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Timestamp: 2017-05-23 22:29:05
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Manual de Urbanismo - Ecowiki
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Aunque la crisis ha paralizado y/o ralentizado la ejecución urbanística, la política de grandes reclasificaciones de suelo se mantiene en los planos y planes de muchos ayuntamientos y la actividad urbanística persiste en los despachos. Todo ello a la espera de que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sea pasajero y puedan promover un relanzamiento en un futuro próximo. La campaña “ni un metro más de hormigón” y el “mapa de la especulación”
El “Manual de derechos urbanísticos” y la red de abogad@s de Ecologistas en Acción Aunque el Gobierno español aprobó en 2007 una nueva Ley de Suelo, ninguna comunidad autónoma ha adaptado la Ley a su normativa y vienen flexibilizando las normas más proteccionistas, eliminándolas o dejándolas sin efecto. Por otra parte, la propia existencia de 17 normativas urbanísticas autonómicas dificulta el estudio y el intercambio de experiencias para aumentar la eficacia de la lucha contra la especulación urbanística.
Legislación general sobre urbanismo La cuestión urbanística El término urbanismo procede del latín “urbs”, que significa ciudad. La Real Academia Española lo define por vez primera en 1956 como:
Esta idea de “ordenación del territorio” trata de designar la regulación de usos del suelo y actividades humanas en espacios más amplios que el municipio, en ámbitos comarcales o regionales, incluyendo las infraestructuras necesarias entre los espacios urbanos (transportes, suministros, servicios,…), los espacios naturales a proteger, las actividades económicas de escala supramunicipal,…
El urbanismo ha acabado siendo una materia más centrada en los diferentes aspectos del desarrollo de la ciudad (físicos, humanos, socio-económicos, técnicos…), aunque con un carácter multidisciplinar y donde intervienen conocimientos y profesionales variados: juristas, arquitectos, ingenieros, economistas, sociólogos,…
Dentro del urbanismo, hay ido imponiéndose como elemento central la técnica del planeamiento o planificación urbanística, frente a la idea de un desarrollo más espontáneo del crecimiento de comunidades humanas en ciudades y barrios. La planificación urbanística tiene por objeto la organización del territorio municipal y las previsiones de evolución futura de los usos del suelo, dividiendo el territorio en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, tratando de anticipar lo que en el futuro será la ciudad. En esos suelos se determinará el emplazamiento concreto de las áreas residenciales, los centros productivos y de servicios, los sistemas de espacios libres y zonas verdes, los centros y servicios de interés público y el trazado de las vías públicas y sistemas de comunicación. Asimismo se fijarán las condiciones concretas de las construcciones, la orientación de características arquitectónicas y estéticas,…
El ordenamiento jurídico urbanístico El ordenamiento jurídico urbanístico tiene un desarrollo jerárquico o en cascada. En la cúspide superior se encuentran los principios y derechos recogidos en la Constitución. En su desarrollo, con carácter general están la Ley del Suelo y la legislación autonómica, según materias y competencias. En una escala debajo están los Reglamentos ejecutivos de la normativa urbanística, también de ámbito estatal o autonómico, que complementan y desarrollan esas leyes. En un plano inferior (aunque podríamos decir paralelo en cuanto a su carácter vinculante) se sitúan las leyes y normativas generales que regulan determinados sectores y aspectos que inciden sobre el urbanismo (espacios naturales, sistemas de comunicaciones y transportes, energía, protección ambiental,…) así como los planes y programas concretos que los desarrollan en el ámbito estatal y en cada ámbito autonómico.
artículo 47 (uso del suelo según interés general), artículo 33 (derecho y función social de la propiedad privada), artículo 47 (derecho a la vivienda), artículo 45 (derecho al medio ambiente),…
Antecedentes legislativos Las primeras normativas de regulación del crecimiento de la ciudad se remontan al siglo XIX con el crecimiento de las ciudades, como ámbito poblacional y de desarrollo económico. La primera Ley será la de de 1864, posteriormente complementada con la Ley de Ensanche de Poblaciones de 1876, la Ley de Expropiación Forzosa de 1879 y la Ley sobre saneamiento y reforma interior de grandes poblaciones de 1895.
En 1975 se aprueba una nueva Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y refundiendo ésta con legislación anterior dispersa y en vigor el Texto Refundido de 1976. En ella se apuesta por un sistema de planeamiento más flexible y con capacidad de adaptación a los cambios urbanos, se crean los llamados Planes Directores Territoriales de Coordinación con una perspectiva territorial más amplia, se introducen los conceptos de cargas y deberes urbanísticos con obligaciones de cesión de suelo a favor de la Administración, se establece una nueva clasificación del suelo y se regula el concepto de suelo urbano, se establece un sistema disciplinario de infracciones y sanciones urbanísticas… Además incluye una serie de normas y criterios para los municipios sin Plan urbanístico.
La aprobación de la Constitución en 1978 no entra en una definición del urbanismo, pero contiene una serie de principios y derechos que le van a afectar de manera importante. Y, especialmente, crea una nueva estructura territorial (el Estado de la Autonomías) y una redistribución competencial que va a modificar sustancialmente las Administraciones responsables de regular, crear y ejecutar el urbanismo. A partir, se van produciendo una serie de cambios legislativos que culminan con la aprobación en 1990 de una nueva Ley del Suelo y un nuevo Texto refundido en 1992. Esta Ley sigue apostando por un elevado grado de intervencionismo público, contradictorio con los procesos de liberalización impulsados en la Unión Europea.
Esta Ley fue anulada en sus aspectos competenciales por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20-3-1997, que niega la potestad del Estado de legislar en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones Ley 8/2007 de Suelo (BOE 29-5-07, entrada en vigor 1-7-07)
El marco constitucional La aprobación de la Constitución en 1978 tuvo una importante influencia en todo el ordenamiento jurídico y también en el urbanismo.
La planificación urbanística: conceptos básicos e instrumentos Competencias en materia de urbanismo El urbanismo es por definición y con carácter general una competencia esencialmente municipal. Sin embargo, históricamente el Estado se había reservado importantes facultades de legislación general e incluso control de la ejecución urbanística realizada por los Ayuntamientos.
Tipo de Plan urbanístico Aprobación definitiva
Municipios de más de 50.000 hab. Capitales de provincia Ayuntamientos
Municipios de menos de 50.000 hab. Que afecten a varios municipios Comunidad Autónoma
(ajustados a planeamiento general y sin modificarlo) Ayuntamientos
Estudios de detalle y Proyectos de Urbanización Ayuntamientos
Criterios legales y estándares urbanísticos Los planes urbanísticos tienen el carácter de normas jurídicas reglamentarias subordinadas a las leyes generales anteriormente señaladas, de las que traen causa.
Clasificación y usos del suelo La calificación /clasificación del suelo va a ser uno de los conceptos fundamentales en la planificación urbanística municipal y territorial, porque determina el futuro de ese suelo y los usos y actividades posibles.
La Ley 8/2007 también prescinde del sistema tradicional. Para ella el suelo se encuentra en alguna de estas dos situaciones básicas: suelo rural y suelo urbanizado (art. 12), que no se identifican por el destino, sino por el estado real de los terrenos. Aunque no desaparece la clasificación tripartita del suelo, sino que se remite a la legislación urbanística autonómica y el planeamiento municipal. Suelo Urbano o Urbanizado Tradicionalmente, el suelo urbano incluía los suelos del municipio ya artificializados, con urbanización y construcción consolidada. Es decir, que contaran con acceso rodado, abastecimiento y saneamiento de aguas y otros suministros (energía eléctrica,…). A ellos, se iban añadiendo los que iban siendo urbanizados en la ejecución del planeamiento.
La Ley 8/2007 modifica el concepto, pero mantiene sustancialmente sus contenidos. Así el “suelo urbanizado” incluye aquel que está integrado efectivamente en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población y cuenta con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. Incluiría, por tanto, el suelo calificado y consolidado como urbano y el que efectivamente esté urbanizado. También aquellos núcleos de población tradicionales asentados en el medio rural que cumplan los anteriores requisitos, aunque en algunas comunidades estén en suelo delimitado como núcleo rural, por ejemplo en Galicia.
Suelo No Urbanizable o Rural Según la Ley 6/1998 tenían la condición de Suelo No Urbanizable aquellos terrenos que tuvieran algún régimen especial de protección incompatible con su transformación, derivado de planes de ordenación territorial o legislación sectorial (ambiental, paisajística, cultural, histórica, de protección de riesgos naturales,…) o de limitaciones derivadas de la protección del dominio público. A ellos el planeamiento general municipal podía añadir todos aquellos que considerara necesarios para preservar los mismos valores por su importancia agrícola forestal, ganadera o natural y los que considerara inadecuados para el desarrollo urbano.
Suelo Urbanizable Esta categoría tradicional de clasificación del suelo quedó definida por exclusión en la Ley 6/1998. Tendría dicha consideración todo suelo que no tenga la consideración de Suelo Urbano o Suelo No Urbanizable y, por tanto, podía ser objeto de transformación urbanística.
Instrumentos del planeamiento El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos normativos y técnicos que regulan la ordenación del suelo municipal y, en su caso, su transformación y/o conservación.
Incluyen, en diferentes escalas, varios tipos de instrumentos:
Instrumentos complementarios, como los Proyectos de urbanización, Estudios de detalle, Ordenanzas de edificación y uso del suelo Catálogos de espacios o elementos de interés,… Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) y Normas Subsidiarias (NNSS) El Plan General de Ordenación Urbana (en algunas autonomías, Plan General Municipal o Plan de Ordenación Municipal) es la figura urbanística por excelencia y el instrumento fundamental en la planificación urbanística municipal, que define la estructura general para la ordenación del municipio.
En el Suelo No Urbanizable se van a contemplar especialmente medidas de protección del medio natural y medidas de regulación de los usos y las actividades que pueden desarrollarse en ese medio.
Las Normas Subsidiarias son el equivalente del Plan General para municipios pequeños en cuanto a población. Pueden ser de dos tipos diferentes:
Programas de Actuación Urbanística (PAU) Los Programas de Actuación Urbanística son el instrumento de desarrollo del Plan General para las áreas clasificadas como Suelo Urbanizable No Programado. Deben respetar las prescripciones del Plan General en cuanto a ordenación y urbanización y su contenido es similar al del propio Plan respecto al Suelo Urbanizable Programado.
Planes Parciales (PP) Los Planes Parciales desarrollan las disposiciones del Plan General en el Suelo Urbano y en el Urbanizable Programado o las previsiones de los Planes de Actuación Urbanística, planificando con mayor detalle la ubicación de los usos del suelo y delimitando las unidades de ejecución. Ello da lugar a muy diversos tipos de PP: de expansión urbana, de renovación urbana, de mejora integral, de conservación,…
Estudios de detalle (ED) Los Estudios de Detalle son instrumentos para complementar el planeamiento en el Suelo urbano consolidado, previsto por el Plan General , Normas Subsidiarias o por Planes Parciales.
Sirven para establecer, completar o reajustar alineaciones y rasantes, ordenar volúmenes de construcción y completar redes de comunicaciones interiores para el acceso a edificios ordenados en el propio ED.
Planes Especiales (PE) Los Planes Especiales se usan para el desarrollo de las infraestructuras básicas, sistemas de comunicación y redes de suministro y también para la protección y mejora del medio natural (urbano o rural) o de determinados elementos de interés. Puede elaborarse por iniciativa municipal o de otras instituciones superiores, a partir de dos orígenes:
Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) Son un tipo específico de PE contemplado para el Suelo Urbano con la finalidad de ordenar actuaciones aisladas de descongestión del suelo urbano, creación de dotaciones o equipamientos, saneamiento de barrios, operaciones integradas de reforma interior, ordenación de circulación y tráfico, mejora medioambiental o de servicios públicos,…
Otros instrumentos complementarios de planeamiento Además de los indicados, los Ayuntamientos puede usar para finalidades muy concretas otro tipo de instrumentos complementarios de planificación, como: Ordenanzas de edificación y uso del suelo (muy frecuentes en municipios sin planeamiento general), los Catálogos de elementos a proteger,… En algunos casos, estos documentos van acompañando directamente a otros planes. Un instrumento especial son los llamados Convenios Urbanísticos, que pueden tener como objeto el propio planeamiento o la posterior gestión urbanística de éste. Pueden ser firmados por una Administración con otras Administraciones o con particulares y aunque su regulación jurídica es muy escasa tienen suficiente base legal y un extendido uso. Cuando tienen por objeto la aprobación o modificación del planeamiento, plantean mayores dificultades por la potestad pública para su elaboración y en ningún caso pueden limitar ésta. Menos aún vincular jurídicamente a otras Administraciones con competencias en la elaboración del planeamiento, como las autonómicas. En cualquier caso, deben regirse por los principios de transparencia y publicidad.
Estructura, contenido y procedimiento de aprobación de los Planes Los Planes urbanísticos son normas de carácter reglamentario y general, de obligado cumplimiento desde su publicación y de vigencia indefinida hasta su revisión o modificación.
El contenido es variable para cada Plan, pero todos ellos contienen una estructura similar y varios elementos comunes:
Principios de publicidad y transparencia en la gestión urbanística El trámite de información pública es obligatorio en todos los planes urbanísticos y la forma la determinan las legislaciones autonómicas (con un mínimo de 20 días, exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo Común). Además deben ser publicados en boletines oficiales, una vez aprobados definitivamente. Estos mismos trámites son obligatorios para los Convenios Urbanísticos, aunque no lo recojan algunas legislaciones autonómicas.
Planeamiento supramunicipal y ordenación territorial La autonomía municipal para el planeamiento urbanístico está condicionada en dos sentidos:
Legislación ambiental y afecciones al planeamiento: leyes sectoriales, evaluación de impacto ambiental, espacios naturales... El planeamiento municipal también se ve afectado por otras legislaciones sectoriales, que obligan y/o condicionan su contenido. Especialmente, las leyes de carácter medioambiental, entendido éste en un sentido amplio.
El planeamiento municipal está obligado al cumplimiento de todas estas legislaciones sectoriales y va a ver condicionadas sus opciones y decisiones en múltiples aspectos de su ordenación y de su ejecución. Desde las distancias a respetar en muchas ocasiones entre edificaciones y/o actividades, hasta la ubicación de determinadas actividades o infraestructuras. En este breve texto vamos a destacar dos aspectos y sus normativas, que son importantes en la relación entre la planificación urbanística y la protección del medio ambiente:
Aunque la Ley 9/2006 no define una lista de los Planes y programas sujetos a ella, sino unos criterios (arts. 3 y 4), las Comunidades Autónomas en su legislación de desarrollo han ido incluyendo la obligatoriedad para todos los Planes Generales (PGOU y NNSS). los Planes Especiales y, en general, los instrumentos de planeamiento que afectan al suelo no urbanizable y al medio natural.
Estos Planes deben contener una Memoria Ambiental y un Informe de Sostenibilidad Ambiental, que deben ser sometidos a exposición pública en la fase previa o preliminar de elaboración del planeamiento. El ISA es la pieza básica y debe analizar y evaluar los impactos más significativos, incluido un análisis de alternativas razonables y ambientalmente viables, incluida la “alternativa cero”, es decir no realizar el plan o programa. En todo caso, esta evaluación estratégica no evita que luego tengan que someterse a evaluación ambiental los proyectos concretos que se incluyan en el plan y que por ley están sometidos a la misma. Es de esperar que esta evaluación estratégica no se convierta en un trámite añadido y una rutina más, como los ha sido la evaluación de impacto ambiental, en lugar de un instrumento para integrar el vector ambiental y los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones urbanísticas.
Ejecución y gestión del planeamiento La ejecución del planeamiento urbanístico El planeamiento es el dibujo o plano de la ciudad que queremos construir o de algunas de sus áreas. Pero después es necesario ponerlo en marcha, desarrollarlo, aplicarlo al espacio físico definido. Es la tarea de ejecución del planeamiento.
En cuanto a la delimitación del área, la ley recoge que la ejecución se realizará por polígonos completos, con superficie suficiente para hacer posible el régimen de cesiones de suelo y una equitativa distribución de cargas y beneficios entre los propietarios. Los sistemas de actuación en la ejecución del planeamiento Si la planificación urbanística es un proceso esencialmente público, en su ejecución va a participar la Administración, pero también los particulares (propietarios). Para ello, hay tres sistemas básicos diferenciados o Sistemas de Actuación: Compensación, Cooperación y Expropiación. A ellos puedenañadirse otras figuras que se complementan con estos sistemas: el agente urbanizador, la ejecución forzosa y los convenios urbanísticos. Todos los Sistemas de Actuación tienen en común su objeto: garantizar la ejecución del planeamiento y el retorno de una parte de las plusvalías que genera a la comunidad. Para ello, se reparten entre los propietarios de forma proporcional las cesiones de suelo que deben hacer a la Administración y equitativamente los beneficios y cargas correspondientes a cada tipo de suelo y actuación.
En el Sistema de Compensación son los propietarios, a través de una Junta de Compensación (si hay más de uno) los que gestionan y ejecutan el planeamiento previsto. Aportan los terrenos de cesión obligatoria y luego realizan a su costa la urbanización del polígono. Es el sistema más frecuentemente usado
Finalmente, en el Sistema de Expropiación es la Administración la única responsable de la gestión y ejecución. Los terrenos se hacen públicos por expropiación forzosa y pago del justiprecio, la Administración los urbaniza según el plan y los devuelve al mercado percibiendo las plusvalías. Este sistema se usa para la ejecución de los sistemas generales o de alguno de sus elementos. También puede utilizarse para actuaciones aisladas en suelo urbano, construcción de viviendas con algún régimen de protección pública u otros usos declarados expresamente de interés social.
Junto a estos sistemas tradicionales conviven o han ido apareciendo otras figuras para la ejecución del planeamiento. El Sistema de Ejecución Forzosa entra en juego cuando las diferencias en las Juntas de Compensación bloquean la ejecución. Entonces se nombra una Comisión gestora en la que la Administración nombra la mitad de los miembros y que trata de impulsar la ejecución. Este sistema fue introducido por la Ley Navarra de 1989 y ha sido también regulado en las legislaciones aragonesa, canaria y madrileña.
Intervención en la edificación: licencias, órdenes de ejecución, declaración de ruina,… La intervención última de la administración en el uso del suelo y la edificación se lleva a cabo a través del sistema de “licencias” (e incluso a posteriori, mediante “órdenes de ejecución”), que son autorizaciones de carácter reglado para el control previo de las actuaciones proyectadas por los particulares o las propias administraciones. Están sujetos a licencia previa prácticamente todos los actos de edificación y de uso del suelo y el subsuelo: construcción y modificaciones de edificios e instalaciones, usos e instalaciones de carácter provisional, parcelaciones urbanísticas, movimientos de tierras, demoliciones, talas de árboles,…
La disciplina urbanística y el régimen sancionador La indisciplina ha sido un mal crónico de nuestro urbanismo a lo largo de la historia. La implantación progresiva de un sistema democrático no ha corregido esta deriva, pese a la mejora del régimen disciplinario, la creación de mayores instrumentos de control y la mayor transparencia en los procedimientos urbanísticos. Incluso algunos instrumentos de control social, como los propios procesos electorales, parecen jugar en los últimos tiempos a favor del urbanismo más bárbaro y depredador.
Para la defensa y cumplimiento de la legalidad urbanística, los Ayuntamientos disponen de variados recursos, en función de las diversas situaciones. En primer lugar, la ejecución de obras o la realización de otros actos sin licencia (u orden de ejecución) o sin ajustarse a las prescripciones de la licencia. En general, van a dar lugar al requerimiento de ajustarse a la legalidad urbanística, solicitando la pertinente licencia o ajustándose a su contenido, cuando sea posible. O a la demolición de lo construido, en el estado en que esté, o suspensión de los actos, cuando no sea posible su legalización urbanística. Otra situación viene dada por la posible concesión de licencias ilegales o no ajustadas al ordenamiento. Ello va a dar lugar a la suspensión cautelar inmediata de las obras (si no están finalizadas) y a un procedimiento especial de revisión de las licencias por parte de los tribunales, que finalmente decidirán sobre su legalidad.
Para todo ello, el Ayuntamiento deberá disponer de medios suficientes para ejercer sus labores de inspección y disciplina urbanística, en la que tiene una especial responsabilidad el Alcalde. También las Comunidades Autónomas deben realizar esta labor, en el ejercicio de sus propias competencias urbanísticas o con carácter subsidiario, cuando el Ayuntamiento no lo hace o carece de los medios suficientes.
Las sanciones son variables, aunque normalmente van a consistir en multas graduadas en función de la posibilidad de legalización, la entidad económica y el beneficio obtenido, la gravedad de la materia y las circunstancias del infractor. También incluyen el restablecimiento de la legalidad infringida y la posibilidad de indemnización a terceros perjudicados. Todo este régimen disciplinario hace referencia, en general, a conductas de los particulares frente a la legalidad urbanística. A ello habría que añadir la posibilidad de que la propia Administración sea cómplice de estas irregularidades en el ejercicio de sus potestades de inspección y/o sanción. Y también las diferentes formas o posibilidades de que el propio planeamiento urbanístico (es decir, la normativa urbanística) infrinja la legalidad y atente contra normas legales de rango superior. Muchas de esas conductas van a ser consideradas delictivas, como analizaremos en un capítulo posterior.
Información y participación ciudadana en el urbanismo La transparencia informativa, el libre acceso del público a la información y la participación pública son requisitos esenciales para elaborar y ejecutar un urbanismo democrático y construir una ciudad a la medida de sus habitantes.
“Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”, “Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate”, “Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora”
La acción pública es, en este caso, un instrumento fundamental. Permite a cualquier persona exigir a la Administración el cumplimiento de la legalidad urbanística e intervenir (ser parte) en los expedientes administrativos sin necesidad de acreditar que se tiene un interés particular o un derecho subjetivo en relación al contenido del expediente o del acto administrativo que se recurre. Con ello se suprime el requisito de “legitimación” que la legislación del procedimiento administrativo común exige para ser parte en un procedimiento o instar la anulación de una norma o acto administrativo, que limita estos derechos a las personas con un “interés legítimo” directo. Esta acción pública fue introducida en el ordenamiento urbanístico por la Ley del Suelo de 1956 y se ha ido ampliando y mejorando en normas posteriores, hasta la actualidad. También lo han ido introduciendo otras normativas sectoriales: la Ley de Patrimonio Histórico en 1985, la Ley de Costas de 1988 y prácticamente todas las legislaciones autonómicas sobre ordenación territorial, espacios naturales protegidos y también medio ambiente.
Acceso a la información: general medioambiental y específica en urbanismo Conocer toda la información posible sobre un tema urbanístico (o en general medioambiental) es la base para participar en la toma de decisiones (la elaboración del planeamiento) o en el control posterior de la ejecución urbanística. Para ello hay que garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información de que dispone la Administración, a solicitar y obtener dicha información.
Este derecho de acceso a la información tiene ya un largo recorrido en nuestro Derecho, en lo que se refiere a la información ambiental. Se remonta a la Ley 38/95 de diciembre de 1995 (trasposición tardía de la Directiva 90/313/CEE), donde se recogía el “derecho de todas las personas a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar un interés determinado y con garantía de confidencialidad sobre su identidad”.
En cuestiones urbanísticas, como ya hemos visto, la Ley del Suelo de 2007 recoge también con carácter amplio este derecho en su art. 4. Aunque, desde un principio, esa legislación ambiental contenía un concepto amplío de medio ambiente, que incluía las cuestiones relativas al urbanismo y la ordenación territorial. La información la puede solicitar cualquier persona física o jurídica (asociaciones) sin tener que explicar el motivo o interés por la que se pide. Debe hacerse por escrito y llevando copia para que sea sellada y poder acreditar posteriormente la petición y su fecha.
La petición puede presentarse en el registro de la Administración a quien se dirige o en cualquier otro registro de la Administración central o autonómicas o también en Correos por correo administrativo certificado, presentándola en sobre abierto y con copia para sellado. Es recomendable hacerlo directamente en la Administración interesada o competente para evitar dilaciones. La Administración está obligada a facilitar esa información en el plazo de 1 mes, que puede ampliarse de forma motivada a 2 meses. Existen variados motivos por los que se puede denegar la información, entre los que destacamos: informaciones sometidas a secreto industrial, comercial o de propiedad intelectual; relativas a procedimientos judiciales o administrativos sancionadores; datos cuya publicidad pueda perjudicar al medio ambiente; peticiones abusivas o demasiado generales; documentos o datos inconclusos o en elaboración;…
En todo caso, la denegación de la información debe estar siempre motivada, especificando cual es la causa. Además si la causa de denegación se refiere a una parte de la información solicitada, la Administración debe facilitar el resto de la(s) información(es). En cualquier caso, la denegación puede recurrirse en vía administrativa y posteriormente ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo.
La denegación de información nunca debe hacerse por silencio administrativo, aunque el silencio es en sí mismo un incumplimiento de las obligaciones de la Administración y una denegación a efectos prácticos. En este caso, la ley lo entiende como un silencio administrativo positivo y lo que deberá exigirse es, mediante un nuevo escrito, la ejecución de esa resolución, facilitando la información solicitada. Este derecho de acceso a la información es un instrumento muy útil para acceder a los planes y proyectos urbanísticos en fase de elaboración, más allá de los limitados períodos de exposición pública. Aunque algunas administraciones alegan en ocasiones que se trata de “documentos inconclusos” o borradores en fase de elaboración, están obligadas a facilitar todos los documentos ya cerrados (informes, catálogos, documentos en aprobación inicial o provisional,…), incluso en expedientes en tramitación.
