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Timestamp: 2018-04-23 16:09:31
Document Index: 241479988

Matched Legal Cases: ['artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 43', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 44', 'artículo 34']

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Joaquín Santiago Cáceres Venegas
1 TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 960 INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ELLOS DEPENDIENTES
3 EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, en el ejercicio de la función fiscalizadora establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 31 de enero de 2013, el INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL SUSCRITOS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DEL ÁREA DE LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ELLOS DEPENDIENTES, y ha acordado su elevación a las Cortes Generales, según lo prevenido en el art de la Ley de Funcionamiento.
7 I. CONSIDERACIONES GENERALES I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR I.2. NATURALEZA DEL GASTO, ÓRGANOS GESTORES Y MARCO JURÍDICO11 I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN I.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN II.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II.1.1. Administración General del Estado II.1.1.A. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (MEH) II.1.1.B. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA) II.1.1.C. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA) II.1.1.D. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (MSC) II.1.1.E. MINISTERIO DE LA VIVIENDA (MVIV) II.1.2. Administración Institucional II.1.2.A. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) II.1.2.B. ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) II.1.2.C. FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS (FROM)29 II.1.2.D. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (CHT) II.2. ANÁLISIS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN II.2.1. Administración General del Estado II.2.1.A. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (MEH) II.2.1.B. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA) II.2.1.C. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA) II.2.1.D. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (MSC) II.2.1.E. MINISTERIO DE LA VIVIENDA (MVIV) II.2.2. Administración institucional II.2.2.A. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) II.2.2.B. ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) II.2.2.C. FONDO DE REGULACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y CULTIVOS MARINOS (FROM)47 II.2.2.D. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (CHT) II.2.2.E. INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC) II.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 29/2005 DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL II.3.1. Administración General del Estado II.3.1.A. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (MEH) II.3.1.B. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA) II.3.1.C. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (MSC) II.3.1.d. MINISTERIO DE LA VIVIENDA (MVIV) II.3.2. Administración Institucional II.3.2.A. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) II.3.2.B. ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA)... 56
8 III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES III.1. CONCLUSIONES III.2. RECOMENDACIONES... 62
9 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME AGE BOE CHT DGP DGTyPF ENESA FROM GRP INE INC LGP MAPA MEH MMA MSC MVIV LFTCu RGLCAP TRLCAP TURESPAÑA UE Administración General del Estado Boletín Oficial del Estado Confederación Hidrográfica del Tajo Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda Entidad Estatal de Seguros Agrarios Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos Gross Rating Point índice que expresa en porcentaje el número de impactos de un anuncio sobre el público objetivo Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Consumo Ley General Presupuestaria Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Ministerio de Economía y Hacienda Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Sanidad y Consumo Ministerio de la Vivienda Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas Instituto de Turismo de España Unión Europea
11 Contratos de publicidad y comunicación institucional 11 I. CONSIDERACIONES GENERALES I.1. INICIATIVA DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, ha realizado una fiscalización de los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por Departamentos ministeriales del área de la Administración Económica del Estado y Organismos Autónomos de ellos dependientes. El origen de este procedimiento de fiscalización se encuentra en la Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas 1, en la que se acordó solicitar a este Tribunal que se incluyera en su próximo Programa de Fiscalizaciones la de todos los contratos de publicidad suscritos por todos los Departamentos de la Administración General del Estado (AGE) durante el año 2005 y el año 2006, examinando particularmente, por lo que se refiere a los realizados durante el año 2006, el cumplimiento de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. Asimismo solicita que incluya en sus Planes Anuales la realización de Informes de Fiscalización sobre campañas de publicidad de las Administraciones Públicas estatal y autonómica (que no dispongan de órganos de control externo propios), así como de las principales Entidades Locales, poniendo especial énfasis en el control de la posible existencia de financiación implícita o encubierta de campañas y su adecuación a los principios establecidos en la mencionada Ley en aquellos ejercicios posteriores a su entrada en vigor. Como consecuencia de ello este procedimiento se ha incluido en los programas de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, en el epígrafe de Fiscalizaciones a efectuar por iniciativa de las Cortes Generales. I.2. NATURALEZA DEL GASTO, ÓRGANOS GESTORES Y MARCO JURÍDICO La Resolución de 18 de julio de 2001 de la Dirección General de Presupuestos (DGP), por la que se establecen los códigos que definen la estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de abril de 2001 (de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002), clasifica los gastos de publicidad en el subconcepto Publicidad y propaganda y los define así: Gastos de divulgación, y cualquier otro de propaganda y publicidad conducente a informar a la comunidad de la actividad y de los servicios del Estado, organismos autónomos, u otros organismos públicos. Así como campañas informativas dirigidas a los ciudadanos que 1 Esta Resolución fue aprobada con el Informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por la Seguridad Social para la difusión de información y otros servicios de contenido, referido a los ejercicios 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004, aprobado por el Pleno del Tribunal en su sesión de 16 de marzo de 2006.
