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Timestamp: 2019-09-19 07:00:17
Document Index: 244985030

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 374', 'artículo 368', 'artículo 624', 'artículo 40', 'artículo 374', 'artículo 374', 'artículo 762', 'artículo 58', 'artículo 375']

﻿ SENTENCIA SC8702-2017/2003-00831 DE JUNIO 20 DE 2017
SENTENCIA SC8702-2017 DE 20 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:APRECIACIÓN PROBATORIA DEL CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE BIEN INMUEBLE. CUANDO SE DENUNCIA UNA SENTENCIA POR INCURRIR EN ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL RECURRENTE TIENE LA CARGA NO SÓLO DE INDIVIDUALIZAR LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN SOBRE LOS CUALES AFIRMA QUE RECAE EL EQUÍVOCO, SINO QUE, ADEMÁS, DEBE DEMOSTRAR DE QUÉ MANERA SE GENERÓ LA SUPUESTA PRETERICIÓN O CERCENAMIENTO, DE TAL SUERTE QUE LA VALORACIÓN REALIZADA POR EL SENTENCIADOR SE MUESTRE OSTENSIBLEMENTE MANIFIESTA, CONTRAEVIDENTE, ABSURDA, ALEJADA DE LA REALIDAD DEL PROCESO O SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN FÁCTICA. LA PRUEBA DE DEMOSTRAR EL ERROR DE HECHO IMPUTABLE AL JUZGADOR, CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL IMPUGNANTE POR MANDATO DEL ARTÍCULO 374 DEL C. DE P. C., PERO ESA LABOR NO PUEDE REDUCIRSE A UNA SIMPLE EXPOSICIÓN DE PUNTOS DE VISTA ANTAGÓNICOS, FRUTO DE RAZONAMIENTOS O LUCUBRACIONES METICULOSAS Y DETALLADAS, PORQUE EN TAL EVENTO EL ERROR DEJARÍA DE SER EVIDENTE O MANIFIESTO CONFORME LO EXIGE LA LEY, CASO EN EL CUAL LA CORTE NO PODRÍA TOMAR PARTIDO DISTINTO AL CONSIGNADO EN LA SENTENCIA COMBATIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN REIVINDICATORIA, ACCIÓN REIVINDICATORIA DE BIEN INMUEBLE, CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD, PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, RECURSO DE CASACIÓN, VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:548 DE AGOSTO DE 2017, PÁG.1297
Sentencia SC8702-2017/2003-00831 de junio 20 de 2017
Rad.: 11001-3103-030-2003-00831-02
(Aprobado en sesión de 26 de abril de dos mil diecisiete)
Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil diecisiete
Decide la Corte el recurso de casación formulado por el demandado frente a la sentencia de 22 de julio de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario reivindicatorio promovido por Ricardo Humberto Villalobos Bustamante contra Jaime Conde, quien mediante reconvención planteó declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria.
Solicitó el actor declarar que le pertenece el derecho de dominio del inmueble ubicado en la calle 25 Nº 25-95 de esta ciudad, el cual es identificado por sus linderos y medidas. En consecuencia, ordenar al convocado al litigio la restitución del citado bien raíz y condenarlo a pagar los respectivos frutos civiles.
El demandante adquirió la tercera parte del inmueble objeto de acción reivindicatoria, por adjudicación en el proceso de sucesión de Bárbara Bustamante Ruiz y las otras dos terceras partes por remate realizado en el proceso divisorio adelantado contra los comuneros José Vicente Duarte y herederos de José Miguel Bustamante Ruiz, ante el Juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá.
El accionado es el poseedor del señalado predio, habiéndose negado a restituírselo a su dueño y no cumple las condiciones para adquirir su dominio por prescripción.
3.1. El Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, mediante auto del 30 de enero de 2004, admitió el trámite del asunto, ordenó encauzarlo por el procedimiento previsto para el ordinario de mayor cuantía, correr traslado al accionado y una vez se constituyó la caución fijada, se decretó la medida cautelar de inscripción de la demanda.
3.2. El 20 de enero de 2006 se notificó dicha providencia al apoderado del demandado, quien contestó en tiempo, aceptó ser el poseedor del predio objeto del proceso, alegó tener aptitud jurídica para adquirir el dominio por usucapión, planteó como excepciones de mérito las que denominó “prescripción – falta de fundamentos y presupuestos legales” y solicitó el reconocimiento del derecho de retención.
3.3. En escrito separado formuló demanda de mutua petición y solicitó declarar que adquirió por prescripción extraordinaria el derecho de propiedad del referido inmueble.
En los hechos identificó el citado bien raíz por su ubicación, medidas y linderos, reseñando que aparecía como último propietario inscrito Ricardo Humberto Villalobos Bustamante y afirmó haber ejercido posesión material de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por más de diez años, ejecutando actos de dueño, tales como habitar en la vivienda, junto con su esposa e hijos, pagar los impuestos predial y de valorización, efectuar reparaciones, mantenimiento, mejoras, sufragar los costos de instalación y consumo de servicios públicos.
La reconvención fue admitida en providencia del 1º de marzo de 2006, ordenándose enterar y dar traslado al accionado, el emplazamiento a quienes pudieran tener derecho sobre el inmueble y la inscripción de la demanda.
3.4. Oportunamente contestó el accionado reconvenido, aceptó que el actor es el poseedor, aunque no reconoció que tuviere el tiempo requerido para la prescripción adquisitiva invocada, por lo que se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de mérito tituladas “falta de causa para demandar declaración de pertenencia – falta de los requisitos exigidos por la ley para solicitar la declaración de pertenencia”.
Efectuado el emplazamiento, no compareció ningún interesado y designado un curador ad litem para representar a las personas que pudieran tener derechos sobre el predio, allegó contestación sin oponerse, solicitó la práctica de las pruebas y se adoptara en derecho la respectiva decisión.
3.5. El fallo de primer grado lo profirió el 28 de enero de 2011 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá(1), habiéndose dispuesto desestimar la excepción de prescripción, declaró que el actor en su condición de propietario del inmueble objeto del litigio tenía derecho a la reivindicación y le ordenó al demandado proceder a la restitución dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, condenándolo a pagar por concepto de frutos civiles la suma de $ 29.025.920, con la respectiva actualización basada en el índice de precios al consumidor (IPC), a partir del 6 de febrero de 2006, hasta la satisfacción de la obligación, además de las costas procesales y decretó la cancelación de la medida cautelar.
3.6. El convocado al litigio interpuso “recurso de apelación” y adelantado el trámite legalmente establecido, el tribunal confirmó la decisión en la sentencia de 22 de julio de 2011(2), frente al cual la parte vencida formuló “recurso de casación”.
El juzgador colegiado inicialmente denegó la concesión de dicha impugnación extraordinaria y esta corporación al estudiar el “recurso de queja”, advirtió inconsistencias en la determinación de la cuantía del interés para recurrir, las que corregidas condujeron a que por auto de 23 de abril de 2014, se otorgara el “recurso de casación”, el cual se admitió mediante providencia de 23 de mayo de 2014 y sustentado oportunamente, se admitió la demanda de casación por auto del 31 de julio de 2014, la cual replicó en tiempo la parte contraria.
1. Luego de informar de manera resumida sobre los antecedentes del juicio y verificar la concurrencia de los presupuestos procesales, el tribunal estimó procedente resolver sobre el fondo del litigio.
Expuso la teoría acerca del entendimiento jurídico de la acción reivindicatoria, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema e indicó que para su prosperidad se requería la demostración de los siguientes requisitos: “a) derecho de dominio en cabeza del actor; b) posesión del bien materia de la reivindicación por parte del demandado; c) identidad del bien poseído con aquel cuya reparación se pretende; y d) que se trate de una cosa singular o de cuota proindiviso de cosa singular”.
