Source: http://antigua.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/proceso_no_16636_2003.html
Timestamp: 2017-03-26 05:18:50
Document Index: 311907479

Matched Legal Cases: ['artículo 29', 'artículo 174', 'artículo 172', 'in dubio', 'artículo 445', 'in dubio', 'artículo 162', 'artículo 164', 'artículo 172', 'artículo 173', 'artículo 174', 'artículo 329', 'artículo 225', 'artículo 162']

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga, el 9 de febrero de 1999, absolvió a Fermín Ascanio Escobar, quien había sido acusado por la Fiscalía Sexta
Seccional de incurrir en el delito de homicidio culposo.
El representante del ente acusador, inconforme con esa decisión, impugnó la sentencia. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 25 de mayo de 1999, revocó el fallo y, en su lugar, lo condenó, aunque se abstuvo de ejecutarle la pena, a la sanción principal de dos (2) años de prisión, multa de mil pesos ($1.000.oo) y a la suspensión del ejercicio de la profesión de conductor de vehículos por un (1) año. Así mismo, le impuso, como pena accesoria, la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena principal.
El defensor del procesado y el Procurador Judicial 54, interpusieron contra la sentencia el recurso extraordinario de casación. Debe la Sala pronunciarse sobre las demandas presentadas.
El 15 de mayo de 1.998, la Fiscalía Sexta
Seccional de Bucaramanga calificó el mérito probatorio del sumario y lo acusó por el delito de homicidio culposo.
El 7 de septiembre de 1998, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bucaramanga avocó el conocimiento del proceso. Finalizada la etapa probatoria y realizada la audiencia pública, el 9 de febrero de 1.999 se dictó la sentencia. Fermín Ascanio Escobar fue absuelto del cargo imputado. El juez, esencialmente, fincó su decisión en los siguientes argumentos:
"La doctrina de la imputación objetiva, que ha comenzado a entrar con fuerza para tratar de solucionar algunos conflictos jurídicos, nos servirá para este examen...".
"...puede afirmarse que la imprudencia del conductor es clara, patente su violación al deber objetivo de cuidado, porque él desarrollaba la actividad peligrosa, él creaba el riesgo, por eso estaba obligado a tomar todas las precauciones: no permitir que un hombre en estado de embriaguez, según se probó con las atestaciones obrantes en el proceso, se ubicara frente a la puerta de ingreso al bus, más aún como lo mencionan los señores..., quedando espacio para que ingresara hacia el interior del bus, el no prever que una persona alicorada perfectamente podía dormirse o perder el equilibrio, y el no cerrar la puerta de ingreso, contraviniendo el expreso mandato de la norma de tránsito, sino también por la experiencia y conocimiento de los riesgos que se pueden correr por la clase de actividad que se está desarrollando; pero nada de esto hizo".
"El procesado...transgredió el deber concreto de cuidado que le correspondía observar porque al tener en cuenta el riesgo que corría el occiso al encontrarse cerca a la puerta de ingreso, abierta, y en estado de beodez, se comportó de manera adversa a lo que aconsejaba el reglamento y su experiencia de conductor. La verdad es que un chofer con alguna práctica sabe que corresponde a la prudencia, ante tal situación, cerrar la puerta de ingreso para evitar que la persona que transportaba pudiera llegar a sufrir algún perjuicio y más si se trataba de un sujeto recalcitrante y ebrio".
"El riesgo permitido y el rol social al que hace alusión el señor defensor, por desarrollarse en una de las actividades peligrosas y por movilizarse en una zona minada de guerrilla, no son excusa, pues en estos casos una acción que envuelve cierto riesgo no es violatoria del deber de cuidado siempre que se respeten las previsiones que para tales casos establecen la ley y los usos, y como se apreció Fermín Ascanio quebrantó varios artículos del Código Nacional de Tránsito, esto es...".
"En la vida social de relación, el desarrollo de una actividad peligrosa suele aceptarse por su utilidad, como ocurre con el transporte automotor. Precisamente por lo anterior, la ley ha reglamentado hasta cierto punto su ejercicio, con miras a controlar el riesgo y de tratar de evitar que se presenten resultados dañosos contra las personas y las cosas. De tal suerte que quien en la ejecución de una actividad peligrosa no se comporta dentro de las normas de cuidado mínimas establecidas, aunque obviamente no se quiera el resultado, procede imprudentemente y con temeridad".
"...al permitir el procesado que el occiso viajara cerca a la entrada del bus, en notorio estado de embriaguez y sin cerrar la puerta, estaba incrementando el riesgo permitido, porque la probabilidad de que este pudiera caer al vacío era grande, luego debió prever que se podía presentar una tragedia y entonces adoptar las medidas mínimas aconsejables, como cerrar la puerta para evitar un resultado lamentable, acto que en verdad no le representaba ningún esfuerzo excepcional porque desde el asiento el conductor podía accionar la palanca (gancho) que mueve la puerta, y esta actividad la podía realizar sin desatender en lo más mínimo la conducción...".
"...es cierto, como lo sostiene la defensa, que el occiso se puso en peligro al no acceder a correrse más hacia el interior y por el contrario permanecer a la entrada del vehículo, olvidando los deberes de autoprotección, empero no puede pasarse por alto que el conductor tenía la competencia para impedirle que permaneciera en ese sitio, por lo menos, si no quería entrar en conflicto con el borracho, sí tenía el deber de cerrar la puerta del bus para evitar el riesgo de la caída y esto eliminaba, o por lo menos disminuía, el peligro en el que se puso la misma víctima, y así cumplía con el deber de cuidado que le imponían las normas de conducción de vehículos automotores".
g) Al no observar el deber de cuidado especialmente en lo relativo al cierre de la puerta estando el bus en marcha, el procesado violó el deber de cuidado objetivo, circunstancia que constituye la causa eficiente del resultado. Además, el conductor que permite "que un borracho sexagenario viaje en las gradas de un bus de servicio público, sin cerrar la puerta, eleva notablemente y con notoria imprudencia el riesgo inherente a la actividad y el mínimo tolerado".
"...y siguiendo con esta teoría actualmente en boga -imputación objetiva-, para atender así la argumentación del señor defensor no recurrente, no puede aseverarse que el procesado no creó riesgos desaprobados, supuesto que está demostrado pues adoptó una conducta abiertamente irreglamentaria, al conducir el vehículo de servicio público con la puerta de entrada abierta, máxime que permitió que el anciano borracho viajara en las gradas, lo que implicaba un altísimo grado de probabilidad de que cayera al vacío, resultado que era fácilmente previsible sobre todo para un conductor de la experiencia del procesado, pero no previó o confió imprudentemente en que nada ocurriera lo que constituye la esencia de la culpa...Con su comportamiento imprudente y negligente el autor incrementó injustificadamente el riesgo creado por la víctima al permanecer tozudamente en las gradas del vehículo".
"No sobra hacer mención, también en réplica a los planteamientos del señor defensor, que el denominado principio de la recíproca confianza rige para el desarrollo de actividades peligrosas que son permitidas por ser necesarias en la sociedad moderna...porque sin ellas se detiene el progreso; pero por elemental lógica, solo tiene derecho a esperar confiadamente el cumplimiento de los demás, aquel que actúa dentro del marco de los reglamentos y no el que los infringe, como aquí ocurre con el procesado, quien desatendió las normas integrales de la conducta de operar vehículos de servicio público que constituía el comportamiento peligroso".
De modo concluyente, el juzgador sostuvo que Fermín Ascanio Escobar, por haber desatendido la norma de tránsito que lo obligaba a movilizar su vehículo con las puertas cerradas, creó el riesgo, a pesar de su previsión del resultado dañoso, que ocasionó la muerte de Efraín Puentes. Se le escapó valorar, adicionalmente, y ahí se produjo el error de juicio en que incurrió, si ese comportamiento, no obstante ser violatorio de una norma escrita, era o no socialmente reprobado. La verdad, según lo indica el proceso, es que el inculpado no desplegó la acción a conciencia de que lo hacía al margen de su deber de cuidado. Cuando ordenó a la víctima retirarse de la puerta del automotor, actuó prudentemente y conforme al
rol social exigido de él respecto de la víctima.
Por eso su proceder fue acorde con las expectativas de comportamiento social.
Conducir automotores de servicio público con las puertas abiertas, es lo que hacen todos los conductores en la zona rural donde ocurrió el hecho. De ahí que el juicio sobre su conducta no podía ser esquemático. No era razonable construirlo a partir de la simple constatación de la relación causal entre la acción y el resultado. Del hecho de no haber conducido con las puertas cerradas, no podía inferirse que jurídicamente el resultado muerte le era imputable a Fermín Ascanio Escobar, a título de culpabilidad culposa. Una
interpretación correcta de la norma, exige establecer, además del acoplamiento de los elementos reales de la conducta al supuesto normativo, si el efecto producido por el hecho de ejercer una actividad peligrosa al margen de las reglas que la gobiernan, aunque haya puesto en peligro o vulnerado el bien jurídico protegido penalmente, carece o no de relevancia jurídica, en consideración a las circunstancias espaciales, modales y culturales en que se desarrolló.
Ahí radicó el error del sentenciador, finaliza el censor. Por haberle otorgado a la norma un alcance jurídico que en sí misma no tiene, sin ponderar previamente las particularidades de la situación en que se produjo el hecho generador de su aplicación -lo que a su modo de ver ocasionó un error en la modalidad de interpretación errónea-, violó la ley sustancial de manera directa. Segundo cargo.
El juzgador, al apreciar falsamente la prueba de la culpabilidad, incurrió en error de hecho. A este respecto, no existían suficientes elementos de juicio para obtener la certeza en torno a la culpabilidad del incriminado. Por eso el Tribunal, al no reconocer la duda que campea a lo largo del proceso, violó los artículos 445 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 29 de la Constitución Política. La siguiente es su fundamentación:
Como consecuencia de haber desconocido esa prueba, dio por hecho que el inculpado actuó, por transportar "personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas", en contravía de lo preceptuado en el artículo 174 del Código Nacional de Tránsito. Esta circunstancia, torna ilegal la sentencia. Si la víctima no abordó el automotor en estado de ebriedad, sobre esa base no puede afirmarse, como lo hizo el Tribunal, que el conductor fue el promotor de la cadena causal que terminó con la caída y muerte del pasajero. Quien creó el riesgo, por cuanto su estado no le permitió tomar las medidas de seguridad adecuadas, fue la persona que a la postre perdió la vida. Segundo cargo.
A esa hora, era mayor el número de pasajeros que descendían que los que tomaban el automotor. Esto lo explica el hecho de que el ayudante, cuando se retiró de la puerta, justo en el momento en que se produjo la caída del señor Puentes, lo hizo para cobrarles el precio del transporte a los nuevos tripulantes, quienes ya se habían acomodado en sus respectivas sillas. El Tribunal, en este sentido,
desconoció la prueba testimonial. Supuso, al soslayar la significación contraria que en sí mismo indicaba este medio probatorio, que en la buseta se transportaban más de las personas reglamentariamente admitidas. Por eso incurrió en error de valoración de las pruebas.
Así lo sustenta: El automotor conducido por Fermín Ascanio Escobar, no tenía registradora. No es cierto, por tanto, que él hubiera autorizado a la víctima a viajar de pie entre la puerta de entrada y la máquina de control. Al contrario: la víctima sí quiso sentarse en las gradas, pero el conductor lo instó a no hacerlo para que no obstruyera el paso de quienes debían entrar o dejar el bus. Fue el pasajero, y no el procesado, quien desobedeció las reglas de seguridad.
Ahora bien; el sentenciador supuso que la víctima se hallaba en estado de embriaguez. Dio por hecho que se trataba de un anciano indefenso y frágil y que el conductor, no obstante su condición, le permitió viajar al pie de la puerta del vehículo. No es esto lo que indica la prueba. El Tribunal la apreció erróneamente. En este sentido, falla la sentencia. Cuarto cargo.
El sentenciador, por el solo hecho de haber establecido la relación causal objetiva entre la acción y el resultado, emitió juicio de condena contra el inculpado. Del hecho de haber estado la puerta del vehículo abierta -circunstancia que le imputa al conductor-, dedujo directamente la causación del homicidio. Se equivoca el Tribunal. La causa de la muerte de Efrían Puentes, no puede hacerse radicar en el hecho de que Fermín Ascanio haya violado la regla que exige transitar con las puertas del automotor cerradas (artículo 172 del Código Nacional de Tránsito). Ese nexo causal no es absoluto. Su relatividad surge del contexto social y físico en que se presentó. Hay lugares del país en que estas "chivas" no tienen puertas y así transportan a los turistas.
Por eso no puede sostenerse, como relación necesaria, que del simple incumplimiento de la norma administrativa se derive la estructuración de la culpa penal. Para que se configure la culpa por acción u omisión, las premisas deben estar conectadas directamente con el resultado. En este caso, no se dio esa conexión. El hecho de mantener abiertas las puertas del vehículo durante el recorrido, no descarta la caída de pasajeros que guarden la compostura y acaten las reglas. Pero indefectiblemente no genera la de quienes no las observen. La relación causal no es absoluta. Su relatividad es evidente. En este caso, el pasajero rechazó las medidas de seguridad que le ordenó mantener el conductor. Pero contestó que no se justificaba porque él se iba a bajar cerca. Y agregó que él, acostumbrado durante años a describir ese mismo recorrido, se sabía asegurar para no correr peligro. Tercamente, desobedeció las recomendaciones del conductor. Por tanto, él mismo creó el riesgo. Es por ello que si el juzgador le hubiera otorgado el sentido correcto a la norma, situándola materialmente en el entorno en que se configuraron sus ingredientes normativos, y no mediante la extracción de su significado penal del simple ajuste formal entre el supuesto de hecho y el supuesto legal, como lo hizo, habría llegado a la conclusión de que Fermín Ascanio Escobar no causó culposamente la muerte de Efraín Puentes.
Estima que la censura no puede encontrar receptividad en la Sala. Sus
razones son las siguientes:
Por último, la Delgada observa que el recurrente, en la fundamentación del cargo, se limita a anteponer, a la del Tribunal, otra forma de aplicar la norma. Mientras a juicio del juzgador el conductor violó el deber objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad peligrosa que desempeñaba, puesto que a pesar de haber previsto el riesgo que gravitaba sobre Efraín Puentes no hizo lo adecuado para evitarlo, el libelista sostiene que es erróneo estimarlo así. La razón es que el conductor le solicitó a la víctima retirarse del lugar peligrosamente elegido para viajar, puesto que lo consideró inseguro para su vida y, sin embargo, él no atendió su recomendación. Esta última circunstancia, precisamente, no indica cosa diferente a que el conductor tenía conciencia del peligro que corría el pasajero. Y si previó esta consecuencia, estaba obligado a cerrar la puerta del automotor para evitar el resultado dañoso que se produjo.
Este cargo es simplemente enunciativo. No se adentra en el estudio de la prueba. El sustento de su alegación, lo hace al margen de los medios de convicción allegados al expediente. La controversia la sitúa en el plano de la teoría jurídica. A su modo de ver, la conducta de Fermín Ascanio puede ser juzgada desde dos puntos de vista. El escogido por el Tribunal, el cual conduce a la conclusión de que Ascanio Escobar es responsable a título de culpa, no es el correcto. Lo era el que asumió el juez de primera instancia. Este funcionario, por haber superado el simple juicio objetivo de causalidad, optó por exonerarlo de responsabilidad. Se equivoca en censor. El in dubio pro reo no está instituido para conciliar tesis doctrinarias opuestas. Él surge de la insuficiencia de la prueba. No de la teoría que se emplee para enfocar el estudio de la conducta materia de juzgamiento. Por tomar una vía de análisis equivocada, el casacionista incurre en una protuberante falla técnica. No señala cuáles fueron las pruebas que, por haberse apreciado en forma equivocada, propiciaron el desconocimiento de la duda a favor del procesado. Tampoco señala el error en que incurrió el juzgador para haber omitido la aplicación de este principio. Menos aún explicó cuáles medios probatorios demostraban la falta de certeza para condenar al inculpado.
Aparte de los errores señalados, suficientes para demandar la desestimación de la censura, la Delegaba es del criterio de que el planteamiento del casacionista carece de fundamentos jurídicos. Es cierto que el juez de primera instancia absolvió al procesado. Pero su fallo no tuvo asiento en aspectos probatorios. A partir de la asunción de una postura teórica, tomada de los argumentos expuestos por el fiscal, el procurador judicial y el defensor, se inclinó por concluir que no cabía, en este evento, deducirle culpabilidad culposa al sentenciado. Sobre esa base, el censor no puede pretender que se aplique el artículo 445 del Código de Procedimiento Penal. Sus planteamientos no apuntan a señalar la insuficiencia demostrativa de las pruebas reunidas en el investigativo. Su crítica se centra en solicitar que se tome partido, no por la postura conceptual del Tribunal, sino por la del juez de primera instancia, funcionario que en su opinión interpretó mejor el sentido de la norma demandada. En estas condiciones, por cuanto no fue el acervo probatorio el que fue objeto de debate, debe descartarse toda vulneración del principio del in dubio pro reo. La posición del Tribunal se derivó de la apreciación del material probatorio y, apoyado en ese estimativo, se inclinó, para declarar la responsabilidad del inculpado a título de culpa, por una de las posiciones teóricas que acerca de la culpa se esgrimieron, sin hacer expresa duda alguna respecto de la eficacia demostrativa de las pruebas. El cargo, por tanto, no puede ser aceptado.
Admitidas las demandas presentadas contra la sentencia y obtenido el concepto de la Delegada, debe la Corte pronunciarse sobre los reparos formulados en ellas a la legalidad de la sentencia. DEMANDA DEL DEFENSOR DE FERMÍN ASCANIO ESCOBAR. Dos censuras hizo el defensor a la sentencia.
1. El apoderado, con sus palabras, partió de la teoría de la adecuación social, como componente de la tipicidad objetiva. Por eso afirmó que tal como lo sostiene la doctrina, el tipo penal contiene siempre una situación social y, por tanto, no basta con la adecuación meramente gramatical de la conducta a la definición. Es menester, agregó, tener en cuenta la situación social real en que se desarrolla concretamente la acción. Y explicó: "Desconocer esta realidad es desconocer que la responsabilidad penal debe edificarse sobre la defraudación a expectativas de comportamiento social y no sobre infortunadas causalidades, porque las desaprobación de un riesgo no puede depender de la causal existencia o inexistencia de reglamentaciones escritas no aplicables a la situación concreta, sino de la si la correspondiente forma de comportamiento es socialmente recomendada... Porque la respuesta al interrogante de qué debe hacer cada individuo sobre la base de lo que ya conoce depende exclusivamente del contenido de la expectativa de comportamiento de cada situación concreta, pues no todas las personas en similares circunstancias les son exigidas conductas equivalentes, sino únicamente en atención a su respectivo ámbito de competencia".
Por ello se afirma, con aforismos que todavía no han sido desvirtuados, que Valet consuetudo cui lex non adversatur (es válida la costumbre a la que no se opone la ley); que Consuetudinis auctoritas, non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat, aut legem (la autoridad de la costumbre no debe ser de tal peso que venza la razón o la ley); que Malae consuetudines neque ex longo tempore neque ex longa consuetudine confirmatur (las malas costumbres no se confirman ni por un largo tiempo ni por su larga duración); y
que Mala consuetudo non tam consuetudo, quam corruptela merito est censenda (la mala costumbre mas es corrompimiento que costumbre, y por esto no debe ser guardada).
a) Cuando el legislador hizo el Código Nacional de Tránsito Terrestre que regía para la época del suceso lamentable (Decreto 1344 de 1970), expresamente dispuso que los automotores de servicio público debían transitar siempre con todas sus puertas cerradas (artículo 162); que en los buses de servicio intermunicipal e interdepartamental no era posible llevar pasajeros de pie (artículo 164); que los vehículos no podían portar pasajeros en los guardabarros o en los estribos (artículo 172); que los automotores de servicio público no podían llevar pasajeros en el espacio comprendido entre la puerta de entrada y la registradora (artículo 173); y que los conductores de buses de servicio público debían abstenerse de transportar a personas en estado de embriaguez (artículo 174). Esta normatividad proscriptiva también ha sido recogida en el nuevo Código Nacional de Tránsito Terreste (Ley 769 del 2002). Por ende, el legislador cerró toda posibilidad de hacer lo contrario. Mientras tanto, como dice la prueba -que en el fondo acepta el casacionista en este cargo-, el vehículo se desplazaba con las puertas abiertas, viajaban pasajeros de pie, la víctima se hallaba cerca de la puerta y don Efráin Alfonso Puentes Navarro estaba ebrio.
De otra parte, fíjese la atención en que ninguna prueba dentro del expediente enseña que en la zona donde ocurrió el insuceso, entre los conductores y usuarios del transporte exista la costumbre de trasladar personas con excesivos pasajeros, con las puertas abiertas, estén o no embriagadas, y sentadas en los estribos de los automotores. Si la costumbre equivale al conjunto de valores, usos, rasgos y pautas que por el peso de la tradición son compartidos por una comunidad de seres; o al hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie; o a la conducta reiterada y aceptada por el grupo social con fuerza de precepto, no puede ser admitido el planteamiento defensivo pues que, se reitera, no hay demostración de esa fuerza social cohesionada en el expediente. No prospera el cargo por violación directa del contenido del artículo 329 del Código Penal de 1980.
