Source: https://boe.vlex.es/vid/real-decreto-361-2017-676941201
Timestamp: 2017-06-26 17:15:37
Document Index: 263255175

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 124', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 14']

Real Decreto 361/2017, de 8 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2017. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 676941201
Marginal:BOE-A-2017-3947
Fecha de Entrada en Vigor:12 de Abril de 2017
Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2017, tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales previstas por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
Asimismo, este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de su competencia, destinadas a indemnizar a los psicólogos en la prestación de atención psicológica y social a las víctimas de todo tipo de delitos en el ejercicio presupuestario 2017.
Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.
Para la concesión de las subvenciones será de aplicación la normativa específica que las regula y en su defecto la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución del titular de la Secretaría de Estado de Justicia y detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de atención a las víctimas de todo tipo de delitos.
El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de un mes a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la documentación que la norma reguladora de la subvención determine. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.
El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos.
De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, se financiaran las siguientes actuaciones profesionales:
Por lo que se refiere a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos:
El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, con carácter previo a la concesión de la subvención, deberán acreditar, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
La subvención tendrá carácter anual y se financiará, respectivamente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 13.02.112A.483, 13.02.112A.484 y 13.02.112A.488 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.
El pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita se efectuará con periodicidad trimestral. Dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
El pago de la subvención en lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos se efectuará por periodos bimensuales vencidos, previa justificación por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de la actividad efectivamente realizada.
Con carácter general, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Gestionar y realizar de forma directa aquellas actividades que constituyan el contenido principal de la subvención, siempre que sean objeto de su competencia.
Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el trimestre inmediatamente anterior al de cada libramiento, en el caso del Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, y durante el bimestre inmediatamente anteriores a cada libramiento en el caso de Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada trimestre en el caso del Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, y dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada bimestre en el caso de Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del trimestre anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.