Source: http://www.scribd.com/doc/63983089/Sentencia-8-julio-2011-visualizacion-de-camaras-de-videovigilancia-sin-estar-regulado-en-contrato
Timestamp: 2015-05-28 18:38:30
Document Index: 137202296

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 43', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 122', 'artículo 42', 'artículo 18', 'artículo 42', 'artículo 58']

P. 1Sentencia 8 julio 2011,visualización de cámaras de videovigilancia sin estar regulado en contratoSentencia 8 julio 2011,visualización de cámaras de videovigilancia sin estar regulado en contratoRatings: (0)|Views: 1,265|Likes: 1Published by v_s_tata_v_s Sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso, de 8 de julio de 2011, visualización imágenes captadas por cámaras de videovigilancia sin estar regulado en contrato escrito. Sentencia de la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso, de 8 de julio de 2011, visualización imágenes captadas por cámaras de videovigilancia sin estar regulado en contrato escrito.More info:Published by: v_s_tata_v_s on Sep 05, 2011Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttps://www.scribd.com/doc/63983089/Sentencia-8-julio-2011-visualizacion-de-camaras-de-videovigilancia-sin-estar-regulado-en-contrato07/14/2012pdftextoriginal Roj: SAN 3318/2011Id Cendoj: 28079230012011100346Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo ContenciosoSede: MadridSección: 1Nº de Recurso: 203/2010Nº de Resolución:Procedimiento: CONTENCIOSOPonente: ELISA VEIGA NICOLETipo de Resolución: Sentencia
Madrid, a ocho de julio de dos mil once.Visto por la
Sección Primera de la
de la Audiencia Nacionalel recurso contenciosoadministrativo número 203/2010 interpuesto por la entidad
SEGUR IBÉRICA, SA
representada por laProcuradora doña RosalíaJarabo Sancho, contra la resolución del Director de la Agencia Española de Protección de Datos defecha 18 de enero de 2010dictada en el Procedimiento PS/00381/2009; habiendo sido parte en autos, la Administracióndemandada, representada ydefendida por el Abogado del Estado. La cuantía del recurso se fija en 60.101,21 #
.- Interpuesto el recurso Contencioso-administrativo ante esta Sala de la AudienciaNacional y turnado a esta Sección, fue admitido a trámite, reclamándose el expediente administrativo, para,una vez recibido emplazar a la actora para que formalizara la demanda, lo que así hizo en escritopresentado el 9 de julio de 2010, en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho quéconsideró oportunos, terminó suplicando que se dicte sentencia que declare la nulidad de las resolucionesimpugnadas o, subsidiariamente, se reduzca al importe de las sanciones impuestas, con expresa condenaen costas a la Administración demandada.
La Abogada del Estado, en su escrito de contestación a la demanda presentado el 30 deseptiembre de 2010, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho qué consideró aplicables, postulóuna sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto, confirmando íntegramente la resoluciónrecurrida por ser conforme a derecho.
Las partes no solicitaron el recibimiento del pleito a prueba ni el trámite de vista o deconclusiones, señalándose para votación y fallo el día 13 de abril de 2011, señalamiento que se dejó sinefecto a fin de ir a las partes sobre la posible aplicación de la
Ley 2/2011, tras lo cual señaló nuevamente para el día 6 de julio de 2011
, en el que se deliberó y votó.Ha sido PONENTE la Magistrada ELISA VEIGA NICOLE, quien expresa el parecer de la Sala.
.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo la resolución delDirector de la Agencia Española de la Protección de Datos de fecha 18 de enero de 2010, que desestima elrecurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 20 de noviembre de 2009, dictada en el
Procedimiento PS/00381/2009, que acuerda imponer a
, S.A., una sanción de 30.000 # por lainfracción del
artículo 4.1 de la LOPD , y una sanción de 60.101, 21 # por infracción del
artículo 12.2 de lacitada norma, infracciones ambas tipificadas como graves en el
artículo 44.3d) de la citada Ley , conaplicación del
artículo 45.2, 4 y 5 para la infracción del
artículo 45.2 y 4 para el caso delcitado
artículo 12.2 de la LOPD .En la resolución impugnada se indica que
ha venido realizando por un período de tiemposuperior a cinco años el tratamiento de los datos personales de los afectados mediante la visualización delas imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, tanto en las zonas restringidas como públicas delaeropuerto de Gran Canarias, sin estar regulada en la forma descrita en el
artículo 12.2 de la LOPD , puesno existe constancia de que su conducta se desarrollase con arreglo a estipulaciones que constaran en uncontrato escrito o de cualquier otra forma que permitiese acreditar su celebración y contenido, por lo que havenido actuando como responsable del tratamiento. Por otra parte, el sistema de seguridad contratado porAENA a la recurrente cuenta con un sistema de vigilancia compuesto por una serie de cámaras emplazadasen distintos lugares del recinto aeroportuario y la recurrente ha incumplido lo preceptuado en el
artículo 4.1de la LOPD que impide el tratamiento de aquellos datos que no sean necesarios o proporcionales a lafinalidad que justifique el tratamiento.
En la demanda se fundamenta la pretensión anulatoria en los siguientes motivos:- En el presente caso se ha producido una dilación de más de 22 meses entre la fecha en que seprodujeron los hechos objeto del acuerdo sancionador (22 y 24 de agosto de 2007) y la notificación a larecurrente del acuerdo de inicio del expediente sancionador (20 de julio de 2009). La Agencia inició lasactuaciones previas de inspección con fecha 17 de marzo de 2008, no siendo de aplicación el
Real Decreto 1720/2007 sino el
Real Decreto 1398/93, habiéndose infringido sus artículos 6.2, 20.6 y 12 , así como el
artículo 47 de la LOPD pues al haber caducado los trámites de diligencias previas no se ha interrumpido elplazo de prescripción.- Infracción del
artículo 43.2 de la LOPD , en relación con el
artículo 46.2 de la misma pues ellegislador ha querido vincular la naturaleza del fichero con el régimen sancionador a aplicar tanto alresponsable del mismo como al encargado del tratamiento.- Vulneración del principio de proporcionalidad. En el presente caso la culpabilidad y la antijuricidadresultan sustancialmente atenuadas atendidas las circunstancias del caso, debiendo imponerse para lainfracción imputada del
artículo 4.1 de la LOPD una sanción nunca superior a 2000 #. Y para la infraccióndel
artículo 12.2 de la citada norma se debe reducir asimismo la sanción impuesta.La Abogada del Estado se opone a la demanda por las siguientes razones:- No se ha producido la caducidad de las actuaciones previas, conforme a reiterada jurisprudencia deesta Sala. Asimismo no se ha producido la caducidad del procedimiento sancionador pues el acuerdo deincoación es de fecha 14 de julio de 2009, notificado el siguiente día 20 de julio, y la resoluciónsancionadora es de 20 de noviembre de 2009, notificado el siguiente día de 27, sin que tampoco hayantranscurrido, en este caso, los dos meses a que hace referencia el
artículo 6.2 del Real Decreto 1398/93 pues el acuerdo de inicio es de 14 de julio de 2009 y fue notificado el siguiente día 20 de julio por lo que notranscurrido el plazo de dos meses. Por último, no se ha producido la prescripción de las infracciones,cometidas al menos los días 22 y 24 de agosto de 2007 en tanto que el acuerdo de incoación delprocedimiento sancionador es de fecha 14 de julio de 2009, es decir en cualquier caso, no han transcurridolos dos años exigidos para apreciar la prescripción de la infracción.- La recurrente no es una Administración Pública sino una persona jurídica privada que, comoresponsable del tratamiento, está sometida al régimen sancionador previsto en la LOPD.- Por último, no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad con las sanciones impuestas.
Habiéndose alegado la caducidad del expediente sancionador, procede entrar resolvertal cuestión en primer lugar.El
art. 48.3 de la LOPD establece que los procedimientos sancionadores tramitados por la AgenciaEspañola de Protección de Datos, en ejercicio de las potestades que a la misma atribuyan ésta u otrasLeyes, salvo los referidos a infracciones de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones , tendrán una duración máxima de seis meses.
Este plazo de caducidad de los expedientes sancionadores de la Agencia Española de Protección deDatos coincide con el que señala el
articulo 42 de la Ley 30/92 para la conclusión de los procedimientosadministrativos en los que no se haya fijado plazo especifico.El inicio del computo de dicho plazo, sin embargo, lo constituye la fecha del acuerdo de incoación ode inicio del expediente, y no las "actuaciones previas" a las que se refiere el
articulo 12 del R.D. 1398/93 ,que son una fase preliminar anterior a la incoación en sentido estricto, indicada e incluso inevitable por lacomplejidad técnica de los hechos investigados y dado que el
Art. 13.1 de dicho Reglamento requiere quetal acuerdo de incoación contenga la indicación de persona frente al que se dirige, hechos, posiblecalificación jurídica e indicación de sanciones.De ahí que, en el presente caso, la fase de actuaciones previas E/00434/2008 no se correspondencon el inicio del expediente sancionador y respecto a las mismas no se ha argumentado por la recurrenteque se haya producido una utilización espuria y fraudulenta de las citadas actuaciones previas, no siendo,por otra parte, de aplicación el plazo máximo de 12 meses de duración establecido para dichas actuacionespreliminares en el
artículo 122 del Real Decreto 1720/2007 pues tal norma reglamentaria sólo es deaplicación a actuaciones iniciadas con posterioridad a su entrada en vigor, es decir al 19 de abril de 2008.Así, el cómputo del plazo de caducidad comienza partir de la fecha del acuerdo de iniciación delexpediente, como se prevé en el
artículo 42.3 a) de la Ley 30/92 , a cuyo tenor el plazo máximo de duraciónde los procedimientos se contara, en los procedimientos iniciados de oficio "desde la fecha del acuerdo deiniciación" y los expedientes sancionadores de la Agencia Protección de Datos son expedientes iniciados deoficio, en de conformidad con lo previsto en el
artículo 18.1 del Real Decreto 1322/1994 , como ha resueltoesta Sala en múltiples sentencias, entre otras las de fecha 2 de marzo y 10 de mayo de 2006 . Por otraparte, el día final en el cómputo del plazo de caducidad de seis meses, a que se refiere el citado
artículo 42.3 , no es aquel en que se dicta la resolución sancionadora sino el de la notificación de la misma o intentode notificación
(artículo 58 de la Ley 30/92 ), sin que se incluya en dicho plazo de seis meses el de lanotificación de la resolución del potestativo recurso de reposición que, en su caso, puede formalizar lasancionada una vez notificada, precisamente, la resolución sancionadora que pone fin a tal expedientesancionador.En definitiva para que se produzca la caducidad del procedimiento sancionador según la LOPD esnecesario que haya trascurrido los indicados seis meses entre el acuerdo de inicio y notificación de laresolución sancionadora. En el presente caso el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador es defecha 14 de julio de 2009, dictándose la resolución sancionadora con fecha 20 de noviembre de 2009,notificada el siguiente día 27 de noviembre, procediendo desestimar este motivo de impugnación toda vezque entre la incoación del procedimiento sancionador y la notificación de la resolución final no hantranscurrido los seis meses a que hemos hecho referencia.En cuanto a la alegada caducidad de las diligencias preliminares o de investigación previa, hay quetener en cuenta lo ya dicho por esta Sala, entre otras, en la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2008que analiza la sentencia de 17-10-07 y se
añade << TERCERO.
Siendo la anterior la doctrina de la Sala concurren sin embargo en el presente supuesto una serie de circunstancias específicas que han de ser puestas de manifiesto.Así el Abogado del Estado hace notar en la contestación a la demanda que el retraso producido en la tramitación de las actuaciones previas esta en el caso claramente justificado. Y ello porque del estudio de la documentación que aporta queda patente, de modo inequívoco, el importantísimo incremento de asuntos tramitados ante la AEPD, no acompañado del mismo incremento proporcional de recursos y medios personales. Documentación que pone en evidencia que entre los años 2003 y 2007 han aumentado los procedimientos iniciados en un 108,33% y las resoluciones dictadas en un 105,67%, por lo que los retrasos en dicha tramitación, y lógicamente en las actuaciones previas ( que se incrementaron un 120,03 % en el referido periodo), no han sido debidos a la intención fraudulenta de evitar la caducidad del expediente sancionador, sino a dicho significativo incremento del trabajo a realizar por los distintos departamentos de la AEPD, que claramente justifican el mencionado retraso.Frente a dicha argumentación de la defensa de la Administración esta Sala considera que tal documentación adjuntada efectivamente evidencia el significativo aumento del número de asuntos tramitados en la AEPD en los últimos cuatro o cinco años, que lógicamente ha tenido que implicar la consiguiente prolongación del tiempo de duración de tramitación de los mismos y, por ende, de su fase preliminar o de diligencias previas.
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