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Timestamp: 2018-12-11 18:56:31
Document Index: 274709536

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 312', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 143', 'artículo 145', 'artículo 251', 'artículo 148', 'artículo 149', 'in dubio', 'artículo 149']

﻿ SENTENCIA C-429 DE MAYO 27 DE 2003
SENTENCIA C-429 DE 27 DE MAYO DE 2003
CONTENIDO:INFORME DESCRIPTIVO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ALCANCE DE LA FIRMA IMPUESTA POR EL CONDUCTOR O POR UN TESTIGO. SE DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE LAS EXPRESIONES DEMANDADAS DEL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 769 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA JUDICIAL, CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONDUCTOR, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia C- 429 de mayo 27 de 2003
INFORME DESCRIPTIVO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
ALCANCE DE LA FIRMA IMPUESTA POR EL CONDUCTOR O POR UN TESTIGO
Sentencia C-429 de 2003
Ref.: Expediente D-4339
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 149 (parcial) de la Ley 769 de 2002, “por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
Actor: María Beatriz Cacua Garcés.
Se transcribe a continuación el texto del artículo 149 de la Ley 769 de 2002, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial año CXXXVIII – 44932 del 13 de septiembre de 2002 y se resalta la parte demandada.
El informe o el croquis, o los dos serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal.
Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes”.
VI. Competencia y consideraciones
En su demanda la ciudadana invocó como normas constitucionales violadas por el legislador los artículos 29 (debido proceso), 33 (límites al deber de declarar), 83 (buena fe), 121 (legalidad en el ejercicio de las funciones públicas) y el numeral 25 del 150 (función del Congreso de unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República). No obstante, del análisis de su libelo se concluye que únicamente formuló un verdadero cargo de inconstitucionalidad por desconocimiento del artículo 29 superior, en concreto, por violación de los derechos de contradicción de la prueba y de defensa material.
Corresponde en esta oportunidad a la Corte establecer, si la norma legal demandada en cuanto dispone que el informe descriptivo levantado por el agente de tránsito que conozca del hecho que puede constituir infracción penal deberá ser firmado por los conductores o en su defecto lo firmará un testigo, vulnera el artículo 29 constitucional.
La noción de policía judicial es el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación de los delitos y en la captura de los delincuentes. La concepción moderna de la policía judicial es la de un cuerpo que requiere la aplicación de principios de unidad orgánica y, sobre todo, de especialización científica y que actúa bajo la dirección funcional de los fiscales o los jueces (2) .
El artículo 312 del Código de Procedimiento Penal distingue entre los servidores públicos que ejercen de manera permanente funciones de policía judicial, como la policía judicial de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y todos los servidores que desempeñen funciones judiciales siempre y cuando guarden relación con la naturaleza de su función y la policía judicial del Departamento Administrativo de Seguridad; y aquellos que las realizan de forma especial, entre los cuales se encuentran las autoridades de tránsito (3) .
(3) Al respecto, el artículo 3º de la Ley 769 de 2002 dispone;
“Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes: El Ministerio de Transporte.
Además, dispone la Ley 769 de 2002, que [C]ualquier autoridad de tránsito está facultada para abocar el conocimiento de una infracción o de un accidente mientras la autoridad competente asume la investigación (4) .
(4) Ley 769 de 2002, artículo 7º, inciso 4º.
Pues bien, tratándose de accidentes de tránsito en los que ocurran solamente daños materiales, es decir, resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan lesiones personales, los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses (5) ; pero en los casos en que ésta no fuere posible, el agente levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia a los conductores quienes deberán suscribirlo y si éstos se negaren ha hacerlo bastará la firma de un testigo mayor de edad, informe que se remitirá al organismo de tránsito competente para lo pertinente y a los centros de conciliación respectivos (6) .
(5) Ley 769 de 2002 , artículo 143.
(6) Ley 769 de 2002, artículo 145.
No prevé la norma sub examine que en el texto del informe descriptivo el conductor pueda plasmar los motivos de su disentimiento con los datos y apreciaciones que en éste se contengan. Sin embargo, los formatos que actualmente emplean los agentes de tránsito en estos casos cuentan con los correspondientes espacios para que los conductores expresen su inconformidad con los datos, afirmaciones y apreciaciones que aparecen consignados en el informe descriptivo (7) .
