Source: https://es.scribd.com/document/97372313/Informe-Final-Contrato-281-1
Timestamp: 2018-10-19 05:12:02
Document Index: 93807436

Matched Legal Cases: ['artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 3', 'artículo 77', 'artículo 3', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 209', 'artículo 51', 'artículo 58', 'artículo 45', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 40', 'Artículo 25', 'artículo 32', 'artículo 209', 'artículo 209', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 410', 'artículo 10', 'Artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 204', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 30', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 410', 'artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 38']

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Resolucion_430_2013
Contralora Municipal de Palmira YOLIMA HERRERA GARCIA
Jefe Oficina Auditorias Técnicas JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO
Visita Fiscal 004 de 2012, Denuncia por presunta celebración indebida del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales MP-281-2009
Equipo Auditor ROMMEL ANDRES LOPEZ TABARES Asesor
Personal de apoyo ANA MARIA PEÑA BELALCAZAR JUAN CARLOS ALBERTO GIRALDO OVALLE
TABLA DE CONTENIDO TEMA INTRODUCCION 1. ALCANCE DE LA VISITA 2. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL 2.1. ACTUACIÓN ADELANTADA Y MATERIAL PROBATORIO 2.1.1. ANALISIS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 2.1.2. ANALISIS DE LA ETAPA CONTRACTUAL. 2.1.3 ANALISIS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. 3. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS PAG 2 3 5 5 6 12 24 38
La Contraloría Municipal de Palmira, en cumplimiento de su función Constitucional y legal, y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las quejas, denuncias y peticiones allegadas, debido a su propósito misional de promover el mejoramiento de la gestión pública y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de alto impacto en la comunidad. En este contexto se realizó la presente Visita Fiscal, bajo la coordinación de la Oficina de Auditorias Técnicas, con el fin de determinar la manera como se planeó y ha ejecutado el contrato MP 281 de 2009, objeto de preocupación tanto de los entes de control como de la comunidad en general, que ha aportado elementos necesarios para el desarrollo normal del proceso de vigilancia fiscal. En desarrollo del informe se tuvo en cuenta, además de la documentación suministrada por los peticionarios en el marco de su legítimo derecho de participación ciudadana, la que fue solicitada y presentada por el ente sujeto de control, en su calidad de contratante, en la cual incluyó los soportes entregados por el contratista durante las etapas previas y en la ejecución del contrato. El propósito de la Contraloría es verificar el proceso contractual y su ejecución, en el marco de la normatividad legal vigente, y su impacto en el entorno municipal en relación con los principios de la gestión pública, los métodos y procedimientos inherentes al ejercicio del control fiscal y la orientación estratégica de este ente de control de promover el mejoramiento permanente de la administración de los recursos del Estado.
1. ALCANCE DE LA VISITA FISCAL El alcance de la presente visita fiscal comprende la atención a la Denuncia Ciudadana presentada ante la Contraloría Municipal de Palmira por seis (6) asociaciones de jubilados y empleados del Municipio de Palmira y el Valle del Cauca: Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio de Palmira “ASOJUMPAL”, Asociación de Jubilados y Pensionados de los Departamentos del Valle y Cauca “AJUPDESPUVA” Asociación de Jubilados de los Departamentos del Valle y Cauca “AJUPDEVYC”, Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del Municipio de Palmira “SINTRAEMPAL”, Sindicato de Trabajadores de Empleados Públicos del Estado “SINTRAESTATALES”, Sindicato de Servidores Públicos del Municipio de Palmira “SINDEPAL” y radicada bajo el Número 0295 del 07 de febrero de 2012, bajo el asunto de una presunta celebración indebida de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, identificado con el No. MP-281-2009, cuyo objeto contractual es el siguiente: “Prestación de servicios profesionales para defender judicialmente los intereses del Municipio de Palmira, ante las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, impetradas por los ex funcionarios desvinculados de la administración central, la contraloría, la personería y el concejo municipal, como resultado de la Reforma Administrativa adelantada por dichas dependencias con fundamento en las facultades otorgadas al Alcalde Municipal por el Concejo Municipal y por la ley”. Los peticionarios anexaron documentación soporte de su denuncia con la que pretenden sustentar las que, en su consideración, configurarían irregularidades en el desarrollo del mencionado contrato. La Contraloría asignó a la visita fiscal el número consecutivo 004 de 2012 Para lo anterior, se establecieron los siguientes objetivos: 1) Relación de los hechos (circunstancias de modo, tiempo y lugar). 2) Identificar y determinar a los presuntos responsables o partícipes del hecho. 3) Verificar y constatar las etapas precontractual, contractual y ejecución del contrato de prestación de servicios MP-281-2009 hasta la realización del último pago, ya que este contrato se encuentra en ejecución, constatando y analizando, entre otras, las siguientes peticiones presentadas por las diferentes asociaciones sindicales: a) Se verifique y se constate la conformación, trámite y legalización del contrato MP 281 de 2009, frente a la presunción de posibles trasgresiones u omisiones a los principios fundamentales contemplados en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes b) Se verifique y se constate si hay una presunta falta de planeación en la conformación de estudios previos que deben soportar el respectivo proyecto de 3
contratación, habida cuenta que el contrato MP 281 del 2009, nace a la vida jurídica para la ejecución de un objeto especifico y concreto pero el mismo posteriormente es modificado en forma sustancial. c) Se verifique y se constate una indebida celebración de contrato ante la presunción de que el ordenador del gasto haya omitido proceder mediante convocatoria pública, a través de un concurso de méritos, para seleccionar al contratista que adelantara las actividades adicionadas al contrato MP-281 de 2009 d) Se verifique y se constate la presunta falta de soportes en la adición en valor del contrato principal. e) Se verifique y se constate la presunta falta de soportes de las actas de pago parciales efectuadas al contratista. f) Se verifique y se constate la presunta doble facturación en los informes de interventoría comparado con el informe del contratista con la trazabilidad en las actuaciones ante las respectivas instancias judiciales.
2. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL
2.1. ACTUACIÓN ADELANTADA Y MATERIAL PROBATORIO Se avoca el conocimiento de los hechos denunciados en el requerimiento, a través de visita fiscal realizada ante el despacho de la Secretaría Jurídica del Municipio de Palmira, cuyo fin es determinar la veracidad de los hechos denunciados y las posibles conductas objeto de control fiscal en lo concerniente a las etapas precontractual, contractual y ejecución del contrato de prestación de servicios MP-281-2009. En igual sentido se practico visita a la Tesorería del Municipio de Palmira para recolectar información correspondiente al proceso de pago referido al contrato de prestación de servicios en mención. De la información que se suministró en las visitas, se pretende evidenciar la veracidad o no de la denuncia presentada, determinando si los hechos y actos denunciados son constitutivos de una presunta responsabilidad fiscal, disciplinaria y/o penal, e individualizar a los responsables de cualquier infracción a la normatividad legal vigente. Una vez suministrados por parte de la Administración los insumos probatorios y analizados a la luz de la normatividad vigente para la fecha de la celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, se encontró lo siguiente:
2.1.1. ANALISIS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL. Se evidencian, en la carpeta del contrato MP-281-2009, que reposa bajo custodia de la Secretaria Jurídica del Municipio de Palmira, soportes de la etapa precontractual y contractual. De igual forma, se entrega un CD con documentos del contrato en mención debidamente escaneados y confrontados por la comisión en sitio. Así, la Contraloría observó lo siguiente:         Se evidenció propuesta del Contratista, calendada 01 de junio de 2009. Se realizó una disponibilidad de fecha 04 de junio de 2009. Se realizaron los estudios previos. Se suscribió contrato el día 12 de junio de 2009. Se constituyó compromiso presupuestal de fecha 12 de junio de 2009. Se constituyó póliza el 12 de junio de 2009. Mediante Resolución No. 224 de 16 de junio de 2009, se aprueba póliza. Se suscribió acta de inicio con fecha 16 de junio de 2009.
Realizado el estudio jurídico de las normas que regulan en particular este tema contractual (conformación, trámite y legalización del contrato MP-281-2009), para la
celebración, perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato, el Órgano de Control encuentra lo siguiente: 1. Las normas que regulan la selección de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión son las que se encuentran contenidas en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (define los contratos de prestación de servicios); el literal h del numeral 4º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008. 2. Como elemento de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el inciso segundo del artículo 82 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008, señala que son "aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad". 3. El procedimiento establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, para suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, es el de contratación directa, para el cual, de acuerdo con las citadas normas, deben seguirse los siguientes parámetros:     Deben justificarse, de manera previa a la apertura del proceso, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar Contratar con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el contrato La persona natural o jurídica con la que se contrate debe tener la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área u objeto a contratar No es necesario haber obtenido previamente varias ofertas, pero el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.
Se realiza la revisión y análisis del contenido de los estudios previos del Contrato MP 281 de 2009, comparado con los requisitos y elementos mínimos que deben contener dichos estudios, los cuales están señalados en el Articulo 3, Decreto 2474 de 2008. Dentro del contenido de los requisitos el numeral 4 del artículo 3 del Decreto en mención estipula: “El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el modelo financiero utilizado en su estructuración”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Los estudios previos también deberán ocuparse de puntualizar las condiciones del contrato, tales como:
plazo, obligaciones principales y accesorias, mecanismos de solución de conflictos, perfil del supervisor o interventor del contrato o de la instancia que ejercerá el control y seguimiento, entre otras.
De conformidad con lo previsto en el numeral primero del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Este principio reitera la necesidad de fijar en el estudio previo de la contratación directa el perfil del supervisor o interventor del contrato y de llevar a cabo un seguimiento y control efectivo a lo pactado. El artículo 24 de la ley 80 establece el principio de transparencia, al efecto consideramos pertinente realizar las siguientes apreciaciones con respecto del contrato MP-281-2009, así: La contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y, en especial del deber de selección objetiva, establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007. En este sentido se pronunció la Corte Constitucional en su Sentencia C-949 proferida el 5 de septiembre de 2001, al precisar que la contratación directa no implica la exclusión de las normas y principios que garantizan la escogencia del sujeto que mas convenga al Estado, expresó el Tribunal: "……., no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal contratante pueda inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el contrario, en ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también se haga realidad la igualdad de oportunidades. Se reitera que la potestad de contratación directa debe ejercerse con estricta sujeción al reglamento de contratación directa, actualmente consignado en el Decreto 855 de 1994, cuyas disposiciones, conforme al parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, precisamente, buscan garantizar y desarrollar los principios de economía, transparencia y, en especial, el deber de selección objetiva establecidos en el Estatuto Contractual. Por ello, esta Corte estima que no puede darse validez a la equiparación que el demandante hace entre el régimen de contratación directa y la inexistencia tanto de controles como de deberes para las autoridades de controlar las conductas de los servidores públicos que hubieren intervenido en el proceso de vinculación contractual hasta su terminación, que es lo que al parecer, también entiende el demandante." En virtud de lo expuesto, al hacer referencia al principio de transparencia, y con fundamento en lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2474 de 2008, la convocatoria 7
pública, a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos, constituye la regla general para la escogencia de contratistas. De forma excepcional, el ordenamiento jurídico permite que, en los casos expresamente señalados por el legislador, las entidades estatales no acudan a la regla general sino, por el contrario, a la contratación directa, de carácter especial y, por ende, de aplicación restrictiva, que se circunscribe únicamente a las causales del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, cuando una entidad pública defina la pertinencia de acudir a las causales de contratación directa previstas en la ley debe dejar constancia del análisis jurídico, técnico o económico que fundamenta tal determinación, en cumplimiento de la potestad estrictamente reglada del parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Los numerales 6, 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 disponen la obligatoriedad de contar con las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales y los estudios y análisis necesarios de forma previa a la celebración de un contrato. También en virtud de este principio, de acuerdo con lo señalado por el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, se deberán preparar los estudios previos de la contratación, documentos que deben atender los requerimientos contemplados en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. La justificación o soporte de la celebración directa de un contrato debe constar por tanto en los estudios previos correspondientes y en el acto administrativo de justificación exigido en el artículo 77 del Decreto 2474 de 2008, documentos que además deben atender los requerimientos contemplados en el artículo 3 ibídem. Se trata, entonces, de deberes funcionales, cuya vulneración está severamente reprochada como faltas gravísimas en los numerales 30 y 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Por lo tanto antes de seleccionar la modalidad de contratación directa se debe atender:  Verificar la imposibilidad o inconveniencia técnica, jurídica o económica de acudir a la convocatoria pública, en los términos previstos en la ley y los decretos reglamentarios, para contratar.  Analizar las ventajas o beneficios institucionales o colectivos derivados de la aplicación de esta modalidad, frente a los que se obtendrían con una convocatoria pública.  Corroborar y dejar evidencia de la idoneidad del contratista, bien sea un particular u otra entidad pública, para dar cumplimiento satisfactorio al objeto del contrato. Esta idoneidad se concreta en la capacidad jurídica, técnica, de experiencia y financiera, verificada por la entidad contratante frente al alcance jurídico, técnico y económico de las obligaciones que se pactarán.  Los riesgos derivados de la ejecución del contrato, su estimación y distribución, así como las medidas para mitigar su impacto o prevenir su ocurrencia.  La necesidad de contar con una garantía única, los amparos, vigencia y cuantía de éstos, fijados en los términos de la normatividad vigente. 8
 Determinación del estudio de mercado o de precios, para establecer razonable y objetivamente el valor del futuro contrato, exhibiendo todas las variables que lo afecta y que permiten verificar que dicho valor se encuentra dentro de los rangos del mercado, es decir, resulta apropiado en el mercado existente para el bien, obra o servicio Así mismo, ratifica que el principal objetivo de cualquier contratación estatal es cumplir con el fin específico que la motiva; en dicha medida, esta modalidad de contratación, como cualquier otra, busca la satisfacción de la necesidad de la entidad, que sólo se verá garantizada si se encuentra correctamente delimitado el objeto, obligaciones y demás aspectos fundamentales de la contratación directa, lo que, necesariamente, conlleva a que se hayan realizado unos estudios previos serios. Ante el incumplimiento de los anteriores preceptos legales, la Contraloría determinó los siguientes hallazgos: HALLAZGO Nº 1: Administrativo con alcance Disciplinario Producto de una inadecuada elaboración de los estudios previos del Contrato MP 281 de 2009, en especial sus puntos No. 1, 5 y 7 “descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación”, “Análisis que soporta el valor estimado del contrato”, y “soporte que permita la tipificación, asignación de los riesgos previsibles”, respectivamente, se incurrió en una improcedente elaboración del diagnostico, esencialmente en el análisis para soportar el valor estimado del contrato, lo cual se reflejó claramente en improvisaciones en la ejecución del mismo, como son: desorientación del objeto contractual e incrementos desmedidos en el valor del contrato, violándose presuntamente los numerales 1, 4 y 6 del articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, los principios de transparencia y economía estipulados en los Artículos 24 y 25 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 34 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002. HALLAZGO Nº 2: Administrativo con alcance Disciplinario El Municipio no definió un criterio claro para determinar el valor del contrato debido a que no realizó, en la etapa pre-contractual, un estudio de precios de mercado que le permitiera, además, realizar un proceso de selección objetiva del contratista, incumpliendo así los principios de transparencia, economía e igualdad, contemplados en el artículo 209 de la CP. Si bien es cierto la adopción de una tabla de honorarios para el pago a los contratistas de prestación de servicios o de apoyo a la gestión no se menciona en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, nada obsta para que en virtud de los principios de transparencia, economía e igualdad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, se realice por el ente municipal el correspondiente estudio de precios de mercado, que garantice que, de manera previa a la contratación a realizar, se apliquen reglas claras que posibiliten la igualdad entre los potenciales oferentes que se encuentren en las mismas condiciones de idoneidad y experiencia, situación o hecho que 9
no se realizó por parte de la Administración Municipal de Palmira en la etapa pre contractual. Requisitos precontractuales Revisada la documentación recabada en la visita, se evidenció:  No existencia de certificación mediante la cual se indique que no existe personal en la Planta de Cargos del Municipio de Palmira, así: o Dicha certificación debe emanar de la dependencia a cargo del personal de la administración municipal, para el caso concreto la Secretaria de Desarrollo Institucional. o Debe determinar que no existe personal de planta suficiente que pueda desempeñar las funciones señaladas en el numeral 3º de los estudios previos. o Las funciones o actividades a asignar deben corresponder a las funciones propias de los cargos de los profesionales debidamente vinculados a la administración, es decir, por ser contrato de apoyo a la gestión, las funciones o actividades que desempeñe el futuro contratista deben ser similares, iguales o asimilables a las de los servidores públicos actualmente vinculados, en tal virtud, deben ser claras, expresas, cuantificables y exigibles, Esta determinación endilga al CONTRATISTA seleccionado el deber de cumplirlas en la medida en que su conocimiento y experticia así lo permitan, en busca del mayor beneficio por el costo asumido para la entidad territorial. HALLAZGO Nº 3: Administrativo con alcance Disciplinario No se evidencia documento del ordenador de gasto que certifique la idoneidad y experiencia relacionada con la prestación del servicio de apoyo a la gestión relacionado con la actividad contractual, ni constancia de que en la planta de cargos no existía personal suficiente ni idóneo para la ejecución del contrato objeto de estudio. Lo anterior vulnera lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, especialmente lo determinado en el art. 82 del Decreto 2474 de 2008. Representación Judicial El numeral 3 de los estudios previos signados por el Doctor FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA en calidad de SECRETARIO JURIDICO de la Administración Municipal para la vigencia 2009, los cuales no poseen fecha de elaboración o construcción, determina que las actividades o “funciones”, obligaciones cuantificables a cargo del contratista a seleccionar son: Representar al municipio frente a las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho: 10
i. En el Decreto No. 1146 de fecha noviembre 05 de 2008 el Señor Alcalde de Palmira, endilga el deber funcional de llevar la representación judicial de la administración al Secretario Jurídico; en virtud de ello, en el Manual de Funciones en el numeral 16 de las Funciones Esenciales se determina que el Secretario Jurídico de la entidad es el servidor público a cargo de la DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO. ii. Mediante decreto No.1100 de enero 01 de 2008, el señor doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, nombra para desempeñar el cargo de SECRETARIO JURIDICO, al señor doctor FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA, quien según acta de posesión No. 400-001-014-2 de fecha enero 01 de 2008, adquiere dicha dignidad. iii. Adicionalmente para el desarrollo de la actividad de defensa de los intereses del municipio ante los estrados judiciales, la SECRETARÍA JURIDICA, cuenta con cinco (5) servidores públicos debidamente vinculados. Así mismo, para la fecha de la celebración del contrato, se encontraban vinculados cuatro (4) personas por prestación de servicios profesionales, con lo cual se pretendía satisfacer las necesidades en materia de defensa de los intereses del municipio. iv. Mediante contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión No MP-281-2009, la administración a cargo del señor, doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, vincula al señor doctor GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA para que, como estipula inicialmente en el objeto, “DEFIENDA JUDICIALMENTE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, ANTE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, IMPETRADAS POR LOS EXFUNCIONARIOS DESVINCULADOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, LA CONTRALORIA, LA PERSONERIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL (…)”. A renglón seguido, en la descripción de actividades, determina en el numeral 1) REPRESENTAR JUDICIALMENTE al municipio de Palmira en procesos de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. v. La Contraloría Municipal de Palmira: de conformidad con lo estipulado en el acuerdo No. 021 de 2008, mediante el cual se determina la estructura orgánica y administrativa de la entidad y los acuerdos que la modifican o reestructuran, establece que el representante legal de dicho ente de control fiscal del orden territorial es el CONTRALOR; para la fecha de los hechos, según acta de concejo No. 013 de enero 13 de 2008, el cargo era desempeñado por el señor doctor VICTOR HUGO OSORIO SOTO. vi. La Personería Municipal de Palmira: de conformidad a lo estipulado en el acuerdo No. 022 de diciembre 18 de 2008, mediante el cual se determina la estructura orgánica y administrativa de la entidad y los acuerdos que la modifican o reestructuran, determinan que el representante legal de dicho ente de control administrativo y disciplinario de orden territorial es el PERSONERO; para la fecha de los hechos, según acta de concejo No. 010 de enero 10 de 2008, el cargo era desempeñado por el señor Doctor ALEJANDRO DIAZ CHACON. vii. Se determinó que la Contraloría Municipal de Palmira celebró contrato de mandato con PERSONAS NATURALES diferente al señor Doctor GUSTAVO ADOLFO PRADO para atender las demandas impetradas por los ex funcionarios de dichas entidades que fueron retirados por aplicación de la reforma administrativa, en 11
legitimo ejercicio de la función de defensa del Estado que les asiste como representantes legales de órganos de control con personería jurídica e independencia administrativa, para lo cual se puede evidenciar con la certificación entregada por el señor doctor ALEXANDER LOPEZ MOTATO, Jefe Oficina Administrativa de Contraloría Municipal de Palmira que este ente realizo la contratación de un profesional en derecho, señor doctor GUILLERMO FABIO PABON ROJAS para que atendiera el caso impetrado por el señor JUAN FERNANDO MARULANDA GUEVARA. viii. La Personería Municipal de Palmira, atiende perse la defensa de los intereses del órgano controlador en materia disciplinaria, para lo cual el señor Personero solicita la contestación de la demanda de parte de cualquiera de las personas vinculadas o adscritas a dicho ente controlador y signa personalmente ejerciendo el derecho de defensa y la representación directa del mismo, como se evidencia en la certificación entregada por la Señora Doctora NANCY CIFUENTES CORREDOR, Directora Administrativa y Financiera de la Personería Municipal de Palmira, que este ente atendió las demandas de los ex funcionarios de la Personería con el profesional en derecho Señor Doctor MARCO HENRY SALAZAR, el cual atendió ocho (8) demandas de los ex funcionarios que a continuación se relacionan: 1.- Jesús Antonio Melo Alviz. 2.- Rosalba Ortegón. 3.- Luís Alfonso Pedreros. 4.- Nubia Asceneth Cortes. 5.- Jesús Antonio Montaño. 6.- Lucy Arteaga Mosquera. 7.- León Cesar Soto. 8.- Jhon Jairo Sabogal. HALLAZGO Nº 4: Administrativo Mediante el contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión MP 281 de 2009, la Administración Municipal, a la fecha a cargo del señor Doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, entregó la representación judicial no solo de la entidad territorial a su digno cargo, sino la representación judicial de los entes de control del ente territorial, facultad o función no asignada a su dignidad. Se violo presuntamente el artículo 51 de la Ley 80 de 1993. 2.1.2. ANALISIS DE LA ETAPA CONTRACTUAL. Sobre el principio de selección objetiva, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: GERMÁN RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Radicación Nº 19001-23-31-000-2002-01577-01 (AP) expresó:
”En efecto, en la contratación, ya sea de manera directa o a través de licitación o concurso públicos, la administración está obligada a respetar principios que rigen la contratación
estatal y, especialmente, ciertos criterios de selección objetiva a la hora de escoger el contratista al que se le adjudicará el contrato. Respecto a la contratación directa, en interpretación de la norma precitada, la Sala observa que con anterioridad a la suscripción del contrato, es deber de la administración hacer un análisis previo a la suscripción del contrato, análisis en el cual se deberán examinar factores tales como experiencia, equipos, capacidad económica, precios, entre otros, con el fin de determinar si la propuesta presentada resulta ser la más ventajosa para la entidad que contrata."
Es decir, no por el hecho de tratarse de una excepción a la regla general de convocatoria pública, las entidades pueden sustraerse de la obligación de cumplir con los principios que rigen la contratación pública. Ahora bien, para la utilización de cualquier causal de contratación directa debe darse aplicación estricta a lo ordenado por la ley, respecto a su alcance y procedencia. La institución jurídica del contrato adicional estuvo consagrada en los anteriores estatutos de contratación. En efecto, el artículo 58 del Decreto 222 de 1983 en forma casi idéntica a los dispuesto en el artículo 45 del Decreto Ley 150 de 1976, estableció: “…cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional” (se resalta). El Consejo de Estado al analizar esta disposición1 expresó: “De la lectura de esta norma se deduce claramente que el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que no implican cambio radical en el contrato”. De esta forma, se consideró que sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación por obras complementarias del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato y por el contrario, cuando se celebra un contrato adicional las partes contratantes acuerdan una modificación del alcance del objeto y la consecuente alteración del plazo y del valor del contrato. Como por ejemplo se cita el caso de un contrato de obras públicas en el que se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio obviamente incide en la
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de marzo de 1990. Rad: 350, posición reiterada en el concepto del 17 de mayo de 1994. Rad: 601.
modificación del alcance del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional. De conformidad con lo anterior, continua el Consejo de Estado, “…solamente habrá verdadera “adición” a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato”2(se resalta). Así pues, en los contratos a precio determinable como los pactados a precios unitarios, no es pertinente celebrar un contrato adicional en valor, ya que el contrato no ha cambiado su valor, solamente se comprueba que hubo una estimación inadecuada de las cantidades previstas para ejecutar ese contrato. En estos casos, lo procedente es simplemente, efectuar por la administración un movimiento o adición presupuestal para cubrir ese mayor costo de ejecución del contrato. Finalmente, es necesario aclarar que el estatuto contractual vigente, contenido en la Ley 80 de 1993, conservó el criterio de excluir de la adición del contrato los reajustes o revisión de precios. Así se desprende de lo dispuesto en los artículos 4º numeral 8º, artículo 14 numeral 1º, artículo 16, artículo 25 numerales 13 y 14, y 27 que disponen la aplicación de mecanismos de ajustes de precios sin referirlos a la estipulación de una adición del contrato. Específicamente, el numeral 14 del artículo 25 ordena a las entidades estatales incluir en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos imprevistos que se originen, entre otras causas, en la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados. Ahora bien, “la elaboración de contratos adicionales (prórrogas y adición en el valor)… deberán estar previamente soportadas y justificadas. (…) El valor del contrato puede incrementarse por adiciones al alcance del objeto en virtud de obras complementarias, entendiéndose por ésta las que no están incluidas en las condiciones originales del contrato, pero que forman parte inseparable de la obra contratada o las que sean necesarias para su ejecución y protección y que por lo tanto correspondan a ítems no previstos. Los contratos no podrán adicionarse en más del
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1439 del 18 de julio de 2002. M.P. Susana Montes de Echeverri.
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salario mínimos legales mensuales”. Lo anterior implica que de conformidad con el análisis expuesto y en este sentido debe entenderse que los contratos adicionales sólo son procedentes cuando se modifica el alcance del objeto contratado y esta modificación implica el incremento del valor del mismo o la prórroga del tiempo inicialmente pactado, no así, cuando lo que se está ejecutando es el mismo objeto contractual y por deficiente planeación tal como fue expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, se altera el valor del mismo. El contrato MP-281-2009 tiene como objeto: “Prestación de servicios profesionales para defender judicialmente los intereses del Municipio de Palmira, ante las demandas de Nulidad y Restablecimiento del derecho, impetradas por los ex funcionarios desvinculados de la administración central, la contraloría, la personería y el concejo municipal, como resultado de la Reforma Administrativa adelantada por dichas dependencias con fundamento en las facultades otorgadas al Alcalde Municipal por el Concejo Municipal y por la ley”. Las actividades especificas del contrato, de conformidad a lo contenido en la clausula 2ª del contrato son: a. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir el contrato en los términos establecidos por las disposiciones legales vigentes, en especial por lo prescrito en este documento y la propuesta presentada por lo cual deberá cumplir con los siguientes Objetivos Generales: 1.- Representar jurídicamente al Municipio de Palmira frente a las demandas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.- Prestar la mayor diligencia en su labor profesional, en defensa siempre de los intereses del Municipio con ética profesional, lealtad, respeto y rectitud frente a la administración de justicia, la contraparte y los particulares. 3.- Presentar informes mensuales o con la periodicidad que le señale la Secretaria Jurídica, mediante los cuales dé a conocer las actividades realizadas. 4.- Al término del contrato presentará el informe final con las recomendaciones del caso. 5.- Las demás que se le asigne relacionadas con el objeto del contrato. Igualmente deberá realizar, entre otras, las siguientes Actividades Especificas: 1.- Realizar un inventario de las condiciones prejudiciales. 2.- Hacer la identificación de las demandas impetradas: Demandante, apoderado, radicación, juzgado. 3.- Dar contestación requerimientos previos a la admisión. 4.Descorrer traslado a los recursos interpuestos por el apoderado o apoderados demandantes. 5.- Tramitar los incidentes de nulidad a los autos admisorios. 6.Presentar las solicitudes de terminación por perención. 7.- Aportar antecedentes administrativos. 8.- Fijación en lista. 9.- Contestación de las demandas. 10.Prácticas de pruebas. 11.- Presentar los alegatos de conclusión. 12.- Sentencia de primera instancia. 13.- Presentar apelación en caso de fallo adverso. 14.Sustentación de la apelación. 15.- Alegatos de conclusión. 16.- Fallo de segunda instancia. 17.- Auto de cúmplase y archivo.
El MUNICIPIO.- Se obliga a: 1.- realizar los procedimientos y actuaciones que correspondan tendientes a garantizar el respaldo presupuestal y financiero del presente contrato. 2.- Proporcionar al contratista la información necesaria, documentos y datos necesarios para el debido cumplimiento del objeto del contrato. 3.- Cancelar oportunamente los honorarios profesionales en las cantidades, plazos y condiciones pactadas al contratista, previa certificación del supervisor del contrato y agotamiento del trámite de cobro respectivo. Se procede a realizar una secuencia cronológica de modificaciones sufridas por el contrato original, de lo cual evidenciamos: Se suscribe una adición el 05 de enero del 2010, en actividades, consistente en: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEFENDER JUDICIALMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA ANTE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACCIONES DE TUTELA, ACCIONES DE CUMPLIMIENTO Y DEMÁS MECANISMOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCIÓN A LOS POSIBLES DERECHOS VULNERADOS IMPETRADAS POR LOS EXFUNCIONARIOS DESVINCULADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL LA CONTRALORÍA, LA PERSONERÍA Y EL CONCEJO MUNICIPAL COMO RESULTADO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA ADELANTADA POR DICHAS DEPENDENCIAS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES OTORGADAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR EL CONCEJO MUNICIPAL”. Lo subrayado y en negrilla corresponde a las actividades adicionadas. Para analizar la viabilidad de esta adición y su procedimiento consideramos pertinente evaluar lo manifestado por el Consejo de Estado al respecto así: AUMENTO DEL VALOR FINAL QUE NO IMPLICA ADICIÓN. Concepto 1439 de julio 18 de 2002. Consejera Ponente: Dra. Susana Montes de Echeverri, que al tenor expresa:
De conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40, parágrafo, inciso 2º, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial. Dispone la norma: "PAR.¿(...). Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales". Es clara la norma al prohibir la "adición" de un contrato en más del 50% de su valor histórico actualizado. Pero, ¿qué es adicionar un contrato estatal? Para una adecuada interpretación de la citada norma de la ley, es preciso entender cuál fue el verdadero sentido atribuido por ella y, por consiguiente, cuándo ha de entenderse que existe una verdadera "adición" al contrato, pues la administración pública en general, ha hecho, sistemáticamente, una inadecuada aplicación de la norma, desatendiendo la jurisprudencia que sobre el particular ha sentado el Consejo de Estado, en especial la sección tercera.
De conformidad con la ley es posible celebrar contratos de obra con diferentes modalidades de pago, a saber: a precio global; por administración delegada; por reembolso de gastos más honorarios; por concesión y aún, es posible crear otras modalidades de pago, según el contrato que se quiera celebrar. En efecto, los artículos 13 y 40 de la Ley 80, permiten utilizar todas las modalidades de contrato que requiera la administración y la inclusión de las cláusulas que se estimen necesarias para conseguir la satisfacción de los fines o cometidos estatales. Disponen las normas citadas: "ART. 13.¿De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias de particularmente reguladas en esta ley (...)". "ART. 40.¿Del contenido del contrato estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requiera el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración (...)". Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera "adición" a un contrato3 cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato. En casos como el que se analiza, como se ha manifestado, no resulta legalmente procedente la celebración de un "contrato adicional", pues en verdad no existe variación o modificación o "adición" al alcance físico de la obra contratada. En efecto, lo que ocurre en estos casos es que simplemente, por una deficiente estimación de las cantidades de obra requeridas para ejecutar el objeto contractual (alcance físico de la obra) descrito en el mismo contrato, el presupuesto calculado para su ejecución resulta insuficiente y, por lo mismo, se hace necesario disponer de un mayor presupuesto para pagar el valor total y real de su ejecución. No está de más resaltar cómo la inveterada costumbre administrativa de celebrar "contratos adicionales en valor" para aumentar presupuesto de obra, está llevando a absurdos tales que enredan totalmente la ejecución de los contratos. En efecto, no son pocos los casos en donde la administración, después de obligar a los contratistas a celebrar contratos adicionales para
En igual sentido ésta Sala emitió su concepto en consulta 1121 de fecha 26 de agosto de 1998.
aumentar simplemente la asignación presupuestal para cada contrato, ha llegado a declarar que es necesario terminar un contrato en el cual no se ha ejecutado aún la obra contratada porque ya se ha copado el límite legal establecido en el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, a pesar de que, por supuesto, no se ha agregado nada al alcance de la obra original. En otros más, ocurre que no se puede ejecutar una obra complementaria, extra y/o adicional, porque también se copó con esos "contratos adicionales en valor" el límite legal. Como lo señaló el Consejo de Estado en la providencia parcialmente transcrita, lo que ocurre generalmente es que la administración no efectúa una real estimación de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de cada obra, en unas ocasiones porque inicia los procesos sin contar con proyectos realmente ejecutables sino apenas en anteproyectos, en otras porque necesita reducir artificialmente el presupuesto de la misma (quitando o disminuyendo cantidades de obra) para poder iniciar la obra con presupuesto bajo y así poder comprometer los exiguos recursos de que dispone en un momento dado sin violar el mandato de la ley (L. 80/93, art. 25, nums. 12 y 13) y, en otros más, porque los diseños que sirven de base a la licitación adolecen de errores graves y, por ello no es posible realizar el cálculo más aproximado de las cantidades reales de obra requeridas para desarrollar el proyecto. (…)
Procedimiento para la celebración de un contrato adicional: La administración, para proceder a adicionar un contrato, sea a través de una adición del valor o de actividades, debe dar cumplimiento a lo determinado en la ley para la celebración de un contrato principal. Sin embargo, a diferencia del contrato principal, la adición tiene origen en las necesidades imperiosas de poder ejecutar el contrato principal; esa necesidad debe ser sustentada de manera suficiente por el SUPERVISOR o INTERVENTOR del contrato. Dicho análisis se deja contenido de manera expresa en los estudios previos que hacen parte del contrato adicional o de la adición a efectuar, y debe permitir a la administración realizar las apropiaciones presupuestales necesarias y suficientes para atender las obligaciones a contraer, así como el análisis de riesgos y los mecanismos de protección del Estado con respecto de dichos riesgos. De lo anterior podemos advertir: 1. Un contrato adicional es aquel por medio del cual la administración suma al objeto principal contratado, actividades, obras o servicios complementarios y necesarios para el desarrollo del objeto principal, los cuales surgen del desarrollo mismo de la labor contratada, no eran previsibles ni determinables. Desde este punto de vista, podemos decir: a. El contrato original tiene por objeto: “Prestación de servicios profesionales para defender judicialmente los intereses del Municipio de Palmira, ante las demandas de Nulidad y Restablecimiento del derecho, impetradas por los ex funcionarios desvinculados de la administración central, la contraloría, la personería y el concejo municipal, como resultado de la Reforma Administrativa adelantada por
dichas dependencias con fundamento en las facultades otorgadas al Alcalde Municipal por el Concejo Municipal y por la ley”. b. Buscando los siguientes objetivos generales 1.- Representar jurídicamente al Municipio de Palmira de frente a las demandas de Nulidad y Restablecimiento el Derecho. 2.- Prestar la mayor diligencia en su labor profesional, en defensa de siempre de los intereses del Municipio con ética profesional, lealtad, respeto y rectitud frente a la administración de justicia la contraparte y los particulares. 3.Presentar informes mensuales o con la periodicidad que le señale la Secretaria Jurídica, mediante los cuales dé a conocer las actividades realizadas. 4.- Al término del contrato presentara el informe final con las recomendaciones del caso. 5.- Las demás que se le asigne relacionadas con el objeto del contrato. c. Igualmente, para desarrollar la labor deberá realizar, entre otras, las siguientes Actividades Especificas: 1.- Realizar un inventario de las condiciones prejudiciales. 2.- Hacer la identificación de las demandas impetradas: Demandante, apoderado, radicación, juzgado. 3.- Dar contestación requerimientos previos a la admisión. 4.- Descorrer traslado a los recursos interpuestos por el apoderado o apoderados demandantes. 5.- Tramitar los incidentes de nulidad a los autos admisorios. 6.- Presentar las solicitudes de terminación por perención. 7.Aportar antecedentes administrativos. 8.- Fijación en lista. 9.- Contestación de las demandas. 10.- Prácticas de pruebas. 11.- Presentar los alegatos de conclusión. 12.- Sentencia de primera instancia. 13.- Presentar apelación en caso de fallo adverso. 14.- Sustentación de la apelación. 15.- Alegatos de conclusión. 16.- Fallo de segunda instancia. 17.- Auto de cúmplase y archivo. 2. El contrato original era específico para la protección de los intereses del Estado municipal, en referencia a PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. No obstante, se adiciona la actividad de “ACCIONES DE TUTELA, ACCIONES DE CUMPLIMIENTO Y DEMAS MECANISMOS CONSTITUCIONALES DE PROTECCION A LOS POSIBLES DERECHOS VULNERADOS., presuntamente por ser imperiosa la necesidad de incorporar dicha actividad al objeto principal. 3. No se evidencia estudio previo mediante el cual el supervisor o interventor del contrato informe a la administración la necesidad imperiosa, el análisis costo- beneficio de incluirla en el contrato original por ser determinante para la defensa de los intereses de la administración en el tema especifico de los procesos de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, 4. No se evidencia el estudio de precios de mercado que indique a la administración el costo de la actividad a desarrollar con el fin de que apropie adecuadamente los recursos del presupuesto para atender las obligaciones a contraer. En sentencia T 548 de julio 1 de 2010, emanada de la sala cuarta de la Corte Constitucional, se determino que la acción de tutela no era mecanismo viable o aceptable para atender procesos en los cuales los servidores públicos buscaran la protección del 19
derecho al trabajo para ser reintegrados, por existir un mecanismo judicial especifico para la atención de dichos procesos, como es la ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y considerar no inminente la vulneración al derecho protegido, desvirtuando de fondo y por vía jurisprudencial cualquier sustento adicional presentado por la administración del Municipio de Palmira como soporte suficiente para la celebración del contrato adicional No 1. El soporte y/o justificación de la adición en actividades, según el contratante, mediante documento “ADICIÓN AL CONTRATO MP-281-2009 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA”, es el siguiente:: “Se hace necesaria y útil adición en mayores actividades, al contrato de prestación de servicios MP 281 del 2009, debido a la imperiosa necesidad de continuar con la protección jurídica Municipio de Palmira” Esta función está asignada a la Secretaría Jurídica del Municipio y no es delegable a través de un contrato de prestación de servicios. Debe justificarse en exceso de trabajo, el número irracional de demandas y la poca capacidad operativa frente a la capacidad operativa del contratista, la experticia en el tema etc. Es decir, relación costo-beneficio. HALLAZGO Nº 5: Administrativo con alcance Disciplinario Se evidenció que no existe soporte suficiente para determinar la necesidad imperiosa de adicionar el contrato MP 281 de 2009 (Adición Nº 1), la cual se realizó sin el lleno de los requisitos legales y procedimentales necesarios y suficientes para efectuar dicha adición, violándose presuntamente los numerales 7 y 12 del Artículo 25, Artículos 24 y 26 de la Ley 80 de 1993. Se suscribe una segunda adición el 22 de Julio del 2010, en valor de $58.722.672 m/cte, consistente en: “ADICIONAR en valor el Contrato No. MP 281 del 2009 y, por lo tanto, la Administración Municipal, atendiendo lo anterior, considera procedente modificar la Cláusula Tercera en el sentido de otorgarle un valor adicional de $58.722.672, valor que se adiciona al contrato principal, quedando éste en la suma de doscientos cincuenta millones quinientos trece mil seiscientos setenta y dos pesos mcte. $252.513.672”. El soporte y/o justificación de la adición en valor según el contratante, mediante documento denominado “ADICIÓN No. 02 AL CONTRATO MP-281-2009 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA”, es: “Que de acuerdo con el Informe de Interventoría presentado por el Doctor Fernando Mauricio Rojas Figueroa, se hace necesaria y útil adición en mayor valor el Contrato de Prestación de Servicios MP 281 del 2009, debido a la imperiosa necesidad de continuar con la protección jurídica del Municipio de Palmira”.
Se suscribe una tercera adición el 19 de Noviembre del 2010, en valor de $100.000.000 m/cte, consistente en: “MODIFICAR la Cláusula tercera en el sentido del Contrato MP 281 de 2009, en el valor correspondiente a cien millones de pesos ($100.000.000), valor que se adiciona al contrato inicial y que corresponde al presupuesto para la vigencia del año 2010” El soporte y/o justificación de la adición en valor según el contratante mediante documento denominado “ADICIÓN AL CONTRATO MP-281-2009 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y GUSTAVO ADOLFO PRADO CARDONA”, es: “Que de acuerdo con el Informe de Interventoría presentado por el Doctor Fernando Mauricio Rojas Figueroa, se hace necesaria y útil adición en mayor valor el Contrato de Prestación de Servicios MP 281 del 2009, debido a la imperiosa necesidad de continuar con la protección jurídica del Municipio de Palmira”. Se suscribe OTRO SI No. 2, con fecha, 24 de junio del 2011, al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales MP 281-2009, consistente en una cuarta adición de actividades, forma de pago y valor y plazo de ejecución, de la siguiente forma: Adición en actividades: “Ampliar la cláusula primera del contrato inicial, la cual quedará así: CLAUSULA PRIMERA Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DEFENDER JUDICIALMENTE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, ANTE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, IMPETRADAS POR LOS EXFUNCIONARIOS DESVINCULADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, LA CONTRALORIA, LA PERSONERIA Y EL CONCEJO MUNICIPAL COMO RESULTADO DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA ADELANTADAS POR DICHAS DEPENDENCIAS CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES OTORGADAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR EL CONCEJO MUNICIPAL Y POR LA LEY, REVISIÓN, ESTUDIO, FOTOCOPIADO DE TODAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LAS ANTIGUAS EMPRESAS MUNICIPALES DE PALMIRA, QUE CONDUZCAN A LA PROYECCIÓN PARA LA FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE COMPARTIBILIDAD O NO COMPARTIBILIDAD DE LA PENSION DE JUBILACIÓN CON LA PENSION DE VEJEZ OTORGADA POR EL ISS A QUE HALLA LUGAR. REVISIÓN, ESTUDIO, FOTOCOPIADO DE TODAS LAS HOJAS DE VIDA DE LOS JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LAS ANTIGUAS EMPRESAS MUNICIPALES DE PALMIRA, QUE IDENTIFIQUEN LAS PENSIONES QUE DEBEN SER DEMANDADAS EN ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LESIVIDAD – POR PRESUNTA ILEGALIDAD. ELABORACIÓN – PRESENTACIÓN Y TRAMITE HASTA EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA DE LAS DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIEMIENTO DEL DERECHO – ACCIÓN DE LESIVIDAD EN CONTRA DE LAS PENSIONES IDENTIFICADAS COMO OTORGADAS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, OTORGADAS POR EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LAS ANTIGUAS EMPRESAS MUNICIPALES DE PALMIRA” Lo subrayado y en negrilla corresponde a las actividades adicionadas. 21
Adición en forma de pago y valor: “Ampliar la cláusula tercera del contrato inicial, la cual quedará así: CLÁUSULA TERCERA. – Forma de pago y valor del contrato: Para los efectos legales y fiscales del presente contrato, el contratista solo tendrá derecho al pago de los emolumentos que expresamente se determinan en el presente contrato, el cual tiene un valor estimado por año de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/cte. (193.791.000) incluido el IVA aplicable del 16%. Este valor corresponde al 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (1.5 smlmv) por año por cada demandante, y por el termino que duren los procesos, siendo estos estimados en numero de 260 procesos. Este valor será cancelado de la siguiente manera: con un pago anticipado, equivalente al 20% del valor estimado del contrato, es decir la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS pesos M/cte ($38.758.200) a la legalización y perfeccionamiento del contrato y el saldo restante en cuatro (4) pagos trimestrales de igual valor. La suma de (1.5) salarios mínimos legales mensuales, por cada acto administrativo debidamente firmado por el funcionario competente y mediante el cual se resuelva la compartibilidad pensional de cada jubilado por el Municipio o por las antiguas empresas municipales de Palmira; Seis (6) salarios mínimos legales mensuales por la elaboración y presentación de cada demanda de nulidad y restablecimiento – acción de lesividad que se presente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en contra de las pensiones otorgadas por el Municipio de Palmira o por las antiguas empresas municipales de Palmira; dichos valores serán cancelados así: por los actos administrativos mediante los cuales se resuelva la compartibilidad pensional de cada jubilado por el Municipio o por las antiguas empresas municipales de Palmira, una ves estén debidamente firmados por el funcionario competente previa presentación de la factura correspondiente y por las demandas de nulidad y restablecimiento – acción de lesividad que se presenten ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en contra de las pensiones otorgadas por el Municipio o por las antiguas empresas municipales de Palmira, una vez admitida la demanda.” Lo subrayado y en negrilla corresponde a la forma de pago para las nuevas actividades adicionadas.
Adición en plazo de ejecución: “Ampliar la cláusula cuarta del contrato inicial, la cual quedará así: CLAUSULA CUARTA. Vigencia y plazo de ejecución del contrato: el plazo de ejecución, es decir el tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar a entera satisfacción de el Municipio el servicio objeto del presente contrato, será de un (1) año y ocho (8) meses más del plazo inicialmente pactado.”
HALLAZGO Nº 6: Administrativo con alcance Disciplinario El objeto del contrato MP 281 de 2009 fue modificado mediante el Otrosí Nº 2 del 24 de junio de 2011, vulnerando presuntamente el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 209 de la C.P.
En dos ocasiones se adicionan actividades diferentes a las inicialmente pactadas, en tres oportunidades se incrementa el valor inicial del contrato y, finalmente, se amplía el plazo de ejecución del mismo en un año y ocho meses. En consecuencia, el contrato MP 281 de 2009 tuvo dos modificaciones en su objeto contractual: en la adición numero 1 de fecha 05 de enero del 2010 y en el OTRO SI No. 2 firmado entre las partes el 24 de junio del 2011. Las modificaciones realizadas no obedecen a una extensión del objeto contractual sino, por el contrario, a un cambio sustancial del mismo, como quiera que la prestación de servicios profesionales para defender judicialmente los intereses del municipio de Palmira, ante las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, impetradas por los exfuncionarios desvinculados de la administración central, la Contraloría, la Personería y el Concejo Municipal como resultado de la reforma administrativa adelantada por dichas dependencias (Objeto contractual inicial), relacionado con : la revisión y estudio de las pensiones de los jubilados del Municipio de Palmira y de las Antiguas empresas Municipales, para verificar su legalidad y posterior demandas por ilegalidad si así lo requiere (actividades adicionadas OTRO SI No. 2), difieren radicalmente en su forma y fondo. Por lo tanto, el contratante legalmente debió iniciar un proceso nuevo de contratación, esta vez, bajo la modalidad pertinente acorde con las nuevas actividades a realizar. Se evidencia que la descripción contenida en la modalidad de contrato escogida y las actividades ejecutadas por medio del Contrato MP 281-2009, están contenidas dentro de los elementos constitutivos de un contrato de consultoría, tal como lo estipula el Articulo 32, parágrafo 2, Ley 80 de 1993, con lo cual se desvirtúa la aplicación de la excepción de celebración de contrato o escogencia de contratista por sistema de contratación directa. Se vulnera presuntamente el artículo 209 de la C.P.
2.1.3 ANALISIS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Que se financia con Vigencias Futuras: Una vigencia futura es una autorización por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias fiscales futuras, es decir, autorizaciones sobre recursos fiscales dentro de presupuestos futuros para realizar un determinado gasto. Existen en el país dos tipos de vigencias futuras: Ordinarias, cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, y Excepcionales, cuyas obligaciones afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras y no cuentan con una apropiación en el presupuesto de la vigencia en que se concede la autorización (Art. 10 y 11, Ley 819 de 2003). Esta figura presupuestal permite planificar y financiar proyectos bajo una óptica de largo plazo y superar la limitación natural que representa la anualidad del presupuesto público. De este modo, las vigencias futuras se suelen utilizar para la realización de grandes proyectos de infraestructura, u otros proyectos económicos y sociales que resultan estratégicos para el país, cuyo horizonte excede una vigencia. En este sentido, las autorizaciones de vigencias futuras brindan seguridad financiera a proyectos que están llamados a representar políticas de Estado, en contraste con políticas de gobierno, para evitar que su desarrollo se vea afectado por los ciclos políticos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe anotar que el monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones para su autorización, deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ley 819 de 2003), lo cual implica que las decisiones que se toman con vigencias futuras en el marco del periodo presidencial y, excepcionalmente, más allá del mismo si cuentan con una declaratoria de importancia estratégica por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) a nivel nacional y el DAPM a nivel municipal. Mediante el acta No. 3A de fecha mayo 06 de 2009, el CONFIS aprueba todas la vigencias futuras ordinarias para los contratos de prestación de servicios, obras públicas, mantenimiento de zonas verdes y de todos aquellos contratos que requieran comprometer las vigencias de los años 2010 y 2011 para el buen funcionamiento de la administración y desarrollo de la ciudad.  De conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato, la vigencia o plazo del mismo es de tres (3) años contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribe el 16 de junio de 2009. De conformidad con lo estipulado en el contrato, el número de demandas a atender durante la vigencia del contrato es de 260 demandas de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Realizada la verificación de los emolumentos pactados como valor del contrato se determinó: 24
1. Para la vigencia 2009, la erogación del 20% del pago anticipado y el pago de la primera cuota debería ascender a la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($77.516.399,oo) 2. En las carpetas contentivas del contrato se evidencia: a. Acta de inicio de 16 de junio de 2009 b. Acta de entrega de anticipo de junio 16 de 2009 c. Orden de pago No 2743 de julio 1 de 2009 donde consta el pago del 20% del pago anticipado d. Orden de pago No 5493 de 10 de diciembre de 2009 donde consta el pago de la primera cuota. De conformidad con lo estipulado en el contrato, el Municipio de Palmira se obliga para con el contratista de prestación de servicios a realizar el desembolso de CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($193.791.000,oo) INCLUIDO IVA DEL 16% en cuatro cuotas correspondientes a la vigencia de doce meses iniciales así: cuatro pagos de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($38.758.200,oo) y un pago anticipado equivalente al 20% del valor del contrato y que asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($38.758.200,oo), con cargo al presupuesto de la vigencia 2009 y en aplicación de lo estipulado en el acuerdo 014 de octubre 20 de 2008 - Vigencias Futuras en el Municipio de Palmira y se dictan otras disposiciones. HALLAZGO Nº 7: Administrativo con alcances Disciplinario y Penal Se evidenció que el Contrato MP 281 de 2009, en el parágrafo único de su cláusula sexta, contempla su financiación a través de vigencias futuras ordinarias, que no aplican para este tipo de contratos, y extiende su duración y financiación más allá de la vigencia inicial, violando presuntamente el principio de anualidad, el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, lo contemplado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 y lo establecido en el artículo 410 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Se observa en el parágrafo único de la cláusula sexta del contrato MP 281 de 2009: “Para efectos del procedimiento y control de la afectación de presupuesto de vigencias futuras que se ocasione con la ejecución del presente contrato, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 014 de Octubre de 2008”, que las erogaciones del contrato y afectación del presupuesto estarán sometidas a lo establecido en el Acuerdo 014 de 2008 “Por el cual se regulan las vigencias futuras del Municipio de Palmira y se dictan otras dispocisiones”, lo cual trasgrede lo señalado en el articulo 10 de la Ley 819 de 2003, por cuanto las vigencias futuras ordinarias aplican única y exclusivamente a proyectos de inversión que vayan ajustados al Plan de Desarrollo del Municipio. 25
Igualmente se observa que no se cumple con el principio de anualidad contemplado en el artículo 10 del Decreto 111 de 1996, que al tenor reza: “Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”. ANALISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO El valor del contrato o precio de conformidad a lo estipulado en los estudios previos es:  De conformidad con lo contenido en los estudios previos, el precio o valor de la contratación a celebrar se determina así: “por incremento del SMMLV a 2009 se incluye en las apropiaciones correspondientes al rubro PRESTACION DE SERVICIOS” De conformidad con lo estipulado en el contrato, el valor del mismo a la fecha de la celebración se determina así: 1.5 SMMLV de 2009 por año de cada demandante, por el termino que duren los procesos siendo estimados estos en 260 procesos de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
De lo expresado aquí se colige 1. El salario mínimo para la vigencia 2009 asciende a la suma de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($496.900,oo) 2. El salario mínimo para la vigencia 2010 asciende a la suma de: QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE (515.000,oo) 3. El salario mínimo para la vigencia 2011 asciende a la suma de: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600,oo) 4. El valor del contrato según lo estipulado en la clausula tercera del mismo es: a. CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($193.791.000,oo) INCLUIDO IVA DEL 16% b. El IVA del 16% para este contrato equivale a la suma de TREINTA Y UN MILLONES SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($31.006.560,oo) c. El valor bruto del contrato es la suma de CIENTO SESENTA Y DOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($162.784.440,oo) 5. La forma de pago pactado es: a. Pago anticipado del 20% a la legalización y perfeccionamiento del contrato 26
Saldo insoluto en cuatro pagos trimestrales de igual valor.
6. El pago anticipado pactado por las partes asciende a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($38.758.200,oo) Revisión de los pagos de seguridad social El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones: “1. En Forma obligatoria Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuéstales.”(subrayado y resaltado fuera de texto) Respecto a la obligación de cotizar el Sistema general de seguridad social en salud de los contratistas personas naturales, el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una Persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De esta manera, es claro que en los contratos (sin importar su duración) en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o Jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios de prestación de servicios, consultoría, asesoría, es decir, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, el contratista deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante deberá verificar a afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte. En lo relacionado con la clase y porcentaje de cotización que un contratista debe efectuar a los sistemas de salud y pensiones, debe indicarse que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, mediante Circular 000001 del 6 de diciembre de 2004. En ejercicio de las facultades establecidas en los Decretos 246 de 2004 y 205 de 2003. Imparten instrucciones con relación al ingreso base de cotización de los contratistas afiliados a Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En primer término señaló, que el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo, 17 de la Ley 100 de 19S3. Establece que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones en forma obligatoria a los regímenes del Sistema General de Pensiones, por parte de los contratistas, con base en los ingresos por prestación de servicios que aquellas devenguen. El inciso segundo del artículo 3° del Decreto 510 de 2003. concordante con el mandato legal citado, establece que las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben hacer sobre la misma base que al Sistema General de Pensiones: en consecuencia, el ingreso base de cotización conforme a los artículos 5° y 6° de la Ley 797 de 2003 que modificaron en su orden los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 204 ibídem en ningún caso puede ser inferior a un (1 salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siendo claro que el ingreso base de cotización a los Sistemas de Salud y Pensiones, es por definición, y de manera general, uniforme y si tal como lo señaló el artículo 4° de la Ley 797 de 2003, las cotizaciones deben efectuarse con base en el salario o ingresos por prestación de servicios devengados, el ingreso base de cotización tanto para pensiones como para salud de las personas naturales vinculadas al Estado o al sector primado, mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten debe corresponderá estos ingresos devengados, por tanto, las bases de cotización deben ser iguales. En segundo término, señaló que al efectuar el examen de nulidad, el honorable Consejo de Estado mantuvo la vigencia del inciso final del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, por lo que en los contratos de vigencia indeterminada, el ingreso base de cotización es el equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada, razón por la cual. en aplicación del principio de analogía, que halla su justificación en el principio 3e igualdad, y según el cual, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual, dicho porcentaje debe hacerse extensivo a los contratos de vigencia determinada. Ante el planteamiento concreto de si es jurídicamente viable efectuar aportes a pensiones sobre la base establecida para salud en el Decreto 1703 de 2002 y Circular 000001 de 2004 de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, so considera que la remisión que el mismo inciso segundo del artículo 30 Decreto 510 de 2003 hace a la base de cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud serviría de fundamento a los contratistas para efectuar sus aportes tanto a pensión como a salud sobre la base establecida para salud en el Decreto 1703 de 2002. Ahora bien, el cálculo de la base de cotización de los contratistas, el cual corresponde al 40% del valor del contrato se ha establecido independientemente de los gastos o impuestos que al interior del contrato deba asumir el contratista, ya que el propio artículo 23 del Decreto 1703 de 2002 ha contemplado que el restante 60% corresponde a los costos imputables al desarrollo de la actividad contratada (pagos de impuesto, compra de materiales, pago de honorarios o salarios al personal que contrate el contratista, etc). 28
En virtud de ello se procede a realizar el cálculo del monto de los pagos que se debieron hacer por concepto de Seguridad Social por parte del Doctor Gustavo Adolfo Prado Cardona, Contrato MP 281 de 2009 así: El ingreso base de cotización para la seguridad social corresponde al 40% del valor del contrato, en ese orden de ideas se deberá realizar el pago sobre ese valor, así: salud 12,5%, pensión 16% y riesgos profesionales 2,436%. Dado lo anterior se realiza el cálculo de los pagos de seguridad social, así:
TABLA No. 1 RELACIÓN DEL CALCULO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL VALOR INGRESO SALUD PENSIÓN ARP No CONCEPTO PAGADO BASE 40% 12,5% 16% 2,436% 1 Anticipo del 20% $38,758,200 $15,503,280 $1,937,910 $2,480,525 $377,660 2 Pago parcial No. 1 $38,758,199 $15,503,280 $1,937,910 $2,480,525 $377,660 3 Pago parcial No. 2 $38,758,199 $15,503,280 $1,937,910 $2,480,525 $377,660 4 Pago parcial No. 3 $38,758,200 $15,503,280 $1,937,910 $2,480,525 $377,660 5 Pago parcial No. 4 $27,719,360 $11,087,744 $1,385,968 $1,774,039 $270,097 6 Adición No. 2 $58,722,672 $23,489,069 $2,936,134 $3,758,251 $572,194 7 Pago parcial No. 5 $98,571,000 $39,428,400 $4,928,550 $6,308,544 $960,476 8 Pago parcial No. 6 $63,399,075 $25,359,630 $3,169,954 $4,057,541 $617,761 9 Pago parcial No. 7 $43,956,692 $17,582,677 $2,197,835 $2,813,228 $428,314 10 Pago parcial No. 8 $43,907,450 $17,562,980 $2,195,373 $2,810,077 $427,834 11 Pago parcial No. 10 $48,461,088 $19,384,435 $2,423,054 $3,101,510 $472,205 12 Pago parcial No. 11 $17,396,288 $6,958,515 $869,814 $1,113,362 $169,509 13 Pago parcial No. 12 $150,042,984 $60,017,194 $7,502,149 $9,602,751 $1,462,019 14 Pago parcial No. 13 $48,538,750 $19,415,500 $2,426,938 $3,106,480 $472,962 15 Pago parcial No. 14 $232,986,000 $93,194,400 $11,649,300 $14,911,104 $2,270,216 16 Pago parcial No. 15 $203,163,792 $81,265,517 $10,158,190 $13,002,483 $1,979,628 17 Pago parcial No. 17 $68,264,898 $27,305,959 $3,413,245 $4,368,953 $665,173 18 Pago parcial No. 18 $14,911,104 $5,964,442 $745,555 $954,311 $145,294 19 Pago parcial No. 19 $716,664,932 $286,665,973 $35,833,247 $45,866,556 $6,983,183 20 Pago parcial No. 20 $91,102,746 $36,441,098 $4,555,137 $5,830,576 $887,705 SUBTOTAL $104,142,081 $133,301,864 $20,295,209 TOTAL $257,739,155
Total a pagar por el contratista por concepto de Aportes a la Seguridad Social: $257,739,155 Total pagado, según soportes presentados por la Administración por concepto de aportes a la seguridad social, Contrato MP 281 de 2009:
TABLA No. 2 RELACIÓN DEL PAGOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL VIGENCIA SALUD PENSIÓN ARP TOTAL VIGENCIA 2010 $1.500.00 $1.920.000 $292.800 $3.712.800 2011 $1.875.000 $2.400.000 $365.400 $4.640.400 2012 $562.500 $720.000 $109.500 $1.392.000 GRAN TOTAL PAGADO CONTRATISTA $9.745.200 DIFERENCIA Y/O FALTANTE $247.993.955
Vigencia 2012 pagado hasta mes de marzo.
HALLAZGO Nº 8: Administrativo con alcances Disciplinario y Fiscal Verificada la información del contrato, sus anexos y soportes de ejecución no se evidencian los pagos de seguridad social, incumpliendo lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, así como lo señalado en el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011 Se calcula un presunto detrimento de $247.993.955
Análisis de los pagos realizados por concepto del contrato MP 281 de 2009 El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, estableció que “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales” (se resalta). HALLAZGO Nº 9: Administrativo con alcances Disciplinario y Penal El contrato MP 281 de 2009 tuvo un aumento del 358% de su valor inicial, incumpliendo lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual determina: que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial. El valor inicial estimado del contrato MP 281 de 2009 fue de $193.791.000, por año, con una vigencia y plazo de ejecución de tres (3) años, lo cual quiere decir que el contrato tiene un valor total de $581.373.000. Se evidenció que, hasta el 05 de marzo de 2012, los pagos ascienden a la suma de $2.082.841.629, que representan un aumento del 358% de su valor inicial, infringiendo lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual determina: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. Para realizar verificación y seguimiento de los pagos por concepto del contrato MP 281 del 2009 hasta la fecha, se analizó la información obtenida de la Tesorería General y de la Secretaria Jurídica de la Administración Municipal, la cual se encuentra relacionada en la siguiente tabla:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tabla No. 3 RELACION DE PAGOS CONTRATO MP 281 DE 2009 CONCEPTO ORDEN DE PAGO FECHA Anticipo del 20% 2743 01/07/2009 Pago parcial No. 1 5493 10/12/2009 Pago parcial No. 2 306 05/02/2010 Pago parcial No. 3 1391 05/04/2010 Pago parcial No. 4 1919 03/05/2010 Adición No. 2 3681 26/07/2010 Pago parcial No. 5 6142 23/11/2010 Pago parcial No. 6 926 18/03/2011 Pago parcial No. 7 1522 15/04/2011 Pago parcial No. 8 2845 22/06/2011 Pago parcial No. 10 3978 08/08/2011 Pago parcial No. 11 4040 10/08/2011 Pago parcial No. 12 4538 02/09/2011 VALOR $38.758.200 $38.758.199 $38.758.199 $38.758.200 $27.719.360 $58.722.672 $98.571.000 $63.399.075 $43.956.692 $43.907.450 $48.461.088 $17.396.288 $150.042.984
No. 14 15 16 17 18 19 20
Tabla No. 3 RELACION DE PAGOS CONTRATO MP 281 DE 2009 CONCEPTO ORDEN DE PAGO FECHA VALOR Pago parcial No. 13 4746 14/09/2011 $48.538.750 Pago parcial No. 14 5352 03/10/2011 $232.986.000 Pago parcial No. 15 6293 11/11/2011 $203.163.792 Pago parcial No. 17 6944 05/12/2011 $68.264.898 Pago parcial No. 18 7546 20/12/2011 $14.911.104 Pago parcial No. 19 7844 28/12/2011 $716.664.932 Pago parcial No. 20 726 05/03/2012 $91.102.746 TOTAL $2.082.841.629
En la anterior tabla se evidencia que por concepto del Contrato MP 281 de 2009, se han realizado veinte (20) pagos, los cuales ascienden a la suma de dos mil ochenta y dos millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos veintinueve pesos M/cte ($2.082.841.629) La verificación de los soportes de cada uno de los pagos, se realizó con la información suministrada por la Secretaria Jurídica de la Administración Municipal, mediante actas de visita fiscal, de fecha 06 de marzo y 13 de abril de 2012, firmada por los auditores comisionados y el Secretario Jurídico, Dr. Franklin Moreno Millán y según lo estipulado en el parágrafo segundo de la CLAUSULA TERCERA del Contrato MP 281 de 2009: “Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA, deben estar acompañados de previa certificación de recibo a satisfacción del servicio por parte del Supervisor del contrato acompañado del informe respectivo y el trámite de pago correspondiente”. El supervisor del contrato MP 281 del 2009, según su cláusula novena es el Secretario Jurídico del Municipio. A 31 de diciembre del 2011, era el Doctor Fernando Mauricio Rojas Figueroa, y en la actualidad está a cargo del Doctor Franklin Moreno Millán. Respecto de lo anterior, la oficina jurídica entregó los siguientes documentos: 1). Acta de Inicio de fecha 16 de junio de 2009, firmada entre el contratista: Gustavo Adolfo Prado Cardona y el interventor: Fernando Mauricio Rojas. 2). Acta de entrega de Anticipo, con fecha 16 de junio del 2009, por un valor de $38.758.200 3). Informe Parcial de fecha 20 de noviembre de 2009, presentado por el contratista al interventor, contentivo de 14 páginas, el cual manifiesta que corresponde a las actividades correspondientes al trimestre junio 16 – septiembre 16 de 2009, este contiene:  Se menciona que se da cumplimiento en un 100% a la actividad específica No. 1, consistente en la elaboración del inventario de las conciliaciones prejudiciales adelantadas en contra del Municipio, se anexa dicho inventario.  Se menciona que se da cumplimiento actividad especifica No. 2, relacionada con la identificación de las demandas impetradas en contra del Municipio, se anexa dicha relación.  Se menciona que se da cumplimiento actividad específica No. 3, apoyo a la Oficina Jurídica del Municipio, en la contestación de los requerimientos previos a la admisión, se mencionan los procesos. 31
Se menciona que se dio cumplimiento a la actividad especifica No. 8, manifiesta que se dio contestación a la demanda de nulidad simple, Radicación No. 2008-1030, interpuesta ante el tribunal contencioso administrativo del valle del cauca, por el Doctor Carlos Fernando Motoa Solarte, acto demandado: “Acta de terminación anticipada del acuerdo de reestructuración de pasivos, - Acuerdo No. 006 de 24 de abril de 2008, expedido por el Concejo Municipal de Palmira y Decretos No. 1086, 1087 y 1088 del 24 de octubre del 2008, expedidos por el Alcalde Municipal de Palmira”.
4). Informe parcial de fecha 26 de abril de 2010, contentivo de 37 páginas, el cual manifiesta que se dio contestación a 29 tutelas presentadas por las personas desvinculadas en aplicación de la Reforma Administrativa. Se anexa relación de las tutelas tramitadas y documentos soporte. 5). Acta de pago parcial No. 1, con número de radicación 2607, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $38.758.199. El acta no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 6). Acta de pago parcial No. 2, con numero de radicación 164, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $38.758.199, pero no específica el número y tipo de actividades ejecutados como soporte de la certificación y pago realizado. 7). Acta de pago parcial No. 3, con numero de radicación 747, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $38.758.199 y no específica el número y tipo de actividades se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 8). Acta de pago parcial No. 4, con numero de radicación 1039, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $27.719.360 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 9). Acta de pago parcial No. 5, con numero de radicación 2992, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $98.571.000 y no específica el número y tipo de actividades se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 10) Acta de pago parcial No. 6, con numero de radicación 309, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El
valor del acta es de $63.399.075 y no específica el número y tipo de actividades se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 11) Informe parcial de fecha 03 de Marzo de 2011, contentivo de dos páginas, el cual manifiesta que en ocasión de que el contrato fue ampliado mediante OTRO SI, durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre del año 2010 y el 16 de febrero del año 2011 se realizaron una serie de actividades relacionadas en un cuadro anexo. El informe se presenta como soporte de pago parcial No. 6. 12) Acta de pago parcial No. 7, con numero de radicación 619, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $43.956.692 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 13). Acta de pago parcial No. 8, con numero de radicación 1267, de fecha 22 de junio de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $43.907.450 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 14). Acta de pago parcial No.10, con numero de radicación 1880, de fecha 08 de agosto de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $48.461.088 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 15) Acta de pago parcial No. 11, con numero de radicación 1923, de fecha 10 de agosto de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $17.396.288 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 16) Se presenta informe del periodo de: noviembre 13 de 2010 a febrero 16 de 2011, Informe de actividades demandas ocasionadas en la reforma administrativa, relación de 283 demandas con sus respectivas actuaciones. 17). Acta de pago parcial No. 12, con numero de radicación 2202, de fecha 02 de septiembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $150.042.984 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 33
18) Acta de pago parcial No. 13, con numero de radicación 2321, de fecha 14 de septiembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $48.538.750 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 19). Acta de pago parcial No. 14, con numero de radicación 2506, de fecha 03 de octubre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $232.986.000 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 20). Informe del contratista sin fecha, donde manifiesta que en cumplimiento del OTRO SI, entrega estudio técnico jurídico de la compartibilidad de las pensiones de jubilación otorgadas por el Municipio de Palmira y las antiguas empresas municipales de Palmira. El resultado de dicho estudio, según el contratista, está contenido en tres AZ, con un total de 1278 folios, para 250 personas. 21) Acta de pago parcial No. 15, con numero de radicación 3047, de fecha 11 de noviembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $203.163.792 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 22) Informe del contratista del 04 de noviembre del 2011, donde manifiesta que en cumplimiento del OTRO SI, entrega estudio técnico jurídico de la compartibilidad de las pensiones de jubilación otorgadas por el Municipio de Palmira y las antiguas empresas municipales de Palmira. El resultado de dicho estudio, según el contratista, está contenido en cuatro AZ, con un total de 1842 folios, para 218 personas. 23). Acta de pago parcial No. 17, con numero de radicación 3361, de fecha 05 de diciembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $68.264.898 y no específica el número y tipo de actividades se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 24) Acta de pago parcial No. 18, con numero de radicación 3786, de fecha 20 de diciembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $14.911.104 y no específica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 34
25). Informe del contratista de fecha de 07 de diciembre de 2011, denominado último informe estudio técnico jurídico – compartibilidad pensional, en cumplimiento del objeto del OTRO SI No. 2, entrega: estudio técnico jurídico de la compartibilidad de las pensiones de jubilación otorgadas por el Municipio de Palmira y las antiguas empresas municipales de Palmira. El resultado de dicho estudio, según el contratista, esta contenido en tres AZ, con un total de 847 folios, para 201 jubilados. 26) Informe del contratista de fecha de 19 de diciembre de 2011, denominado primer informe demandas de lesividad, en cumplimiento del objeto del OTRO SI No. 2. El informe manifiesta y presenta relación de 279 demandas presentadas, 13 demandas admitidas y cuatro con gastos ya cancelados. 27). Acta de pago parcial No. 19, con numero de radicación 3903, de fecha 28 de diciembre de 2011, donde el interventor certifica que el contratista ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales. El valor del acta es de $716.664.932 y no especifica el número y tipo de actividades que se ejecutaron como soporte de la certificación y pago realizado. 28). Informe del contratista de fecha de 20 de diciembre de 2011, denominado segundo informe demandas de lesividad, en cumplimiento del objeto del OTRO SI No. 2. El informe manifiesta y presenta relación de 297 demandas presentadas, 13 demandas admitidas y nueve con gastos ya cancelados.
HALLAZGO Nº 10: Administrativo con alcances Disciplinario y Fiscal Se calculó un presunto detrimento de $1,245,409,629, teniendo en cuenta que, revisados los soportes de ejecución del Contrato MP 281 de 2009 se evidenció la ejecución de $837,432,000 y por concepto de pagos de este contrato se cancelaron, hasta el 05 de marzo de 2012, un total de $2,082,841,629. Lo anterior vulnera presuntamente el articulo 53 de la ley 80 de 1993 y los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 del 2011. Solicitados todos los soportes de ejecución a la Secretaria Jurídica del Contrato MP 281 de 2009 de acuerdo a las actividades contractuales, sus modificaciones, otrosi y/o adiciones y suministrados estos mediante Nota interna de la Secretaria Jurídica No. 1146-135-2012 del 26 de abril de 2012, en cumplimiento de petición realizada por medio de Acta de Visita Fiscal del 13 de abril de los corrientes, se verificó y se evidenció la ejecución de $837,432,000 (Calculo y valor de las actividades realizadas y verificadas en pesos). Teniendo en cuenta que lo cancelado al Contratista Señor Doctor Prado Cardona, asciende a la suma de $2,082,841,629, hasta el 05 de marzo de 2012, se establece que la Administración Municipal ha cancelado presuntamente un mayor valor, el cual se calcula en la suma de $1,245,409,629.
HALLAZGO Nº 11: Administrativo con alcances Disciplinario y Penal El Órgano de Control recibe por parte de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio de Palmira listado y soportes de los Desistimientos de las demandas impetradas por la Administración Municipal relacionadas con presuntas ilegalidades en la pensiones otorgadas a los diferentes ex empleados del Municipio, las cuales fueron confrontados con el informe presentado por el Doctor Gustavo Adolfo Prado Cardona, como soporte de ejecución del Contrato MP 281 de 2009, encontrando que de los 149 desistimientos presentados por la Asociación de Jubilados, 109 aparecían en el Informe del contrato en mención. Lo anterior vulnera presuntamente lo preceptuado en los numerales 6, 8 y 13 del artículo 28, el literal g del artículo 34, el numeral 1 del artículo 35, los numerales 1 y 2 del artículo 38 de la Ley 1123 de 2007 y el artículo 410 del Código Penal (Ley 599 de 2000). Mediante oficio de referencia: 04-005 del 13 de abril de 2012, la Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio de Palmira ASOJUPMPAL, entrega a la Contraloria Municipal de Palmira listado y copias de los desistimientos de las demandas impetradas por el ex Alcalde Municipal Señor Doctor, Raúl Alfredo Arboleda Márquez, al igual que el Acta de Proceso de Facilitación donde se hicieron presentes las Asociaciones de Jubilados y pensionados Asojupmpal, Ajupdespuva, Ajupedevyc, SINTRAMUNICIPIO DE PALMIRA – CUT, Administración Municipal de Palmira, Valle, representada legalmente por el Alcalde, el Secretario Jurídico de la época y con el acompañamiento y asesoramiento a lo largo del proceso por el Señor Doctor Gustavo Prado Cardona y finalmente el facilitador Señor Doctor Cesar David Gordillo Vidales, dicha acta tiene fecha del 28 de septiembre de 2010, e informa entre otros aspectos en su parte de Acuerdos: numeral cuarto, retiro de las demandas, “La Administración Municipal retirará las demandas presentadas ante los Juzgados Administrativos de Cali o desistirá de las mismas en el caso en que sea procedente. Para efectos del retiro de las demandas, las partes acuerdan un plazo de treinta días calendario”. Es necesario indicar que el acta en mención es firmada entre otras personas por los Doctores Raúl Alfredo Arboleda Márquez (ex Alcalde del Municipio), Fernando Rojas Figueroa (ex Secretario Jurídico de la administración Municipal) y Gustavo Adolfo Prado Cardona (Asesor Jurídico externo Alcaldía Municipal). Revisados los desistimientos presentados por ASOJUMPAL (149 desistimientos) y comparado con el informe del Contratista (relación de 496 demandas y sus actuaciones) Doctor Gustavo Adolfo Prado Cardona, soporte de ejecución del contrato MP 281 de 2009, se evidencia lo siguiente: 1. 89 personas que, pese a sus desistimientos, fueron nuevamente demandadas por el Señor Doctor Prado Cardona. El valor calculado sobre el cobro de la 89 demandas asciende a la suma de $301.311.600, correspondiente a siete (7) demandas que le fueron admitidas al Señor Doctor Prado Cardona en la vigencia 2011 (seis SMMLV por cada demanda = $22.495.200) y 82 demandas de la vigencia 2012 (seis SMMLV por cada demanda = $278.816.400)
2. 20 personas que, pese al desistimiento, aparecen en el Informe del doctor Prado Cardona, sin que se hayan evidenciado los soportes de las demandas. El valor calculado por la Contraloría por estas demandas es de $68.004.000. 3. 34 personas que, pese al desistimiento, no aparecen en el listado del doctor Prado Cardona. Es decir, que no fueron demandadas nuevamente. Lo anterior vulnera presuntamente lo establecido en los numerales 6, 8 y 13 del artículo 28, el literal g del artículo 34, el numeral 1 del artículo 35 y los numerales 1 y 2 del artículo 38 de la Ley 1123 de 2007.
3. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS
HALLAZGO No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INCIDENCIA Ad F X X X X X X X X X X X X X TOTAL D X X X X X X X X X X P CUANTIA$
X $247.993.955 X $1.245.409.629 X $1.493.403.584
Ad: Administrativo, F: Fiscal, D: Disciplinario, P: Penal
JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO Jefe Oficina Auditorias Técnicas
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