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Timestamp: 2020-06-03 04:16:25
Document Index: 392572963

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 14', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 71', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 159']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 837, de 17/06/2015
cve: DSCD-10-CO-837
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 837
- Elección de la Vicepresidencia Segunda de la Comisión. (Número de expediente 041/000023) ... (Página2)
- Solicitud de que se comunique el nombre de la persona que el Congreso de los Diputados propone como vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 276/000022) ... (Página2)
- Sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente en el extranjero. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002780) ... (Página3)
- Sobre la eliminación de símbolos franquistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002289) ... (Página11)
- Sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la sucursal del Banco de España en Alicante y de monumentos y calles con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001247) ... (Página11)
- Sobre la prohibición de los llamados sobresueldos a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/003356) ... (Página17)
- Sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el régimen dictatorial franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001286) ... (Página22)
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000023).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión Constitucional convocada para el día de hoy y con el orden del día que ya conocen ustedes.
Como primer punto del orden del día tenemos la elección de la Vicepresidencia segunda de la Comisión. A estos efectos hay una propuesta del Grupo Socialista a favor de doña Isabel Rodríguez García. Si a ustedes les parece, como hemos hecho en ocasiones anteriores y si no hay ninguna objeción en contra, lo podemos hacer por asentimiento. Si hubiese alguna objeción al respecto, lo tramitaríamos de otra forma, pero si no hay ninguna objeción, recuperamos esa buena forma que tenemos de hacerlo. (Asentimiento).
Queda nombrada como vicepresidenta segunda de la Comisión Constitucional, doña Isabel Rodríguez García, a la cual invito a que ocupe su lugar en la Mesa y le damos la enhorabuena por su nuevo nombramiento. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa.-Aplausos).
- SOLICITUD DE QUE SE COMUNIQUE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PROPONE COMO VOCAL DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 276/000022).
El señor PRESIDENTE: El segundo punto se refiere a la propuesta por la Comisión del vocal del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. A estos efectos tenemos la propuesta a favor de doña Meritxell Batet, que sometería también a la votación de la Comisión, si antes no hay nadie que me pida la palabra. (El señor Sixto Iglesias pide la palabra).
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, intervengo solo para hacer una consideración. Hace prácticamente cuatro años que se eligió, no ya a los miembros de la agencia sino al propio presidente de la agencia, y en aquel momento se eligió al señor Rodríguez Álvarez, que es el actual presidente. Hubo un conflicto entre el Partido Popular y el Partido Socialista ya en aquel momento. El señor Álvarez había tenido un papel político muy concreto en la jefatura de gabinete del ministro de Justicia del anterior Gobierno, y eso fue utilizado por el Grupo Parlamentario Popular para poner en cuestión este nombramiento por tener un carácter eminentemente político. Ahora está pendiente la renovación del cargo que se tiene que producir y hemos leído alguna noticia en que hay interés por parte del Grupo Parlamentario Popular, del Partido Popular, de nombrar a alguna persona, concretamente a alguien relacionado con María Dolores de Cospedal, la presidenta en funciones de Castilla-La Mancha.
He pedido la palabra para hacer una reflexión desde mi grupo parlamentario, en el sentido de que si las críticas que vertió el Grupo Parlamentario Popular en la pasada legislatura por un nombramiento que entendía político podrían estar hasta cierto punto justificadas, sobre todo, porque el señor Álvarez no estaba relacionado directamente con el mundo de la Agencia de Protección de Datos, ahora pueden estar otra vez justificadas en estos nuevos nombramientos que se van a producir, porque podemos encontrarnos otra vez fácilmente con un presidente de la Agencia Española de Protección de Datos que tampoco esté relacionado directamente con un mundo altamente técnico y que tiene que ver, sobre todo, con la conflictividad, con el choque entre el derecho fundamental a la privacidad que se tiene que proteger necesariamente y el desarrollo tecnológico que se ve impedido a veces por la protección de ese derecho fundamental.
En este sentido, desde mi grupo parlamentario queremos hacer una valoración de que lo realmente importante, más allá de buscar la fidelidad a una opción política u otra a la hora de tratar de buscar el futuro presidente o presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos, sería tratar de buscar algún buen profesional o alguna buena profesional que fuese capaz de poner en valor aquello que precisamente ha distinguido a la protección de datos española y es convertirse en un referente a nivel internacional y, además, en una legislación que ha sido copiada también en otros países. Hay que continuar por ese camino, y no ir poniendo prevenciones para acabar garantizándose que en el futuro periodo de sesiones haya en la presidencia alguien más afín a uno de los dos partidos mayoritarios. No es ese el reto que necesita superar España, sino conseguir una persona que conozca realmente los retos a los que se tiene que enfrentar la Agencia Española de Protección de Datos.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? (Denegaciones).
En ese caso, someto a la aprobación de la Comisión la propuesta de doña Meritxell Batet Lamaña, como candidata a ser elegida por el Congreso para la Agencia de Protección de Datos. ¿Se puede aprobar por asentimiento, o prefieren ustedes que se vote y que cada cual manifieste su decisión de voto? (Rumores.-El señor Sixto Iglesias: Mi grupo se va abstener). Algunos diputados van a abstenerse, pero como en el resto no hay oposición se puede dar por aprobada.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con 5 abstenciones.
- SOBRE REFORMA URGENTE DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL CON EL FIN DE FACILITAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VOTO POR LOS ESPAÑOLES RESIDENTES PERMANENTE O TEMPORALMENTE EN EL EXTRANJERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002780).
El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día se refiere al debate y votación de las distintas proposiciones no de ley. La primera de ellas, sobre la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con el fin de facilitar el ejercicio del derecho de voto por los españoles residentes permanente o temporalmente el extranjero. El autor es el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y, por tanto, para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Defenderé esta proposición no de ley que presentamos en el mes de mayo del año pasado. Era la víspera de la celebración de las elecciones europeas y en la exposición de motivos de la proposición no de ley ya argumentábamos que la previsión era que de los más de 1.700.000 españoles que en aquel momento estaban en el exterior, apenas participasen en aquel proceso electoral un 4,2 %. Ese dato se confirmó y posteriormente hemos tenido otros procesos electorales, como las elecciones autonómicas recientemente celebradas en las que también podían participar y se ha vuelto a repetir otra vez un índice bajísimo de participación. Con esto quiero decir que la reforma que el Partido Popular y el Partido Socialista acabaron pactando en el año 2011 para hacer que el voto de los residentes españoles en el extranjero fuese un voto rogado, ha dado como resultado una altísima abstención de participación, con una participación bajísima por debajo prácticamente del 5 %, y eso es algo que debería preocupar a cualquier demócrata.
Desde luego, a mi grupo parlamentario le alarma y, por eso, presentamos esta proposición no de ley hace más de un año planteando que era necesario que antes del siguiente proceso electoral de las elecciones generales buscáramos soluciones a este tema. Por eso, planteábamos en esta proposición no de ley la necesidad de instar al Gobierno, así como al resto de los grupos de la Cámara, porque al final estamos hablando de una de las leyes troncales de la democracia, la ley que regula los procedimientos electorales generales. Entendemos que es necesario afrontar esta reforma, y además con un importante nivel de consenso. Ahí coincidimos con alguna otra reflexión que ha hecho algún otro grupo mediante enmiendas, ya que tendría que ser hecha con muchísimo consenso y este tiene que estar asentado sobre la base de favorecer la participación de las españolas y los españoles que están en el exterior. El procedimiento en vigor que se ha probado hasta ahora es manifiestamente ineficaz y, por tanto, necesitamos perentoriamente modificarlo. Hay tiempo, además, para hacerlo para el próximo proceso electoral. El Grupo Socialista ha presentado una propuesta de enmienda que plantea un procedimiento de urgencia, en un trámite parlamentario ajustado que se puede hacer y la verdad es que estaría muy justificado en este caso para tratar de salvar concretamente esa insuficiente participación de los españoles en el extranjero. Ojalá fuese posible alcanzar un nivel de consenso entre todos los grupos para hacer ese procedimiento de lectura acelerada y favorecer esta participación.
Hay otras cuestiones de la Ley Electoral, que también acaban de saltar a la actualidad pública, en las que el Partido Popular ha planteado su modificación y que no suscitarían el mismo consenso en ningún caso. Yo creo que ya ha quedado claro por el pronunciamiento de las diversas fuerzas políticas y, sin embargo, este es un tema que nos debería preocupar a todos. Son prácticamente 2 millones de personas las que viven en el extranjero, con una participación por debajo del 5 %. No tiene ninguna justificación y hay, además, elementos que agravan esta dificultad de participación, como el coste de los envíos, la obligación de inscribirse en el registro consular, que además conlleva la pérdida de la baja automática de la sanidad en España, con lo cual lleva un problema añadido que hace que sea mucho más dificultoso para los residentes en el extranjero poder ejercer su derecho a voto. Ellos acaban llamándolo justificadamente, en lugar de procedimiento de voto rogado, voto robado, porque lo que en realidad sienten es que se les ha robado, hurtado, la capacidad de votar e intervenir en la determinación de quienes deben estar representados en esta casa.
Por eso, este grupo parlamentario plantea la necesidad de impulsar una reforma urgente de la Ley Orgánica Electoral. El plazo que plantea el Grupo Socialista nos parece razonable. El Partido Popular ha presentado una moción hablando de consenso y estamos abiertos a consensuar una transacción en esta Comisión. Además, sería el primer marco donde podríamos llegara a un mínimo acuerdo respecto de por dónde podría hacerse esa reforma y en qué plazos. Asimismo, podría incluir desde nuestro punto de vista una serie de cuestiones -el Partido Socialista también ha dicho que lo apoya- como son la derogación del voto rogado, clarísimo; la implementación de un sistema de voto electrónico para facilitar precisamente la formulación y la realización del procedimiento de voto; la creación de una circunscripción en el exterior para que las personas que residen fuera de nuestro país, de nuestras fronteras, tengan una circunscripción que les represente a ellos, igual que tenemos el resto de los ciudadanos españoles las circunscripciones electorales en las cincuenta provincias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
También planteamos que sería necesario simplificar el proceso de voto por correo y ampliar los periodos, puesto que en el momento en que se produce cualquier tipo de recurso ante la dificultad o presentación de alguna candidatura, los plazos acaban siendo manifiestamente insuficientes como para desarrollar el procedimiento de voto por correo. En definitiva, es algo que podemos compartir todos, una información más clara y concisa en tiempo útil para que todos los electores puedan tener mucho más fácil acceder a este derecho básico de ciudadanía como es el derecho básico de voto.
Hay cuestiones que puede que algunos grupos parlamentarios o partidos políticos no asuman como es el tema de la circunscripción y que, además, pueden llevar a otras lecturas y otros problemas. Nosotros no nos cerramos en esa cuestión, lo que sí nos parece absolutamente básico y fundamental es que hoy en esta Comisión seamos capaces todos los grupos parlamentarios de alcanzar una propuesta de consenso para que en el plazo más breve posible se pueda modificar el voto rogado, para facilitar que recuperemos al menos los índices de participación en los procesos electorales que teníamos antes de la última reforma del año 2011. Ese debería ser un objetivo básico, que los españoles y las españolas que se han tenido que ir en las últimas fechas de nuestro país, o que se fueron ya hace muchos años puedan participar en política como participamos el resto de las ciudadanas y los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. La primera de ellas ha sido presentada por el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra doña Carmen Silva.
La señora SILVA REGO: La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo de La Izquierda Plural se ha debatido ya en términos, si no idénticos, muy similares en esta Comisión y en la Comisión de Justicia, así como en el Pleno del Congreso.
Nosotros -lo hemos dicho reiteradamente desde el inicio de la legislatura- vamos a apoyar esta PNL, aunque esta propuesta obvia algo que quiero que quede registrado en el "Diario de Sesiones" y es que fueron más grupos, además del Partido Popular y el Partido Socialista, quienes modificaron la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. No solo fueron el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que hubo más consenso y más apoyo de más grupos, aunque en la motivación de esta iniciativa de La Izquierda Plural se hable solo del PP y del PSOE. A lo mejor a alguien le resulta interesante hacer este tipo de comentarios, pero a mi grupo le parece que es absolutamente improcedente porque no hay nadie, ningún español, que no sepa tajantemente que el Partido Popular y el Partido Socialista no tienen nada que ver, que somos dos partidos totalmente distintos, con principios, con convicciones y con ideologías radicalmente opuestas. Por tanto, sería bueno también que, en aras de ese consenso del que hablamos y que tanto necesita España en este momento político, obviáramos hacer este tipo de afirmaciones que no llevan a ningún lugar y que además no se corresponden con ninguna realidad.
Entrando ya en el contenido de la proposición no de ley, mi grupo ha reconocido públicamente el error cometido con la modificación del derecho del voto para los españoles residentes en el exterior. De hecho, hemos sido el grupo que más iniciativas ha presentado y el que ha sido más activo en reivindicar la eliminación del voto rogado. Con aquella modificación se pretendía dar mayores garantías al ejercicio de este derecho político fundamental, pero el resultado fue una caída inaceptable de la participación, como usted muy bien dice. Por tanto, y sin duda, esto obliga a suprimir una norma que dificulta enormemente la capacidad de votar a los españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Lo que sí queremos que quede claro es que no vamos a estar entonando el mea culpa cada día, ya hemos pedido disculpas por el error y llevamos toda la legislatura intentando que se modifique nuestro marco legal. La finalidad de esta iniciativa pues, como usted muy bien decía también señor Sixto, debería ser sumar voluntades y no una búsqueda de beneficios electorales. Mi grupo mostrará de nuevo hoy su voluntad para que se elimine el voto rogado y se desarrollen otros mecanismos e instrumentos que faciliten el ejercicio del derecho al voto.
Apoyamos la petición de La Izquierda Plural que plantea esta PNL, pero hemos presentado una enmienda de la que quiero destacar la modificación del punto 1, al igual que lo hacía el proponente. Asimismo, proponemos, al igual que planteamos hace una semana en el Pleno, que se presente un proyecto de ley por parte del Gobierno en el plazo de quince días por trámite de urgencia y en lectura única. Nuestro objetivo es que pudiésemos tener lista la modificación de la Loreg antes de que se disuelvan las Cámaras y que nuestros emigrantes pudieran ejercer su derecho electoral, sin tener que rogar el voto en las próximas elecciones generales. De no ser así, hoy se acordará una declaración de intenciones que es positiva en sí misma, pero que no tendría repercusión alguna en facilitar los derechos de nuestros emigrantes. Sé que el Partido Popular dirá -y así lo pone en su enmienda- que las modificaciones de normas electorales deben hacerse por acuerdo y consenso de los grupos. Mi grupo, el Grupo Socialista, está de acuerdo en que así sea, pero en este caso ese consenso existe porque hay una amplísima mayoría que apoya que se modifique la Ley Electoral. De hecho, hay más mayoría para que se modifique la Ley Electoral y se pueda permitir que el derecho de voto de los emigrantes sea un derecho real, que cuando se modificó la Loreg para imponer el voto rogado. Por tanto, hay más consenso que había en aquel momento. Así que no tendría por qué haber ningún problema para que acordásemos hoy aquí que se eliminara el voto rogado e incluso otras cuestiones que se plantean en la proposición no de ley que propone La Izquierda Plural.
Nosotros también hemos propuesto en nuestra enmienda de modificación que se impulsen las actuaciones que permitan que el voto en una urna se pueda generalizar, porque para ello sería necesario habilitar instrumentos, medios materiales y humanos y espacios que así lo garanticen. El Partido Popular en todos sus documentos y propuestas plantea que se elimine el voto rogado, únicamente cuando se realice en urna. Si no se mejoran los instrumentos y mecanismos para hacerlo, es un planteamiento vacuo. A día de hoy el porcentaje de voto en urna es casi nulo, casi inexistente, debido a las dificultades que genera su ejercicio. Por tanto, planteamos también que se mejore el procedimiento y que se haga con todas las garantías.
Estamos de acuerdo con el resto de planteamientos que hace La Izquierda Plural. En todo caso -y finalizo-, para responder a lo que demanda la inmigración, con la que estamos en permanente contacto, creemos que lo más urgente es que el Gobierno presente un proyecto de ley de forma inmediata en quince días para que elimine el voto rogado por correo y en urna. Eso supondría, como ya dije, que los españoles desde el exterior pudiesen ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones generales. Solo el Grupo Popular tiene votos suficientes para lograr que se convierta en realidad esta demanda que es justa; solo con un proyecto de ley del Gobierno por trámite de urgencia y lectura única lograríamos su modificación antes de que se disuelvan las Cámaras. Si el Grupo Popular no lo acepta quedarán registrados una iniciativa y un debate más, como prueba de quién sí está comprometido con que se elimine el voto rogado y quién realmente quiere que se mantenga. Por tanto, es muy fácil acordar la eliminación del voto rogado, porque el consenso es muy manifiesto y muy mayoritario.
El señor PRESIDENTE: Hay una segunda enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda en busca no solo del consenso del que ya han hablado los dos intervinientes anteriores, sino también para buscar la finalidad de una propuesta de reforma a una situación que para el Grupo Popular y para cualquier español no es la más positiva. Es decir, estamos hablando de un colectivo cercano a los 2 millones de personas, pero apenas un 3 %, un 4 % o un 5 % pueden ejercer su derecho fundamental de voto en los procesos electorales a los que tienen derecho, que son todos, con excepción de las elecciones municipales, incluidos los referéndums, aunque todavía no hemos tenido ninguno desde esta reforma de 2011.
En primer lugar, me gustaría recordar a sus señorías que esta reforma de 2011 que el Grupo Parlamentario Popular apoyó, pero cuya iniciativa le correspondía a la mayoría de esta Cámara entonces, que era del Grupo Socialista -esto hay que decirlo alto y claro-, lo apoyó porque la situación anterior no ofrecía seguridad jurídica, no ofrecía transparencia, ya que había denuncias de episodios de fraude en diferentes países en el voto de los españoles residentes en el exterior. Con la reforma de 2011 -en este sentido hay que felicitar a los legisladores de entonces- se consiguió seguridad jurídica, se consiguió transparencia y se consiguió evitar cualquier episodio de fraude. Es decir, se hizo un sistema lo suficientemente seguro y transparente para permitir la participación de los españoles mediante lo que se ha llamado voto rogado o, en definitiva, la inscripción o solicitud del voto, algo que por cierto ocurre en muchísimos países de todo el mundo. En las democracias avanzadas tienen también este mismo sistema, y no por ello yo lo estoy defendiendo. Se ha conseguido el objetivo, pero es verdad que se ha bajado a porcentajes de voto -el mayor fue en unas elecciones generales, creo recordar que en 2008- en torno al 5 %.
También hay que decir que en el ruego del voto, en la inscripción del voto, los porcentajes son el doble, vienen a ser del 10 %, lo que demuestra que lo que falla en este sistema probablemente sea, entre otras cosas, por un lado, los cortos plazos que establece la Loreg, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y por otro, que fallan los sistemas de funcionamiento de correos en muchos países, especialmente en Latinoamérica donde residen más de ese millón ochocientos y pico mil españoles con derecho a voto. En otras ocasiones hay anécdotas para ello e incluso en países avanzadísimos como Estados Unidos en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, por ejemplo, no se pudieron distribuir las papeletas de los catalanes que habían solicitado la participación en este proceso electoral porque el sistema de correos estaba paralizado, ya que acababan de sufrir el famoso huracán que paralizó el funcionamiento del punto estratégico que distribuía el correo para todo Estados Unidos, con lo cual un número de catalanes residentes en Estados Unidos no pudo ejercer ese derecho, aunque lo habían solicitado. Estamos hablando de un país moderno, de un país en el que funciona muy bien el sistema de correos. Esto quiere decir que el sistema falla en esas cosas, falla en los plazos, falla en que dependemos de los correos. Hay países de Latinoamérica donde simplemente no hay un sistema público de correos, solo funcionan los correos privados y no hay manera de repartir las cartas, o les podría contar la anécdota de cómo en países por mucho que en el CERA, el censo electoral de residentes ausentes, se ponga perfectamente la dirección si al cartero no le ponen en el sobre -que evidentemente en la embajada o consulado no se lo han puesto- que es justo en frente del bar de fulano de tal, el cartero no sabe dónde está la ubicación de esa calle. Esto es real como la vida misma. Eso es lo que provoca que los sistemas fallen.
Por eso, entendemos que sería bueno que se reformara de alguna manera, pero manteniendo la seguridad jurídica y la transparencia, pero con un fomento de la participación de los españoles residentes en el exterior y hay mecanismos para ello.
Yo soy de los que piensa que, por un lado, no se puede presentar una proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural en la que -con todo el respeto, señoría- la demagogia o el electoralismo priman de la A a la Z, es decir, desde el principio hasta el fin, porque lo que pretende el Grupo de La Izquierda Plural es una reforma constitucional, entre otras cosas; una reforma constitucional en quince días. Usted me podrá decir que ya lo hemos hecho, pero no del sistema electoral, ya que afecta no solo a este procedimiento sino a todos los procedimientos electorales que pueda haber en España. Lo curioso de esto es que llega el Grupo Socialista y hace una enmienda proponiendo una reforma electoral, en lugar de apoyar la idea de buscar una fórmula para que se suprima el voto rogado, pero que mantengan la seguridad jurídica y la transparencia y algo que fue un hito en la legislación de 2011, como que por primera vez puedan depositar el voto en urna y acudir a los consulados, a la vez que vez que ampliar los plazos en el consulado. Este es uno de los fallos también detectados en la realidad empírica que viven los españoles en el exterior, donde trabajan afortunadamente la mayoría de ellos. Para ir a votar al consulado tienen que ir un miércoles, un jueves o un viernes, es decir, días laborales; la queja unánime es que quieren que les pongamos por lo menos un sábado, y si es posible un domingo, todavía mejor que mejor. Pues bien, llega el Partido Socialista -por cierto, esta misma mañana, hablando de reforma electoral, su líder decía textualmente que es el colmo del revanchismo electoral- y pretende una reforma electoral -es decir, para lo que les interesa sí y para lo que no- que hay que hacer en quince días. Ayer mismo, el portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, don Antonio Hernando, decía que antes de unas elecciones es impresentable -está recogido en la edición de hoy del periódico El País- hacer una reforma de la Ley Electoral. ¿Para que nos vale? ¿Vale cuando nos interesa, como les decía, y no vale cuando no nos interesa?
Pero es que, además, en vez de buscar los puntos de acuerdo, de consenso, en vez de olvidarse de la descalificación y el insulto, como hizo la portavoz del Grupo Socialista en el último Pleno, cuando interpeló al ministro del Interior e insultó al que les habla y al presidente de la Xunta de Galicia y presidente del Partido Popular de Galicia, el señor Núñez Feijóo, presentan una enmienda que, entre otras cosas, también precisaría que en quince días hiciéramos una reforma de la Constitución española, porque dice: La creación de una circunscripción exterior para elegir a los representantes de los residentes en el extranjero, como ya ocurre en Italia, Portugal o Francia. Es decir, por parte de los grupos de la izquierda, concretamente por parte del Grupo Socialista y probablemente del Grupo de La Izquierda Plural, no se busca el acuerdo, el consenso, sino que se establece un discurso demagógico, electoralista que busca recuperar las posiciones que han perdido, porque el Partido Socialista era el principal partido en el cómputo de votos de los españoles residentes en el exterior y en estas últimas elecciones ha sido el tercero; ha pasado del primero al tercero. De ahí viene el discurso que construyen, las enmiendas que formulan y los insultos, las descalificaciones y las contradicciones incluso con su jefe de filas y con el jefe de su partido, con el señor Hernando y con el señor Sánchez, que cuando el Partido Popular señala que sería bueno hacer una reforma para evitar lo que ha ocurrido en España en relación con la elección de los alcaldes, somos impresentables y que es absolutamente imposible hacer esa reforma o es puro revanchismo, como ha dicho esta misma mañana el señor Sánchez.
Señorías, por todo ello, evidentemente, no vamos a votar a favor de una proposición no de ley que es demagógica, electoralista, que no es realista, porque está pidiendo una reforma -tiene que quedar muy claro- de la Constitución española en el plazo de quince días. Tampoco podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque va en la misma línea de la proposición no de ley. La señora Silva, con todo respeto, con toda su inteligencia y toda su brillantez ha dicho: Que quede constancia en el "Diario de Sesiones" de que es un debate más en el que al final los malos del Partido Popular se habrán opuesto a que los españoles en el exterior participen en las elecciones. Pues no, señoría, los malos del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular queremos que los españoles que residen en el exterior voten y participen de la misma forma que votan y participan los españoles que vivimos en España. Por eso hemos presentado esa enmienda de modificación en la que se pide ese consenso similar al que hubo en la reforma del año 2011 y en la que se busque la fórmula para que los españoles residentes en el exterior participen en mayor medida; pero, sobre todo, que si han solicitado la participación o quieren hacerlo les lleguen las papeletas, que no dependamos de sistemas de correos ineficaces o inexistentes ni de unos plazos breves que impidan que puedan ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto. (Aplausos.-La señora Silva Rego: Señor Presidente, deseo expresar una queja que quiero que se recoja en el "Diario de Sesiones". ¿Lo hago ahora o al final del debate?).
El señor PRESIDENTE: Hágalo cuando finalice el debate.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Quiero decir, en nombre de Amaiur, que en principio estamos de acuerdo con la propuesta de modificación de la Ley Electoral, precisamente para facilitar un derecho que en democracia es básico, que es el derecho al voto, particularmente en el extranjero. También quiero señalar que veo con asombro el debate que se ha producido. No sé si en las propuestas y enmiendas había espíritu de consenso, pero desde luego en el debate posterior no lo ha habido por parte de ninguno de los grupos. Lo que les recomendaría desde una posición -si se puede decir así- más neutral o más lejana a su realidad es que si hay un consenso básico, que creo que lo hay, para modificar el sistema y corregir los errores, lo tienen muy fácil, porque pueden presentar una proposición de ley por el procedimiento de urgencia firmada por todos los grupos. Por eso no entiendo algunos de los términos del debate, que creo que van más en la línea de la vieja política de ponerse medallas y quitar medallas al adversario. Creo que es fundamental ir al núcleo de la cuestión, que es favorecer el voto, favorecer el ejercicio de un derecho democrático fundamental, y para ello hay que poner todos los medios que estén a nuestro alcance. Me parece que es relativamente sencillo hacerlo con rapidez si realmente se quiere cambiar y facilitar ese derecho al voto.
Finalmente haré otra reflexión. Creo que además de las modificaciones legales hay que enviar a todas las oficinas consulares y embajadas el mensaje claro de que su obligación es facilitar el voto y no poner dificultades. Me consta que desgraciadamente desde hace muchos años, no solo en los últimos procesos electorales de esta legislatura, sino también en legislaturas anteriores, en ciertos consulados y embajadas según el origen de la persona emigrante del Estado español se ponen más o menos pegas. Por denuncias directas -repito que no solo de ahora, sino de hace unos cuantos años y de otras legislaturas- me consta que a los ciudadanos de mi país se les ponen todo tipo de dificultades, quizá porque es un voto que desde esas estructuras del Estado no se quiere considerar o resulta incómodo. Creo que junto con la modificación de la ley habría que mandar un mensaje claro diciendo que ese es un derecho fundamental y que todas las estructuras del Estado tienen la obligación de favorecerlo, no de dificultarlo.
Vamos a votar a favor de la proposición inicial y de las enmiendas que vayan en la misma línea.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo para manifestar nuestra posición favorable a la toma en consideración de esta iniciativa que nos parece pertinente por varias razones. En primer lugar, por su propia naturaleza el voto rogado requiere una limitación de derecho de sufragio puesto que solicita actos positivos, concretos que faciliten la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio activo. Desde esa perspectiva, el voto rogado, en tanto en cuanto se manifiesta a través de estructuras políticas que pueden condicionarlo, nos parece que debe ser objeto de una regulación diferente a la que actualmente hay en la Loreg.
En segundo lugar, nos interesa comentar que los que tienen derecho a voto por poseer nacionalidad española fuera del Estado español no deberían ver agravada su posición en relación al ejercicio del derecho de sufragio por razones burocráticas, por la necesidad de acudir a determinados institutos consulares, acreditar su posición o su legitimidad para poder ejercer un derecho fundamental, porque estamos hablando de un derecho fundamental, como es el derecho de sufragio. Desde esa perspectiva, facilitar que el voto se pueda ejercer libremente es una posición que nos parece particularmente pertinente.
