Source: http://constituyentes.fondodeculturaeconomica.com/biografia.html
Timestamp: 2018-09-25 19:58:10
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Ninguna revolución surge de la nada. Pensar en un movimiento revolucionario sin ideas que lo respalden, es como pensar en un estallido sin detonadores. De ahí la sentencia de Crane Brinton: “Sin ideas, no hay revolución” (Cockcroft, 1985, p. 13). Si bien en el trasfondo de la Constitución vigente existen ideas atemporales cuya enunciación remite a los grandes anhelos de los pueblos —v. gr. libertad, democracia, igualdad, soberanía—, éstas no serán las que principalmente interesan en este trabajo, pues son como entes platónicos, con poca interacción sobre contextos temporales específicos. Por eso, no intentaremos realizar una historia de las ideas, sino una historia intelectual, porque tomaremos en cuenta el pensamiento de los personajes de un evento específico, en este caso el Congreso Constituyente de 1916-1917, como históricamente condicionados por las propias ideas e ideologías que “flotaban” en su tiempo. Se han sugerido diferentes conceptos de ideología, en particular para el periodo de nuestro interés (Cockcroft, 1971, pp. 11-12; Córdova, 1973, pp. 35-37 y n. 7), pero nosotros entenderemos por tal el “conjunto de creencias de un grupo social, insuficientemente justificadas, que cumplen la función de promover el poder de ese grupo” (Villoro, 1985, p. 111). Es decir, creencias que no descansan en un pensamiento sistemático y plenamente racional, pero que se presentan como capaces de explicar el mundo y como desiderátum para el futuro. En ellas se entrecruzan, en distinta medida, elementos objetivos o supuestamente objetivos, derivados del pensamiento científico y filosófico, y elementos afectivos, muchos relacionados con las aspiraciones del momento.
En las líneas que siguen se pretende reconstruir el ambiente intelectual de dicho Congreso a partir, primordialmente, de lo que en él se dijo y recogió en el Diario de los Debates. En menor grado se han tenido en cuenta las participaciones de Constituyentes que fueron diputados en la XXVI Legislatura Federal (1912-1913) —los llamados “renovadores”— y en la XXVII Legislatura (1917-1918). También se han visto algunos de los textos de aquellos que escribieron después acerca de lo ocurrido en Querétaro. En cuanto a dicha XXVII Legislatura, cabe señalar que, lejos de ocuparse con diligencia en la elaboración o discusión de proyectos de leyes secundarias, se dedicó a asuntos del día. Con razón, el diputado Juan de Dios Robledo le echó en cara a sus compañeros de curul su dispersión. Entonces les recordó que el Poder Ejecutivo federal había enviado muchas iniciativas de ley, entre las cuales se contaban algunas muy importantes, como por ejemplo la Ley Orgánica de los Poderes Federales, Ley Orgánica del Poder Judicial del Distrito Federal y Territorios, Ley Orgánica del Ministerio Público Federal y Territorios y la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal (XXVII Legislatura, 1917-1918), que no habían merecido mayor atención de ellos. Sin embargo, debe mencionarse que en el seno de esta legislatura se presentó, firmado por más de medio centenar de diputados —muchos de ellos ex Constituyentes—, un proyecto de reformas a 35 artículos de la Constitución de 1917 que buscaba establecer el parlamentarismo en México.
Ahora bien, la fuente principal del trabajo —el mencionado Diario de los Debates del Congreso Constituyente— tiene importantes limitaciones. La primera toca a su fidelidad, ya porque los taquígrafos no fueron del todo exactos, ya porque todo parece apuntar al hecho de que su trabajo no fue revisado antes de imprimirse. Así, presenta numerosas erratas, errores y contrasentidos. Desde luego, mucho de esto se debió a que no alcanzaron a entender bien nombres propios. Por ejemplo, Tiberio Corruptáneo, por Tiberio Coruncanio (Diario de los Debates, t. II, p. 804) o Juan N. Torres o Juan D. Torres firmando el mismo documento (Diario de los Debates, t. II, pp. 827 y 939). Naturalmente, en el origen de este tipo de problemas no puede hablarse de mala fe. Pero, ésta también parece haber alterado parcialmente el Diario. Al menos así lo señaló el diputado Álvarez quien, ya octogenario, publicó sus Memorias de un constituyente (1964), animado por dar a conocer un testimonio veraz acerca de lo ocurrido en Querétaro. En ellas, afirma que el Diario de los Debates adolecía de “mañosas omisiones” porque su redacción estaba en manos de la “facción derechista” del Congreso” (Álvarez, 1992, p. 46).
Por otra parte, sólo recientemente se publicaron los dictámenes a partir de fuentes documentales (Marván, 2005-2006) y aún deben encontrarse los documentos, que sin duda existieron, sobre las discusiones en el seno de las comisiones. A estos papeles se refería expresamente el “Reglamento Interior” del Congreso.
Un asunto acerca del cual es necesario decir algo es la posibilidad de que los diputados hubieran contado con asesores externos. Ciertamente consta que, por ejemplo, Pastor Rouaix se hizo asistir por José I. Lugo y por Andrés Molina Enríquez. Sin embargo, fuera de este caso excepcional y, quizá de alguno otro, no hay evidencia, a partir del Diario de los Debates, de que tales asesores existieran.
Una limitación del Diario se relaciona con el talante de algunos diputados. Unos hablaron muchísimo, otros nada o casi nada; había quienes tenían pretensiones eruditas, otros eran poco instruidos; los había, algunos, de locuacidad desmedida y, otros, los menos, oradores en forma. Abundan ejemplos: el diputado Fajardo confesó “habiendo adoptado una actitud enteramente pasiva, queriendo, solamente en mi íntimo resolver cada uno de los asuntos que se presentaren en este Congreso, me he resuelto, por fin, a hacer uso de la palabra” (Diario de los Debates, t. I, p. 879). El diputado Figueroa, la primera vez que subió a la tribuna, lo hizo sólo por cumplir con su deber ya que dijo “no poseo el arte de la palabra, ni creo tener un gran contingente de argumentos para tratar sobre el artículo que está a debate” (Diario de los Debates, t. II, p. 247).
Otro tema es el de la preparación de los discursos. Naturalmente, era imposible prever cómo había de transcurrir un debate; sin embargo, sí había oportunidad de saber qué artículo se discutiría y, por ende, de preparar al menos una intervención inicial. A pesar de ello, pocos discursos parecen haber sido elaborados con antelación a la sesión en la que se peroraron. Esto no significa que no los hubiera habido buenos (Castañeda y Morales); sólo apunta a que no es raro que un orador que se hallaba improvisando se equivocara en datos como fechas y nombres propios. Un ejemplo de un discurso preparado, quizá el mejor, fue el que leyó el diputado José María Rodríguez y Rodríguez (Diario de los Debates, t. II, pp. 616-624). Otro, de menor fuste, fue el leído por el diputado Rosas y Reyes (Diario de los Debates, t. I, pp. 685-690). En el extremo opuesto se encuentra, por ejemplo, el diputado Martí, quien alguna vez confesó: “Yo no tengo conocimientos grandes de Historia, no soy orador, no preparo mis discursos, y como ustedes habrán observado, me siento con mi lápiz y de los oradores tomo el tema de mi discurso. Muchas veces, después de estar perfectamente preparado, no subo a la tribuna, porque no he venido para aplausos, para ser notable, he venido a cumplir con mi deber y cuando mi conciencia me dice que el asunto está perfectamente debatido, que los diputados han formado su criterio, cojo todos los papeles, los rompo y los echó a la basura” (Diario de los Debates, t. II, p. 195).
Otra cuestión es si el diputado realmente podía hacerse entender. Alguno, como Emiliano P. Nafarrete, se hizo notar por la oscuridad de su pensamiento e ignorancia (Taracena, 1960, pp. 24-25); otros, por ejemplo, Macías, Medina o Machorro, en general, fueron sumamente articulados, aunque solían pecar de eruditos y farragosos.
Debe resaltarse como una constante, dentro de la asamblea de Querétaro, el que se opusiera, como superior, la experiencia ganada en la práctica y sobre el terreno de los hechos, al saber libresco con escaso o nulo apego a la realidad. Esto se relaciona con una actitud que frecuentemente se percibe entre distintos sectores de diputados: desde los obreros y campesinos, hasta los militares y alguno que otro letrado. Se trata de una desconfianza por aquellos que poseían un saber profesional, especialmente contra los abogados. Ahora bien, como esta desconfianza solía acompañarse de un discurso más bien guiado por los sentimientos, los afectos y las pasiones, se conformó una dupla de ribetes francamente antiintelectualistas. Esto no sorprende, ya porque existía entre los revolucionarios una profunda animadversión hacia el viejo grupo tecnocrático porfirista —los llamados científicos—, ya porque algunos estaban más o menos cercanos a la ideología socialista, la cual veía en la burguesía intelectual un claro obstáculo para cualquier cambio en favor de las mayorías. Un magnífico ejemplo de lo anterior está en un discurso del abogado Alberto M. González, quien, al tratar un punto muy técnico que era el del banco único de emisión, afirmó: “Siempre he entendido que para votar en los Congresos basta el simple conocimiento del bien y el mal, la honradez, el sentido común de lo justo e injusto y no es necesario ni el criterio de ilustración ni educación grande para poderlo hacer” (Diario de los Debates, t. II, pp. 508-509). Otro discurso, ahora del diputado Victoria, hizo hincapié en la tensión entre los que, como el diputado Gerzayn Ugarte, despreciaban los “lirismos” de los diputados más o menos picados de antiintelectualismo; dijo Victoria: “Cuando un obrero viene a la tribuna, cuando viene por primera vez ante un público tan consciente, es necesario declarar que, por efecto de la educación que ha recibido tenga necesariamente errores en el lenguaje; pero esa falta de erudición se suple cuando su actuación en la vida patentiza su honradez. He creído necesario hacer esta aclaración, porque no quiero que mañana o más tarde, los académicos trasnochados, los librófobos con lengua de esparadrapo, vengan a decir aquí: a la peroración del representante de Yucatán, o le faltó una coma, o le sobró un punto o una interrogación” (Diario de los Debates, t. I, p. 979).
Naturalmente estas expresiones también remiten al pragmatismo, tan notorio entre los diputados. Ciertamente, las circunstancias apremiaban y los Constituyentes tuvieron muy poco tiempo para elaborar la Constitución: las sesiones fueron del 21 de noviembre de 1916 a 31 de enero de 1917; sin embargo, se percibe un claro ánimo de privilegiar soluciones enraizadas en las urgencias del momento o derivadas de la solo observación empírica de las exigencias nacionales o populares. Merece la pena citar la explicación que acerca de esto hizo el diputado Palavicini: “Cabe la satisfacción a los Constituyentes de haber realizado verdaderos debates, de haber discutido con entera libertad, y de haber pesado el pro y el contra, y así, a la idealidad exagerada de Don Quijote, se opuso la prudente y socarrona experiencia de Sancho” (Palavicini, 2014, p. 225).
Con todo lo anterior y dado que la gran mayoría de los diputados carecían de un alto nivel de estudios, es fácil explicar que entre los Constituyentes no se hallaran pensadores realmente sistemáticos. Fueron más bien eclécticos, es decir, buscaron la verdad donde creían encontrarla. Es de notar que el eclecticismo había gozado de gran aceptación desde la segunda mitad del siglo XVIII y que de ninguna manera podía despreciarse como método. Desde luego, otra cosa era la manipulación de las ideas a la que acudieron algunos diputados para sostener sus posiciones.
Ahora bien, del hecho de que los diputados se apoyaran en autores, mencionaran o no sus nombres, realmente no puede concluirse que los hayan leído directamente, ni tampoco que tuvieran una visión general precisa de su pensamiento. No puede negarse que las ideas se transmitían a través de medios distintos de la lectura de libros: existían los periódicos, las tertulias, una vasta folletería y las conferencias, por sólo mencionar algunos. Sin embargo, es menester detenerse un poco en la lectura porque, al fin y al cabo, es la fuente principal de la historia intelectual. En el mundo occidental, el siglo XIX se caracteriza por una alfabetización masiva, si bien, con enormes variaciones entre los medios urbanos y rurales, entre las capitales y las provincias (Lyons, 1998, p. 475) y podríamos añadir entre las clases acomodadas y desposeídas. Los materiales de lectura que adquirieron mayor auge, a partir de la segunda mitad de la centuria, fueron periódicos, revistas y novelas baratas impresos en papel de pulpa de madera, que permitía enormes tirajes y precios de venta accesibles. También la reducción de la jornada laboral, en algunos países, favoreció el tiempo dedicado a la lectura (Lyons, 1998, pp. 475-476).
En México, gracias al censo de 1895, sabemos que solamente 14% de la población sabía leer y escribir. El porcentaje apenas se elevó a 20% para 1910. Desde el punto de vista de género, 17% de los hombres eran aptos para leer y escribir en 1895, y 22% en 1910; mientras que sólo 11% de las mujeres manifestaron esta capacidad en 1895, y apenas 17% en 1910 (Bazant, 2000, p. 206). La capital mexicana contaba con el mayor número de residentes alfabetos: 38% (Bazant, 2000, p. 206). Esta evidente desigualdad fue manifestada por el antropólogo Manuel Gamio, con las siguientes palabras tomadas de Forjando patria (1916): “En México hay lectores aptos para la más amplia y selecta producción literaria, ya sea europea, norteamericana o nacional, y en cambio existe una desoladora mayoría ignorante del alfabeto” (Loyo, 1997, p. 243). Los historiadores señalan que la pequeña élite de lectores tenía a su disposición un mercado de publicaciones científicas, literarias, de interés general y especializadas por profesiones, para mujeres o niños, periódicos de diferentes ideologías, sin olvidar los libros de texto de todas las materias y niveles, pues entre ellos se creía, según expresó una revista pedagógica de la época, que “para un hombre civilizado la lectura es una necesidad como el comer” (Bazant, 2000, pp. 206-207).
Sin embargo, la incapacidad para leer no resultaba un obstáculo insalvable para el que deseaba estar al día sobre las últimas inquietudes y propuestas políticas y sociales, pues la costumbre ancestral de la lectura en voz alta, en lugar de ceder, aumentó, sobre todo en núcleos de población escasamente alfabetizados, y especialmente en tabernas y talleres (Lyons, 1998, p. 489). Hay, por otra parte, testimonios de lecturas grupales con fines de adoctrinamiento en lugares como la Casa del Obrero Mundial (Cockcroft, 1985, p. 206). La llamada literatura socialista y revolucionaria, o simplemente subversiva, también logró el favor de las masas en medios rurales, gracias a los maestros de educación elemental, que tenían acceso a poblaciones más amplias que las de su salón de clases (Cockcroft, 1967, pp. 568-569).
Varios trabajadores se propusieron emanciparse de las cadenas de la ignorancia y de la dependencia por medio de la lectura y el estudio autodidacta (Lyons, 1998, pp. 505, 507). Quienes así procedían llegaban a imponerse disciplinas casi religiosas de estudio, pues creían que el conocimiento les permitiría alcanzar una mejor forma de vida (Lyons, 1998, pp. 510-511). Como apunta Lyons: “La lectura del autodidacta era una lectura concentrada y guiada por un propósito bien definido. En muchos sentidos era una lectura ‘intensiva’ basada en la repetición, recitación y la declamación, que servían de ayuda a la memorización. Los autodidactas mantenían una relación particularmente intensa y concreta con sus textos. Leían de un modo repetitivo, a menudo únicamente releían los pocos textos a su disposición y, para expresarlo con una frase común entre ellos, ‘aprendiéndoselos de memoria’. Se instruían mediante la memorización, que a menudo dependía de la lectura o recitación en voz alta” (Lyons, 1998, p. 511).
También en las lecturas colectivas se pedía repetir ciertos ideales compartidos. Por ejemplo, Cockcroft recoge la noticia de la recitación del texto “Grito Rojo” del anarquista colombiano Juan Francisco Moncaleano (?-1916), en veladas y eventos de la Casa del Obrero Mundial (Cockcroft, 1985, pp. 206-207). También es creíble que en el mismo lugar se divulgaran, ora a través de lecturas colectivas, ora por medio de conferencias, las ideas de Piotr Kropotkin (1842-1921), Mijail Bakunin (1815-1876), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1876), Errico Malatesta (1853-1932), Élisée Reclus (1830-1905), Karl Marx (1818-1883), Sébastien Faure (1858-1942), Charles Malato (1857-¿1938?), Ricardo Mella (1861-1925), Anselmo Lorenzo (1841-1914), Émile Pataud (1869-1935), Émile Pouget (1860-1931), H. Chabane (¿?-¿?), P. Chinysky (¿?-¿?), Alberto Ghiraldo (1875-1946) y Ángel Falcó (1885-1971) (Araiza, t. III, pp. 24-25).
Las mujeres también leían, y no poco, sobre todo novelas (Bazant, 2000, p. 228; Lyons, 1998, pp. 478, 482). En hogares católicos, se acostumbraba que el varón leyera el periódico, por lo regular, en voz alta, ante el resto de la familia, sin que fuera bien visto que la ama de casa hiciera lo mismo, ni siquiera a solas, pues se creía deber del hombre seleccionar y leer las noticias adecuadas para ella y el resto del hogar (Lyons, 1998, p. 485).
En el Vaticano también llamó la atención el fenómeno de la lectura de masas, pues en las diversas publicaciones se trataba sin orden ni concierto de cualquier tema, por toda índole de autores, y se llegó a condenar la “amplia libertad” con la que podían minar los principios morales y religiosos. El papa León XIII ordenó una revisión del Index librorum prohibitorum, y publicar “decretos generales” para recordar impedimentos de antaño. En la década de 1890, los obispos de Querétaro y Puebla, y el arzobispo de Guadalajara, por medio de cartas pastorales, se pronunciaron contra la impiedad del común de las obras impresas en general, y los malos periódicos en particular, con la denuncia de que el noble arte de la imprenta se había “prostituido […] hasta el extremo de que ha sido llamada con razón la lepra de las sociedades modernas” (Ceballos, 1997, pp. 159-160).
Camilo Arriaga (1862-1945), sobrino del famoso Diputado Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga (1811-1865), y Antonio Díaz Soto y Gama (1880-1967), considerados pioneros en el pensamiento de la Revolución (Cockcroft, 1985, pp. 63-74), dejaron testimonio de la posibilidad de adquirir obras de Proudhon, Marx, Engels, Bakunin, Kropotkin, Reclus, Malato y otros, desde la última década del siglo XIX, en la capital mexicana y otras ciudades, como San Luis Potosí, a precios tan accesibles como 25 centavos por título, por cortesía de la española Editorial Maucci y de otras. En un viaje a Europa, que realizó en 1900, Arriaga cubrió los huecos de su colección con muchos otros títulos de la que sería su famosa biblioteca de literatura subversiva (Cockcroft, 1985, pp. 63-64). En apartado especial hablaremos del socialismo, término que, según veremos, abarcaba entonces mucho más de lo que hoy comprende, y de las obras que dejaron impronta más evidente en los Diputados Constituyentes.
Para el periodo específico de la Revolución mexicana, contamos con el testimonio de un testigo presencial que escribió, precisamente, sobre este tema. Jesús Silva Herzog (1892-1985), que llegó a definirse como “lector asiduo y sistemático de libros, folletos y periódicos” (Silva, 1986, p. 110), transitó hacia la vida adulta entre 1910 y 1917, y llevó a cabo labores periodísticas en servicio del movimiento revolucionario. A partir de estos intereses, se dio a la tarea, tomando en cuenta igualmente conversaciones con varios protagonistas del periodo de diferentes edades, profesiones y clases sociales, de realizar una lista de las lecturas —“literatura revolucionaria” la llamó (Silva, 1986, p. 111)— que debieron estar al alcance del común de los Diputados Constituyentes, sin olvidar, asimismo, las obras que con mayor frecuencia conoció en bibliotecas privadas o llegó a escuchar citadas, discutidas y utilizadas, sobre todo entre lectores asiduos, con el fin de imaginar las posibilidades de reconstruir al país. Su testimonio permite saber, además, que eran fáciles de encontrar en las librerías de la capital, y económicamente accesibles, los títulos provenientes de Madrid, Barcelona y Valencia. Además, contamos entre otros, con el catálogo, para 1904, de la Casa Editorial y Librería de Ramón de S. N. Araluce, casa fundada en la capital en 1872, y el de la biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, impreso en el mismo año.
También eran leídas asiduamente las denominadas novelas sociales de autores franceses, españoles y de otras nacionalidades (Córdova, 1973, p. 177 n64), las cuales contribuyeron “a la divulgación del pensamiento socialista en México” (Torres y Villegas, 2010, p. 692). Así, pueden enumerarse a Émile Zola (1840-1902), Anatole France (1844-1924), Maksim Gorki (1868-1936), Victor Hugo (1802-1885) —especialmente Los Miserables—, Eugène Sue (1804-1857) —El judío errante fue considerada “novela socialista” (Silva 111) — y Honoré de Balzac (1799-1850) —en particular sus obras de crítica social—. Especial mención merece el español Benito Pérez Galdós (1843-1920), quien fue uno de los escritores predilectos, especialmente gracias a sus novelas Doña Perfecta y Gloria. También los libros del llamado “socialismo ético”, quizá denominado así por desdibujar su influencia cristiana, como los de Félicité-Robert de Lammenais (1782-1854) y el conde Lev Tolstoi (1828-1910), influyeron en varios lectores, como Ricardo Flores Magón (Córdova, 173, p. 177 n64). Es de notar que Lammenais es un precursor de la doctrina social católica.
De los autores mexicanos, Silva Herzog señala que los “constituyentes más instruidos” seguramente estaban al tanto de la obra de Wistano Luis Orozco (1856-1927), Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos, y La sucesión presidencial en 1910 del malhadado Francisco I. Madero (1873-1913). También menciona Los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez (1865-1940), única de estas obras cuyo uso consta en el Diario de los Debates (Silva, 1986, p. 112).
Como en casi todos los movimientos sociales mexicanos a lo largo del siglo XIX, la folletería estuvo presente con un papel relevante. Silva Herzog indica que su circulación aumentó en el periodo 1910-1917, y entre los importantes menciona (Silva, 1986, p. 112):
El problema agrario en México de Toribio Esquivel Obregón (1864-1946), el cual, basándose en legislaciones y modelos extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, propuso soluciones para uno de los problemas más agudos del momento.
La reconstitución de los ejidos de los pueblos de Luis Cabrera (1876-1954), versión impresa del célebre discurso pronunciado por su autor en la Cámara de Diputados, el 3 de diciembre de 1912.
Causas de la Revolución en México por Paulino Martínez (1860-1914), publicado en La Habana, en enero de 1914. Sobre este título y su autor, Silva ofrece algunos datos: “El viejo periodista de oposición tuvo que escapar del país para salvar su vida amenazada por el régimen sanguinario de Huerta […] El autor del folleto tiene ideas claras sobre las causas que originaron la Revolución y propone soluciones radicales para resolver de una vez por todas el problema agrario” (Silva, 1986, p. 112).
Tierra Libre de Miguel Mendoza López Schwertfeger (1883-1965), el cual parte de la idea de Proudhon de que la propiedad privada es un despojo contrario a la naturaleza, y propone que los desposeídos se rebelen para lograr que la propiedad sea comunitaria.
También menciona, aunque no nos ha sido posible localizar ejemplares, Savia Roja (socialismo mexicano) de Luis F. Bustamante; Soluciones del socialismo de David G. Berlanga, y El Socialismo en México de Rafael Pérez Taylor.
Sobre otros temas no faltó gran copia de folletos, acerca de los cuales nos explica el mismo autor que hemos seguido: “Pero no sólo se imprimían esta clase de publicaciones en relación con la cuestión agraria, sino también tratándose de situaciones de los obreros de las ciudades, sobre educación y respecto a asuntos políticos. Puedo asegurar con conocimiento de causa que salieron al público varios centenares de esta clase de publicaciones con contenido revolucionario” (Silva, 1986, p. 113).
Téngase presente que en la folletería se incluyen los que recogían planes políticos, manifiestos, proclamas y discursos de los líderes revolucionarios de las distintas facciones, que fueron material de referencia obligatoria en las dos primeras décadas del siglo XX. De todo este material, Silva señala que: “El documento de mayor calidad publicado antes de noviembre de 1910 fue sin dejar lugar a duda el Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación del 1 de julio de 1906, firmado por Ricardo y Enrique Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante” (Silva, 1986, p. 114). Acerca de él, aseguró: “Porque le consta personalmente, que muchos de los jefes revolucionarios conocieron bien el Manifiesto y Programa del Partido Liberal y que, indudablemente, influyó en su pensamiento. Esta influencia se advierte con claridad en la Constitución de 1917, de manera particular en el artículo 123, que legisla en materia de trabajo. Añádase que dicho documento que circuló clandestinamente entre los grupos de trabajadores mejor organizados, influyó en la huelga de la fábrica de Río Blanco que estalló el 7 de enero de 1907. Y un dato significante: los obreros de la mencionada empresa tenían un periódico denominado Revolución Social” (Silva, 1986, p. 115).
Ahora que se menciona un periódico, pasemos a tratar sobre este género. Elegimos hacerlo por separado, puesto que la prensa, como ninguna otra publicación de aquella época, estaba al alcance de toda la población y conformaba el material de lectura de más fácil acceso (Bazant, 2000, p. 210).
El Imparcial, de Rafael Reyes Spíndola (1860-1922), fundado en 1896, es considerado el iniciador del periodismo moderno en el país (Bazant, 2000, p. 218; Clara Guadalupe García, 2003), al imprimirse con una técnica muy superior a la de su competencia, y por el hecho de darle mayor espacio a las noticias y no, como era la costumbre, a los editoriales (Bazant, 2000, pp. 209, 220). Aunque era el diario de mayor tiraje, su identificación con el régimen porfiriano no lo hizo el preferido de los críticos al sistema ni de los revolucionarios.
Para los inconformes, uno de los periódicos más importantes fue Regeneración, fundado por Ricardo Flores Magón en 1900, en el que se criticó la política nacional y se propusieron reformas de toda clase. Esto ocasionó la persecución y, luego, el exilio de Flores Magón. Sin embargo, Regeneración dejó de aparecer sólo por cortas temporadas y es notable que de un órgano clandestino se llegaran a tirar 30,000 ejemplares que circularon en casi la totalidad del territorio. Otros diarios de protesta fueron El Renacimiento, de Camilo Arriaga, El Socialista, El Amigo del Obrero y otros de vida más o menos efímera. Algunos títulos, que llevaban algunos años imprimiéndose, como El Diario del Hogar, encabezado por Filomeno Mata (1845-1911), y El Hijo del Ahuizote, dirigido por Daniel Cabrera (1858-1914), primero, y por Juan Sarabia (1882-1920), después, recrudecieron sus críticas contra el gobierno de Porfirio Díaz hacia el término de la primera década del siglo XX (Bazant, 2000, p. 221).
Más adelante, casi todos los grupos revolucionarios contaron con sus propios órganos de difusión y propaganda. Los seguidores de Francisco Villa (1878-1923) leían El Monitor; los de Emiliano Zapata (1879-1919), Tierra y Libertad; los convencionistas, La Convención, dirigido por Heriberto Frías (1870-1925) (Loyo, 1997, p. 246). Los partidarios del constitucionalismo, encabezado por Venustiano Carranza (1859-1920), contaron con los periódicos de mayor distribución, El Radical, El Pueblo, que dirigía, desde Veracruz, Félix F. Palavicini (1881-1952), y El Demócrata, que no sólo se publicaba en varios estados, sino también en Brownsville y El Paso, Texas (Loyo, 1997, pp. 246-247). Este último desempeñó un papel importante durante el conflicto desatado por Villa luego de invadir Columbus, por su campaña de apoyo a Alemania (Loyo, 1997, pp. 248). Esta situación fue recordada, con afán crítico, por su presunta germanofilia, durante el Congreso Constituyente (Diario de los Debates, t. I, p. 847). No debe olvidarse que, incluso en la caricatura de los periódicos estadounidenses de la época (Aurrecoechea, 2012, p. 181), se sugería la injerencia alemana con el fin de enemistar a México con los Estados Unidos.
Un mes antes de que se abriera el Congreso de Querétaro, en octubre de 1916, Palavicini fundó el periódico El Universal, uno de los primeros con verdadero alcance nacional. Fue fustigado, en más de una ocasión, por los Constituyentes que consideraban que faltaba a la verdad para darle la razón a su director y al resto de los llamados “renovadores” presentes en Querétaro (Diario de los Debates, t. I, pp. 832 y 847-348; t. II, pp. 90-91, 105 y 644, por ejemplo). Durante la asamblea de Querétaro, aparecieron El Constituyente, que era una especie de diario oficial del Congreso, y El Zancudo, que también informaba sobre el evento, pero en tono humorístico (Loyo, 1997, p. 247). El mismo año en que fue promulgada nuestra Constitución, se fundó Excélsior, a cargo de Santiago de la Hoz (1883-1914), otro de los periódicos modernos y distribuido en toda la República (Loyo, 1997, p. 247). En sus páginas, eventualmente, escribieron autores católicos que terminaron abrazando las causas de la derecha y de la ultraderecha mexicanas (Bravo, 1966, p. 90).
Por último, mencionaremos un par de testimonios sobre la importancia que había cobrado la prensa, en este caso la estadunidense, entre los diputados mexicanos, pues hay dos intervenciones en la asamblea de Querétaro que se refieren a caricaturas publicadas en diarios del vecino país del norte. Lamentablemente, a pesar de consultar una obra especializada sobre el tema (Aurrecoechea, 2012) y algunos recursos sobre periódicos antiguos en la red global, no hemos podido localizar las sátiras a las que hacen referencia los diputados José N. Macías (Diario de los Debates, t. I, p. 678) y Rafael Martínez de Escobar (Diario de los Debates, t. I, p. 828), pero no cabe duda de que ambas reflejaban un marcado sentimiento de superioridad por parte de los estadunidenses, que se tradujo en el contraste que veían entre la civilización, cuyo modelo ellos creían representar, y la barbarie, que los mexicanos, irremediable y fatalmente, padecían (Aurrecoechea, 2012, p. 54).
Antes de terminar, vale la pena que el lector tenga presente que los Constituyentes peroraron discursos y suscribieron iniciativas y estas actuaciones son abordadas en el texto que sigue de forma distinta. En el caso de los discursos, se hizo una selección de los más relevantes para sus historias intelectuales, por lo que no se tomaron en consideración aquellos que tocaban puntos técnico-jurídicos que podríamos llamar asépticos, de orden o formales, cuestiones políticas del día, alusiones personales y simples rencillas. En lo que hace a las iniciativas, también se realizó una selección que eliminó aquellas que no importaban directamente a nuestro intento; el contenido de las que se conservaron fue tratado en la ficha de uno solo de los suscriptores y se hicieron remisiones a ella desde las de los otros firmantes. Es de notar que rara vez es posible determinar quién fue el principal impulsor de una iniciativa y resulta aún más difícil saber quién o quiénes intervinieron en su redacción. Ahora bien, en cuanto a los diputados que estuvieron especialmente encargados de formar los dictámenes de los artículos constitucionales a partir del proyecto de Carranza, debe señalarse que los tratamos, tanto individualmente como en sus respectivas comisiones, que si fueron dos. Si formularon votos particulares, éstos se abordaron en sus respectivas entradas de modo análogo a como se procedió con las iniciativas. Por tanto, para que el lector tenga una idea cabal de cada uno de estos diputados, es necesario que lea ambas entradas.1
Introducción a la historia intelectual de los Constituyentes
Conferencia impartida por: Alejandro Mayagoitia Ver Conferencia (Parte 1) Ver Conferencia (Parte 2)
El liberalismo, en su vertiente mexicana, triunfó con la Constitución de 1857 y se apuntaló, una década más tarde, con la república restaurada. Pocos fueron los políticos que se opusieron a esta doctrina en las décadas siguientes, ni siquiera una vez iniciada la gesta revolucionaria de 1910. De hecho, podría decirse que, en cierta medida, esta última derivó de dos formas de entenderlo, pues durante el Porfiriato se marcó la distancia entre los llamados liberales puros o doctrinarios, cuya ideología se nutría en los principios de la Carta Magna de 1857 y las Leyes de Reforma, los cuales se creían herederos de la escuela liberal anglosajona; y los liberales denominados nuevos o conservadores, más cercanos al régimen de gobierno de Porfirio Díaz, que adoptaron el positivismo, según veremos enseguida, los cuales querían seguir el modelo de gobierno de la república francesa de su época (Marván, 2005-2006, t. I, p. xix; Torres y Villegas, 2010, pp. 674-675). La misma diferencia marcó los principales matices ideológicos entre el bando moderado y el radical dentro del Congreso Constituyente, según fue señalada por el diputado Luis Manuel Rojas, en medio del airado debate desatado en torno al artículo 3º constitucional: “Por consiguiente, cuando se clasifique históricamente a los partidos que indudablemente se han de formar […] van a ser el liberal clásico, que representa los principios conquistados por los pueblos de habla inglesa y que tienen su aplicación en México y que reclaman los antecedentes de la Constitución de 57, y los que quieran o que tomen como modelo a la culta y heroica Francia, que nos ha dado también libertad y hermosos modelos que imitar…” (Diario de los Debates, t. I, pp. 783-784).
De este modo, podemos añadir que fueron pocos los diputados que no se definieron como liberales. Mientras se discutían los artículos relativos al trabajo, Alfonso Cravioto abundó sobre la misma diferencia y apuntó la dirección hacia la cual creía que se dirigía, al igual que muchos otros constituyentes, la corriente del liberalismo puro: “Por otra parte, señores diputados, la vieja escuela no ha podido implantar el apotegma egoísta de ‘Dejad hacer, dejar pasar, y ahora, señores, estamos viendo que las naciones más liberales, de liberalismo más tradicional, como Inglaterra, y como está pasando en los Estados Unidos, al lado del Código Civil […] están laborando muy de prisa y en algunas partes está casi completo, el código del obrero; esto quiere decir que el liberalismo va evolucionando hacia el socialismo…” (Diario de los Debates, t. I, p. 1026).
En efecto, otra derivación del liberalismo puro, a finales de la primera década del siglo XX, condujo al socialismo y, principalmente, al anarquismo, a varios miembros del Partido Liberal Mexicano, encabezados por Ricardo Flores Magón (1874-1922). Recordemos que, por aquel entonces, muy pocos comprendían cabalmente las diferencias entre ambas ideologías, como podrá verse más adelante.
Una de las figuras históricas con la que los liberales, sin importar su denominación, se sentían identificados, por considerarlo símbolo y defensor de la separación de la Iglesia y el Estado, la soberanía nacional o simplemente del liberalismo en México, fue Benito Juárez (1806-1872). El Club Liberal Ponciano Arriaga, precursor inmediato del Partido Liberal Mexicano, en su manifiesto del 27 de febrero de 1903, declaró: “Con la frente muy alta, porque nos llamamos liberales […] venimos de nuevo a despertar en vuestras arterias la noble sangre de los Cuauhtémoc y de los Juárez…” (Torres y Villegas, 2010, pp. 665-666). A partir de la publicación, en 1904, de El verdadero Juárez y la verdad sobre la Intervención y el Imperio, de Francisco Bulnes (1847-1924), se desató una polémica que generó una copiosa literatura alrededor del prócer oaxaqueño. La contienda recibió más leña cuando Bulnes publicó, al año siguiente, Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma. En contra de Bulnes escribieron plumas del calibre, por ejemplo, de Genaro García (1867-1920), Hilarión Frías y Soto (1831-1905), Fernando Iglesias Calderón (1856-1942) y Justo Sierra (1848-1912).
El diputado por Uruapan, José Álvarez, cuenta que, en compañía de Francisco J. Múgica, durante la campaña por la candidatura de Francisco I. Madero (1873-1913) y Francisco Vázquez Gómez (1860-1933) en Michoacán, un diario de filiación religiosa, La Bandera Católica, se burló de unas señoritas que apoyaban a Madero y Vázquez. Con el propósito de defenderlas y dejar en claro su liberalismo de raíces juaristas, tomaron todos los ejemplares que encontraron de dicha publicación y los quemaron frente al palacio episcopal de Zamora, mientras entonaban el Himno a Juárez, que comienza: “Alza, Oh, Juárez tu frente bendita del sepulcro en que te hayas dormido…”, creando un enorme alboroto en la ciudad (Álvarez, 2011, p. 178).
Durante el Congreso de Querétaro, se escucharon varios elogios al llamado coloso de Guelatao, sin importar, como hemos dicho, los grupos ideológicos con los que se identificaban los diputados. Por ejemplo, Bruno Moreno se refirió a él como “ínclito Juárez” (Diario de los Debates, t. I, p. 111); Román Rosas y Reyes lo calificó de “inmortal” (Diario de los Debates, t. I, p. 690); Hilario Medina lo comparó con George Washington (1732-1799) (Diario de los Debates, t. II, p. 1177) y también lo consideró uno de los principales forjadores de la nacionalidad mexicana (Diario de los Debates, t. II, p. 213). Al referirse a Venustiano Carranza, Rafael Martínez de Escobar lo nombró “un Juárez por sus grandes ideales” (Diario de los Debates, t. II, p. 415), y José María Truchuelo, mientras disertó sobre la educación en México, recordó: “Hemos repetido constantemente el gran apotegma de Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’; todos lo invocamos, pero no lo hemos comprendido. Ese grandioso principio demuestra exactamente que la libertad no puede ser absoluta, no puede ser libertinaje; debe tener un límite: el surgir del derecho ajeno” (Diario de los Debates, t. I, p. 750).
Pero de todos ellos, fue José N. Macías el que le dedicó mayor cantidad de elogios, al llamarlo “ciudadano ilustre”, “gran patricio” (Diario de los Debates, t. I, pp. 616 y 931) y hasta “dictador bueno” (Diario de los Debates, t. II, p. 464).
También vinculado con el liberalismo o, más propiamente, con una forma de entenderlo, se introdujo la filosofía positiva de Auguste Comte (1798-1857) durante la restauración republicana, cuando el presidente Juárez encargó al doctor Gabino Barreda (1818-1881) reestructurar la educación nacional. Este positivismo rechazó toda explicación metafísica de la realidad porque concedía valor únicamente a aquello que podía ser explicado por el método científico, el cual era el único verdadero. Así, entre los más conocidos presupuestos del positivismo se halla la extensión del método de las ciencias naturales a las realidades sociales y morales, porque se creía que sólo el método científico podía descubrir las leyes causales y su control sobre los hechos. De este modo, su estudio, con el nombre de sociología, se entendió como la ciencia de los “hechos naturales” en las relaciones individuales y sociales (Reale y Antiseri, 1992, p. 272).
En el Porfiriato la clase política, popularmente conocida como “los científicos”, no porque tuvieran grados académicos que lo acreditaran, sino por su forma de hablar y expresarse en artículos periodísticos sobre los asuntos del país, sumaron a los principios filosóficos de Comte los de Herbert Spencer (1820-1903) y John Stuart Mill (1806-1873) (Zea, 1988, pp. 13 y 359). Con ellos, edificaron lo que consideraron un orden dentro de la libertad encaminada hacia el progreso, en concierto con el desarrollo alcanzado por la sociedad mexicana, y así llegaron a justificar el largo gobierno de Porfirio Díaz (Zea, 1988, p. 260), que algunos autores incluso denominan dictadura liberal (Torres y Villegas, 2010, p. 650). No hay que olvidar que, para ellos, los logros de los grandes autores mencionados tenían carácter verdaderamente científico.
El positivismo no sólo fue una herramienta en la búsqueda del orden, la paz y el progreso material que tanto necesitaba el país, sino que también se utilizó para disminuir la influencia de la Iglesia católica en la mayoría de la población, pues, como explica Gortari, esta filosofía “exigía la fe ciega en las llamadas verdades demostrables de la ciencia positivista, que sólo una minoría podía comprender, pero que todos deberían acatar” (Gortari, 1980, pp. 302-303) y que descansaban en una visión pseudocientífica y materialista del hombre y del universo que anulaba las explicaciones espirituales o sobrenaturales. En las escuelas preparatorias oficiales, los alumnos eran introducidos a las ciencias positivas y su sistema, de tal forma que, en palabras de Porfirio Parra (1854-1912), “la ciencia en conjunto era considerada como el medio educativo por excelencia de la razón humana; y cada ciencia en particular, en vez de ser desprendida y aislada de las otras, formaba con ellas una vasta jerarquía” (Gortari, 1980, p. 303). Ramón Manterola, un pensador que se consideraba a sí mismo ecléctico, llevó a cabo un intento de presentar la explicación científica como total (Manterola, 1884).
Fueron cerca de dos generaciones de mexicanos las que conocieron el pensamiento de Comte en las aulas, especialmente en la Escuela Nacional Preparatoria y los bachilleratos oficiales de las principales capitales de provincia. También se podía leer, en francés, su Cours de philosophie positive (Zea, 1988, p. 465), al igual que el Catéchisme positiviste del que hubo traducción castellana, por Nicolás Estévanez Murpy (1838-1914), desde 1886 (Palau, 1990, t. II, pp. 258-259).
En el caso de Herbert Spencer, dado que por aquel entonces la lengua inglesa no era tan socorrida como ahora, pues su lugar lo ocupaba el francés, es poco probable que se hubiera leído en versiones originales. Sin embargo, muchas de sus obras se podían conseguir en castellano. Palau (t. VI, pp. 542-543) enumera 29 títulos del autor de tema político, sociológico, histórico, jurídico y religioso. Entre los que más pudieron interesar a los Diputados Constituyentes, consideramos los siguientes:
Estudios políticos y sociales (1878), traducidos por Claudio Boutelou. Hay otra traducción (1886) por Ciro García del Mazo.
Los primeros principios (1879), traducido por José A. Iruesta; hay al menos otras tres ediciones españolas posteriores. Aquí sintetiza su sistema filosófico, la ley de la evolución y la forma en que ésta influyó en el desarrollo de la ciencia.
Principios de sociología (1883), en dos volúmenes, traducidos por Eduardo Cazolla (¿?-¿? ); otra edición de la misma traducción, dentro de la Nueva Biblioteca de Ciencias Sociológicas, ahora en cinco volúmenes, apareció en 1907.
El individuo contra el estado (1885), traducido por Ciro García del Mazo, interesante obra en la que recogió artículos previamente aparecidos en The Contemporary Review, en los que expuso el peligro de la transformación de la ideología del liberalismo en un nuevo despotismo, que podría devenir en otra forma de esclavitud si no se limitaba el poder estatal, pues, en su visión, el viejo poder de los reyes simplemente se había convertido en el poder de los parlamentos.
Fundamentos de la moral (1891), versión de Ciro García del Mazo, en donde propone una moral secularizada.
Gran parte de la obra traducida al castellano de Spencer, sobre todo la de índole jurídica, política y filosófica, fue responsabilidad de Miguel de Unamuno (1864-1936), el cual, entre 1893 y 1896, dio a la imprenta, para la editorial La España Moderna, sus versiones de La beneficencia, Exceso de legislación, El progreso: Su ley y su causa, De las leyes en general, El organismo social y Ética de las prisiones, sin contar la obra de F. Howard Collins, Resumen de la filosofía de Herbert Spencer, en dos volúmenes, aunque no todas tenían equivalente en inglés, pues La beneficencia es un capítulo de los Principles of Ethics (1881-93) y los demás títulos provienen de Essays Scientific, Political and Speculative (1891). Al parecer, esta labor del filósofo español se debió a dos razones: una etapa juvenil en la que estuvo interesado en Spencer, pero que no duró mucho, y luego, a la necesidad económica (Fioraso, pp. 222-223, 227, 230). Spencer se distribuía en México, entre otros, por el librero y editor Eusebio Gómez de la Puente (1904, p. 19).
Los principales libros de John Stuart Mill, el último de los que Zea llamó “jefes de la escuela positiva” (359), que se hallaban en español eran: Sistema de la lógica demostrativa e inductiva, o sea, exposición comparada de los principios de evidencia y los métodos de investigación científica (1853).
La Libertad, traducido por el catedrático de Derecho Mercantil, Lorenzo Benito y aparecido en 1890.
El gobierno representativo, en versión de Ciro García del Mazo (1879), aparecido, tanto en Sevilla, como en Madrid, el mismo año (Palau, 1990, t. VI, p. 549).
Un pensador que en nuestros tiempos ha sido casi relegado al olvido, pero cuyos textos eran lectura obligada en la época de estudio y que ejerció considerable influencia entre los Diputados Constituyentes, fue el sicólogo social francés Gustave Le Bon (1841-1931), así llamado por los innovadores trabajos que dedicó al estudio de los caracteres sicológicos de las multitudes. A partir de Les lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894), desarrolló la idea de que la historia podía considerarse una derivación de los caracteres raciales o de la nacionalidad de sus protagonistas, y que las emociones eran más importantes que la inteligencia en la evolución de los pueblos (The New Encyclopaedia Britannica, 1994, p. 213). Psicología de las multitudes, que podía leerse en las traducciones españolas de J. M. Navarro de Palencia (1903 y 1911), fue su obra más famosa. En ella desarrolló la tesis de que la personalidad consciente del individuo quedaba subsumida dentro de una multitud cuya mente colectiva se tornaba dominante, aunque ésta asumía un comportamiento unánime, emocional y de baja complejidad intelectual (Le Bon, 1942).
Podemos mencionar también, entre las obras más conocidas de Le Bon, previa advertencia de que solía leerse igualmente en francés (Palau, 1990, t. IV, p. 200; Catálogo Araluce, 1904, pp. 240-241): Psicología del socialismo, tercera edición reformada, versión castellana de Ricardo Rubio, c. 1904; Leyes psicológicas de la evolución de los pueblos, traducción de Carlos Cerrillo Escobar, 1912, y La Revolución francesa y la psicología de las revoluciones, traducción de Julio López Olivan, 1914.
Además, Le Bon dirigió la Biblioteca de Filosofía Científica fundada “con objeto de presentar claramente la síntesis filosófica de las diversas ciencias, la evolución de los principios que las informan y los problemas generales que suscitan” (Gómez de la Puente, 1904, p. 11).
Como parte de los festejos por el centenario de la independencia mexicana, el Ateneo de la Juventud organizó una serie de conferencias de temas diversos. Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), dominicano residente en México desde 1906, al disertar sobre la obra del uruguayo José Enrique Rodó (1871-1917), aprovechó para poner en evidencia y criticar la arraigada costumbre de abordar toda clase de temas con una jerga supuestamente científica, incluso problemas de índole moral, utilizando términos cientificistas que resultaban absurdos y demostraban una evidente estrechez intelectual, pues ni siquiera sus principios eran bien comprendidos. Según expresó: “Hoy cuando entre nosotros empieza a perderse la castiza costumbre de pensar personalmente las cuestiones morales y se prefiere tratarlas según fórmulas librescas de una psicología barata y de una sociología endeble, el esfuerzo de Rodó, al renunciar a tan fácil y vulgar instinto, adquiere significación señaladísima: atrevido es desafiar así a la moda que se presenta con la máscara de ciencia” (Zea, 1988, p. 459).
En efecto, el Ateneo de la Juventud se propuso eliminar la influencia del positivismo, porque lo consideraban nocivo para las nuevas generaciones (Cockcroft, 1985, p. 57; Krauze, 2014, p. 59). En lugar de Comte, Spencer y Mill, trataron de introducir el pensamiento de Arthur Schopenhauer (1788-1860), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Émile Boutroux (1845-1921), Henri Bergson (1859-1941) y el ya mencionado Rodó (Zea, 1988, p. 442). Entre estos últimos, uno de los que alcanzó mayor aceptación fue Bergson, gracias al impulso de los ateneístas y del propio Rodó, pues en el concepto de la “evolución creadora” del filósofo francés, que tan fácil se adaptó a las generaciones empapadas de nociones evolucionistas, según veremos, hallaron el concepto de un progreso cambiante e ilimitado, y un perfecto contraste con la idea de una evolución de carácter determinista, según la habían entendido Spencer y otros (Vasconcelos, 1941; Zea, 1988, pp. 460-461).
Sin embargo, todavía en el Congreso Constituyente, el pensamiento positivista dejó su huella en varios artículos y debates, pues muchos ya venían bajo esta impronta desde el Proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza, el cual elaboraron los diputados José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas (Noriega, 1967, p. 41), dos paladines del positivismo nacional.
No faltaron las críticas al uso de este método. Hilario Medina, uno de los principales opositores de José N. Macías, lo criticó a él y a los que pensaban en forma similar, por considerarse “apóstoles de la ciencia eminentemente positiva” (Diario de los Debates, t. I, p. 938); y Alfonso Cravioto, miembro del Ateneo de la Juventud (Cockcroft, 1985, p. 156), acusó a “los científicos y una gran parte del elemento directivo del cuartelazo de febrero [de 1913]”, por haber “salido de la escuela positivista de Barreda” (Diario de los Debates, t. I, p. 662). Asimismo, en su afán por favorecer la educación laica, José María Truchuelo se opuso al deseo del diputado Luis G. Monzón de introducir un programa pedagógico basado en la razón. En sus palabras: “tampoco puede aceptarse que la enseñanza sea racional, que sea positiva, porque esas son escuelas determinadas y por eso se previene que la instrucción sea laica…” (Diario de los Debates, t. I, p. 752).
De cualquier forma, estaba tan arraigada en el habla coloquial la terminología de la filosofía positivista, que con ella solían expresarse quienes se habían declarado contrarios a sus premisas. El propio Cravioto, al hablar de la reforma al sistema penitenciario, señaló que “hoy se aplica un criterio positivo, considerando que no existen delitos, sino delincuentes, como no hay enfermedades, sino enfermos” (Diario de los Debates, t. I, p. 66); también se refirió a la pedagogía moderna, que debía introducirse en las aulas, pues era la única que gozaba de “criterio positivo” (Diario de los Debates, t. I, p. 661). Lo mismo hizo, refiriéndose a la religión, Hilario Medina, cuando expresó: “todo eso […] se derrumba por tierra cuando viene la ciencia positivista, la ciencia orgánica de las sociedades, los principios que hacen la ciencia moderna, y ellos han demostrado que el espíritu humano es relativo y no puede alcanzar el conocimiento de lo absoluto” (Diario de los Debates, t. I, p. 1038).
Evolucionismo y organicismo
Si bien Auguste Comte murió un par de años antes de que Charles Darwin (1809-1882) publicara El origen de las especies (1859), la ciencia francesa ya había introducido concepciones evolucionistas desde principios del siglo XIX, sobre todo a través de las aportaciones científicas de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) y de su colega Étienne-Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844). El creador del positivismo filosófico también aportó un esquema evolutivo para explicar el desarrollo de la humanidad, la que llamó ley de los tres estadios, siendo éstos el teológico, el metafísico y el científico o positivo (Torres y Villegas, 2010, pp. 654-655). De cualquier modo, el positivismo partía también de una visión optimista y de esperanza en un progreso imparable, ya fuera por obra del ingenio humano o debido a las propias leyes naturales, en beneficio de la humanidad entera (Reale y Antiseri, 1999, pp. 272-273); noción que tenía antiguas raíces en la cultura occidental.
Por su parte, Herbert Spencer, desde 1852, había sostenido la idea de un evolucionismo o progreso ilimitado y universal, bajo las premisas del carácter indestructible de la materia, la continuidad del movimiento y la persistencia de la fuerza. Posteriormente, coincidió con Darwin en cuanto a los principios de la selección natural y de la supervivencia de los más aptos. Sin embargo, el hecho de haber formulado sus principios generales antes que el célebre naturalista, le concedió a Spencer el carácter de profeta (Copleston, 1983, t. VIII, p. 125; Reale y Antiseri , 1999, pp. 298-302). El filósofo inglés también es el principal impulsor de la idea del Estado y la sociedad como un súper organismo, en el que sus diferentes estructuras desempeñan diversas funciones, como en un cuerpo vivo, aunque advirtió que no se debía llevar esta analogía muy lejos, pues existen diferencias evidentes entre un cuerpo orgánico y un cuerpo político o social (Copleston, 1983, t. VIII, pp. 134-135).
De cualquier modo, El origen de las especies y El origen del hombre (1871), las dos obras capitales de Darwin, fueron las principales responsables de dar a conocer una teoría de la evolución que no sólo trastornó a las ciencias naturales, sino que dejó una huella enorme en las humanidades y el pensamiento en general, y sigue provocando polémicas hasta nuestros días. Desde luego, causó un verdadero terremoto en el terreno de las creencias religiosas.
En México, la teoría de la evolución darwiniana no dio pie a ninguna polémica, salvo en el terreno propiamente científico, hasta que se conoció, en 1873, El origen del hombre, en una traducción francesa, obra que desató los más enconados debates, sobre todo a nivel periodístico, entre las elites de la cultura y la religión (Moreno de los Arcos, 1984, pp. 23-32). Aunque Gabino Barreda rechazó la teoría evolucionista de Darwin por considerarla insuficientemente fundada en cuanto al método científico, algunos de sus discípulos, como Porfirio Parra, se negaron a respaldar su punto de vista (Moreno de los Arcos, 1984, pp. 25 y 40). Justo Sierra (1848-1912), partidario del evolucionismo de Spencer de tiempo atrás, aceptó también la teoría de Darwin (Zea, 1988, 303-307) y la expuso en su Compendio de historia de la antigüedad, libro de texto para los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria; mientras tanto, su hermano, Santiago Sierra (1850-1880), tradujo a nuestro idioma The Descent of Man, pero murió inesperadamente, antes de darlo a la imprenta (Moreno de los Arcos, 1984, pp. 22-23, 26-32).
Poco a poco, el común de los “científicos” y los líderes de la educación y la cultura sumaron a la visión positivista un evolucionismo con matices darwinianos y un organicismo spenceriano, y de este modo llegaron a concebir al país en un continuo y natural desarrollo del organismo social sujeto a las leyes de la evolución, entendidas como “un doble movimiento de integración y de diferenciación, en una marcha de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo incoherente a lo coherente”, pues “cuando un organismo se unifica o se integra más, sus partes se vuelven más diferenciadas y especializadas”. Justo Sierra consideró que la labor integradora de dicho proceso era responsabilidad de una autoridad fuerte; de otro modo, podría conducirse al país a la anarquía (Torres y Villegas, 2010, p. 656).
El político y literato Rafael de Zayas Enríquez (1848-1932), escribió en 1887: “La evolución es fatal, en cualquier orden que se considere, ya sea en política, en biología, en zoología, en filosofía o en geología” (Zayas, 1988, p. 9). Este parecer subsistió durante el ocaso y la caída del régimen porfirista, como pueden ilustrar los ejemplos siguientes. En el ámbito académico, una de las obras capitales de fines del Porfiriato, México: su evolución social (1900-1902), reunió a un conjunto de expertos que desarrolló, por primera vez, una historia del país a partir del análisis temático del pasado y se redactó bajo el esquema filosófico en comento. Por otra parte, el 15 de diciembre de 1910, Manuel Mateos, diputado de la XXV Legislatura, reflejó en un discurso su fe en un proceso evolutivo que creía en peligro por el inicio de la Revolución mexicana: “El señor general Díaz, con el entusiasmo que alienta a todos aquellos que no tienen miedo a la tormenta […] nos aseguró que seguiría reprimiendo con mano firme y vigorosa la obra triste y criminal de los miserables que han pretendido últimamente poner una pincelada negra en nuestro proceso evolutivo” (Rivera, p. 691).
No obstante, también los precursores intelectuales de la Revolución creían, aunque a su manera, en las teorías de marras. En Los grandes problemas nacionales, Andrés Molina Enríquez (1868-1940) utilizó la misma filosofía organicista y evolucionista de Spencer para criticar al Porfiriato y justificar la urgente necesidad de un cambio. A través de una interpretación naturalista de la historia de México, en la que llegó a ver a la sociedad como un organismo en lucha constante por la busca de alimentos y la adaptación al suelo, consideró que el organismo social no había llegado aún a un desarrollo pleno —en el sentido arriba apuntado— ni a integrar sus diversos componentes raciales, que continuaban en pugna (Córdova, 1973, pp. 20-22, 126 y 129; Torres y Villegas, 2010, p. 657). Asimismo, llegó a considerar los latifundios como un bache en el progreso nacional, problema para él que sólo veía dos posibles soluciones: por la vía legal o a través de la vía revolucionaria (Córdova, 1973, pp. 129 y 133). En el Congreso Constituyente, el diputado Luis G. Monzón repitió en dos sesiones la máxima latina que había actualizado Darwin, natura non facit saltus, y apeló al mismo carácter determinista del progreso, recordando que “así lo piden las leyes de la evolución” (Diario de los Debates, t. I, pp. 544 y 641). Por su parte, Rafael Martínez de Escobar hizo un repaso de historia política dentro del mismo esquema evolucionista (Diario de los Debates, t. I, pp. 601-605), además de recordar que “nuestra evolución política y sociológica” era inferior a la de otros países (Diario de los Debates, t. II, p. 721), y el médico Cayetano Andrade trajo a la tribuna que la ley de la evolución se aplica por igual a las constituciones políticas (Diario de los Debates, t. I, p. 973).
En un debate de altos vuelos intelectuales sobre los regímenes penitenciarios, entre Hilario Medina y José N. Macías, el primero aludió, sucesivamente, a Giambattista Vico (1668-1744) y su idea de la evolución social en forma de espiral, y luego al progreso dentro del derecho penal (Diario de los Debates, t. I, pp. 936-937). Macías replicó entonces: “Mi distinguido compañero el señor licenciado Medina nos decía: ‘el progreso no se verifica de un golpe’. Es cierto, la evolución de los pueblos es sumamente lenta, gradual, y no es igual, porque los movimientos del cuerpo social son exactamente como los movimientos que se verifican en cualquiera otro cuerpo, no son enteramente iguales, sino que son enteramente sucesivos y necesarios, no como lo decía mi distinguido compañero; el ejemplo que él puso es exacto; no obstante que el vehículo más fácil y más cómodo para la locomoción es actualmente el automóvil, no han desaparecido los coches, y digo más todavía, no han desaparecido las carretas, y todavía agrego, todavía no han desaparecido los burros” (Risas) (Diario de los Debates, t. I, p. 951).
En el transcurso de su vida política, después de la asamblea de Querétaro, Félix F. Palavicini no dejó de repetir, cada vez que se refería a la gesta revolucionaria iniciada en 1910, que “la revolución no es sino la evolución sistemáticamente acelerada” (Palavicini, 1932, 1950).
Darwinismo social, eugenesia y el problema de la raza
Dentro de la revolución de las ideas impulsada por Charles Darwin y sus teorías, surgieron otras, hoy relegadas en su mayoría a la historia de las extravagancias científicas, pero que, en la época que nos interesa, muchos consideraban una especie de tejidos que completaban en diversas áreas del conocimiento el gran tapiz del esquema evolutivo.
A partir de los conceptos de selección natural y supervivencia de los más aptos, aplicados a las esferas social y política, se concibió lo que, desde la década de 1870, fue denominado darwinismo social, término que se aplica, retroactivamente, a filósofos que prefiguran tales pensamientos, por similitud, como Thomas Malthus (1766-1834), Herbert Spencer y Gustave Le Bon.
Historiadores del liberalismo en México sostienen que, en virtud de la introducción del positivismo entre la clase dirigente del Porfiriato, con las peculiaridades que hemos señalado, se llegó a mezclar el organicismo spencierano con el darwinismo social, sobre todo al momento de buscar una solución a la doble problemática de los indígenas dentro de la sociedad nacional y el de las leyes que convenía promulgar con el fin de promover la llegada de colonos e inmigrantes al país (Rojas, 2000, p. 609). Veremos que estos temas estaban igualmente muy cerca de la aparente obsesión por la higiene demostrada por los Diputados Constituyentes.
Renombrados científicos como Francis Galton (1822-1911), Pierre Paul Broca (1824-1880) y Cesare Lombroso, por mencionar sólo algunos de los más conocidos, creían que había seres humanos que nacían con ciertas características físicas que los predisponían a realizar conductas negativas, y otros que heredaban cualidades que los llevarían a convertirse en genios o, al menos, en personas con inteligencia superior al promedio.
En el caso particular de Galton, publicó una obra titulada Hereditary Genius (1869), en la que asentó una tesis la cual sostenía que las condiciones sociales en las que los grupos humanos se desenvolvían eran consecuencia directa de la inteligencia humana o de su carencia. Por consiguiente, la pobreza, la falta de educación y de salud eran resultado de una incapacidad natural en ciertas comunidades, mientras que otros grupos merecían los beneficios materiales y espirituales de la civilización en virtud de su inteligencia connatural (Suárez, 2005, pp. 34-39). A partir de dichas nociones, concibió la eugenesia, que definió como “la ciencia que trata de todas las influencias innatas o materia prima, de una raza; también aquellas que la pueden desarrollar hasta alcanzar la máxima superioridad” (Suárez, 2005, p. 257). Más tarde se distinguió entre la eugenesia positiva, cuya finalidad era mejorar las condiciones físicas de la población, la cual favorecía la multiplicación de los individuos capaces de transmitir a sus descendientes caracteres considerados ventajosos; y la eugenesia negativa, que comprendía las medidas encaminadas a restringir o impedir que se reprodujeran los individuos considerados transmisores de caracteres perjudiciales para la especie, sobre todo enfermedades hereditarias (Suárez, 2005, p. 261).
El darwinismo social y las cuestiones raciales, que pronto le fueron asimiladas, se convirtieron en tema de discusión a partir del último tercio del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Una de sus primeras manifestaciones, a nivel de política internacional, tuvo lugar con motivo del estallido de la Guerra del 98 (Rojas, 2000).
A diferencia de los otros apartados que hemos desarrollado, en los que mencionamos las obras estimadas de lectura y referencia obligada, en el presente caso no será posible sugerir las más leídas sobre los temas en comento, por razones de espacio y ser demasiadas, tanto en número de títulos como en autores, además de que el tema apenas ha comenzado a estudiarse (Suárez, 2005; Urías, 2007). Nos limitaremos a señalar algunos ejemplos de los nombres y publicaciones más conocidos entonces.
En México, desde 1874, el socialista libertario Plotino Constantino Rhodakanaty (1828-?) comenzó a publicar El Craneoscopo, subtitulado “periódico frenológico y científico” (Urías, 2007, p. 44), que divulgó en el país las teorías de Franz Joseph Gall (1758-1828) y sus seguidores, con el propósito de sensibilizar a los lectores sobre la importancia de la herencia, considerada la principal vía para transmitir las “taras fisiológicas y rasgos morales negativos”. Si fuera posible eliminar estas últimas, aseguraba El Craneoscopo, “el número de perversos disminuiría mucho” (Urías, 2007, pp. 44-45).
En el ensayo, que dedicó a Porfirio Díaz, con el que obtuvo la medalla de oro en un certamen literario de Orizaba, titulado La redención de una raza. Estudio sociológico (1887), el abogado y escritor Rafael de Zayas Enríquez (1848-1932), con apoyo en el positivismo y algunos estudios como los que hemos señalado anteriormente, sostuvo que la raza indígena, debido a su manifiesta inferioridad, estaba condenada a desaparecer si no se tomaban medidas urgentes para evitarlo: “La fatalidad que condena a la raza india, existe; los hechos lo prueban de una manera evidente, la historia lo demuestra de un modo incontestable; pero esa fatalidad es de las que Comte considera modificables” (Zayas, 1887, p. 15). Aludía con esto último a que era posible intervenir con el fin de evitar el triste destino que preveía. Para conseguirlo, propuso el mestizaje de los indígenas, sobre todo la de aquellos que vivían en el campo, pues quienes ya se hallaban en las ciudades, mal que bien, habían iniciado el proceso de asimilación social y mezcla racial (Zayas, 1887, pp. 15-18); a final de cuentas, añadió, “la experiencia prueba que la resultante de la mezcla del indio con las razas europeas, es muy bella, muy fuerte, muy honrada y muy inteligente” (Zayas, 1887, p. 139; Urías, 2007, pp. 48-49).
Basta traer a la memoria uno de los considerandos de la Ley sobre relaciones familiares (12 de abril de 1917) para demostrar que las ideas sobre la eugenesia, tanto positiva como negativa, seguían vigentes, 30 años después, entre los revolucionarios constituyentes:
“Que asimismo es necesario, en interés de la especie, aumentar la edad requerida para contraer matrimonio, a fin de que los cónyuges sean lo suficientemente aptos para llenar las funciones fisiológicas y morales que les están encomendadas y por la misma causa, conviene también incapacitar legalmente a los incapacitados ya por la naturaleza para las funciones matrimoniales, es decir, a los que padezcan de impotencia física incurable, a los enfermos de sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica e incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, así como a los ebrios habituales, pues todos los que se encuentran en los casos mencionados dejan a sus descendientes herencias patológicas que los hacen débiles e incapaces de un trabajo eficiente, tanto en el orden físico como en el intelectual y trasmiten a su vez a las generaciones posteriores su misma debilidad, redundando todo ello en perjuicio también de la misma especie que, para perfeccionarse, necesita que a la selección natural se añada una cuerda y prudente selección artificial encaminada a orientar y mitigar los rigores de aquélla” [Ley, pp. 5-6].
La referencia al alcoholismo requiere una breve explicación, pues parece dar a entender que era considerada una enfermedad hereditaria. En efecto, no sólo se le ubicó dentro del catálogo de las enfermedades mentales y fue vinculada con la criminalidad y la pobreza, también estaba asociada con otras afecciones y la propia degeneración racial, pues, a partir de estudios médicos, de origen francés y otros nacionales, se afirmó que la condición alcohólica se heredaba por cinco generaciones, debiendo cargar cada una de ellas mayores problemas de salud y condiciones degenerativas, hasta llegar a la esterilidad (Toner, 2015, pp. 189-255). De acuerdo con el periodista católico Trinidad Sánchez Santos (1859-1912) y su obra El alcoholismo ante la ciencia, la familia, la sociedad y la patria (1900), un alcohólico con cuatro o cinco hijos sería responsable de unos 880 degenerados en apenas cinco generaciones, y si el problema no se controlaba, podría significar el fin de la raza mexicana (Toner, 2015, p. 221). Sólo así se explica la urgencia con la que 71 Diputados Constituyentes, de diferentes grupos e ideologías, se pusieran tan fácilmente de acuerdo para firmar una iniciativa que pretendía terminar, de una vez por todas, con el alcoholismo, las diversiones consideradas degradantes y otros vicios populares (Diario de los Debates, t. II, pp. 825-827).
En el Congreso de Querétaro, bajo un razonamiento aparentemente similar, algunos diputados hicieron referencia a la necesidad de regular la jornada máxima de trabajo y las labores de niños y mujeres, pues, de no hacerse, podría dar como resultado una raza degenerada. Así lo expresaron Cayetano Andrade y Heriberto Jara (Diario de los Debates, t. I, pp. 973-974 y 977). La Primera Comisión de Constitución también compartió este punto de vista, como puede leerse en el siguiente dictamen sobre el artículo 5º:
“Juzgamos, asimismo, que la libertad de trabajo debe tener un límite marcado por el derecho de las generaciones futuras. Si se permitiera al hombre agotarse en el trabajo, seguramente que su progenie resultaría endeble y quizá degenerada y vendría a constituir una carga para la comunidad. Por esta observación proponemos que se limiten las horas de trabajo y se establezca un día de descanso forzoso en la semana, sin que sea precisamente el domingo. Por una razón análoga creemos que debe prohibirse a los niños y a las mujeres el trabajo nocturno en las fábricas” [Marván, t. I, p. 376].
En la época de marras, Gustave Le Bon atribuyó el verdadero progreso, moral y material, al trabajo de una elite intelectual dentro de los diferentes grupos raciales, pues llegó a darle a la raza un papel esencial en la marcha de las naciones: “… Las instituciones y los gobiernos juegan sólo un papel insignificante en la vida de los pueblos. Estos últimos son conducidos, sobre todo, por el alma de su raza; es decir, por el residuo de lo pasado, de lo cual esta alma es la suma. La raza y el engranaje de las cosas diarias son los dueños misteriosos que rigen nuestros destinos” (Le Bon, 1942, p. 232).
Las razas, para Le Bon, también tenían nacionalidad y, desde luego, existían jerarquías entre ellas, como podía probar la realidad geopolítica del planeta. Sobre las razas mestizas que habían surgido en América, escribió lo siguiente en La influencia de la raza en la historia: “La mezcla de la ardiente raza española del siglo XVI con razas inferiores, ha dado origen a poblaciones bastardas, sin porvenir, y completamente incapaces de contribuir con el más débil contingente al progreso de la civilización” (Zea, 1988, p. 410). Justo Sierra intentó refutar semejante aserto, trayendo como prueba el progreso alcanzado durante el Porfiriato, sobre todo en el terreno educativo (Zea, 1988, p. 410).
El propio Sierra y Emilio Rabasa (1856-1930), que calificó a Le Bon de charlatán (Rabasa, 1986, p. 345 n. 1), eran de la opinión de que el problema del indio sólo podría solucionarse por medio de la educación, pero esto sería posible únicamente después de transformarlo al convivir con los grupos blancos y mestizos (Torres y Villegas, 2010, pp. 656-657). El mestizo era, para Sierra, el grupo racial llamado a superar a blancos e indígenas, por lo que urgía impulsar el mestizaje, pues éste significaba el factor dinámico de la historia nacional (Torres y Villegas, 2010, p. 657). En el Congreso Constituyente, el diputado Palavicini fue más allá, al pedir que no sólo se defendiera a la raza mexicana sino también a toda la raza latina, en general (Diario de los Debates, t. I, p. 360). El diputado Francisco J. Múgica creía deber gubernamental proteger a la raza mexicana con fines incluso de seguridad nacional: “Es deber de nuestro Gobierno mantener a la raza vigorosa, no sólo para la justa reproducción de la raza en una forma benéfica para la sociedad, sino también, señores, para tener en un momento dado hombres que puedan resistir las fatigas de una guerra y defender valientemente y de una manera invencible el territorio nacional” (Diario de los Debates, t. I, pp. 1051-1052).
Lejos del parecer de Sierra y otros defensores de la raza indígena, en el Congreso de Querétaro hay pruebas de que el parecer de Le Bon contaba con partidarios. Dentro de su larga exposición sobre las medidas de higiene que debían introducirse en el país, el médico José M. Rodríguez señaló: “Nuestra raza primitiva está degenerada ya y la mestiza en sus alcances” (Diario de los Debates, t. II, p. 619). Para demostrarlo, trajo enseguida una larga lista de datos con índices de criminalidad y alcoholismo en la capital mexicana (Diario de los Debates, t. II, pp. 619-625). Aunque también hubo quienes defendieron al indígena, como Epigmenio A. Martínez (Diario de los Debates, t. I, p. 284) y Porfirio del Castillo (Diario de los Debates, t. I, p. 1007).
Molina Enríquez, en su trabajo fundamental Los grandes problemas nacionales (1909), también escribió sobre la importancia del mestizaje para fundar la nacionalidad mexicana y un concepto nuevo de patria entendida como unidad ideal (Torres y Villegas, 2010, p. 657). Una extrapolación sobre el mismo tema, pisando los terrenos de la utopía, fue desarrollada por José Vasconcelos en su conocido ensayo La raza cósmica (1925).
Socialismo y sus distintos rostros
En palabras de Enrique Luna Román (¿?-¿?), abogado recibido en Guadalajara en 1908, en la presentación del folleto de Miguel Mendoza López Schwertfeger (1883-1965): “¡Socialismo!, gritarán los tartufos. Se ha abusado tanto de la palabra, que ya no tiene ninguna significación. Desde el colectivismo más radical hasta el liberalismo incendiario y el anarquismo, todas las doctrinas que demandan una reforma social han sido bautizadas con el mismo […] si socialismo, diré con Proudhon, es toda doctrina que tienda a hacer efectivos la igualdad y el mejoramiento de las condiciones sociales de la especie, somos socialistas” (Mendoza, 1914, pp. 322-33).
Esta frase refleja la imprecisa e incluso anárquica interpretación que la voz “socialismo” recibía en el México del Constituyente. Incluso un autor del fuste de Antonio Díaz Soto y Gama (1880-1967), tan vinculado con los movimientos radicales de la época, según Cockcroft (1985, p. 70 n. 30), desde principios de siglo, empleaba indistintamente los términos anarquista, socialista y comunista. Podría decirse que, en efecto, en sentido lato, entonces, socialismo se refería a cualquier preocupación social sin, necesariamente, remitir a un contenido ideológico específico. Sin embargo, a pesar de esta falta de precisión, algunos asumieron posturas que hoy consideramos netamente socialistas —o incluso anarquistas— y otros —entre ellos el común de los Constituyentes— empleaban un lenguaje socialista —o anarquista— con muchísima soltura y hasta de modo contradictorio, a tal punto que puede llegar a pensarse que, en ciertos casos, se trataba de un recurso oratorio. Véase, por ejemplo, un discurso del diputado Cravioto en el que decía ser carrancista, “renovador” y, en el plano de las ideas, anarquista (Diario de los Debates, t. I, pp. 1026-1027). Ahora bien, es menester tener presente que, con el paso de poco tiempo, algunos de los Constituyentes pudieron clarificar sus ideas gracias a la Revolución rusa y a la información que llegaba de las peripecias de la naciente República de Weimar.
Un tema relacionado con el pensamiento socialista que debe traerse a colación, especialmente por su influencia en el Constituyente, es el de la doctrina social de la Iglesia católica. Es bien conocido que la respuesta de los papas a la llamada “cuestión social”, producto de los abusos del capitalismo industrial y a la expansión de las corrientes socialistas y anarquistas, fue la formulación de una doctrina reivindicadora de los derechos de los pobres inspirada en una renovada interpretación del Evangelio. A partir de la encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII (1810-1903), las iglesias locales comenzaron a mover a los fieles y así se originaron congresos, uniones y otros tipos de organizaciones encaminadas a poner en práctica las directrices del magisterio eclesiástico. México no fue la excepción, como se verá más adelante. En el Congreso Constituyente, un diputado, Victorio Góngora, representó en forma muy destacada la influencia de la doctrina social de la Iglesia católica, toda vez que su participación en la elaboración del artículo 123 fue decisiva (Adame, 1983, 1990).
En aquellos años circulaban en nuestro país (Silva, 1986, p. 111) varios títulos que representan esta amplia noción del socialismo, como: La conquista del pan del príncipe ruso Piotr Kropotkin (1842-1921), el más grande sistematizador y divulgador del pensamiento anarquista de Mijail Bakunin (1814-1876). Decía que: “trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran a ti propio en circunstancias análogas”, que “la riqueza de los unos está hecha con la miseria de los otros”, y que “los que ambicionan el triunfo de la justicia, los que quieren poner en práctica las ideas nuevas […] comprenden la necesidad de una tormenta revolucionaria” (Russell, 1982, pp. 59 y 70). Este libro lo difundía la Casa del Obrero Mundial y fue uno de los de cabecera de Ricardo Flores Magón (Silva, 1986, p. 111).
En abono de la popularidad de Kropotkin puede agregarse que en el Catálogo Araluce (1904, pp. 49, 63, 198, 226, 239) figuran la obra dicha y, además, Las memorias de un revolucionario, Palabras de un rebelde, Las prisiones y Campos Fábricas y Talleres. Silva refiere la lectura generalizada de Las mentiras convencionales de nuestra civilización del judío húngaro Max Nordau (1849-1923), texto en el que pretendía desenmascarar las bondades atribuidas a temas de antaño y de hogaño como religión, monarquía, aristocracia, política, economía, matrimonio y otros más. Puede agregarse que esta obra, en francés, se hallaba en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Ciudad de México y también las siguientes de Nordau: Paradoxes psycolgiques, Paradoxes sociologiques, Psicofisiología del ingenio y del talento —también en francés— y Vus de dehors (Guerra, 1950 , pp. 254-255); más títulos se hallaban con Eusebio Gómez de la Puente (Catálogo Araluce, 1904, pp . 16-17). En el Catálogo Araluce (1904, pp. 80, 183 y 240) se anunciaban: Degeneración, El mal del siglo y la Psicofisiología del genio y del talento. Silva también recuerda ¿Qué es la propiedad? de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), el cual acuñó la expresión: “¿Qué es la propiedad? La propiedad es un robo”, y se dio a la tarea de probarlo. El autor de estas líneas creía que en un porvenir, no muy remoto, existiría un mundo poblado por una gran federación de comunas y cooperativas de trabajadores, dirigidos por individuos y pequeños grupos que poseerían, sin ser propietarios, los medios productivos, unidos por una economía de contratos de intercambio y crédito mutualista con lo que estaría asegurado que cada quien fuera dueño del producto de su propio trabajo (Cockcroft, 1985, pp. 48-49 n. 31). Ahora bien, la obra dicha estaba entre las anunciadas por la Casa Araluce (1904, p. 241) y en los estantes de la Biblioteca Nacional —con otras muchas obras de su mano (Vigil, 1908, pp. 32, 108 y 109)—; además, en la biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México se hallaba el Système des contradictions économiques, ou philosophie de la misère (Guerra, 1950 , p. 280).
Ahora bien, el célebre Manifiesto de Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) fue vertido tardíamente al castellano en 1906 (Palau, 1990, t. V, p. 95). Sin embargo, aunque parcialmente, El Capital del primero apareció traducido en 1886 por el abogado y federalista español, Pablo Correa y Zafrilla (1844-1888). También se publicó un extracto de esta obra en 1887 (Palau, 1990, t. V, p. 95). De Engels se tradujeron El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Socialismo utópico y socialismo científico, Anti Dühring o la Revolución de la Ciencia de Eugenio Dühring y Religión, filosofía y socialismo (Palau, 1990, t. III, p. 115). En el Catálogo Araluce se ofrecía, en dos tomos, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Socialismo utópico y socialismo científico (Catálogo Araluce, 1904, p. 224); se hallaba en la Biblioteca Nacional (Vigil, 1908, p. 106); y, en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México brillaban por su ausencia. Vale la pena señalar que Vilfredo Pareto (1848-1923), Le systemes socialistes, se hallaba en la Biblioteca Nacional (Vigil, 1908, p. 32).
Relacionado con estas preocupaciones de contenido social se hallan ciertas denuncias del maltrato inhumano que padecían algunos trabajadores, en las cuales sus autores hicieron analogías entre los explotados y los componentes de la gran máquina del capitalismo. Así, ya en la XXVI Legislatura Federal, el diputado Heriberto Jara, al referirse a la desprotección de los trabajadores, dijo: “los que están abajo, para sacar a los que han sido condenados para ser como bestias de carga, [condenados] a ser como lubricantes que quedan embarrados en las máquinas” (Arenas, t. III, pp. 22-23). Poco tiempo después, Miguel Mendoza López Schwertfeger, al enumerar las diferentes formas de explotación de los trabajadores, se refirió a: “… otros, convertidos en máquinas humanas, [que] dan forma a los materiales de la naturaleza adaptándolas a la satisfacción de las necesidades” (Mendoza, 1914, p. 327). Y, finalmente, recuérdese que Manuel Maples Arce (1900-1981), en su Manifiesto estridentista, de 1921, había declarado que “El hombre no es un mecanismo de relojería nivelado y sistemático” (Zurián, 2013, p. 57). Estas referencias al maquinismo y a la deshumanización que producía el capitalismo, especialmente en el contexto urbano, no eran exclusivas de México: existía todo un ambiente cultural volcado sobre el tema, como lo prueba, por ejemplo, la célebre película Metrópolis (1927) de Fritz Lang (1890-1976).
Es de notar que la expresión “revolución social” se usó muy poco en el Congreso: el primero en emplearla fue Palavicini en la junta preparatoria 7 para denotar al carrancismo, luego lo hizo Martínez de Escobar en la 10ª sesión ordinaria, en la misma, también Múgica; después, en la 23ª, la usó el diputado Manjarrez, quien hizo una clara distinción entre las revoluciones políticas y la social mexicana con consciencia de que ésta era novedosa. En la sesión siguiente, el diputado Gracidas relacionó la expresión con las reivindicaciones laborales. La iniciativa para erigir el estado del Istmo de Tehuantepec la empleó para calificar la revolución carrancista en la sesión 46ª. Finalmente, en la 59ª, el diputado Jara la usó en el contexto de apuntalar la independencia municipal. Más allá de referirse al proceso reivindicatorio que atribuían al caarancismo, ¿qué significaba para ellos? Quizá se trataba del género empleado para llamar a su labor en el Constituyente. Es difícil de contestar a partir del Diario de los Debates. Lo que se puede asegurar es que revolución social no parece haber significado revolución socialista, sino revolución que llevaba a cabo ciertas reivindicaciones sociales. Por ejemplo, Manjarrez se refirió varias veces a la “revolución social” como reivindicatoria a secas. Luego, Cravioto, en la sesión 25ª, en la que se discutió el artículo 5º y cuestiones obreras, se refirió al socialismo con notoria imprecisión, pero quizá en sentido reivindicatorio; siguió, en la misma sesión, González Galindo, quien dijo ignorar lo que se refería al socialismo y lo que se había escrito en Rusia sobre el tema; Macías, de nuevo en la misma sesión, casi equiparó al socialismo con la sociología positivista y habló de sistemas socialistas avanzados, que en la práctica no existían aún, para referirse a ciertas reivindicaciones; unos renglones después, lo mismo hizo Múgica (Diario de los Debates, t. I, pp. 212, 601, 609, 985 y 1010, 1026, 1032, 1037 y 1051; t. II, pp. 524 y 879).
