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Timestamp: 2019-04-19 10:44:18
Document Index: 257336930

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 1101', 'artículo 89', 'artículo 14', 'artículo 446', 'artículo 530']

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Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de lo Penal, núm. 12/2015 de 20 de enero de 2015.
En esta sentencia, se pretende que al acusado ya condenado por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 b) del Código Penal, consistente en la posesión y difusión de contenido pornográfico en la que hayan sido utilizados para su elaboración menores de edad; se le consideren aplicables los agravantes del artículo 189.3 del Código Penal, apartados b) y d).
Respecto al apartado b) del artículo 189.3 del Código Penal, agravante sobre aquellos hechos que revierten degradación y vejación, el Tribunal considera que es de aplicación a la conducta cometida por el condenado ya que el uso de menores y las prácticas sexuales a las que los someten son infamantes y humillantes.
Por otro lado, la circunstancia agravante del apartado d) del artículo 189.3 del Código Penal, consistente en que el contenido pornográfico muestre y represente a niños siendo víctimas de violencia sexual y física, a juicio del Tribunal, debe ser procedente ya que en el material incautado y por el que se condenó al acusado, se muestran actos en los que se ejercen prácticas sexuales violentas relacionadas con el sadomasoquismo; además del empleo de fuerza material sobre las víctimas.
Finalmente, ante estas argumentaciones, el Tribunal procede a estimar el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de lo Civil, núm. 754/2014 de 30 de diciembre de 2014.
En esta sentencia, se resuelve en casación sobre las responsabilidades a efectos indemnizatorios por un incumplimiento de los intereses encargados a la entidad bancaria de confianza de los afectados. Esta entidad, ofreció a los demandantes un producto de elevado riesgo muy alejado de sus requerimientos de invertir en renta fija, además de omitirse en su ofrecimiento la debida información al respecto. Por este hecho, los afectados, en su escrito de demanda, solicitan que se declare el incumplimiento de esta entidad sobre su gestión y de los deberes de lealtad e información sobre las características del producto a los demandantes, y se condene a la entidad a la restitución de la integridad del capital invertido.
En primera instancia se estima el solicito de la demanda interpuesta por los afectados, y se declara la concurrencia de un error vicio en el consentimiento de los afectados; el fallo de la sentencia condena a la entidad a devolver la suma dineraria de la que consta la inversión realizada y a indemnizarles al efecto. No obstante, ejerciendo la entidad bancaria su derecho a impugnar la resolución, el tribunal consideró que la indemnización a los demandantes no es procedente ante la inexistencia de nexo de causalidad entre el incumplimiento del deber de información y la pérdida del capital invertido.
Consecuentemente, los afectados interponen recurso de casación, cuyo motivo se sustenta en la infracción del artículo 1101 del Código Civil que indica la sujeción a indemnización. En este caso, se procede a su estimación, al considerarse que existe el nexo causal entre el daño causado y el incumplimiento de la entidad por la omisión que se realiza en el asesoramiento de las características del producto y los riesgos que conllevaba su compra, siendo el aliciente, a juicio del tribunal, de la pérdida de la inversión realizada por los demandantes y causa por la que la entidad bancaria debe indemnizar a los afectados.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 19 de diciembre de 2014.
Esta sentencia, declara que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo directamente, o bien según lo establecido en el Convenio Colectivo de aplicación, tienen una naturaleza jurídica contractual propia. Ello implica que las condiciones siguen siendo vinculantes tanto para la empresa como para el trabajador, pese a que el Convenio Colectivo de aplicación se encuentre fuera de su vigencia temporal. Dicha ultra-actividad no obsta a la obligación de las partes de seguir negociando un nuevo Convenio Colectivo, según lo establecido por el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores.
El supuesto de hecho de la sentencia, enjuiciaba el caso de una empresa que tras no haberse suscrito un nuevo Convenio Colectivo tras la caducidad del Convenio vigente, pasó a aplicar el Estatuto de los Trabajadores ya que no existía ningún Convenio superior. Ello suponía una merma económica para los trabajadores, ya que el Convenio de aplicación establecía unas mejores condiciones laborales. Consecuentemente, el Tribunal Supremo entendió que la decisión empresarial es incorrecta, ya que las condiciones del Convenio Colectivo agotado siguen siendo aplicables para las partes.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de octubre de 2014
Esta sentencia avala el pronunciamiento anterior de la Audiencia Nacional, y confirma que una empresa no puede discriminar mediante Convenio Colectivo en función de la antigüedad de los trabajadores. Este conflicto colectivo, fue planteado por el sindicato CGT, denunciando el carácter discriminatorio del Convenio Colectivo de empresa que establecía que a los nuevos contratados no se les remuneraría el descanso de 30 minutos en su jornada laboral, el conocido como descanso del bocadillo.
El tribunal entiende que dicho artículo es discriminatorio, ya que atenta contra el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española. El TS defiende que la igualdad de trato no cabe en el ámbito laboral en un sentido absoluto, pues la eficacia en el mismo principio de autonomía de la voluntad, deja que unilateralmente o vía acuerdo privado con el trabajador, se pueda libremente disponer de la retribución del mismo respetando los mínimos legales o convencionales, siempre y cuando la discriminación salarial no tenga su justificación en una causa prohibida legalmente.
En cambio, el Convenio Colectivo, como fuente del ordenamiento laboral, tiene que someterse y ajustarse a los principios de la Constitución Española, estando prohibido que pueda establecer diferencias en el trato de trabajadores a menos que las diferencias sean razonables, objetivas, equitativas y proporcionadas. La diferenciación que establece el Convenio Colectivo está vacía de toda fundamentación razonable, ya que para que dicha diferencia sea constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin.
En tanto que el TS entiende que el tiempo de ingreso no es por si sólo un elemento objetivo razonable y proporcionado, debe ser entendido dicho artículo como discriminatorio.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, de 6 de octubre de 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a Elpido José Silva a 17 años de inhabilitación por haber cometido los delitos de prevaricación de forma continuada y haber encarcelado indebidamente en dos ocasiones al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
El delito de prevaricación está contemplado en el artículo 446 nº 3 del Código Penal, siendo la conducta necesaria para su comisión la resolución o la sentencia injusta de un Juez o Magistrado a sabiendas de su injusticia. El TSJM consideró que Silva prevaricó en el caso Blesa por diversos motivos. Primeramente, por reabrir las diligencias de investigación sin existir ningún indicio nuevo de criminalidad, considerando que esta reapertura se basaba más en el querer del Juez que no en Derecho. Por otro lado, en el seno de estas diligencias, fue emitida una providencia en la que se ordenaba la intervención de diversos correos electrónicos de posibles implicados sin ningún tipo de motivación o justificación para solicitarlas, incumpliendo un requisito procesal esencial y siendo a juicio del Tribunal, totalmente arbitraria. A continuación, se detalla como Silva inició la investigación de la adquisición por Caja Madrid del City National Bank of Florida, lo cual estaba totalmente fuera del alcance de las diligencias de investigación que instruía. Se explican también otras irregularidades durante la investigación, relacionados con el secreto de las actuaciones injustificadas que dificultaban la defensa de los acusados y la extralimitación en sus competencias del Juez.
Se le condenó también por el delito contra la libertad individual, tipificado en el artículo 530 del Código Penal, y que responde al hecho de que una autoridad o funcionario público acuerde, practique o prolongue cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de plazos o garantías constitucionales. El Juez Silva decretó en dos ocasiones el ingreso en prisión como medida cautelar del Sr. Blesa. En la primera, el Tribunal argumenta que el condenado aprovechó la solicitud de ingreso en prisión del acusado formulada por el sindicato Manos Limpias, el cual no tenía capacidad procesal para ello, ya que era el Ministerio Fiscal el encargado de realizar tal solicitud y no fue así. En la segunda, el Juez Silva decreta el ingreso en prisión sin dar posibilidad a la prestación de una fianza, y bajo una argumentación que el Tribunal considera “insólita” al tener un alto contenido especulativo y basándose en situaciones y hechos que estaban muy alejados de la causa investigada.
La sentencia fue adoptada por dos votos frente a uno por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. A parte de la inhabilitación por 17 años y la consecuente expulsión de la carrera judicial, se le condenó a pagar una multa de 6.300 euros y una indemnización de 10.000 euros. La sentencia contó con el voto discrepante del presidente del tribunal, Arturo Beltrán.