Source: http://crmsv.org/documentos/investigacion/EstudioHon.htm
Timestamp: 2018-01-20 13:11:38
Document Index: 391278399

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 347', 'Artículo 347', 'artículo 42', 'artículo 43', 'Artículo 195']

Estudio de caso: HONDURAS
Este documento ha sido preparado por un equipo de trabajo integrado por la Dirección General de Población y Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y Justicia del Gobierno de Honduras y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.
Tegucigalpa, Honduras, Febrero de 2000
Las designaciones empleadas y la presentación del material de este reporte no implican expresión u opinión por parte de la OIM en lo relativo a la situación legal de ningún país, territorio o área, así como de sus autoridades, o en relación con sus fronteras o límites geográficos.
El fenómeno del tráfico ilegal de migrantes es un problema cuyo crecimiento y consecuencias han generado una obligada atención por parte de los gobiernos involucrados.
Para enfrentarlo la comunidad internacional se ha organizado tanto a nivel mundial como regional para discutir la problemática del tráfico de seres humanos y buscar estrategias y soluciones en diferentes foros. Es así como dentro del marco del denominado Proceso Puebla que se inició con la Primera Conferencia Regional sobre Migración de marzo de 1996 con la participación de Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá; se dio especial énfasis al tema del combate al tráfico ilegal de migrantes.
En este contexto, durante la II Conferencia Regional de Migración realizada en Panamá del 11 al 14 de marzo de 1997, además de otros temas como las Políticas Migratorias, Vinculación entre Desarrollo y Migración, Cooperación Internacional para el retorno de Migrantes Extrarregionales, Derechos Humanos y Cooperación; quedó reflejado con especial interés el tratamiento del tráfico ilegal de migrantes en el Plan de Acción que los gobiernos participantes aprobaron.
Posteriormente en la Reunión Técnica celebrada en San José Costa Rica los días 16 y 17 de noviembre de 1997 el Gobierno de Canadá manifestó su disposición para apoyar la realización de un estudio de caso sobre el tráfico de migrantes en Panamá, con el concurso de la Organización Internacional para las Migraciones; el cual se llevó a cabo con resultados positivos y fue presentado durante la III Conferencia Regional sobre Migración en Ottawa, Canadá en febrero de 1998. En dicha conferencia el Gobierno de Guatemala manifestó su deseo de que se concretara un estudio similar en ese país, el cual fue realizado en agosto de 1998.
En la Reunión del Grupo Consultivo sobre Migración realizada en Guananoque, Canadá en octubre de 1998, el Gobierno de El Salvador por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, expresó también su interés en realizar un estudio de caso sobre el tráfico ilegal de migrantes con el concurso de la Organización Internacional para las Migraciones, y en enero de 1999, en la IV Conferencia Regional sobre Migración, realizada en El Salvador confirmó oficialmente a ese organismo su beneplácito para la realización de un estudio similar que fue finiquitado en marzo de 1999.
En la Reunión del Grupo Regional de Consulta de la Conferencia Regional sobre Migración realizada en San Salvador, EL Salvador los días 27, 28 y 29 de octubre de 1999, se encomendó a la Organización Internacional para las Migraciones, la elaboración de un estudio sobre tráfico de migrantes en Honduras, similar a los realizados en los otros países de la región.
Finalmente, en fecha 17 de noviembre de 1999 el Gobierno de Costa Rica formalizó una solicitud ante la Organización Internacional para las Migraciones, para que se realizara un estudio en las mismas condiciones de los anteriores, con el apoyo financiero del Canadá.
1 Descripción del tráfico de migrantes y cómo se relaciona con Honduras
Para efectos del presente estudio y a fin de unificar la terminología utilizada tanto en éste como en los estudios anteriores, nos basaremos en los alcances de la definición que sobre tráfico ilegal de migrantes fuera formulada en el Seminario Internacional organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (XI Seminario sobre Migraciones, Ginebra, 26-28 de octubre de 1994). De acuerdo con esa definición, el tráfico de migrantes supone cuatro componentes:
1. Un traficante o intermediario que facilita el cruce de frontera
2. El pago al traficante por el migrante o alguien a su nombre
3. Esta actividad es ilegal o requiere de varios actos ilegales para ser llevada a cabo
4. Existe la voluntad del migrante de recurrir al traficante.
Este último punto haciendo la salvedad de que la voluntad del migrante no necesariamente está referida a la infracción de las leyes.
1.1 Descripción general del tráfico de migrantes:
Dentro del fenómeno del tráfico ilegal de migrantes Honduras se constituye eminentemente en un país de tránsito y emisión de migrantes en condición irregular que además presenta un tráfico ilegal organizado importante. Los migrantes, constituidos principalmente por ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos, cubanos y en menor medida haitianos, asiáticos (chinos, indios, pakistaníes, irakíes e iraníes) y africanos (nigerianos y somalíes), utilizan el territorio hondureño como puente para viajar a Estados Unidos y Canadá.
1.2 Rutas principales y medios de transporte
Honduras cuenta con varios puntos fronterizos terrestres, aéreos y marítimos habilitados. La ruta de mayor utilización en el fenómeno del tráfico ilegal de migrantes es la terrestre en un 80%, en comparación con la aérea en un 15% y la marítima en un 5%. Su situación geográfica, las características de su territorio montañoso, plagado de caminos de fácil acceso -sobre todo en verano, época en que los ríos se secan y permiten el paso a pie-; y la existencia de zonas con buenas carreteras carentes de delegaciones migratorias debido a la falta de presupuesto para mantenerlas, también facilita el desarrollo del fenómeno del tráfico ilegal de personas.
La ubicación geográfica de los puestos de control migratorio se describe de la siguiente manera:
· Existen Delegaciones Poblacionales en los Departamentos de:
- Cortés: Delegaciones de Omoa y La Mesa
- Santa Bárbara: Delegaciones de Santa Bárbara y Las Vegas
- Copán: Delegaciones de El Florido, Copán Riunas y Santa Rosa de Copán
- Ocotepeque: Delegación de Agua Caliente, Ocotepeque y El Poy.
- Lempira: Delegación de las Gracias
- Intiburo: Delegación de La Esperanza
- La Paz: Delegaciones de La Paz, Marcala y Pasamonos.
- Valle: Delegaciones de El Amatillo, Amapala, Nacaome y San Lorenzo
- Choluteca: Delegaciones de Choluteca, Guasaule y la Fraternidad
- El Paraíso: Delegaciones de Danlí, El Paraíso, Trojes y la Apertura
- Blancho: Delegaciones de Juticalpa y Catacamas
- Gracias a Dios: Delegación de Puerto Lempira
- Colón: Delegación de Trujillo
- Islas de la Bahía: Delegaciones de Utila, Roatán y Guanaja.
- Atlántida: Delegación de Tela, Golosón y La Ceiba
- Yoro: Delegación del Progreso y Olanchito.
- Francisco Morazán: Oficinas centrales en Tegucigalpa y Toncontin
- Comayagua: Delegaciones de Palmerola y Siguatepeque
Junto con dichos puestos de control migratorio existen una serie de puntos carentes de dicho control, conocidos como puntos ciegos, dentro de los cuales se pueden citar como los más importantes los siguientes:
En la frontera con Guatemala:
Río Amarillo, Cabañas, Santa Rita, El Portillo, Jocotán, Camotán, Caparajá, Piñuelas, La Brea, La Machaca, La Llanta, Los Mojonales, Las Mesas y Citalá.
En la frontera con El Salvador:
El Aceituno, Paso Real, Las Calabazas, Nacascolo, Los Copalíos, La Piña, Tierra Blanca, El Zapote, Llano de Jesús, Los Encuentros, San Jerónimo, La Laguna, La Orilla, los Horcones, el Paso de las Torres, La Caridad y Los Mangos.
En la frontera con Nicaragua:
Catarina, El Estribo, Canoa, Caoba, Demayo, Soní, El Coyol, Palo Verde, Los Quebrachos, El Cantón, Las Champas, La Picona, Las Barracas, Las Dificultades, La Lodosa, San Benito, La Antena, Las Damas, Siete de Mayo, Concepción de María y Corpus.
Dichos puntos se constituyen en las principales zonas de ingreso y egreso utilizadas por el tráfico ilegal de migrantes en condición irregular.
La utilización de los pasos citados tiene como objetivo único eludir los controles migratorios y policiales y los medios de transporte utilizados al efecto son de diversa índole: Microbuses, taxis, vagonetas, pick ups, camiones de carga, transporte público, bicicletas, caballos, etc.
Los lugares de alojamiento se ubican en el trayecto y están constituidos por casas de habitación privadas o fincas que ofrecen el servicio de alojamiento y alimentación.
Además, los ríos cuyo caudal en ciertas épocas del año se constituye en una restricción de paso, en verano se secan y facilitan en gran medida el tránsito a pie.
Existe también ingreso de migrantes en condición irregular por Puerto Cortés, principlamente de dominicanos y colombianos y en menor grado de jamaiquinos y haitianos. Muchos colombianos llegan a bordo de barcos provenientes de Puerto Limón, Costa Rica y los dominicanos lo hacen provenientes de Río Jaina en República Dominicana. El Departamento de Cortés posee una zona fronteriza con Guatemala de aproximadamente 68 kilómetros. Cuando los migrantes en condición irregular son interceptados, son puestos a la orden de las autoridades migratorias para ser documentados y devueltos a sus países de orígen. Si el barco viaja con un número muy grande de ellos, se devuelve la embarcación a alta mar con custodia.
1.3 Los migrantes: Quiénes son? De dónde vienen? Hacia dónde van?
La Dirección General de Población y Política Migratoria de Honduras no cuenta con información sistematizada que pueda brindar un perfil preciso del migrante involucrado en el tráfico ilegal. Según datos brindados por funcionarios de esa Institución, por el territorio hondureño transitan diversidad de migrantes regionales y extrarregionales guiados por traficantes organizados, con destino a Estados Unidos y Canadá. Las nacionalidades más comunes son en orden descendente provenientes de Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y Cuba. Extrarregionalmente aquellas provenientes de China, India, Paquistán, Irak, Irán y Singapur y en mucho menor medida y en forma reciente nigerianos y somalíes. Un caso especial es el de menores de edad en su mayoría mujeres, provenientes de Nicaragua que intentan ingresar en forma irregular a Honduras, utilizando el documento CA4[1].
La gran mayoría, cuando es descubierta e interrogada dice dirigirse a Estados Unidos y Canadá.
También han sido interceptados muchos migrantes provenientes de Suramérica utilizando el CA4 junto con documentos de identificación fraudulentos pertenecientes a nacionales de El Salvador y Nicaragua. Ello como consecuencia -según lo señalan las autoridades migratorias hondureñas-, de la escasez de controles por parte de los funcionarios de esos países, en la extensión y otorgamiento de dicho documento de viaje. Las autoridades migratorias hondureñas tratan de controlar dichos actos mediante interrogatorios minuciosos respecto del lugar de procedencia del migrante en condición irregular, para determinar si es originario del país que señala el documento.
A pesar de que no se reportan datos referentes a edades y ocupaciones de los migrantes víctimas del tráfico ilegal en la Dirección General de Población; puede señalarse de acuerdo a la experiencia de sus funcionarios que un 70% son hombres y un 30% mujeres, aunque recientemente se han detectado grupos de migrantes en condición irregular dentro de los cuales el porcentaje es de 50% de hombres y 50% de mujeres e incluso en algunos puestos fronterizos como es el caso de la Delegación de Guasaule -frontera con Nicaragua-, los funcionarios indican que dicho porcentaje ha crecido con respecto a las mujeres menores de edad que viajan en forma irregular, vinculadas a redes de prostitución de menores.
En cuanto a Puerto Cortés, por tratarse de una zona portuaria, casi exclusivamente transitan hombres entre los 18 y los 35 años de edad rumbo a Belice para luego trasladarse a Estados Unidos y Canadá.
En esta caracterización se hace necesario incluir una reciente especificidad dentro del fenómeno del tráfico ilegal de migrantes y es la de menores traficados con el fin de ser explotados sexualmente y/o involucrados en el tráfico de drogas. Un comunicado de prensa de la empresa Reuters del 26 de enero del 2000 señala que en Vancouver, Canadá, fueron arrestadas 40 personas de las cuales la mayor parte estaba conformada por niños hondureños entre los 12 y los 18 años, explotados por traficantes de drogas. Estos niños que han ingresado en situación irregular a territorio canadiense via Estados Unidos, son asimismo explotados en el comercio sexual que solo en Vancouver produce 100 actividades de explotación sexual al día. Se teme que la situación empeore no solo porque el número aumenta en forma alarmante sino porque aquellos niños y niñas involucrados en prostitución infantil normalmente han desarrollado algún tipo de adicción a las drogas. Durante el reciente Seminario sobre Mujeres, Niños y Niñas Migrantes realizado en el contexto del Proceso Puebla en San Salvador los días 24 y 25 de febrero, el Representante de Casa Alianza informó que sus investigaciones habían permitido identificar dos comunidades de origen de las cuales provenían la mayoría de estos niños traficados.
Dentro de este panorama y partiendo de acuerdos internacionales a raíz de la realización del Congreso Internacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niños y Niñas en Estocolmo, Suecia en agosto de 1996; Casa Alianza y ECPAT INTERNACIONAL han aunado esfuerzos para llevar a cabo un Proyecto llamado “Investigación sobre Tráfico, Prostitución, Pornografía Infantil y Turismo Sexual en Niñez en México y Centroamérica”, con el apoyo de la Embajada de Canadá en Costa Rica; cuyos objetivos principales son: Contar con una investigación actualizada sobre las manifestaciones, formas, redes y rutas en la región en la que se realiza el tráfico, prostitución, pornografía y turismo sexual que dote de conocimientos e instrumentos para introducir, fortalecer, promover o apoyar cambios efectivos en la legislación y actuación de las instituciones nacionales y regionales sobre dicha problemática. En lo jurídico ver debilidades y fortalezas en la legislación vigente pero especialmente en su aplicación y comportamiento de las instituciones nacionales y regionales frente a casos concretos del problema. El fortalecimiento de los planes nacionales de acción sobre esta problemática y por último, mejorar la cooperación internacional e interregional en la actuación y respuesta ante las distintas formas de la problemática en sus países y en el ámbito regional.
1.4 Quiénes son los traficantes y cómo están organizados?
Se han detectado redes internacionales de tráfico ilegal de migrantes que operan tanto desde Sur América a Estados Unidos como aquellas que se encuentran organizadas para ingresar a la región migrantes extraregionales desde Asia, Africa y Europa Oriental. Dichas redes se encuentran estructuradas con una gran cantidad de recursos humanos con los cuales se contactan los familiares de los migrantes traficados; poseen amplios conocimientos sobre la geografía de la región y los procedimientos de operación de las autoridades involucradas en el combate del fenómeno; asimismo poseen equipo sofisticado (vehículos diversos, equipo de comunicación telefónica y por radio, instrumentos varios para la falsificación de documentos) y disponen incluso de centros de alojamiento. Estas redes están conformadas por nacionales y extranjeros. Las redes locales en su gran mayoría se encuentran vinculadas a las internacionales y los nacionales son requeridos por su amplio conocimiento de las rutas; horarios y lugares de operación de las autoridades y ubicación de funcionarios suceptibles de soborno, que coadyuvan en el tráfico de personas. Dichas redes tienen acceso a hoteles, casas privadas disfrazadas en las cuales se alojan migrantes en condición irregular e incluso en ciertas zonas del país, específicamente aquellas que se constituyen en zonas fronterizas con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el tráfico ilegal se ha convertido en el modus vivendi de los habitantes de la zona.
La Dirección General de Población y Política Migratoria ha identificado traficantes nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, con contactos en Panamá, México y Estados Unidos.
La oficina de Análisis e Investigación de esa Dirección ha detectado varias estrategias de funcionamiento del tráfico de migrantes:
1. Aquellos casos en los que el migrante ingresa a Honduras por vía aérea cumpliendo los requisitos de visado correspondientes, pero se mantiene durante un tiempo prudencial en el territorio nacional con el fin de realizar los contactos necesarios para adquirir los documentos que le permitan continuar su viaje e ingresar en forma irregular a los países del norte del continente. Para su egreso utilizan documentos falsos o rutas carentes de controles migratorios. Su vestimenta, escaso equipaje, actitudes desorientadas y otras características son de fácil detección por parte de los traficantes que los abordan en la salida del aeropuerto para ofrecerles sus servicios. Según lo señalado por las autoridades migratorias hondureñas, si el traficante es contratado, traslada al migrante a un hotel y cuando ha contactado a un grupo que puede oscilar entre los 15 y 20, los transporta a la frontera con Honduras ya sea por la zona de Amatillos, del Copán o de Ocotepeque. Estos viajes se hacen generalmente de noche o madrugada en microbuses y los migrantes son bajados de los transportes a unos 40 kilómetros de la zona fronteriza, para luego internarlos por los cerros y montañas de la región a pie, periplo que tiene una duración aproximada de 8 a 12 horas. Existe preferencia por la zona del Amatillo, frontera con El Salvador en lugar de las del Copán y Ocotepeque -frontera con Guatemala-, con el fin de ahorrar tiempo, esfuerzos y evitar en la mayor medida posible los controles migratorios a lo largo del territorio hondureño.
2. Cuando el viaje se realiza vía terrestre, el ingreso se lleva a cabo por la región de Choluteca, frontera con Nicaragua. Guasaule se constituye en la principal zona de flujo migratorio proveniente principalmente de Suramérica. De la carretera Interamericana se desprenden gran cantidad de caminos que permiten el ingreso a territorio hondureño sin necesidad de pasar por ninguna delegación de control migratorio. El paso se ve facilitado en verano cuando el río Guasaule se seca y permite el acceso a pie o a caballo. El ingreso se hace generalmente por Chinandega y Somotillo (territorio nicaragüense), y el traficante de Nicaragua entrega los migrantes al traficante de Honduras, quien los trasladará por diferentes trillos sin control migratorio o puntos ciegos como son al norte Palo Verde, Soní, San Benito, Concepción de María; y al sur Caoba, Siete de Mayo, Canoa, y Catarina. En el caso específico de El Estribo y Catarina, se trata de zonas meloneras en las que los dueños participan del fenómeno ingresando a los migrantes y contratándolos durante algunos días en labores agrícolas, mientras se definen las estrategias de continuación del viaje. Posteriormente son transportados en vehículos cargados de fruta, confundidos con trabajadores hondureños o bien entre las parrillas de los camiones, debajo del cargamento de melones, por los puntos ciegos de Hormigas y San Bernardo preferentemente; para luego salir a la carretera principal. Los migrantes también pueden ser transportados hasta el Golfo de Fonseca para ser llevados en barcos camaroneros vía marítima y luego ser ingresados nuevamente a territorio hondureño por el Cedeño, balneario ubicado en el Departamento de Choluteca. El traficante de Honduras ubica a los migrantes en los caseríos de la zona, durante unos días y luego los transportará por el territorio hondureño hasta Guatemala o El Salvador. Dicho viaje se hace en camiones resguardados por vehículos más pequeños que viajan, uno adelante y otro atrás del camión, a una distancia prudencial con el fin de dar aviso por radio en caso de algún peligro. La escogencia de la ruta dependerá de la ubicación del puesto de control migratorio que se busque eludir y de la información que el traficante posea respecto de los posibles operativos migratorios en la zona; ello debido a que existe gran fuga de información y según las autoridades migratorias, existen indicios de que algunos cuerpos policiales que colaboran con ellos, también lo hacen con las redes de tráfico ilegal de migrantes. Lo mismo ocurre con los informantes o “trinqueteros” que brindan datos tanto a las autoridades migratorias como a los traficantes.
El viaje continuará con dirección a la frontera con el Salvador o Guatemala, con preferencia por el primero de los casos ya que se evita recorrer gran parte del trayecto en territorio hondureño. La salida a territorio salvadoreño se hace por la región del Valle y Choluteca. En dicho lugar se encuentra la Delegación de Amatillo, cuyos funcionarios indican que existen también gran cantidad de puntos ciegos como son en el sector sur La Orilla, El Zapote, El Llano de Jesús, Los Horcones y el Paso de las Torres y por el norte en los municipios de Guascorán y La Mesina, los puntos ciegos de La Caridad, Los Mangos, Las Calabazas y Nacascolo. Las organizaciones de traficantes coinciden con las indicadas por los funcionarios de Guasaule.
En cuanto al egreso de territorio hondureño por Guatemala, se lleva a cabo por la zona de Agua Caliente, Ocotepeque y El Copán, zona que también cuenta con gran cantidad de puntos ciegos (Río Amarillo, Cabañas, Santa Rita, El Portillo, Jocotán, etc.) que permiten el paso a territorio guatemalteco evitando los controles migratorios. Este trayecto tiene como ventaja un acceso mucho más directo a Estados Unidos y Canadá y es muy utilizado si el migrante cuenta con un documento CA4 alterado o no. Por tratarse de una vía más complicada y riesgosa, es más utilizada por hombres que por mujeres. Durante todo el camino hay fincas y casas particulares que brindan servicio de hospedaje y alimentación. Las formas de pagos pueden ser variadas y existe participación activa de los pobladores de cada lugar fronterizo, quienes proveen a los migrantes en condición irregular de alojamiento y alimentación. El precio depende de la dificultad y los montos se pagan generalmente mediante transferencias bancarias realizadas por los familiares del migrante a su nombre si viaja documentado o bien al del traficante cuyo nombre es transmitido a los familiares mediante una llamada telefónica. El precio incluye el pago de la alimentación y el hospedaje.
3. Una tercera modalidad se desarrolla desde el país de orígen del migrante. En este caso la organización de traficantes posee métodos de publicidad[2] de sus servicios los cuales son contactados desde el país del cual es originario el migrante. Éste paga un porcentaje del costo del viaje al inicio. Según información obtenida de las autoridades migratorias hondureñas se trata de realizar el viaje en la medida de lo posible por medio de transporte aéreo hasta Managua Nicaragua[3]. A su arribo a ese país, los migrantes se dirigen en taxi a un lugar previamente establecido y otro traficante -que posee datos de sus rasgos físicos o de sus vestimentas-, los sigue. Al llegar al lugar el traficante llama por su nombre a cada uno de los migrantes y les indica que va de parte del que los reclutó en su país de orígen. Posteriormente el viaje seguirá por vía terrestre en las condiciones descritas en el párrafo anterior o bien por vía aérea si se ha contratado la adquisición de tiquetes y documentación falsificada[4].
El fenómeno del tráfico ilegal de migrantes en condición irregular se ve reforzado con la actitud tolerante de las línea aéreas que no verifican los requisitos de ingreso de los migrantes. Además las autoridades migratorias confirman que resulta más sencillo para los nacionales de El Salvador y Guatemala trasladarse a Tegucigalpa o a San Pedro Sula para viajar por vía aérea con documentos fraudulentos de su país que salir de sus propios países en los cuales las autoridades conocen a profundidad las medidas de seguridad de los documentos que emiten. No obstante, la experiencia y las investigaciones realizadas han permitido implementar medidas de seguridad en los aeropuertos hondureños, que han minimizado en un 90% el tráfico.
Con respecto a los montos que cobran los traficantes, dependen de la nacionalidad y de los requisitos de ingreso.
Según sea la complejidad de cada caso, existen datos que indican que los montos cobrados a un migrante en condición irregular, desde Honduras hasta Estados Unidos, oscila entre los 2000 y 3000 dólares; aunque los mismos pueden variar.
De conformidad con datos aportados por tramitadores, traficantes, cambiadores de moneda y taxistas, los montos difieren también según la nacionalidad, según se trate de viajes por vía terrestre, marítima o aérea o bien de acuerdo a la dificultad que implique violentar la normativa migratoria de los países involucrados en el fenómeno del tráfico ilegal.
Por ejemplo un documento falso tiene un valor de 1500 a 3000 dólares dependiendo de la calidad. Un pasaporte español falso o alterado tiene un precio aproximado de 2500 dólares y las autoridades calculan que el viaje completo de un migrante proveniente de Asia -chinos principalmente-, desde su país de orígen hasta Estados Unidos o Canadá, pasando por la región tiene un valor mínimo de 12000 dólares. El paso por cada país implicaría para un asiático o un africano entre 1500 y 3000 dólares; y para un colombiano aproximadamente 800 dólares.
Las formas de pago se realizan en efectivo y en tractos por parte de los familiares del migrante o por el propio migrante, con un pago inicial que oscila entre el 30 y el 50% del valor total; otro pago importante se hace al arribo del migrante a Guatemala o a México, que puede ser de un 30% del monto adeudado, y un último pago se realiza cuando el traficado llega a su destino final. El migrante viaja con poco dinero pero puede recibir transferencias bancarias a su nombre o a nombre del traficante si carece de documentos de identificación.
2 Dificultades que enfrenta el Gobierno de Honduras en el manejo de los migrantes traficados.
2.1 Con respecto a su interceptación:
A la fecha la Dirección cuenta únicamente con los servicios de un Departamento de Investigación y uno de Inspectoría, por lo que los migrantes que ingresan en condición irregular son interceptados ya sea por los delegados en frontera o bien por el Departamento citado, en operativos conjuntos con la Policía Nacional. Posteriormente se procede a su rechazo, o bien son trasladados a las oficinas centrales para la ejecución de la orden de expulsión. Lo mismo ocurre con aquellos migrantes interceptados lejos de la zona fronteriza.
Recientemente se creó la Policía Migratoria y de Frontera dependiente de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación, para apoyar y coordinar actividades con la Dirección General de Población y Policía Migratoria, a la cual le corresponde única y exclusivamente el control migratorio de nacionales y extranjeros, conforme lo determina la Ley de Población y Política Migratoria vigente.[5] No obstante dicho cuerpo policial se encuentra en etapa de capacitación por lo que actualmente no ha iniciado sus funciones.
El ingreso en condiciones irregulares a territorio hondureño no está tipificado penalmente como acción delictiva, por lo que no existe sanción penal sino de orden administrativo ya que contra dicho acto se aplican las medidas administrativas de expulsión o rechazo en frontera.
La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 31 la igualdad de derechos civiles entre extranjeros y hondureños, con las restricciones establecidas en las leyes para los primeros, por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o conveniencia social. La misma Carta Magna indica en su numeral 35 que la inmigración estará condicionada a los intereses sociales, políticos, económicos y demográficos del país y será la Ley ordinaria la que establezca los requisitos, cuotas y condiciones para el ingreso de los inmigrantes al país, así como las prohibiciones, limitaciones y sanciones a que estarán sujetos los extranjeros.
En los casos en que el migrante es interceptado ingresando a territorio hondureño, las autoridades migratorias lo devuelven al país de procedencia inmediata mediante la figura del rechazo. Si la interceptación no se realiza en forma inmediata a su ingreso, se procede a su expulsión.
Por otra parte, la reincidencia sí se encuentra tipificada penalmente. Así lo establece el Código Penal en su artículo 347 cuando señala:
“Artículo 347.- El extranjero que expulsado legalmente de Honduras ingrese de nuevo al territorio nacional violando la correspondiente orden, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a tres (3) años, cumplida la pena será expulsado del país.”
2.2 Con respecto a su detención
La Dirección General de Población y Política Migratoria no cuenta con un lugar adecuado para la detención de migrantes en condición irregular debido a que no está dentro de sus funciones y facultades la de detener a las personas en esa situación. No obstante, la Ley de Población y Política Migratoria establece en su artículo 42 una excepción a la norma general, al indicar que la Secretaría de Gobernación y Justicia podrá recluir en lugares especiales a los extranjeros que por cualquier circunstancia no pudieran ser expulsados inmediatamente del país por ser originarios de países con los cuales Honduras no mantiene relaciones amistosas; haber ingresado al país sin cumplir los requisitos exigidos por la ley; ser prófugo o condenado en otros países por delito común que califique y castigue la Ley hondureña o bien oculte su verdadero nombre, disimule su personalidad o domicilio, utilice o presente documentos falsos o adulterados o se niegue a exhibir los propios.
Es por esta razón que en algunos casos los migrantes deben ser puestos en calidad de depósito en las delegaciones de la Policía Nacional. No obstante la institución cuenta con un espacio que es utilizado cuando se trata de grupos pequeños de migrantes o cuando hay mujeres y niños participando en el fenómeno; en el caso de que la documentación y consecución de tiquetes para la expulsión tenga algún atraso.
El plazo de detención debe ser entendido en forma restrictiva, es decir por el mínimo lapso de tiempo posible, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales del extranjero. Ahora bien, a menudo la prolongación de dicho lapso queda sujeta a circunstancias ajenas a las autoridades migratorias, tales como la debida documentación del extranjero por parte de las representaciones consulares correspondientes, la obtención de los tiquetes de viaje con las líneas aéreas, etc.; debiendo ser dejados en libertad si han transcurrido más de 72 horas de su interceptación.
2.3 Con respecto a su repatriación
La Dirección General de Población y Política Migratoria posee un presupuesto para llevar a cabo las deportaciones y los gastos que estas impliquen en materia de alojamiento y alimentación. Desde el mes de enero de 1999 cuenta además con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos para la compra de los pasajes o tiquetes aéreos para expulsar a los migrantes en condición irregular.
El artículo 43 de la Ley de Población y Política Migratoria en el capítulo XI referido a la expulsión de los extranjeros, señala que el Poder Ejecutivo procederá a expulsar del territorio nacional a todo extranjero que haya penetrado ilegalmente en el país u oculte su condición de expulsado. La expulsión se efectuará por la Secretaría de Gobernación y Justicia previa información sumaria ante la autoridad competente, oyendo en todo caso al extranjero. Decretada la expulsión y notificada, se verificará en el plazo perentorio de 24 horas. La Dirección General llevará un registro de todas las personas que fueron expulsadas (art. 44 ídem). El extranjero que ingrese ilegalmente a territorio hondureño no podrá ejercitar acción administrativa o judicial respecto de su ingreso (art. 45).
2.4 Con respecto al otorgamiento de refugio a migrantes
En Honduras la población refugiada encuentra tutelados sus derechos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. El gestionante deberá hacer una solicitud que será analizada y dictaminada por la Secretaría de Gobernación y Justicia para el otorgamiento o denegatoria del refugio. La población de migrantes amparados a ese estatus es sumamente reducida. Por su parte al asilado político se le otorga un permiso de residencia legal en el país. Para obtenerlo, el interesado presentará solicitud ante la embajada o el consulado de Honduras en el exterior. Este remitirá la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual, previo análisis de las argumentaciones expuestas, dictaminará positiva o negativamente.
3 Dificultades que enfrenta el gobierno de Honduras en el manejo de los traficantes.
De acuerdo con la reforma del Código Penal de Honduras que crea la Policía Migratoria y de Frontera, las labores de inteligencia e investigación sobre tráfico de migrantes compete a ese cuerpo policial.
Hasta la fecha, dicha labor ha sido realizada por el Departamento de Investigación de la Dirección de Población y Política Migratoria, en colaboración con los demás departamentos de la Institución y con la participación de INTERPOL y la Policía Nacional Preventiva y de Investigación. También participa la DIC en lo que respecta directamente a la interceptación de traficantes.
3.2 Recursos para hacer cumplir la ley
A pesar de que Honduras es el país pionero en la región por ser el primero en tipificar el tráfico ilegal de migrantes como un delito penal, la aplicación de la normativa vigente genera varios problemas en su ejecución, sobre todo al momento de realizar la identificación de los traficantes, debido a la negativa constante de los migrantes y de los vecinos e las zonas fronterizas, de rendir testimonio.
3.3 Infraestructura legal
La figura del tráfico ilegal y la del traficante de personas se encuentra tipificada como ilícito penal en Honduras desde 1994. El Código Penal establece:
“Artículo 195.- Quien trafique con hondureños o personas de cualquier nacionalidad u origen, conduciéndolos o haciéndolos conducir por el territorio nacional, para introducirlos ilegalmente a otro Estado con cualquier propósito, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años.
La sanción será incrementada en un tercio cuando los responsables del delito sean empleados o funcionarios públicos.
Si como consecuencia de la comisión de este delito los sujetos pasivos sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delitos de cualquier orden o fallecen por causas violentas, aunque sea en forma accidental, la pena a que se refiere el párrafo primero se incrementará en dos tercios.”
3.4 Sentencia y condena:
Existen muchas limitaciones para llevar a cabo la sentencia y condena de los traficantes de migrantes. Para lograr resultados efectivos se requiere de órdenes de allanamiento que casi nunca se ejecutan a tiempo.
Otro problema que surge para estos efectos es que el migrante en condición irregular no puede ser detenido por más de 72 horas, en tanto que el juicio contra el traficante puede tomarse meses e incluso años, y al momento de evacuar la prueba que es principalmente testimonial, ya la víctima ha salido de territorio hondureño.
Para finalizar, en general los jefes de los grupos organizados de tráfico no participan directamente en el fenómeno sino que contratan un número importante de personas, lo que implica que cuando se logra penalizar estos actos en general se castiga a los mandos de menor jerarquía dentro de la organización.
3.5 Detención y deportación
La detención de los traficantes de migrantes en condición irregular es realizada actualmente por la Policía Nacional en coordinación con los funcionarios de la Dirección General de Migración y Política Migratoria. Dentro de un tiempo esta labor se hará también en coordinación con la Policía Migratoria y de Frontera.
La Policía Nacional pone a los traficantes a la orden de la DIC para efectos de investigación, en un plazo de 24 horas, para luego ser puestos a la orden de la fiscalía del juzgado correspondiente.
En caso de condena el juzgado determinará el monto de la pena de acuerdo a los extremos mínimo y máximo que establece el numeral 195 del Código Penal.
4 Medidas que permitirían al Gobierno de Costa Rica manejar el tema más eficazmente.
4.1 Política y Legislación
Tal y como se señaló supra, el tráfico ilegal de migrantes se encuentra debidamente tipificado en el Código Penal de Honduras.
No obstante, paralelamente a este avance normativo en la región, se requiere planificar programas de concientización dirigidos a los funcionarios relacionados con la toma de decisiones en la materia y al público en general, que brinden una visión global de la magnitud, consecuencias e implicaciones que el tráfico de migrantes tiene para sus víctimas y para los países afectados; a fin de agilizar los procedimientos para la aplicación de la normativa vigente.
Además para reducir el tráfico también es fundamental la armonización de las políticas de otorgamiento de visas a nivel regional, para que la eliminación de restricciones de ingreso en un país, no signifique una agudización del fenómeno en otros.
Para enfrentar el fenómeno es indispensable activar mecanismos de enlace para el intercambio regular de información entre los países afectados, como el acordado en la II Conferencia Regional Sobre Migración en Panamá; así como la implementación de una red de información a nivel nacional y centroamericano para coordinar operativos y labor de inteligencia que permita darle seguimiento a las redes criminales que se dedican al tráfico de migrantes. Este proyecto involucra a todas las fuerzas de seguridad y autoridades civiles para la detección, documentación y deportación de flujos migratorios indocumentados.
4.3 Capacidades Institucionales
Al igual que las demás direcciones de la región, la Dirección General de Población y Política Migratoria de Honduras sufre de escasez de recursos materiales y humanos para realizar a cabalidad sus funciones; factores que afectan la calidad de los servicios, la eficiencia de la vigilancia en fronteras y exponen a sus funcionarios a diversas formas de presión.
La Dirección General de Población y Política Migratoria cuenta en la actualidad con dos funcionarios y 318 empleados, de los cuales 172 se encuentran distribuidos en las diferentes delegaciones de todo el territorio nacional. Por ejemplo, La oficina de Guasaule -puesto fronterizo por el cual ingresa a territorio hondureño la mayor cantidad de migrantes en condición irregular-, cuenta únicamente con 4 inspectores para un flujo de 2500 personas diarias atendidas en 3 ventanillas y una sola persona controlando el puente. En un operativo de una hora -de los cuales se realizan muy pocos con el personal actual-, pueden interceptarse 30 personas ingresando en forma irregular a territorio hondureño en una hora.
De los 320 funcionarios con que cuenta la Institución, un 5% posee estudios universitarios, un 85% finalizó la educación secundaria y un 10% únicamente posee estudios primarios. A pesar de que la Institución realiza importantes esfuerzos por brindar capacitación a todos sus funcionarios promoviendo el intercambio de experiencias con otros países, impartiendo cursos y facilitando horarios de estudio para los funcionarios que reciben cursos universitarios, dichos esfuerzos no siempre pueden aplicarse directamente en relación con capacitación específica en el campo del tráfico ilegal de migrantes y sus consecuencias, por falta de recursos.
Los bajos salarios y los horarios de trabajo (en las delegaciones fronterizas se labora de seis de la mañana a diez de la noche, horario que debe distribuirse entre tres o cuatro funcionarios), son otro elemento que afecta el enfrentamiento del fenómeno ya que inciden en la selección del personal, al cual dependiendo del puesto, se le exige como mínimo el bachillerato. Es por ello que dentro de las medidas administrativas propuestas para solventar esa problemática y enfrentar eficazmente el fenómeno del tráfico ilegal de migrantes se señalan la capacitación, la rotación y aumento de personal, mayor supervisión, salarios competitivos, incentivos laborales y programas de concientización y fortalecimiento ético dirigidos a los funcionarios relacionados con el control de ese fenómeno.
En materia informática se han hecho grandes esfuerzos por tecnificar las diferentes oficinas pero aún existen importantes deficiencias. La Institución cuenta con un Departamento de Informática y 144 terminales. No obstante solo mantiene líneas dedicadas con las delegaciones migratorias que se ubican en los aeropuertos. Las demás delegaciones llevan a cabo los registros de ingreso y egreso de migrantes y extranjeros en general, mediante métodos manuales; debiendo revisar en cada caso los registros de impedimentos de entrada y de salida según corresponda. Ello implica que deban jerarquizar sus funciones y relegar a un segundo plano las labores de campo en el control del tráfico ilegal de migrantes.
En cuanto a medios de transporte la Dirección de Población y Política Migratoria de Honduras carece de vehículos para enfrentar el fenómeno, debiendo los delegados utilizar sus vehículos personales para poder realizar los operativos.
Tampoco se cuenta con equipo de comunicación ni armas, en contraposición con el despliegue de recursos humanos y materiales de que disponen los traficantes, los cuales cuentan con radios, celulares, camiones, pick ups, centros de alojamiento, acceso a todo tipo de información e incluso algunas veces a la colaboración de las autoridades policiales.
Se recomienda la búsqueda de cooperación técnica para la adquisición de equipo de comunicación y de cómputo y para el desarrollo de bases de datos que permitan optimizar los recursos informáticos con que ya cuenta la Dirección General de Migración, con la correspondiente capacitación para los funcionarios encargados de su administración.
4.4 Cooperación Bilateral y Multilateral
Combatir eficazmente el tráfico de migrantes requiere la colaboración y coordinación de los países afectados así como de los organismos internacionales competentes en el tema. La cooperación bilateral debe enfocarse a dar asistencia en las áreas en las que los demás países de la región carecen de recursos.
En los foros permanentes existentes en el ámbito internacional se hacen esfuerzos para coordinar una plataforma política que permita exponer y atender la problemática y sus soluciones, de frente al fenómeno del tráfico de personas. Dicha plataforma evoluciona de acuerdo con el panorama cambiante de la región centroamericana y su relación con los países de Norte América.
El tratamiento y erradicación del tráfico ilegal de migrantes es una lucha que corresponde a todos los países afectados. Los estados de la región realizan ingentes esfuerzos por combatir el fenómeno pero la evidencia indica que los avances son poco significativos. Las redes de tráfico y la cantidad de migrantes que utilizan este método crecen día con día. Asimismo se especializan los procedimientos utilizados por los traficantes. Mientras tanto las autoridades migratorias se encuentran con recursos cada vez más reducidos para luchar contra esa actividad. Por ello la cooperación de la comunidad internacional es fundamental para que Honduras y los demás países de la región logren, sobre esa base, tomar las medidas que a mediano y largo plazo puedan dar verdaderos resultados en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes.
Dentro de este marco se emiten las siguientes recomendaciones:
1. Fortalecer la coordinación interinstitucional a efecto de optimizar los esfuerzos para combatir el tráfico.
2. Impulsar la concientización de los miembros de los Poderes Legislativo y Judicial sobre la existencia y consecuencias del tráfico ilegal de migrantes, con el fin de definir las políticas de erradicación a nivel nacional que contemplen la efectiva aplicación de la normativa vigente.
3. Canalizar recursos técnicos, financieros y humanos para destacar en los puestos migratorios personal capacitado y provisto de los medios adecuados.
4. Llevar a cabo campañas de información pública sobre los riesgos que conlleva el tráfico de migrantes, así como las posibilidades de migrar legalmente.
5. Impulsar la adopción de medidas que aseguren el tratamiento y asistencia apropiados a los migrantes víctimas del tráfico y que aseguren la protección de sus derechos fundamentales.
6. Adoptar medidas tendientes a evitar la corrupción de funcionarios vinculados con los procesos migratorios.
7. Adoptar políticas de visado precisas y permanentes que disminuyan las inconsistencias en su otorgamiento y los márgenes de error de los funcionarios migratorios que deben aplicarlas.
8. Aumentar la seguridad de pasaportes y visados, mediante la utilización de tecnología actualizada en su confección y de instrumentos electrónicos en su lectura, a efectos de detectar documentos adulterados.
9. Reforzar el control de los procedimientos de extensión de documentos de viaje de utilización regional.
10. Implementar un local con los recursos básicos para mantener a aquellos migrantes interceptados en condición irregular, en tanto se les documenta y se adquieren los tiquetes de viaje para ejecutar las órdenes de expulsión.
A nivel regional e internacional:
1. Promover la cooperación internacional, mediante programas de asistencia técnica y financiera para crear las condiciones que permitan enfrentar más eficazmente el problema.
2. Promover la adopción de medidas coordinadas en cuanto a política, legislación y acciones a nivel nacional, regional e internacional.
3. Promover la adopción de convenios internacionales contra el tráfico ilegal de migrantes, que consideren no solo la perspectiva del delito, sino también el debido tratamiento y protección de los migrantes víctimas del tráfico.
4. Reforzar el diálogo y la consulta multilaterales no solo entre países del área sino también con los de otras regiones, incluyendo el intercambio de experiencias en ese campo.
5. Promover la inclusión del tema del tráfico ilegal de migrantes en las agendas y foros internacionales.
6. Promover la recolección, procesamiento y difusión de información respecto del tema entre países, para lograr una perspectiva más amplia del problema a nivel regional.
7. Activar la red de información de los países miembros de la Conferencia Regional Sobre Migración con el fin de lograr un intercambio constante de información en la materia.
8. Reforzar la participación de las organizaciones internacionales relacionadas con el tema, en actividades de seminario, investigación, difusión de información y cooperación técnica, así como de retorno y reintegración.
9. Implementar o reforzar programas de retorno y reintegración de migrantes en situación irregular, con la colaboración de los organismos internacionales competentes y los países de orígen y destino.
10. Establecer programas permanentes de capacitación en materia migratoria con la cooperación de los organismos internacionales competentes y de países con mayor experiencia en la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes.
11. Promover el establecimiento de mecanismos de asistencia recíproca con países que cuenten con representaciones diplomáticas de los países de orígen, para facilitar la obtención de documentos de viaje.
[1] Según regulaciones establecidas por el Gobierno de Nicaragua, los menores de edad de ese país no pueden viajar utilizando el CA4 sino únicamente con pasaporte o salvoconducto. En el caso expuesto, los menores alteran los datos de su fecha de nacimiento para aparecer como mayores de edad y son interceptados por las autoridades migratorias cuando se les requiere otro documento de identificación. Existen datos de que estos grupos -que han crecido en forma alarmante-, tratan de ingresar a territorio hondureño en forma irregular, para dirigirse a Guatemala, México y Estados Unidos con redes que se dedican a la prostitución de menores.
[2] Funcionarios de migración de Honduras indican que por ejemplo en El Salvador las redes de tráfico ilegal de migrantes envían anuncios por la radio promocionando viajes a Estados Unidos y Canadá que incluyen además la documentación para ingresar en forma irregular a esos países
[3] Los migrantes ingresan a Nicaragua por vía aérea y sin necesidad de visa de acuerdo con las nuevas políticas migratorias mediante las cuales se eliminó dicho requisito a varias nacionalidades.
[4] Se han detectado recientemente pasaportes con visa estadounidense escaneada en la parte del rostro del migrante. El resto del documento es una versión original que cuenta con todas las medidas de seguridad, a la cual le fue cortada la parte que incluía el rostro, que es sustituido por la imagen escaneada del migrante. Asimismo se registra también la utilización de carnés de residencia estadounidenses alterados y enviados desde Estados Unidos para ser utilizados por migrantes en condición irregular.
[5] Art. 36 de la Ley de la Policía Nacional.