Source: http://movimiento10deseptiembre.blogspot.com/2009/09/
Timestamp: 2019-01-21 22:10:38
Document Index: 331036915

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 96', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 187', 'artículo 94', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 118', 'artículo 51', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 39', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 2']

MOVIMIENTO 10 DE SEPTIEMBRE: septiembre 2009
SUPREMA DICTA SENTENCIA
Suprema dicta sentencia por secuestro calificado del matrimonio de Cecilia Bojanic y Flavio Oyarzún
La Corte Suprema dictó sentencia en la investigación por los secuestros calificados de Cecilia Bojanic Abad (embarazada de cuatro meses) y Flavio Oyarzún Soto, ocurridos a partir del 2 de octubre de 1974, en la comuna de Santiago.
En fallo dividido (en causa rol 3378-2009), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, determinaron las siguientes sanciones en contra de seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA):
- Manuel Contreras Sepúlveda: 10 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros calificados. Sin beneficios;
- Marcelo Moren Brito: 4 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada;
- Miguel Krassnoff Martchentko: 4 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada:
- Fernando Lauriani Maturana: 4 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada;
- Maximiliano Ferrer Lima: 4 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la libertad vigilada, y
- Orlando Manzo Durán: 3 años de presidio por su responsabilidad como cómplice de ambos secuestros calificados. Se concedió el beneficio de la remisión condicional.
Los ministros Segura y Ballesteros se mostraron partidarios de acoger la excepción de prescripción de la acción judicial y determinar la absolución de los seis agentes acusados, atendido el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos.
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Etiquetas: CORTE SUPREMA DICTA SENTENCIA EN CONTRA MILITARES
UDI EXIGE APURAR DILIGENCIAS PARA ENCARCELAR A ASESINOS DE JAIME GUZMAN
Coloma exigió apurar diligencias para encarcelar a asesinos de Jaime Guzmán
Timonel UDI se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema. Pidió la extradición de Galvarino Apablaza y Juan Gutiérrez Fischmann, el "Chele".
El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para solicitar apurar las diligencias para encarcelar en Chile a los autores del asesinato del ex senador Jaime Guzmán.
El timonel gremialista, quien acusó indefensión, exigió que se apure la extradición de Galvarino Sergio Apablaza desde Argentina y que también la Corte de Apelaciones de Santiago dé curso a la orden de captura internacional de Juan Gutiérrez Fischmann, "el Chele", ambos sindicados como autores intelectuales del asesinato.
El ex parlamentario fue ultimado el 1 de abril de 1991 a su salida del campus Oriente de la Pontificia Universidad Católica.
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Etiquetas: ASESINOS DE JAIME GUZMAN
CIENFUEGOS..... CANDIDATO
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HUMOR: FUNCIONARIA CHILENA EFICIENTE
UN POCO DE HUMOR: SECRETARIA GALLEGA EFICIENTE
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INVITACION LIBRO COMANDO ITURRIAGA
Etiquetas: INVITACION LIBRO COMANDO ITURRIAGA
INTERESANTE PARA EL FUTURO DE CHILE
Asunto: Fwd: ¡ INTERESANTE DE CONOCER Y DARLO A CONOCER!
Etiquetas: DENUNCIA A CANDIDATO FREI
ARGENTINA: PIDEN INVESTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN
Ante organismo anticorrupción:
Oposición pide investigar promoción de línea aérea a hotel de los Kirchner
Empresa estatal ofrece hasta 30% de descuento para quienes se alojen en el exclusivo recinto patagónico.
La opositora Coalición Cívica anunció ayer que hará una presentación ante la Oficina Anticorrupción para que investigue la promoción que ofrece Aerolíneas Argentinas para que sus pasajeros se alojen en el hotel Los Sauces, de El Calafate, propiedad del matrimonio Kirchner.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición presentó un informe detallado sobre la situación financiera y patrimonial de Aerolíneas Argentinas y advirtió sobre "una verdadera dilapidación de recursos del Estado" en la gestión de la empresa.
La estatal Aerolíneas Argentinas cuenta con varias promociones para aquellos pasajeros que tengan la tarjeta "Aerolíneas plus", según había adelantado el diario Perfil.
Uno de esos descuentos es en el exclusivo y carísimo hotel boutique que pertenece a Néstor Kirchner y su esposa, la actual Presidenta argentina Cristina Fernández.
En la página web de la aerolínea se señala que todos quienes viajen a El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, Patagonia argentina, podrán acceder a un 30% de descuento en el mencionado recinto.
Los precios en Los Sauces son superiores a los de un similar cinco estrellas: una noche en la habitación más sencilla de las 38 disponibles cuesta US$ 780 por persona.
La Master Suite, de lujo, vale mil 500 dólares la noche. Un desayuno en el restorán no baja de los 250 dólares.
Los precios en el hotel Los Sauces superan a los que se cobran en similares recintos de cinco estrellas.
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EL VESTUARIO DE CRISTINA EN USA.
Polémica por el vestuario de Cristina en Estados Unidos
Las fotos publicadas ayer por La Nación molestaron a muchos lectores que protestaron por los "excesos" de la Presidenta y, en contraste, alabaron la sobriedad que exhibieron en la ONU Angela Merkel y Michelle Bachelet.
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LIBRO “ANÉCDOTAS DE MI GENERAL: LAS QUE VIVÍ Y... LAS QUE ME CONTARON”
El Teniente Coronel de Ejército (R), Álvaro Corbalán Castilla, privado de libertad desde el 16 de Enero de 1991, por combatir el terrorismo, en sus más de 18 años en prisión, ha hecho una recolección de anécdotas personales del Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte. Se entrevistó con Generales, edecanes, personal de seguridad, asistentes, mayordomos, familiares etc. con el propósito de mostrar a nuestro General en un plano humano, ajeno al ámbito político formal.
Su libro lo ponemos a disposición de ustedes por un valor de $ 15.000, el que se puede adquirir solicitándolo al 09-8747518.
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Etiquetas: PROMOCIÓN LIBRO DE MI GENERAL
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SIN QUORUM PARA RATIFICAR INSTRUMENTO INTERNACIONAL
El instrumento internacional adoptado el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), busca contribuir a la prevención y sanción de eventuales desapariciones forzadas de personas que ocurran a futuro en el continente.
En la Convención los Estados Partes contraen compromisos fundamentales como no practicar, permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.
También se comprometen a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa; cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier índole necesarias para cumplir con la Convención.
También se consagra la obligación de adoptar, conforme a las disposiciones constitucionales de los Estados, las medidas legislativas necesarias para tipificar el delito de desaparición forzada de personas e imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad, delito que será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
No obstante, también se estipula que los Estados Parte podrán establecer en sus legislaciones atenuantes de responsabilidad para quienes habiendo participado en actos de tal naturaleza contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona.
La Convención define la desaparición forzada de personas como el acto en que se haya privado a una persona de la libertad en cualquier forma; que esa privación de la libertad haya sido ejecutada por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia; que la privación de libertad haya sido seguida de la falta de información o negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero del individuo y que a consecuencia de lo anterior se haya impedido a la persona ejercer los recursos legales y las garantías proce­sales pertinentes.
Asimismo, se establece que los hechos constitutivos de la desaparición forzada serán considerados delitos en cualquier Estado Parte.
La desaparición forzada de personas no será considerada como delito político para los efectos de extradición; será incluido entre los delitos que dan lugar a la extradición en todo tratado de esta naturaleza celebrado entre países que ratifiquen la Convención; se asume el compromiso de los Estados de incluirlo como susceptible de extradición en todo tratado que celebren entre sí en el futuro, que podrá considerar esta Convención como la base jurídica necesaria para la extradición relativa a este delito; y, finalmente, que la extradición estará sujeta a las disposiciones previstas en la Constitución y demás leyes del Estado requerido.
Adicionalmente, el texto legal establece como competente para conocer del delito de desaparición forzada de personas sólo a las jurisdicciones de derecho común, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
También se declara que la correspondiente acción penal y la pena que se impongan judicialmente al responsable de la desaparición forzada de personas no estarán sujetas a prescripción.
A la vez, se impone la obligación al Estado que no conceda la extradición a someter el caso a sus autoridades competentes como si el delito se hubiera cometido en el ámbito de su jurisdicción, para efectos de investigación y, cuando corresponda, de proceso penal, de conformidad con su legislación nacional. La decisión que adopten esas autoridades será comunicada al Estado que haya solicitado la extradición.
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http://saleconfritas.blogdiario.com/1254230690/
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En la tradición religiosa católica, cuando se reunían los cardenales para elegir a un nuevo papa, quien realmente seleccionaba al nuevo pontífice era el Espíritu Santo, que los inspiraba. Ellos emitían su voto, pero el Gran Elector era el Espíritu Santo. Hugo Chávez es el espíritu santo del socialismo del siglo XXI. Él elige a los papas.
Primero fueron las maletas llenas de dólares destinadas al inefable matrimonio Kirchner, inesperadamente descubiertas en un aeropuerto bonaerense por una funcionaria honorable que se negó a ocultar el delito. Ahora parece que el coronel venezolano quiere hacer elegir en Uruguay a su amigo el tupamaro José Mújica, candidato del Frente Amplio, mientras en Chile apuesta por el senador Marco Enríquez-Ominami, quien encabeza una fuerza de izquierda radical escapada de la Concertación que gobierna el país desde 1990, cuando Patricio Aylwin asumió la presidencia.
Esta vez los dólares chavistas no llegaron a Uruguay en burdos maletines, sino disfrazados de un simple negocio. Algo habían aprendido del anterior escándalo. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el muy respetable semanario Búsqueda, la empresa Apliser SA, fundada en enero de 2008, y cuyo primer presidente era un primo hermano de Lucía Topolansky, esposa de José Mújica, hizo imprimir en Uruguay 50.000 ejemplares de unos materiales relacionados con la topografía y el catastro venezolanos al costo de 6 dólares la unidad, y los exportó por 498 a una oscura dependencia del "Poder Popular para el Ambiente", un ministerio venezolano que es algo así como la Cueva de Alí Babá, lo que supuso un beneficio de 32 millones de dólares para los uruguayos. Por cada dólar invertido recibieron 83 de ganancia. Un negocio mejor y más seguro que vender cocaína. Era así, por cierto, como la URSS, por medio del KGB, financiaba los partidos comunistas europeos.
Naturalmente, la señora Topolansky ha negado con energía cualquier vínculo con esas trampas, mientras su esposo se mantiene relativamente silencioso, pero la investigación sigue su curso. Sin embargo, los expertos en las injerencias del chavismo en América Latina opinan que una suma de esa naturaleza, que requiere la aprobación de media docena de entidades oficiales, no es una simple estafa al golpeado patrimonio de los ciudadanos venezolanos perpetrada por unos uruguayos deseosos de ganar mucho dinero fácil y unos cómplices bolivarianos ladrones, sino una operación política de envergadura que inevitablemente necesitaba el visto bueno del coronel.
Enríquez-Ominami (incorporó el apellido de su padrastro) es un joven senador socialista muy radical, hijo de Miguel Enríquez, un dirigente comunista del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que murió en un enfrentamiento a tiros con la policía en 1975, cuando Marco era un recién nacido. El joven candidato se propone "terminar con esta sociedad [la chilena] brutalmente clasista". Tal vez lo logre.
En todo caso, Max Marambio, su hombre de confianza, no puede hacer otra cosa que lo que Cuba le exija, y no tiene otra lealtad que la que resulta de sus vínculos con Fidel y con el aparato policíaco cubano, como se comprobó en 1989, cuando sus íntimos amigos, los hermanos Tony y Patricio de la Guardia, coronel y general, respectivamente, veteranos en la lucha contra Pinochet, cayeron en desgracia y él, Marambio, inmediatamente ratificó su subordinación a los cuerpos represivos de la Isla y su apoyo incondicional a la dictadura. Tony fue fusilado y Patricio, condenado a muchos años de cárcel, pero Marambio demostró que es un militante disciplinado y fiel a quienes le hicieron muy rico.
Si Marco Enríquez-Ominami llegara a la presidencia del país con Max Marambio como su consejero áulico, sería, sin duda, el triunfo del castro-chavismo en Chile y el fin de las dos décadas de moderación y sentido común que, con diversos matices, han caracterizado a los cuatro gobiernos de la Concertación de centro izquierda que han ocupado el Palacio de la Moneda. El país volvería a la crispación de los años setenta, y se perdería todo lo que tiene de notable y ejemplar el llamado modelo chileno para el resto de los latinoamericanos. Exactamente lo que desea que suceda el Gran Elector, enemigo a muerte de la dulce izquierda vegetariana chilena.
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Etiquetas: CHAVEZ, EL DIABLO VENDIENDO CRUCES
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Etiquetas: ARGENTINA CRISTINA
SITUACION DE PENSIONADOS DE LA DEFENSA NACIONAL
ALGUNAS SITUACIONES DE INTERES DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL SECTOR PASIVO DE LAS FF.AA. Y DE ORDEN
Leyes N°s 18.263, 18.413, 18.694, 18.948, 18.961, 19.073, 19.262, 19.398 y 19.578.
Decretos Leyes N°s 2.448, 2.547, 2546 y 3.500.
DFL. (G) N° 1, y DFL (I) N° 2, ambos de 1.968, DFL. (G) N° 1 de 1997.
Situación de los Pensionados de la Defensa Nacional en el tema de Previsión.
1.- Distintos organismos y organizaciones del sector pasivo de la Defensa Nacional, han solicitado y expuesto a la autoridad disímiles situaciones según los diferentes puntos de vista, que aquejan a este sector, en materias de Previsión de la Defensa Nacional, tales como: La pérdida de la Zona al momento de jubilar, trato discriminatorio en materia de salud, al ser excluido del Plan AUGE o GES, la falta de oportunidad de los hijos de los pensionados para postular a Becas, como también al acceso a los subsidios para la compra de una vivienda digna, la derogación del "Fondo de Retiro", beneficio otorgado al resto de los pensionados del país y que se devuelva al menos el 50% del seguro de vida contratado en la "Mutualidad de Ejercito y Aviación, un mejoramiento especial de un 10% para el sector pasivo de la Defensa Nacional alcanzando una relación porcentual del 80% de las remuneraciones del personal en actividad y que los futuros reajustes para este mismo sector se aplique la misma reajustabilidad que a los empleados públicos y finalmente una referencia especial a la devolución de 10,6% en concordancia con lo anteriormente expuesto.
2.- Sobre el particular, se debe informar lo siguiente:
a. GRATIFICACION DE ZONA
En lo que dice relación a la pérdida de la Zona, efectivamente algunos pensionados perciben en sus respectivas pensiones el citado beneficio por haber cumplido los requisitos que establecía la normativa vigente al 31.DIC. 1973, fecha en que este fue derogado por el artículo 29 del Decreto ley N° 249, de 1974, y que a partir del 1° de enero del citado año este beneficio se empezó a cancelar solamente a los funcionarios públicos en actividad que por razones de desempeño se encuentran obligados a residir en alguna localidades aisladas de los grandes centro urbanos o de un alto costo de vida, dicho estipendio no es imponible ni tributable.
No obstante lo anterior, en la actualidad pueden incorporar en la pensión de retiro el beneficio de Asignación de Zona (al 31.DIC.1973 Gratificación), el personal retirado por Inutilidad de Segunda Clase, siempre que a la fecha de retiro lo hubiese percibido en actividad, el que se hizo extensivo a este personal a partir de la fecha de emisión del dictamen N° 37.859, de 27.SEP.2.000, de la Contraloría General de la República.
Conforme a lo expuesto, necesariamente se debe concluir que no es posible incorporar y/o percibir en las pensiones de retiro del personal pasivo de la Defensa Nacional el beneficio de la Asignación de Zona, por no existir norma legal alguna que lo permita.
b. FONDO DE RETIRO 6%
En relación a la suspensión del descuento del 6% al "Fondo de Retiro", dispuesto por el artículo único de la Ley N° 19.732 el cual dispone: "Suprímase las cotizaciones para los respectivos fondos de pensiones que gravan a los pensionados a que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 18.754, en la forma y condiciones siguientes", a su turno el citado artículo 2° preceptúa. "Para el efecto previsto en el artículo anterior, las tasas de cotizaciones para los fondos de pensiones a que están afectas actualmente las referidas pensiones, se destinarán al financiamiento del régimen de salud. La suma de éstas y las de las tasas de cotización vigentes para salud, no podrán exceder del siete por ciento referido en el artículo anterior. Si dicha suma fuere mayor que ese porcentaje, el excedente se destinará al respectivo fondo de pensiones".
Sobre el problema planteado, al tenor de la disposición recién indicada, es preciso señalar que las pensiones fiscalizadas por las Superintendencia de Seguridad Social, efectivamente las jubilaciones del antiguo sistema previsional, no están afectas a los descuentos tanto para el Fondo de Pensiones, a contar del 28.OCT.1988 y como para los Fondos de Salud, a partir del 06.JUN.2001. En la actualidad estos descuentos son de cargo del Fisco, lo que a simple vista constituye una discriminación, si las comparamos con los descuentos efectuados a los pensionados de la Defensa Nacional.
En este sentido, conviene recordar que el régimen previsional del sector Defensa no fue afectado por la reforma previsional prevista por el decreto ley N° 2.448, de 09.FEB.1979, normativa que suprimió las pensiones por años de servicios, reemplazándola por edad mínima que, en el caso de las mujeres es de 60 años de edad y en los hombre de 65 años de edad. Sin embargo, dicha reforma no incluyó al personal de la Defensa Nacional, por así disponerlo el artículo 19 de la normativa antes señalada. Como tampoco se aplica el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones, conforme lo señala el artículo 96 del decreto ley N° 3.500, de 13.NOV.1.980.
El actual financiamiento de las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, es de cargo Fiscal en un 75% y en un 25% con fondos de las respectivas Cajas de Previsión, que obtienen sus fondos con los aportes de un 6,5% de la pensión y de la renta imponible para el personal en servicio activo, para los imponente de la CAPREDENA., y 8,5% para el personal activo y pasivo de la DIPRECA, conforme lo disponen sus respectivas leyes orgánicas constitucionales.
No obstante lo anterior, es del caso advertir que en la actualidad ambas Cajas de Previsión se encuentran desfinanciadas, por cuanto con los aportes a los respectivos "Fondos de Retiro", estos no alcanzan a cubrir el 25% del aporte inicial de las respectivas pensiones, ya que a la fecha el Fisco concurre en un 83,5% aproximadamente y los organismo previsionales de la Defensa en un 16,5%, por lo tanto, proponer alguna derogación de estos descuentos agravaría aún más el déficit de nuestro régimen previsional.
c. MUTUALIDAD DE EJERCITO Y AVIACION
Ahora bien, en lo que concierne a la devolución del 50% de los fondos acumulado en la Mutualidad de Ejército y Aviación, es posible señalar que ello no es legalmente posible por las consideraciones que se indican:
La Mutualidad de Ejército y Aviación es una corporación de derecho privado que no persigue fines de lucro y no tiene legalmente vinculación orgánica ni dependencia alguna con esta Secretaría de Estado ni con las ramas de la Defensa Nacional, estando sometida como toda compañía de seguro de vida a la fiscalización de la Superintendencia de Seguros.
El carácter obligatorio del seguro vida, para todo el personal del Ejército emana del decreto ley N° 807, de 24.DIC.1925, en relación con la Ley N° 7.818, de 21.AGO.1944, que dispone contratarlo en esa condición en la Mutualidad del Ejército y Aviación, cuerpos legales posteriores como el decreto ley N° 1.092, de 11.JUL1975 y la Ley N° 18.660, de 20.OCT.1987, han mantenido vigente hasta la fecha las características antes anotadas para todo el personal que ingresa a las Fuerzas Armadas.
Los términos del seguro de vida, constan en convenios que con la Mutualidad periódicamente se han renovado y suscrito por las Fuerzas Armadas, actuando en ellos en representación del personal activo del Ejército y la Fuerza Aérea de Chile los respectivos Comandante en Jefe, de acuerdo a la facultad concedida expresamente para éste propósito por el Decreto Supremo (G) N° 302, de 27.JUN.1972.
Al respecto, es útil expresar que, entre las estipulaciones del referido convenio o contrato, está expresamente la que de este seguro de vida obligatorio es a prima de riesgo, (como el seguro obligatorio de automóviles), esto es, no tiene valores garantizados y como tal no confiere derecho a sus asegurados a rescate ni devoluciones en dinero de ninguna especie.
Con mayor precisión conviene recordar que, para el personal en condición de retiro este seguro de vida es colectivo temporal voluntario, cualquiera que sea la causa de su retiro de las respectivas Instituciones debiendo manifestar en esa instancia su decisión voluntaria de adherirse a este plan de seguro, cuya temporalidad está dada por el periodo de vigencia del respectivo contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, y como una manera de complementar los beneficios que otorga la referida Mutualidad, en su carácter de "Organismo Auxiliar de Previsión Social", que le confiere el decreto ley N° 1.092 de 1975, a la fecha les otorga a sus asociado beneficios tales como: Ayuda económica, mortuoria, por enfermedad, por incendio y préstamos, para lo cual se sugiere ingresar portal web de la Mutualidad.
d. SISTEMA DE SALUD: PLAN AUGE
En relación al trato discriminatorio que estaría recibiendo el sector pasivo de la Defensa Nacional, en materia como la previsión, la educación, en vivienda y en la salud en relación a este último con los actuales beneficios que entrega el Estado con el plan AUGE o la GES.
El Régimen de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que considera el Acceso Universal para prestaciones Integrales y Garantías Explícitas asociada a la atención de prioridades (AUGE). Las garantías constituyen derechos exigibles por las personas.
A la fecha existen 56 patologías o problemas de salud a los cuales pueden acceder los beneficiarios de FONASA o de una ISAPRE.
En este contexto, es nuestro deber informar que la salud es un derecho de carácter constitucional amparado por nuestra Carta Fundamental, la cual en su numeral 9° del artículo 19 dispone: -El derecho a la protección de la salud- "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”.
Más adelante establece “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias".
Como se señaló anteriormente la salud es una preocupación permanente del Estado y de sus propias Instituciones y en caso de las Fuerzas Armadas dicha normativa se consagra en la Ley N° 19.465 y su artículo 4° establece: "Los servicios de Sanidad de las Fuerzas Armadas, organizados en conformidad a la reglamentación correspondiente, serán responsables de la ejecución de las acciones que tiendan a la promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de los beneficiarios del Sistema de Salud que se crea en virtud de esta ley".
Los pensionados de nuestro sector pueden optar libremente por el sistema de Salud de su preferencia, el cual puede ser de su propia institución de origen, de la respectiva caja de previsión o de los sistemas del sector público sean estos de FONASA o las ISAPRE, donde indudablemente se deben remitir sus cotizaciones por salud, según sea la entidad de salud elegida.
El Sistema de Salud del sector pasivo del Sector Defensa se financia con el descuento del 6% de sus respectivas pensiones de retiro - montepío y un aporte fiscal del 1% sobre la pensión. Además de estas cotizaciones obligatorias que contempla la normativa vigente, existe otros descuentos de carácter voluntarios ( planes y seguros adicionales) que permiten la rebaja en las prestaciones médicas recibidas, que naturalmente no se pueden comparar con las patologías y garantías que actualmente cubre el plan AUGE o las GES.. pero sí se puede afirmar que nuestra cobertura en salud no es deficitaria, sobre todo cuando es comparado con el sistema público en la oportunidad por la prestación otorgada.
Finalmente, se debe concluir que la salud es un bien social. En consecuencia, el acceso a las acciones de fomento de la salud y prevención de la enfermedad, así como a los servicios de atención de salud, cualquiera que sea su procedencia, deben procurar una atención adecuada, con independencia de su capacidad de pago y deben proteger el daño financiero que puede causar una enfermedad de alto costo en el presupuesto familiar, requisitos que naturalmente nuestro sistema de salud tiene previsto y que se perfecciona periódicamente.
e. SUBSIDIOS EDUCACIONALES
En materia de acceso a la postulación al Sistema de Becas para los hijos de los pensionados del sector Defensa, es preciso señalar que en la página www.becaschile.cl y www.becasycredito.cl encontrarán toda la información necesaria para acceder a una variada gama de Créditos y Becas al cual pueden postular los hijos de los pensionados del cualquier sector del país, en el cual no existe ningún grado de discriminación, aún más, entre menos ingresos mayor es a posibilidad de acceder a estos beneficios.
f. SUBSIDIOS HABITACIONALES
En relación a la postulación de Subsidios Habitacional se sugiere que oriente su presentación a las respectivas Cajas de Previsión de la Defensa Nacional, por cuanto ellos están facultados para facilitar y orientar a los Subsidio Habitacional Unificado y al Básico o Privado, para cual solicitante deberá cumplir simultáneamente con la reglamentación de cada caja de previsión y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Confederación a través de la GES DEVISO LTDA. Se está realizando en la 1 y 14 Región Plan piloto para obtención de subsidios habitacionales. De los resultados de este plan piloto se proyectará a las otras regiones del país de ser necesario.
g. REAJUSTABILIDAD DE LAS PENSIONES
En relación a quienes solicitan un mejoramiento especial de un 10% para el sector pasivo de la Defensa Nacional alcanzando una relación porcentual del 80% de las remuneraciones del personal en actividad y que los futuros reajustes para este mismo sector se aplique la misma reajustabilidad que a los empleados públicos.
Al respecto cabe manifestar, que estudiados los aspectos que dicen relación con los reajustes del sector pasivo de la Defensa Nacional, en especial los efectos que ha tenido en este sector la derogación de la renta del similar en servicio activo.
1) Por el artículo 2° del Decreto Ley Nº 2547, de 09.FEB.1979, se derogó los reajustes automáticos de la renta del similar en servicio activo o "perseguidora", alcanzando incluso a las pensiones por "invalidez", como asimismo a las causadas por muerte en acto de servicio y los montepíos.
Al respecto, conviene recordar que la derogación en estudio fue total y absoluta considerando a todos los regímenes de reajustabilidad que regían al 09.FEB.1979. Sin embargo al mismo tiempo, eliminó los requisitos para que las pensiones se aumentaren en un 100% de la variación del IPC., aplicable al sector pasivo de la Defensa Nacional, que en el caso de las Fuerzas Armadas era el artículo 187 del DFL. (G) N° 1, de 1968 y para el sector de Orden y Seguridad el artículo 94 del DFL. (I) N° 2, de 1968.
2) A partir del 1°.MAR.1979, se inicia las diferencias de los reajuste de las pensiones del sector pasivo de la Defensa Nacional y comienza a configurase distintas modalidades de pensiones en un mismo escenario previsional, ya que, conjuntamente con la derogación de la renta del similar en actividad, entró en vigencia una nueva Escala de Remuneraciones para el personal en actividad de la Defensa Nacional, fijado por el Decreto Ley N° 2546, de 1979, como asimismo, se derogaron beneficios remuneratorios al personal en servicio activo, lo que hace más grande la brecha de las pensiones en comparación con la renta de actividad.
Efectivamente, la derogación de la renta del similar en servicio activo, modificó el sistema de reajustes de todo el sector previsional. Así es como al inicio de los año 80, los funcionarios del sector público no percibieron los reajustes del IPC., acumulados entre el 02.AGO.1980 al 30.JUN.1983, en sus respectivas remuneraciones, sin perjuicio de cualquier otro mejoramiento no relacionado con el índice de Precio al Consumidor. Situación que no ocurrió con el sector pasivo en general, ya que en ese mismo período percibieron los reajustes del 1°.OCT.1982 ascendente a 14,56% y a partir del 1°.MAY. 1983 un 17,09%.
Ahora bien, el legislador de la época para no perjudicar a los funcionarios que obtuvieron su retiro en este período promulgó la Ley N° 18.263, la cual permitió que este personal obtuviera en sus respectivas jubilaciones los reajustes antes indicados, como asimismo los reajustes posteriores al 1°.JUL.1983.
El efecto en la cuantía de las pensiones se tradujo en un aumento considerable de estas jubilaciones incluso superior a la renta de actividad, y para frenar estos aumentos significativos se dictó la Ley N° 18.694 el 25.MAR.1988, que dispuso en su artículo 1° intercálese como incisos segundo y tercero, en el artículo 2° de la Ley N° 18.263, los siguientes: "Con todo, el monto de las pensiones no podrán exceder del 100% de la última renta recibida en actividad, en relación con el número de años computados, fijándose como pensión, respecto de las que pudieren exceder esa remuneración, la que corresponda, en la proporción señalada, al monto de la última remuneración percibida en servicio activo. Para estos efectos se entenderán por remuneración en actividad la que represente el total de sus haberes, excluidas las asignaciones familiares, de movilización, pérdida de caja, de máquina, rancho o colación, de casa, de zona y de cambio de residencia, viáticos y horas extraordinarias".
"Respecto del personal afecto al DFL. (G) N° 1, de 1968, se excluirán también las gratificaciones establecidas en el artículo 118 de dicho texto legal, y respecto del personal afecto al DFL.(I) N° 2, de 1968, se excluirán también las gratificaciones especiales de los artículo 51, 52 y 53".
En la actualidad a estas pensiones se le denominan "Tope", que es la resultante de la renta imponible acreditada a la fecha de retiro, la cual se retrotrae al 1°.AG0.1981, y a este monto se aplica la totalidad de los reajustes propios del sector pasivo, y como la resultante excede del 100% de la renta de actividad, al considerarse los reajustes del 14,56% del 1°.OCT.1982, el 17,09% del 1°.MAY.1983 y por regla general, dependiendo de la fecha de retiro, se han incrementado por los aumentos especiales del 10,6% de la Ley N° 19.073, el 10% a las pensiones inferiores a los $ 100.000.- otorgado por la Ley N° 19.398 (Ley del tabaco) y los $ 8.000.- de la Ley N° 19.578, y su procedimiento se encuentran normado en los artículos 79, 80 y 81, de la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y en los artículos 59 y 66 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.
También ha contribuido en la diferenciación en el montos de estas el otorgamiento de reajustes diferenciados como fue el Decreto Supremo (H) N° 376 a partir del 1°.MAY. 1987, el cual concedió un aumento de un 18,05% a las pensiones inferiores a $ 17.500.-cuyos beneficiarios tuvieren 65 años de edad, un 16,41% a los pensionados menores de 65 años y que su pensión fuese inferior a $ 17.500.- y no sobrepase los $ 43.500.- un 9,85% a las pensiones entre $ 43.501.- y los $ 100.000.- y un 8,21% a las pensiones superiores a los $ 100.000.-
Al año siguiente nuevamente se otorgó reajustes en forma diferenciada mediante el Decreto Supremo (H) N° 321, correspondiendo a partir del 1°.ABR.1988, un aumento de un 17,09% a los pensionados mayores de 65 años, cuyas jubilaciones oscilaban entre los $ 1.542.- a $ 19.250.-, un 15,9% a los pensionados menores de 65 años, cuyas pensiones sean de $ 1.542.- a $ 19.250.- y este mismo porcentaje (15,9%) a los mayores de 65 años, cuyas pensiones se ubiquen en los tramos de $ 47.850.- a $ 109.850.- un 9,9% a los beneficiarios menores de 65 años cuyas pensiones fluctúen de los $ 47.850.- a $ 109.850.- y un 8,4% a las pensiones superiores a los 109.850.- cualquiera que sea la edad.
Como conclusión de carácter general, en materia de reajuste de las pensiones de conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 del Decreto Ley N° 2.448 y 2° del Decreto Ley N° 2.547, ambos de 1979, modificados por la Ley N° 19.262, todas las pensiones de regímenes previsionales fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social y las pensiones de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, se reajustarán automática, en el 100% de la variación experimentada por el índice de Precio al Consumidor entre el mes anterior a último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el 15%. Con todo, si transcurriesen 12 meses desde el último reajuste sin que la variación del referido índice alcance el 15% las aludidas pensiones se reajustaran en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en dicho período este último reajuste sustituye al antes indicado.
3) Es del caso confirmar los conceptos validamente emitidos, en el sentido que la Ley Nº 18.494, publicada en el Diario Oficial el 25.ENE.1986, permitió reliquidar las pensiones de retiro de los Oficiales Generales a sus asignatarios de montepíos, sobre la base de las renta imponible si hubiesen estado en servicio activo al 1°. EN E. 1986, y con esto permitir efectuar los cálculos y cómputos que procedan, de los beneficios provisionales de los citados Oficiales, considerando a estos, por una ficción legal, como si hubiesen estado en servicio en la fecha antes indicadas.
En mérito de lo expuesto precedentemente se estima que si bien es cierto cuando se efectúa un análisis al interior del régimen previsional de la Defensa nacional, naturalmente encontramos grandes diferencias especialmente en la cuantía de las pensiones, ya que ello va en directa relación con la fecha de retiro, los años de servicio computados y los beneficios económicos incorporados en la respectiva pensión-montepío. Sin embargo, cuando lo comparamos con el resto o futuros pensionados ahí se nota una gran diferencia, de lo cual podemos concluir con nuestro sistema seguridad social es de excepción, y es una justa retribución que otorga el Estado de Chile a la sacrificada labor que realiza cada rama de la Defensa Nacional. Así mismo se estima que, no es posible solicitar al Ejecutivo un mejoramiento de las pensiones de la Defensa Nacional en las formas requeridas, sin perjuicio se estudie la factibilidad de la utilización de los excedentes del Fondo Revalorizador de Pensiones, para mejorar aquellas que se encuentran por debajo del monto de las pensiones mínimas. Lo anterior en alusión al proyecto de ley que se estudia y analiza en el ejecutivo, en estricta relación con la nueva ley de Defensa que se tramita en el poder Legislativo, la que se encuentra con el primer tramite legislativo cumplido.
h. DEVOLUCIÓN DEL 10,6% LEY 19073 DEL AÑO 1991
En relación al tema señalado con el nombre de devolución del 10,6%, se deben indicar la ley N° 18.413 del 08 de Mayo del año 1985 y la ley Nº 19073, del año 1991 de las cuales se copia los articulo 1 y 3 respectivamente, con el propósito de comprender acabadamente la situación que afecta a los pensionados;
Artículo 1° ley Nº 18.413 señala: “Reajústense, a contar del 1° de mayo de 1985, en un porcentaje equivalente al de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor fijado por el Instituto Nacional de Estadísticas ocurrida en los meses de noviembre y diciembre de 1984, todas las pensiones de los regímenes previsionales, incluidas las pensiones asistenciales, a que se refieren los artículos 14 del decreto ley N° 2.448 y 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979. Asimismo, las pensiones antes indicadas, se reajustarán, a contar del 1° de enero de 1986, en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas que se produzca entre la fecha en que entre en vigencia el reajuste a que se refiere el inciso anterior y el 31 de diciembre de 1985.
Suspéndase, durante el año 1985, la aplicación de los artículos 14 del decreto ley N° 2.448 y 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979, disposiciones que recuperarán su vigencia a contar del 1° de enero de 1986, sobre la base de la variación del Indice de Precios al Consumidor que ocurra a contar de esa fecha.
NOTA: El DS 11, del Ministerio de Hacienda, publicado el 16 de enero de 1986, dispuso:
Fijase en 14,26% el porcentaje en que deberán reajustarse, a contar del 1° de enero de 1986, las pensiones de los regímenes previsionales, incluidas las pensiones asistenciales, a que se refieren los artículos 14 del decreto ley N° 2.448 y 2° del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, por aplicación de lo ordenado por el inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.413”.
“Artículo 3°, ley 19073: “Las pensiones de los antiguos regímenes previsionales a que se refiere el artículo 14 de decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2° del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, que se encontraban vigentes al 30 de abril de 1985 y las pensiones de sobrevivencia originadas en pensiones vigentes a dicha fecha, excluidas las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley Nº 15.386, del artículo 30 del decreto ley Nº 446, de 1974, y del artículo 39 de la ley Nº 10.662, y las que teniendo el carácter de pensiones mínimas tienen montos superiores a los de éstas por efecto de la aplicación de los reajustes diferenciados de las leyes N°s. 18.549, 18.669 y 18.806 y de la amplificación dispuesta por la ley Nº 18.754, se reajustarán por una sola vez en un 10,6% en la oportunidad que a continuación se indica:
a) A contar del 1° de julio de 1991, si su monto mensual al 30 de junio de dicho año es igual o inferior a $ 80.000;
b) A contar del 1° de julio de 1992, si su monto mensual al 30 de junio de 1991 es superior a $ 80.000 pero igual o inferior a $ 120.000, y
c) A contar del 1° de diciembre de 1992, si su monto mensual al 30 de junio de 1991 es superior a $ 120.000.
El reajuste a que se refiere este artículo se aplicará sin perjuicio de los reajustes automáticos que corresponda de conformidad al artículo 14 del decreto ley Nº 2.448, y al artículo 2° del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979”.
Los montos a que se hace referencia en las letras a), b) y c) incluyen el incremento establecido por la ley N° 18.754.
No obstante lo señalado en el inciso primero de este artículo, las pensiones vigentes al 30 de abril de 1985 y las pensiones de sobrevivencia originadas en pensiones vigentes a la fecha señalada causadas con posterioridad a las que no se aplicó el reajuste adicional de 10,6% dispuesto en el artículo 4° de la ley Nº 18.987, debido a que, al 30 de junio de 1990, sus montos eran superiores a los montos mínimos de la época, y que por efecto de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° del referido cuerpo legal, tienen desde el 1° de julio de 1990 el carácter de pensiones mínimas, deberán incrementarse en una suma tal que les permita alcanzar al 1° de julio de 1991, un monto equivalente al que tenían a junio de 1990, reajustado sucesivamente en 15,5%, 15,02% y 10,6%”.
Con lo expresado por las normas legales expuesta que anteceden, se debe dilucidar entonces quienes tendrían eventual e hipotéticamente derecho a impugnar la devolución del 10,6%, serian los pensionados que cumplen con lo señalado en la norma y otras, informando desde ya, que existe Jurisprudencia contraria a los intereses de los pensionados en los Tribunales de Primera Instancia, Corte de Apelaciones y Corte Suprema:
1.- Las pensiones de los antiguos regímenes previsionales a que se refiere el artículo 14 de decreto ley Nº 2.448 y el artículo 2° del decreto ley Nº 2.547, ambos de 1979, que se encontraban vigentes al 30 de abril de 1985
a) A contar del 30 de abril 1985 y hasta el 1° de julio de 1991, si su monto mensual al 30 de junio de dicho año era igual o inferior a $ 80.000;
b) A contar del 30 de abril 1985 y hasta el 1° de julio de 1992, si su monto mensual al 30 de junio de 1991 era superior a $ 80.000 pero igual o inferior a $ 120.000, y
c) A contar del 30 de abril 1985 y hasta el 1° de diciembre de 1992, si su monto mensual al 30 de junio de 1991 era superior a $ 120.000.
2.- Existiendo estos y otro temas de interés para los pensionados de la defensa nacional, es indispensable que exista un criterio unificado y/o centralizado, de ser posible, por cuanto, las solicitudes, de los diferentes actores societarios y otros, a la autoridad, en relación a los innumerables planteamientos y particular visión de cada uno de ellos, lleva a quien tiene el imperio, a no solucionar ninguno, especialmente por la gran discrepancia de criterio y de exactitudes y veracidades en los planteamientos y temas.
FDO: Juan Antonio Bulo Navarro
Jefe Dpto. Jurídico de CONFAR