Participación ciudadana en la planificación urbanística La participación ciudadana es fundamental desde el inicio de la concepción del planeamiento urbanístico, desde la propia decisión primera de modificar o revisar este planeamiento.
Con carácter previo al inicio de la elaboración del planeamiento, la Administración “podrá” abrir un período de consultas, sugerencias u observaciones sobre la propia necesidad, conveniencia y características del instrumento de planeamiento. Este procedimiento de consulta previa es obligatorio en los instrumentos generales: PGOU, NN.SS., NN.CC. y PERI. En los PGOU deberá hacerse en el momento en que los trabajos técnicos permitan formular los “criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento” y el plazo mínimo de exposición pública será de 30 días.
El procedimiento de Exposición pública es el instrumento más extendido para garantizar y facilitar la participación pública en los procedimientos administrativos. Debe realizarse durante un plazo mínimo de 20 días, que en algunos casos puede ampliarse hasta los 2 meses o incluso prorrogarse por más tiempo, en función de la complejidad del expediente y de la cuestión a decidir.
En los procedimientos de planeamiento general, puede haber varios momentos de exposición pública: consultas previas, documentación para aprobación provisional, documentación para aprobación definitiva,... incluso cuando se realizan cambios sustanciales como consecuencia de la aceptación de alguna(s) alegación(es). Estos períodos de exposición se notifican a todas las personas interesadas o que son parte personada en el expediente y además se publican en los boletines oficiales.
Esta exposición pública puede mejorarse con otras actividades complementarias para facilitar el conocimiento y la comprensión del contenido de las propuestas y decisiones a tomar: conferencias divulgativas con los equipos técnicos, mesas redondas, jornadas de debate,… También pude hacerse con la publicación en la página web de la Administración y otros elementos de participación interactiva. Durante la fase o período de exposición pública, la ciudadanía puede presentar Alegaciones, con peticiones, recomendaciones, propuestas, sugerencias, quejas,… cuestión que analizaremos a continuación.
Más frecuentes y antiguos son los Consejos Asesores de Medio Ambiente (u otras denominaciones), que han creado muchos municipios y donde también pueden plantearse informaciones, propuestas y debates sobre temas urbanísticos. También en muchos municipios se han puesto en marcha procesos de la Agenda Local XXI, tal como recomendaban los Acuerdos de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, donde se establecen mecanismos diversos de participación ciudadana (Consejos, Foros,…) para debatir los temas ambientales y sobre sostenibilidad municipal, donde pueden plantearse cuestiones de interés de índole urbanística. Sin embargo, en la práctica de la mayoría de los Ayuntamientos las cuestiones más trascendentales, no sólo las urbanísticas, sino también de infraestructuras supramunicipales, grandes proyectos,… han permanecido fuera del trabajo de estos foros. Por otra parte, suelen tener un carácter más esporádico e inestable y una reglamentación de funcionamiento muy difusa.
También la legislación de espacios naturales, contempla instrumentos de participación pública de los sectores económicos y sociales implicados o interesados en la gestión de las cuestiones relacionadas con esos espacios protegidos: Patronatos, Consejos,… En este caso, la reglamentación es más formal e incluso hay una obligación de pasar por ellos determinadas decisiones (planes, programas, proyectos,…) administrativas, aunque solo sea a título informativo o de consulta. La participación en la mayoría de estos Consejos, Foros, Patronatos,… está limitada a representantes de la Administración y de organizaciones sociales (ciudadanas o vecinales, sindicales y empresariales, ecologistas o ambientales, culturales,…), aunque en el caso de municipios pequeños o medianos pueden estar abiertos al conjunto de la ciudadanía.
Alegaciones La mayor parte de las decisiones de las Administraciones públicas se adoptan como culminación de un expediente administrativo en el que las personas afecradas tienen derecho y oportunidad de intervenir, presentando Alegaciones. En los expedientes urbanísticos explícitamente se recogen como obligatorios períodos de Exposición pública en todos los procedimientos de planificación y ejecución del urbanismo municipal, como hemos visto anteriormente. En ellos, la ciudadanía puede presentar alegaciones y también recomendaciones, sugerencias, propuestas,… Como hemos señalado, en virtud de la acción pública urbanística además no hace falta acreditar ningún tipo de interés o relación concreta con el expediente sometido a exposición.
En algunas ocasiones, en paralelo al expediente urbanístico, el plan o la actividad, instalación, obra,… puede exigir otras autorizaciones o licencias previas de la Administración municipal u otras Administraciones: evaluación de impacto ambiental, licencia de actividades clasificadas, informe o autorización de la autoridad de aguas,… que también tienen fase de exposición pública en sus procedimientos. En estos casos, la exposición pública puede hacerse simultánea o separadamente de la tramitación urbanística, por lo que conviene estar atentos a cómo se tramitan estos expedientes complementarios. Muchas veces las personas y colectivos suelen verse apurados para estudiar, elaborar y presentar Alegaciones en los períodos de exposición pública, por la complejidad de los expedientes, la escasez de tiempo de exposición y el propio carácter voluntario y no profesional de personas y asociaciones.
No hay que agobiarse por ello. También pueden presentarse Alegaciones fuera de esos plazos y tienen parecidos efectos. Las Alegaciones van a ser, en general, de dos tipos: de legalidad y de oportunidad o discrecionalidad. Las de legalidad hacen referencia a posibles incumplimientos legales: de la legislación o planificación urbanística superior, de la ordenación territorial imperativa, de la legislación sectorial medioambiental o de otro tipo,… y habrán de ser tenidas en cuenta por la Administración aunque nadie lo alegue o lo haga tarde porque está obligada a conocer y cumplir la legalidad. Las de oportunidad hacen referencia a la toma de decisiones donde la Administración tienen un abanico de opciones o un cierto margen de discrecionalidad: modelo de desarrollo de un municipio o un área urbanística, tipología constructiva, sostenibilidad del plan, coste económico o social, impacto paisajístico... Se trata de cuestiones opinables y sobre ellas las Alegaciones lo único que hacen es manifestar una opinión individual o social sobre la conveniencia del plan o proyecto, la forma de realizarlo, las distintas alternativas posibles y la opción elegida,… Respecto a ellas, la Administración va a tenerlas en cuenta o no, en función de los apoyos sociales que reciban, la argumentación concreta que desarrollen, la propia valoración política y/o ideológica,… y puede hacerlo las reciba durante la exposición pública o en cualquier momento anterior a la resolución final del expediente. En cualquier caso, las alegaciones presentadas en el plazo de exposición pública deben ser respondidas expresa y motivadamente por la resolución posterior que de continuidad al expediente o finalice éste. Por ello, es recomendable presentar dentro del plazo las Alegaciones, aunque sea en forma genérica, sintética o resumida, expresando las razones y peticiones, aún cuando no se desarrolle su argumentación en ese momento. Y completando o ampliando, aunque estemos fuera de plazo.
ausencia de otros informes preceptivos: costas, carreteras, patrimonio histórico o cultural,… falta de justificación motivada de opciones distintas a las recomendadas en informes de otras administraciones…
Participación en el control de la gestión urbanística Después de la planificación urbanística viene su puesta en práctica, a través de los procedimientos de ejecución o gestión urbanística y de la propia ejecución material de las decisiones adoptadas (la urbanización o edificación).
