Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-tribunal-supremo-num-13252012-08-07-2013
Timestamp: 2017-11-19 02:45:40
Document Index: 316117014

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 849', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 404']

Marginal: PROV\2013\254108
Recurso de casación núm. 1325/2012
- PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA Y URBANÍSTICA
El 14.02.2000 la Arquitecta Municipal informaba sobre la referida licencia y por Decreto del Alcalde Presidente de 22.02.2000, se ordenó la suspensión de las obras en aplicación de la Ley del Suelo de 1976 y del Reglamento de Disciplina Urbanística ( RCL 1978\1986 ) (RD 2187/78).- La licencia fue anulada en laSentencia 1.005/2000 de 26 de octubre de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que declaró la nulidad de la licencia por su absoluta inadecuación a la norma de referencia. Constando en sus fundamentos que "en la concesión de la licencia se vulneraron los artículos 6.8.2 y 6.8.3 de las NNUU de Plan, dando lugar a una infracción manifiesta y grave de la normativa urbanística reguladora de la situación de las edificaciones". Subsumíble en los artículos 186 y 226 T.R.LS . y 34 y 54 del Reglamento de Disciplina Urbanística".- No consta que existieran relaciones económicas, entre D. Cornelio y D. Jacinto .- El 28.04.2000 el Concejal Delegado de Urbanismo, Efrain , propuso al Pleno de la Corporación la Modificación Puntual del PGOU-96 que afectaba a esta finca, que fue informada por el asesor jurídico y la Arquitecta Municipal en esa misma fecha, siendo aprobado inicialmente por el Pleno Extraordinario de 4.05.2000, publicado en el BOCAM de 12.05.2000. El 20.09.2000 fue informado favorablemente por el Jefe de la Sección de Planeamiento de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, y el 21.09.2000 por el Jefe del Servicio de Normativa y Régimen Jurídico de la misma Consejería.-
Cuarto.- El 6 de marzo de 2.000 Cornelio informó favorablemente y sin restricción alguna una solicitud de licencia municipal para la construcción de una vivienda en la calle del Greco, siendo la solicitante Raquel y arquitecto autor del proyecto Jacinto .- Por escrito presentado el 30.03.2000, la Sra. Raquel solicitó al Ayuntamiento que delimitara con exactitud la disponibilidad de superficie al ser colindante con zona verde deportiva, sin que se hiciera. No consta que en la licencia o en los informes técnicos se vulnerara ninguna norma administrativa.- No consta que se invadiera terreno público en la construcción de la vivienda, si bien ejecutándose el proyecto los propietarios colindantes se han visto afectados por desmontes cercanos con muros de contención.- Quinto.- El Concejal Delegado de Hacienda Amador , y con el expreso respaldo del Alcalde del Municipio Carlos Daniel , presentó y logró la aprobación por parte de los Plenos Municipales en los ejercicios presupuestarios de los años 2.000 y 2.001 de las facturas, que luego se detallan, a favor de las empresas constructoras, Maconsa, S.L., Mafasa, S.L. y Aldisa, S.L., facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento, al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios, obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos.- En los ejercicios de 1.998 a 2.001 se emitieron facturas libradas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles y personas físicas cuyo importe total es muy significativo, frente a las cuales los Interventores Municipales en varios Informes de Intervención de diversas fechas en aquellos años formularon reparos por varias y graves irregularidades. Ni el Alcalde ni los Conejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos; el Concejal Amador , de forma reiterada presentó las facturas en diversos Plenos durante varios años para su aprobación extrajudicial. Siendo una práctica habitual el reconocimiento de gastos importantes del Ayuntamiento con un sistema que se concibe legalmente como excepcional, produciendo como resultado directo y prolongado en el tiempo que numerosas y significativas facturas del Ayuntamiento que corresponden fundamentalmente a obras y servicios se sustrajesen de la fiscalización y control de la Intervención Municipal e incumpliendo lo establecido en la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Pública, la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local y la Ley 39/88 ( RCL 1988\2607 y RCL 1989, 1851) , de Haciendas Locales.- De ninguna de las facturas aprobadas por este sistema de reconocimiento extrajudicial existía expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el Concejal. No se había procedido a contratación alguna, como expresamente previene la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Obras y Servicios de Corporaciones Locales, contratación además que, dado el importe económico de algunas facturas no podía haber sido objeto de adjudicación directa, sino mediante el procedimiento de concurso.- La Interventora del Ayuntamiento Dª Genoveva , en el Informe de 15.09.2.000, tras la presentación de las facturas indicadas al Pleno, formuló reparo de Intervención a su pago en los términos que siguen:"...No consta en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención los contratos que dieron lugar a la realización de las obras que a continuación se relacionan, por lo que no ha podido fiscalizarse por la Intervención la adecuación a los trámites exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, entre ellos el Procedimiento y forma de adjudicación, la existencia de presupuesto previo y el seguimiento de la ejecución por técnicos municipales...."- El mismo reparo de intervención se produce con relación a los pagos y reconocimientos de deuda presentados al Pleno de 11.01.2.001; la Interventora manifiesta expresamente "Al no existir ni crédito ni financiación de estas inversiones, el reconocimiento en su caso de esta deuda por el Pleno, obliga a la Corporación a la adopción de todas las medidas necesarias para que dicha deuda pueda posteriormente aplicarse al Presupuesto, bien a través de modificaciones presupuestarias, bien mediante su inclusión en el Presupuesto definitivo de 2.001 y en el anexo de inversiones. Igualmente deberá quedar acreditada la disponibilidad de financiación con carácter previo a su aprobación".- El conjunto de facturas presentadas a su aprobación fue el siguiente: En el Pleno de 15.09.2000. Facturas sin crédito ni justificación en beneficio de MACONSA, S.L., por obras y servicios prestados en el año 1.999: 1).-33.171.335 ptas. 2).- 15.558.661 ptas. 3).- 3.992.783 ptas. 4).- 4.633.239 ptas. 5).- 14.986.278ptas. 6).-6.689.515 ptas. 7).-14.067.897 ptas. 8).- 16.211.441 ptas. 9).- 20.214.747 ptas. 10).- 8.601.066 ptas. 11).- 22.143.183 ptas. 12).- 11.334.797 ptas. 13).- 1.800.207 ptas. 14).- 10.401.421 ptas. 15).- 621.180 ptas, en total 184.427.750 ptas. Facturas en beneficio de MAFASA, S.L., por obras y servicios prestados en el año1.999: 1).- 4.720.381 ptas. 2).- 4.971.280 ptas. 3).-503.804 ptas. 4).- 1.999.828 ptas. 5).- 304.930 ptas. 6).- 276.770 ptas. 7).- 2.910.215 ptas. 8).- 7.525.585 ptas. en total 23. 212.793 ptas .-
En el Pleno de 15.02.2001 en beneficio de MACONSA, S.L., por obras y servicios prestados en el año 2.000: 1.- 37.931.124 ptas, 2.- 6.826.189 ptas, 3.- 414.120 ptas, en total 45.171.433 ptas. En beneficio de MAFASA S.L., por obras y servicios prestados en el año 2.000: 36.716.790 ptas .- En el Pleno de 27.12.01 a favor de MACONSA, S.L.: 1.- 3.649.253 ptas, 2.- 398.383 ptas, 3.- 305.068 ptas, 4.- 305.068 ptas, 5.- 335.575 ptas, 6.- 340.959 ptas, 7.- 340.959 ptas, 8.- 337.370ptas, 9.- 303.274 ptas, 10.- 335.575 ptas, 11.- 358.904 ptas, 12.- 358.904 ptas, 13.- 398.383 ptas, 14.- 5.715.892 ptas, en total 13.483.567 ptas .- En el Pleno de 14.02.2002 para Construcciones ALDISA 99, S.L.: 4.813.820,00 ptas. Para MAFASA., S.L. : 3.235.105, 00 ptas. Para MACONSA, S.L. 1.- 6.359.757,00 ptas. 2.- 52.743.284,00 ptas, en total 62.338.146 ptas.