Source: https://supremo.vlex.es/vid/-505656114
Timestamp: 2019-12-06 05:23:21
Document Index: 356769767

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 71', 'artículo 7', 'artículo 7']

STS, 3 de Abril de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 505656114
Número de Recurso: 444/2012
DERECHO DE LA ENERGÍA. TARIFAS Y PRIMAS DE INSTALACIONES. La limitación del período de tarifa regulada a 30 años no supone confiscación ni expropiación de derechos pues no implica suprimir la retribución debida a la generación de energía eléctrica procedente de instalaciones fotovoltaicas sino meramente equipararla, dentro de treinta años, a la percibida por el resto de productores de electricidad que la venden en el mercado. Se desestima el contencioso administrativo.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo el recurso contencioso- administrativo número 1/ 444/2012 , interpuesto por D. Eutimio , Dª Marí Trini , PINTARRAFES HOLDING SL, e INBELA SL, representados por el Procurador D.Guillermo García-Sanmiguel Hoover, contra la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, de peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. Se ha personado como recurrido el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACION DEL ESTADO; la Procuradora Dª Mª del Rosario Victoria Bolivar en representación de ENDESA; y el Procurador D. Eduardo Codes Pérez-Andujar en representación de OMI-POLO ESPAÑOL (OMIE).
Dictada Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre de 2010), por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011, la representación procesal de D. Eutimio , Dª Marí Trini , PINTARRAFES HOLDING SL, e INBELA SL, mediante escrito de 28 de febrero de 2011 interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, contra la mencionada Orden ITC, que fue Admitido a trámite con el número 76/11 y solicitado el expediente administrativo.
La representación procesal de los demandantes, mediante escrito de 23 de mayo de 2011, solicito la ampliación del recurso a:
- la Orden ITC/619/2011, de 18 de marzo (BOE de 24 de marzo de 2011), por la que se corrigen determinados errores en la orden impugnada.
- la Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo (BOE de 31 de marzo de 2011), por la que se modifica la orden impugnada, estableciendo los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011.
- la Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril (BOE de 29 de abril de 2011), por la que vuelve a modificarse de nuevo la orden impugnada.
Mediante Auto de 7 de julio de 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se declaró incompetente para conocer del recurso, remitiendo las actuaciones a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
Por tanto, recibidas las actuaciones de la cuestión de competencia número 4/58/2011 y declarada la competencia de la Sala para conocer del recurso planteado, se remitieron las actuaciones a la Sección Tercera, por razón de la materia, que se siguió con el número 1/444/2012.
Presentado escrito de fecha 25 de enero de 2012 por la parte recurrente se solicitaba una nueva ampliación del recurso a:
-la Circular 3/2011, de 19 de noviembre de 2011, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de información y los procedimientos del sistema de liquidación de las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especialidades,
-y a la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.
Por Providencia de 12 de septiembre de 2012, se acordó la ampliación del recurso a las Ordenes anteriormente mencionadas, no admitiéndose la ampliación respecto a la circular.
La representación procesal de D. Eutimio y otros, formalizó demanda mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2013, en el que expuso los siguientes motivos de derecho sustantivo, numerados del sexto al décimo quinto:
Sexto.-Vulneración en el art. 1.10 del RD. 1565/2010, de 19 de noviembre , por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, del derecho Comunitario Europeo, por infracción de lo dispuesto en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de los principios de Derecho Comunitario de Seguridad Jurídica y de Protección de la Confianza Legítima. Infracción del Tratado y del Protocolo de la Carta Europea de la Energía. Infracción del Protocolo nº1, adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Solicita planteamiento de Cuestión Prejudicial por las infracciones dichas del Derecho Comunitario.
Séptimo.- Vulneración en el art. 1.4 y 1.5, en la Disposición Adicional 1ª, apartados 1 y 2, en la Disposición Transitoria 1ª y en la Disposición Transitoria 2ª del RD-ley 14/2010, del Derecho Comunitario Europeo : infracción de lo dispuesto en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de los Principios de Derecho Comunitario de Seguridad Jurídica y de Protección de la Confianza Legítima. Infracción del Tratado y del Protocolo de la Carta Europea de la Energía. Infracción del Protocolo nº 1- adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Solicita planteamiento de Cuestión Prejudicial por las infracciones dichas del Derecho Comunitario.
Octavo.- Vulneración en el art. 1.10 del Real Decreto 1565/2010, de los Principios de Seguridad Jurídica y Confianza Legítima de Nuestro Derecho Nacional .
Noveno.- Vulneración en el art. 1.10 del Real Decreto 1565/2010, del Principio de No Confiscación consagrado en el Art. 33.3 CE .
Décimo.- Vulneración en el art. 1.10, del Real Decreto 1565/2010, del Principio de Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos .
Undécimo.- Vulneración en el art. 1.10, del Real Decreto 1565/2010, de los Principios de Igualdad ante la Ley y de No Discriminación .
Duodécimo.- Vulneración en el artículo 1.10, del Real Decreto 1565/2010, del Principio de Irretroactividad de las Normas Restrictivas de Derechos .
Décimo Tercero.- Vulneración en el art. 1.10 del Real Decreto 1565/2010, del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva .
Décimo Cuarto.- Vulneración en el art. 1 apartados 4 y 5, en la Disposición Adicional 1ª apartados 1 y 2, en la Disposición Transitoria 1ª y en la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto-ley 14/2010, de los Principios de Seguridad Jurídica y Confianza Legítima , Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos, Irretroactividad de Normas Desfavorables o Restrictivas de Derechos, Tutela Judicial Efectiva, No Discriminación y No Confiscación, consagrados en los arts. 9.2 , 9.3 , 14.1 , 24.1 , 33.3 y 40.1 CE , así como infracción de los Principios de Reserva Legal Tributaria y de los requisitos limitativos de los Decretos-leyes de los arts. 134.7 y 86.1 CE .
Décimo Quinto.- Concurrencia de las infracciones denunciada en los anteriores fundamentos jurídicos sexto a décimo cuarto en la propia Orden ITC/ 3353/2010 directamente impugnada en el recurso y en las de su rectificación, modificación o actualización que han sido objeto de la ampliación del recurso.
Suplicando a la Sala dicte sentencia por la que estimando el recurso interpuesto, haga los siguientes pronunciamientos:
2) Declare la nulidad de pleno derecho de los preceptos contenidos en las disposiciones generales aprobadas en desarrollo de la disposición, particularmente de la Orden ITC/ 3353/2010, de la Orden ITC/ 688/2011, de la Orden ITC/ 1068/2011, de la Orden IET/ 3586/2011, en cuanto a la traslación del régimen retributivo implantado por el Art. 1, apartado Diez, del Real Decreto 1565/2010 , y por el artículo 1, apartados 4 y 5 , Disposición Adicional Primera, apartados 1 y 2 , Disposición Transitoria Primera y Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 14/2010 , que se realiza en el artículo 7.3 y en el anexo III, apartado 3, de la Orden originariamente impugnada, y declare nulos asimismo y sin efectos los actos administrativos dictados en su ejecución que afecten a las actoras del recurso o se concreten a las instalaciones de producción de energía fotovoltaica de las que son titulares.
3) Reconozca, como situación jurídica individualizada de las demandantes, su derecho a ser mantenida, en el caso de las señaladas instalaciones de producción de energía fotovoltaica de su titularidad, la retribución primada que les reconocía el art. 36 del Real Decreto 661/2007 antes de la modificación instrumentada por Real Decreto 1565/2010 ejecutado, y a su abono con cargo al sistema eléctrico, en los términos que derivan de la regulación que era antes aplicable.
Mediante primer otrosí digo, se solicita planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJCE.
Mediante segundo otrosí digo, solicita cuestión previa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
En tercer otrosí digo, fija la cuantía en indeterminada. Por cuarto otrosí digo, interesa el recibimiento a prueba. En Quinto otrosí digo, propone prueba pericial. Y por último, en el sexto otrosí digo, no estima necesaria la celebración de vista oral, y solicita el trámite de conclusiones escritas.
El Abogado del Estado presentó escrito de contestación a la demanda en fecha 19 de febrero de 2013, en el que suplicó dicte sentencia por la que la desestime íntegramente la demanda, confirmando la disposición impugnada, con condena en todo caso al actor de las costas incurridas.
Mediante Decreto de 29 de abril de 2013, se fijó la cuantía del recurso en Indeterminada.
Por Auto de 13 de mayo de 2013, se acordó el recibimiento del pleito prueba, y practicada la misma, se abrió el plazo para conclusiones, que fue evacuado por las demandantes, y por la Administración del Estado.
Quedando las actuaciones pendientes de señalamiento cuando por turno corresponda, se señalo para votación y fallo el día 1 de abril de 2014, fecha en que ha tenido lugar, con observancia de las disposiciones legales.
Se interpone por la representación procesal de D. Eutimio , Dª Marí Trini , Pintarrajes Holding SL e Inbela SL, recurso contencioso administrativo que tiene por objeto la pretensión de que se declare la nulidad de pleno derecho del artículo primero, apartado diez, del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre , por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, así como de los preceptos aprobados en aplicación de la referida disposición reglamentaria contenidos en la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial; en la Orden ITC/619/2011, de 18 de marzo, por la que se corrigen errores de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, en la Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, en la Orden ITC/1068/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, y en la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.
Asimismo, se interesa en el suplico de la demanda que se reconozca su derecho a ser mantenida "en el caso de las señaladas instalaciones de producción de energía eléctrica fotovoltaica de su titularidad, la retribución primada que reconocía el artículo 36 del Real Decreto 661/2007 , antes de la modificación instrumentada por Real Decreto 1565/2010 ejecutado, y a su abono con cargo al sistema eléctrico, en los términos que derivan de la regulación que era antes aplicable."
En aras de una adecuada comprensión del objeto del recurso contencioso-administrativo, procede transcribir íntegramente el contenido de las disposiciones impugnadas y de las normas que inciden en la resolución de la controversia planteada, que se plantea en términos muy similares a la suscitada en el recurso 357/201 resuelto en al sentencia de 13 de Enero de 2014 , a cuya fundamentación jurídica nos remitiremos.
El artículo 7, apartado 4, de la Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, prescribe
La Comisión Nacional de Energía aplicará la limitación de horas que se establece en esta disposición a las liquidaciones de primas correspondientes a las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica. Asimismo aplicará la limitación que se establece en la disposición transitoria segunda a las liquidaciones que se refieran a las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica acogidas al régimen económico establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo . Para ambos casos, podrá recabar la información que precise de los titulares de las instalaciones y de los órganos competentes para la autorización de las mismas.
Con base en estos fundamentos jurídicos, la parte actora solicita que, con carácter previo a dictarse sentencia, se plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al entender que las disposiciones impugnadas, así como el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, vulneran el Derecho Comunitario Europeo, y, singularmente, la libertad de establecimiento reconocida en el Tratado CE, asimismo interesa que se plantee cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al sostener que los preceptos cuestionados del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, infringen los artículos 9.3 , 24 , 31.3 , 86.1 , 131.1 y 134.7 de la Constitución .
Como cuestión previa, debemos rechazar la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo planteada por el Abogado del Estado con arreglo a los dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , pues no apreciamos que concurra el presupuesto establecido en dicha disposición legal de que la Sala hubiere desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, por cuanto dicha representación invoca las sentencias de esta Sala Tercera de 12 de abril de 2012 ( RCA 40/2011), de 19 de abril de 2012 ( RCA 62/2011 ) y de 26 de junio de 2012 ( RCA 566/2010 ), en las que nos pronunciamos sobre la impugnación del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, lo que evidencia que el objeto del recurso contencioso-administrativo que ahora enjuiciamos es en parte distinto del objeto de los recursos contencioso-administrativos referenciados.
Esta conclusión jurídica sobre el rechazo de la pretensión de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo resulta conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución , que comporta, según reitera el Tribunal Constitucional en la STC 30/2004, de 4 de marzo , como contenido esencial primario el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, imponiendo al juez, para garantizar la concretización expansiva de este derecho fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y cláusulas procesales, que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente formal, o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso, de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse, como en este supuesto, para respetar el principio de seguridad jurídica, en la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley, que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental, adoptada en la observancia de estos fundamentos hermenéuticos constitucionales.
En la sentencia de esta Sección Tercera de 25 de junio de 2013 (RCA 188/2012 ), descartamos que el principio orientador de la política energética de la Unión Europea, que determina la necesidad de los Estados miembros adopten medidas de apoyo a las energías renovables que permitan mantener la confianza de los inversores, fuera un criterio decisivo para cuestionar la disconformidad de las medidas regulatorias introducidas en el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, con el Derecho Comunitario, en la medida en que el principio de rentabilidad razonable obliga a tomar como referencia los beneficios previstos que se generen a lo largo de la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas.
En primer lugar, la introducción de la tarifa regulada como mecanismo incentivador de las inversiones no es sino una más de las medidas de fomento auspiciadas por los poderes públicos en el marco de su política favorable a las instalaciones fotovoltaicas. No puede, pues, desligarse de otras de signo análogo como la prioridad en el acceso y la preferencia para participar en el mercado de la energía eléctrica, las subvenciones directas o indirectas a las instalaciones correspondientes, un eventual régimen tributario más beneficioso o las facilidades para la obtención de créditos y otras similares.
En segundo lugar, los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial no tienen un "derecho inmodificable" a que se mantenga inalterado el régimen económico que regula la percepción de sus retribuciones, cuando ellos mismos han optado por no acudir al mercado (posibilidad que siempre les queda abierta) sino beneficiarse de un sistema público de fijación de aquéllas.
El régimen económico administrativamente fijado trata de fomentar la utilización de energías renovables incorporando medidas incentivadoras que, sobre no tener asegurada su permanencia sin modificaciones para el futuro, según acabamos de significar, descansa en una serie de presupuestos implícitos que cualquier operador del mercado diligente -o que hubiera acudido a un asesoramiento previo de calidad- no podía desconocer.
En fin, otro de los condicionamientos -éste ya explícito- que, de manera muy destacada, ha de ser sopesado es que las previsiones y las magnitudes de la tarifa regulada que contemplaba el Real Decreto 661/2007 (artículos 21 y 22 ) obedecían a -y estaban limitadas por- una determinada estimación de los objetivos de potencia eléctrica derivada de fuentes de energías renovables (también para el grupo o categoría de instalaciones fotovoltaicas) precisada en el Plan de Energías Renovables 2005- 2010.
En la sentencia de esta Sala de 25 de junio de 2013 (RCA 188/2012 ), sostuvimos que la extensión a todos los productores de energía eléctrica -y, por lo tanto, a los recurrentes- de la obligación de abonar los peajes con los que se remunera a las empresas distribuidoras o transportistas, precisamente por el uso de las redes a las que aquellos productores vierten su energía, es difícilmente contestable desde el punto de vista de su constitucionalidad. De hecho ni siquiera las tres Comunidades Autónomas que han impugnado ante el Tribunal Constitucional diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2010, en los términos ya dichos, oponen reparo o reserva alguna frente a esta medida.
Esta Sala ha rechazado dicha premisa en las sentencias precedentes y hará lo propio en esta. Si en aquéllas, referidas a la impugnación del Real Decreto 1565/2010, mantuvimos que los principios invocados por las recurrentes no obstaban a que el titular de la potestad reglamentaria -dentro del respeto al límite de la "rentabilidad razonable" fijado por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico- introdujera determinadas modificaciones en el régimen retributivo previsto por el Real Decreto 661/2007, tanto más deberemos confirmar que dichos principios no obstan a que el titular de la potestad legislativa (en este caso, ejercitada mediante un Real Decreto-ley más tarde convalidado por el Congreso de los Diputados) adopte medidas de orden general, tributarias o no tributarias, que incidan en él. Puede, pues, legítimamente decidir que todos los generadores de energía eléctrica, sin excepción, contribuyan mediante el pago de peajes a los costes imputables a las inversiones requeridas precisamente para que la energía que producen se transporte y distribuya.
Por los fundamentos jurídicos expuestos, no procede reconocer, como situación jurídica individualizada, el derecho de las mercantiles recurrentes a ser mantenidas en el régimen de retribución primada establecido en el artículo 36 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo , por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, antes de su modificación por el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, en cuanto, aunque se haya acreditado, con base en el informe pericial elaborado por la Ingeniera Industrial Doña Emma , la producción de perjuicios económicos derivados de la minoración de ingresos previstos de la explotación de las plantas fotovoltaicas de las que son titulares, y de la reducción del valor actualizado neto contemplado en la inversión, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones cuestionadas, al rechazarse que dichas prescripciones regulatorias sean disconformes a Derecho y no concurrir el presupuesto establecido en el artículo 71 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
En consecuencia con lo razonado, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Eutimio , Dª Marí Trini , Pintarrajes Holding SL, e Inbela SL, contra el artículo 7, apartado 3, y el Anexo III de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, y disposiciones regulatorias concordantes, así como contra el artículo primero, apartado diez, del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre , por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 1/444/2012, interpuesto por D. Eutimio , Dª Marí Trini , PINTARRAFES HOLDING SL, e INBELA SL, contra el artículo 7, apartado 3, y del Anexo III de la Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, y disposiciones regulatorias concordantes, así como contra el artículo primero, apartado diez, del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre , por ser conformes a Derecho, sin que proceda el reconocimiento de la situación jurídica individualizada en los términos interesados. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso contencioso-administrativo.
STS, 13 de Diciembre de 2012 (Energía eléctrica, Peajes de acceso)
SAP Santa Cruz de Tenerife 133/2007, 16 de Febrero de 2007
SAP Sevilla 359/2013, 17 de Octubre de 2013
AAP Valencia 143/2015, 6 de Julio de 2015
SAN, 17 de Julio de 2002