Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46241/sentencia-ts-sala-1-de-18-de-junio-de-1992-falta-de-personalidad-no-hay-lugar-al-recurso-de-ca
Timestamp: 2017-12-15 08:30:01
Document Index: 326114315

Matched Legal Cases: ['artículo 533', 'artículo 381', 'artículo 1', 'artículo 691', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 691', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 693', 'artículo 685', 'in fine', 'artículo 693', 'artículo 1']

Sentencia T.S. (Sala 1) de 18 de junio de 1992. Falta de personalidad. No hay lugar al recurso de casación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S. (Sala 1) de 18 de junio de 1992. Falta de personalidad. No hay lugar al recurso de casación
Sentencia T.S. (Sala 1) de 18 de junio de 1992
Falta de personalidad: Se establece que el demandante lo hace en calidad de heredero pero no tiene atribuida esa característica. Por lo que no se puede hablar de quebrantamiento de forma, ya que según la doctrina sólo es prescindible la figura del letrado. No cabe admitir motivos de casación. Se le conden al pago de las costas.
Primero.-1.º El Procurador don Francisco de P. Fernández del Pozo, en nombre y representación del Banco Hispano Americano. S. A., formuló demanda de menor cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia de Carmona, contra don Juan Enrique y doña Verónica, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se condene a don Juan Enrique y doña Verónica, solidariamente, a que abone a la entidad Banco Hispano Americano, S. A. la suma de 8.245.901 pesetas, más sus intereses legales desde la notificación y emplazamiento de la demanda hasta su total pago y a las costas de este procedimiento.
2.º Admitida la demanda emplazados los demandados, compareció en autos el Procurador don José Mana Rodríguez Valverde, en nombre y representación de don Juan Enrique, quien con carácter previo, propone la excepción dilatoria prevista en el número 4 del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar que existe en este procedimiento falta de personalidad en su representado por no tener el carácter de heredero con el que se le demanda, solicitando se dicte sentencia por la que se desestime la pretensión deducida por el actor contra su poderdante, con declaración de haber lugar a entrar o no en el fondo del asunto y condenando al demandante a estar y pasar por tal pronunciamiento, todo ello con la expresa imposición de las costas de este procedimiento al mismo. No ha comparecido la otra demandada, declarándosele en rebeldía.
3.º Tramitado el procedimiento, el Juez de Primera Instancia de Carmona, dictó sentencia, en fecha 20 de abril de 1987, que contenía el siguiente fallo: "Que por aplicación del principio de economía procesal y resolviéndose previamente el recurso de reposición interpuesto contra lo resuelto en la comparecencia celebrada en estos autos, debo declarar y declaro no haber lugar al mismo que fuera interpuesto por la representación de la entidad actora Banco Hispano Americano, S. A. y en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haberse anunciado la interposición de apelación por dicha parte contra esta resolución, deberá resolverse en su caso conjuntamente con la apelación principal, e imponiéndose al recurrente las costas del mismo. Que sin entrar en el fondo del asunto por estimarse la excepción planteada de falta de personalidad en el demandado don Juan Enrique, por no tener el carácter de heredero con el que se demanda, debo absolver y absuelvo al mismo de la demanda formulada en su contra por la entidad Banco Hispano Americano. S. A., con imposición de las costas de esta instancia a dicha entidad.
Segundo.-Apelada la anterior sentencia por la representación del actor, y tramitado el recurso con arreglo a Derecho, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, dictó sentencia con fecha 10 de octubre de 1989, que contenía la siguiente parte dispositiva: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica del Banco Hispano Americano, S. A. contra la sentencia de fecha 20 de abril de 1987, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Carmona, en autos 192/86 la debemos revocar y revocamos, y en su lugar dictamos otra por la que se declara la nulidad de actuaciones a partir del acto de comparecencia de 27 de marzo de 1987, ordenando se abra el período probatorio desde esta fecha, sin hacer pronunciamiento de costas.»
Tercero.-1.º Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de casación por la representación de don Juan Enrique, con apoyo en el siguiente único motivo: Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, concretamente los artículos 693 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 436 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose producido indefensión por esta parte, todo ello al amparo del ordinal 3.º inciso 2° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
2.º Convocadas las partes, se celebró la vista preceptiva el día 2 de los corrientes, con asistencia e intervención de los Letrados reseñados en el encabezamiento de la presente resolución.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. señor don Gumersindo Burgos y Pérez de Andrade.
Primero.-El quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, que como única causa del motivo y del presente recurso se denuncia, tiene su origen en los siguientes hechos: A) Con fecha 24 de noviembre de 1986 se presenta en el Juzgado de Primera Instancia de Carmona (Sevilla) una demanda de menor cuantía en nombre del Banco Hispano Americano, S. A., y en ella, por medio de un otrosí, se pide el recibimiento a prueba; B) Con fecha 12 de marzo de 1987 es contestada la demanda por el demandado don Juan Enrique, y es declarada en rebeldía la otra demandada su hermana doña Rita; C) El Juzgado convoca a las partes personadas para la comparecencia que preceptúa el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo constar que la incomparecencia de los Abogados no determinará la suspensión del acto; D) El referido acto se celebra el día 27 de marzo de 1987, y a él sólo concurre el Procurador de la entidad bancaria demandante, que a la presencia judicial manifiesta en nombre de su poderdante, "que se ratifica en la demanda y en el recibimiento a prueba solicitado». La parte demandada solicita que no se tengan en cuenta las manifestaciones del Procurador de la parte demandante, pues conforme dispone el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Procurador no puede dirigir a la parte, y su única misión es representarla en el acto que se celebra; pidiendo a continuación que se dicte sentencia, sin más trámites, dentro del término legal; E) El "Juez acuerda en el mismo acto, y sin más razonamientos, que los autos queden vistos para sentencia; en cuya resolución se razona, que la dirección técnica de las partes corresponde al Abogado, sin que en la comparecencia previa del juicio de menor cuantía pueda el Procurador pedir el recibimiento del pleito a prueba, no siendo tampoco suficiente el haberse solicitado en el escrito de demanda.
La sentencia de Primera Instancia es apelada y revocada por la Audiencia, que declara la nulidad de actuaciones, y ordena la reposición de los autos al momento de la referida comparecencia; resolución ésta contra la que se dirige la presente casación, citando como infringidos los artículos 693 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 463 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
Segundo.-Conviene empezar diciendo que es abundantísima la doctrina científica procesal, afirmando que se ha producido una tácita derogación parcial del artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la nueva redacción dada al artículo 691 del mismo cuerpo legal en la reforma del año 1984; y esto es así, pues en el segundo párrafo de tal disposición se exige la presencia del litigante, o en su defecto la del Procurador que lo represente, prescindiendo de la del Abogado. Esta original regulación procesal es objeto de duras críticas, pero la realidad legal presente es que la única persona de la que se puede prescindir, y cuya incomparecencia no suspende el acto, es la del Abogado, y ello incluso con olvido de la función técnica que al Letrado corresponde, y de su misión conciliadora de cuestiones a las que se refieren los siguientes artículos 692 y 693.
Desde otro punto de vista conviene analizar la sentencia del Tribunal Constitucional 39/1988, de 9 de marzo, también esclarecedora del alcance que deba darse al contenido del citado artículo 10 de la Ley procesal, entendiendo que una recta interpretación del mismo, debe comprender la forma en que tal precepto ha quedado modificado por el establecimiento de los derechos que consagra el artículo 24 de la Constitución, calificando la falta de firma de Letrado (en el caso que nos ocupa sería la falta de presencia) como un "acto incompleto», sin que quepa duda razonable sobre la posibilidad de que tal acto pueda ser completado posteriormente; llegando finalmente a la conclusión de que "la falta de firma del Abogado en un escrito firmado por el Procurador como representante de la parte litigante, no es defecto que deba conducir sin más a la nulidad del acto procesal, ni tampoco a la de la resolución judicial que lo admitió. La aplicación de los preceptos legales antes citados, impone el otorgamiento de un plazo prudencial para la rectificación o subsanación del defecto observado, todo ello en aras del cumplimiento de los preceptos legales que se han citado, y del derecho fundamental a la tutela judicial electiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española ».
La permisiva doctrina constitucional que acabamos de citar, relativa a aquellos actos procesales en las que resulta legalmente obligatoria la presencia (entiéndase firma) de Letrado, es muy de tener en cuenta para aquellos otros, en los que paradójicamente la Ley prescinde de tal presencia; y no cabe decir que el legislador ha impuesto la obligación de la asistencia física de los litigantes al acto procesal, o del Procurador que los represente, para después asignarles el papel de "convidados de piedra», a los que no se les permite ni siquiera, pedir la "ratificación» de lo que su Abogado ha incorporado a los autos; petición a la que, por otra parte, no es posible calificar como de una depurada técnica jurídica.
La opinión de la parte recurrente de que el recibimiento a prueba ha de solicitarse exclusivamente en la comparecencia del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es asumible, pues el legislador la supone hecha con anterioridad 528 en el artículo 685, párrafo segundo "in fine»; debiendo interpretarse el contenido del párrafo noveno del citado artículo 693, como la obligación de pedir el recibimiento a prueba, o de ratificar esta petición anteriormente formulada, que es precisamente lo que aconteció el día 27 de marzo de 1987.
La doctrina científica incluso admite la posibilidad de que el Juez pueda advertir a las partes litigantes, antes de levantar el acta, el defecto de haber padecido error y dejado de solicitar el recibimiento a prueba, facultad que fundamentan equiparándola a aquella otra que autoriza al juzgador para forzar la subsanación de las faltas procesales, cometidas en los primeros escritos, razonando que es de suponer que también la tiene para evitar que el proceso prosiga sobre la base de errores procesales que harán infértil toda la actividad futura.
Tercero.-Las razones expuestas abonan sobradamente el rechazo del único motivo que sustenta el presente recurso, suponiendo ello la desestimación del mismo en su integridad, así como la preceptiva condena en costas del recurrente que señala el artículo 1.715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, y por la autoridad conferida por el pueblo español,
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Juan Enrique, contra la sentencia que en fecha 10 de octubre de 1989, dictó la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla en las actuaciones de que se trata. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas procesales ocasionadas en dicho recurso. Comuniqúese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de los autos y rollo que en su día remitió.