Source: https://www.iberley.es/temas/datos-relativos-condenas-infracciones-penales-lopdgdd-rgpd-62728
Timestamp: 2019-02-18 10:14:53
Document Index: 196299677

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 37', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 22']

Datos relativos a condenas e infracciones penales en la LOPDGDD y en el RGPD | Iberley
Los datos relativos a infracciones y condenas penales, no se encuentran expresamente incluido en la relación de categorías especiales de datos que podemos consultar en el tema correspondiente. Ahora bien, como veremos, el RGPD establece similares consideraciones al objeto de reforzar su protección al igual que sucede con los datos sensibles.
En consecuencia, el legislador ha optado por que los datos de esta indole únicamente puedan ser tratados por la Administración, y ello es así incluso aunque los mismos pudieran haber sido obtenidos de fuentes accesibles al público. En este sentido, se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos que – en el año 2000 como respuesta a una consulta planteada por una entidad sin ánimo de lucro- ha informado negativamente respecto a la posibilidad de difundir sentencias condenatorias en internet extraídas de fuentes accesibles al público –y por tanto sin recabar con carácter previo el consentimiento del interesado – señalando que la normativa establece una regla específica para este tipo de datos, que impide su tratamiento por cualquier entidad de derecho privado, atribuyéndose esta legitimación exclusivamente a las Administraciones Públicas.
Como señalamos anteriormente, aunque no podemos incluir este tipo de datos dentro de la categoría especial del artículo 9, si encontramos en el texto del Reglamento varios preceptos que permiten apreciar una cierta equiparación entre los datos de categoría especial y los relativos a condenas e infracciones penales. Veamos a que nos referimos:
- El artículo 37 - destinado a regular la designación del delegado de protección de datos- establece en su apartado 1º que el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10. De cualquier modo el tratamiento de datos personales no debe considerarse a gran escala si lo realiza, respecto de datos personales de pacientes o clientes, un solo médico, otro profesional de la salud o abogado. En estos casos, la evaluación de impacto de la protección de datos no debe ser obligatoria.
- Por otra parte, el artículo 30 que contiene la regulación del denominado “registro de las actividades de tratamiento” establece en su apartado 5º la innecesaridad de cumplir las obligaciones indicadas en los apartados 1 y 2 del precepto a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9, apartado 1, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.
- En la misma línea, el artículo 35 tratando la evaluación de impacto relativa a la protección de datos” establece que esta evaluación resultara particularmente necesaria en caso del tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.
Por lo que respecta a la LOPDGDD, en su artículo 10 se establecen las mismas indicaciones que en el RGPD con alguna puntualización tal como:
- el registro completo de datos personales referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y
- fuera de los supuestos señalados, solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.
En cuanto a las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por los órganos competentes para la vigilancia y control en los centros penitenciarios y para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, se regirá por la legislación de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, cuando el tratamiento tenga fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Fuera de estos supuestos, dicho tratamiento se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el RGPD y la LOPDGDD.
Dentro de las D.A. de la LOPDGDD, la 12ª habilita al tratamiento de este tipo de datos en los registros de personal del sector público, limitándose a los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Igualmente, dentro de las Disposiciones Transitorias, mientras no entre en vigor la norma que transponga al Derecho español la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, los tratamientos continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo.
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 537/2018, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 196/2017, 05-10-2018
Orden: Administrativo Fecha: 05/10/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Buisán García, María Nieves Num. Sentencia: 537/2018 Num. Recurso: 196/2017
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 763/2016, 02-11-2018
Orden: Administrativo Fecha: 02/11/2018 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Buisán García, María Nieves Num. Recurso: 763/2016