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Timestamp: 2019-05-24 05:24:26
Document Index: 36615837

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 61-14, de 29/09/2010
Núm. 61-14
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por la que se solicita su devolución al Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La crisis económica por la que atraviesa la economía española muestra en la actualidad sus máximas consecuencias. La tasa de paro ha superado el 20%, el número de parados supera los cuatro millones y medio, más de un millón de familias cuenta con todos sus integrantes en el paro y las Administraciones Públicas alcanzaron el ejercicio pasado un déficit del 11,2% del PIB.
Ante esta situación, el Gobierno de la Nación sigue sin haber abordado las reformas necesarias para dinamizar la economía española y recuperar el crecimiento económico. No se ha completado aún una reforma a fondo del mercado laboral, ni se ha abordado la del sistema de pensiones, ni la del sistema financiero, y ni siquiera se ha presentado, tras improvisar dos planes de austeridad, un Plan de Reestructuración del Gasto Público que comporte una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado y la racionalización de sus estructuras, tal y como el Gobierno se comprometió a hacer antes del primero de mayo de 2010. Tampoco ha presentado un Plan de reestructuración del sector público que evite solapamientos entres las diferentes Administraciones
Públicas y permita liberar recursos sin tener que acometer recortes aleatorios e innecesarios en gastos sociales e inversiones.
Después de haber gastado miles de millones de euros en medidas discrecionales de gasto, de haber improvisado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reactivar la economía y otro de medidas urgentes para reducir el déficit público y haber presentado un Plan de austeridad sin concretar, la economía española sigue prácticamente estancada, se mantiene la destrucción de empleo, y se extiende la desconfianza.
Las medidas extraordinarias para reducir el déficit público aprobadas el pasado mes de mayo no sólo no han servido para hacer creíble el programa de consolidación presupuestaria, sino que, unidas al retraso en la puesta en marcha de las reformas estructurales necesarias, están provocando un desplome de la confianza.
Ante esta situación, el pasado mes de marzo, un año después de que fuera anunciado el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, el Gobierno lo remitió a la Cámara. Han tenido que pasar más de seis meses y once ampliaciones de plazo de enmiendas para que el Ejecutivo se haya decidido a impulsar su tramitación, y ha situarlo nuevamente como el eje de su política económica, con la que pretende acometer las reformas estructurales que necesita nuestro país.
Lejos de ello, el texto del Proyecto de Ley está repleto de medidas que el Ejecutivo lleva anunciando desde que comenzó la legislatura, de transposiciones de directivas de la UE, y de principios y objetivos sin traslación a la realidad, que en ningún caso constituyen un programa ambicioso de reformas estructurales para el medio y el largo plazo.
La desconexión entre los objetivos de la norma y su contenido, así como el corto alcance de las medidas del Proyecto de Ley son tan patentes en el Dictamen del Consejo de Estado al denunciar el órgano consultivo que pese a que el texto "pretende servir a un nuevo crecimiento sostenible, entendido éste último calificativo en una triple acepción: económica, medioambiental y social (...) ese triple entendimiento de la sostenibilidad económica no se refleja, sin embargo, en el concreto contenido del Anteproyecto".
El Proyecto de Ley de economía sostenible ha pasado de ser considerada por el Gobierno como la piedra angular de su política económica para salir de la recesión, a ser una norma más de entre las diferentes regulaciones que ha improvisado el Gobierno, que no aborda las reformas que necesita nuestro país para reactivar la actividad, y cuyos principales efectos inmediatos son nuevamente subidas adicionales de impuestos a las rentas medias y bajas, a través de la eliminación de la deducción por inversión en vivienda habitual.
Por lo que respecta a las medidas destinadas a la mejora de la regulación de la actividad económica, se quedan en la mera enumeración de principios y objetivos y muchas de las que se concretan estaban contempladas ya en el Programa Nacional de Reformas. El objetivo de la mejora regulatoria podría ser beneficioso para nuestra economía si no se formularan en términos tan vagos y con tan poca precisión, que signifiquen simplemente una mera declaración de buenas intenciones.
Las medidas para reformar los organismos reguladores llegan once meses después del plazo que el propio Gobierno se impuso en el Consejo de Ministros extraordinario del 14108/08 para presentar una propuesta sobre los organismos reguladores sectoriales (antes del 31/12/08). Su principal aportación, la limitación del número de Consejeros y la duración de su mandato, no garantiza sin embargo la independencia de los organismos reguladores, ya que su nombramiento sigue dependiendo del Gobierno.
Por lo que respecta a las modificaciones incorporadas en relación con los mercados financieros, entre las que se incluyen múltiples disposiciones finales, en vez de una reforma que favorezca la reestructuración y saneamiento del sistema financiero, las medidas propuestas son modificaciones aisladas a distintas leyes, que se limitan a mejorar la transparencia en el sistema de retribución de las sociedades cotizadas, en respuesta exclusivamente a las recomendaciones del G-20. La mayoría de las medidas sobre la responsabilidad en el crédito, como la obligación a las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato de crédito, de evaluar la solvencia del potencial prestatario, provienen de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y del libro blanco sobre la integración de los mercados de crédito hipotecario de la UE.
Las medidas para la sostenibilidad de las finanzas públicas se quedan en vagas expresiones y declaraciones de intenciones que no tienen ninguna incidencia efectiva en el funcionamiento económico-presupuestario del sector público, ni incorporan a nuestro ordenamiento jurídico ninguna medida positiva encaminada a reactivar la economía española, a través de una política eficaz de contención del gasto público.
No se puede pretender diseñar una política de consolidación presupuestaria basada exclusivamente en medidas aisladas e improvisadas de recorte del gasto. Es necesaria una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que recupere el "concepto de estabilidad presupuestaria" como aquella situación de equilibrio o superávit, de forma que se garantice la sostenibilidad de las cuestas públicas a largo plazo, establezca techos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas, y que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria derivados del Escenario de Austeridad.
Además, es preciso reformar en profundidad del conjunto del sector público mediante una modificación de la Ley de Bases de las Haciendas Locales y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que evite solapamientos, defina bien los límites competenciales y garantice los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios públicos, prohibiendo por ley las transferencias entre administraciones públicas
para financiar partidas fuera de su competencia que no estén contempladas en los modelos de financiación autonómica y local. Ninguna de estas medidas cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas se aborda en el Proyecto de Ley.
Por lo que respecta al sector de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información el Proyecto de Ley no incorpora una sola de las "soluciones digitales" propuestas por el sector, no sólo para salir de esta crisis, sino para un cambio del modelo productivo, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS). La utilización intensiva de éstas es la única forma de aumentar la productividad, la competitividad y la eficiencia de nuestra economía (tanto de empresas, como de administraciones) y conseguir que sea realmente una Economía Sostenible. Es así como surgió, en EEUU, la llamada Nueva Economía y la Economía Sostenible del Siglo XXI será una "Economía Digital": una Economía basada en la Información y en el Conocimiento. A la hora de la verdad, tanto en las Medidas anticrisis del Real Decreto 612010, como en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible el Gobierno no propone ni una sola medida en este sentido.
Desde el punto de vista del sector de la Ciencia y la Innovación, el Proyecto de Ley no es aceptable porque se limita sólo a los Centros Públicos de Investigación y propone una serie de medidas genéricas que no persiguen la excelencia ni la eficiencia, en unos momentos de crisis, en los que los recursos no sobran y en los que por ello habría que discriminar positivamente e incentivar a los centros y unidades dentro de éstos que mejor estén trabajando.
El título II dedicado a la competitividad no distingue a la hora de establecer ayudas a los centros. Es imposible que todos los Centros y todas las unidades resulten competitivos en todas las áreas. Por eso hay que discriminar e incentivar y apoyar a los que mejor lo están haciendo en cada área, porque la competencia en Ciencia e Innovación es global.
Las medidas deben ir encaminadas a conseguir que nuestras Universidades y Centros de Investigación estén entre los mejores del mundo, en un área o línea de investigación determinada. Es irreal pensar que todas y todos lo van a estar en todas las áreas y lineas de investigación, por lo que hay que incentivar una especialización y concentrar esfuerzos y recursos.
Las medidas del Proyecto de Ley de Economía Sostenible para el impulso de la Internacionalización de la economía española son incompletas e imprecisas, y se redunda en medidas que ya existen y que son las tradicionales para el impulso de la internacionalización de las empresas españolas.
En el ámbito energético, el Proyecto de ley desperdicia la oportunidad de introducir objetivos e instrumentos más concretos para afrontar el ahorro y la eficiencia energética, marcando únicamente la intención de llegar a una futura planificación, ya comprometida por la finalización de la vigencia de los planes existentes. De la misma manera, reconociendo la imperiosa necesidad de disponer de un soporte jurídico con rango de ley, no es suficiente con establecer el compromiso de presentar un borrador de Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, cuya obligación y plazo viene establecida por la normativa europea. No sólo no hace mención a la posibilidad de dar prorroga al cierre de la central nuclear de Garoña, tal y como plantea el Consejo de Seguridad Nuclear, sino que consolida la "doctrina Garoña" estableciendo un procedimiento muy complicado y discrecional para prorrogar la vida útil de las demás centrales.
Es más que cuestionable la capacidad de la regulación propuesta para la reducción de emisiones de cumplir con los objetivos perseguidos. La referencia a la importancia del efecto sumidero del sector forestal no hacen más que refrendar el trabajo de las Comunidades Autónomas y las actuaciones que muchos organismos vienen desarrollando desde hace tiempo y no aporta nada nuevo.
Uno de los más graves problemas de este país es la situación de nuestra juventud en su doble vertiente: por un lado, la vertiente laboral con una tasa de paro superior al 40% y la vertiente formativa, lo que todo el mundo reconoce como crisis educativa tasada en un 30% de fracaso escolar y de abandono temprano de los estudios postobligatorios. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es la estrecha relación entre formación y empleo o precariedad en el empleo.
El Gobierno con el Proyecto de Ley Economía Sostenible pretende cambiar el modelo productivo y sin embargo no se atreve a cambiar el modelo formativo. La reforma del modelo educativo, incluida la Formación Profesional, requeriría de una reforma legislativa específica, con medidas de calado, que, tal como se ha demostrado con la reforma laboral, el Gobierno es incapaz de acometer.
El modelo formativo contemplado en la Ley Orgánica de la Cualificaciones y de la formación profesional aprobado por unanimidad en 2002 y cuya validez nadie ha cuestionado, ha quedado inoperante debido al incumplimiento en su desarrollo durante estos últimos ocho años.
La actual propuesta de medidas formativas incardinadas inconvenientemente en esta Ley coincide en su inmensa mayoría con los incumplimientos realizados hasta el momento. Por ello, consideramos que algunas de sus propuestas son innecesarias porque lo que se debería hacer es cumplir los compromisos adquiridos y desarrollar la Ley.
Desde el punto de vista del sector del transporte y movilidad sostenible, el Proyecto de Ley es rechazable por su carácter intervencionista, en la medida que establecen criterios de regulación y competencia dentro del sector del transporte, sector que se encuentra liberalizado. Además, gran parte de estos artículos versan sobre aspectos que se encuentran ya legislados (prestación de
servicio de transporte público y separación entre operador y regulador), o son plenamente irrelevantes.
Las medidas planteadas en el Proyecto de Ley para reorientar la actividad de la construcción residencial son insuficientes y redundantes, ya se detallaron en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 aprobado el 12 de diciembre de 2008. Por tanto, en la Ley no se introducen novedades significativas que trasformen estructuralmente el sector.
En el plano fiscal destaca la introducción en este Proyecto de Ley de una nueva subida de impuestos a través de la eliminación de la deducción por vivienda habitual, que perjudica tanto a las familias, que en estas circunstancias económicas tienen grandes dificultades para acceder a la vivienda, como al sector de la construcción, y a la economía en general, por penalizar el ahorro e inversión. Además, se suprime la aplicación de la reducción del 100% a los rendimientos por alquiler a jóvenes de entre 30 y 35 años.
Uno de los problemas del mercado inmobiliario es la falta de transparencia y las deficientes fuentes de información. Las modificaciones introducidas en la ley del Catastro se quedan cortas para mejorar la transparencia del mercado inmobiliario y además no se resuelve el problema de dos registros paralelos (el del catastro y el registro de la propiedad).
La regulación de la propiedad intelectual requiere un marco de seguridad jurídica que impulse un nuevo modelo de negocio en la red, que sea equilibrado y proteja eficazmente los derechos e intereses de los propietarios, así como de los usuarios de los servicios de la sociedad de la información. El instrumento más idóneo hubiera sido una ley de propiedad intelectual que sustituya a la actual, tal y como reiteraba el dictamen de la Subcomisión del Congreso de los Diputados sobre propiedad intelectual. Sin embargo, el Gobierno ha perdido el tiempo sin abordar una ley específica que dé correcto tratamiento a todos los aspectos relacionados con la protección de la propiedad intelectual. No una regulación asistemática y fragmentaria como la que se contempla en la Ley de Economía Sostenible y que no será capaz de abordar eficazmente la protección de los derechos de propiedad intelectual.
En resumen, la ley se queda en un conjunto de meras intenciones, normas ya en tramitación, aprobación o trasposición de normativa europea o internacional, y otras normas de alcance menor, que en ningún caso suponen la respuesta adecuada de política económica para salir de la crisis actual.
Así, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, piedra angular de la conocida como estrategia para la economía sostenible, en vez de ser la norma básica destinada a impulsar a la economía española hacia un nuevo modelo de crecimiento económico más sostenible, se ha convertido hasta la fecha en la excusa del Ejecutivo para evitar llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para que España salga de la crisis y vuelva a la senda de crecimiento generador de empleo.
En definitiva, con más de cuatro millones de parados y más de 300.000 empresas cerradas, no podemos perder más tiempo, España necesita recuperar la confianza de los agentes económicos para iniciar la senda del crecimiento que nos devuelva a los niveles de empleo y bienestar que teníamos antes de la crisis. Para ello, es urgente poner en marcha un Plan Global y un calendario urgente de reformas para recuperar una senda de crecimiento sostenible y de creación de empleo, en particular:
a) Una política presupuestaria y fiscal que favorezca la actividad económica y la base recaudatoria de la Hacienda pública, a través de:
- Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante un conjunto de reformas del conjunto del sector público que permitan la adopción de medidas decididas, concretas y creíbles de control del gasto, y supongan compromiso con la estabilidad presupuestaria como elemento esencial de credibilidad y crecimiento económico sostenido.
- Un marco fiscal predecible, eficiente .y estable, que genere confianza para los consumidores y favorezca a los emprendedores, evitando subidas de impuestos que puedan distorsionar las decisiones económicas y desincentivar la creación de empleo, impidiendo la recuperación del mercado de trabajo, la acumulación de ahorro y la inversión.
- La intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y la mejora de la gestión tributaria.
b) La reestructuración, saneamiento y consolidación del sistema financiero, que garantice su solvencia y la disponibilidad de financiación para todos los agentes y sectores económicos sin restricciones, sin crédito no habrá ni inversión ni empleo.
c) Una reforma en profundidad de las relaciones laborales que suponga:
- Más estabilidad y flexibilidad. Más estabilidad en el empleo con la ampliación del contrato de fomento del empleo, que significa la mejora de la contratación y hacerla más estable; mayor flexibilidad interna en la empresa y la mejora de la negociación colectiva simplificando el régimen de la modificación de las condiciones de trabajo para que el despido sea el último recurso para las empresas.
- Más derechos para los trabajadores reconociendo la formación profesional como un derecho individual del trabajador además de crear una cuenta de formación que acompañará al trabajador durante su vida laboral.
- Más conciliación de la vida familiar y laboral con la regulación del teletrabajo y la mejora la regulación del contrato estable a tiempo parcial.
- Y pensiones más seguras, optando por mecanismos de voluntariedad en la ampliación de la edad de jubilación mediante incentivos.
d) La definición de un modelo energético eficiente, competitivo y sostenible, insistiendo, en particular en las políticas de ahorro y eficiencia energética, el fomento de las interconexiones internacionales y el aumento de la competencia en aquellas etapas donde se aprecie un excesivo dominio de mercado.
e) Una política de apoyo a la internacionalización de las empresas, para consolidar un crecimiento equilibrado y sostenible, en el que la aportación positiva del sector exterior al crecimiento económico se convierta en un elemento estructural de nuestro patrón de crecimiento.
f) Una política de apoyo y estímulo a las actividades y sectores de alto contenido tecnológico para acercar los recursos que la economía dedica a las actividades de I+D+I a la media europea.
g) Impulsar una Estrategia Nacional para la Mejora de la Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la comunidad educativa para:
- La Cohesión y la Calidad de la Educación para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el territorio nacional.
- Reforzar el reconocimiento social de maestros y profesores.
- Dotar de medios para la innovación pedagógica y el equipamiento escolar a los centros educativos y a las familias.
- Fomentar la Formación Profesional como elemento indispensable para posibilitar el acceso al mercado de trabajo y la mejora de la cualificación de nuestros jóvenes.
- Promover un sistema universitario español de calidad y excelencia.
h) Un reforzamiento de la Unidad de Mercado, con una Ley que garantice la libertad económica en toda España, fomente la competencia y la igualdad en el acceso a los bienes y servicios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta esta enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley, solicitando su devolución al Gobierno.
A la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de septiembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
De totalidad para su devolución al Gobierno.
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible, y el Proyecto de Ley Orgánica complementaria, constituyen la apuesta del Gobierno para "contribuir a la renovación del modelo productivo de la economía española, hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental", según se desprende de la página web economiasostenible.gob.es. O, como previene la Exposición de Motivos del proyecto de ley ordinaria, "es una de las piezas más . importantes de la Estrategia ya que aborda, transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de ley, son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad".
Pues bien, desde la perspectiva de Convergencia i Unió, ambos Proyectos de Ley constituyen un conjunto de propuestas de objetivos, principios y medidas difícilmente conexionables si no es bajo el paraguas de un título genérico como es el del proyecto de ley ordinaria. Se trata de objetivos, principios y medidas que en buena parte tienen un carácter voluntarioso, muy alejado del pragmatismo de medidas orientadas a la creación de empleo y a la reactivación económica, objetivos ambos que deberían tener un papel prioritario en cualquiera de las normativas económicas impulsadas por el Gobierno y, especialmente, en un proyecto de ley que pretenda denominarse de "economía sostenible".
Con estos proyectos de ley el Gobierno parece querer evitar el tener que afrontar reformas estructurales profundas, que afecten a la administración, al mercado laboral, al sector del I+D-I-i, a la financiación de la actividad productiva, a la Implantación de las nuevas tecnologías,... optando por un revoltijo de disposiciones,
con algún ingrediente de cada ámbito y sin profundizar en ninguno de ellos. Pero para CIU, pensar que con unos proyectos de ley puede modificarse íntegramente el modelo económico y productivo constituye, como mínimo, una apuesta ingenua.
Las propuestas contenidas en los proyectos de ley son dispares, algunas, como el Fondo de Economía Sostenible, ya se han puesto en marcha antes de la tramitación parlamentaria de los Proyectos, otras se agotan como simples declaraciones de principios y otras requieren de un extenso desarrollo reglamentario, que poco aporta al objetivo de dar la respuesta adecuada y coherente para poner las bases de un modelo económico que asegure un crecimiento estable y duradero.
De hecho, los proyectos de ley recuerdan, corregido y aumentado, a los proyectos de ley de medidas de acompañamiento que el primer gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero decidió suprimir porque "La promulgación de una ley de estas características dificulta, sin duda, su conocimiento real por los ciudadanos, lo cual no contribuye a fortalecer el principio de seguridad jurídica" según figura en la exposición de motivos de la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2005.
Como bien señala el Consejo de Estado en su dictamen, "(...) el objetivo absolutamente prioritario es que del texto legal finalmente se extraigan, con la mayor facilidad posible, los exactos cambios que introducirá en el ordenamiento jurídico. En su actual formulación, el Anteproyecto no alcanza suficientemente tal objetivo, por lo que el Consejo de Estado entiende que es recomendable revisar su construcción general (...)".
Unos proyectos de ley, a mayor abundamiento, que aportan poco a la salida de la crisis, que contribuyen poco a la modernización de las administraciones públicas, que no profundizan en las reformas a las que se debe hacer frente y que no son suficientemente respetuosos con el vigente sistema competencial, conculcando competencias que ostentan las Comunidades Autónomas y que obligan a estas Administraciones públicas a destinar esfuerzos económicos y humanos para hacer realidad políticas diseñadas por una visión centralista.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) presenta una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos que sea devuelto al Gobierno.
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a instancia de su Portavoz Joan Ridao i Martín al amparo de lo establecido en el artículo 110 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de ley Orgánica Complementarla de la Ley de Economía Sostenible, por la que modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2000, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2010.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds.
Artículo segundo bis. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se añade una disposición adicional nueva a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedando en los siguientes términos:
"Disposición adicional xxxx. Reserva de plazas universitarias para alumnos que estén en posesión de los titulas de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico deportivo superior.
Las administraciones educativas, de acuerdo con las universidades de su competencia, podrán establecer un cupo de reserva de las plazas ofertadas para cursar enseñanzas oficiales de grado para los estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior de formación profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño, o técnico deportivo superior, dentro de los límites que establezca a estos efectos la Conferencia General de Política Universitaria."
Las administraciones educativas junto con las universidades, en ejercicio de sus competencias respectivas en materia de admisión, deben poder adoptar sus
propias políticas públicas en materia de acceso a la universidad, que les permitan adaptar el sistema general de acceso a las necesidades especificas de sus respectivos sistemas universitarios, que no tienen porque ser coincidentes en todo el territorio del Estado tal y como la casuística ha venido demostrando.
Este sistema garantizará una máxima igualdad en el acceso a la universidad entre los diferentes perfiles de estudiantes, para no incurrir en ningún caso en una discriminación con los estudiantes procedentes de bachillerato e impedir que éstos vean limitadas sus oportunidades de acceso a determinados estudios cuyas plazas, en caso contrario, serían ocupadas en su mayoría por estudiantes provenientes de ciclos formativos de grado superior.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catarán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la ley de economía sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2010.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar una frase al final del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, contenido en el apartado Dos del artículo primero del referido texto.
"Dos. El apartado 1 del artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002 queda redactado en los siguientes términos:
''1. La Administración General del Estado (.../...) Cualificaciones Profesionales.
Los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad podrán incluir formaciones complementarias no asociadas al Catálogo para cumplir con otros objetivos específicos de estas enseñanzas o las recomendaciones de la Unión Europea, con especial atención al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo formativo derivadas de discapacidad.''"
Prever dicha finalidad.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el apartado 3 nuevo del artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, contenido en el apartado Tres del artículo primero del referido texto.
"Tres. Se adiciona un nuevo apartado tres al artículo 10 de la Ley Orgánica 5/2002, que queda redactado en los siguientes términos:
''3. El Gobierno, previa consulta con las comunidades autónomas y mediante Real Decreto, podrá crear (.../...) acreditación de las mismas.
Las administraciones educativas podrán proponer al Gobierno el establecimiento de estos cursos de especialización para lograr una mejor adaptación de la oferta a sus propias singularidades territoriales.''"
En cuanto al primer párrafo se propone este redactado más acorde con las competencias de las comunidades autónomas.
En relación al segundo párrafo, se propone suprimir "de conformidad con las directrices que establezca el Gobierno", por considerar que puede vulnerar las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas en este ámbito.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el apartado 4 nuevo del artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002, contenido en el apartado Seis del artículo primero del referido texto.
"Seis. Se añaden al artículo 12 de la Ley Orgánica 5/2002, dos nuevos apartados, 3 y 4, con la siguiente redacción:
''4. La superación de estos programas formativos conducirá a la obtención de una certificación expedida por la administración competente. Esta certificación acreditará, además, las unidades de competencia asociadas a los módulos incluidos en el programa formativo.''"
Se propone suprimir "en las condiciones que se determinen reglamentariamente", por considerar que puede vulnerar las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas en este ámbito.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el apartado 1 de la disposición adicional quinta nueva de la Ley Orgánica 5/2002, contenida en el apartado Siete del artículo primero del referido texto.
"Siete. Se añade una disposición adicional quinta a la Ley Orgánica 5/2002, que queda redactada en los siguientes términos:
''Disposición adicional quinta. Los centros de formación profesional.
1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, consolidarán una red estable de centros de formación profesional que permita armonizar la oferta y avanzar en la calidad de la misma. Esta red estará constituida por )os centros educativos de formación profesional que sean reconocidos por la administración competente.''"
Se propone este redactado más acorde con las competencias de las comunidades autónomas.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncía Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el apartado 4 de la disposición adicional quinta nueva de la Ley Orgánica 5/2002, contenida en el apartado Siete del artículo primero del referido texto.
4. El funcionamiento de los centros públicos que ofrezcan de forma integrada enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y para el empleo se ajustará a las siguientes reglas entre otras que puedan establecer las administraciones educativas:
a) Disfrutarán de autonomía de organización y de gestión de los recursos humanos y materiales, en los términos que reglamentariamente establezcan las administraciones educativas.
c) Deberán someter todas las acciones formativas que desarrollen a evaluaciones de calidad, en los términos que reglamentariamente establezcan las administraciones competentes en educación y en políticas activas de empleo.''
(resto igual)".
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar una letra d) nueva en el apartado 4 de la disposición adicional quinta nueva de la Ley Orgánica 5/2002, contenida en el apartado Siete del artículo primero del referido texto.
4. El funcionamiento (.../...) las siguientes reglas:
d) (Nueva) Estos centros reunirán las condiciones necesarias para asegurar su accesibilidad a las personas con discapacidad.''
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència 1 Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificar el apartado 2 de la disposición adicional sexta nueva de la Ley Orgánica 5/2002, contenida en el apartado ocho del artículo primero del referido texto.
"Ocho. Se añade una disposición adicional sexta a la Ley Orgánica 5/2002, que queda redactada en los siguientes términos:
''Disposición adicional sexta. Formación profesional a distancia.
2. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la puesta en marcha de una plataforma a distancia, a través de la cual se podrán cursar módulos profesionales correspondientes a los distintos ciclos formativos de formación profesional de grado medio y superior, o módulos formativos de los certificados de profesionalidad.
Las administraciones educativas podrán colaborar en la interoperabilidad de sus sistemas.''"
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència 1 Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de MODIFICAR el apartado 4 de la disposición adicional sexta nuevaocho del artículo primero del referido texto.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualiflcaciones y de la Formación Profesional, queda modificada en los términos que se establecen a continuación:
4. Las administraciones competentes en educación y en políticas activas de empleo impulsarán la generalización de esta oferta educativa a distancia, priorizando las ofertas relacionadas con los sectores en crecimiento o que estén generando empleo. La Administración General del Estado colaborará económicamente en la implantación de esta oferta educativa a distancia.''"
Así mismo se prevé la posibilidad de que la Administración General del Estado colabore económicamente en la implantación de la oferta educativa de la formación profesional a distancia.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria
de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar un apartado 5 nuevo a la disposición adicional sexta nueva de la Ley Orgánica 5/2002, contenida en el apartado Ocho del artículo primero del referido texto.
5 (nuevo). Las administraciones competentes asegurarán la accesibilidad del alumnado con discapacidad a la formación a distancia, tanto por lo que se refiere a la navegación por la página de Internet que se habilite, como al acceso a los contenidos, así como a toda la información recogida en la misma, entre otra aquella que tiene que ver con las convocatorias, las pruebas y la publicidad de las calificaciones.''"
La enmienda núm. 13 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) fue retirada por escrito del Grupo con fecha de 22 de septiembre de 2010.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualiflcaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de adicionar un nuevo artículo al referido texto.
Artículo xxxxx. (nuevo)
Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Se añade una nueva disposición adicional vigésimo tercera bis, que queda redactada como sigue:
"Disposición adicional vigésimo tercera bis. Prolongación voluntaria del servicio activo de los catedráticos numerarios de universidad y profesores de investigación del CSIC una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
El Gobierno, las Comunidades Autónomas, las universidades y los centros de investigación promoverán el establecimiento de acuerdos que faciliten, de forma complementaria a la designación de catedráticos e investigadores eméritos, la prolongación en el servicio activo de los profesores e investigadores una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.
La prolongación del servicio activo de los profesores e investigadores requerirá, en todo caso,
a) pronunciamiento expreso por parte del interesado;
b) acuerdo favorable por parte del órgano académico competente de la Universidad y del Centro de Investigación.
La permanencia en el servido activo de los profesores e investigadores que voluntariamente lo soliciten conllevará asumir las obligaciones que de ordinario conforman el estatus lectivo p investigador. A tales efectos, el alargamiento del servicio activo estará sujeto a revisión anual, pudiendo tanto el interesado como la Universidad o Centro de Investigación renunciar a su renovación."
La universidad y los centros de investigación han experimentado importantes reformas en los últimos decenios. Entre ellas, a juzgar por sus implicaciones posteriores, no es menor la relacionada con la prolongación de la vida lectiva de profesores e investigadores una vez alcanzada la edad de jubilación que fijan los distintos ordenamientos jurídicos.
Son diversos los argumentos que abogan por la conveniencia de prorrogar la edad de jubilación de manera voluntaria, tal como ocurre en diversos países. Entre ellos destacan los siguientes:
a) razones de necesidad en función de los servicios a prestar;
b) situación personal y profesional a tenor de la relativamente mayor esperanza de vida y progresos en salud;
c) el hecho contrastado que la experiencia contribuye más rápidamente y con mayor solvencia a consolidar el inicio del currículum académico.
En sintonía con estos razonamientos, se implementaron dos modelos diferentes según los países. Uno, que contempla la figura del Profesor e Investigador Emérito y el otro, que prevé la permanencia en el servicio al llegar la jubilación forzosa.
En España se optó por la modalidad de profesor o investigador emérito, ponderando, en su momento, el reconocimiento a la trayectoria académica.
Sin embargo, la experiencia ha ido poniendo de relieve Importantes disfunciones como consecuencia de no haberse tenido en cuenta también las necesidades del servicio, tanto por los previsibles cambios en los planes de estudios y programas de investigación como por los obvios incrementos de productividad que aporta la experiencia.
Ante esta situación es preciso adecuar el modelo vigente a las nuevas exigencias, teniendo en cuenta, además, que en el contexto de la actual crisis económica este replanteamiento es doblemente oportuno. Por un lado, por la trascendencia que adquiere la formación como vía para ayudar a superar la crisis y por el aumento en las necesidades de los servicios universitarios, todo ello en el marco de la puesta en práctica del Espacio Europeo de Educación Superior ("Plan Bolonia"), que tiene en la excelencia académica uno de sus metas principales. Y por otro lado, porque una apuesta por el modelo de prolongación del servicio activo puede ayudar a cambiar los esquemas tradicionales sobre la edad de ejercicio laboral y la configuración de los sistemas de pensiones y clases pasivas, considerando que el cambio de modelo productivo en España va a conllevar también cambios en este sentido.
Para implementar de manera adecuada la continuación de los profesores e investigadores en el servicio activo después de alcanzar la edad de jubilación es conveniente atender a tres requisitos: primero, que exista, obviamente, pronunciamiento expreso de voluntad por parte del interesado; segundo, la aceptación por parte del órgano académico o investigador competente; y tercero, establecer que la permanencia en el servicio activo de los que voluntariamente lo soliciten no exime de las obligaciones que de ordinario conforman el estatus lectivo o investigador.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a los efectos de modificarel apartado 1 de la disposición adicional primera del referido texto.
"1. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la colaboración entre la enseñanza de formación profesional superior y la enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos, creando entornos de formación superior, vinculados a las necesidades de la economía local, y ubicados en los campus universitarios. Las ofertas de cada tipo de enseñanza, integradas en estos entornos, tendrán la dependencia orgánica y funcional establecida en la normativa correspondiente."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2009.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda al rótulo del Proyecto de Ley
De modificacitón.
El rótulo del Proyecto de Ley debe quedar redactado del siguiente modo:
"Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible."
No tiene sentido incluir en el rótulo del Proyecto de Ley todas las Leyes que se modifican en él, cuando el número de éstas se va ampliando.
Enmienda al artículo primero. Dos.
Se propone la supresión del punto dos del artículo primero.
La modificación que propone el Gobierno ya está contemplada en la Ley Orgánica, 5/2002, de las Cualificaciones y de la formación profesional en su artículo 13.
Enmienda al artículo primero. Cuatro
Se propone la supresión del punto cuatro del artículo primero.
La modificación que propone el Gobierno ya está contemplada en la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la formación profesional en su artículo 10.
Al artículo primero.Siete.
Se modifica la rúbrica de la disposición adicional quinta, por el siguiente texto:
"Disposición adicional quinta. Red de centros de formación profesional."
El artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la formación profesional es el artículo que regula los centros de formación profesional.
Al artículo primero. Siete
Se modifica el apartado 1 a) de la disposición adicional quinta con la siguiente redacción.
"a) Los centros integrados públicos y privados concertados de formación profesional."
En coherencia con el apartado 1 b) que distingue entre los centros públicos y privados concertados del sistema educativo que ofertan formación profesional.
Al artículo primero. Nueve
Se añade un punto 3 bis a la disposición adicional séptima que se modifica con el siguiente texto:
"3 bis. Para la financiación de los acciones referidas en los apartados anteriores se dotará con cargo a los créditos destinados a la oferta de formación profesional para el empleo."
La evaluación y acreditación de la experiencia laboral, y los programas específicos de formación requieren una dotación adecuada.
Se modifica el artículo segundo, con el siguiente texto:
"Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Se modifica el apartado 1 del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, quedando redactado en los siguientes términos:
1. Corresponde a Las Administraciones educativas organizar la oferta de programas de cualificación profesional inicial destinados a alumnos que hayan finalizado el tercer curso de educación secundaria obligatoria, o que sean mayores de 15 años, cumplidos en el año de matricula, y hayan cursado el segundo curso de educación secundaria obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al tercer curso. Para acceder a estos Programas se requerirá la información y orientación previa a los alumnos y de sus padres o tutores."
Al artículo Tres
Se modifica el artículo tercero de con la siguiente redacción:
"Artículo tercero. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
5. Corresponde también a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo autorizar, mediante auto, la comunicación de los datos a que se refiere e! artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como la ejecución material de la resoluciones adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retire contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico."
En coherencia con la enmienda presentada a la Disposición Final Segunda del proyecto de ley de Economía Sostenible, que propone la modificación al artículo 8.2 de la Ley 3412002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
Al artículo cuarto (nuevo)
Se añade un artículo nuevo, del siguiente tenor.
"Artículo cuarto (nuevo). Modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La Ley Orgánica 1511999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda modificada en los términos que se establecen a continuación:
Uno. Se añade una nueva letra (m) al apartado 3 del artículo 44. Tipos de infracciones.
3. Son infracciones graves: (...).
m) El incumplimiento de la orden de apercibimiento a la que se refiere el apartado 8 del artículo 45.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 15.000 euros.
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 15.001 hasta 60.000 euros.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 60.001 hasta 600.000 euros.
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, e los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antrjuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Cuando con motivo del mismo tratamiento de datos puedan verse afectados los derechos de más de un interesado, la conducta infractora se sancionará de acuerdo con el tipo al que corresponda por el tratamiento en su conjunto y no se sancionará por cada uno de los interesados que pudieran haber estado afectados, teniéndose en cuenta este hecho a los solos efectos de su graduación.
7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten los Indices de precios.
8. En el caso de primer incumplimiento, el órgano sancionador, en sustitución de la imposición de la sanción correspondiente, podrá dirigir un apercibimiento al responsable de un tratamiento que no respete las obligaciones derivadas de la presente Ley, con la finalidad de requerirle para que, en un plazo de quince días, ponga fin al incumplimiento y que presente las medidas que haya dispuesto en orden a evitar la reiteración de la conducta infractora."
Con la presente enmienda se persiguen tres objetivos:
1.º Adaptar las sanciones de la LOPD a las de la LSSI, que también aplica la AEPD, así como al entorno europeo, para que las empresas españolas actúen en igualdad de condiciones que el resto de empresas europeas, en el mercado único interior.
2.º Promover el comercio electrónico desde el punto de vista de la oferta de las empresas españolas y europeas y, al mismo tiempo, mejorar la protección de los consumidores españoles y europeos, ya que éstos estarán más protegidos, si adquieren bienes y servicios de empresas que estén sujetas a la jurisdicción española y europea.
3.º Reforzar la función de promoción de la Agencia Española de Protección de Datos, frente a su función de sanción-recaudación, entendiendo que la LOPD aún no es suficientemente conocida y requiere de mucha divulgación.
Los importes y tramos de las sanciones establecidos en la LOPD muy elevados en comparación con el resto de los paises de la Unión Europea.
Por ejemplo, en España, en el caso de que se produjera una cesión ilícita de los datos de una persona de nivel básico, el importe de sanción puede alcanzar como mínimo 300.000 y máximo 600.000 euros, si bien podría verse reducida en el caso que se apreciase alguna atenuante, y su importe que podría situarse entre los 60.000 y un máximo de 300.000, mientras que:
- En Alemania una cesión ilícita esos datos con fines publicitarios el importe de la sanción únicamente podría alcanzar como mucho los 50.000.
- En Francia solo sería sancionado si incumpliese el apercibimiento que la Agencia le realizase para que corrigiese su conducta y en su caso la multa podría ser inferior a los 60.000 dado que el importe previsto para el caso del primer incumplimiento la multa podría ser desde 0 hasta 150.00 euros.
- En Holanda con una multa hasta 4.537 euros
- En Bélgica en cualquier caso la multa no superaría los 100.000 euros
- En Portugal un multa de hasta a 9.975 euros
- En Italia con una multa de entre 10.000 y 60.000
Esto ha llevado en la práctica a la aplicación de los mecanismos que contiene la propia LOPD para ajustar el Importe de la sanciones a límites muy criticados en numerosas ocasiones por la doctrina.
De esta forma el esquema que se ha propuesto es similar al de otros Estados de la Unión como Francia donde existe la posibilidad de imponer de forma previa a una sanción económica, una medida de apercibimiento definida en el apartado 8 del artículo 45.
Asimismo el importe máximo de la sanción propuesto se ajusta al importe máximo de sanción en Francia.
Se propone la modificación del apartado 4 con la finalidad de que cuando una misma conducta por parte del responsable pueda afectar a más de un interesado, este hecho sea tenido en cuenta a la hora de graduar la sanción dentro del tipo que corresponda.
Por último, se propone la introducción de una nueva letra m) en el apartado 3 (infracciones graves) del artículo 44 (tipos de infracciones), con la finalidad de recoger como infracción grave el incumplimiento de la orden del apercibimiento contemplada en la propuesta de modificación del artículo 45.
Se modifica el apartado 1 que quedarla redactado en los siguientes términos:
"El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, promoverá la colaboración entre la enseñanza de formación profesional superior y la enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos."
De conformidad con el informe del Consejo Escotar del Estado si bien son positivas la relación, la coordinación, las convalidaciones o pasarelas entre la Formación Profesional y la Universidad, si se produce la citada integración se puede perder el valioso contacto de la actual Formación Profesional con el tejido productivo y la consideración que estos estudios han alcanzado entre las empresas.
Se propone suprimir el apartado 2 de la disposición adicional primera.
De conformidad con el informe del Consejo Escolar del Estado si bien son positivas la relación, la coordinación, las convalidaciones o pasarelas entre la Formación Profesional y la Universidad, si se produce la citada integración se puede perder el valioso contacto de la actual Formación Profesional con el tejido productivo y la consideración que estos estudios han alcanzado entre las empresas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2010.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina Muñoz.
Se modifica el apartado 1 del artículo segundo, que queda redactado como sigue:
"Corresponde a las Administraciones Educativas organizar programas de cualificación profesional inicial destinados al alumnado mayor de 15 años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, para el que se considere que es la mejor opción para alcanzar los objetivos de la etapa. Para acceder a estos Programas se requerirá el acuerdo del alumnado y de sus padres o tutores."
Mejora técnica. La redacción actual se presta a confusión. Dado que lo que se pretende es que se puedan incorporar a estos Programas el alumnado de 15 años para los que se considere que es la mejor opción para finalizar con éxito la ESO y, por tanto, reducir las tasas de fracaso escolar y abandono escolar prematuro consideramos que la propuesta de enmienda que se presenta es más clara.
Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera.
Colaboración entre la formación profesional superior y la enseñanza universitaria, que queda redactado como sigue:
"1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, promoverá la colaboración entre la enseñanza de formación profesional superior y la enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos, creando entornos de formación superior, vinculados a las necesidades de la economía local, y ubicados en los campus universitarios. Las ofertas de cada tipo de enseñanza, integradas en estos entornos, tendrán la dependencia orgánica y funcional establecida actualmente en la normativa correspondiente."
Mejora técnica para evitar algunas interpretaciones erróneas que se han producido con la actual redacción
Se modifica el apartado 3.a) de la disposición adicional primera.
"a) Las convalidaciones entre quienes posean el Título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho título, teniendo en cuenta que, al menos, se convalidarán 30 créditos ECTS."
Mejora técnica. La redacción actual se puede interpretar en el sentido de que podrán o no convalidarse. La propuesta de enmienda deja claro que se convalidarán, al menos, 30 créditos ECTS.
Se introduce un nuevo artículo XXX con la siguiente redacción:
"Artículo XXX. Modificación de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
El artículo 22.Trece pasa a tener la siguiente redacción:
Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes."
La modificación introducida en la Ley Orgánica del Consejo de Estado por la Ley Orgánica 312004 estableció por primera vez un límite a la cuantía mínima de las reclamaciones en las que la propuesta de la Administración ha de ser sometida a dictamen del Consejo de Estado. Al mismo tiempo, el precepto abría la posibilidad de que esa cuantía mínima fuera elevada por las leyes.
La fórmula presenta, sin embargo, defectos evidentes. Si se hiciera uso de ella y fuera una ley ordinaria la que modificara esa cuantía, el cambio no se reflejaría, como resulta conveniente en la Ley Orgánica del Consejo de Estado; y si, por el contrario, fuera ésta la que recogiera el cambio, se haría superflua la remisión a las leyes que se contienen en su artículo 22. Trece.
A fin de hacer la fórmula más operativa se propone, por eso, dar al apartado Trece del artículo 12 una redacción análoga a la de otros apartados de ese mismo artículo, remitiendo simplemente a las leyes la determinación de los supuestos de reclamaciones frente a la Administración General del Estado en que se requiere el dictamen del Consejo de Estado.
Complemento Imprescindible de esta reforma es la modificación simultánea, que también se propone en la correspondiente enmienda, para el proyecto de Ley de Economía Sostenible mediante la que se lleva a la Ley 30/1992, a través de la introducción de un segundo inciso en su artículo 142.3, la exigencia del dictamen preceptivo del Consejo de Estado o, en su caso, de los órganos consultivos autonómicos en el procedimiento generar de exigencia de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y se fija la cuantía mínima para la obligatoriedad del dictamen.
Se añade un nuevo punto en el artículo Segundo. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la siguiente redacción:
"Se modifica el artículo 25, que queda redactado como sigue:
- Educación ético-cívica
- Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
2. Además los alumnos deberán cursar tres de las materias ofertadas en una de las siguientes opciones:
a) Opción conducente a estudios de bachillerato:
b) Opción orientada a estudios profesionales
- Diseño 1
- Química aplicada 2
- Tecnología 4
- Alimentación y nutrición 5
- Orientación para la actividad empresarial
- Seguridad y salud laboral. Responsabilidad social
3. El currículo correspondiente a las materias de esta última opción deberá estar orientado a la realización posterior de estudios de formación profesional de grado medio.
1 Podría estar relacionado con familias profesionales como Vidrio y Cerámica o Artes Gráficas.
2 Familia profesional con la que se podría relacionar: Química.
3 Familias profesionales: Administración y gestión, Informática y comunicaciones.
4 Familias profesionales: Edificación y obra civil, Electricidad y electrónica, Fabricación mecánica, Instalación y mantenimiento, Transporte y mantenimiento de vehículos.
5 Familias profesionales: Hostelería y turismo, Industrias alimentarias.
4. El alumnado deberá poder alcanzar el nivel de adquisición de las competencias básicas establecido para la Educación Secundaria Obligatoria, por cualquiera de las dos opciones.
5. Los alumnos podrán cursar además una materia optativa de acuerdo con el marca que establezcan las administraciones educativas. En el horario destinado a las materias optativas se organizarán las ciases de refuerzo dirigidas al alumnado que lo requiera en función del informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas realizado al finalizar el tercer curso de educación secundaria obligatoria.
6. En la materia de educación ético-cívica se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
7. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de este cuarto curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
8. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias y opciones citadas en tos apartados anteriores. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones de los alumnos cuando haya un número insuficiente dedos mismos para alguna de ellas a partir de criterios objetivos establecidos previamente por las Administraciones educativas."
Tal y como está recogido en el artículo 25 pto. 6 de la LOE, el 4.º curso de ESO "tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorias como para la incorporación a la vida laboral. A fin de facilitar la elección de las alumnos, se podrán establecer agrupaciones de estas materias en diferentes opciones"
Posteriormente, el real decreto por el que se regulan las enseñanzas mínimas de la ESO determina que estas agrupaciones de materias en diferentes opciones las podrán realizar los centros. Et problema fundamental radica en que la mayoría de los alumnos que podrían optar por cursar estudios de formación profesional no tienen ninguna opción que oriente hacia esos estudios, ya que la única materia de carácter general que figura en ese bloque es la Tecnología y, en algunos casos, la Informática.
Por todo ello, con el fin de ofrecer una propuesta que responda mejor a la diversidad de intereses del alumnado en el último curso de la ESO y, fundamentalmente, que facilite las opciones al alumnado que quiera continuar sus estudios en formación profesional de grado medio se presentan dos bloques de materias.
Un bloque dirigido a los estudiantes que quieran continuar estudios de bachillerato y otro para el alumnado que quiera continuar estudios de formación profesional. Las diferencias entre las materias de 4° que cursa cada alumno solo se producirían en este bloque por lo que todos alcanzarían el mismo título de Graduado en ESO independientemente de las materias elegidas.
Esta propuesta de modificación del artículo 25 de la LOE engarza con el resto del articulado referente a la formación profesional que figura en el proyecto de LES.
Se añade un nuevo punto en el artículo Segundo. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayor, de Educación, con la siguiente redacción:
"Se modifican los puntos 3 y 4 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
3. Los alumnos que cursen la educación secundaria obligatoria y no obtengan el titulo al que se refiere este artículo recibirán una certificación oficial en la que constarán el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias básicas.
En un contexto de formación y aprendizaje a lo largo de la vida es necesario que todas las personas dispongan de una acreditación completa de los estudios que han realizado.
En el artículo 31 de la LOE se establece que los alumnos que no obtengan el título de graduado en ESO recibirán un certificado de escolaridad en el que consten los años cursados. Se propone que este certificado incorpore además "el nivel de adquisición de las competencias básicas", lo que permitirá que las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, puedan convalidar partes de la prueba a las alumnos en función de la información recogida en dicho certificado.
- Enmienda núm. 16 del Grupo Parlamentario Popular.
Artículo primero (Ley Orgánica 5/2002)
- Enmienda núm. 17 del Grupo Parlamentario Popular, apartado Dos (art.
- Enmienda núm. 4 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Dos, segundo párrafo (art. 10.1).
- Enmienda núm. 5 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Tres (art. 10.3).
- Enmienda núm. 18 del Grupo Parlamentario Popular, apartado Cuatro (art.
- Enmienda núm. 6 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Seis, punto 4 [art. 12, apartados 3 y 4 (nuevos)].
- Enmienda núm. 19 del Grupo Parlamentario Popular, apartado Siete [disposición adicional quinta (nueva)].
- Enmienda núm. 7 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Siete, punto 1 [disposición adicional quinta (nueva)].
- Enmienda núm. 20 del Grupo Parlamentario Popular, apartado Siete, punto 1, letra a) [disposición adicional quinta (nueva)].
- Enmienda núm. 8 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Siete, punto 4 [disposición adicional quinta (nueva)].
- Enmienda núm. 9 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Siete, punto 4, letra d) (nueva) [disposición adicional quinta (nueva)].
- Enmienda núm. 10 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Ocho, punto 2 [disposición adicional sexta (nueva)].
- Enmienda núm. 11 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Ocho, punto 4 [disposición adicional sexta (nueva)].
- Enmienda núm. 12 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), apartado Ocho, punto 5 (nuevo) [disposición adicional sexta (nueva)].
- Enmienda núm. 21 del Grupo Parlamentario Popular, apartado Nueve, punto 3 bis (nuevo) [disposición adicional séptima (nueva)].
Artículo segundo (Ley Orgánica 2/2006)
- Enmienda núm. 31 del Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo (art. 25).
- Enmienda núm. 22 del Grupo Parlamentario Popular (art. 30.1).
- Enmienda núm. 27 del Grupo Parlamentario Socialista (art. 30.1).
- Enmienda núm. 32 del Grupo Parlamentario Socialista, apartado nuevo (art. 31, puntos 3 y 4).
- Enmienda núm. 3 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, punto nuevo [disposición adicional trigesimotercera (nueva)].
Artículo tercero (Ley Orgánica 6/1985)
- Enmienda núm. 23, del Grupo Parlamentario Popular (art. 90.5).
- Enmienda núm. 14, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) (L.O. 6/2001).
- Enmienda núm. 24, del Grupo Parlamentario Popular (L.O. 15/1999).
- Enmienda núm. 30, del Grupo Parlamentario Socialista (LO. 3/1980).
- Enmienda núm. 15, del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), punto 1.
- Enmienda núm. 25, del Grupo Parlamentario Popular, punto 1.
- Enmienda núm. 28, del Grupo Parlamentario Socialista, punto 1.
- Enmienda núm. 26, del Grupo Parlamentario Popular, punto 2.
- Enmienda núm. 29, del Grupo Parlamentario Socialista, punto 3, letra a).