Para ello, hay que tener en cuenta que sigue vigente la acción pública y el derecho de acceso a la información, urbanística y general ambiental, que va a ser el instrumento previo para ese control.
En el caso de conocerse o contemplarse irregularidades o desviaciones, el instrumento legal para su corrección es el sistema de disciplina urbanística y el régimen sancionador que comentábamos anteriormente. Este puede ponerse en marcha “de oficio” por iniciativa de la propia administración o “a instancia de parte”, mediante la denuncia de particulares que analizamos a continuación. Cuando las infracciones son más graves pueden constituir delitos, tal como veremos más adelante.
Denuncias administrativas Cuando un ciudadano tiene conocimiento de alguna infracción de la normativa o planificación urbanística o de las condiciones concretas de las autorizaciones o licencias, puede dirigirse a la Administración mediante un escrito de denuncia. Hay que recordar aquí, una vez más, que para exigir el cumplimiento de la legalidad no es necesario ser “parte interesada” o ser afectado directo por los hechos denunciados.
La denuncia administrativa se interpone o presenta ante el órgano de la Administración que ha aprobado el planeamiento u otorgado la autorización o bien ante el órgano competente para aplicar las sanciones, que va a depender del tipo de infracción y, a veces, de la cuantía de la sanción. Cuando no se conoce con exactitud cuál es esa Administración competente, puede dirigirse el mismo escrito a varias administraciones y/o añadir a las peticiones finales alguna petición del tipo de “dar curso de la presente denuncia ante la autoridad competente, para su investigación y sanción”.
La denuncia no tiene especiales requisitos de forma ni es necesario conocer o indicar exactamente la normativa jurídica infringida. Si es importante identificar con precisión el denunciante y, si es posible, el denunciado, que puede ser una persona física y/o jurídica. En la mayoría de las infracciones urbanísticas no suele plantear problema esta identificación, pero sí cuando se trata de acciones puntuales: p.e. ante un relleno ilegal sin autorización u otras infracciones de ordenanzas es posible que no se conozca la empresa realizadora, aunque siempre va a responder simultáneamente el propietario de la parcela o terreno.
Finalmente, como hemos señalado antes, las infracciones más graves además pueden ser delitos, con lo que la competencia sería de los Juzgados penales. Aunque también en este caso, si la autoridad administrativa que recibe la denuncia considera que los hechos tienen las características y gravedad suficiente puede y debe cursar la denuncia ante los Juzgados. Pero, ante asuntos muy graves es mejor presentarla nosotros mismos, por si acaso. Nota: en los Anexos de esta Guía te ofrecemos un formulario para la presentación de denuncias, que puede servir de referencia y ayuda.
Recursos administrativos Contra los actos de la Administración es posible interponer Recursos, bien ante la propia Administración (en vía administrativa) o bien ante los Tribunales (en vía contencioso-administrativa) según el tipo y contenido de estos actos.
Ambos tienen como plazo un mes desde que se dictó el acto expreso o, en su caso, se realizó la última notificación o se publicó en un boletín oficial, si fuera necesario. En caso de acto presunto, por silencio administrativo, el plazo será de 3 meses contados desde el día siguiente al que se producen los efectos del silencio administrativo según la normativa específica del acto.
El Recurso de reposición es potestativo, por lo que puede interponerse o ir directamente al recurso contencioso-administrativo. Si se interpone, habrá que esperar a su resolución expresa o por silencio administrativo antes de acudir a los Tribunales.
Normalmente, los propios actos y resoluciones administrativas deben señalar los recursos posibles contra ellas, el plazo y la autoridad ante quien interponerlas.
Pero no es posible el recurso de reposición contra disposiciones generales y específicamente contra la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico: PGOU, NN.SS., Planes Especiales, Estudios de Detalle,… Contra ellos habrá que recurrir directamente ante los Tribunales en vía contencioso-administrativa.
Otras posibilidades de control: Unión Europea, Defensor del Pueblo,… La planificación y ejecución urbanística tiene en muchos de sus aspectos una estrecha relación con normativas medioambientales y una buena parte de nuestro Derecho Ambiental tiene su origen en obligaciones y compromisos derivados de nuestra presencia en la Unión Europea. Muchas veces las infracciones y agresiones urbanísticas suponen el incumplimiento de esas obligaciones.
Finalmente, una situación muy frecuente en las relaciones del ciudadano con la Administración es la de encontrarse con la inactividad de la Administración o un mal funcionamiento de determinados órganos de la misma o una falta de respuesta a las solicitudes de información o actuación o denuncias que se presentan. En estos casos, puede resultar interesante acudir al Defensor del Pueblo, cuando la Administración implicada es estatal (poco frecuente en cuestiones urbanísticas, aunque es posible) o instituciones similares de ámbito autonómico o local (Defensor, Sindic, Ararteko,…).
Se puede hacer mediante un escrito, sin especiales requisitos de forma, donde además de exponer los Hechos que estimemos oportunos, especifiquemos la actividad o inactividad de la Administración denunciada: ausencia de respuesta a determinadas peticiones, desestimar la apertura de expedientes sancionadores ante denuncias justificadas, inaplicación de determinadas obligaciones, etc., etc. Conviene aportar desde un primer momento, toda la documentación de que se disponga para ilustrar nuestra queja o petición e incluso en muchos casos entrar en contacto directamente con responsables de la institución, que suelen actuar de forma muy abierta al ciudadano.
El control de los Tribunales y el acceso a la justicia: procedimientos contencioso-administrativos y penales El acceso a los Tribunales y la acción pública El acceso a la justicia en temas urbanísticos está regulado en la Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora a nuestro derecho las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE y el Convenio de Aarhus de 29 de marzo de 2005.
En la legislación procesal penal, es decir en relación a los hechos que puedan ser considerados delitos, existe una figura similar, denominada “acción popular”, que permite a cualquier persona ser parte acusadora en un proceso penal por delitos públicos aunque no haya sido víctima o afectada por un delito. En este caso, el Juez puede exigir una fianza para intervenir en el proceso. Además, la última jurisprudencia limita la capacidad de ejercer la acusación a la “acción popular” cuando el Fiscal o las acusaciones particulares consideran que no hay delito. Procedimientos contencioso-administrativos en materia urbanística La jurisdicción competente para conocer los asuntos derivados de los conflictos urbanísticos va a ser preferentemente la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es la que controla los actos de la Administración y ante la que se recurren aquellos que se consideran ilegales o irregulares.
En general, va a ser la vía a usar en relación a planes o proyectos urbanísticos en fase de elaboración o tramitación administrativa. Pero también en la gestión y ejecución urbanística, cuando se produzcan irregularidades o alteraciones injustificadas de la planificación aprobada o incluso infracciones administrativas que la autoridad competente sancione o deba sancionar y no lo haga.
Pero también en la actividad urbanística (planificación, gestión y ejecución) pueden cometerse hechos delictivos y estos serán denunciables ante la Jurisdicción Penal, como más adelante comentaremos.
Los procedimientos contencioso-administrativos se pueden entablar cuando las resoluciones administrativas son firmes en vía administrativa y finalizan un procedimiento. Es decir, no se pueden interponer contra resoluciones de mero trámite (habrá que esperar a que finalice el procedimiento para alegarlas) o resoluciones que permitan un recurso ante la autoridad administrativa superior.
Uno de los mayores problemas o limitaciones de la Jurisdicción contencioso-administrativa está en el “carácter ejecutivo” de las resoluciones administrativas, que tienen efectividad práctica y validez aunque sean recurridas ante los Tribunales. Es decir, gozan de una presunción de legalidad y pueden ejecutarse mientras no haya una sentencia definitiva. En temas medioambientales o urbanísticos y teniendo en cuenta la tardanza de los tribunales y las posibilidades de múltiples recursos, esto supone una limitación fundamental. Es frecuente que determinados proyectos u obras estén definitivamente construidos o ejecutados cuando se dicta sentencia y si esta declara la nulidad no pueda retornarse a la situación anterior y el daño o impacto ambiental esté causado, siendo muy difícil o imposible su recuperación. Existe la posibilidad de que el Tribunal, a petición de la parte recurrente, dictamine al inicio del proceso la suspensión cautelar de la decisión administrativa hasta resolver el pleito, pero esto es muy excepcional o queda condicionado a la prestación de imposibles y multimillonarias fianzas según el valor del proyecto.
Otro problema importante es que los recursos contencioso-administrativos exigen designación de abogado y procurador, con el consiguiente coste económico. Además, aunque la sentencia sea favorable es muy improbable la condena en costas de la Administración, por lo que no podremos obtener el reembolso de dichos gastos. Finalmente, está el riesgo de ser condenados en costas, en caso de ser rechazadas nuestras pretensiones, si el Tribunal observa temeridad o mala fe en el recurso. Delitos urbanísticos La transparencia y la participación ciudadana deben ser un requisito e instrumento para evitar decisiones urbanísticas que supongan desviación o infracción de las obligaciones y normas legales de rango superior, que generen enriquecimientos ilícitos o que pongan en peligro la conservación de bienes y/o espacios de interés ambiental, cultural o ciudadano. Pero en la práctica la limitada capacidad ciudadana de vigilancia y control o el uso de instrumentos opacos en el desarrollo urbanístico (p.e. los convenios urbanísticos) dan lugar a decisiones y situaciones de grave incumplimiento de la legalidad urbanística por parte de las administraciones responsables o miembros de las mismas. También se dan actuaciones privadas que infringen las condiciones urbanísticas para edificar o construir, especialmente en suelos no urbanizables y/o de gran valor ecológico y paisajístico.
Cuando estos incumplimientos de la administración o infracciones privadas son más graves podemos encontrarnos ante delitos penales. El Derecho Penal se ha ocupado tradicionalmente de la protección de valores y bienes individuales (la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad privada, el domicilio,…) ante las agresiones más graves. Pero más recientemente también se ha ido extendiendo esa protección a otros bienes y derechos de carácter colectivo. En este contexto, han ido surgiendo y creciendo un Derecho Penal ambiental, orientado a la protección del medio ambiente, la calidad de vida, la ordenación territorial o la biodiversidad, que incluye también el desarrollo urbanístico equilibrado, armónico y sostenible.
Esta protección penal no sustituye las obligaciones de otras administraciones sectoriales responsables de la protección de esos bienes colectivos: medio ambiente, costas, cuencas hidrográficas, urbanismo… Pero viene a reforzar su capacidad de control y sanción con el carácter punitivo más grave y ejemplarizante del Derecho Penal. Y en ocasiones, también a sustituir la inactividad o pasividad de esas autoridades.
La expresión “promotor o constructor” incluye también la posibilidad de comisión del delito por “no profesionales”, incluido el “autoconstructor” de su propia vivienda o edificación.
Un aspecto importante de este tipo delictivo es la posibilidad de que “los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada”. Se trata de una medida que parece insuficiente (de hecho ha sido poco aplicada) que queda en manos del juez o tribunal, quienes “podrán ordenar” (o no) y siempre “motivadamente”.
El artículo 320 recoge la otra cara de la moneda de algunos “delitos urbanísticos”, lo que se conoce como “prevaricación urbanística”. Indica que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o con motivo de sus inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio” será castigado con pena de inhabilitación especial, prisión de un año y medio a 4 y multa.
Las mismas penas se impondrán a “la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia”.
La autoría de este tipo de delitos es siempre de un funcionario público (técnico), normalmente en su labor de realizar informes, o una autoridad (política), en la toma de decisiones individual o colectiva. Estas penas suponen una mayor gravedad sobre el delito tradicional de “prevaricación” (artículo 404), aunque la inclusión de la expresión “a sabiendas de su injusticia” mantiene una exigencia de demostración del elemento subjetivo (conocimiento y voluntariedad de realizar la conducta ilegal) que ha hecho que la jurisprudencia sobre este tipo de delitos sea muy exigente y restrictiva y la aplicación práctica muy limitada y escasa.
Por ello, es importante que ante posibles concesiones de licencias ilegales se advierta por escrito (en denuncias previas o alegaciones) sobre dicha ilegalidad y la posibilidad de incurrir en un delito, a fin de que luego no puedan alegar desconocimiento, indicando todos los datos de que dispongamos. La reforma del Código Penal de 2010 ha ampliado y concretado el tipo de hechos recogidos en la legislación anterior, que solamente se refería a “proyectos de edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes”. También ha agravado en este caso las penas preexistentes, ampliando la condena de prisión, que antes oscilaba entre seis meses y dos años, y haciéndola obligatoria, cuando anteriormente era alternativa a la de multa. Los arts. 321 y 322 se refieren a “delitos sobre el patrimonio histórico” tienen similar estructura y se refieren a derribar o alterar gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Se puede castigar tanto a quienes realicen tal acción, como a autoridades o funcionarios que, “a sabiendas de su injusticia”, informen favorablemente, resuelvan o voten proyectos de derribo o alteración.
Participación en los procedimientos penales Para la investigación y castigo de todos los delitos anteriormente indicados la competencia está en los Tribunales penales. En los procedimientos judiciales ante estos Tribunales, como hemos indicado antes, puede participar cualquier ciudadano bien presentando denuncias o bien siendo parte activa en el procedimiento penal mediante la “acción popular”.
La primera interrogante que se presenta ante una infracción urbanística es diferenciar entre infracciones administrativas o infracciones penales o delitos. Como hemos señalado, podemos limitarnos a denunciar los hechos ante la Administración y ésta valorará si abrir un expediente o remitirla a los Tribunales si aprecia características de un delito. Pero si tenemos claro que puede ser un delito o creemos que es una infracción de mucha gravedad o hemos observado una cierta inactividad o incluso complicidad de la propia administración, lo mejor es dirigirse directamente a los Tribunales.
Anexos Referencias legislativas LEGISLACIÓN ESTATAL Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. R.D. Legislativo 2/2008 de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba el Reglamento sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. ANDALUCIA Ley 1 /1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio
Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística Ley 13/2005 de 11 de noviembre de medidas para la vivienda protegida y el suelo
ARAGÓN Ley 11/92 de 24 de noviembre de Ordenación del Territorio
Ley 5/1999, de 25 de marzo de Ordenación Urbanística Decreto 52/2002, de 19 de febrero, que aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios. Ley 3/2009 de Urbanismo ASTURIAS Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda. Decreto 58/1994, de 14 de julio, que aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la ley 2/1991 de reserva de suelo y actuaciones urbanísticas prioritarias.
CANARIAS Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de Territorio de Canarias y de Espacios Naturales.
Ley 19/2003 de 14 de abril de las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento Decreto 55/2006, de 9 mayo, que aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento CANTABRIA Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
Ley 2/2004 de 27 de septiembre del Plan de Ordenación del Litoral. Decreto 57/2006, de 25 de mayo, que aprueba Normas Urbanísticas Regionales. CASTILLA-LA MANCHA Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (modificado por Ley 7/2005 de 7 de julio y Ley 12/2005 de 27 de diciembre) Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación de Territorio y de la Actividad Urbanística. CASTILLA-LEON Ley 10/1998 de 5 de diciembre de Ordenación del Territorio (modificada por la Ley 14/2006 de 4 de diciembre)
Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento Urbanismo Ley 3/2008 de 17 de junio de aprobación de las directrices esenciales de ordenación del territorio CATALUÑA Ley 23/1983 de 21 de noviembre de Política Territorial
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. EXTREMADURA Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial Decreto 7/2007 de 23 de enero que aprueba el Reglamento de Planeamiento GALICIA Ley 10/1995 de 23 de noviembre de Ordenación del Territorio
Decreto 28/1999, de 21 de enero, que aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural. (modificada por Ley 15/2004 de 29 de diciembre) Ley 6/2007 de 11 de mayo de medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y el Litoral
ISLAS BALEARES Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible
Ley 8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanismo en las Islas Baleares. Ley 10/1989, de 2 de noviembre, de sustitución de Planeamiento Urbanístico Municipal. Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística. Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico. LA RIOJA Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. MADRID Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. Ley 9/1995, de 28 de marzo, que aprueba medidas de política territorial, suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid. MURCIA Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. NAVARRA Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de normas reguladoras de Ordenación del Territorio y Urbanismo. PAIS VASCO Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. Ley 3/1997, de 25 de abril, por la que se determina la participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística. Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación urbana. Decreto 132/1994, de 15 de marzo, sobre aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el texto refundido de la Ley sobre *Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Decreto 142/1997, de 17 de junio, por el que se desarrolla la Ley 17/1994 de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. Ley 2/2006 de Suelo y urbanismo
VALENCIA Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. Decreto 67/2006, de 12 de mayo, que aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable.
Bibliografía básica ECOLOGISTAS EN ACCION. Guías prácticas “Con la ley en la mano ¿Cómo ejercer tus derechos en la defensa del medio ambiente?”, “El derecho de acceso a la información ambiental” y “Los delitos ecológicos. La protección penal del medio ambiente”. Edición propia, 2004.
FERNANDEZ , Tomás Ramón. “Manual de Derecho urbanístico”. Ed. La Ley, 2008 (21ª edic.) FERNANDEZ DURAN, Ramón. “El tsunami urbanizador español y mundial”, Ed. Virus, 2006
MINISTERIO DE VIVIENDA. “Comentarios a la Ley 8/2007 de Suelo”. Ed. Centro de Publicaciones del Mº de Vivienda, 2007. SANCHIS, Fe; SALAZAR, Eduardo y RUIZ, Ginés. “Democracia ambiental y acceso a la justicia. La aplicación del Convenio de Aarhus en España”. Asociación para la Justicia Ambiental, 2009.
Otro urbanismo es posible: propuestas ecologistas o criterios básicos para otro modelo de urbanismo Es necesario frenar la destrucción ambiental del territorio. Es el momento de exigir responsabilidades a las administraciones, a los partidos políticos y a la Justicia que con su inadecuada gestión, falta de alternativas o complacencia con la actividad urbanística ilícita, están favoreciendo la consolidación de un sistema ineficaz y corrupto.
Formularios Solicitud de información medioambiental y/o urbanística
Escrito de Recurso de Alzada (o potestativo de Reposición) contra resolución administrativa Escrito de denuncia administrativa por infracción y/o incumplimiento ambiental y/o urbanístico
Notas La primera versión de este manual de urbanismo se basa en un documento inédito de Ecologistas en Acción -2011- y utilizado con su permiso.
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