Source: https://ro.scribd.com/document/398201842/Doctrina-de-La-Scc-tsj-2008
Timestamp: 2020-05-27 07:41:43
Document Index: 25221672

Matched Legal Cases: ['artículo 346', 'artículo 2', 'artículo 972', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 937', 'Artículo 1', 'Artículo 26', 'Artículo 5', 'Artículo 313', 'Artículo 346', 'Artículo 2', 'Artículo 43', 'Artículo 101', 'Artículo 38', 'Artículo 55', 'Artículo 136', 'artículo 317', 'Artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 26', 'artículo 38', 'artículo 346', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 313', 'artículo 272', 'artículo 313', 'artículo 272', 'artículo 313', 'Artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 346', 'artículo 524', 'artículo 585', 'Artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 26', 'artículo 233', 'artículo 38', 'artículo 96', 'artículo 97', 'Artículo 206', 'artículo 777', 'artículo 780', 'artículo 362', 'artículo 778', 'artículo 136', 'artículo 155', 'artículo 124', 'artículo 147', 'artículo 445', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 508', 'artículo 508', 'artículo 508', 'artículo 972', 'artículo 987', 'Artículo 907', 'Artículo 911', 'Artículo 929', 'artículo 928', 'artículo 907', 'Artículo 961', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 86', 'artículo 160', 'Artículo 160', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 937', 'artículo 1', 'artículo 937', 'artículo 1', 'artículo 340']

Doctrina de La Scc-tsj 2008 | Ley procesal | Jurisdicción
Doctrina de La Scc-tsj 2008
DOCTRINA DE LA SALA DE CASACION CIVIL
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Tribunal Supremo de JuSTicia colección doctrina Judicial n o 35 caracas / Venezuela / 2009
KHW2575
V458d
Doctrina de la Sala de Casación Civil 2008 – Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 2009.
104 p. (Colección Doctrina Judicial N° 35)
1. Jurisprudencia civil -- Venezuela. -- 2. Casación -- Venezuela. -- 3. Proce- dimiento civil -- Venezuela.
Tribunal Supremo de Justicia Colección Doctrina Judicial - Nº 35 Fernando Parra Aranguren, Director Depósito Legal lf:
Tribunal Supremo de Justicia Colección Doctrina Judicial, Nº 35
Caracas/Venezuela/2009
Dra. Luisa Estella Morales Lamuño Presidenta del Tribunal
y Presidenta de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dr. Jesús Eduardo Cabrera Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón Dra. Carmen Zuleta de Merchán Dr. Arcadio Delgado Rosales
Dra. Evelyn Margarita Marrero Ortiz Presidenta de la Sala Dra. Yolanda Jaimes Guerrero Vicepresidenta de la Sala Dr. Levis Ignacio Zerpa Dr. Hadel Mostafá Paolini Dr. Emiro Antonio García Rosas
Dr. Luis Alfredo Sucre Cuba Dra. Yris Armenia Peña Espinoza Segundo Vicepresidente del Tribunal Presidenta de la Sala
y Presidente de la Sala
Dr. Luis Martínez Hernández Vicepresidenta de la Sala Vicepresidente de la Sala Dr. Antonio Ramírez Jiménez
Dr. Rafael Arístides Rengifo Camacaro
Dr. Juan José Núñez Calderón Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández Dr. Fernando Ramón Vegas Torrealba
Dra. Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Dr. Carlos Oberto Vélez
Dr. Omar Alfredo Mora Díaz Dr. Eladio
Primer Vicepresidente del Tribunal Presidente de la Sala
Dr. Juan Rafael Perdomo Vicepresidente de la Sala Dr. Alfonso Rafael Valbuena Cordero Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa
Dra. Deyanira Nieves Bastidas Vicepresidenta de la Sala Dra. Blanca Rosa Mármol de León Dr. Héctor Manuel Coronado Flores Dra. Miriam del Valle Morandy Mijares
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA PRESIDENCIA
La obra presenta un total de cuarenta y ocho extractos clasificados en veintisiete títulos, entre los cuales cabe mencionar los relacionados con el avocamiento, el recurso de casación, la caducidad, la propiedad in- dustrial, la quiebra, la recusación y la simulación. De las novedades incluidas en la obra, pueden mencionarse, por orden de aparición, las contenidas en las siguientes sentencias:
1. AVOC. Nº 98 de 22 de febrero, donde se sistematiza la facultad excepcional del Juez mercantil para declarar de oficio la quiebra del comerciante fallido. En la decisión, destaca la conceptualización del sín-
dico en el proceso de quiebra: su carácter determinante, sus funciones y las consecuencias derivadas del incumplimiento de sus obligaciones le- gales; la facultad excepcional del juez mercantil para declarar de oficio la quiebra del comerciante fallido; el plazo para convocar la primera junta de acreedores: su objeto y facultades; la finalidad de la segunda junta: el contenido del informe del síndico; y, finalmente, la ubicación de los créditos laborales como privilegios de preferente satisfacción en los procedimientos concursales.
2. RC Nº 139 de veinticuatro de marzo, mediante la cual se declaró erróneamente interpretadas varias disposiciones de la decisión refe- rente al Régimen común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, porque el juzgador ignoró el riesgo de confu- sión que la voz utilizada por la demandada pudiera generar en los usuarios de los servicios y productos ofrecidos por las partes en litigio, en el ramo de salud. En consecuencia –al establecer que tal riesgo faculta al propietario de una marca comercial impedir la inscripción de una nueva que resulte idéntica o semejante a la ya inscrita– decla- ró la nulidad de la sentencia recurrida y ordenó dictar nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
ABOGADOS Improcedencia de la condena en costas en un juicio por cobro de honorarios profesionales
1. Objeto del término de la distancia establecido en la Ley Civil Adjetiva
2. Aplicación del término de la distancia para la formalización del recurso de casación, mas no para su anuncio
AVOCAMIENTO La sola demora o tardanza procesal no constituye moti- vo suficiente para proceder al avocamiento de determi- nada causa por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil
CADUCIDAD Oportunidad procesal tanto para oponer la caducidad le- gal como la caducidad contractual
1. La flexibilización de la técnica requerida para la forma- lización del recurso de casación no implica su relajamiento absoluto
2. El recurso de nulidad como único medio impugnativo contra el laudo arbitral dictado. Admisibilidad del recur- so de casación ejercido contra éste
1. Momentos procesales en los que debe oponerse tanto la impugnación de la estimación de la demanda como la impugnación de la competencia por la cuantía del órga- no jurisdiccional respectivo
2. Posibilidad de declararse la incompetencia por la cuan- tía durante la primera instancia del juicio respectivo en virtud del carácter de orden público relativo que la mis- ma ostenta
3. La competencia por la materia como presupuesto de la sentencia de fondo. Carácter de orden público absoluto que la misma ostenta
CONTRATO Excepción de contrato no cumplido. Supuestos de pro- cedencia
COSA JUZGADA La violación de la cosa juzgada endoprocesal como vi- cio denunciable en el ámbito de una denuncia de forma en sede casacional
CUESTIONES PREVIAS Deber del órgano jurisdiccional de resolver con antela- ción a las restantes cuestiones previas previstas en nues- tra ley civil adjetiva, la regulada en el ordinal 1° de su artículo 346
EMBARGO Presupuesto necesario para proceder al dictado tanto del embargo preventivo como del embargo ejecutivo. Oportunidad procesal para decretarlos
FRAUDE PROCESAL Imposibilidad de denunciar el fraude procesal por prime- ra vez en sede casacional
1. Previsión contenida en los artículos 55 y 56 de la Ley Espe-
cial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
2. Requisitos que deben verificarse para la instauración de un juicio de ejecución de hipoteca
JURAMENTACIÓN La falta de juramentación del defensor ad lítem como vicio que acarrea la violación del orden público
MEDIDAS Naturaleza de la función cautelar ejercida por los órga- nos jurisdiccionales. Lo que debe examinar el juez al mo- mento de decretar medidas cautelares
1. Diferencia entre el recurso ordinario de apelación como medio de gravamen y el recurso extraordinario de casa- ción como acción de impugnación
2. Solución interpretativa que debe acoger el órgano judi- cial cuando ante un fallo de alzada se ejerza el recurso ordinario de apelación
1. La notificación como acto procesal de orden público relativo
2. Legitimidad para solicitar la reposición de la causa por falta de notificación de la Procuraduría General de la República
1. Requisitos necesarios para la procedencia de nulidad del acto procesal viciado con la consecuente reposición de la causa. Principio de utilidad de la reposición conforme a la teoría de las nulidades procesales
2. Alcance del recurso de nulidad
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Del procedimiento de partición Requisito indispensable para incoar la demanda de parti- ción de la comunidad concubinaria. Incompatibilidad del procedimiento de desconocimiento de comunidad concu- binaria con el de partición de la misma
PROPIEDAD INDUSTRIAL El “riesgo de confusión” como elemento que permite al propietario de una marca comercial impedir la inscrip- ción de una nueva que resulte idéntica o semejante a la ya inscrita
1. Deber del jurisdicente de permitir el contradictorio en juicio de la factura comercial suscrita entre las partes ante el desconocimiento de la misma
2. Diferencia entre documento público auténtico y docu- mento privado autenticado
3. El derecho a la prueba como manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva. Supuestos en los que dicho derecho se menoscaba
4. El instituto de la impugnación por desconocimiento como figura prevista en la Ley Civil Adjetiva a los efectos de restarle certeza legal a los instrumentos privados sim- ples traídos a juicio. Asimilación de la impugnación de la factura comercial a dicho supuesto
5. Interpretación progresista de los lapsos probatorios dis- puestos de la ley civil adjetiva
6. La tacha de falsedad como único mecanismo dispuesto en el ordenamiento regulatorio de las causas de índole civil para desvirtuar lo contenido en documentos públi- cos
7. Técnica para denunciar la infracción del juez de instan- cia cometida al momento de proceder a valorar la prue- ba testimonial
1. Apuntes sobre la figura del síndico en el proceso de quie- bra. Funciones. Consecuencias gravosas atribuibles al administrador de los bienes del fallido ante el incumpli- miento de las obligaciones legalmente asignadas
2. Facultad excepcional del juez mercantil de declarar de oficio la quiebra del comerciante fallido
3. Finalidad de la segunda junta de acreedores. Contenido del informe del síndico o liquidador de la quiebra
4. Los créditos laborales en los procedimientos concursa- les como privilegios de preferente satisfacción
5. Plazo para convocar la primera junta de acreedores. Objeto y facultad de la misma
6. Principio de la par conditio creditorum en los procedi- mientos concursales mercantiles. Excepción
RECONVENCIÓN Admisibilidad del recurso de apelación en ambos efec- tos contra el auto que declara la inadmisibilidad de la reconvención
RECUSACIÓN Carácter enunciativo de las causales previstas en el ar- tículo 82 del Código de Procedimiento Civil
REIVINDICACIÓN Acción de reivindicación. Noción doctrinal y jurispru- dencial. Documento fundamental que debe acreditar el reivindicante a los efectos de la procedencia de su pre- tensión
1. Labor hermenéutica llevada a cabo por la Sala de Casa- ción Civil en torno al artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro
2. Procedencia del pago de intereses moratorios por par- te del asegurador ante la falta de cancelación de la in- demnización debida, producto del siniestro ocurrido y reclamado
SENTENCIA Sentencias definitivas formales de reposición. Noción
1. Criterio de la Sala de Casación Civil respecto a los me- dios probatorios disponibles por las partes en un juicio de simulación
2. Valor del documento público que sirve de fundamento a la demanda de simulación
Con el ánimo de continuar con la labor de divulgación de los criterios asumidos por esta Sala de Casación Civil, ponemos a disposición de la comunidad jurídica en general la presente Revista, contentiva de los fallos más relevantes emitidos por esta Sala durante el año 2008.
Mediante la presente publicación podrá el destinatario lector constatar las distintas posturas que la Sala de Casación Civil, ejerciendo su labor como Tribunal de Derecho y a través del conocimiento de las diversas materias que por norma se le atribuye, adoptó durante el transcurso del año próximo pasado.
Ejemplo de lo indicado y como muestra de las variadas materias que le correspondió a la Sala conocer, mencionaremos a título ilustrativo en estas breves palabras dos sentencias relacionadas con materia proce- sal, dos con materia mercantil y una relativa a derecho de marca.
En relación con el derecho adjetivo, sentencia digna de mención la cons- tituye la N° 252 del 30 de abril de 2008. En efecto, luego de ejercer una labor interpretativa acorde con los postulados constitucionales al re- marcar la labor del proceso como instrumento para la realización de la justicia, se determinó que aun cuando contra la sentencia emitida por un tribunal superior el medio impugnativo puesto a disposición de la parte que quiera recurrirla es el recurso extraordinario de casación, debe ofre- cerse una interpretación conforme al interés manifestado por la parte
descontenta al anunciar ésta el recurso ordinario de apelación en lugar de la acción de impugnación mencionada. Así, se califica como un for- malismo no esencial la equivocación del impugnante al recurrir de la sentencia dictada por un tribunal superior.
En lo atinente a materia arbitral y los recursos que se pueden eventual- mente ejercer contra el laudo dictado, debemos mencionar la decisión N° 226 del 21 de abril de 2008. En dicho fallo, luego de dejar estableci- do que conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comer- cial el único recurso que se puede proponer contra el laudo –salvo pacto en contrario– lo constituye la nulidad, determinó que al no negar expre- samente el legislador la procedencia del recurso de casación contra la sentencia emanada del tribunal superior resolutoria de la nulidad co- mentada, aquél debe permitírsele su ejercicio a los efectos de ejercer el control legal respectivo. A dicha conclusión llegó esta Sala de Casación Civil luego de reconocer que el principio de autonomía de la libertad está inmerso en la institución del arbitraje y que permitir, salvo acuerdo en contrario, la impugnabilidad a través de los mecanismos dispuestos en la ley procesal del laudo arbitral dictado implicaría la desnaturaliza- ción de dicho instituto.
En cuanto al derecho de marca, en fallo N° 139 del 24 de marzo de 2008 se estableció la importancia del riesgo de confusión como elemen- to que permite al propietario de una marca comercial impedir la inscrip- ción de una nueva que resulte idéntica o semejante a la ya inscrita. Así, y basada en la Decisión 486 dictada en la Comunidad Andina de Nacio- nes, se determinó el daño a un tercero que se puede ocasionar con la inscripción de una marca bastante parecida a la registrada con anterio- ridad, esto debido a la confusión que se puede generar en los usuarios de los productos que se pretenden comercializar.
En lo que a materia mercantil respecta, esta Sala de Casación Civil mediante ponencia conjunta de fecha 22 de febrero de 2008 (N° 98) determinó las notas esenciales que caracterizan al síndico de la quiebra fundamentada en el artículo 972 del Código de Comercio. De este modo, y luego de reflejar la importancia de dicha figura, enumeró las funcio- nes más importantes que se le encomiendan, haciendo especial énfasis en la relativa al informe quincenal que debe presentar el síndico, con- tentivo tanto de los ingresos como de los egresos del fallido, al depósito semanal de los fondos del concurso producto de las ventas y cobranzas
que se haga en entidad financiera de reconocida solvencia designada por el tribunal de la causa, así como a la proposición de las acciones y recursos a que hubiera lugar para preservar el patrimonio de la fallida. Igualmente, y ante el incumplimiento de las funciones que al síndico se le asignan, se recalcó la imposición de sanciones, incluyendo las pena- les, por los daños y perjuicios causados por su conducta omisiva.
En la misma ponencia conjunta relatada se determinó la facultad excep- cional que goza el juez mercantil para declarar de oficio la quiebra del comerciante fallido, siempre y cuando se configuren las circunstancias previstas en el Código de Comercio. De esta forma, destaca la Sala que a pesar de no poseer el juez mercantil las mismas facultades que se le otorgan en la tramitación del beneficio de atraso, en el procedimiento de quiebra puede evidenciar la situación real del comerciante o empresa- rio, en aras de salvaguardar los intereses de la masa de acreedores.
Los anteriores criterios vertidos en las sentencias destacadas son sólo algunas de las que se produjeron durante el año 2008. Sin albergar ningún tipo de dudas y como tendrá la oportunidad de verificar el lec- tor al cual se le dirige la presente publicación, esta Sala de Casación Civil no se ha detenido en la producción de sentencias dinamizadoras del derecho sancionado por el legislador; el juez como órgano encar- gado de dirimir los conflictos intersubjetivos de índole jurídico está en una posición envidiable al momento de interpretar los cambios socia- les que constantemente se suscitan. Esta labor seguirá siendo la que rija la actuación de este Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil, mediante la emisión de sentencias tendientes a garantizar tanto la observancia del derecho objetivo como la uniformi- dad de la jurisprudencia.
Magistrada Yris Peña Espinoza
CÓDIGO CIVIL Artículo 1.281
Artículo 1.357
Artículo 1.393 ordinal 1°
Artículo 937 ordinales 6° al 8°
Artículo 1.003
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Artículo 26
33,57,60,73
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Artículo 5
Artículo 313 ordinal 1°
Artículo 346 ordinal 1° y 10°
DECRETO CON FUERZA DE LEY DEL CONTRATO DE SEGURO Artículo 2
LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL Artículo 43
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Artículo 101
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Artículo 38
LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDOR HIPOTECARIO DE VIVIENDA Artículo 55
RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Artículo 136
LEPDHV:
LOPGR:
RLOT:
84, 88, 88
21. N° 208
22. N° 216
23. N° 220
24. N° 226
25. N° 239
26. N° 241
27. N° 252
28. N° 253
29. N° 255
30. N° 260
31. N° 475
32. N° 521
33. N° 539
34. N° 594
35. N° 595
36. N° 596
37. N° 604
38. N° 728
39. Nº 760
40. Nº 761
Nº 29 de 30/01/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 284 de 14 de agosto de
1996. Caso: Carmen Rosa López Barrios c/ La In- dustrial Entidad de Ahorro y Préstamo. Expedien- te 06-457
cuanto al señalamiento de que esta Sala en sentencia N° 16 del
25 de enero de 2006, condenó en costas del recurso de casación al recurrente perdidoso en un juicio por cobro de honorarios profesionales, similar al de autos, cabe destacar que cuando la parte beneficiada por la condena en costas intente una nueva demanda por estimación e intima- ción de honorarios profesionales contra la parte afectada por esa inde- bida condenatoria, la misma tendrá que ser declarada inadmisible por los tribunales de instancia, con fundamento en el criterio jurisprudencial expresado en la sentencia N° 284, dictada el 14 de agosto de 1996 en el juicio de Carmen Rosa López Barrios contra La Industrial Entidad de Ahorro y Préstamo, ratificado en sentencia N° RC-00505 del 10 de
septiembre de 2003, exp. N° 02-340 y en sentencia N° 441 de fecha 20
de mayo de 2004, ya identificada en el cuerpo de este mismo fallo, el cual tiene más de una década en vigencia y que hoy nuevamente se reitera, según el cual en los procedimientos similares al de la pre- sente causa, vale decir, cobro de honorarios profesionales, no se generarán condenatorias en costas porque ello daría lugar a que
tales juicios se hicieran perpetuos e interminables
Nº 60 de 18/02/08
Doctrina de sentencia N° 436 de 15 de julio de 1999.
Expediente 98-724
la sentencia anterior se infiere que el término de la distancia
consiste en aquel lapso que se establece a los efectos de permitir el desplazamiento de personas o de los autos de un lugar a otro, cuando la sede del tribunal en que se deba efectuar el acto del procedimiento resultare diferente a aquel donde se encuentren las personas o los autos solicitados ”.
N° 260 de 15/05/08
bien, observa la Sala, que la referida norma no prevé la con-
cesión a las partes del término de la distancia para el anuncio del recur- so extraordinario de casación, por cuanto este es un acto procesal que ha de verificarse en la sede del tribunal ante el cual se está tramitando el juicio; éste sólo se concede para la formalización del mismo, en aque- llos casos en que tal acto procesal se deba cumplir en un lugar distinto y
distante del tribunal ante el cual se está tramitando el juicio, como en el caso de autos, es decir, en la ciudad de Caracas, sede del Tribunal Su- premo de Justicia, conforme lo prevé el artículo 317 del Código de Pro- cedimiento Civil, todo a objeto de garantizar a las partes el derecho a la defensa. Dicha norma procesal dispone, que una vez admitido el recur- so de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lap- so de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida
y la capital de la República
Ahora “
Nº 108 de 07/03/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 634 de 12 de agosto de 2005. Caso: Asociación Civil Raíces Las Carolinas. Expediente 05-453.
como claramente se desprende de la doctrina transcrita, el sim-
ple retardo, paralización o tardanza procesal por sí solo o como única causa de procedencia del avocamiento, no es suficiente elemento para que la Sala proceda a avocarse al o a los juicios, tal posibilidad existe únicamente cuando este retardo es un elemento más que puede llevar a esta Suprema Jurisdicción Civil al convencimiento de que debe avocar- se a un o unos determinados procesos; mas, ese retardo procesal por sí solo, lo que puede es constituir un ilícito disciplinario que correspondería sustanciar y decidir a la Inspectoría General de Tribunales ”.
Tal “
N° 604 de 23/09/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 290 de 3 de mayo de 2006.
Caso: Distribuidora Algodonera Venezolana C.A. (DIAGOVEN) c/ Seguros Los Andes, C.A. Expe- diente 04-296 Artículo 346, ordinal 10°
Sala de Casación Civil en anteriores ocasiones se ha pronun-
ciado sobre la oportunidad procesal para oponer la caducidad, haciendo una distinción entre la caducidad legal y la caducidad contractual. Así, en fallo N° 290 del 3 de mayo de 2006, caso: Distribuidora Algodonera Venezolana C.A. (DIAGOVEN) c/ Seguros Los Andes, C.A., expe- diente N° 04-296, dictaminó:
criterios doctrinarios han sido objeto de examen por esta
Sala en oportunidades anteriores, entre otras, mediante sentencia de fecha N° RC-00512, de fecha 1 de junio de 2004, (Caso: Caja de Aho- rro y Previsión Social de Los Trabajadores del Ministerio de Energía y Minas c/ Multinacional de Seguros C.A.), en el expediente N° 01-
Estos “
300, en la cual, luego de hacer referencia a aquéllos este Alto Tribu- nal concluyó:
sólo ‘
previa, conforme al artículo 346, ordinal 10, del Código de Pro- cedimiento Civil, lo cual significa que la caducidad contractual sólo es oponible como defensa de fondo, es decir, en la oportu- nidad de dar contestación a la demanda. Así se establece’. (Ne- gritas de la cita).
la caducidad legal puede hacerse valer como cuestión
Los anteriores criterios jurisprudenciales nos permiten determinar y precisar que será la naturaleza de la caducidad opuesta en cada caso particular, vale decir, contractual o legal, la que determine la vía pro- cesal idónea para oponerla ”.
Como complemento del fallo anterior, citamos el fallo N° 512 del 1° de junio de 2004, caso: Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajado- res del Ministerio de Energía y Minas c/ Multinacional de Seguros, C.A., expediente Nº 01-300, que estableció:
“El artículo 346 ordinal 10 del Código de Procedimiento Civil estable- ce lo siguiente:
“Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestio- nes previas:
10. La caducidad de la acción establecida en la Ley”.
En relación con el citado artículo, Pedro Alid Zoppi expresa:
valer como cuestión previa, es la prevista expresamente por la ley, pero no la llamada ‘caducidad contractual’, pues se agregó la frase ‘esta-
blecida en la ley’, de modo que la contractual es ahora una defensa de fondo. Nuestra jurisprudencia había admitido la posibilidad de una caducidad contractual, pero siempre alegable como excepción y nunca posteriormente.
Se precisa muy bien que ahora la caducidad, que puede hacer
6. Ahora está claro que la caducidad –aun legal– tiene que hacerse exclusivamente como cuestión previa o al contestar, de modo que no se admitirá lo que se invoque posteriormente (argumentos de los artículos 347, 348 y 361)”. (Alid Zoppi, Pedro. Cuestiones Previas y
Otros Temas de Derecho Procesal. Valencia, Vadell Hermanos Edito- res, 3ª Reimpresión, 1993, p. 19).
La Sala comparte los anteriores criterios doctrinales y al efecto con- sidera que sólo la caducidad legal puede hacerse valer como cues- tión previa, conforme al artículo 346 ordinal 10 del Código de Procedimiento Civil, lo cual significa que la caducidad contractual sólo es oponible como defensa de fondo, es decir, en la oportunidad de dar contestación a la demanda. Así se establece”. (Negrillas y subrayado de este fallo)
De manera que, tomando en consideración los criterios jurisprudencia- les antes transcritos, será la naturaleza –legal o contractual– de la ca- ducidad, la que determinará el momento procesal para oponerla ”.
1. La flexibilización de la técnica requerida para la formalización del recurso de casación no implica su relajamiento absoluto
N° 201 de 11/04/08
Ratifica: Doctrina de Sala Constitucional Nº 1953 de fecha 19 de octubre de 2007. Caso: Nixon Antonio Romero Torrealba. Expediente 06-1591.
ley Civil Adjetiva establece la técnica que deben cumplir los
justiciables al construir los escritos mediante los cuales dirigen sus peticiones por ante esta máxima sede casacional, ello, por cuanto tra- tándose éste de un tribunal de derecho, los Magistrados que lo confor- man como cuerpo colegiado, se encuentran limitados para deducir lo pretendido por quienes acuden a plantear sus disconformidades con lo decidido por tribunales de instancia, lo que a su vez les impide suplir las deficiencias en las cuales incurren quienes en un momento deter- minado actúan como impugnantes.
Lo atinente a la referida técnica, exigida para la debida formalización del recurso de casación, ha venido siendo tratado a través del tiempo, en forma constante y pacífica, tanto por la doctrina como por la juris- prudencia, sentido en el cual, con el más firme propósito de brindar la más sana, proba y expedita administración de una justicia social, en algunos casos –pese al incumplimiento de lo establecido por el criterio respectivo respecto a la técnica exigida, por parte de quienes impug- nan– han sido examinados escritos cuya comprensión resulta difícil, en razón de las deficiencias con las cuales se presenta el plantea- miento de su contenido.
Ahora bien, ese ánimo de flexibilización del criterio en referencia que permite a la Sala entrar al conocimiento de aquellos asuntos expuestos incumpliendo con lo establecido respecto a la técnica de formalización exigida, no implica el relajamiento de las regulaciones respecto a las formas procesales, pues de ser así, por una parte, se desnaturalizaría la función atribuida a este Supremo Tribunal por la Constitución y por la ley, y por la otra, se atentaría contra la seguridad jurídica que corres- ponde por derecho a las partes involucradas en todo proceso judicial, lo que ha sido reconocido por la Sala Constitucional de este Supremo Tri- bunal, cuando ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que aun siendo aplicado el derecho consagrado en el artículo 26 Constitucional, deben respetarse las instituciones jurídicas y las formas procesales estableci- das y reguladas por el legislador ”.
2. El recurso de nulidad como único medio impugnativo contra el laudo arbitral dictado. Admisibilidad del recurso de casación ejercido contra éste
N° 226 de 21/04/08
bien, debe esta Máxima Jurisdicción Civil dejar establecido
que, si bien es cierto que sobre la naturaleza jurídica del arbitraje la
doctrina no tiene una opinión unánime, ya que para unos es un acto jurisdiccional, para otros se trata de una cuestión de carácter eminen-
temente privada y la resolución de las controversias que se obtengan a través de estos procedimientos se materializa en el llamado Laudo Arbitral, decisión contra la que, sin lugar a dudas y de conformidad con la normativa legal vigente a tenor de los artículos 43 y 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, sólo puede ejercerse el recurso de nuli- dad y por las causales taxativas allí establecidas y en ningún caso, salvo si lo han convenido los litigantes, puede ejercerse contra ellos el medio recursivo de apelación. También es cierto que el juez compe- tente para decidir sobre la nulidad del laudo, siempre que éste haya sido dictado por árbitros de derecho, lo es el juez superior del lugar donde se hubiere emitido el laudo.
Ahora bien, la Sala observa que el impugnante para apoyar su solici- tud de declaratoria de admisibilidad del recurso de casación, cita sen- tencial de la Sala que señalan tal inadmisibilidad pero en los casos en que la casación es ejercida contra el laudo arbitral; la Sala reitera ese criterio propio, vertido en las sentencias que citó el impug- nante y que se transcribieron ut supra, pues efectivamente los laudos arbitrales son dictados fuera de la jurisdicción y sólo el acuerdo previo de las partes permitiría un control de grado superior, incluso ante la máxima jurisdicción civil.
El caso de autos es distinto, pues lo planteado no es la recurribilidad en casación de un laudo arbitral, sino la pretensión de nulidad de ese laudo arbitral, que en diferencias, éste si es llevado ante la jurisdicción de los Órganos Judiciales del Estado, y persiguen únicamente el control de los requisitos de legalidad de dicho laudo, sin poder entrar a resolver el mérito de la litis.
La mayoría de las legislaciones han coincidido en ser muy celosas en aceptar la posibilidad de ejercer recursos contra el laudo arbitral y esto encuentra su justificación en el hecho de que si el compromiso arbitral deviene de un pacto entre los litigantes a fin de resolver los puntos so- bre los que efectivamente no hayan llegado a ningún acuerdo, relación en la que prevalece la autonomía de la libertad, es por eso que se ha tratado de conseguir el equilibrio limitando los medios de impugnación, en beneficio de mantener la eficacia y celeridad propias de los procedi- mientos arbitrales y de esta manera no desvirtuar la esencia misma de la institución del arbitraje.
Distinto a los casos en que resuelve la nulidad de dicho laudo, donde ya no interviene el acuerdo entre las partes, sino el interés del Estado de que se cumplan las exigencias mínimas que debe observar el laudo arbi- tral para equipararse a una sentencia con fuerza de cosa juzgada.
Por otro lado, en materia de recursos ordinarios o extraordinarios, el legislador ha entendido su existencia ante cualquier tipo de pronuncia- miento aunque expresamente no lo prevea, siendo, en consecuencia, claro preciso y expreso cuando pretenda limitar el ejercicio de algún medio recursivo a través de normas expresamente que así lo determi- nen. En el caso, no hay norma expresa que niegue la casación en los casos de recurso de nulidad de laudo arbitral ”.
1. Momentos procesales en los que debe oponerse tanto la impugnación de la estimación de la demanda como la impugnación de la competencia por la cuantía del órgano jurisdiccional respectivo
Nº 24 de 30/01/08
Artículos 38 y 346 ordinal 1°
bien, es importante distinguir entre dos aspectos, el primero
referido a la impugnación de la estimación de la cuantía prevista en el artículo 38 Código de Procedimiento Civil, y que constituye una defensa de fondo para el demandado; y el segundo aspecto a la impugnación relativa a la incompetencia del tribunal en razón de cuantía, cuya im- pugnación la debe realizar el demandado a través de la oposición de la cuestión previa prevista en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, cada una de estas defensas por parte del demandado persiguen un fin distinto y, por ende, su declaratoria pro- duce diferentes efectos.
El primer aspecto se debe resolver como punto previo al fondo, y el segundo se resuelve de conformidad con las reglas de competencia pre- vista en el Código de Procedimiento Civil
Ahora bien, siendo que la impugnación a la cuantía estimada en la de- manda, es una defensa de fondo, la misma no puede oponerse como cuestión previa, por lo que no buscaría directamente objetar la compe- tencia del tribunal que conoce en primera instancia, sino la de impugnar la cuantía de la demanda que ha sido realizada por el actor a los fines de establecer el interés principal del asunto discutido ”.
2. Posibilidad de declararse la incompetencia por la cuantía durante la primera instancia del juicio respectivo en virtud del carácter de orden público relativo que la misma ostenta
Doctrina de sentencia N° 405 de fecha 4 de diciem-
bre de 2001. Caso: Humberto Contreras Morales c/ Nello Collevecchio. Expediente 00-104 Artículos 5 y 60
lo que respecta a la cuantía como elemento determinante de la
competencia en juicio, es menester señalar que la competencia consti- tuye la medida de la jurisdicción que ejerce cada juez en concreto, y se caracteriza por su inderogabilidad convencional, salvo en aquellos ca- sos establecidos por el Código de Procedimiento Civil y las leyes espe- ciales, ya que su finalidad es la distribución y asignación de deberes entre los diversos órganos jurisdiccionales, tal como lo dispone el ar- tículo 5 del Código de Procedimiento Civil, en los términos siguientes:
competencia no puede derogarse por convenio de las par-
tes, sino en los casos establecidos en este Código y en las leyes especiales ”.
Ahora bien, según la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, la noción de incompetencia entendida como la imposibilidad para ejercer
en un caso concreto el poder jurisdiccional otorgado al juez, ha sido distinguida por la doctrina patria en: relevable de oficio por el juez en todo estado y grado del proceso (materia y grado); relevable de oficio por el juez en cualquier momento del juicio en primera instancia (valor) y; relevable solamente por las partes en el primer acto defensi- vo (territorio). Esto se explica, porque el legislador queriendo individua- lizar las atribuciones de los órganos jurisdiccionales, ha establecido dentro de las competencias determinadas prioridades, siendo la de mayor rele- vancia la competencia por la materia y la del grado, en razón de que ellas implican una distribución vertical de la potestad de administrar jus- ticia. (Vid. Sentencia N° 117, de fecha 29 de enero de 2002, caso:
Manuel Fernández Rodríguez y otra). (Negritas de la Sala).
Conforme a la norma supra transcrita, si bien es cierto, la incompeten- cia en razón de la cuantía, puede ser declarada por el juez en cualquier estado y grado del proceso, no es menos cierto que la misma puede declararse sólo en la primera instancia, no le es permitido tal pronuncia- miento al juez de segundo grado, que en todo caso debe fundamentar su decisión a los términos de la apelación ejercida contra el fallo de primer grado de jurisdicción.
Es de observar que en criterio de esta Sala, la consideración de la com- petencia por la cuantía como de orden público absoluto cambió de modo radical ante el contenido especialmente del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, según su primer aparte, “ La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cual-
por lo que el pro-
nunciamiento sobre la incompetencia sólo puede tener efecto en la primera instancia del proceso, dado que la competencia en tal aspecto tiene ahora carácter de orden público relativo. Al respecto es casi unánime el criterio en cuanto a que si la incompetencia por el valor no fue opuesta por la parte a quien afecta, ni aun declarada de oficio por el juzgador durante el proceso en primera instancia, la sentencia dictada ya no podrá impugnarse por tal motivo. (Vid. Sentencia N° 405, de fe- cha 4 de diciembre de 2001, caso Humberto Contreras Morales contra Nello Collevecchio, expediente N° 00-104)
quier momento del juicio en primera instancia
En tal sentido, con esta forma de sentenciar la recurrida vulneró el principio de la sumisión tácita al foro, toda vez que la incompetencia por la cuantía debe ser alegada por las partes o evidenciada oficiosa- mente por el juez, durante la primera instancia, no siendo competente el Juez de alzada para pronunciarse sobre la incompetencia por la cuantía cuando ésta no fue solicitada en primera instancia.
De manera pues, que al juez de alzada tampoco le es dable declararla de oficio, puesto que la incompetencia por el valor no es de orden públi- co absoluto sino que es relativo, ya que sólo es posible declararla de oficio en cualquier momento del juicio pero en primera instancia ”.
Nulidad y Casación
N° 220 de 17/04/08
bien, a propósito de ciertas formas procesales consideradas
de orden público, en esta oportunidad merece especial mención la com- petencia por la materia. Sobre el particular, esta Sala ha indicado que la competencia como presupuesto de la sentencia de mérito, se encuen- tra atribuida por la Ley a los tribunales de la República, y que precisa- mente se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute. De
manera que, la misma puede ser declarada aun de oficio en cualquier estado e instancia del proceso, a tenor de lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, cabe señalar que la competencia comporta necesarios lí- mites a la función jurisdiccional desplegada por los jueces en atención a diferentes criterios, para evitar invasiones de autoridad y en pleno res- peto, entre otras, a la garantía del juez natural ”.
N° 760 de 13/11/08
igual forma conforme a la doctrina ya citada, Tomo III, páginas
503 a la 507, los supuestos de procedencia de la excepción de contrato
no cumplido, o excepción non adimpleti contractus, en resumen son los siguientes:
1.- Debe tratarse de un contrato bilateral, no procede en los contratos unilaterales, ni en los contratos sinalagmáticos imperfectos.
2.- El incumplimiento que da lugar a la excepción debe ser un incumpli- miento culposo y en caso de ser culposos se aplica la teoría de los riesgos.
3.- El incumplimiento que motive la oposición de la excepción debe ser un incumplimiento de importancia, en el sentido de que no es suficiente para justificar la excepción el incumplimiento de obligaciones secunda- rias. Siendo consideradas como de importancia o principales las de cuyo
incumplimiento sería de tal gravedad que justificaría oponer la excep- ción, como las obligaciones que fueron determinantes en el consenti- miento de la otra parte. También son principales aquellas que han sido convenidas expresamente como tales por las partes y cuyo incumpli- miento ha sido calificado como grave por ellas. Las secundarias serían aquellas no determinantes del consentimiento de la otra parte y cuyo incumplimiento no ha sido calificado como tal por ellas.
4.- Es necesario que las obligaciones surgidas del contrato bilateral sean de ejecución o cumplimiento simultáneo, que el orden de cumplimiento sea el ordinario, el dando y dando.
5.- Que la parte que oponga la excepción no haya a su vez motivado el incumplimiento de la contraparte ”.
N° 241 de 29/04/08
Artículos 252, 272 y 313, ordinal 1°
Supremo Tribunal evidencia que la formalizante delata la in-
fracción de los artículos 252 y 272 del Código de Procedimiento Civil, en el contexto de una denuncia de infracción de ley, sin tomar en consi- deración que la Sala de Casación Civil estableció en sentencia de fecha 25 de julio de 2007, en el juicio de resolución de contrato de arrenda- miento, seguido por Arnolfo Marciales Macías, contra Carlos Javier Albertini Bermúdez y otra, que dicha denuncia debía ser planteada en el contexto del quebrantamiento de formas procesales, en menoscabo del derecho de defensa, al amparo del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Así, pues, esta Sala de Casación Civil dejó expresamente establecido que en aquellos casos en los que resulte irrespetada la cosa juzgada con
motivo del cumplimiento de la sentencia definitivamente firme, de for- ma sobrevenida, es decir, durante la tramitación del mismo juicio, ello da lugar a una incidencia referida a un aspecto netamente procesal surgido en el mismo proceso, cuya solución deriva del examen de las propias actas del proceso.
La Sala, reitera el precedente jurisprudencial y deja sentado que siem- pre que se pretenda denunciar el supuesto de violación de la cosa juzga- da en el mismo proceso con infracción del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, debe delatarse al amparo del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un aspecto pro- cesal de la norma que regula los efectos de las decisiones dictadas en el ejercicio de la función judicial.
De esta manera, de ser irrespetada la cosa juzgada con motivo del cum- plimiento de la sentencia definitivamente firme y, por ende, de forma sobrevenida durante la tramitación del mismo juicio, ello da lugar a una incidencia referida a un aspecto netamente procesal surgido en el mis- mo proceso, cuya solución deriva del examen de las propias actas del proceso; en este caso, la infracción del artículo 272 del Código de Pro- cedimiento Civil, debe ser encuadrada en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por haberse omitido o quebrantado formas procesales con menoscabo del derecho de defensa ”.
N° 253 de 29/04/08
Doctrina de sentencia N° 538 de fecha 6 de julio de
2004. Caso: Rafael Alberto Ovalles Ponce c/ Emilio Morette Balboa. Expediente 03-330 Artículo 346 ordinal 1°
el término para resolver la cuestión previa prevista en el ordinal
1º del artículo 346, tanto en el caso de incompetencia del tribunal como en el resto de los señalados en el mismo ordinal, está fijado para el quinto día siguiente al vencimiento del lapso de emplazamiento, y es a partir de esa decisión, que comenzarán a computarse los lapsos subsi- guientes para la prosecución del juicio.
No obstante, debe aclararse, que la cuestión previa señalada en el ordi- nal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, específica- mente, en cuanto a la incompetencia del tribunal, que es el caso que nos
ocupa, debe ser resuelta con antelación a cualquier otra de las dispues- tas en los ordinales que van desde el 2º al 11º, eiusdem, a los fines de determinar si la causa seguirá o no su curso en el mismo juzgado, pues, de ser declarada con lugar la decisión que la resuelva, no tiene sentido alguno pronunciarse sobre las demás cuestiones previas que se hayan planteado, ya que la causa deberá pasarse al tribunal que resulte com- petente donde continuará su curso como consecuencia de ese fallo, cuya certeza sólo se podrá obtener una vez que se conozca su resultado.
Sin embargo, si la decisión es declarada sin lugar, el curso de la cau- sa se suspende en el caso de que se ejerza la regulación de competen- cia. De lo que se colige, que hasta tanto no se obtengan los resultados de ese primer fallo, no estaremos seguros si se ejercerá o no el men- cionado recurso de regulación de competencia. Por lo tanto, el tribu- nal está obligado a mantener el proceso tal como lo establece la norma, a fin de garantizar a la parte el ejercicio del mismo en caso de que hubiere lugar a ello ”.
Presupuesto necesario para proceder al dictado tanto del embargo preventivo como del embargo ejecutivo. Oportunidad procesal para decretarlos
Nº 66 de 19/02/08
Artículos 524 y 585
la normativa legal anteriormente citada, se pone de manifiesto la
existencia de dos tipos de embargos: el preventivo y el ejecutivo, por lo cual es necesario distinguir lo siguiente: en cuanto a la oportunidad en la
cual estas dos medidas pueden ser decretadas en el proceso ordinario, el embargo ejecutivo procede una vez que se ha producido sentencia definitivamente firme y que haya transcurrido el lapso previsto en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que el embargo preventivo puede proveerse en todo grado y estado de la causa, excep- to que se hubiese dictado sentencia definitivamente firme, ya que de ser así, sólo cabe hablar de medida ejecutiva de embargo.
Por otra parte, el embargo ejecutivo previsto en los artículos 524 y si- guientes del Código de Procedimiento Civil, no exige la concurrencia de
los requisitos previstos en el artículo 585 eiusdem, es decir, el riesgo manifiesto de dejar ilusoria la ejecución del fallo, y un medio de prueba que constituya presunción grave de esa circunstancia y del derecho que se reclama, los cuales sí serían de ineludible cumplimien- to en el caso de las medidas preventivas, mientras que en el caso del embargo ejecutivo, su presupuesto es la existencia de una sentencia definitiva, lo que produce que su trámite sea también diferente ”.
N° 596 de 22/09/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 848 de fecha 22 de no-
viembre del 2007. Caso: Marcial Antonio Azuaje Gar- cía y otros c/ José Florentino Pérez. Expediente
Sala, en criterio reiterado ha establecido entre otras, en senten-
cia N° 848, de fecha 22 de noviembre del 2007, Expediente: N° 2007- 157, caso: Marcial Antonio Azuaje García y otros contra José Florentino Pérez, lo siguiente:
lo anterior se observa que el formalizante pretende denunciar
la existencia de un fraude procesal, para lo cual utiliza a esta Sala como destinataria inicial de tal solicitud, lo cual resulta a todas luces inaceptable, pues así lo ha señalado en reiteradas oportunidades la
jurisprudencia emanada de este máximo Tribunal.
Respecto a las denuncias de fraude procesal interpuestas en sede casacional, esta Sala en sentencia de fecha 15 de septiembre de 2004
caso: Internacional Press C.A. contra Editorial Nuevas Ideas C.A., señaló lo siguiente:
cuanto a la denuncia de fraude procesal, la misma ha de-
bido ser planteada en el ínterin del proceso con el fin de que la contraparte pudiera ejercer su defensa ante tal afirmación, y no hacerlo por primera vez en la Sala de Casación Civil, lo cual
De conformidad con el precedente criterio jurisprudencial, la solici- tud referida al fraude procesal del cual alude la demandada, no debió ser interpuesta por primera vez en esta Sala de Casación Civil, pues resulta improcedente la misma, ya que una denuncia de este tipo debe ser planteada en el curso del proceso, a fin de que la contrapar- te pueda ejercer su derecho de defensa.
Por lo antes expresado, esta Sala considera improcedente la pre- sente solicitud de fraude procesal interpuesta por la demandada. Así se decide ”.
En aplicación del citado criterio jurisprudencial, se observa que al haber planteado el formalizante la denuncia de fraude procesal ante esta sede casacional, debe declararse su improcedencia en virtud de que la mis- ma debió formularse en el curso del proceso, a fin de que la contraparte pudiera ejercer su derecho de defensa ”.
1. Previsión contenida en los artículos 55 y 56 de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda
Nº 37 de 31/01/08
acuerdo con las normas transcritas, todos los créditos hipoteca-
rios de vivienda principal afectados por modalidades financieras que puedan conllevar a la pérdida de la vivienda principal por falta de capa- cidad de pago del deudor, no serán considerados en atraso, hasta tanto el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat haya efectuado los correspon- dientes recálculos y reestructuraciones de la deuda y haya emitido el certificado pertinente, y en aquellos casos en los que se hayan instaura- do procesos judiciales en ejecución de demanda de los deudores hipote- carios para el momento de entrada en vigencia de la ley, ordena su paralización, hasta tanto sea emitido el certificado de deuda correspon- diente, con la constancia del recálculo y reestructuración del crédito.
Como ha quedado sentado precedentemente, los artículos 55 y 56, vi- gentes para ese entonces, establecen que hasta tanto no se tenga el recálculo del crédito hipotecario de vivienda principal, el proceso de ejecución hipotecaria deberá ser paralizado y las cuotas insolutas no pueden ser calificadas en atraso ”.
se evidencia de la norma transcrita, la pertinencia del procedi-
miento ejecutivo está atenida a ciertos requisitos, unos intrínsecos y otros extrínsecos o de mérito. Los primeros, son: la validez del registro en la oficina competente; la liquidez y exigibilidad del crédito garantiza- do y que la obligación garantizada no esté sujeta a condiciones u otras modalidades. Los segundos, de carácter formal, son: la consignación del documento registrado constitutivo de la hipoteca y la indicación del monto del crédito que esté cubierto por el monto de la hipoteca ”.
N° 728 de 06/11/08
Sentencia Nº 604 de 25 de Marzo de 2003. Caso:
Manuel Antonio Borrego. Expediente 00-2016
armonía con el criterio en referencia, debe resaltarse que en el
sub iudice, cuando el ad quem repuso la causa por no haberse cumpli- do con el juramento de fiel cumplimiento de su cargo, por parte del la defensora ad lítem designada a la parte demandada, no se produjo una reposición mal decretada, pues conforme al criterio sostenido por este Supremo Tribunal, habiéndose omitido dicha juramentación, se violentó el orden público en el proceso judicial incoado por la parte actora ”.
N° 239 de 29/04/08
respecto, resulta fundamental precisar la naturaleza y alcance de
la función jurisdiccional cautelar. En efecto, la idea de cautela sugiere aquellos actos que producen la anticipación sustitutiva de un momento procesal hipotético o las condiciones que lo hagan posible, a los efectos de evitar la imposibilidad o cierta dificultad en el futuro al momento de ejecutar la decisión definitiva, frustrando legítimas expectativas de de- recho, en razón de la tardanza de esa decisión. Estas medidas varían según la naturaleza del bien que se pretende y tienen por finalidad pre- caver y asegurar el resultado práctico del juicio.
