Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/Febrero/00252-23211-2011-2010-1149.html
Timestamp: 2017-01-18 10:06:47
Document Index: 149528678

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 70', 'Artículo\n70', 'artículo 47', 'artículo 70', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 93', 'Artículo\n93', 'artículo 93', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26']

00252-23211-2011-2010-1149.html
Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO
Nº 2010-1149
La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo,
remitió a esta Sala, adjunto a oficio Nº CSCA-2010-006534 de fecha 29 de
noviembre de 2010, el expediente contentivo de la querella funcionarial
interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por los abogados
José Domingo Vásquez Manrique y Adtherelivmar Gutiérrez, inscritos en el
INPREABOGADO bajo los Nros. 34.798 y 71.754, respectivamente, actuando con el
carácter de apoderados judiciales de las ciudadanas MIRIAM LARGO,
TERESILA ÁLVAREZ, LUCINA ROJAS, CRISAIDA LÓPEZ, CARMEN SOTILLO, NANCY LONDOÑO,
LOLA MOGOLLÓN, THAIMI GUARDIA, DEXIS DÍAZ, GRACE ARIAS, AMANDA SILVA, LUZ
GARRIDO, LORENA LARA, NORMA VELIZ, LISETT PEÑALOSA, MARLENE NARANJO,
MIRTHA CORDERO, CARMEN YAVINAPE, IRMA HERNÁNDEZ, NEYIRVIA PIÑA, MIRIAM VÁSQUEZ,
CARMEN MUÑOZ, ESTELA ABREU, AÍDA BARRIOS, GRETA PERALES, AMNERYS CAMPOS, IDALIA
PÉREZ, RAQUEL CASTILLO, ROSALÍA SILVA, UVENSA BLANCO, MARIA BAENA, MARITZA
RODRIGUEZ, ELOISA GARRIDO, JÉSSICA SEGOVIA, PILAR LÓPEZ, CARMEN RICCIUTI, EDDI
DUCÓS, ROXANA FAJARDO, LYNELL BLANCO PONCE, DANIELA VERA, SONIA CAMACHO, MARIA
E. VEGA, EDITH SEGUÍAS, MARÍA ANGELICA CARPIO, ANA PEÑA, MARÍA MONTILLA, ROSA
HERNÁNDEZ, AÍDA VILLALOBOS, JUDITH LAMEDA, ANA GÓMEZ, MAILYN CHACARE, ISMELDA MONTILLA, MARIA FERNANDA DIZ, EGLEÉ NAVAS, MARÍA EUGENIA ACOSTA y de los
ciudadanos FÉLIX JIMÉNEZ, YONNYS GUARDIA, LUIS O. LUNA, FELICIANO YUAVE,
JUAN RODRÍGUEZ, JOSÉ TOVAR, OMAR BLANCO, GIOMAR AÑEZ, LUIS SALAZAR, PEDRO
VARÓN, GILMER CAMICO, RODOLFO BLANCO, RAFAEL GONZAGA, FERNANDO MAYABIRO, RAFAEL
MORA, ROBERT MORA y GILBERTO RANGEL, con cédulas de
identidad Nros. 1.567.914, 1.568.241, 4.339.840, 8.947.706, 8.945.242, 8.902.834,
10.657.130, 8.903.778, 8.903.781, 8.803.975, 8.948.772, 1.566.481, 9.284.460,
8.903.614, 9.344.954, 8.900.139, 7.208.661, 8.900.240, 9.590.001, 8.900.309,
8.904.247, 1.561.124, 1.568.702, 1.568.366, 8.900.005, 8.945.908, 8.903.063,
8.904.795, 8.904.791, 1.569.109, 1.566.441, 1.565.745, 10.656.033, 11.393.801,
5.279.168, 4.433.314, 13.714.637, 10.869.483, 10.921.800, 11.306.343,
10.360.824, 11.017.322, 6.913.316, 12.897.213, 8.146.456, 4.453.254, 7.277.470,
5.174.170, 1.566.441, 12.893.389, 7.662.320, 6.799.887, 2.517.392, 4.000.494, 12.881.789,
1.564.737, 1.565.992, 1.565.154, 10.024.882, 8.903.126, 10.923.537, 8.900.252,
1.568.357, 1.568.450, 1.565.955, 1.567.356, 8.903.138, 6.376.989, 1.566.417,
12.451.898 y 7.168.053, respectivamente, contra el entonces Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Dicha remisión fue realizada en virtud del conflicto
de competencia suscitado entre la mencionada Corte Segunda de lo Contencioso
Administrativo y la entonces denominada Corte de Apelaciones en lo Penal,
Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal Superior en lo
Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas.