12 12 Tribunal de Cuentas no se refieran a la divulgación de la actividad realizada. Se incluirán asimismo en este epígrafe los gastos que ocasione la inserción de publicidad en Boletines Oficiales. Asimismo, la Resolución clasifica en el artículo 64 del presupuesto los gastos de inversiones de carácter inmaterial y define su naturaleza como gastos realizados en un ejercicio, no materializados en activos, susceptibles de producir sus efectos en varios ejercicios futuros, campañas de promoción de turismo, ferias, exposiciones, estudios y trabajos técnicos, investigación, etc., así como aquellas inversiones en activos inmovilizados intangibles, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, propiedad intelectual, etc., dando cabida, por tanto, en este artículo a gastos de marcado carácter publicitario, cuando sean susceptibles de producir efectos en varios ejercicios. La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, define como campaña institucional de publicidad toda actividad orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o contratada por la Administración General del Estado y por las demás entidades integrantes del sector público estatal y como campaña institucional de comunicación la que utilizando formas de comunicación distintas de las estrictamente publicitarias sea contratada por los sujetos anteriores para difundir un mensaje u objetivo común. La presente fiscalización comprende, como ámbito objetivo, los gastos aplicados presupuestariamente en los ejercicios 2005, 2006 y 2007 en el subconcepto y los realizados en ejecución de campañas institucionales de comunicación y publicidad que se imputan al artículo 64. No obstante, no ha sido objeto de análisis la publicidad normativa que tiene por finalidad la publicación de las disposiciones, resoluciones y actos administrativos en diarios oficiales u otros medios de comunicación que deban publicarse o difundirse por mandato legal, expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 29/2005; por el contrario, constituye el objeto preferente el gasto ejecutado en virtud de contratos administrativos que se integran en campañas institucionales de comunicación y publicidad tal como se definen en la citada ley. El ámbito subjetivo de la fiscalización en los mencionados ejercicios está constituido por los entonces ministerios 2 de Economía y Hacienda; Fomento; Industria, Turismo y Comercio; Sanidad y Consumo; Vivienda; Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación y 28 organismos autónomos de ellos dependientes. En el anexo 1 figura la muestra seleccionada sobre el conjunto de entidades que integran este ámbito. 2 Por Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, las competencias de los ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio pasan a estar asumidas por los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; Economía y Competitividad e Industria, Energía y Turismo; las de Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación por el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y las de Sanidad y Consumo por el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo, por Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, se suprime el Ministerio de Vivienda y se crea la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas dentro de la estructura del Ministerio de Fomento, que asume dichas competencias.
13 Contratos de publicidad y comunicación institucional 13 Los órganos gestores del gasto se rigen por la legislación general aplicable a la Administración General del Estado y a los organismos autónomos y por la normativa específica siguiente: - Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. - Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado. - Ley 29/2005, de 30 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional. - Real Decreto 947/2006, de 28 de agosto, por el que se regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la elaboración del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado (AGE). - Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. - Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General. - Instrucción de 13 de septiembre de 1999 de la Junta Electoral Central, sobre el objeto y los límites de las campañas institucionales. El artículo 10 de la Ley 34/1988 General de Publicidad, define al anunciante como la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad. Asimismo define a las agencias de publicidad como las personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante; y a los medios de publicidad como las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, titulares de los soportes o medios de comunicación social a través de los cuales se difunde la publicidad. A partir de esta distinción, la Ley recoge cuatro tipos de contratos: Contrato de publicidad (artículo 15): es aquél por el que un anunciante encarga a una agencia de publicidad, mediante una contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, preparación o programación de la misma. Cuando la agencia realice creaciones publicitarias, se aplicarán también las normas del contrato de creación publicitaria. Contrato de difusión publicitaria (artículo 19): es aquél por el que, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, un medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o
14 14 Tribunal de Cuentas de tiempo disponibles y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. Contrato de creación publicitaria (artículo 22): es aquél por el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga en favor de un anunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. Contrato de patrocinio publicitario (artículo 24): es aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador. Como consecuencia de la tipología de contratos contenida en la Ley, puede señalarse que no podrá deducirse que exista un fraccionamiento de contrato por el mero hecho de que se produzca la contratación separada de la creatividad y de la difusión. I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 18 de diciembre de 2008, los objetivos de la fiscalización han sido los siguientes: 1) Comprobar que la liquidación presupuestaria de estos gastos es representativa de las operaciones efectuadas y están adecuadamente justificados de acuerdo con su naturaleza y las normas vigentes en la gestión de los fondos públicos. 2) Analizar la regularidad de la contratación celebrada para la realización de los gastos objeto de esta fiscalización y, en particular, el cumplimiento por parte de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación de lo dispuesto en la Ley 29/2005 en la que se establece su régimen jurídico. 3) Analizar el cumplimiento de la normativa aplicable en la actividad derivada de las operaciones realizadas por los órganos gestores de los gastos fiscalizados. El periodo fiscalizado comprende los ejercicios 2005, 2006 y 2007, si bien las comprobaciones, cuando se ha considerado relevante, se han extendido a los ejercicios anteriores o al momento de practicar las actuaciones fiscalizadoras. No obstante, en relación con la comprobación del cumplimiento de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, el Informe se refiere únicamente a los años 2006 y 2007, al haber tenido la norma su entrada en vigor a principios de 2006.
15 Contratos de publicidad y comunicación institucional 15 La ejecución del trabajo se ha efectuado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y los criterios contenidos en las Normas internas de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en los términos señalados por el Pleno del Tribunal en su reunión de 23 de enero de I.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES Conforme a lo dispuesto en el art de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, los resultados de las actuaciones practicadas en el procedimiento fiscalizador fueron remitidos, para la formulación de las alegaciones oportunas o presentación de los documentos y justificaciones que estimasen convenientes, tanto a los actuales ministros y responsables de los Departamentos y Organismos fiscalizados, como a los que lo fueron durante el periodo objeto de análisis. Se han recibido escritos de contestación al Tribunal de Cuentas de 11 de las 26 personas a las que les fueron remitidos los resultados de las actuaciones. Las alegaciones presentadas, que se incorporan al informe, han sido analizadas y valoradas, modificándose el texto originario cuando por su contenido se ha estimado pertinente. En otras ocasiones, el texto inicial no se ha alterado, por entender que las alegaciones formuladas son meras explicaciones o comentarios de los hechos o situaciones descritos en el Informe o porque no se comparten las opiniones o juicios en ellas vertidos, con independencia de que se haya estimado oportuno o no dejar constancia expresa de la discrepancia en el Informe. II. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN II.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA En este apartado se exponen los resultados sobre la ejecución presupuestaria de los créditos con cargo a los cuales las entidades incluidas en la muestra han realizado gastos de publicidad objeto de esta fiscalización. En el anexo 2 se puede ver la ejecución de los créditos en los ministerios y organismos autónomos fiscalizados. Como se ha señalado anteriormente, la Resolución de 18 de julio de 2001, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la estructura económica establecida por la Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de abril de 2001, sustituida por la nueva Resolución de la misma Dirección General de 19 de enero de , posibilita la habilitación de créditos para atender gastos de los aquí considerados en el subconcepto Publicidad y propaganda 4 y en el artículo 64 Gastos de 3 La Resolución de 2001 estuvo vigente en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado hasta el año En la confección de los Presupuestos Generales del Estado para 2010 se aplica la nueva Resolución citada. 4 La Resolución de 2009 añade a los gastos ya considerados por la Resolución de 2001 en este subconcepto los de adquisición de objetos en los que figure el logotipo de la Entidad, Organismo, etc., para su distribución entre una pluralidad de personas, con el fin de publicitar la actividad de la Entidad y los gastos que se realicen en el marco del Plan de Publicidad a que se refiere la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación Institucional,
16 16 Tribunal de Cuentas inversiones de carácter inmaterial, en este último caso cuando los gastos, no materializados en activos, sean susceptibles de producir efectos en ejercicios futuros, citando expresamente los relativos a campañas de promoción de turismo, ferias y exposiciones, según ambas Resoluciones. El criterio establecido en las indicadas Resoluciones para definir los gastos a atender con créditos del artículo 64 es ambiguo e impreciso y, por tanto, insuficiente para delimitar qué gastos de esta naturaleza han de considerarse corrientes e imputarse al capítulo 2 y qué otros deben considerarse de capital y aplicarse al capítulo 6. Esta ambigüedad e imprecisión tienen la inadecuada consecuencia de permitir cierto grado de discrecionalidad a la hora de clasificar los gastos en uno u otro capítulo presupuestario. Por último hay que señalar que el carácter limitativo y vinculante de los créditos, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 27.2) en relación con el 43 y el 44 de la Ley General Presupuestaria, se establece, en los destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, a nivel de artículo en el ámbito de la AGE y a nivel de capítulo en sus Organismos autónomos, y en los destinados a inversiones reales a nivel de capítulo en ambos casos. Seguidamente se exponen los resultados del análisis realizado, diferenciando en epígrafes independientes los correspondientes a la AGE y a sus Organismos autónomos. II.1.1. Administración General del Estado Los ministerios fiscalizados imputan, con carácter general, los gastos de publicidad al subconcepto y los ministerios de Medio Ambiente (MMA) y Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) imputan además determinados gastos de esta naturaleza al concepto 640. Como excepciones a la imputación de los gastos a los conceptos señalados se encuentran los siguientes: - Los realizados por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTyPF), adscrita a la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda (MEH), cuyas funciones reguladas en el Real Decreto 1552/2004, de 25 de junio incluyen el estudio, propuesta y gestión del endeudamiento y la promoción de la distribución y liquidez de la Deuda del Estado, a cuyo fin realiza gastos de publicidad que imputa a la Sección 06 Deuda Pública, en la que se prevé el concepto 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación en el programa de gasto 951M Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública en moneda nacional. añadiéndose que las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana que sean susceptibles de producir efectos en varios ejercicios se imputarán al artículo 64.
