Source: https://bonoc.wordpress.com/2010/12/19/el-designio-del-tribunal-constitucional-dominicano/
Timestamp: 2020-02-28 01:00:49
Document Index: 388244879

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 184', 'artículo 9', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 65']

El designio del Tribunal Constitucional dominicano | Bono Cimarrón
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Ley orgánica de Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales
El proyecto de ley del tribunal constitucional es una fase más del proceso de liquidación de la primacía de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Si ese plan legal quedara sin modificación, entonces 8 jueces, quienes serán retirados de ese organismo por motivo de edad, quedarían también descalificados para su designación en el eventual Tribunal Constitucional (TC).
Faltan apenas 39 días para que sucedan estos cambios significativos en el poder judicial.
El artículo 3 de esa legislación establece que el TC “es el órgano supremo sobre el control e interpretación de la constitucionalidad.”, con autonomía de los poderes y órganos estatales. Por tanto, complementa al artículo 184 de la constitución vigente, en torno a que las decisiones del TC, en materia constitucional, son “definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.
Esta debacle de la SCJ inició precisamente un día como hoy, 18 de diciembre de 2008, en el momento en que ella, en su rol de tribunal constitucional, emitió de manera solapada y morosa la sentencia Sun Land. Esta decisión afectó su credibilidad pública y la debilitó institucionalmente, a tal punto que está en la víspera de constituirse en un tribunal de segunda categoría en los aspectos fundamentales de su competencia.
A pesar de que en esa sentencia y en forma unánime estos jueces calificaron de inconstitucional al contrato de financiamiento entre la Oficina de Obras del Estado y la empresa Sun Land, renegaron a su deber de apertura del juicio, mediante un subterfugio sobre la calidad de quienes sometieron la acción directa de inconstitucionalidad, en representación separada del Foro Social Alternativo y del PRD.
Los tres jueces de la SCJ quienes disintieron de la funesta sentencia fueron Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suarez. Ellos a su vez, son parte de sus miembros menores de la edad de 75 años.
Más, esta disensión se resalta porque será el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una filial actual del Poder Ejecutivo, quien “evaluará y confirmará” a estos jueces, de acuerdo a la cuarta disposición transitoria de la Constitución vigente.
Los augurios del presidente de la SCJ sobre el poder judicial parecen el de una voz que clama en el desierto, porque se limitan solo a la insinuación y mediatizan esos detalles sutiles, pero fundamentales en la víspera de la consolidación de un nuevo régimen judicial.
Hay otros aspectos articulados con estos cambios, pero sobre ellos no se disponen de informaciones categóricas.
¿Quién sabe en qué momento se elegirá el diputado de un supuesto partido opositor, quien completará la membresía del CNM? ¿Será un reformista “independiente” o un miguelista “condicionado”?.
Nota de Juris: El CNM esta completo, el representante de los diputados fue elegido, es el diputado de la Vega por el PRD, Hugo Núñez, y el Presidente dijo en el almuerzo con los medios de comunicacion que convocara al CNM en enero.
En víspera de la conformación del TC ¿Quién sabe la lista oficial de aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional? Apenas se supone que casi todos los panegiristas del proceso de reforma constitucional aspiran a uno de los puestos, porque asumen méritos suficientes, en el sentido de que coadyuvaron al “pacto de las corbatas azules” y blanquearon el espurio proceso de reforma constitucional.
Al tenor de estas novedades, algunos de los defensores de los condenados por fraudes bancarios barajan un nuevo contexto judicial más indulgente.
Existe la posibilidad de que, por motivaciones políticas, se intente una revancha judicial, la cual abra un nuevo proceso contra las autoridades que asumieron la iniciativa de someter ante la justicia a los dueños y gerentes de instituciones financieras imputadas por fraudes financieros. La factibilidad de ese escenario estaría en proporción al nivel de posicionamiento electoral de Hipólito Mejía.
Por otra parte, es conveniente dar más detalles sobre el referido proyecto de ley orgánica del TC y los procesos constitucionales, porque la mayoría de ellos son cruciales para la institucionalidad dominicana.
Sus artículos 1 y 2 tratan sobre la finalidad y alcance de la justicia constitucional, como garante de la supremacía, integridad y eficacia de la constitucionalidad.
Sus artículos del 3 al 6 definen los principales aspectos del Tribunal Constitucional. El 7 confirma la facultad constitucional del CNM para la designación de los 13 jueces del TC. Los otros artículos entre el 8 al 12 detallan aspecto de procedimientos sobre estas designaciones.
En particular, el artículo 9 trata sobre requisitos para ser juez, para lo cual establece 35 años como edad mínima y 12 años de ejercicio profesional. Se razona en forma reiterada que estos requisitos constituirían un valladar contra el sector más joven de la comunidad judicial.
El bloque del 13 al 20 nomina la independencia, responsabilidad, atribuciones y otros detalles relacionados con el ejercicio del juez TC.
Desde el 21 al 23 se tratan sobre las deliberaciones y sentencias del TC. Del 24 al 26, sobre sus órganos de apoyo , tales como su Secretaría y el Centro de Estudios Constitucionales.
El artículo 27, sobre los objetos de control constitucional, da cabida a la acción directa de inconstitucionalidad contra: leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas de poderes y autoridades públicas.
El numeral 2 del artículo 28 del proyecto pareciera un mentís a la susodicha sentencia de la SCJ relacionada con Sun Land, pues indica que cualquier persona,
en tanto destinataria de los actos públicos normativos y no normativos , tiene calidad para la acción directa de inconstitucionalidad sobre aquellos.
Adicionalmente, da amplias posibilidades para la acción directa respecto a los aspectos inconstitucionales sobre medio ambiente, así como de otros derechos colectivos y difusos.
El artículo 29 tutela el derecho a la acción de inconstitucionalidad. Introduce la figura jurídica “amicus curiae” ( amigo del tribunal), el cual permitiría a cualquier persona su participación durante un proceso, a fin de “coadyuvar en las alegaciones que pudieren justificar la procedencia o improcedencia de la acción sobre inconstitucionalidad”.
El artículo 30 confirma el control difuso de la constitucionalidad, lo cual faculta a cualquier tribunal, la SCJ inclusive, al tratamiento de la acción directa
de inconstitucionalidad, pero con la salvedad de que el TC sea la última instancia en esta materia.
El artículo 31 faculta al TC sobre el control preventivo de los asuntos de derecho internacional. El 67 le faculta para la tutela efectiva de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sus artículos 33 y 34 ratifican respectivamente los derechos a las acciones de Hábeas Corpus y Hábeas Data.
Acciones sobre garantías constitucionales
El segmento de artículos entre el 35 al 63 versan sobre la acción de amparo y sus procedimientos. El 64 es de particular interés, puesto que trata sobre la acción de amparo relacionada con derechos colectivos y difusos. El 71 deroga la ley 437-06 sobre recurso de amparo.
El artículo 65, sobre amparo electoral, reconoce la competencia al respecto del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre la legislación, derechos electorales y actos de la Junta Central Electoral. Tienen calidad para emprender estas acciones tanto los partidos políticos como cualquier candidato.
Ese mismo artículo establece que las acciones de amparo relacionadas con derechos electorales de los gremios e instituciones no partidistas son recurridas ante tribunales ordinarios.
El 66 limita las potestades del TC , respecto a la revisión constitucional, a las sentencias emitidas a partir del 26 de enero de 2010.
En fin, estamos en la víspera de la conformación del Tribunal Constitucional y la ley que lo regula. Este organismo será, en el orden nacional, el principal garante de los derechos humanos y fundamentales; así como de la integridad y eficacia de la
constitucionalidad. Su control sobre esa materia abarca también los aspectos normativos y actos de las autoridades públicas.
Sus decisiones vinculan a todos los poderes y órganos estatales. También tiene competencia superior sobre los demás poderes del Estado en torno a la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales. Es
el portal nacional de la CIDH.
El TC será un tutelar de las normas y actos de Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), por lo menos en el aspecto constitucional. Así mismo tiene jurisdicción sobre los conflictos entre instituciones públicas.
A pesar de la víspera de cambios institucionales tan cruciales, este proceso se realiza en forma discreta y hasta solapada.
Nota: Hay 8 jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes rondan la edad de 75 años. Seis de ellos ya exceden la edad y tienen 88,87, 80, 79, 78 y 76 respectivamente.
Hay dos que cumplirían 75 años en el transcurso del año 2011 o a mas tardar el 2012, los cuales son Darío Fernández Espinal y Rafael Luciano Pichardo.
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