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Timestamp: 2017-11-22 16:21:29
Document Index: 260433386

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 140', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 140', 'artículo 155', 'artículo 167', 'artículo 94', 'artículo 134', 'artículo 167', 'artículo 167', 'artículo 5', 'artículo 71']

Ley de medidas urgentes en materia concursal | E&J
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La Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, flexibilizó el régimen
de los convenios preconcursales de acuerdo con algunas premisas básicas. La primera
de los acuerdos preconcursales. La tercera de las premisas era respetar en la mayor
La parte dispositiva de esta Ley consta de un único artículo, dividido a su vez en
cuatro apartados, en cuya virtud se modifican varios preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal (en adelante, Ley Concursal), relativos al convenio concursal, a la fase de
liquidación, a la calificación del concurso, al acuerdo extrajudicial de pagos y a los
acuerdos de refinanciación, así como a otros preceptos de la misma Ley relacionados con
a las de la disposición adicional cuarta de la Ley Concursal (en redacción dada por la
Ley 17/2014) relativas a la valoración de las garantías sobre las que recae el privilegio
especial. Para ello se modifican los artículos 90 y 94 de la Ley Concursal
De este modo se sigue manteniendo un principio que parece no solo el más razonable
desde el punto de vista económico sino que también es una síntesis de las reglas vigentes
en nuestro derecho acerca de la purga de las garantías posteriores, del mantenimiento de
las preferentes y de la atribución del eventual sobrante en caso de ejecución por parte de
alguno de los titulares de garantías reales. Parece, en efecto, difícil cuestionar que para
obtener el verdadero valor de una garantía es necesario deducir del valor razonable del
bien sobre el que ésta recae el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía
preferente sobre el mismo bien. También parece una regla de prudencia reducir dicho
valor razonable en un diez por ciento por cuanto la garantía, de hacerse efectiva, requerirá
la ejecución del bien o derecho sobre el que esté constituida, lo cual entraña unos costes
y dilaciones que reducen el valor de la garantía en, al menos, dicho porcentaje.
privilegiados pueden multiplicarse «ad infinitum» cuando su garantía recae sobre un
mismo bien, sin que el valor de dicho bien se vea en absoluto incrementado. Por poner un
de los principios que debe necesariamente regir el concurso es el de «pars conditio
creditorum» y que la extensión indefinida de los privilegios es una contradicción palmaria
declaración de concurso, exceptuando siempre a los que tengan una vinculación especial
con el deudor. Hasta ahora sólo se les reconocía derecho de voto cuando la adquisición
hubiese sido a título universal, como consecuencia de una realización forzosa o, a partir
de 2012, cuando se tratase de entidades financieras sujetas a supervisión.
adquisición podía esconder algún tipo de fraude que se quería desincentivar mediante
la privación del derecho de voto. Pero el fraude no puede estar en adquirir algo, en este
caso un derecho de crédito, a un precio menor que aquél por el que se pretenda vender
o realizar, puesto que esto es al fin y al cabo lo propio de la actividad económica de
mercado. El verdadero problema estriba en que el adquirente se haya concertado con
el deudor para defraudar al resto de acreedores. Por ello se reforma no solamente el
acreedores subordinados y carecerán en consecuencia de voto en la junta de
productivas a lo dispuesto en los artículos 146 bis y 149, lo que implica, con determinadas
preconcursales en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de
Y finalmente se introduce una previsión novedosa (nuevo artículo 134.3), que también
tiene precedente en la Ley 17/2014, sobre la posibilidad de arrastre de determinados
créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la
garantía. Aunque para ello se exige un doble requisito: además de unas mayorías aún
más reforzadas, que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase,
introduciéndose por primera vez en nuestro ámbito concursal esta consideración que ya
tiene precedentes en derecho comparado y en los acuerdos preconcursales de la
disposición adicional cuarta que afectan a los acreedores de pasivos financieros. Para
ello se distinguen cuatro clases de acreedores, cada uno de los cuales reúne
características propias que justifican un tratamiento específico en el seno del concurso.
En primer lugar, los acreedores de derecho laboral; en segundo lugar, los acreedores
públicos; en tercer lugar, los acreedores financieros; y finalmente, el resto (entre los
cuales deberán incluirse de forma principal a los acreedores comerciales).
sacrificio del acreedor que se ve arrastrado, lo cual es cierto, pero también desde un punto
de vista positivo como un menor sacrificio del resto de acreedores que acuerdan el
acreedores. Piénsese además que si el 60 o 75 por ciento de los acreedores, según los
casos, acuerdan para sus créditos privilegiados determinados sacrificios que parezcan
imprescindibles para la viabilidad de la empresa y para recobrar la mayor parte posible del
crédito pendiente, dichas medidas habrán de ser tanto más duras si el 40 o 25 por ciento
restante de los acreedores, respectivamente, no resultan vinculados por el acuerdo
los acuerdos no se adoptarán con la finalidad de lesionar los intereses de estos acreedores.
Esta imposibilidad de lesión se ve reforzada por el establecimiento de las cuatro clases de
acreedores antes citadas de manera que en ningún caso podrán imaginarse concertaciones
de unos acreedores para perjudicar los de otra clase, especialmente los laborales o los
públicos que, por su naturaleza, merecen una especial tutela.
en la mayor medida posible el verdadero valor de la garantía, se establece en el artículo 140
que si, llegado el caso, el acreedor con privilegio, que hubiera votado a favor de un
convenio o se hubiera visto arrastrado por él, tiene que ejecutar la garantía, se hará con
el montante total obtenido que no exceda del crédito originario. Hay que insistir en el
hecho de que todas las medidas introducidas en esta Ley y en la Ley 17/2014, respecto al
valor de las garantías tienen su efectividad en relación con el procedimiento concursal
pero no implican alteración de las garantías registradas ni de las reglas establecidas para
su ejecución fuera del concurso.
En quinto lugar, se incluyen una serie de modificaciones para obligar a que la
información relativa tanto al convenio como al informe de los administradores y sus
impugnaciones sea comunicada telemáticamente a los acreedores de los que conste su
dirección electrónica, facilitando así un conocimiento más rápido de determinados
trámites del proceso concursal.
Las especialidades de la legislación administrativa de contratos del sector público, tanto
general como sectorial, y la necesaria interrelación con las formas de desenvolvimiento y
terminación del procedimiento concursal establecidas en la Ley Concursal, hacen necesario
que se establezca un régimen especial aplicable a los concursos de las empresas
concesionarias de obras y servicios públicos y contratistas de la administración pública,
cuya ubicación legislativa debe situarse tanto en la legislación administrativa reguladora de
los contratos administrativos, tanto general como específica, como en la Ley Concursal, a
través de una nueva disposición adicional segunda ter que recoge las especialidades
concursales en la materia.
este tipo de contratos y los procedimientos de carácter administrativo con ellos relacionados.
Así, se introduce la subrogación «ipso iure» del adquirente en los contratos y licencias
También se introducen en el artículo 148 previsiones adicionales respecto a la cesión
en pago o para pago y una previsión novedosa consistente en que el juez pueda acordar
la retención de un quince por ciento de la masa activa destinado a satisfacer futuras
impugnaciones. Esta previsión debería conducir a una agilización de la fase de liquidación.
El artículo 149 también resulta modificado. A la luz de las dudas surgidas, se aclara
qué reglas del mismo tienen carácter supletorio y cuáles de ellas deberán aplicarse en
toda liquidación, haya o no plan de liquidación. En particular, se propone aplicar a todas
las liquidaciones las nuevas reglas de purga o subsistencia de las posibles garantías
reales a las que pudiesen estar sujetos todos o algunos de los bienes incluidos en una
unidad productiva y las reglas sobre sucesión de empresa a efectos laborales y de
En coherencia con las modificaciones introducidas en el artículo 140.4, se modifica el
artículo 155 para establecer que cuando se ejecuten bienes o derechos afectos a un
crédito con privilegio especial, el acreedor privilegiado se hará con el montante total
obtenido que no exceda del crédito originario. De este modo, no se alteran las garantías
registradas ni las reglas establecidas para su ejecución.
En materia de calificación, se aborda una modificación del artículo 167 que clarifica
las dudas interpretativas existentes en torno al término «clase». Este término puede
implicar, en una interpretación estricta, una referencia a la «clasificación legal» de los
respectivos créditos, en los términos establecidos en los artículos 89 a 92 de la Ley
Concursal, de suerte que solamente cuando todos y cada uno de los acreedores
clasificados en el proceso concursal de la misma manera queden afectados por las quitas
y esperas inferiores a lo que dispone el precepto, no procederá la formación de la sección
de calificación. Sin embargo, la práctica judicial ha venido a darle un sentido más
genérico, incluyendo en tal «clase» a un grupo de acreedores que reúnan características
comunes aunque tal grupo no comprenda a todos los de la misma clasificación concursal,
a los efectos del tratamiento otorgable en la sección de calificación respecto a propuestas
de convenio no gravosas.
Habida cuenta que el artículo 94.2, en la redacción dada por esta Ley, incorpora una
nueva definición del término «clase» aplicable, conforme al artículo 134, a los supuestos
en que el convenio llegara a arrastrar a acreedores privilegiados y no exclusivamente a
los ordinarios, es imprescindible aclarar, para evitar mayores dudas, que la mención que
se efectúa en el artículo 167 debe entenderse también referida a esta definición, que
afecta a una pluralidad de acreedores beneficiados por la solución concursal lo
suficientemente amplia como para hacer equivalente el tratamiento a efectos de la
Por último, se introducen mejoras técnicas en diversos artículos del Título VI de la Ley
Concursal con el objeto de aclarar su redacción o ajustarla a la del citado artículo 167.
En cuanto a los acuerdos de refinanciación, se incluyen una serie de modificaciones
cuyo objeto es aclarar determinadas dudas que se han planteado en su aplicación
En primer lugar, se modifica el artículo 5 bis para establecer que, en caso de
controversia, será el juez del concurso quien ostente la competencia para determinar si
un bien es o no necesario para la continuidad de la actividad económica del concursado.
En el artículo 71 bis se regula el régimen de votación en el seno de acuerdos
sindicados y en la disposición adicional cuarta se introducen una serie de modificaciones
para aclarar el régimen de votación en el seno de acuerdos sindicados y se precisa, a
efectos de determinar el valor razonable de los bienes dados en garantía, que éste no
podrá exceder del valor de la responsabilidad máxima hipotecaria o pignoraticia que se
hubiese pactado.
La parte final de esta Ley consta de cuatro disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diez disposiciones finales.
verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas por esta Ley y de propuesta al
Gobierno de modificaciones normativas para facilitar la reestructuración preconcursal o
concursal de deuda de empresas económicamente viables.
determinados preceptos contenidos en esta Ley.
La disposición final primera amplía, ante su inminente finalización, la «vacatio legis»
La disposición final cuarta modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, introduciendo la posibilidad de que un porcentaje de las viviendas que integran el
fondo social de viviendas se puedan destinar a personas que hayan sido desalojadas de
sus viviendas por impago de préstamos no hipotecarios.
La disposición final quinta modifica a su vez la disposición final segunda de la
de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
La disposición final sexta modifica determinados preceptos de la Ley 14/2014, de 24
de julio, de Navegación Marítima, y la disposición final séptima declara de interés general
determinadas obras de infraestructuras.
La disposición final octava autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, en un plazo
de doce meses, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, un texto refundido de la