Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Inadmisible/Venezuela11.724.htm
Timestamp: 2018-06-25 03:55:33
Document Index: 60312733

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 6', 'in casu', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 196', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 60', 'artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 6']

Venezuela 11.724 - Inadmisible
INFORME N° 69/00
CASO 11.724
1. El 3 de febrero de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) recibió una denuncia de fecha 30 de enero de 1997, por la supuesta violación de derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención”) por parte de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela” o “el Estado”) en perjuicio del señor Braulio Jatar Alonso (en adelante “el peticionario”). El señor Braulio Jatar Alonso fue acusado penalmente por los delitos de concusión y suposición de validamiento con funcionario público en grado de tentativa, en razón de hechos ocurridos cuando ejercía como asesor ad honorem del Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados de Venezuela. El Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público condenó al señor Jatar Alonso bajo la condición de funcionario público, a la pena de tres años y seis meses de prisión por la comisión del delito de concusión y lo absolvió por el delito de suposición de validamiento con funcionario público en grado de tentativa. El señor Jatar presentó un recurso de apelación y el Tribunal dictó sentencia en la que redujo su condena a 3 años de prisión. Posteriormente el señor Jatar presentó un recurso de amparo que fue denegado y el 31 de enero de 1995 el Tribunal ordenó la ejecución de la pena y declaró al señor Jatar prófugo en el extranjero. El 29 de diciembre de 1998, el señor Jatar se dirigió a la Comisión comunicándole su entrega a las autoridades venezolanas como parte de un acuerdo con el Ministro de Justicia venezolano en el que se le otorgaría el indulto presidencial. El 30 de diciembre de 1998 se le otorgó el indulto presidencial con carácter humanitario.
2. En particular se denuncia la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales); 11 (Protección a la Honra y a la Dignidad); 24 (Igualdad ante la Ley); y 25 (Protección Judicial) en relación con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Braulio Jatar Alonso por parte del Estado venezolano. El peticionario presentó su denuncia el 3 de febrero de 1997. La Comisión dio inicio al trámite de la demanda el 18 de febrero de 1997.
3. El Estado presentó su escrito de contestación en el que alegó la inadmisibilidad de la demanda en virtud de los artículos 46(1)(b) de la Convención y 38(1) del Reglamento, por cuanto consideró que la denuncia se presentó extemporáneamente y que ninguno de los derechos denunciados como violados habían sido menoscabados por el Estado.
4. A partir del análisis de los requisitos de admisibilidad, la Comisión considera que la petición es inadmisible de conformidad con los artículos 47(a) de la Convención Americana y 37 de su Reglamento.
5. El 18 de febrero de 1997 la Comisión dio inicio a la tramitación del caso y efectuó una solicitud de información al Estado sobre los hechos alegados por el peticionario. El 18 de agosto de 1997, el Estado solicitó a la Comisión el otorgamiento de una prórroga en virtud del artículo 34(5) de su Reglamento (en adelante “el Reglamento”) y el 10 de septiembre de 1997 presentó su respuesta de fecha 5 de septiembre del mismo año, y alegó la inadmisibilidad de la denuncia en relación con los artículos 46(1)(b) de la Convención y 38(1) del Reglamento de la Comisión. La respuesta del Estado fue objeto de observaciones del peticionario y posteriormente se obtuvo información de ambas partes. La Comisión recibió las observaciones del peticionario así como información suplementaria en fechas 27 de septiembre de 1997; 23 de febrero, 8 de julio, 3 de agosto, 1º de diciembre y 17 de diciembre de 1998; 5 de febrero, 30 de abril, 9 de septiembre y 1º de noviembre de 1999; y 17 de octubre de 2000. El Estado presentó sus observaciones el 26 de enero, 21 de abril y 13 de octubre de 1998; 11 de marzo, 20 de septiembre y 23 de octubre de 1999; y 24 de agosto de 2000.
6. El 7 de septiembre de 2000, el señor Braulio Jatar presentó un escrito de 1º de septiembre del mismo año, por medio del cual le indica a la Comisión que ha iniciado un “procedimiento legal interno de revisión de la sentencia producida de forma ilegal y arbitraria por el eliminado Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público en la República de Venezuela” y solicitó “la suspensión del presente procedimiento, hasta tanto se decida sobre [su] nueva petición ante los nuevos tribunales penales de acuerdo al procedimiento establecido en el nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 463 y siguientes del referido texto legal”.
7. El peticionario alega que en el período comprendido entre 1989 y 1990 cuando ejercía como asesor ad honorem del Presidente de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados de Venezuela y como parte de su ejercicio de la profesión de abogado, asistió a una reunión privada en el Estado de Florida con un potencial cliente apellidado Lamaletto y acompañado por su socio, doctor Aurelio Fernández Cocheso. En dicha reunión se filmó un video, en el que supuestamente se discutía sobre el cobro de honorarios por parte del señores Jatar Alonso y Fernández Cocheso, en relación con los servicios requeridos por el posible cliente.
8. Sostiene el peticionario que, para su sorpresa, a su regreso a Venezuela se divulgó el contenido del video y se le imputaron acusaciones penales que son el resultado de la persecución por parte de “poderosos agentes políticos” que habían sido objeto de sus investigaciones durante su labor examinadora de denuncias por corrupción, con fundamento en su función de asesor ad honorem, lo cual provocó que consecuentemente se le juzgara en Venezuela por hechos ocurridos en el extranjero, bajo la condición de funcionario público y según la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público por varios delitos relacionados con la cosa pública, como lo es el delito de concusión.[1]
9. Alega que durante el proceso se dieron violaciones al debido proceso, lo que condujo a su condena sobre la base de una grabación efectuada sin su consentimiento en el extranjero y en el testimonio de dos partes interesadas en el resultado del juicio. Sostiene que se le violó el principio de igualdad de medios y el derecho a ser asistido por un defensor, y agrega que siente temor a estar en las cárceles venezolanas debido a las condiciones que las caracterizan.
10. El peticionario destaca que en la misma reunión que dio origen a la posterior acusación se encontraba el señor Fernández, quién también fungía como asesor ad honorem y señala que a éste no se le imputó cargo alguno ni se le procesó por los mismos delitos que se le siguieron al señor Jatar.[2]
11. En relación con lo anterior, denuncia que fue sometido a un juzgamiento sin las debidas garantías y ante un tribunal incompetente. Le fue atribuida la condición de funcionario público, la cual no ostentaba por ser un asesor ad honorem que no fue nombrado ni juramentado como funcionario público en ocasión alguna y a pesar de ello, fue juzgado por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público en un proceso que se caracterizó por la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales venezolanos, que carecen de un recurso sencillo y rápido “que ampare a las personas contra actos que violen sus derechos humanos y que permita restablecer el ejercicio de los mismos”. Además, se le impuso arbitrariamente el territorio venezolano para su juzgamiento cuando lo correcto era que se le investigara en los Estados Unidos porque allí acaecieron los hechos.
12. Alega el peticionario que el Estado le violó su derecho al honor y a la reputación por la descalificación moral de la que fue objeto y agrega que el Estado de Venezuela violó su derecho a la igualdad ante la ley, lo cual se refleja en que el peticionario fue el único procesado y condenado por los hechos denunciados.
13. El peticionario señala que su denuncia fue interpuesta dentro del plazo correspondiente y que se dirigió por primera vez a la Comisión el 31 de julio de 1996, ocasión en que su denuncia no fue tramitada por falta de requisitos para su tramitación. El 30 de enero de 1997 presentó una “ratificación, ampliación y complemento” de su petición inicial. Agrega que consta en el expediente que el 8 de enero de 1997 se dirigió a la Comisión y se manifestó sobre la “sorpresiva aparición de una decisión declaratoria de inadmisibilidad de la Corte Suprema de Justicia” a su solicitud de amparo “supuestamente producida el día 23 de mayo de 1996”.
14. Finalmente, sostiene el peticionario que la respuesta del Gobierno de Venezuela es “extemporánea aún otorgándose todas las prórrogas legales posibles” puesto que el Estado fue notificado el día 18 de febrero de 1997 y era el día 18 de agosto de 1997 la fecha límite para interponer la respuesta. Por lo anterior, solicita se declare en contumacia o rebeldía al Estado.
15. El Estado solicita que se declare la inadmisibilidad de la denuncia por presentación extemporánea, inexistencia de las violaciones alegadas, e inadecuación de la realidad a los hechos. Alega que la denuncia resulta inadmisible por haber sido sometida a la consideración de la Comisión con posterioridad al plazo de seis meses en que el denunciante fue notificado de la decisión definitiva por parte del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público que condenó al peticionario por la comisión del delito de concusión. Señala que no ha interferido ni obstaculizado al peticionario el acceso a los recursos de la jurisdicción internacional y que por el contrario el peticionario ha gozado de plena libertad para interponerlos y en el presente caso lo ha hecho en forma extemporánea.
16. El Estado afirma que el peticionario “ha sido juzgado mediante la tramitación de un proceso absolutamente regular y en resguardo a la garantía del debido proceso”, que se inició por “Noticia Críminis”, se dictó auto de proceder de conformidad con lo establecido en el Código de Enjuiciamiento Criminal y se dio trámite a las averiguaciones correspondientes a las que el peticionario asistió a brindar declaración voluntariamente.
17. Agrega que inicialmente se dictó auto de detención contra el peticionario por los delitos de concusión en grado de tentativa, utilización ilegítima de información y suposición de valimiento con funcionario en grado de tentativa, delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, en concordancia con el Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal; el peticionario apeló el auto de detención y el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público revocó el auto de detención por el delito de utilización de información reservada y lo confirmó en los demás extremos.
18. El Estado señala que se formularon los cargos por los delitos de concusión y suposición de valimiento de funcionario público y que el peticionario consignó escrito de contestación de los cargos en la audiencia pública del reo, que fue “diferida en distintas oportunidades […] debido a la inasistencia de la defensa del enjuiciado a dicho acto”. Añade que durante el trámite del proceso, la defensa del peticionario recusó formalmente al juez de la causa y el expediente se remitió a otro Juzgado que “dictó sentencia mediante la cual condenó al ciudadano Braulio Jatar, a cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión, como autor de los delitos de Concusión y Suposición de Valimiento con funcionario público”.
19. Manifiesta que se apeló la sentencia condenatoria y posteriormente el Tribunal condenó al peticionario a cumplir pena de tres años de prisión “como autor responsable en la comisión del delito de Concusión […] y [a]bsolvió al ciudadano Braulio Jatar Alonso de los cargos [f]ormulados por el Representante del Ministerio Público en cuanto al delito de Suposición de Valimiento con funcionario público en grado de tentativa”. El peticionario no ejerció el Recurso de Casación y por lo tanto la sentencia quedó firme y se ordenó su ejecutoria. Por lo anterior, alega que el juicio que se le siguió al peticionante fue “absolutamente regular” y en cumplimiento a la legislación nacional.[3]
20. En cuanto a la incompetencia del Tribunal, el Estado señala que el peticionario debió haber manifestado su inconformidad contra la sentencia condenatoria en un Recurso de Casación y no ante una instancia internacional, como lo es la Comisión; y añade que si los Tribunales hubieran sido parciales y dependientes del Poder Ejecutivo, el peticionario hubiese sido condenado por los tres delitos en que se le dictó el primer auto de detención o por el máximo de las penas para los delitos que se le imputaron por el Ministerio Público. Agrega que el peticionario alega inconformidad con la sentencia pero no ejerció el Recurso de Casación, sino que sus abogados aceptaron la sentencia y el peticionario se encontraba prófugo de la justicia en el extranjero.
21. Afirma el Estado que dentro del proceso penal venezolano existen los recursos tendientes a subsanar cualquier irregularidad dentro del procedimiento con el propósito de mantener a las partes en igualdad de derechos y facultades, así como para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa dentro del proceso; si el peticionante consideraba que existía menoscabo en alguno de sus derechos debía ejercer el recurso de ley contra el acto que considerara lesivo. El peticionante tenía también la posibilidad de denunciar al Juez de la causa si consideraba que esa persona originaba la violación de su derecho de igualdad de medios.
22. En cuanto al derecho de defensa, el Estado manifiesta que el peticionario se encontraba debidamente representado por varios abogados que ejercieron su defensa en todos los estados y grados del proceso penal; el Estado establece que en Venezuela existe el Recurso de Amparo, un recurso breve, sumario y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que permite el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida y al cual todas las personas pueden acudir según la Constitución y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
23. Alega que la averiguación penal por la presunta comisión de un hecho punible no constituye una violación al derecho al honor y a la reputación ya que es posible ejercer su derecho de defensa y en el caso del peticionario, la decisión que lo condena como autor responsable del delito de concusión fue aceptada.
24. Indica también el Estado que el peticionario manifiesta desacuerdo porque no se condenó al ciudadano Aurelio Fernández Concheso y por ello considera violado su derecho a la igualdad; alega que el hecho de no haberse dictado auto de detención contra el señor Fernández “no obedece a una violación de la igualdad ante la Ley, sino al no haber encontrado contra el mismo ninguna irregularidad que ameritara una averiguación penal”.
25. El peticionario reclama que el Estado ha violado sus derechos de conformidad con los artículos 1(1), 2, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana. El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977. Los acontecimientos que tienen relación con los reclamos ante la Comisión ocurrieron posteriormente a la ratificación de la Convención Americana por parte del Estado[4]. La petición fue presentada por el señor Braulio Jatar Alonso, quien tiene capacidad legal para presentar la petición ante la Comisión según el artículo 44 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión es competente para examinar esta petición conforme al artículo 44 de la Convención Americana y los artículos 18 y 19 de su Estatuto.
26. La Comisión analiza a continuación el requisito de admisibilidad de la petición establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención, el cual señala el requerimiento de que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, en relación con la obligación del Estado de proporcionar los recursos internos idóneos y efectivos, a fin de reparar las violaciones de los derechos humanos; y como contrapartida, la obligación de la presunta víctima de agotar la jurisdicción interna.[5]
27. En el presente caso, el peticionario ha sostenido que fueron debidamente agotados los recursos internos ante la jurisdicción venezolana, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Convención Americana para presentar un caso ante la Comisión. El Estado por su parte afirma que el recurso de amparo interpuesto por la presunta víctima no constituye el recurso idóneo para impugnar la decisión del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, puesto que la misma Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece en su artículo 6, numeral 5, que el amparo no procede cuando el recurrente haya recurrido a las vías de la jurisdicción ordinaria, como es el caso de la apelación; y que en ese caso lo que cabía era un recurso de casación y no de amparo.[6]
28. La Comisión observa que el propio peticionario se dirigió a ésta el día 7 de septiembre de 2000, mediante escrito de 1º de septiembre del mismo año, y solicitó la suspensión del trámite del presente caso ante la Comisión Interamericana por encontrarse pendiente en Venezuela un nuevo procedimiento legal interno de revisión de sentencia.
29. En relación con lo expuesto anteriormente, la Comisión ha manifestado que la protección internacional que otorgan los órganos de supervisión de la Convención es de carácter subsidiario, coadyuvante y complementario. El propio preámbulo de la Convención se refiere al carácter de mecanismo de refuerzo o complementario que tiene la protección prevista por el derecho interno de los Estados americanos y por lo tanto, no puede suponerse que la Comisión sea una instancia ante la cual sea posible presentar, y que pueda resolver, diferencias con respecto a supuestas violaciones que no han sido tratadas y agotadas por los tribunales nacionales o en el mismo sentido, que se encuentren pendientes de solución en el respectivo Estado.[7]
30. Por las razones antes expuestas y en vista de la última comunicación del peticionario a la Comisión, in casu, la Comisión Interamericana indica que en ocasiones anteriores se ha manifestado sobre la inadmisibilidad de peticiones interpuestas sin el cumplimiento del requisito del agotamiento de los recursos internos y por ello concluye que carece de competencia para conocer de él. En virtud de lo anterior, se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad contemplados en la Convención.[8]
31. La Comisión ha establecido que la petición no reúne el requisito previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana y que la información aportada por las partes no permite aplicar las excepciones previstas en el artículo 46(2) de la misma. En consecuencia, la Comisión concluye que la petición es inadmisible, de conformidad con el artículo 47(a) de la Convención Americana.
32. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos,
3. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 3 días del mes de octubre de 2000. (Firmado): Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan Méndez, Segundo Vicepresdiente; Comisionada Marta Altolaguirre, Comisionados Robert K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
[1] El artículo 196 del Código Penal venezolano establece con relación al delito de concusión (Título III, de los delitos contra la cosa pública, Capítulo II, de la Concusión) que:
todo funcionario que abusando de sus funciones, constriña a alguna persona a que dé o prometa a él mismo o a un tercero alguna suma de dinero u otra ganancia o dádiva indebida, será castigado con prisión de dieciocho meses a cinco años. Si la suma o cosa indebidamente dada o prometida es de poco valor, la prisión será de tiempo de tres a veintiún meses.
[2] Se hace referencia al artículo 4 incisos 1 y 2 del Código penal venezolano que rezan:
1. Los venezolanos que en país extranjero, se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes.
2. Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún delito contra la seguridad de la República o contra alguno de sus nacionales.
En los dos casos anteriores se requiere que el indiciado haya venido al territorio de la República y se intente acción por la parte agraviada, o por el Ministerio Público en los casos de traición o de delito contra la seguridad de Venezuela.
[3] Indica que en el presente caso, el día 29 de julio de 1994 se dictó la sentencia en primera instancia a la cual el peticionario apeló; dicha apelación fue resuelta el 31 de enero de 1995 por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y el 1º de marzo de 1995, el señor Jatar interpuso recurso de amparo constitucional ante la Sala de Casación penal venezolana.
[4] En este sentido cabe resaltar que Venezuela efectuó una reserva al ratificar la Convención Americana en relación con el artículo 8(1), en cuanto a que el artículo 60(5) de la Constitución Política venezolana prevé que los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia con las garantías y en la forma que determine la ley, posibilidad que no está prevista en el artículo 8 mencionado.
[5] Con las excepciones previstas en el artículo 46(2) de la Convención Americana.
[6] El artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales venezolana, establece que:
5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…
[7] Ver: Resolución 29/88, Caso 9260, Jamaica, de 14 de septiembre de 1988, Informe Nº 39/96, Informe Nº 11.673, Argentina, de 15 de octubre de 1996; e Informe Nº 88/99, Caso 12.013, Paraguay, de 27 de septiembre de 1999.
[8] En este sentido ver: Informe Nº 73/99, Caso 11701, México, de 4 de mayo de 1999; Informe Nº 24/99, Caso 11812, México, de 9 de marzo de 1999; e Informe Nº 82/98, Caso 11703, Venezuela, 28 de septiembre de 1998, entre otros.