Source: https://beta.e-justice.europa.eu/45/ES/divorce_and_legal_separation?HUNGARY&member=1
Timestamp: 2019-12-12 13:54:15
Document Index: 71991437

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 38', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 39']

El tribunal podrá conceder el divorcio a petición de uno o ambos cónyuges si se ha producido una ruptura total e irremediable del matrimonio. Cuando se concede el divorcio, el interés superior de los hijos menores comunes de los cónyuges deberá ser una consideración primordial.
El divorcio puede concederse por motivos de una ruptura total e irremediable del matrimonio. El tribunal practicará las pruebas pertinentes en este sentido y también podrá ordenar la práctica de las pruebas necesarias de oficio. La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges (su mutuo acuerdo) de divorciarse, libre de influencias indebidas, es indicativa de la ruptura total e irremediable de su matrimonio. Puede determinarse que el matrimonio ha fracasado total e irremediablemente especialmente si los cónyuges ya no viven juntos como pareja y ―en razón del proceso que ha conducido a la separación de la pareja y del tiempo en que han estado viviendo separados— su unión es improbable.
La declaración común y definitiva de intenciones de los cónyuges de divorciarse, libre de influencias indebidas, se considera prueba suficiente de la ruptura del matrimonio. Por tanto, en el caso de que exista dicha declaración común, no es necesario un examen detallado de los motivos anteriormente mencionados conducentes a la separación.
La decisión de los cónyuges puede considerarse definitiva si han llegado a un acuerdo respecto al ejercicio de la responsabilidad parental sobre sus hijos en común, el mantenimiento del contacto entre el progenitor ausente y el hijo, la pensión de alimentos, la utilización del hogar familiar y —si se solicitara— la pensión compensatoria (su acuerdo debe ser aprobado por el tribunal). Si los cónyuges acuerdan ejercer la responsabilidad parental conjuntamente, no tienen que convenir las condiciones de mantenimiento de contacto con el niño. No obstante, tienen que decidir cuál será el lugar de residencia del menor. Como consecuencia, el ámbito de las cuestiones que deben acordar los cónyuges que se divorcian de mutuo acuerdo depende de si optan por ejercer la responsabilidad parental conjuntamente o no.
Cabe destacar que, al contrario que en la legislación precedente, en el Código Civil ya no está previsto un acuerdo entre los cónyuges sobre la división de los bienes gananciales.
El matrimonio finaliza con el divorcio de los cónyuges. Cuando se obtiene el divorcio, el derecho de custodia y mantenimiento del hijo en común, el contacto entre el progenitor y el menor, la pensión de cualquiera de los cónyuges, la utilización del hogar familiar y, en el caso de responsabilidad parental conjunta, el domicilio del menor, quedarán regulados mediante acuerdo judicial si las partes llegan a un acuerdo —que cumpla los requisitos legales— o, en ausencia de un acuerdo entre los cónyuges, mediante una sentencia judicial. No es necesario que los cónyuges lleguen a un acuerdo sobre la división de los bienes gananciales para que el tribunal dicte el divorcio.
Tras el divorcio o la anulación del matrimonio, los ex cónyuges continuarán utilizando los mismos nombres que utilizaron durante el matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras el divorcio o la anulación del matrimonio. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar nunca el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si lo no utilizó durante su matrimonio. A petición del ex marido, el tribunal podrá prohibir a su ex esposa que utilice su nombre de una manera en la que se le pueda identificar, en el caso de que la esposa haya sido condenada a pena de prisión por una infracción penal dolosa. Si la ex esposa se vuelve a casar, ya no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada. No podrá recuperar este derecho aun cuando se divorcie de nuevo.
En caso de divorcio, los ex cónyuges ya no estarán en posesión de un patrimonio común y cualquiera de ellos podrá solicitar la división de los bienes gananciales. Podrán solicitar compensación por inversiones de activos comunes en sus activos separados o por inversiones de sus activos separados en activos comunes, así como por los costes de mantenimiento y gestión. No se podrá solicitar compensación por gastos si los cónyuges renuncian a sus derechos en relación con los fondos en cuestión. La compensación por activos separados utilizados o completamente utilizados en virtud de la relación matrimonial solo se podrá conceder en casos excepcionales y debidamente justificados. La parte del patrimonio conjunto de los ex cónyuges en el momento del divorcio se les deberá asignar en especie, si es posible. Los activos separados en el momento del divorcio deberán asignarse también en especie. Si, por cualquier razón, no fuera posible o diera lugar a una pérdida significativa del valor de los activos, en caso de conflicto, el tribunal determinará el método de la división. No se podrá solicitar compensación por activos comunes y separados perdidos, si los cónyuges no poseen bienes gananciales en el momento del divorcio y la parte deudora no tiene tampoco activos separados.
