Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-464-04.htm
Timestamp: 2019-09-21 21:20:45
Document Index: 310258252

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 13', 'Artículo 52', 'Artículo 16', 'Artículo 140', 'Artículo 109', 'Artículo 136', 'Artículo 140', 'Artículo 156', 'Artículo 180', 'Artículo 183', 'artículo 12', 'artículo 241', 'artículo 183', 'Artículo 12', 'Artículo 45', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 49', 'artículo 47', 'artículo 47']

C-464-04
Sentencia C-464/04
PENSION DE SUSTITUCION DE SOBREVIVIENTES EN LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL-Causal de extinción consistente en contraer nuevas nupcias
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia por declaración de inexequibilidad del decreto derogatorio
DERECHO A LA IGUALDAD EN PENSION DE SOBREVIVIENTES EN LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL-Violación por extinción del derecho al contraer nuevas nupcias o hacer vida marital/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN PENSION DE SOBREVIVIENTES EN LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL-Violación por extinción del derecho al contraer nuevas nupcias o hacer vida marital
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Efectos a partir de entrada en vigencia de la Constitución
Referencia: expediente D-4925
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Doctores Clara Inés Vargas Hernández - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes,
El ciudadano Juan Francisco Navarrete, actuando en nombre propio, haciendo uso del derecho previsto en el artículo 241, numeral 4º, de la Carta Política, demandó ante la Corte Constitucional la inexequibilidad de los artículos 52 de la Ley 2ª de 1945, 16 de la Ley 82 de 1947, 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971, 156 del Decreto 612 de 1977, 180 del Decreto 89 de 1984 y 183 del Decreto 95 de 1989, todos parciales, por encontrarlos contrarios al principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, así como a los artículos 16, 42, 43 y concordantes.
“Ley 2 de 1945
“Por la cual se reorganiza la carrera de oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones a los individuos de tropa”
“Artículo 52. La prestación de que tratan los artículos 49 y 50, se extingue para la viuda al contraer nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos, cuando lleguen a la mayor edad.”
“Por la cual se adicionan y modifican las Leyes 2 de 1945, 100 y 101 de 1946, en relación con ascensos y prestaciones sociales para el personal de las Fuerzas Militares, y se dictan otras disposiciones”
“Artículo 16. Las prestaciones que se otorguen por fallecimiento del oficial o suboficial, conforme el artículo anterior, o goce de sueldo de retiro, se extinguirán para la viuda al contraer nuevas nupcias y para los hijos o hermanos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último: A las hijas o hermanas célibes; A los hijos que sean estudiantes universitarios y a los hijos con invalidez física permanente para el trabajo.”
“Por el cual se organiza la carrera de los oficiales de las Fuerzas Militares”
“Artículo 140. Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del Oficial de las Fuerzas Militares en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme al presente Estatuto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de este último: a) A las hijas o hermanas célibes, b) A los hijos con incapacidad permanente para el trabajo.”
“Por la cual se organiza la carrera de Oficiales de las Fuerzas Militares”
“Artículo 109. Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del Oficial de las Fuerzas Militares en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme a esta Ley, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último: a) A las hijas célibes, b) A los hijos que padezcan invalidez absoluta y permanente para el trabajo.
“Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”
“Artículo 136. Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares, en servicio activo, en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme a este Decreto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos que se emancipen o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último a los que padezcan incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que motiva y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de éstos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento.”
“Artículo 140. Extinción de pensiones. Las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en goce de asignación de retiro o pensión, conforme a este Estatuto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos que se emancipen o lleguen a la mayor edad, exceptuando esto último a los que padezcan incapacidad absoluta o permanente o gran invalidez y dependen económicamente del Oficial u Suboficial. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motiva y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de éstos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento.”
“Artículo 156. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente Decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos pro muerte, emancipación, matrimonio, profesión religiosa, independencia económica o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de éstos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento...”
“Artículo 180. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirá para la cónyuge si contrae nuevas nupcias y para los hijos por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial o Suboficial….”
“Por el cual se reforma el estatuto de carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”
“Artículo 183. Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para el cónyuge si contrae nuevas nupcias y para los hijos por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del Oficial u Suboficial….”
El actor sostiene que las expresiones demandadas ofrecen un trato discriminatorio a las viudas de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, respecto de las viudas de los demás funcionarios o empleados públicos y privados, pues aquellas, a diferencia de estas, pierden el derecho a recibir su asignación de retiro o su pensión sustitutiva cuando quiera que contraigan nuevas nupcias o inicien nueva vida marital.
Advierte que las nuevas nupcias o el inicio de una nueva vida marital fueron consideradas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-309 de 1996 como causales no justificativas de pérdida de derechos prestacionales, pero que las disposiciones acusadas todavía disponen lo contrario en relación con las viudas de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
Las disposiciones acusadas atentan contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las viudas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares porque obliga a permanecer en estado de viudez y les impide iniciar una nueva vida marital so pena de perder se derecho a ser beneficiarias de una asignación de retiro o de una sustitución pensional.
En la oportunidad procesal prevista intervino la Directora de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de la referencia, Ana Lucía Gutiérrez Guingue, para solicitar a la Corte que se inhiba de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
En opinión del Ministerio, las normas acusadas hacen parte de una legislación derogada que hoy día no produce efectos, dado que el Decreto 2070 de 2003 reformó el régimen pensional de las Fuerzas Militares y consignó causales de pérdida de las prestaciones sociales de las viudas de los oficiales y suboficiales diferentes a las de la legislación preexistente.
Sostiene, además, que el estatuto de personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía, contemplado en los Decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, establecía la pérdida de las prestaciones sociales aludidas por celebración de nuevo matrimonio o inicio de nueva vida marital, pero dicha condición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-182 de 1997, razón por la cual no opera actualmente.
En representación del Ministerio de la referencia, intervino en el proceso Sandra Marcela Parada Acero para solicitar a la Corte que declare exequibles las normas acusadas.
Luego de algunas alusiones teóricas a los derechos invocados como demandados, la representante del Ministerio precisa que por virtud del artículo 12 del Decreto 2070 de 2003, “Por medio del cual se reforma el Régimen Pensional de las Fuerzas Militares”, las causales de pérdida del derecho a la pensión de sobreviviente se unificaron sin incluir las que son objeto de censura. Dice que el Decreto 2070 de 2003 modificó el régimen pensional de los miembros de las Fuerzas Militares y derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias, con lo cual se entiende que las causales demandadas no tienen actualmente efectos.
Adicionalmente, la interviniente asegura que el Decreto 2070 de 2003 fue expedido de conformidad con las competencias establecidas en la Constitución y que constituye una regulación integral, sistemática y metódica del régimen pensional propio de las fuerzas militares y la Policía Nacional, lo cual garantiza el carácter especial de dicho régimen.
Dada la especialidad del régimen pensional de las fuerzas militares y la Policía, la interviniente asegura que entre los miembros de la Fuerza Pública y los particulares existen diferencias evidentes que permiten establecer un trato diferencial. No obstante, la representante del Ministerio aduce que la Corte Constitucional, en Sentencia C-182 de 1997, dijo que no era equitativo establecer como causales de extinción de la pensión de sobrevivientes el hecho de que el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, puesto que esta condición resolutoria del derecho pensional violaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Posteriormente, la interviniente hace mención de ciertos aspectos de la pensión de sobreviviente y cita jurisprudencia de la Corte en la que el tema ha sido objeto de estudio.
El señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó su concepto de rigor y solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas por haber operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material.
En efecto, el Procurador General advierte que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la pérdida de derechos prestacionales del cónyuge supérstite de servidor público que contrae nuevas nupcias o inicia una nueva vida marital, señalando que es inconstitucional la causal por la cual tales derechos se consideran extinguidos (Sentencias C-309 de 1996, C-182 de 1997, C-683 de 1997 y C-1050 de 2000).
En consecuencia, señala que los derechos de la mujer no pueden ser sometidos a discriminación alguna, no obstante lo cual las normas acusadas prohíben a la mujer contraer nuevas nupcias o iniciar una nueva vida marital, so pena de perder los beneficios prestacionales adquiridos en matrimonio anterior. Esta situación, a más de resultar atentatoria de su libre desarrollo de la personalidad, carece de justificación alguna, por lo que no puede conservarse en el ordenamiento jurídico.
Indica que aunque el régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional ostenta una índole especial que lo diferencia del régimen general de la Ley 100 de 1993, las diferencias de trato que puedan presentarse deben estar plenamente justificadas y no pueden ser más gravosas en detrimento del régimen especial. “Así -dice-, mientras la Ley 100 de 1993 no consagra la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivientes por nuevas nupcias, no existe razón para que los regímenes excepcionales lo consagren”.