Ahora bien, cabe destacar que dichas medidas son ejercidas en forma autónoma, y tramitadas en cuaderno separado, no obstante esto no quiere significar que son ajenas o aisladas del juicio principal; por el contrario,
una de sus características más resaltantes es la instrumentalidad res- pecto de aquél, es decir, auxilian o ayudan a la decisión principal, antici- pando y precaviendo los efectos de una decisión definitiva, a la cual se encuentra subordinada su eficacia.
En ese sentido, es importante señalar, que las medidas cautelares están limitadas a esa función cautelar per se, la cual aparece claramente de- finida por el legislador en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual es de estricto cumplimiento por los jueces en ejercicio de tal función.
Del precedente jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia in- defectiblemente que la decisión sobre las cautelares debe circunscribir- se a la previa verificación de los extremos de Ley, para acordar su procedencia, sin que pueda el juez, por ningún motivo, partir de algún elemento de fondo para fundamentar su decisión. De lo contrario, aten- taría contra la verdadera esencia de las medidas preventivas, que no es
la demora que implica el proceso principal y el
riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la
En otras palabras, el juez debe tener
extremo cuidado en el proceso cautelar, por cuanto la finalidad de éste, por ser distinta al propósito del juicio en el cual son dictadas las medi- das, ya que este último es un proceso de conocimiento en el cual sólo se persigue el reconocimiento de la petición expresada en la demanda, mien- tras que la finalidad de la medida preventiva no es, como se ha indicado, la declaración del derecho reclamado; sino el aseguramiento material y efectivo, la ejecutividad de la sentencia que declara la existencia del
otra que “
derecho reclamado ”.
1. Diferencia entre el recurso ordinario de apelación como medio de gravamen y el recurso extraordinario de casación como acción de impugnación
Nº 97 de 22/02/08
Doctrina de sentencia N° 51 de fecha 30 de marzo
de 2005. Caso: Office Trade de Venezuela 1020 C.A. c/ La Tienda del Sobre C.A. Expediente 04-238 Artículo 320
comportamiento resulta inadecuado, toda vez que el juez supe-
rior parece obviar que cuando es sometido a su consideración la deci- sión que produjo el agravio sufrido por la parte que resultó perjudicada con el fallo, el juez ad quem debe proceder objetivamente al examen de la cuestión decidida, es decir, al conocimiento de la causa integralmen- te, en la extensión y medida en que fue planteado el problema en el libelo de demanda y contestación y hasta donde haya quedado reducido el debate para el momento de la apelación.
En este sentido, vale acotar que, con el recurso ordinario de apelación se provoca efectivamente un nuevo examen de la relación controvertida, transfiriéndole al juez de alzada la jurisdicción sobre el asunto, con plena facultad para decidir la controversia y conocer tanto de la cuestión de hecho como de derecho, con lo cual se denota cierta diferencia esencial respecto al recurso extraordinario de casación, en el cual, es la Sala ex- clusivamente a quien compete un pronunciamiento sobre los quebranta- mientos de formas y las infracciones de ley de la sentencia respectiva en que haya incurrido el juez en la sentencia recurrida, sin que pueda exten- derse al fondo o mérito de la controversia, ni al establecimiento o aprecia- ción de los hechos por parte del juez a quo, salvo las excepciones previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil ”.
2. Solución interpretativa que debe acoger el órgano judicial cuando ante un fallo de alzada se ejerza el recurso ordinario de apelación
N° 252 de 30/04/08
Abandona: Doctrina de sentencia N° 898 de 14 de noviembre de 2006. Caso: Jesús María Ballenilla c/ Luis Expedito Hernández Marcano. Expediente 06-782
Artículos 26 y 257
anterior criterio se encuentra vigente actualmente y, por ende, se
ha venido declarando la improcedencia del recurso ordinario de apela- ción interpuesto en contra de las decisiones dictadas por los tribunales superiores, ya que lo correcto y procedente es ejercer como medio de impugnación, el anuncio del recurso de casación o el ejercicio del recur- so de hecho en caso de negativa del de casación; sin embargo, la Sala estima conveniente revisar tal criterio respecto a la validez de la
apelación ejercida contra las decisiones del Superior.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus ar- tículos 26 y 257 evidencia la voluntad del constituyente de preservar la justicia por encima de cualquier formalidad no esencial en el proceso y la necesidad de que ésta se imparta sin dilaciones o reposiciones que en nada contribuyan al alcance de tal fin.
Así pues, el precitado artículo 26 establece el derecho de los ciudada- nos a obtener un pronunciamiento oportuno y eficaz sobre el asunto planteado a los órganos judiciales, lo cual ha sido denominado por la doctrina y la jurisprudencia como el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por lo que doctrinal y jurisprudencialmente se ha considerado que el interés es el que impulsa a las partes a demandar, contestar la demanda, ejercer el recurso de apelación contra el fallo que le causa un gravamen y, en general, a cumplir todos los actos pertinentes para que el proceso se desenvuelva hasta llegar a la sentencia que resuelva la controversia surgida entre ellas.
De manera pues, que las interpretaciones acordes a la normativa cons- titucional vigentes ut supra señalada, deben realizarse en beneficio de la justicia, por encima de cualquier formalismo no esencial del proceso, ello permite que se garantice la tutela judicial efectiva a los sujetos de derecho, con oportunidades de ejercicio del derecho de defensa y la definitiva satisfacción del derecho tutelado que hubiese sido reclamado de conformidad con la ley.
Por todo lo antes expuesto, esta Sala atempera el anterior crite- rio, dejando establecido que en los casos en los cuales en lugar de anunciarse el recurso de casación, se ejerza el recurso de apelación en contra de una sentencia dictada por un tribunal su- perior, deben los órganos jurisdiccionales realizar una interpre- tación acorde a los postulados constitucionales y, por ende, deben deducir que dicha manifestación de voluntad genera la convic-
ción de que existe inconformidad o desacuerdo en contra de la sentencia recurrida, puesto que con ello se evidencia el interés de la parte desfavorecida con el fallo de que sea revisada la deci-
sión por éste máximo tribunal
N° 539 de 07/08/08
notificación está regulada en el artículo 233 del Código de Pro-
cedimiento Civil, y su exigencia reposa en la obligación que tiene el Estado de garantizar a los justiciables la tutela jurídica efectiva, así como una justicia transparente e idónea; en consecuencia, el cumpli-
miento de esa notificación constituye una formalidad necesaria no esen- cial dentro del procedimiento, que garantiza a los interesados estar “a derecho”, vale decir, enterados de lo acontecido en el proceso y lo establecido en la sentencia, así como de la certeza de la apertura y vencimiento de los lapsos de impugnación a partir de que conste en autos la última de las notificaciones que deban practicarse. De lo ex- presado se deriva que la notificación exhibe la característica de orden público relativo y, en el supuesto de que se incumpla tal obligación, la sentencia estará inficionada de un vicio que la hará nula, salvo que, a
pesar de su incumplimiento, en la primera oportunidad las partes lo subsanen con su presencia sin denunciarlo ”.
2. Legitimidad para solicitar la reposición de la causa por falta de notificación de la Procuraduría General de la República.
N° 594 de 22/09/08
Ratifica: Doctrina de la Sala Constitucional en sentencia Nº 4601 del 13 de diciembre de 2005. Caso: Especiali- dades Médico Quirúrgicas La Fundación, S.A. Ex-
pediente 04-1655 Artículos 38, 96 y 97
Artículos 26 y 49
un proceso análogo decidido en sentencia Nº 4601 del 13 de diciembre de 2005, caso: Especialidades Médico Quirúrgicas La Fundación, S.A., señaló que:
ción para solicitar la reposición de la causa, ante la falta de notifica-
ción de la Procuraduría General de la República, de una medida que afecte bienes destinados al uso público. Al respecto, en sentencia Nº 3299 del 1º de diciembre de 2003, se señaló:
bien, esta Sala se ha pronunciado, respecto a la legitima-
relación a ello, la Sala Constitucional de esta Máximo Tribunal en
Adicionalmente, debe acotarse que el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente el 25 de abril de 2001 establecía que:
En este orden, la Sala evidencia que el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, señala:
Lo anterior evidencia que si bien es imprescindible la notificación de la Procuraduría General de la República respecto a cualquier medida preventiva o ejecutiva que afecte los bienes destinados a
un interés público, la reposición de la causa por la falta de apertura del lapso de cuarenta y cinco (45) días a que se contrae el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sólo puede solicitarlo dicho órgano administrativo o decretarlo el Juez de oficio, pero tal reposición no puede solicitarla el particu- lar afectado por la medida, puesto que éste ha tenido oportunidad de defender sus correspondientes derechos en el desarrollo del juicio en el que se decretó el embargo, motivo por el cual no le estaba dado al accionante solicitar la notificación de la Procuradu- ría General de la República, y consecuentemente la reposición de la causa al estado de la referida notificación, y así se declara”. (Resaltado de este fallo).
Visto lo señalado por la recurrida y en aplicación a la jurisprudencia ut supra transcrita, esta Sala observa que no hubo menoscabo al derecho a la defensa por la falta de reposición denunciada por el formalizante, por cuanto si bien es cierto la parte actora en este juicio, FOGADE, es un ente en el cual el Estado tiene participación, no es menos cierto que la reposición al estado de notificación del Procurador General de la República debe ser solicitada por este ente estatal o ser decretada por el juez de oficio, y no como erradamente lo solicitó el hoy recurrente, pues tal potestad no le es otorgada a éste.
Aunado a lo anterior, es menester resaltar que el razonamiento efectua- do por el juzgador de alzada respecto a la utilidad de la reposición es adecuado, al considerar que la reposición de la causa al estado de re- formar el auto de admisión para que se ordene la notificación del Procu- rador General de la República, sería una reposición inútil que contraría lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la misma no es esencial para su validez, ya que FOGADE, como Instituto Autónomo adscrito al Ministe- rio de Finanzas, al fungir como parte actora, está procediendo a favor de la República, defendiendo así sus intereses ”.
Nº 96 de 22/02/08
Doctrina de sentencia N° 998 de 12 de diciembre de
2006. Caso: Pablo Pérez Pérez c/ Promociones y Construcciones Oriente C.A. Expediente 04-308 Artículo 206
relación a la infracción de aquellas normas que regulan la forma
de realización de los actos procesales, es importante señalar que el que- brantamiento per se no genera la procedencia de la denuncia, la conse- cuente nulidad y reposición del acto procesal viciado, pues en este caso
se hace necesario verificar la concurrencia de determinados elemen- tos. Así, para que proceda la nulidad de un acto, tiene que, en primer lugar, haberse dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial; en segundo lugar, que el acto no haya logrado el fin para el cual estaba destinado; en tercer lugar, que la parte contra quien obra la falta no lo
haya causado y que el quebrantamiento sea imputable al juez; en cuarto lugar, que la parte no haya convalidado o consentido el quebrantamiento de la forma del acto; en quinto lugar, que se haya hecho uso de todos los recursos contra esas faltas; y en sexto lugar, que se haya verificado la existencia de la lesión al derecho de defensa.
En atención al precedente jurisprudencial transcrito, queda claro que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposi- ción en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición que, además, haya quedado comproba- do en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumpli- do su finalidad ”.
N° 521 de 29/07/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 2 de fecha 8 de marzo de
2002. Caso: Rodríguez y Asociados S.R.L., c/ Promo- ciones y Desarrollos Naraya, C.A. Expediente 01-061
el alcance del recurso de nulidad, la Sala ha sostenido pacífica
doctrina explicando que, éste sólo procederá cuando el Tribunal de re- envío no haya acatado en su fallo los criterios casacionales que, por errores de juzgamiento, le antecedieron; destacándose que sólo proce- derá cuando el Tribunal Supremo haya casado un fallo por error de juicio y no por defectos de actividad ”.
Nº 95 de 22/02/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 54 de fecha 27 de febrero de 2007. Caso: Carmen Marilis Flores Ramírez c/ Humberto Díaz Rodríguez. Expediente 06-707
Artículos 777, 778 y 780
la norma antes transcrita, se deduce claramente que la propia
ley exige como requisito para demandar la partición de la comunidad concubinaria, que la parte actora acompañe a ésta instrumento feha- ciente mediante el cual se acredite la existencia de la comunidad, es decir, la declaración judicial que haya dejado establecido la existencia de ese vínculo.
Por esa razón, es requisito sine qua non la declaración judicial definiti- vamente firme para poder incoar la demanda de partición de bienes, pues ésta constituye el documento fundamental que debe ser acompa- ñado al libelo de demanda de partición concubinaria; además es el título que demuestra su existencia.
De igual manera, esta Sala observa que son pretensiones que deben ser tramitadas por procedimientos distintos. Así, la acción merodeclarativa se sustancia a través del procedimiento ordinario, pero la demanda de partición de la comunidad concubinaria, si bien podría llegar a tramitar- se igualmente a través del procedimiento ordinario, conforme lo prevé el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, resulta que ello sólo ocurre cuando en la contestación de la demanda se objeta el derecho a la partición, a la cuota o proporción de lo demandado; de lo contrario, se procede al nombramiento del partidor.
Por otra parte, se constata que según lo previsto en el artículo 780 eius-
contradicción relativa al dominio común respecto de
alguno o algunos de los bienes se sustanciará y decidirá en cua-
lo cual, una vez más, evidencia las particularida-
des de las que está revestido el procedimiento de partición, e imposibilita la acumulación de este tipo de demandas con una acción de merodecla-
derno separado
dem, “
rativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil.
Por último, en los procedimientos de partición de comunidad no es posi- ble provocar la apertura del trámite breve de instrucción y sentencia en rebeldía, previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, ya que el artículo 778 del mismo Código asigna otros efectos en caso de no haber el demandado presentado oposición; bajo este supuesto, co- rresponde al tribunal proceder de inmediato a la ejecución de la parti- ción mediante el nombramiento del partidor.
De permitirse a una de las partes la posibilidad de incoar en una mis- ma demanda la acción merodeclarativa de reconocimiento de unión concubinaria y la partición de bienes de esa comunidad, se le estaría lesionando a la otra parte su derecho de defensa, ya que se le estaría limitando la posibilidad de alegar y probar. En efecto, la demanda de partición comprende una serie de defensas relacionadas no sólo con la objeción del derecho de partición, sino que además permite otras
referidas a la división, repartición de los bienes, propias del juicio de partición. Contrariamente, la acción de merodeclaración de existencia del vínculo concubinario persigue únicamente el reconocimiento judi- cial de una situación de hecho. Bajo estas circunstancias, no se le permitiría al demandado ejercer las defensas propias del procedimien- to especial de partición de bienes ”.
Nº 139 de 24/03/08
Artículos 136 y 155
la Comunidad Andina de Naciones fue dictada la decisión 486,
para regular materia relativa al Régimen Común sobre Propiedad In- dustrial, la cual, por ser Venezuela uno de los países firmantes del aludi- do Acuerdo, es de obligatoria aplicación en caso de asuntos de igual naturaleza que del sub iudice, relativa a la propiedad industrial.
El artículo 136, cuya errónea interpretación también ha sido denuncia-
da, contempla que “
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho
podrán registrarse como marca aquellos
de tercero y establece los casos en los cuales un determinado signo
pudiera afectar derechos de terceros
Se desprende del citado artículo, y así lo señaló el formalizante, uno de los casos en los cuales, el uso de un signo o marca en el comercio, pudiera afectar derechos de terceros, como lo es el caso de la identidad
o semejanza del signo que se pretenda registrar, con una marca regis-
trada con anterioridad, que sirva para identificar servicios o productos parecidos, cuya similitud pueda generar confusión.
En este sentido, siendo obligatoria la aplicación de la decisión 486, dic- tada por la Comunidad Andina, debe tomarse en cuenta la semejanza o identidad de una marca registrada con cualquier otro signo cuyo regis- tro se pretenda con posterioridad; a los fines de descartar la confusión que pudiera producirse en relación con los usuarios de los productos o servicios identificados con dicho signo o marca.
En este sentido se observa, lo establecido en el artículo 155 de la deci- sión en referencia, relativo al derecho que tiene el titular de una marca registrada, para impedir a cualquier tercero el uso en el comercio, de un signo idéntico o similar a dicha marca. Mucho más cuando se pretende con dicho signo identificar productos o servicios idénticos.
Ello, por cuanto en razón de aquella similitud, debe presumirse que exis-
ta riesgo de confusión respecto a los usuarios de los productos o servi-
cios de los cuales se trate ”.
Nº 65 de 18/02/08
Artículos 124 y 147
bien, estima esta Sala oportuno indicar que la factura al ser
suscrita entre las partes sin la intervención de un funcionario público,
constituye un documento privado simple, el cual no contiene certeza legal respecto a la autoría de la misma.
De tal modo que, la factura al carecer de dicha certeza legal, respecto de que la misma haya emanado de la persona a quien se le atribuye la autoría, es indispensable que en dicha circunstancia surja el mecanismo de la impugnación, a los fines de ofrecer un medio que permita ejercer el correspondiente derecho a la defensa.
De conformidad con el criterio doctrinal anteriormente expuesto se des- prende que, la institución de la impugnación ejercida por una de las par- tes trae como consecuencia el desconocimiento del medio que se pretende hacer valer en los autos, de modo, que al mismo se le está restando la eficacia probatoria invocada.
De tal modo, conforme a dicho criterio se reputa como factura acep- tada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Comercio, aquélla suscrita por aquel administrador que puede firmar y comprometer en obligación a la sociedad de acuerdo a sus estatutos. De manera, que aquella que no haya sido suscrita por la persona con- tra quien se opongan, no puede ser admitida como prueba de la obliga- ción mercantil.
De tal modo, esta Sala estima que ante dicha circunstancia de que la factura sea aceptada y firmada por quien no ostenta facultad para com- prometer la obligación de la persona a quien se oponga, es forzoso con- siderar que en la oportunidad en que sea traída a juicio, se permita ejercer el contradictorio de la misma, a los fines de evidenciar o no la autentici- dad de dicho documento, el cual es objeto de controversia.
Ahora bien, esta Sala observa que si bien la Jurisprudencia de este Alto Tribunal, así como lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Comer- cio, consagran la figura de la aceptación tácita de las facturas por la falta de reclamo sobre las mismas, es oportuno considerar la posibilidad de ejercer en juicio su contradictorio, en razón de que si existe duda o incertidumbre acerca de la actitud o habilitación de quien aparece fir- mando o aceptando para comprometer a un deudor, el mecanismo pro- cedimental estatuido en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil permite comprobar la autenticidad del documento consignado a los autos, consintiendo de esta forma que la parte promovente de dicho instrumento demuestre la legítimidad del documento que ha sido impug- nado y desconocido, bien sea a través de la prueba de cotejo y/o en su defecto la de testigos.
Dicha consideración, por parte de esta Sala, obedece a que la factura al ser un documento privado simple, el mismo no goza de certeza legal
respecto de la autoría de la misma, por lo cual es indispensable que en dicha ocurrencia surja el mecanismo de la impugnación, a los fines de permitir el correspondiente ejercicio al derecho a la defensa ”.
2. Diferencia entre documento público auténtico y documento privado autenticado
N° 595 de 22/09/08
Doctrina de sentencia N° 474 de fecha 26 de mayo
de 2004. Caso: José Enrique León Salvatierra c/ Marisol Valbuena. Expediente 03-235. Artículo 1.357
N° 474 de fecha 26 de mayo de 2004, expediente N° 2003-235, señaló
el valor probatorio de los instrumentos, esta Sala en sentencia
El instrumento autenticado no constituye documento público, ya que la formalidad de la autenticación no lo convierte en este tipo de documentos, como tampoco el registro le comunica tal naturaleza. Todo documento que nace privado –aun cuando sea registrado– siempre seguirá siendo privado, pues la formalidad de registro sola- mente lo hace oponible a terceros; por el contrario, el documento público es sustanciado por el funcionario con competencia para ello.
Es común observar en la práctica forense la confusión de los con- ceptos atinentes al documento público y al autenticado. El primero, según la doctrina autorial, de casación y la legislación (artículo 1.357 del Código Civil) es aquel que ha sido autorizado por el funcionario competente. La confusión reinante nace de los términos “público” o “auténtico” empleados por el legislador civil, y que los intérpretes han asimilado, confundiendo el término “auténtico” con el término “autenticado”. Aquél (el “auténtico”) es cuya autoría y redacción no puede ser discutida sino por vía de tacha, mientras que el autentica- do, puede ser tachado en su otorgamiento.
El documento público o auténtico está referido a su contenido, vale decir, el texto del documento que ha sido autorizado con las solemni- dades legales por el funcionario competente; “autorizado” significa, que es el funcionario quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay duda de su autoría y de su validez. Mientras que, los documentos autenticados –que no auténticos– son elaborados, concebidos o redactados por la parte interesada. En este tipo de documentos, el funcionario tan sólo interviene para dar fe del dicho de los otorgantes.
El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo es redactado o creado por el interesado –otorgante– y el he- cho de autenticarse no le quita lo privado ni lo convierte en público y, en ese sentido, ha dicho la doctrina, y en esto ha sido unánime, que el documento que nace privado sigue siendo privado por siem- pre y jamás puede convertirse en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La autenticación lo que hace es darle el efecto de público al otorgamiento, pero jamás al contenido del documento.
En tanto que el contenido de un documento público es redactado y creado por el funcionario. El documento autenticado es redactado por el interesado y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente”. (Resaltado de la Sala) ”.
N° 208 de 11/04/08
Ratifica: Doctrina de Sala Constitucional N° 1442 de 24 de
noviembre de 2000. Caso: Marieliza Piñango Buloz y otro. Expediente 00-738 Artículo 26
conformidad a las jurisprudencias antes citadas, puede destacar-
que el derecho a la prueba se ve vulnerado cuando el Juzgador impi-
de de alguna manera que la prueba legal y pertinente se incorpore al proceso o cuando siendo admitida y se ordene su evacuación, no se esperen las resultas de las mismas, a los fines de producirse una deci- sión final, conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual se estaría produciendo una indefensión.
Y en sintonía con lo anteriormente motivado, de conformidad con lo
pautado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivaria- na de Venezuela, toda persona tiene el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, lo cual no se puede lograr sino por medio de la opor- tuna y necesaria prueba de los hechos litigiosos; así pues, la prueba forma parte del derecho a esa tutela como derecho a probar en el proceso las afirmaciones de hecho realizadas por las partes al funda- mentar su pretensión ”.
4. El instituto de la impugnación por desconocimiento como figura prevista en la Ley Civil Adjetiva, a los efectos de restarle certeza legal a los instrumentos privados simples traídos a juicio. Asimilación de la impugnación de la factura comercial a dicho supuesto
Sentencia: Nº 36 de 31/01/08 Ponente: Isbelia Josefina Pérez Velásquez
norma está referida a los signos de carácter probatorio que el
documento privado simple muestra en su contenido, los cuales permi- ten la determinación de su autoría, sin que exista certeza legal sobre ello, por cuanto en su formación y/o firma, según sea el caso, no inter- viene un funcionario capacitado por la ley para dar fe pública de esa circunstancia.
Por esta razón, el procedimiento civil prevé, a través de una serie de actuaciones procesales, que ese documento privado simple pueda ad- quirir certeza legal de su autoría durante la tramitación del juicio, siendo uno de esos casos precisamente el reconocimiento o desconocimiento del instrumento.
Es así, como surge la impugnación del instrumento, el cual se traduce en un medio efectivo de ejercer el derecho de defensa que permite contro- lar que lo alegado al proceso se corresponda con los hechos ocurridos, lo que constituye presupuesto necesario para la satisfacción de la justi- cia, como fin último de la función jurisdiccional.
Distinto es el supuesto del documento público y del auténtico, pues en estas hipótesis un funcionario capaz de dar fe pública deja constancia que el autor del documento lo reconoce como emanado de él; declara- ción ésta que otorga certeza jurídica respecto de la autoría, salvo el derecho del interesado de proponer la tacha contra dicho instrumento.
Todo lo anterior quiere decir que no basta que el documento privado simple contenga signos probatorios capaces de determinar su autoría, pues en definitiva no existe certeza legal respecto de ello, en el entendi- do que dicho instrumento no emanó de un funcionario competente para
darle fe pública, como sí lo tienen los documentos públicos o los recono- cidos por su autor, que en presencia de un funcionario es capaz de ad- quirir fe pública, por cuanto en esos casos existe certeza legal de que el documento emanó de la persona a quien se le atribuye su autoría, como fue expresado precedentemente.
De acuerdo con lo comentado, la Sala encuentra que la factura perte- nece a la familia de los instrumentos privados, pues ella emana de un tercero, y su formación no se hace en presencia de un funcionario com- petente capaz de otorgarle fe pública.
De acuerdo con el texto transcrito, toda prueba por escrito de carácter privado simple (del género documento, no necesariamente prueba ins- trumental), atribuida a una parte, está sujeta a reconocimiento o desco- nocimiento dentro del proceso, para que el medio adquiera certeza. Por ello, la parte a quien le oponen como emanado de ella un documento privado puede optar entre la impugnación activa y la pasiva, para la cual existe un plazo en el Código de Procedimiento Civil; la institución del desconocimiento debe obrar como figura general ante toda prueba por escrito de carácter privado que se atribuye a una parte (sea o no prueba documental), y ante un instrumento de este tipo debe actuar igual para cada caso; pero sus supuestos pueden ser disímiles, una es la negativa o el desconocimiento de las firmas o escrituras de puño y letra y que es relativa al cuestionamiento de un sector del acto de documentación, mientras otros supuestos para desconocer un documento privado, no están ligados necesariamente al acto de documentación.
Señala que, la esencia del desconocimiento normal es evitar que el instru- mento se haga auténtico en el sentido de que exista certeza legal de quién es su autor, aunque en este caso se trate de una paternidad indirecta.
Agrega, además, que el mecanismo procesal ante los instrumentos pri- vados simples consiste en que el promovente le impute explícitamente su autoría a la otra parte o a su causante; y tratándose de instrumentos cuya autoría se le opone a una parte, lo lógico es que ella, quien debe conocer si el documento emana de sí o de sus causantes, conteste la imputación, motivo por el cual se creó el lapso para reconocer o desco- nocer el instrumento en el proceso ”.
5. Interpretación progresista de los lapsos probatorios dispuestos de la ley civil adjetiva
N° 255 de 29/04/08
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 774 de fecha 10 de octubre de 2006. Caso: Carmen Susana Romero c/ Luis Án- gel Romero Gómez y otro. Expediente 05-540
bas, tales como las inspecciones judiciales, las declaraciones de testi- gos, las experticias y otros medios no prohibidos expresa o tácitamente por la ley, que por su tramitación requieran de mayor tiempo para poder ser evacuadas, una vez promovidas dentro de la articulación, pueden ser recibidas fuera de ésta, incluso aquellas pruebas no evacuadas den- tro del término destinado para ello en el juicio ordinario.
el criterio jurisprudencial anotado anteriormente, aquellas prue-
Tal criterio deviene de una interpretación armónica de los postulados
la interpretación de las institu-
ciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso
sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr
las garantías que el artículo 26 constitucional instaura (
tencia de la Sala Constitucional N° 1417, de fecha 2 de junio de 2003, expediente N° 02-1875, caso: Leonor María Infante y otra) ”.
constitucionales, de manera que “(
6. La tacha de falsedad como único mecanismo dispuesto en el ordenamiento regulatorio de las causas de índole civil para desvirtuar lo contenido en documentos públicos
Nº 144 de 24/03/08
tacha de falsedad instrumental es un proceso especial, con términos,
bien, de acuerdo a los criterios doctrinales antes expuestos, la
actividades probatorias y sistemas de valoración propios, que lo distin- guen de cualquier otro proceso en donde se persigue la declaración de que un instrumento es falso.
Si bien es cierto que la tacha de falsedad procede contra los documen- tos públicos y privados, con respecto al documento público existe una particularidad relativa a la fe pública impuesta en él por el funcionario facultado para ello, razón por la cual el único medio de impugnación es la tacha, y subsiste invalidable mientras no sea declarado falso, mien- tras que contra la fe del contenido del documento privado se admite prueba en contrario ”.
7. Técnica para denunciar la infracción del juez de instancia cometida al momento de proceder a valorar la prueba testimonial
N° 216 de 17/04/08
disposición jurídica contenida en el artículo 508 del Código de
Procedimiento Civil establece que, para la apreciación de las declara- ciones de los testigos, el sentenciador debe examinar la concurrencia de las mismas con las otras pruebas, sopesar los motivos de sus declara- ciones, igualmente la confianza que le merecen el testigo, tomando en cuenta su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias; asimismo, tendrá que explicar en los casos en que deba desechar al testigo por considerarlo inhábil o que no pareciera decir la verdad; de lo que se concluye que la referida disposición faculta ampliamente a los jueces para la apreciación de la prueba de testigos. Ahora bien, el resul- tado de esta labor corresponde a la libertad que faculta al juez para efectuar la apreciación de la prueba de testigos, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación cuando el Juzgador incurra en supo- sición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
La norma acusada como no aplicada, el artículo 508 del Código de Pro- cedimiento Civil, si bien fija reglas de valoración de la prueba testimo- nial, no lo hace en cuanto al valor probatorio del testimonio, sino en el
modo como los jueces deben proceder para la valoración de la prueba testimonial, entonces puede entenderse que el artículo señalado remite tácitamente a la aplicación de las normas de la sana crítica y de la de experiencia como modo de proceder para la valoración demostrativa de las declaraciones examinadas.
Por tanto, para efectuar la denuncia del artículo 508 del Código Adjeti- vo Civil, el recurrente debe demostrar a la Sala cómo el ad quem infrin- gió u obvió la aplicación de esas reglas de experiencia y de sana crítica en la valoración de la prueba de testigos ”.
1. Apuntes sobre la figura del síndico en el proceso de quiebra. Funciones. Consecuencias gravosas atribuibles al administrador de los bienes del fallido ante el incumplimiento de las obligaciones legalmente asignadas
Nº 98 de 22/02/08
Artículos 972 y 987
el particular, resulta pertinente señalar que el artículo 972, al
definir la figura de la sindicatura, establece que está constituida por
la masa de acree-
dores, activa y pasivamente, en juicio y fuera de él; administran los bienes concursados, practicando todas las diligencias condu- centes a la seguridad de los derechos y recaudación de los habe- res de la quiebra y liquidan éste, según las disposiciones del presente Código”.
aquellos auxiliares de justicia que “
Al respecto, Burgos Villasmil sostiene que la actividad de este auxiliar
de justicia está “
a la obtención de los bienes por fuerza
de los derechos pertinentes del patrimonio, así el cobro de los cré-
ditos, la recuperación de las cosas en posesión de terceros, el ejer- cicio de las acciones de impugnación, de rescisión o de resolución
El Síndico, además de administrador y liquida-
dor, es órgano motor del procedimiento; también es un órgano in-
quisidor (informante) a los fines de la justicia penal. Por lo tanto, podemos definir al Síndico, como el órgano ejecutivo de la quie- bra, a quien corresponde asegurar y administrar los bienes de la quiebra, practicar su liquidación y distribuir el producto entre los
(Burgos Villasmil,
J.R. “Lecciones sobre quiebra”. Publicaciones de la Facultad de De- recho de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, página 60).
de contratos, etc
acreedores, proporcionalmente a sus créditos
En este orden de ideas, cabe traer a colación que la doctrina acreditada en la materia afirma que entre las funciones más importantes, la sindi- catura debe realizar en el procedimiento de quiebra las siguientes:
1.- Tomar posesión de los bienes y papeles del fallido (a).
2.- Fijar los sellos sobre los bienes del fallido (a).
3.- Presentar informe quincenal en el que consten los ingresos y egresos del fallido (a).
4.- Proporcionar al tribunal los datos de los libros y documentos del fallido (a).
5.- Hacer el inventario de los bienes.
6.- Realizar el balance del fallido (a) o, en su defecto, hacer las rectifi- caciones pertinentes si ya se hubiere presentado.
7.- Depositar semanalmente los fondos del concurso producto de las ventas y cobranzas que se hicieren en entidad financiera de reconocida solvencia designada por el tribunal de la causa, so pena de ser destituido por incumplimiento de esta función.
8.- Proponer las acciones y recursos a que hubiera lugar, para preservar el patrimonio de la fallida.
Queda claro, entonces, que la figura del síndico es determinante en el procedimiento de quiebra, puesto que se trata de un auxiliar del proceso
que coadyuva con el tribunal de la quiebra para la óptima liquidación del patrimonio del fallido (a) y, en definitiva, en la realización de la justicia.
Por esa razón, la ley establece que en caso de inobservancia de las mencionadas obligaciones, el síndico responde a la masa de la quiebra, incluso penalmente, por los daños y perjuicios que cause por el abuso en el desempeño de sus funciones y por la falta de cuidado y diligencia que un comerciante solícito pone en sus oficios.
síndicos podrán ser
removidos a solicitud del fallido, de los acreedores, o de oficio,
por impericia, negligencia, fraude en la administración o colusión
fraude o colusión, se pasará inmediatamente lo obrado al Tribunal que conoce en lo criminal; en estos casos, además de las indemni- zaciones a que haya lugar, los síndicos sufrirán las penas que es- tablece el Código Penal
En ese sentido, prevé el artículo 987 que “
con el fallido
Y seguidamente, dispone que “
Ratifica: Doctrina de sentencia N° 654 de fecha 7 de noviem- bre de 2003. Caso: Venezolana Internacional de Avia- ción C.A. Expediente 01-487
CCOM: Artículos 907, 911, 928 y 929
compañía, el juez debe atender a la propia solicitud del comerciante o, en su defecto, a la demanda de sus acreedores. No obstante, los artícu- los 107, 911 y 929 del Código de Comercio, desarrollan excepcionales supuestos en los que el juez puede declarar de oficio la quiebra.
líneas generales, para declarar la quiebra de un comerciante o
En este orden de ideas, disponen los citados dispositivos del menciona- do Código de Comercio lo siguiente:
“Artículo 907: Si durante la liquidación se descubriera la existencia de deudas no declaradas por el deudor, o la no existencia de acreen-
cias declaradas por él, o si él no cumple las obligaciones o condicio- nes que le fueron impuestas relativamente a la administración y liqui- dación de su patrimonio, o bien si aparece culpable de dolo o de mala fe, o que su activo en realidad no ofrece esperanza de pagar la inte- gridad de sus deudas, o siquiera los dos tercios de ellas, el Tribunal, oída la Comisión de acreedores, podrá revocar la liquidación amiga- ble y declarar la quiebra y dictar las medidas oportunas para seguir el procedimiento de ésta”.
“Artículo 911: Si el Tribunal creyere procedente la solicitud de liquidación amigable, declarará la quiebra y seguirá el procedimien- to de ésta”.
“Artículo 929: Puede declararse la quiebra de un comerciante que hubiere fallecido en estado de cesación de sus pagos; pero no puede ser pedida ni pronunciada de oficio sino dentro de los tres meses siguientes a su muerte. Solicitada dentro de este tiempo, puede ser declarada aun después de él. Por la declaración de quiebra, los bie- nes del difunto quedan separados de los de sus herederos”.
Lo anterior queda reforzado por el artículo 928 eiusdem, que al deter- minar la competencia de los tribunales mercantiles, para conocer los
procedimientos de quiebra, prevé que “
estado de quiebra, cuando el pasivo excediere de diez mil bolíva- res, se hará por el Juez de Comercio, si ha lugar, en virtud de la manifestación del fallido, a solicitud de alguno de sus acreedores o de oficio. Si no excediera de diez mil bolívares, la hará el Juez del Distrito competente, conforme al artículo 907
declaración formal de
Al respecto, esta Sala estableció, al resolver el recurso de casación interpuesto por la empresa Venezolana Internacional de Aviación C.A., contra la sentencia de alzada que confirmó la quiebra de oficio decreta- da, que el sentenciador de instancia sí puede declarar la quiebra de oficio, siempre y cuando estén dadas las circunstancias previstas en el Código de Comercio.
Es claro, pues, que en conformidad al criterio de la Sala de Casación Civil, a pesar de no tener el juez de instancia amplia discrecionalidad al sustanciar un juicio de quiebra, como sucede en la tramitación del beneficio de atraso, puede, dadas las circunstancias descritas en las
referidas normas, evidenciar mediante el fallo, la situación real del comerciante o empresario, pues una vez que se produce la sentencia mediante la cual se le declara fallido (comerciante o empresa), esto es, incapaz de administrar y disponer de su patrimonio, se salvaguar- dan los intereses de la masa de acreedores hasta que se dé por con- cluido el procedimiento ”.
Artículos 961 y 1.000
otra parte, resulta necesario señalar que el juez, una vez cele-
brada la primera junta, deberá convocar “en el menor tiempo posi- ble”, el día, hora y lugar en que se llevará a cabo la junta de calificaciones o segunda junta. Esta segunda junta tiene por finalidad el reconocimien- to de todas y cada una de las acreencias por los acreedores concurren- tes a la reunión, con base en el informe del síndico o liquidador, cuyo contenido está regulado en los artículos 961 y 1.000 del mismo cuerpo normativo, que al respecto disponen:
Artículo 961: “El liquidador y los comisionados, al aceptar su en- cargo, prestarán juramento de llevarlo fielmente; recibirán los bie- nes por el inventario practicado, así como todos los libros y papeles de la quiebra y cualesquiera otros que deban ir a poder del síndico, según la ley; y antes de proceder a cualquier operación, verificarán la exactitud del balance y del inventario, y luego formarán un cua- dro completo de calificación de créditos en cantidad y calidad, que agregarán al expediente que han de llevar.
Artículo 1.000: “Los síndicos, en virtud del cotejo que hicieren con los libros y papeles del fallido y demás datos que adquieran, exten- derán por escrito un informe sobre todos y cada uno de los créditos reclamados”.
Así pues, tal como se evidencia de la interpretación de las normas trans- critas, el mencionado informe que debe consignar el síndico o el liquida- dor en el expediente, antes de la realización de la segunda junta, y debe referirse en primer lugar, a la calificación y graduación de créditos rea- lizados por el síndico; asimismo, tiene que presentar el estado general de la empresa, los resultados generales de la compañía y de los análisis de los libros y demás documentos del fallido, además de dar cuenta de los actos realizados a partir de su nombramiento.
Aunado a lo anterior, vale agregar, que el día y hora señalados, se dará lectura al informe y de seguidas se someterá a consideración de los asistentes y se discutirá el grado y orden de las acreencias ”.
4. Los créditos laborales en los procedimientos concursales como privilegios de preferente satisfacción
Doctrina de sentencia N° 654 de fecha 7 de noviem-
bre de 2003. Caso: Venezolana Internacional de Avia- ción C.A. Expediente 01-487 Artículo 1.870
Artículos 101 y 160
Artículos 86 y 92
a la importancia de las acreencias laborales, es imperio-
so señalar que créditos de esta naturaleza son entendidos por la doctri- na como remuneraciones que perciben los trabajadores como contraprestación en la relación laboral, las cuales configuran la base de su sustento económico y la de su familia.
Atendiendo “
Partiendo de la premisa anterior, y del carácter “alimentario” del sala- rio, el constituyente y el legislador tomaron en cuenta las tendencias jurí- dicas vanguardistas e innovadoras en el campo laboral y establecieron un régimen especial de protección al salario, y de manera más general, a los créditos que el trabajador tiene contra el empleador como consecuencia de la relación laboral. Precisamente, se le ha conferido al crédito
laboral, un privilegio de primera clase, colocándolo por encima de cualquier otra acreencia sin importar su naturaleza.
En ese sentido, nuestra Carta Magna desde su preámbulo, ampara “ el
derecho a la vida, al trabajo
Asimismo, se constata que en sus disposiciones transitorias, establece
nuevo régimen para el derecho a presta-
ciones sociales consagrado en el artículo 92 de esta Constitu- ción, el cual integrará el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, y calculado de conformidad
con el último salario devengado, estableciendo un lapso para su
la aprobación de “
De igual manera, acoge principios fundamentales que salvaguardan y velan por el bienestar de los trabajadores y de sus derechos laborales cuando en el artículo 92 establece que “Todos los trabajadores y tra- bajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recom- pensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos labora- les de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intere- ses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal. (Resaltado de la Sala).
Queda evidenciado, entonces, que nuestra Carta Magna, atiende a las necesidades económicas y sociales de los trabajadores venezolanos, utilizando como base para su protección, el concepto de justicia social que abarca no sólo a los trabajadores como miembros de unidades de producción, sino como personas individualmente consideradas, teniendo el pago oportuno de sus salarios y acreencias laborales como medio idóneo para asegurar el sustento del trabajador y el de su familia, garan- tizando de esta manera la seguridad alimentaria a la que tienen derecho, a la calidad de vida y la continuidad de la producción económica.
Aunado a lo anterior, en su artículo 86 protege el derecho a la jubilación, por ser una cuestión de previsión social, en virtud de lo cual, correspon- den al Estado y al patrono garantizar, reconocer y tramitar este dere- cho, por ser la base fundamental de la supervivencia digna y decorosa de los trabajadores. En efecto, la referida disposición establece que
persona tiene derecho a la seguridad social como servicio
Toda “
público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure
protección en contingencias de maternidad, paternidad, enferme- dad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesi- dades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Esta- do tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de fi- nanciamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de con-
tribuciones directas o indirectas
De lo precedentemente expuesto, debe asumirse no sólo la importancia que el ordenamiento jurídico ha otorgado a los créditos laborales, en el sentido de que ya resulta indiscutible las razones que justifican esa rele- vancia que hoy en día ha sido elevada a rango constitucional, sino que en virtud de esa importancia, se le ha concedido a los créditos laborales el carácter de privilegio especial, lo que significa que existe para el juez y para los auxiliares de justicia (síndico y/o liquidador) la obligación de ordenar que éstos sean pagados con preferencia a cualquier otro crédi- to de la masa de acreedores, comprendiendo no sólo los bienes mue- bles, sino la totalidad de los bienes del patrono; así lo denota el artículo 160 de la mencionada Ley Orgánica que expone en este sentido que:
“Artículo 160: El salario, las prestaciones e indemnizaciones y cua- lesquiera otros créditos debidos a los trabajadores con ocasión de la relación de trabajo, gozarán también de privilegio sobre los bie- nes inmuebles propiedad del patrono. Este privilegio subsistirá hasta por un (1) año y tendrá prelación sobre los demás establecidos en el Código Civil, con excepción de los gravámenes hipotecarios que existan sobre el inmueble”. (Resaltado de la Sala).
Como complemento de lo anterior, el artículo 101 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo aclaró que esta protección se extiende a to- dos los créditos derivados de la relación de trabajo e impone su pago con preferencia a cualquier otro, incluso los hipotecarios y prendarios.
Ahora bien, el Código Civil en las normas que regulan los privilegios y las hipotecas contempla el artículo 1.870 del mencionado Código sus- tantivo, que nos refiere que el privilegio de los créditos laborales está
colocado en quinto lugar, después de los gastos de justicia, de los gastos funerales, de los gastos de la última enfermedad y de los salarios debi- dos a individuos del servicio doméstico.
Al respecto, cabe señalar que si a pesar de que los artículos 1.870 y siguientes del Código Civil, establecen el orden de prelación de los pri- vilegios e hipotecas sobre los bienes muebles e inmuebles, los mismos quedaron modificados por la Constitución y la Ley Orgánica del Tra- bajo, por cuanto los mencionados instrumentos normativos ordenan el pago inmediato de las acreencias laborales, por ser estos créditos de eminente orden social, que si bien no pueden satisfacerse inmediata- mente en los procesos concursales de acuerdo con la normativa mer- cantil vigente, deben pagarse con preeminencia una vez culminada la fase de calificación de los créditos.
Entonces, queda claro que hoy en día, el constituyente y el legislador abordaron el tema del orden de prelación de los créditos laborales y su lugar preferente en el cuadro de calificación de créditos de manera que este tipo de deudas laborales fueran satisfechas preferentemente, aun en aquellos supuestos en los que el órgano jurisdiccional ha concedido a la empresa un beneficio amigable, o se haya declarado la quiebra y se hubiere exigido a los acreedores que se sometieran al examen, gradua- ción y calificación de sus créditos.
En ese sentido, si bien es notoria, la rigurosidad de los procedimientos de atraso y quiebra, se repite, en cuanto a la calificación y pago de los créditos, a pesar de que deben someterse a la fase de examen y gra- duación de los créditos, éstas deben ocupar un lugar preferente por orden de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es evidente, pues, que en lo sucesivo deberán los jueces de instancia, por mandato constitucional, realizar las operaciones de graduación y calificación de los créditos en un plazo breve, aun más en aquellos ca- sos en los que en el concurso se encuentren en la masa a liquidar crédi- tos laborales –dadas sus circunstancias especiales– ”.
Artículos 937 ordinales 6°, 7° y 8°, 1.003 y 1.109
a lo anterior. Se observa que el ordinal quinto del menciona-
do artículo 937 del Código de Comercio dispone que la decisión debe
La orden de que se convoque a los acreedores pre-
sentes para que concurran con los documentos justificativos de sus créditos, a la primera junta general, que tendrá lugar el día y hora que se designará dentro de los quince días inmediatos”.
contener “
Aunado “
Lo anterior evidencia que, en principio el legislador ordena que la pri- mera junta de acreedores debe llevarse a cabo el quinceavo (15 vo ) día siguiente a la publicación que del fallo se haga. No obstante, de una lectura armoniosa del mencionado texto normativo, en concordancia con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que es ley aplicable supletoriamente al procedimiento de quiebra, de conformidad con lo es- tablecido en el artículo 1.109 del Código de Comercio, la reunión real- mente se llevará a cabo una vez se encuentre definitivamente firme el fallo, luego de realizadas las restantes órdenes contenidas en los ordina- les 6º, 7º y 8º del artículo 937 del mencionado Código, referidas a la convocatoria de los acreedores al juicio.
Sin embargo, la tramitación atenderá a la extensión, complejidad y cir- cunstancias de cada caso, pero el plazo para que se lleve a cabo la prime- ra reunión de acreedores deberá obedecer a un término razonable.
De seguidas, cabe destacar, que esta primera junta de acreedores tiene por objeto preparar el procedimiento de calificación y graduación de los créditos, y entre las facultades de la junta pueden mencionarse, exigir que la liquidación se realice por acreedores o a través de sindicatura, por lo que en este punto deciden si ratifican o no al síndico provisional.
Al respecto, señala el artículo 1.003 del Código de Comercio que de la junta celebrada se levantará acta, la cual deberá identificar a cada acree-
dor, la cantidad y la calidad del crédito que se reclama, y la admisión o contradicción del crédito ”.
6. Principio de la par conditio creditorum en los procedimientos concursales mercantiles. Excepción
ese sentido, se hace necesario precisar que el principio rector en
los procedimientos concursales es el que ha sido denominado por la doctrina como principio de la par conditio creditorum, es decir, el prin- cipio de igualdad de los acreedores en el patrimonio del comerciante; sin embargo, a este principio le quedan exceptuadas las acreencias pri- vilegiadas y las hipotecarias, por tener un derecho preferente en la masa de acreedores ”.
Nº 131 de 11/03/08
Artículos 340 y 341
ciones relativas a la institución procesal de la reconvención:
lo anterior conlleva a la Sala a realizar una serie de considera-
Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica de la reconvención, la Sala ha señalado que ésta representa una demanda nueva y constituye una segunda causa, que aunque deducida en el mismo juicio tiene vida, auto- nomía y cuantía propia, por lo que el legislador estimó conveniente que la reconvención precisara claramente el objeto y sus fundamentos, y cumplir los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, aun cuando la figura que representa la reconvención la constituye un juicio con vida, autonomía y cuantía propia, al ser pro- puesta dentro de un procedimiento en particular, indefectiblemente es
DOCTRINA DE LA SALA DE C