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Timestamp: 2020-01-23 12:08:26
Document Index: 246017221

Matched Legal Cases: ['artículo 930', 'artículo 3', 'artículo 529', 'artículo 15', 'artículo 22', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 913', 'artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 20']

Ley de 26 de julio 1922, de Suspensión de pagos
Publicado en GACETA de 14 de Septiembre de 1922
Vigencia desde 04 de Octubre de 1922. Revisión vigente desde 10 de Noviembre de 1995
Artículo Adicional 1
Artículo redactado por Ley 30/1995, 8 noviembre («B.O.E.» 9 noviembre), de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
L 30 Dic. 1931 (aprobación y ratificación con fuerza de ley de diversos Decretos)
Párrafo redactado por R.D. 17 diciembre 1925 («Gaceta», 18 diciembre) y ratificado por Ley 30 diciembre 1931 («Gaceta», 8 enero 1932).
Ley 26 julio 1922, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal («B.O.E.» 10 julio), el 1 de septiembre de 2004.
Los expedientes de suspensión de pagos de los comerciantes y de las Sociedades mercantiles que no estén comprendidas en el artículo 930 del Código de Comercio se tramitarán con arreglo a lo establecido en esta Ley.
1.º El balance detallado de su activo y pasivo, o por lo menos un estado de situación que refleje, con la posible exactitud, la relación en que se hallan, en la fecha en que se produce dicha petición, los bienes del solicitante y el conjunto de sus obligaciones. En este caso, el Juez señalará un plazo, que no pueda exceder de treinta días para la presentación del balance definitivo, que habrá de formarse bajo la inspección de los interventores.
Si hubiera bienes inmuebles, se acompañarán los títulos de dominio o una descripción detallada de los mismos.
2.º Relación nominal, y sin excepción alguna, de todos sus acreedores, en la que habrán de consignarse sus domicilios y la cuantía, procedencia, fecha de sus respectivos créditos y de sus vencimientos.
3.º Una Memoria expresiva de las causas que hayan motivado la suspensión y de los medios con que cuente para solventar sus débitos.
4.º Una proposición para el pago de sus débitos.
5.º Cuando la entidad que formulare la solicitud de suspensión de pagos fuese una Sociedad anónima, acompañará a su petición certificación del acuerdo del Consejo de Administración autorizando la presentación de dicha solicitud y la justificación de haber convocado Junta de accionistas para someter a su ratificación el mencionado acuerdo. Si dentro de los plazos señalados en los Estatutos de la Compañía de que se trate no se celebrare la Junta general, o ésta no ratificare la decisión del Consejo, se dará por terminado el expediente de suspensión de pagos, quedando los acreedores en plena libertad para el ejercicio de sus acciones.
En el acuerdo de la Junta general de accionistas, ratificando la decisión del Consejo de Administración, se indicarán las personas u organismos que habrán de ostentar la plena representación de la Sociedad en el expediente, con facultad para modificar la proposición de convenio formulada e intervenir en todas las incidencias o cuestiones que se susciten.
6.º Indicación de las sucursales, agencias o representaciones directas que tuviese el solicitante, con expresión de la localidad en que funcionen.
Con la petición y documentos a que se hace referencia en el artículo anterior, serán también presentados al Juzgado por el solicitante los libros de contabilidad, tanto los que deba llevar con sujeción al Código de Comercio o de Leyes especiales como los que voluntariamente haya creído conveniente autenticar por exigirlo el sistema de contabilidad que hubiese adoptado. En la diligencia misma de presentación se hará constar que el secretario, con el concurso de los interventores ha puesto, firmado y sellado nota de la solicitud de suspensión a continuación del último asiento en todos ellos. En las notas aludidas mencionará el secretario cualquier anomalía que observe en los libros, señaladamente las enmiendas, raspaduras y espacios u hojas sin llenar. Pondrá el Juez su visto bueno, y el Secretario devolverá enseguida los libros al suspenso para que los conserve en su escritorio, continúe en ellos haciendo los asientos de sus operaciones y los tenga en todo momento a disposición del Juez, de los Interventores y de los acreedores en la forma y términos que el Juzgado determine.
El Juez a quien corresponda el conocimiento del expediente examinará la solicitud del comerciante y si hubiere sido producida en forma y la acompañaren los documentos y libros indicados en los artículos anteriores, tendrá por solicitada la declaración del estado de suspensión de pagos, en providencia que dictará necesariamente el mismo día de la presentación del escrito, y si no fuera posible en el siguiente, y comunicará telegráficamente ese proveído a todos los Juzgados de las localidades en que tenga sucursales, agencias o representaciones directas el comerciante o entidad a que se refiera dicha declaración. Esta providencia, de la que se dará publicidad en la forma en que el Juez estime conveniente, se anotará en un registro especial, que se llevará en cada Juzgado, en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad donde estén inscritos los inmuebles del suspenso.
En la misma providencia ordenará el Juzgado que queden intervenidas todas las operaciones del deudor. A tal efecto designará tres Interventores, dos de los cuales serán Peritos Mercantiles o prácticos (auditores de cuentas) de los que figuren en las listas que con este objeto deben remitir anualmente al Juzgado (o al Decanato, si hubiere varios en la localidad respectiva), las Cámaras de Comercio, las de Industria y las representaciones regionales de la Asociación de la Banca. Para hacer la designación se dará preferencia a la lista remitida por la entidad a que esté asociado el deudor por la especialidad de su negocio. El tercer Interventor será un acreedor designado por el Juez entre los que figuren en el primer tercio, por orden de importancia de créditos, de la lista presentada al solicitar la declaración de suspensión.
Los Interventores, para quienes será obligatorio el desempeño de sus cargos, comenzarán a ejercerlos, a ser posible, el mismo día de su designación, previa la presentación del oportuno juramento. Si hubiese dificultad para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos. Mientras no comiencen los Interventores a desempeñar su cargo, ejercerá la intervención el Juez.
Si el deudor o alguno de sus acreedores, cuando éstos fueren conocidos, impugnase el nombramiento de los Interventores, el Juez, previo examen de la justificación que se presente, resolverá de plano, sin ulteriores recursos, y si estimase la impugnación, designará en el mismo proveído el Interventor que deba sustituir al separado, utilizando para ello el mismo procedimiento.
Si por la poca importancia o naturaleza de la suspensión el Juez lo creyera conveniente, podrá designar un solo Interventor, que en este caso será necesariamente acreedor y nombrado en la forma establecida en los párrafos que anteceden.
1.º Inspeccionar los libros del suspenso y hacer que, después de la nota de presentación mencionada en el artículo 3.º, se consigne en ellos, en legal forma, cuantas operaciones se realicen.
2.º Intervenir todas las operaciones que el suspenso pueda hacer con arreglo a la Ley, exigiendo que diariamente verifique el balance de la caja.
3.º Informar al Juez de cuanto importante ocurra respecto al suspenso y sus negocios para las resoluciones que procedan en defensa o protección de los intereses de los acreedores.
4.º Informar al Juez acerca de la procedencia de las reclamaciones que el suspenso pretenda entablar en defensa o reclamación de sus derechos ante tercero.
Corresponderá asimismo a los Interventores proponer el ejercicio de las acciones convenientes al interés del patrimonio del suspenso, bien a iniciativa propia o de cualquier acreedor, pudiendo, mediante autorización del Juez, ejecutarlas por sí mismos si así lo demandase el interés de la masa.
Hasta que la propuesta de convenio obtenga la aprobación de los acreedores en cualquiera de las formas señaladas en los artículos 14 y 18 de esta Ley, el comerciante suspenso conservará la administración de sus bienes y gerencia de sus negocios, con las limitaciones que en cada caso fije el Juzgado, previo informe especial que sobre este punto emitirán los Interventores, pudiendo tomar las medidas precautorias y de seguridad convenientes y llegar hasta la suspensión y sustitución del comerciante, Gerente, o Consejo de Administración. Mientras no se provea sobre este extremo, el suspenso ajustará sus operaciones a las reglas siguientes:
1.ª Verificará, con el concurso de los Interventores, todo cobro que hubiere que hacer cualquiera que fuese su cuantía y procedencia, así como cualquiera operación de aceptación, endoso o protesto de efectos comerciales.
2.ª Necesitará asimismo el acuerdo de los Interventores para toda obligación que pretenda contraer y para celebrar todo contrato o verificar todo pago.
3.ª Continuará, también con acuerdo de los Interventores, las operaciones ordinarias de su tráfico, pudiendo proceder a la venta de los bienes, géneros o mercaderías que sea necesario enajenar por mutua conveniencia de los interesados o por resultar la conservación imposible, perjudicial o costosa.
El suspenso que practicare cualesquiera de las operaciones indicadas en este artículo sin el concurso o acuerdo de los Interventores o verificase cualquier pago sin la autorización expresa del Juez antes de que los Interventores tomen posesión de su cargo, incurrirá en la responsabilidad definida en el artículo 529 del Código Penal, y los actos y contratos que realice serán nulos e ineficaces.
Los Interventores percibirán la retribución que el Juez les señale, según la importancia del caudal y los trabajos a que dé lugar la intervención, sin que en ningún caso pueda exceder de 100 pesetas diarias.
1.º Exactitud del activo y pasivo del balance, con expresión de la naturaleza de los créditos incluidos en uno y otro.
2.º Estado de la contabilidad del suspenso e informalidades que en ella se notaren, con arreglo a la Ley.
3.º Certeza o inexactitud de las causas que, según la Memoria presentada, hayan originado la suspensión.
Con este informe se presentará el balance definitivo y la lista de acreedores, si antes no hubiesen aportado tales documentos y una relación de los créditos, según su calificación jurídica, expresando en ella qué acreedores tienen el derecho de abstención a la Junta, según la clasificación a que alude el párrafo 3.º del artículo 15 de esta Ley y los que se mencionan en el artículo 22. Para esto último podrán los Interventores tomar los asesoramientos jurídicos que estimen convenientes.
En el propio auto declarará el Juez si, por ser el activo superior o igual al pasivo, debe considerarse al suspenso en estado de insolvencia provisional, o si, por ser inferior, debe conceptuársele en estado de insolvencia definitiva. En este último caso, determinará la cantidad en que el pasivo exceda del activo, y concederá al deudor un plazo de quince días para que él o persona en su nombre consigne o afiance a satisfacción del Juez dicha diferencia, para que pase a ser insolvencia provisional la declaración de insolvencia definitiva. Transcurrido este plazo sin hacer la consignación o afianzamiento, mandará el Juez proceder inmediatamente a la formación de la pieza de calificación para la determinación y efectividad de las responsabilidades en que pueda haber incurrido el suspenso. En todo caso fijará los límites de la actuación gestora del suspenso mientras permanezca en este estado.
Este auto, que será ejecutivo sin perjuicio de que, celebrada la Junta de acreedores, se pueda impugnar por cualquiera de éstos o por el suspenso, en el modo y tiempo fijados en los artículos 16 y 17 de esta Ley, se comunicará inmediatamente a todos los Juzgados a que se haya dado conocimiento de la solicitud de suspensión de pagos. Se le dará además la publicidad que el Juez estime conveniente según la importancia del pasivo y el número de acreedores.
El Juez rechazará de plano, y sin ulterior recurso, toda pretensión deducida en este sentido, con reserva al peticionario de su derecho para reproducir su solicitud en el juicio declarativo correspondiente.
En los casos de insolvencia provisional, en el mismo auto en que se declare la suspensión de pagos conforme al artículo 8, acordará el Juez la convocatoria de la Junta general de acreedores. En los casos de insolvencia definitiva no se acordará la convocatoria hasta que transcurra el plazo de quince días señalado en el artículo 8.º para la consignación o afianzamiento del déficit. Si el Juez, cumplido este trámite, mantuviese la calificación de insolvencia definitiva, convocará inmediatamente la Junta, a no ser que en el plazo de cinco días el suspenso o acreedores que representen los dos quintos del total pasivo soliciten que se sobresea el expediente o que se declare la quiebra.
Hasta los quince días antes del señalado para la Junta se podrán impugnar los créditos incluidos por el deudor en su relación, así como pedir la inclusión o exclusión de créditos en la relación de los que tienen derecho de abstención y los que menciona el artículo 22. Los créditos no impugnados en dicho plazo serán admitidos para que figuren en la Junta.
La impugnación se formulará en escrito dirigido al Juez o por comparecencia ante el actuario, y se reducirá a pedir concretamente que el crédito sea totalmente rechazado o reducido a la suma que se estime exacta. EI impugnador, que no podrá valerse de prueba pericial ni testifical, designará los asientos de los libros del suspenso o los papeles de éste que haya de invocar en justificación de su derecho, o presentará la documental de que quiera valerse.
Ocho días antes de la celebración de la Junta quedará en poder del Juez, formada por los Interventores, la lista definitiva de acreedores. Esta lista comprenderá los seis grupos siguientes: A) Acreedores incluidos por el deudor y cuyos créditos no hubiesen sido impugnados. B) Acreedores incluidos por el deudor que pretendieran aumento de la cifra asignada. C) Acreedores omitidos por el deudor que hayan solicitado su inclusión en la lista. D) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hayan sido impugnados por excesivos. E) Acreedores incluidos por el deudor, cuyos créditos hubieren sido totalmente impugnados. F) Acreedores con derecho de abstención, según los artículos 15 y 22.
En la relación figurarán los créditos con la separación conveniente, para que aparezca con claridad cuáles son las cifras indiscutidas y las que sean objeto de controversia. El Juez resolverá sobre cada reclamación sin ulterior recurso; pero reservará al acreedor y a la representación de la masa el ejercicio de su derecho para el juicio ordinario correspondiente, sin que la incoación de éste sea obstáculo para el cumplimiento del convenio, salvo la facultad especial reconocida en el extremo 6.º del artículo 16. Una vez aprobada la lista por el Juez, quedará en poder del actuario, y hasta una hora antes de la señalada para la Junta podrán examinarla los acreedores en la Secretaría.
La Junta se celebrará en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria, pudiendo continuar en los días consecutivos que resulten necesarios. Será presidida por el Juez, y a ella podrán concurrir personalmente, o por medio de representantes con poder suficiente, todos los acreedores que figuren en la lista a que se refiere el artículo anterior, o sus cesionarios, por endoso o transferencia. Tendrán obligación de concurrir a la Junta el deudor y los Interventores, pudiendo el primero valerse de Abogado que lo defienda y hable en su nombre.
Si los créditos de los concurrentes y representados sumaren, por lo menos, tres quintos del pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que, teniendo reconocido su derecho de abstención, hubieran usado de él, declarará el Juez legalmente constituida la Junta. Si no concurriese ese número de acreedores levantará el Juez la sesión, declarando legalmente concluido el expediente.
Tal acuerdo, contra el que no cabrá recurso alguno, se comunicará de oficio a los Jueces ante los cuales hubiere pendientes juicios contra el deudor, y se publicará y registrará en la forma y con los requisitos prevenidos en el artículo 8.º.
Constituida legalmente la Junta, leerá el actuario la solicitud del deudor, la propuesta de convenio, las cifras que arrojen el activo y el pasivo, y el dictamen como dispone el número 3.º del artículo 8.º.
