Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2005-01647-1605-2011-de-marzo-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fb2df590682402b2e0430a01015102b2&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 09:42:11
Document Index: 385000919

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 305', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 175', 'artículo 84', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 305', 'artículo 211', 'artículo 305']

﻿ Sentencia 2005-01647 de marzo 13 de 2014
SENTENCIA 2005-01647 DE 13 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:FACULTAD DEL DELEGACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. TENIENDO EN CUENTA QUE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PUEDEN DELEGAR EN SUS SUBALTERNOS O EN OTRAS AUTORIDADES LAS FUNCIONES QUE LES SON PROPIAS Y QUE, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL NUMERAL 7° DEL ARTÍCULO 305 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ES COMPETENCIA DE LOS GOBERNADORES LA SUPRESIÓN DE EMPLEOS, PUEDE UN FUNCIONARIO DE ESTA CATEGORÍA DELEGAR EN UN SUBORDINADO LA TAREA DE EXPEDIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. DE OTRA PARTE, LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES NO NECESITA DE LA EXISTENCIA DEL CARGO O SECCIÓN ESPECÍFICA DENTRO DE LA NOMENCLATURA DE LA RESPECTIVA ENTIDAD, BASTA QUE SE TRATE DE COLABORADORES O EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS NIVELES DIRECTIVO Y ASESOR VINCULADOS AL ORGANISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO
Sentencia 2005-01647 de marzo 13 de 2014
Referencia: 68001-23-31-000-2005-01647-01
Número interno: 1605-2011
Consecuente con los argumentos que sustentan la apelación, le corresponde a la Sala absolver, en primer lugar, el siguiente interrogante: ¿El Gobernador de Santander podía delegar la facultad de suprimir cargos, conformar la planta globalizada de empleos, conformar grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura, en el director administrativo de la gobernación, empleado público departamental del nivel directivo, a quien previamente, y para efectos de la delegación, le fue conferida comisión para actuar como “Gerente del proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander”?
Los constituyen los siguientes actos: (i) Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración de Santander, por el cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la administración central, (ii) Decreto 408 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración, por medio del cual se aclara y adiciona el Decreto 392 de 1999, (iii) artículos 1º y 2º del Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, proferido por el gerente del proceso de reestructuración, por medio del cual se aclara y adiciona el Decreto 392 de 1999.
3. Hechos demostrados.
a. De las actuaciones previas al proceso de reestructuración. A través de Ordenanza 50 de 8 de enero de 1999, la Asamblea Departamental de Santander amplió las facultades conferidas al gobernador en la Ordenanza 1 de 13 de febrero de 1998(1), para celebrar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un convenio de desempeño; en ese orden, dispuso lo siguiente: (fls. 2 a 5, cdno. anexo pbas.).
“ART. 2º—Con el mismo objeto señalado en el artículo precedente, facultades extraordinarias al señor gobernador, para:
Mediante el Decreto 391 de 30 de diciembre de 1999(2), el Gobernador del departamento de Santander expidió la estructura administrativa del departamento de Santander, con fundamento en el informe técnico visible a folios 225 a 410 del cuaderno 1.
A través de Decreto 427 de noviembre 9 de 1998, el Gobernador de Santander fijó la planta de cargos de la Gobernación de Santander y en el artículo 2º delegó en el secretario general y el director administrativo y de recursos humanos la expedición de los actos administrativos de incorporación derivados de dicho decreto (fls. 56 a 115, cdno. pbas.).
b. Los actos de delegación. Mediante Resolución 10744 de 30 de diciembre de 1999, el Gobernador de Santander delegó al señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, “para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos de empleados públicos y trabajadores oficiales del departamento, la conformación de la planta globalizada de empleos, la conformación de grupos de trabajo e incorporaciones a la nueva estructura de la administración departamental” (fl. 24, cdno. 1).
El acto anterior fue aclarado por medio de la Resolución 10774 de 30 de diciembre de 1999, para precisar que se delega en calidad de “Gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander” (fl. 25, cdno. 1).
— El señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira en calidad de director administrativo de la secretaría general de la Gobernación de Santander, fue comisionado en misión oficial, por el Gobernador de Santander, mediante Resolución 8950 de 5 de noviembre de 1999, para “gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander”, en cumplimiento del convenio de desempeño (fls. 79 y 222, cdno. 1).
— De la hoja de vida del señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira se puede establecer que desempeñó el cargo de director administrativo, nivel directivo, código 901, grado 1 en la dirección administrativa y de recursos humanos, dependiente de la secretaría general, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 2 de enero de 2000, siendo comisionado en misión oficial mediante la Resolución 8950 del 5 de noviembre de 1999, para gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander (fls. 62 a 116, cdno. 1).
— Por medio del Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999, el gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander, en uso de las facultades otorgadas mediante resoluciones 10744 y 10774 de 1999, suprimió unos cargos de la planta de cargos de la administración central del departamento de Santander (fls. 475 a 512, cdno. 1).
— Mediante Decreto 408 de 30 de diciembre de 1999, el gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander, aclara y adiciona el artículo 1º del Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999 (fl. 20, cdno. 1).
— A través del Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, artículos 1º y 2º, el gerente del proceso de reestructuración del departamento de Santander, adicionó y aclaró el artículo 1º del Decreto 392 de 1999 (fls. 21 y 22, cdno. 1).
En primer lugar, plantea la recurrente que no existe cosa juzgada respecto de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del Expediente 8445-2005 que negó la declaratoria de nulidad de las resoluciones 10774 y 10744 de 1999 y concluyó que la delegación conferida al gerente del proceso de reestructuración estaba acorde a derecho. Lo anterior, porque considera que es ilegal darle efectos de cosa juzgada general a una sentencia que negó la declaratoria de nulidad de actos administrativos, la cual solo produce efectos interpartes (CCA, art. 175).
Al respecto, se tiene que esta Sección en sentencia de 5 de noviembre de 2009, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, al decidir la acción de simple nulidad radicada con el número 68001-23-15-000-2002-01671-01(8445-05), formulada en contra de la Resolución 10744 del 30 de diciembre de 1999, mediante la cual se hizo una delegación para la expedición de los actos administrativos tendientes a la supresión de cargos en el departamento de Santander y la Resolución 10774 del 30 de diciembre de 1999, por virtud de la cual se aclaró la Resolución 10744 de la misma fecha, decidió confirmar la sentencia de 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander —Sala de Descongestión—, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda al considerar que no existían razones para excluir la posibilidad de delegar a un subordinado las funciones relacionadas con la supresión de cargos.
“... que las funciones delegadas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los delegatarios; que los actos del delegatario estarán sometidos a los requisitos de expedición por la autoridad delegante y serán susceptibles de los recursos que procedan contra los actos de ella, y que el delegante puede en cualquier momento reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, principios que ya habían sido precisados por normas anteriores. De lo expuesto se deduce que la delegación es, pues, una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia, razón por la cual está reglamentada por la ley”(3). En el mismo sentido pueden consultarse otros pronunciamientos de la corporación(4).
Síguese de todo o anterior que los actos acusados no están aquejados de nulidad, pues no existió vicio alguno en su pronunciamiento, como acaba de demostrarse, razón por la cual la sentencia del tribunal deberá ser confirmada”.
De acuerdo con lo antes expuesto, le corresponde a la Sala determinar si el pronunciamiento contenido en la sentencia de 5 de noviembre de 2009 Rad. 8445-05, constituye cosa juzgada frente a la solicitud de nulidad formulada por la parte actora en la presente demanda, para lo cual resulta necesario hacer las siguientes precisiones:
A su vez, el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, dispone: “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada (...)”.
