Source: https://issuu.com/periodistasdeapie/docs/informe_goyo__1_
Timestamp: 2017-09-25 06:48:41
Document Index: 349088944

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'artículo 373', 'artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 45', 'Artículo 2', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 20', 'Artículo 14', 'Artículo 65', 'Artículo 67', 'artículo 73', 'artículo 6']

Informe Gregorio: Asesinado por informar by Periodistas de A Pie - issuu
Informe de la Misión de Observación de periodistas y organizaciones de libertad de expresión por el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz 19 de marzo 2014 Una parte de la elaboración de este informe fue posible por el apoyo de la organización Free Press Unlimited, en seguimiento del trabajo realizado durante el encuentro de periodistas “Rompiendo el Silencio”
A la memoria de Mike O’Connor, colega, amigo y representante del CPJ en México
CONTENIDO PRESENTACIÓN 1. Veracruz, un contexto adverso a la libertad de expresión - Un estado peligroso - Muertos y desaparecidos sin justicia - Instituciones disfuncionales - El gobierno aprieta - Salarios de precariedad 2. El sur del estado, zona de altísimo riesgo - La boca del lobo - Otros poderes - El “Grupo Coatza” - Petroquímica, secuestros y extorsiones - El Mando Único Policial 3. Gregorio, el periodista - Su historia - Ser periodista en el sur de Veracruz: Testimonios 4. Cronología de una muerte 5. La investigación oficial - Lo mataron por informar - Los vacíos del comienzo - El ataque - Posibles móviles - Primeras investigaciones - Vinculan otros casos - ¡Magia!, localizan a los secuestradores - Confesión por encimita - El misterio de la casa - ¿Y las fosas? - Son Zetas - ¿Y qué hacen la FEADLE y la SEIDO? 6. Conclusiones y recomendaciones - Recomendaciones generales - Sobre las investigaciones 7. Anexos - Mapa de medios en Veracruz - Cuadro: La actuación del Estado - Testimonios - Notas de Gregorio 4
PRESENTACIÓN Por primera vez en México, un grupo de dieciséis periodistas y cuatro organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión, viajamos a Veracruz para investigar el asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fuera secuestrado delante de su familia el 5 de febrero de 2014. Su cuerpo sin vida fue hallado en una fosa seis días después en el municipio de Las Choapas. Era el décimo periodista asesinado en el estado de Veracruz en los últimos tres años. Como pocas veces, el crimen despertó la solidaridad gremial en el país y el extranjero. Entre los días 15 y 17 de febrero visitamos Coatzacoalcos --donde vivía y trabajaba Gregorio-- y Xalapa --la capital de Veracruz--, con el fin de recabar la mayor información posible y, al mismo tiempo, expresar nuestra solidaridad a la familia de Gregorio y a sus colegas, todos ellos víctimas de este atentado con el que se pretendió cercenar la libertad de expresión y el derecho a la información. Durante la investigación entrevistamos a más de sesenta comunicadores, entre ellos reporteros, editores y directivos de medios de información; escuchamos a familiares y amigos de Gregorio Jiménez, así como a autoridades estatales y federales. Tuvimos, también, acceso a las trescientas cuarenta páginas del expediente que consignó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y a las notas de prensa publicadas por Gregorio en los seis meses anteriores a su asesinato. En las semanas siguientes, organizamos, analizamos, amplificamos y verificamos la información recopilada sobre las posibles causas del homicidio del periodista y las investigaciones sobre el caso que hasta la fecha las autoridades estatales y federales han llevado a cabo. El presente reporte es el resultado de esa suma de esfuerzos y voluntades y se produjo bajo los principios básicos de rigor y veracidad. Su contenido se compartió con las organizaciones internacionales de periodistas y libertad de expresión interesadas, y estamos seguros de que lo incluirán en sus agendas de trabajo. Estamos convencidos de que este tipo de iniciativas colectivas es uno de los mecanismos que ayudarán significativamente a frenar el recorte de espacios de libertad, y combatirá la censura que pretenden imponer los poderes fácticos --y, en ocasiones, también los poderes formalmente constituidos-- así como la impunidad en las investigaciones oficiales de los ataques a la libertad de expresión. Para lograr este propósito es necesario el apoyo y compromiso del mayor número de empresas de comunicación y organizaciones nacionales e internacionales de periodistas. Si no actuamos a tiempo, recuperar el derecho a informar de manera plena y libre en el país será mucho más difícil y costoso de lo que imaginamos. Que esta sea una invitación para dar un paso más en defensa de la libertad de expresión y contra la impunidad que envuelve la mayor parte de los casos de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en México. Misión especial de observación de periodistas y organizaciones Marzo de 2014
CAPÍTULO 1 VERACRUZ, UN CONTEXTO ADVERSO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Un estado peligroso Con siete millones seiscientos mil habitantes, Veracruz es el tercer estado más poblado de México y una de las nueve entidades federativas en donde nunca ha perdido el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es decir, no ha conocido la alternancia política Tiene 720 kilómetros de costas y colinda con siete entidades. Históricamente ha sido utilizado por grupos del crimen organizado para la recepción y trasiego de diversas sustancias ilícitas como cocaína y químicos esenciales para elaborar drogas sintéticas. Su posición geográfica lo convierte en un territorio codiciado para el envío de éstos productos procesados a Estados Unidos y Europa. Hasta 2004, estas actividades delictivas las concentraban dos grupos del crimen organizado: El Cártel del Golfo y los socios de la familia Carrillo Fuentes. Pero la incursión de Los Zetas en el escenario criminal desplazó a estos dos grupos en la franja oriente del país. A partir de 2010, el estado se convirtió en zona de guerra entre Los Zetas y grupos paramilitares enviados por el Cártel de Sinaloa (que se dieron a conocer como Los MataZetas) en una alianza con el Cártel del Golfo, según informes de las autoridades federales. Esa lucha atomizó a Los Zetas y sus integrantes se dispersaron en células que ya no respondían --ni responden-- a una dirección vertical sino regional y horizontal, que operan con el mismo patrón: someten a las autoridades a través de amenazas y sobornos, y dividen y asesinan a las mafias o pandillas locales que se rehúsan a colaborar con ellos. A la población civil la intimidan para que no denuncie ni sea capaz de defenderse de manera organizada. Estas olas de terror han provocado un número no cuantificado de desplazados internos. En la última década, Veracruz se convirtió en la zona más peligrosa para los migrantes centroamericanos en su paso hacia Estados Unidos1. Los Zetas han diversificado las modalidades del crimen organizado más allá del narcotráfico, y han incorporado la trata, el tráfico de personas, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos por contrato, el robo y contrabando de gasolina y la apropiación de ranchos productivos (para obtener productos de ganado o siembra o para utilizarlos como casas de seguridad o entrenamiento). También se les vincula con la explotación o robo de recursos minerales (el sur del estado es uno de los más ricos en arena sílica, sales, azufre, fierro y barita), robo de metales, herramientas y equipo vinculadas a la industria petroquímica de alta demanda. En 2011 la guerra llegó a las calles de la capital2. Y un año después, la violencia en el estado registró 48,392 delitos, destacando el secuestro, robo con violencia y la violación sexual. Una investigación del diario Milenio, publicada en octubre de 2012 y basada en registros de servicios forenses de todo el país, reveló que de 24,000 cuerpos enterrados sin 1
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública detallan que en Veracruz aumentó 172% el número de ilícitos relacionados con el tráfico de migrantes. De acuerdo con investigaciones de las autoridades federales, el corredor que forman Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas se ha constituido en una de las formas de obtener recursos económicos por parte de algunas células de cárteles a partir del secuestro de migrantes para conseguir dinero fresco de forma rápida, o para obligarlos a trabajar en el campo, en laboratorios clandestinos, como sicarios o “asistentes”, dependiendo sus habilidades y las necesidades de la organización. El 21 de septiembre de 2011, los cadáveres de 35 personas fueron abandonados en un puente en el puerto, donde se realizaba una reunión de todos los procuradores del país. La acción, atribuida a un grupo contrario a Los Zetas, fue considerada un desafío al Estado mexicano.
nombre durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-20012), al menos 5,000 se ubican en Veracruz. La información es incompleta, pues el gobierno estatal se negó a entregarla argumentando que "invadiría la privacidad" de los cadáveres desconocidos. En las elecciones presidenciales de 2012, el PRI ganó por un estrecho margen en el estado, básicamente con el voto de las áreas rurales, donde los grupos criminales tienen el control, y de la región petrolera. En cambio, perdió la votación en todas las casillas de la zona urbana de Xalapa, la capital. En ese contexto, Veracruz saltó a los primeros lugares de las listas negras de libertad de expresión. Entre 2011 y 2012 el estado registró todas las formas graves de ataques a la prensa: periodistas asesinados y desaparecidos, mujeres periodistas agredidas, ataques a medios de comunicación y comunicadores forzados al exilio. Reporteros Sin Fronteras (RSF) lo clasificó en diciembre de 2011 como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo3. En realidad, la violencia contra los periodistas en Veracruz comenzó a registrarse en 2007, durante el cuarto año de la administración del priista Fidel Herrera Beltrán y cuando comenzaron las primeras ejecuciones en el puerto de Veracruz4. En el gobierno de Herrera fueron asesinados seis periodistas y uno más fue desaparecido, de acuerdo con el registro de RSF. Ninguno de estos homicidios ha sido esclarecido satisfactoriamente. Periodistas asesinados en el sexenio de Fidel Herrera (2004-2010) Fecha
Televisa Veracruz y Enlace
Evaristo Ortega Zarate/ (Desaparecido)
Semanario Espacio
El 1 de diciembre de 2010 asumió la gubernatura Javier Duarte de Ochoa, quien fuera Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Fidel Herrera. Su llegada modificó el escenario criminal y ahora fue el Cártel de Sinaloa5 el que le declaró la guerra a Los Zetas6 para apoderarse de la zona. 3
Veracruz, el lugar más peligroso para periodistas. RSF. http://www.jornada.unam.mx/2011/09/25/politica/017n1pol 4 Deja sin salida el narco a Veracruz. http://www.periodistasenlinea.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4395 5 "Cártel de Jalisco. El pacto de Javier Duarte con El Chapo". http://chingadanews.wordpress.com/2011/07/29/cartel-de-jalisco-el-pacto-de-javier_duarte-con-el-chapoguzman-y-la-traicion-a-los-zetas-veracruz-verfollow/ 6 "El pacto Javier Duarte con el Chapo Guzmán y la traición a Los Zetas". http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/el-pacto-de-javier-duarte-con-el-chapo-guzman-y-la-traicion-a-los-
En lo que va del gobierno de Javier Duarte (diciembre 2010-febrero de 2014) han sido asesinados diez periodistas y tres permanecen desaparecidos. Además, un diario fue incendiado y al menos veinticinco periodistas se han visto obligados a dejar el estado por amenazas. Periodistas asesinados entre diciembre de 2010 y Febrero de 2014 Fecha
Notisur, Liberal del Sur
Víctor Báez Chino
Esteban Rodríguez Rodríguez.
*Notiver
Notiver/fotógrafo
Noticias de Acayucán
*No ejercía el periodismo en el momento del asesinato, pero fue fotógrafo de Notiver hasta julio de 2011. Periodistas desaparecidos entre 2011 y 2014 Fecha
Periódico Cardel
El Mañanero de Acayucan
Nota: La información fue tomada del portal web de la revista Zócalo.7
zetas/ Flores, Balbina. "Veracruz, añeja represión a la libertad de prensa". http://www.revistazocalo.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2628:veracruz-anejarepresion-a-libertad-de-prensa
Muertos y desaparecidos sin justicia En el mapa de las agresiones a los informadores destaca el puerto de Veracruz, con seis periodistas y una trabajadora administrativa de un diario asesinados, seguido de Xalapa, con dos periodistas asesinados, entre ellos la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez. De ahí también son la mayoría de los periodistas desplazados8. La gran zona de silencio abarca una porción del norte del estado, en la región del río Pánuco que colinda con Tamaulipas. Ahí, Twitter se ha convertido es el único medio que registra información de las constantes balaceras. Miguel Morales, el último reportero desaparecido, trabajaba en el Diario de Poza Rica, un municipio que se localiza entre la capital y esta región. Los otros reporteros desaparecidos desarrollaban su trabajo periodístico en la zona al sur, entre los municipios de Acayucan y Chinameca. En esa región, cercana al puerto petrolero de Coatzacoalcos, también se ubica Ciudad Isla, una comunidad que considerada foco rojo desde 2009 por las desapariciones y asesinatos de mujeres. Córdoba, donde el diario El Buen Tono fue incendiado, es una ciudad de la cordillera montañosa colindante con la sierra de Zongolica y Río Blanco, y es una parada importante en la ruta de los transmigrantes centroamericanos que se dirigen a la frontera con Estado Unidos. Los reporteros de la región confirman que, desde hace por lo menos un año, los directivos reciben llamadas de grupos criminales con indicaciones sobre lo que deben o no publicar. Para el gobierno de Duarte, todos los asesinatos y desapariciones de periodistas están resueltos. Y los dos procuradores que han tenido bajo su responsabilidad las investigaciones, Reynaldo Escobar y Amadeo Flores Espinosa, recurrido a la fórmula de criminalizar a los periodistas y vincularlos con sus propios asesinatos, tomando como base únicamente las declaraciones ministeriales de supuestos integrantes de células criminales. El caso de Víctor Báez Chino ilustra la ineficacia de las autoridades. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJE), Báez Chino fue asesinado por dos integrantes de una célula de Los Zetas, que fueron reconocidos por testigos. Pero ninguno de los dos presuntos homicidas fue detenido, y cinco días después del crimen contra Báez, hallaron sus cadáveres. La Procuraduría ha descartado que el trabajo periodístico haya estado vinculado con el asesinato de comunicadores. Sin embargo, ha habido casos como el de Gabriel Huge, que en febrero de 2008 había denunciado ante el fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por elementos militarizados de la Policía Federal, según quedó asentado en su declaración ministerial dentro de la averiguación previa 105/08: “Fue cuando el oficial de la PF lo interpeló para decirle, que ahora sólo era dolor, y que la próxima vez ya no sentiría nada… como escarmiento para el resto de los reporteros, los cuales sólo han cubierto periodísticamente y publicado en su respectivos medios de comunicación las acciones del operativo federal ‘México seguro’”.9 Pastrana, Daniela. "Veracruz, el miedo que silencia", en ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México, CENCOS, 2012, http://issuu.com/cencos/docs/porquetantosilencioweb 9 Según la nota que publicó Notiver, el perito médico de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República certificó las lesiones que el fotógrafo tenía en el cuerpo y el fiscal, Arturo Cruz Cruz, ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca 8
La debilidad con la que han sido integrados los expedientes en todos los casos dejan a los responsables libres, como ocurrió en el asesinato de Regina Martínez, en el que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia de 38 años de prisión de Jorge Antonio Silva Hernández, acusado por la Procuraduría estatal del crimen, porque se violó su garantía de debido proceso y su derecho a una debida defensa10. De acuerdo con organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, las acciones contra la prensa en Veracruz mantienen un patrón, que es la relación entre las autoridades (estatales y municipales) con el crimen organizado, que no permite identificar quién es el perpetrador de las agresiones. A eso se suman otros actores, como las fuerzas federales de seguridad, que arribaron con el operativo Veracruz Seguro en 2011 y las acciones u omisiones al interior de las empresas periodísticas.
Instituciones disfuncionales Veracruz tiene un marco jurídico básico para la atención y protección de periodistas a partir de la reforma constitucional de 2000, que en su artículo sexto señala que “los habitantes del estado gozarán del Derecho a la Información"11. La PGJE cuenta con dos instancias para la atención a periodistas: 1. El agente del Ministerio Público Visitador encargado de la Atención de los Derechos Humanos, y 2. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Atención de Denuncias Contra Periodistas y Comunicadores 12 , que lleva las investigaciones de agresiones a periodistas. Hasta ahora, la Fiscalía no ha presentado ningún reporte sobre las investigaciones que ha hecho sobre asesinatos a periodistas. Tampoco hay cifras exactas sobre periodistas y medios de comunicación que hayan sufrido ataques. El informe que presentó en noviembre de 2013 el entonces Procurador, Amadeo Flores, solo señala que recibió veintisiete denuncias relacionadas con agresiones a periodistas13. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, que por su propia naturaleza tendría que pronunciarse en el tema de libertad de expresión, en su informe del 2012 ni siquiera menciona agresiones a periodistas en la entidad y se limita decir:
ocurrió. "Liberan a presunto asesino de Regina Martínez". http://diariolavozdelsureste.com/veracruz/destacados/liberan-al-presunto-asesino-de-regina-martinez/ 11 Gaceta oficial del estado de Veracruz, 3 febrero, 2000. http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/SECOM/SECOMTRANSPARENCIA/ELEMENTO STRANSPARENCIA/CONSTITUCION_POLITICA_VERACRUZ_REF24-06-09.PDF 12 Directorio PGJEV. http://www.veracruz.gob.mx/justicia/directorio/ 13 Investiga PGJE denuncias de agresiones a periodistas. http://e-veracruz.mx/nota/2013-1125/politica/investiga-pgje-27-denuncias-de-agresiones-periodistas 10
“De manera reservada, por así requerirlo las condiciones de comunicadores, se les prestó acompañamiento victimológico como medida de prevención para salvaguardar sus derechos humanos y en algunos casos a sus familiares”14. A pesar de ser la entidad con el mayor número de agresiones a comunicadores, este organismo carece de algún programa especial para la atención a estos casos. Frente a la presión de organizaciones nacionales e internacionales, el gobernador anunció en junio de 2012 la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz (CEAPP), que se formalizó en diciembre de ese año con la publicación de la Ley 586 para fundar un “organismo autónomo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propios” que tiene como función principal “atender y proteger la integridad de los periodistas y promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodista”15. La Comisión “otorgará a petición de los periodistas que lo soliciten, las medidas de atención o protección necesarias para prevenir la consumación de una amenaza o para enfrentar riesgos inminentes o agresiones contra su esfera jurídica, que sean consecuencia del ejercicio de su profesión”. Además, “dará seguimiento a estas medidas de atención y protección y la adopción de los criterios, lineamientos o protocolos aplicables a la salvaguarda de la esfera jurídica de los periodistas”, y “establecerá acciones de coordinación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se haya destacado por su labor de atención y protección a periodistas”. Este organismo dispuso en 2013 de un presupuesto de 15 millones de pesos. Más de la mitad de esos recursos se gastaron en salarios de treinta y siete personas que forman la estructura operativa.16 Hasta julio de 2013, había realizado “ciento treinta y seis acciones” de atención a periodistas17. Algunos periodistas que se han acercado a la Comisión, como es el caso de reporteros agredidos por la policía el 14 de septiembre de 2013 en la Plaza Lerdo de Xalapa18, aseguraron que sus acciones han estado más orientadas a “conciliar” con los agresores que a buscar una sanción y reparación del daño.
El gobierno aprieta Otra de las presiones que padecen los periodistas proviene del gobierno estatal, de acuerdo con los testimonios de los periodistas. En Veracruz hay setenta medios impresos, 14
Informe 2012, Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz. Capítulo V. Comunicación Social http://cedhveracruz.sytes.net/derechos_humanos/file.php/1/micrositioeventos/boletines/2do_INFORME_ CEDHV-web.pdf 15 Ley que crea la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas. http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77234.pdf 16 Denuncian anomalías en la Comisión Estatal de Protecición a Periodistas http://www.proceso.com.mx/?p=334869 17 Critican presupuesto para comisión de Atención y Protección a Periodistas. http://apuntesycronicas.wordpress.com/2013/01/19/critica-al-presupuesto-de-la-comision-de-atencion-yproteccion-a-periodistas/ 18 Atrae PGR denuncia de agresión a periodistas http://alcalorpolitico.com/informacion/atrae-pgr-denunciade-agresion-a-periodistas-en-el-desalojo-de-plaza-lerdo-el14-de-septiembre126396.html#.UyXPwhSFDmI
veinticuatro estaciones de radio, un canal de televisión y por lo menos cincuenta páginas electrónicas,19 sin considerar las publicaciones más pequeñas que se abren y cierran en los diferentes municipios de la entidad, y varias revistas no registradas, algunas de ellas de creación reciente (ver anexo). Hasta ahora, las llamadas telefónicas de parte de criminales para controlar la agenda informativa, los “castigos” impuestos a reporteros (una forma de tortura que denominan tablazos) y pagos obligatorios a estos para tenerlos “bajo su servicio”, no han generado algún tipo de reacción en los directivos y dueños de los medios de comunicación ni de las agrupaciones locales de periodistas para proteger a los informadores y presionar al gobierno a fin de que garantice su trabajo. En cambio, coinciden reporteros, los directivos de las empresas informativas atienden a las presiones que llegan desde el gobierno, particularmente de la oficina de Comunicación Social que dirigía Gina Domínguez (dejó el cargo en febrero pasado y fue designada asesora del gobernador) para congelar (retirar de las coberturas prioritarias) a reporteros que no responden a los intereses oficiales; presionar a los columnistas para que moderen sus críticas; cambiar de fuentes a reporteros incómodos, o impedir que éstos participen en protestas contra las autoridades. Los medios acceden a esas presiones a cambio de continuar recibiendo dinero a través de la publicidad gubernamental o, incluso, para negociar que éste se incremente. En estados como Veracruz, los convenios de publicidad que se establecen entre los gobiernos locales y los medios de comunicación tienen un efecto pernicioso. Los medios diseñan sus coberturas para obtener convenios más convenientes: “te pego para que me compres”, es la divisa con la que operan las empresas informativas; de la misma manera, las autoridades administran los gastos de publicidad como un elemento de control: “te bloqueo los convenios de publicidad oficial si me pegas”. A raíz de la asunción de Javier Duarte como gobernador de Veracruz, la política orquestada a través de Domínguez consistió en cortar publicidad y presionar cuando las líneas editoriales fueran incómodas. “El ex gobernador Fidel Herrera tuvo la estrategia de acercar a los medios y les soltó dinero a todos, desde el pasquín mas pequeño al diario mas grande, aunque le dejó una deuda al siguiente gobierno, que tuvo que recortar ese gasto. Pero Duarte lo hace con visceralidad. Y ahorita hay una verdadera guerra por los convenios porque muchos periódicos no sobreviven [con sus ventas]”, relató un comunicador a la misión de periodistas. Un ejemplo: en Coatzacoalcos, el periodista Álvaro Ortiz Reséndiz “salió” de la conducción de “Radiorama Noticias”, que transmite la estación Radio Vida, del Grupo Radiorama, por “leer fragmentos de discursos y entrevistas” de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante la campaña presidencial. Uno de los medios que cayó en desgracia y fue castigado a través de la disminución de los ingresos de publicidad oficial fue El Liberal del Sur. Su dueño era uno de los magistrados que había pedido la excarcelación de “El Silva”, el supuesto asesino de la periodista Regina Martínez, por considerar que el proceso estaba viciado. Cuando los reporteros se quejan con sus jefes del maltrato por parte de policías del Mando Único o funcionarios, la respuesta, de sus propios empleadores, es que no se metan 19
El medio ambiente en medios veracruzanos. http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=130128_082411_323
en problemas para no entorpecer la relación con el gobierno, o que “entre ellos” (directivos de los medios y funcionarios públicos) lo “arreglan”. Una práctica común que mencionaron los entrevistados es la del llamado chayote o soborno: recibir dinero de fuentes de información. Si los dueños piden convenios, algunos periodistas piden también dinero a cambio de una publicación favorable. En el caso particular de Gregorio Jiménez de la Cruz, sin embargo, no se identificó que estuviera en la nómina de alguna institución o funcionario. En 2011 surgió un nuevo actor mediático: los blogs y las redes sociales, que se volvieron indispensables en un estado acostumbrado al control de la información. En septiembre de ese año, después de que dos ciberactivistas que difundieron rumores de ataques a escuelas fueron encarcelados por “terrorismo”, el Congreso local aprobó una controvertida reforma al artículo 373 del Código Penal, popularizada como “ley Duarte” que sancionaba con dos a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario “a quienes por cualquier medio afirmen falsamente la existencia de aparatos explosivos y otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando perturbación del orden público”.20 La presión de organizaciones internacionales obligó al gobierno a rectificar la ley y liberar, un mes después, a los detenidos.
Salarios de precariedad La precaria condición laboral en el estado también es un factor de riesgo. El sueldo máximo al que un reportero policiaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de cinco mil pesos mensuales (385 USD). Fuera del puerto de Veracruz o de la capital, los salarios disminuyen a tres mil pesos en promedio (230 USD). Los reporteros no tienen contratos, seguridad social, ni prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones o reparto de utilidades. Hay casos en los que trabajan sin días de descanso. Un número importante de periodistas trabaja a destajo: cobran por cada nota publicada, como era el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz. Debido a ello, la presión por cubrir y publicar más notas, con el propósito de mejorar los ingresos personales, aunado a la falta de seguridad social, prestaciones laborales y la ausencia de capacitación laboral, son elementos que aumentan el riesgo de cualquier reportero y limita un ejercicio libre y pleno del periodismo. Máxime cuando se trabaja en zonas violentas donde actores políticos, económicos y criminales están interesados en silenciar las condiciones de violencia o corrupción. Para solventar sus gastos, muchos informadores tienen uno o dos trabajos extras. Un grupo numeroso de periodistas laboran en dependencias del gobierno del estado, particularmente en áreas de comunicación social.
La presión de organizaciones de la sociedad civil forzó al gobernador a realizar una enmienda que fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2012, en la que incluye un elemento de intencionalidad en el delito.
CAPÍTULO 2 EL SUR DEL ESTADO, ZONA DE ALTÍSIMO RIESGO
La boca del lobo Los periodistas llaman a la región sur de Veracruz “la boca del lobo”. Homicidios, secuestros, extorsiones, robos y violaciones forman el catálogo de los delitos más comunes en esta región, a la que pertenecen los municipios de Minatitlán, Nanchital, Acayucan, Cosoleacaque y Coatzacoalcos21. En estos municipios desde mayo de 2013 desapareció la Policía Intermunicipal que contaba con novecientos cincuenta elementos y comenzó a operar el llamado Mando Único, que encabeza la Policía Naval, con quinientos ex marinos y unos doscientos agentes egresados de la Academia de Policía. En este nuevo cuerpo policiaco se admitió a policías con mayor antigüedad con la condición de que aprobaran los exámenes de control de confianza. La propia Secretaría de la Defensa --con quinientos militares destacados sólo en esa zona- considera que el sur del estado es la región más peligrosa de la entidad, al menos así lo han declarado públicamente los generales Genaro Fausto Lozano, jefe de la Sexta Región Militar, y Jaime Contreras López, comandante de la 29 Zona Militar. Las alertas se encendieron desde 2006, con el secuestro de Óscar Contreras Ávila, dueño de Global Grupo Constructor, el 21 de diciembre de ese año. Un comando con aparentes uniformes de la Agencia Federal de Investigación de PGR se llevó al empresario en un Jetta, en pleno centro de la ciudad. Y para noviembre de 2009 las pruebas fueron inequívocas de lo peligroso de la zona. La Marina encontró en Coatzacoalcos la residencia de Braulio Arellano Domínguez, el Zeta 20, quien era fundador de esa organización y responsable de las operaciones en el sur de Veracruz. Durante años vivió en la colonia Petrolera, habitada sólo por empleados y contratistas de Pemex, hasta que murió en un enfrentamiento con la Armada. Desde entonces se fueron incrementando los delitos. Los trabajadores de Pemex, que tiene allí las instalaciones de la zona industrial Pajaritos, son recurrentemente clientes de los delincuentes. El secretario general de la Sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ramón Hernández Toledo, declaró este año que se han reportado cerca de diez casos de secuestro, “levantamientos” y asaltos a empleados petroleros en diversos puntos del estado de Veracruz. Los transmigrantes centroamericanos son quizá el grupo más vulnerable frente al crimen, sobre todo en la zona de Coatzacoalcos22, donde tienen que pagar cien dólares como “cuota” a presuntos integrantes de Los Zetas o, de lo contrario, son arrojados de los trenes de carga o golpeados, según documentó el sitio online Animal Político. Coatzacoalcos, con poco más de doscientos ochenta mil habitantes, ocupa el lugar número cinco entre los municipios más violentos de la entidad por debajo de Pánuco, Martínez de la Torre, Veracruz y Boca del Río, de acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. 21
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, en 2013 la tasa de homicidios dolosos en los municipios de la región sur –desde Acayucan hasta Agua Dulce-- sumó 22 por cada 100 mil habitantes, sólo uno por debajo de la media nacional. En materia de secuestro, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Minatitlán reportó 8 denuncias, Acayucan 7, Cosoleacaque 6, Coatzacoalcos 4, Las Choapas 3, Agua Dulce 2, y uno en Nanchital. En el informe especial sobre migrantes, la CNDH señaló que en 2010 se documentaron alrededor de 2 mil secuestros de migrantes en el municipio de Coatzacoalcos.
Las personas entrevistadas para este informe ubican el inicio de la descomposición social en el sexenio de Fidel Herrera. “Cuando comienza a gobernar (Herrera), Los Zetas se apoderan de la zona. Primero se presenta el secuestro de comerciantes, después doctores, cobros de “derecho de piso”. Ahora van con los ingenieros y a veces se meten a los complejos petroquímicos a sacarlos. No siempre lo podemos documentar”. “Desde la llegada de Fidel se empezó a invadir de Zetas, pero son grupos controlados, los dejaban actuar pero controlados, primero se metieron con doctores, líderes empresariales y luego con los industriales (...) Llegó un momento donde vino el Cártel Nueva Generación, los famosos Matazetas. Entraban y masacraban, no nos habíamos percatado de las dimensiones en las que estábamos hasta que entró ese grupo. Todo era muy controlado, nadie reportaba secuestros, se llevaban gente”.
Otros poderes El 5 de febrero, el mismo día que Gregorio Jiménez fue secuestrado en Villa Allende, el comandante del sector naval militar de Coatzacoalcos, Carlos Manuel Monforte Brito, aconsejó a los reporteros: “Cuídense, no tomen las cosas a la ligera. Ustedes son medios de comunicación y luego afectan a alguien con sus noticias. Les recomiendo que no anden solos y tengan cuidado cuando estén cubriendo sus reportajes”. La advertencia llegó tarde en una región donde son constantes las amenazas y agresiones a periodistas por parte del crimen y de las autoridades. “Recibes llamadas a tu teléfono advirtiéndote que no cubras tal hecho o exigiéndote que lo hagas”, coinciden los testimonios. “O de plano te levantan”, dicen, como ocurrió con el periodista Hernán Villarreal Cruz, reportero del diario Presencia, que la noche del 15 de diciembre de 2013 fue secuestrado y golpeado por desconocidos en el municipio de Las Choapas, a media hora al sur de Coatzacoalcos. Villarreal fue liberado esa misma noche, 45 minutos después de su secuestro, luego de advertirle: “Hijo de tu puta madre, ya bájale, no te matamos por lo que representas, si te matamos se nos vienen encima, pero ya nos tienes hasta la puta madre”. Por este ataque no hay detenidos. El periodista y su medio tampoco pudieron identificar el origen de la amenaza y no acusaron a nadie directamente. Presencia es de los pocos periódicos del sur de la entidad que sigue reportando hechos cometidos por el crimen organizado en los municipios de Coatzacoalcos, Agua Dulce, Minatitlán y Las Choapas. Lo hacen a pesar de que en abril de 2008 un grupo armado irrumpió en sus instalaciones para amedrentarlos. Su director, Roberto Morales, recibió una amenaza de que iban a quemarle la rotativa. “El 7 de julio, durante las elecciones, un grupo de personas en ese momento identificadas con el diputado Renato Tronco Gómez retiraron de la circulación todos los ejemplares del periódico, unos comprándolos; otros, con amenazas; amagaron con quemar las instalaciones del periódico (Presencia). Le mandamos una carta al gobernador del estado exigiéndole que garantizara la seguridad a nuestro ejercicio periodístico. Nos proporcionaron elementos de Seguridad Publica para nuestra vigilancia”. 17
El llamado grupo Coatza Tres meses antes del secuestro de Villarreal, el 10 de junio de 2013, el periódico Presencia publicó un comunicado en el que exigió al gobernador Javier Duarte garantías para sus trabajadores, ante el hostigamiento del ex alcalde de Las Choapas y hoy diputado del PVEM por el distrito XXX de Coatzacoalcos II, Renato Tronco Gómez: “Hemos tenido avisos y amenazas de un atentado contra el personal del periódico y sus instalaciones derivado del clima de hostilidad que por el resultado de las elecciones impera en el municipio. Somos parte del objetivo de grupos identificados con el ex alcalde Renato Tronco Gómez para golpear a su personal y destruir el equipo de oficina y taller”, expuso el periódico. Los señalamientos del diario hacia el diputado Tronco tenían como antecedente las advertencias que el priísta hizo en 2010 al director de Presencia: “Quiero decirles que voy a subir la información completa (a la red) de cada uno de los años de Roberto Morales para que me entiendan a mí, porque está, como decimos en Las Choapas, chingue y chingue, jode y jode, golpea y golpea. Ya le aguanté siete años; tres de presidente, tres de diputado y uno de presidente otra vez, ya le aguanté los reparos y aguantaré los que vengan”. El motivo del enojo del funcionario y empresario, es que Presencia le ha seguido de cerca los pasos. En la elección de julio de 2012 documentó el intento del priísta de imponer a su hermano Miguel Ángel en la alcaldía de Los Choapas y también mostró fotografías que documentaban cómo las patrullas de la Policía Municipal eran utilizadas para “acarrear” a grupos de choque para tomar las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) y dispersar a manifestantes del PRD y del PAN, los principales partidos de oposición. El diario evidenció además, cómo empleados de la Dirección de Obras Públicas dejaron abandonas las obras para acudir a las oficinas del IEV y alegar el triunfo de Miguel Ángel Tronco. “El día de hoy (martes), a través de nuestro portal de noticias, se ha dado cuenta de la manera en cómo se han utilizado a trabajadores de la obra pública municipal para enviarlos a las instalaciones del Instituto Electoral Veracruzano con el objetivo de utilizar a estas personas para reprimir a manifestantes (del PRD y PAN). Estamos conscientes de que ejercer nuestro trabajo periodístico implica riesgos, pero también que tenemos derechos y que la obligación del estado es el de salvaguardar la integridad de la sociedad en general, desgraciadamente la sociedad choapense desde hace varios años es rehén de los caprichos y abusos de poder del cacicazgo de una persona (en alusión a Renato Tronco)”, expuso entonces el diario. Tan evidentes fueron las irregularidades que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la elección y ordenó llevar a cabo una extraordinaria para este año. Renato Tronco Gómez es un político polémico. Ha militado en el PAN y en el PRI, y es líder de la Unión Ejidal 25 de Abril. Le gustan los caballos de carrera cuarto de milla. La prensa regional afirma que uno solo de ellos, su favorito que llama “El Payaso”, tiene un valor de dos millones de pesos. El ex gobernador Fidel Herrera llamó a Tronco como “El mejor guerrero”. Cuando renunció al PAN para adherirse al PRI, ofreció una rueda de prensa en su casa, donde exhibió de cabeza la fotografía del entonces presidente, Felipe Calderón. 18
Además de Renato Troco, en Las Chopas la prensa regional tiene bien identificado el poder del llamado Grupo Coatza, que encabeza el priísta Marcelo Montiel Montiel, dos veces presidente municipal de Coatzacoalcos, y hoy encargado del programa Adelante y secretario estatal de Desarrollo Social. A ese grupo pertenecen también el actual alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, ex director de Obras Públicas del ayuntamiento y ex diputado federal, así como su antecesor en la alcaldía Marcos Theurel Cotero, también ex secretario de Comunicaciones en el gobierno de Fidel Herrera. Otra priísta que forma parte del club es Gladys Merlín Castro, diputada del PRI por el distrito de Cosoleacaque y ex alcaldesa de ese municipio. En 2011, su sobrino Heliodoro Merlín fue detenido por la policía del estado, por presuntamente amenazar a una familia con un arma. Y por tomarle fotos al sobrino en este incidente, un hombre que se identificó como comerciante agredió a la reportera María del Carmen Ramírez, del semanario Mensaje de Sureste. Con el caso Gregorio Jiménez, otra “figura” de la política veracruzana que se hizo notar fue la diputada por Acayucan Regina Vázquez Saut, hija del empresario y político de la región Cirilo Vázquez Lagunes, llamado “El cacique del sur”, y también sobrina de Ponciano Vázquez, ambos asesinados durante 2006 por sicarios aparentemente al servicio de Los Zetas. En declaraciones a la prensa, Regina Vázquez desestimó las peticiones de periodistas de todo el país y de organismos de defensa de los periodistas para que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigaciones sobre Gregorio y rechazó que Veracruz fuera un estado peligroso para ejercer el periodismo.
Petroquímica, secuestros y extorsiones En Veracruz se concentra el 80% de la industria petroquímica de México y en el sur del estado se instaló gran parte de esta actividad. El mercado de los productos derivados de procesos petroquímicos en México genera, según cifras oficiales, aproximadamente treinta y seis mil millones de dólares, de los cuales, treinta mil millones se gastan en la importación de las materias primas. Hay, además, proyectos de desarrollo minero no metálico y metálico en la zona y habrá una mayor inversión en la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que convierte la región no sólo en un polo de desarrollo para el país, sino en una “mina de oro” para el crimen organizado, especialmente para grupos como Los Zetas, que controlan la región y se han diversificado tanto que su presencia ya se manifiesta en diferentes actividades delictivas: secuestro exprés de empleados de PEMEX y de las empresas trasnacionales; robo de “chatarras”, como se les conoce a los metales o equipo de desecho de la industria; robo de productos petrolíferos; explotación ilegal o extorsión a los dueños de concesiones de minas; cobro de cuotas (extorsión) a empresas para ingresar sus mercancías hacia Veracruz o para poder sacarlas de la entidad; robo de camionetas y autos para cometer los delitos; sicarios por contrato; apropiación de inmuebles y ranchos, para mantener casas de seguridad y/o campos de entrenamiento; apropiación de concesiones mineras, y secuestro y explotación de transmigrantes centroamericanos.
Etileno XXI es el nombre del complejo de procesos de petroquímica que se construye actualmente en el municipio de Nanchital, Veracruz. Está ubicado a menos de 20 veinte minutos de distancia del puerto de Coatzacoalcos y abarca un área de 190 hectáreas. Este proyecto lo integran la firma brasileña Braskskem y la mexicana Idesa. Braskem es la empresa líder en el continente americano en petroquímica para procesar polímeros y crear materia prima para diversas industrias. Por su parte, Idesa es un grupo empresarial mexicano fundado en 1956 y se especializa en la petroquímica, la distribución, la logística y los negocios de aplicación. El complejo Etileno XXI es el desarrollo e inversión más grande que actualmente se está construyendo en América Latina. Con un costo de aproximado de 3 tres mil 500 quinientos millones de dólares, laboran más de emplea a más de doce12 mil trabajadores en la construcción del complejo y una vez terminado, según sus directivos, generará tres3 mil 500 quinientos empleos directos. La planta estará en operación en el segundo semestre del 2015 y se estima que generará ventas por aproximadamente dos2 mil millones de dólares anuales, que actualmente se importan de los Estados Unidos. El contrato de suministros de materia prima a Pemex tiene una vigencia de 20 veinte años. En los testimonios recabados se muestra cóomo Etilenio XXIesa, como al igual que otros proyectos industriales desarrollo, están modificando el contexto social de la región. Por ejemplo, con la llegada , por ejemplo la llegada de especialistas extranjeros y nacionales con muy altos salarios, se ha , con altos salarios, han generado una demanda de espacios más cómodos para vivir de manera temporal, lo que paulatinamente ha encarecido el costo de la renta y de alimentos. Estos profesionistas también , por ejemplo; también se convirtieron en blancos de la delincuencia. “Desde la instalación del complejo Etileno XXI empezó a llegar gente que no era de la comunidad, que la gente no conocía, se empezaron a dar más robos, secuestros, asaltos a los transeúntes. Los comercios empezaron a cerrar mas temprano, la gente dejó de salir en la noche. Nosotros nos enteramos por las notas de Gregorio Jiménez”, comentó uno de los periodistas entrevistados. “El tema tiene que ver con el robo de chatarra, el pago de cuotas con Etileno XXI. Aquí la principal industria es el secuestro. Hay doce mil trabajadores en Etileno XXI construyendo. Y todos pagan una cuota para el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el encargado de recogerlas era el sujeto que levantan, Ernesto Ruiz Guillén (El Cometierra). Él recoge de Etileno XXI y de los complejos petroquímicos. O le rascaron (disminuyeron) a la cuota que ellos iban a entregar o no entregaron todo. Esta misma gente que secuestra al otro día roba un ducto y al otro desaparece una pipa con precursores. Hay gente en caso de secuestro que tiene salarios arriba de ochenta o cien mil pesos (7,600 USD); son ingenieros de medio nivel que por el riesgo de operar una planta ganan muy bien, el secuestro es muy fácil. Ahí está la el hilo de la madeja”, añadió uno de los periodistas consultados. A inicios de 2014, a las redacciones llegó la información de que había cambiado el jefe de plaza y que era “muy sanguinario. Comenzábamos a ver que los levantones eran más seguidos”. Ocurrió poco antes de que secuestraran a “El Cometierra”, y quien, según los testimonios “se dio a conocer con la llegada de la planta Etileno XXI”. El cadáver de Ruiz Guillén, El Cometierra, fue localizado el mismo día y en una fosa próxima al de Gregorio Jiménez de la Cruz. Pero no fue ni el primero ni el único dirigente sindical atacado por la delincuencia. En octubre de 2013 había sido secuestrado y 20
asesinado en Aguas Blancas, Adolfo Sastré Palacios, controvertido líder que encabezaba a la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV). “Con construcción de la planta Etileno XXI y la apertura de pozos petroleros, han surgido bastantes pseudo-sindicatos y están participando líderes sindicales con perfil mas bien delictivo. (...) En Las Choapas hubo enfrentamientos, golpes por centros de trabajo, levantones y unos han terminado en cárcel ”, dice un declarante a los redactores de este reporte. “Tocamos una fibra muy sensible con el tema de los secuestros, esa industria se vincula a grupos de delincuencia que están robándo materiales en Etileno XXI, el complejo que está construyendo en Nanchital, que tienen que ver con el pago de cuotas de los sindicatos a los grupos de la delincuencia (..) Todos lo hemos estado denunciando. Nos hemos topado con esas notas de manera diaria”.
El Mando Único Policial La zona sur del estado muestra, en una suerte de microscopio, el cambio que ha significado la incorporación del Mando Único Policial, un programa que se instaló el 8 de mayo de 2013 en Coatzacoalcos y cuatro municipios más. Básicamente, se trata de que la Policía Naval asume la vigilancia en el sur del estado. Las investigaciones de las Fuerzas Armadas muestran que la participación de policías municipales y estatales con los grupos criminales existe y funcionan como su cinturón de protección, colaboran directa o indirectamente en secuestros, desaparición de personas y asesinatos. El Mando Único fue la respuesta federal a esta situación. Los policías que no querían ser despedidos se sometieron a exámenes de control de confianza23. La Policía Naval aportó quinientos efectivos, junto con doscientos elementos egresados de la Séptima Generación de la Academia Estatal de Policía, que quedaron bajo el mando del capitán de Navío y de Infantería de Marina, Miguel Ángel Ruiz Castillo, quien es responsable de la seguridad en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y Acayucan. Esto significó una reducción sustancial del número de agentes para la prevención e investigación de delitos en la zona, porque antes la Policía Intermunicipal estaba conformada por novecientos cincuenta agentes y sólo cubría los cuatro primeros ayuntamientos. Para los periodistas, la llegada del Mando Único implicó un cambio en las dinámicas de trabajo. A partir de la revisión hemerográfica y de los testimonios de reporteros y editores de la zona, es posible observar que, durante años, las policías municipal e Intermunicipal tuvieron una relación cercana a los reporteros que cubren la información de seguridad y justicia, a quienes les avisaban de accidentes viales, robos, riñas o personas muertas. Esa relación le brindaba a los reporteros un espacio de protección, pues los comandantes y policías servían como un filtro para los periodistas en las coberturas sin que éstos tuvieran necesariamente conciencia pleno de ello.
De ellos, sólo 135 fueron recontratados que sí aprobaron los evaluaciones.
“La fuente policiaca tenía mucho movimiento por los cateos de los militares, casas de seguridad, narcolaboratorios, enfrentamientos en calles de la ciudad, pero el trato había sido respetuoso con la policía intermunicipal. Era un hecho de que había vínculos de la policía municipal con narcotraficantes pero no había amenazas [hacia los reporteros]”, relató uno de los entrevistado. Eso se rompió. Los reporteros y editores relataron que desde que el Mando Único se instaló, se dejó de informar de manera oficial de sus acciones y de los hechos violentos, lo que fue creando un vacío de información que ha sido ocupado por los grupos criminales (como se ha visto en otras entidades como Coahuila, Tamaulipas, y en algún momento en Nuevo León o Chihuahua). “La queja unánime es cuando entra el Mando Único. [En repetidas ocasiones sus elementos, que están encapuchados] comienzan a golpear, a maltratar a los reporteros”. Y un testimonio más detalló: “A partir de la llegada del Mando Único no les conocemos las caras, son prepotentes y herméticos. Hasta en los choques llegan prepotentes, te ordenan que te identifiques. Comienzan a tomarnos fotos”. Pero el cambio de la policía no disminuyó la violência. Veracruz continúa en la lista de los diez estados más peligrosos del país, por los delitos federales que allí se cometen24, posición que mantiene aún en 2014. Pero la revisión hemerográfica pone en evidencia que los hechos de esta naturaleza se fueron intensificando y por tanto ganando espacio en las planas de los periódicos. Los testimonios detallan que mientras la Policía Intermunicipal respondía una llamada de auxilio en no más de diez minutos, los nuevos agentes tardan ahora entre treinta y cuarenta minutos o “a veces no llegan”, porque aparentemente no se dan abasto. Esto crea un segundo vacío y coloca a los reporteros en posiciones de alto riesgo, porque desconocen si quienes cometieron los ataques continúan en el lugar o si son observados por halcones (vigilantes del crimen organizado), por ejemplo. Uno de los municipios que se ha colocado como zona de confort para los criminales, de acuerdo con lo dicho por el director de la Procuraduría de Justicia del estado, es Las Choapas, donde fue localizada la casa de seguridad y la fosa con el cuerpo de Gregorio Jiménez. Y es en esa zona donde no se ha permitido la instalación del Mando Único y, por el contrario, se han ubicado varias casas de seguridad. El 8 de mayo de 2013, el mismo día que el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, presentaba el nuevo esquema de Mando Único para los cinco municipios de la región sur, en el mismo lugar (el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos) una reportera y un camarógrafo fueron agredidos y amenazados por las autoridades. La reportera Bibiana Varela fue obligada a borrar las fotografías que había tomado del acto oficial, mientras que el camarógrafo Luis Alberto Román Córdova, de Televisa, recibió amenazadas del director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, José Manuel Martínez, quien le gritó: “deja de grabar o te rompo tu puta madre”. En la reunión de la Misión Especial con reporteros de diversos medios, varios mencionaron incidentes que tuvieron con el Mando Único y de casos donde los roces llegaron a agresiones mayores. “La línea del gobierno del estado es no pegarle a (la Secretaría de) Seguridad Pública ni al Mando Único porque la bandera de Duarte es el tema de la Policía Unificada”, dice un testimonio. 24
Fuente Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
A pesar de las reiteradas quejas de amenazas y agresiones, a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas fueron presentadas sólo siete solicitudes de seguridad de comunicadores de la región sur, de las quince que recibió durante 2013, de acuerdo con sus propias cifras. A pesar de los constantes incidentes, los reporteros no denuncian “por desconfianza en las autoridades” y tampoco recurren a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas por considerar que su labor es insuficiente. Prefieren huir, al menos quince comunicadores, entre fotógrafos, reporteros y caricaturistas, salieron de la entidad y se refugiaron en otras ciudades o países. De parte del gobierno local quedan muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasó con los novecientos cincuenta policías que fueron despedidos en la zona sur del estado y con los dos mil trescientos cincuenta y nueve que perdieron su puesto en todo la entidad? ¿Se les monitorea? ¿Se les investigó? ¿Se jubilaron o tienen trabajo legal? ¿Trabajan para los cárteles o integran células delictivas, como se ha demostrado en algunos casos? Así, en los últimos nueve meses el escenario socio-criminal del sur del estado se alteró y se redujo el espacio de información y de seguridad para el ejercicio periodístico. Ante el crecimiento de los delitos de alto impacto, el poco conocimiento del terreno por parte de los nuevos agentes, el que cerca de mil ex policías hayan quedado desempleados y la llegada de grandes capitales en la zona sur del estado, se generaron las condiciones propicias para una descomposición del entorno social, que no fueron capaces de identificar y dimensionar las autoridades ni los medios de comunicación y mucho menos los reporteros.
CAPÍTULO 3 GREGORIO, EL PERIODISTA
Su historia Gregorio Jiménez de la Cruz arreglaba radios y televisores. Ese oficio, como los demás que adquirió en su vida, lo aprendió de forma empírica, mirando a los que sabían y leyendo manuales. No tenía un taller propio, así que hacía las reparaciones a domicilio dentro de los confines de su barrio de Villa Allende, en Coatzacoalcos, Veracruz. Con ese oficio mantenía a sus tres primeros hijos, Luis Alberto, Sandibel y Cindy. Gregorio se había juntado con una mujer con la que procreó a los tres, pero se separaron y tuvieron diferencias sobre la custodia de los niños. Gregorio finalmente se quedó con ellos y durante un año los crió él solo en Villa Allende. En el puesto en donde compraba frutas y verduras, Gregorio conoció a una muchacha de 14 años llamada Carmela Hernández. Durante varios meses visitaba el lugar, aunque sólo fuera a comprar una fruta, y así comenzó a cortejarla. Aunque era muy joven, Carmela aceptó irse a vivir con él y criar a sus hijos como propios. Con Carmela vendrían cuatro vástagos más. La vida en Villa Allende era difícil. A pesar de ser una población con más de ochenta años de historia (el propio Gregorio la contó en una nota periodística) carecía de los servicios básicos. No había alumbrado público ni todos los vecinos gozaban de luz eléctrica, tenían que acarrear el agua y en lugar de drenaje se usaban fosas sépticas. Antaño zona de ejidos, la familia de Gregorio no era propietaria del suelo en donde vivían. Eran terrenos irregulares. Llegó el momento de tomar una decisión radical: emigrar. Gregorio tomó a su familia y se la llevó a Cancún. Habitaron otro barrio marginal, Leona Vicario, a una hora de distancia de la zona hotelera. Gregorio continuó con su oficio de electricista y se empleó como reparador de postes de alumbrado público. En Cancún se compró su primera cámara, una Minolta de rollo, que adquirió a plazos en una casa de empeño. Autodidacta, Gregorio consultó manuales y empezó a disparar. Se ofreció como fotógrafo para una fiesta de quince años y su primer trabajo fue, casi por completo, un fracaso: sus retratos salieron sin cabeza. Pero persistió hasta dominar el oficio. Y fue en Quintana Roo, de acuerdo con algunos testimonios, donde se inició en el periodismo como fotógrafo de nota roja. Según uno de sus amigos más cercanos, colaboró en un pequeño periódico sensacionalista llamado De a peso. La vida en Cancún era mejor que en Villa Allende. El matrimonio Jiménez Sánchez se beneficiaba de la intensa vida social de esa ciudad: cubrían bodas y quince años mientras los hijos iban a la escuela. Algún acontecimiento familiar abrupto los obligó a dejar esa ciudad y a regresar a Villa Allende. De acuerdo con un testimonio, se debió a que uno de sus hijos se había metido en problemas y debían irse de inmediato. Otra persona cercana aseguró que el padre de Carmela enfermó gravemente y la familia determinó regresar a cuidarlo. Se instalaron en un terreno irregular a unos metros del pantano y ahí Gregorio empezó a construir su casa, primero echó cascajo, luego tablas y poco a poco edificó con bloques. La vivienda de Gregorio revela su situación económica, siempre precaria y al borde de la miseria. El piso era de arena y tenía que ser rellenado para prevenir deslaves (llegaron a meterse víboras venenosas). Sus hijos dormían en literas y, cuando había visitas, la pareja de Gregorio y Carmela pernoctaban en hamacas. Durante años la luz se las regalaba un vecino y había que caminar hasta un pozo para acarrear agua. La familia comía 25
en una mesa desvencijada y con sillas rotas, y de vez en cuando se metían los pollos y las gallinas del corral. La familia la completaba la perrita Pelusa. Gregorio ejerció su profesión de fotógrafo de eventos sociales apoyado en su esposa Carmela y en su hijo Luis Alberto, que aprendieron de él a tomar fotos, videos, editar imágenes y revelar. Al principio, Gregorio lo hacía en su casa, improvisando un cuarto oscuro, hasta que completó la transición a la fotografía digital. Al lado de Carmela, lo mismo tomaban fotografías tamaño infantil a domicilio, ayudados por una manta para conseguir fondos blancos, que eran requeridos en graduaciones o festejos. También tenían un burro que usaban cada 12 de diciembre para quien quisiera retratarse con una imagen de la Virgen de Guadalupe y que incluso llegó a pintar como una cebra para los niños. Pero Gregorio tenía avidez periodística, hambre de información. Si se enteraba de que había ocurrido algo importante, tomaba su motocicleta roja y hacía las fotografías del accidente, del hallazgo de algún ahogado, de la caída de un poste de luz. Villa Allende era un barrio lejano a Coatzacoalcos. Cuando los reporteros llegaban al lugar de los hechos, ya era demasiado tarde para una fotografía. Entonces aparecía Gregorio, siempre generoso, y les regalaba sus imágenes. Los editores de El Liberal del Sur advirtieron que, aunque sólo había estudiado parte de la secundaria, Gregorio aprendía pronto y era un reportero en potencia. Lo invitaron a trabajar. “Yo tomo fotografías y no sé escribir”, confesó. Pero Villa Allende se convertía, poco a poco, en uno de los puntos en donde repuntaba la violencia y se requería un corresponsal de tiempo completo. Los editores de El Liberal asignaron a un reportero como capacitador de Gregorio. Lo primero que le enseñó fue la pirámide invertida: los textos de Gregorio empezaban con sus propias opiniones y hacia el final aparecían los datos duros. Su capacitador le corrigió esa deficiencia (en realidad Goyo, hasta su última nota, era proclive a contrabandear sus opiniones entre la información dura) y le ayudó a advertir su poder como periodista. Si Gregorio sabía denunciar la falta de servicios en su barrio, podría empujar a las autoridades a alumbrar, poner postes, pavimentar. Siempre bonachón y siendo conocido por los eventos sociales a los que era contratado, el periodista Gregorio empezó a convertirse en un actor de importancia en el barrio. Sus notas tenían impacto. A su esposa Carmela, sin embargo, no le gustaba el nuevo giro profesional de su esposo: cada día había más secuestros, y Carmela sabía que ser reportero era riesgoso, temía que Gregorio molestara los intereses de los criminales. El salto profesional de Gregorio llegó con su ingreso a Notisur, un diario que surgió especializado en la nota policiaca, aunque a los pocos años su portada dejó la información roja y mandó las notas de sucesos a la contraportada. Buscaron a Gregorio cuando su reportero de Villa de Allende --un joven de 21 años muy amigo de Goyo-- se fue al Diario del Istmo. Hay que acotar, sin embargo, que este salto profesional no fue salarial (le pagaban veinte pesos por nota publicada) sino periodístico. Ahora sí publicaba seguido en la portada y a veces la nota de ocho columnas había salido de su computadora. Gregorio mandaba la misma información para tres diarios, pero cambiaba la redacción de las notas. En Notisur firmaba a veces como El Pantera, pero no era un pseudónimo para proteger su identidad, solamente lo utilizaba para que su nombre no apareciera en publicaciones distintas con información similar. En ocasiones su firma no aparecía en las planas, porque sus jefes consideraba que era riesgoso, aunque en su muro personal de Facebook Gregorio subió muchas de sus notas y fotos. 26
Todas las versiones coinciden en describirlo como un hombre generoso, de buen humor, a veces introvertido, y con una enorme capacidad de trabajo. Su prioridad era el bienestar de su familia, y su principal angustia la falta de dinero. Mandaba unas ocho notas al día, cuatro a Notisur y otras cuatro a El Liberal del Sur, pero no siempre se publicaban todas. De acuerdo con uno de sus amigos y colegas, su ingreso por su trabajo periodístico rondaba los tres mis a tres mil quinientos pesos mensuales. Con enormes esfuerzos había comprado la motocicleta, que era su herramienta de trabajo, y aun con más dificultades había adquirido en veinticinco mil pesos un Chevy Monza usado, que con frecuencia lo dejaba tirado y había que empujarlo. Los viernes, cuando le tocaba reportear en Coatzacoalcos, dos compañeras le invitaban los tacos o los mariscos porque sus bolsillos estaban casi siempre vacíos. Agradecido y apenado al mismo tiempo, evitaba pedir refresco. Esa precariedad le había orillado a volverse a plantear emigrar a Cancún. Si en unos meses no conseguía salario en Notisur (más allá de los setecientos pesos quincenales que le daban para gastos), Gregorio había tomado ya la decisión de irse. El refresco era quizá su único vicio. Cristiano evangélico de práctica pentecostés, no bebía, fumaba ni era aficionado a las fiestas. Medía alrededor de un metro con sesenta y cinco centímetros, era obeso y usaba un bigote delgado y siempre bien delineado. A la fecha de su muerte tenía 43 años (nació el 12 de marzo de 1970). Entre los testimonios recabados, dos veces mencionó a la muerte. Unas semanas antes de su secuestro, mientras reporteaba con otras compañeras, miró la foto impresa de unos ejecutados y pidió a sus colegas que, si algo le pasaba, abogaran por él. En otra ocasión le pidió a una de sus compañeras de oficio, también de la nota policial, que se cuidara porque, creía él, se estaba exponiendo con sus notas. Ella reviró: ¿Y si algo te pasara a ti? “Yo no me quiero morir”, contestó Goyo, “pero si algo me pasara quiero que donen mis órganos, que le sirvan a alguien más”. --¿Y si algo me pasara, tú qué harías? --le preguntó la reportera a Goyo. -- Yo haría un maremoto --contestó Gregorio. Y fue su asesinato, el de Gregorio Jiménez de la Cruz, el que provocó un maremoto, gracias a la movilización de sus colegas de Coatzacoalcos, que valientemente exigieron y exigen justicia para su amigo y compañero de ruta. Ser periodista en el sur de Veracruz, testimonios En la reunión de esta misión de observadores con reporteros de diversos medios se recogieron múltiples testimonios sobre las condiciones para ejercer el periodismo en el sur de Veracruz. De esa profusa cantidad de voces, los redactores de este informe eligieron las más representativas, en donde se describen las presiones a las que son sometidos quienes ejercen el periodismo. Se han incorporado también declaraciones sobre las actividades de Gregorio Jiménez de la Cruz y sus circunstancias laborales. Los testimonios se recogieron con nombre y apellido, pero se omiten esos datos para proteger la seguridad de los declarantes. “Gregorio Jiménez era empírico. Empezó cubriendo información general. Cuando la situación en Villa Allende empieza a cambiar hace ocho o nueve meses empezó a trabajar más la línea policiaca. (…) Enviaba información sobre muertos, desaparecidos, 27
pero sus notas que impactaron más fueron las referentes a los secuestros: hablaba de plagios a líderes (sindicales), menores de edad, centroamericanos”. “[Gregorio] era quien menos sabía usar géneros periodísticos. No estaba claro si su texto era una nota periodística o un editorial. Pesaba mucho su opinión en su escritura”. Presión laboral Además de caminar en arenas movedizas en términos de seguridad personal, las condiciones laborales de Gregorio y de sus compañeros jugaron en contra. La única remuneración fija de Gregorio en Notisur eran setecientos pesos quincenales como apoyo de transporte, ya que un día a la semana tenía que viajar a Coatzacoalcos a hacer la guardia y se quedaba hasta entrada la noche. Además de ese pago fijo, en Notisur Gregorio recibía veinte pesos por nota publicada, con un tope de mil quinientos. “Le pagaban setecientos pesos de base a la quincena y veinte pesos por cada nota extra pero sólo le daban un tope de mil quinientos a la quincena aunque se estuviera matando por enviar notas extras”. Varios de los entrevistados describieron que su remuneración no era en efectivo. Sus empresas absorbían los costos de sus colegiaturas de la carrera de comunicación en una universidad de la zona. Esos medios, sin embargo, tampoco desembolsaban en metálico los pagos de esas colegiaturas, sino que estaban cubiertas a través de un convenio de publicidad entre la universidad y los periódicos locales. Al momento de la visita de la Misión al sur de Veracruz ninguno de los entrevistados contaba con seguridad social. Algunos refirieron haberla tenido en el pasado, pero ya se les había retirado. “El apoyo que me daban es de setecientos pesos cada quincena y la beca mensual (sin pagar inscripción ni colegiatura), pero a veces la beca me la dan por convenio, el convenio tenía retrasos. Siempre hay papeleo. A veces no llega”. En Notisur se les hace firmar un contrato a los editores donde se desisten de pertenecer a un sindicato o acudir a manifestaciones. “Trabajábamos en outsourcing en Notisur para una empresa henequenera de Quintana Roo. A todos nos tenían con salario mínimo. Desde hace año y medio nos quitaron outsourcing y todo. No tenemos contrato, seguro ni nada”, refirió uno de los entrevistados. En El Liberal del Sur a Gregorio lo tenían catalogado como corresponsal, no como reportero. Le pagaban cincuenta pesos por nota publicada y le publicaban un tope máximo de quince notas al mes25. Sólo después del asesinato de Gregorio y del escándalo posterior, los administrativos pidieron a los empleados presentar sus papeles para regularizarlos. Al momento de su secuestro y posterior asesinato, El Liberal del Sur le adeudaba seis quincenas a Gregorio Jiménez. A la viuda le dieron un cheque con una cantidad incompleta, pues le estaban descontando la cámara fotográfica que había adquirido. 25
Los directivos del periódico El Liberal del Sur se negaron a sostener una entrevista para este informe
Seguridad En Notisur, al ver el incremento de la delincuencia, las reglas se flexibilizaron: las exclusivas no serían tan importantes, podrían compartir carro para llevar a otros compañeros y cuidarse entre todos, se podía prescindir de los nombres de los autores de los crímenes y, sobre todo, los reporteros podían dejar de firmar sus notas. “Platicábamos (en la redacción) como íbamos a manejar las notas, pero de medidas de seguridad, nada”. “Más de una ocasión me han llamado en la madrugada para decirme que habían colocado mantas e incluso que habían levantado a personas, además que después de algún suceso referente a crimen organizado me han seguido vehículos sospechosos, incluso me rodean donde regularmente hacemos las guardias y al percatarme de los hechos no acudo a mi domicilio por varias horas”. El director de uno de los medios más importantes del sur de Veracruz mencionó que en la zona no se puede hacer periodismo de investigación y a quien lo realiza lo amenazan: “Hace tres o cuatro años supe que nos presionaron para que no se publicaran notas. Al reportero que me lo dijo le contesté que yo no quería saber de esos mensajes. Sé de amigos que sí se los han llevado y les leen la cartilla”. Otra reportera de la fuente policiaca (omitimos su nombre porque su caso no es público) huyó al recibir este año una amenaza contra ella y su familia. “Aparentemente la amenaza fue del crimen organizado. Le dieron una oportunidad: le dijeron que se fuera, no la levantaron. Con Gregorio [no hubo advertencia], por la forma en que llegaron, preguntando por él [no creo que sean narcos, porque] los delincuentes saben tus actividades, tus horarios, dónde encontrarte”. “El crimen organizado te hablaba o amenazaba: 'No saques esta u otra nota'. Te obligaban a tomar foto de mantas que ponían, querían que les hiciéramos publicidad”. “Yo traía un teléfono de la empresa y pasaba que nos hablaban para decirnos ‘esta nota no’. O 'a fulano de tal no lo toques'. Eran puras notas del crimen organizado, y eran teléfonos que solo tenían personas cercanas a nosotros y alguien se los dio. Pero no había amenaza de que nos quisieran hacer algo” . Alto riesgo para Gregorio Gregorio Jiménez era el único corresponsal en Villa Allende. Todos lo conocían. Desde finales del 2013 comenzó a ganar exclusivas. Primero, el secuestro de la hija de unos comerciantes, liberada en Villahermosa tras el pago de un rescate. En esa ocasión él pasó la nota a todos sus colegas. Los reporteros policiacos recuerdan que la zona se enrareció repentinamente menos de un año antes del asesinato de Gregorio. 29
“No creo que él publicara cosas distintas a los demás reporteros, el problema es que él iba sólo a las coberturas, a diferencia de nosotros que somos varios y nos movemos en grupo”. Aunque una de las instrucciones era no mencionar a los grupos criminales por sus nombres ni publicar sus vínculos, aparentemente Gregorio estaba armando un organigrama de los mandos criminales en la región. “En una reunión mencionó que hizo un organigrama (del crimen organizado): A Notisur no la mandó porque ya le habían advertido que la información así no la íbamos a publicar. Se le dijo que no íbamos a publicar de Zetas o Los Caballeros Templarios, pero Gregorio era muy específico en sus notas. Uno de sus editores nos contó que Gregorio mencionaba el grupo criminal y daba nombres”. “Gregorio empezó a cubrir notas muy fuertes como los secuestros. Lo más delicado empezó hace como tres meses con el levantamiento de un chavo apodado El Triste, un taxista, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. El taxi apareció en un ejido, y el cuerpo tres o cuatro meses después enterrado en un frijolar. Gregorio fue solo, tomó las fotos y publicó la nota”. “Yo le decía que omitiera su crédito. Pero el decía que le pagaban por nota, mientras más mandaba más cobraba. Siempre firmó. A veces sí omitía su firma y [su editor] reestructuraba la nota para que si alguien la leyera no se percatara del estilo [de Gregorio]”. “(A Gregorio) quizá lo mataron pero por algo que todavía no había publicado, a lo mejor había descubierto quién se había llevado al Cometierra”. Uno de sus últimos comentarios fue que “tenía documentados dos secuestros de niñas que sacaban de escuelas”. Quienes estuvieron presentes recuerdan que les dijo: “Intercedan por mí”. Nadie sabe explicar qué era lo que le hacía sentir ese temor. Esa frase, con el desenlace fatal, hace creer a los reporteros que Gregorio sentía algún riesgo. Su esposa Carmela --con quien era muy unido-- asegura que él no le comentó nada que le preocupara en esos últimos días. “El nos dijo en dos ocasiones: ‘tengo miedo, no por mí sino por mi familia’. Hablaba en general de lo que estaba informando, lo que estaba investigando”. No escribió “bar de mala muerte” Existe otro problema que sufren los reporteros de pueblos pequeños: la publicidad por la venta de los diarios. Todos conocen al autor de las notas, saben dónde vive, y es fácil que se personalice la información que publica.
“Yo creo que iban tras la forma que se dio a conocer la noticia. Notisur es el periódico más conocido en Villa Allende. La forma que se da a conocer la nota, al momento que se da a conocer. Un voceador se paró a gritar que asesinaron a alguien en la cantinucha de mala muerte de la señora”. “El voceo del periódico nos ha puesto en riesgo porquese paraen el lugar y empieza a dar la noticia, pero a nosotros nos empiezan a reclamar”. “El abogado decía que eso fue por tirarle al bar de mala muerte de la señora Teresa y más porque el vocero amarillista se le paró enfrente. Gregorio dice que él no había escrito eso, que él no fue y que estaba tranquilo, pero ella le había dicho que le iba a meter un plomazo”. Epílogo Después del secuestro de Gregorio, los reporteros acudieron a una reunión con Namiko Matsumoto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), para preguntarle qué medidas de seguridad deben de seguir para lidiar con el alto riesgo y le solicitaron capacitación. La respuesta de la funcionaria fue enviarles el protocolo firmado con la Secretaría Seguridad Pública del estado. El protocolo que recibieron en su correo electrónico era una mera lista de pasos sobre cómo debe ser la actuación de la policía hacia los reporteros. De acuerdo con los testimonios recogidos, los reporteros del sur de Veracruz que perciben riesgos a su vida o su seguridad, al mismo tiempo suponen que es inútil acudir a la CEAPP o pedirle ayuda a la doctora Matsumoto.
CAPÍTULO 4 CRONOLOGÍA DE UNA MUERTE
Los hechos Recordar y comprender cómo fueron sucediendo los hechos, analizarlos y confrontarlos con las investigaciones, permite no sólo asomarse, con serenidad, a revisar qué hicieron y cómo reaccionaron los diferentes actores, sino también para desmenuzar las dudas y mostrar con claridad los vacíos que faltan aún por investigar y que resulta esencial responder. A Gregorio Jiménez de la Cruz lo sacaron de su casa el 5 de febrero y seis días después, el martes 11, las autoridades anunciaron que habían encontrado su cuerpo. Aquí la reconstrucción de cada uno de esos días: Miércoles 5 de febrero El secuestro 7:15: Gregorio Jiménez vuelve a su casa en su automóvil, luego de llevar a dos de sus hijos a la escuela. En el camino, una camioneta se le cierra pero no pasa más. Llega a su casa e ingresan al inmueble. Cinco hombres armados y encapuchados irrumpen. Lo someten, le quitan su radio Nextel, le colocan un cuchillo en el abdomen y una pistola en la cabeza, a sus dos hijas también las encañonan. Gregorio no opone resistencia. Lo esposan y a empujones lo llevan a una camioneta gris con franjas grises, que “tenía como un águila”, de la marca Explorer o Mazda, de acuerdo a los testimonios. Intentaron quitarle su cámara fotográfica, pero él antes logra aventarla dentro de su maletín hacia el interior de su casa. La cámara queda bajo resguardo de su esposa. La camioneta huye. El único camino de salida es a través del puente elevado que lo une a Camino a Morelos y la avenida Gutiérrez Zamora, la principal en Villa Allende (por donde debió entrar y salir la camioneta en la que se llevaron a Goyo). El 17 de febrero esta comisión comprobó que había sido instalado un retén policiaco a unos 800 metros del lugar donde ocurrió el secuestro. Hay testimonios que aseguran que éste ya se encontraba desde el día del secuestro de Gregorio. De ser cierto, la policía pudo haber llegado al lugar en unos minutos. Llamada de auxilio de la esposa de Gregorio (tres versiones). 7:20 1) Se comunica con un amigo de Gregorio, también periodista, que vive en Villa Allende, y es el primero en llegar. Este reportero avisa a los compañeros de la fuente policiaca de Gregorio, a través de un grupo de WhatsApp. Hay versiones que aseguran que a él también querían secuestrarlo. 2) Llama a un agente de la AVI, Juan Carlos Charleston (quien medió entre Gregorio y la dueña del bar, Teresa de Jesús, para que firmaran un acuerdo de paz ante el Ministerio Público) y posteriormente al Ejército, que tiene una base en Minatitlán. 3) Llama a Benita González, comisionada del Comité de Protección a Periodistas, quien llega a Villa Allende en lancha. Los primeros en llegar
7:25 La presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, Namiko Matsumoto, recibe la primera llamada de la comisionada Benita González, quien le informa del secuestro. Matsumoto a su vez llama a la Secretaría de Seguridad Pública. A esa hora, las autoridades ya sabían del hecho. Al lugar llega después Gerardo Henríquez, también comisionado del Comité de Protección a Periodistas. Benita González advierte de la presencia de un joven, a quien la familia no identifica y “parece sospechoso”. No han llegado las autoridades y la comisionada teme por la seguridad de la familia. Matsumoto pide que evacuen a la familia. “En un periodo de treinta o cuarenta minutos llega un comandante de la AVI, sube a la familia en una camioneta de la corporación y lleva a los hijos y la esposa de Gregorio a un hotel”. Con ellos van los comisionados Benita González y Gerardo Henríquez. Matsumoto llega posteriormente al hotel “para asistir a la familia” . Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardan el hotel. También llegan al lugar funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Fiscal Especial para Atención en Delitos Electorales y Atención a Periodistas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Allí comienzan a tomar sus primeras declaraciones no ministeriales. La información del secuestro comienza a circular a través de redes sociales, desde las cuentas de reporteros y reporteras de Coatzacoalcos. 7:50 Otro periodista, quien también vive en Villa Allende, llega a casa de Gregorio y asegura que a esa hora “sólo había elementos de la Policía Naval” adscritos al Mando Único. “Tomaron datos y se retiraron”, dice. 8:23 Elementos del Ejército llegan a Villa Allende, procedentes de Minatitlán. También toman datos y se van. 9:00-9:30 A esa hora llegan elementos del Mando Único y de la AVI (Agencia Veracruzana de Investigación) para conocer de los hechos en la casa de Gregorio Jiménez. ANOTACIONES: A partir de las 7:25 las autoridades ya sabían del secuestro. Pero los primeros elementos de seguridad llegan veinticinco minutos después. Nadie sabe a ciencia cierta la hora en que llegó la Policía Naval ni cuándo se inicia el operativo de búsqueda. Namiko Matsumoto, presidente del Comité de Protección a Periodistas, asegura que sí hubo operativo en cuanto se conocieron los hechos. Los periodistas dicen que no. “A Gregorio no lo buscaron, nosotros salimos a los pueblos cercanos a ver que se veía y en los caminos no había ni policías ni militares”, dice un periodista entrevistado. Primeras reacciones Los primeros en conocer sobre el secuestros son los compañeros de Gregorio que cubrían la fuente policiaca, quienes comparten un grupo en WhatsApp. Confían en que los secuestradores dejarán en libertad a Gregorio, como ocurrió con un periodista de Las Choapas, cuyo secuestro se relató en el primer capítulo de este reporte. 10:00 Los reporteros de información general llevan a cabo la primera de dos protestas que realizaron ese día para exigir el rescate de Gregorio. La primera marcha la llevan a cabo en 34
la avenida Venustiano Carranza, desde la calle Narciso Mendoza hasta el parque Independencia en Coatzacoalcos. Allí ofrecen un pronunciamiento por el plagio de Gregorio. 12:00 La Procuraduría General de Justicia integra la averiguación previa Coat4/058/2014 y nombra al director de Investigaciones Ministeriales, Enoc Maldonado, como responsable del caso (es el mismo funcionario que tuvo bajo su responsabilidad la investigación de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz). 17:00 Por segunda ocasión se manifiestan los periodistas. Esta vez frente a la base del Mando Único Policial, ubicado en el ex penal de Palma Sola, Coatzacoalcos. En ninguna de estas manifestaciones participan los reporteros de la fuente policiaca, por temor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “inició de oficio una investigación por el caso de la desaparición” de Gregorio Jiménez. Informa que “visitadores adjuntos acudieron al lugar de los hechos a efecto de recabar evidencias y testimonios del caso y conocer de las actuaciones ministeriales relativas a la investigación de tales acontecimientos”. No se conoce el informe, las observaciones o cualquier resultado de esta visita. Jueves 6 de febrero Mañana El periódico Notisur dedica su editorial a Gregorio. Lo define como “un hombre de origen humilde”. Se lleva a cabo reconstrucción de los hechos en casa de Gregorio Jiménez y con su familia presente. Integrantes del “gabinete de seguridad” de Veracruz (entre ellos el secretario de Gobierno local, Erick Lagos Hernández; el procurador general de Justicia, Amadeo Flores Espinosa, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, y la coordinadora General de Comunicación Social, Gina Domínguez) se trasladan a Coatzacoalcos para “encabezar las acciones de búsqueda y localización del reportero Gregorio Jiménez”, de acuerdo con un comunicado. El gobierno estatal asegura que mantiene “un intenso operativo” en el sur de la entidad para su localización. 13:00 En el parque Independencia, frente al Palacio Municipal, periodistas de Coatzacoalcos protestan para exigir la aparición con vida de Gregorio Jiménez. Criticaron que las autoridades no hayan dado a conocer un solo avance de la investigación y contradijeron la versión oficial acerca del operativo de búsqueda. 22:00 La vocera Gina Domínguez llama a conferencia de prensa. Los reporteros la increpan y exhiben pancartas: “¡No les creemos!” El procurador estatal, Amadeo Flores Espinoza, admite que no sabe en qué tiempo acudieron al lugar donde ocurrió el secuestro los elementos de la Policía Naval. 35
Por primera vez informa que hay mil elementos que buscan a Gregorio y cuatro agentes especializados atendiendo el caso. Los reporteros de la región aseguran que ese despliegue nunca se vio. En esa reunión está presente Francisco Sánchez Macías, directivo de la cadena de periódicos de los Heraldos de Tuxpan, Tantoyuca, Coatzacoalcos y Poza Rica, y hermano del diputado Eduardo Sánchez Macías, quien intenta apoyar al gobierno. Los reporteros le gritan “palero”, “vendido”, “chayotero”. En un comunicado sobre la reunión, el gobierno estatal afirma que “personas con las que el periodista había tenido un altercado ya fueron llevadas a declarar” y que “la investigación se extendió a los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco”. Desde entonces la institución menciona que el secuestro pudo deberse a “problemas que tuvo con sus vecinos”. Eduardo Sánchez Macías, secretario de la Comisión para Atención y Protección de los Periodistas en el Congreso de Veracruz, dueño de los Heraldos, asegura que el plagio de Gregorio no impactará a la entidad. Viernes 7 de febrero #HastaqueAparezcaGoyo Se inicia la cyberprotesta #HastaqueAparezcaGoyo, que exige el rescate de Gregorio Jiménez. Participan periodistas de todo el país y de América Latina. La prensa informa sobre la detención de Teresa de Jesús Hernández Cruz, propietaria del bar El Palmar, con quien el reportero Gregorio habría tenido un conflicto meses atrás por la publicación de una nota. 18:00 Por tercer día consecutivo, y esta vez encabezados por periodistas de la fuente policiaca, reporteros de Coatzacoalcos mantienen su protesta por la desaparición de Gregorio. Marchan por avenida Zaragoza para exigir a las autoridades la aparición con vida de su compañero. A su protesta se suman periodistas de Xalapa y el puerto de Veracruz. Hacen circular boletines para exigir al gobierno de Duarte acciones más efectivas para localizar a Gregorio. Los reporteros abandonan una reunión con la vocera Gina Domínguez y Namiko Matsumoto, aunque esta última sostiene que salió antes de la reunión porque a la esposa de Gregorio tuvo un episodio nervioso, “ella me mandó llamar”, dijo.
Sábado 8 de febrero Luego de manifestar su disposición de sumarse a las protestas de periodistas, las autoridades llevan a la familia de Gregorio a Xalapa para entrevistarse con el gobernador Javier Duarte, quien ofrece a la esposa del periodista una casa. Ella rechaza la “oferta” del gobernador. 36
Periodistas se manifiestan en Acayucan para exigir la localización de Gregorio. Transportan equipo de sonido en la camioneta de uno de los reporteros. Elementos de Seguridad Pública del Estado aseguran el vehículo y lo trasladan a la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Al lugar llegan comunicadores que reclaman el vehículo. Hay empellones y jaloneos entre periodistas y policías. Durante los hechos, el cristal de una puerta se rompe y cuatro reporteros resultan con cortaduras. El titular de la SSP estatal, Arturo Bermúdez, informa que por esos hechos son suspendidos dos policías. Los hashtag #QueremosVivoaGoyo y #DondeEstaGregorioJimenez se difunden en redes sociales. Periodistas de Iberoamérica se unen a la campaña para pedir la aparición con vida de Gregorio. Organizaciones civiles extienden una carta abierta a autoridades federales y locales para exigir que la PGR atraiga el secuestro de Gregorio Jiménez y que no descarte su labor periodística como una de las líneas de investigación. Domingo 9 de febrero Al cumplirse 100 horas del secuestro de Gregorio, reporteros y reporteras del sur de Veracruz difunden un video por YouTube para pedir a los plagiarios de Gregorio que lo liberen vivo. En el video, los periodistas cubren medio rostro con una tableta que exhibe la fotografía de Gregorio con la leyenda #QueremosVivoaGoyo. 12:30 Reporteros veracruzanos marchan en Xalapa, Veracruz, y por quinto día consecutivo en Coatzacoalcos. Participan periodistas de al menos quince ciudades. Difunden rumor sobre posible aparición de Gregorio asesinado y encontrado en una fosa en Villa Allende. La Procuraduría estatal desmiente la versión. Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP estatal, asegura entonces que las autoridades recibieron la primera llamada de auxilio "veinticinco minutos después del hecho" y que la Policía Naval llegó apenas ocho minutos después de esa llamada. Lunes 10 de febrero Arranca el primer día de la cyberprotesta #HastaQueAparezcaGoyo, convocada por periodistas de distintos estados del país. Carmela Hernández, esposa de Gregorio, asegura a un diario nacional (Excélsior) que a su esposo se lo llevaron “personas conocidas”. Periodistas de Coatzacoalcos se manifiestan por sexto día consecutivo y anuncian que integrarán una comisión para investigar por su cuenta el paradero de Gregorio. Detienen a José Luis Márquez Hernández en la central de autobuses de Coatzacoalcos. Es señalado como el presunto autor material del homicidio de Gregorio. De acuerdo con la averiguación, admite haber participado en los hechos y señala una venganza como el móvil. Martes 11 de febrero 11:00 Periodistas y representantes de organizaciones nacionales e internacionales de defensa y protección de periodistas se manifiestan frente a la representación del gobierno 37
de Veracruz en el Distrito Federal, para exigir la liberación de Gregorio. Después se trasladan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Una comisión se entrevista con la titular para reiterarle la solicitud de que atraiga el caso de Gregorio. Periodistas de al menos quince ciudades se unen a las protestas por redes sociales. 11:00 Los reporteros de Coatzacoalcos salen de nuevo a manifestarse por la mañana. Llega a ellos la versión de que han encontrado tres cuerpos decapitados en Las Choapas, porque “hay mucho movimiento en el Semefo de Cosoloacaque”. Sospechan que quizá uno de los cuerpos es Gregorio, pero descartan la idea cuando un reportero de la fuente policiaca, que trabaja en El Heraldo, les asegura a través del grupo de WhatsApp que Gregorio está vivo y que las autoridades ya lo han rescatado. 12:00 La misma versión la repite en el Congreso estatal el diputado del PANAL, Eduardo Sánchez Macías, dueño de la cadena de periódicos los Heraldos de Tuxpan, Tantoyuca, Coatzacoalcos y Poza Rica, y primo de Karime Macías, esposa del gobernador Duarte. Notiver también sube la noticia a su portal. 12:30-12:50 Erik Lagos, secretario de Gobierno de Veracruz, y Gina Domínguez, vocera del gobierno de Veracruz, desmiente la versión de que encontraron con vida a Gregorio, pero asegura que hay un fuerte operativo en la zona sur. Para esa hora, el gobierno del estado ha trasladado a la familia de Gregorio a Xalapa, “para corroborar una información”, dice Namiko Matsumoto. La familia después declararía que les mostraron en fotografía la playera de su esposo, que habían recuperado de la fosa clandestina donde lo encontraron. Después de eso regresan a la familia a Coatzacoalcos para identificar plenamente el cuerpo. Mientras tanto, ante el vacío de información oficial, los periodistas de la fuente policiaca de Coatzacoalcos se movilizan hacia el aeropuerto, pues corre la versión, aparentemente por el mismo reportero de El Heraldo, de que llegará allí o lo llevarán en avión a Xalapa. Periodistas de Minatitlán aseguran que uno de los cuerpos de Las Choapas es de Gregorio. Los periodistas no lo creen por las versiones del reportero de El Heraldo y las declaraciones del diputado Sánchez Macías, dueño de ese periódico. Esperan dos o tres horas en el aeropuerto y vuelven a la ciudad. 14:00-15:00 El diario Reforma publica la nota en la que confirma la aparición del cuerpo de Gregorio Jiménez en la zona de Las Choapas. 16:00 El gobierno de Veracruz llama a conferencia de prensa. El procurador Amadeo Flores confirma el asesinato de Gregorio, y la detención de los posibles responsables. Deslindan su labor periodística como posible móvil de su asesinato y lo atribuyen a una venganza personal. A Goyo, dicen las autoridades, lo mataron por un pago de veinte mil pesos. Luego de que encontraron el cuerpo de Gregorio, el director general de Investigaciones Ministeriales y encargado de este caso, Enoc Maldonado, aseguró que los secuestradores que se llevaron a Gregorio (cuando lo secuestraron) lograron escapar por caminos de terracería que pasan por los complejos petroquímicos para llegar finalmente al municipio de Las Choapas 38
CAPÍTULO 5 LA INVESTIGACIÓN OFICIAL
Lo mataron por informar "Él es el fotógrafo", gritó uno de los hombres armados cuando identificó a Gregorio. En ese momento uno de los agresores le colocó el cañon de la pistola en la cabeza y el otro lo amagó con un cuchillo en el abdomen, lo empujaron y se lo llevaron. No tenemos duda, al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz lo mataron por hacer su trabajo: informar. En el expediente que integró la Procuraduría General de Justicia de Veracruz sobre su secuestro, tortura y crimen existen las pruebas que demuestran que fue secuestrado y asesinado por motivos profesionales, aunque la autoridad ministerial evada reconocer que se trata de un ataque directo a la libertad de expresión por parte de un grupo del crimen organizado, probablemente Los Zetas, que opera en la zona sur de Veracruz. El legajo ofrece otras fallas aún más graves: en el primer grupo se encuentran deficiencias técnicas, que podrían beneficiar a las personas que hasta ahora fueron sometidas a juicio y, de esa manera, se facilite su liberación. Algunas de estas fallas: la falta de órdenes de cateo y de aseguramiento precautorio, no hay dictámenes médicos que certifiquen antes y después de los interrogatorios la salud de los acusados, ni se verificó la información que confesaron, tampoco se llevo a cabo la identificación por parte de la familia de los agresores, no se certificaron pruebas encontradas en la casa de seguridad y en las reconstrucciones de hechos contienen deficiencias graves. En un segundo grupo de falencias se encuentra el que las autoridades se enfocaron a averiguar y encuadrar una sola línea de investigación, la más sencilla, sin profundizar, ni siquiera explorar las pruebas que surgieron y sobresalen de entre sus propias diligencias, y que podrían desembocar hasta el posible involucramiento de empresarios de la región vinculados a políticos y probablemente asociados con el crimen organizado, como es el caso que detallaremos más delante de la familia Sam. La Procuraduría de Justicia de Veracruz, al menos en el discurso oficial, sostiene que las investigaciones sobre el asesinato de Gregorio continúan, pero en los últimas semanas no ha mostrado ningún avance. Y como parte de su estrategia hizo corresponsable de las pesquisas a las autoridades federales, dando vista a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que están obligados a investigar el caso y a pesar de ser áreas especializadas tampoco muestran avances hasta esta fecha. Los testimonios, pruebas y diligencias que hilvanan en el expediente el caso de Gregorio, muestran las deficiencias e inconsistencias de las autoridades que atendieron la emergencia, la forma en que la manejaron y muestran un caso sin cerrar. Aquí las partes de mayor interés en el expediente. Los vacíos del comienzo El día en que fue secuestrado Gregorio, la Procuraduría primero solicitó las medidas cautelares de protección para la familia y después la localización, búsqueda y presentación del periodistas. Los dos oficios fueron dirigidos ese 5 de febrero a la Policía Federal (PF), a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), la Policía Intermunicipal, el Comandante de la Sexta Compañía de Infantería no 40
Encuadrada, la Delegación de Tránsito y Vialidad, y las procuradurías de justicia de todos los estados. No hay respuesta oficial de cada dependencia, sólo algunos tienen los sellos de las horas en que esas autoridades recibieron la petición, que varían de entre el medio día y las ocho de la noche. El expediente no documenta el despliegue de todas esas fuerzas, por lo que no hay confirmación oficial sobre si existió, en qué momento comenzó, cuántos efectivos participaron, cómo se organizaron, en qué lugares y cómo buscaron, que implementos técnicos usaron y cuánto tiempo duró toda la operación. La Procuraduría tampoco verificó cómo actuaron los cuerpos policiacos de Coatzacoalcos y Las Choapas (donde fue encontrado el cuerpo del periodista), antes, durante y después del secuestro, para descartar cualquier complicidad de su parte a favor de los secuestradores. “Se está investigando”, aseguró Enoc Maldonado, director general de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría de Veracruz. Esto ofrecería varias respuestas que son indispensables: ¿porqué tardaron tanto tiempo en responder el llamado de emergencia ante el secuestro e implementar el operativo?, ¿es verdad que existía previamente un retén policiaco a un kilómetro de la casa de la familia de Gregorio y no se colocó esa mañana? ¿Y una de las preguntas esenciales es si la actuación fue realmente oportuna y eficaz por parte de los cuerpos de seguridad y que por el contrario ello no provocó que el desenlace fuera su muerte. El ataque Gregorio se levantó a las 6:15 de la mañana, se vistió y se lavó la cara, guardó su cartera, tomó su Nextel y su mochila en la que guarda la cámara, salió de su casa con sus cuatro hijos y se fueron en su Chevy Monza a dejar a la escuela a dos de ellos. En pocos minutos regresaron a la casa y apenas habían entrado Gregorio y sus dos hijas cuando tres hombres encapuchados tiraron la puerta de lámina y algunas ventanas y sometieron a los tres. Vestían de negro y portaban pistolas, segundos antes se habían bajado de una camioneta gris, con una franja negra, que dejaron con el motor encendido. “El sujeto que entró por la ventana le apuntó a la cabeza con su pistola y otro de los sujetos que era gordito le gritó al que le apuntaba a la cabeza a mi papá: “‘Él es el fotógrafo’, señalándolo, y otro sujeto le puso un cuchillo en el abdomen. “Cuando yo vi esto miré hacia el que nos estaba apuntando a nosotras, y le dije que por favor no le hiciera nada a mi papá, que él no les había hecho nada. Y esta persona me miró a los ojos y me dijo: “‘No te preocupes, somos los efectivos, no le va a pasar nada’”, narró ante el Ministerio Público Flor Jiménez, hija de Gregorio. En esos segundos en que los encapuchados le ponían esposas al periodista y sometían a sus dos hijas, uno de los hombres le gritó al que encañonaba a Gregorio: “‘Quítale la cámara, quítale el rollo, quítale el radio’, pero mi papá aventó la cámara y ya no se la llevaron”, detalló en el acta ministerial Cindy, la hija mayor de Gregorio. Los secuestradores se lo llevaron a empujones hasta el vehículo encendido, lo subieron y “huyeron por Zamora”. Esa misma camioneta, aseguró Flor, la vio hace un mes “estacionada frente a la casa de la hija de doña Teresa, mismo tipo de camioneta… Allí llegan de distintos carros nuevos, casi diario llega un carro diferente”. 41
En tres minutos y medio ocurrió todo, declaró Flor ante el Ministerio Público. Y dejó asentado que el secuestro se cometió a las 7:15 de la mañana. Posibles móviles Carmela, esposa de Gregorio, pudo presentar la denuncia penal cinco horas después del secuestro de Gregorio, a las 12:15 horas, cuando los ministerio públicos se presentaron al hotel donde la resguardaban. Al igual que sus hijastras, ofreció a la Procuraduría detalles de lo que ocurrió esa mañana durante el ataque y sobre dos hechos que ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado que podrían ser, de manera separada o vinculada, móviles del ataque. Móvil uno: En su declaración, una de las primeras cosas que dijo Carmela fue que su esposo le comentó su preocupación por una fotografía que él había tomado y que se publicó en los tres diarios en los que colaboraba. En la imagen aparecía una casa propiedad de la empresaria Mari Sam y en la que fueron rescatadas tres personas secuestradas y dos presuntos plagiarios, un caso que atrajo la PGR porque podría estar vinculado con Los Zetas. Gregorio sabía que era el único que tomó la fotografía y trató de que nadie lo viera, porque la familia Sam es muy conocida en la zona por sus restaurantes de mariscos y su relación con funcionarios federales y municipales, también algunas columnas locales los vinculan con la invasión de terrenos. “Su esposo le contó que ‘la señora Mary Sam26 (sic) estaba molestando por una casa de seguridad” y que la persona que “se dio cuenta que tomó la foto fue Avenamar Vega Pablo27 y quizá él le informó a Mary Sam”. “No recuerda quién le dijo a su marido, (pero) le dijo a mi marido que se cuidara, porque la señora Samy (sic) andaba preguntando quién había sacado la foto, que después de esto llegó un coche de color azul marino, tipo Tsuru, frente a mi casa, se detuvo y se daba la vuelta, pero luego llegó en diferente día una camioneta tipo Lobo de color negro y la persona que la manejaba pasó mirando, pero no le di importancia porque mucha gente llega a preguntar para comprar terreno”, declaró Carmela el 5 de febrero de 2014.
26	Se	refiere	a	Mari	Sam,	empresaria	de	Coatzacoalcos,	dueña	del	lujoso	restaurante	Piquitos	y
presidenta	de	la	Fundación	Mary	Sam,	dedicada	a	preliberaciones	de	reos,	mejoras	en	reclusorios,	donación	de	juguetes	a	niños	y	apoyos	en	implementos	médicos	para	personas	de	la	comunidad,	por	lo	que	ha	recibido	reconocimientos	del	gobierno	del	estado.	Es	madre	del	también	empresario	David	Arreola	Sam,	quien	administra	ese	restaurante	y	el	Brazao,	además	de	coordinar	las	tareas	de	la	Fundación;	hasta	diciembre	pasado	fue	representante	de	la	Comisión	Nacional	para	la	Protección	y	Defensa	de	los	Servicios	Financieros	(CONDUSEF)	en	Coatzacoalcos	y	actualmente	forma	parte	de	la	mesa	directiva	de	la	CANACO	de	la	misma	ciudad	veracruzana.	Se	trata	de	una	familia	muy	vinculada	a	la	clase	política	de	la	región.	27 Agente municipal de Villa Allende, Coatzacoalcos
La esposa de Gregorio se refería en su declaración ministerial a la fotografía y nota que aparecieron en portada en los periódicos Notisur y El Liberal del Sur, el 29 de noviembre de 2013. Los diarios de la zona sur de Veracruz publicaron la misma información: que los agentes del Mando Único habían rescatado a tres personas secuestradas, una de ellas menor de edad, y que habían detenido a dos taxistas como presuntos plagiarios. Pero sólo en los medios informativos en los que trabajaba Gregorio apareció la imagen de la casa tomada por él y, principalmente, fueron los únicos periódicos que relacionaron públicamente el domicilio del secuestro con la empresaria Mari Sam28. El inmueble no fue asegurado en noviembre --cuando se cometió el secuestro-- sino hasta febrero pasado, porque extrañamente el Ministerio Público a cargo de las investigaciones sólo simuló el trámite. Al ser descubierto, el agente del MP fue removido del caso, se incautó formalmente la casa y la PGR continúa con la investigación del secuestro por sus posibles vínculos con el crimen organizado. La Procuraduría de Veracruz ignoro por completo esta línea de investigación. No realizó ninguna diligência para definir si la publicación de la fotografia y la nota tuvieran algún vínculo con el asesinato del periodista. Se omitió citar a declarar a las personas mencionadas por Carmela y a los dueños del inmueble, tampoco se pidió apoyo a la PGR sobre las indagatorias contra los taxistas y presuntos secuestradores para identificar sus ramificaciones y vinculaciones, y ni siquiera se integró al expediente la fotografía que tomó Gregorio, así como las notas periodísticas que publicó al respecto. Los testimonios recabados por la misión confirman que sí había un severo malestar en la familia Sam por la información publicada, porque incluso David Arreola Sam, hijo de Mary Sam, ex funcionario federal y conocido empresario en la zona con fuertes vínculos políticos con el llamado grupo Coatza, llamó a la redacción de uno de los diarios (del cual omitimos el nombre para evitar represalias), para anunciarles que los demandaría por difamación y calumnias, procedimiento legal que hasta ahora no ha iniciado. Móvil dos: El segundo posible móvil que mencionó la esposa de Gregorio en su declaración y que fue el único que investigó la Procuraduría se trata de un problema más añejo, que se desató en 2013 y fue, aparentemente, por una confusión. “Que hace dos meses y medio la señora Teresa de Jesús Hernández Cruz tenía problemas con una de sus hijas de Gregorio, Cindy, porque Raúl Hernández Cruz, quien fue su esposo, no le daba pensión a las hijas de Cindy”, explicó Carmela. Teresa Hernández y Cindy llegaron a los golpes, por lo que Gregorio intervino y las separó, pero en ese momento “Teresa le gritó (dirigiéndose a Gregorio) ‘tú cállate, porque tú te vas a morir, yo te voy a mandar a matar, no sabes ni con quién te metiste, ¿te acuerdas de la nota que sacaste?29, esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar’”, relató Cindy en su declaración. 28
Ver notas en Anexo La nota se publicó el 24 de septiembre de 2013 en el periódico Notisur, bajo el título “Lo agujerearon” y fue firmada por El Pantera, sobrenombre que empleaba Gregorio Jiménez de la Cruz, y Ricardo Hernández Segura.
“Mi esposo le dijo (a Teresa) que no había escrito que (El Palmar, un bar propiedad de Teresa Hernández) era de mala muerte…”, sostuvo Carmela. La nota en efecto no usa algún calificativo para la cantina El Palmar, en ninguna línea aparece que es de mala muerte. El texto únicamente mencionaba que en ese bar había estado Gilberto Torres Reyes consumiendo algunas bebidas y que al salir, dos cuadras más adelante, lo atacó “un grupo de jóvenes que acostumbran reunirse en ese sector”30. En la misma declaración ministerial, la esposa de Gregorio mencionó que “Teresa presume que su yerno (Sergio Montalvo López31) fue policía y pertenece a Los Zetas, que venía huyendo de Covarrubias”. Hernández Cruz, de 51 años, en su defensa declaró ante el Ministerio Público el 6 de febrero que el día del incidente estaba molesta por una nota y “yo tenía mis chelas encima y le dije ‘te voy a pegar de plomazos’”. Pero agregó que todo se había arreglado y ante el agente investigador aseguró que pagó seiscientos pesos por unas macetas que le rompió a la familia de Gregorio, a quien dijo conocer hace dieciocho años, y “no ha habido problemas hasta ahora”. “Que diga la declarante si sabe a quien se denomina Zeta”, le preguntó el agente del Ministerio Público. “No, que no conozco a nadie relacionado con ese grupo”, respondió Teresa en la única declaración ministerial que aceptó rendir un día después del secuestro, porque cuando se le intentó interrogar por segunda ocasión, ya en calidad de indiciada, se reservó su derecho. Otra línea olvidada Una tercera línea de investigación que omitió la Procuraduría de Veracruz fue el trabajo periodístico de Gregorio, ante el posible interés de un grupo criminal de que no se publique información sobre sus acciones en la zona. Lo anterior es un patrón de conducta que se ha visto en los ataques a periodistas en estados como Tabasco, Tamaulipas, Coahuila, Baja California, Chihuahua, Nuevo León o Michoacán, por ejemplo. Gregorio escribía notas sobre accidentes, peleas, suicidios o robos, pero al crecer las operaciones de un grupo del crimen organizado que fue tomando el control de Villa Allende a través de asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones, asaltos, balaceras y la venta de drogas al menudeo, se enfocó en denunciar sus actividadades. El grado de exposición al riesgo de la población en la zona fue tan alto que todos los sectores sociales exigieron la presencia del Ejército. Fue así que se establecieron retenes y patrullajes militares a partir del 24 de enero --apenas 12 días antes del secuestro de Gregorio-- aunque su presencia fue disminuyendo al paso de los días. La autoridad ministerial no indagó este aspecto y tampoco lo ha hecho la FEADLE. Lo único que hizo la Procuraduría estatal fue transcribir en el expediente algunas notas que Gregorio publicó entre diciembre y febrero de este año en Notisur, pero no incluyó las que aparecieron en los otros dos medios de comunicación para los que también laboraba, El Liberal del Sur y La Red.
Ver nota en Anexo Ex inspector de policía de Hueyapan de Ocampo, de acuerdo a las declaraciones de sus familiares asentadas en el expediente de la Procuraduría de Justicia de Veracruz.
Las herramientas de trabajo del periodista tampoco fueron revisadas por la autoridad ministerial. Ni la computadora que Gregorio tenía en su casa y en la que redactaba sus notas, ni su cámara fotográfica que intentaron llevarse los secuestradores, o el dispositivo USB que utilizaba. El café internet El Cibernauta, desde el cual enviaba a los medios, no fue objeto de ninguna indagación ministerial. Otras falencias detectadas en la investigación oficial fueron la inexistencia de algún certificado ministerial sobre la revisión de la página de Facebook del periodista, donde difundía su información y comentarios; no se revisaron las computadoras que utilizaba Gregorio durante sus guardias en los periódicos, ni tampoco fueron entrevistados sus compañeros y sus jefes. Mucho menos se llevó a cabo una correlación de hechos entre las notas del periodista, las operaciones del grupo del crimen organizado y su secuestro, tortura y asesinato. El Ministerio Público únicamente solicitó a Notisur, el 8 de febrero, que le informara en qué sección escribía, fecha que comenzó a laborar y las notas que elaboró “en este año”. El periódico respondió dos días después, el 10 de febrero, les envió un dispositivo USB con las notas de Gregorio y un oficio en el que asentaban que “era reportero y escribía en las secciones policiaca, nota blanca y sociales, laborando en esta casa editorial desde junio de 2012”, recibiendo 750 pesos quincenales más el pago de 20 pesos por nota. El Ministerio Público revisó el USB y certificó su contenido. Eso fue todo.
Primeras investigaciones En el expediente se muestran algunas diligencias que llevaron a cabo los investigadores cuando Gregorio aún permanecía desaparecido. Por ejemplo, el 6 de febrero hicieron una visita ocular a su casa y con un perito topógrafo establecieron las posibles ruta de escape de los secuestradores. También revisaron la casa para definir cómo se había cometido el secuestro y los daños cometidos. Tomaron muestras de ADN a la familia e hicieron un retrato hablado de uno de los sospechosos, a partir de los rasgos que recordaban las hijas del periodista. Interrogaron a vecinos, quienes aseguraron que conocían a Gregorio, que era trabajador y no tenía problemas personales con nadie y la mayoría no se dio cuenta del secuestro, salvo uno que ve huir una camioneta gris con portamaletas en el techo. Hasta el 7 de febrero, dos días después del plagio, la Procuraduría solicitó a las autoridades respectivas que les entregaran los videos de las cámaras de seguridad de la ciudad en las rutas que podrían haber utilizado los secuestradores. En el expediente no aparece respuesta formal, sin embargo, el investigador Enoc Maldonado aseguró que ya les habían respondido que “estaban deshabilitadas”. El Ministerio Público comenzó a buscar cámaras de seguridad de empresas privadas y sólo encontró una imagen que podría coincidir con la camioneta en la que fue secuestrado Gregorio. Al momento de sostener la reunión con los encargados de las investigaciones ésta todavía estaba en análisis. Esa información es relevante para definir qué tipo de camioneta se usó, porque las hijas de Gregorio aseguran que era una Mazda gris y los investigadores que era una Honda. Dos días después del secuestro, la Procuraduría también solicitó a la empresa telefónica Nextel que los apoyara con un rastreo del celular de Gregorio, porque se lo 45
quitaron y apoderaron los secuestradores. Habían transcurrido diez días, incluso el cuerpo del reportero ya había aparecido, y la compañía nunca respondió, al menos eso explicó Enoc Maldonado. Vinculan otros casos En el expediente no existe una relación clara de cómo los investigadores llegaron hasta los autores materiales del secuestro y los detuvieron. Sólo aparece un oficio fechado el 9 de febrero en el que se ordena la búsqueda de información sobre secuestros ocurrido en Villa Allende y el robo de una camioneta con las características que supuestamente tenía la que usaron en el caso de Gregorio. En un informe de respuesta, fechado ese mismo día, se incluyeron tres casos. El primero fue el secuestro del líder de la CTM, Ernesto Ruiz Guillén, “El Cometierra”, ocurrido el 18 de enero de este año, en el que se aseguraba que se usó la camioneta gris y el mismo patrón: seis hombres participaron armados, aunque le dispararon en el pie porque trató de huir. Desde entonces permanecía desaparecido. Un segundo caso fue el de una persona asesinada el 23 de enero de 2014 --trece días antes del secuestro del periodista--, en un cuarto de Villa Allende. Se reportó que testigos vieron la misma camioneta a las 16:30 horas, de la que se bajaron seis hombres, ingresaron al inmueble, dispararon y huyeron. El tercer caso fue el del secuestro de una menor, hija de un pequeño empresario, que había sido ya devuelta a su familia tras el pago del rescate, que consistió en dinero y una camioneta. Gregorio reportó cada uno de estos casos y los publicó en los tres diarios para los que trabajaba. Describió cuándo y cómo secuestraron a “El Cometierra”, informó sobre el asesinato del joven de quien se conoció su identidad días después, y dio cuenta del plagio de la menor. Cada nota fue acompañada de abundantes detalles y fotografías. José Luis Márquez Hernández “El Pony”, uno de los detenidos por el secuestro y crimen del periodista, en la única declaración que rindió ante el Ministerio Público el 10 de febrero reconoció que secuestraron a la menor y también a “El Cometierra”, a quien plagiaron y mataron porque “le faltó el respeto a la mamá del ‘Choco’”. Ruiz Guillén, El Cometierra, fue uno de los cuerpos que encontraron los investigadores en una fosa cercana a la de Gregorio. ¡Magia!, localizan a los secuestradores Basados en el expediente ministerial, resultaría imposible explicar cómo fue que la Procuraduría descubrió los nombres de los autores materiales y cómplices del secuestro de Gregorio Jiménez de la Cruz. Los detenidos, José Luis Márquez Hernández, “El Pony”; Santos González Santiago, “El Many” o “El Gordo”; Jesús Antonio Pérez Herrera, “La Yegua”, y Gerardo Contreras Hernández, “El Gotzi”, confesaron desde su primera declaración, sin preguntas de la autoridad, aportando algunos de ellos los detalles del secuestro de Gregorio y de su trabajo como célula criminal en Villa Allende. Algunos de esos datos no coinciden con las declaraciones de la familia de Gregorio en cuanto a la hora en que ocurrió, el número de participantes y las ropas que usaron.
La autoridad nunca puso a los detenidos a la vista de los testigos, a través de una cámara de Gesell. La declaración en que se basa toda la investigación y aparentemente permitió a las autoridades dar con la casa de seguridad en que permaneció retenido Gregorio y la fosa clandestina en la que fue enterrado, es la de José Luis Márquez Hernández, de 21 años de edad, identificado como “El Pony”, y que estaba en libertad bajo fianza, después de permanecer tres meses en prisión bajo proceso por el robo de un automóvil modelo Jetta. Márquez Hernández fue presentado ante el Ministerio Público a las 22:20 horas del 10 de febrero para rendir su declaración: “Me apodan ‘El Pony’ o ‘El Garrobo’. Jalo para ‘La Raza’ y mi jefe es el ‘El Cachorras’”, así comenzó. Sobre el secuestro de Gregorio relató que le ordenó a “‘El Chucho’ que se fuera desde las cinco de la mañana en la esquina (de la casa de Gregorio)”. A las 7:30 le llamó para avisarle: “‘Oye, wey, ya va llegando el reportero’. Yo iba manejando la Honda CRV gris, ‘El Many’ era quien iba de copiloto con una pistola escuadra cromada de 9 milímetros”. En la parte trasera de la camioneta, de acuerdo a su relato, viajaban “El Choco” y en la cajuela “La Yegua”, “El Choki” y “Babidi”. “El Pony” se quedó al frente del volante con el motor encendido mientras cometían el secuestro sus compañeros. Sacaron a Gregorio, lo subieron en el asiento de atrás, colocándose a los lados “El Choco” y “El Chucho”, y huyeron. “Nos dirigimos hacia el basurero para cortar camino y salir por la calle Morelos a la Carretera Federal a Las Choapas, en la gasolinera da vuelta a la derecha a la zona (del) Manguito”, declaró Márquez Hernández. Cuando llegaron a la casa de seguridad ubicada en Las Choapas, Gregorio tenía las manos atrás, esposado, pero ya en la casa se las cambiaron para que las colocara enfrente. “Le puso capucha en los ojos para que no los reconociera. Ya eran como las 10 a.m. ‘El Gordo’ y ‘Jumanji’ nos trajeron dos palas y dos picos”, detalló José Luis Márquez. No queda muy claro, porque no se detalla en el expediente, cuánto tiempo pasaron en la casa de seguridad, qué le hicieron a Gregorio allí, ya que en la necropsia aparecen algunos golpes. Tampoco se indica en qué momento y porqué deciden matarlo. Algunas referencias en los testimonios como el que le taparan los ojos “para que no los reconociera” y que uno de los secuestradores le dijo a la hija del periodista “no te preocupes, somos los efectivos, no le va a pasar nada”, podrían ser indicios de que no fue planeado el asesinato, al menos no desde el inicio. “El Pony” confesó que mató personalmente a Gregorio, describió a detalle cómo lo hizo y cómo “el periodista le pidió que lo perdonara”, pero “Babidi”, “Chucho” y “Choco” le respondieron “ahora sí te llevó la verga, pendejo”. La fosa la excavaron en ese momento, tardaron cuarenta minutos, y decidieron quitarle toda la ropa al cuerpo de Gregorio, con el argumento de que así no lo reconocerían. Aunque al final, ya cuando estaban por tapar el cuerpo, le echaron la playera que decía: “Yo confío, Peña Nieto”, y que luego cuando el cuerpo fue encontrado su esposa Carmela pudo reconocer que era de su marido. En la última parte de su confesión, Márquez Hernández aseguró ante el Ministerio Público: “Dicho tiro nos lo aventamos por la señora Teresa, dueña del bar El Palmar, me pagó 20,000 pesos”. Y sólo añade que le pagó 5,000 a “La Yegua”.
Después de enterrar a Gregorio, José Luis Márquez aseguró que dejaron la camioneta en la casa de seguridad y se fueron a hospedar el hotel Las Choapas. Luego se separaron. En el expediente no existe algún informe que muestre que los investigadores fueron a ese hotel para verificar si estuvieron allí y recabar más pruebas. Ni siquiera hay un interrogatorio a Márquez Hernández sobre qué hicieron en la casa de seguridad, cómo la consiguieron, por qué la eligieron, por qué decidieron matar a Gregorio y enterrarlo en el lugar que lo hicieron, mucho menos se le inquiere para saber por qué aceptaron hacer el trabajo a Teresa, si la conocían, desde cuándo, y por qué sabía que quería hacerle daño. Hay vacíos en las horas en que se cometió el secuestro de Gregorio. La familia y otros testigos aseguran que fue a las 7:15. Los secuestradores sostienen que fue después de las 7:30. Las hijas del reportero aseguraron que los atacantes eran cinco y portaban ropas negras, pero algunos de los acusados mencionaron que eran siete y que iban vestidos de colores. Tampoco se les preguntó si se deshicieron de esa indumentaria oscura. Y mucho menos los cuestionaron en qué río se supone que tiraron el resto de la ropa que le quitaron a Gregorio. En nada de eso profundizaron los investigadores. Un dato que sorprende: por qué en todo momento los acusados se refieren a Gregorio como el periodista y no utilizan otro lenguaje para señalarlo, como es común entre los delincuentes. Confiesan por encima Los investigadores continuaron con la misma dinámica: recogieron una sola vez la declaración de los detenidos y sólo dejaron que ellos hablaran, sin que los cuestionaran o profundizaran en los datos aportados. Jesús Antonio Pérez Herrera, de 37 años, y a quien apodan “La Yegua”, dijo que estuvo preso durante seis años, desde 1993 hasta 1999, en el penal de Palma Sola, Veracruz, por el delito de robo a casa habitación. Que vive en Villa Allende, tiene muchos problemas, y uno de ellos es que vendía cadenas de cobre como sí fueran de oro, lo descubrió “El Pony”, y por ello lo obligó a trabajar para él. Santos González Santiago, de 25 años y a quien llaman “El Many” o “El Gordo”, aseguró que tiene cuatro hijos, es ayudante de albañil, sabe leer y escribir, pero no tiene estudios, y trabaja para “El Pony” desde enero. No especificó qué ha hecho desde entonces ni da detalles de sus tareas cotidianas, sólo que recibe ocho mil pesos cada veinte días y aseguró que trabaja para Márquez Hernández porque lo tiene amenazado. De no hacerlo mataría a sus hijos. Tampoco aportó muchos datos en su declaración ministerial Juan Manuel Rodríguez Hernández, de 28 años y al que llaman “El Jumanji”, quien dijo que tiene cinco hijos, es taxista, dejó la preparatoria incompleta y estuvo detenido acusado de lesiones. Su única función era llevarle a “El Pony” lo que le pidiera a la hora que fuera, en el lugar que fuera, generalmente comida, por lo que recibía quinientos pesos cada vez. Aseguró que su única función en el crimen de Gregorio fue llevar unas palas. El último de los detenidos, Gerardo Conteras Hernández, a quien llaman “Gotzi” y tiene 26 años, reconoció que es jefe de halcones para “El Pony” y se encarga de reportarle las actividades en la ciudad a través de vigilantes que contrata y que son menores de veinte años. Por esa tarea recibe cinco mil pesos cada quincena. En el caso del periodista sostuvo 48
que sólo llevó a la casa de seguridad pollo y carnitas para que comieran ocho personas. Tampoco a él le preguntaron y él no dio más detalles del trabajo de la organización, de otros delitos y otros cómplices. El misterio de la casa Exactamente cómo llegaron los agentes de la Procuraduría hasta la casa de seguridad en la que supuestamente permaneció Gregorio, es un misterio. No existe en el expediente un acta que certifique que alguno de los detenidos los guió, ni tampoco una solicitud de orden de cateo. Sólo consta un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública que escasamente dice que encontró el inmueble y que en el jardín hay autopartes. Enoc Maldonado lo resumió así: “la confesión de los detenidos los lleva a la casa, la casa los lleva a las fosas y las fosas los lleva a los cuerpos”. Los peritos y los policías ingresaron al inmueble ubicado en Las Choapas, en la calle de Hidalgo sin número, colonia J. Mario Rosado, el 11 de febrero a las 6:45 de la mañana. A sólo 300 metros de una oficina de la policía, de acuerdo a los propios documentos. Allí certificaron las características del inmueble y lo que encontraron que, de acuerdo a la lista, fueron algunas camas desordenadas, restos de comida y basura, sábanas, algunas de ellas con fragmentos de cinta gris, otros rastros de la misma “cinta gris tipo industrial” (que pudo ser usada para amarrar las manos o la boca de alguna persona), también encontraron 18 casquillos calibre nueve milímetros, una computadora dañada, guantes y algunos documentos a nombre de seis personas distintas. Aparentemente los peritos hicieron pruebas para identificar huellas y rastros de sangre, aunque no existe algún certificado pericial que lo detalle y mucho menos el que muestre qué resultados se tuvieron. Esa casa fue identificada también --de acuerdo a lo que mencionó Enoc Maldonado, durante la reunión de trabajo--, por la menor secuestrada, aunque su testimonio no fue incluido en el expediente del periodista. En el legajo, el inmueble fue identificado como propiedad de una mujer de nombre Candelaria, quien de acuerdo al informe policial hace “un año dejó de vivir allí” y lo aprovechaban jóvenes para reunirse. No existen más datos. Aparentemente el predio donde cavaron la fosa los secuestradores pertenece a la misma persona, de acuerdo a lo conversado con el director general de Investigaciones Ministeriales. En el jardín de la casa los agentes encontraron algunas partes de lo que suponen es la camioneta que utilizaron para cometer los diferentes secuestros. Se supone que alguien la desmanteló. En qué momento y para qué, no hay algún dato que lo precise. Se halló el motor, medallón, los asientos delantero y trasero, las puertas delanteras y traseras, el radiador y la tapa de la cajuela. En la identificación oficial los peritos pusieron “Auto Toyota 2009 CRV (sic)”. Sobre el vehículo los agentes, sostuvo Maldonado, no tienen todavía datos suficientes, porque la agencia Honda no tiene el número de motor registrado. Tampoco le preguntaron a los detenidos. La duda persiste y se trata de un dato muy importante, porque fue precisamente una camioneta gris la que ligaría el crimen contra Gregorio con los otros secuestros.
¿Y las fosas? Al igual que la casa de seguridad, las autoridades no justificaron en el expediente cómo llegaron hasta el predio en donde encontraron las fosas clandestinas. Describen el lugar y cómo les llamó la atención que hubiera tierra removida, pero no hay un acta en la que aclaren que alguno de los detenidos los llevó y tampoco que tienen una orden de cateo para ingresar. La primera fosa que encontraron fue la de Gregorio. Allí estaban a las 03:45 horas del 11 de febrero y fueron detallando los hallazgos y apartando las pruebas que encontraron a un radio de 1.86 por 1.50 metros con una profundidad de 85 centímetros. Encontraron el cuerpo cercenado, desnudo y, al lado, su playera. La segunda fosa, a 30 metros de distancia, fue excavada dos horas y 15 minutos después, a las 06:00 horas. También en este caso describieron los hallazgos, allí estaban los cuerpos desnudos y cercenados de “El Cometierra” y de José Huerta Lira, de 19 años y que trabajaba como chofer, obrero y repartidor de pizza, según el expediente, y a quien identificaron sus familiares por sus tatuajes. En la necropsia hecha el mismo 11 de febrero a las 12:25 horas, se detalla el tipo de cortes, la forma y el cuchillo empleado, del cual los investigadores no preguntaron a los acusados, ni siquiera si fue escondido o arrojado en algún lugar. Los peritos también mencionaron en su informe los hallazgos de tres golpes en el cuerpo de Gregorio y su grado de descomposición, de unos cuatro días. En las fotografías, el rostro de Gregorio no es fácilmente reconocible por la hinchazón y el tono oscuro de la piel. Como causa de muerte se registró: “sección total de elementos del cuello y anemia aguda. Murió instantáneamente”. Los peritos hicieron una reconstrucción de cómo ocurrió el crimen de Gregorio a un lado de la fosa, aunque los documentos no describen quién o quiénes de los detenidos participó en él. Al igual que la ausencia de documentos que certifiquen que en la casa se buscaron huellas, rastros de sangre o ADN y qué resultados obtuvieron, tampoco en el expediente existe un acta que decrete el aseguramiento ministerial de la casa de seguridad y del predio donde encontraron las fosas. Tampoco se advierte ningún esfuerzo investigativo sobre a quién o quiénes pertenecían las propiedades de Las Choapas, desde cuándo lo utilizaba este grupo o quiénes más estuvieron allí secuestrados. Y otra duda más, ¿por qué la Procuraduría buscó dos fosas? En ninguna parte de las declaraciones o del expediente existe datos que mencionen dos entierros distintos. ¿Habrá más cuerpos enterrados allí? Ni buscaron más ni tampoco preguntaron a los acusados. Son Zetas José Luis Márquez Hernández reconoció ante el ministerio Público que es integrante del grupo de Los Zetas, que “lo reclutó ‘La Mona’. El jefe de plaza (es) ‘El Cachorro’” y también vincula a una persona de nombre Martín identificado como “El Bembas”. “‘El Pelón’ es mando de nosotros y, a veces, es el que ponía los jales, en otra ocasión eran otros jefes”, explicó. Las autoridades nunca profundizaron para determinar si se trataba de una célula del crimen organizado, ni tampoco para identificar quiénes son las personas que menciona y 50
qué otros delitos han cometido. Simplemente la Procuraduría deja que confiese esa parte y no le interrogó más. Hasta la fecha en que se hizo la investigación, las autoridades estatales y federales desconocían si los detenidos tenían más antecedentes penales en otros estados o ciudades, o si existía alguna orden de captura o presentación. Plataforma México no les había entregado información. A pesar de ello, es evidente que forman parte de una célula del crimen organizado, así se reconocen, por lo que no es descabellado pensar que sus redes y vínculos pueden ser mayores y, por tanto, el crimen de Gregorio no se reduce a la nota de un bar que supuestamente no gustó a su dueña y por ello pagó veinte mil pesos para matarlo. Falta mucho por hilar. ¿Quién son “El Bembas”, “El Pelón” y “El Cachorro”, a quien identifican como el jefe de plaza? ¿Dónde está el yerno de Teresa y qué papel jugó? ¿Controla esta organización toda la región sur del estado?, ¿Qué otros casos están ligados? Sin embargo, el director de Investigaciones Ministeriales sostiene que esto ya tendrá que resolverlo la SEIDO. “Hay por lo menos cinco eventos delictivos vinculados con el mismo número que provienen de la zona de Hueyapan sobre secuestros. Curiosamente en Hueyapan es donde el yerno de Teresa fue inspector de policía municipal y una vez que salió de la policía se dispararon los secuestros. La mayor parte de los secuestros se realizan en Coatzacoalcos, y se cobran en Hueyapan, se encuentra entre la zona de Acayúcan y Catemaco, hacia San Andrés Tuxtla”, explicó Maldonado. Ahora algunos de los detenidos aseguran que fueron torturados para autoinculparse. En el expediente no existen certificados médicos que acrediten su situación física y mental antes y después de rendir su declaración.
¿Y qué hacen la FEADLE y SEIDO? Aunque desde el 5 de febrero la FEADLE inició una acta circunstanciada y después una averiguación previa, dieciséis días después no existían avances. Apenas se habían hecho interrogatorios a periodistas y directivos de los medios de comunicación para los que trabajaba Gregorio. No se hizo verificación del lugar donde Gregorio fue encontrado, ni la elaboración de sus propios peritajes, mucho menos el interrogatorio a las familias y a los detenidos. Nada en concreto, ningún avance, ninguna investigación, apenas asomos a pistas y más bien señalamientos hacia la Procuraduría de Veracruz de las posibles deficiencias que pudiera tener el expediente. El 15 de febrero, la Procuraduría de Justicia de Veracruz les dio vista tanto a la Fiscalía como a la SEIDO, por lo que ahora deberán investigar y profundizar en el caso, definir si la causa del secuestro y crimen del periodista se reduce a la nota del bar El Palmar o si está ligado con la casa de seguridad propiedad de Mari Sam o incluso con toda la célula criminal que sigue operando en el sur de Veracruz, en donde hasta la fecha los secuestros, extorsiones y asesinatos no se han detenido.
La FEADLE aseguró que en un mes, que ya se cumplió, tendría avances en las pesquisas, en este momento los desconocemos, por lo que estamos a la espera de conocer cuáles son y, que no sea otro caso más que se acumule en el escritorio.
Sobre las investigaciones De acuerdo a análisis realizados sobre el trabajo periodístico de Gregorio Jiménez de la Cruz y las diferentes expresiones que hacen sus presuntos victimarios durante su secuestro, no hay duda de que el periodista fue asesinado por informar. Con esta convicción y con el objetivo de que no haya más impunidad en los asesinatos de periodistas, hacemos las siguientes recomendaciones: 1 - La información y el análisis realizado sobre las investigaciones desarrolladas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz muestran una serie de fallas técnicas que generan serias dudas sobre el desarrollo de las mismas. La Procuraduría del Estado debe subsanar las fallas señaladas en este informe, aclarar, precisar y abundar hasta agotar la línea de investigación sobre el trabajo informativo del periodista. 2 - Debido a que las evidencias encontradas apuntan claramente a que el asesinato del periodista se vincula con su labor informativa, exigimos que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), haga uso de todos sus fundamentos jurídicos para atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, para que éste procese y sancione a los responsables de este homicidio que atenta contra la libertad de expresión. 3 - La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz debe reconocer que el asesinato de Gregorio Jiménez se vincula con su labor periodística porque el reportero se convirtió en una amenaza con sus publicaciones para el crimen organizado que operaba en la zona sur de ese estado, concretamente en Villa Allende, donde vivía. 4 - Exigimos que de acuerdo a las leyes nacionales y tratados internacionales se brinden todas la medidas de seguridad a la familia de Gregorio Jiménez, ya que no solo son víctimas sino testigos de un delito. Se debe otorgar la reparación de daño a la familia de Gregorio Jiménez de la Cruz. Se debe otorgar desde ahora una beca de estudio a sus hijos hasta que concluyan sus estudios universitarios.
Recomendaciones generales 1.- Es necesario que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el estado de Veracruz reconozcan públicamente que la situación que enfrentan los periodistas y medios de comunicación en el Estado es de grave riesgo. Así lo demuestran las estadísticas de agresiones, asesinato, desapariciones y amenaza plasmadas en reportes gubernamentales, en la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) e informes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales. Se debe instituir un mecanismo de Alerta inmediata que permita prevenir más agresiones y establecer políticas encaminadas a terminar con la impunidad en esa entidad federativa. 2 - Es urgente promover una ley específica de protección de derechos para el ejercicio periodístico que reestructure a la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de 54
Veracruz, de manera que tenga capacidad para ser un Mecanismo de Protección con facultades para promover garantías y seguridad frente a amenazas y para tutelar los derechos de periodistas en contra de quienes los vulneren, sean patrones, servidores públicos y otros. 3 - La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas debe, además, dar un informe detallado de la forma en que ha ejercido los recursos presupuestales y, concretamente en el caso de Gregorio Jiménez, debe presentar un informe de su actuación. 4 - Es necesaria una adición al Código Penal del estado para tipificar como delito grave las acciones de quienes obstruyan, impidan, atenten contra periodistas e instalaciones de medios de comunicación, así como en contra de toda persona que ejerza sus derechos de libertad de expresión y de información. 5 - Es necesario diseñar una política pública que permita a una autoridad de la Contraloría Estatal revisar de manera autónoma el desempeño que ha tenido la Procuraduría de Justicia del Estado, frente a la persecución de delitos cometidos contra periodistas y sancionar por omisión o negligencia a quienes hayan incumplido. 6 - La Fiscalía Especial de Atención a Periodistas y Delitos Electorales del Estado de Veracruz debe dar un informe amplio y detallado de los avances en todas las investigaciones a su cargo con relación a las agresiones a periodistas en el estado y particularmente sobre los asesinatos y desapariciones. 7 – Debido a las altas cifras de agresiones a periodistas en el Estado de Veracruz, es necesaria la creación de una fiscalía autónoma y con recursos propios para que investigue las agresiones a periodistas. 8 – Debe crearse una ley que regule la publicidad oficial en el estado de Veracruz, la cual prohíba que está sea una medida de castigo o premio como ha venido ocurriendo en el estado y que permita garantizar plenamente el acceso a la información 9 - La Comisión Estatal de Derechos Humanos debe presentar un informe de su actuación en materia de libertad de expresión en el Estado y particularmente en el caso de Gregorio Jiménez. 10 - Que la FEADLE publique un reporte detallado de por qué no atrajo de forma inmediata el caso del periodista Gregorio Jiménez, a pesar de que la ley la facultaba para ello. 11 - Que el gobierno del estado diseñe políticas de comunicación social para garantizar los derechos de libertad de expresión e información y que sirvan para transparentar la relación institucional que mantiene con empresarios de medios de comunicación y periodistas. 12 - Reiteramos nuestra solicitud a la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz para que permita a esta misión el acceso a otros expedientes de investigación en el caso de asesinatos y desapariciones de periodistas. 55
13 - Solicitamos al gobierno del Estado que establezca un fondo permanente de apoyo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en esa entidad y que su implementación se realice bajo la supervisión de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. 14.- A las empresas periodísticas en el estado de Veracruz, les recomendamos cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Estamos convencidos que la seguridad de los periodistas empieza por recibir un trato como profesionales, para lo que se deben garantizar sus derechos laborales plenamente. Deben crear y promover de manera urgente protocolos de seguridad aplicables a cada una de las áreas responsables de los diversos proceso de información que marquen las pautas a seguir de los trabajadores de los medios de comunicación y capacitar a los voceadores de periódicos para que difundan las noticias de formas profesional de manera que no contribuyan a incrementar el riesgo para los periodistas. 15.- A las empresas Notisur y Liberal del Sur se les pide crear un fondo económico de apoyo para la manutención de la familia de su trabajador Gregorio Jiménez de la Cruz.
I. MAPA DE MEDIOS COATZACOALCOS Diario Del Istmo Pablo Robles y Rosalía Barajas (esposos) son los dueños del medio, sus hijos José Pablo Robles Barajas, Héctor Robles Barajas, Laura Robles Barajas y Jair Robles Barajas forman el consejo de administración que hasta hace unos meses fue dirigido por su otra hija Mónica Robles. Actualmente es diputada local por el distrito como parte de la bancada del PRI-PVEM, está casada con Ivan Hilman, ex alcalde de Coatzacoalcos y director de la CONAGUA en el área del Golfo-Centro. Pablo Robles quien fue director del Colegio de Periodistas y dirigió el Diario del Istmo, fue acusado en el 2005 de delitos relacionados con el sistema financiero. Por su parte, Rosalía Barajas fue diputada federal por el PRD y dirigió las redes cuidadas de AMLO en el estado de Veracruz. Ésta cadena tiene, además, el periódico Imagen de Veracruz, editado en el puerto, la franquicia Órale, editado en Coatzacoalcos y Veracruz; Imagen del Golfo; Llave y DI Noticias. José Miranda Virgen, periodista asesinado en el 2002, fue uno de los directores de su periódico El Sur, ahora Imagen del Golfo. Liberal del Sur Edel Álvarez Peña es el dueño, su esposa Amalia Delong preside el Consejo de Administración en Coatzacoalcos. Sus hijos, hermanos y cuñados dirigen otros periódicos en el estado. Álvarez fue alcalde de Coatzacoalcos, dirigente estatal del PRI, director del registro civil del estado y funge ahora como magistrado. Bajo su propiedades también están los periódicos: Liberal del Sur, Diario de Minatitlán, Diario de Acayucan, Diario de Los Tuxlas, Diario de La cuenca, Diario de Orizaba, Diario Cardel y Crónica de Xalapa. Editan Firma, una revista empresarial y de sociales que tiene ediciones en Xalapa, Coatzacoalcos y Villahermosa. Su última adquisición fue el Diario El Puerto. En otra cadena editorial tiene Novedades de Tabasco (Villahermosa), El Choco (editado en la zona de los Ríos, Tenosique en Tabasco), Diario de Palenque (Chiapas) y Diario de Comitán (Chiapas). Álvarez inició con el periódico Liberal del sur comprando las instalaciones del Periódico Tribuna del sur, cuyo primer propietario fue Héctor García, alias el Trampas, líder petrolero que cayó con Joaquín Hernández Galicia, La Quina. Luego pasó a manos del empresario cafetalero Domingo Muguira, quien lo volvió a vender por problemas fiscales. Diario Notisur Los dueños son Marco Antonio Anaya Huerta y Miguel Luna. Tienen además la Televisora por Cable Olmeca Tv y la página Veracruzanos.info.com Anaya es arquitecto y empresario constructor; hermano de José Antonio González Anaya, actual director del IMSS y con múltiples puestos en el gobierno de Felipe Calderón. Rafael Anaya Huerta, hermano de Marco Antonio, junto con Bernardo García Manzano, son los distribuidores de la empresa Fotón, en Veracruz y Jalisco. 58
Forma parte del grupo político de Marcelo Montiel, es ex alcalde de Coatzacoalcos en dos ocasiones, ex secretario y actual delegado de Sedesol en el gobierno de Duarte. Miguel Ángel Luna es comunicador y regresó a Coatzacoalcos para trabajar en prensa durante el primer mandato de Marcelo Montiel. Trabaja directamente con él en la delegación. Gráfico de Coatzacoalcos José Luis Poceros Domínguez, dueño del periódico, está ligado a varios rubros relacionados con la construcción. Tiene a su cargo los periódicos Gráfico de Xalapa, Gráfico de Martínez de la Torre y Grafico Cuenca editado en Cosamaloapan. Fue uno de los empresarios más beneficiados durante el sexenio de Fidel Herrera con grandes convenios a pesar del poco tiraje de sus medios. Heraldo De Coatzacoalcos El dueño es Antonio Macías Yazehey, padre de Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte. Francisco Sánchez Macías figura como director del Periódico Diario de Poza Rica y Diario de Tuxpan, ellos tuvieron un altercado con Gina Domínguez, que se difundió en una carta publicada en el semanal Proceso. VERACRUZ El Dictamen Martha Ahued Malpica y sus hermanos están a la cabeza del periódico. La familia Malpica tiene varias radiodifusoras en Coatzacoalcos, Veracruz, Los Tuxtlas y Tuxpan. Fueron parte del escándalo que generó el despido de Mary Jose Gamboa locutora de una de sus radiodifusoras, además de ser columnista de Notiver y funcionaria pública durante la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez. Diario Az El dueño es Oscar Rodríguez Hernández, dueño de la empresa periodística que edita los diarios Az Xalapa y Az Veracruz. Gina Domínguez estuvo al mando de este periódico durante varios años hasta que se pasó a Milenio El Portal por disputas con el dueño. Notiver Alfonso Salces es el dueño de Notiver, periódico líder en ventas, seguido por el diario Órale. Los reporteros Yolanda Ordaz, Misael López y Miguel Ángel López además de los colaboradores Guillermo Luna y Gabriel Huge son cinco de los diez periodistas asesinados en Veracruz desde que Javier Duarte tomó posesión como gobernador.
XALAPA Diario de Xalapa Es miembro de la Organización Editorial Mexicana (OEM) que dirige Mario Vázquez Raña. Aunque tiene mucha presencia en la capital, no llega a tantos municipios del Estado. Tiene tres radiodifusoras a través de ABC Radio; dos en Córdoba y una en Xalapa. El Portal (Antes Milenio El Portal) El actual dueño es Alejandro Montano ex escolta y después Secretario de Seguridad Pública de Miguel Alemán Velasco quien fue el dueño original. El año pasado se desprendió de Milenio, por supuestos problemas con el pago de la concesión. Poco tiempo después la cadena nacional Milenio abrió un periódico propio. Alejandro Montano es actualmente diputado federal por Veracruz. El Águila de Veracruz El periódico pertenece a grupo MacMultimedia, el cual conglomera a Radio Capital, El libertador de Oaxaca, El Diario de Toluca, El Reloj de Hidalgo, El Corregidor de Querétaro, Estadio, Rumbo de México, Diario DF y Green Tv, el dueño es actual es Annuar Maccise. La Jornada Veracruz Filial de la Jornada nacional, el director es Tulio Moreno. POZA RICA La Opinión La familia Gibb son los dueños del medio, Raúl Gibb Guerrero director y editor fue asesinado en el 2005 por la cobertura del periódico sobre corrupción en el estado; su hermana Norma Gibb asumió la dirigencia del periódico y ahora forma parte de la comisión para protección a periodistas. Gabriela Arango Gibb, hija de Norma Gibb Guerrero, es actual diputada local y presidenta de la comisión de medios de comunicación dentro de la bancada del PRI Y PVEM. Noroeste El dueño es Julio Domínguez Canales, contratista y constructor del gobierno del estado por varios años. Actualmente tiene la concesión de los parquímetros en Poza Rica. Está casado con Silvia Buiss Gibb sobrina de Raúl Gibb, Julio Domínguez fue acusado de estar involucrado en el asesinato de Raúl.
II. TESTIMONIOS TESTIMONIOS DE REPORTEROS EN COATZACOALCOS. ¿Qué otros incidentes de seguridad han enfrentado los y las reporteros de Coatzacoalcos? ¿Cómo ha sido cubrir la fuente policiaca y el roce con las autoridades de Seguridad Pública? ¿Cómo intervienen los cárteles que operan en la zona y cómo los y las reporteros se enfrentan a eso? ¿Gregorio se sabía en riesgo? Los siguientes testimonios son anónimos. Esta selección es parte del ejercicio colectivo de la Misión de Observación de recuperar una variedad de visiones y experiencias alrededor de Gregorio y su circunstancia de trabajo cotidiano. 1. El martes que encontraron el cadáver de Goyo, después de una manifestación en Villa Allende, la casa sólo estaba vigilada por una patrulla del Mando Único. Un hombre les tomó fotografías a los reporteros; ellos avisaron a la patrulla pero no hicieron nada, dijeron que el joven podía tomar fotos si quería. De regreso para Coatzacoalcos, se detuvieron en la zona de lanchas y en una tienda de telas se percataron de que una mujer los seguía. El día del sepelio también había personas tomando fotos a los familiares y a los reporteros. 2. Los terrenos donde se encontró el cadáver son terrenos abandonados. El lugar no está alejado del centro de la ciudad de las Choapas, está a dos, un kilómetro, en una zona a donde se llega por un camino de tercería. Muy cerca de ahí está la casa de seguridad. Los vecinos sí se dieron cuenta de que ahí entraba gente seguido, pero no denunciaban por miedo. Las Choapas y Agua Dulce están llenas de casa de seguridad porque la zona es un corredor, pegado a Tabasco, a Chiapas, donde los criminales pueden salir rápidamente de Veracruz. (…) El asunto de la inseguridad comienza con el gobierno de Fidel Herrera. Los zetas comienzan a secuestrar a todo mundo: doctores, empresarios. Muchos doctores han sido secuestrados, ahora van por los ingenieros, se meten hasta las instalaciones de las petroleras para secuestrarlos. Hay 5 o 6 secuestros en el municipio, 10 en toda la región. 3. El 7 de julio un grupo de personas identificadas con el diputado Tronco, mandaron comprar todos los periódicos de El Presencia. Se dijo que tenían como objetivo quemar las instalaciones del periódico. El gobierno del estado envió seguridad al periódico y la Comisión de Protección les dio vigilancia. 4. El Mando Único, desde el 2013 que entró, trabaja con elementos encapuchados; son prepotentes, hostiles con los reporteros y les toman fotos. Antes estaba la policía 61
intermunicipal, que se decía tenía nexos con narcotráfico, pero no eran tan agresivos con la prensa. A partir de la entrada del Mando Único se incrementa la agresión en contra de los reporteros. (…) Después de lo Goyo los corren de los lugares, les dicen "lárguense de aquí, luego por eso se meten en problemas". En la redacción, los jefes les piden a los editores: "bajo perfil, no se metan con la SSP". Hay una orden directa de no pegarle al Mando Único o a la vocera. Desde manifestaciones hasta bloqueos, cuando un reportero llega a cubrir una nota, el Mando Único es un peligro para cualquier periodista. Los cuestionan y los fotografían, los agreden. La última ocasión que estuvo Goyo con ellos mencionó que estaba detrás de una información del crimen organizado. Creen que él presentía algo porque les pidió que sí le pasaba algo intercedieran por él. En NOTISUR Gregorio comentó que tenía documentados dos secuestros de niñas. 5. Gregorio era una persona temerosa, que la verdad es que no sé qué hacía en policíaca, era muy temeroso muy tranquilo y la verdad no se merecía esto. 6. La familia sale de Coatzacoalcos con la idea de que el Procurador o el encargo de la investigación les van a dar buenas noticias. Se los llevan en avión a Xalapa, a la Carmela, la esposa, y cinco hijos. Después les avisan que está muerto, aunque sólo les enseñan fotos; los regresan en camión… según la Secretaria Ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto, porque la esposa no quiere viajar en avión. En la noche llegan al SEMEFO de Cosoleacaque. Nadie vió el cuerpo, sólo el hermano de la viuda. Después de las 10:30am les entrgan el cuerpo en Coatzacoalcos en una funeraria. Lo sepultan y se quedan en un hotel. Se los vuelven a llevar a Xalapa el sábado por la mañana. 7. El 18 de enero del 2014 alrededor de las diez de la mañana, recibí una alerta a mi Nextel reportándome que en Villa Allende había un baleado. Regularmente cuando eran cuestiones en Villa Allende siempre le hablaba a Gregorio para reportárselo y él acudía. Ese día me contestó y me dijo: "Voy al lugar". Posteriormente me habló y me contó "es un levantón del líder del CTM al que le dicen Cometierra. Al día siguiente publicó la nota y yo la retomé para señalar que aún no lo encontraban. Ese fue el último secuestro que cubrió Gregorio. 8. He sido testigo de las agresiones por las que han pasado varios de mis compañeros de la fuente policiaca; algo que en lo personal me perturba es ir a cubrir una nota, ya sea un choque, por lo regular en cualquier punto de la ciudad y tener que retirarme del sitio porque bandas delictivas como el Cártel del Golfo o Los Z sean los protagonistas de la nota y anden como si nada en la ciudad, en este ‘Veracruz seguro’, y de repente te digan: “Amigo, no queremos salir en los periódicos”, se abran la chaqueta y te muestren una arma corta para atemorizarnos y tener que retirarnos.
Aparte de atemorizados expuestos, sin ninguna protección, ya que muchos de mis compañeros del gremio [no] contamos con un seguro médico y menos con algún tipo de respaldo por nuestras casas editoriales. Mi salario es quincenal y son 700 pesos para puros pasajes. Lo que sí es algo preocupante es no tener ningún tipo de protección. 9. En una ocasión me tocó ver cómo a un compañero lo retuvieron elementos del Mando Único dentro de las instalaciones la dependencia, pidiéndole que borrara las fotografías que había tomado. Ahí mismo lo intimidaron y amedrentaron para que borrara las fotos, después de esto lo retuvieron por más de 30 min. En otra ocasión me tocó ir a cubrir un accidente automovilístico; al llegar al lugar, personal de la policía naval, me informó que no podía cubrir ese accidente ni mucho menos tomar fotos, ya que en este choque estaban involucradas personas de las organizaciones delictivas, por lo que me pedía que me retirara del sitio y que no regresara. Yo me negué a cumplir su orden, saqué mi cámara fotográfica y tomé algunas fotos. Al verme, un elemento se acercó y cuando me jaló dijo: "O borras las fotos o te subo a la patrulla, así que gírale para otro lado y no regreses". Por lo que veo esto es una agresión hacia nosotros los reporteros. Además en nuestra casa editorial nos pagan un salario muy bajo, no contamos con seguro social, no se responsabilizan por lo que nos pase en nuestra jornada laboral y mucho menos abogan por nosotros cuando nos agreden. 10. Cubro policiaca e información general. Sí tengo un sueldo, firmé contrato y egresé hace un año de la carrera. Ya no cobramos por outsourcing, pero cada quincena, mi recibo de nómina también es mi recibo de liquidación. Goyo cubría notas muy pesadas e iba solo, le dio seguimiento a la desaparición de una chava de secundaria que después apareció en Villahermosa. Seguía trabajando con el caso de El Cometierra. Días antes de que lo secuestraran fuimos a Villa Allende, vimos un periódico con una foto de alguien que habían matado. Dijo que sería muy feo que si nos pasaba algo saliéramos así en el periódico “si algo me llega a pasar, les dejo el encargo de que aboguen por mí”. Los secuestros eran una calentadita y luego los liberaban. Pensamos que con Goyo iba a ser así. Pensé que había que dejar actuar a las autoridades y ver si los secuestradores lo dejaban. Al principio los policiacos no querían participar en la manifestación por si lo ponían en riesgo. Llegó Gina Domínguez, el secretario de Gobierno y el procurador. Aseguraron que había mil policías en Villa Allende, pero la gente nunca los vió. Días antes del levantón había un retén del Mando Único en Villa Allende, pero el día del secuestro no estaba. Ahora está de nuevo.
III. NOTAS PERIODÍSTICAS DE GREGORIO Gregorio cubría la localidad de Villa Allende para la sección "Policiaca Local" del diario Notisur, pero en ocasiones llegó a publicar notas en "Información General". Las publicaciones de Gregorio en el impreso de julio a octubre consistieron, en su mayoría, de robos y accidentes viales sucedidos en Villa Allende y otras colonias aledañas. También publicó notas de conflictos entre los habitantes de la localidad, generalmente relacionadas con pleitos familiares, y en ocasiones denuncias directas que las personas realizaban para que se publicaran en el diario. A finales del mes de julio, las notas relacionadas con robos a casas habitación y comercios, así como a taxistas de la zona, aumentaron. Para el mes de septiembre Gregorio comenzó a escribir sobre secuestros en la localidad. Uno de los más llamativos fue el del taxista apodado "El Triste", el cual permaneció desaparecido durante meses hasta que encontraron su cadáver enterrado en un frijolar.
Lo agujerearon Escrito por EL PANTERA/ RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA Martes, 24 de Septiembre de 2013
Villa Allende, Ver.- Una persona fue lesionada con arma punzocortante presuntamente por una banda de malvivientes, cuando salía de conocida cantina completamente ebrio. Los hechos sucedieron alrededor de las 19:30 horas, luego que Gilberto Torres Reyes, de 33 años de edad, domiciliado en la calle Lerdo 2485 de la colonia Miramar, intentó retirarse de la cantina denominada "El Palmar", donde momentos antes estuvo consumiendo bebidas embriagantes; esta persona había avanzado aproximadamente dos cuadras del lugar cuando fue atacado por un grupo de jóvenes que acostumbran a reunirse en ese sector. Los integrantes de esta "pandilla" se dirigieron a Gilberto Torres Reyes, lo agredieron a golpes, pero como el beodo trató de defenderse, uno de ellos sacó una navaja de entre sus ropas y le dio dos piquetes a la altura del hombro y otras cortadas más en la espalda, lo que provocó que Torres Reyes saliera corriendo hacia su domicilio, donde después se encerró, espantó a su esposa e hijos debido a la sangre que le escurría. Rápidamente la señora llamó a los números de emergencias, llegó hasta ese lugar una unidad de la Comisión Nacional de Emergencias, de la que Carlos Felipe de la Cruz (El Chanchamos) le brindó los primeros auxilios, pero el herido se negó a ser trasladado al hospital de Villa Allende; al poco rato también arribaron elementos de la Policía Naval, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se retiraron al poco rato del domicilio.
Casa de seguridad es de Mari Sam Escrito por REDACCIÓN/ Viernes, 29 de noviembre de 2013
Villa Allende, Ver.- El domicilio que utilizaban los plagiarios como casa de seguridad en Villa Allende pertenece a la señora Mari Sam, conocida restaurantera de Coatzacoalcos, la cual es dueña del restaurante conocido como "Piquitos". Esta vivienda se ubica en la calle Belisario Domínguez esquina Miguel Hidalgo de la colonia Bellavista, la cual fue utilizada por secuestradores, ya que en su interior los efectivos navales liberaron a tres personas que estaban maniatadas, entre ellas a un menor de edad; se desconoce si ya habían pedido rescate por ellas y de dónde fueron traídas a este lugar. Cabe mencionar que estos malvivientes fueron detenidos gracias a una denuncia ciudadana, que alertó a los policías navales del Mando Único, que fue pieza fundamental en la captura de los ahora detenidos. Como ya se dio a conocer en la edición pasada, en el lugar fueron detenidos los taxista Marco Antonio Fermín Vázquez, de 19 años de edad, el cual tiene su domicilio en la colonia Jardines de California, y Wenceslao Altamirano San Juan, de 25 años, el cual vive en la colonia San Silverio; estos sujetos custodiaban a las tres personas que estaban privadas de su libertad.
¡Les tocó la mala suerte! Escrito por REDACCIÓN/ Martes, 2 de julio 2013
Resumen: Dos taxistas, Juan Carlos Sánchez Torres "El hijo de Clinton" y Miguel Mortero Lázaro "Nerón", fueron agredidos por habitantes de la colonia Allende Unzaga. Los elementos llegaron al lugar pero los agresores ya estaban dentro de su domicilio. Se burlaron porque los policías no pueden entrar a las casas en Villa Allende.
Se las vio 'negras' el migrante Escrito por GREGORIO J. DE LA CRUZ/ Jueves 11 de julio 2013
Resumen: Un migrante salvadoreño, Ovidio Marín Caña, fue asaltado y golpeado por una banda cuando intentaba subir al tren.
Noriel Prot tiene 'hueso' nuevo Escrito por GREGORIO J. DE LA CRUZ y RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA/ Jueves 1 de agosto 2013
Resumen: Noriel obtuvo la Regiduría número 11.
Le echan montón contra obra Escrito por GREGORIO JIMÉNEZ/ Martes 6 de agosto 2013
Resumen: Vecinos de la colonia El Faro impidieron a trabajadores del Ayuntamiento de Coatzacoalcos introducir tubería de drenaje que desembocaría en la laguna de ese lugar, por la contaminación que implicaría la obra.
Aún no aparece el taxista de Allende 70
Escrito por REDACCIÓN/ Miércoles 11 de septiembre
Resumen: Después del secuestro de Roberto Antonio Martínez Cabrera, alias "El triste", el sábado 7 de septiembre, taxistas y familiares lo buscan, pegaron panfletos en la localidad. El taxi que manejaba el desaparecido fue localizado en el ejido Francisco Villa.
El triste' fue plagiado" Escrito por EL PANTERA/RICARDO HERNÁNDEZ SEGURA/ Jueves 12 de septiembre 2013
Resumen: Roberto Antonio Martínez Cabrera, taxista secuestrado. Trabajaba en taxi 989 en Villa Allende. Familiares presentaron denuncia de desaparición. El secuestro: un joven aborda el taxi y le pide ir a la zona 4 de Rabón Grande. Un vecino que lo acompañaba fue testigo. Llegaron al lugar y dos personas encapuchadas y armadas los atacaron. El vecino huye, avisa a la autoridad naval y a la familia de Martínez. El taxi apareció en un barranco del poblado Francisco Villa.
Casi lo matan por andar ebrio Escrito por REDACCIÓN/ Martes 8 de octubre 2013
Resumen: Narra una denuncia por parte de Margarito Centeno, primo de Luis Ángel Centeno, quien fue golpeado y asaltado después de retirarse de la cantina "El Mamey". Este bar es propiedad de la detenida por ser presunta asesina intelectual de Gregorio, Teresa de Jesús Hernández.
Propiedad de doña Mari Sam 'Casa de seguridad' donde encontraron secuestrados. Fotografía en avances de portada/ Viernes 29 de noviembre 2013 Casa de seguridad es de Mari Sam Escrito por REDACCIÓN/ Viernes 29 de noviembre 2013
Resumen avance: En ella aparecen marinos custodiando el lugar. Resumen nota: Vivienda ubicada en calle Belisario Domínguez esquina con Miguel Hidalgo, colonia Bellavista. Elementos navales del Mando Único, atendiendo a una denuncia ciudadana, rescatan a tres personas maniatadas, entre ellas una menor de edad. Fueron detenidos los taxistas Marci Antonio Fermín Vázquez y Wenceslao Altamirano San Juan, que custodiaban el lugar. Según declaraciones de los vecinos el terreno fue rellenado y la casa construida recientemente. El lote fue invadido por Mari Sam, quién ha invadido otros terrenos en Villa Allende. Mari Sam también es dueña del restaurante "Piquitos".
NOTAS EN LA RED Se lo "tragó" la tierra Martes, 21 de Enero de 2014 10:55 REDACCIÓN Coatzacoalcos, Ver.- A 48 horas de que fuera levantado Ernesto Ruiz Guillén alias "el Cometierra o el Dragas", nadie sabe de su paradero, pues a pesar de que esta persona al momento de ser privado de su libertad recibió dos impactos de proyectil de arma de fuego, ningún sanatorio o médico particular de Villa de Allende admite haber prestado auxilio a esta persona. Estos hechos tuvieron lugar el mediodía del pasado sábado, como se informó oportunamente en este rotativo, Ruiz Guillén participaba en una asamblea que se estaba llevando a cabo en la casa del conocido líder sindical Leonardo Mendoza alias "el Chaquira", donde según transcendió posteriormente acaban de participar en un evento llevando a un numeroso grupo de choque compuesto por varios obreros, que llegaron a bordo de cinco autobuses armados con palos a la entrada de la Laguna de Pajaritos, donde al parecer se encontraba una manifestación de camioneros. Al poco rato llegaron hasta ese lugar hombres armados, que intentaron plagiar a tres de ellos, entre los que figuran Leonardo y Ernesto, pero el primero logró darse a la fuga, no así "el Cometierra", que al intentar correr recibió dos proyectiles de arma de fuego que se le alojaron en las piernas, lo que le impidió siguiera corriendo, fue así levantado por sujetos que se lo llevaron con rumbo desconocido y hasta la fecha no se sabe nada de él, pues a pesar de llevar más de dos días desaparecido no se tiene conocimiento que haya presentado denuncia por estos hechos en ninguna agencia del Ministerio Público. Allende se pone caliente 22 de enero Villa Allende Ver. REDACCIÓN Una persona fue ejecutada la tarde de ayer, cuando esta se encontraba en el interior del cuarto que rentaba en la colonia Bella Vista, a escasos minutos de haber regresado de su trabajo. El sangriento hecho se llevo a cabo alrededor de las 16:30 horas, en el interior de una cuartería ubicada en la calle Benito Juárez entre Juan Osorio y Ruiz Cortínez de la mencionada colonia. Los vecinos del lugar se alarmaron cuando de pronto se escucharon varias detonaciones en los alrededores del lugar, acto que los dejo paralizados dentro de sus domicilios por lo que no se atrevieron a salir de el por temor a ser lesionados, por lo que esperaron un rato y cuando se atrevieron a salir tan solo se enteraron que habían matado a su vecino de varios disparos, del suceso dio parte a las autoridades presuntamente una mujer que llamo a los números de emergencias. Cuando las unidades del mando único llegaron al lugar, entraron a la cuartería encontrando a una persona del sexo masculino de edad aproximada de 25 a 30 años de edad, el cual según los vecinos hacia poco menos de dos meses que había llegado a rentar en ese lugar, y al parecer trabajaba en la empresa ETILENO XXI, sin embargo en ese lugar este vivía solo, en el cuarto numero 5 de los 6 que hay en el predio. Algunas personas que en algún momento cruzaron palabras con el occiso, dijeron que solo sabían se llamaba Bryan y para ir a su trabajo lo hacía a bordo de una motocicleta en color azul misma que se llevaron las autoridades. De manera extra oficial se logro saber que los facinerosos para poder entrar al cuarto, rompieron a golpes la puerta, detonando tres veces sus armas por lo que esta persona presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego, mismos que presuntamente lo impactaron en la cabeza y pecho quedando prácticamente sentado en el interior de la vivienda.
Hasta ese lugar se presentó la licenciada de la agencia cuarta del ministerio público Janet Vidal, quien en compañía de los perito así como del licenciado Catarino Vera, hicieron las diligencias correspondiente para luego hacer el levantamiento del cuerpo trasladándolo al anfiteatro del panteón jardín, donde le realizarían la necropsia de ley. (De acuerdo con el fiscal los peritos que levantaron la escena de este crimen encontraron en el cuarto del la víctima una carta de recomendación para el taxista, José Huerta, "El Bemba", cuyo cadáver fue encontrado en la misma fosa que Gregorio). Clima de inseguridad se respira en Allende 24 de enero Villa Allende Ver. REDACCIÓN Habitantes de la Villa de Allende, dijeron no sentirse seguros ni en sus propias casas, debido a la ola de violencia que se ha vivido en los últimos días. Bastante preocupados se encuentran los habitantes de este sector de Coatzacoalcos, ante los acontecimientos de los últimos meses donde se han registrado levantones y ejecuciones a plena luz del día sin que nadie de las autoridades, hasta el momento de la cara ofreciendo una explicación a los ciudadanos. Los comerciantes del centro de la población, aseguran se sienten desprotegidos ante la nula vigilancia de la policía, pues aseguran que en la zona del transbordador y el paso de lanchas no se ve el patrullaje del que tanto hablan los altos jefes policiacos, encargados de brindar seguridad a la ciudadanía. Son precisamente los comerciantes de la calle Zamora, en el sector centro quienes por temor a represalias prefirieron omitir sus nombres, sin embargo se atrevieron a opinar, asegurando que una de las principales causas de los acontecimientos ocurridos anteriormente y recientemente, es la falta de vigilancia por parte de las autoridades tanto policiacas como de vialidad por lo que en este pueblo todos hacen lo que quieren ante la complacencia de los encargados de brindar seguridad. Todo esto tomando como ejemplo, el caos vial que ocasionan los taxistas en la salida del transbordador al atravesarse en el bulevar Emiliano zapata, para levantar pasaje a pesar de no estar permitido ocasionando ya en varias ocasiones discusiones bastante acaloradas lo que en cualquier momento podría detonar una riña peligrosa, pero como no hay nadie que los corrijan hacen lo que quieren. Los vendedores aseguraron que cuando estaba en funciones la policía intermunicipal, siempre ponían una patrulla a la salida del transbordador, y otra en el paso de lanchas para seguridad de los transeúntes, mientras los agentes de tránsito hacían lo propio controlando a los choferes, pero desde que entro el mando único ya ni elementos de tránsito hay en el lugar. En contraste con el resto de la población, el licenciado Adelfo Fausto Jáuregui, habitante de una de las colonias populares de Allende, mencionó que los agentes del mando único si están trabajando en lo que ellos pueden, pero no es posible que hagan bien su trabajo al no contar con suficiente personal y patrullas para moverse en el interior de la población.
Llegan los “guachos”, al rescate de Allende 24 de enero Villa Allende Ver. REDACCIÓN La tarde de ayer se pudo ver en la entrada a esta población, un número considerable de elementos del ejército mexicano, que luego de su llegada a este lugar rápidamente puso un reten por la glorieta que se ubica frente a al fraccionamiento rabón grande. De esta manera se pudo ver como los elementos de la sexta sine no encuadrada, revisaban cada vehículo que por ahí circulaba, devolviendo momentáneamente la tranquilidad de sus habitantes; de manera extra oficial se logro saber que este operativo se llevará a cabo de manera indefinida en esta población, para de esta manera hacer que bajen los índices de delincuencia de los últimos días en Allende. Es preciso señalar que los elementos castrenses, para llevar a cabo su trabajo de brindar seguridad a los vecinos de Allende, cuentan con dos patrullas de las llamadas rápidas, con la que pueden llevar a cabo la intercepción de cualquier vehículo que se encuentre dentro de la comisión de algún delito. Retenes castrenses llamarada de petate 27 de enero Villa Allende Ver. REDACCIÓN Otra vez en Allende, a los habitantes de este sector de Coatzacoalcos se les volvió a poner los pelos de punta, al escucha una serie de detonaciones de armas de fuego en la colonia Nueva Pajaritos. Luego de que se gritara a todo pulmón que en las entradas a esta Villa y en Coatzacoalcos se pondrían retenes del ejército mexicano de manera indefinida, con el propósito de disminuir los enfrentamientos, levantones y ejecuciones que se han suscitado en este lugar, tal parece que no era del todo indefinido pues a menos en la entrada a Rabón Grande, según los vecinos de la colonia José Allende Unzaga, tan solo fue un día en que estos elementos estuvieron revisando y patrullando la población. A pesar de todo esto, la madrugada de ayer otra vez en la colonia Nueva Pajaritos, se volvió a escuchar disparos que nuevamente dejo aterrorizada a la población, misma que se encerró en sus domicilios y a pesar de los disparos nadie asomo siquiera la cabeza para saber que pasaba, pues de ante mano ya se lo imaginaban. Rápidamente los teléfonos de emergencias comenzaron a sonar de manera insistente, reportando un enfrentamiento con armas de fuego presuntamente entre dos camionetas particulares, las cuales se encontraban en la inmediaciones de la calle Belisario Domínguez y 5 de mayo, por lo que hasta ese momento elementos del ejército mexicano, se desplazaron hasta este lugar sin encontrar nada, sin embargo poco después se retiraron de Allende volviendo a dejarlo desprotegido. Cabe destacar que entre la población allendense, se respira un aire de tensión que está afectando a todos los habitantes, pues se asustan ante cualquier cosa incluso corriéndose el rumor sobre apariciones de cadáveres por todos lados, aunque solo sean rumores pues no hay nada confirmado.
IV. EL PAPEL DEL ESTADO. El artículo 1 de la Constitución Mexicana ordena a partir del Capítulo de los Derechos Humanos y sus Garantías, tras su reforma el primero de junio de 2011, que: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los Tratados Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Por lo que la desaparición forzada de Gregorio Jiménez de la Cruz y el desenlace con la recuperación de su cadáver en una fosa clandestina, resulta de una serie de delitos del fuero común, federales y violaciones cuyo responsable de prever las agresiones y proteger los derechos humanos para evitar la consumación de su muerte, es el Estado Mexicano. ¿Cuáles son las obligaciones de protección para prevenir el delito contra los periodistas en Veracruz? ¿Bajo qué obligaciones debieron actuar las autoridades en el orden estatal y federal al enterarse del secuestro de Gregorio Jiménez de la Cruz? Durante el supuesto operativo de búsqueda ¿favorecieron el principio Pro persona y la protección más amplia? A continuación una breve revisión al marco jurídico y legal bajo el que se rigen las autoridades a nivel local y federal para prevenir y reaccionar ante actos de violencia contra periodistas, por lo que queda en evidencia que el aparato gubernamental cuenta con más de una atribución y obligación para actuar en un caso como el de Gregorio Jiménez de la Cruz.
FUNCIONES/OBLIGACIONES a) Ámbito estatal
Constitución Política del Estado de Veracruz Cap. II De los Derechos Humanos. Los habitantes del Estado gozarán de todas las garantías y libertades consagradas en la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen; sin distinción alguna de origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, condición o actividad social. Las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de generar las condiciones necesarias para que las personas gocen de los derechos que establece esta Constitución; así como proteger los que se reserve el pueblo de Veracruz mediante el juicio de protección de derechos humanos. La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de la ley. Los habitantes del Estado gozarán del derecho a la información. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, según los siguientes artículos: Artículo 8. Las atribuciones en materia de legalidad y de pronta, expedita y debida procuración de justicia. Artículo 12. Las atribuciones relativas a estudiar, aplicar propuestas en materia de política criminal y promover reformas que tengan por objeto optimizar la procuración de justicia en el Estado, son: I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia de los delitos; II. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, reformas Jurídicas y todas aquellas medidas viables para hacer más eficientes la seguridad pública y la procuración de justicia; III. Investigar y determinar las causas que dan origen a los delitos, precisando los lugares en que se cometen, desarrollar las estadísticas criminales e investigar el impacto social del delito y su costo. Agencia Investigadora de Veracruz. Artículo 45. La Agencia Veracruzana de Investigaciones es un órgano de la PGJ, que tendrá adscrito al personal de la policía ministerial y estará bajo el mando directo del Procurador General de Justicia. Su organización y funcionamiento se regirán por las disposiciones de la presente Ley, de reglamento y demás aplicables. Contará, como mínimo, con las áreas de inteligencia: Investigación Policial; Análisis y Estadística; Grupos de Reacción; Unidad de Combate al Secuestro.
Comisión Legislativa de Atención y Protección a Periodistas: Diputada Gabriela Arango Gibb (presidenta); Diputado Eduardo Sánchez Macías (secretario); Diputado Juan Eduardo Robles Castellanos (vocal). Obligaciones: -Vigilar las funciones y el ejercicio presupuestal de la CEAPP. -Evaluar el desempeño de la CEAPP y mantener relación con los periodistas para conocer las inconformidades del gremio. Da trámite y seguimiento.
Ley 586: Artículo 2.- La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión. Artículo 12.- Atribuciones del Secretario Ejecutivo, entre otras: Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento acerca de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Artículo 14.- La Comisión puede conocer sobre cualquier amenaza a los derechos humanos de los periodistas con motivo del ejercicio de su profesión. CAPÍTULO IV: De la Promoción del Ejercicio de la Libertad de Expresión. Artículo 20.- La Comisión promoverá entre la sociedad veracruzana el ejercicio de la libertad de expresión así como del derecho al acceso a la información. CAPÍTULO VII: De las Responsabilidades. [Actualización] del 14/02/13 en DO con Reglamento Interior: Artículo 14.- La Comisión puede conocer sobre cualquier amenaza a los derechos humanos de los periodistas con motivo del ejercicio de su profesión. Del Departamento de Prevención y Promoción: Artículo 65: Será el encargado de realizar las tareas de promoción del ejercicio de la libertad de expresión, así como de brindar capacitación acerca de temas relevantes relacionados con el periodismo. Artículo 67: Tendrá las siguientes facultades para la promoción del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información: I. El desarrollo de proyectos, programas, talleres y cursos. II. La realización de informes generales y especiales.
b) Ámbito federal Congreso de la Unión
6 de junio 2013 Reforma del artículo 73 de la Constitución Política que otorga facultades a las autoridades federales [Procuraduría General de la República] para atraer e investigar los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 30 de abril 2012 Promulgación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Tiene por objeto garantizar y salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de defensores de los derechos humanos y periodistas mediante la creación de un mecanismo con la autoridad para aplicar medidas para proteger a las personas en situación de riesgo peligro, así como prevenir que tales riesgos surjan en el futuro.
Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
Por el Acuerdo A/145/10, desaparece Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. Goza de adscripción directa a la oficina del Procurador General de la República, por lo que está dotada de autonomía para la dirección, coordinación y supervisión de las
investigaciones, además de atribuciones para: • Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información. • Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes. Como víctimas del delito, define a las personas “dedicadas a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión”, lo que se vincula a la interpretación Pro persona. El Acuerdo dota a la FEADLE de mayor control, por lo que queda limitada la posibilidad de declinar competencia a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). SEGOB – Subsecretaría de Derechos Humanos.
Instalación en noviembre de 2012 del Mecanismo federal de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, compuesta por tres unidades: I.- Atención y Reacción Inmediata. 2.- Análisis y Evaluación de Riesgo. 3.- Prevención y Seguimiento. Aunque está creada dentro de la estructura, no opera la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis aprobada para conformar mapas de riesgos, agresión y zonas delicuenciales que impactan negativamente a la libertad de expresión e inhiben el libre ejercicio del periodismo como la defensa de los derechos humanos.
Comisión Nacional de Derechos Humanos – Programa de Agravio a Periodistas
Quinta Visitaduría General - Programa de Atención a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. CNDH al conocer de los agravios a los profesionales de la información, recibe sus quejas e inicia el procedimiento correspondiente para salvaguardar a los periodistas de los actos de la autoridad que pueden violentar sus derechos. En el artículo 6°, fracción VIII, de la Ley de la CNDH, se señala, como atribución de este organismo nacional, proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. Contando con representación en el sur de Veracruz: Oficina Foránea en Coatzacoalcos: Av. Zaragoza No. 102, Col. Centro. Teléfono y fax: 01-921-213-1358, 01 921 213 13 60 Lada 800 sin costo: 01-800-561-8509
¿CÓMO REACCIONARON? a) Gobierno del Estado de Veracruz Antes Sin reparación de daños ni procuración de justicia en los más de 35 casos de agresión, encarcelamiento, desaparición y asesinato de periodistas a 2013.
Durante el secuestro Javier Duarte de Ochoa declara en medios de comunicación que ordenó operativo de mil elementos para buscar al reportero.
Después/Desenlace
Reporteros de la fuente policíaca sostienen que los operativos iniciaron 24h después porque se debía llevar un protocolo y esperar el tiempo de las 72h. En primera reunión con la esposa y la familia en Xalapa, ofreció una casa.
Durante el secuestro Investigación Ministerial COAT4/058/2014 por el plagio de Gregorio Jiménez de la Cruz
Después/Desenlace Detención de Teresa de Jesús Hernández Cruz, señalada como autora intelectual.
Enoc Maldonado Carranza es nombrado como responsable del caso.
José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera y Juan Manuel Rodríguez Hernández, autores materiales del homicidio. 19 de febrero dicta auto de formal prisión a los detenidos.
b) Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas Antes
Durante secuestro Según dos comunicados publicados en su portal: 1.- Asesoría Jurídica y Legal a los familiares, según boletín sin fecha, publicado en su portal de internet. 2.- Llamado al Secretario de Seguridad Pública Antonio Bermúdez para que el funcionario ordenara el cese de las agresiones contra periodistas, que tome medidas disciplinarias contra los elementos agresores y que expida reglas de actuación de los miembros de seguridad pública hacia los periodistas.
Después/Desenlace Según último comunicado publicado en su portal el 11 de febrero 2014: 1.- Condolencias por la muerte de Gregorio y continuidad en las labores de asesoría legal a la familia.
c) Comunicación Social del gobierno de Veracruz Antes
Durante secuestro 6/02/14 Se divulga el ordenamiento de operativo de búsqueda http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 06/104249/ http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 06/104118/
Después/Desenlace Cesan del cargo de Directora de Comunicación Social a Gina Domínguez, señalada por reporteros y editores como operadora de censura en el gobierno de Duarte de Ochoa.
7/02/14 Directora de Com. Social visita Coatzacoalcos http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 07/104299/ 8/02/14 Javier Duarte se reúne con la familia. http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 08/104581/ Secretario de SP “ordena” el cese de dos elementos por “actos arbitrarios” [agresiones] contra periodistas en Acayucan http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 08/104510/ 11/02/14 RP con Procurador General de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa. Anuncia que encuentran el cuerpo de Gregorio Jiménez y los autores intelectuales como materiales http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 11/105071/ 12/02/14 Están en disposición del juez los responsables del homicidio. http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 12/a-disposicion-de-juez-los-responsablesdel-homicidio-de-gregorio-jimenezinvestigacion-continua-abierta-pgj/ Se divulga que PGJ da con otro implicado en el homicidio de Goyo. http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 12/105249/ 13/02/14 EPN visita Veracruz http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 13/105399/ Se divulga que implicados en el homicidio
de Gregorio Jiménez pasan a rejilla para declaraciones http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 13/105342/ 14/02/14 PGJ abre expediente de Gregorio a Ong’s. http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 14/105607/ Se divulga que Secretaría de Gobierno de Veracruz brindará todo el apoyo a la familia de Gregorio. http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 14/105582/ 19/02/14 PGJ dicta auto de formal prisión a los homicidas de Gregorio http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 19/106427/ Se divulga el nombramiento del nuevo director de Comunicación Social http://www.comsocialver.gob.mx/2014/02/ 21/106896/
d) Cámara de Diputados Antes
Durante secuestro
Después/Desenlace El 1/02/14 a petición de los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) se guardar un minuto de silencio en la sesión. Ladrón de Guevara sostuvo en tribuna “Es importante que seamos sensibles y le demos un minuto de silencio a este periodista, que sin duda murió por ejercer su profesión” García Rojas solicitó que la Procuraduría General de la República atraer el caso y se garantice la seguridad de los veracruzanos que somos víctimas permanentes de inseguridad”.
e) PGR – FEADLE Antes Del 5 de julio de 2010 al 5 de julio de 2013: Averiguaciones Previas iniciadas: 378. Incompetencias: 210. No se ejerció acción penal: 5 Consignadas: 47 Averiguaciones Previas acumuladas: 23 Total de AP en trámite: 93 Sentencias reportadas: 1
Durante secuestro El martes 11 de febrero, mientras en redes sociales y entre los reporteros de Veracruz crecía el rumor de que se había rescatado con vida a Gregorio Jiménez de la Cruz, la fiscal especial, Laura Borbolla, recibió a un grupo de periodistas de la Ciudad de México que se manifestaron para exigir que la FEADLE atrajera el caso.
Después/Desenlace La fiscal Laura Borbolla, declara en medios de San Luis Potosí: la fiscalía a su cargo implementa un sistema de alerta temprana, que permita evaluar riesgos así como la de aplicar métodos y acciones de prevención.
La fiscal aclaró aseguró a los periodistas que ya tenía todo listo para ejercer la facultad de atracción, pero que se había detenido porque no tenía información del gobierno de Veracruz sobre la supuesta liberación del reportero.
Lo anterior mediante el "Manual de Prevención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión", el cual, indicó, ya se implementa en varias entidades del país, en donde existía una mayor incidencia de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Tres semanas después, la FEADLE sigue sin atraer el caso.
f) Comisión Nacional de Derechos Humanos Antes 15/02/ 2013 Recomendación General No. 20: Agravios a Periodistas en México y la impunidad imperante.
Durante secuestro Inicia expediente de queja y acude a la reunión entre el gobernador de Veracruz y la familia de Gregorio. Tuvo acceso al expediente de investigación de la PGJ.
Después/Desenlace Solicitó ampliación de información a la PGJ sobre el estado que guarda el proceso penal.
Dirigida a: SEGOB, CNS, PGR, Gobernadores, Jefe del Gobierno del DF, Secretarios de Seguridad Pública y Procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas. Estadísticas de 2000 a 2013 en Veracruz: -12 asesinatos. -4 desaparecidos. -1 ataque a instalaciones de medios de comunicación. De 2010 a 2013: -30 agresiones.
g) ONU-DH México Antes En 2012 publica el Informe sobre Libertad de Expresión en México, Misión de las Relatorías de la ONU y la CIDH. Expresa en el Cuadro I: Violencia, Impunidad y Autocensura recomendación al gobierno mexicano para combatir el efecto paralizante en el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo por las agresiones provenientes de entes del gobierno y grupo criminales.
Después/Desenlace Declara el representante de la Oficina en México, Javier Hernández que “es de suma importancia implementar medidas eficaces para prevenir casos como el de Gregorio Jiménez encontrado el día de ayer sin vida en el municipio de Las Choapas.
Ligas de referencia: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/anuales/Informe%20Anual%202012.pdf. http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/02/12/pide-onu-dh-combatir-la-impunidad-en-los-crimenescontra-periodistas/ http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/Generales/REC_Gral_020.pdf http://www.comsocialver.gob.mx/wp-content/uploads/gevcsocial/uploads/2012/04/8.12.-LEY-NUMERO586-DE-LA-COMISION-ESTATAL-PARA-LA-ATENCION-Y-PROTECCION-DE-LOSPERIODISTAS.pdf http://www.ceapp.org.mx/transparencia/reglamentointerior.pdf http://hchr.org.mx/files/doctos/LibEx2012_WEB.pdf
Entre los días 15 y 17 de febrero visitamos Coatzacoalcos --donde vivía y trabajaba Gregorio-- y Xalapa --la capital de Veracruz--, con el...