Source: https://www.scribd.com/doc/39772025/El-derecho-tributario
Timestamp: 2016-07-30 12:58:57
Document Index: 127540753

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 227', 'artículo 21', 'artículo 35', 'artículo 39', 'artículo 29', 'artículo 41', 'artículo 40', 'artículo 175', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 79', 'artículo 48', 'artículo 46', 'artículo 35', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 49', 'artículo 56', 'artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 55', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 58', 'artículo 27', 'artículo 16', 'artículo 28', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 161', 'artículo 59', 'artículo 65', 'artículo 62', 'artículo 67', 'artículo 66', 'artículo 85', 'artículo 173', 'artículo 76', 'artículo 91', 'artículo 35']

La necesidad de adaptar los procedimientos tributarios al procedimiento administrativo común, unido a otras necesidades como pueden ser la promulgación de la Constitución de 1978 con la consiguiente adaptación que en la Ley General Tributaria (LGT) debe hacerse al marco constitucional, obligaron al legislador a promulgar una nueva LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) publicada en el Boletín Oficial del Estado número 302, de 18 de diciembre de 2003, que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2004. Desde la entrada en vigor de la Ley 58/2003 se han ido aprobando diversos reglamentos que la desarrollan, concretamente el Reglamento General de Desarrollo de la LGT en materia de revisión administrativa (Real Decreto 520/2005) y el Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005). El último de los decretos de desarrollo de la Ley 58/2003 que faltaba por aprobar de entrada en vigor el 1 de enero de 2008 es el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Cuando hablamos de las disposiciones generales del ordenamiento tributario nos estamos refiriendo a las disposiciones recogidas en el Título I de la Ley 58/2003, en el cual se encuentran los principios que deben inspirar el desarrollo del sistema tributario de todo el Estado. Son los siguientes: el ámbito de aplicación de la LGT, la definición y clases de tributos, principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario, la potestad tributaria, el concepto de Administración Tributaria y la impugnabilidad de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación de la Ley General Tributaria
El artículo 1 de la LGT define el objeto y ámbito de aplicación de la ley y, como no podría ser de otra forma, se adapta al marco constitucional vigente desde 1978, reconociendo las competencias que en materia tributaria se refieren a los territorios forales. A partir de la redacción recogida en la Ley 58/2003, resulta indubitado que será esta norma la que venga a establecer los principios y las normas jurídicas de carácter general de todo el sistema tributario español. Queda finalmente poner de manifiesto la especialidad existente para las comunidades autónomas de régimen foral, limitándose la LGT a señalar que la normativa foral debe adecuarse en cuanto a terminología y concepto a lo dispuesto en la misma.
2.2 La Administración Tributaria
La Administración Tributaria está constituida por el conjunto de órganos y entidades de derecho público que desarrollan las funciones de aplicación de los tributos, de imposición de sanciones tributarias y de revisión, en vía administrativa, de actos en materia tributaria. El concepto de Administración Tributaria comprende, entre otros, los órganos centrales del Ministerio de Hacienda, en cuanto ejerzan alguna de las funciones mencionadas, como puede ser la Dirección General de Tributos (DGT), con la contestación de consultas tributarias o los tribunales económico-administrativos, con la resolución de las reclamaciones, u otros departamentos ministeriales en cuanto gestionen tributos. Por lo que respecta al ámbito estatal, la aplicación de los tributos y el ejercicio de la potestad sancionadora se reservan al Ministerio de Hacienda, salvo que por ley se encomiende a otro órgano o entidad de Derecho Público. No obstante, la LGT opta, acertadamente, por dar entrada, con carácter general y como principal protagonista de la aplicación del sistema tributario español, a la AEAT.
3 (“Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”) y 133. De esta manera.
.2 El principio de reserva de ley
El principio de reserva de ley. los problemas entre dichas normas deberán solventarse de acuerdo con el principio de “norma especial sobre norma general”. Se produce cuando fija la propia norma la fecha de entrada en vigor. Las obligaciones entre particulares resultantes de los tributos (repercutir y soportar la repercusión de un tributo). se encuentra regulado en el artículo 8 de la LGT. puntos 1 (“La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado. de acuerdo con la Constitución y las leyes”) y 3 (“Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley”) ya lo recogen. habrá que estar al organigrama y reparto competencial que resulte de la normativa aplicable. dejando para el ministro de Hacienda la posibilidad de dictar órdenes ministeriales de desarrollo cuando expresamente se le habilite (lo contrario sería ir en contra de la potestad reglamentaria del Gobierno. El establecimiento de la obligación de realizar pagos a cuenta y el importe máximo de éstos. La LGT no queda en una mejor o peor situación sobre el resto de leyes.Por lo que respecta al ejercicio de la competencias relativas a la aplicación de los tributos y a la potestad sancionadora por parte de las comunidades autónomas y los entes locales. mediante ley”).1 Las fuentes del Derecho Tributario
El artículo 7 de la LGT regula las fuentes del Derecho Tributario. la redacción del artículo 7 sólo prevé la posibilidad de dictar reglamentos en desarrollo de una norma de rango legal cuando ésta lo prevea. Este principio tiene un reflejo constitucional importante. A ello se dedican los artículos 10 y 11 de la LGT.
3. principio en virtud del cual se reserva a una norma con dicho rango la regulación de determinadas materias. sin perjuicio de que una norma posterior de desarrollo fije cuantías inferiores y el modo de cálculo. 2 (“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos.3 Aplicación de las normas tributarias
Para determinar si una norma es aplicable al caso concreto. puesto que los artículos 31. debemos conocer su eficacia en el tiempo y en el espacio. La determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económicoadministrativa. en atención a su sistema de fuentes. circunstancia ésta prohibida por el Tribunal Supremo). En la Ley 58/2003 se han incorporado como materias afectadas por el principio de reserva de ley respecto a la regulación anterior las siguientes:
El establecimiento de presunciones que no admitan prueba en contrario. El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias. Las normas tributarias
3. El establecimiento y modificación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora. sino que se encuentra al mismo nivel.
3. De dicho artículo se desprenden las siguientes conclusiones:
La LGT da una preferencia absoluta a la Constitución sobre el resto de normas. En cuanto a la calificación de los reglamentos como fuentes del Derecho Tributario. de los cuales se desprenden las siguientes conclusiones: a) La entrada en vigor de las normas tributarias puede revestir dos modalidades:
Entrada en vigor expresa.
Entrada en vigor tácita.4 La calificación del supuesto de hecho tributario
El artículo 13 de la LGT viene a poner de manifiesto que. debiendo ser exigido el tributo conforme a esta última y no a la que se deriva del contrato tipo elegido por las partes. es indiferente la forma o denominación que las partes hubieran podido dar al hecho. Se recoge de esta manera en la LGT lo que venía a establecer la Ley 1/1998. es decir.5 Conflicto en la aplicación de la norma tributaria
El artículo 15 de la LGT recoge la reforma que la Ley 58/2003 realiza en relación a la figura del fraude de ley. De la utilización de dichos actos o negocios no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes. No obstante. debiéndose tener en cuenta que:
El negocio o contrato celebrado será plenamente válido y obligará a las partes intervinientes. las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin periodo impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo periodo impositivo se inicie desde ese momento. acto o negocio realizado. Se produce cuando la propia norma no fija ninguna fecha respecto de su entrada en vigor. Existirá conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando:
Se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios que sean notoriamente artificiosos o impropios para el fin perseguido. no surtirán efecto.
. los resultados perjudiciales para la Hacienda Pública. en tanto tercero que es. corresponde a la Administración demostrar las discrepancias existentes entre el contrato tipo utilizado y la causa del contrato tipo que es la propia. Por regla general. el artículo 10 de la LGT determina que la misma se producirá a los 20 días naturales de su completa publicación en el boletín oficial que corresponda. a los efectos de la exigencia del tributo.
b) Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado. distintos del ahorro fiscal obtenido en relación a la utilización del negocio jurídico usual. En este supuesto. trasladando al ámbito tributario lo que en Derecho Civil se denomina negocio indirecto. de 26 de febrero. siempre que resulte más favorable para el sujeto infractor.
c) Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia o territorialidad que establezca la ley en cada caso. Los efectos que ese contrato pudiera producir en perjuicio de terceras personas quedarán invalidados.
3. En este caso. cuando la causa del contrato tipo no coincide con la causa que deriva del propio contrato celebrado entre las partes.
EJEMPLO El régimen sancionador previsto en la Ley 58/2003 es aplicable a las infracciones tributarias que se hubieran cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.
De esta manera. exigiéndose la correspondiente sanción. La relación jurídico-tributaria.
EJEMPLO Contrato de compraventa que encubre una donación: esta última se declarará válida y surtirá los efectos. declarándose la nulidad del contrato.
En el caso de facturas falsas.
Si se tratara de simulación relativa. mientras que se declarará la nulidad del contrato de compraventa. sino también la nada jurídica (simulación absoluta). se declarará la inexistencia del negocio celebrado. se declarará la nulidad del negocio simulado.1 Las obligaciones tributarias materiales
EJEMPLO Se pueden fingir negocios con el objeto de eludir el pago del impuesto y se pueden realizar actuaciones encaminadas a fingir una residencia fiscal allí donde no se tiene para beneficiarse de una menor tributación.
4. será declarada por la Administración Tributaria al tiempo de dictar el correspondiente acto de liquidación. Los efectos de la simulación son evidentes: En caso de simulación absoluta.
La simulación pueda ser constitutiva de infracción tributaria. derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos". el cual carecerá de eficacia alguna. el artículo 17 de la LGT define en su apartado primero a la relación jurídico-tributaria como "el conjunto de obligaciones y deberes. es decir.
La simulación contemplada en el artículo 16 abarca tanto la simulación absoluta como la simulación relativa. La declaración de simulación en el ámbito tributario no requiere de la existencia de procedimiento especial alguno.
4. declarándose la validez y eficacia del negocio oculto. en contra de lo que sucede en el conflicto de aplicación de norma. la acreditación de la falsedad de las mismas determinará que no sea deducible el gasto en el impuesto sobre sociedades ni la cuota del IVA soportada. de la relación jurídicotributaria nace un conjunto de obligaciones.6 La simulación
Desde el punto de vista tributario y de acuerdo con el artículo 16 de la LGT. Las obligaciones tributarias
Desde un punto de vista legal. derechos y deberes que son los que analizaremos a continuación. es decir. podríamos hablar de "negocios simulados" y de "actuaciones ficticias". las notas que caracterizan la simulación son las siguientes:
La simulación en el ámbito tributario hace referencia tanto a negocios como a actos jurídicos. que lo efectivamente realizado no sólo puede ser otro negocio jurídico que se oculta (simulación relativa).3. Por tanto.
una negativa a soportar la repercusión del impuesto. La LGT permite a las leyes propias de cada tributo que establezcan cantidades a deducir diferentes a las fijadas por los pagos a cuenta realizados. al realizarse. Ambos conceptos van a provocar un mismo resultado: que no se pague el tributo. la no sujeción evita el nacimiento de la obligación precisamente porque no puede realizarse el hecho imponible. el cual en su apartado primero las define como las que tienen por objeto una prestación de naturaleza tributaria exigible entre obligados tributarios. a) El hecho imponible. por el retenedor o por el obligado a realizar ingresos a cuenta. a pesar de la realización del hecho imponible previsto en la norma de imposición. b) El devengo. en ciertos casos. dada su naturaleza de obligación tributaria. en esencia son conceptos jurídicamente distintos. estableciendo que "el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal".
. Las obligaciones tributarias accesorias Las obligaciones tributarias accesorias se definen en el artículo 25 de la LGT de una manera residual. Sin embargo. que normalmente da origen. Es necesario diferenciar el concepto de exención del de no sujeción. es decir. el cual la define como la obligación tributaria de satisfacer un importe a la Administración Tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados. la no sujeción implica que los supuestos por ella contemplados no están contenidos en la norma delimitadora del hecho imponible. c) Las exenciones. El concepto legal del hecho imponible nos lo proporciona el artículo 20 de la LGT.4 a) de la LGT. supone la existencia de una norma de exención que ordena que. Las obligaciones entre particulares resultantes del tributo Se recogen en el artículo 24 de la LGT. La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta Se recoge en el artículo 23 de la LGT. al nacimiento de una obligación tributaria. la no sujeción delimita negativamente el hecho imponible. En este tipo de obligación se incluye la prestación satisfecha como consecuencia de la repercusión del IVA. podría ser objeto de reclamación económicoadministrativa conforme al artículo 227. lo son todas aquellas obligaciones de carácter pecuniario distintas de las demás que se deban satisfacer a la Administración Tributaria y cuya exigencia se impone en relación con otra obligación tributaria. de retención o de ingreso a cuenta previstos legalmente. Por otra parte. a obligación tributaria no se produzca.La obligación tributaria principal La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. Así como la exención presupone que el hecho imponible se ha producido y evita que nazca la obligación tributaria. calificando como obligaciones de este tipo las que se generan como consecuencia de actos de repercusión. Así. El artículo 21 de la LGT define el devengo como "el momento en que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal".
En cambio. es decir. La exención supone:
La existencia de una norma impositiva en la que se define un hecho imponible.
5. Los obligados tributarios
La Ley 58/2003 dedica el Capítulo II del Título II a los obligados tributarios. resultando herederos su cónyuge y sus cuatro hijos. éste fallece en el transcurso de las mismas. distinguiendo entre sucesores de las personas físicas y sucesores de las personas jurídicas. no tratándose de una lista cerrada. sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia. son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios. los obligados a practicar ingresos a cuenta.
EJEMPLO Iniciadas actuaciones de inspección de la situación tributaria del señor X. sin tener carácter pecuniario. Tienen el carácter de obligados tributarios los que se enumeran en el apartado segundo del artículo 35. Sucesores de las personas físicas De acuerdo con el artículo 39.
5. ya que la propia LGT prevé que las leyes propias de cada tributo puedan establecer otras. el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. los sustitutos del contribuyente. y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. En caso de que la deuda no estuviera liquidada al tiempo del fallecimiento del causante. debiéndose comunicar las liquidaciones que resulten a cada uno de ellos. Tampoco se transmitirá la obligación del responsable salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento. Las actuaciones inspectoras continuarán hasta su finalización con cualquiera de los herederos. es decir. desconociendo la verdadera situación patrimonial del causante. serán sucesores de las personas físicas sus herederos. En ningún caso se transmitirán las sanciones.
Sucesores de las personas jurídicas y entidades sin personalidad
.2 Las obligaciones tributarias formales
Se encuentran definidas en el artículo 29 de la LGT como todas aquellas obligaciones que.
4. los retenedores. deudores o no del tributo. Con esta medida se pretende evitar que los herederos. Mientras la herencia se encuentre yacente. se incluyen: los contribuyentes.1 Los sucesores
La LGT dedica los artículos 39 y 40 al estudio de los sucesores de la obligación tributaria. los obligados a repercutir y los obligados a soportar la repercusión.1 de la LGT. lista que debe considerarse abierta.Entre las obligaciones tributarias accesorias se incluyen la obligación de satisfacer el interés de demora. no incluyéndose como tal las sanciones tributarias. No obstante. los recargos por declaración extemporánea y los recargos del periodo ejecutivo. se debe tener en cuenta:
Las obligaciones tributarias se transmitirán a los legatarios en las mismas condiciones que las establecidas para los herederos cuando la herencia se distribuya a través de legados y en los supuestos en que se instituyan legados de parte alícuota. al cónyuge y sus cuatro hijos. la deuda tributaria también se transmitirá. los obligados a realizar pagos fraccionados. la retención o el ingreso a cuenta. se vean sorprendidos al aceptar la herencia por el hecho de aparecer nuevas deudas. En particular.
el hecho de que la deuda tributaria no estuviera liquidada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad no impedirá la transmisión de las obligaciones tributarias devengadas a los sucesores. las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a las personas o entidades que sucedan o sean beneficiarias de la correspondiente operación. cuando se trate de entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de sus socios. respondiendo éstos solidariamente de su cumplimiento. La derivación no alcanza a las sanciones. Si se produce la disolución de la entidad. previa audiencia del interesado. hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
EJEMPLO En el proceso de fusión mediante la absorción de la entidad Y por parte de la entidad X. éstos quedarán obligados hasta el límite de la cuota de liquidación que les corresponda. la cual se constituye en beneficiaria de los bienes y derechos de la extinguida sociedad Y.
. las obligaciones tributarias se transmitirán íntegramente a sus socios. salvo que por ley se establezca en algún supuesto lo contrario. pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos. las obligaciones tributarias pendientes de las mismas se transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones o a los partícipes o cotitulares de dichas entidades. se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. las obligaciones tributarias pendientes de la entidad Y serán asumidas por la entidad X. esto es. en el segundo de los supuestos.2 de la LGT por la Ley 36/2006 de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal para extender la responsabilidad a las sanciones.
Se han visto recientemente modificados los artículos 41. cuando la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios.2 Los responsables
El artículo 41 de la LGT establece las características generales de la figura de la responsabilidad en el ámbito tributario. La derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables se efectuará mediante acto administrativo en el que. Así.
En caso de disolución de fundaciones o entidades carentes de personalidad.3 y 42. Para la declaración de responsable subsidiario se hace necesario que previamente se declare fallido al deudor principal y a los demás responsables solidarios. estableciendo al respecto lo siguiente:
La responsabilidad puede ser solidaria o subsidiaria. intereses y recargos en los supuestos regulados en el apartado 2 de este último artículo (responsabilidad solidaria).La sucesión de la obligación tributaria en relación a personas jurídicas y entidades carentes de personalidad se regula en el artículo 40 de la LGT. pero no su liquidación. siendo siempre subsidiaria salvo que algún precepto legal establezca expresamente lo contrario. estableciéndose en el mismo lo siguiente:
La LGT distingue entre sociedades que limitan la responsabilidad de sus socios de aquellas en la que los socios no tienen limitada su responsabilidad. Al igual que sucede con las personas físicas. Las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades a las que nos estamos refiriendo serán exigibles a los sucesores de las mismas.
afectando a las siguientes personas o entidades: Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración Tributaria. Esta responsabilidad puede ser limitada mediante la expedición del certificado a que se refiere el artículo 175.
Se incluyen también entre los supuestos de responsabilidad solidaria los casos de sucesión de actividad. por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. se debe tener en cuenta que la responsabilidad solidaria se extenderá a todos aquellos supuestos que se prevean por otras leyes. no se extiende a las sanciones. mediante la interposición de diferentes personas. el apartado segundo del artículo 42 de la LGT declara la responsabilidad solidaria de aquellos que con sus acciones hubieran impedido el cobro de deudas por parte de la Hacienda Pública. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción. incumplan órdenes de embargo. Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas. Las que. consientan el levantamiento de los bienes embargados. etcétera). en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades. pero no sólo cuando la sucesión lo es en la titularidad. La responsabilidad subsidiaria Son supuestos de responsabilidad subsidiaria (artículo 43 de la LGT) los siguientes:
La de los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas en aquellos casos en los que éstas hubieran cometido infracciones tributarias y siempre que dichos administradores no hubieran prestado la diligencia necesaria para impedir la comisión de la infracción. La Ley 36/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal aclara que. el recargo y los intereses de demora del periodo ejecutivo.
Las que. sino también cuando se produce la sucesión en su ejercicio. ya sea por no haber realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes
. A los partícipes o cotitulares de las entidades carentes de personalidad. la responsabilidad solidaria se limitará al valor de los bienes que no hubieran podido embargarse o enajenar. se siga ejerciendo la misma actividad por quien es deudor de la Hacienda Pública. por culpa o negligencia. en los supuestos de responsabilidad solidaria recogidos en el apartado 2 del artículo 42 de la LGT (los que colaboren en la ocultación de bienes del obligado tributario. extendiéndose la misma a los siguientes supuestos:
A las personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que. Esta responsabilidad.
En estos casos. Por último. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicados o que se hubieran debido practicar. la medida cautelar o la constitución de la garantía. Dentro del procedimiento de apremio.La responsabilidad solidaria Se encuentra regulada en el artículo 42 de la LGT. con conocimiento del embargo. la responsabilidad podrá extenderse a las sanciones. puesto que la LGT no lo dice. colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos. De esta manera se pretende evitar que. una vez recibida la notificación del embargo.2 de la LGT. incumplan las órdenes de embargo.
Estos dos últimos supuestos de responsabilidad se encuentran vinculados a la figura del levantamiento del velo. o confusión o desviación patrimonial. En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones. o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributarios. cuando resulte acreditado que tales personas o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública.
tributarios. no se extiende a las sanciones. en contra de lo que ocurre con el anterior. cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. al no establecerse lo contrario. Esta responsabilidad. como la capacidad para realizar actos que produzcan consecuencias jurídicas. durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación. profesionales u otros empresarios. siempre que concurran. Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo. Es importante destacar que este supuesto de responsabilidad se refiere a las obligaciones devengadas con anterioridad a que se adquiera la condición de administrador concursal. total o parcial. cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir de forma abusiva o fraudulenta la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas. en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración. puesto que para aquellas que se devenguen con posterioridad se exigirá la responsabilidad propia del administrador. siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago. por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores. Las personas o entidades que tengan el control efectivo. por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese. por haber consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o por haber adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. desde un punto de vista doctrinal. Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal. en los términos del artículo 79. La de los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. La de los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. directo o indirecto de las personas jurídicas en las que concurra una voluntad rectora común con éstas. pudiéndose definir. • La de los agentes y comisionistas de aduanas. ya sea una unicidad de personas o esferas económicas. sustanciales o formales. la responsabilidad no alcanza las sanciones. en el desenvolvimiento de la relación jurídico-tributaria. La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas personas jurídicas. Se debe tener en cuenta que su responsabilidad también se extenderá a las sanciones y que esta responsabilidad tendrá el carácter de solidaria cuando el administrador de hecho o de derecho tenga una participación directa en la comisión de la infracción por parte de la sociedad. La de los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.
5.3 La capacidad de obrar en el orden tributario
Se encuentra regulada en los artículos 44 a 47 de la LGT. emitido a estos efectos por la Administración Tributaria. ya una confusión o desviación patrimonial. total o parcial. La representación legal
. En este supuesto. La responsabilidad prevista en este párrafo no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
asumir o reconocer obligaciones en nombre del obligado tributario.4 El domicilio fiscal La LGT define el domicilio fiscal como el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración Tributaria. En otro caso. teniendo en cuenta que. Para interponer recursos o reclamaciones. previéndose en la misma lo siguiente:
Para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación. Se prevén en la LGT los siguientes supuestos:
Por las personas que carezcan de capacidad de obrar actuarán sus representantes legales. se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección. La cuantificación de la obligación tributaria
. Cada Administración está facultada para comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios en relación con los tributos cuya gestión tenga encomendada. de no haberse designado representante.3 de la LGT). se debe tener en cuenta:
Existe la obligación de comunicar los cambios que se produzcan en el domicilio fiscal. Por los entes carentes de personalidad actuará en su representación el que la ostente. sino en la voluntad manifestada por el interesado para que otra u otras personas lo representen ante terceros. distinguiendo:
Para las personas físicas el domicilio fiscal será el de su residencia habitual. la Administración podrá considerar como domicilio fiscal aquel en el que se realice la gestión administrativa y dirección de la actividad. solicitar devoluciones de ingresos indebidos o reembolsos y en los restantes supuestos en que sea necesaria la firma del obligado tributario en los procedimientos para la aplicación de los tributos. la titularidad de los órganos a quienes corresponda su representación. el domicilio fiscal coincidirá con su domicilio social. renunciar a derechos. desistir de ellos.
.4 de la LGT. Para las personas jurídicas.
5. en su defecto. no surtiendo efectos dichos cambios si no se comunican a las administraciones afectadas (artículo 48. se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y. de no poderse determinar este lugar.
Por último. y. por disposición de la ley o por acuerdo válidamente adoptado. siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. sancionador y de revisión. Se encuentra contemplada en la LGT en el artículo 46.Es aquella en la que la sustitución del obligado tributario se produce por mandato legal. Por las personas jurídicas actuarán las personas que ostenten. la representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente.
La representación voluntaria Es aquella que no tiene su origen en la ley. si ejerce principalmente una actividad económica. en el momento en que se produzcan las actuaciones tributarias correspondientes. No obstante. prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en que se realice la actividad. cualquiera de sus miembros o partícipes. así como para los entes carentes de personalidad a que se refiere el artículo 35. siempre que resulte acreditada en forma fehaciente.
debiéndose aplicar según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad o tramo de base liquidable. aplicándose exclusivamente cuando se den las circunstancias del artículo 53 de la LGT. es decir.Para fijar la cuantía de la obligación tributaria. la cuota tributaria podrá determinarse:
En función del tipo de gravamen aplicable (tributos de cuota variable. Serán alícuotas regresivas aquellas que disminuyen al aumentar la base. coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra". a partir de las bases tributarias. tenemos:
Los tipos de gravamen específicos. las reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad contemplado en el artículo 54 de la Ley del IRPF. en su caso. Estas alícuotas pueden ser proporcionales. por ejemplo. la LGT establece en su artículo 49 que se determinarán.4 La cuota tributaria
De acuerdo con el artículo 56 de la LGT. progresivas o regresivas. aquellos en los que el tipo es un porcentaje aplicable sobre la base imponible o liquidable. Serán las leyes de cada tributo las que permitan la determinación de la base imponible mediante el método de estimación objetiva.
6. Las reducciones obedecen al interés del legislador de conceder un trato de favor a determinados contribuyentes. los tipos de gravamen y demás elementos en ella previstos y siempre según disponga la normativa propia de cada tributo.2 La base liquidable
La LGT define la base liquidable en su artículo 54. Según lo dispuesto en el mismo. ejemplo.1 como "la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible". el cual será siempre voluntario para el obligado tributario. IRPF). La LGT no lo contempla. la LGT aclara al respecto lo siguiente:
El método que con carácter general deberá utilizarse para determinar la base imponible será el de estimación directa. se determina una cuantía de dinero cuyo importe varía según los grados de una escala referida a una determinada magnitud). El método de estimación indirecta será siempre subsidiario de los otros dos.
La LGT define a la base imponible en su artículo 50.
6. Los tipos de gravamen deben ser específicos o porcentuales.
6. estimación objetiva y estimación indirecta.3 El tipo de gravamen
La LGT define el tipo de gravamen en el artículo 55 como "la cifra. ejemplo. Los tipos de gravamen porcentuales son los denominados alícuotas de gravamen. en la base imponible las reducciones establecidas en la ley". que pueden ser de cuantía fija o de carácter gradual (es decir. En relación a los mencionados métodos. IAE). al ser contrarias al principio de capacidad económica. "la base liquidable es la magnitud resultante de practicar. Así. Según la cantidad fija señalada al objeto en los pertinentes textos legales (tributos de cuotas fijas.
. estableciendo en su apartado segundo los siguientes métodos de determinación de la base imponible: estimación directa.
resultando exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso del obligado en los supuestos recogidos en el artículo 26. y exigencia del interés de demora sobre el importe de la nueva liquidación. sin que el final del cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución. En estos casos. La cantidad así obtenida recibe el nombre de "cuota líquida". no se exigirán intereses de demora a partir del momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de compensación. el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos. del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria”. el interés de demora exigible será el interés legal. hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación. fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. así como por las siguientes magnitudes:
El interés de demora. Entre otros supuestos.1 El interés de demora
Se encuentra definido por el artículo 26 de la LGT como “una prestación accesoria que se exigirá a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria. la fecha de inicio del cómputo del interés de demora será la misma que. se haya acordado la suspensión del acto recurrido.
. Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos.
7. de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.
La Ley 58/2003 excluye expresamente del concepto deuda tributaria a las sanciones. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del periodo en el que aquél resulte exigible. El interés de demora se exigirá sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente.2.
No obstante. con mantenimiento íntegro de su contenido. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o judicial.En ciertos supuestos es preciso practicar sobre la "cuota íntegra" determinadas deducciones o correcciones que minoran el importe de la prestación a cargo del sujeto pasivo. se debe tener en cuenta lo siguiente en relación al interés de demora:
No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración Tributaria incumpla por causa imputable a la misma alguno de los plazos fijados en la LGT para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la resolución presunta. siempre que. incrementado en un 25%.2 de la LGT.
7. Además. Los recargos del periodo ejecutivo. se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de anulación. en este último caso. salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. en los supuestos de aplazamiento. La deuda tributaria
El artículo 58 de la LGT establece que la deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Los recargos por declaración extemporánea.
2 Los recargos por declaración extemporánea
Los recargos por declaración extemporánea se definen por el artículo 27. y siempre que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la liquidación extemporánea o de la liquidación practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea.
20%.5 de la Ley para las deudas apremiadas. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso. 10% cuando se presente la autoliquidación dentro de los seis meses siguientes a la finalización del plazo voluntario para la presentación e ingreso. El importe de los recargos se reducirá en un 25% siempre que se realice el ingreso total del importe del recargo en el plazo del periodo voluntario abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo.
En este último caso serán exigibles intereses de demora por el periodo comprendido desde los 12 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario para la presentación e ingreso y el momento en que se presente la declaración y se practique el ingreso correspondiente. Es del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. 15% cuando se presente la autoliquidación dentro de los 12 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario para la presentación e ingreso. si éste ya hubiere concluido. El recargo de apremio reducido. de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley. siendo incompatibles entre ellos:
El recargo ejecutivo. Es del 20% y será aplicable cuando no concurran las circunstancias necesarias para la aplicación de cualquiera de los dos recargos anteriores.
7.1 de la LGT como las prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria.3 Los recargos del periodo ejecutivo
Los recargos del periodo ejecutivo se regulan en el artículo 28 de la LGT. al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o. Tampoco será exigible sanción alguna. El recargo de apremio ordinario. Los recargos exigibles son los siguientes:
5% cuando se presente la autoliquidación dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo voluntario para la presentación e ingreso. el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.7. al día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62. o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. siendo aquellos que se devengan con el inicio de dicho periodo. cuando se presente la autoliquidación después de los 12 meses siguientes a la finalización del plazo voluntario para la presentación e ingreso.
Los recargos del periodo ejecutivo son tres.
En ninguno de estos tres casos serán exigibles ni intereses de demora ni sanciones. Es del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el artículo 62.
. El artículo 161 de la Ley establece como momento del inicio del periodo ejecutivo el siguiente:
En el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria.
Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes.) no es el perseguido por el legislador cuando define el presupuesto de hecho que va a constituir el hecho imponible como medidor de la capacidad económica del obligado tributario. si éste no fuera hábil. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes. "las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado
. hasta el inmediato hábil siguiente. La extinción de la deuda tributaria
De acuerdo con lo establecido por el artículo 59 de la LGT. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes. desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o. si no se dispone otro plazo en su normativa específica. por prescripción. hasta el inmediato hábil siguiente. si éste no fuera hábil. e) Las deudas que se exijan en periodo ejecutivo.8. El fraccionamiento supone un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos y que necesariamente va a obligar a realizar pagos parciales. hasta el inmediato hábil siguiente. Esta materia se encuentra regulada en el artículo 65 de la LGT. b) Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración se ingresarán de acuerdo con la fecha en que se produzca la notificación.. c) El pago en periodo voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse en el periodo comprendido entre el día 1 de septiembre y el 20 de noviembre o.. Plazos para el pago de la deuda tributaria Distinguiremos los diferentes supuestos que contempla el artículo 62 de la LGT: a) Deberán abonarse en el plazo contemplado en su propia normativa las deudas resultantes de autoliquidaciones.
Aplazamiento y fraccionamiento Aunque generalmente se alude a ambas figuras de forma conjunta. y una vez notificada la providencia de apremio. si éste no fuera hábil. a diferencia del aplazamiento. La Administración Tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que dicho plazo no sea inferior a dos meses. si éste no fuera hábil. desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o. si éste no fuera hábil.1 El pago
Nos encontramos con el modo más lógico de extinción de la deuda tributaria. De acuerdo con el mismo. resulta evidente que cualquier otro modo de extinción (condonación. deberán ingresarse en los siguientes plazos:
Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes. por compensación y por condonación. Si la obligación tributaria principal es el pago de la cuota. pero referido al importe total de la deuda. el cual supone un diferimiento en el momento del pago. desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o. hasta el inmediato hábil siguiente.
8. prescripción. hasta el inmediato hábil siguiente. desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o. d) Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible. son diferentes la una de la otra. las deudas tributarias podrán extinguirse de las siguientes formas: mediante el pago.
tributario. La LGT regula exhaustivamente la necesidad de aportar garantía para la concesión de fraccionamiento o aplazamiento en el pago de la deuda tributaria. las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. cuando su situación económico-financiera le impida. la notificación de inicio de actuaciones debe practicarse antes del 1 de julio de 2008. Si la Inspección decide iniciar actuaciones de comprobación e investigación de su situación tributaria.2 La prescripción
La prescripción de la obligación tributaria se regula en los artículos 66 a 70 de la LGT.
8. entidades locales y demás entidades de derecho público. Si la deuda está en vía ejecutiva.
EJEMPLO Supongamos que el señor X presenta autoliquidación por IRPF del ejercicio 2003 en el plazo reglamentario para ello. desde el día siguiente a la finalización del plazo voluntario de ingreso de la deuda resultante del acta. Compensación de oficio Serán compensables de oficio las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo.
8. plazo que comenzará a computarse desde el 21 de julio de 2007. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. de forma transitoria. el procedimiento no se suspende. Los efectos de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento son los siguientes:
Si la deuda está en periodo voluntario de pago. las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. si bien se podrán paralizar las actuaciones tendentes a la enajenación de los bienes embargados. Si la Inspección incoa actas de las que se deriva liquidación que se notifica al señor X el 15 de junio de 2007. estableciéndose que prescriben a los cuatro años:
El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.3 La compensación
La LGT admite la posibilidad de que las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. la Dependencia de Recaudación tendrá un plazo de cuatro años para exigir el pago de la deuda. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos antes citados conforme a las reglas establecidas en el artículo 67 de la LGT. ya sea ésta de oficio o a instancia del obligado tributario. También es posible la compensación de oficio de las deudas que tengan con el Estado comunidades autónomas. fecha en la que se cumplen los cuatro años contemplados en el artículo 66 a) de la LGT. La presentación
. la consecuencia es que no se iniciará el periodo ejecutivo. es decir. efectuar el pago en los plazos establecidos". Compensación a instancia del obligado tributario El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en periodo voluntario de pago como en periodo ejecutivo. La posibilidad de compensar de oficio deudas en periodo voluntario estará condicionada a la concurrencia de determinadas circunstancias.
Del citado artículo se desprende:
Lo que se declara incobrable es el crédito. De aquí que la obligación tributaria no pueda extinguirse por esta causa. La aplicación de los tributos. de la indisponibilidad por parte de la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. la Administración deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria
. los cuales se deberán ejercer separadamente de las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que pudieran interponerse contra los actos dictados en los procedimientos citados. de los obligados tributarios se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. Todas estas funciones están regidas por una serie de principios a los que la Ley 58/2003 dedica su Capítulo I del Título III. inspección y recaudación. total o parcial. De conformidad con el artículo 85. la necesidad de condonar la deuda tributaria puede venir impuesta por exigencias insoslayables de justicia. La declaración como incobrable de un crédito tributario puede ser total o parcial. la competencia territorial en la aplicación de los tributos que se atribuirá al órgano que determine la Administración Tributaria. la imposibilidad de la prestación como modo de extinción de la obligación no es aplicable a las obligaciones genéricas.
8. no a la persona o entidad obligada al pago. total o parcial. la necesaria separación de las funciones de gestión de las de revisión de actos en vía económico-administrativa. Por otro.2 Principios relativos a la información y asistencia a los obligados tributarios
Se recogen en los artículos 85 a 91 de la LGT. siendo los siguientes: a) Deber de información y asistencia a los obligados tributarios.
9. en su caso. tres procedimientos: gestión. Sin embargo. mediante la declaración del crédito como incobrable.5 Insolvencia del deudor
Como es sabido. en casos excepcionales. mediante disposición que deberá ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente. en desarrollo de sus facultades de organización.
9.de una solicitud de compensación en periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito ofrecido.
8. Principios generales
La aplicación de los tributos comprende.4 La condonación
9. si bien ello no obsta para que se produzca el devengo del interés de demora que pueda proceder. de manera principal. este modo de extinción de las obligaciones está reñido con el principio. al menos tal y como ésta aparece regulada en el Código Civil. en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 173 de esta ley". básico en nuestra materia. La declaración como incobrable de un crédito implica que se declaren fallidos a todos y cada uno de los obligados al pago. hasta la fecha de reconocimiento del crédito. El artículo 76 de la LGT dice que "las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada.1 Principios relativos a los procedimientos tributarios
Hacen referencia a dos aspectos: Por un lado.
Para que este derecho pueda ser ejercitado. así como de la doctrina administrativa de mayor trascendencia. sin que la ausencia de contestación en dicho plazo suponga la aceptación de la posible valoración que el interesado hubiera podido proponer en su escrito. uno de los más importantes es el de las consultas tributarias escritas. "Los obligados tributarios podrán solicitar a la Administración Tributaria la valoración a efectos fiscales de rentas. recurso o reclamación iniciado con anterioridad y aquellas en las que se modifique la legislación aplicable o exista un pronunciamiento judicial que afecte al caso. Comunicaciones y actuaciones de información efectuadas por los servicios destinados a tal efecto en los órganos de la Administración Tributaria. a través de los siguientes medios:
Publicación de textos actualizados de las normas tributarias. bienes. La ausencia de respuesta supone la aceptación de la valoración propuesta por el obligado tributario. Este mandato se viene cumpliendo a través de las consultas y resoluciones que se cuelgan de la página web de la AEAT. el Ministerio de Hacienda difundirá periódicamente las contestaciones a consultas y las resoluciones económico-administrativas que considere de mayor trascendencia y repercusión. debiendo responderse por parte de la Administración en el plazo de seis meses. Se excluyen del carácter vinculante las consultas que aun habiéndose realizado en plazo planteen cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento. Asistencia a los obligados en la realización de declaraciones. Dentro de los deberes de información. c) Información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Asimismo.
EJEMPLO El caso más frecuente de este tipo de actuaciones podría ser el borrador de declaración en el IRPF. teniendo efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos. debiendo presentarse por escrito antes de la realización del hecho imponible y en el plazo que establezca en la normativa propia de cada tributo. la cual podrá realizarse. Los obligados tributarios pueden solicitar una valoración previa de bienes inmuebles con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente autoliquidación o declaración. d) Acuerdos previos de valoración. El plazo para resolver. Actuaciones previas de valoración. autoliquidaciones y comunicaciones tributarias. Su desarrollo se recoge en el artículo 91. sin perjuicio de que con posterioridad se recurra la liquidación que se practique basada en la valoración realizada.
b) Consultas tributarias escritas. Las notas que las caracterizan son que deben formularse antes de la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos. entre otras formas. Tendrá efectos vinculantes durante un plazo de tres meses.información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones. deberá estar contemplado en la normativa propia de cada tributo. La valoración no podrá ser objeto de recurso. será de seis meses. la presentación de declaraciones o autoliquidaciones o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias. contados desde la notificación al interesado. Contestaciones a consultas escritas. cuyo desarrollo se recoge en los artículos 88 y 89. al no señalar ninguno la LGT. productos.
. gastos y demás elementos determinantes de la deuda tributaria". La Administración contestará por escrito en el plazo que fije la normativa propia de cada tributo.
asistencia en la realización de autoliquidaciones. la obtención de información por captación.
El deber de informar Los artículos 93 y 94 de la LGT regulan la obligación de proporcionar a la Administración Tributaria la información de las operaciones que con trascendencia tributaria hayan realizado con terceros. declaraciones y comunicaciones. etcétera. a campañas de información y difusión. La primera de ellas (obtención de información por suministro) es aquella que se obtiene como consecuencia de la obligación que con carácter general se impone a los obligados tributarios de suministrar información de sus operaciones con terceros a través de disposiciones reglamentarias. puede enmarcarse como un supuesto de colaboración social. simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
EJEMPLO Se incluye como obligación de facilitar información por suministro la obligación de comunicar las operaciones intracomunitarias con terceras personas (modelo 349). en la medida en que haga referencia a terceras personas.3 Principios relativos a la colaboración social
La colaboración social podrá extenderse. La segunda.
Bibliografía: Centro de estudios financieros
. hace referencia a requerimientos individuales que la Administración Tributaria efectúa a un obligado tributario por operaciones concretas.
EJEMPLO Nos encontramos con la posibilidad de colaboración externa en la presentación y gestión de declaraciones y comunicaciones en los artículos 67 del Reglamento del IRPF. 55 bis del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y 71. Este tipo de información a facilitar. esto es.5 la posibilidad de que los sujetos pasivos del impuesto soliciten acuerdos previos de valoración en relación con las cantidades destinadas a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.8 del Reglamento del IVA. entre otras materias. Esta obligación de informar a la Administración Tributaria abarca los dos tipos de modalidades existentes: información por suministro e información por captación.El Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé en su artículo 35.
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