Source: http://www.cicap.ucr.ac.cr/web/alcances-reforma-al-reglamento-refrendo-las-contrataciones-en-administracion-publica/
Timestamp: 2018-10-20 19:12:17
Document Index: 160490649

Matched Legal Cases: ['artículo 184', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 27', 'artículo 17', 'artículo 139', 'artículo 139']

Alcances de la reforma al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones en la Administración Pública [CICAP-UCR]
El día 15 de febrero del presente año, entró en vigencia la reforma más reciente al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, adoptada por la Contraloría General de la República, en la resolución R-DC-114-2016.
Dicho reglamento regula la potestad asignada a la Contraloría General de la República por la Constitución Política en su artículo 184, el cual señala que el órgano contralor debe corroborar que el contenido de los contratos administrativos se ajusta a todo el bloque de legalidad aplicable. Lo cual constituye un mecanismo de control y un requisito de eficacia jurídica para que los contratos puedan ser ejecutados.
La reciente reforma modifica los artículos 3, 4, 8, 12, 14 y 17 y elimina el artículo 11 del Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. La enmienda consiste básicamente en reducir los tipos de contratos que serán objeto de refrendo contralor, para que, en su gran mayoría, éstos queden sujetos a lo que ahora se denominará “refrendo interno”. Éste corresponde a lo que, hasta este momento, se conocía como “aprobación interna” de los contratos, que se mantiene a cargo de las asesorías jurídicas institucionales.
A partir de la reforma, quedan sujetos al refrendo contralor solamente los contratos administrativos de obra pública derivados del procedimiento de licitación pública, cuando el precio contractual alcance el límite económico que la norma dispone, según la regla que dispone el inciso 1 del artículo 3. En el caso de los contratos relacionados con procedimientos de licitación pública de cuantía inestimable, se requerirá refrendo contralor, sólo si su objeto contractual es una concesión de obra pública con o sin servicios públicos, una concesión de gestión de servicios públicos o un fideicomiso.
De esta forma, no tendrán que enviarse para estudio del órgano contralor otros tipos de contratos como los de compra de bienes, contrataciones de servicios, arrendamiento de inmuebles, por citar algunos ejemplos. Además, se mantiene el criterio económico, ya fijado desde el año 2008, para determinar cuáles contratos deben ir a refrendo contralor, pero el monto mínimo también se eleva para las instituciones clasificadas en el estrato A de los límites económicos de la Contratación Administrativa.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que aún se mantiene el requisito del refrendo contralor para:
Los contratos derivados de autorizaciones de contratación directa otorgadas por la Contraloría General de la República, cuando así lo disponga la autorización
Los contratos o convenios específicos con sujetos de Derecho Público Internacional según la regla que ya estaba vigente
Los contratos o convenios celebrados entre dos o más entes, empresas u órganos públicos, cuyo objeto sea de concesión o fideicomiso, excluyendo las alianzas estratégicas
En el caso de la actividad contractual regida por los principios de la contratación administrativa, igualmente sólo irán a refrendo contralor, los contratos de obra pública que alcancen un precio contractual según el monto fijado en el actual inciso 5 del artículo 3 del Reglamento:
“Todo contrato administrativo de obra pública de entes, empresas u órganos públicos cuya actividad contractual esté regida por principios de contratación y no por los procedimientos ordinarios de selección del contratista, regulados en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquél en el que se ubicaría la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las entidades que correspondiere ubicarlas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una licitación pública de ese mismo estrato más un quince por ciento. Para efectos de la aplicación de este artículo, en la estimación del precio del contrato se considerará únicamente el plazo original del contrato y no sus eventuales prórrogas”.
Asimismo, se eliminó el refrendo contralor para contratos administrativos derivados de la aplicación de las excepciones de oferente único[1] y de objetos que requieren seguridades calificadas[2]. Además, las adendas o modificaciones contractuales de contratos ya refrendados, en adelante no deben ir a refrendo contralor, sino que deberán someterse al refrendo interno en cada institución.
Otra novedad es que las instituciones contratantes podrán solicitar que se les exima de refrendo contralor en un caso concreto, aún y cuando no se esté en presencia de un recurso de apelación dentro del mismo procedimiento. También la Contraloría General de la República, de manera oficiosa, podrá eximir de refrendo a un contrato en particular, si lo estima lo más conveniente para el interés público.
La reforma reglamentaria viene a incorporar regulación sobre la aplicación del refrendo contralor a documentos electrónicos firmados digitalmente y también permite que el refrendo interno pueda darse dentro de las plataformas de compras públicas electrónicas. Cabe destacar que los contratos que ya no van a refrendo contralor, están sujetos a refrendo interno por parte de las asesorías jurídicas institucionales, por disposición expresa del artículo 17.
Con estos cambios se puede concluir que la reforma viene a reforzar el control interno a cargo de cada Administración contratante y parece ser un paso en la línea que plantea el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, con el expediente Nº 20.202, “Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública”, la cual llegaría a disponer que el refrendo sea una figura exclusiva de las unidades o departamentos legales de las instituciones, sin la participación de la Contraloría General de la República, salvo por medio de sus potestades de fiscalización posterior.
[1] El supuesto de oferente único corresponde a aquellos casos en los que se acredita que solamente una persona o empresa está en condiciones de suministrar o brindar, sin que existan en el mercado alternativas que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional. Incluye la compra de artículos exclusivos, entendidos como aquellos que en razón de una patente de invención sólo son producidos por determinada empresa, siempre que no existan en el mercado artículos similares sucedáneos; y la compra de repuestos genuinos, producidos por la propia fábrica de los equipos principales y respecto de los que exista en el país sólo un distribuidor autorizado. (Véase el artículo 139 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
[2] Este supuesto de contratación directa corresponde a casos en los que para elaborar las ofertas se requeriría revelar información calificada y confidencial. (Véase el artículo 139 inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).