Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00139-de-marzo-19-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_c71306bc13c44498af941e6f05fe85f3&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-29 17:39:11
Document Index: 334687604

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 73', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 150']

﻿ Sentencia 2008-00139 de marzo 19 de 2014
SENTENCIA 2008-00139 DE 19 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:NORMAS SOBRE INHABILIDADES NO APLICAN A PERSONAS JURÍDICAS – CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. LAS NORMAS RELATIVAS A INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y RECUSACIONES APLICAN A LAS PERSONAS NATURALES QUE EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA Y NO A LAS PERSONAS JURÍDICAS O LA ENTIDAD ESTATAL COMO TALPOR TANTO, SE REITERA QUE LA RESPONSABILIDAD DE LAS CONDUCTAS QUE CONFIGURAN UNA DE ESAS SITUACIONES SE PREDICARÁ DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Y JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES (CAR), PERO NO DE LAS INSTITUCIONES PROPIAMENTE DICHAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, LICENCIA AMBIENTAL, PERSONA JURÍDICA, PERSONA NATURAL, RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL SERVIDOR PÚBLICO, EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD CONTRACTUAL
Sentencia 2008-00139 de marzo 19 de 2014
Ref.: Expediente 2008-00139-00.
Actor: Gustavo Eduardo Moreno Angulo.
Lo son las resoluciones 0100 730-0325 de 26 de junio de 2007 y 0100 720-0470 de 25 de septiembre de 2007, por medio de las cuales se otorgaron las licencias ambientales a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP para los proyectos “Pequeña Central Hidroeléctrica Bugalagrande 1800” y “Río Anaime 1400”, expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.
Previamente a resolver los cuestionamientos planteados por el actor, procede la Sala a analizar las excepciones planteadas por la entidad demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso y de no prosperar analizar si la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca al proferir los licencias ambientales objeto de la acción de nulidad en este proceso contrarió los principios de imparcialidad y debido proceso previstos en la Constitución Política y la ley.
— Las propuestas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca:
Plantea como tales: i) Inepta demanda, porque la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, no incurrió en causal alguna de nulidad al expedir los actos acusados; ii) la pretensión del demandante busca aprovechar el procedimiento de la acción pública de nulidad para tramitar una recusación tardía en contra del director general de la CVC de la época en que se tramitaron las licencias ambientales.
Sobre estas excepciones, planteadas por el accionante, advierte la Sala que como su objetivo no es enervar las pretensiones de la demanda sino hacer cuestionamientos sobre las mismas, no se trata de excepciones propiamente dichas, sino que involucran el fondo de la controversia, razón por la cual habrán de denegarse.
— Las propuestas por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP:
i) Legalidad del trámite adelantado por parte de la CVC para la expedición de las licencias ambientales de las pequeñas centrales hidroeléctrica de Bugalagrande y de Anaime, ambas de propiedad de EPSA S.A. ESP.
ii) Indebida acción en cuanto la demanda de nulidad, toda vez que no está encaminada a atacar el contenido de los actos administrativos, sino que va en contra de la autoridad que los profiere —la CVC—, basados todos ellos en la premisa de que por ser dicha corporación accionista de EPSA S.A. ESP, las licencias ambientales de los proyectos en cuestión vulneran los principios de legalidad, de la función administrativa y de imparcialidad, debido al supuesto conflicto de intereses que tiene dicha corporación por ser accionista de EPSA ESP, todo lo cual se colige del escrito de la demanda.
iii) Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, porque el ciudadano Armando Palau Aldana, en representación de la Fundación Biodiversidad, instauró demanda en ejercicio de la acción popular en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP invocando los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el goce de un ambiente sano, con fundamento en la supuesta violación al principio de imparcialidad por parte de la CVC en el trámite y otorgamiento de la licencia ambiental de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Anaime de propiedad de EPSA ESP invocando los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y el goce de un ambiente sano, con fundamento en la supuesta violación al principio de imparcialidad por parte de la CVC en el trámite y otorgamiento de la licencia ambiental de los proyectos mencionados de propiedad de EPSA ESP por poseer el 15.88% de las acciones de esta empresa.
iv) Inaplicabilidad de las causales de recusación del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca por tener acciones en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP porque son los artículos 30 del Código Contencioso Administrativo y 150 del Código de Procedimiento Civil las disposiciones que contemplan de manera taxativa las causales de recusación en los procesos judiciales y administrativos de los funcionarios o jueces, lo que significa que están referidas solamente a las personas naturales sin embargo se pretende por esta vía extender su aplicación a las personas o entidades jurídicas, creadas o delegadas precisamente para conocer y fallar en un proceso judicial o procedimiento administrativo, más aún cuando la ley establece mecanismos expresos para el efecto.
Los numerales i) y iv), envuelven el fondo de la controversia, de ahí que no se trate de excepciones propiamente dichas que impidan, modifiquen o extingan las pretensiones, razón por la cual deben denegarse.
En lo que respecta a la ii) excepción, no está llamada a prosperar por cuanto la acción instaurada es la correcta, es decir, la acción de nulidad, la cual procede contra actos de contenido particular que conceden licencias ambientales, por mandato del artículo 73 de la Ley 99 de 1993, que consagra expresamente dicha acción y la falta de competencia de la autoridad que expide un acto es causal de nulidad.
En lo que concierne a la iii) excepción, esto es, la de pleito pendiente, para la Sala tampoco tiene vocación de prosperidad, pues el hecho de que a través de una acción popular se busque proteger derechos colectivos, con fundamento en cargos similares a los que aquí se plantean, no implica que desaparezca la acción de nulidad, pues cada acción es autónoma por cuanto tienen objetos distintos.
Ahora, se aduce en la demanda la inhabilidad de la Corporación Autónoma Regional para expedir las licencias ambientales en el presente caso, por ser accionista de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP.
Al respecto precisa la Sala que la competencia de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca para expedir licencia ambiental a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP EPSA ESP, fue objeto de análisis por esta Sección en sentencia de 10 de mayo de 2012 (exp. 1999-02013-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso), en la cual se indicó:
“Primer cargo. Incompetencia de la CVC para proferir el acto acusado por encontrarse inhabilitada para aceptar la modificación de la licencia ambiental.
“ART. 102.—Inhabilidades e incompatibilidades. Los representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen” (aparte resaltado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-736-07, sep. 19/2007, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra).
“Como consecuencia de la inaplicación del artículo 19 del decreto 1768 de 1994 a los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, se les aplican las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el régimen general y las correspondientes a cada uno de sus miembros en razón de su cargo en cuanto servidores públicos y, las propias de los particulares que cumplen funciones públicas. Un miembro de un consejo directivo de una corporación autónoma regional elegido como diputado o concejal, no puede hacer parte de un consejo directivo de una corporación autónoma regional, por expresa prohibición del artículo 44 numeral 1º literal a) de la Ley 200 de 1995 y 45 de la Ley 136 de 1994. No es viable elegir como miembro de un consejo directivo de una corporación autónoma regional, a un diputado, o concejal, por expresa incompatibilidad legal prevista en los artículos 44 y 45 mencionados de las leyes 200 de 1995 y 136 de 1994, respectivamente. Un miembro del consejo directivo de una corporación autónoma regional, puede ser nombrado como empleado público de libre nombramiento y remoción de la misma corporación, una vez finalizado su período institucional como consejero o una vez presentada la renuncia a este cargo. Como consecuencia de la inaplicación del artículo 19 del decreto 1768 de 1994 a los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, no les resulta aplicable el artículo 10 del Decreto-Ley 128 de 1976.En materia contractual a los miembros del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, se les aplica las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993. La excepción en materia de inhabilidades e incompatibilidades prevista en el artículo 10 de la Ley 80 de 1993, no es aplicable a las entidades privadas sin ánimo de lucro. No es posible que la organización no gubernamental del sector ambiental pueda celebrar contratos con la respectiva corporación autónoma regional en la cual el representante de aquella sea miembro del consejo directivo. El cónyuge o compañero permanente o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del representante legal de la organización no gubernamental de carácter ambiental o de otro miembro de la organización que forma parte del consejo directivo de una corporación autónoma regional, no puede participar en licitaciones, concursos públicos, contrataciones directas y celebrar contratos con la corporación”.
Por lo expuesto, este cargo no prospera (…)”.
Partiendo de la base de que las inhabilidades se predican de las personas naturales y en este caso de los representantes legales y miembros de los consejos y juntas directivas de las corporaciones autónomas regionales y no de la persona jurídica, no hay lugar a establecer si el señor José William Garzón Solís, como director general de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, incurrió en violación de las disposiciones contenidas en los artículos 40 de la Ley 734 de 2002(1), Código Disciplinario Único; ni el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo(2); ni las causales de recusación previstas en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, pues, como ya se dijo, estas normas son aplicables a las personas naturales que ejercen función pública y no son predicables de las personas jurídicas como lo es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.
Por su parte el Decreto 1220 de 2005, “por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, no contempla disposición alguna que impida a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, otorgar licencias ambientales a las sociedades o empresas de las cuales sea accionista en el porcentaje del 16%, como ocurre en el presente caso.
En estos términos, al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos acusados, hay lugar a denegar las súplicas de la demanda.
DECLARAR no probadas las excepciones propuestas.
TIÉNESE al doctor Harold Andrés Cortés Laverde como apoderado de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, de conformidad con el poder y los documentos anexos visibles a folios 321 a 324 del expediente.
(1) ART. 40.—Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
(2) Garantía de imparcialidad
ART. 30.—A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes: