Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97427
Timestamp: 2019-10-22 16:49:46
Document Index: 57777166

Matched Legal Cases: ['artículo1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 450']

Gaceta: LXIV/1SPR-23/97427
Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 450, fracción II del Código Civil Federal.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 23 Y 450 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL
La interdicción, tal y como está regulada en el Código Civil Federal no se encuentra armonizada acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual contraviene la disposición jurídica establecida en los primero párrafos del artículo1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…
El juicio de interdicción, el cual es un procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna discapacidad no puede manejarse de forma autónoma, por lo que pierden la capacidad legal de para ejercer sus derechos y contraer obligaciones por sí mismos, y en este sentido las personas declaradas en estado de interdicción serán asistidas por un tutor para tomar decisiones.
Sin embrago, al cumplir la mayoría de edad las personas con discapacidad al igual que cualquier otra requieren tomar decisiones sobre su vida, patrimonio y ejercer sus derechos. Por lo tanto, es necesario que se determine en cada caso concreto las decisiones que podrá tomar cada persona con discapacidad y al mismo tiempo quien será el tutor que se encargará de tomar las decisiones que no pueda tomar por sí solo, así como un curador quien vigilará el desempeño del tutor.
Es así que a través de este juicio se busca la mayor protección de las personas con discapacidad, con el objeto de terminar con las barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones, en el que se toma en cuenta su opinión por parte del Juez durante un procedimiento legal, y se les explica las razones del procedimiento. También, a través de dicho juicio, se debe lograr que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con ayuda de la persona designada por el Juez, a efecto de garantizar su autonomía.
Sin embargo, en el Código Civil Federal, así como en los Códigos Civiles de las entidades federativas, el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad está restringido, ya que las garantías contempladas en dichos ordenamientos no se encuentran armonizadas con el enfoque contenido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad de los que México es Parte.
Ya que la interdicción, en la mayoría de los casos, se interpreta como una declaración genérica, cerrada y aplicable por igual a todo tipo de discapacidad, sin tomar en cuenta las diferencias que hay entre cada una de ellas, acorde con los Tratados Internacionales, como es el caso de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.
Al respecto la Primera Sala de la SCJN ha sostenido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es considerada como el paradigma normativo del modelo social y de derechos y como una respuesta de carácter integral, universal, jurídicamente vinculante y aplicable, pues se abandona la consideración de la persona con discapacidad como objeto de políticas asistenciales o programas de beneficencia y se reconoce su personalidad y capacidad jurídicas, su condición de sujeto de derechos. [*]
Por ello, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad parte de la premisa de que la discapacidad debe ser entendida como una desventaja causada por las barreras que la organización social y el estado generan, al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con deficiencia. Es decir, debe concebirse a la discapacidad como “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” [*]
La evolución hacia el modelo social, implicó abandonar el modelo de sustitución en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, pues dicho modelo partía de la premisa de que las personas con discapacidad son incapaces de realizar actos jurídicos y por tanto limitaba, total o parcialmente, la capacidad de ejercicio de personas con algunos tipos de deficiencias (en especial deficiencias intelectuales y psicosociales), por lo que la persona con deficiencia perdía el derecho de tomar todo tipo de decisiones relevantes en su vida, tanto de carácter patrimonial, como de carácter personal.
Así, actualmente se reconoce el modelo de apoyo en la toma de decisiones basada en un enfoque de derechos humanos, que implica que la persona con discapacidad no necesita ser privada de su capacidad de ejercicio por una persona que sustituya su voluntad, sino que simplemente es asistida para adoptar decisiones en diversos ámbitos sin restringir su facultad de adoptar decisiones legales por sí mismas.
El Alto Tribunal de Justicia en México ha sostenido reiteradamente, que en el sistema jurídico mexicano, el derecho fundamental a la igualdad reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Esto es, si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. [*]
De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contras las Personas con Discapacidad; en los cuales se reconoce el ejercicio pleno de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y respeto a su dignidad; es necesario proteger y garantizar el ejercicio de los mismo.
Por ello, resulta necesario armonizar la legislación del Código Civil Federal relativo a la interdicción con lo establecido por a la Convección sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pues, conviene tener presente que el derecho a la no discriminación fue reconocido como parte del orden constitucional mexicano el catorce de agosto de dos mil uno a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se adicionó al artículo 1° de la Norma Fundamental un nuevo párrafo que dispuso la prohibición de cualquier acto “que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
De manera subsecuente, el catorce de diciembre del año dos mil seis, dicho párrafo fue reformado, a efecto de sustituir el término “capacidades diferentes” por el de “discapacidades”, por la necesidad de implementar un marco jurídico que contuviera definiciones claras y precisas para referirse a las personas con discapacidad, y de esta manera, preservar y hacer valer sus derechos fundamentales; asimismo, la reforma tuvo como propósito armonizar el texto constitucional con los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano es Parte.
Tal protección, se consolidó con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, por la cual se garantizó en el territorio mexicano el derecho a la no discriminación en razón de cualquier motivo que atente contra la dignidad humana, incluida la discapacidades, garantía que quedó consagrada en el mismo último párrafo del artículo 1º constitucional, el cual estipula: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Así, se hizo patente que, en el orden jurídico mexicano no puede existir discriminación alguna por cualquier razón que atente contra la dignidad humana, pilar esencial del Estado de Derecho, cuyo valor consagra la Constitución Federal, y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Este derecho fundamental impera como mandato constitucional para todas las autoridades mexicanas, las cuales deben respetar, promover, proteger y garantizar en cualquier acto que realicen, pues la dignidad humana no se puede subordinar a ningún arbitrio.
En este sentido la propuesta de reforma que se propone para que se armonicen los artículos 23 y 450 fracción II del Código Civil Federal, va en el siguiente sentido:
Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.
Artículo 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; en el caso de los incapaces podrán ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes a fin de que no se impida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad por algún medio, o que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Por lo anteriormente expuesto y bajo el siguiente
Quien suscribe Emmanuel Reyes Carmona integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se reforman los artículos 23 y 450 fracción II del Código Civil Federal
Primero. Se reforma el artículo 23 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Segundo. Se reforma el artículo 450 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico, mental o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por si mismos, o manifestar su voluntad por algún medio, o que al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos locales deberán realizar las adecuaciones necesarias en virtud del presente decreto, para hacer efectivas las disposiciones contenidas en el.
Dado en San Lázaro Palacio Legislativo a los 15 días del mes de julio de 2019.
[*] Recuperado el 14 de julio de 2019 en la página web: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2019-03/AR-1368-2015-190301_0.pdf
[*] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Preámbulo, e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debida a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
[*] Tesis 1a. CXXXVIII/2005, de la Primera Sala de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, noviembre de 2005, p. 40, del rubro: “IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO”