Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/sastre-segarra-guari-fabregat-gandesa-267677
Timestamp: 2020-01-24 22:55:23
Document Index: 61251433

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1261', 'artículo 39', 'artículo 327', 'artículo 18', 'artículo 1274', 'artículo 1274']

Resolución de 11 de julio de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por doña Carmen Sastre Segarra y doña Josefa Guari Fabregat, contra la negativa de la registradora de la propiedad de Gandesa, a inscribir una escritura de compraventa. - Doctrina Administrativa - VLEX 267677
Publicado en: BOE, 10 de Septiembre de 2005
I. HECHOS: 1. El día 8 de septiembre se presentó escritura de compraventa, autorizada por el Notario de Barcelona, Don Juan Francisco Bages Ferrer, el día. causando el asiento de presentación.
El usufructo con facultades dispositivas se ha configurado tradicionalmente como una institución de Derecho de Familia y de Derecho Sucesorio, dado que suele constituirse por medio de negocios jurídicos «mortis causa». Se trata de un mecanismo encaminado a proporcionar al usufructuario -de ordinario, al cónyuge viudo-los medios necesarios para atender a las necesidades de la familia. Esta estrecha vinculación de la figura a las necesidades familiares, se pone de manifiesto en el artículo 1 de la Ley 13/2000, de 20 de noviembre, del Parlamento de Cataluña, de regulación de los derechos de usufructo, uso y habitación, al establecer que tales derechos se rigen por las disposiciones de «la presente Ley» y las establecidas «por el Código de Sucesiones por Causa de Muerte y el Código de Familia». Es esta una materia en la cual, la posibilidad de actuar por medio de representante sólo puede admitirse con un carácter extremadamente restrictivo, dado que el ámbito propio de la representación es el de los negocios patrimoniales (artículos 1259, 1709 y 1703 del Código Civil). En este sentido también la doctrina más autorizada (a título de ejemplo. Luis Díez Picazo, La Representación en el Derecho Privado, pp. 81 y ss.).
2. Atendida la particular configuración del negocio jurídico, no puede apreciarse la existencia de una causa idónea que justifique la enajenación del bien (artículos 1261-3.º, 1274, 1275, 1276 y 1277 CC)
La enajenación de los bienes gravados por el usufructo con facultades dispositivas requiere de una «causa jurídica idónea» de conformidad cn el sistema general de nuestro Derecho (artículo 1261 y concordantes, antes citados, del Código Civil). La valoración de la causa idónea habrá de realizarse a la vista y en función de los principios reguladores de nuestra legislación relativos a la protección de la institución familiar (artículo 39 de la Constitución. Preámbulo de la Ley 9/1998, de 15 de julio, del Parlamento de Cataluña, del Código de Familia). Al tratarse de una institución cuya finalidad última reside en que el usufructuario pueda atender a las necesidades familiares, las facultades dispositivas deben ser objeto de interpretación restrictiva. Así se deriva de los artículos 14 y ss de la -citada -Ley 13/2000. que, con carácter general establecen múltiples limitaciones al usufructuario con facultades dispositivas: únicamente puede enajenar a título oneroso, no se permite que el usufructuario universal transmita una cuarta parte de los bienes afectos a su derecho, se regula, como máximo exponente de esta figura, el usufructo con facultades dispositivas «para el caso de necesidad «. En este caso se transmite la mitad del usufructo y la totalidad de la nuda propiedad al otro usufructuario, por lo que no cabe apreciar una finalidad idónea equivalente a las indicadas, sino un mero expediente para adjudicar indirectamente los bienes al otro usufructuario. El defecto tiene carácter insubsanable.
Contra la presente nota de calificación podrá interponerse recurso gubernativo ante la Dirección General de los Registros y el Notariado en el plazo de un mes a contar desde la notificación de la calificación desfavorable, mediante escrito dirigido a este Registro o a cualquiera de las Oficinas q que se refiere el párrafo 3.º del artículo 327 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar la calificación del Registrador sustituto con arreglo al cuadro de sustituciones, del cual puede informarse en este Registro, en el plazo de los quince días siguientes a la notificación, conforme a las reglas del artículo 18 bis de la Ley Hipotecaria
. La Registradora. Firma ilegible.
Doña Carmen Sastre Segarra y doña Josefa Guari Fabregat interponen recurso gubernativo contra la nota de calificación, formulando las siguientes alegaciones: -En cuanto al primer defecto: Que el poder concedido a Don Francisco Sastre Poyo no se trata de un poder general, sino un poder concreto y específico para realizar el acto; que el Notario considera en su valoración de suficiencia que son suficientes las facultades del apoderado; que no existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna norma que establezca que el ejercicio de la facultad de disposición del usufructuario constituya un acto personalísimo que por tanto exija una ratificación expresa del poderdante.-En cuanto al segundo defecto: -Que supone una extralimitación de funciones de la Registradora; que la situación de necesidad es algo cuya apreciación queda al margen de la calificación del Registrador en este sentido, la resolución de 30 de Abril de 1999; que no es necesario la alegación y justificación de la causa; que la compraventa cumple los requisitos del artículo 1274 y 1277 del Código Civil; que no es aplicable la Ley 13/2000 de 20 de noviembre del Parlamento de Cataluña, pues así lo declara su Disposición Transitoria.-En cuanto al tercer defecto: -Que resulta improcedente la aplicación del art. 241 del RH; que en los supuestos de colisión de derechos la preferencia se soluciona jurídicamente por el principio de prioridad en su sentido cronológico; Que la Registradora realiza una interpretación errónea del consentimiento prestado en la constitución de hipoteca; que es curioso comprobar que en la escritura de constitución de hipoteca constan como comparecientes: la parte prestataria e hipotecante, la parte prestataria no hipotecante, la parte hipotecante por deuda ajena, la entidad prestamista y «otra parte»; que la parte hipotecante por deuda ajena está constituida por Doña Carmen Sastre Segara, como titular del usufructo con facultad de disponer. En esta escritura, esta parte consiente la hipoteca constituida por Don Francisco y Don Julián Sastre Miró, sobre la nuda propiedad de las fincas que se relacionan, sin que se haga mención alguna (expresa ni tácita) a la postergación del rango de su derecho de disposición, cronológicamente preferente a la hipoteca.
El Notario Autorizante de la escritura informó: -Que el negocio jurídico de compraventa tiene un carácter patrimonial en sí mismo en ningún caso desvirtuado por el hecho de que las facultades del disponente tengan su origen en un título hereditario, y por tanto, dado el carácter patrimonial del negocio, es plenamente susceptible de ser otorgado por representantes voluntarios. El criterio restrictivo de las figuras representativas en sede de derecho de familia y de derecho sucesorio, cabe únicamente predicarlo en el ejercicio de cargos familiares, de contenido tuitivo de personas (potestad del padre y de la madre, tutela.) pero no alcanza a actos de finalidad patrimonial, pues incluso en el ámbito de las disposiciones de última voluntad, acto personalísimo, es admitido en derecho catalán la designación de heredero efectuada por parientes del causante, ya difunto; que sin perjuicio de la extensísima producción doctrinal y jurisprudencial sobre la causa como elemento esencial de los negocios jurídicos en el ordenamiento jurídico español, es bien cierto que la regulación de la misma aparece solo en sede del título de los contratos, en el libro IV del código Civil,; que hay que tener en cuenta el artículo 1274 y no hay que confundir la causa jurídica con las motivaciones o intenciones de las partes; que en cuanto al concepto de necesidad para hacer uso de la facultad dispositiva de la usufructuaria dotada de la misma, que ha existido siempre acuerdo doctrinal y jurisprudencial en que no es exigible la acreditación documental de la misma, pues no la exige el ordenamiento jurídico, únicamente podrá establecerlo el disponente al configurar el usufructo. Que no ha tenido acceso a la escritura de constitución de hipoteca. Que se adhiere a los razonamientos de las recurrentes.
Madrid, 11 de julio de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones.
Resolución nº 28/14348/2015 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 27 de Septiembre de 2018