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Timestamp: 2018-06-22 22:00:17
Document Index: 393372705

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11']

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN CATALUÑA. Exposición de motivos. Aquí encontraréis el texto en catalán. - PDF
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1 INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR POR UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO EN CATALUÑA Aquí encontraréis el texto en catalán. Exposición de motivos La Ley 12/2009 de Educación de Cataluña (LEC) se ha mostrado del todo incapaz de dar una respuesta positiva a nuestro sistema educativo y ni siquiera ha cumplido con sus propios compromisos. La situación de desigualdad entre los centros de titularidad pública y los centros privados concertados hace que haya aumentado de manera peligrosa la discriminación educativa y la segregación por condiciones socioeconómicas del alumnado. Una situación socialmente regresiva y pedagógicamente negativa, ya que, tal como señalan los expertos, los sistemas segregadores dan peores resultados. Según todos los estudios, el Estado Español y Cataluña en concreto están al frente de la privatización de la enseñanza, y es el segundo país, después de Bélgica, que tiene menos alumnos en las aulas públicas y donde el capital privado en el sistema educativo aumenta más significativamente. Con el despliegue de la LEC, de manera sutil se ha ido apartando a familias, profesorado y alumnado de cualquier capacidad de decisión en los centros educativos, se ha ido abandonando el debate pedagógico para concentrarse en la superación de pruebas de evaluación externas, se han ido destinando fondos públicos hacia negocios educativos privados, se ha permitido la creciente segregación social y sexual del alumnado, se ha inducido la precarización de la profesión docente, se ha ido poniendo el sistema al servicio de intereses empresariales o supeditado a corrientes ideológicas y por último, en un contexto de crisis económica, se han propiciado y protagonizado políticas de reducción de gastos que han perjudicado gravemente la salud interna de nuestro sistema educativo público y que están poniendo en peligro su viabilidad futura. Es por todo ello que, en las circunstancias excepcionales que vive Cataluña, debemos situar como parte del debate nacional, la necesidad de una escuela pública de calidad y para todos, que recoja el ideal pedagógico de la escuela catalana, como primer servicio público constructor de ciudadanía y que trabaja para la cohesión social y la igualdad de
2 oportunidades. Esto es, una ciudadanía democrática, libre, igualitaria y solidaria. Y, de acuerdo con esta intención, y conforme al art. 131 del Estatuto [de Autonomía de Cataluña], debemos dotarnos de una ley con capacidad de generar un conjunto normativo estable, que favorezca a la mayoría de la ciudadanía, consensuada por la comunidad educativa y con la declarada voluntad de servicio para las nuevas generaciones. Una ley que ponga la educación pública (de titularidad y gestión públicas) en el centro de un proyecto liberador y de justicia social para Cataluña. Artículo 1. Objeto 1. Esta proposición de Ley tiene por objeto establecer una nueva Ley del Sistema Educativo de Cataluña que regule, desde 0 3 hasta la Universidad, una educación pública de calidad, en catalán, libre, democrática, integral, crítica, gratuita, no discriminatoria, universal, equitativa, laica, coeducadora, intercultural, compensadora de las desigualdades, inclusiva, cohesionadora, participativa, autogestionada y que vaya desde el 0 3 hasta la universidad y la educación continuada. 2. El catalán es normalmente la lengua de uso en la enseñanza y la lengua de comunicación habitual entre la comunidad educativa y la inmersión lingüística el método utilizado. Se estudiarán medidas de incentivación para favorecer su uso social en las relaciones humanas en los centros. Es necesario que la lengua catalana sea un elemento cohesionador de las diferentes realidades lingüísticas y culturales presentes en las escuelas. Artículo 2. Derecho a la educación y sistema educativo 1. Toda persona tiene derecho a la educación. Para garantizar este derecho, los poderes públicos están obligados a ofrecer una única red de centros y servicios de titularidad y gestión públicas, sujeta a los valores y las prácticas democráticas. 2. Los poderes públicos están obligados a garantizar que en las universidades se puedan desarrollar la investigación y la transferencia del conocimiento que permitan la construcción de una sociedad justa, libre y democrática. La investigación nunca irá en detrimento de la docencia. 3. Todas las enseñanzas públicas, desde el 0 3 hasta la universidad, deben ser gratuitas y nadie podrá ser privado del derecho a la educación. Debe haber necesariamente una oferta suficiente de plazas públicas. Es necesario que la
3 gratuidad sea real y cubra las necesidades del alumnado de esta red pública con respecto a las matrículas, el material escolar, los comedores, las estancias en otros países, el transporte... En ningún caso se deben aceptar aportaciones de empresas privadas. 4. En las enseñanzas postobligatorias y superiores se debe arbitrar un sistema de becas salario para garantizar el acceso. Artículo 3. De las administraciones 1. La Generalitat es la administración competente en todas las etapas educativas de la escuela 0 3, y todos los espacios que atiendan a la pequeña infancia, educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio y de grado superior, enseñanza oficial de idiomas, campos de aprendizaje, servicios educativos, educación especial, enseñanzas artísticas, escuelas de personas adultas y universidades. 2. Los centros educativos y las universidades públicas deben depender económicamente, laboralmente y normativamente de la Generalitat, que debe establecer elementos de colaboración en la planificación de los servicios complementarios con municipios y consejos comarcales. Asimismo, los municipios podrán tener competencias sobre planificación, enseñanzas no regladas y educación en el tiempo libre con la supervisión de la Generalitat. 3. En ningún caso se podrá ceder la gestión de los centros públicos a entidades privadas. Y en cuanto al ámbito universitario no se pueden destinar fondos públicos a fundaciones y entidades privadas que ofrezcan estudios universitarios (grados, másters, doctorados). 4. La administración local debe tener una participación relevante en todas las etapas educativas, especialmente en aquellas que requieren de un elemento importante de proximidad, con la supervisión de la Generalitat que debe velar por la igualdad de oportunidades. Artículo 4. Gestión democrática 1. La gestión de los centros educativos debe seguir necesariamente criterios democráticos y una práctica participativa. Las decisiones de gestión de carácter económico, organizativo y pedagógico deben ser adoptadas en los claustros y las
4 que correspondan al Consejo Escolar entendido como órgano representativo de las asambleas de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 2. Aquellas decisiones que afecten a la comunidad educativa en su conjunto se adoptarán en el Consejo Escolar. Tanto claustros como consejos escolares tienen la consideración de órganos de gobierno y se promoverá la participación del conjunto de los miembros que representan en las decisiones cotidianas. 3. Las direcciones deben ser propuestas por el claustro por sufragio universal directo, mediante voto secreto y ratificadas por el Consejo Escolar de Centro. Sólo pueden ser elegibles los miembros del claustro. Las elecciones se celebrarán cada cuatro años. Las coordinaciones deben ser elegidas por votación directa por cada estructura horizontal que corresponda (ciclos, departamentos, claustros...). 4. La gestión de los centros debe entenderse como la praxis de una escuela democrática, en el sentido que la educación, más que el aprendizaje de unos contenidos curriculares complejos, se convierte en un espacio en el que la ciudadanía aprende a gestionar, desde la escuela, una sociedad con voluntad democrática, desde la que se debe estimular la participación política y colectiva en los asuntos públicos y privados. 5. En las universidades públicas, la gestión debe seguir los mismos criterios democráticos. Así, los equipos de gobierno de facultades y universidades se elegirán por sufragio universal y la ponderación del voto debe equilibrarse de manera que los colectivos de los trabajadores/as laborales y temporales y el alumnado tengan el mismo peso que otras figuras laborales como los catedráticos o la plantilla permanente. Ningún órgano decisorio o de gobierno en las universidades podrá tener como miembros representantes del mundo empresarial, sólo podrán estar presentes representantes de la sociedad civil. 6. Se velará por que las mujeres estén tan presentes como los hombres en los órganos decisorios, de coordinación y de dirección. En las escuelas de infantil y primaria, fundamentalmente, se propondrán políticas que favorezcan la presencia de hombres para que en estos ámbitos se reproduzca la representación de género que hay en la sociedad. 7. Se establecerán medidas de conciliación de tiempo laboral y familiar, tanto para mujeres como para hombres, que tengan en cuenta las necesidades de los niños en las diferentes etapas educativas. Artículo 5. Autonomía y participación
5 1. La autonomía se entiende como la adaptación pedagógica que realizan los centros y la comunidad educativa, según sus necesidades, en el marco de la igualdad de oportunidades y sobre una base común de currículum, puestos de trabajo, organización estructural y dotación de recursos. A partir de este análisis, los claustros y los consejos escolares adoptan todas las medidas de carácter formativo y organizativo que consideren necesarias para llevar a cabo el proyecto educativo, siempre que ello no suponga la creación de centros de diferente categoría y diferente presupuesto. 2. En ningún caso la autonomía debe comportar cargas burocráticas innecesarias o métodos arbitrarios de selección de alumnado o profesorado. 3. Deben favorecerse los proyectos de innovación educativa y su promoción. Estos proyectos deberán ser aprobados por el claustro en función de las necesidades del alumnado del centro y de su proyecto curricular y la administración facilitará los recursos necesarios. El objetivo de la innovación pedagógica no debe ser crear diferencias de calidad entre los centros para entornos sociales, sino generalizar aquellas prácticas que demuestren ser una mejora. 4. Se debe favorecer la participación de la comunidad educativa, considerando que es una aportación que puede enriquecer el proceso educativo, siempre que no sustituya la responsabilidad de la administración en la prestación de los servicios. 5. En ningún caso esta participación podrán realizarla fundaciones y/o empresas privadas. No se aceptará la injerencia de empresas privadas en la gestión del centro. 6. La investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito universitario debe estar en manos de los grupos de investigación que han de disponer de financiación pública para desarrollar aquella investigación que sea de interés para el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Los equipos de investigación de las universidades no pueden poner sus recursos al servicio del beneficio exclusivo de las empresas. Artículo 6. Evaluación 1. Se entiende por evaluación el proceso de carácter formativo que tiene por objeto realizar un diagnóstico de la marcha de los centros, detectar sus carencias y proponer soluciones. La evaluación no puede servir para seleccionar al alumnado o hacer clasificaciones de centros. La entrada en la universidad no estará
6 condicionada ni por notas de corte ni por pruebas selectivas, todas las personas tienen derecho a acceder a los estudios que deseen. 2. Al alumnado se le debe aplicar el modelo de evaluación continua como único instrumento de valoración y también como instrumento que permita estudiar su evolución desde su punto de partida y hacer posible una adecuada adaptación de los contenidos curriculares. 3. En el ámbito universitario se aplicará la evaluación continuada para la superación de las diferentes asignaturas. La evaluación continua implica que el alumnado haga un seguimiento continuado de las asignaturas, pero se debe respetar siempre que el estudiante pueda combinar la actividad académica dentro del aula, con actividades sociales, políticas, culturales y laborales fuera del aula. Al mismo tiempo, también se deben ofrecer otros sistemas de evaluación al alumnado para dar respuesta a las necesidades de conciliación laboral y familiar. 4. Se debe promover un modelo de autoevaluación del profesorado que detecte las diversas carencias y necesidades en la práctica escolar y que sirva de base para mejorar la acción educativa. La administración educativa debe poner al alcance de maestros y profesores una oferta formativa que estimule los saberes individuales y colectivos de los equipos para que esta mejora se pueda llevar a cabo. 5. En el ámbito universitario, las evaluaciones de la actividad investigadora, de la transferencia del conocimiento se deben llevar a cabo a cabo por otros miembros de la comunidad universitaria, especializados en el mismo ámbito de conocimiento (y no por agencias externas) que harán orientaciones constantes, con espíritu cooperativo, fomentando la continuidad de las trayectorias académicas. 6. La evaluación, pues, debe ser una actividad orientada a la mejora del alumnado, la función educativa, los centros y el sistema educativo, en todas las etapas. En ningún caso se puede utilizar como instrumento de propaganda o de presión política, social o laboral. Por otra parte, se combinarán formas de coevaluación y autoevaluación, procurando que sea una actividad transparente y democrática. Artículo 7. Profesorado 1. Se establece que el profesorado debe formar parte de la Función Pública y estará sujeto al régimen administrativo, desde el 0 3 hasta la universidad. La jornada de trabajo debe ser siempre y para todos a tiempo completo o a media jornada, sin perjuicio de las jornadas de trabajo inferiores que puedan derivarse de cualquier otro derecho legal. El resto de trabajadoras y trabajadores que desarrollen su
7 trabajo dentro de los centros educativos deben depender laboralmente de la Generalitat. 2. Para ejercer como docente es necesario, además de disponer de los requisitos de formación, acceder a la función pública docente mediante un proceso objetivo y transparente y que valore méritos y capacidades. En ningún caso se puede seleccionar arbitrariamente vía currículo o entrevista personal. 3. Las plazas no ocupadas por personal funcionario de carrera deben ser las mínimas funcionales y pueden ser cubiertas por profesorado interino o sustituto a partir de una bolsa de trabajo constituida por docentes con la formación requerida, y ordenada de acuerdo con criterios objetivos de formación y experiencia. En enseñanzas regladas no universitarias o de especialistas de formación profesional, se excluye cualquier dedicación inferior a una jornada de trabajo de un 50%. 4. En cuanto a la adjudicación de plazas en el ámbito universitario, debe hacerse de tal manera que los tribunales (formados mayoritariamente por docentes de escala igual o superior a la que se adjudica y externos a la universidad que la convoca) atiendan exclusivamente a los méritos docentes y de investigación de los candidatos. Se considerarán méritos aquellas aportaciones que se hagan en el marco académico, pero también en colaboración con la sociedad y la comunidad. 5. En el marco de la negociación colectiva se deben establecer el conjunto de condiciones de trabajo, de conciliación familiar y jubilación del personal docente y del resto de trabajadores y trabajadoras de los centros educativos. Artículo 8. Inversión y financiación 1. Se debe destinar un mínimo del 6% del producto interior bruto a la enseñanza pública. 2. Todo el dinero público irá a financiar a los centros de titularidad pública. La subvención, vía conciertos, de los centros privados irá disminuyendo progresivamente hasta su desaparición total. 3. El reparto del presupuesto debe ser en función de las necesidades de los centros y debe garantizar la atención en condiciones de calidad de todo el alumnado a la vez que debe velar por que el grado de dificultad del alumnado y las condiciones culturales y económicas de la zona no supongan ningún impedimento para la
8 igualdad de oportunidades. Para compensar desigualdades se debe pactar, con los agentes educativos, una discriminación positiva en el reparto de los recursos. Artículo 9. De los conciertos educativos 1. El objetivo de esta ley es la progresiva implantación de un sistema educativo catalán que tenga una única red pública, de titularidad y gestión públicas. Para conseguir este objetivo se deben reducir progresivamente los conciertos educativos durante un período máximo de 10 años, comenzando por aquellos centros que cobran cuotas muy altas y los que segregan por cuestión de sexo. 2. Se deben arbitrar medidas para que aquel profesorado de centros privados concertados que quiera entrar a formar parte de la red pública pueda hacerlo. Artículo 10. De las escuelas infantiles municipales La Generalitat asumirá de nuevo las competencias y su responsabilidad en las escuelas infantiles, garantizará una red de escuelas de gestión pública y establecerá unos criterios que no permitan la subcontratación de empresas privadas para su gestión. Artículo 11. De la relación con las famílias Se considera que las familias deben participar activamente en la vida escolar a partir de los órganos de gestión propios de los centros educativos y en los espacios que cada centro tenga que articular en función de su contexto. Disposiciones transitorias Primera En un período transitorio, que no podrá sobrepasar los diez cursos naturales posteriores a la aprobación de esta Ley, se arbitrará un sistema que haga posible la integración de los centros privados concertados que lo deseen en la red pública. Durante este periodo el Departament d Ensenyament no podrá establecer ningún nuevo concierto y los centros concertados no podrán cobrar cuotas bajo ningún concepto. Aquellos centros que no se acojan a las condiciones para integrarse a la red pública, pasarán a ser completamente privados.
9 Segunda En un período de diez años la Generalitat debe asumir de nuevo las competencias y su responsabilidad en las escuelas infantiles, garantizar una red de escuelas de gestión pública y establecer unos criterios que no permitan la subcontratación de empresas privadas para la su gestión. Disposiciones derogatorias 1. Se deroga la actual Ley de Educación de Cataluña (LEC). 2. Quedan derogados los artículos de la Ley de Universidades que son incompatibles con la nueva Ley del Sistema Educativo de Cataluña. Disposiciones finales Primera Esta Ley entrará en vigor el curso siguiente a su aprobación y sus efectos económicos en el ejercicio presupuestario siguiente al de su aprobación. Segunda Se faculta el Govern de la Generalitat para adoptar las medidas legales necesarias e inmediatas para la aplicación de la presente Ley de Educación. Tercera Las normas reglamentarias que no se opongan a la presente Ley continuarán vigentes.