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Timestamp: 2019-11-12 19:45:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 84', 'artículo 6', 'artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 3']

BOE.es - Documento BOIB-i-2012-90030
Documento BOIB-i-2012-90030
Decreto-ley 7/2012, de 15 de junio urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, y otras actividades.
«BOIB» núm. 90, de 21 de junio de 2012, páginas 33 a 39 (7 págs.)
BOIB-i-2012-90030
El presente decreto ley tiene por objeto establecer diversas medidas normativas urgentes en materia de industria y energía, y otras actividades.
1. El procedimiento para la declaración de la utilidad pública de las instalaciones mencionadas en el artículo 2 incluye los siguientes trámites:
El consejero competente en materia de medio rural debe desarrollar la normativa necesaria para integrar la producción de energía renovable por cualquiera de los tipos mencionados en los artículos anteriores en las explotaciones agrarias, con la finalidad de que sean más rentables y que la energía que se pueda producir sea un complemento económico de la actividad de la explotación.
1. Se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal los lugares o los terrenos que se hagan servir por los gestores de biomasa durante un año para la recogida, el almacenamiento y la posible valorización material intermedia de la biomasa vegetal, para facilitar su posterior transporte.
1. Se consideran puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal los lugares o los terrenos que los gestores de biomasa hagan servir durante un período de tres años para el almacenamiento y la posible valorización material intermedia, para facilitar su posterior transporte.
2.ª En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal se pueden utilizar las construcciones existentes o hacer nuevas construcciones desmontables que sean absolutamente indispensables para desarrollar la actividad, las cuales tienen el carácter de edificios vinculados a la actividad, y únicamente quedan sujetos a la licencia municipal de edificación y uso del suelo, la cual, con el informe previo y favorable de la consejería competente en materia de medio rural, podrá excepcionar, por causas justificadas en el expediente, el cumplimiento de los parámetros de ocupación, superficie o altura fijados con carácter general por la normativa urbanística y, particularmente, por el Decreto 147/2002, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vinculadas con el destino y la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades mínimas de cultivo. En todo caso, tienen la consideración de edificios vinculados a la actividad las construcciones abiertas desmontables que tengan una cobertura y, como máximo, dos cierres laterales, y se hagan servir para la protección de la biomasa vegetal.
3.ª Todas las instalaciones han de desmontarse en el plazo máximo de seis meses desde la finalización de la actividad, y le es aplicable todo lo establecido en el apartado 7 del artículo anterior.
Artículo 9. Soluciones alternativas.
1. En la normativa de ámbito municipal o insular que haga referencia a instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de una actividad, se deben tener en cuenta posibles soluciones técnicas alternativas de las que pueda prescribir la normativa vigente, cuando haya causas justificables que imposibiliten su aplicación.
Artículo 10. Regularización de actividades existentes.
1. Los titulares de actividades que no dispongan de la denominada anteriormente «licencia de actividad» y que acrediten el ejercicio de la actividad antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2006, pueden regularizar su situación, en el plazo de dieciocho meses desde que entre en vigor el presente decreto ley, mediante la presentación de la siguiente documentación:
Artículo 11. Clasificación y tramitación de actividades.
1. En cumplimiento del artículo 84 bis de la Ley 7/1985, solo es preceptiva la obtención previa del permiso de instalación para las actividades permanentes mayores, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de las Illes Balears.
En todo caso, se exceptúan de la necesidad de obtener el permiso de instalación y de presentar la declaración responsable para iniciar y ejercer la actividad, así como de la necesidad del seguro de responsabilidad civil a que se refiere el artículo 19 de la Ley 16/2006, los siguientes casos:
Artículo 13. Informe de uso y de idoneidad de la ubicación.
Artículo 14. Actividades con autorización previa de la Administración autonómica o de otras administraciones.
Todas las actividades que requieren una autorización global previa de la Administración autonómica o del Estado, la cual se haya tramitado con una documentación técnica que incluya el objeto propio de un permiso de instalación, no necesitan obtener el permiso previo de instalación, dado que se considera otorgado presuntamente mediante la autorización global mencionada. Para el inicio y el ejercicio de la actividad es suficiente presentar la declaración responsable, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010.
En los casos en que, en el ámbito de este decreto ley, sea preceptivo obtener informes o licencias de varias administraciones, se puede enviar directamente la solicitud a cada una de las administraciones, con independencia de que para dictar la resolución definitiva se requieran todos los informes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se declara de utilidad pública la estación de bombeo y el colector de conducción de las aguas residuales generadas por el municipio de Búger para la estación de depuración de las aguas residuales de Campanet, así como el acceso a la estación de bombeo.
