Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-536-08.htm
Timestamp: 2019-03-21 01:37:22
Document Index: 234584842

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C-536-08
Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que “(…) en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículos 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”
El ciudadano Alfonso Daza González, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda contra los artículos 239, 240, 241, 242, 243, 268 (parcial) y 445 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”.
El demandante consideró que, en general, las normas demandadas vulneran el preámbulo de la Constitución Política en “cuanto estipula que es uno de los objetivos de la Carta garantizar las condiciones necesarias para asegurar a sus integrantes la vida, la justicia y la igualdad, entre otros derechos”.
Alegó el accionante que el artículo 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 contraría el Acto Legislativo 03 de 2002, toda vez que “desconoce la igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y defensora en el sistema acusatorio”.
Señaló, asimismo, que el parágrafo 1° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 vulnera el inciso 4° del artículo 29 de la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14° numerales 1° y 3° literales a y d), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8° numerales 1° y 2° literales b y d), al no “permitirle al imputado estar presente en la legalización de su captura, la formulación de su imputación y la solicitud de medida de aseguramiento” negándole de este modo el derecho a ejercer su defensa de manera personal o mediante un abogado de su confianza.
Adujo que el parágrafo 3° de la Ley 1142 de 2007 transgrede, además de las disposiciones superiores señaladas anteriormente, el inciso 3° del numeral 1° del artículo 250 y el artículo 30 de la Constitución Política, pues el capturado no queda a disposición del Juez con Funciones de Control de Garantías para que éste legalice la captura, es decir, “permite que se legalice la captura del capturado sin el capturado”, desconoce el término máximo treinta y seis horas para la realización de ese trámite judicial haciendo inoperante la acción de habeas corpus y le niega al capturado el derecho a conocer la imputación y ejercer el derecho de defensa, acerca de los motivos y procedimientos relacionados con la captura, de manera personal o mediante una abogado de confianza.
Sin embargo, arguyó que si la Corte decide aplicar el principio “pro acciones”, se declare la constitucionalidad de las normas demandadas por las razones que a continuación se presentan.
El principio de igualdad de armas, referente a la “igualdad de oportunidades para recoger evidencias, y potestades similares”, debe armonizarse con el deber estatal de proteger los derechos fundamentales, la facultad de limitarlos sin perjuicio del respeto por el núcleo esencial y la carga de evitar que terceros incidan directa o indirectamente en el goce de éstos por parte de los asociados.
Este principio busca lograr una igualdad relativa entre las partes, de allí que “no todas las potestades que se reconocen a una de las partes son trasladables a la otra”, pues la defensa y la víctima carecen de competencia para ordenar la adopción de medidas que limiten derechos fundamentales, pero pueden acudir al Juez con función de Control de Garantía para solicitar “bajo parámetros de estricta proporcionalidad, la adopción de algunas medidas que limiten los derechos fundamentales de terceros”, lo que asegura un medio idóneo para lograr la igualdad de oportunidades en la recolección de evidencia o medios de prueba y a la vez se garantiza un medio de control para la conducta de los particulares.
Finalmente, manifiestó que es una “potestad facultativa” que los elementos materiales probatorios y de evidencia física sean llevados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Respecto del parágrafo 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, expuso el interviniente que la legalización de la captura sin el capturado, no vulnera los derechos de éste, ya que “la legalización se hace ante la defensa y se evalúan todos los parámetros contenidos en la ley” y manifestó, por otra parte, que la prolongación del término para la legalización de la captura desconoce el derecho fundamental de habeas corpus que establece la Carta Política.
Por último, consideró que el artículo 268 de la Ley 906 de 2004 y el numeral 9° del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007, desconoce la igualdad de los sujetos procesales, pues “la Fiscalía adquiere cierta ventaja sobre la defensa, ya que conoce sus elementos probatorios y al mismo tiempo los condiciona, algo que procesalmente no es válido”.
La Procuraduría General de la Nación, mediante concepto número 4466 de cinco (5) de febrero de dos mil ocho (2008), solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, y declarar la inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 o “estarse a lo que se resuelva en relación con el expediente D-6948, que se encuentra en trámite ante la Corte constitucional”.
Así, se trasgrede el derecho a la defensa “cuando se permite avanzar en el curso del proceso, formular cargos e incluso afectar con medidas restrictivas de derechos fundamentales a una persona… que está en incapacidad de ejercer su derecho a la defensa material,… una parte procesal que tampoco puede controvertir ante el juez de control de garantías los fundamentos que para respaldar sus peticiones presente la otra parte, la fiscalía”, ello implica además la vulneración del principio de dignidad humana, pues se ignora que el imputado es un sujeto de derechos que deben ser garantizados dentro de la actuación penal y no un simple destinatario del poder punitivo.
Arguyó que la norma es indeterminada, pues la expresión “‘o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material’, deja un espacio muy amplio al funcionario judicial para establecer cuándo es imperiosa la presencia del procesado privado de la libertad para formularle la imputación”, situación que vulnera el principio de legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
Finalmente, expresó que existe vaguedad y ambigüedad en las normas estudiadas, pues “ciertamente cualquier situación puede ser considerada por el funcionario como una dificultad en el traslado del capturado que lo exime del cumplimiento del lapso constitucional fijado para colocarlo a disposición del juez…de este modo, la norma facilita al funcionario evadir el control judicial ante cualquier obstáculo de tal forma que lo excepcional puede convertirse en lo general”, además, dijo que resulta curioso que el fundamento de la norma sea la dificultad de traslado del capturado hasta el juez de control de garantías, pues como sí puede asistir el defensor público y el representante del Ministerio Público y no el Juez con función de Control de Garantías, cuando éste existe según la Ley 1142 de 2007 en todos los municipios.
2.1 La demanda de inconstitucionalidad presentada dentro del presente proceso, se dirige contra el artículo 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004, así como contra el parágrafo 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007 y el numeral 9º (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, por considerar que dichas disposiciones son violatorias del Preámbulo y de los artículos 29, 30, inc. 3º del numeral 1º del artículo 250 de la Constitución Nacional, del Acto Legislativo 03 de 2002, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –art. 14- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos –art.8-.
(i) En primer lugar, en criterio del actor las expresiones demandadas del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y del numeral 9º del artículo 47 de la Ley, las cuales prevén la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor –art.268 Ley 906 del 2004- así como certificado de la Fiscalía General de la Nación de que la información será utilizada para efectos judiciales –num. 9 art. 47 Ley 1142 del 2007- son vulneratorias del Acto Legislativo 03 de 2002 al desconocer la igualdad de armas que debe existir entre la parte acusadora y defensora en el sistema acusatorio, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no tiene facultad constitucional para otorgar constancia de quién es el imputado o el defensor de éste, ni para certificar al defensor, desequilibrando tal disposición la igualdad de armas que debe existir dentro del proceso penal en el sistema acusatorio.
En relación con el aparte demandado del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 sobre el traslado de pruebas al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sostuvo que esta disposición contiene una “potestad facultativa” de que los elementos materiales probatorios y de evidencia física sean llevados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
2.4 En su concepto, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del numeral 9 (parcial) del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y el artículo 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004, y declarar la inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 o “estarse a lo que se resuelva en relación con el expediente D-6948, que se encuentra en trámite ante la Corte constitucional”.
Como fundamento de la solicitud de inexequibilidad de los parágrafos 1° y 3° del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, expuso el Ministerio Público que en lo que respecta al parágrafo 1º mencionado, éste trasgrede el derecho de defensa ya que permite avanzar en el curso del proceso penal, formular cargos e incluso afectar con medidas restrictivas de derechos fundamentales a una persona, que se encuentra en incapacidad de ejercer su derecho de defensa, lo que no sólo vulnera ese derecho sino también el de dignidad humana, ya que se ignora que el imputado es un sujeto de derechos, los cuales deben ser garantizados, y no un simple destinatario del poder punitivo. Así mismo, para el Ministerio la expresión ‘o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material’ contenida en el parágrafo 1º de la Ley 1142 del 2007, es una expresión que deja un espacio muy amplio de interpretación y valoración por parte del juez, lo cual termina vulnerando el principio de legalidad procesal y consecuentemente el derecho a la defensa.
Esta regla es reiterada en el Art. 46 de la ley 270 de 1996, en virtud del cual “en desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución. “[1]
“Los conceptos de cosa juzgada absoluta y relativa han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, indicando que en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia.” [2] ( negrillas fuera de texto)
“La cosa juzgada relativa se presenta de dos maneras: Explícita, cuando “...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro..”, es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada “...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta...”. Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, “...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos...”. Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: “... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada..”. [3] ( negrilla fuera de texto ).
En reciente fallo de esta Corte –Sentencia C-425 del 2008, Expediente D-6948-, esta Corporación estudió la constitucionalidad de los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 de la Ley 1142 del 2007, por los mismos cargos de inconstitucionalidad que se presentan en esta oportunidad, resolviendo la Corte declarar inexequibles las expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes…” y “En este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 y exequible el resto del parágrafo 1º, en el entendido de que esta hipótesis, se interrumpe la prescripción. Así mismo, decidió la Corte en la sentencia C-425 del 2008, declarar inexequible la totalidad del parágrafo 3º del artículo 18 de la ley 1142 de 2007 [4].
“En efecto, la aplicación del principio de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y de igualdad de trato jurídico para acceder a la justicia (artículos 29, 13 y 229 de la Constitución), según el cual las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Ahora, la desigualdad institucional, evidente en el sistema penal acusatorio (el aparato estatal investigativo, por regla general, tiene mayor fortaleza económica, orgánica y funcional, que la defensa a cargo de los particulares), supone la necesaria intervención legislativa para superarla y propiciar la igualdad de trato y de oportunidades de defensa. Por ello, el fortalecimiento y real aplicación de principios procesales tales como la presunción de inocencia, el in dubio pro reo, las prohibiciones de doble incriminación y de autoacusación, entre otros, colocan al juez en una posición clara frente al vacío probatorio: la pasividad probatoria como instrumento de equiparación de armas entre las partes.”[6]
“(E)l principio de igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección.”[7]
“En efecto, a diferencia del sistema de tendencia inquisitiva adoptado por la Constitución de 1991, y que aún rige en buena parte del país, en el que la Fiscalía ejercía -a un tiempo- función acusatoria y funciones jurisdiccionales, en el nuevo sistema procesal penal el rol del ente de investigación se ejerce con decidido énfasis acusatorio, gracias a lo cual, pese a que su participación en las diligencias procesales no renuncia definitivamente a la realización de la justicia material, el papel del fiscal se enfoca en la búsqueda de evidencias destinadas a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, lo cual constituye el distintivo del método adversarial.
Ahora bien, como el cambio de metodología de la investigación penal implica que, en el nuevo sistema, la Fiscalía no está obligada a recaudar material probatorio que pudiera ser favorable a la defensa, sino que su tarea se limita a encontrar las pruebas de cargo que desvirtuarían la presunción de inocencia del acusado (aunque, de encontrar pruebas exculpatorias, está en la obligación de entregarlas a la defensa), se hace indispensable que la defensa tenga acceso al conocimiento del acervo que se hará valer en su contra.” (resaltado por la Corte)
“En efecto, durante la etapa preprocesal de indagación, al igual que en el curso de la investigación, no se practican realmente “pruebas”, salvo las anticipadas de manera excepcional, sino que se recaudan, tanto por la Fiscalía como por el indiciado o imputado, elementos materiales probatorios, evidencia física e información, tales como las huellas, los rastros, las armas, los efectos provenientes del delito, y los mensajes de datos, entre otros. En el escrito de acusación, el cual se presenta ante el juez de conocimiento en el curso de una audiencia de formulación de acusación, el fiscal deberá descubrir las pruebas de cargo, incluyendo los elementos favorables al acusado. A su vez, podrá solicitarle al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Posteriormente, en el curso de la audiencia preparatoria, la Fiscalía y la defensa deberán enunciarle al juez de conocimiento la totalidad de las pruebas que harán valer en el juicio oral, pudiendo solicitársele la aplicación de la regla de exclusión. Finalmente, en virtud del principio de inmediación de la prueba en el juicio oral, se practicarán las pruebas que servirán para fundamentar una sentencia”.
“Esta fase [de investigación previa] reviste importancia capital no sólo para el cumplimiento de los fines del Estado, sino también para el imputado, porque dependiendo de las actividades desarrolladas en esta etapa puede luego convertirse en sindicado y desde entonces su libertad personal, al igual que otros derechos, resultar seriamente afectados. Por lo mismo, la actividad estatal en la búsqueda de la verdad debe armonizarse con el ejercicio de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues de lo contrario probablemente carecerán de eficacia material durante las etapas subsiguientes”.[15]
“En efecto, el ente acusador tiene a su alcance amplios poderes que en en ciertos eventos podrían definir radicalmente el curso del proceso. Por ejemplo, si gran parte del material probatorio es recopilado durante la investigación previa sin la participación del imputado o de su defensor, o sin la posibilidad de controvertirlo oportunamente, o de solicitar la práctica imperiosa de algunas pruebas a favor del imputado, el derecho de defensa difícilmente podrá consolidarse durante el sumario y menos aún en la etapa del juicio, por cuanto durante la fase preprocesal aquel no revistió las suficientes garantías y solamente fue satisfecho de manera precaria.”[16]
Ahora bien, la expresión demandada “(c)on la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, fue demandada en el presente proceso de constitucionalidad por violar el Acto Legislativo 03 de 2002 en cuanto desconoce la igualdad de armas, y ello en dos sentidos:
2.3.1.1 La inexequibilidad de que la constancia sobre la calidad de imputado o de defensor sea otorgada exclusivamente por parte de la Fiscalía
Esta interpretación se apoya en el tenor literal del verbo rector de la disposición acusada, según el cual el imputado o su defensor luego de recaudar los elementos materiales probatorios y evidencia física y, previa una solicitud para que sean examinados, “los trasladarán” al respectivo laboratorio del Instituto en mención. En este sentido, esta norma no contendría una facultad, a pesar de encontrarse contenida en un artículo sobre las facultades del imputado, por cuanto no se utiliza la expresión verbal “podrán ser trasladados” sino que contiene una formulación imperativa a través de la expresión verbal “los trasladarán”, la cual indica una obligación a llevar a cabo por el imputado o su defensor.
De conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este aparte respecto de la igualdad de armas, la Sala considera que la interpretación de la expresión acusada como una obligación vulnera desde el punto de vista constitucional el principio de “igualdad de armas” fundamental dentro del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria, instituido a través del Acto Legislativo No. 03 de 2002 y desarrollado en la Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual se debe garantizar a la defensa, integrada por el imputado y su apoderado, la participación activa en la conformación del material probatorio del proceso, así como su examen y valoración en las mismas condiciones que lo hace el ente acusador.
2.3.1.3 La inexequibilidad de que sea exclusivamente la Fiscalía General de la Nación la que expida el certificado respecto de la utilización de la información para efectos judiciales de que trata el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007
Así las cosas, esta Corte declarará la inexequibilidad solamente de la expresión “por la Fiscalía General de la Nación”, en aras de restablecer el orden constitucional quebrantado, y declarará exequible el resto de la expresión demandada. Para esta Corte es claro que el efecto de la presente declaratoria de inexequibilidad es que cualquier autoridad competente para dar fé o certificar respecto de la finalidad judicial del material probatorio que busque recabar la defensa, queda facultada para expedir dicha certificación y, que en forma consecuente, el defensor podrá acudir ante cualesquiera de estas autoridades para obtener el certificado en cuestión.
(i) En primer lugar, la Sala considera que las expresiones demandadas “de la Fiscalía” del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 y “por la Fiscalía General de la Nación” del numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007, son inconstitucionales por vulneración del principio de igualdad de armas como parte integrante del derecho de defensa, por cuanto dejan en forma exclusiva en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la competencia para otorgar constancia respecto de la calidad de imputado o defensor dentro del proceso penal –art. 268 Ley 906 del 2004-; y en cabeza de esta misma entidad, la competencia de expedir certificación en relación con que la información buscada, recogida o recabada por la defensa, será utilizada para efectos judiciales –numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007.
Ahora bien, evidencia la Sala que si bien la demanda contra el artículo 268 de la Ley 906 del 2004 se presenta contra la totalidad del aparte “(c)on la solicitud para que sean examinados y la constancia de la Fiscalía de que es imputado o defensor de este, los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los entregarán bajo recibo” contenido en el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, los cargos se enervan en primer lugar en contra de que sea la Fiscalía propiamente dicha la entidad encargada de otorgar constancia respecto de la calidad de imputado o de defensor, ya que ello vulnera la igualdad de armas dentro del proceso, y no contra la exigencia misma de la constancia. Tampoco encuentra la Corte reparo alguno respecto de la exigencia de la constancia, sino en relación con la autoridad que la ley consideró competente de manera exclusiva para otorgarla, razón por la cual la Sala declarará la inexequibilidad sólo respecto de esta expresión “de la Fiscalía”, en aras de reparar la inconstitucionalidad y ajustar la disposición al orden constitucional, y declarará la exequibilidad del resto de lo demandado.
En este caso se demanda la expresión “siempre que se acredite por parte del defensor certificado por la Fiscalía General de la Nación, que la información será utilizada para efectos judiciales”, sin embargo los cargos se encuentran encaminados únicamente contra la consagración de que sea la Fiscalía General de la Nación la entidad competente para otorgar certificado al defensor en el sentido que ésta será utilizada para efectos judiciales. Así tampoco, encuentra la Corte reparo constitucional alguno respecto de la exigencia de dicha certificación por cuanto ella cumple un fin constitucional de protección de los derechos fundamentales de terceros. Considera por tanto la Corte, que en este último caso lo procedente es declarar la inconstitucionalidad sólo de la expresión “por la Fiscalía General de la Nación”, por las razones expuestas anteriormente, con lo cual se subsana la inconstitucional encontrada y se restablece el orden jurídico superior, y declarar la exequibilidad del resto de lo demandado.
(ii) En segundo lugar, la Sala encuentra que la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004 puede ser interpretada en el sentido de una obligación por parte del imputado de trasladar las pruebas recolectadas exclusivamente al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Finalmente, observa la Corte que los cargos de la demandada en contra del artículo 268 de la Ley 906 del 2004 se dirigen en contra de que sea una obligación trasladar de manera exclusiva al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses los elementos materiales probatorios recabados por el imputado o su defensor, razón por la cual considera la Sala que lo procedente en este caso es excluir dicha interpretación y en aras del principio de “conservación del derecho” declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen, y restablecer así el orden superior.
Esta Corte resolverá estarse a lo resuelto en la sentencia C- 425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones “… formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …” y “En este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción. [18]
Por ser vulneratorias del principio de igualdad de armas instituido por el Acto Legislativo 01 del 2003, esta Corte declarará en primer lugar la inexequibilidad de la expresión “de la Fiscalía” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, con el fin de restablecer el orden constitucional vulnerado, y la exequibilidad del resto de lo demandado.
Así mismo esta Corporación declarará la exequibilidad condicionada de la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 del 2004, en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen.
Por ser vulneratoria del principio de igualdad de armas instituido mediante el Acto Legislativo 01 del 2003 procederá esta Corte a declarar la inexequibilidad de la expresión “por la Fiscalía General de la Nacional” contenida en el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 del 2007 y la exequibilidad del resto de lo demandado.
Primero. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C- 425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones “… formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …” y “En este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción.[19]
Segundo. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-425 del 2008 en cuanto declaró la inexequibilidad del parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007.
Tercero. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “de la Fiscalía” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, y declarar EXEQUIBLE la expresión “los trasladarán al respectivo laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” contenida en el artículo 268 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que el imputado o su defensor también podrán trasladar los elementos materiales probatorios y evidencia física a cualquier otro laboratorio público o privado, nacional o extranjero, para su respectivo examen. Declarar EXEQUIBLE el resto de lo demandado.
Cuarto. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “ por la Fiscalía General de la Nación” contenida en el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 y EXEQUIBLE el resto de lo demandado.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 268 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” y los parágrafos 1º y 3º del artículo 18 y el numeral 9º del artículo 47 de la Ley 1142 de 2007 “por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito aclarar mi voto a lo resuelto en el ordinal primero de este fallo, mediante el cual se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-425 del 2008 en relación con el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, en cuanto declaró la inexequibilidad de las expresiones “…formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes …” y “En este caso …” contenidas en el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007, y la exequibilidad del resto del parágrafo 1º, en el entendido de que en esta hipótesis, se interrumpe la prescripción; en razón a que en su momento el suscrito magistrado se apartó de la decisión de exequibilidad de parte del parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 adoptada en la sentencia C-425 del 2008.
En concepto del suscrito magistrado, el parágrafo 1º del artículo 18 de la Ley 1142 de 2007 ha debido ser declarado inexequible en su totalidad, por las mismas razones que condujeron a tal declaratoria respecto de las expresiones mencionadas de dicho parágrafo, por cuanto se vulnera el derecho de defensa –art. 29 CN-.
[5] Ver Sentencia C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde se estudió el principio de igualdad de armas en aras de resolver un cuestionamiento constitucional frente al descubrimiento de la prueba en el nuevo modelo acusatorio. En esta decisión la Corte declaró al exequibilidad del artículo 356 del C.P.P.
[7] Sentencia C-1194 del 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[8] Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tomando asiento en la doctrina adoptada en el caso Brady Vs Maryland, y en aplicación de los rudimentos del sistema acusatorio norteamericano y del principio del fair trial, prescribe que el ente acusador está en la obligación de transmitir a la defensa cualquier evidencie exculpatoria de que tenga conocimiento, aún sin que medie solicitud expresa al respecto. Sobre dicho particular, el Tribunal citado asegura, tras citar fallos pertinentes al caso, que: “De la jurisprudencia citada se colige que el ministerio fiscal tiene la obligación legal de revelarle a un imputado de delito cualquier tipo de evidencia exculpatoria que tenga en su poder o cualquier vicio de falsedad que pueda afectar su prueba.[8][15] Esta obligación ha sido recogida en el Inciso (b) de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, ante, al disponerse que “[e]l Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del acusado que tenga en su poder.” (…) Es importante recalcar que esta obligación no depende de que exista o no una previa solicitud por parte de la defensa o que se trate de una solicitud específica o general. Si el ministerio fiscal tiene en su poder prueba exculpatoria, o evidencia relevante a la inocencia o castigo del acusado, tendrá que entregarla a la defensa pues, al no hacerlo, incurre en una violación al debido proceso de ley;[8][16] ello independientemente de la buena o mala fe que haya tenido el ministerio público al así actuar. Brady v. Maryland, ante; Giles v. Maryland, 386 U.S. 66 (1967); Moore v. Illinois, 408 U.S. 786 (1972); U.S. v. Agurs, ante. Ciertamente, no es la intención del fiscal lo que cuenta para determinar si se ha ofendido el debido proceso de ley, sino la posibilidad de daño al acusado. Pueblo v. Hernández García, ante, a las págs. 508-09 (citando a Giglio v. United States, ante. (…) Dicho de otra forma, el ministerio fiscal tiene el deber de revelar cualquier indicio de falso testimonio y de descubrir evidencia exculpatoria cuando tal falsedad o carácter exculpatorio es, o debió ser, conocida por éste. Véase: Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, ante, a la pág. 32. Ello, naturalmente, sin necesidad de una previa solicitud por parte de la defensa y sin importar si las Reglas de Procedimiento Criminal proveen o no para tal descubrimiento en la etapa específica de los procedimientos en que se encuentren. El no hacerlo podría acarrear la revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. Ello dependerá de la relevancia y materialidad de la evidencia suprimida; esto es, si la supresión de la evidencia de que se trata socava la confianza en el resultado del juicio. Esto deberá ser analizado a base de un estándar de “probabilidad razonable”.[8][17] Kyles v. Whitley, 514 U.S. 419, 434 (1995); United States v. Bagley, 473 U.S. 667, 678 (1985)” 2003 DTS 157 PUEBLO V. ARZUAGA RIVERA 2003TSPR157, en el Tribunal Supremo de Puerto Rico el Pueblo de Puerto Rico Recurrido v. Víctor Arzuaga Rivera, Félix de Jesús Mendoza
[9] Ver sentencias C-783-03, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-591 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, C-1260 del 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, y C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[13] Ver sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[14] Ver Sentencia C-1291 del 2001, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-033 del 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, ambas sobre disposiciones de la Ley 600 del 2000.
[15] Sentencia C-033 del 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
[16] Sentencia C-033 del 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynnett.
[17] Ver sentencia C-396 del 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.