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Timestamp: 2018-03-24 17:32:06
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Mapa - Las Fuerzas Armadas de España [The Armed Forces of Spain]
28/03/2012 España, Siglo XXI
Las Fuerzas Armadas de España constituyen el conjunto de las diferentes armas que integran los ejércitos españoles, a quienes corresponde, según prescribe el artículo 8 de la Constitución de 1978, “[…] garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
El problema de la denominación. Defensa y Seguridad
En efecto, aunque se conoce tradicionalmente como ejército o ejércitos a las fuerzas militares de una nación o estado, modernamente se prefiere la denominación de fuerzas armadas para hacer referencia a ese colectivo. En el caso de España, las constituciones decimonónicas utilizaban la expresión Ejércitos o bien Fuerza Militar Nacional. Igualmente, las leyes ordinarias del periodo se refieren a ellas con el nombre genérico de Ejército. La Constitución de la Segunda República es la única que no dedica ningún precepto específico a los ejércitos; tampoco aparece la expresión Fuerzas Armadas en la primigenia Legislación Fundamental del régimen franquista, y es únicamente en la década de los sesenta y a través de las normas reguladoras del Derecho de Petición que afecta a los militares, así como en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado, donde comienza a instituirse la denominación de Fuerzas Armadas, si bien se incluía en el concepto las fuerzas de orden público. Fue el texto constitucional de la Transición el que consagró oficialmente esta denominación en el artículo al que anteriormente se hizo referencia, el 8, que define la composición de las mismas: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada, y el Ejército del Aire […]” En él se excluye a las fuerzas de orden público, que pasan a denominarse Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Éstas, aunque puedan estar sujetas a la disciplina militar (como es el caso de la Guardia Civil) no forman parte de las Fuerzas Armadas. El artículo 104 del texto fundamental atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad misiones específicas e incluye su regulación, para subrayar su carácter gubernativo y ajeno a las Fuerzas Armadas, en el Título IV, Del Gobierno y la Administración.
En rigor, no puede hablarse de la existencia de un ejército propiamente español hasta la Edad Media, tras la unión de las coronas de Castilla y Aragón por parte de los Reyes Católicos. Sus precedentes pueden rastrearse hasta las tiempos prerromanos, a los que pertenecen vestigios como la falcata ibérica, corta espada de ancha hoja muy apreciada como arma en el combate cuerpo a cuerpo. Guerreros hispanos se incorporaron a las fuerzas púnicas con Aníbal y también a las legiones romanas, en cuyas filas sirvieron. En época medieval, los ejércitos eran fuerzas privadas al servicio de cada señor y no tenían carácter permanente, dado que no había entidades políticas de base territorial equiparables a los actuales estados. Aquéllos los ponían a disposición de otros señores principales o del rey; cuando eran requeridos al servicio de la Corona se subvenían con tributos de guerra que habían de ser aprobados por las incipientes Cortes. Su elemento principal era la caballería, auténtica fuerza de choque, que era apoyada por el peonaje o fuerza de a pie auxiliar.
La transformación de estos ejércitos caballerescos, que se regían por sus propias normas de honor más que por las artes de la guerra, constituyó una revolución militar que comenzó a tener forma en el periodo de transición de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. La batalla de las tropas portuguesas en Arcila (1471), en el norte de África, puede considerarse como la última manifestación del espíritu caballeresco de los ejércitos peninsulares. Precedió a las campañas de los Reyes Católicos para la conquista de Granada (1492), en las cuales puede datarse con precisión el tránsito de la caballería y las mesnadas feudales a los ejércitos propiamente reales, y en la que se introdujeron las nuevas armas y artes de guerra.
En las campañas de Granada se emplearon por primera vez armas de fuego manuales, artillería (bombardas, falconetes, morteros, etc.) y minas. Este profundo cambio en los modos de llevar la guerra se perfeccionó en las primeras campañas españolas de Italia y se debió al talento militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como El Gran Capitán. Adaptó al terreno las tácticas de celdas o guerrillas ya utilizadas en Granada, desplegó la capacidad de maniobra de una caballería ligera compuesta de ágiles jinetes sin apenas impedimenta y desprovistos de las pesadas armaduras de la caballería tradicional, y sacó el máximo partido a su infantería. Ceriñola (1503), en Italia, es la batalla que marcó la culminación de todas estas tácticas y que, con la derrota de la pesada caballería francesa, desterró para siempre a la caballería feudal en favor de la movilidad de la infantería y las tropas ligeras.
Los Reyes Católicos establecieron lo que pueden considerarse primeros ejércitos permanentes con la institución de la Santa Hermandad para la seguridad interior de sus reinos, y los Tercios, que organizó el Gran Capitán. Esta primera formación militar se consolidó con Carlos V, que reguló su estructura y cuadro de mandos, y Felipe II, bajo cuyo reinado llegó a estar formado por 200.000 hombres. El desarrollo militar fue paralelo al naval: en la época de los Reyes Católicos sólo se contaba con unas pocas galeras destinadas a guardar las costas de Granada. Carlos V y Felipe II acometieron el desarrollo de la flota para combatir a los turcos. La galera de la época se perfeccionó y amplió, llegando a las 200 toneladas y fue el principal elemento material que llevó al éxito en la batalla de Lepanto.
El Descubrimiento de América y la llamada en general Era de los Descubrimientos, así como el triunfo de Lepanto, impulsaron la construcción naval. La necesidad de largas navegaciones desarrolla un nuevo buque, el galeón, que dejaría paso al navío. Los navíos españoles se caracterizaban por la perfección de sus líneas y la calidad de construcción, en la que empleaban las mejores maderas de ultramar. Pero así como Lepanto culminó las glorias de la marina española, la derrota ante las naves inglesas de la llamada Armada Invencible o Gran Armada de Felipe II, fue el inicio de su larga decadencia. No faltaron intentos de recuperación: la dinastía borbónica, tras la Guerra de Sucesión (1700-1714), emprendió con Felipe V, y sobre todo con Carlos III, una política naval ambiciosa que permitió contar a finales del siglo XVIII con una Armada y una marina mercante de unas 1.000 naves. En Trafalgar (1805), la flota del almirante británico Nelson todavía hubo de enfrentarse a dieciocho navíos de línea españoles y quince de sus aliados franceses. El heroísmo de Gravina, Churruca o Alcalá Galiano, que fallecieron en combate, o la muerte del mismo Nelson, no sirvieron para evitar la derrota. Trafalgar marca el momento en que España perdió definitivamente el dominio de los mares a favor de Inglaterra.
Hubo otras reformas, pero la proyección ultramarina de la flota española habría de concluir en 1898, en las batallas de Santiago de Cuba y Cavite (Filipinas), en inferioridad de condiciones frente al naciente poderío naval de los Estados Unidos. Fue el último episodio del Imperio español.
La idea de un ejército moderno, tal y como hoy lo conocemos, no llegaría hasta la Revolución Francesa y la era napoleónica. La primera extendió por toda Europa el concepto de nación, y Napoleón desarrolló un concepto del ejército, entendido como la nación en armas, que fue base para los ejércitos permanentes de recluta que han llegado hasta nuestro siglo. La invasión napoleónica de la península Ibérica y la Guerra de Independencia (1808-1814), tuvieron como indirecta consecuencia la de contribuir a la formación de un Ejército Nacional español. La Revolución Francesa marcó también para España el comienzo del periodo liberal. Para algunos autores, como Juan Pablo Fusi, fue el Ejército su verdadero artífice, y no la sociedad o sus élites políticas.
La restauración borbónica en la figura de Fernando VII inició un periodo de turbulentos cambios políticos, tanto en España como en Ultramar. En América dio pie a los primeros movimientos independentistas, nacidos precisamente en el seno de tropas españolas nutridas por criollos, y comandado por oficiales que, como San Martín, habían participado incluso en la Guerra de la Independencia, o por políticos locales que habían intervenido, representando a las provincias y virreinatos de América, en la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812. La inestabilidad política del reinado de Fernando VII facilitó la aparición de un fenómeno por el que los hombres de la milicia se atribuían la solución de los problemas de la nación: sería conocido como pronunciamiento militar, y su incidencia había de marcar casi todo el siglo XIX. No sería ajeno tampoco, con el pleito sucesorio, a las Guerras Carlistas. Espoz y Mina (1814), Díaz Porlier (1815), Lacy (1817), Riego (1820), son los primeros de una larga serie de militares, con Zumalacárregui (1788-1835) entre los carlistas, y Narváez (1199-1868), Espartero (1793-1879), O’Donnell (1809-1867), Prim (1814-1870) o Pavía (1827-1895) entre los más señalados del periodo liberal. Todos ellos se sintieron llamados a intervenir en la política, marcando así toda una época en la que, como diría el filósofo y sacerdote catalán Jaime Balmes, “tuvo que mostrarse fuerte el poder militar porque era débil el poder civil”.
El breve reinado de Amadeo I de Saboya (1870-1873) y la efímera Primera República (1873-1874) no lograron consolidar las instituciones políticas y militares. El convulso periodo abrió paso a la Restauración canovista, que inauguró una época de estabilidad y reformas profundas. La propia restauración en el trono de Alfonso XII, el hijo de Isabel II, dejó a los carlistas sin buena parte de su legitimidad y fue reconocida por el general Cabrera (1806-1877), último de sus caudillos. Sus postreros reductos fueron liquidados por Martínez Campos, que acabó también en Zanjón, en 1878, con la sublevación en Cuba de unos 7.000 hombres. El régimen logró además apaciguar los primeros disturbios del norte de África. Pero no tardaría en llegar, desde África precisamente, el detonante de la crisis militar que se cernía desde 1913: el desastre de Annual (1921), que provocó la muerte de 9.000 soldados españoles, con la retirada de las tropas al mando del general Silvestre y la pérdida de unos 5.000 km2 de la zona de Melilla, plantearon la exigencia, de una parte, de responsabilidades a los militares, y de otra, la cuestión de la permanencia o no en Marruecos. El Ejército español veía en aquella presencia la oportunidad de recuperar el prestigio perdido en las ultimas acciones militares de Cuba y Filipinas, y consideraba sus acciones como una verdadera escuela del espíritu militar. De hecho, de allí salieron los nombres que habrían de determinar más tarde el futuro de la institución durante la Guerra Civil y el régimen de Franco.
En la pacificación de Marruecos jugó un destacado papel el general Miguel Primo de Rivera. Muchos vieron en él (incluida la Corona, que no tomó iniciativa alguna para impedirlo) la solución de la larga crisis. El 13 de agosto de 1923, recuperando un viejo hábito que parecía desterrado, se pronunciaba en Barcelona, de cuya Capitanía General estaba al frente; el 14 dimitía el Gobierno de García Prieto y al día siguiente Alfonso XIII reconocía de hecho la situación al encargar la formación de nuevo gobierno a Primo de Rivera. Se inauguró así la llamada Dictablanda (1923-1930), antesala de la Segunda República y la Guerra Civil, y que algunos (Raymond Carr) consideran, visto el desenvolvimiento posterior de los hechos, el acontecimiento más determinante de la moderna historia de España.
Tanto la Dictadura como la República (1931-1939) emprendieron una serie de reformas de la institución militar que no siempre fueron aceptadas por quienes debían sufrir sus consecuencias. La división entre los propios militares y una generalizada frustración en su seno no fueron ajenas al estallido de la Guerra Civil, en julio de 1936. España y el Ejército se dividieron, y tanto a un lado como al otro lucharon militares de elevado prestigio. Muchos “africanistas”, como Franco, Varela o Mola, eligieron el bando nacional; otros, como Rojo o Miaja, lucharon hasta el final con las tropas republicanas.
Sin embargo, como señala el historiador militar Ramón Salas Larrazábal, la verdadera y profunda reforma militar fue la que se realizó durante la Guerra Civil. Durante los tres años de guerra, ambos gobiernos crearon ministerios de Defensa para unificar las armas bajo un único mando. Su primer titular en el bando republicano fue el líder socialista Indalecio Prieto, que asumió el cargo en mayo de 1937. Hasta el 28 de enero de 1938 no se habilitó el nacional, al frente del cual se situó el general Fidel Dávila. En el sector republicano se creó un Estado Mayor Central para dirigir la guerra, mientras que en el bando nacional esa tarea dependía del denominado Cuartel General del Generalísimo. Este primer intento de unificación en un ministerio de Defensa (con ese mismo nombre) se anticipó en el tiempo a otros similares (Alemania, Estados Unidos, etc.), pero tras el final de la guerra se abandonó y se habilitaron por separado los ministerios del Ejército, de Marina y del Aire, a cuyo frente siempre estuvieron destacados militares.
Sin duda influyó en la creación de los nuevos ministerios el protagonismo alcanzado durante la Guerra Civil por la aviación militar, un arma nueva que había establecido su prestigio durante la Primera Guerra Mundial y se había consolidado durante el segundo conflicto global. El arma aérea ya había intervenido en España en acciones esporádicas de reconocimiento y bombardeo durante las campañas de África; su nacimiento oficial se remonta al reinado de Alfonso XIII, quien la creó como Servicio de Aeronáutica Militar el 28 de febrero de 1913. Entre sus pioneros se cuentan Alfredo Kindelán (que habría de jugar un papel protagonista en la designación de Franco como Jefe del Gobierno nacional al comienzo de la Guerra Civil), el Infante Alfonso de Orleans, Ortiz de Echagüe y otros entusiastas aviadores que pronto se hicieron legendarios, como Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Durán y Rada, tripulantes del Plus Ultra, primer avión en realizar la travesía del Atlántico Sur en crucero iniciado en Palos de la Frontera y concluido en Buenos Aires (1926).
Las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial fueron recogidas en España, donde se llevó a cabo una importante reorganización militar: los Cuerpos de Ejército desaparecieron como grandes unidades territoriales, se crearon la División Acorazada y la de Caballería Mecanizada y se formó la Agrupación de Paracaidistas. La Academia General Militar se restableció en 1940 y, en 1987, el Estado Mayor Central del Ejército se transformó en el Estado Mayor del Ejército, pasando su jefe a ser la primera autoridad en la cadena de mando militar (la Ley Orgánica del Estado, de 1967, había creado un Alto Estado Mayor dependiente de la Presidencia del Gobierno). Las industrias militares pasaron a tener, bajo el control del Instituto Nacional de Industria (INI), gran importancia en la modernización del armamento y material. La Empresa Nacional Santa Bárbara, especializada en carros de combate y material pesado, fue, junto con el Centro de Investigaciones Técnicas Militares (CETME), protagonistas de este proceso, uno de cuyos logros, de carácter internacional, fue el fusil de asalto Cetme.
La Armada había sufrido cuantiosas pérdidas durante la Guerra Civil. De sus más de 1.000 oficiales al comienzo de la guerra solo sobrevivieron la tercera parte al concluir la contienda. También se perdieron las principales unidades (los acorazados España y Jaime I, aunque anticuados, y el relativamente moderno crucero Baleares), submarinos, aviones navales…, la reconstrucción hubo de llevarse a cabo teniendo en cuenta los profundos cambios tecnológicos introducidos durante la Segunda Guerra Mundial: radar, sonar, mejoras en la potencia de fuego naval y su empleo, guerra submarina y antisubmarina o el desarrollo de la aviación como arma de combate en combinación con las naves de guerra. Los nuevos astilleros, como Bazán, trataron de llevar a cabo esa tarea. En 1953 se pusieron las primeras bases de un programa de modernización que se apoyaba sobre la cesión de unidades prevista en el primer convenio de ayuda y cooperación hispano-norteamericano (26 de setiembre de 1953).
El convenio afectó también al Ejército de Tierra, especialmente en lo referente a la disposición de carros, artillería y material de transporte, así como al arma aérea. El naciente Ejército del Aire empezó a recibir material para ayudar a su renovación, y en julio de 1952 se crearon la Aviación de Defensa Aérea, la Aviación Táctica de Cooperación con el Ejército y la Armada, y la de Transporte, y se sentaron las bases de una futura Aviación Estratégica. Al igual que los astilleros de la Empresa Nacional Bazán en el caso de la Armada, el Instituto Nacional de Industria impulsó la empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA) para acometer un desarrollo nacional de nuestra aviación militar.
El esfuerzo de renovación de los ejércitos se plasmó en la Ley de Modernización de las Fuerzas Armadas, de 1965, que fue modificada y ampliada más tarde por otra de 1971 que extendía su vigencia hasta 1980. Fue desarrollada por un Decreto-Ley de 1977 que regulaba las Dotaciones Presupuestarias para la Defensa Nacional.
Las Fuerzas Armadas tras la Transición democrática
Con la muerte del General Franco, en noviembre de 1975, se cerró también su Régimen. No puede decirse en rigor que fuera un régimen militar, aunque los militares jugaron en él un destacado papel. Únicamente en la última década fue designado como Vicepresidente del Gobierno el general Agustín Muñoz Grandes, que asumió al mismo tiempo la Jefatura del Alto Estado Mayor, durante cuyo mandato creó el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). Y en su periodo final, el almirante Luis Carrero Blanco que había ejercido durante largo tiempo su influencia desde la Secretaría de la Presidencia del Gobierno, fue nombrado Presidente (1973). Era la primera vez que bajo el régimen de Franco se separaban la Jefatura del Estado y la del Gobierno. A finales de ese mismo año, en el mes de diciembre, el almirante Carrero era asesinado en un atentado del grupo terrorista ETA.
Durante el periodo transitorio que se abrió con la muerte de Franco, en 1976, otro militar de alta graduación, Manuel Gutiérrez Mellado, fue nombrado Vicepresidente Primero para Asuntos de la Defensa en el primer gobierno de Adolfo Suárez. El General Gutiérrez Mellado inició durante su mandato una profunda reestructuración de las instituciones superiores militares, que habría de coronarse con la creación del Ministerio de Defensa (1979). Los Ministerios del Ejercito, Marina y Aire fueron sustituidos, de acuerdo con la tendencia seguida en los países del entorno, por sus respectivos Cuarteles Generales.
La instauración de la monarquía en la persona del nieto de su último titular, Alfonso XIII, que subió al trono en cumplimiento de las previsiones sucesorias del propio Régimen (Ley de Sucesión de 1969) con el nombre de Juan Carlos I, puso en marcha un proceso de institucionalización democrática que el propio Rey, al declarar su voluntad de ejercer su reinado en beneficio de todos los españoles, se encargó de promover. Se abrió así un periodo de transición que sólo se cerró oficialmente con la promulgación de la Constitución, el 6 de diciembre de 1978. Antes había sido necesario que las antiguas Cortes aprobaran la Ley para la Reforma Política, que permitió transformar las estructuras del régimen anterior. Este cambio formal tardó en consolidarse en la práctica, como demostró el intento de golpe militar del 23 de febrero de 1981, que puso momentáneamente en peligro su continuidad. Fue el último signo de la pugna que a lo largo del último siglo había enfrentado en España a los poderes civil y militar.
La Constitución de 1978 establece el marco político y jurídico supremo en el que es preciso encuadrar la Defensa y la Seguridad nacional y, en consecuencia, las Fuerzas Armadas, que constituyen su soporte humano y material. El texto fundamental proclama en su preámbulo la voluntad “de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones” y el propósito de “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra”. Su artículo 8, citado con anterioridad, encomienda a las Fuerzas Armadas la “misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”. La Constitución declara también el derecho y el deber de los españoles de defender a España (artículo 30.1) y la potestad que corresponde al Gobierno de dirigir la administración civil y militar y la defensa del Estado (97).
Una Ley Orgánica de 1 de julio de 1980 regula los criterios básicos a que ha de estar sujeta la defensa nacional y la organización militar. Según reza su artículo 1: “La Defensa Nacional y la organización de las Fuerzas Armadas son competencia del Estado”. Un nuevo concepto de lo que ésto significa se define en el artículo 2 del texto legal como “la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin”. Para completar este concepto global de defensa y seguridad, que se había venido elaborando en la doctrina estratégica internacional desde la Segunda Guerra Mundial, el artículo 3 precisa que “será regulada de tal modo que, tanto en su preparación y organización, como en su ejecución, constituya un conjunto armónico que proporcione una efectiva seguridad nacional”.
La citada ley establece una primera jerarquización de los estamentos superiores de la Defensa: al Rey la corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas y la presidencia de la Junta de Defensa Nacional que en la misma se establece; el Gobierno debe determinar la política de Defensa y el Parlamento realizar el debate y aprobación de los presupuestos destinados a este fin, así como el control de la Administración Militar. Las funciones del Presidente del Gobierno no quedaban suficientemente definidas en el texto, puesto que, aunque le correspondería la dirección de la guerra, no aclaraba sus competencias ni las del Ministro de Defensa en cuanto al mando y organización de las Fuerzas Armadas. Ello obligó a modificarla para corregir estas limitaciones por otra nueva Ley Orgánica de 5 de enero de 1984.
Durante los sucesivos periodos legislativos, el Ministerio de Defensa sufrió distintas modificaciones con el objetivo de adaptarlo en cada caso al mejor cumplimiento de sus funciones. La última, dispuesta por el nuevo gobierno del Partido Popular, surgido de las elecciones de 1996, entró en vigor el 2 de septiembre de ese mismo año. En ella se refuerzan las competencias de la Secretaría de Estado de Defensa en lo relativo a las infraestructuras para impulsar la enajenación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio estatal militar, no considerados ya necesarios para su función El Instituto de Estudios Estratégicos pasó a depender de la Dirección General de Política de Defensa (encargada de todo lo concerniente a la política militar en su dimensión internacional) y le fue encomendado de modo especial el desarrollo de vínculos con la sociedad, a fin de estimular en ella la sensibilidad por las cuestiones de paz, defensa y seguridad.
Se define la figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) como máximo colaborador del Ministro en el planeamiento y ejecución de la dimensión operativa de la política militar, y se precisa la subordinación a él del Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, constituido a su vez por varios órganos auxiliares. El más importante de ellos es el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Por otra parte, se mantuvieron las estructuras básicas del Estado Mayor de la Defensa, de los tres Ejércitos y del Mando Operativo de las FAS. Otra importante modificación, que afectaba a la organización periférica del Ministerio, había sido iniciada a partir del Real Decreto de 1994, que instituía las Delegaciones de Defensa, llamadas a sustituir a lo largo de los tres años siguientes, según el plazo que establecía la citada norma, a los antiguos Gobiernos Militares. Esta nueva estructura diferencia las funciones operativas y logísticas, que corresponden propiamente a los ejércitos, de las administrativas y de gestión, que están encomendadas al Departamento y que éstas han de desarrollar en su jurisdicción correspondiente.
Con esta organización, que sigue el esquema fijado para los demás departamentos ministeriales, desapareció la figura del Gobernador Militar, presente en la administración española desde el siglo XVI, en que se estableció el cargo de gobernador de plaza o fuerte. Su último título, que precede al de Gobernador Civil referido a una provincia, fue establecido legalmente en 1841. El Reglamento de Estado Mayor de Plazas de 1852 ya determinó que sus comandantes militares se denominaran gobernadores militares de la provincia.
El marco presupuestario y financiero
De nada serviría una política de defensa, por ambiciosa que fuera, sin una adecuada financiación. El problema que supone asignar los créditos necesarios para la Defensa en el conjunto del Presupuesto del Estado se une indisolublemente a la percepción que tiene la propia sociedad de la importancia de asegurar su propia supervivencia. Es un objetivo que la Ley Orgánica de 1980, en su artículo 2, definía ya como “la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin”. El problema presupuestario de la defensa es pues, en última instancia, una cuestión de solidaridad y conciencia nacional.
Una ley que data de 1965 contemplaba las inversiones para la modernización de las Fuerzas Armadas a lo largo de una perspectiva de ocho años, y fue posteriormente prorrogada en 1971 y 1977. Su idea inspiradora era asegurar que la continuidad de las inversiones, por su naturaleza plurianuales y a largo plazo, no se vieran perturbadas por los ejercicios presupuestarios de cada año. Las Cortes volvieron a prorrogarla hasta 1994, lo cual da idea de la racionalidad de este texto legal y el excelente servicio que ha rendido en el propósito de adaptar las inversiones a un periodo plurianual.
Pese a ello, su objetivo de mantener en una proporción de 60/40% los créditos respectivos para material, inversiones y personal, han sido siempre difícilmente alcanzables: tan difícil como el de lograr un montante de financiación equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB), considerado como meta tras el ingreso de España en la Alianza Atlántica, para no distanciarnos de los otros países de nuestro entorno. Los presupuestos de Defensa han sufrido un sucesivo proceso de degradación debido no sólo a las crisis económicas sino también al retraso relativo de las retribuciones del personal en relación con otros estamentos de la Administración. Este último aspecto trató de corregirse con varias disposiciones encaminadas a reducir las plantillas. Aun así, no fue suficiente para mantener estable aquella proporción ideal. La tendencia se corrigió moderadamente en los presupuestos de 1995, con un incremento del 7,6%, que superaba la inflación prevista para el ejercicio, y otro ligero aumento de su participación en el PIB, que pasaba del 1,26% al 1,27%. Fue el incremento más importante de la última década.
Si se compara la evolución del presupuesto de Defensa desde 1978, en pesetas corrientes y del año 1996, puede observarse una tendencia ascendente que se mantiene hasta 1985, se estabiliza prácticamente entre este último año y 1990, y desciende hasta el 93 (los años de más fuerte incidencia de la crisis económica) hasta situarse por debajo del existente en los primeros años de la década, para estabilizarse de nuevo en ese nivel hasta 1997. Por lo que se refiere a su comparación con el PIB, se parte en 1978 de una participación del 1,29%, que subió con cierta progresión hasta 1985, en que rebasó ligeramente, con el 2,19%, el objetivo fijado del 2% del PIB. A partir de ese año, el decrecimiento es constante año a año hasta quedarse por debajo del 1,34% en los último cinco años, llegando al 1,1% por ciento del PIB en 1997.
Aún resulta más significativa la participación porcentual del presupuesto de Defensa en el General del Estado en ese mismo periodo que va de 1978/97: del 13,2/13,6% en 1978 y 1979 desciende rápidamente, casi en caída libre, hasta el año 1997, en que sólo alcanza el 3,6%.
Si lo comparamos en dólares USA con el gasto destinado a Defensa de los otros países europeos de la OTAN, puede apreciarse que España está muy por debajo de la media (que superan, por este orden, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia), y solo por delante de Países Bajos, Turquía, Grecia, Bélgica, Noruega, Dinamarca y Portugal. Para 1998, las previsiones establecidas en el presupuesto contemplan un incremento del 3,2% (para una inflación del 2,1) y una participación en el PIB del 1,2%. Supone disponer de un total de 897.429 millones de pesetas. El señalado aumento del 3,2% se equipara al del conjunto del gasto estatal para el mismo ejercicio. De la citada cantidad total se asignan al Ejército de Tierra, el de mayor volumen de efectivos, el 36,8%; al del Aire, el 17,2%, y a la Armada, el 16,8%. El resto corresponde al organismo central, el Ministerio de Defensa, en el que se incluye al Estado Mayor de la Defensa.
Se sigue manteniendo la diferencia de gastos de personal respecto a las inversiones para armamento y material. Los primeros suponen un 57,5% del presupuesto de Defensa. En gran parte ello es debido a las previsiones para establecer unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales antes del año 2003, que empezarían por incrementar la proporción del voluntariado profesional en los tres Ejércitos. Se aumentan también en el 2,1% las retribuciones de todo el personal, porcentaje fijado en el presupuesto del Estado para el conjunto de la Administración.
Sin embargo, los créditos para I+D (Investigación y Desarrollo) a cargo del Departamento de Defensa crecen en un 6,4% respecto al año anterior. Más de sus cuatro quintas partes se destinan al Eurofighter 2000, el avión de caza europeo en cuya producción participa también España. Otras partidas serán aplicadas a la investigación de comunicaciones y guerra electrónica, sistemas de mando y control, simuladores, y al Convenio de Asistencia Técnica a Universidades y Centros de I+D.
En las previsiones para 1999, el presupuesto de Defensa será de 930.000 millones de pesetas, lo cual supone un incremento del 3,5% sobre el presupuesto anterior. Su porcentaje de participación en PIB no se verá significativamente aumentado, por lo que España continuará siendo uno de los países de la OTAN que mantienen menor participación sobre el PIB de sus gastos de defensa. Aunque el aumento es importante, al superar el incremento de la inflación no supone, en el sentido expresado, una mejora significativa.
La política de Defensa y Seguridad
Tras el ingreso de España en la Alianza Atlántica, en 1982, ratificado por el referéndum de 1986, se inició una decidida inserción del país en el dispositivo occidental de seguridad y defensa. En su virtud ha podido participar, por tanto, en el acelerado proceso de transformación del escenario estratégico europeo, marcado por la desaparición de los regímenes comunistas del Este y la desintegración de la Unión Soviética (URSS), la culminación de las conferencias de desarme, la firma en Maastricht (diciembre de 1991) por los jefes de Estado y de Gobierno europeos de los Tratados de Unión Política y de Unión Económica y Monetaria, y ya antes, desde los mismos inicios de la transición, el proceso iniciado por la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE) y el Acta Final de Helsinki (1972-1975).
El ingreso definitivo en la OTAN no constituyó un proceso fácil: decidido por el Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) en 1892, fue cuestionado desde la oposición por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Comunista de España (PCE), luego Izquierda Unida (IU), donde aquél quedó integrado. La campaña electoral que llevó al poder al PSOE en ese mismo año de 1982, tuvo a la Alianza como referente bajo el eslogan OTAN de entrada NO. Paradójicamente, uno de sus más destacados oponentes era el líder socialista, Javier Solana, que llegaría a ser Ministro de Asuntos Exteriores con el Gobierno de su partido y es en la actualidad Secretario General de la Organización.
La perspectiva de la seguridad europea vista desde el ejercicio responsable del poder cambió radicalmente las posiciones del PSOE, que se encontró en soledad entre todos los partidos socialistas democráticos europeos. Estos no solo respaldaban sólidamente a la Alianza, sino que habían desempeñado desde el inicio un papel protagonista en su creación. El cambio de política era inevitable y se propuso un referéndum para ratificar la permanencia de España en la Alianza. Ante el recelo que suscitaba la consulta y el no menor que pudiera plantear el indeseado precedente de un refrendo popular para permanecer o adherirse a la Alianza, el Presidente, Felipe González, hubo de comprometerse seriamente en la obtención de un resultado positivo. Sorprendentemente, aunque no sin cierta lógica, la derecha liderada por Fraga defendió la abstención. Su argumento para rechazar el referéndum era el considerarlo innecesario y perturbador, pues España ya formaba parte de la Alianza desde 1982 con el legítimo acuerdo mayoritario del Congreso bajo el gobierno anterior de Unión del Centro Democrático (UCD). Esta posición fue muy criticada, tanto dentro de España como fuera, por sus partidos homólogos, ante el temor de que pudiera hacer peligrar el si, que finalmente resultaría vencedor.
La consulta fue precedida de un amplio debate parlamentario en el que el Presidente del Gobierno definió, el 23 de octubre de 1984, sus objetivos de política de defensa y seguridad, condensados en diez puntos que fueron después popularmente conocidos como el Decálogo. Fue un planteamiento que inspiró posteriormente y sirvió de pauta para la política militar y de defensa de los sucesivos gobiernos socialistas.
El primer punto reconocía el status de España como miembro plenamente integrado en la Alianza, con probabilidad de que éste sea el que mayor grado de consenso comporte. “Por consiguiente”, añade, “estaría si ello es así por la no denuncia del Tratado”.
El segundo parte de que España no se ha incorporado todavía a la estructura militar de la OTAN. “En mi opinión”, afirma, “no necesita hacerlo”.
El tercero se refiere a la relación bilateral existente entre España y los Estados Unidos. “En mi opinión es necesario proceder a un ajuste en la dirección de una progresiva menor presencia de fuerzas en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo de acuerdo con nuestros intereses nacionales”.
El cuarto muestra su respaldo a la ratificación por las Cortes de la “no nuclearización” de España, y se complementa con el quinto, referido a la suscripción por España del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, sin excluir “en el futuro” la firma del TNP (Tratado de no Proliferación Nuclear).
El sexto se refiere a la no pertenencia de España a la Unión Europea Occidental en materia de Defensa (UEO), pese a ser ésta la única organización europea “que tiene competencias en esta materia” y propugna su ingreso a resultas de lo que se convenga en la revisión de los acuerdos con Estados Unidos.
El séptimo habla de Gibraltar para afirmar que, dado el nuevo status del país, “debe avanzarse hacia la solución definitiva del problema de la Roca y de su integración a la soberanía popular”.
El octavo menciona los trabajos que España viene realizando en la Conferencia Europea de Desarme y la presentación de su candidatura al Comité de Desarme de las Naciones Unidas, “que debe proseguirse y fortalecerse”.
El noveno expresa la voluntad de continuar desarrollando convenios bilaterales de cooperación con otros países.
Finalmente, el décimo se refiere al próximo Plan Estratégico Conjunto, que dentro del proceso de planeamiento de las FAS, está en fase de elaboración, “como elemento sustancial para la comprensión cabal de nuestras necesidades y de nuestra misión”, propugnando “el consenso en materia de defensa en su dimensión interior y exterior”.
La primera consecuencia de este importante documento fue la convocatoria del referéndum que condicionaba la permanencia en la OTAN a la no participación en su estructura militar integrada, y al no envío de tropas españolas fuera de nuestras fronteras. El reingreso, aprobado en la consulta popular, se produjo en 1986 con la puesta en marcha de un proceso de negociación del que entonces se llamaría modelo español, que significaba la negociación de los seis acuerdos de coordinación en que las Fuerzas Armadas españolas contribuirían al esfuerzo militar de la Alianza sin llegar a pertenecer a su estructura militar integrada. Fuera de los acuerdos de coordinación, España se integró (al contrario del modelo francés) en el Comité de Planes de Defensa (DPC), en el Comité de Planes Nucleares (NPC) y en el Comité Militar, actitud que fue elogiada por los franceses como más flexible que la adoptada por ellos mismos al abandonar la estructura militar integrada en 1966.
Los acuerdos de coordinación fijaban la contribución militar española principalmente en la zona normal de operaciones e intereses nacionales y en los campos operativos que afectaban a la defensa del territorio español y su utilización como zona de tránsito; apoyo logístico de retaguardia; defensa del espacio aéreo nacional coordinada con los espacios adyacentes de Francia, Portugal e Italia y, por último, las operaciones navales para asegurar el libre tráfico y el control marítimo de las aguas territoriales españolas y su entorno, es decir, Atlántico Oriental, Mediterráneo Occidental y estrecho de Gibraltar.
Simultáneamente a este proceso se llevó a cabo la revisión de los acuerdos con Estados Unidos y la firma con esta nación de un nuevo Convenio de Defensa. Era también una de las propuestas del Decálogo presidencial. Los acuerdos con Estados Unidos se remontaban al 26 de setiembre de 1953, fecha en que fueron firmados los dos convenios de ayuda para la defensa mutua y de ayuda económica y defensiva. Por ellos, aunque sin pertenecer España a la OTAN en aquella fecha, quedaba vinculada, por vía de su acuerdo bilateral con Estados Unidos, su principal soporte, al sistema occidental defensivo y de seguridad que constituía la Alianza Atlántica. Tras sucesivas prórrogas fue finalmente sustituido por el gobierno socialista después de una compleja negociación iniciada el 10 de julio de 1986.
El nuevo, convenio, firmado en 1988, despolitiza su carácter con la desaparición del Consejo Hispano-Norteamericano, y establece el paulatino abandono de fuerzas e instalaciones estadounidenses en España. Se suprimía también el carácter de cesión de uso de las bases hispano-norteamericanas en el país a cambio de ayudas, fórmula que, por otra parte, también se aplicaba en los acuerdos de Estados Unidos con otras naciones, como Turquía, Grecia o Filipinas. El nuevo sistema en el que se incluía España era similar al vigente entre Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania o Italia, con lo cual el uso se convertía así en un acuerdo de colaboración entre aliados sin contrapartida económica. En tal sentido, el Convenio puso un énfasis especial en afirmar el control y la gestión sobre las bases de utilización conjunta, que quedó en manos españolas, permaneciendo sólo bajo mando estadounidense los servicios de su uso exclusivo, todo ello supervisado por el Comité Permanente que se constituía en el propio acuerdo.
Otro paso adelante en la dirección de la política exterior de Defensa y Seguridad diseñada por el Decálogo se produjo con el ingreso de España en la Unión Europea Occidental (UEO), la más antigua organización propiamente europea de defensa, que antecedió en un año a la OTAN. Sus orígenes se remontan a la firma por los gobiernos de Londres y París del Tratado de Dunkerque, en marzo de 1947. Al siguiente año se unieron a ellos los tres países del Benelux (Holanda, Bélgica y Luxemburgo), que dieron forma al Tratado de Bruselas (1948) y constituyeron la Comunidad Europea de Defensa (CED), siguiendo el modelo de otras iniciativas europeas, como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), de la que nacería más tarde la Comunidad Económica Europea (CEE). En 1949, los signatarios del Tratado vincularon a Estados Unidos a sus propósitos, con lo cual nació la Alianza Atlántica, a la que transfirieron su incipiente estructura militar. A partir de ese momento, y mientras la Alianza entró en un periodo de plena actividad, la CED desapareció prácticamente de la escena política. En 1954, los países firmantes del pacto de Bruselas revisaron en París el texto del acuerdo, que sería conocido tras la reunión como Tratado Modificado de Bruselas, y constituyeron formalmente la Unión Europea Occidental (UEO), con la que definitivamente se disolvió la CED. Bajo las nuevas siglas sigue latiendo, sin embargo, el viejo sueño de una estructura propiamente europea de seguridad y defensa, aunque, para evitar cualquier recelo en su relación con la OTAN, la organización se comprometió a una cooperación firme y activa, que se plasmó en la delegación por parte de la UEO de todos sus cometidos defensivos.
Habrían de pasar otras tres décadas antes de que esta ambición europeísta volviera a reactivarse. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UEO firmaron una declaración en Roma, en 1984, por la cual la definieron como el foro propio de discusión para los problemas específicamente europeos de seguridad. El siguiente paso se produjo en 1986, al constituir el Consejo de Ministros de la UEO la Plataforma de La Haya, que pretende fortalecer la dimensión europea de defensa sin renunciar al vínculo transatlántico. Hay que ver en este contexto de europeización de la UEO la propuesta de incorporación española a esta Organización, contenida en el Decálogo. Se trata de sumarse al proceso seguido por los restantes países europeos y ofrecer una contrapartida a la Alianza Atlántica, a la que el excesivo protagonismo de los Estados Unidos restaba simpatías entre la opinión pública española. España, junto con Portugal, se incorporó finalmente a la UEO en 1988. Años antes había tenido lugar la primera operación militar en la controvertida historia de la organización: el envío de una flotilla de buques de varios de sus países miembros a la zona marítima de conflicto entre Irán e Irak, con la misión de asegurar el tráfico marítimo internacional en el Golfo Pérsico. A ésta le seguiría la participación en la fuerza internacional constituida para desbaratar la invasión iraquí de Kuwait y, finalizada la gran campaña militar (conocida como Tormenta en el Desierto), garantizar la asistencia humanitaria a la población kurda desplazada al norte de Irak. España tuvo, ya como miembro de pleno derecho de la UEO, una participación activa en estas dos campañas.
La firma del Tratado de Maastricht, en diciembre de 1991, por la cual la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea (UE) y se preve la futura unión monetaria, tuvo una importancia decisiva para la UEO. En el tratado se plantea el objetivo de que la UE se dote de una dimensión de defensa y unifique su política exterior común de defensa y seguridad, conocida como PESC. Empieza a hablarse del pilar europeo de defensa y de conceptos tales como la Identidad Europea de Defensa y Seguridad (IESD), todos los cuales giran en torno a la revitalización de la UEO. Por primera vez desde sus inicios se crea una Célula de Planeamiento para llevar a cabo sus aspectos operativos. La Secretaría General de la Organización, que venía funcionando en Londres desde su creación, trasladó su sede a Bruselas en 1993 para simplificar y mejorar su coordinación con la Alianza Atlántica.
Un hecho más decisivo aún es la puesta a disposición de la UEO de unidades militares de los distintos países miembros para que puedan ser utilizadas en las operaciones de la organización. El empleo de estas unidades fue precisado unos meses más tarde de la firma del Tratado de Maastricht por la declaración de Pettersberg (junio de 1992). El Consejo de Ministros de la UEO, reunido entonces en Bonn, abría con ella la posibilidad de utilizar a la organización en misiones de control de crisis, humanitarias y de mantenimiento de la paz. El conflicto yugoslavo, como se vería más adelante, le ofreció nuevas oportunidades de intervención, en las que mostró la fluidez de su coordinación con la OTAN.
La proyección exterior de la política de defensa y seguridad alcanzó una nueva dimensión con la participación española en las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) en 1989, atendiendo los requerimientos de las Naciones Unidas. Pero había llevado ya a cabo una intensa actividad en los más importantes foros internacionales en los que se dirimía el nuevo escenario político. España estuvo presente, como se ha dicho, en todo el proceso CSCE hasta su culminación con el Acta Final de Helsinki, así como en la Conferencia sobre Reducción de Fuerzas Convencionales en Europa (FACE), iniciada en Viena en 1989 y culminada con la firma del Tratado de París, el 19 de noviembre de 1990. En él se establecían importantes reducciones de efectivos, armas y material, que afectaron a España y al resto de países signatarios.
Militares y diplomáticos españoles formaron parte desde 1989 de la mayoría de las misiones de paz emprendidas por la ONU, de manera especial en Iberoamérica y África, escenarios a los que extiende España sus raíces históricas. Su participación fue especialmente elogiada por el antiguo Secretario General de las Naciones Unidas. Esta tarea se inició en el Grupo de Observadores de la ONU para Centro América (ONUCA), la mayor operación de Naciones Unidas en el continente americano, a cuyo mando situó la Organización al militar español Agustín Quesada. Era la época de gobierno sandinista en Nicaragua, de la contra nicaragüense de la actividad guerrillera del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador y de subversiones guerrilleras generalizadas. La resolución 644, de noviembre de 1989, encomendaba al Grupo de Observadores la verificación del cese de ayudas a las fuerzas irregulares e impedía la utilización del territorio de un Estado para la agresión a otro. La identificación de los miembros españoles con el ámbito en que debían actuar, basada en la historia, la lengua, las costumbres y las comunes tradiciones, fueron en buena medida garantía del éxito de la misión, y sentó las bases para que les fueran encomendadas nuevas operaciones en la zona. A ella siguió la Misión de Observación en El Salvador (ONUSAL), en 1991, encabezada también por un general español, Víctor Suanzes, que culminó con la firma de los acuerdos definitivos de paz el 16 de diciembre de 1992 entre el gobierno y la guerrilla del FMLN. España también participó en 1990 en la misión de verificación del proceso electoral que habría de desarrollarse en Haití (ONUVEH).
En África, la ONU solicitó la participación española en UNAVEM, encargada de la verificación de la retirada de las tropas cubanas que en número de 5.000 soldados habían venido actuando en Angola. La misión se inició en 1989 y finalizó en 1991; tras la retirada de las fuerzas cubanas pudo llegarse a la firma en Lisboa de los acuerdos de paz entre el gobierno oficial de Eduardo dos Santos y el líder guerrillero de la Unión para la Independencia Total de Angola (UNITA), Jonas Savimbi, que ponía fin a dieciseis años de guerra civil. Para la verificación del acuerdo y la supervisión del alto el fuego se organizó UNVEM II, en la que de nuevo participó España. Otras misiones de paz con participación española se llevaron a cabo también en el periodo señalado, como las desarrolladas en Mozambique (ONUMOZ) y Ruanda (UNAMIR), en África, o Guatemala (MINUGUA), en Centroamérica.
La invasión por el ejercito iraquí de Kuwait y la crisis yugoslava supusieron nuevos cometidos para las FAS españolas. El uso de unidades navales para asegurar el embargo económico decretado por las Naciones Unidas contra Irak y la colaboración prestada para su ejecución por la UEO llevaron a España a destacar en el Golfo Pérsico y el mar Rojo la Agrupación Naval Bravo, compuesta inicialmente por una fragata y dos corbetas. Igualmente, España participó en las operaciones derivadas de la guerra, la denominada Provide Comfort, en ayuda del pueblo kurdo, que se refugiaba en el norte de Irak de la persecución de las vencidas tropas de Sadam Hussein. España organizó sus envíos bajo la denominación Alfa-Kilo (“Ayuda al Pueblo Kurdo”), con la Agrupación Táctica Alcalá, que integraban el Escalón Médico Avanzado y Helicópteros, ambos del Ejército de Tierra, y varias unidades de personal militar, en su mayor parte de la Brigada Paracaidista. El Ejército del Aire también participó con ocho aviones C-130 Hércules de su Ala de Transporte, prestando también la Armada su colaboración con los transportes de ataque Castilla y logístico Contramaestre Casado.
Las Fuerzas Armadas Españolas en el conflicto balcánico
El estallido de la crisis de los Balcanes mostró claramente que el final de la Guerra Fría sólo había cambiado la naturaleza de la amenaza y las dimensiones de los riesgos. El reconocimiento de la independencia de Eslovenia y Croacia, decidida unilateralmente por ambos países el 25 junio de 1991 e inmediatamente respaldada por la comunidad europea, abrió un proceso de guerra civil en la ex-Yugoslavia que alcanzó su fase más cruenta en Bosnia-Herzegovina.
La OTAN se vio obligada a enfrentarse a una situación que planteaba riesgos diferentes para la seguridad occidental. Los días 7 y 8 de noviembre de 1991 se reunieron en Roma los jefes de Estado y de Gobierno de sus países miembros y aprobaron un nuevo concepto estratégico, que tiene en cuenta riesgos menos definidos desde una perspectiva tradicional de la estrategia militar, como la proliferación de armas de destrucción masiva, la interrupción de suministros esenciales (ya puesta de manifiesto en la Guerra Irán-Irak y la invasión de Kuwait por este último país) o los actos de sabotaje, así como la cooperación para el desarrollo, la protección de los derechos humanos, la ayuda humanitaria y la contribución al mantenimiento (peace keeping) o a la imposición (peace enforcement) de la paz.
Igualmente, la UEO, como se ha dicho, desarrolló a través de la declaración de Pettersberg su nueva doctrina de contribución a las operaciones de mantenimiento de la paz. Ambas organizaciones se pusieron a disposición de las Naciones Unidas para contribuir a solucionar la crisis yugoslava, y España tomó una decidida participación en todas la operaciones que se llevaron a cabo en tal sentido. Es preciso enmarcar en este contexto las operaciones que las fuerzas españolas han debido desarrollar en el conflicto de la antigua Yugoslavia. Las fuerzas navales iniciaron ya sus operaciones a mediados de 1992, como consecuencia de las resoluciones 713 y 757 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La OTAN llevó a cabo la operación Maritime Monitor, mientras, por su parte, la UEO lanzaba otra denominada Sharp Vigilance, para vigilar el embargo de armas y equipos militares a todos los países de la antigua Yugoslavia y el tráfico de otras mercancías, excluidas las medicinas y productos alimenticios, a la República Federal de Yugoslavia, constituida por Serbia y Montenegro tras la independencia de las demás repúblicas. En noviembre del mismo año, una nueva resolución, la 787, reforzaba las atribuciones de los buques encargados del embargo al permitirles detener e inspeccionar los buques mercantes que no atendieran sus requerimientos. Para señalar el carácter más firme de la nueva misión, ambas operaciones cambiaron sus nombres por los de Maritime Guard (OTAN) y Sharp Fence (UEO) que, aunque de carácter independiente, actuaban coordinadas por células de enlace entre los distintos mandos.
OTAN y UEO acordaron finalmente, en 1993, actuar bajo un mando único, sumando sus capacidades en la operación Sharp Guard, que concluyó en octubre de 1997. Durante estos cuatro años, la Armada española participó en la misión mediante la asignación permanente de dos fragatas, en turnos de cuatro a nueve meses. También lo hizo en las patrullas de submarinos y con el patrullero Marqués de la Ensenada y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Junto con la intervención del Grupo de Combate en una ocasión y del Grupo Anfibio, supuso todo ello la movilización de más de 14.000 efectivos, incluida la BIMAR III de Infantería de Marina, seis meses destacada en tierra dentro de la agrupación Almogávares.
Los tres Ejércitos han desempeñado un importante papel como observadores militares de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, y se han integrado en los Cuarteles Generales Multinacionales constituidos para las operaciones; incluso efectivos de la Guardia Civil participaron en la vigilancia del embargo en aguas del Danubio y en la constitución de un cuerpo de policía en la localidad de Mostar.
Las unidades terrestres se integraron en las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas (UNPROFOR) y en 1994 una escuadrilla de F-18 del Ejército del Aire se destacó en la base de Aviano (Italia) para formar parte de la operación Deny Flight, encomendada a la OTAN. Tras la firma en París de los acuerdos de paz para Bosnia-Herzegovina, las diversas unidades españolas desplegadas en la zona pasaron a integrarse en la fuerza multinacional constituida bajo mandato de la ONU por la Alianza Atlántica, Implementation Force (IFOR), para la aplicación del acuerdo de paz.
Incorporación plena de España a la OTAN
La situación internacional y el variante escenario estratégico que aconsejaban la participación de las Fuerzas Armadas españolas en acciones fuera de nuestras fronteras, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado tanto respecto a las Naciones Unidas como a la instituciones europeas, UE, OTAN y UEO, han ido diluyendo los condicionantes establecidos en el referéndum que ratificó la permanencia de España en la Alianza Atlántica. España no podía dejar de atender las demandas que se le planteaban para colaborar en las misiones de paz en que participaban sus aliados de la OTAN y la UEO, por lo que era inevitable el envío de tropas españolas fuera de las fronteras. Ello iba conformando al mismo tiempo una conciencia de la necesaria y progresiva profesionalización de los ejércitos, dadas las dificultades que suponía el empleo de soldados de recluta en unas misiones que en la perspectiva del futuro se presentaban cada vez más frecuentes.
Por otra parte, tanto la mejor eficacia y coordinación de las FAS como la necesidad de que tuvieran una adecuada representación en el mando y planeamiento de las operaciones, aconsejaban la plena integración en Alianza Atlántica, por lo cual no tenía sentido continuar fuera de su estructura militar. La OTAN había cambiado, entretanto: así lo entendió el nuevo gobierno del Partido Popular, que planteó la incorporación plena a la Alianza, y en consecuencia a su estructura militar integrada, en el Congreso de los Diputados, que la aprobó el 14 de noviembre de 1996. Esta incorporación llevaba consigo, a su vez, replantear el papel de España en la estructura de la organización, en consonancia con su peso político y contribución militar. Dado que entre las tareas que la Alianza se imponía en su nueva concepción estaba el aligeramiento de sus estructuras de fuerza y mando, era el momento adecuado de hacer valer las pretensiones españolas. No fue una tarea fácil: el proceso de dotarse de una nueva estructura supuso dos años de compleja negociación que culminaron en diciembre de 1997. Sólo entonces el Comité Militar daba en Bruselas el visto nuevo a la nueva organización, que entre otras novedades otorgaba a España un mando subregional localizado en Retamares, cerca de Madrid.
La nueva estructura hizo descender de 65 a 20 los cuarteles generales aliados, suprimió los llamados Mandos de Cuarto Nivel y redujo a dos los mandos supremos: el Mando Estratégico del Atlántico y el equivalente de Europa. A ellos se subordinan los Mandos Regionales, así como los Mandos Funcionales, los llamados Mandos Componentes y los Subregionales, en cuya categoría entra el asignado a España, que constituyen el escalón final de la Nueva Estructura de Mando Aliada (NEM). Una vez asignados los mandos del Egeo, que plantearon dificultades entre Grecia y Turquía, el único problema que quedaba pendiente era el doble veto impuesto por el Reino Unido a la supresión del mando de cuarto nivel asignado a Gibraltar y a la localización de un mando subregional en España. El 1 de diciembre, en la llamada Eurocena, que precede habitualmente a las reuniones formales del Consejo de Ministros de Defensa aliados, y que sirve sobre todo para pulir o resolver las últimas dificultades, el titular británico de Defensa, George Robertson, se mostró dispuesto a retirar las dos reservas, dando así luz verde a la formalización de la NEM. Admitía explícitamente que el contencioso entre Londres y Madrid a propósito de Gibraltar era un asunto bilateral que debía ser afrontado entre los dos gobiernos respectivos sin implicar a la Alianza.
La NEM establece una relación directa entre el mando español y el del Atlántico, incluyendo a las islas Canarias, que quedan englobadas en el Mando Subregional Sudoeste en un área especial o burbuja, bajo el control español. Al desaparecer los mandos de cuarto nivel (entre los que se incluía el del Peñón) España se hace responsable directamente del tráfico por el estrecho de Gibraltar y sus accesos, en directa dependencia del Mando Regional Sur situado en Nápoles (Italia), al que corresponde la supervisión de la zona.
La política militar y los Ejércitos
La actual definición de la política militar es consecuencia de la evolución iniciada en 1977 y culminada en la Constitución de 1978. Durante el periodo de transición que siguió al régimen anterior se creó la Junta de Jefes de Estado Mayor, que precedió a la constitución en 1977 del Ministerio de Defensa. La Ley de 28 de diciembre de 1978 finalizó este periodo con la regulación de las funciones de los órganos superiores del Estado en relación a la Defensa. Se desarrollan en ella los principios establecidos por la Constitución, promulgada el 6 de diciembre del mismo año, en lo que se refiere a la actividad del Estado en la Defensa y a la coordinación de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, así como a la asignación de la misión de las Fuerzas Armadas.
La acción coordinadora atribuida al Estado se desarrolló por la Ley de 1 de julio de 1980 de Criterios Básicos de la Defensa y la Organización Militar. En ella quedó plasmada la atribución al Rey del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional. Al Gobierno se le encomendó determinar la política de defensa y al Presidente (artículo 98 de la Constitución) dirigir las acciones que se refieren a la Defensa Nacional. Configura asimismo a la Junta de Defensa Nacional como el órgano consultivo y asesor superior del Gobierno en esta materia, con la facultad de formular y proponer la política militar.
Una nueva ley, de enero de 1984, completó y desarrolló las competencias asignadas al Presidente del Gobierno, al que atribuyó la definición de los grandes objetivos estratégicos y de la política militar, facultándole para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas. Por delegación del Presidente del Gobierno, el Ministro de Defensa asumió también algunas de estas funciones. La Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) perdió su carácter colegiado de mando militar y pasó a asesorar al Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa. Se creó también el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), con la responsabilidad de colaborar con el Ministro en el planeamiento y ejecución de los aspectos operativos de la política militar.
La política militar y de defensa se ejerce fundamentalmente a través del Ciclo de Política de Defensa, secuencia que comprende la planificación y ejecución de ambas acciones. El Ciclo se inicia con las directivas y criterios básicos que promulga el presidente del Gobierno y comprende tres fases: de planeamiento, de programación y de financiación o presupuestaria. El proceso, coherente con las disposiciones comentadas, se abrió con el anuncio del Presidente del Gobierno, en febrero de 1983, de iniciar un nuevo ciclo de política de Defensa. Una vez llevados a cabo los trabajos previos por parte de la Junta de Defensa Nacional, el Presidente promulgó, el 10 de julio de 1984 la Directiva de Defensa Nacional, que expresa los Objetivos de la Defensa Nacional.
Ciñéndose a la Directiva, los departamentos ministeriales de los que dependían las diferentes contribuciones a la Defensa, formularon los planes parciales correspondientes, que pasaron a integrar, bajo la coordinación del titular de Defensa, el Plan General de la Defensa Nacional, aprobado por primera vez el 31 de julio de 1985. Dicho Plan comprendía el Plan Estratégico Conjunto (PEC), de 23 de octubre de aquel mismo año. Desde sus primeras manifestaciones, todos estos documentos han ido renovándose cada dos años y adaptando sus contenidos de acuerdo con la evolución del escenario político exterior e interior, acomodándose a la presencia y actuación española en las instituciones de defensa y seguridad occidentales.
Con la Directiva de Defensa Militar (DDM 1/97), que quedó aprobada el 31 de julio de 1997, se culminó por el momento esta evolución. En ella se definieron las líneas generales de actuación para el desarrollo de la Directiva de Defensa Nacional (DDN 1/96), formulada por el Presidente del Gobierno en diciembre de 1996. Es esta última la que inauguró el ciclo bienal 97/98, que habría de concluir con la promulgación en ese año final del Plan Estratégico Conjunto. Correspondería al PEC precisar las misiones, estructuras y capacidades de las Fuerzas Armadas en un horizonte que se alarga a medio plazo hasta el año 2004 y se extiende en el tiempo hasta el año 2019: unas Fuerzas Armadas para el Siglo XXI.
La Directiva de Defensa Militar fue uno de los principales eslabones en la cadena de planes bianuales que deben asegurar la concurrencia de esfuerzos para garantizar la aportación de las Fuerzas Armadas a la defensa nacional. Este proceso se basa en la Directiva de Defensa Nacional (DDN), en la que el presidente del Gobierno expresa los orientaciones generales de la política de defensa. Una vez dictada la DDN, se revisa en cada ciclo el planeamiento a medio plazo (seis años) y la previsión de las capacidades militares necesarias a largo plazo (quince años), en un proceso deslizante de planificación.
La DDN 1/97 partía de los hechos más importantes producidos desde la publicación en 1995 del último Concepto Estratégico, correspondiente aún al ciclo anterior. En ella se señalaban los riesgos y desafíos que configuraban el escenario internacional y habrían de servir, por tanto, de base a la elaboración del nuevo Concepto Estratégico. El documento establecía los criterios destinados a potenciar el carácter conjunto de las operaciones militares y su proyección exterior. Se refería también a los que habrían de conformar las fuerzas de Tierra, Mar y Aire hasta el año 2000, fecha en la cual se abriría el nuevo ciclo 99/2000.
En cuanto a los recursos económicos, la Directiva recogía los fundamentos que habían de servir de base a la elaboración de la futura Ley de Financiación de la Defensa. En lo referente al personal de los ejércitos, esta cuestión tiene la mayor importancia, por cuanto se contemplan ya en la DDN los criterios básicos para la implantación del nuevo modelo profesional de las FAS, que se complementarán con las previsiones para la movilización de los efectivos y recursos humanos necesarios para hacer frente a una situación de necesidad.
Un Real Decreto de julio del 97 renovó el mando operativo de las Fuerzas Armadas, creando bajo la dependencia del JEMAD un Mando Operativo Conjunto (MOC). La nueva estructura supuso delegar la dirección única de las operaciones militares desde el Gobierno a las fuerzas que han de operar sobre el terreno. Una vez más, se trataba de aproximar la organización española a la de los aliados, con una mejor adaptación a nuevos conceptos como las CJTF (Combined Joint Task Force). Bajo la dependencia del MOC de las Fuerzas Armadas, cuyo comandante es el JEMAD, se situaron los Mandos Operativos Terrestre, Naval y Aéreo.
Sin duda, es el Ejército de Tierra el que ha sufrido mayores cambios en los últimos años, con el fin de adecuarlo a las nuevas perspectivas de la defensa. Sus objetivos específicos son defender el territorio nacional actuando conjuntamente con el del Aire y la Armada, con el fin de garantizar el control y vigilancia de los espacios aéreos y marítimos de soberanía, así como de las zonas de interés estratégico nacional. Para ello ha de mantener una capacidad que le permita hacer frente a los riesgos previsibles y un adecuado potencial de reacción ante ellos, acorde con los compromisos internacionales contraídos por España en la arquitectura europea y occidental de defensa y seguridad.
En la década de los ochenta se acometió a fondo este proceso de renovación, para el cual se partía de un volumen de 250.000 hombres organizados en 23 brigadas repartidas por el territorio nacional insular, islas adyacentes y Ceuta y Melilla. Esta organización se correspondía con nueve Capitanías Generales, ámbito de las respectivas regiones militares, y las Comandancias Generales de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Un primer programa de renovación se llevó a cabo con el Plan de Modernización del Ejército de Tierra (META), de 1980, cuya finalidad principal fue racionalizar su funcionamiento y dimensiones, para lo cual redujo los efectivos a 155.000 hombres encuadrados en 15 brigadas, con independencia de las Comandancias Generales extrapeninsulares. En la cabeza de su estructura de mando se situó el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME). Un segundo programa de modernización más ambicioso fue el llamado Plan NORTE, o de Nueva Organización del Ejército de Tierra, que recibió su visto bueno el 5 de agosto de 1994. Su principal novedad consistía en que las unidades que componen la Fuerza no estarían vinculadas al territorio de su base, sino que tendrían capacidad de proyección a cualquier espacio en el que fuera necesario defender los intereses nacionales o atender los compromisos internacionales en tiempo adecuado. Desaparecía, por tanto, el concepto operacional de defensa exclusiva del territorio nacional, para incorporar el más amplio de seguridad en el ámbito de las Naciones Unidas, la Alianza Atlántica o la UEO.
Así pues, el despliegue territorial dejó paso a otro funcional, y se abandonaron las grandes unidades de tipo divisionario para concentrarse en otras de menor dimensión y mayor especialización, aptas para integrarse en agrupaciones operacionales tanto nacionales como multinacionales, siguiendo la tendencia de los países de nuestro entorno geoestratégico. Con este criterio se estructuró una Fuerza Permanente en tiempo de paz y una Reserva Movilizable cuando fuera necesario. La Fuerza Permanente está integrada por la Fuerza de Maniobra, las Fuerzas de Defensa de Área y las Fuerzas Específicas para la Acción Conjunta. Los ciclos de planeamiento, por su parte, especifican las unidades de Tierra que habrán de incluirse en las categorías de Fuerzas de Reacción, Fuerzas Principales de Defensa y Fuerzas de Refuerzo, siguiendo las clasificaciones de la Alianza Atlántica.
Concebido el Plan NORTE para llevarse a cabo en dos fases, la primera comenzó en 1995 y se extendió hasta mediados de 1997. Durante ella se llevó a cabo una significativa reducción de los efectivos, sustituyéndose las cinco divisiones anteriores por solo una y la Fuerza de Acción Rápida (FAR). Las quince brigadas previamente existentes quedaron reducidas a ocho, desapareciendo en la práctica el 50% de las guarniciones. En enero de 1997 dio comienzo la reorganización del Cuartel General, del Apoyo a la Fuerza y de los Mandos Regionales, principales objetivos de la segunda fase del plan, que, iniciándose en dicho año, debe concluir en diciembre de 1999. Además de los Mandos de Personal (MAPER) y de Apoyo Logístico (MALE), se configuró en la nueva organización un Mando de Doctrina (MADOC), con sede en Granada. Bajo la directa dependencia del JEME habrá de elaborar y actualizar la doctrina terrestre para las operaciones conjuntas y combinadas, y de apoyo a organizaciones civiles (por ejemplo, y cuando se trate de operaciones humanitarias o de mantenimiento de la paz, a las organizaciones no gubernamentales -ONG- que concurran en ellas). Los seis Mandos Regionales a que habían quedado limitados los anteriores durante la primera fase se redujeron a cuatro: Centro, Sur, Pirenaica y Noroeste.
Todo ello supuso la puesta en marcha del denominado Plan de Material, destinado a dotar con equipos y sistemas de armas en un primer momento a las unidades integradas en la FAR y seguidamente al resto de la Fuerza. Entre otros aspectos, comprende un plan Renove para los vehículos de ruedas, nuevos radioteléfonos avanzados y el desarrollo de una Red Básica de Área. Se ha procedido también a la modernización de los helicópteros de transporte Chinook y a la compra de quince helicópteros Cougar. Una destacada novedad ha sido la incorporación de 108 carros del modelo alemán Leopard 2 A4, mientras se procede a estudiar la cofabricación del más moderno modelo Leopard A5. También se están modernizando los blindados medios sobre ruedas y se considera la adquisición del vehículo de combate ligero Pizarro, de infantería/caballería. A la artillería se ha incorporado el obús ligero Light Gun 105 mm y los misiles contracarro TOW II. Para la defensa antiaérea continúa la incorporación del sistema de misiles Mistral, mientras se procede a modernizar la versión PIP III del misil de medio alcance Hawk.
La Armada debe desempeñar un papel fundamental en la estructura de las Fuerzas Armadas, como corresponde a un país con un litoral costero tan importante como España. En consonancia, tiene como objetivos principales ejercer el control del mar tanto en los espacios de especial interés estratégico nacional como en aquellos otros donde se encuentren amenazados los intereses del país. El estrecho de Gibraltar es, en este sentido, el centro neurálgico de la estrategia naval nacional: no debe olvidarse que el tráfico diario del mismo supera los 200 buques, que superan al año los 800 millones de toneladas, de las que casi la mitad corresponden al petróleo. A este cometido debe añadirse la protección de las comunicaciones marítimas, de las que depende más del 90% del comercio exterior español.
La Armada debe estar, por otra parte, en condiciones de proyectar el poder naval sobre el territorio, tanto nacional como extranjero, cuando haya de ejercer la cooperación con otras fuerzas navales en misiones que sirvan a los compromisos internacionales de España en su política de defensa y seguridad, si así le es requerido por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica, la UEO o los demás países de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea (OSCE).
La máxima autoridad corresponde al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA). Como los otros Ejércitos, su escalón de mando superior lo integran el Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza. Es necesario destacar entre estos órganos la Comandancia General de la Infantería de Marina, cuyo comandante ejerce el mando orgánico de este cuerpo especializado, que puede ser asignado al Almirante de la Flota como Fuerza de Desembarco, o a los Almirantes Jefes de Zona, como Fuerza de Defensa y Seguridad de las bases e instalaciones navales.
La Flota, a cuyo frente se encuentra el Almirante (ALFLOT) antes citado, que ejerce el mando, es el núcleo fundamental de las fuerzas navales. Está integrada por la Fuerza de Combate y las de Protección al Tráfico y de Apoyo Logístico, y comprende tanto buques de superficie como submarinos, aeronaves y unidades de Infantería de Marina. En ellas se encuadran el Grupo Alfa, de combate; el Delta, anfibio; la Fuerza Submarina, el Arma Aérea Naval, las Escuadrillas de Escoltas y el Tercio de Armada, nombre tradicional de la Infantería de Marina, así como los diversos centros de formación.
Las Unidades forman las agrupaciones operativas, y los Grupos se destinan al cumplimiento de planes operativos específicos de acuerdo a la misión que se les asigne. De menor entidad son las Flotillas y Escuadrillas, concebidas para misiones tácticas o logísticas. Las primeras suelen estar compuestas por diferentes tipos de unidades, mientras que las segundas están formadas por buques del mismo tipo.
Los Grupos Alfa y Delta tienen carácter permanente; el primero tiene su base en Rota (Cádiz), y está constituido por el portaviones R-11 Príncipe de Asturias y la 41 Escuadrilla de Escoltas, integrada por seis fragatas de la clase Santa María. El Príncipe de Asturias está considerado como uno de los mejores portaviones del mundo y es el buque insignia de la Armada española. Puede embarcar hasta 27 aparatos, incluidos aviones de despegue vertical y helicópteros, así como 900 hombres. Las fragatas de la clase Santa María, construidas en España adaptando las estadounidenses FFG, son polivalentes y destacan por su capacidad antisubmarina. En ellas se embarcan los helicópteros antisubmarinos SH-60B Sea Hawks LAMPS III y una dotación de 200 hombres. El Grupo Delta Anfibio tiene su base en Cádiz y está formado por los transportes de ataque Aragón y Castilla, los buques anfibios Velasco y Martín Álvarez y el Grupo Naval de Playa, al que pueden asignarse la Fuerza de Desembarco del Tercio de Armada u otras unidades de Fuerza de Cobertura y aeronaves. La Flotilla de Submarinos está radicada en Cartagena (Murcia), y está compuesta por ocho unidades, cuatro de la clase Delfín, que han sido modernizadas recientemente, y otras cuatro de la clase Galerna, pre-nucleares, de gran maniobrabilidad y capacidad antisubmarina. Otras agrupaciones son la 31 Escuadrilla, con base en Ferrol (La Coruña), integrada por cinco fragatas de la clase Baleares, y la 21 Escuadrilla, con base en Cartagena, con seis corbetas de la clase Descubierta, que cuentan con el sistema de misiles superficie-superficie Harpoon. El componente aéreo de la Armada está compuesto por escuadrillas de 10 helicópteros de transporte Augusta Bell AB-212, 3 aviones Cesna Citation II, 9 helicópteros antisubmarinos SH-3D Sea King y otros 3 de alerta temprana del mismo modelo, dotados con el radar Search Water, así como 10 helicópteros de adiestramiento Hughes-369, 21 aviones AV-8 Harrier Matador de despegue vertical y AV-8 Bravo, y 6 helicópteros SH-60B Sea Hawk LAMPS III.
La Armada cuenta con cuatro zonas marítimas: Cantábrico (Ferrol; La Coruña), Estrecho (San Fernando; Cádiz), Mediterráneo (Cartagena; Murcia) y Canarias (Las Palmas de Gran Canaria). Los almirantes de las zonas del Mediterráneo y del Estrecho tienen a su cargo las dos escuadrillas de la Fuerza de Minas, el primero, y los buques científicos, el segundo. Como se ha señalado anteriormente, un componente de la Fuerza Naval es la Infantería de Marina, integrada por unos 6.500 hombres agrupados en Fuerzas de Desembarco y Fuerzas de Defensa y Seguridad, destinada esta última a asegurar las bases e instalaciones navales. La unidad orgánica de la primera está constituida por el Tercio de Armada, con unos 3.000 hombres que se distribuyen entre la Unidad de Operaciones Especiales, Agrupaciones de Desembarco, de Apoyo de Combate y Grupo Logístico de Combate. Cuenta con tractores anfibios LVTP-7, carros de combate ligeros FV-601 CRTV Scorpion y medios M-48A3, así como un grupo de artillería y unidades de defensa contracarros y antiaérea. La modernización de los tractores acorazados anfibios LVT-7 (Landing Vehicle Tracked) ya se ha iniciado, y continuará hasta el año 2000 para transformarlos en la versión más avanzada de este vehículo, la AAV-7A1 (Anphibious Asault Vehicle).
Es, como se ha dicho ya, el de mas reciente creación. Su misión consiste en la defensa aérea del territorio español y espacio aéreo de soberanía nacional, que comprende la zona denominada ZSN, de 200 millas náuticas alrededor del territorio español, y las líneas de demarcación con Francia, Portugal e Italia. A ellas hay que añadir la zona del Espacio Estratégico de Interés Nacional (EEIN), que abarca un área más amplia del Atlántico Oriental y del Mediterráneo Occidental, que corresponde a España defender en atención a los compromisos asumidos con sus aliados. Su máxima autoridad es el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).
En los últimos años se ha sometido a una profunda reorganización y modernización, proceso en el que destaca, en lo que se refiere a la estructura jerárquica, la creación del Mando Operativo Aéreo, y en cuanto al material, la incorporación de los aviones de caza F-18, a los que pronto habrá de sumarse el moderno Eurofighter 2000, la nueva aeronave que se encuentra actualmente en fase de desarrollo y construcción por varios países europeos (Reino Unido, Alemania, Italia), entre los cuales se encuentra España.
El Mando Operativo Aéreo (MOA) es el primero de estas características en las Fuerzas Armadas. Se creó en febrero de 1989, con base en Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, siguiendo la línea marcada por la organización militar de otros aliados occidentales. Siguiendo esa misma tendencia de equiparación, se creó más recientemente aún, en noviembre de 1996, el Mando Aéreo de Combate (MACOM). Este aprovecha los efectivos humanos y materiales del MOA y equivale a los mandos operativos de la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra y el Mando de la Flota en la Armada. La estructura del Ejército del Aire se completa con su distribución regional, que comprende los cuatro mandos aéreos ya existentes desde 1991: el Centro, con sede en Madrid; el del Estrecho (Sevilla), el de Levante (Zaragoza) y el de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria).
La Fuerza Aérea cuenta con más de 500 aviones de distinto tipo y variada antigüedad. Se compone básicamente de las Fuerzas Aéreas de Combate y las Fuerzas Aéreas de Transporte, a las que hay que añadir las de Enseñanza y las encargadas de diversas misiones aéreas.
Las Fuerzas Aéreas de Combate constituyen su columna vertebral. Están integradas por trece escuadrones de caza, ataque, patrulla marítima y reconocimiento: las unidades de caza y ataque se componen de los modernos C-15 (F-18 Hornet) y C-14 (Mirage F-1) y los veteranos A-9/AR-9 (F/RF-5). Los P-3 Orion forman el escuadrón de patrulla marítima, mientras que los de reconocimiento se equipan con CR-12 (RF-4 Phantom), M-11 (Falcon-20) y TM-R (C-212). Los aviones que integran las Fuerzas de Combate se encuentran desplegados en las bases de Torrejón de Ardoz (Madrid), Zaragoza, Albacete, Gando (Las Palmas), Morón (Sevilla) y Getafe (Madrid).
Las Fuerzas Aéreas de Transporte se componen de siete escuadrones de transporte ligero, medio y pesado, con los aviones C-112 Aviocar (T-12), CN-235 (T-19), de la empresa española CASA, y C-130/KC-130 Hércules (T-10/TK-10), estadounidenses.
Entre las Fuerzas Aéreas de Misiones Diversas se encuentran las que realizan tareas de cartografía y fotografía aérea, lucha contra incendios o traslado de personalidades, equipadas entre otros con aviones Fokker, Canadair, Falcon, y helicópteros Puma y Super Puma. Estos últimos se utilizan en servicios de búsqueda y salvamento, mientras que los Canadair son aviones especializados en la lucha contra incendios forestales.
La participación española en los compromisos de seguridad europeos ha supuesto, entre otras cosas, la creación de nuevas unidades en los Ejércitos. En noviembre de 1996, un mando español, el General Juan Ortuño Such, fue designado para ponerse al frente de la Eurofor, la fuerza operativa rápida terrestre y multinacional aliada. Se trata de una gran unidad de reacción rápida, con capacidad de despliegue y proyección de fuerza en tiempo mínimo. Está integrada por un Cuartel General permanente que tiene su base en Florencia (Italia) y dispone de fuerzas de las llamadas on call, no permanentes sino asignadas en función de las misiones o necesidades. Su origen se encuentra en la necesidad de integrar mandos y unidades multinacionales, puesta de relieve por las operaciones desarrolladas conjuntamente por la OTAN o la UEO.
Entre las primeras iniciativas adoptadas en esta dirección se encuentra la de los ejércitos italiano, francés y español, en 1992, para crear una fuerza aeronaval europea preformada. Estaría integrada por un componente aeromarítimo y otro anfibio, aptos para emprender misiones tipo Pettersberg encomendadas por la UEO, y que, aunque tripartita, estaría abierta al resto de las naciones de la Organización. Un año más tarde (1993) se adoptaría en la reunión ministerial de Grosseto (Italia) la declaración para constituir una Fuerza Terrestre y otra Fuerza Marítima. En Lisboa, en 1995, los ministros de Asuntos Exteriores de Portugal, Francia, Italia y España acordaron crear en el marco de la UEO la Fuerza Marítima Europea (Euromarfor) y la Eurofuerza Operativa Rápida Terrestre (Eurofor). En octubre de 1997 se constituyó así mismo la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana (FAHI), que permitirá complementar otras unidades ya constituidas, como la Fuerza Combinada Anfibia del Mediterráneo (CAFMED) y la ya citada Euromarfor, en las que ambos países participaban separadamente. La FAHI se articula sobre los cuarteles generales respectivos del español Grupo Delta de la Flota y la Terza Divisione Navale italiana, contando con la Fuerza de Desembarco de la Infantería de Marina de España y el batallón equivalente italiano, el San Marco. La capacidad anfibia española se apoya en el componente naval que le presta el Grupo Delta de la Flota, con base en Rota (Cádiz), al que hay que sumar dos buques de desembarco de la clase Pizarro y el buque de asalto anfibio Galicia, en sustitución del veterano Castilla. También incluye un grupo aéreo y una batería de misiles Mistral. Al mando de la FAHI estará un comandante con el empleo de contralmirante y de nacionalidad española o italiana, en su caso.
La inteligencia de la Defensa
Para servir a las Fuerzas Armadas y a los intereses de defensa del Estado se instituyó en el último cuarto del siglo XX el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). El organismo ha pasado por diferentes fases de reorganización desde que en él se fusionaran el Servicio Central de Documentación (SECED), dependiente de la Presidencia de Gobierno durante el régimen anterior, y el Servicio de Información del Alto Estado Mayor (SIAEM). Su marco legal estaba constituido el Real Decreto de 4 de julio de 1977, que creaba como servicio de inteligencia el CESID y lo vinculaba al Ministerio de Defensa, también de reciente constitución.
A partir de los años ochenta, y en especial tras la incorporación de España a la Alianza Atlántica y a la Comunidad Europea, se establecieron fuertes lazos entre el servicio de inteligencia español y sus homólogos norteamericanos, europeos, iberoamericanos, del Magreb y de Oriente Próximo, áreas todas ellas de prioridad estratégica española. Se acometió también una profunda renovación tecnológica y pasó a radicar en un solo edificio, situado en la zona norte de la capital de España, las instalaciones dispersas de que disponía en Madrid.
El CESID se organiza en cuatro divisiones: exterior, interior, contrainteligencia, y economía y tecnología. La misión de las tres primeras es fácilmente deducible. En cuanto a la cuarta, se ocupa de preservar los intereses españoles en la industria, principalmente de defensa, proteger el patrimonio tecnológico nacional y evitar las amenazas o presiones económicas dirigidas contra la seguridad del país.
Bajo el segundo mandato de José María Aznar, el Gobierno remitió en 2001 al Congreso de los Diputados un anteproyecto de ley para sustituir el CESID por un nuevo servicio secreto que se bautizó con las siglas CNI, Centro Nacional de Inteligencia.
La industria nacional de Defensa y el equipamiento de los Ejércitos
Contrariamente a la tendencia unificadora de las economías europeas, puesta en marcha después de la Segunda Guerra Mundial, los diferentes países de la Comunidad Económica Europea pusieron un especial empeño en mantener la autonomía de sus respectivas industrias militares. Estas quedaron expresamente excluidas del Tratado de Roma (1957) que creaba el Mercado Común Europeo. Diversos esfuerzos se han hecho desde entonces para corregir la situación, que llevaba entre otras cosas a una disparidad de armamento y equipos que hacían muy poco operativos los Ejércitos Aliados. Un ejemplo ilustrativo es que la creación del Ejército de Reacción Rápida de la OTAN, integrado por cuatro brigadas multinacionales, se veía obligado, en caso de actuar, a disponer de seis diferentes modelos de helicópteros, otros seis de piezas de artillería y morteros, diez de vehículos, siete de armas contracarro, nueve de armas individuales y cuatro sistemas distintos de munición…
El final de la Guerra Fría llevó a todos los países a una inevitable reducción de armamento y a la búsqueda de sistemas de mayor racionalidad. Ello supuso importantes costos para la industria, que hubo de adaptarse a un mercado de menor tamaño pero mayor exigencia. El punto de inflexión se alcanzó entre 1985 y 1988, año en que las industrias europeas lograron cotas máximas de producción como consecuencia de importantes programas de modernización. La reducción posterior de la demanda ha obligado a importantes reestructuraciones, con disminución de su capacidad y empleo. Por supuesto, la industria española no ha podido escapar de estos condicionantes, y hacia 1994, coincidiendo con los más duros años de la crisis económica general, atravesaba momentos muy difíciles. La drástica reducción de los presupuestos de Defensa destinados a la compra de material y armamento la afectó duramente. Aunque, en conjunto, puede situarse en el quinto lugar de las industrias europeas por su facturación, la industria española tiene un menor dimensionamiento y mayores carencias tecnológicas en algunas áreas concretas. No obstante, ha sabido colocarse a un alto nivel internacional mediante la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de otras propias.
Desde el punto de vista de sus horizontes a medio y largo plazo, es fundamental, como ya se ha indicado, la previsión dilatada de los programas del Ministerio de Defensa, asegurando su continuidad y financiación plurianual. En 1992, el último programa quinquenal, con vigencia hasta 1996, establecía un montante de inversiones superior a los 800.000 millones de pesetas a lo largo del periodo. De la citada cantidad se destinaba un 7% a la adquisición de misiles para los Ejércitos de Tierra y Aire; un 30,5% al gasto en material aéreo, tanto de ala fija como giratoria, para el conjunto de las FAS (en este porcentaje se incluía la previsión del periodo para el Eurofighter). A construcciones navales se preveía un 30% y un 12% para equipamientos terrestres, entre los conceptos más importantes. En resumen, el 65% del montante global derivaría directamente a la industria nacional, que podría contar, además, con las compensaciones que se le atribuyeran por la compra de material y equipos en el exterior, calculadas en unos 200.000 millones de pesetas, lo que, en conjunto, vendría a representar para la industria española una partida superior a los 700.000 millones de pesetas en el quinquenio.
Algunos de los principales equipamientos comprendidos en el programa se refieren, en el Ejército de Tierra, a la defensa antiaérea, que se ha venido potenciado desde 1988 con la entrada en servicio de los misiles tierra-aire de baja cota Roland, autopropulsados, y Aspide, semifijo. El programa incluye la adquisición de los misiles Mistral para el Ejército de Tierra e Infantería de Marina. Para la defensa a media cota, además de la mejora del sistema misilístico Hawk en su fase II (PIP-II), se incluye la actualización del mismo en su fase III (PIP-III) que alargará su vida útil hasta el 2010. La defensa antiaérea se completará con la artillería de tubo, mediante la modernización de los Bofors M/48B; en la artillería de campaña se adquirirán, entre otros sistemas, 54 obuses remolcados con motor auxiliar nacional 155 Rema. ara dotación de las FAR, como se ha dicho, se contempla la transformación de nueve helicópteros CH-47C Chinook a su versión D y la adquisición de 18 Superpuma, además de diversos sistemas de simulación y gestión informática. En cuanto a los carros de combate y con independencia de la incorporación de los Leopard, ya comentada, se continúa la modernización de los AMX-30 E y la adquisición de los misiles anticarro de alcance medio Mila-2 y del sistema Tow-2. Otras inversiones destinadas al Ejército comprenden la transformación de 18 transportes oruga acorazados M-548 en siembraminas, la modernización de los cañones sin retroceso de 106 mm y la compra de ametralladoras Ameli y lanzagranadas LAG-40.
Respecto a la Armada, se prevé la adquisición de un buque mixto de aprovisionamiento y la continuación de las fragatas F-85 y F-86, así como la terminación de los patrulleros Serviola. Otras novedades se refieren al arma aeronaval con la adquisición de diez aviones AV-8 B Plus para relevar a los actuales Matador y la transformación de los once AV-8B Harrier II a su versión Plus. Igualmente, se modernizarán los helicópteros SH-3D Sea King y se adquirirán otros cuatro nuevos Sea Hawk Lamps III para dotar las fragatas clase Santa María.
El Ejército del Aire completará el equipamiento de sus F-18, además de las inversiones destinadas al Eurofighter. Los aviones de transporte se incrementarán con la adquisición de 18 CN-235, y se incorporarán también misiles Maveric, Harm y Amraam, así como radares de vigilancia y equipos de guerra electrónica.
En cuanto a las inversiones directamente dependientes del Órgano Central, el Ministerio de Defensa, se destinan a mejorar la capacidad C3I, Mando, Control y Comunicaciones e Inteligencia. A la investigación espacial se aplican las relacionadas con los satélites Helios y Seconsat.
Los más actuales programas, que pueden considerarse a su vez los programas estrella de las FAS, afectan a los tres Ejércitos y se refieren respectivamente al carro Leopard, al proyecto de la futura fragata española F-100 y al EF-2000, Eurofighter. Aunque las previsiones presupuestarias para 1999 destinan la mayor parte de los 930.000 millones presupuestados al capítulo I, referido a gastos de personal, los programas citados no se verán alterados, por cuanto el Ministerio de Industria financiará buena parte de los tres proyectos antes citados.
El programa para dotar al Ejército español del moderno carro alemán Leopard se inició en agosto de 1994 a través de un Acuerdo de Cesión por el que el Ejército Alemán transfería al español en régimen de alquiler 108 carros de combate del modelo Leopard 2A4. Éstos se incorporaron entre noviembre de 1995 y junio de 1996, para equipar los Batallones de Carros Málaga IV/10 y Mérida IV/16 de las Brigadas de Infantería Mecanizada X y XI, entre otros. La segunda fase, ya en marcha, comprende el desarrollo y fabricación conjunta del llamado Eurocarro, más moderno, y el Leopard 2A5, que se conocerá en la nomenclatura española por Leopardo 2E y dotará a las unidades acorazadas a comienzos del próximo siglo. El primer carro se entregará, según se prevé, en el primer semestre del año 2000, iniciándose en el siguiente su producción en serie.
A finales de enero de 1998 se firmó en Múnich (Alemania) el contrato-marco para la producción del EF-2000 y resto de los equipos a él asociados entre la Agencia de la OTAN encargada de su coordinación, la NATO Eurofighter and Tornado Management (NETMA) y los consorcios industriales europeos Eurofighter y Eurojet, principales contratistas de sus sistemas de armas y del motor. Este acuerdo supone el último trámite para poner en marcha la producción entre las cuatro naciones que la llevarán a cabo. La base del acuerdo es el compromiso de compra por parte de cada una de ellas de la contrapartida de unidades acorde con su respectiva inversión. No se excluye, por supuesto, ampliar el margen de fabricación con unidades destinadas a la exportación, por la que ya se han interesado diversos países. En total se producirán, en principio, 620 aviones de los que un 37,5% (232) serán adquiridos por el Reino Unido, un 29% (180) por Alemania, un 19,5% (121) por Italia y el 14% (87) por España. El 28 de noviembre de 1997, el Gobierno español autorizó la inversión de 987.899 millones de pesetas a este fin, de los que 746.039 se destinaron a la fabricación de los 87 aparatos que España se ha comprometido a adquirir, y el resto corresponde a la opción de compra de otros 16 y 194 motores EJ-200. La diferencia, hasta 241.860 millones, corresponde a las inversiones en el Soporte Logístico Integrado (ILS). Los pasados marzo de 1994 y agosto de 1996 hicieron su primer despegue y vuelo respectivamente los prototipos alemán e inglés y el español, el biplaza DA-6. Todos habrán de totalizar 4.000 horas de vuelo experimental hasta su homologación.
La Armada contempla para los próximos años el desarrollo de la nueva fragata F-100. Se trata de un proyecto que implica alta tecnología y se lleva a cabo teniendo en cuenta programas similares a otros emprendidos en Alemania y Holanda. La F-100 es un buque de escolta multipropósito de porte medio, con un alto grado de nacionalización en su construcción. Irá dotado de alta capacidad antiaérea y medios antisubmarinos, que completarán su eficacia en el combate de superficie.
El proyecto se inició al suspenderse el programa multinacional para la llamada Fragata OTAN de los 80, buscando una mayor definición de sus capacidades para actuar como escolta y protección del tráfico marítimo. España busca su integración en el Grupo de Combate y alcanzar en su producción un alto grado de nacionalización, como se ha dicho, para alcanzar una menor dependencia del exterior en los sistemas de armas a lo largo de la vida del buque. Su defensa antiaérea se basará en un radar multifunción, otro tridimensional, y en su capacidad de lanzamiento de misiles de largo y medio alcance. Su protección quedará cubierta por la nueva versión 2B del Meroka, misiles Harpoon y un cañón de tres pulgadas.
La capacidad de la industria naval militar nacional ha quedado demostrada con el contrato de fabricación y venta para la Marina Real de Tailandia de un buque portaaeronaves de similares característica al portaaviones Príncipe de Asturias, buque insignia de la Armada española. Comporta una rampa sky jump para el despegue de los aviones y podrá operar con helicópteros del tipo Sea King y Chinook. Tiene una eslora de 182 metros y un desplazamiento de 12.000 toneladas, dimensiones algo menores que su modelo español.
Aunque no destinado al combate, sino a la investigación oceánica, no debe olvidarse como logro de la construcción naval española el Hespérides. Éste ha cumplido ya varias campañas en la Antártida y otros mares, al servicio de las FAS y la investigación española. Pertenece a la dotación de la Armada, aunque la mayoría de sus trabajos tiene carácter civil.
Los ejércitos del futuro inmediato se caracterizarán, siguiendo las tendencias que vienen dibujándose en las últimas décadas, tras el fin de la Guerra Fría, por un menor tamaño: unidades más ágiles, de mayor movilidad y altamente especializadas, capaces de integrarse en cortos periodos de tiempo con otras previamente preparadas para agregarse en formaciones de geometría variable, y de composición multinacional, sustituirán a las grandes unidades, del tipo cuerpo de ejército o división, que todavía subsistieron durante un tiempo tras la Segunda Guerra Mundial.
Por su carácter altamente tecnificado y la disponibilidad permanente para ser desplazadas fuera de las fronteras nacionales, se verán obligados a prescindir del reclutamiento universal en tiempos de paz y pasarán a estar compuestas por soldados profesionales. La mujer ocupará en ellos funciones cada vez más importantes, sin limitación ni discriminaciones a la hora de acceder a los distintos empleos. Los mandos, del mismo modo, se adaptarán al menor número de efectivos de los ejércitos y a su mayor especialización. Su formación será más exigente, habrán de dominar varios idiomas y realizarán una carrera profesional sin sorpresas. España, integrada en la comunidad de defensa occidental, no será ajena a estas tendencias. Por el contrario, al incorporarse más tardíamente a ellas habrá de acometer más reformas y en menor tiempo para acomodarse a los ejércitos de su entorno. En este sentido, es importante la decisión adoptada a primeros de septiembre de 1998 por el Ministerio de Defensa para unificar la formación de los mandos superiores en un único centro, que se denominará Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y sustituirá a las actuales escuelas de Estado Mayor de cada uno de los tres Ejércitos y del Estado Mayor Conjunto. A partir de septiembre de 1999, los oficiales de Estado Mayor se formarán, por tanto, en una única institución, de acuerdo con el modelo existente en países como Francia, Canadá, Alemania, Italia o el Reino Unido.
Desde 1988, la mujer ha iniciado su integración en las Fuerzas Armadas Españolas, así como en los cuerpos de seguridad y la Guardia Civil. Un Decreto-Ley de aquel año dio pie a una incorporación que, aún aumentando año tras año, puede considerarse todavía minoritaria: hoy por hoy, sólo el 2,3% del total de efectivos son mujeres, y únicamente el 1% de los cuadros de mando. Su mayor presencia se da en el Ejército de Tierra, con 918 mujeres, de las cuales 93 son oficiales y 15 suboficiales. En el Ejército del Aire se cuentan 399 mujeres, 34 oficiales y 15 suboficiales, y la Armada tiene 398, de las que 32 son oficiales y 360 marineros profesionales. Los cuerpos comunes (Jurídico, Intervención, Sanidad y Música) son los que cuentan con mayor número de mujeres como militares de carrera de nueva incorporación: 375 oficiales y 38 suboficiales. En todos los casos aludidos, el empleo más alto alcanzado hasta ahora por la mujer es el de capitán, desempeñado en su mayor parte en los cuerpos comunes y el Ejército de Tierra, primero al que accedieron. No se ha desarrollado una legislación específica para la mujer militar, salvo en los casos en que sean previamente exigibles determinadas condiciones. Una de éstas ha sido la maternidad, que las excluye en las pruebas de acceso a las Academias Militares durante el embarazo, aunque una vez sean madres. Durante esa fase, si ya están incorporadas, pueden ser asignadas a destinos compatibles con su estado. Otras cuestiones, como la regulación más concreta de la maternidad y la uniformidad con características propias, son objeto de estudio en la actualidad.
La profunda reforma estructural que supondrá el paso a unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales fue debatida en las Cortes Generales en 1998: una comisión mixta de ambas cámaras emitió un dictamen que fue posteriormente aprobado por el pleno del Congreso el 28 de mayo de 1998 y por el Senado el 9 de junio del mismo año. Finalizados sus trabajos, las cámaras han solicitado del Gobierno que presente ya en el próximo periodo de sesiones las propuestas legislativas que hagan posible el ejército profesional, dando como plazo para su plena constitución el año 2003. En el anteproyecto para la Ley de Profesionalización se especifica que los españoles nacidos después del 1 de enero de 1983 no tendrán ya que incorporarse al servicio militar obligatorio. Los que en el año 2002 estuvieran realizándolo o tuvieran prórroga de incorporación pasarán a la reserva en esa fecha. Se fija en 48.000 puestos la plantilla máxima para los cuadros de mando y se establece un número de 120.000 militares de tropa y marinería profesional, en un umbral que puede variar de 150.000 a 170.000. La puesta en marcha de este proceso da cumplimiento a los objetivos de defensa propuestos por la Directiva 1/96, y supondrá una formación del personal militar acorde con las necesidades de las FAS y con su reinserción a la vida civil una vez concluido su compromiso profesional con los Ejércitos. Ese esfuerzo de actualización de conocimientos vendrá exigido por la mayor complejidad técnica de las armas y sistemas que habrán de ser utilizados, y se volverá a la antigua meta de una proporción de 60-40% entre el armamento y material, y el personal de las Fuerzas Armadas. Se trata de un compromiso que habrá de abordarse a través de la prevista nueva Ley de Financiación.
El fundamento de la profesionalización de los Ejércitos es la regulación de su régimen de personal. La Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas incluye por ello en su texto no sólo a los militares de carrera o complemento, sino también al personal de tropa y marinería. En ella se fijan los límites de cuadros de mando en 48.000 y en 120.000 los de tropa y marinería, aunque puedan llegar a 150.000 o 180.000. Son cantidades en todo caso muy inferiores a las 370.000 de 1984 e incluso a las 180.000 que se preveían en el modelo FAS-2000 aprobado por el Congreso de Diputados en 1991.
En el nuevo texto se mejoran las clasificaciones de las diferentes Escalas y Cuerpos, y se modifica en parte su denominación: la Escala Superior, integrada por los militares de carrera con formación asimilable a la de licenciados en el sistema educativo general, se denominará Escala Superior de Oficiales. Las Escalas Media y Técnica, con formación equivalente a los grados medio y técnico del sistema general, será ahora la Escala de Oficiales, y la actual Básica, asimilada a los técnicos especialistas, integrará la Escala de Suboficiales. El término militar de empleo se sustituye por el de militar de complemento. Éstos podrán renovar su compromiso con el Ejército cada tres años, con un máximo de doce y un límite de edad hasta los 38 años. La ley refuerza los mecanismos de promoción interna entre las diferentes escalas, y así, los soldados y marineros podrán ocupar todas las plazas que se reserven, en su caso, para la Escala de Suboficiales. El texto mantiene la posibilidad de efectuar pruebas de acceso diferentes para la mujer, cuando sea pertinente adoptar distintos parámetros en razón de la diferencia entre sexos, y suprime las limitaciones para incorporarse a cualquiera de los destinos, manteniendo la misma aptitud física para hombres y mujeres cuándo ésta se exija.
La eliminación del servicio militar obligatorio conlleva la regulación de un régimen de reservistas más específico: se crea como novedad la figura del reservista voluntario, al que los españoles podrán acogerse para optar a las plazas que se creen dentro de esta categoría para los empleos de alférez, sargento o soldado y marinero profesional. En cuanto a la de reservistas temporales, la constituirán los militares de complemento y los soldados o marineros profesionales al finalizar sus compromisos. Cuando las necesidades de la defensa nacional lo requieran o no puedan ser satisfechas con reservistas voluntarios, los españoles, en virtud del artículo 30 de la Constitución, que establece el derecho y deber de todos los ciudadanos de defender a España, podrán ser llamados a integrarse en las Fuerzas Armadas.
La perspectiva de unos ejércitos profesionales ha ocasionado durante años un gran debate en España entre los partidarios del sistema tradicional de conscripción, considerado como más solidario y progresista por algunos desde su origen en la Revolución Francesa y el concepto napoleónico de la nación en armas, y quienes, por el contrario, defendían su profesionalización, a la vista de las nuevas misiones y cometidos de las fuerzas armadas, tanto en el interior como en el exterior del país, así como la cada vez mayor complejidad técnica del material y las armas que el soldado debe habituarse a manejar. Diversas encuestas mostraban la existencia de una división en la opinión pública en lo referente al tema, aunque sucesivamente se ha ido inclinando de forma mayoritaria por la profesionalización. Un sondeo llevado a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre enero y febrero de 1997 en todo el ámbito nacional, muestra que tres de cada cuatro españoles se inclinan por un modelo de ejército profesional y apoyan los proyectos del Gobierno en esa dirección. Así pues, la apuesta por el futuro parece clara.