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Timestamp: 2019-04-26 06:06:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 2']

AUTO AP5748-2015 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO PENAL EN EL MARCO DE JUSTICIA Y PAZ. PARA QUE PROCEDA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBEN CONCURRIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: I) QUE AL POSTULADO O LOS POSTULADOS SE LES HAYA FORMULADO IMPUTACIÓN. II) QUE LOS HECHOS IMPUTADOS SE ENMARQUEN EN UN PATRÓN DE MACRO CRIMINALIDAD QUE HAYA SIDO OBJETO DE PRECISIÓN Y ESCLARECIMIENTO EN ALGÚN FALLO PROFERIDO EN EL CONTEXTO DE JUSTICIA Y PAZ. ADEMÁS SE PRECISA QUE LA PROVIDENCIA EN LA QUE SE IDENTIFICA EL PATRÓN DE CRIMINALIDAD MASIVA QUE SIRVE COMO SUSTENTO DE LA PRETENSIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA ACTUACIÓN ESTÉ EN FIRME.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, DESAPARICIÓN FORZADA, PROCESO PENAL, TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO, RECURSO DE APELACIÓN, DESPLAZAMIENTO FORZOSO, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Auto AP5748-2015/46721 de septiembre 30 de 2015
AP5748-2015
Rad. 46.721
Aprobado mediante Acta Nº 350
Sobre la terminación anticipada del proceso.
1. Con el propósito de hacer más eficiente y expedito el desarrollo de los procesos de justicia transicional seguidos en el contexto de la Ley 975 de 2005, evitar desgastes innecesarios en la administración de justicia y de ajustar el trámite establecido en esa normatividad al enfoque investigativo centrado en la macro criminalidad y la priorización de casos, el Congreso de la República, al proferir la Ley 1592 de 2012, estimó conveniente consagrar la posibilidad de terminar anticipadamente el proceso seguido contra postulados sometidos al sistema de Justicia y Paz.
En efecto, en el informe de ponencia para primer debate del entonces proyecto de Ley 96 de 2011 de la Cámara de Representantes se consigna:
“El proyecto de ley busca perfeccionar el funcionamiento e implementación de la Ley de Justicia y Paz, para así cumplir con el objetivo primordial de la Ley 975 de 2005. El objetivo fundamental... la consolidación de la paz y a la reincorporación a la vida civil de los miembros de los grupos armados al margen de la ley, garantizando, por una parte, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y, por otra, los derechos de los postulados al debido proceso.
Para la ejecución eficaz de la Ley 975 de 2005, es necesario introducir algunas modificaciones, con el fin de agilizar el trámite de los procesos. Esto, con el fin de dar respuesta oportuna y en un tiempo prudente al ente investigador frente a las expectativas de justicia que provienen tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional”(1).
Más adelante en el trámite legislativo, concretamente en el informe de ponencia para segundo debate en el Senado de la República, se indicó en relación con la figura de la terminación anticipada del proceso lo siguiente:
Esta disposición responde a las observaciones de algunos magistrados de Justicia y Paz, así como organizaciones de la sociedad civil, que consideran pertinente, que como consecuencia del cambio de enfoque investigativo, sea posible terminar el proceso anticipadamente y así no desgastar el sistema con audiencias y demás etapas del proceso, cuando los hechos imputados al postulado hagan parte de un patrón de macro criminalidad ya esclarecido.
La terminación anticipada ocurre cuando el postulado acepta su responsabilidad por las conductas imputadas y solicita dicha terminación, lo que en todo caso, no implica el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”(2).
Proferida entonces la Ley 1592 de 2012, cuyo artículo 18 modificó el precepto de idéntica numeración contenido en la Ley 975 de 2005, quedó establecida la viabilidad de dar por terminada anticipadamente la actuación en los siguientes términos:
“Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido por alguna sentencia de justicia y paz de conformidad con los criterios de priorización, y siempre que ya se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente a la Sala de conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de conformidad con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no supondrá, en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa”.
Esa disposición fue posteriormente reglamentada en el artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, hoy compilado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, así:
“Terminación anticipada del proceso. De acuerdo con el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 18 de la Ley 1592 de 2012, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso cuando los hechos que se le imputen hagan parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido en alguna sentencia dictada en el marco del proceso penal especial de justicia y paz y hayan sido identificadas las afectaciones causadas a las víctimas correspondientes.
PAR. 4º—En los casos en los que se pretenda aplicar la terminación anticipada del proceso, pero se identifiquen víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad, la Fiscalía General de la Nación solicitará ante la Sala de Conocimiento la apertura de un incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional (...)”.
Así las cosas, de la lectura de las disposiciones que regulan y reglamentan el asunto, es posible colegir los requisitos normativamente exigidos para el pronunciamiento favorable a la pretensión de culminación del proceso por la vía anticipada:
i) Que al postulado o los postulados se les haya formulado imputación.
ii) Que los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macro criminalidad que haya sido objeto de precisión y esclarecimiento en algún fallo proferido en el contexto de Justicia y Paz.
En este punto, debe precisarse que, aunque la norma no lo dice expresamente, está ínsito en dicha exigencia, como noción básica de la teoría general del proceso, que la providencia en la que se identifica el patrón de criminalidad masiva que sirve como sustento de la pretensión de terminación anticipada de la actuación esté en firme.
De lo contrario, si el fallo no ha alcanzado ejecutoria, mal puede entenderse develado el patrón, pues el pronunciamiento de la segunda instancia podría comportar la modificación de lo allí consignado, el rechazo de las consideraciones efectuadas por las partes sobre el particular o, incluso, la anulación de la decisión en ejercicio del control oficioso de legalidad que asiste al sentenciador de segundo grado.
La firmeza de la providencia, contrario a lo señalado por la Fiscalía en la sustentación de la alzada, no constituye un simple formalismo, sino una institución jurídico procesal que constituye pilar fundamental del debido proceso, pues solo a partir de ella puede sostenerse que un determinado asunto ha sido decidido de manera definitiva con “imperatividad y obligatoriedad”(3).
Tanto el artículo 18 de la Ley 975 de 2005 como el 36 del Decreto 3011 de 2013, que regulan la terminación anticipada del proceso en este contexto, exigen que el patrón de macro criminalidad invocado para el efecto haya sido “esclarecido” en un fallo, y esclarecer no es otra cosa que “poner en claro, dilucidar un asunto”(4), a lo cual resulta inherente la noción de lo definitivo, pues si persiste el debate, mal puede entenderse de algo que está dilucidado.
iii) Que en esa misma sentencia hayan sido identificados los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas con ocasión de las conductas delictivas cometidas en el marco de ese patrón de macro criminalidad.
No obstante, la insatisfacción de este presupuesto no comporta necesariamente la decisión desfavorable a la pretensión, pues de acuerdo con las disposiciones pertinentes “cuando la Sala de Conocimiento constate que no se han identificado las afectaciones causadas a las víctimas acreditadas en el proceso, ordenará la realización del incidente de identificación de afectaciones causadas de carácter excepcional”.
Lo anterior, desde luego, debe entenderse e interpretarse en armonía con lo decidido por la Corte Constitucional en Sentencia C-284 de 2014, en la que declaró inexequible la normatividad atinente al llamado incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas y, en atención al instituto de la reviviscencia, entendió que “las normas de la Ley 975 de 2005 que regulan el incidente de reparación integral, que son derogadas implícitamente... deben recobrar su vigencia”.
En ese orden, de encontrarse que en la sentencia que sirve como soporte para la terminación anticipada del proceso no fueron decididas las pretensiones indemnizatorias de la totalidad de las víctimas identificadas, lo procedente será tramitar un incidente de reparación excepcional.
iv) Que el postulado o los postulados expresamente soliciten la terminación anticipada de la actuación seguida en su contra ante el Fiscal del caso y, si este se opone al pedido, ante el funcionario judicial competente, de acuerdo con el estadio procesal en que se encuentre el trámite.
1.1. El artículo 36 del Decreto 3011 prevé que, ante la pretensión de terminación anticipada del proceso, “la Sala de Conocimiento verificará que el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz y que se hayan identificado las afectaciones causadas a las víctimas de dicho patrón”.
En ese orden, es claro que ante la solicitud de terminación anticipada del proceso de Justicia y Paz, al funcionario de conocimiento le corresponde adelantar dos verificaciones, en concreto, i) si el postulado hizo parte de patrón de criminalidad masiva ya esclarecido y ii) si las víctimas presentaron en esa primigenia actuación sus respectivas solicitudes indemnizatorias.
A efectos de adelantar la primera comprobación resulta necesario que la Fiscalía allegue junto con la solicitud impetrada un mínimo de prueba —que en este caso se echa de menos— a partir del cual la magistratura pueda verificar si los hechos investigados ocurrieron y si el postulado o los postulados participaron en su comisión, pues solo a partir de la demostración de esas circunstancias es posible establecer si “el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido”.
En el sub examine, la Fiscalía omitió aportar medios suasorios que permitan colegir que los incriminados, en efecto, hicieron parte de las formas de macro criminalidad con las cuales la peticionaria vincula sus conductas, y que además deben ser presentados en la respectiva audiencia en que eleva la solicitud para habilitar la contradicción de las demás partes.
La naturaleza abreviada de la terminación de la actuación no exime a la Fiscalía de la carga de aportar un sustento probatorio básico que lleve a afirmar que las conductas imputadas sucedieron, ni al funcionario de conocimiento de ejercer el control material sobre la responsabilidad de los incriminados.
La manifestación de voluntad de los postulados de ser sentenciados anticipadamente, encauzada procesalmente a través de la Fiscalía conforme la normatividad previamente aludida, en manera alguna permite prescindir de la labor judicial dirigida a comprobar el sustento fáctico y probatorio de la condena que se pretende, pues ello se desprende de preceptos constitucionales aplicables a cualquier actuación punitiva, tales como los previstos en los artículos 6 y 29 de la Carta Política.
Echado de menos un respaldo probatorio que soporte, aun cuando mínimamente, la pretensión de la Fiscalía, no puede afirmarse que el postulado “hizo parte” de un patrón de macro criminalidad, pues la expresión misma alude a una situación fáctica de obligada demostración.
1.2. El artículo 36 del Decreto 3011 de 2013, compilado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, exige de la Fiscalía “sustentar su posición” en punto a la solicitud de terminación anticipada del proceso.
Ello implica ofrecer ante el funcionario de conocimiento las razones de hecho y de derecho por virtud de las cuales, en su criterio, se hallan satisfechas las condiciones legales y reglamentarias para sentenciar abreviadamente a los postulados, con precisión de los patrones de macro criminalidad develados en la sentencia que sirve de base para la solicitud y la argumentación pertinente que permita discernir su identidad con los hechos investigados, así como lo atinente a las víctimas reconocidas.
Corresponde entonces al interesado presentar explicaciones suficientes que permitan a la Sala de Conocimiento efectuar las verificaciones del caso para discernir la viabilidad de condenar anticipadamente a los incriminados.
El artículo 16 del Decreto 3011 de 2013, hoy contenido en el artículo 2.2.5.1.2.2.3 del Decreto 1069 de 2015, define los patrones de macro criminalidad como “el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes implementados por el grupo armado organizado al margen de la ley responsable de los mismos”.
Desde esa óptica, es comprensible que la sustentación que la normatividad vigente exige de la Fiscalía al reclamar la terminación anticipada de la actuación esté dirigida a acreditar argumentativamente la coincidencia de los hechos imputados con tales actividades y prácticas criminales, así como la identidad geográfica entre unos y otras y el acatamiento por parte de los postulados de las políticas del grupo armado ilegal.
