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Timestamp: 2020-08-07 01:05:06
Document Index: 158698547

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 40', 'artículo 25', 'artículo 63', 'artículo 66', 'artículo 64', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 90', 'artículo 64', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 64', 'artículo 7', 'artículo 103', 'artículo 6', 'artículo 64', 'artículo 10', 'artículo 64', 'artículo 2', 'artículo 238', 'artículo 64', 'artículo 11', 'artículo 64', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 309', 'artículo 10', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 4', 'artículo 276', 'artículo 11', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 25']

Órgano Emisor : Ministerio de Asuntos Exteriores
Rango : Convenio
Fecha: 04-11-1950
Fecha de Publicación: 10-10-1979
Marginal : 55968
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Por cuanto, el día 24 de noviembre de 1977, el Ministro de Asuntos Exteriores de España firmó en Estrasburgo el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y enmendado por los Protocolos adicionales números 3,y 5, de,6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente, Vistos y examinados los 66 artículos que integran dicho Convenio.
1) La disposición del punto tercero del párrafo 1.§ del artículo 10, como compatible con un régimen que corresponda a la organización de la radiodifusión y televisión en España; 2) Las disposiciones de los artículos 15 y 17, en el sentido de que permite la adopción de las medidas contempladas en los artículos 55 y 116 de la Constitución Española.
[España al firmar el Convenio de 24 de noviembre de 1977, firmó también sus Protocolos 3º y 5º, que modifican los artículos 29,30,34 y 22,40 del Convenio, respectivamente. Dichas modificaciones se hallan incorporadas al presente texto] Roma, 4 de noviembre de 1950.
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; Considerando que esta Declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de los derechos en ellas enunciados; Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que ellos invocan; Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal; Han convenido lo siguiente:
.Artículo Nº.1.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad salvo, en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley; a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una ordene judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley.
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él; b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan; d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la Audiencia.
a) una Comisión Europea de Derechos Humanos, denominada en adelante "la Comisión"; b) un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denominado en adelante "el Tribunal".
La Comisión se compone de un números de miembros igual al de las Altas Partes Contratantes. En la Comisión no podrá haber más de un nacional del mismo Estado.
1. Los miembros de la Comisión son elegidos por el Comité de Ministros, por Mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva; cada grupo de representantes de las Altas Partes Contratantes en la Asamblea Consultiva presenta tres candidatos, de los que al menos dos serán de su nacionalidad.
2. En la medida en que sea aplicable, se seguirá el mismo procedimiento para completar la Comisión en el caso de que otros Estados lleguen a ser ulteriormente Parte en el presente Convenio y para proveer los puestos que queden vacantes.
1. Los Miembros de la Comisión son elegidos por un período de seis años. Son reelegibles. Sin embargo, en lo que se refiere a los miembros designados en la primera elección, las funciones de siete de ellos terminarán al cabo de tres años.
2. Los miembros cuyas funciones concluyan el término del período inicial de tres años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario general del Consejo de Europa, inmediatamente después de que haya procedido a la primera elección.
3. A fin de asegurar, en lo posible, que la mitad de la Comisión de sea renovada cada tres años, el Comité de Ministros podrá decidir, antes del proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los miembros que se vayan a elegir tengan una duración distinta de los seis años, sin que est pueda, sin embargo, exceder de nueve ni ser inferior a tres.
4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que el Comité de Ministros haga aplicación del párrafo precedente, el reparto de mandatos se realizará por sorteo efectuado por el Secretario general del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
5. El miembro de la Comisión elegido en sustitución de un miembro cuyo mandato no ha expedido ejercerá sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor.
6. Los miembros de la Comisión seguirán en funciones hasta su sustitución. Después de ésta continuarán conociendo de los asuntos que ya les habían sido encomendados.
1. La Comisión podrá conocer de cualquier demanda dirigida al Secretario general del Consejo de Europa por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares, que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el presente Convenio, en el caso de que la Alta Parte Contratante acusada haya declarado reconocer la competencia de la Comisión en esta materia. Las Altas Partes Contratantes que hayan suscrito tal declaración se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
2. Estas declaraciones podrán hacerse por un período determinado.
3. Se remitirán al Secretario General del Consejo de Europa, quien transmitirá copias a las Altas Partes Contratantes y cuidará de su publicación.
4. La Comisión no ejercerá la competencia que le atribuye el presente artículo hasta que seis Altas Partes Contratantes, al menos, se encuentren vinculadas por la declaración prevista en los párrafos precedentes.
1. La Comisión no tomará en consideración una demanda introducida por aplicación del artículo 25 cuando:
a) Sea anónima; b) Sea esencialmente la misma que una demanda anteriormente examinada por la Comisión o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo y no contenga hechos nuevos.
2. La Comisión considerará inadmisible cualquier demanda presentada por aplicación del artículo 25 cuando la estime incompatible con las disposiciones del presente Convenio, manifiestamente mal fundada o abusiva.
3. La Comisión rechazará cualquier demanda que considere inadmisible por aplicación del artículo 26.
a) Procederá, con el fin de determinar los hechos, a un examen contradictorio de la misma con los representantes de las partes y, si procede, a una investigación para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias después de un intercambio de puntos de vista con la Comisión; b) Se pondría a disposición de los interesados, a fin de llegar a un arreglo amistoso del asunto que se inspire en el respeto a los derechos humanos tal como los reconoce el presente Convenio.
Después de haber aceptado una demanda introducida con arreglo al artículo 2, la Comisión podrá, sin embargo, decidir por unanimidad que la rechaza, si en el curso de su examen comprueba la existencia de uno de los motivos de no admisibilidad previstos en el artículo 27.
1. Si no se ha podido llegar a una solución, la Comisión redactará un informe en el que hará constar los hechos y se formulará un dictamen sobre si los hechos comprobados implican, por parte del Estado interesado, una violación de las obligaciones que le incumben a tenor del Convenio. Podrán ser incluidas en dicho informe a las opiniones de todos los miembros de la Comisión sobre este punto.
2. El informe se transmitirá al Comité de Ministros; igualmente se comunicará a los Estados interesados, quienes no tendrán la facultad para publicarlo.
3. Al transmitir el informe al Comité de Ministros, la Comisión podrá formular las propuestas que considere apropiadas.
1. Si en un período de tres meses, a partir del traslado al Comité de Ministros del Informe de la Comisión, el asunto no ha sido deferido al Tribunal por aplicación del artículo 48 del presente Convenio, el Comité de Ministros decidirá, por voto mayoritario de dos tercios de los representantes con derecho a formar parte de él, si ha habido o no violación del Convenio.
2. En caso afirmativo, el Comité de Ministros fijará el plazo en el que la Alta Parte Contratante interesada deberá tomar las medidas que se deriven de la decisión del Comité de Ministros.
3. Si la Alta Parte Contratante interesada no ha adoptado medidas satisfactorias en el plazo concedido, el Comité de Ministros, por la mayoría prevista en el párrafo 1 de este artículo, decidirá cuales son las consecuencias que se derivan de su decisión inicial y publicará el informe.
4. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a considerar como obligatoria cualquier decisión que el Comité de Ministros pueda tomar en virtud de los párrafos precedentes.
1. Los miembros del Tribunal son elegidos por la Asamblea Consultiva por mayoría de los votos emitidos de una lista de personas presentada por los miembros del Consejo de Europa, debiendo cada uno de éstos presentar tres candidatos, de los cuales al menos dos han de ser de su misma nacionalidad.
2. En la medida en que sea aplicable se seguirá el mismo procedimiento para completar el Tribunal en caso de admisión de nuevos miembros en el Consejo de Europa y para proveer los puestos que queden vacantes.
3. Los candidatos deberán gozar de la mas alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
1. Los miembros del Tribunal son elegidos por un período de nueve años. Son reelegibles. Sin embargo, por lo que se refiere a los miembros designados en la primera elección, las funciones de cuatro de ellos terminarán al cabo de tres años y las de otros cuatro al cabo de seis.
2. Los miembros cuyas funciones terminen en los períodos iniciales de tres y seis años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario general del Consejo de Europa inmediatamente después de haberse procedido a la primera elección.
3. A fin de asegurar en lo posible la renovación cada tres años de un tercio del Tribunal, la Asamblea Consultiva podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los miembros que se vayan a elegir tengan una duración distinta de la de nueve años, sin que pueda, sin embargo, exceder de doce ni ser inferior a seis.
4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y que la Asamblea Consultiva haga aplicación del párrafo precedente, el reparto de mandatos se realizará mediante sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
5. El miembro del Tribunal elegido en sustitución de un miembro cuyo mandato no haya expirado ejercerá sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor.
6. Los Miembros del Tribunal permanecerán el funciones hasta sus sustitución. Después de ésta, continuarán conociendo de los asuntos que ya les habían sido encomendados.
Para el examen de cada asunto sometido al Tribunal éste se constituirá en una Sala compuesta por el siete Magistrados. La integrarán, de oficio, el Magistrado de la nacionalidad de cada Estado interesado o, en su defecto, una persona elegida por él para actuar en calidad de Magistrado; los nombres de los restantes Magistrados serán sacados a suerte por el Presidente antes de entrar a conocer del caso.
1. Cada una de las Altas Partes Contratantes puede declarar, en cualquier momento, que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convenio especial la jurisdicción del Tribunal para todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del presente Convenio.
2. Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior podrán hacerse pura y simplemente o bajo condición de reciprocidad por parte de varias o de ciertas otras Altas Partes Contratantes, o por un período determinado.
3. Estas declaraciones se remitirán al Secretario general del Consejo de Europa, que transmitirá copia de ellas a las Altas Partes Contratantes.
A condición de que la Alta Parte Contratante interesada, si no haya más que una, o las Altas Partes Contratantes interesadas, si hay mas de una, estén sometidas a la jurisdicción obligatoria del Tribunal o, en su defecto, con el consentimiento o conformidad de la Alta Parte Contratante interesadas, sino hay más que una, o de las altas Partes Contratantes interesadas, si hay más de una, podrán someter un asunto al Tribunal.
a) La Comisión; b) Una Alta Parte Contratante, cuando la víctima haya sido un nacional suyo; c) una Alta Parte Contratante que haya iniciado el caso ante la Comisión; d) una Alta Parte Contratante que haya sido demandada.
1. La sentencia del Tribunal será motivada.
2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión un nime de los Magistrados, cualquier Magistrado tendrá derecho a unir a ella su opinión individual.
1. La primera elección de los miembros del Tribunal tendrá lugar después de que se reúnan ocho declaraciones de las Altas Partes Contratantes que se refiere el artículo 46.
2. No podrá someterse caso alguno al Tribunal antes de esta elección.
Los miembros de la Comisión y del Tribunal gozan, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstas en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de este artículo.
1. Cualquier estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma declarar, en notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará a todos los territorios o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable.
4. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de éste artículo, podrá, en cualquier momento sucesivo, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión, la competencia de la Comisión para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no gubernamentales o de grupos de particulares conforme al artículo 25 del presente Convenio.
.Artículo Nº.65
4. El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable en los términos del artículo 63.
.Artículo Nº.66
1. El presente Convenio est abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario general del Consejo de Europa.
4. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la entrada en vigor del Convenio, los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado así, como el depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente.
[Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general remitirá copias certificadas a todos los signatarios. Entró en vigor el de 3 de septiembre de 1953, y para España, el 4 de octubre de 1979, fecha del depósito de su Instrumento de Ratificación, de conformidad con el artículo 66.3 de dicho Convenio] Reservas en virtud del artículo 64 del Convenio sobre la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Austria "El Presidente Federal declara ratificado el Convenio con la reserva:
1. Las disposiciones del artículo 5 del Convenio serán aplicadas sin perjuicio de las disposiciones de la Leyes de procedimiento administrativo, BGBI número 172/1950, relativa a las medidas de privación de libertad que quedará sometida al control posterior del Tribunal Administrativo o del Tribunal Constitucional, previsto por la Constitución Federal Austríaca.