Finalmente -agrega- como las sentencias que declararon la inexequibilidad de la expresión acusada tuvieron efectos retroactivos a partir del 7 de julio de 1991, lo correcto es que, al declarar la inexequibilidad de los apartes ahora acusados, la Corte asuma la misma posición y le confiera efectos a la Sentencia a partir de la fecha indicada.
1. De conformidad con lo prescrito por los numerales 4° y 5° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, pues hacen parte de leyes de la República o de decretos con fuerza de ley.
2. El demandante formula una acusación dirigida en contra de una serie de normas de rango legal, cuyo común denominador es el establecer una causal de extinción del derecho a la pensión que se otorgue a la viuda por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas militares o de la Policía Nacional. Dicha causal es el hecho de que la viuda contraiga nuevas nupcias. (En el caso del artículo 183 del Decreto 85 de 1989 la causal de pérdida de la pensión cobija al “cónyuge” y no exclusivamente a la viuda.) A juicio del actor, con lo anterior el legislador vulnera las normas superiores relativas al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, así como aquellas otras concernientes a la protección de la mujer y de la familia (C.P. Arts. 13, 16, 42 y 43), pues se obliga a las viudas a permanecer en estado de viudez y se les impide contraer nuevo matrimonio, dado que si lo hacen se extingue su derecho como beneficiarias de la pensión de sustitución o de sobreviviente.
La intervención del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte declararse inhibida por carencia actual de objeto, pues estima que todas las disposiciones acusadas perdieron vigencia al haber sido derogadas por el Decreto 2070 de 2003. El Ministerio de Defensa, no obstante coincidir con su homólogo en cuanto a la existencia de una nueva regulación legal en la que no se incluye el contraer nuevas nupcias como motivo de pérdida de derechos pensionales de las viudas de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, aboga por la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, arguyendo que ellas se justifican por la especialidad del régimen pensional castrense. La vista fiscal, por su parte, estima que las disposiciones parcialmente acusadas deben ser declaradas inexequibles, pues el asunto de la extinción de la pensión de la viuda por el hecho de contraer nuevas nupcias ya fue estudiado por esta Corporación, quien encontró que la referida causal de perdida de derechos desconocía las normas superiores. En tal virtud, estima que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material.
En efecto, reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha definido que en ejercicio de su función de guardar la supremacía e integridad de la Constitución, debe conocer solamente de disposiciones que estén vigentes en el ordenamiento, salvo que, si no lo están, continúen produciendo efectos. En cambio, respecto de las normas demandas que han perdido vigencia y no continúan surtiendo efectos, o nunca los surtieron, el pronunciamiento de la Corte debe ser inhibitorio por carencia de objeto.[1]
Efectos de la derogación de la normas parcialmente acusadas llevada a cabo por el Decreto 2070 de 2003.
“Artículo 12.Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes circunstancias, según el caso:
Como puede apreciarse, la disposición guardaba silencio respecto del perdida de tales derechos pensionales por nuevas nupcias del cónyuge viudo (a), por lo cual debía entenderse que no se perdían por esa circunstancia.
“Artículo 45. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos 193 del Decreto ley 1211 de 1990, 167 del Decreto ley 1212 de 1990, 125 del Decreto ley 1213 de 1990, Ley 103 de 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto ley 1793 de 2000”
No obstante, el Decreto 2070 de 2003 fue declarado inexequible mediante la reciente Sentencia C- 432 de 2004[2]. Esta circunstancia hace que cobren vigencia las normas anteriores relativas a la causal de pérdida de la pensión por muerte de oficiales o suboficiales de las fuerzas Armadas debida al hecho de que el cónyuge sobreviviente pensionado contraiga nueva nupcias, lo cual impone a la Corte llevar a cabo un pronunciamiento de fondo.
En la sentencia C- 309 de 1996[3], para explicar la inconstitucionalidad de esta fórmula legal, la Corte dijo:
En este caso se examinaba artículo 2° (parcial) de la Ley 33 de 1973, que no pertenecía al régimen pensional especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
5. Posteriormente, en la Sentencia C-182 de 1997[4] se examinaron los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990[5], 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990[6], 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990[7] y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990[8], pertenecientes todos ellos al régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que establecía como condición resolutoria de la pensión el hecho de que el viudo o la viuda contrajera nuevas nupcias o hiciera vida marital. En dicho fallo, se estudió concretamente el asunto de si la naturaleza especial del referido régimen pensional justificaba tal condición resolutoria de las pensiones de las viudas, concluyéndose lo siguiente:
“Ha señalado esta Corporación en relación con el establecimiento de los llamados “Regímenes Excepcionales”, que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones prestacionales más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitatitvo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, éstas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad.
“Lo anterior configura una condición resolutoria del derecho pensional, que no se encuentra consagrada para los trabajadores cobijados por el Sistema Integral de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993, presentándose por consiguiente un tratamiento abiertamente desigual, con respecto a los mismos servidores del Estado.
“...la expresión acusada no se ajusta al ordenamiento constitucional por cuanto vulnera los mencionados derechos fundamentales, consagrando un tratamiento discriminatorio e inequitativo con respecto a las personas que durante su vigencia - desde 1990 hasta la fecha - perdieron el derecho a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes, y desconociendo la libre opción al desarrollo que todas las personas tienen de conformar un vínculo natural o jurídico.” (Negrillas fuera del original)
6. Más adelante, en la Sentencia C-653 de 1997[9] al estudiar la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 (parcial) del Decreto 1305 de 1975[10] que contenía la misma condición resolutoria de la pensión de las viudas, la Corte reiteró los fallos anteriores. Otro tanto hizo en el pronunciamiento vertido en la Sentencia C-1050 de 2002[11], que recayó sobre la expresión “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”, contenida en el parágrafo primero del artículo 49 del Decreto 2701 de 1988[12].
Efectos del presente pronunciamiento:
8. Como en las oportunidades anteriores, la presente declaración de inconstitucionalidad tendrá efectos a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política. En efecto, las sentencias que constituyen precedente de la presente tuvieron efectos retroactivos a partir del 7 de julio de 1991, con el objeto de reestablecer los derechos conculcados a las viudas o viudos que perdieron sus prerrogativas pensionales al contraer nuevas nupcias o hacer vida marital. Como consecuencia de dichos fallos, se impuso a las autoridades competentes la obligación de restituir las mesadas dejadas de percibir que se hubieran causado partir de la notificación de la providencia, decisión que ahora se reiterará.
“La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.
“A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión - actualmente denominada de sobrevivientes - por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar la mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia.”[13] [14]
Primero: Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones:
Aclaración de voto a la Sentencia C-464/04
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, el suscrito Magistrado aclara el voto; por las siguientes razones:
El Decreto Ley 2070 de 2003 fue declarado inexequible mediante la sentencia C-432 de 2004, y no es cierto que revivan las normas anteriores que habían sido derogadas por el Decreto 2070 del 2003. Siendo esto así no era necesario volverse a pronunciar sobre normas ya derogadas, aún cuando la norma que las crea sea declarada inexequible.
Las razones por las cuales las normas derogadas no reviven son:
“1. La Corte Constitucional declaró primero la inconstitucionalidad del artículo 47 de la Ley 640 del 5 de enero de 2001.
4. Se plantea entonces el siguiente problema jurídico: si el fallo de inconstitucionalidad relativo al parágrafo tercero del artículo 47 de la Ley 640, hace "revivir" el parágrafo tercero del 52 de la Ley 510 de 1999. ¿Dicho de otra manera, si la norma derogada por una ley que luego es declarada inconstitucional, revive o adquiere nuevamente vigencia por el hecho de ser declarada inconstitucional la norma que la había derogado o subrogado?
a) Cuando se estudia en detalle toda la jurisprudencia anterior y la doctrina, se observa que el argumento que reiteradamente se aduce es que no pueden existir vacíos jurídicos y, parangonando a la ciencia física, se dice que así cómo la naturaleza repele el vacío, también el derecho rechaza el vacío jurídico. Expresado de una manera más simple, no pueden existir materias que no sean objeto de regulación por parte del derecho.
- Otro elemento fundamental para el análisis de este problema es el supuesto del cual se parte en el Estado de derecho, que es el de la libertad; en el estado de derecho se parte del supuesto de que el individuo goza, en principio, de una libertad ilimitada de manera tal que el individuo puede realizar todos los actos que no le estén expresamente prohibidos por una norma jurídica. Siendo el hombre libre no necesita de ninguna norma para poder ejercer su libertad, o sus libertades públicas, que no son más que una consecuencia de ser una persona libre, como lo señalara Hegel.
- Un ejemplo sobre la libertad de transito nos ayuda a aclarar el problema jurídico; los individuos tienen la libertad de transitar por los parques públicos. Como son hombres libres tienen en consecuencia la libertad de tránsito y esta libertad cobija la de transitar por los parques públicos. Si después se dicta una ley A que condiciona esa libertad y dice que para transitar por el parque se necesita un permiso y luego se dicta una ley B, que deroga la ley A y que establece que para transitar por los parques se requiere el permiso y además un certificado médico y esta ley B luego es declarada inconstitucional no quiere decir que la ley A revive y que ahora los individuos vuelven a necesitar el permiso para transitar. Lo que sucede con el mentado derecho de transito, es que después de la declaratoria de inexequibilidad los individuos pueden volver a transitar por los parques públicos sin que se requiera ninguna condición (ni permiso ni certificado médico), pues hemos retornado al reino de la libertad, al supuesto básico del Estado de derecho que es el que las personas no necesitan de ninguna autorización para ejercer sus derechos.
- En realidad en el mundo del derecho pueden presentarse dos situaciones que es necesario diferenciar y que tienen relación con el fallo de inexequibilidad. La primera se presenta cuando no existe previamente regulación jurídica, por ejemplo no existe regulación jurídica para la manipulación genética, eso lo que quiere decir es que esa conducta es libre. Si después aparece la ley A que regula la manipulación genética y esa ley A es declarada inconstitucional, la consecuencia, (y aquí aparece claramente el fenómeno) es que esa materia, la manipulación genética queda otra vez libre, sin regulación. La segunda hipótesis se presenta cuando la ley declarada inconstitucional había derogado otra ley preexistente. En este caso también la consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad, es que esa materia o sector queda sin ninguna regulación jurídica, ya que la conducta se puede realizar, ahora, libremente.
- La única manera de lograr que reviva la ley que ha sido derogada por la norma declarada inconstitucional; es darle a la Corte Constitucional de manera expresa la facultad para que al momento de proferir el fallo de inexequibilidad decida si la ley abrogada recobra su vigencia, que fue lo que hizo la Corte Austriaca al darle a la Corte Constitucional esta facultad en una norma que decía: "cuando mediante decisión de la Corte Constitucional venga declarada inconstitucional una ley o parte de ella, las normas jurídicas abrogadas por tal ley vuelven a recobrar su vigencia con la decisión de la Corte, salvo que esta última no disponga diversamente". Esta norma es la que falta en el ordenamiento jurídico colombiano. Como se puede observar la decisión de la Corte Constitucional Austriaca que no solo anulaba una ley sino que también revivía la norma derogada, no era un simple acto negativo de legislación sino también un acto de legislación positiva.
Mientras no exista en la Constitución Colombiana una competencia expresa de la Corte Constitucional que le permita revivir las normas derogadas por la ley declarada inconstitucional, la consecuencia jurídica será que esas materias quedaran sin regulación, subentrará la libertad y las personas tendrán una relación negativa con el derecho.”
[1] Al respecto pueden verse, entre otras, las sentencias C-454 de 1993, C-457 de 1993, C-467 de 1993, C-541 de 1993, C-103 de 1993, C-377 de 1993, C –047 de 1994, C-104 de 1994, C-505 de 1995, C-471 de 1997, C-480 de 1998, C-520 de 1999, y C-521 de 1999.
[4] M.P Hernando Herrera Vergara
[5] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
[6] Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
[7] Por el cual se reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional.
[8] Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
[9] M.P José Gregorio Hernández Galindo
[10] Por el cual se dictaron algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Agentes, Soldados, Grumetes y personal civil del Ministerio de Defensa y servidores de las entidades adscritas o vinculadas a éste
[11] M.P Antonio Barrera Carbonell
[12] Por el cual se reformó el Régimen Prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
[13] Sentencia c-309 de 1996, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz
[14] El numeral segundo de la parte resolutiva de este pronunciamiento es del siguiente tenor:
En igual sentido, el numeral segundo de la Sentencia C- 182 de 1997 dice así:
Segundo. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraido nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.
“Segundo.- Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión a la que se refiere la norma, podrán, como consecuencia de este fallo, con miras al restablecimiento de sus derechos constitucionales, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta Sentencia.”
También el numeral segundo de la Sentencia C-1050 de 2000 expresó.