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Timestamp: 2017-01-20 09:00:49
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Francisco Quintana Valverde
1 8. La España actual El proceso de transición política a la democracia. La Constitución de Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico 8.2. El proceso de creación de la autonomía aragonesa y los Estatutos de Autonomía de Aragón. Instituciones políticas aragonesas: las Cortes, el Presidente, el Gobierno o la Diputación General y el Justicia 8.3. Los Gobiernos democráticos. Cambios sociales, económicos y culturales. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto mundial 8.0. Introducción Todo lo referido a la coyuntura internacional en la que se desarrolló la Transición política a la democracia y se inscribe el mundo actual puede encontrarse explicado en otros apartados El proceso de transición política a la democracia. La Constitución de Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico Aunque la Transición hacia la democracia, en general, se considera que no empezó hasta después de la muerte de Franco en noviembre de 1975, el tiempo inmediatamente anterior a este hecho se caracterizó por la creación de un auténtico hervidero de iniciativas y proyectos que tenían por objetivo lograr el cambio político de la dictadura a la democracia. No en balde casi todos los que deseaban intervenir en el futuro político eran conscientes de que el régimen franquista no se extinguiría hasta la muerte de Franco pero también de que no sería fácil que sobreviviera a la desaparición de su fundador 1. Por esta razón, conviene recordar ahora las iniciativas para modificar la realidad política en los meses inmediatamente anteriores y posteriores al 20 de noviembre de 1975, fecha en que Franco murió. Cronología de la Transición La cronología de la Transición ha dado lugar a ciertas discrepancias. Ramón COTARELO ha recogido la distinción que un italiano, Mario CACIAGLI, hace entre dos fases o formas de establecer el desarrollo cronológico de la Transición: * Una fase de transición institucional, desarrollada desde el 18 de noviembre de 1976, cuando las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, hasta el 6 de diciembre de 1978, fecha de la aprobación de la Constitución en referéndum. * Otra fase de transición política, desde el 3 de julio de 1976, fecha en que el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez nuevo presidente del Gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, hasta el 28 de octubre de 1982, fecha en que el PSOE ganó sus primeras elecciones por mayoría absoluta. En esta segunda clasificación cronológica caben varios subperiodos. Pero el propio COTARELO prefiere, como otros autores, conjugar ambas formas de transición y fijar los límites del proceso del siguiente modo: 1 De hervidero de planes y contraplanes se califica la situación política en el capítulo La transición política, de Ramón COTARELO, en la obra de TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, página 33.2 Historia de España. Bachillerato. * La Transición comenzó el día de la muerte de Franco (20 de noviembre de 1975) y acabó con la aprobación y promulgación de la Constitución (6 y 29 de diciembre de 1978, respectivamente). * Siguió después una fase de consolidación en los años posteriores a Los autores del último volumen de la Historia de España dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA prefirieron delimitar los años de la Transición entre el año de la muerte de Carrero Blanco (1973) y el año de la firma de la entrada de España en la Comunidad Europea (1985), aunque es lógico darla por terminada antes de esta última fecha, como hacen casi todos los historiadores y expertos en política. Cabe también recordar la interesante serie de La transición, de RTVE, que inicia el relato en diciembre de 1973 (asesinato de Carrero Blanco) y lo termina en junio de 1977 (elecciones generales) y julio de 1977 (constitución de las primeras Cortes democráticas de la monarquía) 3. En un sentido amplio podría delimitarse la cronología de la Transición relacionando su comienzo con la muerte de Carrero Blanco (diciembre de 1973) y su final con la llegada al Gobierno español de un partido de la oposición de izquierda, clandestino en el régimen franquista, como era el PSOE, tras ganar las elecciones (octubre de 1982). Transición política: el inmovilismo de Arias y las reformas democráticas de Súárez Gobiernos de Arias ( ): pervivencia del franquismo Carlos Arias Navarro fue el último presidente del régimen franquista (enero de 1974-noviembre de 1975) y el primero de la monarquía de Juan Carlos I de Borbón (diciembre de 1975-julio de 1976). En una primera etapa, entre enero de 1974 y noviembre de 1975, en vida de Franco todavía, el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro hizo los primeros intentos de apertura política. El programa de reformas lo expuso Arias en febrero de y se concretó en un Estatuto de Asociaciones Políticas elaborado en diciembre de En él se afrontaba un problema político básico: el de ensanchar los cauces del sistema para que en él cupieran diversas tendencias políticas; pero la solución propuesta era tan poco aplicable que fue rechazada incluso por importantes personalidades moderadas próximas al régimen como Manuel Fraga, Pío Cabanillas, Joaquín Garrigues y Díaz-Cañabate o Marcelino Oreja. A su vez los sectores más inmovilistas del régimen iniciaban un movimiento de oposición al intento de apertura de Arias. Así se configuraba ya la tendencia de lo que se llamaría pronto el búnker 5. Simultáneamente la actuación de los grupos terroristas iniciaba una escalada que se hizo especialmente violenta en el verano de 1975 y que provocó una reacción muy dura del régimen. La ley antiterrorista fue sistemáticamente aplicada y el proceso represivo culminó con la ejecución de la pena capital dictada contra tres militantes del FRAP y dos de ETA, acusados de asesinar a varios miembros de las Fuerzas Armadas. 2 En La transición política, de Ramón COTARELO, en TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, páginas La transición, de RTVE, serie relatada por la periodista Victoria PREGO, emitida en 13 capítulos. Aunque realizada años antes, no se proyectó en televisión hasta Se denominó el Espíritu del 12 de febrero al proyecto aperturista de Arias Navarro, propuesto ese día de 1974 por el Presidente del Gobierno en un discurso ante las Cortes españolas. 5 Búnker: Conjunto de personas del Movimiento Nacional que, no estando en el Gobierno, obstaculizaban todas las iniciativas de reforma del régimen de Franco, por medio de su influencia sobre el poder político o el ejército, fundamentalmente entre 1974 y3 8. La España actual. Por su parte, los grupos de la oposición situados totalmente fuera del Régimen se agrupaban en dos organismos: En la Junta Democrática de España, formada en julio de 1974, estaban representados especialmente: el PCE (Partido Comunista de España), el PTE (Partido del Trabajo de España), el PSP (Partido Socialista Popular) 6 y CCOO (Comisiones Obreras). En la Plataforma Nacional de Convergencia Democrática (junio de 1975) se agrupaban: el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y varios partidos democristianos y socialdemócratas con algunos grupos de la izquierda revolucionaria como la ORT (Organización Revolucionaria de los Trabajadores) y el MCE (Movimiento Comunista de España). Tanto la Junta como la Plataforma hicieron públicos unos puntos mínimos cuyo cumplimiento consideraban necesario para hallar salida a los problemas políticos del país. En ambos programas constaban como puntos básicos: la amnistía política, la implantación de la libertad de asociación política y la convocatoria de elecciones para Cortes Constituyentes. A partir de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, se había abierto una nueva etapa política. El rey Juan Carlos I inició su reinado dentro de los cauces marcados por el sistema político anterior: juró fidelidad a los Principios Fundamentales del Movimiento y confirmó como jefe del Gobierno al presidente Carlos Arias Navarro, que siguió en el cargo hasta junio de 1976 sin que su acción política sirviera para impulsar reformas democratizadoras. Sin embargo, en el discurso de toma de posesión de su cargo aparecía ya el propósito del rey de sacar al país del trance político en el que se encontraba y encauzarlo hacia la democracia. En el Gobierno de Arias había ministros que provenían del franquismo pero eran líderes destacados de la derecha reformista como Manuel Fraga (ministro del Interior) o José María de Areilza (ministro de Asuntos Exteriores), en realidad más identificados que Arias con la idea de la democratización del régimen. Pero no hubo un plan definido y resuelto de reformas que se propusiera democratizar el Estado. Parecía buscarse una solución solo parcialmente democrática sin establecer suficientes cauces de diálogo con los opositores al régimen heredado del franquismo. La situación de estancamiento en las reformas que se reclamaban en las calles de las ciudades españolas se vio agravada por algunos sucesos trágicos: en marzo de 1976, se produjo la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada en el marco de una movilización obrera en una iglesia de Vitoria; en mayo, fueron asesinados dos asistentes a una concentración carlista en Montejurra, cerca de Estella (Navarra), por pistoleros de extrema derecha. Crecía entre tanto la frecuencia de las acciones terroristas con la proliferación de secuestros y asesinatos cometidos en su mayoría por ETA. La tensión extrema y el descontento social, acentuados por los efectos crecientes de la crisis económica reinante, exigía un cambio en la forma de gobernar de la autoridades. Gobierno preconstitucional de Suárez ( ): reformas políticas de la Transición Para alcanzar el objetivo de la democratización del país el rey contaba con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda, profesor de Derecho Constitucional del monarca y veterano político, al que había nombrado presidente de las Cortes en diciembre de Fernández Miranda promovió la candidatura de Adolfo Suárez a la 6 Partido Socialista Popular (PSP) fue desde 1974 la nueva denominación del Partido Socialista del Interior (PSI), creado por Enrique Tierno Galván en En 1978 el PSP se integró en el PSOE y en representación de este partido Tierno Galván fue elegido en 1979 primer alcalde democrático de Madrid desde el tiempo de la II República. 