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La Magistratura Constitucional, Interpretación Constitucional e Interpretación de Los Derechos Fundamentales
Escritas y Consuetudinarias
INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD EX ART
SENTENCIA EJEMPLAR SOBRE PLURALISMO, TOLERANCIA Y MINORÍAS: La sentencia del Consejo de Estado colombiano sobre tauromaquia reconoce al Estado la protección efectiva del derecho de acceso a la cultura Author(s): ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA Source: Cuadernos de Pensamiento Político, No. 49 (Enero/Marzo 2016), pp. 231-246 Published by: FAES, Fundacion para el Analisis y los Estudios Sociales Stable URL: https://www.jstor.org/stable/24570777 Accessed: 12-09-2018 16:16 UTC
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SENTENCIA EJEMPLAR SOBRE
PLURALISMO, TOLERANCIA Y MINORÍAS
La sentencia del Consejo de Estado colombiano
sobre tauromaquia reconoce al Estado la protección
efectiva del derecho de acceso a la cultura
EL CONSEJO DE ESTADO DE COLOMBIA Y LA ACCIÓN DE TUTELA
1. El Consejo de Estado es una institución que data de la época del liber
tador Simón Bolívar, quien en 1817 lo crea como un órgano consultivo po
lítico-administrativo. En 1828 se le denomina propiamente Consejo de
Estado, con la función específica de preparar los decretos y reglamentos
que correspondían dictar al Jefe de Estado, además de ser el órgano con
sultivo del Gobierno.
Después de algunas interrupciones en su funcionamiento, e incluso su
supresión en algunas de las Constituciones que se dictaron en ese periodo
-de 1821 a 1886 se expidieron siete Cartas constitucionales, y en tres de
ellas no se contempló este órgano-, la Constitución de 1886 lo restituye
para asignarle, nuevamente, las funciones consultivas propias de su origen.
fundación para «4 antttst y los estudio* sociales
Enero / Marzo 2016 231
En 1905, durante la dictadura del general Reyes, se reforma la Consti
tución y el Consejo de Estado se elimina. En 1914, mediante Acto Legis
lativo, se vuelve a crear, pero para convertirse, junto con la Corte Suprema
de Justicia, en órgano supremo de la Administración de Justicia, la primera
para la jurisdicción ordinaria, el segundo, en lo contencioso-administra
tivo. Al modo francés pasa a ser el "juez supremo de la Administración", si
bien conserva sus funciones primigenias de órgano consultivo del Go bierno. Se componía de siete miembros: el primer designado a la Presi
dencia, figura ideada para reemplazar al Presidente de la República, quien lo presidía, y seis vocales por un periodo de cuatro años.
En 1936 se introducen cambios en la designación de sus miembros, de
forma que el Presidente de la República elaboraba las ternas de las que la
misma Corporación elegía a sus miembros. Igualmente, se facultó la divi
sión interna de este órgano en salas o secciones. De esta manera, se opta
por crear una sala encargada de cumplir la función consultiva y asimismo preparar los proyectos de ley. Y cuatro salas o secciones diferentes a la de consulta, que cumplirían la función jurisdiccional de órgano de cierre de la
jurisdicción contenciosa, en materias como la laboral, de responsabilidad
patrimonial del Estado, la contractual y la impositiva. Igualmente, en esta
reforma se le faculta para suspender provisionalmente los actos adminis
trativos. En 1957 se modifica la forma de elección de los Consejeros de Es tado, a través de la llamada cooptación, con designaciones vitalicias, sujetos
solamente a la edad de retiro forzoso (65 años).
La reforma constitucional de 1991, además de mantener la facultad del
Consejo de Estado de suspender provisionalmente los actos administrati vos, conservó las funciones consultivas y de máximo órgano de la juris
dicción contencioso-administrativa, fijó el periodo de ocho años de
mandato de sus miembros sin posibilidad de reelección y asignó al Con
sejo Superior de la Judicatura la elaboración de las ternas de las cuales la misma Corporación haría la elección de sus miembros.
