Source: http://bazica.org/situacin-de-calle-sin-techo-sin-hogar.html
Timestamp: 2020-02-29 04:08:23
Document Index: 404110630

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 11']

Situación de calle/ sin techo/ sin hogar
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En torno a la definición de habitante de calle-.
Hacia un concepto de habitanza en calle-.
Por favor explique de qué manera su organización o institución define “situación de calle/ sin techo/ sin hogar” en diversos contextos, por ejemplo: para la medición del alcance de este fenómeno, o para sus investigaciones; o para preparar propuestas y proyectos. Sírvase explicar porque se eligió esa definición y si esta definición difiere a la establecida por su gobierno. Sírvase enviar información disponible sobre el alcance del fenómeno sin hogar/situación de calle en general y sobre grupos específicos de la población, así como identificar posibles limitaciones que esta información pudiera tener.
La Institución no tiene estudios desarrollados sobre esta temática. Atiende a los lineamientos constitucionales y legales sobre el particular. En algunos ámbitos, desde otras instituciones, se ha dado alcance a la expresión situación en calle, como se verá más adelante.
En Colombia, desde hace algunos años, se ha usado la expresión Habitante de Calle para referirse a la población o a las personas en situación de calle. De suerte que, en las normas legales, más que definir la expresión situación de calle, lo que define son las expresiones i) habitante de calle para indicar que “es la persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación ya sea de forma permanente o transitoria”; ii) habitabilidad en calle para “referirse a las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general” lo cual incluye la lectura de factores causales tanto estructurales como individuales; y iii) calle para referirse a ella como “lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano”, definiciones que quedaron incorporadas en la Ley 1641 de 12 de julio de 2013, “por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.
1. En la Sentencia T-365 de 2014 la Corte Constitucional se detiene en el estudio de la denominación habitante de calle que el legislador emplea y hace un recorrido por su jurisprudencia para destacar que esa Corporación ha aludido a distintas denominaciones de este grupo de población sin detenerse precisamente en esa definición sino en proceder a la urgente protección de los derechos fundamentales afectados por circunstancias acuciantes de este grupo de población.
La Corte destaca la importancia de las definiciones legales de conceptos constitucionales y aun cuando constata que por no estar consignada en la Carta la correspondiente a la expresión “habitante de la calle”, al legislador le corresponde un margen de configuración para fijarla, concluye que ese margen no es tan amplio, porque el constituyente aporta criterios materiales para identificar los grupos vulnerables, criterios que tienen que ver con la posición económica o con la marginalidad de personas o de grupos. La previsión de criterios materiales de identificación, el hecho de referirse la definición de habitante de la calle a personas y grupos vulnerables, así como la circunstancia de hacer depender de ella la protección constitucionalmente ordenada y la consecuente efectividad de importantes derechos fundamentales. La Corte considera que una definición legal comporta la diferenciación entre el ámbito que queda cubierto por su alcance y lo que escapa a ese ámbito, por lo cual el legislador, al formular definiciones, no debe incorporar ni más ni menos de lo indispensable, máxime cuando los términos de la definición se van a emplear en un contexto que implica distinguir e identificar a las personas que van a ser titulares del derecho a obtener la protección estatal ordenada y aquellas que, a causa de no reunir todos los elementos contemplados en la definición, quedan por fuera de la protección que la Carta dispone.
“En cuanto a los términos empleados para aludir al grupo o a sus integrantes individualmente considerados, la Corte ha señalado, reiteradamente, que se trata de “ciudadanos de la calle” [Sentencia T-1224 de 2004], “personas de la calle” [Sentencia T-119 de 2005], “habitantes de la calle” [Sentencia T-057 de 2011] o “personas habitantes de la calle” [Sentencia T-323 de 2011], siendo de destacar que, en varias oportunidades, la Corporación ha designado a quien vive en la calle valiéndose del vocablo “indigente”, como acontece, por ejemplo, cuando se habla de “indigentes o ciudadanos de la calle” [Sentencias T-1224 de 2004 y T-337 de 2011] o de “indigentes o habitantes de la calle” [Sentencia T-057 de 2011].
Esta asimilación responde al uso corriente de las expresiones, como lo ha indicado la Corte al puntualizar que así se conoce “en nuestro entorno social” a estas personas, pertenecientes “a un grupo humano cuyo grado de vulnerabilidad obedece en gran medida a su incapacidad económica para suplir sus necesidades básicas”[Sentencia T-057 de 2011] o, en los términos de la Sentencia T-533 de 1992, carecientes “de recursos económicos mínimos para subsistir dignamente” y que “se encuentran incapacitados para trabajar debido a su edad o estado de salud”. (…)
No obstante lo anterior, la asimilación que a veces se produce también denota la existencia de rasgos o características comunes que explican el uso indistinto de las expresiones “en nuestro entorno social”[Sentencia T-057 de 2011], y tal denominador común apunta a la situación socioeconómica que ubica a las personas en condiciones de pobreza. En este sentido, la Corte ha indicado que uno de los criterios utilizables para “la definición de la situación de indigencia es la ausencia de recursos para cubrir las necesidades básicas alimentarias”[Sentencia T-166 de 2007], por lo cual se ha entendido que se trata de “personas carentes de recursos económicos necesarios para una congrua subsistencia”[Sentencia T-684 de 2002].
Así pues, tanto el indigente como el habitante de la calle son personas aquejadas por la pobreza que, en su caso y según los índices de medición, puede ser extrema, pero tratándose de quienes viven en la calle debe haber algún ingrediente adicional que contribuya a una singularización mayor de este grupo dentro del conjunto de los indigentes. En esta dirección cabe apuntar que otro criterio empleado para caracterizar a los grupos afectados por determinada situación es el geográfico, pues generalmente los asentamientos o villas de emergencia -establecidas prácticamente sin excepción en las grandes ciudades- son habitadas por personas humildes, y lo mismo ocurre con ciertos barrios o incluso grupos de barrios.
Sin embargo, la población que vive en estos lugares, pese a sus condiciones desfavorables de vida que las hacen sujetos de protección, reside en núcleos habitacionales estables y, por ello, el mejoramiento de sus condiciones de existencia muchas veces implica la dignificación de su vivienda, las más de las veces precaria y desprovista de las mínimas condiciones de habitabilidad, como lo ha entendido la Corte que, en la Sentencia T-646 de 2007, protegió los derechos de una persona y de su núcleo familiar y, al efecto, ordenó a la autoridad competente enviarlos “a un lugar especializado en el cuidado, alimentación y demás atención requerida para personas de su edad y condiciones de salud”, mientras se adelantaban las gestiones que le permitieran al actor regresar “a su vivienda rural”.
La identificación de personas merecedoras de protección basada en el criterio geográfico no siempre conduce a los habitantes de la calle, pero sí aporta pistas orientadas hacia ellos, pues llama la atención sobre los ámbitos urbanos en cuyas zonas públicas, que no necesariamente corresponden a los cinturones de miseria, desarrollan su vida personas desfavorecidas que no tienen vivienda, ni siquiera la precaria de la que disponen otros indigentes, debido a lo cual esta carencia y el hecho de ocupar las vías, los corredores, calzadas o parques o de errar por la ciudad, junto con su pobreza extrema, los singularizan como habitantes de la calle, en la cual transcurre su existencia durante algunos periodos o permanentemente.
La Corte ha protegido derechos de habitantes de la calle, conforme aconteció con el derecho a la salud y a la vida digna de una persona que manifestó “vivir en la calle”, encontrarse enfermo, en precaria situación económica, no recibir ayuda de nadie y dormir en la calle, para lo cual la Sala de Revisión ordenó gestionar y coordinar “con las Instituciones Prestadoras de Salud Públicas o Privadas adecuadas para el efecto, el tratamiento médico integral que corresponda a la enfermedad que padece el accionante previa valoración por parte de un médico adscrito a dichas entidades que conceptúe sobre la enfermedad, dando prioridad al presente caso, por tratarse de una persona que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta” [Sentencia T-211 de 2004].
En otra oportunidad, la Corporación protegió los derechos fundamentales de una mujer de cierta edad y con problemas de salud, que había sido “desalojada de la pieza donde vivía, al no tener cómo pagar el arriendo”, lo que la obligó a “utilizar la calzada como domicilio”, lugar de donde la alcaldía pretendía desalojarla. La Corte ordenó que a esa persona se le brindara información y se le inscribiera en los programas del gobierno central y de la administración local, “para auxilios a la población en estado de indigencia”, verificar si se había acercado a las dependencias de la alcaldía a solicitar auxilios en salud o vivienda y, en caso de no haberse acercado a estas dependencias o a las oficinas de la procuraduría o de la personería municipal, realizar, con la ayuda de la policía, “visitas periódicas”, durante un término de máximo cuatro meses, a aquellas zonas de la ciudad en “donde existan asentamientos de personas que no cuentan con un domicilio estable”, a fin de localizarla [Sentencia T-1098 de 2008].”
Este caso es revelador de las condiciones que caracterizan a los habitantes de la calle. En efecto, se trata de una persona en situación de pobreza, precisada a “instalarse en plena vía pública”, a causa de carecer de “ingresos suficientes para brindarse un techo”, perdida luego en la ciudad, con cuyo espacio público había entrado en conflicto a falta de abrigo propio, lo que llevó a la Corte a enfatizar que en el caso de las personas que “por sus condiciones económicas se han visto obligadas a tomar como propios espacios de uso público”, no solo “se debe cumplir con los presupuestos procesales para proferir la resolución respectiva”, sino que también se debe “buscar soluciones adecuadas”, favorables a “la población especialmente vulnerable”, conformada por personas que, por encontrarse “en situación de desplazamiento masivo, pobreza, indigencia, entre otros factores característicos de este grupo”, se ven obligadas a “utilizar el espacio público”, para levantar, como en el evento reseñado, un “cambuche” [Sentencia T-1098 de 2008].
Así las cosas, de acuerdo con la jurisprudencia citada, la caracterización de las personas en condiciones de indigencia comporta la apreciación de su situación socioeconómica y se vale del criterio geográfico que, tratándose de los habitantes de la calle, apunta hacia su constante presencia en el espacio público urbano (…).”
2. La Ley 1641 de 2013 también incorporaba un elemento adicional para la definición de habitante de calle relacionado con la ruptura de “vínculos con su entorno familiar”, de tal manera que para que una persona fuese considerada habitante de calle no bastaba que la persona hiciese de la calle su lugar de habitación sino que además debía darse esta condición.
La Corte Constitucional colombiana decidió retirar del ordenamiento jurídico la expresión “y que ha roto vínculos con su entorno familiar” contenida en el artículo 2° literal b) de la Ley al considerar que esa exigencia es violatoria del derecho a la igualdad que ordena promover las condiciones para que sea real y efectiva, así como proteger a las personas que, por su condición económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
“Tratándose del análisis de la ruptura de los vínculos con el entorno familiar como elemento integrante de la definición legislativa de la expresión “habitante de la calle”, la Corte pone de manifiesto la importancia de los datos empíricos en la apreciación de su constitucionalidad y se vale de la jurisprudencia proferida en sede de revisión de las decisiones relativas a la acción de tutela, a fin de determinar cuál ha sido la noción de habitante de la calle empleada por la Corte. De ese análisis jurisprudencial la Corte concluye que, tanto la noción de indigente, como la de habitante de la calle se sirven de un componente socioeconómico que hace énfasis en la situación de pobreza y de otro componente geográfico que, en el caso de las personas o grupos en situación de calle, advierte sobre su presencia en el espacio público urbano, en donde transcurren sus vidas y, además, denota la falta de vivienda, dato que distingue a quienes viven en la calle de otros grupos de indigentes. A continuación, la Corporación se pregunta si los anotados factores bastan para identificar a los habitantes de la calle o si en ese empeño la ruptura de los vínculos familiares juega un papel determinante y, con base en la jurisprudencia constitucional, concluye que las relaciones familiares de la persona en situación de calle pueden romperse o conservarse, sin que ello incida de manera decisiva en la calificación de la persona como habitante de la calle, pues esta situación se define a partir de criterios socioeconómicos y geográficos, lo cual queda demostrado cuando se repara en que, en ocasiones la familia carece de medios para brindar apoyo material, o todos sus miembros comparten la condición de indigencia y en que no en todos los casos el hecho de habitar en la calle está precedido de una ruptura abierta y radical con el entorno familiar.
Con fundamento en estas consideraciones la Corte precisa que el segmento demandado, al contemplar como parte de la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculos con el entorno familiar, distingue, injustificada e inconstitucionalmente, entre personas merecedoras de protección, pues propicia la privación de los beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aún habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares, lo cual reduce el ámbito de la protección y releva al Estado de prestarla a la totalidad de quienes la merecen, obligación que, de acuerdo con el principio de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, supuesto que ésta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda. Reitera la Corte que la pobreza de quienes viven en la calle es altamente lesiva del derecho a la igualdad y de la dignidad humana y llama la atención acerca de que, más allá del plano individual, la Constitución se refiere a la protección de grupos, lo que pone de manifiesto la existencia de desigualdades y de discriminaciones estructurales que erigen a las condiciones socioeconómicas en un criterio sospechoso de discriminación, por lo cual el escrutinio de la constitucionalidad debe ser intenso”. (Sentencia C-385 de 25 de junio de 2014).