El 14 de diciembre de 2010, se dio cuenta en Sala y
por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la
regulación de competencia.
Por auto de fecha 8 de febrero de 2011, se dejó
constancia que en vista de la designación realizada por
la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre del
mismo año, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta,
Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes
Guerrero, Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada
Trina Omaira Zurita.
Realizado el estudio de las actas que conforman el
expediente, esta Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:
Los abogados José Domingo Vásquez Manrique y
Adtherelivmar Gutiérrez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de
las ciudadanas y los ciudadanos precedentemente identificados, mediante escrito
de fecha 6 de octubre de 2004, interpusieron querella funcionarial
conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, ante la otrora Corte de
Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores y Tribunal
Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, contra el entonces
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, estableciendo como fundamento de la
acción, lo siguiente: Que sus representados son empleados de carrera del
Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Estado Amazonas, desempeñándose en
el Hospital José Gregorio Hernández y Ambulatorios del referido Ministerio,
ubicados en Puerto Ayacucho, Municipio Atures del Estado Amazonas, como
licenciados en enfermería, enfermeros, odontólogos, bioanalistas y
nutricionistas, entre otros. Que el 27 de diciembre de 2000, se celebró un
Acuerdo Marco entre el mencionado Ministerio, la Federación de Colegio de Enfermeras de Venezuela, Federación Farmacéutica Venezolana, entre
otros, en el que se aprobó el Bono de Frontera y de Difícil Acceso para
aquellos profesionales que prestaran sus servicios en Municipios fronterizos y
que además sean de zonas recónditas del territorio nacional.
Aducen que la cláusula veintiocho de la tercera
Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el mencionado Ministerio de
Salud y la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela, también establece
dicho bono como parte integral del salario.
Señalan que sus representados percibieron el pago del
referido bono durante el año 2002, pero que no ocurrió lo mismo durante los
años 2001, 2003 y 2004, por cuanto la “administración de Salud incurrió en
la omisión de una conducta que estaba obligada a cumplir”.
Que los trabajadores y trabajadoras demandantes
tuvieron conocimiento de un dictamen elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de la Salud el 17 de febrero de 2004, en el que se estableció, entre otros puntos, cuáles son los Estados que se consideran
Que en dicho dictamen “se excluyó en términos
errados y caprichosos a los trabajadores de la salud de Puerto Ayacucho, lo
cual -en su criterio- colocan al Ministerio-patrono al margen de la legalidad y
de la constitucionalidad que deben orientar sus actuaciones, pues no sólo
violenta principios fundamentales como la defensa y el debido proceso, sino la
equidad”.
Que “en ninguna de las erradas y arbitrarias
clasificaciones intervinieron los gremios que representan a los trabajadores, como
lo ordena la Convención Colectiva, por lo cual, inaudita parte se procedió a
una determinación impuesta que debió ser producto de la negociación”.
En razón de lo anterior, demandan al Ministerio de
Salud y Desarrollo Social a fin de que pague a sus poderdantes “la prima de
frontera y de difícil acceso, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
salario percibido por cada uno de ellos más los intereses e indexación que
hayan generado el atraso en el pago de los años 2001, 2003 y los meses
transcurridos de 2004 (…). Asimismo, los meses que transcurran hasta la
decisión correspondiente más los intereses que éstos generen. Igualmente, que
se condene al Ministerio de la Salud al pago de las deferencias que
correspondan a bono vacacional y bonificación de fin de año dejados de
cancelar, así como el pago de la diferencia de cualquier bonificación o
incidencia salarial que haya ocurrido u ocurra en el transcurso de la
sustanciación del proceso (…). Por último, (…) en relación a los trabajadores
que dejen de prestar servicios, al cálculo de las prestaciones de antigüedad y
de las pensiones y jubilaciones (…) [y] que la condenatoria esté
acompañada de la orden de elaboración de una experticia complementaria del
fallo (…)”. (Sic).
Mediante decisión del 21 de octubre de 2004, la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo Menores y Tribunal
Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, se declaró incompetente
para conocer del presente caso y declinó su competencia en las Cortes de lo
Contencioso Administrativo con fundamento en lo siguiente:
“(…) Ahora
bien, advierte este Tribunal Colegiado la imposibilidad de conocer el presente
recurso, ello en virtud de la condición de ente público nacional que ostenta la
institución recurrida en autos, a saber, Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, amén de la condición de la oficina sobre quien recae la responsabilidad
de la omisión del pago del ya mentado Bono de Frontera y de Difícil Acceso,
vale decir, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y
En tal
sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha
venido sosteniendo de manera reiterada que el tribunal competente para conocer
de las acciones incoadas contra los organismos públicos nacionales es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en virtud del rango de la institución
demandada, pero como quiera que la acción ejercida por los recurrentes por
concepto del pago del Bono de Frontera y de Difícil Acceso es contra el
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el tribunal competente para conocer de
la presente acción recursiva es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo(…)”. (Sic)
El 20 de diciembre de 2004, se recibió el expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso
Administrativo, correspondiendo su conocimiento, previa distribución, a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la cual se declaró a su vez incompetente para
conocer de la presente causa, según decisión del 17 de marzo de 2005, bajo los
fundamentos siguientes:
“(…) El presente caso se
encuentra enmarcado dentro del campo de las relaciones de empleo de carácter
público, por cuanto los querellantes prestan actualmente sus servicios
profesionales en instituciones de salud del Estado adscritas al Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, todas estas ubicadas en la Región del Estado Amazonas. Siendo así lo anterior, esta Corte considera preciso traer a colación el
contenido del artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual expresa lo siguiente:
Por su parte, la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley, establece lo siguiente:
Ahora bien, luego de traer a
colación tales disposiciones, esta Corte observa que el a quo erró en su
razonamiento al declinar la competencia en este Órgano Jurisdiccional,
constituyendo como fundamento de su decisión la condición de órgano de la Administración Pública Nacional, como lo es el Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
organismo querellado en el presente caso, por cuanto el caso de autos versa
sobre un reclamo de carácter funcionarial, debido a que el mismo tiene su
origen en una relación de empleo público a la cual le debe ser aplicada las
prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ello así, el conocimiento de las reclamaciones que se intenten contra la Administración Pública, -sea ésta nacional, estadal o municipal- surgidas con ocasión de las
controversias que se susciten dentro del marco de una relación de empleo
público corresponden a un Juzgado Superior con competencia en lo Contencioso
Administrativo, siendo este el Juez natural para conocer de la controversia
suscitada en primer grado de jurisdicción, de conformidad con lo establecido
por el artículo 93 numeral 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, precedentemente citado.
Así las cosas, siendo la
presente causa un reclamo de origen netamente funcionarial, resulta imperioso
para esta Corte declarar su incompetencia para conocer en primer grado de
jurisdicción del presente recurso contencioso administrativo funcionarial
interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, y así se decide.
Ello así, debe esta Corte
ordenar la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se
pronuncie sobre el conflicto negativo de competencia suscitado entre la
referida Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito Trabajo,
Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado
Amazonas y esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de conformidad
con lo prescrito por el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y así se
declara (…)”.
Debe esta
Sala establecer, en primer término, su
competencia para resolver el conflicto negativo planteado y, al efecto, se
impone atender a los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, que
disponen: “Artículo
70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que
previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en
el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su
vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.
71. La solicitud de regulación
de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la
competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las
razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de
la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se
remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior
común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (…)”. (Destacados de la Sala).