En tercer lugar, señor presidente, y después de aproximaciones empíricas a esta particular situación, hemos llegado a la conclusión de que quien gobierna en el Estado español siempre tiene mayores facilidades para conseguir que el voto rogado sea más favorable a las posiciones políticas que representa que cualquier otro voto. De hecho, hemos comprobado que un trabajo intenso con los que tienen derecho a voto y no residen en el Estado español solo beneficia al partido político que está gobernando, que es el que tiene posibilidades de que el voto rogado esté vinculado a determinadas posiciones de favor que desvirtúan la libertad que debe caracterizar el ejercicio del derecho de sufragio.
Por todas estas razones vamos a votar a favor de una iniciativa que aclara, que limpia y que mejora un derecho fundamental, que es el derecho de sufragio, del que estamos hablando en este momento. Desde esta perspectiva, votaremos favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Quisiera volver directamente a la iniciativa que nos ha presentado La Izquierda Plural y que ha defendido su portavoz. Digo que quisiera volver directamente a esto porque en el transcurso de las últimas intervenciones -no en la última, pero sí en las anteriores- cualquiera que estuviera viéndonos se podría haber despistado y llegar a la conclusión de que, por ejemplo, los españoles residentes en el exterior tienen dificultades para votar porque son vascos -en una de las intervenciones se ha planteado esa cuestión-. Otro de los intervinientes, del grupo mayoritario, ha planteado la cuestión desde la perspectiva de que el debate se suscita en este momento porque en estas elecciones los socialistas se han colocado en el tercer lugar del cómputo de votos de españoles en el exterior. La portavoz socialista ha planteado que otra vez se verá quiénes están en contra de que se haga esta reforma.
Me parece que hay una cierta contradicción en el conjunto de las intervenciones, salvo que yo sea una ingenua y me quiera quedar con lo que me ha parecido que era lo que nos unía a todos, porque todos han manifestado -y yo voy a hacer lo mismo- que estamos de acuerdo en que hay que modificar el artículo 75 de la Loreg para facilitar la votación de los españoles en el exterior. Todos nos hemos puesto de acuerdo, pero no solamente en el día de hoy, sino en debates anteriores en la Comisión de Justicia, en el Pleno, en los debates posteriores al último debate sobre el estado de la Nación, etcétera. Ha habido multitud de iniciativas -nuestro grupo ha presentado una, pero no ha sido el único- para modificar esta cuestión, porque todos nos habíamos puesto de acuerdo en que, más allá de la voluntad positiva del legislador en el año 2011, los resultados de esa reforma del artículo 75 de la ley son negativos para la participación política, porque van en contra de un derecho fundamental recogido en el artículo 14 de la Constitución. Parece que los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso. La portavoz del Grupo Socialista ha dicho que hay más consenso ahora que en 2011. ¡Pues pongámonos de acuerdo! Si hay más consenso ahora que en el año 2011, ¿por qué no cambiamos el artículo 75? Es verdad que el proponente va más allá y quiere introducir otras reformas, que el Grupo Socialista ha propuesto también otras cuestiones, que el Grupo Popular ha señalado lo más sencillo: modificar el artículo 75, pero ha señalado en su enmienda que debemos ponernos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, hagámoslo, y además de la necesidad de que haya consenso, introduzcamos el compromiso de que lo va a haber para las próximas elecciones. Olvidémonos de lo que interesa a cada uno de los partidos políticos. ¿No estamos de acuerdo en que hay que favorecer la participación de los españoles en el exterior? ¿No estamos de acuerdo en que esa reforma que tenía la voluntad del garantismo y que era lo mejor de lo mejor ha dado resultados negativos? Hagámonos una transaccional a nosotros mismos y pongámonos de acuerdo en modificar el artículo 75, porque esa reforma la podemos hacer antes de las próximas elecciones generales. Si no lo hacemos así, estaremos haciendo un discurso que no se corresponderá con nuestra actuación.
Quiero creer a todos los que han intervenido que han dicho que hay acuerdo en esto. Hagámoslo y olvidemos las otras cuestiones, que son reformas más discutibles que cada partido político tiene en sus propuestas. Podemos reformar el artículo 75 y acordar hacerlo antes de las elecciones siguientes. Sabemos que hay una recomendación de no modificar el sistema electoral a unos meses de unas elecciones, salvo consenso. Si hay consenso, hagámoslo por consenso y demos una muestra al conjunto de los españoles de que efectivamente este no es un debate partidista de a quién le interesa más quedar mejor o peor en los votos CERA; agradezcamos -yo por mi parte se lo agradezco- al grupo proponente que nos haya posibilitado tener este debate que nos permite encontrar los puntos de consenso y salgamos de aquí con un acuerdo firmado entre todos. Presentemos una proposición urgente y hagamos esta reforma, porque si no llegaremos otra vez a las elecciones generales en la misma situación que en las anteriores, en las que participó muchísima menos gente. En ese momento, el censo de españoles en el exterior representaba el 4,15 % del censo general y ahora que ha habido más emigración no sé qué porcentaje representará, pero creo que será más alto. Todos los grupos políticos que estamos aquí presentes recibimos en las últimas elecciones cantidad de quejas de españoles que no han podido votar. Estamos todos en las mismas circunstancias, por tanto, no pensemos en nuestro partido, sino en facilitar el voto a nuestros compatriotas que están fuera. Hagámoslo si estamos de acuerdo. Insto a todos a hacerlo así. Vuelvo a agradecer al grupo proponente que nos haya dado esta posibilidad de llegar a un acuerdo y cambiar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Hoy somos afortunados, porque si hay algo habitual en política es que las cosas no están claras. Pues estamos delante de una situación en la que, por desgracia, las cosas están muy claras. Si hemos pasado de un treinta y tantos por ciento de participación en el voto exterior a un 3 o a un 5 % justo después de un cambio legislativo, creo que no se necesita ser un analista profesional para ver que tenemos un mal sistema.
Aquí se ha insistido, y a nosotros nos gustaría subrayarlo, en que hay un consenso -me atrevería a decir- absoluto, incluso con el grupo que apoya al Gobierno, sobre que se tiene que cambiar este sistema. No es válido el argumento que dio el otro día el ministro cuando dijo que esto necesita elevadas dosis de consenso, porque ya existe; simplemente es cuestión de trabajar deprisa, y se puede hacer. Nosotros pedimos que el resultado de todo esto sea una votación con urnas en los consulados y, además, con un correo interno cuando esos consulados, como sucede en muchas ocasiones, están a centenares o miles de kilómetros de alguna colonia numéricamente significativa. Esta sería nuestra propuesta. Si se trabaja con intensidad se puede hacer esta reforma, y si obtiene la práctica unanimidad de la Cámara nadie puede decir que es muy precipitada porque vienen las elecciones.
Efectivamente, estamos hablando de un tema muy sensible. Alguien ha mencionado las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. Los diputados de nuestro grupo recibieron muchos correos electrónicos de ciudadanos que estaban dolidos porque a pesar de haber hecho todo el papeleo no habían podido votar. Todos los votos valen igual, por descontado, pero recuerdo especialmente que un catedrático de la Universidad de Columbia se quedó sin votar. Tenemos que encontrar un sistema que evite esto, porque estamos de acuerdo en que el actual no está claro, y también coincidimos en que hay que encontrar un sistema transparente. Pues para eso nos han puesto aquí los ciudadanos, para que hagamos bien el trabajo. Creo que si ponemos hilo a la aguja, podemos conseguirlo.
El señor PRESIDENTE: La señora Silva me había pedido la palabra. ¿Puede indicar el motivo?
La señora SILVA REGO: Basándome en el artículo 71, quiero pedir al portavoz del Grupo Popular que retire la afirmación de que en el Pleno de la semana anterior la diputada que les habla insultó y descalificó al presidente de la Xunta de Galicia y al propio señor Prada, porque es absolutamente falso. Esta diputada jamás insulta ni descalifica a nadie. Si no lo quiere retirar, que quede constancia en el "Diario de Sesiones" de que es una afirmación totalmente falsa, porque lo que yo dije fue que habían engañado a los emigrantes cuando en Uruguay y en Argentina les proponían un mes sí y otro también la eliminación del voto rogado. En las portadas de todos los periódicos del exterior salió que el presidente de la Xunta, el señor Feijóo, planteaba -eran los titulares- que el PSOE apoye la eliminación del voto rogado. Esperamos que lo haga el Partido Socialista. Eso fue lo que dije cuando formulé la pregunta al ministro de Interior.
Si el señor Prada no retira que yo proferí insultos y descalificaciones, cosa que es absolutamente falsa, que quede claro en el "Diario de Sesiones" lo que dije.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Señora Silva, yo estaría encantado de hacerle caso y poderlo retirar, pero cuando alguien descalifica a un presidente de un Gobierno regional, como es el señor Feijóo, y a este parlamentario que tiene el honor de intervenir en esta Comisión, diciendo que engaña, como dice textualmente el "Diario de Sesiones", no lo puedo hacer. Creo que no cabe duda de que eso es una descalificación. (La señora Silva Rego: Es una realidad). Digo que el Grupo Socialista y la portavoz insultan porque salió una nota de prensa del Grupo Socialista de esta casa en la que decían: Prada y Feijóo mienten a los españoles. Eso lo considero un insulto. Si usted no considera un insulto ni una descalificación decir que engañamos o que mentimos a los españoles, yo sí. Por eso, con todo respeto, señora Silva, no puedo retirar las palabras, sino que las ratifico, porque creo que su señoría debería ser la que retirara la descalificación, si no el insulto, que su grupo parlamentario profirió en la nota de prensa que salió el miércoles pasado por la tarde -ahí están las hemerotecas- o lo que figura en el "Diario de Sesiones" de que el señor Feijóo y el señor Prada nos dedicamos a engañar a los españoles en el exterior. (La señora Silva Rego: Constata una realidad).
El señor PRESIDENTE: Han quedado claras las dos posiciones y la parte a la que afecta queda debatida.
Señor Sixto, le pregunto si acepta alguna de las enmiendas.
El señor SIXTO IGLESIAS: En aras al consenso, mi grupo no tendría inconveniente en aceptar una transacción sobre la enmienda del Grupo Popular que no dejase el tema ad calendas graecas, sino circunscrito al próximo proceso electoral. Si fuese posible ese compromiso, aceptaríamos esa transaccional. En caso contrario, aceptaremos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que cabe la posibilidad de redactar una enmienda transaccional con el Grupo Popular, pero que si eso no fuese así se aceptaría la del Grupo Socialista. Como hay un tiempo para concretarlo antes de la votación, dejamos esta cuestión para más adelante.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN DE SÍMBOLOS FRANQUISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002289).
- SOBRE LA RETIRADA DEL ESCUDO FRANQUISTA DE LA VIDRIERA DE LA SUCURSAL DEL BANCO DE ESPAÑA EN ALICANTE Y DE MONUMENTOS Y CALLES CON NOMBRES FRANQUISTAS QUE SE MANTIENEN EN DICHA CIUDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001247).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir de forma conjunta los puntos cuarto y quinto del orden del día.
Antes de continuar con el orden del día, vamos a hacer una previsión de hora de votación. Yo les diría que no votaremos antes de las siete de la tarde.
La primera proposición no de ley es sobre eliminación de símbolos franquistas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y la segunda sobre la retirada del escudo franquista de la vidriera de la sucursal del Banco de España en Alicante y de monumentos y calles con nombres franquistas que se mantienen en dicha ciudad, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Paloma Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Efectivamente, hoy debatimos dos proposiciones no de ley de características muy similares que tienen un denominador común, que es el incumplimiento de la legalidad relacionada con la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno socialista para dar respuesta a una persistente demanda ciudadana. La Ley 52/2007 ha sido participada y consensuada, hay que recordarlo, por entidades, asociaciones y particulares hasta un número de 14.000, constituyendo un gran esfuerzo colectivo para restaurar la dignidad y la memoria de este país. Esta ley ha tenido como referente el reconocimiento a las víctimas, y su cumplimiento durante la pasada legislatura ha sido ejemplar: 60.000 exhumaciones, un mapa de fosas, subvenciones a más de 800 proyectos, reconocimiento de la nacionalidad española a más de 200.000 personas, etcétera, además del portal de la memoria, el protocolo de exhumación de fosas o el procedimiento para el acceso a archivos. Esta ley, que está anestesiada y silenciada desde hace cuatro años, en su artículo 15 recoge que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias y demás elementos que exalten la sublevación militar y la represión de la dictadura. Hoy exigimos de nuevo, señorías -sobre todo las del Grupo Popular-, poner en valor esta ley y ejecutar sus mandatos.
El 24 de mayo muchos ayuntamientos y comunidades autónomas han cambiado de rumbo, entre ellas Ferrol y Alicante, que son las que se traen en estas proposiciones a esta Comisión, que son ciudades de mar que han virado claramente a babor y que hoy de nuevo traen la reclamación de justicia y su exigencia de que se continúen los trabajos de la Ley de Memoria Histórica. En relación con la ciudad de Alicante, sobre la que quiero pasar muy por encima, es cierto que existen aún más de 100 calles y plazas cuya denominación apela a personajes relacionados directamente con la dictadura y con la represión franquista, de las que en cuatro años el Gobierno municipal del Partido Popular solo ha modificado una; una de cien. Es decir, excusas, todas; eficacia y respeto a la legislación, ninguna. El Partido Socialista ha presentado en Alicante diversas iniciativas para hacer cumplir la legalidad; de hecho, han interpuesto una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia para hacer cumplir el mandato de la Ley 52/2007. No obstante,
podemos tener la esperanza, y casi la certeza, de que esta situación va a variar con el nuevo alcalde socialista de la ciudad y la nueva corporación de Alicante.
Me van a permitir, señorías, que me centre en la ciudad de Ferrol. No creo que sea necesario insistir en el significado que Ferrol ha tenido durante la dictadura por ser precisamente el lugar de nacimiento del dictador, ni tampoco en la especial represión que sufrió la ciudad por esta misma causa. Ferrol, cuyo origen, tal como hoy la conocemos, se sitúa en torno a la construcción del arsenal militar del siglo XVIII, que forma parte sustancial del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad, conserva todavía en ese espacio militar símbolos de exaltación de la dictadura y de la Guerra Civil. El pleno del Ayuntamiento de Ferrol, por acuerdo de 24 de septiembre de 2009, remitió al Ministerio de Defensa un listado de elementos a eliminar que quisiera recordar brevemente: glorieta del Generalísimo y calle del Almirante Carrero Blanco -creo que es innecesario explicar la identidad de estas personas y las razones por las que se solicita su eliminación-; calle del Almirante Honorio Saturnino Cornejo Carvajal, ministro de Marina durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera; calle del Almirante Manuel Vierna Belando, avenida del Almirante Salvador Moreno Fernández y plaza del Marqués de Alborán, título nobiliario que corresponde al almirante Francisco Moreno Fernández -todos ellos militares que conspiraron en la base naval de Ferrol contra el Gobierno, tomando parte activa en el golpe militar y participando posteriormente en actividades militares-; calle del Crucero Baleares, comandado por el almirante Vierna, que participó en el bando golpista hasta su hundimiento. También interesa eliminar las referencias de los hermanos Moreno Fernández, antes citados, del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz. La respuesta del Ministerio de Defensa en su momento fue favorable a cumplir todas estas solicitudes, pero el cambio de Gobierno impidió su ejecución, y por eso lo solicitamos ahora de nuevo. Finalmente, sobre los elementos propiedad de administraciones públicas, Ferrol ostenta todavía un escudo preconstitucional en el edificio de la antigua aduana en Ferrol vello que pertenece al Ministerio de Hacienda.
Pues bien, como decía, Ferrol ha tomado un rumbo diferente de revitalización de la ciudad que lleva paralizada cuatro años. Es una ciudad que aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad, para lo cual el arsenal militar constituye una parte fundamental. Como tal, este patrimonio, que ha de ser visible para la población y para los visitantes, no puede persistir en honrar con la denominación de sus calles a quienes traicionaron la voluntad del pueblo y la legalidad. Por otra parte, señorías, en el arsenal también trabajan militares y civiles, demócratas, defensores de la legalidad vigente, que día a día han de convivir con la indigna e ilegal denominación de las calles del recinto. Ferrol también es la ciudad en la que se inicia el Camino inglés de Santiago, precisamente en la fachada marítima presidida por ese edificio de aduanas en el que permanece el escudo preconstitucional. Como ven, no solamente hablamos de dignidad y de cumplimiento de la legalidad, sino también de ciudades de futuro cuyo presente debe eliminar cualquier vestigio de ignominia.
Señorías, mirar al futuro es reconocer el pasado y enmendar sus errores haciendo justicia; justicia para las víctimas, justicia para descendientes y familiares, y justicia para un pueblo que no merece cargar con ese lastre del pasado.
El franquismo ha sido condenado en todas las instancias democráticas, y el compromiso del Partido Socialista es claro y rotundo en relación con una memoria colectiva que forma parte de nuestra realidad. La atención a la normativa vigente en esta materia, la Ley 52/2007 y la Orden 3190/2008 debe seguir su curso. Creemos que la parte fundamental de su desarrollo ya se ha llevado a cabo por el Gobierno socialista, y le corresponde al Gobierno actual continuar, asumir lo que queda por hacer y velar por su correcta ejecución. No pueden traicionar, señorías, la legalidad y no pueden decepcionar a las personas, a tantas personas que lucharon y que luchan para la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo y, consecuentemente, para la recuperación de la dignidad de este país.
Quiero finalizar haciendo un reconocimiento a Amada García, que fue la protagonista de uno de los más crueles episodios que han tenido lugar en Ferrol, detenida y condenada a muerte en Consejo de Guerra cuando estaba embarazada. Esta circunstancia, su embarazo, hizo que se aplazase la aplicación de la sentencia y el 27 de enero de 1938, 88 días después del nacimiento de su hijo Gabriel, recientemente fallecido, Amada fue conducida al Castillo de San Felipe, donde fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento junto a otras siete personas de Ferrolterra. Amada, de Mugardos, fue una de las pocas mujeres que fueron condenadas al paredón tras el golpe del año 1936. Defender el legítimo Gobierno y representar una lucha contra la España patriarcal que pretendía la sumisión y la relegación de las mujeres, le costó a Amada la vida. La memoria de Amada y la de tantas y tantos represaliados asesinados, exigen, señorías, actuaciones inmediatas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, para la defensa acumulada de esta proposición y la anterior, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Empiezo agradeciendo al Grupo Parlamentario Socialista que haya permitido que acumulemos esta proposición no de ley a la que ha presentado dicho grupo, porque versan sobre el mismo asunto en una ciudad en cada punta de España, en Ferrol, una ciudad que vivió desde los primeros momentos la sublevación contra la legalidad republicana, y Alicante, la última ciudad ocupada por las tropas franquistas en unas circunstancias terribles, cuando a finales de marzo del año 1939 las tropas italianas que apoyaban a los golpistas acabaron entrando en el puerto de Alicante, donde miles de personas se habían refugiado tratando de buscar una vía de escape o para salir de España, y evitar en muchos casos el internamiento en campos de concentración -cosa que se produjo, como el de los Almendros en Albatera- o las ejecuciones sumarísimas.
En esa última ciudad ocupada por las tropas golpistas, en la ciudad Alicante, había y hay todavía en la sucursal del Banco de España un escudo franquista, concretamente una vidriera en el patio de operaciones. Mi grupo parlamentario ya presentó esta proposición no de ley en enero de 2013. Y la presentamos en aquel momento de forma perfectamente justificada y justificable, porque se iban a desarrollar unas obras de remodelación del edificio, y en medio de esas obras de remodelación, mi grupo parlamentario planteó la supresión de ese escudo, además al amparo de lo dispuesto por la Ley de la Memoria Histórica, es decir, plenamente justificado a todos los niveles, no era una cuestión extemporánea. También formulamos varias preguntas que estoy seguro que el Grupo Parlamentario Popular tendrá para argumentar su posición al respecto; una batería de preguntas sobre esta cuestión que yo dirigí como diputado por la tierra valenciana también. El Gobierno contestó mediante dos respuestas diferentes: una, diciendo que efectivamente se iban a retirar escudos en el antiguo edificio de la aduana o en la delegación de Hacienda. Y una segunda respuesta complementaria justificando con determinados informes que el valor cultural histórico-artístico de este escudo impedía su retirada, algo que efectivamente en determinados casos la Ley de Memoria Histórica puede contemplar, pero que en este caso a mi grupo parlamentario le parece altamente cuestionable, sobre todo porque los informes a que alude el Gobierno en esta contestación y que estoy seguro que el Grupo Parlamentario Popular va a destacar también en su respuesta, hacen referencia a la opinión de dos expertos que han analizado las cualidades artísticas, la significación histórica y los valores patrimoniales. Bien, expertos que puedan analizar este tipo de cuestiones y hacer informes en este sentido o perfectamente en el contrario podemos encontrarlos a centenares, cientos de expertos que puedan decir esto o lo contrario. Y digo esto por la respuesta del Gobierno, cuando dice que supondría una intervención con la que se eliminaría una parte importante de de la historicidad del edificio que es una referencia imprescindible para toda intervención, el valor artístico de la vidriera y demás. La vidriera puede tener todo el valor artístico que se quiera, pero para hacer este tipo de informes no hay que recurrir a dos expertos que pasasen por allí, ya digo que expertos hay muchos, sino que hay que ir a entidades que tiene reconocido por la legislación vigente la característica de entidades asesoras de las administraciones públicas en procedimientos histórico-artísticos o culturales. Y pongo el caso en territorio valenciano del Consell Valencià de Cultura, máximo órgano consagrado en el Estatuto de Autonomía para las cuestiones culturales, artísticas y de toda esa índole, relativas al territorio valenciano. Se podía haber pedido un informe al Consell Valenciá de Cultura que hubiese sido perfectamente pertinente para ver la significación de este escudo, y no recurrir a estos pretendidos informes de expertos que, como digo, podemos encontrar muchos y en un sentido o en otro.
Mi grupo parlamentario continúa defendiendo la pertinencia de esta proposición no de ley, de la retirada de este escudo del patio de contratación de la sucursal del Banco de España en la ciudad de Alicante, independientemente del valor intrínseco que pueda tener la vidriera. Si la vidriera tiene un valor, se puede acabar destacando en otro lugar o darle un valor diferente. En todo caso entendemos que no se debe mantener en el lugar que ocupa en función de la legislación vigente. Además, la proposición no de ley planteaba también la retirada de determinados nombres de calles, algo que también solicita la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que desde luego compartimos y vamos a votar favorablemente. En Alicante todavía permanecen muchos de estos nombres de calles franquistas. El Partido Popular, desgraciadamente, que lleva muchos años gobernando la ciudad de Alicante no ha tenido voluntad de eliminarlos, pero la historia nos ha resuelto, afortunadamente, esta segunda parte. Ya hay un nuevo Gobierno en la ciudad de Alicante, y estamos absolutamente convencidos de que este nuevo Gobierno en la ciudad de Alicante va a acabar con esta injusticia histórica y va a devolver a las calles de
Alicante nombres honorables y no nombres franquistas que no deberían figurar en su callejero. La historia nos soluciona una parte de la proposición no de ley, pero la otra sigue estando en manos de la autoridad del Estado, puesto que el Banco de España depende del Estado, no depende ni de la comunidad autónoma ni de la autoridad municipal y, por lo tanto, es perfectamente pertinente y está perfectamente justificada la solicitud que se hace en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Desde Amaiur apoyaremos las dos proposiciones, ya que durante toda esta legislatura en continuas ocasiones hemos traído a colación este tema a la Cámara, denunciando cómo no solo no se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica, sino que se está yendo para atrás. Algunos ejemplos podrían ser que en una ciudad como Oviedo se ha restituido la estatua de un coronel franquista, se han dado fondos para el Valle de los Caídos, se ha homenajeado por parte de la delegada del Gobierno en Cataluña a una división nazi como la División azul. Seguimos viendo en museos públicos, ya sean el militar de Toledo, el militar de Melilla o el de la Guardia Civil aquí en Madrid, alusiones ya sea al dictador Franco calificándolo como héroe de España, como excelentísimo señor. Vemos también que se alude al golpe de Estado de 1936 como cruzada nacional en un museo inaugurado en 1997, cabe recordarlo. Y esto no se elimina aduciendo que no hay fondos en este momento de crisis económica para eliminar estos símbolos. Solamente hace falta una pincelada de típex para borrar estas alusiones fascistas, y si no se hace es porque no hay voluntad política. Pero además de ello, hemos visto cómo representantes públicos continúan haciendo comentarios despectivos hacia las víctimas del franquismo o, incluso, cómo se ha llegado a conmemorar en un cuarte de la Guardia Civil el aniversario del 23F, y al organizador del evento no solamente no se le ha expulsado del cuerpo, sino que se le ha ascendido a coronel. Es más, la semana pasada hemos sido testigos de un hecho inaudito en Europa, como fue que una veintena de agentes de la Guardia Civil se fotografiasen en Melilla bajo la estatua de un dictador totalitario. Este hecho en cualquier Estado europeo supondría la expulsión ipso facto del cuerpo policial. ¿Y qué va a ocurrir en el Estado español? Seguramente nada, ¿verdad? Quizás les asciendan a sargentos o a coroneles.
Como decía, estamos viendo que no solamente es un caso de callejeros o de símbolos, sino que es mucho más global, va mucho más allá y, posteriormente, en una proposición que traemos hoy profundizaremos en algunos de esos casos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La renuencia al cumplimiento de los requerimiento de la Ley de Memoria Histórica, pero no solo la renuencia a los cumplimientos del derecho positivo en esta materia, sino la renuencia al cumplimiento de requerimientos del principio democrático desde una perspectiva simbólica, nos llama poderosamente la atención. Se buscan subterfugios, se buscan excusas, se buscan pretendidas razones vinculadas a la arquitectura, a la historiografía, a la simbología, en definitiva, que no hacen más que encubrir la adhesión de quienes utilizan estos argumentos, señor presidente, a la simbología que estos elementos arquitectónicos representan. Señorías, vamos a ser claros en esta materia, no hay elementos o argumentos historiográficos, no hay elementos artísticos, no hay elementos arquitectónicos en ningún país democrático del mundo que posibiliten mantener vivos signos fascistas, nazis o de cualquier naturaleza. Se puede buscar mediante argumentaciones perifrásticas lo que se quiera, pero cuando se busca lo que se quiere, señor presidente, ¿qué se está buscando? La exacta identidad ideológica de quienes mantienen o quienes buscan ese tipo de argumentaciones. Y esa exacta identidad ideológica es lo que nosotros denunciamos. Quien bajo pretendidas razones arquitectónicas, historiográficas, artísticas, de identidad de la ciudad o cualesquiera otra, está defendiendo vulnerando los requerimientos expresos de la Ley de Memoria Histórica, pero no solo de esta ley, sino de las sensibilidades democráticas exigibles a cualquier persona, mantiene estos símbolos, está desnudándose ideológicamente. Y quien se desnuda ideológicamente, tiene que presentarse ante la ciudadanía desnudo ideológicamente. Y si desnudo ideológicamente se siente referenciado por símbolos nazis, fascistas o franquistas, los ciudadanos tienen el derecho a saber desde el perspectiva del derecho de sufragio a quiénes están votando o a quiénes están dejando de votar. De esto estamos hablando, señor presidente. Aquí se pueden argumentar muchas cosas; para la perífrasis aquí hay personas y portavoces que están dotados de forma digna de mejor causa para su práctica; el eufemismo también es objeto de recurrencia mediante elementos
de reflexión pretendidamente intelectual pero que suena bien. Pero el fondo del asunto, usted que es un jurista prestigioso, señor presidente, lo que está en la naturaleza de las cosas, parafraseando a Lucrecio, es lo que es, y quienes admiten, permiten y toleran la pervivencia de estos símbolos son lo que estos símbolos representan; y quienes no lo hacen son lo contrario a lo que estos símbolos representan. Téngalo en cuenta, señor presidente, ténganlo en cuenta quienes en este momento van a votar en contra de estas iniciativas parlamentarias, y sobre todo ténganlo en cuenta los ciudadanos que más pronto que tarde van a tener que votar otra vez en unos comicios. No es irrelevante esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Mi grupo parlamentario está a favor de las dos iniciativas presentadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, no desde una perspectiva ideológica porque me parece que haríamos bien en sobrevolar este debate, un debate a mi gusto demasiado ideologizado que se produjo precisamente cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, en el que probablemente pudiera haber habido muchísimo más consenso si hubiera habido una descarga ideológica mayor. Yo no estaba en aquel momento en la Cámara y, a lo mejor, fue imposible. Aquí lo que nos plantean los dos proponentes, o por lo menos así lo ve nuestro grupo parlamentario y así lo veo yo también, no es ni más ni menos que se cumpla la Ley 58/2007, de la Memoria Histórica, que tiene muchas cosas importantes para ser reseñadas, pero ceñirme solo a la cuestión fundamental de las dos iniciativas, no solamente persigue la retirada de los símbolos franquistas, de los símbolos de la dictadura franquista, sino que tiene un objetivo que es vivificar y dignificar el recuerdo de las víctimas. Yo creo que ese es un elemento importante que no _debe ser contemplado nunca desde la perspectiva ideológica porque las víctimas son nuestras víctimas. Hay víctimas de todo tipo como las hay siempre en una guerra civil, y todas las víctimas tienen el mismo derecho al mismo reconocimiento. Creo que también tenemos que ampliar la reflexión. Es verdad que de lo que se trata es de aplicar la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, pero también es verdad que se trata de que tampoco nos olvidemos de las víctimas vivas. Es decir, hay unas víctimas más lejanas en, el tiempo que son nuestras víctimas, que merecen y necesitan aún reparación. Tenemos que recordarlo o, por lo menos mi grupo parlamentario y yo misma queremos hacerlo así, pero, en fin, aquí no se trata solo de las víctimas del franquismo, se trata de todas las víctimas, desgraciadamente españolas, de las víctimas del totalitarismo. El totalitarismo es igual que sea fascista, que sea franquista o que sea de otro signo, es lo que unifica a todos los que vulneran la voluntad del otro, a todos los que no la respetan y a todos los que acaban con la vida de otra persona, precisamente porque lo que no respeta es la sociedad plural, la sociedad democrática; en su día el franquismo respecto a la República y ahora la Constitución de 1978. Eso es lo importante y en lo que espero que todos estemos de acuerdo; para todas las víctimas, para las de la Guerra Civil, para las del franquismo, para las de la posguerra, para todas las víctimas: memoria, dignidad y justicia, para todas.
Y respecto a estas dos iniciativas parlamentarias, aplicación de la Ley 52/2007 que tiene los dos efectos: el de reparar la memoria de las víctimas y el de retirar aquellos símbolos que realmente provocan, insisten en el dolor de las víctimas y en la falta de reparación y de reconocimiento de la dignidad. Insisto, víctimas del totalitarismo, tanto del totalitarismo de los que dieron un golpe de Estado contra el régimen democrático y legítimo que era la República, como de aquellos que después han seguido asesinando y justificando los crímenes contra la democracia representada en España por la Constitución del 1978. Por eso mi grupo parlamentario apoyará y con mucho gusto las dos iniciativas legislativas que se nos han presentado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÁFOLS: La verdad es que con este tipo de iniciativas llueve sobre mojado, y no solo en esta Comisión, yo mismo he llevado temas similares en la Comisión de Interior. Contaré una anécdota que me sucedió mientras preparaba una intervención de hace tiempo en una propuesta similar. Recuerdo que la primera vez que visité Madrid, me di un susto tan grande que bajé la cera y casi me atropellan, porque estaba en la calle División Azul, y esto ya no es franquismo, sino el franquismo que colaboró con los nazis. Pues bien, preparando esta intervención hice un search en el Google sobre calle División azul, para ver si esta calle todavía existía en Madrid, y se me pusieron los pelos de punta cuando empezó a salir: calle de la División Azul, Madrid, calle de la División Azul en tal sitio, calle de la División Azul en otro; en fin, sellarías, esto cs absolutamente inimaginable en cualquier lugar de Europa.
En este sentido quiero citar a la delegada del Gobierno en Cataluña que condecoró a un miembro de la hermandad de la antigua División Azul, un señor que no solo iba con camisa azul, sino que llevaba con todo el orgullo una esvástica colgada del pecho. O sea, la representante de un Gobierno democrático condecora en Europa occidental a una persona representante de una entidad que lleva una esvástica colgada del pecho, lo que en la mayor parte de Europa simplemente ya sería un delito.
También recientemente, como curiosidad, en las últimas elecciones municipales la Junta Electoral nos comunicó que en las instituciones públicas donde ondeara una estelada tenía que ser retirada porque podía influir en el voto. Esto hasta cierto punto parece razonable, pero cuando una entidad de la sociedad civil, nada sospechosa de revolucionaria porque era una asociación de empresarios, apeló a la Junta Electoral argumentando que con esta lógica se deberían retirar los símbolos franquistas porque también pueden influir en el voto -es más, algunos de estos símbolos, que están justamente en algunos colegios electorales porque son escuelas, coinciden exactamente con el anagrama de algunos de estos partidos-, pues resulta que la Junta Electoral dice que en este caso no ve que eso influya en el voto; una estelada sí, un aguilucho no. Pues bien, parece que hay una doble vara de medir.
Honestamente, no entendemos cómo el Partido Popular puede seguir con esta lógica que abre un abismo con el comportamiento y la legislación de todos los países de nuestro entorno. Y adelantándome a lo que supongo que será un argumento que vendrá después, que siempre hablarnos del pasado, le diré, señoría, que no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, de cosas que están sucediendo ahora. En este sentido creo que estaría bien que nos empezáramos a parecer a los países de nuestro entorno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Hernández.
El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Doy la bienvenida a varios de los argumentos que escuché a la portavoz del grupo parlamentario UPyD, quiero reconocérselo así, en cuanto a la dignidad de las víctimas y sobre todo en la lucha contra los totalitarismos. Y de todo lo que se ha dicho, me gustaría ver el mismo rigor y fuerza en la condena de actos terroristas y de la violencia totalitaria donde se produzca, porque en eso siempre estaremos todos de acuerdo. Y permítanme una pequeña mención, desde luego el racismo no forma parte de ninguno de los elementos fundadores del Partido Popular ni de ninguna fuerza democrática, y esto tiene que constar por mor de la convivencia democrática.
Queremos subrayar que en el preámbulo de la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno socialista en la anterior legislatura, se señalan como principios el espíritu de reconciliación y concordia, el respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guían la Transición y nos permite la Constitución de 1978. Es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico y traduce la voluntad de reencuentro de los españoles en un Estado social, democrático y de derecho, con clara voluntad integradora; Estado de derecho, nadie por encima de la ley, nadie fuera de la ley, el resto es arbitrariedad, y la arbitrariedad existe cuando el poder es el que determina la aplicación de la ley, eso sí que es una amenaza contra todos.
Por eso la argumentación que vamos a dar es una respuesta a una cuestión jurídica. El artículo 15 la Ley de la Memoria Histórica está reconociendo y ampliando derechos con medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. En el apartado segundo del artículo 15 se precisa que lo anterior no es de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas. Por otro lado, la Ley de Patrimonio Histórico en su preámbulo establece que en un Estado democrático los bienes culturales deben estar adecuadamente protegidos, y no reciben un tratamiento diferente del resto de los elementos que conforman la memoria histórica de España o la memoria colectiva y que están a disposición de en estas proposiciones no de ley que nosotros rechazaremos, hay una cuestión previa porque se están mezclando los conceptos jurídicos, cuando el concepto jurídico clave aquí es la titularidad.
En cuanto al cambio de nombre de calles y retirada de monumentos en edificios y espacios competencia de cualquier Administración Pública, cuando la titularidad del bien sea privada, local o autonómica, su retirada compete al titular. Se nos ha querido trasladar en algún momento que ha habido una cierta inactividad, pero la comisión técnica de expertos creada en el año 2009, se crea precisamente para excepcionar o no de la regla general de retirada de símbolos que establece el artículo 15, los bienes calificados de interés cultural cuando concurran determinados supuestos. Pues bien, respecto a los
criterios establecidos por la comisión técnica, se informa que desde mayo de 2011 en el portal o web de la memoria histórica se están publicando informes sobre los criterios generales adoptados en los acuerdos de la comisión técnica de expertos de la Ley de Memoria Histórica, tanto para dar cuenta de los principios que han guiado su actuación cuino para servir de pauta al al de las administraciones públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones provinciales, en el tratamiento de símbolos similares que se encuentren en edificios y espacios públicos de su competencia. Desde su creación, la comisión, que ya está finalizando muchos de sus trabajos, se ha reunido en catorce ocasiones en asamblea plenaria y ha analizado 705 vestigios de los ministerios afectados en los que ha debido presentar informe o documentación.
Un caso particular es la proposición de Izquierda Unida, puesto que la nomenclatura del callejero es una competencia municipal. En concreto en el supuesto del recinto que no es de acceso público, las calles no figuran en el callejero oficial. Respecto a Ferrol, según nos informan la glorieta del Generalísimo no existe ya en el Arsenal. Y por otro lado, para exhumar cadáveres también hace falta el consentimiento de los familiares, y esto sigue siendo un Estado de derecho.
En cuanto a la vidriera del Banco de España, efectivamente la división de conservaduría del Banco de España emitió un informe en contra, ya lo hizo en el año 1998 sin que existiera esta legislación. Por lo tanto, se tiene en cuenta lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y se debe mantener el referido escudo en la vidriera por su interés artístico, siendo una de las vidrieras más importantes de art déco europeo en el periodo en que fue realizada. Además, la vidriera y su escudo forman parte de un todo porque la intervención podría eliminar una parte importante de la historicidad del edificio, atentando a su integridad.
Por lo tanto, rechazaremos estas proposiciones no de ley porque todos estos elementos no reciben un tratamiento distinto al resto de los elementos que conforman la memoria histórica. Sí quiero subrayar un hecho, la ley y su aplicación siempre es una cuestión jurídica. El día que dependa del poder o de quién detente el poder, se convierte en una cuestión política, y eso ya no se llama democracia y es una amenaza para todos. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría ¿por algún motivo?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Para intentar desmontar reflexiones que consideramos inciertas.
El señor PRESIDENTE: No entiendo que en las manifestaciones que se han hecho haya habido ninguna alusión que pueda afectar al decoro...
El señor OLABARRiA MUÑOZ: Señor presidente, ha habido una reflexión maniquea relativa a la legitimación por razones artísticas de determinadas...
El señor PRESIDENTE: Señoría, este no es una tema al que pueda afectar una rectificación, es una manifestación propia del debate parlamentario y, por lo tanto, entiendo que no ha lugar. Usted ha tenido la ocasión de manifestar lo que le ha parecido oportuno, y en la respuesta que han dado otros grupos políticos entiendo que se han utilizado los mismos argumentos. En todo caso ¿si quiere usted manifestar su protesta?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Si me permite, señor presidente, quiero que conste en el "Diario de Sesiones" su oposición a esta petición de intervención y las razones que la justifican.
El señor PRESIDENTE: Que así conste en el "Diario de Sesiones". Hemos terminado este punto del orden del día.
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LOS LLAMADOS SOBRESUELDOS A LOS CARGOS PÚBLICOS POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LA MEJORA DE LA TRANSPARENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/003356).
El señor PRESIDENTE: Vamos al punto número 6, que no tiene enmienda, sobre la prohibición de los llamados sobresueldos a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia. Su autor es el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra doña Rosa Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En este caso tampoco es la primera vez que en esta Comisión o en otras comisiones o en el Pleno del Congreso de los Diputados, bien a propósito de iniciativas legislativas o dentro del debate sobre el estado de la Nación o de las propuestas de resolución que se han planteado, se suscita un debate en relación con la prohibición de los sueldos a los senadores y diputados, llamados en esta proposición no de ley sobresueldos a los cargos públicos por parte de los partidos políticos y la mejora de la transparencia. Señorías, más allá de la larga exposición de motivos, quiero de entrada anunciar que hay algún error en algunas de las personas que se señalan y que viene derivado del propio sistema que tenemos en el Congreso de los Diputados a la hora de rellenar nuestras propias declaraciones. Me hacía notar el señor Sixto lo referido al señor Cayo Lara. Yo le dije que lo sabía y que incluso lo había comentado con él. Más allá de la exposición de motivos e insisto de algunas cuestiones que pueden generar alguna confusión o que nos la han generado a nosotros a la hora de argumentar, lo sustancial y lo importante -para mi grupo lo es- es que resolvamos clarificando cuáles son los sueldos de los cargos públicos, de los cargos electos, y que resolvamos un problema que, a nuestro juicio, hace mucho daño a la función pública y a la política, porque al no haber transparencia, al no conocerse por el conjunto de los ciudadanos con claridad y sin tener muchas complicaciones a la hora de saber todos los datos, hay una imagen que puede ser muy negativa para los cargos electos precisamente basada en una confusión y en unas situaciones que se niegan y que luego se sabe que la negación no era cierta. Mientras que la ley establece con toda claridad que los diputados y los senadores deben de tener dedicación exclusiva y cuáles son las excepciones a la misma. Lo cierto es que algunos partidos políticos establecen legalmente una retribución para sus dirigentes que además son senadores y diputados, que son miembros de las direcciones de los partidos políticos, y a la vez los grupos parlamentarios también establecen en algunos casos una remuneración para las personas que dentro del grupo parlamentario tienen una especial dedicación o responsabilidad. Retribuciones que se suman a las públicas que tenemos los cargos electos por nuestra condición de diputado o senador. Es verdad que la Comisión del Estatuto de los Diputados no pone reparo ni obstáculo alguno a que los diputados o senadores puedan cobrar simultáneamente cantidades de sus propios partidos y probablemente no pone reparo alguno porque no entra en valorar lo que puede ser, a nuestro juicio, una contradicción cuando se dice que no tendrán retribuciones por el ejercicio de otro cargo, salvo los docentes. Pero luego, a la hora de la verdad, esa retribución continua se viene produciendo. Estas duplicidades y triplicidades retributivas: Cámara-grupo-partido político, con la falta de transparencia que se produce en todas ellas debe de ser resuelta reformando la ley. En este caso reformando la Loreg para clarificar y para que todos los ciudadanos sepan exactamente qué es lo que cobramos cada uno de nosotros y para que no haya en la Comisión del Estatuto del Diputado ninguna duda de hasta dónde pueden actuar, si tienen que actuar con arreglo a nuestra Constitución, a nuestro Reglamento o a la propia Ley Electoral. La existencia de sobresueldos que complementan las retribuciones de diputados y senadores y otros cargos públicos -añado a lo que ya he dicho- impide abordar de una manera franca y transparente un debate importante, que tenemos pendiente, que es el de la retribución justa de nuestros cargos públicos. Como existen las duplicidades, las triplicidades, los sueldos no reconocidos o reconocidos, porque no estoy hablando de que sean ilegales. Hay muchos diputados y senadores que los declaran. Es decir, son sueldos legales. No están cometiendo ninguna irregularidad desde el punto de vista legal, pero el hecho de que existan todas estas duplicidades o triplicidades hacen que no abordemos con la tranquilidad necesaria lo que debiera de ser una retribución justa de nuestros cargos públicos. Mi grupo defiende una retribución digna, clara y transparente. Me parece que lo de digna tiene que ir inequívocamente unido a lo de clara y transparente, que vaya en línea con las retribuciones de otros países y con la situación de la economía de nuestro país, naturalmente, no con las retribuciones en abstracto, sino con la situación de nuestra economía y de los ciudadanos a los que representamos. La existencia de sobresueldos impide totalmente abordar este debate, pues seguimos manteniendo unos sueldos oficiales y otros reales que en algunos casos se alejan muchísimo de aquellos que son los oficiales.
En suma, este es un debate pendiente. Creo que debiéramos de tomar una decisión al respecto y es por esto que instamos al Gobierno a proponer la iniciativa legislativa, porque la medida legislativa la tenemos que llevar a cabo nosotros, para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de que se impida que los partidos políticos y grupos parlamentarios puedan pagar sobresueldos a sus diputados y senadores por el desempeño de cargos orgánicos. De tal manera que incluso aunque se consideren ambas actividades compatibles, porque se pueden contemplar así, se impida su carácter retributivo. Esta es una cuestión, a mi juicio, importante. Puede ser compatible, pero lo que no ha de ser compatible, a nuestro juicio, es el carácter retributivo de esa actividad, reformando el capítulo II del título II de la Loreg.
Esta es una iniciativa que no es la primera vez sobre la que se discute en esta Cámara. No es tampoco esta Cámara la única en la que este grupo parlamentario, y no solo este grupo parlamentario, ha planteado este debate. En algunas circunstancias nos hemos encontrado más solos a la hora de defenderlo, en otras circunstancias hemos encontrado el consenso, la compañía, las enmiendas y la reflexión de otros grupos parlamentarios. Entiendo que sería importante que pudiéramos construir alrededor de esta idea política y no de cada uno de los puntos puntuales de la iniciativa un consenso en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones, puesto que no hay enmiendas a esta iniciativa, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo brevemente. Nosotros coincidimos con la reflexión de que hay que hacer una reforma más global, no solo de este punto concreto, sino de otros ámbitos que se refieren a las propias incompatibilidades. Precisamente para evitar circunstancias como las que se produjeron al comienzo de esta legislatura en el caso de nuestro portavoz. A pesar de haber renunciado a todas las remuneraciones, tuvo que dimitir porque su actividad se consideraba incompatible con su actividad docente. En algunos casos es interesante que personas que están en el ámbito de la universidad puedan estar en las cámaras legislativas aportando su reflexión, su capacidad intelectual, aunque quizá su actividad principal venga a ser la universitaria. Este es un elemento de reflexión que hay que plantearse. Hay que actuar sobre las retribuciones para que haya mayor transparencia, para que no haya duplicidades y sobre todo hay que hacerlo en estos tiempos más convulsos, más de crisis, en los que la sociedad exige mayor transparencia y ejemplaridad a las personas que estamos en la función pública. Por eso coincidimos con la reflexión general de la proposición no de ley de UPyD, aunque pensamos que habría que ir -como su misma portavoz ha señalado- a una reflexión más amplia y conjunta de todos los grupos para alcanzar un consenso amplio sobre esta cuestión y sobre otras que afectan a la representación pública de la ciudadanía y al ejercicio de la política.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco no está presente ningún representante. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que cuando uno lee el artículo 157.1 de la Loreg me parece que está la cosa clara. Será incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, profesión o actividad públicos o privados por cuenta propia o ajena retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. Cuando uno ve cómo se plasma en la realidad después de las interpretaciones que hacemos en la Comisión de Estatuto de los Diputados, a la cual me honro en pertenecer, uno se pregunta cómo acabamos llegando de lo que taxativamente dice la ley a la interpretación que se acaba haciendo. Después de ver ese largo camino, que personalmente me resulta incomprensible en algún punto, entiendo la absoluta necesidad de clarificar la ley o el Reglamento del Congreso o las formas en las cuales se está interpretando la voluntad del legislador, porque es la fuente a la que tenemos que ir. La voluntad del legislador, cuando se establece esto en la Loreg, es que sea incompatible con el ejercicio del cargo de diputado otros ejercicios que le puedan suponer una distracción de su actividad parlamentaria, es el caso que se ha comentado por el portavoz del Grupo Mixto, que el anterior portavoz tuvo que abandonar su puesto parlamentario por incompatibilidad en el cargo por ostentar el ejercicio de la actividad docente, pero a nivel de responsabilidad docente, considero que así tenía que ser. A la hora de la verdad cuando se va a ver el nivel de compatibilidad o incompatibilidad de la percepción salarial de determinadas responsabilidades, parece que al final se acepta y no sabemos muy bien por qué, porque la interpretación que se hace es que si es compatible con el ejercicio de ser diputado el tener una responsabilidad dentro del partido político, pues es compatible lo que conlleve la representatividad del partido político, llevar un cargo de responsabilidad. Cuando lo que conlleva ese cargo de responsabilidad en un partido político no es que te paguen los gastos de desplazamiento de un viaje al extranjero, la gasolina del coche o los gastos de seguridad en tu casa en un momento en concreto, sino que lo que conllevan son cantidades fijas mensuales que en algunos casos, y así constan en las declaraciones de bienes que son públicas en este Congreso, son superiores incluso a las retribuciones que se tienen como sueldo de esta Cámara, es cuando cualquier persona en uso de su razón dice: esto es incompatible con el artículo 157.1 de la Loreg. Efectivamente es incompatible. Si cualquier juez de lo social viese esas percepciones diría que se está percibiendo salario como responsable político de un partido político. Por tanto, es incompatible, desde nuestro punto de vista, con lo que dice el artículo 157.1
de la Loreg. Estamos viviendo una situación de soslayar la ley por la vía de una interpretación espuria, amparada no se sabe muy bien en qué, sino más que nada en los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que después aprueba el Pleno de la Cámara, pero que en realidad no tiene respaldo legal, firme, fuerte y potente detrás de esto. Por eso es absolutamente pertinente que esta Cámara dé una interpretación unívoca a este hecho. En esa misma línea que se establezca cómo se tiene que interpretar ese artículo 157.1 en el sentido de que no es compatible con la percepción de otro salario, sueldo, arancel u honorarios. Será compatible con la percepción de gastos de desplazamiento en un caso concreto si el presidente del partido equis se va donde sea a hacer la gestión que sea, pero no con el salario o arancel. En este sentido, entendemos que es absolutamente necesario proceder a esta reforma.
La otra propuesta que hace la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia nos parece absolutamente razonable. La transparencia a mi grupo le parece la mar de razonable. Entre otras cosas, porque la transparencia ayuda ya no solamente a que la gente sepa que tenemos una responsabilidad pública y a que tengamos los bolsillos de cristal, sino a veces hasta entender cómo nos expresamos también en las declaraciones de bienes y de actividades, que a veces son tan liosas que dan lugar al equívoco que se ha producido -y que agradezco a la portavoz de UPyD que se haya referido a ello- en alguna declaración de bienes como la del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que puso lo que había cobrado el año anterior, cuando no era miembro de esta Cámara y como coordinador general de Izquierda Unida tenía una dedicación exclusiva a ello y era retribuido por el partido político. En el momento en que llegó a esta Cámara dejó de cobrar, pero como la declaración hacía referencia al último año, incluyó la retribución anterior. Es perfectamente pertinente el segundo punto de la propuesta de acuerdo, que se publiquen todas las remuneraciones, de forma anual y que se haga de forma lo más clara y transparente posible. Por esos dos motivos apoyamos esta proposición no de ley. Quien no apoye que hagamos una modificación para ser más claros tendrá que explicarlo muy bien a la ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán no hay ningún representante. Por el Grupo Socialista, doña Susana Sumelzo tiene la palabra.
La señora SUMELZO JORDÁN: El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia nos presenta una proposición no de ley sobre la prohibición de los llamados sobresueldos a los cargos públicos por los partidos políticos y la mejora de la transparencia. Señorías, en el Grupo Parlamentario Socialista creemos que no hay profesión más digna y más noble que la de parlamentario, que la de depositario de la soberanía popular, que la de representante de los ciudadanos. Por ello, entendemos que todos debemos cumplir con las incompatibilidades que determina la ley, por supuesto. Pero nuestra tarea ahora es conseguir que la ley cierre definitivamente la puerta a la posibilidad de compaginar la actividad de diputado o senador con cualquier otra actividad privada remunerada. Tal como propone la iniciativa y ha manifestado en reiteradas ocasiones el Grupo Parlamentario Socialista, creemos necesario modificar el artículo 159.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para evitar que las respectivas comisiones del Estatuto del Diputado o del Senador puedan acabar autorizando actividades privadas que de un modo u otro sean incompatibles en la práctica con la condición de parlamentario. Es evidente, y nadie discute, que podamos compatibilizar nuestro desempeño público con la labor docente o literaria o con la participación en medios de comunicación. En ello, nuestra posición es clara y firme. Se puede compatibilizar la actividad con otras que no alteren o afecten la función representativa. Solo en estos supuestos y siempre sin percibir remuneraciones distintas de las que ya se obtienen por la condición de parlamentario.
Señorías, sabemos que esta iniciativa incomoda especialmente al Grupo Popular, como les incomodó la enmienda que, en octubre de 2014, el Grupo Socialista presentó al proyecto de Ley de financiación de los partidos políticos sobre esta materia y que el Grupo Popular rechazó. Podríamos recordar también la proposición no de ley sobre dedicación exclusiva de parlamentarios que mi grupo presentó el pasado mes de diciembre y de la que el grupo mayoritario no ha encontrado todavía momento para incluirla en orden del día y por eso no se ha debatido. Este debate es incómodo, porque el Grupo Popular no ha entendido que funciones como elaborar y aprobar leyes, controlar al Gobierno y aprobar presupuestos requieren una dedicación exclusiva, que ejercer de parlamentario no puede compaginarse con trabajar de lobbista o que representar a los ciudadanos es incompatible con asesorar a empresas privadas a cambio de cientos de miles de euros.
Señorías, en los últimos meses hemos conocido varios supuestos de incompatibilidad y conflictos de intereses. Los hemos vivido aquí en el Congreso con el señor Trillo y el señor Pujalte, también con
miembros del Gobierno, con intereses personales, familiares o patrimoniales en empresas privadas, como el señor Morenés, la señora Tejerina o el propio señor Montoro. En la sede de Génova con sobres o sobresueldos respecto a los que el señor Rajoy todavía no ha dado una explicación creíble. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista considera necesaria una reforma de la ley para evitar que los diputados y senadores compatibilicen su actividad parlamentaria con actividades privadas diferentes de las ya previstas expresamente en la propia ley. Creemos en aquellos supuestos en los que se permita la compatibilidad para actividades docentes, literarias o de colaboración con medios de comunicación en las que no puedan percibirse remuneraciones complementarias de ningún tipo. Desde luego creemos que los partidos políticos no pueden pagar en ningún caso ni en A ni en B sobresueldos a los parlamentarios elegidos en sus listas. En definitiva, señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa y lo va a hacer por convicción, porque ya lo planteamos en anteriores iniciativas y porque nuestro código ético interno así lo dispone y, sobre todo, porque creemos que nosotros, los representantes de la soberanía, les debemos a los ciudadanos una dedicación completa y exclusiva.
El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señorías, empezaré por lo que podría ser el final de mi intervención, citando a mi compañero Pedro Gómez de la Serna, portavoz de mi grupo en esta Comisión, que en el debate sobre la proposición de ley sobre transparencia y racionalización del sistema retributivo de los miembros del Gobierno, altos cargos y cargos públicos electos, le decía al grupo proponente, a UPyD, lo siguiente: ustedes llevan tres años con este discurso y, al final -añadía- le han hecho ustedes, entre otros, el trabajo sucio a otros que en este momento les están echando a ustedes de la pista electoral. Esto que advertía el señor Gómez de la Serna el 15 de marzo se ha empezado a hacer realidad el 24 de mayo en las pasadas elecciones municipales y autonómicas.
Sobre las dos propuestas que contiene la proposición no de ley diré muy brevemente lo siguiente. En primer lugar, que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General -y hoy hemos tenido ocasión de asistir a algún debate sobre la misma- se lleva a cabo, como regla general, con un amplio consenso y a iniciativa de los propios grupos parlamentarios no a iniciativa del Gobierno. Más en este caso en el que la materia objeto de regulación se refiere directamente al estatuto de los propios parlamentarios. No parece, a nuestro juicio, que sea el Gobierno el que deba tomar esta iniciativa cuando existe una práctica de mucho tiempo de que ésta corresponde a los grupos parlamentarios.
En segundo lugar, tampoco parece oportuno que se inste al Gobierno a que tome la iniciativa para legislar sobre una cuestión que afecta directamente al ámbito propio de la organización de esta Cámara, como es el modo en que tiene que implementarse las indicaciones acerca de la transparencia y, en particular, la publicación de las remuneraciones de los diputados que, por otra parte, como bien saben sus señorías, son perfectamente públicas, y debería decirse alto y claro, porque de vez en cuando conviene decir algo positivo. Como saben sus señorías, la Ley de Transparencia incluye en su ámbito subjetivo de aplicación el Congreso de los Diputados y el Senado, de manera que las Cortes están sometidas a los principios generales derivados de las obligaciones de publicidad activa que impone la nueva ley, que ustedes, por cierto, señorías, creo recordar que no apoyaron en esta Cámara.
Señoras y señores diputados, el Gobierno del Partido Popular ha adoptado durante esta legislatura muchas medidas y ha impulsado la aprobación de reformas legales en el ámbito de la regeneración democrática y de la transparencia. Ahí está la propia Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, la Ley reguladora del ejercicio de alto cargo o las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También esta Cámara ha hecho algunas cosas, ha corregido algunas prácticas. Eso también sería bueno que ustedes lo dijeran alguna vez. Por ejemplo, las retribuciones de los diputados están congeladas desde el año 2009 y se rebajaron en el año 2010, se han suprimido las aportaciones a planes de pensiones, se ha suprimido la compatibilidad de las cesantías, se ha incrementado la transparencia y el control sobre los desplazamientos de los diputados, etcétera. Esto también convendría que lo recordáramos todos, señorías. Usted lleva toda la legislatura hablando de los mal llamados privilegios de los parlamentarios, cuando estamos en la legislatura que más decisiones se han tomado para adaptar esta casa a los tiempos actuales y cuando somos además uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades de los diputados. Ustedes para referirse a lo que se debe considerar como complemento retributivo utilizan en su proposición un término peyorativo que tiene connotaciones
negativas para descalificar lo que ustedes mismos reconocen en su texto como algo que es legal, compatible y utilizado en esta Cámara siempre. Por cierto, señora Sumelzo, con su apoyo y su impulso, porque en la mayoría de las legislaturas de la democracia, desde el año 1979, la mayoría ha correspondido al Partido Socialista. Por tanto, deben de aplicarse esa reflexión antes de hacer tanta demagogia. Porque nosotros no estamos en contra de esta iniciativa, sino de la demagogia que ha utilizado aquí esta tarde. Complementos legales y compatibles, que se reciben en función de las responsabilidades y obligaciones que pueda tener un diputado dentro de su grupo parlamentario o en su partido. Siguiendo su razonamiento podría concluirse también que las retribuciones de los diputados deben ser las mismas con independencia de la responsabilidad de las funciones que se ejercen, con independencia de si uno es presidente o portavoz o secretario o portavoz adjunto. Estoy seguro que no les parecerá razonable suprimir estos complementos que se reciben en función del cargo que desempeña el diputado. Además, señorías, la propuesta que nos trae aquí esta tarde Unión Progreso y Democracia, como ha recordado la señora Díez, fue rechazada por el Pleno de la Cámara el pasado 10 de marzo, no hace mucho, cuando no fue tomada en consideración esa proposición de ley que he comentado al principio. Además podrían haber presentado enmiendas en el sentido que hoy nos proponen en alguna de las iniciativas legislativas que he comentado y tampoco lo hicieron. Ustedes erre que erre, siguen con la misma demagogia, siguen dando lecciones, siguen señalando a todo el mundo, lo hacen en el propio texto de la proposición, con muy mal gusto, por cierto. Cosa que tampoco nos sorprende. Citan al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, al portavoz del Grupo Popular, al portavoz del PSOE, del que no ha dicho nada la señora Sumelzo, al portavoz de Izquierda Unida. Hoy ha reconocido un error en el señalamiento, pero ya está hecho el daño y está publicado, señora Díez. Ustedes, señores de UPyD, señora Díez, siempre por encima del bien y del mal y los españoles incomprensiblemente no se lo reconocen. Esto es algo increíble. El otro día nos daba lecciones algún compañero sobre transfuguismo, hoy sobre incompatibilidades y retribuciones, mañana a lo mejor lo hacen sobre cómo liderar un partido o sobre cómo resolver los problemas internos de nuestros partidos. Sigan así de éxito en éxito hasta el desastre final. (Aplausos).
- SOBRE LA REVOCACIÓN DE HONORES Y CONDECORACIONES A FRANCISCO FRANCO, A SUS FAMILIAS Y LOS COLABORADORES CON EL RÉGIMEN DICTATORIAL FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001286).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el último punto del orden del día, que es una proposición no de ley sobre la revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el régimen dictatorial franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Hay una enmienda del Grupo Socialista. Para la presentación de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: En la misma línea en la que hemos tratado las proposiciones anteriores sobre simbología franquista, observamos que tras treinta y cinco años de periodo constitucional se han dado avances en la memoria histórica. Qué decir de la Ley de la Memoria Histórica del año 2007, pero como señalábamos se ha producido un parón durante esta última legislatura y continúan existiendo anomalías. Tres de esas irregularidades son que se mantengan honores y condecoraciones al dictador totalitario Franco, causante de una de las más largas y crueles dictaduras fascistas europeas, que supuso la muerte de cientos de miles de personas y la represión de otras tantas. Que su familia, por el único motivo de ser familia de este cruel personaje, mantenga títulos nobiliarios, honores y grandezas de España y que se mantengan también títulos nobiliarios que el ilegítimo dictador otorgó tras el decreto de 1948 a varios de sus compinches de fechorías y que validó otro de sus socios carlistas. Títulos que siguen hoy en día en activo. No entraré a valorar la existencia de los títulos nobiliarios en sí, como republicano y como soberanista vasco, se pueden imaginar lo que opino, pero no es el debate de hoy. Lo que es alarmante y denunciable es que persistan estos títulos nobiliarios y que sus descendientes, por el único mérito de ser parientes de estos señores, como el señor Juan Yagüe, Emilio Mola, Carmen Franco o Queipo de Llano, mantengan estos títulos. La teoría dice que los títulos nobiliarios se conceden a personas por sus gestas y por sus hechos honorables. ¿Qué debemos agradecer a estas personas? Vayan algunos ejemplos. Emilio Mola, autor de las frases "es necesario crear una atmósfera de terror" o "hay que dejar esa sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros". ¿En el fondo son estos motivos para admitir que se concedan honores a esa persona y que los mantengan sus descendientes? Queipo de Llano, responsable de la represión en Sevilla y la muerte de al menos 3.028
personas. El entonces falangista, Dionisio Ridruejo, definió la operación comandada por Queipo de Llano como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la república. Y Yagüe, conocido por el apodo del Carnicero de Badajoz, que justificó la matanza de la plaza de toros de Badajoz, de cerca de 4.000 personas, ante el periodista del New York Herald Tribune, John Whitaker, diciendo: Por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted, que iba a llevar a 4000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? Y qué decir del Ducado de Franco, con Grandeza de España y el Señorío de Meirás, otorgados a los descendientes del dictador genocida Francisco Franco, responsable de cuarenta años de represión y fascismo.
Un ejemplo clarificador que mencionábamos en la exposición de motivos es que en cualquier otro Estado europeo sería impensable que existieran ducados de Mussolini, un señorío de Hitler o una baronía de Pétain. Pero ¿por qué, si es posible, que exista un Ducado de Franco y un Señorío de Meirás en España? Señorías, si hay voluntad de reparar esta anomalía se puede hacer; independientemente de la opinión que supongan los títulos nobiliarios en la historia reciente de España, en aras del sentido común se puede hacer. Pero, de igual forma, debemos tener en cuenta la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica, que regula la retirada de símbolos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura; y teniendo en cuenta que esos títulos, esos honores se concedieron debido al compromiso de estas personas con la dictadura y el golpe de Estado, creemos que son símbolos visibles y honoríficos y que, a fortiori y siguiendo el espíritu de esa ley, deben ser revocados, buscando la fórmula precisa. También debemos tener en cuenta que estos hechos suponen una afrenta para las víctimas del franquismo y que por su condición merecen un respeto. Y para que quede claro y que no se intente desviar el tema con las usuales cortinas de humo de algunos y algunas para no tratar este tema de fondo, Amaiur considera que todas las víctimas de la violencia -repito, todas, ya sean de ETA, del GAL, del terrorismo de Estado o del franquismo- merecen reconocimiento, verdad y justicia; sin equiparaciones, pero sin exclusiones. Y en este caso, las víctimas del franquismo, que son las más numerosas, han pedido por medio de sus asociaciones la retirada de estos títulos nobiliarios. Por ello, consideramos que sería justo, sería apropiado eliminar estos títulos y honores. Recordemos, señorías, que no hablamos de un asunto jurídico, sino de un asunto político, en el que, si hay voluntad política, se pueden tomar las medidas oportunas para acabar con esta anomalía. En definitiva, hoy tenemos la oportunidad de instar al Gobierno para que promueva la retirada de títulos nobiliarios y honoríficos de los máximos responsables del golpe de Estado y del franquismo, como fueron el dictador Franco o sus secuaces.
Por último, quería añadir que se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Socialista que Amaiur aceptará.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Es agotador que este país no sea capaz de acabar de lidiar con su historia reciente para poder mirar hacia el futuro, y a veces no entiendo algunas posiciones que sostiene el Partido Popular que, con todo tipo de excusas jurídicas, formales no acaba de romper un lazo que para el resto de los ciudadanos es francamente incomprensible. Lo han dicho algunos compañeros: este no es un asunto irrelevante. No lo es el hecho de una simple vidriera, porque esa vidriera está representando nuestra compleja relación con la historia pasada. Al contrario que algunos compañeros -el propio Iñarritu o Guillaumes, que se refieren mucho al derecho comparado-, aunque en Alemania y en Francia fuera concebible ese disparate de que alguien recordara con honor el nombre de Hitler o el de Pétain, creo que ese no es el argumento central. Me parece razonable, pero examinemos qué le pasa a nuestro país con nuestra historia.
Y luego ese argumento tan típico de los conservadores españoles: ¡ya vuelve a hablar otra vez de la guerra!, eso es hablar del pasado, vamos a mirar hacia el futuro, nunca es oportuno. Y como nunca lo es y nunca entramos en ello, seguimos dando vueltas a la noria con asuntos que ya deberían estar resueltos en este país desde principios de los años ochenta. Y si además oímos, como ha sucedido aquí esta tarde, que la Constitución representa un espíritu de concordia y que esa es la excusa para no revisar el pasado, ya lo que nos faltaba: que la Constitución fuera la cobertura para no acabar de resolver esto. Creo que hay que volver a la Ley de Memoria Histórica. Se ha dicho muchas veces que es insuficiente, pero, precisamente el hecho de que el Gobierno la haya dinamitado cuidadosamente mediante la asfixia financiera vuelve a
resucitarla como una buena solución para muchos de los asuntos que estamos debatiendo. Por tanto, aquella ley que se consideró insuficiente, ahora, visto que es imposible avanzar un solo paso en su cumplimiento con el Gobierno del Partido Popular, se convierte -como muestra la enmienda que nosotros presentamos y la aceptación del colega Iñarritu- en una ley adecuada.
El sentido de nuestra enmienda tiene que ver con un problema formal. Tiene razón el señor Iñarritu: hacemos pronunciamientos políticos; pero los hacemos de una forma en la que instamos al Gobierno a tomar decisiones que tienen un contenido jurídico. La propuesta que ellos nos hacen es la de revocar honores por parte del Gobierno. Lo que pasa es que el Gobierno no puede revocar honores porque es una atribución personal del rey. Por tanto, encontramos esa dificultad jurídica, que tratamos de salvar con nuestra enmienda, la cual intenta conservar el espíritu de la propuesta inicial pero salvando esta dificultad. Además, se trata de decisiones del anterior rey, no del actual, y del jefe de Estado anterior, que se arrogó esa capacidad creo que en el año 1947 -no en 1948-. La Constitución dice bien claramente que es una prerrogativa personal del rey, aunque luego vaya formalmente avalada por el Gobierno, como tiene que ser jurídicamente; pero en cualquier caso es un acto del rey. Por eso, nosotros volvemos a traer la Ley de Memoria Histórica, para hacer lo que creo que es una lectura adecuada de ella, porque si habla de menciones honoríficas, parece claro que también puede referirse a este tipo de honores, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el sentido de estos honores, que viene a decir -con una expresión bastante llana- que esto es algo que meramente tiene un contenido declarativo pero no crea ningún derecho y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y el hecho de disponer de un título es algo que tiene que ver con las normas internas del grupo de ciudadanos para los que esto significa algo, que no somos el resto, de modo que esos pleitos ridículos y eternos de los herederos de no se qué marquesado deberían traer a la Administración pública española completamente al pairo. Me recuerdan la película Patrimonio Nacional, cuando el marqués de Leguineche decía entristecido que el rey no iba a crear una corte y se preguntaba qué monarquía era esa sin una corte. Y, por cierto, amigo Iñarritu, usted se refería al tema de la monarquía. Es una prerrogativa de la monarquía, pero en las repúblicas también se dan distinciones honoríficas. Debo decir -sin que salga de aquí- que yo soy comendador de la República portuguesa no me llamen comendador nunca-, y es una república la que daba esa distinción.
Por tanto, con independencia de la aceptación de la enmienda -que agradezco, porque resuelve ese problema-, creo que efectivamente deberíamos repensar el asunto de los honores, porque, para ser coherentes con esa sentencia constitucional, lo que correspondería sería una absoluta salida del derecho público de estos temas. No tiene sentido que en el Registro Civil se ponga al lado del nombre el título, porque este no aporta nada a la condición de ciudadano y solo reconoce a las personas para las que tiene un sentido. No lo tiene que el Consejo de Estado haga informes sobre sucesiones de títulos, porque son normas que el Constitucional dice que se quedan en el ámbito absolutamente privado, y yo creo que tampoco tiene sentido que el Ministerio de Justicia tenga que tramitar las sucesiones, cuando seguramente que podría hacerlo el Consejo de la Grandeza de España, que es la institución semipública, o ni pública ni privada, que regula estas cuestiones. Por tanto, como elemento para la reflexión, una cierta salida de estos asuntos del derecho público, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y una revisión del carácter hereditario, que es consustancial al hecho. ¿Tiene sentido que el nieto del señor Del Bosque, el entrenador de fútbol, sea marqués? ¿O el nieto del señor Mingote? ¿O el nieto de don Marcelino Oreja? ¿O el nieto del pintor Tàpies? ¿Tiene sentido hoy día que, con independencia del mérito atribuido al que lo gana, eso pueda mantenerse durante cien años y significar algo? Por tanto, creo que deberíamos repasar estas cuestiones.
En relación con el franquismo, reitero cosas que ya he dicho. Es un régimen abyecto desde el punto de vista moral. Su podredumbre radical, tanto de origen como de legitimidad, afortunadamente fue incapaz de contaminar el sustrato del pueblo español, que fue capaz de sacar en la transición de ese régimen podrido una democracia razonablemente funcional como la nuestra. Y en relación con otras cuestiones que se han evocado en la PNL, creo que no nos vendría mal una cierta revisión crítica de la percepción de cada uno sobre la transición, colega Iñarritu, porque no solamente fueron las fuerzas vivas del franquismo las que trataron de frenar la transición, ya que muchas otras fuerzas también se empeñaban en que quien mandaba en Madrid no era el presidente Suárez sino los generales del Ejército. Por tanto, hagamos todos una revisión crítica de la transición, nunca consideremos que la Constitución viene a sanar de ninguna manera moralmente la abyección del franquismo y acabemos, por favor, de una vez por todas, nosotros, como generación de políticos, con estos debates, para que dentro de tres o cuatro años nos suenen a todos a marcianos, como nos deberían estar sonando ya desde hace veinte años.
El señor PRESIDENTE: Para turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en nombre de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: La verdad es que a esta diputada le ayuda bastante para plantear su posición definitiva el hecho de que el grupo proponente, Amaiur, haya aceptado la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Socialista, con cuyo texto este grupo parlamentario al que represento está completamente de acuerdo. El texto que finalmente se va a someter a votación es absolutamente coherente con las dos proposiciones no de ley que hemos debatido con anterioridad y, por tanto, anuncio nuestro voto favorable. Pero permítanme una reflexión previa sobre la proposición no de ley presentada, no tanto sobre su texto, sino sobre su origen y la presentación, no adelantándome a otras intervenciones, como ha hecho el representante de Amaiur, sino, sencillamente, refiriéndome de forma expresa a lo que quiero decir al respecto.
Desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia y, desde luego, desde el punto de vista de la diputada Rosa Díez, no es ninguna cortina de humo exigir a quien plantea una iniciativa de estas características que no solo de una manera general, sino también concreta muestre siempre respeto a la memoria, a la dignidad y a la justicia de las víctimas. Por mucho que nos empeñemos en decir todas, es que son todas sin decir todas: memoria, dignidad y justicia para las víctimas. No se trata de decirlo, se trata de practicarlo, y no de practicarlo individualmente -que no tengo ninguna referencia individual que hacer-, sino colectivamente, en el sentido de hacerlo desde el grupo en cuyo nombre se habla. Ciertamente, las víctimas del franquismo merecen memoria, merecen dignidad y merecen justicia, merecen que se les aplique la Ley de la Memoria Histórica -así llamada-, merece que se les aplique esa reflexión y esa exigencia de la ley de vivificar y dignificar el recuerdo de las víctimas y que dejen de ser tratadas o recordadas como criminales y condenadas otra vez en vida. Efectivamente, se trata de no mantener ni en nuestras calles ni en nuestra memoria honores y títulos, como bien recordaba el portavoz del Grupo Socialista, adquiridos por algo que hicieron en nombre del totalitarismo, en este caso del totalitarismo fascista franquista. No, eso es ofensivo; esos títulos y honores son ofensivos, obtenidos por hechos y por actos ofensivos para la democracia. Es ofensivo y es una afrenta para las víctimas y para cualquier demócrata, tanto como cuando se les reconocen honores a los asesinos que vuelven de las cárceles, como cuando se les hacen homenajes a los asesinos que vuelven de las cárceles, cuya historia se ensalza, cuya historia se reconoce, cuya historia merece a personas vivas, a colectivos vivos, a personas que han sufrido y que no han terminado de hacer el duelo un gran dolor. Me gustaría -y lo digo con absoluta sinceridad- que el grupo proponente tuviera en cuenta también esta reflexión, porque en el País Vasco hay todavía muchas personas que ven cómo con el silencio de su grupo se hacen honores a terroristas y a criminales, que han pagado en la cárcel pero que no han pagado ante la sociedad. Y eso, señor Iñarritu, es muy doloroso, muy injusto, muy inaceptable, y, si no debemos mantener honores para aquellos que contra la república, contra la democracia, contra la dignidad consiguieron títulos y honores, no debemos permitir que nadie, absolutamente nadie lo haga en el presente. Se sigue haciendo en el momento presente, desgraciadamente eso se sigue haciendo, y yo echo en falta una reprobación institucional por parte de su grupo.
Dicho esto, votaremos a favor, precisamente porque el texto presentado está sustituido por una enmienda del Grupo Socialista.
El señor SIXTO IGLESIAS: La verdad es que la historia de España es complicada, muchas veces repleta de episodios muy sangrientos y numerosas víctimas. No digo que tengamos una historia más o menos sangrienta, mejor o peor que la de otros países de nuestro entorno. Tenemos nuestras propias víctimas y todas ellas se merecen siempre un reconocimiento y tratar de cerrar viejas heridas para que no sigan abiertas en el presente. Y en ese sentido a veces duele ver -lo acabo de ver en esta Comisión- cuando un grupo parlamentario hace un posicionamiento claro a favor de las víctimas y eso acaba suscitando las risas, sonrisas de algunos miembros de otro grupo parlamentario; es lamentable. Creo que el Grupo Parlamentario Popular debería hacer un esfuerzo. En vez de buscar subterfugios por los que no apoyar la legalidad vigente, o el reconocimiento a las víctimas, o a una parte de las víctimas, o a las víctimas de algunos, debería hacer el mismo esfuerzo que otras partes han hecho para reconocer a las víctimas, como no puede ser de otra forma, como cualquier demócrata tenemos que hacer en cualquier circunstancia: reconocer a la víctima por encima de todo. Y sería muy importante que el Grupo Parlamentario
Popular abandonase viejos fantasmas, diese un paso hacia el futuro y se incorporase plenamente a la reivindicación total y absoluta, democrática de la memoria histórica de las muchas víctimas de la historia de España.
El Grupo Parlamentario Mixto, Amaiur, nos planteaba una proposición no de ley que la verdad es que dejaba fácil la argumentación al Grupo Parlamentario Popular para votarla en contra, porque planteaba revocar los títulos y grandezas de España, el Señorío de Meirás y el Ducado de Franco. Argumentar frente a esto resultaba fácil para decir que no era posible, puesto que la legalidad vigente consagra que es una potestad, es una competencia de la Casa Real, concretamente, del rey, del jefe del Estado, la concesión de títulos y honores nobiliarios. La verdad es que para mi grupo parlamentario y para muchas personas en este país no tendría más importancia que el rey diera el Toisón de Oro o el ducado que quisiera o el título que considerase que si lo hiciera la asociación de amigos de Tolkien al dar el senescalado de Gondor a quien considerase oportuno, pero, claro, es que estos títulos se publican en el Boletín Oficial del Estado y forman parte de la normativa española.
Imagino que el Grupo Parlamentario Popular pensaba argumentar que la revocación de títulos es una competencia del rey y que además es complicado porque no existe tradición o jurisprudencia para retirarlos, pero hete aquí que no hace demasiadas fechas se ha publicado en el BOE la retirada de un título, la del Ducado de Palma, retirado por el rey Felipe VI a su propia hermana por una consideración que ha tenido a bien hacer para dar ejemplo público. Ya su padre pidió disculpas en un determinado momento por un lamentable episodio y él ha considerado que tenía que retirar un honor. Es decir, se puede hacer. Lo que quiero decir con todo esto, señorías, es que esto se puede hacer. No depende del Gobierno tampoco. Y en este sentido me parece bien, muy bien la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que Amaiur ha aceptado para que se revise la normativa sobre condecoraciones que dependen del Gobierno e incurran en las mismas circunstancias. Es imposible no votar a favor de esta enmienda, señorías. Estoy expectante por ver lo que va a decir el Grupo Parlamentario Popular. Lo otro, lo de retirar el Señorío de Meirás, el Ducado de Franco y todos los honores que dio el dictador, usurpados además al jefe de la Casa Real, al abuelo del rey actual, mediante un decreto del año 1948, está en manos de Felipe VI hacerlo cuando lo considere oportuno. Desde luego, el rey y la Casa Real saben cuál es la posición de los grupos de esta Cámara y de las fuerzas políticas, y que muchos de nosotros no compartimos en absoluto el que esos títulos permanezcan ahí. No obstante, es competencia de la Casa Real que dé esta consideración y conste así en el "Diario de Sesiones" de esta Comisión.
Respecto a la enmienda, ya digo que estamos expectantes, a ver qué dice el grupo mayoritario de la Cámara, y esperemos que la vote favorablemente, porque votar en contra va a estar muy complicado de argumentar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, doña Pilar Cortés tiene la palabra.
La señora CORTÉS BURETA: Señorías, la verdad es que he podido comprobar que la proposición no de ley que debatimos hoy tiene exactamente el mismo texto que la de una pregunta que ya el grupo proponente presentó y tuvo respuesta escrita por parte del Gobierno. Por tanto, aunque nos piden en la tarde de hoy que instemos al Gobierno para que cumpla el petitum de esa proposición, creo que el grupo proponente ya conoce cuál es la opinión del Gobierno y cuál es su posición. Pero, en cualquier caso, como digo y ante esa expectación, expondré la postura del Grupo Parlamentario Popular, que, lejos de contener cualquier subterfugio, como comprobarán de mi exposición, lo que hace es respetar la ley y respetar la normativa vigente.
La posibilidad de revocar distinciones honoríficas se encuentra limitada por lo que al rey y al Gobierno se refiere a las concedidas dentro del ámbito de la Administración General del Estado, quedando excluidas, por ejemplo, cuestiones como el reconocimiento a estas personas del carácter de hijo predilecto o adoptivo de un determinado ayuntamiento o de colegiado de honor de un colegio profesional. Y en ese sentido, permítanme recordarles que valgan como ejemplos que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid retiró en 2009 todos los honores que durante la dictadura concedió a Franco y a su familia, como alcalde honorario de la capital, hijo adoptivo y medallas de oro y honor, o que el Ayuntamiento de Lugo también le retirase el título de alcalde honorario perpetuo de la ciudad.
Debe tenerse en cuenta que, salvo el caso de los títulos nobiliarios a los que me referiré a continuación, las condecoraciones u otras distinciones honoríficas pierden cualquier tipo de vigencia en el momento de la muerte del beneficiado, por lo que resulta jurídicamente cuestionable incluso la necesidad o la posibilidad de su revocación. Respecto a los títulos nobiliarios, actualmente en España su tenencia -lo saben sus
señorías y se ha insinuado aquí- no lleva aparejada ninguna ventaja económica o fiscal de ninguna clase. Desde el Gobierno y la Administración se aplican de manera ordinaria las normas para la transmisión de las dignidades nobiliarias, reconociendo a los sucesores de los concesionarios de esos títulos su derecho sobre la tenencia de un determinado título, siempre sujeto a posible revisión del mejor derecho por parte de los tribunales de justicia. La conocida como Ley de Memoria Histórica no hace referencia alguna a la normativa nobiliaria, ni a su modificación ni a la no validez de esos títulos nobiliarios, de manera que los actuales interesados en aquellas concesiones están habilitados legalmente para ejercer y hacer ejercer sus derechos respecto a la sucesión en estos títulos. La revocación de los títulos nobiliarios, así como de las demás distinciones honoríficas que puedan permanecer en vigor -como también se ha dicho esta tarde- no se encuentra contemplada de forma expresa en la normativa aplicable. Esa Ley de Memoria Histórica no reguló las cuestiones que se plantean en la proposición no de ley que ahora debatimos, una ley -fruto, es verdad, de un delicado consenso entre las diversas fuerzas políticas- que reguló numerosas cuestiones relacionadas con el franquismo -de algunas ya hemos hablado esta tarde-, como la retirada de los vestigios o símbolos franquistas, la retirada de símbolos o menciones de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura. Y entendemos que, si no se reguló la cuestión de los títulos nobiliarios otorgados a las personas vinculadas al régimen anterior, siendo esta una cuestión suficientemente conocida y absolutamente relevante dentro de la materia a regular, cabe pensar que el consenso no alcanzó a esa cuestión. Por esa razón, si en dicha ley no se contempló, no creemos conveniente que medidas de la envergadura de las que se proponen se adopten sin tener un respaldo legal como el que proporcionó esa Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.
Y terminaré, señor presidente, con una referencia general en cuanto a algunas cosas de las que he oído aquí esta tarde. Yo no tengo ningún recuerdo de la Guerra Civil, ninguno, por razones circunstanciales, como es la edad, pero sí he estudiado esa historia, tengo hijas y he podido contársela. Y créanme que comparto lo que se ha dicho aquí esta tarde acerca de que no deberíamos olvidar esa fase de nuestra historia, y ello por una razón muy sencilla, y es para que no se vuelva a repetir. Pero lo que sí me entristece y me apena de algunas de las cosas que he escuchado esta tarde es que se utilice esa fase de la historia para enfrentar el presente. Eso sí que me da verdadera pena, señorías. (Aplausos-.Varios señores Diputados: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, voy a comentar algunas cuestiones de cara a las mismas.
Entiendo que con relación a esta última proposición no de ley está aceptada la enmienda socialista. (Asentimiento). Por tanto, procederemos a votar el texto de la enmienda socialista.
En relación con la primera proposición no de ley que hemos debatido, propuesta por La Izquierda Plural, no sé si ha habido algún tipo de acuerdo entre el grupo proponente y el Grupo Popular para aceptar la enmienda de este grupo.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: No, no lo ha habido.
El señor SIXTO IGLESIAS: Lamentablemente, no, señor presidente. Por lo tanto, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Se acepta la enmienda del Grupo Socialista. Por tanto, procederíamos a votar en esta proposición, igualmente, el texto presentado por el Grupo Socialista.
Procederemos a la votación pasados dos o tres minutos, para esperar a que vengan los miembros de la Comisión, porque habíamos dicho que no sería antes de las siete. Por tanto, se suspende la sesión durante tres minutos. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones de las distintas proposiciones no de ley que se han debatido en el día de hoy. La primera de ellas, sobre reforma urgente de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, pero en la redacción de la enmienda presentada y aceptada del Grupo Socialista.
Proposición no de ley sobre la eliminación de símbolos franquistas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No tiene enmiendas y, por tanto, se vota en sus propios términos.
Proposición no de ley sobre retirada del escudo franquista de la vidriera de la sucursal del Banco de España, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Se vota en sus propios términos, al no tener ninguna enmienda.
Proposición no de ley sobre prohibición de los llamados sobresueldos a los cargos públicos, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Se vota en sus propios términos, al no tener enmiendas presentadas.
Finalmente, proposición no de ley sobre revocación de honores y condecoraciones a Francisco Franco, a sus familias y los colaboradores con el régimen dictatorial franquista. Se vota en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, al haber sido aceptada.