Las sentencias citadas pueden ser consultadas en la página web :
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/
En el marco de las deliberaciones para la reglamentación de la Ley 1641 de 2013, se ha discutido la incorporación del concepto de habitanza en calle para sustituir el de habitabilidad en calle bajo el supuesto de que la habitabilidad se refiere al atributo de un espacio para ser habitado mientras que habitanza hace referencia a un “fenómeno social que es urbano, multicausal, de alta complejidad y alto impacto multidimensional que conlleva desarrollo de hábitos de calle, que presenta dinámicas complejas no lineales y que terminan por ser estructurantes de un habitus (estilo de vida) de habitanza en calle”
Camila Esguerra Muelle, antropóloga, consultora del Ministerio de Salud y Protección Social se refiere a esas dinámicas como “asociadas a formas de consumo, corporalidades, hábitos de higiene, alimentarios, de recreación y de descanso, formas de generación de ingresos (algunas de ellas ilegales, no todas), expresiones culturales, establecimiento de formas particulares de relaciones sociales y de territorialidad, entre otros, y que en general es producto de condiciones estructurales de desigualdad material y simbólica —aunque puede también entenderse como opción de vida— en un entorno constituido por un continuum de violencias del que son víctimas en particular niñas, niños, adolescentes y mujeres de todas las edades, marcado por las violencias en los ámbito doméstico, privado y público —dentro de lo que hay que resaltar el conflicto social y armado que vive el país hace ya varias décadas— y por determinantes sociales de la enfermedad —dentro de las cuales vale la pena resaltar el consumo y el abuso en el consumo de sustancias psicoactivas y la desatención en materia de salud mental”.
Así que “el fenómeno de habitanza en calle implica el hecho de que personas de distintas edades, adscripciones [identidades] étnico- raciales, diferentes sexos y origen, identidades de género, identidades u orientaciones sexuales, condiciones físicas, mentales y sensoriales desarrollan estrategias de vida culturales, económicas y sociales adaptadas a la calle como hábitat, en donde la distinción público privado se rompe y en donde pueden identificarse otros fenómenos concomitantes que hay que atender de manera también transectorial tales como: la prostitución, el abuso de SPA, problemas de salud mental, tráfico de estupefacientes, tráfico humano entre otros”.
¿Qué grupos de la población son los más afectados por la extrema precariedad de la vivienda/ la situación de calle? Sírvase señalar la información de qué tenga conocimiento sobre el alcance o las experiencias de diferentes grupos de población que viven sin techo/ sin hogar/ en situación de calle, por ejemplo niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidades, entre otros. Sírvase señalar estudios, documentos o enlaces o enviar copias de los mismos, si estuvieren disponibles.
En julio de 2014 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó al Congreso de la República de Colombia haber conocido 4.861 casos en proceso administrativo de restablecimiento de derechos durante al año 2013 de población de niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle con uso o no de sustancias psicoactivas y sin lugar de residencia permanente y de familias con niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle. (3.337 eran niños, niñas y adolescentes). De acuerdo al informe las regiones más afectadas eran Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Nariño, constituyéndose los niños entre los 12 y 18 años los más vulnerables a esta problemática.
La Gaceta del Congreso 342 de 2014 que contiene el citado informe puede ser consultada en la dirección electrónica http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_2
Para el ICBF “situación de vida en calle” hace referencia a aquellos niños niñas y adolescentes que en otros escenarios han sido denominados gamines, niños de la calle, niños en la calle, indigentes y desechables que a partir del año 2006 fueron denominados por el ICBF niños, niñas y adolescentes en situación de vida de calle. Con este término el Instituto reconoce que los menores de 18 años se involucran en numerosas actividades en la calle y que si existe “un problema” no es el niño, sino más bien, las situaciones en las cuales se encuentra.
El Instituto reconoce como características de este grupo de población, entre otras, las siguientes:
Se trata de menores de 18 años;
No mantienen vínculos familiares o sus contactos son esporádicos;
Son trashumantes, vagan de un lugar a otro, dentro de la misma ciudad o de una ciudad a otra;
Viven en la calle, es decir, no tienen lugar de residencia con su familia biológica, en algunos casos, viviendo de manera temporal pero en la misma zona en coladeras, lotes baldíos, puentes, casas abandonadas, parques, puestos ambulantes, entre otros;
Permanecen en compañía de otros niños o adultos en situación de calle (parche, galladas)
Presentan consumo de sustancias psicoactivas tales como alcohol, bazuco, marihuana, inhalantes (bóxer, sacol);
Presentan cuadros de desnutrición crónica y en algunos casos severa;
presentan actitudes agresivas y apáticas; y
No están vinculados al sistema educativo.
Se anexa el documento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que analiza con detenimiento el tema de la problemática de la infancia y adolescencia en situación de calle, los enfoques de necesidades y en perspectiva de derechos y, la política pública existente al momento de la realización del informe y las proyecciones de política del Instituto.