17 Contratos de publicidad y comunicación institucional 17 - Los realizados por algunos centros gestores de gasto del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), que reconocen las obligaciones relativas a gastos de publicidad en los subconceptos siguientes: Actividades relativas a la lucha contra el SIDA Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo Plan especial contra la Obesidad Infantil En estos subconceptos se registran también otros gastos por las actuaciones realizadas en estos ámbitos, de acuerdo con un criterio funcional, desvirtuándose la finalidad perseguida con la ordenación del gasto según la naturaleza económica del mismo. Los importes correspondientes a gastos de publicidad imputados a estos subconceptos fueron, al menos, los que se señalan en el siguiente cuadro: (en euros) Ejercicio Totales Además de estos gastos, algunos ministerios que realizan estudios post-test para evaluar el impacto publicitario de sus campañas imputan el gasto al subconcepto Estudios y trabajos técnicos, de acuerdo con la clasificación económica. Los principales datos de la ejecución presupuestaria de los ministerios fiscalizados son los siguientes:
18 18 Tribunal de Cuentas (en miles de euros) Ministerio Concepto Crédito definitivo Obligaciones Reconocidas Crédito definitivo Obligaciones Reconocidas Crédito definitivo Obligaciones Reconocidas Economía y Hacienda Agricultura, Pesca y Alimentación Medio Ambiente Sanidad y Consumo (1) Totales (2) Totales (2) Totales Otros (3) Totales Vivienda Totales (1) Al concepto 301 se imputan diferentes tipos de gastos. Las obligaciones reconocidas se refieren únicamente a gastos de promoción y publicidad que como mínimo se han imputado al mismo. (2) Al concepto 640 se imputan diferentes tipos de gastos. Las obligaciones reconocidas se refieren únicamente a gastos de promoción y publicidad que como mínimo se han imputado al mismo. (3) A los subconceptos , y se imputan diferentes tipos de gastos. Las obligaciones reconocidas se refieren únicamente a gastos de promoción y publicidad que como mínimo se han imputado a los mismos. Como puede observarse, el grado de ejecución presupuestaria del subconcepto resulta dispar, dándose elevados porcentajes de realización en los ministerios de Economía y Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Vivienda, y bajo en los de Medio Ambiente y Sanidad. En todos los casos la ejecución presupuestaria del subconcepto respetó el nivel de vinculación de los créditos expresado en el artículo 43, en relación con el 27, ambos de la LGP. Por otra parte, al concepto 640 se imputan la mayoría de los gastos de publicidad de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente, siendo los importes en ambos casos muy superiores a las gastos registrados en el subconcepto En los apartados siguientes se señalan las incidencias encontradas en la ejecución y justificación de los gastos realizados por los distintos ministerios durante el periodo fiscalizado.
19 Contratos de publicidad y comunicación institucional 19 II.1.1.A. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (MEH) El MEH tiene consignados los créditos para su actividad en la Sección 15 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) e imputa los gastos de publicidad en el subconcepto Publicidad y propaganda. No obstante, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTyPF), centro directivo adscrito a la Secretaría de Estado de Economía del MEH, aplica los gastos de publicidad relativos a los instrumentos de deuda al concepto 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación del programa de gasto 951M Amortización y gastos financieros de la Deuda Pública en moneda nacional de la Sección 06 Deuda Pública, programa que únicamente dispone de créditos en los capítulos 3 y 9 de su presupuesto. Los gastos imputados en el subconcepto se refieren en su mayoría a necesidades periódicas o repetitivas, tales como la inserción de anuncios en el BOE, que son atendidas por el sistema de anticipos de caja fija. También se producen gastos por la contratación de servicios y productos con fines promocionales que no se corresponden con campañas institucionales. En las comprobaciones realizadas sobre los gastos ejecutados en este subconcepto no se han detectado incidencias. En relación con la Deuda Pública, los gastos de publicidad se realizan para la difusión de la emisión, modificación o cancelación de los instrumentos de deuda, para lo que la DGTyPF planifica una serie de campañas publicitarias que contrata con las agencias del sector. Los gastos de publicidad abarcan un espectro muy amplio de productos y servicios, siendo los más representativos los relativos a la creación de anuncios y su difusión en medios de comunicación masivos (tv, radio y prensa), la creación y distribución de artículos promocionales y folletos informativos, la participación en ferias especializadas, el mantenimiento de la página de internet y la contratación del servicio telefónico de información pública.
20 20 Tribunal de Cuentas II.1.1.B. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA) Según puede observarse en el anexo 2, el MAPA dispuso durante el período fiscalizado de créditos para atender los gastos de publicidad en el subconcepto Publicidad y propaganda y en el concepto 640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial. En este concepto, de acuerdo con su significado, se recogen las consignaciones para diversos tipos de gastos entre los que se encuentra los aquí considerados dando cobertura a los programas de gastos de los centros directivos que habitualmente ejecutan acciones promocionales. No obstante, dado que en el anexo de inversiones del Ministerio estas acciones no están recogidas en ningún proyecto de inversión específico relativo a campañas publicitarias, y tampoco en los expedientes de gasto se considera la afección de éstos a campañas de promoción con proyección de sus efectos sobre ejercicios futuros, este Tribunal de Cuentas considera que los presupuestos del MAPA deberían consignar estos créditos en el subconcepto Los gastos relacionados con la promoción alimentaria se imputan con carácter general al concepto 640; no obstante, en los ejercicios fiscalizados la adquisición de trofeos y diplomas correspondientes a los premios Alimentos de España por importes de , y euros respectivamente se imputaron indebidamente en el subconcepto Estudios y trabajos técnicos. Se trata de una incidencia meramente formal que no supone ningún incumplimiento legal, atendido el nivel de vinculación de los créditos. En la revisión realizada sobre una muestra de expedientes de gasto se han advertido las siguientes irregularidades: La justificación de la ejecución del contrato adjudicado para la difusión de la campaña publicitaria Promoción de alimentos de calidad y producción ecológica a través del medio Radio realizada en 2005 (expediente 05/1010), por importe de euros, se encuentra acreditada en el expediente por medio de unos CDs en los que están grabadas las cuñas y espacios radiofónicos objeto de la contratación. Si bien este medio de control permite la verificación de la ejecución del contrato y, por tanto, la justificación del gasto, a juicio del Tribunal de Cuentas, debería haberse exigido la expedición de los medios documentales acreditativos de la ejecución del contrato previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con el fin de facilitar su seguimiento y su control, tales como certificaciones originales firmadas por los responsables de la Agencia contratista en los que se detallara el número y la duración de los espacios emitidos, así como las correspondientes certificaciones de emisión expedidas por las cadenas de radio que, sin embargo, no figuran en el expediente. Por su parte, la justificación de la campaña publicitaria de ese mismo ejercicio Difusión de información sobre premios relativos a alimentación que convoca el MAPA (expediente 05/663), por importe de euros, se encuentra acreditada en la factura del contrato, que detalla los medios y los días en que fueron realizadas las
21 Contratos de publicidad y comunicación institucional 21 inserciones en prensa contratadas. A pesar de que con este medio justificativo puede realizarse una comprobación de las inserciones, caso a caso, mediante la consulta en las hemerotecas, el Ministerio debió exigir la aportación documental de los comprobantes de todas y cada una de las mencionadas inserciones, para facilitar su control, ya que algunos de estos comprobantes no obran en el expediente. En el convenio de colaboración suscrito en 2006 con la Fundación para el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, el Ministerio aporta euros para la financiación en ese ejercicio de un conjunto de actividades para promocionar los productos que forman parte de su dieta (expediente 06/1464), no se ha realizado una de las acciones previstas consistente en la incorporación de un apartado infantil en la página web de la Fundación, cuyo importe, euros, fue financiado íntegramente por el MAPA. Por otro lado, no consta ninguna documentación justificativa relativa a las aportaciones económicas que debe realizar la Fundación en cumplimiento del convenio. II.1.1.C. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA) El MMA aplicó al subconcepto los gastos de la publicación de anuncios en diarios oficiales y los relativos a la adquisición de artículos promocionales no vinculados a campañas, y al concepto 640 los gastos derivados de la ejecución de campañas institucionales de publicidad. En la revisión realizada sobre una muestra de expedientes de gasto se han advertido las siguientes irregularidades: En el ejercicio 2006 se reconocieron obligaciones, por importe de euros, correspondientes a la campaña de información sobre la sequía del ejercicio 2005 (expediente 2006/0045E) sin que conste la autorización del titular del departamento para la aplicación del gasto a ese presupuesto, incumpliéndose lo previsto en el artículo 34.3 LGP respecto a la imputación temporal de las obligaciones. Además, para abonar la obligación del servicio ya realizado se recurrió indebidamente a la expedición de un libramiento a justificar. En el ejercicio 2007 se imputa al concepto 640 un gasto, por importe de euros, al que se hace referencia en el posterior apartado II.2.1.C, en concepto de indemnización por la resolución del contrato de Medios de comunicación para difusión de campaña de información y sensibilización sobre protección del medio ambiente. Dicho gasto no puede considerarse inversión y debió aplicarse al subconcepto Gastos diversos. Jurídicos y contenciosos. El Ministerio disponía de crédito suficiente en el artículo presupuestario correspondiente.
22 22 Tribunal de Cuentas II.1.1.D. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (MSC) Como se ha señalado en el anterior apartado II.1.1, el MSC imputó en los ejercicios fiscalizados los gastos de publicidad al subconcepto Publicidad y propaganda y a los subconceptos específicos siguientes: Actividades relativas a la lucha contra el SIDA Plan Nacional de Prevención y control del Tabaquismo Plan especial contra la Obesidad Infantil. Estos subconceptos, no previstos en la clasificación económica aprobada por la Resolución de 18 de julio de 2001 de la DGP, son incorporados en las leyes que aprueban los PGE de cada ejercicio y a ellos se imputan gastos por las actuaciones realizadas en esos ámbitos en los que participan varios servicios ministeriales ejecutores de distintos programas presupuestarios. En lo que se refiere a la justificación de los gastos cabe señalar las siguientes incidencias: En 2005 se abonaron euros al adjudicatario de un contrato para la realización de la campaña de publicidad institucional de difusión de la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, a través de la realización y montaje de lonas en edificios públicos y privados (expediente 702/2005). La factura presenta cantidades globales y no muestra el desglose según los precios contratados para los distintos tipos de actuaciones realizadas, e importes y partidas reflejados en la documentación justificativa aportada por el MSC no son coincidentes con el global de la factura. Ello pone de manifiesto el deficiente control por parte del Ministerio sobre el cumplimiento de las prestaciones del contrato; debió exigirse al contratista un mayor detalle en la facturación para favorecer su comprobación. No se ha aportado el certificado de emisión o los informes de las cadenas de la difusión en los medios de comunicación de la campaña Alcohol y jóvenes, realizada en 2006, cuyo importe ascendió a euros 5 ; ni la copia en DVD de la traducción al inglés de un spot de la campaña Salud sexual y jóvenes, justificativa de un gasto satisfecho a través de anticipos de caja fija, que ascendía a euros. II.1.1.E. MINISTERIO DE LA VIVIENDA (MVIV) El MVIV imputó en los ejercicios fiscalizados todos los gastos de publicidad y propaganda al subconcepto , de los que la mayor parte se refieren a la ejecución de campañas institucionales de publicidad. 5 El Ministerio en sus alegaciones aporta el plan de cierre proporcionado por el contratista pero no los certificados de terceros que justifiquen la realización efectiva de las emisiones en los medios de comunicación que figuran en el plan.
23 Contratos de publicidad y comunicación institucional 23 En las comprobaciones realizadas sobre los expedientes de gastos se han observado las siguientes incidencias: En el ejercicio 2005 el Ministerio adjudicó la Contratación de los medios de comunicación para la difusión de la campaña de publicidad institucional del Plan de Vivienda (expediente 96/2005) por un importe máximo de euros. La factura presentada ascendió a euros, abonando el Ministerio euros, esto es, euros menos de lo facturado, lo que supuso, en el ejercicio siguiente, el reconocimiento y pago de un gasto por la diferencia indicada sin que en el expediente justificativo se incorporen la autorización e informe preceptivo que establece el artículo 34.3 de la LGP. Por otra parte, la factura presentada carecía de detalles indicativos de los medios donde se realizó la difusión y el adjudicatario del contrato no aportó ni el plan de medios de difusión, ni certificado de emisiones realizadas preparado por tercero ajeno a la relación contractual, por lo que no ha podido verificarse la correspondencia entre las emisiones realizadas y las planificadas. Además, no consta que el departamento ministerial efectuase un seguimiento o control de la difusión de la campaña. En 2006 y 2007 se abonan a ese mismo adjudicatario y euros por la difusión de la campaña mencionada en esos ejercicios (expediente 577/2006) sin que tampoco se hayan aportado el plan de medios de difusión ni certificado de emisiones emitido por un tercero. La existencia de un plan de medios y los certificados de emisiones de terceros, o de los propios medios en los que se realiza la difusión, son elementos sustantivos para controlar y verificar la realización de la inversión publicitaria planeada, por lo que su carencia pone de manifiesto un mal procedimiento de control del Ministerio sobre la ejecución del contrato del que, no obstante, no puede deducirse la falta de realización de las prestaciones. En el ejercicio 2005 fue adjudicado un contrato de asistencia técnica para la formulación de una estrategia informativa dirigida a divulgar las medidas que adopte el Ministerio de Vivienda en su ámbito de actuación, por importe de euros (expediente 33/2005). Obran en el expediente las facturas por la totalidad de este importe así como los correspondientes certificados de conformidad. No obstante lo anterior, no existen en el expediente, ni se han podido obtener pese a su reiterada solicitud, informes sobre los trabajos realizados, estrategias de comunicación efectivamente puestas en marcha o documentos similares que habrían permitido conocer y evaluar al Ministerio con detalle el alcance de los trabajos efectuados así como su correspondencia con la Memoria elaborada al efecto por la empresa adjudicataria, y habría permitido un control de la ejecución efectiva del contrato, que la ausencia de estos documentos no hace posible.
24 24 Tribunal de Cuentas Asimismo, en el ejercicio 2006 se imputan a publicidad euros por la realización de un estudio sobre nuevos conceptos publicitarios del que, a pesar de su expresa solicitud, no se ha obtenido el trabajo o informe que pudiera servir como comprobante material del gasto, estando la justificación aportada por el Ministerio relacionada con otros gastos realizados en el mismo ejercicio por el mismo adjudicatario 6. II.1.2. Administración Institucional Con carácter general los organismos fiscalizados imputan los gastos de publicidad al subconcepto ; TURESPAÑA y el FROM emplean ese subconcepto para los gastos de publicidad normativa (anuncios publicados en boletines oficiales) y, en el caso del FROM, para otros gastos de divulgación propios del Organismo no afectos a campañas institucionales. Ambos organismos imputan al concepto 640 los gastos de la promoción del turismo y del consumo de los productos pesqueros, respectivamente, así como los relacionados con la organización y participación en ferias y exposiciones, gastos a los que hace referencia la Resolución de 18 de julio de 2001, de la Dirección General de Presupuestos en la descripción del concepto. Como única excepción a la imputación de los gastos a los conceptos señalados se encuentra el Parque de Maquinaria, que no reconoció obligaciones en el subconcepto y registró extrapresupuestariamente los gastos de publicación en el BOE de los anuncios de licitación y adjudicaciones del periodo, incumpliendo lo dispuesto en la Resolución de 27 de febrero de 1998, de la IGAE, por la que se establece el procedimiento a seguir en relación con el abono de estos anuncios. Los principales datos de la ejecución presupuestaria de los organismos fiscalizados son los siguientes: 6 El Ministerio de Fomento, que asumió las competencias del de la Vivienda por Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, en sus alegaciones señala que, mediante escrito de 1 de octubre de 2012, ha sido reclamado a la empresa adjudicataria del contrato el trabajo o informe al que se refiere el expediente y se compromete al envío al Tribunal de Cuentas de la documentación o información adicional que, en su caso, facilite la empresa, sin que dicho envío se haya finalmente producido.
25 Contratos de publicidad y comunicación institucional 25 Organismo Concepto Crédito definitivo Obligaciones Reconocidas Crédito definitivo Obligaciones Reconocidas Crédito definitivo (miles de euros) Obligaciones Reconocidas INE Totales TURESPAÑA 640 (1) Totales ENESA Totales FROM 640 (1) Totales C.H. TAJO 640 (1) Totales Parque de Maquinaria Totales INC Totales (1) El organismo imputa al concepto 640 diferentes tipos de gastos. Las obligaciones reconocidas se refieren únicamente a los gastos de promoción y publicidad que como mínimo se han imputado al mismo. Como puede observarse, el grado de ejecución presupuestaria del subconcepto es desigual entre los distintos organismos, resultando excepcionalmente bajo en el Instituto Nacional de Consumo (INC) que pese al escaso grado de realización ha mantenido elevada la dotación crediticia en los tres ejercicios fiscalizados, lo que implica una excesiva presupuestación en este subconcepto. La ejecución de esta rúbrica presupuestaria en importes superiores a su dotación, en los casos de TURESPAÑA, ENESA y Confederación Hidrográfica del Tajo, no supuso vulneración del nivel de vinculación de los créditos establecido en el artículo 44 de la LGP. Al concepto 640 TURESPAÑA imputó un porcentaje que osciló entre el 57 y el 60% de las obligaciones reconocidas por gastos de difusión publicitaria en los medios; la participación en ferias y exposiciones y otros gastos de promoción varió entre el 26 y el 30% y la creatividad publicitaria supuso en torno al 2% del gasto, correspondiendo el porcentaje restante a edición e impresión de material gráfico, relaciones públicas, patrocinio y otros gastos diversos.
26 26 Tribunal de Cuentas Por su parte, en el FROM, que imputa a ese concepto los gastos en actuaciones cofinanciables por los fondos comunitarios de pesca vigentes en cada período 7, los gastos de creación y difusión de publicidad en los medios supusieron el 78,7% de media en el periodo, y los de participación en ferias y congresos y otros gastos promocionales un 16%. La Confederación Hidrográfica del Tajo únicamente imputa a ese concepto la elaboración en 2005 de un plan de comunicación para las actuaciones del Organismo y, en 2007, la campaña de comunicación sobre las actuaciones hidrológico-forestales realizadas en la cuenca. En los apartados siguientes se señalan las incidencias encontradas en la ejecución y justificación de los gastos realizados por los distintos organismos durante el periodo fiscalizado. II.1.2.A. INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA) TURESPAÑA es el organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio encargado de la promoción en el exterior de España como destino turístico, siendo por tanto sus competencias esencialmente publicitarias. En los años fiscalizados imputó los gastos de publicidad al concepto 640, que regulariza con cargo a la cuenta de resultados de cada ejercicio. En las comprobaciones realizadas sobre una muestra de los expedientes de gasto se han advertido las siguientes incidencias: En 2006 el Organismo imputa a presupuesto y abona un importe de euros, correspondiente a servicios prestados por la sociedad FIRA de Barcelona en el ejercicio 2004 por extravío de las facturas remitidas en su momento, sin que en el expediente justificativo del gasto se incorpore la autorización e informe preceptivo determinado en el artículo 34.3 de la LGP. En los contratos de difusión internacional de publicidad difusión que alcanza a más de 40 países, se lleva a cabo a través de distintos medios y formatos, en gran número de idiomas, a través de 33 Oficinas de Turismo en el extranjero-, se han observado en algunos casos la ausencia de comprobantes, como certificados de emisión en TV o copias de las inserciones en prensa y revistas. Tampoco obran en el Organismo informes detallados sobre la ejecución de los planes de emisión aprobados, teniendo importantes carencias los existentes. Lo expuesto no prejuzga que las acciones no hayan sido efectuadas efectivamente, pero la gran complejidad de este tipo de 7 Los fondos comunitarios son el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), en el marco , sustituido por el Fondo Europeo de Pesca (FEP) en el periodo Ambos conceden ayudas en régimen de cofinanciación a las empresas y autoridades públicas de los Estados miembros por las acciones que contribuyan a la mejora de las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura.
