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Timestamp: 2019-10-17 18:50:06
Document Index: 139615680

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 200', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 48', 'artículo 26', 'artículo 48', 'artículo 7', 'artículo 276', 'artículo 25', 'artículo 392']

﻿ SENTENCIA 14705 DE NOVIEMBRE 27 DE 2000
SENTENCIA 14705 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA IMPUTABLE AL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, PROCESO LABORAL, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:349 DE ENERO DE 2001, PÁG.23
Sentencia 14705 de noviembre 27 de 2000
Radicación 14705
Bogotá, D.C., noviembre veintisiete de dos mil.
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del BANCO CAFETERO contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 10 de diciembre de 1999, en el juicio seguido por HÉCTOR JOSÉ GARZÓN VELANDIA contra la entidad recurrente.
El juicio fue iniciado por el actor con el propósito de obtener como pretensión principal el reintegro al cargo de supernumerario que desempeñaba al momento del despido, o a uno de igual o superior categoría, en la ciudad de Santafé de Bogotá, junto con el pago de los salarios y prestaciones compatibles dejados de percibir desde el día 4 de diciembre de 1992. Además reclamó la indexación y las costas del proceso.
En subsidio solicitó que la entidad bancaria demandada fuera condenada a pagarle la totalidad de los salarios, horas extras, trabajo nocturno, dominicales, festivos, y compensatorios, sobresueldo, reajustes legales y convencionales que se le adeuden. Igualmente pidió que se dispusiera que el BANCO CAFETERO le pague la totalidad de las primas semestrales, anuales, y la convencional de vacaciones, vacaciones, calzado y vestido de labor, bonificaciones legales y extralegales, la cesantía y sus intereses, también la indemnización por la terminación injustificada del contrato de trabajo de acuerdo con la ley y las convenciones colectivas, la pensión plena de jubilación y la extralegal, la pensión sanción prevista en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y la indemnización moratoria.
Informan los hechos expuestos en sustento de las pretensiones referidas que el demandante prestó sus servicios personales para el Banco demandado entre el 1º de enero de 1977 y el 4 de diciembre de 1992, cuando la entidad accionada puso fin a la relación laboral sin que mediara justa causa, indican además que el último cargo que desempeñó el actor fue el de Supernumerario en la Ciudad de Bogotá con un salario básico de $ 362.566. Así mismo refieren que el trabajador estuvo afiliado a la organización sindical denominada UNEB y que por consiguiente es beneficiario de las convenciones suscritas por esta agremiación y el Banco.
En relación con los hechos que motivaron su despido resaltan que el BANCO CAFETERO violó el procedimiento convencional previsto para imponer sanciones, pues se pretermitieron los términos establecidos en las convenciones colectivas de trabajo para formular y recibir descargos y añade a esta afirmación que la acción administrativa disciplinaria fue extemporánea porque transcurrieron más de 8 días entre la fecha en que ocurrieron los hechos que la motivaron y aquella en que se inició dicha investigación.
Igualmente anota que los cargos que la demandada hizo al actor el 21 de octubre de 1992 no son ciertos, y que la actitud irreverente, las expresiones descomedidas, irrespetuosas y grotescas, los comportamientos negligentes, el desacato y escasa voluntad para realizar las labores asignadas, no constituyen por si solos causal legal para dar por terminada la relación laboral. Además sostiene la parte actora que el trabajador siempre se desempeñó con honestidad y responsabilidad.
El Banco aceptó el último cargo y la fecha de terminación de la relación laboral que informan los hechos de la demanda, negó que fueran ciertos los relativos a la fecha de iniciación de vínculo laboral y al salarió básico y en lo concerniente a la terminación del contrato de trabajo indicó que obró con justa causa comprobada. Además propuso las excepciones de prescripción y pago.
En primera instancia el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia pública de juzgamiento celebrada el 4 de septiembre 1998, condenó al “BANCO CAFETERO” a reintegrar al señor HÉCTOR JOSÉ GARZÓN VELANDIA al cargo de Supernumerario en la ciudad de Bogotá o a otro de igual categoría. Así como a pagar al demandante los salarios con los aumentos legales y convencionales dejados de percibir entre la fecha del despido y aquella en que se produzca su reintegro. Además declaró que no existió solución de continuidad del contrato de trabajo y autorizó a la entidad demandada a descontar las sumas canceladas al trabajador por concepto de auxilio de cesantía.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que conoció del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en virtud de la descongestión de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 405 de diciembre 18 de 1999, confirmó en todas sus partes la decisión del a quo.