Desde la perspectiva de su organización o institución, sírvase por favor proveer información y detalles sobre las principales causas estructurales y sistémicas de la situación de personas sin hogar/ la extrema precariedad en la vivienda y la situación de calle. Explique de qué forma su organización o institución está abordando estas causas y de qué manera, en su opinión, estas deberían ser abordadas por el gobierno.
La Institución no tiene estudios desarrollados sobre esta temática. Atienden casos puntuales a través de la Defensorías Regionales y eventualmente desde otras dependencias teniendo en cuenta los derechos que deben protegerse, pero no existe ninguna oficina encargada de manera particular al estudio de la situación vida en calle.
El tema habitante de calle es fenómeno de carácter urbano que se presenta de manera visible en las grandes ciudades y muy poco en la mayoría de municipios del país. Razón por la cual el tema es atendido desde las Defensoría Regionales de acuerdo a los lineamentos de política pública de cada ciudad y de manera particular por los personeros municipales de cada región, a quienes la Ley 1346 de 2014 les encomienda esa misión con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Desde la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el último año y por invitación del Ministerio de Salud y de la Protección Social, líder del proceso, se ha asistido a la Mesa técnica nacional de política pública social para habitantes de calle liderada por la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social atendiendo el mandato de la Ley 1641 de 2013, que establece "los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle".
La Defensoría del Pueblo fue invitada a participar en algunas sesiones de la mesa en atención al papel que el artículo 12 de dicha ley le asigna de apoyar a las personerías municipales y distritales para ejercer la vigilancia del cumplimiento de lo ordenado en la ley y cuyo texto es el siguiente:
"Vigilancia. Las Personerías Municipales y Distritales, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, ejercerán la vigilancia del cumplimiento a lo ordenado en la presente ley. La Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo que corresponda, presentarán un informe anual a las Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes de Senado, Cámara de Representantes, las cuales sesionarán de manera conjunta para tal efecto, sobre la implementación de la política pública social para habitantes de la calle."
Durante el año 2014, el trabajo se desarrolló en tres fases principales. I) la fase de planeación e identificación de los diferentes actores que debían participar en la implementación de la política, 2) la fase de conceptualización para determinar los criterios sobre los cuales se abordarían las discusiones para la implementación de la política y 3) la fase de participación social con los distintos sectores de la comunidad y autoridades en foros realizados en distintas regiones del país para recoger las opiniones e inquietudes de cada uno de ellos en torno a la formulación de la política.
Durante el año 2015, el trabajo de la mesa se ha centrado principalmente, en dos vertientes. De una parte en la propuesta de líneas estratégicas de la política pública social para las personas habitantes de la calle y la estructura del plan nacional de prevención y atención integral de la habitanza en calle, cuyo primer borrador fue socializado por el Ministerio de Salud en coordinación con esta Delegada a representantes de distintas oficinas del nivel central de la Defensoría del Pueblo y de otra parte, en la preparación del censo de habitantes de calle que debe desarrollarse con el censo de población y vivienda a realizarse en el año 2016, de conformidad con lo prescrito en el artículo 21 de la citada ley que ordena su realización “con el fin de establecer una línea base para construir los parámetros de intervención social en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del impacto de esta política pública social”.
Para esos efectos, la Defensoría del Pueblo compartió con el DANE la información recolectada en el año 2014 a través de las defensorías regionales del país sobre la existencia de habitantes de calle en los municipios de cada región y las políticas públicas territoriales sobre la materia. En 1.450 folios se suministró al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE la información pertenecientes a 28 departamentos, brindada por alrededor de 340 municipios del país.
De igual forma, a través de la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales se apoyó a la mesa técnica con un concepto de constitucionalidad sobre la normatividad expedida por la Alcaldía de Medellín para el tema habitante de calle, en particular el decreto 1500 de 2014.
En lo que va corrido del año, la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha ocupado de hacer seguimiento a la normatividad y jurisprudencia expedida sobre la materia, misma que ha sido trasladada para su conocimiento a las diversas defensorías regionales con el fin de brindarles herramientas de apoyo al cumplimiento de la misión que se le encomienda a la Defensoría del Pueblo en la Ley 1641 de 2013.
Sírvase por favor proveer toda información disponible sobre la discriminación y estigmatización de personas que viven en situación de calle/personas sin hogar, incluyendo legislación y políticas que sean utilizadas para prohibir que estas personas utilicen sitios públicos o para prohibir diversas actividades en sitios públicos tales como dormir, acampar, comer, o solicitar dinero. Sírvase explicar si estas formas de discriminación son prohibidas por la ley a nivel nacional o local.
