Source: https://es.scribd.com/document/49921834/Amaro-Orostica-El-Estado-empresario-en-Chile
Timestamp: 2017-10-18 18:48:49
Document Index: 83141982

Matched Legal Cases: ['Artículo 79', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 582', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19']

Cargado por Herman Apablaza
que permita a todos los agentes económicos. promoción y control de él. en la mayor medida posible y en un marco subsidiario. tanto como la penalidad de las trasgresiones”3. dirigido a organizar y regular ese aspecto de la convivencia humana. y en especial la de FERNANDOIS. por cierto muy acorde a la de los redactores de la Constitución. p. como se verá más adelante. define al OPE como “la recta ordenación de los diferentes elementos sociales en su dimensión económica –públicos y privados. de la manera que esta última estime valiosa para la obtención de su mejor desempeño en la satisfacción de las necesidades materiales del hombre”. c) Tesis situacionales: Estas tesis apuntan la noción de orden como la definición principal de OPE. La conceptualización efectuada por CEA pretende ser neutral con respecto a este contenido. Arturo. tesis como esta apunta al contenido que el OPE supuestamente tendría. Editorial Jurídica. […][comprendiendo] el conjunto de principios. Santiago (1988). Así.que integran la comunidad. 158-159 FERNANDOIS. pues evidentemente CEA responde a una determinada forma de concebir la política. AVILÉS. lo cual.b) Tesis Materiales: su principal representante es José Luis CEA. Derecho Constitucional Económico: Garantías económicas. el primero define al OPE como “el adecuado modo de relación de todos los diversos elementos de naturaleza económica presentes en la sociedad. es que conciben sólo una determinada forma de orden como el orden que se ajusta a su definición. José Luis. pp. Encontramos dentro de las tesis situacionales las definiciones de los profesores Arturo FERNANDOIS y Víctor AVILÉS. Ediciones Universidad Católica de Chile (2001). por supuesto. Tomo I. 3 4 CEA. el disfrute de sus garantías constitucionales de naturaleza económica de forma tal de contribuir al bien común y a la plena realización de la persona humana”4. normas y medidas jurídicas. se ajustan a la concepción político-económica imperante en quienes detentaban el poder político y económico al momento de redactarse nuestra actual Constitución. y que. constituye un error. 58 3 . en tanto. en sus diversas jerarquías y especies. y para el caso particular además es falsa. El problema de estas tesis situacionales. doctrina y jurisprudencia. Como podemos ver. Tratado de la Constitución de 1980. quien define al OPE como “el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. incluyendo la dirección.
323-340. Renato y RUIZ-TAGLE. op. La República en Chile. sino en un sentido dinámico. la Iglesia buscó proponer fórmulas de ordenamiento social (entre lo que incluye. La he llamado “política-contingente” porque si bien también apela a una noción de orden. entre otros. encaminados a servir de marco de protección y aseguramiento de las garantías de naturaleza económica de los individuos consagradas en la Constitución”5. Quadragesimo Anno de PÍO XI (1933) y Mater et Magistra de JUAN XXIII (1961). 163 6 CRISTI. 7 SCHÜRMANN. Primera Edición. que niegan el valor de un concepto de OPE. p. Santiago (2006). y proponiendo a cambio una reconceptualización de las garantías económicas de los individuos en base a los principios constitucionales de libertad e igualdad. N° 13. petrificando una determinada concepción económica de un determinado momento histórico de una determinada elite. el principio de subsidiariedad surge como reflejo 5 PEREIRA. cit. 4 . reconoce este orden no en el sentido estático de aquellas. Esteban. destacando principalmente la Rerum Novarum de LEÓN XIII (1891). Facultad de Derecho Universidad de Chile (2008). aduciendo una serie de argumentos tendientes a desestimar el valor axiológico de dicho concepto. “Orden Público Económico: una propuesta de conceptualización” en Revista Derecho y Humanidades. encontramos autores como Pablo RUIZ-TAGLE6 y Miguel SCHÜRMANN7. quien define al OPE como “la ordenación ideológica conformada por un conjunto de principios y valores propios del grupo que detenta el poder en una comunidad y tiempo determinados. como las tesis situacionales. así como criticando algunas de las anteriores tesis mencionadas. LOM Ediciones. pp. por cierto. 3) Principio de subsidiariedad El Principio de Subsidiariedad encuentra su origen en una serie de encíclicas papales dentro del marco de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Mediante la Doctrina Social. En ese sentido.d) Tesis política-contingente: Es la que propone Esteban PEREIRA. la economía) alternativas a las propuestas del Liberalismo (excesiva centralización en el Individuo) y del Socialismo (excesivo intervencionismo estatal en diversas áreas del desenvolvimiento social). Pablo. pues esta ordenación ideológica irá variando según vaya cambiando el grupo que detente el poder en una comunidad e) Por último.
ante todo. Encíclica Papal Quadragesimo Anno. Santiago (1986). de la iniciativa privada de los individuos. podemos encontrar las siguientes nociones. siendo definida como “el principio de organización social. en base a este principio al Estado le corresponde un rol subsidiario con respecto a las actividades que lleven a cabo los particulares. restringiendo su acción. por otra parte. de acuerdo con el cual una estructura social más alta no debería interferir con un grupo social más bajo. también se afirma en la idea de que este cuerpo social. Carlos. pp.de esta alternativa. especialmente en cuanto a la relación Estado-particulares. Encíclica Papal Mater et Magistra. Sin embargo. sino más bien debería apoyarle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar con otros componentes sociales. 51-18 5 . formulado por Pío XI en la encíclica Quadragesimo Anno”9 Así. debiendo ayudarlos y complementarlos de ser necesario. el fundamento de este principio tiene dos dimensiones. Mater et Magistra establece lo que sigue: “hay que establecer que la economía debe ser obra. está fundamentada en el principio de la función subsidiaria. la subsidiariedad encuentra uno de sus pilares en la dignidad de la persona humana como base de la composición del cuerpo social y. más allá de la conceptualización que han hecho estas encíclicas. ha de ordenarse de modo tal de orientarse hacia el bien común de la sociedad en su integridad10. a juicio de Carlos MASSINI: por un lado. estimula. Ahora bien. Números 39/40. que fomenta. en su calidad de entidad orientada a lograr el bien común de la sociedad. a fin de garantizar. en base a la clasificación que hace Eduardo NIÑO: a) Abstencionista. […] La intervención 8 9 PÍO XI . […] Esta acción del Estado. con sus distintos componentes ordenados en distinta jerarquía. ordena. como es debido. Artículos 51 a 53 10 Esta idea la podemos encontrar explicada con mayor detalle en MASSINI. “reconoce al Estado una injerencia excepcionalísima en la actividad de los individuos o de los denominados cuerpos intermedios. se han forjado diversas formas de entender la subsidiariedad. En cuanto a la economía. una producción creciente que promueva el progreso social y redunde en beneficio de todos los ciudadanos. con el propósito de promover el bien común” 8. ya actúen estos por sí solos. […] es necesaria también la presencia activa del poder civil en esta materia. 1933. Artículo 79 JUAN XXIII . 1961. “Acerca del fundamento del Principio de Subsidiariedad” en Revista de Derecho Público. En ese sentido. ya se asocien entre sí de múltiples maneras para procurar sus intereses comunes. Por ende. suple y completa.
Por otro lado. Así. no la limita ni la prioriza. o de las demás organizaciones. simplemente la deja entregada a las exigencias del objetivo mayor de toda sociedad. 30 Ídem 13 Ídem 6 . podemos decir que se trata de un término que hace referencia a la actividad empresarial del 11 12 NIÑO. cual es el bien común”13 Algunos autores en nuestra doctrina proponen que el concepto de subsidiariedad se encuentra como un principio inmanente en nuestra Constitución. constituye una trampa argumentativa y.y no desde la capacidad del individuo. ante lo cual por supuesto que nuestro OPE no sería la excepción. lo que. se justifica desde el Estado mismo –desde su voluntad de cooperar. acogen la noción abstencionista del principio de subsidiariedad. y en ese sentido pretenden aplicarlo como un principio inmanente a la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución. “la actuación del Estado en ámbitos de competencia propios de entes sociales inferiores. Así. una forma de mantener forzadamente de una manera contramayoritaria y antidemocrática sus concepciones político-económicas independiente de quienes sean los que detenten el poder en un momento histórico dado. 4) Estado Empresario Para hacer un intento de conceptualización de la noción de “Estado Empresario”. p.. entendiendo que el principio de subsidiariedad implica necesariamente una función de ayuda entre los diversos componentes de la sociedad. conforme a las necesidades sociales de cada medio específico. esta postura “no radicaliza la justificación de una participación estatal.del Estado sólo se justifica y legitima en la medida que los particulares no sean capaces de realizar las funciones que le son propias”11 b) Intervencionista. que pretenden reducir el ámbito de acción económica del Estado a su mínima expresión. que entiende a la subsidiariedad como un mecanismo de división de competencias en la actuación de los distintos cuerpos sociales. como se verá más adelante. las posturas económicas neoliberales de los Chicago Boys. op. sobre todo. cit. para ejecutarlas satisfactoriamente”12 c) Una postura ecléctica entre la abstencionista y la intervencionista.
a lo largo de la historia político-constitucional de nuestro país esta noción ha tenido una evolución tanto teórica como fáctica. provocadas en gran parte por la industrialización del país”14. Asimismo se refuerzan las atribuciones del Poder Ejecutivo. y considerando además las nuevas fuerzas políticas que iban apareciendo y/o fortaleciéndose producto de ese proceso de democratización. Editorial Andrés Bello. 4. y enmarcada dentro del concepto del Estado Benefactor. se establecen derechos económicos y sociales inexistentes en la anterior Constitución. “los cambios que recoge la Constitución de 1925 son el reflejo de una creciente democratización y una actividad estatal. los grupos que detentaron el poder durante aquella época utilizaron al Estado como un medio de corregir y solucionar las distintas necesidades sociales que se planteaban en el seno de la comunidad. la que podemos definir como una de las actividades que efectúa el Estado interviniendo la economía. En esta Constitución. En ese sentido. En ese sentido. en contraposición a la realidad fáctica que ocurría durante el anterior “régimen parlamentario” que trajo el colapso de la Carta de 1833. así como se refuerzan los derechos civiles y políticos. mediante la cual directamente o a través de sus organismos efectúa relaciones comerciales poniendo a disposición de los particulares bienes y servicios que pueden ser o no ofrecidos simultáneamente por actores económicos privados. Santiago (1974). producto de los cambios sociales producto del sistema capitalista y sus crisis que se van asentando en el mundo entero. lo que será revisado a continuación. En ese sentido. Historia de Chile: El periodo parlamentario 1861-1925. p. así como para impulsar proyectos político-económicos de desarrollo para la Nación. 116 7 . en el marco de 14 HEISSE. Julio. dando paso a un proceso de mayor democratización y participatividad política de capas de la población que eran excluidas directa o indirectamente en la Constitución de 1833.1) Estado Empresario en la historia político-constitucional anterior a la Constitución de 1980 El origen de la actividad empresarial del Estado lo podemos encontrar durante el período en el que rigió la Constitución de 1925.Estado.
que su actividad empresarial se regía por una normativa diferente –y generalmente más favorable. dejando al particular en una posición en la que si bien no tenía prohibición alguna de emprender en dicho rubro no podía hacerlo en la práctica por contar con desventajas frente al Estado. sea fomentando la actividad privada mediante medidas como subsidios. cabe destacar que la Constitución de 1925 originalmente no contenía ninguna norma expresa respecto a la actividad empresarial del Estado. asistimos durante los Gobiernos Radicales a la creación. proceso que después con los sucesivos gobiernos de Ibáñez. y producto del miedo que les generaron las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la Unidad Popular en esta materia (así como en otras). Alessandri Rodríguez y Frei Montalva continuaría. Sin embargo. IANSA. con la ley Nº 16615 se modifica el numeral 10 del artículo 10 por el siguiente: “Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija. De esta forma. para el caso que nos convoca. un organismo estatal encargado de impulsar la actividad productiva del país. y que alcanzaría su máxima expresión con el gobierno de Salvador Allende. para otros con esta forma de actuar del Estado se creaba un sector estatal de la economía.aquella forma de concebir el rol del estado con orígenes en el la doctrina económica del Keynesianismo. de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). creándole a éstos una situación de desventaja comparativa en cuanto a las condiciones de competencia en el mercado. Luego del Golpe de Estado de 1973. o. los miembros integrantes de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (en 8 . Como fuere. en el segundo caso. creando o adquiriendo empresas estatales. Sin embargo. Mediante este sistema. en 1939. ENDESA. social o cultural del país”. durante esta época el Estado ejercía su actividad empresarial tanto mediante las empresas que creaba con la CORFO como a través de sus servicios públicos. bienes de producción u otros que declare de importancia preeminente para la vida económica. mientras que para los diversos grupos que obtuvieron el poder éste era un medio para promover el desarrollo de la Nación y la solución de los diversos problemas sociales que aquejaban a las clases menos favorecida. monopolizando determinados sectores.que la que regía a los privados. se crearon empresas como la ENAP. denominada “Estado de Bienestar” o “Estado Benefactor” De esta manera. lo que traía consigo. la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales. y otras empresas de relevancia económica para nuestro país.
cabe hacer notar la distinción entre las actividades “económicas” y las “empresariales”. Tomo I. En ese sentido. ejercita y desarrolla en nombre propio una actividad constitutiva de empresa. el artículo 19 Nº21 establece en su primer inciso el derecho de los particulares a desarrollar cualquier actividad económica. es entonces el ejercicio profesional de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el mercado de bienes o servicios. Tal como se vio al inicio de este trabajo. tanto actuando en forma unipersonal o asociada”15. distinguiéndose del concepto de ‘Empresario’. en sentido jurídico. op.2) Estado Empresario en la Constitución de 1980. quien es “una persona física o jurídica que. adquiriendo el carácter de titular de las obligaciones y de los derechos nacidos de esa actividad”17. así como proteger el derecho de los particulares a desarrollar actividades económicas. y el ámbito de protección de 15 16 FERNANDOIS. 5ª Edición. entre “actividad económica” y “actividad empresarial” hay una relación de género a especie. p. tenemos también la opinión de Ricardo SANDOVAL. para quien “[L]a empresa. 67 SANDOVAL. mientras que en el inciso siguiente se establecen las condiciones en las cuales el Estado podrá desarrollar actividades empresariales. mientras que la carta pretende asegurar la actividad económica de la persona.adelante “CENC”) decidieron implantar una nueva regulación constitucional a la actividad empresarial del Estado. Editorial Jurídica de Chile. 9 . los comisionados evitaron la expresión actividad empresarial al formular el derecho. En ese sentido. Ricado. p. Manual de Derecho Comercial. como a la pequeña empresa poco menos que reducida a la actividad del empresario” 16. y siguiendo a NIÑO. 77 17 Ídem. Muy acertadamente observaron que la ‘empresa’ es un conjunto de individuos.. 4. Este concepto es suficientemente amplio para comprender tanto a la gran empresa desarrollada con poderosos medios instrumentales. Santiago (1999). si bien FERNANDOIS establece respecto a esto que “en la idea de fortalecer constitucionalmente el derecho de los individuos a emprender actividades comerciales. por sí o por medio de delegados. De esta forma. cit.
la norma respecto a los particulares resulta ser entonces bastante amplio. Rol 120-92. sino que estudiaremos brevemente algunas consideraciones en cuanto a la línea jurisprudencial que han seguido los tribunales En ese sentido. Como ejemplo de lo anterior. 139. No será motivo de este trabajo analizar los aspectos formales de este recurso. Sin embargo. N°2. relegando las potestades del Estado sólo a actividades “empresariales” en materia de actividades económicas en general. Centro de Estudios Constitucionales de Chile. p. la ley Nº 18971 de 1990 establece el Recurso de Amparo Económico. 4.3) Recurso de Amparo Económico. y también por ley de quórum calificado. 20 Las cursivas son mías. 19 Nº21. en Gaceta Jurídica Nº 186 (1995). un fallo acerca de un recurso de amparo económico19 enuncia que “El recurso de amparo especial establecido en el artículo único de la ley 18971 ha sido establecido para resguardar el orden público económico cuando el Estado y sus organismos entran a desarrollar. o participando en éstas”20. Su relación con el Estado Empresario. salvo excepciones legales justificadas. y sometida a legislación común aplicable a particulares. Corte de Apelaciones de Santiago. a las limitaciones impuestas al Estado empresario” 18. p. “El Recurso de Amparo Económico y su práctica jurisprudencial” en Estudios Constitucionales. se establecen los mecanismos por los cuales el Estado y sus organismos puede ejercer actividad empresarial: sólo con autorización de ley de quórum calificado. distó de ser pacífico en la jurisprudencia-. tal como enuncia Enrique NAVARRO. 104 19 Compañía Minera Santa Laura con Municipalidad de San Bernardo. 23/10/1995. diciendo su artículo único en su inciso primero que “Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19 número 21 de la Constitución Política de la República de Chile”. 10 . sin contar con una autorización legal especial. y en su inciso segundo “El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados”. actividades empresariales. Enrique. “durante los primeros cinco años de aplicación. Asimismo. esto es. Universidad de Talca (2007). a contar 18 NAVARRO. los tribunales tendieron a restringir la órbita de aplicación de esta acción exclusivamente al inciso 2º del art. como se verá a continuación. Sin perjuicio de que ambos incisos del artículo 19 Nº21 de la Constitución se encuentran amparados por el Recurso de Protección en virtud del artículo 20 –tema que.
OPE y principio de Subsidiariedad.. con ello podemos deducir que para la jurisprudencia no existe problemas en que el Estado o sus organismos lleven a cabo una actividad empresarial. De esa forma. en tanto cumpla con los requisitos formales que la Constitución y su respectiva ley le imponen. Una vez hecho este recorrido por los conceptos de Orden Público Económico. cit. 20/11/1998. respecto del Estado Empresario los conflictos jurídicos que originan las acciones para el amparo económico se basan en una trasgresión del art. exenta de trabas indebidas. se hace necesario hacer un análisis crítico de algunas posiciones que se han suscitado en la doctrina con respecto a la relación que existe entre estos tres conceptos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. y afectando en consecuencia ilegítimamente la iniciativa económica de los privados. como se verá a continuación. 5/12/1991. se asegura el derecho a desarrollar cualquier actividad económica dentro del plano empresarial”22. en el sentido de que los órganos del Estado sobrepasan sus competencias legales en cuanto a la actividad económica que pueden realizar. en Gaceta Jurídica Nº 222 (1998). 19 nº21 inciso segundo. Asociación Nacional de Prensa contra Metro SA. Chilexpress y Lan Chile contra Correos de Chile. 31/01/2000. 105 Corte Suprema 18/01/2005. Principio de Subsidiariedad. Corte Suprema. 5) Críticas a la noción prevaleciente del Estado Empresario. y Estado Empresario. Asociación Gremial de Impresores contra Correos de Chile. y específicamente. p. en Gaceta Jurídica Nº225 (1999). lo que resulta relevante a la hora de responder frente a determinadas visiones del rol del Estado. en Gaceta Jurídica Nº235. esto es. op. debido a que “lo que persigue la norma en cuestión es asegurar que la actividad empresarial que puedan llevar a cabo los particulares se desarrolle con libertad. 11 . confirmado por la Corte Suprema el 16/12/1998. Corte de Apelaciones de Santiago. 17/03/1999. realizando otras para las que no tienen competencia. mi crítica irá apuntada hacia quienes han señalado que el Principio de Subsidiariedad sería un principio inmanente en la Constitución. Tal como se consigna en algunos fallos23.de 1995 comienza a imponerse en la Corte Suprema la tesis de que esta acción “comprende también la protección del primer inciso [del art. Corte Suprema. Rol 3496-03 23 Asociación Gremial de Impresores contra Ejército de Chile. 19 Nº21]”21. en Gaceta Jurídica Nº 138 (1991). Corte Suprema. y que con respecto al OPE 21 22 NAVARRO.
De esta forma. 83 CEA. la noción de subsidiariedad que prima es la abstencionista. como primer argumento. En ese sentido. p. las normas constitucionales. por otra.. estén o no formalmente aludidos o desarrollados por la normatividad positiva”26. por una parte. en este caso. 163 26 Ibíd. siendo que no es así. p. p. por lo que sería fuente de derecho positivo y por ende justificación de las normas.y al Estado Empresario. Para enfocar mi crítica las haré desde los siguientes puntos de vista: i) descartaré la “inmanencia” del principio de subsidiariedad en la Constitución. Sin embargo. en ninguna parte de la Constitución se menciona el término “subsidiariedad” o alguno morfológica o semánticamente derivado. sino que simplemente como argumento de texto estas doctrinas se amparan en lo contenido en el inciso 3° del art. del estudio de las Actas de la CENC se puede deducir que el concepto de la subsidiariedad. Es importante consignar esto. cit. por lo que “el concepto material de la Constitución descansa en la admisión de tales principios inmanentes y obligatorios. nunca fue claramente conceptualizado (a pesar de algunos intentos 24 25 NIÑO. op cit. i) Respecto a este punto. si bien fue un término muy debatido. “el Estado y sus organismos sólo podrían realizar una determinada actividad empresarial cuando la misma no está siendo desarrollada por el sector privado o no ha habido manifestación seria de un interés en ello”24. pues si bien no necesariamente se desprende que por no mencionarse una palabra no exista dicho principio.. y iii) descartaré la supuesta relación entre este principio y el artículo 19 nº21. establece a continuación que este principio de subsidiariedad sería un principio inmanente establecido por la comunidad. CEA sostiene que “una sociedad libre y justa se sitúa necesariamente a distancia del colectivismo y del liberalismo. 1° que establece que “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines”. todo lo cual se encontraría contenido en la norma del artículo 19 nº21. al reconocer y aplicar como criterio axial la subsidiariedad”25.. 166 12 . no era necesariamente compartido en los mismos términos por todos los comisionados. ii) descartaré el principio de subsidiariedad como parte del OPE. ante estas y otras opiniones que defienden la misma postura. op.
por poner demasiado énfasis en el tratamiento de una materia. A un Estado que concibe el bien común como algo dinámico. Si bien el texto expreso y las normas de la Constitución dan. debe dársele la posibilidad de tener una proporción de creatividad y modificación necesaria para su desenvolvimiento. el resultado sea el que eleve a una categoría jurídica. 40ª de 14 de mayo de 1974. 223 13 . y por lo tanto. valores intangibles que. entre otras. cit. sin ir más lejos. lugar a muchas críticas. Por supuesto que dentro de la acción comunicativa que podamos entablar entre nosotros como miembros de la comunidad política podemos aceptar esta interpretación particular de la Constitución como una interpretación más de la misma.. han sido creadas dentro de la libertad y de las posibilidades de ser cambiados. más o menos definitiva. ver Actas oficiales de la Comisión Constituyente de las sesiones 37ª de 2 de mayo de 1974. del 11 de marzo de 1976. cuando no existe tal”29. con la Educación y la Salud)27. sin duda. p. op. p. concepciones políticas. en cierta manera. si se transforman estos valores y se les da una categoría definitiva y canonizada. 45ª de 13 de junio de 1974.. se corre el riesgo que el Poder que maneje esos valores ponga dificultades y obstáculos a una renovación que es posible que sea perfectamente constructiva”28 De esta forma. Entonces. etc. 38ª de 7 de mayo de 1974. 28 Actas oficiales de la Comisión Constituyente sesión N° 188. no se consideraba aplicable para todos los ámbitos constitucionales en materia de Derechos Fundamentales (como ocurrió. hago mías las palabras de SCHÜRMANN cuando afirma que “se debe aceptar como interpretación posible de la disposición constitucional el principio de subsidiariedad. por cierto. mas no que sea correcta En ese sentido. pero en ningún caso se puede aceptar el intento de estos autores de ver una consagración expresa de un principio. como subyacente a la disposición expresa del texto constitucional. 26 29 SCHÜRMANN. Alejandro SILVA BASCUÑÁN afirmó que “[se] teme que. resulta a lo menos curioso –y bastante sospechoso. y por último.que los mismos que pertenecen al sector político que detentó antidemocráticamente el poder y redactó nuestra actual carta magna postulen que el principio de subsidiariedad es un principio inmanente de nuestra Constitución. 39ª de 9 de mayo de 1974. y 188ª de 11 de marzo de 1976.por parte de Jaime GUZMÁN de aplicarlo para todo). Así. y las condiciones en las que fue redactada provocan serias dudas respecto 27 Al respecto. en principio inmutable. si nosotros entendemos (y esperamos) que en la Constitución de 1980 convergen (o debieran converger) diversas formas de pensamiento.