Dada su trayectoria como chofer, y sus características, es obvio que debía conocer claras disposiciones legales, como las ya mencionadas. Mientras tanto, como lo afirma el mismo procesado, el difunto ascendió al vehículo "borracho", en el automotor viajaban personas de pié, aquél se ubicó indebidamente y no atendió sus sugerencias. De sus propias frases, así, resulta que conscientemente violó reglamentos. Pero, además, sus explicaciones no pueden ser atendidas: que no cerraba la puerta, porque la gente subía y bajaba y porque el mecanismo era manual; que llevaba exceso de pasajeros porque la zona es peligrosa y las personas hasta amenazan cuando no se les presta el servicio que exigen, etc., todo ello carente de demostración en las fojas judiciales. Siendo así la situación probatoria y arribando después de su estudio a la deducción clara de responsabilidad, no se puede aseverar que el Tribunal debía reconocer la duda, sencillamente porque no existe. Es que el Tribunal nunca estuvoi en incertidumbre. Por tanto, ni desconoció prueba ni contradijo sus motivaciones en la parte resolutiva de su fallo.
La prueba científica -ciertamente ambigua, pues dice que no se detectó alcohol etílico en la sangre pero afirma una concentración de esa sustancia menor de 15 mg/100 ml-, contrario a lo que afirma el casacionista, no tiene un valor absoluto y prevalente dentro del conjunto de elementos de juicio que soportan una determinada sentencia. En el sistema penal vigente, por regla general, no opera la tarifa legal de pruebas. Rige la sana crítica. Ninguna norma le impone al juzgador la obligación de conferirle al dictamen pericial un valor específico. El sentenciador está facultado, sin contravenir las reglas de la sana crítica, para apreciarlo y otorgarle, como cualquiera otra prueba, la eficacia demostrativa que su racional persuasión le indique. En el caso objeto de estudio, resulta evidente que el Tribunal omitió apreciar la experticia que, en una parte, daba cuenta de que Efraín Puentes no tenía en su sangre, al momento de su fallecimiento, alcohol etílico. Pero esta omisión no determina el sentido final del fallo. Mediante esa prueba, lo único que habría podido demostrarse era que la víctima, cuando ocurrió su muerte, no había ingerido licor. Pero no que Fermín Ascanio Escobar, por su insistencia en movilizarse con la puerta de su vehículo abierta, no fuera quien dio lugar a la caída y fallecimiento del usuario. Lo que se quiere significar es que como el soporte esencial del fallo no está constituido exclusivamente por el estado de alicoramiento de la víctima, por cuanto éste es sólo un elemento de la serie sobre la cual el juzgador construyó la cadena causal que lo condujo a emitir un juicio en torno al actuar culposo del incriminado, aún extrayendo del material probatorio el aludido dictamen, persisten fundamentos adicionales que sostienen la sentencia de condena. Por esa razón, la Sala es del criterio de que el ataque, por sí solo, aunque efectivamente la prueba aludida no fue considerada por el Tribunal, carece de la trascendencia suficiente para desquiciar las bases del fallo impugnado. Y para roborarlo bastaría tener en cuenta que el Ad quem, conforme con la libertad probatoria prevista en la ley procesal penal, cimentó la afirmación sobre la ebriedad en las declaraciones de Gilberto Blanco Ortega, Willintong Blanco y Alfonso Castellanos, así como en las propias narraciones del procesado. No prospera el cargo.
Los testigos citados en la demanda, precisamente aquellos a quienes remite el demandante en la sustentación del cargo, son Rafael Gamboa Barrera, Alfonso Castellanos y Gilberto y Willington Blanco. Ellos, en su orden, dicen los siguiente: que el bus llevaba "unas cuatro personas de pie"; que no "estaba muy lleno"; que "no era que fuera muy lleno" y que "iba gente de pie, pero todavía quedaba espacio". En sentido estricto, el Tribunal no omitió esta prueba. Aun cuando no citó a espacio los nombres de los declarantes, recogió, para interpretarlo a su modo, el sentido de sus palabras. Por eso el cargo no se acopla con exactitud plena a la técnica de la casación. En realidad, el Tribunal no supuso la existencia de la prueba. Lo que hizo fue imprimirle, valido de su propio rasero interpretativo, el significado que a su juicio era el más adecuado. Por esa razón, si lo que pretendía significar el impugnante era que el juzgador había hecho un falso raciocinio a partir del contenido de estos testimonios, debió formular el cargo, de un modo claro y preciso, como lo exige el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal de 1991, al amparo de la causal primera de casación, cuerpo segundo, no por falso juicio de existencia por suposición material de prueba, sino por falso raciocinio, sobre la base de que el juzgador, en su apreciación probatoria, violó las reglas de la sana crítica, en virtud de que no se atuvo a los principios de la ciencia, las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Planteado como fue el reproche, no tiene vocación de éxito, dado que el Tribunal, en estricto sentido, como se dijo, aunque no citó sus nombres, sí apreció -y atinadamente- y lo incorporó a su propia persuasión racional, el contenido de esos testimonios.
Por emitir un juicio acerca del carácter culposo del comportamiento del sentenciado sobre la base de estas suposiciones, finaliza el casacionista, el Tribunal violó la ley sustancial de modo indirecto. Si bien en principio se percibe confusión en el actor porque aun cuando encauzó correctamente el reproche al invocar la causal primera de casación, cuerpo segundo, por violación indirecta de la ley sustancial, no determinó con absoluta claridad la modalidad de error de hecho encontrado en la sentencia. Sin embargo, del espíritu del reparo se establece que acusa violación indirecta por falso juicio de identidad o de raciocinio. No obstante, como se constatará más adelante, la fundamentación de la censura, en los términos en que fue formulada, carece de sustento en la realidad procesal.
Luego de la revisión del expediente, encuentra la Sala que la censura carece de soporte. En el proceso, existe prueba documental que confirma la edad del afectado. Y obra también prueba testimonial acerca de que la víctima se sentó en las gradas de ascenso y descenso de la buseta. Sobre lo primero, en la diligencia de necropsia consta que Efraín Puentes era un hombre de 64 años de edad y en la descripción del cadáver se alude a un "adulto senil". Y si se detiene la vista en las fotografías que obran en los folios 13, 14 y 17, se establece sin esfuerzo su avanzada edad.
En torno a lo segundo, la prueba indica que ascendió, se sentó en el estribo o en las escalas, o se paró en estas o que se prendió del tubo apenas ingresó (fls. 41, 42, 27 y 28). Y hasta se dice que sentado se durmió (fl. 22). De modo que la evidencia de esos dos hechos, sí existe materialmente en el proceso. De ahí que carezca de apoyo sostener que la sentencia, por estar fundada en un error de hecho por suposición de prueba, violó de modo indirecto la ley sustancial. Lo que hizo el Tribunal, a partir de la información que en los dos sentidos antes anotados le ofrecían las pruebas, fue apreciarlos, darles una significación dentro del contexto general de lo sucedido. No prospera el cargo.
Tampoco advirtió, añade el recurrente, que no fue el chofer quien creó el riesgo sobre la vida de la víctima. Fue el propio afectado el que propició su caída y su muerte. Fermín Ascanio, como quedó probado, instó a Efraín Puentes a que se retirara de la puerta. Pero él desatendió esta recomendación. Por estas razones, no resulta aceptable que el juzgador, del solo hecho de violar la norma de tránsito -artículo 162 del Código Nacional de Tránsito-, haya derivado, olvidando la incidencia de las circunstancias específicas en la comisión de la conducta, la responsabilidad por culpa del incriminado. Ha de entenderse, según los términos de la demanda, que el sentenciador, en opinión del recurrente, al efectuar esta operación intelectiva, violó de modo indirecto la ley sustancial por incurrir en errores de valoración probatoria. Así, se puede afirmar que el casacionista, si bien no empleó la terminología y la precisión correctas, sí apuntó a que el Tribunal violó la ley sustancial de manera indirecta, por error en el raciocinio. Y por esos yerros, despréndese del escrito de casación, el Ad quem concluyó sobre la responsabilidad del procesado, primero porque no cerró la puerta, cuando por costumbre en la zona se guía de esa forma; y segundo, porque entendió que esa era la única causa del deceso, cuando la verdad es que la víctima se empecinó en correrse hacia atrás y por tanto ella fue la responsable exclusiva de lo sucedido.
Y al concluir la imputación, el procurador impugnante en casación siguió en parte las ideas del defensor. Explicó el "Camino a Cachira": no es carretera, porque no hay; es una tortuosa trocha de penetración destapada, llena de piedras, cunetas y altibajos; parece un "camino de herradura" o una pista apropiada para "moto-cros", ruta que hace "difícil y peligroso el transito vehicular... lo que obliga al chofer a conducir despacio y con extremo cuidado y atención escudriñadora sobre la vía..." . Luego de concluir que el conductor tiene que reparar más en la vía que en los pasajeros, criticó la relación de causalidad puramente objetiva y prendido de la doctrina, escribió: "...el derecho actual vigente...no es algo ontológico naturalístico que preexista previamente sino relaciones sociales de los hombres con los hombres y de los hombres con las cosas que funcionan de acuerdo a roles o patrones culturales de determinados tiempos y lugares, por ello el Derecho actualmente vigente, es de orientación netamente funcionalista para que la interacción social pueda funcionar eficientemente". Copió luego otro sector de la doctrina, que transcribió e hizo suya: "Como todo contacto social implica un riesgo para los bienes jurídicos, la sociedad no puede prohibir todo comportamiento que implique un riesgo para los mismos: solo puede señalar las normas de seguridad para que los riesgos sean administrados dentro de los límites que produzcan la probabilidad de riesgo de daño. La determinación de la conducta prohibida, es decir, cuando existe un riesgo jurídicamente desaprobado, no puede hacerse de una manera rígida, y estática. Para ello es de gran utilidad la fijación de roles y la concreción de las expectativas que dimanan del status que genera el rol. Para ello existen los roles, entendidos como modelos de conducta que nacen en torno a una función social. El rol se caracteriza por la totalidad de los modelos culturales que están unidos con un status, es decir, con el sitio que un individuo ocupa en un tiempo y lugar determinados...".
La relación causal, entonces, está clara: conducción de un bus, es decir, actividad peligrosa. Luego, superación del riesgo permitido, con pluralidad de infracciones; y después, finalmente, caída de la víctima por conducta culposa imputable al guía de la máquina. Y agréguese:
principio de confianza se opone, y prima sobre él, el principio de defensa, también conocido como principio de seguridad.
En fin, si Fermín Ascanio Escobar creó el riesgo no permitido, puesto que las reglas de tránsito prohíben dejar las puertas abiertas de un vehículo cuando se lo tiene bajo mando, y si además una de sus funciones como titular del ejercicio de la actividad peligrosa de conducir era cerrarlas, su comportamiento no halla ninguna justificación social y legal, por cuanto la ley, mientras la costumbre no se integre a ella, prevalece sobre los usos de los miembros de una determinada comunidad. Su deber era, en su condición de garante de un derecho, y ante la negativa del usuario a internarse en el bus para no correr el riesgo de caerse, proceder a ajustar las puertas o negarse a transportarlo, así en el medio en que desarrollaba su actividad fuera de buen recibo la conducta contraria. f) Ahora bien; sostiene el procurador-actor que la obligación de mantener las puertas cerradas era del ayudante de la buseta. Por tanto, la creación del riesgo determinante del resultado dañoso no podía ser imputable al piloto del bus.
Este argumento carece de la eficacia exculpativa esperada por el casacionista. En sus circunstancias, las obligaciones del conductor, por el tipo de actividad peligrosa que desarrollaba, eran indelegables. Sobre quien timonea un automotor, recae -por cuanto en él se han discernido normativa y socialmente el deber de la prudencia y la obligación de preservar la seguridad de peatones y usuarios del servicio-, el compromiso de proteger su vida de los riesgos que del desarrollo de esa actividad se deriven. Las obligaciones de quienes despliegan actividades peligrosas -y conducir autos lo es-, no pueden hacerse extensivas, por delegación, a las personas que laboran a su cargo, con el fin de eludir responsabilidades de carácter penal, puesto que un proceder de esa naturaleza contraría el principio de confianza que las rige. 4. Finalmente, el actor busca negar la imputación al conductor afirmando que el resultado lesivo fue producto de la autopuesta en peligro emanada de la conducta de la propia víctima. Respóndese:
Este cargo, entonces, tampoco puede prosperar. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL HERMAN GALÁN CASTELLANOS CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO
MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE L. QUINTERO MILANÉS TERESA RUIZ NÚÑEZ