34 Historia de España. Bachillerato. presidencia del Gobierno e inspiró decisivamente el proceso de reforma política que acabó haciendo posible el cambio de régimen y su conversión en democrático. JUAN CARLOS I DE BORBÓN (1935- ): Fue proclamado rey de España en noviembre de 1975, tras la muerte del general Franco, anterior jefe del Estado. Hijo de Juan de Borbón y María Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y nieto del rey Alfonso XIII, Juan Carlos nació en Roma, en aquel tiempo lugar de residencia de la familia real en el exilio. En 1948, tras un acuerdo entre Francisco Franco y Juan de Borbón, el futuro rey se estableció en España para seguir un largo proceso de educación bajo la tutela del régimen franquista. En 1962 se casó con Sofía de Grecia y en 1969 el general Franco le designó su sucesor en la jefatura del Estado, a título de rey, con la aprobación de las Cortes. Igualmente obtuvo el título de Príncipe de España que le concedió Franco. A la muerte de éste, Juan Carlos fue proclamado rey tras jurar las Leyes Fundamentales del régimen franquista, cuya transformación y desaparición consiguió en colaboración con las fuerzas y los representantes políticos democráticos y la mayoría de la sociedad española. Aunque en medio de grandes dificultades, fue posible la transformación de un régimen autoritario en otro democrático entre 1976 y En 1981 tuvo que enfrentarse a un golpe de Estado, finalmente fallido, que provocaría el secuestro de los diputados en la sede del Congreso desde la tarde del día 23 de febrero hasta bien entrada la mañana del día siguiente. El prestigio y el reconocimiento de años lo perdió en buena parte el rey durante los últimos años de su reinado, en medio de una profunda crisis social, económica, política e institucional. Abdicó en El fracaso del primer Gobierno de la monarquía, que no había logrado impulsar un proyecto político de reforma, hizo que el rey Juan Carlos sustituyera a Arias Navarro en julio de 1976 por un nuevo presidente, Adolfo Suárez, un joven político que había venido ocupando importantes cargos en el régimen franquista. Suárez debía, mediado el año de 1976, emprender una reforma del sistema que no fuera bloqueado por el búnker ni rechazado por la oposición democrática y que, a la vez, recibiera la aceptación de la sociedad española y pudiera abrir el camino a un nuevo sistema representativo. Adolfo Suárez fue capaz de hacerlo con el apoyo del propio Juan Carlos y la colaboración más o menos activa de fuerzas políticas diversas: antiguos franquistas, democristianos y liberales, socialdemócratas y socialistas, comunistas, nacionalistas... La movilización de la opinión pública, el impulso de los medios de comunicación y el refrendo electoral de la mayoría de la sociedad española fueron fundamentales e imprescindibles para que el proceso saliera adelante, superando las dificultades y resistencias que se plantearon a la reforma. En el mismo mes de julio de 1976, el Gobierno de Suárez empezó a negociar con la oposición una solución política y publicó un decreto-ley de amnistía de los delitos políticos, tipificados en el vigente Código Penal franquista, que no hubieran causado derramamiento de sangre 7. ADOLFO SUÁREZ ( ): Nació en Cebreros, provincia de Ávila. Tras obtener el título de abogado, protagonizó una ascendente carrera política en el régimen de Franco, siendo procurador en Cortes por la provincia de Ávila desde 1967 y director de Radio Televisión Española (RTVE) desde 1969 hasta En el primer Gobierno de la monarquía, formado bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro en diciembre de 1975, Suárez fue nombrado ministro Secretario general del Movimiento. En julio de 1976 el rey Juan Carlos le nombró presidente del Gobierno, encomendándole la delicada tarea de modificar el sistema político hasta lograr la implantación de la democracia en España. El presidente promovió la aprobación de una Ley de Reforma Política que las propias Cortes franquistas y el pueblo español en referéndum refrendaron en noviembre y diciembre de 1976, respectivamente. Esta ley permitiría la celebración seis meses más tarde de las primeras elecciones democráticas en España después de cuarenta y un años. Suárez impulsó la negociación con todas las fuerzas políticas de la oposición liberal, nacionalista y de izquierdas, que fueron reconocidas por la ley en los meses siguientes, incluido el Partido Comunista de España (PCE) cuya legalización se produjo en abril de En vísperas de las elecciones las fuerzas de centroderecha se aglutinaron alrededor de Suárez que, 7 Amnistía: Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. 45 8. La España actual. convertido en líder de la recién nacida Unión de Centro Democrático (UCD), fue el principal responsable de la victoria electoral de la nueva organización política en junio de Negoció con las principales fuerzas políticas y sindicales para intentar estabilizar la crítica situación socioeconómica que atravesaba el país, lo que llevó al compromiso de los Acuerdos de la Moncloa. Bajo su mandato se negoció y aprobó el articulado de la nueva Constitución democrática, votada por el pueblo el 6 de diciembre de Reelegido presidente tras las elecciones generales de marzo de 1979, su Gobierno organizó las primeras elecciones democráticas de los Ayuntamientos desde los años de la Segunda República. Igualmente acordó con las correspondientes fuerzas autonómicas la aprobación de los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña en Continuó como presidente hasta febrero de 1981, dimitiendo en vísperas del golpe de Estado que le sorprendió en el Congreso de los Diputados, cuando se hallaba todavía en el ejercicio de su cargo. Al final de su mandato, la situación política de Suárez se había debilitado extraordinariamente por la crisis interna de su partido, la fuerte oposición de los socialistas y los movimientos golpistas de militares y miembros de la extrema derecha. Abandonó la UCD en 1982 y fundó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), por el que fue diputado en el Congreso entre 1982 y En este último año abandonó definitivamente la política. El rey le concedió el título de duque de Suárez. Murió en Madrid en TORCUATO FERNÁNDEZ-MIRANDA ( ): Nacido en Gijón, fue catedrático de Derecho Político y rector de la Universidad de Oviedo, antes de ocupar diferentes cargos en el Ministerio de Educación. Como especialista en Derecho Político fue profesor del futuro rey Juan Carlos a quien instruyó y explicó las posibilidades que las Leyes Fundamentales del régimen franquista ofrecían para promover su reforma y transformación. Desde entonces su relación con Juan Carlos fue muy estrecha y, de hecho, su influencia resultó decisiva en la reforma democrática durante la primera fase de transición, entre 1975 y Anteriormente, entre 1969 y 1973, había sido ministro Secretario general del Movimiento. Al constituirse en junio de este último año un nuevo Gobierno presidido por el almirante Carrero Blanco, Fernández-Miranda fue además nombrado vicepresidente, por lo que al morir el presidente en diciembre, tuvo que hacerse cargo de la presidencia provisionalmente. Tras la designación de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno en enero de 1974, quedó en un segundo plano hasta que, muerto Franco, el recién proclamado rey se apresuró a nombrarle presidente de las Cortes y del Consejo del Reino en diciembre de Desde estos importantes cargos intervino decisivamente para lograr el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno y la aprobación por las Cortes españolas y el Consejo del Reino de la Ley de Reforma, concebida por él mismo como herramienta para hacer posible la transformación legal del régimen autoritario franquista en un régimen democrático. Cesó como presidente de las Cortes al convocarse las elecciones democráticas que se celebraron en junio de En las nuevas Cortes ocupó un escaño como senador designado por el rey. En adelante ya no influyó en las decisiones políticas que se fueron adoptando por los principales partidos y sus líderes durante el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de Retirado de la política en 1979, murió un año después en Londres. Antes de su fallecimiento había sido distinguido por el rey Juan Carlos con el título de duque de Fernández-Miranda. La mayoría de los autores que han analizado el proceso están de acuerdo en que la transición política española es un fenómeno único y sin precedentes. Sin duda puede decirse lo mismo de cualquier otro acontecimiento pero en éste, sin embargo, se da la circunstancia de que hay una aceptación general sobre su carácter específico hasta el punto de que se ha convertido en banco de pruebas o ensayo del que extraer conclusiones que puedan luego aplicarse en otras circunstancias políticas o históricas. En efecto, aunque por esos años Portugal y Grecia vivieron también un cambio de la dictadura a la democracia, sus propios procesos, más traumáticos al menos desde un punto de vista jurídico e institucional, les distinguen del caso español 8. 