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Timestamp: 2018-06-24 03:16:26
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Legislación en materia de comunicación · 30 abril 2014 | Q MEDIOS ITESO
Legislación en materia de comunicación · 30 abril 2014
Mesa de Análisis: polémica desatada por reformas en Telecom
En esta ocasión el equipo Egeek junto e invitados reflexionan en una breve Mesa de Análisis en torno a la reciente polémica en redes sociales sobre las reformas en materia de telecomunicaciones ¿es solo un tema de libertad de expresión?
Lozano y PRI, cambios a modo de Televisa y censores en Internet (Segunda Parte)
En la iniciativa presidencial la definición de agente económico preponderante está en artículo 260, en el documento de Lozano en el artículo 254. Y la redacción es igual. Sólo se le agrega el siguiente párrafo: “Sin perjuicio de la declaratoria de agente económico preponderante de los sectores de la radiodifusión o de las telecomunicaciones, el IFT podrá declarar agentes económicos con poder sustancial en algún mercado de dichos sectores, de conformidad con esta ley y la Ley Federal de Competencia Económica”.
El artículo 276, fracción II sigue igual en la propuesta de Lozano, ahora como artículo 270. De acuerdo con la redacción se le permite a un agente económico preponderante “la autorización de nuevas concesiones o de la concentración” de nuevas empresas. La única adquisición pendiente es la de Grupo Televisa en la empresa de Cablecom, con lo cual tendrá más del 60 por ciento del control del mercado de televisión por cable. Lozano favorece aún más los intereses de Televisa y de TV Azteca, ambos opositores a la regla de gratuidad de la retransmisión de sus señales, conocida como must offer y must carry.
Según Grupo Dish y otros especialistas, este nuevo artículo va en contra de la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones del 21 de febrero sobre los lineamientos de must carry/ must offer. Este es el único punto que el documento del PRI no incorpora como propio. “Es un gol que intentó meter Lozano y sus aliados de Televisa”, confirmó a Proceso uno de los legisladores que están en la negociación sobre los detalles de este anteproyecto.
Lozano no sólo descarta sino que responde a las críticas de Telmex-América Móvil sobre la polémica “tarifa cero” en materia de interconexión. En su exposición de motivos, el ex colaborador del gobierno calderonista afirma: “La regla de gratuidad en la interconexión mientras dure la situación de preponderancia no configura una confiscación de la propiedad, sino diferir un lucro, por lo tanto es un criterio razonable”.
Más poder a SCT y Mantienen Control de Segob. En declaraciones a la prensa, Lozano insistió que su documento “limpia muchísimo” la injerencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Gobernación, en perjuicio de la autonomía constitucional del IFT, el organismo regulador.
Al IFT se le agregan algunas funciones como “vigilar y sancionar el cumplimiento de tiempos máximos establecidos para la transmisión de mensajes comerciales”, “Vigilar y sancionar obligaciones en materia de defensa de los derechos de audiencia”, “supervisar programación infantil” y ordenar la suspensión precautoria de las tansmisiones, pero siempre bajo la tutela de la SCT.
Las injerencias de la SCT en la definición de políticas públicas como la Transición Digital Terrestre o la preeminencia del Ejecutivo federal sobre los criterios del IFT se mantienen en el documento de Lozano. Para el senador Javier Corral, consultado sobre el anteproyecto de Lozano, se trata de “la segunda intentona de Televisa por darse una ley a modo”.
Lozano: Ley telecom, con 192 cambios
El proyecto enviado por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones sufrió 192 cambios y los temas centrales de la discusión son los referentes a derechos de audiencias en radio y televisión, señaló el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano.
Entrevistado por el periodista Roberto Rock, en La Silla Rota TV, que se transmite todos los lunes por Efekto Noticias, a las 23:00 horas, el senador panista dijo que se “ha hecho mucho ruido” con el tema por los “enormes intereses que hay en juego con una legislación que está en ciernes, como esta, y que puede inclinar la balanza en uno u otro lado”.
Detalló que se trata de una legislación extensa, con 300 artículos que buscan regular todos los mercados: telecomunicaciones y radiodifusión.
En tanto, la presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel), Irene Levy, afirmó que en México no se pueden imponer preceptos en Internet ni en cuestión de censura ni en neutralidad en la red.
Calificó como “una pena y una vergüenza” que se lleven tantos meses sin legislar sobre el tema, luego de la reforma, ya que se había prometido que estaría lista antes del 9 de diciembre pasado.
Sin embargo, consideró que este último retraso es una buena decisión para que los legisladores conozcan, asimilen y “hagan justicia a la reforma constitucional”.
“Porque la iniciativa, como está planteada, no solamente violenta diferentes artículos de la Constitución, sino que no va con el espíritu de lo que todos esperábamos”, recalcó.
Sobre la posibilidad de que Telmex ingrese al negocio de la televisión, Levy expresó que no importa mientras haya competencia efectiva y se diluya la concentración.
Debe Ley favorecer inversiones.- Telmex
Cd. de México, México (29 abril 2014).- El director general de Telmex, Héctor Slim, señaló que esperan que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones sean en favor del sector, de las inversiones y del consumidor. El directivo dijo que la empresa desconoce el proyecto que se discute en el Senado y evitó responder el impacto que tendría esta legislación para la telefónica.
“No conocemos lo que va a sacar el Senado. Esperamos que la ley que salga sea en pro del sector, en pro de las inversiones y en pro del consumidor”, dijo Slim durante una conferencia de prensa donde se formalizó el acuerdo al que llegó Telmex con el Sindicato de Telefonistas. Comentó que junto con el Sindicato, se busca encontrar la viabilidad financiera de la empresa en esta coyuntura.
En presencia del Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, el líder sindical Francisco Hernández Juárez, dijo que es inaceptable que se castigue a esta empresa y por ello se envió a las fracciones parlamentarias una propuesta para la modificación del proyecto de leyes secundarias.
“A la empresa se le obliga por cumplir una ley y los términos del título de concesión. Por tener telefonía rural, por tener telefonía pública, ahora se le va a castigar por eso, me parece inaceptable y que además que eso nos vaya a repercutir a nosotros (como trabajadores) nos parece todavía más inaceptable”, señaló.
Para la empresa es inviable afrontar condiciones como la gratuidad de algunos servicios y el control de sus precios, señaló Hernández Juárez. Por lo que, dijo, los trabajadores evaluarán cuál es el escenario que enfrentará Telmex una vez que pasen las leyes secundarias en telecomunicaciones. Por lo pronto, ambas partes acordaron un incremento de 4 por ciento al salario; 1.5 por ciento en prestaciones y otro 4 por ciento al fondo de productividad.
El Universal y Milenio Jalisco
LA ACTUAL INCERTIDUMBRE legislativa en la que se encuentran las leyes secundarias para telecomunicaciones, es el peor escenario para lo relacionado con el proceso de licitación de las dos cadenas nacionales de TV por parte del IFT que comanda Gabriel Contreras. Tras de que la minuta elaborada por el senador Javier Lozano dejó insatisfechos a propios y extraños, y el periodo ordinario concluyó, ni siquiera se sabe en cuál de los dos periodos extraordinarios se continuará con el tema, sea en mayo o principios de junio.
Si hoy pregunta a alguno de los posibles interesados en esa subasta si está convencido de participar, lo más probable es que haya un dejo de duda, ya que hay variables medulares en la nebulosa. En el colmo, ayer el IFT debió modificar los tiempos del apagón analógico en varias ciudades que forman parte de las pruebas piloto (Monterrey, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez), ya que SCT de Gerardo Ruiz Esparza no terminó de entregar los 120 mil televisores comprometidos.
No falta por ahí quien asegure que hay gato encerrado. Desde hace años Televisa de Emilio Azcárraga por ejemplo, ha estado en contra de los tiempos que se definieron para llegar a lo que se conoce como la Televisión Digital Terrestre (TDT). En la misma redacción de la minuta de las leyes secundarias también es probable que hayan incidido los muchos intereses que hay en el negocio de la radiofonía.
Un tema que llamó la atención la semana pasada fue el de convertir en un derecho para las televisoras lo relacionado a la multiplexación, cuando originalmente se requería una autorización del IFT y el pago de una contraprestación. Para los posibles compradores de las dos cadenas que se licitarán esto es muy relevante, puesto que Televisa que es el rival protagónico, sí es eficiente y multiplica su señal hasta por 5, de pronto tendría en el mercado hasta 20 canales.
Si la apuesta del IFT con los recién llegados es la de mejorar la calidad de lo que hoy se ofrece en TV abierta, lo más probable es que esto no suceda, dado que también se borró de un plumazo el requerimiento de dar cabida a productores independientes. Expertos consideran que la multiplexación es un expediente que habría que abordar con cuidado. En EU no se utiliza y de hecho ahora mismo hay iniciativas de algunas televisoras para que el FCC venda el espectro a cuenta de ellas. Se considera que debe aprovecharse mejor en banda ancha para Internet.
Obvio no todo es malo. Hay aspectos que favorecen la venta de las dos cadenas, como por ejemplo un precio mínimo de 830 millones de pesos por cada una, que parece justo. Además lo económico no será el factor principal, sino la cobertura y contenidos. Igual está el hecho de que un mismo comprador puede ir por las dos cadenas, lo que permitirá ganar economías de escala vs Televisa y TV Azteca de Ricardo Salinas.
Como quiera la lista de los posibles tiradores no ha cambiado demasiado, aunque habrá que esperar a que terminen de deshojar la margarita. La verdad ya no queda tanto tiempo, si se considera que la solicitud a la Unidad de Competencia Económica del IFT debe entregarse el 16 ó 17 de junio. Los que se han asomado por ahí son Olegario Vázquez Raña de Imagen, Joaquín Vargas de MVS, Alejandro “el güero” Burillo de Pegaso. También se habla de Francisco González de Milenio, de Anuar Maccise de Grupo Mac y hasta de Roberto Alcántara dueño de IAMSA y VivaAerobús.
En lo que hace a Carlos Slim Helú hay quien asegura que la restricción de dos años fue para Carso y Telmex, por lo que si el acaudalado hombre de negocios se decide podría hacerlo como persona física. ¿Será? Como quiera especialistas consideran que la TV abierta no es estrictamente el interés de Slim, sino más bien la de paga. Habrá que ver si en una de esas el IFT no se ve precisado también a modificar la ruta crítica de esta venta.
SE CONOCE YA de las gestiones que han realizado en EU, tanto Economía de Ildefonso Guajardo como la cámara azucarera que lleva Juan Cortina para tratar de frenar la denuncia que hay por “dumping” contra las exportaciones del edulcorante mexicano. En realidad el asunto es una arista más de los afanes proteccionistas que prevalecen en nuestro vecino del norte. El reto está en impedir que el International Trade Commission (ITC) establezca de entrada un arancel contra el azúcar mexicana. Economía con el soporte de la industria ya entregó a la administración de Barack Obama la información solicitada para desmentir las acusaciones que incluyen supuestos subsidios gubernamentales. La fecha clave para este asunto es el próximo 12 de mayo. Así que parece que no habrá que esperar demasiado.
Genera incertidumbre en nuevas cadenas aplazar el Apagón Analógico: De Swaan
Por quinta vez en menos de dos años, la fecha límite del “apagón analógico” en cinco ciudades fronterizas (Monterrey, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo) fue prorrogada del 29 de mayo al 26 de noviembre de este año, según informó el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
A través de un comunicado, el IFT argumentó que esta nueva prórroga es el resultado de que la penetración de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en estas plazas es menor al 90 por ciento. El informe que acreditó esta decisión indicó algo peor: en 4 de estas ciudades la cobertura digital es menor al 30 por ciento y sólo en Ciudad Juárez llega a un 43 por ciento.
De acuerdo a la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del IFT, en Monterrey sólo el 30 por ciento de los telehogares tiene acceso a la señal digital, mientras que en Nuevo Laredo es de 22 por ciento, Reynosa es de 27 por ciento y Matamoros de 23 por ciento.
Esta baja penetración se considera como un error grave en el diseño y ejercicio de la política de TDT que fue impulsada desde 2004 y una fuerte dependencia aún de la televisión analógica (el modelo actual por el que transmiten Televisa y TV Azteca) que va entre 54 y 77 por ciento.
Para el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, este retraso impactará en todo el proyecto de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión digital terrestre, en el reparto de televisiones licitada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la liberación de la banda 700 Mhz.
“Aplazar TDT genera incertidumbre en licitación TV, pone en riesgo el modelo de negocio en red abierta 700 Mhz y limita pluralidad”, escribió De Swaan en su cuenta de Twitter. El ex funcionario, opositor firme a que la política de TDT se pasara a la SCT, afirmó también en la red social que “de haberse quedado la política de TDT en el IFT, en mayo se encenderían digitalmente cinco ciudades. Televisoras aplaudirán”. En efecto, el aplazamiento del “apagón analógico” impactará sobre la licitación de la dos nuevas cadenas de televisión abierta, en señal digital, que anunció el mes pasado el propio IFT.
Carlos y Patrick recordaron que el Ifetel los calificó de grupo de interés económico y les impuso medidas de carácter asimétrico, entre las que se incluyen la imposición de tarifas de interconexión asimétricas, la compartición de infraestructura asimétrica, la desagregación de la red local, la eliminación de los cargos de roaming nacional, el acceso a los operadores de redes móviles virtuales a sus servicios y otros. Los dirigentes comentaron que esperan una regulación asimétrica adicional en las nuevas leyes que podría votar el Congreso “en breve”.
Telcel ofrece a su competencia una tarifa de 0.2045 pesos por minuto de interconexión para las modalidades el que llama paga o el que llama paga nacional, desde el 6 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2014, bajo protesta. Por mensaje corto la tarifa está en 0.0391 pesos.
La empresa enfatizó que ninguna de las manifestaciones contenidas en el documento implica o puede interpretarse como reconocimiento o consentimiento, expreso o tácito, sobre la constitucionalidad, validez, legalidad o procedencia de la resolución ni de la determinación de tarifas 2014, ni de ninguna otra regla, resolución, lineamiento general, plan, acuerdo u otro acto de autoridad, presente o futuro, ni tampoco sobre cualquier otra ley, resolución, plan, lineamiento general, acuerdo o cualquier otro acto de autoridad que pudiera resultar de los términos y condiciones ofrecidos por Telcel. No obstante, la compañía de telefonía móvil cumple así con las reglas que le impuso el Ifetel, después de decretarla como preponderante.
Enfatizar que lo hace sin consentimiento, es debido a que no está de acuerdo con la declaratoria de preponderancia por parte del órgano regulador, ni con las tarifas asimétricas que debe cobrar a los usuarios de su red. Uno de los argumento de Telcel es que el 8 de febrero de 2011 publicó sin mediación alguna, una oferta pública en el diario Oficial de la Federación (DOF), a la que ha hecho adecuaciones.
Bajo el principio de trato no discriminatorio, en junio de 2012, la empresa publico en el DOF las tarifas de terminación en usuarios móviles de su red, bajo las modalidades el que llama paga y el que llama paga nacional, que aplicaron de 2011 a 2014 y disponibles para los concesionarios del servicio local y del servicio de larga distancia, por ello, Telcel considera que no había necesidad de un nuevo marco de interconexión, ni modificación de tarifas.
“Tenemos mucha competencia, incluyendo la que viene de Dish-Telmex, que son la misma cosa, y Dish-Telmex con todo el apoyo y subsidios con lo que mantienen costos, como resultado de estas cosas, la penetración se expandió y hay competencia adicional”, señaló Angoitia. A pesar de esta competencia, el directivo dijo que Sky es rentable y seguirá creciendo.
Rosalia Servín
“Debe haber una autoridad que en verdad vigile estos contenidos, nuestra propuesta, que ya es iniciativa, propone que sea el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el cual debe estar conformado por especialistas en la materia), quienes tengan la atribución de regular la publicidad”, dijo.
Al participar en el inicio de la campaña “Nuestros niños son primero”, que promueve la Alianza por la Salud Alimentaria, Agustín Ramírez, insistió en que el responsable de esta vigilancia debe ser un órgano plural y multidisciplinario, que proteja a la población más vulnerable en el tema del derecho a la información.
Desee su punto de vista, el dejar que sean los códigos de ética de las propias empresas, las que promuevan los derechos de las audiencias (como se plantea en la propuesta del Ejecutivo), dejará las cosas “en las mismas”. “No es la Segob, sino el Consejo Consultivo del Ifetel, el que debe vigilar y regular el impacto de la publicidad”, insistió.
“Aprovechan la inexperiencia y credulidad de los niños, para inducirlos a adquirir productos que no los alimentan nada”, advirtió Alejandro Calvillo, titular de El Poder del Consumidor.
Desde su punto de vista, la nueva regulación implementada en el marco de la Estrategia Nacional para la. Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, es parcial, ya que sólo atiende la publicidad en televisión de la barra infantil y el cine, pero la permite en otros espacios como internet, espacios publicitarios exteriores y puntos de venta, en los que existen hasta promociones y regalos. La campaña será difundida en televisión de paga, radio, paraderos y el metro, entre otros medios de comunicación, a lo largo de tres meses.
Alianza por la Salud lanza campaña contra comida chatarra; denuncia uso de medios para manipular a consumidores
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) lanzó la campaña “Nuestros niños son primero, saquemos toda la publicidad de comida chatarra de su mundo” donde hacen un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para terminar con la publicidad indiscriminada de los alimentos chatarra y bebidas azucaradas. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor dijo que actualmente no es una causalidad que el aumento de la obesidad en México coincida con la alta incidencia del mercadeo de refrescos y comida chatarra que invade a los niños por todos los medios y en todos los espacios utilizando todo tipo de herramientas de manipulación y engaño. También recordó que uno de cada tres niños en México tiene sobrepeso u obesidad, y que la publicidad de productos poco nutritivos les lleva a cambiar sus hábitos alimenticios generándoles a la larga enfermedades como la diabetes. De acuerdo con la Organización Mundial de Salud (OMS), la publicidad se aprovecha de la “inexperiencia y credulidad” de los niños y es una de las causas que contribuye significativamente al deterioro de los hábitos alimentarios de los menores, responsable de la crisis de sobrepeso y obesidad infantil en México, poniendo a los niños en mayor riesgo, durante su desarrollo, de sufrir enfermedades de corazón, diabetes y algunos tipos de cáncer. La nueva regulación implementada en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes es parcial, ya que sólo atiende la publicidad en la televisión en la barra infantil y el cine, pero permite esta publicidad en otros espacios. Además, los criterios nutricionales han sido elaborados por la industria, permitiendo la publicidad de productos no saludables como son los néctares con muy alto contenido de azúcar y pastelillos, como las donas. Por su parte, la representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alma Meneses, dijo que el Estado debe proteger los derechos de los menores y tomar acciones positivas para prohibir todo tipo de publicidad dañina. Mencionó que más de 80 por ciento de la publicidad infantil ve televisión en la semana, y ahí recibe toda cantidad de publicidad dañina para su salud. “El Estado tiene que implementar acciones no sólo para el ente público, también para los entes privados si ve que están los derechos de la infancia. No más bombardeo de publicidad engañosa que dañe a la salud”, destacó. Además, Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), indicó que esta organización exige que en la Ley secundaria de Telecomunicaciones se asegure que “la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios de este sector”. Consideró que un Consejo Ciudadano con expertos en la materia, deberá ser quien vigile el contenido de la publicidad dirigida a los menores. La campaña “Nuestros niños son primero” comenzará a difundirse desde hoy en televisión de paga, radio, internet y redes sociales.
Remiten al Ejecutivo la ley de competencia
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de abril.- Con 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones, ayer salió adelante en la Cámara de Diputados la ley secundaria de la Reforma en Competencia Económica, la única que ha logrado concretarse en su totalidad en el periodo ordinario legislativo que hoy concluye. La minuta, asumida con los cambios que le hicieron los senadores, fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación.
Uno de los principales ajustes que los diputados hicieron suyos fue el correspondiente a un nuevo tipo penal para el supuesto que se destruyan o perturben en forma total o parcial documentos, imágenes, archivos electrónicos que contengan información o datos, con el objeto de entorpecer una visita de verificación en la empresa que se indaga por presuntas prácticas monopólicas.
La oposición de izquierda del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano, así como algunos representantes del PRD, rechazaron la reforma por considerar que la ley no va al fondo de las desigualdades del modelo económico que, a su parecer, genera el desequilibrio en la competencia. “El modelo ha fallado y el sector financiero sigue siendo el gran beneficiario de la política especulativa del país”, afirmó Ricardo Mejía Berdeja, de la bancada de Movimiento Ciudadano.
Enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el 19 de febrero, aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de marzo y devuelta por el Senado con 44 modificaciones, la iniciativa fue calificada por el panista Mario Sánchez Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, como un mecanismo que subsana las limitaciones legales con las que se enfrentó el primer organismo creado hace 22 años para garantizar la competencia.
El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial afirmó que una vez identificados los problemas en la materia, ahora debe actuarse con una Ley Federal de Competencia destinada a convertirse, dijo, “en una de las leyes más importantes de nuestro orden jurídico nacional”.
Resumió las principales modificaciones hechas por los senadores, mismas que en San Lázaro fueron avaladas: la enumeración de los requisitos que debe cubrir el titular de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para su designación por el pleno del órgano colegiado de la comisión; y la precisión de las causales para la remoción del titular de la autoridad investigadora.
Puntualizó que también respaldaron el agregado que el Senado de la República hizo para que sea una obligación de la Cofece publicar las versiones estenográficas de las sesiones del pleno y las resoluciones en el Diario Oficial de la Federación o en su sitio de internet, según corresponda, “respetando la confidencialidad, reserva y secrecía de las investigaciones”.
Igualmente, se adicionó el señalamiento de que se podrán impulsar estudios independientes que evalúen a la Cofece. Por el PT, el diputado Adolfo Orive Bellinger, presidente de la Comisión de Competitividad, consideró preocupantes los ajustes formulados por los senadores: “Nos oponemos a la obstrucción que cualquier tipo de práctica monopólica ejerza sobre el crecimiento de la productividad y, por lo tanto, del crecimiento de la economía”.
La mayoría de los perredistas apoyaron el dictamen. En voz del legislador Carlos Augusto Morales López, celebraron la ley como un instrumento “muy importante para el desarrollo económico del país”, cuya aplicación, confió, contribuirá a enfrentar “la gran desigualdad que existe” en la distribución del ingreso.
La minuta enviada por el Senado contenía un error que, según los diputados, no era sustancial. “Hubo errores de forma, no de fondo. Por ejemplo, en el artículo 94 se hace referencia al artículo 123 en lugar del artículo 131, y en el artículo 131 se hace referencia al artículo 100 en vez del 101; es decir, los errores sólo son al hacer referencia a los artículos, mas no en el contenido de los mismos, y eso se corrigió para el dictamen”, explicó el diputado Mario Sánchez.
Sobre al artículo 129 que en la minuta figura sin texto, detalló que “fue un error de servicios parlamentarios, que se lo brincaron al articular, pero para dar certidumbre y no cambiar todo, se decidió, con acuerdo de la Comisión, dejarlo como venía, pues no afecta en lo absoluto la aplicación de la ley”.
Diputados aprueban la Ley Federal de Competencia Económica; se envía al Ejecutivo para su promulgación
México, 29 Abr. (Notimex).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, que entre otras cosas aumenta las sanciones por ejecutar contratos o convenios entre agentes económicos competidores. La reforma que adiciona diversos artículos al Código Penal Federal aumenta las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores. Esta legislación que se remite al Ejecutivo federal para su promulgación, fue aprobada por 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones. Lo avalado por el Congreso de la Unión revoca la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 y expide la Ley Federal de Competencia Económica, y es ley reglamentaria del Artículo 28 de la reforma constitucional en esta materia. La reforma al Código Penal Federal tiene como propósito aumentar las penas a los delitos de prácticas monopólicas absolutas, de cinco a 10 años de prisión y de mil a 10 mil días multa, equiparándolas con las más altas para delitos patrimoniales y con estándares internacionales. Lo anterior, a fin de propiciar la libre concurrencia y competencia económica, eliminando los tratos discriminatorios y el establecimiento “desproporcionado y caprichoso” de precios en el mercado en los diversos bienes y servicios. El documento vigente establecía penas de tres a 10 años de prisión y multas de mil a tres mil días. El objetivo de esta reforma es promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia económica en el país, así como prevenir, investigar, combatir, sancionar y eliminar los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas. Así como barreras a la libre concurrencia y competencia económica, y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. El documento reglamenta la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, en vigor desde junio pasado, y tiene como objeto regular los mercados, sancionar prácticas monopólicas y hacer que productos y servicios sean más baratos. Cabe señalar que esta soberanía aprobó el pasado 25 de marzo el dictamen que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el Artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con casi un centenar de cambios al documento que envió el Ejecutivo federal, y la turnó al Senado para su análisis. La nueva Ley de Competencia Económica contiene 130 artículos y es reglamentaria del Artículo 28 constitucional, en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios y concentraciones ilícitas. El viernes pasado, el Senado aprobó la minuta enviada por los diputados, con 11 modificaciones al documento, que fueron avalados este martes en San Lázaro con 408 votos a favor, 56 en contra y siete abstenciones. Las modificaciones propuestas por el Senado se refieren a cinco temas vinculados con la comparación de activos, autonomía de la autoridad investigadora y procedimiento de investigación, barreras a la competencia, transparencia, rendición de cuentas y en materia de insumos esenciales. De acuerdo a las consideraciones expuestas, las modificaciones establecen nuevas facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), se restringen los medios de defensa, con el objetivo de hacer más eficaces las resoluciones de la misma y para que los mexicanos puedan recibir bienes y servicios a precios competitivos. Uno de los cambios en el Artículo 12 se refiere a las facultades de la Cofece, donde se precisa que podrá decidir sobre solicitudes de opinión formal y consultas que emitan orientaciones, además de que esas opiniones serán vinculantes. También se estableció la obligación a la Cofece de emitir lineamientos, guías, directrices y criterios técnicos para aplicar varias definiciones que están abiertas. Asimismo, prevé el procedimiento de la participación del comité de evaluación que señala la Constitución para nombrar a los comisionados y en el caso de la remoción, se fija un periodo de duración de cuatro años. En el Artículo 49, se detallan medidas de transparencia, salvaguardando la confidencialidad de las investigaciones y las reservas de datos personales. La ley reglamentaria define como barreras a la competencia y la libre concurrencia, cualquier característica estructural del mercado, hecho o acto de los agentes económicos, que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados. También se considerarán como barreras, a las disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno que impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Los agentes económicos son definidos como las personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier forma de participación en la actividad económica. En la nueva legislación, el Pleno de la Cofece será un órgano autónomo y estará integrado por siete comisionados designados por el Ejecutivo federal, con la ratificación del Senado. La Cofece determinará, mediante declaratoria, si no hay condiciones de competencia efectiva, garantizará la libre competencia y concurrencia y deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios. También está facultado para determinar las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas. Las resoluciones de la Comisión sólo podrán ser objetadas por las empresas mediante amparo directo; cuando ésta ordene la desincorporación o enajenación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio. Los comisionados serán removidos de sus cargos cuando traten asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de agentes económicos, fuera de los casos previstos en la ley. Asimismo, cuando se abstengan de resolver, sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos en la ley, entre otras causales. Concluido su encargo, los comisionados no podrán desempeñarse como consejeros, directivos o representantes de un agente económico que haya estado sujeto a un procedimiento por la Cofece, por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que ejercieron su función. El comisionado presidente deberá comparecer anualmente ante la Cámara de Senadores y presentar ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo el programa anual de trabajo. Así como un informe trimestral de los avances de sus actividades, el cual deberá entregarse dentro de los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate. Las decisiones de los comisionados serán tomadas previa deliberación colegiada, con mayoría simple, con excepción de aquéllas que requieran una mayoría calificada. Las sesiones del pleno de la comisión serán de carácter público, excepto aquéllas en las que se traten temas con información confidencial, y las versiones estenográficas se deberán hacer públicas. La Cofece impondrá multas y otras medidas punitivas a los agentes económicos que infrinjan las normas de competencia económica, incurriendo en prácticas monopólicas o de concentración ilícita. También se crea una contraloría que contará con autonomía técnica y tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de la Cofece. Su titular será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez.
Con todos los errores de técnica legislativa y redacción cometidos por la Cámara de Senadores al enmendar la minuta correspondiente, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó el decreto que expide la ley federal de Competencia Económica.
Aprobada por 408 votos del PRI, PAN y la mayoría del PRD, 56 del PT, MC y unos cuantos perredistas en contra, así como siete abstenciones, la nueva ley, cuya minuta se envió de inmediato al Ejecutivo federal para su eventual promulgación, faculta a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El nuevo ente autónomo tendrá atribuciones también para imponer las sanciones derivadas de las referidas conductas ilícitas.
Desde la tribuna, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una moción suspensiva solicitando que la minuta fuera devuelta a la Cámara Alta, para que los senadores hicieran las correcciones pertinentes, propuesta que fue rechazada por la asamblea a mano alzada.
“Déjenme decirles de qué tamaño es el problema: primero, la Cámara Alta o de Senadores omite el artículo 129, al pasar automáticamente del 128 al Capítulo III, ‘De la Imposición de Sanciones’ (…). Es impresionante (…), en el artículo 129 le ponen ‘sin texto’. Es decir, el artículo 129 se lo brincan y no tiene texto. No ha ocurrido nunca en una Legislatura que se tengan esos graves problemas de técnica legislativa. Pero no sólo omiten eso, sino que hay imprecisiones (…). Es totalmente inconexo, inexacto, torpe. No puede aprobarse este dictamen en las condiciones en que está. Tengamos un poco de seriedad y de pulcritud, nada se pierde con que se corrija”.
En contraste y al fijar la posición de la Comisión de Economía, Mario Sánchez Ruiz (PAN), su presidente, consideró que la Colegisladora enriqueció la minuta enviada inicialmente por los diputados federales por lo que éstos aceptaron los cambios en sus términos. “La competencia es la base de la economía de mercado, es el incentivo para innovar. Una sociedad sin innovación está sentenciada al estancamiento, al consumo y a la desigualdad económica. La competencia va a permitir que la mayoría de la población tenga acceso a mejores productos a un menor precio y ésta debe de constituir el motor de la economía’’.
La nueva ley, completó, que deriva de la reforma constitucional de julio pasado, se convertirá en una de las más importantes del orden jurídico nacional. “El proyecto que se presenta es el punto culminante de un largo proceso de discusión y estudio, en el que participamos no sólo diputados y senadores, sino los diferentes actores económicos, autoridades, académicos y sociedad…”.
Lo avalado por el Congreso de la Unión revoca la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 y expide una nueva Ley Federal de Competencia Económica, y es ley reglamentaria del Artículo 28 de la reforma constitucional en esta materia.
Lo anterior, a fin de propiciar la libre concurrencia y competencia económica, eliminando los tratos discriminatorios y el establecimiento “desproporcionado y caprichoso” de precios en el mercado en los diversos bienes y servicios. El documento vigente establecía penas de tres a 10 años de prisión y multas de mil a tres mil días.
El objetivo de esta reforma es también prevenir, investigar, combatir, sancionar y eliminar los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, así como barreras a la libre concurrencia y competencia económica, y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
La nueva Ley de Competencia Económica contiene 130 artículos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios y concentraciones ilícitas. El viernes pasado, el Senado aprobó la minuta enviada por los diputados, con 11 modificaciones al documento, que fueron avalados este martes en San Lázaro.
En la nueva legislación, el Pleno de la Cofece será un órgano autónomo y estará integrado por siete comisionados designados por el Ejecutivo federal, con la ratificación del Senado. La Cofece determinará, mediante declaratoria, si no hay condiciones de competencia efectiva, garantizará la libre competencia y concurrencia y deberá prevenir, investigar y combatir los monopolios.
Los comisionados serán removidos de sus cargos cuando traten asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de agentes económicos, fuera de los casos previstos en la ley. Asimismo, cuando se abstengan de resolver, sin causa justificada y en forma reiterada, los asuntos de su competencia dentro los plazos previstos en la ley, entre otras causales.
Las decisiones de los comisionados serán tomadas previa deliberación colegiada, con mayoría simple, con excepción de aquéllas que requieran una mayoría calificada. Las sesiones del pleno de la comisión serán de carácter público, excepto aquéllas en las que se traten temas con información confidencial, y las versiones estenográficas se deberán hacer públicas.
También se crea una contraloría que contará con autonomía técnica y tendrá a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos de la Cofece. Su titular será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez.
Ley de Competencia, fundamental para elevar crecimiento: Cofece
México, 29 Abr. (Notimex).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló que la aprobación en el Congreso de la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica inaugurará una nueva etapa de política pública en la materia, la cual será fundamental para impulsar el crecimiento y el bienestar de población. El organismo reiteró su compromiso de aplicar todos los recursos a su alcance, con estricto apego a la legislación, a fin de que ésta se cumpla. Expone que la aprobación de dicha legislación garantizará un nuevo ordenamiento en las mejores prácticas internacionales y será un factor clave para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos. “La Comisión reconoce el trabajo responsable de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el cual representa el cimiento para lograr los objetivos establecidos en la reforma constitucional en materia de Competencia Económica”, apunta en un comunicado.. Dijo que con su efecto se reflejará en una mayor eficiencia de los mercados y, con ello, en el incremento de la productividad nacional, la promoción de inversiones, así como en la disponibilidad de más y mejores bienes y servicios que beneficiarán a los consumidores. En ese sentido, la Cofece reconoce la responsabilidad que significa disponer de herramientas institucionales y normativas modernas para hacer frente a los retos de aplicar con eficacia la política de competencia del país. Por lo que esta nueva ley no sólo nos brinda nuevas facultades a la Comisión, sino que también impone obligaciones de rendición de cuentas y de respeto al debido proceso que garantizan certeza jurídica, transparencia y predictibilidad a la actuación de la autoridad, argumenta. El órgano autónomo subraya que a partir de la publicación de la Ley Federal de Competencia Económica adecuará su organización y procedimientos internos, a fin de permitir una transición institucional expedita y ordenada, con el propósito de apegar su operación al nuevo marco normativo. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general y en lo particular la minuta que expide la Ley Federal de Competencia Económica, que entre otras medidas aumenta las sanciones por ejecutar contratos o convenios entre agentes económicos competidores.
Completan reforma que combate los monopolios
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que expide la normatividad reglamentaria de la Ley Federal de Competencia Económica, y fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. Esto, aunque contiene un error del Senado que “borró” el artículo 129 en el texto enviado a San Lázaro la semana pasada, como informó ayer *EL UNIVERSAL*.
Lo aprobado completa la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia aprobada el año pasado —que busca regular mercados y sancionar prácticas monopólicas hasta con 10 años de prisión y multas equivalentes a 10 mil días de salario mínimo vigente— y fue respaldada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, con errores en los articulados. El dictamen fue avalado por el pleno con 408 a favor, 56 en contra y siete abstenciones.
*“Irresponsable”: Monreal*
El artículo 129 de la nueva ley secundaria no tiene texto y pese a ello los legisladores aceptaron darle su respaldo, pues de lo contrario debían regresar la minuta al Senado de la República, donde existía el riesgo de quedar “congelada”.
Antes de aprobar el nuevo ordenamiento, los diputados federales recibieron dos oficios del Senado en el que se reconoce que el documento tiene una serie de errores. En uno de los oficios se informa que falta el texto del artículo 129, es decir, la nueva ley se salta del 128 al 130. También se informó que el artículo 94 hace referencia al 123, cuando deber ser al 131; el 131 hace referencia al 100, cuando lo correcto debe ser el 101.
El documento aprobado, de acuerdo a los oficios del Senado, también contiene errores en la numeración de las fracciones contenidas en el artículo 75, pues es confusa su numeración lo que complica el entendimiento del artículo. Los diputados aceptaron los oficios como fe de erratas, lo que derivó en un reclamo del coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien dijo que era una irresponsabilidad avalar un documento con errores.
“Nunca en la historia del parlamento se había aprobado una ley como esta, en donde el artículo 129, en una nueva ley, diga: ‘artículo 129 sin texto’, es inadmisible, verdaderamente es un monumento a la ignorancia política. Allá ustedes, los que voten a favor”, sentenció el zacatecano.
*Niegan pifias*
El presidente de la Comisión de Economía, Mario Sánchez (PAN), comentó que la nueva ley aprobada “está completamente correcta y no tiene errores”. “¿Qué sucedió? En el Senado se votó en una forma correcta y a la hora de enviarla en Servicios Parlamentarios se equivocaron a la hora de transcribir. Fue un problema de forma y no de fondo”, justificó el legislador panista. Vinculado al sector empresarial, aseguró que con la fe de erratas se subsana esa situación y aunque el artículo 129 se quedó vacío, no perjudica la esencia del nuevo ordenamiento y afirmó que en el futuro no podrá ser impugnada.
*Felicita EPN por aval*
El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los legisladores en un mensaje en su cuenta de Twitter. “Felicito a los @Mx_Diputados por aprobar la Ley de #CompetenciaEconómica, fundamental para impulsar el crecimiento económico y el empleo”, divulgó el mandatario en la red social.
Inician diputados debate sobre competencia económica
El pleno de San Lázaro comenzó con el análisis de ley reglamentaria del artículo 28 de la reforma constitucional que busca promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia económica El *pleno *de la Cámara de *Diputados* inició el debate del dictamen de la minuta que expide la Ley Federal de Competencia *Económica *y *reforma *y adiciona diversos artículos al Código Penal Federal.
Los diputados también discutirán y votarán reformas al artículo 254 bis del Código Penal Federal, que contiene este dictamen, para aumentar las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores. Después de argumentar el dictamen el diputado del PAN, Mario Sánchez Ruiz, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) , Ricardo Monreal Ávila, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada, en votación económica, por el Pleno camaral.
Este dictamen fue aprobado por la comisión de Economía con las modificaciones de la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que propone abrogar la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992 y expedir la Ley Federal de Competencia Económica. Explicó que dicha ley es reglamentaria del artículo 28 de la reforma constitucional en esta materia, que tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y competencia económica.
Asimismo para prevenir, investigar, combatir, sancionar y eliminar los monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica, así como restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. El dictamen también considera reformar el artículo 254 bis del Código Penal Federal para aumentar las sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores.
Los legisladores analizarán, debatirán y votarán el dictamen que la comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprueba las 11 modificaciones de la minuta devuelta. Estas modificaciones son: adicionar las fracciones XVI, XXIX y XXX en el artículo 12, a efecto de fortalecer las facultades de la COFECE relacionadas con las resoluciones sobre las solicitudes de opinión formal.
Así como la emisión de orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia, la solicitud de evaluaciones del desempeño, y la emisión, publicación y revisión, cuando menos cada cinco años, de las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos vinculantes para la propia Comisión en materia de barreras a la competencia y libre concurrencia. También la regulación de acceso a insumos esenciales y desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos.
Otra modificación es al artículo 18, párrafo sexto, cambiaría la palabra –aplicable- por –aplicables-; la tercera se refiere a el artículo 23, último párrafo, corregir, el error ortográfico que presenta la palabra –públicas-, toda vez que se refiere a los -servidores públicos-. La cuarta modificación corresponde a la denominación del Capítulo III De su Designación por Capítulo III De su Designación y Remoción.
La séptima es para facultar a los agentes económicos para solicitar a la COFECE una opinión formal en materia de libre concurrencia y competencia económica cuando se refiera a la aparición de cuestiones nuevas o sin resolver en relación con la aplicación de la Ley y establecer en los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 el procedimiento correspondiente. El octavo punto es para cambiar en el artículo 131 cambios de redacción en materia de infracciones, y la novena contempla modificar en el artículo 254 bis del Código Penal Federal propone establecer en el tipo penal que el delito previsto en este artículo sólo podrá formularse con el dictamen de probable responsabilidad.
La últimas dos modificaciones son: una adición a los artículos Quinto y Sexto Transitorios sobre el plazo de la COFECE para publicar directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos sobre competencia y libre concurrencia. Y, finalmente, modificaciones de redacción para no precisar Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en su lugar referirse a un marco constitucional, Cámara de Diputados, Comisión e Instituto, respectivamente.
La COFECE la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica
México.- La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) se congratula por la aprobación en el Congreso del proyecto de la Ley Federal de Competencia Económica. Una vez promulgado, dicho instrumento jurídico inaugurará una nueva etapa de política pública en materia de competencia que será fundamental para impulsar el crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos.
La Comisión reconoce el trabajo responsable de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el cual representa el cimiento para lograr los objetivos establecidos en la Reforma constitucional en materia de Competencia Económica. La nueva Ley Federal de Competencia Económica es un ordenamiento moderno que se inscribe en las mejores prácticas internacionales. Su efecto se reflejará en una mayor eficiencia de los mercados y, con ello, en el incremento de la productividad nacional, la promoción de inversiones, así como en la disponibilidad de más y mejores bienes y servicios, que beneficiarán a los consumidores mexicanos.
La COFECE, como órgano autónomo, es consciente de la responsabilidad que significa disponer de herramientas institucionales y normativas modernas para hacer frente a los retos de aplicar con eficacia la política de competencia del país. La nueva ley no sólo nos brinda nuevas facultades a la Comisión, sino también nos imponen obligaciones de rendición de cuentas y de respeto al debido proceso que garantizan certeza jurídica, transparencia y predictibilidad a la actuación de la autoridad. Estos valores son compartidos por todos los que integramos a esta institución.
La Comisión Federal de Competencia Económica, a partir de la publicación de la ley, adecuará su organización y procedimientos internos para hacer una transición institucional expedita y ordenada, con el propósito de apegar su operación al nuevo marco normativo. La COFECE reitera su compromiso de aplicar todos los recursos a su alcance, con estricto apego a la ley y con base en su Plan Estratégico 2014-2017 y su Plan de Trabajo 2014, a fin de promover los beneficios sociales derivados de la libre competencia y concurrencia
-Planeación estratégica Brasil
Anatel abre a consulta pública planeación estratégica
El regulador de las comunicaciones brasileño, la Anatel, pondrá a disposición de cualquier interesado un cuestionario en Internet para la elaboración de su Planeación Estratégica. Cualquier persona podrá participar de esta consulta para auxiliar a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones a definir la dirección de la unidad de acción en los próximos diez años.
A partir de esta semana, la Anatel promoverá reuniones con los seis diferentes grupos de actores identificados en el sector de telecomunicaciones (consumidores, gobierno, especialistas, industria, legisladores y operadores) para obtener de las participaciones cuestiones estratégicas de mayor impacto para el sector, oportunidades y desafíos futuros.
La idea de la agencia es obtener insumos con estas contribuciones para definir variables externas que puedan influenciar favorable o desfavorablemente los objetivos del regulador. Esas variables, posteriormente, serán presentadas a diversos especialistas que deberán responder a cuestionamientos de probabilidad de ocurrencia de los valores que utilizan como variables definidas. La Anatel aclara que no se trata de una encuesta, sino de una consulta técnica sobre la convergencia del consenso de los especialistas cuestionados.
Comments Off on Legislación en materia de comunicación · 30 abril 2014