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Timestamp: 2019-09-20 08:17:02
Document Index: 125343055

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 48', 'Artículo 16', 'Artículo 4', 'Artículo 18', 'artículo 143', 'artículo 24', 'artículo 322', 'artículo 48', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 322', 'Artículo 322', 'Artículo 44', 'artículo 43', 'Artículo 43']

C-125 de 2003
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009914CC-SENTENCIAC125200318/02/2003CC-SENTENCIA_C_125__2003_18/02/2003200099142003Sentencia C-125/03 POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION -Finalidad Consiste en permitirle el adecuado logro de sus fines, mediante la asignación de competencias para sancionar el incumplimiento de sus decisiones. En el terreno del derecho disciplinario estricto, esta finalidad se concreta en la posibilidad que tiene la Administración Pública de imponer sanciones a sus propios funcionarios quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. POTESTAD DISCIPLINARIA -Busca el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función pública SANCION DISCIPLINARIA -Función SANCION DISCIPLINARIA -Acatan los principios aplicables al derecho administrativo sancionador DERECHO DISCIPLINARIO -Modalidad E l derecho disciplinario, como modalidad del derecho administrativo sancionador, pretende regular la actuación de los servidores públicos con miras a asegurar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función pública, y que, para tal cometido, describe mediante ley una serie de conductas que estima contrarias a ese cometido, sancionándolas proporcionalmente a la afectación de tales intereses que ellas producen. FALTA GRAVISIMA EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO FALTA GRAVISIMA -Originan destitución e inhabilidad general cuando son dolosas o realizadas con culpa gravísima LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -No es absoluta en cuanto a la descripción de las conductas disciplinables como en el señalamiento de las sanciones correspondientes NORMA ACUSADA -Debe ser retirada del ordenamiento por cuanto vulnera la Constitución LEY DISCIPLINARIA- Constituye falta gravísima el concurso o acumulación de infracciones CONCURSO O ACUMULACION DE INFRACCIONES -Casos en que se presenta según la doctrina penal aplicable al derecho disciplinario CONCURSO-Gradación de la sanción aplicable según la modalidad sistemas usuales Los sistemas usuales para sancionar el concurso han sido: i) El sistema de la acumulación material según el cual debe imponerse la suma de las sanciones correspondientes a las faltas o delitos cometidos. ii) El sistema de absorción según el cual se debe imponer la sanción correspondiente a la falta o delito más grave. iii) El sistema de la acumulación jurídica, que acepta la acumulación de penas pero con un límite fijado por la ley. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES -Definición y consecuencias CODIGO DISCIPLINARIO UNICO -Normas relativas al concurso de faltas CONCURSO DE FALTAS -Criterios para la gradación de la sanción NORMA ACUSADA -Agrega nuevo criterio de gradación de la responsabilidad que únicamente cobija a los funcionarios y empleados judiciales PRINCIPIO DE IGUALDAD- No aparece un objetivo de rango constitucional que pueda justificar un trato desigual entre los funcionarios y empleados judiciales y los demás servidores públicos PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD -Definición LEGISLADOR -Competencia para graduar las penas NORMA ACUSADA -Desconoce valor fundamental de la justicia DERECHO DISCIPLINARIO -Criterios que deben ser utilizados para determinar la gravedad o levedad de una falta Referencia: expediente D-4059
Marcela Patricia Jiménez ArangoCONSTITUCIONALIDADMarco Gerardo Monroy Cabrapor la cual se expide el Código Disciplinario Único.D4059Identificadores20020009915true21593Versión original20009915Identificadores
" 11. Ocasionar la muerte en forma deliberada,y dentro de un mismo contexto de hechos, a varias personas que se encuentren en situación de indefensión, por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.
Finalmente, la demandante arguye que conforme al artículo 29 superior, "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes alacto que se le imputa". La norma que acusa, afirma, no sanciona ningún "acto" sino los antecedentes del ciudadano, convirtiendo la reincidencia en elemento de responsabilidad de carácter objetivo. Con ello, a su juicio, se sanciona a la persona no lo por lo que hace sino por lo que es.
Respecto de las expresiones acusadas del segundo parágrafo del mismo artículo, la intervención de la Academia arguye que dicha disposición atenta de manera grave contra la Constitución Política al violar flagrante y arbitrariamente el principio del"non bis bis in idem", el cual tiene aplicación dentro del derecho sancionatorio. En el texto demandado, afirma la intervención, "el legislador estableció para una misma conducta, con unos mismos hechos, y frente al mismo fundamento teleológico de la sanción disciplinaria, dos sanciones, la primera impuesta por el funcionario que investigó inicialmente la infracción y la segunda relativa a la consecuencia de calificar dicha conducta como falta gravísima con sus correspondientes sanciones..."
La Procuradora General de la Nación (e), Sonia Patricia Téllez Beltrán, solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad de las expresiones demandadas del numeral 11 del artículo 48 y la exequibilidad del parágrafo segundo de la misma norma, salvo la expresión"o haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores", que considera inexequible. Respecto de la expresión "o ante un concurso de infracciones en número superior a diez", la vista fiscal estima que la misma se ajusta a la Constitución, pero sólo si se entiende que no constituye una causal de responsabilidad objetiva y que, por lo tanto, implica la evaluación de la conducta del empleado o funcionario judicial de conformidad con los principios que rigen el derecho disciplinario. En sustento de esas solicitudes el concepto expone lo siguiente:
Respecto de la parte final del parágrafo, es decir de la expresión"haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores", la vista fiscal manifiesta tener serios reparos de constitucionalidad pues, a su juicio, ella consagra una causal objetiva de responsabilidad que impide ejercer el derecho de defensa. En este sentido afirma que "basta verificar objetivamente la situación material de haber sido disciplinado en tres ocasiones anteriores, para que se configure la falta. Ante esta verificación, resulta imposible que el disciplinado pueda alegar cualquier justificación, es decir, no podrá defenderse del hecho constitutivo de la falta cual es la sumatoria de tres sanciones."
No sucede lo mismo respecto de la expresión que eleva a la categoría de falta gravísima"el concurso de infracciones en número superior a diez", pues, para la vista fiscal, en este caso lo que consagra el legislador es un criterio de graduación de la sanción cuando se verifica un concurso, esto es, cuando "con una o varias acciones u omisiones se infrinjan varias disposiciones de la ley disciplinaria o varias veces la misma disposición." Explicando esta diferencia, el concepto fiscal indica que "en el concurso, se considera la reiteración en la falta para ser sancionada, pero en la sumatoria de sanciones el caso es diferente pues las faltas en sí mismas ya fueron sancionadas individualmente." En virtud del principio de tipicidad, afirma el concepto, "el legislador puede determinar que la repetición de una conducta constituya una falta disciplinaria, la cual será investigada y sancionada." Pero "lo que resulta contrario al ordenamiento es consagrar que la sumatoria de sanciones se constituya en sí misma como una conducta reprochable."
"Artículo 16.Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública."
"Artículo 4°.Legalidad. El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización."
"Artículo 18.Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija esta ley."
a) Que la muerte por tales razones se cause no a una sino a varias personas.
b) Que tales muertes plurales se ocasionen "dentro de un mismo contexto de hechos".
c) Que las personas a quienes se les causa la muerte "se encuentren en estado de indefensión".
"En principio, la regla es que el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad a la hora de definir las conductas penalmente reprochables, lo cual, extendido por naturaleza al ámbito disciplinario, implica que la ley es autónoma en la regulación de las conductas disciplinariamente sancionables.No obstante, la supremacía del orden constitucional también exige que la definición de las conductas y la imposición de las sanciones correspondientes respete los parámetros de proporcionalidad que impone el régimen superior, de suerte que aquella libertad configurativa no desborde ni en discriminación de los asociados ni en desconocimiento de los principios que ilustran el régimen punitivo del Estado.