Al referirse el juzgador de segundo grado a los motivos que originaron el despido del trabajador señaló que una de las faltas atribuidas fue la referente a que éste no entregó antes del 16 de octubre de 1992 un informe sobre las diferencias en la inspección de caja solicitado por el Gerente de la oficina con carácter urgente el 14 de octubre de ese mismo año.
Estimó que este hecho atribuido fue admitido por el actor en la diligencia de descargos, pero con diversas aclaraciones tendientes a justificar la demora, las cuales también tuvo por ciertas con fundamento en el principio de la indivisibilidad de la confesión consagrado por el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil.
En lo que tiene que ver con otro el otro motivo aducido para el despido del actor, relacionado con los términos irónicos en que éste reclamó la demora en el otorgamiento de un crédito para vivienda, concluyó el juzgador ad quem que no configura actos de injuria, malos tratamientos o grave indisciplina, ni violación grave de las obligaciones o prohibiciones legales o reglamentarias.
Persigue que se case totalmente la sentencia recurrida en la medida que confirmó el reintegro ordenado por el juez del conocimiento, con todas sus consecuencias, para que en sede de instancia la Corte revoque íntegramente la sentencia del a quo y absuelva al Banco de todas las pretensiones de la demanda o en subsidio solamente lo condene al pago de la indemnización convencional por terminación unilateral del contrato de trabajo. Con esta finalidad la acusación presenta dos cargos orientados por la vía indirecta que fueron respondidos simultáneamente por la réplica.
Fundado en la causal primera de casación laboral, contemplada en el artículo 60 del Decreto Ley 528 de 1964, modificado por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, denuncia por la vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 49 de la Ley 6ª de 1945; 19, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 47 y 48 del Decreto 2127 de 1945; la Ley 6ª de 1945; 461, 467 a 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 62 y 1604 del Código Civil; 6º, 51, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo; 174, 175, 177, 194, 195, 200, 213, 244 a 246, 251, 255, 258, 264, 274, 276 y 279 del Código de Procedimiento Civil.
Violación legal que señala la acusación se originó en los siguientes errores manifiestos de hecho que atribuye al sentenciador de segundo grado:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el incumplimiento de las obligaciones por parte del demandante, estuvo justificado.
“2. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante no logró justificar su conducta incumplida.
“3. No dar por demostrado, estándolo que el demandante incumplió gravemente sus obligaciones e incurrió en actos de irrespeto y malos tratamientos contra los representantes del empleador.
“4. Dar por demostrado, sin estarlo, que “los términos irónicos en que le reclamó…, no configuran actos de injuria, malos tratos…, ni violación grave de las obligaciones del demandante” (fl. 561).
“5. No dar por demostrado, estándolo, que la conducta irrespetuosa y grosera el demandante constituye una violación de las obligaciones especiales contenidas en el reglamento interno de trabajo.
“6. No dar por demostrado, estándolo, que la conducta del señor Héctor José Garzón, constituye justa causa para terminar unilateralmente su contrato de trabajo por parte del empleador”.
Errores fácticos que aduce la censura se originaron en la equivocada apreciación de la demanda, su contestación, la carta de terminación del contrato de trabajo (fls. 10 a13), la diligencia de descargos del demandante (fls. 14 a 18), la carta de citación a descargos (fls. 21 a 22), el memorando enviado al actor por el Gerente de la Oficina de Cazucá, el 14 de octubre de 1992 (fl. 24), misiva dirigida por el accionante al Director de Recursos Humanos, el 20 de octubre de 1992 (fl. 25), memorando dirigido por el Gerente de Oficina de Cazucá al Departamento de Asuntos Laborales el 20 de octubre de 1992 (fl. 26), comunicaciones del demandante sobre créditos (fls. 27 a 29), el interrogatorio de la representante legal de la demandada en cuanto contiene prueba de confesión (fls. 520-523), Reglamento Interno de Trabajo de la demandada (fls. 404 a 448), escrito de agotamiento de la vía gubernativa y su respuesta (fls. 2 a 6 y 9) y los testimonios de Jaime Bobadilla Romero y Oscar Mauricio Carvajal Grijalba (fls. 110 a 112); como también debido a la falta de apreciación del informe del demandante a la UNEB (fl. 30 a 32) y el memorando dirigido al actor por el Subgerente Obdulio Hernández Cardona, el 13 de octubre de 1992 (fl. 23).