En el supuesto de que los bienes gananciales se dividan en razón de un contrato celebrado entre los cónyuges, dicho contrato se considerará válido solamente si está consignado por escrito en un documento público o en un documento privado refrendado por un abogado. Esta disposición no será de aplicación a la división de bienes muebles que formen parte de los bienes gananciales de los cónyuges si dicha división se realizó mediante ejecución.
Si los cónyuges no celebran un contrato sobre la división de activos comunes o el contrato celebrado no regula todas las reclamaciones que puedan surgir del divorcio, se podrá solicitar al tribunal que decida sobre la división de los bienes gananciales y la resolución de las reclamaciones. El tribunal deberá garantizar que no se concede a ninguno de los cónyuges ventajas económicas indebidas cuando se resuelvan las reclamaciones relativas a la propiedad.
Los padres están obligados a compartir con sus hijos menores los recursos disponibles para el mantenimiento de ambos, incluso a expensas de sus propios recursos. Esta norma no es de aplicación si el menor puede cubrir sus necesidades razonables mediante un salario obtenido de un trabajo o de la renta de los activos del menor, o en el caso de que el menor tenga un familiar directo que pueda estar obligado a pagar su manutención. El progenitor que tenga el derecho de custodia proveerá el mantenimiento en especie, mientras que el progenitor ausente lo proveerá principalmente en efectivo (pensión de alimentos).
Si se concede una pensión de alimentos por orden del tribunal, se fijará el importe pagadero como pensión. El tribunal podrá prever en su sentencia que la cantidad de pensión pagadera deba ajustarse automáticamente de acuerdo con el índice de precios al consumo publicado anualmente por la Oficina Central de Estadística de Hungría desde el 1 de enero del siguiente año.
En la medida en que sea posible, los asuntos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental sobre los menores deberán decidirse por común acuerdo entre los padres.
Si los padres no consiguen llegar a un acuerdo sobre estos asuntos, el tribunal concederá los derechos de custodia al progenitor que, según el criterio del tribunal, pueda fomentar mejor el desarrollo físico, mental y moral del menor. Si la entrega del menor a cualquiera de los padres pusiera su interés superior en riesgo, el tribunal podrá conceder el derecho de custodia a una tercera persona, siempre que dicha persona desee ejercerlo.
El menor tiene el derecho de mantener el contacto personal directo con el progenitor ausente. El progenitor ausente tiene el derecho y el deber de mantener una relación personal y un contacto directo con el menor de manera regular (derecho de visita). El progenitor u otra persona que tenga el derecho de custodia no deberá infringir el derecho de visita.
El progenitor que tenga el derecho de custodia y el progenitor ausente deberán cooperar mutuamente —respetando la vida familiar y el derecho a la paz de la otra parte— para garantizar el desarrollo equilibrado del niño. El progenitor que tenga el derecho de custodia deberá facilitar información al progenitor ausente sobre el desarrollo, la salud y los estudios del menor de manera regular y no podrá retener dicha información si el progenitor ausente la solicita.
Los padres que vivan por separado ejercerán sus derechos conjuntamente en relación con las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor, aun cuando el derecho de custodia se conceda a uno de ellos en razón de su acuerdo común o de la resolución adoptada por el tribunal, excepto si el tribunal restringe o suprime la responsabilidad parental del progenitor ausente. Las cuestiones esenciales relativas al futuro del menor comprenden el uso o cambio de nombre del hijo menor, el lugar de residencia que sea diferente al lugar de residencia compartido con el progenitor que tenga la custodia, el lugar de estancia en el extranjero, tanto como estancia temporal o residencia permanente, así como la nacionalidad, la educación y la carrera profesional del menor.
Un cónyuge podrá solicitar una pensión compensatoria del otro cónyuge tras la separación legal o, en el caso de divorcio, un ex cónyuge podrá solicitar dicha pensión del otro ex cónyuge si la necesita, sin negligencia por su parte, a menos que el (ex) cónyuge que solicita la pensión no sea digno de ella debido a su conducta durante el matrimonio. El pago de la pensión no deberá poner en peligro de ningún modo el sustento del ex cónyuge obligado a pagar la pensión, ni el de la persona o personas que este último deba mantener conjuntamente con el ex cónyuge que solicite la pensión. La obligación del pago de pensión compensatoria puede tener un plazo concreto si puede suponerse que la parte que solicita dicha pensión ya no la necesitará tras la expiración de dicho plazo.
Si el cónyuge o el ex cónyuge solicita una pensión compensatoria a causa del deterioro de su situación más de cinco años después de la separación legal, dicha solicitud se concederá solo por motivos equitativos y en casos excepcionales. Si los cónyuges viven juntos como pareja durante menos de un año y no tienen hijos comunes nacidos del matrimonio, el ex cónyuge que necesite la pensión tendrá derecho a la misma solo durante un período equivalente a la duración de su vida en común. Por motivos equitativos y en casos excepcionales, el tribunal podrá ordenar el pago de una pensión compensatoria durante un período más largo.
La separación legal de los cónyuges determina el final de su vida conyugal. Una vez que este se produzca se podrá, entre otros, solicitar al tribunal la división de los bienes gananciales.
El comienzo y el fin de la vida en común de los cónyuges como pareja y, como consecuencia, del período durante el que tengan un patrimonio común, se determinarán a discreción del tribunal. Al ejercer su potestad discrecional, el tribunal deberá examinar los diversos aspectos de la vida de los cónyuges como pareja casada (la relación sexual, la interdependencia económica, el hogar familiar común, los testimonios de unidad de la pareja, los hijos comunes, los familiares, el cuidado del hijo de cualquiera de los cónyuges, etc.). Por tanto, el tribunal determinará si la vida en común de los cónyuges como pareja casada continúa o ha finalizado mediante un análisis conjunto de todos los factores económicos, familiares, emocionales e intencionales implicados. El hecho de que cualquiera de estos factores o algunos de ellos estén ausentes no significa necesariamente que la vida común de los cónyuges como pareja casada haya finalizado, especialmente si existe una causa objetiva para dicha carencia.
Como resultado de la separación legal, que determina el final de su vida matrimonial en común, los cónyuges son libres de solicitar la división de los bienes gananciales. En este estadio, el matrimonio no ha sido todavía anulado legalmente pero los cónyuges pueden adquirir activos independientemente, excepto bienes comunes ya existentes. En relación con estos últimos, los cónyuges podrán decidir solo conjuntamente, puesto que la presunción de consentimiento ya no prevalece. Si los cónyuges tienen hijos en común, deberán acordar el modo de compartir la responsabilidad parental.
Un matrimonio solo podrá considerarse anulado si ha sido declarado nulo en una sentencia pronunciada por el tribunal en un procedimiento de anulación. El fallo que declare nulo el matrimonio se aplicará a todas las personas implicadas. Las consecuencias legales del matrimonio nulo se estipulan en la legislación.
El matrimonio será nulo si existe todavía un matrimonio anterior o una relación de pareja de hecho registrada de cualquiera de las partes. Además, el matrimonio será nulo si las partes del mismo son parientes en línea directa o hermanos, si cualquiera de las partes es descendiente por nacimiento del hermano de la otra parte, o si cualquiera de las partes ha adoptado a la otra parte. En el caso de que cualquiera de las partes celebrara el matrimonio como persona incapacitada a causa de una declaración de incapacidad, el matrimonio será nulo. También será nulo si, aunque la incapacidad no hubiera sido declarada en relación con la parte en cuestión en el momento del matrimonio, esta se encontrara en cualquier caso en dicha situación de completa incapacidad. El matrimonio será nulo si las partes del mismo no estaban presentes ambas cuando declararon su intención de casarse. Si cualquiera de las partes es un menor, el matrimonio también será nulo. Como excepción, los menores podrán casarse con la aprobación previa de la autoridad encargada de la custodia y de la protección del menor. Esta podrá conceder dicha aprobación solo en casos debidamente justificados y únicamente si el menor en cuestión tiene al menos dieciséis años de edad.