En la actualidad el Consejo de Estado se compone de 31 miembros y
seis salas o secciones: la de consulta, y las cinco restantes encargadas de los
temas jurisdiccionales, entre los cuales se adicionó, en 1988, el tema elec
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Sentencia ejemplar sobre pluralismo, tolerancia y minorías / Enrique arnaldo alcubilla
toral. Como órgano jurisdiccional supremo en el ámbito de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado unifica y fija los criterios de interpre
tación en las materias de su competencia para su correcta aplicación por
los jueces y tribunales administrativos.
2. En este contexto, como órgano que integra el poder público judicial,
al igual que todos los jueces de la República, por disposición constitucio
nal, exartículo 86, tiene la competencia de conocer de las "acciones de tu
tela" que se presenten, en primera o segunda instancia, principalmente
contra ciertas instancias del Gobierno Nacional y del Estado1, como con
tra "las providencias judiciales" que dicten los tribunales contenciosos u otras Salas o Secciones del mismo Consejo de Estado.
La "acción de tutela" que instauró la Constitución de Colombia guarda
algunas similitudes con la "acción de amparo" que se consagra en el artí
culo 53.2 de la Constitución Española, un mecanismo judicial preferencial
y sumario para la defensa "de los derechos fundamentales", regida por los principios de inmediatez y subsidiariedad. El primero, referido a la actua
lidad de la transgresión del derecho, y el segundo, porque esta acción no
es un sustituto de los otros medios de defensa judicial dispuestos por el or denamiento jurídico, salvo que el solicitante se encuentre ante un peijuicio irremediable2. Sin embargo, entre las notas disímiles de estas dos acciones, se pueden encontrar las siguientes:
1 Ministerios, Superintendencias, Departamentos Administrativos, Alcaldía Mayor de Bogotá,
2 El perjuicio irremediable en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Co lombiana es aquel que es: i) inminente, es decir, exige un considerable grado de certeza y su ficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño; ii) grave, exige un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona, el
cual debe ser susceptible de determinación jurídica; iii) requiere de medidas urgentes, para su perar el daño, que permitan dar una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y armonicen con las particularidades del caso y, finalmente; iv) las medidas para su protección
deben ser impostergables, lo que implica que su valoración se debe hacer bajo los criterios
de oportunidad y eficiencia para evitar la consumación del daño antijurídico. Estas caracterís
ticas fueron enunciadas en las sentencias de tutela T-225 de 1993 y en la de constituciona
lidad C-531 de 1993, criterios que aún se mantienen vigentes.
fundación para el análisis y k» estudios sociétés
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• En cuanto a la competencia, el conocimiento no está concentrado en
el Tribunal Constitucional, como sucede en el ordenamiento jurídico es
pañol, por cuanto en el caso colombiano todos los jueces son competen
tes para conocer de la acción de tutela. En este sentido, se han establecido
reglas de reparto cuyo objetivo ha sido impedir que jueces con rango in
ferior terminen dejando sin efecto decisiones de sus superiores o de auto
ridades con una determinada jerarquía en el Estado3.
Se habla así de la jurisdicción constitucional, la que está integrada por
todos los jueces cuando conocen de acciones de tutela. En cabeza de esta
jurisdicción está la Corte Constitucional, órgano que, a diferencia del Tri
bunal Constitucional Español, solo conoce de aquellas acciones que, una
vez falladas por los diferentes jueces, selecciona para su revisión, a efectos, principalmente, de sentar criterios sobre la interpretación de los derechos
fondamentales4 y ejercer su fondón de garante y guardián del ordena
miento superior.
En ese sentido, el sistema de control de Colombia se identifica como un
sistema mixto de constitucionalidad, en el que además de que todos los jue
ces tienen competencia para inaplicar una norma de rango inferior a la Cons
titución, cuando se considere que resulta contraria a los mandatos de aquella
-la llamada excepción de constitucionalidad-, y que en España solo conoce
el Tribunal Constitucional -mediante la cuestión de constitucionalidad-, tam
bién estos deben conocer de las acciones de tutela De forma que la Corte
Constitucional, mediante el sistema de selección eventual, escoge para revi
sión determinados casos, especialmente, para fijar y unificar criterios sobre el
alcance de los derechos fundamentales. Sin embargo, la importancia o tras
cendencia del asunto también pueden determinar su selección.
Es así como dentro de los criterios que aquella ha fijado, se indicó que
los derechos fundamentales no solo son aquellos que se identifican como
3 Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,1382 de 2000 y 1680 de 2015.
4 El promedio de selección de tutelas es muy bajo en relación con el número de tutelas que se fallan mensualmente en el país. Actualmente llega a un promedio de 3.000 expedientes de tu
tela, de los cuales se seleccionan como máximo unas 100 al mes.
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tales en la Constitución política, pues existen otros que, si bien no están
enunciados en el texto superior, son asimismo fundamentales5.
Es asimismo destacable que la acción de tutela, a diferencia del recurso
de amparo, no solo procede contra las acciones y omisiones de las autori dades públicas, sino contra las de particulares que se encuentren en algu
nas de las circunstancias descritas en el Decreto que reglamenta esta acción
(Decreto 2591 de 1991), entre otros, los prestadores de servicios públicos.
• Por otra parte, al igual que el recurso de amparo, la acción de tutela
también procede contra providencias judiciales, entendidas como actos de
un poder público que pueden lesionar derechos fundamentales, razón por
la que no pueden quedar excluidos del mecanismo de protección de los de
rechos fundamentales. En un principio hubo discusiones apasionadas en la
doctrina y en la academia en torno a la procedencia de este mecanismo de
protección de derechos fundamentales frente a las decisiones judiciales, por cuanto se consideraba que la misma reñía con los principios de segu
ridad y certeza jurídica propios de estos actos y los fundamentos esencia
les de la administración de justicia. Basados en los mencionados principios,
en sentencia de control de constitucionalidad C-543 de 1992, la Corte
Constitucional declaró inexequibles determinados artículos del decreto que desarrolló la acción de tutela y que regulaban su ejercicio frente a decisio
nes judiciales que pusieran fin al proceso6.
Pese a esta decisión, en la misma Corte se fue abriendo camino la tesis
de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las vías de
hecho, entendidas como aquellas providencias en donde la vulneración de
los derechos fundamentales era tan burda, grosera o evidente que la misma
no podía ni merecía denominarse acto judicial.
5 Sentencia T-02 de 1992. En ese orden, actualmente existen diversos mecanismos o métodos
para determinar cuándo un derecho es fundamental, por ejemplo, por la conexidad; por la re
misión a los tratados internacionales, de manera que su listado en la Carta fundamental es
simplemente enunciativa.
6 Artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991.
faes Enero / Marzo 2016 235
fundación p« el anéBsIs y lo* «studio# «ocíales
Bajo el ropaje de la vía de hecho se fueron aceptando y perfeccionado
las situaciones que podían dar origen a la acción de tutela contra provi
dencias judiciales, lo que determinó que se dejara de lado el concepto de la vía de hecho para elaborar una doctrina basada en las causales genéri
cas y específicas para su procedencia, las que fueron recogidas en un fallo
de constitucionalidad, la sentencia C-590 de 2005.
Este criterio, en especial para los órganos de cierre de la jurisdicción
ordinaria -Corte Suprema de Justicia- y de lo contencioso-administrativo
-Consejo de Estado-, no fue de total recibo, hecho que les condujo a re
chazar las tutelas presentadas contra sus decisiones.
No obstante, en un proceso de aceptación y decantación de esta posi
ción, hoy esta es una cuestión pacífica y las discusiones giran en torno a la forma en la que se deben entender las causales que se han estructurado, o
a la rigurosidad que debe emplearse en el análisis de las solicitudes que se
presenten en contra de estas, teniendo en cuenta que se trata de dejar sin
efectos decisiones del orden judicial.
LA ACCIÓN DE TUTELA EN RELACIÓN CON LA CONSULTA
PROPUESTA POR LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ SOBRE EL MANTENIMIENTO 0 NO DE LAS CORRIDAS DE TOROS
Ante el Consejo de Estado se presentó la tutela contra la decisión del Tribu
nal Administrativo de Cundinamarca, de 20 de agosto de 2015, que en el
marco del proceso que se debe agotar para consultar a la ciudadanía -meca nismo de participación ciudadana-, autorizó a la Alcaldía de Bogotá, su pro
motora, por encontrarla ajustada a la Constitución de 1991, la pregunta relativa
a si debían o no mantenerse las corridas de toros en el Distrito Capital.
Varios ciudadanos consideraron que esa providencia judicial era con
traria a sus derechos fundamentales, especialmente al debido proceso e identidad cultural, por cuanto el Tribunal Administrativo no solo desco noció que la Constitución avala esas prácticas, sino porque la Corte Cons
titucional ya había determinado que los entes territoriales, en este caso, el
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<s¿*faes
Distrito Capital, no podía prohibir las corridas de toros por cuanto ello era
competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República y no de
En ese sentido, como la providencia objeto de tutela fue dictada por un
Tribunal Contencioso, la competencia para conocer de ella en primera ins
tancia era de una de las secciones del Consejo de Estado, según el reparto
correspondiente, por tratarse de su superior jerárquico. Razón por la que
le correspondió fallar a la Sección Quinta, y la decisión que esta pronun
ció el 23 de septiembre se impugnó ante la Sección Primera, Sala que en
sentencia de 22 de octubre de 2015 confirmó lo decidido por aquella. Al
redactar estas líneas desconocemos si la Corte Constitucional "selecciona"
la misma para su revisión.
Pero demos marcha atrás momentáneamente para fijar los datos de
hecho. El alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, tras tomar posesión de
su cargo hace cuatro años, decretó la prohibición de celebración de las co
rridas de toros en el Distrito Capital. Tiempo después, el 19 de mayo de
2015, presentó ante el Concejo Distrital la llamada "solicitud de concepto
de conveniencia" para la celebración de una consulta popular, a instancia
de algunos actores sociales, sobre la pregunta siguiente: "¿Está de acuerdo, SÍ o NO, con que se realicen corridas de toros en Bogotá Distrito Capital?".
Tras su aprobación por el Concejo Distrital, el alcalde Petro remitió el ex
pediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a efectos de que se
pronunciara sobre su constitucionalidad, y este declaró "exequible la pre
gunta". Contra ese pronunciamiento del Tribunal Administrativo formu
lan la acción de tutela varios ciudadanos que entendieron vulnerada la
Constitución y el precedente constitucional.
Destaquemos, por último, que la Ley 1757 de 2015, que regula las con
sultas populares, establece en su artículo 21 (que lleva por título "revisión previa de constitucionalidad") que "no se podrán promover mecanismos de participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales", para lo cual "los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa competentes
se pronunciarán sobre la constitucionalidad del mecanismo de participa
ción democrática a realizarse".
«sofaes
fundación pare el análisis y los estudios sociales
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El control judicial previo se erige así como un instrumento para la ga
rantía y protección de los derechos constitucionales que puedan resultar
dañados por el uso indebido de un mecanismo de participación ciudadana.
La expresión directa o inmediata de la opinión ciudadana solo es, pues,
posible en el marco de la Constitución, de forma que no tienen cabida ac
ciones que tienen por objeto su derribo o sustitución aunque sea por la vía
de consultas ciudadanas.
LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO Y LA DEFENSA DEL ESTADO
DEMOCRÁTICO FUNDADO EN EL PLURALISMO Y LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS
1. La sentencia es una lección de libertad y soberanía
Durante siglos han vivido las corridas de toros en absoluta paz, de manera
que a ferias y festejos acudían quienes gustaban del toreo o del rejoneo, y no
lo hacían quienes carecían de afición o simplemente no disfrutaban del es
pectáculo. Pasaba con los toros lo mismo que con el boxeo, la caza, el puen
ting o el tiro de pichón, que tenían sus partidarios mientras que el resto
simplemente se mantenía al margen, dejando hacer en el sentido de Adam
Smith, padre señero del liberalismo.
La libertad, la tolerancia y el respeto al otro formaban parte inescindible
de una sociedad plural. Pero un día (ni siquiera Vargas Llosa sabe situar con
exactitud el momento exacto en que "se j
píritu de sus promotores anidan células de totalitarismo, de pasión por la uni
formidad, empezaron a dar lecciones sobre lo único aceptable como bueno
y a condenar a los infiernos el resto, como malo y execrable. Por supuesto, los
savomrolas de turno no admitieron discusión alguna pues, desde su atalaya de
soberbia, defendían su punto de vista como la verdad material y universal que
por todos habría de ser aceptada. Desde su púlpito del proteccionismo ani
mal encontraron eco en medios de comunicación primero y, como no podía
ser de otra forma ante el habitual seguidismo de los mismos, en los políticos
después y, aprovechándose de estos populismos baratos o diferentismos ar
bitrarios, consiguieron impulsar la técnica del prohibicionismo.
el Perú"), quizás porque en el es
238 Enero / Marzo 2016
Sentencia ejemplar sobre pluralismo, tolerancia y minorías / Enrique arnaido alcubilla
Los prohibicionistas -entre los que en nuestro país, como veremos, te nemos ardorosos defensores- parten de una idea de Estado-propiedad que
les convierte en los únicos intérpretes. Por supuesto no han leído al sabio
fabulista La Fontaine, que había dejado escrito: "Me valgo de los animales
para instruir a los hombres" o al agitador Voltaire, quien dijo que "El secreto
del arte [y el toreo lo es] está en corregir la naturaleza". Por supuesto, tam
poco han leído al hispanófilo y aventurero Ernest Hemingway, quien com
prendió como nadie que "el toreo es el único arte en el que el artista está
en peligro de muerte y en el que el grado de brillantez de la actuación de
pende del honor del torero". Ni tampoco a Miguel Hernández, ni a Rafael
Alberti, ni a García Lorca, ni conocen a Goya ni a Picasso.
La sentencia del Consejo de Estado colombiano, de la que ha sido po
nente un excelente magistrado, el doctor Alberto Yepes Barrio, es musical,
como un pasodoble, rezuma pedagogía social, como el Cándido de Vol
taire, y es un canto a la libertad y a los derechos de las minorías, como la
mejor convención internacional comprensiva del patrimonio común de la
humanidad que son los derechos humanos. La sentencia es una lección
para la libertad y la tolerancia En la misma se desgranan conceptos nu
cleares como el Estado democrático liberal y el pluralismo; el pluralismo
y la regla mayoritaria; el Estado unitario y la autonomía de las entidades
territoriales; en fin, la Constitución cultural y la libertad de creación y ex
presión artística.
2. El Estado democrático es expresión de la diversidad plural
La sentencia nos reconcilia con una idea de Estado democrático liberal
que es, por su propia naturaleza, neutral ante las identidades culturales exis
tentes o, en palabras de Hans Küng, "neutral en cuanto a la concepción
estilo de vida, ni prescribir legalmente ninguna clase de valores supremos
o normas últimas, si quiere conservar intacta su neutralidad de cosmovi
sión". La cultura liberal-democrática no se funda en la unanimidad (que es
propia del totalitarismo), sino en la diversidad y el disenso, en una socie
dad plural y abierta, sin imposiciones, pues, como decía Giovanni Sartori,
(de forma que) este Estado no debería imponer un sentido, o
«a^faes
fundación pora el anttste y k* «ludio» socMas
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"las autocracias, los despotismos son portadores de una visión monocro
mática de la realidad, mientras que la democracia es multicolor".
Claro está que tolerancia no es indiferentismo ni relativismo, pues el pri mer mandamiento de aquella es, precisamente, combatir la intolerancia en pro de la convivencia armónica entre las distintas visiones y sensibilidades
que enriquecen el pluralismo social. Y no es indiferentismo por cuanto la
cultura liberal-democrática se fundamenta en unos bienes y valores supremos
e irrenunciables: la libertad (de todos), la igualdad (de todos), el respeto (a todos), la dignidad (de todos), la justicia (para todos). En fin, esta concepción
la resume perfectamente la Corte Constitucional colombiana7 en una sen
tencia en la que, tras subrayar que el único límite para la tolerancia "es el res
peto del orden jurídico existente", concluye que "mientras el lema de un
Estado autoritario podría ser: no a la igualdad y no (paradójicamente) a la
diferencia; el del Estado democrático sería: sí a la igualdad que implica el
derecho a la diferencia" y, por ello, a la heterogeneidad cultural como valor que enriquece a la comunidad y a los individuos que la integran.
3. El pluralismo y el principio mayoritario
El pluralismo no rechaza, claro está, el principio mayoritario como princi
pio regulador o criterio para la toma de decisiones, pues el pluralismo es
en sí "la mejor defensa y legitimación del principio mayoritario limitado, del principio de que la mayoría debe respetar los derechos de la minoría".
En palabras de la Corte Constitucional de Colombia8:
"La democracia constitucional acepta que todo poder debe tener límites y, por
lo tanto, como pueblo soberano acuerde constituirse y autolimitarse de con
formidad con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los cuales
pueda expresarse con todo y su diversidad. Por ello, en los Estados contempo
ráneos la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciuda
danos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos que garantizan
una manifestación de esa pluralidad".
7 Sentencia T-1023 del 2010.
8 Sentencia C-141 del 2010.
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La tiranía de la mayoría supone, sin más, dejar fùera a las minorías. Por
ello en el Estado democrático, el principio mayoritario se traduce, en ex presión de la sentencia, que comentamos, "en un mandato de protección
de las minorías como límite a la voluntad general para efectos de condi
cionar su efectividad al respeto y garantía de la igualdad y libertad de todas
las personas y de los demás derechos inherentes a su dignidad. Bajo esta
concepción, el principio mayoritario no puede ser absoluto porque está li
mitado externamente por los postulados básicos del Estado social de De
recho", uno de los cuales es precisamente que las decisiones de las
mayorías, a riesgo de convertirse en tiránicas apisonadoras, no pueden des
conocer los derechos de las minorías.
Nada nuevo, por cierto, por más que sea relevante su recordatorio. En
su ensayo Sobre la libertad, allá por 1859, escribió Stuart Mill:
"La protección contra la tiranía del Magistrado no es bastante; se necesita pro
tección también contra la tiranía de la opinión y del sentimiento dominantes,
contra la tendencia social a imponer
digos de conducta sobre aquellos que disienten de ellos
caracteres a modelarse con arreglo a sus propias pautas".
sus propias ideas y prácticas, como có
y obligan a todos los
La conclusión es que la sociedad democrática es una sociedad abierta
que no se construye sobre apotegmas predeterminados, sobre la imposi
ción y el sometimiento derivado de aquella, sino sobre la extensión de los
espacios de libertad y responsabilidad de las personas iguales en derechos,
sin discriminación ni marginación segregadora.
4. La igualdad de condiciones básicas en el ejercicio
de los derechos en todo el territorio
Si la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los po deres del Estado, la única fuente primaria de legitimación es el pueblo
como unidad política indivisible, de manera que no es factible predicar tal
atributo de ningún sujeto distinto ni de una parte o fracción del mismo.
La autonomía que se reconoce a las entidades territoriales (entre nosotros,
nacionalidades y regiones) para autogobemarse, gestionando sus propios
intereses, lo es dentro de la Constitución y la ley, por lo que tal autonomía
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"no se configura como poder soberano". Autonomía no es soberanía, dijo
en una de sus primeras sentencias nuestro Tribunal Constitucional la
4/1981, de 2 de febrero, definiendo la autonomía como un poder derivado
y además limitado "para la gestión de sus propios intereses, diferente de la
soberanía que corresponde al Estado en cuanto organización política de
toda la nación española".
En virtud de ello es al Estado, y no a los entes territoriales, al que, con
forme a la Constitución, se atribuye la preservación del marco común o ge
neral que garantice el ejercicio primario de los derechos, que la propia
Constitución reconoce, en igualdad de condiciones en cualquier parte del
territorio, por más que esa igualdad no sea absoluta.
Dando ahora un salto a la sentencia del Consejo de Estado, esta nos
recuerda que la Constitución reserva al legislador "la regulación de ciertas
materias que se consideran vitales para los intereses del pueblo y no solo
de una o más comunidades
(y) que deben ser reglamentadas de manera
uniforme para evitar la fragmentación del Estado y la dispersión del inte
rés general en intereses locales". Así pues, en la tensión unidad-autonomía,
interés nacional-interés territorial, ha de prevalecer siempre la primera ex
presión del binomio precisamente para garantizar la vigencia de los dere
chos fundamentales y su ejercicio con arreglo a iguales condiciones básicas con independencia del territorio.
5. La tutela de la Constitución cultural
La cultura es la memoria hereditaria de la sociedad, no de cada individuo
o grupo en que se integra, sino del conjunto en que aquella se desarrolla.
Fuera de su consideración antropológica, lo cierto es que la cultura em
pieza a formar parte del conjunto de los bienes jurídicos superiores en las
Constituciones más emblemáticas de la primera parte del siglo XX, la de
México de 1917, la de Weimar de 1919 o la de España de 1931.
Nuestra Constitución de 1978 incluye en el Título Preliminar el man
dato a todos los poderes públicos de facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida cultural (artículo 9.2 en términos análogos a los del
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artículo 2 de la Constitución colombiana de 1991) y en el Capítulo III del
Título I, dentro de los principios rectores de la política social y económica,
la obligación de los poderes públicos de promover y tutelar el acceso a la
cultura, "a la que todos tendrán derecho" (artículo 44.1) y de garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento "del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad" (artículo 46). La
cultura se configura así como una categoría jurídica que goza de protección
constitucional en la medida en que el ciudadano adquiere plena categoría
como tal en cuanto el Estado le garantiza el acceso pleno a la vida cultu
ral de la comunidad, por la que queda obligado a asegurar el pleno ejerci
cio de ese derecho mediante medidas de salvaguarda, conservación,
desarrollo y difusión de la cultura en sus diversas formas.
La cultura tiene una expresión compleja y multiforme, puesto que es tan plural como la sociedad misma. Se entiende perfectamente que el Consqo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Resolución 10/23, de 26 de
marzo de 2009, concluya que "el respeto de la diversidad cultural, contribuye a un intercambio más amplio de conocimientos y a la comprensión del acervo
cultural, promueve la aplicación y el disfrute de los derechos humanos", de los
que son parte los derechos culturales que estén al servicio de la interacción entre individuos y comunidades en una sociedad diversa.
El derecho a la cultura, cuyo desenvolvimiento requiere un ámbito de
libertad plena, pues el binomio cultura-libertad es indisociable, no integra
únicamente el derecho a la creación cultural o a la comunicación y trans misión cultural, sino que lo hace también con el derecho al libre desarro
llo de la propia identidad cultural, a nivel individual y colectivo, como
corolario de los anteriores (Prieto de Pedro). La protección efectiva del de
recho a la cultura se traduce, como señala la sentencia del Consejo de Es
tado colombiano, en el "doble deber estatal de respetarla, al no imponer
formas de vida o subjetividades culturales, y garantizarla, promoviendo y
tutelando el acceso a la cultura de todas las personas en condiciones de
igualdad". El derecho a la cultura es, en fin, un derecho prestacional, pero
también un derecho de libertad a desarrollar la singularidad cultural y a
no recibir inmisiones, injerencias o inmisiones en la misma.
csá-faes
fundadún pare rt análisis y los estudios sociatos
Enero / Marzo 2016 243
EPÍLOGO: EL PROHIBICIONISMO EN ESPAÑA
1. Desde las atalayas en las que se sitúan y desde las que reparten las bolas
blancas y negras, previa pontificación llena de lugares comunes e invocacio
nes vacías, los prohibicionistas desconocen la libertad, el respeto, la alteridad,
el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia, la igualdad de trato. Solo
quienes concuerdan con sus criterios merecen ser tenidos en cuenta porque
solo hay unas ideas válidas, las suyas. A todos debe complacer o satisfacer lo que a ellos complace o satisface. Ellos determinan gustos, modas y aficiones. Han decidido que deben prohibirse las corridas de toros, las novilladas y los rejones, pero no las carreras de caballos ni las de galgos; tampoco el circo o la doma clásica; como tampoco la ganadería estabulada o la vivisección de los animales o la experimentación con los mismos.
La pócima mágica del proteccionismo animal les conduce a considerar
un acto de sanguinaria violencia las corridas de toros, pero no los mata
deros de vacuno o los desolladeros de pollos. La selectividad determinista
de este proteccionismo a la carta se nos revela como dirigista contra una
manifestación o expresión cultural que se considera impropia, y para la
que no encuentran cabida en su arbitrismo.
Sobre la base de la definición por la Ley 916/2004 de los espectáculos taurinos "como una expresión artística del ser humano", la Corte Consti
tucional colombiana, en la sentencia C-1192 de 2005, los integra como
parte del patrimonio cultural de la nación en cuanto forman parte "ines
cindible del concepto de cultura", como buen material de esta que goza
de un indudable arraigo. El hecho de que haya sectores de la población, es
pecialmente las asociaciones de defensa de los animales, que no compar
tan esta expresión cultural, no debe dar lugar a que sean "desconocidas o
abolidas discrecionalmente por las autoridades".
2. El legislador canario, en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de
losA, consideró cruentas algunas tradiciones arraigadas en las islas como
las peleas de gallos, aunque, en razón de su arraigo las permite. Así lo ex
presa el preámbulo, que añade:
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"Es evidente que son tradiciones impropias de una sociedad moderna y evolu cionada. Por ello esta ley propicia su desaparición natural (sic), mediante me canismos normativos que impidan su expansión, prohibiendo el fomento de
estos espectáculos, no autorizando nuevas instalaciones y, especialmente, no
favoreciendo la transmisión de estas aficiones".
Con esa incongruencia que proclama sin recato, en su articulado se pro
hibe "la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras ac
tividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento", pero "podrán
realizarse peleas de gallos en aquellas localidades en que tradicionalmente
se hayan venido celebrando, siempre que cumplan los requisitos que re
glamentariamente se establezcan y, en todo caso, con los siguientes: a) pro
hibición de la entrada a menores de 16 años; b) que las casas de gallos e
instalaciones en que se celebren tengan, por lo menos, un año de antigüe
dad, salvo las que se construyan en sustitución de aquellas; c) que las ins
talaciones donde se celebren sean recintos cerrados".
De la misma falta de coherencia, o selectivismo prohibicionista, hace
gala la Ley catalana 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del artículo
6 del Texto Refundido de la Ley de Protección de los Animales. Dice en
el preámbulo que "[se] debe establecer una protección integral de todos los
animales y no pueden dejar al margen espectáculos como las corridas de
toros, ya que objetivamente implican un maltrato al animal", al que define como "animal mamífero con un sistema nervioso muy próximo al de la es
pecie humana, lo que significa que los humanos compartimos muchos as
pectos de su sistema neurológico y emotivo".
Por tanto, prohibición de las corridas de toros; pero hete aquí que aparece
la mano salvífica de los mismos que abominan de las anteriores, pero que en
tienden necesaria la exclusión de esta prohibición de "las fiestas con toros sin
muerte del animal (correbous) en las fechas y localidades donde tradicional
mente se celebran. En estos casos está prohibido inferir daño a los animales",
porque así lo dispone el legislador por 68 votos a favor y 55 en contra
Sin embargo, aún está pendiente la sentencia del Tribunal Constitucio
nal sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cin
cuenta diputados. Han pasado cinco años, aunque solo cuatro desde la
fundación para e) anâhsts y lo* estudios sociales
Enero / Marzo 2016 245
entrada en vigor de la ley prohibicionista que pueda contravenir el artículo
149.1, cláusulas Ia y 28a, de la Constitución, que atribuye a la exclusiva
competencia del Estado la regulación de las condiciones básicas que ga
ranticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y la defensa del patrimonio cultural, del que la tauromaquia forma parte como bien cultural inmaterial, conforme establece la Ley 10/2015, de 26
de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en rela
ción con la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tau
romaquia como patrimonio cultural.
Colombia • Tauromaquia • Constitución • Cultura
Este artículo estudia la sentencia del Con
sejo de Estado colombiano reconociendo al Estado la protección efectiva del dere cho de acceso a la cultura ante la preten
sión de la Alcaldía de Bogotá de prohibir
las corridas de toros. Así, la autonomía de
las entidades locales debe estar sujeta al
marco de la ley y de la Constitución, pues
autonomía no equivale a soberanía y la
unidad y el interés nacional deben preva
lecer como salvaguarda de los derechos
fundamentales de la ciudadanía.
This article examines the judgment of the
Colombian State Council before the mayor
of Bogota's attempt to ban bullfighting,
recognizing that the effective protection of
the right of access to culture belongs to the
State. Thus the autonomy of local
authorities should be subject to the
framework of the law and the Constitution,
because autonomy is not the same as
sovereignty and the unity and national
interest should prevail as a safeguard of
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