Source: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/jmmtg/aduana-espana.html
Timestamp: 2017-11-20 21:20:54
Document Index: 411975078

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 16', 'artículo 149', 'artículo 116', 'Artículo 114', 'artículo 107']

Legislación Aduanera De España - Tesis Doctoral
El Reino de España tiene una superficie total de 504,645 kilómetros cuadrados, siendo su idioma oficial el español (La Moncloa, Gobierno de España, 2013). Su población, según datos del Banco Mundial (2013), establecidos al año 2011, era de 46´235,000 personas.
En el tema aduanero, dicho Estado aplica una legislación avanzada, específicamente se rige por el Código Aduanero Comunitario (CAC) o también llamado Código Aduanero Modernizado (CAM), vigente a partir del 23 de Abril del 2008.
El artículo 23 apartado 1 del referido CM establece el “derecho de recurso” e indica que “toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente”.
Asimismo se precisa en tal dispositivo (apartado 2) que el derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:
a) Inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante una autoridad judicial u otro órgano designado a tal efecto por los Estados miembros; y,
b) Subsiguientemente, ante un órgano superior independiente, que podrá ser, según las disposiciones vigentes en los Estados miembros, una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente.
El apartado 3 determina que el recurso deberá interponerse en el Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión, donde se garantizará que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras (apartado 4).
Así, las legislaciones de los Estados integrantes de la actual UE1 cuentan con ordenamientos particulares, donde se prevén los MD de carácter administrativo procedentes.
Los referidos dispositivos legales del CAM textualmente determinan:
“Artículo 23. Derecho de recurso.
1. Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente.
De igual modo, toda persona que haya solicitado una decisión a las autoridades aduaneras y no la haya obtenido dentro del plazo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, estará legitimada para ejercer el derecho de recurso.
2. El derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:
a) inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante una autoridad judicial u otro órgano designado a tal efecto por los Estados miembros;
3. El recurso deberá interponerse en el Estado miembro en que se haya adoptado o solicitado la decisión.
4. Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras”.
En el caso de España se actualiza la prevención del indicado artículo en su apartado 4, específicamente con la Ley 30/92 del 26 de Noviembre de 1992, de “Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” (modificada por Real Decreto-Ley 14/1993, Ley 6/1997, Ley 29/1998 y Ley 4/1999), la que prevé lo aplicable y procedente en los casos que se someten a su conocimiento en el tema aduanero, mediante un sistema impugnativo definido, amplio y moderno al respecto en vía jurisdiccional.
Debe destacarse sobre esto, a manera informativa y por la importancia que reviste en el ámbito jurídico, sobre todo en el campo administrativo, que la promulgación de tal ordenamiento, se justificó de la forma siguiente, en el apartado de exposición de motivos:
“El artículo 149.1.18.ª de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas […] La ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa.
El extraordinario avance experimentado en nuestras Administraciones Públicas en la tecnificación de sus medios operativos, a través de su cada vez mayor parque informático y telemático, se ha limitado al funcionamiento interno, sin correspondencia relevante con la producción jurídica de su actividad relacionada con los ciudadanos. Las técnicas burocráticas formalistas, supuestamente garantistas, han caducado, por más que a algunos les parezcan inamovibles, y la ley se abre decididamente a la tecnificación y modernización de la actuación administrativa en su vertiente de producción jurídica y a la adaptación permanente al ritmo de las innovaciones tecnológicas”.
Por lo que hace los MD de índole administrativa, se argumentó de la siguiente forma:
“El título VII, «Revisión de los actos administrativos», establece una profunda modificación del sistema de recursos administrativos vigente hasta hoy, atendiendo los más consolidados planteamientos doctrinales, tanto en lo referente a la simplificación, como a las posibilidades del establecimiento de sistemas de solución de reclamaciones y recursos distintos a los tradicionales y cuya implantación se va haciendo frecuente en los países de nuestro entorno y que ya existen, en algún caso, en nuestro propio ordenamiento.
La revisión de oficio, por su parte, se configura como un verdadero procedimiento de nulidad, cuando se funde en esta causa, recogiendo la unanimidad de la doctrina jurisprudencial y científica”.
De esa manera la indicada Ley 30/92 española, dispuso en su Título VII “De la Revisión de los Actos en Vía Administrativa”, Capitulo 2º, “De los Recursos Administrativos”, los MD con los que se cuentan para impugnar las determinaciones de las autoridades administrativas de cualquier índole, comprendiéndose las aduaneras desde luego, estableciendo los recursos ordinarios de alzada y potestativo de reposición, equivalente éste a la revocación; y el extraordinario de revisión.
En cuanto al Recurso de Reposición, el artículo 116 sección 1, indica que el mismo será de carácter optativo, al precisar que:
“Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo”.
La regulación integral de tales MI se determina en los artículos del 107 al 119, de una manera muy específica, reproduciéndose por su relevancia los siguientes:
“Recursos Administrativos. SECCION 1.ª Principios Generales.
SECCION 2.ª Recurso de alzada.
[…] Artículo 114. Objeto.
1. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos..
SECCION 3ª. Recurso potestativo de Reposición.
SECCION 4.ª Recurso extraordinario de Revisión.
3. Lo establecido en el presente artículo no perjudica el derecho de los interesados a formular la solicitud y la instancia a que se refieren los artículos 102 y 105.2 de la presente Ley ni su derecho a que las mismas se substancien y resuelvan”.
En el caso español, se ve la influencia que en esa nación y en los demás Estados miembros, en tratándose de la materia aduanera, tiene la UE, quién regula la actividad a través del CAM.
Pero por lo que concierne a los MD, es la Ley 30/92 como normatividad interna de España, la encargada de establecer en toda su dimensión y de forma única los RA, constituyendo un instrumento legal evolucionado que atañe a todo el aparato administrativo nacional, dando certeza plena así a la complejidad que en la materia se presenta en ese país europeo.
1 La UE (2013) se integra actualmente por 27 países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido República Checa, Rumanía y Suecia.