- No constan en autos las facturas aprobadas por el pleno, sino una relación de las mismas, con sus importes y los beneficiarios, pero sin determinar que Concejal o autoridad acordó la realización de la obra, ni quien adjudicó la misma, ni el técnico municipal que supervisó la ejecución.- Sexto.- Por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez de 10.09.1996 se acordó la adjudicación al arquitecto Jacinto del proyecto sobre el "estudio de ideas y medición del edificio de la Comandancia de Aranjuez, con el fin de instalar nuevas dependencias municipales".- El procedimiento se inició el 1 de julio de 1.998 con la adjudicación directa -mediante propuesta del Concejal de Urbanismo Amador a la Comisión de Gobierno- a Jacinto de los estudios previos para la reforma de la citada Casa Consistorial. Realizados los citados estudios previos, que establecen el presupuesto de la obra, su adecuación al programa de inversiones PRISMA de la Comunidad de Madrid así como los requerimientos que debían cumplirse en la reforma, con fecha 17 de julio de 1.998 se convocó concurso para la adjudicación del contrato de Consultoría y Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de ejecución de la obra. Por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Aranjuez de 22.09.98 se resolvía el concurso a favor del Sr. Jacinto . Planteado recurso contencioso administrativo contra esta resolución, por sentencia de 22.09.11 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid se desestimó el recurso.- El 1.12.1998 el arquitecto citado presentó el Proyecto Básico y de Ejecución, desglosando el presupuesto detalladamente partida por partida, con un presupuesto de contrata de 55.859.035 ptas. Con el informe técnico del Aparejador Municipal Eulogio , se adjudicó la obra a Maconsa, que presentó una oferta de 128.015.883 pesetas.- El 26.01.1999, el Concejal Sr. Amador propuso a la Comisión de Gobierno la contratación directa a Jacinto como Arquitecto Director de la obra, por un importe de 1.800.000 pesetas, designando a Cornelio , Aparejador.- Tras la designación, el 29.03.1999 Jacinto y Cornelio , miembros de la dirección facultativa de las obras, ante las graves deficiencias y vicios ocultos apreciados al demoler parte del edificio, expusieron tanto al Concejal Sr. Amador como al Alcalde Sr. Efrain , la necesidad de la redacción de un proyecto reformado y complementario para completar y llevar a buen fin y en perfecto estado de funcionamiento la instalación. Estas unidades consistirían en: mobiliario, informática, seguridad, obras complementarias.- El Concejal Sr. Amador , propuso, en oficio de esa misma fecha, al Pleno de la Corporación que se autorizara a la Dirección Técnica la redacción del proyecto reformado. Lo que según la estampilla del mismo oficio fue aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de 13.04.99. El citado proyecto reformado no se efectuó mientras se acometían las obras, sino a posteriori, con lo que se evitaba la fiscalización del mismo, del gasto que preveía y la necesidad de nuevo concurso, tanto para el proyecto como para la obra y el coste inicial de 128.015.883 pasó a 491.929.680 pesetas. Ni el Concejal ni el Alcalde que estaban al tanto del desarrollo de las obras pusieron objeción, sino que por el contrario autorizaron, a que estas se llevaran a cabo cualquiera que fuera el precio sin previa licitación, sin el nuevo proyecto reformado y sin una evaluación concreta de los nuevos costes.- Con fecha 20.12.2000 Raquel y Leopoldo , en nombre de MACONSA S.L. firmaron un acuerdo de "determinación del adicional líquido", por importe de 340.086.568 pesetas, que era la diferencia entre el presupuesto inicial de 151.843.112 pesetas y el final de 491.929.680 pesetas. El 4.01.01 Jacinto presentaba en el Registro Municipal el Proyecto Modificado, con la Memoria del Final de Obra del Ayuntamiento; que incluye en la primera página un acuerdo de Raquel , Cornelio y Leopoldo de MACONSA para la fijación de nuevos precios para las unidades de obra no previstas en el contrato; que según Jacinto se habían debido aumentar todas las partidas del presupuesto, como demoliciones, movimiento de tierras, saneamiento, cimentación y estructura, albañilería, solados y alicatados, fontanería, carpintería, climatización, electricidad, pintura y acabados, protección de incendios, seguridad y varios.- La factura de MACONSA por importe de 491.929.680 pesetas fue aprobada en el Pleno de 11.01.2001. En la que también se aprobaron facturas con números 2000237, 2000238, 2000239, 2000240, 2000241, 2000249, 2000250, y 2000251, por adquisición de mobiliario y equipamiento de la Casa Consistorial reformada por 98.596.282 pesetas (592.575,6 euros) a favor de la misma empresa.- En el Pleno de 11.01.2001 en beneficio de MACONSA, S.L., sin relación documental o contractual alguna, facturas con números 11721 a 11728 por 98.596.282 ptas. Factura 11949 relativa al Proyecto modificado obra Casa Consistorial 491.929.680 ptas .- Séptimo.- Mediante Decreto del Alcalde Carlos Daniel de 3-04-01, se adjudica directamente a MACONSA, por un importe de 20.500.000 pesetas, y a MAFASA, por importe de 24.000.000 pesetas, determinados trabajos vinculados al acondicionamiento de la finca "Tranzón de las doce Calles", que había sido adquirida por el Ayuntamiento al Patrimonio del Estado para la celebración de la Feria de San Fernando. Para adjudicar directamente a las empresas beneficiadas sin concurso previo aquellas obras, el Alcalde exponía en el Decreto "Visto el artículo 21.1 letra m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril ( RCL 1985\799 y 1372) , Reguladora de las Bases de Régimen Local , que atribuye al Alcalde Presidente la competencia indelegable de"... Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunio públicos y grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno".- De esta manera, eludiendo concurso y presupuesto detallado, se detrajeron de las arcas municipales aquellas cantidades para la ejecución de unas obras que en lugar alguno aparecerán especificadas.- Con fecha de 2.04.2001 con la misma circunstancia de: "Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunio públicos y grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno", el Alcalde firmó el Decreto que encargaba por 24.000.000 pesetas a la empresa ALDISA, S.L., obras sin detalle presupuestario alguno en la piscina municipal.- Sin amparo legal alguno, omitiendo las garantías exigibles en la contratación pública, se destinaron fondos públicos del presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Aranjuez a las mercantiles antes citadas, sin que conste justificada la realidad de lo facturado y de los precios aplicados ni tampoco las obras efectivamente realizadas.- Octavo.- El letrado técnico en urbanismo D. Onesimo , que había tenido participación accionarial en METROGES S.A. empresa con intereses inmobiliarios en Aranjuez, y había sido miembro del Consejo de Administración hasta el 19.06.1991, según consta en la escritura pública de esa fecha otorgada ante el Notario Francisco Ispahán Contreras, con nº 1162 de su Protocolo, inscrita en el Registro Mercantil el 23.07.91 (folios 1429 y siguientes. Tomo 5 de las actuaciones), en cuyo domicilio social han compartido y comparten oficina el encausado y esa mercantil METROGES. Fue contratado temporalmente por el Ayuntamiento como Abogado experto en Urbanismo, y en esa condición realizó un informe jurídico en fecha 16.09.2002, a petición del Concejal de Urbanismo, sobre la adjudicación de determinadas viviendas, en el que se informaba de la inexistencia de responsabilidades por parte del Ayuntamiento, y reseñando que en el caso de existir recaerían sobre las entidades adjudicatarias. En este informe no se cita a la promotora METROGES S.A. , y no consta que hubiera causa de abstención". (sic)
PRIMERO.- Por vulneración de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , art. 852 LECriminal y 24.1.2 de la Constitución .
SEGUNDO.- Al amparo del art. 5.4RCL 1985\1578LOPJ .
CUARTO Con amparo en el art. 849-1º LECr ( LEG 1882\16 ) ., en el ordinal correlativo, denuncia infracción de los art. 404 en relación al 11 del C. Penal .
El alcalde debió ordenar la suspensión inmediata de las obras , tan pronto tuvo conciencia del desaguisado que se proyectaba, actuando de conformidad a la Ley del Suelo de 1976 y del Reglamento de Disciplina Urbanística ( RCL 1978\1986 ) (R.D 2187/78), y de las facultades que como Presidente de la Corporación ostenta, pero lo cierto es que conscientemente consintió en la ilegalidad, precisamente porque también la propiciaba con su inacción. Esa pasividad produjo el efecto de la flagrante ilegalidad cometida. El art. 404 en relación al 11 C.P . ha sido correctamente aplicado. El motivo ha de claudicar.
QUINTO En el homónimo ordinal, con base en el art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) y 852 LECr ( LEG 1882\16 ) ., se consideran infringidos los párrafos 1 º y 2º del art. 24 C.E .
Del factum, inamovible en este trance casacional, se dice, para tratar de encubrir o maquillar una inconcebible e inaceptable decisión arbitraria frontalmente contraria a la ley, lo siguiente: "Para adjudicar directamente a las empresas beneficiadas sin concurso previo , aquellas obras, el Alcalde exponía en el Decreto "Visto el art. 21.2 letra m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril ( RCL 1985\799 y 1372) , reguladora de las Bases de Régimen Local , que atribuye al Alcalde-Presidente la competencia indelegable de <Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunio públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno>. Desde luego ninguna de estas circunstancias concurrían. De esta manera -sigue diciendo el factum- eludiendo concurso y presupuesto detallado , se detrajeron de las arcas públicas aquellas cantidades para la ejecución de varias obras que en lugar alguno aparecieran especificadas. El hecho párrafo 7º concluye: " Sin amparo legal alguno, omitiendo las garantías exigibles en la contratación pública, se destinaban fondos de Presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Aranjuez a las mercantiles antes citadas, sin que constejustificada la realidad de lo facturado y de los precios aplicados, ni tampoco las obras efectivamente realizadas.
SEXTO En el correlativo ordinal con sede procesal en el art. 849-1º LECr ( LEG 1882\16 ) ., se vuelve a denunciar infracción del art. 404 C.P .
SÉPTIMO Residenciado en el artículo 849.1LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) ., el motivo 7º se formaliza igualmente por infracción del artículo 404RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
OCTAVO Como en el anterior, en el ordinal del mismo número se denuncia infracción del artículo 404RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) . por aplicación indebida.
NOVENO Por último, en el motivo noveno, acogiéndose al cauce del artículo 849.1LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) . (corriente infracción de ley) considera indebidamente aplicados los artículos 21.6º en relación al 66.1º.2º CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
DÉCIMO El primero de los motivos lo canaliza por la vía del artículo 849.1LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) . por indebida aplicación del artículo 404RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) ., por entender no concurrentes los elementos del tipo objetivo, en particular, la conducta desplegada no constituiría una "resolución injusta".
2.- La naturaleza o apoyo procesal del motivo obligan a ceñirnos a términos fácticos de la sentencia ( art. 884.3LEG 1882\16LECrim .), en donde se refleja la actividad del recurrente, tanto en el apartado 6º del factum como en el mismo numeral de la fundamentación jurídica que le sirve de complemento. Allí se explica el oficio que el censurante dirigió a la Corporación a finales de marzo de 1999 para que el Pleno autorizase a la dirección técnica la redacción del proyecto reformado. El Pleno lo aprobó el 13-4-99, en el que votó favorablemente la resolución que él mismo propiciaba, todo ello actuando en su carácter de Concejal de Urbanismo y Alcalde accidental, esto es, como él mismo afirmaba en representación de la propiedad (en este caso el Ayuntamiento). Pero es que además, como tenemos dicho, y se lee en el apartado sexto del factum: "el citado proyecto reformado no se efectuó mientras se acometían las obras, sino a posteriori, con lo que se evitaba la fiscalización del mismo, el gasto que preveía y la necesidad de nuevo concurso". La flagrante irregularidad resulta patenta e inocultable.
UNDÉCIMO En el segundo motivo, con igual anclaje procesal que el anterior ( art. 849.1LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) .), considera indebidamente aplicado el art. 404RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , por entender que no actuó "a sabiendas" de la injusticia de su resolución.
DÚODECIMO En base al art. 849.1LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) ., en el tercer motivo alega infracción del art. 404 en relación al 14 del C. Penal , por considerar que el acusado incurrió en un error de hecho o de derecho que justificaba su conducta.
DÉCIMO TERCERO Con igual sede procesal ( art. 849.1ºLEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) .) se considera indebidamente aplicado el art. 66.2RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
DÉCIMO CUARTO En el primero de los motivos con apoyo en el art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin producir indefensión, a la presunción de inocencia, ante la falta de motivación de la sentencia, en la que se produce la violación del principio "non bis in idem". Su protesta debe estimarse contenida en el art. 24-1 º y 2 º y 25 de la CE ( RCL 1978\2836 ) y en el 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles hecho en Nueva York el 16 diciembre de 1966.
Como bien apunta el fiscal el art. 14.7 del Pacto de Nueva York de 1996 integra el orden jurídico español según lo dispone, en general, el art. 96.1 y, en particular, el art. 10.2RCL 1978\2836 de la CE . De esta manera se completa el art. 24CE , que carece de una prohibición expresa del ne bis in idem, si bien, el Tribunal Constitucional ha considerado que esta garantía se puede deducir del art. 25.1RCL 1978\2836CE ( STC 2/1981 ).
El art. 14.7 del Pacto establece que "nadie podrá ser juzgado (...) por un delito por el cual haya sido condenado o absuelto". La sentencia 1.005/2000, de 26.10, de la Sala 2ª de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, es conocida y tenida en cuenta por el Tribunal de instancia, según se desprende del apartado 3º de los hechos probados y por tal resolución el recurrente no recibió sanción alguna, ni penal, ni administrativa, por cuanto que, entonces, la Sala de lo Contencioso Administrativa se limitó a declarar la nulidad de una licencia de obras, precisamente, la que de manera irregular había sido concedida por el Ayuntamiento de Aranjuez, tras el informe favorable del Arquitecto Técnico y funcionario público de dicho Ayuntamiento que era precisamente el inculpado, hechos por los que ahora resulta condenado.
DÉCIMO QUINTO El segundo motivo lo dedica el recurrente a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2CE ( RCL 1978\2836 ) ), denunciada a través del art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) .
DÉCIMO SEXTO En el motivo tercero, con sede procesal en el art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , se considera infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia, al faltar motivación sobre la intervención del Secretario del Ayuntamiento como abogado. (art. 24-1º y 2º).
A su vez conforme a la reforma operada por L. 38/2002 de 24 de octubre el art. 767LEG 1882\16LECrim ( LEG 1882\16 ) . obliga a la asistencia letrada esté detenido o no el imputado y ello con carácter indisponible, pero tal legalidad no era aplicable en el momento de los hechos.
DÉCIMO SÉPTIMO El motivo cuarto se sostiene procesalmente en el art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , por vulneración de la tutela judicial efectiva ( art. 24-1º CE ( RCL 1978\2836 ) ), entre cuyas exigencias se contiene la motivación de la pena ( art. 120.3RCL 1978\2836CE ), impuesta por la tutela judicial ( art. 9.3RCL 1978\2836CE ), y en tal sentido la Audiencia ha errado en el señalamiento de la misma al aplicar la nueva legislación y no la vigente en el momento de cometer los hechos, mucho más favorable.
1. Argumenta que los hechos son anteriores a la reforma operada por L. O. 5/2010 de 22 de junio, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Conforme a la Disposición Transitoria 1 º y 2º de la citada Ley parece evidente que al recurrente le sería más favorable la aplicación de las normas vigentes y anteriores a dicha ley por cuanto tras la reforma las penas correspondientes al tipo penal del art. 320.1RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) han experimentado una agravación al haber pasado la pena de prisión de un arco de 6 meses a 2 años a otro de 18 meses a 4 años con el CP nuevo, además, la pena de multa que anteriormente era alternativa a la pena de prisión, ahora se ha convertido en acumulativa a la misma, por lo que la Sala de instancia ha errado a la hora de elegir las normas penales aplicables a este caso como se desprende del FJ 9º de la sentencia.
1) la pena marco privativa de libertad, ( art. 320RCL 1995\3170CP ), opción por la que se inclinó la Audiencia, discurre de 6 meses a 2 años.
2) Al calificarse el hecho de delito continuado ( art. 74RCL 1995\3170CP ) el segmento penológico a recorrer se hallaría entre 1 año y 3 meses y 2 años.
3) Al concurrir una atenuante muy cualificada, procede bajar en grado la pena, como así lo acordó el tribunal de instancia ( art. 66.2ºRCL 1995\3170CP ), convirtiéndose en un arco dosimétrico que va de 7 meses y 15 días a 1 año y 3 meses.
Si se opta por la pena de multa la prevista va de 12 a 24 meses. Al hallarnos ante un delito continuado el arco penológico se estrecha a la mitad superior ( art. 74RCL 1995\3170CP ), que va de 18 a 24 meses. Al concurrir la atenuante muy cualificada que baja un grado la pena posible se hallaría entre los 9 y 18 meses y dentro de estos límites el Fiscal y la acusación solicitaron en la instancia 1 año de multa.
En el motivo 5º con sede en el art. 5-4 LOPJ ( RCL 1985\1578 y 2635) , se estima vulnerado el art. 24-1º en relación a la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
DÉCIMO NOVENO El motivo sexto se formaliza por error facti ( art. 849-2 LECrim ( LEG 1882\16 ) ).
VIGÉSIMO Por igual cauce por el anterior ( art. 849-2 LECrim ( LEG 1882\16 ) ), denuncia un error en la apreciación de la prueba.
VIGÉSIMO PRIMERO En el motivo octavo, por igual cauce procesal del error facti (849-2 LECr ( LEG 1882\16 ) ), el impugnante protesta por haberse condenado por una pluralidad de actos o acciones distintos y diferenciados cuando ello no es así.
VIGESIMO SEGUNDO En el motivo noveno, con sede procesal en el art. 849-1º LECr ( LEG 1882\16 ) , se considera indebidamente aplicado el art. 320RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , por cuanto a la hora de imponer la pena no se tuvo en cuenta la legislación vigente en el momento de cometer los hechos.
1. El motivo viene a atacar por otra vía, lo que en el motivo 4º, se consideró falta de motivación y lesión del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1º en relación con el 120.3 CP ). La razón es que se aplicó indebidamente la reforma del Código Penal de 22 de junio, de 2010 (L.O. 5/2010 ( RCL 2010\1658 ) ), que entró en vigor el 23 de diciembre de ese año. Los hechos habían sucedido en 1999, antes de endurecerse la legislación con la reforma referida.
VIGESIMO TERCERO El motivo décimo tiene directa relación con el octavo y en él se denuncia la indebida aplicación del art. 74.1RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
VIGÉSIMO CUARTO En el motivo undécimo, último de los articulados, a través de la vía del art. 849.1ºLEG 1882\16LECr ( LEG 1882\16 ) , el recurrente considera indebidamente aplicado el art. 404RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) .
VIGÉSIMO QUINTO Las costas del recurso deberán imponerse de forma expresa a los acusados Carlos Daniel y a Amador , declarando de oficio las ocasionadas por Cornelio , todo ello de conformidad al art. 901LEG 1882\16LECr ( LEG 1882\16 ) .
SEGUNDO Como tuvimos ocasión de razonar en la sentencia rescindente, la Audiencia aplicó indebidamente la reforma provocada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio ( RCL 2010\1658 ) , que entró en vigor el 23 de diciembre de ese mismo año, a pesar de perjudicar al acusado, al no hallarse vigente en el momento de comisión de los hechos. A la sazón el art. 320RCL 1995\3170CP ( RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777) , contemplaba menores penas, a las que debe acomodarse la presente sentencia, estimando como pena justa y proporcionada la multa interesada en la instancia por el Fiscal y la acusación particular de 1 año, con una cuota diaria de 20 euros con arresto sustitutorio caso de impago de 1 día de prisión por cada dos cuotas impagadas, como fija la Audiencia, excluyendo la pena de prisión y manteniendo la de inhabilitación especial acordada en la instancia.