27 Contratos de publicidad y comunicación institucional 27 contratos exige extremar los controles y mecanismos de vigilancia para la correcta ejecución de los mismos y obtener así la mayor eficacia de las acciones promocionales a las que atienden. En las acciones que TURESPAÑA realiza en colaboración con los operadores turísticos y CCAA, sólo se han justificado los gastos que competen al Organismo, sin que éste haya solicitado información sobre el cumplimiento por parte del resto de los partícipes de las obligaciones establecidas en el convenio 8. Por otra parte, con carácter general, los contratos de publicidad reservan al anunciante el derecho a introducir cuantas modificaciones estime pertinentes durante la ejecución del contrato para adaptarlo a sus necesidades, quedando obligado a abonar a la agencia los costes en que ésta haya incurrido, por lo que resulta especialmente necesario el establecimiento de procedimientos y sistemas de control que posibiliten el seguimiento de la facturación y de las prestaciones del contrato y sus modificaciones. En este sentido, se advierten las siguientes deficiencias: TURESPAÑA carecía de una base de tarifas con las que controlar los costes facturados relativos a la producción y adaptaciones de la creatividad (adaptaciones para campañas de producto o solicitadas por la Oficinas Españolas de Turismo, precio de locuciones, traducciones, etc.), por lo que, como se ha podido constatar en los tres ejercicios fiscalizados, se han facturado diferentes precios por los mismos servicios. Además, las facturas presentadas por la empresa adjudicataria del contrato de creación publicitaria carecen de los detalles mínimos necesarios para su control. Así, los importes facturados en 2005 y 2006 por la realización de creaciones gráficas (o visuales) y anuncios televisivos no tenían referencias sobre las versiones idiomáticas y locuciones realizadas; en 2006 las facturas relativas a la renovación de derechos de imagen de modelos y derechos de fotógrafos carecían de información que permitiese vincular el pago de los derechos con los diferentes visuales y spots renovados; y finalmente, en 2007 no se detallaba el número de horas de uso de las salas de edición, grafismo, sonorización, etc., pese a que en el pliego de condiciones administrativas particulares se especificaba que las facturas deberían presentar con detalle todas las partidas necesarias para desarrollar las creatividades gráficas. No obstante lo anterior, los diferentes trabajos relativos a la creatividad publicitaria contratados fueron efectivamente realizados y ejecutados por la empresa adjudicataria ajustándose tanto al objeto como al presupuesto pactados, lo que justifica el abono de los servicios prestados. Dado el ámbito internacional de actuación de TURESPAÑA, pueden existir dificultades para determinar con precisión, a la hora de contratar, el coste 8 El Organismo, junto con las alegaciones, aporta una relación facilitada por la agencia de medios de las inserciones facturadas a los socios en los años fiscalizados. Dicha documentación carece de información suficiente sobre la facturación a los turoperadores, y no fue utilizada en el control del cumplimiento de lo convenido por los asociados.
28 28 Tribunal de Cuentas de las distintas creatividades y sus numerosas adaptaciones a distintos ámbitos y circunstancias debido al gran número de países en los que se desarrollan las campañas, como señala el Organismo en sus alegaciones, lo que hace que el diseño de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares permita que la ejecución del contrato sea lo suficientemente flexible para adaptarse adecuadamente a esas circunstancias variables. Sin embargo, lo cierto es que las deficiencias y debilidades observadas en los procedimientos de gestión, control y verificación de la facturación antes descritas generaron unos riesgos de ineficiencia que debieron ser evitados. En la ejecución del contrato de creación publicitaria del año 2006 (expediente C0235), que fue prórroga del contrato del ejercicio anterior, los precios facturados por las creaciones gráficas oscilaron entre y euros, y los de los anuncios televisivos entre los y euros, frente a los precios establecidos en la oferta económica del ejercicio anterior de y euros, respectivamente. Las oscilaciones de precios no afectaron al importe total por el que fue adjudicado el contrato pero sí al número de creaciones gráficas realizadas, así como a la cantidad y tiempo de duración de los anuncios televisivos efectuados, no quedando constancia alguna de la autorización y justificación de los cambios en el expediente de gasto, lo que impidió verificar su correlación con la oferta económica inicial. Si bien el expediente de la prórroga del contrato se ajustó a la legalidad, la falta de previsión y la deficiente definición de algunos aspectos derivados de la misma, unido al ámbito internacional de las campañas al que se ha hecho referencia con anterioridad, impidieron al Instituto contar con medios idóneos de control para asegurar una gestión eficiente del contrato. Por otra parte, la renovación para la campaña de 2006 de los derechos de imagen de los modelos y fotógrafos utilizados en la campaña de 2005 tuvo un coste de 387 miles de euros, lo que supuso, en el caso de la renovación de las campañas gráficas, el 75% del precio total abonado por su realización en el ejercicio A pesar de este elevado importe, el Organismo no solicitó a la agencia las facturas justificativas del coste soportado por ésta en la renovación de tales derechos. Hay que señalar que, aun cuando no figura como tal en los contratos celebrados por TURESPAÑA, entre los Acuerdos de Procedimiento suscritos entre las Asociaciones Españolas de Anunciantes y de Agencias de Publicidad se recomienda incluir en los contratos una cláusula de autorización a la agencia para remitir al anunciante, y viceversa, cualquier tipo de informe, comunicación, instrucción o encargo por correo electrónico, en cualquiera de sus modalidades, que serán válidas a todos sus efectos. El Organismo debería extremar las cautelas y dejar constancia de cuantas modificaciones autorice.