8 El estudio de este apartado se basa en las referencias obtenidas de: Los capítulos La crisis del franquismo y la transición democrática, de José Félix Tezanos, y La transición política, de Ramón Cotarelo, que figuran en la obra de TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, páginas Los análisis de Manuel TUÑÓN DE LARA, en la Introducción, y Santos JULIÁ, en la primera parte del libro titulada Sociedad y política, de TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, Primera reimpresión de la primera edición, páginas6 Historia de España. Bachillerato. Entre el continuismo más acendrado (búnker) y quienes apostaban por una ruptura con el régimen heredado de Franco, había todo un conjunto de proyectos reformistas de distinta concepción. La monarquía de Juan Carlos abría, sobre todo, un panorama de incógnita, ante el papel que pudiera desarrollar y el proyecto que pudiera tener para el futuro político de España. El argumento de quienes confiaron en la posibilidad de que el rey impulsara el cambio político era la preeminencia que el monarca tenía sobre las Leyes Fundamentales que le daban el poder necesario para acometer una reforma constitucional mediante la consulta al pueblo. Es lo que acabó sucediendo pero no era fácil preverlo ni valorar adecuadamente en su momento la existencia de las condiciones adecuadas para que el cambio político pudiera producirse pacíficamente en los términos en que se llevó a cabo. Sin duda la Transición representa el paso de un régimen a otro, un proceso de tránsito del autoritarismo a la democracia 9. Paul PRESTON sostiene que la naturaleza de la Transición a la democracia y del periodo siguiente de crisis-ruptura política, puede ser comprendida sólo en términos de profundización de las contradicciones internas del régimen durante los últimos seis años de vida del dictador 10. Existe, según SANTOS JULIÁ, un acuerdo general sobre la importancia de las transformaciones sociales ocurridas en las dos últimas décadas del régimen franquista como origen o fundamento de la llegada de la democracia posteriormente. A este respecto hay que recordar que durante los años sesenta y setenta la sociedad española cambió profundamente, convirtiéndose en una sociedad urbana que accedió a los puestos de trabajo creados por la industria y los servicios, modificando la estructura de clases, aumentando en número y en esperanza y calidad de vida, desarrollando un nivel cultural, de información y crítica muy superior a la existente en los primeros veinte años de franquismo 11. Así puede decirse que la sociedad española estaba preparada para la democracia y la deseaba mayoritariamente pero no deseaba correr riesgos para conseguirla ni era partidaria de procesos revolucionarios o convulsiones que alterasen la estabilidad social 12. Existe en general acuerdo al considerar que en el marco internacional el franquismo suscitaba amplias reacciones de rechazo entre los países democráticos y, sin embargo, el rey Juan Carlos recibió manifestaciones de apoyo de políticos de la importancia internacional de los presidentes de la República francesa y la República Federal de Alemania, dada la confianza de éstos en que la institución monárquica conduciría a España a la democracia 13. Los países democráticos europeos eran 9 En La transición política, de Ramón COTARELO, en la obra de TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, página PRESTON, Paul. Los orígenes de la transición: dictadura, terrorismo y cambio social, citado por Ramón COTARELO en el capítulo La transición política de la obra de TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, páginas 33, 34 y Los análisis de Manuel TUÑÓN DE LARA y Santos JULIÁ (Introducción y primera parte) van en este sentido en TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, Primera reimpresión de la primera edición. 12 El análisis de Santos JULIÁ (primera parte) se manifiesta en este sentido en TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, Primera reimpresión de la primera edición, página Los presidentes de la República Francesa y de la República Federal Alemana eran, a la sazón, Valéry Giscard d Estaing y Walter Scheel, respectivamente. Subrayan esta cuestión de los apoyos externos los capítulos La crisis del franquismo y la transición democrática, de José Félix TEZANOS, y La transición política, de Ramón COTARELO, que figuran en la obra de TEZANOS, José Félix; COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de (Editores), La 67 8. La España actual. categóricos rechazando la prolongación de la dictadura tras la muerte de Franco, a lo que ayudó la elección como presidente de los EEUU del demócrata Jimmy Carter 14. No existe sin embargo acuerdo al analizar hasta qué punto la naturaleza del sistema político franquista y sus posibilidades de transformación pudieron influir en la Transición. Una cosa sí es obvia como punto de partida: la instauración de la democracia en España, es decir, la Transición, se llevó a cabo de una forma legal, al aplicarse una ley elaborada por un Gobierno nombrado (en julio de 1976) según las leyes franquistas vigentes, sometida a debate y votada en Cortes franquistas (noviembre de 1976) y aprobada luego por el pueblo en un referéndum (diciembre de 1976), celebrado con garantías de voto aunque presidido por el mismo Gobierno que carecía en su origen de legitimidad democrática al igual, al fin y al cabo, que el propio rey Juan Carlos. La nueva norma electoral, denominada Ley de Reforma Política, se aprobó oficialmente el 4 de enero de En el proceso, sin embargo, terminó habiendo una ruptura jurídica en palabras del primer presidente de las Cortes democráticas, Antonio Hernández Gil: la cláusula derogatoria de la Constitución, no frecuente en las Constituciones, al privar de todo vigor a la Ley para la Reforma Política y a todas las Leyes fundamentales y a cuantas disposiciones contradigan la Constitución, creó una verdadera ruptura. No hubo, por tanto, una ruptura violenta, de hecho, sino una ruptura jurídica... la ruptura final derivada de la cláusula derogatoria. El hilo de comunicación entre el viejo y el nuevo sistema que, efectivamente existió, y de ahí la reforma, quedó, sin embargo, roto. El edificio constitucional se empezó con un andamiaje reformista, pero fue obra de las Cortes y del pueblo. No hubo, pues, una ruptura previa e inicial como punto de partida. Sí hubo una ruptura final, jurídica y, por tanto, incruenta, con la que terminó la reforma. Así vino alzado el nuevo edificio constitucional 15. Efectivamente, las Cortes que fueron elegidas al aplicarse la nueva ley modificaron todo el entramado jurídico del franquismo, empezando por la aprobación de una Constitución democrática y acabando, en fin, con el sistema anterior. La Ley para la Reforma Política, aprobada por las Cortes en noviembre y refrendada por el pueblo español en referéndum en diciembre de 1976, modificaba la composición y estructura así como el procedimiento de elección de las Cortes españolas. En esta ley se reconocía el sufragio universal, que siempre había rechazado el régimen franquista. Podrían votar las personas mayores de 21 años. La elección de Congreso y Senado correspondía al pueblo, con la excepción de un grupo muy reducido de senadores que sería designado por el Rey. Referéndum para la Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976) Participación (sobre el total del censo electoral) 77,72% Sí (sobre el total de los votos emitidos) 94,45% No (sobre el total de los votos emitidos) 2,57% En blanco (sobre el total de los votos emitidos) 2,98% Fuente: Ministerio del Interior. Resultados electorales 16. transición democrática española. Editorial Sistema. Madrid, Primera reimpresión de la primera edición, página Jimmy Carter (1924- ): James Earl Carter, conocido como Jimmy Carter, fue presidente de EEUU entre enero de 1977 y enero de 1981, tras su elección en noviembre de Era candidato del Partido Demócrata y cuatro años después fue derrotado por Ronald Reagan ( ), del Partido Republicano, presidente hasta HERNÁNDEZ GIL, Antonio. El cambio político español y la Constitución, Barcelona, 1982, citado en TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, Primera reimpresión de la primera edición, página Todos los datos sobre resultados electorales organizados por el Ministerio del Interior que aparecen en el tema han sido obtenidos principalmente de la página web de este órgano del Gobierno español: 78 Historia de España. Bachillerato. Antes de que se completara el proceso que conducía a las primeras elecciones democráticas desde la II República, nuevas y graves dificultades tuvieron que ser superadas para hacer posible su convocatoria y celebración. En enero de 1977 se produjo una escalada de la violencia. Murieron en Madrid dos estudiantes, por la represión policial en sendas manifestaciones, y cinco sindicalistas, miembros de un despacho de abogados laboralistas del PCE, tiroteados por un grupo ultraderechista junto a otros cuatro compañeros que quedaron malheridos, en la recordada matanza de Atocha. El GRAPO causó la muerte de dos policías y un guardia civil y heridas a tres compañeros de este último. Además protagonizó por aquellos días los sucesivos secuestros de Antonio Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y el teniente general Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Aquella situación crítica que hacía temer una brusca reacción de los militares fue superada con serenidad y contención. En febrero fueron liberadas las personalidades secuestradas sanas y salvas y el proceso democratizador siguió adelante. En abril de 1977, en la tarde del Sábado Santo, fue legalizado por el Gobierno el Partido Comunista de España. La cúpula militar volvió a removerse irritada al sentirse engañada por el presidente Suárez que en algún momento les habría podido garantizar que tal cosa no iba a suceder. A cambio y conforme a lo que Suárez había negociado con Carrillo, secretario general del partido comunista, este tuvo que aceptar públicamente como propias del Estado español la institución monárquica y la bandera roja y gualda. Con el concurso de todos los partidos y coaliciones que pudieron presentarse libremente, las elecciones fueron convocadas en mayo para su celebración en junio de La campaña electoral, con profusión de propaganda callejera, celebración de mítines en lugares públicos e intervenciones de los candidatos en radio y televisión, creó una atmósfera insólita de libertad y pluralismo tras cuarenta años de prohibiciones y censura. A partir de la elección de las nuevas Cortes en junio de 1977, al aplicarse la nueva ley, ya con libertad de expresión y participación de todos los partidos políticos, se abrió un periodo constituyente. En las elecciones la fuerza política más votada fue la Unión de Centro Democrático (UCD), coalición de partidos de centro encabezada por el presidente Adolfo Suárez 17. El segundo lugar en votos y diputados lo obtuvo el Partido Obrero Socialista Español (PSOE), cuyo líder era Felipe González. A gran distancia quedaron como minorías el Partido Comunista de España (PCE), de Santiago Carrillo, la Alianza Popular (AP) 18, de Manuel Fraga, el Partido Socialista Popular (PSP), de Enrique Tierno Galván, y los nacionalistas catalanes y vascos. Eran unas Cortes plurales elegidas democráticamente. Entre otros resultados pueden también encontrarse detallados los de las elecciones a las dos cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) de las Cortes generales. 17 Unión de Centro Democrático (UCD) nació en mayo de 1977 como una coalición electoral de diversos grupos centristas o próximos a al centrismo, organizada alrededor del liderazgo de Adolfo Suárez ante la inminencia de las primeras elecciones democráticas. En su organización confluyeron organizaciones y políticos de ideologías diversas (liberales, democratacristianos, socialdemócratas, regionalistas conservadores ). Poco después se constituyó en partido político bajo la presidencia del propio Suárez. Las divisiones internas y los abandonos se precipitaron en su seno en Suárez mismo dejó el partido entonces. Las elecciones generales de ese año arrojaron un resultado muy negativo para la UCD precipitándose su desintegración en Alianza Popular (AP) había sido fundada por Manuel Fraga, su primer presidente y líder principal. El Partido Popular (PP) nació de la refundación de Alianza Popular en 1989 por iniciativa de Fraga, que dejó paso en 1990 a un nuevo líder al frente del partido, José María Aznar, a su vez sustituido en el cargo por Mariano Rajoy en9 8. La España actual. Suárez pudo formar un Gobierno legitimado por su victoria en las urnas y, al mismo tiempo, intentó aglutinar a todas las corrientes ideológicas que participaban en UCD, incluyendo representantes de cada una de ellas en su gabinete: democratacristianos, liberales, socialdemócratas, independientes convertidos a la democracia desde sus orígenes falangistas El reflejo de la complejidad del nuevo partido recién creado alrededor de la figura de su líder. En octubre de 1977, las Cortes aprobaron una nueva ley de amnistía, amplia y retrospectiva, que daba por olvidados todos los delitos y actos de violencia motivados por causas políticas hasta las elecciones de junio del mismo año. Abarcaba las acciones violentas contra el régimen franquista y las promovidas por la actividad represora de este último al mismo tiempo. Elecciones generales a Cortes (15 de junio de 1977) Fuerzas políticas Congreso UCD (Unión de Centro Democrático) 166 PSOE (Partido Socialista Obrero Español) PCE (Partido Comunista de España) AP (Alianza Popular) 16 PDPC (Pacte Democràtic per Catalunya) PNV (Partido Nacionalista Vasco) 8 PSP-US (Partido Socialista Popular-Unidad Socialista) 22 6 UDC-IDCC (Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya) 2 Otros 23 4 Diputados elegidos: 350. Fuente: Ministerio del Interior. Resultados electorales. Las nuevas Cortes adoptaron la decisión de iniciar un proceso de elaboración y debate de una Constitución democrática que, una vez aprobada por las Cámaras, se propuso al pueblo español que, a su vez, la aprobó en referéndum en diciembre de 1978, modificándose a partir de entonces toda la legislación franquista, que fue sustituida por otra emanada del régimen democrático. Referéndum para la aprobación de la Constitución (6 de diciembre de 1978) Participación (sobre el total del censo electoral) 67,11% Sí (sobre el total de los votos emitidos) 88,54% No (sobre el total de los votos emitidos) 7,89% En blanco (sobre el total de los votos emitidos) 3,57% Fuente: Ministerio del Interior. Resultados electorales. SANTOS JULIÁ apunta que lo específico de esta segunda transición política a la democracia en la España del siglo XX es que, a diferencia de la primera, la que 19 El Partit Socialista de Catalunya (PSC), federado con el PSOE, ha asumido tradicionalmente la representación electoral de éste en Catalunya y sus diputados forman parte del grupo parlamentario socialista. 20 El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) representó a la candidatura del PCE en Cataluña en 1977, 1979 y Su descomposición posterior llevó a un sector a de su militancia a impulsar la creación en 1987 de Iniciativa per Catalunya (IC), integrada en Izquierda Unida (IU). 21 Pacte Democràtic per Catalunya (PDPC) era una coalición electoral formada por diversas organizaciones políticas catalanistas con el objetivo común de lograr un estatuto de autonomía para Cataluña. La coalición no tardó en romperse. Su principal fuerza era Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) cuyo líder, Jordi Pujol, fue cabeza de lista de la candidatura por la provincia de Barcelona. 22 El Partido Socialista Popular (PSP), todavía sin haberse integrado en el PSOE, presentó candidaturas formando coalición con una federación de partidos socialistas de distintas regiones de España denominada Unidad Socialista, que se formó para las elecciones de 1977 y que poco después se disolvió. 23 Obtuvieron un diputado cada una de las siguientes fuerzas políticas: Coalición electoral Esquerra de Catalunya-Front Nacional (EC-FED), Euskadiko Ezkerra (EE), Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) y Candidatura Independiente de Centro de Castellón. 910 Historia de España. Bachillerato. instauró la República en 1931, el proceso se abre ahora desde las instituciones de la dictadura y no después de su hundimiento. Este hecho es evidente, ante todo, en la permanencia en la Jefatura del Estado, antes de que comenzara la Transición y después de culminada, de la persona que a título de Rey sucedió a Franco de acuerdo con la Ley de Sucesión aprobada por las Cortes franquistas, Juan Carlos de Borbón, que tan importante papel habría de desempeñar, contra los primeros pronósticos formulados por la oposición, en la conducción de todo el proceso. Pero lo es también en el hecho de que permaneciera el mismo presidente del Gobierno, nombrado de acuerdo con la legalidad franquista, antes y después de aprobarse la Ley para la Reforma Política que liquidaba de hecho las instituciones del régimen de Franco y abría el camino a la instauración de un Parlamento elegido por sufragio universal directo y secreto 24. Gobierno preconstitucional de Suárez ( ): reformas y pactos económicos de la Transición. A mediados de 1977, la situación económica general de crisis se había agravado: las reservas de divisas estaban en niveles muy bajos, las exportaciones apenas compensaban un 45% de las importaciones y la deuda externa crecía a rápidamente. Había que ser realistas y llegar a una política de consenso, lo que justificaba por parte de la dirección del PCE y el PSOE la necesidad de un acuerdo con las demás fuerzas políticas representadas en las nuevas Cortes democráticas. Según Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, con el acuerdo se iba a sacar al país de la crisis en el plazo de un año y medio. Ramón Tamames, máxima autoridad en materia económica del PCE por aquel entonces, aludía al riesgo de un alzamiento militar como amenaza a los que se oponían al acuerdo: si fracasa este programa, vendrá un Gobierno autoritario. Distante de los proyectos europeos, la economía española estaba muy lejos del desarrollo de las economías avanzadas de entonces. Su estructura productiva dependía en exceso de sectores poco competitivos internacionalmente. La primera crisis energética de 1973 provocó el ascenso fulminante del precio del petróleo y, como consecuencia de ello, de los costes empresariales y los gastos particulares. Los efectos para la economía española, ante la inoperancia de las autoridades; fueron muy negativos: la inflación que al concluir 1976 rondaba el 20%, se duplicó en seis meses, al tiempo que cuadruplicaba el promedio de la inflación existente en las economías industrializadas. En plena crisis, el capital se destinaba a la especulación o simplemente se evadía del país por la incertidumbre reinante desde un punto de vista político y económico. Las fugas de capital a Suiza y a otros países alcanzaron al parecer cotas muy elevadas. En los dos años anteriores al acuerdo de 1977 salieron más de millones de pesetas al extranjero, según algunas estimaciones. Todo esto se tradujo en el cierre de miles de empresas, que al final de año dejaron un saldo de más de un millón de parados. Sólo en Barcelona, de enero a agosto, empresas habían presentado expedientes de regulación de empleo. Los economistas más objetivos reconocen que con el acuerdo no hubo más logro que una rápida recuperación de los excedentes empresariales, pero que se consiguió despejar los fantasmas de la crisis y el estancamiento de la economía. En junio de 1977, después de las elecciones, el Gobierno de Suárez devaluó la peseta un 20%, tras una primera devaluación de la moneda de un 10% pocos meses 24 Análisis de Santos JULIÁ, en la primera parte del libro titulada Sociedad y política, de TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, Primera reimpresión de la primera edición, página11 8. La España actual. antes. Esto disparó aún más la inflación, que alcanzaría a finales de año un 30%, aunque en los meses de junio y julio la inflación interanual había llegado a ser de un 47%. El 25 de octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa. Al acuerdo entre el Gobierno de Suárez y los partidos de la oposición se llegó tras una serie de reuniones negociadoras que se habían ido efectuando en los meses previos. Primero, entre los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda y los dirigentes de UGT y CCOO. Más tarde, con los dirigentes de los partidos de la oposición que fueron visitando el palacio de la Moncloa, nueva residencia del Presidente del Gobierno. Aun así, muchas secciones sindicales de CCOO votaron en contra de los Pactos de la Moncloa. La dirección de UGT, que había rechazado la idea de un pacto social, tanto antes como después de las elecciones de junio de 1977, se opuso al Pacto. El contenido de los pactos, entre otras cosas, concedía por primera vez a los empresarios el derecho al despido libre de hasta un máximo del 5% de las plantillas. Para los empresarios se trataba de un primer paso para introducir el despido libre sin ningún tipo de trabas. También se introducía una novedad que habría de determinar la negociación colectiva durante años posteriores: el tope del crecimiento de los salarios se fijaba teniendo en cuenta la inflación prevista por el Gobierno para el año siguiente, que sistemáticamente era menor que la registrada en el anterior. Así, el tope de subida salarial se estableció en el 20%, que era la previsión de inflación del Gobierno para el año El Pacto también contemplaba una serie de contrapartidas a estos sacrificios de la clase trabajadora, con las que se quiso presentar el acuerdo como un reparto equitativo de los sacrificios, pero en ninguno de estos puntos se llegó a concretar nada que no fuera el enunciado general de derechos sociales y laborales: cambios en la gestión y extensión a un mayor número de ciudadanos de la Seguridad Social, educación pública y gratuita para todos, derechos sindicales en un marco democrático... Los efectos de los Pactos de la Moncloa sólo fueron positivos en determinados aspectos: la inflación había acabado el año 1977 en el 26,4% y en el año 1978 era sólo del 16% mientras las reservas de divisas se duplicaron y las cuentas de las empresas empezaron a mejorar en ese período. Por otro lado, el espíritu de diálogo y entendimiento forjado en los Pactos de la Moncloa tuvo luego su prolongación en los primeros acuerdos marco entre empresarios y sindicatos que se fueron firmando en años sucesivos, aunque en realidad las frecuentes huelgas de esos años no empezaron a ver reducida su intensidad y frecuencia hasta La nueva visión social y democrática de la España de la Transición hizo que el Gobierno de Suárez promoviera la aprobación de una nueva ley de reforma fiscal, en noviembre de 1977, que puso las bases de la fiscalidad contemporánea al generalizar de manera efectiva la obligación de todos los ciudadanos de presentar su declaración de ingresos, renta y patrimonio. Se estableció la proporcionalidad de las cargas fiscales en relación con los haberes particulares y el principio de redistribución de los recursos con fines sociales. Quien más tenga, que más pague, rezaba el lema utilizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, del que era titular Francisco Fernández Ordóñez, en su campaña de implantación de la nueva norma fiscal. La Constitución de Principios constitucionales, desarrollo institucional y autonómico Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron la mayoría relativa a la Unión de Centro Democrático, cuyo líder era el presidente Adolfo Suárez, seguido 25 En julio de 1979 se firmó el primer acuerdo marco interconfederal entre la recién creada Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 1112 Historia de España. Bachillerato. en número de escaños por el Partido Socialista Obrero Español, de Felipe González, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, nuevas cámaras de las Cortes españolas instauradas como consecuencia de la promulgación de la Ley de Reforma política en enero de ese mismo año. La Constitución de 1978: Proceso de elaboración Las Cortes, bajo la presidencia de Antonio Hernández Gil y con representación de miembros de la derecha, el centro, socialistas, comunistas y nacionalistas de Cataluña y País Vasco, promovieron una estrategia de consenso que hizo posible la elaboración de una Constitución democrática. Sin embargo, algunos parlamentarios de Alianza Popular (AP) -precedente político del Partido Popular (PP)- y todos los del Partido Nacionalista Vasco (PNV), como fuerzas políticas de peso que eran, al no votar a favor del texto constitucional en las Cortes, limitaron la sensación de haber alcanzado el pleno acuerdo que se pretendía entre los grupos políticos principales. Una ponencia de siete personas se hizo cargo de la elaboración del proyecto constitucional. De los siete, tres parlamentarios eran de la UCD (José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio Peces-Barba), otro de AP (Manuel Fraga Iribarne), otro del PCE (Jordi Solé Tura) y otro, por concesión del grupo socialista, representaba al nacionalismo catalán (Miquel Roca Junyent). En el mes de mayo de 1978 el proyecto pasó a tratarse en el pleno de la Comisión constitucional del Congreso de los Diputados. Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno de la UCD presidido por Adolfo Suárez, y Alfonso Guerra, vicesecretario general del PSOE, negociaron los asuntos más espinosos del texto en privado. Una vez alcanzado un acuerdo entre los dos grupos parlamentarios, el consenso se fue haciendo igualmente extensivo a otras fuerzas, aplicando también el método de negociación privada. En julio de 1978 el Congreso de los Diputados aprobó la Constitución por una gran mayoría. Políticos tan dispares en cuanto a trayectoria e ideología como Manuel Fraga, presidente de AP, y Santiago Carrillo, secretario general del PCE, votaron a favor. Posteriormente el Senado aprobó también el texto constitucional con ligeras variaciones respecto al que previamente había aceptado el Congreso. Finalmente en octubre de 1978, Congreso y Senado aprobaron en sesión plenaria el texto definitivo y el 6 de diciembre de ese año el pueblo español aprobó por mayoría en un referéndum la Constitución. Por primera vez en la historia de España una Constitución se aprobaba con el acuerdo de fuerzas políticas de derechas, centro e izquierdas. También por vez primera el texto constitucional aprobado en Cortes recibió el apoyo expreso del pueblo español en el referéndum realizado posteriormente. Se abstuvo el 31% del electorado y esta abstención fue muy elevada en el País Vasco, siguiendo la consigna nacionalista. La Constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que por fin entró en vigor. La Constitución de 1978: Principios constitucionales La Constitución de 1978 se caracteriza esencialmente por su carácter democrático y parlamentario. El Título Preliminar se ocupa de definir los principios básicos del Estado. En el artículo 1 define al Estado como social y democrático de Derecho y proclama como valores esenciales del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma del Estado es la monarquía parlamentaria. La nación española se declara indisoluble en el artículo 2, aunque a continuación se reconozca la pluralidad de las nacionalidades y regiones de España. En consecuencia, en el artículo 3 se reconoce la oficialidad del castellano o español como lengua común 1213 8. La España actual. de todos los españoles pero asimismo se reconoce el carácter también oficial de las lenguas autóctonas en aquellas comunidades autónomas donde se hablen. La pluralidad política debe organizarse por medio de los partidos políticos y la pluralidad económica y social por medio de sindicatos y asociaciones empresariales, según los artículos 6 y 7 respectivamente. A las fuerzas armadas compete defender la soberanía y la independencia de España, así como velar por la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de la nación (Artículo 8). La Constitución de 1978: Derechos y deberes El Titulo primero se ocupa de los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución se remite en este ámbito a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los acuerdos y tratados suscritos por España en el marco de sus relaciones internacionales. La mayoría de edad se fija en los 18 años de edad (Artículo 12). En el capítulo segundo, dedicado a los derechos y libertades, se proclama la igualdad de los españoles ante la ley sin discriminación (Artículo 14). Se garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral y se declara abolida la pena de muerte (Artículo 15) 26. Se garantiza asimismo la libertad de ideas, creencias religiosas y culto y la no confesionalidad del Estado (Artículo 16), el derecho a la libertad y a la seguridad, con mención expresa al habeas corpus (Artículo 17). Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la imagen (Artículo 18) y la plena libertad de residencia y circulación por el territorio nacional (Artículo 19). Igualmente se reconocen y protegen los derechos a la libertad de expresión y creación, libertad de cátedra y de información, quedando prohibida la censura previa (Artículo 20). Se reconocen los derechos de reunión (Art. 21) y asociación (Art. 22) y el sufragio universal para hombres y mujeres mayores de edad en cualquier proceso electoral (Art. 23). Se reconoce el derecho a la educación de todos, con carácter obligatorio y gratuito en los niveles básicos, y la libertad de enseñanza, declarando compatibles las enseñanzas pública y privada (Art. 27). Se reconoce la libertad de sindicación (Art. 28) y el derecho de petición (Art. 29). Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, por lo que se establece el servicio militar y la posibilidad de un servicio social, en el ejercicio del derecho de objeción de conciencia 27 (Art. 30) y la obligación de pagar impuestos (Art. 31). Se reconoce el derecho a la propiedad privada (Art. 33), el derecho y el deber de trabajar (Art. 35), el derecho a la negociación colectiva (Art. 37) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (Art. 38). En el capítulo socioeconómico, los poderes públicos se comprometen a asegurar la protección de la familia, de las madres y de los hijos (Art. 39), a promover el progreso, el bienestar y el empleo (Art. 40), a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos (Art. 41), a proteger la salud pública (Art. 43) y a promover la ciencia y la cultura (Art. 44). La Constitución de 1978: Instituciones representativas En los títulos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto se contiene lo relativo a las instituciones representativas del Estado. El Rey, como titular de la Corona, es el Jefe del Estado. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (Art. 56), puesto que sus actos son refrendados por los miembros del Gobierno y son éstos quienes asumen la 26 En este artículo se preveía la excepción sobre la pena de muerte para casos de guerra y en el ámbito de la justicia militar. Posteriormente también este supuesto quedó abolido. 27 En 2002 desapareció el servicio militar y, por tanto, la necesidad de contemplar en este aspecto la objeción de conciencia y el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. 1314 Historia de España. Bachillerato. responsabilidad en cada caso (Art. 64). El Rey debe guardar y hacer guardar la Constitución (Art. 61) y tiene una serie de competencias limitadas, de forma que sanciona y promulga las leyes, convoca y disuelve las Cortes y propone y nombra al Presidente del Gobierno pero siempre limitado por los poderes efectivos del Estado, fundamentalmente y según los casos por el Gobierno o las Cortes. Es asimismo el Jefe de las Fuerzas Armadas (Art. 62). El mantenimiento de la casa real y su familia es a cargo de los presupuestos del Estado (Art. 65). Las Cortes Generales representan al pueblo español y son de estructura bicameral. Están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. A las Cortes les corresponde el ejercicio del poder legislativo (Título III), son las que aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno (Art. 66). Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La legislatura dura cuatro años. Son electores y elegibles todos los españoles mayores de edad que estén en el pleno uso de sus derechos políticos. El Congreso es una cámara formada por diputados cuya representación por provincias guardará relación proporcional con el censo electoral de cada una de dichas provincias. A Ceuta y Melilla se les reconoce la representación de un único diputado. El Senado es la cámara territorial y, salvo la excepción de las islas Baleares y Canarias, Ceuta y Melilla, serán elegidos cuatro senadores por provincia. Además las comunidades autónomas podrán designar cada una de ellas un senador y otro más por cada millón de habitantes que sume el territorio autonómico correspondiente en cada caso (Artículos 68 y 69). Las cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio (Art. 73). Congreso y Senado contarán con su correspondiente Diputación Permanente para los casos en que las cámaras no se encuentren en periodos de sesiones (Art. 78). El Gobierno ejerce el poder ejecutivo (Título IV, Art. 97). El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Rey, previa audiencia por éste de los representantes de los grupos parlamentarios (Art. 99). Posteriormente son nombrados los restantes miembros del Gobierno por el Rey, a propuesta del Presidente (Art. 100). El Gobierno cesa necesariamente tras la celebración de elecciones generales (Art. 101). El Gobierno cuenta con un órgano consultivo supremo que es el Consejo de Estado (Art. 107). Los Jueces y Magistrados ejercen el poder judicial (Título VI, Art. 117). El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en toda España (Art. 123). Se crea la institución del Jurado popular (Art. 125). Se crean otras instituciones especializadas como el Consejo General del Poder Judicial (Art. 122) y el Tribunal de Cuentas (Art. 136). En el Título IX se instituye el Tribunal Constitucional, encargado de resolver los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y todos aquellos litigios que puedan establecerse alrededor de la correcta interpretación de la constitución en el marco legal (Art. 161). La Constitución de 1978: Organización territorial del Estado El Título VIII se ocupa de la organización del territorio estatal en municipios, provincias y Comunidades Autónomas. Éste es seguramente el capítulo más complejo de todo el texto constitucional, vista la evolución posterior de los acontecimientos. Se reconoce la autonomía de los municipios y la elección democrática de sus alcaldes y concejales (Art. 140) e igualmente la autonomía de las nacionalidades o regiones (Art. 143), cuyas cámaras legislativas serán elegidas también democráticamente (Art. 152). Las Comunidades Autónomas podrán formarse por la iniciativa de una o varias provincias, a través de sus instituciones representativas (Art. 1415 8. La España actual. 143) y deberán contar tanto dichas comunidades como sus estatutos de autonomía con la autorización de las Cortes Generales (Art. 144). No se admitirá la federación de Comunidades Autónomas en ningún caso (Art. 145). La Constitución establece las competencias propias del Estado y las propias de las Comunidades Autónomas, que pueden crear sus instituciones de autogobierno y gestionar aspectos muy diversos de la Administración (Artículos 148, 149 y 150). La Constitución prevé la celebración de consultas populares para la aprobación de los estatutos cuando las provincias interesadas lo promuevan (Art. 151). Transición política: consolidación de la democracia El periodo de consolidación de la democracia se asocia ordinariamente al tiempo que transcurre entre la promulgación de la Constitución de 1978 y la victoria electoral del PSOE y su llegada al Gobierno a finales de A la aprobación de la Constitución de 1978, siguió la disolución de las Cortes que la habían elaborado. Se celebraron después sucesivamente elecciones generales el 1 de marzo y elecciones municipales el 3 de abril de Gobierno constitucional de Suárez ( ) En las elecciones generales volvió a ganar la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez seguida del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González. Seguían representados en el Congreso el Partido Comunista de España (PCE), la derecha dominada por Alianza Popular (AP), los nacionalistas catalanes y vascos y otras minorías. Elecciones generales a Cortes (1 de marzo de 1979) Fuerzas políticas Congreso UCD (Unión de Centro Democrático) 168 PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 121 PCE (Partido Comunista de España) 23 CD (Coalición Democrática) CiU (Convergência I Unió) 29 8 PNV (Partido Nacionalista Vasco) 7 PSA-PA (Partido Socialista de Andalucía-Partido Andalucista) 30 5 HB (Herri Batasuna) 31 3 Otros 32 5 Diputados elegidos: 350. Fuente: Ministerio del Interior. Resultados electorales. En las elecciones municipales la mayor parte de los Ayuntamientos quedaron bajo control de las mayorías de izquierdas conseguidas por el acuerdo de los concejales electos de PSOE y PCE. El Gobierno ejecutivo de España continuaba siendo 28 Coalición Democrática (CD) nació de la agregación en una misma candidatura de varios partidos de centroderecha formada en 1979 bajo el liderazgo de Manuel Fraga y Alianza Popular. La coalición no sobrevivió a la legislatura. 29 En 1978, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se alió con Unió Democràtica de Catalunya (UDC) formando la federación política de Convergència i Unió (CiU), cuyo ideario es nacionalista catalán. 30 El Partido Socialista de Andalucía (PSA)-Partido Andalucista (PA) adoptó este nombre en 1979 tras haber sido creado con el nombre de Partido Socialista de Andalucía en Definitivamente se quedó con el único nombre de Partido Andalucista en Se define como nacionalista andaluz y ecologista. 31 Herri Batasuna (HB), en lengua vasca Unidad Popular, nació como coalición electoral en 1978 convirtiéndose en partido político en El Tribunal Supremo lo disolvió en 2003 por su vinculación con ETA. Su objetivo era la consecución de la independencia del País Vasco y la construcción del socialismo en su territorio. 32 Obtuvieron un diputado cada una de las siguientes fuerzas políticas: Unión Nacional (UN), Esquerra Republicana de Catalunya-Front Nacional (ERFN), Euskadiko Ezkerra (EE), Unión del Pueblo Canario (UPC) y Partido Aragonés Regionalista (PAR), fundado en diciembre de Desde 1990 se denomina simplemente Partido Aragonés, afirmando su condición nacionalista pero sin renunciar a ninguna de sus siglas. 1516 Historia de España. Bachillerato. centrista pero las ciudades españolas en su mayoría tenían alcaldes de izquierda elegidos democráticamente por primera vez desde la II República. Antes de las elecciones de marzo pero aprobada ya la Constitución, el Estado firmó con la Santa Sede un nuevo Concordato en enero de 1979, que eximía a la Iglesia católica del pago del impuesto sobre la renta, impuestos indirectos, contribuciones urbanas y cargas fiscales por donaciones y sucesiones. El matrimonio eclesiástico y las sentencias de los tribunales de la Iglesia en relación con él tendrían efectos civiles. El Estado se comprometía a respetar las organizaciones eclesiásticas y proteger sus bienes. Ejército e Iglesia conservaban vínculos en sus actividades bajo el amparo del Estado. Suárez, de nuevo con una mayoría relativa en las Cortes y convertido ya en presidente constitucional, formó un nuevo Gobierno. Gozaba del crédito que le daba su éxito en la operación de conversión de un régimen autoritario en otro de naturaleza democrática y su reciente victoria electoral. La Constitución de 1978 había consagrado un Estado democrático y descentralizado, lo que obligaba a desarrollar un proceso de configuración de lo que se dio en llamar la España de las autonomías, bajo el lema de café para todos, que lanzó el Gobierno de Suárez ante la presión de varias regiones españolas, opuestas al reconocimiento exclusivo del autogobierno para quienes lo tuvieron o estuvieron a punto de alcanzarlo en la II República (Cataluña, País Vasco y Galicia). No obstante, los estatutos de Cataluña y Euskadi fueron los primeros en aprobarse. Reconocían el derecho de formar un Gobierno y un Parlamento propios, Tribunal Superior de Justicia para el territorio y policía autónoma. Además, en el caso de las provincias vascas, se confirmaba la plena restauración de las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (abolidas en 1876 y restablecidas con competencia legislativas por real decreto en 1978) 33 y los Conciertos Económicos 34. El 25 de octubre de 1979, se celebraron los correspondientes referendos de aprobación de los nuevos regímenes autonómicos en ambos territorios. En 1980, ambas comunidades autónomas pudieron ya celebrar sus primeras elecciones autonómicas. En Cataluña, CiU obtuvo la mayoría relativa y fue proclamado presidente su líder Jordi Pujol 35. En Euskadi, se impuso el PNV, también por mayoría simple, siendo proclamado lehendakari (término vasco con el que se designa al presidente de los vascos) su primer candidato, Carlos Garaikoetxea 36. Estos avances en el desarrollo del régimen autonómico, especialmente impulsados para satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos periféricos y apaciguar la situación de violencia y tensión extrema promovida por los atentados terroristas de ETA, no lograron de momento alcanzar este último objetivo. En 1979 y 1980 murieron 242 personas víctimas de atentados y de ellas 174 fueron asesinadas por la organización 33 Las Juntas Generales fueron restauradas por un real decreto de 4 de enero de En Álava, a diferencia de las de Guipúzcoa y Vizcaya, fueron restauradas en algunos momentos del siglo XX: entre 1909 y 1923 como órgano asesor de la Diputación Foral alavesa y en 1957 por Franco, con un carácter meramente ceremonial y simbólico, como recompensa por el apoyo de los tradicionalistas de la provincia al alzamiento nacional. 34 Recuérdese que los Conciertos Económicos regulan las relaciones en materia tributaria del Estado español con las provincias vascas. Establecidos en 1878 y abolidos para Guipúzcoa y Vizcaya en 1937 por su resistencia al ejército de Franco, fueron reconocidos de nuevo en la Constitución de 1978 y el Estatuto de 1979, llamado Estatuto de Guernica. 35 La hegemonía de los nacionalistas de CiU con Jordi Pujol como presidente se prolongó de 1980 a Posteriormente presidieron la autonomía catalana los socialistas Pasqual Maragall ( ) y José Montilla ( ). Desde 2010, CiU ejerce de nuevo el poder en Cataluña bajo la presidencia de Artur Mas. 36 En Euskadi la hegemonía de los nacionalistas vascos ha sido una constante salvo un paréntesis de tres años: tras las presidencias de Carlos Garaikoetxea ( ), José Antonio Ardanza ( ) y Juan José Ibarretxe ( ), todos del PNV, llegó la del socialista Patxi López ( ). Desde 2012 el lehendakari es Iñigo Urkullu, del PNV. 1617 8. La España actual. vasca 37. La irritación militar y de los sectores franquistas se había venido manifestando en diversas circunstancias y, sobre todo, en los funerales en los que se rendía homenaje a las víctimas de filiación castrense o policial. El temor de los demócratas a una conspiración militar que pudiera acabar con la democracia e imponer el orden suspendiendo las garantías de los ciudadanos, en estas circunstancias, no había desaparecido. De hecho, en 1980, hubo una conspiración, la llamada operación Galaxia, en la que estuvo implicado entre otros el teniente coronel Antonio Tejero, para tomar el palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno 38. Por otra parte, el nuevo marco constitucional aconsejaba la aprobación de un Estatuto de los trabajadores, que entró en vigor en El Estatuto establecía las condiciones en las que organizaciones empresariales y sindicatos debían desarrollar sus actividades en el mundo laboral, regulaba las relaciones entre ambos sectores y consagraba la potestad normativa del Estado en esta materia. Supuso la adaptación legal del derecho laboral al contexto de las democracias occidentales industrializadas. Con notables dificultades y la oposición, dentro de la propia UCD, de los sectores democratacristianos, se aprobó en 1980 la ley del divorcio, que de esta manera se restablecía en España tras el largo paréntesis franquista. La Iglesia católica y los sectores más conservadores de la sociedad rechazaron esta norma que situaba al país en condiciones legales similares a las de los estados occidentales. Para quienes desde el propio partido del presidente conspiraban para derrocarle este conflicto fue el punto de partida de una operación en la que se inició la fragmentación del grupo parlamentario centrista. A la oposición desde la derecha se sumaba la oposición socialista. Su líder, Felipe González, promovió una moción de censura parlamentaria para sustituir en la presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez. Lógicamente la iniciativa no prosperó puesto que las fuerzas de centroderecha garantizaban la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados pero el PSOE logró con esta maniobra debilitar aún más la imagen de descrédito que acompañaba al presidente. Dimisión de Suárez, fallido golpe de Estado (23-F) y Gobierno de Calvo-Sotelo ( ) La crisis alcanzó de lleno al propio régimen democrático. En enero de 1981 se produjo la dimisión como jefe del Gobierno de Adolfo Suárez, desbordado por los problemas que afectaban a España y a su propio partido. Pocas semanas después, el fallido golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981 puso en jaque a la democracia con el secuestro del pleno del Congreso de los Diputados y del Gobierno, todavía presidido por Suárez, aunque ya con carácter interino. El teniente coronel Antonio Tejero entró en el hemiciclo parlamentario con un grupo de guardias civiles reteniendo a los diputados durante unas 17 horas. Desde fuera del edificio del Congreso, Tejero tuvo el apoyo de otros implicados en la conspiración como los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. Milans declaró la ley marcial en Valencia y ocupó la calle con carros de combate. Tras varias horas de silencio e incertidumbre, se difundió por televisión un mensaje del rey exigiendo a los sublevados que depusieran su actitud. 37 Datos suministrados por Santos JULIÁ en: JULIÁ, Santos; GARCÍA DELGADO, José Luis; JIMÉNEZ, Juan Carlos, y FUSI, Juan Pablo. La España del siglo XX. Marcial Pons Ediciones de Historia (Colección de Bolsillo). Madrid, 2007, segunda edición, p Las otras víctimas del terrorismo en esos años críticos lo fueron del GRAPO (37), la extrema derecha (27) y otros grupos 4), según refleja Victoria PREGO en su libro Diccionario de la Transición. Ediciones Random House Mondadori. Colección de Bolsillo. Primera edición. Madrid, 2003, p La operación golpista debía su denominación al nombre de la cafetería madrileña (Galaxia), en donde se reunieron algunos de los conspiradores para planificar su acción. 1718 Historia de España. Bachillerato. Finalmente los golpistas cedieron entregándose a las autoridades militares respetuosas con la Constitución. Salvado el régimen constitucional, Leopoldo Calvo-Sotelo fue investido presidente del Gobierno el 25 de febrero de 1981, amparado por una débil mayoría de su partido, la UCD. Calvo-Sotelo tuvo que hacer frente a varios retos desde el comienzo de su mandato: la culminación del proceso de construcción de un Estado democrático y descentralizado, todavía pendiente; la lucha contra el aumento de los atentados terroristas, fundamentalmente promovidos por ETA, que habían causado centenares de muertos en los últimos años; el control del Ejército y las tendencias golpistas de una parte de sus integrantes, descontentos precisamente por la evolución política tras la muerte de Franco y la proliferación de atentados, a menudo dirigidos contra los propios militares; la política exterior, en la que España tenía que definir su posición diplomática, militar y económica como nuevo país democrático; la crisis económica, en fin, que había multiplicado el número de parados y aumentado la diferencia entre el nivel de los precios y los salarios quedando aquellos por encima de estos. La actitud del PSOE se moderó en algunos aspectos tras el impacto del golpe de Estado y Calvo-Sotelo recibió de Felipe González más ayuda que Suárez en los años inmediatamente anteriores. El desarrollo del Estado autonómico continuó con la aprobación por referéndum popular de los estatutos autonómicos de Galicia y Andalucía, que entraron en vigor en abril y diciembre de 1981 respectivamente 39. A la vez que el de Andalucía, se aprobaron los estatutos de Cantabria y Asturias pero sin mediar consulta alguna a los ciudadanos. En 1982, todavía bajo mandato de Calvo-Sotelo, se terminó de configurar el mapa autonómico y se aprobaron los estatutos de La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Canarias y la ley de amejoramiento del fuero de Navarra 40. Las comunidades de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León accedieron a la autonomía en 1983, ya con Gobierno socialista 41. Con el apoyo socialista, el Gobierno de la UCD logró en 1982 de las Cortes la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que establecía las normas de homogeneización para la transferencia de competencias y servicios a las distintas comunidades. Los partidos nacionalistas recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, que falló en 1983 anulando una parte del texto y permitiendo la aplicación del resto de la norma, de manera que fue posible aprobar algunos estatutos pendientes. El problema del terrorismo continuó. Aunque disminuyó respecto a los años anteriores, el número de víctimas seguía siendo muy elevado. El Gobierno colocó filtros militares en la frontera hispano-francesa con la intención de dificultar el tránsito de comandos y militantes de ETA entre ambos países pero la colaboración policial de Francia resultaba todavía insuficiente. En septiembre de 1982, ETA político-militar (ETA VII Asamblea) anunció el abandono de la lucha armada y su autodisolución 42. Pero continuaba activa ETA militar. La cuestión militar seguía vigente. El proceso judicial contra los implicados en la trama golpista del 23 de febrero de 1981 se concentró en el encausamiento de A la aprobación de los estatutos gallego y andaluz siguieron la celebración de las correspondientes elecciones parlamentarias. AP se impuso en Galicia (octubre de 1981) y el PSOE en Andalucía (mayo de 1982). Desde entonces AP y luego PP han gobernado casi siempre en Galicia y el PSOE lo ha hecho permanentemente en Andalucía. 40 En el caso de Navarra, un Convenio Económico rige ininterrumpidamente desde 1841, aunque con diversas variaciones posteriores, las relaciones tributarias entre el Estado español y la Diputación Foral. 41 Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla alcanzaron esta condición en Todavía algunos militantes promovieron atentados, constituyendo ETA VIII Asamblea, pero en los años siguientes este grupo desapareció definitivamente. 1819 8. La España actual. militares y un civil. Las penas impuestas por la jurisdicción militar en 1982 fueron consideradas muy leves por parte del Gobierno, que recurrió ante el Tribunal Supremo. Este endureció las penas, condenando en 1983 a los principales implicados a penas de 30 años de cárcel. Todavía un sector de militares diseñó un plan para impedir que se celebraran las elecciones de octubre de 1982 suspendiendo el régimen democrático pero el Gobierno llegó a tiempo de desbaratar la conspiración. En materia de política exterior, las Cortes aprobaron en 1981 la incorporación de España a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), aunque el ingreso se hizo oficial en Esta decisión vinculó al país con los países occidentales por compromisos de carácter militar y estratégico. En este asunto el PSOE y en general toda la izquierda eran partidarios de la neutralidad y de la no alineación en alianza alguna, más aún cuando el mundo seguía dividido en dos bloques, el occidental bajo el liderazgo de los Estados Unidos (EEUU) de Norteamérica y el oriental bajo control de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El PSOE se sumó a las campañas populares de rechazo a la integración de España en la alianza militar con el lema OTAN, de entrada no. Otro asunto de gran importancia era la futura admisión de España en la Comunidad Económica Europea. La reticencia de los países agrícolas comunitarios, especialmente Francia, dificultó el avance de las negociaciones. El paro, entre tanto, continuaba creciendo en medio de una situación de crisis económica y social que se remontaba ya a 1973 y que había precipitado el cierre de industrias y negocios de suministros mientras continuaba la inmigración del campo a la ciudad y se producía la incorporación de la mujer al mercado laboral y el retorno de emigrantes, ahora desempleados, de los países europeos. En diez años el número de parados ascendió de (en 1970) a personas (en 1981), subiendo en ese periodo la tasa de paro del 3,12 al 16,19% 43. La debilidad del Gobierno centrista limitaba decisivamente su eficacia a la hora de afrontar los graves problemas de desempleo y empeoramiento de las condiciones de vida que se vivían en España. Para colmo, estalló un problema social de carácter sanitario y consecuencias dramáticas debido al consumo en sectores populares de aceite de colza adulterado, lo que produjo la muerte o enfermedades funcionales y neurovegetativas muy graves a un elevado número de personas 44. El escándalo del aceite de colza desnaturalizado tuvo una gran repercusión social y desacreditó al Gobierno, cuya gestión del problema fue desafortunada e ineficaz para amplios sectores de la opinión pública. Leopoldo Calvo-Sotelo ( ): Nació en Madrid. Sobrino del líder de Bloque Nacional José Calvo Sotelo, su familia ha estado vinculada tradicionalmente a la derecha política española. Obtuvo el título universitario de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En 1974 fue elegido procurador a las Cortes franquistas como representante de los empresarios de industrias químicas. En 1975, tras la proclamación de la monarquía de Juan Carlos I, inició una prolongada trayectoria como ministro sucesivamente de las carteras de Comercio, Obras Públicas y Relaciones con las Comunidades Europeas. Ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno con Adolfo Suárez, tras la dimisión de éste fue investido presidente dos días después de los sucesos del 23 de febrero de Durante su presidencia se llevaron a cabo los procesos judiciales que condenaron a los participantes en el intento de golpe de Estado. Un año más tarde su Gobierno desmanteló una nueva conspiración golpista promovida por militares en vísperas de la victoria electoral del PSOE (octubre de 1982). Por iniciativa de su gabinete las Cortes aprobaron la incorporación de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Durante su mandato también se aprobó la mayor parte de los regímenes 43 Datos suministrados por Santos JULIÁ, a partir de los Censos de población de 1970 y 1981, en TUÑÓN DE LARA, Manuel; GARCÍA DELGADO, José Luis; JULIÁ, Santos; MAINER, José Carlos, y SERRANO SANZ, José María, Transición y democracia ( ), X**. Colección Historia de España, dirigida por Manuel TUÑÓN DE LARA. Editorial Labor. Barcelona, 1992, p Aunque no todas las fuentes coinciden en la cantidad de víctimas, parece evidente que la intoxicación produjo varios centenares de fallecidos y miles de afectados por secuelas graves. 1920 Historia de España. Bachillerato. autonómicos existentes en España y se trató de establecer una homogeneidad o armonización jurídica entre comunidades. Cesó en el cargo en diciembre de Fue diputado al Congreso entre 1977 y 1986 y europarlamentario entre 1986 y 1987 Presidió la UCD durante unos meses, también en sustitución de Suárez. Tras un largo retiro de la vida política, murió en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El rey le concedió el título de marqués de la Ría de Ribadeo, escenario habitual de sus vacaciones. Durante la Transición se produjo la crisis de varios partidos políticos por lo que se refiere a su identidad ideológica, sus resultados electorales y el crédito de sus líderes. Algunos partidos salieron del trance fortalecidos, otros se diluyeron o simplemente desaparecieron. AP tuvo que padecer unos pobres resultados electorales en 1977 y 1979 antes de alcanzar la condición de segunda fuerza más votada en las elecciones de octubre de 1982, que ganó el PSOE. Los socialistas vivieron una crisis interna en 1979 antes de renunciar a su condición histórica de organización marxista, reafirmando entonces el liderazgo de Felipe González. Los resultados electorales del PCE, siempre por debajo del PSOE, provocaron en sus filas una honda frustración que culminaría finalmente en el fracaso de las elecciones de octubre de 1982 y como consecuencia de ello la dimisión de su secretario general Santiago Carrillo. La UCD, debilitada por una grave división interna, perdería a su líder y fundador Adolfo Suárez cuando éste en 1982, unos meses antes de las elecciones generales celebradas ese año, abandonó el partido y creó otro denominado Centro Democrático y Social (CDS) 45. Unos 40 diputados de diversas tendencias políticas dejaron el grupo parlamentario de la UCD antes de las elecciones para buscar nuevas adscripciones políticas en la derecha, el centro o la izquierda. Efectivamente, su frágil mayoría parlamentaria obligó a Calvo-Sotelo a convocar las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 que dieron una aplastante victoria por mayoría absoluta al Partido Socialista Obrero Español. La izquierda socialista volvía a ganar unas elecciones después de 46 años y pasaba a gobernar bajo la presidencia de Felipe González y una amplia mayoría de 202 diputados. Alianza Popular, con 107 diputados, encabezando una coalición de partidos de centroderecha, se convertía en la oposición principal al PSOE. La UCD, que apenas logró 11 escaños, se hundió hasta desaparecer de la escena política partidista un año más tarde y el PCE, con apenas 4 diputados, cosechó asimismo unos resultados muy pobres. En cualquier caso y tras la victoria y llegada al poder de los socialistas la consolidación de la democracia empezaba a ser un hecho en España El proceso de creación de la autonomía aragonesa y los Estatutos de Autonomía de Aragón. 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El PSA se creó en 1976 y se disolvió en La disolución del PSA fue sobre todo consecuencia de la división interna de sus líderes y militantes entre los partidarios de incorporarse al PSOE y los contrarios a esta opción. Por su parte el PSP terminaría también integrándose en el PSOE. 20 Mostrar más
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