Source: https://www.scribd.com/document/43460241/PAPER-Jaime-Conde-JD-LLM-In-Spanish-Ciudadanos-Invisibles-de-un-Pais-Invisible-Invisible-Children-in-an-Invisible-Country
Timestamp: 2017-05-22 22:47:18
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Ponencia II Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia Lima, Perú Noviembre 2005
I. Introducción En virtud de la invitación realizada a miembros asociados de las comisiones regionales por medio de la resolución 55/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Puerto Rico participó en calidad de observador en la Sesión Especial a favor de la Infancia celebrada en la ciudad de Nueva York del 8 al 10 de mayo de 2002. En esa ocasión, la representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Licenciada Michele Colón, reconoció en su mensaje ante la Asamblea General la incapacidad del gobierno estatal para suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, la representante señaló que el gobierno puertorriqueño ha empleado otros mecanismos para incorporar estos derechos al ordenamiento jurídico de la Isla. Finalmente, el Gobierno de Puerto Rico asumió, por medio de su representante, un compromiso de adherirse a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Dos aspectos son fundamentales en la exposición de Puerto Rico ante la Asamblea General en la Sesión Especial a favor de la Infancia. En primer lugar la incapacidad del país de suscribir, como ente político, la Convención sobre los Derechos del Niño. En segundo lugar, la alegada incorporación al ordenamiento jurídico puertorriqueño de los derechos consignados en la Convención. Ambos aspectos han de ser tratados por separado en la presente ponencia, cuyo foco principal es la deplorable situación de los y las adolescentes de Puerto Rico como ciudadanos invisibles de un país invisible. II. El país invisible Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo... Basta hacer referencia al título del libro del ya fallecido José Trías Monge, quien fuera miembro de la Asamblea Constituyente del denominado “Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y probablemente el más influyente presidente que ha tenido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, para comprender por qué los puertorriqueños residentes en la Isla no gozan de una ciudadanía plena ni como ciudadanos de Estados Unidos, ni como ciudadanos del mundo. Como bien ha señalado este eminente jurista, “Puerto Rico no juega papel alguno en la vida de la comunidad internacional, como participante directo o indirecto en las decisiones tomadas por Estados Unidos” (Trías Monge, 1999, p. 210). La soberanía del pueblo puertorriqueño radica en el Congreso de los Estados Unidos, donde Puerto Rico carece de representación efectiva. Su único delegado en la legislatura federal tiene voz, pero no tiene voto. Además, aún cuando tampoco tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos, los puertorriqueños están absolutamente subordinados a los tratados y acciones del poder ejecutivo federal. No debe caber duda de que tanto en el ámbito de los Estados Unidos, como en el ámbito global, los puertorriqueños y las puertorriqueñas son ciudadanos de segunda clase. El pasado 13 de junio el Comité Especial de Descolonización adoptó por quinto año consecutivo una resolución por consenso reiterando su “esperanza de que la Asamblea General examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico” (Proyecto de resolución A/AC.109/2005/L.7). Sin embargo, como ha señalado Trías Monge (1999): [L]a negativa de la Asamblea General, hasta ahora, de dar cabida al caso de Puerto Rico en su agenda, se ha expresado sobre bases jurisdiccionales, y sólo después de extenuantes esfuerzos diplomáticos por parte de los embajadores estadounidenses ante las Naciones Unidas. (p. 179). El Comité Especial de los 24, como también se le conoce al Comité de Descolonización, igualmente reiteró que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y
caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional. ¿Es acaso ésta una realidad invisible para el resto de las naciones del mundo? En el contexto de las Naciones Unidas Puerto Rico es uno de siete países miembros asociados de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Está incluido en la lista de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, y es miembro asociado de la Organización Panamericana de la Salud. La condición jurídica de miembro asociado ha sido acordada para algunos territorios no independientes del Caribe. En 1950 el Congreso de los Estados Unidos autorizó al pueblo puertorriqueño a adoptar una Constitución bajo parámetros preestablecidos. Distinto a la constitución de cualquier país soberano, la Constitución de Puerto Rico tuvo que ser sometida a la legislatura de otro país para su ratificación, a saber, el Congreso de los Estados Unidos. En palabras de Trías Monge (1999), “[l]a Constitución fue vapuleada en el proceso de su aprobación por el Congreso” (p.148). En particular, el Congreso de los Estados Unidos desaprobó unilateralmente la Sección 20 de la Carta de Derechos. No obstante, el texto de la disposición se ha mantenido en los libros: Sección 20. Derechos humanos reconocidos; deber del pueblo y del gobierno. El Estado Libre Asociado reconoce, además, la existencia de los siguientes derechos humanos: El derecho de toda persona a recibir gratuitamente la instrucción primaria y secundaria. El derecho de toda persona a obtener trabajo. El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. EL derecho de toda persona a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad física. El derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. Los derechos consignados en esta sección están íntimamente vinculados al desarrollo progresivo de la economía del Estado Libre Asociado y precisan, para su plena efectividad, suficiencia de recursos y un desenvolvimiento agrario e industrial que no ha alcanzado la comunidad puertorriqueña. En su deber de propiciar la libertad integral del ciudadano, el pueblo y el gobierno de Puerto Rico se esforzarán por promover la mayor expansión posible de su sistema productivo, asegurar la más justa distribución de sus resultados económicos, y lograr el mejor entendimiento entre la iniciativa individual y la cooperación colectiva. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tendrán presente este deber y considerarán las leyes que tiendan a cumplirlo en la manera más favorable posible. Tan rica disposición en derechos sociales y económicos fue eliminada de un plumazo por el Congreso estadounidense. Sin embargo, el pueblo puertorriqueño aún lucha por darle vigencia efectiva. Ciertamente es doctrina sentada, o en palabras de la profesora Esther Vicente (1999) “casi un mantra entre los juristas puertorriqueños” (p.8), que la Carta de Derechos contenida en la Constitución de Puerto Rico es de factura más ancha que su equivalente federal. La doctrina del Tribunal Supremo a estos efectos ha quedado plasmada en los siguientes términos:
[...] reiteradamente hemos reconocido que las interpretaciones que hace el Tribunal Supremo federal sobre el contenido de los derechos fundamentales conferidos por la Constitución de los Estados Unidos sólo constituyen el mínimo de protección que tenemos que reconocer bajo nuestra propia Constitución a esos derechos. Dichas interpretaciones no limitan nuestra facultad para reconocer mayor amplitud a las garantías constitucionales conferidas por la Constitución de Puerto Rico. Así, hemos determinado antes que nuestra Constitución tiene una factura más ancha que la Constitución federal con respecto a derechos tales como la prohibición del menoscabo de obligaciones contractuales, la prohibición contra registros y allanamientos irrazonables; la intimidad; y la libertad de expresión. (Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos, 2000 TSPR 71, pp. 33 a 34). Los derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico pueden exceder el alcance de aquellos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, conforme ha quedado claramente establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Inspirada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene un origen y un historial distinto a la Constitución de Estados Unidos de América. El ánimo reformista de “la generación del cuarenta” y la vocación liberal de los miembros de la Constituyente, caracterizaron los criterios de selección de las libertades consignadas y exigibles. [...] Nuestra Constitución reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos. Al interpretar sus contornos, debemos garantizar su vigorosidad y relevancia a los problemas socioeconómicos y políticos de nuestro tiempo. (López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, pp. 