Por su parte, el numeral 19 del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447 del 16 de junio de 2010, dispone lo siguiente:
“Artículo 23. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los
tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. (Destacado de la Sala). En atención a las normas indicadas y habiéndose planteado un conflicto de
competencia entre la
entonces Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo
Menores y Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, para conocer de la demanda interpuesta, las cuales tienen atribuida la
competencia en materia contencioso administrativa, es por lo que esta Sala, al
ser el Máximo Órgano en dicha jurisdicción, se declara competente para conocer
el conflicto surgido. Así se decide. III
Determinada la competencia de esta Sala para resolver
el conflicto negativo de competencia planteado, le corresponde determinar cuál
es el órgano jurisdiccional que debe conocer de la querella funcionarial ejercida
contra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder
Popular para la Salud y Protección Social, para lo cual observa:
Conforme se desprende de lo establecido en el libelo,
los demandantes, en su condición de enfermeras, odontólogos, nutricionistas y bioanalistas,
-entre otros- pretenden que el referido Ministerio le reconozca y pague “la
prima de frontera y de difícil acceso, equivalente al cuarenta por ciento (40%)
del salario percibido por cada uno de ellos más los intereses e indexación que
decisión correspondiente más los intereses que éstos generen”.
Con vista en lo anterior y atendiendo a la
condición de empleados públicos de las y los demandantes, en el caso concreto
resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 93 y en la disposición
transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.482, de fecha 11 de julio de 2002, que establecen lo
“Artículo
93: Corresponderá a los Tribunales competentes en materia contencioso
administrativa funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se
susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular lo siguiente:
1- Las
reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o
aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus
derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la administración
pública”.
Transitoria Primera:
“Mientras se
dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son
competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se
refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con
competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren
ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde
funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia”.
Conforme a lo previsto en la disposición transitoria
primera, anteriormente transcrita, la competencia para conocer de las
reclamaciones formuladas por las funcionarias y los funcionarios públicos contra
la Administración Pública, corresponde en primera instancia a los jueces o
juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo.
Asimismo, cabe advertir que actualmente, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 del 16 de junio de 2010, se
distribuyen las competencias de los órganos que conforman la jurisdicción
contencioso administrativa, a saber: (i) esta Sala Político-Administrativa
(artículo 23); (ii) los Juzgados Nacionales (artículo 24); (iii)
los Juzgados Superiores Estadales (artículo 25); y (iv) de los Juzgados
de Municipio (artículo 26).
No obstante, conforme al principio perpetuatio fori,
no rigen para el caso de autos los nuevos preceptos atributivos de competencia
de la jurisdicción contencioso administrativa que entraron en vigencia después
de la interposición de la presente demanda, esto es: el 6 de
octubre de 2004.
base en lo antes expuesto, debe establecer esta Sala que el conocimiento de las
demandas interpuestas por funcionarios públicos con motivo de las reclamaciones
formuladas cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos
de los órganos o entes de la Administración Pública, sea ésta nacional, estadal o municipal, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, en
primera instancia a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso
Administrativo Regionales, específicamente a la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil,
Mercantil, Tránsito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunal
Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas y
en segunda instancia a las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Así se
declara.
se observa que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo demoró
injustificadamente la remisión del expediente a esta Sala, lo que constituye
una dilación indebida que atenta contra la tutela judicial efectiva y el debido
proceso. En este sentido, se insta a evitar retardos perjudiciales para los
justiciables en la satisfacción de sus pretensiones.
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
QUE ES COMPETENTE para resolver el conflicto negativo de
competencia suscitado en el presente proceso.
QUE CORRESPONDE a la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito,
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Tribunal Superior en lo Contencioso
Administrativo de la Región Amazonas de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas, la COMPETENCIA para conocer de la querella funcionarial interpuesta contra el entonces
Ministerio de Salud y Desarrollo Social, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
En consecuencia, se ordena remitir el expediente al
Juzgado declarado competente.
Publíquese, regístrese y
comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós
(22) días del mes de febrero del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
Presidenta EVELYN
MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta - Ponente
TRINA OMAIRA
YAMILE GUZMÁN
En veintitrés (23) de febrero del año
dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00252.