Source: https://www.slideshare.net/benavifer/comision-contra-la-tortura
Timestamp: 2017-09-20 12:25:31
Document Index: 81821466

Matched Legal Cases: ['artículo 295', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 296', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 19']

Comision contra la tortura
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1. Comité contra la TorturaObservaciones finales sobre el segundo informe del EstadoPlurinacional de Bolivia, adoptadas por el Comité en su 50ºperiodo de sesiones (6 al 31 de mayo de 2013)VERSIÓN NO EDITADA1. El Comité contra la Tortura examinó el segundo informe periódico del EstadoPlurinacional Bolivia (CAT/C/BOL/2) en sus sesiones 1148ª y 1151ª (CAT/C/SR.1148 y1151), celebradas los días 16 y 17 de mayo de 2013, y aprobó en sus sesiones 1165ª y 1166ª(CAT/C/SR.1165 y 1166), celebradas los días 29 y 30 de mayo de 2013, las siguientesobservaciones finales.A. Introducción2. El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe periódico deBolivia, pero lamenta que haya sido presentado con siete años de retraso y sólo se atengaparcialmente a las directrices generales sobre la forma y el contenido de los informesperiódicos (CAT/C/14/Rev.1).3. El Comité valora las respuestas presentadas por escrito (CAT/C/BOL/Q/2/Add.2) ala lista de cuestiones (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1), así como la información complementariaproporcionada durante el examen del informe periódico. También aprecia el diálogomantenido con la delegación, aunque lamenta que algunas de las preguntas formuladas alEstado parte quedaran sin responder.B. Aspectos positivos4. El Comité celebra la formulación por el Estado parte de las declaraciones previstasen los artículos 21 y 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penal Crueles,Inhumanos o Degradantes (en adelante, la Convención) el 14 de febrero de 2006, así comola ratificación del Protocolo facultativo de la Convención el 23 de mayo de 2006.5. El Comité observa con satisfacción que, desde el examen de su informe inicial enmayo de 2001, el Estado parte ha ratificado o se ha adherido a los siguientes instrumentosinternacionales de derechos humanos:a) El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niñorelativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en lapornografía (3 de junio de 2003);b) El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niñorelativo a la participación de niños en conflictos armados (22 de diciembre de 2004);c) El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidascontra la Delincuencia Organizada Transnacional (18 de mayo de 2006);d) La Convención Internacional para la protección de todas las personas contralas desapariciones forzadas (17 de diciembre de 2008);
2. 2e) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y suProtocolo facultativo (16 de noviembre de 2009).6. El Comité acoge con agrado las reformas introducidas en la legislación del Estadoparte, en particular:a) La promulgación el 9 de febrero de 2009 de la Constitución Política delEstado, que establece el marco general de protección de los derechos humanos,fundamentalmente en su Título II (Derechos Fundamentales y Garantías);b) La promulgación de la Ley Nº 358, de 17 de abril de 2013, por la que sedecreta la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;c) La promulgación de la Ley Integral Nº 348, de 27 de febrero de 2013, paragarantizar a las mujeres una vida libre de violencia;d) La promulgación de la Ley Integral Nº 263, de 31 de julio de 2012, contra latrata y el tráfico de personas;e) La promulgación de la Ley Nº 251, de 20 de junio de 2012, de protección delas personas refugiadas, y el reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Supremo1440, de 19 de diciembre de 2012; y, la ley Nº 370, de 8 de mayo de 2013, de migraciones;f) Ley Nº 075, de 29 de diciembre de 2010, de deslinde jurisdiccional;g) Ley Nº 045, de 8 de octubre de 2010, contra el racismo y toda forma dediscriminación;h) Ley Nº 025, de 24 de junio de 2010, del órgano judicial;i) Ley Nº 3760, de 7 de noviembre de 2007, por la que se eleva a rango de Leyla Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;j) La aprobación de la Ley Nº 2640, de 11 de marzo de 2004, de resarcimientoexcepcional a víctimas de la violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales,modificada por la Ley Nº 238, de 30 de abril de 2012; y, la Ley Nº 3955, de 6 de noviembrede 2008, Ley para las víctimas de los sucesos de febrero, septiembre y octubre de 2003.7. El