226 a 227 (1987)). El actual Juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable Federico Hernández Denton, ha sido proponedor de una visión expansiva de la Carta de Derechos puertorriqueña para resguardar los derechos universales del ser humano. A estos efectos, la opinión mayoritaria de su autoría en López Vives v. Policía de Puerto Rico expresó que “[c]on la profusa experiencia constitucional de Estados Unidos hemos construido las protecciones mínimas de los derechos fundamentales. Sin embargo, con nuestra Carta de Derechos podemos ir más lejos en la defensa de los derechos humanos” (118 D.P.R. 219, p. 226 (1987)). De forma cónsone ya se había expresado el Juez en su opinión disidente en Sánchez v. Secretario de Justicia: Contrario a la visión de la Constitución federal, la nuestra propone un enfoque de derechos positivos. El Estado es responsable afirmativamente de su consecución. Ejemplo de ello es la cuidadosa atención que presta nuestra Constitución a los derechos económicos y sociales. [...] Más importante aún, la sección 19 de la Carta de Derechos exige la interpretación liberal de los derechos del ser humano, mientras señala que la lista de derechos que contiene no supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia. (2002 TSPR 98, nota al calce núm. 29). Vicente (1999) ha señalado que “en nuestro ordenamiento jurídico, se han abierto varias avenidas que nos permiten promover una perspectiva integrada de los derechos humanos y el reclamo del carácter fundamental de los derechos sociales y económicos” (p. 8). Si bien es cierto que el Congreso de los Estados Unidos desaprobó unilateralmente la referida sección 20, tal desaprobación “no logró evitar que esta adquiriera vida ni que se invoque, tanto por los litigantes como por miembros de Tribunal Supremo de Puerto Rico, como fundamento para el reconocimiento de varias reivindicaciones concretas” (Vicente, 1999,
p. 10). Vicente (ibid) aboga por que se continúe la promoción de la sección veinte, así como de la cláusula prohibitoria del discrimen por razón de condición social contenida en la sección primera de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, como vías para el desarrollo de los derechos sociales y económicos en el ordenamiento jurídico de la Isla. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dado vigencia jurisprudencial a la sección 20. A tales efectos ha expresado que “[e]l destino incierto de la frustrada Sec. 20 de nuestra Constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva frente al poder político creado”. (Rodríguez Pagan v. Departamento de Servicios Sociales, 132 D.P.R. 617 (1993)). III. Los ciudadanos invisibles La sección séptima de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida y a la libertad, y establece que no se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. Sin embargo, ya sea como resultado de la ley, las costumbres sociales y, en algunos casos, la incapacidad inherente a su desarrollo, los menores están sujetos a una “opresión benigna” que esencialmente los reduce a una situación de impotencia para hacer valer sus derechos (Melton, 1983, pp. 1-3). El derecho vigente tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos abraza un concepto proteccionista que, según explica Laura M. Purdy (1992) en el contexto estadounidense, parte de la premisa de que “los menores” son irracionales, y que su alegada irracionalidad justifica que se les proteja en formas que limitan su libertad (p. 211). El concepto de la “niñez” ha variado ampliamente a través de los tiempos, fundamentándose a veces en limitaciones cronológicas, y otras en aspectos asociados a ésta, tales como la inocencia, la dependencia, la incapacidad mental o el aspecto pueril (Boswell, 1998, p. 26). Enviar a una hija de nueve años de edad a un lugar distante para casarse pudo haber sido percibido como un gesto normal y responsable por parte de sus padres durante la edad media, pero no así en tiempos modernos (ibid). En Europa Occidental la oblación de las hijas a la vida monástica se entendía apropiada a partir de los doce años, edad en que las mujeres se consideraban ser responsables por sus propias decisiones, mientras que en el caso de los varones la edad era a partir de los catorce años (ibid). En Castilla, conforme a las Siete Partidas, la edad mínima de una mujer para el desposorio era a los siete años, y a los doce para casarse. La edad mínima del varón para el matrimonio era a los catorce años (ibid, p. 33). La evidencia literaria sugiere que en Roma los varones experimentaban la pubertad pasada la edad legalmente determinada para tales efectos, mientras que las mujeres eran frecuentemente consideradas como objetos apropiados para el deseo erótico y, por lo tanto, capaces de desempeñar una importante función “adulta” de su género, mucho antes de la primera menstruación (ibid, pp. 33-34). En el common law anglosajón los niños y niñas se clasificaban junto a los lunáticos y los idiotas para efectos de la determinación de capacidad legal (Kfoury, 1987, p. 103). Tal clasificación quedó patente en 1819, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos expuso en el caso Trustees of the Philadelphia Baptist Association v. Hart's Executors (17 U.S. 1 (Pa. 1819)) los orígenes de la prerrogativa del poder de parens patriae. Conforme a esta doctrina del common law, el Estado es, en última instancia y en definitiva, el padre y madre de todo menor (Gluck Mezey, 1996, p. 15). Según se desprende de la opinión del Tribunal Supremo federal en el referido caso, antiguamente en el reino inglés entre las
“cosas” que pertenecían al rey, dada su prerrogativa de parens patriae, se encontraban los infantes, los idiotas y los lunáticos (Trustees of the Philadelphia Baptist Association v. Hart's Executors (17 U.S. 1 (Pa. 1819), p. 63). Tras la revolución americana, todos los derechos de la corona recayeron en las comunidades políticamente organizadas que eventualmente se constituyeron en los Estados Unidos. Los Estados retuvieron tales derechos, con la excepción de aquellos que delegaron en virtud de la Constitución federal. Sin embargo, ninguno de los derechos pertenecientes al gobierno estatal como parens patriae fueron delegados al Gobierno de Estados Unidos (ibid, p. 16). Pero tan desdeñoso tratamiento de las personas “menores” de edad no es exclusivo del common law. El Código civil de Puerto Rico no sólo contiene múltiples disposiciones que equiparan a los “menores” con las personas mentalmente incapacitadas, sino que para ciertos efectos, se considera a los “menores de edad no emancipados” igual que a los locos o dementes. Así, el artículo 168 del Código civil dispone que además de los sordomudos que no puedan entender o comunicarse efectivamente por cualquier medio y los declarados pródigos, ebrios habituales o drogodependientes, están sujetos a tutela los menores de edad no emancipados legalmente y los locos o dementes. Igualmente en el contexto de contratos, dispone el artículo 1215 del Código civil que no pueden prestar consentimiento los menores no emancipados, los locos o dementes y los sordomudos que no sepan escribir. El capítulo del Código civil destinado a la tutela legítima contiene las disposiciones relativas a la declaración judicial de incapacidad y el consecuente sometimiento del incapacitado al régimen de la tutela. En este contexto ha declarado el Tribunal Supremo que la tutela implica el cercenamiento de la libertad de quien a tal régimen queda sometido, por lo que debe dársele al presunto incapaz la oportunidad efectiva de defenderse en el expediente de incapacidad (Tischer v. Tischer, 42 D.P.R. 168, p. 175 (1931)). Tal privación de la libertad de una persona exige que se respeten las garantías del debido proceso de ley (Tischer v. Corte, 42 D.P.R. 118 (1931)). Conforme dispone el artículo 217 del Código civil, la tutela del declarado incapaz concluye cuando cesa la incapacidad. Pero, ¿qué sucede cuando una persona adolescente ha adquirido efectivamente la capacidad? En el contexto de una persona mayor de edad declarada incapaz, el Tribunal Supremo ha comentado el estado de indefensión en que ésta queda sumida cuando “para ir contra tal declaración tiene que litigar, precisamente por medio de su guardián o tutor, que en algún caso, [...] puede ser uno de los que instaron la declaración de incapacidad” (ibid, p 121). Es, en efecto, tan forzoso estado de indefensión el que aqueja a una persona adolescente realmente capaz que desea ejercer un derecho de su personalidad. ¿Cómo puede hacerlo valer sin estar sujeta a los criterios de quienes sobre ella ejercen la tutela, la patria potestad o el poder de parens patriae? ¿Cómo puede reclamar su derecho sin el concurso de quienes por ley están “llamados” a representarle? ¿Acaso no está amparada por el debido proceso de ley garantizado en la sección séptima de la Carta de Derechos para hacer íntegra su cercenada libertad? En su mensaje ante la Asamblea General en la Sesión Especial a favor de la Infancia, la representante del Gobierno de Puerto Rico expresó que “[l]a Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene como una de sus principales encomiendas asegurar el disfrute pleno de los derechos humanos de cada individuo que conforma nuestra sociedad”. Al hacer referencia a la necesidad de “adoptar mayores salvaguardas legales que garanticen el respeto y la protección de los derechos básicos de la infancia”, la Licenciada Colón declaró: La incapacidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de ratificar acuerdos internacionales, tal como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ha
