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Timestamp: 2018-03-17 20:30:20
Document Index: 161974505

Matched Legal Cases: ['artículo 634', 'Artículo 588', 'Artículo 607', 'artículo 562', 'artículo 584', 'artículo 588', 'artículo 589', 'artículo 592', 'artículo 595', 'artículo 605', 'artículo 621', 'artículo 634', 'artículo 621', 'artículo 623', 'artículo 577', 'Artículo 1', 'artículo 577', 'artículo 584', 'artículo 605', 'artículo 634', 'Artículo 562', 'artículo 577', 'Artículo 584', 'Artículo 588', 'Artículo 589', 'Artículo 592', 'Artículo 607']

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Títol: El embargo de cuentas corrientes y depósitos bancarios
coordinadors: Eva María Cascales Domínguez
Títol epígraf: Segunda parte. El embargo de los depósitos bancarios y de los saldos favorables que arrojan las cuentas corrientes. Responsabilidad y actuación de sanciones en el proceso de ejecución
[anterior] Tras haber abordado de forma exhaustiva los distintos aspectos sustantivos de los depósitos bancarios y de las cuentas abiertas en entidades de crédito, es el turno ahora de adentrarnos en el estudio de las peculiaridades procesales que tales contratos bancarios poseen en sede ejecutiva, erigiéndose por tanto indispensable, en primer término, el estudio del proceso de ejecución como mecanismo de actuación de sanciones pecuniarias.
[anterior] Con este propósito, y tomando como referencia a CARRERAS, hemos de entender que "la conducta humana importa al Derecho principalmente en cuanto que es objeto de un juicio de valor hipotético que se plasma necesariamente en una norma"[1]. La norma jurídica genera, en los sujetos a quienes va destinada, el deber jurídico de llevar a cabo una determinada conducta prescrita y estimada como justa. Este deber jurídico no es el único elemento subjetivo que emana de la norma, sino que junto a él se halla el derecho a exigir al obligado la realización de la conducta debida por quien se sitúa en la posición de acreedor, por aquél en cuyo favor se realiza la conducta, pudiendo consistir ésta en dar, hacer o no hacer.
[anterior] Lo destacable de este planteamiento es, sin lugar dudas, la consecuencia jurídica que se deriva del incumplimiento de la conducta justa contenida en la norma: la omisión del deber jurídico genera lo que conocemos como responsabilidad en la figura del obligado. Al respecto, es fundamental no confundir responsabilidad y deber jurídico. Mientras que la primera implica una sujeción al poder y obrar ajenos; el segundo, supone una necesidad moral y jurídica de obrar. No obstante esta distinción, hemos de reconocer que la diferencia entre sendas figuras no sólo radica en la naturaleza jurídica de cada una de ellas, sino en la relación jurídica a la que dan lugar: el deber constituye un vinculum juris entre el obligado a cumplir el mandato o norma y el titular del derecho. En cambio, la responsabilidad no genera un vínculo entre el titular del derecho y el obligado, sino entre éste último y el titular de una potestad o poder público[2].
[anterior] Hecha la distinción anterior, volvemos de nuevo a la premisa de que de la infracción del mandato contenido en la norma jurídica se deriva responsabilidad para el obligado. "El concepto de responsabilidad como sujeción a la potestad o poder público de otro sujeto, postula un nuevo elemento conceptual y real cual es la sanción. La sanción jurídica entraña una privación o, en general, una lesión de los derechos subjetivos del sujeto responsable, producida por una conducta del titular de la potestad pública"[3]. En esta línea, debemos aludir a la distinción que realiza la doctrina entre sanción como castigo que se actúa o aplica y sanción como castigo que se impone. De un lado, la sanción se impone en la sentencia; y de otro, la aplicación o actuación se realiza en el proceso de ejecución[4].
[anterior] El titular del poder público impone al responsable una sanción jurídica por vía de la sentencia, y lo hace en el proceso declarativo, pero es ya en el proceso de ejecución donde actúa o aplica ese castigo en que consiste la sanción[5].
[anterior] Parece pues que el proceso, definido como "el conjunto de derechos constitucionales de incidencia procesal, posibilidades, obligaciones y cargas, que asisten a los sujetos procesales como consecuencia del ejercicio del derecho de acción y de la interposición de la pretensión, cuya realización, a través de los oportunos actos procesales, origina la aparición de sucesivas situaciones procesales, informadas por el principio de contradicción, desde las que las partes examinan sus expectativas de una sentencia favorable que ponga fin al conflicto mediante la satisfacción definitiva de sus respectivas pretensiones y resistencias"[6], se convierte en el medio o instrumento a través del cual se imponen y actúan sanciones en función de la tutela jurisdiccional que se pretenda[7].
[anterior] Es bien sabido que el Derecho Procesal es el Derecho de la función jurisdiccional. El Estado cuenta con el deber de cumplir una función, denominada jurisdiccional. Son múltiples la definiciones que de la función jurisdiccional han propuesto los estudiosos en Derecho; algunos entienden que la función jurisdiccional tiene como finalidad primordial la de resolver conflictos; otros consideran que a través de esta función el Estado pretende tutelar un derecho subjetivo o interés legítimo, pero sin duda, la concepción más extendida, y con la que nos identificamos, es aquella que considera que la razón de ser de la función jurisdiccional radica en la tutela y realización del Derecho objetivo[8].
Tutelar y realizar el Derecho objetivo es, indiscutiblemente, una función que requiere de una potestad especial, la potestad jurisdiccional, atribuida a los Jueces y Tribunales que, con carácter exclusivo, ostentan, ex art. 117.3 de la CE, la administración del proceso: "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan". Así pues, los Juzgados y Tribunales, que actúan en virtud del imperium o potestad de los que están investidos como consecuencia de su carácter de órgano del Estado[9], cumplen con la función jurisdiccional mediante procesos[10].
[anterior] Mas, el mandato constitucional recogido en el citado art. 117.3 de la CE, además de aseverar que la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los jueces y magistrados que integran la organización jurisdiccional española, nos permite identificar dos manifestaciones de la potestad jurisdiccional, la declarativa y la ejecutiva, al mencionar que la labor de los Juzgados y Tribunales es la de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". Efectivamente, tanto la actividad declarativa como la ejecutiva son dos modalidades de tutela jurisdiccional, tal y como dispone el art. 5.1 de la LEC al sancionar que "se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la Ley". Por ende, siguiendo el tenor del referido precepto, sin perjuicio de cualquier otra clase de tutela que la ley prevea expresamente, señalamos tres tipos de tutela jurisdiccional: la declarativa, la ejecutiva y la cautelar.
[anterior] De entre las mencionadas categorías, conviene resaltar la actividad ejecutiva, por cuanto se trata de la piedra angular de nuestro trabajo de investigación. Esta actividad procesal, que se erige como una actividad jurisdiccional[11] regulada en el Libro III de la LEC bajo la rúbrica "de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares", queda integrada en el art. 24 de la CE. Como bien ha afirmado el TC en numerosas ocasiones[12], el derecho a la ejecución forma parte integrante del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. En caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en ellas se reconocen no serían más que meras declaraciones de intenciones y, por tanto, no estaría garantizada la efectividad de la tutela judicial.
[anterior] La principal consecuencia de que la actividad ejecutiva quede enmarcada en el art. 24 de la CE es que el órgano judicial encargado de la ejecución debe respetar lo dispuesto en el fallo. En este sentido, el TC ha puesto de manifiesto que:
"El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, cuando ello sea legalmente exigible. El contenido principal del derecho consiste, pues, en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros"[13].
Asimismo, debemos añadir que la actividad ejecutiva, como actividad reglada que respeta el principio de legalidad procesal que predica el art. 1 de la LEC, también resulta singular por ser forzosa y sustitutiva. Se dice que la actividad ejecutiva es una actividad forzosa porque opera como salvaguarda frente a la omisión de la conducta debida por el deudor que provoca un desequilibrio en el patrimonio del ejecutante. Precisamente, la finalidad que persigue el proceso de ejecución es la de llevar a cabo los actos que debería haber realizado el deudor para restablecer esa perturbación patrimonial, siendo esta la razón de que afirmemos que la actividad ejecutiva es sustitutiva de la voluntad del deudor[14].
[anterior] Junto a los rasgos precedentes, que construyen la naturaleza jurídica de la actividad ejecutiva, hemos de destacar su fundamento jurídico, que reside en el principio de responsabilidad patrimonial. La ejecución forzosa es una actividad patrimonial, en el sentido de que sólo recaerá sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor, no consistiendo, por tanto, en actuaciones sobre la persona responsable --como ocurría con la llamada prisión por deudas--. Esta afirmación encuentra su apoyo legal en el art. 1.911 del Cc, en virtud del cual, "del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros".
[anterior] Lo dispuesto en el art. 1.911 del Cc debe ser matizado en un doble sentido. De un lado, de la expresión "con todos sus bienes" parece desprenderse la idea de que la actividad jurisdiccional se proyecta sobre la totalidad del patrimonio del deudor ejecutado, lo que significa que la responsabilidad patrimonial es universal. Pero a pesar de que de la dicción del precepto se derive una responsabilidad universal, a la hora de despachar ejecución existe un límite cuantitativo, de manera que no se afectarán todos los bienes del deudor ejecutado, sino sólo aquellos que sean suficientes para cubrir el montante adeudado. De otra parte, se impone la obligación de que el deudor responda con "todos sus bienes presentes y futuros". Ello supone que si los bienes de los que dispone el deudor no son suficientes para cubrir la deuda, los beneficios que obtenga en un futuro irán dirigidos a satisfacer a los acreedores en la cantidad que haya quedado pendiente pago. La exigencia de que el deudor responda con todos sus bienes presentes y futuros hace que el proceso de ejecución se mantenga vivo hasta que se satisfaga por completo el derecho del acreedor ejecutante, entendiendo pues que la acción ejecutiva exclusivamente se extinguirá en aquellos supuestos en que se haya cumplido íntegramente con la prestación debida al acreedor ejecutante, y no cuando se hayan realizado todos los actos que integran el proceso de ejecución, ya que puede que no se haya conseguido restablecer el desequilibrio patrimonial por inexistencia o insuficiencia de bienes en el patrimonio del deudor ejecutado (art. 570 de la LEC).
[anterior] Abordadas las consideraciones precedentes, conviene resaltar que la actividad ejecutiva así configurada necesita del proceso de ejecución para cumplir con el propósito de actuar o aplicar una sanción jurídica al sujeto responsable que no ha cumplido con el deber jurídico de llevar a cabo una determina conducta prescrita y estimada como justa. Esta conclusión no debe guiarnos por el pensamiento de que la sanción jurídica forma parte del contenido del proceso de ejecución, pues más bien es su causa final. El proceso de ejecución no contiene la sanción en sí misma considerada, pero sí la actividad ejecutiva que lleva a cabo el titular de la potestad o poder público para actuar la sanción, de lo que se deduce que el proceso de ejecución es el medio para la actuación de la sanción, la cual supone el fin último del proceso[15]. De esta forma, como ya advertíamos, el proceso y, en concreto, el proceso de ejecución adquiere un carácter puramente instrumental al convertirse en el mecanismo a través del cual se desarrolla el conjunto de actos reglados en que consiste la actividad ejecutiva, dirigida a actuar una sanción jurídica y conseguir restablecer así el desequilibrio patrimonial que dicha inobservancia ha ocasionado al acreedor ejecutante.
[anterior] Puede observarse pues, que la sanción, en este caso civil, consiste en la traslación de elementos patrimoniales de uno a otro patrimonio particular con el objetivo de conseguir que la perturbación experimentada en el orden jurídico desaparezca de modo efectivo[16].
[anterior] Dos son las modalidades de sanción que podemos imponer. De una parte, la sustitución, por parte de los Juzgados y Tribunales, de la conducta del particular que incumplió la obligación se puede lograr por medio de la aplicación o actuación de sanciones específicas que produzcan los mismos efectos que si el deudor hubiese llevado a cabo la conducta debida. Empero, ha de tenerse en cuenta que el ámbito de aplicación de estas sanciones se reduce a la ejecución no dineraria, de manera que sólo podrán actuarse sanciones específicas cuando la satisfacción del acreedor ejecutante dependa del cumplimiento de una obligación de entregar cosas, hacer o no hacer, y no de la entrega de una determinada cantidad de dinero. A sensu contrario, cuando lo que se pretende es la obtención de una pretensión de contenido dinerario, nos situamos en el terreno de la ejecución pecuniaria, la cual aplica, directa o indirectamente, las denominadas sanciones genéricas, o lo que es lo mismo, sanciones pecuniarias[17].
La obligación pecuniaria puede ser directa o puede provenir del equivalente pecuniario de otra prestación de contenido no dinerario. En este último supuesto volvemos a la ejecución no dineraria, en la que la sanción genérica o sanción pecuniaria reviste carácter subsidiario o complementario en aquellas ocasiones en las que no es posible hacer desaparecer la perturbación ocasionada por el incumplimiento mediante la actuación de una sanción específica. Del mismo modo, también es admisible que la obligación pecuniaria sea el resultado de una liquidación de daños y perjuicios o de frutos y rentas, utilidades o productos de cualquier clase.
[anterior] A la postre, si lo que pretendemos en este capítulo es abordar las implicaciones procesales de los depósitos bancarios y de las cuentas abiertas en entidades de crédito y, en concreto, su embargo, nuestro ámbito de actuación debe ceñirse a la actividad ejecutiva desarrollada en el proceso de ejecución dineraria, en la que se actúan o aplican sanciones genéricas o pecuniarias. En estos términos, adquiere un papel relevante el "dinero", el cual, como tendremos ocasión de examinar más adelante, y tal y como ha afirmado la doctrina más autorizada, "se traduce para la ejecución en el carácter general y subsidiario de las sanciones pecuniarias"[18].
[anterior] [1] CARRERAS, J., El embargo de bienes, Bosch, Barcelona, 1957, pág. 13.
[anterior] [2] Cfr. CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., págs. 14 y ss.
[anterior] [3] CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 14. En este mismo sentido, vid. DE LA OLIVA SANTOS, A., "Conceptos fundamentales de la ejecución forzosa civil", en Diario La Ley, 1981, aptdo. I.
[anterior] [4] FENECH, M., El proceso penal, Bosch, Madrid, 1956, págs. 10 y ss.
[anterior] [5] Argumenta CARRERAS (El embargo de bienes, cit., págs. 15) que "mientras responsabilidad y potestad públicas están latentes en el proceso de ejecución y legitiman y justifican la actividad jurisdiccional ejecutiva, la sanción se halla en el mismo centro de gravedad del concepto que otorgamos al proceso de ejecución, ya que la función de éste no es otra que la de actuar las sanciones a que se han hecho acreedores quienes han incumplido un deber impuesto por la norma".
[anterior] [6] GIMENO SENDRA, V., "El proceso" en Introducción al Derecho Procesal, (AA.VV.), Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág. 230.
[anterior] [7] Entre quienes defienden el carácter instrumental del proceso podemos destacar a DE LA OLIVA SANTOS, para quien "la función jurisdiccional se manifiesta y se cumple mediante procesos", en DE LA OLIVA SANTOS, A., "El proceso como instrumento de la jurisdicción" en Derecho Procesal. Introducción, (AA.VV.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2004, pág. 44 y OCHOA MONZÓ, por considerar que el proceso es "el instrumento de carácter público arbitrado por los legítimos poderes del Estado y puesto al servicio de los ciudadanos con la finalidad de dar solución a los conflictos, individuales o colectivos, que puedan surgir en el seno de la Sociedad", en OCHOA MONZO, V., La localización de bienes en el embargo, Bosch, Barcelona, 1997, pág. 21
[8] DE LA OLIVA SANTOS, A., "La función jurisdiccional", en Curso de Derecho Procesal civil I. Parte general (AA.VV.), Ramón Areces, Madrid, 2012, pág. 18.
[anterior] [9] La mayoría de los autores, entre los que destacamos a DE LA OLIVA SANTOS o SENÉS MOTILLA, defienden que la ejecución forzosa es una manifestación del imperium, en DE LA OLIVA SANTOS, A., Conceptos fundamentales de la ejecución forzosa civil, cit., aptdo. I y SENÉS MOTILLA, C., Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, La Ley, Madrid, 2000, pág. 20. Sin embargo, algún autor sostiene que la actividad jurisdiccional tiene como base la auctoritas, lo que supone negar el carácter jurisdiccional de la actividad ejecutiva. Vid. GUTIERREZ DE CABIEDES, E. "Una nueva reflexión acerca del concepto de derecho procesal", en Estudios de Derecho Procesal, Pamplona, 1974, pág. 56.
[anterior] [10] Este poder que se les otorga a los Juzgados y Tribunales no es ilimitado, ya que tiene como límite la dignidad de la persona, fundamento del orden político y la paz social, reconocida en el art. 10.1 de la CE. En este sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones el TC, al considerar que: "los valores constitucionales, que conceden legitimidad al límite que la inembargabilidad impone al derecho del acreedor a que se cumpla la sentencia firme que le reconoce el crédito, se encuentran en el respeto a la dignidad humana, configurado como el primero de los fundamentos del orden político y de la paz social en el art. 10.1 de la Constitución al cual repugna que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios indispensables para la realización de sus fines personales así como en la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y adecuada", en STC (Pleno), de 22 de junio de 1989 (RTC/1989/113).
[anterior] [11] SSTC (Sala Primera), de 26 de marzo de 2001 (RTC/2001/83); de 14 de enero de 2002 (RTC/2002/3); de 15 de julio 2002, (RTC/2002/146); de 21 de mayo 2007 (RTC/2007/121). Siguiendo la doctrina constitucional, autores como GIMENO SENDRA afirman que, en base a los artículos 117.3 y 118 de la CE, el proceso de ejecución reviste naturaleza jurisdiccional. "Fundamentalmente el primero de los preceptos invocados, al establecer que "en todo tipo de procesos el ejercicio de la potestad jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales", es suficientemente explícito y taxativo a este respecto, sin que deje al legislador constitucional puerta abierta alguna que permita sostener la naturaleza administrativa del proceso de ejecución", GIMENO SENDRA, V., Constitución y proceso, Tecnos, Madrid, 1988, págs. 164 y 165.
[anterior] [12] SSTC (Pleno), de 19 de octubre de 1992 (RTC/1992/153); de 26 de marzo de 2001 (RTC/2001/83); de 14 de enero de 2002 (RTC/2002/3); de 15 de julio de 2002 (RTC/2002/146); de 8 de noviembre 2006 (RTC/2006/312); de 21 de mayo de 2007 (RTC/2007/121).
[anterior] [13] STC (Sala segunda) de 29 de mayo de 2000 (RTC/2000/144).
[anterior] [14] Vid. SENÉS MOTILLA, C., Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, cit., pág. 20.
[anterior] [15] Cfr. CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 22.
[anterior] [16] Cfr. CARRERAS, J., El embargo de bienes, cit., pág. 18.
[anterior] [17] En este sentido, vid., DE LA OLIVA SANTOS, A., Conceptos fundamentales de la ejecución forzosa civil, cit., aptdo. I y ARMENTA DEU, T., Lecciones de Derecho Procesal Civil. Proceso de Declaración, Proceso de Ejecución y Procesos Especiales, Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 445.
[anterior] [18] SENÉS MOTILLA, C., Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, La Ley, Madrid, 1990, pág. 26.
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[anterior] - "Contrato bancario y cuenta corriente bancaria. Las prestaciones: el llamado "servicio de caja". El secreto bancario. El deber de información. La responsabilidad" en Contratos bancarios (Dir. GARCÍA VILLAVERDE), Civitas, Madrid, 1992.
[anterior] ENCISO ALONSO-MUÑUMER, M., "El contrato de cuenta corriente bancaria" en La contratación bancaria (Dirs. SEQUEIRA/GADEA/SACRISTÁN), Dykinson, Madrid, 2007.
[anterior] ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho administrativo. Actualizada según las Leyes de 2015 del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, Marcial Pons, Madrid, 2015.
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[anterior] - El proceso de ejecución, Romargraf, Barcelona, 1982.
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[anterior] MORENO-TORRES HERRERA, M. L., La prohibición de compensar las deudas derivadas de depósito y comodato, Bosch, Barcelona, 1994.
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[anterior] ORTELLS RAMOS, M., "Comentario al artículo 577" en Proceso Civil Práctico (Dir. GIMENO), La Ley, Madrid, 2005.
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[anterior] - "Comentario a al artículo 605" en Proceso Civil Práctico (Dir. GIMENO), La Ley, Madrid, 2005.
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[anterior] ORTÍZ CRUZ, F., "Aspectos prácticos de la diligencia de embargo", Diario La Ley, núm. 6032, 2004.
[anterior] PALA LAGUNA, E., "Embargos judiciales de cuentas y otras posiciones de clientes de entidades bancarias", en La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 5, 1996.
[anterior] PEDRAZ PENALVA, E. y MORAL MORO, M. J., "Comentario al artículo 634" en Proceso Civil Práctico (Dir. GIMENO), La Ley, Madrid, 2005.
[anterior] PEITEADO MARISCAL, P., "Objeto del embargo y derechos de crédito", en Derecho, Justicia, Universidad. Liber amicorum de Andrés de la Oliva Santos (Coords. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I. y VEGAS TORRES, J.), Editorial Universitaria Ramón Aceres, Madrid, 2016.
[anterior] - "Posibles aplicaciones telemáticas en el Proceso Civil", en Presente y Futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea (Coord. SENÉS), Aranzadi Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2010.
[anterior] PÉREZ LUÑO, A. E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984.
[anterior] RABANETE MARTÍNEZ, I., "Depósito con facultad de uso y comodato con interés del comodante. A propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 1997" en Revista General de Derecho, 1999.
[anterior] RÁMOS MÉNDEZ, F., RAMOS MÉNDEZ, F., Enjuiciamiento civil: cómo gestionar los litigios civiles, Atelier, Barcelona, 2008.
[anterior] - Derecho Procesal Civil, Bosch, Barcelona, 1992.
[anterior] RODRÍGUEZ ARTIGAS, F., "El Derecho bancario. Sus fuentes" en Contratos bancarios y parabancario, (Dir. NIETO), Lex Nova, Valladolid, 1998.
[anterior] - "Notas para el estudio de los certificados de depósito" en Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor Antonio Polo, Edersa, Madrid, 1981.
[anterior] RUÍZ COLOME, M. A., "La inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros ante los tribunales españoles en la reciente jurisprudencia constitucional" en Derecho Privado y Constitución, núm. 2 (enero-abril), 1994.
[anterior] SALINAS QUIJADA, F., Las cuentas corrientes indistintas, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1977.
[anterior] SÁNCHEZ CALERO, F., "El Fondo de garantía de Depósitos" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 1, 1981.
[anterior] SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., "La cuenta corriente y la transferencia bancaria. Observaciones de sus aspectos más discutidos" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 86, 2002.
[anterior] - "Contrato de cuenta corriente; cláusulas referidas a la aprobación del saldo y alcance probatorio de la aceptación por el cliente (Comentario a la Sentencia de la AP de Segovia, de 6 de mayo de 1996 y a la Sentencia de la AP de Valencia, de 10 de febrero de 1997)" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 67, 1997.
[anterior] - "Naturaleza jurídica de las imposiciones a plazo; compensación, derecho de prenda" en Comentarios a la jurisprudencia de Derecho Bancario y Cambiario (Coords. SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE), Centro de documentación bancaria y bursátil, Madrid, 1993.
[anterior] - "Consideraciones en torno a algunos aspectos de la cuenta corriente bancaria" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 23, 1986.
[anterior] SANJUÁN Y MUÑOZ, E., "Participaciones preferentes. Análisis general" en Reclamaciones frente a la comercialización de las participaciones preferentes (Dirs. SANJUÁN/LÓPEZ), Bosch, Barcelona, 2013.
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[anterior] SENÉS MOTILLA, C., La orden europea de retención de cuentas. Aplicación en Derecho español del Reglamento (UE) núm. 655/2014, de 15 de mayo de 2014, Aranzadi, Thomson-Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2015.
[anterior] - "El embargo de cuentas bancarias (Aplicación en el proceso español y propuesta de Derecho europeo)", en El Derecho procesal español en el Siglo XX a golpe de tango. Liber Amicorum, en homenaje y para celebrar su LXX cumpleaños (Coords. GÓMEZ/BARONA/CALDERÓN), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012.
[anterior] - Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, La Ley, Madrid, 2000.
[anterior] - Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, La Ley, Madrid, 1990.
[anterior] SOPENA GIL, J., "El embargo de dinero por deudas tributarias depositado en cuentas de entidades financieras: especial referencia al uso por la administración de medios informáticos para hacerlo efectivo" en Revista Técnica Tributaria, núm. 59, 2002.
[anterior] - El embargo de dinero por deudas tributarias, Marcial Pons, Madrid, 1993.
[anterior] TAPIA HERMIDA, A. J., "El concepto y la clasificación de los contratos bancarios" en La contratación bancaria (Dirs. SEQUEIRA/GADEA/SACRISTÁN), Dykinson, Madrid, 2007.
[anterior] - "Evolución histórica, situación y perspectivas generales del Derecho público bancario español" en Estudios de Derecho público bancario, Ceura, Madrid, 1987.
[anterior] TOMILLO URBINA, J. L., "El depósito bancario" en Contratación bancaria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001.
[anterior] TORIBIOS FUENTES, F., Averiguación de bienes en la ejecución civil. Manual para la práctica de la investigación patrimonial del ejecutado, La Ley, Madrid, 2010.
[anterior] URÍA, R., Derecho mercantil, Marcial Pons, Madrid, 1999.
[anterior] VALENZUELA GARACH, F. y VALENZUELA GARACH, F. J., "Contratos bancarios de pasivo" en Derecho Mercantil (Coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ), Marcial Pons, Madrid, 2010.
[anterior] VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., "Depósitos bancarios de dinero. Libretas de ahorro" en Contratos bancarios (Dir. DE LA CUESTA), Bosch, Barcelona, 2007.
[anterior] - "El contrato de cuenta corriente" en Contratos mercantiles (Dir. DE LA CUESTA), Bosch, Barcelona, 2007.
[anterior] VÁZQUEZ BARROS, S., Las tercerías. Bienes embargables, bienes inembargables, Bosch, Barcelona, 2000.
[anterior] VEGA PÉREZ, F., "La domiciliación bancaria de recibos" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 14, 1984.
[anterior] VEGAS TORRES, J., "El embargo de bienes (I)" en Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005.
[anterior] - "El embargo de bienes (II)" en Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005.
[anterior] - "El embargo de bienes (III)" en Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005.
[anterior] - "La realización forzosa (I)" en Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos especiales. Conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2005.
[anterior] - "Artículo 562" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Comentario al artículo 577" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Artículo 584" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Artículo 588" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Artículo 589" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Artículo 592" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "Artículo 607" en Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, (AA.VV.), Civitas, Madrid, 2001.
[anterior] - "La inmunidad de ejecución. Especial referencia al Derecho Español", en Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 35, 1988.
[anterior] VICENT CHULIÁ, F., Compendio crítico de Derecho Mercantil, Bosch, Barcelona, 1990.
[anterior] ZUNZUNEGUI, A., "Comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista" en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 130, 2013.
[anterior] - Derecho del mercado financiero, Marcial Pons, Madrid, 2005.
[anterior] SIGLAS Y ABREVIATURAS
AA.VV. Autores Varios
AAP Auto de la Audiencia Provincial
AEB Asociación Española de Banca Privada
CECA Confederación Española de Cajas de Ahorro
ECCV Embargo masivo de cuentas a la vista
E.M. Exposición de Motivos
IBAN Número de cuenta bancaria internacional
ICC Institución de Inversión Colectiva
LECA Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881
LGT Ley General Tributaria
LJCA Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
PNJ Punto Neutro Judicial
RLOPD Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos
SMI Salario Mínimo Interprofesional
SRBE Servicio de Reclamaciones del Banco de España
STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
UNCC Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS BANCARIOS DE CUENTA CORRIENTE Y DE DEPÓSITO
Aproximación al "derecho bancario" y sus características
1. Naturaleza jurídica y caracteres del contrato de cuenta corriente
2. Clasificación de la cuenta corriente bancaria según la titularidad
2.1. Pluralidad de cuentas a nombre de un mismo titular
2.2. Régimen de disposición en las cuentas corrientes de titulari-dad colectiva
2.2.1. Cuentas corrientes conjuntas
2.2.2. Cuentas corrientes indistintas
2.2.3. Cuentas corrientes mixtas o intermedias
2.3. La figura del autorizado en la cuenta corriente bancaria
2.4. Las cuentas "ómnibus" o globales
3. Extinción del contrato de cuenta corriente bancaria y cierre de la cuenta
EL CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE EFECTIVO
1. Concepto y caracteres del depósito bancario
2. Clases de depósitos bancarios de efectivo
2.1. Clasificación económica de los depósitos bancarios
2.2. Clasificación jurídica de los depósitos bancarios
2.2.1. Depósitos reembolsables a la vista y a vencimiento fijo
2.2.2. Depósitos simples y en cuenta corriente
2.2.3. Depósitos individuales y colectivos
3. Extinción del contrato de depósito
EL EMBARGO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS Y DE LOS SALDOS FAVORABLES QUE ARROJAN LAS CUENTAS CORRIENTES
Responsabilidad y actuación de sanciones en el proceso de ejecución
EL EMBARGO DE BIENES Y DERECHOS DETERMINABLES
1. El embargo como pieza esencial de la ejecución dineraria
2. La singularidad del embargo de depósitos bancarios y de saldos favorables de cuentas corrientes
2.1. La prohibición de embargos indeterminados
2.2. La autorización del embargo de bienes y derechos determinables
2.3. La naturaleza jurídica del embargo de fondos reembolsables: ¿embargo de un bien o de un derecho?
LOS FONDOS REEMBOLSABLES COMO OBJETO DE EMBARGO
1. Pertenencia al ejecutado de los fondos depositados en las cuentas
1.1. La tercería de dominio como medio de impugnación de los cotitulares no ejecutados
1.2. Tratamiento procesal del autorizado y del titular de la cuenta ómnibus
2. Patrimonialidad y embargabilidad de los fondos
2.1. Bienes declarados inembargables por razón de interés público
2.2. Bienes declarados inembargables por razón de interés social
2.3. Cuentas corrientes exentas de embargo por razón de la titularidad
3. Alienabilidad y disponibilidad de los fondos depositados en cuentas a la vista o a plazo
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LAS CUENTAS DEL DEUDOR
1. Mecanismos indagatorios de las cuentas del deudor
2. La identificación de las cuentas del deudor
3. Selección de las cuentas del deudor
3.1. Orden del embargo de las distintas cuentas titularidad del deudor
3.2. Tratamiento procesal de la suficiencia y del orden del embargo
AFECCIÓN DE LOS FONDOS REEMBOLSABLES Y GARANTÍA DE LA TRABA
1. Afección de los fondos del deudor
1.1. La práctica de la traba
1.2. El momento del embargo
1.3. Efectos de la traba
2. Garantía de la traba: la orden de retención
2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación de la orden de retención
2.2. El denominado "embargo telemático" de cuentas a la vista
2.3. Liquidación del saldo e ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales
2.4. Retención de los depósitos con vencimiento diferido
ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO
1. Procedimiento de apremio y realización forzosa del derecho del deudor al reintegro de los fondos
2. Entrega directa al ejecutante
2.1. Entrega en concepto de pago del importe resultante de la liquidación del saldo de la cuenta
2.2. Designación de un administrador para los depósitos con vencimiento diferido
2.3. Procedimiento de pago
3. Final de la ejecución