Source: http://slideflix.net/doc/77348/dossier-trata-de-seres-humanos-con-fines-de-explotaci%C3%B3n-s..
Timestamp: 2018-10-15 22:25:23
Document Index: 1578097

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 59', 'artículo 10', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 31', 'artículo 66', 'artículo 33', 'artículo 318', 'artículo 3', 'artículo 188', 'artículo\n318', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo\n59', 'artículo\n59', 'artículo 318', 'artículo 59', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 177', 'artículo 59', 'artículo 20', 'artículo 395', 'artículo 418', 'artículo 10', 'artículo 20']

DOSSIER Trata de seres humanos con fines de explotación sexual
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Tel.: 91 319 07 21 - Fax: 91 702 39 51
Trata de seres humanos con fines
Punto de reflexión: falsas denuncias falsas
La trata de seres humanos para la explotación sexual.
Rosario Guerrero Martín.............................................................................................. 5
Asistencia jurídica integral para mujeres víctimas de trata.
Mª Ángeles Jaime de Pablo....................................................................................... 16
Prostitución y trata. Rosario Carracedo Bullido.......................................................... 22
La trata de personas con fines de explotación sexual: una forma
de esclavitud tan cercana como invisible. APRAMP................................................... 28
La trata de personas: violación de derechos humanos.
Marta González Manchón, Proyecto Esperanza......................................................... 34
Organizaciones y/o redes dedicadas a la trata de personas con fines de
explotación sexual. Modus operandi de las mismas y actuación policial.
José Nieto Barroso.................................................................................................... 41
Las falsas denuncias falsas y la libertad de expresión.
Paloma Marín López................................................................................................. 47
Direcciones de asistencia a las víctimas
Presidenta: Altamira Gonzalo Valgañón
Directora: María Durán i Febrer
Coordinadora redactora: Covadonga Osoro Gil
Redactora: Carmen Zamorano López
Rosario Guerrero Martín
APRAMP Asociación para la Atención, Prevención
Marta González Machón
Celsa Picó Lorenzo
Mª Isabel Martínez Lozano
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Edita: Asociación de Mujeres Juristas Themis
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Impreso en papel de 150 gramos ecológico.
de Mujeres Juristas Themis
Dedicamos este número de la revista al análisis de la prostitución y de la trata
de seres humanos con fines de explotación sexual. Para la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, la prostitución es violencia de género –aunque no se incorporara
como tal en la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género-. Es una violación de los derechos humanos a través
de la explotación y la esclavización de las mujeres sometidas. Es también una
manifestación más, muy grave, de la desigualdad de género. Tras la prostitución
hay, esencialmente, mucha marginación social, mucha feminización de la pobreza y
mucha cultura patriarcal.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis se ha posicionado a favor de la abolición
de la prostitución; porque se prohíba y se desmonte la industria del sexo y porque se
sancione de manera suficientemente disuasoria a los clientes.
Porque la demanda es lo que mantiene la prostitución y la trata de personas
con fines sexuales. Por eso, países como Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia
han centrado su ámbito de acción en los clientes, principalmente hombres, de
los servicios sexuales, prohibiéndolos y penalizándolos, más que en las mujeres
De otro lado, no podemos desvincular la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual de la prostitución. La trata de mujeres y de niñas existe porque existe
la prostitución. Ésta y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual,
fundamentalmente de mujeres y niñas, son parte de la delincuencia organizada. Es
un problema social que nos concierne a todos y todas.
Por eso creemos que parte importante de la estrategia en la lucha contra la prostitución y la trata puede ser la aprobación de una ley que, como en los países nórdicos
mencionados, penalice la demanda de servicios sexuales. Una ley así pondría en tela
de juicio y penalizaría un antiguo “derecho” de los hombres a considerar el cuerpo
de la mujer como si fuera algo que se puede comprar y vender. La prostitución, en
definitiva, no es una manifestación de libertad, es una manifestación más de la desigualdad entre mujeres y hombres. Y por ello no debe legalizarse.
Otra medida importante que debería tomarse ya, es la prohibición de insertar anuncios
de prostitución y servicios sexuales en la prensa. Los anuncios tratan a la mujer como
una mercancía sexual; como un objeto y le dan un trato vejatorio. Venden prostitución
y tras muchos de estos anuncios, con frecuencia, está la trata con fines de explotación sexual, lo cual es un delito. Estos anuncios también sugieren otras actividades
delictivas, como la pederastia o la esclavitud y por todo ello deberían eliminarse. En la
mayoría de los países de nuestro entorno, así como en Estados Unidos y con ellos los
medios de comunicación más prestigiosos, han eliminado de su contenido los anuncios
de prostitución y de servicios sexuales. En España tan solo lo han hecho unos pocos,
pero ello ya demuestra que los quieren hacerlo, pueden.
Y, finalmente, aprovecho esta atalaya para despedirme como presidenta de la Asociación y de la revista. Ha sido una gran suerte poder compartir estos años con tantas compañeras proyectos, trabajos y debates que siempre han tenido como horizonte la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Cuantos años llevamos haciéndolo y
cuantos nos faltan aún!
4 Themis
para la explotación sexual
Socia Asociación de Mujeres
Juristas Themis
a Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual es una de las violaciones más graves de los derechos humanos y una de las formas más crueles
de reducción de las mujeres a simple mercancía. Un comercio sexual que afecta
de forma mayoritaria a las mujeres y, por eso precisamente, constituye un problema relacionado con la discriminación por razón de sexo.
Las causas que están detrás de la trata de personas con fines de explotación
sexual son la imposibilidad de acceder a los recursos en los mismos términos
que el resto de la población, la persistencia de la discriminación de las mujeres,
la falta de educación, la pobreza y la feminización de la pobreza, la división
sexual del trabajo y el desempleo, así como la falta de oportunidades profesionales, entre otros.
Las mujeres en busca de una vida mejor y oportunidades para sobrevivir, con
serias carencias de recursos económicos, suelen creer todas aquellas llamadas
o reclamos engañosos de determinados trabajos anunciados, falsas ofertas de
trabajo, en su mayoría, para trabajar en el sector hostelero o doméstico, de modelos, bailarinas o a través de agencias de viajes o matrimoniales.
Una vez captadas en esas falsas ofertas comienza su esclavitud para ser explotadas, se les niegan todos los derechos como ser humano y pasan por distintas
circunstancias que son constitutivas de hechos delictivos que en demasiadas
ocasiones no son castigados.
La lucha contra la esclavitud y contra la trata de seres humanos es antigua y
diversa, tanto a nivel internacional como nacional.
Si bien Naciones Unidas en sus inicios adoptó en 1949 la Convención Internacional Contra la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución
Ajena, el concepto de trata que se utiliza internacionalmente proviene de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada en Nueva York el 5 de noviembre de 2000 (Instrumento de
Themis 5
La trata se
mediante coacción,
engaño, abuso, o
ratificación de España de 21/02/2002 publicado en BOE de 29/09/2003) y de uno se
sus protocolos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Instrumento de ratificación
de España de 21/02/2002 publicado en BOE de 11/12/2003), que define la trata de
personas como:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción
de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá
en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra
a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;
En cuanto a definiciones se refiere hay que distinguir la trata del tráfico ilegal de
inmigrantes, también definido por otro protocolo de la citada Convención contra el
Crimen Organizado Transnacional, el Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes
por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional. (Instrumento de ratificación de España de
21/02/2002 publicado en BOE de 10/12/2003), que define el tráfico como “el procedimiento para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico de la entrada
ilegal de una persona en un país del que no es nacional ni residente permanente”.
Las diferencias son fundamentales y las consecuencias de reconocer a las víctimas de
cada uno de los dos fenómenos, la trata y el tráfico, son diferentes.
Los factores que permiten diferenciar ambos fenómenos son los siguientes:
a) Consentimiento: El tráfico ilegal de personas, pese a desarrollarse a menudo en
condiciones degradantes o peligrosas, implica el consentimiento de las mismas a
ponerse en manos de la red de traficantes. La trata no es consentida o, de haber
mediado consentimiento inicial, el mismo se ha producido mediante coacción, engaño, abuso, o en situación de vulnerabilidad.
6 Themis
b) Explotación: El tráfico ilegal termina con la llegada de las personas traficadas a su
destino. La trata implica una posterior explotación de la víctima con la finalidad de
c) Transnacionalidad: El tráfico ilegal de emigrantes es siempre transnacional
mientras que la trata puede producirse entre distintas zonas de un mismo país.
Otros muchos instrumentos vienen luchando contra la trata de mujeres siendo de
destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, en diciembre del año
1979, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, que entró en vigor el 3 de septiembre de 1981 y fue ratificada por
España en 1983, estableciendo en su artículo 6 que “los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas
de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”.
La trata puede
distintas zonas de
un mismo país.
El primer informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños de Naciones Unidas, (Joy Ngozi Ezeilo, nombrada en 2008)
presentado en agosto de 2009, y que se puede encontrar en: http://www.acnur.org/
biblioteca/pdf/7386.pdf, se centra en la identificación y protección de las víctimas de
la trata y la prestación de asistencia a dichas víctimas.
En este sentido el informe considera que “muchas víctimas de trata permanecen sin
identificar, o mal identificadas, por las autoridades que se encargan de los procesos
de investigación. En total, se denuncian a las autoridades menos del 30% de los casos
de trata ocurridos, tanto en el país como a través de las fronteras. Algunas víctimas
reciben de manera discreta ayuda de proveedores de servicios privados, por ejemplo
asesoramiento y acogida, para superar la situación traumática que han sufrido, y no
desean ser identificadas como víctimas de la trata o recurrir a las autoridades para
solicitar asistencia. Por otro lado, en ocasiones, la identificación no es posible porque
las víctimas, por razones culturales o morales, no desean contar sus experiencias,
particularmente a extraños, sobre todo en los casos de abusos o daños humillantes,
deshumanizadores o de carácter sexual.”
En el contexto europeo es de tener en cuenta el Convenio del Consejo de Europa
sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el llamado Convenio de Varsovia
de 16 de mayo de 2005, firmado por España en julio de 2008, y publicado en el BOE del
La trata implica una posterior explotación
de la víctima con la finalidad de obtener
La connotación más importante de este Convenio son los objetivos que se proponen y
que son: proteger los derechos humanos de las víctimas, la protección y asistencia a
las víctimas y testigos, garantizar la igualdad de género así como asegurar investigaciones y actuaciones penales eficaces y promover la cooperación internacional en la
lucha contra la trata de seres humanos.
Para asegurar la aplicación del Convenio por las partes que lo han ratificado, éste crea
un mecanismo específico de seguimiento denominado el Grupo de expertos en la lucha
contra la trata de seres humanos (denominado «GRETA»).
El GRETA está formado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros, con una
participación equilibrada de hombres y mujeres y de miembros de diferentes áreas
geográficas, así como con unos conocimientos pluridisciplinares. Son elegidos por el
Comité de las Partes por un mandato de 4 años.
La elección de las personas que componen el GRETA se basará en los principios siguientes: personas de elevada moralidad, conocidas por su competencia en materia
de derechos humanos, de asistencia y protección de las víctimas y de acción contra la
trata de seres humanos o que tengan experiencia profesional en los ámbitos del Convenio; desempeñarán su cargo a título individual y serán independientes e imparciales
También la Unión Europea ha realizado diversas iniciativas y aprobado diversos
documentos relativos a la erradicación de toda discriminación por razón de sexo y la
En cuanto a la Trata de Seres Humanos, se destacan la Decisión Marco del Consejo
de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de
seres humanos y la Directiva 2004/81/CE del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la
inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. Esta Directiva ha sido
uno de los instrumentos que ha marcado la última reforma de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social que se llevó a cabo por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.
La principal consecuencia de ello, es la introducción del nuevo artículo 59 bis, dedicado
a las víctimas de trata de seres humanos, que establece lo siguiente:
1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10
del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005.
2. Los órganos administrativos competentes para la instrucción del expediente
sancionador, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una
La participación de las organizaciones de mujeres ha sido
un valor añadido reivindicando su lucha centrada en la
atención en las víctimas, en la defensa de sus derechos
y en el apoyo para reconocerles oportunidades para salir
de esa espiral de violencia, además de garantizarles los
derechos humanos que les son arrebatadas.
persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo
y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta
sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con
el procedimiento previsto reglamentariamente.
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos,
treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea
cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.
Durante este período, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el
expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso,
la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo,
durante el citado período las Administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la persona interesada.
3. El período de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por
motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de
víctima se ha invocado de forma indebida.
4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad
administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de
procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines
de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal,
y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una
autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen
En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá
eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo
Themis 9
5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas
extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de
éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor.
6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la
acogida y protección de las víctimas de la trata de seres humanos.
Se reconoce la posibilidad de conceder un tiempo de reflexión a las víctimas de trata de
seres humanos para que decidan si cooperan o no en la investigación del delito o en el
proceso penal, una de las principales reivindicaciones de las organizaciones de asistencia y atención a víctimas de trata así como en cumplimiento de la citada Directiva.
Otra novedad en cuanto a las personas beneficiarias de la reagrupación, que se acotan
básicamente a los familiares que integran la familia nuclear en la que se incluye a la
pareja que tenga con la persona reagrupante una relación de afectividad análoga a la
conyugal, y que a estas personas reagrupadas se les facilita el acceso inmediato al
También se ofrece la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género y que pretende
facilitar la denuncia de estos hechos.
En cuanto a los datos sobre la trata de seres humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dice que hay más de 2,5 millones de personas víctimas
de la trata de seres humanos en todo el mundo. Cada año 1,2 millones de niñas y niños
son víctimas de la trata entre distintos países o en su propio país. Son víctimas de la
trata entre distintos países unas 800.000 mujeres y niñas.
Naciones Unidas considera que España no actúa como país de origen, sino que es
utilizado en un grado bajo como país de transito de víctimas procedentes de Brasil,
América del Sur y África, siendo un país de grado alto como lugar de destino, recibiendo víctimas de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, y
España es utilizado
como país de tránsito
A partir de la aprobación en diciembre de 2008 del Plan Integral de Lucha contra
la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual por el Gobierno de
España (2009-2012), y liderado por el Ministerio de Igualdad, se ha contado con un
instrumento que ha puesto el problema de la trata de mujeres en la agenda política así
como la promoción y participación de las organizaciones de mujeres que luchan por su
Como el propio Plan indica “pretende ser el primer instrumento de planificación, de
carácter integral, en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual en España. A través del mismo se articulan una serie de medidas conjuntas para luchar de manera eficaz contra la trata de seres humanos. En él se aborda
el fenómeno de la explotación sexual, con especial incidencia en mujeres y niñas,
modalidad que según reconoce Naciones Unidas, constituye, con gran diferencia, el
tipo de explotación más frecuente asociado a la trata, especialmente en los países de
Europa Occidental, América del Norte y algunas regiones de Asia.”
La participación de las organizaciones de mujeres ha sido un valor añadido en la lucha
contra la violencia de género más brutal que están padeciendo las mujeres, reivindicando su lucha centrada en la atención en las víctimas, en la defensa de sus derechos
y en el apoyo para reconocerles oportunidades para salir de esa espiral de violencia,
además de garantizarles los derechos humanos que les son arrebatadas.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis (www.mujeresjuristasthemis.org), viene
trabajando desde su fundación en la lucha por erradicar la violencia de género, con
muchos años de experiencia en la defensa de mujeres víctimas de toda violencia de
género, entre las que se encuentran la defensa de mujeres víctimas de trata para la
Por su parte, la Red Española contra la Trata de Personas (www.redcontralatrata.
org), que se creó en el 2005 con el objetivo de luchar contra el fenómeno de la trata
en España, así como de proteger los derechos humanos de las víctimas, está integrada
por mas de veinte organizaciones con una amplia experiencia en los ámbitos de la trata, la inmigración, el asilo y los derechos humanos.
Es de destacar el trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer prostituida, (APRAM- www.apramp.org), que también pertenece a
la Red, por la atención que ofrece a las víctimas de trata.
Todas ellas ofrecen una visión general del fenómeno, los datos, la asistencia que dan a
las mujeres prostituidas para salir de esa situación y mucha información más sobre los
fundamentos para seguir en la lucha contra la esclavitud que padecen las mujeres y
niñas, mayoritariamente, por el hecho de ser mujeres.
Por último, y en cuanto a la respuesta legal o la penalización de comportamientos
relacionados con la trata de seres humanos en España ha sido deficiente para parar
el fenómeno, lo cual ha provocado la última modificación del Código Penal que no
solo profundiza en la protección de los derechos humanos sino que también asume las
obligaciones que el estado Español ha suscrito internacionalmente.
La regulación del delito de trata de seres humanos en nuestro sistema penal actual y
vigente hasta el día 24 de diciembre de 2010, proviene de una reforma efectuada en el
año 2003 a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que dio un
tratamiento unificado con el delito de inmigración ilegal o tráfico de personas.
El artículo 318 bis del vigente Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 11/2003,
de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciuda-
dana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, regula el tipo
básico de la inmigración ilegal y ampliando la conducta delictiva a la realización de
comportamientos en relación con la inmigración clandestina para la explotación sexual,
con un incremento sustancial de las penas, que pasó de ser de seis meses a tres años
a una pena de cuatro a ocho años de prisión.
En términos generales, la trata para la explotación sexual se regula como un supuesto
cualificado del delito de tráfico ilegal o la inmigración clandestina, seguida de determinados comportamientos que agravan la pena, como prevalerse de la condición de autoridad, agente de ésta o personal funcionarial público, o el supuesto hipercualificado
consistente en la pertenencia del culpable a una organización o asociación, incluso de
carácter transitorio, que se dedique a la realización de tales actividades.
La novedad fue que se centró en la introducción del abuso de situación de superioridad
o de situación de especial vulnerabilidad de la víctima y la supresión del abuso de
situación de necesidad, así como la inclusión de la incapacidad junto a la minoría de
edad como supuesto específicamente previsto de vulnerabilidad de la víctima.
Teniendo en cuenta la necesidad de modificar esta normativa para cumplir con los instrumentos jurídicos internacionales y europeos expuestos, la Ley Orgánica 15/2010,
de 22 de junio de 2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal, asume la tarea de afrontar una regulación que frene la trata de seres humanos.
El preámbulo de la citada ley nos dice cual ha sido la razón de la misma y las reformas
que se producen, siendo destacable la que se realiza con la trata de seres humanos,
que le concede un Titulo y la compadece con la normativa internacional y europea en la
lucha por la erradicación de la lacra más violenta y extendida en todo el mundo.
Haciéndose eco de la regulación actual el citado preámbulo dice:
“El tratamiento penal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas luces inadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas dos realidades resulta imprescindible
tanto para cumplir con los mandatos de los compromisos internacionales como
para poner fin a los constantes conflictos interpretativos.
Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis, denominado «De la trata de seres humanos». Así, el artículo 177 bis tipifica un delito en el
que prevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos que
la sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante un delito
que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sino que
abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales o trasnacionales,
relacionadas o no con la delincuencia organizada.
La aplicación de esta nueva regulación consiga, por una
parte, proteger a las víctimas para que puedan salir de dicha
explotación, y el castigo ejemplar para aquellos criminales
que comercian con las mujeres y niñas esclavizándolas para
satisfacer a otras personas que no son capaces de reconocer
En cambio, el delito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter trasnacional, predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado en el
control de los flujos migratorios.”
Con ello se derogan los artículos 313.1 y 318 bis. 2.
La nueva regulación que entrará en vigor el 24 de diciembre próximo, crea el Título VII
bis dentro del Libro II, que comprende el artículo 177 bis.
Se denomina “De la trata de seres humanos” y se añade el artículo 177 bis con el
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de
seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o
con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de
una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima
nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la
alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:
a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares
a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.
2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de las acciones indicadas
en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con
fines de explotación.
3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante
cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados en el apartado primero
Themis 13
4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de
este artículo cuando:
c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad
5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos
prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 de
este artículo se impondrán las penas en su mitad superior.
6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este
artículo e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio
por el tiempo de la condena, cuando el culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio,
que se dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de
las circunstancias previstas en el apartado 4 de este artículo se impondrán
las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista en el
apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su
mitad superior.
Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá
elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso se elevará la pena
a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de
7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la
pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Atendidas las reglas
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata de
seres humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del
delito correspondiente.
9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de
las que correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código
y demás delitos efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.
14 Themis
10.Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo
que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.
11.Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de
trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que
haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación
en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación,
engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.
El bien jurídico protegido es la dignidad humana como base para el ejercicio del resto
de derechos, siendo dicho derecho el vulnerado al considerar a las personas como mercancía, y el trato vejatorio que representa convertir en «cosas» a los seres humanos.
Se establecen todos aquellos comportamientos que pueden realizarse y que serán el
tipo básico de la trata de seres humanos, siendo indiferente que sean personas extranjeras o españolas.
O se emplea violencia, intimidación o engaño o se abusa de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad, siendo irrelevante el consentimiento para
imponer trabajos o servicios forzados, la esclavitud o practicas similares o la servidumbre o la mendicidad, la explotación sexual, incluida la pornografía o la extracción
Cuando los hechos se realicen con menores de edad siempre será trata aún cuando no
se recurra a los medios que establece y se aplicará la pena más grave.
También se aplicará la pena más grave cuando se ponga en grave peligro a la víctima,
cuando sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación, lo que supondrá un gran avance respecto de la regulación actual.
Por último, queda establecido que la víctima nunca será responsable de las infracciones penales que haya cometido en la explotación a que fue sometida siempre que su
participación en la infracción penal sea consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometido.
Ahora nos queda que la aplicación de esta nueva regulación consiga, por una parte,
proteger a las víctimas para que puedan salir de dicha explotación, que sea restituida
su derecho a vivir sin violencia, y el castigo ejemplar para aquellos criminales que comercian con las mujeres y niñas esclavizándolas para satisfacer a otras personas que
no son capaces de reconocer derechos humanos a todas las personas, sin excepción
alguna y principalmente a las mujeres y niñas.
Themis 15
para mujeres víctimas de
Mª Angeles Jaime de Pablo
Hace cinco años, en enero de 2005,
la Asociación de Mujeres Juristas
Themis amplió sus tradicionales programas de asistencia jurídica integral
a las mujeres víctimas de violencia
sexual, incluidas las mujeres objeto
de trata de personas con fines de
Y ello en la convicción de que el
creciente, y aparentemente tolerado
socialmente, fenómeno de la trata de
mujeres destinadas a la prostitución,
además de un lucrativo negocio, es
una manifestación más de la violencia de género, tanto por su origen
estructural, en el que a la discriminación por razón de sexo se une la
discriminación derivada de una desigual distribución de la riqueza, como
por afectar casi de forma exclusiva
a mujeres y niñas. La trata de seres
humanos ha ido ligada al tráfico de
esclavos, y más recientemente al
incremento de la inmigración desde
países pobres a países ricos. La respuesta de los estados receptores ha
estado encaminada prioritariamente
al reforzamiento de su potestad de
control sobre los flujos migratorios
y su incidencia en variables ma-
16 Themis
croeconómicas, como la necesidad
de mano de obra en determinados
sectores como la construcción, la
hostelería, la agricultura o el servicio doméstico, el efecto sobre la
tasa de desempleo, o la necesidad
de incremento del gasto social como
población. Sólo residualmente la
preocupación de los estos estados
ha ido dirigida a garantizar los derechos humanos universales de la
En consecuencia, las víctimas de las
redes de trata han sido generalmente inmigrantes que carecían
de permisos administrativos de
trabajo y residencia, y por tanto
más vulnerables a la indefensión
y aislamiento que persiguen los
responsables de estas redes para
garantizar su impunidad en la explotación de los y las inmigrantes.
Como contrapunto, la trata de personas con fines de explotación sexual y
laboral ha estado presente de forma
continuada en la agenda de los organismos internacionales, que han
tratado de configurar una estrategia
común y globalizada, única que pue-
de ofrecer resultados positivos frente a
un fenómeno de escala mundial.
Fruto de este debate, en el que han estado muy presentes las organizaciones de
mujeres, hace diez años, en noviembre de
2000, y al amparo de Naciones Unidas,
se promulga el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente de mujeres y niños, que
complementa la Convención de Naciones
trasnacional, también denominado Protocolo de Palermo, ratificado por la Comisión Europea y por España. El protocolo
define la trata al objeto de trazar a escala
internacional un mínimo común denominador en cuanto a su sanción penal.
De esta forma, en su artículo 3 se
a) Para los fines del presente Protocolo:
Por “trata de personas” se entenderá
la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso
de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con
fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación
de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los trabajos o
servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de
b) El consentimiento dado por la víctima
de la trata de personas a toda forma
La prostitución, además de
un lucrativo negocio, es una
manifestación más de la
de explotación intencional descrita en
el apartado a) del presente artículo no
se tendrá en cuenta cuando se haya
recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado,
la acogida o la recepción de un niño
con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando
no se recurra a ninguno de los medios
enunciados en el apartado a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona
En el marco de la Unión Europea, cabe
destacar, como instrumentos legales que
refuerzan el marco penal para la represión, derechos de las víctimas y concesión de permiso de residencia:
La Directiva del consejo de la Unión
Europea, de 29 de abril de 2004, relativa
a la expedición de permiso de residencia
a nacionales de terceros países que sean
víctimas de la trata de seres humanos o
hayan sido objeto de una acción de ayuda
a la inmigración ilegal, y que cooperen
El Convenio del Consejo de Europa sobre
la lucha contra la trata de seres humanos, suscrito en Varsovia el 16 de mayo
de 2005, que dispone el otorgamiento
a víctimas de la trata de un periodo de
Themis 17
reflexión de al menos 30 días para que
decidan si cooperan con la administración
¿Cómo se han trasladado estas
normas internacionales a
nuestro ordenamiento interno?
El marco legal hace quince años venía determinado por el Código Penal de 1995,
en el se despenalizó el proxenetismo y
únicamente se sancionaba, con penas de
1 a 3 años la prostitución forzada o de
menores, de forma que una mujer que
se veía compelida a ejercer la prostitución mediante amenazas, que se podían
hacer realidad, tratando de doblegar a la
mujer con palizas o agresiones sexuales,
sólo tenía una expectativa de sanción
a los agresores, tras su denuncia y el
correspondiente proceso, similar a la que
se impone con carácter general para los
delitos de amenazas o para el menudeo
Esta atenuación del rigor penal no sólo
hacia las conductas de aprovechamiento
económico de la prostitución ajena, sino
también a la vulneración de derechos
fundamentales que sufren las mujeres
prostituidas, unido al incremento del nú-
“Empresarios del sexo” tratan de
ocultar bajo estereotipos y mitos,
la realidad de miles de mujeres
enclaustradas y tratadas para que los
consumidores de prostitución tengan
siempre una variedad de cuerpos a
18 Themis
mero de mujeres inmigrantes que entran
en España aspirando a una vida mejor
que la que dejan en sus empobrecidos
países, explica la tolerancia social que
surge hacia la prostitución al tiempo que
prosperan y se multiplican visiblemente
los negocios que ofrecen el cuerpo de
mujeres en los márgenes de las carreteras y en las páginas interiores de los
diarios. Estos autodenominados “empresarios del sexo” tratan de ocultar
bajo estereotipos y mitos como el de la
cortesana libre y feliz, la realidad de miles de mujeres enclaustradas y tratadas
como mercancía que va rotando por distintos locales para que los consumidores de prostitución tengan siempre una
variedad de cuerpos a su disposición.
También se esconde la historia que está
detrás de estas mujeres: la amenaza,
el engaño, las dificultades que han experimentado para la subsistencia más
básica, o la extorsión o directamente a
su compra a los varones que tenían potestad sobre ella. No hace falta recordar
lo poco que vale la vida humana para
las mafias que se lucran con la miseria
La progresiva persecución penal de las
conductas de trata en España se inicia
por la Ley Orgánica 11/2003, de 29
septiembre, de medidas concretas en
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social
de los extranjeros. Esta ley vuelve a penalizar el proxenetismo en el artículo 188
del Código Penal, e introduce el artículo
318 bis del Código Penal. En este último
se sanciona la trata de personas con
fines de explotación sexual, pero únicamente cuando va precedida de un delito
de inmigración ilegal. De esta forma, lo
relevante no es la conducta que somete a
las personas a una situación de esclavi-
tud, como instrumento de obtención de un
lucro notable e ilícito, sino que la situación administrativa de las esclavas y los
esclavos no se encuentre amparada por
un permiso de trabajo y residencia, y que
dentro de la estrategia diseñada por los
responsables de su explotación, estuviera
prevista esta inmigración ilegal al espacio
Entre los antecedentes de esta reforma
están las Conclusiones y recomendaciones de la Ponencia creada para
abordar el tráfico de mujeres, niñas y
niños en la Comisión Mixta CongresoSenado de los Derechos de la Mujer,
aprobadas el 25 de junio de 2003.
En los años 2006 y 2007 tuvo lugar la
una nueva ponencia en el seno de la
misma Comisión Mixta sobre la situación
de la prostitución en nuestro país, cuyas
conclusiones y recomendaciones fueron
aprobadas por la gran mayoría de los
grupos parlamentarios el 13 de marzo de
2007. En estas conclusiones, a las que
se llega tras escuchar durante meses a
diversos expertos y expertas, se constata
la estrecha relación existente entre prostitución, trata y tráfico ilegal de mujeres,
a partir de datos como los recabados
por la Guardia Civil, que observa que
en la actualidad más de un 90 % de las
mujeres en prostitución son extranjeras
extracomunitarias.
El actual gobierno, en una apuesta decidida y coordinada con el resto de países
del entorno, promulga a finales del año
siguiente el Plan integral de lucha
contra la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual. Se prevén
tres años, de 2009 a 2012 para el cumplimiento de las 62 acciones que comprende
este plan, encomendadas a distintas
unidades responsables que conforman el
Grupo Interministerial de Coordinación y
a las Comunidades Autónomas, para su
puesta en marcha y desarrollo. El plan
se configura en el triple eje clásico al que
también responden otros planes y leyes
anteriores contra la violencia doméstica y
de género: prevención, asistencia integral
a las víctimas y persecución penal de los
Las acciones previstas en el plan ya se
han traducido en dos importantes reformas legales.
La primera de ellas está contenida en
la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre de reforma de la Ley de
Extranjería, que reforma el texto del
artículo 59 e introduce un nuevo
precepto, el artículo 59 bis. El objetivo que se pretende es acabar con la impunidad de la que habitualmente gozan
los responsables de la trata, gracias al
temor a represalias que infunden a las
víctimas y que impide que éstas puedan
prestar libre testimonio que pueda incriminar a los culpables. En el artículo
59, y bajo el título “Colaboración contra
redes organizadas”, se establece la posibilidad de extinción de responsabilidad
administrativa (decreto de expulsión)
por estancia irregular en España, así
como la obtención de permiso de trabajo y residencia, con facilidades para
su integración social, para víctimas de
trata y delitos relacionados, siempre que
se denuncie a los autores o al menos se
colabore con las autoridades competentes, facilitando datos esenciales para
la investigación penal. En el artículo
59 bis y en cumplimiento del Pacto de
Varsovia, se establece igualmente el
otorgamiento a la mujer que presente
indicios de ser víctima de trata, de un
periodo de reflexión para que decida
sobre la interposición de denuncia de al
menos 30 días, con deber institucional
de acogida y protección. Durante este
periodo la mujer no será expulsada, y
se le otorgará un permiso de residencia
La segunda reforma legal ha sido operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de
junio, que reforma el Código Penal, y
que entra en vigor el 24 de diciembre de
2010. A partir de esta fecha, la trata de
seres humanos con fines de explotación sexual, laboral o de extracción
de órganos va a ser castigada de forma autónoma, de acuerdo a lo previsto
en el Protocolo de Palermo. En consecuencia para castigar la trata de seres
humanos, no se exige que la explotación
de las víctimas haya venido precedida
de su introducción ilegal en el espacio
común europeo, como sucedía en la anterior redacción del artículo 318 bis.
Quedan pendientes otras reformas
previstas en el plan sobre trata, como
la aprobación de un reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de protección
de testigos y peritos en causas criminales, la modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal materia de
prueba anticipada en casos de trata de
seres humanos, la aprobación de la creación de un fondo de bienes decomisados
La trata de seres humanos con
fines de explotación sexual,
laboral o de extracción de
órganos va a ser castigada de
20 Themis
procedentes de la trata o la ampliación
de la asistencia jurídica gratuita a estas
víctimas para que se puedan personar
como acusación particular con profesionales del turno de oficio.
La personación como acusación particular que ofrece el programa puesto en
marcha por la Asociación de Mujeres
Juristas Themis hace cinco años, a
través de nuestra red de abogadas socias
y colaboradoras presente en todo el territorio nacional, implica una participación
activa en los procesos, con perspectiva
de género y de forma beligerante, recurriendo las resoluciones perjudiciales, que
trata de crear una doctrina jurisprudencial favorable que asegure la aplicación
de las reformas legales, cubriendo las
carencias que en este aspecto ofrece la
acusación ejercida exclusivamente por los
y las Fiscales.
Nuestro programa consiste en prestar
una asistencia jurídica integral a las mujeres víctimas de la trata, desde que se
plantean denunciar su situación, asesorándolas sobre la trascendencia y forma
de esta denuncia y los riesgos y expectativas que esta decisión puede generar,
así como, en el caso de que se ponga en
marcha el proceso penal, acompañándolas y asesorándolas en cada una de las
actuaciones judiciales, hasta el fin del
proceso por sentencia o cualquier otra
Una vez remitido el atestado elaborado
por las unidades especializadas de
Policía Nacional o Guardia Civil, que
recabe el resultado de las investigaciones policiales, las abogadas de Themis
se personarán, bien en nombre de la
víctima, como acusación particular, o
bien en nombre de la propia Asociación,
como acusación popular, y pasarán a ser
una parte más del proceso, con iguales
armas procesales que la acusación pública y la defensa.
El resultado es que la víctima va a contar con profesionales del derecho a su
servicio que van a defender sus intereses como tal a través de las siguientes
1. Interesarán su consideración como testigo protegido, solicitando la adopción
de cualquiera de las medidas previstas
en la Ley de Protección a Testigos y
Peritos o en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, como que no conste en el
procedimiento ningún dato identificativo
de la víctima o los testigos, que al practicar cualquier diligencia en el Juzgado
o fuera del mismo, se utilice cualquier
procedimiento que imposibilite su
identificación visual normal o por distorsión de voz, que para las diligencias
de prueba previas al juicio nunca sean
citados al mismo tiempo la víctima y
el agresor, o que en el juicio se evite la
confrontación visual de la víctima con el
inculpado, mediante la utilización de la
videoconferencia o recurriendo la prueba anticipada.
2. Recabarán para ella los beneficios
previstos en el artículo 59 de la Ley
de Extranjería, o a su petición, le facilitarán el retorno a su país de origen,
interesando, en este caso, su declaración judicial con carácter de prueba
3. Propondrán pruebas de cuya idoneidad
como prueba de cargo se va a tener
más información que el Juzgado o el
Fiscal, porque a diferencia de éstos, las
abogadas de la acusación particular
van a estar en contacto con la víctima.
4. Recurrirán decisiones desfavorables,
desde denegaciones de medidas de
protección o de diligencias probatorias
que interesen a la acusación, a autos
de archivo o sentencia.
5. Informarán permanentemente a la
mujer denunciante de la marcha del
procedimiento y serán su voz en todas
y cada una de las actuaciones judiciales: desde los interrogatorios judiciales al acto del juicio, procurando para
ellas un resarcimiento de los daños
El objetivo que se pretende es optimizar
los objetivos de las sucesivas reformas
penales en materia de trata, tratando de
crear una doctrina favorable a los derechos de las mujeres.
Para ello se parte de nuestra ya dilatada
la experiencia ante anteriores reformas
legales anteriores, como fueron la tipificación expresa en 1989 de los malos
tratos habituales y el impago de pensiones: sabemos que sin una acusación
particular con las mencionadas características de beligerancia y perspectiva
de género, la tolerancia social que
existe hacia la prostitución puede dejar
sin aplicación práctica estas normas,
cuando sabemos, también por datos de
Policía y Guardia Civil, que la impunidad
es la norma, ya que menos de un uno
por ciento de los casos de trata llegan a
Con ello la Asociación de Mujeres Juristas
Themis pretende cubrir un vacío detectado por las organizaciones no gubernamentales que desde hace años trabajan
con las víctimas de la trata y paliar la
indefensión de estas mujeres.
Themis 21
Portavoz Plataforma Estatal
El análisis sobre la prostitución y la toma de posición por parte de las organizaciones de mujeres y por el movimiento feminista, salvo la excepción representada por algunos grupos de mujeres, ha sido muy reciente en nuestro país,
prácticamente no será hasta el primer quinquenio del 2000 cuando se observe
la incorporación a la agenda feminista, del debate sobre la explotación sexual
de las mujeres. No obstante, esta cuestión será abordada, en general, en
términos harto limitados y quedará básicamente constreñida al examen de la
trata con fines de explotación sexual, tan limitada perspectiva estará presente
en casi todos los ámbitos sociales, léase en el lenguaje periodístico, político o
académico, en los criterios que informarán los textos legales internacionales o
en las escasas políticas de intervención que desarrollarán las administraciones públicas sobre la materia y también en el propio movimiento asociativo de
En contraposición a esa postura, más o menos generalizada y que ha estado
vigente para una amplia mayoría del movimiento de mujeres, la Plataforma
Estatal de Organizaciones de mujeres por la abolición de la Prostitución1,
desde su constitución, ha trabajado para persuadir, en especial, a los grupos
de mujeres y al poder político, de que el problema de la trata de mujeres
es indisociable de la prostitución, es decir, de esas ancestrales prácticas
masculinas consistentes en hacer uso sexual de las mujeres mediante precio
y que abordar separadamente la trata de prostitución, como si se tratara
de dos cuestiones diferentes y susceptibles de ser escindidas conceptualmente o en la acción política, es un error.
1.- La Plataforma se constituyó como una red
con organizaciones que ya trabajan en proyectos
relacionados con la prostitución o que habían
adoptado una clara posición abolicionista y
contraria a la reglamentación en la que se integró
la CMTM, IPSSE, AFESIP de Madrid; Alecrín y
Figa, de Galicia; ASMV y Mujeres Separadas y
Divorciadas de Cataluña; AIMUR y Plataforma 8
de Marzo de Sevilla, en Andalucía; Mujeres de la
Noche Buscando el día, en Alicante.
22 Themis
En efecto, la prostitución precede a la trata y no existiría ésta sin aquella,
puesto que la trata, en definitiva, no es más que la forma frecuente y habitual, tanto a nivel local como planetario, de abastecer los prostíbulos y una
modalidad agravada de la explotación sexual que tiene como fin satisfacer
una demanda masculina, que crece vertiginosamente y que reclama tener a
su disposición un amplio y variado abanico de mujeres para consumo sexual.
Y son precisamente esas prácticas masculinas, el soporte esencial de la
pervivencia de la prostitución y del crecimiento de la trata y son precisamente
esas prácticas un elemento esencial que
debe ser examinado e interpelado por el
La distinción entre trata y prostitución
es una consigna reciente que ha ido
gestándose desde finales de los 60 y
que ha sido impulsada con gran entusiasmo, entre otros, por la industria del
sexo. Resulta de gran utilidad para su
crecimiento y expansión que el consumo
sexual de mujeres quede representado
en el imaginario colectivo en general, y
masculino, en particular, como meros
actos de entretenimiento o de ocio que
se autorizan socialmente sobre la base
del consentimiento que prestan las propias mujeres a su prostitución y que esa
misma distinción se traslade al sistema
legal, penalizándose sólo la prostitución
no coactiva, lo que posibilita sin trabas
el desarrollo de los negocios relacionados con la prostitución, en especial de
Tal diferenciación por el contrario, no
estaba presente en los textos legales elaborados desde finales del XIX y hasta mediados de los años 50 del siglo pasado,
dado que tal normativa estuvo inspirada e
impulsada desde el movimiento abolicionista de la prostitución. En el Convenio
Internacional para la Represión de la
Trata de personas y la Explotación de
la Prostitución Ajena2, el instrumento
legal seguramente más representativo
del movimiento abolicionista y, en alguna medida, la refundición de textos
anteriores, se expresa con claridad que
la voluntad política es combatir la explotación sexual que sufren las mujeres y las
distintas formas en que esta se presenta.
El Preámbulo del Convenio deja claro
del sexo en nuestro país es
indisociable de las facilidades
que proporcionó el legislador del
1995 dejando caer las barreras
que en el pensamiento de la época no se
conciben las distinciones y diferencias
actuales: “Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata
de personas para fines de explotación,
son incompatibles con la dignidad y el
valor de la persona humana…”.
El Convenio deja claro el propósito de
actuar contra la explotación sexual de
las mujeres, de ahí que al definir las
conductas susceptibles de sanción punitiva el consentimiento de la persona
prostituida resulte indiferente, o dicho
de otra forma y en términos actuales,
no es necesario que concurran medios
coercitivos sobre la persona prostituida
para sancionar la conducta de quienes
se benefician económicamente de la
prostitución ajena.
Las definiciones punitivas del Convenio
están recogidas en el artículo 1º y 2º y
representan las obligaciones penales
que los estados asumen al ratificarlo,
incorporar a sus legislaciones internas el
castigo penal al que:
“Concertare la prostitución de otra
persona, la indujere a la prostitución
o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de
2.- Aprobado por la ONU el 12 de diciembre
de 1949 y firmado en Lake Success, Nueva
York el 21 de marzo de 1950.
Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal
El artículo 2º también define como conducta típica de explotación sexual, lo
que en nuestro ordenamiento jurídico fue
conocido como tercería locativa, la conducta de quien:
1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas
la sostuviere o participare en su
2. Diere o tomare a sabiendas, en arrendamiento, un edificio u otro local, o
cualquier parte de los mismos para
explotar la prostitución ajena”.
Esta posición ideológica que adoptaba el
Convenio de Lake Success, y que se
materializó en su articulado, tenía una
profunda trascendencia y calado en diversos frentes.
3.- El Convenio era parco en medidas de protección pero es necesario interpretar el mismo
en el tiempo en que se elabora y aprueba, resultando relevante desde el punto de vista que
nos ocupa que no estableciera distinciones.
Ahora para el Protocolo de Palermo y de Varsovia únicamente hay víctimas si son objeto
de trata, lo que deja fuera a un importante
número de víctimas de la explotación sexual.
En primer lugar, constituía un importante
freno para el proxenetismo y para el desarrollo de la industria del sexo, ya que
conforme a las definiciones del Convenio,
cualquier actividad cuyo objetivo fuera la
explotación de la prostitución ajena, era
simple y llanamente una actividad delictiva susceptible de persecución, enjuiciamiento y sanción penal. Y si además esa
acción (la explotación de la prostitución
ajena) se realizaba mediante el empleo
de medios coercitivos el reproche penal,
conforme al principio de proporcionalidad
que rige la materia, debería agravarse a
través de la penalidad.
Otro efecto, en este caso, desde la perspectiva de las víctimas es que el acceso
a la protección jurídica que articulaba
el Convenio3 no presentaba distinción
entre víctimas sometidas a coacción y
victimas no coaccionadas, al entenderse
que la explotación sexual se realizaba en
todos los casos y con independencia del
empleo de medios coercitivos sobre las
Y también producía un efecto sobre los
usuarios de la prostitución, aunque fuera
menos directo y enérgico, en la medida
en que el legislador internacional proclama en el texto que supervivir en prostitución no es una opción digna de vida para
ningún ser humano, no cabe estimar el
consumo de prostitución como hechos
irrelevantes e inocuos.
En la etapa franquista el Convenio
Internacional para la Represión de
la Trata de personas y la Explotación
de la Prostitución Ajena fue ratificado
y los tipos penales se incorporaron al
Código Penal de la época, por un Decreto
de 24 de enero de 1963 ubicándose las
definiciones punitivas dentro del título IX
dedicado a los delitos contra la honestidad. La ley orgánica de 21 de junio de
1989 introducirá algunas modificaciones,
entre otras, la sustitución del título que
pasará a denominarse de los Delitos contra la libertad sexual.
El Código Penal franquista siguiendo las
indicaciones del convenio sancionó el
proxenetismo no coercitivo (Art. 452
bis a).1.: El que cooperare o protegiere
la prostitución de una o varias personas, dentro o fuera de España, o su recluta para la misma), el proxenetismo
coercitivo (Art. 452 bis a).2. y 3 El que
por medio de engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, u otro medio
coactivo, determine a persona mayor de
18 años a satisfacer deseos sexuales de
otra. 3) El que retuviere a una persona,
contra su voluntad, en prostitución o
en cualquier clase de tráfico inmoral”).
El rufianismo (“Al que viviere en todo
o en parte a expensas de la persona o
personas cuya prostitución o corrupción
explote…”) y la tercería locativa ( Art.
452 bis b) El dueño, gerente, administrador o encargado del local, abierto
o no al público, en el que se ejerza la
prostitución u otra forma de corrupción,
y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento; A los que
dieren o tomaren en arriendo un edificio
u otro local, o cualquier parte de los
mismos, para explotar la prostitución o
corrupción ajenas.
Estos tipos penales actuarán como diques
de contención para el proxenetismo evitando que la intermediación lucrativa en
prostitución pudiera convertirse en una
actividad comercial o económica más.
El Tribunal Supremo en las últimas sentencias que pronuncia, antes del cambio
normativo del año 1995, recalcará que la
finalidad del los tipos penales es sancionar la conducta de los terceros que viven
a expensas o de explotar la prostitución
ajena y que para que el reproche penal
opere frente al proxeneta es indiferente
que la mujer no se opongan a su propia
explotación. En su sentencia de 3 de diciembre de 19934 señalaba
“…El último motivo...denunciando la
aplicación indebida del art. 452 bis a)
1 entendiendo que desde la promulgación de la Ley Orgánica 3/89 de 21 de
junio se ha alterado sustancialmente el
mundo de valores protegido…, al sustituirse la tradicional rúbrica de “delitos contra la honestidad” por la más
adecuada de “delitos contra la libertad
sexual” y ello refleja la voluntad del
legislador que ha querido penalizar la
El debate sobre la explotación
sexual de las mujeres ha
prescindido de realizar un
examen crítico sobre los usuarios
de la prostitución que son, el
eslabón más importante del
sistema prostitucional.
explotación comercial y lucrativa de la
prostitución típica, es decir, la violenta
y coactiva sobre mayores y la engañosa sobre menores. La libertad sexual
no padece ni se resiente porque en
un local se realicen actos de tráfico
sexual para mayores de edad con su
anuencia y sin imposiciones coactivas
de dueños o encargados.
Esta Sala no puede aceptar tal argumentación... La permanente y pacífica doctrina de esta Sala con relación
a este precepto instaurado, (...) en
el texto penal por los compromisos
internacionales suscritos por España,
como su adhesión al Convenio para
la represión de la trata de personas
y de la explotación de la prostitución
ajena (...) y la Convención de 18 de
diciembre de 1983 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, ha caracterizado
dicha tipicidad por la facilitación o
cooperación de la prostitución, sin
que pueda alcanzar valor exculpatorio
el que las mujeres fuesen prostitutas,
pues a esta final degradación no
es a la única que, como finalidad
secundaria, protege el precepto y así
probada la dedicación de la mujer a
la prostitución, el darle facilidades
4.- Para más detalle de la sentencia su
referencia 1993/11065 El Derecho
para ello constituye tal delito...Más
modernamente este Tribunal ha señalado, que si bien la prostitución en si
misma no constituye delito, la criminalización (...) encuentra su ratio legis
en sancionar la explotación que la
persona prostituida pueda ser objeto
por parte de quienes encuentren en la
práctica de dicha prohibitoria actividad un lucro o beneficio personal”.
El Código Penal de 1995 modificó sustancialmente el tratamiento de los delitos
relativos a la prostitución, suprimiendo
de su texto el proxenetismo no coercitivo,
limitándose a penalizar el proxenetismo
coactivo. Tal cambio normativo, al margen
de otras consideraciones5, representó la
acomodación del texto punitivo a las tesis
neoliberales, que diferencian prostitución
coactiva y no coactiva como evidenciaron
los debates parlamentarios y el diario de
sesiones, y un espaldarazo sin parangón a
la industria del sexo que comenzó a emerger rápida y velozmente.
Efectivamente, al dejar de estar penalizada la intermediación lucrativa en
prostitución, salvo en casos de coerción,
los prostíbulos crecieron y crecieron con
luces de neón en sus fachadas o con
anuncios en los medios de comunicación.
5.- El tratamiento que inauguró el C.P. de
1995 vulneró la legislación internacional sin
que previamente se hubiera acudido a los
mecanismos de denuncia del Convenio de
Lake Succes, para mayores detalles ver la
ponencia del Congreso de Albacete “La prostitución no es un hecho social legalizaba”.
www.cemabog.org
6.- Pueden consultarse los informes en www.
aboliciondelaprostitucion.org
7.- Tomasevski,1993
En el Informe del año 2000 de la Unidad
de Trata de Seres Humanos la Guardia
Civil quedaba patente la relación directa
entre despenalización del proxenetismo y
aumento de la trata y de la industria del
sexo “El TSH con fines de explotación
sexual hacia España se considera un
problema significativo debido al incremento en la actividad de los grupos
organizados, dedicados a la captación e
introducción de mujeres inmigrantes con
fines de explotación sexual… A ello ha
contribuido las recientes reformas legislativas, principalmente del Código Penal
de 1995 por las que se despenalizaba todo lo relativo a la prostitución excepto la
coacción….” Y añadían en los siguientes
informes anuales: “...Este cambio legislativo permitió que co-menzara a
desarrollarse de forma explosiva una
nueva industria alrededor del sexo,
aprovechando y reconvirtiendo infraestructuras que ya existían en la sociedad
en las que se ejercía la prostitución de
una forma marginal y encubierta…”6.
El crecimiento de la industria del sexo
en nuestro país es indisociable de las
facilidades que proporcionó el legislador
del 1995 dejando caer las barreras penales, pero esta razón no es bastante, ni
suficiente para explicarlo. Esta actividad
económica no superviviría sino existiera
una demanda masculina tan activa, ni
tan generalizada de sexo venal. El modelo
normativo basado en tan vana distinción,
prostitución voluntaria y forzada, representa el modo actual en que se habilita
la autorización social al consumo sexual
de mujeres, lo que contribuye a reforzar
tales prácticas y a la supervivencia de
El derecho a la igualdad entre hombres
y mujeres requiere inexcusablemente
la formulación de un interrogante ¿el
uso sexual de mujeres por parte de los
hombres es una práctica inocua o indiferente para la igualdad? La respuesta
es negativa, en prostitución las mujeres
son “reducidas a la condición de meras mercancías susceptibles de ser
compradas, usadas, apropiadas e intercambiadas...7” y esta reducción de la
humanidad de las mujeres opera con o
sin coerción o dicho de otra manera, las
prerrogativas masculinas, los privilegios
En nuestro país deberíamos impulsar el
desmantelamiento de los negocios dedicados
a la prostitución acuartelada, recuperando
las figuras de la tercería locativa y de la
sanción del proxenetismos no coercitivo.
de hacer uso sexual de las mujeres están presente en ambos casos, en ambas
Hasta fechas recientes, el debate sobre
la explotación sexual de las mujeres ha
prescindido de realizar un examen crítico
sobre los usuarios de la prostitución
que son, como decíamos al principio,
el eslabón más importante del sistema
prostitucional.
Suecia en el año 1999, con su ley que
penaliza la compra de servicios sexuales, desplazó el tradicional análisis sobre
la prostitución de la supuesta voluntariedad de las mujeres a la responsabilidad masculina, colocando en el centro
del análisis y de la reprobación la práctica masculina de sexo venal enviando
un mandato normativo inequívoco: la
sociedad sueca no autoriza, ni legitima,
ni estimula el uso sexual de mujeres
porque son conductas de violencia contrarias a la igualdad.
También esta perspectiva de género
comienza a manifestarse en los organismos internacionales. El informe de
octubre de 2006 de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de
las víctimas de trata, en especial
mujeres y niñas, la Sra. Sigma Huda8,
señalaba: “ Aunque la penalización de
una actividad no garantice que ésta de-
jará de realizarse, no cabe duda de que
sirve de instrumento disuasivo claro y
eficaz. Por disuadir se entiende “privar
del valor, la confianza o la energía
moral”. Así pues, la obligación de desalentar la demanda alude directamente
al deber del Estado de llevar a cabo
un proyecto normativo expreso para
condenar la demanda que propicia la
trata. Dado que la condena abierta de
una conducta nociva constituye una de
las funciones centrales del sistema de
justicia penal,..”.
Noruega y Finlandia, en enero de 2009,
han incorporado a sus legislaciones internas, normas que penalizan la compra
de servicios sexuales, sumándose a las
iniciativas de deslegitimación de los
usuarios de la prostitución.
En nuestro país estamos, por el momento, demasiado lejos de tales avances,
seguramente el primer y fundamental
paso estratégico que deberíamos impulsar es el desmantelamiento de los
negocios dedicados a la prostitución
acuartelada, recuperando las figuras de
la tercería locativa y de la sanción del
proxenetismos no coercitivo. Lástima
que el legislador haya dejado pasar de
nuevo la oportunidad de hacerlo en la
última reforma del Código Penal. Nosotras seguiremos insistiendo.
8.- Naciones Unidas, Consejo Económico y
Social, Integración de los Derechos Humanos
de la mujer y la perspectiva de género. En
www.abolicióndelaprostitución.org
fines de explotación sexual:
tan cercana como invisible
Asociación para la Atención,
Prevención y Reinserción de
la Mujer Prostituida
“Debemos hacer frente común.
La violencia contra la mujer no puede ser tolerada,
en ninguna forma, en ningún contexto,
en ninguna circunstancia,
por ningún dirigente político ni por ningún gobierno”.
Secretario General ONU Ban Ki-Moon
¿De qué hablamos? Enmarcar la realidad…
1.- Informe de la IV Conferencia mundial
de Naciones Unidas sobre las mujeres,
Beijing 1995 (Párrafo 112)
2.- Resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas 48/104 de 20 de
diciembre de 1993 (Art. 1)
3.- Convenio para la represión de la trata
de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Adoptado por la Asamblea
General en su resolución 317 (IV), de 2 de
diciembre de 1949. Entrada en vigor: 25
de julio de 1951, de conformidad con el
artículo 24. La redacción es clara, desde
el principio deja claro que la prostitución
es incompatible con la dignidad humana,
y en consecuencia con el ejercicio de los
28 Themis
La IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas establece claramente que “la
violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales (…)1. Dos años antes, ya lo reconocía también la Asamblea General de Naciones Unidas2, que entiende por
“violencia contra la mujer” todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico sexual o psicológico para la mujer (…). Especificando expresamente en
el siguiente artículo que abarca actos como la violencia relacionada con la
explotación, la trata de mujeres y la prostitución forzada…
La actualidad muestra expresamente que la violencia contra la mujer, siendo
una de sus formas la trata, continúa siendo una esfera de especial preocupación que está presente en la agenda política y social internacional.
La perspectiva de Derechos Humanos está presente en numerosos protocolos,
convenciones y resoluciones internacionales desde la segunda mitad del siglo
XX3. En ellos se refleja la preocupación por la vulneración de los derechos
fundamentales de las personas como consecuencia de la prostitución y de la
trata de mujeres y niños/niñas. Es fundamental relacionar estos términos para
abordar adecuadamente esta lacra social.
Desde nuestra experiencia y apoyándonos en los documentos internacionales,
entendemos por trata de personas4
“la captación, el transporte, el traslado,
tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esta explotación incluirá,
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o los servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extracción de órganos”.
Antes de avanzar, conviene aclarar los
términos “trata de personas” (trafficking in persons) y “tráfico de inmigrantes” (smuggling of migrants) que, con
frecuencia, se utilizan como sinónimos,
pero designan conceptos diferentes. El fin
de la trata es la explotación de la persona, y por tanto, supone una violación de
derechos humanos. En cambio, el objeto
del tráfico es la entrada ilegal de migrantes en un determinado país, y por ello,
es siempre transnacional; la trata, sin
embargo, puede ser interna.
Según la OIT5, la trata con fines de explotación laboral o sexual afecta cada año
alrededor de 2,5 millones de personas en
el mundo. Cerca de la mitad (43%) son
explotadas sexualmente, mientras que
el 32% lo son laboralmente y un 25%
una mezcla de ambos. La mitad de las
víctimas son menores de 18 años. Aproximadamente cien mil mujeres y niñas en-
tran, cada año en los países de la Unión
Europea como víctimas de trata con fines
Estamos asistiendo, por tanto, al incremento continuado de este fenómeno que
se ha configurado como una nueva forma
de esclavitud en el siglo XXI, tan cercana
a nuestra realidad cotidiana como invisible. Además de ser uno de los negocios
ilícitos más lucrativos después de las
drogas y el tráfico de armas, aportando
importantes beneficios con un bajo coste
para las redes y mafias.
La trata con fines
sexual se ha
configurado como
de esclavitud en
Se considera que una persona está esclavizada cuando se la fuerza a realizar
algún acto bajo la amenaza de violencia
y no puede salir de esa situación voluntariamente. La trata de seres humanos
atenta, entre otros, contra el derecho a la
vida, a la integridad física y psíquica, a la
seguridad y a la libertad, a la dignidad de
La amplia normativa internacional y la
experiencia de 25 años de APRAMP trabajando a pie de calle confirman la misma realidad: la prostitución y la trata de
personas con fines de explotación sexual
constituyen una forma contemporánea
de violencia de género, de esclavitud y
de vulneración de los derechos humanos
De la prostitución a la
globalización del fenómeno
La prostitución y la trata de personas son
consecuencia de un sistema cómplice
con la dominación hacia las mujeres que
permite que una estructura patriarcal
y desigualitaria compre personas para
4.- Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo, 2000. Ver también:
Convenio del Consejo de Europa sobre la
(Tratado núm. 197 - Varsovia 2005)
5.- Cf. página de la Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/
global/ y OIT 2005. Informe del Director
General “Una alianza global contra el
trabajo forzoso”. Resumen pg. 4. Conferencia Internacional del Trabajo 93ª
sesión. Ginebra.
satisfacer su necesidad de consumo de
sexo. La prostitución y la explotación
sexual perpetúan la injusticia, la desigualdad y la marginación.
La naturaleza desigual de las relaciones
de género, aún hoy persistentes a nivel
mundial, posiciona a las mujeres y niñas
como el grupo más vulnerable, frente a
la violación sistemática de sus derechos
fundamentales. Por otro lado, los altos
niveles de pobreza, la existencia de conflictos armados, la inestabilidad política,
la falta de oportunidades en los países de
origen con respecto a los de destino, son
razones que despiertan el deseo de una
mejor forma de vida y las hace vulnerables antes los tratantes. La prostitución y
la trata de personas con fines de explotación sexual tienen cara de mujer.
La prostitución está ligada al fenómeno
de la globalización fundamentalmente
en los siguientes ámbitos: 1. El tráfico y
la trata de mujeres y niños/niñas y 2. El
Hay en el fenómeno de la prostitución y la
trata de personas un doble aspecto:
Estructural, que hace referencia a la
desigualdad de género en un sistema
Coyuntural, relacionado con situaciones de especial vulnerabilidad,
desventaja y exclusión social de las
mujeres prostituidas.
Las víctimas de trata son mayoritariamente mujeres jóvenes, procedentes de
países extranjeros de bajo nivel económico, carecen de redes sociales de apoyo y
desconocen totalmente la legislación y el
idioma, lo que aumenta su situación de
vulnerabilidad. Los traficantes y proxene-
tas aprovechan la subordinación económica, social y legal de sus víctimas.
Deberíamos preguntarnos, hasta qué
punto la tolerancia con la explotación
sexual de las mujeres y, por lo tanto, con
la violencia hacia determinados colectivos, legitima otras formas discriminatorias de violencia contra la mujer.
Resulta necesario afirmar que estamos
ante un problema multifactorial que
ha de ser abordado desde todos los
actores sociales. Al afrontarlo en toda
su dimensión, se evita, por un lado,
invisibilizar una realidad de vulneración
de derechos humanos y por otro, centrar
la responsabilidad sólo en las mujeres
prostituidas. Por otro lado, hay que
subrayar que eliminar la prostitución de
la calle no implica acabar con la explotación sexual, la oculta aún más. Es un
fenómeno de dimensión internacional
e intercontinental que exige respuestas de colaboración, coordinación y
La sociedad en su conjunto ha de tomar
conciencia de una realidad compleja
como es la prostitución y la explotación
sexual, que no puede entenderse culpabilizando a las mujeres prostituidas y
olvidándonos de los hombres usuariosconsumidores. La demanda de los
prostituidores alienta y favorece la trata
y la explotación sexual; los objetos de
consumo son mayoritariamente mujeres. Configurándose como un mercado,
que bajo la ley de oferta y demanda
se instala y crece en las sociedades
de consumo tratando de normalizar la
prostitución como una forma aceptable
de relación entre mujeres y hombres.
Hecho intolerable en cualquier época, y
más aún en pleno siglo XXI.
Por ello, nos encontramos ante un hecho
social en el que toda la sociedad debe
implicarse en la búsqueda de soluciones para su erradicación. Se trata de
un problema de violencia contra las
mujeres, donde es imprescindible poner
sobre la mesa planteamientos nuevos
que desde un enfoque de derechos
humanos y sustentados en la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres,
provoquen un cambio social en el que no
se valore la esclavitud como una opción
libre sino como un problema de violencia
de género y vulneración de los derechos
Según el Informe de la Oficina sobre Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC), España es uno de los 20 principales
países de tránsito y de destino de trata
de personas en el mundo. Aunque se desconoce la magnitud real del problema en
nuestro país la mayoría de sus víctimas
son mujeres jóvenes (entre 18 y 25 años),
provenientes mayoritariamente de Rumania, Brasil, Paraguay y Nigeria.
APRAMP: Respuesta integral
ante un fenómeno global
Desde que APRAMP se constituye como
asociación en 1985, hemos sido testigos
del cambio, de las causas y realidades
de la mujer prostituida y del aumento del
número de víctimas de trata y de su vulnerabilidad. Nuestras actuaciones desde
el principio están marcadas por la flexibilidad y la adaptabilidad a las circunstancias y características del colectivo.
Estos criterios nos permiten ir adecuando
los programas y servicios a las necesidades específicas que se detectan en el
trabajo diario, particularmente con miras
a la identificación, empoderamiento y
protección de las personas explotadas
sexualmente, incluidas las víctimas de
trata. Por ello, APRAMP se ha convertido
de manera progresiva en un recurso de
referencia entre el colectivo.
La lacra social que supone la trata de
ha provocado que hoy el objetivo principal
de la entidad sea la protección de los
derechos de las víctimas, ofreciendo un
apoyo y asistencia integrales a través de
Además, buscamos sensibilizar y formar
sobre la realidad de la trata, así como
coordinar y unir esfuerzos con las Administraciones, Fuerzas y Cuerpos de
la Seguridad del Estado, y actores de la
sociedad civil para luchar contra esta
violación de derechos humanos. Estos
fines incluyen también, la realización de
en los países de origen de las mujeres
víctimas de trata y la creación de todo
tipo de acciones que se enmarquen en
la línea de la Igualdad de Oportunidades
personas con fines
sexual constituyen
de esclavitud y de
El trabajo de APRAMP se caracteriza por
aplicar un enfoque integral a lo largo de
toda la intervención y el uso de distintas
estrategias y herramientas para conseguir, en cada caso individual, los objetivos propuestos.
La trayectoria de APRAMP en estos
25 años va siempre unida a la defensa de los Derechos Humanos y la
atención integral al colectivo que está
en situación de prostitución. Nuestra acción va dirigida a tres frentes:
identificación, intervención integral y
sensibilización-formación:
Themis 31
prostituidores alienta
y favorece la trata y
configurándose como
un mercado, que se
instala y crece en
consumo tratando
de normalizar la
prostitución como
una forma aceptable
El primer paso de nuestra intervención
consiste en llevar a cabo, dada la amplia
movilidad del colectivo, una detección
de lugares de ejercicio de prostitución, a
través del denominado mapeo, en el que
se incluyen espacios abiertos, lugares
cerrados (clubs, saunas) y espacios invisibles (pisos).
El dispositivo de Unidad Móvil de Rescate
ofrece una intervención directa y continua
“a pie de calle”. Se caracteriza desde el
inicio por su carácter integral, preventivo
y rehabilitador. Su equipo está constituido
por la figura de los/as Agentes Sociales,
personas prostituidas que tras haber finalizado con éxito el itinerario de inserción,
se han formado en materia de mediación
en intervención con el colectivo. Se trata
por tanto de uno de los pilares básicos
que desde APRAMP venimos desarrollando, configurándose como un modelo de
Buenas Prácticas “in situ” con personas
prostituidas y víctimas de trata con fines
La Unidad de Crisis - Teléfono de emergencia 24 horas (609 58 94 79) atiende
aquellas situaciones de urgencia que
sufren las personas del colectivo, muchas
de ellas han sido previamente identificadas desde la Unidad Móvil. Este servicio
permite acceder de forma permanente a
una coordinadora, con responsabilidad
suficiente para poner en marcha los
recursos y canalizar las demandas a los
dispositivos más adecuados.
2.- Intervención integral
El Centro de Acogida se configura como Espacio de Convivencia y punto de
referencia del colectivo para facilitar la
integración social. Desde el Centro se
realiza la acogida y primera intervención
32 Themis
a toda aquella persona que se acerca, sin
necesidad de cita previa, desde una perspectiva integral que incluye los ámbitos:
social, sanitario, jurídico y psicológica.
La Capacitación para el Empleo constituye otro pilar fundamental de la
intervención de Apramp, consiste en
el desarrollo de programas formativos
buscando el fomento de habilidades
sociales, recuperación de hábitos y
orientación sociolaboral, mejorando así
la empleabilidad del colectivo. Especial
relevancia merece, el taller ocupacional
textil Infantas 2, centro de formación
integral donde se ofrecen alternativas
reales para el empleo, y se potencian
iniciativas para el autoempleo.
El Piso de atención a mujeres víctimas
de explotación sexual nos ha permitido
conocer de primera mano las consecuencias de la trata de seres humanos
sobre estas mujeres. La incorporación
al recurso de alojamiento permite la
transición desde la realidad de la trata o
de la prostitución, hacia una situación de
seguridad y protección de sus derechos,
ofreciendo una atención integral además
de asesoramiento en la denuncia y en
En el Piso de estancias breves, se
afrontan las situaciones de crisis y las
dificultades que entraña abandonar el
ejercicio de la prostitución, bien por haber
sufrido abusos y violencia, bien por estar
inmersas en el mundo de las drogas, entre otras razones.
3.- Sensibilización-Formación
En APRAMP consideramos que es necesario visibilizar esta realidad social, para
que las administraciones, los actores
sociales y la sociedad civil luchen conjun-
tamente por erradicar esta lacra, que es
Por ello, además de la intervención directa apostamos por la sensibilización
mediante herramientas para la reflexión
y concienciación con el prostituidor, los
profesionales y recursos de las zonas de
mayor incidencia del fenómeno y, la ciudadanía en general. Nuestras acciones en
esta línea son:
Participación en espacios formales e
seguir luchando contra el fenómeno de la
trata de mujeres con fines de explotación
Trabajo en redes, mesas y grupos de
Formación y sensibilización de agentes
legales y sociales
Proyectos de Cooperación con origen
Estado y Agentes Legales: Policía,
Guardia Civil, Servicio Sociales, etc.
Elaboración y difusión de materiales y
Actualización constante de la página
web: www.apramp.org
Campañas permanentes dirigidas a
las mujeres, a la sociedad civil y al
demandante prostituidor
Antes de terminar, hemos de insistir en
algunos aspectos fundamentales para
Fomentar el trabajo en red y la coordinación para aunar esfuerzos en
y generar sinergias que potencien el
cambio y el avance social, porque la
sensibilización de la sociedad es aún
La importancia de la mediación, la
cual empezamos practicando en la
Unidad Móvil con mujeres exprostituidas como mediadoras y que en la
actualidad se ha desarrollado y concretado en la creación de las Agentes
El valor de la educación y formación
para la reinserción, que va desde la
alfabetización y el desarrollo de habilidades sociales hasta la preformación
hace imprescindible. Si queremos
ser eficaces tenemos que hacer un
trabajo de cooperación entre los
países de procedencia y los países
Por último, sin descuidar la persecución
del delito que supone la trata de personas, debemos insistir en el apoyo integral a las víctimas de explotación sexual
y en la visibilización de esta esclavitud
tan cercana como invisible que vulnera
los derechos humanos fundamentales y
es una cruel forma de violencia contra
las mujeres. En esta lucha nadie puede
estar al margen, porque nos jugamos
como ciudadanía lo fundamental: la
vida y dignidad de las personas más
Marta González Manchón
En el año 1999, un grupo de voluntarias nos fuimos acercando a la realidad de
la trata de mujeres con fines de explotación en España y detectamos que, a pesar de que esta grave vulneración de derechos humanos se estaba produciendo
de forma creciente en nuestro país, no había recursos específicos para ofrecer
ayuda a las víctimas y el problema era ampliamente desconocido e ignorado.
Este análisis de la realidad propició que la Congregación de Adoratrices apostara por ofrecer a las mujeres que habían sufrido este delito un apoyo adecuado a
sus necesidades y así nació el Proyecto Esperanza, con la misión de “Promover
los derechos humanos de las mujeres víctimas de la trata y denunciar esta
forma de esclavitud”.
El término “tratar” hace referencia a comercio, compraventa, negocio, beneficio y lucro económico, cuando hablamos de trata de seres humanos, hablamos de personas a las que se les han arrebatado su libertad, su autonomía
y sus derechos para convertirlas en objeto de comercio y hacer de su explotación en un negocio. Personas que han sido captadas o trasladadas de un
lugar a otro o recibidas y alojadas, por medio de engaño, violencia, amenazas,
rapto abuso u otras formas de coacción, con el objetivo de explotarlas en la
prostitución, la agricultura, el servicio doméstico, la mendicidad o cualquier
Muchas de ellas, la mayoría, son mujeres (la trata de personas no es neutral
respecto al género, como tantos otros temas cuando hablamos de pobreza y
exclusión) que se han arriesgado a salir de sus países soñando con mejorar
su situación y la de sus familias, con nuevas oportunidades, huyendo de situaciones de pobreza, de falta de oportunidades, de la violencia machista que
sufren muchas veces desde pequeñas y que es aún es considerada como algo
normal en muchas sociedades.
La trata de personas se nutre de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y
es realmente una forma nueva de esclavitud. La trata de esclavos y esclavas, a
34 Themis
pesar de lo que ingenuamente podamos creer a veces, no ha desaparecido de nuestra
sociedad, aunque haya sido abolida formalmente en leyes y convenios internacionales
miles de personas en nuestro país, y en otros de nuestro entorno, siguen sufriendo
condiciones de servidumbre y de esclavitud.
Una de las dificultades que tenemos a la hora de abordar este problema es que no
tenemos datos fiables, no sabemos cuántas personas sufren la trata en el mundo, ni
en concreto en nuestro país. Según un informe de Naciones Unidas del año 2007 en el
mundo hay 127 países de origen, y 137 países de destino y algunas cifras, ofrecidas
por la Organización Internacional del Trabajo, hablan de que 2,5 millones de personas
podrían sufrir la trata en el mundo.
En cualquier caso, aunque no podamos cuantificar con certeza el problema, lo que sí
sabemos es que supone una gravísima violación de los derechos humanos que vulnera
el derecho a la vida, a la libertad y la integridad de la persona y que exige la responsabilidad y el compromiso de los estados por prevenir este delito, proteger y asistir a las
víctimas y reparar el daño que han sufrido.
trata y denunciar
Proyecto Esperanza: Complementariedad entre el Apoyo
Integral a las Víctimas y la Sensibilización y Denuncia Pública
Para dar respuesta a esta realidad, desde su origen, el Proyecto Esperanza, en coherencia con su misión, persigue dos objetivos que son complementarios entre sí: por un
lado la atención y el apoyo integral a las mujeres que han sido víctimas de este delito
en nuestro país y por otro lado la sensibilización, la incidencia política y la denuncia
pública de esta realidad de injusticia, violencia y exclusión-.
Las mujeres víctimas de la trata con las que trabajamos en el Proyecto Esperanza son
mujeres inmigrantes, que se encuentran en su mayoría solas, lejos de su entorno social, sin redes de apoyo, que han sufrido violencia psicológica y muchas veces también
física y sexual, que se encuentran en muchos casos en situación irregular, sin permisos
de residencia ni trabajo, que permanecen invisibles para gran parte de la sociedad y de
las instituciones públicas o que sufren el estigma de haber estado en el ejercicio de la
prostitución -las que han sido víctimas de la trata para explotación sexual.
Durante el tiempo -más o menos largo- que han estado en la situación de trata, su
vida y su capacidad de decidir sobre ella les ha sido arrebatada, muchas de ellas lo
expresan diciendo “mi vida ya no estaba en mis manos”.
Dentro del apoyo integral que les ofrecemos desde el Proyecto Esperanza queremos
brindarles, durante el tiempo necesario, un espacio de calidez, de seguridad, de confianza, desde el cual puedan recuperarse física, emocional y psicológicamente y que
les ayude contrarrestar la experiencia tan dura vivida y a tomar de nuevo en sus manos
Themis 35
El Proyecto Esperanza ha desarrollado a
lo largo de sus diez años de trabajo un
programa de atención integral que ofrece
tanto recursos residenciales, casas de
acogida, como servicios de información,
asesoría y apoyo no residencial, para
aquellas que tienen cubiertas sus necesidades de alojamiento.
El primer reto que tenemos que afrontar
es la identificación de las mujeres
como víctimas de este delito, la llegada a ellas, la posibilidad de un primer
contacto en el que darles a conocer que
existen recursos específicos, preparados
y especializados para ofrecerles la ayuda
que necesitan. Para ello trabajamos en
red con instituciones públicas y privadas,
hospitales, fuerzas de seguridad, embajadas y consulados, organizaciones y asociaciones y sensibilizando a la sociedad,
para que cualquier profesional, cualquier
persona que pueda llegar a entrar en contacto con una mujer víctima de la trata
que necesite ayuda, sepa identificar y
derivar el caso a los recursos adecuados.
Contamos para facilitar la derivación y el
acceso de las mujeres al recurso con un
teléfono operativo las 24 horas del día (607
54 25 15), todos los días del año, nuestro
compromiso es estar atentas y disponibles
para atender la necesidad que exista, en el
momento en que se presente.
El modelo de intervención integral diseñado y adaptado por el Proyecto Esperanza, a
lo largo de estos diez años de experiencia,
persigue dar respuesta a las necesidades
fundamentales que nos han ido planteando
las mujeres que han sufrido la trata.
Ofrecemos a la mujer un alojamiento seguro y confidencial, donde se cubren sus
necesidades básicas (cama, comida, ves-
36 Themis
tido, transporte, etc.), proponiéndole un
itinerario de acuerdo con tres fases, con
el fin de facilitar su recuperación: casa de
acogida de emergencia, casa de acogida
de permanencia, y pisos de inserción.
La “casa de emergencia” tiene como
objetivo principal ofrecer a la mujer un
espacio desde donde poder iniciar su recuperación física y emocional y comenzar
una relación de ayuda con los miembros
del equipo. Esta primera fase le permite
tomar conciencia de su situación y de sus
opciones, para poder decidir qué quiere
hacer en principio: retornar a su país
de origen o permanecer en España. El
periodo orientativo de estancia en esta
casa de acogida es de entre quince días
Cuando la mujer desea retornar voluntariamente a su país de origen, el Proyecto
Esperanza se ocupa de conseguir medios
económicos para cubrir los gastos así
como la documentación necesaria para
el viaje. Además, si la mujer lo desea, se
coordina su regreso con las instituciones
públicas o privadas necesarias para
garantizar, en la medida de lo posible, su
seguridad y su reintegración en la sociedad de origen.
Las mujeres que deciden permanecer
en España pasan a la “casa de permanencia”, cuyo objetivo es acompañar a la
mujer a lo largo del proceso que le permita insertarse social y laboralmente en la
sociedad española. La estancia dura de
media entre seis y ocho meses.
Los pisos de inserción se ofrecen a aquellas las mujeres que ya han encontrado
trabajo y cuentan con ingresos propios,
con el fin de facilitar su autonomía e integración. Las mujeres no pagan alquiler
por el piso, sólo cubren sus propios gastos, lo que les permite ahorrar durante el
tiempo necesario para poder establecerse
posteriormente por su cuenta. En principio se prevé una estancia por un periodo
Una de las necesidades más urgentes
que presentan las mujeres en su primer
contacto con el Proyecto es atender su
situación de salud, tanto física como psicológica. Desde el departamento de salud
se trabaja para facilitar el acceso de la
mujer a la atención sanitaria y a un nivel
de salud física y psíquica satisfactorio. Se
aborda también la adquisición de hábitos
de higiene, alimentación y sueño que
faciliten su recuperación y su desempeño
social de una manera autónoma. Esto se
lleva a cabo a través del acompañamiento
a un primer diagnóstico y tratamiento de
emergencia, normalización del acceso a la
salud a través de la seguridad social y la
mediación sanitaria para visitas médicas.
En relación con la salud psicológica, el
Proyecto ofrece un servicio terapia individual y talleres grupales, contando con
psicólogas y terapeutas profesionales,
especialmente formadas en temas de violencia de género e inmigración, con el fin
de ayudar a la mujer a integrar y superar
el proceso traumático sufrido y desarrollar
todas sus capacidades y su potencial.
Las mujeres atendidas por el Proyecto en
estos años han sido, salvo en un caso, en
su totalidad mujeres de origen extranjero,
por lo que resulta fundamental ofrecerles
información y asesoría jurídica sobre su
situación administrativa en España, de
acuerdo con las leyes de extranjería. Es
necesaria una atención profesional muy
especializada para analizar y dar cauce a
cualquier vía que pueda estar al alcance
de la mujer para obtener un estatus legal,
Vulnera el derecho a la vida, a la
libertad y la integridad de la persona
y que exige la responsabilidad y
el compromiso de los estados por
prevenir este delito, proteger y asistir
a las víctimas y reparar el daño que
un permiso de residencia y trabajo que la
aparte de la situación de vulnerabilidad y
exclusión que supone estar “sin papeles”.
Por otro lado, las mujeres víctimas de
la trata han sido víctimas de un delito y
tienen derecho a interponer una denuncia
contra los autores, a ser parte en el proceso penal, contando con un abogado/a
–de oficio si es necesario- que defienda
sus intereses, a solicitar la aplicación de
la Ley de Protección a Testigos y Peritos,
si sienten que pueden estar en peligro por
testificar en el juicio. Tienen derecho, en
definitiva, a que la Administración de Justicia actúe para reparar el daño que han
sufrido y evitar que éste se repita, exigiendo las oportunas responsabilidades a
los culpables, sin sufrir una revictimización lo largo del proceso. El primer paso,
para que pueda tener lugar el acceso a
la justicia que tienen reconocido por ley,
es que las víctimas tengan información
sobre sus derechos, en un idioma y en un
lenguaje que les resulte comprensible. El
departamento jurídico del Proyecto cubre
Las mujeres que han decidido quedarse
en España lo hacen con el objetivo de
recuperar la motivación y las expectativas que les hicieron salir en su momento
Themis 37
de su país de origen, buscando una vida
mejor para ellas y los suyos. Desde el
departamento socio laboral se les apoya
para hacer realidad paso a paso ese
El primer paso es el aprendizaje del
castellano, imprescindible para poderse
desenvolver con opciones en nuestra
sociedad. Posteriormente se les facilita
la formación y capacitación en las áreas
que sean de su interés y que mejoren
sus posibilidades de empleo. Se trabajan
también las habilidades sociales y para
la búsqueda de empleo, confección de
su currículum, la entrevista de trabajo,
información sobre sus derechos y responsabilidades como trabajadora y todos
aquellos aspectos que puedan favorecer
su inserción en el mercado laboral. Para
ello se diseña un itinerario individualizado
con cada mujer y se hace un seguimiento
periódico de su proceso hasta que la
mujer logra acceder a un modo de vida
La intervención con la mujer se lleva
a cabo atendiendo a los siguientes
La mujer: protagonista de su proceso,
sujeto y agente activo de su propia
Nos centramos en facilitar a la mujer
información, orientación y apoyo para
que pueda tomar de manera informada las decisiones que considere más
Acompañamiento y seguimiento integral e individualizado.
El modelo de intervención sirve de
marco general, para adaptar cada
itinerario a la situación personal de
cada mujer. Los plazos y tiempos, por
38 Themis
ejemplo, se establecen con carácter
orientativo y se adaptan a la mujer
concreta con la que estamos trabajando en cada momento, de forma
Confianza, libertad, cercanía y calidez: base de la intervención.
La base y, en gran parte, la clave del
éxito del proceso de la mujer está en
la acogida cercana y cálida que cree
un vínculo con ella. Es fundamental el
mensaje implícito y explícito de que no
está sola y que, quizá por primera vez,
pueda experimentar que hay personas
a su lado de forma desinteresada y
gratuita, sin esperar nada a cambio
más que su recuperación y su propio
bienestar, así como su acceso a
Creemos en la capacidad, fortaleza,
autonomía y empoderamiento de la
En sus relaciones personales, antes
y durante la situación de trata, las
mujeres han experimentado el desvalor, la cosificación, el insulto y un
trato muchas veces cruel, inhumano
y denigrante. Desde el Proyecto Esperanza queremos ofrecerle a la mujer
un reflejo positivo de sí misma que le
permita empoderarse y reconocer su
El Proyecto Esperanza, desde su inicio,
ha optado por desarrollar, en paralelo a
su labor de intervención directa con las
mujeres, una dimensión de análisis y
reflexión crítica que pudiera contribuir a
conocer más el problema y las dificultades a las que se enfrentan las víctimas,
tanto en el contexto nacional como
La experiencia que nos aporta el trabajo
diario con las mujeres, apoyando sus
procesos de recuperación, su lucha por
hacer valer sus derechos y por retomar
las riendas de su vida, nos impulsa para
abogar e incidir por que la lucha contra
la trata de personas se aborde desde
Desde esta óptica las víctimas han de
ocupar el lugar central de cualquier
política o cualquier intervención que se
lleve a cabo y la cobertura de sus necesidades y la protección de sus derechos
se convierten en la prioridad y no son
condicionados, ni se hacen depender de
la denuncia o la colaboración de las víctimas con las autoridades, como ocurre
Desde el área de sensibilización se
analiza de forma crítica la realidad para
extraer aprendizajes y conclusiones que
nos permitan formular recomendaciones,
con el fin de que mejore la respuesta
institucional y legal y la protección de los
derechos humanos de las personas afectadas sea garantizada.
También se llevan a cabo campañas y
materiales de sensibilización dirigidos a
la sociedad en general, se trabaja con los
medios de comunicación y se desarrollan
talleres y cursos de formación dirigidos
a profesionales de entidades públicas y
privadas para aportarles herramientas
para la identificación y la intervención en
casos de trata desde una perspectiva de
Legislar es sólo el primer
paso: ¡Trabajemos para hacer
efectivos los derechos!
En los últimos años en España se han
dado pasos importantes a favor de la
lucha contra la trata de seres humanos,
a través de la aprobación, en diciembre
de 2008, del Plan Integral de Lucha
con Fines de Explotación Sexual, la
ratificación del Convenio del Consejo
de Europa sobre la lucha contra la
trata de seres humanos que entró en
vigor en nuestro país el 1 de agosto de
2009 y la adopción de nuevas medidas
legislativas como la tipificación del
delito de Trata de Seres humanos en el
Código Penal, artículo 177 bis, en junio
de 2010, y la inclusión del artículo 59
bis sobre Víctimas de la Trata en la Ley
Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, aprobada en
Estos pasos suponen una avance y toma
de conciencia por parte de las autoridades de que la trata de seres humanos
es un problema grave en nuestro país y
Las mujeres víctimas de la trata tienen derecho a que
la Administración de Justicia actúe para reparar el daño
que han sufrido y evitar que éste se repita, exigiendo las
oportunas responsabilidades a los culpables, sin sufrir una
revictimización lo largo del proceso.
Themis 39
Las víctimas han de
ocupar el lugar central de
cualquier política o cualquier
intervención que se lleve a
cabo y la cobertura de sus
necesidades y la protección
de sus derechos se
convierten en la prioridad.
de la necesidad de recuperar el tiempo
perdido y dar una respuesta coherente
a este problema, adoptando políticas y
adecuando nuestra normativa a las exigencias de instituciones como Naciones
Unidas, Consejo de Europa, Organización
para la Seguridad y para la Cooperación
en Europa y la Unión Europea, en la lucha
Esta toma de conciencia es fruto, en gran
parte, del esfuerzo realizado por la sociedad civil, por muchas organizaciones,
dedicadas a trabajar a favor de las víctimas de esta grave violación de derechos
humanos y a visibilizar las lagunas y dificultades existentes y proponer cambios
y mejoras a favor de quienes han sufrido
Como parte de nuestro compromiso de
combatir la trata de mujeres a través de
las víctimas y de la denuncia de esta forma de esclavitud, desde el Proyecto Esperanza hemos elaborado, en noviembre
de 2010, un informe, titulado “Valoración
del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata
de Seres Humanos. Análisis de Casos
40 Themis
Reales y Recomendaciones”, disponible
en nuestra página www.proyectoesperanza.org con el fin de contribuir a
avanzar en la aplicación práctica de las
Es fundamental, en primer lugar, dar a
conocer el contenido de la nuevas medidas adoptadas, especialmente aquellas
destinadas a proteger y promover los
derechos de las víctimas, en relación
con: la identificación de casos, la concesión del periodo de restablecimiento
y reflexión, la concesión de permisos de
residencia y trabajo, por colaboración con
las autoridades o por situación personal
de la víctima, y la compensación.
Pero más allá de dar a conocer las
medidas de protección incorporadas en
nuestro ordenamiento jurídico, resulta
crucial en este momento, identificar
y analizar las dificultades que existen
en la práctica actualmente que obstaculizan la implementación efectiva de
las medidas aprobadas, tomando como
base casos reales que hemos atendido a
lo largo del año 2010 desde el Proyecto
Además, aportamos ejemplos y buenas
prácticas basándonos en la experiencia
consolidada de otros países de nuestro
entorno para que nos sirvan de referencia
y proponemos una serie de recomendaciones, con el fin de que el discurso de
que “la trata de personas es una grave
violación de los derechos humanos”,
adoptado por el Estado y las autoridades
de los diferentes niveles de la Administración, pase de las palabras a los hechos y que los derechos de las víctimas
de este delito se conviertan realmente
en el núcleo central de toda la actuación
contra este delito.
Inspector-Jefe de sección de
la UCRIF Central (CGEF)
Organizaciones y/o redes
dedicadas a la trata de
personas con fines de
explotación sexual. Modus
operandi de las mismas y
a trata de personas es un delito vergonzoso para el ser humano. Consiste en reclutar, trasportar, dar cobijo a una persona mediante el engaño, o el uso de la
fuerza, entre otros medios, con la finalidad de explotarla (laboral o sexualmente). Todos los años, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de
los tratantes de personas, pero no es un asunto exclusivo de países subdesarrollados, sino que esa lacra se ha globalizado.
Así, la denominada “esclavitud del siglo XXI” genera ingentes cantidades
de dinero a las organizaciones y redes que tratan y trafican con personas.
Se calcula, que dentro de la delincuencia organizada, junto con el tráfico de
estupefacientes y de armas, éste “negocio” es el que más dinero mueve en el
Según el Consejo de la Unión Europea, para considerar que un delito o un
grupo delictivo pertenece a la categoría de delincuencia organizada, deberá
responder como mínimo a seis de las características enunciadas en la lista,
cuatro de las cuales deben ser las que llevan los números 1, 3, 5 y 11:
1.- Colaboración entre más de dos personas;
2.- cada una de las cuales con tareas específicas asignadas;
3.- para un período prolongado o indefinido (estabilidad en el tiempo);
4.- que utilicen algún tipo de disciplina o de control;
5.- sospechosas de haber cometido algún delito penal grave;
6.- activas a nivel internacional;
7.- que utilicen la violencia u otros medios destinados a intimidar;
8.- que se sirvan de estructuras comerciales o económicas;
9.- implicadas en blanqueo de capitales;
10.- que ejerzan influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración
pública, autoridades judiciales o sobre la actividad económica;
11.- movidas por la búsqueda de beneficios o de poder.
Como vemos, estas organizaciones cumplen los requisitos sobradamente, incluso podríamos decir que todos ellos.
Cada organización, dependiendo de la zona del mundo donde tenga centrados sus
objetivos, y por supuesto sus captadores, utilizan un “modus operandi” diferente, pero
todos ellos con la misma finalidad, lucrarse con la explotación sexual de sus víctimas.
Así, en primer lugar, si hablamos de las redes que operan desde el Cono Sur del
continente americano, en la actualidad, lo hacen captando a víctimas en dos países
principalmente: Brasil y Paraguay. Este hecho se debe a una serie de factores, en
primer lugar la ausencia de exigencia de visado a sus nacionales para poder entrar en
nuestro país, lo que hizo que organizaciones que anteriormente se servían de países
como Colombia, Ecuador, República Dominicana y Bolivia para captar a sus víctimas,
cambiaran su captación a países donde las exigencias para poder venir fueran más
Por otra parte, otra circunstancia que favorece la trata de víctimas de estos países es
la gran “oferta” disponible. Como ocurre con otros países del continente americano,
principalmente de Centroamérica y Sudamérica. Existe en ellos una gran cantidad de
población con problemas sociales, nivel económico muy precario, muchos de ellos
viviendo por debajo del umbral de la pobreza, escaso nivel cultural, problemas familiares, hijos a los que atender y con la necesidad de conseguir imperiosamente recursos
con los que poder sacar a su familia adelante, lo que convierte esta situación en un
caldo de cultivo idóneo que aprovechan personas sin escrúpulos para la captación de
Por último, otro factor que influye, es la gran cantidad de población procedente de estos países asentada en nuestro país y que en algunos casos sirven como ejemplo en el
que fijarse para las personas que quieren salir de su país, al darse cuenta del progreso
que han conseguido o al compararse con los familiares de aquellos que reciben envíos
desde España. Una pequeña representación de los que se encuentran en nuestro país,
servirán para las organizaciones dedicadas a la trata, utilizándoles dentro de las redes
como las personas cuyo objetivo principal se tiene que centrar en la localización de
contactos en sus países de origen y hacer de puentes de información entre los responsables de la organización en España y los que forman parte de la misma en los países
42 Themis
En segundo lugar, de las organizaciones
criminales subsaharianas investigadas
se pueden extraer varias características
que se repiten y que marcan las directrices seguidas por los investigadores
generando un sistema de investigación
particular de este tipo de delitos.
Por un lado las organizaciones tienen un
marcado carácter internacional, ya que
su estructura se extiende más allá de las
fronteras del Estado Español, y adoptan
una distribución orgánica permanente en
todos los países por el que las víctimas
vienen siendo traficadas. Los miembros
que la integran pertenecen a varios estados y el ámbito de sus actuaciones, no
conoce de fronteras.
Igualmente las organizaciones delictivas
adoptan una distribución orgánica permanente, ya que poseen una serie de medios
humanos, materiales y de recursos financieros y jurídicos de cierta permanencia
temporal, que emplean en el tráfico de
personas, como son los pisos patera,
ordenadores e impresoras, vehículos,
documentación falsa, etc.
Si bien estas organizaciones no son muy
numerosas, sí tienen un número mínimo
de 9 ó 10 personas fijas con una relación
habitual y una separación clara de funciones, que son de la misma nacionalidad
y están repartidas por varios países africanos y europeos.
Y por otro lado, poseen un numeroso grupo de contactos y colaboradores de distintas nacionalidades por todos los países
por donde van traficando a la víctima,
constituido por controladores de piso pateras, falsificadores, policías corruptos de
puestos fronterizos, pilotos de pateras y
cayucos, dueños de club de alterne, etc.
La “esclavitud del siglo XXI” genera
ingentes cantidades de dinero a las
organizaciones y redes que tratan y
trafican con personas.
La captación a estas víctimas, son realizadas y/o localizadas por las redes a través
de contactos familiares o de vecindad,
ofertando oportunidades de empleo que
resultan ser engañosas. El engaño (total
o parcial) y el uso de la magia negra o
vudú son elementos característicos de las
redes de traficantes africanos. Dentro de
la investigación de la trata de personas, es
habitual encontrar que los traficantes realicen numerosas rituales a las futuras víctimas para doblegar su voluntad e incluso
hacerles creer que el no cumplir los deseos
de los captores y el no pagar la “deuda”
les hará perder la cabeza o la memoria.
En tercer lugar, a la hora de centrar
las características que diferencian
la Trata con origen de las víctimas
en los países del Este de Europa, del
resto, podríamos hablar de hermetismo, circunstancia que se da debido a
la fuerte influencia que se ejerce sobre
las víctimas que bajo amenazas y coacciones se someten a la voluntad de sus
Estas amenazas no siempre son ejercidas
sobre la propia víctima sino sobre su familia que lógicamente permanece bajo la
influencia directa de los captadores en su
país de origen, actuando impunemente,
toda vez que pertenecen a grupos criminales que están totalmente establecidos
en la zona y que llevan actuando bastante
tiempo contando con cierta complacencia
Themis 43
A su vez el uso de la violencia sobre las
víctimas (mujeres y niñas) no es una circunstancia aislada sino desgraciadamente demasiado frecuente y que forma parte
de la cultura arraigada en la sociedad en
Por último algo que hace aún más execrable este delito es el hecho de que una
parte importante de la Trata de personas
procedentes de países del Este se produce entre los propios familiares, concretamente los padres explotan a sus hijas, no
solo hablamos de venderlas, sino además
de supervisar personalmente la explotación de las mismas, beneficiándose de las
ganancias generadas por esta, así como
se da la explotación de hermanos varones
sobre sus propias hermanas, circunstancias éstas que por si solas definen el nivel
de depravación que se alcanza.
En casi la totalidad de los casos investigados, las mujeres son engañadas en
relación con las condiciones económicas
y laborales en las que van a trabajar,
siendo desconocedoras que una vez aquí
carecerán de libertad ya que tienen que
pagar a la organización la “DEUDA”
para poder dejar la actividad, recibiendo
en muchos casos poco o ningún beneficio económico a cambio de sus numerosas horas de trabajo. Dicha deuda
normalmente consiste en una cantidad
de dinero astronómica y otras veces la
cantidad, sin ser demasiado elevada,
se convierte en imposible de pagar gracias al sistema de “multas” al que son
sometidas las mujeres, las cuales son
“sancionadas” con diversas cantidades
por actos supuestamente realizados
en contra de las normas de “la casa”
y que pasan a incrementar la “deuda”,
logrando así que a la mujer se la obligue
a estar vinculada a la organización por
44 Themis
un tiempo más prolongado del que en un
principio se le ha hecho creer.
Es habitual que las mujeres reclutadas
llegan a nuestro país con visado tipo “C”,
(turista). Este visado se expide normalmente por un período de validez de unos
días, debiendo limitarse a ellos la estancia del turista. Sin embargo, las víctimas
de este tipo de organizaciones vienen con
el ánimo y la promesa de quedarse en
España, en lo que supone una evidente
artimaña para burlar la política migratoria establecida por los países integrados
en el espacio Schengen, favoreciendo con
ello la inmigración ilegal con destino a
Por último, en la explotación sexual de
mujeres de origen chino la principal
característica es que la totalidad de las
mujeres explotadas en el ejercicio de la
prostitución lo son en domicilios particulares, si bien es cierto, que en algunos
casos se han detectado pequeños clubes
de alterne, situados en el interior de
ciudades, en los que a diferencia de otros
establecimientos similares, solo hay mujeres de nacionalidad china.
Otra característica de esta explotación
sexual es el sistema utilizado por este
tipo de organizaciones delictivas, para
captar posibles clientes, se publicitan
siempre orientales, japonesas o coreanas, y solo en contadas ocasiones como
mujeres chinas. La llegada de las nuevas
tecnologías ha provocado que cada vez
más sean utilizados diferentes foros o
páginas web especializadas en el mundo
de la prostitución para anunciar dichos
Las organizaciones chinas, utilizan para
la introducción de nacionales de ese país
asiático, diversas rutas, siendo característico en todas ellas, atravesar diferentes
países con sus correspondientes pasaportes originales y visados obtenidos de
forma legal, hasta un país fronterizo con
la Unión Europea, para desde ese lugar,
atravesar la frontera de forma clandestina. Entre las rutas más utilizadas, destacan la realizada desde China hasta Ucrania, pasando por Rusia, para finalmente
entrar a la Unión Europea a través de Eslovaquia, frontera más permeable, al ser
de nuevo ingreso en la Unión Europea, y
una vez allí, cruzar Europa hasta España.
Otro método utilizado, sería la utilización
de documentos pertenecientes a ciudadanos chinos residentes legales en Europa
por terceras personas, o la utilización de
documentos pertenecientes a ciudadanos
chinos fallecidos y cuya defunción no ha
sido declarada.
Hay que destacar, por último, que en los
dos últimos años, se ha detectado un
nuevo método o sistema de explotación
sexual, realizado en salones de belleza,
peluquerías y establecimientos de masajes o similares, regentados por ciudadanos chinos.
Ante estas organizaciones criminales, los
planteamientos de la actuación policial,
deben ser contundentes. Así, y con la
finalidad de desarticular estas redes, las
Unidades policiales especializadas en
trata (UCRIF´s) deben acumular el mayor
número de indicios para poder acudir ante
la Autoridad Judicial. Para ello, se intentará obtener testimonios de las víctimas,
que puedan dar inicio a dicha investigación y estructurar la misma. A partir de
ahí, y a través de gestiones propias, bien
con confidentes y colaboradores e incluso
con denuncia anónimas, tendremos que
ir informado al Juzgado competente, como
Cada organización, utilizan un
“modus operandi” diferente,
pero con la misma finalidad,
lucrarse con la explotación
sexual de sus víctimas.
avanzan dichas investigaciones, y de forma paralela, informar al Fiscal Delegado
de Extranjería respectivo, para que en su
momento pueda ir iniciando las imputaciones a los responsables, y esté perfectamente actualizado de las actividades
delictivas de los encartados.
Nuestras investigaciones se basarán,
inicialmente, en las sociedades con las
que abrieron los locales, a nombre de
quien solicitaron las licencias municipales
etc. Habrá que saber el número mujeres
que allí se hospedan, las nacionalidades
y del resto del personal que allí trabajan.
Consultadas las bases propias de la
Policía así como el Centro de Inteligencia
de Análisis de Riesgos de la Comisaría
General de Extranjería y Fronteras, se
inicia propiamente la investigación.
Todas aquellas vigilancias positivas, apoyados por otros sistemas operativos, para
conocer las actividades de los miembros
de la organización, se irán trasmitiendo a
nuestras Consejerías de Interior, sitas en
los países donde, presuntamente estos
tengan captadores u otros miembros de
la misma red, puesto que éstas mafias,
operan siempre al menos en un par de
países, y nuestra finalidad última es el
total desmantelamiento de la misma,
tanto en el origen, el tránsito como en
lugar de la explotación, porque si no, si
únicamente se detiene a la gente en el
lugar de la explotación, ésta organización
sigue viva, es decir, inicia una nueva
actividad en otra localidad, otra provincia
De forma paralela a ésta investigación
penal, siempre iniciamos una investigación patrimonial de los implicados,
puesto que los elevados beneficios que
generan, proceden de actividades ilícitas.
Se le solicitará al Juez decomisarle los
bienes producto del delito, aunque éstos
ya hayan sido trasformados, así como los
bloqueos de cuentas.
En estas investigaciones internacionales,
es muy importante la colaboración, a través de las correspondientes Embajadas
de España, de las Consejerías de Interior,
ya que son ellas las que tiene trato directo con los Cuerpos Policiales de cada
país, responsables de la Lucha contra la
Trata, y saben perfectamente a quien dirigirse en cada momento, para colaborar en
las desarticulaciones de organizaciones
con la Policía española, y poder hacer,
dichas operaciones policiales de forma
coordinada y simultánea. Y siempre con
la supervisión de INTERPOL, ya que hay
implicadas varias unidades policiales de
diferentes países que se prestan ayuda.
Asimismo, debe haber un canal fluido de
información con la Judicatura, y tener una
comunicación constante con la Autoridad
46 Themis
Judicial que entienda de las causas que
nosotros estemos investigando, así como
un intercambio de comunicación con la
Fiscalía Delegada para la Extranjería,
bien directamente o bien a través del
Fiscal Jefe Coordinador, para que, esté
perfectamente informado de los avances
de dicha causa.
Durante el año 2009, el Cuerpo Nacional de Policía, ha desarticulado una
cantidad cercana a las ciento noventa
redes organizadas dedicadas a todo
tipo de favoreciendo de la inmigración
irregular, de ellas, unas sesenta eran,
con finalidad de explotación sexual, con
cuatrocientos cuarenta detenidos por
dicho delito; un nueve por ciento más
Estas cifras se elevan mucho más, (dos
mil cien) cuando nos referimos a servicios de extranjería, que no pueden ser
calificados como red u organización, de
acuerdo a los parámetros de la Unión
Europea, y unos tres mil trescientos detenidos por estos delitos.
Con estas cifras, se entiende, la importante labor de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en esta actividad delictiva, en
la desarticulación de estas organizaciones criminales, que no dudan en comprar
y vender a las personas, como si de mera
Jefa de la Sección del
Género del Consejo General del Poder Judicial
a inacabada lucha por la igualdad de género es la más larga y revolucionaria
de cuantas ha desarrollado la humanidad para poner fin a la larga serie de privilegios instaurados en las sucesivas sociedades que han negado, con distintas
intensidades y alcances, la igualdad de derechos y de oportunidades entre los
seres humanos. Tan es así que las prácticas discriminatorias o antidiscriminatorias instaladas en los diferentes ámbitos de actuación de una sociedad pueden
perfectamente medir el grado de democracia efectivamente alcanzado por ésta.
Sí es cierto que se han dado pasos importantes en la construcción de una
sociedad más igualitaria y que costumbres y prácticas de ayer hoy parecen antiguallas ante cuyo recuerdo la sociedad –o sectores importantes de la misma- se
sonroja. Pero se ha sabido de siempre que, al menos por lo que hace referencia
al status de las mujeres, ningún paso, ninguna conquista es definitiva: no existen en esta materia derechos adquiridos y, menos aún, no existen prácticas
igualitarias consolidadas que blinden la vuelta atrás.
En los últimos años, asistimos al nacimiento de un nuevo derecho no androcéntrico: la Ley 30/2003, sobre medidas para incorporar la valoración
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore
el Gobierno, y las Leyes Orgánicas 1/2004, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, y 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres son una buena muestra de ello. Pero el avance
legislativo que ello supone –aunque en ocasiones no deje de constituir la mera
e inexcusable recepción en nuestro ordenamiento de las recomendaciones y
mandatos de diferentes instrumentos acordados por la comunidad internacional para enfrentar la subordinación de las mujeres, cuya manifestación más
cruel es la violencia- sigue pasando factura a más de la mitad del género
humano: los abanderados de la misoginia reinventan o copian mensajes del
exterior, reelaboran ideología para, incluso bajo la apariencia de un pretendido
mensaje desde la igualdad, a la que invocan como cobertura formal, mantener
la posición subordinada de las mujeres.
La conocida como Ley Integral ha concitado las críticas más numerosas de
quienes no quieren entender el significado de la igualdad efectiva, también de
Themis 47
los ideólogos al servicio de quienes se ven más amenazados por ella: los que emplean
naturalmente la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones
–psicológica, física, sexual, económica,…- o con cualquier graduación de la misma,
toda vez que permite distintos grados de intensidad.
La tarea de descalificación de la Ley, comenzada incluso antes de su promulgación, no
cesa y se retroalimenta: por supuesto, se ignoran sus proyecciones sobre la construcción
de un nuevo modelo de relación interpersonal en las relaciones de pareja y se le reprocha
que no consiga lo que nunca han obtenido otras leyes respecto de sus correspondientes
ámbitos de actuación. Obviamente, no puede impedir per se todos los actos de violencia
contra las mujeres, ni siquiera los más graves que alcanzan el resultado de muerte, pero
tampoco el Código Penal impide por el mero hecho de su promulgación las lesiones, los
homicidios u otros delitos. La interesada ubicación asimétrica frente a las normas es
predicable respecto de cualquier otro sector del ordenamiento jurídico: tampoco el Código
Civil ha obtenido el cumplimiento escrupuloso de las diferentes contraprestaciones en los
contratos y no por ello se afirma su supuesta inutilidad.
Los objetivos de los misóginos se ceban, muy especialmente, en los últimos tiempos
en recuperar el imaginario de la mujer mala, perversa y mentirosa, que ciertamente no
supone una creación reciente sino que se arrastra desde el mito de Eva, subordinada al
varón y capaz con sus artificios de arrancarle del paraíso y depositarle, con la mancha
del pecado, en este valle de lágrimas. Con dos proyecciones actualizadas, cada una
con peso específico propio: una lo recepciona para el rol que se ha atribuido, por antonomasia, a las mujeres, el de madre, con contenido diferenciado del de padre. Consiste
en la formulación, a partir de que resulte evidenciada la crisis de la pareja, de la idea
de madre manipuladora de sus hijos e hijas, que consigue provocar el rechazo de éstos
hacia la figura paterna. Se omite en esta recreación la más que dificultad existente en
borrar de las mentes infantiles, de existir, una relación de amor y confianza labrada
día a día a través de actos de cariño, cuidado y atención por parte del padre amoroso
y marido ejemplar. La otra aparece cuando las mujeres deciden ejercer su papel de
ciudadanas titulares de derechos, entre otros, el de obtener la tutela judicial efectiva,
a través del derecho de acceso a la jurisdicción, y consiste en afirmar, sin datos objetivos, que las mujeres –todas, la mayoría…: otra vez somos indistintas- denuncian en
falso. Ambas ideas se filtran a través de distintos voceros y voceras y, en ocasiones,
se introducen arropadas de un supuesto feminismo de verdad o de una supuesta ubicación del mensaje en el terreno de la verdadera igualdad, de los que se considerarían,
más que portavoces autorizados, titulares exclusivos. En este contexto, se llega a efectuar una lectura interesada de las leyes: entre otras proyecciones, la auténtica violencia que soportan las mujeres sólo sería la que termina en condena firme por un delito
de violencia habitual, integrado por las manifestaciones más graves y persistentes,
tras haber superado las dificultades de prueba que existen en este tipo de actos criminales. Una buena parte de los actos que el legislador no androcéntrico ha catalogado
como delitos quedaría degradado, desde esta perspectiva, a manifestaciones de mala
educación, a conflictos de pareja, a exageración de los hechos o a un deseo espurio de
obtener privilegios de unas leyes que habrían sido elaboradas contra homines.
48 Themis
Son mensajes reiterados que, desde
algunos sectores, se vuelcan sobre la
sociedad en un calculado estudio de que
la persistencia los convertirá en lugar común y llegarán a ser aceptados, también
ahora, como algo natural o dotado de
lógica no precisada de justificación. De
momento, pese a la existencia de algunos
medios de comunicación que actúan ofreciéndoles una plataforma permanente,
aunque aquéllos carezcan de fundamento
objetivo y de racionalidad, los resultados
probablemente no sean los apetecidos
por los neomachistas. Datos provisionales ofrecidos recientemente sobre una
encuesta de opinión realizada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género, revelan que cerca de un 85% de
los encuestados no cree en el mito de las
Ello no elimina la gravedad de la situación
ya que la persistencia va forjando y ofrece
un hilo argumental recurrente a quienes
desean que la sociedad no supere la
frontera de la igualdad formal. Además,
estos mensajes pretenden escudarse nada
menos que en un derecho fundamental: el
El diferente contenido existente entre los
derechos fundamentales de libertad de
información y de libertad de expresión
ha sido recordado reiteradamente por el
Tribunal Constitucional. Como es sabido,
la libertad de expresión tiene por objeto
pensamientos, ideas, opiniones, creencias
y juicios de valor. El derecho a comunicar y
recibir libremente información versa sobre
hechos que puedan considerarse noticiables (STC 4/1996, entre otras muchas).
El Supremo intérprete de la Constitución sólo ha vinculado el requisito de la
veracidad al ejercicio de la libertad de
información, equiparada a información
comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo de la
protección constitucional de este derecho
las invenciones, rumores o la meras
insidias, que, sin embargo, sí encuentran
cabida en el derecho a la libertad de
expresión (SSTC 105/1990 ó 214/1991).
A la libertad de expresión, por ello, no le
es exigible, con carácter general, ni la
prueba de la verdad ni la diligencia en su
averiguación (STC 223/1992).
Un ejemplo suficientemente ilustrativo
lo constituye la STC 214/1991, referida
a una manifestación actual de lo que la
ideología puede hacer con la verdad histórica, como es la negación del holocausto judío en la Segunda Guerra mundial.
Y así, para concluir que determinadas
expresiones quedan amparadas por la
libertad de expresión, señala que “las
afirmaciones, dudas y opiniones acerca
de la actuación nazi con respecto a los
judíos y a los campos de concentración
… quedan amparadas por el derecho a
la libertad de expresión … pues … sólo
pueden entenderse como lo que son:
opiniones subjetivas e interesadas sobre
acontecimientos históricos”.
se ceban, muy
tiempos en
imaginario de
la mujer mala,
perversa y
Como todos los derechos, sin embargo, el
de la libertad de expresión no es absoluto
y está sujeto a límites. Cuando se traspasan éstos, en un pretendido ejercicio
del derecho, pueden aparecer afectados
otros derechos o bienes jurídicos constitucionales, como el del honor o el de la
dignidad humana, titularidad de personas
concretas o de colectivos de ellas. Por
otra parte, la vocación de las libertades
reconocidas en el artículo 20 de la Constitución es la de servir a la formación de
la opinión pública libre: las expresiones
injuriosas que constituyan la mera ex-
teriorización de sentimientos personales ajenos a aquélla quedan fuera del ámbito
En función de quiénes quieran ejercitarla, puede encontrar límites adicionales o
específicos. Así lo ha puesto de manifiesto la doctrina constitucional, cuando en la
STC 270/1994, con cita de la STC 371/1993 y de la Sentencia del TEDH de 8 de junio
de 1976, señala que “hay sectores o grupos de ciudadanos sometidos a límites más
estrictos o específicos en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión por
razón de la función que desempeñan”.
Bajo mi punto de vista, la libertad de expresión de quienes ostentamos un puesto de relevancia institucional –los miembros de la carrera judicial, por ejemplo- aparece sometida
a límites más estrictos, que pueden proyectarse, desde la perspectiva de la responsabilidad institucional inherente al cargo, en primer lugar, en el de la razonabilidad que se
exige expresamente de nuestras resoluciones, no estando amparado en este derecho las
manifestaciones que, sin mayor esfuerzo intelectual, parten de premisas inexistentes o
son patentemente erróneas. Si se incorporan argumentaciones de este tipo a la resolución
judicial, suponen una denegación de la tutela judicial efectiva (STC 11/2008). Si, fuera de
la resolución judicial, se realizan amparándose en o haciendo valer el puesto institucional
que se ocupa, no pueden quedar protegidas por la libertad de expresión.
Si, además, en este mismo ámbito, son manifestaciones de una posición contraria al resultado de la labor legislativa dirigida al reconocimiento de los derechos de las mujeres, no
pasan de ser sentimientos personales emitidos por quien tiene la función constitucional de
aplicar las leyes y de no provocar dudas razonables en la ciudadanía sobre la extraordinaria
dificultad que aquél puede tener en la tarea de interpretar y aplicar el ordenamiento libre
de prejuicios. Y es que la imparcialidad se mide no sólo por las condiciones subjetivas de
ecuanimidad y rectitud sino también por las de desinterés y neutralidad (STC 47/1982). El
papel de garante de la efectividad de los derechos humanos que asume el que opta por el
ejercicio de la jurisdicción en el Estado social y democrático de Derecho no resulta compatible con el de quien se la niega a la mitad de la ciudadanía en la vida civil.
Por lo que hace a las discrepancias que puedan tenerse con el contenido de una ley, el
propio Tribunal Constitucional ha señalado límites a las dudas de constitucionalidad que
puedan formularse ante el Alto Tribunal, afirmando que “no es posible integrar las legítimas discrepancias frente a una ley dentro de los motivos de inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos” (STC 250/1988). Por lo que hace específicamente a los jueces,
existen límites fijados por una ley que les prohíbe, incluso por actuaciones realizadas fuera de la actividad jurisdiccional, dirigir a los poderes o autoridades públicas censuras por
sus actuaciones (artículo 395, 1º LOPJ) –por ejemplo, por el contenido de las leyes promulgadas-, prohibición que se refuerza a través de la tipificación de tales hechos como
falta grave (artículo 418.3 LOPJ). La finalidad de estas disposiciones, según ha reconocido
el Tribunal Supremo, en Sentencia de su Sala Tercera, de 14 de julio de 1999, es la de
garantizar su deber de lealtad institucional y “procurar que no quebranten la confianza
social en los Tribunales que resulta inexcusable en una sociedad democrática”.
50 Themis
Tales previsiones que, obviamente, implican un límite a su libertad de expresión, dan
cabal cumplimiento a los presupuestos exigidos por el artículo 10.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
de 4 de noviembre de 1950: previsión de la injerencia en el derecho a la libertad de
expresión prevista por ley, persecución de un fin legítimo (en este caso, garantizar la
autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial) y su necesidad en una sociedad democrática (en este supuesto, mantener o fortalecer la confianza de la población en dicha
institución), como reiteradamente ha mantenido en casos similares el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (entre otras, SSTEDH de 20 de mayo o de 2 de septiembre de
1998 y de 20 de mayo de 1999). En la misma línea, dan igualmente satisfacción a los
requisitos de previsibilidad y taxatividad que exige el Acuerdo no Jurisdiccional del
Tribunal Constitucional, de 6 de marzo de 2003, a los límites a la libertad de expresión
de los jueces, en supuestos distintos del incuestionable de guardar la debida discreción
y reserva respecto de los asuntos sometidos a su jurisdicción. La propia Sentencia
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, antes mencionada, afirma que “a quienes
les sea exigible de manera especial un deber de lealtad constitucional (que predica
como “incuestionable en jueces y magistrados” y “principal obligación de su régimen
estatutario”) les corresponderá, como parte integrante del mismo, la obligación de
abstenerse de realizar conductas que puedan hacer quebrar esa confianza social”.
Abundando en los argumentos expresados, el Tribunal Constitucional ha negado interés general a la crítica de una resolución judicial que “no contenía elemento alguno
doctrinal o de análisis, sino puras imputaciones no argumentadas” (STC 46/1998),
negándole cabida dentro del derecho que se comenta e invocando la “necesidad de la
confianza del público (en los jueces) que es el fundamento de su auctoritas social”.
Ello no significa que ese juez, en cuanto persona, no sea libre para sostener públicamente
el pensamiento o el juicio de valor sobre una norma que le parezca más conveniente.
Significa, simplemente, que podrá publicitar su lícita discrepancia con el texto de una
ley pero situándose en otro ámbito, esto es, colgando la toga y metiéndose de lleno en la
arena política. Porque su obligación como titular del Poder Judicial es, por encima de todo,
acatarla y hacerla cumplir sin atajos u otras florituras que la dejen vacía de contenido.
Si los derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución están dirigidos a la
formación de la opinión pública libre, su pretendido ejercicio habrá de ser ponderado en
relación con el significado de la libertad de que se trate y con la finalidad mencionada.
En el caso que nos ocupa, por ello, las opiniones que se viertan sobre las denuncias de
las mujeres deberán valorarse ponderando si contribuyen a la investigación y erradicación de lo que la comunidad internacional, a través de sucesivas Conferencias Mundiales sobre las Mujeres de Naciones Unidas, ha calificado como el crimen encubierto
más extendido del mundo o si, por el contrario, están al servicio del mantenimiento del
silencio de las mujeres, perpetuando la situación de subordinación.
En este contexto, atribuir delitos a las mujeres, sin aportar la más mínima prueba de
lo que se afirma – que sólo puede venir constituida por sentencias firmes de condena
para merecer tal calificativo-, no es que no contribuya a la formación de una opinión
Themis 51
Atribuir delitos a las
mujeres, sin aportar
prueba de lo que se
afirma es trabajar a
favor de mantener
mantener el caldo
pública, libre y plural: es, simplemente, trabajar a favor de mantener los estereotipos
ancestrales y mantener el caldo de cultivo de la subordinación de las mujeres. Con un
añadido de relevancia constitucional: vulnera el derecho fundamental a la presunción
de inocencia de todas las mujeres, individual y colectivamente, del que todas ellas
son titulares hasta una sentencia firme de condena. Vulnera también su derecho de
defensa, ya que, sin acusación concreta o sin ostentar el estatus de imputadas en un
proceso penal, no se pueden formular alegaciones o introducir pruebas que puedan
desvirtuar la acusación. Lanza, además, un mensaje en clave de valoración de la prueba, invitando a cuestionar la credibilidad de las denunciantes.
Existen, además, datos que permiten afirmar que quien manifiesta que las mujeres
denuncian en falso lo hacen, bien por ignorancia, bien por malicia.
La estadística judicial –proporcionada por todos los Secretarios/as Judiciales de
España- refleja que en 2007 se presentaron 126.293 denuncias por violencia contra
las mujeres y que se celebraron 43.048 juicios, dictándose 28.364 sentencias condenatorias y 14.684 absolutorias. Se acordaron, además, 38.111 sobreseimientos
provisionales. Otros asuntos continuaban a la finalización del período en investigación
o se encontraban pendientes de juicio en los Juzgados de lo Penal o en las Audiencias
Provinciales. Pues bien, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente
a ese año, revela la existencia de sólo 18 casos en toda España en los que se consideró
que debía deducirse testimonio contra mujeres para la investigación de hechos que
podrían revestir los caracteres de acusación o de denuncia falsa, que también podrían
ser de falso testimonio, toda vez que en ocasiones las denunciantes se retractan de su
denuncia, por una errónea concepción del perdón al acusado –que incluye aspectos
como falsas concepciones de lo que es amor o una errónea concepción de un supuesto
rol de garante de la armonía y paz familiares- o por el deseo de evitar su condena. No
consta, sin embargo, el resultado final de estas actuaciones, que bien pudieron ser
sobreseídas o acabar en sentencia absolutoria. Por ello, ni siquiera respecto de estos
escasos supuestos cabe hablar de denuncias falsas.
La misma estadística judicial refiere que en 2008 se presentaron 142.125 denuncias
por violencia machista y que se dictaron 49.600 sentencias, 31.178 de ellas condenatorias y 18.422 absolutorias. El número de sobreseimientos provisionales alcanzó el de
41.069. Otros asuntos se encontraban a la finalización del período, igualmente, en investigación o pendientes de juicio. También en este caso, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2008 (última hecha pública hasta el momento de
la entrega de este artículo), ofrece información que impide otorgar una cierta entidad al
mito de las denuncias falsas: fueron 19 los casos en toda España en que se consideró
oportuno deducir testimonio contra mujeres para efectuar similar investigación. No
consta tampoco el resultado de estas actuaciones. Tampoco, por ello, puede afirmarse
que sean casos de denuncias falsas.
En otro orden de cosas, el Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hace unos meses el
52 Themis
primer estudio de aplicación de la Ley
Integral a través de una muestra representativa, aleatoriamente seleccionada
por la Sección de Estudios Sociológicos y
Estadísticos del propio CGPJ –de lo que
daba cuenta la introducción de aquél-, de
sentencias dictadas en toda España por
las Audiencias Provinciales. De todas las
sentencias estudiadas -530-, sólo una –un
0,19% del total-, que revocaba la inicial
condena, acordaba deducir testimonio por
si la declaración de la denunciante hubiera
faltado a la verdad. Y lo fue en un caso en
que, tras el dictado de una sentencia de
condena fundamentada en determinadas
pruebas practicadas en juicio oral, en un
supuesto en que la víctima no había querido declarar en dicho acto, aquélla, pese a
no ser parte perjudicada por la sentencia,
había recurrido ante la Audiencia Provincial, afirmando que había mentido y que
las lesiones objetivadas en la barbilla se
las había causado ella al darse contra una
Incluso en el estudio de muertes ocasionadas en 2009 en el ámbito de la pareja
o ex pareja, efectuado en la Sección del
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General
del Poder Judicial, se observa que, de
las 17 mujeres que habían denunciado
a su pareja o ex pareja con anterioridad
al femicidio, cuatro se habían acogido
en algún momento a la dispensa de la
obligación de declarar contra su compañero, otras cuatro habían renunciado al
ejercicio de acciones civiles y penales y
otra más modificó en juicio oral su inicial
declaración incriminatoria, afirmando que
había mentido al denunciar. El resultado
de este cambio de versión no afectó a
la condena del autor pero sí significó
un perjuicio adicional para la mujer, al
deducirse testimonio para la posible
declaración de responsabilidad penal por
haber mentido en juicio oral en su definitiva declaración exculpatoria. En otro
procedimiento, se recogía la declaración
exculpatoria del presunto agresor que,
incorporando mensajes que acompañan
al mito de las denuncias falsas, ofrecía
como explicación de la denuncia formulada contra él que ella quería disfrutar
de las ventajas que se conceden por ser
víctimas de violencia doméstica. El hipotético disfrute de algún derecho vinculado
a la condición de víctima de violencia de
género se vio truncado poco después por
el femicidio. Pero revela que los mensajes
de los neomisóginos son útiles, en cuanto
que ofrecen argumentos autojustificativos
a los agresores de género.
jurisdicción por las mujeres que sufren
o han sufrido violencias por parte de
sus parejas o ex parejas implica superar
barreras históricas levantadas para
garantizar el mantenimiento del rol de
subordinación. Dentro de éste, el mandato dirigido a las mujeres de atención y
cuidado de los miembros de la familia se
encuadra y completa con el de garantes
de la llamada paz familiar, que supuestamente se ve alterada cuando las mujeres
deciden que ésta no se mantenga a costa
El mito de las denuncias falsas pretende
desempoderar a las mujeres, desandando
caminos ya transitados. Frente a ello, el
acceso a la Administración de Justicia de
las mujeres víctimas de violencia machista tiene que suponer, sin merma del respeto a todas las garantías de imputados
y partes, y sin perjuicio de la tarea de su
recuperación integral que corresponde a
otras instancias, la vía para la afirmación
y restablecimiento de sus derechos.
Themis 53
54 Themis
Convenio de Naciones Unidas para la represión de la Trata de Personas y la
Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de diciembre de 1949.
Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1950.
Convención de los Derechos del Niño de 1989 y Protocolo facultativo de
la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 2000.
Transnacional, realizada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. (Instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
29/09/2003).
Principios, recomendaciones y directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y
la trata de personas, 2002.
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002,
relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Instrumento de
ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11/12/2003).
Plan de Acción de la OSCE aprobado en el Consejo Ministerial de Maastricht por
todos los estados participantes, incluida España «Luchando contra la trata de seres
humanos», 2003.
Protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional. (Instrumento de ratificación publicado en el Boletín Oficial del Estado
de 10/12/2003).
Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de
seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal y
que cooperen con las autoridades competentes.
Convenio del Consejo de Europa, de 16 de mayo de 2005, para la acción contra la
Plan de la Unión Europea sobre mejoras prácticas, normas y procedimientos para
luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (2005/C 311/01).
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en
Ponencia sobre el tráfico de mujeres, niñas y niños, aprobada por la Comisión Mixta
Congreso- Senado de los Derechos de la Mujer (2003).
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Plan integral contra la trata de seres humanos (2009-2011).
Ley Orgánica 15/2010, de 22 de junio de 2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Direcciones de asistencia
Red española contra la trata de personas: red de organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de
personas en España.
APRAMP: ofrece atención integral a víctimas de trata con fines de explotación
sexual, personas que ejercen prostitución o se encuentran en situación de
Proyecto Esperanza: desarrolla un programa de apoyo integral para mujeres
víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación principalmente en la prostitución y también en el servicio doméstico, matrimonios serviles,
trabajos forzados u otros en condiciones de esclavitud.
Asociación de Mujeres Juristas Themis: desarrolla el programa de asistencia jurídica a mujeres y niñas víctimas de tráfico de personas con fines de
explotación sexual y delitos contra la libertad sexual.
56 Themis
Decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación
Cuaderno campaña stop trata - STOP a la trata de personas con