llevado a nuestro gobierno a utilizar otros mecanismos para incorporar estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Como ejemplo de las medidas adoptadas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la delegada puertorriqueña aludió a la Carta de Derechos del Niño aprobada por la legislatura en 1998 y a la Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, su Padre, Madre, Tutor, y del Estado aprobada en 2000 y enmendada en 2001. Basta con hacer referencia al artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño para destacar la pobreza de los dos ejemplos de la normativa puertorriqueña que se plantearon ante las naciones del mundo en tan solemne ocasión. Para efectos de la Convención, conforme al referido artículo primero, “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad”. Sin embargo, el artículo segundo de la Carta de Derechos del Niño establece que la misma es de aplicabilidad a “todo niño en Puerto Rico, desde su nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad”. Esta discrepancia deja en evidencia la crasa incompatibilidad entre los principios que informan la Convención y el anacronismo del ordenamiento jurídico puertorriqueño. En este sentido es preciso examinar detenidamente el historial de la segunda medida aludida por la Licenciada Colón, a saber, la Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, su Padre, Madre, Tutor, y del Estado. Purdy (1992) ha señalado que existen dos herramientas legales para establecer los límites de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (p. 223). Una se fundamenta en el límite de edad para trazar la línea que determina cuándo se hace efectivo el derecho del cual se trate; la otra se fundamenta en la competencia y pretende hacer una correlación entre el derecho y la capacidad de la persona (ibid). Señala la autora que ambos criterios tienen sus desventajas. Las leyes que se basan en límites de edad incluyen inevitablemente un elemento de arbitrariedad y por lo tanto pueden incluir a menos o más personas, mientras que la determinación de competencia está sujeta a manipulaciones políticas y requiere que exista un consenso en cuanto a qué y cómo se va a evaluar (ibid). Sin embargo, además del elemento de arbitrariedad, la determinación de límites estrictos de edad también puede estar supeditada a los vaivenes políticos. Esto quedó demostrado recientemente en Puerto Rico, cuyo Código civil dispone en su artículo 247 que “[l]a mayor edad empieza a los veintiún años cumplidos”. La Declaración de Derechos y Deberes de la Persona Menor de Edad, su Padre, Madre, Tutor, y del Estado a la cual la representante de Puerto Rico hizo referencia fue promulgada mediante la Ley Número 289 de 1 de septiembre de 2000. En virtud del artículo 3 de esta ley, el trascendental lindero que, salvo ciertas excepciones, declara la capacidad legal para todos los actos de la vida civil, quedó fijado a la edad de 18 años. Tras el posterior cambio de gobierno, se aprobó la Ley Número 59 de 18 de julio de 2001 con el propósito de derogar el referido artículo 3 y restituir el límite de 21 años dispuesto en el artículo 247 del Código civil el cual, para todos los efectos, había quedado tácitamente enmendado. El artículo 2 de la Ley Número 59 es un paradigma de arbitrariedad: El menor que alcanzó la mayoridad en virtud de la Ley Núm. 289 de 1ro septiembre de 2000 y que interesa conservarla podrá optar por emanciparse dentro de los noventa (90) días a partir de la vigencia de esta Ley, de así notificarlo mediante declaración jurada al Registro Demográfico de Puerto Rico en el formulario que para estos propósitos debe prepararse. Esta notificación deberá expresar además el carácter libre y voluntario de su determinación de permanencia con su mayoridad y el Registro Demográfico certificará esta condición dentro de un término no mayor de cinco (5) días laborables a partir de la notificación mediante una certificación que acredite la mayoría de edad del
así emancipado. La emancipación concedida según se dispone en este Artículo, deberá hacerse constar en el registro correspondiente y el menor así emancipado se considerará mayor de edad para todos los efectos legales, sin excepción alguna. Las personas que adquirieron la mayoridad por virtud de la referida Ley Núm. 289, y que no se acojan a las disposiciones de este Artículo regresarán a su condición de minoridad si, al momento de la aprobación de la presente Ley, no ha cumplido los veintiún (21) años de edad. La Exposición de Motivos de la Ley Número 59 alude a “serias consideraciones de orden público” y a “nuestras particularidades como pueblo”, al mismo tiempo que recurre al artificio protector del paternalismo para reponer la sujeción de las personas jóvenes a la patria potestad hasta los 21 años de edad. Sin embargo, para efectos del Derecho penal, la mayoría de edad se alcanza cuando la persona cumple 18 años de edad, conforme dispone el artículo 29 del Código penal. Se evidencia así, con claridad meridiana, la proposición de que el límite de 21 años establecido para la mayoría de edad en el contexto civil en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de lo que trata es de una capacidad nominal carente de fundamento empírico alguno que lo correlacione con la capacidad efectiva de la persona. Desde la perspectiva de los más fundamentales derechos humanos, las consecuencias de tan extrema sujeción al poder parental y estatal trascienden los más insostenibles parámetros de la indignidad. Así por ejemplo, según dispone el artículo 74 del Código civil, para que los “menores” de ambos sexos que hayan cumplido 18 años de edad puedan contraer matrimonio sin autorización parental o judicial antes de cumplir los 21 años, es necesario probar que la mujer contrayente ha sido violada, seducida, o que está embarazada. Pero las consideraciones políticas no sólo determinan la fijación arbitraria de límites de edad, sino que igualmente determinan los contextos en que una persona joven es tenida por adulto capaz y responsable, o por adolescente inmaduro e impulsivo. Así, el mismo menor al cual no se le reconoce capacidad alguna para contratar puede renunciar a sus derechos constitucionales en el contexto penal, conforme a la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo en interés del menor N.O.R. (136 D.P.R. 949 (1994)). Inclusive, si es mayor de 14 años, puede ser procesado criminalmente como adulto en determinadas circunstancias, según dispone la Ley Número 88 de 9 de julio de 1986, conocida como la Ley de Menores. En Puerto Rico, el conjunto de derechos que ampara a los “menores” adolece de una crasa desarticulación, mientras que la normativa que les es aplicable en el ámbito del derecho civil configura un sistema de complejidades anacrónicas. En términos generales, la capacidad de obrar de la persona está legalmente restringida desde su nacimiento hasta que cumple veintiún años, momento en que ésta alcanza la mayoría de edad, conforme a los artículos 25 y 247 del Código civil. Durante poco más de las primeras dos décadas de la vida de un ser humano, el ordenamiento lo considera incapaz de gobernarse por sí mismo, según lo dispuesto en el artículo 167 del Código civil. Tenido por incompetente para regir su persona y administrar sus bienes, según lo establecido por los artículos 167, 233 y 237 del Código, queda sometido al dominio de sus padres, o de su tutor y el tribunal, mediante el régimen de la patria potestad (artículos 152 y subsiguientes) y de la tutela (artículos 168 y subsiguientes) ya no durante su infancia, sino hasta pasada su adolescencia. Su completa liberación de tal sometimiento se produce con la “mayoría de edad” cuando, el día de su vigésimo primer cumpleaños, como por arte de magia, queda investido con la “plena capacidad para obrar”, esto es, se convierte en “capaz para todos los actos de la vida civil” (artículos 232 y 247).
