Source: https://www.scribd.com/book/327417218/Actualidad-y-desafios-del-derecho-minero-colombiano
Timestamp: 2019-04-25 02:34:55
Document Index: 64204364

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 14', 'artículo 21', 'artículo 58', 'Artículo 58', 'artículo 21']

Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano by Varios autores - Read Online
1,286 pages11 hours
Los principales objetivos del libro radican en presentar de manera sistemática, integral y critica, las normas aplicables a todas las etapas y escalas de producción minera y a su vez, plantear los principales desafíos regulatorios que existen hoy en día tanto para las autoridades mineras y como para las ambientales que velan por el cumplimiento de las normas en los proyectos mineros.
Publisher: Editorial Universidad del RosarioReleased: Apr 21, 2012ISBN: 9789587387209Format: book
Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano - Varios autores
Esta obra ofrece un estudio detallado de los principales asuntos regulatorios en materia minera en Colombia justamente en un momento crucial en el que el país se prepara para una nueva etapa en la historia, un momento en el que el postconflicto permitirá recuperar la confianza inversionista, el aumento de las plazas de empleo en la industria minera, el desarrollo y recuperación de los proyectos mineros en diversas áreas del país, así como el desarrollo de una nueva minería que se ajuste al modelo de desarrollo de Colombia.
Se presentan, de manera sistemática, integral y crítica, las normas aplicables a todas las etapas y escalas de producción minera, y a su vez, plantear los principales desafíos que existen hoy en día no solo para las autoridades mineras y ambientales, sino también para las compañías mineras en el desarrollo de sus operaciones, y para las comunidades en ejercicio de sus derechos.
Palabras clave: Derecho minero, Industria minera, Medio ambiente, Colombia
This book presents a detailed study of the main issues in Colombian mining regulation at a critical moment when preparations are under way for a new stage of the country’s history: the post-conflict period, when it will be possible to regain investor confidence, reinitiate mining projects in different parts of the country, increase mining employment, and advance new types of mining activity that are appropriate to the country’s development model.
Regulations applicable to all stages of large and small scale mining are presented in a comprehensive, systematic, and critical fashion, and today’s principal challenges are discussed as they pertain to mining and environmental authorities, companies engaged in mining operations, and communities exercising their rights in the context of mining activities.
Keywords: Mining law, Mining industry, Environment, Colombia.
Güiza Suárez, Leonardo, et. al. Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2016.
Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano / Leonardo Güiza Suárez, Cristhian David Rodríguez Barajas, Sara Sofía Moreno, Eduardo Del Valle Mora, César A. Ipenza Peralta. - Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2016.
xxi, 700 páginas. - (Colección Textos de Jurisprudencia)
ISBN: 978-958-738-719-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-720-9 (digital))
Derecho minero - Colombia / Industria minera - Colombia / I. Güiza Suárez, Leonardo / II. Rodríguez Barajas, Cristhian David / III. Moreno, Sara Sofía / IV. Del Valle Mora, Eduardo / V. Ipenza Peralta, César A. / VI. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia / IV. Título / V. Serie.
343.077 SCDD 20
JDA marzo 03 de 2016
© Leonardo Güiza Suárez, Cristhian David Rodríguez Barajas, Sara Sofía Moreno, Eduardo Del Valle Mora, César A. Ipenza Peralta
ISBN: 978-958-738-720-9 (digital)
Impresión: Xpress. Estudio Gráfico y Digital S. A.
Desarollo ePub
Fecha de evaluación: 23 de noviembre de 2015
Fecha de aprobación: 5 de febrero de 2016
Biólogo y abogado. Msc. en Derechos Humanos (Universidad de Alcalá, España) y Msc. en Derecho Ambiental Industrial (Universidad de Poitiers). Director de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Ha sido asesor delegado para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo, consultor en conflictos mineros y ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de la Comunidad Andina de Naciones, de la Alianza para la Minería Responsable y de USAID. También ha sido contralor delegado anticorrupción en la Contraloría General de la República y coordinador del Grupo de control fiscal y valoración de costos ambientales para la Gran Minería en la misma entidad. Con experiencia de más de diez años en resolución de conflictos ambientales en el sector extractivo. Actualmente es profesor de carrera académica y director de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, a través de la cual ha dirigido proyectos relacionados con conflictos socio-ambientales financiados por el Ministerio de Ambiente, la CAR, la CVC, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Autor de más de 25 publicaciones en temas minero-ambientales. Correo electrónico: leonardo.guiza@urosario.edu.co
Abogado y especialista en Derecho Ambiental. Con experiencia en proyectos de investigación relacionados con la transformación de conflictos socio-ambientales y la participación ciudadana en materia ambiental. Actualmente es investigador en el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario en temas de conflictos ambientales y mineros. De igual forma, ha sido autor de varias publicaciones en dichos temas. Correo electrónico: cristian_rb89@hotmail.com
Abogada y especialista en Derecho Ambiental. Ha sido consultora en temas mineros para RCS Global, USAID y BGI. Actualmente es joven investigadora e innovadora de Colciencias en el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario en temas de conflictos ambientales y mineros. De igual forma, ha sido autora de varias publicaciones en dichos temas. Correo electrónico: sarasofia.morenog@gmail.com
Abogado e historiador graduado con honores de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, con título de Specialized LLM in Environment de la Universidad de McGill (Montreal, Canadá). Ha sido becario Colfuturo y becario de la Universidad de McGill. Obtuvo la Orden al Mérito Académico Javeriano. Fue asociado senior de Brigard & Urrutia Abogados, en donde trabajó en los equipos de Recursos Naturales y Ambiente, Infraestructura y Servicios Públicos, e Inmobiliario. Actualmente es socio de la firma Del Valle Mora Abogados. Ha sido reconocido por la publicación The Legal 500 - Latin América y Chambers & Partners - Latin America y por su trayectoria en derecho ambiental y recursos naturales. Catedrático de la Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del Colegio de Abogados Javerianos y del Graduate Law Students Association de la Universidad de McGill. Correo electrónico: edelvalle@delvallemora.com
Abogado de Perú especializado en materia ambiental. Ha realizado estudios en biología de conservación, derechos humanos y ayuda humanitaria internacional, políticas y derecho ambiental. Tiene una maestría en Espacios Protegidos por las universidades Autónoma y Complutense de Madrid. Ha sido asesor del primer ministro del Ambiente de Perú (2009-2011), miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2011-2013), presiente del Consejo Consultivo de la Comisión de Pueblos y Ambiente del Congreso de la República de Perú (2013-2014), consultor para DAI, USAID, WWF, PNUMA, entre otros. Es profesor de diversas universidades de Perú: ESAN, USMP, URP, UNICA, UNA, entre otras. Ha publicado diversos libros relacionados con la política ambiental peruana como Derecho minero y medio ambiente (2015); Competencias ambientales municipales (2013); Los espacios naturales protegidos e hidrocarburos. Una propuesta para los países andino amazónicos (2012); Manual para entender la pequeña minería y minería artesanal y los decretos legislativos vinculados a minería ilegal (2013); Mecanismo de participación y consulta de los pueblos indígenas en la Revista de Derecho Ambiental Argentina (2012); Derecho internacional ambiental, mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas; Minería aurífera en Madre de Dios y contaminación con mercurio, una bomba de tiempo (2011); Convenio sobre la diversidad biológica en el Perú – Análisis de su aplicación y avances en el Perú (2010); La gestión pública inconexa: el caso de la política ambiental a propósito de los Lotes de Hidrocarburos superpuestos a las Áreas Naturales Protegidas (2007). Ha recibido importantes reconocimientos como el primer lugar del Alexander Kiss Award, máximo premio en el derecho ambiental, otorgado por la UICN (2008). Correo electrónico: cipenzap@yahoo.es
En primer lugar, agradecemos a Omar Ossma y Jorge Alberto Velásquez por las jornadas extensas de trabajo que nos dedicaron para retroalimentar los contenidos del libro. Su conocimiento y experiencia en materia minera permitieron analizar la actividad desde otra perspectiva y enriquecer las diferentes temáticas que se exponen en la presente obra.
De igual modo, quisiéramos dar nuestro agradecimiento a los estudiantes del curso de Minería y Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quienes con sus discusiones, reflexiones y apuntes ayudaron a fortalecer esta obra.
Así mismo, quisiéramos hacer un especial referencia y agradecimiento a los estudiantes de Maestría en Derecho, Sebastián Senior y Stefanía Nieto, quienes con sus discusiones contribuyeron en algunos de los apartes de este libro y del mismo modo, a los estudiantes de Jurisprudencia, Camilo Ramírez y Diana Suárez, quienes con sus trabajos de investigación en pregrado aportaron al desarrollo de algunos temas que se tratan en esta publicación.
Quisiéramos agradecer a Edier Alexander Buitrago y a Shirley De La Ossa Castellar, investigadores de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, quienes nos apoyaron en la parte de revisión y ajustes en aspectos formales de esta obra.
Finalmente, manifestamos nuestro agradecimiento a RCS Global por compartir sus experiencias y visión práctica de la actividad minera.
En la actualidad, el derecho minero en Colombia presenta una serie de desafíos debido principalmente a cuatro razones: en primer lugar, al significativo aumento de solicitudes y de concesiones mineras en los últimos años, que han desbordado la capacidad de las instituciones públicas; en segundo lugar, a la derogatoria y suspensión de normas que han generado inseguridad, desconfianza e inestabilidad jurídica; en tercer lugar, a la alta tasa de ilegalidad que sitúa al país entre los primeros con mayor número de minas en operación sin el correspondiente título minero; y finalmente, en cuarto lugar, a los impactos sociales y ambientales que puede causar dicha actividad.
En razón de lo anterior, los autores de esta obra, cada uno desde sus disciplinas y experiencias, han dedicado alrededor de un año de trabajo a compilar, analizar y discutir los principales aspectos que se relacionan con la regulación de la actividad minera desde el punto de vista técnico, social, ambiental y corporativo, con el ánimo de darle al lector una mirada integral, crítica y multidisciplinaria de los diferentes aspectos que regulan esta actividad.
Para realizar esta publicación, la obra se estructuró en 24 capítulos, cada uno de los cuales fue proyectado inicialmente por un autor, y después de esta fase los demás autores tuvieron la oportunidad de verificar, complementar y corregir dicho capítulo, haciendo los aportes desde sus respectivas áreas del conocimiento y su experticia en el sector minero. Dado lo anterior, no se puede atribuir la autoría de un capítulo a un solo autor, ya que los cinco autores de esta obra, entre los que figuran profesionales del derecho, la biología, la ingeniería y la historia, participaron en todos los contenidos. Por esta razón, la presente obra constituye una publicación a cinco manos.
La anterior dinámica se hizo necesaria principalmente por dos motivos: en primer lugar, porque la mayor parte de las temáticas tratadas en esta obra corresponden a aspectos con un alto componente técnico, que vistos desde la sola perspectiva jurídica habrían tenido un abordaje muy restrictivo. En segundo lugar, porque muchos de los temas aquí tratados pueden ser analizados desde diferentes puntos de vista, dependiendo de los intereses que se representen, por ejemplo, las empresas, las instituciones, las ONG o las comunidades. Esta circunstancia generó la necesidad de que se conformara un grupo de autores abogados expertos en el tema minero, que representaran intereses en su ejercicio profesional desde el sector corporativo, de las firmas de abogados, de las organizaciones no gubernamentales, de la academia y del sector estatal; lo cual hace que cada capítulo tenga un análisis sin parcializaciones y respetuoso de las opiniones alrededor de varios aspectos que resultan de gran debate en la actividad, dados los intereses que tiene cada uno de estos sectores.
De esta manera, la escritura conjunta del libro a cinco manos —y no la agrupación temática— se asumió como un reto metodológico, como una forma de enriquecer el contenido, a partir de discusiones planteadas en mesas de trabajo y en escenarios académicos, y como una forma de síntesis que refleje la pluralidad de miradas sobre el tema en cuestión.
El libro ofrece un estudio detallado de los principales asuntos regulatorios en materia minera en Colombia, justamente en un momento crucial en que el país se prepara para una nueva etapa en la historia, un momento en el que el postconflicto permitirá recuperar la confianza inversionista, el aumento de las plazas de empleo en la industria minera, el desarrollo y recuperación de los proyectos mineros en diversas áreas del país, así como el desarrollo de una nueva minería que se ajuste a un modelo de desarrollo sostenible en Colombia.
Los principales objetivos del libro radican en presentar de manera sistemática, integral y crítica, las normas aplicables a todas las etapas y escalas de producción minera, y a su vez, plantear los principales desafíos regulatorios que existen hoy en día tanto para las autoridades mineras, como para las ambientales, que velan por el cumplimiento de las normas en los proyectos mineros.
De esta forma, a manera de presentación, el lector encontrará en los capítulos I y II, un panorama general de la actividad minera en Colombia, con especial énfasis en la evolución histórica de la minería en el país y un recuento de las etapas de la producción minera. Esto permitirá al lector tener una idea general de en qué consiste la minería y cómo se lleva a cabo.
Partiendo de ese contexto, el libro introducirá los temas de derecho minero, haciendo una presentación del marco regulatorio aplicable a las actividades mineras en Colombia (Capítulo III), a las políticas públicas del sector minero (Capítulo IV), al derecho de propiedad de los recursos naturales no renovables, con especial énfasis en la adquisición de la propiedad de los recursos mineros (Capítulo V), y a los principales actores en la institucionalidad minera (Capítulo VI).
Posteriormente, el libro se centrará en la normativa para el ejercicio de la actividad minera, partiendo de la figura del Título Minero como principal forma de regulación de la minería en el país (Capítulo VII) y el contrato de concesión minera (Capítulos VIII y IX), para la exploración y explotación de minerales en Colombia. La actividad minera se entiende como una actividad económica, por lo que dentro de los procesos de exploración y explotación de minerales son reguladas también las contraprestaciones económicas; tema que se incluirá en el Capítulo X. Para terminar esta sección, se detallarán las formas reconocidas por la ley para dar por terminado un contrato de concesión (Capítulo XI); se hará una breve presentación al modelo de seguimiento, inspección, vigilancia y control sobre los proyectos mineros de parte de las autoridades mineras (Capítulo XII) y se presentará el régimen de abandono y desmantelamiento de la mina (Capítulo XIII).
En el Capítulo XIV el lector encontrará los elementos fundamentales acerca de las zonas excluidas y restringidas para el desarrollo de la minería, con un breve recuento de la discusión que se ha presentado en torno a la competencia de las autoridades territoriales para participar en la designación de estas zonas y la incidencia de los mecanismos de participación ciudadana en la excusión o restricción de zonas de la actividad minera.
Posteriormente, se introducirá la regulación aplicable en materia ambiental y la relación de la minería con el medio ambiente, que incluirá los regímenes especiales, como la minería ocasional y la marina, en las que se identifican las normas aplicables y los desafíos de cada régimen (Capítulo XV), y un análisis general del régimen de licenciamiento ambiental aplicable a los proyectos mineros (Capítulo XVI).
Seguidamente, se hablará de la actividad minera como una actividad social, resaltando el papel de las obligaciones sociales de los concesionarios mineros (Capítulo XVII), los principales retos y desafíos regulatorios que se derivan de la minería de subsistencia y de la minería de pequeña escala (Capítulo XVIII) y el régimen aplicable a los subcontratos de formalización minera y el panorama de la minería informal (Capítulo XIX).
De manera posterior, como una propuesta de aproximación temática, se hablará de la normativa nacional e internacional aplicable al relacionamiento de proyectos mineros y comunidades étnicas (ROM, indígenas, palenqueras, raizales y afrodescendientes) (Capítulo XX); las tendencias en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y a la forma como debe darse el relacionamiento entre compañías mineras y el cumplimiento de derechos humanos (Capítulo XXI); y el papel de la mujer en la minería (Capítulo XXII).
En la parte final de esta obra, se hará un análisis general sobre los recursos procedentes contra los actos administrativos proferidos por la autoridad minera y las acciones judiciales a las que hay lugar frente a las decisiones de las autoridades emitidas en ejercicio de la función pública (Capítulo XXIII). Y se hará una breve presentación de las normas que regulan la actividad minera en el Perú como una forma de mostrar los ejercicios de regulación minera en otros países (Capítulo XXIV).
Esperamos que esta obra sea de plena utilidad para el lector, se convierta en un referente para el sector empresarial, las entidades públicas, la sociedad civil y la comunidad académica que tenga interés en el sector minero, y, finalmente, que de alguna forma y en la medida de lo posible, permita la consolidación de la industria minera que propenda por el crecimiento económico, la protección de los derechos de las comunidades y la conservación del medio ambiente en el país.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables (CRNNR)
Comité de Seguimiento a la Inversión de Recursos de Regalías (CSIR)
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (CPCI)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía)
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Sierra Nevada de Santa Marta (CSN)
Declaración de Efecto Ambiental (DEA)
Derechos Humanos (DD. HH.)
Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional (Dimar)
Estudio Ecológico Ambiental (EEA)
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d)
Grupo de Regalías (GR)
Informe de Fiscalización Integral (IFI)
Ley General de Minería (LGM)
Normas de Desempeño (PS)
Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental (PMRRA)
Plan de Trabajos y Obras (PTO)
Plan de Trabajos y Obras Complementario (PTOC)
Planes Mineros de Explotación (PTO y PTI)
Principios Voluntarios de Seguridad y Derecho Humanos (PV)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP)
Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES)
Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom)
Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. (SDA)
Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE)
Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB)
Sistema Nacional de Área Protegidas (SINAP)
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)
Texto Único Ordenado (TUO)
Títulos de Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP)
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)
Unidades de Producción Minera (UPM)
En Colombia se ha despertado un gran interés en el análisis jurídico de la actividad de extracción de recursos naturales no renovables, en especial los mineros¹, en procura de lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos para el Estado y sus concesionarios, y al mismo tiempo, generar la menor cantidad de impactos negativos posibles al ambiente y a la sociedad por esta actividad. Además, debe señalarse que la actividad minera ha estado presente en el territorio colombiano desde la época precolombina, con una importante intensificación en la Colonia, razón por la cual el desarrollo de esta actividad también ha sido objeto de regulación desde esta época².
Desde hace ya unas décadas³, Colombia ha venido experimentando una transición en el modelo económico hacia una economía de mercado basada en la explotación de recursos naturales no renovables. Aun cuando, tradicionalmente, Colombia ha dependido de la explotación de recursos naturales, se ha presentado una transición del modelo económico basado en la explotación de café, tabaco, quina y plátano en el siglo XIX, a un modelo económico basado en el desarrollo de la industria extractiva del petróleo y los minerales en el siglo XXI. Hoy en día, buena parte de la actividad económica en el país depende directa o indirectamente de la explotación de crudo, gas y minerales⁴. De allí surge la necesidad de abordar algunas perspectivas conceptuales que contribuyan a una contextualización de las condiciones específicas en las cuales se desenvuelve esta actividad económica extractiva, teniendo en cuenta los distintos escenarios y controversias que se pueden presentar desde el punto de vista institucional, empresarial y comunitario.
En razón de lo anterior, en este capítulo se estudiarán de manera general e introductoria los diferentes tipos de minería, el contexto histórico y actual de la actividad minera en Colombia, y para finalizar, se hará un análisis de los aspectos críticos del sector, con el fin de sentar las bases sobre la discusión de los desafíos que se tienen hoy en día en torno a este importante renglón de la economía nacional.
2. ¿Qué es la minería?
Durante la larga historia de la Tierra se han generado diversos fenómenos naturales, cambios y procesos, a partir de los cuales se han formado la gran variedad de minerales que se conocen hoy en día y que son extraídos por el ser humano a través de la minería; que consiste, precisamente, en una actividad económica a través de la cual se extraen de manera selectiva y controlada diferentes minerales de la corteza terrestre (suelo o subsuelo), mediante el desarrollo de las etapas de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, transporte y beneficio de minerales (Ministerio de Minas y Energía, 2012a). Según el Glosario Técnico Minero contenido en la Resolución 40599 del 27 de mayo de 2015, el concepto de minería incluye operaciones subterráneas, a cielo abierto, dragado aluvial y operaciones conjuntas destinadas al descubrimiento y explotación de minerales.
En el caso colombiano, por ejemplo, se presentan minas de oro aluvial y vetas en Antioquia; minas a cielo abierto de carbón térmico en La Guajira y el Cesar; minas de cielo abierto de níquel en Córdoba; minas subterráneas de carbón metalúrgico en Boyacá y minas de hierro con destino a la producción de acero en Boyacá y Cundinamarca. Igualmente, hay que destacar la extracción de esmeraldas, manganeso, materiales de construcción (gravas y arenas), caliza, feldepasto, bentonita, talco, yeso y rocas fosfóricas y de sal, como elementos importantes dentro del desarrollo de la actividad minera en Colombia.
Debido a que la actividad minera se desarrolla sobre recursos que no se renuevan o lo hacen en periodos de tiempo demasiado largos, es vital que se optimice su aprovechamiento con responsabilidad y tecnología para obtener el mayor provecho posible y generar la menor cantidad de impactos negativos posibles sobre el ambiente y la sociedad; lo anterior, atendiendo al principio de desarrollo sostenible contenido en la Constitución Política de Colombia (Artículos 79 y 80) y en la Ley 685 de 2001 (Artículos 1º y 99) .
Desde el punto de vista de su forma de explotación, la minería puede ser de tres grandes tipos: subterránea, de superficie y submarina. La subterránea es la que se realiza al interior de la corteza terrestre a través de túneles que permiten el ingreso de maquinaria y personal (Ministerio de Minas y Energía, 2009). De igual forma, la minería subterránea se puede llevar a cabo tanto en roca blanda como en roca dura, distinguiéndose la primera como aquella que permite su perforación mediante el uso de herramientas distintas a los explosivos (Koch Tovar, 2009).
Por otro lado, la minería de superficie es aquella que, como su nombre lo indica, se desarrolla sobre la superficie del suelo de manera progresiva mediante la extracción por capas o terrazas, y aquella que se puede adelantar a través de distintas formas, tales como las canteras⁵, la minería a cielo abierto⁶, y las minas de placer⁷ (Ministerio de Minas y Energía, 2009). En relación con la minería submarina, el Glosario Técnico Minero establece que se trata de actividades y operaciones mineras adelantadas en medios marinos o en el límite con ellos (Ministerio de Minas y Energía, 2015d).
En Colombia, tal como se mencionaba anteriormente, se presenta extracción minera de tipo subterránea y de superficie, distribuida a lo largo del territorio nacional, especialmente en el norte. Por el contrario, hasta el momento no se ha registrado minería submarina en el país, pero el régimen minero vigente contempla reglamentación para tal efecto.
Las actividades y operaciones mineras pueden generar una amplia gama de impactos ambientales negativos; desde vertimientos de productos químicos a los cuerpos de agua y contaminación de acuíferos, aprovechamientos forestales en zonas sensibles, deterioro en los suelos, captación de recurso hídrico, generación de residuos, deterioro en la infraestructura, cambios en el uso del suelo y el paisaje y la generación de emisiones a la atmósfera. Sin embargo, en muchos casos estos impactos pueden ser prevenidos, mitigados y compensados, incluso hay profesionales vinculados al sector minero que afirman que la actividad minera también puede generar impactos positivos, como en el caso de los aprovechamientos forestales adelantados en zonas con cultivos exóticos dañinos para los suelos, como el eucalipto o el pino.
La actividad minera también tiene incidencias sociales y económicas tales como migración, empleo, alteraciones en el tejido social, encadenamientos productivos y afectaciones a la propiedad privada. Estas incidencias pueden generar consecuencias positivas o negativas dependiendo de los métodos utilizados y de las zonas en las que se lleven a cabo (por ejemplo, la migración puede contribuir con el desarrollo económico de la zona de influencia del proyecto minero o, por el contrario, puede atentar contra la integridad de la comunidad; la actividad puede o no generar empleo
para la comunidad de la zona de influencia). Por esta razón, la minería ha sido primordialmente un objeto de regulación por parte del Estado, en busca de controlar y mitigar estos impactos.
Por otro lado, la minería tiene el potencial de ser un importante factor de desarrollo económico y social, razón por la cual tiene el reto de procurar que sus efectos sobre la sociedad y el ambiente sean positivos y se vean reflejados en el bienestar de las comunidades locales y la preservación o rehabilitación de ecosistemas (Ponce Muriel, 2010).
En los casos en los que los impactos sociales negativos son preponderantes, organizaciones como el Cinep (2012) han evidenciado la existencia de manifestaciones sociales adelantadas por pobladores y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que se consideran amenazadas por el desarrollo de proyectos mineros con potencialidad de afectar sus derechos humanos y su patrimonio ambiental, cultural, político y social.
No obstante lo anterior, los minerales han sido continuamente explotados a lo largo de la historia como fuente de materias primas y en el mundo moderno se encuentran presentes en las ciudades, las universidades, empresas, industrias, entidades públicas y privadas. De esta forma, hay que comprender que es necesario extraerlos para poder utilizarlos, siempre y cuando se haga de una manera responsable, reduciendo al máximo el impacto ambiental y social negativo derivado de las explotaciones, que en algunos casos puede ser prevenible, mitigable o rehabilitable.
Expuesto lo anterior, se evidencia que la actividad minera es importante para satisfacer las necesidades de las sociedades y modelos de desarrollo actuales, y que pensar en su eliminación sería improbable en el futuro próximo. No obstante, esta actividad debe estar en la capacidad de producir la menor cantidad de impactos negativos y la mayor cantidad de impactos positivos, garantizar la materialización de los derechos fundamentales y colectivos de las personas, y atender las condiciones sociales, ambientales y económicas específicas de las zonas en las que pretenda desarrollarse.
Según el Glosario Técnico Minero, un mineral es una sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes dentro de ciertos límites (Ministerio de Minas y Energía, 2015). Por su parte, el Código de Minas define el mineral como la sustancia cristalina, por lo general inorgánica, con características físicas y químicas propias debido a un agrupamiento atómico específico (Artículo 10, Código de Minas). Estos minerales se encuentran en las minas, entendidas como el yacimiento, formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo (Artículo 10, Código de Minas).
En la siguiente tabla se hace una síntesis de algunos ejemplos de diferentes tipos de minerales:
Tabla 1. Algunos tipos de minerales
El origen de los minerales es diverso y depende del tipo del mineral del que se trate. Además, al unirse, ordenarse y adherirse, los minerales conforman lo que se conoce como rocas. Principalmente, se suele hablar de minerales de origen ígneo, sedimentario o metamórfico. Los primeros, son aquellos compuestos por roca fundida, gases disueltos y cristales en suspensión, es decir, que se forman a partir del magma, el cual a su vez es formado en las profundidades de la tierra en donde las rocas del manto terrestre se derriten; a medida que este magma emerge a la superficie terrestre se va enfriando y así se cristalizan diferentes tipos de minerales dependiendo de la temperatura y profundidad. Los segundos, los minerales de origen sedimentario, son aquellos que surgen a partir de la compactación y adherencia de los sedimentos generados por la trituración, desintegración o disolución de otras rocas de la superficie terrestre; y los terceros, los minerales de origen metamórfico, son aquellos que son sometidos a altas presiones y/o temperaturas al profundizar en la corteza terrestre o al ser calentados por magma emergente (Villalobos Orchard, s.f.).
Conocer los tipos de minerales extraíbles, sus propiedades y los procesos de formación es importante para dar cuenta de la profundidad en la que los minerales se pueden encontrar, las formas idóneas de extracción según los diferentes tipos y los usos que pueden llegar a tener.
4. Antecedentes de la actividad minera
La minería ha sido una actividad económica central en Colombia desde la época precolombina. Las diferentes culturas indígenas desarrollaban trabajos de cerámica y orfebrería altamente valorados. Sin embargo, los primeros antecedentes de la regulación de la actividad minera en Colombia están relacionados con la legislación minera española⁸. En un comienzo, las leyes más antiguas en España sobre el sistema de atribución del dominio minero hacían referencia a la accesión, según la cual las minas que se encontraran en las tierras del rey eran del rey, las minas que estaban en tierras del señorío eran del señorío, y así sucesivamente (Ossa Buines, 1989)⁹. Este sistema tenía como base el gobierno feudal imperante de la época y el desconocimiento respecto de los diferentes minerales y su respectiva explotación.
No obstante, en el año 1228 se dicta el pronunciamiento denominado Fuero Viejo de Castilla , según el cual todas las minas de oro, plata, plomo y de cualquier otro tipo de metal, eran de propiedad exclusiva del rey y no podían ser explotadas sin una licencia que lo autorizara. En este orden de ideas, se configuraría un sistema regalista caracterizado por la indiscutible propiedad y dominio del rey sobre el subsuelo, y por un régimen de adjudicación que otorgaba al adjudicatario una propiedad precaria al estar sometido al pago de una regalía y a laborar la mina, so pena de perderla (González Salazar, 2014). Cabe anotar que este sistema sería el que de manera posterior se adoptaría en el territorio colombiano y el que rige actualmente.
Los hallazgos arqueológicos indicaron que la minería en el territorio colombiano se viene desarrollando desde hace alrededor de cinco siglos por los pobladores originarios y las comunidades indígenas de la región, como los calimas, quimbayas, cunas, emberas, katíos y muiscas, quienes extraían diversos minerales de la tierra, como oro, esmeralda, ágata, cuarzo, turquesa y obsidiana con fines rituales, ornamentales y de uso cotidiano (Peña Pirazan, 2003). Este tipo de extracción minera era rudimentario y constituía una parte importante de la vida social, económica y cultural de estas comunidades, lo que llamó la atención de los conquistadores españoles, quienes desde el siglo XVI empezaron a despojar de estas riquezas a los pobladores originarios y a buscar oro y esmeraldas en las fuentes fluviales del territorio. La búsqueda de minerales se hizo mediante la instauración de minas de socavón de propiedad del Reino de España y la explotación de minas de propiedad particular que debían ceder el 20% de su producción a la Corona a título de quinto real . Posteriormente, en el siglo XVIII el reino español envió ingenieros de minas alemanes e ingleses con el fin de tecnificar la explotación de oro y plata principalmente en las minas de Santa Ana, Marmato y Supía ubicadas en el departamento de Caldas, de manera que para el siglo XIX el oro, la plata y el platino llamaron la atención de los inversionistas extranjeros al país, y al entrar el siglo XX, hacia el año 1930, se empezaron a extraer calizas, azufre, cuarzo y yeso, así como también se produjo un incremento en la minería de oro.
Por ejemplo, dice Peña (2003) que por la época de la Revolución Industrial ingresan los españoles al Bajo Cauca, donde vivían los indígenas nutabes y yumecíes, lo que corresponde respectivamente a Cáceres y Zaragoza, que son las poblaciones más antiguas de Antioquia, que a su vez fundan las poblaciones más reconocidas como mineras en esta región. Entre 1620 y 1640, los sistemas de explotación eran tanto a cielo abierto como de minería subterránea que se ejecutaba sobre terrenos rocosos. Estos sistemas fueron el origen de las explotaciones mineras en la América Hispana y son la base del conocimiento aplicado, en extensión, a todas las demás explotaciones de minerales metálicos y no metálicos en los diferentes países de influencia española (Peña Pirazan, 2003).
En la década de los años cincuenta, posterior a la creación de la Empresa Siderúrgica Nacional de Paz del Río (actualmente Acerías Paz del Río S.A.), se inició la explotación a niveles industriales de las minas de hierro, caliza y carbón con el fin de producir acero en el departamento de Boyacá. En la década de los años ochenta, se inició la exportación de carbón de El Cerrejón (Poveda Ramos, 2002). Así mismo, en 1982 se inició la producción de ferroníquel en el país, tras el hallazgo de un depósito de hierro en Córdoba que, tras haber sido estudiado de forma detenida, se llegó a la conclusión de que contenía altos niveles de níquel (Fedesarrollo, 2008). Desde entonces, se adoptaron medidas con el fin de impulsar esta actividad económica en el país. Sin embargo, muchos vestigios de la regulación, control y organización deficiente por parte del Estado, presentes desde la época de la República, permanecieron latentes hasta la mitad del siglo XX, razón por la cual la minería no desempeñó un papel importante en la economía nacional hasta finales del siglo XX (Urrutia, 2008).
En la actualidad, en Colombia la minería involucra la explotación de minerales tales como carbón, oro, plata, sal, platino, esmeraldas, magnesita, barita, yeso, minerales de níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc, caliza, arcillas, arenas silíceas, titanio, asbesto, caolín, cal, fosfatos y varios tipos de rocas ornamentales (Ministerio de Minas y Energía, 2009). La propiedad de estos minerales, dado que el Estado colombiano acogió el sistema español, pertenecen al mismo Estado, quien otorga en concesión a terceros las áreas para adelantar los correspondientes proyectos de explotación minera (sin perjuicio de los reconocimientos de propiedad privada sobre algunas áreas mineras).
A manera de ejemplo, y con el fin de evidenciar cómo ha ido aumentando notoriamente la producción de minerales en Colombia, presentamos las siguientes estadísticas en las que se demuestra cómo en los últimos 20 años se ha incrementado la producción de carbón, oro, plata, platino y esmeralda considerablemente. A continuación, se puede ver que en el caso del oro y la plata, la producción se duplicó; y en el caso del carbón, se cuadruplicó en el mismo término de 20 años.
Junto con el aumento de la producción, igualmente se ha dado el aumento de las regalías que ha recibido el Estado colombiano por la explotación de minerales. A continuación, se presentan los montos que se han recibido crecientemente por concepto de regalías por la explotación de carbón y oro en Colombia desde 1990. Si la producción de oro y plata se duplicó en 20 años, el pago de las regalías derivadas de dicha industria minera de metales preciosos no se duplicó, sino que se aumentó en seis veces los valores que se venían pagando en 1990. A su turno, si la producción de la industria carbonífera se cuadruplicó en 20 años, el pago de las regalías aumentó considerablemente pasando de 3 a 596 millones por año.
Tabla 2. Producción de minerales y piedras preciosas en Colombia
Tabla 3. Regalías recibidas por concepto de explotación de minerales de oro y carbón en Colombia
De igual forma, junto con el aumento de la producción de minerales y el incremento en el pago de las regalías, se ha presentado un aumento en la inversión extranjera en Colombia. Desde el punto de vista macroeconómico, en cuanto al aumento de la inversión extranjera directa en el país, se encuentra lo siguiente en comparación con otros sectores de la economía colombiana. Como se puede observar, se pasó de recibir 47 millones de dólares como inversión extranjera directa en 1994 a 4.700 millones de dólares en el 2011. Así mismo, no solo se evidencia un considerable aumento en la participación de la inversión extranjera en Colombia, sino que además se nota cómo el sector minero ha mantenido un relevante papel en los ingresos del país, después de la industria petrolera. Como industria individualizada, después de la petrolera, la actividad minera es la que más recursos aporta a la economía colombiana.
Tabla 4. Inversión extranjera directa en el sector de minería
A su turno, la inversión extranjera directa sectorizada en minería se ha repartido fundamentalmente entre la industria carbonífera y la aurífera. La mayoría de la inversión extranjera en minería se ha localizado en la exploración y producción de carbón y en el oro, respectivamente.
Tabla 5. Inversión extranjera directa sectorizada
Sin embargo, cabe resaltar que han surgido debates en torno al monto o porcentajes de las regalías y contraprestaciones económicas que obtiene el Estado de la actividad minera, pues muchos consideran que son muy bajos y no guardan proporción con los beneficios obtenidos por los titulares mineros y con los impactos negativos que se generan. A este respecto, algunos analistas han concluido que, como consecuencia del esfuerzo de los últimos gobiernos de fomentar la inversión extranjera y flexibilizar el sistema tributario, se han generado desmedidos beneficios y privilegios a favor de las empresas que desarrollan la actividad minera, y que se ha actuado en contra del interés general (Pardo, 2011 y Rudas, 2011).
Según Mosquera (2014), el Estado Colombiano ha dejado de recibir cerca de $8,8 billones de pesos por cuenta de las exenciones tributarias otorgadas a empresas del sector minero, ya que, por ejemplo en el periodo 2005-2010, las empresas pagaron al Estado una suma de $880.000 millones en impuesto de renta, mientras que los beneficios y exenciones que recibieron ascendieron a $1,78 billones de pesos; por otra parte, cabe mencionar las deducciones anuales de las empresas carboneras, las cuales son cercanas a $2,1 billones de pesos, o el caso de la explotación de níquel en Cerro Matoso, donde se generan cerca de 900 millones de dólares anuales en ganancias y se pagan solo 100 millones anuales por concepto de regalías.
5. ¿A quién pertenecen los minerales?
Los recursos naturales no renovables son aquellos recursos irrecuperables o cuyos procesos de regeneración natural son demasiado largos, por lo que sus reservas son limitadas y agotables; por ejemplo, los recursos energéticos como el gas, el petróleo o el carbón, o los minerales tanto metálicos como no metálicos.
En la mayoría de los países de Latinoamérica, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas o yacimientos minerales, a pesar de la propiedad de las personas naturales o
jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas; aunque en el caso de Colombia existe un régimen excepcional para el caso de los Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP)¹⁰. En el caso de estos RPP, el titular minero tiene sobre el área otorgada un derecho protegido por el Código de Minas y la Constitución Política, y con las facultades de iniciar o continuar la exploración, extracción y apropiación de las sustancias que son objeto del título minero dentro del área específica otorgada. Lo anterior sin perjuicio del derecho que tiene el Estado de cobrar regalías por la explotación de estos recursos naturales con fundamento en la Carta Política, como se desarrollará más adelante.
Entonces, teniendo en cuenta que los recursos mineros, como recursos naturales no renovables, son de propiedad estatal, las personas naturales o jurídicas solo pueden explorar y explotar dichos recursos minerales en
virtud de un título minero debidamente inscrito en el Registro Minero Nacional (Artículo 14, Código de Minas). Existen excepciones a esta regla general de requerir título minero, como lo son las explotaciones que realizan los mineros tradicionales en procesos de legalización y/o formalización, los barequeros, y la extracción ocasional de minerales, las cuales se expondrán con posterioridad.
6. Colombia, ¿un país minero?
De acuerdo con Escobar y Martínez (2014), en promedio durante el periodo 2007-2012, la inversión extranjera a la que ha llegado al sector minero supera los USD 2.000 millones anuales, monto que ha permitido financiar el 28% del déficit en la cuenta corriente colombiana, lo cual solo es superado por el sector de hidrocarburos, que ha recibido durante el mismo periodo un promedio anual de inversión extranjera cercano a los USD3.700 millones y que ha permitido financiar el 47% del desequilibrio en cuenta corriente del país. Sin embargo, si se observa el aporte actual de la actividad minera a la economía nacional, se puede concluir que este es realmente reducido en comparación con otros países, ya que constituye un porcentaje inferior al 3% del PIB, mientras que en Australia representa la cuarta parte del PIB, en Perú y Suráfrica cerca del 10% y en Chile el 15% de dicho indicador, lo que lleva a colegir que Colombia no puede considerarse como un país minero propiamente dicho.
Desde un plano internacional, según una encuesta realizada por el Fraser Institute de Canadá a 742 compañías dedicadas a actividades relacionadas con la minería para el período 2012-2013, existen algunos factores que inciden de manera negativa en la percepción internacional de Colombia como país minero. En cuanto a la regulación minera y las restricciones a dicha actividad por incompatibilidad en el uso del suelo, el país ocupa el puesto 26 entre 58 países con una percepción negativa del 36%. De igual forma, cuando la encuesta incluye el tema de la incertidumbre con respecto a las áreas sobre las cuales se encuentra excluida o restringida la actividad minera, Colombia ocupa el puesto 48 con una percepción negativa del 57%, y con respecto a la percepción acerca de la información geológica disponible en cada país, Colombia se ubicó en el puesto 34 con una percepción negativa del 54% (Wilson, 2013). Lo anterior refleja que la falta de ordenamiento minero, la incertidumbre generada por los vacíos normativos y la deficiente calidad en la información geológica y geofísica constituyen los temas que generan mayor inconformidad a nivel de los inversionistas extranjeros.
Además, existen grandes dificultades relacionadas con la información sobre las reservas de minerales en el país que impiden afirmar con certeza que en un futuro Colombia pueda llegar a ser considerado como minero, pues gran parte de la información de este tipo tiene más de 30 años de antigüedad (Escobar & Martínez B., 2014).
Según la Procuraduría General de la Nación (2011), las significativas deficiencias en materia de información ambiental y de minería ilegal pueden ocasionar serios impactos sobre los ecosistemas estratégicos y grandes dificultades al momento de ejercer control a esta actividad, por lo que se hace necesaria la consolidación de un banco de datos de información minera, ambiental y social que además de completa sea clara, hecho que evidencia la incapacidad institucional para atender el crecimiento de esta actividad en el país.
Para mediados del año 2013, se estima que existían cerca de 19.000 solicitudes mineras sin responder (Agencia Nacional Minera, 2013; citado en Garay Salamanca, 2013a), que correspondían a propuestas de concesiones presentadas en los últimos 15 años. Por otro lado, la Contraloría General de la República encontró que para julio de 2012, y solo en cuanto a la ­explotación de oro, seis departamentos del país tenían la cuarta parte o más de su territorio en proceso de solicitud de concesión: Caldas (51%), Bolívar (35%), Vaupés (31%), Antioquia (30%), Quindío (25%) y Risaralda (24%). Para la extracción de este valioso mineral, ya han sido tituladas grandes extensiones de los siguientes departamentos: Quindío (25%), Bolívar (13%), Tolima (13%), Antioquia (10%) y Caldas (13%) (Garay Salamanca, 2013a).
Según lo indicado por Ingeominas, hasta febrero de 2011 existían 19.629 solicitudes de concesión minera distribuidas de la siguiente forma: 1) una de la década de los sesenta; 2) seis de la década de los setenta; 3) 15 de la década de los ochenta; 4) 357 de la década de los noventa; 5) 18.580 de la década de los dos mil; y 6) 670 de enero de 2011. Con base en dicho docu­mento el 95,8% de las solicitudes no resueltas corresponden al periodo 2004-2011 (UPME, 2012).
Para el mes de septiembre de 2013, el número de títulos mineros vigen­tes ascendió a 10.158, de los cuales el 43,2% corresponde a materiales de construcción, el 16,6% a extracción de carbón, el 10,3% a minería de oro, el 1,9% de los títulos vigentes corresponde a plata y níquel y el 28% a la extracción de otros minerales. De esta totalidad de títulos mineros, el 57,6% se encuentran ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander (Escobar & Martínez B., 2014).
Cabe anotar que la solicitud minera no indica per se que se vaya a llegar a las etapas de explotación, construcción y montaje, por lo que la cantidad de solicitudes mineras no se debe asimilar a la cantidad de minas existentes en el territorio colombiano, ya que no todas las solicitudes radicadas finalizan con la suscripción del contrato de concesión minera y tampoco todos los títulos mineros otorgados alcanzan la etapa de explotación, al existir altos riesgos para los concesionarios mineros de no encontrar un yacimiento económicamente explotable, luego de llevar a cabo la exploración.
El creciente interés de inversionistas extranjeros y nacionales por adelantar actividades mineras en el territorio colombiano ha generado algunas preocupaciones en los efectos ambientales y especialmente los impactos negativos que se pueden ocasionar sobre recursos tan valiosos como el agua, teniendo en cuenta que evidentemente la institucionalidad minera y ambiental no se encuentra preparada y presenta grandes debilidades para ejercer un adecuado control y seguimiento a una actividad minera de tal magnitud en el país (Pardo, 2011 y Rudas, 2011).
7. Las escalas de producción minera
El antiguo Código de Minas (Decreto 2655 de 1988) establecía una diferenciación entre pequeña, mediana y gran minería, dependiendo del tipo de mineral y el volumen extraído en un periodo de tiempo determinado. Las razones para la diferenciación de las escalas tenían que ver con el alcance de las obligaciones de los titulares mineros respecto de los informes. Se buscaba que las obligaciones aplicables a los mineros de pequeñas escalas fueran más simplificadas que las de las demás escalas. Esto conllevaba también el otorgamiento de tipos de títulos mineros diferentes dependiendo de las escalas (v.gr. licencia de exploración, licencia de explotación y contrato de concesión). Sin embargo, esta estratificación por escalas se eliminó a partir de la entrada en vigencia de la Ley 685 de 2001, en virtud de la cual todo aquel que pretenda adelantar actividades mineras deberá cumplir con los requisitos exigidos por la autoridad minera, celebrar contrato de concesión con el Estado y cumplir las obligaciones surgidas de este, en las mismas condiciones y sin importar la dimensión del proyecto. Es decir, que tanto las concesiones para la gran minería como para los pequeños mineros están sujetas a las mismas exigencias. No obstante lo anterior, debe resaltarse que la Ley 1753 de 2015 volvió a crear el concepto de diferenciación minera de acuerdo con la escala.
Así las cosas, la Ley 1753 de 2015 establece en su artículo 21, que para efectos de implementar una política pública diferenciada, las actividades mineras estarán clasificadas en minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande. El Gobierno Nacional las definirá y establecerá los requisitos teniendo en cuenta el número de hectáreas y/o la producción de las unidades mineras según el tipo de mineral. Para la exploración solo se tendrán en cuenta las hectáreas.
Recientemente, se crearon las Guías Ambientales de Formalización (Resolución 1258 de 2015) como uno de los esfuerzos diferenciadores entre las diferentes escalas de la actividad minera. Sin embargo, dichas guías no contienen elementos que permitan establecer una diferencia sustancial, por cuanto los requisitos que se exigen difícilmente podrán ser cumplidos por los mineros informales.
Ahora bien, de acuerdo con el Glosario Técnico Minero, las explotaciones pequeñas se definen de la siguiente manera: Se consideran explotaciones pequeñas y de poca profundidad, las que se realicen con herramientas e implementos simples de uso manual, accionados por la fuerza humana, y cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso a las doscientas cincuenta (250) toneladas anuales de material (Ministerio de Minas y Energía, 2015d).
Usualmente, esta escala de minería se asocia con la de minería de subsistencia y la minería informal, las cuales también se encuentran definidas en el Glosario Técnico Minero:
Minería de subsistencia. 1. Minería desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que en asocio con algún familiar o con otras personas generan ingresos de subsistencia. 2. Se denomina así a la explotación de pequeña minería de aluvión, más conocida como barequeo, y a la extracción ocasional de arcillas, en sus distintas formas, y los materiales de construcción.
Minería informal. Constituida por las unidades de explotación pequeñas y medianas de propiedad individual y sin ningún tipo de registros contables.
Pero el Glosario también define el concepto de minería ilegal:
Minería ilegal es la minería desarrollada sin estar inscrita en el Registro Minero Nacional y, por lo tanto, sin título minero. Es la minería desarrollada de manera artesanal e informal, al margen de la ley. También incluye trabajos y obras de exploración sin título minero. Incluye minería amparada por un título minero, pero donde la extracción, o parte de ella, se realiza por fuera del área otorgada en la licencia.