1. En los casos en que, conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios, no sea exigible la licencia de edificación y uso del suelo, ha de presentarse una declaración responsable relativa a las obras realizadas, junto, si procede, con la declaración responsable relativa al inicio y ejercicio de la actividad correspondiente.
Todas las denominaciones que en este decreto ley aparecen en masculino han de entenderse referidas también al femenino.
Los expedientes que se encuentren en tramitación cuando entre en vigor este decreto ley deben seguir la tramitación iniciada, si bien los promotores pueden optar por desistir y acogerse a esta nueva regulación.
Para establecer los valores límite de los niveles de evaluación sonora, las ordenanzas municipales que se dicten al amparo de esta ley y del desarrollo reglamentario posterior, o su adaptación, deben considerar los que se expresen como exigencias mínimas. No obstante, estas ordenanzas pueden establecer valores límite más restrictivos en aquellos casos en que lo consideren oportuno, excepto en los supuestos establecidos en el artículo 12 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.»
«Disposición transitoria segunda. Ordenanzas municipales aprobadas y zonas acústicamente saturadas
1. Las ordenanzas municipales aprobadas y las zonas declaradas como zonas acústicamente saturadas antes de la entrada en vigor de esta ley han de adecuarse a la legislación básica estatal y a esta ley antes del 30 de junio de 2013.
c) El resto de actividades, no mayores y no indicadas en los apartados anteriores, de hasta 100 m2 de superficie.»
Son actividades catalogadas las anteriormente denominadas ‘espectáculos públicos y actividades recreativas’. En el título IV del anexo I de la presente ley se relacionan, sin carácter exhaustivo ni excluyente, las actividades catalogadas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.
Asimismo, el procedimiento para iniciar y ejercer las actividades catalogadas no permanentes es el que proceda según el tipo de actividad.»
«1. Los ayuntamientos deben planificar en el primer mes de cada año las inspecciones de actividades que hayan de ejecutar anualmente de oficio. El plan debe incluir, como mínimo, un 50 % de las actividades permanentes mayores y un 10 % de las restantes respecto del ejercicio anterior. Las inspecciones han de realizarse en el período de un año desde la presentación de la declaración responsable correspondiente que las habilita para funcionar, sin perjuicio de que cualquier actividad pueda ser inspeccionada en cualquier otro momento.
«1. Las infracciones pueden ser sancionadas en vía administrativa en función del riesgo que conlleven para las personas o para los bienes, la existencia de intencionalidad o reiteración y la naturaleza de los perjuicios causados, de conformidad con la siguiente gradación:
«d) Tuberías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de 10 km de longitud con un diámetro de tubería máximo de 160 mm.»
«l) Instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico de más de 100 kW, incluidos los tendidos de conexión a la red. Se exceptúan las instalaciones fotovoltaicas de cualquier potencia en cualquier tipo de cubierta que no estén dentro una zona de especial protección.»
«1. La implantación, ampliación de la actividad o el traslado de las instalaciones destinadas a establecimientos del tipo gran establecimiento comercial requieren expresamente la licencia autonómica, con carácter previo a la solicitud, si procede, del permiso municipal de instalación de la correspondiente actividad.
Disposición final octava. Vigencia de normas.
Se declara expresamente en vigor la disposición adicional sexta de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears, en la redacción establecida por el artículo quinto de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de varias leyes para la transposición a las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, las normas procedimentales que se contienen en el artículo 3 de este decreto ley se pueden modificar por medio de una orden de la persona titular de la consejería competente en materia de energía.
Palma, 15 de junio de 2012.
JOSÉ RAMÓN BAUZÁ DÍAZ,
JOSÉ IGNACIO AGUILÓ FUSTER,
Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo
Fecha de derogación: 28/02/2014
SE DEROGA, por Ley 7/2013, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2014-655).
arts. 20.5, 26, capítulos I, III y IV del título IV y los títulos I a III del anexo I y MODIFICA los arts. 6 a 8, 15, 23, 104.1, 119.1 y 123.2 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2006-20773).
Lo indicado del anexo II y modifica lo indicado del anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17875).
Capítulos XXII y XXIII del título VIII de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-2944).
Disposición transitoria 1.1 y 2.a) de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-2010-19487).
art. 6.4 de la Ley 6/2010, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2010-10716).
art. 10 y disposición transitoria 2 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo (Ref. BOE-A-2007-8447).
DECLARA la vigencia de la disposición adicional 6 de la Ley 2/1999, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1999-9950).