Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/40767
Timestamp: 2019-11-13 21:33:09
Document Index: 11018796

Matched Legal Cases: ['artículo 94', 'artículo 7', 'artículo 94', 'artículo 50', 'artículo 64', 'artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 1075', 'artículo 1077', 'artículo 1077', 'artículo 1079', 'artículo 1079', 'artículo 1079', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 64', 'Artículo 67', 'artículo 94', 'artículo 68', 'Artículo 69', 'artículo 47', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 81', 'artículo 50']

Gaceta: LXII/1SPO-133/40767
Las reformas proponen fortalecer el marco normativo de la CONDUSEF, sobre todo en lo que corresponde a la revisión de tiempos de respuesta de las instituciones financieras.
Se actualizan las multas para evitar que las instituciones financieras incumplan sus obligaciones y que la CONDUSEF tenga herramientas más efectivas para la debida integración de los expedientes y futuras resoluciones. La iniciativa propone un incremento del 100 por ciento a las multas de los supuestos contenidos en el artículo 94 de la Ley.
Se sancionan las “ventas atadas”, es decir, aquellas prácticas que algunas instituciones financieras realizan con el fin de condicionar el otorgamiento de créditos a la compra o adquisición de otro producto o servicio que el cliente no ha solicitado.
Propone modificar los términos procesales contenidos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Finalmente, en cuanto a las notificaciones que hace referencia el artículo 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se propone tomar como legislación supletoria el Código de Comercio.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
TEÓFILO TORRES CORZO, senador de la República a la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7, PÁRRAFO PRIMERO; 50 BIS, FRACCIÓN IV; 64; 67; 68, FRACCIONES I BIS, IV, VI Y VII; 68 BIS 1; 69; 94 FRACCIONES I, II, III, IV BIS, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV A ESTE ÚLTIMO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, al tenor de la siguiente:
El 18 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, definiéndose con ella el ámbito de competencia y las facultades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Durante sus casi 15 años de existencia, la CONDUSEF ha realizado más de 7.5 millones de acciones para lograr la protección y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y ha buscado la equidad en las relaciones entre éstos y las instituciones financieras.
De 1999 a 2012, la CONDUSEF ha tenido incrementos sustanciales en el número de consultas, asesorías, conciliaciones y demás trámites para la atención y defensa del público usuario. Por ejemplo, en 1999 inició sus actividades atendiendo 93,160 solicitudes; diez años después llegaría a las 974,411; y al cierre de 2012, esta cifra nuevamente sería superada para alcanzar un gran total de 1, 239, 368 acciones.
Nadie puede negar que su actuar ha contribuido a preservar la seguridad jurídica de las operaciones financieras que se realizan en México y el apoyo a los usuarios. Sin embargo, ante tal volumen de acciones, es apremiante fortalecer su marco normativo, sobre todo en lo que corresponde a la revisión de tiempos de respuesta de las instituciones financieras y las multas que se producen por las acciones u omisión de las mismas.
Un gobierno eficaz, no sólo es el que atiende la totalidad de las gestiones que demanda la población, sino sobre todo, el que lo hace en el menor tiempo posible y bajo condiciones de calidad en el servicio que garantizan a la ciudadanía y los inversionistas nacionales y extranjeros “seguridad y certeza jurídicas”. Estos dos factores son analizados a nivel global para invertir, financiar y comercializar productos en cualquier país.
El México de los años 90, no es nada parecido al México que vivimos en 2013. Su sistema financiero ha cambiado exponencialmente y lo mismo ocurre con el volumen de personas que acuden diariamente a la CONDUSEF para consultas, asesorías, resolución de controversias, dictámenes, arbitraje y defensa legal gratuita. Afortunadamente, los grandes avances tecnológicos y de comunicaciones que hoy tenemos, agilizan de manera sustancial todo tipo de trámites en prácticamente cualquier rincón del país.
Las propias instituciones financieras y la CONDUSEF han dejado atrás el uso del papel, por el correo electrónico y la banca por internet; sus procesos de atención y servicio al cliente llegan a ser en tiempo real, generando mecanismos que difícilmente hubieran sido previstos por el legislador hace 15 años. Hoy la CONDUSEF y las instituciones financieras cuentan con la llamada “gestoría electrónica”, la cual ha permitido reducir el tiempo de espera e incrementar el número de personas atendidas. Sin embargo, la legislación en esta materia no ha sido actualizada y mantiene en su articulado términos procesales muy largos para la resolución de controversias, superiores a la dinámica empresarial y de servicios que exige el público usuario a las instituciones financieras.
La iniciativa que hoy presento busca hacer eficientes los tiempos para la atención del público usuario, desde el momento en que ingresa una solicitud o petición a la CONDUSEF hasta que las instituciones financieras dan respuesta ó se llega a determinado arreglo conciliatorio, así como es preciso actualizar las multas contenidas en la misma legislación para evitar que las instituciones financieras incumplan sus obligaciones y que la CONDUSEF tenga herramientas más efectivas para la debida integración de los expedientes y futuras resoluciones, en particular en aquellos casos en que dichas instituciones se nieguen a proporcionar información o a comparecer en determinados actos procesales que requieren celeridad y un cumplimiento cabal de las obligaciones y acuerdos en pro de los usuarios.