"La relatividad de las opiniones sobre el punto y la necesidad de rodear de garantías a la persona - lo que reviste enorme trascendencia dado que la aplicación de penas traduce la manifestación más intensa del poder estatal frente al individuo y a su libertad - ha llevado areservar únicamente al Legislador la determinación de los comportamientos que ameritan sanción y el establecimiento de su naturaleza, alcance y de la respectiva dosimetría punitiva (CP arts. 150-2 y 29). A través del procedimiento democrático de adopción de las leyes, la sociedad tipifica las conductas reprochables y fija las condignas sanciones y en este quehacer histórico acoge y abandona distintas y sucesivas filosofías punitivas. Sobra señalar que las sanciones disciplinarias como expresión del poder punitivo del estado y por su íntima conexión con el ejercicio de la función pública en los ámbitos administrativo y judicial (CP arts. 150-23, 256-3, 233), no se sustrae al mencionado principio de legalidad (CP art. 29).
"La proporcionalidad, implica, además, un juicio de idoneidad del tipo penal. Así, ante la existencia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador tiene la obligación de definir el tipo penal de manera tal que en realidad proteja dicho bien constitucional. En sentencia C-709 de 1996, la Corte analizó el tema de la idoneidad del tipo penal descrito en el artículo 143 del Decreto 100 de 1980 (modificado por el artículo 24 de la Ley 190 de 1995), para concluir que el beneficio derivado de la denuncia del hecho punible por parte de alguno de los participantes en el mismo, tenía por efecto dejar desvalido el bien constitucional "moralidad pública". En similar sentido se pronunció en la sentencia C-177 de 2001, en la que se estableció que la definición del tipo penal de genocidio tenía por efecto desproteger los derechos constitucionales, en particular la vida e integridad física, de un grupo de personas.Es decir, el tipo no resultaba idóneo para la protección de los derechos constitucionales de los colombianos..."[16] (Negrillas fuera del original)
Decisión similar adoptó en oportunidad anterior esta Corporación, cuando, al estudiar la constitucionalidad del tipo penal de genocidio contenido en el artículo 322A de la Ley 589 de 2000, retiró del ordenamiento jurídico la expresión"que actúe dentro del margen de la Ley" contenida en dicha norma.[19] En esa ocasión, la Corte estimó que esta frase introducía un condicionamiento sin el cual no era posible penalizar adecuadamente la conducta de genocidio, con lo cual no sólo se irrespetaban compromisos internacionales adquiridos por Colombia, sino que, adicionalmente, se dejaban desprotegidos derechos consignados en la Carta Fundamental cuyo amparo era obligado para el legislador. Dijo entonces la Corte:
Examen de la expresión"o ante un concurso de infracciones en número superior a diez", contenida en el parágrafo 2° del artículo 48 de Ley 734 de 2002.
16. Hecha la anterior aclaración, debe observarse que la frase bajo examen agrega un nuevo criterio de gradación de la responsabilidad, no contemplado en el artículo 47 pero complementario de los señalados en él, aplicable en todos los casos en que se configura un concurso de infracciones en numero superior a diez, pero que únicamente cobija a los funcionarios y empleados judiciales. No así a los demás servidores públicos. En efecto, la lectura armónica de los parágrafos primero y segundo del artículo 48 lleva a tal conclusión, pues aquél indica que, adicionalmente a las faltas gravísimas descritas en los numerales 1° a 63 del referido artículo 48, "también serán faltas gravísimaspara los funcionarios y empleados judiciales..." las que a continuación se indican en ese parágrafo, que posteriormente es complementado por las disposiciones del siguiente. Además, los antecedentes del de la Ley en el proceso legislativo muestran que, efectivamente, lo que el legislador buscó con los tres parágrafos del artículo 48 fue establecer, exclusivamente para los funcionarios y empleados judiciales, otras circunstancias en las que se configura la falta gravísima. En este sentido, en la ponencia para primer debate al proyecto de ley, explicando el alcance de los tres parágrafos del artículo 48, se dijo lo siguiente:
Podría pensarse que el criterio de agravación punitiva contenido en el parágrafo bajo examen establece una causal objetiva de responsabilidad al castigar más severamente al responsable por el solo hecho del concurso. No obstante, ello no es así, pues lo que se sanciona con mayor gravedad es el actoo actos llevados a cabo por el funcionario, que resultan ser pluralmente infractores de la ley. Evidentemente, no es lo mismo infringir una vez el régimen disciplinario que hacerlo varias veces y si esta múltiple violación, no juzgada anteriormente, supera ciertos límites, la gravedad de la conducta o conductas y el mayor grado en que se lesiona la función pública puede juzgarse ciertamente como más grave. La mayor responsabilidad obedece a un actuar humano mayormente lesivo de la ley disciplinaria. Se descarta, por lo tanto la responsabilidad objetiva.
Sobre este tema ha dicho, por ejemplo, que "bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas,graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado." Es decir, el legislador puede, dentro de su libertad de configuración, adoptar la política criminal que se adecue a la situación social del momento y al juicio que en determinada circunstancia llegue a hacer de la incidencia social de ciertas conductas ilícitas. Es este un terreno donde confluye un amplio margen de discrecionalidad, al cual corresponde un correlativo examen laxo de constitucionalidad. Por eso, sólo en el evento de desproporcionalidad manifiesta podría la Corte retirar del ordenamiento la disposición que fija una sanción penal.
Tercero:ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1076 de 2002, en relación con la expresión "o haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores" contenida en el parágrafo segundo de la Ley 734 de 2002.
Inexequible la expresión ... (numeral 11 ) Artículo 48 LEY_734_2002_05/02/2002
[1]M.P Clara Inés Vargas
[2]Cf. Sentencia C-506 de 2002
[6]Cf. Constitución Política art. 209
[7]La jurisprudencia ha hecho ver que frente a los servidores públicos opera el llamado derecho disciplinario en sentido estricto, mientras que frente a la generalidad de los administrados se suele hablar en general de derecho correccional, como variedad del derecho administrativo sancionador. Cf. Sentencia C-597 de 1996.
[8]Cf., entre otras, las sentencias T-438/92, C-195/93, C-244/96 y C-280/96.
[9]Ver, entre otras, las sentencia C-597 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 12.
[10]Sentencia C-417/93. MP José Gregorio Hernández Galindo. Consideración de la Corte No 3. En el mismo sentido, ver sentencia C-280 de 1996.
[11]Sentencia C-1116 de 2000, M.P Alejandro Martínez Caballero
[12]Conforme al artículo 43 del Nuevo Código Disciplinario las faltas gravísimas son las taxativamente señaladas en él. En efecto, el tenor literal de esta disposción es el siguiente: "Artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código."
[13]Conforme al artículo 45 de la misma Ley 734 de 2002, la destitución e inhabilidad general implica:
a) a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección, o
b) b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política, o
c) c) La terminación del contrato de trabajo, y
d) d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.
[14]Sentencia C-181 de 2002, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[15]Sobre el alcance de los valores y principio constitucionales como referentes interpretativos de la ley y orientadores de su expedición, consúltese las sentencias T-406 de 1992, C-546 de 1992, T- 079 de 1995, C- 445 de 1999, C-690 de 1996 y C-126 de 1998.
[16]Sentencia C-969 de 2002. M.P Eduardo Montealegre Lynett.
[18]Declaración Universal de Derechos Humanos
[19]El téxto cimpleto del artículo 322 A era el siguiente: Artículo 322A.- Genocidio.-El que con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso o políticoque actúe dentro del margen de la Ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de cuarenta y cinco (45) a sesenta (60) años, en multa de quinientos (500) a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años
[20]Ver Sentencia C-177 de 2001 M.P Fabio Morón Díaz
[21]Cf. Reyes Echandía Alfonso. DERECHO PENAL PARTE GENERAL. Publicaciones Externado de colombia. Bogotá, 1976.
[22]Cf. Ibidem
[23]Cf. Ibidem.
[25]Ley 734 de 2002. Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
[26]M.P Clara Inés Vargas
[27]Ponencia para primer debate al proyecto de ley 129 de 2002 Cámara, 19 de 2002 Senado,. Gaceta del Congreso N 263. A de junio de 2001.
[28]Para precisar si se trata, en cada caso, de una falta grave o leve, debe acudirse a los criterios que para ese efecto se señalan en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002.
[29]Cf., entre otras, las sentencias C-037 de 1997, C-565 de 1993, C-070 de 1996, C-118 de 1996.
[30]Artículo 43. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: