Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1799
Timestamp: 2018-02-22 14:29:13
Document Index: 292863164

Matched Legal Cases: ['artículo 81', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 123', 'artículo 116', 'artículo 137', 'artículo 12', 'artículo 71', 'Artículo 11', 'Artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 20']

CELEBRADA EL MARTES 9 DE MAYO DE 2017
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada los días 28 y 29 de marzo de 2017
Oficio con el que remite copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Oficio con el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2015
Oficio del congreso del estado de Jalisco, con los que remite diversos proyectos de decreto
Una, del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con la que informa su instalación del día de hoy
Una, de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de la sesión ordinaria 2017 del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia.
Una, de la Senadora Martha Palafox Gutiérrez por la que informa que se retira del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para continuar con sus actividades legislativas sin afiliación a ningún partido
De la Diputada Martha Hilda González Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
De la Diputada Norma Rocío Nahle García, del Partido MORENA, para presentar iniciativa que adiciona la fracción XVI al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo
De la Diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud
Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 Constitucional, en materia de desplazamiento forzado interno
ACUERDO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CON MOTIVO DEL ROBO DE COMBUSTIBLE
Diputada Karina Sánchez Ruíz
Diputado Javier Neblina Vega
COMUNICACIÓN DE LEGISLADORA
Una, de la Diputada Maricela Contreras Julián, Presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, con la que informa su instalación del día de hoy
ORDEN DE DÍA DE LA PROXIMA SESIÓN
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: (12:13 horas) Solicito a la Secretaría realice la verificación del quórum.
El Secretario Senador David Monreal Ávila: Señoras legisladoras y legisladores, conforme al registro en el sistema electrónico, se ha acreditado la asistencia de 22 legisladores.
Tenemos 33 legisladores y legisladoras presentes.
Se abre la sesión de la Comisión Permanente del martes 9 de mayo de 2017, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
El orden del día está disponible para su consulta, en el monitor instalado en sus escaños, con ello se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el informe de la participación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, en la XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada los días 28 y 29 de marzo del año en curso.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Banco de México, con el que remite copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió un oficio del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con el que hace llegar copia del dictamen a los estados financieros y del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gastos de Operación, correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Remítase dicha documentación a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de los Senadores y de la Cámara de los Diputados.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibieron del Congreso del estado de Jalisco, los siguientes proyectos de decreto:
Uno, por el que se reforma el artículo 123 constitucional en materia de pago de salarios por despido injustificado.
Otro, por el que se reforma el artículo 116 constitucional en materia de requisitos para magistrados del Poder Judicial de las entidades federativas.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnense ambos asuntos a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: También del Congreso del estado de Jalisco se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de aplicación supletoria de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, el Congreso del estado de Jalisco remite un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, en materia de normas para la calidad de los bioenergéticos.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de los Diputados.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que este día se realizó su reunión de instalación.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Se recibió también una comunicación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el informe de su participación en la segunda parte de la sesión ordinaria 2017 del Consejo de Europa, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2017, en Estrasburgo, Francia.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: La Asamblea se ha dado por enterada.
La Secretaria Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Asimismo, se recibió una comunicación suscrita por la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, por la que informa su decisión de separarse del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y que continuará sus actividades legislativas como Senadora sin grupo parlamentaria.
En el apartado de iniciativas se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Hilda González Calderón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de conservación de expedientes.
La Diputada Martha Hilda González Calderón: La suscrita, Martha Hilda González Calderón, Diputada Federal en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de lo siguiente:
El Constituyente Permanente determinó, para el fortalecimiento de la función jurisdiccional, encargar a la Federación la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el 31 de diciembre de 1994, se le reservaron las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reforma que a su vez consolidó a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional al ampliar sus facultades para dictar resoluciones con efectos generales sobre la constitucionalidad de leyes, dirimir controversias entre los diversos niveles de gobierno y al fortalecer su carácter como principal garante del federalismo, relevándola de las tareas concernientes al desempeño de los tribunales de circuito y juzgados de distrito.
En ese orden, si bien la administración de los órganos jurisdiccionales en comento se convirtió en responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal, el legislador ordinario reservó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resguardo del Archivo Central e Histórico y el correspondiente a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, este último, en tanto, se consolidaba el funcionamiento integral del Consejo de la Judicatura Federal.
Durante este período, el Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte, ha realizado diversos trabajos de rescate, organización, inventario, catalogación y conservación de los acervos archivísticos encomendados por el legislador secundario, especialmente los expedientes históricos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, es decir, aquellos con más de 50 años de haber sido ordenado su archivo, y que en su mayoría se encuentran depositados en las casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En ese sentido, bajo el Programa Nacional de Archivos, antecedentes de las casas de la Cultura Jurídica, se logró el rescate, inventario y catalogación preliminar de cerca de 5 kilómetros lineales que equivalen aproximadamente a 710 mil expedientes históricos que habían sido depositados en diversos archivos estatales, municipales o de otras instituciones en cumplimiento de un acuerdo del pleno del alto tribunal, de fecha 22 de agosto de 1978, como una solución de urgencia frente a la problemática que implicaba el resguardo de la documentación en las instalaciones de los juzgados de distrito.
De igual manera, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normatividad de transparencia, se ha difundido la consulta-investigación-histórico jurídica de los expedientes históricos depositados en las casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el máximo aprovechamiento institucional y social, a partir de los cuales se han desarrollado una gran cantidad de trabajos editoriales en los que se da cuenta de la administración de la justicia federal en diversos períodos de nuestra historia del país a partir de proyectos ordenados por el pleno del alto tribunal, series de televisión del Canal Judicial y una gran cantidad de publicaciones como tesis de grado, artículos y monografías relacionados con estos expedientes emblemáticos que enriquecen el conocimiento de la evolución de las instituciones jurídicas en la entidad y que están asociados a la personalidad de la Casa de la Cultura en esa localidad.
Por lo que resulta conveniente que dicho acervo archivístico histórico continúe bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Centro de Documentación y Análisis y las casas de la Cultura Jurídica para dar continuidad a su difusión y máximo aprovechamiento social.
En el contexto destacado, a más de 20 años de funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, se ha desarrollado la infraestructura técnica, normativa, humana y material para la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito destacados en esta iniciativa, lo que permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esa amplia tarea administrativa en beneficio de la función, que como tribunal constitucional encomendó el propio poder revisor.
Lo anterior permitirá agilizar la sistematización de los archivos, las acciones de consulta que sirven como apoyo y antecedente de la importante tarea jurisdiccional que se ha realizado, al igual que propiciará la atención oportuna de las solicitudes de información vía transparencia que le fueron presentadas a estos órganos favoreciendo la tutela judicial efectiva y potenciando el derecho humano a la información.
En este orden de ideas, la presente iniciativa propone reformar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, necesarias e idóneas para que el Consejo de la Judicatura Federal asuma la responsabilidad administrativa señalada.
En la iniciativa se determina transferir al Consejo de la Judicatura Federal la atribución que hoy se encuentra asignada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, de reglamentar los criterios para organizar, administrar y resguardar el archivo judicial correspondiente a los juzgados de distrito y tribunales de circuito con excepción del Archivo Histórico de estos, así como el Archivo Central e Histórico que responde al máximo tribunal.
La instrumentación de esta iniciativa deberá garantizar el adecuado traspaso de los archivos de concentración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, al establecer en su legislación transitoria los principios que habrán de atender para regular la entrega, la temporalidad dentro de la cual deberá llevarse a cabo el traspaso de los archivos, garantizar que éste se realice atendiendo a la normativa aplicable, y que no implique un incremento en los presupuestos aprobados para el Ejercicio Fiscal 2017.
La propuesta de reforma establece que aquellos recursos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone al servicio de la organización, administración o resguardo de los archivos de concentración de los juzgados y tribunales de circuito, se transfieran al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de evitar que el traspaso signifique un ejercicio de recursos adicional a los que ejerce el órgano de administración judicial.
Para estar en aptitud de materializar acorde a los principios de oportunidad, racionalidad y eficacia la presente iniciativa, se determina que las casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte se coordinen con las administraciones regionales del Consejo de la Judicatura Federal en la asunción de las nuevas responsabilidades en apoyo a la organización, administración y resguardo de los archivos de concentración de los órganos jurisdiccionales adscritos a su ámbito competencial.
Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley General del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:
Artículo 11, fracción XIX. Reglamentar el funcionamiento de los órganos que realicen las labores de compilación, sistematización y publicación de las ejecutorias, tesis y jurisprudencias, así como de las sentencias en contrario que las interrumpan o las resoluciones que las sustituyan, la estadística informática de la Suprema Corte de Justicia y el Centro de Documentación y Análisis que comprenderá la Biblioteca Central los Archivos Históricos de la Suprema Corte de Justicia, juzgados de distrito y tribunales de circuitos, así como el Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia, la compilación de leyes y el archivo de actas, y cuando lo estime conveniente podrá convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de las publicaciones que de dicha compilación se realice.
Artículo 81, fracción XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos y de servicios al público, así como para la organización, administración y resguardo de los archivos de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, a excepción de los que de conformidad con esta ley corresponden a la Suprema Corte de Justicia emitir la regulación suficiente para la presentación de escritos y la integración de expedientes en forma electrónica mediante el empleo de tecnologías de la información que utilicen la firma electrónica de conformidad con lo estipulado en la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fracción XXXIV.- Administrar los bienes, muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los documentos integrados al Archivo Judicial de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de todos los circuitos judiciales del país, garantizando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia.
Segundo.- El Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá adecuar su normativa interna a efecto de establecer la regulación y los criterios para la organización y administración y resguardo del Archivo Judicial de los Órganos Judiciales Federales a cuya transferencia se refiere este decreto.
Tercero.- La transmisión de los archivos de los órganos judiciales federales, bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere el presente decreto, se efectuará una vez realizada las adecuaciones normativas previstas en el transitorio segundo.
Cuarto.- La transferencia de los archivos de los tribunales federales, bajo resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Consejo de la Judicatura Federal, deberá realizarse con pleno acatamiento a lo establecido en la ley de la materia en los ordenamientos normativos de carácter administrativos emitidos al respecto por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Quinto.- Los recursos humanos, materiales y financieros que la Suprema Corte de Justicia de la Nación destine al uso de la administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales, referidos en el presente instrumento, se transferirán al Consejo de la Judicatura Federal dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.
Sexto.- Las casas de la cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoyarán a las áreas regionales del Consejo de la Judicatura Federal para que estas últimas asuman las atribuciones y realicen las acciones que correspondan para la organización, administración y resguardo de los archivos de los órganos jurisdiccionales federales radicados en la circunscripción territorial de su competencia.
Séptimo.- A la entrada en vigor del presente instrumento se suspenderán las transferencias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los expedientes de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, aun cuando ya se encuentren programadas.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Diputada González, si va concluyendo, estamos un poco excedidos en tiempo.
Gracias, qué amable, Diputada.
La Diputada Martha Hilda González Calderón: Octavo.- El centro de documentación y análisis conservará bajo su resguardo los expedientes históricos de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito depositados en las casas de cultura jurídica conforme a lo establecido en las normas administrativas generales que para tal efecto expide el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Dado en el Salón de Sesiones de esta Comisión Permanente, a los ocho días del mes de mayo del 2017.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Diputada Hilda González Calderón.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 81 constitucional, en materia de segunda vuelta electoral.
Primero, compartirles que esta iniciativa ya la había presentado hace algunos años, la estamos reviviendo, tratando de sacarla de la congeladora, y yo espero que de cara al proceso electoral 2018 podamos estar discutiendo un tema de enorme relevancia.
Es prioritario que el Congreso lo discuta pronto, necesitamos, requerimos una Presidencia de la República con amplio respaldo que no solamente la gane quien obtenga mayor número de votos, sino también quien cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos.
Y esto es que empecemos a discutir, compañeras y compañeros, la posibilidad de la segunda vuelta electoral.
Yo sé que hay varias iniciativas que han sido presentadas en congresos locales en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, pero recientemente con algunos triunfos que se han dado en la región y el último, la victoria en la segunda vuelta electoral en Francia del Presidente elector Emmanuel Macron, nos abre también la posibilidad de empezar a debatir este tema.
Sabemos que la aprobación del Presidente Peña Nieto se encuentra en los niveles más bajos desde que se ha medido esta variable, ha habido algunos diarios de circulación nacional que nos dicen que solamente el 21 % de los mexicanos creen que Peña Nieto ha hecho un buen trabajo, lo cual es reflejo de que las cosas no van nada bien.
Particularmente sorprende la baja aprobación de este gobierno, pues ha contado con condiciones únicas e incluso históricas, la posibilidad de que este Congreso les diéramos las reformas estructurales y que hayan sido completamente desaprovechadas.
Y prueba de ello son algunos de los resultados que podemos ver en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud, en materia de infraestructura y empleo, sólo por poner algunos ejemplos.
Acercándonos ya a las elecciones presidenciales de 2018, identificamos que derivado de nuestro sistema político electoral contamos hoy desafortunadamente con un Presidente de la República que es electo por una muy pequeña minoría de ciudadanos, pues desde su origen en las urnas no es electo por una mayoría.
En 2012 Peña Nieto resultó electo con el 38.21 %, lo cual significa que solamente 19 millones de mexicanos eligieron al Presidente que gobierna a 112 millones de mexicanos, esta tendencia en los últimos años ha sido sostenida, en el 88, en medio de una elección turbia, el Presidente fue electo con el 50 % de los votos, desde entonces el porcentaje ha ido disminuyendo, cada vez las elecciones son más competidas, está el caso del año 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.56 %, y en 2012 fue de 6.62 %.
A nivel mundial vivimos una época en la que los populismos extremistas suponen una amenaza al orden constitucional y a los valores universales de solidaridad y multilateralismo, centrándose en el nacionalismo y proteccionismo en un mundo que cada vez enfrenta problemas más complejos, cuya arma para hacerle frente es una mayor articulación en la cooperación global.
En 2016, concretamente en noviembre, vivimos una jornada histórica electoralmente hablando en Estados Unidos, en la que resultó electo un Presidente que ha roto todas las formas, atacado a todos sus socios y aliados que ha desestabilizado las divisas a nivel mundial, pero que en la práctica ha sido incapaz también de generar consenso, incluso dentro del propio partido que lo postuló.
En Francia, insisto, el domingo pasado se enfrentaron en las urnas dos proyectos antagónicos, por un lado, la extrema derecha que pugnaba por la desarticulación de la Unión Europea y con un discurso en contra de los migrantes, mientras que por otro lado un proyecto que le apuesta a reformar las instituciones europeas sin romper la cooperación y que reconoce a las minorías como parte de la sociedad francesa.
Como todos sabemos, Emmanuel Macron ganó la elección con una amplia ventaja, pero cuál es la diferencia entre ambas elecciones, que tienen muchas similitudes. Los mecanismos electorales.
Mientras que Estados Unidos cuenta con un sistema basado en un colegio electoral que permite que el candidato que tenga menos votos sea envestido Presidente.
Francia cuenta con la segunda vuelta que lleva a los dos candidatos ganadores de la primera vuelta que no cumplieron con una determinada ventaja a enfrentarse nuevamente para que sean electos por una verdadera mayoría.
En este sentido estamos presentando, insisto, ojalá que la mayoría pueda sumarse, una reforma constitucional al artículo 81, para implementar la segunda vuelta en la elección presidencial.
Tiene como objetivo fortalecer al Presidente electo, al recibir el apoyo de la mayor parte del electorado, evitando que la sociedad se polarice o que se detone una crisis poselectoral de legitimidad democrática, como ha ocurrido en los últimos procesos federales.
Este mecanismo permite que los ciudadanos puedan darse la oportunidad de evaluar las propuestas de los candidatos más votados e inclinarse por uno de ellos, mientras que las fuerzas políticas, pues se ven también en la necesidad de generar alianzas, de generar consensos.
La segunda vuelta no es un tema nada más de países en Europa, en la región. en América Latina, varios presidentes han sido votados por la mayoría de sus ciudadanos y, bueno, tenemos el caso de presidentes como Mauricio Macri, de Argentina; Juan Manuel Santos, de Colombia; Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; Lenin Moreno, en Ecuador; Michelle Bachelet, en Chile; y Tabaré Vázquez, del Uruguay, fueron electos mediante la segunda vuelta electoral.
Yo lo que les quiero decir, y para concluir, es que no tengamos miedo, compañeros a aprobar en este Congreso la segunda vuelta electoral.
Nos va a permitir tener autoridades mucho más legitimadas por la mayoría de la población y también el darle la oportunidad a la gente de que escuche las propuestas de los dos más votados o más votadas y que podemos tener un Presidente de la República con más del 50 % de los votos y que permita realizar las alianzas necesarias.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.
Senadora Gómez del Campo, para suscribir su iniciativa. La Senadora Laura Rojas, que sí, por supuesto. Y Servicios Parlamentarios, si alguien más desea, por favor, la Diputada y los Senadores pueden suscribirla.
Enseguida tiene el uso de la palabra la Diputada Maricela Contreras Julián, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º constitucional, en materia de interrupción del embarazo.
La presente iniciativa es un asunto de salud pública, es un asunto de libertades, es un asunto de derechos, es un asunto de la vida, de la vida de las mujeres de nuestro país.
Los derechos no se consultan, no se niegan y, sobre todo, no se asumen compromisos mediante acuerdos firmados para no respetarlos. Pensarlo, proponerlo y hacerlo, ni más ni menos es una clara muestra de ignorancia y de menosprecio a las personas, así con todas sus letras.
Resulta lamentable que nuestro país con tal de ganar votos y adeptos, candidatos de los partidos políticos se comprometan a no respetar los derechos y a negar una realidad que cobra vida de miles de mujeres.
La semana pasada, el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo y la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota firmaron acuerdos o se pronunciaron contra la interrupción del embarazo, ni más ni menos, se comprometieron a negar el derecho de las mujeres para que decidamos sobre nuestro cuerpo y asumieron su postura de atentar contra la autodeterminación que tenemos las mujeres como ciudadanas de este país.
Además de lamentable, resulta penoso y alarmante que base en sus pretensiones de querer gobernar una entidad poniendo sus convicciones personales e ideológicas por encima de los derechos y la vida de las mujeres.
Es algo ruin, que sólo se entiende para quedar bien con ciertos sectores sociales que piensan, les darán votos.
Es paradójico que en el Estado de México, la entidad con el mayor número de feminicidios en el país, donde las mujeres son violadas, donde se les tortura y se les desaparece, donde se les tira los canales, los que quieren ser gobernadores se muestran en contra de nuestros derechos.
El derecho sobre nuestro cuerpo es una decisión que única y exclusivamente nos compete a nosotras, ni el Estado, ni la Iglesia, ni los partidos políticos, ni los gobernantes en turno tienen derecho a tomar decisiones que afectan nuestro proyecto de vida, y que por hacerlo en condiciones inadecuadas, por hacerlo en condiciones insalubres, por hacerlo en condiciones clandestinas cobra la vida de las mujeres, donde tenemos sus registros, porque cuando llegan a los hospitales se les pone cualquier otro diagnóstico y no el origen de lo que significa haber abortado y por eso quedar mutiladas o quedar muertas.
Y, sobre todo, por los problemas que esto genera, las mujeres que abortan en su mayoría son mujeres católicas, el 88 %. Es decir, su religión, sus creencias religiosas no les impide tomar esta decisión, que es la decisión más difícil de sus vidas y que derivado de esto, con las muertes de las mujeres estamos teniendo problemas sociales, porque la mayoría de las mujeres que toman esta determinación ya tienen más de 2 o 3 o 4 hijos. Es decir, es su última opción.
Mucho menos se tiene derecho de imponer su ideología sobre nuestros cuerpos y criminalizarnos, querer hacerlo es mezquino, y es una muestra de esa incapacidad que se tiene para llevar las riendas de un gobierno, de una entidad tan importante como lo es el Estado de México.
También quiero hacer aquí un paréntesis, porque nuestro país, nosotras y nosotros, muchos de mi generación crecimos con la campaña de la familia pequeña vive mejor.
La planificación familiar en los 70’s fue un boom en nuestra ciudad. De ahí que las mujeres empezamos a tener y empezaron a tener familias pequeñas, 2 o 3 hijos, y todo esto fue un proceso en la incorporación y en la capacidad de las mujeres de incorporarnos a otras actividades sociales.
Pero eso en este país se ha abandonado, no hay políticas plenas migrantes de planificación familiar.
Ya no se reparten condones, ya no se ponen DIUs, ya no se regalan ni se dan de manera masiva cremas y pomadas que permitan que las mujeres no queden embarazadas.
Esto es algo muy importante, porque en 12 años del PAN y lo que llevamos del PRI, nuestras políticas de planificación familiar han quedado en el olvido.
Hago un llamado a que en este país regresemos a planificar las familias, que las mujeres tengan la opción para tomar los medicamentos que son necesarios para que puedan seguir adelante con sus vidas.
La decisión de interrumpir un embarazo puede ser por circunstancias múltiples, un aborto provocado por violencia física o psicológica o bien un embarazo forzado por violencia sexual o un embarazo inesperado, porque los métodos anticonceptivos también fallan.
Estamos hablando de un problema de salud que cobra la vida de miles de mujeres en México por la práctica de abortos clandestinos en condiciones de insalubridad, que no cuentan con las más mínimas condiciones para que ejerzamos nuestros derechos.
Miren ustedes lo absurdo.
En la Ciudad de México, hace diez años, se aprobó la interrupción del embarazo hasta las doce semanas. En estos diez años tenemos 177 mil abortos aproximadamente, de los cuales el 44 %, o sea, casi el 25 % son de mujeres del Estado de México.
¿Cómo negarles a las mujeres su derecho a conservar su salud y la vida?
Es un asunto de justicia social, además, porque son las mujeres pobres las que ponen en riesgo su vida; las mujeres con posibilidades económicas van con médicos porque en México la interrupción del embarazo es legal a nivel nacional para quien cuenta con dinero para ir a una clínica y hacérselo; las mujeres pobres son las que quedan enfermas.
Además del drama de enfrentar una interrupción del embarazo se pretende que sigan escribiéndose historias cotidianas en diversos sistemas de salud donde se obliga a niñas y jóvenes y a adultas a llevar un embarazo no deseado, incluidos los que son producto de violaciones.
El PRD, firme en su convicción de respeto y promoción de los derechos humanos, propone reformar la Constitución con la finalidad de garantizar el derecho de decidir de manera libre e informada el número y esparcimiento de los hijos, de esa manera se establece la obligación de las autoridades para prestar diversos servicios de salud, sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo decida.
Quiero decirles, además, que debemos hacer honor al Estado laico.
El Estado laico conquistó, que fue una conquista de los liberales mexicanos, que es lo que nos ha permitido consolidar esta nación poniendo por encima la cosa pública por delante de los intereses religiosos, de quienes están en los gobiernos, en el Legislativo y en el Ejecutivo.
El pensamiento conservador ha penetrado los partidos políticos, tenemos bancadas que responden a intereses religiosos de manera abierta y clara, y ahora algunos candidatos a gobernadores son sus portavoces.
Por eso es importante que a partir de la propuesta del Estado laico, que ha sido la base para muchos de los adelantos en nuestro país, retornemos pensando en lo que implica para las mujeres de nuestro país tener esta opción, no como la única, sino como la opción final, como una de las opciones más difíciles que las mujeres tomamos y que necesitamos que exista este marco jurídico, que además vaya reforzado por la ampliación de las políticas de los derechos sexuales y reproductivos de nuestro país.
El respeto de los derechos humanos es una cuestión de convicciones y no de ganar elecciones.
No decidan por nosotras, tampoco ustedes candidatos; tampoco el Congreso, por eso llamamos a no tener acciones que violentan nuestra vida.
La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la palabra el Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, a nombre del Diputado Jesús Sesma Suárez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en materia de compra consolidada de medicamentos.
El Diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Con su permiso, señora Presidenta.
Bendito Canal del Congreso, para que alguien nos escuche y no sea sólo a través de sus teléfonos celulares porque parece que venimos aquí, a pesar de que peleamos pertenecer a la Permanente, para que caigamos en oídos sordos.
Escuché con atención los discursos de mis compañeras la Diputada Martha Hilda, la Senadora Mariana y la Diputada Maricela Contreras, porque cada una de las iniciativas tiene una importancia trascendente.
La que hoy presento a nombre del Verde tiene que ver con la que la sociedad nos exige, que es transparencia, eficiencia y rendirle cuentas, es cumplir con nuestro trabajo.
Sabemos todos que en muchas de las compras de los gobiernos hay prácticas obscuras, comisiones, corrupción; en el sector salud se han dado mucho más que en otros lugares y es por eso que el gobierno federal, porque no todo es malo, lo ha hecho entre el 2012 y 2014 a través de compras consolidadas.
Estas compras consolidadas también se han hecho con los estados a través de acuerdos, pero esos acuerdos no siempre son respetados porque sólo 25 estados se han ceñido a firmarlos para hacer una compra que puede ser más eficiente, que permita tener mayores recursos y que haya menos corrupción.
¿Qué debemos hacer? ¿Y es lo que proponemos en el Verde?
Reformar la ley para que sea obligatorio para todos los estados, junto con el gobierno federal, compras consolidadas en el sector salud, eso va a permitir ahorros importantes, eliminar corrupción y, sobre todo, porque hay reclamos en muchos estados, más dinero para salud, para regularizar la nómina, para atender las carencias de hospitales y para muchas otras necesidades que tiene nuestro sistemas, debemos así reconocerlo.
¿Qué les pido, compañeros?
Que si no escuchan cuando menos la estudien y nos apoyen para llevarla adelante.
Antes del celular debe haber sido difícil ganar la atención; después del celular es bien difícil.
Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Norma Rocío Nahle García, a nombre de los Diputados Alfredo Basurto, Roberto Cañedo y Mario Juárez, del grupo parlamentario del Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de eliminación de carta de antecedentes penales.
Vengo a presentar a nombre de los Diputados Alfredo Basurto Román, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Cañedo Jiménez, del grupo parlamentario de Morena, una iniciativa para terminar con la práctica discriminatoria en que incurren los empleadores al establecer como requisito el que los solicitantes de empleo presenten cartas de antecedentes penales.
La discriminación es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la humanidad desde hace largo tiempo.
Si bien en otras épocas era algo común y hasta incluso tomado de forma natural, la mentalidad humana ha evolucionado lo suficiente como para comenzar a creer en la tolerancia.
En México existe una práctica discriminatoria sistemática para solicitar a los aspirantes a un trabajo una constancia de no antecedentes penales. En caso de que la persona que busque empleo tenga antecedentes penales o se niegue a tramitar y presentar dicha constancia es motivos suficiente para que se les niegue el empleo.
Esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos constituye una contradicción con el principio de no discriminación establecido en el artículo 1º de la Carta Magna, así como del principio de reinserción social que persigue el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la Presunción de Inocencia porque castiga hechos pasados y futuros, no conductas actuales, marginando de esta manera a las personas que han compurgado penas.
La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas.
Las personas que han vivido la condición de sentenciados, condenas a la pérdida de la libertad, o aquellos que simplemente fueron sentenciados culpables por algún delito, sin ser merecedores a penas privativas de libertad, cuentan por este hecho con datos registrales de identificación personal.
En estos casos, los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado, y quienes se encuentran en este supuesto llevan consigo una huella o marca permanente, simbólica y administrativa, lo que hace que una persona tenga un estigma disminuyéndole sus derechos y afectando su dignidad.
La Ley Federal del Trabajo señala en su artículo 133, fracción I, que se prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.
Sin embargo, la solicitud de antecedentes penales es una práctica sistemática, la expedición administrativa de este documento por parte de la autoridad ha perpetuado y fomentado esta práctica.
La reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, conlleva una ampliación de los derechos fundamentales mediante la inclusión de principios fundamentales como la no discriminación, así como la obligación expresa de las autoridades para observar los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y obliga a la progresividad de los derechos humanos a través de la inclusión del principio pro persona.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó un pronunciamiento oficial el 26 de agosto del año pasado sobre este tema, y en sus puntos relevantes señaló que debe privilegiarse el derecho de la reinserción social efectiva, que deben cancelarse de oficio los antecedentes penales, que debe reformarse el artículo 27, fracción V, inciso g) de la Ley Nacional de Ejecución Penal para la Cancelación de los Antecedentes Penales.
Es por ello que de manera adicional a la iniciativa a la Ley Federal del Trabajo, presentamos una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para la cancelación de los antecedentes penales que se lleve a cabo en todo.
Morena está a favor de los derechos humanos en todos los casos, y en contra de cualquier tipo de discriminación.
Compañeros legisladores, en virtud del gran número de iniciativas inscritas en la agenda del día, daremos paso a una segunda ronda.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la tribuna a la Diputada Claudia Sánchez Juárez, a nombre del Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 3º de la Ley General de Salud, en materia de tatuajes.
En los últimos años la actividad del tatuaje se ha vuelto muy común en las poblaciones del país. Si bien, cada vez se encuentran establecimientos que cumplen bien con las medidas sanitarias requeridas, también hay que reconocer que aún hay muchos sitios donde no se toman las previsiones sanitarias mínimas.
Lo que trae consigo riesgos cuyas implicaciones requieren del fortalecimiento de nuestro marco jurídico en aras de prevenir daños a la salud de la población, principalmente infantil y juvenil.
Actualmente la gran influencia que generan la publicidad en nuestra sociedad fomenta en nuestros niños y jóvenes la necesidad de someterse a un proceso de pigmentación permanente y doloroso, que trae consigo un grave riesgo de contraer una serie de infecciones que pueden derivar en complicaciones severas en su salud, como granulomas, Queloides, sin mencionar el grave riesgo de enfermedades como el tétanos, la hepatitis B y C, por supuesto, el VIH, entre otras.
El uso de los tatuajes temporales o provisionales se ha intensificado por la incursión de estilos y modas que llegan de otras latitudes, principalmente ahora con el avance de las comunicaciones y de los medios como Internet y televisión que influyen en las conductas de las nuevas generaciones sin medir sus consecuencias.
La gran influencia que genera la publicidad en la actividad comercial que tiene el propósito de vendernos un bien producto o servicio ya sea en artículos de consumo masivo, así como en alimentos y bebidas al incorporarles una serie de promocionales tales como calcomanías adheribles, que sirven para que las niñas y niños se las adhieran al cuerpo simulando tatuajes; la publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión modeladora de actitudes y comportamientos en el mundo actual.
En el afán mercantil desmedido de empresas que con su publicidad y mercadotecnia envuelven y atrae a los incautos consumidores en infinidad de productos conocidos como chatarra que se expenden profusamente no solo en centros educativos, sino en cualquier expendio de alimentos la niñez y la juventud resultan ser presa fácil del consumo de estos productos.
Del análisis de esta situación resulta que la Ley General de Salud no precisa las medidas para el control de los productos de consumo humano, ya que al autorizar el envase o empaquetado de productos alimenticios y su contenido no prohíbe que se incluya, agregue o adhiera otro elemento que contenga, por ejemplo, las calcomanías y tatuajes en forma promocional.
Por tanto esta iniciativa pretende establecer que en caso de que alguna empresa o particular introduzca, adhiere o adjunte tatuajes temporales a los productos de consumo humano, así como a quienes se encarguen de su distribución y venta, sean acreedores a sanciones económicas y administrativas de la autoridad reguladora.
El objetivo es reforzar los controles sanitarios en materia de publicidad y prevenir que nuestras niñas, niños y jóvenes incurran en este tipo de prácticas que representan un riesgo a la salud.
Más aún a consecuencia de las prácticas indiscriminadas por parte de las empresas y de la mercadotecnia que emplean para la venta de sus productos.
La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Túrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Se concede ahora el uso de la palabra en tribuna al Senador Isidro Pedraza Chávez, a nombre de las y los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 constitucional, en materia de desplazamiento forzado interno.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidenta, con su permiso.
La migración es un asunto multifactorial que afecta a millones de personas en todo el orbe, y que en los últimos años se ha convertido en un tema central en el debate político en todo el mundo, principalmente debido a que la misma se ha convertido en el único medio que muchas personas tienen para poder mantenerse con vida.
En este sentido lamentablemente millones de personas en el mundo se han visto obligadas a migrar de sus lugares de residencia debido a crisis económicas, faltas de oportunidades de crecimiento y desarrollo, guerras civiles, desastres naturales, represión y persecución por parte de algún Estado, entre otras muchas razones lo que las deja indefensas ante toda clase de peligros, principalmente para las niñas, niños y adolescentes, y las mujeres.
Ejemplos claros de este fenómeno lo hemos visto en diferentes regiones del mundo, donde por la magnitud del problema destaca la crisis de refugiados sirios que huyen de la guerra civil en su país y que encuentran la muerte en el Mediterráneo en manos de traficantes o se ven encapsulados en algunas partes de Europa, principalmente en aquellos países que han cerrado sus fronteras como Macedonia, Bulgaria, Rumania o Hungría.
Lo anterior no es ajeno a nuestro país, puesto que acá se vive una situación similar. México al ser un país de origen tránsito, destino y retorno de migrantes, se ha visto inmerso desde décadas atrás, en una crisis migratoria, no solamente por la falta de políticas adecuadas que mejoren la calidad de vida de las y los mexicanos, y eviten su migración, sino que por nuestra posición geográfica representamos un puente que una a Centroamérica y a los Estados Unidos, lo cual ha originado un aumento exponencial en el flujo de migrantes de dicha región hacia nuestro país, con miras a llegar a la Unión Americana.
De esta manera, millones de hermanos centroamericanos y latinoamericanos que se atreven a cruzar nuestro país, viven un verdadero calvario en su intento por alcanzar en ya muy efímero sueño americano.
No solamente debido a la política migratoria que impuso Barack Obama, y que ha agravado Donald Trump, sino que en nuestro país sufren constantes vejaciones por parte del crimen organizado, y principalmente, vaya paradoja, por los asuntos del Instituto Mexicano de Migración, quienes han, hay que decirlo, han sido señalados de violar reiteradamente los derechos más fundamentales de estas personas.
De acuerdo a Christopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por sus siglas, cada año se estima que más de 450 mil personas, principalmente centroamericanos, cruzan el territorio nacional hacia los Estados Unidos.
En este sentido, analistas y expertos han señalado que estos flujos de migrantes podrán quedarse varados en nuestro país, debido al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, aumentando los desafíos para nuestro país.
Lo anterior se ha visto patente en algunos municipios del país, Tijuana y Mexicali, desde septiembre del año pasado, miles de haitianos se quedaron varados, debido a la restricción impuesta por Barack Obama, lo cual se ha agudizado con Donald Trump, de acuerdo con Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano de los naturalizados afromexicanos, hay cerca de 3 mil 700 migrantes en municipios donde el 80 % se concentra en Tijuana, asimismo, más de mil cubanos varados en nuestro país, principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al eliminarse la política conocida como pies mojados-pies secos.
Ante este desolador panorama, es necesario que se legisle a favor del reconocimiento del derecho de las personas migrantes, independientemente de su status migratorio, en plena consonancia con lo estipulado en el artículo 1º constitucional.
En ese sentido, uno de los objetivos de la presente iniciativa es el de especificar en nuestra Carta Magna la obligación de los tres niveles de gobierno, de implementar medidas y programas para la acogida de migrantes, entendida ésta, como el acto por el cual un Estado recibe en su territorio a personas migrantes, les ofrece la protección y el amparo del Estado mismo, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos.
El otro objetivo que planteamos, es el de elevar a rango constitucional el reconocimiento y la visibilización del lamentable fenómeno de desplazamiento forzado interno. Este fenómeno afecta a de mexicanas y mexicanos que debido principalmente a la violencia y la inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional, se han visto obligados a abandonar sus hogares, y lo han hecho hacia el interior de la República.
De acuerdo al informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, dado a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo de 2016, varias autoridades estatales y municipales, a solicitud de la Quinta Visitaduría General del organismo, refirieron que entre 2012 y 2015 se registraron 35 mil 433 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, principalmente en Tamaulipas, entidad que acaparó el mayor porcentaje, al contar con 20 mil casos, seguida de Guerrero, Chihuahua, con 2 mil 044, y 2 mil casos, respectivamente.
Si bien la cifra antes señalada demuestra sólo eso, una cifra, la realidad es que esta crisis de desplazamiento forzado interno ha desgarrado el tejido social, ha truncado los anhelos y sueños de miles de personas que han tenido que empezar prácticamente de cero, y a las que el Estado mexicano no las ha apoyado en nada.
Lo anterior queda constatado por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual en el informe antes referido menciona que el problema de desplazamiento forzado interno, no ha sido visibilizado, ni las víctimas atendidas de forma adecuada, para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos, lo que se agrava ante la resistencia de las autoridades para conocer y reconocer de manera abierta la existencia de este problema.
Reconocemos que la última reforma a la Ley General de Víctimas incorpora disposiciones avanzadas en materia de protección a los derechos de quienes sufren desplazamiento forzado interno. Sin embargo, es necesario que son su visibilización, en la Carta Magna sea posible la construcción de un andamiaje completo e integral que combata la situación que viven estas personas.
De esta manera la iniciativa que presentamos incorpora un nuevo párrafo segundo al artículo 11 de la Constitución, recorriendo el subsecuente, con el fin de visibilizar el problema de desplazamiento forzado interno, además de obligar a la Federación de las entidades federativas, a diseñar e implementar programas y acciones específicas para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas a quienes se les reconoce como víctimas.
Aunado a lo anterior, con la adición de este nuevo párrafo IV, se garantiza la acogida de personas migrantes, así como de aquellas que busquen y reciban refugio, asilo y protección internacional en México, a la que el Estado mexicano en su conjunto deberá atender y proteger de manera amplia, velando siempre por la protección de sus derechos humanos.
Finalmente, es de mencionar que algunos de los textos de esta propuesta recogen los esfuerzos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para proteger a las personas migrantes y a quienes estén en situación de desplazamiento forzado interno, en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que reunió los esfuerzos de constituyentes de las diversas fuerzas políticas en la ciudad, a propuesta de la Diputada Constituyente y Senadora del PAN, Gabriela Cuevas Barron.
Les pido que inserten los dos documentos al Diario de los Debates, por favor, señora Presidenta.
La Presidenta Diputada Karla Karina Osuna Carranco: Claro que sí.
Por acuerdo de los grupos parlamentarios, daremos paso al apartado de la agenda política para abordar el tema de los hechos ocurridos en el estado de Puebla, provocados por los grupos delictivos dedicados al robo de combustible.
Los textos de las efemérides inscritas sobre el Día Mundial de la Cruz Roja, Día Mundial de la Libertad de Prensa, Día Mundial del Síndrome de la Fatiga Crónica, Día de las Madres, Día Mundial del Cáncer de Ovario, 150 Aniversario de la Declaración del Benemérito de las Américas, Batalla de Puebla, Día Internacional de las Familias, Día Mundial del Lupus, Día Internacional de la Enfermería, Aniversario del Natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, se insertarán también en el Diario de los Debates.
Dé lectura.
El Secretario Senador David Monreal Ávila: Doy lectura al orden del día de la próxima sesión del próximo miércoles 17 de mayo. (Leyó)
Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión pública el miércoles 17 de mayo, a las 11:00 horas, en este recinto.
Se levantó la sesión a las 14:28 horas
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1799