En esta materia propongo un incremento del 100 por ciento a las multas de los supuestos contenidos en el artículo 94 de la Ley. Lo anterior, ya que actualmente las instituciones financieras prefieren pagar una multa a cumplir con determinadas resoluciones de la CONDUSEF. Es decir, les es más redituable asumir el costo de una negativa de información o hacer caso omiso a una petición, que atender y cumplir lo que este órgano público indica. Hay que señalar que la CONDUSEF, en comparación con otras entidades similares que atiende actividades de los diferentes agentes económicos o comerciales, aplica multas muy bajas, por ejemplo, con las que aplica la Comisión Federal de Competencia Económica o la Procuraduría Federal del Consumidor.
Adicionalmente, se busca sancionar las “ventas atadas”, es decir, aquellas prácticas que algunas instituciones financieras realizan con el fin de condicionar el otorgamiento de créditos a la compra o adquisición de otro producto o servicio que el cliente no ha solicitado. Está comprobado que además de ser violatoria de las buenas prácticas financieras, inhibe la adquisición de créditos y merma la imagen de los bancos. Es importante detener estos usos permisivos que las instituciones financieras ocupan para solicitar al usuario la adquisición de diversos seguros o tarjetas de crédito que no requieren o no solicitaron. Este tipo prácticas deben sancionarse enérgicamente.
En cuanto a los términos procesales contenidos en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, podemos decir que son largos y superan por mucho el principio de inmediatez que todo procedimiento de conciliación exige. Por mencionar algunos: 30 días “hábiles” para que la CONDUSEF responda alguna petición (artículo 50 BIS); 10 días “hábiles” a las instituciones financieras para responder cualquier tipo de solicitud de la CONDUSEF (artículo 64); 8 días “hábiles” para correr traslado de alguna resolución (artículo 67); 20 días “hábiles” para que la CONDUSEF cite a las partes a una audiencia de conciliación (artículo 68); 10 días “hábiles” para manifestaciones de las instituciones financieras y aportación de elementos de prueba (artículo 68); y, 60 días “hábiles” para la emisión de dictámenes (artículo 68).
En cambio, nuestro Código de Comercio agiliza más este tipo de controversias al contener términos procesales muy inferiores: Correr traslado de alguna notificación o emplazamiento: 3 días (artículo 1075); una sentencia definitiva se dicta en 15 días (artículo 1077); promociones y autos se deben resolver dentro de los 3 días siguientes a su presentación (artículo 1077); sólo 8 días para recibir pruebas, confesiones, declaraciones (artículo 1079); 9 días para apelación de sentencias definitivas y 6 para sentencias interlocutorias (artículo 1079); 3 días para desahogo de incidentes (artículo 1079).
En cuanto a las notificaciones que hace referencia el artículo 7 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, propongo tomar como legislación supletoria el Código de Comercio, ya que su contenido y tratamiento del tema tiene mayor claridad y precisión y tiempos más acordes con los actos de las instituciones financieras y de la naturaleza jurídica de la CONDUSEF que el Código Fiscal de la Federación. Este último, como se sabe, contiene reglas más complicadas de aplicación que son ajenas a los a los usos y prácticas del comercio.
Debemos tener claro que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al contener procedimientos de conciliación y de arbitraje, no puede hacer más largo y tortuoso el camino para la solución de una controversia de este tipo, ni mucho menos debe generar mayores gastos derivados de una larga espera. Por el contrario, debe ser el camino corto para solucionar las diferencias entre los usuarios y las entidades financieras.
Es importante tener presente que los tiempos que marca la actual Ley, tenían varias justificantes en 1999. Por un lado, la CONDUSEF era un órgano de reciente creación, con un número considerable de asuntos y sin el suficiente personal para ello. No contaba ni con la infraestructura tecnológica ni con los recursos necesarios para realizar sus funciones con efectividad y oportunidad. Por otro lado, los bancos estaban rediseñando sus productos y servicios ya que venían de un proceso de estatización que los acotó en lo tecnológico, calidad y diversidad de sus productos y servicios. A casi 15 años de distancia, ambos, CONDUSEF e instituciones financieras, cuentan con los soportes tecnológicos y de personal capacitado, suficientes para reducir tiempos sin sacrificar la calidad en la atención al cliente. Sabemos que una reducción de tiempos en la legislación trae como consecuencia una afectación a los estándares de operación de las instituciones, por ello, el cambio es gradual; es decir, se busca una reducción de los términos procesales a la mitad del tiempo que actualmente da la ley. Los avances tecnológicos que existen, en realidad permiten acotar más los tiempos de respuesta, sin embargo, insistimos en la búsqueda de un cambio gradual, que no afecte la operación cotidiana de las instituciones financieras y de la CONDUSEF.
Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7, párrafo primero; 50 Bis, fracción IV; 64; 67; 68, fracciones I Bis, IV, VI y VII; 68 Bis 1; 69; 94 fracciones I, II, III, IV Bis, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, y se adiciona una fracción XIV a este último, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
Artículo 7o.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicará supletoriamente, para efectos de las notificaciones, el Código de Comercio.
IV. Deberá responder por escrito al Usuario dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y
Artículo 64.- Las autoridades a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, deberán contestar la solicitud que les formule la Comisión Nacional en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban la solicitud.
Artículo 67.- La Comisión Nacional correrá traslado a la Institución Financiera acerca de la reclamación presentada en su contra, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos que el Usuario hubiera aportado, y señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción pecuniaria en caso de no asistir.
I Bis. La Comisión Nacional citará a las partes a una audiencia de conciliación que se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se reciba la reclamación.
IV. La Comisión Nacional podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de cualquiera de las partes, la audiencia de conciliación hasta en dos ocasiones. En caso de que se suspenda la audiencia, la Comisión Nacional señalará día y hora para su reanudación, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles siguientes. La falta de presentación del informe, no podrá ser causa para suspender o diferir la audiencia referida.
VI. La Comisión Nacional cuando así lo considere o a petición del Usuario, en la audiencia de conciliación correspondiente o dentro de los cinco días hábiles anteriores a la celebración de la misma, podrá requerir información adicional a la Institución Financiera, y en su caso, diferirá la audiencia requiriendo a la Institución Financiera para que en la nueva fecha presente el informe adicional; Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechos constitutivos de la reclamación.
VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador formulará propuestas de solución y procurará que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a una conciliación, la Comisión Nacional las invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su controversia a la propia Comisión Nacional o a alguno o algunos de los árbitros que ésta les proponga, quedando a elección de las mismas que el juicio arbitral sea en amigable composición o de estricto derecho. El compromiso correspondiente se hará constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión Nacional. En caso de no someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.
En el evento de que la Institución Financiera no asista a la junta de conciliación se le impondrá sanción pecuniaria en términos del artículo 94 fracciones IV y IV Bis y se emplazará a una segunda audiencia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a cinco días hábiles; en caso de no asistir a ésta se le impondrá una nueva sanción pecuniaria.
La Comisión Nacional entregará al reclamante, contra pago de su costo, copia certificada del dictamen a que se refiere el artículo 68 Bis, a efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes; La solicitud se hará del conocimiento de la Institución Financiera para que ésta manifieste lo que a su derecho convenga y aporte los elementos y pruebas que estime convenientes en un plazo que no excederá de cinco días hábiles.
La Comisión Nacional contará con un término de treinta días hábiles para expedir el dictamen correspondiente. El servidor público que incumpla con dicha obligación, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Artículo 69.- En el caso de que el Usuario no acuda a la audiencia de conciliación y no presente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha fijada para su celebración justificación de su inasistencia, se le tendrá por desistido de la reclamación y no podrá presentar otra ante la Comisión Nacional por los mismos hechos, debiendo levantarse acta en donde se haga constar la inasistencia del Usuario.
I. Multa de 400 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, conforme al artículo 47 de esta Ley;
II. Multa de 400 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no proporcione la información que le solicite la Comisión Nacional, para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo con los artículos 12, 53, 58 y 92 Bis 1 de esta Ley;
III. Multa de 1000 a 4000 días de salario a la Institución Financiera que no presente:
IV Bis. Multa de 600 a 3000 días de salario, a la Institución Financiera que no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el artículo 68 de esta Ley cuando la reclamación presentada por el Usuario no refiera importe alguno.
V. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 68 de esta Ley;
VI. Multa de 500 a 6000 días de salario, a la Institución Financiera:
VII. Multa de 200 a 2000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla el laudo arbitral en el plazo establecido en el artículo 81 de esta Ley;
VIII. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que no cumpla con lo previsto en el artículo 50 Bis de esta Ley; y
XI. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que cobre cualquier comisión que no se haya reportado a la Comisión Nacional para su inserción en la Base de Datos de las Comisiones que cobren las Instituciones Financieras, prevista en esta Ley.
XII. Multa de 500 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que envíe directamente o por interpósita persona cualesquiera publicidad relativa a los productos y servicios que ofrezcan las mismas Instituciones Financieras a aquellos Usuarios que expresamente hayan solicitado que no se les envíe dicha publicidad, que asimismo hayan pedido no ser molestados en su domicilio, lugar de trabajo, dirección electrónica o por cualquier otro medio, para ofrecerles bienes, productos o servicios financieros o que estén inscritos en el Registro Público de Usuarios que no Deseen que su Información sea Utilizada para Fines Mercadotécnicos o Publicitarios, previsto en esta Ley.
XIII. Multa de 1000 a 4000 días de salario, a la Institución Financiera que celebre cualquier convenio por el que se prohíba o de cualquier manera se restrinja a los Usuarios celebrar operaciones o contratar con otra Institución Financiera.
XIV. Multa de 2000 a 5000 días de salario, a la Institución Financiera que condicione el otorgamiento de un crédito a la adquisición o contratación de otro producto o servicio que el cliente no haya solicitado.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de abril de 2013.