2. En el sub examine, ninguna duda suscita la satisfacción de las condiciones identificadas en los literales I y IV del acápite precedente.
Lo primero, por cuanto de acuerdo con la información que obra en la carpeta, la Fiscalía elevó formulación de imputación contra JGML, RUPG, RRGZ, NMSB, JAMT, ACQ, CARC y JCCY en audiencia celebrada el 26 de diciembre de 2013.
Lo segundo, pues la pretensión de culminación anticipada del trámite fue presentada por la apoderada judicial de los nombrados ante la Fiscalía General de la Nación, que a su vez, por conducto de una Delegada, la presentó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
No obstante lo anterior, son varias las razones por las cuales no resulta procedente acceder a la terminación anticipada del trámite.
2.1. En primer lugar, la Fiscalía no aportó en audiencia, como sustento del pedido, medios de conocimiento que permitan tener por mínimamente acreditado que los hechos investigados ocurrieron y que los postulados participaron en su comisión, al punto que no se cuenta siquiera con los registros de las diligencias de versión libre ni de la formulación de imputación, esto es, con su propias confesiones.
En ese contexto, se hace imposible, a partir de la información contenida en la carpeta, colegir si los procesados efectivamente hicieron parte del patrón de macro criminalidad que sirve como marco de la pretensión.
2.2. La abúlica sustentación de la solicitud efectuada por la Fiscalía resulta insuficiente para adelantar las comprobaciones que permitan discernir la viabilidad de sentenciar anticipadamente a los incriminados.
En efecto, la peticionaria básicamente limitó su argumentación a sostener que catorce de los hechos que le fueron imputados a JGML fueron objeto de condena en la sentencia de noviembre 20 de 2014 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
Ello, en primer lugar, eleva serias dudas sobre las incidencias que un eventual fallo condenatorio tendría en este asunto respecto de las garantías constitucionales del nombrado, en concreto, la del non bis in ídem, pues se advierte que la Delegada del ente acusador pretende que sea sentenciado nuevamente por hechos respecto de los cuales ya fue declarado responsable.
De otra parte, tal sustentación se ofrece del todo precaria de frente a las exigencias argumentativas mínimas que le asisten a quien pretende obtener de la autoridad judicial un pronunciamiento favorable a sus intereses.
No solo omitió la interesada hacer relación a la situación de los demás postulados, sino que se abstuvo de explicar las razones por las cuales, en su criterio, los hechos imputado a los aquí judicializados —más de 150—corresponden a las formas de criminalidad masiva identificadas en la sentencia que invocó como marco de su pedido.
Nada dijo tampoco sobre las víctimas reconocidas en esa primera actuación ni las que han acudido a este caso en busca de reparación, como para tener una idea de cuántas de estas ya fueron escuchadas y respecto de cuáles sería necesario adelantar el incidente de reparación excepcional.
2.3. Como quedó esbozado en precedencia, el patrón de criminalidad macro a partir del cual se reclama la terminación anticipada del proceso debe estar esclarecido en una sentencia en firme.
No sucede así en el presente asunto en el que, como lo admite la Fiscalía, el proveído de 20 de noviembre de 2014 no ha alcanzado firmeza, de tal suerte que mal puede afirmarse la efectiva dilucidación del mismo.
3. Así, ante la evidente insatisfacción de las exigencias legales y reglamentarias previstas para acceder a la solicitud de la Fiscalía, no queda solución distinta que la confirmación del auto recurrido.
1. CONFIRMAR en el auto objeto de impugnación, conforme la parte motiva de esta providencia.
1 Gaceta del Congreso Nº 801 de 2011.
2 Gaceta del Congreso Nº 681 de 2012.
3 Sentencia C-641 de 2002.
4 Diccionario de la Real Academia Española, vigesimosegunda edición.