2. Las disposiciones del artículo 6 del Convenio se aplicarán en la medida en que no atenten, de ninguna manera, a los principios relativos a la publicidad del procedimiento jurídico enunciados en el artículo 90 de la Ley Federal Constitucional en su versión de 1929." Francia "Al depositar el Instrumento de Ratificación, el Gobierno de la República, conforme al artículo 64 del Convenio, hace la reserva relativa a:
2. El párrafo 1 del artículo 15 en el sentido, de una parte, que las circunstancias enumeradas por el artículo 16 de la Constitución para su puesta en práctica, por el artículo 1 de la Ley de 3 de abril de 1878 y por la Ley de 9 de agosto de 1849 para la declaración de estado de sitio, por el artículo 1 de la Ley número 55-385, de 3 de abril de 1955, para la declaración de estado de alarma, y que permitan la puesta en práctica de las disposiciones de estos textos, debiendo entenderse como de acuerdo con el objeto del artículo 15 de la Convención y, por otra parte, que para la interpretación y aplicación del artículo 16 de la Constitución de la República, el término "en la medida estricta en que la situación lo exija", no podría limitar el poder del Presidente de la República de adoptar "las medidas exigidas por las circunstancias".
República Federal de Alemania "De acuerdo con el artículo 64 de la Convención, la República Federal de Alemania hace la reserva de que no se aplicará lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 2, de la Convención más que dentro de los límites del artículo 103, párrafo 2 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Esta última dispone: "un acto no podrá ser castigado más que en el caso de que la Ley lo declara sancionable antes de que haya sido cometido"." Irlanda "... el Gobierno de Irlanda confirma y ratifica por la presente dicha Convención y se compromete a ejecutar y cumplir todas las estipulaciones bajo la reserva de que no interpreta el artículo 6 (3) (c) de la Convención como siendo obligatoria la asistencia judicial gratuita en una medida más amplia que la que se prevé actualmente en Irlanda." Malta "1. El Gobierno de Malta, a la vista del artículo 64 de la Convención y deseoso de evitar cualquier incertidumbre referente a la aplicación del artículo 10 de la Convención, declara que la Constitución de Malta permita imponer a los funcionarios públicos, en lo que concierne a su libertad de expresión, las restricciones que puedan justificarse razonablemente en una sociedad democrática. El Código de Conducta de los Funcionarios Públicos de Malta les impide tomar parte activa en las discusiones políticas u otras actividades políticas durante las horas de trabajo o en los locales oficiales.
2. El Gobierno de Malta, a la vista del artículo 64 de la Convención, declara que el principio de legítima defensa reconocido en el apartado a), párrafo 2, del artículo 2 de la Convención, se aplicará igualmente en Malta en la defensa de los bienes en la medida señalada por las disposiciones del párrafo a) y párrafo b) del artículo 238 del Código Penal de Malta." España "De conformidad con el artículo 64 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, España reserva la aplicación de:
1. Los artículos 5 y 6, en la medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contienen en el título XV del Tratado Segundo y en el título XXIV del Tratado Tercero del Código de Justicia Militar (RCL 1945\1010; RCL 1946\1232 y NDL 5668).
2. El artículo 11, en la medida en que fuere incompatible con los artículos 28 y 127 de la Constitución española." Portugal "El Gobierno de la República, conforme al artículo 64 del Convenio, hace las siguientes reservas:
I. El artículo 5 de la Convención no será aplicado más que dentro de los límites de los artículos 27 y 28 del Reglamento de disciplina militar, que prevén arrestos para los militares.
II. El artículo 7 de la Convención no se aplicará más que dentro de los límites del artículo 309 de la Constitución de la República portuguesa, que prevé la inculpación y el juicio de los agentes y responsables de la policía de Estado (PIDE-DGS).
III. El artículo 10 de la Convención no será aplicado más que dentro de los límites del número 6 del artículo 38 de la Constitución de la República portuguesa, que determina que la televisión no puede ser de propiedad privada.
IV. El artículo 11 de la Convención no será aplicado más que dentro de los límites del artículo 60 de la Constitución de la República portuguesa, que prohíbe el "lock-out".
V. El punto b) del párrafo 3 del artículo 4 de la Convención no se aplicará más que dentro de los límites del artículo 276 de la Constitución de la República portuguesa, que prevé el establecimiento de un servicio civil obligatorio.
VI. El artículo 11 de la Convención no se aplicará más que dentro de los límites del número 4 del artículo 46 de la Constitución de la República portuguesa, que prohíbe las organizaciones que se reclamen de la ideología fascista." Noruega "De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución de Noruega de 17 de mayo de 1814, que contiene una disposición según la cual los Jesuitas no son admitidos, se hace la reserva correspondiente en lo que concierne al artículo 9 de la Convención." "Esta reserva ha sido retirada el 4 de diciembre de 1956 como consecuencia de la suspensión de dicha disposición constitucional." Suiza "...las disposiciones del artículo 5 de la Convención se aplicarán sin perjuicio, de una parte, de las disposiciones de las leyes cantonales que autoriza el internamiento de ciertas categorías de personas por decisión de una autoridad administrativa, y por otra parte, de las disposiciones cantonales relativas al procedimiento para la guarda de un niño o de un pupilo en un establecimiento en virtud del derecho federal sobre la patria potestad o sobre la tutela." "El principio de la publicidad de las audiencias señalado en el artículo 6, párrafo 1, de la Convención, no se aplicará a los procedimientos que se refieran a una reclamación relativa a los derechos y obligaciones de carácter civil o al fundamento, según derecho, de una acusación en materia penal y que, de acuerdo con las leyes cantonales, tenga lugar ante una autoridad administrativa." "El principio de publicidad de las audiencias se aplicará sin perjuicio de las disposiciones de las leyes cantonales de procedimiento civil y penal que prevén que el juicio no tendrá lugar en audiencia pública, sino, por el contrario, comunicado a las partes por escrito." Otras declaraciones 1. Francia "El Gobierno de la República declara que interpreta las disposiciones del artículo 10 como compatibles con el régimen instituido en Francia por la Ley número 72-553 de 10 de julio de 1972, estableciendo el estatuto de la radiodifusión y televisión francesa." 2. Malta "El Gobierno de Malta declara que interpreta el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención en el sentido de que el mismo no impide que una ley particular imponga a cualquier persona acusada en virtud de dicha ley la carga de la prueba de hechos particulares." 3. Suiza "Para el Consejo Federal Suizo la garantía de un juicio equitativo que figura en el artículo 6, párrafo 1, de la Convención, en lo que respecta a demandas sobre derechos y obligaciones civiles o al fundamento de toda acusación penal dirigida contra la persona en cuestión, se dirige únicamente a asegurar un control judicial definitivo de los actos o decisiones de la autoridad pública que afecten a tales derechos u obligaciones o al examen del fundamento de la citada acusación." "El Consejo Federal Suizo declara que interpreta la garantía de la asistencia gratuita de un abogado de oficio y de un intérprete contemplado en el artículo 6, párrafo 3, apartados c) y d), de la Convención, en el sentido de que no exime definitivamente al beneficiario del pago de los gastos resultantes." 4. España.
"España declara que interpreta:
-La disposición de la última frase del párrafo 1.§ del artículo 10 como compatible con el régimen de organización de la radiodifusión y televisión en España.
-Las disposiciones de los artículos 15 y 17 en el sentido de que permiten la adopción de las medidas contempladas en los artículos 55 y 116 de la Constitución española." España tiene la intención de formular la declaración prevista en el artículo 25 de dicho Convenio, y relativa a la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos para conocer de demandas individuales, tan pronto como lo permita el desarrollo legislativo consiguiente a la promulgación de la Constitución española.