Si ambos cónyuges celebraron de buena fe el matrimonio que fue posteriormente anulado, las consecuencias legales del matrimonio en relación con los bienes serán las mismas que en el caso de un matrimonio válido. Cuando se anule el matrimonio, los cónyuges podrán ejecutar sus reclamaciones relativas a la propiedad de acuerdo con las mismas normas que se aplican en el caso del divorcio concedido por el tribunal. Si solo uno de los cónyuges celebró el matrimonio de buena fe, estas normas se aplicarán únicamente a petición suya.
Tras la anulación del matrimonio, los cónyuges mantendrán el nombre que utilizaron durante su matrimonio. Si desean que se disponga lo contrario, pueden informar de ello al encargado del registro tras la anulación. No obstante, la ex esposa no podrá utilizar el nombre de su ex marido con el sufijo que indica el estado civil de casada si no lo utilizó durante el matrimonio.
La anulación del matrimonio no afectará a la presunción de paternidad.
En los asuntos de anulación del matrimonio y de divorcio los tribunales tienen la competencia exclusiva.
Si se anula un matrimonio o se concede el divorcio, el tribunal deberá decidir sobre la custodia y el mantenimiento de los hijos menores nacidos del matrimonio, incluso en ausencia de cualquier solicitud al respecto, si procede. El tribunal adoptará una resolución sobre las cuestiones secundarias (por ejemplo, la pensión compensatoria, la utilización del hogar familiar, la división de los bienes gananciales) si se presenta una solicitud a tal efecto. En ausencia de solicitud, el tribunal no decidirá sobre estas cuestiones, que podrán resolverse por las partes extrajudicialmente en un contrato.
Antes o durante el procedimiento de divorcio los cónyuges podrán solicitar mediación por iniciativa propia o podrá ser solicitada por el tribunal de oficio con el fin de alcanzar un acuerdo sobre los asuntos en litigio relativos a la relación y a la disolución del matrimonio. El acuerdo negociado por las partes como resultado de la mediación podrá ser incluido en la resolución judicial.
Si fuera necesario, el tribunal podrá obligar a los padres que solicitan el divorcio a que recurran a la mediación en relación con las cuestiones secundarias, para garantizar un acuerdo apropiado en términos de responsabilidad parental y la necesaria cooperación entre las partes.
Con el fin de obtener el divorcio, un cónyuge deberá presentar una demanda de divorcio contra el otro cónyuge. El procedimiento de anulación debe ser incoado por un cónyuge contra el otro, por el fiscal u otra tercera parte con derecho a incoar procedimientos contra ambos cónyuges. Si la parte contra la que incoa el procedimiento ya no está viva, el procedimiento se incoará contra un administrador judicial designado por el tribunal.
El procedimiento se incoará presentando una demanda que incluirá lo siguiente: el tribunal competente; los nombres, lugares de residencia y condición de las partes en el procedimiento y su representante o representantes si los hubiere; el derecho invocado y los hechos completos con las pruebas en las que se fundamente dicho derecho; los detalles a partir de los cuales se pueda determinar el ámbito de la autoridad y la competencia del tribunal; y una petición explícita (solicitud) de fallo por parte del tribunal. La demanda que incoe el procedimiento de divorcio deberá incluir detalles relativos al matrimonio, al nacimiento de cualesquiera hijos vivos nacidos del matrimonio y, si se exige, cualesquiera datos a partir de los cuales pueda determinarse el derecho a interponer una demanda. Como anexos, la demanda también deberá incluir documentos justificativos de los datos anteriores, así como el documento (o su copia o extracto) en el que se describan los hechos a los haga referencia el demandante como prueba y los documentos a partir de los cuales pueda determinarse el ámbito de autoridad y la competencia del tribunal, así como otras circunstancias que deban tenerse en consideración de manera automática, con la excepción de los datos que puedan verificarse con un documento de identidad. En este último caso, esto deberá indicarse en la demanda.
