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Timestamp: 2017-12-16 05:28:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 17', 'Artículo 102', 'Artículo 51']

JUNTA CIVICA EL PINAR (Fuente Clara, Robledo - Medellín, Colombia): 27/04/14 - 4/05/14
Con el apoyo de más de 11.800 firmas, el Comité Ciudadano Predial Justo acaba de conseguir que el Concejo de Medellín convoque a Cabildo Abierto a los ciudadanos medellinenses con el tema “Actualización Catastral y Nuevo Estatuto Tributario Municipal”, con el propósito de insistir en la justa exigencia de revisión de los avalúos catastrales y rebaja sustancial del Impuesto Predial.
El Cabildo Abierto será el viernes 2 de mayo a las nueve de la mañana (9 AM) en el recinto de sesiones del Concejo. El Comité Promotor citó al Secretario de Hacienda Municipal, al Subsecretario de Despacho Catastro Municipal y a la Subsecretaría de Rentas Municipales, para que respondan un completo cuestionario sobre la realidad económica de los contribuyentes de la ciudad y de los ingresos tributarios del Municipio.
Invitamos a todas las organizaciones sociales, cívicas, sindicales, comunitarias, gremiales y políticas para que se inscriban y participen en el Cabildo Abierto.
Delegado en Medellín de la Alianza Internacional de Habitantes
A pesar de los anuncios de la administración municipal acerca de que las tarifas del impuesto predial en el 2013 y el 2014 no tendrían mayores impactos en la población de menos recursos, lo cierto es que, vistas las cuentas que recibieron los habitantes de Fuente Clara (Robledo) y en forma similar los pobladores de sectores populares de Medellín a finales de enero, se presentaron desproporcionados incrementos en los avalúos catastrales entre el 26.5 y el 170.4 por ciento y en las tarifas entre el 18.5 y el 200.0 por ciento (Ver recuadro).
Esta es la conclusión a que se llegó luego de revisar varias cuentas aportadas por habitantes de dicho sector que pertenecen en su mayoría a los estratos 1 y 2. Los ejemplos analizados son el común denominador para el grueso de los propietarios y poseedores de inmuebles, en los cuales se puede verificar el exagerado incremento de las tarifas del impuesto predial. Con razón esta desmesurada alza le hizo exclamar a una señora de la tercera edad que vive de la venta de arepas: “yo tengo que dejar de mercar para pagar eso” y otro residente manifestó airado que “con esas altas tarifas nos convierten en verdaderos arrendatarios de la administración municipal”.
El origen de tan impopular medida es el Acuerdo 64 aprobado en diciembre del 2012 por el Concejo Municipal de Medellín y la actualización catastral hecha desde el escritorio por la Secretaría de Hacienda Municipal. Ambas decisiones fueron avaladas por el alcalde Aníbal Gaviria sin consideración con la real situación social y económica, no solo de los habitantes de los estratos bajos sino incluso afectando también exorbitantemente los demás estratos de Medellín, con lo cual se defraudó a la población entera.
Por eso durante el primer semestre del 2013 se agitaron numerosas protestas ciudadanas en El Poblado, en Belén, en La América, en Campo Valdés, en Laureles y en Robledo. Hasta en el centro de la ciudad los comerciantes acogotados simultáneamente con altísimos impuestos de industria y comercio y predial censuraron tan injusta disposición.
La forma absurda y burocrática en que se realizaron las actualizaciones catastrales y se impusieron injustas contribuciones, no tiene parangón en la historia de Medellín, sobre todo al no tener en cuenta las circunstancias de penuria social y económica que soportan nuestros barrios, conformados por grupos familiares en su mayoría sin trabajo o en la economía informal, donde un ingreso modesto igual o menor al salario mínimo no da para cubrir semejantes aumentos, a menos que se menoscabe el mínimo vital, se disminuya la alimentación y demás renglones básicos de la canasta familiar. “La Administración y el Concejo le están sacando el pan de la boca a nuestras familias”, dijeron certeramente algunos vecinos.
SE APLICAN LOS MAYORES NIVELES TARIFARIOS Y SE DESCONOCEN LAS NORMAS MÁS BENEFICIOSAS
La Ley 14 de 1983 estableció que a la vivienda popular (estratos 1, 2 y 3) se le debía aplicar los milajes mínimos que establecieran los concejos municipales, indicando que estos estaban entre el 1 y el 12 por mil, es decir, se podía cobrar 1 peso por cada 1.000 pesos de avalúo como tarifa mínima de impuesto predial. Luego la Ley 44 de 1990 elevó estos milajes entre el 1 y el 16 por mil. En el Valle de Aburrá se irrespetaron por años estas consideraciones. En Itagüí hace dos años y en Bello hace 3 años se cobraba a la vivienda popular una tarifa basada en milajes entre el 9 y el 15 por mil y los habitantes tuvieron que desarrollar portentosos movimientos de protesta que obligaron a que fueran reconsideradas y rebajadas. En Medellín estuvo este rango por muchísimos años entre el 8 y el 11 por mil y ahora se dispuso una levísima disminución que no logró atemperar los arbitrarios avalúos y las descomunales tasas trimestrales.
Pero en ninguna de estas poblaciones se ha tenido en cuenta los estratos socioeconómicos para imponer milajes mucho más justos que vayan entre el 1 y el 4 por mil, por ejemplo. En el 2012 la exención total (no pagaban predial) beneficiaba a las viviendas de estrato 1 con avalúos catastrales entre 0 y 5 millones de pesos, pero en el 2013 con la triple subida del avalúo, quedaron por fuera de ese beneficio (claro, si aceptamos que todavía quedan predios con valor tan minúsculo en medio de tanta especulación urbanística).
ACTUALIZACIONES CATASTRALES CON PARÁMETROS ESPECULATIVOS DE LAS LONJAS
A lo anterior se le agregan las periódicas actualizaciones que buscan aproximar el valor catastral de las propiedades a sus valores comerciales establecidos por los acaparadores y especuladores de suelos y de la propiedad. Por eso dijo la alcaldía que la actualización en Medellín subió los avalúos un 60% de su valor comercial, de acuerdo con la Ley 1450 del 2011 o Plan Nacional de Desarrollo (antes la norma hablaba del 40%). Se patrocina así la especulación inmobiliaria al trepar los avalúos de las residencias de la inmensa mayoría de pobladores humildes y trabajadores que la tienen para vivir y descansar. Pero este tope también lo desbordaron en todo Medellín.
Las Lonjas de Propiedad Raíz, para la Comuna 7 Robledo, señalaron que el metro cuadrado construido costaba en el 2012 $ 1.727.000 (hoy debe ser mucho más alto), de donde se desprende que la administración municipal no tiene criterio propio y hace sus actualizaciones pensando en los descomunales precios alcanzados por la construcción, fruto de la especulación inmobiliaria.
Sin embargo, la propia Ley 1250 del 2011 (Plan Nacional de Desarrollo), también señala en su artículo 23 que a la vivienda de estratos 1, 2 y 3 de menos de 135 SMLV, 83 millones de pesos del 2014, SE LE APLICARÁN LOS MILAJES MÍNIMOS, lo cual quiere decir, que no debió el Concejo acordar milajes a partir de 5 pesos por cada mil de avalúo, sino empezar la escala desde 1, 2, 3, 4 e incluso, 1.1, 1.2 o 2.2, 2.4, 2.6 o 3.5, 3.8, o 4…. y así sucesivamente para cada rango de avalúo de las viviendas. Incluso en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se aplican tarifas mínimas como las anteriores sin tener el “músculo financiero” y alcabalero que tiene el Municipio de Medellín, según lo mostró el propio Secretario de Hacienda.
El Secretario de Hacienda dijo a propósito de las reclamaciones ciudadanas del 2013 que “En el 15 por ciento de los casos se aumentó entre el 11 y el 20 por ciento. En el 8 por ciento entre el 21 y el 25 por ciento” (ADN, 29 de Enero del 2013), de donde se desprende que al restante 77% se le incrementó más del 25%, como en realidad ocurrió en el caso concreto de Fuente Clara (alzas hasta el 170.4% del avalúo y del 200% en la tarifa trimestral).
El Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 23 habla de que el incremento en ningún caso podrá ser superior al 25% donde se hayan presentado formaciones o actualizaciones anuales, tal como ocurrió sin sobresaltos hasta la súbita alza del 2013.
Como única solución, solo se ofrece a los habitantes solicitar la revisión para lo cual “debe demostrar que el avalúo base está mal calculado y adjuntar los documentos que sean necesarios para recalcular el impuesto”, trámite que constituye una barrera infranqueable para millares de ciudadanos que no tienen la información ni los recursos técnicos y tecnológicos de medición ni los valores en que se basa la administración para las actualizaciones.
EJEMPLOS DEL SISTEMA TARIFARIO EN EL 2012 Y 2013, DONDE A PESAR DE LA DISMINUCIÓN DEL MILAJE, SE INCREMENTA DE MANERA EXAGERADA EL IMPUESTO:
Estos lotes están asociados a las viviendas anteriores y hacen parte de los patios abiertos o solares, donde no se puede construir por la pendiente del terreno y usarse de protección vegetal, sin embargo el incremento de sus avalúos, milajes y tarifas supera todos los límites de las propias viviendas.
El impuesto predial es el tributo municipal que grava la propiedad raíz con base en los avalúos catastrales determinados por las oficinas de catastro con tecnicismos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Históricamente se fijaba a partir de los milajes establecidos por la Ley 34 de 1920 con cuyo recaudo se financió por muchos años el Fondo de Fomento Municipal y la Policía Nacional.
Esta ley incrementó las tarifas que los órganos colegiados municipales pueden imponer en su jurisdicción, al modificar el milaje anterior que oscilaba entre 1 y 12 pesos por cada 1.000 de avalúo, para quedar entre 1 y 16 pesos por cada 1.000 de avalúo. Además creó una sobretasa del 1 x 1000 para ser destinada a las áreas metropolitanas, la cual puede incrementarse hasta el 2 x 1000, para atender sus gastos de funcionamiento.
LAS ENGAÑOSAS TARIFAS DEL SISTEMA DE MILAJES
El milaje es la tarifa que se cobra de acuerdo al avalúo de una propiedad, expresada en fracciones de mil por ciento, es decir, los pesos que se pagan por cada mil pesos de avalúo catastral. Con las apresuradas y costosísimas actualizaciones catastrales realizadas por operadores privados se dispararon las tarifas entre 200 y 300 por ciento, a pesar del Decreto 4818 del 2010 de Planeación Nacional, Artículo 1, donde se estipula que "los avalúos catastrales de los predios urbanos no formados y formados con vigencia del 1 de enero de 2010 y anteriores, se reajustarán a partir del primero de enero de 2011 en 3.0 por ciento".
Hecha la ley, hecha la trampa, reza un antiquísimo adagio popular. Aparte del incremento que se opera en el milaje, también cuando un avalúo de una propiedad pasa de un rango a otro de la tabla del Estatuto Tributario, se suben según el porcentaje anual autorizado por la Ley 44 de 1990 para los “predios formados” igual al de la inflación (es decir se actualizan e indexan) y para los “predios no formados” puede ser de hasta del 130% (Artículo 8)[3]. Tres alzas fundadas en la ley, en la interpretación mañosa de las normas y en la astucia administrativa, triple abuso que no soportan ahora los habitantes de la capital antioqueña, pero que acogota análogamente a miles de hogares del área metropolitana, como lo mostró la recia protesta cívica de los pobladores envigadeños adelantada el pasado mes de marzo.
Los sectores populares de sitios céntricos o de futuras “renovaciones urbanas”, son los más sobresaltados por las inopinadas alzas de los importes prediales. Los nuevos avalúos aplicados tienen como base el valor especulativo de la tierra y otros confusos procedimientos usados por las lonjas y no los modestos ingresos de los propietarios de antiguas edificaciones, en su mayoría conformados por pensionados, obreros, empleados y pequeños y medianos comerciantes e industriales. Aquí no valen las estadísticas de la inflación (IPC) ni del DANE ni el magro incremento del salario mínimo, pues la propiedad en Colombia está ligada al encarecimiento desbordado de los precios del suelo, del capital financiero y de los insumos de la construcción, que se denominan en los estatutos tributarios del área metropolitana “condiciones locales del mercado inmobiliario”.
El impuesto predial está completamente atado a la especulación del precio de la tierra y gran parte de su recaudo va a parar al despilfarro en la publicidad oficial, a la suntuosidad de las megaobras, grandes eventos, la contemplación turística y a los bolsillos de grandes contratistas. En muchos casos se convierte en un gravamen expropiatorio para cientos de familias sin ingresos suficientes ubicadas en zonas de interés para los linces de las finanzas y los acaparadores del suelo disponible. En la Ley 44 de 1990 se admite el mecanismo del autoavalúo base para adquisición de un predio, lo que le permite a los grandes propietarios de terrenos, no solamente decidir en términos agiotistas el valor de la tierra acaparada, sino también subirle un 25% más para que puedan ser adquiridas a precios inflados por parte de los municipios. Pero cuando se trata de humildes propietarios les aplican alzas desmesuradas para fines fiscales pero les niegan los nuevos precios del mercado, obtenidos en sus suelos, en las acciones de expropiación administrativa, cual plusvalía que le genera riquezas o a la administración o a los nuevos propietarios de grandes conjuntos residenciales y centros comerciales.
De manera también injusta, estas inmoderadas alzas en los componentes de la carga predial afectan a los adjudicatarios de viviendas edificadas por las compañías urbanizadoras y sufragadas por las corporaciones financieras, pues la base grabable corresponde al precio real de adquisición del inmueble, estando efectivamente actualizado. En estos casos se grava una “deuda” que no han finalizado de pagar sus adquirientes, porque sobre el valor escriturario es que se establecen los denominados milajes, cuando lo cierto es que para sus beneficiarios se trata de obligaciones hipotecarias en curso por las cuales pagan al mes crecidas cuotas de amortización que consumen la mayor parte de los ingresos del grupo familiar comprometido, quedando muy poco para satisfacer el resto de obligaciones, entre ellas el tributo de marras y unas sobrecargadas tarifas de servicios públicos.
El sector específico de propietarios de casas y apartamentos de Interés Social y Prioritario tienen derecho a que se les exonere durante 10 años del pago del impuesto predial unificado, en virtud de la condición especial de que sus avalúos se encuentran actualizados desde el momento mismo de la firma de la hipoteca y la aceptación del plan de amortización por 10, 15 o 20 años, según el caso. En realidad son “dueños” apenas del 30% del inmueble por el que tienen que desembolsar esquilmadoras cuotas mensuales de amortización.
Si se aplicaran adecuadamente estas normas, la tarifa a tener en cuenta por los Concejos Municipales para gravar la vivienda popular, debiera ser el milaje mínimo del 4 x 1.000 allí establecido (hoy está en 5 x 1000), y no el que se cobra en realidad que oscila entre $10 y $15 por cada $ 1.000 de avalúo del inmueble: “A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo Concejo” (Artículo 17 de la Ley 44 de 1990). Para efectos de esta ley, el Decreto 3446 de 1983 en sus artículos 49 y 50 aclaró lo que se entendía por vivienda popular al señalar que eran los predios ubicados en los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo, es decir, uno, dos y tres, como posteriormente se conocieron. Criterio que recogió la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios en su Artículo 102, aún vigente, sobre estratificación socioeconómica. [6]
O bien, si los rangos de vivienda en la actualidad son los mismos definidos para el otorgamiento del subsidio económico por parte del Fondo Nacional de Vivienda a la vivienda de interés social (De 1 a 100 SMLV), entonces mayor consideración se debe tener para conceder el milaje mínimo de avalúo a los inmuebles caracterizados como de interés social prioritario con avalúos hasta de $ 43.120.000. Igualmente podría precisarse esta clase de impuesto directo en proporción a los ingresos de sus posesionarios o propietarios.
Por lo anotado es que resulta muy paradójica, o risible, la norma de exclusión del pago de impuesto predial por 10 años para viviendas con avalúos inferiores a los 5 millones de pesos, fijada en el Estatuto Tributario de Medellín, porque, ¿Cuántas propiedades urbanas en este instante, en medio de esta baraúnda especulativa del precio del suelo, de las edificaciones y de los impuestos a la propiedad, tienen avalúos iguales o inferiores No se trata de un gazapo sino de una falacia que ofende al ciudadano común.
La mayoría de propietarios, adjudicatarios y poseedores requieren de su propiedad para vivir tranquilos con su familia, no para pingues negocios, como hace una minoría de mercaderes de predios: Las tarifas, además de tener que ser justas y equitativas, deberían estar en concordancia con el derecho fundamental a una vivienda en condiciones dignas expresado en el Artículo 51 de la Constitución Colombiana [7] para que su disfrute no se lesione con desafueros legales y administrativos como los reseñados atrás y como los venideros incrementos.
Manifestamos nuestro apoyo a la comunidad en sus reclamaciones y propuestas de solución.
Presidente de la Junta Cívica Paraje El Pinar (Fuente Clara-Robledo)
Cabildo abierto concejo de Medellin mayo 2 del 2014
RESUMEN DE LA PROBEMÁTICA DE LAS ALTAS TARIFAS DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU IMPACTO EN NUESTRAS COMUNIDADES
1. Los residentes del barrio Fuente Clara, en su mayoría población vulnerable, pertenecemos a los estratos 1 y 2 y derivamos el sustento para nuestros grupos familiares de ingresos equivalentes a un salario mínimo legal sin prestaciones sociales o menos, que no alcanza para cubrir dignamente nuestras necesidades. Téngase en cuenta que la canasta de productos básicos del 2012, 2013 y 2014 para ingresos bajos es establecida a través del DANE en una cifra cercana a los 2 salarios mínimos y que el salario mínimo apenas alcanza para cubrir un 42% de ésta. Disparidad que obliga a disminuir los gastos de alimentación, educación, salud, recreación.
2. Una gran parte de los grupos familiares tenemos régimen subsidiado en salud pero quienes cuentan con un empleo formal de un salario mínimo, deben también aportar un porcentaje considerable para la salud familiar y cubrir transporte, cuotas moderadoras y copagos (un 20%).
3. Para poder garantizar los servicios públicos, debemos emplear de una cuarta a una quinta parte de un salario mínimo.
5. Los avalúos y las tarifas de impuesto predial nos sorprendieron por su exagerado y desconsiderado incremento, que en un alto porcentaje supera no solo el 25% anunciado por la Secretaría de Hacienda en diciembre del 2012, sino incluso más del 100%, lo cual nos crea gran preocupación al no disponer de los recursos suficientes para pagar el tributo impuesto. Y vuelve a subir en el 2014.
Como se puede ver, nuestra comunidad presenta un déficit de ingresos para atender de manera digna e integral hasta las mínimas necesidades de subsistencia, y que no se nos diga que no solo es el caso nuestro sino de todo Medellín, porque entonces ni siquiera las políticas públicas han disminuido el déficit de ingreso de millares de familias impelidas al rebusque por la pérdida de empleos seguros y estables.
1. Revisar los avalúos catastrales para que éstos no suban más de un 25% (tal como se señaló desde finales del año pasado por parte de las autoridades municipales) y como se señala en la Ley 1450 del 2011 y establecer rangos reales de acuerdo al estrato socio económico de ingresos bajos, que tenga en cuenta las propiedades como bien de uso y no como mercancía para el negocio. No es posible que el metro cuadrado construido se calcule para unas viviendas humildes con base en los más altos índices especulativos que ha alcanzado la propiedad inmobiliaria en la Comuna 7 Robledo que han fijado el metro cuadrado construido promedio en más de 1 millón 350.000 pesos.
2. Establecer milajes de acuerdo con la estratificación social y económica y los bajos ingresos de la población del sector, fijando una tabla progresiva que comience desde 1 con sus respectivos niveles (1.1…, 1.3…, 2.2…, 3.5…, 3.8…, 4…, 4.3…, 5….., etc), tal como lo señala la Ley 1450 del 2011. El milaje impuesto a pesar de ser uno o dos puntos inferiores al anterior, no logra disminuir el alto impacto de las tarifas en el presupuesto familiar.
5. Establecer en un 10% el porcentaje de deducción por pago anticipado del impuesto predial.
Publicadas por JUNTA CIVICA EL PINAR-FUENTE CLARA a la/s 2:48:00 p.m. 1 comentario: Vínculos a esta publicación