Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/22623
Timestamp: 2020-01-29 21:00:33
Document Index: 72311528

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'Artículo 453', 'Artículo 468', 'Artículo 106', 'Artículo 117', 'Artículo 453', 'Artículo 453', 'Artículo 468', 'Artículo 518', 'Artículo 61']

HJ System - Decision: SENTENCIA 177/2011
SENTENCIA 177/2011, de 8 de noviembre
ECLI:ES:TC:2011:177
1. Por Sentencia de este Tribunal de fecha 28 de octubre de 2002 (STC 202/2002), se acordó estimar el recurso de amparo núm. 5777-2000, formulado por el Procurador de los Tribunales don Manuel Infante Sánchez, en nombre y representación de don Luis Antonio Martínez Plaza, contra los Autos del Tribunal Militar Territorial Cuarto de La Coruña de 8 de abril y de 10 de junio de 1999, así como contra la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2000. Por estimar la Sala que las normas aplicadas en las resoluciones impugnadas podían vulnerar los arts. 24.1, 106 y 117.5 de la Constitución, en aplicación del art. 55.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se acordó elevar al Pleno la cuestión de la posible vulneración de esos preceptos constitucionales por los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar.
2. La Sección Segunda del Pleno del Tribunal acordó tener por elevada la cuestión planteada por la Sala Segunda del Tribunal por providencia de 12 de noviembre de 2002. En la misma resolución se acordó dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, y al Fiscal General del Estado y al Gobierno por conducto del Ministerio de Justicia, al objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes.
3. El 26 de noviembre de 2002 se registró en este Tribunal el acuerdo de la Mesa del Senado de 15 de julio dando a esta Cámara por personada y ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
4. Con fecha 26 de noviembre de 2002 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 9 de julio comunicando la decisión de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones.
5. El 3 de diciembre de 2002 se registró en este Tribunal escrito del Abogado del Estado personándose en el proceso e instando la declaración de conformidad de los preceptos cuestionados a la Constitución. El Abogado del Estado alega que aunque la actuación administrativa está sometida a control judicial es difícil comprender que un defecto de uniformidad o de aseo en el ámbito de la disciplina castrense dé lugar a largas y costosas instancias procesales. Considera que la previsión del procedimiento contencioso-disciplinario militar preferente y sumario para el control judicial de las faltas leves permite cubrir suficientemente los intereses legítimos de los sancionados al tiempo que protege un desbordamiento de la propia finalidad del proceso en perjuicio de la disciplina castrense. Además, el Abogado del Estado alega que la respuesta favorable a la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados debe quedar condicionada a la efectiva comprobación del resultado de indefensión, lo que no se demostró en los hechos que motivaron el recurso de amparo previo a la cuestión de inconstitucionalidad porque el recurrente no promovió el procedimiento sumario previsto para este tipo de faltas. Según el Abogado del Estado, es difícil admitir quejas de indefensión cuando, por un lado, el cauce procesal oportuno no fue instado por el sancionado y, por otro lado, la jurisprudencia sobre la materia muestra la amplitud de los argumentos impugnatorios admitidos para las faltas leves en el procedimiento sumario. Para el Abogado del Estado la amplitud de argumentos impugnatorios reconocidos permite el enjuiciamiento pleno de las sanciones impuestas por faltas leves y representa una adecuada respuesta dada por la jurisdicción militar a la luz de la propia Constitución que satisface, al mismo tiempo, las exigencias ineludibles de la disciplina militar de evitar largas o indefinidas pendencias procesales sobre las sanciones de esta naturaleza. El Abogado del Estado considera que la eficaz y pronta solución de los recursos frente a sanciones por faltas leves lleva a la inaplicación del recurso contencioso-disciplinario ordinario. En sus alegaciones el Abogado del Estado señala que los preceptos cuestionados no conculcan los arts. 24.1 y 106 CE porque tienen acreditada una flexibilidad suficiente para satisfacer cualquier pretensión legítimamente imaginable y, además, dan contenido al art. 117.5 CE, que reconoce la especialidad de la jurisdicción militar. Para reforzar su argumentación el Abogado del Estado cita, entre otras, la Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1999, por ser muy ilustrativa de la flexibilidad de motivos impugnatorios que admite la jurisdicción militar en el recurso preferente y sumario. La cita que consta en las alegaciones dice que: “y si bien hay que admitir que en los planteamientos de este motivo se hace referencia a cuestiones de legalidad ordinaria, al tratar de la ‘manifiesta incompetencia’ del órgano sancionador o de la ‘nulidad de pleno derecho’ de la resolución adoptada, no es necesario concretar por suficientemente conocidas las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como de esta Sala que el uso del procedimiento preferente y sumario no excluye el examen de cuestiones de legalidad ordinaria cuando entre éstas y las posibles vulneraciones de la Constitución exigen un previo examen de aquéllas”. Y continúa la citada Sentencia del Tribunal Supremo con cita de otras en las que la Sala declaró que “cuando, como en el caso actual, se discute sobre la competencia sancionadora del órgano que impuso el castigo su inexistencia indicaría haberse infringido las garantías conferidas en el artículo 24.2 de la Constitución que aun referidas sustancialmente al proceso judicial, resultan también de aplicación, aunque sea con matizaciones, al derecho disciplinario en general y, con mayores razones, al derecho disciplinario militar en el que pueden adoptarse acuerdos que, en mayor o menor grado, afectan a derechos fundamentales”.
6. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 9 de diciembre de 2002 formuló alegaciones el Ministerio Fiscal interesando la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, tal como había adelantado en sus alegaciones al recurso de amparo que dio lugar a la STC 202/2002, de 28 de octubre. Recuerda el Ministerio Fiscal la doctrina de este Tribunal sobre el control judicial de la actividad administrativa que debe ser universal sin excepción, lo que hace jurídicamente imposible que una actuación de la Administración quede inmune a la revisión de los tribunales [SSTC 22/1982; 80/1983, 197/1988 y 18/1994, FJ 4 a) y el ATC 43/1984]. En cuanto a la comparación que la STC 18/1994 realizó en su FJ 4 b) de los apartados a) y b) del art. 468 de la Ley Orgánica procesal militar con el apartado c) del mismo precepto, que declaró inconstitucional, el Ministerio Fiscal señala que “la comparación no se efectuó por la Sentencia para afirmar la constitucionalidad en un caso [art. 468 b)] y la inconstitucionalidad en el otro [art. 468 c)], sino para argumentar que con relación en concreto al proceso especial preferente y sumario al que se hace referencia en el párrafo anterior a), no existen motivos objetiva y razonablemente atendibles en el plano constitucional, que justifiquen la diversidad de trato, al no permitir el actualmente declarado inconstitucional art. 468 c) el acceso al proceso contencioso-disciplinario preferente y sumario que sí permite el apartado b) del mismo precepto, ya que la STC 18/1994 declaró inconstitucional el apartado c) del art. 468 porque privaba de todo recurso contra la resolución sancionadora disciplinaria militar”.
7. Por providencia de 7 de noviembre de 2011 se señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
1. La cuestión de inconstitucionalidad objeto de este proceso se plantea en relación con los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, por posible vulneración de los arts. 24.1, 106.1 y 117.5 de la Constitución. De conformidad con lo dispuesto en el art. 55.2 LOTC la Sala acordó elevar al Pleno la cuestión de inconstitucionalidad.
2. Teniendo en cuenta las alegaciones del Abogado del Estado debemos realizar algunas precisiones sobre el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad con carácter previo a iniciar el enjuiciamiento de la conformidad constitucional de los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave” y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar.
3. Centrado el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad procede en primer lugar examinar la conformidad de los arts. 453.2, inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE. De acuerdo con la doctrina constitucional de este Tribunal, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión tiene como elemento esencial de su contenido el acceso a la justicia, “consistente en provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la decisión de un Juez (STC 19/1981). En este acceso, o entrada, funciona con toda su intensidad el principio pro actione que, sin embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, eventualmente puedan configurarse” (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5). Tal como dijimos en la STC 202/2002, de 28 de octubre, FJ 5, que otorgó el amparo y acordó elevar al Pleno del Tribunal la cuestión de inconstitucionalidad de los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE “prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondicionales, impida acceder al proceso los indicados derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial frente a la actuación administrativa (así, STC 149/2000, de 1 de junio, que cita las SSTC 197/1988, de 24 de octubre, 18/1994, de 20 de enero, 31/2000, de 3 de febrero)”.
4. Afirmada la vulneración del art. 24.1 CE por los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, en cuanto que impiden el control judicial de las sanciones impuesta por faltas leves en su aspecto más reducido de legalidad ordinaria, hemos de apreciar también la infracción del art. 106.1 CE. De acuerdo con la doctrina constitucional el art. 106.1 CE establece un “principio tan consustancial al Estado de Derecho como es el del sometimiento de la actuación de todos los poderes públicos al conjunto del Ordenamiento y la verificación de esa sujeción, en última instancia, por los órganos del Poder Judicial. Principio de fiscalización plena —sin inmunidad de poder— de la actuación administrativa (SSTC 66/1984, de 6 de junio, 238/1992, de 17 de diciembre, 148/1993, de 29 de abril, 78/1996, de 20 de mayo, y 235/1998, de 14 de diciembre) que, para el caso de la Administración Pública, ha encontrado formulación expresa y específica en el art. 106.1 de la Constitución” (STC 31/2000, de 3 de febrero, FJ 5).
5. Las vulneraciones de los arts. 24.1 y 106.1 CE por los arts. 453.2, en el inciso “por falta grave”, y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar, tienen como consecuencia la no conformidad de estos últimos con el art. 117.5 CE que establece la necesidad de adecuación de las especialidades de la jurisdicción militar a los principios constitucionales. Este Tribunal tiene declarado que el art. 117.5 CE. establece límites y exigencias muy estrictas a la Ley reguladora de la jurisdicción militar, que imponen al legislador una transformación radical de su configuración y alcance, para dejarla sometida a los principios constitucionales relativos a la independencia del órgano judicial y a las garantías sustanciales del proceso y de los derechos de defensa (SSTC 60/1991, de 14 de marzo, FJ 3, y 113/1995, de 6 de julio, FJ 7, entre otras).
Type and record number Cuestión interna de inconstitucionalidad 6188-2002
Date of the decision 08/11/2011
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con los arts. 453.2 y 468 b) de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar.
Derecho a la tutela judicial efectiva, control judicial de la actividad administrativa y especialidad de la jurisdicción militar: nulidad de los preceptos legales que impiden recurrir a través del procedimiento contencioso-disciplinario militar ordinario las sanciones disciplinarias por faltas leves.
Con motivo de la concesión del recurso de amparo resuelto por la STC 202/2002, de 28 de octubre de 2002, la Sala Segunda promovió cuestión interna de inconstitucionalidad porque la ley penal militar excluye del control judicial ordinario las sanciones impuestas por faltas leves.
Se anulan los preceptos cuestionados. Tales preceptos legales vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir la revisión jurisdiccional de las sanciones impuestas por infracciones leves. También vulneran el principio de control judicial de la actividad administrativa, ya que excluyen esas resoluciones administrativas cuando se esgrimen motivos de legalidad ordinaria, exclusión que no esta justificada por la especialidad de la jurisdicción militar
Que las sanciones impuestas por faltas leves no puedan ser recurridas por el cauce del procedimiento contencioso-disciplinario militar ordinario supone una vulneración de los arts. 24.1 y 106.1 CE carente de justificación constitucionalmente aceptable que choca, además, con el propósito del art. 117.5 CE [FJ 5].
La inadmisión del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario contra actos que resuelvan recursos por falta leve, configura un ámbito de actuación administrativa exenta de control judicial, lo que choca frontalmente con el principio que consagra el art. 106.1 CE de control judicial del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al ordenamiento jurídico [FJ 4].
El art. 106.1 CE establece un principio de fiscalización plena de la actuación administrativa tan consustancial al Estado de Derecho como es el del sometimiento de la actuación de todos los poderes públicos al conjunto del Ordenamiento y la verificación de esa sujeción, en última instancia, por los órganos del Poder Judicial [FJ 4].
La exclusión de control judicial de los motivos de legalidad ordinaria que surgieran a raíz de la imposición de sanciones leves en el ámbito disciplinario castrense choca frontalmente con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocida en el art. 24.1 CE [FJ 3].
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondicionales, impida acceder al proceso los derechos e intereses legítimos que la Constitución quiere que sean tutelados por los Jueces y Magistrados, prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el art. 106.1 de la Constitución cuando se trata del control judicial frente a la actuación administrativa (SSTC 149/2000, 202/2002) [FJ 3].
Una vez promovida la cuestión de inconstitucionalidad, el objeto y el tipo de control es en lo sustancial idéntico al del recurso de inconstitucionalidad ya que en los dos casos se trata de contrastar en abstracto el precepto legal con las normas que integran el llamado bloque de la constitucionalidad (SSTC 161/1997, 224/2006) [FJ 2].
Estando ante un proceso de control abstracto de la constitucionalidad de dos preceptos legales que regulan el objeto del recurso contencioso-disciplinario ordinario, no es admisible el argumento sobre la necesidad de que los mismos provoquen una indefensión real efectiva [FJ 2].
Artículo 453 expresión "por falta grave" (anula)
Artículo 468 apartado b) (anula)
Artículo 106.1, passim
Artículo 117.5, ff. 1, 2, 4, 5
Libro IV, parte primera, título I, f. 1
Libro IV, parte primera, título V, f. 3
Libro IV, parte primera, título III, capítulo I, f. 1
Libro IV, parte primera, títulos II a IV, f. 1
Artículo 453, f. 3
Artículo 453 expresión "por falta grave", passim
Artículo 468 apartado b), passim
Artículo 518, ff. 2 a 4
Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre. Régimen disciplinario de las fuerzas armadas
Artículo 61, ff. 1, 3, 4
Control judicial de la actividad administrativaControl judicial de la actividad administrativa, ff. 2 a 4
Cuestión interna de inconstitucionalidadCuestión interna de inconstitucionalidad, f. 2
Planteamiento de cuestión interna finalizado el procesoPlanteamiento de cuestión interna finalizado el proceso, ff. 1, 2
Faltas levesFaltas leves, ff. 2 a 5
Guardia civilGuardia civil, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Régimen disciplinario militarRégimen disciplinario militar, ff. 1, 2, 3, 4, 5