Otro concepto relacionado es el de minería de hecho, que fue consagrado en el artículo 58 de la Ley 141 de 1994 con el fin de referirse a las personas que no cuentan con título minero vigente para desarrollar sus actividades mineras, pero que son sujetos de procesos de formalización (Artículo 58, Ley 141 de 1994)¹¹. Igualmente, se vieron esfuerzos de definición enfocados en la minería ilegal en la Ley 685 de 2001 y en la Ley 1382 de 2010 (derogada).
Esta multiplicidad de definiciones parece ser el resultado de una intención del Gobierno Nacional de darle solución al fenómeno generalizado de minería ilegal, y el deseo por diferenciar a los mineros tradicionales sin título minero (quienes en estricto rigor jurídico constituyen mineros ilegales) de aquellos mineros cuya finalidad empresarial no es la subsistencia, sino otras actividades ilícitas (financiación del terrorismo y lavado de activos).
Habrá que esperar a que el Gobierno Nacional reglamente el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015. Por lo pronto, solo podría decirse que aunque la pequeña minería está reconocida formalmente en el ordenamiento jurídico colombiano, su régimen aplicable es tan ambiguo que podría ser considerada también como minería artesanal, ilegal, informal, de hecho, de subsistencia y tradicional. De acuerdo con el censo minero de 2011, la pequeña minería es la que predomina en Colombia, puesto que del total de minas existentes en el país (14.357), 10.384 minas son pequeñas, 3.749 son medianas y 208 son grandes. Tal como se observa en la siguiente figura:
Figura 1. Porcentaje de unidades de explotación minera
por escalas de producción
Fuente: Güiza (2013).
De acuerdo con el censo minero, los departamentos con mayor número de minas en pequeña escala son Boyacá (2.024 minas), Antioquia (1.395 minas), Bolívar (967 minas), Santander (954 minas), Cundinamarca (764 minas) y Magdalena (505 minas). Gran parte de esta pequeña minería no cuenta con el correspondiente título minero. Actualmente hay 6.813 peque­ñas minas ilegales, es decir, el 66% de la actividad. Los departamentos que tienen mayores porcentajes de ilegalidad minera en pequeña escala son Chocó (100%), La Guajira (100%), Magdalena (100%), Córdoba (95%), Bolívar (92%), Atlántico (91%), Risaralda (91%), Cauca (90%) y Antioquia (85%) (Güiza, 2013).
Así mismo, según Güiza (2013) Los minerales extraídos en la pequeña minería son piedras preciosas (2%), carbón (15%), oro (30%) y materiales de construcción (53%) , tal como se observa en la figura 2.
En relación con la gran minería, si bien existen criterios técnicos que delimitan su dimensión, desde el punto de vista jurídico los criterios ­para su identificación no son muy claros, pero puede considerarse como tal, que abarque grandes extensiones de terreno y/o involucre altos volúmenes de producción, superando los límites establecidos para corresponder a la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (Artículos 8 y 9, Decreto 2041 de 2014). Es aquí donde la dimensión de la explotación tiene relevancia, pues en lo que concierne a las obligaciones y exigencias mineras vigentes no existe a la fecha relevancia alguna. En los artículos 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014 se establecen los criterios que delimitan la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir del tipo de mineral y el volumen de extracción, tema que se desarrollará en el acápite de licenciamiento ambiental. Tal y como se resaltó más atrás, será necesario esperar para ver si la readopción de las clasificaciones de la minería por escalas tiene alguna repercusión sobre las obligaciones y exigencias en materia de técnica minera y ambiental.
Figura 2. Proporción de los tipos de minerales explotados
en la pequeña minería
Aun cuando actualmente no existe otro criterio jurídico diferente al establecido en el Decreto 2041 de 2014 para determinar los límites entre pequeña, mediana y gran minería, cabe mencionar que en la mediana minería pueden encontrarse factores comunes, tales como un grado de mecanización medio o bajo, empleo mixto de mano de obra calificada y no calificada, productividad media, bajos niveles de salarios e ingresos, altos niveles de ilegalidad, reducido nivel de seguridad industrial y seguridad social para los trabajadores, alto impacto ambiental, capital de trabajo mínimo y escasos recursos financieros para la inversión (Martínez Ortiz, 2012).
De lo anterior se desprende que la necesidad de diferenciar las diferentes escalas de la producción minera, únicamente será relevante si se generan instrumentos normativos que estén en la capacidad de responder frente a las condiciones que caracterizan a cada escala de producción. De lo contrario, dicha clasificación simplemente se quedará en el plano de lo formal. Además, las diferencias que se hagan no pueden desconocer que hay ciertos aspectos que deberían ser igualmente exigibles para todas las escalas de la minería, como es el caso de la seguridad industrial y la salud ocupacional.
Se evidencia nuevamente una tendencia a crear condiciones diferenciales dependiendo de la escala de producción, probablemente sobre la creencia de que el problema de la minería en Colombia radica en el hecho de que las obligaciones mineras aplican por igual a los mineros sin importar la escala de producción. A manera de reflexión, sin importar el tamaño de la minería, los principales factores que motivan la aplicación de estándares mineros los constituyen la salud de las personas y el ambiente. Es probable que en materia ambiental se puedan modelar estándares diferenciales de cumplimiento dependiendo del tamaño de la minería. Sin embargo, no se ve con la misma facilidad que esto ocurra respecto de los estándares de seguridad industrial y salud ocupacional. No necesariamente el riesgo minero aumenta con la escala de la minería.
8. Aspectos críticos de la minería en Colombia
8.1. Ambiente
El impacto de la minería en el ambiente se puede dar de muchas maneras, según los estándares ambientales empleados, la ubicación del proyecto, el control institucional y ciudadano ejercido y el tipo de minería que se desarrolle.
Las actividades mineras legales e ilegales, tanto a cielo abierto como subterránea, se desarrollan en algunos casos en ecosistemas estratégicos para la conservación ambiental, tales como páramos, bosques, humedales, ríos, zonas de inundación, selvas, zonas de nacimiento de aguas y de recargas de acuíferos; lo que ocasiona en algunos casos la pérdida de importantes áreas para la conservación ambiental y la vida de los habitantes del territorio, incluidas las comunidades negras, indígenas, de colonos y campesinos (Garay Salamanca, 2013a).
Debido al precio de los commodities, principalmente, entre los años 2002 y 2010 la expedición de títulos se incrementó, lo que debe llamar la atención sobre las consideraciones especiales que debe tenerse respecto a las áreas de importancia ecológica. Se identificó que en el año 2011 se habían entregado un total de 38 títulos mineros en 36.400 hectáreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales, lo que equivale al 0,3% del total de estas áreas; en reservas forestales protectoras se concedieron 71 títulos mineros sobre 14.708 hectáreas; en los páramos se otorgaron 416 títulos en 106.118 hectáreas, equivalentes al 5,5% de los páramos; y en áreas Ramsar, reconocidas internacionalmente para proteger a los humedales, se otorgaron 44 títulos sobre 9.013 hectáreas,