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Timestamp: 2020-05-29 01:36:31
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COVID-19: Posible impacto jurídico (últimas novedades) (España) | Herbert Smith Freehills | Global law firm
COVID-19: Posible impacto jurídico (últimas novedades) (España)
03 April 2020 | Madrid
En los últimos días se ha publicado nueva normativa para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Analizamos a continuación, los impactos más relevantes de las medidas que se incluyen fundamentalmente en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (“RDL 11/2020”) y también algunas cuestiones del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (“RDL 10/2020").
Las principales novedades en material laboral del RDL 11/2020 son:
Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total. Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y que tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el
RDL 10/2020.
a) Encontrarse en situación legal de desempleo por ERTE derivado de la actual situación de crisis sanitaria; b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia del estado de alarma o; c) Ser trabajadores por cuenta propia previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria.
Más detalle de las medidas incluidas en el RDL 10/2020 en nuestro e-bulletin: COVID-19 POBLACIÓN: últimas novedades en materia laboral.
Las principales novedades del RDL 11/2020 en materia de derecho procesal son:
Suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables. Se suspenderá el procedimiento de desahucio o de lanzamiento por un periodo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del RDL 11/2020, una vez finalice el estado de alarma y se levante la suspensión de los plazos procesales, en aquellos casos en los que el arrendatario acredite encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19 y que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.
Las principales novedades del RDL 11/2020 en materia de derecho mercantil y de sociedades son:
Celebración de reuniones telemáticas y acuerdos por escrito. Mientras dure el estado de alarma, y aun cuando no lo prevean los estatutos, se permite la celebración de reuniones de junta y consejo y otros órganos colegiados de gobierno (e.g., comisiones) por videoconferencia y por audioconferencia (siempre que resulte posible la identificación de los asistentes por el secretario).
Formulación y aprobación de cuentas anuales. Aquellas personas jurídicas que antes del RDL 11/2020 ya hubieran formulado las cuentas, podrán convocar la junta para su aprobación si bien el órgano de administración podrá modificar su propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria. Para ello, el órgano de administración deberá justificar con base a la situación derivada del COVID19 el cambio de propuesta y el auditor deberá emitir un escrito indicando que no habría modificado su opinión si hubiera conocido en el momento de la firma la nueva propuesta.
Sociedades cotizadas. Para aquellas sociedades que hubieran optado por modificar la propuesta de aplicación del resultado conforme a lo previsto anteriormente, la nueva propuesta y su justificación por el órgano de administración y el auditor deberá hacerse pública en la web de la sociedad y en la CNMV.
Supervisión por la CNMV de los límites al apalancamiento y del riesgo de liquidez de las sociedades de inversión colectiva. La CNMV podrá, de manera temporal y justificando la necesidad y proporcionalidad de la medida:
exigir a las sociedades gestoras que refuercen el nivel de liquidez de las carteras gestionadas y, en particular, que incrementen la inversión en activos especialmente líquidos; y
autorizar a las sociedades gestoras el establecimiento de periodos de preaviso para los reembolsos de instituciones de inversión a pesar de lo que regule el respectivo reglamento sobre requisitos de plazo, importe mínimo y constancia previa. Dichos periodos de preaviso podrán también ser establecidos por la CNMV.
Modificaciones en el régimen de control de inversiones extranjeras directas que introdujo el RDL 8/2020
El RDL 11/2020 introduce algunas modificaciones en el régimen de control de ciertas inversiones extranjeras directas establecido en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, en la redacción dada por el RDL 8/2020. En concreto:
Se extiende su aplicación a inversores residentes en la UE o EFTA cuya titularidad real o control corresponda a no residentes
Se suprime la posibilidad de que el régimen de control sea levantado por Acuerdo de Consejo de Ministros
Se eximen de autorización las inversiones por importe inferior a €1 millón (umbral que puede ser elevado en el desarrollo reglamentario)
Se crea un procedimiento simplificado (con resolución en 30 días) para:
(i) inversiones de hasta €5 millones; (ii) inversiones en las que antes del 18 de marzo de 2020 existía un acuerdo sobre el precio.
Las novedades sobre el control de inversiones extranjeras se analizan con detalle en este e-bulletin: COVID-19 ÁREAS DE IMPACTO: Nuevas modificaciones del régimen de inversiones exteriores en España con ocasión de la crisis determinada por el COVID-19.
Derecho público. Sector energético y agua. Sector farmacéutico
El RDL 11/2020 ha introducido una serie de modificaciones en la regulación existente en materia de contratación pública, en particular:
Modificación del art. 34 del RDL 8/2020. La Disposición Final Primera apartado 10, modifica diversos aspectos del art. 34 del RDL 8/2020. En primer lugar, se suprime del art. 34.1 de la citada norma la referencia a la suspensión automática de los contratos públicos de servicios y suministros de prestación sucesiva, señalando la nueva redacción que “quedarán suspendidos total o parcialmente desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse”.
Si bien, la suspensión solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato, en el plazo de 5 días naturales desde que el contratista le comunique la imposibilidad de ejecución del mismo (el silencio será negativo).
Se introduce la posibilidad de que la suspensión del contrato sea total o parcial y, en función de la misma, la indemnización será acorde con el ámbito de la prestación del contrato suspendida.
Respecto al art. 34.3 párrafo cuarto del RDL 8/2020, se aclara que las suspensiones se aplican no solo a los contratos de obra pendientes de entrega durante el estado de alarma, sino también a los que estén en ejecución y se introduce una nueva obligación para el contratista del contrato de obras que solicite una prórroga del plazo de entrega final, que deberá “cumplimentar la correspondiente solicitud justificativa”.Por lo que respecta al art. 34.6.b) del RDL 8/2020, se añade un nuevo párrafo estableciendo que para los contratos de servicios de seguridad y limpieza, cabe la suspensión total o parcial de los mismos, tanto a instancia del contratista como de oficio, si como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el COVID-19, alguno de los edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente siendo, por tanto, imposible que el contratista pueda prestar total o parcialmente los servicios contratados.
De este modo, en el supuesto de suspensión parcial, el contrato quedará parcialmente suspendido en lo que respecta a la prestación de los servicios vinculados a los edificios o instalaciones públicas cerradas total o parcialmente, desde la fecha en que el edificio o instalación pública o parte de los mismos quede cerrada y hasta que la misma se reabra. A estos efectos, el órgano de contratación le notificará al contratista los servicios de seguridad y limpieza que deban mantenerse en cada uno de los edificios. Asimismo, deberá comunicarle la fecha de reapertura total del edificio o instalación pública o parte de los mismos para que el contratista proceda a restablecer el servicio en los términos pactados
Finalmente, se añaden dos nuevos apartados (7 y 8) al art. 34 del RDL 8/2020.
El apartado 7 delimita los contratos que deben ser considerados como “contratos públicos” a los efectos del RDL 8/2020, que serán aquellos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a (i) la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”); o (ii) al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (“RDL 3/2011”); o (iii) a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (“RDL 31/2007”); o (iv) Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales; o (v) a la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.
Por tanto, de conformidad con el tenor literal del RDL 11/2020, podrían entenderse excluidos del ámbito de aplicación del mismo, todos los contratos públicos adjudicados antes de diciembre de 2011 (e.g. los adjudicados con base en la normativa de contratación pública previa al RDL 3/2011).
A su vez, el nuevo apartado 8 prevé que los gastos salariales a los que se hace alusión en el art. 34 incluirán los “relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran.”
Modificación de la LCSP. La Disposición Final Séptima apartado 1 del RDL11/2020 modifica el segundo párrafo del art. 29.4 de la LCSP, de tal modo que la posibilidad excepcional de establecer un plazo de duración superior al previsto inicialmente para los contratos de servicios de prestación sucesiva extiende su aplicación al contrato de suministros.
A su vez, el apartado 2 de la citada Disposición Final Séptima, añade a la LCSP una «Disposición adicional quincuagésimo quinta. Régimen jurídico de «Hulleras del Norte S.A., S.M.E.» (HUNOSA) y sus filiales y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, configurando a ambas entidades como medios propios y servicios técnicos.
El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
Se permite que los procedimientos de concesión de subvenciones, en los que las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (“LGS”), ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma, puedan modificarse para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladores.
También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, y en las mismas condiciones y con los mismos requisitos indicados anteriormente, las resoluciones y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la LGS, que son las siguientes:
las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales;
aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal; y
aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
En el caso de que el objeto de la subvención sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución establecido inicialmente no podrá ser modificado.
Sector energético y agua
Ampliación temporal del colectivo de consumidores con derecho a percibir el bono social: inclusión de trabajadores autónomos que tengan derecho a la prestación por cese o reducción de actividad regulada en el artículo 17 del RDL 8/2020
Se amplía de forma temporal y excepcional el colectivo de potenciales perceptores del bono social de electricidad, al que podrán acogerse, por un plazo máximo de seis meses, los consumidores que acrediten, con fecha posterior a la declaración del estado de alarma, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, son profesionales por cuenta propia o autónomos, con derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o reducción de su facturación que se regula en el artículo 17 del RDL 8/2020.
En este supuesto, se establecen unos requisitos de renta menos estrictos que los previstos con carácter general para acceder al bono social (en esencia, se incrementa en un multiplicador 1 IPREM el umbral de renta ordinario). En concreto, la renta del titular del punto de suministro o, en su caso, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca éste, deberá ser igual o inferior:
a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
El derecho a percibir el bono social por la concurrencia de las condiciones anteriores no podrá extenderse más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el consumidor de ser beneficiario del bono social en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.
Se garantiza la continuidad del suministro energético y de agua para hogares. Para ello, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de (i) energía eléctrica, (ii) productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, (iii) gas natural y (iv) agua, a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en cada caso.
Se trata de una medida que absorbe y complementa la recogida en el artículo 4.1 del RDL 8/2020 (que prohibía que se suspendiera el suministro de electricidad, gas natural y agua (no de productos derivados del petróleo) a los consumidores que tuvieran reconocida en el ámbito eléctrico la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social (mientras que ahora lo es a todos los consumidores domésticos en su vivienda habitual, sin distinción de renta).
Durante la vigencia del estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos y empresas (sin aparente distinción de su tamaño) se podrán acoger a las siguientes medidas:
podrán solicitar del comercializador la suspensión temporal o la modificación de sus contratos de suministro, para contratar otra oferta alternativa con su propio comercializador, a fin de adaptarlos a sus nuevas pautas de consumo. Y todo ello sin penalización alguna.
podrán solicitar del distribuidor el cambio de peaje de acceso o el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, y ello con independencia de si han solicitado otro cambio de las condiciones técnicas de su contrato de acceso en los últimos doce meses (circunstancia que, en principio, permitiría a la distribuidora oponerse a tal modificación, de acuerdo con los artículos 79.6 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 5 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica).
En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas
Una vez finalizado el estado de alarma, y dentro de los 3 meses siguientes, el consumidor podrá solicitar la reactivación del contrato, en el caso de haber interesado su suspensión, o una nueva modificación del contrato o de los valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red, en caso de haber ejercitado una u otra opción. La norma no explicita si la suspensión del contrato de suministro, caso de haberse ejercitado esa opción, determina también la suspensión del contrato de acceso, si bien cabe sobreentender que es así.
Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales desde su solicitud y de forma gratuita, a excepción de los pagos que procedan en concepto de derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida.
No se contempla el supuesto de que llegue a transcurrir el plazo de tres meses sin que se haya solicitado la reactivación del contrato suspendido o solicitado su nueva modificación. Si bien en el primer caso no es fácil ofrecer una respuesta ante el silencio legal, en el segundo, aunque no se explicite, parece evidente que, transcurridos esos tres meses, la eventual modificación del contrato se someterá al régimen ordinariamente establecido y, por tanto, podrá determinar los costes que con arreglo al mismo procedan.
Dado que esta medida comportará una evidente reducción de ingresos del sistema eléctrico, se establece que en las siguientes leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben, se incluirá una compensación al sector eléctrico equivalente a la reducción de ingresos atribuible a estas medidas en el ejercicio anterior.
El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador (i) la modificación del caudal diario contratado, (ii) la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior, o (iii) la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno.
El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y distribución.
La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva modificación.
Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas.
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación. No se establece expresamente en qué plazo podrá solicitarse dicha reactivación de los contratos suspendidos, aunque cabe entender que lo será igualmente en los tres indicados meses. Por lo demás, tampoco se expresan las consecuencias de que pueda llegar a transcurrir dicho plazo sin que se haya solicitado la reactivación o nueva modificación, punto en el que cabe tener por reproducido lo antes dicho para el suministro de electricidad.
