Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25124
Timestamp: 2019-07-16 06:39:46
Document Index: 345462050

Matched Legal Cases: ['Artículo 1535', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 163', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 540']

AUTO 168/2016, de 4 de octubre
ECLI:ES:TC:2016:168A
a) La entidad bancaria inicialmente ejecutante en el procedimiento a quo —Banco Santander, S.A.— suscribió con don M.D. y doña M.G., como prestatarios, sendas pólizas de préstamo intervenidas por notario: la primera el 2 de noviembre de 2009, por importe de 30.750 € y vencimiento el 2 de noviembre de 2014; la segunda el 22 de septiembre de 2011, por importe de 32.153,63 € y vencimiento el 22 de septiembre de 2019.
c) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona, que procedió a la incoación del procedimiento correspondiente (autos de ejecución de títulos no judiciales núm. 301-2014). El Juzgado oyó a las partes sobre el posible carácter abusivo de la cláusula referente a los intereses de demora, trámite en el que la parte ejecutada interesó que se declarase su nulidad, por abusiva. Con posterioridad, se solicitó el 28 de septiembre de 2015 por un tercero, Aiquon Capital (Lux), S.A.R.L. (sociedad luxemburguesa), la sucesión en la posición procesal de la ejecutante, conforme a la compraventa o cesión de créditos operada extrajudicialmente: el crédito que ostentaba la entidad bancaria inicialmente ejecutante —Banco Santander, S.A.— fue adquirido por la sociedad cesionaria por el precio de 3.125,72 € mediante póliza de compraventa de dos carteras de crédito sin garantía real, de fecha 16 de junio de 2015.
d) Tras requerir a cedente y cesionaria para que concretasen el precio pagado por la compraventa de créditos pendientes en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales núm. 301-2014 y una vez cumplimentado dicho requerimiento, el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona, por providencia de 16 de diciembre de 2015 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó oír a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por el término común de diez días sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de los arts. 17 y 540 LEC, con relación al art. 1.535 CC, por su eventual colisión con los arts. 14 y 51.1 y 3 CE. Se razona en la providencia que, siendo consumidora la parte ejecutada y habiéndose producido la cesión del crédito que ostentaba la entidad bancaria ejecutante a un tercero que insta la sucesión en la posición procesal de la ejecutante, se suscita la duda de si los arts. 17 y 540 LEC, en relación con el art. 1535 CC, vulneran el art. 14 CE “por posible trato desigual de los consumidores en las diferentes Comunidades Autónomas, en concreto, en Navarra y Cataluña”, así como el art. 51.1 y 3 CE “por posible práctica empresarial contraria a los intereses de los consumidores, por no poder recomprar el crédito vendido”.
c) Considera asimismo el Juzgado que se cumple sobradamente el juicio de aplicabilidad y relevancia exigible para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, “porque la aplicación de los preceptos mencionados va correlacionada con los posibles perjuicios al consumidor evitando que pueda beneficiarse del negocio jurídico o subrogarse en la posición del cesionario pagando el precio que este pagó, intereses, gastos y costas que hubiera generado. La decisión a adoptar en este proceso, sin solución de continuidad, conforme a los preceptos procesales, en concreto al aplicar el art. 540 LEC, sería la de tener por conforme en la sucesión procesal al cesionario sin posibilidad, en su caso, de dar opción a extinguir la deuda al consumidor en detrimento de sus intereses”.
d) En cuanto al momento procesal de planteamiento de la cuestión, señala el Juzgado que “es posible plantear cuestión de inconstitucionalidad aunque el asunto no termine por sentencia, ya que se trata de un pronunciamiento decisivo o imperativo de una resolución judicial, ya se trate de materia de fondo o de materia procesal … al ser este el momento clave en el que se ha de aplicar la norma legal cuya validez se cuestiona” (cita las SSTC 76/1982, FJ 1; 93/1988, FJ 3; 55/1990, FJ 1, y 181/2000, FJ 3, y ATC 250/1982, FJ 1). “Y ello evidentemente, al tratarse de una cuestión o ley procesal que incide en el fondo y en perjuicio del consumidor” (sic).
Ha de tenerse en cuenta que, conforme a reiterada doctrina constitucional, el término “fallo” que utiliza el art. 163 CE equivale a cualquier decisión, sea cual que sea la forma que adopte, que ponga fin a un proceso o un incidente que haya de ser resuelto de forma definitiva (por todas, SSTC 76/1982, de 14 de diciembre, FJ 1; 181/2000, de 29 de junio, FJ 3; 81/2003, de 30 de abril, FJ 2, y ATC 47/1994, de 8 de febrero, FJ 1). Así viene a confirmarlo, por lo demás, la vigente redacción del art. 35.2 LOTC, resultante de la reforma introducida por la Ley Orgánica 6/2007: “el órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución judicial que procediese”. En tal sentido, este Tribunal ha venido interpretando con flexibilidad este requisito temporal del art. 35.2 LOTC, cuando las normas cuestionadas son de carácter procesal (e incluso, más excepcionalmente, de naturaleza sustantiva), cuando la continuación del proceso hasta la sentencia no pudiera aportar ningún elemento adicional de juicio sobre la aplicabilidad de la norma cuestionada ni sobre su efecto determinante en el fallo, ni sobre su legitimidad constitucional, o cuando la propia norma tuviere una incidencia anticipada e irreversible en el propio proceso en curso (por todas, SSTC 8/1982, de 4 de marzo, FJ 1; 25/1984, de 23 de febrero, FJ 2; 19/1988, de 16 de febrero, FJ 1; 186/1990, de 15 de noviembre, FJ 2; y 110/1993, de 25 de marzo, FJ 2; y AATC 121/1990, de 13 de marzo, FJ 2; 47/1994, de 8 de febrero, FJ 1; 24/2000, de 18 de enero, FJ 1; 103/2004, de 13 de abril, FJ 2, y 76/2015, de 30 de abril, FJ 3).
Al respecto es preciso recordar que el art. 163 CE y los apartados 1 y 2 del art. 35 LOTC exigen que la norma con rango de ley, de la que tenga dudas sobre su constitucionalidad el órgano judicial, resulte “aplicable al caso” y que de su validez “dependa el fallo”; debe pues ese órgano judicial “especificar o justificar” en el Auto de planteamiento “en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión”. En atención a ello, es exigible que el precepto legal cuestionado supere los llamados juicios de aplicabilidad y relevancia, que se erigen en requisitos esenciales para impedir que la cuestión de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad; así sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita. Por tanto, no basta con que el órgano judicial considere que la norma es aplicable al caso, sino que también ha de satisfacer el juicio de relevancia; si bien la aplicabilidad de la norma es condición necesaria para el planteamiento de la cuestión, no es, en modo alguno, condición suficiente, pues es preciso justificar además que de su validez depende la decisión del proceso (entre otras muchas, SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 4; 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2; 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 2; 79/2015, de 30 de abril, FJ 3, y ATC 12/2016, de 19 de enero, FJ 2).
4. En primer lugar ha de tenerse en cuenta que, como ya quedó indicado, el Juzgado promotor de la presente cuestión de inconstitucionalidad ha planteado de forma simultánea, respecto de los mismos preceptos legales, cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo ha hecho por entender que la regulación resultante de tales preceptos, en su conjunto, permite la práctica empresarial de venta o cesión de créditos por un precio exiguo y sin ofrecer al deudor (consumidor) la posibilidad de extinguir la deuda mediante el pago al cesionario del precio, más intereses y costas; lo que pudiera ser incompatible con las normas del Derecho de la Unión Europa que cita el órgano judicial, relativas a la protección de los consumidores y usuarios.
Dicho de otro modo, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español, el órgano judicial que duda de la constitucionalidad de una ley no podrá plantear cuestión sobre la misma ante el Tribunal Constitucional si al propio tiempo considera que esa ley es claramente incompatible con el Derecho de la Unión Europea, pues viene entonces obligado por este Derecho a inaplicarla. Si lo que sucede es que alberga dudas sobre la compatibilidad de esa ley con el Derecho de la Unión, lo que habrá de hacer es plantear primero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de suerte que solo cuando este haya descartado la incompatibilidad de la norma nacional con el Derecho comunitario cabrá plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Así lo advertimos en la STC 35/2016, de 3 de marzo, FJ 6, al afirmar que “obviamente, la desestimación de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no impide el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional en relación con el mismo precepto legal, pues una y otra jurisdicción tienen ámbitos diferentes (por todas, STC 28/1991, de 14 de febrero, FFJJ 4 a 6), ni condiciona el pronunciamiento de este Tribunal en esa cuestión de inconstitucionalidad”.
En efecto, la resolución que ha de dictar el Juzgado promotor de la cuestión es el Auto acordando, en su caso, la sucesión procesal del cesionario en la posición del acreedor cedente, continuando la ejecución a favor de aquel, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 17 y 540 LEC, sin que se advierta que el fallo de esta resolución dependa de la validez de dichos preceptos legales (art. 163 CE y art. 35.1 y 2 LOTC). Como indica la Fiscal General del Estado en su escrito de alegaciones, el Juzgado no cuestiona la regulación de la sucesión procesal contenida en los arts. 17 y 540 LEC, ni tampoco el retracto de créditos litigiosos del art. 1.535 CC. Lo cuestionado es el déficit de protección —en opinión del Juzgado— de los deudores que tienen la condición de consumidores; al no contemplarse en nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto un derecho de retracto, similar al establecido en el art. 1.535 CC, para los supuestos como el planteado en el proceso a quo; el crédito cedido no tiene la condición de litigioso, lo que permite que tenga lugar una práctica empresarial especulativa como la descrita en el Auto de planteamiento de la cuestión, que el Juzgado considera contraria a la protección que el ordenamiento debe brindar a los consumidores.
En suma, el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona no duda de la validez de los preceptos cuestionados en su Auto. Lo que pretende del Tribunal Constitucional mediante el planteamiento de la cuestión es una determinada interpretación integradora del ordenamiento, que el Juzgado estima más apropiada para la defensa de los consumidores en supuestos como el sometido a su enjuiciamiento en el proceso a quo. Esta pretensión asoma de manera explícita en el Auto de planteamiento de la cuestión cuando afirma que “lo que se trata de evidenciar ahora es que el Tribunal Constitucional podría hacer una lectura de los preceptos procesales (art. 17 y 540 LEC) y del material (art. 1.535 del Código Civil), acorde con el interés general, los intereses económicos de los consumidores, no dejando al albur de una u otra Comunidad Autónoma la decisión de conceder el retracto a los consumidores”.
Hemos de coincidir con la Fiscal General del Estado, por tanto, en que de compartirse el planteamiento del órgano judicial se estaría desvirtuando la naturaleza propia de la cuestión de inconstitucionalidad. Esta “no es una acción concedida para impugnar de modo directo y con carácter abstracto la validez de la ley, sino un instrumento puesto a disposición de los órganos judiciales para conciliar la doble obligación en que se encuentran de actuar sometidos a la Ley y a la Constitución” (SSTC 17/1981, de 1 de junio, FJ 1; 64/2003, de 27 de marzo, FJ 5, y 224/2006, de 6 de julio, FJ 5, por todas). Ello conduce a inadmitir también por esta razón la cuestión planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona.
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 2209-2016
Fecha de resolución 04/10/2016
Se plantea la inconstitucionalidad de dos preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil que regulan la cesión de créditos litigiosos, en relación con otro precepto del código civil relativo al mismo asunto, por posible vulneración del derecho a un trato igualitario hacia los consumidores y por llevarse a cabo una práctica empresarial contraria a sus intereses.
Se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad por incumplimiento de los juicios de aplicabilidad y relevancia. El Auto declara que el hecho de que se hayan planteado simultáneamente cuestión de inconstitucionalidad y cuestión prejudicial por posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea infringe el juicio de aplicabilidad. Se asevera que tiene prioridad la resolución de la cuestión prejudicial, por ello la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad tan solo procede si se ha declarado su compatibilidad con el Derecho de la Unión, extremo que aún no ha sido resuelto. Se afirma, por otro lado, que tampoco concurre el juicio de relevancia, ya que no se justifica en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma cuestionada, sino que se pretende obtener una interpretación integradora del ordenamiento apropiada para los intereses de los consumidores.
Artículo 1535, ff. 1, 2, 5
Artículo 51.1, f.1
Artículo 51.3, f. 1
Artículo 163, ff. 2 a 5
Artículo 35.1, ff. 3 a 5
Artículo 35.2 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 2, 3, 5
Artículo 540, ff. 1, 2, 5
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2014 (asunto Aziz Melki y Selim Abdeli)
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de junio de 2015 (asunto Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH c. Hauptzollamt Osnabrück)
Juicio de aplicabilidad inconsistenteJuicio de aplicabilidad inconsistente, ff. 3, 4