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Timestamp: 2019-05-21 07:47:23
Document Index: 29767237

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PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN.
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL. Primer trámite constitucional.
Sesión 127ª, en miércoles 9 de enero de 2008
(Especial, de 15.37 a 18.01 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio,
Díaz Díaz, don Marcelo, y Meza Moncada, don Fernando.
Presidencia accidental del señor Tuma Zedan, don Eugenio.
-	Prórroga de plazo a Comisiòn	7
-	Reforma constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional. Primer trámite constitucional	7
1.	Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que “crea el cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud”. (boletín N° 5697-29)	37
2.	Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto, iniciado en moción, que “modifica los artículos 418 y 421, del Código Procesal Penal, con el objeto de permitir que la resolución que no da lugar al desafuero, sea apelable por el Ministerio Público”. (boletín N° 5505-07)	40
3.	Oficio de la Excma. Corte Suprema por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el acuerdo del Tribunal Pleno, de fecha 28 de diciembre de 2007, por el cual se designa integrante del Tribunal Calificador de Elecciones al señor Jorge Ibáñez Vergara, por declinación de su nombramiento del señor Carlos Sívori Alzérreca. (Oficio N° 6825)	46
-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados las siguientes sentencias dictadas en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
4.	Del artículo 11 del decreto ley N° 799, de 1974. Rol N° 796-07-INA. (Oficio N° 1630)	47
5.	De los artículos 4° de la ley N° 18.549, y 29 de la ley N° 18.669. Rol N° 790-07-INA. (Oficio N° 1635)	48
1.	Oficio de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa (Pyme), por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para prorrogar, en seis meses, el plazo para cumplir su mandato, que venció en el mes de diciembre del año próximo pasado.
-Asistieron, además, los ministros de la Secretaría General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo, y de Justicia, don Carlos Maldonado.
-Concurrieron, también, los senadores Hernán Larraín y Baldo Prokurica.-
-Se abrió la sesión a las 15.37 horas.
El señor WALKER (Presidente).- El acta de la sesión 122ª se declara aprobada.
Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa a fin de prorrogar, en seis meses, el plazo para cumplir su mandato, que venció en diciembre pasado.
Corresponde tratar en particular el proyecto de reforma constitucional, de origen en mensaje, sobre gobierno y administración regional.
Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Germán Becker.
-Informe complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Regional, boletín Nº 3436-07, sesión 100ª, en 13 de noviembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 4.
-Segundo Informe complementario de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Socia, sesión 117ª, en 18 de diciembre de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 11.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala de la subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Claudia Serrano?
Para rendir el segundo informe complementario de la Comisión de Gobierno Interior, tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.
Señor Presidente , la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, pasa a emitir un nuevo informe complementario del proyecto de reforma constitucional, de origen en un mensaje, sobre gobierno y administración regional, que cumple su primer trámite constitucional y para cuyo despacho el Ejecutivo hizo presente la urgencia, calificándola de “simple”, con fecha 20 de noviembre pasado.
Por oficio Nº 7151, de 6 de diciembre, el señor secretario de esta Corporación transmitió el acuerdo adoptado por los jefes de los comités parlamentarios, en orden a autorizar la presentación de nuevas indicaciones hasta las 12.00 horas del referido día 6, y a que posteriormente la Comisión de Gobierno Interior emitiera un informe complementario (el segundo, según se explicará) sobre el particular.
Para el tratamiento de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y participación de la titular de la Subdere, señora Claudia Serrano , y de asesores de esa repartición.
Con fecha 8 de noviembre del año en curso, esta Comisión emitió, a solicitud de la Sala, un informe complementario sobre el proyecto en referencia, el que recayó tanto en el texto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en su oportunidad, como en las indicaciones a éste que fueron presentadas en la Sala.
Cabe recordar que las principales innovaciones aprobadas por Gobierno Interior, en relación con el texto propositivo emanado de la Comisión de Constitución, fueron las siguientes:
a) Se incorpora una enmienda al artículo 112 de la Constitución Política, en el sentido de suprimir la atribución que confiere dicha norma al intendente de presidir el consejo regional.
La modificación supra obedeció a una indicación presentada en la Sala por varios parlamentarios y fue aprobada por 10 votos a favor y 2 en contra.
b) Se introduce una modificación al artículo 113, en términos de agregar una oración en virtud de la cual cada consejo regional elegirá, de entre sus integrantes, un presidente, quien será el encargado de relacionar a dicho órgano con el intendente y las demás autoridades.
Dicha enmienda corresponde, asimismo, a una indicación parlamentaria materializada en la Sala y que contó con la aprobación de nueve parlamentarios, en tanto que dos la rechazaron y uno se abstuvo.
c) Se sustituye íntegramente el texto del artículo 114, propuesto por la Comisión de Constitución, por un precepto que encomienda a una ley orgánica constitucional determinar la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, temporal o definitivamente, competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa en los órdenes de materias que especifica.
La norma de reemplazo en referencia, que obedece a una indicación del Ejecutivo formalizada en la Sala, fue aprobada por unanimidad.
II. Texto aprobado por la Comisión de Gobierno Interior en el primer informe complementario e indicaciones presentadas al mismo en la Sala.
El proyecto elevado a la consideración de la Sala por esta Comisión en el informe antes referido consta de un artículo único dividido en siete numerales.
A continuación, se consigna el contenido de la norma constitucional en vigor en la parte que sea atingente; luego, el de la reforma propuesta en cada caso y ya aprobada por esta Comisión y, finalmente, se señala el tratamiento dado por Gobierno Interior a cada una de las indicaciones presentadas en la Sala en este trámite.
Incorpora diversas enmiendas a la Carta Fundamental.
El numeral supra modifica el artículo 49 de aquélla en dos aspectos: Por un lado, precisa que cada región del país constituirá, a lo menos, una circunscripción y, por otro, sustituye el inciso segundo del precepto, estableciendo que los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.
No fue objeto de indicaciones.
Este numeral incorpora una adecuación de forma al artículo 57, inciso primero, numeral 2), de la Constitución, que señala que no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores los intendentes, los gobernadores, los alcaldes, los miembros de los consejos regionales, los concejales y los subsecretarios.
El referido artículo 57 fue objeto de una indicación de los señores Rossi y Díaz, don Marcelo ; encaminada a modificar su inciso segundo, en el sentido de ampliar de uno a dos años, contados hacia atrás desde el día de la elección correspondiente, la inhabilidad aplicable a los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores para postular a un cargo parlamentario, sin perjuicio de introducirle una adecuación formal a la norma, acorde con dicha enmienda.
La Comisión aprobó por 6 votos contra 3 la indicación en comento, señalándose que es congruente con el plazo de inhabilidad que estipula la disposición en vigor para los fiscales del Ministerio Público.
Modifica el inciso primero del artículo 112 de la Constitución Política, que en su texto actual señala que el intendente presidirá el consejo regional y le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos, creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región.
La enmienda al precepto se circunscribe a suprimir la función de presidir el Core, manteniendo inalterada el resto de la redacción.
Se presentó una indicación de análogo tenor a la modificación, razón por la cual debe entenderse rechazada.
Este numeral introduce diversas modificaciones al artículo 113 de la Constitución, que establece en su redacción en vigor, en lo principal, que el consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, agregando que una ley orgánica constitucional regulará su integración y organización.
Las enmiendas principales al mencionado texto se traducen en lo siguiente:
Se incorpora un inciso segundo, que señala que cada consejo estará conformado por consejeros elegidos por sufragio universal, de conformidad con la aludida ley orgánica, debiendo cada consejo elegir, de entre sus miembros, un presidente encargado de relacionar a dicho organismo con el intendente y las demás autoridades. Agrega el mismo inciso que los consejeros durarán cuatro años en el cargo, pudiendo ser reelegidos, correspondiendo a la misma ley determinar la organización del consejo y el número de sus integrantes.
Por otro lado, se agrega también un inciso tercero al mismo artículo, que faculta a los consejeros para renunciar al cargo cuando los afecte una enfermedad grave, así calificada por el Tribunal Constitucional.
El artículo en referencia fue objeto de las siguientes indicaciones:
a) Del señor Latorre , cuyo propósito es agregar una norma en el inciso segundo propuesto para este artículo 113 en el informe previo, conforme a la cual se hace exigible a los intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales el requisito de residencia en la región pertinente, por un lapso de, a lo menos, dos años, computado desde la elección que fuere del caso.
La Comisión rechazó por asentimiento unánime dicha indicación por incidir en una materia que ya está normada de manera análoga, tanto en la propia Constitución como en las respectivas leyes orgánicas constitucionales.
b) De las señoras Soto , doña Laura , y Tohá , doña Carolina , y de los señores Escobar , Espinosa , González , Jiménez y Quintana , que modifica el inciso final del artículo supra que, en su texto vigente, señala que corresponderá al consejo regional aprobar los planes de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto del gobierno regional, como también resolver la inversión de los recursos consultados para la región en el Fndr, sobre la base de la propuesta que realice el intendente.
La reforma incide en la parte final del inciso y se traduce en reemplazar el vocablo “intendente” por la expresión “presidente del gobierno regional.”
Esta indicación fue rechazada por 2 votos a favor y 7 abstenciones.
La indicación supra, que fue tratada conjuntamente con la siguiente, suscitó debate en el seno de la Comisión, la que estimó, mayoritariamente, que las modificaciones que aquéllas proponen al artículo 113 de la Carta Fundamental van más allá de los acuerdos alcanzados entre los distintos sectores sobre las atribuciones que deben poseer el intendente y los consejeros regionales, afectando al primero en una facultad -cual es, por ejemplo, la de priorizar los proyectos de inversión- que ha de seguir estando radicada en la máxima autoridad de la región.
c) De las señoras Soto , doña Laura , y Tohá , doña Carolina , y de los señores Enríquez-Ominami , Escobar , Espinosa , González , Jiménez , Quintana y Valenzuela , que tiene por finalidad incorporar un inciso tercero al artículo en referencia, que prescribe que cada consejo regional elegirá, de entre sus integrante, un presidente cuya función será promover la estrategia y la priorización de los proyectos de desarrollo regional y relacionar al consejo con el intendente, ministros y otras autoridades.
Por análoga votación y fundamentos que en el caso precedente, también fue rechazada la indicación supra.
Sustituye el artículo 114 de la Constitución, que en su redacción vigente encomienda a la ley determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado, se transferirán competencias a los gobiernos regionales, así como establecer -con las excepciones que procedan- la desconcentración regional de los ministerios y servicios públicos, y regular los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos estatales.
El texto de reemplazo de esta norma dispone que una ley orgánica constitucional deberá determinar la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, temporal o definitivamente, competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa en los órdenes de materias que especifica.
No recibió indicaciones.
Modifica el inciso segundo del artículo 124 de la ley fundamental, que consagra la incompatibilidad de los cargos de intendente, gobernador, miembro del consejo regional y concejal entre sí.
La reforma se traduce en agregar a las incompatibilidades el cargo de alcalde, sin perjuicio de introducirle una adecuación formal al inciso.
Introduce una modificación de alcance meramente formal al artículo 125 de la Constitución, que encomienda a una ley de rango orgánico constitucional establecer las causales de cesación en los cargos de alcalde, de miembro del consejo regional y de concejal.
Tampoco recibió indicaciones.
El proyecto fue tratado y acordado, según consta en el acta correspondiente, en sesión de 11 de diciembre de 2007, con la asistencia de los señores Duarte, don Gonzalo ( Presidente ); Bauer, don Eugenio ; Becker, don Germán; De Urresti, don Alfonso ; Egaña, don Andrés ; Godoy, don Joaquín ; Ojeda, don Sergio ; señora Pascal, doña Denise ; señora Tohá, doña Carolina ; señores Valenzuela, don Esteban ; y Ward, don Felipe.
Señor Presidente , con la Secretaría de la Comisión hemos estimado neceseario, dados los múltiples trámites y distintos informes, adjuntar un anexo a este informe, que indica la forma en que quedaron los distintos artículos de la Constitución, para mejor ilustración de los señores diputados.
En nombre de la Corporación saludo a don Enrique von Baer, Presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (Conarede), quien nos acompaña en las tribunas.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Estay.
El señor ESTAY .-
Señor Presidente , resultará impopular votar en contra de esta iniciativa, pero peor me resulta votar favorablemente y ser cómplice de una reforma que, de prosperar, se transformará, desde mi perspectiva, en una nueva frustración para millones de chilenas y de chilenos de regiones.
Esta reforma se ha vendido mediáticamente y en forma exitosa con el bonito envoltorio de avanzar en el proceso de regionalización y descentralización del país, anhelo deseado por la inmensa mayoría. Luego, quienes votemos hoy en contra, no me cabe duda, seremos maliciosamente estigmatizados como contrarios a la descentralización y a la regionalización. Nada más lejos de la realidad. Por el contrario, quienes votemos en contra lo haremos convencidos de que con este tipo de proposiciones y de reformas no se avanzará un ápice en el traspaso de decisiones desde el poder central hacia las regiones. Lo que es aún peor, con esta fórmula electoralista, de elección di-recta de los consejeros regionales, sólo conseguiremos que las decisiones y las asignaciones de recursos se basen en criterios políticos y no técnicos.
Resulta insólito que después de 80 años desde que la Constitución de 1925 estableciera las asambleas provinciales, norma programática que quedara como incumplida por no haberse dictado la ley que las implementara, los partidos y los políticos oportunistas de hoy se acuerden de las provincias y de las regiones. Me pregunto para qué. No para otorgar mayor autonomía a las regiones o participación a sus habitantes, como metafóricamente se ha convencido a gran parte de la opinión pública y, en especial, a los medios de comunicación, sino para aumentar aún más el empoderamiento de la clase política partidista.
Con el sistema de elección directa de los consejeros regionales, lo que se consigue finalmente es darle pega a un sinnúmero de operadores políticos que hoy están cesantes. Es duro decirlo, pero es la pura y simple verdad.
Las comunas, con esta reforma, no ganarán nada; los únicos que ganarán serán los parásitos y los sedientos de poder, que harán cualquier cosa por mantenerse en sus cargos y por mantener conformes a su clientelismo político. Basta ver la forma ingnominiosa en que se distribuyeron los recursos asignados a regiones en compensación por el Transantiago; ya que con un criterio político se discriminaron a las comunas gobernadas por alcaldes de la Alianza, como sucedió en La Araucanía. Comunas en manos de la Concertación recibirán 200 millones de pesos; en cambio, las que tienen alcaldes de la Alianza, como Cunco, Pucón , Padre Las Casas , Toltén y Traiguén recibirán sólo 60 millones de pesos, lo que es vergonzoso y, por cierto, perjudicará a los más pobres.
Con esta reforma simplemente vamos a institucionalizar aún más un sistema partitocrático, que tanto daño hace a la democracia. Por eso, llamo a mis colegas, especialmente a los de Renovación Nacional, a no dejarnos confundir ni presionar por la insensatez demagógica del Gobierno, a que no contribuyamos aún más al desprestigio y a la depravación de nuestras instituciones republicanas.
Tengamos claro que fórmulas como las que se nos proponen, no darán representación a los estamentos básicos de nuestras comunas, ni menos representarán las sensibilidades de las ciudades más pequeñas.
Esta bueno ya de ceder en materias que pueden alcanzar una enorme repercusión en el futuro y que después, junto con arrepentirnos, nos sintamos avergonzados de haber contribuido a debilitar aún más las estructuras de los poderes locales.
Seamos cautos y responsables en nuestras decisiones, que los errores cometidos en el pasado ya son varios, y que más temprano que tarde la ciudadanía nos puede pasar la cuenta.
Por el bien de las regiones que representamos, votaremos consecuentemente en contra de esta reforma.
Señor Presidente , en primer lugar, deseo saludar al presidente y a los dirigentes de la Conarede presentes en las tribunas, quienes han sido un factor muy importante de lo que presumo será una nueva mayoría en esta Cámara de Diputados para aprobar un proyecto de ley que hemos discutido en varias legislaturas y que dice relación con ampliar la democracia al establecerse la elección de los consejeros regionales mediante sufragio universal.
Se trata de profundizar los procesos de regionalización y de descentralización, pero también de mejorar la calidad de las instituciones. Hemos ido entregando paulatinamente facultades a los Cores y espero que las que les otorguemos en el futuro sean mucho mayores que las que propone el proyecto. Nuestros Cores tienen facultades para resolver parte importante del presupuesto nacional y esperamos que en ese presupuesto que llega a las regiones y que se incrementa por diversas vías, amén de las platas del Transantiago, los Cores también puedan resolver parte importante de los recursos del royalty minero y de otros royalty que conozca la economía chilena.
Sin embargo, tenemos una gran dificultad, que dice relación no con la democracia de los cores, porque el proceso de democracia también puede ser representativo, puede ser indirecto, sino con el grado de legitimidad que tienen quienes toman decisiones tan significativas en las regiones.
Respecto de esa dificultad estamos discutiendo, de generar nuestros cores mediante procesos más legítimos, que involucren directamente a la ciudadanía. Si ya lo hacemos con diputados y senadores, con alcaldes y concejales, la pregunta es por qué un consejero regional, que tiene un cúmulo de atribuciones, y esperamos que cada día tenga más, porque de esa forma el peso de las regiones será mayor, no se elige por la ciudadanía. En muchas regiones los cores ni siguiera son conocidos por la gente, no los ubican; incluso, muchos trabajan el bajo perfil, para no ser abordados por la ciudadanía, dado el cúmulo de resoluciones que deben adoptar. Entonces, cuando decimos que pueden ser elegidos, estamos hablando de darle mayor solidez y legitimidad a los consejeros regionales y que, en definitiva, tengan una responsabilidad frente a la ciudadanía respecto de cada uno de los temas que resuelva.
Soy partidario de que haya presidente en los consejos regionales. Sé que en muchos parlamentarios, tanto de la Alianza como de la Concertación e independientes pesa el criterio de que somos un Estado unitario, con un régimen presidencialista, por lo que el o la representante del Presidente o de la Presidenta de la República debe tener la conducción de la región.
También soy partidario de que existan los intendentes, como en Italia existen los prefectos y como en otros países del mundo existen las autoridades que representan al poder central.
Sin embargo, como diputado de región , uno sabe perfectamente que no siempre el intendente representa la voluntad del consejo regional, que no siempre hay una relación fácil y directa entre el intendente, que representa la voluntad del gobierno y del Presidente de la República , con toda la legitimidad que la Constitución y el Estado de derecho le entregan, y los cores, que son verdaderos parlamentos. En consecuencia, si son verdaderos parlamentos y si tienen atribuciones, es absolutamente necesario que exista el cargo de presidente en los consejos regionales, con atribuciones distintas a las del intendente, que los presida y que represente la voz de las regiones, más allá del aparato político central, representado por el intendente y el gobierno regional.
A pesar de que estos dos temas son importantes, no hemos podido debatirlos y aprobarlos en las legislaturas anteriores, y se ha acusado a los parlamentarios de que estamos defendiendo nuestros cupos. Considero muy importante dar una respuesta contundente, práctica, resolutiva cuando votemos el proyecto. Quienes actuamos en política debido a la voluntad popular, debemos estar siempre dispuestos a competir con todos y a trabajar para mejorar la calidad de las instituciones, pero no podemos sacar cuentas con una calculadora en mano para determinar cómo nos podrá ir en una elección si potenciamos a un conjunto de consejeros regionales que van a tener una circunscripción mayor que nuestros propios distritos, lo que ocurre en muchos lugares del país.
Reitero, debemos estar dispuestos a competir políticamente, pero no podemos circunscribir el desarrollo de nuestras regiones y la fortaleza de las instituciones regionales a cálculos electorales personales o partidistas, ya que atrofian el desarrollo de las regiones e impiden que los consejos regionales tengan toda la legitimidad que es necesaria para un organismo que está adoptando las resoluciones presupuestarias y de otras índoles, que son tan significativas para las regiones.
Creo que hay argumentos teóricos muy importantes, que tienen que ver con la horizontalidad del poder y con la necesidad de modificar el actual régimen político. Diputados de todas las bancadas somos partidarios de modificar el régimen presidencial, porque creemos que está en crisis como régimen. No estamos hablando de gobierno, ni de éste ni de otro, pero es necesario avanzar hacia formas que otorguen facultades verdaderas al resto de los poderes. Por ejemplo, me parece absurdo que en la tramitación de los proyectos las urgencias las maneje sólo el Ejecutivo y que el Congreso no tenga nada que decir al respecto o en relación con determinadas iniciativas que versan sobre materias presupuestarias.
Si no somos capaces de instalar en las regiones figuras elegidas por la soberanía popular, junto al poder presidencial, representado por el intendente y por el gobierno regional, tendremos que seguir con un mecanismo del que debemos avergonzarnos. En muchas de nuestras regiones se aplican acuerdos poco claros o cambullones políticos para elegir a los cores, de los cuales no me enorgullezco como político. Por ejemplo, se da el caso de que grupos de concejales acuerdan elegir un consejero completamente al margen de la ciudadanía.
En nuestras instituciones debiera existir cada vez mayor posibilidad de elegir. Cuando a la gente se le consulte no sólo por los nombres de las personas que deben ocupar determinados cargos, como los de Presidente de la República , senadores, diputados, concejales, consejeros regionales, alcaldes, sino también sobre los temas que preocupan a la población, habremos dado otro paso adelante y alcanzado una fase de desarrollo democrático mayor. Pero debemos dar un paso importante que fortalezca la institucionalidad regional al permitir que la soberanía popular ingrese a los cores, garantizando que los consejeros regionales rindan cuentas públicas en las regiones de sus obras y, al mismo tiempo, que tengan una conducción distinta a la de los intendentes. En nada lesiona al sistema unitario de Chile o a la autoridad del Presidente de la República que existan presidentes en los consejos regionales. No tengamos temor de competir con los consejeros regionales ni de que las autoridades que se generen puedan desestabilizar el poder central. Por el contrario, otorguemos mayor legitimidad a nuestras instituciones regionales con la elección del presidente regional, como una voz que va a representar los intereses de las regiones, que se relacionará con el gobierno regional, con el intendente y también con las autoridades nacionales.
Señor Presidente , me gustaría hacer un poco de historia antes de referirme al proyecto propiamente tal.
El 90 por ciento de las personas que forman parte de los gobiernos regionales en representación de la Concertación, lo voy a decir fríamente, pertenecen a instituciones públicas o son empleados públicos.
¿Quién es el presidente del consejo regional? El señor intendente.
Por lo tanto, las personas que son empleados públicos, además de ser cores, tienen que llevarle el amén al señor intendente; de lo contrario, pierden la pega; en definitiva, tiene que hacerle caso a su patrón. Esta situación la vemos en todos los consejos regionales de Chile.
No nos veamos la suerte entre gitanos. Cuando algunas personas de las diferentes comunas se acercan a los parlamentarios para decirnos que les interesa tal o cual proyecto, generalmente se les responde que no se preocupen, ya que hablará con los cores de confianza para que lo aprueben. Algunos diputados tienen un solo core de su color político, pero dicen que aprueban todos los proyectos que les interesan a sus electores. No obstante, cuando pierden, argumentan que tienen un sólo core y que los otros no lo apoyaron. ¡Es una cosa que no la entiende nadie!
Algunos parlamentarios dicen que aquí habrá una competencia desleal, ya que los cores van a representar las mismas circunscripciones que nosotros. En verdad, lo considero fantástico, porque por fin se va a saber cuál es el papel de cada uno. Cuando la gente pida a un diputado que hable con un core para aprobar determinado proyecto, se le podrá responder que el consejero regional es elegido democráticamente, por lo que tendrá que formularle su petición directamente, lo que le obligará a llegar a un entendimiento con los demás cores para aprobar lo solicitado. Esto permitirá que la gente entienda que el papel del parlamentario es hacer leyes y no andar metido en el gobierno regional, porque los recursos del país los apoyamos en el presupuesto de la nación todos los años.
Lo que falta es que la gente sepa cuál es el papel de cada uno, porque eso es parte de la democracia. Entonces, se debe traspasar la responsabilidad directamente a los partidos políticos en la elección de los cores, los que deberán poner a la mejor gente a su cargo. No a señores que sean marionetas, que anden a la siga de un parlamentario o de un concejal para que les den un voto. Nuestra responsabilidad será poner a los mejores, con el objeto de que lleguen a un entendimiento por el bien de la región, tal como aquí se llega a entendimiento en el 99 por ciento de los casos para aprobar el presupuesto de la nación. Ésa es la gran diferencia. No tengo miedo a que los cores sean elegidos, porque entre todos buscaremos la fórmula para elegir gobiernos regionales que tengan autonomía suficiente y capacidad de entendimiento.
Aquí se habla de que queremos un país con regiones fuertes y potentes, pero me gustaría saber cuántos de los parlamentarios firmaron en época de campaña el compromiso con el Conarede para empezar a regionalizar el país. Antes de firmar un compromiso hay que pensarlo, porque los compromisos son para honrarlos.
Quiero regiones fuertes, autónomas y que tengan capacidad de entendimiento, de manera que no debemos tener miedo a elegir a los gobiernos regionales.
¿Cómo se va a elegir al presidente de ese consejo? En su momento buscaremos la fórmula para hacerlo, pero este proyecto constituye un primer paso, aunque a lo mejor insignificante dentro del concepto de lo que queremos todos en materia de regionalización. Este es un tema transversal; sin embargo, por qué no decirlo, cuando hablamos de la verdadera descentralización, todos los gobiernos que ha tenido este país no han querido implementarla, porque, seamos honestos, al hacerlo el gobierno central pierde poder.
Por lo tanto, la regionalización debe ser efectiva y el gobierno ser capaz de desprenderse de todo lo que está haciendo. ¿Cómo va a ser justo que desde Santiago nos digan que los recursos del Transantiago tendrán que ocuparse en Proyectos de Mejoramiento Urbano, PMU, en circunstancias de que existen muchas otras necesidades en las regiones que podrían discutirse en el seno de su consejo? ¿De qué autonomía me hablan?
Quiero regiones fuertes, quiero un país que llegue a entendimientos y quiero gente regionalista, que no mire en forma mezquina, sino las verdaderas y auténticas necesidades de las comunas. ¿Es tan difícil llegar a eso? ¿Acaso en las comunas en que hay alcaldes de la Alianza o de la Concertación no hay pobres?
El core de Temuco, digan lo que digan, cometió una injusticia tremenda, porque pensó que castigaba a los alcaldes al quitarle los recursos, pero lo cierto es que estaba castigando a su gente, al dejarla sin proyectos y sin posibilidades de mano de obra. En una encuesta que se hizo sobre el particular, el 84 por ciento de los habitantes de La Araucanía estuvieron en desacuerdo con esa actitud sectaria y partidista.
Como en los momentos difíciles se llega a entendimiento, estoy seguro de que los partidos políticos van a poner a su mejor gente para ser elegida en los cores, y abrigo la esperanza de que un día no muy lejano nuestro país sea descentralizado.
Partamos con algo. A lo mejor, los cores no se van a elegir por sufragio popular hasta en dos años más, pero debemos dar un paso delante respecto de la verdadera regionalización que queremos, con el objeto de alcanzar un país más justo, más solidario y con más recursos.
La gente quiere recursos, pero sobre todo quiere que se repartan en forma transparente en cada comuna. Ese va a ser el papel de los nuevos cores, de la gente que va a ocupar esos cargos.
No tengamos miedo de hacerlo. La gente va a entender perfectamente la razón, pero falta educación cívica para que conozca cuál es el papel del alcalde, de los concejales, del gobernador, del intendente y de los parlamentarios. No debemos tener miedo de dárselos a conocer ni de ser los primeros en difundirlo. Cuando un señor en nuestros respectivos distritos nos diga que quiere que se elabore e implemente un proyecto, debemos hacerle saber que requiere hablar con el gobierno regional, que es el que reparte los recursos, puesto que nosotros los aprobamos en el Congreso Nacional para que haya equidad. Ése es el fondo del problema.
Respecto de las inhabilidades del intendente y de los gobernadores no me voy a pronunciar, porque cada uno verá si tiene capacidades para ser parlamentario. Cada uno conoce sus debilidades y los cargos no necesariamente dan los votos.
Voy a cumplir y honrar el compromiso que firmé con la Conarede en el cerro Ñielol, de Temuco, el que con posterioridad fue firmado por cada parlamentario. Creo que ha llegado el momento de ver si los compromisos se firman para las elecciones o se firman cuando realmente llegan los proyectos, que son los primeros pasos titubeantes hacia la regionalización, pero pasos al fin. Todos partimos en nuestra vida caminando titubeantes, hasta que se nos afirma el andar.
Renovación Nacional va a apoyar el proyecto, pues esperamos que la negociación sea la que espera el país. No lo aprobaremos para que nos aplaudan, sino porque tenemos un compromiso con las regiones, porque tenemos un compromiso con la Conarede y porque creemos firmemente que es un paso importante hacia la regionalización y el bien del país.
Señor Presidente, que un parlamentario que dice defender a las regiones señale que este proyecto va a solucionar sus problemas implica que no ha aprendido nada.
Antes de pronunciarme sobre esta iniciativa conversé con los ciudadanos que desarrollan su labor en el core de Antofagasta, quienes, en forma transversal, manifestaron que este proyecto no soluciona los problemas reales de las regiones.
El problema no es si los cores deben ser o no elegidos, sino, como lo señaló el diputado señor René Manuel García , cómo hacer un país realmente justo, en el que las regiones no deban mendigar los recursos ni que haya que esperar que le vaya mal a un proyecto como el Transantiago para que se compense a las regiones con los fondos que necesitan.
Algunos hoy reclaman el cumplimiento de los compromisos adquiridos, pero los engañaron, porque la solución a los problemas de las regiones no pasa por elegir a los integrantes de los cores, sino cómo hacemos que los recursos que hoy se despilfarran, situación que ustedes, los que están en las bancadas del frente, avalan, lleguen a las regiones y se gasten como corresponde.
Una muestra clara es lo que pasó en el caso del Transantiago, cuando nos comprometieron a gastar de determinada manera y no como nosotros queríamos los recursos que se entregaron a regiones.
Por lo tanto, no me satisface que haya una elección más o una elección menos. La pregunta es cómo hacer llegar los recursos para solucionar los problemas que tenemos en regiones.
En mi región existe gran dolor por lo ocurrido en Tocopilla, Maria Elena y Quillagua. ¿Qué plata ha llegado para ayudarlas? ¿Cómo se están solucionando esos problemas? ¿Qué hace el core para buscar los recursos? ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? ¿La solución es una elección? ¿Van a tener respuesta los tocopillanos? ¿Van a salir adelante? La respuesta a la mayoría de esas interrogantes es negativa, pero estamos en un mundo político-partidista, donde hay intereses de por medio, de manera que muchos quieren quedar bien con los señores que se encuentran en las tribunas.
Seamos sinceros, sean sinceros con ustedes mismos, porque efectivamente lo que queremos es solución para las regiones, la cual no pasa por una elección, sino por la entrega de recursos para ser destinados de la mejor forma por un grupo de personas con capacidad técnica más que partidista.
Reconozco que el último core en mi región ha trabajado eficientemente, en forma muy pluralista. Sin embargo, tuvo que levantar la voz la intendenta, señora Marcela Hernando , en defensa de los intereses de la región, y la sacaron por defender nuestros intereses, específicamente por la situación emergente que teníamos en Tocopilla.
Por lo tanto, hablar en esta Sala de que una elección va a solucionar los problemas es una mentira. Sólo es para dejar tranquilo a un par de señores que pueden estar escuchando.
Quiero ser claro respecto de esta situación. Si queremos una reforma, si queremos hacer las cosas bien, si queremos buscar soluciones para el beneficio de las regiones, éste no es el camino. Alguien dijo que éste era un paso, pero hace tiempo que estamos dando muchos pasos y nunca concretamos.
Como ejemplo, voy a mencionar lo que hoy estábamos viendo en la Comisión Especial de Deportes. Se crea el cargo de ministro de Deportes y de la Juventud, pero vean bien qué dice el proyecto. Se crea el cargo, pero ni siquiera hay infraestructura, equipamiento, ni el desarrollo de ese ministerio como uno esperaría, porque las cosas las están haciendo mal.
Por lo tanto, lo que hoy reclamo, más que una elección para dejar tranquilo a ciertos sectores, son recursos frescos que se puedan gastar con una decisión regional. Mi región tuvo que acortar su presupuesto, de casi 35 mil millones, pero recuerden que en el Transantiago se gasta mensualmente mucho más que eso.
Entonces, no se trata de que estemos en contra de las elecciones, pero si vamos a hacer las cosas bien, hagámosla de una vez por todas. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de la iniciativa, porque no soluciona lo que mi región exige.
Señor Presidente , vamos a votar a favor el proyecto de reforma constitucional sobre gobierno y administración regional por dos motivos fundamentales.
En primer lugar, porque tenemos la convicción de que hay que avanzar en un proceso real de descentralización y porque la elección de los consejeros regionales significa un avance en cuanto a la regionalización.
En segundo lugar, porque queremos cumplir con el compromiso con la Conarede, que tal vez algunos olvidan, en el sentido de comprometernos a llevar adelante e impulsar este proceso de descentralización con la elección de los consejeros regionales.
Se dice que el proyecto no soluciona los problemas. ¡Claro que no soluciona todos los problemas nacionales! ¿Cómo hacer un país justo? se preguntan. Pero si no avanzamos en esta materia y damos argumentos estériles para no avanzar, no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro.
Estamos seguros de que éste es un proceso real de descentralización, que implica, desde luego, solucionar los problemas en las regiones, porque los consejeros regionales elegidos tendrán mayor exigencia y velarán por defender sus regiones, distinto a lo que ocurre en la actualidad, porque no existe el mismo nivel de obligaciones o de exigencias.
Se pretende modernizar el Estado y acentuar la renovación en todos sus aspectos institucionales, para que de esa manera se produzca un desarrollo futuro armónico e igualitario. De lo contrario, estemos a media máquina o sencillamente con un avance muy inferior al que debiéramos tener.
Se trata de avanzar en forma integral con la globalización, con la transformación del Estado, con la descentralización, con la participación ciudadana, con la revalorización de espacios locales. Queremos que exista una mayor participación ciudadana, y con la elección de los consejeros regionales eso se posibilita.
Hemos ido ampliando el ámbito de participación ciudadana; hemos logrado que los alcaldes sean elegidos en forma directa, y muchos otros hechos. Entonces, se busca acercar más la gente a las autoridades entregándoles mayor participación, que se sientan más integrados dentro del aparato del Estado, para que cuando elijan a un consejero regional digan que ellos lo eligieron y que están participando, y también para que exista mayor transparencia. Es valiosa e importante esta nueva fórmula de designación de los consejeros regionales.
Mucho se habla de la descentralización, de la modernización del Estado, pero cuando llega el momento de pronunciarnos, se retrocede y echa marcha atrás y se esgrimen distintos pretextos. A otros, al parecer, les molesta o desagrada la palabra “democratizar” o “elección”.
Lo que estamos estudiando hoy es una modificación constitucional, donde se estatuye la elección de los consejeros regionales cada cuatro años.
Hay un protocolo y diferentes situaciones del mismo, que no es del caso mencionar en este momento. Ahora tenemos que resolver la aprobación de la reforma constitucional. El protocolo, que significa llevar el detalle de esta elección a una ley orgánica constitucional, se discutirá posteriormente. Es una discusión distinta de ésta. Por eso, tratemos de no quedarnos sumidos en la confusión.
Voy a enfatizar por qué es importante esta iniciativa. Primero, porque profundiza la regionalización del país, porque se entrega mayor representación a las autoridades regionales, porque hay mayor legitimidad en su designación, porque cuando lo hace el pueblo mediante sufragio universal es mucho más valioso que cuando se realiza de manera indirecta, como ocurre en la actualidad. Además, la gente tendrá mayor conocimiento de sus funciones. Hoy es muy poca la que conoce los deberes de un consejero regional; entonces, es poca su trascendencia.
Segundo, se avanza y profundiza aún más la democratización total en el país. Nos vamos colocando a la par de las modernas institucionalidades de otras naciones. Avanzamos, caminamos, damos pasos positivos y no nos quedamos en el pasado, porque la gente quiere participación.
En esta Sala hemos visto que las provincias, las instituciones, las personas y los parlamentarios quieren más comunas, más regiones. Por lo tanto, el Estado no puede permanecer estático: tiene que avanzar, tiene que cambiar, como evolucionan las sociedades y como también cambian las aspiraciones de la gente.
Hoy se habla de que no hay caras nuevas, de que son los mismos; pero con la elección de los consejeros regionales habrá nuevos rostros y surgirán nuevos liderazgos políticos, y eso es lo importante. No nos asustemos los diputados, porque no será una competencia para nosotros. Los consejeros regionales tienen funciones distintas de las nuestras.
Nosotros tenemos como labor legislar y fiscalizar los actos del Gobierno. Ellos tienen funciones de carácter técnico, en materia de financiamiento y de administración regional, más localizadas en la región.
Desde luego, como van a ser elegidas, esas personas serán las mejores que designen los partidos políticos, las de mayor idoneidad. En la actualidad debe haber algunos que tienen capacidad, pero tal vez no son los mejores. Mediante su elección vamos a evitar que los consejeros regionales se elijan de la forma en que se hace en la actualidad, por grupos, con componendas, etcétera, y tal vez defendiendo intereses locales egoístas. Pienso que con su elección será distinto.
Con esto, estamos dando cumplimiento a esa aspiración ciudadana que ha sido expuesta a través del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, Conarede , que agrupa a una gran cantidad de chilenos.
Esta es la inquietud ciudadana que nosotros hemos captado y queremos que se plasme en la Constitución Política de la República. Es una muy buena reforma. Creo que estamos en lo correcto, en lo justo, y nos permitirá avanzar hacia una efectiva descentralización, junto con lo que hagamos más adelante, ya que esto no va a ser lo único.
Tiene la palabra el honorable diputado Esteban Valenzuela.
Señor Presidente , éste es un día para estar alegre, y espero que se logre la aprobación de esta iniciativa. Pero debo reconocer que el diputado Estay , en su intervención, fue tremendo. ¿Cómo nos puede acusar de politiqueros, de estar engañando al país, junto al Conadere, una institución pluralista donde hay personas de Derecha, de Izquierda, independientes, de las universidades? Quizás, los únicos politiqueros son los que no cumplen los compromisos contraídos por los candidatos de sus coaliciones, en 1999 ó en 2005, oportunidad en que ambos candidatos de la Alianza por Chile prometieron la elección de los consejeros regionales.
Se ha hablado sobre la necesidad de evitar los operadores. Todas las democracias modernas eligen y fortalecen gobiernos regionales democráticos para que no exista tanta autoridad delegada, para que no se preste tanto el Estado para la opacidad y la falta de pluralidad. Todas las democracias avanzadas, sin excepción, países grandes o pequeños, federales o unitarios, eligen gobiernos regionales fuertes. Una elección democrática de los gobiernos regionales, como se establece en esta reforma, obligará a los distintos partidos políticos -después se discutirá la fórmula y un protocolo de acuerdo en relación con las listas- a buscar las mejores caras, los mejores rostros, liderazgos políticos relevantes para tener representación en un gobierno regional autónomo.
Entonces, pido cordura, coherencia y respeto con lo que se había establecido. Además, hay tres ideas fuerzas muy simples: la elección democrática de los cores y terminar con este chiste actual, donde se ponen de acuerdo los partidos y las asambleas de concejales y, a veces, hay compra de votos de una coalición a otra -como ha ocurrido-, y nadie se entera de quienes son los consejeros regionales. Elección democrática.
Segundo, algo clave, que es lo que tiene Francia, el más centralista de los países desarrollados. El resto, elige a los intendentes; pero, al menos, hagamos lo que hizo Francia; es decir, que exista la delegación del Estado central en la figura del intendente, pero que pueda haber una voz y expresión autónoma de las regiones en su diversidad, y que no sólo el oficialismo, sino las oposiciones o las coaliciones regionales que se generen puedan elegir un presidente entre los consejeros electos, y, por lo tanto, expresarse la demanda de las regiones.
En tercer lugar, y esto es algo respecto de lo cual se comprometió la subsecretaria Claudia Serrano , en relación con algo que tiene razón el diputado Enrique Estay , en cuanto a que, por cierto, la elección de las autoridades no es la única solución. Esto requiere traspaso de recursos y de competencias. Este articulado, que permite que el Estado central pueda ir pactando con una región o con un grupo de ellas traspaso de competencias explícitas, es también una atribución real en un sentido correcto.
Señor Presidente , hoy creció un poco el Comité Independiente, ya que somos siete diputados, y tuvimos nuestra primera discusión sobre este proyecto de ley. Quiero hacer presente que los miembros de este Comité, la señora Alejandra Sepúlveda y los señores Mulet , Olivares , Escobar , Araya , Eduardo Díaz y quien habla, vamos a respaldar entusiastamente y a votar en forma positiva este proyecto, por unanimidad.
Se encuentra en las tribunas Heinrich von Baer ; desde Temuco, nos escucha Diego Benavente ; nos visitan amigos de Valencia, de zonas de España que muestran dinamismo, autonomía y desarrollo regional. Esta es una oportunidad para que el Congreso Nacional pueda refrendar un acuerdo que está en el coro de la democratización y en la modernización de nuestras instituciones. Aquí, estamos creando instituciones, no destruyéndolas. Con la elección de los cores estamos haciendo gran política, no política pequeña. Vamos a obligar a las regiones a ponerse de pie y a construir plataformas potentes y autónomas; vamos a abrir los cauces para que grupos no oficiales puedan presidir algunos consejos regionales. Esta es una reforma acotada desde todo punto de vista, un paso gigantesco en favor de la descentralización y de la democracia.
Llamo a los grandes políticos, en particular a las voces disidentes de la UDI, a refrendar los compromisos que se han asumido en campañas electorales.
Señor Presidente , como diputada de regiones , una de las constantes peleas que hemos debido afrontar es tratar de romper el tremendo centralismo que existe en Chile. Un ejemplo concreto es la reforma procesal penal, cuya aplicación se inició en 1999, pero sólo cuando llegó a Santiago se dieron cuenta de que las víctimas de los delitos necesitaban abogado. Otro ejemplo es el conflicto mapuche. Todo Chile lo veía, a través de las noticias como algo que ocurre en la Novena Región, pero tras el atentado ocurrido hace unos días a un ejecutivo en Santiago, pasó a ser un hecho mucho más importante, porque ocurrió en la capital. Así sucede, en general, con todo. Constantemente, las regiones estamos postergadas y recibimos menos recursos. Es cierto que tenemos menos habitantes, por eso, cuesta más hacer soberanía en muchas de nuestras zonas.
Pero, ¿con qué nos encontramos? La mayoría de las decisiones importantes respecto de los lugares donde vivimos y de la gente que representamos, se toman en Santiago.
A mi juicio, el proyecto en debate no soluciona ni un ápice el tremendo problema que tenemos en las regiones. Es cierto que nos ofrece la oportunidad de que la gente tenga una elección más, la cual todavía no sabemos cómo va a ser exactamente. En definitiva, ¿en qué le va a cambiar la vida a la gente de regiones el tener un papel más donde votar? Al final, nuestra pelea no es por votar más, sino para dar mayores oportunidades a todas las personas. Claramente, un voto más o un voto menos no le va a cambiar la vida a nuestra gente. De alguna manera, esto va a significar un mayor número de campañas, de promesas electorales que ya tienen cansada a la gente, porque de cualquier manera, cada coalición, cada core, van a necesitar votos.
Si hoy tenemos problemas para contar con gobiernos regionales que tengan miradas de desarrollo integral, que vean qué queremos hacer con nuestra región, y para que el escaso porcentaje que define el gobierno regional esté dirigido hacia un área determinada, sobre todo hacia finales de año, cuando vemos cómo se reparten pequeños proyectitos en las distintas comunas ¿acaso elegir a cada uno de estos cores significa que el problema va a disminuir o, por el contrario, que habrá que pelear para que cumplan las promesas electorales?
Del total de la inversión pública, el gobierno regional sólo puede decidir sobre la base de un porcentaje mínimo. Se habla de 50 por ciento. Bien, aceptemos que es ese porcentaje, pero de ese 50 por ciento el gobierno regional dispone de un porcentaje que no supera el 20 por ciento. Es decir, de todo lo que se invierte en regiones, en general, estamos hablando de porcentajes que van de 15 a 20 por ciento.
Doy un ejemplo concreto. El año pasado, en la región que represento se hizo una inversión de 400 mil millones de pesos, de los cuales sólo 40 mil millones fueron asignados por el consejo regional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos discutiendo sobre un proyecto que no nos dará absolutamente ninguna garantía de que las regiones ganarán algo con él.
Por otro lado, tampoco conocemos el proyecto que discutiremos más adelante, relacionado con la forma en que serán elegidos los consejeros regionales. Se dice que se harán listas por partidos políticos. Seamos realistas; lamentablemente, la gente dice que no quiere saber nada de partidos políticos, que no quiere elegir a un militante de un partido político. Cada día más, la gente prefiere votar por las personas. Muchas veces, nos sorprendemos cuando nos encontramos con votaciones que son muy transversales. En lo personal, en las últimas elecciones, muchos hombres y mujeres votaron por la Presidenta Bachelet y por mí.
Señora diputada , ha terminado su tiempo.
Señor Presidente , ¿puedo hacer uso del tiempo de mis dos discursos?
Sí, señora diputada.
En verdad, creo que todo esto es un engaño, sólo una forma de decirnos que ahora podemos elegir a los consejeros regionales, pero no significa en absoluto cambiar la situación desmedrada en que se encuentran las regiones. Estaría dispuesta a que estudiáramos la forma de elegir a los consejeros regionales, siempre que en los presupuestos de cada año se aseguraran los recursos de que va a disponer cada una de nuestras regiones, que quedaran amarrados y no dependieran de la voluntad del gobierno de turno, de acuerdo a si tal o cual región les favorable o no. En este sentido, creo que se corre un gran riesgo.
Por otra parte, debemos ser honestos y preguntarle a los ciudadanos. A veces, le pregunto a la gente si sabe lo que es un consejero regional. En realidad, no sabe. ¿Será un personaje más que va a pedir el voto y el apoyo popular? Existe gran descontento debido a las promesas incumplidas. La verdad es que confunden los distintos cargos y piensan que somos una especie de asistentes sociales que les vamos a solucionar sus problemas.
Creo que no es una buena forma de iniciar una discusión sobre descentralización, que no es la manera de dar poder real a las regiones: es sólo una píldora para decir que están haciendo algo cuando, en realidad, no están haciendo nada, porque el consejo regional decide lo que se invierte en su región sobre la base de un porcentaje exiguo que no nos sirve. Además, esto va a significar que, el día de mañana, la gente deberá votar por alguien que no tendrá poder real, pero que sí se encontrará con un tremendo desafío: cumplir las promesas. No estoy diciendo de ninguna manera que el sistema que tenemos hoy sea bueno; creo que no lo es. Lo único que pido y que me encantaría tener es una opción de poder real para las regiones, de manera que las decisiones del consejo regional sean verdaderamente importantes y tengan impacto en su desarrollo.
Para terminar, quiero referirme a algo que manifestó un parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, cuando se refirió a los compromisos de los candidatos de la Alianza en elecciones anteriores. Por supuesto, todos estábamos detrás de esos compromisos; pero ellos no se referían sólo a la elección de los cores. El compromiso de nuestro abanderado presidencial apuntaba a descentralizar de verdad el país; no a votar por los candidatos de determinado partido político, sino a dar verdadero poder a las regiones. Obviamente, su compromiso y el nuestro iban en esa línea y no en la de esta pildorita que es el proyecto en discusión.
Por lo tanto, expreso mi voluntad de votar en contra de este proyecto, no porque crea que es un buen sistema el que tenemos hoy, sino porque considero que constituye un engaño y porque no mejora absolutamente en nada la situación de la gente, sobre todo, de los sectores rurales y de las islas que represento.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
Señor Presidente , como lo manifestaron los colegas de la Concertación que me antecedieron en el uso de la palabra, creo que éste es un día muy especial, porque se discute un proyecto de ley que, sin duda, constituye un avance tremendamente importante en las tareas que nos propusimos como Gobierno desde que recuperamos la democracia en nuestro país, hace ya 17 años; primero, cuando creamos las organizaciones regionales y, después, cuando se empezó a democratizar el sistema municipal.
La elección de los consejeros regionales es un paso importante -por cierto, no el último-, pero creemos que debe ir acompañado de una mayor transferencia de poder a los gobiernos regionales. Es un paso muy importante para avanzar en la democratización del país.
No es posible que hoy ocho o nueve de cada diez chilenos no tengan idea qué son, qué hacen y menos aún quiénes son los consejeros regionales. Si queremos avanzar en que autoridades que revisten una importancia trascendental en el desarrollo de las regiones, como los consejeros regionales, sean conocidos por la ciudadanía, una forma de contribuir a ello es que ésta tenga algo que ver en su elección.
Sin duda, la elección de los consejeros regionales permitirá que los habitantes de todas las regiones sientan que estas autoridades son más cercanas, que son sus representantes. Les vamos a entregar más facultades para fiscalizar, y si no cumplen -esto es algo muy importante en democracia; algo que olvidó la diputada señora Turres -, será la propia ciudadanía la que no volverá a votar por ellos en una próxima elección, porque no cumplieron el compromiso de sacar adelante los proyectos que van en beneficio directo de las personas que los eligieron, de acuerdo al sistema que hoy estamos estableciendo.
No les podemos pedir que hablen de democracia a quienes prefirieron, por largos años, cualquier mecanismo no democrático. Aquí han hablado parlamentarios que fueron alcaldes designados y otros que se sintieron como pez en el agua con ese sistema. Esta forma de elección de los consejeros regionales, obviamente, constituye un paso fundamental para democratizar el país.
Lo que no podemos permitir es que en esta Sala se efectúen intervenciones con tan poco respeto hacia la labor de los consejeros regionales, como la que realizó, al comienzo del debate, un colega al que respeto profundamente. Me refiero al diputado Estay , que utilizó conceptos peyorativos para referirse a la labor de los consejeros regionales. Habló de “operadores políticos”, de “parásitos”. Yo quiero decirle al señor Estay , transversalmente hablando, que en mi región hay consejeros regionales que hacen una real contribución al desarrollo de su región. Sólo por mencionar algunos casos de mi región, no creo que Ricardo Laño , de Renovación Nacional, Marcelo Fuentes , Jorge Moreno , Alfredo Frolich , sean parásitos. Son de la Oposición, de la Alianza, y han sido una contribución en muchas iniciativas para el desarrollo de sus comunas.
No tenemos por qué pensar que van a ser parásitos operadores políticos quienes postulen en la lista que los propios partidos van a poner a disposición de la ciudadanía para que los elija.
El problema es de ustedes, no de nosotros.
Señor Presidente, pido que el diputado Urrutia no me falte el respeto.
Ruego a los señores diputados no interrumpir al diputado que está haciendo uso de la palabra.
Puede continuar, diputado Espinoza.
Señor Presidente , en definitiva, no podemos oponernos a contribuir a la democratización del país, de los gobiernos locales, a través de la elección.
Aunque votaré a favor del proyecto, no comparto el mecanismo de las listas, porque, a mi juicio, debiéramos ser aún más democráticos y que no se vote por lista sino por el candidato que a cada uno le guste, de modo que se sepa cuántos votos saca cada candidato en la elección. Pero hay algunos que quieren protegerse las espaldas y no determinar cuántos votos va a sacar cada futuro candidato a consejero regional.
En fin, este tema es harina de otro costal, como se dice en buen chileno. Lo que importa es que hoy el Congreso Nacional está dando un paso importante en aras de la democratización y de la regionalización, por más que a algunos no les guste.
Muchos de los diputados de Oposición que se oponen al proyecto, durante la campaña electoral firmaron el protocolo con la Comisión Nacional de Desarrollo Regional, como dijo el diputado René Manuel García. He visto a muchos que han firmado para la foto, que se han pronunciado dispuestos a la elección directa de los consejeros regionales, de una elección más democrática. Sin embargo, hoy tienen otra postura, que respetamos pero no compartimos.
Termino señalando algo fundamental: una elección directa de consejeros regionales evitará que se provoquen distorsiones profundas como las señaladas. El actual sistema permite que sólo unos pocos elijan, en algunos casos, bajo mecanismos bastante dudosos, a consejeros que hoy ejercen sus cargos.
El proyecto permitirá la irrupción de nuevos liderazgos políticos en las regiones, a los que no debemos temer, porque es un proceso natural que en toda democracia es sumamente sano que ocurra.
Votar a favor esta reforma constitucional, pues significa un paso muy importante, pero la elección de los consejeros regionales -en eso creo que todos estamos de acuerdo- debe ir aparejada de una mayor transferencia no sólo de recursos, sino de instrumentos que permitan que los gobiernos regionales sean cada vez más fuertes y sólidos.
Hoy, la Cámara de Diputados votará a favor esta iniciativa para dar cumplimiento a un compromiso que muchos de nosotros suscribimos con la ciudadanía cuando fuimos candidatos.
Tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA .-
Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado Fidel Espinoza que me siento orgulloso de haber sido alcalde designado. Eso no me inhabilita para intervenir en la Sala ni me resta autoridad moral, porque en dos oportunidades fui elegido alcalde con las más altas mayorías porcentuales del país y si estoy sentado aquí es porque la ciudadanía me eligió.
En cuanto a la materia que nos convoca, quiero señalar que el desigual desarrollo que existe en las distintas regiones del país sigue incentivando la migración hacia la capital, y con ello se van generando dos Chile: el Chile de Santiago, que cuenta con grandes inversiones y concentra la atención de las diversas autoridades nacionales, y el Chile de las regiones, con niveles muy diferentes en calidad de vida y crecimiento, y víctimas, sin duda, del olvido de las autoridades nacionales, muchas de los cuales sólo se preocupan de los problemas de la capital, como el ministro de Transportes , señor Cortázar , que sólo se preocupa del Transantiago y para quien las regiones no existen.
Todos estamos de acuerdo en que la descentralización y el fortalecimiento regional son fundamentales para que todos los chilenos puedan acceder a oportunidades de progreso y a recursos e inversiones acordes con las necesidades de cada uno de los rincones de nuestro querido país, y no según lo que decida un personaje detrás de un escritorio, en Santiago, alejado de la realidad nacional.
No podemos negar que en las últimas décadas ha habido algunos intentos por descentralizar, pero, probablemente por razones ideológicas, aumentadas por el miedo a perder el poder, las iniciativas que se han ido concretando han tomado el camino equivocado, siendo, en la práctica, recentralizadoras.
Ahora, tras intensos debates en las Comisiones de Gobierno Interior y de Constitución, Legislación y Justicia, enfrentamos en la Sala la discusión de una propuesta que el Gobierno ha señalado como esencial para el desarrollo y la democracia interna de las regiones: la tan esperada reforma constitucional de los gobiernos regionales. Sin embargo, cuando se revisa detenidamente el proyecto, nos encontramos con una tremenda desilusión: sólo se trata de una propuesta cosmética, que no resuelve en nada los problemas de fondo que enfrentan las provincias, comunas y regiones de nuestro país.
En efecto, la reforma constitucional que se propone para los gobiernos regionales ha terminado siendo un proyecto esencialmente electoral, en que los cambios reales apuntan a la creación de circunscripciones senatoriales de manera automática cada vez que se crea una nueva región, con el evidente aumento de senadores que ello implica, y la elección directa de los consejeros regionales.
Si queremos crear circunscripciones y cupos para más senadores, digámoslo derechamente y no utilicemos la descentralización del país como justificación para aumentar esos cupos.
Hay por ahí una nueva norma que faculta y regula la transferencia de ciertas competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales. Esta modificación podría significar un avance en materia de descentralización, pero no nos engañemos. sigue dejando en manos del Presidente de la República la decisión de realizar transferencias de competencia, por lo que dependerá, única y exclusivamente de su voluntad transferir mayores competencias.
Además, debo destacar que esa transferencia puede hacerse sólo a un gobierno regional o a los que el Presidente de la República determine -así lo señala la norma-, lo que resulta altamente discrecional. Debería haberse considerado la transferencia de ciertas decisiones de manera permanente a todos los gobiernos regionales. Pero al ser materia de atribución exclusiva del Ejecutivo, depende única y exclusivamente de su voluntad. La norma que hoy nos presenta es la expresión de ella, la cual resulta un tanto mezquina, pues pudiendo ser lo más, resulta ser lo menos. De todas formas, representa un cambio a considerar, aun cuando es tremendamente insuficiente.
En definitiva, esta reforma constitucional no contiene cambios esenciales respecto de las atribuciones y funciones de los consejos regionales. El traspaso de poder desde el gobierno central a las regiones es discrecional. En ninguna parte se pronuncia respecto de la administración local, de los recursos y de las respectivas inversiones regionales.
Todo esto nos lleva a una conclusión, quizás dura, pero evidente. La Concertación no cree en la descentralización. No puede entenderse de otro modo si se cuadra sin cuestionamiento con este proyecto, tan mezquino que no representa mayores cambios para las regiones, sus habitantes y su poder de decisión y administración. Se trata de una propuesta exclusivamente electoral.
La UDI cree en las regiones y se cuadra con su gente. Por eso, queremos profundizar las competencias locales y su democracia interna con medidas que den poder real a las personas y a su capacidad de decisión efectiva, no como lo plantea este proyecto.
Apoyaremos algunos de los artículos propuestos, porque son necesarios y representan un mínimo avance, pero también rechazaremos con fuerza las medidas que no impliquen cambios reales o que debieran ir acompañadas de modificaciones realmente profundas ante nuestra convicción de que las regiones merecen respuestas efectivas para la descentralización, no propuestas efectistas y electorales, como se plantea.
Tiene la palabra el ministro secretario general de la Presidencia.
Señor Presidente , hoy la honorable Cámara debate un tema de la mayor trascendencia para la reforma del sistema político.
A los regionalistas, bien representados por los dirigentes del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización, Conarede, y por la inmensa mayoría de los parlamentarios presentes, les cuesta mucho abrirse paso en un país con fuerte tradición centralista.
Fue así como en el gobierno del Presidente Patricio Aulwin se crearon los gobiernos regionales. Quienes asistimos a la firma y promulgación de esa ley en la Casa del Arte, de Concepción, recordamos claramente sus palabras al señalar que el país comenzaba a recorrer tierra ignota en un camino que, por primera vez, creaba en las regiones centros de decisión autónomos e importantes.
Desde ese momento, y con numerosas reformas, hemos avanzado hacia una regionalización mayor. Obviamente, todavía insuficiente para las exigencias del país, claramente más crecientes, por el grado de desarrollo de cada una de las regiones y por la conciencia de sus habitantes respecto de la necesidad de tomar las decisiones que les son propias.
Este proyecto busca que el consejo regional tenga mayor legitimidad al tomar sus decisiones, por cuanto se pasa de un sistema de elección indirecta de sus consejeros a un sistema de elección directa. Eso es lo esencial del proyecto.
Tanto en la Comisión de Constitución como en la de Gobierno Interior, se dio una redacción más precisa al artículo 114 de la Constitución para que la voluntad programática que se señala sobre la descentralización, incluso la desconcentración, pudiera tener mayor impulso. Pero la versión de ambas Comisiones son programáticas, y se materializarán en un proyecto que pronto el Ejecutivo enviará al Congreso para modernizar los gobiernos regionales.
No cabe duda de que todas las fuerzas políticas debieran sumarse en la búsqueda de una regionalización efectiva, real y eficaz para el desarrollo armónico del país. Es una tarea difícil, porque estamos avanzando en contra de la tradición republicana de Chile desde la Constitución de 1833, de inspiración portaliana.
Sin embargo, a esta altura, prácticamente todos los países, por una u otra vía, se trate de sistemas federales o unitarios, han buscado fórmulas propias para que las decisiones se tomen más cerca de la gente. En Chile se ha avanzado más en el campo municipal que en el regional. Pero, sin duda, en este último debemos avanzar significativamente.
Quiero reafirmar en forma clara, inequívoca y categórica la voluntad del actual Gobierno en el sentido de dar todos los pasos posibles para que la voluntad regionalista se haga realidad.
Obviamente, es una tarea que trascenderá el mandato de la Presidenta Bachelet, pero deseamos que esta materia forme parte de la idea de un pacto social en el cual se sumen las voluntades del Gobierno y de la Oposición para que el país pueda contar con un sistema político más armónico, equilibrado y eficaz.
Sobre la forma cómo podremos materializar esta voluntad, el Gobierno está plenamente dispuesto a iniciar, o reiniciar, según sea el caso, todos los contactos, conversaciones o fórmulas de intercambio necesarios para que prontamente este proyecto sea realidad, con los cambios que se estimen oportunos. Por eso, en vista de la cantidad de señores diputados que han pedido hacer uso de la palabra, no nos preocupa el hecho de que la iniciativa no se alcance a votar en la sesión de hoy. Quizás, más que discursos encendidos sobre una u otra materia, en forma polémica, nos gustaría escuchar planteamientos constructivos sobre cómo mejorar una iniciativa.
En el tema de reforma constitucional no existe iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Los parlamentarios también pueden presentar sus ponencias. No debe esperarse el impulso del Gobierno para esto, porque no hay aquí ninguna restricción. Por tanto, a partir de visiones constructivas, ojalá pudiera contarse con un consenso muy significativo que nos permita, a la vez, democratizar y dar una legitimidad mayor a los consejos regionales y, al mismo tiempo, tener un gobierno regional con más atribuciones y competencias y con un grado de autonomía mayor.
Parece indispensable que estas dos ideas se conjuguen, porque los consejos regionales tienen un carácter muy especial en nuestro sistema político, ya que, a diferencia del Congreso Nacional, que no distribuye recursos, sino que simplemente fija un marco de gastos al aprobar el proyecto de ley de presupuestos, los consejos regionales sí distribuyen una cantidad creciente de recursos en las regiones.
De ahí que los consejos regionales puedan tener un impacto en la vida regional mucho mayor que las simples decisiones normativas de carácter general a nivel nacional que muchas veces toman la Cámara de Diputados y el Senado.
Por eso, hay que poner atención cuando se configura la forma de elegir a los consejeros regionales, el ámbito de sus atribuciones y su rol en la vida regional. No hay duda que debieran tener mayor facultad fiscalizadora del gobierno regional, para evitar cualquier tipo de tentación, de abuso o de extralimitación de poderes y, al mismo tiempo, debieran tener una capacidad normativa, que hasta el día de hoy nunca se ha materializado, respecto a ciertos ámbitos de la vida regional que pudieran ser legislados o normados a nivel del consejo regional, así como existen las ordenanzas municipales. Además, los consejos regionales debieran tener una capacidad, ya que nacieron de esa manera, de redistribución o de asignación de recursos, lo que los volvería particularmente sensibles.
No parece lógico que un organismo así, con ese cúmulo de facultades, hoy sea elegido en forma indirecta, poco transparente a la opinión pública, donde muchas veces la ciudadanía de la región no se siente adecuadamente representada. Lo lógico es que el consejo regional pase a ser una suerte de parlamento de la región, con mayores facultades, por cuanto, repito, asigna recursos. Pero, para eso, se requiere que haya una generación directa de los consejeros regionales, que rindan cuenta ante la opinión pública, que su función sea fiscalizada y que actúen con enorme responsabilidad.
Junto con lo anterior, se abre otro ámbito de discusión respecto de la relación entre los consejos regionales y el intendente. En la proposición que se discute se dice que los consejeros regionales elegirán su propio presidente.
Es evidente que en la medida en que este organismo tenga mayor poder en la región, tratándose de una república con un sistema unitario de gobierno, esto hay que pensarlo muy bien para que no se produzca una disputa permanente de liderazgo entre el intendente, que representa al gobierno central en la región, y, el un presidente de un consejo regional que va a tener una legitimación democrática distinta, aunque por vía indirecta, y que presidirá un organismo que asigna recursos.
Esta es una materia que los parlamentarios y el propio Gobierno tendrán que meditar bien, para acertar con una fórmula que sea eficaz. También se podría, tal vez porque conozco bien el pensamiento del Conarede, ir caminando de modo gradual y experimentar cómo funcionan los consejos regionales democráticamente elegidos, cómo se articulan con el gobierno regional, entendido por tal la intendencia y sus seremis, de manera de avanzar.
Cualquiera sea la fórmula que al final salga del Congreso Nacional, va a requerir una modificación a la ley orgánica de gobiernos regionales para que estas ideas se puedan traducir a la práctica. Ahí sí que los parlamentarios tendrán que volver a discutir sistemas de elección, cuántos por provincia, cuál debiera ser el tamaño del consejo regional democráticamente elegido, cuáles debieran ser sus facultades.
Por ejemplo, así como hoy habrá una interpelación, que esperamos sea seria y prestigie a la Cámara de Diputados, respecto de un ministro de Estado , ¿podrá mañana un consejo regional interpelar a un seremi? ¿Podrá citarlo para que rinda cuenta sobre alguno de los aspectos de su gestión?
O sea, hay varios temas abiertos, y nosotros quisiéramos que más que convertir esto en una suerte de debate de recíprocas interpretaciones, por decirlo así, pudiéramos hacer un esfuerzo para configurar, entre todos, una nueva arquitectura, que pudiera concitar un consenso más amplio, de un aspecto del gobierno regional tan central como el consejo.
Por eso, no nos alarma que no se pueda votar hoy el proyecto -tal vez la próxima semana-, ya que se aprovecharía ese tiempo para buscar fórmulas que susciten el consenso necesario, de modo que los pasos que se den en materia de regionalización tengan un arraigo suficiente en las regiones y no nazcan bajo el signo de la polémica, de la disputa; sino, por el contrario, bajo el signo del respaldo mayoritario de los diferentes diputados y senadores.
Con ese espíritu, reafirmo la voluntad del Gobierno de continuar trabajando por la regionalización del país.
Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.
Señor Presidente , si hay un proyecto trascendente dentro del período parlamentario que nos corresponde, es éste. Esta reforma constitucional significa un nuevo paso hacia un desarrollo armónico y sustentable basado en las capacidades, humanas, naturales, culturales, históricas del país, que se encuentran en todas las regiones.
Por desgracia, el desarrollo de Chile ha estado marcado por un exceso de centralización. Debido a ello, no ha sido armónico, sino profundamente desequilibrado, y ha impedido el aprovechamiento de las potencialidades económicas, turísticas, culturales, educacionales, etcétera, de las regiones.
A mi juicio, la descentralización es una necesidad para un desarrollo armónico y equitativo, en el que todas las regiones tengan un rol según sus respectivas identidades, ya que se requiere un país más justo.
Por eso, siempre he sido partidario de que lo que se pueda decidir a nivel local o regional, se haga a nivel local o regional; y que el Gobierno concentre las funciones que competen al Estado, de defensa nacional, de seguridad pública, de relaciones exteriores, de manejo presupuestario. Varias materias que hoy se resuelven en el nivel central, perfectamente pueden resolverse en las regiones. Para eso necesitamos descentralización, que significa mayor participación, mayor democracia y mayor reconocimiento de las identidades y realidades que existen en cada punto del país.
Por eso, con el proyecto se da un paso sustantivo, pues dispone que los representantes de las regiones sean elegidos directamente por los ciudadanos. Ello dará mayor porte, mayor envergadura, mayor visibilidad y mayor presencia y significación a los consejos regionales, cuyos miembros hasta ahora son poco conocidos y sus funciones poco apreciadas por la ciudadanía. Elegir a los consejeros regionales no sólo constituye una medida absolutamente básica para ir desatando las energías que subyacen y laten en el conjunto del país, sino, además, permite a los ciudadanos contar con genuinos representantes de sus regiones.
En el caso de los municipios, también necesitamos mayores pasos descentralizadores, porque todavía son instancias de administración. Por eso, también hemos presentado un proyecto de reforma constitucional para convertir a los municipios en poderes locales, en verdaderos gobiernos locales. Una descentralización plena exige que las decisiones que afecten a las comunas puedan ser tomadas adecuadamente en los gobiernos locales.
En el caso de los gobiernos regionales, el proyecto también plantea que cada consejo regional elegirá de entre sus integrantes a un presidente, quien será el encargado de relacionar al consejo con el intendente, ministros y otras autoridades. Sin duda, el hecho de que el consejo regional tenga un presidente elegido también es un avance. No obstante, que su elección sea hecha en forma indirecta todavía es insuficiente. Creo que a futuro debemos avanzar hacia la elección directa de los presidentes de los gobiernos regionales. Esto funciona en muchos países. No debemos temer que se produzcan conflictos -el ministro se refirió a ello- entre la autoridad del intendente y la del presidente del consejo regional. Ello ocurre cuando se entiende que todos los poderes del gobierno se radican en el Presidente de la República y se delegan en las regiones. Pero cuando los poderes reales están delegados en las regiones y en ellas se toman las decisiones, es necesario que el órgano colectivo que toma esas decisiones tenga un presidente regional también legitimado por votación popular. Por eso, soy partidario de apoyar esta proposición, que constituye un paso transitorio para avanzar posteriormente hacia la elección directa de los presidentes de los gobiernos regionales.
En el proyecto también falta que se señalen las facultades que se otorgarán al consejo regional. Creo que, a través de su presidente , debería tener la facultad no sólo de aprobar la estrategia regional y la priorización de los proyectos de inversión en las regiones, sino también la de elaborar y presentar la estrategia regional y la priorización de proyectos de inversión. En esta propuesta de reforma constitucional no se contempla esta medida, que habíamos introducido mediante una indicación en las comisiones. Pero respetamos que todavía no se hayan dado los consensos para avanzar en ese sentido y, de todos modos, votaremos favorablemente esta moción. Reitero que un proceso de regionalización y descentralización más avanzado debería contemplar que el presidente del gobierno regional tenga la facultad de proponer la estrategia de desarrollo regional y la priorización de los proyectos de inversión. El intendente, en un gobierno regionalizado y descentralizado, es una autoridad que representa al Presidente de la República en la administración del Estado, pero no es quien debe tomar las decisiones en relación con los temas más importantes que competen a la región, como las inversiones o la destinación de recursos. Éstas son decisiones fundamentales, que pueden tomarse en la región y que no son incompatibles ni generan conflicto con la autoridad de un gobierno central fuerte. Hay países que tienen una presidencia muy fuerte, como Estados Unidos, pero un gobierno muy descentralizado a nivel de los estados. En el caso de nuestro país, los conflictos que pudieran producirse entre autoridades podrán evitarse en la medida en que seamos capaces de ir delegando facultades y generando verdadera regionalización, descentralización, creación de poderes locales y gobiernos regionales configurados en los cuales las decisiones estén radicadas efectivamente en las regiones.
El proyecto constituye un paso sustantivo, pues establece la elección por sufragio universal de los consejeros regionales y la elección de entre ellos -por ahora- de un presidente, que también es un avance muy importante en el proceso de regionalización y de descentralización.
Hay veintiocho señores diputados inscritos y la sesión finalizará a las 18.00 horas. El proyecto se seguirá tratando en una próxima sesión. ¿Habría acuerdo para cerrar la lista de inscripciones, de modo que en la próxima sesión puedan intervenir los diputados inscritos?
Tiene la palabra el diputado Germán Becker.
Señor Presidente , antes de iniciar el análisis de este importante proyecto, quiero saludar a las máximas autoridades del Consejo Nacional para la Descentralización y Regionalización de Chile, encabezado por Heinrich von Baer, quienes se encuentran en las tribunas. Es importante su presencia, porque han estado trabajando en temas relacionados con la regionalización y la descentralización desde hace mucho tiempo.
Esta iniciativa de reforma constitucional presenta varios aspectos importantes. Entre ellos, precisa que cada región deberá tener una circunscripción senatorial, lo que me parece muy relevante, pues la región de Arica y Parinacota no podía quedar sin senador. Iba a ser la única región que no lo tendría. También dispone que una ley orgánica constitucional determinará la forma en que el Presidente de la República podrá transferir competencias a los gobiernos regionales. Es importante aclarar que exigimos que se hiciera a través de una ley orgánica, porque pensamos que es un tema de la mayor relevancia para las regiones.
Sin duda, la modificación al artículo 113 de la Constitución Política es la que ha causado mayor polémica, específicamente en lo que se refiere a la elección por sufragio universal de los consejeros regionales. Inicialmente, el mensaje del Ejecutivo planteaba la elección por votación directa. Finalmente, se estableció que fuera por sufragio universal, pues pensamos que es más amplio.
Cualquier nueva elección o cualquier nuevo sistema siempre generará controversia. ¿Por qué es necesario cambiar el actual sistema indirecto de elección de los cores? Hay muchas razones, que a continuación paso a detallar.
Normalmente, no se elige a los mejores consejeros regionales. Muchas veces, grupos de concejales se conciertan para elegir a uno, de modo de recurrir posteriormente a él con la finalidad de conseguir recursos para sus comunas. Incluso, algunos parlamentarios también forman grupos de concejales y eligen a consejeros que después trabajan para los parlamentarios.
No es una buena práctica porque, al final, esos consejeros se deben a los parlamentarios o a los concejales que los eligen y a sus respectivas comunas, y no a la región, lo que hace que no exista una visión global, sino parcial, impuesta desde las comunas.
Otro aspecto negativo dice relación con que la ciudadanía no tiene idea sobre quiénes son sus consejeros regionales ni para qué sirven, porque nunca han visto un listado de ellos y no saben cómo se eligen ni nada por el estilo. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía los elija, de modo que tenga algo que decir en la materia.
Por último, el actual sistema se presta para actos de corrupción, en que se paga a concejales para votar por tal o cual consejero regional. Eso se ha visto en muchas comunas y regiones y todos conocemos algún ejemplo. En mi opinión, esa práctica se debe erradicar lo antes posible.
En resumen, el sistema de elección indi-recta de los cores está absolutamente caduco. En su momento sirvió, pero en la actualidad se corrompió y no cumple con su objetivo.
Lo que vamos a votar hoy es un primer paso, a fin de establecer en la Constitución Política de la República la elección de los cores mediante sufragio universal. Nada más y nada menos que eso.
No podemos pedir a este proyecto de reforma constitucional que mejore en su globalidad el problema de la descentralización y la regionalización. Aparentemente, el diputado Rojas y la diputada Turres expresaron que no avanza en nada. Sin embargo, a mi juicio significa una tremenda oportunidad para las regiones, porque trae aparejada una ley orgánica en cuya discusión tendremos oportunidad de entregar más atribuciones a los cores y establecer la forma de su elección, la cantidad que se elegirá, las atribuciones con que contarán, etcétera.
Existe un protocolo de acuerdo con el Gobierno, quizás incipiente, para avanzar en la materia.
Además, Renovación Nacional elaboró un documento cuyas propuestas se discutirán en el seno de la Comisión de Gobierno Interior con ocasión de la tramitación de la referida ley orgánica constitucional. En las propuestas del famoso informe Prokurica figuran, entre otras, las siguientes:
Elección directa de los consejeros regionales y elección del presidente del consejo regional.
Eliminación de las autoridades redundantes. Así, por ejemplo, se propone la eliminación del cargo de gobernador en las provincias en que existe intendente.
Otorgamiento de una mayor participación a los consejeros regionales y dotarlos de asesores. De manera que se propone la creación de un staff de asesores dependientes del consejo regional.
Otorgamiento de un mayor presupuesto para las regiones a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr. En ese sentido, se propone su elevación al doble, es decir, al 2 por ciento del presupuesto nacional.
Se propone que los consejos regionales tengan un manejo presupuestario real. Al respecto, debe regularse la presentación de proyectos contra recursos del Fndr, no como proyectos marco, sino como proyectos concretos. En suma, se busca la existencia de mayor cantidad de proyectos que de recursos, de modo que el core pueda priorizarlos.
Establecimiento de claras incompatibilidades entre los cargos de funcionarios públicos y de consejeros regionales. Al respecto, se conversó con el Gobierno y existe disposición para avanzar en la materia.
Por lo tanto, de no aprobarse el proyecto de reforma constitucional, se dejaría escapar una tremenda oportunidad.
Existen otras propuestas, como el aumento de las facultades de fiscalización de los consejos regionales y el establecimiento de auditorías al gobierno regional. Se propone ampliar la facultad de fiscalización, con el voto favorable de los dos quintos de los miembros en ejercicio del consejo. Es decir, se trata de una facultad parecida a la que en la actualidad posee la Cámara de Diputados.
Otra propuesta se refiere al control del gasto y la inversión. Al respecto, se establece la obligación de las autoridades regionales de informar al core de manera periódica sobre gastos, inversiones y todo lo que realicen los funcionarios del gobierno regional.
Existe una serie de propuestas adicionales, como la relacionada con la posibilidad de citar a los funcionarios del gobierno regional.
Por lo tanto, el proyecto de reforma constitucional es una tremenda oportunidad para, posteriormente, trabajar en la respectiva ley orgánica que mejorará aspectos como la descentralización, la regionalización, etcétera.
Muchos colegas expresaron que el proyecto es menor y no tiene importancia alguna para las regiones.
En ese sentido, deseo dar lectura a parte de una carta del presidente del Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, Conarede , en la cual expresa su opinión sobre el proyecto de reforma constitucional en estudio. A mi juicio, dicha entidad tiene autoridad para opinar sobre la materia, porque lleva años trabajando en pos de la regionalización mediante seminarios y otros trabajos.
¿Qué dice el presidente del Conarede? “Valoramos este importante aunque parcial avance, porque significa, por fin, superar la inercia, después de casi ocho años de espera y frustración, dado el incumplimiento de los compromisos contraídos con ocasión de los dos anteriores procesos electorales que, en su momento, fueron suscritos por todos los sectores políticos”.
Agrega que, “si no avanzamos ahora a lo menos en estas reformas, las regiones y el país perdemos toda una década. En la práctica, corremos el riesgo de que, por exigirlo todo, finalmente no avancemos nada.
“Eso no lo resisten ni la ciudadanía de las regiones ni la propia saturada y congestionada capital.
“En consecuencia, hacemos un sentido llamado a todos los parlamentarios, de todos los partidos, especialmente a aquellos electos en regiones, a cumplir sus compromisos contraídos con la ciudadanía y no demorar ni postergar el avance de la reforma regional en trámite”.
Eso dice el presidente del Conarede, instancia que, reitero, es una autoridad en materia de regionalización y descentralización.
El compromiso a que se refiere el presidente del Conarede lo suscribió prácticamente la totalidad de los parlamentarios de regiones y los candidatos a Presidente de la República , entre ellos Sebastián Piñera.
Por eso, la bancada de Renovación Nacional, en su totalidad, votará a favor de la elección por sufragio universal de los consejeros regionales.
Señor Presidente, nada hay en la vida más importante que el cumplimiento de los compromisos. Por lo tanto, es la oportunidad de que todos lo hagamos.
El Conarede, aquí representado por un distinguido ciudadano de mi región, el ex rector de la Universidad de La Frontera señor Heinrich von Bauer , en forma insistente ha solicitado conocer la opinión de los diputados respecto del compromiso en materia de descentralización y desconcentración del país.
A mi juicio, las siguientes preguntas son claves: ¿Creemos en la democracia y en la necesidad de descentralizar y desconcentrar el país por la vía administrativa? ¿Creemos en el fortalecimiento del poder regional?
En mi opinión, no se debe esconder con falsas argumentaciones una respuesta que, al final, no hace sino ocultar la falta de voluntad para avanzar en la materia.
Muchas cosas sorprenden. Algunos sostienen su deseo de contar con un proyecto mucho más ambicioso, que abarque más elementos y se haga cargo de aspectos como el financiamiento y el aumento de recursos de definición de las autoridades regionales, lo que también me gustaría. Pero, como muy bien expresó el diputado Becker , el proyecto de reforma constitucional es la puerta de entrada. Sin él no será posible abordar ninguno de los desafíos mencionados.
Me sorprendieron mucho las palabras descalificadoras de un colega respecto de los consejeros regionales, en especial por provenir de un diputado de mi región a quien respeto mucho. Puedo compartir algunas visiones críticas sobre la actuación de dichos personeros. Recordemos que el consejo regional es un organismo colegiado en el que están representadas todas las corrientes partidarias de la Concertación y de la Alianza, o sea, de la UDI y de Renovación Nacional. Por lo tanto, no comprendo y me sorprende el tratamiento que dio ese colega a los consejeros regionales al referirse a ellos como parásitos o con calificativos de otra naturaleza, sin distinción alguna.
Sí existen vicios y aspectos negativos en la generación de esas autoridades y en las prácticas habituales, que puedo compartir. Efectivamente, se pueden dar negociaciones, acuerdos, que no siempre privilegien el bien común general, sino más bien determinados intereses particulares de partidos o de caudillos locales. Bueno, precisamente aquí tenemos la oportunidad de abrir la puerta y de modificar eso. El artículo 114 que propone el proyecto dice:
“La ley deberá determinar las formas en que se descentralizará la administración del Estado, la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y, con las excepciones que procedan, la desconcentración regional de los ministerios y servicios públicos. La ley, asimismo, regulará los procedimientos que aseguren la debida coordinación entre los órganos de la administración del Estado para facilitar el ejercicio de las facultades de las autoridades regionales.”.
Ésa es la idea-fuerza que informa el espíritu de este proyecto modificatorio de la Constitución y que mis distinguidos colegas reclaman: mayor poder regional, mayor decisión en ese sentido. La comparto y me gustaría que un porcentaje más significativo de la inversión regional fuera decidido por las autoridades regionales y no desde el nivel central. Soy un fuerte defensor e impulsor de la descentralización y desconcentración. A modo de ejemplo, quiero recordar que el primer esfuerzo para conformar los gobiernos regionales data de la época del Presidente Aylwin , de 1991. Han pasado 16 años y no habíamos hecho nada importante sobre la materia.
El entonces Presidente Lagos , durante su administración, dictó el instructivo conocido con el número 155 que ordenó a todos los servicios y, especialmente, a los intendentes que por la vía administrativa -es decir, no legal- profundizaran los procesos de descentralización y desconcentración. ¿Qué ocurrió? Simplemente, que las autoridades, en su inmensa mayoría, se lo echaron al bolsillo, desoyeron ese instructivo presidencial. Está claro: no basta un instructivo presidencial, es necesario legislar al respecto. En consecuencia, este proyecto es muy importante. ¿Y por qué es necesario legislar? Porque si queremos que haya traspasos de competencias para reforzar el gobierno regional, si queremos hacer más transparente el uso de los recursos en las regiones, es fundamental aprobar este proyecto, porque establece la rendición de cuentas públicas respecto de cómo se usan estos recursos y de cómo se toman las decisiones.
El proyecto es bueno. Se avanza en la elección universal de los consejeros regionales. No obstante, no tengo tanta claridad en cuanto a que la figura del presidente del consejo regional sea elegido entre los propios miembros. Mi preocupación son los eventuales conflictos que pudieran producirse entre el intendente regional, representante del gobierno central, en un país de estructura unitaria, y esta nueva autoridad empoderada y elegida de manera indirecta por los consejeros regionales. Eso, obviamente, sería una dificultad. La práctica nos demuestra que muchas veces hay desacuerdos entre el consejo regional y el intendente, y se entraban los mensajes. Pero aquí, a lo menos, se deja al intendente la posibilidad de preparar las priorizaciones del mensaje y, en consecuencia, lo otro lo resuelven los consejeros regionales.
Son ciertos aquellos argumentos en cuanto a las deficiencias que puede haber; pero, si creemos efectivamente en la profundización de la democracia, en la descentralización del país -sobre la base de pensar que los gobiernos desconcentrados son mejores para la ciudadanía que sirven-, entonces no queda otra opción que votar a favor el proyecto, porque abre la puerta a una discusión que, posteriormente, tendremos que hacer aquí, donde se podrán introducir todos los enriquecimientos y criterios, como los señalados por el diputado Germán Becker en la propuesta de Renovación Nacional. Por eso, debemos hacer un esfuerzo para mirar esto desde la perspectiva de abrir una puerta a un camino que, sin duda, nos llevará mucho tiempo, porque hay que romper con la tradición centralista que ha caracterizado a nuestro país desde siempre.
Tiene la palabra el honorable diputado Iván Moreira.
Señor Presidente , he escuchado con mucha atención las distintas argumentaciones de los señores diputados y entiendo, comparto y respeto la autonomía de cada uno para votar lo que estime conveniente; cada uno sabe donde le aprieta el zapato.
En ese contexto, no he visto a legisladores defendiendo sus argumentos sobre el proyecto de ley, porque se ha hablado de todo. Pareciera que son pintores de brocha gorda, porque han tocado todos los temas. Dentro de ese escenario y respetando la actitud de nuestros colegas aliancistas que pretenden votar a favor, puedo decir que cuando la Concertación, cuando la izquierda oficialista aplaude a uno de los nuestros, la primera reflexión que uno debe hacerse es que no solamente lo estamos haciendo mal, sino muy mal, porque, obviamente, le tiene que convenir a la Concertación cuando aplaude los discursos apasionados de algunos colegas. Nosotros respetamos la actitud de Renovación Nacional, está en su derecho; pero también hay que recordar que la Alianza es para todos los temas, no para algunos.
Aparte de todos los argumentos que se han dado, debo agregar que el proyecto no va a solucionar los problemas de regiones, no va a profundizar la regionalización, no va a mejorar los presupuestos regionales. Hemos visto que varias regiones ni siquiera terminaron presupuestariamente sus recursos porque no ejecutaron un número considerable de proyectos. Es decir, no ha habido un buen manejo de los recursos en las regiones.
Pero, recordemos un poco la historia para aquellos televidentes que en este minuto se están colocando en sintonía, porque nos ven y escuchan en todo el país. Como se ha debatido tanto esto, hay mucha gente que se preguntará de qué se trata. Bueno, voy a tratar de ilustrarlos en los breves minutos de que dispongo.
La reforma constitucional que hoy sometemos a votación ingresó a trámite legislativo el 16 de diciembre de 2003. Además, hay que hacer presente un hecho muy curioso: que esta iniciativa legal sólo fue calificada con urgencia “simple” por parte del Ejecutivo de la época, en julio de 2005. Entonces, parece bastante ilógico que un proyecto de la mayor relevancia para el Presidente Lagos -porque, entre otros, como el Transantiago y Ferrocarriles, era un proyecto estrella- haya ingresado hace más de cuatro años y recién, ahora, estemos a punto de despacharlo a su segundo trámite constitucional.
Quizá la razón de esta demora se deba a la conducta sistemática del Presidente Lagos de anunciar con bombos y platillos determinadas reformas populares o populistas que sólo obedecían a campañas preelectorales. Recuerdo, por ejemplo, que hasta con poe-sías de Neruda se inauguró el servicio de trenes desde Victoria , Temuco, hacia Puerto Montt. Pero solamente fueron bombos y platillos, nada más que eso. Todos estos proyectos terminaron siendo un verdadero desastre en los hechos, como en este caso. Son tan malos que son imposibles de aprobar en los términos presentados.
Y no tenemos complejo en decir que no, porque no necesitamos sacar patente de democráticos. Nos hemos sometido por años al veredicto popular en las zonas precisamente de la izquierda oficialista y les hemos ganado una y otra vez. Por lo tanto, no necesitamos sacar patente de demócrata para debatir estos proyectos políticos desafortunados, aunque se den mil argumentos distintos. No tememos decir la verdad, aunque para algunos pueda ser un hecho que los puede perjudicar electoralmente. En la UDI no hacemos las cosas por beneficios electorales que nos puedan traer. ¡Nunca!
Veamos qué nos propone el proyecto. El mensaje señala:
-Número de regiones. Se suprime la referencia constitucional al número de regiones del país, trasladando esta determinación al ámbito legal -aunque de quórum calificado-, y radicando la iniciativa sobre la materia exclusivamente en el Presidente de la República , en atención a que a éste compete el gobierno y la administración del Estado.
-Estatuto especial. Un segundo aspecto que aborda el proyecto dice relación con la necesidad de reconocer en la propia Carta Fundamental la particularidad de algunos territorios insulares, en los que la organización del gobierno regional y local no ha resultado adecuada.
-Potestad Reglamentaria del Intendente. A continuación, y en otro orden de materias, el proyecto propone consagrar a nivel constitucional una potestad reglamentaria propia del intendente, entendida como una extensión de la respectiva facultad del Presidente de la República -que a éste le asiste en su calidad de Jefe de Estado -, y que se confiere al intendente por ser su representante natural e inmediato en la región.
-Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional. Con el fin de reforzar y perfeccionar la actual regulación constitucional aplicable al intendente, el proyecto plantea consagrar en la Carta Fundamental la calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional que dicha autoridad ostenta.
-Elección del Consejo Regional. En esta materia el proyecto incorpora una innovación sustantiva, ya que consagra la elección popular, mediante sufragio universal, de los consejeros regionales, cuya generación hasta ahora le ha correspondido al cuerpo electoral conformado por los concejales municipales de cada provincia.
-Transferencia de Competencias. Se propone un mecanismo concreto para la transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Para tal efecto, se consagra dentro de las atribuciones del Presidente de la República la facultad de traspasar a uno o más gobiernos regionales, mediante decreto supremo, determinadas competencias, sean éstas del nivel central o de los servicios públicos que operen en la región.
-Convenios de Programación.
-Gobierno Interior. En esta materia se pretende reforzar la función -actualmente encomendada a los gobernadores- de ejercer las tareas de gobierno interior, especialmente la que dice relación con el mantenimiento del orden público y la seguridad en la provincia.
Señor Presidente , he seguido con atención y mucho respeto el estudio y la transformación del proyecto y he llegado a la triste conclusión de que en los términos actuales, -reitero; en los términos actuales- no se consigue la regionalización y mucho menos descentralización. Es simplemente más de lo mismo, un traje a la medida para la izquierda de la Concertación, un traje a la medida para la burocracia, para pagar favores políticos y para acomodar a ilustres personeros cesantes de la Concertación en puestos clave para futuras intervenciones electorales.
Para lograr descentralización y regionalización se requiere fortalecer aún más los principios de transparencia, de probidad y de no intervención electoral, que algunos parecen olvidar. Una elección de consejeros regionales será sin duda una nueva posibilidad para que la Concertación pase su verdadera máquina de intervención electoral sin ninguna vergüenza. Me pregunto si esto es una democracia.
Señores de la izquierda concertacionista, cuando la Concertación no recurra al Tribunal Constitucional para impedir que las máximas autoridades del país hagan proselitismo político, estaremos en condiciones de competir en igualdad de condiciones en democracia, porque hasta el momento no ha sido posible.
Lo de ahora es el montaje político al que nos tiene acostumbrado la Concertación, montaje bastante notable para adquirir estratégicamente cuotas de poder con el único propósito de mantenerse en él, cueste lo que cueste.
Señor presidente , voto que no sin ningún complejo; no necesitamos patente de democracia, porque somos mucho más demócratas que aquellos que la invocan.
Por último, tiene la palabra, hasta por 4 minutos, el diputado señor Alfonso De Urresti.
Señor Presidente , me sorprenden las palabras del colega demócrata señor Moreira. Habla como si la UDI no postulara a los consejos regionales; como si los consejeros regionales que hoy tiene su partido, de manera legítima, no fueran elegidos de la misma forma.
Señor Moreira , estimados colegas, queremos modificar objetivamente los gobiernos regionales; queremos modificar la forma de ejercer el poder y de hacer política en regiones, y para eso necesitamos transparencia y dar protagonismo a la gente. Es decir, necesitamos creer en las regiones, con consejeros regionales de gobierno o de oposición.
Señor Moreira, por su intermedio, señor Presidente, no le tenga miedo a las elecciones, aunque las vamos a ganar igual, porque así viene ocurriendo desde 1989.
Vamos al centro de la discusión, que en esto podemos coincidir. Pero antes deseo saludar a don Heinrich von Baer , presidente de la Conarede , presente en la tribuna, quien es uno de los grandes impulsores de esta iniciativa. La Conarede ha puesto la discusión transversal en procura de dar poder a las regiones y de avanzar hacia la descentralización efectiva. Sin duda, hemos avanzado con la descentralización administrativa, a partir de 1992, pero falta profundizar la descentralización política para que los territorios tengan representación. Tenemos parlamentarios de todas las regiones, de todos los territorios, pero la ciudadanía quiere tener voz propia, quiere tener protagonismo, quiere tener vinculación en cada territorio, de acuerdo con la correlación de fuerzas que haya en cada sector, en cada región, y no más de ese centralismo que ahoga.
El proyecto de reforma plantea la elección democrática de los consejeros regionales. Es la oportunidad para entender, conocer y elegir a los consejeros regionales de nuestros territorios, mediante sufragio universal; para pasar de esa elección indirecta, en la cual un par de concejales se pone de acuerdo para elegir a un consejero, a la elección popular, con candidatos que la comunidad conozca como referentes en la región. A muchos diputados nos piden cosas en las regiones que no podemos cumplir. Por eso, establezcamos una correcta distribución de las funciones de los alcaldes, de los concejales, de los parlamentarios y, particularmente de los consejeros regionales: a cada uno lo suyo.
Represento la nueva Región de Los Ríos, que cuenta con siete consejeros regionales de todos los partidos políticos, estimados colegas de la Unión Demócrata Independiente, y los representantes de ustedes hacen
un trabajo político por el bien de la región. Nos enorgullece la forma como trabajan estos siete consejeros, independiente de su color político. Me refiero a María Angélica Fernández y Rubén Delgado , de la UDI; Werner Grob , de Renovación Nacional; Cristián Castro , Luis Oliva , correligionarios de la Democracia Cristiana; Mauricio Vera , del Partido por la Democracia, e Ítalo Martínez , del Partido Socialista.
¿Por qué le tenemos miedo a esto? ¿Por qué no le damos protagonismo efectivo a esa gente que trabaja en las regiones para que sea elegida por sufragio universal?
Señor diputado , deberá suspender su intervención, porque llegamos al término del Orden del Día.
Señor Presidente, no me lo señaló al comenzar mi intervención.
Señor diputado , podrá continuar su discurso en la próxima sesión, hasta completar los diez minutos.
Señor Presidente , queremos una auténtica regionalización y de eso seguiré hablando en la próxima sesión.
El señor WALKER (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 18.31 horas.
1. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que crea el cargo de ministro del Deporte y de la Juventud. (boletín Nº 5697-29)
En las bases de la institucionalidad de la Constitución Política chilena se fijan los principios que definen a nuestro país como un Estado republicano y democrático. El artículo 1º dispone que el “Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible…”.
Una de las variables o actividades que, sin lugar a dudas, contribuye al desarrollo de la población y de la comunidad nacional en ambos aspectos, es la práctica del deporte y la realización de actividad física. La otra, es la protección y la preocupación constante por la juventud de los países.
En relación al deporte, su contribución al progreso de los pueblos, desde ese punto de vista, es innegable. Contribuye a crear mejores condiciones de vida para la población y ayuda a crear y mantener lazos sociales. Además, es beneficioso para la salud mental y física de la población, y en definitiva, se transforma en un factor de inclusión e integración social.
El papel del Estado, en este sentido, es fomentar y promover la realización de la actividad deportiva y procurar otorgar a la comunidad las herramientas necesarias para que ésta se lleve a cabo de manera coordinada y responsable. Asimismo, corresponde al Estado impulsar y generar condiciones adecuadas para alcanzar altos niveles de desarrollo profesional para el deporte chileno.
En esa línea, el Estado debe establecer las bases para un desarrollo participativo y moderno del Deporte. Eso requiere contar con instrumentos de política pública que permitan alcanzar tales objetivos. Se necesita contar con una legislación consistente; con una institucionalidad deportiva capaz de responder a los desafíos planteados.
En el mes de febrero del año 2001 entró en vigencia la ley N° 19.712, conocida como la Ley del Deporte. Con ella se creó una nueva institucionalidad para el Deporte en Chile y se puso en marcha la implementación de una nueva política nacional de deportes, orientada en principios, objetivos y metas a alcanzar en el desarrollo del sistema deportivo nacional.
En este proceso de cambio e implementación se ha constatado la existencia de ciertas deficiencias para responder de manera efectiva a los desafíos y metas que impone nuestra realidad deportiva actual. Se trata de una tarea compleja, que exige reorientar los esfuerzos hacia una coordinación público-privada en su realización y un eficiente uso de los recursos en el fomento y promoción de la actividad deportiva.
Dado este diagnóstico, resulta necesario efectuar ciertas modificaciones a la normativa vigente.
Este proyecto de ley pretende, precisamente, introducir un primer cambio en los aspectos señalados, de modo tal que se perfeccione la institucionalidad deportiva chilena y las normas que regulan esta importante actividad.
Es por eso que se crea el cargo del Ministro del Deporte y de la Juventud, para que exista un colaborador inmediato del Presidente de la República , en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas de la institucionalidad de los asuntos del deporte y de la juventud.
Pero como su cargo lo indica, este Ministro también será un Ministro de la Juventud. Y es que otra de las variables que permiten el mayor y mejor desarrollo de los países, es la preocupación constante por los asuntos juveniles, por la juventud de las naciones.
De hecho, en nuestro país, de acuerdo a las estadísticas obtenidas en el Censo realizado el año 2002, los jóvenes -entendiendo por tales aquellos que tienen entre 15 y 29 años de edad, ambos inclusive- alcanzan a las 3.674.239 personas, lo que representa el 24.3% de la población nacional, por lo cual se les debe considerar un grupo altamente significativo y relevante en el actual contexto de desarrollo del país.
Por lo tanto, constituye un desafío ineludible del Estado y la sociedad el adoptar todas y cada una de las medidas tendientes a fortalecer la situación de la juventud en nuestro país, dentro de las cuales se considera el reconocimiento de este grupo etáreo.
La ley N° 19.042, que creó el Instituto Nacional de la Juventud, fue uno de los primeros pasos en esta dirección. La creación de este nuevo ministro de Estado , es por tanto, un nuevo avance en el mismo sentido.
La creación del Ministro del Deporte y la Juventud, constituye entonces, la primera etapa en la modificación de la institucionalidad del Deporte y de la Juventud, destinada a hacerse cargo de las nuevas realidades que a nuestro país le toca vivir.
Pero no queremos generar trastornos en nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, pretendemos que, paulatinamente se vayan efectuando los cambios requeridos para que las instituciones y los organismos vinculados a los sectores del deporte y de la juventud, se vayan adaptando a estos cambios.
Es por ello, que en esta etapa, sólo creamos el cargo de Ministro para que éste colabore en el desarrollo de la institucionalidad de los asuntos del deporte y de la juventud. Por lo tanto, el Instituto Nacional del Deportes de Chile y el Instituto Nacional de la Juventud, mantendrán sus actuales funciones y atribuciones.
El proyecto de ley que someto a vuestra consideración consta de cinco artículos permanentes y uno transitorio cuyo contenido se expondrá a continuación.
Creación del cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud.
El proyecto crea el cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud , en adelante el Ministro , que se define como un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República cuya misión consiste en colaborar con el Presidente de la República en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas de la institucionalidad de los asuntos del deporte y de la juventud, sin perjuicio de las funciones y atribuciones que correspondan, en estas materias, a los demás organismos de la Administración del Estado.
Orgánicamente, lo anterior implica la creación de un nuevo cargo en la planta directiva del Instituto Nacional del Deporte, al que se le asigna el grado y jerarquía propia de un Ministro de Estado. También se le entrega la remuneración propia de éste.
Finalmente y, en relación al mayor gasto que implique la aplicación de esta ley, se establece que, para el presente año, dicho gasto se financiará con cargo al presupuesto del mencionado Instituto.
Subsistencia de la estructura orgánica y de las funciones y atribuciones del Instituto Nacional del Deportes de Chile y del Instituto Nacional de la Juventud.
El proyecto no innova en la estructura orgánica del Instituto Nacional del Deportes de Chile y el Instituto Nacional de la Juventud, por lo cual se mantienen cada uno de los órganos que los integran.
Tampoco innova en lo relativo a las funciones y atribuciones del Instituto Nacional del Deportes de Chile ni del Instituto Nacional de la Juventud.
Vigencia de la ley y designación del Ministro.
En el proyecto se establece que la presente ley entrará en vigencia treinta días después de publicada en el Diario Oficial y que la designación del Ministro del Deporte y de la Juventud , deberá efectuarse dentro del plazo antes indicado.
“Artículo 1°.- Créase el cargo de Ministro del Deporte y de la Juventud , en adelante el Ministro , que colaborará con el Presidente de la República en el diseño, la planificación y la coordinación de las políticas de la institucionalidad de los asuntos del deporte y de la juventud, sin perjuicio de las funciones y atribuciones que correspondan, en estas materias, a los demás organismos de la Administración del Estado.
El Ministro será un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente de la República.
Artículo 2°.- El mayor gasto que implique la aplicación de esta ley, para el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Instituto Nacional del Deporte.
Artículo 3º.- Incorpórese a la planta del Instituto Nacional del Deporte, el siguiente cargo:
“Plantas/Cargos
Ministro del Deporte y de la Juventud
Artículo 4.- Agréguese al inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 19.863, la siguiente letra i) nueva:
?i) Ministro del Deporte y de la Juventud: 135% de dichas remuneraciones.?.
Artículo 5.- La presente ley entrará en vigencia treinta días después de publicada en el Diario Oficial.
Artículo transitorio.- El Presidente de la República designará al Ministro , dentro del plazo de treinta días, contados desde la publicación en el Diario Oficial de la presente ley.”.
(Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA , Presidenta de la República ; FRANCISCO VIDAL SALINAS , Ministro Secretario General de Gobierno ; ANDRES VELASCO BRAÑES , Ministro de Hacienda ; CLARISA HARDY RASKOVAN , Ministra de Planificación ”.
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CARGO DE MINISTRO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
Mensaje Nº 1235-355
El proyecto tiene por objeto crear, en la Planta del Instituto Nacional del Deporte, el cargo de ministro del Deporte y la Juventud, quien tendrá la misión de colaborar en el diseño, planificación y coordinación de las políticas del deporte y la juventud.
El mayor gasto fiscal que representa la aplicación del presente proyecto de ley corresponde a la remuneración de un ministro de Estado , con un monto anual de $ 72.480 miles que se financiará con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Deportes, inclusive la parte proporcional que corresponda al presente año.
2. Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio N° 1
Informe proyecto ley 75-2007
Antecedente: Boletín N° 5505-07
Santiago , 3 de enero de 2008
Por Oficio N° 7117 de 21 de Noviembre de 2007, el Presidente de la H. Cámara de Diputados , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley Nº 18.918 y lo preceptuado en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, ha recabado la opinión de esta Corte respecto del proyecto de ley recaído en el Boletín Nº 5505-07, sobre procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional del Código Procesal Penal.
Impuesto el Tribunal Pleno sobre el proyecto señalado, en sesión del día 14 de diciembre de 2007, presidida por el titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los Ministros señores Marcos Libedinsky Tschorne , Ricardo Gálvez Blanco , Alberto Chaigneau del Campo, Orlando Álvarez Hernández , Urbano Marín Vallejo , Milton Juica Arancibia , Nibaldo Segura Peña , Adalis Oyarzún Miranda , Jaime Rodríguez Espoz , Rubén Ballesteros Cárcamo , Sergio Muñoz Gajardo , señora Margarita Herreros Martínez , señores Hugo Dolmestch Urra , Juan Araya Elizalde , Patricio Valdés Aldunate , Héctor Carreño Seaman , Pedro Pierry Arrau , señoras Gabriela Pérez Paredes , Sonia Araneda Briones y señor Carlos Künsemüller Loebenfelder , acordó informar el proyecto, formulando las siguientes observaciones:
El proyecto, iniciado en moción, modifica los artículos 416, 418 y 421 del Libro IV, Título IV sobre “Procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional” del Código Procesal Penal.
De la lectura del proyecto puede advertirse que la modificación de la resolución que niega lugar a formar alguna causa de desafuero, tiene por objetivos: a) permitir que dicha resolución sea apelable por el Ministerio Público y; b) sólo considerar sobreseída definitivamente aquella causa una vez que esta Corte Suprema confirme tal resolución.
Para lograr estas finalidades, mediante un artículo único, se propone:
1.- Reemplazar en el artículo 416 el guarismo "58" por "61"; 2.- agregar, al final del artículo 418, la frase "tanto por el aforado como por el fiscal", reemplazando el punto por una coma; y 3.- sustituir, en el artículo 421, la expresión "la Corte de Apelaciones declarare no haber lugar a formación de causa", por la expresión "la Corte Suprema confirmare la resolución de primera instancia que declara no haber lugar a formación de causa".
A.- Artículo 416
Como se ha indicado, el proyecto cuyo informe se ha solicitado a esta Corte, propone reemplazar la cita del guarismo "58" por "61", a fin de que esté acorde con el actual texto constitucional. Para efectos de mayor comprensión se transcribe el actual texto del artículo:
“Artículo 416.- Solicitud de desafuero. Una vez cerrada la investigación, si el fiscal estimare que procediere formular acusación por crimen o simple delito en contra de una persona que tenga el fuero a que se refieren los incisos segundo a cuarto del artículo 58 de la Constitución Política, remitirá los antecedentes a la Corte de Apelaciones correspondiente, a fin de que, si hallare mérito, declare que ha lugar a formación de causa.
Igual declaración requerirá si, durante la investigación, el fiscal quisiere solicitar al juez de garantía la prisión preventiva del aforado u otra medida cautelar en su contra.
Si se tratare de un delito de acción privada, el querellante deberá ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando igual declaración, antes de que se admitiere a tramitación su querella por el juez de garantía”
En efecto, la pretensión contenida en el proyecto debe ser acogida, pues ha de recordarse que con fecha 26 de agosto del año 2005, se publicó la ley N° 20.050, que reformó la Carta Fundamental y, posteriormente mediante Decreto Supremo N° 100, publicado el 22 de septiembre de la misma fecha, se fijó el texto refundido, coordinado, y sistematizado de la actual Carta Magna. De esta manera, el antiguo artículo 58 de la Constitución Política pasó a ser el actual artículo 61, por lo que toda referencia al antiguo artículo 58 debe entenderse hecha al artículo 61. El artículo 416 del Código Procesal Penal (que se contiene en el Libro IV, Título IV sobre “Procedimiento relativo a personas que gozan de fuero constitucional”) mantiene la antigua referencia, por lo que se estima conveniente actualizarla de la manera señalada y propuesta.
B.- Artículo 418
Se ha propuesto agregar la frase "tanto por el aforado como por el fiscal", a continuación del punto seguido (.), ubicado a continuación de la expresión "Corte Suprema", el que se reemplaza por una coma (,); de la manera como se pasa a expresar:
Artículo 418.- Apelación. La resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema.
Artículo 418.- Apelación. La resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema, tanto por el aforado como por el fiscal.
El proyecto, señala que este artículo constituye “una genuina expresión del principio de doble instancia que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico, y que se aviene con la garantía de un procedimiento racional y justo”. Agregan -los firmantes del proyecto- que, sin embargo, el texto actual del artículo 421 “significa que la resolución que rechaza el desafuero de un miembro del Congreso Nacional, no es susceptible de ser apelada por el Ministerio Público”; es por ello que concluyen que “tal excepción resulta discriminatoria” contraviniendo el principio de igualdad consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.
La lectura de la modificación propuesta, sugiere lo siguiente:
1° La actual redacción del artículo 418 pugna con el contenido del inciso segundo del artículo 61 de la Constitución Política.
En efecto, este último dispone: “Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema”.
De lo expresado puede claramente advertirse que es la misma Carta Fundamental la que restringe la apelación sólo a la resolución que autoriza la formación de una causa, esto es, a la que emite la Corte de Apelaciones respectiva accediendo al desafuero.
Por el contrario, de la redacción del artículo 418 del Código Procesal Penal se evidencia que éste no establece diferencia, ni restricción alguna a la apelación de la resolución tanto que acoge, como a la que rechaza la solicitud de desafuero.
Aparece de las disposiciones transcritas su manifiesta contradicción, por lo que en ese orden de ideas debiera armonizarse la norma de inferior rango a la que contempla la Carta Magna. Ello, a pesar que la redacción del artículo 418 del Ordenamiento Procesal Penal es reflejo fiel del principio de igualdad y de la doble instancia, y no distingue respecto de quién puede interponer recurso de apelación ni si se trata de una resolución que acoja o rechace la solicitud de desafuero, lo que debiera haber recogido la Constitución misma.
Sin perjuicio de ello, debe destacarse la intención legislativa de los señores diputados en orden a resguardar los principios constitucionales señalados en los fundamentos del proyecto. Empero, este máximo Tribunal estima que tal pretensión no se logra desde la modificación así propuesta, sino de la alteración misma de la Constitución Política de la República en la redacción de su artículo 61 inciso segundo, permitiendo que no sólo se pueda apelar de la resolución que acoge el desafuero, sino también de la que lo rechaza.
2° La modificación de la redacción del artículo 418 es discriminatoria.
En efecto, al agregarse la cita que se propone por los señores diputados, en cuanto a que la apelación de la resolución que se pronunciare sobre la petición de desafuero, sólo sea recurrible por el aforado y el Ministerio Público, se discrimina al querellante.
Esta situación pugnaría con el principio de igualdad que se denuncia como infringido, pues se dejaría de lado al querellante particular quien efectivamente puede solicitar el desafuero, como así lo dispone el inciso final del artículo 416, el que actualmente puede ocurrir ante la Corte de Apelaciones solicitando el desafuero antes que se admita a tramitación su querella por delito de acción privada.
Por lo expuesto, esta Corte estima que la modificación del artículo 418 del Código Procesal Penal, vista, debe informarse desfavorablemente, tanto porque otorga apelación en contra de la resolución que niega lugar a la petición de desafuero cuando el artículo 61 de la Constitución Política no la concede, cuanto porque si se estimare ello constitucional, discrimina al querellante a quien no se le reconoce la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
C.- Artículo 421
Se propone sustituir la expresión "la Corte de Apelaciones declarare no haber lugar a formación de causa", por la frase: "la Corte Suprema confirmare la resolución de primera instancia que declara no haber lugar a formación de causa". Para efectos de mayor claridad, se reproduce el texto actual y la proposición sugerida.
Artículo 421.- Efectos de la resolución que no diere lugar a formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del artículo 416, la Corte de Apelaciones declarare no haber lugar a formación de causa, esta resolución producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración.
Tratándose de la situación contemplada en el inciso tercero del mismo artículo, el juez de garantía no admitirá a tramitación la querella y archivará los antecedentes.
Artículo 421.- Efectos de la resolución que no diere lugar a formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del artículo 416, la Corte Suprema confirmare la resolución de primera instancia que declara no haber lugar a formación de causa, esta resolución producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración.
La redacción de la enmienda propuesta no es del todo adecuada. En efecto, en este precepto se regulan las consecuencias de la resolución que no diere lugar a la formación de causa, que la norma actual vincula a la decisión que adopte la Corte de Apelaciones en la lógica que ella no es apelable, pero como el proyecto legisla en el sentido que tal resolución podría impugnarse en sede de apelación para ante la Corte Suprema, deja en suspenso el efecto de sobreseer definitivamente al sujeto aforado hasta en tanto la Corte Suprema no desestime la petición de desafuero, generándose con ello el vacío que, a continuación, se observa.
El sobreseimiento en la hipótesis de que la Corte Suprema confirme la resolución de primera instancia que declaró no haber lugar a la formación de causa, produce un evidente vacío legal, tanto porque no regula aquella situación de la resolución que deniega la solicitud de desafuero cuando no es apelada, como tampoco el caso en que se declare inadmisible el mismo recurso, abriéndose espacio a una controversia referida al momento desde el cual se entenderá que produce los efectos de sobreseimiento la resolución que rechaza la solicitud de formación de causa.
Para prevenir cualquier duda interpretativa, se estima entonces más conveniente reemplazar en la actual disposición, la frase “la Corte de Apelaciones” por la expresión “se”, y agregar, a continuación de la coma que sigue a la expresión “formación de causa”, la frase “una vez firme”, con lo que coincidiría tal expresión con la que también utiliza el inciso final del artículo 61 de la Constitución Política de la República.
En conclusión, la redacción más adecuada sería la siguiente: “Artículo 421.- Efectos de la resolución que no diere lugar a formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del artículo 416, se declarare no haber lugar a formación de causa, una vez firme esta resolución, producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración.” Para una mayor comprensión la modificación se presenta en paralelo a continuación:
Texto modificado según propuesta
Artículo 421.- Efectos de la resolución que no diere lugar a formación de causa. Si, en el caso del inciso primero del artículo 416, se declarare no haber lugar a formación de causa, una vez firme esta resolución producirá los efectos del sobreseimiento definitivo respecto del aforado favorecido con aquella declaración.
Con todo, este Tribunal, estima del caso reiterar que de persistirse en la iniciativa legal, debe modificarse previamente el artículo 61, inciso segundo, de la Carta Magna, por cuanto es ésta la norma que no permite la apelación de la resolución que rechaza la formación de causa, como lo ha señalado uniformemente nuestra jurisprudencia “(…) de la norma constitucional transcrita resulta inconcuso que al indicarse en ella que "De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema" se está haciendo inequívoca referencia a la situación que le precede inmediatamente, vale decir, al caso en que el tribunal respectivo hace lugar a la formación de causa(…) “(C.S. Rol N° 4180- 2002 y Rol N° 142-2004.)
Por su parte, El profesor Emilio Pfeffer U. expone esta problemática y comenta: “Se señaló anteriormente que del texto del artículo 58 de la Constitución Política, pareciera inferirse que sólo es apelable la resolución que autoriza el desafuero declarando haber lugar a la formación de causa.
La nueva normativa, apartándose de la tendencia jurisprudencial citada y del tenor literal del artículo 58 de la Constitución Política interpretado en concordancia con los artículos 613 y 617 del Código de Procedimiento Penal, ha establecido en forma explícita que la resolución que se pronuncie sobre la petición de desafuero será apelable para ante la Corte Suprema, tanto si la acoge como si la desecha.
Se hace imprescindible en este punto una definición constitucional.”
Sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, actualmente esta Corte Suprema, en causas de desafuero, ha revocado sentencias de la Corte de Apelaciones en las que ha negado lugar a la formación de causa, como ocurrió en la causa Rol N° 271-2006, de fecha 13 de marzo de 2006, donde este máximo tribunal revocó la resolución apelada de cuatro de enero de dos mil seis, y declaró que se hace lugar a la formación de causa respecto del Senador don Nelson Ávila Contreras , por los hechos señalados en la solicitud de desafuero del Ministerio Público. En el mismo sentido se resolvió en la causa de desafuero Rol N° 2.321-2006 de 7 de junio del mismo año, ocasión en que se declaró que se hacía lugar a la formación de causa en contra del querellado, Senador don Nelson Ávila Contreras , respecto de los hechos consignados en la causa RUC N° 0510016494-0, RIT N° 2342-2005 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Igual decisión fue adoptada en la causa Rol N° 3337-2006 de 27, de septiembre del año pasado frente al recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica que negó lugar a formar causa respecto del Diputado señor Iván Paredes Fierro.
Por lo tanto, en razón de lo expuesto, este Tribunal estima lo siguiente:
1.- La conveniencia de la modificación propuesta al artículo 416 del Código Procesal Penal, a fin de que concuerde con el texto actual de la Constitución Política de la República;
2.- La innecesaria modificación del artículo 418 del mismo cuerpo procesal punitivo, toda vez que su actual redacción no establece diferencia alguna respecto de la titularidad de la apelación, dejando abierta la posibilidad de su interposición tanto al querellante, como al Ministerio Público y al aforado. Agregar la frase propuesta –estableciendo expresamente la apelación a favor del Ministerio Público y del aforado- convierte una actual norma que justamente consagra el principio de igualdad, en una que no lo respetaría, siendo del todo injusta y arbitraria; y
3.- La inconveniencia de inclusión de la modificación del artículo 421 de la manera que se ha planteado, atendido a la inadecuada redacción que deja vacíos legales, pues, como se explicó, no regula aquella situación que se produce respecto de la resolución que deniega la solicitud de desafuero cuando no es apelada, ni cuando es declarado inadmisible el mismo recurso, abriéndose espacio a una controversia referida al momento desde el cual se entenderá que produce los efectos de sobreseimiento la resolución que rechaza la solicitud de formación de causa.
4.- Finalmente, reiterar, que, a juicio de esta Corte, resultaría del todo necesario alterar la redacción del citado artículo, por lo que se estima conveniente tener a bien aquella propuesta en la letra “C” precedente, cuando se trató dicho artículo.
Lo anterior es cuanto puedo informar a V.S
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente ; CAROLA HERRERA BRUMMER , Secretaria Subrogante.
3.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 6825
Transcribe acuerdo
Santiago , 31 de diciembre de 2007.
Para su conocimiento, transcribo a VS el acuerdo del Tribunal Pleno de esta Corte Suprema, del día 28 del actual, del que da cuenta el Acta Nº 275-2007, que es del siguiente tenor:
“En Santiago a veintiocho de diciembre de dos mil siete, se reunió el Tribunal Pleno -convocado extraordinariamente- bajo la presidencia de su titular don Enrique Tapia Witting y con la asistencia de los ministros señores Libedinsky , Gálvez , Chaigneau, Álvarez , Marín , Juica , Oyarzón , Rodríguez , Ballesteros , Muñoz , Dolmestch , Araya , Valdés , Carreño y Pierre , señoras Pérez y Araneda y señor Künsemüller.
DESIGNACIÓN DE MIEMBRO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE
ELECCIONES POR DECLINACIÓN DEL CARGO DE SEÑOR SIVORI
Teniendo presente lo informado por el señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones en su oficio Nº 492-2007 de 27 del actual, respecto de la declinación de su nombramiento, efectuada por don Carlos Sirovi Alzérreca y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 95 letra b) de la Constitución Política de la República, el Tribunal Pleno procedió a efectuar el sorteo para designar a su reemplazante, resultando elegido el ex Presidente de la Cámara de Diputados don Jorge Ibáñez Vergara...”.
Saluda atentamente a VS.
(Fdo.): ENRIQUE TAPIA WITTING , Presidente ; CAROLA HERRERA BRÜMMER , Secretaria subrogante.
PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
? Santiago , 12 de diciembre de 2007.
Oficio Nº 1630
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. la sentencia de 11 de diciembre de 2007, pronunciada por el Tribunal Constitucional en el Rol Nº 796-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 11 del decreto ley Nº 799 de 1974, que incide en la causa Nº de ingreso 2237-2007 caratulado “ Carlos López Vega ” de que conoce la Excma. Corte Suprema.
(Fdo.): JUAN COLOMBO CAMPBELL , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario.
Oficio Nº 1635
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. la sentencia de 11 de diciembre de 2007, pronunciada por el Tribunal Constitucional en el Rol Nº 790-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 4º de la ley Nº 18.549 y 29 de la ley Nº 18.669, que incide en la causa Rol 18.828-2006 del 7º Juzgado Civil de Santiago , caratulada “Lagos Hipólito y otros con INP”.