Frecuentemente la Revolución echó en cara al clero católico el que había contribuido a la caída de Madero —especialmente a través de la prensa— y que había apoyado de diversos modos, se dijo que incluso entregando caudales, al régimen de Huerta (véase matices en Adame, 1981, pp. 180-182; González Schmal, 2010, pp. 223-224); sin embargo, ello no es suficiente para explicar el anticlericalismo existente en el Constituyente de Querétaro. Para un autor de aquel tiempo, era cuestión de una historia de abusos (Toro, 1927, pp. 360 y 375). No puede aquí narrarse esa historia, ya porque resulta demasiado extensa, ya porque es, hasta cierto punto, impertinente. Un buen resumen del estado de la cuestión a mediados de la década de 1930, cuando aún no se enfriaba la sangre derramada durante la Guerra Cristera, puede verse en los textos de Emilio Portes Gil, a la sazón procurador general de la República, y del canónigo Jesús García Gutiérrez. El primero, llamado La lucha entre el poder civil y el clero, se publicó, primero en las páginas de El Nacional, órgano del Partido Nacional Revolucionario, y, después, en las de El Universal. En 1934, apareció como un pequeño libro, sin imprenta, pero seguramente tirado en prensas oficiales y, al año siguiente, en inglés, impreso por la Secretaría de Relaciones Exteriores (Portes, 1935). Pretendía ser un “estudio histórico y jurídico” que servía como “dictamen […] respecto de la labor sediciosa del clero católico a pretexto de la reforma al artículo 3 de la Constitución Federal de México” (Portes, 1935, p. 5). Sin duda una de sus fuentes, sino es que la principal, fue el libro de Alfonso Toro, La Iglesia y el Estado en México, auspiciado por el Archivo General de la Nación en 1927 —cuando se desarrollaba el levantamiento armado católico contra el gobierno—. El segundo texto mencionado, intitulado en su primera edición La lucha entre el poder civil y el clero a la luz de la historia, se imprimió en El Paso, Texas, bajo el pseudónimo Félix Navarrete, en 1935. Muchos años después volvió a ver la luz pública como La lucha del Estado contra la Iglesia; fue concebido como una minuciosa refutación a Portes Gil. Naturalmente, Portes Gil y García Gutiérrez tenían una agenda muy clara y hoy no pueden ser tomados como autoridades en la materia.
Sin duda, el periodo porfiriano sirvió para que se reorganizara la Iglesia católica. La erección de nuevas diócesis, la fundación de seminarios, el restablecimiento de órdenes religiosas o la creación de nuevas, la extensión de la cultura católica a través de escuelas y la letra impresa —por ejemplo, en los periódicos capitalinos La Voz de México y El Tiempo, amén de una legión de publicaciones de las provincias—, la celebración del Quinto Concilio Provincial Mexicano (1896) y de otros en las demás provincias eclesiásticas de la República, el fortalecimiento de los vínculos con Roma y con las iglesias locales del continente americano —piénsese en el primer Concilio Plenario Latinoamericano (1899)— fueron algunos de los aspectos de una nueva vida que sacó al catolicismo mexicano del estado de postración en que había quedado tras la promulgación de las Leyes de Reforma y la aventura del Segundo Imperio. Es de notar que entre las actividades de la Iglesia mexicana destacó el impulso de la naciente doctrina social católica, especialmente a través de convocar a congresos —los nacionales católicos de 1903, 1904, 1906 y 1909 y los agrícolas de 1904 y 1905— y fundar círculos católicos de obreros, cooperativas y mutualistas católicas, talleres, escuelas para hijos de trabajadores y otros espacios que enarbolaron los principios derivados de la encíclica Rerum novarum de León XIII (1891) (Adame, 1983, pp. 426-432; Márquez, 1939, pp. 22-28; Meyer, 1985, pp. 11-19). Las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857 se antojaban letra muerte —cosa de la que se hizo cargo el Programa del Partido Liberal de 1906— y los constitucionalistas, que enarbolaron la bandera de ambas, se decidieron a actuar contra el clero católico.
Ahora bien, además de los dimes y diretes acerca de la conducta de la Iglesia y del Estado, pueden identificarse algunas raíces ideológicas del anticlericalismo mexicano:
•El largo y complejo discurso jurídico-político derivado del ejercicio del patronato eclesiástico por los reyes de Castilla, del regalismo hispánico e indiano y, en las primeras cinco décadas del México independiente, de las luchas entre la Iglesia y el Estado. Este discurso buscaba sujetar las actividades eclesiásticas a las autoridades temporales, inicialmente en un ambiente, como el de la monarquía hispánica de cierta coordinación, después en uno de enfrentamiento entre ambos, durante el proceso de desmantelamiento de la sociedad corporativa y estamental. Del lado católico, algunas de las obras claves forman el corpus de textos polémicos del arzobispo de Morelia, Clemente de Jesús Munguía (1810-1868); los textos clásicos del lado contrario son tantos y tan conocidos que creemos no vale la pena mencionarlos (Hera, 1992; Mayagoitia, 2014; Mijangos, 2015).
El papa Pío IX (1792-1878) en diversos documentos y alocuciones condenó los más importantes errores de su época y, el 8 de diciembre de 1864, público el Syllabus con la encíclica Quanta cura. El Syllabus contenía 80 proposiciones que el pontífice consideró censurables, desde el panteísmo y distintas formas de racionalismo, hasta la supuesta libertad y felicidad que decían algunos seguiría para la Iglesia tras la pérdida de los Estados Pontificios. Pues bien, de las dichas proposiciones se relacionaban, directa o indirectamente, con el tema de este apartado la 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 68, 69, 70, 71, 73 y 74. Es de notar que la edición mexicana del Syllabus que tenemos en las manos cuenta con un largo comentario del arzobispo de Guadalajara, Pedro Espinosa, como reza una inscripción manuscrita que en ella se halla (Syllabus).
•El pensamiento ilustrado radical y el liberalismo fueron enemigos acérrimos del catolicismo. Con la sustitución de la teología moral por el derecho natural racionalista y la defensa del desarrollo autónomo de las libertades individuales —cuyo límite, en un principio, sólo se reconocía en las libertades de los demás—, se produjo un rompimiento con la autoridad eclesiástica y con su visión del hombre como sujeto al derecho divino positivo, interpretado éste dogmática e infaliblemente por la Iglesia. El Estado liberal se convirtió, después de trocar el corporativismo por el individualismo, en el único árbitro y creador del Derecho y después de poner fin a la inteligencia del Derecho como un elemento diferenciador en razón de la función social, entronizó la igualdad burguesa y revolucionaria que pretendió someter a todos los componentes de la sociedad —incluso al clero— a su férula. La libertad religiosa, por otra parte, era vista por la Iglesia como propiciadora del indiferentismo y disolvente de las buenas costumbres. Así, un ejemplo entre muchos, un texto como el Catecismo de Moral de Nicolás Pizarro Suárez (1830-1895), publicado en México en 1868, tenía que ser condenado por las autoridades religiosas. Temas como la injerencia del Estado en el matrimonio y en la educación, la separación entre la Iglesia y el Estado, la inconveniencia de una religión de Estado, las libertades de enseñanza y de imprenta, la secularización de la ética y del Derecho, y la idea de que quizás era conveniente que la Iglesia se aviniera con el liberalismo, fueron tratados por el Syllabus (proposiciones 31, 32, 39, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 68, 74, 77 y 78, 79 y 80). Un buen expositor de las críticas católicas al liberalismo tardío en el México de fines del siglo XIX y principios del XX fue el periodista Trinidad Sánchez Santos, antes mencionado. Éste, además, trató un sinnúmero de problemas del catolicismo mexicano desde la pastoral indígena, hasta la masonería, ya en las páginas de periódicos como El País, ya como orador (Sánchez Santos, 1902).
•Las doctrinas materialistas y ateas defendidas por autores de distintas filiaciones, especialmente los positivistas y evolucionistas, que pusieron en jaque las doctrinas, ya no sólo católicas, sino que cristianas, y tendían de modo natural al materialismo y a la negación de una divinidad providente. Uno de los textos fundamentales del materialismo mexicano fue las Lecciones de literatura del liberal Ignacio Ramírez (1818-1879), publicadas en 1884, en las que el llamado “nigromante” sostuvo que el hombre carecía de elemento alguno espiritual (Ramírez, 1884, p. 11). Heinrich Conrad Rebsamen (1857-1904) también era, al decir de Valverde (1989, t. II, p. 106), positivista y materialista.
Vale la pena señalar que, relacionado con las investigaciones científicas del día, se llegaron a estudiar los afectos religiosos desde puntos de vista cientificistas y más o menos cercanos al materialismo. Trabajos, como el del suizo Ernest Murisier (1867-1903), Enfermedades del sentimiento religioso, se distribuían incluso en pequeñas librerías del interior de la República; tenemos a la vista un ejemplar con el sello de La Luz, Alacena de Libros, de Xalapa.
•El influjo de la masonería no puede negarse. El teísmo militante de la masonería histórica la hizo incompatible con el catolicismo, principalmente porque negaba la existencia de un dios providente. Como decía un hijo de la viuda en el México de 1889: “Si algún hermano nuestro [masón] cree que Dios es el Dios de los teólogos, ese Dios que describen haciendo algunos beneficios, pero también dominado por las pasiones, empuñando en la diestra una espada de fuego y llevando en su intransigencia, a los abismos, a la gran mayoría de sus siervos, a ese hermano lo compadecemos […] Le probamos que la teología que alimenta sus creencias, es igual a la mitología del paganismo” (Patroclo 1889, p. 139).
Además, gracias a la pluma del célebre abate Augustin de Barruel (1741-1820), autor de las Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme, publicadas en los últimos años del siglo XVIII y traducidas al castellano con gran éxito desde 1813, se hizo popular la teoría de que los filósofos de la ilustración radical —impíos y sofistas—, los llamados “iluminados”, y los masones se habían coludido en el jacobinismo para destruir todos los tronos y todos los altares, incluso el de la religión natural (Barruel, 1813, pp. XVIII-XX). Así, ya desde el flanco doctrinal, ya desde el político, la lucha entre la Iglesia católica y la masonería era inevitable.
•La influencia de los grupos protestantes, los cuales, en 1911, según una autoridad en la materia, compartían la misma visión de México que tenían los liberales más radicales: “Crear un pueblo afín con la Constitución política del país; y la creación de ese pueblo suponía la formación de ciudadanos, cuya nueva identidad liberal debía ser, a la vez, religiosa, moral y política, a través de una triple práctica de la conversión religiosa, de la regeneración moral y de la participación civil. Como muchos otros liberales radicales, los dirigentes protestantes pensaban que así se solucionarían los problemas sociales de las mayorías, vistos como producto tanto del atraso político y religioso del pueblo real como del liberalismo conservador de la oligarquía, cuya tiranía reposaba, a su juicio, en la postergación de la práctica democrática y en la conciliación con la Iglesia Católica” (Bastian, 1989, pp. 299-300).
Así que, con independencia de las grandes diferencias doctrinales entre ellos, los grupos protestantes y el catolicismo estaban colocados en distintos lugares del espectro político. Aquéllos estuvieron identificados con el liberalismo radical y con postulados de la Revolución y aunque, eventualmente, también se les aplicarían las disposiciones de la Constitución de 1917, es claro que éstas especialmente se dirigieron contra la Iglesia católica.
•Las doctrinas espiritas, aunque reivindicaban la creencia en un mundo espiritual y se autoproclamaban como metafísicas, se hallaban en total contradicción con las doctrinas de la Iglesia católica, especialmente por sus tendencias teístas o panteístas y la creencia en la transmigración de las almas. Uno de los textos espiritistas más importantes, El libro de los espíritus, de Hippolyte Léon Denizard Rivail, más conocido por su pseudónimo Allan Kardec (1804-1869), se publicó, en castellano, en Monterrey, en 1875.
Téngase presente que las ideas anticlericales, algunas de cuyas fuentes principales acaban de enumerarse, florecieron en un México cuyo proceso de secularización se había iniciado a mediados del siglo XVIII y que, para fines del XIX, se antojaba irreversible.
El pensamiento jurídico del Congreso de Querétaro estuvo dominado por el positivismo jurídico; es decir, por aquella concepción del Derecho que pretendía agotar el fenómeno jurídico en una de sus manifestaciones formales positivas. En el caso del nuestros diputados, se trataba del positivismo legalista o imperativista, según el cual el Derecho era creación única del Estado y, por ende, se manifestaba como mandatos que, en sentido lato, formaban la legislación (Carpintero, 1993, pp. 139-143). Aunque esta forma de entender el Derecho hundía sus raíces en el derecho natural racionalista y terminó por alejarse de él, el recurso a ciertos postulados iusnaturalistas se mantuvo como uno útil, al menos políticamente, para sus defensores. Ahora bien, la legislación así concebida terminó por ser una mera forma técnica, cuyos contenidos provenían de diversas fuentes, frecuentemente, en el caso del Constituyente, de las necesidades pragmáticas y de las ciencias, algunas hoy desacreditadas. Así, el recurso a disciplinas como la sociología positivista —al estilo de Spencer y compañía—, la economía política, la criminología, la higiene, la antropología, la eugenesia y la medicina, fue frecuente. La incidencia del positivismo legalista se percibe, pues, desde el inicio de la Constitución, toda vez que tuvo que ver en el cambio de la denominación “De los derechos humanos”, como se llamó el primer título de la Ley Fundamental de 1857, por el “De las garantías individuales”. Según explicó Macías, este último término era más exacto y menos impreciso que unos derechos que no podían determinarse con exactitud (Diario de los Debates, t. I, pp. 626-627).
Ahora bien, el positivismo legalista pretendía formar un sistema jurídico cerrado que gozaba de la característica de poder autocompletarse; es decir, de una plenitud interpretativa que permitía que cualquier asunto no resuelto o deficientemente planteado pudiera ser atendido a partir de los principios contenidos en el mismo sistema. De este modo, juristas y jueces quedaban sujetos a la autoridad jurídica exclusiva de la ley y desprovistos de la capacidad de hacer otra cosa que no fuera desarrollar, a través de una afiligranada labor exegética, las construcciones legales (Grossi, 2004, pp. 62-75). Esto suponía, por una parte, la construcción de un método, llamado exegético —desarrollado, principalmente, en Francia, por los comentaristas del Código Civil de 1804— y, por otra, de una mentalidad argumentativa y pragmática despreocupada por reflexionar acerca de los elementos que, sueltamente, podríamos denominar metajurídicos de la norma. Autores (Bonnecase, 1944, pp. 35-66), desde Jean-Baptiste-Victor Proudhon (1758-1838), Charles-Bonaventure-Marie Toullier (1752-1835), Philippe-Antoine Merlin de Douai (1754-1838), Gabriel Baudry-Lacantinerie (1837-1913) y Louis-Vincent Guillouard (1845-1925), por mencionar sólo algunos que se hallan en los extremos cronológicos de la escuela, fueron leídos ampliamente por los juristas mexicanos, ya durante los años de su formación académica, ya después (Catálogo alfabético, 1904, pp. 36, 37, 204, 246, 280 y 319; Vigil, 1908, p. 37). Además, los 33 tomos de los Principios de derecho civil, obra de uno de los más importantes exegetas, François Laurent (1810-1887), un liberal y anticlerical belga, fueron traducidos al castellano por Jacinto Pallares (1843-1904).
A pesar de la crisis de la exegética francesa, provocada por la pobreza de su método y por su total entrega al formalismo, cosas que puso de relieve el célebre François Gény (1861-1959), mantuvo el dominio de la educación jurídica del México de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, en el mundo de la ciencia jurídica existían ya otras visiones del Derecho. La más importante era la representada, primero, por la Escuela Histórica y, luego, por la Pandectística alemanas. El fundador de la primera Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), en su búsqueda de un código civil de espíritu alemán, rompió con la metafísica iusnaturalista racionalista y con el paradigma de la codificación francesa y se dedicó a buscar las fuentes reales —históricas— del derecho alemán. Sus afanes desembocaron en una dogmática jurídica creada a partir de una renovada interpretación de la tradición romana. Hija de la Escuela Histórica fue la Escuela de las Pandectas, cuyo principal representante, Bernhard Windscheid (1817-1892), poseyó una de las mentes jurídicas más brillantes de su tiempo. Su Lehrbuch des Pandektenrechts (1862-1870) fue una de las bases teóricas de la codificación alemana —proceso en el que Windscheid intervino activamente— que desembocó en el Código Civil alemán de 1900 (BGB) (Cannata, 1996, pp. 195-207). Pues bien, aunque los desvelos de estos autores fueron conocidos por algunos mexicanos de fines del siglo XIX, en traducciones francesas o castellanas, su influencia no fue suficiente para poner en peligro la hegemonía de la exegética y del positivismo legal en su versión francesa. Una de las fuentes que sirvieron como una exposición introductoria a lo que había ocurrido en Alemania fue La Escuela Histórica del Derecho, una traducción al castellano de textos de Savigny, Eichorn, Gierke y Stammler, publicada en 1908. Además, el Sistema del derecho romano actual de Von Savigny circulaba en castellano desde 1878-1879 (un ejemplar en la Biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México, Catálogo alfabético, 1904, p. 301) y su Tratado de la posesión, según los principios del derecho romano desde 1845 (Palau, 1990, t. VI, p. 471).
Como se ha dicho antes, el positivismo legalista —tanto en su versión exegética francesa, como en la alemana, fruto del BGB— redujo la norma jurídica a una mera forma. Pues bien, con la intención de rescatar para ella contenidos materiales, surgieron corrientes antiformalistas que comúnmente se engloban en el naturalismo jurídico. Estaban fuertemente influidas por el positivismo comtiano y buscaron los referidos contenidos en los hechos de las ciencias: la sociología, la biología, la economía… En el México de fines del siglo XIX y principios del XX, se conocieron algunos autores de este corte, especialmente en ciertas áreas del saber jurídico. Los Constituyentes que eran abogados —aunque no sólo ellos— manejaban a los representantes del positivismo criminológico o Nuova Scuola italiana, como Raffaele Garofalo (1851-1934), Cesare Lombroso (1835-1909) y Enrico Ferri (1856-1929). En la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México se hallaban ejemplares, en castellano o en francés, de las obras de todos ellos (Catálogo alfabético, 1904, pp. 181, 182, 194 y 232); en la Biblioteca Nacional también (Vigil, 1908, pp. 174, 175 y 176). Además, se ofrecían comercialmente libros de los últimos dos (Catálogo Araluce, 1904, pp. 80, 81, 169 y 197). En el Congreso el diputado José Rivera, influido por las ideas de Lombroso —también por la eugenesia y el darwinismo social—, dijo, defendiendo la pena de muerte, especialmente para traidores y zapatistas: “Mucho tendría que decir de nuestro criminal mexicano, vergüenza del pueblo mexicano y de la civilización; estoy seguro de que tenemos un criminal nato, muy especial, un tipo muy mexicano, que hay que abolir, porque es la gangrena del pueblo mexicano, y el miembro gangrenado, no tiene remedio; tenemos que quitarlo de un tajo. Yo creo que si viene Mondragón, De la Barra, Cárdenas, pregunto: ¿Qué regeneración vamos a hacer de ellos? ¿Qué regeneración se espera de estos señores? Sería un caso muy típico, digno de estudio de Lombroso” (Diario de los Debates, t. II, p. 344).
Otro penalista influido por las corrientes naturalistas, pero enemigo de Lombroso y de quienes atribuían a la delincuencia un origen biológico, fue Jean-Gabriel Tarde (1843-1904); para él el comportamiento criminal se originaba, más bien, en factores psicosociales. Un buen número de sus obras, en francés, se hallaban en la biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de México (Catálogo alfabético, 1904, pp. 313-314) y en castellano existían en el mercado hispano algunos títulos como Las transformaciones del Derecho, La criminalidad comparada, Filosofía penal, El duelo y el delito político y Las leyes de la imitación (Palau, 1990, t. VII, p. 11).
En el terreno del derecho constitucional y de lo que solía conocerse como derecho político, además de los autores clásicos mexicanos que comentaron la Constitución de 1857 —por ejemplo, José María del Castillo Velasco (1856-1904), Eduardo Ruiz (1839-1902) y Mariano Coronado (1852-1927)—, circularon las obras de autores, ya extranjeros, ya mexicanos, que representaban nuevas direcciones del pensamiento jurídico, frecuentemente menos preocupadas por el formalismo legalista y más atentos a la evolución social e histórica. Entre los primeros se cuentan, por ejemplo, Léon Duguit (1859-1828) y Adolfo Posada (1860-1944) (Catálogo alfabético, 1904, p. 276; Catálogo Araluce, 1904, pp. 56, 118, 177, 233 y 261; Vigil, 1908, p. 57); entre los segundos destaca Emilio Rabasa (1856-1930). Este estudioso de la Constitución de 1857 y de los regímenes de Juárez y Díaz fue uno de los autores más traídos y llevados por los constituyentes. Su La constitución y la dictadura (1912) poco se parecía a los libros, más bien de corte exegético, de los autores nacionales anteriores; Rabasa criticó, en un lenguaje elegante y preciso, el diseño constitucional de 1857 y propuso importantes reformas. Pero como los diputados de Querétaro lo veían con suspicacia —su conducta política dejaba mucho que desear—, fue abiertamente criticado, pero, al mismo tiempo, muy usado, las más de las veces sin ser citado.
El derecho angloamericano, que interesó bastante en el Constituyente, era de relativo fácil acceso. Por ejemplo, los Commentaries on the Laws of England (1765-1769) de sir William Blackstone (1723-1780), uno de los más importantes monumentos del derecho inglés, se hallaba en la Biblioteca Nacional y en la de la Escuela Nacional de Jurisprudencia en traducciones francesas (Catálogo alfabético, 1904, p. 146; Vigil, 1908, p. 24); en castellano, en los mismos repositorios, estaba De la democracia en América del Norte de Alexis-Henri-Charles de Clérel, vizconde de Tocqueville (1805-1859) (Catálogo alfabético, 1904, p. 318; Vigil, 1908, pp. 33, 34 y 110); los Commentaries on the Constitution of the United States de Joseph Story (1779-1845) estaban en inglés y en versiones abreviadas en castellano y francés en la biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia (Catálogo alfabético, 1904, pp. 310-311); entre los 14 títulos de Édouard-René Lefèbvre de Laboulaye (1811-1883) con los que contaba la referida Escuela, destaca De la Constitution americaine et de l’utilité de son etude y la traducción de su Historia de los Estados Unidos de Manuel Dublán (1830-1891) (Catálogo alfabético, 1904, pp. 219-220); de Woodrow Wilson (1856-1924), su Congressional Government se hallaba en la Biblioteca Nacional en francés y castellano (Vigil, 1908, p. 111); y James Kent (1763-1847) estaba representado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia gracias a una traducción parcial de sus Commentaries on American Law hecha por J. Carlos Mexía (ca. 1833-¿?) —Comentarios a la Constitución de los Estados Unidos de América—, este traductor también escribió un Manual de la Constitución de los Estados Unidos que se encontraba en el mismo establecimiento (Catálogo alfabético, 1904, pp. 218 y 246). Naturalmente, existían libros que se referían a otros aspectos del common law, pero nos hemos detenido en los constitucionales por ser los más conducentes al tema del Congreso de Querétaro.
La Revolución como panacea
El optimismo ético y la confianza —frecuentemente exagerada e irracional— en la fuerza renovadora de la Revolución y de la Constitución que permeaban el ambiente del Congreso es verdaderamente notorio. Se pensaba que la virtud de la primera se concretaría en el texto de la segunda: “lo que ha sancionado la revolución no comprendo cómo no pueda sancionarlo la Carta Magna”, dijo alguna vez el diputado Gracidas (Diario de los Debates, t. II, p. 862). Y es que los Constituyentes estaban seguros de que representaban verdaderamente la inteligencia y el ímpetu revolucionarios del país; no por ello, sin embargo, algunos reconocieron que era necesario aprovechar el momento para consagrar en la Constitución todas las reformas radicales urgentes, incluso cuando se antojaba que debían esperar, por su complejidad, un momento mejor. Sea de ello lo que fuere, la dupla Revolución-Constitución hacía tabla rasa con un pasado de corrupción, dictadura y violencia y abría las puertas a un futuro mejor. En ese porvenir, la política estaría animada por el patriotismo, la decencia y el ánimo conciliador que era producto del conocimiento y la prudencia. Así, por ejemplo, al hablar acerca de la elección de los ministros de la Suprema Corte, el diputado Manuel Herrera sostuvo que el Poder Legislativo federal reuniría a “los representantes en sentimientos y en inteligencia de la República toda” y que era: “Natural pensar también que el presidente de la República tenga conocimiento de los hombres más doctos, más sabios en la ciencia jurídica, ya sea por el conocimiento que tiene de toda la república y que se explica que debe tener uno que ha sido electo por el voto popular, por el voto de toda la nación; es natural, digo, que tenga conocimiento de las personas que sean aptas para ello y que, teniendo ministros, también éstos le sugieran ideas a este respecto” (Diario de los Debates, t. II, p. 419).
Aquí es claro que se tenía una idea muy optimista acerca del poder del sufragio y de que el pueblo inevitablemente elegiría al mejor candidato y éste, triunfante, tomaría las decisiones más pertinentes. Naturalmente hay que tomar en cuenta el contexto de los Constituyentes que provenían de un México en el que no existían elecciones libres —salvo la de Madero—. Por ello es que el diputado Lizardi pudo decir “yo no creo que los futuros Congresos vayan a ser como los del general Díaz” (Diario de los Debates, t. II, p. 545).
La Revolución también curaría la desunión, incluso entre los propios diputados: Por ejemplo, Dávalos afirmó: “Ayer existían disidencias entre nosotros porque éramos contendientes de credenciales; desde mañana vamos a convertirnos en colaboradores de libertades, desde mañana no habrá disidencias de ningún género; ¡el ideal está enfrente y se llama la Constitución! ¡adelante, hacia el ideal! ¡adelante para salvarle, para hacerle vivir!” (Diario de los Debates, t. I, p. 381).
El resultado de todo lo anterior, pues, debía ser la transformación total del país, sino enseguida, al menos en el corto plazo.
1 Alejandro Mayagoitia y Miguel Ángel Fernández Delgado: La investigación biográfica y la redacción de la vida de los Constituyentes se deben a la pluma del doctor Pablo Serrano Álvarez. El doctor Manuel Alexandro Munive Páez, además de dirigir al equipo, reunió las fichas del doctor Serrano con las elaboradas por los abajo firmantes. Para ambos nuestros parabienes y profundo agradecimiento. También deseamos agradecer por su gentil ayuda en el desarrollo del presente trabajo a Romeo Velásquez Cabrera, Karla Grisel Amezcua Gatica, Juana Olivia Guajardo Tsuchiya, Diana Laura López García, Manuel Mansilla Moya y Juan Pablo Vásquez Calvo. Por los punteros recibidos en temas concretos, al doctor Rubén Minutti Zanatta, al maestro Raúl Pérez Johnston, al maestro Romeo Velásquez Cabrera, al licenciado Humberto Pineda Acevedo, a la doctora Andrea Pitts, al maestro Elí Rodríguez Martínez y al maestro Armando Romo Bonilla.