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Timestamp: 2018-06-18 06:41:20
Document Index: 325539907

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 7', 'artículo 56', 'Artículo 1', 'artículo 68', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 5', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 70', 'Artículo 35', 'artículo 7', 'Artículo 7']

Publicado en BOJA núm. 171 de 03 de Septiembre de 2014
Artículo único Modificación de los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por el Decreto 26/2007, de 6 de febrero
Disposición adicional primera Principio de igualdad de oportunidades y representación equilibrada
Disposición adicional segunda Sesiones de los órganos colegiados
Disposición adicional tercera Equivalencia de disposiciones normativas
Disposición transitoria única Personas titulares de los órganos
Disposición final primera Modificación del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos
TSJAN de Sevilla, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S, 24 Feb. 2016 (Rec. 704/2014)
Téngase en cuenta que la presente disposición final ha sido declarada nula por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Contencioso-administrativo, 1ª) de 24 febrero 2016 Nº rec.=704(2014).
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) se rige, sustancialmente, por la Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía, y por sus Estatutos aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero; resulta necesaria la adaptación de las previsiones y régimen contenidos en estos últimos a las novedades normativas que les afectan, motivadas por el Decreto 217/2011, de 28 de junio, que procedió a la adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, tras las modificaciones operadas en la misma por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, encuadrándolas en la categoría de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la citada Ley. Dentro de las entidades que han sido objeto de dicho proceso, se encuentra la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
Por otro lado, en el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, se establece un sistema de control administrativo, que sería llevado a cabo directamente por la Administración, o bajo la supervisión de ésta, a través de los Organismos de Control que al efecto fuesen requeridos. Ello permite vigilar el cumplimiento de las disposiciones y condiciones técnicas de seguridad industrial por todos los agentes que intervienen en el diseño, construcción, puesta en servicio y mantenimiento de los establecimientos e instalaciones industriales, con objeto de evitar aquellas circunstancias que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos que produjesen lesiones o daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente.
Considerando la Administración de la Junta de Andalucía adecuada la participación de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en las actuaciones de comprobación del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y requisitos de seguridad reguladas en el artículo 7 del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, en razón de las funciones que tiene asignadas en materia de inspección y control en su objeto social, y en su calidad de medio instrumental propio y servicio técnico de la Administración, se modifica la redacción del mencionado artículo, al objeto de permitir el control administrativo de dichas actuaciones por parte de VEIASA.
En su virtud, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a propuesta del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, previo informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de agosto de 2014,
«Artículo 1 Naturaleza y adscripción
1. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), es una Agencia Pública Empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dotada de personalidad jurídica pública diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración.
«Artículo 2 Régimen jurídico y ejercicio de potestades y prerrogativas públicas
«l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos en que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.»
«Artículo 6 Titularidad
d) Autorizar la constitución de sociedades o la participación directa en empresas, cualesquiera que sea su forma jurídica, sin perjuicio de la aprobación por el Consejo Rector o la ratificación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, si la misma comporta un compromiso de gasto o riesgo superior a la cantidad establecida en el artículo 10.g) y h) de los presentes Estatutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 3/1987, de 13 de abril, y de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Velar por la legalidad de los acuerdos de este órgano.
- Extender las actas de las sesiones, autorizarlas con su firma y el Visto Bueno de la Presidencia.
- Dar el curso correspondiente a los acuerdos que se adopten.
- Custodiar la documentación del Consejo Rector.
- Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones.
- Impulsar y coordinar la actividad del Consejo Rector.
- Expedir certificados de las actuaciones y acuerdos.»
«Artículo 12 Nombramiento, sustitución y cese de la persona titular de la Dirección General
«s) El ejercicio de acciones administrativas y judiciales ante cualquier orden jurisdiccional en defensa de los intereses de la Agencia, así como la defensa en los procedimientos incoados contra ésta, a través de los Letrados del Servicio Jurídico de la Agencia, que ejercerán con carácter general la representación y defensa en juicio del organismo, o designando en su caso, personas que ejerzan la abogacía y la procuraduría para la defensa y la representación de ésta ante los Juzgados y Tribunales.
«Artículo 14 Nombramiento y cese de la persona titular de la Subdirección General
«Artículo 15 Nombramiento y cese de la persona titular de la Secretaría General
«Artículo 16 Nombramiento y cese de las personas titulares de las Gerencias Provinciales
«2. El personal al servicio de la Agencia estará sometido a las normas de Derecho Laboral. Las relaciones de trabajo en el seno de la entidad se regirán por las condiciones establecidas en los contratos de trabajo que se suscriban al efecto y se someterán al Estatuto de los Trabajadores, a los convenios colectivos y a las demás normas que le sean de aplicación, y en especial, a lo que le sea de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.»
«Artículo 35 Personal directivo
- Dirección Económico-Financiera.
- Dirección de Inversiones Estratégicas.
- Dirección de Espacios de Innovación y Sectores Estratégicos.
- Dirección de Financiación y Fomento Empresarial.
La referencia normativa de carácter general a la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LGHP), en aquellos artículos no modificados, se entenderá referida al Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (TRLGHP). De forma específica, las referencias a los artículos de la LGHP equivaldrán a los del TRLGHP en los siguientes términos: 6.1.a) LGHP > 2 TRLGHP; 6.1.b) LGHP > 4 TRLGHP; 57 LGHP > 58 TRLGHP; 58 LGHP > 59 TRLGHP; 59 LGHP > 60 TRLGHP; 70 LGHP > 75 TRLGHP; 85 LGHP > 93 TRLGHP; 86 LGHP > 97.1 TRLGHP; y 87 LGHP > 98 TRLGHP.
Los apartados 1 y 2 del artículo 7 del Decreto 59/2005, de 1 de marzo , por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos, quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 7 Control administrativo
1. El órgano competente en materia de industria podrá comprobar de oficio, en cualquier momento, por sí mismo, a través de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., como medio instrumental propio, o a través de Organismos de Control, el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y requisitos de seguridad. También podrá hacerlo a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente.
2. La Dirección General competente en materia de seguridad industrial promoverá, coordinadamente con las Delegaciones Territoriales de la Consejería titular de las competencias de industria, planes de inspección de las instalaciones y de control del cumplimiento reglamentario, que serán llevadas a cabo directamente por los funcionarios de la Administración, o bajo la supervisión de ésta, por Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., como medio instrumental propio, o por los Organismos de Control que al efecto sean requeridos, a través de los mecanismos que permita el ordenamiento jurídico, que no podrán, implicar la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo.»