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Timestamp: 2018-02-24 16:27:07
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Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 79', 'artículo 1104', 'artículo 467', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 1137', 'artículo 1964', 'artículo 1902', 'artículo 1544', 'artículo 1711', 'artículo 1902', 'artículo 1258', 'artículo 1258', 'artículo 1902']

Carla Murillo Velázquez
1 Revista Chilena de Derecho Privado, Nº 12, pp [julio 2009] Julio 2009 ALGUNOS ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ABOGADOS EN DERECHO ESPAÑOL * María Carmen Crespo Mora * Re s u m e n Pese a que, durante mucho tiempo, los profesionales liberales gozaron de cierta inmunidad, recientemente existen abundantes sentencias en las que se declara la responsabilidad civil de los abogados, que demuestran que han dejado de ser intocables. Aunque son muchas las cuestiones analizadas en este artículo, destaca el estudio detallado de los daños que puede provocar el abogado negligente y, en concreto, el daño denominado por la doctrina como pérdida de la chance. Las páginas siguientes se dedican precisamente al estudio de esta compleja cuestión. Palabras clave: abogados, negligencia profesional, responsabilidad civil, daño, pérdida de la oportunidad. 101 Ab s t r a c t In spite of the long period of time in which liberal professionals were protected by certain immunity, recently there have been numerous judicial decisions, which allowing that lawyer s civil responsibility, evidence that lawyers are no longer untouchable. Although we mention many analytical aspects in this article, the detailed study of the damages that the negligent lawyer can provoke stands out in the analysis. More precisely, we focus * El presente trabajo constituye una síntesis de parte de la tesis doctoral titulada La responsabilidad del abogado en el Derecho civil, Navarra, Ed. Thomson-Civitas, 2005, que obtuvo el VII premio Francisco de Asís Sancho Rebullida, a la mejor tesis de Derecho Civil defendida en su curso académico en las universidades españolas. ** Licenciada y doctora en Derecho Privado, Social y Económico por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: y Artículo recibido el 11 de marzo de 2009 y aceptado el 7 de abril de 2009.
2 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº on the type of damage known as loss of a chance. The following pages are focused on the study of this complex matter. Key words: lawyers, professional negligence, liability, damage, loss of a chance. I. Estado actual de la cuestión Hasta no hace mucho tiempo todos los profesionales liberales eran admirados y venerados por los ciudadanos. Si tras someterse a una operación quirúrgica el paciente fallecía, siempre se acudía al destino o a la providencia para explicar este fatídico final. Los daños eran considerados castigos divinos, y ante esta situación, a los ciudadanos sólo les quedaba una alternativa posible: la resignación. Sin embargo, en los últimos tiempos, la actitud de los ciudadanos frente a los daños que sufren ha experimentado un importante cambio. La resignación de antaño ha dado paso a una búsqueda del culpable a quien demandar y exigir la reparación de los daños sufridos. Para conseguir este objetivo, se ha utilizado de forma indiscriminada la institución de la responsabilidad civil, olvidando, con ello, que la responsabilidad, lejos de ser la norma constituye la excepción, pues la misma no ha sido concebida como una vía ordinaria de satisfacción frente a cualquier revés de la vida 1. Así, pues, los profesionales liberales han pasado de ser intocables, a destinatarios de infinidad de demandas de responsabilidad civil. Sin em bargo, este proceso ha sido gradual. De hecho, en un principio, el men cionado fenómeno afectó tan solo a determinados profesionales; a los médicos primero y a los arquitectos, después. Pero durante décadas, los abogados continuaron gozando de la inexplicable inmunidad que les pro tegía 2. Prueba de ello es que, hasta 1995, no existe una sentencia del Tri bunal Supremo español que declare de forma expresa la responsabilidad civil de estos profesionales del Derecho 3. Evidentemente, la ausencia de sentencias al respecto, hasta esta 1 En palabras de Rafael Ál va r e z Vi g a r ay, La responsabilidad por daño moral, en Anuario de Derecho civil, vol. 19, Nº 1, Madrid, 1966, p. 104, son muchos los sufrimientos que las personas se causan unas a otras y que deben permanecer jurídicamente irrelevantes. 2 Recientemente, constatan esta realidad María Ángeles Pa r r a Lu c á n y Luis Fernando, Re g l e r o Ca m p o s, La responsabilidad civil de los profesionales del Derecho, en Luis Fernando Re g l e r o Ca m p o s (coord.), Tratado de responsabilidad civil, 4ª ed., Navarra, Ed. Thomson-Aranzadi, 2008, tomo ii, p El Tribunal Supremo español estima por primera vez una demanda de reclamación de daños interpuesta contra un abogado por su cliente, en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de En este caso, se declara la responsabilidad del abogado por
3 Julio 2009 fecha, no significa que, con anterioridad, los abogados hubieran sido siempre diligentes. Lo que realmente ocurría es que, cuando el cliente descubría que había sufrido la negligencia de su letrado, la compañía aseguradora de la responsabilidad civil del profesional se encargaba de arreglar la cuestión mediante un acuerdo económico que, al venir auspiciado por la aseguradora del abogado incumplidor, resultaba poco ventajoso para el cliente 4. La ausencia de sentencias estimatorias que se produce en un primer momento resulta, en cierto modo, inexplicable, pues los especiales conocimientos científico-jurídicos de los tribunales deberían facilitar la apreciación de los requisitos de la responsabilidad civil de los aboga dos. A fin de cuentas, a diferencia de lo que sucede con el resto de pro fesionales liberales, el análisis de la responsabilidad no exige recurrir a la ayuda de los peritos; es decir, el juez puede, por sí mismo, sin nece sidad de ayuda pericial, comprobar si se cumplen los requisitos de la responsabilidad. La explicación a esta situación de inmunidad probablemente haya de situarse en cierto corporativismo mal entendido (pues al cliente perjudicado no le resulta fácil encontrar a un abogado dispuesto a plantear la correspondiente acción de responsabilidad contra un colega), como en la condición de profano del cliente que contrata los servicios del letrado, lo que le impide descubrir que el daño que ha experimentado se debe al comportamiento negligente del profesional. De hecho, la jurisprudencia española está plagada de negligencias flagrantes y evidentes de los abogados, que, no obstante, pasaron inadvertidas para sus clientes. En palabras del profesor Mariano Yzquierdo Tolsada, si los clientes supieran por qué los abogados a veces pierden los pleitos tal vez habría tantas sentencias de responsabilidad civil de abogados como las hay de médicos 5. Además de las razones anteriores, la escasez de sentencias sobre el tema hasta hace unos años se explica igualmente por las dificultades que plantea 103 no instar en el Registro de la Propiedad la prórroga de la anotación preventiva de un embargo trabado sobre ciertas fincas; ello provoca la caducidad de la anotación practicada, permitiendo así a la contraparte (el dueño de las fincas) transmitir libremente los bienes a un tercero de buena fe, cuya adquisición inscrita en el Registro de la Propiedad resulta finalmente protegida. Con anterioridad, las demandas de responsabilidad civil del abogado fueron desestimadas por el Alto Tribunal (ello sucede, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1989, 5 de abril de 1990, 4 de febrero y 23 de diciembre de 1992 y 23 de octubre de 1995). 4 De hecho, según Antonio Al b a n é s Me m b r i llo, La responsabilidad civil del abogado: quantum indemnizatorio. Comentario a la STS de 28 de enero de 1998, en revista Otrosí. net, Madrid, mayo 1998, p. 7, tras estas negociaciones, los clientes del letrado obtenían como indemnización, a lo sumo, los gastos que les había ocasionado el proceso frustrado por su impericia. 5 Véase, Comentario a la STS de 10 de octubre de 1998, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Nº 50, Madrid, Civitas, abril-agosto 1999, marginal 1354, p. 542.
4 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº el propio EGAE (principal norma corporativa reguladora de la profesión), que obliga a todo abogado, antes de interponer cualquier tipo de acción contra un colega, a informar previamente de ello al colegio profesional y solicitar la oportuna mediación del decano 6. Por otra parte, el tipo de daños que se produce en estos casos muchas veces de carácter puramente económico justifica, en cierto modo, el que las negligencias de los abogados, ni llamen la atención de la opinión pública ni preocupen tanto a la doctrina como la impericia de otros profesionales. Pues bien, el cliente que descubre que los daños que ha sufrido derivan del incumplimiento del letrado y que encuentra a otro abogado dispuesto a interponer las acciones necesarias para exigir la reparación, todavía tendrá que probar los presupuestos de la responsabilidad civil para conseguir que este profesional resulte responsable civilmente. Como la obligación que normalmente compromete al jurista frente al cliente es de medios 7 y no de resultado, sólo podrá hablarse de responsabilidad si en el desarrollo de su cometido el letrado no desplegó la diligencia y habilidad técnica exigible al profesional de su condición, y ello tiene como consecuencia un daño o perjuicio para la persona que contrató sus servicios que, además, ha de encontrarse conectado causalmente a la actividad dañosa del profesional. Así, de acuerdo con las normas procesales españolas (concretamente, el artículo 217 Ley de Enjuiciamiento Civil) corresponderá al actor (en nuestro caso, el cliente) probar los hechos constitutivos de su pretensión: esto es, el incumplimiento del abogado, su falta de diligencia, el daño sufrido y 6 De esta forma, el artículo 79 del Estatuto General de la Abogacía Española (real decreto 658/2001, de 22 de junio) dispone expresamente: el abogado que reciba el encargo de promover actuaciones de cualquier clase contra otro sobre responsabilidades relacionadas con el ejercicio profesional, deberá informar al Decano del Colegio para que pueda realizar una labor de mediación, si la considera oportuna, aun cuando el incumplimiento de dicho deber no pueda ser disciplinariamente sancionado. 7 Véase, en tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2005, según la cual, el contrato de prestación de servicios (...) en el caso del abogado se concreta en llevar la dirección de un proceso, que es una actividad de medios, no de resultado, pues no se obliga a que tenga éxito la acción ejercitada sino a ejercitar ésta de conformidad con lo pactado y por las normas previstas reglamentariamente (...). Ello no impide, no obstante, que la realización de determinados actos procesales que impone la llevanza de un proceso en la vía jurisdiccional, puedan ser considerados concretos deberes de resultado (v.gr., redacción y presentación de la demanda o cualquier otro escrito o recurso). Así lo reconocen, Mariano Yzq u i e r d o To l s a d a, Responsabilidad civil del abogado, en La Universidad y las profesiones jurídicas (Deontología, función social y responsabilidad), ciclo de conferencias, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Consejo Social, 1998, p. 66, Adela Se r r a Ro d r í g u e z, La responsabilidad civil del abogado, Navarra, Ed. Aranzadi, 2001, p. 199 y Pa r r a Lu c á n y Re g l e r o Ca m p o s (n. 2), p. 826.
5 Julio 2009 la correspondiente relación de causalidad 8. Sin embargo, la acreditación del nexo causal así como la determinación del daño y la valoración del quantum indemnizatorio, son cuestiones que entrañan una gran dificultad probatoria. Tales dificultades disminuyen si lo comprometido es un resultado y no se produce (v.gr. el abogado no concluye un dictamen en el tiempo fijado), pues, en tal caso, corresponderá al profesional la prueba de que la inejecución es debida a una causa extraña a él no imputable. En definitiva, en la mayoría de las ocasiones recaerá sobre la parte más débil, el cliente, la carga de la prueba con todos los inconvenientes que ello conlleva. Por ello, precisamente, la doctrina afirma que la prueba de tales extremos puede llegar a convertirse en una prueba diabólica para el cliente y, en consecuencia, en otro obstáculo a la exigencia de responsabilidad de los profesionales del Derecho. En cualquier caso, pese al tímido reconocimiento de que fue objeto la responsabilidad de estos profesionales en un primer momento, la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo español constituye una prueba manifiesta de la superación de esta reticencia inicial, pues cada vez son más numerosas las sentencias que reconocen la responsabilidad de estos profesionales. Ahora bien, el dato que realmente nos permite pronosticar la segura consolidación del fenómeno en el ordenamiento español es el elevado número de sentencias dictadas últimamente por los tribunales inferiores, en especial por las diferentes audiencias provinciales. Todo ello ha llevado a algunos autores a afirmar en mi opinión, de forma un tanto desproporcionada, que se ha abierto la veda para la caza del abogado 9. Al incremento considerable de sentencias sobre el tema hay que sumar el cambio cualitativo que está experimentando la jurisprudencia. Así, aunque los primeros errores de abogados que llamaron la atención de los tribunales españoles fueron los relativos a incumplimientos de plazos previstos en las normas procesales 10, en los últimos tiempos el reconocimiento Por consiguiente, en los supuestos de responsabilidad por infracción de deberes profesionales no es de generalizada aplicación la inversión de la carga de la prueba (sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1992), por lo que, recaerá por supuesto en el cliente demandante la carga de probar, tanto la existencia de un daño indemnizable (...), como la falta de diligencia del letrado y, finalmente, el vínculo causal entre aquel menoscabo y el comportamiento negligente, contrario a los deberes profesionales (STS de 21 de junio de 2007). 9 Al b a n é s Me m b r i llo (n. 4), p La misma evolución jurisprudencial puede constatarse en el Derecho Comparado. Por ejemplo, Marie-Annick Pe a n o, Avocat, en Juris-Classeur civil, Nº 32, fasc. 330, arts à 1386, Quebec, s/a, p. 4, admite que, en la jurisprudencia francesa, muchas de las sentencias sobre responsabilidad de abogados derivan igualmente de la no interposición en plazo de una acción. Por lo que respecta al Derecho español, declaran la responsabilidad del letrado por dejar transcurrir plazos sustantivos o procesales, las siguientes sentencias:
6 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº de responsabilidad de los abogados deriva del incumplimiento de ciertos deberes accesorios que habitualmente acompañan a la prestación principal. En concreto, son ya numerosas las sentencias que declaran la responsabilidad del letrado por omitir información al cliente 11, por revelar el secreto confiado por él mismo 12 o por perder los documentos que le habían sido entregados al inicio de la relación contractual 13. Incluso, existen sentencias que hacen lo responsable de los daños que desencadena el irrazonable planteamiento técnico del asunto 14 ; ahora bien, en estos últimos casos, el abogado sólo es declarado responsable civilmente si ha incurrido en un error patente, indubitado e incontestable. En otras palabras, los tribunales sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996, 28 de enero, 25 de junio y 3 de octubre de 1998, 8, 14 y 28 de julio de 2003, 9 de julio de 2004 y 21 de junio de Un ejemplo paradigmático de la omisión del deber de informar lo constituye la importante sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de En este caso, como consecuencia del fallecimiento de un menor en una piscina municipal, se sigue causa penal que termina con auto de sobreseimiento. Tras el mencionado auto, el abogado que defendía los intereses de los padres del menor se limita a enviar una carta a sus clientes, notificándoles el sobreseimiento y aconsejándoles no recurrirlo, sin informarles acerca de las posibles acciones ante la vía civil. Cuando los padres se personan ante el abogado, ya había prescrito la correspondiente acción de daños y perjuicios. Pues bien, el Tribunal Supremo reconoce que el letrado no debió haberse limitado a aconsejar que no merecería la pena recurrir el auto de sobreseimiento de las referidas actuaciones penales, en cuanto que en buena técnica jurídica y en cumplimiento del deber de confianza que en él habían depositado sus clientes y a tenor de la diligencia correspondiente al buen padre de familia del artículo 1104 del CC, tendría que haber extendido el consejo a las posibilidades de defensa de una reclamación en el orden civil por culpa contractual o extracontractual, y a la conveniencia de mantener una entrevista inmediata con el matrimonio para explicarles con detalle el alcance y significado de tales posibilidades, proceder el así indicado que, indudablemente, se habría acomodado al correcto y normal cumplimiento de las obligaciones deontológicas inherentes al ejercicio de la abogacía rectamente entendida, y sin que sea factible exculpar el proceder enjuiciado por las circunstancias de que los clientes no hubieran solicitado al señor letrado les informase acerca de otras posibilidades de satisfacer sus pretensiones (...). Otras sentencias en las que puede observarse el incumplimiento de este importante deber accesorio son, por ejemplo, las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996, 25 de marzo de 1998, 14 de mayo de 1999, 8 de febrero de 2000 y 18 de febrero y 14 de diciembre de Pese a que la obligación de guardar secreto es uno de los deberes de mayor tradición y desarrollo legislativo en el ordenamiento jurídico español, existen muy pocas sentencias que declaren la responsabilidad de los abogados por el incumplimiento de este deber. Sobre el tema, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) de 13 de mayo de Sobre responsabilidad del abogado por la no devolución de la documentación entregada por el cliente, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de Se hace responder civilmente al letrado por desconocer la legislación o jurisprudencia aplicables al caso litigioso, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1998 y 8 de junio de 2000.
7 Julio 2009 españoles han pasado de valorar comportamientos u omisiones procesales que suponen un incumplimiento flagrante por parte del abogado, a enjuiciar hipótesis menos evidentes, pero constitutivas igualmente de inobservancia de la obligación. En cualquier caso, independientemente del motivo desencadenante de la responsabilidad del letrado, debe descartarse de manera categórica que pueda servir de indicio de su responsabilidad civil la simple pérdida del pleito incoado por aquél 15. Dicho de otra forma, aunque fracase el proceso, la responsabilidad civil del abogado sólo podrá afirmarse si concurren los requisitos de la misma; esto es, si el fracaso deriva de la defectuosa actuación o la omisión del jurista y ello provoca daños que se encuentran conectados causalmente a tal comportamiento. Lo contrario podría provocar el riesgo de extender de manera excesiva la responsabilidad de estos profesionales, pues, como en la mayoría de los procesos suele haber una pretensión que gana y otra que fracasa, potencialmente cabría imputar negligencia al cincuenta por ciento de los abogados (los que pierden), lo que resulta totalmente inadmisible. El incremento exponencial de jurisprudencia sobre el tema que se ha producido en los últimos años ha ido acompañado, paralelamente, de una mayor atención por parte del legislador español, proceso que culmina con la promulgación del Código Penal de En el mencionado cuerpo legal se tipifican como delitos conductas que tradicionalmente habían sido reprimidas sólo en el plano deontológico o, a lo sumo, en el civil. Sirva como ejemplo el apartado segundo del artículo 467 del CP, que atribuye consecuencias penales a la acción u omisión del letrado que perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. La amplia formulación del mencionado precepto ha sido criticada por un sector de la doctrina penalista, ya que es previsible que en la práctica se planteen problemas para diferenciar las acciones u omisiones del abogado reprimibles exclusivamente en el plano deontológico o el civil, de aquellas otras que merezcan sanción penal 16. Ante las facilidades que ofrece el Código Penal puede pronosticarse, pues, un incremento de la jurisprudencia sobre el tema en esta jurisdicción debido a que, a través de la vía penal, el cliente perjudicado puede alcanzar un doble objetivo: la obtención de una indemnización (la denominada responsabilidad civil derivada del delito ) y la correspondiente inhabilita De hecho, el Tribunal Supremo español ha reconocido expresamente, que el hecho de no haber tenido éxito judicial, no puede ser valorado como una presunción de culpabilidad (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1998, 8 de junio de 2000 y 30 de julio de 2007). 16 Manuel Can c i o Me l i á, Comentario al capítulo v i i CP. De la obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional: artículos 463, 465, 466 y 467, en Gonzalo Ro d r í g u e z Mo u r u l l o (dir.), Jorge Ba r r e i r o (coord.), Comentarios al Código penal, Madrid, Editorial Civitas, 1997, p
8 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº ción especial para el ejercicio de la profesión (sanción penal prevista para la comisión por parte de los abogados de los delitos de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional ), a la que algunos denominan, de manera ciertamente desproporcionada, la muerte civil del letrado. La anterior predicción se ha visto confirmada recientemente tanto por sentencias del Tribunal Supremo como de las diferentes audiencias provinciales, que sitúan bajo los amplios y difusos contornos del artículo del CP conductas que, hasta el momento, sólo habían provocado su responsabilidad civil: supuestos de preinscripción o caducidad de la acción que ha de interponer el profesional (STS sala de lo penal de 22 de mayo de 2002); la no personación ante la audiencia, a pesar de haber sido emplazado, dejando decaer la posibilidad de ejercer la acción penal y civil (SAP Castellón de 18 de noviembre de 2002); la retención de la documentación entregada para la realización de las gestiones encomendadas al abogado (SAP Vizcaya de 20 de diciembre de 2002); la inactividad del abogado en relación con la gestión encomendada (STS sala de lo penal de 5 de febrero de 2002, SAP Valencia de 1 de julio de 2002, SAP Castellón de 18 de julio de 2003 y SAP Toledo de 27 de diciembre de 2007), etcétera. En el ámbito legislativo, otro importante paso en este proceso de exigencia de responsabilidad a los profesionales del Derecho lo constituye la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, que trata de dar respuesta a los problemas de responsabilidad civil que surgen cuando el profesional liberal en general, y el abogado en particular, ejerce el oficio junto a otros profesionales en el seno de una sociedad profesional. Concretamente, la mencionada ley resuelve la cuestión de la responsabilidad civil en los despachos o bufetes de abogados que se constituyen como sociedades profesionales con la consiguiente inscripción en el Registro Mercantil. De esta forma, tras diferenciar la responsabilidad derivada de las deudas sociales (que sólo afectará a aquellos profesionales que reúnan la condición de socio y cuyo quantum dependerá del tipo de sociedad de que se trate), de la que desencadena la mala praxis, la ley (principalmente, el artículo 11) hace responsable del defectuoso, inexistente o inexacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, de forma solidaria, tanto a los profesionales socios o no que hayan actuado con independencia de la naturaleza del vínculo que les una a la sociedad profesional como a esta última Artículo 11: Responsabilidad patrimonial de la sociedad profesional y de los profe sionales. 1. De las deudas sociales responderá la sociedad con todo su patrimonio. La responsabilidad de los socios se determinará de conformidad con las reglas de la forma social adoptada. 2. No obstante, de las deudas sociales que se deriven de los actos profesionales propiamente dichos responderán solidariamente la sociedad y los profesionales, socios
9 Julio 2009 Ello supone, pues, que, cuando el profesional del Derecho desempeñe su labor en el seno de un despacho profesional, en caso de negligencia con con secuencias dañosas, el cliente podrá dirigirse indistintamente contra cualquiera de los sujetos implicados (esto es, contra el concreto profesional del que deriva tal actuación negligente, contra cualquier otro profesional que haya participado en el asunto v.gr., contra el director del equipo, o contra el despacho colectivo) o contra todos ellos a la vez, y exigirles por entero el pago de la indemnización. La consagración de un régimen de responsabilidad en términos tan generosos supone, no obstante, la legalización de una práctica jurisprudencial constante y reiterada aunque, todo sea dicho, contraria a la presunción legal de mancomunidad que rige en las obligaciones contractuales ex artículo 1137 del CC 18 de nuestro Alto Tribunal, que antes de la promulgación de la citada ley ya apreciaba repetidamente la responsabilidad solidaria en casos como estos 19. Por otra parte, la citada ley impone a las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional. En definitiva, son tantas las medidas previstas en la Ley de Sociedades Profesionales a favor de los clientes que solicitan y contratan los servicios prestados a través de sociedades de abogados, que puede afirmarse que, en la actualidad, estas sociedades suponen una mayor garantía para el cliente, que el tradicional profesional aislado y particular o, en otras palabras, que el modo clásico de ejercer la profesión. Como era de esperar, esta situación no ha dejado indiferentes a los colegios profesionales, que contemplan con lógico recelo este fenómeno que ya no tiene marcha atrás. Las citadas entidades encubren su malestar 109 o no, que hayan actuado, siéndoles de aplicación las reglas generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual que correspondan. 3. Las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en las que éstas puedan incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social. 18 El tenor literal del mencionado precepto dispone: la concurrencia de dos o más acreedores o dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente, las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria. 19 Entre otras muchas, declaran la responsabilidad solidaria de los profesionales participantes en el proceso de edificación las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1990, 21 de febrero de 2000, 18 de marzo de 2001, 13 de mayo de 2002, 27 de febrero de 2003, 10 de febrero y 29 de noviembre de 2004 y 24 de mayo de Las sentencias del Tribunal Supremo español de 12 de marzo y 4 de octubre de 2004, por su parte, declaran la responsabilidad solidaria del cirujano y del anestesista. En relación con los profesionales del Derecho, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2005 estima la responsabilidad solidaria del abogado y del procurador.
10 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº bajo una aparente preocupación por los clientes que, según los mismos, serán los verdaderos perjudicados por este proceso a largo plazo, pues argumentan los colegios profesionales, serán quienes asuman los costos adicionales que éste implica. Así, para proteger su ejercicio profesional, los abogados contratarán seguros cuyo costo terminarán repercutiendo a sus clientes, a través de sus minutas. La existencia de tales seguros tendrá, además, un doble efecto pernicioso: por un lado, desincentivará de alguna forma la diligencia debida por parte del profesional, que probablemente conduzca su actuación bajo la idea de que el seguro es el que paga. Por otro lado, se corre el riesgo de que los jueces que conocen estos asuntos traten de favorecer a la víctima, bajo la idea de que la compañía aseguradora es quien va a asumir finalmente la carga de la reparación. De igual forma, los colegios profesionales acusan a la responsabilidad profesional de ser paralizante para la actividad de los abogados, pues, debido a su amenaza, éstos procurarán no arriesgarse y defender úni camente pretensiones que presenten un alto porcentaje de prosperabi lidad. Sin embargo, esta crítica carece de fundamento por dos razones básicamente. En primer lugar, los defensores de esta idea parecen partir de la hipótesis de que la pérdida de un litigio constituye un indicio claro de la responsabilidad civil del abogado que lleva el asunto, afirmación que ha de descartarse por las razones expuestas anteriormente. En segundo lugar, si la pretensión que se presenta ante el letrado tiene escasas probabilidades de prosperar, para protegerse de futuras reclamaciones, lo único que tiene que hacer es informar de manera exhaustiva al cliente de los riesgos y las probabilidades de éxito. A mi juicio, la exigencia de responsabilidad civil, más que un lastre que paralice la actividad del abogado, contribuye firmemente a elevar el nivel del ejercicio profesional. II. La p r e s ta c i ó n d e servicios d e l l e t r a d o: naturaleza jurídica Puesto que en el ordenamiento jurídico español existen dos clases de responsabilidades que se encuentran reguladas por normas distintas la contractual y la extracontractual, se impone la tarea de determinar el concreto tipo de responsabilidad que entra en juego en estos casos 20. Aun- 20 Pese a que la práctica de nuestros tribunales se ha encargado de difuminar las diferencias subsistentes entre estos dos tipos de responsabilidades, la existencia de un diferente plazo de prescripción para su exigencia (de un año para la responsabilidad extracontractual, ex artículo del CC, y de quince para la contractual, ex artículo 1964 del CC) hace que la presente cuestión tenga importantes consecuencias jurídicas en la práctica. Para analizar con detenimiento las diferencias entre ambas responsabilidades, véase Santiago Cava n i l l a s
11 Julio 2009 que el ejercicio de la abogacía suscita numerosas hipótesis (entre otras, la prestación del abogado de oficio, los servicios jurídicos del abogado en el seno de un sindicato, de una empresa, etc.), frente al cliente o persona cuyos intereses defiende el letrado, la responsabilidad será generalmente de carácter contractual, al encontrarse ambas partes vinculadas por un contrato 21. Por ello, para poder afirmar el inexistente, inexacto o defectuoso cumplimiento del contrato desencadenante de la correspondiente responsabilidad contractual, habrá que calificar previamente la relación establecida entre ambos. Ahora bien, como los abogados pueden llegar a comprometer actividades de muy diversa índole, la definitiva calificación del vínculo contractual existente dependerá de la prestación principal que, en cada caso, se comprometa frente al cliente. Pues bien, por lo que se refiere a la actividad típica, no única, encomendada a los abogados (la defensa en vía jurisdiccional de determinados intereses particulares) la jurisprudencia española actual, sin excepciones, propone su inclusión dentro de los márgenes del arrendamiento de servicios, regulado en los artículos 1583 a 1587 del CC español 22. Sin embargo, tras un análisis de los preceptos que el Código Civil español dedica a este contrato, puede comprobarse que el citado régimen contractual adolece de importantes defectos y carencias. En primer lugar, el contrato de arrendamiento de servicios previsto en nuestro Código parece destinado únicamente a los servicios prestados en régimen de dependencia. Prueba de ello es el título de la sección en la que se enumeran los preceptos relativos a este arrendamiento ( Del servicio de criados y trabajadores asalariados ). Así, aunque en los últimos tiempos cada vez resulta más frecuente la prestación de servicios jurídicos por cuenta ajena 111 Mú g i c a, Isabel Ta p i a Fe r n á n d e z La concurrencia de responsabilidad contractual y extracontractual. Tratamiento sustantivo y procesal, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1992, pp y José María Mi q u e l Go n z á l e z, La responsabilidad contractual y extracontractual: distinción y consecuencias, en Responsabilidad Civil, Cuadernos de Derecho Judicial, Nº 19, Madrid, 1993, pp Evidentemente, si la pretensión indemnizatoria proviene de un tercero ajeno, la responsabilidad deberá considerarse de naturaleza extracontractual, aunque tal hipótesis es infrecuente en la práctica de nuestros tribunales. De hecho, hasta la fecha, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1989, es la única sentencia del Alto Tribunal que conoce una demanda de responsabilidad civil interpuesta por un tercero contra el abogado de la parte contraria. Concretamente, en este caso, un deudor demanda por la vía que ofrece el artículo 1902 del CC al abogado de su acreedor, por no haber evitado la continuación de un procedimiento ejecutivo. Tal pretensión es desestimada por faltar la antijuridicidad o ilicitud de la acción u omisión que se atribuye al letrado. 22 Se pronuncian en tales términos, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 12 y 30 de diciembre de 2003, 14 de julio de 2005, 11 y 23 de mayo de 2006 y 23 de marzo y 30 de julio de 2007.
12 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº mediante un contrato de trabajo 23, lo cierto es que el servicio prestado por los profesionales liberales es, por definición, independiente (en el sentido de que no se encuentra sometido a las directrices técnicas de un superior); por ello, precisamente, la actual normativa del arrendamiento de servicios no constituye un soporte adecuado para el trabajo independiente de estos profesionales. En segundo lugar, los preceptos del Código Civil español sobre el citado arrendamiento no mencionan de forma expresa a los profesionales liberales, circunstancia que no puede atribuirse al despiste del legislador, ya que en otros preceptos del Código Civil dichos profesionales son citados expresamente. A lo anterior hay que añadir una crítica de estilo: la redacción de estos preceptos (que se refieren constantemente a amos y criados ) choca frontalmente con la sensibilidad de nuestra época. Ahora bien, sin lugar a dudas, el mayor inconveniente que presenta la vigente regulación del contrato de arrendamiento de servicios es su extrema brevedad: casi todos los preceptos que nuestro Código Civil dedica a este contrato (tan sólo cinco artículos: del 1583 al 1587) han sido derogados tácitamente por la normativa laboral o por la Constitución española, de tal forma que la doctrina restringe la vigencia de esta sección a los artículos 1583 y 1587 del CC. Al igual que la doctrina, numerosas sentencias del Tribunal Supremo admiten que la mayoría de las normas reguladoras de este tipo contractual no se encuentran ya en vigor 24. En definitiva, el ámbito de aplicación de estos preceptos se ha ido reduciendo a medida que se ha ido consolidando el Derecho del Trabajo; a pesar de ello, los preceptos relativos a este contrato no han sido objeto de reforma ni de derogación expresa. De hecho, la esperada reforma de este contrato constituye una de las reivindicaciones legislativas más antiguas de la doctrina civilista española. Tal reivindicación, además, no tiene alcance meramente teórico, habida cuenta la creciente importancia en nuestra sociedad de las profesiones liberales, principales destinatarias de este tipo contractual. Puesto que la escueta y anticuada regulación del arrendamiento de servicios se muestra claramente insuficiente para organizar todo un régimen jurídico contractual, la doctrina española ha intentado reconstruir el exiguo régimen jurídico del citado arrendamiento, con normas distintas a las contenidas en los artículos 1583 a 1587 del CC. En concreto, se ha 23 Pese a que, durante un tiempo, fue muy cuestionada doctrinal y jurisprudencialmente la prestación de servicios profesionales en régimen laboral, en la actualidad resulta indudable que la prestación de servicios de los abogados que trabajan en los bufetes puede realizarse a través de un contrato de trabajo, si bien tal relación laboral será de carácter especial, como expresamente reconoce el real decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados. 24 En este sentido se pronuncian, entre muchas otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1998 y 23 de mayo de 2001.
13 Julio 2009 tratado de colmar las lagunas que presenta la regulación de este contrato a través de la normativa del mandato, el tipo contractual más próximo, pues tanto en el citado arrendamiento como en el mandato, el deudor se obliga a prestar un servicio (véase, en tal sentido, los artículos 1544 arrendamiento de servicios y 1709 mandato ). Ahora bien, aunque ambos tipos normativos partan de un supuesto de hecho semejante, existe entre ellos ciertas diferencias insalvables 25 que impiden la directa aplicación de la normativa del mandato, a los supuestos que tradicionalmente han sido considerados arrendamientos de servicios (por ejemplo, el contrato que regula la prestación de los profesionales liberales), como ha propuesto cierto sector de la doctrina civilista española 26. Ello no significa que haya de rechazarse de manera categórica la aplicación de las normas del mandato en estos casos; a mi juicio, debe preferirse su aplicación analógica que exige, como se sabe, la identidad de razón entre la concreta norma reguladora del mandato y el supuesto de hecho no regulado por la escueta normativa del arrendamiento de servicios. Concretamente, desde mi punto de vista, deberán descartarse aquellas normas del mandato que, por partir de una prestación gratuita de los servicios profesionales, tratan de favorecer al mandatario que actúa de manera gratuita y desinteresada, pues resultan incompatibles con las prestaciones de los profesionales liberales, habitualmente onerosas. Junto a las labores procesales, el letrado puede comprometer frente al cliente, como prestación principal, una labor extrajudicial. En tal caso, la gran variedad de actividades que puede asumir contractualmente le impide realizar una afirmación general sobre el contrato celebrado por las partes, por lo que la respuesta variará según lo que éstas hayan pretendido al contratar. De esta forma, si el cliente le solicita la elaboración de un dictamen sobre una cuestión jurídica controvertida o la redacción de cualquier otro documento (contratos, estatutos, etc.), la relación contractual deberá situarse bajo los márgenes del contrato de obra 27. Si, por el contrario, se compro La principal diferencia entre ambos regímenes contractuales es que, mientras el arrendamiento de servicios constituye un contrato esencialmente oneroso (artículo 1544 del CC), el contrato de mandato es naturalmente gratuito, esto es, se presume gratuito salvo prueba en contrario (artículo 1711 del CC). Ello explica que, determinados preceptos relativos al mandato (v.gr., artículos 1721, 1729, 1732 y 1736) traten de favorecer al mandatario, por presumir que éste desempeña su actividad sin recibir retribución alguna. 26 Principalmente, María Teresa Al o n s o Pé r e z, Los contratos de servicios de abogados, médicos y arquitectos, Barcelona, Editorial Bosch, 1997, p. 162 y ss.; María Dolores Ce rv i l l a Ga r z ó n, La prestación de servicios profesionales, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2001, p. 93 y Alma Ro d r í g u e z Guitián, La muerte del oferente como causa de extinción de la oferta contractual, Madrid, Editorial Civitas, 2003, p La jurisprudencia, unánimemente, considera que la elaboración de un dictamen constituye un arrendamiento de obra: sentencias del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1950, 28 de noviembre de 1984, 3 de octubre de 1998 y 23 de mayo de 2001.
14 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº 12 mete a la gestión de asuntos del cliente frente a terceros, no hay duda de que volveremos a estar en presencia de una obligación de medios. Más controvertido resulta, no obstante, la determinación del tipo contractual suscrito por las partes 28, etcétera. Ahora bien, cualquiera que sea el deber de prestación principal del abogado (actividad judicial o extrajudicial), la adecuada ejecución del mismo exigirá el cumplimiento de otros deberes accesorios 29. El problema es que, en la práctica, estas prestaciones no suelen encontrarse expresamente contempladas en el contrato de servicios concertado con el profesional. Al tratarse de deberes que no se encuentran de forma expresa previstos en el contrato, la doctrina española se ha cuestionado el carácter contractual o extracontractual del daño que experimenta el cliente como consecuencia de su contravención. Pues bien, hay que señalar que este interrogante recibe distintas respuestas en la doctrina y jurisprudencia españolas. En incontables sentencias, el Alto Tribunal español encaja en el marco del artículo 1902 (precepto regulador de la responsabilidad extracontractual) el incumplimiento de deberes que no habían sido estipulados previamente por las partes, pero que implican una violación de imperativos legales o profesionales, por no encontrarse Aunque hay autores que se decantan por la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios en estos casos (principalmente, Luis Ma r t í n e z Ca l c e r r a d a y Gó m e z, La responsabilidad civil profesional del abogado, en Luis Ma r t í n e z Ca l c e r r a d a y Gó m e z, La responsabilidad civil profesional de los teleinformáticos, auditores de cuentas, periodistas, arquitectosperitos, médicos-peritos y de los peritos judiciales en general. Especial estudio de la responsabilidad civil de los médicos, administradores, consejeros de las sociedades mercantiles y de los abogados, Madrid, Editorial Colex, 1991, p. 371, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1999 afirma la existencia de mandato en un supuesto de este tipo. 29 Los citados deberes se encuentran previstos únicamente en normas corporativas o deontológicas. Ante la ausencia de previsión legal al respecto, le ha correspondido al Tribunal Supremo español la enumeración de los principales deberes accesorios que se encuentran a cargo del abogado. Señala, al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2001: por consiguiente, también en otra versión podían desmenuzarse todos aquellos deberes o comportamientos que integran esa prestación o en las respectivas conductas a que pueda dar lugar o motivar el ejercicio de esa prestación medial en pos a la cual, se afirma la responsabilidad; ad exemplum: informar de pros y contras, riesgo del asunto o conveniencia o no del acceso judicial, costos, brevedad de la situación, probabilidad de éxito o fracaso, lealtad y honestidad en el desempeño del encargo, respeto y observancia escrupulosa de las leyes procesales, y cómo no, aplicación al problema de los indispensables conocimientos de la Ley y del Derecho. De igual forma, señala la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 1998 que a lo que está obligado el abogado es, pues, a prestar sus servicios profesionales con competencia y prontitud requeridas por las circunstancias de cada caso (artículo 1258 del CC). En esa competencia se incluye el conocimiento de la legislación y jurisprudencia aplicable al caso, y a su aplicación con criterios de razonabilidad si hubiese interpretaciones no unívocas.
15 Julio 2009 dentro de la órbita estricta de lo pactado 30. Sin embargo, la posición dominante en la doctrina es la contraria. Para la mayoría de nuestros autores, los deberes accesorios derivados de la buena fe o de los usos de los negocios son deberes contractuales, aunque no aparezcan reflejados en el contrato 31. Tal solución deriva del artículo 1258 del CC, según el cual, los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado sino, también, a todas aquellas consecuencias que, de acuerdo con su naturaleza, deriven de la buena fe, los usos y la ley. III. Daños específicos derivados de la actuación del abogado La responsabilidad civil del abogado está, pues, a la orden del día. Ahora bien, pese a que los interrogantes jurídicos que suscita la responsabilidad civil de estos profesionales son numerosos, actualmente la cuestión más controvertida en esta materia es, sin lugar a dudas, la determinación del daño indemnizable y el cálculo de su quantum indemnizatorio 32. Aunque en este ámbito han de aplicarse, en principio, las reglas generales del sistema por constituir la responsabilidad del abogado un mero apartado en la disciplina general de la responsabilidad civil, cuando se valora la responsabilidad de los abogados tales normas se muestran insuficientes. Esto es así porque, junto a daños fácilmente identificables y cuantificables como, por ejemplo, los gastos o costas del proceso que se perdió por culpa del abogado 33, el ejercicio de la abogacía puede desencadenar otros daños de carácter mucho más complejo y que no se producen en otros sectores de la responsabilidad civil. De hecho, la especialidad que puede llegar a revestir el daño derivado de la actuación u omisión del abogado es la Entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1983, 10 de mayo de 1984, 9 de enero de 1985 y 10 de junio de Apuestan claramente por la responsabilidad contractual en estos casos, entre otros muchos, Fernando Pa n ta l e ó n Pr i e to, Comentario al artículo 1902 CC, en Comentarios del Código civil, Madrid, Ministerio de Justicia-Editorial Civitas, 1993, tomo ii, p , Se r r a Ro d r í g u e z (n. 7), p. 159 y Luis Dí e z-pi c a z o, Derecho de daños, Madrid, Editorial Civitas, 2000, p En su reciente estudio, reconocen la complejidad que entrañan estas cuestiones Pa r r a Lu c á n y Re g l e r o Ca m p o s (n. 2), p Pese a que, en un principio, el Tribunal Supremo español negó la indemnización de los gastos procesales derivados del proceso frustrado por la defectuosa actuación u omisión del abogado (por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1995), actualmente son numerosas las sentencias que condenan al abogado responsable civilmente al pago de estos gastos y costas procesales: v.gr., sentencias del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 1996, 11 de noviembre de 1997, 25 de junio de 1998 y 18 de junio de 2004.
16 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº razón que justifica, precisamente, el estudio detallado de este elemento 34. Por el contrario, el resto de los elementos de la responsabilidad de estos profesionales no presentan peculiaridades especiales que justifiquen un análisis pormenorizado de los mismos. Llegados a este punto, he de advertir que, pese a que la actividad del letrado puede desarrollarse tanto en el ámbito judicial como en el extrajudicial, en esta exposición voy a centrarme en examinar únicamente ciertos daños que puede llegar a provocar su comportamiento negligente dentro del marco del proceso, por tratarse de la actividad típica encomendada a los abogados, y porque el incumplimiento de los plazos y normas procesales sigue siendo el principal comportamiento sobre el que giran la mayoría de las sentencias recaídas sobre el tema. Por tanto, el estudio de los daños se hace desde la perspectiva de los casos que se presentan con mayor frecuencia en la práctica judicial. Imaginemos, pues, que un profesional interpone la demanda o recurso de su cliente fuera de plazo. En supuestos como éste, en qué consiste el daño? Los daños que puede llegar a ocasionar la conducta descrita son muy variados. En primer lugar, en determinadas circunstancias, un estudio de la pretensión que ha resultado frustrada por la negligencia del letrado puede arrojar la conclusión de que, de no ser por la actuación del abogado, ésta habría prosperado, esto es, tras el estudio del caso, se puede llegar a afirmar que si hubiera sido diligente se habría obtenido una sentencia estimatoria con toda seguridad o con una probabilidad rayana en la certeza 35. En estos 34 No sólo en la materia que nos ocupa el daño desempeña un papel fundamental; de todos los requisitos de la responsabilidad civil, ha sido considerado el más importante, por ser el que pone en marcha el mecanismo de la responsabilidad civil y de la reparación. Elena Vi c e n t e Do m i n g o, El daño, en Luis Fernando Re g l e r o Ca m p o s (coord.), Tratado de responsabilidad civil, 4ª ed., Navarra, Editorial Thomson-Aranzadi, 2008, tomo i: Parte general, pp ; Mariano Yz q u i e r d o To l s a d a, Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, Madrid, Editorial Dykinson, 2001, p. 143, admite también que el daño es el elemento principal de la responsabilidad civil. Por su parte, en un caso de responsabilidad civil de letrados, afirma el Tribunal Supremo: no toda declaración de culpabilidad conlleva la de responsabilidad, pues para ello es preciso que pueda anudarse a la actuación negligente del agente un daño susceptible de ser reparado, en su caso, mediante la correspondiente indemnización, de tal forma que, si falta éste, no cabe imponer indemnización alguna (sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2007). 35 Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la sentencia de la audiencia provincial de Málaga de 25 de abril de Según la misma, en el caso que resuelve no estamos ante el albur del resultado siempre incierto de un litigio, sino ante un acuerdo de la actora con su empresa sobre su indemnización por despido, cuya improcedencia se había reconocido por la empresa en acto de conciliación, y que sólo precisaba para materializarse la oportuna demanda de la trabajadora, que se presentó extemporáneamente por culpa del error del abogado. Así pues, la segura prosperabilidad del litigio puede asegurarse en este caso, porque tan sólo se trataba de reclamar la cantidad aceptada en los acuerdos previos.
17 Julio 2009 casos no habrá duda, pues, de que ha privado a su cliente de la pretensión misma. En tales circunstancias existirá un auténtico daño emergente ( la privación de la pretensión ) y, en consecuencia, la indemnización de daños y perjuicios habrá de coincidir con el valor de la pretensión frustrada, en el caso de que ésta tenga contenido económico. Tratándose, por el contrario, de una pretensión de carácter extrapatrimonial (v.gr., reconocimiento de paternidad, acciones de separación y divorcio, etc.), la determinación de la indemnización derivada de la privación de la pretensión al cliente no resultará tan sencilla, suscitándose en este punto los mismos inconvenientes que plantea la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral. En el campo judicial, constituye un ejemplo claro de privación de la pretensión lo que determinados autores, utilizando una ingeniosa expresión, han denominado como pretensiones mellizas 36 : cuando la acción frustrada del cliente es idéntica a otras acciones que se enjuician de manera separada y que terminan siendo estimadas por los órganos de la jurisdicción. Imagínese el siguiente caso: en un proceso de expropiación que afecta a varias personas, todos impugnan en la vía administrativa el justiprecio fijado; sin embargo, por culpa del abogado, una de las reclamaciones no se presenta a tiempo mientras que el resto termina prosperando 37. En esta hipótesis la determinación del quantum indemnizatorio resultará fácil, pues la pretensión perdida tiene contenido económico: la indemnización deberá coincidir con el valor cuantitativo de la pretensión. No obstante, en un principio, los tribunales españoles se mostraron un poco reacios a conceder como indemnización el valor económico de la pretensión frustrada por culpa del abogado, aunque pudiera vaticinarse a priori o a posteriori la estimación indubitada de la misma. Esto sucedió, por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Supremo de 1996 (STS de 16 de diciembre de 1996), en que, pese a reconocer que las posibilidades de éxito de la demanda en reclamación de aquellos daños y perjuicios por la muerte del causante de los actores eran ciertas, el Tribunal Supremo niega que la indemnización pueda consistir en lo que los actores hubieran podido percibir como indemnización de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento. Es decir, la citada sentencia reconoce veladamente que la actuación del abogado ha provocado la privación de la pretensión, pero, a pesar de ello, no concede como indemnización el valor Utilizan tal calificación J. Go n zál ez-fe r r e r y J. Yb a r r a Ló p e z-gó m e z, La indefensión ocasionada por error del abogado, en Otrosí.net, Nº 37, Madrid, mayo 2002, pp En la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales también se pueden encontrar ejemplos de este tipo de pretensiones: v.gr., sentencia de la audiencia provincial de Cáceres de 7 de abril de 2000, en la que se admite que las posibilidades de éxito vienen avaladas por el hecho de que el resto de los compañeros despedidos confían la defensa a distintos profesionales y todos ellos obtienen resoluciones judiciales favorables.
18 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº de la misma 38. Sin embargo, sobre este extremo también puede observarse una evolución en la jurisprudencia del Alto Tribunal español, ya que, en sus sentencias más recientes, admite abiertamente que la cuantía de la indemnización puede llegar a coincidir con el valor económico de la pretensión reclamada y, finalmente, frustrada por la impericia del letrado 39. Ahora bien, hay que reconocer que, por regla general, la privación de la pretensión no constituirá un daño automático en los casos de responsabilidad civil del abogado, debido a su carácter hipotético o eventual 40. Ello es debido a que no siempre se puede asegurar que se ha perdido la pretensión. Cuando, por ejemplo, el abogado formaliza la demanda o recurso fuera del plazo previsto legalmente, en la mayoría de las ocasiones resultará imposible afirmar, sin lugar a dudas, el éxito de la acción no interpuesta o, lo que es lo mismo, la estimación de la pretensión judicial del cliente. Por tanto, normalmente, la privación de la pretensión será un daño que difícilmente pueda concurrir, ya que, para ello, el porcentaje de prosperabilidad de la pretensión fallida habrá de ser del cien por ciento. Desde el momento en que disminuya tal porcentaje, no se puede entender que la conducta del letrado provoque la privación de la pretensión que tiene o cree tener el cliente. Determinado el carácter hipotético de este daño, no será necesario realizar más averiguaciones para negar la indemnización del mismo, por faltar el elemento desencadenante de la responsabilidad 38 De igual forma, niega indirectamente que la cuantía de la indemnización pueda coincidir con la cuantía de la pretensión, pese a reconocer que el letrado ha hecho perder al cliente su pretensión, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2001 (sala de lo penal). 39 Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1995, 3 de octubre de 1998, 18 de febrero de 2005 y 30 de julio de De entre estas sentencias, merece ser destacada la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de En este caso, el abogado omite advertir al cliente sobre el plazo en el que ha de pagar el precio aplazado, provocando, por su impago en plazo, la resolución de la venta y la consiguiente pérdida del inmueble. Demostrada la inexistencia de conocimiento por parte del cliente, el abogado es condenado a pagarle una indemnización por el valor de mercado del piso, menos la actualización proporcional del precio aplazado. 40 Ponen de relieve el carácter eventual de este daño Ma r t í n e z Ca l c e r r a d a y Gó m e z (n. 28), p. 369, Rodrigo Be r c o v i t z Ro d r í g u e z-ca n o, Responsabilidad de abogados y procuradores, en Aranzadi Civil, Nº 3, Navarra, 1997, p. 20, Ángel V. Il l e s ca s Ru s, El daño moral estricto, en VV.AA., Valoración judicial de los daños y perjuicios, Madrid, Consejo General Poder Judicial, 1999, p. 255 y María Dolores Ce rv i l l a Ga r z ó n, Una nueva visión de la responsabilidad profesional del abogado, en Actualidad Civil, Nº 40, Madrid, semana del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2003, p Los tribunales españoles coinciden con la doctrina en este extremo. Así, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2001 y 12 de diciembre de 2003 afirman que, por regla general, el daño no equivale a la no obtención del resultado de la pretensión confiada o reclamación judicial (...) eventos de futuro (...) por su devenir aleatorio.
19 Julio 2009 civil. En tales casos, su deficiente actuación podrá originar, a lo sumo, la privación a los clientes de unas expectativas o esperanzas procesales; esto es, en la mayoría de las ocasiones de lo que realmente se priva a la víctima es de la oportunidad de conseguir una sentencia estimatoria y no de la sentencia estimatoria como tal. Pues bien, este perjuicio ha sido calificado por la doctrina con el galicismo pérdida de una chance 41, categoría general de daños en la que se incluyen todos aquellos casos en los que el agente dañante, con su actuación u omisión, ha interrumpido un proceso con el que la víctima tenía probabilidades de conseguir una ganancia o evitar una pérdida, por encontrarse en la situación idónea para ello. Aunque la doctrina francesa ha propuesto diferentes ejemplos de pérdida de la chance v.gr., el manuscrito que, contando con probabilidades de obtener un premio literario, no se imprime a tiempo por culpa del editor, el ejemplo más significativo de pérdida de una chance lo constituye, sin lugar a dudas, la hipótesis de la que partimos en la presente exposición: un procurador o abogado encargado de interponer una demanda o recurso, deja transcurrir los plazos previstos por la ley para ello 42. En los ejemplos anteriores, ya no podrá saberse si el escritor hubiese obtenido el premio literario o si el abogado, de haber sido diligente, hubiera ganado o no el pleito. En ninguno de ellos puede afirmarse rotundamente que se habría alcanzado el resultado perseguido, aunque no cabe duda de que la víctima se encontraba en la posición idónea para conseguirlo. Por ello, de lo que realmente se le priva es de las esperanzas; de la probabilidad de conseguir ese resultado favorable. Y privar de esa esperanza al sujeto implica un daño, aunque la valoración del mismo resulte, como luego se demostrará, sumamente complicada. El daño consiste en la pérdida de la oportunidad de conseguir un beneficio, no en la pérdida del beneficio como tal: en el caso que nos ocupa, en la pérdida definitiva de la posibilidad de que la pretensión sea estimada por los tribunales. Entonces, para que el daño por pérdida de oportunidad procesal resulte indemnizable, será necesario que reúna ciertos requisitos que han sido El empleo de este galicismo es debido a que la teoría de la perte d une chance es una creación de la doctrina y jurisprudencias francesas. No obstante, el perjuicio consistente en la pérdida de la chance no aparece reconocido por ningún texto legislativo específico en Derecho francés. 42 Henri Ma z e a u d - André Tu n c, Tratado teórico y práctico de responsabilidad civil delictual y contractual, traducción de la quinta edición por Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, , tomo i, vol. i, pp La pérdida de la oportunidad procesal, además de ser el ejemplo más significativo de pérdida de la chance, es el primer caso que se reconoce por los tribunales franceses. Así lo admite Yves Ch a r t i e r, La réparation du préjudice, Paris, Ed. Dalloz, 1996, p. 15: la plus traditionnelle, parce que la plus ancienne, est la perte d une chance attachée à un droit.
20 María Carmen Crespo Mora RChDP Nº apuntados y desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia españolas. La mejor doctrina apunta que su indemnización ha de ser otorgada con cautela y de forma restrictiva, pues, de lo contrario, podría llegar a convertirse en un daño resarcible en cualquier hipótesis de responsabilidad civil. De hecho, en un principio, la doctrina francesa, la más proclive a conceder indemnizaciones por esta causa, negó la reparación de la pérdida de la chance, precisamente por las innumerables dudas que este daño provocaba, pues, según algunos autores, las oportunidades perdidas no dejaban de ser simples castillos en el aire 43. Los requisitos que han de concurrir para que reúna certeza y, en consecuencia, resulte indemnizable son básicamente dos: en primer lugar, que el resultado sea definitivo, esto es, que la situación no pueda ser solucionada a través de ulteriores actuaciones procesales; en otras palabras: si el cliente sigue contando con remedios procesales contra la sentencia desestimatoria, no se le podrá hacer responder al letrado por la pérdida de la oportunidad de que la pretensión fuese estimada por los órganos de la jurisdicción, puesto que el cliente seguirá contando con tal oportunidad 44. Por tanto, la indemnización sólo resultará posible en los supuestos en los que la pretensión resulte desestimada de manera irrevocable y la sentencia goce de los efectos de la cosa juzgada. En segundo término, se requiere que, antes de la defectuosa actuación u omisión del abogado, existiera alguna 43 Pese a que, en un principio, la doctrina francesa discutió sobre si la pérdida de una oportunidad era o no merecedora de reparación, en la actualidad, es prácticamente unánime en afirmar que, a pesar de los inconvenientes existentes, la pérdida de la oportunidad es un daño susceptible de indemnización. En el Derecho alemán, por su parte, se niega el carácter de daño indemnizable de la pérdida de la oportunidad. El Derecho anglosajón se coloca en una posición intermedia. Por último, aunque la doctrina y jurisprudencia italianas se mostraron en un principio reacias a admitir la indemnizabilidad de la pérdida de la chance, a partir de los años ochenta se admite, aunque con muchas restricciones, el carácter resarcible de este daño. Para un análisis comparativo sobre la admisibilidad doctrinal y jurisprudencial de esta teoría en los diferentes países europeos, véase Christoph Mü l l e r, Schadenersatz für verlorene Chancen. Ei des Kolumbus oder Trojanisches Pferd?, in visitada el 10 de marzo de Precisamente por esta circunstancia se niega que el daño consista en la pérdida de la oportunidad en las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1989 y 18 de junio de En la primera de las sentencias citadas, se niega este daño al no producirse el resultado dañoso que el tan aludido demandante pretende deducir de situación de prescripción por falta de presentación de la demanda en tiempo, dado que esa prescripción no se ha producido, y en consecuencia se mantiene viva la posibilidad de ejercicio de la acción planteada. En el caso resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2004 no hubo tampoco daño por oportunidad procesal, puesto que, al haber sido apreciada la excepción de falta de legitimación activa por la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, al no entrar ésta en el fondo del asunto, la comunidad de propietarios (demandante) podía formular de nuevo el recurso.
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