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Timestamp: 2017-08-24 04:41:53
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Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 51', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 9', 'artículo 88']

La firma electrónica, la facturación telemática y otras cuestiones: Una ensalada de leyes poco digestiva para informáticos y a la fuerza un plato del menú – CURSO HISPANO Ator
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Publicada en 25 Junio, 2012 de Jac Publicado en: CH
Antes de nada pido disculpas por el retraso en el envío de este post, quizás algunos de vosotros estabais esperándolo desde el martes, pero no ha podido ser, espero que os guste aunque llegue tarde.
Continuando con el uso de la criptografía uno de los más significados concierne a la firma electrónica. Ya dije que el uso de la criptografía se ve afectado por más disposiciones, las que afectan a firma electrónica, comercio electrónico, propiedad intelectual, protección de datos, secretos oficiales, etc.
La Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 8 de octubre de 1997, sobre el Fomento de la Seguridad y la Confianza en la Comunicación Electrónica: hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado, que mencioné en mi anterior artículo, promueve también el uso de la “firma electrónica”, otro caso de estudio relativo a “compliance”.
La LEY 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en el artículo 81 faculta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para prestar los servicios de seguridad para las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, como la emisión de certificados electrónicos para identificación de personas, físicas o jurídicas, y para la firma electrónica.
La regulación de esta facultad vino de la mano del Real Decreto 1290/1999, de 23 de julio, por el que se desarrolla el artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, derogado en la actualidad, pero que estuvo vigente hasta el 5 de diciembre de 2001. Posteriormente el Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, entre otras cuestiones introdujo modificaciones en el art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Este decreto también fue derogado en marzo de 2004.
Tras los dos reales decretos de 1999 finalmente la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, establece un marco comunitario para la firma electrónica.
Antes de que la Directiva pudiera ser transpuesta en nuestro ordenamiento, la LEY 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 51 modificó el artículo 81 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, y posteriormente el 5 de diciembre de 2001, por la entrada en vigor del Real Decreto 1317/2001, de 30 de noviembre, se desarrolla dicho artículo 81.
Con todo aún en el año 2003 no se contaba con una ley específica de la firma electrónica, esta se promulga el 19 de diciembre, la Ley 59/2003, de firma electrónica. Entre otras cuestiones vuelve a introducir modificaciones en el art. 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre. Posteriormente la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en el artículo 5 introduce modificaciones en la Ley 59/2003, de firma electrónica.
También viene al caso por relacionarse con la capacidad de disponer de certificados para la identificación y firma electrónica todo el cuerpo normativo del DNI electrónico, cuya expedición tanto del documento como de sus certificados se regula en el REAL DECRETO 1553/2005, de 23 de diciembre, del Ministerio del Interior.
El uso de la firma electrónica para generar facturas es de particular importancia. La facturación electrónica sería imposible sin la firma digital (y evidentemente las disposiciones relacionadas con ella). Al hacer la factura electrónica y firmarla digitalmente se genera el mensaje “EDI-Invoic”, el cual, digamos, es la factura original.
Relativo a las facturas electrónicas, la primera disposición digna de mencionar, que familiarmente llamábamos “Ley de Facturación Telemática” fue la Orden de 22 de marzo de 1996 por la que se dictaron las normas de aplicación del sistema de facturación telemática previsto en el artículo 88 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y desarrollado en el artículo 9 bis del Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre (este último ya derogado). Estuvo vigente hasta el 14 de diciembre de 2002, fecha en que fue derogada por la Orden Ministerial HAC/3134/2002 de 5 de diciembre que puede consultarse en el enlace. Esta OM regulaba la emisión de facturas firmadas digitalmente; concretamente regulaba el régimen de facturación previsto en el artículo 88 antes citado, para que pueda hacerse mediante factura electrónica.
La “facturación electrónica” es un caso concreto de intercambio electrónico de datos (EDI). En España el intercambio electrónico de datos se encuentra regulado, digamos, indirectamente. Realmente se han regulado distintas situaciones en las que se intercambian datos, para asegurar la validez de la transacción en ciertos casos, y para asegurar que no se vulnera ningún derecho de las personas en otros.
Nuevamente el Consejo de Europa se ocupó del asunto y tomó las Decisiones 1719/1999/CE y 1720/1999/CE, ambas de 12 de julio de 1999. Por la primera se dictan un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA), y por la segunda se aprueban un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de dichas redes y el acceso a las mismas.
La Orden Ministerial HAC/3134/2002 motivó la Resolución 2/2003, de 14 de febrero, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre determinados aspectos relacionados con la facturación telemática, la cuál está vigente a pesar de que la Orden Ministerial referida fuera derogada. Es precisamente a partir de esta Resolución cuando las facturas EDI pueden sustituir a las facturas en papel.
La OM y la Resolución posterior también han regulado la auto-factura y la facturación por terceros, dos tipos contemplados en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Esta ley que ha tenido más de 5 redacciones se mantiene vigente en su última versión, desde marzo de 2004.
Posteriormente en el año 2003 el Real Decreto 1496, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Este nuevo reglamento es posteriormente modificado por otro RD, el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero. El RD 1496 motiva la formulación de una nueva Orden que trae consigo la derogación de la ya mencionada HAC/3134/2002 de 5 de diciembre. Es la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación actualmente vigente.
Bueno en los siguientes ya entro en la LOPD y prometo ser cada vez más técnico y menos legalista.
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