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Timestamp: 2019-01-20 21:18:47
Document Index: 231637897

Matched Legal Cases: ['artículo 838', 'artículo 839', 'artículo 644', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 17']

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OBSERVACIONES GENERALES.- El artículo segundo transitorio abroga el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos de 1954/07/07, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 1955/06/15.
-Se reforman las fracciones I, II y se deroga la fracción III del artículo 838, se reforma el párrafo primero y las fracciones I, III, IV, VI, y VII y se deroga la fracción II del artículo 839 por Decreto 687 publicado en el POEM 4397 de 2005/06/15.
- Se adiciona el Capítulo VI Bis al Título Primero denominado De los Juicios Singulares del Libro Quinto, y los artículos 644-A; 644-B; 644-C; 644-D; 644-E; 644-F; 644-G; 644-H; 644-I; 644-J; 644-K y 644-L; del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por Decreto 859 publicado en el POEM 4431 de 2005/12/21.
- Se reforma los artículos 644-A, 644-B, 644-C, 644-F y 644-H y adicionan un párrafo al artículo 644-H y 644-M., del Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos, por Decreto 587 del POEM 4598 de 2008/03/05.
- Se reforma los artículos 40 y 48 por artículo ÚNICO del Decreto No. 1772, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5237 de fecha 2014/11/19. Vigencia 2014/11/20.
ANTONIO RIVA PALACIO LOPEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido enviarme para su promulgación, lo siguiente:
LA HONORABLE CUADRAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE AL EFECTO LE CONFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL, Y
I. Que el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 42 fracción I y 70 fracción I de la Constitución Política local, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de CODIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.
II. Como acertadamente lo señala el autor de la iniciativa, el Código de Procedimientos Civiles fue aprobado por el Congreso Estatal en julio de 1954, entrando en vigor en el año de 1956.
III. Aun cuando al ordenamiento procesal vigente se le han hecho, en el transcurso del tiempo, diversas reformas y adiciones con el propósito de perfeccionarlo y adecuarlo a las condiciones del momento, se debe admitir que con todo y ello, el Código de Procedimientos Civiles de nuestra Entidad ha quedado a la zaga de los avances que ha reportado el Derecho Procesal Civil, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
IV. Del mandato constitucional, contenido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que obliga al Estado a la administración de Justicia pronta y expedita, surge la necesidad de contar con un Ordenamiento Procesal que incorpore los más recientes avances en la materia, que recoja las experiencias de quienes, en razón de su profesión, hacen del Código de Procedimientos Civiles su Instrumento de trabajo y que tome en consideración, como parte fundamental, la realidad social y económica que se vive en Morelos hoy en día.
V.- Estos propósitos no podrían alcanzarse con la sola adición o modificación del texto del Código de Procedimientos Civiles vigente; para acceder a ello, se precisa la expedición de un nuevo Ordenamiento Procesal como el que ha sido sometido a la consideración de esta Soberanía.
VI. Ante la necesidad de contar con un nuevo Código de Procedimientos Civiles, y dentro del marco de la actualización de nuestra legislación, el titular del Poder Ejecutivo Estatal encomendó al destacado procesalista mexicano, Doctor en Derecho Fernando Flores García, la elaboración de un proyecto de Código Procesal Civil para el Estado de Morelos.
Esta Soberanía estima pertinente transcribir aquellos conceptos más relevantes de la exposición de motivos contenidos en el Proyecto, lo que se hace a continuación:
"Recibido el honroso cargo de redactar un nuevo Proyecto de Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos en septiembre del año próximo pasado, procedí a estudiar el vigente Código de Procedimientos Civiles del 21 de marzo de 1956. De inmediato emprendí la tarea de elaborar y de analizar cuadros comparativos entre varios cuerpos legales que se tuvieron a la vista como son: El Proyecto de Código Procesal Civil debido al procesalista sudamericano Eduardo J. Couture; el Código Federal de Procedimientos Civiles Mexicano, el Código de Procedimientos Civiles para Guanajuato, ambos elaborados por Adolfo Maldonado; el Anteproyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de 1948; el Proyecto de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales de diciembre de 1950, y dos de sus principales seguidores, los Códigos de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de septiembre de 1949 y el de Tamaulipas de 1961; las Bases Uniformes para un Código Modelo Procesal Civil Latinoamericano que prepararon los juristas uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Véscovi; el Anteproyecto de Código de Proceso Civil del tratadista brasileño Alfredo Buzaid de 1964; El Código Judicial, Libro II, Procedimiento Civil del profesor panameño Jorge Fábrega, 1969; así como, las reformas que entraron en vigor el 10 de enero de 1986, al Código de Procedimientos Civiles Distrital, en el que integré la Comisión, como Coordinador General, al lado de los doctores Gonzalo M. Sarmienta Calderón, José Becerra Bautista, Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez e Ignacio Medina Lima; asimismo, las reformas que tuvieron vigencia a partir del 14 de enero de 1987 para el propio catálogo adjetivo civil para el Distrito Federal, que fueron redactadas por un grupo de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y producto de una Consulta Popular convocada para la mejor Administración de Justicia Local, que se verificó en junio de 1986.
Ya con posterioridad consulté el recién abrogado Código Procesal Civil de Tamaulipas de noviembre de 1988; el Anteproyecto de Código Tipo del Proceso Civil para Iberoamérica y su Exposición de Motivos, formulado por Adolfo Gelsi Bidart, Luis Torello y Enrique Véscovi, comentado en el coloquio convocado por II Universitá di Roma, en septiembre de 1988; así como los Principios Básicos para un proyectado "Código Tipo" para los países iberoamericanos y sus relaciones con los derechos fundamentales de Víctor Fairén Guillén, Madrid, 1990; y por último, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California de noviembre de 1989.
Todo ello me brindó un apreciable marco informativo que procuré armonizar con los comentarios doctrinales de obras destacadas de autores, principalmente nacionales, sobre la práctica de los Códigos Procedimentales de nuestro país. Otro renglón que me dio bases y criterios a seguir fue el de las opiniones que oralmente y por escrito recibí de juristas morelenses, obviamente adentrados en la problemática propia local.
Asimismo, las recomendaciones expresas del XII Congreso Nacional de Derecho Procesal, convocado y celebrado en Tampico en septiembre de 1989 que tuvieron el propósito de estudiar, comentar, discutir y emitir líneas rectoras para el Proyecto de Código Procesal Civil para Tamaulipas, y en general, para una reforma procesal en México, me proporcionaron un punto de referencia al que he procurado ceñirme, dada la solvencia profesional y académica de los prestigiados asistentes al evento y su indiscutible aportación, que indudablemente, también debe calificarse de colaboración de buena fe y desinteresada.
Señaladas dichas fuentes, paso, en forma breve a describir las características sobresalientes de este Proyecto, que ojalá, reciba la anuencia de los que lo lean, comenten y valoren.
La denominación del Proyecto es ambiciosa, pero se justifica con largueza, porque no es un mero catálogo de ritos y fórmulas formales y cabalísticas, de secuelas procedimentales, sino que regula el proceso jurisdiccional como solución a los litigios de trascendencia jurídica en el orden civil, así como a sus principios rectores, sus elementos fundamentales, las partes, los órganos competentes, los derechos, cargos e instrumentos de que pueden valerse las partes y por supuesto, los "procedimientos" o "juicios" que deben ser pauta de la actuación de los "sujetos del drama procesal", que dijera el ilustre jurisconsulto florentino Calamandrei, procurando darles atributos de agilidad y brevedad, para aspirar a la tan codiciada impartición de justicia pronta y expedita, pero al mismo tiempo que brinde la confianza de la seguridad jurídica y una permanente línea de respeto a los derechos humanos.
El proyecto está distribuido en libros concernientes al proceso en general, al proceso de conocimiento, al proceso de impugnación, a los equivalentes jurisdiccionales, a la vía de apremio, a los juicios especiales y universales, a los procedimientos no contenciosos, esta última expresión para substituir la mal llamada "jurisdicción voluntaria", que como se ha sostenido ni es verdadera jurisdicción, ni es tampoco en realidad, voluntaria. Al final, el libro décimo, regula los procesos menores.
La división topográfica que se usa comprende Títulos, Capítulos y Artículos para regular de manera ordenada, lógica y congruente los diferentes aspectos del Código.
Se empleó una denominación para cada una de las subdivisiones, incluyendo los rubros, sintéticos y explicativos de cada numeral, lo que constituye una novedad y un avance dentro de la técnica legislativa mexicana, que parece no utilizarse en ninguna normativa vigente en nuestro país; y, que facilitará la consulta y el manejo de este Código.
En cuanto a lo que pudiera creerse una variante solamente semántica que opera a lo largo de este Ordenamiento, en verdad obecede a un esfuerzo por llegar al uso adecuado y preciso del contenido de varios conceptos, que la fuerza de una inveterada y errónea costumbre había implantado y confundido.
Así se establece el distingo entre "plazo" y "término", dándole el significado a aquél de un lapso, de un periodo de tiempo en todo el cual puede realizarse la conducta prevenida por la ley o por el juez; mientras que el término es el advenimiento de un día u hora fijos para llevar al cabo el actuar procesal.
En situación similar se emplean con propiedad los vocablos "juzgado" o "tribunal", especialmente en torno a la capacidad objetiva, institucional del órgano, de la competencia, que no es característica del "juez" o "magistrado", en cuanto a funcionarios con sus atributos personales de capacidad subjetiva, ora en abstracto, ya en concreto y se separa la idea de jurisdicción, facultad global de juzgamiento, de la competencia, como límite de la jurisdicción, en su aspecto de idoneidad para el conocimiento de una esfera de negocios.
Otro tanto ocurre con la idea de "tercerista", que es parte que acude al proceso, frente a la común denominación de "tercero" que es un sujeto ajeno a la controversia judicial.
Con singular significado se establece la diferencia entre "acción" y "pretensión", que por siglos fue motivo de ingrata confusión que imperaba y todavía lo hace, en la mayor parte de los Códigos adjetivos de nuestra nación. La acción es la posibilidad jurídica unitaria de provocar la actividad jurisdiccional, de carácter genérico, que está prevista como un derecho a la jurisdicción gratuita en el artículo 17 de nuestra Constitución Federal, mientras que las pretensiones (así en plural) constituyen uno de los elementos de la acción, son su contenido variable, son las aspiraciones jurídicas del atacante, del actor. A ellas, a las pretensiones es a las que cabe clasificar y denominar concretamente.
Como un aporte de actualidad y apego a las condiciones sociales contemporáneas, el Proyecto introduce normas sobre la pretensión de defensa de los intereses colectivos de grupos indeterminados, que rompen las ataduras de un concepto longevo de derecho unipersonal, y que hará posible la protección pluripersonal, que ahora presenta ejemplos múltiples, que no podían tutelarse de manera eficaz, bajo las concepciones antiguas.
Un avance científico procesal se opera en relación a la otra fuerza procesal, que por ser la acción un concepto unívoco, no puede ser compartida por ambos contendientes, como pretende la doctrina de la dualidad de la pertenencia de la acción procesal; sino que la excepción, resistencia, reacción u oposición (el nombre es lo que menos importa) es una posibilidad dinámica, unitaria también, pero ahora del demandado, de provocar asimismo y por su iniciativa la actividad jurisdiccional, reservando la denominación de "contrapretensiones" o "defensas", al contenido variable de la excepción, ya que no es una oposición a la actividad del órgano juzgador, sino al reconocimiento del derecho material pretendido en la demanda.
Se introduce un más claro concepto de la carga procesal, entendida como la realización de una conducta que favorece a quien la lleva al cabo, en especial en materia de prueba, estableciendo la regla de que quien afirma tiene la carga de la prueba, con las excepciones previstas, en lugar de la antigua concepción de obligaciones de las partes.
Entre los principios rectores del proceso, que se determinan en el Proyecto de Código Procesal Civil del Estado de Morelos, se debe destacar el de la oralidad, en sus primordiales enunciados, que ya se contienen en el Código vigente y que se procura ampliarlos mesuradamente en el Proyecto; como el de la identidad física del juez en el devenir de todo el procedimiento; de la concentración procesal que se advierte claramente en la celebración de sólo dos audiencias: la de conciliación y depuración (que en caso de convenio entre las partes, que homologará el juez, concluye con carácter de cosa juzgada el litigio judicial) y la audiencia de pruebas; alegatos y sentencia; de la inmediatividad del funcionario juzgador a quien en varias normas se obliga a su presencia y dirección procesal directa y en contacto con las partes y los otros sujetos que intervienen en el procedimiento, y con la responsabilidad inmediata del conocimiento y resolución del litigio judicial; la ininpugnabilidad de las sentencias incidentales que permite la continuidad del procedimiento, impidiendo que el planteamiento a veces tortuoso (entre otras) de las llamadas excepciones de previo y especial pronunciamiento, y que en este Proyecto se ventilan en la audiencia de conciliación y depuración, que si no alcanza la avenencia de las partes, marcha hacia la depuración o "limpieza de la hojarasca" dejando (salvo la incompetencia del órgano judicial y la legitimación de las partes alegadas) únicamente el fondo, la suerte principal del negocio a resolver; el principio de la publicidad, que es la regla en este Ordenamiento, ya que no se persigue sólo proteger y ventilar los intereses particulares, sino realizar una función social pacificadora de apego a la legalidad; y, una preeminencia de la forma verbal en el desarrollo del juicio, ante la justicia menor, carácter que acojemos con reserva por respeto a la prolongada práctica escrita que ha privado en nuestro país y que costará un largo y discutido periodo abandonar.
Sabedores de la ingente necesidad de la eliminación o por lo menos de la disminución de actividades retardatarias, inmorales o poco escrupulosas de algunos profesionales que desvirtuan la noble misión de la abogacía, se introdujeron algunas disposiciones que propugnan y defienden los principios de lealtad (voz que el Diccionario define como el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien) y de probidad (comprendida como bondad, rectitud de ánimo, integridad y honradez en el obrar, así se califica de probo al que demuestra lo que afirma) en el proceso, como se establece en varios preceptos de este Proyecto, que toman su base en el artículo 7o. del Proyecto de Couture, aunque amplificado, pues no se refiere nada más al respeto recíproco que se deben los litigantes en el debate, sino que involucra el respeto al tribunal, a todo y de todo interviniente y a lo largo del proceso en su integridad.
Con la finalidad de que dichos preceptos, que consignan violaciones al principio de lealtad y probidad en el proceso, no se conviertan en meras declaraciones declamatorias, propias de una ley imperfecta y para reprimir los casos manifiestos de su quebrantamiento, se configuran con mayor detalle el desacato y las correcciones disciplinarias, para sancionar las faltas de orden y respeto debidos, con multas que se cuantifiquen en concordancia al valor equivalente del salario mínimo vigente en el Estado de Morelos, elevando su monto, atento al ritmo de la época que se vive y en previsión de las condiciones económicas del porvenir.
El acatamiento del principio de lealtad y probidad, en añadidura de un limpio y recto proceder de los sujetos procesales, es obvio, redundará, en una marcha más ágil y rápida del procedimiento, en vista de que las "chicanas", que casi siempre son argucias inmorales retardatarias empleadas por el litigante que al conocer que no le asiste la razón, procura demorar el desarrollo del juicio y quiere alcanzar el éxito por cansancio o agotamiento del adversario.
La muy generalizada restringida legislación en la República, sobre conflictos de competencia, ahora comprende en el Proyecto para el Estado de Morelos, todas las variantes de los conflictos de juzgamiento. Es de hacerse notar que se norman las contiendas de jurisdicción entre tribunales locales con los del fuero federal o con los de otras entidades federativas y dentro del género de conflictos de competencia, se agrega el recientemente adoptado en el fuero federal, criterio de la atracción por el Tribunal Superior.
Dentro del carácter procesal y no sólo procedimental del Código, se pretende legislar sobre el origen del proceso jurisdiccional que es indudablemente su punto de partida jurídico y social, la institución cuya envergadura en estudio y reglamentación es debida al genio Carneluttiano, el litigio y su justa composición, al que se dedica el Título Quinto del Libro Primero del Proyecto.
Otra innovación importante que se introduce en el Proyecto es la audiencia de conciliación y depuración, cuya terminología parece preferible a la recién creada en el correspondiente Código Distrital, que se titula "audiencia previa y de conciliación", porque en ésta cronológicamente lo primero es la conciliación y luego se desarrolla la "previa", que por eso no lo es, amén de que puede conducir a la equivocación de creer que pertenece a la prejudicialidad. Ahora que con esa denominación más adecuada se pretenden alcanzar los mismos recomendables efectos.
Las ya innumerables y exitosas experiencias extranjeras, con Inglaterra, Estados Unidos (donde se practica el pretrial), así como en España, Portugal, Brasil (despacho saneador), la audiencia preliminar en la Ordenanza procesal civil austriaca; así como la ya vivida práctica del Distrito Federal, demuestran la bondad de esa actuación y actualización procesal, de la Introducción de una etapa que con antelación a la audiencia de fondo, el juez y las partes colaboren para subsanar oportunamente los defectos relativos a los presupuestos procesales, y en nuestro ambiente, a las llamadas excepciones de previo y especial pronunciamiento: incompetencia, litispendencia, conexidad, cosa juzgada y falta de legitimación; para continuar sin demora o interrupción el curso normal del procedimiento o sobreseer el juicio.
Se cita a las partes, a la audiencia, a la que deben concurrir, so pena de sanción, una vez que se contestó la demanda o la reconvención, con asistencia letrada propia o de oficio, para primero dilucidar acerca de la legitimación procesal de las partes.
Solventado el problema de la legitimación, el juez debe estudiar acuciosamente las pretensiones de las partes, para presentarles alternativas o proposiciones viables de solución al litigio (no el conocido, por fallado, avenimiento judicial que se reduce a una simple exhortación). Este intento de conciliación, que es un acto dinámico y técnico, creemos debe confiarse al juzgador, pues el recargo de sus funciones se disminuiría con cada negocio en que tuviera éxito la conciliación. Si los interesados, que también pueden proponer alternativas de arreglo, llegan a un convenio, el juez debe aprobarlo si procede legalmente, homologándolo con autoridad de cosa juzgada. Por eso, a buen entendedor, esta conclusión:
Cada conciliación que se logre, representará un asunto que no distraerá innecesariamente en lo sucesivo la abrumada maquinaria judicial, ni exigirá mayores ulteriores inútiles esfuerzos a los sujetos en conflicto. Ojalá que esta intervención de los jueces en función de conciliadores profesionales, aptos y rectos se convierta, en el futuro que pretende reglamentar el Proyecto, en una vía que componga de manera abreviada los litigios; fórmula que, por otra parte, ya que se ha ensayado con ventura en México en materia laboral.
Sin atentar contra la posible defensa por el propio interesado, de la misma parte en sentido material, litigando por su propio derecho; se hace un intento por incorporar la defensa letrada, a cargo de profesionales del Derecho, con conocimientos y moralidad que puedan ser llamados y expensados por su representado; pero sin olvidar a los contendientes desprovistos de recursos económicos que no pudieron cubrir los honorarios del abogado, se hace obligatoria la Defensoría de Oficio, para que no se coloque en desventaja técnica por falta de defensa jurídica calificada.
Con la finalidad de dar paso a un sentido humano y realista de descartar toda desconfianza del legislador en la aptitud del juez para apreciar los medios de convicción acopiados en el proceso, ya sea por iniciativa de las partes o por disposición del juez mismo, en uso de sus poderes de investigación de la exactitud sobre los hechos en controversia o los que susciten grave duda; se adoptó el sistema de la sana crítica para la apreciación de los medios probatorios por el juzgador de suerte que el juez consiga llevar al cabo de la mejor manera, ese difícil quehacer con ayuda de los datos obtenidos por su propia experiencia, por la aplicación lógica de su conocimiento adquirido de los factores humanos y la interpretación congruente de los elementos de hecho disponibles en cada caso y su vinculación con el derecho alegado; que proyecten en suma, sobre su ánimo la convicción acerca de la verdad y así emitir su resolución con justicia. No podía dejarse al lado la primacía de la Constitución y por ello la resolución judicial debe fundarse y motivarse.
El trasnochado régimen de la prueba tasada que atribuye en exclusiva al legislador procesal la determinación y valoración de los medios probatorios (que erróneamente entre los medios de convicción todavía enuncia a las presunciones, que con razón, mucho se ha objetado que sean evidencias) con independencia de que en varios casos permite la valoración libre, a juicio del juez, representa por tanto, un sistema híbrido; y, que en algunos Códigos llega al extremo de dejar abierto totalmente el catálogo de pruebas legales a aceptar; parece del todo conveniente, sobre todo, habida cuenta de que el sistema de la apreciación basada en las reglas de la lógica y la experiencia ya ha sido adoptado con éxito en varios países y nuestro país, como el Código de Procedimientos Civiles de Baja California y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
En cambio, en obsequio al principio de seguridad jurídica, se mantiene el valor probatorio de la documental pública, en vista de la investidura de los funcionarios que la expiden y autorizan.
Aunque tal vez no falte alguno que considere un retroceso el volver a las antiguas fórmulas para redactar las sentencias, que se usaran en los Códigos procedimentales distritales de la centuria pasada, en preámbulo, resultandos, considerandos y puntos resolutivos, estimamos que en la práctica generalizada de nuestros tribunales se les sigue empleando, pensamos no por el peso de una tradición, sino porque responden a una redacción acorde con un silogismo jurídico de una premisa mayor (la norma aplicable), una premisa menor (el asunto en juzgamiento) y una conclusión (los puntos resolutivos de la sentencia definitiva).
Es por ello que el Proyecto reglamenta al detalle esas fórmulas para auxiliar a los jueces en su redacción y en el futuro examen de las impugnaciones; y, a las partes para el total entendimiento de la solución dada a sus controversias.
Las leyes secundarias deben ser elaboradas en fiel cumplimiento de las normas supremas Constitucionales y así se hace en el Proyecto, por ejemplo: al disponer los caracteres externos o formales de la sentencia: y, los internos que son la claridad, la precisión, la congruencia con las pretensiones de las partes, la exhaustividad y su fundamentación legal, según lo exige el artículo 14 de la Carta Magna de Querétaro.
Pueden citarse otros cambios que introduce el Proyecto, como son el establecer una nítida distinción entre el allanamiento, admisión total de la demanda y la confesión, actitud que asume el demandado al admitir los hechos de la demanda.
El no referirse a la responsabilidad civil como recurso, pues no se modificaría un ápice el sentido de la resolución dictada.
El clarificar el objeto de la prueba y la carga que supone.
La diferenciación de la renuncia a la demanda, el desistimiento a la instancia y la renuncia a la pretensión procesal (Constitucionalmente no puede haber renuncia de la acción procesal); y, los efectos de cada uno de ellos.
Un capítulo especial merecen los preceptos sobre la ejecución de la sentencia extranjera y de la cooperación procesal internacional que por la generosidad intelectual de varios miembros destacados del Instituto Mexicano de Derecho Internacional Privado, reunidos en el XII Seminario Nacional de noviembre de 1988, se me autorizó a transportarlos en este Proyecto, e incorporar así sus ideas largamente estudiadas y aprobadas en él e incorporadas como reformas a los Códigos: Civil del Distrito Federal, Federal de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Otro esfuerzo del Proyecto que puede calificarse de significativo es el concerniente al cambio del sistema, por demás pernicioso del "peritaje de parte", que desemboca casi irremediablemente en la designación de un "tercero en discordia". No creemos menester recordar, no nada más la impopularidad del método, sino lo inútil, costoso y prolongado del procedimiento al acudir por lo menos a tres expertos. Por ello se recomienda en la preceptiva, la institucionalización de un Cuerpo Oficial de Peritos dentro de los que el Juez designe para cada caso concreto. Y sólo en casos de excepcional especialidad a personas no expertos oficiales, con conocimiento científicos, técnicos o artísticos.
En cuanto a la rebeldía, procuramos intentar dos modificaciones: una, el preferir la denominación de "competencia tardía"; y, dos variar uno de los efectos no valederos que se hace en la ley adjetiva vigente, de que al contumaz que demuestra su imposibilidad de comparecer por causa de fuerza mayor, "será admitido como parte"; cuando en realidad, nunca ha dejado de serio, cuando que lo que ha ocurrido es que no se intenta su búsqueda. La mejor prueba de lo cierto de esta afirmación la tendremos en la sentencia y en su ejecución que no serán en contra o en favor de "una no parte".
En la búsqueda afanosa de una mejoría en la impartición de justicia, que debe partir necesariamente de un mayor número de tribunales; pero, que puede implementarse disminuyendo el volumen de los negocios a solventar, presento las formas extraprocesales de un arbitraje privado más expedido y eficaz; y una regulación de la amigable composición, y de la conciliación, como figuras complementarias de arreglo a las contiendas judiciales.
Ha sido una preocupación continua y declarada de los gobiernos democráticos; de la Judicatura y de los amantes de la justicia, el im-partir, el administrar, el procurar justicia a los carentes de recursos económicos. Se ha hablado de "justicia de ricos", en los casos de aristocracia pecuniaria y de "justicia de pobres", cuando la cuantía del asunto es de monto reducido.
En el mismo orden de ideas se clasifica a los órganos judiciales en superiores e inferiores, con base, en frecuentes casos, al criterio del valor monetario de los negocios que conocen.
Aunque a decir verdad no son del todo valederos los argumentos esgrimidos, ya que se trata de fórmulas orgánicas de división del quehacer jurisdiccional y de sistemas de jerarquía funcional del Poder Judicial; lo cierto es que no debe escapar a la óptica del legislador, como problema prioritario, la impartición de justicia en los litigios que afectan a la mayoría de la población, que es sin duda alguna, formada por personas de insuficiente, cuando no de escaso o nulo poderío económico. En lo particular, no he podido escapar a emprender un esfuerzo en ese sentido.
Así, habrá que reflexionar si la consuetudinaria y socorrida fórmula legal de que en la justicia de paz, o en lo que podría ser ante los juzgados menores: "las sentencias se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos según los jueces lo creyeren debido en conciencia", no quebrante el párrafo final del artículo 14 de nuestra Constitución que proclama: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". Cabría preguntar ¿si la interpretación judicial de la ley, queda reducida a la verdad sabida y a lo que se creyere debido en conciencia? ¿La ley y su interpretación queda subsumida en un personal subjetivismo? ¿El manto protector de la Constitución no cobija a los que litigan en los juicios menores?
Por ello, el Proyecto dispone que la apreciación de las pruebas se haga, ya no ciñéndose un criterio legal o tasado, ni siquiera híbrido que ya deroga, sino a un sistema avan¬zado, de lógica y experiencia, de la sana crítica, que eso sí, exige, no una libérrima conciencia, sino un apego y respeto a la Ley Suprema de fundar y motivar los puntos resolutivos de la sentencia.
Con la salvedad de otras reformas e innovaciones introducidas en el Proyecto, a las que no queremos llamar menores, sino que no aludimos a ellas por el límite espacial y cronológico que nos impone una sintética explicación de este ensayo de cuerpo normativo, es indispensable reconocer que en una buena parte de él, seguimos las pautas señaladas por el vigente Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, seguramente redactado por señalados profesionales del Derecho, que por su experiencia y práctica cotidiana estuvieron enterados de las situaciones reales de la conflictiva procesal civil del lugar."
VII. Dada la trascendencia que tendrá el nuevo Código Procesal Civil tanto en el ámbito de la administración de justicia, en particular, como en la vida jurídica del Estado, en general, la Comisión encargada de la elaboración del dictamen consideró conveniente convocar a todas las Barras, Asociaciones, Colegios de Abogados, Servidores Públicos del Poder Judicial, estudiantes y profesionistas del Derecho, a foros de consulta respecto de la iniciativa del Código Procesal Civil; al efecto, se llevaron a cabo cuatro foros los días 25 de febrero, en la Ciudad de Cuernavaca; 4 de marzo, en la Ciudad de Cuautla; 11 de marzo en la Ciudad de Jojutla y 17 de marzo en Puente de lxtla, Morelos, con una abundante participación de los integrantes del foro morelense así como de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
Con posterioridad a la realización de estos foros, se hicieron llegar a este Congreso, propuestas tanto de los postulantes y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado, como de Ciudadanos Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Todas las ponencias fueron cuidadosamente analizadas, tomándose de cada una de ellas aquello que se consideró más relevante para enriquecer la iniciativa remitida por el titular del Poder Ejecutivo.
VIII. Como una última etapa en el trabajo de análisis a la iniciativa de Código Procesal Civil, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación sostuvo intensas reuniones de trabajo con distinguidos abogados integrantes de la Barra de Abogados del Estado, quienes contribuyeron a depurar el texto final del proyecto, aportando algunos conceptos derivados de la práctica cotidiana del Derecho Procesal Civil y cohonestando, en algunas disposiciones, principios de orden doctrinario que pudieran no ser acordes con la práctica procesal en nuestro Estado.
IX. Como resultado de todos estos trabajos y respetando substancialmente el proyecto original elaborado por el connotado procesalista Fernando Flores García, el Código Procesal Civil aprobado por el Congreso Estatal se encuentra inspirado, fundamentalmente, en lograr una auténtica administración de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República.
Respecto a su similar aún vigente, este nuevo Código Procesal contiene innovaciones que eliminan, en mucho, los procedimientos retardatarios y evitan las maniobras de litigantes tendientes a entorpecer la marcha del juicio, lo que ha sido una demanda reiterada tanto de los integrantes del foro como de los integrantes de la judicatura y desde luego de la ciudadanía en general.
Con base en lo anterior, el Honorable Congreso del Estado tiene a bien expedir el siguiente: