Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33051-de-marzo-28-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204233a0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-26 03:14:16
Document Index: 386616581

Matched Legal Cases: ['artículo 59', 'artículo 70', 'artículo 55', 'artículo 136', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 699', 'artículo 40', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 228']

﻿ SENTENCIA 33051 DE MARZO 28 DE 2007
SENTENCIA 33051 DE 28 DE MARZO DE 2007
CONTENIDO:ACCIÓN CONTRACTUAL. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. TÉRMINO DE SUSPENSIÓN POR CONCILIACIÓN PREJUDICIAL APELACIÓN INTERLOCUTORIO. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, APELACIÓN DEL AUTO INTERLOCUTORIO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL
Sentencia 33051 de marzo 28 de 2007
Exp.: 270012331000200501007 01
Número interno: 33.051
Demandado: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE.
Referencia: Apelación Interlocutorio. Conciliación prejudicial.
De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total a parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
En materias contencioso administrativas, la ley autoriza la aplicación de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas por el juez.
Al respecto esta corporación ha señalado, de manera reiterada, que el acuerdo conciliatorio debe someterse a los siguientes supuestos de aprobación (1) :
f. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público (L. 446/1998, arts. 73 y 81).
A título de reflexión final, vale la pena advertir que la conciliación contencioso administrativa constituye, sin duda, un mecanismo valioso en la solución de los conflictos en los cuales se ve envuelto el Estado, no solo porque borra las huellas negativas del conflicto sino porque contribuye eficazmente a la descongestión de los despachos judiciales. Tal circunstancia, sin embargo, no debe hacer perder de vista el hecho de que, a través suyo, se comprometen recursos del erario público cuya disposición no se puede dejar a la voluntad libérrima de los funcionarios sino que requiere del cumplimiento de reglas y exigencias muy severas y precisas que impiden el uso de la conciliación para fines no previstos y no queridos por la ley” (2) (se resalta).
Es por ello que la conciliación prejudicial no puede entenderse erróneamente como un mecanismo jurídico que, a cualquier precio, permita la solución o la prevención de litigios, sino de uno que implica que dicha solución, siendo justa, equilibre la disposición de intereses con la legalidad (3) .
— Las partes suscribieron, el 8 de octubre de 1996, el contrato 6929 cuyo objeto lo constituyó la provisión de suministros, construcción, montajes, pruebas y puesta en servicio del alcance incluido en el grupo 2 de la licitación ST-DIP-01-95 para la construcción de la pequeña central hidroeléctrica de Bahía Solano en el departamento del Chocó. Como parte final de las obras se acordó la realización de unas pruebas y la puesta en servicio de las líneas y subestaciones, así como la implementación y ejecución del plan de manejo ambiental del proyecto. El plazo inicial de ejecución fue de 420 días contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, esto es, el 30 de octubre de 1996 (fls. 41-78, 128-131, cdno. 1).
— El 30 de noviembre de 1996, las partes suscribieron un acta de suspensión, a través de la cual acordaron que el término de ejecución del contrato se suspendería mientras se subsanaran unos inconvenientes relacionados con la comunidad y algunos aspectos ambientales (fIs. 132-135, cdno. 1).
— El 15 de febrero de 1998, se celebró contrato de adición del plazo, el cual se extendió por 3 meses más, hasta el 15 de mayo de 1998, en razón a que era necesario cambiar las estructuras de unas torres, cuestión que implicó un rediseño del proyecto y retrasó la orden de fabricación y puesta en funcionamiento del servicio (fls. 142-143, cdno. 1).
— El 8 de mayo de 1998 se acordó nuevamente suspender, de manera temporal, el contrato hasta el 7 de julio de 1998, suspensión que posteriormente se prorrogó hasta el 31 de octubre y luego hasta el 30 de noviembre del mismo año, porque no era posible realizar las pruebas de revisión de equipos y funcionamiento de los mismos hasta tanto estuviera en funcionamiento la Central Hidroeléctrica (fls. 144-153, cdno. 1).
— El 28 de diciembre de 1998 las partes suscribieron un otrosí al contrato 6929, con el cual adicionaron el valor del contrato por reajuste de precios (fls. 154-156, cdno. 1).
“2. Que el día 30 de abril de 1999 se suscribió entre el contratista, la interventoría y el ICEL la correspondiente acta de recibo de puesta en servicio.
“3. Que el contratista hizo entrega de los repuestos que estaban pendientes en la fecha que se suscribió el acta de recibo de puesta en funcionamiento los cuales fueron acordados finalmente entre las partes y constan en el Acta de Acuerdo Contrato C-6929.
“4. Que entre los representantes del ICEL, el contratista y la interventoría se ha efectuado un recorrido de las obras ejecutadas con el propósito de revisar y validar los inventarios realizados entre el contratista y la interventoría en mayo de 1998 y en febrero y marzo de 1999 cuando se concluyeron todos los trabajos” (negrillas de la Sala) (fls. 162-164, cdno. 1).
— Según certificación de la jefe de oficina jurídica del IPSE, recibida en esta corporación el 15 de noviembre de 2006, el contrato 6929 de 1996 suscrito entre las partes no ha sido liquidado (fI. 592, cdno. ppal).
Por otra parte se tiene que la solicitud de conciliación se formuló el 17 de enero de 2005. Advierte la Sala que en el escrito de la petición de conciliación prejudicial la Sociedad I.A. Ingenieros Asociados S.A., manifestó que, con anterioridad, las partes habían celebrado ya una conciliación prejudicial pero el acuerdo respectivo fue improbado por el Tribunal Administrativo del Chocó y por el Consejo de Estado (fls. 3-14, cdno. 1).
Sostiene el recurrente que el término de caducidad de la acción aplicable al caso concreto es el previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 por cuanto el contrato se celebró y se ejecutó, en su mayoría, en vigencia de esta norma; por su parte, el tribunal computó el término de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 vigente al momento de terminación de los trabajos contratados.
“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiendo; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la nueva ley hubiere empezado a regir”.
En sentencia del 9 de marzo de 1998, la Sala Plena de la corporación (4) concluyó que la citada disposición es aplicable en los casos de conflictos de leyes en el tiempo en materia de caducidad, puesto que dicha norma “Busca garantizar a quien adquirió el derecho a la prescripción al momento de ser efectado por la actuación administrativa que aquella se prolongará por el término inicialmente concebido, sin que la posterior modificación de los procedimientos pueda dar lugar a que el juez desconozca la garantía que en forma expresa e inequívoca se había generado en favor del administrado hasta el último día en que el término para la prescripción se complete”.
Esta tesis fue modificada por la Sección Tercera en providencia del 27 de mayo de 2004 (5) , en la cual concluyó que el artículo 41 de Ia Ley 153 de 1887 solo se refiere prescripción de derechos y no a términos de caducidad de las acciones.
“(...) debe precisarse que si bien en la caducidad se ataca la acción y no el derecho, mientras que en la prescripción se extinguen, tanto la acción como el derecho, en ambos casos la ley atribuye este fenómeno al vencimiento de ciertos plazos en ella señalados sin que se ejercite la acción correspondiente, por lo que el acreedor que acepte la entrega de títulos valores, debe ceñirse no solamente al cumplimiento de los requisitos de índole formal, sino someterse a las condiciones de presentación para su cobro dentro de los términos que la ley impone (...)” (6) .
“a) Aunque excepción de naturaleza perentoria, la prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de ella, pues no es susceptible de ser declarada de oficio (C.C., art. 2513, C.J., art. 434). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la parte demandada, lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha conformado la relación procesal, o sea una vez que se promueva la acción y el adversario se propone extinguirla por tal vía. De ahí que la prescripción extintiva no tiene cabida sino ope exceptionis.
“Por el contrario, la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción o del recurso, sin embargo, se oyera al promotor de la una o del otro. Aparecen como ejemplos de estas caducidades los términos señalados en el Código de Procedimiento para el cumplimiento de ciertos actos, la interposición de recursos etc., los cuales no pueden producir resultados de ningún género si no se cumplen dentro de la oportunidad prevista, pues de otro modo se surte con respecto a ellos un efecto preclusivo. En este sentido la caducidad opera ipso iure, vale decir que no es necesario instancia de parte para ser reconocido.
“b) La prescripción es renunciable de modo expreso y tácito, en las condiciones previstas en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. La caducidad no lo es nunca, lo cual se explica por la naturaleza de orden público que en esta última tiene el término preestablecido por la ley positiva para realización del acto jurídico.
“c) Los términos de prescripción admiten suspensión y pueden ser interrumpidos. Es la regla general que domina el fenómeno, si bien es cierto que algunas prescripciones breves — las señaladas en los artículos 2542 y 2543 — corren contra toda clase de personas y no son, por tanto, susceptibles de suspensión. Pero tal circunstancia no altera ni disminuye la diferencia apuntada, puesto que los plazos de caducidad no comportan jamás la posibilidad de ser ampliados por medio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente so pena de que el derecho la acción se extinga de modo irrevocable. La interrupción de la prescripción impide que esta se produzca. En la extintiva o liberatoria la interrupción civil por la notificación judicial de la demanda hace legalmente eficaz el ejercicio del derecho o de la acción.
“Con respecto a la caducidad no puede hablarse de interrupción, desde luego que en el mismo supuesto la presentación de la demanda dentro del término preestablecido es el ejercicio mismo de la acción, el adecuado acomodamiento al precepto que instituye el plazo.
“d) La prescripción corre o empieza a contarse desde que la obligación se hace exigible lo que implica siempre la existencia de una obligación que extinguir (art. 23325, inc. 2º).
“La caducidad por el transcurso del tiempo no lo supone necesariamente, ya que la consagra la ley en forma objetiva para Ia realización de un acto jurídico o un hecho, de suerte que el plazo prefijado solo indica el límite de tiempo dentro del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el efecto de derecho previsto” (8) .
“Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos” (9)(10) .
Con fundamento en lo anterior, la Sección Tercera (11) , en providencia del 27 de mayo de 2004, señaló que el término de prescripción a que se refiere el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 no es aplicable a normas de caducidad de la acción:
“Queda claro, pues, que se trata de dos figuras que regulan fenómenos diferentes y, que, en consecuencia, no es posible aplicar las normas que regulan la prescripción a la caducidad, o viceversa. Estas premisas permiten concluir que el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 no es aplicable al presente caso, dado que dicha disposición solo se refiere a Ios términos de prescripción y no a las de caducidad.
“b)El artículo 41 de la Ley 153 solo se refiere a la prescripción adquisitiva.
“Adicionalmente, debe anotarse que el artículo 41 mencionado solo se refiere a la prescripción adquisitiva y no a la extintiva, por lo que resulta aún más evidente que, cuando se presenta un conflicto temporal de normas atinentes a la caducidad, no es la llamada a resolverlo.
“En efecto, el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 se refiere únicamente a la prescripción adquisitiva o usucapión, y el prescribiente, al que alude la norma, es quien adquiere el derecho y, por lo tanto, quien se beneficia de la prescripción, bien podría tener la condición de demandante, en acción de pertenencia, o de demandado, en el evento en que se reformule contra él la acción reivindicatoria.
“Así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 18 de agosto de 1941, siguiendo el criterio del doctor Manuel J. Angarita, quien, como magistrado de la corporación, participó en la discusión de la Ley 153 de 1887 y sostuvo lo siguiente sobre el artículo mencionado:
“Por último, en materia de prescripción el proyecto adopta un partido que si bien no se conforma rigurosamente a los principios teóricos que imperan sobre este punto, es, con todo, el que mejor armoniza las expectativas de los actuales prescribientes con los derechos de aquellos contra quienes se prescribe. Es indudable que una prescripción no consumada no alcanza a conferir un derecho adquirido al prescribiente. (...) Bien podría suceder que por consideraciones personales u otros motivos ajenos a la renuncia presunta del derecho que se prescribe, el titular de este derecho hubiese dejado de ejercerlo, contando para ello con el plazo que la ley le señalaba” (12) (se resalta).
“En diferentes oportunidades, por lo demás, la Corte Suprema de Justicia se ha referido al prescribiente como a quien adquiere un derecho real, como se deduce de la siguiente afirmación:
“(...) A pesar de que la prescripción adquisitiva conlleva un efecto extintivo correlativo, una y otra especie difieren: en la usucapión es presupuesto sine qua non la posesión en el prescribiente y en la prescripción liberatoria la inactividad del acreedor o titular de la acción“ (13) .
“(...) Y así, la acción reivindicatoria que corresponde al dueño de un inmueble, aunque abandonada por él, su prescripción se interrumpe por un acto del prescribiente que reconozca dominio a favor de su adversario, sin que aquel pueda llamarse deudor en el sentido estricto de esta palabra“ (14) .
“Exceptúase de esta disposición:
“1) Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio derechos que resultares(sic) del contrato, y
“2) Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo Ia cual se hubiere cometido”.
En providencia del 27 de mayo de 2004 (15) sostuvo que en materia de caducidad, las normas vigentes al momento de celebrar el contrato resultan inmodificables y, en consecuencia, son las que se deben aplicar sin importar que, con posterioridad, el término respectivo hubiese sido modificado. Esta tesis fue reiterada en providencia del 30 de noviembre de 2004 (16) .
Posteriormente, en providencia del 16 de junio de 2005, la Sala señaló, con fundamento en el numeral segundo de la citada disposición, que en asuntos contractuales las normas de caducidad aplicables son las vigentes al momento del incumplimiento del contrato. Con este mismo argumento, en providencia del primero de abril de 2004 (17) , la Sala determinó que en procesos ejecutivos contractuales se debe establecer el momento en que se incumplió la obligación de pago para establecer las normas de caducidad aplicabIes.
Como se observa, la Sala ha distinguido, de un lado las normas de caducidad y, de otro, las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato. En efecto, en providencia del 27 de mayo de 2004 señaló:
“Al referirse a las normas concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, la jurisprudencia ha entendido que se trata de disposiciones procesales (18) , definiéndolas como aquellas que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que, por tanto, fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos (19) . Se debe señalar que la excepción prevista en el artículo citado se aplica a los juicios en curso; en ese sentido, el mismo legislador, en el Código de Procedimiento Civil (20) , al regular la materia, en el artículo 699, reiterando lo dispuesto en 153 de 1887, ha entendido que dichos “términos” se refieren a “procesos iniciados”. Por otra parte, los términos a que hace referencia son aquellos que se conceden a las partes, a los auxiliares y al juez para realizar determinados actos procesales (...).
“Ahora bien, la doctrina ha distinguido entre derechos subjetivos privados y derechos subjetivos públicos; los primeros se dividen en derechos personales o de crédito y derechos reales; los segundos, en tres clases: 1) derechos de libertad, 2) derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales y 3) derechos políticos (21) .
“El derecho de acción es un derecho subjetivo público, en tanto faculta a la persona para acudir a la jurisdicción, a fin de buscar la satisfacción de los intereses amparados por el derecho (22) . En este sentido, la doctrina sostiene:
“a) Es un derecho subjetivo público, porque es correlativo de una obligación impuesta a ciertos órganos del Estado. Tales órganos denomínanse jurisdiccionales, y su actividad consiste en aplicar normas generales a casos concretos, para la satisfacción y tutela de los intereses que estas protegen” (23) .
“Por lo anterior, encuentra la sala que el artículo 40 mencionado no resulta aplicable a las normas que regulan la caducidad, que, a pesar de estar contenidas en el Código Contencioso Administrativo, tienen carácter sustancial, y no procesal”.
Recientemente la Sala (24) reestudió el punto y precisó que la excepción que plantea el numeral primero del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 se refiere a las normas de carácter procesal y, en consecuencia, esta disposición debe tenerse como punto de partida para aplicar el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 cuando se trata de resolver conflictos sobre normas procesales en el tiempo que involucra asuntos de índole contractual.
Siempre se ha expresado (25) que la caducidad es la extinción del derecho de acción por el paso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, el derecho fenece, pero no porque no hubiere existido, sino porque no es posible reclamarlo en juicio.
“El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular. (...).
“La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (CCA, art. 136), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por tal ocurrencia del fenómeno indicado”. (...).
“Por consiguiente, la fijación de términos de caducidad responde como se ha expresado, a la necesidad de otorgar certeza jurídica al accionante y a la comunidad en general, así como para brindarle estabilidad a las situaciones debidamente consolidadas en el tiempo, así como a los actos administrativos no impugnados dentro de las oportunidades legales” (26) .
En otra oportunidad, refiriéndose al caso particular del término de caducidad previsto para la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, la Corte Constitucional sostuvo:
“De otra parte, al examinar este cargo es del caso tener en cuenta que, como acontece con la prescripción, la institución jurídica de la caducidad de la acción se fundamenta en que, como al ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los deberes de colaboración con la justicia para tener acceso a su dispensación, su incumplimiento, o lo que es lo mismo, su no ejercicio dentro de los términos señalados por las leyes procesales — con plena observancia de las garantías constitucionales que integran el debido proceso y que aseguran plenas y amplias posibilidades de ejercitar el derecho de defensa—, constituye omisión en el cumplimiento de sus obligaciones naturaleza constitucional y, por ende, acarrea para el Estado la imposibilidad jurídica de continuar ofreciéndole mayores recursos y oportunidades ante la inactividad del titular del derecho en reclamar el ejercicio que le corresponde” (27) .
En sentencia del 8 de agosto de 2001 (28) , la referida Corte Constitucional definió la caducidad como una institución jurídico procesal que limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia, de tal manera que esta figura o concede derechos subjetivos, sino que, por el contrario, apunta a la protección de un interés general.
“Las cargas procesales, bajo estos supuestos, se fundamentan como se dijo, en el deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales (C.P., art. 95-7). (...) Esas cargas son generalmente dispositivas, por lo que habilitan a las partes para que realicen libremente alguna actividad procesal, so pena de ver aparejadas consecuencias desfavorables en caso de omisión. Según lo ha señalado esta Corte en otros momentos, las consecuencias nocivas pueden implicar “desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal, hasta la pérdida del derecho material, dado que el sometimiento a las normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio, no es optativo (...)” (29) . De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico , o con requerimientos relacionados con la presentación de la demanda, —circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas—, son cargas procesales que puede válidamente determinar en el legislador en los términos predichos” (subrayas y negrillas fuera de texto).
Acerca de esta disposición, la Sala (30) venía sosteniendo que, en tanto las normas de caducidad eran consideradas normas procesales, no estaban referidas a la sustanciación y ritualidad de los juicios.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado (31) :
“(...) el legislador ha desarrollado una reglamentación general sobre el efecto de las leyes en el tiempo, contenida en la Ley 153 de 1887, según la cual en principio las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas en curso. Tal es el caso de las leyes procesales, pues ellas regulan actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar aquellos”.
“De corte similar es la Ley 153 de 1887 en su artículo 40, que regula la vigencia de la ley procesal en el tiempo para las leyes concernientes a la sustanciación y al rito, en tanto establece que los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Esta excepción al principio de vigencia inmediata de la ley procesal no tiene cabida tratándose de la regulación de competencias, a no ser que la nueva norma estipule algo diferente para el período de tránsito entre la disposición recién expedida y la derogada (...). Se tiene que la ley procesal rige, por principio, de manera inmediata afectando las actuaciones en curso, salvo en aquellos eventos excluidos por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y por normas particulares que en cada ordenamiento regulan el tránsito de legislación” (32) (se resalta).
(sic)2.3. Norma de caducidad aplicable al caso concreto.
Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la norma aplicable al caso concreto es la vigente al momento en que se configuró el derecho del contratista de reclamar los saldos pendientes de pago (no la vigente a la fecha de celebración del contrato), es decir, la fecha en que venció el plazo de ejecución del contrato y se terminaron las obras contratadas, que para el caso concreto es aquella que se encontraba vigente el 7 de septiembre de 1999, fecha en la cual las partes suscribieron el acta de recibo a satisfacción de las obras contratadas y, por lo tanto, empezó a correr el término para el ejercicio que la acción contractual, resulta que la acción correspondiente se encontraba caducada cuando se solicitó la realización de una audiencia con fines de conciliación prejudicial.
Ahora, si el contrato fuera de aquellos que requiere liquidación y esta se efectúa de común acuerdo por las partes, la caducidad operará, a más tardar dentro de los dos años siguientes que han de contarse a partir de la firma del acta de liquidación; en los que requieran liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, el término de caducidad se extinguirá a más tardar dentro de los dos años contados desde la ejecutoria del acto administrativo que lo adopte, si la administración no lo liquida durante los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto el establecido por la ley (L. 80/1993 (33) , art. 60), el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial, a más tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que si bien en la solicitud de conciliación prejudicial presentada ante la Procuraduría Judicial del Chocó (reparto) el 17 de enero de 2005, la sociedad I.A. Ingenieros Asociados S.A., afirmó que las partes celebraron una conciliación prejudicial anterior a la de la referencia, circunstancia de la cual no se allegó prueba alguna pero que podría dar lugar a que el término de caducidad se hubiere suspendido, ello no resulta relevante para el caso concreto, por cuanto aun teniendo en cuenta dicho término de suspensión, lo cierto es que para el momento en que se formuló la solicitud (17 de enero de 2005) ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción.
En efecto, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 señala que el término de caducidad se suspende con la solicitud presentada ante el conciliador “hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (34) .
No sobra precisar que, si bien el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, en tanto establece como requisito de procedibilidad para instaurar la acción de controversias contractuales, la formulación de la solicitud de conciliación prejudicial y con ello prevé un término de suspensión distinto al de 3 meses en cuanto señala que, en esos casos, esto es, cuando se exija cumplir con el requisito de procedibilidad, si el acuerdo conciliatorio es improbado por el juez o magistrado, el término de caducidad suspendido por la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del día siguiente hábil al de la ejecutoria de la providencia correspondiente, esta disposición no es aplicable, en tanto la misma no ha entrado en vigencia, conforme con lo que establece el artículo 42 transitorio ibídem.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto 30 de marzo de 2000, radicación: 16.116, actor: Hospital Universitario San Rafael. En el mismo sentido ver: auto de dos de noviembre de 2000, radicación: 17.674, actor: Discon Ltda.; auto de 29 de junio de 2000, radicación: 17.909, actor: José María Pertuz Parra.
(3) Ministerio de Justicia y del Derecho. “La conciliación en el derecho administrativo”. Santafé de Bogotá, abril de 1996, páginas 15-16.
(4) Consejo de Estado, Sala Plena. S-262, auto del 9 de marzo de 1998, M.P. Joaquín Jarava del Castillo.
(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de marzo de 2001, expediente R-6550.
(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de junio de 1997, expediente R-6630.
(10) Recientemente la Corte Constitucional emitió un comunicado de prensa para dar a conocer las decisiones adoptadas por la corporación en sesión del 24 de mayo de 2006, entre ellas la adoptada en la Sentencia C-398 de 2006, en la cual precisó que el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 “prevé un procedimiento para la adquisición de un derecho, por el transcurso del tiempo, regulación que no se encuentra en contravía del artículo 228 de la Carta Política. Lo anterior, por cuanto dicha disposición regula el procedimiento que el legislador estableció para resolver un posible conflicto de aplicación de la ley en el tiempo, en el evento en que la legislación modifique el término establecido para adquirir un bien corporal mueble o inmueble por prescripción adquisitiva del dominio”.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 24371, auto del 27 de mayo de 2004, M.P. Alier Hernández Enriquez.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 24371, auto del 27 de mayo de 2004, M.P. Alier Hernández Enríquez.
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 25976, auto del 30 de noviembre de 2004, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 23449, auto del primero de abril de 2004, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(21) García Maynez, Eduardo. “Introducción al Estudio del Derecho”, Editorial Porrúa S.A., Argentina, 1975, página 200.
(22) Ibíd, página 237.
(23) García Maynez, Eduardo. “Introducción al Estudio del Derecho”, Editorial Porrúa S.A., Argentina, 1975, página 237.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 30.566. Auto del 11 de octubre de 2006.
(25) Corte Constitucional, C-115 del 25 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(26) Corte Constitucional. C-115 del 25 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(27) Corte Constitucional. C-351 del 4 de agosto de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(28) Corte Constitucional. C-832 del 8 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso”(sic).
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera. Expediente 24371, auto del 27 de mayo de 2004, M.P. Alier Hernández Enríquez.
(32) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sentencia del 8 de febrero de 1995, Radicación: 9923, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.