Indica el recurrente que conforme aparece en la carta de despido el Banco dio por terminado el contrato de trabajo del demandante por cuanto éste incurrió en incumplimiento grave de sus obligaciones, descritas detalladamente en ese escrito, así como en actos de malos tratamientos contra los representantes del empleador. Conductas que sostiene no fueron explicadas satisfactoriamente.
A continuación precisa que respecto al primero de los incumplimientos reseñados, consistente en no haber entregado el trabajador un informe en la fecha indicada, esto es antes del 16 de octubre de 1992, aparece acreditado que éste le fue solicitado por escrito (fl. 24) y que por tanto tenía conocimiento de su compromiso, según lo admite en la diligencia de descargos; informe que dice el recurrente no era caprichoso pues era requerido con el fin de dar respuesta a la Comisión Visitadora de la Contraloría y que por ello fue solicitado con carácter urgente según se observa en el oficio que obra a folio 24 del expediente.
En relación con el informe antedicho asegura la acusación que el demandante aceptó en la diligencia de descargos que no presentó tal informe y que intenta justificar su omisión aduciendo un supuesto exceso de trabajo y otros argumentos (fls 14 a 18), respecto de los cuales el empleador indicó que no podían ser aceptados (fl. 11). Aseveraciones en que se funda para manifestar que se encuentra probada la obligación del trabajador y su incumplimiento y consecuencialmente la justa causa para despedir señalada por la empresa, por cuanto el trabajador no logró justificar su incumplimiento ante la empresa ni en el juicio, porque se limitó a presentar unas excusas sin fundamento en la diligencia de descargos.
Estima el impugnante que la prueba de la justa causa corresponde al empleador, de manera que sólo debe probar el hecho que imputa, quedando así a cargo del trabajador demostrar los hechos que lo justifican o lo exoneran de responsabilidad, por esto entiende que no puede aplicarse en este caso la indivisibilidad de la confesión para admitir los hechos exculpatorios, pues son simples afirmaciones que se contradicen con las de la empresa expuestas no sólo en los documentos ya citados, sino también en la diligencia de interrogatorio de parte, cuando ratifica los hechos indicados en la carta de despido.
El ataque estima que al incumplimiento anotado se suma el llamado de atención del 13 de octubre, que denota en general fallas en la actitud del trabajador en el compromiso y lealtad que deben enmarcar toda relación laboral, cuya inobservancia tipifican a su modo de ver las justas causas imputadas a éste.
Por otra parte, la impugnación critica también que el Tribunal no hallara acreditada la falta de respeto cometida por el demandante para con sus superiores cuando le fue solicitada la entrega del informe a que antes se hizo alusión (fl. 26), como también la expuesta al reclamar el préstamo mediante la carta que obra a folio 25. Alega que en el juicio está demostrado que el actor contestó de manera airada a sus superiores, como lo describe la comunicación del jefe inmediato (fl. 26) y la carta de citación a descargos (fl. 21-22), pero que sin embargo el Tribunal encontró normal esa actitud del demandante, aunque equivocada, dentro de una relación de trabajo.
Acerca de la comunicación que aparece a folio 25 del cuaderno de instancia dice la recurrente que sus términos no son simplemente irónicos, como equivocadamente los calificó el juzgador de segundo grado, pues nada tiene de burla fina, sino que por el contrario se trata de una carta irreverente, irrespetuosa y agresiva pero sobretodo insolente, sin que nada pueda justificar sus términos. Explica igualmente que con esta comunicación el demandante pretendía ofender al empleador, pues que es lo que se desprende de la comunicación enviada por el señor Garzón a la Unión Nacional de Empleados Bancarios —UNEB—.
Sostiene en contra de la prosperidad de la demandada de casación que presenta dos cargos idénticos por violación de la ley sustancial, fundados en las mismas normas y pruebas de manera que a su modo de ver se trata en realidad de un solo cargo; presentación de la que deduce un supuesto error de técnica.
Señala igualmente que las pruebas citadas en los cargos referidos no son idóneas en casación laboral de manera que no se puede intentar demostrar con ellas un error manifiesto de hecho y aduce que de acuerdo con el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 este solamente tiene lugar cuando sea producto de la apreciación errónea o de la falta de apreciación de un documento auténtico, una confesión judicial o una inspección judicial. Refiere que las documentales de folios 10 a 18 y 21 a 32, no son auténticas porque obran en el juicio en fotocopia simple.
Entre los hechos atribuidos al trabajador demandante en la carta de despido, llama particularmente la atención de la Sala el referente a la comunicación suscrita por éste en octubre 20 de 1992, cuyo texto figura a folio 25 del cuaderno, así:
“Santafé de Bogotá, octubre 20 de 1992
Dr. Jairo Restrepo Ramírez
Ref.: Contentillo por pérdida pensión —n2n—
La anterior carta recibida por Uds., en agosto 21 de 1992 2:54 pm, en la cual solicitaba el 100% del préstamo como compensación por pérdida de la pensión de jubilación en garantía (sic) una casa que parece ser no reúne sus condiciones, puesto que después de 4 meses de aprobada la convención no se tomaron la molestia de revisarla para el correspondiente avalúo.
He decidido (por presión) “aceptar” el préstamo del 60% dejándole al Banquit (sic) el 40% restante como garantía de que si les boy (sic) a pagar.
Espero que resulte más fácil que la terminación del Metro de Medellín o el funcionamiento de las barcasas (sic) de energía?
Para mi ubicación sin que den avisos por TV. son los siguiente (sic):
Nombre: Héctor J. Garzón
Código 20355-0
Fecha de ingreso al banco marzo 01 de 1977
Monto de crédito: $ 4.440.000
Cédula de Ciudadanía 19.193.433 de Bogotá
Regional (sic): Pertenezco a la regional occidental
Oficina: Actualmente me dejan trabajar en la oficina Cazucá.
Acerca del contenido de esta carta el tribunal consideró lo siguiente:
“Los términos irónicos en que le reclamó la demora en el otorgamiento del crédito para vivienda, no configuran actos de injuria, malos tratamientos o grave indisciplina ni violación grave de las obligaciones o prohibiciones legales o reglamentarias”.
Pues bien, en la censura se critica con toda la razón este corolario, ya que es ostensible que en la comunicación transcrita el trabajador no fue simplemente irónico, sino irrespetuoso, agresivo y satírico con su empleador y sus representantes, de modo que se configura en forma diáfana el maltrato durante las labores que la ley prevé como justa causa de terminación unilateral del contrato de trabajo.
En efecto, el escrito en todo su contexto es ultrajante y lo es también en varios de sus apartes, pues el actor comienza por hacer referencia a un “contentillo por pérdida de pensión”, expresión insolente que desde luego mal puede aceptarse como una introducción a su pedido de un préstamo regulado por convención colectiva. Después en el desarrollo se insulta al banco con el calificativo de “banquito”, y en un tono burlesco totalmente impropio de una solicitud como la formulada termina confrontando los órganos de la entidad, a propósito del posible retardo en definir su solicitud, haciendo una alusión impertinente a dos hechos escandalosos de la vida nacional en su época.
Y debe entenderse que la carta en cuestión es inherente a la relación laboral entre las partes y al servicio en sí, pues mediante ella el demandante en los términos descomedidos y descorteses que se han analizado solicitó al jefe de recursos humanos de la entidad que le fuera reconocido un derecho convencional.
El legislador en lo laboral ha sido particularmente riguroso en exigir a las partes del contrato de trabajo el buen trato, y ello es apenas natural dado que se trata de un nexo jurídico de tracto sucesivo que usualmente comporta entre el patrono, sus representantes, el trabajador y los demás compañeros de labor, un alto grado de convivencia, de forma que las relaciones laborales deben ser muy consideradas y en el trato entre sus componentes ha de imperar, la cortesía, el decoro, la seriedad y el más absoluto respeto. Estableció, en consecuencia, que la contravención a este elemental supuesto de concordia, autoriza al agraviado para terminar unilateralmente el vínculo, con justa causa.
Así, el artículo 28-5 del Decreto 2127 de 1945, estatuto aplicable al demandante por su condición de trabajador oficial, prevé entre las obligaciones especiales del trabajador: observar las buenas costumbres durante el servicio y guardar a sus superiores y compañeros el debido respeto y el artículo 48, ibídem, en sus ordinales 2º y 3º establece entre las justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, sin previo aviso por parte del empleador, los malos tratamientos en que incurra el trabajador, durante sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los demás trabajadores del establecimiento o empresa; y todo acto grave de maltrato en que incurra el trabajador, fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia, de sus representantes y socios, o de los jefes de taller, vigilantes o celadores.
A la vez, en el artículo 26-5 del citado Decreto 2127 de 1945, en lo pertinente, se impone al patrono la obligación especial de tratar correctamente al trabajador y no lesionar su dignidad. Y el mismo decreto en su artículo 48 erige como justas causas para terminar el contrato por parte del trabajador sin previo aviso, el maltrato inferido por el patrono contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferido dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de éste.
En el Código Sustantivo de Trabajo, el legislador al parecer estimó redundante incluir en términos explícitos en el precepto regulador de las obligaciones especiales del trabajador las de respeto y buen trato, ya que en todo caso definió como justas causas para terminar unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador, los malos tratamientos en que incurra el trabajador en sus labores, contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo y los actos graves de mal tratamiento en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores (D. 2351/65, art. 7º, lit. a, ords. 2º y 3º).
Así mismo, en el Código Sustantivo de Trabajo se contemplan obligaciones para el empleador relativas a respetar y proteger la dignidad personal del trabajador (arts 57-5 y 59-9) y si no se incluyó una específica atinente al buen trato en general, sin duda ella se deriva con toda claridad del hecho de configurar justa causa para terminar el contrato de trabajo por parte del trabajador, el maltrato inferido por el patrono contra éste o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio, o inferido dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono con el consentimiento o la tolerancia de éste (D. 2351/65, art. 7º, lit. b, ord. 2º).
Ahora bien, no se remite a duda que el maltratamiento a que aluden las pruebas referidas debe entenderse en su sentido usual, valga decir, como acción y efecto de maltratar o maltratarse o sea tratar mal a uno de palabra u obra y es de advertir también que el maltrato inferido por el trabajador dentro del servicio, es decir, en las labores o en aspectos inherentes a las mismas y aquél en que incurra el patrono en cualquier circunstancia, no requiere del ingrediente de gravedad para que configure justa causa de despido, cosa que sí exige la ley en el evento de que el maltrato ocurra fuera del servicio por parte del empleado.
Y debe aclararse que a los contratantes, y particularmente al trabajador, les asiste la obvia posibilidad jurídica y humana de pedir, reclamar o exigir en modo respetuoso sus derechos, pero si bien es dable entender que pueden hacerlo en tono firme o incluso enérgico, en modo alguno es admisible que utilicen la descortesía, el agravio o lo burlesco.
En la réplica el opositor objeta que puedan ser confrontadas por la Corte diversas pruebas en que se sustenta el ataque, entre otras la carta a que se ha venido analizando, en atención a que figura en fotocopia simple y por ello no reuniría el requisito de ser documento auténtico previsto por la Ley 16 de 1969, artículo 7º. Con todo, dado que éste, como prácticamente todos los documentos a que se refiere el opositor, es un documento aducido y allegado por la parte actora, es indiscutible su autenticidad y oponibilidad al aportante, en los términos del artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral, cuyo texto define que la parte que aporte al proceso un documento privado, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.
Se impone por tanto el quebranto de la sentencia en cuanto impuso el reintegro del demandante, con fundamento en que fue despedido sin justa causa y, así las cosas, se hace innecesario que la Sala se ocupe respecto de los otros motivos justificantes que tampoco halló acreditados el tribunal, ni del segundo cargo en cuanto con el primero la recurrente logró su objetivo principal.
Terminación del contrato de trabajo:
Conforme a lo definido en casación resulta que el demandante fue despedido con justa causa, pero como en la demanda se alega también que al producir la terminación del nexo el empleador no cumplió el procedimiento convencional, al respecto observa la Sala que la a quo atinó al establecer que en las convenciones colectivas allegadas al proceso, no figura ningún requisito especial para imponer despidos con justa causa legalmente definida.
En efecto, revisados los numerosos laudos y convenciones allegados al informativo, solo en el laudo del 10 de agosto de 1982 (fls. 370 a 403) figura un procedimiento para imponer sanciones, pero debe recordarse, cosa que se hace también en las motivaciones del mismo fallo arbitral (ver, fl. 377) que el despido con justa causa legal no se asimila en principio a una sanción disciplinaria, salvo en las hipótesis de que el empleador lo convenga así o que el motivo aducido haya sido definido como falta grave sancionada con despido, en convenciones colectivas, pactos colectivos, reglamentos de trabajo o contratos individuales. Y ocurre que en el presente caso se está frente a una justa causa prevista por la ley con la autorización al empleador para poner fin al contrato de trabajo sin previo aviso, de manera que debe concluirse que el despido no estaba sujeto al referido procedimiento. Consiguientemente, es dable concluir que fue producido en forma regular y con justa causa, máxime si se toma en cuenta que, como lo declaró la sentencia de primera instancia, en cumplimiento de un precepto reglamentario el demandante fue oído previamente a su desvinculación (ver fls. 14 a 18 y Reglamento de Trabajo, art. 79, cláusula quinta, fl. 439 a 442).
a) Las derivadas de la afirmación de despido injusto o irregular, como el reintegro, la indemnización por despido y la pensión sanción, es obvio que no pueden prosperar, pues según quedó establecido, el despido fue regular y con justa causa.
b) De otra parte en la demanda inicial se formulan pretensiones generales en el sentido de condenar a la demandada por todo tipo de conceptos, como si el Banco jamás hubiese cumplido ninguna obligación laboral, así se reclaman: “la totalidad de los salarios, horas extras, trabajo nocturno, dominicales, festivos y compensatorios, sobresueldos, reajustes legales y convencionales que se adeuden”; “la totalidad de las primas semestrales, prima anual, vacaciones, prima convencional de vacaciones, calzado y vestidos de labor, bonificaciones legales y extralegales”; “la totalidad de las Cesantías y los intereses a las Cesantías”; “la totalidad de los salarios, prestaciones e indemnizaciones legales y extralegales que se le adeuden”.
Como fundamento de estas pretensiones, en el hecho 16 se afirma también en forma vaga y general que “la entidad demandada adeuda al demandante salarios, prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales”.
Desde luego, en estos términos la demanda no cumple los requisitos formales pues no contiene el mínimo de precisión requerida por el artículo 25 Código Procesal Laboral, fuera de que se formulan pretensiones incompatibles como la pensión plena y la pensión sanción, y se incluyen hechos (18, 19 y 20) que solo podrían ventilarse dentro del proceso especial de fuero sindical.
Con todo, no es ésta la oportunidad procesal para remediar falencias procesales que debieron corregirse al comienzo del trámite, mediante la devolución de la demanda o la proposición de excepciones dilatorias, de forma que la Sala resolverá lo pertinente.
Así, se absolverá a la demandada de las pretensiones subsidiarias primera, segunda, tercera y octava, pues de diversos elementos de juicio es dable desprender con certeza que el Banco si pagó durante la vigencia del contrato y a la finalización del mismo, los pertinentes derechos laborales: convencionales y legales, de manera que se desvirtúa la afirmación implícita en las aludidas peticiones, en el sentido de que la empleadora nunca cumplió sus obligaciones contractuales. Y conviene advertir que en la demanda inicial no se planteó su reliquidación, de forma que, por razones de congruencia, no sería posible revisar la corrección de los pagos efectuados.
En efecto, en la demanda se afirmó que el trabajador “…mientras duró su relación laboral se beneficiaba de las convenciones colectivas de trabajo...”, de forma que en contradicción con el contexto del libelo el propio demandante admite que el Banco pagaba al actor derechos convencionales (ver, fl. 71, hecho 6). Figura también la liquidación definitiva de prestaciones sociales, con recibo del demandante y sin ninguna objeción de su parte, la cual demuestra claramente que el señor Garzón Velandia, percibió sus derechos laborales (ver, fl. 19).
C) Pensión plena
Dado que el actor laboró por menos de dieciséis años de servicios (ver, hechos 1, 2 y 3 de la demanda) y actualmente tiene 47 años de edad (ver, fl. 35), es claro que carece de cualquier derecho jubilatorio a cargo del Banco Cafetero.
D) Indemnización moratoria e indexación
Como no aparece en el proceso que el Banco haya quedado debiendo los derechos a que se refiere la demanda, se impone absolverlo también por éstos conceptos.
Conforme a lo previsto por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, las costas del proceso correrán a cargo de la parte actora, pero no hay lugar a ellas en la segunda instancia y en casación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de fecha 10 de diciembre de 1999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el juicio seguido por HÉCTOR JOSÉ GARZÓN VELANDIA contra el BANCO CAFETERO. En sede de instancia, REVOCA la sentencia de primer grado y, en su lugar, absuelve a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.
Costas en la primera instancia a cargo de la parte actora. No hay lugar a costas en la segunda instancia ni en el recurso de casación.
Magistrados: Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Náder—Rafael Méndez Arango—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán I. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero.