Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A239-07.htm
Timestamp: 2017-11-18 01:04:32
Document Index: 354191578

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'Artículo 130', 'artículo 7', 'artículo 130', 'artículo 209', 'artículo 7', 'artículo 1']

A239-07
Auto 239/07
CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento de la acción de tutela entre autoridades judiciales de jurisdicciones distintas y que carecen de superior jerárquico común/CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ENTRE AUTORIDADES DE DIFERENTES JURISDICCIONES-Competencia de la Corte Constitucional
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Naturaleza jurídica especial/COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Persona jurídica pública autónoma del orden nacional
ACCION DE TUTELA CONTRA LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL-Conocimiento del Tribunal Administrativo
Referencia: Expediente ICC-1148
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo de Bolivar, Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil siete (2007)
1.- El señor Luis Ignacio Gómez Peralta interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar vulnerado su debido proceso.
2.- El accionante alega que se encuentra vinculado, en provisionalidad, en el cargo de instructor del SENA y había sido exonerado de la prueba básica general para la Convocatoria 001 de 2005. Por tal razón, tenía un derecho adquirido y no podía ser citado al examen el 12 de agosto de 2007.
3.- El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión, mediante Auto del 30 de julio de 2007, consideró que la Comisión es un órgano independiente y por tanto, se debe considerar como una entidad descentralizada por servicios del orden nacional. En consecuencia, el conocimiento corresponde a los jueces civiles del circuito.
4.- El expediente, por reparto, fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena. Mediante Auto del 21 de agosto de 2007, este Despacho consideró que de la naturaleza de los hechos y en virtud de la elección del demandante, los jueces competentes eran los administrativos con categoría del circuito. Por tal razón, envía el expediente al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.
5.- El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena consideró que no asistía razón al Juzgado Primero Penal del Circuito, toda vez que el Decreto 1382 de 2000 no señala la especialidad de materias en relación con el conocimiento de las acciones de amparo. En consecuencia, remite el expediente a la Corte Constitucional con el fin de que se decidiera sobre el funcionario judicial competente.
2.- En ese orden de ideas, cuando en el trámite de una solicitud de tutela las autoridades judiciales proponen conflicto negativo de competencia, la controversia debe ser dirimida por la Corte Constitucional si las dos autoridades judiciales hacen parte de jurisdicciones distintas y, por lo mismo, carecen de superior jerárquico común[2]. Así las cosas, dado que el presente conflicto de competencias se presentó entre autoridades pertenecientes a diferentes jurisdicciones, esto es, el Tribunal Administrativo de Bolivar, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena y el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre el mismo.
1.- El conflicto que ahora se analiza gira en torno de la naturaleza jurídica de la entidad demandada, en este sentido, con el objeto de determinar la competencia en el asunto de la referencia, es importante hacer alusión a las normas que la regulan y a la jurisprudencia de esta Corporación referida a la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
2. -El artículo 130 de la Constitución Política señala:
“Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”.
3.-Por otra parte, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que la Comisión Nacional del Servicio Civil es un organismo autónomo nacional dotado de personería jurídica. La disposición consagra:
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.(Subrayado fuera del texto)”
4.- Como puede entonces verse la Comisión Nacional del Servicio Civil es un organismo autónomo creado por la Constitución, sujeta a un régimen especial, que administra la carrera administrativa y el acceso a la función pública.
5.- En cuanto a la ubicación de la Comisión Nacional del Servicio Civil dentro de la estructura administrativa del Estado, tal punto ha sido definido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en anteriores pronunciamientos.
6. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la Comisión Nacional del Servicio Civil no hace parte de la rama ejecutiva y por tanto, no puede ser considerada como célula típica de la organización descentralizada o por servicios, sino como un organismo autónomo del orden nacional. En Sentencia la C- 372 de 1999[3], se señaló:
“La Comisión del Servicio Civil es, entonces, una sola y, a juicio de la Corte, no tiene un carácter de cuerpo asesor o consultivo del Gobierno ni de junta o consejo directivo de composición paritaria o con mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores, ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades. Se trata en realidad de un ente autónomo, de carácter permanente y de nivel nacional, de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos, cuya integración, período, organización y funcionamiento deben ser determinados por la ley. No hace parte del Ejecutivo ni de otras ramas u órganos del poder público y debe ser dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, para que pueda cumplir con eficiencia los cometidos constitucionales que le corresponden.”(Resaltado fuera del texto)
Tal posición fue reiterada por la Sentencia C-1175 de 2005[4] al afirmar:
En efecto, si las características constitucionales de la Comisión Nacional del Servicio Civil la ubican como una entidad única, autónoma, permanente, del nivel nacional e independiente. Que no hace parte del Ejecutivo ni de las otras ramas u órganos de poder público, que no tiene funciones de cuerpo asesor o consultivo del Gobierno, ni de junta directiva, características que se expusieron en la sentencia C-372 de 1999 a la que se aludió en el punto anterior y cuyas consideraciones ahora se reiteran. (Resaltado fuera del texto)
Así mismo, en la Sentencia C-1265 de 2005[5] la Corte dijo:
Esta Comisión es una entidad pública de origen constitucional, del nivel nacional, con carácter autónomo y permanente, independiente frente a las ramas del poder público y a los demás órganos del Estado, encargada de administrar y vigilar las carreras administrativas de los servidores públicos, con la excepción prevista en el artículo 130 superior; dotada de autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio. Se trata de un órgano colegiado, encargado de velar por el funcionamiento adecuado del sistema que permite a las personas el ingreso, la permanencia o el retiro de la función pública, atendiendo a los méritos y calidades de los aspirantes o de los servidores públicos, según el caso.
La Comisión Nacional del Servicio Civil ejerce funciones administrativas y de vigilancia, por lo tanto, su actividad está regida por lo dispuesto en el artículo 209 de la Carta Política. Esta disposición define la función administrativa, establece sus principios teleológicos y también los organizacionales; en esta medida, los actos de la Comisión deben ser ejercidos con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a los cuales se agregan los de objetividad e independencia establecidos en el artículo 7º. de la ley 909 de 2004.
7.- Se puede entonces concluir que la Comisión Nacional del Servicio Civil goza de una naturaleza especial, en virtud de la autonomía otorgada por la Constitución. En este sentido, se constituye como una persona jurídica pública autónoma del orden nacional.
8.- Por su parte, el decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen las reglas para el reparto de la acción de tutela, prescribe expresamente que:
“1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.. (art. 1º, num.1º y 2).” [6]
9.- De ello se deduce manifiestamente que, corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura, el conocimiento, en primera instancia, de las acciones de tutela que sean presentadas contra la Comisión Nacional del Servicio Civil al ser una autoridad pública del orden nacional.
10.- Por todo lo anterior, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Bolivar, con el fin de que asuma el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por Luis Ignacio Gómez Peralta contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ÚNICO: REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por Luis Ignacio Gómez Peralta contra la Comisión Nacional del Servicio Civil al Tribunal Administrativo de Bolivar, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-239 DE 2007
COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió amenaza o vulneración de derechos fundamentales (Salvamento de voto)
Referencia: ICC-1148
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Bolívar, Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.
[3] M. P. José Gregorio Hernández
[6] En el Auto A- 030/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra se señaló: “El Decreto 1382 señala en su artículo 1º, numeral 1º que “[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional (...) serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.”; al ser la entidad accionada autoridad pública del orden nacional, deberán conocer del caso los jueces señalados en la norma transcrita.