Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-14-junio-2006-ministerio-de-justicia-145223
Timestamp: 2016-12-03 16:14:22
Document Index: 99798237

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 19', 'artículo 86', 'artículo 327', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199', 'artículo 86', 'artículo 199']

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Manuel Melgarejo Belmonte, contra la negativa del registrador de la propiedad de Guardamar del Segura, a cancelar por caducidad varias anotaciones preventivas de embargo prorrogadas judicialmente antes de entrar en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Manuel Melgarejo Belmonte, contra la negativa del registrador de la propiedad de Guardamar del Segura, a cancelar por caducidad varias anotaciones preventivas de embargo prorrogadas judicialmente antes de entrar en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por don Manuel Melgarejo Belmonte, contra la negativa del registrador de la propiedad de Guardamar del Segura, a cancelar por caducidad varias anotaciones preventivas de embargo prorrogadas judicialmente antes de entrar en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por don Manuel Melgarejo Belmonte contra la nota de calificación extendida por el Registrador de la Propiedad del Registro de la Propiedad de Guardamar del Segura, don Antonio Fernández del Barrio, por la que se deniega la cancelación por caducidad de varias anotaciones preventivas de embargo prorrogadas judicialmente todas ellas antes de entrar en vigor la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Con fecha 23 de noviembre de 2005 se presenta en el Registro de la Propiedad de Guardamar del Segura bajo el asiento número 612 del Diario 27 una instancia privada suscrita el 22 de noviembre de 2005 por don Manuel Melgarejo Belmonte, en la que solicitaba como administrador de la mercantil «Proyectos Marimar, S.L.» propietaria de la finca registral 35012 la cancelación por caducidad de la anotaciones preventivas de embargo letra C, de 26 de junio de 1991; E, de 3 de diciembre de 1991; F, de 26 de junio de 1991; G, de 26 de junio de 1991; I, de 17 de enero de 1992; y J, de 10 de mayo de 1993; que pesaban sobre la misma, prorrogadas todas ellas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La referida finca aparece actualmente gravada con anotación preventiva de embargo letra C extendida a favor de Banco Hispano Americano, S.A. con fecha de 26 de junio de 1991 prorrogada por cuatro años por la anotación letra K de febrero de 1995; anotación preventiva de embargo letra E extendida a favor de Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante con fecha 3 de diciembre de 1991 prorrogada por cuatro años por la anotación letra LL de noviembre de 1995; anotación preventiva de embargo letra F extendida a favor de Banco Exterior de España, S.A. con fecha de 26 de junio de 1991 prorrogada por cuatro años por la anotación letra M de diciembre de 1995; anotación preventiva de embargo letra G extendida a favor de Banco Exterior de España, S.A. con fecha 26 de junio de 1991 prorrogada por cuatro años más por la anotación letra N de diciembre de 1995; anotación preventiva de embargo letra I extendida a favor de Banco de Alicante, S.A. con fecha 17 de enero de 1992 prorrogada por cuatro años más por la anotación letra Ñ de enero de 1996; y anotación preventiva de embargo letra J extendida a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo con fecha 10 de mayo de 1993 prorrogada por cuatro años más por la anotación letra O de diciembre de 1996; que gravan todas ellas la finca propiedad de «Proyectos Marimar, S. L.» número 35012, inscrita al Folio 221, del Libro 490, Tomo 2196 de dicho Registro.
Ante la citada solicitud de cancelación por caducidad, con fecha 23 de diciembre de 2005 fue extendida la siguiente nota de calificación: «DENEGADA la cancelación de embargo por caducidad solicitada en la presente instancia al aparecer la anotación preventiva de embargo prorrogada con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, y a la nueva redacción del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, quedando en consecuencia sometida a la prórroga indefinida en los términos previstos en el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, de manera que no cabe la cancelación por caducidad de la misma, de conformidad con la RDGRN de 30 de noviembre de 2005. Contra la presente nota de calificación podrá interponerse recurso dentro del plazo de un mes, a contar desde su fecha, ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en los términos previstos en los artículos 322 y siguientes de la Ley Hipotecaria; sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar la calificación del Registrador sustituto con arreglo al cuadro de sustituciones del que puede informarse en este Registro, en el plazo de los quince días siguientes a la notificación, conforme a las reglas del artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria. Guardamar del Segura, a 23 de diciembre de 2005. El Registrador. Firma ilegible.»
Frente a la referida nota de calificación el 17 de enero de 2006 tiene entrada en el Registro de la Propiedad de Guardamar del Segura escrito suscrito el 11 de enero de 2006 por don Manuel Melgarejo Belmonte, por el que se interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, alegando los siguientes argumentos:
1. El artículo 86 de la Ley Hipotecaria en su redacción actual dada por la Disposición Final Novena de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil es aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 21 de julio de 2005 de la Dirección General de los Registros y del Notariado; pues han transcurrido ya 4 años de la vigencia de esta normativa que empezó a desplegar sus efectos el 8 de enero de 2001.
2. Señala además el recurrente que el Registrador deniega la cancelación en aplicación de una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 de noviembre de 2005, fecha posterior a la de la entrada en el Registro de la solicitud de cancelación; resultando esta aplicación retroactiva de la Resolución gravosa para los intereses del recurrente, lo que atenta contra el principio de legalidad.
El Registrador emitió el preceptivo informe dentro del plazo reglamentario y elevó el expediente a este Centro Directivo; acompañado de las alegaciones presentadas al respecto por Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante; así como por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A a quienes el Registrador había notificado al efecto de conformidad con la redacción entonces vigente del artículo 327 de la Ley Hipotecaria.; en las que se oponen a la cancelación solicitada por entender que se trata de un intento torticero de levantar los embargos por una vía ya declarada inhábil.
Vistos los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 199.2 del Reglamento Hipotecario; la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de diciembre de 2000; así como las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 2000, 24 de mayo de 2001, 11 de mayo de 2002, 23 de mayo de 2002, 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, 20 de diciembre de 2004, 19 de febrero de 2005, 23 de mayo de 2005, 3 de junio de 2005, 11 de junio de 2005, 18 de junio de 2005, 21 de julio de 2005 y 30 de noviembre de 2005.
1. En el presente recurso se vuelve a debatir sobre la negativa a cancelar por caducidad varias anotaciones preventivas de embargo, que fueron prorrogadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Teniendo en cuenta el criterio aislado recogido por la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de julio de 2005, contrario al sustentado con anterioridad por este Centro Directivo, conviene reiterar el criterio definitivo de este Centro Directivo.
En efecto, el texto del artículo 86, ap. 1.º de la Ley Hipotecaria que ha estado vigente hasta el día 8 de enero de 2001 venía a establecer que las anotaciones preventivas, cualquiera que fuera su origen, caducaban a los cuatro años, salvo aquéllas que tuvieran señalado un plazo más breve. No obstante, a instancia de los interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, se permitía una única prórroga por un plazo de cuatro años más. La existencia de esta prórroga única de cuatro años venía provocando especiales problemas en el caso de las anotaciones preventivas judiciales, por lo que en la reforma reglamentaria de 1959 se consideró que debían mantener su vigencia durante toda la vida del proceso, teniendo en cuenta que la duración de éste no es previsible, e incluso que puede tener una duración superior a los cuatro años. La introducción del párrafo segundo del art. 199 del Reglamento Hipotecario supuso la prórroga indefinida de estas anotaciones preventivas judiciales hasta que se dictara resolución firme en el proceso en que se hubieran adoptado, de manera que no caducaban por transcurrir el plazo de cuatro años. En este sentido se expresa la Exposición de Motivos del Decreto de 17 de marzo de 1959, donde puede leerse: «La prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas ordenadas por la autoridad judicial en determinadas circunstancias estaba impuesta por la experiencia procesal y era unánimemente solicitada para impedir que la caducidad de tales asientos se convirtiera en arma inadmisible de litigantes de mala fe». Esta finalidad fue asumida con claridad por este Centro Directivo en Resoluciones de 25 de septiembre de 1972, 24 de mayo de 1990, 25 de mayo de 1990, 11 de abril de 1991, 29 de mayo de 1998, 6 de marzo de 1999 y 6 de mayo de 2000, entre otras muchas.
A pesar de las críticas a esta solución vertidas por un sector doctrinal, lo que se pretendió por este Centro Directivo fue dotar al sistema de seguridad jurídica, de tal manera que las diversas situaciones posibles en el momento de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil no ofrecieran dudas. De esta manera, podían plantearse tres posibilidades diferentes. En primer lugar, la de aquellas anotaciones preventivas que se solicitasen a partir de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que quedaban sujetas al artículo 86 de la Ley Hipotecaria en su nueva redacción, es decir, sometidas a un plazo de caducidad de cuatro años, siendo susceptibles de prórrogas sucesivas. En segundo lugar, estaban las anotaciones preventivas practicadas antes de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se sometían a este mismo régimen, es decir, caducaban a los cuatro años, pero admitían prórrogas sucesivas con arreglo al nuevo régimen, y no una única prórroga como ocurría con anterioridad. Finalmente estaba el caso de las anotaciones preventivas prorrogadas antes de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este tercer supuesto, siendo la prórroga, y no la anotación, lo que se había practicado antes de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solución adoptada es que continuaran rigiéndose por la anterior legislación, aplicándose lo dispuesto el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, considerándose por tanto la prórroga indefinida, sin necesidad de solicitar su renovación a los cuatro años.
4. Frente al criterio unánime y reiterado a que se acaba de hacer referencia, una decisión aislada de este Centro Directivo, la Resolución de 21 de julio de 2005, adoptó la postura contraria. Así, en su Fundamento de Derecho único se afirma lo siguiente: «Se plantea en este supuesto la posible cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta Dirección General ha interpretado la normativa aplicable en el sentido de no ser posible dicha cancelación en supuestos en los que la solicitud de cancelación se había presentado sin que hubiese transcurrido el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre prórrogas contenida en el art. 86 de la Ley Hipotecaria en su redacción dada por la Ley 1/2000 y sin perjuicio de otros requisitos aplicables al caso concreto. Ahora bien, en el presente supuesto han transcurrido ya cuatro años de vigencia de esta nueva normativa en el momento de la solicitud de cancelación sin que se haya procurado la prórroga de la anotación preventiva considerada, y según esa normativa no cabe la vigencia de anotaciones preventivas más allá del plazo de cuatro años si no consta la correspondiente prórroga. Por ello hay que interpretar que transcurrido el indicado plazo la anotación preventiva y su prórroga están caducadas y procede por tanto su cancelación». Ciertamente esta posibilidad se había apuntado ya en Resoluciones anteriores, concretamente en las de 27 de febrero de 2004, 12 de noviembre de 2004, y 20 de diciembre de 2004. Así en la Resolución de 27 de febrero de 2004 se afirma que «podría realizarse la cancelación si se acreditara la finalización del procedimiento en el que se tomó la anotación, siempre que hubiera transcurrido un plazo prudencial, pero en el presente caso no se ha acreditado ni siquiera tal finalización de dicho procedimiento, y, en todo caso, lo que es indudable es que no cabe la cancelación de una anotación prorrogada antes de enero de 2000 cuando aún no han transcurrido cuatro años desde la vigencia de la norma que expresamente recogió la posibilidad de tales prórrogas ulteriores». Lo anterior se reitera literalmente en las Resoluciones de 12 de noviembre y 20 de diciembre de 2004, en las que además se añade lo siguiente: «Cuestión distinta sería si la solicitud de cancelación se realizara transcurridos cuatro años de la entrada en vigor de dicha norma, pues, en dicho supuesto, podría mantenerse que una aplicación teleológica de tal doctrina legal, que impone la regla de la caducidad, sería incompatible con el mantenimiento de la prórroga transcurridos cuatro años desde su vigencia, pues en dicho plazo los interesados podrían haber instado una nueva prórroga; pero tal cuestión no es necesario resolverla en el presente supuesto». Igualmente en la Resolución de 11 de junio de 2005 se llega a afirmar: «Debe hacerse constar que tampoco procede por las circunstancias del supuesto considerar si debería entenderse o no vigente la prórroga de la anotación si hubieran transcurrido cuatro años desde la entrada en vigor de la nueva normativa sobre prórrogas incorporada a la Ley de Enjuiciamiento Civil; en efecto, en este caso, la adjudicación se inscribió bajo la vigencia de la legislación anterior y además ni siquiera han transcurrido los cuatro años indicados cuando el documento en cuestión se presenta en el Registro».
En definitiva, si ahora se considerara que, una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han caducado las anotaciones preventivas prorrogadas judicialmente con anterioridad, lo que se estaría haciendo es despojar a estos anotantes de los medios necesarios para defender su derecho. Tales anotantes, confiando en el contenido de la Instrucción, o bien adoptaron una actitud pasiva, o aun intentando una nueva prórroga con arreglo al nuevo sistema establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, se encontraron con que se les privó de esta posibilidad por el Juez o por el Registrador de la Propiedad. Por ello, de seguirse el criterio de la Resolución de 21 de julio de 2005, sucedería ahora que todas las anotaciones preventivas judiciales prorrogadas antes de entrar en vigor la Ley 1/2000 habrían quedado irremisiblemente condenadas a caducar a los cuatro años de dicha entrada en vigor, pues durante este plazo a los interesados ni siquiera se les ha permitido acomodar el asiento correspondiente a la nueva normativa. Por otro lado, desde un punto de vista práctico, deben tenerse presentes los posibles perjuicios que, de mantenerse la postura contraria, podrían ocasionarse en los casos de ejecuciones de anotaciones preventivas judiciales prorrogadas antes de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, si éstas se consideraran ahora caducadas.
6. En el presente recurso, el recurrente solicita la cancelación de unas anotaciones preventivas, que a su entender se encuentran caducadas al haber transcurrido más de cuatro años desde la prórroga, entendiendo que no procede aplicar el artículo 199 del Reglamento Hipotecario; sin embargo, la última prórroga de la anotación data de 1995, y lo que trata es de asegurar el resultado de un procedimiento de ejecución, por lo que, de acuerdo con la postura que aquí se mantiene, ha de subsistir mientras dure dicho procedimiento. Este mismo criterio es el que recoge ahora el artículo 86 de la Ley Hipotecaria al no poner ningún límite al número de prórrogas que se pueden solicitar. En este sentido, estando vivo el procedimiento en que se ordenó la anotación y su prórroga, no procede la cancelación por caducidad pues se frustraría con ello la finalidad de este asiento registral. Esto no supone ningún perjuicio, dado que si el procedimiento ha concluido (por auto de aprobación del remate una vez consignado el precio por el adjudicatario, por sobreseimiento o por cualquier otro motivo), sí que cabría pedir la cancelación de la anotación preventiva. En este sentido y dado que, siguiendo la Instrucción de 12 de diciembre de 2000, se considera que las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil se rigen por lo dispuesto en el artículo 199.2 del Reglamento Hipotecario, como se afirma en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de mayo de 1990, dicho precepto reglamentario debe interpretarse en el sentido de que toda cancelación por caducidad de una anotación preventiva prorrogada exige que se justifique la terminación del proceso en que se decretó. Abundando en esta argumentación, debe apreciarse la necesidad de que la prórroga de la anotación preventiva judicial subsista hasta que la propia resolución judicial firme acceda al Registro, pues de no seguirse esta interpretación, se dejaría desamparado al anotante, ya si la anotación preventiva caducara automáticamente una vez firme la resolución judicial, el ejecutado, titular registral inscrito, podría burlar fácilmente la protección que al anotante brinda el Registro a través de enajenaciones a favor de terceros.