Comité también celebra los esfuerzos realizados por el Estado parte paramodificar sus políticas y procedimientos a fin de velar por una mayor protección de losderechos humanos y aplicar la Convención, en particular la adopción del Plan Nacional deAcción de Derechos Humanos (PNADH) 2009-2013, mediante Decreto Supremo Nº29851, de 10 de diciembre de 2008.C. Principales motivos de preocupación y recomendacionesDefinición y delito de tortura8. Preocupa al Comité que, pese a sus anteriores observaciones finales (A/56/44, párrs.89-98), el Estado parte no haya tipificado todavía el delito de tortura conforme a lodispuesto por la Convención. Si bien toma nota de la existencia de un anteproyecto dereforma del Código Penal que plantea la modificación del artículo 295 (vejaciones ytorturas), el Comité considera que la redacción actual de dicho anteproyecto presentacarencias importantes al no incluir el propósito de la conducta en el tipo básico del delito yconsiderar los motivos para infligir tortura como circunstancias agravantes. Elanteproyecto, tal y como está formulado, no contempla los actos de tortura realizados paraintimidar o coaccionar a un tercero ni aquellos cometidos por una persona, distinta de unfuncionario, en el ejercicio de funciones públicas (arts. 1 y 4).
3. 3El Comité reitera su anterior recomendación (párr. 97, inc. a) según la cual el Estadoparte debe incorporar a su legislación penal una definición de tortura que abarquetodos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención. La legislación penaldebería enunciar claramente el propósito del delito de tortura, estipular lascircunstancias agravantes, incluir la tentativa de tortura, así como los actos realizadospara intimidar o coaccionar a una persona o a un tercero y los cometidos por unfuncionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigaciónsuya, o con su consentimiento o aquiescencia.El Comité señala a la atención del Estado parte su Observación general N.º 2 (2007),sobre la aplicación del artículo 2 por los Estados partes, en la que se destaca el valorpreventivo de la tipificación autónoma del delito de tortura (CAT/C/GC/2, párr. 11).Asimismo, el Estado parte debería velar por que tales delitos se castiguen con penasadecuadas que tengan en cuenta su grave naturaleza, de conformidad con loestablecido en el párrafo 2 del artículo 4 de la Convención.Garantías procesales fundamentales9. El Comité toma nota de la información facilitada por la delegación del Estado partesobre las normas que rigen los derechos de los detenidos durante las etapas iniciales de ladetención. No obstante, lamenta la falta de información sobre las medidas adoptadas y losprocedimientos existentes para velar, en la práctica, por que toda persona privada delibertad tenga garantizados esos derechos. El Estado parte tampoco aclara las razones quehan dificultado el cumplimiento de la anterior recomendación relativa al establecimiento deregistros públicos de todas las personas privadas de libertad en los que se indique laautoridad que dispone la detención, los fundamentos para ello y la condición procesal deldetenido (A/56/44, párr. 97, inc. c). En ese sentido, el Comité observa con preocupaciónque el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal se limita a exigir a los miembros dela policía la consignación en el registro del lugar, día y hora de la detención (art. 2)El Estado parte debe:a) Adoptar medidas eficaces para garantizar que las personas detenidascuenten, en la práctica y desde el inicio de la privación de libertad, con todas lassalvaguardias legales fundamentales, entre ellas el derecho a ser informado de losmotivos de la detención, a tener acceso a un abogado, a ponerse en contacto con susallegados u otras personas de su elección y a ser sometida prontamente a un examenmédico independiente. El Comité anima al Estado parte a sostener los esfuerzos deampliación y mejora de la cobertura del Servicio Nacional de Defensa Pública(SENADEP);b) Verificar sistemáticamente, mediante controles e inspecciones, el respetode la obligación de llevar un registro de las privaciones de libertad conforme a lodispuesto en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personassometidas a cualquier forma de detención o de prisión (res. 43/173, de 9 de diciembrede 1988, adoptada por la Asamblea General).Denuncias de tortura y malos tratos10. De acuerdo con los datos facilitados por el Estado parte, la Policía Boliviana atendió42 casos individuales de vejaciones y torturas (art. 295 del Código Penal) relativos a 28hombres y 14 mujeres entre 2001 y 2012, mientras que la Fiscalía General del Estadoregistró 36 denuncias, 31 hombres y 5 mujeres, entre marzo de 2006 y febrero de 2013. Porsu parte, la Dirección General del Régimen Penitenciario sólo tuvo conocimiento de cuatrocasos individuales de tortura o malos tratos a menores varones en el Centro de
