Source: http://domingorondina.com.ar/ay-dhondt-know/
Timestamp: 2018-06-20 01:21:31
Document Index: 89033466

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 32', 'artículo 9', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 18', 'Artículo 18', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 160']

AY D’HONDT KNOW – Domingo Rondina
Publicado en 18 julio, 2011 29 junio, 2017 por l4000200
EL PROBLEMA DEL 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} EN LAS ELECCIONES DE SANTA FE
La asignación de bancas en la Provincia de Santa Fe sólo tiene importancia respecto a los 22 diputados que quedan para las minorías, ya que la mayoría se lleva 28 por mecanismo de ‘lista semicompleta’.
Pero los 22 restantes se reparten por el más justo: el sistema D’Hont. El fulano Víctor D’Hont era un belga que sabía de matemáticas y derecho (combinación extraña) y estableció un interesante esquema para el reparto de los órganos colegiados.
La ley de facto 9280, dictada en 1982 en vistas a la primera elección de la recuperada democracia, estableció en su artículo 5 que para entrar en el reparto de los cargos colegiados -como son los 22 diputados- una lista debe obtener como mínimo una cantidad de votos igual al 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de electores inscriptos en el padrón.
Pero la tendencia argentina es, desde 1994, bajar los umbrales y aumentar la posibilidad de representación de las minorías. Es lo que se llama ‘pluralismo’.
Así, si el padrón tiene 1.000.000 de electores y votan 700.000, el partido que quiera entrar al reparto debe obtener por lo menos 30.000 votos.
Y si vota poca gente, o si los votos se distribuyen mucho entre varios partidos, puede llegar a ocurrir que ninguno, o sólo uno, alcance el famoso 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} del padrón.
* el tercer párrafo del artículo 9 habla de que los puestos de Diputados Provinciales y de Concejales se asignarán a quienes hayan obtenido una suma de votos superior al 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de ‘votos válidamente emitidos’ en las PASO.
*el artículo 18 de la 12367 dice que el reparto de los escaños obtenidos en las generales se hará de acuerdo al artículo 32 de la Constitución Provincial repartiendo por sistema D’Hondt los 22 de las minorías.
Pero este artículo no renueva el piso previsto en la 9280, ni siquiera la menciona. Directamente habla del sistema D’Hondt puro, sin piso alguno.
Pero, como veremos luego, en el debate de sanción la idea fue que el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los válidos sea el criterio en ambas elecciones.
El 19/08/2004 la Cámara de Diputados analiza el proyecto. Al tratar el artículo 9 se produce un cruce entre los diputados Raúl Lamberto y Gabriel Real, terciando Brignoni fuera de micrófono. El artículo proyectado establecía el 5{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los votos válidos emitidos y no el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}.
Ya existía un antecedente llamado ‘Mauri’ de un concejal, dos años antes.
Y a eso habrá que ceñirse porque bien sabemos que la Constitución es lo que la Corte dice que es…
Nota bene 1: Transcribimos al pie la ley 9280, la ley 12367 y la breve discusión sobre el artículo 9. También el fallo ‘Martino’ de la CSJPSF.
Nota bene 2: El Manual Electoral 2011 que difundiera la Provincia de Santa Fe decía que el cálculo es sobre los “votos válidos emitidos”. En fecha 27/07/2011 el Gobierno salió a despegarse del defectuoso Manual elaborado por el CIPPEC, aquí.
ARTÍCULO 5º.- Adhesiones. Plazos. Hasta treinta (30) días posteriores a la fecha fijada como la del vencimiento para la presentación de las listas de candidatos, las listas o candidaturas aprobadas, para poder participar en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, deberán obtener -conforme la modalidad estipulada en la presente-, la adhesión de afiliados partidarios, según la siguiente proporción: A.- Adhesión a candidaturas para cargos provinciales: Gobernador, Vicegobernador y Diputados Provinciales: cuatro por mil (4{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o) del padrón de afiliados, debiendo incluir -en dicho porcentaje y en igual proporción- la adhesión de afiliados de por lo menos catorce (14) departamentos; B.- Adhesión a candidaturas a Senador Provincial: cuatro por mil (4{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o) del padrón de afiliados al departamento; C.- Adhesión a candidaturas para cargos Municipales o Comunales: cuatro por mil (4{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o) en municipios de primera categoría; ocho por mil (8{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o) en municipios de segunda categoría; dieciséis por mil (16{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o) en comunas de cinco (5) miembros; y veinticinco por mil (25{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}o), en comunas de tres (3) miembros, en todos los casos computados del total del padrón de afiliados de la localidad correspondiente.
ARTÍCULO 7º.- Boletas Únicas de sufragio, oficialización. Producida la oficialización de las listas, los apoderados someterán a aprobación del Tribunal Electoral con una antelación no menor a 30 (treinta) días de la fecha de realización de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, el símbolo o figura partidaria y la denominación que los identificará durante el proceso electivo primario y las fotografías que se colocarán en la BoletaÚnica.
La proclamación de candidatos a Diputados provinciales y Concejales municipales, se realizará aplicando el sistema proporcional D’ Hont entre las listas de cada partido, confederación de partidos y alianzas electorales que participaron en la elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria, que hubieren obtenido como mínimo el tres por ciento (3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) de los votos afirmativos válidos emitidos, en la categoría electoral respectiva.
a) En las comunas de tres (3) miembros serán proclamados los candidatos de cada partido, confederación de partidos o alianza electoral, cuya lista hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios, e incorporará como segundo suplente de cada órgano, al primer candidato titular que hubiese sido postulado por la segunda lista propia más votada, siempre que esta última hubiere obtenido, cuanto menos, el cinco por ciento (5{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) de los votos válidos emitidos del partido político, confederación o alianza electoral por la que participó.
b) En las comunas de cinco (5) miembros serán proclamados los candidatos de cada partido, confederación de partidos o alianza electoral, cuya lista hubiera obtenido mayor cantidad de sufragios, e incorporará como cuarto titular y cuarto suplente de cada órgano al primer y segundo candidato que hubiesen sido postulados por la segunda lista propia más votada, siempre que esta última hubiere obtenido, cuanto menos, el cinco por ciento (5{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) de los votos válidos emitidos del partido político, confederación o alianza electoral por la que participó.
ARTÍCULO 18°.- Cuerpos Colegiados. Elección. Asignación de Cargos. Para la distribución de los cargos a Diputados Provinciales se estará a lo dispuesto al respecto por la Constitución Provincial (Art. 32), adjudicándose las bancas así obtenidas por cada partido político, aplicándose el sistema proporcional D’Hont. El mismo sistema proporcional se aplicará para la distribución de los cargos que corresponda integrar a cada Concejo Municipal.-
A la minoría se adjudicará el último miembro titular y el último suplente de dichos Órganos, siempre y cuando hubiere obtenido, como mínimo, el veinte por ciento (20{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) de los votos válidos emitidos.
“Artículo 18.- Inciso d): Participación y fiscalización de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de sus autoridades y de los candidatos a cargos públicos electivos. Ello sin perjuicio de la participación del electorado no afiliado en la elección de estos últimos, conforme el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias”.
ARTÍCULO 25°.- Derógase la Ley Nº 10.524 y sus modificatorias, que adoptó el sistema electoral de “doble voto simultáneo” o “ley de lemas”, y las demás disposiciones que se opongan a la presente.
PRESIDENTE (Barrera).– En consideración el artículo 9°
LACAVA.– Pido la palabra.
PRESIDENTE (Barrera).– Por Secretaría se dará lectura.
Artículo 9°.– Candidatos. Proclamación. La elección de los candidatos a gobernador y vicegobernador se hará por fórmula y serán proclamadas las candidaturas de las fórmulas de cada partido, confederación de partidos y alianzas electorales que hayan obtenido la mayoría simple de votos afirmativos válidos emitidos.
Igual mayoría se requerirá para la proclamación de candidatos a senadores provinciales e intendentes municipales. La proclamación de candidatos a diputados provinciales y concejales municipales se realizará aplicando el sistema proporcional D’Hont entre las listas de cada partido, confederación de partidos y alianzas electorales que participaron en la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, que hubieren obtenido como mínimo el cinco por ciento (5{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}) de los votos afirmativos válidos emitidos.
LAMBERTO.– Pido la palabra.
Nosotros quisiéramos que se mantuviera en este artículo el piso que está fijado en la ley nacional para la distribución de votos por el Sistema D’Hont, que es del 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}.
Creemos que no se puede pedir en la general el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} y en las internas el 5{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}.
REAL.– El Justicialismo, durante muchísimos años, a partir de 1983, criticó esta norma que establece el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} por ser una norma del proceso.
Creo que subir esa norma va en contra de lo que precisamente queremos, que es la participación de las minorías.
Les pido que recapaciten. Me parece que el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} está bien.
LAMBERTO.– Señor presidente: me aporta correctamente el diputado Brignoni que el porcentaje es en la categoría respectiva, porque es un piso en cada categoría.
Habría que agregar: “el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los votos afirmativos válidos emitidos en la categoría respectiva”.
PRESIDENTE (Barrera).–Si ningún otro diputado hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 9° leído por Secretaría, con la modificación introducida por el señor diputado Lamberto.
Por auto nro. 586 de fecha 30 de agosto de 2007, el Tribunal Electoral de la Provinciadesestimó la acción mere declarativa de certeza planteada por Edgardo Luis Martino con el objeto de establecer “la inteligencia que corresponde atribuir al art. 18 de la ley 12.367 frente a una eventual interpretación integrativa por vía de aplicación extensiva de la exigencia mínima de obtención del 3 {4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los votos válidos afirmativos emitidos establecida en el art. 9 de la ley 12.367, tercer párrafo, para la proclamación de candidatos en la elección primaria, abierta, obligatoria y simultánea, o por la vía de la aplicación subsidiaria del art. 160 del Código Electoral Nacional, no prevista expresamente para la elección general en la ley electoral provincial”.
Contra tal pronunciamiento dedujo el mismo ocurrente recurso de inconstitucionalidad (artículo 1, inciso 3, ley 7.055), agraviándose en su presentación de que lo resuelto no reuniría las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción, toda vez que el Tribunal Electoral invoca con marcado dogmatismo la vigencia de una norma “sostenida en otro marco jurídico”, sin analizar el mantenimiento de las circunstancias existentes bajo otro sistema electoral, con la mera remisión a “afirmaciones genéricas contenidas en un fallo nacional inaplicable”.
Expresó que para afirmar la vigencia de la ley 9280 se apeló a lo resuelto en el caso “Mauri”, a pesar de que allí se trataba de “la adjudicación de bancas de concejales municipales”, supuesto fáctico y jurídico “absolutamente diferente al de autos”, configurándose así una omisión de considerar las normas actualmente vigentes “que no puede suplirse con la mera referencia a un precedente que no guarda estricta similitud”, de lo cual surge “la inaplicabilidad absoluta de la resolución invocada”, pues el actual sistema electoral ha sustituido por completo la derogada ley 10.524, no conteniendo ninguna norma similar al artículo 23 de esta última, que disponía expresamente la aplicación de la ley 9280 y la subsidiaria del Código Electoral Nacional hoy se encuentra vigente un sistema electoral. Agregó que la Constitución de la provincia no dispone ningún “umbral” con relación a los diputados provinciales, a diferencia de lo establecido en la ley orgánica de municipalidades para los concejales.
Sostuvo que el fallo no hace mérito alguno de la “voluntad expresa del legislador”, que sí tuvo en cuenta la regulación del piso mínimo al dictar la ley 12.367, como se advierte en el artículo 18 respecto de la elección de miembros de comisiones comunales y de contralor de cuentas; en consecuencia, al aplicarse el anterior criterio jurisprudencial se incurrió en la sustitución de la voluntad legislativa invocada por el propio Tribunal como improcedente, conduciendo a un resultado absurdo.
Afirmó que las restricciones reglamentarias deben ser interpretadas con criterio estricto, pues aplicar una no prevista en la legislación vulnera el principio de legalidad, y observó que el Tribunal invoca pautas que “no sólo no resultan de aplicación en esta específica materia, sino que carecen de una adecuada vinculación con los hechos de la causa”, cuestionando en particular que se cite un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se vincula a una norma de la Ley de Tarjetas de Crédito y a otra norma de la Ley de Protección de Datos Personales (…), es decir, a un ámbito jurídico absolutamente extraño al derecho electoral”, y que sienta un criterio general cuya inaplicabilidad resulta de los principios rectores vigentes en esta materia, vinculados con “el fiel reflejo de la verdad jurídico electoral objetiva”, derivado del sistema de democracia representativa.
605 (en copia a fs. 22/29), atento considerar que en el caso, y más allá de las genéricas alegaciones de defectos de fundamentación y de violaciones a derechos constitucionales, lo cierto es que los pretendidos agravios que esgrimidos por el recurrente no traducían sino la mera discrepancia de su parte con el criterio hermenéutico adoptado por el Tribunal en el ejercicio de atribuciones propias derivadas de la competencia que le confiere la Carta Magnaprovincial en orden a interpretar y aplicar las reglas electorales, extremo que conforme pacífica jurisprudencia no suscita cuestión idónea para el franqueo de la instancia extraordinaria. °2. Habiéndose corrido traslado del recurso al señor Procurador Fiscal Electoral y al Frente para la Victoria, el Tribunal Electoral denegó la concesión del mismo por auto n
En ese orden destacó que los planteos de Martino no alcanzaban a poner en cuestión la validez del discurso justificatorio expuesto en la decisión del 30 de agosto, al no hacerse cargo ni siquiera en grado liminar de los motivos centrales que se invocaran en dicha oportunidad, vinculados con la plena vigencia del artículo 5 de la ley 9.280 cuando dispone que “no participarán en la distribución de los cargos en las distintas calidades de elecciones las listas que no logren un mínimo del tres (3) por ciento del padrón electoral del distrito, sea éste provincial, municipal o comunal”, vigencia que no podía (ni puede) descartarse con sustento en una pretendida derogación por parte de la ley 12.367.
El Tribunal a quo recordó lo que -con distinta integración (y en criterio avalado por la Corte Suprema de Justicia provincial)- se resolviera en la causa “Mauri” acerca de la operatividad del “piso electoral” establecido también para elección de diputados provinciales y no sólo para concejales por el citado artículo 5 de la ley 9.280, precepto no derogado por la antes vigente Ley de Lemas, agregándose que no cabía presumir que la ley 12.367 haya importado la derogación implícita del mencionado límite legal, a tenor del principio interpretativo conforme al cual, en la medida que no exista una manifiesta incompatibilidad entre órdenes normativos sucesivos (extremo que tampoco ahora el recurrente logra demostrar) no cabe presumir tales derogaciones, tesis que encuentra asidero “en un principio hermenéutico largamente consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -como es elemental- no sólo no se limita en su funcionamiento a la materia del caso citado (lo cual reafirma la sinrazón del impugnante cuando se agravia de la invocación de “precedentes inaplicables”), sino que tampoco puede resultar ajeno a la materia aquí comprometida, en tanto remite en última instancia a un principio republicano que es de la esencia de la democracia: el del respeto que deben tener los jueces hacia las decisiones adoptadas dentro de los límites constitucionales por el legislador, cuya hipotética voluntad no puede -precisamente- ser invocada de manera retórica para sustentar soluciones normativas que no han sido claramente dispuestas por el Poder naturalmente habilitado a la sanción de las leyes”.
En el examen que corresponde efectuar a este Cuerpo cabe concluir en que -a pesar de sus dichos- el quejoso no ha cumplido con la carga impuesta por el artículo 8 de la citada ley 7.055 en cuanto a la necesidad de rebatir cada uno de los motivos invocados por el a quo en la decisión denegatoria, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, deficiencia que basta para sellar la suerte adversa del remedio intentado, con arreglo a reiterada jurisprudencia de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. R. A. y S. T. 35, pág. 421; T. 36, pág. 203; T. 39, pág. 122; T. 42, pág. 365; T. 58, pág. 304; T. 87, pág. 400; T. 92, pág. 157; T. 124, págs. 114/121, entre otros; en el ámbito del recurso extraordinario federal, C.S.J.N., Fallos, 287:237; 293:166; 298:84; 302:183 y 1520, etc.).
En tal sentido, y sin perjuicio de recordar una vez más lo expuesto por el a quo en el auto denegatorio, este Cuerpo no puede dejar de hacer hincapié en la ausencia de réplica del compareciente a los argumentos dados por el Tribunal Electoral cuando desestimó la acción meramente declarativa planteada atento considerar que la cuestión estaba lejos de encontrarse sometida al alegado estado de “incertidumbre” que el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial requiere para el progreso de la acción meramente declarativa, en la medida que la existencia de un “piso electoral” para participar en la distribución de los cargos (en lo que interesa, diputados provinciales) se encuentra explícitamente reglada por el artículo 5 de la ley 9.280, “cuya consideración proporciona adecuada respuesta a los planteos formulados en esta Sede, tal como lo destaca el señor Procurador Fiscal en su dictamen”.
Se observó entonces que dicha norma “conserva plena vigencia en el ordenamiento santafesino, conforme pacífica interpretación de este Tribunal Electoral (si bien con distinta integración), explicitada en la Acordada nro. 8 del 29 de julio de 1991 y, últimamente, al resolver la causa “Mauri” (expte. 0010502 M 01, auto nro. 1243 del 24 de octubre de 2001), con criterio avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia mediante pronunciamiento de A. y S., t. 175, pág. 335 (del 3 de diciembre de 2001)”, destacándose que “si bien por imperio del artículo 25 de la ley 12.367 deben tenerse por derogadas las disposiciones que se opongan a la presente, lo cierto es que para tener por derogada una disposición por oposición a otra ley posterior resulta necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea manifiestamente incompatible con el de la anterior (Fallos, 214:189; 221:102; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567, entre otros)”, afirmándose entonces que tal extremo “no se verifica en el supuesto bajo análisis, por lo que en última instancia el planteo del ocurrente no traduce sino la pretensión de obtener de este Tribunal una declaración de que la ley 9.280 ha sido implícitamente derogada por la ley 12.367, lo que no se compadece con las reglas vigentes en la materia pues, como también ha sido dicho con acierto, “la derogación de las leyes no puede presumirse” (Fallos, 183:470), y “las derogaciones implícitas no son favorecidas” (C.S.J.N., “Organización Veraz S.A.”, del 6 de marzo de 2007) e importaría en caso de ser favorablemente acogida que este Tribunal se arrogase el papel del legislador substituyéndose en el ejercicio de funciones privativas del mismo y rectificando soluciones legales sobre cuya conveniencia o inconveniencia no cabe pronunciarse”.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.
Además de expresamente esa norma referirse a los porcentajes a aplicar en las internas abiertas (3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} sobre votos válidamente emitidos) extiende su influencia sobre la asignación de bancas en las generales.
Tanto así que en el debate legislativo expresamente se quiso dar por tierra con la norma contenida en la 9280 (3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} sobre el padrón de electores) por considerarla los legisladores una norma injusta proveniente del Proceso y tendiente a la destrucción de las minorías ideológicas (Diputados, DS, 19/08/04).
El ‘prematuro’ AUTO 785 del 27/07/2011
El expediente N° 0018317-M-ll, del registro del Tribunal Electoral de la Provincia, caratulado “FACUNDO FERNÁNDEZ -APOD. MOV. PROYECTO SUR S/ADVIERTE QUE SE CORRIJA PÁGINA WEB EN EL APARTADO {4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}CÁMARAS’ LA ERRÓNEA ASIGN. DE ESCAÑOS”; y,
El señor apoderado del MOVIMIENTO PROYECTO SUR, señor FACUNDO FERNÁNDEZ se presenta ante este Tribunal Electoral a los fines de advertir que debe corregirse la página web que informa los resultados electorales de la provincia, en el apartado “Cámaras”, en el que se indica “una errónea asignación de escaños donde se priva a nuestro partido de un diputado legítimamente ganado en las urnas”.
Tilda a dicha información de falsa y de “pésima información”; argumentando que si la misma se basara en el artículo 5 de la ley 9280, se debería tener presente que el mismo fue derogado por el tercer párrafo del artículo 9 de la ley 12.367.
Entiende que la base de cálculo fijada por la normativa para las internas abiertas -3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} sobre votos válidamente emitidos- xxextiende su influencia sobre la asignación de bancas en las generales”. Agrega que en el debate legislativo se quiso dar por tierra con la norma contenida en la ley 9280, por considerarla los legisladores una norma injusta, proveniente del Proceso, y tendiente a la destrucción de las minorías ideológicas.
1. Ante todo es preciso señalar que este Tribunal Electoral carece de control directo e inmediato respecto de la información que el Poder Ejecutivo publica en el sitio web de la Provincia. Así afirmarlo -se aclara- no implica poner en tela de duda la exactitud de los datos publicados, sino simplemente indicar que no sería competente este Tribunal Electoral para modificar por sí los datos publicados en el mencionado sitio web, toda vez que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, estará a cargo de las tareas relacionadas con la recolección, sumatoria, procesamiento, transmisión y difusión de los datos surgidos del escrutinio provisional de mesa; para elecciones provinciales, municipales y comunales”
Aclarado ello, se advierte que el planteo ahora en examen resulta prematuro, por haberse interpuesto antes de la finalización de las operaciones de recuento y procesamiento de datos. Surge que ello, en cierto modo, fue aceptado por la agrupación política ocurrente, ya que en su presentación afirma que comparece a los fines de “advertir” de una eventual irregularidad, y de wdejar expresa reserva… de accionar … si en el acto de proclamación se priva a Movimiento Proyecto Sur de la banca legítimamente obtenida…”.
Esta misma norma, en el artículo 9, segundo párrafo, establece el sistema D’Hont para la proclamación de candidatos a diputados provinciales y concejales municipales, entre las listas de cada partido, confederación de partidos y alianzas electorales que participaran en la elección primaria que, como mínimo, hubieran obtenido el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los votos afirmativos válidos emitidos en la categoría electoral respectiva.
De este modo, queda claro que en este sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, para obtener la calidad de candidato se exige el 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} de los votos emitidos válidamente.
En cambio, otra es la solución legal que corresponde aplicar a la distribución de cargos en la elección general. Rige en este aspecto la ley 9280, que, en su artículo 5 establece que “no participará en la distribución de cargos en las distintas calidades de elecciones, las listas que no logren un mínimo del 3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f} del padrón electoral del distrito, sea éste provincial, municipal o comunal”.
Si bien es cierto que el artículo 25 de la ley 12.367 establece que se derogan “las disposiciones que se opongan al presente”, no debe perderse de vista que dicha norma regula el mecanismo de elecciones internas, por lo que mal podría la derogación mencionada “abarcar a la distribución de cargos, aspecto que -se reitera- sigue regido por la ley 9280 y, subsidiariamente, por el Código Electoral Nacional. A mayor abundamiento, puede agregarse que el artículo 160 del código nacional citado establece una reglamentación similar a la adoptada por la ley local 9280 (“no participarán en la asignación de cargos las listas que no logren un mínimo del tres por ciento -3{4b015c602daae1740eeeff036be6b8dec19de1a1c9b21eab65a387a88969d10f}- del padrón electoral del distrito”).
Tal como lo ha entendido este Tribunal Electoral -en distinta integración-, para tener por derogada una disposición por oposición a otra ley posterior resulta necesario que el orden de cosas establecido por ésta sea manifiestamente incompatible con el de la anterior (Fallos 214:189; 221:102; 258:267; 260:62; 295:237; 318:567; entre otros), extremo que no se verifica en el presente caso. Tal como ha dicho con acierto el Alto Tribunal nacional, wla derogación de las leyes no puede presumirse” (Fallos 183:470), y “las derogaciones implícitas no son favorecidas” (Fallos 330:304). En tales condiciones, el eventual acogimiento del planteo de autos conllevaría a que este Tribunal se arrogue el papel de legislador, sustituyéndose en el ejercicio de funciones privativas de otro poder del Estado, rectificando soluciones legales sobre cuya conveniencia no puede pronunciarse (criterio del precedente “Martino”, Auto N° 586 del 30 de agosto de 2007).
Desestimar el planteo efectuado.
FDO.: DR. RAFAEL FRANCISCO GUTIÉRREZ-PRESIDENTE DR. RUBÉN DARÍO JUKIC- VOCAL DR., JUAN CARLOS GEMIGNANI- VOCAL DRA. CLAUDIA S. CATALIN – SECRETARIA ELECTORAL
Categorías2011, Julio (2011)
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