Abierta discusión sobre la proposición formulada por el deudor, podrán hablar sobre ella tres acreedores en pro y tres en contra. El deudor, o su defensor, y los Interventores harán uso de la palabra cuantas veces lo deseen. Los acreedores podrán, en vista del resultado del debate, modificar la proposición del convenio, acordando libremente, como cláusulas del mismo, cuantas estimen convenientes, dentro o fuera de la propuesta del deudor, siempre que para ello se obtuviera el asentimiento de éste y se llenaran los requisitos que este artículo establece. La votación será nominal, y el convenio se entenderá aprobado si emitieran su voto favorable la mitad y uno más de los acreedores concurrentes, siempre que el importe de sus créditos represente los tres quintos del total pasivo del deudor, deducido el importe de los créditos de los acreedores que hubiesen usado del derecho de abstención, si el convenio consistiere en una espera que no exceda de tres años.
En el caso de que el convenio se limitara a la espera antes expresada, y en todos los de insolvencia definitiva, será necesario para su aprobación que voten en favor del mismo la mitad y uno más de los acreedores concurrentes, y las tres cuartas partes del total pasivo que expresa el párrafo anterior.
Si en la votación no se reuniera la mayoría determinada en el artículo anterior, se entenderá desechada la propuesta de convenio.
Los acreedores singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios, comprendidos en los números 1, 2, y 3 del artículo 913 del Código de Comercio, podrán abstenerse de concurrir a la Junta; pero si concurrieren, quedarán obligados como los demás acreedores. Sus créditos no se tomarán en cuenta para la computación de la mayoría de capital a que alude el artículo anterior.
Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la Junta, los acreedores que no hubiesen concurrido a ella o que concurriendo hubieran discordado del voto de la mayoría o que hubiesen sido eliminados por el Juez de la lista a que se refiere el artículo 12, podrán oponerse a la aprobación del convenio.
Primera. Defectos en las formas prescritas para la convocatoria, celebración, deliberación y acuerdos de la Junta.
Segunda. Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que el voto impugnado influya decisivamente en la formación de la mayoría de cantidad.
Tercera. Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de éstos entre sí, para votar a favor del convenio.
Cuarta. Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad.
Quinta. Error en la estimación del pasivo, padecido por el Juez en el auto dictado conforme al artículo 8.º, siempre que influya en la calificación de la insolvencia.
Sexta. Improcedente declaración del derecho de abstención, cuando la cuantía de los créditos correspondientes a los acreedores abstenidos influya en la formación de la mayoría del capital pasivo necesario para la aprobación del convenio.
Séptima. Inexactitud fraudulenta en el balance general.
Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior sin que se hubiese formalizado oposición, el Juez dictará auto aprobando el convenio y mandando a los interesados estar y pasar por él, adoptando al efecto las providencias que correspondan y librando los correspondientes mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad.
Contra la sentencia que recaiga en el expediente impugnado procederá la apelación en ambos efectos, para cuya tramitación se fijan los siguientes im~prorrogables términos: cinco días para comparecer ante la Audiencia; otros cinco, para formar el apuntamiento; diez para instrucción común a todos los interesados en Secretaría; cinco, para examen de los autos por el oponente; diez, para señalamiento y celebración de vista, que no podrá suspenderse, y otros diez, para dictar sentencia. Contra esta sentencia sólo se dará el recurso de súplica.
Cuando el número de acreedores exceda de doscientos, podrá el Juez acordar la suspensión de la Junta, sustituyéndola por la tramitación escrita que se ordena en este artículo, siempre que, además, resulten rigurosamente observados los requisitos y formalidades que a continuación se previenen.
Hasta ocho días antes del señalado para la celebración de la Junta podrá el deudor, o cualquiera de los acreedores, solicitar que se utilice el procedimiento regulado en este artículo. Si dicha solicitud se formulase, el Juez la pasará inmediatamente a informe de los interventores, que deberán evacuarlo en el improrrogable término de tres días, quedando entre tanto en suspenso la convocatoria. Si el informe de los interventores fuese desfavorable y el Juez denegare la solicitud, no habrá ulterior recurso. Si accediere a ello, sea cual fuere el informe de los interventores, la resolución será apelable en un solo efecto.
Dentro del plazo concedido, el suspenso presentará al Juzgado la proposicíón de convenio con el voto de los acreedores, hecho constar individualmente por comparecencia ante el Secretario judicial que intervenga en el expediente o en cualquiera de sus derivaciones por medio de acta notarial, con excepción de los acreedores que tengan sus domicilios fuera de la población donde se sustancie el expediente y en localidades donde no resida ningún Notario, los cuales podrán hacer constar su voto mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado municipal del término donde residan. En todos los casos expuestos se permitirá la concurrencia de varios acreedores al acto de prestar el consentimiento. Cada voto expresará en forma clara e inequívoca, bajo la fe del Secretario judicial o del Notario, la conformidad o disconformidad de los que lo emitan, con la proposición del convenio, o especificarán con todo detalle si procediera, las modificaciones esenciales que en la proposición formulada por el deudor deban introducirse. A la manifestación de su opinión podrá también cada votante acompañar la exposición de los datos y razonamientos en que la apoye. Párrafo redactado por R.D. 17 diciembre 1925 («Gaceta», 18 diciembre) y ratificado por Ley 30 diciembre 1931 («Gaceta», 8 enero 1932).
En el caso de que no consistiendo el convenio en una espera de tres años, y en todos los de insolvencia definitiva, no se reunieran dentro del plazo señalado la mayoría de los tres cuartos del total pasivo necesario para su aprobación, el Juez señalará un nuevo plazo de treinta días, bastando en este caso, para la aprobación, que el convenio reúna las dos terceras partes del pasivo.
A esta calificación de la insolvencia será aplicable lo que respecto de la quiebra establecen los artículos 886 a 894, inclusive, del Código de Comercio. Esta pieza tomará como base el informe de los interventores a que hace re~ferencia el artículo 8 y el testimonio o certificación de los antecedentes que sirvan de fundamento a las apreciaciones y conclusiones de dicho informe. Serán parte en la misma, de un lado, el Ministerio fiscal, los interventores que se juzguen en el caso de formular acusación y los acreedores que a su costa, deseen intervenir, debiendo litigar unidos los que pretendan la misma calificación de la insolvencia y de otro, el deudor o los gerentes a los cuales haya de exigirse la responsabilidad. El término para contestar la demanda será común a todos los demandados.
Tanto los interventores como los acreedores personados y el Ministerio fiscal podrán solicitar en cualquier momento del procedimiento las medidas precautorias que estimasen precisas sobre los bienes de los que puedan resultar afectos a la responsabilidades que se trate de determinar, y el Juez accederá a esta petición cuando del informe y de los antecedente aportados aparezcan claramente indicios racionales de responsabilidad.
Cuando la suspesión de pagos sea calificada como insolvencia definitiva, serán aplicables a ella los preceptos sobre retroacción de la quiebra contenidos en los artículos 879, 880, 881 y 882 del Código de Comercio; pero las cuestiones que sobre el caso se susciten se ventilarán en una pieza separada, sin que sufran alteración ni demora alguna por ello todos y cada uno de los trámites del expediente de suspensión.
A dicha pieza separada serán aplicables los artículos 1.366 y 1.377 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero correspondiendo a los interventores designados por el Juez o por los acreedores en el convenio, según el momento en que se tramite aquélla, las funciones que dichos artículos atribuyen a los síndicos y al comisario de la quiebra.
Los plazos establecidos en esta Ley se entenderán vencidos por su mero transcurso, sin necesidad de apremio incluso en el juicio de calificación a que alude el artículo 20.