Sentencia de 5 de noviembre de 2009 Proceso 1605-2011
Actor: Daniel Garcia Herrera
Acción de simple nulidad consagrada en el artículo 84 del CCA.
— La Resolución 10774 del 30 de diciembre de 1999, por virtud de la cual se aclaró la Resolución. 10744 de la misma fecha.
— Decreto 392 de 30 de diciembre de 1999.
— Decreto 408 de 30 de diciembre de 1999.
— Decreto 413 de 30 de diciembre de 1999, artículos 1º y 2º.
Decreto-Ley 1568 de 1998, artículos 1º, 44 a 52 y demás concordantes
Como concepto de violación, la actora, luego de referirse a los conceptos de Estado, función pública, empleo público y competencia, sostuvo que los actos acusados incurren en los siguientes vicios:
— Incompetencia: Se funda este vicio en que el Gobernador de Santander delegó una función administrativa en un cargo inexistente vulnerando los artículos 209 y 210 de la Constitución Nacional y el artículo 11 numeral 2º de la Ley 489 de 1998 en cuanto a la delegación de funciones, sus elementos y formalidades porque no podía delegar las funciones recibidas en virtud de la delegación que le hizo la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza 50 de 1998.
El empleo de gerente del proceso de reestructuración no existe dentro de la estructura orgánica de la administración departamental determinada en los decretos 230 de 1998 y 06, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 54, 66, 67, 68, 70, 74, 77, 78, 79, 82, 277, 278, 289, 310, 375, 386 de 1999, estructura que fue modificada por el Decreto 391 de 30 de diciembre de 1999, el cual estableció la estructura orgánica vigente a partir de la reestructuración. Se afirma que tal cargo no representa una posición jerárquica dentro de la administración departamental de Santander, y tampoco dentro del sistema general de nomenclatura y clasificación de empleos adoptado mediante Decreto-Ley 1569 de 1998.
La planta de cargos de la administración central del departamento de Santander para la época de expedición de los actos administrativos demandados, establecida en el Decreto 427 de 1998 y Resolución 10166 de 1998, modificada por los decretos 392, 403, 404, 405, 406, 408, 412, 413, 414 de 1999 y 2000, y demás actos relacionados, no contempla el cargo de gerente del proceso de reestructuración.
Los manuales de funciones de la Gobernación de Santander vigentes antes y después de la reestructuración, contenidos en los decretos 430 de 1998, 10 de 2000, 159 de 2000 y 275 de 2000, no prevén funciones asignadas al cargo de “Gerente del proceso de reestructuración”. Tampoco existe nombramiento ni posesión para el cargo de gerente del proceso de reestructuración.
En ese orden, el cargo de gerente del proceso de reestructuración, no existió en la Gobernación de Santander para la época de expedición de los actos administrativos demandados, “luego el ejercicio de aquel materializado con la expedición de los actos administrativos demandados deviene incompetente, pues no tiene capacidad jurídica para representar a la administración pública departamental”.
El gerente del proceso de reestructuración no podía representar los intereses de la entidad territorial demandada porque no encarnaba una autoridad pública ni un empleo público y en tal sentido, el acto administrativo que le atribuye competencia a un órgano inexistente estaría viciado de nulidad, así como los actos emanados de aquel.
De acuerdo con la Ley 433 de 1998 y los decretos 1569 y 1572 de 1998, el nominador solo podía delegar en el jefe de personal o quien hiciera sus veces, la facultad de proferir la comunicación de la supresión de cargos.
Con fundamento en el artículo 9º ibídem, el delegatario debe ser empleado público del nivel directivo y/o asesor, sin embargo, en el presente caso, la delegación recayó en un “comisionado en misión oficial”, como se desprende de la Resolución 10774 de 1999, por la cual el Gobernador de Santander aclaró que la delegación otorgada al señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, lo fue en calidad de “Gerente del proceso de reestructuración” y no como director administrativo.
Se afirma que el gerente del proceso de reestructuración no es una autoridad o empleo público, sino un sujeto de una designación o misión oficial conferida por el gobernador, luego se ha delegado en un cargo inexistente.
La delegación no procede para la expedición de reglamentos de carácter general ni para las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. La facultad de crear, suprimir o fusionar cargos en el departamento, prevista en el numeral 7º del artículo 305 de la Constitución, es de la esencia y naturaleza del cargo de gobernador y por lo tanto es indelegable.
— Falsa motivación. Se afirma en la demanda que los actos demandados incurren en este vicio porque el gerente del proceso de reestructuración no citó la disposición normativa que le confería la potestad para proferirlos, lo cual constituye un vicio de nulidad que no puede subsanarse a posteriori. Igualmente, al observar las resoluciones 10744 y 10774 de 1999 el gobernador tampoco citó las normas en las cuales se fundamenta para delegar la expedición de los actos relacionados con la supresión de cargos de los empleados públicos.
Ante la ausencia de disposiciones normativas que confirieran la potestad para dictar los actos demandados, y por la materia del asunto, esto es, la supresión de cargos de empleados, plantea la actora que debe acudirse a la Ley 443 de 1998 y a sus decretos reglamentarios 1568 y 1578 de 1998, normas que si bien facultan al jefe de la unidad de personal para comunicar la supresión de los empleos, no autorizan la delegación de tal facultad, en ese orden concluye que no existiendo autorización constitucional ni legal para delegar la competencia de suprimir cargos de la administración central departamental, los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falsa motivación.
El anterior panorama muestra que en el proceso 8445-05, se demandó la nulidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, y en el presente caso, se demandan los decretos 392, 408 y 413 de 1999, expedidos por el gerente del proceso de reestructuración, y la inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, en cuanto confieren una delegación al gerente del proceso de reestructuración, lo que permite establecer que no existe absoluta identidad de objeto.
No obstante lo anterior, respecto a la pretensión de inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, debe decirse que, la causa petendi de ambos procesos es igual, dado que el concepto de violación se estructuró a partir de la violación de las normas que regulan la delegación de funciones administrativas, la improcedencia de delegar la facultad para suprimir cargos y la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental, con fundamento en los artículos 305 de la Constitución Nacional, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1569 de 1998 y la Ley 443 de 1998, tratándose por tanto de las mismas razones de hecho que fueron ventiladas y definidas por esta corporación en la sentencia proferida dentro del radicado 8445-05.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia de 5 de noviembre de 2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Radicación 68001-23-15-000-2002-01671-01(8445-05), actor: Daniel García Herrera, demandado: Departamento de Santander, en lo que concierne al análisis de legalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, decisión judicial por medio de la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la pretensión de nulidad de tales actos, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Así las cosas, considerando que mediante decisión judicial anterior, la Sección se pronunció sobre los cargos de anulación endilgados por la demandante Elsa Briggitti Vera Villareal contra las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, la Sala se estará a lo allí resuelto por existir cosa juzgada respecto de la pretensión de inaplicar por inconstitucionalidad tales actos al existir identidad de causa petendi como se expuso, quedando despejado el primer problema jurídico planteado en torno a la delegación efectuada por el Gobernador de Santander en el señor Luis Francisco Rodríguez Herrera, director administrativo, comisionado como gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental.
En ese mismo sentido se pronunció la Sala(5) en un caso análogo en el cual la demandante Elsa Briggitti Vera Villareal solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, proferidas por el Gobernador de Santander, en cuanto delegó al gerente del proceso de reestructuración la facultad para “expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos”.
En segundo lugar, argumenta la apelante que el fallo impugnado viola el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos contenido en el Decreto 1569 de 1998, ya que dicha disposición no contempla el cargo de gerente de proceso de reestructuración y por lo tanto el gobernador no podía delegar unas potestades en un cargo inexistente, así, concreta el motivo de impugnación a los siguientes aspectos: (i) que el gobernador no podía delegar la facultad objeto de delegación; (ii) que los actos demandados fueron expedidos por un funcionario incompetente, pues el gerente del proceso de restructuración del departamento de Santander no tenía la facultad para expedir los decretos 392, 408 y 413 de 1999, toda vez que dicho cargo es inexistente dentro de la planta de personal, y por último, (iii) que no se invocaron las normas que fundamentan las facultades para expedir los actos administrativos impugnados.
La Sala procederá en su orden a resolver cada uno de los anteriores cuestionamientos.
Conforme se dejó expuesto, esta Sección mediante sentencia de 5 de noviembre de 2009, radicado 8445-2005, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, se pronunció sobre la legalidad de los actos de delegación contenidos en las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, expedidas por el Gobernador de Santander, para concluir que no existe reproche alguno frente a la delegación realizada toda vez que la misma cumple los requisitos establecidos en la Ley 489 de 1998.
Precisó la Sala en aquella oportunidad, que la condición de subalterno del delegatario Luis Francisco Rodríguez Herrera se encontraba acreditada y no fue discutida. Así mismo, se planteó que al igual que en el caso bajo estudio, el énfasis que se hace en la demanda, reside en negar la existencia del cargo de gerente de proceso de reestructuración y no la calidad de funcionario del Dr. Rodríguez, que nadie ha desconocido, para concluir que de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución y la Ley 489 de 1998, la delegación debe recaer en un subalterno, de modo que la inexistencia del cargo de gerente del proceso de reestructuración, en nada vicia la delegación, si es que esta recae en un empleado público de nivel directivo, asesor o en un colaborador como reza la norma.
“(...) Específicamente, la parte actora consideró que no se ha estudiado la facultad que tiene el gerente del proceso de restructuración para expedir los actos acusados.
Sobre el particular, es de anotar que esta corporación en sentencia de 5 de noviembre de 2009(6), con ponencia del suscrito, se estudió la falta de competencia respecto de las resoluciones 10744(7) y 10774(8)” ambas del 30 de diciembre de 1999, en la que se dejó por sentado que:
“(...) que las funciones delegadas se ejercerán bajo la exclusiva responsabilidad de los delegatarios; que los actos del delegatario estarán sometidos a los requisitos de expedición por la autoridad delegante y serán susceptibles de los recursos que procedan contra los actos de ella, y que el delegante puede en cualquier momento reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, principios que ya habían sido precisados por normas anteriores. De lo expuesto se deduce que la delegación es, pues, una excepción al principio de la improrrogabilidad de la competencia, razón por la cual está reglamentada por la ley”(9).
En otras palabras, si bien es cierto al gobernador del departamento, como jefe seccional le ha sido atribuido por mandato constitucional, entre otras funciones, la de “crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas(10)”, no lo es menos que, no puede existir ningún reproche frente a la delegación de una competencia que le es atribuible, menos aún si se cumplen con los presupuestos establecidos en la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998. Distinto hubiese sido, que delegara una facultad que le había sido conferida, es decir, que operara el fenómeno de la subdelegación o que por el contrario hubiera delgado una atribución que de acuerdo a la Constitución o a la ley no es delegable.
Al respecto, se tiene que el acervo probatorio allegado al plenario, específicamente la hoja de vida del señor Luis Francisco Rodríguez Herrera, permite establecer su condición de empleado público durante el período comprendido entre el 2 de enero de 1998 y el 2 de enero de 2000, en calidad de director administrativo, código 901, grado 1 en la dirección administrativa y de recursos humanos, cargo del nivel directivo, dependiente de la secretaría general, así pues, no queda duda de la condición de subalterno del delegatario, quien además, en forma previa había sido comisionado en misión oficial mediante Resolución 8950 del 5 de noviembre de 1999 para “gerenciar el proceso de reestructuración administrativa de la administración central y descentralizada del departamento de Santander” (fls. 62 a 116, cdno. 1).
