Source: https://www.scribd.com/document/257654546/Exp
Timestamp: 2019-01-20 00:47:14
Document Index: 354750536

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º 02111-2010-PA/TC
LA ELECTRICIDAD Y
(SUTREL)
En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2012, el Tribunal
magistrados Álvarez Miranda, Urviola Hani, Vergara Gotelli,Mesía Ramírez,
Beaumont Callirgos, Calle Hayen y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia,
con los fundamentos de voto de los magistrados Urviola Hani, Mesía Ramírez
y Eto Cruz, que se agregan.
Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unificado
de Trabajadores de la Electricidad y Actividades Conexas de Lima y Callao
(SUTREL) contra la resolución de fecha 30 de noviembre de 2009, expedida por
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, revocando la
apelada, declaró improcedente la demanda de autos.
Con fecha 7 de octubre de 2008, el Sindicato Unificado de Trabajadores
de la Electricidad y Actividades Conexas de Lima y Callao (SUTREL) interpone
demanda de amparo contra la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte EDELNOR S.A.A. y contra la Compañía Americana de Multiservicios Perú CAM PERÚ S.R.L., solicitando que se reconozca la relación laboral de sus
afiliados con la primera de las mencionadas, el cumplimiento de las conclusiones
de la investigación de la Autoridad Administrativa de Trabajo que ordena el pase
a las planillas de dicha empresa, así como el pago de los beneficios vigentes en la
misma, alegando la violación de sus derechos al trabajo, a la igualdad y a la no
discriminación, a la asociación y a la libertad sindical individual y colectiva.
Refiere el sindicato accionante que, desde el mes de mayo del año 2000,
la empresa concesionaria EDELNOR S.A.A., del grupo empresarial Endesa, ha
venido desplazando ilegalmente parte de sus funciones y áreas de trabajo a una
supuesta subsidiaria y contratista denominada CAM PERÚ S.R.L., la cual
también pertenece a dicho grupo empresarial. Al respecto, indica que ante el
aumento de las áreas y el personal desplazados, decidieron conformar una
sección sindical del SUTREL en la empresa CAM PERÚ S.R.L, la misma que
ésta se negó a reconocer, oponiéndose a otorgar permisos a los delegados, a
efectuar los descuentos sindicales, a participar en las negociaciones colectivas,
entre otras afectaciones a la libertad sindical, bajo el argumento de que la referida
empresa no pertenecía al sector eléctrico, lo cual fue reiteradamente admitido por
la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Menciona, asimismo, que con fecha 27 de noviembre de 2007, la
Autoridad Administrativa de Trabajo, luego de una inspección realizada en la
empresa CAM PERÚ S.R.L., emitió el Informe de Investigación N.º 135772007-MTPE/2/12.3, a través del cual constató la existencia de fundados
elementos que demostraban la existencia de una desnaturalización en la
tercerización de servicios establecida entre CAM PERÚ y EDELNOR,
concluyendo que era de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 4-B del
Decreto Supremo N.º 003-2002-TR, Norma que establece disposiciones para la
aplicación de las Leyes Nº 27626 y 27696 (Leyes que regulan la actividad de las
empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores) -agregado
por el Decreto Supremo N.º 020-2007-TR-, el cual señala que cuando la
contratación de servicios implica una simple provisión de personal, ello ocasiona
que los trabajadores desplazados tengan una relación de trabajo directa con la
empresa principal.
Del mismo modo, señala que, como consecuencia de una inspección
similar llevada a cabo en la empresa EDELNOR S.A.A., la Autoridad
Administrativa de Trabajo emitió el Informe N.º 3870-2008-MTPE/2/12.3, su
fecha 24 de abril de 2008, en el que verificó nuevamente la existencia de la
aludida desnaturalización, concluyendo que la empresa inspeccionada no había
cumplido con la medida inspectivade requerimiento adoptada con fecha 17 de
abril de 2008 (registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago).
Como consecuencia de ello, refiere que la Autoridad Administrativa de Trabajo
inició un procedimiento sancionador a la empresa inspeccionada que culminó con
el Acta de Infracción N.º 1281-2008-MTPE/2/12.3, a través de la cual se le
impuso una multa por haber infringido las normas laborales materia de
verificación (registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago)
respecto de 43 trabajadores.
En atención a todo ello, el sindicato accionante estima que existen
suficientes elementos probatorios que demuestran la existencia de un “fraude a la
subcontratación” en el presente caso, pese a lo cual la empresa EDELNOR
S.A.A. se resiste a cumplir el requerimiento formulado por las autoridades
administrativas para que los trabajadores desplazados sean incorporado en las
planillas de la empresa principal.
Con fecha 7 de noviembre de 2008, la empresa EDELNOR S.A.A.
contesta la demanda, solicitando que la misma sea declarada improcedente o
infundada, en la inteligencia de que la misma no reúne los requisitos establecidos
en la ley. Sostiene, al respecto, que no se ha cumplido con agotar la vía
administrativa previa contra la Resolución Directoral N.º 545-2008-MTPE/2/2.3
emitida por la Autoridad de Inspección (la cual ordena la incorporación a
planillas de los trabajadores mencionados en la demanda de amparo), dado que la
empresa ha solicitado la nulidad de dicho pronunciamiento por afectar el debido
proceso, conforme lo acredita con la documentación pertinente. Asimismo,
refiere que la relación de trabajadores cuya incorporación a planillas se pretende
en la demanda de amparo (que contiene el nombre de 57 trabajadores) difiere de
la relación comprendida, a su vez, en la resolución administrativa emitida por la
Autoridad Administrativa de Trabajo (que sólo contempla una lista de 43
trabajadores). En tal sentido, aduce que a través del proceso de amparo no pueden
extenderse los efectos de una resolución administrativa, que no es firme ni
definitiva, a trabajadores que no formaron parte de la misma. Por último, alega
que no ha existido ningún acto de tercerización fraudulenta, como lo sostiene la
parte demandante, dado que ésta ha reconocido la plena validez de la relación
laboral entablada con CAM PERÚ S.R.L. al haber tenido una activa participación
sindical en dicha empresa.
Con fecha 29 de diciembre de 2008, la empresa CAM PERÚ S.R.L.
infundada, al estimar que a través del amparo no se puede declarar la aplicación
de una resolución administrativa que no ha causado estado y cuya ejecución no
se ha intentado en la vía que corresponde. De otro lado, niega que haya existido
una tercerización fraudulenta, ya que todas las personas mencionadas en la
demanda de amparo prestan servicios para la empresa CAM PERÚ S.R.L., en
cuyas planillas se encuentran registradas desde hace varios años. Asimismo,
agrega que la referida empresa no ha participado en ninguna de las dos
resoluciones administrativas que ordenan a EDELNOR S.A.A. la incorporación a
planillas de un total de 43 trabajadores y le imponen una multa. Antes por el
contrario, refiere que en el procedimiento que se le siguió a CAM PERÚ S.R.L.
se produjo el archivamiento de la inspección. Por último, afirma que al no ser
CAM PERÚ S.R.L. una empresa que pertenezca al sector eléctrico, sus
en el entendido de que al no estar comprendidos en el acta de inspección. en su lugar. revocando la apelada. Delimitación del petitorio 1. Por su parte. El objeto de la presente demanda de amparo consiste en que. Con fecha 30 de noviembre de 2009. e infundada respecto de los demás trabajadores. por lo que su inicio no constituye una afectación real y efectiva a los derechos invocados. . las empresas demandadas niegan que dicho acto fraudulento se haya configurado y. no estaba acreditada su relación laboral con la referida empresa. el Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundada en parte la demanda. además de estar pendiente de resolución. se ordene la inscripción de dichos trabajadores en las planillas de la referida empresa. y en consecuencia. así como en el extremo en que se solicita la imposición de multa y cancelación de los registros de CAM PERÚ S. FUNDAMENTOS §1. aseguran que las resoluciones administrativas invocadas por la parte demandante no han causado estado. la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. la imposición de una multa y la cancelación de los registros de la empresa CAM PERÚ S. ordenando a la empresa EDELNOR que cumpla con restituir a sus planillas y entregar boletas de pago a 43 de los trabajadores incluidos en la demanda.A..trabajadores no pueden estar representados por el sindicato de rama de actividad recurrente. como consecuencia de la verificación del supuesto fraude a la tercerización operado entre las empresas demandadas. por considerar que de todas las pruebas acompañadas a la misma no fluye que el sindicato demandante haya requerido a la Autoridad Administrativa de Trabajo la ejecución de lo decidido por ésta. declara improcedente la demanda. iniciado por la empresa demandada. así como por estimar que el procedimiento de cese colectivo por causas objetivas requiere del trámite a que se refiere el Capítulo VII del Título I de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.R. la validez de la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo que ordenaba la incorporación en planillas. en otro proceso de amparo. se reconozca la relación laboral entre los afiliados del SUTREL y la empresa EDELNOR S. por lo cual resulta erróneo pretender su cumplimiento a través de un proceso constitucional como el de autos.L.A.L. Con fecha 26 de enero de 2009.R. la entrega de sus respectivas boletas de pago.
este Tribunal comparte la posición asumida por el sindicato demandante. que tiene la calidad de precedente vinculante. en el fundamento 13 de la sentencia en referencia.. que afecte a los trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes y que haga impracticable el funcionamiento del sindicato. para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (…)”. y que a su juicio derivaría del supuesto “fraude a la subcontratación” operado entre las empresas demandadas.º 0206-2005-PA/TC. el sindicato accionante alega a su favor que el proceso de amparo en materia laboral se encuentra habilitado excepcionalmente para resolver aquellos casos que encierran una afectación a la libertad sindical. este Tribunal considera que la afectación prima facie de la libertad sindical como requisito para acudir excepcionalmente a la vía del amparo. Así. se busca que el proceso de amparo atienda causas verdaderamente urgentes y perentorias que requieran una tutela especial o diferenciada. igualmente satisfactorias. conforme a lo establecido en el precedente vinculante antes aludido. Bajo dicho temperamento. De esta forma.R. Vistas así las cosas. Ciertamente. sus trabajadores no podrían estar representados por dicha organización sindical. Justificación del proceso de amparo como vía idónea para resolver la presente causa 2. pues ésta arguye que al no pertenecer al sector eléctrico. 3. en la medida en que uno de los agravios denunciados en la demanda. este Tribunal ha señalado que “(…) todo acto lesivo. en los términos en que esto viene exigido por el artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.L. este Colegiado. . que es una de rama de actividad. el proceso de amparo está configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un proceso subsidiario y excepcional al no proceder cuando “[e]xistan vías procedimentales específicas. cuando afirma que la vía del amparo es la idónea para resolver la presente causa. 5. está debidamente acreditada. 4.§2. ha establecido aquellos lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones en materia laboral que merecen protección a través del proceso de amparo. no justificado o irrazonable. radica en la imposibilidad que tiene el SUTREL para plantear sus reclamos sindicales en la empresa CAM PERÚ S. Sobre este punto. en la STC N. deberá ser reparado”. De conformidad con el artículo 5º inciso 2) del Código Procesal Constitucional.
A. según aduce. seguido a la empresa CAM PERÚ S. al estar en muchos casos supeditados a órdenes o directivas de la empresa EDELNOR S. evidencia en base a la cual solicita que su demanda de amparo sea estimada.. (la empresa principal) han sido objeto de sendas inspecciones laborales por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. a través del cual se constató que existían fundados elementos probatorios que demostraban la existencia de una desnaturalización de la tercerización de servicios en la relación contractual entablada entre las empresas CAM PERÚ S. En suma.A. §3. se ha llegado a demostrar fehacientemente que la tercerización realizada entre ambas empresas se ha desnaturalizado. Delimitación de los hechos controvertidos en el presente caso 7.R. al interior de las cuales. entre otros..L.A.A. Así las cosas.6. el Tribunal concluye que corresponde entrar a resolver el fondo del asunto. y en particular. y habiendo resuelto estas cuestiones procesales previas.3 (obrante a fojas 104).L. a fin de lograr una cabal comprensión de los hechos que rodean al presente caso. c) que la empresa inspeccionada no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo. agregado por el Decreto . y EDELNOR S. el Tribunal Constitucional considera que tales hechos pueden quedar expuestos de la siguiente manera:  Con fecha 27 de noviembre de 2007.º 13577-2007-MTPE/2/12.A. este Tribunal estima que.A. Por su parte.A. El sindicato recurrente afirma en su demanda que tanto CAM PERÚ S. b) que no existe una plena subordinación de los trabajadores de la empresa inspeccionada. de aquellos que atañen a los procedimientos de inspección laboral que han tenido lugar en sede administrativa.. es preciso realizar una descripción clara y detallada de los mismos.º 003-2002-TR. al haberse interpuesto contra ella un recurso de nulidad en la vía administrativa.A. tales como: a) que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros. técnicos o materiales. las empresas demandadas cuestionan el hecho de que la resolución administrativa cuya exigibilidad se pretende a través del presente proceso..Callao emitió el Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación recaído en la Orden de Inspección N.R. la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima . 8.R. Atendiendo a esta finalidad. no haya causado estado. la Dirección Regional de Trabajo concluyó que era de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N. equipos mobiliarios y servicios que son propiedad de EDELNOR S. En base a todo ello. al quedar comprobado que utiliza la infraestructura.L (la empresa tercerizadora) así como EDELNOR S.
A.. con fecha 24 de abril de 2008.A. razón por la cual se resolvió elaborar el Acta de Infracción N.º 28806 (Exp. con fecha 10 de septiembre de 2008. cumplir con subsanar las infracciones que habían sido materia de sanción.A.º 396-2008-MTPE/2/12.º 3870-2008MTPE/2/12.  Siendo ello así.  A su turno. así como a los trabajadores afectados y a la organización sindical implicada.º 28806. la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo expidió el Informe de Actuaciones Inspectivas recaído en la Orden de Inspección N.º 020-2007-TR.A.A.Supremo N.3 (obrante a fojas 151). el cual establece que “(…) los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos merecen fe. este informe recomendó la emisión de una orden de inspección similar para la empresa EDELNOR S.º 681-2008-MTPE/2/12.A.3 (obrante a fojas 120). N. con fecha 30 de junio de 2008.  Una vez merituado los descargos.330). Asimismo. la Tercera Sub Dirección de Inspección Laboral resolvió iniciar procedimiento sancionador a la empresa EDELNOR S.3 (obrante a fojas 134). imponiéndole la multa correspondiente. este informe constató que la empresa inspeccionada no había cumplido con la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 17 de abril de 2008. Asimismo. la Tercera Sub Dirección de Inspección Laboral emitió la Resolución Sub Directoral N. con fecha 21 de mayo de 2008. mediante Resolución Directoral N. a través del cual se volvió a verificar la desnaturalización antes aludida. referida al registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago. seguido a la empresa EDELNOR S. que propuso la imposición de una multa para la mencionada empresa. Cabe señalar que esta resolución precisó que los inspectores de trabajo habían procedido conforme a lo establecido en el artículo 47º de la Ley N.A.º 1281-2008-MTPE/2/12. confirmó la Resolución Sub Directoral . en defensa de sus respectivos derechos e intereses (…)”. conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 45º de la Ley N. que resolvió ordenar a la empresa inspeccionada EDELNOR S.330 (obrante a fojas 147).º 545-2008MTPE/2/12.  En vista de ello. la Dirección de Inspección Laboral. ordenando la notificación del Acta de Infracción correspondiente a la referida empresa. a fin de que presente los descargos que estimara pertinentes.A. sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables.
º 28806. de las actuaciones seguidas en CAM PERÚ S.A. a través del cual resolvió declarar no ha lugar la solicitud de nulidad formulada por la empresa EDELNOR S. al quedar comprobado que utiliza la infraestructura.A.A.A. Análisis de la controversia. contra las resoluciones de segunda instancia.A.antes aludida. y CAM PERÚ S. al estar dentro del ámbito de sus competencias. §4. 10. técnicos o materiales. De las instrumentales obrantes en autos. tienen plena eficacia probatoria a los efectos del presente proceso de amparo. se aprecia que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. b) que no existe una plena subordinación de los trabajadores de la empresa inspeccionada.A.L.R. pues en dichas inspecciones se determinó: a) que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros.R.L. había devenido en fraudulenta. se aprecia también que.R.º 545-2008MTPE/2/12.A.L y sosteniendo que los inspectores debieron notificar a EDELNOR S.L.R. Sobre la desnaturalización de la tercerización de servicios operada entre las empresas EDELNOR S.A.A. comprobó que la tercerización de servicios efectuada entre las empresas CAM PERÚ S.A. a través de su Dirección de Inspección Laboral. la Dirección Regional de Trabajo de Lima emitió el Auto Directoral N.. no procede medio impugnatorio alguno al haberse agotado la vía administrativa (…)”. equipos mobiliarios y servicios que son propiedad de EDELNOR S. de lo observado en las inspecciones y resoluciones emitidas por la Autoridad Administrativa.1 (obrante a fojas 723).º 005-2009-MTPE/2/12. con fecha 19 de febrero de 2009. alegando que la inspección laboral de autos no se había realizado en su empresa sino en las instalaciones de CAM PERÚ S.A. Así pues. En mérito a ello. se advierte que.L.A. en los términos en que esto viene determinado por la ley de la materia.3 por violar sus derechos al debido procedimiento y de defensa. ha sido objeto de una desnaturalización. como ya se precisó.R. con fecha 06 de octubre de 2008. y EDELNOR S. conclusión a la cual llegó luego de seguir los procedimientos establecidos en la Ley N.A. este Tribunal considera que las diligencias efectuadas por dicha autoridad administrativa. y ello básicamente. se aprecia claramente que la relación contractual de tercerización operada entre las empresas EDELNOR S. señalando que “la misma ha causado estado. 9. presentó un escrito (obrante a fojas 273) a través del cual solicitó la nulidad de la Resolución Directoral N. Posteriormente a ello. al estar en . y CAM PERÚ S. Ley General de Inspección del Trabajo. la empresa EDELNOR S. toda vez que. 11. No obstante ello.A.
conviene tener en cuenta que. corresponde pues que este Colegiado estime la demanda y ordene.º 003-2002-TR. En tal sentido. No obstante ello. Sobre la afectación de los derechos invocados en la demanda.A. sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las normas correspondientes” (énfasis agregado). este Colegiado advierte que. y EDELNOR S. 13. en relación a la pretensión de cancelación de los registros de la empresa CAM PERÚ S. dispone que la desnaturalización de un contrato de tercerización origina que los trabajadores desplazados tengan una relación de trabajo directa con la empresa principal.A.A. entre otros. En mérito a dichas actuaciones y a la certeza que las mismas generan sobre la desnaturalización producida. no solo conlleva el incumplimiento de una norma de carácter laboral. originan (…) la cancelación del registro a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley.º 003-2002-TR. según el artículo 5º de la Ley N..L.muchos casos supeditados a órdenes o directivas de la empresa EDELNOR S. situación que merece ser analizada por este Colegiado para ser debidamente reparada a través de esta sentencia. ello no puede ser dilucidado a través del presente proceso por ser una cuestión ajena a la tutela que brinda el proceso de amparo. §5.R. a juicio de este Tribunal. 12. y en lo que interesa al presente proceso de amparo. la incorporación de los trabajadores recurrentes a planillas de la empresa EDELNOR.. es porque valora implícitamente que en tales supuestos el objetivo o “justificación subyacente” a la tercerización (consistente en la generación de una mayor competitividad en el mercado a través de la descentralización productiva) no ha sido el (único) móvil de la tercerización efectuada. si bien la referida cancelación constituye una consecuencia legalmente necesaria tras la constatación de un supuesto de tercerización fraudulenta. la afectación de una serie de derechos constitucionales del sindicato recurrente y a sus representados. al haber tenido como propósito subalterno . cuando el artículo 4-B del Decreto Supremo N. “[l]os contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple provisión de personal.A. 14. y c) que la empresa inspeccionada no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo.º 29245. Es evidente para este Tribunal que la configuración de un supuesto de tercerización fraudulenta. sino que implica también. Por otro lado. en aplicación a lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N.L. como consecuencia del “fraude a la subcontratación” operado por las empresas CAM PERÚ S.R.