en el sentido de que podríamos considerar que efectivamente. fruto de un consenso. afirmar esto es reconocer que tanto el contenido como el orden del OPE pertenecen a una concepción neoliberal de la economía. En ese sentido. 165. En términos prácticos. la propuesta de OPE esgrimida por PEREIRA resulta aceptable desde un punto de vista democrático siempre y cuando las relaciones de poder que se den entre aquellos que lo detentan y el resto de la sociedad civil se produzca por medio de condiciones que permitan la democracia deliberativa dentro de la comunidad política. en tanto cambien los sujetos que se encuentren detentando el poder. sin perder la esperanza de poder reformularlo o renovarlo en algún momento en cuanto al texto constitucional mismo. tanto la tesis material de CEA como las situacionales (especialmente la de FERNANDOIS) darían pie para pensar que evidentemente el OPE tendría incorporado en sí el principio de subsidiariedad. de laa estructura social o del equilibrio de intereses sin que quede actualizada dicha transformación en el texto constitucional: el texto de la constitución permanece intacto” en LÖEWENSTEIN . de modo tal que quienes alcancen el poder lo 30 Así. Por lo tanto. además de que para la tesis de CEA la incorporación de esta concepción al OPE sería fruto de los “valores de la sociedad nacional”. dando pie a lo que en términos de LÖEWENSTEIN se denomina mutación constitucional30. con lo cual podemos darle otro enfoque al orden constitucional que nos rige como comunidad. el contenido del OPE debiera cambiar en función de las concepciones políticoeconómicas de estos grupos que detentan el poder. Editorial Ariel. y en ese sentido. consenso que como se ha dicho resulta muy dudoso de concebir bajo las condiciones en que se dictó la Constitución. Barcelona (1982). libre y democrático. al menos sus preceptos pueden ser continuamente reinterpretados por la comunidad política mediante un debate racional. es decir. p. se produce una transformación en la realidad de la configuración del poder político. ii) En ese sentido. la propuesta de PEREIRA para el OPE (si es que asumimos que éste en verdad existe) resulta reflejar de mejor forma lo que ocurre en la realidad del ejercicio del poder político.a su legitimidad. respecto a la relación entre el principio de subsidiariedad y el OPE. 14 . Teoría de la Constitución. al menos durante la década comprendida entre 1980 y 1990 el contenido del OPE sí sería el contenido neoliberal que veladamente le otorgan CEA y FERNANDOIS. Karl. para este autor. “En la mutación constitucional. especialmente en su versión abstencionista. con el fin de hacerlo más afín a las concepciones políticas contingentes de nuestra sociedad. por otro lado.
manifestándose. bajo esta concepción del OPE se le permite una mayor dinámica. En ese sentido. En ese sentido. b) Como 31 Estas ideas se encuentran desarrolladas con mayor detalle en RUIZ-TAGLE . tal como lo plantea RUIZ-TAGLE31. Sin embargo esto no es suficiente. criterio que. si hay un principio constitucional que sí se manifiesta en esta norma es el de la igualdad. realismo y. ha sido acogido por la jurisprudencia relativa al recurso de amparo económico. como se dijo anteriormente. en Revista de Derecho Público N°62. sobre todo. si acogiéramos la tesis del principio de subsidiariedad. como ya vimos. Pablo. estaríamos reconociendo que esta norma permitiría la actividad empresarial del Estado sólo en las áreas y sectores económicos en los que los particulares no puedan o no quieran desenvolverse. Del sólo análisis literal del artículo podemos deducir lo errada de esta postura: esta norma no establece un mandato de hacer para el Estado en los términos subsidiarios con los que se le quiere hacer ver (y su correspondiente mandato de no hacer en caso de que los privados se encuentren llevando a cabo dicha actividad económica). De esta forma. legitimidad democrática al contenido políticoeconómico del mismo. en tres dimensiones: a) Como una igualdad entre todas las personas (naturales y jurídicas. relacionándose en consecuencia con el artículo 19 nº22. por una parte. y por otra. proteger de mejor forma los derechos económicos de toda la ciudadanía. sino simplemente establece condiciones procedimentales y las bases regulatorias para que el Estado pueda llevar a cabo su actividad empresarial. así como una mayor facilidad para poder crear nuevas herramientas por parte de los diversos agentes económicos para buscar llevar a cabo el contenido del OPE y de esta manera.alcancen obteniendo la legitimidad democrática para ejercerlo. por una parte valgan los argumentos anteriormente esbozados. contribuir junto a los demás derechos y garantías de las personas a lograr que éstas logren su plena realización en la vida en sociedad. nacionales y extranjeras. pues de que el principio de subsidiariedad no sea un principio inmanente tanto en la Constitución como del OPE no se sigue necesariamente que no lo pueda ser de la norma contenida en este artículo. públicas y privadas) a desarrollar una actividad económica. y siempre respetando los derechos de las minorías. Facultad de Derecho Universidad de Chile (2000) 15 . iii) Para descartar la relación entre el artículo 19 Nº21 y el principio de subsidiariedad. con las limitaciones que en el mismo artículo se establecen. “Principios Constitucionales del Estado Empresario”.
debido a que este concepto es tan indeterminado que. Ese tema no es motivo de análisis de este trabajo (si bien estimo que existen serios problemas políticos en el sistema de representación parlamentaria que nos rige actualmente). lo que puede constituir una afectación a la garantía de un juicio racional.una igualdad entre las instituciones y organismos del Estado para que desarrollen o participen en actividades empresariales. En ese sentido. pero sin duda que es un tema que en la práctica ha de tenerse presente. Finalmente. lo mejor desde un punto de vista de la fundamentación racional de las sentencias es que éstas basaran sus razonamientos en los principios constitucionales de libertad e igualdad. antiguamente. apelando a una supuesta inmanencia de los mismos. respecto a este punto tenemos todo un sistema jurídico en base al DL 211 y a la jurisprudencia emanada de. implique que un determinado grupo político con determinadas concepciones políticas pretenda amarrar en la Constitución sus ideas. aún perdiendo el poder político y la representatividad ciudadana. y en esto concuerda con SCHÜRMANN. siempre que cumplan con los requisitos de la ley de quórum calificado y someterse a legislación común. y c) Tanto los particulares como el Estado y sus organismos quedan sometidos al mandato constitucional que impide la arbitrariedad de unos y otros. que en este caso se entiende expresado en el Parlamento32. 16 . considerando la existencia del sistema binominal. Se mencionó al Parlamento como un lugar de producción del consenso democrático debido a que idealmente así debiera ser en una democracia representativa. Así. utilizando los argumentos de quienes niegan la existencia de un OPE también es posible negar la inmanencia del principio de subsidiaridad en este artículo. no podemos concebir la actividad empresarial del Estado bajo principios tales que. no permite que las sentencias se encuentren realmente bien fundamentadas. y hoy en día el Tribunal de la Libre Competencia). siguiendo en esto a SCHÜRMANN. RUIZ-TAGLE propone que este concepto no sea utilizado por la jurisprudencia para fundamentar sus fallos. respecto a la jurisprudencia referente al recurso de amparo económico. que es la base de la libre competencia (por cierto. De esta manera se logra proteger tanto la actividad económica de los particulares como permitir y asegurar que la actividad empresarial que llevará a cabo el Estado se desarrolle de una forma no arbitraria y producto del consenso democrático de la sociedad. Por otro lado. las Honorables Comisiones Preventivas y Resolutivas. y especialmente en este último principio 32 Ante esto se podrá objetar la real representatividad del Congreso. ampliamente tratados en la doctrina y jurisprudencia constitucional tanto nacional como comparada.
el OPE no es un concepto normativo de nuestro ordenamiento constitucional. pues al no ser un elemento normativo sino político el tribunal actúa como activista a la hora de ejercer su actividad jurisdiccional (pues asume una postura política al acoger la noción de OPE –sea cual sea. qué hay entonces? i) Creo necesario hacer aquí una distinción entre la idea de la existencia de un OPE como elemento normativo en la Constitución.como fundamento). no puede decirse que sea un concepto inmanente en nuestra Constitución que venga a configurar una determinada forma de entender el ordenamiento jurídico respecto a la economía. sin perjuicio de que perfectamente se puede considerar una interpretación más del sistema constitucional. 17 . en el OPE y en el art. así como la serie de prácticas político-económicas llevada a cabo tanto por los distintos entes públicos destinados a ello como por los particulares que llevan a cabo sus actividades económicas. responde de mucha mejor forma al verdadero contenido normativoconstitucional que encierra el artículo 19 n°21 en sus dos incisos. De esto puede colegirse entonces que el OPE es una noción eminentemente política que. y todas estas definiciones responden a las respectivas visiones políticas que detentan sus respectivos autores. como ya se vio. en vez de apelar a un principio como el OPE del que no existe aún claridad ni acuerdo en la doctrina sobre si realmente existe y cuál es su contenido. y una idea política que se puede denominar “OPE”. cabe hacerse las siguientes preguntas: i) ¿Existe realmente un OPE? y ii) ¿Si es que hay uno. como pudimos apreciar anteriormente. 19 Nº21. por lo que es un error que sea invocado por la jurisprudencia como un argumento a los fallos. si bien tiene pretensiones de validez universal por parte de quienes plantean su existencia en los términos en los que lo conceptualizan. cuál sería su contenido (de tenerlo)? o ¿si no lo hay. lo que evidentemente atenta contra la función judicial que se espera de dichos órganos. 6) ¿Qué es entonces lo que hay en la Constitución? Ya que hemos descartado la existencia inmanente del principio de subsidiariedad en la Constitución.pues. múltiples definiciones se le ha dado a este concepto. En ese sentido. Por lo tanto.
45 34 Íbid. pertenecen al bloque constitucional de los Derechos Fundamentales. 23 y 24 del mismo artículo. el artículo 19 nº21 en su inciso primero viene a asegurar una garantía a las personas de que podrán desarrollar cualquier actividad económica. lo que por supuesto en cuanto a su redacción responde a las ideas políticas de quienes redactaron la Constitución. 582 y siguientes del Código Civil. De esta forma. a los atributos o facultades esenciales y a ciertos objetos especiales” 33. p. a su función social. De esta forma. si bien la Constitución no definió la propiedad (remitiéndose entonces a la definición del artículo 582 CC). 19 Nº21? Este numeral del artículo 19. 46 18 . Como consigna PEÑAILILLO. “[l]as reglas constitucionales se refieren al campo de aplicación. Los Bienes. las actividades económicas versan evidentemente sobre la transacción de bienes contenidos en el patrimonio de las personas. junto a los numerales 22. En ese sentido. podemos establecer a grandes rasgos que el ámbito de aplicación de la propiedad que se establece en la Constitución resulta ser más amplio que el que se encuentra consignado en el art. 33 PEÑAILILLO. En ese sentido. en el art. a su protección. mas. que se consolida con la descripción de los caracteres fundamentales que se reconocen al dominio y la protección que se le brinda. y en el caso de estos numerales en específico. pues “las alternativas económicas fundamentales que se adopten en un momento determinado en un país. Ahora bien. la actual Constitución se caracteriza por la hiperregulación de este derecho dentro del catálogo de garantías fundamentales en relación a los demás derechos. y se respalda (junto a otros) en el Nº26”34. como se ha dicho. como de economía libre o más dirigida. la Propiedad y otros derechos reales. por medio de la constante reinterpretación y debate político por las instancias correspondientes la forma de entender el texto puede ir mutando con el tiempo. p. Daniel. a lo relativo al Derecho de Propiedad –enmarcado dentro de los derechos económicos y sociales. entonces: ¿a qué responde el contenido del art. el artículo 19 nº21 junto a los otros ya mencionados “sientan las bases del régimen económico. Cuarta Edición (2006). 19 Nºs 21 a 25.ii) Si ya descartamos la existencia del OPE como elemento normativo de nuestro ordenamiento jurídico. Editorial Jurídica de Chile.
y últimamente ha sido utilizado en su versión abstencionista por los defensores del 35 Ibid. y en ese sentido la conceptualización de OPE postulada por PEREIRA da cuenta de lo que ocurre realmente en la praxis política de una comunidad determinada. sino también las normas contenidas tanto en el Código Civil. 7) Conclusiones i) El artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República establece el derecho de los particulares a desarrollar cualquier actividad económica. Asumiendo lo anteriormente dicho. lo que no obsta a que el OPE sea.son las que a su vez gradúan la apropiabilidad de bienes” 35. tanto las tesis materialistas (indirectamente) como las funcionales (directamente) sostienen que el contenido de este concepto se encuentra sustentado por el principio de subsidiariedad. ii) Respecto al OPE. así como las condiciones mediante los cuales el Estado puede llevar a cabo actividades empresariales. Sí existe un conjunto de normas tanto en derecho público como en derecho privado que regula las relaciones tanto de los individuos como del Estado en materia económica. por lo que entran a regir dentro de este ordenamiento económico no sólo las leyes denominadas “económicas” propiamente tal. ni menos que las normas constitucionales se encuentren contenido en él. como se ha repetido varias veces en este trabajo. La subsidiariedad como concepto tiene un origen doctrinal “pontificio”. Y en cuanto a su inciso segundo. está contenida una norma procedimental respecto a las condiciones en las que el Estado puede llevar a cabo actividad empresarial. La forma y oportunidad de aplicación de las mismas evidentemente responderá a la concepción político-económica de quienes en esos momentos detenten el poder. un concepto eminentemente político. mas no puede ser invocada como argumento a nivel normativo. el Código de Comercio. junto a tantos otros. queda claro entonces que en ningún caso podemos asumir que exista en un plano normativo el OPE. el que sería un principio inmanente en la Constitución. 14 19 . así como otras normas de derecho privado relativa a los derechos reales y personales. p.
Así. viii) Por último. vi) Tras el análisis efectuado. el art. 19 Nº21.. podemos descartar que el OPE sea un concepto normativo del ordenamiento constitucional. dentro del marco político-social del Estado Benefactor. mientras que a contar de ese año su línea cambió y pasó a abarcar también la garantía del derecho a la libre iniciativa económica. pues es un concepto eminentemente político. explicándose este artículo de mejor forma en base a los principios de libertad e igualdad constitucionales. y por ende susceptible de ser utilizado como fundamento en los fallos de la jurisprudencia constitucional. 19 Nº21 simplemente pertenece a todo un sistema normativo que dice relación con el Derecho de Propiedad. Por otra parte. Durante esta época el Estado hizo bastante uso de su actividad empresarial. lo cual fue considerado pernicioso para la búsqueda del bien común por quienes redactaron la Constitución de 1980 y los sectores políticos a los cuales representaban. la jurisprudencia ha tenido dos líneas históricos argumentativas en cuanto al ámbito de protección del recurso: antes de 1995 consideraba que este recurso sólo valía contra las actividades del Estado Empresario. cobró gran relevancia en nuestro ordenamiento político y constitucional durante el período de vigencia de la Constitución de 1925. es decir. podemos descartar tanto que la noción de que el principio de subsidiariedad es un principio inmanente en la Constitución. Respecto al Estado Empresario. y que se encuentra conformado tanto por normas de derecho público como de derecho privado. Al respecto. como que se encuentra contenido en el OPE nacional y que es la base para entender el art. la garantía contenida en el artículo 19 n° 21 de la Constitución se encuentra protegida por el Recurso de Amparo Económico. la jurisprudencia ha sido clara en considerar razones de forma. 20 . BIBLIOGRAFÍA. por lo que en la nueva carta magna buscarían poner un coto de acción a la actividad empresarial del Estado. incumplimiento de las normas constitucionales o legales de la respectiva empresa estatal.neoliberalismo como una justificación a la relación que debe existir entre el Estado y la sociedad civil iv) La noción y práctica política del Estado Empresario.
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