Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=682987
Timestamp: 2019-07-16 05:17:54
Document Index: 149944403

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 246', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 25', 'artículo 31']

AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA
CREACIÓN DE SOCIEDAD ESTATAL DENOMINADA “FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.” (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10647-09) [S])
INTERVENCIÓN : Gustavo Adolfo Hasbun Selume
Sesión 101ª, en martes 12 de diciembre de 2017
(Especial, de 18.07 a 20.09 horas)
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA ..................................................................................................................................................... 11
V.- TABLA ................................................................................................................................................... 12
CREACIÓN DE SOCIEDAD ESTATAL DENOMINADA “FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.A.” (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10647-09) [S])............................................. 12
1.-	Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que “Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública”. Boletín N° 11536-04. (321-365).
2.-	Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Discusión inmediata”, para el despacho del proyecto que “Otorga incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, según se indica”. Boletín N° 11467-07. (966-365).
3.-	Oficio de S. E. la Presidenta de la República mediante el cual hace presente la urgencia “Simple”, para el despacho del proyecto que “Modifica el artículo 54 bis de la ley General de Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos voluntarios en favor de cooperativas.”. Boletín N° 11199-03. (965-365).
4.-	Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez”. Se adjunta el informe de la Comisión Mixta. Boletín N° 10584-07 (SEN). (255/SEC/17).
5.-	Informe de la Comisión de Minería y Energía recaído en los proyectos, iniciado en moción, que “Fomentan el uso del agua de mar en las faenas mineras.”. Boletines Nos 9185-08 y 10038-08 refundidos.
6.-	Informe de la Comisión de Bomberos recaído en el proyecto, iniciado en moción, que “Modifica el Código del Trabajo para conceder permiso laboral a los trabajadores que se encuentren inscritos el Registro Nacional de Bomberos Voluntarios, en las condiciones que indica”. Boletín N° 11394-22.
7.-	Copia autorizada de la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional recaída en un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la frase “subvencionados conforme al decreto con fuerza de ley N° 5, del Ministerio de Educación, de 1992”, contenida en el artículo 1° de la ley N° 19.070, sobre Estatuto Docente”. Rol 3045-16-INA.
8.- Oficio del Tribunal Constitucional mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de control de constitucionalidad, referida al proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, que “Crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la Pequeña Minería”. Boletín 10995-08. Rol 4038-17-CPR. (3227-2017).
Del diputado señor Mirosevic
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de diciembre de 2017, para dirigirse a Estados Unidos.
Certificado que acredita que se ha otorgado licencia médica al diputado señor Verdugo
, quien deberá permanecer en reposo por un plazo de cinco días, a contar del 11 de diciembre de 2017.
De la diputada señora Núñez , doña Paulina ,
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 12 de diciembre de 2017, por medio día.
De la diputada señora Nogueira
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 12 de diciembre de 2017, por medio día.
Del diputado señor Urrutia, don Ignacio , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, el 14 de diciembre de 2017.
4.- Certificado:
Que acredita que el diputado señor Letelier
ha justificado su inasistencia a las sesiones de hoy, 12 de diciembre de 2017, por impedimento grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación.
5.- Oficio:
Del Jefe de Gabinete del Contralor General de la República por el cual remite el reporte correspondiente al mes de noviembre de 2017, sobre informes de auditoría, investigaciones especiales, seguimientos e inspecciones de obra pública, publicados por la Contraloría General de la República.
Diputado Poblete, don Roberto . Requiere informe de los beneficios entregados a los sobrevivientes y familiares de las personas fallecidas en la tragedia de Antuco ocurrida el 15 de mayo del año 2005, particularmente la concesión de pensiones de gracia, indicando en esa materia la situación de Genaro Muñoz y Alexis Fuentes . (6855/6070 al 36215).
Diputado Ward, don Felipe , Diputada Núñez , doña Paulina . Solicita informar el número de personas que han sido contratadas por el Estado durante el periodo comprendido entre el año 2014 y esta fecha, así como aquellas traspasadas, distinguiendo entre las modalidades a contrata y honorarios y señalando aquellas que no cuentan con Estudios Superiores. (1892 al 33455).
Diputada Provoste , doña Yasna . Número de encuentros y participantes en el proceso constituyente indígena en la Región de Atacama y cuáles fueron los principales temas abordados en ellos. (3248 al 33296).
Diputado Soto, don Leonardo . Materias relacionadas con las funciones docentes desempeñadas por el exfuncionario de la Armada de Chile, Almirante (r) Rodolfo Enrique Codina Díaz , durante la totalidad de su carrera en la institución, en los términos que requiere. (6855/6167 al 33464).
Proyecto de Resolución N° 908, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, se sirva instruir al Ministerio de Educación en el sentido de incluir a los estudiantes con autismo y síndrome de Asperger, en la entrega, sin requisitos, de computadores del Programa “Yo elijo mi PC.” (1929).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Informe sobre el aumento injustificado de contrataciones y traspasos a plantas municipales en último semestres de 2016, en los términos que indica. (041341 al 25469).
Diputada Carvajal , doña Loreto . Solicita presentar un proyecto de ley para crear la comuna de Cachapoal, localidad que actualmente pertenece a las comunas de San Carlos y San Fabián de Alico. (3664 al 36267).
Diputado Verdugo, don Germán . Requiere informe del monto asignado a ese municipio, para el año 2016, correspondiente a la Subvención Escolar Preferencial, indicando la cantidad utilizada de los recursos asignados. (660 al 36697).
-Asistieron 104 señores diputados, de los 119 en ejercicio.
-Concurrieron, además, el ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña, y el ministro secretario general de la Presidencia, señor Gabriel de la Fuente Acuña.
-Se contó con la asistencia, también, de los senadores señores Juan Antonio Coloma Correa y Víctor Pérez Varela.-
** A: Asistente; I: Inasistente; MO: Misión Oficial; PC: Permiso Constitucional; LM: Licencia Médica; D: Desaforado; IG: Impedimento Grave. PMP: Permiso por motivos particulares .APLP: Actividades propias de la labor parlamentaria. PMP: Permiso por Motivos Pariculares. SPCA: Salida del País Con Aviso: PECP: Permiso Especial Comités Parlamentarios.
-Se abrió la sesión a las 18.07 horas.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 91ª se declara aprobada. El acta de la sesión 92ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Sobre la Cuenta, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación solicito que recabe la unanimidad para sesionar simultáneamente con la Sala, sin cumplir con las cuatro horas de anticipación que establece el artículo 246 del Reglamento para hacer las citaciones.
Esta solicitud fue acordada por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Educación con el objetivo de tratar el proyecto de ley que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (boletín N° 11536-04), que figura en el número 1 de la Cuenta.
Señores diputados, se encuentran presentes en las tribunas los dirigentes nacionales de los asistentes de la educación, quienes han estado esperando este proyecto durante largos meses.
Señor Presidente, doy la unanimidad siempre que no hable nadie más. Me quedo con las sabias palabras de la diputada Vallejo .
¿Habría acuerdo para que la Comisión de Educación sesione en forma simultánea con la Sala?
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje y con urgencia calificada de suma, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A..
De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados en el día de hoy, el plazo para renovar indicaciones, para solicitar votación separada y para reclamar sobre la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones vence a las 19.00 horas.
Diputados informantes de las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda son la señora Loreto Carvajal y el señor Marcelo Schilling , respectivamente.
-Proyecto del Senado, sesión 63ª de la presente legislatura, en 5 de septiembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 89ª de la presente legislatura, en 22 de noviembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 7.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 99ª de la presente legislatura, en 7 de diciembre de 2017. Documentos de la Cuenta N° 13.
El señor ministro de Obras Públicas ha solicitado la autorización para que pueda ingresar a la Sala el jefe de asesores de esa cartera, señor Enrique Álvarez .
Señor Presidente, antes de que se rindan los informes, pido la palabra para aclarar un punto con el ministro de Obras Públicas.
Señor Presidente, por su intermedio deseo formular una consulta al ministro de Obras Públicas relacionada con el debate que vamos a tener.
Tengo en mi poder el informe de la Comisión de Hacienda. En el artículo 29 se da cuenta de la aprobación de un texto distinto del que está en el comparado, y con una frase que es clave para la definición de la fiscalización que debe realizar el contralor general de la República.
No entiendo qué vamos a votar. ¿Vamos a votar la propuesta del Senado, que no tiene ninguna modificación en el comparado, o el texto aprobado por el Senado y la Comisión de Hacienda, que incluye la frase “solo se podrá ejercer la fiscalización respecto de los aportes de capital”?
Señor Presidente, es fundamental aclarar el punto antes de comenzar el debate, porque estamos hablando de dos mecanismos de fiscalización absolutamente distintos: uno amplio y otro restringido.
El señor UNDURRAGA (ministro de Obras Públicas).-
Señor Presidente, no tengo el informe comparado al que se refiere el señor diputado, pero en el artículo 29 retiramos la limitación que el Ejecutivo hizo en el Senado. La forma reglamentaria de retirarla fue rechazarla por unanimidad en el Senado.
Por lo tanto, no hay limitación alguna, solo al capital, tal como el resto del texto lo señala. Si tuviera el comparado, se lo podría señalar.
Señor Presidente, no hay modificaciones al artículo 29. Es el mismo texto del Senado. No veo cuál es la duda al respecto.
Entonces, no hay modificaciones al artículo 29.
Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
La señora CARVAJAL, doña Loreto (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de suma, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A.
1.- Idea matriz o fundamental del proyecto
Crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., con el objeto de que permita a este utilizar de manera adecuada sus activos, incorporando a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado
Son de carácter orgánico constitucional:
1.- Las letras a), d) y f) del inciso primero del artículo 18, según los artículos 19, numeral 15°; 77, 84, 92, 95, 99, inciso final; 105, 108, 113, 118 y 119 de la Constitución Política de la República.
2.- El inciso quinto del artículo 18, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º, inciso tercero, de la Carta Fundamental.
3.- El inciso 2º del artículo 29, en relación con lo dispuesto en los artículos 98, inciso primero, y 99 de la Constitución Política de la República.
El resto del proyecto es materia de ley de quorum calificado, al tenor de lo que dispone el párrafo segundo del ordinal 21º del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
3.- Trámite de Hacienda
El proyecto debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, puesto que incide en la administración financiera y presupuestaria del Estado.
4.- El proyecto fue aprobado en general por unanimidad
Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez y Clemira Pacheco , y los diputados señores René Manuel García , Gustavo Hasbún , Javier Hernández , Felipe Letelier , Fernando Meza , Leopoldo Pérez , Jorge Sabag y Mario Venegas .
Se explicó que el Fondo de Infraestructura es una empresa constituida como sociedad anónima abierta, sometida a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Contraloría General de la República, cuyo capital se encuentra dado por los activos de concesiones, en especial carreteras, y su valor corresponde al excedente de los peajes del futuro traído a valor presente. Ello permite hacer diferentes acciones de financiamiento, como garantizar proyectos en su totalidad o parcialmente, atender una deuda residual, que impide financiar un proyecto, o participar como parte en una sociedad adjudicataria; en ningún caso con presencia discriminatoria en favor de alguien, por cuanto se debe respetar el principio de neutralidad competitiva, de acuerdo con la recomendación de la OCDE.
Los principios generales del proyecto de ley son los siguientes:
1.- Compatibilización de los principios de responsabilidad fiscal y de gobernanza del desarrollo de infraestructura por parte de la sociedad anónima.
La responsabilidad fiscal está dada porque el Fondo debe ser solvente, debe transferir al Estado ingresos y no gastos. Esto se traduce en que el Fondo deberá orientarse a la sostenibilidad financiera de su cartera de proyectos y a producir utilidades anuales. Hay normas que apuntan en ese sentido, de gobierno corporativo, y de cómo se definen los proyectos.