En las siguientes leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben, se incluirá una compensación al sector gasista equivalente a la reducción de ingresos atribuible a estas medidas.
Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo de empresas y autónomos
Se permite que, cuando el titular del punto de suministro sea un autónomo o una pequeña o mediana empresa pueda solicitar la suspensión de la obligación de pago de las facturas de electricidad, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
Asimismo, y de forma correlativa, se exime a los comercializadores (i) de abonar los peajes correspondientes a dichos contratos hasta que el consumidor abone por completo cada factura; y (ii) liquidar los impuestos indirectos que graven dichos consumos durante el periodo de suspensión del pago por parte del titular del punto del suministro (no deberán liquidarlos hasta que el consumidor abone por completo las facturas suspendidas o, en todo caso, transcurra el plazo de seis meses desde la finalización del estado de alarma).
Una vez levantado el estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán en las facturaciones correspondientes a los próximos seis meses, sin que, en tanto esa regularización se complete, puedan los consumidores beneficiados cambiar de comercializador.
Las comercializadoras y distribuidoras que vean reducidos sus ingresos por la aplicación de estas medidas podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del RDL 8/2020 o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos.
Se modifica el artículo 4.3 del RDL 8/2020 a fin de permitir la revisión, en beneficio del consumidor, de los precios regulados de los gases licuados del petróleo envasados y de la TUR gasista
El artículo 4.3 del RDL 8/2020 congeló durante seis meses los precios regulados de los gases licuados del petróleo envasados (la popular bombona de butano) y de la TUR gasista, señalando que mantendrían su vigencia en ese plazo los fijados, respectivamente, en la resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas de 14 de enero de 2020 y 23 de diciembre de 2019.
Dado el desplome experimentado por los indicadores de precios de hidrocarburos, el RDL 11/2020 permite que en esos seis meses pueda tener lugar la revisión de unos y otros precios con arreglo a las fórmulas que generalmente son de aplicación, si de ello resultan precios inferiores a los vigentes a la entrada en vigor del RDL 8/2020.
Prórroga del plazo de caducidad de los derechos de acceso a la red otorgados antes de la Ley del Sector Eléctrico
Se prorroga el plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión otorgados antes de la entrada en vigor de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Dichos derechos de acceso y conexión, tras la prórroga otorgada por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, caducaban de no haberse obtenido el acta de puesta en servicio de la instalación de generación asociada antes del 31 de marzo de 2020: tras el RDL 11/2020, esa caducidad se producirá si dicho acta de puesta en servicio no se obtiene antes de que transcurran dos meses de la finalización del estado de alarma (incluyendo cualquiera de sus prórrogas).
El RDL 10/2020 regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del RDL disfrutarán de un permiso retribuido recuperable obligatorio, del 30 de marzo al 9 de abril de 2020, ambos inclusive, conservando el derecho a la retribución.
En particular, el permiso no se aplica a las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este RDL, entre otros:
Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas. El art. 10.1 es el que se refiere a establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, etc.
Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.…..
En definitiva, esta norma establece claramente que toda la cadena del medicamento está considerada como servicio esencial.
Más detalle sobre las medidas laborales en la sección de laboral y en nuestro e-bulletin: COVID-19 POBLACIÓN: últimas novedades en materia laboral.
Moratoria en la deuda hipotecaria
Hasta la aprobación del RD 11/2020, dicha moratoria sólo podía solicitarse en relación con los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de viviendas. Sin embargo, en la actualidad, los empresarios y profesionales pueden solicitar esta moratoria en relación con los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de inmuebles afectados a su actividad económica (como locales comerciales o almacenes logísticos), siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Beneficiarios de la moratoria de la deuda hipotecaria. Aquellos empresarios y profesionales que sufran una pérdida sustancial de ingresos o una caída sustancial de la facturación de al menos el 40%. A estos efectos, sólo se considerarán empresarios y profesionales las personas físicas que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. En otras palabras, esta moratoria puede ser solicitada por los autónomos.
Los deudores podrán solicitar, hasta 15 días después de la expiración del mes siguiente a la finalización del estado de alarma, una moratoria en el pago de los préstamos hipotecarios a los acreedores.
Una vez presentada la solicitud de moratoria, la entidad acreedora procederá a su ejecución en un plazo máximo de 15 días a partir de su solicitud.
Una vez concedida la moratoria, la entidad acreedora notificará al Banco de España su existencia y duración. No se considerarán vencidas las cantidades que se habrían solicitado al deudor si no se aplicara la moratoria. Durante el período de moratoria no se devengarán intereses.
La aplicación de la moratoria no requerirá de ningún acuerdo entre las partes, ni de ninguna modificación contractual para que surta efecto, pero deberá formalizarse en una escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Según el RDL 11/2020, no será posible otorgar dichas escrituras públicas durante la vigencia del estado de alarma. No obstante, ello no suspenderá la aplicación de la moratoria, independientemente de que dicha suspensión se haya formalizado o no en una escritura pública. Una vez formalizada la escritura pública, ésta será remitida por el notario autorizante al Registro de la Propiedad por cualquiera de los medios de presentación permitidos por la Ley Hipotecaria Española.
La solicitud de la moratoria dará lugar a: a) la suspensión de la deuda hipotecaria por un período de tres meses y b) la consiguiente no aplicación de la cláusula de aceleración del préstamo hipotecario durante el período de moratoria.
Prórroga y moratoria en el pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda
Prórroga de los contratos de arrendamiento. Para aquellos contratos de arrendamiento de vivienda destinada a residencia principal cuyas prórrogas obligatorias o tácitas expiren a partir de la entrada en vigor del RDL 11/2020 y hasta el día en que hayan transcurrido dos meses desde el fin del estado de alarma, el arrendatario podrá solicitar al arrendador (quien deberá aceptarlo salvo que se establezcan otras condiciones por acuerdo entre las partes) una prórroga extraordinaria por un período máximo de seis meses.
Moratoria en el pago de la renta. Los arrendatarios de contratos de arrendamiento de viviendas habituales que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, podrán solicitar a los propietarios correspondientes, una moratoria temporal y extraordinaria del pago de la renta, con sujeción a los siguientes requisitos:
Arrendador. Para que esta moratoria sea aplicable, el arrendador correspondiente debe ser una empresa o entidad pública, o una persona física o jurídica que sea propietaria de más de 10 viviendas (excluidas las plazas de aparcamiento y los trasteros) o un edificio de más de 1.500 m2.
Procedimiento. Deberá ser solicitado por el arrendatario dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del RDL 11/2020 (siempre que dicho aplazamiento o reducción total o parcial no se haya realizado ya de forma voluntaria por acuerdo entre ambas partes). Si las partes no llegan a un acuerdo al respecto, el arrendador podrá, en el plazo de siete días hábiles a partir de la solicitud del arrendatario, optar por una de las siguientes opciones:
Aplicar una reducción del 50% en la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma, y también en lo que respecta a las cuotas mensuales subsiguientes si ese período es insuficiente como consecuencia de la situación de vulnerabilidad causada por el COVID-19, todo ello hasta un plazo máximo agregado de cuatro meses;
o, una moratoria en el pago de la renta, que se aplicará automáticamente mientras dure el estado de alarma, así como en las cuotas mensuales subsiguientes si ese período es insuficiente como resultado de la situación de vulnerabilidad causada por el COVID-19. Dichas prórrogas mensuales se realizarán hasta un plazo máximo agregado de cuatro meses. El pago de las correspondientes mensualidades se diferirá, a partir de la primera mensualidad devengada durante el plazo de la moratoria, mediante la división o fraccionamiento de dichas mensualidades por un mínimo de tres años, plazo que se computará a partir del momento en que se supere la situación de COVID-19, o a partir de la expiración del citado cuatrimestre, y se incluirá siempre dentro del período de vigencia del contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas.
Javier está especializado en disputas (litigios y arbitraje) privadas y comerciales así como en asesoramiento concursal.
Alberto asesora a bancos de inversión, fondos de capital riesgo y otros inversores financieros, así como a empresas multinacionales.
Of Counsel - Pharmaceuticals Lead, Madrid, Madrid
Lourdes es responsable de la práctica de farma y salud en Madrid y cuenta con una consolidada experiencia y reconocida trayectoria en el sector farmacéutico.
Tomás Díaz Mielenhausen
Socio, Head of Real Estate, Madrid
Tomás es el responsable del área de inmobiliario de la oficina de Madrid.
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