Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1137601
Timestamp: 2020-05-26 17:59:37
Document Index: 302177023

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 37', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38']

Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha
Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de febrero de 2015). Texto completo.
La Ley 1/2015 tiene por objeto regular el Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha.
El Servicio Regional de Mediación se trata de un Servicio Social Especializado, dependiente de la Consejería competente en materia de familia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
I El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto , establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención (artículo 31.1.20.ª) y en materia de protección y tutela de menores (artículo 31.1.31.ª).
En el ejercicio de esas competencias exclusivas se aprobó la Ley 14/2010, de 16 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que en su catálogo de prestaciones establece en su artículo 37, entre otras prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Especializada, las prestaciones de información, valoración y seguimiento de adopciones;
la prevención e intervención en violencia familiar, así como la orientación y mediación familiar.
A nivel estatal, la aprobación reciente de la Ley 5/2012, de 6 de julio , de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que se enmarca dentro de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación civil, es causa y origen de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Ley 4/2005, de 24 de mayo , del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar, cuyo objeto era la regulación de la mediación familiar como servicio social especializado, constituyéndose como método de resolución extrajudicial de los conflictos familiares, en interés de los menores y de la familia, centrándose fundamentalmente en los procesos de divorcio.
Las personas adoptadas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos y las administraciones públicas tienen la obligación de acompañarles en esa búsqueda, tal y como establece la Ley 54/2007, de 28 de diciembre , de Adopción Internacional, al señalar que el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y la mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública de Protección de Menores u organizaciones acreditadas para tal fin.
En este mismo sentido, la Ley 5/2014, de 9 de octubre , de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, establece, para la Administración de la Comunidad Autónoma, las obligaciones de asegurar la conservación de la información relativa a los orígenes del menor, en particular la identidad de sus padres y la historia médica del menor y su familia; facilitar a las personas adoptantes toda la información disponible, no sujeta a especial protección, sobre el adoptando y la familia de origen, así como establecer un procedimiento confidencial de mediación, previo a la revelación, para que la persona adoptada, su padre y madre biológicos sean informados de sus respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte en relación con su posible encuentro.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero , Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores recoge uno de los aspectos más positivos del sistema de responsabilidad penal del menor: las soluciones extrajudiciales que, en virtud del principio de oportunidad, permiten al Ministerio Fiscal desistir de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo o familiar, al sobreseimiento del mismo por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, así como la posibilidad de dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta.
El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece la forma de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero , atribuye la competencia para su realización a los equipos técnicos de los Juzgados de Menores, aunque el citado Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio , establece expresamente la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan colaborar con el Ministerio Fiscal y los Juzgados de Menores en las funciones de mediación por conciliación y reparación entre el menor infractor y la víctima.
II La presente ley consta de 40 artículos y se estructura en cinco títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
La presente ley tiene por objeto regular el Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha.
Se trata de un Servicio Social Especializado, dependiente de la Consejería competente en materia de familia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y cuyo régimen de funcionamiento será objeto de regulación por la norma reglamentaria que desarrolle la presente ley.
Artículo 3. Conflictos objeto de mediación social y familiar.
c) Las funciones de mediación como método de solución extrajudicial de conflictos laborales en Castilla-La Mancha d) La mediación en materia de consumo.
Artículo 5. Funciones en materia de mediación social y familiar.
Artículo 7. Igualdad, neutralidad e imparcialidad.
Artículo 8. Confidencialidad del procedimiento y secreto profesional de la persona mediadora.
Artículo 9. Inmediación.
Artículo 10. Coste de la mediación.
Artículo 11. De las personas, entidades e instituciones mediadoras.
Artículo 12. Derechos de la persona mediadora.
Artículo 13. Obligaciones de la persona mediadora.
Artículo 14. Causas de abstención.
Artículo 15. Derechos de las partes en la mediación.
Artículo 16. Obligaciones de las partes en la mediación.
Artículo 17. Normas del procedimiento.
Artículo 18. Inicio de la mediación.
c) En los supuestos de mediación, conciliación y reparación que se establezcan de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero , reguladora de la responsabilidad penal de los menores el acceso al servicio tendrá lugar a instancia del Ministerio Fiscal.
Artículo 19. Designación de la persona mediadora.
Artículo 20. Sesión inicial.
Artículo 21. Duración del procedimiento de mediación.
Artículo 22. Terminación del procedimiento de mediación.
Artículo 23. Documentación de los acuerdos alcanzados.
En todo caso, los acuerdos que alcancen las partes en los conflictos susceptibles de mediación habrán de respetar las normas de carácter imperativo establecidas en la legislación vigente.
Artículo 25. Responsables de la mediación.
Artículo 26. Persona mediadora para la búsqueda de orígenes de personas adoptadas.
Artículo 27. Fases de mediación.
Artículo 28. Formalización de la solicitud de mediación.
Artículo 29. Informe valorativo.
Artículo 30. Creación.
Artículo 31. Objetivos del servicio de mediación en conciliación y reparación.
Artículo 32. Plazos en los procedimientos de mediación extrajudicial.
Artículo 33. Sujetos infractores.
Artículo 34. Órganos y procedimientos sancionadores.
2. La imposición de las sanciones administrativas reguladas en la presente ley se realizará de conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones que sean de aplicación para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 35. Clases de infracciones.
Artículo 36. Clases de sanciones.
Artículo 38. Infracciones constitutivas de delito o falta.
1. De manera excepcional, y siempre y cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, se podrán adoptar durante la tramitación del procedimiento sancionador aquellas medidas cautelares que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera. Colaboración de la Administración Regional para la prestación de labores de mediación social y familiar en Castilla-La Mancha.
Disposición adicional segunda. Formación de las personas mediadoras en Castilla-La Mancha.
a) La Ley 4/2005, de 24 de mayo , del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar.
c) El Decreto 87/2009, de 7 de julio , del Observatorio Regional de la Familia de Castilla-La Mancha.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2013, de 17 de octubre , de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El párrafo segundo de la disposición adicional primera de la Ley 5/2013, de 17 de octubre , de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, queda redactado de la forma siguiente:
“En particular, en los procesos en que sean parte, o puedan ostentar un interés que justifique su personación, la Administración de la Junta de Comunidades y sus organismos, las notificaciones, citaciones y demás actos de comunicación deberán remitirse directamente al Gabinete Jurídico, salvo en los casos en que se haya designado un abogado o procurador colegiado para el ejercicio de la representación en juicio”.