La Constitución Política de Colombia prevé en su artículo 13 que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. De suerte que no existe en la legislación colombiana normas dirigidas especialmente a generar prohibiciones o limitaciones en el goce de derechos de este grupo de población. Por el contrario, desde el ámbito legal, lo que se ha ido generando son disposiciones con acciones afirmativas en su favor para preservar que su derecho a la igualdad efectiva y real, mismas que aún son insuficientes dadas las precarias condiciones en las cuales se encuentran estos sujetos de especial protección constitucional.
Se ha reconocido la situación de calle como una violación de derechos humanos por parte de cortes o de instituciones de derechos humanos en su país? Si su respuesta es positiva, por favor indique con base en qué derechos humanos (por ejemplo: derecho a la vivienda, derecho a la vida, etc.) Sírvase señalar iniciativas que su organización, institución u otras estén utilizando para abordar este fenómeno desde una perspectiva de derechos humanos.
La Corte Constitucional colombiana ha apuntado que “la pobreza, sin duda, atenta contra la vigencia efectiva de los derechos fundamentales” y que, mientras “sus causas estructurales son combatidas mediante políticas legislativas o macroeconómicas”, sus efectos, “en cambio, exigen de una intervención estatal directa e inmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” [Sentencia T-533 de 1992], contenido este que armoniza, claramente, con lo previsto en el artículo 13 superior, conforme a cuyas voces, la protección que debe brindar el Estado se enfoca hacia “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
Al examinar los casos de personas en situación de calle, la Corte Constitucional se ha pronunciado, entre otros, sobre:
Los derechos a la salud y a la personalidad de personas con discapacidad mental en estado de indigencia para referirse al caso de una persona habitante de calle o en estado de indigencia a la cual no se le ha expedido cédula de ciudadanía y no puede acceder a servicios de salud [Sentencia T-108 A de 2014];
Los derechos al mínimo vital y a la protección especial de personas mayores o de la tercera edad para referirse al caso de una mujer mayor a quien su hija no podía ofrecerle los alimentos necesarios para su subsistencia, razón por la cual la Corte ordena verificar la situación y de ser el caso priorizar la atención a la mujer por parte de la autoridad distrital del lugar donde esta reside [Sentencia T-696 de 2012];
Los derechos a la personalidad jurídica, al debido proceso y al mínimo vital de adulto mayor al estudiar un caso de una mujer en estado de indigencia beneficiaria de un subsidio económico para adultos mayores que el Banco no le pagó porque no podía presentar su cédula de ciudadanía debido a que la entidad encargada de otorgársela luego de seis años de habérsela solicitado no la había expedido [Sentencia T-929 de 2012];
El derecho al mínimo vital de persona de la tercera edad al estudiar el caso de una adulta mayor de 81 años de edad que padecía quebrantos de salud por enfermedades degenerativas; que carecía de forma absoluta de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas y cuya familia no contaba con los medios económicos para garantizar la protección que necesitaba, al punto que se encontraba “en circunstancias tan precarias que afronta dificultades para garantizar el pago de la habitación donde vive la agenciada” [Sentencia T-413-13];
El derecho al cuidado integral de la vejez al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3° de la Ley 1276 de 2009 que la Corte consideró que no era regresiva sino que por el contrario ampliaba la protección a las personas de la tercera edad pues lo que buscaba era “(i) adoptar un nuevo esquema de atención al adulto mayor no circunscrito a la satisfacción básicas de sus necesidades, sino bajo un concepto de cuidado integral de la vejez, a través de los denominados Centros Vida, (ii) prestar dicha atención integral no solamente a las personas de la tercera edad sin sitio de habitación, sino a la población adulta de los estratos vulnerables clasificados en el nivel I y II del SISBEN y otros según su capacidad de pago y (iii) establecer en todos los municipios la estampilla pro anciano, para fortalecer las fuentes de financiación del cuidado de la vejez, por cuanto algunas entidades territoriales no la habían adoptado” [Sentencia C-503 de 2014];
El derecho a la vida en condiciones dignas al estudiar el caso de una mujer que fue desalojada sin ofrecerle ninguna otra alternativa de un cambuche construido por ella con plásticos negros en una calzada de una vía por carecer de un sitio al cual ir y no tener recursos económicos para pagar un arriendo [Sentencia T-1098 de 2008];
El derecho a la vida y a la salud para referirse al caso de una mujer en estado de indigencia que requería atención médica y psiquiátrica respecto de la cual el personero de la región solicitó internamiento en un establecimiento de beneficencia. [Sentencia T-046 de 1997]
Los derechos al debido proceso administrativo, a la vida digna y al mínimo vital para referirse al caso de un hombre de 78 años de edad con esposa e hijos, uno de ellos con discapacidad que debió abandonar su vivienda rural por el estado de precariedad en que se encontraba al no poder acceder a un subsidio de mejoramiento de vivienda, no estar en condiciones de trabajar para adquirir su sustento y el de su familia y vivir de la ayuda de algunas personas que le pagaban un arriendo en el municipio pese a no tener obligación alguna para ello [Sentencia T-646 de 2007]
Las citadas sentencias pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/tematico.php?todos=%25&sql=indigencia&campo=%2F&pg=0&vs=0
Explique de qué manera su organización o institución ha utilizado o está utilizando procedimientos administrativos o legales en relación con la situación de las personas sin hogar/en calle.
a) A través del Sistema de Defensoría Pública-.
La Defensoría del Pueblo es la Institución del Estado colombiano a la que la Carta Política y la Ley 941 de 2005 le encomiendan la misión de organizar, dirigir y controlar el Sistema Nacional de Defensoría Pública a través del cual presta “sus servicios en favor de las personas que por sus condiciones económicas o sociales se encuentran en circunstancias de desigualdad manifiesta para proveerse, por sí mismas, la defensa de sus derechos”. Para el sistema “se entiende por persona en imposibilidad económica, aquella que carece de recursos suficientes para proveer su defensa técnica y por persona en imposibilidad social, aquella que por discriminación u otra circunstancia excluyente no pueda acceder a un defensor particular”. Es precisamente la población habitante de calle una de las usuarias recurrentes del Sistema de Defensoría Pública.
b) A través de los Centros de Atención Ciudadana o sus equivalentes-.
A través de estas dependencias la Defensoría del Pueblo los asesora en la forma como pueden proveer a la protección de sus derechos y los representa o acompaña en la gestión de los mismos cuando ello es procedente.
c) A través de gestiones de tipo administrativo-.
Ante autoridades del orden territorial para lograr la satisfacción de sus necesidades y el respeto y garantía de sus derechos.
d) A través de acciones constitucionales-.
Como la acción de tutela para obtener la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales cuando sean vulnerados por autoridades o particulares y se requiera la intervención de una autoridad judicial para lograr la efectiva protección de los mismos.
e) A través del ejercicio de su función como Órgano de Control-.
Que le permite requerir a autoridades y particulares para que ejecuten las acciones que correspondan en favor de los derechos de esta y cualquiera otra población, en especial los de los sujetos de especial protección constitucional.
Por favor sírvase compartir información sobre estrategias o legislación existente a nivel nacional, subnacional o local, cuyo propósito sea la reducción o eliminación de la situación de la calle, explique los objetivos y plazos fijados, describa como se lleva a cabo el monitoreo del progreso de las mismas y provea información sobre los resultados alcanzados hasta el momento. Si su organización o institución tiene sugerencias de estrategias y como éstas podrían ser utilizadas o mejoradas, por favor inclúyalas.
a) En cumplimiento del mandato del parágrafo del artículo 11 del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que ordena al Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF) definir los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, y para asegurar su restablecimiento el ICBF expidió la Resolución 6023 de 2010.
Esta Resolución contiene un “lineamiento técnico para el Programa Especializado de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de vida de Calle con sus Derechos Amenazados, Inobservados o Vulnerados” dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle con uso o no de sustancias psicoactivas y sin lugar de residencia permanente y a familias con niños, niñas y adolescentes en situación de vida de calle que se encuentran en disposición de recibir atención, ser partícipes del proceso de su atención y que el equipo interdisciplinario conceptúe como un referente protector.
El objetivo del lineamiento técnico es garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en un ambiente afectivo y protector que contribuya a la obtención de herramientas para su desarrollo personal, construcción de redes generativas, acceso a servicios y oportunidades para definir un proyecto de vida alternativo que le permita reconocerse como sujeto y titular de derechos y deberes y como fin último lograr la inclusión social.
Las modalidades de atención especializada son las siguientes;
Intervención de apoyo: Proporciona un servicio en el propio contexto de acuerdo con la situación particular del niño, niña o adolescente incluido su grupo familiar o red vincular próxima para superar y prevenir situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos mediante el desarrollo de un proceso de atención especializada en su propio contexto y/o con asistencia a una institución, para el restablecimiento de sus derechos y fortalecimiento de factores de generatividad para el desarrollo del proyecto de vida fuera de la calle.
Externado: Restablece a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos vulnerados sin desvincularlos de su medio familiar con el fin de superar sus factores de vulnerabilidad y propiciar factores de generatividad. Los niños, niñas y adolescentes atendidos por esta modalidad deben asistir a una institución, durante cuatro (4) horas diarias, los días hábiles del mes, en jornada alterna a la escolar.
Seminternado: Restablece los derechos vulnerados, amenazados o inobservados de los niños, niñas y adolescentes, sin separarlos de su medio familiar, fortaleciendo vínculos familiares y de red de apoyo superando factores de riesgo y aumentando factores de generatividad. Los niños, niñas y adolescentes vinculados a esta modalidad de atención deben asistir a una institución, durante ocho (8) horas diarias, los días hábiles del mes.
Acogida y desarrollo: Restablece los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle en un ambiente afectivo y protector que contribuya a obtener herramientas para su desarrollo personal, reconstruir sus redes protectoras, acceder a servicios y oportunidades, y definir un proyecto de vida alternativo que les permita reconocerse. El proceso de atención inicia en la calle, barrios, establecimientos, colegios y demás escenarios donde se encuentre la población. Se realiza el contacto por el equipo de acercamiento o búsqueda activa que establece relaciones de confianza a partir de las cuales identifica las condiciones, necesidades objetivas y sus expectativas para ofrecerles alternativas que les permitan salir de la situación de vulneración. Dicho contacto busca establecer una relación pedagógica que permita identificar problemas y necesidades e ir avanzando en la construcción de un proyecto de vida.
Internado de atención especializada: Modalidad de atención especializada a los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les ha vulnerado sus derechos, que presentan situación de vida en calle (habitabilidad de calle) y lo procedente es la separación de la familia de origen o extensa y su ubicación en un medio institucional durante las 24 horas al día, siete (7) días a la semana, en el cual se garantiza la atención especializada requerida.
La organización de las modalidades de atención se realiza sin perjuicio de que al niño, niña o adolescente con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados pueda ser ubicado en otra modalidad diferente, de acuerdo a la determinación tomada por el Defensor de Familia o la Autoridad Competente, en conjunto con su Equipo Técnico Interdisciplinario.
Dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) cuando el niño, niña o adolescente ha cumplido con los objetivos que se han establecido, para cada caso, por los miembros de los equipos interdisciplinarios de las autoridades competentes, en conjunto con el mismo niño, niña o adolescente, se debe garantizar un egreso donde se cumpla con las siguientes acciones: a) Se gestionó la continuidad en la vinculación a los sectores de educación, salud y capacitación; b) Se realizó evaluación de competencias y habilidades (vocacionales y académicas); c) Se prestó atención psicológica para fortalecer estrategias de afrontamiento, dentro de las cuales se informe a la familia o red vincular y se permita la expresión de sentimientos relacionados con el egreso y de cómo ve la problemática por la cual se ha ingresado a un programa del ICBF; d) Se realizó seguimiento a los avances académicas formales y no formales; y e) Se realizó vinculación a programas de interés con el fin de evitar la recaída permanencia en la calle.
Se anexa documento de lineamiento técnico expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que explica paso a paso el programa especializado, la ruta de atención y cada una de las modalidades de intervención.
b) En 2013 el Congreso de la República expidió la Ley 1641 de 12 de julio de 2013, “por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones” a la cual ya se ha hecho referencia y que tiene por objeto establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.
La ley establece que la política pública social se fundamentará en el respeto y la garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, el enfoque diferencial por ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes y de manera especial, en los principios de a) dignidad humana, b) autonomía personal, c) participación social, d) solidaridad y e) coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre los diferentes niveles de la administración.
La ley ordena entre otros, tener como componentes de la política pública los de a) atención integral en salud, b) desarrollo humano integral, c) movilización ciudadana y redes de apoyo social; d) responsabilidad social empresarial; e) formación para el trabajo y la generación de ingresos y f) convivencia ciudadana.
Se anexa texto de la Ley 1641 de 12 de julio de 2013.
c) Además de estas dos normas de cobertura nacional, existen otras con cobertura territorial expedidas por autoridades locales para afrontar la situación de calle en sus respectivas regiones. Pueden citarse por ejemplo las experiencias de Bogotá y Medellín.
Se anexa modelo distital de atención a la habitabilidad de calle para la Ciudad de Bogotá, una de las regiones con mayor número de habitantes en situación de calle en la actualidad y normatividad relacionada.
Se anexa brochure sobre el sistema de atención al habitante de calle adulto en Medellin y presentación de la estrategia de la Alcaldía para los habitantes de calle en esa ciudad, otra de las regiones con presencia apreciable de habitantes de calle.
Catálogo: Documents -> Issues -> Housing
Issues -> United Nations Voluntary Fund For Victims of Torture
Housing -> Office of the High Commissioner for Human Rights Research and Right to Development Division