Además de la emancipación plena que se alcanza con la mayoría de edad, el Código civil reconoce otras formas de emancipación que permiten habilitar a quien haya cumplido 18 años para regir su persona y administrar sus bienes como si fuese mayor de edad, a saber, por concesión parental (artículos 233 y 237), por concesión judicial (artículos 235, 242 y 244), o por matrimonio (artículo 239). Bajo el supuesto del matrimonio, una persona menor de 18 años puede obtener la emancipación denominada “menos plena”, lo cual implica que puede regir su persona y administrar sus bienes como si fuese mayor de edad, pero necesita el consentimiento parental para enajenar o hipotecar bienes inmuebles o tomar dinero a préstamo. El Código civil también contempla determinadas circunstancias en que una persona no emancipada menor de 21 años puede obrar por sí. Así por ejemplo, aquellos “entre las edades de 18 y 21 años que se dediquen al comercio o industria, pueden ejercer todos los actos civiles para su administración, sin la necesidad del consentimiento de su padre o tutor” (artículo 1215). En el contexto del derecho de sucesiones, una persona que haya cumplido los 14 años de edad puede otorgar testamento lo mismo abierto que cerrado (artículos 612 y 637). Por otro lado, otras legislaciones contribuyen al complejo anacronismo del Código civil de Puerto Rico. Así, la misma adolescente no emancipada que es considerada incapaz para consentir a las relaciones sexuales por no haber cumplido los 16 años (artículo 142 del Código penal), está autorizada a prestar consentimiento para todos los servicios pre y postnatales relativos a su embarazo (Ley Número 27 del 22 de julio de 1992, artículo 1), pero no está expresamente autorizada para consentir a los servicios de aborto a los cuales tiene derecho en Puerto Rico (ibid, artículo 2). Si esa misma adolescente ha contraído matrimonio, el mismo, que por la menor edad se considera de carácter anulable (Meléndez Soberal v. García Marrero, 2002 T.S.P.R. 119), quedaría convalidado al instante de la concepción, por lo que ella se emancipa por matrimonio ipso facto (artículo 70 del Código civil), reputándose capaz de consentir al aborto del nasciturus que provocó su emancipación. Igualmente, puede divorciarse por consentimiento mutuo, quedando subsistentes en su persona todos los efectos civiles de la emancipación, independientemente de su edad (F.A.T.R. v. Directora Escuela Industrial, 83 D.P.R. 838 (1961)). Pero quizás uno de los ultrajes más vejatorios a la personalidad adolescente es la inhabilitación de estas personas para acudir a los tribunales (artículo 153 del Código civil y regla 15.2 de procedimiento civil) y hacer valer por sí mismas sus derechos fundamentales. Es en este contexto donde la sujeción a la patria potestad tiene sus efectos más denigrantes, pues mantiene a la persona sumida en un estado de indefensión hasta alcanzar los 21 años. Sus derechos sólo pueden hacerse valer cuando otra persona --padre, madre, tutor, Estado-considere que deben hacerse valer. Pero la indefensión se torna en el más humillante agravio cuando la vulneración de sus derechos fundamentales se origina precisamente en el ejercicio arbitrario de la patria potestad y del poder de parens patriae. Un claro ejemplo es el ultraje a la dignidad y a la integridad física que pudiera significar para una joven adolescente lo propuesto por el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, en la ponencia escrita que sometiera a la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. Comentando el artículo 6 del borrador del Código reformado, el cual dispone que “[e]n ningún caso puede obligarse a la mujer a someterse a examen físico para constatar su estado de preñez”, y haciendo referencia al artículo 49, el cual propone declarar la incapacidad absoluta de los menores de 16 años de edad, el prelado arguye que “[l]os padres con patria potestad y custodia sobre sus hijas menores de edad o incapacitadas [...] deben tener la facultad inherente a su condición
natural de padres a requerirles sin intervención del Estado […] que se sometan a examen físico para constatar el embarazo” (González Nieves, 2003, p.2). Al referirse a las incapacidades para contratar que establece el Código civil de Puerto Rico, la Jueza Asociada del Tribunal Supremo Miriam Naveira hizo un importante planteamiento en su opinión concurrente y disidente emitida en In re López Olmedo (125 D.P.R. 265 (1990)): En Puerto Rico no se ha establecido estatutariamente una distinción, a base de edades, entre los menores que carecen totalmente de uso de razón y los que tienen capacidad para discernir [...]. El menor de las postrimerías del siglo veinte (XX) no es ni remotamente el menor contemplado por el legislador decimonónico al adoptar para Puerto Rico el vigente Código Civil. Contrario al menor del siglo diecinueve (XIX), el de hoy día tiene accesos, antes insospechados, a la instrucción a través del desarrollo tecnológico, especialmente en el área de las comunicaciones. Esto desemboca en la inevitable realidad de que el menor de nuestros días tenga un grado superior de capacidad y discernimiento, comparado con el que pudo tener el menor del siglo anterior e incluso, el de los primeros decenios del actual. Lamentablemente, la evolución del proceso legislativo no ha seguido el desarrollo de nuestra sociedad en el ámbito tecnológico que, a su vez, implica transformaciones en el campo de lo valorativo. El derecho positivo ha quedado rezagado en muchas áreas que inciden en la vida de nuestra sociedad. Así sucede, por ejemplo, en lo atinente a los menores, sobre todo en materia del derecho privado. El señalamiento de Naviera se hace patente en la Exposición de Motivos de la Ley Número 59 anteriormente examinada. Haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico “reconoce la tendencia observada internacionalmente de fijar en dieciocho años la edad en que los jóvenes alcanzan plena capacidad de obrar”. Sin embargo, la legislatura puertorriqueña admite desvergonzadamente su ineficacia para atemperar el ordenamiento jurídico puertorriqueño a los principios universales que, por mandato constitucional, le obligan a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes: A tal efecto se consigna en la referida Exposición de Motivos: [D]esde hace varias décadas vienen presentándose medidas para enmendar el Artículo 247 del Código Civil con el propósito de reducir la mayoridad. El estudio de estas medidas ha presentado siempre una mayor complejidad pues necesariamente el legislador ha tenido que confrontar serias consideraciones de orden público. El historial legislativo demuestra que prevalecen los señalamientos y la preocupación sobre los efectos de un cambio tan trascendental en el ordenamiento jurídico. Eso precisamente ha llevado a posponer la determinación. Tan indisculpable postergación legislativa contrasta enormemente con España, a cuyo ordenamiento jurídico se hace constante referencia en Puerto Rico, dado que el Código civil puertorriqueño se origina en el español. Por ejemplo, a diferencia de lo dispuesto por el artículo 162 del Código civil español, en Puerto Rico no se ha reconocido la posibilidad de que un adolescente no emancipado pueda ejercer independientemente sus derechos de la personalidad, entre los cuales se incluye el derecho a la intimidad. En palabras del tratadista Puig Brutau (1987), el artículo 162 del Código civil español “exceptúa de la representación legal de los padres que ostentan la patria potestad, ‘los actos relativos a
derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo’” (pp. 188-189). En España, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (Ley de Protección Jurídica del Menor, de Modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil), reafirmó “la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél, tanto administrativas como judiciales” y responde a “un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los derechos humanos de la infancia” (Exposición de Motivos). Tal enfoque “consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos” (ibid). A estos efectos se consigna lo siguiente en la Exposición de Motivos: El desarrollo legislativo postconstitucional refleja esta tendencia, introduciendo la condición de sujeto de derechos a las personas menores de edad. Así, el concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio» se ha ido trasladando a todo el ordenamiento jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan. Este concepto introduce la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos. Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho evolutivo deben interpretarse de forma restrictiva. Más aún, esas limitaciones deben centrarse más en los procedimientos, de tal manera que se adoptarán aquellos que sean más adecuados a la edad del sujeto. El ordenamiento jurídico, y esta Ley en particular, va reflejando progresivamente una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás. El conocimiento científico actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos. De esta manera podrán ir construyendo progresivamente una percepción de control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. El artículo 2 de la Ley dispone en parte que en la aplicación de la misma "primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir", y que las limitaciones a la capacidad de obrar de éstos “se interpretarán de forma restrictiva". A su vez, el artículo 7 reconoce, entre otros, el derecho “a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa”. Conforme al inciso segundo (a) del artículo 11, la supremacía del interés del menor será uno de los principios rectores de la actuación de los poderes públicos. El desarrollo normativo español responde a los parámetros establecidos en la Convención sobre los derechos del Niño en la cual se postula el ejercicio de los derechos de la persona menor de edad en conformidad a la evolución de sus facultades (artículos 5 y 14). Tales derechos incluyen, entre otros, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten (artículo 12); el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo (artículo 13); el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 14); el derecho a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas (artículo 15); el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación (artículo 16); el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios sanitarios (artículo 24); el derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (artículo 27). A su vez, el artículo 3 de la Convención dispone que “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Pero las nociones contenidas en los conceptos “capacidad progresiva” e “interés superior” de los niños, niñas y adolescentes no son necesariamente ajenas al ordenamiento jurídico puertorriqueño. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que frente a los padres los menores tienen el derecho moral de ser emancipados cuando ello sea factible y propenda a su bienestar (Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102 (1991)). El Diccionario de la Real Academia Española define el vocablo “emancipar” como “[l]ibertar de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre”. La Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico (2003), además de proponer la mayoría de edad al cumplir los dieciocho años, propone la incapacidad cualificada por razón de edad. Conforme a la Introducción del Libro Primero del borrador del Código civil, al menor de edad “[s]e le reconoce capacidad de obrar en la medida en que lo permita su grado de discernimiento, de madurez y de preparación académica, de acuerdo con los actos que de ordinario podría realizar sin asistencia paterna” (p. vi). Sin embargo, tal reconocimiento sólo aplica a menores de dieciséis y diecisiete años de edad. El comentario al artículo 49 del borrador hace referencia al artículo 51 del mismo documento para destacar que los “menores entre 16 y 18 años [...] sólo tienen su capacidad restringida parcialmente, según su grado de discernimiento, educación y madurez”. Conforme al artículo 51 inciso (a) del borrador, “el menor no emancipado que se halla entre los dieciséis y los dieciocho (18) años de edad” sólo “[t]iene restringida su capacidad de obrar por sí mismo en los asuntos que afectan sus bienes o sus intereses personales”. La Comisión propone la incapacidad absoluta de la persona menor de dieciséis años de edad no emancipada, lo cual dejaría relegado a un considerable grupo de adolescentes para quienes, conforme a la evidencia empírica, un mayor grado de autonomía es recomendable. Según dispone el inciso (a) del referido artículo 49, “el menor de dieciséis (16) años de edad no emancipado” es considerado “absolutamente incapaz para obrar por sí mismo en todos los asuntos que afecten su persona y sus bienes”. Esto excluye a determinables personas adolescentes capaces de ejercer los derechos de su personalidad, o para quienes cierto grado de autonomía pudiese redundar en su mejor interés. Cabe señalar que, por lo menos en lo referente a los derechos de la personalidad, tal determinación absoluta de incapacidad tiene visos de inconstitucionalidad, además de ser contraria a los paradigmas de “capacidad progresiva” e “interés superior” de la persona adolescente. La tensión entre los intereses del Estado y los derechos de los niños, niñas y adolescentes como personas es evidente. En términos generales, tal tensión refleja visiones en conflicto y poco claras sobre cuál es el papel que le corresponde al gobierno respecto a la vida de estos ciudadanos, y se manifiesta en un desarrollo desconcertado del derecho que les es aplicable (Chen, 1984). Aunque se han reconocido ciertos derechos a los adolescentes, tales derechos no han sido atemperados de manera que se produzca una alteración sustancial en la distribución de poder entre éstos, sus padres, y el estado (Levesque, 2000, p. 35). El jurista y psicólogo Roger J. R. Levesque señala que ciertos cambios en las
realidades de la vida contemporánea requieren que los adolescentes adopten características que se atribuyen más bien a los adultos y que desafían la tradicional visión aniñada que de aquellos se tiene (ibid, pp. 13-28). El problema fundamental que confronta la sociedad gira en torno al extremo hasta el cual los y las adolescentes deben dominar sus propios derechos (ibid, p. 4). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha declarado que “todas las clasificaciones y discrímenes tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de igualdad ante la ley” han de estar “sujetas a un minucioso examen judicial, por considerarse inherentemente sospechosas” (Calo Morales v. Cartagena Calo, 129 D.P.R. 102, p. 132 (1991)). Tal examen supone la aplicación de un escrutinio estricto mediante el cual “la ley será válida si responde a un interés apremiante y la clasificación es necesaria para promover ese interés, esto es, no existe un medio menos oneroso para promoverlo” (ibid, pp. 132-133). El Tribunal Supremo también ha establecido que son sospechosas las clasificaciones que tienden a “relegar a un estado legal de inferioridad a una clase con abstracción de las potencialidades y características individuales de sus miembros” (Comisión para los Asuntos de la Mujer v. Secretario de Justicia, 109 D.P.R. 715, p. 733 (1980)), y que “[u]na pieza legislativa debe sostenerse o anularse en orden a la dimensión, sustancialidad y realidad de los principios comunitarios e individuales envueltos y los problemas sociales que intenta corregir” (ibid, p. 728). La prohibición contra la discriminación odiosa “contempla todo trato desigual basado en premisas subjetivas erróneas, tradicionales y estereotipadas” (ibid, p. 729). El recurso de la paráfrasis resulta apropiado para proponer la realidad análoga entre el discrimen por razón de género que se discute en Comisión para los Asuntos de la Mujer v. Secretario de Justicia, y el discrimen por razón de edad que aquí se trata. Al evaluar la política pública del Estado Libre Asociado respecto a los ciudadanos jóvenes, resulta “evidente que la legislatura ha actuado a base de meras conjeturas, prejuicios arcaicos y nociones estereotipadas, con abstracción de las características verdaderas” (ibid, p. 733) de los adolescentes, a quienes se les atribuyen de forma general características o rasgos que no todos poseen. “El Estado tiene el peso de probar que no hay otras alternativas menos drásticas y que la clasificación es necesaria” (ibid). Se viola la dignidad del ser humano adolescente, imponiendo a priori trabas a su libertad y arrojando dudas sobre la suficiencia de su capacidad. La vigencia del discrimen por razón de edad en nuestro ordenamiento jurídico no sólo representa un trato diferente, arcaico e injustificado atribuible a la condición única del adolescente, sino una afrenta que constantemente lesiona la dignidad humana de dicho ser. En el contexto del ordenamiento jurídico federal, los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los cuales supuestamente se reconocen derechos constitucionales a los adolescentes en realidad reflejan una inclinación hacia la protección limitadora de derechos y no hacia el reconocimiento de los adolescentes como individuos autónomos (Levesque, 2000. p. 330). Recientemente, conforme indica Levesque (2000), tanto la jurisprudencia y la investigación empírica, así como las demandas sociales desafían la noción de que todos los niños, niñas y adolescentes son vulnerables y necesitan protección. Tales desafíos igualmente respaldan un alejamiento del control de los derechos de los adolescentes por otros que no sean ellos mismos. El autor propone un modelo que defiende el derecho del adolescente a la autodeterminación en una sociedad democrática (ibid, p. 51), tomando
como punto de partida la reformulación de los derechos de la persona adolescente en virtud al desarrollo evolutivo de los derechos humanos (ibid, pp. 337-338). La perspectiva de los derechos humanos, en lugar de enfocarse principalmente en los intereses parentales y del estado, se centra en el sentido de dignidad humana inherente a cada individuo. La comunidad internacional promueve una mayor autonomía para los adolescentes y estimula a los estados a considerar los intereses de los propios adolescentes, a reconocer su voz en los asuntos que les afectan, y a fomentar el desarrollo de ciudadanos —adolescentes y adultos—respetuosos de los ideales democráticos (ibid, p. 338). Levesque (ibid) aboga por el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de sus propios derechos con acceso legal directo a los tribunales y a los sistemas de servicios sociales; por expandir de la noción del mejor interés, de manera que tenga preeminencia teórica, práctica y jurídica; por la promoción de una autodeterminación dinámica, esto es, que se les concedan mayor autonomía y control sobre sus derechos de forma evolutiva, consistente con sus capacidades; por la participación de los adolescentes en todas las decisiones que les afecten, lo cual incluye el derecho a recibir información adecuada, el derecho a ser escuchados en los asuntos que les atañen, el derecho a la libre expresión, y el derecho a desarrollar su autonomía decisoria; y por la definición de los adolescentes como actores sociales que activamente construyen y determinan sus vidas (pp. 338-348). El autor concluye que los adolescentes merecen ser respetados como personas, y que tal respeto implica la reevaluación de su situación legal (ibid, p. 348). IV. La realidad de la adolescencia en Puerto Rico Inhabilitadas para acudir a los tribunales y hacer valer por sí mismas sus derechos—los cuales muchas desconocen, agobiadas por la pobreza, y denigradas por la exclusión social, las consecuencias son funestas para demasiadas personas adolescentes. La humillante marginación que tantos padecen victimiza a las mujeres adolescentes con la maternidad temprana, y a los varones con el homicidio vinculado al tráfico de drogas. a. Maternidad temprana. Los datos disponibles, conforme a la Organización Panamericana de la Salud (1998), revelan en Puerto Rico una trayectoria descendiente en la tasa específica de fecundidad durante las últimas décadas en todos los grupos de edad de la madre, excepto en el de 15 a 19 años (p. 470). En 1990, el demógrafo puertorriqueño José L. Vázquez Calzada señalaba que la proporción de madres adolescentes había aumentado notablemente, de un 11 por ciento del total de nacimientos vivos en 1940 a 17 por ciento en 1988. Esto significa que en 1940, aproximadamente uno de cada diez nacimientos vivos era a una adolescente, mientras que en 1988 la razón era uno de cada seis. La proporción de nacimientos adolescentes continuó en aumento hasta alcanzar su pico más alto en 1997 cuando los nacimientos a madres adolescentes representaron el 20.7 por ciento de todos los nacimientos vivos (Delgado Mercado y Lozada Sinisterra, 2001a, p.6). A partir de 1990, un promedio de uno de cada cinco nacimientos vivos en Puerto Rico corresponde a una mujer adolescente. Para el año 2001, la tasa de nacimientos a adolescentes entre las edades de 15 a 19 años en Puerto Rico fue de 68.0 por cada mil adolescentes en ese grupo (Singh y Darroch, 2000, p. 18), mientras que en Estados Unidos la tasa fue de 45.3 (Hamilton, Sutton y Ventura, 2003, p. 4). La tasa de nacimientos a adolescentes entre las edades de 15 a 17 años para ese mismo año en Puerto Rico fue la más alta entre todas las jurisdicciones estatales y territoriales de Estados Unidos. En Puerto Rico la tasa fue de 46.1 por cada mil adolescentes en ese grupo (Martin et al., 2002, p. 41), mientras que en Estados Unidos la
tasa fue de 24.7 (Hamilton, Sutton y Ventura, 2003, p. 4). También cabe señalar que conforme a los indicadores de la División de Población de las Naciones Unidas, la tasa global de nacimientos vivos a madres adolescentes en el mundo es de 50; en las regiones más desarrolladas es de 27; de 53 en las regiones menos desarrolladas; y 124 en las regiones subdesarrolladas (United Nations Population Fund, 2003, p.1). Las circunstancias y las consecuencias del embarazo adolescente no son las mismas hoy día que hace cincuenta años. En las décadas anteriores a los años setenta en Puerto Rico, la formación de una familia por personas entre las edades de 15 y 19 años “se consideraba como algo esperado y necesario, para el desarrollo social y económico del país” (Delgado Mercado y Lozada Sinisterra, 2001a, p. 5). Para el año 1994, el 67.9 por ciento de los nacimientos a mujeres adolescentes fueron a madres solteras (Departamento de Salud de Puerto Rico, 1996, p.6), mientras que para el año 2000 el porcentaje había aumentado a 75.6 (Departamento de Salud de Puerto Rico, 2002). La maternidad temprana en las familias pobres perpetúa un ciclo intergeneracional de pobreza (United Nations Population Fund, 2003, p.4) y redunda en la exclusión social de la madre adolescente soltera (ibid, p. 57). Las mujeres cuyas madres tuvieron su primer parto cuando eran adolescentes tienen más probabilidad de dar a luz su primer hijo siendo adolescentes, que aquellas cuyas madres eran mayores cuando parieron por primera vez (Edwards, 1992). Las adolescentes que dan a luz y que a su vez fueron hijas de madres adolescentes, tienen menos probabilidad de sobreponerse a la maternidad temprana que sus madres. Esto es, son más vulnerables que sus madres a la dependencia económica y menos capaces de escapar la pobreza (Furstenberg, Levine, y Brooks-Gunn, 1990). Conforme indican determinadas investigaciones recientes, los resultados negativos de la maternidad adolescente, tales como los escasos logros educativos y la pobreza, preceden a la maternidad temprana en lugar de resultar de ésta. Sin embargo, la maternidad adolescente acrecienta las limitadas perspectivas de aquellas mujeres adolescentes que ya de por sí viven en circunstancias desventajosas (Levesque, 2000, p. 298). En comparación con sus pares que aplazan la maternidad, las consecuencias que enfrentan las madres adolescentes incluyen un funcionamiento psicológico más pobre, tasas más bajas de realización escolar, niveles más bajos de estabilidad marital, nacimientos adicionales fuera del matrimonio, menos estabilidad en términos de empleo, mayor dependencia de la asistencia social, tasas más altas de pobreza, y tasas un tanto mayores de problemas de salud tanto para las madres como para sus hijos e hijas (ibid). Los resultados de ciertas investigaciones respaldan cada vez más la conclusión de que la maternidad temprana redunda en mayores costos para las madres adolescentes, para su prole y para la sociedad (ibid, p. 314). La maternidad temprana no sólo requiere una reasignación desproporcionada de recursos sociales (ibid, p. 295), sino que implica la pérdida de potencial humano y, para muchas mujeres adolescentes, tal pérdida simplemente prolonga la tendencia desfavorable pautada por sus circunstancias anteriores (ibid, pp. 314-315). Levesque hace referencia a dos estudios longitudinales que han demostrado que, en comparación con sus pares nacidos a mujeres más adultas, las personas nacidas de madres adolescentes experimentan en su adolescencia tasas más altas de fracaso escolar, delincuencia, encarcelamiento (en el caso de los varones), fertilidad (en el caso de las mujeres) y actividad sexual temprana (ibid, pp. 300-301). A mediados de la década de los ochenta, según señalan Delgado Mercado y Lozada Sinisterra (2001a), el embarazo adolescente “[s]e define como problema social en tanto se
relaciona con la sobrepoblación, y asuntos de índole demográfica; con complicaciones de salud en la madre joven y su bebé; la perpetuación de la pobreza en la mujer joven; y el maltrato de la madre joven hacia su bebé” (p. 5). Aunque el embarazo adolescente ocurre en todos los estratos sociales (ibid, p. 26), la gran mayoría de las madres adolescentes en Puerto Rico proviene de los estratos socioeconómicos más bajos (Vázquez Calzada, 1990). Esto es así aún cuando entre los distintos sectores sociales no se ha encontrado diferencia significativa en la actividad sexual de los jóvenes (Colón, Dávila, Fernós y Vicente, 1999, p. 155), lo cual sugiere que las adolescentes con más recursos económicos tienen mejor acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de aborto. Las madres adolescentes puertorriqueñas completan menos la escuela, son más propensas a tener familias grandes, y ser madres solteras (Delgado Mercado y Lozada Sinisterra, 2001a, p. 7). Este último hecho implica que es la madre adolescente quien llevará la responsabilidad de la crianza, por lo que depende de las ayudas del gobierno para subsistir con su prole (Galanes, 2003, p. 232). Inclusive se ha sugerido que las ayudas gubernamentales de bienestar social que reciben un gran porcentaje de mujeres puertorriqueñas constituyen un factor que influye a que las más pobres opten por resolver sus embarazos involuntarios dando a luz y criando a hijos e hijas no deseados (AzizeVargas y Avilés, 1997, pp. 29-30 y 32-33). El embarazo y la maternidad, señalan Delgado Mercado y Lozada Sinisterra (2001b), “son para algunas mujeres jóvenes puertorriqueñas la esperanza, la afirmación de que una vida mejor es posible”. Esta aseveración es consistente con el planteamiento de Galanes (2003) en el sentido de que los jóvenes de hoy han advertido “que el camino de la educación formal no provee mecanismos para la autorrealización, ni personal ni profesional” (p. 71). El embarazo se convierte entonces en un medio para que las adolescentes puertorriqueñas puedan afirmarse dentro de un contexto social opresivo como mujeres jóvenes y pobres (Delgado Mercado y Lozada Sinisterra, 2001a, p. 26). Esta opresión incluye dimensiones económicas, familiares, sociales y educativas (ibid). Se ha sugerido que “cuando las jóvenes evalúan sus opciones, la maternidad puede reforzarse como un proyecto fundamental de vida cuando enfrentan unas condiciones que restringen otras alternativas de desarrollo personal, educativo, social y económico” (Colón et al., 1999, p. 197). El ser madre, según señalan Delgado Mercado y Lozada Sinisterra (2001a), “puede ser visto como un paso a la adultez cuando existen pocas alternativas” (p. 25). Quizás se pudiera calificar esta tendencia como maternidad resignada, lo cual para algunas jóvenes no implica necesariamente un cambio en estilo de vida, pues proceden de familias que dependen de ayudas gubernamentales (Colón et al., 1999, p. 193). Galanes (2003) señala que aún cuando la mayoría de los embarazos de las adolescentes que participaron en su estudio no fueron planificados, “una vez las adolescentes descubren que están embarazadas, muchos de estos embarazos se convierten en deseados” (p. 84). También en este contexto de la maternidad temprana es necesario exponer una alarmante situación que se ha revelado recientemente en un estudio realizado en Puerto Rico y que ha sido reportado por la agencia federal estadounidense Centers for Desease Control and Prevention (2003). Dada la efectividad terapéutica que existe hoy día para prolongar la vida a personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), un creciente número de adolescentes que han nacido con este virus que ocasiona el SIDA está activándose sexualmente y ha comenzando a concebir. La primera información documentada de tales casos gira en torno a 8 mujeres puertorriqueñas entre las edades de quince y veintidós años que en conjunto sumaban un total de diez embarazos adolescentes
entre 1998 y 2002. En los casos de cinco de estas mujeres los embarazos no eran deseados. La edad promedio en la cual se les informó que eran positivas al VIH fue a los trece años. Tres de ellas estaban sexualmente activas antes de cumplir los quince años. Tres ya habían concebido antes de cumplir los diecisiete años. Al ser entrevistadas en 2002, seis de ellas dijeron haber tenido múltiples parejas sexuales; sólo dos dijeron haber empleado el condón consistentemente; y sólo dos habían dialogado con un miembro de su familia sobre los temas de actividad sexual, embarazo o métodos anticonceptivos. Dos de ellas abandonaron la escuela a consecuencia de su embarazo, y otras cinco eran desertoras escolares por causas distintas al embarazo o la maternidad. Un estudio comparativo de estos ocho casos sugiere que las conductas sexuales de riesgo de los adolescentes que han nacido con el VIH no difieren de las de los adolescentes que no están infectados con el virus. Se anticipa que más mujeres adolescentes que han nacido con el VIH quedarán embarazadas, lo cual exige una reformulación de la política pública, por lo menos para atender las particulares necesidades de salud reproductiva de esta población. b. Mortalidad por homicidios. En 1995, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Italia que adoptara medidas en las cuales se incluyera la asistencia a familias desfavorecidas para prevenir, entre otras cosas, la instrumentalización de los niños en actividades criminales. (CRC/C/15/Add.41). En el párrafo 11.11 de sus observaciones finales respecto al informe inicial de Italia el Comité expresó: En cuanto al artículo 2 de la Convención relativo a la no discriminación, al Comité le preocupa el hecho de que no se hayan adoptado suficientes medidas para evaluar y atender las necesidades de los niños de los grupos vulnerables y desfavorecidos, como los de familias pobres y los de hogares con un solo progenitor, los niños de origen extranjero y romaní y los hijos nacidos fuera del matrimonio. El Comité expresa su inquietud por el hecho de que parece más probable que los niños pertenecientes a esos grupos desfavorecidos sean estigmatizados en la percepción pública, abandonen la escuela y sean empleados en trabajos clandestinos, e incluso en actividades ilegales, en particular actividades delictivas organizadas. Ya desde entonces se evidenciaba en Puerto Rico, desde una perspectiva de salud pública internacional, la instrumentalización de niños y adolescentes en el tráfico de drogas y la consecuente tasa de mortalidad por homicidios a niveles desproporcionados. En el año 2001, mediante la resolución 56/138 y en respuesta a una recomendación del Comité de los Derechos del Niño, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General la realización de un estudio mundial a fondo sobre la violencia contra los niños. En el 2003, el Secretario General de las Naciones Unidas designó a Paulo Sergio Pinheiro como experto independiente encargado de dirigir el referido estudio. Al año siguiente, la organización Mundial de la Salud publicó la edición original en inglés del Informe mundial sobre la violencia y la salud, respecto al cual el Sr. Pinheiro (2005) ha señalado: El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, de 2002, demostró claramente que, durante los diez últimos años, las víctimas más frecuentes de homicidios a nivel mundial son aquellos jóvenes entre 15 y 24 años de edad. En algunos países, incluso los logros más importantes en la reducción de mortalidad en la primera infancia no han tenido un impacto en la esperanza de vida media, porque estas mejoras son anuladas por las tasas crecientes del homicidio entre adolescentes y jóvenes. Estos niveles de
violencia son inaceptables, se pueden prevenir y deben ser tratados con mayor urgencia (p. 5). El capítulo segundo del referido Informe mundial sobre la violencia y la salud trata sobre la violencia juvenil, y destaca las tasas de homicidios juveniles de Colombia, El Salvador y Puerto Rico para ejemplificar la magnitud del problema de violencia mortal, cuyas tendencias afectan de manera particular a los jóvenes varones de 15 a 24 años (Organización Panamericana de la Salud, 2003a). No obstante la relevante mención que en el informe se hace de su situación en este contexto, Puerto Rico no ha tenido participación alguna en las consultas regionales del Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, ni como país caribeño, ni como país latinoamericano, y mucho menos como territorio de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que se niegue la participación a los niños, niñas y adolescentes puertorriqueños que viven aterrorizados por la violencia? Las altas tasas de mortalidad de adolescentes por homicidio en Puerto Rico han sido ampliamente documentadas por la Organización Panamericana de la Salud. Por más de una década, el homicidio ha sido la causa principal de mortalidad entre los varones adolescentes de 15 a 19 años en la Isla (Organización Panamericana de la Salud, 1998, p. 470; Organización Panamericana de la Salud, 2002, p. 516; y Pérez y Rivera-Hernández, 2004, pp. 45-46). Desde 1990 a 2000, prácticamente una de cada dos muertes (49.49 por ciento) en este grupo fue por homicidio (Pérez y Rivera-Hernández, 2004, p. 46). De 1999 a 2002, conforme a estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico, 13.76 por ciento del total de muertes de varones por homicidio ocurrieron en el grupo de 15 a 19 años de edad (Puerto Rico: defunciones por homicidio, por género y edad de las víctimas). El porcentaje aumenta dramáticamente a 41.96 por ciento cuando se considera el grupo de 15 a 24 años (ibid). La tasa de mortalidad estimada por homicidios y lesiones intencionalmente infligidas por otra persona en el grupo de varones jóvenes de 15 a 24 años de edad es la segunda más alta del mundo, a saber, 99.7 por 100,000 (Organización Panamericana de la Salud, 2003b, p. 108). Sólo la supera Colombia con una tasa de 207.1 por 100,000 (ibid, p. 106). A Puerto Rico le siguen El Salvador con una tasa de 92.7 (ibid); Brasil con una tasa de 91.2 (ibid, p. 105); y Venezuela con una tasa de 72.9 (ibid, p. 109). La gravedad de esta situación se pone al relieve cuando se comparan estas tasas con las de otros países de la región, por ejemplo Méjico, con una tasa de 32.3 (ibid, p. 108); República Dominicana con una tasa de 19.1 (ibid); Uruguay, con una tasa de 11.9 (ibid, p. 106); y Chile, con una tasa de 6.8 (ibid, p. 106). También en este contexto se refleja la dramática desproporción entre Puerto Rico y Estados Unidos, país que cuenta con una tasa de 24.8 por 100,000 (ibid, p. 107). En su libro Niños en el tráfico de drogas: Un estudio de caso de niños envueltos en la violencia armada organizada en Río de Janeiro, el antropólogo Duke Dowdney (2003) propone el concepto de “niños en violencia armada organizada” para describir el empleo de niños y adolescentes como combatientes armados en los conflictos territoriales entre las bandas de traficantes de drogas en Río de Janeiro. Posteriormente se ha determinado una definición de trabajo con el propósito de “incluir otras regiones del mundo donde los niños son afectados por situaciones semejantes” (ibid, p. 203), a saber, situaciones de violencia armada de grupos en ausencia de guerra (Dowdney, 2005, p. 11). La definición modificada se refiere a “niños y jóvenes empleados o que participan de cualquier manera en la Violencia Armada Organizada donde hay elementos de una estructura de mando y dominación sobre un territorio, su población local o sus recursos” (ibid, p. 9). Es necesario hacer notar que la referida definición, conforme señala el autor, incluye a aquellas personas jóvenes mayores de dieciocho años que han estado involucradas en la violencia armada organizada desde su niñez o adolescencia temprana (ibid, p. 11).
Al igual que lo reflejado en el estudio de Dowdney respecto a Río de Janeiro, los homicidios de varones de 10 a 19 años de edad en Puerto Rico están mayormente vinculados al narcotráfico (Organización Panamericana de la Salud, 1998, p. 470). Este vínculo se evidencia también en el total de homicidios—todas las edades y ambos sexos— en la Isla. Para el año 2001, por ejemplo, la Policía de Puerto Rico reportó que 63 por ciento de los homicidios del país se relacionaron a la distribución de drogas (United States Department of Justice, 2003). Según estimados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente de 70 a 80 por ciento de los homicidios con armas de fuego en Puerto Rico se relacionan a conflictos territoriales en el tráfico de narcóticos (ibid). Las similitudes se acentúan cuando se toma en consideración que, conforme a las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, en los años 2002 y 2003 las violaciones a la ley de armas constituyeron el 29 por ciento de las faltas contra la sociedad cometida por niños y adolescentes menores de 18 años (Puerto Rico: Faltas contra la sociedad cometidas por menores de edad). También son de suma relevancia las estadísticas del Departamento de Salud de Puerto Rico que indican que en los años 1999 a 2002, 90.54 por ciento de los homicidios de varones fueron perpetrados con armas de fuego (Puerto Rico: Defunciones por homicidio, por género y tipo de arma utilizada). No obstante la indiscutible semejanza entre la situación de Río de Janeiro y la de Puerto Rico, un nuevo estudio publicado por Dowdney (2005) en el cual se hacen comparaciones internacionales respecto a los niños y jóvenes involucrados en violencia armada organizada no hace mención alguna de la importante y documentada situación de Puerto Rico en este contexto. Como ha expresado Pinherio (2005) respecto a la situación descrita y analizada en el nuevo estudio de Dowdney, “se la debe entender como una demanda urgente de acción, no sólo porque necesitamos contener la violencia de los grupos de jóvenes armados, sino que porque cada niño y cada adolescente necesita que se le respeten sus derechos, de manera total” (p. 6). V. Conclusión A la luz de las palabras del Sr. Pinheiro cabe preguntar: ¿Acaso no tienen esa necesidad de que se le respeten sus derechos de manera total los niños, niñas y adolescentes puertorriqueños? ¿Cuántas adolescentes puertorriqueñas más tendrán que ver sus vidas condenadas a la pobreza por una maternidad temprana? ¿Cuántos adolescentes puertorriqueños más tendrán que ser asesinados en las calles del narcotráfico? La invisibilidad de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Rico se hace patente en la lista de países en que opera UNICEF. Igualmente se hace patente en las listas de países donde trabajan las ONGs internacionales tales como Plan Internacional y Save the Children. Las ONGs de Estados Unidos tampoco cubren a Puerto Rico en sus programas nacionales. Éste es el caso, por ejemplo, del Children’s Defense Fund. En Estados Unidos Save the Children trabaja en las comunidades más pobres de esa nación. Si bien es cierto que las estadísticas de Puerto Rico no se emplean en el cómputo de estadísticas nacionales para Estados Unidos, la realidad es que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza de Estados Unidos. La tasa de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que viven bajo el nivel de pobreza en Puerto Rico—58.4 por ciento—(Pérez y Rivera-Hernández, 2004, p. 11; Mather, 2003, p. 10) es más del doble que las del estado más pobre de Estados Unidos, a saber, Mississippi, cuya tasa es de 27 por ciento (Mather y Rivers, 2003, pp. 4 y 33). La tasa de Puerto Rico es más de tres veces mayor que la tasa nacional de Estados Unidos, a saber, 16.6 por ciento (ibid, pp. 3 y 8).
La sociedad civil internacional no puede continuar ignorando las realidades de los niños, niñas y adolescentes puertorriqueños. Como ha expresado el experto independiente encargado de dirigir el Estudio de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños: La manera como una sociedad trata a sus niños y a sus adolescentes, es un indicador extremadamente relevante de la situación de los derechos humanos en su seno. El respeto a los derechos fundamentales necesarios para el desarrollo completo del niño, es uno de los primeros pasos hacia la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática y participativa (Pinheiro, 2005, p. 6). Si de lo que verdaderamente se trata es de alcanzar la integración social de los niños, niñas y adolescentes, es hora de hacer visibles a la infancia y la adolescencia puertorriqueñas. Ciertamente, en vista de su negativa a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras cosas, no será a través del Gobierno de Estados Unidos que se hará sentir la voz de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Rico. Es imperativo que el Gobierno de Puerto Rico tome las medidas pertinentes para la inclusión social de estos ciudadanos marginados. El hecho de que un país esté jurídicamente incapacitado para adherirse a la Convención de los Derechos del Niño no significa que no pueda tener un compromiso genuino para implementar sus postulados. A tal efecto, la representante de Puerto Rico concluyó su mensaje ante la Asamblea General en la Sesión Especial a favor de la Infancia con las siguientes palabras: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se adhiere a los mismos principios que han sido discutidos por esta asamblea en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos de la niñez y se suma a las demás naciones del planeta en condenar a todo aquel o a toda aquella entidad, bien sea pública o privada, que atenta contra ellos. Los niños, niñas y adolescentes de Puerto Rico recaban la ayuda de las ONGs internacionales para que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con esas palabras.
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