Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100209-III.html
Timestamp: 2019-10-18 04:50:17
Document Index: 87564437

Matched Legal Cases: ['artículo 109', 'artículo 123', 'artículo 14', 'Artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 47', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 23', 'artículo 67', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 333', 'artículo 327', 'artículo 59']

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2945-III, martes 9 de febrero de 2010.
Con punto de acuerdo, relativo al control de precios de los productos de la canasta básica, a cargo del diputado Francisco Ramos Montaño, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a uniformar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país; a la SE y a la Sener, a emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las gasolineras; y a la Comisión Federal de Competencia, a la CNBV, a la Condusef y a la SHCP, a impulsar la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y de débito, a cargo del diputado Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, relativo al libro blanco del Instituto Federal Electoral, a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF y a la delegada en Iztapalapa a intensificar las labores de apoyo y rescate de los ciudadanos afectados por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en esa demarcación, a cargo de la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a realización de un homenaje a las personas de 100 años o más, con motivo de la celebración del centenario de la Revolución Mexicana, y de una campaña nacional permanente para regularizar gratuitamente ante el Registro Civil a los adultos mayores, a cargo del diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la NOM-059- SEMARNAT-2001, con las modificaciones acordadas por el grupo técnico de trabajo, para la recategorización de riesgo de las especies de manglares, a cargo del diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a estudiar la suspensión de la fracción III del artículo 109 de Ley del Impuesto sobre la Renta porque grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS, a quienes se aplicó oportunamente dicho tributo, a cargo del diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director general de la Conagua para que explique, en el ámbito de su competencia, las causas de las inundaciones ocurridas en Tabasco en 2007, 2008 y 2009, así como de las registradas recientemente en el Distrito Federal, en el estado de México y en Michoacán, a cargo del diputado Pedro Jiménez León, del Grupo Parlamentario de Convergencia
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Segob y de la Sagarpa a destinar mayores recursos para atender la urgencia que se presenta en Michoacán debido a las afectaciones causadas por las precipitaciones pluviales, a cargo de la diputada Jeny de los Reyes Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al jefe del Gobierno del Distrito Federal sobre la situación provocada en Iztapalapa y Venustiano Carranza por las lluvias registradas el 3 y el 4 de febrero de 2010, a cargo del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP a liberar los recursos del Fonden a fin de atender a los afectados por las torrenciales lluvias del 3 y el 4 de febrero de 2010 en el estado de México, en Michoacán y en el Distrito Federal; y se solicita que se revisen las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de esos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las urgencias causadas por fenómenos naturales, a cargo de los diputados José Luis Jaime Correa, Emiliano Velázquez Esquivel y Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se propone formar un grupo consultivo de legisladores para debatir y resolver los vacíos legales en materia migratoria, a cargo de la diputada Caritina Sáenz Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a reestructurar las tarifas en favor de los usuarios de San Luis Potosí, a cargo del diputado Sabino Bautista Concepción, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y de Iztapalapa a permitir y garantizar el paso de las brigadas que acuden a auxiliar a los afectados por las lluvias e inundaciones de la semana del 1 al 5 de febrero de 2010, a cargo de la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la comisión nacional de control y seguimiento a la comercialización del café, así como a la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, a cargo del diputado Felipe Amadeo Flores Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados y del Distrito Federal que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos a expedirlos, dentro de sus atribuciones, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos del Programa Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Juan Pablo Escobar Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar campañas de difusión en favor de la donación de órganos y a realizar las acciones necesarias para establecer esos servicios en los hospitales, a cargo del diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a investigar sobre las empresas que participan en la licitación para adquirir etanol y a considerar los resultados al emitir el fallo correspondiente, suscrita por los diputados Gerardo Sánchez García y Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a emitir mediante la Segob y la Coordinación General de Protección Civil la declaratoria de emergencia y a liberar los recursos del Fonden para atender a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, debido al desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y el 4 de febrero de 2010, a cargo del diputado Mario Moreno Arcos, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Sagarpa y de la Conagua a revisar la metodología y los criterios aplicados en la evaluación de las afectaciones de la zona cafetalera nacional en las últimas heladas y a cubrir los siniestros existentes, a cargo del diputado Cruz López Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado Francisco Ramos Montaño del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo sobre el control de precios de los productos de la canasta básica.
El 20 de noviembre de 1979, la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ganadería proclamó esta fecha como el Día Mundial de la Alimentación, con la finalidad de hacer conciencia en los gobiernos de las naciones sobre el serio problema alimentario mundial y con ello fortalecer la lucha solidaria contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el problema mundial de la alimentación, y en consecuencia del hambre, ha alcanzado un máximo histórico en los últimos años, estimando que más de 1 millón de personas padecen hambre a diario en el mundo. Considera, además, que factores como la desaceleración económica y altos precios de los alimentos, han provocado que más 100 millones de personas se encuentren en situación de pobreza y de hambre.
Los efectos de la resiente crisis global ha afectado de manera grave a la población que vive en condiciones adversas por la pobreza, la marginación, el abandono y la vulnerabilidad como son los niños, las madres solteras, las personas enfermas, las que tienen algún tipo de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas, los adolescentes, los desempleados, situación que, de acuerdo a las proyecciones sobre la crisis económica internacional, podría agravarse en el futuro principalmente en naciones en proceso de desarrollo lo que implicaría que sus efectos se mantengan en forma prolongada.
En México, el Informe sobre Cifras de Pobreza por Ingreso en 2008, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con base a la información de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en los Hogares (ENIGH) del mismo año y dado a conocer en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que entre los años de 2006 a 2008, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza alimentaría a nivel nacional aumentó de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, datos que coinciden con el estudio de estimaciones de pobreza por ingreso del mismo año, realizado por la ONU de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y las personas en condición de pobreza de patrimonio aumentaron de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2008 indican que 50.6 millones de mexicanos se encontraban en condición de pobreza de patrimonio, es decir, tenían un ingreso menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, educación y transporte público; y el número de personas en pobreza alimentaria o extrema ascendió a 19.5 millones.
Ese informe detalla que en 2008 habitaban 7.2 millones de personas en pobreza alimentaria en zonas urbanas en localidades de 15 mil o más habitantes y más de 12 millones en las zonas rurales.
De acuerdo con investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde 2003 a la fecha, los mexicanos han perdido hasta 51 por ciento su poder adquisitivo.
El estudio sobre pobreza, marginación y remesas en México, elaborado por la UNAM, señala que el incremento en los aumentos de los precios de la canasta básica, en los tres últimos años, han provocado un deterioro de 44 por ciento en el nivel de vida de los campesinos, esto quiere decir, que más de 28 millones de las personas del campo no pueden adquirir la canasta básica ante sus bajos ingresos.
En otro estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM se indica que, en los últimos dos años, el poder adquisitivo del salario mínimo ha registrado una evidente pérdida de 32.64 por ciento, mismo lapso en el que los precios de la canasta básica tuvieron un incremento de 67.16 por ciento y el aumento al salario mínimo fue apenas de 12.59 por ciento, es decir de 48.67 pesos a 54.80 pesos, lo que representa que cerca de 18 millones de mexicanos no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica; lo que indica que si una persona antes invertía 13 horas de trabajo, ahora tiene la necesidad de invertir más de 19 horas para poder adquirir los productos de la canasta básica recomendable.
El incremento entre el salario mínimo y el alza de los productos de la canasta básica sin duda ha resultado contradictorio. A inicios de 2009, el salario mínimo general recibió un aumento de sólo 3.2 por ciento equivalente a dos pesos y los precios de los comestibles llegaron a incrementarse hasta 339.4 por ciento. Por ejemplo, el precio del aceite aumentó 105.5 por ciento; el arroz, 90 por ciento; la sal, 77.2 por ciento; el bolillo, 53 por ciento; la tortilla, 42.6 por ciento; la harina de trigo, 44.6 por ciento; el huevo 44.4 por ciento, entre otros productos básicos para la alimentación.
Para el año 2010, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un aumento de 2.6 pesos, quedando de acuerdo las áreas geográficas del país de la siguiente manera:
Para el área geográfica A, que comprende entre otros: el Distrito Federal y su área metropolitana; Baja California; Baja California Sur; Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Sonora; Tamaulipas; Veracruz; el salario mínimo diario será de 57.46 pesos.
Para el área geográfica B, que comprende entre otros estados y ciudades: Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas y Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; el salario mínimo general diario será de 55.84 pesos.
Para el área geográfica C, que corresponde entre otros estados y ciudades: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, y Zacatecas; y los municipio específicos de los estados de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, el salario mínimo general diario será de 54.47 pesos.
Sin duda, este aumento aniquila el poder adquisitivo de la población, además de contravenir a lo estipulado en la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional, al señalar que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para atender y satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos.
Bajo las consideraciones del proponente, el salario mínimo debe tener un aumento de por lo menos 8 por ciento a efecto de poder enfrentar el deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos.
Resulta inconcebible que a inicios de este 2010, los precios de los productos de la canasta básica indispensable para las familias hayan subido injustificadamente en más de 20 y 45 por ciento, medida arbitraria y abusiva que atenta contra la economía de todas las familias mexicanas.
Si bien es cierto que, a partir del 1 de enero de este año, el precio del diesel se incrementó de 6.30 pesos a 8.16 pesos por litro, la gasolina Magna en 8 centavos por litro y el gas licuado de 9.15 pesos a 9.31 pesos por kilo; no se justifica el aumento voraz en los productos de primera necesidad como el aceite, el huevo, el azúcar, azúcar, el pollo, medicamentos, material de curación, detergentes, artículos de higiene personal, entre otros.
Cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Banco de México indican que los productos alimenticios que conforman la canasta básica reportaron un aumento de 27.49 por ciento de 2006 a 2008, un incremento 124.4 por ciento superior a la inflación general durante el mismo periodo, en tanto, los aumentos salariales obtenidos por los trabajadores desde abril de 2008 hasta 2009 y, a la fecha, siguen siendo anulados en su poder adquisitivo.
El año anterior, los productos alimenticios de la canasta básica tenían un costo promedio de entre 800 a mil 200 pesos, sin agregar los costos de otros bienes que integran la medición como vivienda, salud, transporte y esparcimiento; para 2010, se requieren más de mil 400 pesos para su adquisición, tendencia que de acuerdo al Banco de México, los precios seguirán en aumento hasta 2011.
El constante aumento de los precios que integran los productos de la canasta básica ha provocado un mayor empobrecimiento en la población, al destinar mayor parte de sus ingresos al consumo básico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reporta que, en el país, son más de 30 millones de personas que padecen problemas críticos de desnutrición, condición que tiene que ver con los elevados precios de los productos de la canasta básica, por lo que la población se ha visto obligada a modificar su alimentación dejando de consumir algunos productos de calidad en nutrientes y sustituirlos por otros de baja o mala calidad.
A nivel mundial es sin duda el hambre y la desnutrición lo que está afectando gravemente el capital humano a través de sus efectos negativos, irreversibles e intergeneracionales sobre el desarrollo físico y cognitivo, factores que incrementan la pobreza, limitan la productividad y el desarrollo de los países.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía, intervenga sobre el control de precios de la canasta básica e informe a esta soberanía sobre los programas específicos contra la carestía de la vida.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor informen a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la república, para contener la carestía de los precios de los productos de la canasta básica.
Tercero. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor aplique las sanciones correspondientes a los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos que integran la canasta básica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.
Diputado Francisco Ramos Montaño (rúbrica)
El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, diputado federal a la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en los siguientes
1. Después de meses de discusión, la participación de expertos en materia energética y la realización de diversos foros, el 28 de noviembre de 2008, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones legales con el objetivo de modernizar el sector energético del país con la consigna de mantener la propiedad de los energéticos en las manos de los mexicanos. Entre estas disposiciones, se encontraban modificaciones al artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en las que se establece que "las especificaciones de las gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo serán establecidas por la Secretaría de Energía, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales"; y que los "métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en la distribución y el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan las Secretarías de Energía y de Economía, en el ámbito de su competencia".
2. Por otro lado, cabe recordar que el pasado 8 de enero, tras la aprobación por parte de la Secretaría de Hacienda de incrementos en el precio de las gasolinas, se citó a comparecer, además del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, al director general de Petróleos Mexicanos licenciado Juan José Suárez Coppel, para informar sobre el mencionado aumento y obtener alternativas para reducir su impacto en el bolsillo de los mexicanos.
Ante el aumento de la inflación generado por el alza de precios de la gasolina, el Grupo Parlamentario del PRI ha buscado alternativas para disminuir su impacto en el bolsillo de los mexicanos. De esta forma, analizando la cadena productiva del petróleo, hemos encontrado áreas de oportunidad que pueden mejorar de manera sustancial la eficiencia en la distribución de los combustibles.
La comercialización de gasolinas y diesel a través de la red de estaciones de servicio en el país, es una actividad estratégica reservada por la Constitución solo para los mexicanos. Las estaciones de servicio sirven a los dueños de 25 millones de vehículos automotores que hay en el país, de los cuales 15 millones concurren diariamente a cargar gasolinas y diesel.
En este sentido, es necesario completar la reciente reforma energética aprobada en el 2008, que plantea modernizar y hacer más eficiente la distribución y comercialización de energéticos, en particular en lo referente a la franquicia Pemex para las gasolineras. Sin embargo, Pemex Refinación en la actualidad opera la franquicia Pemex con tratos preferenciales inequitativos y discriminatorios, contraviniendo el marco jurídico establecido por la Ley de la Propiedad Industrial para la operación de las franquicias en México. Concretamente viola el artículo 2o., fracción VII, de la referida ley, que señala: "…Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante".
El trato discriminatorio para los franquiciatarios Pemex, es pagarles a unos el 4.2 por ciento por la venta de cada litro de diesel y a otros el 6.5 por ciento. De esta forma, unas Gasolineras reciban el 55 por ciento cincuenta y cinco por ciento más de descuento o margen comercial por vender el mismo litro de diesel. Esto se debe a que existen múltiples formatos de contratos de franquicia y suministro con los que operan las 8 mil 651 estaciones de servicio del país.
El contrato actual, mejor dicho, los múltiples contratos con los que los franquiciatarios operan las estaciones de servicio, les obliga a recibir pagos de forma electrónica. El uso de tarjetas de crédito y de débito es deseable porque ayudan a controlar la inflación debido a la reducción de liquidez que representan, mejoran la fiscalización de los recursos y controlan la influencia de la economía informal e ilegal en el país.
Sin embargo, por dicho servicio los bancos cobran una comisión de 1.25% sobre el monto de la transacción. El problema es que, mientras en otros servicios los oferentes pueden dividir el pago de este servicio con los consumidores, los franquiciatarios de Pemex tienen que internalizar completamente este costo.
La venta anual de combustibles en el país, representan la cantidad de 554 mil millones de pesos, que aplicando el 1.25 por ciento de comisiones bancarias pagadas a los oligopolios en las ventas de gasolinas y diesel, representarían la cantidad de 6 mil 925 millones de pesos. No tiene sentido económico que la comisión por el servicio de pago electrónico en las gasolineras sea un porcentaje constante de la venta; bajo este esquema, los banqueros se vuelven accionistas de facto de un negocio por el que de por sí ya obtienen ganancia. Lo peor es que no hay ley en nuestro país que regule la comisión impuesta por los bancos, está flotando y en cualquier momento puede aumentar.
Por otro lado, no hay transparencia de parte de Pemex en el suministro de combustibles. Contrario a lo establecido en la reforma energética que aprobó esta soberanía en 2008, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía no han emitido normas oficiales que regulen el suministro de gasolina llevado a cabo en pipas. La única certificación que se hace, es emitida por Pemex para Pemex. Hay casos en los que se registran faltantes de hasta 400 litros por pipa de 20 mil litros, es decir, pérdidas del 2 por ciento.
Haciendo una proyección de estos números, si cada pipa tuviera faltantes equivalentes al 2 por ciento del producto, y diariamente se venden 173 millones de litros diarios de gasolina, el costo de la falta de normatividad, ascendería a casi 30 millones de pesos, lo cual equivale en un año a alrededor de 10 mil millones de pesos.
El contrato de franquicia es un marco regulatorio rezagado en su concepto de comercialización, comparando los más avanzados sistemas tecnológicos con que operan las gasolineras de otros lugares del mundo.
Por ello, consideramos que es necesario unificar todos los contratos y convenios modificatorios, en sólo dos formatos, que cumplan con las nuevas disposiciones legales plasmadas en la reforma energética. Acciones que tendrían un impacto directo en beneficio de la sociedad en general.
Además, Pemex Refinación debe fortalecer la Franquicia Pemex, transparentando sus operaciones de distribución de combustibles, en condiciones de igualdad, equidad y mejores servicios para el público consumidor.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos preocupados por la situación económica de todos los mexicanos, no sólo de los dueños de bancos. Por eso nos ocupamos en buscar formas alternativas de generar recursos para el Estado sin tener que dañar los bolsillos de la población.
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes
Primero. Exhortar al director general de Petróleos Mexicanos a instruir al titular de Pemex Refinación para revisar los contratos de franquicia y suministro establecidos con las estaciones de servicio del país, para que se uniforme sólo un tipo de contrato para todos los franquiciatarios.
Segundo. Exhortar a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía a emitir las normas oficiales mexicanas que certifiquen los volúmenes entregados por Pemex Refinación a las estaciones de servicio del país, siguiendo las disposiciones aprobadas por la reforma aprobada en 2008 por esta soberanía. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y demás autoridades pertinentes a realizar certificaciones de la calibración de las pipas que distribuyen combustibles en el país.
Tercero. Solicitar a la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, analicen las condiciones oligopólicas, emitan recomendaciones y propongan alternativas para transparentar e impulsar la actividad energética relativa a la compra de gasolinas y diesel con el uso de tarjetas de crédito y débito.
Diputado Arturo Zamora Jiménez (rúbrica)
El suscrito, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
La reforma electoral de 1996 recibió el más amplio reconocimiento nacional e internacional. Con ella se alcanzó la plena ciudadanización de nuestros procesos electorales y en particular de la Institución administradora de las elecciones, el IFE:
El soberano Poder Constituyente determinó, en ese momento, realizar una reforma constitucional que le dio el rango de órgano constitucional autónomo, para favorecer los más preclaros principios en el proceso de integración de nuestras instituciones de gobierno. Con ella se dio un paso decisivo para avanzar en los objetivos de contar con elecciones creíbles, imparciales, veraces, plenamente apegadas a derecho.
Por ello, los legisladores hemos tenido especial cuidado en realizar lo conducente para fortalecer el sistema electoral con nuevas reformas, como es el caso de la del año 2007, que implantó importantes cambios en materia de medios de comunicación, el sistema de medios de impugnación, garantías procesales y transparencia, entre otras. Al mismo tiempo, hemos puesto especial atención en darle seguimiento a sus tareas, en bien de la democracia mexicana.
Por otra parte, es menester recordar que, en nuestra legislación, la idea constitucional de los organismos autónomos no está exenta del deber de rendir cuentas, como corresponde a toda institución que ejerce funciones del Estado. Por ello, se aprobó una reforma al párrafo segundo del artículo 93 de la Carta Magna, por el cual se incluyó a los titulares de dichos cuerpos como parte de los sujetos de responsabilidad política ante el Congreso, pudiendo ser citados ante esta soberanía.
Por ello, proponemos, por primera vez en la historia constitucional relacionada con dichas instituciones, el ejercicio de esta facultad de citación, en virtud de los hechos que me permito citar a continuación:
En días pasados, se presentó el denominado "libro blanco" en el que el Instituto Federal Electoral hace un balance de la aplicación de las reformas legales en los comicios de 2006 y 2009.
De acuerdo con señalamientos al interior del propio Consejo General del IFE, se ha dicho que en la elaboración dicho documento no existe esbozo alguno de autocrítica, a pesar de que hubo errores y omisiones en materia de radio y televisión, así como en el desahogo de las quejas mediante los procedimientos especiales sancionadores.
También se ha señalado que el papel del IFE en las tareas de arbitraje no fue sustancial en la polémica elección presidencial de 2006 ni en los pasados comicios intermedios, por lo que el instituto no puede ampararse en los resultados y la participación ciudadana para justificar su actuación.
Que existen graves deficiencias mostradas por el IFE que no fueron recogidas en el libro blanco, pues de las 355 quejas que presentaron los partidos, en cerca de 250 casos el instituto determinó no revisar el fondo, por considerarlas improcedentes.
Que de los 20 recursos de impugnación que presentaron los partidos contra la decisión de la autoridad, el IFE los perdió todos y fue necesario reponer el procedimiento y realizar las indagatorias ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Que llama la atención que casi 70 por ciento de las quejas presentadas por los partidos no hayan tenido los elementos mínimos para que se determinara investigarlas a fondo.
Que en el balance de la aplicación de la reforma de 2007 tampoco se refiere que en más de 80 por ciento de los casos el procesamiento de las quejas rebasó los cinco días fijados por la ley.
Que el diseño legal del procedimiento especial sancionador no funciona y/o que el área jurídica responsable de aplicarla fue incapaz de realizarlo.
De otra parte, ésta es la mejor oportunidad para proponer reformas al marco regulatorio de la Contraloría General del IFE a efecto de eficientar el proceso de rendición de cuentas.
Si bien es cierto que ya se ha señalado el origen del contralor general como una posibilidad real para garantizar su independencia; ahora se requiere que esa independencia se traduzca en una eficaz rendición de cuentas y no sólo en una aportación testimonial, pues al final, es el propio Consejo General el que hace una autoevaluación de su propio desempeño, lo que es absolutamente insostenible.
Es importante entonces inquirir o indagar la conveniencia de reformas que transparenten la rendición de cuentas, el papel del contralor general, más aún su vinculación en el proceso con el órgano de fiscalización superior de la federación.
Estas iniciativas habremos de presentarlas pronto.
Por lo anteriormente mencionado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Único. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional, se cita a comparecer ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales de esta soberanía, al ciudadano consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, a efecto de que aporte información sobre el contenido del libro blanco del IFE y dialogue en torno a la aplicación de la reforma electoral de 2007 y posibles adecuaciones jurídicas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)
La suscrita, diputada federal Silvia Esther Pérez Ceballos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de "urgente y obvia resolución" para exhortar al Gobierno del Distrito Federal y al de la delegación de Iztapalapa para que intensifiquen las labores de apoyo y rescate a los habitantes afectados por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en esta demarcación, de conformidad con las siguientes
Desafortunadamente en reiteradas ocasiones se ha manifestado al jefe de Gobierno del Distrito Federal la necesidad de intensificar las labores de desazolve en la Ciudad de México, ya que a consecuencia de la frecuente presencia de fenómenos meteorológicos severos se ha hecho una constante las inundaciones en la mayoría de las demarcaciones territoriales que conforman el Distrito Federal.
De nueva cuenta, las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas han ocasionado que la Ciudad de México se encuentre en estado de emergencia debido a que cayeron 30 millones de metros cúbicos de agua generando gravísimos daños en todo el Distrito Federal, resultando una de las demarcaciones más afectadas la de Iztapalapa.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, la precipitación, que alcanzó un promedio de 21 milímetros en una hora, provocó que el vaso regulador oriente, así como el drenaje, se saturaran y presentaran filtraciones y desbordamientos.
Se estima que alrededor de 650 familias han resultado afectadas en diferentes zonas de la demarcación, resultando con mayores daños la unidad habitacional Ex Lienzo Charro en donde se calcula que hay un total de 350 familias afectadas; 200 en el Peñón del Marqués I y II; 50, en el predio irregular Antorcha Popular; y 50 más en avenida Texcoco.
En estas zonas tuvieron que ser desalojados sus habitantes a través de lanchas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), toda vez que los niveles de inundación alcanzaron más de metro y medio de aguas negras, lo que pone de manifiesto, una vez más, que el Sistema de Drenaje de la Ciudad de México ha quedado muy por debajo de las necesidades de esta ciudad.
Por otra parte, no se pueden dejar de lado las consecuencias en el ámbito de la salud que esto ocasionará, por lo que es necesario implementar programas emergentes instalando lugares en lo que presten estos servicios en las zonas afectadas para evitar epidemias a causa de los desbordamientos de los ríos de aguas negras.
De nueva cuenta las familias de Iztapalapa se encuentran viviendo desilusión e incertidumbre, esperando que las aguas negras que inundaron sus casas cedan para proseguir al recuento de los daños, ya que en su mayoría se perdieron muebles, documentos y cosas personales, es decir, muchas familias perdieron el patrimonio que a través de los años, con trabajo y tesón, han forjado.
Es importante poner de manifiesto la necesidad de implementar en el Distrito Federal programas preventivos y de mantenimiento que eviten pérdidas tan lamentables para la población, protegiendo en todo momento la vida, patrimonio e integridad de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución
Primero. Se hace un urgente exhorto a los gobiernos del Distrito Federal y de la delegación de Iztapalapa para que intensifiquen las labores de apoyo y rescate a los ciudadanos afectados por las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en esta demarcación territorial, así como a emprender las acciones necesarias para evitar brotes de epidemias.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que realice un censo de las viviendas afectadas por las inundaciones y haga efectiva la póliza de seguro de infraestructura y contenidos para quienes resultaron afectados por daños en sus enseres domésticos o en su vivienda.
Tercero. Se hace un atento exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Protección Civil, implemente un plan de trabajo preventivo y de mantenimiento para evitar daños por las inundaciones, considerando una intensa labor de desazolve, así como de detección de riesgos con el objeto de salvaguardar la vida, patrimonio e integridad de los ciudadanos.
Cuarto. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al de las diversas demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que intensifiquen las labores de bacheo y reencarpetamiento de las vialidades de la Ciudad de México, así como a realizar mantenimiento y mejoramiento de los espacios públicos que resultaron afectados por las recientes inundaciones.
Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de febrero de 2010.
Diputada Silvia Esther Pérez Ceballos (rúbrica)
El suscrito, diputado Emilio Serrano Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter urgente y obvia resolución.
En primer término, comentaré que el 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creándose para ella el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Con esta ley el instituto se confirmó como el órgano rector de las políticas públicas de atención hacia las personas de 60 años de edad y más, con un enfoque de desarrollo humano integral en cada una de sus facultades y atribuciones.
Sus principales objetivos son proteger, atender, ayudar y orientar a las personas de la tercera edad, así como conocer y analizar su problemática para encontrar soluciones adecuadas. Por ello dirige sus esfuerzos a fomentar su asistencia médica, asesoría jurídica y opciones de ocupación. Tomando en cuenta que en nuestro país diariamente 799 personas, aproximadamente, cumplen 60 años, según el Consejo Nacional de Población para el año 2015 habrá 15 millones de adultos mayores y para el 2050 ocuparán el 27.95% de la población total para lo cual resulta indispensable la regularización en estos momentos de toda esta población que en algunos años no estará en posibilidad de hacerlo.
Esta institución obliga a enriquecer las políticas asistencia les y una de ellas muy importante, es regularizar y legalizar su identidad. Miles de adultos mayores año con año mueren sin tener acta de nacimiento, por falta de recursos económicos, no pueden pagar los trámites de constancia de residencia y la constancia de no aparecer en los libros del registro civil. Mi primera propuesta se centra en que dentro de los servicios que el INAPAM otorga, como son las unidades móviles promotoras de servicios y empleo a la comunidad, se pueda implementar él servicio gratuito de regularización de identidad para este grupo de personas.
En segundo lugar, como es del conocimiento de todos nosotros, hace 200 años se inició el movimiento de Independencia de México; hace 100 años comenzó nuestra Revolución Mexicana. En la actualidad, existen en nuestro país más de 9,870 personas de 100 años y más, estas personas que, de alguna manera, participaron en eventos revolucionarios, tienen experiencia y conocimientos de lo que verdaderamente vivieron como protagonistas. Estas personas son portadores de relatos importantes de sus vivencias revolucionarias, que quedarían como un acervo cultural en cada entidad del país.
Sería muy emotivo que estas personas centenarias recibieran un homenaje y un reconocimiento mediante una ayuda económica permanente por lo que les resta de vida.
Este acervo cultural aportaría muchas verdades inéditas a niños y jóvenes, inclusive se podrían insertar en los libros de texto gratuito, también se podría editar un documento con los relatos de todos ellos para lectura y conocimiento los mexicanos.
La LXI Legislatura en honor de nuestros conciudadanos centenarios también rendirá un homenaje en ceremonia solemne en este recinto parlamentario a las personas de 100 años o más (32 en total, quienes serán designados y enviados a esta Ciudad de México por los gobiernos estatales), se les entregará un diploma de reconocimiento y un apoyo económico a cada uno.
Tomando en consideración las anteriores consideraciones, proponemos ante esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. Se exhorta a los titulares de las dependencias que integran el órgano de gobierno del Inapam; que son las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Salud; de Trabajo y Previsión Social; para que por conducto del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los gobiernos de los estados y municipios para que se realice una campaña nacional permanente y regularizar a los adultos mayores ante el registro civil de forma gratuita, se realice la investigación de su registro, su acta de nacimiento y su constancia de domicilio.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a las Cámaras de Diputados locales de los 31 estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que por conducto del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que realicen en sus jurisdicciones un homenaje a los centenarios; como celebración del centenario de la Revolución Mexicana; un homenaje a las personas de 100 años o más que residan en sus estados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2009.
Diputado Emilio Serrano Jiménez (rúbrica)
Alejandro Carabias Icaza, diputado a la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Los manglares poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de flora y fauna silvestre, entre otros servicios.
A pesar de la importancia de los manglares, su extensión a nivel global se ha reducido notablemente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), entre las causas principales de la destrucción de los manglares están la industria camaronera, la alta presión demográfica, la agricultura, el turismo a gran escala y la construcción de infraestructura, que han determinado un acelerado proceso de devastación de este ecosistema causando graves daños ambientales y sociales.
Los manglares están presentes en los 17 estados de la república que cuentan con litoral, el estado de Campeche es el que posee la mayor superficie de manglar del país con 194,190 hectáreas y Baja California la menor con 28 hectáreas.
Desafortunadamente sólo el 53.7% de la superficie de manglar se encuentra dentro de áreas naturales protegidas federales y estatales. Los estados con manglares sin protección a nivel federal o estatal son Colima y Guerrero. Treinta sitios están reconocidos como de importancia internacional (Ramsar).
En el 2005 el Instituto Nacional de Ecología (INE) realizó un análisis con base en las 886 mil hectáreas que se pensaba existían en el 2005 y realizó un cálculo sobre la tasa de deforestación anual, que estimó en 2.5 por ciento, el INE llegó a la conclusión de que en los próximos 25 años desaparecería el 50 por ciento del mismo, es decir 440 mil hectáreas.
Es importante reconocer que los registros de manglar en México, son diversos y con demasía diferencia, por tal motivo la Comisión Nacional para el Conocimiento y Usos de la Biodiversidad (Conabio), realizó un estudio denominado "Manglares de México: extensión y distribución" publicado en julio de 2009.1
En este estudio se puede destacar que la FAO en 2007, reportó que en el año 2000, México contaba con un millón 15 mil 300 hectáreas (ha), de las cuales para el 2005 se registraron por la misma FAO solo 915 mil 610 ha, 99 mil 690 ha menos que corresponden al 10 por ciento menos de manglares en tan solo 5 años.
Adicionalmente, en el mismo estudio se destaca que la Conabio para el 2008 registró un total de 770,057 ha de manglar que corresponde a una pérdida del 25 por ciento en 8 años y 16 por ciento menos en 3 años, de acuerdo con las cifras de la FAO.
Dentro de las conclusiones del estudio de la Conabio, se indica que se detectaron 81 sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica.
Desde años atrás el Partido Verde ha mostrado su preocupación por la pérdida de este ecosistema, tal es el caso de que en el 2004 se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre, logrando la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación para la protección de este ecosistema, bajo la prohibición de cualquier tipo de obra o actividad que afectara la integridad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoquen cambios en las características y servicios ecológicos. Con excepción de aquellas que tuvieran por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.
Sin embargo y debido a intereses particulares, a partir de la publicación del decreto a la fecha se han presentado 3 iniciativas con el fin de modificar dicho artículo, pretendiendo con ello pretender eliminar la protección del manglar.
Por tal motivo, el Partido Verde se manifiesta a favor de proteger estos ecosistemas. Y consideramos que es de suma importancia dar mayor seguridad a la protección de estos ecosistemas, a través de la recategorización del estatus de riesgo de las 4 especies de manglar que se encuentran enunciadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, de "sujetas a protección especial" a "amenazadas", tal cual lo autorizó el Grupo Técnico de Trabajo para incrementar y mejorar su protección.
Durante la reunión del grupo técnico de trabajo de la NOM-059, realizada en noviembre del 2006 se propuso, a través de un anteproyecto de Norma oficial mexicana de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), que todas las especies de manglar que existen en México fueran candidatas para cambiar de categoría de protección de "Sujetas a protección especial" a "Amenazadas" en la NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual tuvo un fallo positivo de aumentar la protección de las especies de manglar.
No obstante lo anterior, el 5 de diciembre del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el anteproyecto de la NOM-059 en el cual con sorpresa nos percatamos que la categoría de protección de los manglares no fue modificada, lo que denota una completa ilegalidad y violación a la Ley de Metrología y Normalización. En efecto, el artículo 47 de la citada Ley establece que los proyectos de normas oficiales mexicanas, se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales, los interesados presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente; sin embargo, dicho proyecto no se publicó íntegramente ya que no incluyó lo dispuesto por la Cofemer y el grupo técnico de trabajo.
Es importante mencionar que la Cofemer solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cumplir con las aprobaciones del Grupo Técnico de Trabajo de la NOM-059, para incrementar la protección a los manglares, e inclusive presentó la manifestación de impacto regulatorio sobre las nuevas disposiciones de la norma en las que se constata que: "los manglares tienen un aprovechamiento de subsistencia no comercial", que denota su protección.
Por todo lo anterior, solicitamos a la Semarnat que apruebe el anteproyecto de reforma de la NOM-059, con todas las disposiciones y modificaciones realizadas por el grupo técnico de trabajo, y que publique en el Diario Oficial de la Federación la recategorización de protección de las especies de manglar de "sujetas a protección especial" a "amenazadas", actuando con transparencia y legalidad en cuanto a la manifestación de impacto regulatorio.
Es importante destacar que desde el diciembre de 2008, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la NOM-059-SEMARNAT-2001, la cual debiera tener modificaciones de recategorización de diversas especies no solo de manglar por tal motivo, se requiere que la Semarnat, publique la NOM-059 con las modificaciones correspondientes.
Que en virtud de lo expuesto, los diputados de la Sexagésima primera Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México someten a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a publicar en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la NOM-059-SEMARNAT-2001, especies nativas de México de flora y fauna silvestres - categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio - lista de especies en riesgo. Con la recategorización de protección de las especies de manglar de "sujetas a protección especial" a "amenazadas", actuando con transparencia y legalidad conforme las disposiciones y modificaciones realizadas por el Grupo Técnico de Trabajo y a la manifestación de impacto regulatorio.
1. Conabio. 2009. Manglares de México: extensión y distribución, segunda edición. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de febrero de 2010.
Diputado Alejandro Carabias Icaza (rúbrica)
Hoy nos estamos enterando que a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les aplicó, a sus ingresos por jubilación, hasta por un monto equivalente a nueve salarios mínimos, el gravamen establecido en la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Esto está en contravención con la situación económica del país, que cada día es más grave y afecta a la clase trabajadora.
Todos los datos que corresponden a los indicadores referentes al entorno económico de nuestro país son más ominosos, sobre todo para los segmentos de la sociedad que incluye a la rama de los marginados y desposeídos.
Por otra parte, los precios de la canasta básica presentan incrementos diarios que hacen inalcanzables los productos necesarios para mal comer.
La avalancha de los impuestos que ha impulsado el gobierno de Calderón ha sido un detonante para que la carestía agudice la crisis que padece cotidianamente el pueblo mexicano.
Lo anterior ha provocado que la pobreza de más de 86 millones de mexicanos se haga presente en sus aspectos de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial; hay más de 56 millones de mexicanos a quienes no les alcanza ni para comer una vez al día.
La inflación, en suma, se ha desencadenado y lo que antiguamente se conocía como la cuesta de enero, ahora será la cuesta del año.
La falta de generación de empleos que ha propiciado la administración de Calderón es patente, al grado que la propia Secretaría de Hacienda reconoció en su último informe que las plazas generadas en 2009, sólo fueron 184 mil, cuando se necesita un mínimo de 1 millón 250 mil anuales, para satisfacer las necesidades del mercado laboral.
El desempleo acusa tasas elevadas que alcanza actualmente a más de 3 millones de personas, que día a día engrosan las filas de los sin trabajo y no tienen ni para llevar el mínimo sustento a sus familias.
En ese entorno, la insensibilidad de Calderón ha castigado aún más a los pensionados mexicanos, al poner en vigor una norma que no había sido aplicada, desde 2006, por un problema de operatividad, según lo calificó Hacienda.
Esta disposición que ahora aplica Hacienda, está contenida en lo que marca la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que grava los ingresos provenientes de las pensiones de hasta nueve salarios mínimos.
Esta disposición es atentatoria a la economía de un sector vulnerable, que no tiene más ingresos que los que derivan de los ahorros de toda una vida de trabajo.
Estos ingresos ya fueron gravados en su momento por las leyes impositivas y ahora se pretende confiscar su raquítica pensión por un gobierno insensible, inepto, que no sabe como generar riqueza, empleo y un mejor medio de vida a los mexicanos.
Por las consideraciones antes expuestas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al pleno de esta soberanía, como de urgente resolución, la siguiente proposición con
Único. El pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía para que, a la brevedad, se instrumente el procedimiento legal que corresponda para que se suspenda de inmediato la fracción III del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que grava los ingresos provenientes de los ahorros de toda la vida de los pensionados del IMSS, a los que oportunamente se les aplicó el impuesto en comento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil diez.
Diputado Mario di Costanzo Armenta (rúbrica)
El suscrito, Pedro Jiménez León, diputado federal del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, ante las Comisiones de la Cámara de Diputados de Recursos Hidráulicos; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que explique, en el ámbito de su competencia, las causas que provocaron las inundaciones en el estado de Tabasco, durante 2007, 2008 y 2009; y las recientes registradas en el Distrito Federal, así como en los estados de México y de Michoacán; y exponga las políticas y acciones que ha instrumentado para evitar que vuelvan a suscitarse nuevas inundaciones; y exhortar a esta honorable Cámara de Diputados con la finalidad de que, en el caso del estado de Tabasco, se instale una Mesa de Trabajo plural e incluyente en la que participen el gobierno federal, el gobierno del estado, los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local; instituciones de educación superior; las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil; a fin de dar seguimiento a las obras del plan hídrico, e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en la entidad, al tenor de las siguientes:
En los últimos años se han registrado inundaciones en distintas entidades federativas del país, donde las causas no se derivan de la fuerza de la naturaleza, sino a la ausencia de planeación, a la insuficiente infraestructura hidráulica y a la falta de visión gubernamental para dar sustentabilidad y viabilidad a las ciudades. Tal es el caso de las inundaciones que se registraron durante 2007, 2008 y 2009 en el estado de Tabasco, debido fundamentalmente a la falta de un plan hídrico que debió haberse construido y operado desde hace más de veinte años.
Apenas hace unos días, se presentaron nuevas inundaciones que causaron cuantiosos daños patrimoniales en colonias del Distrito Federal, municipios del estado de México y Michoacán. Las causas son las mismas: insuficiente infraestructura, ausencia de inversión, y falta de visión del gobierno.
Mientras el gobierno federal se deslinda de su responsabilidad y atribuye las fallas y causas de las inundaciones a los gobiernos locales; la ciudadanía sigue sufriendo los estragos de las inundaciones, en sus casas, en su patrimonio y con sus familias; sin contar con ninguna certeza de quienes gobiernan, que no volverán a sufrir nuevas inundaciones.
A pesar de que ya pasó la contingencia en varias ciudades, la sociedad afectada continúa viviendo en la zozobra y en la incertidumbre. Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario se encuentra cada vez más preocupado, ya que estos fenómenos son cada vez más frecuentes y amenazan repetirse constantemente en buena parte del territorio nacional. Insistimos, no por la fuerza de la naturaleza, sino por la omisión de las autoridades competentes.
La reacción del gobierno federal, a través del titular de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo, ha sido únicamente de deslinde, mediante señalamientos acerca de lo que en su opinión dejó de hacerse en materia de prevención a nivel estatal y municipal.
El gobierno federal ha asumido una posición muy cómoda, tratando de evadir su responsabilidad. Lejos de encontrar mecanismos de colaboración para superar el problema entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, se recurre una y otra vez a la estrategia que pretende ocultar a la opinión pública, las omisiones y faltas.
Las inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco durante los años 2007 y 2008, que afectaron a los municipios de Jonutla, Frontera y Villahermosa, así como las sucedidas en 2009, en donde la zona afectada fue la Chontalpa, que abarca los municipios de Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, cuyos daños fueron cuantiosos y las promesas del Ejecutivo incumplidas, debido a que de las 220 mil viviendas que se censaron, sólo se entregaron 130 mil vales para enseres domésticos, y se dejaron de atender 90 mil viviendas, a las cuales no se entregaron los vales de reconstrucción de viviendas.
Las inundaciones de Tabasco y las recientemente registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán deben llamar nuestra atención para que desde esta soberanía se promueva la instrumentación de acciones de gobierno que eviten nuevas inundaciones por falta de infraestructura hidráulica y por falta de visión de gobierno.
Es por ello que estamos solicitando la comparecencia del titular de la Comisión Nacional del Agua para que explique ante comisiones y en el ámbito de su competencia las causas que provocaron las inundaciones en el Estado de Tabasco durante 2007, 2008 y 2009, y las recientemente registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán.
De igual modo, para el caso del estado de Tabasco estamos proponiendo la instalación de una mesa de trabajo plural e incluyente en la que participen el gobierno federal; el gobierno del estado; los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local; instituciones de educación superior; las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento a las obras del plan hídrico, e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el estado.
En la búsqueda de soluciones viables, el Grupo Parlamentario de Convergencia, comprometido con los intereses de la sociedad mexicana, promueve el presente punto de acuerdo, donde deja de manifiesto que la postura asumida por el gobierno federal no sólo no contribuye a solucionar el problema de las inundaciones que afectan a miles de mexicanos, sino que, en su pretensión de deslindar responsabilidades, retrasa y entorpece la organización necesaria para atender el problema.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. Solicitar la comparecencia del ingeniero José Luis Luege Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, ante las Comisiones de la Cámara de Diputados de Recursos Hidráulicos; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que explique, en el ámbito de su competencia, las causas que provocaron las inundaciones en el estado de Tabasco, durante 2007, 2008 y 2009; y las recientes registradas en el Distrito Federal, estado de México y Michoacán; y exponga las políticas y acciones que ha instrumentado para evitar que vuelvan a suscitarse nuevas inundaciones.
Segundo. Exhortar a esta honorable Cámara de Diputados para que, en el caso del estado de Tabasco, se instale una mesa de trabajo plural e incluyente en la que participen los gobiernos federal y el del estado; los presidentes municipales; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el director de la Comisión Nacional del Agua; el Congreso local, instituciones de educación superior, las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento a las obras del plan hídrico e impulsar acciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el estado.
Diputado Pedro Jiménez León (rúbrica)
Jeny de los Reyes Aguilar, integrante de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, a tenor de las siguientes
Los fenómenos climatológicos que vivimos actualmente son el resultado del deterioro que el hombre ha provocado al medio ambiente, provocando que los fenómenos naturales sean cada vez más violentos.
Sólo en el último año hemos sido testigos del aumento de la temperatura terrestre que ha ocasionado graves sequías, y al mismo tiempo, de huracanes y tormentas tropicales cada vez más fuertes y la disminución drástica de la temperatura en las temporadas invernales.
Así, la combinación de frentes fríos con la humedad en el ambiente ha provocado que en este momento en gran parte del país nos estemos enfrentando ante un volumen de precipitación pluvial inusual en esta época del año.
Este fenómeno meteorológico ha sido particularmente agresivo para Michoacán. En fechas recientes las incesantes lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Tuxpan en la cabecera municipal del mismo nombre, afectando a gran parte de la comunidad, y ocasionaron el fallecimiento de varias personas en Angangueo debido a las lluvias torrenciales.
Sin embargo, aun cuando recientemente se presentó en esta tribuna un punto de acuerdo solicitando se declare ambos municipios como zona de desastre, dicha proposición omitió incluir una gran cantidad de municipios de Michoacán que también se vieron afectados.
Se han reportado graves inundaciones en los municipios de Carácuaro, Gabriel Zamora, Hidalgo, Indaparapeo, Jungapeo, Múgica, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Parácuaro, San Juan Nuevo, Tacámbaro, Tiquicheo, Turicato y Tuzantla que, además de afectar las viviendas de sus pobladores, han provocado diversas afectaciones en la prestación de servicios públicos y daños a la infraestructura. Asimismo, se han confirmado varios decesos en Zitácuaro y en Ocampo.
Al mismo tiempo, se tiene conocimiento de la destrucción de importantes áreas de cultivo en Ario de Rosales, Coeneo, Huaniqueo, Nuevo Parangaricutiro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tingambato, Uruapan, Villa Jiménez y Ziracuaretiro.
Estos siniestros han ocasionado grandes dificultades para los pobladores de dichos municipios, quienes ven gravemente afectado su patrimonio, sus medios de subsistencia y en algunos casos lamentables, como ya se ha comentado, han perdido la vida.
Aun cuando se tienen diseñados programas de emergencia para la atención de este tipo de desastres, estos en ocasiones no operan con la celeridad necesaria, o bien la cantidad de recursos destinados para ello no son suficientes ante la magnitud de los daños. Asimismo, hemos podido constatar que la falta de coordinación entre las instancias federales y estatales, así como la lentitud en el levantamiento del censo de daños, han retrasado la entrega de apoyos prometidos.
Es por ello que vengo a esta tribuna a solicitar la solidaridad de todos ustedes a fin de requerir al gobierno federal que destine mayores recursos, a la brevedad posible, para la atención de las familias michoacanas que se han visto afectadas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía los siguientes
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación para que declaren zona de desastre natural la totalidad de los municipios de Michoacán afectados por las lluvias torrenciales y destinen mayores recursos del Fonden para su atención.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que por conducto de los diversos programas federales en materia de desarrollo agropecuario destine mayores recursos para Michoacán a fin de resarcir los daños causados a la planta productiva por las precipitaciones pluviales recientes.
Diputada Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica)
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la honorable Cámara de Diputados cita a comparecer, ante la Comisión del Distrito Federal, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, con relación a la situación derivada de las intensas lluvias ocurridas durante los pasados días 3 y 4 de febrero de 2010 en el caso de las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza, al tenor de las siguientes:
Durante los días comprendidos entre el 1 y 5 de febrero del presente, el valle de México sufrió de los estragos derivados de las más intensas lluvias registradas en las últimas décadas.
Las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza fueron las más afectadas por las inundaciones que dejaron como saldo a más de 2 mil familias afectadas y muchos daños materiales.
Hay que considerar que si bien se trata de un fenómeno meteorológico cuyas afectaciones están al arbitrio de la naturaleza y, por ende, de ser conocidas hasta que suceden, si podrían haber sido previstas de acuerdo a los instrumentos de prevención técnicos que se tienen al alcance.
En particular, en el Distrito Federal, por sus dimensiones físicas y poblacionales debe contar con estudios que permitan la prevención de desastres como los ocurridos, así como destinar los recursos suficientes para que la obra pública cuente con la capacidad de responder a casos de emergencia.
En materia hidráulica, el Distrito Federal, por muchos años dejó de invertir en obra, situación que ahora ha dejado ver las consecuencias y los resultados de la mala planificación. Las inversiones que se han hecho durante los últimos dos años en la materia, no han tenido la capacidad de compensar el abandono que han tenido las redes de agua potable y de drenaje en la ciudad.
De igual forma, la Comisión Nacional del Agua en diversas ocasiones ha advertido, mediante estudios técnicos sobre el mal estado en que se encuentra el drenaje de la Ciudad de México y los riesgos de inundaciones en caso de no atender tales carencias.
Es menester señalar que el Gobierno del Distrito Federal ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por el gobierno federal respecto a este tema, y que las consecuencias de ello se pudieron observar durante los días pasados.
La cooperación entre los órdenes de gobierno es fundamental para evitar este tipo de crisis, por lo que es necesario contar con una mayor información al respecto y que se atiendan de manera inmediata las necesidades de la ciudad y de la población, en particular, de aquellos afectados por las inundaciones en las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes resolutivos
Único. La honorable Cámara de Diputados cita a comparecer, ante la Comisión del Distrito Federal, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, con relación a la situación derivada de las intensas lluvias ocurridas durante los pasados días 3 y 4 de febrero de 2010 en el caso de las delegaciones Iztapalapa y Venustiano Carranza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 de febrero de 2010.
Los que suscriben, diputados federales en los estados de México, Michoacán, y en el Distrito Federal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para instar a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca a que liberen de manera inmediata los recursos del Fondo para Desastres Naturales (Fonden) y de los programas relativos a contingencias climatológicas para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias acaecidas el 3 y el 4 de febrero de 2010 en los estados de México, Michoacán y en el Distrito Federal, asimismo para que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales al tenor de las siguientes
Como consecuencia de las torrenciales lluvias atípicas en la temporada invernal que los pasados 3 y 4 del presente azotaron el centro del país, autoridades confirmaron la muerte de 31 personas, así como la afectación de 35 mil personas más, en distintos grados en los estados de México, Michoacán y en el Distrito Federal
Grave sin duda fue lo ocurrido en el estado de México, en municipios como Nezahualcoyotl y Ecatepec, donde el desbordamiento del Río de los Remedios provocó destrucción de casas habitación, vialidades y bienes personales en cuatro colonias que resultaron totalmente afectadas, así como en el municipio Valle de Chalco, donde el Canal de la Compañía colapsó el pasado viernes, provocando severas inundaciones sobre calles y viviendas, donde el nivel de las aguas alcanzó hasta los dos metros de altura y donde los damnificados hoy se cuentan por miles.
En Michoacán se confirmó la muerte de 20 personas. Protección Civil estatal estimó que se pueden superar los 20 mil damnificados por inundaciones y deslaves provocados por las lluvias en el oriente de Michoacán y en los municipios de Tiquicheo, Tuzantla y en tierra caliente, donde hubo graves daños en la agricultura pues se perdieron las cosechas de lenteja y guayaba; en el municipio de Tuxpan, tan sólo hay mas de 10 mil damnificados con determinado tipo de daños; además de 3 mil más en el municipio de Angangueo; 3 mil en Tuzantla; 2 mil en Tiquicheo; y en Ocampo, 2 mil, lo que da más de 20 mil personas damnificadas. En cinco de esos municipios se solicitó la declaratoria de emergencia y en los próximos días se solicitará la declaratoria de desastre.
No obstante la gravedad de la situación, los recursos del Fondo Nacional de Desastres no llegan a las autoridades encargadas de atender la emergencia, con la celeridad que resulta indispensable en estas situaciones. Es por ello que resulta urgente la revisión de las reglas de operación de este fondo y de los programas para contingencias climatológicas, administrados por la Sagarpa, así como los procedimientos administrativos para la liberación de estos recursos, de tal manera que, en aras de garantizar la atención inmediata de víctimas y damnificados, los procedimientos sean expeditos, así como la atención a los daños de la infraestructura agropecuaria y de la pérdida de cultivos.
Por lo antes expuesto, nos permitimos proponer los siguientes
Primero. Esta soberanía exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca a liberar de manera inmediata los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales y de los programas para contingencias climatológicas administrados por la Sagarpa, para la atención de los afectados por las torrenciales lluvias acaecidas el 3 y el 4 de febrero de 2010 en los estados de México, Michoacán y en el Distrito Federal.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para que sean revisadas las reglas de operación y los procedimientos administrativos de liberación de estos recursos para que las entidades federativas puedan afrontar adecuadamente las emergencias causadas por fenómenos naturales.
Dado en el salón de sesiones, a 9 de febrero de 2009.
Diputados: José Luis Jaime Correa, Emiliano Velázquez Esquivel (rúbricas).
La que suscribe, Caritina Sáenz Vargas, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Ante el bajo, casi nulo, crecimiento de la economía mexicana, la migración se ha convertido en la principal válvula de escape para las presiones del desempleo; a tal grado, que sin ella la paz social se vería amenazada, así como la estabilidad económica. La migración hacia Estados Unidos es una de las principales estrategias de supervivencia para gran número de mexicanos. En el país se ha desarrollado una cultura migratoria, donde intervienen amplias redes sociales y familiares en ambos lados de la frontera. Los trabajadores mexicanos están en todos los sectores productivos del país vecino: 60 por ciento labora en los servicios, 36 por ciento en la industria y sólo 8 por ciento en el sector agropecuario.
Es evidente que gracias a la entrada de remesas, los mercados internos del país se mantienen y hasta crecen, incluso en estos tiempos de recesión económica, donde de manera preocupante hemos visto descender los niveles de envío de dinero de los connacionales hacia México.
Sin embargo, una realidad lacerante en muchos sectores de la sociedad mexicana se observa en diversos ámbitos de la sociedad y del gobierno. La palabra "migración" o "migrante" siguen asociadas de inmediato con lo clandestino, e incluso hay quienes siguen denominando a los migrantes como "ilegales", equiparando el término con el de un asesino o un criminal. Sin embargo, una realidad latente es que en Estados Unidos viven y trabajan millones de mexicanos de manera legal, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Los mexicanos residentes en Estados Unidos, hasta antes de esta grave recesión económica, enviaron remesas por más de 25 mil millones de dólares (2008), cifra récord y que representa el segundo ingreso de divisas al país, sólo por detrás del petróleo. Según datos del Consejo Nacional de Población, México tiene el primer lugar mundial en envíos de dinero de trabajadores migrantes a sus familias. Conforme a datos del Banco Mundial, el porcentaje de mexicanos que están en nuestro vecino del norte nos ha colocado en el no tan honroso primer lugar como la nación con más migrantes en el mundo. Cifras oficiales y especialistas mencionan que en Estados Unidos de América viven más de 25 millones de mexicanos de primera y segunda generaciones (es decir, hijos de mexicanos nacidos allá).
Desafortunadamente, hoy la migración se ha visto forzada a ser ubicada en un contexto social permeado por una serie de complejidades que la presentan como una actividad vinculada más al crimen, al caos social, a la inestabilidad económica e incluso como una amenaza intercultural, todo ello por encima de lo que en otros países o regiones del mundo podría considerarse una oportunidad de desarrollo. Por ello, la acción social ha rebasado al gobierno y ha tenido que actuar de manera decidida en incidir en las políticas públicas en materia de migración, a fin de encontrar las respuestas que el gobierno no tiene y que en un futuro inmediato no se vislumbran como tales. Es difícil reconocerlo, pero en México no hay una política de Estado en materia migratoria: sólo unos cuantos programas de apoyo y atención que sobrellevan el enorme conflicto que se ha desarrollado en torno del fenómeno migratorio.
Desafortunadamente, el gobierno actual parecería seguir inmerso en el estatismo de aguardar que las soluciones de los mexicanos se decidan en la Casa Blanca; y eso según hemos podido corroborar con las recientes declaraciones y acciones del presidente Barack Obama, no sucederá, o al menos, en el corto o mediano plazo no vemos una reforma migratoria que aliente a los millones de migrantes que día tras día coadyuvan en el desarrollo de esa nación.
El país no ha estado a la altura de los cambios; a la altura de esta nueva realidad política. Tampoco hemos actuado consistentemente en el ámbito económico y de la justicia social. Parecería que la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos es una cuestión de destino manifiesto y, como tal, inescapable. Parecería que la atracción estadounidense es una ley natural y que, por tanto, no tenemos nada que hacer en el país. Ningún rezago que cubrir, ningún programa industrial que impulsar, ninguna ley que crear, ninguna revisión de la lógica institucional y jurídica que hacer. Muchos funcionarios mexicanos, incluido el presidente, se congratulan por las remesas que llegan al país y especulan con ese dinero ganado por otros mexicanos que, literalmente, fueron expulsados por la falta de oportunidades.
Por todo esto, el tema migratorio ha adquirido relevancia legislativa creciente pero, hay que reconocerlo, sin la suficiente fuerza cohesiva para generar un espacio de interlocución y de acciones respaldadas por la sociedad, los partidos políticos, el gobierno federal, los gobiernos estatales y la comunidad internacional.
Vale la pena destacar que el tema migratorio ha sido uno de los pocos puntos de coincidencia que han tenido los diferentes grupos parlamentarios representados en el Congreso y el gobierno federal en cuanto a su atención y a sus demandas, la muerte de migrantes, los abusos y violaciones de los derechos humanos de las personas en ambas fronteras y las amplias redes de tráfico de personas y recientemente los graves abusos que se registran en la frontera sur, la cual ha sido ya identificada como una frontera sin ley y en donde los migrantes están siendo considerados "mercancía" para el secuestro, la extorsión, el chantaje, los abusos sexuales, el tráfico de armas y de estupefacientes, por citar sólo algunos ejemplos, han sido materia suficiente para que las bancadas y los partidos políticos se unan desde hace ya algunos años en una demanda común que requiere la mayor y más pronta de las atenciones. Sin embargo, siguen trascendiendo las diferencias ideológicas y el extravío de la actual política exterior de México para la toma de decisiones necesarias y urgentes.
Esta falta de voluntades ha retrasado avances que pudieron haberse concretado en beneficio de los migrantes y sus familias, situación que ha puesto a México en una encrucijada en torno de soberanía en política exterior.
En México seguimos sin hacer nada trascendente, y un hecho indiscutible es que en Estados Unidos se está fortaleciendo de manera clara un escenario contrario a los migrantes, sobre todo los de origen mexicano y en particular los indocumentados. Si bien siempre hay el senador, el gobernador, la organización o el líder de origen hispano que argumenta en sentido contrario, sus voces se escuchan cada vez menos y algunos están agazapados, o por lo menos están esperando que México les dé argumentos para defender a los migrantes mexicanos; alguna medida, algún programa, aunque sea también "fachada" para por lo menos decir que en México se está haciendo algo.
Por otra parte, valdrá la pena preguntarse qué hacemos en México ante este escenario. Dos o tres programas de protección (Beta, Paisano, Repatriación Voluntaria), algunos mecanismos de vinculación (Instituto de Mexicanos en el Exterior) y el posicionamiento del tema en el debate nacional a partir de coyunturas que por lo general son muy desafortunadas.
México no cuenta con una ley migratoria, la actual Ley General de Población está totalmente rebasada de la realidad actual. Tampoco contamos con un ámbito del Poder Judicial que pueda especializarse en delitos hacia migrantes. Por el contrario, en el país los migrantes centroamericanos y de otros países parecerían ser considerados peor que criminales o delincuentes y lo que podría parecer increíble hasta los mexicanos que están retornando a nuestro país, también se les está discriminando y extorsionando severamente en sus derechos humanos más elementales, a tal grado que se les está tratando peor que en Estados Unidos e incluso también –igual que los centroamericanos– se han convertido en terreno fértil para la operación de bandas del crimen organizado y cárteles de drogas.
Ante esta realidad tan cruda, es necesario que en el Congreso de la Unión hagamos lo posible por legislar en los grandes temas que urgen al país, la agenda pendiente es vasta y no debemos desgastar el esfuerzo legislativo solamente en reformas electorales que siguen dividiendo al país o en la promoción e invención de impuestos que siguen alentando a más mexicanos de cualquier estrato social y económico a migrar como la única posibilidad de aspirar a una vida digna y plena.
Por ello presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. Se solicita a las mesas directivas de las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Justicia, y de Derechos Humanos que se reúnan en comisiones unidas para proponer la formación de un grupo consultivo de legisladores que puedan debatir y resolver sobre los vacíos legislativos existentes en materia migratoria.
Así también, se solicita que este grupo, una vez formado, impulse una estrategia viable que agilice las legislaciones en materia migratoria que se encuentran en sus comisiones aún en proceso de dictamen (ya sea minutas por el Senado o por las comisiones en la Cámara de Diputados), fundamentalmente en temas como la expedición de la Ley General de Población, la Procuraduría del Migrante, la Ley de Asilo y Refugio y todos los asuntos en la materia que este grupo considere importante revisar y atender.
La oportuna y directa interrelación de las comisiones en una misma agenda de trabajo podrá garantizar que los diversos dictámenes tengan un cauce legislativo más ágil y eficaz para alcanzar las reformas necesarias que permitan al país definir una política migratoria de Estado.
Segundo. Este grupo consultivo de legisladores estará integrado por uno o dos de los legisladores miembros de cada comisión arriba mencionadas, la cual deberá estar integrada de forma plural y podrán acordar una agenda de reuniones durante el presente periodo y rendir un informe de los avances legislativos a más tardar el 30 de abril de 2010, fecha en que concluye el presente periodo legislativo. De ser necesario, se podrán programar más reuniones durante el periodo de receso.
Tercero. De los resultados de este informe se considerarán las prioridades en materia legislativa para adecuar, modificar o, en su caso, preparar las iniciativas pertinentes a fin de ser dictaminadas o presentadas con la mayor brevedad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de febrero de 2010.
Diputada Caritina Sáenz Vargas (rúbrica)
El suscrito, Sabino Bautista Concepción, diputado federal por San Luis Potosí, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Una de las responsabilidades del gobierno mexicano es dotar a la población de servicios públicos para satisfacer de manera regular y continua diversas necesidades básicas colectivas. Lamentablemente, esta responsabilidad no se cumple a cabalidad en todos los servicios, como es el caso del servicio público de energía eléctrica.
Es preocupante observar cómo la mayor parte de los mexicanos sufre por el incremento de las tarifas eléctricas. La situación es denunciada constantemente por los ciudadanos, dada la existencia de un esquema tarifario deficiente y poco transparente.
Durante el desarrollo de los trabajos de la LXI Legislatura, hemos atestiguado cómo se han presentado diversos puntos de acuerdo con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas, sobre todo de las poblaciones cuyo clima es cada vez mas extremoso como consecuencia del constante cambio climático que sufre el planeta, probando ya sea heladas o elevadas temperaturas. A ello sumemos que han sido afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.
Compañeros, San Luis Potosí no ha sido la excepción. En esta entidad se encuentra un lugar de suma trascendencia respecto a la generación de energía del país, al grado de ser considerado uno de los principales estados generadores de energía eléctrica de los últimos años. Hablo de la termoeléctrica situada en Tamazunchale. Sin embargo, sólo ha quedado en el renombre porque en la realidad este reconocimiento no representa rendimientos para la población potosina; por el contrario, ha prevalecido la inconformidad por las altas tarifas eléctricas que tienen que pagar, en razón de que los mecanismos, instrumentos y criterios aplicados por las autoridades responsables del suministro y la administración del servicio de energía eléctrica no han sido adecuados. Tal situación se refleja claramente en la expedición de las facturas, que son muy elevadas y no corresponden a la realidad y calidad del servicio eléctrico que se presenta en la entidad, concretamente en las poblaciones de escasos recursos.
Representa una injusticia que los estados de la república en que se localizan las centrales hidroeléctricas sean los más afectados con los cobros excesivos por el servicio que ahí se genera, como sucede con San Luis Potosí, Chiapas, Veracruz y Puebla. A dicha afectación se suman las alteraciones ecológicas y sociales que van siempre asociadas a este tipo de infraestructura.
Es fundamental asumir una política puntal, con objetivos, criterios y reglas claros en el tema de la fijación de las tarifas eléctricas en San Luis Potosí, en la que se observen características relativas al clima, como la situación por la que atraviesan diversas regiones de la Huasteca, donde el drástico aumento de la temperatura, superior a 40 grados Celsius registrada en la última década, ha ocasionado que la tarifa vigente para el suministro y la venta de energía, que en su momento fijaron las autoridades responsables de la administración de este recurso, no son acordes con la realidad. Por tal motivo es indispensable una reestructuración en la fijación de tarifas eléctricas donde se consideren como aspecto fundamental para dicha reestructuración los efectos causados por el continuo cambio climático, que ha provocado en los últimos años aumentos de temperatura que van de 40 a 50 grados Celsius, como se registran en la mayoría de los municipios de la Huasteca; cito "sólo" algunos casos: Tamazunchale, Tampamolón, Tancanuhitz, cuya población ha notado claramente un aumento del consumo de energía consecuencia de dichos efectos, por lo que solicitan con urgencia el cambio de la tarifa 1B a 1D, que considera un mayor subsidio.
En la actualidad, las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica autorizadas y vigentes en el país son 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Dichas tarifas son aplicadas a los servicios de energía para uso exclusivamente doméstico.
El objetivo es claro y preciso, debemos encauzar la política a la reducción de las tarifas eléctricas, en razón de que son lesivas para el bolsillo de los ciudadanos, para garantizar su abasto a precios razonables en todos los hogares de San Luis Potosí.
Sabemos, con base en lo señalado en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene facultad para establecer, ajustar y reestructurar las tarifas eléctricas, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de la Secretaría de Economía y Energía. Por lo anterior solicitamos que la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de las Secretarías de Economía, y de Energía, formule con urgencia una propuesta que permita ajustar y reestructurar las tarifas para el subministro y la venta de energía eléctrica vigentes en el estado y con urgencia, que dicha propuesta sea presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su respectiva aprobación y ejecución.
Asimismo, que se forme un grupo de trabajo para la revisión de los criterios tarifarios para el cobro del servicio de energía eléctrica de uso domestico, con la finalidad de que se hagan los ajustes necesarios para realizar cobros justos a los que menos tienen, y coadyuvar al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los potosinos.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Primero. Se exhorta la Comisión Federal de Electricidad, y a las Secretarías de Economía, y de Energía, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, a formular con urgencia una propuesta que permita ajustar y reestructurar las tarifas para el subministro y la venta de energía eléctrica vigentes en San Luis Potosí, y de manera inmediata dicha propuesta sea presentada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su respectiva aprobación y ejecución.
Segundo. Se exhorta la Comisión Federal de Electricidad, y a las Secretarías de Economía, de Energía, y de Medio Ambiente a formar con la mayor brevedad un grupo de trabajo para la revisión de los criterios tarifarios para el cobro del servicio de energía eléctrica de uso doméstico, con la finalidad de que instauren mecanismos para ajustar, reestructurar y reducir las tarifas eléctricas para realizar cobros justos a los que menos tienen y coadyuvar al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. Los estudios por realizar deberán tomar en cuenta los efectos ocasionados por el cambio climático que están afectando al país. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente proporcionará toda la información que al respecto tenga en su poder.
Diputado Sabino Bautista Concepción (rúbrica)
La que suscribe, diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al gobierno de la delegación Iztapalapa a permitir y garantizar el paso de las brigadas de ayuda que acuden a auxiliar a la población afectada por las lluvias y las inundaciones de la semana del 1 al 5 de febrero de 2010, al tenor de las siguientes
Durante la semana del 1 al 5 de febrero de 2010 se registraron una serie lluvias en el valle de México, que resultan inusuales para la temporada invernal.
El mal estado del sistema de drenaje en ciertas zonas de la delegación Iztapalapa, aunado a la gran cantidad de precipitación pluvial ocurrida, ocasionaron que varias colonias de dicha demarcación resultaran afectadas por serias inundaciones, que en algunos casos rebasaban el metro y medio de profundidad.
La unidad habitacional Ex Lienzo Charro fue una de las que resultaron mayormente dañadas por las lluvias de la semana pasada, afectando a más de 600 familias que perdieron buena parte del patrimonio que durante años y con mucho esfuerzo y sacrificio fueron atesorando.
A petición de algunos de los vecinos de la unidad habitacional antes mencionada, el sábado 6 de febrero, la diputada Silvia Esther Pérez Ceballos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vecina de la delegación Iztapalapa, decidió acudir a hacer una visita para conocer los daños provocados por las inundaciones y con ello poder gestionar ayuda para los damnificados.
En dicha visita, la diputada coincidió con el voluntariado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que se encontraba en la zona para realizar una encuesta en la que se determinaría qué tipo de apoyo es el más necesario para ayudar a las familias y para la reparación de las viviendas.
No obstante, en un claro acto violatorio del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza el libre paso de todo individuo por el territorio nacional; funcionarios de la delegación Iztapalapa obstruyeron el paso de la diputada federal y de los integrantes del voluntariado del DIF, argumentando que cualquier brigada de apoyo que pretendiera visitar la zona debe de contar con un permiso expedido por las autoridades delegacionales, en virtud de que son éstas las que coordinan las labores de auxilio a los habitantes de la zona.
Incluso, argumentaron que se impedía el paso a cualquier brigada de ayuda, debido a que los apoyos que la delegación Iztapalapa estaba repartiendo eran suficientes y no eran necesarios más.
Sin embargo, los vecinos de la zona reclamaban este acto y desmentían a los funcionarios, exclamando que la ayuda era insuficiente y solicitando la presencia de la diputada y de los voluntarios del DIF para constatarlo.
Lamentablemente privó en los funcionarios delegacionales el uso de la fuerza, la irracionalidad basada en criterios políticos, la indiferencia ante la necesidad de las familias afectadas y, sobre todo, la arbitrariedad, la ilegalidad y la agresión.
Por ello sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes
Primero. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, a garantizar que cualquier brigada de ayuda a la población avecindada en Iztapalapa y que haya resultado damnificada por las lluvias e inundaciones, pueda acceder a las zonas afectadas para brindar auxilio de cualquier tipo a las familias que así lo requieran.
Segundo. Igualmente, se le exhorta a rendir ante esta soberanía un informe detallado y puntual sobre las acciones que lleva a cabo su gobierno para resolver de fondo el problema del drenaje pluvial de la zona afectada.
Tercero. De igual manera, se le exhorta para que en el informe mencionado en el resolutivo anterior, presente también un documento sobre el resultado del uso de los recursos que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha transferido a su administración para hacerle frente a los estragos causados por las inundaciones en la delegación Iztapalapa, haciendo énfasis en los criterios de transparencia en los que se basó el uso del dinero recibido.
Cuarto. Se exhorta a la jefa delegacional de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a cumplir y hacer cumplir el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y permitir y garantizar el libre tránsito de cualquier ciudadano por la demarcación que ella encabeza, sea cual fuere el motivo del paso del o de los individuos que así lo deseen.
Quinto. Igualmente, en virtud de que sus funcionarios declaran que la ayuda que han prestado es suficiente ante las carencias de los damnificados por las lluvias e inundaciones de la delegación Iztapalapa, se le exhorta a rendir ante esta soberanía un informe detallado de la situación que guardan las familias afectadas por dicho fenómeno meteorológico y sus consecuencias.
El que suscribe, Felipe Amadeo Flores Espinosa, diputado a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para solicitar la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, de acuerdo con los siguientes
Como se ha expuesto en esta tribuna, en el marco de la propuesta para la creación de la Comisión Especial del Café de la Cámara de Diputados, nos encontramos ante una de las principales actividades agroindustriales del país que, sin embargo, sigue padeciendo la iniquidad del mercado internacional y la falta de mecanismos eficientes en el mercado interno para garantizar un precio justo para los miles de productores del país.
En los meses recientes hemos visto cómo el precio internacional del café ha tenido un repunte considerable que, sin embargo, no se ha reflejado en el precio que se paga a los productores mexicanos.
Pese a las grandes oportunidades de mercado que ofrece el aromático, en el país hay factores que debilitan su competitividad, como la marginalidad en que vive 87 por ciento de los productores, la deficiente infraestructura carretera, la falta de apoyos para la renovación de los cafetales de avanzada edad, la falta de capacitación para el mejoramiento de los procesos de siembra y cultivo, la escasez de mano de obra por la creciente migración, el abandono de las tierras, la rotación de cultivo, la existencia de intermediarios, y los altos costos de producción, que han hecho que cultivar café ya no sea atractivo para muchas de las tradicionales regiones cafetaleras.
Como muchas otras actividades del campo mexicano, el café sigue siendo una actividad de comerciantes ricos con productores pobres.
No hay un mercado estable que garantice equidad y precios competitivos para todos los integrantes de la cadena productiva. Hoy sabemos que si bien los programas de apoyo han llegado a los productores, éstos no encuentran precios que garanticen la producción.
Tenemos un mercado sumamente irregular por la diferencia de precios. Observamos una gran diferencia incluso en una misma zona o entre una empresa y otra. Un ejemplo lo observamos en Veracruz, donde en los tres últimos ciclos tuvimos precios de hasta 3 pesos por kilogramo en regiones como Los Tuxtlas, hasta 7 pesos en zonas de montaña como Coatepec y Huatusco; sin embargo, pese al buen precio internacional, en el mercado interno los precios al campo se desplomaron.
Aunado a ello, durante los últimos cuatro años los programas de fomento productivo y coberturas han requerido que los productores demuestren el registro de su comercialización; o bien, sus promedios de producción para poder recibir mayores recursos. Por esa razón, sólo en Veracruz cerca de 30 mil productores han dejado de ser sujetos de estos programas por no tener registrada y documentada la comercialización que realizan.
Asisto a esta tribuna para proponer que se establezcan nuevos mecanismos compensatorios que permitan equilibrar el precio del café en beneficio de los productores. La creación de una comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país, permitirá impulsar de manera definitiva este importante sector.
Esta comisión deberá contar con la participación de las instituciones involucradas en el sector tanto a escala federal como de cada entidad a través del Consejo Mexicano del Café y su organismo rector, para la vigilancia y el seguimiento de las acciones de la comercialización del café, que den como resultado inmediato la aplicación de precios justos en el campo.
Al mismo tiempo, se propone impulsar la fortaleza financiera para la defensa del precio mediante la operación de un fondo de contingencia integrado por aportaciones de los gobiernos federal y estatal, y de los productores. De esa forma, el producto será colocado con oportunidad en el mercado a los precios fijados con referencia del precio de bolsa y con la empresa que haya pactado la venta del café acopiado, considerando los costos de beneficio y comercialización.
Veracruz ya ha dado los primeros pasos en este objetivo. A iniciativa de los productores veracruzanos, del Consejo Estatal de Productores de Café de Veracruz, AC, y con el apoyo del gobernador Fidel Herrera Beltrán, el pasado 25 de enero se tomó protesta a los integrantes de la comisión que aquí se propone que funcione para el resto de las entidades productoras de café.
Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno el siguiente
Único. Se solicita a las Comisiones de Agricultura, y Especial del Café de la Cámara de Diputados su intervención ante el gobierno federal y los estatales a fin de promover la creación de la comisión nacional de control y seguimiento de la comercialización del café, así como la operación de un fondo de contingencia para el fortalecimiento de su precio en el país.
El suscrito, diputado Juan Pablo Escobar Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, fracción primera, y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes
En la actualidad los derechos humanos, civiles, políticos, culturales, económicos, sociales y ambientales son reconocidos como un cuerpo interdependiente, universal e indivisible.
El viernes 29 de agosto de 2008 el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
El programa establece los objetivos, las estrategias y las líneas de acción dirigidas a garantizar el respeto de los derechos humanos en toda la administración pública federal. Para contribuir a la modificación del enfoque de las políticas públicas para la defensa de los derechos humanos, con la visión de superar la simple restitución en el goce de éstos.
Estas políticas públicas del gobierno federal en materia de derechos humanos son el resultado de la participación activa de diferentes órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y órganos públicos de defensa de derechos humanos.
La estrategia establecida en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 profundiza en cuatro temas fundamentales: • La inclusión de una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas;
• La implantación de los mecanismos de colaboración y coordinación entre los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno;
• La promoción y difusión de una cultura de derechos humanos; y
• La debida armonización legislativa. Dichos temas obligan la intervención de todas las dependencias y entidades de la administración. Asimismo este programa plantea el pleno reconocimiento de los derechos humanos, más allá de la concepción tradicional.
El Programan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 descansa en cuatro grandes objetivos: 1. Fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la administración pública federal;
2. Fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos;
3. Consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y
4. Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos de derechos humanos y promover ese cumplimiento al interior del Poder Legislativo, Judicial y ante los tres órdenes de gobierno. Consideraciones
Que el tema de derechos humanos es fundamental para la consolidación del desarrollo del sistema democrático en nuestro país.
Que toda actividad de los poderes públicos debe de estar investida del espíritu de los derechos fundamentales, así mismo se debe de aplicar en cada uno de los procedimientos de la administración pública un sentido humanista, pues los destinatarios finales de toda la actividad gubernamental son las personas.
Que los gobiernos estatales y del Distrito Federal despliegan por la naturaleza misma de sus atribuciones legales, una atención de espectro amplio y con un contacto inmediato con los ciudadanos.
Que se considera necesario que las 32 entidades federativas elaboren sus respectivos programas en la materia de derechos humanos, lo anterior con la finalidad de que toda la actividad pública se desarrolle con un sentido humanista y de irrestricto respeto a los derechos fundamentales reconocidos a nivel internacional.
Que la administración pública tiene que ser punta de lanza en este tema, la sociedad mexicana reclama una actitud diferente de sus autoridades.
Que las entidades federativas tienen una gran interacción con la ciudadanía por ello creemos conveniente e indispensable que también ellas elaboren sus programas estatales y para el distrito federal en materia de derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Único. Se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de los 31 estados de la república y el Distrito Federal, que no hubiesen elaborado sus respectivos programas de derechos humanos, a elaborarlos y expedirlos, en la medida de sus atribuciones, a fin de coadyuvar y fortalecer los propósitos establecidos en el programa nacional de derechos humanos.
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
La cultura es lo que los hombres necesitamos para dar valor a nuestras acciones cotidianas. En México, son pocas las personas que conducen su vida con un valor así; es por ello que una de las cuestiones que sobresalen en este tema es la donación de órganos, la cual se define como el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita.
Data de 1963 el primer trasplante realizado en México, lo cual reflejó una evolución para nuestro país dentro de la complejidad y fascinación de 1a medicina moderna. En la actualidad, existen 400 hospitales autorizados activos en esta tarea, de los cuales 337 cuentan con licencia para trasplante y sólo 20 por ciento de éstos aplica este tipo de operaciones, lo cual es un dato poco alentador.
Lo anterior nace de las necesidades que presentan algunas personas, que claman por una esperanza de salvar su vida o mejorar su salud. Hoy día, la realidad en general resulta muy diferente a como quisiéramos, ya que, a lo largo de toda la República Mexicana, existe una lista de espera con cerca de 12 mil pacientes, a quienes desafortunadamente no se les puede cubrir sus necesidades, a causa de la escasez de órganos donados, de equipo humano y técnico para realizarlo, lo cual refleja la falta de difusión hacia los posibles donadores y el empeño por parte del gobierno en crear estos servicios de donación en los hospitales.
Según estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), los órganos que reciben más demanda son los riñones y las córneas, ya que abarcan cerca del 90 por ciento de los órganos necesitados, seguidos por el hígado, corazón, páncreas y pulmón.
Crear una conciencia de solidaridad en todos los niveles es muy importante, porque a la fecha, las respuestas alentadoras solo son realizadas por parte de los que tienen mayor nivel cultural, socioeconómico o grado de escolaridad.
La evolución que presenta una persona receptora es positiva, ya que su nivel de vida aumenta y mejora su salud. De igual manera los pacientes que son donantes pueden mantener su vida en muy buenas condiciones, ya que el artículo 333 de la Ley General de Salud señala como uno de los requisitos para el trasplante entre vivos: "II. Donar un órgano o parte de él, que al ser extraído, su función pueda ser compensada por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura".
La donación no se debe percibir como algo obligatorio, las campañas de difusión deben crear conciencia de la necesidad que estamos viviendo y que mediante el trasplante, todo ser humano puede tener la oportunidad de salvar la vida de muchas personas; pero a la vez, debemos estar enterados de que podemos ser objeto de este padecimiento por muy remoto que parezca.
Por su parte, el artículo 327 dice: "…la donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad…". Es por ello que se debe propagar esta labor altruista en todos los ámbitos posibles, desde el seno de la familia, la escuela, los grupos sociales, eventos masivos, medios de comunicación, entre otros; ya que mientras mayor sea el conocimiento que tengamos de esta situación, de igual manera será la respuesta positiva que se obtendrá.
El trasplante es definido como un tratamiento médico complejo, el cual permite que órganos, tejidos o células de una persona, puedan reemplazar órganos, tejidos o células enfermos de otra persona. La invaluable oportunidad en la que se ha convertido el proceso donación-trasplante, nunca será posible sin las piezas clave, que son los donantes y el servicio de donación en los hospitales.
Es verdad que se han implantado campañas que abordan este tema, pero la realidad es que no se está logrando un resultado satisfactorio, ya que las personas que padecen enfermedades crónicas y que provoca la insuficiencia de un órgano, en algunos casos, trascendental para la vida, aumenta día a día.
Es de vital importancia incrementar las campañas de donación en todos los lugares posibles, esto porque para muchas personas en nuestro país, aún es un tema nuevo y, por tanto, la ignorancia hace tener una idea errónea sobre el tema; otro motivo de difusión, es que varias de las personas aún siguen en proceso de aceptación, por no estar bien enteradas de la actual problemática; otro argumento para el presente, es precisamente por no ser éste, un tema con el que están familiarizadas las personas y simplemente se mantienen al margen de este inconveniente.
Las principales razones por las cuales todos los mexicanos debemos estar enterados de los beneficios y cualidades que traen consigo la donación y trasplante de órganos, son las de preservar la vida, dar aliento y esperanza a los que necesitan, así como sobresalta el notorio acto de bondad entre los seres humanos.
Es de todos sabido, que el inculcar las personas una cultura de donación y a través de campañas a favor, cambiaría su ideología sobre el tema, ejemplo de esto es la difusión que otros países de primer mundo han realizado en la propagación de donación de órganos, lo cual ha sido respaldo esencial para las reformas y modificaciones a los planes de estudio.
Tener a la brevedad posible entre los mexicanos la aceptación, es imprescindible, debido a las cifras que emanan por parte de los ahora involucrados en esta larga lista de espera. Esto es un problema que aqueja a todos, por el simple hecho de estar con la incertidumbre de si algún día necesitaremos de esta ayuda.
La sociedad es digna de recibir toda la información precisa que necesite para poder dejar en claro sus dudas respecto a este tema, principalmente los infantes y adolescentes, para que puedan crear conciencia y asociarse a este propósito. El gobierno debe mostrar su compromiso con el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos, debe formar un sistema integral que comprenda a todas las personas que son posibles donadores o que como ya se mencionó, a las que en un futuro lo podrán ser. Con ese simple hecho, se puede lograr satisfacer las necesidades que exige la donación en nuestro país.
Este tema, es un elemento esencial que debe ser incorporado a la Ley General de Salud, de una manera más analítica respecto a la situación actual que vivimos en México, debido al valor que tiene la donación de órganos. Así, el suscrito, diputado federal, considera que es de trascendental importancia la implantación y difusión de campañas en favor de la donación de órganos y realizar las acciones necesarias para que éstos servicios sean otorgados en más hospitales.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno el siguiente
Único. Exhortar a la Secretaría de Salud a implantar campañas en favor de la donación de órganos, así como realizar las acciones necesarias para la creación de estos servicios en los hospitales, a fin de obtener los resultados favorables para salvaguardar el valor más importante que es la vida.
Diputado Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica)
Los suscritos, diputados a la LXI Legislatura Cruz López Aguilar y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, fracción I, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que solicitamos que se exhorte a la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente, al tenor de las siguientes
1. Que el marco normativo para los productos bioenergéticos tiene su base en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero del 2008.
2. Que dicha ley se establece como objetivo de su política de promoción y desarrollo de los bioenergéticos, la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permitan garantizar el apoyo al campo mexicano.
3. Que el desarrollo de la industria de los bioenergéticos en el país requiere, entre muchas otras cosas, de la integración y cooperación de las actividades de los sectores público, privado y social.
4. Que en las cadenas de producción y consumo de biocombustibles (bioetanol y biodiesel), y dada la estructura nacional para la producción, refinación, distribución y comercialización de éstos, Petróleos Mexicanos (Pemex) juega un papel muy importante y estratégico.
5. Que Pemex, desde hace más de 70 años, es una empresa de todos los mexicanos. El impulso que esta naciente industria de los bioenergéticos requiere es la vigilancia y supervisión estricta de Pemex, para asegurar su adecuado desempeño.
6. Que el Programa de Introducción de Bioenergéticos, derivado de la LPDB, establece como primera etapa la introducción de etanol anhídrido de combustible, de las gasolinas que se consumen en la zona metropolitana de Guadalajara para el 2011.
7. Que para cumplir con esta programación, Pemex, a través de Pemex Refinación, emitió la licitación pública nacional 18576112-022-09 para adquirir etanol anhídrido para oxigenar las gasolinas de la zona metropolitana de Guadalajara, bajo la descripción "adquisición de bienes consistentes en etanol anhídrido para oxigenar gasolinas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, bajo la modalidad de contrato abierto, sujeto a ajustes de precios". Dicho convocatoria fue puesta a disposición de CompraNet el 29 de septiembre del 2009.
8. Que en dicha licitación participaron siete empresas, entre las cuales se encuentran algunas de con denuncias penales, situaciones irregulares y otras condiciones que podrían afectar la transparencia en la licitación, la buena marcha de esta industria y el futuro de los bioenergéticos en el país.
9. Que de acuerdo con el acta de la junta de aclaraciones que Pemex celebró con alrededor de 7 empresas interesadas en participar, se detalla que el fallo será dado a conocer el 11 de febrero del presente año a las 12 horas.
10. Que para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia que el primer paso en la creación del mercado de los bioenergéticos inicie de manera firme, seria, responsable y contundente.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de esta soberanía, proposición con
De urgente resolución.
Único: Se exhorta a la paraestatal Petróleos Mexicanos a llevar a cabo una investigación sobre las empresas que participan en la licitación para la adquisición de etanol y considere dichos resultados en la emisión del fallo correspondiente.
Ruego a usted, diputado Presidente, conforme lo establece el artículo 59 de nuestro reglamento, que consulte a esta honorable asamblea, si este punto de acuerdo es de considerarse de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2010.
Diputados: Cruz López Aguilar Gerardo Sánchez García (rúbrica).
Con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Mario Moreno Arcos, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que abajo suscribe, presenta proposición con punto de acuerdo por el se exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil para que –en el cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil– emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para Desastres Naturales para atender, en forma inmediata, a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y 4 de febrero de 2010, al tenor de los siguientes
El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, se apoya a los estados y municipios de la República Mexicana en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, previo reconocimiento que se hace de que en el municipio se presentó un fenómeno perturbador de origen natural, el cual provocó riesgo excesivo en la seguridad e integridad de la población.
Dentro de los fenómenos perturbadores que son considerados para activar la liberación de los recursos del Fonden, se encuentra, entre otros, los deslaves, las lluvias extremas y las inundaciones atípicas.
Al ser un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra en desastre con motivo de un fenómeno natural, orienta los suministros a la protección de la vida y la salud de la población. Igualmente, cuenta con la posibilidad de proporcionar los recursos necesarios para la reconstrucción de los daños ocasionados y sufridos en viviendas y en la infraestructura pública.
Asimismo, responde de manera inmediata y oportuna, ante la inminencia o la alta probabilidad de que, por motivo del fenómeno natural, ocurran situaciones perturbadoras que pongan en riesgo a la población.
En ese tenor, a raíz de la intensas lluvias que azotaron durante la semana pasada (del 2 al 4 de febrero), en Chilpancingo de los Bravo, en especial en la cabecera municipal y capital de Guerrero, ante la contingencia y emergencia que hoy sufren los ciudadanos en cientos de viviendas, se ha decretado una alerta máxima y puesto en marcha el Plan DN-III, con el trabajo conjunto de autoridades municipales, estatales y federales, así como la intervención del ejército.
Cabe resaltar que la abundante precipitación, ocasionó que la presa "Cerrito Rico" excediera sus límites de almacenamiento, vertiendo inicialmente por las compuertas 55 metros cúbicos de agua por segundo. Sin embargo, la gran cantidad de agua que baja de la sierra y se aloja en el vaso de la presa, obligó al desfogue por los vertederos, derramándose por ellos 70 metros cúbicos de agua por segundo, produciendo daños por inundaciones a más de 700 viviendas de aproximadamente veinte colonias, dejando a 900 familias sin techo y sin los insumos básicos para su supervivencia.
Tal situación podría significar que la cortina de la presa "Cerrito Rico", representara un riesgo al sufrir cuarteaduras que, de agrandarse y romperse, la colapsarían, arrasando con un promedio de cincuenta colonias populares que se encuentran a su paso, por lo que se requiere que la Comisión Nacional del Agua realice, en forma urgente, los estudios pertinentes que detallen los daños y se ejerciten a la brevedad, las acciones necesarias que impidan cualquier situación que ponga en mayor riesgo a la población.
No es omiso citar que además de lo ya reseñado, la intensa lluvia y fuertes rachas de viento, suscitaron en diferentes zonas de la ciudad, afectaciones patrimoniales y de infraestructura pública, tales como la pérdida de sus techos, viviendas inundadas y otras de plano colapsadas, postes caídos y árboles derribados; generándose no solo cuantiosos daños materiales, sino un número considerable de damnificados, muchos de ellos instalados en albergues públicos para los que también se requiere del apoyo de ropa de abrigo, medicinas y alimentos.
En cuanto a las demás comunidades del municipio, se han cuantificando daños graves, reportándose inundaciones y techos levantados en numerosas viviendas; deslaves y derrumbes que mantienen anegados e intransitables los caminos vecinales permaneciendo muchas localidades incomunicadas, requiriendo de atención inmediata para recuperar la normalidad.
Con todo ello, es necesario tomar las medidas urgentes que solventen las necesidades primarias de vida, de seguridad, de salud y de vivienda de la población afectada, e igualmente, que se inicien los trabajos de recomposición y reconstrucción de la infraestructura pública dañada, para prevenir un mayor desastre que afecte la situación de miles de personas que viven en los límites y al paso de la presa de "Cerrito Rico"; razón por la cual se exhorta a las autoridades federales encargadas de la protección y seguridad de los ciudadanos mexicanos, para que agilicen y liberen los recursos que se requieren en apoyo de la población en desgracia y en la prevención de posibles catástrofes en Chilpancingo de los Bravo.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación General de Protección Civil, para que en el cumplimiento de sus atribuciones legales en materia de protección civil, emitan la declaratoria de emergencia y liberen los recursos del Fondo para Desastres Naturales para atender, en forma inmediata, a Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con motivo del desastre ocurrido por las intensas lluvias acontecidas entre el 2 y 4 de febrero del año en curso.
Diputado Mario Moreno Arcos (rúbrica)
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Los cambios climáticos que se han presentado son consecuencia de la mano del hombre; es decir, el paso de la humanidad sobre la faz de la Tierra ha modificado de manera trascendental la economía y el ambiente natural de las regiones del planeta.
Lo anterior ha ocasionado que los fenómenos climáticos sean cada vez más recurrentes y severos, presentándose en tiempos atípicos, causando afectaciones severas en diferentes regiones. México es por su posición geográfica uno de los países que más ha resentido el cambio estructural del ambiente.
El país figura entre los primeros lugares mundiales en el rubro de las contingencias climáticas, ocasionando pérdidas humanas importantes, así como grandes daños al aparato productivo nacional, principalmente en el sector agropecuario, en el cual se desempeña un número importante de personas.
A principios de 2010 se presentó una afectación climática que afectó a casi todo el país, sintiéndose los mayores efectos en la zona centro y sur de México, en sus partes altas y montañosas. Este fenómeno climático coincidió con el periodo de cosecha de uno de los productos más representativos de la nación: el café.
En un recuento de las entidades más afectadas, podemos mencionar que, por ejemplo, en Puebla fueron alrededor de 36 mil hectáreas dañadas; en Hidalgo, 14 mil; en Veracruz, 25 mil; en Guerrero, 6 mil; y en San Luis Potosí, 2 mil 500. Cantidades similares se reportan en Oaxaca y Chiapas.
El monto de las afectaciones es importante porque se perdió, se estima, 70 por ciento del producto en las zonas altas. Esto significa una pérdida por hectárea de alrededor de 10 mil pesos. En el corto y mediano plazos, la afectación se resentirá de manera importante en los ingresos de las familias que dependen de la actividad cafetalera.
En el proceso de informar a las autoridades, en el seno del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), sobre la existencia de estos daños, los productores se encontraron con que no todos los municipios habían sido considerados siniestrados por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y que la Sagarpa había iniciado sus evaluaciones de siniestros sólo en los municipios reportados por la Conagua, por lo que había dejado fuera a gran cantidad de productores. Se tienen antecedentes de que por no contar con estaciones meteorológicas para la medición, muchos productores quedan excluidos de los beneficios que otorga el programa de contingencia.
Por otra parte, el Seguro Agropecuario Catastrófico había sido solicitado por Puebla e Hidalgo, con lo cual se cubren 23 mil 48, y 31 mil 801 hectáreas, respectivamente.
Lo anterior ha puesto en riesgo a miles de cafetaleros mexicanos, que se encuentran en la incertidumbre de saber si contarán con recursos para solventar la pérdida de toneladas de grano de café, especialmente aquellos cuyas plantaciones estaban en la etapa de floración y formación del fruto.
El complicado proceso de dictaminación para determinar que una zona ha sido afectada por algún fenómeno climático, como es el caso de las recientes nevadas, ha generado inconformidades entre los productores cafetaleros nacionales. No hemos podido acceder a la tecnología satelital o a los mecanismos de medición remota que agilicen las cuantificaciones.
Algunas entidades afectadas no pueden acceder a los recursos del Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por las Contingencias Climatológicas; o bien, al Programa del Seguro de Contingencias Climatológicas porque la tramitología no lo permite, pero esencialmente porque no pueden ser evaluadas. Hay casos en que municipios con menor daño son incluidos y otros con igual o mayor grado de afectación quedan fuera, aun cuando son colindantes.
Es fundamental que las instituciones encargadas de la evaluación y dictaminación de los daños actúen de manera pronta y expedita a fin de otorgar oportunamente los apoyos necesarios, se tomen decisiones en el corto plazo y se eviten confusiones cuando el daño ya no se puede evaluar.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Único. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que 1. De inmediato, con la participación de las organizaciones nacionales de productores de café y otros cultivos y actividades pecuarias, se revisen la metodología y criterios aplicados por la Conagua para definir qué municipios y localidades son declarados siniestrados, así como los criterios para evaluar el grado de afectación existente a las plantaciones de café durante las últimas heladas, arribando a una norma general para todos los cultivos o especies agropecuarias.
2. Con la mayor brevedad, se emitan las evaluaciones y los dictámenes que corresponden a cada una de las zonas cafetaleras afectadas por las recientes heladas.
3. En caso de haber poblaciones que aun así no fueron consideradas siniestradas, se hagan del conocimiento público los criterios y parámetros utilizados para descartarlas.
4. Se proceda a realizar urgentemente los pagos por siniestro a los cafetaleros afectados, de manera fundamental a los de San Luis Potosí, Veracruz y Guerrero, Puebla, Hidalgo, Oaxaca y Chiapas.
5. Se desarrolle un mapa de riesgos climáticos y un programa nacional de reconversión productora y tecnológica que reduzca el impacto de los fenómenos meteorológicos y aumente la productividad de los procesos productivos, agropecuarios y acuícolas. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2010.
Diputado Cruz López Aguilar (rúbrica)