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Timestamp: 2019-06-20 03:42:07
Document Index: 163963726

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 115', 'artículo 61']

Sentencia de Tutela nº 822/02 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43619052
Sentencia T-822/02
DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS-Imposición de sanción
JUEZ CONSTITUCIONAL-No puede negar la tutela por la sola existencia del otro medio de defensa judicial
Debe la Corte reiterar que el juez constitucional no puede denegar por improcedente la tutela por considerar en abstracto que también procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin tener en cuenta los hechos del caso y el efecto que tendría la falta de protección efectiva sobre el ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta violatorio de los artículos 2º y 86 de la Constitución, y del artículo 8º del Decreto 2591/91 denegar una acción de tutela por improcedente, debido a la sola existencia formal de otro medio de defensa judicial, sin la debida consideración de la situación fáctica concreta. Por lo tanto, en el presente caso la acción de tutela resulta procedente, pues la de nulidad y restablecimiento del derecho no permite proteger de manera eficaz y oportuna los derechos presuntamente vulnerados, y existen circunstancias que desvirtuarían la posibilidad meramente hipotética de solicitar la suspensión provisional.
PROCESO DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO JUDICIAL-Conocimiento de la primera instancia por el superior jerárquico
RECUSACION EN PROCESO DISCIPLINARIO-Sometimiento a reparto cuando existe pluralidad de superiores jerárquicos
No se puede válidamente concluir que la decisión de la segunda instancia, y del incidente de recusación no deban someterse a reparto cuando se trate de investigaciones disciplinarias desarrolladas por un funcionario judicial que tenga varios superiores. A pesar de que aparentemente esta situación no fue tenida en cuenta por el legislador, todos los jueces que ostentan la calidad de superior jerárquico o funcional de un juez promiscuo tienen competencia disciplinaria, independientemente de su especialidad funcional. Existiendo una pluralidad de superiores jerárquicos, todos ellos con competencia para conocer el incidente de recusación dentro de los procesos disciplinarios adelantados por los jueces promiscuos municipales, su trámite ha debido someterse a reparto.
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Vulneración por no someter el incidente de recusación a reparto
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Vulneración por desconocimiento del principio de la doble instancia
PROCESO DISCIPLINARIO-No se debe rechazar de plano la apelación so pretexto de no estar determinado el funcionario competente para conocer de la segunda instancia
No existe norma específicamente aplicable a los empleados de la rama judicial, que determine cuál es el funcionario competente para conocer la segunda instancia del proceso disciplinario interno. Sin embargo, ello no es excusa para rechazar de plano la apelación, en lugar de enviarlo a quien consideraba que era el funcionario competente, de acuerdo con una interpretación razonable de la ley. Esta ambigüedad legal no puede traer como consecuencia la pretermisión de la segunda instancia, so pretexto de una falta de competencia funcional del juez a quien se remite el expediente para que resuelva la apelación de un fallo. Máxime cuando no alegó dicha falta de competencia en la función disciplinaria, y decidió de fondo el incidente de recusación dentro del mismo proceso disciplinario, pues tal actuación atenta también contra la prohibición de irse contra los propios actos, y por lo tanto, vulnera el principio constitucional de buena fe, y la confianza legítima en las actuaciones del Estado. Según lo dispuesto en la Ley 200 de 1995, hoy derogada pero vigente para la época en que sucedieron los hechos, el competente para resolver la recusación era el superior jerárquico o funcional del funcionario encargado de llevar la investigación disciplinaria, según el caso.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por ejecución del fallo sin haberse resuelto la apelación
La Juez Promiscua Municipal ha debido abstenerse de ejecutar su providencia, y en su lugar, ha debido remitir el expediente al Juzgado Penal de Circuito, para que le diera el trámite correspondiente, o enviarlo a quien ella consideraba competente, pero en ningún caso podía válidamente ejecutar el fallo de primera instancia cuando no se había resuelto la apelación. Por lo tanto, el derecho al debido proceso también se ve violado por la actuación de la Juez Promiscua Municipal de Chía de proceder a ejecutar su fallo, en lugar de devolver el expediente o remitirlo a otro juez para que se le diera el trámite correspondiente.
Referencia: expediente T-574248
Demandante: Alba C.R.F.
Demandados: Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá y Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G. -presidente-, M.G.M.C. y E.M.L., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
en el proceso de revisión de los fallos adoptados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en primera instancia, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en segunda, dentro de la acción de tutela instaurada por A.C.R.F., contra el Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá y contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Chía.
Tales derechos los estimó vulnerados y amenazados porque el Juez Penal del Circuito de Zipaquirá, al declararse incompetente, rechazó la apelación Decisión adoptada mediante Auto No. 36, de diciembre 3 de 2001. interpuesta contra el fallo dentro de un procedimiento disciplinario por medio de la cual se lo suspendía de su cargo, en lugar de darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, solicita que se decrete la nulidad del Auto mediante el cual se rechazó la apelación.
2.1 La demandante desempeñaba el cargo de escribiente en provisionalidad y en propiedad el de citadora en el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Chía.
2.2 Este juzgado inició proceso disciplinario en su contra, con fundamento en un informe secretarial suscrito por el secretario del Juzgado.
2.3 Durante la etapa de indagación preliminar, el apoderado de la disciplinada recusó a la juez de conocimiento del proceso, quien no aceptó la recusación y en lugar de someter el incidente a reparto, envió el incidente directamente al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, suspendiendo el proceso hasta tanto éste se pronunciara sobre la recusación.
2.4 Mediante providencia de octubre 30 de 2000, el Juez Penal de Circuito de Zipaquirá resolvió desfavorablemente la recusación, y el proceso continuó su curso ante la Juez Tercera Municipal de Chía.
2.5 El 5 de octubre de 2001, la juez Tercera Promiscua Municipal de Chía profirió decisión de fondo en la cual consideró que la disciplinada había cometido falta grave, y dispuso la suspensión de sus funciones sin remuneración por 90 días (fl. 647ss).
2.6 Notificado del fallo (fl. 662), el apoderado de la disciplinada interpuso recurso de apelación (fls. 664ss).
2.7 La juez concedió el recurso de apelación y decidió enviarlo directamente al Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, sin someterlo a reparto (fl. 685).
2.8 El Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá rechazó por improcedente el recurso de apelación mediante Auto No. 36 de diciembre 3 de 2001, aduciendo falta de competencia para conocer en segunda instancia los procedimientos fallados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chía (fls. 693ss).
2.9 A pesar de conocer el contenido del Auto interlocutorio No. 36 mediante el cual se rechazó el recurso de apelación, mediante proveído del 5 de diciembre de 2001, la juez Tercera Promiscua Municipal declaró que la decisión sancionatoria estaba en firme, y dispuso su cumplimiento a partir del 6 de diciembre del mismo año (fl. 704).
1) Un juez promiscuo municipal, que dirige un procedimiento disciplinario interno contra un empleado de su despacho, es recusado y pasa directamente el incidente ante un juez penal de circuito específico, en lugar de someterlo al procedimiento de reparto.
2) Habiendo decidido la recusación, el juez penal del circuito rechaza por improcedente la apelación contra el fallo de primera instancia dentro del mismo procedimiento disciplinario, pues considera que carece de competencia, y en el mismo auto envía el expediente de vuelta al juzgado de origen, sin remitirlo al juez que consideraba competente para que conociera de la apelación.
3) Devuelta la actuación, el funcionario judicial que falló la primera instancia declara ejecutoriada la decisión sancionatoria sin que se surta la apelación, y procede a hacer efectiva la sanción impuesta.
2.2 Solución de los problemas planteados
2.2.1 Procedencia de la acción de tutela
En primer lugar, le corresponde a esta Corporación establecer si procede la tutela contra providencias como consecuencia de las cuales queda ejecutoriada una sanción que suspende en el cargo a un servidor público, a pesar de que exista otra acción para decretar su nulidad y el restablecimiento del derecho, en la cual, además, puede solicitarse su suspensión provisional.
La Corte ha dicho de manera sistemática que, conforme a los artículos 2º y 86 de la Constitución y al numeral 1º del artículo 6º Decreto 2591 de 1991, el análisis de la existencia de otros medios de defensa que desplacen a la acción de tutela debe evaluarse en concreto. En este sentido, la jurisprudencia reitera sistemáticamente, lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que dispone: "Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante." Ver también las Sentencias T-03/92 (M.P.J.G.H.G. C. No. 3, C-018/93 (M.P.A.M.C.F.J. No. 10. Si se tiene en cuenta que el objeto de dicha acción es otorgarle una protección efectiva a los derechos fundamentales, resulta indispensable concluir que el juez de tutela debe evaluar en concreto la idoneidad del otro medio de defensa para restablecer los derechos fundamentales, de acuerdo con la forma como presuntamente han sido vulnerados.
El objeto del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela.
El resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos fundamentales. La sentencia T-569/92 (M.P.J.S.G., refiriéndose a la procedencia de la tutela frente a otras acciones, estableció: "De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"
porque para el momento en que el juez contencioso adopte una decisión, el ejercicio pleno del derecho fundamental vulnerado no puede restablecerse, y esta situación sólo puede ser resarcida económicamente.
En particular en los procedimientos disciplinarios, la prolongación en el tiempo de las sanciones estatales suele tener repercusiones graves en relación con el derecho a acceder y a ejercer cargos públicos. En esa medida, no puede desconocerse que la protección efectiva del derecho a acceder y a ejercer de cargos públicos supone su reconocimiento como derecho subjetivo. El reconocimiento de un derecho fundamental como derecho subjetivo supone que, si se dan las condiciones necesarias, su titular puede exigir el acceso efectivo a un cargo específico en un momento determinado, como elemento esencial de su contenido. Esta posición ha sido sostenida por la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias. En la T-03/92 (M.P.J.G.H.G., la Corte protegió este derecho a una persona que había sido elegida como contralora departamental, pero el gobernador se había negado a darle posesión por falta de una ley que estableciera cuándo debían iniciar funciones los contralores departamentales. La Corte sostuvo que como la Constitución establecía períodos iguales y concurrentes entre contralores departamentales y gobernadores, y disponía que estos últimos empezaban funciones el 2 de enero de 1992, debía entenderse que en esa misma fecha iniciaban labores también los primeros, y resultaba innecesaria la expedición de una ley para hacer efectivo el derecho. En la medida en que la Constitución regulaba la materia, y se daban todas las condiciones individuales necesarias para el ejercicio del derecho de acceder a ese cargo público específico, la Corte ordenó al gobernador dar posesión a la demandante. Por otra parte, el reconocimiento del interés subjetivo como requisito sine qua non para otorgarle eficacia al derecho fundamental de ejercer cargos públicos constituye la ratio iuris sobre la cual la Corte ha sustentado la procedencia de la acción de tutela cuando se vulnera el orden de la lista de elegibles en los concursos de la rama ejecutiva y de la rama judicial, pese a que contra el acto de nombramiento procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrastar este aspecto en la evolución de la línea jurisprudencial que va de la Sentencia T-422/92 (M.P.E.C.M.F.J. No. 4; pasando por la Sentencia SU-458/93 (M.P.J.A.M.) F.Js. 1 y 2; hasta las Sentencias T-256/95 (M.P.A.B.C.) Consideración No. 2.2; y las SU-133 y SU-136 de 1998, (M.P.J.G.H.G..
Así ocurre en este caso, al menos por dos razones evidentes. En primer lugar, porque la presunta vulneración de los derechos fundamentales se deriva de diversas actuaciones dentro del proceso, cuya ilegalidad no es manifiesta. En efecto, carácter no manifiesto de la ilegalidad se debe a que no existen normas legales expresas que regulen específicamente algunos de los trámites en los procedimientos disciplinarios internos contra empleados judiciales. En particular, no existe regulación específica en lo relacionado con el sometimiento a reparto de ciertas actuaciones en este tipo de procesos, ni en relación con la competencia para fallar la segunda instancia. En segundo lugar, porque la suspensión provisional tampoco sería apta para proteger los derechos fundamentales. La presunta vulneración también se relaciona con la omisión de tramitar el recurso de queja contra la providencia por la cual se rechazó el recurso de apelación, y dicha omisión no es un acto administrativo. Al respecto, la Sentencia T-441/92 (M.P.A.M.C.) estableció: "La suspensión provisional, suspende los efectos de un acto negativo pero no tiene la virtud de hacer producir un acto positivo, ni mucho menos puede indemnizar o reparar un perjuicio ocasionado."
En virtud de lo anterior debe la Corte reiterar que el juez constitucional no puede denegar por improcedente la tutela por considerar en abstracto que también procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sin tener en cuenta los hechos del caso y el efecto que tendría la falta de protección efectiva sobre el ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta violatorio de los artículos 2º y 86 de la Constitución, y del artículo 8º del Decreto 2591/91 denegar una acción de tutela por improcedente, debido a la sola existencia formal de otro medio de defensa judicial, sin la debida consideración de la situación fáctica concreta.
2.2.2 El debido proceso disciplinario contra empleados judiciales y el sometimiento a reparto cuando el disciplinador tiene varios superiores, todos ellos competentes para conocer el trámite del proceso
Una de las garantías del debido proceso, que resulta aplicable al procedimiento disciplinario conforme al artículo 5º de la Ley 200 de 1995, consiste en que la investigación debe efectuarse "ante funcionario competente previamente establecido".
Tratándose de procedimientos disciplinarios contra un empleado judicial, el conocimiento de la primera instancia le corresponde al superior jerárquico, conforme al artículo 115 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que dispone: "Corresponde a las Corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos". A su vez, el inciso 3º del artículo 61 de la Ley 200 de 1995, dice: "A los empleados de la misma Rama los investigará y sancionará el respectivo superior jerárquico". En este caso, la superior jerárquico sería la Juez Promiscuo Municipal de Chía, titular del despacho donde labora la disciplinada.
Ahora bien, el primer problema que se presenta en este caso consiste en determinar si se vulnera el debido proceso de la disciplinada en virtud de las decisiones de la Juez Promiscua Municipal de Chía de enviar el incidente de recusación y el trámite de la apelación directamente al Juez Unico Penal del Circuito de Zipaquirá, en lugar de someterlos al procedimiento de reparto.
Al respecto, la juez demandada alega que envió el incidente de recusación y la apelación al Juez Penal del Circuito de Zipaquirá (también demandado), debido a las similitudes que existen entre el procedimiento disciplinario y el proceso penal. Por otra parte sostiene que ni la disciplinada, ni su apoderado interpusieron recurso alguno contra tales decisiones. Finalmente agrega que enviarlos directamente a este Juez, en lugar de someterlos a reparto no vician su decisión, como quiera que -según afirma-, el Juez Penal de Circuito de Zipaquirá de todos modos es competente para conocer tanto la recusación, como el trámite de la segunda instancia del proceso disciplinario.
El sometimiento de procesos a reparto constituye una garantía aplicable a determinados procedimientos, que tiene como objetivo preservar la imparcialidad en las decisiones estatales. Las disposiciones generales que regían en ese momento los procedimientos disciplinarios no contemplaban expresamente un sistema de reparto. La Ley 200/95 no establece expresamente un sistema de reparto para asignar entre los funcionarios competentes el conocimiento de los impedimentos y recusaciones, ni la apelación de los fallos de primera instancia en procedimientos disciplinarios internos contra empleados de la rama judicial que sean nombrados por sus mismos superiores jerárquicos, ni lo establece expresamente para el caso en que estos funcionarios tengan a su vez diversos superiores.
... A los empleados de la misma Rama los investigará y sancionará el respectivo superior jerárquico, ...
"El funcionario impedido o recusado pasará el proceso a su superior jerárquico o funcional, según el caso ...".
En esa medida, la Corte encuentra que la Juez Promiscua Municipal de Chía también vulneró el derecho al debido proceso de la disciplinada al enviar el incidente de recusación y el trámite de la apelación de su decisión directamente al Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá, en lugar de tramitarla a través del sistema de reparto.
2.2.3 El debido proceso disciplinario y el trámite cuando el funcionario a quien se envía la segunda instancia se declara incompetente
En segunda medida, debe esta Corporación establecer si la decisión del Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá de rechazar la apelación del fallo disciplinario, y disponer la devolución del expediente al juzgado de primera instancia constituye una vulneración del debido proceso de la demandante.
Dentro del trámite del procedimiento disciplinario, en las faltas consideradas graves y gravísimas, la doble instancia constituye también una garantía del debido proceso. Al declararse incompetente, el Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá debió haber remitido el expediente al funcionario que él consideraba competente, en lugar de rechazar el recurso.
No comprende la Corte por qué razón, en lugar de tramitar el proceso conforme a la reglas aplicables, consagradas en la Ley 200 de 1995, el Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá decidió rechazar de plano el recurso de apelación y además ordenar su envío al juzgado de origen. Con tal decisión, el Juez Penal del Circuito de Zipaquirá desconoció por completo el principio de doble instancia, pues omitió su deber oficioso de remitir la apelación al funcionario competente.
"ARTICULO 61. COMPETENCIA FUNCIONAL. Corresponde al jefe inmediato del investigado, cuando la falta sea leve, fallar el proceso en única instancia.
Con todo, al resolver sobre la apelación, el Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá se declaró incompetente porque consideró que, a pesar de ser superior jerárquico del Juez Promiscuo Municipal de Chía en una de las especialidades funcionales en materia jurisdiccional, no era su superior jerárquico en materia disciplinaria, pues ésta función es de carácter administrativo. La pregunta pertinente sería entonces, ¿si el incidente de recusación no constituye un trámite de carácter administrativo, porqué la apelación sí tiene tal naturaleza, si los dos se surten dentro del mismo proceso disciplinario?
2.2.4 La ejecución del fallo de primera instancia cuando no se ha tramitado su apelación y está pendiente el recurso de queja: prevalencia del derecho sustancial
Adicionalmente, la Juez Promiscua Municipal de Chía ejecutó la decisión de primera instancia a pesar de que resultaba evidente que el trámite de la apelación era incorrecto.
Por lo tanto, el derecho al debido proceso también se ve violado por la actuación de la Juez Promiscua Municipal de Chía de proceder a ejecutar su fallo, en lugar de devolver el expediente o remitirlo a otro juez para que se le diera el trámite correspondiente.
Primero: REVOCAR la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante el cual se negó el amparo de tutela invocado y TUTELAR el derecho a ejercer cargos públicos y el derecho al debido proceso de la demandante.
Segundo: ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Chía que reintegre a la demandante a su cargo, si para la fecha no lo ha hecho, y que proceda a decretar la nulidad del proceso disciplinario seguido contra la demandante, hasta la providencia mediante la cual ordena dar trámite a la recusación interpuesta por el apoderado de la disciplinada Alba C.R.F., dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presenta providencia. Así mismo, deberá tramitar dicha recusación sometiendo el proceso a reparto ante los funcionarios competentes, dentro del mismo término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia. También corresponde a esta Corporación advertirle a la Juez que en el trámite de la investigación disciplinaria le de estricta aplicación a las reglas y principios propios de este procedimiento.
Tercero: REMITIR COPIAS de la presente providencia a la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, al Tribunal Superior de Distrito -Sala Penal-, al Juzgado Penal de Circuito de Zipaquirá, y al Juzgado Promiscuo Municipal de Chía.