A. Esta situación de renuencia. ser reparados en sus derechos en la vía constitucional. y la función o actividad tercerizada se sigue realizando en los ambientes de la empresa principal y con los bienes y recursos de ésta.A. es claro para este Colegiado que. Por último. pero sigue manteniendo aquélla el poder de dirección sobre los trabajadores. mientras que la empresa EDELNOR S. ha impedido que dichos trabajadores puedan ser incluidos en un acta de inspección similar a la que dio origen al presente proceso. cuando una empresa (principal) subcontrata a otra (tercerizadora). por esa negativa. resulta censurable para este Colegiado que la empresa EDELNOR S. según consta de la Resolución Sub Directoral N.A. y a su cuenta y riesgo.A.310. que inevitablemente se produce con la utilización de la tercerización. En dicho contexto. De las órdenes impartidas en la presente sentencia 16. inadmisible en el Estado Constitucional.. cumpla con presentar las planillas de los catorce (14) trabajadores restantes y pueda determinarse en dicha vía si se . a todas luces injustificada. y así por esa vía. siendo preciso que el Ministerio de Trabajo adopte todos los recaudos que fueran necesarios. Esta arbitrariedad manifiesta debe ser enfáticamente rechazada por este Tribunal. a fin de que la demandada EDELNOR S. al margen de lo establecido en la ley de la materia. Así. 15. sino porque la finalidad oculta tras el fraude en la subcontratación representa un supuesto de “instrumentalización” de la dignidad de los trabajadores. Y ello no sólo.A.el disminuir o anular los derechos laborales de los trabajadores.A. se encuentra completamente vedada. su fecha 03 de septiembre de 2008 (obrante a fojas 709).º 1249-2008-MTPE/2/12. §6. se haya negado a presentar las planillas de los trabajadores restantes del sindicato recurrente ante las autoridades administrativas de trabajo. porque en este caso desaparece la finalidad constitucional y legal que justifica la intervención en los derechos fundamentales de los trabajadores. en su función de inspección laboral. desde un punto de vista constitucional. una operación (subcontratación fraudulenta) que no tiene otro fin que el aumento de las ganancias empresariales. resulta evidente que dicha subcontratación resulta incompatible con nuestra Constitución. a costa de la ilegítima disminución de los derechos de los trabajadores (y no mediante la búsqueda real de la eficiencia empresarial). sólo se ha visto compelida a pagar una multa ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Notificar al Ministerio de Trabajo a efectos de que atienda a lo dispuesto en el fundamento 16 de esta sentencia.R.3).A. en cuyo caso deberá dárseles el mismo tratamiento establecido en la presente sentencia. 4. con el abono de las costas y los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. Por estos fundamentos. comprendidos en la Resolución Directoral N. por haberse acreditado la vulneración de los derechos del demandante al trabajo. bajo apercibimiento de aplicarse los apremios previstos en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional.encuentran en la misma situación que los trabajadores incluidos en el acta de inspección laboral emitida por el Ministerio de Trabajo (Resolución Directoral N.º 545-2008-MTPE/2/12. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. 2. de acuerdo a lo señalado en el fundamento 12supra. a la igualdad y a la libertad sindical. el Tribunal Constitucional. Declarar IMPROCEDENTE los extremos relacionados con la cancelación de los registros de CAM PERÚ S. en consecuencia. SS. ÁLVAREZ MIRANDA URVIOLA HANI VERGARA GOTELLI MESÍA RAMÍREZ BEAUMONT CALLIRGOS CALLE HAYEN ETO CRUZ . Declarar FUNDADA la demanda de amparo de autos. en el plazo máximo de dos (2) días de notificada la presente sentencia. Publíquese y notifíquese.3. y con la imposición de la multa solicitada. incorporar a los miembros del sindicato recurrente en su libro de planillas.L.A. 3.º 545-2008-MTPE/2/12. ORDENAR a la empresa EDELNOR S.
incorporar a los miembros del sindicato recurrente en su libro de planillas. son las que se detallan en el fundamento de voto del magistrado Mesía Ramírez. al no constar físicamente en el expediente la resolución que concede la medida cautelar que se habría dictado luego de la sentencia estimativa de primera instancia. a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores consignados en dichos actos. bajo apercibimiento de aplicarse los apremios previstos en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional. razón por la cual considero que la redacción del fallo debería ser la siguiente: 1. en el plazo máximo de dos (2) días de notificada la presente sentencia.º 545-2008-MTPE/2/12.A. a mi juicio.EXP.3.3 y el Acta de Infracción Nº 1281-2008MTPE/2/12.L. las consideraciones que. N. comprendidos en la Resolución Directoral N. si bien concuerdo con el sentido del fallo. una multa y se disponga la cancelación de su registro como empresatercerizadora de servicios. URVIOLA HANI .R.3 ha vulnerado los derechos constitucionales al trabajo. 2.3. en parte.º 02111-2010-PA/TC LIMA SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LIMA Y CALLAO (SUTREL) FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI En el caso de autos. excepto en lo relativo a lo manifestado en: i) el punto 9 de dicho fundamento. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. 3. con el abono de las costas y los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. sustentan la decisión. por haberse acreditado que el incumplimiento de la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12. y ii) en el punto 2 de la parte resolutiva de dicho fundamento.A. Sr. ORDENAR a la empresa EDELNOR S. la demanda de autos. Declarar IMPROCEDENTE la pretensión referida a que se le imponga a la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S. Declarar FUNDADA.
EXP.º 02111-2010-PA/TC . N.
LIMA SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LIMA Y CALLAO (SUTREL) FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ En el caso de autos. 2. Teniendo presente los alegatos esgrimidos por las empresas emplazadas.A.330 y la Resolución Directoral N° 545-2008-MTPE/2/12. los incluya a su planilla de remuneraciones y les pague sus beneficios dejados de percibir. Alega que EDELNOR se niega a incluir a sus afiliados en su planilla de remuneraciones.3.L. (CAM PERÚ) y EDELNOR. la cual ha sido declarada desnaturalizada por la Autoridad de Trabajo.3. por cuanto EDELNOR les niega a sus afiliados aportar al Sindicato. solicitando que se le ordene que reconozca la relación laboral que mantiene con sus afiliados. son las que detallo a continuación: Delimitación del petitorio y de la controversia 1. ya que vienen siendo cuestionados por EDELNOR a través de un proceso de amparo. si bien concuerdo con el sentido del fallo. (EDELNOR S.A.). Tanto EDELNOR como CAM PERÚ alegan que el proceso de amparo no es la vía adecuada para resolver la demanda y que los mandatos de los actos administrativos que sustentan las pretensiones del Sindicato demandante no pueden ser ejecutados. las consideraciones que. por cuanto verificó la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S.A. la Resolución Sub Directoral N° 681-2008MTPE/2/12.A. sustentan la decisión. por cuanto no se trata de actos administrativos firmes. el Acta de Infracción N° 1734-2007. considero que éstos resultan desestimables por varios motivos. . vulnerándose así sus derechos constitucionales a la libertad sindical y a la negociación colectiva.R. así como participar en su pliego de reclamos y beneficios. el Acta de Infracción N° 1281-2008. a pesar de que la Autoridad de Trabajo lo ha ordenado en la Orden de Inspección N° 3870-2008-MTPE/2/12. 3. El Sindicato demandante interpone demanda de amparo contra la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S. Señala que EDELNOR trasladó personal a CAM PERÚ para que exista la tercerización de servicios contratada. a mi juicio. por lo que su demanda merece ser estimada.
en caso éstos sean vulnerados o amenazados con ser vulnerados. En buena cuenta.3. entre otras razones. En segundo lugar. debo recordar que el artículo 2° del CPConst. pues en muchos casos están supeditados a las órdenes o directivas de EDELNOR. En la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12. por cuanto el artículo 9° de la Ley N° 27444 prescribe que “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional. Para analizar la fundabilidad de la demanda. Análisis de la controversia 4. se concluye que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros. supuesto que se alega en el caso de autos. ello no implica que dichas resoluciones hayan perdido eficacia o que se presuman ilegales o inválidas. según corresponda”. Es decir. pues mientras no exista una resolución judicial firme que declare su invalidez. pues utiliza la infraestructura. de fecha 27 de noviembre de 2007.3. Por ello. mobiliario y servicios de propiedad de EDELNOR. debe tenerse presente que: a. debo precisar que si bien EDELNOR ha interpuesto una demanda de amparo contra la Resolución Sub Directoral N° 681-2008-MTPE/2/12.3. debo enfatizar que el proceso de amparo es la vía satisfactoria para la tutela de los derechos laborales colectivos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Este criterio de procedencia se encuentra precisado en las reglas del precedente vinculante de la STC 0206-2005-PA/TC. no existe una plena subordinación de los trabajadores de CAM PERÚ. obrante de fojas 104 a 118. nulidad o ineficacia. ya que es dicho comportamiento el que origina la posible vulneración de los derechos constitucionales alegados. de fecha 24 de abril de 2008. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. técnicos o materiales. eficaces y que deben ser ejecutados por EDELNOR. Finalmente.330 y la Resolución Directoral N° 545-2008-MTPE/2/12. por el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos considero que las resoluciones mencionadas son actos administrativos válidos. equipos. de fecha 24 de abril de 2008 y el Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. la Autoridad de Trabajo considera que los trabajadores objeto de la inspección.3.3.En primer lugar. en los . de fecha 27 de noviembre de 2007. que el Tribunal Constitucional tiene la competencia para evaluar la omisión denunciada por el Sindicato demandante. precisa que el proceso de amparo procede cuando se viole derechos constitucionales por “omisión de actos de cumplimiento obligatorio”. por cuanto el Sindicato demandante afirma que sus derechos constitucionales a la libertad sindical y a la negociación colectiva vienen siendo vulnerados en la medida que EDELNOR no cumple con lo ordenado por la Autoridad de Trabajo. razón por la cual la demanda no puede ser declarada improcedente. son actos administrativos de cumplimiento obligatorio y no existe justificación legítima para no acatarlos o cumplirlos en sus propios términos. Lo mismo sucede con la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12.
de fecha 30 de junio de 2008. En la Resolución Sub Directoral N° 681-2008-MTPE/2/12. las pólizas de seguros que garanticen los daños que pueda ocasionarle. obrante de fojas 134 a 145. se confirmó la Resolución Sub Directoral N° 6812008-MTPE/2/12. en cualquier momento y sin expresión de causa. lo son de EDELNOR y no de CAM PERÚ. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. repuestos. que tácitamente ha aceptado la veracidad de los hechos verificados y las conclusiones consignadas en ella. de fecha 24 de abril de 2008. como son que: - CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros.3. mobiliario y accesorios destinados a la prestación de los servicios de tercerización contratados. En el Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. que se encuentra corroborada la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre EDELNOR y CAM PERÚ. CAM PERÚ no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo. CAM PERÚ no posee una estructura organizativa autónoma e independiente. han sido debidamente verificados. c. técnicos o materiales. no aduce que la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. de fecha 27 de noviembre de 2007.330 y la Resolución Directoral N° 545-2008-MTPE/2/12.330.3.3. de fecha 24 de abril de 2008.3. . de fecha 24 de abril de 2008 y el Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. b. Al respecto. la sustitución del personal asignado. Existe subordinación de los trabajadores de CAM PERÚ a EDELNOR.3. de fecha 24 de abril de 2008. es decir. de fecha 10 de setiembre de 2008. obrante de fojas 120 a 131.3.3.hechos.3. e. 5. se le requiere a EDELNOR que cumpla con pagar la multa impuesta por el Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. En la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. se le impuso a EDELNOR una multa por no haber cumplido con registrar a cuarenta y tres trabajadores en su planilla de remuneraciones. En la Resolución Directoral N° 545-2008-MTPE/2/12. obrante de fojas 803 a 835. d. estimo pertinente destacar que EDELNOR en su demanda de amparo interpuesta contra la Resolución Sub Directoral N° 681-2008-MTPE/2/12. de fecha 24 de abril de 2008.3. pues EDELNOR se obliga a contratar por su cargo y costo.330. toda vez que EDELNOR le provee equipos. se concluye que se ha verificado la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre EDELNOR y CAM PERÚ. En el presente caso. es decir. teniendo en cuenta el principio de verdad material considero que los hechos consignados por la Autoridad de Trabajo en la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12. pues ésta no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo. pues ésta tiene la potestad de solicitar. obrante de fojas 151 a 153. afecte alguno de sus derechos fundamentales.
de fechas 15 de diciembre de 2008. lo que respalda los hechos consignados y verificados en los actos administrativos de la Autoridad de Trabajo. considero que resulta evidente que se encuentra demostrada la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre EDELNOR y CAM PERÚ. considero que en autos también existen otros medios de prueba pertinentes que permiten comprobar la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre EDELNOR y CAM PERÚ que ha sido corroborada por la Autoridad de Trabajo. en las que el Gerente General de CAM PERÚ le comunica a don Miguel Edilberto Manchego Núñez que acepta su carta de renuncia y que su último día de trabajo era el 15 de diciembre de 2008. Con esto. respectivamente. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12. por cuanto no pueden ser parte. obrante a fojas 389 y 513.3 y el Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. en el supuesto de que se omitiera valorar como medios de pruebas pertinentes la Orden de Inspección Nº 135772007-MTPE/2/12. tenemos la carta y el documento denominado “ratificación de término de la relación laboral”. 6. sin embargo. en los hechos. sino también el derecho constitucional al trabajo.3. 7. a pesar de que formalmente era trabajador de CAM PERÚ.3 afecte su derecho de defensa. debe tenerse presente que con fecha 16 de diciembre de 2008. de fecha 24 de abril de 2008. Con estos documentos se prueba que formalmente don Miguel Edilberto Manchego Nuñez era trabajador de CAM PERÚ. de fecha 24 de abril de 2008 y del Acta de Infracción Nº 1281-2008-MTPE/2/12. en el que reconoce que “LA EMPRESA le ha pagado todos y cada uno de sus beneficios legales y convencionales hasta la fecha de firma de este convenio” y acepta que “EL BENEFICIARIO reconoce que no existe asunto dudoso o de carácter litigioso que se hubiera generado del cese de sus labores como trabajador”. por lo que ésta no puede alegar que la Orden de Inspección Nº 3870-2008MTPE/2/12. los medios de prueba reseñados demuestran que la misma EDELNOR en el caso de don Miguel Edilberto Manchego Núñez ha aceptado expresamente que. En tal sentido. Consecuentemente. ni beneficiados de los procedimientos de negociación colectiva que se inician en EDELNOR. afecta no solo el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores consignados en los actos administrativos mencionados. EDELNOR suscribió con don Miguel Edilberto Manchego Núñez un convenio de otorgamiento de liberalidad graciosa compensable.3. de fecha 27 de noviembre de 2007. A mi juicio. él era su trabajador.3 por venir siendo cuestionadas en otro proceso de amparo. pues fraudulentamente los trabajadores inspeccionados han mantenido una relación laboral con CAM PERÚ cuando en los hechos eran trabajadores de EDELNOR. considero que el incumplimiento de la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12.La verificación de estos hechos se ha dado con la presencia de los representantes de EDELNOR.3. Así. ello no incidiría en el resultado del presente proceso. por cuanto la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12.3 no ha sido judicialmente cuestionada y prueba la desnaturalización de la tercerización de servicios suscrita entre EDELNOR y CAM PERÚ. De otra parte. por lo que resulta legítimo y constitucional ordenarle a EDELNOR que incorpore en su planilla de remuneraciones a los .
3. Declarar IMPROCEDENTE la pretensión referida a que se le imponga a la Compañía Americana de Multiservicios del Perú S. 9. estimo pertinente precisar que la sentencia estimativa de primera instancia al haber sido ejecutada a través de una medida cautelar. una multa y se disponga la cancelación de su registro como empresatercerizadora de servicios. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12..3. a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores consignados en dichos actos. la medida cautelar dictada en autos se convierta de pleno derecho en una medida ejecutiva. en parte.3 ha vulnerado los derechos constitucionales al trabajo. Sr.3 y el Acta de Infracción Nº 1281-2008MTPE/2/12. ORDENAR que en aplicación del artículo 16º del CPConst. 2.trabajadores referidos en la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12. por haberse acreditado que el incumplimiento de la Orden de Inspección Nº 13577-2007-MTPE/2/12. en aplicación del artículo 16º del CPConst. Declarar FUNDADA. tiene que convertirse en una medida ejecutiva. pues ello es no se condice con la finalidad restitutoria del proceso de amparo y es competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. la demanda de autos. concuerdo con el sentido estimativo de la ponencia y considero que la redacción del fallo debería ser: 1.3. corresponde que EDELNOR asume el pago de las costas y costos del proceso.3. Asimismo.R. 8. De otra parte. con el abono de las costas y costos. la Orden de Inspección Nº 3870-2008-MTPE/2/12.L.3 y el Acta de Infracción Nº 12812008-MTPE/2/12. MESÍA RAMÍREZ .. Por las razones expuestas. estimo que resulta improcedente la pretensión de que se le imponga a CAM PERÚ una multa y se disponga la cancelación de su registro como empresa tercerizadora de servicios. Finalmente.
EXP. N.º 02111-2010-PA/TC LIMA SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD Y ACTIVIDADES CONEXAS DE LIMA Y CALLAO (SUTREL) FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ .
bajo el argumento de que la referida empresa no pertenecía al sector eléctrico.R.. lo cual fue reiteradamente admitido por la Autoridad Administrativa de Trabajo. solicitando que se reconozca la relación laboral de sus afiliados con la primera de las mencionadas. indica que ante el aumento de las áreas y el personal desplazados. declaró improcedente la demanda de autos.R.R. a la igualdad y a la no discriminación. menciona que con fecha 27 de noviembre de 2007. la Autoridad Administrativa de Trabajo. oponiéndose a otorgar permisos a los delegados. luego de una inspección realizada en la .Si bien concuerdo con el sentido del fallo de la presente sentencia. ASUNTO Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y Actividades Conexas de Lima y Callao (SUTREL) contra la resolución de fecha 30 de noviembre de 2009. las siguientes consideraciones a modo de fundamento de voto.L. a efectuar los descuentos sindicales.A. no obstante. el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y Actividades Conexas de Lima y Callao (SUTREL) interpone demanda de amparo contra la Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte EDELNOR S. ANTECEDENTES Con fecha 07 de octubre de 2008. la misma que ésta se negó a reconocer. expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que. la empresa concesionaria EDELNOR S.. decidieron conformar una sección sindical del SUTREL en la empresa CAM PERÚ S. Al respecto.. alegando la violación de sus derechos al trabajo.A.A. la cual también pertenece a dicho grupo empresarial. del grupo empresarial Endesa. así como el pago de los beneficios vigentes en la misma. con la finalidad de reforzar la argumentación que conduce a lo finalmente aquí resuelto. el cumplimiento de las conclusiones de la investigación de la Autoridad Administrativa de Trabajo que ordena el pase a las planillas de dicha empresa. revocando la apelada. desde el mes de mayo del año 2000. ha venido desplazando ilegalmente parte de sus funciones y áreas de trabajo a una supuesta subsidiaria y contratista denominada CAM PERÚ S. a participar en las negociaciones colectivas. y contra la Compañía Americana de Multiservicios Perú CAM PERÚ S. a la asociación y a la libertad sindical individual y colectiva. deseo exponer.L. Asimismo.A.L. Refiere el sindicato accionante que. entre otras afectaciones a la libertad sindical.
su fecha 24 de abril de 2008.empresa CAM PERÚ S. la empresa EDELNOR S.3. solicitando que la misma sea declarada improcedente o infundada. dado que la . se resiste a cumplir el requerimiento formulado por las autoridades administrativas para que los trabajadores desplazados sean incorporado a planillas de la empresa principal.A. en la inteligencia de que la misma no reúne los requisitos establecidos en la ley.L. el cual verificó nuevamente la existencia de la aludida desnaturalización.R.3.A.. concluyendo que la empresa inspeccionada no había cumplido con la medida inspectivade requerimiento adoptada con fecha 17 de abril de 2008 (registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago).A. el sindicato accionante estima que existen suficientes elementos probatorios que demuestran la existencia de un “fraude a la subcontratación” en el presente caso.A.A. En atención a todo ello. refiere que la Autoridad Administrativa de Trabajo inició un procedimiento sancionador a la empresa inspeccionada.º 135772007-MTPE/2/12. ello ocasiona que los trabajadores desplazados tengan una relación de trabajo directa con la empresa principal. Con fecha 07 de noviembre de 2008. la Autoridad Administrativa de Trabajo emitió el Informe N. el cual señala que cuando la contratación de servicios implica una simple provisión de personal. contesta la demanda.º 3870-2008-MTPE/2/12. a través de la cual se le impuso una multa por haber infringido las normas laborales en materia de verificación (registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago) respecto de 43 trabajadores.º 1281-2008-MTPE/2/12. Norma que establece disposiciones para la aplicación de las Leyes Nº 27626 y 27696 (Leyes que regulan la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores) -agregado por el Decreto Supremo N. emitió el Informe de Investigación N.º 020-2007-TR-.3 emitida por la Autoridad de Inspección (la cual ordena la incorporación a planillas de los trabajadores mencionados en la demanda de amparo).º 545-2008-MTPE/2/2. emitiendo el Acta de Infracción N. refiere que.3. pese a lo cual la empresa EDELNOR S. a través del cual constató la existencia de fundados elementos que demostraban la existencia de una desnaturalización en la tercerización de servicios establecida entre CAM PERÚ y EDELNOR. Al respecto. concluyendo que era de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N. Del mismo modo. Como consecuencia de ello.A..º 003-2002-TR. como consecuencia de una inspección similar llevada a cabo en la empresa EDELNOR S. sostiene que no se ha cumplido con agotar la vía administrativa previa contra la Resolución Directoral N.
R. en cuyas planillas se encuentran registradas desde hace varios años.R. conforme lo acredita con la documentación pertinente. en el entendido de que al no estar comprendidos en el acta de inspección.. al haber tenido una activa participación sindical en dicha empresa.R. dado que ésta ha reconocido la plena validez de la relación laboral entablada con CAM PERÚ S. Con fecha 26 de enero de 2009.A. afirma que CAM PERÚ S. no es una empresa que pertenezca al sector eléctrico. la incorporación a planillas de un total de 43 trabajadores y le imponen una multa. Asimismo. se produjo el archivamiento de la inspección. contesta la demanda. Asimismo. la empresa CAM PERÚ S.R. a su vez. Por último. De otro lado. niega que haya existido una tercerización fraudulenta. ya que todas las personas mencionadas en la demanda de amparo prestan servicios para la empresa CAM PERÚ S.L. como lo sostiene la parte demandante. aduce que a través del proceso de amparo no pueden extenderse los efectos de una resolución administrativa. Con fecha 29 de diciembre de 2008.L.L. al estimar que a través del amparo no se puede declarar la aplicación de una resolución administrativa que no ha causado estado y cuya ejecución no se ha intentado en la vía que corresponde. alega que no ha existido ningún acto de tercerización fraudulenta.A. agrega que la referida empresa no ha participado en ninguna de las dos resoluciones administrativas que ordenan a EDELNOR S. refiere que en el procedimiento que se le siguió a CAM PERÚ S. no estaba acreditada su relación laboral con la referida empresa. a trabajadores que no formaron parte de la misma.L. el Cuadragésimo Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declara fundada en parte la demanda.empresa ha solicitado la nulidad de dicho pronunciamiento por afectar el debido proceso.L. solicitando que la misma sea declarada improcedente o infundada. que no es firme ni definitiva.R. refiere que la relación de trabajadores cuya incorporación a planillas se pretende en la demanda de amparo (que contiene el nombre de 57 trabajadores) difiere de la relación comprendida.R. en la resolución administrativa emitida por la Autoridad Administrativa de Trabajo (que sólo contempla una lista de 43 trabajadores). Por el contrario.L. ordenando a la empresa EDELNOR que cumpla con restituir a sus planillas y entregar boletas de pago a 43 de los trabajadores incluidos en la demanda. Por último. así como en el extremo en que se solicita la imposición de multa y cancelación de los registros de CAM PERÚ S. En tal sentido. e infundada respecto de los demás trabajadores. . por lo que sostiene que sus trabajadores no pueden estar representados por el sindicato de rama de actividad recurrente.
del mismo modo.Con fecha 30 de marzo de 2009. se reconozca la relación laboral entre los afiliados del SUTREL y la empresa EDELNOR S. en su lugar. como consecuencia de la verificación del supuesto fraude a la tercerización operado entre las empresas demandadas.R.A. Por su parte.A.L.A. para resolver la presente controversia. por lo que su inicio no constituye una afectación real y efectiva a los derechos invocados. se ordene la inscripción de dichos trabajadores en las planillas de la referida empresa. en otro proceso de amparo. y en consecuencia.R.  Delimitación de los hechos controvertidos en el presente caso  Análisis de la controversia  Sobre la desnaturalización de la tercerización de servicios operada entre las empresas EDELNOR S. declara improcedente la demanda. iniciado por la empresa demandada.A. y CAM PERÚ S. estimo que. por considerar que de todas las pruebas acompañadas a la misma no fluye que el sindicato demandante haya requerido a la Autoridad Administrativa de Trabajo la ejecución de lo decidido por ésta.  La tercerización laboral: concepto. FUNDAMENTOS §1. las empresas demandadas niegan que dicho acto fraudulento se haya configurado y. revocando la apelada.  Sobre la supuesta afectación de los derechos invocados en la demanda.R. como consecuencia del “fraude a la subcontratación” operado por las empresas CAM PERÚ S. además de estar pendiente de resolución. por estimar que el procedimiento de cese colectivo por causas objetivas requiere del trámite a que se refiere el Capítulo VII del Título I de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 2. resulta necesario emitir un pronunciamiento sobre los siguientes asuntos:  Justificación del proceso de amparo como vía idónea para resolver la presente causa. la validez de la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo que ordenaba la incorporación en planillas. la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima.. y EDELNOR S. aseguran que las resoluciones administrativas invocadas por la parte demandante no han causado estado. por lo cual resulta erróneo pretender su cumplimiento a través de un proceso constitucional como el de autos. . El objeto de la presente demanda de amparo consiste en que. justificación y requisitos legales. En virtud a tales alegatos. Delimitación del petitorio 1.L.L.A.A. la entrega de sus respectivas boletas de pago. la imposición de una multa y la cancelación de los registros de la empresa CAM PERÚ S.
Bajo dicho temperamento. Sobre la responsabilidad social de la empresa en el marco del Estado social y democrático de Derecho. revocando la apelada. deberá ser reparado”. De conformidad con el artículo 5º inciso 2) del Código Procesal Constitucional. este Tribunal ha señalado que “(…) todo acto lesivo. en el caso sub litis.º 120-5 a través de la cual la Sala emplazada.R.L. §2. el proceso de amparo está configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un proceso subsidiario y excepcional al no proceder cuando “[e]xistan vías procedimentales específicas. La responsabilidad social empresarial en el ámbito de las operaciones de tercerización laboral. en la STC N. a la luz de sus deberes constitucionales. obra la resolución N.A. Al respecto.  Sobre los derechos y los deberes en el Estado social y democrático de derecho  Crisis de la teoría de la correlatividad y relevancia de los deberes autónomos  Análisis de la conducta asumida por las empresas EDELNOR S. en el fundamento 13 de la sentencia en referencia. declaró improcedente la demanda de autos. que afecte a los trabajadores a los trabajadores sindicalizados y a sus dirigentes y que haga impracticable el funcionamiento del sindicato. se busca que el proceso de amparo atienda causas verdaderamente urgentes y perentorias que requieran una tutela especial o diferenciada. que tiene la calidad de precedente vinculante. por pertenecer al contenido esencial del derecho fundamental al trabajo. por considerar que de todas las pruebas acompañadas a la misma no fluye que el sindicato demandante haya requerido a la Autoridad Administrativa de Trabajo la ejecución de lo decidido por ésta “a pesar de . 5. no justificado o irrazonable. este Colegiado. 4. y CAM PERÚ S.A.º 0206-2005-PA/TC. a fojas 884 de autos. igualmente satisfactorias. Así. De esta forma. Justificación del proceso de amparo como vía idónea para resolver la presente causa 3.  Sobre los alcances de la presente sentencia: la libertad sindical y los derechos colectivos en el marco de las relaciones laborales. para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (…)”. merecen protección a través del proceso de amparo. ha establecido aquellos lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que. en los términos en que esto viene exigido por el artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
en sede administrativa.2 del artículo 48 de la Ley 28806 [establece] que «la resolución consentida o confirmada tiene mérito ejecutivo respecto de las obligaciones que contiene»”. 7. está debidamente acreditada. el sindicato accionante alega a su favor que el proceso de amparo en materia laboral se encuentra habilitado excepcionalmente para resolver aquellos casos que encierran una afectación a la libertad sindical. esencialmente arbitrario. En este punto. Así las cosas. además. 6.. 8. en contraste. Por su parte. que es una de rama de actividad. es preciso indicar que uno de los agravios denunciados por el sindicato accionante en el presente caso. por las consideraciones que expondré seguidamente. es evidente que la demanda planteada por el Sindicato no es procedente ser evaluada en un proceso constitucional de amparo desde que no existe prueba en autos de que. En el contexto descrito. En primer lugar. estimo que. . y considero. porque se requiere necesariamente de un proceso con etapa probatoria en el que se pueda verificar lo acontecido en el procedimiento administrativo sancionador con respecto de los criterios asumidos por la Autoridad Administrativa de Trabajo y porque las resoluciones cuya ejecución se solicitan son materia de cuestionamiento por EDELNOR en otro proceso de amparo.que la parte final del numeral 48. Para luego concluir: “Por todo ello. conforme a lo establecido en el precedente vinculante antes aludido. el sindicato accionante lleva razón cuando afirma que la vía del amparo es la vía idónea para resolver la presente causa.R.L. el demandante hubiera exigido la ejecución de dicha resolución ante la Autoridad Administrativa de Trabajo que es la encargada de hacer cumplir sus decisiones conforme a las leyes especiales que rigen sus competencias y conforme a las actuaciones que ella aprecia se derivan de lo actuado administrativamente” (énfasis agregado). este colegiado (…) considera que debe revocar la apelada y reformarla declarando improcedente la demanda” (énfasis agregado). pues ésta arguye que al no pertenecer al sector eléctrico. que lo argumentado por la Sala en relación a la improcedencia de la demanda revela un razonamiento no sólo errado sino. la argumentación esgrimida por la Sala es como sigue: “Por ser ello así. y que a su juicio derivaría también del supuesto “fraude a la subcontratación” operado entre las empresas demandadas. sus trabajadores no podrían estar representados por dicha organización sindical. considero que la afectación prima facie de la libertad sindical como requisito para acudir excepcionalmente a la vía del amparo. radica en la imposibilidad que tiene el SUTREL para plantear sus reclamos sindicales en la empresa CAM PERÚ S.
se pretende anular una decisión administrativa (de la Autoridad Administrativa de Trabajo) que impone a esta empresa una multa y la obligación de incorporar a los trabajadores recurrentes a sus planillas. lo que no se puede dejar de rechazar. de modo errado. la lógica tuitiva del proceso de amparo con el requisito previo establecido legalmente para el proceso de cumplimiento. una supuesta litispendencia donde no la hay. mientras en el presente amparo se pretende tutelar los derechos fundamentales del sindicato reclamante y de los trabajadores que lo conforman. Confunde. en el sentido de que la demanda sería improcedente “porque no existen pruebas de que el sindicato haya requerido a la Autoridad Administrativa de Trabajo la ejecución de lo decidido por ésta”. de la cual carece el amparo. resulta errado sostener que se requeriría contar con una estación probatoria. cuyos términos de discusión giran en torno a una supuesta tercerización fraudulenta. pues. no enerva en ningún sentido la demostración que se efectúe en el presente proceso de la desnaturalización de la tercerización laboral (principio de verdad material). y no acerca de la ejecución (o inejecución) de un acto administrativo. no le corresponde a dicha autoridad. es el argumento esgrimido por la Sala. ejecución que. A mi entender. es evidente que el amparo no puede convertirse en lo que no es (a saber. un contencioso administrativo) que examine todo lo acontecido en el procedimiento sancionador llevado ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. por inconsistente. por lo demás. Por lo demás. Por último. el juez ad quem. pues la pretensión (petitum) discutida en ambos casos no es la misma: así. para “verificar lo acontecido en el procedimiento administrativo sancionador”. Pero además.9. pues la circunstancia de que dicha decisión administrativa no sea válida. en el proceso de amparo interpuesto por EDELNOR. Del mismo modo. es también desatinado el argumento de la Sala según el cual la demanda resultaría improcedente porque “las resoluciones cuya ejecución se solicitan son materia de cuestionamiento por EDELNOR en otro proceso de amparo”. toda vez que si bien este extremo ha sido alegado por las emplazadas en su defensa. el hecho de anular la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo (si finalmente así se resolviere el último proceso de amparo) en nada afectaría lo resuelto en el presente proceso. y en segundo término. lo que evidentemente no viene al caso. la Sala emplazada aprecia aquí. afectados por una supuesta tercerización fraudulenta. Sin embargo. sino a una autoridad jurisdiccional. cuando resulta claro que una prueba de este tipo en nada coadyuvaría a resolver el fondo del asunto. la impugnación que se ha realizado en el proceso de amparo incoado por EDELNOR de la decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo se ha hecho en base a argumentos .
justificación y requisitos legales 11. Así entendida. Finalmente. encuadrable en la figura del “abuso procesal”.(causa petendi) de afectación del debido proceso formal y no por cuestiones sustantivas relacionadas con el fraude en la tercerización que es la causa del presente proceso de amparo. no las distinguen de manera especial [SCHNEIDER. cuenten con sus propios recursos financieros. define a esta última como “(…) la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras. 2004. En consonancia con esta finalidad. al fenómeno de la descentralización productiva como mecanismo para generar mayor eficiencia y competitividad en el mercado. Bogotá. es decir. en aquellas que conforman su core businness. como se examinará luego. se entiende que en algunas ocasiones resulta más eficiente para una empresa desplazar una fase de su ciclo productivo a otras empresas o personas individuales. siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo. §3. no revela más que una actitud de entorpecimiento y distracción de los organismos jurisdiccionales. la interposición de un amparo posterior. evitando el desperdicio de recursos y trabajo en aquellas actividades que. La tercerización laboral: concepto. Norma. en vez de llevarla a cabo ella directamente y con sus propios medios o recursos. particularmente. intentando la anulación de una decisión administrativa que lo perjudicaba. . sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación”. la tercerización u outsourcing constituye una herramienta de gestión que facilita a las empresas o instituciones centrar sus esfuerzos en sus actividades distintivas. y habiendo resuelto estas cuestiones procesales previas. De este modo. Ben: Outsourcing: la herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los negocios. pero cuyo tema de fondo (la existencia de una tercerización fraudulenta y la incorporación a planillas de los trabajadores afectados) ya se encontraba judicializado. siendo necesarias para el producto o servicio que se ofrece. “Ley que regula los servicios de tercerización”. técnicos o materiales. 10.º 29245. por quien ya había sido demandado en el presente proceso (EDELNOR). 12. La subcontratación o tercerización laboral es una institución jurídica que surge como respuesta a las nuevas necesidades que afrontan las empresas en el actual contexto de la globalización y. En suma. 47]. corresponde entrar a resolver el fondo del asunto. el artículo 2º de la Ley N. p.
y iv) la retribución por obra o servicio (artículo 2º de la Ley N. el legislador se ha preocupado por establecer aquellos elementos característicos que definen a la tercerización como tal. lo que en puridad correspondería más bien a la figura de la intermediación laboral.º 29245) En concordancia con ello. entre los cuales se menciona: i) la pluralidad de clientes. Sobre la base de esta definición legal. en toda relación de tercerización. ii) la dotación de equipamiento propio. y b) la empresa principal o usuaria.13. y que permiten distinguirla de otras figuras afines.º 29245. que es aquella que contrata la realización de la obra o servicio. el artículo 5º de la Ley N. propiamente dicha. Antes bien. conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley N. existen siempre las siguientes partes contractuales: a) la empresa de tercerización o contratista. Sin embargo. la cual debe hallarse inscrita en el Registro Nacional de Empresas Tercerizadoras. que está a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo. la tercerización o subcontratación laboral no es una institución que pueda asimilarse sin más a una simple provisión de personal. 14.º 29245 señala expresamente que aquellos contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 2º y 3º de dicha Ley y que impliquen una simple provisión de personal “(…) originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo . es posible pues identificar que. iii) la inversión de capital.
º 29245. 15. publicado el 12 de septiembre de 2008). Pese a ello.º 27626. subcontratistas. publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de junio de 2008 (modificada a su turno por el Decreto Legislativo N. la Ley N. se señala que el empleador vigilará el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas.º 003-2002-TR. la 95ª Conferencia . Asimismo. y el Decreto Supremo N. que reestructura el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros. 16. sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno por la seguridad y salud de sus propios trabajadores. o quien asuma el contrato principal de la misma. existen también algunas regulaciones sectoriales. es quien garantiza: a) la coordinación eficaz y eficiente de la gestión en prevención de riesgos laborales. en 2006.º 009-2005-TR. la figura de la tercerización laboral estuvo regulada en otras leyes referidas a la intermediación laboral (específicamente.º 004-2007-TR. 17.º 006-2008-TR. aprobado mediante Decreto Supremo N. así como la cancelación del registro (…)” de la empresa tercerizadora. empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). así como su correspondiente reglamento (Decreto Supremo N. Asimismo.º 005-2008-EM. prescribe expresamente en su artículo 61º que el empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas. Finalmente.º 1038). antes aludido.directa e inmediata con la empresa principal. y c) la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normatividad vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. en 1998. empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores. que crea el Registro Nacional de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Construcción Civil. b) la seguridad y salud de los trabajadores. y modificatorias). En el ámbito internacional. “Ley que regula la actividad de empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores” y su reglamento. de un proyecto de Convenio Internacional sobre el trabajo en régimen de subcontratación. Por último. es del caso mencionar el fallido intento de aprobación. como es el caso del Decreto Supremo N. conviene resaltar que el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. el Decreto Supremo N. cabe señalar que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N. subcontratistas.
las empresas demandadas cuestionan el hecho de que la resolución administrativa cuya exigibilidad se . y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que tienen derecho [CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: op. (la empresa principal) han sido objeto de sendas inspecciones laborales por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. b) La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador. en lo que aquí interesa. resulta perfectamente aplicable a las relaciones laborales triangulares surgidas a partir de la tercerización. cuyas principales líneas directrices. cit.R.. párrafo 9]. convenido por las partes [CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: op.. Recomendación 198 sobre la relación de trabajo. se ha llegado a demostrar fehacientemente que la tercerización realizada entre ambas empresas se ha desnaturalizado. cit. en el contexto de.L (la empresa tercerizadora) así como EDELNOR S. Delimitación de los hechos controvertidos en el presente caso 18. Ginebra. otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica. 95ª reunión. podemos sintetizar en los siguientes tres puntos: a) La política nacional debería incluir medidas tendientes a luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas. al interior de las cuales. sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario. El sindicato recurrente afirma en su demanda que tanto CAM PERÚ S. con las debidas modulaciones. evidencia en base a la cual solicita que su demanda de amparo sea estimada. por ejemplo. Se trata de la Recomendación N. entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese.A.º 198.. sobre la relación de trabajo [CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. §4. Por su parte. c) Los Estados miembros deberían establecer medidas eficaces destinadas a eliminar los incentivos que fomentan las relaciones de trabajo encubiertas [CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO: op. párrafo 17]. de una manera que oculta su verdadera condición jurídica. cit. 2006]. según aduce.A. párrafo 4 b)]. ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza.Internacional aprobó un marco más amplio y general que.
A.A. al haberse interpuesto contra ella un recurso de nulidad en la vía administrativa. y EDELNOR S..3 (obrante a fojas 120). referida al registro de trabajadores en planillas y entrega de boletas de pago. este informe recomendó la emisión de una orden de inspección similar para la empresa EDELNOR S. y en particular. Así las cosas.Callao emitió el Informe de Actuaciones Inspectivas de Investigación recaído en la Orden de Inspección N.. c) que la empresa inspeccionada no asume las tareas contratadas por su cuenta y riesgo. a fin de lograr una cabal comprensión de los hechos que rodean al presente caso. a través del cual se volvió a verificar la desnaturalización antes aludida. 19.A. de aquellos que atañen a los procedimientos de inspección laboral que han tenido lugar en sede administrativa. entre otros.º 020-2007-TR. En base a todo ello. la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo expidió el Informe de Actuaciones Inspectivas recaído en la Orden de Inspección N.º 003-2002-TR. a través del cual se constató que existían fundados elementos probatorios que demostraban la existencia de una desnaturalización de la tercerización de servicios en la relación contractual entablada entre las empresas CAM PERÚ S.L. considero que tales hechos pueden quedar expuestos de la siguiente manera:  Con fecha 27 de noviembre de 2007.L. no haya causado estado.º 3870-2008MTPE/2/12.A. es preciso realizar una descripción clara y detallada de los mismos.pretende a través del presente proceso. equipos mobiliarios y servicios que son propiedad de EDELNOR S.R. b) que no existe una plena subordinación de los trabajadores de la empresa inspeccionada..º 13577-2007-MTPE/2/12. razón por la cual se resolvió elaborar el Acta .A. tales como: a) que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros. agregado por el Decreto Supremo N.A.A. la Dirección Regional de Trabajo concluyó que era de aplicación al caso lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N.. este informe constató que la empresa inspeccionada no había cumplido con la medida inspectiva de requerimiento adoptada con fecha 17 de abril de 2008.R. Asimismo. con fecha 24 de abril de 2008.A. al estar en muchos casos supeditados a órdenes o directivas de la empresa EDELNOR S.A. la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima . seguido a la empresa EDELNOR S.A. al quedar comprobado que utiliza la infraestructura. técnicos o materiales. Asimismo. seguido a la empresa CAM PERÚ S. estimo que.  Siendo ello así.. Atendiendo a esta finalidad.3 (obrante a fojas 104).
 Una vez merituado los descargos. toda vez que. No obstante ello.  En vista de ello.de Infracción N. sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables.º 545-2008MTPE/2/12.º 545-2008MTPE/2/12. confirmó la Resolución Sub Directoral antes aludida. se aprecia también que.A. el cual establece que “(…) los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos merecen fe. así como a los trabajadores afectados y a la organización sindical implicada. la Dirección de Inspección Laboral.330 (obrante a fojas 147). contra las resoluciones de segunda instancia. sosteniendo que los inspectores debieron notificar a EDELNOR S.º 28806 (Exp.L.L. con fecha 10 de septiembre de 2008. con fecha 30 de junio de 2008.A.3 (obrante a fojas 134).A. ordenando la notificación del Acta de Infracción correspondiente a la referida empresa.º 28806. conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 45º de la Ley N.R. 20. presentó un escrito (obrante a fojas 273) a través del cual solicitó la nulidad de la Resolución Directoral N.º 1281-2008-MTPE/2/12. la Tercera Sub Dirección de Inspección Laboral resolvió iniciar procedimiento sancionador a la empresa EDELNOR S.A. Posteriormente a ello. no procede medio impugnatorio alguno al haberse agotado la vía administrativa (…)”. con .º 396-2008-MTPE/2/12. que resolvió ordenar a la empresa inspeccionada EDELNOR S. que propuso la imposición de una multa para la mencionada empresa. con fecha 21 de mayo de 2008. imponiéndole la multa correspondiente.330). sino en las instalaciones de CAM PERÚ S. en defensa de sus respectivos derechos e intereses (…)”. N. mediante Resolución Directoral N. con fecha 06 de octubre de 2008. de las actuaciones seguidas en CAM PERÚ S. la empresa EDELNOR S. alegando que la inspección laboral de autos no se había realizado en su empresa.3 por violar sus derechos al debido procedimiento y de defensa. a fin de que presente los descargos que estimara pertinentes.R. Cabe señalar que esta resolución precisó que los inspectores de trabajo habían procedido conforme a lo establecido en el artículo 47º de la Ley N. se advierte que. cumplir con subsanar las infracciones que habían sido materia de sanción. señalando que “la misma ha causado estado.3 (obrante a fojas 151).  A su turno.A. la Tercera Sub Dirección de Inspección Laboral emitió la Resolución Sub Directoral N.A.º 681-2008-MTPE/2/12.A.A.
fecha 19 de febrero de 2009, la Dirección Regional de Trabajo de Lima
emitió el Auto Directoral N.º 005-2009-MTPE/2/12.1 (obrante a fojas 723), a
través del cual resolvió declarar no ha lugar la solicitud de nulidad formulada
por la empresa EDELNOR S.A.A.
§5. Análisis de la controversia. Sobre la desnaturalización de la tercerización
de servicios operada entre las empresas EDELNOR S.A.A. y CAM PERÚ
21. De las instrumentales obrantes en autos, se aprecia que el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su Dirección de Inspección
Laboral, comprobó que la tercerización de servicios efectuada entre las
empresas CAM PERÚ S.R.L. y EDELNOR S.A.A. había devenido en
fraudulenta, conclusión a la cual llegó luego de seguir los procedimientos
establecidos en la Ley N.º 28806, Ley General de Inspección del Trabajo. En
mérito a ello, considero que las diligencias efectuadas por dicha autoridad
administrativa, en el ámbito de sus competencias, tienen plena eficacia
probatoria a los efectos del presente proceso de amparo.
22. Por otro lado, no puedo dejar de manifestar mi total disconformidad con los
argumentos vertidos por las empresas demandadas, en el sentido de que la
Resolución Directoral N.º 545-2008-MTPE/2/12.3, confirmatoria a su vez de
la Resolución Sub Directoral N.º 681-2008-MTPE/2/12.330, no habría
causado estado porque “la empresa ha solicitado la nulidad de dicho
pronunciamiento por afectar el debido proceso”. Al respecto, es evidente que
el mencionado “recurso” era uno manifiestamente inoficioso, y ello debido no
sólo a que la propia resolución disponía que su mérito agotaba la vía
administrativa, sino también por cuanto, la propia Ley N.º 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo, dispone en su artículo 49 que el único
recurso que cabe contra una decisión sancionadora de la Autoridad
Administrativa de Trabajo es el recurso de apelación y el de queja por
denegatoria de dicho recurso, no previéndose en ningún momento la aludida
“nulidad”. Además, como es conocido, la Ley N.º 27444 (Ley del
Procedimiento Administrativo General) no contempla un “recurso” de esta
naturaleza a favor los administrados. De ahí que resulte razonable deducir,
como lo sostiene la Dirección Regional de Trabajo, que su “interposición”
perseguía un fin meramente dilatorio.
23. En términos concretos, de lo observado en las inspecciones y resoluciones
emitidas por la Autoridad Administrativa, se aprecia claramente que la
relación contractual de tercerización operada entre las empresas EDELNOR
S.A.A. y CAM PERÚ S.R.L. ha sido objeto de una desnaturalización, en los
términos en que esto viene determinado por la ley de la materia; y ello
básicamente, como ya se precisó, pues en dichas inspecciones se determinó:
a) que CAM PERÚ no cuenta con sus propios recursos financieros, técnicos o
materiales, al quedar comprobado que utiliza la infraestructura, equipos
mobiliarios y servicios que son propiedad de EDELNOR S.A.A.; b) que no
existe una plena subordinación de los trabajadores de la empresa
inspeccionada, al estar en muchos casos supeditados a órdenes o directivas de
la empresa EDELNOR S.A.A.; y c) que la empresa inspeccionada no asume
las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, entre otros. En mérito a dichas
actuaciones y a la certeza que las mismas arrojan sobre la desnaturalización
producida, corresponde pues que se estime la demanda y ordene, en
aplicación a lo dispuesto en el artículo 4-B del Decreto Supremo N.º 0032002-TR, la incorporación de los trabajadores recurrentes a planillas de
la empresa EDELNOR. No obstante ello, luego de estudiar el expediente de
autos, he podido advertir el impacto negativo que, al margen de lo que
establece la ley, genera el fraude en la subcontratación sobre los derechos
fundamentales del sindicato recurrente y de los trabajadores representados por
éste, por lo que en lo que sigue ingresaré a realizar un examen más minucioso
de la implicancia de la tercerización efectuada en el disfrute efectivo de los
derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todo trabajador.
24. Pero, antes de ingresar al análisis de este asunto, es preciso aún
pronunciarnos en torno a la pretensión del demandante, referida a la
cancelación de los registros de la empresa CAM PERÚ S.R.L. Al respecto, es
preciso tener en cuenta que, según el artículo 5º de la Ley N.º 29245, “[l]os
contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados en los
artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple provisión de
personal, originan (…) la cancelación del registro a que se refiere el artículo
8 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las
normas correspondientes” (énfasis agregado). No obstante ello, advierto que,
si bien la referida cancelación constituye una consecuencia legalmente
necesaria tras la constatación de un supuesto de tercerización fraudulenta,
también lo es que su aplicación presupone que la empresa tercerizadora tenga
como única cliente a la supuesta empresa principal, pues de lo contrario se
estarían afectando las relaciones contractuales conformes a derecho que
aquélla mantiene con otras empresas usuarias. En tal sentido, dado que en el
presente proceso no se ha aportado ninguna prueba al respecto, que permita
imponer una sanción, sin ocasionar mayores perjuicios a otros bienes
constitucionales, este extremo de la demanda debe ser declarado
§6. Sobre la afectación de los derechos invocados en la demanda, como
consecuencia del “fraude a la subcontratación” operado por las empresas
CAM PERÚ S.R.L. y EDELNOR S.A.A.
25. Es innegable que la configuración de un supuesto de tercerización
fraudulenta, no solo conlleva el incumplimiento de una norma de carácter
laboral, sino que implica también, y en lo que interesa al presente proceso de
amparo, la afectación de una serie de derechos concretos del sindicato
demandante y sus representados, situación que merece ser analizada por este
Tribunal y, de ser el caso, debidamente reparada a través de la presente
26. En ese sentido, considero que cuando el artículo 4-B del Decreto Supremo
N.º 003-2002-TR dispone que la desnaturalización de un contrato de
tercerización origina que los trabajadores desplazados tengan una relación de
trabajo directa con la empresa principal, es porque la ley valora
implícitamente que en tales supuestos el objetivo o “justificación subyacente”
a la tercerización (consistente en la generación de una mayor competitividad
en el mercado a través de la descentralización productiva) no ha sido el
(único) móvil de la tercerización efectuada, al haber tenido como un propósito
oculto el disminuir o anular los derechos laborales de los trabajadores, cuyo
costo es ahorrado así en beneficio de la empresa principal. En dicho contexto,
cuando una empresa (principal) subcontrata a otra (tercerizadora), pero sigue
manteniendo ella el poder de dirección sobre los trabajadores, y la función o
actividad tercerizada se sigue realizando en los ambientes de la empresa
principal y con los bienes y recursos de ésta, y por su cuenta y riesgo, resulta
evidente que dicha subcontratación no genera ningún margen de eficiencia en
la administración o en el ciclo productivo de la empresa principal, quedando
sustentada dicha decisión empresarial sólo en la disminución de costos
laborales, a través de una maquillada relación contractual empresarial que le
permite, sin embargo, entre otras cosas, disminuir las remuneraciones
de sus trabajadores, recortar los beneficios laborales y condiciones de trabajo
ganados por éstos, terminar con su ganada estabilidad en el empleo y romper
incluso la fortaleza sindical de la que podían haber estado gozando.
27. Ciertamente, desde un punto de vista constitucional, es claro que, al margen
de lo establecido en la ley de la materia, una operación (subcontratación
fraudulenta) que no tiene otro fin que el aumento de las ganancias
empresariales, a costa de la disminución de los derechos de los trabajadores (y
no mediante la búsqueda real de la eficiencia empresarial), se encuentra
Y ello no sólo. porque en este caso desaparece la finalidad constitucional y legal que justifica (eficiencia empresarial) la intervención en los derechos fundamentales de los trabajadores. Así. sin embargo. aparecidas en el Diario Gestión el viernes 18 de junio de 2004. Es por dicha razón que la solución no puede ser otra. El instituto mismo de la tercerización trae una serie de problemas relacionados con los derechos fundamentales de los trabajadores. que inevitablemente se produce con la utilización de la tercerización. como es harto conocido. celebrado en Chiclayo del 29 al 31 de octubre de 2008]. con todos los derechos que les corresponden. se tiene que al año 2004. con las remuneraciones y condiciones de trabajo dignas y con la libertad sindical. desde una óptica más general. no termina allí.completamente vedada. conforme a datos del año 2006 el nivel de “tercerización” de la fuerza de trabajo en el sector minero era . como lo prescribe el artículo 4-B del Decreto Supremo N. inadmisible en el Estado Constitucional. 28. 29.000 trabajadores [SANGUINETI RAYMOND. prácticamente insostenible en el sector minero. El impacto de este fenómeno ha sido grande desde su inicio. Wilfredo: “Efectos laborales de la subcontratación de actividades productivas” (p. El problema.º 003-2002-TR. el 30% de las operaciones empresariales en el Perú se encontraban tercerizadas. en especial con la continuidad en el trabajo. los cuales no han sido suficientemente estudiados desde una perspectiva constitucional. Ponencia presentada al III Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. principalmente en los sectores minero y petrolero. que afecta los derechos fundamentales e introduce una situación de injusticia al interior de la relación laboral. Esta situación se volvió. según estimaciones del Director de la Sociedad Overall Bussiness. afectando aproximadamente a 600. A menudo en nuestro país se ha denunciado a la tercerización como una forma de precarización del trabajo.13). §7. que la interdicción de dicha conducta inconstitucional y el reconocimiento de los trabajadores en planillas de la empresa principal. Sobre la problemática general de la tercerización y la deficiente protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. sino porque la finalidad oculta tras el fraude en la subcontratación (las máximas ganancias empresariales a costa de la disminución de los derechos de los trabajadores) representa un supuesto de “instrumentalización” de la dignidad de los trabajadores. Así.
com/articulos. . Una diferenciación que puede llegar alcanzar en algunos casos el 100 %. por ejemplo en la Compañía Minera Casapalca. la proporción era muy parecida: el 60% del personal pertenecía a las “services”. todas con más del 70% de su personal en las “services” [Estos datos y el cuadro de referencia se encuentran en el artículo de Humberto CAMPODÓNICO. sino en motivos de índole más primaria. Minería: es hora de terminar con el abuso de las services. de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas.verdaderamente preocupante: de los aproximadamente 109. op. casi 72.cristaldemira. núm. mientras que otro de contrata podía aspirar a un salario diario de apenas 23” [SANGUINETI RAYMOND. 13]. como ocurre por ejemplo con la Compañía Minera Shougan. existían hasta el año 2006. del 2000 al 2006 hubo 437 accidentes fatales en las minas (algo más de 60 muertos/año). p. 21]. Estas estadísticas se vieron confirmadas por fuentes oficiales. mientras que los que trabajan directamente para las empresas mineras sumaban solamente 37. cit.. de los cuales el 67% laboraba bajo el sistema de las “services” [Ibidem]. septiembre de 2007. sólo 200 aparecían en la planilla de la empresa [Los datos provienen del especial dedicado a la minería peruana publicado por la Revista Bajo la lupa. El problema de las deficientes condiciones en que se encontraban los trabajadores en sistemas de subcontratación. De este modo. parecía verse reflejado también en la siniestralidad que estos trabajadores enfrentaban.000 (el 35 %).192 trabajadores en el sector. “la explicación de esta elevadísima tasa de externalización no parecía encontrarse en la existencia de razones técnicas.000 eran de “contrata” (es decir. 101. En la gran minería.000 trabajadores del sector. Entre los primeros están Cerro Verde. en la diferenciación de condiciones de trabajo que por esta vía es posible obtener. mientras que el 64% restante estaba contratado de manera indirecta por las “services”. Así. en http://www. Yanacocha y Barrick.900 trabajadores que operaban en la mina. 1. de 28 de abril de 2007 (vid. de los 1. el 65 %).php?id=1482)]. de los cuales solo el 36% estaba en la planilla del titular minero. En especial. cuando según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Como ha dicho Wilfredo Sanguineti respecto a este fenómeno. productivas o de especialización. donde un trabajador en planilla ganaba en 2006 alrededor de 47 soles diarios. p. Wilfredo: “Efectos laborales de la subcontratación de actividades productivas”.
la remisión de información. básicamente referida a tres puntos principales: i) información acerca de las empresas y número de trabajadores que realizan actividades de tercerización. ii) información acerca de empresas que vienen incurriendo en fraude en la tercerización. el número de empresas en el sector privado ascendía a 212. en la actualidad. se aprecia que. este Colegiado solicitó mediante un Cuestionario dirigido al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (resolución de fecha 23 de marzo de 2011). a diciembre de 2010. y sin contar las empresas que se dedican a la intermediación laboral. puede destacarse de dicha información que. del documento “Trabajadores en el sector privado”. Por otro lado. por lo que el número de empresas de tercerización (que a esa fecha ascendía a 273) representaba un . el sector al que pertenecen y su evolución en los últimos cinco años.075. No obstante la escasa (y poco sistematizada) información con que cuenta el Ministerio de Trabajo respecto a los dos últimos puntos objeto del Cuestionario. e iii) información acerca del cumplimiento y grado de seguimiento de las órdenes del Ministerio de Trabajo que disponen sanciones a estas empresas y la incorporación de trabajadores a planillas. a nivel nacional son 314 las empresas que están en el rubro de tercerización.Con el objeto de conocer la situación actual en la que se encuentra el ejercicio de los derechos fundamentales laborales ante el fenómeno de la tercerización. de acuerdo al documento “Relación de empresas de tercerización según planilla electrónica de marzo de 2011-SUNAT”.
0. La habilitación contenida en esta ley. a la par que preocupante para lo que aquí importa. intermediación prohibida. el aumento registrado fue casi en un 100%. cuando se expidió la Ley que rige los servicios de tercerización. Esta última cifra es para ser tomada en cuenta. regulándose recién la tercerización a partir del año 2008. de este modo. en el sentido de que cualquier actividad puede ser sujeta a tercerización.974. La diferencia con las cifras recogidas en el año 2006 (donde el porcentaje se calculaba en 30%) estriba que en dicha cifra se recogen todas las formas de subcontratación y no sólo la tercerización. se observa que durante el año 2010. si atendemos al hecho de que cuando se inició en nuestro país el fenómeno de la subcontratación de empresas. en un intento de dar respuesta a los problemas detectados y a las varias interrogantes que. pues era la que reconocía nuestro ordenamiento jurídico. mientras a mayo de 2010 el número de trabajadores era 27. Constatada entonces la cada vez mayor utilización de esta forma de subcontratación empresarial. intermediación ilegal. según actividad económica”. han llamado mi atención. en tanto que figura jurídicamente permitida en nuestro ordenamiento. el número de trabajadores que laboran para empresas de tercerización ha ido en aumento. Así. el guarismo llegó a 56. entre otros. así como de los efectos que ella genera (o puede generar) sobre los derechos fundamentales de los trabajadores.13% del total de empresas del sector privado. que incluyen tercerización fraudulenta. tercerización desnaturalizada. en una cifra ciertamente alarmante. según el documento “Trabajadores en el sector privado en empresas de tercerización por meses. y su incidencia mucha veces negativa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. 30. Con respecto al segundo extremo del pedido de información. es decir.278. es la evolución en el último año de los trabajadores involucrados en el sistema de tercerización. Otro dato importante. estimo conveniente ingresar al análisis de la problemática general que reviste la tercerización laboral. y sin contar con todas las actas de infracción a nivel nacional. la mayoría de empresas utilizaba la figura de la intermediación. . en la evaluación del presente caso. a diciembre de ese mismo año. estar incidiendo en el aumento progresivo de la utilización de esta forma de subcontratación empresarial. Así. el MTPE ha levantado 13 actas de infracción contra 12 empresas diferentes. sólo en el año 2010. Ley N. el MTPE ha remitido a este Colegiado un conjunto de actas de infracción que revelan una mala utilización de la tercerización. parece a la luz de los datos aquí recogidos.º 29245. por diversos motivos.
. tercerización. reduciendo las condiciones laborales. p. esto ocasiona una “precarización” de las condiciones de trabajo de estos trabajadores respecto del personal de la empresa principal. los derechos sindicales. subcontratación. de fecha 23 de noviembre de 2001). Así por ejemplo. tanto de la empresa principal así como de la contratista.L y la mayoría de sus trabajadores (vid. Oscar y NataliaCOLOTUZZO: op. recae sobre las empresas auxiliares o contratistas. aún en aquellos casos en los cuales no se está frente a un supuesto de fraude. Lima. de los trabajadores involucrados en dichas operaciones. así como modificaciones de prestaciones económicas o servicios sociales ya obtenidos [ERMIDA URIARTE. existiendo jornadas de trabajo menores y discontinuas. conlleva siempre una afectación a determinados derechos laborales. se ha puesto de relieve que esta realidad es una consecuencia directa del hecho de que el proceso de tercerización tenga como principal objetivo la reducción de costes económicos de las empresas. ya sea por tratarse de un convenio colectivo de empresa. Al respecto. En el caso de autos. que se ven obligadas a ser los más competitivas posible para ser contratadas y. Juan: La tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva. 71]. 71]. así como en los propios . o debido a que eventualmente la especialización de la empresa contratista hace que quede fuera de su ámbito funcional de aplicación en aquellos casos en que estemos ante un convenio celebrado a nivel de rama o sector de actividad [ERMIDA URIARTE. p. lo que se acentúa por la falta de aplicación a los primeros del convenio colectivo al que se encuentran sujetos los segundos. en el ámbito de las condiciones de empleo y remuneración. se procura abaratar al máximo el coste de trabajo. Dicho proceso de abaratamiento de la producción. dentro de la que se incluye el factor trabajo. que suelen ser sensiblemente menores a las que se disfrutan en las empresas que se descentralizan [GORELLI HERNÁNDEZ. OIT.R. Grupo Difusión. 32. se aprecia que esta rebaja en las condiciones laborales como producto de la tercerización intentó paulatinamente ser revertida a través de convenios colectivos celebrados entre la empresa CAM PERÚ S. 66]. 2009. la equidad en la remuneración. individuales y colectivos. cit. Dicha afectación se hace patente en asuntos tan variados como la estabilidad laboral. por ejemplo. entre otros. Desde luego. p. 2007. Oscar y Natalia COLOTUZZO: Descentralización. En ese sentido. es preciso anotar que un importante sector de la doctrina ha puesto de manifiesto que la tercerización laboral. Convención Colectiva de Trabajo. en este proceso. se ha destacado que habitualmente la situación laboral de los trabajadores de la contratista es precaria.31. Madrid.
a la temporalidad del contrato civil o comercial pactado entre ambas). los trabajadores de las empresas tercerizadoras. Editorial Bomarzo. A pesar de que este supuesto no se haya configurado en el caso de autos. poseen en realidad una estabilidad laboral “incierta”.A. para vincularse también a las relaciones entre la contratista y esta última (vale decir.L. lo que es lógica consecuencia del hecho de que la vigencia de la relación de trabajo del personal al servicio de la empresa contratista deja de estar sujeta exclusivamente a las vicisitudes del desenvolvimiento de la actividad productiva de la empresa principal. Elmer Guillermo: Subcontratación entre empresas y relación de trabajo en el Perú. Lima. pues la misma depende siempre de las vicisitudes del contrato mercantil que une a la principal con la contratista. subcontratación y calidad del empleo: ¿términos incompatibles?”. Wilfredo: “Descentralización productiva. asumiendo la obligación de otorgarles un incremento remunerativo equivalente al que pudiera percibir por negociación colectiva un trabajador de esta última empresa. en las cuales se reconocía que CAM PERÚ S. no hace falta ahondar demasiado para advertir que. Palestra. pp. se ha puesto de relieve. no sujeta a ninguna exigencia causal. p. 105]. así como por estar imposibilitados de encargar su . la posibilidad de que la empresa principal contrate a otras empresas para la prestación de un servicio. con razón. cuya actividad sindical se ve mermada al no contar con representación directa ante la empresa principal. que la externalización. permite fundamentar la conversión de puestos permanentesen temporales. 34. Asimismo..contratos de trabajo celebrados entre ambas partes. En efecto. 33. aceptaba continuar otorgando a los trabajadores las condiciones remunerativas y condiciones de trabajo que venían percibiendo en la empresa EDELNOR S.A.º 33. e incluso. 2006. con el consecuente debilitamiento de la acción colectiva de sus trabajadores [ARCE ORTIZ. pese a que la actividad que realicen siga siendo necesaria para la empresa principal [SANGUINETI RAYMOND. en Revista de Derecho Social. y no a otros trabajadores de forma directa. en la generalidad de los casos. No menos preocupante es el impacto que la tercerización genera sobre los derechos sindicales de los trabajadores involucrados en estas relaciones triangulares.R. N. 219-258]. que han sido contratados a tiempo indeterminado. en relación a la estabilidad laboral. convirtiéndose así el término de la contrata en un motivo susceptible de ser alegado para la extinción de los contratos laborales. 2006. Lo propio sucede con las personas que laboran para la empresa contratista. convierte a aquélla en una suerte de empresa “fantasma” o “vacía”.
º 002-2007-MTPE/2/12. Si bien no existe un estudio de campo que precise la relación de causalidad entre las condiciones de inseguridad laboral de la tercerización y la ausencia . en el presente caso. al que no pertenecía la mencionada empresa. esto es.261 trabajadores no pertenecían a ningún sindicato.. que dicha negativa limitaba seriamente el derecho de los trabajadores a encontrar una representación sindical adecuada.210 (Exp. Así.º 213678-2005-DRTPELDPSC-SDNC).8%. tales como el Auto Sub Directoral N.º 020-2007-MTPE/2/12. sólo 1017 estaban sindicalizados. emitida por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos (obrante a fojas 292). La preocupación por las difíciles condiciones a las que se enfrenta el ejercicio de este derecho fundamental colectivo de los trabajadores en un escenario de tercerización se ve confirmada cuando se aprecian los datos remitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a este Alto Tribunal. y su confirmatoria. según meses”.L. de un total de 56. si evaluamos la situación de la libertad sindical en función al número de trabajadores tercerizados que pertenecen a un ente sindical la situación se agrava. pues de acuerdo al documento “Trabajadores del sector privado en empresas de tercerización por año y sindicalizados. mientras que los restantes 55. el 7. según meses” elaborado por el MTPE.defensa a algún sindicato de rama o actividad. apenas el 1. de acuerdo al documento “Empresas de tercerización por año y sindicalizados. Por otro lado.2. N. el Auto Directoral N. y sujeto a las directivas de la empresa EDELNOR. sólo 20 de ellas contaban con un sindicato. es decir. a diciembre de 2010. cuyo ámbito difiere en todo caso de la labor especializada atribuible a la contratista. su fecha 26 de marzo de 2007. aún cuando las decisiones de esta última podían afectarlos de diversas maneras.3% de dichas empresas. de un total de 273 empresas de tercerización. lo cual no obsta apreciar. Dicha postura fue compartida por la Autoridad Administrativa de Trabajo en varias resoluciones. el sindicato recurrente estuvo imposibilitado de constituir una sección sindical en la empresa CAM PERÚ S. Este panorama adverso a la libertad sindical se aprecia con mayor nitidez si vemos que. al ubicarse ésta en el rubro de servicios. mientras 253 empresas no contaban con ninguna organización sindical. bajo el argumento de que el SUTREL era un sindicato de rama de actividad del sector eléctrico.278 trabajadores que laboran en empresas de tercerización a diciembre de 2010. emitida por la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas (obrante a fojas 297).R. sin embargo. frente a la cual tampoco podían exponer sus reclamos directamente. sobre todo cuando su real actividad se efectuaba siempre en el sector eléctrico. su fecha 17 de enero de 2007.
actualmente conformado por la Ley N. es la que establece a la “empresa principal como solidariamente responsable por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social devengados”. otra reforma esencial. aunque solamente para los supuestos de “realización de obras o servicios con desplazamiento de personal de la empresa tercerizadoras” y “por el tiempo en que el trabajador estuvo desplazado” (artículo 9). En efecto. originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal”. por ejemplo. representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los trabajadores ante la descentralización productiva. Igualmente. se previó que esta forma de contratación “no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical. la Ley N. aunque incompleta como veremos. que es el otro gran problema presente en las empresas tercerizadoras. sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical. pudiendo en tales casos los afectados proceder a impugnar las prácticas anti-sindicales realizadas” (artículo 7.3 y 4). no sólo inhibe. como ya se explicó. según el cual “los contratos de tercerización que incumplan los requisitos previstos por la ley e impliquen una simple provisión de personal. . tomado de la Ley de Intermediación Laboral. la norma reconoce el derecho de los afectados a recurrir a las instancias administrativas y judiciales con el fin de solicitar “la verificación de la naturaleza de los contratos sujetos a modalidad de acuerdo con la legislación laboral vigente” o “impugnar la no renovación de un contrato para perjudicar el ejercicio de la libertad sindical y de negociación colectiva o en violación del principio de no discriminación” (artículo 7. en comparación con la normativa laboral precedente. Por último. fue la inclusión de la previsión contenida en el artículo 5. En el contexto descrito. sino que obstaculiza el ejercicio de la libertad sindical. con la agravante de que dicha ausencia de sindicatos impide la consecución de adecuadas condiciones remunerativas y de trabajo. estimo que el marco normativo aplicable a la figura de la tercerización. y que ya se abordó en esta sentencia. Del mismo modo. por lo demás de innegable relevancia constitucional.4).º 29245 y el Decreto Supremo N. Otro aspecto crucial. el derecho de negociación colectiva. resulta claro que la particular configuración de estas relaciones triangulares.º 006-2008-TR.º 29245 incluyó. el reconocimiento de que “la aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” (artículo 2). interferir en la actividad de las organizaciones sindicales.de sindicatos. 35.
que guarda no obstante directa relación con el problema constitucional reseñado en el fundamento anterior y que ha llamado particularmente mi atención.Empero. y que han sido reseñados de manera enunciativa en los fundamentos 32. considero que los problemas constitucionales que esta forma de organización empresarial plantea. o si. con la debida seriedad. si sobre dichas empresas recae. sin embargo. con lo cual el problema se reconduce a una desidia legislativa que deberá ser reparada por las autoridades democráticas competentes en su debida oportunidad. no se encuentran plenamente resueltos por la legislación existente. o si. esto es: si dicha obligación de protección puede derivarse solamente de un previo establecimiento en la ley. por el contrario. y con el mismo énfasis. esto es. resulta imperioso plantearse. Esta cuestión tiene que ver con el alcance de la obligación de protección de los derechos fundamentales de los trabajadores afectados por el instituto de la tercerización. paralelamente a las libertades económicas que las amparan. algún o algunos deberes constitucionales que estarían en la obligación de cumplir. o si la obligación de equilibrar el impacto de la tercerización en los derechos de los trabajadores es responsabilidadtambién de las empresas. tal y como está funcionando actualmente. resulta constitucionalmente legítima. Previamente a dicho examen. por el contrario. dicha ampliación de los mecanismos de productividad empresarial y del ámbito de la libertad de empresa requiere ser equilibrada con una adecuada protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. para poder ser reputada constitucional. 36. resulta imperioso avanzar hacia una regulación más estricta que garantice que en ningún caso los derechos fundamentales se conviertan en un “costo” que puede ser ahorrado en detrimento de los trabajadores. si la mentada intervención sobre los derechos fundamentales de los trabajadores. la cual presenta. . producto de la tercerización. es necesario abordar una cuestión previa. En dicho contexto. con el objeto adicional de clarificar la medida en que puede hablarse de una relación de tercerización justa yválida desde un punto de vista constitucional: i) el tema de la responsabilidad social de la empresa y ii) el asunto de los deberes fundamentales en el Estado Constitucional. con base sólo en la invocación de una mayor eficiencia en la organización empresarial o en el ciclo productivo. De lo que se trata en definitiva es pues saber si la figura de la tercerización puede ser considerada constitucional. Se tratar de escudriñar pues cuál es el grado de responsabilidad (y vinculación) de las empresas con respecto a los derechos fundamentales de los trabajadores. en dichos aspectos. lagunas evidentes. al margen de las determinaciones previstas en la ley. 33 y 34 supra. Este asunto será desarrollado a partir de dos líneas de argumentación. con los requisitos que se prescriben en la ley.
el contenido esencialmente lucrativo que caracteriza a toda actividad empresarial debe estar necesariamente conectado con la responsabilidad social que le corresponde a la empresa en los tiempos actuales. estadio en el cual su rol en la sociedad se veía limitado a la generación de riqueza y a la creación de plusvalía.º 3343-2007-PA/TC. está conformada por las dos siguientes dimensiones: una interna. han impulsado a que se tomen ciertas medidas razonables a fin de lograr una inserción más pacífica de aquéllas en la sociedad actual. su esencia se relaciona. en el plano jurídico. sin embargo. Como este Tribunal ha tenido ocasión de señalar. relativa al respeto de los derechos laborales de los trabajadores y al clima laboral interno. ha convertido dichas exigencias éticas en valores. indesligablemente. Antes bien.§8. Sobre la responsabilidad social de la empresa en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho. Es así como se ha desarrollado el concepto de “responsabilidad social de la empresa”. del marketing empresarial. El modelo de responsabilidad social empresarial supone pues la superación de aquella etapa en la cual las organizaciones mercantiles se justificaban únicamente por referencia a su productividad y a la maximización de sus utilidades. llevado al plano de la valoración constitucional. principios y derechos constitucionales. 38. y que no pueden ser considerados. la cual. Es importante destacar. o acaso de la filantropía. la comunidad y su entorno [STC N. y otra externa. este modelo viene a plantear el compromiso que han de asumir las empresas con el respeto y la realización de los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad. dicho modelo viene a modificar sustancialmente dicho esquema. fundamento 23]. acentuados por los crecientes procesos de globalización y liberalización económica. que enfatiza las relaciones entre la empresa. al partir de la premisa de que ninguna actividad económica puede desarrollarse al margen de las legítimas expectativas que tiene la sociedad respecto a bienes que ella considera valiosos. 37. como ha resaltado este Tribunal. con el medio . en ningún caso. que este nuevo concepto no obedece a las exigencias del mercado. como meras mercancías intercambiables. sino que. Es por ello que. Los efectos que generan las empresas en los distintos ámbitos de la vida social. así como al buen gobierno corporativo. frente a los cuales las empresas deben responder de diversas maneras. vista más agudamente. con la consideración de un modelo contemporáneo de comunidad política que aspira y se ordena bajo principios éticos y de justicia y que.
también se deriva de la tesis. b) En segundo lugar. Tiene pues la Constitución en nuestros días una verdadera vocación práctica. la responsabilidad social empresarial. asumida por este Colegiado. fundamento 17]. valores y principios que se derivan de ella. que el ámbito de la empresa. comprensión que debe dar pie. en las siguientes razones de orden constitucional: a) En primer lugar. para lo que aquí interesa. De acuerdo a ésta.º 0228-2009-PA/TC. con el bien común y el desarrollo sustentable de la Nación. en el ámbito jurídico-constitucional. la cual incluso se impone sobre la ley o se proyecta al margen de ella. En dicho contexto. Concretamente. a diferencia de aquellas otras constituciones del siglo XVIII o XIX. tradicionalmente reservado como un espacio privado de mero ejercicio de intereses económicos. como es obvio. su capacidad de erigirse no sólo como marco justificativo o norma inspiradora del ordenamiento jurídico (Norma Fundamentadora). Esta eficacia directa nos permite afirmar pues. se fundamenta. sino como norma capaz de regular directamente determinadas situaciones jurídicas (Norma Fundamental) [STC N. es decir. hoy ella misma ostenta fuerza normativa. en tanto contenido esencial del Estado Constitucional. el carácter distintivo que adquiere la Constitución en nuestros días.ambiente en el cual ejercen sus actividades y. también se encuentra determinado por los mandatos que la Constitución contiene. en la fuerza vinculante y la eficacia directa de la Constitución. los derechos fundamentales no sólo suponen un “coto vedado” o ámbito de irreductible limitación para los poderes públicos. Como ha sostenido este Tribunal en reiteradas ocasiones. y de . debe ser apreciado como un concepto relevante y necesario en el Estado Constitucional. en especial los que suponen el ejercicio de los derechos fundamentales. 39. A diferencia de otros tiempos donde la Constitución valía en el marco de aquello que era desarrollado o concretizado por la ley. y derivado de lo anterior. que se patentiza no sólo en la sujeción de todas las autoridades públicas a los mandatos. es su carácter normativo y su categoría de derecho directamente aplicable. de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. más generalmente. estimo que la responsabilidad social de la empresa. a la asunción de determinados deberes y responsabilidades por parte de las empresas. la responsabilidad social empresarial al margen de las determinaciones y exigencias que alcance en el plano de la ética. sino también. sino en la vigencia que ella pretende alcanzar en todo orden de relaciones llevadas a cabo en el seno de la sociedad.
º 0228-2009-PA/TC. desde luego. Así se desprende del enunciado inscrito en el artículo primero de nuestra Carta Magna. la dignidad humana. dicha consideración se sostiene en el hecho de asumir. en la comprensión amplia que le ha brindado este Tribunal. fundamentos 23-25] y para las empresas en particular. y de modo más categórico. que el ámbito privado. sino por el contrario. En este contexto. Este mandato. fundamento 25].º 2945-2003-AA/TC. merced a la sujeción (sustentada en un poder) que una persona (natural o jurídica) puede ejercer sobre otra [STC N. los particulares y las empresasresponsabilidades más amplias que las que imponía una comprensión de ella sólo en términos de no interferencia. el cual concluyentemente prescribe que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (resaltado nuestro). con realismo. con el valor supremo en que se sostiene todo Estado Constitucional: la dignidad humana. de las formaciones sociales o de la empresa no es un espacio de desenvolvimiento natural de la libertad o de la autonomía. impone sobre la sociedad. de modo inexorable. fundados también en el principio de solidaridad. la responsabilidad social empresarial se fundamenta en la responsabilidad que todo ente público o particular tiene. pero también como posibilidad material de ejercicio de una vida valiosa. sino también un conjunto amplio de responsabilidades para la sociedad en general [STC N. c) En tercer lugar. que todas las personas (entre ellas las empresas) tengan que velar por el disfrute permanente y más amplio de . sino la presencia de un conjunto de libertades y medios materiales necesarios para desarrollar en el grado máximo las potencialidades y vidas valiosas que cada persona desee tener. Ello exige.º 2945-2003-AA/TC. si no el reconocimiento por parte de las empresas del límite que su actividad económica (y el poder que en virtud de ella ostentan) encuentra en el ámbito irreductible de los derechos. Es en dicho contexto. ineluctablemente. Como ha sido destacado también por este Tribunal. Este cambio radical en la concepción de la dignidad humana (y que ha sido asumida también por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). no supone sólo la preservación de un ámbito físico y psíquico indispensable para la existencia humana. que la responsabilidad social no supone otra cosa. para los poderes privados.modo especial. no supone. entendida como respeto. fundamentos 17-22]. que puede ser un lugar donde dicha libertad se halle continuamente amenazada. no sólo un esquema complejo de obligaciones para el Estado [STC N.
supone pues para las empresas la obligación de considerar. donde las empresas han adquirido una enorme preponderancia. sino que extiende las formas de las medidas que la empresa debe adoptar para impedir la afectación de dichos derechos y libertades básicas (en adelante este contenido se desarrollará en el marco del “deber de diligencia” contenido en los documentos de la ONU sobre la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos). Un accionar contrario. el derecho al medio ambiente adecuado y equilibrado. y ello porque una obligación tal recortaría gravemente nuestra posibilidad misma de llevar adelante nuestros propios planes de vida. apartándose de una visión estrictamente economicista o utilitaria de su objeto social. esta nueva comprensión amplía no sólo el conjunto de derechos y bienes que la empresa debe respetar. y cuya satisfacción fuera. a la par de sus legítimas expectativas económicas. a costa de la dignidad humana. Lo dicho anteriormente cobra especial relevancia en un escenario. De este modo. a llevar a cabo ciertas acciones que tomen en cuenta dicha comprensión plena de la dignidad humana. resulta evidente que a estas últimas les toca a asumir un rol protagónico en la realización de los mismos. llevando a cabo de ser el caso. en la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. aceptar que el compromiso con . globalizado y de libre comercio. las implicancias que su actividad puede tener en los distintos ámbitos que componen la dignidad de la persona. peor aún. que maximiza los beneficios económicos de la empresa al margen o. en otro tiempo. 40. una competencia exclusiva del Estado. tanto directa como indirectamente. dicha concepción obliga. La responsabilidad social empresarial. acciones positivas para no dañar ningún ámbito de dichos componentes esenciales. En este escenario de “dependencia” de los derechos respecto a la actividad económica de las empresas. sin embargo. La responsabilidad social empresarial supone. como parte de su responsabilidad social (como el derecho a la salud y seguridad en el trabajo. supondría convertir a la persona en un mero “objeto” al servicio de los fines de otros. sustrayéndolo del “reino de los fines” en que el principio kantiano de la dignidad siempre ha intentado colocarlo. o el derecho a remuneraciones justas y condiciones dignas de trabajo). en el marco amplio de comprensión constitucional (valorativa y normativa) de la dignidad humana. amén de respetar los derechos negativos que toda persona ostenta. en este contexto. y dentro de sus posibilidades.las libertades y bienes esenciales de todas los miembros de la comunidad (o básicamente de quienes no las poseen).
vale decir. A/HRC/8/5. no terminan por vincular a los Estados. por lo que revisten el carácter de normas de soft law. Al respecto. párrafo 9]. el deber del Estado de proteger contra los abusos de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. 42. cuyo mandato figura en la Resolución 2005/69. incluso. el Representante Especial ha establecido un marco triádico de responsabilidades diferenciadas pero complementarias. En el ámbito internacional. 41. representando su contenido un código de conducta que carece de coerción y ejecutabilidad. de 20 de abril de 2005. Estos parámetros han sido incluidos en mecanismos de derecho no vinculante (como las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE o la Declaración Tripartita de la OIT de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social) o. a pesar de estar plasmado en instrumentos que no revisten carácter vinculante. . que afecten a las personas que se encuentren en su territorio o jurisdicción. Informe del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. la responsabilidad social empresarial ha sido materia de un importante desarrollo. Así por ejemplo. en torno a la problemática de las empresas y los derechos humanos. respetar y remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos. John Ruggie. emitida por la Comisión de Derechos Humanos (E/CN. resulta de interés mencionar la labor emprendida por el Representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.4/2005/L10). en su informe correspondiente al año 2008 [Proteger. desconociendo la enorme incidencia que tiene la empresa privada en su vigencia y disfrute efectivo. provienen de iniciativas voluntarias (como es el caso del Pacto Mundial de las Naciones Unidas). compuesto por los siguientes principios:  En primer lugar. quepa dejar sólo en cabeza del Estado. constituye empero una importante herramienta interpretativa a efectos de dotar de contenido al concepto en cuestión. de guías que sin dejar de tener un efecto jurídico. el mismo que. de 7 de abril de 2008.los derechos no es un asunto que hoy por hoy. en particular las empresas. Los informes elaborados por este Representante han ido perfilando progresivamente el ámbito de aplicación de la responsabilidad social empresarial en el actual contexto de la globalización.
persigue como objetivo integrar a las empresas en la construcción de un marco social y medioambiental que garantice a todas las personas la oportunidad de compartir los beneficios de la nueva economía globalizada. por lo que. se organiza alrededor de diez principios básicos de aceptación universal. b) los efectos de sus actividades sobre los derechos humanos según el contexto. Esas medidas incluyen: la adopción de una política de derechos humanos al interior de la corporación. Finalmente. la necesidad de contar con recursos efectivos. En ese sentido. medidas de evaluación de los impactos. los cuales se fundan en convenciones y tratados internacionales . párrafo 54]. definiéndola como “aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para tener conocimiento. op. y no sólo las leyes nacionales. proveedores.. el informe señala que la debida diligencia no tiene un alcance fijo o inamovible. cit. que constituye una iniciativa voluntaria propuesta en 1999 por el Secretario General de las Naciones Unidas. sino que puede conllevar eventualmente medidas positivas. 43. En segundo lugar.. como sucede cuando una política contra la discriminación en el lugar de trabajo requiere que la empresa adopte programas específicos de contratación y formación de personal [Proteger. sino que puede variar según las circunstancias. el mencionado informe destaca que el “no causar perjuicio” no es una obligación simplemente pasiva de las empresas. En cuanto a la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos (segundo principio). las empresas deberán tener en cuenta los siguientes factores: a) el contexto del país en el que tienen lugar sus operaciones. op. y c) si pueden contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas (es decir. que a la fecha cuenta con más de 8000 empresas participantes. mecanismos de integración de las políticas en toda la organización. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. respetar y remediar…. Por su parte. sanción y reparación de los abusos cometidos. prevenir y responder a los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos” [Proteger. para determinarlo. el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. en su relación con sus socios mercantiles. el informe reconoce a la debida diligencia como un componente esencial del mencionado deber empresarial. párrafo 56]. Dicha iniciativa. cit. respetar y remediar…. lo que incluye mecanismos de investigación. y finalmente. organismos estatales y otros actores no estatales) (resaltado nuestro).  Y finalmente. procedimientos de vigilancia y control de las medidas implementadas.
derechos laborales. ix. la responsabilidad social “no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas. 45. 44. el entorno y la relaciones con los interlocutores” [COMISIÓN EUROPEA: Libro Verde. Las empresas deben luchar contra de la corrupción en todas sus formas. En base a todo lo expuesto. sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo ‘más’ en el capital humano. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente En materia de lucha contra la corrupción: x. del 18 de julio de 2001. iv. En concreto. vi. COM/2001/0366 final. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo orientado al desafío de la protección medioambiental viii. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia ii. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción v. en su dimensión ética. párrafo 21].sobre derechos humanos. no obstante el elemento voluntario que ostenta la responsabilidad social empresarial en su . tales principios son los siguientes: En materia de derechos humanos: i. protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. En materia medioambiental: vii. incluidas la extorsión y el soborno. Las empresas deben adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Por su parte. conforme lo ha señalado la Comisión Europea. bien puede sostenerse que. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos En materia laboral: iii. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
a mi juicio. Así. un deber”)–. Entre tanto. su simple entendimiento como razones para restringir derechos y libertades –o lo que es lo mismo. los derechos se han caracterizado por exhibir una extraordinaria fuerza expansiva que inunda. el discurso de los derechos ha tenido por virtud elevar a la persona humana y a su dignidad como valores supremos y justificación misma del Estado moderno.dimensión ética. Núm. como necesario correlato de los mismos (“a todo derecho. mayo-agosto 2004. convierte a dicha responsabilidad en un asunto de innegable relevancia constitucional. su inserción en el Estado Constitucional. se constituye en un auténtico deber constitucional. intentando dar respuesta a los problemas más diversos que surgen en la vida en sociedad [PRIETO SANCHÍS. se inauguró en la historia de la humanidad un capítulo signado por la presencia avasalladora de los derechos de la persona. Por ello. el cumplimiento efectivo y de buena fe de la responsabilidad social empresarial. Luis: “El constitucionalismo de los derechos”. presupone virar la incidencia en el estudio del fenómeno constitucional. concepto éste que. Es un hecho innegable que. impregna o irradia sobre el conjunto del sistema. pasando a ocupar un lugar marcadamente secundario en relación a la aludida prevalencia de los derechos. hacia la apreciación de los deberes que igualmente nos toca asumir como integrantes de esa misma sociedad políticamente organizada. Año 24. Sobre los derechos y los deberes en el Estado social y democrático de derecho 46. y en mérito a ello. en su intento por limitar y orientar el poder absoluto de la ley. 71. 47. Aunado a ello. la idea de los deberes ha permanecido comúnmente postergada tanto en la doctrina así como en la práctica de los tribunales. por encima de sus deberes. p. de necesaria exigibilidad ante los tribunales cuando su inobservancia lleva aparejada una afectación a los derechos fundamentales. 51]. A partir de entonces. con el nacimiento del Estado liberal de Derecho. §9. desde los derechos que nos corresponden a todos en cuanto miembros de una comunidad política. en los términos en que ésta ha sido expuesta en los fundamentos precedentes. como veremos a continuación. bajo la comprensión de una Constitución normativa y de unos derechos fundamentales que gozan de una eficacia horizontal. habida cuenta de su capital importancia para lograr los fines que interesan a toda comunidad política. en Revista Española de Derecho Constitucional. ha ocasionado que los deberes constitucionales carezcan de una entidad propia pasible de ser exigida .
una concepción tal de la sociedad y de la política implica asumir como una premisa fundamental el que las relaciones interpersonales en una determinada comunidad se rigen bajo elprincipio de solidaridad. Dicho principio. el deber del núcleo dirigencial de la colectividad política de redistribuir adecuadamente los beneficios aportados por sus integrantes [STC N. el principio de solidaridad. dos imperativos básicos: por un lado. Centro de Estudios Constitucionales.º 2016-2004-AA/TC. cuyo reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico ha de encontrarse en el artículo 43º de la Constitución. no ha sido sino con el advenimiento del Estado Social de Derecho que el papel de los deberes ha cobrado una vital importancia. no es incompatible . compartiendo obligaciones recíprocas e irrenunciables autoasumidas por la comunidad en el marco de un diálogo ideal intersubjetivo [DE ASÍS ROIG. fundamento 15]. el Estado social y democrático de Derecho se funda en la idea de que la expansión de las libertades humanas presupone la creación de unas condiciones existenciales mínimas que hagan posible su ejercicio real [STC N. Por ello. 49. al constatarse que los postulados que dicho modelo político plantea al Estado. fundamento 11]. consecuentemente. 48. Y es que si. cual si se tratase de dos compartimientos estancos. En verdad. ha resaltado este Colegiado. 50. 112-114]. difícilmente podrían materializarse sin el auxilio de algunas necesarias pautas de comportamiento que permitan o faciliten la convivencia humana y el desarrollo de la sociedad. así como a los particulares. Rafael: Deberes y obligaciones en la Constitución. los deberes del individuo y los de la clase política confluyen entre sí en un todo armónico dentro del cual no existe una separación radical entre el Estado y la sociedad.º 0008-2003-AI/TC. Bien diversamente. como principio normativo característico del Estado social. pp. 1991.de manera autónoma con miras a resolver los casos concretos que se presentan en la realidad. conlleva admitir como un ideal la creación de un nexo ético y común que vincule a todos quienes integran una sociedad política y que genera. De este modo. y por el otro otro. Desde luego. pero al mismo tiempo. como este Tribunal tiene dicho. ambos actores participan en la res pública en igualdad de condiciones y potestades. resulta a todas luces evidente que cualquier acción del Estado encaminada a crear dichas condiciones se vería seriamente frustrada de no mediar el concurso de algunos deberes que resulten jurídicamente exigibles a los poderes públicos y a los particulares a partir de la Constitución. Madrid. el deber de todos los integrantes de una colectividad de aportar con su actividad a la consecución del fin común.
septiembre-diciembre 1994. Norberto: El tiempo de los derechos. 105]. 13].con una visión activa de la ciudadanía. no sorprende que aquéllos hayan sido elevados a la categoría de verdaderas conquistas históricas. En un contexto en el cual los derechos fundamentales aparecen como la razón última que justifica la existencia del Estado. conciliando los legítimos intereses de la comunidad con los no menos legítimos intereses de la persona. 1991. cuando no retórico. al contrario. 53. cuya defensa y respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución) [STC N. De ahí que. el deber es entendido primordialmente como una limitación o intervención externa (y “extraña”) a . En consonancia con esta idea. no pueda extrañar que la entidad de los deberes haya quedado significativamente reducida a un contenido mínimo. en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. consistente en aparecer como el lógico y necesario correlato de aquellos derechos que se juzgan prevalentes (teoría de la correlatividad). a la par que centralizar el debate público en torno a la dignidad de la persona humana y la protección de sus intereses individuales.º 0048-2004-AA/TC. De la preponderancia de los derechos a un constitucionalismo de deberes 52. responsabilidades y deberes que se derivan de la existencia de tal vida pública [DE LUCAS. su progresiva inclusión en las constituciones ha contribuido decisivamente a redefinir el estatus normativo de estos últimos. N. como ha enfatizado Bobbio. fundamento 4]. p. y pasa a ser visto principalmente desde el punto de vista del individuo [BOBBIO. en el anotado contexto. Sistema.º 19. en la cual los individuos toman conciencia de que su protagonismo activo en la vida pública no se concreta sólo en el control del ejercicio de los poderes. 51. Y así. Madrid. §10. no es posible alcanzar la realización de los unos sin el concurso de los otros. Javier: “La polémica sobre los deberes de solidaridad.–antes bien. p. Por lo demás. en el tiempo de los derechos el problema de la moral deja de ser enfocado desde la perspectiva de la sociedad. el programa político del Estado social de Derecho no puede tener otro derrotero que no sea aquél de procurar la integración social. El ejemplo del deber de defensa y su posible concreción en un servicio civil”. la proyección teleológica del principio de solidaridad sobre el Estado social y democrático de Derecho permite afianzar la idea de que los derechos del individuo no son excluyentes de los intereses de la sociedad y que. en esa medida. Por eso. Así pues. sino también en asumir las cargas.
109]. para la satisfacción de los derechos dentro de un esquema político basado en el principio normativo de solidaridad. a pesar de no ser el correlato directo e inmediato de algún derecho o interés subjetivo. cuando se observa la necesidad de dar cuenta de ciertos deberes generales que. los deberes cumplen aquí una función negativa o limitadora de “nuestros” derechos (concepción adversativa de los deberes). sino que más bien se constituyen como una “limitación interna” a nuestra libertad. que complementa aquella que fundamenta la presencia de deberes autónomos. a partir de las exigencias del Estado social de Derecho y de la comprensión de la dignidad en términos más integrales. desde la Constitución. En segundo lugar. deberes tan generales como “contribuir” al sostenimiento del Estado a través de los tributos. cuya justificación no se contrapone a la aludida teoría de la correlatividad. Ediar. Germán: Las obligaciones en el Derecho Constitucional. no obstante. el régimen democrático y la forma republicana de gobierno]. 54. pues. los deberes adquieren también una dimensión orientadoraesencial.la esfera de libertad general de acción de las personas. 55. que parte del hecho de considerar a los otros miembros de la comunidad como portadores de los mismos derechos y libertades que nos . Tales obligaciones son llamadas. en primer lugar. Estos deberes dejan de cumplir pues un rol meramente instrumental respecto a los derechos. como una imposición (o limitación) extraña a la libertad general de acción de los individuos. no son debidas a favor de un sujeto que titulariza un derecho subjetivo [BIDART CAMPOS. Buenos Aires. resultan igualmente indispensables para la organización de la vida en sociedad y. deberes autónomos. Así pues. 1987. Así. se independizan de éstos. se entiende por deberes u obligaciones autónomas a aquellas pautas de comportamiento que se caracterizan por no engarzar en la relación jurídica de derecho-obligación y que. p. adquiriendo una cierta autonomía conceptual que permite fundamentar y afianzar el compromiso de los miembros de la comunidad con el bien común y los fines propios y esenciales del Estado social de Derecho [así cuando se imponen. Las exigencias propias del Estado Social de Derecho. peor aún. En definitiva. En esta línea. razón por la cual su justificación no puede ser otra que aquella de respetar o “no interferir” en los derechos de los demás. por algún sector de la doctrina. los deberes no aparecen como una exigencia externa o. o el deber de preservar la Constitución. 56. han planteado la reconfiguración de esta forma de apreciar los deberes. sino que la complementa y actualiza a los tiempos actuales. en definitiva. y antes bien. por ende.
de todos los poderes públicos [PALOMBELLA. se aprecia con más nitidez si apreciamos la contraposición existente entre la concepción liberal de los derechos. junio de 2007. sino del fomento de las condiciones coexistenciales mínimas para la expansión de las libertades y. sino que. antes bien. arriba aludido). en última instancia. sino que cumplen fundamentalmente unafunción cohesiva o armonizadora del orden social. en Derechos y Libertades: revista de filosofía del derecho y derechos humanos. cuyo sentido de justicia es entendido él mismo como un bien común capaz de generar obligaciones en cabeza de los individuos y. naturalmente. los deberes no son más una categoría antagónica a los derechos. 58. Esta función cohesiva o unificadora de los deberes. radica en la imposibilidad de imponer verticalmente desde el poder una determinada postura ideológica a los ciudadanos. casi siempre inadvertida. Dentro de esta concepción. lo que sería inadmisible en el Estado Constitucional. respecto de los cuales guarda. de sus derechos y libertades. de una ideología impuesta verticalmente. y una concepción republicana o liberal igualitaria de los mismos. 134]. . intenta orientarlos dentro del marco de su función propia de armonización de los intereses individuales y colectivos. en tanto paradigma derivado de la cláusula del Estado Social. Desde luego. p. en consecuencia. al igual que nosotros. según la cual éstos son previos a la formación del Estado y. es claro que nuestra Constitución no adopta ninguno de estos modelos de un modo excluyente. De cualquier modo. no implica una negación de los derechos individuales. 17. Así. núm. De aquí se deducen pues nuestros deberes generales con la máxima realización de la libertad de las personas (el deber de aliviar la pobreza. No se trata. habida cuenta que uno de los presupuestos básicos de una sociedad abierta. entendiéndose que el desarrollo del individuo. sino del reconocimiento propio que hacemos de la dignidad de quien forma parte. en definitiva. ciertos deberes recíprocos. en correspondencia. para la generación de la igualdad material. de la comunidad política. pluralista y tolerante. Gianluigi: “De los derechos y de su relación con los deberes y los fines comunes”. traducción de Mª Eugenia Rodríguez Palop. prevalecen sobre el bienestar o la utilidad generales. los deberes representan la concreción normativa de esa obligación que no nace del interés de quien es ajeno y lejano a nosotros.pertenecen a nosotros. es evidente que el tiempo de los deberes. no puede prescindir del concurso de los demás miembros de su comunidad. 57. presuponiéndolos. según la cual el límite de tales derechos reside en el bien común. por ejemplo) y con la consideración de su dignidad al momento de llevar adelante cualquier actividad que pueda incidir en dicha libertad (el deber de diligencia. Época II.
de 1948. . Este esfuerzo colectivo reclamado por el principio de solidaridad ha sido reconocido también en el ámbito internacional. a través de la promoción de obligaciones positivas generales. por ejemplo.59. corrigiendo el uso no responsable de los derechos. Son pues estas tres exigencias de un constitucionalismo de deberes las que se encuentran recogidas. para sostener más eficazmente la acción estatal en procura del bien común. tal y como hemos desarrollado en el apartado §8 de este fundamento de voto. 60. reconoce en su artículo 29 inciso 1 que “[t]oda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Así por ejemplo. como en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Así. y iii) orientar la propia conducta. Más contundente aún es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. la cual reconoce. a través de la promoción del bien común. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. En suma. o con la cual debe contribuir. en el segundo párrafo de su Preámbulo. cuando se ha señalado que este concepto supone el compromiso de la empresa con la comunidad en la cual desarrolla su actividad económica. cuando el mismo se halle desconectado de la posible incidencia que puede tener en las libertades de otras personas. los deberes expresan la dignidad de esa libertad”. y en orden a las consideraciones expuestas. estimo que la justa medida de los deberes en el Estado Social y Democrático de Derecho se concretiza en tres exigencias básicas. la Declaración Universal de Derechos Humanos. En idéntico sentido. en primer lugar. por antonomasia. Si los derechos exaltan la libertad individual. a la cual no puede dañar en sus condiciones medioambientales. cuando se ha precisado que la responsabilidad social incluye el compromiso de la empresa con el respeto y realización de los derechos fundamentales de sus trabajadores y de los usuarios o pobladores locales que reciben los efectos de la actividad económica realizada por ésta. su contribución a la lucha contra la corrupción y el mantenimiento del sistema democrático. Del mismo modo. ii) procurar la máxima expansión de la libertad y la igualdad material de todos los ciudadanos. en el concepto jurídico-constitucional de responsabilidad social empresarial. puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. del 10 de febrero de 1948. 61. cuando se le exige. que “[e]l cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. a saber: i) servir a la cohesión de la sociedad.
tal como lo reconoce el segundo párrafo del Preámbulo de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. como normas constitucionales directamente exigibles y aplicables a sus destinatarios. deben guardar cierto equilibrio axiológico dentro del texto de la Constitución.Finalmente. cuando se ha sostenido que bajo este concepto también queda incorporado el “deber de diligencia” que ha de observar la empresa para prevenir y reparar los posibles efectos dañinos que su actividad pueda generar sobre los derechos y libertades de las personas implicadas en su actividad que. “[l]os deberes de orden jurídico presuponen otros. 63. Precisiones conceptuales y prácticas 62. los enunciados constitucionales que recogen tales deberes no pueden ser entendidos como meras normas programáticas. los deberes y los derechos constitucionales. de orden moral. toda Ley Fundamental representa. La inserción de un catálogo de deberes al interior de la Constitución denota un mensaje claro del constituyente de que tales deberes no constituyen una categoría incompatible con la declaración de derechos que. cuando no sencillamente aniquilados. sino de aquellos fines esenciales y compartidos que están detrás de esos deberes. §11. y que son idealmente compartidos por la sociedad en su conjunto. no puede ser de recibo aquella postura según la cual la inclusión de un catálogo de deberes al interior de la Norma Fundamen tal conviertan a ésta en una Constitución dirigente o totalitaria. Por ende. bien puede afirmarse que el fundamento político de los deberes constitucionales reside menos en algún aislado argumento moral. Nada más alejado de la realidad. sino. que los apoyan conceptualmente y los fundamentan”. de modo que el programa político que ella establece no favorezca ni un sistema la un tal de . hipótesis en la cual los derechos quedarían subordinados a los intereses de la societas. todo lo contrario. debe incluir en primerísimo lugar a los trabajadores que sirven a la empresa. Por esa razón. En ese contexto. Y es que. Los deberes constitucionales como categoría normativa incluida en la Constitución. tanto directamente como a través de relaciones vinculadas. en principio. 64. así como interpretación que de ellos hagan los jueces y tribunales. que en el valor mismo de la Constitución como norma jurídica fundante de nuestro ordenamiento jurídico. pues como se dijo antes. la reivindicación de los deberes constitucionales no implica la reivindicación de la obligación per se. Sin embargo. como determinaremos en seguida.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. Pese a ello. pues contribuyen a la consecución de los fines propios del Estado social y democrático de derecho [PAUNER CHULVI. como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia. Año 21. Civitas. donde los hombres difícilmente pueden ser felices. considero necesario delimitar aquellas líneas teóricas que permitirán preservar los fines que ambos elementos están llamados a cumplir en el Estado constitucional. “la sociedad que queremos ha de combinar sabiamente ambos elementos. adoptan también. es también una sociedad dislocada y en ella los hombres tampoco pueden ser felices. deben ser determinados no obstante. Para propiciar ese esquema de necesario equilibrio entre los derechos y los deberes constitucionales. al igual que los derechos. los individuos puedan alcanzar las mayores cuotas de felicidad. pueden ser objeto de ponderación. dentro de un orden social. De esta manera. mayo-agosto de 2001. equilibrando el sentimiento del deber y el sentimiento de los derechos. sino también una dimensión objetiva. En ese sentido. en su concreto contenido. y no en el poder vertical o absoluto del Estado. los deberes. Madrid. el segundo para que. una sociedad en la que la libertad individual se haya transformado en capricho y arbitrariedad. si el incumplimiento del deber constitucional genera a su vez la violación de un derecho fundamental. p. En efecto. en gran parte nos identificamos” [ROBLES MORCHÓN. al igual que los derechos. p. la forma de normas de principio [RUBIO LLORENTE. en criterio que comparto. por el legislador y/o el juez constitucional. 65.  Los deberes constitucionales hallan su fundamento en la cláusula del Estado social de derecho y en el principio de solidaridad. impidiendo de este modo su desnaturalización. como afirma Gregorio Robles. Francisco: “Los deberes constitucionales”. p. dicho deber se torna en directamente exigible. . pues una condición de la felicidad es vivir en un orden social con el que. El primero es básico para mantener el orden social. 45]. Orden y libertad son los dos polos en virtud de los que puede medirse el grado de ‘salud’ de una sociedad o de un grupo social.  Los deberes constitucionales. y en esa medida. Núm. Cristina: El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. si bien son directamente aplicables en tanto que recogidos normativamente en la Constitución. 2001. 62. 79]. en Revista Española de Derecho Constitucional. 54]. Estas pautas interpretativas son las siguientes. Así. Gregorio: Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual.derechos desbocado ni una sociedad represiva. 1992. Una sociedad con un exceso de orden es una sociedad represiva. no tienen sólo una dimensión subjetiva.
207]. Tales deberes se encuentran consagrados en el artículo 44º de la Constitución. lo que exige la intervención oportuna de los jueces constitucionales para impedir la consumación de un perjuicio irremediable (…) [e]n caso afirmativo.º 008-2003-AI/TC. particularmente latinoamericana. P. sean partícipes de los beneficios del progreso y del desarrollo económico [STC N. cit. vulnera o amenaza derechos fundamentales de otra persona. Los deberes superiores del Estado son aquellos que acompañan a la propia concepción del sistema jurídico-político y constituyen la expresión de sus postulados máximos. fundamento 13. fundamento 19].  Los deberes constitucionales no sólo recaen sobre las personas. con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales” [Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T801/98.“[…]los deberes constitucionales son exigibles directamente (…) cuando su incumplimiento. y no sólo unos pocos. y primordialmente. entre otros. el deber de gobierno. Asimismo. ello implica que el Estado debe intervenir para corregir las inequidades sociales. el deber de buen gobierno. el deber promocional. es posible realizar una tipología de tales deberes en base a las siguientes categorías conceptuales: a) deberes superiores. Así. fundamento 12]. y c) deberes constitucionales en sentido estricto. Así pues. el cual señala: “Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional. a tal punto que el propio ordenamiento equipara su revisión a la de todo el texto constitucional [DE ASÍS ROIG. p. Rafael: op. en concordancia con la política exterior” En consecuencia. el deber de organización del poder y defensa de las libertades. Eduardo Cifuentes Muñoz. garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. sino también. es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración.º 0048-2004-AI/TC. por un particular. . En el plano del bienestar general y económico. b) deberes fundamentales. el juez podrá hacer exigibles inmediatamente los deberes consagrados en la Constitución. a fin de que todos. proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. se consideran deberes superiores de Estado. y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. sobre el Estado. sino que también debe promoverlos activamente.. el Estado no agota ni puede agotar sus funciones con la mera (aunque necesaria) labor de respeto de los derechos fundamentales. M.c]. así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas. en su calidad de ente integrador del orden político y social y regulador de la estructura social [STC N.
ii) deberes propios del concepto de Estado social y democrático de derecho. Entre ellos. y 195º. de conformidad con la ley (artículo 163º). a su vez. b) el deber de contribuir a la promoción y defensa de la salud de las personas. d) el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (artículos 58º. encontramos los siguientes: a) el deber de todos los peruanos de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales. c) el deber de los medios de comunicación de colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural (artículo 14º). cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación (artículo 38º). b) El deber de cursar la educación inicial. primaria y secundaria (artículo 17º). así como el deber de los hijos de respetar y asistir a sus padres (artículo 6º). inciso 4) iii) Deberes para el desarrollo de la dignidad humana. estos deberes pueden ser. educar y dar seguridad a sus hijos (artículos 6º y 13º). natural o jurídica.Por su parte. cit. de participar en la Defensa Nacional.. Dentro de los cuales podemos situar los siguientes: a) el deber de los padres de alimentar. y que se dirigen de forma principal a los ciudadanos [DE ASÍS ROIG. son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar (artículo 14º) . se aprecia que nuestra Constitución reconoce los siguientes deberes fundamentales: i) Deberes propios del concepto moderno de Estado. así como de respetar. b) el deber de los vecinos de participar en el gobierno municipal de su jurisdicción (artículo 31º). Sobre la base de este esquema. Rafael: op. 193º. c) El deber de toda persona. los deberes fundamentales de las personas son aquellas obligaciones que afectan a intereses. y iii) deberes para el desarrollo de la dignidad humana. pretensiones. inciso 3. en tanto base del bienestar y medio de realización de la persona (artículo 22º). teniendo presente que la formación ética y cívica. d) El deber de sufragar hasta los setenta años (artículo 31º) ii) Deberes propios del concepto de Estado social y democrático de derecho. 74º. 208]. p. exigencias o necesidades básicas de los individuos o de la comunidad. así como la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos. de tres tipos: i) deberes propios del concepto moderno de Estado. Estando relacionados con el modelo de Estado asumido por la Constitución. Entre los cuales figuran: a) el deber social del trabajo. de su medio familiar y de la comunidad (artículo 7º).
dependiendo del tipo de proceso constitucional en que sea dilucidada. toda vez que la constatación de una eventual incompatibilidad lógica entre una norma de rango legal o infralegal y una norma iusfundamental que reconoce un deber constitucional. Pero el carácter relativo que asume la eficacia de los deberes constitucionales en los procesos de la libertad. habida cuenta que el incumplimiento de un deber constitucional sólo tendrá relevancia jurídica en la medida en que dicha inobservancia vulnere o amenace alguno de los derechos consagrados en la Constitución. Así pues. Por el contrario. los siguientes deberes específicos: a) el deber del Estado de proteger a los consumidores y usuarios (artículo 65º). tendrá como consecuencia (si bien no necesariamente) la declaración de inconstitucionalidad de aquella norma impugnada. cit. son deberes constitucionales en sentido estricto las restantes obligaciones expresadas en la Constitución y que se pueden derivar tanto de alguno de los deberes superiores del Estado o de uno de los deberes fundamentales de las personas [DE ASÍS ROIG. así como los deberes constitucionales tienen una dimensión sustantiva (según la cual. tenemos que nuestra Constitución reconoce. los deberes despliegan una eficacia directa o incondicional en los procesos de control abstracto. c) el deber del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas (artículo 68º) así como de proteger el medio ambiente (artículo 67º). atendiendo a su dimensión procesal. Rafael: op. conviene puntualizar que nuestra Constitución ha . y una eficacia indirecta o condicionada en los procesos de tutela de derechos. lo cual sería tanto como negar la vigencia de las normas constitucionales que reconocen tales deberes. p.Finalmente. éstos se fundan en la cláusula del Estado social de Derecho). Ahora bien. tales deberes son jurídicamente exigibles en los procesos constitucionales). atendiendo al sistema de garantías constitucionales establecido en nuestro ordenamiento jurídico. entre otros. entre otros. en modo alguno puede ser interpretado como una negación del carácter vinculante que le es inherente. Así. c) el deber del Estado de asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas (artículo 16º)..  Finalmente. resulta evidente que la eficacia jurídica de los deberes constitucionales exhibe un doble matiz. así también ostentan una dimensión procesal (en virtud de la cual. 208]. b) el deber del Estado de promover el desarrollo científico y tecnológico del país (artículo 14º).
este Colegiado ha interpretado que “no toda omisión habilita el empleo del amparo. teniendo en cuenta los problemas de “protección deficiente” de los derechos fundamentales que se han explicitado en el apartado §7 de este fundamento de voto. tiene una innegable relevancia para el supuesto de la exigibilidad de los deberes constitucionales. cuando las normas constitucionales e infraconstitucionales establecen que los procesos de tutela de derechos proceden también “por (…) omisión de actos de cumplimiento obligatorio(…)”. así como la eficacia práctica de éstos y su dilucidación en sede de la jurisdicción constitucional. que tiene ese carácter porque así lo impone el ordenamiento jurídico” [STC N. por parte de cualquier autoridad.establecido que la acción de hábeas corpus. corresponde examinar las exigencias concretas que dicho desarrollo conceptual tiene en el caso de la tercerización. por parte de cualquier autoridad. Es decir. incisos 1. fundamento 3]. no hay que perder de vista que la categoría conceptual de las omisiones en el ámbito de los procesos de la libertad. Sin embargo. Al respecto. y que resultan exigibles a los particulares y a los poderes públicos de conformidad con la cláusula del Estado social de Derecho antes examinada. toda vez que como resulta evidente la inobservancia de tales deberes no adopta la clásica forma de una conducta activa.º 03420-2004-AA/TC. funcionario o persona. 66. sino que abarca también a los casos de incumplimiento de los deberes constitucionales reconocidos en nuestra Ley Fundamental. lo cual se condice con el artículo 2º del Código Procesal Constitucional. funcionario o persona”. el cual señala que tales procesos proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales “por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio. sino sólo aquella que tenga en el sujeto agresor un ‘deber hacer’ o cumplir. se trata de la omisión de un acto de cumplimiento obligatorio. sino precisamente la omisión de dicha conducta. debe entenderse que dicho supuesto alcanza no sólo al incumplimiento de los actos que las leyes del Estado imponen a las autoridades propiamente dichas. Efectuadas estas precisiones conceptuales respecto a la imbricación entre responsabilidad social empresarial y deberes constitucionales. En tal sentido. de amparo y de hábeas data procede “contra el hecho u omisión. . 2 y 3). que vulnera o amenaza” los derechos reconocidos por la Constitución (artículo 200º.
cit. pero también “mezquina”. si no toda. teniendo en cuenta que. en la medida en que basa una parte de su capacidad competitiva. debe recordarse que uno de los factores a tener en cuenta al momento de determinar el alcance de la debida diligencia que deben asumir las empresas con responsabilidad social. evidentemente y en primer orden. en ahorros en los costos de la mano de obra. generados a través del empleo masivo de trabajo subcontratado. Al igual como sucede con cualquier otra actividad económica.§12. 67. en ocasiones. Análisis de la conducta asumida por la empresa EDELNOR S. sino la relación que se establezca entre ellas y el resultado finalmente producido. pueden haber asumido una responsabilidad social suplementaria por lo que respecta a dichos proveedores y a su personal.A en el caso sub litis. cit. si bien al amparo de la ley. en AA. siendo éste el caso de las grandes empresas que han subcontratado una parte de su producción o servicios y que. op. también en el ámbito de la tercerización resulta plenamente aplicable la noción de responsabilidad social empresarial. no pasa inadvertido el hecho de que las operaciones de tercerización conllevan en la práctica.VV: Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. respetar y remediar…. 68. párrafo 48]. En ese sentido. prestado en régimen de precariedad laboral y salarial [SANGUINETI RAYMOND. Wilfredo: “La ‘tercerización’ de actividades productivas: ¿una estrategia para la puesta en paréntesis de los principios tutelares del Derecho del Trabajo?”. consiste en la posibilidad de que puedan o no contribuir al abuso de los derechos por medio de relaciones vinculadas [Proteger. en los términos antes aludidos. las empresas principales y contratistas mantienen la obligación de velar por que la actuación conjunta de ambas no produzca un resultado lesivo de los derechos fundamentales de terceras personas. En sentido similar. Por otro lado. entre las cuales se encuentran. el Libro Verde de la Comisión Europea señala que los efectos de las medidas de responsabilidad social de la empresa no se limitarán a esta. op. la creación de un modelo de empresa “escueta”. así como los deberes constitucionales que surgen de un modo correlativo al referido concepto.. sino que afectarán también a sus socios económicos. Fomentar un marco europeo…. párrafo 56. es evidente que no será la situación jurídica particular de cada empresa participante la que tendrá que ser materia de evaluación.A. Libro Homenaje al profesor . COMISIÓN EUROPEA: Libro Verde. el bienestar económico de los proveedores depende mayoritariamente o totalmente de una única empresa. Al respecto. a la luz de sus deberes constitucionales: la responsabilidad social empresarial en el ámbito de las operaciones de tercerización laboral. por lo tanto. los trabajadores afectados de ambas corporaciones.. A tal fin.
conlleva que éstas tengan necesariamente que considerar los perjuicios reales y potenciales que dicha operación podría causar a sus trabajadores. la doctrina especializada ha diferenciado dos supuestos específicos. y por esa vía también. 71. 2009. considero que. resulta de interés revisar algunas de las distintas soluciones que han sido brindadas por la doctrina. en cuyo caso importa definir la situación de los trabajadores encargados de las mismas (esto es. las empresas involucradas tienen el deber constitucional de implementar las políticas al interior de su organización que resulten necesarias para paliar esos efectos adversos. p. el cual señala que “[n]ingunarelación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales. para mantener el adecuado clima laboral que resulta imprescindible para la viabilidad del proyecto de tercerización en su conjunto. tome interés por dar respuesta a los vacíos legales detectados. 69. Grijley. y b) . En esa perspectiva. legislación y jurisprudencia comparadas para hacer frente a la problemática anotada. complementarios o alternativos a los establecidos en la ley de la materia. en lo que respecta a la estabilidad laboral. De ser el caso que tal afectación se produzca. que ocurre cuando la tercerización se produce respecto de actividades cuya realización la empresa asumía previamente de forma directa. ni desconocer o rebajar la dignidad el trabajador”. resulta evidente que la debida diligencia que comparten la empresa principal y la empresa contratista en un escenario de tercerización. Lima. el llamado “personal excedentario”). a efectos de propiciar un marco mínimo de exigencias que permita restablecer el equilibrio de la relación laboral en un contexto de descentralización productiva. 121]. Esta evidente desproporción entre los beneficios obtenidos por las empresas participantes en un proceso de tercerización y los perjuicios ocasionados a los trabajadores en sus derechos fundamentales (los que han sido expuestos en los fundamentos 28 a 33 de la presente sentencia) justifica con creces la imposición de ciertos deberes adicionales. a efectos de brindar una tutela efectiva de los derechos de los trabajadores afectados por estas operaciones. y cuya cobertura resulta imperativa a la luz del artículo 23º de la Constitución. se intenta no sólo poner en evidencia aquellos problemas laborales que toda tercerización trae aparejada (así como sus posibles soluciones). Así pues. 70. como un dato relevante al momento de evaluar la viabilidad del proyecto en su conjunto. De este modo. En ese sentido. a saber: a) el outsourcing genético.Américo Plá Rodríguez. sino también llamar la atención del legislador para que. en el contexto de un genuino debate democrático.
Editorial Bomarzo. o una descentralización propia. en consecuencia. la doctrina es unánime al afirmar que no resulta admisible estimar como causa de despido una descentralización por razones de oportunidad o simplemente para incrementar el beneficio económico de la empresa. Juan: La tutela de los trabajadores ante la descentralización productiva.el outsourcing funcional. rompiendo así la base del principio de causalidad en el despido [GORELLI HERNÁNDEZ. que ocurre cuando la tercerización se produce respecto de actividades originalmente concebidas para funcionar de forma descentralizada. Por su parte. de modo tal que se ofrezca a los trabajadores involucrados la posibilidad de acceder a una información detallada y oportuna sobre las ventajas y desventajas que la operación de tercerización representa para sus intereses y. pp. Madrid. propiciando así una cierta continuidad personal y material. En la primera de las hipótesis mencionadas (outsourcing genético). .º 33. la extinción de las relaciones laborales. resulta evidente que la contraposición entre el interés del empleador de descentralizar su unidad productiva y el interés de los trabajadores a no ser externalizados. en la cual dicha continuidad no se halla prevista. N. Grupo Difusión. en Revista de Derecho Social. 88-89]. el empleador tendría dos alternativas a su disposición: o bien recolocar al personal excedentario en otras secciones o departamentos de la propia empresa. Wilfredo: “Descentralización productiva. pp. de optar con el debido conocimiento entre su permanencia en la empresa principal. En todo caso. o bien extinguir los respectivos contratos de trabajo. se afirma que dicha transmisión no tendría por qué suponer un retroceso o degradación de las condiciones de trabajo del personal transferido [SANGUINETIRAYMOND. en cuyo caso transferirá a la nueva organización el personal y los medios empleados por éste. subcontratación y calidad del empleo”. Aunque. la percepción de una indemnización por la extinción del contrato de trabajo o su consentimiento a la transferencia hacia la empresa contratista. amerita una solución que apueste principalmente por un marco de entendimiento o negociación entre ambas partes. en cuyo contexto cobra relevancia la situación de los trabajadores que realizan tales actividades para la empresa principal aunque sin depender de ella. en base sólo a su voluntad. con relación a esta última alternativa. 2007. en la descentralización propia. la empresa principal tendría la opción de elegir entre una descentralización impropia. En relación al primer caso (descentralización impropia). 2006. pues de lo contrario se estaría otorgando al empresario la capacidad de decidir. 219-258].
º 33. N. ante actuaciones empresariales lesivas de los mismos” [Sentencia 75/2010. Editorial Bomarzo. Pues no sería admisible que en los procesos de descentralización productiva los trabajadores carecieran de los instrumentos de garantía y tutela de sus derechos fundamentales con que cuentan en los supuestos de actividad no descentralizada. pp. 2006. lo cual se traduce en la obligación compartida de ambas de introducir. Y es que. Por ello. se impone a partir del artículo 27º de la Constitución. es el referido a la situación de los trabajadores de la contratista ante la eventualidad de la terminación abrupta del contrato mercantil que vincula a ésta con la empresa principal. subcontratación y calidad del empleo”. incluso. sin embargo. en el caso de que dicha permanencia no sea posible. supondría obligarla a mantener un personal innecesario. conviene tener presente la posibilidad de que. segundo párrafo]. como bien ha señalado el Tribunal Constitucional español. el trabajador tenga derecho a percibir una indemnización como consecuencia de su despido así configurado. Ignorar. lo que indudablemente sería una solución irrazonable y desproporcionada. corresponde atribuir responsabilidad a la empresa principal y a la contratista respecto a la estabilidad laboral en un contexto de tercerización. Asimismo. la imposibilidad práctica que enfrentaría la contratista de mantener a un personal que ya no realiza labor alguna por haber desaparecido el encargo del cual dependía. Este deber de indemnizar al trabajador. 219-258]. en Revista de Derecho Social. las cláusulas sociales que resulten necesarias para . fundamento 8. se ha afirmado con acierto que el respeto sustancial al principio de causalidad de la contratación temporal debería conducir a establecer una conexión directa entre la continuidad de la relación laboral y la de la actividad productiva descentralizada por la empresa principal.72. Wilfredo: “Descentralización productiva. en los respectivos contratos mercantiles. un tema directamente relacionado con la estabilidad laboral en el ámbito de la tercerización. el cual señala que “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. al margen del contenido del pacto celebrado entre ésta y la contratista [SANGUINETI RAYMOND. considero que en el marco del deber de diligencia. que la propia duración de su contrato de trabajo se haga depender directamente de la vigencia del contrato mercantil que vincula a ambas empresas (…). de 19 de octubre. en criterio que esencialmente comparto: “Si a través de la técnica de la subcontratación se posibilita que trabajadores externos contratados por una empresa contratista se vinculen directamente a la actividad productiva de una empresa principal e. que viene a ser un tercero en la relación mercantil que une a la principal con la contratista. En vista de ello. del mismo modo habrá de salvaguardarse que en el ámbito de esas actuaciones los derechos fundamentales de los trabajadores no sean vulnerados. Al respecto.
queda claro que en ningún caso la realización de una operación de descentralización productiva puede efectuarse a costa del derecho al trabajo (en su dimensión de estabilidad) o sin una reparación adecuada y proporcional por su afectación. por ejemplo en el caso de los trabajadores de la agricultura.establecer expresamente cuál de las partes (o si ambas) asumirá el costo laboral derivado del rompimiento del vínculo comercial. el adecuado ejercicio de la libertad sindical en un escenario de tercerización exige diferenciar. de 24 de marzo. y . En este último caso. a saber: a) el impacto generado sobre los trabajadores de la empresa principal. Por su parte. previamente. importa destacar que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sostenido en reiteradas oportunidades que: “(…) en base a los principios de la libertad sindical. inciso 6 del Estatuto de los Trabajadores señala lo siguiente: “Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas. Al margen de la solución que puedan brindar las empresas o el legislador respecto a los supuestos reseñados en este apartado. podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral (…)”]. sean representados por los representantes gremiales de la empresa principal [El artículo 42º. es preciso resaltar el ejemplo de la legislación española. dos distintos planos de análisis. cuando carezcan de representación sindical. los trabajadores autónomos en general o los que se desempeñan profesiones liberales. que a menudo no existe. Pese a ello. tendrán derecho a formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución de la actividad laboral. El criterio para determinar las personas cubiertas por este derecho no se funda por tanto en la existencia de un vínculo laboral con un empleador. todos los trabajadores –con la sola excepción de los miembros de las fuerzas armadas y la policía– deberían tener el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (incluida la reforma laboral del año 2006)] permite que las personas que laboran para la empresa contratista. cuando no tengan representación legal. 73. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende”. así como el de afiliarse a las mismas. el inciso 7 de este mismo artículo prescribe: “Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas. Por su parte. cuyo Estatuto de los Trabajadores [Real Decreto Legislativo 1/1995. cuando compartan de forma continuada el centro de trabajo. y b) el impacto ocasionado sobre los trabajadores de la empresa contratista. mientras compartan centro de trabajo y carezcan de representación. e independientemente de la conveniencia de apostar por uno u otro mecanismo de facilitación sindical en el marco de la descentralización productiva.
Oficina Internacional del Trabajo. . (…)” [OIT: 338.A. deben disfrutar el derecho de organizarse (…)” [OIT: Libertad sindical.º informe del Comité de Libertad Sindical.º 29245. tome medidas para promover la negociación colectiva entre este sindicato y la empresa CamPerú S. párrafo 1252]. En suma. interferir en la actividad de las organizaciones sindicales. la obligación de la empresa contratista de permitir en su organización la conformación de una sección sindical de rama de actividad relacionada con la labor que prestan sus trabajadores en la principal. noviembre de 2005). De ahí que. sustituir trabajadores en huelga o afectar la situación laboral de los dirigentes amparados por el fuero sindical”. dicho sindicato debería poder negociar en nombre de sus afiliados (ello tanto más si se tiene en cuenta que la empresa Cam-Perú S.R.L. de un modo genérico e impreciso.que. para el caso concreto que aquí nos convoca.L. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. lo siguiente: “[s]i los trabajadores de la empresa Cam-Perú S. 2006.R. se resume en la obligación atribuible a la empresa principal de permitir en su organización la conformación de un sindicato que represente los intereses de los trabajadores de la contratista (o en su defecto. Ginebra. Ley que regula los servicios de tercerización. A mi juicio. En estas condiciones.L. están afiliados al SUTREL y éste es el sindicato más representativo. sin embargo.R.L. 2386. y viceversa. según el cual “[l]a tercerización de servicios (…) no puede ser utilizada con la intención o efecto de limitar o perjudicar la libertad sindical. el Comité pide al Gobierno que si se constata que los trabajadores de la empresa CamPerú S. párrafo 254 (énfasis agregado)].ª reunión (Ginebra. las concreciones del deber constitucional de diligencia arriba mencionados vienen a dar contenido a aquello que. el derecho de negociación colectiva. aprobado por el Consejo de Administración en su 294.A. 5ª edición (revisada). convenga señalar que. la representación de éstos en el sindicato ya constituido en la empresa principal). a mayor abundamiento. es una subsidiaria de la empresa Edelnor S. caso núm. pese a que dicha actividad no sea “formalmente” parte del objeto social de la contratista. el deber de diligencia que han de asumir las empresas respecto a la libertad sindical en un escenario de tercerización. están afiliados a la organización sindical SUTREL (sindicato de rama). dicho Comité haya resaltado. figura como mandato imperativo en el artículo 7º inciso 3 de la Ley N. de la que provienen los trabajadores y en la que el SUTREL afilia a trabajadores).R. a raíz de la queja interpuesta ante la OIT por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú (FTLFP) contra el Gobierno del Perú.
en dos obligaciones básicas: a) en primer lugar. Sin perjuicio de lo cual. las cuales deben ser recogidas y monitoreadas periódicamente. Ese deber de vigilancia se traduce. y tal como lo señala el principio ii) del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. a su vez. las vías que resulten necesarias para propiciar la expresión de las quejas y sugerencias de los trabajadores de la contratista.º 29245. En una palabra. En ese sentido. en los términos establecidos en el artículo 24º de la Constitución. sin perjuicio de la labor fiscalizadora que compete a las autoridades administrativas. a la par que sus intereses empresariales. de las cuales tenga noticia a través de las vías de comunicación antes mencionadas. Pero. . establezca la responsabilidad solidaria de la empresa principal “por el pago de los derechos y beneficios laborales y por las obligaciones de seguridad social” respecto del personal de la empresa tercerizadora desplazado a la principal. sean efectivamente alcanzadas o cumplidas. sino también a través de relaciones vinculadas. Y es que. en lo que concierne a las condiciones remunerativas y de trabajo que correspondería atribuir a los trabajadores subcontratados en comparación a los trabajadores de la empresa principal. Finalmente. el derecho de los trabajadores subcontratados a una remuneración equitativa y suficiente. entiendo que dicha circunstancia ha de quedar sujeta a la libre negociación (colectiva o individual) que se establezca entre las partes.74. en virtud a su responsabilidad social empresarial. resulta claro que. la empresa contratista ostenta el deber de desplegar hasta el máximo de sus esfuerzos para llegar a una solución equitativa que satisfaga. como se ha dicho anteriormente. la responsabilidad social empresarial supone que las organizaciones mercantiles no sólo deben preocuparse por las eventuales afectaciones de derechos que puedan ocasionar a través de su actividad directa. la empresa principal tiene el deber de dar aviso a las autoridades competentes sobre las violaciones a la normatividad laboral cometidas por la contratista. corre también implícito el deber de la empresa principal de verificar que esas condiciones remunerativas y de trabajo en la empresa contratista con la cual se relaciona. y b) de ser el caso. las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. al mismo tiempo. la empresa principal debe habilitar. Ley que regula los servicios de tercerización. presupone necesariamente un deber de vigilancia a cargo la empresa principal respecto de las condiciones de trabajo brindadas por la contratista con la cual se relaciona. al interior de su organización. el hecho de que el artículo 9º de la Ley N.
la que . por un lado. debidamente cumplidas. el derecho de los trabajadores subcontratados a percibir una remuneración equitativa y suficiente. las siguientes: En primer lugar. en la obligación que ha de asumir la empresa contratista de desplegar hasta el máximo de sus esfuerzos para llegar a una solución justa que satisfaga. el cual. debiendo disponer a tal efecto los mecanismos que resulten necesarios para recoger las inquietudes de los trabajadores desplazados. constituye un deber que se desprende del propio contrato de trabajo e impone por igual. trastoca manifiestamente el principio de buena fe laboral que debe presidir las relaciones laborales.º 0936-2009-PA/TC. Esas conductas son. fundamento 15]. De las órdenes impartidas en la presente sentencia 75. con el evidente propósito de prolongar innecesariamente el debate sobre el fondo y propiciar una supuesta litispendencia con el proceso de amparo de autos. se advierte que. A mi entender.A. y en orden a lo expuesto. tanto al trabajador como al empleador. como se ha encargado de señalar este Colegiado.). se concreta. tal como lo manda la Constitución. resulta igualmente cuestionable el proceder de la empresa principal (EDELNOR S. con su obligación de cumplir lealmente la cuota de responsabilidad social que le toca asumir en su calidad de agente económico inserto en un Estado Social de Derecho. el fraude a la tercerización laboral efectuado entre las empresas demandadas. debidamente comprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo.A. En segundo término. y en su caso. a la par que sus intereses empresariales. interpuso un proceso de amparo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. dicho temperamento constituye una clara manifestación de abuso procesal. el deber de la empresa principal de velar por que esas condiciones laborales sean alcanzadas.En suma. la cual. en ese sentido. una obligación de lealtad en el desarrollo de la relación misma [STC N. y por el otro. las empresas demandadas han incurrido en una serie de comportamientos abiertamente incompatibles con el deber constitucional que le asistía de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores y. así como denunciar las violaciones de derechos de las cuales tenga noticia. no conforme con el resultado adverso obtenido en sede administrativa. en la tramitación de la presente causa. §13. considero que el deber constitucional de diligencia que corre a cargo de las empresas respecto a las condiciones remunerativas y de trabajo en un supuesto de tercerización. en concreto. Finalmente. reproduciendo los mismos argumentos alegados en dicha sede.
e IMPROCEDENTE en lo demás que contiene Sr. su fecha 03 de septiembre de 2008 (obrante a fojas 709). ha impedido en los hechos que dichos trabajadores puedan ser incluidos en un acta de inspección similar a la que dio origen al presente proceso. así como los deberes constitucionales de buena fe. al negarse a presentar las planillas de los trabajadores restantes del sindicato recurrente ante las autoridades administrativas de trabajo.A. Por estos fundamentos. incorporar a los miembros del sindicato recurrente en su libro de planillas.A.º 052962007-PA/TC. supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo.ORDENAR a la empresa EDELNOR S. A este respecto. por esa negativa. es también censurable el fraude a la ley cometido por la empresa EDELNOR S. mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo de autos. y de no afectación de los derechos laborales y dignidad de los trabajadores demandantes. en el plazo máximo de dos (2) días de notificada la presente sentencia. facultad o libertad reconocida sobre las personas [STC N. comprendidos en la Resolución Directoral N. bajo apercibimiento de aplicarse los apremios previstos en el artículo 22º del Código Procesal Constitucional. según Resolución Sub Directoral N.A. sólo se ha visto compelida a pagar una multa ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. y en consecuencia. notificar al Ministerio de Trabajo a efectos de que atienda a lo dispuesto en el fundamento 16 de la sentencia. al haberse acreditado la vulneración de los derechos del demandante al trabajo. con el abono de las costas y los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia. y por esa vía. respeto a la Constitución y la ley. ETO CRUZ .A.3.º 1249-2008-MTPE/2/12.A. fundamento 12]. Finalmente. asimismo. las cuales no aparecían en el acta de inspección emitida por el Ministerio. Esta situación de renuencia. interesa recordar que nuestra Constitución proscribe el abuso del derecho. ser reparados en sus derechos en la vía constitucional. a la igualdad y a la libertad sindical. lo que aplicado al ámbito de los derechos fundamentales.310. mientras que la empresa EDELNOR S.A. a todas luces injustificada.º 545-2008-MTPE/2/12..en modo alguno se condice con el deber que ostentan las empresas de respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores.
Lisbeth Villalobos Samillan
Geovanni Esquivel
GiovanyAreiza
Charly de Corrientes