De manera que al desempeñar el cargo de director administrativo de la secretaría general, y habiéndose comisionado para ejecutar la reestructuración, el delegatario podía recibir la competencia que le fue atribuida por delegación mediante las resoluciones 10744 y 10774 de 1999, la cual no contraviene el orden jurídico superior. Así las cosas, en criterio de la Sala, el cargo de incompetencia del delegatario no está llamado a prosperar.
En este orden, concluye la Sala que el cargo de incompetencia del delegatario no está llamado a prosperar.
La actora sustentó el cargo en que el gerente del proceso de reestructuración de la administración departamental de Santander, al expedir los actos administrativos impugnados contenidos en los decretos 392, 408 y 413 de 30 de diciembre de 1999, en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución 10744 y aclaratoria 10774 de 1999, no citó la disposición normativa que le confería la potestad para dictarlos.
Al respecto es preciso indicar que en cada uno de los actos demandados, el delegatario invocó las facultades otorgadas mediante la Resolución 10744 de 30 de diciembre de 1999, aclarada por la Resolución 10774 de 1999, por medio de la cual, el Gobernador de Santander delegó la facultad para expedir los actos administrativos relacionados con la supresión de cargos, la conformación de la planta globalizada y grupos de trabajo, y la incorporación de los cargos a la misma; por lo tanto, no encuentran respaldo las afirmaciones realizadas por la parte actora, toda vez que el señor Luis Francisco Rodríguez Ferreira, si invocó las facultades que le fueron debidamente delegadas por el Gobernador de Santander para expedir los actos demandados, facultad que fue delegada con sujeción a la Constitución y la ley.
En punto al vicio de falsa motivación, es pertinente precisar que el mismo se configura cuando la argumentación de los actos administrativos es ilegal, es decir, cuando las circunstancias de hecho y de derecho que se aducen para su emisión, traducidas en la parte motiva del acto, no tienen correspondencia con la decisión que se adopta o disfrazan los motivos reales para su expedición; en el presente caso, al confrontar el contenido de los actos demandados con las facultades conferidas mediante las resoluciones 10744 y 10774 de 30 de diciembre de 1999, advierte la Sala que el delegatario obró dentro del marco de las funciones delegadas, motivo por el cual el cargo de falsa motivación no está llamado a prosperar.
Por las consideraciones expuestas la Sala confirmará la sentencia apelada.
CONFÍRMASE la sentencia de 9 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de nulidad de los decretos 392, 408 y 413, artículos 1º y 2º del 30 de diciembre de 1999, solicitadas por Elsa Briggitti Vera Villareal contra el departamento de Santander.
(1) Folio 1 del cuaderno de pruebas.
(2) Allegado a folios 541 a 556 del cuaderno de pruebas.
(3) Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de enero de 2002, proferida en el Expediente 1998-0455-01(7217), M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón, 19 de junio de 2008, radicación 52001-23-31-000-2002-00685-01, actor: William Ospina Remigio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Diego Younes Moreno, junio 30 de 1992, radicación 3442, actor: Susana Isabel Moreno Mesa, Expediente 3136; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Álvaro Lecompte Luna, 7 de octubre de 1992, radicación 4023, actor: Alfonso López Patiño.
(5) Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Sección Segunda. Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Referencia: 68001-23-31-000-2005-01545-01. Nº interno: 2273-2010. Actor: Elsa Briggitti Vera Villareal.
(6) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 5 de noviembre de 2009, radicado interno 8445-2005, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(7) “Por medio de la cual se hacen unas delegaciones”.
(8) “Por medio de la cual se aclara una resolución”.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 24 de enero de 2002, proferida en el Expediente 1998-0455-01(7217), M.P. Olga Inés Navarrete Barrero.
(10) Constitución Política de Colombia, numeral 7º del artículo 305.