(7) Páginas 116 a 119 expediente.
Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público (8) y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo.
(8) Código de Procedimiento Civil, artículo 251.
En este orden de ideas, el informe descriptivo elaborado por una autoridad de tránsito, constituye un importante instrumento al servicio de la administración de justicia como quiera que en éste se da cuenta de la ocurrencia de un hecho, en algunos casos con implicaciones de orden civil pero en otros, además con carácter penal, en el que aparecen identificados los conductores implicados, así como consignados datos sobre las posibles condiciones en que aquel tuvo lugar, y además estará firmado por los conductores o en su defecto por un testigo. Datos todos estos que resultan fundamentales para orientar una futura investigación o proceso y a partir de los cuales se puede producir la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos.
Así pues, en virtud del artículo 148 de la Ley 769 de 2002, el informe descriptivo que elabora un agente de tránsito en los casos de accidentes de esta naturaleza con implicaciones penales, corresponde al ejercicio de una actividad de policía judicial consistente en rendir un informe cuyo contenido y efectos se encuentran regulados por el artículo 149 del nuevo Código Nacional de Tránsito y, en lo pertinente, por los artículos 314 a 321 del Código de Procedimiento Penal. De tal suerte que se trata de un documento público cuyo contenido material puede ser desvirtuado en el proceso respectivo y que debe ser apreciado por el funcionario judicial de acuerdo a las reglas de la sana crítica a fin de otorgarle el alcance probatorio que corresponda una vez sea valorado en conjunto con todas las pruebas practicadas, bien oficiosamente o bien a petición de parte.
En numerosas ocasiones (9) , esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido y alcance del principio de presunción de inocencia. Así, en Sentencia C-252 de 2001 la Corte consideró al respecto lo siguiente:
(9) Entre otras, las siguientes sentencias: T-460 de 1992, T-463 de 1992, T-471 de 1992, T-500 de 1992, T-520 de 1992, T-525 de 1992, T-581-92, C-599 de 1992, C-053 de 1993, C-114 de 1993, T-145 de 1993, T-162 de 1993, C-171 de 1993, T-272 de 1993, T-375 de 1993, C-390 de 1993, C-411 de 1993, T-420 de 1993, T-450 de 1993, T-538 de 1993, T-561 de 1993, T-097 de 1994, C-176 de 1994, C-176 de 1994 (sic), C-213 de 1994, C-004 de 1996, C-245 de 1996, C-048 de 1997, C-098 de 1999, C-1444 de 2000 y C- 774 de 2001.
“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado (resaltado fuera del texto).
Para esta corporación es claro que la norma legal debe entenderse como la posibilidad de que alternativamente el informe sea firmado por un testigo, cuando los conductores no quieran firmarlo o no estén en posibilidad de hacerlo (10) . En efecto, la previsión legal de esta figura constituye simplemente un instrumento que permite sentar las bases sobre las cuales se adelantará un trámite penal y así evitar la parálisis de la actividad investigativa del Estado. Esta exigencia legal, tampoco constituye una vulneración del derecho de defensa del implicado, por cuanto el testigo está llamado a firmar solo para acreditar la negativa o la imposibilidad del conductor de hacerlo, pero jamás puede entenderse como la convalidación de la veracidad de los hechos descritos ni de los datos y apreciaciones que aparecen consignados en el informe descriptivo, o la imputación de responsabilidad de los implicados.
(10) Al respecto la Resolución 5593 de 1993 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, “Por la cual se adopta el manual para diligenciar el formulario informe de accidentes”, dispone: firma conductores involucrados. En la margen izquierda del formulario se encuentra el espacio para que los conductores participantes del accidente firmen de conformidad lo registrado tanto en el informe como en el croquis. Obviamente esto se debe efectuar siempre que las circunstancias lo permitan” (resaltado fuera de texto).
Declarar EXEQUIBLES las expresiones “quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo”, del primer inciso del artículo 149 de la Ley 769 de 2002, en el entendido de que el conductor no está obligado a firmar, que puede consignar por escrito sus observaciones, y su firma o abstención de hacerlo no significan aceptación de los hechos.
NOTA: La sentencia C-429 fue notificada por edicto Nº 154, fijado el 2 de julio de 2003 y desfijado el 4 de julio siguiente (N. del D.).