Asimismo, la gobernanza de infraestructura, es decir, las decisiones de infraestructura a nivel nacional, debe supeditarse a las políticas del Ministerio de Obras Públicas.
2.- Incorporación de las recomendaciones de la OCDE para el gobierno corporativo de las empresas del Estado.
Se han tenido en cuenta los más altos estándares de gobierno corporativo a base de recomendaciones internacionales, además de guardar una consistencia con la política de modernización de la gobernanza de las empresas del Estado. En ese sentido, el proyecto propone una sociedad anónima justamente por la supervigilancia que ello permite.
3.- Respecto del principio de igualdad ante la ley, el proyecto sujeta el fondo a las exigencias que rigen a las sociedades anónimas. Ello incluye los estándares vigentes en materia laboral, comercial y de libre competencia, entre otros. No se trata de que el fondo compita con el mercado financiero ni de la construcción, pues este busca apalancar recursos.
4.- El objeto del fondo está en el plano económico-financiero, no en el plano operacional de la infraestructura pública, lo cual podrá hacerse solamente a través de terceros.
Respecto de la constitución del capital del fondo, se explicó que estaría constituido por aportes del fisco en un 99 por ciento y por la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo , en un 1 por ciento.
El fisco aportará bienes fiscales y nacionales de uso público, con un plazo de cinco años para que se le traspasen a la administración del fondo el conjunto de las carreteras concesionadas. Se trata de aproximadamente 9.000 millones de dólares. La Corfo, por su parte, aportará recursos o activos financieros.
Se hizo presente que se pidió apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de metodología de valorización de activos, de modo que exista cierto estándar para explicar a la Contraloría General de la República la forma en que los bienes se valorizan. El informe del BID estaría disponible durante el primer semestre del próximo año.
El objeto del fondo será el financiamiento e inversión referidos a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, que comprende su construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación y desarrollo, lo que debe hacerse a través de terceros señalados por la ley. Hablamos de toda la infraestructura que reúna las condiciones de rentabilidad social, en particular, y económica, en su conjunto. El objeto no apunta solo a las carreteras.
Se señaló que el fondo buscará fomentar y expandir la inversión en infraestructura en Chile, para contribuir a cerrar las brechas existentes en la materia.
Con ese objeto, el fondo podrá, entre otros objetivos:
1.- Financiar o invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos. Los fondos de infraestructura tienen tres instrumentos: fondo de garantía, financiamiento residual y entrar en el capital propiamente tal de la obra, donde, por ejemplo, con EFE, el fondo podría ser dueño de parte de un tren de cercanía. La iniciativa agrega una cuarta, esto es, el financiamiento de los estudios necesarios para los proyectos.
2.- Construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, solo a través de terceros.
3.- Realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa.
4.- Constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto.
5.- Desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura.
Se hizo mención a que se establece un plazo de cinco años para realizar los aportes de capital inicial del fondo, los que incluirán todas las rutas y carreteras actualmente concesionadas, las que comenzarán a explotarse por el fondo a medida que vayan terminando las respectivas concesiones. Excepcionalmente, los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, fundadamente, podrán no aportar una o más carreteras, informando de ello a las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso Nacional.
En definitiva, se incorpora un instrumento de política pública para incrementar la dotación de infraestructura; no se reemplaza Vialidad, MOP, ni la Coordinación de Concesiones. Para el MOP se plantea el desafío de coordinar todos estos instrumentos, donde habrá que evaluar cuál es la respuesta más eficiente frente a un problema. Entonces, se trata de una estructura adicional que permita disponer de gran cantidad de recursos extras, absorbiendo aquello que la Dirección de Concesiones, Vialidad, Dirección de Obras Hidráulicas o Dirección Aeroportuaria no puedan asumir. Es una esperanza adicional para propuestas de largo aliento con grados de riesgo o innovación, como son, por ejemplo, nuevas plantas desalinizadoras, formas de telecomunicaciones innovadoras, ampliación de la ruta Panamericana, entre otras.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A.
Tal como lo señaló la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la iniciativa busca proporcionar una institucionalidad que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones.
Para ello, se crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., que tendrá por objeto financiar e invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos; construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, solo a través de terceros; realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa; constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto y desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura.
La comisión técnica dispuso que la Comisión de Hacienda conociera la totalidad del proyecto, porque incide en la administración financiera y presupuestaria del Estado, habida consideración de que, en definitiva, se trata de una empresa del Estado integrada por el Fisco y la Corfo, esta última con un 1 por ciento de aporte.
Por otra parte, debemos agregar que el informe financiero que acompaña este proyecto de ley señala que los efectos directos de la iniciativa sobre las finanzas públicas son aquellos derivados de la puesta en funcionamiento del Fondo de Infraestructura S.A. y, en particular, aquellos relacionados con las transferencias que el fisco le realice o pueda recibir de este.
a) En lo que respecta a gastos, en el período correspondiente al Programa Financiero que acompaña a la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente, es decir, desde el presente año hasta 2019, se anticipa un aporte de capital de la Corfo, correspondiente a la participación que a esta entidad le toca, luego del traspaso de los bienes indicados en el artículo 11 del proyecto de ley. En tal caso, por ejemplo, si los activos a ser traspasados desde el fisco al Fondo son valorados en 1.000 millones de dólares, la Corfo aportará 10 millones de dólares.
Este aporte de capital, en todo caso, se incluirá en la ley de presupuestos que corresponda al período de su materialización y no incrementará el gasto del gobierno central, por tratarse de una transacción de activos financieros.
b) Respecto de ingresos fiscales, no se anticipan en el período correspondiente al programa financiero vigente, puesto que no se anticipa retiro de utilidades por parte del fisco.
Finalmente, en períodos posteriores al señalado en la letra a), el fisco podría observar una reducción en los ingresos fiscales, equivalente a los ingresos fiscales netos que podrían haberse obtenido de las concesiones sobre los activos a ser traspasados, si es que esos fueran positivos. En cualquier caso, no es posible anticipar la cuantía de esta potencial reducción ni el momento de ocurrencia de la misma.
El artículo segundo transitorio permite estimar un valor de los bienes nacionales de uso público que como activos se transferirán al fondo, señalando el informe financiero que su valor será de hasta 8.460 millones de dólares.
Conforme a lo anterior, correspondería que la Corfo realizase un aporte de 85,5 millones de dólares, los que corresponderán a transacciones de activos financieros. Ambos aportes de capital se realizarían en un espacio de cinco años, según consigna la norma señalada.
Para la estimación del valor del aporte que el Fisco entregará al Fondo de Infraestructura S.A. como aporte de capital, se debe recordar que ellos consisten en una serie de activos correspondientes a bienes nacionales de uso público viales y carreteras, cuya explotación puede generar ingresos netos de costos o “excedentes”, correspondiendo tales “excedentes” al valor económico de los mismos activos.
Dado que el fisco sería dueño del 99 por ciento de las acciones de la sociedad que se crea, correspondería que la Corfo realizara aportes de capital en activos financieros equivalentes al 1,01 por ciento de la valoración antes descrita.
Utilizando el listado vigente de concesiones, provenientes de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, y considerado un período de treinta años de flujos de estas concesiones viales y de carreteras -por ser este el plazo más largo utilizado por el fisco para sus emisiones de bonos-, se estima que tales valoraciones alcanzarán a 8.460 millones de dólares respecto de 31 contratos. En consistencia con lo anterior, la Corfo debería aportar un total de 85,5 millones de dólares, con recursos provenientes de sus activos financieros.
Con todo, se ha estimado que, en unos 20 casos, los nuevos contratos arrojarán un excedente correspondiente al 50 por ciento de los ingresos de explotación, provenientes, a su vez, de peajes y tarifas. El resto aportaría 0 por ciento, en función de lo que se estima serán las inversiones requeridas y sus correspondientes costos de operación y mantención.
En consideración al mérito del proyecto y de sus fundamentos, la comisión aprobó la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, salvo sus artículos 2, 11, literal a), y segundo transitorio, que lo fueron por mayoría de votos.
Por lo tanto, recomienda su aprobación a la Sala.
Con el objeto de complementar la información respecto del proyecto, quiero recordar que tuvo origen en una idea del ex-PresidenteRicardo Lagos, que consiste en crear condiciones de crecimiento económico diferentes de las tradicionales de la minería.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el ministro de Obras Públicas.
Señor Presidente, los informes han sido bastantes completos respecto del alcance del Fondo de Infraestructura, una empresa pública en que el capital está formado por el valor presente del excedente de los peajes futuros.
Sin embargo, he querido hacer uso de la palabra para clarificar la consulta del diputado Saffirio y de otros señores diputados.
El capital consiste en las carreteras traspasadas y el valor económico es el valor presente del excedente de los peajes. Pero eso no quiere decir que se va a mantener el valor de los peajes, porque eso depende de la política de peajes que determine la autoridad de turno, para lo cual esta misma Sala aprobó, por unanimidad, las facultades entregadas en la Dirección General de Concesiones al Consejo de Concesiones. Por lo tanto, hay una política de peajes que determina la autoridad de turno, y como tiene un conjunto de elementos, el excedente que genere es el valor de este fondo.
En cuanto a lo segundo, como lo hemos dicho en cada trámite legislativo, el giro es el financiamiento e inversión de infraestructura, y esto se puede hacer de distintas formas, con distintos instrumentos de financiamiento, creando empresas coligadas o asociándose con otros, etcétera. Son diversas las fórmulas, tal como está establecido en el artículo 4.
Respecto de la indicación de que no sea a través de terceros relacionados, ello se refiere específicamente a la parte construcción, para ajustarlo a aquellas cosas que son de propiedad del fondo.
Finalmente, respecto del control de la contraloría, en el Senado se eliminó la referencia a los aportes de capital inicial del fondo, dejando establecido que la competencia de la contraloría se ejerce de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 de su ley orgánica.
Por lo tanto, creemos que, respecto de ese punto, quedó resuelta la controversia que se generó durante el trámite, pero quedó zanjada antes de entrar a la Cámara de Diputados, y no hemos innovado en esa materia.
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Hasbún .
Señor Presidente, creemos que este es un proyecto interesante y lo votaremos a favor, porque sentimos que es un aporte. Sin embargo, también hemos hecho una serie de reparos y observaciones que tienen relación con que prácticamente se está generando un impuesto indirecto a los usuarios de autopistas. Esto debe quedar claramente establecido, para que la gente entienda que una vez finalizadas las concesiones de las carreteras, estas volverán al Estado para ser nuevamente concesionadas o mantenerlas bajo su administración.
Lo relevante es que una vez finalizada las concesiones actuales, el valor de los peajes debería disminuir. Eso significa que el usuario va a pagar solo el costo de mantención. Sin embargo, el problema es que, al haber pagado la inversión, íntegramente, en los plazos de la actual concesión, hay un artículo que genera una distorsión tremenda, que mencionó el exministro de Hacienda señor Rodrigo Valdés durante la tramitación de la iniciativa. Dijo: “Sería posible mantener peajes con un valor que supere, en cierta medida, el costo de mantenimiento de la obra. Ese flujo de dinero permitirá, mediante esta innovación financiera, colaborar para que haya más proyectos concesionados”.
¿Qué significa eso? Que la carga impositiva nuevamente será pagada por la clase media. Por eso hemos sido bastante claros.
Dentro de las disposiciones transitorias, el artículo segundo autoriza al Ministerio de Hacienda para dictar un decreto en nombre del Presidente de la República.
Nos parece importante hacer esta observación, para que la gente sepa de lo que se trata, pues, al consignar que quedará a disposición del Ministerio de Obras Públicas o, en este caso, a la libre disposición del directorio de esta nueva empresa del Estado, a lo que se suma la opción del ministro de Hacienda, podríamos estar hablando de un impuesto aplicado a los usuarios de las rutas concesionadas, porque con su dinero financiarían obras de infraestructura que podrían no beneficiarlo de forma alguna. Esto contradice las condiciones del modelo de concesiones que ha operado en el país en las últimas décadas. Como dijo el diputado Schilling , es completamente contradictorio al modelo que implantó el ex-Presidente Ricardo Lagos . Y ahí está la distorsión.
Por eso nos parece importante que la Sala tenga muy claro si vamos a facultar al ministerio para modificar los cobros de las rutas concesionadas que vuelvan al Estado, porque podríamos estar generando un impuesto.
La gran mayoría de los parlamentarios ha sido reacia a las concesiones viales. Muchos han planteado que se generan cobros abusivos en las rutas concesionadas; sin embargo, con el artículo segundo transitorio básicamente estaremos creando un impuesto, porque los cobros van a seguir manteniéndose de acuerdo con la voluntad política del gobierno de turno. Esto nos parece grave, porque no solo se cambian las reglas del juego, sino que además se manipula una información acerca del real objetivo del sistema de concesiones, que comenzó a implementarse en la década del 90.
Este impuesto indirecto que se aplicará al usuario es un asunto que debemos dejar en evidencia y que debemos evaluar y determinar.
Creemos que el artículo segundo transitorio no se puede votar a favor. Hacemos un llamado a todos los parlamentarios de las distintas tendencias políticas a entender qué significa ese artículo, porque quizás muchos no comprenden su alcance. Dice: “Autorízase al Ministerio de Hacienda para que mediante decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” efectúe, dentro de los cinco años siguientes a la constitución del Fondo, los aportes de capital señalados en la letra a) del artículo 11 de la presente ley, los que incluirán todas aquellas rutas y carreteras cuya explotación se encuentre regulada por el decreto supremo N° 900, del Ministerio de Obras Públicas, de 1996, facultándose a este para explotarlas una vez finalizado el período de la respectiva concesión.”. Esto obviamente genera ambigüedad y deja abierta la opción para que el valor de los peajes se mantenga en el tiempo.
Pregunto a los parlamentarios si están dispuestos a legislar para engañar a la gente. El objetivo del modelo de concesiones al momento de su creación era que tras ser recuperada la inversión por la concesionaria y luego de que la obra regresara a manos del Estado, disminuyeran los precios para los usuarios, de modo que solo existiera el costo de mantención, pues la inversión –reitero se canceló. Por lo tanto, cabe preguntar para qué. Es un tema que debemos discutir.
Por ello, hemos pedido votación separada del referido artículo.
Insisto: no se equivoquen. Espero que los parlamentarios actúen en conciencia, porque se están otorgando facultades especiales al Ministerio de Hacienda para mantener un impuesto indirecto al usuario, en especial a la clase media.
Espero que los diputados actúen consecuentemente con lo que la gran mayoría de ellos ha dicho, esto es, que los cobros son abusivos. Si los cobros son abusivos, qué queda después, una vez terminadas las concesiones, cuando el Estado, en vez de disminuir los valores de los peajes en 50 por ciento o más, no lo haga para financiar esta sociedad anónima o empresa del Estado que se está creando.
Creemos que es impresentable. Por eso, pedimos votación separada del artículo segundo transitorio y, en especial, que sea rechazado.
Señor Presidente, por su intermedio saludo al señor ministro y a sus asesores.
Está en juego si nos vamos a permitir innovar sobre la manera en que hemos enfrentado las cosas, copiando, si se quiere y con las adecuaciones necesarias, experiencias exitosas que se han implementado en otras partes del mundo.
En ese sentido, considero que este proyecto -lo digo dada mi larga trayectoria como miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es uno o quizás el más innovador de los que el Ejecutivo nos ha enviado.
En el transcurso de más de dos décadas, hemos venido desarrollando sostenidamente una importante acción en materia de concesiones de infraestructura, que han permitido cambiar la cara de nuestro país, y nadie lo puede negar. Hemos dado un salto cuántico respecto de lo que podríamos haber hecho si hubiéramos recurrido a la vieja fórmula de solo destinar recursos públicos para infraestructura, cuando el Estado estaba en disposición de hacerlo. La fórmula de concesiones ha permitido dicho salto, sin perjuicio de todas las observaciones o adecuaciones que puedan hacerse a ella.
Hemos avanzado; teníamos una Coordinación de Concesiones de Obras Públicas hasta hace muy poco, y el Congreso Nacional despachó el proyecto que creó la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, a fin de robustecer nuestra institucionalidad y corregir todos los errores que pudieran presentarse o los aspectos susceptibles de mejorar.
Por otro lado, quiero recordar que gracias a este modelo muchos que vienen de afuera admiran nuestras carreteras y la infraestructura, y se sorprenden, como lo he escuchado de extranjeros. También ha sido posible mejorar los estándares, la conectividad, la red aeroportuaria, la edificación pública, etcétera, etcétera.
A mayor abundamiento, en 2014 el gobierno anunció la agenda “Infraestructura, Desarrollo e Inclusión: Chile 30 30”, cuyo objeto es construir la infraestructura necesaria para que nuestro país, en lo posible hacia el 2030, llegue a un ingreso per cápita de 30.000 dólares; recordemos que hoy estamos sobre los 20.000 dólares.
Lo anterior tiene que ver directamente con nuestra capacidad de dar el salto al desarrollo. Me acuerdo de conceptos como “infraestructura para el desarrollo”, es decir, infraestructura destinada a mejorar las condiciones para que nuestro país pueda aumentar su producto interno bruto. ¿Qué significa? Mejores condiciones para nuestros compatriotas a lo largo y ancho de Chile.
¿Por qué surgió la idea de crear el Fondo de Infraestructura? Porque dada la estrechez económica objetiva que existe, era necesario encontrar una manera de disponer de recursos para no detener ni ralentizar el proceso de creación de infraestructura de alta generación y, de esta forma, avanzar en el camino del desarrollo. Para eso se planteó la idea de crear el fondo.
Cabe tener en cuenta que próximamente terminarán los contratos con las concesionarias y, por tanto -en teoría-, las obras volverán al Estado. Pero las carreteras deberán seguir manteniéndose, lo cual devengará para el Estado un gasto objetivo.
Sobre el tema del peaje, ya lo ha dicho el ministro, se trata de una política que deberá definirse en su momento y en función de las nuevas facultades que hoy tiene la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas.
Por lo tanto, me sorprende la intervención del diputado Gustavo Hasbún . Me pregunto qué pasó, qué varió en tan corto tiempo. ¿Por qué lo pregunto? Porque si hay un elemento presente en la historia de la tramitación de esta iniciativa, como se observó en la Comisión de Obras Públicas, que me honro en presidir, es que llegó desde el Senado aprobada por unanimidad; todos los sectores políticos le dieron su aprobación y, es más, contribuyeron en el proceso. El propio ministro destacó que con los senadores de las distintas bancadas se fue reconstruyendo el proyecto original, lo que permitió que obtuviera una aprobación con un alto nivel de consenso.
Además, luego de analizar el proyecto en la comisión, todos llegamos a la convicción, incluido el diputado Gustavo Hasbún , de que debía ser aprobado por unanimidad y sin reparos de ninguna naturaleza.
Por alguna razón que desconozco -tengo una tesis; es una opinión personal-, en la Comisión de Hacienda aparecieron reparos sobre los tres artículos respecto de los cuales se pidió votación separada, entre los que se encuentra el segundo transitorio. Creo que más bien a algunos les surgieron por una vieja cuestión de que normalmente desde su sector se esgrimen razones ideológicas, pues pareciera molestarles que se cree una empresa pública como la que propone el proyecto: el Fondo de Infraestructura S.A., en la que figuran como dueños del patrimonio en 99 por ciento el fisco y en 1 por ciento la Corfo. O sea, pareciera ser que para algunos el problema está en que no hay participación de privados.
Cabe preguntarse cómo se mantendrán en el mediano y largo plazos las empresas que van a ir terminando con los estándares de calidad que se necesitan. En ese sentido, lo que propone este proyecto, razón por la que lo considero extraordinariamente innovador, es poner en valor futuro los flujos, lo que nos permitirá hacernos de un fondo de 9.000 millones de dólares y el apalancamiento de muchos más recursos en inversiones de infraestructura.
La empresa que se propone crear será privada, pero con participación del Estado en el porcentaje del capital que se requiera, con el apalancamiento y la transacción de valores en la banca. Por lo tanto, es una oportunidad y una forma novedosa para resolver una debilidad, por cuanto no disponemos de suficientes flujos para hacerlo directamente.
Algunas personas dicen que en países donde ese mecanismo está funcionando, el fondo puede apalancar hasta diez veces el monto de sus recursos. O sea, si eso se cumpliera en Chile, estaríamos hablando de aproximadamente 90.000 millones de dólares, por cuanto hay una gran consideración de las regiones.
Aquello nos beneficiaría, porque la mayor parte de las rutas concesionadas se concentra en la Región Metropolitana y sus alrededores. Pero, ¿qué pasa con la Región de La Araucanía, algunas de cuyas comunas represento en esta Sala, o con aquellas de más al sur? En este proyecto se señala, en forma expresa, que se verá la rentabilidad económica, porque la idea es que la empresa que se propone crear no pierda dinero, pero que también exista rentabilidad social y pertinencia regional en los proyectos que se vayan a hacer en las distintas áreas.
Luego de haberlo estudiado, hemos llegado a la convicción unánime de que estábamos en presencia de un muy buen e innovador proyecto, el cual, sin duda, traerá beneficios muy importantes para el país y para el desarrollo de infraestructura, que permitirán mejorar nuestra opción de alcanzar el tan anhelado desarrollo que los chilenos y las chilenas nos están demandando.
Entiendo que se ha solicitado la votación separada de algunos artículos, pero no creemos que ello constituya una traba; por el contrario, las diferencias deberán resolverse en su momento. Como lo ha dicho el propio ministro, la idea es que vayamos a reducir los peajes.
En consecuencia, invito a votar a favor el proyecto.
Señor Presidente, no capto lo que se está hablando, por una razón muy simple: hace un par de años todos queríamos tener un auto y peleábamos para conseguirlo. Incluso, todo el mundo hacía bromas y decía que nos darían un auto en miniatura marca Match box, porque un ex-Presidente de la República dijo, en ese entonces, que en veinte años más todos los chilenos tendrían auto. Sin embargo, cuando ya se ha cumplido ese plazo y ya todos tenemos automóvil, ahora reclamamos porque no disponemos de caminos para transitar.
En relación con lo señalado, muchas veces he visto al ministro de Obras Públicas con su gorro blanco en los peajes de la ruta 68 o de la ruta 5 Sur, cerca de Angostura de Paine, para evitar que se hagan largos tacos en los peajes y los autos puedan pasar más fluidamente; pero igualmente siguen los cuellos de botella cuando estos llegan a la doble vía. A propósito, aprovecho de señalar que me tocó esperar casi veinte minutos en un peaje, pues la empresa concesionaria habilita la mayoría de los portales de cobro con sistema TAG y solo dos portales con pago manual, medida que constituye una falta de respeto gigantesca para todos los usuarios, por cuanto las filas de autos eran de casi un kilómetro de largo. Ojalá el ministro de Obras Públicas haga algo en ese sentido.
Aquí no estamos hablando de un gobierno en particular, sino de un fondo que servirá a los gobiernos de Chile y a la infraestructura del país.
En consecuencia, cuando por un lado reclamamos que no tenemos caminos, por otro alegamos por la creación de un fondo dedicado a las concesiones y a la construcción de más caminos para lograr la conectividad que el país requiere.
En La Araucanía, el 90 por ciento de la economía de la región depende de la inversión pública. Por eso, cuando nosotros mismos reclamamos y decimos que para tener desarrollo en nuestra región necesitamos mayor conectividad, no me explico cómo vamos a votar en contra un proyecto de esta naturaleza.
Cuando los diputados de gobierno o de cualquiera otra bancada reclaman porque no se construye un hospital, después nos damos cuenta de que la única manera de hacerlo era concesionarlo. Precisamente, el proyecto establece que se pueden concesionar todos los servicios que tienen un uso público. Por lo tanto, no veo la razón para que esta iniciativa sea votada en contra.
En Renovación Nacional lo hemos conversado largamente, por lo que vamos a votar favorablemente el proyecto, porque es positivo para Chile.
Ahora bien, algunas personas dicen que van a subir las tarifas de los peajes. Si yo tuviera una bola de cristal, no estaríamos hablando de esto y votaríamos el proyecto sin discusión. Pero me gustaría saber cuál es la razón de ese aumento, porque no lo advierto. Creo que la razón es muy simple: los peajes que hoy están cobrando no fueron instalados por el ministerio, sino que fueron parte de un acuerdo establecido en el contrato primitivo con las empresas concesionarias, conforme con el flujo vehicular de ese momento. Por ejemplo, en ese tiempo los peajes cobraban 1.800 pesos para los automóviles en horario hábil en la ruta Santiago a Valparaíso, porque, a lo mejor, transitaban 20.000 vehículos diariamente; sin embargo, hoy pasan 200.000 automóviles -estoy dando una cifra al voleo-. O sea, con el mismo valor de antes, las utilidades son casi cuatro o cinco veces más.
Recuerdo que cuando se inauguró el peaje del túnel El Melón, los automovilistas señalaban que su tarifa era un disparate y que cómo iban a pagar 1.600 pesos por pasar por el peaje. Entonces, cuando los camioneros empezaron a transitar por el túnel, la gente decía que feliz pagaba esa cantidad de dinero.
Me voy a trasladar a mi región. ¿En qué hemos apretado al ministro muchas veces cuando él va a ella? Le hemos señalado que necesitamos una doble vía entre Freire y Pucón y el camino del norte del lago Villarrica, además de los que van hacia la costa. Para hacer una integración de todo el desarrollo costero de la zona necesitamos esa infraestructura.
Hoy, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, si a la gente se le preguntara si pagaría un peaje de 500 o 1.000 pesos por tener una doble vía que demoraría mucho menos los trayectos, obviamente contestaría que feliz lo haría si se dieran las condiciones.
Entonces, ¿por qué nosotros, como parlamentarios, debiéramos suponer que la gente se va a enojar porque con la doble vía tendrá que pagar unos pesos más para acortar sus viajes y, sobre todo, para tener mayor seguridad vial? Por cierto, en la ruta que va hacia Villarrica mueren entre cincuenta y sesenta personas todos los años, al igual que en las que conducen a las comunas de Imperial y Carahue.
Si tenemos algún problema o debemos corregir algo a futuro, claramente lo haremos. En ese sentido, a los diputados que están tan preocupados respecto de esta materia, quiero preguntarles si acaso hay fiscalización. Claramente, la hay. De hecho, perfectamente podemos fiscalizar los actos de gobierno, ya que es una de las principales atribuciones de los parlamentarios.
Cuando este proyecto se discutió en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el ministro llegó diciendo que prácticamente no iba a haber discusión sobre la materia, porque la iniciativa venía consensuada desde el Senado, y que ninguna persona se opondría. En verdad, no sé a quién se estará perjudicando o si actuó muy fuertemente la ley del lobby, porque nunca se me ha pedido decir que no, puesto que saben que me interesa el desarrollo del país, las concesiones y contar con el fondo que se establece en la iniciativa. Además, el hecho de que el Estado tenga una empresa no significa que vaya a tener carácter de empresario, sino que estará trabajando con otras empresas.
Señor Presidente, por su intermedio me gustaría consultar al ministro lo siguiente: si hubiésemos tenido este fondo, ¿estaría parado el tercer puente de Temuco? No, ¿verdad? Si tuviéramos los recursos, ya se estaría construyendo el puente y no nos encontraríamos discutiendo desde hace meses.
Además, en Temuco se invirtieron 15.000 millones de pesos en la compra del hotel Monteverde , a fin de construir en ese lugar el edificio que albergará a los tribunales de familia, del trabajo y al 1°, 2° y 3er juzgado civil de Temuco. Pero hace ocho meses que las obras están detenidas porque la empresa quebró y se mandó a cambiar. Si contáramos con este fondo, la construcción del Centro de Justicia de Temuco no estaría paralizada.
Es mucho dinero el que se está perdiendo por esas dos situaciones, cuestión que no habría ocurrido de haber estado disponible el Fondo de Infraestructura, ya que habría actuado como aval de los recursos y como resguardo para que la empresa siguiera trabajando.
Además, por lo que hemos visto del proyecto, no le costará un peso al Estado, porque el capital se irá generando con el producto de las mismas concesiones. Al respecto, la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece que una vez cumplido el plazo de duración de las concesiones, el cual no podrá superar de cincuenta años, las obras deben volver al Estado, el que deberá entregarlas nuevamente en concesión.
Entonces, ¿a qué se debe este temor tan grande? Resulta que nos empezamos a oponer justamente ahora, cuando las obras concesionadas se están devolviendo al Estado y este puede volver a recibir recursos por ellas e invertirlos en más infraestructura.
La verdad es que no entiendo la opinión de algunos colegas, porque considero que estamos ante un buen proyecto, porque nos dará los recursos necesarios para construir la infraestructura que queremos y necesitamos.
Cuando entró en vigencia la Ley de Concesiones de Obras Pública, en el tiempo del ministro Hurtado y después con el ministro Lagos, se liberaron más de mil millones de dólares del fisco, y solo por el hecho de concesionar la construcción de la carretera central. ¿Qué le exigimos entonces al ministro Lagos? Le pedimos que, con la plata que sobrara, se asfaltaran todas las calles de las ciudades cabeceras de comunas. Pregunto ahora: ¿Hay alguna capital de provincia o comuna que no esté asfaltada? Todas lo están, gracias a esa ley, que causó gran polémica en su momento, porque los chilenos estaban acostumbrados a no pagar nada y a exigir que se arreglaran las carreteras.
Entonces, nos encontramos ante la siguiente disyuntiva: o seguimos progresando o nos estancamos. Tan fácil como eso.
Por lo demás, si pido 9.000 millones de dólares al ministro para hacer carreteras, me va a pegar una patada tan fuerte en cierta parte que voy a terminar en Punta Arenas.
Muchos diputados alegamos a diario por las carreteras. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de entregar los recursos necesarios para que se hagan realidad, así es que no entiendo que algunos pongan trabas para que impedir que esto se apruebe.
Por lo tanto, con absoluta convicción, porque lo he conversado con el diputado Leopoldo Pérez , quien, al igual que yo, es miembro de la Comisión de Obras Públicas, y con el resto de la bancada de Renovación Nacional, anuncio que votaremos a favor este proyecto de ley, por el bien del país, de la infraestructura y del desarrollo, que tanto anhelamos.
Por último, aquellos que voten en contra de esto, ¿con qué moral van a poder exigirle al seremi o al ministro Obras Públicas la construcción de un camino o de un hospital concesionado? No podrán hacerlo si intentan echar abajo los fondos con los que se pretende desarrollar a su región.
Es necesario y justo que el país cuente con esta norma cuanto antes.
Reitero que Renovación Nacional apoya el proyecto de ley y, en consecuencia, lo votará a favor.
Señor Presidente, si no fuéramos tan pocos en la Sala y no fuera esta la hora, destaparía una botella del mejor espumante, porque celebro que hayamos recibido desde el Senado, con aprobación prácticamente unánime, un proyecto de ley que crea una empresa pública.
Si hace diez años se hubiese propuesto esta iniciativa, habría dicho que era imposible que contáramos con el apoyo de todas las bancadas para aprobar un proyecto que propone la creación de una empresa pública. Sin embargo, eso es lo que estamos haciendo hoy: creando una empresa pública, el Fondo de Infraestructura S.A., una sociedad anónima del Estado en que participan el fisco y la Corfo, destinada a usar, como patrimonio propio, el valor presente de los flujos futuros de los excedentes de las autopistas, y cuya finalidad principal es aumentar la inversión en infraestructura productiva y en transporte público.
Este es un instrumento de inestimable valor para quienes creen en la necesidad de que Chile siga creciendo; es el mejor aporte que puede hacer el Estado en esa línea, mejorando las condiciones de conectividad y, por lo tanto, elevando la productividad del país.
No obstante, hay quienes creen que esto podría hacerse por arte de birlibirloque. Dicen que están de acuerdo con la creación de la empresa pública, pero no con que tenga un patrimonio propio aportado justamente por el excedente que dejan las concesiones.
No estoy hablando del diputado René Manuel García, por cierto, ya que él dijo con claridad que aprobaría la creación de la empresa y la incorporación del patrimonio derivado del excedente que genera la administración de las concesiones.
¿Para qué es el peaje? Para la construcción y mantención de la infraestructura, para amortizar los créditos que el privado tuvo que conseguir para invertir en la construcción y mantención de las obras y también para obtener la legítima ganancia que espera obtener por su inversión. Terminado el período de concesión, amortizados sus créditos y satisfechas sus ansias legítimas de ganancia, el Estado tiene derecho a administrar de la mejor manera posible dicha infraestructura. Por supuesto, el Estado no tiene por vocación lucrar y enriquecerse con ella, sino más bien reinvertir esos excedentes. ¿En qué? Por ejemplo, en nuevas carreteras y en mejores condiciones de transporte. De eso se trata el proyecto, y esa es la razón por la cual, a mi juicio, debiera contar con el apoyo de todos los que creen que el Estado debe contribuir a la animación del crecimiento del país. Esta es una de las maneras más apropiadas y concretas que tiene para hacerlo.
Por lo tanto, no entiendo que por un lado se apruebe la idea de crear una empresa pública y, por otro, se vote en contra del artículo transitorio y no se autorice la administración de los recursos generados por los excedentes que produce la administración de las autopistas concesionadas una vez que termina el período de concesión.
Bien saben que chicha y chancho genera malestar estomacal. Por lo tanto, no se puede aprobar la creación de una empresa pública sin otorgar los recursos necesarios para que cumpla el rol que está llamada a cumplir por ley.
Espero que los colegas que han cambiado de opinión respecto de la unanimidad que el proyecto consiguió en el Senado recapaciten, para que todos concurramos a hacer la afirmación categórica de que queremos que el Estado de Chile haga una contribución decisiva al crecimiento del país.
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro Alberto Undurraga y al asesor que lo acompaña.
Como se ha dicho, estamos debatiendo un proyecto de ley que crea una sociedad anónima del Estado, denominada Fondo de Infraestructura S.A.
En el tiempo que llevo como parlamentario, no recuerdo haber visto la creación de una empresa pública, por lo cual esto me produce una enorme satisfacción, no porque se vaya a engrandecer el Estado con empresas que van y vienen, sino porque estamos hablando de una empresa pública que no le cuesta ni un peso al Estado, que arranca con un capital de 9.000 millones de dólares y está destinada a mejorar la vida de los chilenos.
“¿Cómo no se nos había ocurrido antes?”, se preguntarán algunos. Bueno, cada día tiene su afán.
Para que el público que nos escucha, sobre todo el de los distritos que representamos, comprenda mejor de qué estamos hablando, diría que esta situación es parecida a la de la gente que compra un departamento con mucho esfuerzo, lo alquila y con el arriendo que recibe paga el dividendo correspondiente, pero cuando termina de pagar íntegramente el inmueble, se produce un excedente debido al arriendo que recibe su dueño.
Con esta empresa sucede algo parecido. Ya terminamos nuestros contratos de concesión de carreteras con los privados, por lo que el flujo de dinero que se cobrará a futuro por concepto de peajes lo utilizaremos para mejorar la infraestructura, los caminos y distintas obras que hacen falta al país. Nos adelantamos en el tiempo. De eso trata el programa de gobierno de uno de los candidatos, que señala que se mejorarán las pensiones a partir de hoy, mientras que el otro candidato pretende mejorarlas en 30 años. Para mejorar la infraestructura caminera, las obras y los proyectos pendientes, necesitamos el dinero ahora, por lo que es muy importante la presencia de una empresa de estas características.
¡Cuidado! No es una empresa que se crea para beneficiar al gobierno de turno, porque estará dirigida por un directorio quinquenal, es decir, va a trascender al gobierno de turno. Entonces, se trata de una empresa del Estado y no de un gobierno determinado.
Estamos en presencia de una iniciativa estrella. Hemos aprobado en esta Sala muchos proyectos importantes, unos valóricos y otros materiales; pero este proyecto de ley empuja la economía de Chile muchos años hacia adelante, ya que no tenemos que esperar, pues podemos utilizar hoy esa tremenda infraestructura, ya que pasa a ser parte de un activo importante que nos permite utilizar hoy esos recursos que se generarán en el futuro.
Recuerdo perfectamente que, como dijeron mis estimados colegas René Manuel García, Mario Venegas y Pepe Auth, nadie se opuso al proyecto el día de la votación en la comisión, porque todos lo considerábamos magnífico, y seguimos pensando igual.
Por esa razón, la bancada del Partido Radical lo aprobará íntegramente, porque mejorará la vida de la gente en las regiones, pues tendrá mejores caminos en las regiones de La Araucanía, del Biobío y de tantas otras que se encuentran desfavorecidas por la falta de dinero para desarrollar infraestructura. Además, habrá mucha corrección y transparencia en el uso de estos recursos.
Señor Presidente, por su intermedio, felicito al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, y a su equipo, porque así se avanza. Esta es la forma de corregir lo que no se ha hecho bien; esta es la forma de entregar esperanza, futuro y mejores condiciones de vida a la ciudadanía.
¡Adelante con este proyecto de ley y con el Fondo de Infraestructura!
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva .
Señor Presidente, primero, saludo al ministro de Obras Públicas. Quiero hacer una precisión respecto de intervenciones previas.
Los artículos 11 y segundo transitorio se aprobaron en el Senado por 23 votos a favor y 6 abstenciones. En consecuencia, no es efectivo que todos hayan estado de acuerdo con la totalidad del proyecto a lo largo de toda su tramitación.
¿Por qué se elaboró este proyecto de ley? Porque el gobierno reconoce que, en la práctica, se ha fracasado en estimular el desarrollo de infraestructura para lograr más crecimiento económico. Algo ha fallado, ya que durante años no creyeron con fuerza en el modelo de concesiones y buscaron una herramienta diferente para tratar de impulsarlo.
Lo que quiero decir es que este gobierno no ha logrado generar crecimiento económico, no ha logrado impulsar iniciativas de infraestructura con la fuerza que se requiere, por lo que su actividad principal será otorgar concesiones; pero, como veremos más adelante, no es la única, ya que busca una herramienta diferente para desarrollar lo que no logró previamente.
El proyecto está lleno de buenas intenciones, pero plantea riesgosas ejecuciones. Varios parlamentarios de la UDI creemos que existe un buen objetivo, pero que la herramienta a través de la cual se desarrolla no lo cumple a cabalidad.
¿Queremos más infraestructura? Sí. ¿Queremos más crecimiento? Sí. Tanto es así que se están haciendo muchas cosas -no me refiero a este proyecto de ley, sino a nuestro programa de gobierno para lograr lo que no se ha conseguido en este tiempo.
El proyecto de ley descansa en tres argumentos centrales que quiero que queden planteados para la historia fidedigna de la ley.
En primer lugar, el gobierno sostiene que existiría el derecho para considerar como un activo del Estado el cobro peajes más allá del período de la concesión y por un monto superior al costo de mantención de las obras correspondientes. La pregunta que planteo a la Sala es si los señores diputados consideran que eso lo tiene que definir el Estado o ya se trata de recursos de los ciudadanos. Tengo una duda de fondo al respecto. Creo que una vez que se cumple el periodo para financiar la inversión a través de la concesión, no necesariamente el fisco debe capturar esos recursos, seguir cobrando peajes y apalancarse en ello. ¡Ojo! Este es un punto central en la construcción del patrimonio de este fondo.
En segundo lugar, se dice que habrá un activo por hasta 9.000 millones de dólares. ¿El Congreso Nacional está de acuerdo con que la empresa que se crea hoy defina prioridades antes de que ustedes voten y para cada año hacia el futuro? Ustedes tienen claro que, al aprobar la actual redacción del proyecto, se están determinando las prioridades para esta importante cantidad de recursos, incluso antes que la infancia y otras preocupaciones. ¿Queremos definir eso ahora? Se lo dejo planteado a los señores parlamentarios que van a seguir legislando hacia el futuro. Tengo serias dudas de que esa priorización de recursos sea la mejor herramienta.
En tercer lugar, he escuchado con especial entusiasmo que por fin gestionaría bien una empresa del Estado. Señor Presidente, permítame decirles a mis colegas parlamentarios, con el debido respeto, que es legítimo pensar que la eficiencia del Estado para gestionar empresas no es su mejor activo. Mire lo que hemos traspirado con el caso de Televisión Nacional de Chile, que analizamos hace algunas semanas; mire lo que ha pasado con la Enap, a la que hemos tenido que cubrir sus deudas; mire lo que ha ocurrido con Codelco en muchos momentos de la historia. La gestión de empresas no es el principal atributo del Estado. ¡No lo es!
¿Significa eso que es un desastre? No, pero, repito, no es su principal atributo.
Habiendo planteado esos tres temas, déjeme decir que es una buena idea, pero que presenta serios problemas de ejecución.
Si bien este proyecto de ley no implica un endeudamiento explícito, sí implica una garantía implícita al fisco, al salir a apalancarse con endeudamiento en base a recursos que, supuestamente, son un activo del Estado.
Señor Presidente, lo invito a que ponga a disposición de los señores diputados lo que dice el Consejo Fiscal Asesor, entidad independiente pero que depende del ministro de Hacienda, para que no le echen la culpa a la oposición de esas afirmaciones: “De este modo, estos mecanismos de financiamiento de infraestructura implícitamente asignan recursos en forma exclusiva a estos gastos sin competir con otros que pudiesen ser igualmente o más rentables en términos sociales.”. Es lo que señalé hace un momento.
Y agrega: “c) Para financiar sus operaciones, de acuerdo al Mensaje del Proyecto de Ley, la Empresa captaría recursos en el sector financiero, endeudándose en contra de sus eventuales ingresos futuros. Por tanto, y si bien la exclusión de las empresas públicas de la contabilidad del gobierno central implica que las operaciones del Fondo de Infraestructura (FDI) no afectarían el Balance Cíclicamente Ajustado (BCA), implícitamente se estaría creando una garantía del Estado”, y –agrego un riesgo de endeudamiento.
Solo para refrescar la memoria, hago presente a la Sala que durante este gobierno la deuda pública se duplicó, y eso que existían mecanismos de control, porque tanto ustedes como nosotros votamos a favor de la aplicación de estas medidas; en cambio, con este proyecto de ley podría aumentar el endeudamiento sin necesidad del voto favorable de los parlamentarios. ¡Ojo con la garantía implícita! Es una buena idea, pero hay que tener cuidado con la ejecución.
Lo que acabo de exponer no es lo único, porque la semana pasada, el 5 de diciembre, el contralor emitió un informe que en la Comisión de Hacienda no se quiso discutir en profundidad, como creo que se necesitaba, en el que critica distintos temas y dice lo siguiente:
“Al respecto, es del caso señalar que si bien de la discusión parlamentaria y demás antecedentes se advierte que la creación de la sociedad tiene por finalidad hacer negocios con los activos del Estado obtenidos desde el sistema de concesiones y que se le aportarían (específicamente con los excedentes de los flujos futuros traídos a valor presente), del texto del proyecto eso no queda suficientemente claro.
En este sentido, el proyecto expresa que se aportarán bienes nacionales de uso público, aporte que naturalmente -a falta de regulación ha de ser en dominio.”.
Más adelante agrega: “Por su parte, el artículo segundo transitorio autoriza para que por decreto “por orden del Presidente de la República”, se efectúen, dentro de cinco años siguientes a la constitución del fondo, los aportes…”.
El contralor señala: “Esta norma da lugar a otras interrogantes, pues no se entiende cómo opera el plazo de cinco años con el inciso final del artículo 11, que permite ampliar el capital mediante el aporte de nuevos bienes por parte del fisco, en los mismos términos establecidos en la letra a) del presente artículo.
Cabe agregar -señala este oficio que, de acuerdo al mensaje del proyecto, estos bienes nacionales de uso público se entregarán “bajo fórmulas que permitan radicar su administración en el fondo…”.”.
“De esta forma -señala el contralor en este punto, porque abunda en varios más-, lo expuesto -pido atención, señor Presidente no es solo un tema formal o de redacción que es indispensable adecuar. Es necesario también precisar cómo estos bienes nacionales de uso público -en su casose entregarían en administración al fondo, y la regulación subsecuente”.
Me quedan solamente dos minutos, y son tantos los puntos que plantea el contralor que no alcanzaré a explicarlos.
Si, más allá de la pasión que han puesto algunos, esos argumentos no convencen de que este proyecto requiere más revisión y tiempo, no sé qué los podría convencer.
El Consejo Fiscal Asesor lo dijo, el contralor lo plantea, se han señalado argumentos razonables. Invito a que el ministro recoja esos puntos para mejorar el proyecto en etapas posteriores.
En el Senado, la UDI votó a favor el proyecto en general y muchas de sus disposiciones porque, a diferencia de la Nueva Mayoría, nosotros siempre estamos a favor del crecimiento económico. ¡Siempre! Creemos que la herramienta que se utiliza en este caso no es la mejor, y por eso queremos perfeccionarla, mejorarla. Así se hizo en parte en la Comisión de Hacienda.
La herramienta que se crea acá está sujeta al control de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Contraloría General de la República, cuestión que consideramos positiva. También consideramos positivo que se establezcan las concesiones como regla general, pero manifestamos nuestra preocupación porque la excepción, a través de una decisión de la junta de accionistas, pueda llevar a otro mecanismo.
Por último, llamamos al gobierno y al que lo suceda, cualquiera que este sea, a que más que crear nuevas empresas y tratar de saltar por el lado la institucionalidad, empujen con fuerza para que se desarrollen los proyectos de inversión que hoy se pueden hacer y para que se quiten los trámites que hacen difícil el avance en distintas materias.
Por todo lo anterior, hemos pedido la votación separada de los artículos 2 y 11 permanentes del proyecto, y del segundo transitorio, respecto de los cuales no vamos a dar la aprobación. Esperamos que si este proyecto de ley pasa a comisión mixta -donde debiera ir-, se recojan las valiosas inquietudes planteadas y se mejore esta iniciativa, que es una buena idea, pero con una no muy buena ejecución.
Señor Presidente, la última frase del colega que me antecedió en el uso de la palabra reconoció que el proyecto en discusión es una muy buena idea, pero de mala gestión. ¡Pero si todavía no hemos aprobado el proyecto de ley! ¿Cómo se puede hablar de mala gestión si estamos recién debatiendo el proyecto de ley, que debiéramos votar hoy?
En la Sala nos encontramos por lo menos tres colegas parlamentarios que, en 1990, cuando el ministro de Obras Públicas era don Carlos Hurtado , fuimos testigos del inicio de algo muy especial: las concesiones.
René Manuel García y yo integrábamos la Comisión de Obras Públicas en esos años. Recuerdo muy bien que en ese momento nos dimos cuenta de una realidad impresionante: la conectividad en el país era pésima. La solución contó con el visto bueno del Presidente Patricio Aylwin y los parlamentarios, casi por unanimidad, apoyamos esa iniciativa de ley, porque era para el bien del país.
Por otra parte, aquí se ha discutido mucho sobre quién ha entregado más concesiones. El gobierno en que más concesiones se entregaron -cuatro al año fue el que encabezó Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Presidente -por quien hacemos votos para la recuperación de su salud y que tuvo como ministro de Obras Públicas a ese estadista que fue Ricardo Lagos.
Se dice que el actual gobierno no ha hecho nada, que es ineficiente, que el país se va a caer a pedazos, pero resulta que nuestra economía es la mejor de América Latina. Ayer asistimos a la ceremonia de instalación de la primera piedra de las obras de ampliación del aeropuerto Carriel Sur de Concepción, proyecto que significa una inversión de 32 millones de dólares y que va a cambiar total y absolutamente dicho terminal aéreo. Aquello fue reconocido por todos, especialmente por la empresa que ganó esa concesión.
Ese hecho ratificó algo: cuando faltan tres meses para el término del gobierno, ya se han hecho 17 concesiones, lo que equivale a más de cuatro concesiones al año. Por lo tanto, es de falsedad absoluta que mi gobierno, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas, hayan sido ineficientes.
Estamos a cinco días de la segunda vuelta de la elección presidencial, pero eso no nos impide ser objetivos en nuestra labor legislativa.
Hoy, todo se encuentra malo, todo es pésimo, todo hay que mejorarlo, todo hay que cambiarlo.
En la Sala estamos presentes los 13 miembros titulares de la Comisión Mixta de Presupuestos, por lo que podemos decir que el Ministerio de Obras Públicas es el que todos los años ha ejecutado el ciento por ciento de su presupuesto. Su enorme capacidad se basa en sus grandes profesionales, especialmente de la Dirección Nacional de Vialidad. Recordemos que si no hubiera sido por su labor, los incendios de enero y febrero de este año en el Gran Concepción habrían constituido una catástrofe mucho mayor.
La capacidad de ese ministerio, la formación de sus profesionales y otros atributos han hecho posible que cada año en diciembre, la mayor parte del suplemento de recursos sea ejecutado por ese ministerio, pues tiene proyectos con los RS aprobados y la capacidad técnica y profesional para ejecutarlos.
El fondo de infraestructura al parecer molesta a algunos; pero yo trato de ser objetivo en la vida y reconozco que esto fue una idea que se le ocurrió a Alberto Undurraga , el ministro de Obras Públicas.
De primera, todos le decían que era una idea brillante; pero ahora, como faltan tan pocos días para la elección presidencial, el proyecto es malo, pésimo, hay que cambiarlo, postergarlo, ir a comisión mixta, no les parece, etcétera.
Lo importante para la gente que nos está viendo a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados es que tenga claro que el Fondo de Infraestructura S.A. tiene por objeto financiar y explotar obras de infraestructura y transporte.
Además, se garantiza que esta empresa se adecúe a las buenas prácticas, y es indispensable que cuente con capital propio y un gobierno corporativo moderno.
Ampliar las posibilidades de inversión en infraestructura con cargo a los recursos que generen estas inversiones. Este fondo es de 9.000.000.000 de dólares.
Es bueno que el país sepa que algunos están negando la posibilidad de mejorar los caminos, la conectividad y las obras que generan inversión, empleo y desarrollo de las industrias. Es decir, esta tarde vemos que hay gente que está pensando en el domingo y en chutear todo hacia adelante.
-Hacer eficiente la asignación de recursos públicos en el financiamiento de la infraestructura, formalizando y robusteciendo la política de “el que usa, paga”.
-Lograr una mejor gestión financiera de los ingresos por peajes que recibe o podría recibir el Estado, de manera que los ingresos de infraestructura puedan disponerse para inversión en infraestructura.
En la Comisión de Hacienda escuchamos a personeros de la Cámara Chilena de la Construcción -siento respeto por esa entidad-, quienes efectuaron críticas increíbles, especialmente antes de la primera vuelta electoral. Sin embargo, ante una consulta que formulé, el señor vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción reconoció que este era un gran proyecto.
Allí están las inversiones y las posibilidades de desarrollar cada día más el país. Es decir, se dicen las cosas depende de dónde se esté.
Otro objetivo es fomentar iniciativas de asociación público-privada, bajo el modelo de concesiones u otros que impliquen la presencia del sector privado, colaborando junto con este en tareas de diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia de infraestructura.
Actualmente, se pone en duda en qué forma se va a administrar el fondo.
Habrá un gobierno corporativo que tendrá una mirada de largo plazo, más allá del gobierno de turno, pues sus directores durarán cuatro años en sus cargos, renovándose por parcialidades.
El directorito estará integrado por cinco miembros, tres de los cuales serán designados por el Presidente de la República a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Publica, previa definición por los ministros de Obras Publicas y de Hacienda de los perfiles profesionales y de competencias y aptitudes que deberán cumplir los candidatos.
El fisco estará representado en la junta de accionistas por los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, y la Corporación de Fomento de la Producción por quien designe el Consejo Directivo del Sistema de Empresas Públicas.
Estamos ante un gran proyecto.
El 11 de marzo, Dios mediante, deberé jurar por el nuevo distrito N° 20. Durante el recorrido por las ocho comunas que no corresponden a mi actual distrito, me di cuenta de que hay materias que debemos seguir atendiendo. Es bueno que lo sepan sus habitantes. Acá se verá quién realmente quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, tal como lo hicimos en la Comisión de Hacienda, apoyaremos totalmente la iniciativa.
Señor Presidente, cuando hace un tiempo tomé conocimiento de este proyecto de ley, lo vi con muy buenos ojos. Tuve una especie de epifanía, una revelación. Dije: “Por fin el economista John Maynard Keynes iluminó a este gobierno, iluminó al Estado de Chile. Por fin tendremos al Estado, como hace cincuenta años, construyendo carreteras y hospitales por y para los chilenos.”.
Sin embargo -¡ay, Señor!-, el fondo del proyecto se nos cae en el artículo 4°, pues allí se señala que este solo podrá utilizarse para construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura a través de terceros, es decir, a través de licitaciones públicas.
¡Una vez más los privados metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos y no el Estado haciendo lo propio, pero al revés! Se trata de la típica lógica gatopardista: cambiemos algo para que todo siga exactamente igual.
Esta no es una empresa pública. ¿De qué me están hablando? Este es un vulgar, común y corriente fondo para concesiones, para que los mismos sinvergüenzas se sigan llenando de plata los bolsillos. ¿De qué me están hablando? ¿Están tratando de meternos el dedo en la boca a mí y a todos los chilenos? ¿De qué empresa pública me hablan? Aguirre Cerda y Allende se deben estar revolcando en sus tumbas.
¿Me dicen que esta cosa es una empresa pública? ¡La derecha está de acuerdo! ¡Ay de Chile cuando la derecha y la izquierda se ponen de acuerdo, porque nada bueno puede salir de allí! ¡Absolutamente nada bueno!
No puedo apoyar este tongo. Esto no es empresa pública, acá ni en ninguna parte. Esto es un vulgar fondo de 9.000.000.000 de dólares para que se lo roben los mismos que se han robado durante 27 años la plata de todos los chilenos, cobrando un ojo de la cara, un riñón, a la gente por pasar.
¡Por Dios! ¡Y tienen el descaro de llamar a esto empresa pública! Si fuera realmente una empresa pública y el Estado construyera, sin invitar para nada a los privados, como debería ser y como alguna vez fue, sí daría apoyo a este proyecto; pero así, no. No estoy para cambiar algo para que todo siga igual.
Para concluir y ya que algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron proselitismo político -encubierto, pero lo hicieron-, también lo haré por mi candidato.
Después de mucho pensarlo, he decidido que tengo un candidato. Hoy me acompaña; está aquí conmigo. Se lo presento: mi candidato presidencial se llama Elmo . Prefiero votar mil veces por él. Me da más confianza él que cualquiera de los dos payasos que se están presentando en este minuto. ¡Este sí me da confianza! ¡Este no me va a engañar! ¡Este es mi candidato y marcaré mi voto con su nombre, no por alguno de los Tony Caluga que hoy se presentan!
Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
Señor Presidente, luego de dos décadas de iniciado el Programa de Concesiones de Infraestructura en Chile, impulsado por los gobiernos de la Concertación, podemos hacer una evaluación de sus puntos débiles y de sus bondades.
A través de este modelo de asociación público-privada logramos un desarrollo vial importante y aseguramos la conectividad vía carretera y aérea; accedimos a obras de un nuevo calibre, integrando nuestro territorio y mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes. No obstante, el modelo de concesiones no ha sido perfecto.
En mayo de 2014, en esta misma Sala, solicité a los ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Obras Públicas, una revisión de la política de concesiones del fisco, en atención a la necesidad de que los procesos de concesiones puedan ser pensados, evaluados, definidos y ejecutados con mayor reflexión y participación de más estamentos del Estado, autoridades, e incluso de la comunidad.
En aquella oportunidad hice saber mi crítica a la ley de concesiones por radicar en un centralizado Ministerio de Obras Públicas no solo la potestad de elaborar el reglamento para cada proceso, sino también el poder de decisión sobre todo lo relativo a su implementación, por lo que, incluso, podría modificar de forma inconsulta varios aspectos de los contratos, dejando de lado a las regiones y sus municipios y, por ende, su capacidad de influir en proyectos que impactan en su realidad local.
Además, quiero referirme a las externalidades negativas relacionadas con lo tarifario, ya que los cálculos proyectados suelen ser tan conservadores que, en la práctica, y ya en marcha, la concesión respectiva resulta extremamente lucrativa para los inversionistas privados. Por eso nos parecen de toda justicia los avances que ha hecho el Ejecutivo en la materia, como la presentación del proyecto de ley que crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, de la que espero realmente un reordenamiento del sistema, de cara a lo que se nos viene: una segunda oleada de concesiones, especialmente en lo que respecta a la planificación y participación de la comunidad y sus representantes en otras reparticiones del Estado.
Chile y su administración pública han aprendido de los éxitos y errores de este modelo, y es por eso que la creación de una empresa estatal que se encargue de intermediar la puesta en marcha de las futuras obras de infraestructura nos parece una medida crucial e innovadora para las próximas décadas.
El pronto término de algunas concesiones nos enfrenta a un escenario nunca antes visto en nuestro país, pues tales obras, como activos del Estado, serán recursos frescos para invertir. Volver a tener al Estado en la implementación directa de actividades empresariales de construcción, conservación, explotación e inversión en proyectos de infraestructura es una buena noticia, que además representa el consenso en la necesidad de devolver al sector público un rol y una responsabilidad preponderante en el desarrollo de nuestra economía, y que incluye a la Corfo en su constitución.
Lo anterior va en línea con lo anunciado por la Presidenta de la República sobre la “Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión Chile 30.30”, que considera una cartera de proyectos de infraestructura con inversiones directas por parte del Estado por medio de concesiones, lo que significará que para el año 2030 Chile será un país con un per cápita de 30.000 dólares.
Me parece importante destacar el artículo 21 del mensaje, sobre el proceso de evaluación de proyectos de infraestructura que requieren especial aprobación, donde destacan iniciativas que, por presentar una rentabilidad más bien social que económica, puedan requerir aportes del Estado.
Además, nos parece importante que, tratándose de una materia tan delicada, los parlamentarios seamos capaces de mostrar un acuerdo importante, dado el alto quorum que requiere la aprobación de la iniciativa. En este caso, se trata de lineamientos nacionales de largo plazo, que influirán en la construcción de nuevas carreteras, vías ferroviarias, aeropuertos e, incluso, hospitales, elementos que dan para un debate especial relacionado con el rol que le damos a los servicios básicos del país.
De todas maneras, la bancada radical está de acuerdo con esta iniciativa, que le devolverá al Estado el rigor y la fuerza que tuvo en aquellas épocas en que la economía y su impulso dependían del sector público.
Avancemos hacia una política de concesiones 2.0 que nos permita construir un país pensado en su gente y en su calidad de vida, por sobre los negocios y las edificaciones sin sentimientos.
Tiene la palabra el diputado Felipe de Mussy .
Señor Presidente, quiero partir con un saludo al ministro de Obras Públicas. Habría sido positivo contar también con la presencia del ministro de Hacienda, ya que este claramente es un proyecto que afecta las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.
Esta es una iniciativa positiva, que contiene una buena idea, pero ciertamente perfeccionable.
Al principio de la discusión, el diputado Mario Venegas dijo que a la derecha no le gustan las empresas públicas, que los terceros no tenían nada que hacer en este proyecto y que por eso no nos gustaba. Le quiero precisar al diputado, primero, que en el Senado y en la Comisión de Hacienda, al igual que en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones también se vio este tema y se votó a favor.
De la misma forma, también le quiero decir al diputado Venegas y a quienes todavía no lo tienen tan claro que este proyecto establece que cualquier tipo de obra, administración, etcétera, se va a hacer a través de terceros. Y en eso quiero hacer hincapié en la voluntad que tuvo el ministro Alberto Undurraga para acoger varias de las dudas que nosotros planteamos en la Comisión de Hacienda, lo que significó una indicación que mejoró la redacción. A nuestro modo de ver, por lo menos, se evitaban los riesgos futuros de una mala administración del Estado por parte de futuros gobiernos. Da lo mismo el color político de una mala administración.
De manera que agradezco la disposición del ministro de Obras Públicas, porque ese tipo de actitudes se echaron de menos durante mucho tiempo en este gobierno.
Sin embargo, creo que la iniciativa tiene cosas que son negativas. Nosotros pedimos votación separada y vamos a votar en contra algunas de ellas. Pero, en buen chileno y de forma bastante didáctica, quiero explicar algo, porque varios diputados de la Nueva Mayoría han leído discursos preparados, que suenan bien, pero que no consideran una cuestión más de fondo. Ojalá puedan entender el pequeño ejemplo que les voy a dar.
Años atrás, se prometió a los chilenos que a través de las concesiones iban a pagar durante cinco, diez, quince, veinte o treinta años por usar una carretera. Por ejemplo, en la ruta 68, que todos ocupamos, pagamos dos peajes de 1.900 pesos para llegar hasta Valparaíso . A los chilenos se les dijo que, para ocupar esa autopista, pagarían una cierta cantidad de dinero -alrededor de 1.900 pesos durante veinte y que, al cabo de veinte años, la empresa concesionaria ya habría recuperado su inversión y habría obtenido ganancia, y que prácticamente desaparecería el peaje. Pero no va a desaparecer, sino que va a bajar mucho su monto, porque la nueva empresa concesionaria solamente se va a preocupar de la mantención.
Hoy todos hablamos, felices, de 9.000 millones de dólares. ¿De dónde salen los 9.000 millones de dólares? ¿Crecerán en los árboles? ¡No, pues! Ese dinero será producto del peaje que hace veinte años se prometió a los chilenos que no pagarían. Sin embargo, hoy el mensaje a esos chilenos es que van a seguir pagando peaje indefinidamente y que esa plata que se recaudará constituirá este famoso fondo de infraestructura. Quizás es muy positivo y no me cabe duda de que servirá mucho en el futuro y que permitirá hacer obras maravillosas si se utiliza de buena manera.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Corresponde hacer ese cambio en las reglas del juego a los ciudadanos? Obviamente, cuando se termine de pagar la autopista 68, pasará a ser del Estado. ¿Pero es del Estado, de un consejo de administración en La Moneda, en el centro de la comuna de Santiago, o es de todos los chilenos?
Por consiguiente, ¿ustedes creen que es válido que a la persona que viaja por la ruta 68 todos los días para ir a su trabajo o los fines de semana para dirigirse a la costa, que en teoría, al cabo de veinte años, iba a pagar 500 pesos, se le siga cobrando 2.000 pesos para, por ejemplo, construir un puente en Arica? Puede ocurrir que algunos digan que sí, pero otros pueden opinar que tal vez no es justo.
En verdad, el tema de fondo es que aquí se cambiaron las reglas del juego a los ciudadanos, tema no menor, que si bien ha sido discutido de una forma positiva bajo un prisma, no lo ha sido bajo las consideraciones que acabo de comentar.
Dejo planteadas esas inquietudes. Las dudas son más que justificadas.
Anuncio que vamos a votar a favor en general, como también varios artículos; pero votaremos en contra otras normas, porque consideramos que el proyecto debe ser revisado en una instancia posterior.
Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro de Obras Públicas.
Este proyecto, que crea una sociedad anónima del Estado, denominada Fondo de Infraestructura S.A., es muy relevante para financiar obras de infraestructura que nuestro país requiere con urgencia.
Permítanme recordar lo que dijo la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo del 2015, cuando señaló que es muy cierto que el crecimiento, por sí solo, no trae más equidad, pero sin crecimiento fuerte y sostenido las políticas de equidad e inclusión carecen de bases sólidas.
Todos queremos mejores pensiones, mejores caminos, mejor salud y más seguridad pública, pero esas políticas sociales requieren financiamiento, y para eso el país debe crecer -a menos que algunos piensen que el país debe endeudarse-. Lo lógico, lo razonable, es que el país pueda crecer y, sobre la base a ese crecimiento, financiar todas las políticas públicas y sociales de inclusión que queremos y por las cuales trabajamos.
El fondo adquiere una relevancia muy importante por cuanto Chile tiene un déficit de infraestructura -podrá ser discutida la cifra que fluctúa entre los 150.000 millones y 200.000 millones de dólares. Así lo ha señalado la Cámara Chilena de la Construcción.
Por tanto, el desafío por los próximos veinte años es hacer una inversión importante en infraestructura para financiar el desarrollo económico.
Desde el 2010 al 2014 se invirtieron cerca de 2.400 millones de dólares en concesiones. Desde el 2014 a la fecha se han invertido más de 5.200 millones de dólares. Es decir, se ha dado un salto bastante importante en este ámbito. Sin embargo, el nivel de inversión está muy por debajo de lo que Chile requiere hoy. Abordar un déficit de infraestructura de entre 150.000 millones y 200.000 millones de dólares en veinte años implica que cada gobierno debería invertir entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. Estamos muy lejos de esa infraestructura para el desarrollo.
Hemos hablado del túnel de Agua Negra y del túnel Las Leñas , que permitirán mayor conectividad con Argentina; también se habla de autopistas, de puertos, de aeropuertos, de varias plantas desalinizadoras y de embalses para acumular el agua lluvia, más del 85 por ciento de la cual escurre hacia el mar, lo que impide usarla para el riego, pese a su potencialidad.
El fondo permitirá que esas iniciativas se transformen en realidad. Una manera inteligente de ir disminuyendo el déficit en infraestructura es la creación del fondo, pues permitirá traer a valor presente los flujos futuros de los excedentes de las autopistas, cuyo objetivo final será aumentar la inversión en infraestructura productiva y transporte público.
Es importante que apoyemos este proyecto, de manera que tengamos una mayor diversificación en la inversión.
Quiero destacar que el fondo no compromete la responsabilidad financiera del Estado. Eso ha quedado resguardado con las indicaciones presentadas.
También quiero destacar que la iniciativa resguarda el interés de las regiones, toda vez que cuando deba pronunciarse sobre proyectos que requieran aporte fiscal, el directorio del fondo deberá considerar la conveniencia de dichos proyectos para el interés social y que contemplen criterios de equidad territorial y los intereses de cada región del país.
Por cierto, Chile es un país muy desigual. El diputado Osvaldo Andrade mencionó que el centro de Chile está concentrado en la Región Metropolitana. Por lo mismo, necesitamos descentralizar el país. Esta mañana, en este supermartes, hemos dado un paso muy significativo en materia de elección de los gobernadores regionales, pero también necesitamos que la inversión en infraestructura pública no solo quede en la Región Metropolitana. Valoramos que se haga inversión pública en las líneas del Metro y en las autopistas, pero también las regiones requieren inversión. Para eso -reitero-, el interés social estará resguardado debidamente, puesto que el directorio del fondo deberá considerar a las regiones al tomar las decisiones.
El proyecto es tremendamente relevante, pues permitirá financiar el desarrollo y el crecimiento económicos, que son la base de las políticas sociales inclusivas con las cuales todos estamos comprometidos.
Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas .
Señor Presidente, en primer lugar, felicito la gestión del ministro Alberto Undurraga y de su equipo, en especial de Eduardo Abedrapo , porque lo que han hecho en esta materia ha sido fundamental y relevante.
Recuerdo que hace muchos años el Presidente Frei Ruiz-Tagle -que esperamos que pronto se recupere de su salud y luego el Presidente Lagos impulsaron una serie de reformas que posibilitaron un cambio dramático de la infraestructura en nuestro país, lo que se tradujo en la construcción de aeropuertos, puertos y carreteras, de los cuales hoy disfrutamos las chilenas y los chilenos.
Por eso, sin ideologismos preconcebidos y con apertura, el ministro Undurraga y los distintos actores que han acompañado este proceso han llegado a la elaboración de un proyecto que busca de manera importante mayores concesiones, pero también apuntando a que se paguen precios justos.
Por su intermedio, señor Presidente, quisiera contestar al diputado Felipe de Mussy que efectivamente, como dijo la diputada Loreto Carvajal , si hay que construir un puente sobre el río Itata, y esa obra debe pagarse con dinero del peaje de las autopistas por las que hoy transitamos desde Santiago a Valparaíso, bienvenido sea, porque la infraestructura del país es una sola. Tenemos que apuntar a la regionalización, pero también a una distribución adecuada de los recursos que se invierten.
Estamos muy contentos y muy entusiasmados porque el proceso que nos ha llevado a más de veinte años de éxito, desarrollo y crecimiento del país tiene que ver con haber innovado. Y fueron -lo digo con mucho orgullo los gobiernos de la Concertación los que empezaron ese proceso, en especial los presidentes Frei Ruiz-Tagle y Lagos.
Tenemos un gran desafío, cual es que se desarrollen los proyectos impulsados por el ministro Undurraga en estos años, en conjunto con otros actores, en materia de construcción de puertos, aeropuertos, embalses, obras relacionadas con la agricultura y otras que son importantes.
Por lo tanto, anuncio que vamos a apoyar el proyecto de ley.
Señor Presidente, solicito que se inserten los discursos de quienes no pudimos intervenir.
Señor Presidente, en relación con el proyecto en discusión deseo plantear lo siguiente.
1.- Idea matriz:
Según el mensaje, este proyecto tiene por objeto proporcionar una institucionalidad que permita al Estado utilizar de manera adecuada sus activos, incorporar a su haber los flujos financieros que aquellos generen y potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones. Para ello se crea una sociedad anónima del Estado denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”, que tendrá por objeto financiar e invertir en proyectos de infraestructura y sus servicios anexos, y delegar en terceros la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación y desarrollo de las obras respectivas.
En 2014, el gobierno anunció la “Agenda Infraestructura, desarrollo e inclusión, Chile 30.30”, una ambiciosa cartera de proyectos de infraestructura con inversiones directas por parte del Estado y por medio de concesiones. Lo anterior requiere, entre otras medidas, contar con una nueva institucionalidad que facilite enfrentar estos desafíos y, de esta manera, potenciar la inversión en infraestructura por medio de concesiones.
El 1O de julio de 2015, la Presidenta de la República planteó a los ministros “que preparen un fondo de infraestructura, que sea dueño, administre, relicite concesiones, que apalanque recursos, que los movilice a otras obras y que, incluso, ayude a financiar nuevos proyectos que requieran apoyo”. El proyecto de ley, en consecuencia, autoriza al Estado para crear el Fondo de Infraestructura S.A.
3.- Contenido del proyecto:
El Fondo es una sociedad anónima constituida por el fisco (99 por ciento) y por la Corporación de Fomento de la Producción (1 por ciento).
El fisco aportará bienes fiscales y nacionales de uso público. Sus activos serán las carreteras concesionadas que se le traspasen bajo fórmulas jurídicas que permitan radicar su administración en el Fondo.
Corfo , por su parte, aportará recursos o activos financieros. El objeto del Fondo será el financiamiento e inversión referido a proyectos de infraestructura, incluidos los servicios anexos a los mismos, incluyendo su construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación y desarrollo, lo que debe hacer a través de terceros señalados por la ley.
El Fondo buscará fomentar y expandir la inversión en infraestructura en Chile, contribuyendo a cerrar las brechas existentes en la materia. El Fondo podrá, entre otros:
-Financiar o invertir en proyectos de infraestructura, directamente o a través de terceros, así como elaborar y realizar los estudios necesarios para tales proyectos.
-Construir, ampliar, reparar, conservar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, solo a través de terceros.
-Realizar gastos o inversiones de carácter físico o financiero, para nuevos proyectos, fomentando su construcción y desarrollo, velando por mantener la solvencia de la empresa.
-Constituir sociedades anónimas filiales o coligadas para cumplir su objeto.
-Desarrollar ingenierías y diseños de infraestructura.
Respecto del financiamiento que se pueda levantar en el mercado para desarrollar nuevos proyectos a través del Fondo, se espera que este sea con cargo a los retornos esperados de la explotación de las obras que este administre.
El Fondo tendrá un gobierno corporativo que contempla una junta de accionistas y un directorio de cinco miembros (tres nombrados por Presidente de la República a partir de ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública y dos nombrados por el Presidente de la República de una quina propuesta por el ministro de Obras Públicas).
El Fondo de Infraestructura se regirá por las normas de las sociedades anónimas abiertas y quedará sometido a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y de la Contraloría General de la República. El proyecto de ley establece normas que siguen las principales recomendaciones OCDE en materia de empresas públicas, como son:
a) El marco jurídico y regulatorio debe garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten las empresas del sector público y privado, con el fin de evitar distorsiones de mercado.
b) Las empresas públicas no deben verse eximidas de la aplicación de leyes y regulaciones de carácter general.
Cada año, el directorio deberá elaborar un Plan de Negocios Quinquenal, que debe ser puesto en conocimiento del MOP a más tardar el 31 de marzo de cada año, el que emitirá un informe técnico dentro de noventa días de recibido, y que finalmente será presentado ante la junta de accionistas para su aprobación. La junta de accionistas la componen los ministros de Hacienda y de Obras Públicas, como representantes del fisco, y un representante de Corfo.
El Plan deberá considerar, al menos, lo siguiente:
a) Los objetivos y metas de rentabilidad de la sociedad y los planes de inversión y desarrollo.
c) Los requerimientos de transferencias fiscales si fueren necesarias.
El Fondo solo podrá construir, ampliar, reparar, conservar, explotar o desarrollar proyectos de infraestructura a través de terceros, pudiendo hacerlo por medio del otorgamiento de concesiones o la suscripción de otro tipo de contratos. Para el otorgamiento de concesiones a terceros, el Fondo deberá utilizar el estatuto jurídico de concesiones de Obras Públicas contenido en decreto supremo MOP Nº 900, de 1996. Excepcionalmente y para proyectos determinados, el Fondo podrá utilizar los procedimientos de licitación pública que este determine. En este último caso, la modalidad de contratación y el procedimiento de licitación pública deberán ser autorizados por la junta de accionistas en los términos que establece esta ley.
En el caso que el directorio acuerde financiar o invertir en proyectos de infraestructura que puedan requerir aporte fiscal, se deberá observar un procedimiento especial y cada una de las operaciones deberá contar con la autorización del Ministerio de Hacienda, otorgada por medio de un informe técnico que se refiera a los fines, objetivos e instrumentos a utilizar (artículos 22 y 25 del proyecto de ley).
Se establece un plazo de cinco años para realizar los aportes de capital inicial del Fondo, los que incluirán todas las rutas y carreteras actualmente concesionadas, las que comenzarán a explotarse por el Fondo a medida que vayan terminando las respectivas concesiones. Excepcionalmente, los ministros de Hacienda y de obras Públicas, fundadamente, podrán no aportar una o más carreteras, informando de ello a las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas de ambas cámaras del Congreso Nacional.
El cargo de director del Fondo será incompatible con todos los cargos de elección popular y con la calidad de funcionario público de la Administración del Estado, excluyendo solamente los cargos docentes. Del mismo modo, la incompatibilidad afectará al presidente, vicepresidente, secretario general o tesorero de las directivas nacionales o regionales de partidos políticos.
Se contempla una inhabilidad post empleo para los directores del Fondo de seis meses, tiempo durante el cual no podrán ejercer cargo alguno en una empresa que haya sido beneficiada con el Fondo, y durante los seis meses siguientes estarán obligados a informar al directorio cualquier actividad con empresas previamente beneficiadas por aquel.
Se contempla un procedimiento para establecer las remuneraciones de los directores, siendo estas establecidas y revisadas por el ministro de Hacienda, previa propuesta de una comisión integrada por tres personas que hayan desempeñado cargo de ministro de Hacienda, director de Presupuestos, director o gerente general de la empresa, o profesionales que se hayan desempeñado como directivos de la Dirección Nacional del Servicio Civil.
En el periodo actual se anticipa un aporte de capital de Corfo (1 por ciento) a considerar en la ley de presupuestos, dependiendo del valor de los activos traspasados por el fisco al Fondo. En este sentido, y como cualquier empresa pública, tanto los aportes que se le realicen a esta, así como las utilidades que se le retiren, sí serán incluidas en la ley de presupuestos correspondiente.
4.- Posibles cuestionamientos:
¿Por qué razón se contemplan concesiones que el Fondo puede otorgar de una vigencia tan extensa (hasta cincuenta años)? Actual artículo 7 del proyecto.
El proyecto contempla la posibilidad de extender las concesiones sobre las obras públicas que se permiten ejecutar por los terceros, hasta cincuenta años, lo cual parece un plazo extremadamente excesivo. Ello, en consideración a que hoy en día las concesiones se extienden en promedio hasta veinte años, los cuales resultan apropiados para el retorno de la inversión y un margen de ganancia. Pero cincuenta años asegura al privado un lucro demasiado oneroso para el Estado y la explotación de su infraestructura.
Ejecución de las obras por un tercero:
Si bien el proyecto no distingue entre público y privado, permitiéndose que sea una empresa estatal o bien otro organismo, como una municipalidad, es de manifiesto que actualmente los organismos públicos no están en condiciones de llevar a cabo la ejecución de obras mayores. Por ende, sería casi siempre un privado quien desarrolle los proyectos, externalizando la realización de obras sin tener el Estado y sus organismos una participación directa.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea una sociedad anónima del Estado denominada Fondo de Infraestructura S.A., con la salvedad de las normas propias de ley orgánica constitucional, las que se votarán a continuación y que requieren para su aprobación del voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención y 1 inhabilitación.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; Fuenzalida Figueroa, Gonzalo ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario .
-Votó por la negaativa el diputado señor Godoy Ibáñez , Joaquín .
-Se inhabilitó el diputado señor Browne Urrejola, Pedro .
Corresponde votar en general las letras a), d) y f) del inciso primero y el inciso quinto, ambos del artículo 18, y el inciso segundo del artículo 29, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Votó por la negativa el diputado señor Godoy Ibáñez , Joaquín .
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, con la salvedad de los artículos 1°, 4°, 5° y 25, por haber sido objeto de modificaciones por la Comisión de Hacienda; del nuevo artículo 31 incorporado por esta comisión, y del artículo 2°, letra a); del artículo 11 y del artículo segundo transitorio, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas.
Corresponde votar en particular artículo 1°, con las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda.
Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones. Hubo 1 inhabilitación
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .
Godoy Ibáñez, Joaquín ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique .
Señor Presidente, en la votación de este proyecto me equivoqué al marcar mi voto. Mi voto es a favor del proyecto.
Se dejará constancia en el acta de su voto favorable.
Corresponde votar en particular el artículo 2°, en los términos propuestos por el Senado. Hago presente a la Sala que para su aprobación se requiere el voto favorable de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 19 abstenciones y 1 inhabilitación.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .
Godoy Ibáñez, Joaquín ; Rivas Sánchez , Gaspar .
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett , Bernardo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Morales Muñoz, Celso ; Norambuena Farías, Iván ; Rubilar Barahona, Karla ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Trisotti Martínez, Renzo ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique.
Corresponde votar en particular el artículo 4°, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 2 votos. No hubo abstenciones. Hubo 1 inhabilitación.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kort Garriga, Issa ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario .
Corresponde votar en particular el artículo 5°, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
Corresponde votar en particular la letra a) del artículo 11, en los términos propuestos por el Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 5 abstenciones y 1 inhabilitación.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario .
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Kort Garriga, Issa ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Morales Muñoz, Celso ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Sandoval Plaza, David ; Silva Méndez, Ernesto ; Trisotti Martínez, Renzo ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique .
Becker Alvear, Germán ; Berger Fett , Bernardo ; Norambuena Farías, Iván ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Rubilar Barahona, Karla .
Corresponde votar en particular el artículo 25, con la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones y 1 inhabilitación.
Aguiló Melo, Sergio ; Alvarado Ramírez , Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Becker Alvear, Germán ; Berger Fett, Bernardo ; Boric Font, Gabriel ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Carvajal Ambiado, Loreto ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahin Valenzuela, Fuad ; Chávez Velásquez, Marcelo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Flores García, Iván ; García García, René Manuel ; González Torres, Rodrigo ; Gutiérrez Gálvez, Hugo ; Gutiérrez Pino, Romilio ; Hernández Hernández, Javier ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Lemus Aracena, Luis ; Lorenzini Basso, Pablo ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Meza Moncada, Fernando ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Pascal Allende, Denise ; Paulsen Kehr, Diego ; Pérez Arriagada, José ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Pilowsky Greene, Jaime ; Poblete Zapata, Roberto ; Provoste Campillay, Yasna ; Rincón González, Ricardo ; Robles Pantoja, Alberto ; Rocafull López, Luis ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Tuma Zedan, Joaquín ; Urízar Muñoz, Christian ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallespín López, Patricio ; Van Rysselberghe Herrera, Enrique ; Venegas Cárdenas, Mario .
Godoy Ibáñez, Joaquín ; Kort Garriga, Issa ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Trisotti Martínez, Renzo .
Barros Montero, Ramón ; Rathgeb Schifferli , Jorge .
Corresponde votar en particular el artículo 31 incorporado por la Comisión de Hacienda.
Corresponde votar en particular el artículo segundo transitorio, en los términos propuestos por el Senado.
-Se levantó la sesión a las 20.09 horas.