4. 4Rehabilitación de Qaluama, Viacha, durante el periodo en examen. Estos datos contrastancon la información aportada por la Defensoría del Pueblo, que en su informe al Comitéseñala haber atendido entre 2007 y 2012 un total de 3.784 quejas por tortura o malos tratosque dieron lugar a la adopción de 91 resoluciones por esta institución (arts. 2, 12, 13 y 16).El Estado parte debe establecer un mecanismo de queja específico e independiente quepermita recibir las denuncias de tortura y malos tratos para que puedan serexaminadas sin demora y de forma imparcial. Además, debe revisar la eficacia delsistema de denuncia interno a disposición de las personas privadas de libertad.El Comité reitera su anterior recomendación (párr. 97, inc. e) en la que instaba alEstado parte a establecer un registro centralizado y público de denuncias por torturaque incluya información sobre las correspondientes investigaciones, enjuiciamientos ysanciones penales o disciplinarias.Investigaciones y actuaciones judiciales11. Preocupan al Comité las demoras habidas en la instrucción y en el examen de lacausa penal en la mayoría de los casos individuales de malos tratos, tortura, uso excesivo dela fuerza y muertes en custodia señalados a la atención del Estado parte en la lista decuestiones (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1, véanse párrs. 22 y 27). El Comité recoge lapreocupación de la Defensoría del Pueblo por la posible prescripción de algunos de estosdelitos. Asimismo, el Comité lamenta no haber recibido información detallada sobre elresultado de las investigaciones y las actuaciones penales o disciplinarias conexas ni sobrelas condenas y sanciones disciplinarias impuestas a los autores de actos de tortura duranteel periodo en examen. A falta de esta información se ve ante la imposibilidad de evaluar ala luz de las disposiciones del artículo 12 de la Convención las actuaciones del Estado parte(arts. 2, 12 y 16).El Estado parte debe:a) Garantizar que se investiguen de manera pronta e imparcial todas lasdenuncias de tortura y malos tratos;b) Iniciar de oficio una investigación pronta, exhaustiva y eficaz siempreque haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura omalos tratos;c) Velar por que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratossean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación,en particular si existe riesgo de que, en caso contrario, estén en condiciones de repetirel acto denunciado o de obstaculizar la investigación;d) Enjuiciar a los presuntos autores de tortura o malos tratos y, si secomprueba su culpabilidad, garantizar que las sentencias impongan de sancionesacordes con la gravedad de sus actos y se proporcione una reparación adecuada a lasvíctimas. El Estado parte debe facilitar información estadística actualizada alrespecto.El Comité recomienda al Estado parte que vele por que los actos de tortura no quedensujetos a ningún régimen de prescripción.Jurisdicción militar12. El Comité celebra el contenido de la sentencia 2540/2012, de 21 de diciembre de2012, dictada por el Tribunal Plurinacional Constitucional que resuelve el conflicto dejurisdicción planteado en el caso del subteniente Grover Beto Poma Guanto a favor de lajurisdicción ordinaria. El Comité observa, no obstante, que en su decisión el Alto Tribunal
5. 5exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sustituir las normas penales militaresaprobadas por Decreto Ley 13321, de 22 de enero de 1976, para adecuarlas a los estándarescontenidos en la Constitución y los tratados de derecho internacional de los derechoshumanos que obligan al Estado parte a excluir del fuero militar casos de violaciones dederechos humanos (art. 2, párrs. 1 y 3, y arts. 12, 13 y 16).El Comité insta al Estado parte a modificar su Código Penal Militar, Código deProcedimiento Penal Militar y la Ley de Organización Judicial Militar a fin de excluirla competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre casos de violaciones dederechos humanos, incluidos los actos de tortura y malos tratos cometidos pormiembros de las fuerzas armadas.El Estado parte debe garantizar que se investigue exhaustivamente la conducta de losmiembros de las fuerzas armadas sospechosos de cometer actos de malos tratos otortura contra personal militar, se enjuicie a los autores de esos actos en lajurisdicción ordinaria, y de ser declarados culpables, sean castigados con sancionesapropiadas.Lucha contra la impunidad y medidas de reparación en relación con violaciones dederechos humanos del pasado13. El Comité toma nota con interés de la existencia de un anteproyecto para elestablecimiento de una comisión de la verdad que investigue las violaciones de derechoshumanos ocurridas en Bolivia durante el periodo comprendido entre 1964 y 1982. Sinembargo, observa con preocupación las demoras y escasos avances registrados en lainvestigación y el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones de derechoshumanos cometidas durante los gobiernos militares (1964-82). Preocupa también al Comitéque, pese a la creación en 2003 del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento deDesapariciones Forzadas, siga sin esclarecerse el paradero de muchas de las personasdesaparecidas entre 1980 y 1982. Le preocupa en particular la negativa de las FuerzasArmadas a desclasificar archivos que podrían contribuir a esclarecer la suerte y el paraderode esas (arts. 1, 4, 12, 13 y 16)El Estado parte debe:a) Garantizar que se disponga de los recursos suficientes para llevar a caboestas investigaciones con imparcialidad y efectividad y proceder en su caso alenjuiciamiento de los presuntos responsables;b) Avanzar hacia la culminación de los trabajos de exhumación eidentificación de restos de personas desaparecidas;c) Adoptar las medidas necesarias para facilitar el acceso a todos losarchivos, civiles y militares, que puedan contener documentación relevante para lasinvestigaciones en curso y para el esclarecimiento de la suerte y el paradero depersonas desaparecidas.14. El Comité expresa su preocupación por el alto porcentaje de solic itudes deindemnización presentadas por actos de tortura ocurridos entre 1964 y 1982 que han sidodenegadas. Según la información proporcionada por el Estado parte, sólo 558 de las 3.306solicitudes presentadas fueron admitidas a trámite. A este respecto, el Comité observa conpreocupación los informes de organizaciones no gubernamentales que denuncian laexistencia de obstáculos administrativos que impiden en la práctica el acceso de lasvíctimas a una reparación suficiente, efectiva y completa. El Comité advierte además quelos 488 pagos efectuados hasta la fecha corresponden únicamente al 20 por ciento delmonto total de las indemnizaciones previstas, quedando el resto pendiente de pago enfunción de las donaciones que se reciban del “sector privado o extranjero y de organismosinternacionales”, según lo dispuesto en el inciso b) del art. 16 de la Ley Nº 2640 (art. 14).
6. 6El Estado parte debe tomar las medidas necesarias para garantizar la reparación a lasvíctimas de tortura y malos tratos, incluida una indemnización justa y adecuada, yuna rehabilitación tan completa como sea posible. Se señala a la atención del Estadoparte la Observación general Nº 3 (2012) del Comité sobre la aplicación del artículo 14de la Convención por los Estados partes (CAT/C/GC/3), y en particular el contenidode sus párrafos 37 a 43 relativos a los obstáculos al derecho a la reparación, en los quese indica que los estados tienen la obligación de asegurar que el derecho a lareparación sea efectivo y que un Estado parte no puede hacer valer su nivel dedesarrollo para justificar que la víctima de tortura quede sin reparación.Violencia contra la mujer15. Si bien toma nota de los recientes avances en el plano normativo, el Comité expresasu preocupación por los informes recibidos sobre la persistencia de la violencia de géneroen el Estado parte, particularmente la violencia doméstica y sexual, que en muchos casossigue sin denunciarse. El Comité lamenta que, pese a las informaciones sobre numerososactos de violencia de género, incluidos casos de feminicidio, el Estado parte no hayafacilitado los datos estadísticos solicitados sobre el número de denuncias , condenas ysanciones impuestas durante el periodo en examen, ni sobre la incidencia de este fenómenorespecto de las mujeres indígenas y afro-bolivianas, (arts. 1, 2, 4, 12, 13 y 16).El Comité insta al Estado parte a:a) Investigar, enjuiciar y castigar a los autores de tales actos;b) Adoptar medidas eficaces para facilitar la asistencia de las víctimas en laformulación y presentación de denuncias;c) Asegurar la protección efectiva de las víctimas garantizando el acceso a acentros de acogida y servicios de asistencia sanitaria;c) Acelerar la creación de los juzgados de instrucción de violencia degénero en aplicación de la Ley Integral Nº 348;d) Reforzar las actividades de concienciación y educativas sobre la violenciade género tanto a funcionarios que tengan contacto directo con las víctimas como alpúblico en general;e) Proporcionar información detallada sobre los casos de violencia contrala mujer ocurridos durante el periodo en examen, incluyendo datos desagregadossobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sentencias dictadas ymedidas de reparación otorgadas a las víctimas.Abusos y violencia sexual a menores16. El Comité dispone de informes en los que se señala la gravedad del problema de losabusos y la violencia sexual a menores en los centros educativos del Estado parte. Aunquetoma nota de la declaración hecha por la delegación en el sentido de que se trata de casosaislados, al Comité le preocupa la ausencia de estadísticas oficiales que permitan evaluareste fenómeno. El Comité lamenta también la escasa información proporcionada por ladelegación sobre los obstáculos en el acceso a la justicia que enfrentan las víctimas y susfamilias. Al respecto, el Comité seguirá con atención la tramitación de la petición pendientede examen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso de lamenor Patricia Flores (arts. 2 y 16).El Comité urge al Estado parte a tomar medidas para prevenir y dar repuestaapropiada a los casos de abuso sexual infantil en las escuelas, y en particular a:
7. 7a) Instar a todas las autoridades competentes a investigar estos abusos y aenjuiciar en su caso a los presuntos autores;b) Establecer mecanismos de denuncia eficaces y de atención integral a lasvíctimas y sus familiares, a fin de garantizar su protección, el acceso a la justicia y lareparación del daño causado;c) Garantizar el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia sanitariaespecializados en planificación familiar y la prevención y diagnóstico de enfermedadesde transmisión sexual;d) Desarrollar programas de sensibilización y formación continua en lamateria para el personal docente y otros servidores públicos vinculados con laprotección de las víctimas;e) Ampliar los datos disponibles sobre esta cuestión.El Estado parte también debe velar por que los presuntos autores de la muerte de lamenor Patricia Flores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean castigadoscon sanciones apropiadas. Deberá cerciorarse también que los familiares reciban unareparación plena y efectiva.Refugiados, no devolución17. El Comité reconoce los esfuerzos del Estado parte para dotarse de un marco legal einstitucional adecuado que garantice la protección de los refugiados y solicitantes de asilopresentes en su territorio. No obstante, observa que hasta la entrada en vigor en 2012 de laLey Nº 251 el Estado parte incurrió en ocasiones en prácticas contrarias al principio de nodevolución como indicó esté Comité en su lista de cuestiones (CAT/C/BOL/Q/2/Add.1,párr. 11). Por otra parte, el Comité advierte que la disposición transitoria única del DecretoSupremo Nº 1440 establece que las solicitudes de apatridia serán, con carácter transitorio,tramitadas por la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) (arts. 2 y 3).El Comité reitera su anterior recomendación (párr. 97 inc. i) en el sentido de que elEstado parte adopte las medidas adecuadas para asegurar que ninguna personapueda ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado, cuando existan razonesfundadas para creer que correría un riesgo personal y previsible de ser sometida atortura. En particular, el Estado parte debería proporcionar instrucciones claras a losfuncionarios migratorios y demás autoridades encargadas de hacer cumplir la ley,ampliar la oferta formativa obligatoria en materia de asilo y protección de refugiados,y velar por que la CONARE intervenga oportunamente de acuerdo con suscompetencias haciendo cumplir el principio de no devolución.El Estado parte debería también:a) Regular el procedimiento de determinación de la condición de apatridia,así como aquellos aspectos referidos a la situación migratoria, documental y deprotección de tales personas a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisosinternacionales contraídos en virtud de la Convención sobre el Estatuto de losApátridas (1954). Asimismo, el Estado parte debería asegurar, de conformidad con sunormativa interna, conceder la nacionalidad a una persona que no haya nacido en suterritorio y que de otro modo sería apátrida, de acuerdo con los criterios previstos enla Convención para reducir los casos de apatridia (1961). A estos fines, el Estadopodría solicitar, según proceda, el asesoramiento técnico de la Oficina del AltoComisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);b) Adoptar mecanismos efectivos para la identificación y remisión a laCONARE y otras instituciones competentes de solicitantes de asilo, apátridas y otras
8. 8personas que requieren protección internacional. El Estado parte debería prestarparticular atención a posibles situaciones de rechazo indebido en frontera, así como ala identificación de víctimas de la trata y otras personas que requieren proteccióninternacional, especialmente en el contexto de los flujos migratorios mixtos.Condiciones de detención en centros penitenciarios18. El Comité expresa su alarma ante los niveles de hacinamiento en las cárceles delEstado parte. Según la información proporcionada por la delegación, se cifra en un 193% latasa de hacinamiento media en los centros del sistema penitenciario, que cuentan con unapoblación reclusa de 14.272 internos y únicamente 4.864 plazas. Si bien toma nota de laconstrucción de nuevas instalaciones y de la aprobación del Decreto Presidencial Nº 1445de indulto, de 22 de diciembre de 2012, el Comité considera que el impacto de estasmedidas sobre las tasas de ocupación es mínimo dado el importante aumento de lapoblación reclusa en los últimos años y la alta proporción de detenidos en espera de juicio(83,3%). El Comité lamenta no haber recibido la información adicional requerida sobre losavances logrados en la aplicación del PNADH en este campo. Tampoco s e ha recibido lainformación solicitada al Estado parte sobre los frecuentes motines y revueltas violentas enlas cárceles del país motivadas por el impago de la pensión alimenticia, en demanda demejoras en la atención médica, exigiendo medidas contra el hacinamiento y en contra dedecisiones adoptadas por Instituciones Penitenciarias, como la restricción de los horarios devisita o el traslado de menores procedentes de centros de rehabilitación. Por otra parte, elComité expresa su preocupación por los informes que describen el control que ejercenbandas organizadas de reclusos en ciertos establecimientos penitenciarios, casos de abusosy extorsión y episodios de violencia entre reclusos. Preocupa también que no se respete laestricta separación entre procesados y condenados, así como la existencia de recintospenitenciarios mixtos en los que se han registrado casos de violencia sexual contra reclusas,como ha reconocido la delegación del Estado parte (arts. 2, 11 y 16).El Comité urge al Estado parte a adoptar las medidas necesarias a fin de que lascondiciones de detención se ajusten a las Reglas mínimas para el tratamiento de losreclusos (res. 663C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de1977, aprobadas por el Consejo Económico y Social, ECOSOC), y en particular a:a) Redoblar los esfuerzos para aliviar el hacinamiento en el sistemapenitenciario mediante la incorporación de penas alternativas a la privación delibertad, conforme a lo dispuesto en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobrelas medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio, res. 45/110, de 14 de diciembrede 1990, adoptadas de la Asamblea General) y en las Reglas de las Naciones Unidaspara el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para lasmujeres delincuentes (Reglas de Bangkok, res. 65/229, de 21 de diciembre de 2010,aprobadas por la Asamblea General);b) Reforzar de forma urgente los recursos destinados para la alimentacióny atención médica y sanitaria de los reclusos;c) Continuar las obras de mejora y ampliación de las instalacionespenitenciarias con vistas a remodelar aquellos establecimientos que no cumplan conlos estándares internacionales;d) Instaurar la plena autoridad del Estado en todos los recintospenitenciarios;e) Adoptar medidas para prevenir la violencia entre presos, incluida laviolencia sexual, e investigar todos los incidentes de este tipo a fin de enjuiciar a lospresuntos autores y proteger a las víctimas;
9. 9f) Velar por que los reclusos pertenecientes a categorías diversas seanalojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de esoscentros, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el tratoque corresponda aplicarles.Muertes en custodia19. De acuerdo con la información facilitada por el Estado parte, 85 internos fallecieronen dependencias policiales entre enero de 2006 y mayo de 2010. El Comité expresa suinquietud por el elevado número de muertes en custodia y por no haber recibidoinformación relativa a las causas que determinaron el fallecimiento de estas personas nisobre los resultados de las investigaciones efectuadas. También lamenta no disponer dedatos sobre las tasas de mortalidad en centros de detención, incluidos los centrospenitenciarios, correspondientes al periodo 2010-2012 (arts. 2, 11 y 16).El Comité insta al Estado parte a que investigue sin demora, exhaustivamente y demanera imparcial todas las muertes de personas en detención, practicando en su casolas autopsias correspondientes. Asimismo, el Estado parte debe evaluar cualquierposible responsabilidad de los agentes del orden y los funcionarios de institucionespenitenciarias y, cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables yproporcionar una reparación adecuada a los familiares de las víctimas.El Estado parte debe presentar datos detallados sobre las causas registradas demuertes de personas detenidas, desglosadas por lugar de detención, sexo, edad, origenétnico y causa del deceso.Vigilancia e inspección de centros de detención20. Si bien observa que, conforme a la legislación vigente, la Defensoría del Pueblotiene libre acceso a los establecimientos penitenciarios y demás lugares de internamiento, elComité no dispone de información sobre la adecuación de las medidas adoptadas por elEstado parte en respuesta a las recomendaciones presentadas por esta institución en elmarco de esas visitas, ni sobre los esfuerzos desplegados por el Estado parte para garantizarla supervisión efectiva e independiente de los centros de detención por otros organismos(arts. 11 y 12).El Estado parte debe:a) Adoptar las medidas necesarias para apoyar la labor de la Defensoríadel Pueblo en los centros de detención, garantizando que sus recomendaciones seapliquen plenamente;b) Fortalecer la capacidad de las organizaciones no gubernamentales querealizan actividades de vigilancia y adoptar todas las medidas necesarias parapermitirles que lleven a cabo visitas periódicas a los lugares de detención.Protocolo facultativo y mecanismo nacional de prevención21. El Comité lamenta que el Estado parte no haya creado todavía un mecanismonacional de prevención de la tortura, de conformidad con lo dispuesto en el ProtocoloFacultativo de la Convención. A este respecto, toma nota de la información proporcionadapor la delegación sobre la existencia de un nuevo anteproyecto de ley elaborado por elMinisterio de Justicia por el que se designa como mecanismo nacional de prevención a laDefensoría del Pueblo. El Comité observa, no obstante, que el texto de dicho anteproyectono contempla el mandato y las facultades del mecanismo, establece que su reglamentacióncorresponderá a la Defensoría y respecto de su autonomía financiera se limita a señalar que“el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispondrá de los recursos necesarios (…),en el marco de la disponibilidad de recursos” (art. 2).
10. 10El Comité insta al Estado parte a concluir el proceso de establecimiento o designacióndel mecanismo nacional de prevención de conformidad con lo dispuesto en elProtocolo Facultativo de la Convención y teniendo en cuenta el contenido de lasDirectrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención (CAT/OP/12/5, véansepárrs. 7, 8 y 16). El Estado debe garantizar que el mecanismo nacional de prevencióncuenta con los recursos suficientes para desempeñar su labor con plena independenciay eficacia.El Comité alienta al Estado parte a autorizar la publicación del informe sobre la visitarealizada por el Subcomité para la Prevención de la Tortura a Bolivia en 2008, juntocon la respuesta de las autoridades bolivianas, de fecha 27 de octubre de 2011, a lasrecomendaciones formuladas por el Subcomité.Formación22. Si bien toma nota de la inclusión de un módulo específico dedicado a la Convenciónen los programas de capacitación de las fuerzas armadas, el Comité señala su preocupaciónante el hecho de que los programas impartidos a los agentes de policía no incluyanformación específica sobre las disposiciones de la Convención. La formación dirigida ajueces, fiscales y personal médico que se ocupa de los detenidos tampoco ofrece contenidosespecíficos orientados a mejorar la detección y documentación de las secuelas físicas ypsicológicas de la tortura (art. 10)El Estado parte debe:a) Revisar los programas de formación para velar por que los agentes delorden y los funcionarios de prisiones sean plenamente conscientes de las disposicionesde la Convención, que no se toleren y se investiguen las infracciones, y se enjuicie a losresponsables;b) Incluir en los programas de formación para jueces, fiscales, médicosforenses y personal médico que se ocupa de detenidos capacitación específica enrelación con el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura yotros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul);c) Desarrollar y aplicar una metodología para evaluar la eficacia de losprogramas de formación y capacitación en la reducción de los casos de tortura ymalos tratos.Abortos clandestinos23. El Comité toma nota del reconocimiento explícito que se hace de los derechossexuales y reproductivos en el art. 66 de la Constitución, así como del contenido del art.20.7 de la Ley Nº 348 relativo a la obligación del Estado parte de “respetar las decisionesque las mujeres en situación de violencia tomen en ejercicio de sus derechos sexuales y susderechos reproductivos, en el marco de la normativa vigente”. No obstante, el Comitéobserva con preocupación que el Código Penal en su art. 266 (aborto impune) impone laobligación de obtener una autorización judicial a las mujeres víctimas de una violación quedeciden interrumpir su embarazo. Un requisito que, según las informaciones recibidas poreste Comité sobre objeción de conciencia en la judicatura, supone en muchos casos unobstáculo insalvable para las mujeres en esta situación que se ven forzadas a recurrir aabortos clandestinos, con los consiguientes riesgos para su salud (arts. 2 y 16)El Estado parte debe garantizar que las mujeres víctimas de una violación quedecidan interrumpir voluntariamente su embarazo tengan acceso a servicios de abortoseguros y eliminar cualquier impedimento innecesario a los mismos. El Comité seremite al contenido de las recomendaciones dirigidas al Estado parte por el Comité
11. 11para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW/C/BOL/CO/4,párrs. 42-43). El Comité insta al Estado parte a evaluar los efectos de la legislaciónvigente, muy restrictiva en materia de aborto, sobre la salud de las mujeres.Trabajo forzoso y servidumbre24. El Comité lamenta la escasa información recibida sobre la aplicación del Planinterministerial transitorio de apoyo al pueblo Guaraní y la superación de las situaciones detrabajo forzoso y servidumbre que enfrentan (art. 2 y 16)El Comité insta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para erradicar el trabajoforzoso y la servidumbre y continuar los esfuerzos para la aplicación de los acuerdosalcanzados entre las autoridades gubernamentales y representantes guaraníes en estesentido.Otras cuestiones25. El Comité invita al Estado parte a que deposite en poder del Secretario General delas Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Facultativo delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte.26. Se invita al Estado parte a que dé amplia difusión al informe presentado al Comité ya las presentes observaciones finales, en todos los idiomas apropiados, a través de los sitiosweb oficiales, medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales.27. El Comité solicita al Estado parte que, a más tardar el 31 de mayo de 2014, le remitainformación sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones de: a) asegurar ofortalecer las salvaguardias legales fundamentales para los detenidos; b) llevar a caboinvestigaciones prontas, imparciales y eficaces; y c) enjuiciar a los sospechosos y castigar alos culpables de tortura y malos tratos, que figuran en los párrafos 9 b), 11 d), y 13 c) delpresente documento. Además, el Co mité solicita información sobre las medidas que seadopten para prevenir y dar respuesta apropiada a los casos de abuso sexual infantil encentros educativos, que figuran en el párrafo 16 a) del presente documento.28. El Comité invita al Estado parte a que presente su próximo informe periódico, queserá el tercero, a más tardar el 31 de mayo de 2017. Con ese fin, invita al Estado parte a queacepte someterse, antes del 31 de mayo de 2014, al procedimiento facultativo depresentación de informes, en virtud del cual el Comité transmite al Estado parte una lista decuestiones que deben abordarse antes de la presentación del informe. Las respuestas delEstado parte a la lista de cuestiones constituirán, en virtud del artículo 19 de la Convención,su próximo informe periódico.En http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/67/261&Lang=Shttp://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/annual.aspx