AUTORIDAD EJERCE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.- El antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece un plazo específico de caducidad para el caso de que la autoridad practique visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisión de dictámenes de estados financieros para efectos fiscales, disponiendo que, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años, seis años con seis meses o bien, de siete años, según corresponda. Así, el plazo por el que no se suspende la caducidad se re! ere al genérico de cinco años establecido en el primer párrafo del propio artículo 67. En cambio, el plazo de caducidad que se suspende con motivo de las facultades de comprobación, inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifica la resolución definitiva, según se dispone en el quinto párrafo del propio artículo 67, quedando determinado por el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación que establece un plazo genérico de doce meses para concluir las facultades de comprobación; de dieciocho meses para contribuyentes integrantes del sistema financiero y quienes consolidan para efectos fiscales y, de dos años, para los contribuyentes específicamente señalados en el apartado A de dicho precepto. Mientras que, el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación dispone que, las resoluciones que determinen la situación fiscal del contribuyente deberán notificarse dentro del plazo máximo de seis meses contados a partir de que se concluyan las facultades de comprobación. Conforme a lo anterior, la suma del plazo genérico de cinco años por el que no se suspende el plazo de caducidad, más el plazo de doce meses, dieciocho meses o dos años, según el tipo de contribuyente, así como el plazo de seis meses para notificar la resolución determinante, conforman los plazos a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4099/12-17-10-6/569/13-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 19 de marzo de 2014, por unanimidad de 10 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José de Jesús González López.
(Tesis aprobada en sesión de 11 de junio de 2014)
VII-P-SS-208
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA QUE OPERE.- El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación establece el plazo genérico de cinco años en que por inactividad se extinguen las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. En cambio, el antepenúltimo párrafo establece un plazo específico que atiende a la actividad o inactividad de la autoridad con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, considerando para ello el periodo compuesto por el genérico de cinco años previsto en el primer párrafo del artículo 67, así como el periodo durante el cual deben concluir las autoridades fiscales el ejercicio de sus facultades de comprobación, el cual inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifica la resolución definitiva, según se dispone en el quinto párrafo del propio artículo 67, plazo que, no podrá exceder de seis años, seis años con seis meses o de siete años, según corresponda.
VII-P-SS-209
CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. SU SUSPENSIÓN CON MOTIVO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS O JUICIO.- La caducidad no es motivo de interrupción pero sí está sujeta a suspensión cuando el particular interponga algún recurso administrativo o juicio. Dicho principio solo aplica respecto del plazo genérico de cinco años establecido en el primer párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y no tratándose del plazo específico de caducidad previsto en el antepenúltimo párrafo del propio artículo 67 que atiende a la actividad o inactividad de la autoridad con motivo de la práctica de visitas domiciliarias, revisiones de escritorio o bien, la revisión de dictámenes de estados financieros para efectos fiscales, en el que solo se considera como motivo de suspensión la actividad desarrolla- da con el ejercicio de la facultades de comprobación, no así, con la interposición de algún recurso administrativo o juicio. Esta determinación encuentra sentido en que los particulares podrían manipular dicha suspensión con la interposición de cuantos medios de defensa fueran necesarios, incluso notoriamente improcedentes, con el propósito de extender la suspensión, máxime que la resolución a dichos medios de defensa es una situación que escapa al control de la autoridad fiscal. Por tanto, si la caducidad es una sanción por la falta de actividad de la autoridad para fincar los créditos y sanciones, la interposición de medios de defensa no debe ser motivo de afectación del plazo de la caducidad, cuando la autoridad hubiera ejercido facultades de comprobación por así ordenarse en el antepenúltimo párrafo del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
VII-P-SS-220
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.- Lo anterior es así toda vez que la resolución a través de la cual se hace efectiva la cantidad que corresponda conforme al citado precepto, reviste las características a que hace referencia el artículo 14, fracción I y antepenúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues se trata de una resolución definitiva dictada por una autoridad fiscal federal en la que se determina una obligación fiscal, esto es, se fija en cantidad líquida un crédito, por lo que de acuerdo con el artículo 120 del mencionado código, en relación con el numeral 41 penúltimo párrafo, del mismo ordenamiento, la interposición del recurso de revocación es optativa para el interesado antes de acudir a este Tribunal, máxime que dicho recurso administrativo solo procede en contra del procedimiento administrativo de ejecución, hasta que se ejecute el crédito liquidado.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 983/13-15-01-9/223/14-PL-06-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 30 de abril de 2014, por mayoría de 9 votos a favor y 2 votos con los puntos resolutivos.- Magistrado Ponente: Alfredo Salgado Loyo.- Secretario: Lic. Ernesto Christian Grandini Ochoa.
VII-P-2aS-570
ACUMULACIÓN DE INGRESOS PROVENIENTES DE LA PARTIDA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA E INDEBIDA DEDUCCIÓN POR RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES.- El artículo 20, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que son ingresos acumulables los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. Mientras que el diverso 53 regula que las instituciones de crédito podrán deducir el monto de las reservas preventivas globales que se constituyan o se incrementen de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el ejercicio en que las reservas se constituyan o se incrementen. Por su parte, el “Boletín B-6 Cartera de Crédito de los criterios de contabilidad para las instituciones de crédito”, los cuales se dieron a conocer en las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, establece que cualquier recuperación derivada de créditos previamente castigados o eliminados conforme a los párrafos 63 y 64, deberán reconocerse en los resultados del ejercicio. Por lo que en caso de que un crédito deducido como incobrable se recupere, se debe aplicar lo dispuesto en la fracción VI del citado artículo 20 y acumular los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable al tener el carácter de ingreso. Por su parte, el artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las instituciones de crédito podrán deducir el monto de las reservas preventivas globales, sin que sea excluyente del artículo 20, fracción VI, que obliga a acumular como ingreso los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable, dado que lo establecido en el último párrafo del citado precepto 53, relativo a que cuando las instituciones de crédito opten por lo ahí establecido, no podrán variar dicha opción en los ejercicios subsecuentes; está relacionado con el artículo 31, fracción XVI del mismo ordenamiento legal, que señala los requisitos de las deducciones, y en el caso de pérdidas por créditos incobrables de las instituciones de crédito, solo podrán deducirlas cuando así lo ordene o autorice la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y siempre que no hayan optado por efectuar las deducciones a que se re! ere el artículo 53 de la propia ley.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 23480/11-17-06-9/308/13-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 10 de abril de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio Salazar.
(Tesis aprobada en sesión de 22 de mayo de 2014)
VII-P-2aS-571
INDEBIDA DEDUCCIÓN POR PÉRDIDA FISCAL DE ENAJENACIÓN EN ACCIONES.- El artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones; el cual consiste en disminuir del ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de los títulos que se enajenan; mientras que el diverso 25, segundo párrafo, se re! ere al costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por las sociedades escindidas, el cual será el que derive de calcular el costo promedio por acción que tenían las acciones canjeadas de la sociedad escindente por cada accionista a la fecha de dicho acto, en los términos del artículo 24, y como fecha de adquisición la del canje. Por su parte, el artículo 22-A del Reglamento expresamente regula al diverso 25, segundo párrafo de la ley, señalando que el costo promedio por acción que se distribuirá entre las acciones de las sociedades escindente y escindidas, se efectuará en la misma proporción en la que se divida el capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas que haya servido de base para realizar la escisión. Al existir en el reglamento una regulación específica al artículo 25, segundo párrafo, de la ley, debe aplicarse en la medida en que se complementan; aunado a que así lo establece expresamente el comentado artículo 22.
VII-P-2aS-577
USUFRUCTO DE BIENES. PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EL USUFRUCTUARIO ESTÁ OBLIGADO A ACUMULAR A SUS INGRESOS LA GANANCIA GENERADA POR EL.- La propiedad de un bien se integra por el derecho de disposición y por el derecho de goce o disfrute. En este contexto, conforme al artículo 980 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia fiscal de acuerdo con el diverso artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, y mediante dicha figura exclusivamente se transmite el derecho de disfrutar el bien, es decir, el usufructuario solo tiene el derecho de usar y disfrutar, más no el derecho de disposición del bien, ya que este queda intocado a favor de su propietario, quien automáticamente, adquiere el carácter de nudo propietario. Ahora bien, si de conformidad con el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta las personas morales residentes en el país, tienen la obligación de acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio; entendiendo como ingreso para efecto de dicho impuesto cualquier cantidad que modifique positivamente el patrimonio del contribuyente y que puede obtenerse de múltiples formas, según lo establecido por la tesis número 1a. CLXXXIX/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: “RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ‘INGRESO’ PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO”, es diáfano que en el caso del usufructo, para efectos del mencionado impuesto, la obligación de acumular a sus ingresos la ganancia que se genere con el mismo, corresponderá a quien tenga el carácter de usufructuario.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 446/12-16-01-6/ AC1/889/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alin Paulina Gutiérrez Verdeja.
VII-P-2aS-578
USUFRUCTO DE BIENES. SE EQUIPARA A UNA ENAJENACIÓN PARA EFECTOS FISCALES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.- La propiedad de un bien se integra por el derecho de disposición y por el derecho de goce o disfrute. En este contexto, conforme al artículo 980 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la materia fiscal de acuerdo con el diverso artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, y si bien, mediante dicha ! gura se transmite al usufructuario el derecho de gozar y disfrutar, y el propietario conserva el derecho de disposición del bien, adquiriendo automáticamente el carácter de nudo propietario, lo cierto es que, de conformidad con el artículo 14, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. De lo anterior, se colige que para efectos fiscales, el otorgamiento del usufructo de bienes se equipara a una enajenación en la que el enajenante (propietario) se reserva el dominio del bien enajenado y con la cual se producirán consecuencias en materia fiscal.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 446/12-16-01-6/AC1/889/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 8 de mayo de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. Alin Paulina Gutiérrez Verdeja.
VII-CASR-8ME-11
PRESCRIPCIÓN. LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO INTERRUMPE NI SUSPENDE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE DICHA FIGURA CONTEMPLADA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, A MENOS QUE EXISTA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN DICHO JUICIO Y QUE EL CRÉDITO SE ENCUENTRE GARANTIZADO.- De una interpretación conjunta de lo dispuesto por los artículos 144 y 146 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que si bien mediante la prescripción se extinguen los créditos fiscales, al transcurrir el término de cinco años, el cual se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido, y que dicho término se interrumpe con cada gestión de cobro que se notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito, la sola interposición del juicio no trae consigo la suspensión ni la interrupción del término para que opere tal prescripción, ni mucho menos requiere que exista sentencia firme para que la autoridad pueda proceder al cobro de los créditos fiscales, sino requiere que el procedimiento administrativo de ejecución se encuentre suspendido durante la tramitación y resolución del juicio y que los créditos se encuentren garantizados, pues en caso contrario la autoridad se encuentra facultada para ejecutar o en su caso continuar la ejecución de tales créditos.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 25708/11-17-08-8.- Resuelto por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 15 de mayo de 2013, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Rafael Ibarra Gil.- Secretario: Lic. Adrián Ramírez Hernández.
BOLETIN INFORMATIVO GRUPO ONCE OCTUBRE 2014