2. Afirmó que las pruebas incorporadas acreditaban los aludidos presupuestos o condiciones sustanciales, hallando probado el dominio del inmueble en cabeza del accionante con el certificado de tradición y libertad; en cuanto a la posesión la dedujo de lo declarado por los testigos y de lo manifestado en la contestación de la demanda, indicando que el convocado al litigio la tenía no antes del 26 de mayo de 1991; así mismo, señaló que existía plena identidad entre el bien cuya restitución se pretendía, con el poseído por el demandado, según el escrito introductorio del juicio y la prueba pericial.
3. Sostuvo que el accionado no probó los requisitos para ganar el derecho de dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria, pues en la réplica refirió que poseía el predio desde la citada fecha cuando falleció José Vicente Duarte, quien era uno de los anteriores copropietarios y le reconoció el carácter de confesión a tal manifestación, deduciendo que no había transcurrido el término legal para la consolidación del derecho a adquirir la propiedad por usucapión; además porque los testigos no informaron de manera concreta, que la posesión hubiera comenzado con antelación a la época en mención.
Con base en las probanzas aportadas concluyó, que “el demandado no ejerció actos de verdadero poseedor antes del 26 de mayo de 1991, sino que habitaba en el inmueble como celador o cuidandero, al menos hasta cuando murió el señor José Vicente Duarte, tal como se afirmó en la contestación de la demanda” y dado que la prosperidad de las excepciones y de la demanda de reconvención dependía de la demostración de “un mejor título en cabeza del demandado, ya por ser más eficaz que el que aduce el actor o bien por ser anterior al de aquél”, sin que hubiera cumplido con esa carga, “[p]or manera que no existe ningún elemento de juicio que permita concluir que el dominio del bien pertenece al demandado reconveniente”, ante lo cual se dispuso ratificar el fallo de primera instancia.
1. Se apoya en la causal primera de casación consagrada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil y se acusa el fallo recurrido de violar de manera indirecta la ley sustancial, por la aplicación indebida de los artículos 26.1, 27.1, 669, 762, 946 a 950, 959, 963, 964, 966, 970 y 1973 del Código Civil; artículos 174 a 177, 187, 194, 195 y 197 del Código de Procedimiento Civil; 228 y 230 de la Constitución; derivando tal irregularidad del “error de hecho” cometido en la apreciación de las pruebas.
2. Sostiene el recurrente, que con base en el folio de matrícula inmobiliaria se dio por acreditada la adquisición por el actor del derecho de dominio con antelación a la posesión del demandado, lo cual se debió a un error en la estimación de tal probanza, “en la que se consigna que si bien el dominio se consolidó en cabeza del demandante, el 31 de agosto de 1995, ya que para el 4 de agosto de 1989, según sentencia de tal fecha, proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, [solo] habría adquirido una ‘tercera parte’ del inmueble”.
Afirma que de no haberse alterado el sentido de lo expresado en el citado medio de convicción, el tribunal habría podido concluir “que el dominio del demandante sería posterior a la posesión del demandado”, pues la documentación evidencia que la propiedad del actor sobre la totalidad del inmueble “tan solo se consolida y parte desde el 31 de agosto de 1995, en tanto que la posesión del demandado, sería anterior, y concretamente desde mayo 26 de 1991, o fecha anterior, como se tiene por probado y no se discute”.
Insiste en la señalada argumentación, para enfatizar que con la sentencia de agosto de 1989, “el demandante solo habría adquirido simples cuotas o porcentaje de derechos de dominio en común y proindiviso, no el dominio sobre cosa singular”.
3. En cuanto a la incidencia en la decisión del yerro denunciado, sostiene que de no haberse presentado, se habrían denegado las pretensiones de la acción reivindicatoria, conforme al criterio jurisprudencial de esta corporación, según el cual:
“(…) en el juicio en que se controvierta el dominio, el poseedor no necesita demostrarlo sino que le basta el hecho de su posesión como primera defensa que puede llegar a ser genuinamente eficaz en la decisión del litigio si su posesión comenzó antes que la titularidad dominial del reivindicante y este no aduce en el desarrollo del proceso un título anterior al inicio de esa posesión, que lo coloque en mejor situación jurídica respecto al derecho o la cosa contestada. (…) Quien pretende, pues, modificar ese estado es el reivindicante y a su cargo está, por consiguiente justificar un mejor derecho con mérito probatorio bastante para destruir la presunción de la ley y desposeer al demandado’ (casación de 18 de noviembre de 1949, G.J. tomo XLIV, páginas 799 a 802)”.
4. Culmina la censura solicitando casar el fallo del juzgador colegiado, como también disponer en la sentencia de remplazo, revocar la decisión de primera instancia, para en su lugar acoger la excepción de “falta de fundamentos y presupuestos legales” y en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda.
1. En razón de haberse formulado y tramitado el presente recurso de casación en vigencia del anterior ordenamiento procesal, de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para resolverlo se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
2. Acerca del “error de hecho”, que constituye el fundamento de la acusación, de acuerdo con el inciso final del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, se presenta en la apreciación del contenido material de las pruebas, dependiendo su prosperidad de que sea manifiesto u ostensible, como también de su demostración y trascendencia o incidencia en la decisión adoptada, de tal manera que de no haberse cometido, el sentido del fallo no hubiera sido adverso a los intereses del impugnante extraordinario.
En cuanto a la configuración del citado yerro fáctico, ha dicho de manera reiterada la jurisprudencia de esta corporación, que surge cuando el juzgador ha fundado la decisión impugnada, en inferencias producto de una interpretación arbitraria, que contradicen de manera evidente el sentido lógico del medio de prueba, la demanda o su contestación, o cuando ha fijado el entendimiento de alguno de tales elementos de juicio alterando su contenido material, ya sea por pretermisión o adición de palabras o frases, o en el caso de apoyarse en una prueba inexistente en el plenario, o por omitirla a pesar de su incorporación legal y oportuna.
Entre muchas otras, sobre el dislate en cuestión, la Corte Suprema en sentencia CSJ SC11334-2015, 27 ago., rad. nº 2007-00588-01, en lo pertinente sostuvo:
“(…) Cuando se denuncia una sentencia por incurrir en error de hecho en la apreciación de las pruebas, el recurrente tiene la carga no solo de individualizar los medios de convicción sobre los cuales afirma que recae el equívoco, sino que, además, debe demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre ostensiblemente manifiesta, contraevidente, absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación fáctica.
(…) la prueba de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del artículo 374 del C. de P. C., pero esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, caso en el cual la Corte no podría tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida (…)”.
3. En este asunto, el juzgador de segunda instancia con base en las pruebas incorporadas, estimó acreditados los requisitos para la prosperidad de la pretensión reivindicatoria, los cuales dijo consistían en: “a) derecho de dominio en cabeza del actor; b) posesión del bien materia de la reivindicación por parte del demandado; c) identidad del bien poseído con aquel cuya recuperación se pretende; y d) que se trate de una cosa singular o de cuota proindiviso de cosa singular”.
Así mismo indicó, que “el demandado no ejerció actos de verdadero poseedor antes del 26 de mayo de 1991” y que “ninguna de las pruebas aportadas tuvo la virtualidad de demostrar que el demandante carece de todo derecho sobre el bien cuya reivindicación se pretende”; adicionalmente comentó, que no fue satisfactoria la comprobación de “un mejor título en cabeza del demandado, ya por ser más eficaz que el que aduce el actor o bien por ser anterior al de aquel”.
Por su lado el recurrente manifiesta, que el Tribunal cometió “error de hecho”, porque a pesar de reconocer que su posesión comenzó no antes del “26 de mayo de 1991”, cercenó el contenido del certificado de tradición y libertad del inmueble, en donde aparece que la propiedad del reivindicante sobre la totalidad del inmueble solo la consolidó a partir del 31 de agosto de 1995, ya que con “la sentencia de 4 de agosto de 1989, proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, el demandante tan solo habría adquirido simples cuotas o porcentaje de derechos de dominio en común y proindiviso, no el dominio sobre cosa singular”.
4. Cotejando lo expresado por el juzgador de segundo grado, con lo señalado por el impugnante, se deduce, que el Tribunal no cercenó el contenido material del certificado de tradición y libertad del predio objeto del litigio y que como consecuencia de ello desconoció contraevidentemente la época a partir de la cual el demandante consolidó la propiedad respecto de la totalidad del inmueble, como lo asevera el recurrente.
Lo que realmente aconteció fue que, con base en los elementos probatorios allegados al plenario, estimó satisfechos los requisitos para la prosperidad de la pretensión reivindicatoria, e igualmente advirtió la ausencia de probanzas que desvirtuaran el derecho del actor, pues el convocado no aportó un “mejor título” o uno anterior al de aquel.
La última de las estimaciones fue la determinante en la orientación del fallo del ad quem, en tanto que a partir de la circunstancia según la cual “la parte demandada no logró demostrar por ningún medio el cumplimiento de los requisitos para ganar el bien por prescripción adquisitiva”, derivó el fracaso de la excepción de mérito y la pretensión que con similar fundamento planteara por vía de reconvención, pues en dicha línea se infirió que el poseedor no logró adquirir el título que le permitiera enfrentarse al derecho de domino inscrito del convocante, razón por la cual se prescindió de cualquier comparación entre la temporalidad de las situaciones jurídicas de los contendientes.
Incluso, el anterior particular fue ampliado en el proveído mediante el cual se desestimó la solicitud de complementación de la sentencia, oportunidad en la cual la misma Sala de Decisión sostuvo que “No es, por tanto, el simple hecho de que la posesión sea anterior al título del propietario lo que puede quebrantar la acción reivindicatoria, (…), sino que, tal como se señaló en la sentencia, para lograr eser (sic) resultado se requiere que el demandado detente un mejor título que el que tiene el dueño del bien que se disputa”.
Como puede advertirse, el criterio del Tribunal que condujo a estimar la pretensión principal no derivó de una apreciación del certificado de tradición y libertad del inmueble objeto del litigio en los términos sostenidos en la censura; ello porque a pesar de aducirse ese documento para dar por acreditado el requisito del “derecho de dominio en cabeza del actor”, tal elemento no se invocó como soporte de una mayor antigüedad respecto de alguna de las prerrogativas sustanciales detentadas por los sujetos involucrados, pues la constatación entre los títulos no se llevó a cabo por lo previamente precisado.
Así las cosas, ha de entenderse que el Tribunal simplemente acogió de forma plena el contenido de la certificación para el propósito de acreditar la propiedad del reivindicante y no para una finalidad como la expuesta en el cargo que hoy se atiende, ya que no fue plasmada ninguna manifestación en sentido aclaratorio, complementario o distinto al texto del mismo, por lo que no resulta admisible la crítica del impugnante atinente a que “lo [apreció] en forma cercenada”.
5. Ahora, a pesar de que el juzgador no analizó de manera concreta la situación relacionada con la circunstancia de que la “posesión” del convocado al litigio hubiere iniciado con antelación a la fecha en la que el accionante adquirió la propiedad de la totalidad del inmueble cuya restitución solicitó, y tampoco estudió específicamente el efecto o incidencia de la figuración del demandante como titular de una cuota de dominio proindivisa en el citado predio con anterioridad a la época en que comenzó la “posesión” del accionado, ello obedece al criterio de derecho al que previamente se aludió y no comporta error por inadecuada apreciación de las pruebas y menos en los términos de la acusación edificada, ya que la valoración fáctica insistentemente refutada ni siquiera se llevó a cabo dado el desarrollo argumentativo de la resolución judicial.
Nótese que la inteligencia del fallo no parte de la convicción según la cual las pruebas demostraban que el reclamante detentó siempre y de forma previa a la posesión confrontada, la calidad de exclusivo titular del derecho de domino, sino, que sin reparar en la apenas parcial propiedad inicial, entendió satisfecho el presupuesto de existencia de título con entidad de superponerse a la prerrogativa material de Jaime Conde, ante la no demostración de la posesión suficiente para prescribir, siendo este un raciocinio susceptible de cuestionamiento en el plano jurídico y no en el fáctico.
Ante dicho panorama, en principio cabría señalar, que la acusación correspondía plantearla por vía distinta a la del “error de hecho”, esto es, en el ámbito del “error jurídico” o violación directa de la norma sustancial, sobre la base de que el juzgador tuvo presente, conforme al certificado de tradición y libertad, que solo a partir del registro del remate de las cuotas partes de dominio de los otros comuneros, efectuado el 26 de octubre de 1995, el actor consolidó la propiedad respecto de la totalidad del inmueble y de otra parte, como lo indicó de manera expresa con apoyo en otras probanzas, que la “posesión” del demandado inició no antes del 26 de mayo de 1991.
Por consiguiente, la crítica debió orientarse a explicar a la luz de las normas de derecho sustancial aplicables, las premisas desatendidas en la solución que merecía la controversia; ello, desde la perspectiva del énfasis que debía conferirse a la condición de comunero y no propietario exclusivo, que el demandante exhibía con anterioridad a la posesión de su contraparte, muy a pesar de que este último no hubiera logrado demostrar la consolidación de la prescripción adquisitiva, dado que ciertamente esta es la problemática jurídica sensible y relevante en el caso desde la perspectiva del recurrente extraordinario.
6. Al margen de la deficiencia formal reseñada, resulta pertinente exponer, que en todo caso, de haberse estructurado el error denunciado, la acusación resultaría intrascendente frente a la decisión del tribunal, porque la Corte de llegar a casar la decisión, también acogería la pretensión del accionante.
6.1. Al respecto cabe acotar, que en el marco de la acción reivindicatoria, a pesar de que por regla general, cuando la adquisición del “derecho de propiedad” de la cosa por el demandante sea posterior a la época de inicio de la posesión del accionado se trunca la pretensión; ello no es absoluto, porque de acuerdo con la jurisprudencia, tratándose de bienes raíces es factible apoyarse en la cadena ininterrumpida de títulos registrados soporte del “derecho de dominio” del actor, a fin de destruir la presunción que de similar prerrogativa obra en favor del poseedor al tenor del inciso 2º artículo 762 del Código Civil.
Acerca de dicha temática, esta corporación en Sentencia CSJ SC11334-2015, 27 ago., rad. 2007-000588-01, en lo pertinente memoró:
“(…) Por el sendero del ejemplo, lo explicó esta misma Corte en jurisprudencia añeja al señalar: ‘En la acción consagrada por el art. 950 del C.C. pueden contemplarse varios casos: llámase Pedro el demandante y Juan el demandado. 1) Pedro, con títulos registrados en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1911. Debe triunfar Pedro. 2) Pedro, con un título registrado en 1910, demanda a Juan, cuya posesión principió en 1909. Debe triunfar Juan. 3) Pedro, con un título registrado en 1910 demanda a Juan, cuya posesión comenzó en 1909 y presenta además otro título registrado con el cual comprueba que su autor fue causahabiente de Diego desde 1908. Debe triunfar Pedro, no por mérito del título, sino por mérito del título del autor(3). En estos tres casos, referentes a una propiedad privada, se ha partido de la base de que Juan es poseedor sin título. Cuando lo tiene se ofrecen otros casos harto complejos (…)”.
Así mismo, en la sentencia sustitutiva CSJ SC, 25 may. 1990, reiterada en fallo CSJ SC, 23 oct. 1992, rad. 3504, GJ tomo CCXIX, 2º sem. 1992, nº3458, págs. 583-585, se precisó:
“La anterioridad del título del reivindicante apunta no solo a que la adquisición de su derecho sea anterior a la posesión del demandado, sino al hecho de que ese derecho esté a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los títulos de sus antecesores, que si datan de una época anterior a la del inicio de la posesión del demandado, permiten el triunfo del reivindicante. Entonces, no solo cuando el título de adquisición del dominio del reivindicante es anterior al inicio de la posesión del demandado, sino inclusive cuando es posterior, aquél puede sacar avante su pretensión si demuestra que el derecho que adquirió lo obtuvo su tradente a través de un título registrado, y que éste a su turno lo hubo de un causante que adquirió en idénticas condiciones; derecho que así concedido es anterior al inicio de la posesión del demandado, quien no ha adquirido la facultad legal de usucapir”(4).
6.2. Para el caso, en el documento que el recurrente afirma fue erradamente apreciado, esto es, el certificado de tradición y libertad del inmueble objeto del proceso, se verifica la siguiente información:
En la “anotación 9” de 19/05/1989, aparece el registro de la sentencia de 04/04/1989 proferida por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, en el juicio sucesorio de Bárbara Bustamante Ruiz, aprobatoria de la adjudicación de una cuota parte del derecho de dominio del referido predio a favor del aquí demandante Ricardo Humberto Villalobos Bustamante y en la “anotación 15” de 26/10/1995, figura inscrito el remate, que según los documentos protocolizados mediante escritura pública 1705 de 9 de abril de 1996 de la Notaría 19 de Bogotá e incorporados al plenario(5), se efectuó el 25 de octubre de 1994 dentro del proceso divisorio por él promovido contra los demás comuneros, habiéndosele adjudicado las cuotas partes del derecho de dominio, consolidando en cabeza suya la propiedad total del inmueble.
Igualmente se observa, que los comuneros a quienes se les remataron sus cuotas partes de dominio, esto es, José Vicente Duarte y José Miguel Bustamante Ruiz, habían obtenido su derecho, el primero según la “anotación 2”, por adjudicación en la sucesión de Carmen Ruiz de Bustamante, como cesionario de Jorge Enrique Bustamante Ruiz, aprobada mediante fallo de 26/11/1981 del Juzgado 4º Civil del Circuito de Bogotá, registrado el 22/01/1982 y el segundo nombrado, de acuerdo con la “anotación 5”, en virtud de lo dispuesto en la sentencia de 22 de agosto de 1983 emitida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Bogotá, en proceso de “petición de herencia”, registrada el 22/11/1983.
6.3. La reseñada información, no discutida por el demandado, evidencia que el accionante adquirió la propiedad del inmueble objeto de la “pretensión reivindicatoria”, conforme a las prescripciones legales, derivando su derecho de quienes lo detentaban válidamente con antelación a la fecha de posesión acreditada por el demandado y de otra parte, al haber determinado el tribunal, (aspecto este no contendido en casación), que “la parte demandada no logró demostrar por ningún medio el cumplimiento de los requisitos para ganar el bien por prescripción adquisitiva”; surge un mejor derecho para el accionante.
Lo anterior implica, que debe prevalecer la garantía de protección de la propiedad privada consagrada en el artículo 58 de la Constitución, con sujeción a las reglas de la “acción reivindicatoria” promovida, respecto del derecho de dominio del accionante sobre el predio objeto del litigio, dado que es evidente que lo adquirió “con arreglo a las leyes civiles”, supuesto este no cuestionado ni discutido por las partes.
7. Las razones expuestas conducen a desestimar la acusación estudiada, y por ende la impugnación extraordinaria propuesta.
En consecuencia, con fundamento en el inciso final artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas al recurrente, debiéndose tomar en cuenta para la fijación de agencias en derecho, el hecho de que el actor replicó oportunamente la demanda de casación.
1. NO CASAR la sentencia de 22 de julio de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario reivindicatorio propuesto por Ricardo Humberto Villalobos Bustamante contra Jaime Conde.
2. CONDENAR al impugnante extraordinario al pago de las costas procesales. En la liquidación respetiva, inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de seis millones de pesos ($ 6.000.000).
3. DEVOLVER, en su oportunidad, el expediente a la Corporación de origen.
Cópiese y notifíquese,
Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Armando Tolosa Villabona.
1 Cdno. 1, fls. 235-251.
2 Cdno 5, fls. 9-20.
3 Se subrayó
5 Ídem, folios 2 a 5.