De acuerdo con las normas generales sobre la competencia, el tribunal competente en el procedimiento de divorcio será aquel con competencia en el domicilio del demandado. Si el demandado no tiene su domicilio en Hungría, será competente el tribunal de su lugar de residencia. Si dicho lugar se desconoce o está en el extranjero, será competente el tribunal de su último domicilio en Hungría. Si dicho extremo no puede confirmarse o si el demandado no tuvo domicilio alguno, será competente el tribunal del domicilio del demandante o, en su defecto, el tribunal de su lugar de residencia. Además, el tribunal competente en la zona en la que se ubique el domicilio común de los cónyuges también será competente en el caso. Esto significa que el demandante podrá optar libremente por presentar la demanda tanto ante el tribunal que sea competente de acuerdo con las normas generales sobre la competencia como ante el tribunal competente según el último lugar de residencia común de los cónyuges.
Si no puede designarse competente a ningún tribunal nacional para proceder en el caso de divorcio de acuerdo con las normas anteriores, será competente el Tribunal del distrito central de Pest.
Una vez que se incoa el procedimiento matrimonial ante un tribunal determinado, este tribunal tendrá la competencia exclusiva en cualquier nuevo procedimiento incoado en relación con el mismo matrimonio sobre los derechos de propiedad derivados de la relación matrimonial.
Véase la ficha «Asistencia jurídica gratuita».
Se podrá presentar un recurso contra la resolución. No obstante, no se podrá interponer demanda de revisión judicial o de revisión de una sentencia que anule el matrimonio o conceda el divorcio en cuanto a la propia anulación o al propio divorcio.
De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, una resolución dictada en un Estado miembro será reconocida automáticamente en los demás Estados miembros; por tanto, como norma general, no es necesario recurrir a ningún procedimiento especial para su reconocimiento. De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar los siguientes documentos:
una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad;
el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al formulario que figura en el anexo I del Reglamento; y
además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía del demandado, el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o el traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte en rebeldía o cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha recibido la resolución.
De conformidad con el artículo 38 del Reglamento, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrá dispensar la presentación de los últimos dos documentos si considerase que dispone de suficiente información. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente lo exigiera se presentará una traducción de los documentos anexa a los mismos, que los tribunales y las autoridades húngaras puedan, en general, obtener.
De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que solicite el reconocimiento deberá presentar su solicitud, junto con los documentos anteriormente mencionados adjuntos, ante el tribunal competente, que será el tribunal de distrito (járásbíróság) competente en la sede del tribunal regional (törvényszék) del lugar de residencia o en la residencia habitual de la parte contraria en Hungría (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que solicite el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que solicita el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento en el procedimiento, según proceda.
Si el reconocimiento de la sentencia es necesario para la inscripción de una entrada en el registro civil húngaro, de acuerdo con el artículo 21, apartado 2, del Reglamento, deberá presentarse al encargado del registro la solicitud de reconocimiento junto con los documentos enumerados anteriormente.
De acuerdo con el artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2201/2003, cualquiera de las partes interesadas podrá solicitar que se resuelva sobre el no reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro. En este caso, la parte que impugne el reconocimiento deberá adjuntar a su solicitud una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, así como el certificado contemplado en el artículo 39 del Reglamento, expedido por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de origen conforme al modelo de formulario que figura en el anexo I del Reglamento. El tribunal competente será el tribunal de distrito con competencia en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o de la residencia habitual en Hungría de la parte contraria (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest) o, si la parte contraria no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría, el tribunal de distrito competente en la sede del tribunal de condado del lugar de residencia o residencia habitual en Hungría de la parte que impugne el reconocimiento (el Tribunal del distrito central de Buda en el caso de Budapest). Si la parte que impugna el reconocimiento no tiene lugar de residencia ni residencia habitual en Hungría tampoco, la demanda podrá presentarse ante el Tribunal del distrito central de Buda. El órgano jurisdiccional aplicará las disposiciones de los artículos 28 a 36 del Reglamento al procedimiento, según proceda.
El Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la legislación aplicable al divorcio y a la separación judicial es de aplicación en Hungría. Por tanto, en todos los casos con un componente internacional la legislación aplicada por los tribunales de Hungría será la ley especificada en el Reglamento. El Reglamento —sujeto a limitaciones— concede a los cónyuges libertad de elección de la legislación aplicable (artículos 5 a 7) y establece criterios de vinculación para determinar la ley aplicable solo en ausencia de una elección válida por las partes (artículos 8 a 10).