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Timestamp: 2018-11-15 09:00:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 42', 'artículo 172', 'artículo 84', 'artículo 176', 'artículo 55', 'artículo 154', 'artículo 84', 'artículo 176']

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A vueltas con la mejora de la segunda oportunidad en el Derecho concursal español
9 marzo, 2018 Cecilio Molina Hernández
29 de julio de 2015, día en el que se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, más conocida como la Ley de Segunda Oportunidad. Se presenta como un balón de oxígeno para empresarios individuales, autónomos y personas físicas que no puedan hacer frente regularmente a las deudas contraídas.
Esta novedad legislativa, apenas dos años más tarde, ha resultado ser un parche insuficiente en nuestro ordenamiento, toda vez que se ha comprobado que los requisitos para su concesión se han manifestado casi como inalcanzables, además de la exclusión del mismo de los créditos privilegiados y créditos de Derecho Público, y la posible revocación de este beneficio en cualquier momento y atendiendo a determinadas circunstancias, a pesar de las recomendaciones recibidas de distintos organismos internacionales para mejorar su régimen de concesión.
Antes de entrar a valorar los aspectos a mejorar en el tratamiento de la segunda oportunidad en nuestro Derecho, y así recogidos en la Proposición de Ley de Segunda Oportunidad, presentada en enero de 2018 por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, una cuestión, a mi parecer fundamental, y también prevista en la citada propuesta, es la remisión total de los procesos concursales a los jueces de lo mercantil, dejando atrás la atribución de los concursos de persona natural que no sea empresario a los jueces de primera instancia del orden civil. Durante estos más de dos años en los que se asignó esta competencia a los jueces civiles, la razón de la sobrecarga de los juzgados de lo mercantil no debió de conformar motivo suficiente para alterar la competencia objetiva, dada la especialización que se requiere en materia concursal, extensiva también a los supuestos de concurso de persona física. Por esta razón, se deberá proyectar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no puede ser más aplaudida por mi parte.
Atendiendo a la complejidad y a la amplitud del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, me parece oportuno centrar la atención sobre tres cuestiones importantísimas en el contexto de la concesión de una segunda oportunidad, tales como la necesaria mejora en la concreción de la buena fe del deudor, la exoneración de créditos y la revocación de la segunda oportunidad.
No obstante, no desmerece mi aprobación, por no ser en este momento tratados, la ampliación de los supuestos de acogimiento del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, más allá de la conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de la masa activa; la no necesaria celebración o, al menos, intento de celebración de un acuerdo extrajudicial de pagos; y la reducción para el acogimiento de la segunda oportunidad a aquellos sujetos que hubieran obtenido este beneficio en los últimos cinco años, frente a los diez actuales que se recoge como requisito imprescindible en nuestra normativa concursal, siempre que no se “haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios” (requisito alternativo previsto en el artículo 178 bis, apartado 3º, puntos 4º y 5º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).
En primer lugar, el acceso al beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho vendrá motivado por la consideración del deudor de buena fe. En la regulación actual, la buena fe del deudor está condicionada a múltiples aristas (vid. artículo 178 bis, apartado 3, donde se recogen los diversos requisitos, tales como, la no calificación del concurso como culpable; la no condena en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso; la celebración o intento de celebración de acuerdo extrajudicial de pagos; la satisfacción de los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados, y si no hubiera intentado el acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por ciento de los créditos concursales ordinarios; y, alternativamente al número anterior, el sometimiento a un plan de pagos, el no incumplimiento de las obligaciones de colaboración del artículo 42, la no obtención de este beneficio durante los últimos diez años, el no rechazo dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso de una oferta de trabajo adecuada a la capacidad del deudor, y la publicidad de la obtención del beneficio de exoneración en el Registro Público Concursal durante cinco años).
Como se puede comprobar, la consideración del deudor de buena fe es, cuanto menos, difícil y compleja. Sin embargo, en la propuesta de ley de segunda oportunidad, estos requisitos se suavizan sustancialmente, de manera que el deudor de buena fe lo será cuando: (1) no haya sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, de falsedad documental, de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la fecha de la solicitud; (2) no haya sido declarado en concurso calificado como culpable en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud, o en el mismo plazo se hubiera visto afectado por la declaración de concurso de una persona jurídica calificado como culpable en los términos del artículo 172 bis; (3) tratándose de concurso de persona natural empresario, no hubiera cumplido la obligación del depósito de las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios previos a la fecha de solicitud; y (4) no haya obtenido el beneficio de exoneración en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud.
Por tanto, se eliminan determinados requerimientos para la consideración del deudor de buena fe como el acuerdo extrajudicial de pagos, que no hace más que dilatar el proceso concursal y, en ocasiones, complica la situación patrimonial del deudor y sobre todo la satisfacción de numerosos créditos, que revierte prácticamente inviable el acceso a la segunda oportunidad.
En segundo lugar, se centra la atención en la exoneración de créditos, una vez que el deudor logra la segunda oportunidad. Es, en este aspecto, donde se puede elogiar la propuesta de ley, porque cuando un deudor haya logrado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, se extenderá a “la parte insatisfecha de todos los créditos pendientes del deudor, aunque no hubiesen sido comunicados, exceptuando los créditos por responsabilidad civil extracontractual, los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias y los créditos por alimentos”. En este sentido, y en este aspecto, ya sí que se podría hablar de una verdadera segunda oportunidad, concedida a deudores honestos y no oportunistas. Quizá ésta sería la razón que motivara la elevada satisfacción de créditos, además del mantenimiento de numerosos créditos pendientes alcanzada la segunda oportunidad, para evitar que se aprovechase de este beneficio cualquier sujeto.
Por último, en lo que respecta a la revocación del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el legislador español, en el año 2015, saltándose las recomendaciones del Banco Mundial (Report on the Treatment of the Insolvence of Natural Persons) y de la Unión Europea (Recomendación de 12 de marzo de 2014, de la Comisión Europea, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial), contempla la posible revocación de la segunda oportunidad, a instancia de cualquier acreedor concursal, durante los cinco años posteriores a la concesión, siempre que el deudor beneficiado no mantenga la buena fe requerida o no logre mejor fortuna. Esto contraviene la previsión en este sentido de otros países de nuestro entorno, fijada la revocación en tres años, o en Estados Unidos, donde sólo se deja un año a la posible anulación de este privilegio.
Pero éste no es el único problema en lo concerniente a esta cuestión, pues el acreedor podrá solicitar la revocación del beneficio de exoneración siempre que “se constatase la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados”; además, se contemplan otras opciones, como haber vulnerado alguno de los requisitos previstos para la concesión y la consecuente consideración como deudor de buena fe, no haya cumplido el pago de las deudas no exoneradas conforme al plan de pagos o “mejorase sustancialmente la situación económica del deudor por causa de herencia, legado o donación; o juego de suerte, envite o azar, de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos”. Estas cuestiones no hacen más que agravar la situación del deudor sin recursos, que han tenido un tratamiento más generoso en la proposición de ley, toda vez que se reduce el período de revocación a los tres años, además de venir motivada exclusivamente por el primero de los requisitos enunciados.
Por todas estas razones, no me queda más que aplaudir esta proposición de ley, confiando que el Gobierno cumpla las previsiones y mejore sustancialmente el tratamiento de la segunda oportunidad, celebrado en el momento de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico pero insuficiente desde ese momento y constatado en estos más de dos años de regulación.
cecilio molinaDerecho ConcursaldoctrinaLey de segunda oportunidad
Un cambio en la naturaleza del crédito contra la masa
2 agosto, 2016 Pilar López Barrau
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La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 (RJ 2014.6561) sentó las bases de la jurisprudencia actual en lo que concierne a la interpretación y aplicación del artículo 84.4 de la Ley Concursal –ejecución de los créditos contra la masa–. Con todo, no podemos dejar de plantearnos si esa misma sentencia impone un posible cambio de criterio en la naturaleza de los créditos contra la masa o si este cambio ya se había producido en cierta manera con la reforma operada en la Ley Concursal por el artículo único de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, al introducir un nuevo precepto, el artículo 176 bis, que predetermina el orden de pago de los créditos contra la masa en los supuestos de insuficiencia de masa activa para la total satisfacción de los créditos contra la masa.
Tradicionalmente, los titulares de créditos contra la masa han ostentado siempre una posición autónoma en sede concursal, en cuanto que las deudas de la masa eran y son satisfechas con cargo al patrimonio concursal sin formar parte de la masa pasiva del concurso, resultando ser sus titulares “acreedores ajenos al concurso” o “acreedores extraconcursales”. Precisamente ha sido esa concepción extraconcursal del acreedor contra la masa la que ha propiciado y justificado que estos acreedores gozaran de todos los medios de que disponía el ordenamiento jurídico para la satisfacción de su crédito, medios entre los, qué duda cabe, podía encontrarse el de proceder ejecutivamente contra el deudor, pues la extranconcursalidad de los créditos contra la masa no estaba ausente en el momento de su satisfacción. Esta autonomía material y procesal propia de los créditos contra la masa se ve desvirtuada o matizada con la citada sentencia del Tribunal Supremo, que, en sede de ejecución de los créditos contra la masa, nos exhorta a concluir que, una vez abierta la fase de liquidación, y con ella, el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones del artículo 55 de la Ley Concursal, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra la masa, por contradecir el carácter universal que supone la liquidación concursal, cuyas únicas excepciones lógicas vienen determinadas por las ejecuciones de garantías reales, que, por otra parte, si no se han iniciado antes de la apertura de la fase de liquidación concursal ya no pueden hacerse al margen de la misma. De modo que, el acreedor contra la masa al tratar de cobrar dentro de la liquidación, debe hacerlo de acuerdo con las reglas del artículo 154 de la Ley Concursal, sin necesidad pues de instar otra ejecución dentro de la ejecución universal, o de acudir a la vía de apremio administrativo, caso de créditos públicos. Consideramos que la tesis que impone el Tribunal Supremo supone un claro triunfo de la teoría finalista, en cuanto que estima necesario que todos los acreedores, sin distinción entre titulares de créditos concursales o contra la masa, se sometan a los principios del juicio universal y de vis attractiva del Juez del Concurso, siendo ello medio imprescindible para la ejecución colectiva y, en cualquier caso, acorde con los fines del procedimiento concursal. A nuestro modo de ver, esta sentencia no sólo supuso una mera corrección o interpretación de un precepto, el del artículo 84.4 de la Ley Concursal, para su correcto encaje en la realidad del procedimiento concursal, sino toda una declaración de intenciones respecto a la necesaria modulación de la concepción extraconcursal del crédito contra la masa.
En cualquier caso, esa necesidad de modular la autonomía material y procesal del crédito contra la masa tiene, como antes se avanzó, su antecedente en el artículo 176 bis de la Ley Concursal. En este caso fue el legislador, el que en el año 2011, al imponer una prelación de pago de los créditos contra la masa en los supuestos de insuficiencia de activo, limita la autonomía de los titulares de estos créditos en lo que concierne a su satisfacción. Por esta razón, pudiéramos concluir que el pronunciamiento que el alto Tribunal recoge en la sentencia de diciembre de 2014, no hace sino seguir una tendencia ya marcada por el legislador tres años atrás.
Esta nueva consideración de la extraconcursalidad de los créditos contra la masa que el legislador y la jurisprudencia marcan, conduce a cuestionarse si realmente estamos ante créditos ajenos al concurso, ante una categoría propia, o si simplemente nos encontramos ante unos créditos “super-privilegiados” en el seno del concurso; créditos que merecen un régimen particular, que no independiente, del resto de los previstos en la Ley Concursal y anteriores a la declaración de concurso, cuyo origen y fundamento, justificarían todas las diferencias respecto del resto de titulares de créditos concursales. Una tesis que comportaría la asimilación de los principios de universalidad y vis attractiva del concurso como algo natural también para estos créditos.
A la vista de lo expuesto y de las resoluciones del Tribunal Supremo posteriores a la sentencia de 14 de diciembre de 2014 (TS, Auto 3 de febrero de 2016. Rec. 2412/2014; TS, sentencia 46/2015 de 18 de febrero de 2015, Rec. 2067/2013; TS, Auto 30 septiembre de 2015, Rec. 1902/2014) tal vez no pueda mantenerse que se haya producido un verdadero cambio de naturaleza de los créditos contra la masa, pero sí podemos afirmar, que su naturaleza extraconcursal desde el punto de vista material y procesal se ha reinterpretado y ajustado a la realidad y contexto del procedimiento concursal. Superadas han quedado, por tanto, aquellas interpretaciones de los acreedores contra la masa como titulares de créditos prededucibles del concurso que debían gozar de todos los medios de tutela para la realización de los mismos; superados quedan los razonamientos de que el derecho a la ejecución separada de los titulares de créditos contra la masa se justifica en la ajenidad de éstos al principio de universalidad del concurso, pues su fundamento radica en la concursalidad. En la actualidad, el fundamento de los créditos contra la masa ya no parece radicar totalmente en la extraconcursalidad, pues al menos desde el punto de vista de la posibilidad de ejecución del crédito, el Tribunal Supremo los somete a las mismas limitaciones que los concursales.
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La legitimación para solicitar la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concursada
6 junio, 2012 Aurelio Gurrea Chalé	Deja un comentario
Resultan frecuentes ,en la literatura jurídica, los trabajos que, en materia de sociedades, han abordado los -siempre complejos- problemas competenciales entre la junta general y el órgano de administración de las sociedades de capital. En este sentido, y con la refundición, en un único texto legal, de la normativa reguladora -entre otras- de las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, se ha llevado a cabo una mayor armonización de las normas societarias relativas a las competencias … Read more »
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