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Timestamp: 2020-08-12 16:16:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 184', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 65']

Sentencia de Suprema Corte de Justicia, del 30 de Septiembre de 2019. - Jurisprudencia - VLEX 821475365
Sentencia núm. 869/2019
Exp. núm. 2011-3747
Partes: Constructora Xamix, S .A.v.L.A.A. y M.R.P.M.: Daños y perjuicios
Yo, C.J.G.L., secretario general de la Suprema Corte de Justicia, certifico que la sentencia que a continuación se transcribe, es copia fiel y conforme al original que reposa en el expediente, la cual expido a solicitud de parte interesada a los treinta ( 30) días del mes de octubre del año 2019.
La PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, competente para conocer de los recursos de casación en materia civil y comercial, regularmente constituida por los jueces B.R.F.G., presidente en funciones, J.M.M. y S.A.A., miembros, asistidos del secretario general, en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en S.D. de G., Distrito Nacional, en fecha 30 de septiembre de 2019, año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia:
En ocasión del recurso de casación interpuesto por la entidad comercial Constructora Xamix, S.A., (Construxa), constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social en la calle I.S. núm. 117, kilometro 13½ del autopista D., S.D. Oeste, debidamente representada por su presidente, R.A.P.R., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1573135-8, domiciliado y residente en esta ciudad, representado por su abogado, D.S.R., con estudio Sentencia núm. 869/2019
profesional situado en el kilometro 25 núm. 27 de la autopista D., P.B., S.D. Oeste, provincia S.D., en el que figuran como partes recurridas, L.A.A. y M.R.P., dominicanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 001-0834132-2 y 001-0793207-1, domiciliadas y residentes en la calle L.d.V. núm. 98, urbanización Real, edificio Coral III, de esta ciudad, representadas por su abogado, Dr. C.R.C.C., quien tiene su estudio profesional establecido en calle L.F.T. núm. 110, edificio G., suite 711, séptimo piso, ensanche E.M., de esta ciudad.
El presente recurso de casación está dirigido contra la sentencia núm. 537-11, dictada en fecha 22 de julio de 2011, por la Segunda S. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente:
DECLARA buenos y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación siguientes: a) un recurso de apelación principal interpuesto por los señores M.R.P. y L.A.A., mediante acto No. 1272/2010 de fecha veintinueve (29) de octubre del año 2010, instrumentado por el ministerial R.A.P.D., alguacil de estrados de la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, b) un recurso de apelación incidental interpuesto por la compañía Caribbean Constructión, Sentencia núm. 869/2019
POR A. mediante acto No. 1271/10 de fecha diez (10) de noviembre del año 2010, instrumentado por el ministerial J.E.C.J., alguacil ordinario de la Tercera S. del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional;
c) un recurso de apelación incidental interpuesto por la compañía SEGUROS BANRESERVAS, S.A., mediante acto No. 573/10 de fecha once
(11) de noviembre del año 2010, instrumentado por el ministerial N.R.E., alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, d) un recurso de apelación incidental interpuesto por la compañía CONSTRUCTORA XAMIX, S.A., mediante acto No. 551/2010 de fecha quince (15) de noviembre del año 2010, instrumentado por el ministerial R.A.J., alguacil de estrados del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, e) un recurso de apelación incidental interpuesto por la compañía CONSTRUCTORA XAMIX, S.A., y SEGUROS CONSTITUCIÓN, mediante acto No. 1137-2010 de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año 2010, instrumentado por el ministerial E.A.G., alguacil ordinario de la Primera S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, todos contra la sentencia No. 0971/2010, relativa al expediente No. 037-09-000341 dictada en fecha 15 de septiembre del año 2010, por la Cuarta S. de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado; Sentencia núm. 869/2019
RECHAZA en cuanto al fondo los referidos recursos de apelación, y en consecuencia CONFIRMA la sentencia recurrida, por los motivos út supra enunciados; TERCERO: COMPENSA las costas del procedimiento, por las razones indicadas.
Considerando, que la parte recurrente concluye en su memorial solicitando la casación total de la sentencia impugnada. No obstante, procede que esta jurisdicción verifique previamente si se encuentran reunidos los presupuestos Sentencia núm. 869/2019
procesales de admisibilidad del presente recurso de casación cuyo control oficioso prevé la ley.
Considerando, que hemos podido verificar que el presente recurso se interpuso el 29 de agosto de 2011, es decir, bajo la vigencia de la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008, ley procesal que estableció como una de las condiciones de ineludible cumplimiento para la admisibilidad de este extraordinario medio de impugnación, la cuantía establecida como condenación en la sentencia que se impugna, al disponer la primera parte del literal c, párrafo II del artículo 5 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, lo siguiente: Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, pero existen elementos suficientes para determinarlo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes señalado.
Considerando, que la referida disposición legal fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia núm. TC/0489/15, del 6 de noviembre de 2015, por contravenir el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana, difiriendo los efectos de su decisión por el plazo de un (1) año a partir de su notificación a fin de evitar afectar el servicio de justicia y la creación de desigualdades en el ejercicio del derecho al recurso; que dicho fallo fue notificado en fecha 19 de abril de 2016 al tenor de los oficios números SGTC-0751-2016, SGTC-0752-2016, SGTC-0753-2016, SGTC-0754-2016 y SGTC-0756-2016, Sentencia núm. 869/2019
suscritos por el secretario de ese órgano estatal, de suerte que el plazo por el cual fueron diferidos los efectos de dicha sentencia venció el 20 de abril de 2017, momento a partir del cual entró en vigor la inconstitucionalidad pronunciada, cuyo efecto es la expulsión de la disposición cuestionada del ordenamiento jurídico, suprimiéndose la causal de inadmisión instituida en el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008; que el criterio del Tribunal Constitucional se nos impone en virtud del artículo 184 de la Constitución que establece que: Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
Considerando, que sin embargo, también cabe puntualizar que en el modelo concentrado de justicia constitucional, en principio, las sentencias estimatorias rigen para el porvenir, es decir, tienen efectos ex nunc o pro futuro, tal como lo establecen los artículos 45 y 48 de la Ley núm. 137-11, del 13 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, modificada por la Ley núm. 145-11, del 4 de julio de 2011, al disponer que: Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento. Esa eliminación regirá a partir de la publicación de la sentencia; La Sentencia núm. 869/2019
sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma produce efectos inmediatos y para el porvenir.
Considerando, que como consecuencia de lo expuesto, aunque en la actualidad el antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, se encuentra derogado en virtud de la entrada en vigor de la inconstitucionalidad pronunciada mediante la sentencia núm. TC/0489/15, dicho texto legal aún es válidamente aplicable a los recursos de casación que fueron interpuestos durante el período en que estuvo vigente, a saber, desde la fecha de la publicación de la referida ley el 11 de febrero de 2009, hasta la fecha de su efectiva abrogación el 20 de abril de 2017, por disposición del Tribunal Constitucional.
Considerando, que en ese tenor, como el presente recurso se interpuso el día 29 de agosto de 2011, es decir, durante el período de vigencia del antiguo artículo 5, párrafo II, literal c, de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, del 19 de diciembre de 2008, dicho texto legal es aplicable en la especie y, por lo tanto, procede valorar su admisibilidad a la luz de contenido, en el cual se disponía que: No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otras disposiciones legales que lo excluyen, contra: las sentencias que contengan condenaciones que no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se interponga el recurso (…). Sentencia núm. 869/2019
Considerando, que el referido mandato legal nos exige de manera imperativa determinar, por un lado, cuál era el salario mínimo más alto establecido para el sector privado al momento de interponerse el presente recurso y, por otro lado, establecer si el monto resultante de los doscientos (200) salarios excede la condenación establecida en la sentencia impugnada; que en ese sentido, esta jurisdicción ha podido comprobar que para la fecha de interposición del presente recurso, esto es, como señalamos anteriormente, el 29 de agosto de 2011, el salario mínimo más alto para el sector privado estaba fijado en nueve mil novecientos cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$9,905.00) mensuales, conforme a la resolución núm. 5-2011, dictada por el Comité Nacional de S.rios en fecha 18 de mayo de 2011, con entrada en vigencia el 1 de junio de 2011, por lo cual el monto de doscientos (200) salarios mínimos asciende a la suma de un millón novecientos ochenta y un mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,981,000.00); por consiguiente, para que sea admitido el recurso extraordinario de la casación contra la sentencia dictada por la corte a qua es imprescindible que la condenación por ella establecida sobrepase esa cantidad.
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a qua confirmó la sentencia apelada, mediante la cual el juez de primer grado acogió la demanda en reparación de daños y perjuicios de que trata el presente proceso, condenando a Constructora Caribbean Constructión, C. por A., Sentencia núm. 869/2019
pago de un 1% de interés mensual, contado a partir de la notificación de la sentencia, con oponibilidad de la misma a la actual recurrente, Constructora Xamix, S.A., (Constructoxa).
Considerando, que si bien en la especie fue fijado un 1% de interés mensual a partir de la notificación de la sentencia de primer grado, no reposa en el expediente el acto contentivo de dicha notificación, por lo que esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra en la imposibilidad de calcular el mismo desde el punto de partida señalado, sin embargo, se debe indicar que ni siquiera haciendo el cálculo desde la fecha de emisión de la sentencia de primer grado, esto es, 22 de julio de 2011, a la fecha de interposición del presente recurso de casación, a saber, 29 de agosto de 2011, se obtendría un monto mayor a los 200 salarios mínimos, puesto que en ese lapso de tiempo se generó un total de ciento diez mil pesos con 00/100 (RD$110,000.00), por concepto de interés mensual, cantidad que sumada a la condena principal asciende a un millón cientos diez mil pesos con 00/100 (RD$1,110,000.00); que evidentemente, dicha cantidad no excede del valor resultante de los doscientos (200) salarios mínimos, que es la cuantía requerida para la admisión del recurso de casación, de conformidad con las disposiciones previstas en la primera parte del literal c), párrafo II del Art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.
Considerando, que en atención a las circunstancias referidas, al no cumplir el Sentencia núm. 869/2019
que debe alcanzar la condenación contenida en la sentencia impugnada para ser susceptible del recurso que nos ocupa, procede que esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia declare de oficio su inadmisibilidad, lo que hace innecesario el examen de los medios de casación propuestos por la parte recurrente, en razón de que las inadmisibilidades, por su propia naturaleza, eluden el conocimiento del fondo de la cuestión planteada, en el presente caso, el examen del recurso de casación del que ha sido apoderada esta S..
Considerando, que al haber esta Primera S. de la Suprema Corte de Justicia suplido de oficio el medio de inadmisión, procede compensar las costas del procedimiento de conformidad con el numeral 2 del artículo 65 de la Ley núm. 3726-53, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación.
Por tales motivos, la PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, después de haber deliberado, vista la Constitución de la República Dominicana; vistos los artículos 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 491-08; 45 y 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, del 13 de junio de 2011; la sentencia núm. TC/0489/15, de fecha 6 de noviembre de 2015; sentencia núm. TC/0028/14 de fecha 10 de febrero de 2014.
FALLA: Sentencia núm. 869/2019
PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la Corporación del Constructora Xamix, S.A., (Construxa), contra la sentencia civil núm. 537-11, dictada en fecha 22 de julio de 2011, por la Segunda S. de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por las razones antes expuestas.
(Firmados) B.R.F.G..-J.M.M.A.A..-
La presente copia se expide en S.D., Distrito Nacional, hoy 25 de octubre del año 2019, para los fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos.