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Timestamp: 2017-12-18 08:49:27
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PROCURADOR AUTORIZA LA FIRMA DE ACUERDOS DE REPARACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
on Octubre 10, 2017 in OCTUBRE 2017
ACUERDOS INDEMNIZATORIOS DE DERECHOS HUMANOS
ACUERDOS CON 25 VÍCTIMAS – AZUAY CASO DARWIN GARCÍA ACUERDOS CON 24 VÍCTIMAS
Quito, 21 de noviembre de 2017
UCS/34
LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO AUTORIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS INDEMNIZATORIOS CON OTRAS 25 VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
El Director Nacional de Derechos Humanos, por delegación del Procurador General del Estado asistió el día de hoy a la Gobernación del Azuay para suscribir 25 acuerdos indemnizatorios a favor de las víctimas de violación de derechos humanos, documentadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, dentro de los casos C9, C20, C25, C30, C31, C36, C41, C54, C60, C72, C74, C91, C93, C96; y C116. En los citados casos se documentaron violaciones como: ejecución extrajudicial, tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual.
La indemnización comprende los daños materiales e inmateriales que fueron debidamente justificados dentro del proceso de negociación, para el efecto se conformó la Comisión Negociadora integrada por la Ministra de Justicia o su delegado y por la Viceministra de Justicia o su delegado, asistió también la víctima como contraparte en la negociación.
Una vez efectuados los pagos determinados en los acuerdos indemnizatorios, las instituciones del Estado correspondientes, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley para la Reparación de Víctimas, procederán a ejercer el derecho de repetición en contra de los servidores públicos por cuyas acciones u omisiones se determinó la responsabilidad del Estado.
A través del Decreto Ejecutivo 305 del 3 de mayo de 2007 se creó la Comisión de la Verdad con el propósito de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”.
La Comisión de la Verdad presentó, el 7 de junio de 2010, el informe final titulado “Sin verdad no hay justicia”, en el que se documentaron 118 casos y 464 víctimas.El 13 de diciembre de 2013 entró en vigencia la “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”.
En el artículo 2 de la citada norma el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a su vez, a través de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley, se recogió el principio de reparación integral a partir del cual se buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos.
Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley determinó que en los casos en que haya lugar a indemnización por los daños inmateriales y materiales que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de dicha indemnización, ya sea en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia, o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada.
El 03 de febrero de 2015, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos expidió el “Reglamento de Procedimiento para los Acuerdos Reparatorios, los Montos a Pagarse por Concepto de Indemnización y las Medidas para su Cumplimiento” mediante el cual se dispone (Art. 19) que el Procurador General del Estado intervendrá en el proceso de negociación que se lleve a cabo entre la víctima y el Ministerio de Justicia; y, posteriormente autorizará la suscripción del acuerdo conforme a la Ley. Una vez realizados los pagos se iniciarán las acciones de repetición de los montos erogados por el Estado.
El 10 de octubre de 2017, el Procurador General del Estado asistió también a la Presidencia de la República para autorizar la suscripción de 24 acuerdos indemnizatorios para las víctimas de violación de derechos humanos, respecto a 23 víctimas del caso nominado C60 (Cooperativa 10 de enero) y una del caso C25 (Piedad Jarrín y otros), también documentados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad como casos de violaciones como: tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual.
Quito, 15 de noviembre de 2017
UCS/33
CON AUTORIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SE CELEBRÓ ACUERDO DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA CIDH EN EL CASO DARWIN GARCÍA.
El Procurador General del Estado participó, el día de hoy, en el evento de firma del acuerdo de cumplimiento de informe de admisibilidad y fondo de la CIDH dentro del Caso Darwin García, organizado por el Ministerio del Interior.
El 09 de noviembre de 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante CEDHU), presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a la muerte del señor Jorge Darwin García Espinoza y las lesiones a su hermano Franklin Plutarco García Espinoza, así como por las alegadas falencias en la investigación y la administración de justicia. El Estado ecuatoriano fue notificado el día 24 de abril de 1995.
El 28 de julio de 2015, la CIDH emitió el Informe acumulado de Admisibilidad y Fondo No. 42/15, en el cual determinó la responsabilidad del Estado respecto a violaciones a los derechos contenidos en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (integridad personal), 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el citado informe se recomendó al Estado:
• Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declarados en el informe
• Disponer mecanismos de no repetición, entre ellos: a) capacitación a la Policía Nacional sobre estándares internacionales en derechos humanos, b) mecanismos para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero, penal, disciplinario o administrativo en casos de presunto abuso de poder de agentes del Estado; y c) medidas legislativas, administrativas y de otra índole para investigar la necesidad y proporcionalidad del uso letal de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.
A partir del 21 de septiembre de 2015, fecha en que la CIDH notificó al Estado con el Informe de Admisibilidad y Fondo, se inició un proceso diálogo con las víctimas reconocidas en el citado Informe, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
En tal virtud, luego de que las partes han llegado a un acuerdo, el día miércoles 15 de noviembre, el Ministerio del Interior y las víctimas firmaron un acuerdo de cumplimiento total del Informe de Admisibilidad y Fondo que repara integralmente los daños reconocidos por la CIDH, bajo los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos resueltos previamente en similares circunstancias.
La Procuraduría General del Estado intervino en el proceso ante la CIDH y ha colaborado con el Ministerio del Interior en el proceso de autorización del acuerdo mismo que al dar cumplimiento total al informe de fondo de la CIDH evita que el caso sea sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En su autorización el Procurador General del Estado instó a que una vez realizado el pago las instituciones involucradas inicien las acciones para ejercer el derecho de repetición en contra de los servidores públicos por cuyas acciones u omisiones se determinó la responsabilidad internacional del Estado en el caso.
En la madrugada el día 12 de septiembre de 1993, en un baile popular en la ciudad de Otavalo, se produjo un enfrentamiento entre los hermanos Segundo y José de la Cruz y el Señor Edwin Guzmán por una parte y los hermanos Jorge Darwin y Franklin Plutarco Garcia por otra, lo que produjo la muerte de Darwin Garcia y lesiones de Franklin Garcia por disparos proferidos por Segundo de la Cruz. Al momento de los hechos los señores Segundo de la Cruz y Edwin Guzmán, eran miembros activos de la Policía Nacional, e hicieron uso de sus armas de dotación.
Quito, 10 de octubre de 2017
LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SUSCRIBE ACUERDOS INDEMNIZATORIOS CON 24 VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTADAS EN EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD
El Procurador General del Estado asistió el día de hoy a la Presidencia de la República para suscribir 24 acuerdos indemnizatorios para las víctimas de violación de derechos humanos, respecto a 23 víctimas del caso nominado C60 (Cooperativa 10 de enero) y una del caso C25 (Piedad Jarrín y otros), documentados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. En los citados casos se documentaron violaciones como: tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual.
La indemnización comprende los daños materiales e inmateriales que fueron debidamente justificados dentro del proceso de negociación, para el efecto se conformó la Comisión Negociadora integrada por la Ministra de Justicia o su delegado y por el Viceministro de Justicia o su delegado, asistió también la víctima como contraparte en la negociación.
La Procuraduría General del Estado asistió a las audiencias de negociación para garantizar la legalidad de los acuerdos, y en una etapa posterior autorizar y suscribir el acuerdo indemnizatorio.
La presencia de la Procuraduría General del Estado en las audiencias se ciñó a lo dispuesto en la norma y en sus puntuales intervenciones, ya que corresponde a las partes de la negociación, sujetarse a las consideraciones de orden legal dispuesta en la normativa regente del proceso. En el mismo sentido, fueron considerados los criterios emitidos por la Corte IDH que mejor se asemejen a las circunstancias y elementos propios del caso abordado y que, de llegar al acuerdo indemnizatorio, éste debía cumplir las disposiciones legales pertinentes y los debidos sustentos que lo respalden.
La Comisión de la Verdad presentó, el 7 de junio de 2010, el informe final titulado “Sin verdad no hay justicia”, en el que se documentaron 118 casos y 464 víctimas.
El 13 de diciembre de 2013 entró en vigencia la “Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad ocurridos entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008”.
En el artículo 2 de la citada norma el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, a su vez, a través de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley, se recogió el principio de reparación integral a partir del cual se buscará la solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus derechos. Por su parte, el artículo 7 de la citada Ley determinó que en los casos en que haya lugar a indemnización por los daños inmateriales y materiales que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano efectivizará el pago de dicha indemnización, ya sea en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo indemnizatorio al que pueden llegar las víctimas con el Ministerio de Justicia, o en cumplimiento de lo ordenado en sentencia ejecutoriada.
Para mayor información www.pge.gob.ec
Teléfono: (02) 2941300 Ext. 2320
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