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Timestamp: 2019-04-25 07:17:33
Document Index: 102949281

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'Artículo 15', 'artículo 1', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 32', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 16', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'artículo 88', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 65']

Ordenanza Municipal sobre Civismo de Mairena del Alcor
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Ordenanza Municipal sobre Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los Espacios Públicos de Mairena del Alcor
El Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en su sesión extraordinaria de 31 de julio de 2009, al punto 1.º del orden del día, adoptó acuerdo de aprobar la Ordenanza Municipal sobre Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los Espacios Públicos de Mairena del Alcor
Mairena del Alcor está definiéndose como una gran ciudad, en la que se propugnan como principios básicos la democracia, la igualdad, la libertad y la convivencia pacífica entre todos los vecinos y visitantes.
Integrada por calles, parques, plazas y edificios de relevancia cultural, entre las que se encuentra la Villa del Conocimientos y las Artes, cuenta esta localidad con monumentos de relevancia declarados interés histórico-artístico como es la Casa Museo Bónsor, Castillo de Mairena del Alcor, disfruta de una Feria declarada a nivel nacional, de interés turístico de Andalucía y organiza su Festival de Cante Jondo “Antonio Mairena” que se prepara para ser solicitado a nivel internacional como evento de interés turístico.
Todo ello, enraíza un pronunciado carácter social al municipio y propicia que sean los propios ciudadanos los que disfruten del mismo, ya que son en prioridad, los que sustentan y dan forma a la ciudad, tanto al utilizar estos elementos como en el desarrollo de los eventos sociales con las relaciones de convivencia que entre ellos se entablan permanentemente.
La villa de Mairena del Alcor para satisfacer necesidades sociales sobrevenidas, va progresando, reformando los elementos físicos existentes y añadiendo otros nuevos, como mejorando las pautas de comportamiento cívico, que permitan a los ciudadanos su convivencia y, en definitiva, ir construyendo una Mairena del Alcor apacible para quienes la habitan o visitan.
Estas pautas de comportamiento cívico han de permitir la libertad de cada uno de los ciudadanos con el límite esencial del respeto a los demás, asumir la preservación del patrimonio urbano y natural, así como del resto de los bienes, y en su conjunto, garantizar la convivencia ciudadana en armonía.
En este marco de comportamiento, los ciudadanos tienen derecho a utilizar los espacios públicos de la ciudad, y han de ser respetados en su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con civismo, está limitado por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber de respetar a personas y bienes.
Nadie puede, con su comportamiento, menospreciar o perjudicar los derechos de las demás personas, ni su libertad de acción, ni atacar los valores, ni ofender las convicciones ni las pautas de convivencia. Los comportamientos incívicos, si bien minoritarios, además de dañar bienes y espacios que son patrimonio de todos, suponen un ataque a la convivencia, una actitud de insolidaridad y una falta de respeto hacia la inmensa mayoría de ciudadanos que asumen cívicamente los derechos y deberes derivados de su condición.
Por otra parte, las conductas incívicas obligan a destinar grandes sumas de dinero público para labores de limpieza, mantenimiento, reparación y reposición de bienes; tales gastos podrían tener otro destino. Por ello, el exigible respeto de los espacios públicos y del patrimonio de nuestra ciudad contribuye, además, a mejorar la gestión del dinero público, permitiendo aplicar mayores recursos con racionalidad a lo más prioritario.
Sin duda, las raíces de este fenómeno son complejas y sobrepasan con mucho el ámbito puramente local, ya que tienen que ver con problemas sociales, familiares y educativos que las administraciones locales no están en disposición legal de afrontar en solitario, aunque, paradójicamente, sea en el ámbito de sus competencias donde más se perciben sus efectos.
Por esto último, las competencias de los Ayuntamientos se han enfocado históricamente hacia la corrección de tales efectos, derivados de actuaciones incívicas, atribuyéndoseles la potestad sancionadora frente a los actos de los infractores.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha venido regulando esta materia, si bien sólo ha podido hacerlo de manera incompleta, dada la falta de habilitación legal en algunas materias.
La Ley 57/2003, de medidas de modernización del gobierno local ha plasmado legislativamente la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/2001, habilitando, en su artículo 139 a los municipios, para ordenar las relaciones de convivencia de interés local y el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
Esta previsión legislativa permite, pues, que el Ayuntamiento regule de forma más amplia esta materia, de tal manera que esta Ordenanza constituya, además, la norma que rija tales aspectos.
La Ley 57/2003 ha establecido, asimismo, los límites a los que ha de sujetarse la regulación municipal. Así, sólo es eficaz tal habilitación “en defecto de normativa sectorial específica” (art. 139). De igual manera, habrá de respetarse el conjunto del ordenamiento de rango legal, no pudiendo la Ordenanza abordar o vulnerar lo establecido en una Ley formal. Y, evidentemente, menos aun podrá contemplar transgresiones de los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución.
Además, la habilitación legal a los municipios para que éstos regulen las relaciones de convivencia de interés local permite el abordaje de esta materia de manera conjunta, esto es, con una visión global. Con anterioridad a la reforma legislativa mencionada, las acciones ciudadanas que incidían en la convivencia social habían de ser reguladas de manera dispersa, de tal manera que su interrelación acababa siendo escasa.
Como consecuencia de estas circunstancias, la nueva habilitación legal y la existencia de normativa ya vigente en algunos aspectos concretos, permiten que la nueva Ordenanza se oriente a la regulación de las relaciones cívicas e incorpore nuevas materias no contempladas con anterioridad.
Precisamente porque esta nueva Ordenanza se enfoca hacia la regulación de las relaciones cívicas, resulta necesario que combine tres principios fundamentales: la prevención, la sanción de las conductas incívicas y la rehabilitación de los infractores. El juego conjunto de estos elementos persigue un adecuado tratamiento de las conductas contrarias a la convivencia social.
En primer lugar, la Ordenanza persigue la promoción de valores y conductas cívicas, como objetivo municipal y como medio de prevención de las actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana. Resulta indudable que la promoción positiva de la conciencia cívica es el primero de los medios que han de utilizarse para evitar actuaciones antisociales.
En segundo lugar, este texto normativo tiene como objetivo, asimismo, la protección tanto de los bienes públicos como de los espacios visibles desde la vía pública, aun cuando sean de titularidad privada si se ve perturbado el ornato público. En el primer caso, como lógica consecuencia del deber que todas las Administraciones tienen de salvaguardar los bienes que son de uso común por todos los ciudadanos, precisamente para que éstos, que los sufragan a través de los tributos, puedan disfrutarlos. Se persigue la adecuada conservación de todos los espacios públicos, porque es un derecho de todos los vecinos el disfrute de una ciudad en las debidas condiciones de ornato y salubridad. De igual manera, se regula el reproche de los comportamientos de naturaleza incívica, con el fin de propiciar una adecuada convivencia entre los ciudadanos. Para el cumplimiento de estos objetivos, es preciso el establecimiento de un régimen de infracciones y sanciones. No cabe duda de que, de manera combinada con la labor de promoción de la conciencia cívica, el Ayuntamiento debe sancionar a quienes agredan los valores que animan aquélla.
Y, en tercer lugar, la Ordenanza fomenta el principio de responsabilidad y rehabilitación de los infractores, de tal manera que éstos puedan ver sustituida la sanción pecuniaria por la realización de tareas o labores en beneficio de la comunidad cuyos principios de convivencia han infringido. Como medida de rehabilitación que es, se contempla para aquellos casos en que la conducta objeto de la infracción requiera una especial impregnación de valores cívicos. En este aspecto, se persigue que los infractores sean conscientes tanto de la infracción cometida como del daño ocasionado, como un medio más de asentar los valores cívicos. Es esta una medida directamente relacionada, por otra parte, con la labor preventiva.
El texto dispositivo consta de cuatro Títulos. El primero de ellos aborda el objeto de la Ordenanza, circunscribiendo así su ámbito de aplicación. El Título II, por su parte, establece el marco general al que habrán de sujetarse las actuaciones que el Ayuntamiento ha de realizar para promover el civismo. El Título III recoge el conjunto de normas reguladoras del comportamiento cívico, agrupándose según su naturaleza y en tres capítulos: disposiciones generales, protección de bienes públicos y actividades específicas. Al régimen sancionador se dedica el Título IV de la Ordenanza, tipificando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes. A este articulado se añaden tres disposiciones adicionales que regulan aspectos prácticos de la ejecución de esta norma y la armonización con otras ordenanzas municipales; una disposición derogatoria y una disposición final.
También ha de precisarse que la Ordenanza, de acuerdo con la habilitación conferida por la Ley 57/2003, protege el debido uso de los bienes, evitando su deterioro. Así se plasma en los artículos 139 y 140 de la citada disposición legislativa. Consecuentemente, este texto reglamentario respeta la regulación contenida en el Código Penal, cuyos artículos 263 y 323 tipifican como delito o falta, respectivamente, causar daños a los bienes. El Código persigue, pues, los daños, y la Ordenanza el uso indebido y su deterioro. Ha de tenerse en cuenta que el uso indebido o el deterioro no tienen por qué causar daños.
El Capítulo Tercero del Título Tercero aborda la colocación de publicidad, carteles o pancartas así como la distribución de octavillas.
El Capítulo Cuarto del Título Tercero prohíbe, con carácter general, cualquier utilización de los bienes o de los servicios de manera contraria a su finalidad, así como, específicamente, varias actividades concretas. En cuanto a éstas, la Ordenanza introduce una nueva regulación, abordando también aspectos específicos de materias reguladas además por otras Ordenanzas. De igual manera, queda prohibida la acampada.
El Título IV aborda el régimen sancionador desde una perspectiva, como se ha expuesto, de rehabilitación del infractor. Merece la pena destacar la obligación de reponer las cosas al estado previo al deterioro producido, que se exigirá por el Ayuntamiento a través del cauce que, en cada caso, establezca el ordenamiento jurídico.
La incardinación de la presente norma en el ordenamiento jurídico se vincula directamente a su objeto, que no es otro, genéricamente, que la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia social. Este su objetivo, que habrá de cohonestarse con la normativa urbanística, de seguridad ciudadana, medioambiental y de salud. Por ello, la norma no contempla obligaciones o derechos derivados de tales legislaciones sectoriales, en cuanto no incidan en la ordenación de la convivencia ciudadana. Así, la Ordenanza se limita a remitir a la normativa aplicable en las materias citadas, como un simple medio de facilitar la interpretación conjunta del ordenamiento, impuesta por nuestras normas civiles.
1.- Esta Ordenanza tiene por objeto, dentro del ámbito competencial municipal:
Fomentar la conciencia y conductas cívicas, previniendo actuaciones perturbadoras de la convivencia ciudadana.
Proteger los bienes y espacios públicos y todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico de la Villa frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
Corregir las actuaciones contrarias a los valores cívicos mediante la potestad sancionadora.
Fomentar la rehabilitación de los infractores de las normas de convivencia.
2.- Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, edificios, mercados, museos y centros culturales, centros cívicos, colegios, cementerio, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o semejante naturaleza. Asimismo, se incluyen las instalaciones provisionales oefímeras que se ejecuten con motivo de la celebración de algún acto o festividad (Corpus, Feria de Abril, Semana Santa, veladas y celebraciones populares) y, en general, cualquiera otros bienes destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. Asimismo, los bienes e instalaciones de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o privadas, que formen parte del mobiliario urbano en cuanto estén destinados al uso público o constituyan equipamientos, instalaciones o elementos de un servicio público, tales como marquesinas, vehículos y elementos del transporte público, vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
3.- Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos que debe mantenerse en adecuadas condiciones de ornato público, a las fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos, infraestructuras, útiles o instalaciones de titularidad pública o privada, siempre que estén situados en la vía pública o sean visibles desde ella.
4.- Mención específica requieren los inmuebles que siendo propiedad del Ayuntamiento han sido cedidos a otras Administración Pública como es el caso del Edificio Multiuso en cuya primera planta se ha instalado el Servicio Andaluz de Empleo, los Juzgados de Paz así como los Centros de Salud. En estos inmuebles además de aplicar el contenido en esta Ordenanza respecto a las conductas cívicas habrá que respetar en todo caso, la legislación aplicable en la materia, los convenios de colaboración firmado entre Administraciones y las competencias propias de cada de una de las Administraciones afectadas.
Los Colegios públicos, se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, Reguladora del Derecho de Educación y la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.
Artículo 2.- Competencia municipal y ámbito de aplicación
1.- Las medidas de protección de competencia municipal previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades y deberes que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y de las competencias de otras Administraciones Públicas.
2.- Esta Ordenanza regula las actuaciones y omisiones de los ciudadanos en relación con los valores cívicos, no alcanzando a las actuaciones de los servicios públicos efectuadas en cumplimiento de lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente.
3.- El Ayuntamiento de Mairena del Alcor adoptará cuantas medidas fueren necesarias tendentes a restaurar el orden jurídico infringido y reponer los bienes al estado exigido por su destino, siendo responsable el personal municipal que tenga encomendada la gestión de estos bienes, de su explotación racional, conforme a lo establecido en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero.
4.- La Ordenanza se aplicará también a espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente a la convivencia y al civismo en los espacios, instalaciones y elementos señalados en los apartados anteriores, o cuando el descuido o la falta de un adecuado mantenimiento de los mismos por parte de sus propietarios, arrendatarios o usuarios pueda implicar igualmente consecuencias negativas para la convivencia o el civismo en el espacio público, siempre con las limitaciones previstas en las Leyes.
5.- La presente ordenanza es de aplicación en todo el término municipal de Mairena del Alcor.
TÍTULO II.- PROMOCIÓN DEL CIVISMO
Artículo 3.- Disposición General
1.- El Ayuntamiento de Mairena del Alcor promoverá el desarrollo de los valores cívicos, entendidos éstos como aquellos que permiten la adecuada convivencia de los ciudadanos en una sociedad democrática, caracterizada por la existencia de derechos personales cuyo respeto conlleva la existencia y cumplimiento de correlativos deberes por parte de cada ciudadano.
2.- De igual manera, y específicamente, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor fomentará, en el ejercicio de las competencias que legalmente ostenta, la más plena concienciación de los ciudadanos en el correcto uso de los espacios comunes de la Población y en la preservación del entorno urbano.
Artículo 4- Actuaciones educativas
1.- El Ayuntamiento potenciará la transmisión y el fortalecimiento de los valores y conductas cívicas en el desarrollo de las actuaciones educativas y de formación cuya competencia le corresponde. De igual manera, y en el ejercicio de todas sus competencias, el Ayuntamiento procurará divulgar y fomentar los valores que sustentan el comportamiento social, desde el ejercicio por cada ciudadano de su libertad constitucional con el límite del respeto a los derechos y valores de los demás y la preservación de los bienes públicos de tal manera que puedan ser utilizados por todos.
2.- Para fomentar y materializar este tipo de actuaciones, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor podrá elaborar un “Plan de Actuación Municipal Cívica”. Éste será presentado ante las Asociaciones más representativas, Colegios y entes públicos o privados interesados, utilizando como medios de difusión la web www.mairenadelalcor.org, la radio municipal, el tablón de anuncios así como cualquier otro medio que sea necesario para poder darle la máxima publicidad y conseguir con ello, transmitir a éstos agentes, las nuevas líneas de actuación y convertirse así en cauces de comunicación para el resto de la población.
Artículo 5.- Premios extraordinarios
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, previa consignación presupuestaria, podrá otorgar de forma extraordinaria premios a asociaciones, entidades, colectivos o cualquier persona física o jurídica que haya destacado de forma extraordinaria en el desarrollo y realización de una labor, acto, conducta, programa, trabajo, campaña o tarea ejemplar dirigida a conseguir la filosofía de conciencia y solidaridad cívica que regula la presente ordenanza.
Artículo 6.- Comunicación pública
El Ayuntamiento difundirá los valores y conductas cívicas mediante campañas divulgativas dirigidas a toda la población, o a sectores específicos de ésta.
TÍTULO III. COMPORTAMIENTO CIUDADANO
Artículo 7.- Principios de convivencia
1.- Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia ciudadana y el deber de usar los bienes y servicios públicos conforme a su destino, respetando el derecho del resto de los ciudadanos a su disfrute, quedando prohibidos, en los términos establecidos en esta Ordenanza, los comportamientos que alteren la convivencia ciudadana, ocasionen molestias o falten al respeto debido a las personas.
2.- Los Ciudadanos tienen derecho a utilizar libremente la vía y los espacios públicos de la villa, y han de ser respetados en su libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con civismo, está limitado por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber de respetar a otras personas y a los bienes privados.
Artículo 8.- Protección de las vías públicas
1.- Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a su destino, siendo responsables de los daños que se produzcan como consecuencia de dicho uso indebido en el acerado y calzada. Asimismo no podrá impedirse o dificultar, deliberadamente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por aceras y calzadas respectivamente, ni realizar competiciones o carreras de vehículos no autorizadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/92 o en la normativa sectorial sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en la regulación de los Derechos Fundamentales contenidos en el Capítulo II, Sección I, del Título I de la Constitución.
2.- Se prohíbe la emisión de ruidos de cualquier naturaleza que por su intensidad, volumen u horario, excedan de los límites que exige la tranquilidad pública y la convivencia ciudadana, y se prevén en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía («BOJA» 243, de 18/12/2003).
3.- El uso privativo de las vías públicas o demás elementos del servicio público o de uso público, está sometido a la previa concesión o autorización administrativa de acuerdo con la legislación aplicable. Por ello el corte de calles o la ocupación de las vías públicas, para fines de interés particular, sin la preceptiva autorización podrá conllevar el apercibimiento por los Agentes de Policía Local, con traslado o remisión a los Servicios Técnicos Municipales, para que soliciten los correspondientes trámites administrativos.
Artículo 9.- De la solidaridad en la vía pública
1.- El Ayuntamiento estimulará el comportamiento solidario de los Ciudadanos con el fin de prestar ayuda a las personas que así la necesiten para transitar por las vías públicas u otros lugares u orientarse, asistir a quienes hayan padecido accidentes o se encuentren en circunstancias de riesgo. Se fomentará la costumbre de ceder la preferencia en el paso o en el uso del mobiliario urbano a las personas que más lo necesiten, así como otras actitudes de solidaridad y educación.
2.- Todas las personas que encuentren niños o personas discapacitadas extraviadas o personas en situación de evidente estado de anomalía física o psíquica deben ponerlo en conocimiento de los agentes de la autoridad, los cuales se harán cargo de su protección y restitución a los responsables de su tutela.
Artículo 10.- Dignidad de las personas
1.- Queda prohibida en el espacio público toda conducta intimidatoria o que comporte violencia física o moral así como cualquier conducta de menosprecio a la dignidad de las personas o cualquier comportamiento discriminatorio, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, o burlas.
2. Quedan especialmente prohibidas las conductas anteriormente descritas cuando tengan como objeto o se dirijan contra ancianos, menores y personas con discapacidades.
4. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad, quedando exentos de responsabilidad en caso de actuar conforme a esta Ordenanza.
Artículo 11.- Menores de edad
De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de menores, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de comunicar a las autoridades o a sus agentes más próximos cualquier situación que detecten de riesgo o desamparo de un menor.
La asistencia a los centros de enseñanza educativos durante la enseñanza básica obligatoria (primaria y secundaria) es un derecho y un deber de los menores desde la edad de seis años hasta la de dieciséis. Por ello el Ayuntamiento luchará contra el absentismo escolar y velará por el cumplimiento de este derecho y el ejercicio de esta obligación. En el marco de esta lucha contra el absentismo escolar, la Policía Municipal intervendrá en aquellos supuestos en los que los menores de dieciséis años transiten o permanezcan en espacios públicos durante el horario escolar. A tal efecto, los agentes municipales solicitarán su identificación, averiguarán cuáles son las circunstancias y los motivos por los que no está en el centro de enseñanza y, en caso de ausencia de justificación, le conducirán a su domicilio o al centro escolar en el que esté inscrito, poniendo en todo caso en conocimiento de sus representantes legales y de la autoridad educativa competente, que el menor ha sido hallado fuera del centro educativo en horario escolar. En todo caso, se entenderá que existe ausencia justificada cuando el menor ejercite el derecho de reunión al que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
Los representantes legales serán responsables de la permanencia de los menores en la vía pública y de la inasistencia de éstos a los centros educativos. En estos casos, cuando concurra culpa o negligencia, los representantes legales incurrirán en una infracción leve y podrán ser sancionados por ello.
Artículo 12.- Organización de actos públicos
1.- Los organizadores de actos celebrados en los espacios públicos deben garantizar la seguridad de las personas y los bienes. A estos efectos deben cumplir con las condiciones de seguridad generales y de autoprotección que se fijen en cada caso por el órgano competente. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, y el acto tenga por objeto primordial la consecución de un beneficio económico de carácter empresarial y no meramente benéfico o social, el Ayuntamiento podrá exigir a los organizadores, conforme a lo establecido por la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y su Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador, que depositen una fianza para responder de los daños y perjuicios que puedan causarse para el caso de que dicha responsabilidad no fuera hecha efectiva por los autores materiales de los mismos.
2.- Los organizadores de espectáculos públicos, en atención a los principios de colaboración, corresponsabilidad y confianza con la autoridad municipal, deberán velar por que los espacios públicos utilizados y sus elementos urbanos o arquitectónicos no se deterioren, quedando obligados, en su caso, a la correspondiente reparación y/o reposición.
3.- El Ayuntamiento no otorgará autorización para la celebración de espectáculos públicos festivos, musicales, culturales, deportivos o de índole similar en los espacios públicos en los que se pretendan realizar cuando, por las previsiones del público asistente, las características del propio espacio público u otras circunstancias debidamente acreditadas y motivadas en el expediente, dichos acontecimientos puedan poner en peligro la seguridad, la convivencia o el civismo. En estos supuestos, siempre que sea posible, el Ayuntamiento propondrá a los organizadores espacios alternativos en los que pueda celebrarse el acto. No obstante, para la obtención de las autorizaciones de actos públicos que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito laboral, político, social, religioso, sindical o docente, se estará a lo que se establezca en la normativa que regule el derecho correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
4.- En todo caso, los organizadores de actos públicos deberán haber formalizado el correspondiente contrato de seguro de responsabilidad civil que garantice los posibles daños, a la vista de la naturaleza concreta del acto.
5.- A efectos de esta Ordenanza y de acuerdo con la Ley 13/1999, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, se entiende por espectáculo público toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención de los espectadores. Asimismo, se entenderá por actividad recreativa el conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica, o por un conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos.
6.- Cuando se trate del ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el Ayuntamiento emitirá informe preceptivo motivado en el que se recogerán las circunstancias y causas objetivas que, en su caso, puedan desaconsejar la celebración del acto o acontecimiento en el espacio público previsto por sus organizadores, a fin de que la autoridad gubernativa competente adopte la decisión que corresponda.
Artículo 13.- Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios públicos.
Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización inadecuada de los servicios públicos, y, especialmente, la provocación maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia.
Artículo 14.- Régimen de sanciones
1.- Las infracciones contenidas en este capítulo tendrán la consideración de leves y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros, salvo las infracciones contra lo dispuesto en el artículo 9 que se regirán por lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
2.- Siempre que los hechos no sean constitutivos de infracción penal, ni concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento, la realización de las conductas descritas en el apartado 1 del artículo 10 tendrá la consideración de infracción grave, y será sancionada con multa de 750,01 a 1.500 euros, salvo que el hecho constituya una infracción o le corresponda una sanción diferente, de acuerdo con la legislación aplicable. Sin perjuicio de la legislación penal, tendrán la consideración de infracciones muy graves, que se sancionarán con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, las conductas descritas en los apartados 2 y 3 del citado artículo 10. Si dichas conductas fueran realizadas por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción a todos los miembros de estos grupos que de cualquier manera participase activamente en los hechos. Si los integrantes del grupo registrasen por cualquier medio de grabación el hecho, la sanción se impondrá en el grado máximo.
Capítulo II. Protección de bienes públicos
Sección Primera.- Disposición general
Artículo 15.- Usos y actuaciones prohibidas
Se prohíbe cualquier actuación sobre los bienes protegidos enumerados en el artículo 1 de la presente Ordenanza, que sea contraria a su uso o destino, así como las que impliquen su deterioro, quiebra, arranque, doblado, incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que ensucie, deforme, degrade o menoscabe su estética.
Sección Segunda.- Degradación visual
Artículo 16.- Degradación visual y actividad publicitaria
1. Quedan prohibidas las pintadas, escrituras, inscripciones o grafismos en los bienes públicos o privados protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas, aceras, muros, fachadas, monumentos o edificios públicos, árboles, vallas, farolas, señales e instalaciones en general y en transportes y vehículos municipales.
Se excluyen de esta prohibición:
Las pinturas murales de carácter artístico que se realicen con autorización del propietario.
Las que permita la Autoridad Municipal.
2.- Se prohíbe la actividad publicitaria en los lugares no autorizados expresamente por el Ayuntamiento y, en particular, en las fachadas de edificios públicos, marquesinas, mobiliario urbano, arbolado, muros, túneles, pasos subterráneos y, en general, fuera de los lugares especialmente habilitados. Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía pública, salvo autorización, ninguna clase de instalación, sea fija o móvil, con propaganda publicitaria. Se entiende por actividad publicitaria, de acuerdo con el art. 2 de la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, General de Publicidad, toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. De igual modo, se prohíbe poner en los mencionados lugares cualquier clase de pegatina, cartel, pasquín, pancarta o banderola de cualquier índole.
3. En cualquier caso queda totalmente prohibida la colocación o pegada de carteles, pegatinas y adhesivos en edificios histórico-artísticos.
4. Por resolución del órgano municipal competente se autorizarán las ubicaciones y soportes en que puedan llevarse a cabo las actividades descritas en los puntos 1 y 2 de este artículo.
5. El Ayuntamiento habilitará espacios suficientes exclusivamente reservados para su utilización como soporte en el ámbito de la participación ciudadana.
6. En cualquier caso, no serán sancionables administrativamente estos comportamientos en edificios ruinosos o abandonados.
7. Se permitirá colocar carteles en escaparates, portales y balcones y en otros elementos del bien jurídico privado con autorización del propietario o inquilino.
8. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por la infracción, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las sanciones oportunas.
9.- Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir los materiales o utensilios empleados cuando las actuaciones se realicen sin la preceptiva autorización municipal.
Artículo 17.- Carteles, pancartas y banderolas
1.- La colocación de carteles y banderolas en la vía pública podrá autorizarse expresamente por el Ayuntamiento en los siguientes supuestos:
a) Cuando se celebren en la Población acontecimientos culturales como congresos, festivales, conciertos, representaciones, exposiciones artísticas, y demás eventos sociales o deportivos de relieve.
b) En campañas electorales, en los espacios debidamente autorizados.
c) Con fines publicitarios.
2.- La solicitud de autorización a la que se refiere este artículo deberá incluir, como mínimo, las siguientes precisiones:
-Contenido y dimensiones de los carteles o banderolas.
-Lugares de ubicación de éstos.
-Tiempo y fechas en las que permanecerán instalados.
-Compromiso de retirarlos y reparar los daños que pudieran ocasionar.
-Croquis que refleje la forma de sujeción de las banderolas a las farolas o puntos de luz, asegurando que el soporte no sufra ningún daño en su pintura o galvanizado.
3.- La colocación en las farolas o puntos de luz será avisada con al menos 24 horas de antelación, a fin de que el servicio municipal de inspección técnica de alumbrado revise y controle su instalación.
4.- Los carteles y banderolas se atendrán a las especificaciones autorizadas.
5.- Los carteles y banderolas deberán ajustarse a las condiciones de la autorización y se retirarán por el solicitante de la autorización tan pronto transcurra el plazo concedido. En caso contrario, cabrá la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.
Artículo 18.- Folletos.
1.- Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos o papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía o en los espacios públicos.
Los servicios municipales correspondientes procederán a limpiar el espacio urbano afectado por la distribución de folletos o similares, imputando a los responsables el coste de los servicios extraordinarios prestados, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.
3. Las mesas para el reparto de propaganda, información o recogida de firmas deberán contar con autorización municipal previa.
Artículo 19. Régimen de sanciones
1. La realización de las conductas descritas en las secciones primera y segunda del presente capítulo tendrán la consideración de infracción leve, y será sancionada con multa de hasta 750 euros, salvo que el hecho constituya una infracción más grave.
2. Tendrán la consideración de infracciones graves, sancionables con multa de 750,01 a 1.500 euros, las actuaciones descritas en esta sección que se realicen:
a) En los elementos del transporte, ya sean de titularidad pública o privada, y, en el primer caso, municipal o no, incluidos los vehículos, las paradas, las marquesinas y demás elementos instalados en los espacios públicos.
b) En los elementos de los parques y jardines públicos.
c) En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes, salvo que la extensión de la pintada o el grafito sea casi inapreciable.
d) En las señales de tráfico o de identificación viaria, o de cualquier elemento del mobiliario urbano, cuando implique la inutilización o pérdida total o parcial de funcionalidad del elemento.
3.- Las infracciones tendrán el carácter de muy grave, y serán sancionadas con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, cuando se atente especialmente contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o protegidos.
Sección Tercera.- Actividades contra el mobiliario urbano
Artículo 20 Contenedores, papeleras y limpieza viaria
Sin perjuicio de la regulación contenida en la Ordenanza de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Mairena del Alcor el 7 de noviembre de 2.000, queda prohibido:
1.- La manipulación de las papeleras y contenedores situados en la vía y espacios públicos. Asimismo su desanclaje, desplazamiento, vuelco, vaciado de su contenido en el suelo, realizar inscripciones o adherir pegatinas en los mismos, y todas aquellas acciones que deterioren su estética o limiten su uso. Se prohíbe dejar en las papeleras materiales, instrumentos u objetos peligrosos, como animales y restos de animales, jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de contagiar o propagar enfermedades
2.- Efectuar el riego de plantas fuera del horario comprendido entre las 24.00 y las 08.00 horas del día siguiente sin guardar las debidas precauciones que eviten molestias a los vecinos o viandantes.
3.- El vertido de agua sucia sobre la vía pública o zonas ajardinadas.
4.- La falta de cuidado de los propietarios de animales que facilite las deposiciones de éstos en la vía pública o fuera de las zonas especialmente habilitadas para ello debidamente señalizadas.
Artículo 21. Fuentes, farolas, arquetas y cuadros eléctricos
1. Queda prohibido realizar cualquier manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de las fuentes, que impida su normal funcionamiento, así como el vertido de jabones o detergentes, objetos o basuras en las mismas o su uso indebido, el atascado de sus conductos, la rotura de la iluminación, el baño, la práctica de juegos o introducirse en las mismas, sin la preceptiva autorización municipal. Especialmente queda prohibido introducirse o lavar cualquier objeto en ellos, pescar, abrevar animales, y efectuar vertidos de sustancias u objetos.
2. Asimismo, queda prohibido realizar toda manipulación, alteración o modificación en las instalaciones o elementos de las farolas, arquetas y cuadros eléctricos, que produzca la rotura de sus luminarias, báculos, basamentos, conexiones interiores, rotura o sustracción de tapas de registro, y otras similares que impliquen o impidan el normal funcionamiento de las instalaciones.
Artículo 22. Parques, jardines, árboles y plantas
1.- Los ciudadanos que usen y disfruten de los parques y jardines públicos están obligados a respetar sus árboles, flores, plantas y fauna, así como las instalaciones y señalizaciones en ellos existentes, conforme al uso para el que están destinados.
2.- Se prohíbe toda conducta dañosa, perjudicial, o lesiva que produzca el menoscabo, deterioro o destrucción de cualquiera de los elementos, instalaciones o señalizaciones, que se integran en los parques y jardines así como en sus árboles, flores y plantas, mediante su quiebra, arrancado o rotura de ramas, raspado o grabación de su corteza, el arrancado o corte de las flores, plantas o sus frutos. Asimismo, se prohíbe dañar el césped o acampar sobre él, excepto en los espacios en que se autorice expresamente, dejar excrementos sobre el césped y encender fuegos u hogueras en los parques y jardines.
3.- Igualmente se considerará infracción el vertido de cualquier tipo de sustancia aunque no resulten perjudiciales, salvo el agua necesaria para el riego, así como la caza, pesca o maltrato de la fauna. Y en general queda prohibida toda actividad que tenga como resultado la producción de daños por un uso indebido en este tipo de recintos y sus instalaciones.
4.- Queda, asimismo, prohibido permanecer en el interior de los parques más allá del
horario regulado de acceso y cierre, desatender las indicaciones de las señales existentes o desobedecer las restricciones de acceso, temporales o definitivas, a zonas concretas.
Artículo 23.- Régimen Sancionador
1.- Las infracciones contenidas en la sección tercera de este capítulo tendrán la consideración de leves, y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
2.- En el caso de que la infracción consista en causar impedimentos o dificultades al normal tránsito peatonal o de vehículos los agentes de la autoridad informarán, en primer lugar, a estas personas de que dichas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a formalizar la correspondiente denuncia.
3.- Cuando la infracción consista en la destrucción total de una planta o de elementos del mobiliario urbano, la sanción podrá elevarse, previa valoración de las circunstancias.
Capítulo III. Actividades Específicas
Artículo 24.- Fuegos y festejos
1.- Queda prohibido, sin autorización, encender o mantener fuego así como portar mechas encendidas y el uso de petardos, cohetes y bengalas u otros artículos pirotécnicos en los espacios de uso público.
2.- Con ocasión de festividades o eventos concretos, el Ayuntamiento podrá dictar una autorización general donde se fijarán las condiciones a las que habrán de sujetarse las hogueras o actuaciones que se autoricen.
3.- Queda prohibido provocar el incendio de todo tipo de vehículos o de mobiliario urbano y cualquier tipo de enseres domésticos y cualesquiera otros.
4.- A los efectos de la presente Ordenanza y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrirse, así como de las medidas o acciones que puedan adoptarse por los titulares de los bienes afectados, se considera acto de vandalismo el deterioro, destrucción o la quema en la vía pública de elementos del patrimonio urbano público o privado.
5.- La realización de las actividades descritas en los apartados anteriores tendrán la consideración de infracción grave sancionable con multa de hasta 1.500 euros. En el caso de que por actuaciones de utilización de fuego o por la emanación de gases tóxicos se ponga en peligro la salud física de los ciudadanos, la infracción tendrá la consideración de muy grave, y será sancionada con multa de 1.500,01 a 3.000 euros.
Artículo 25.- Actividades comerciales
1.- Cuando una actividad comercial, industrial o de servicios genere suciedad frecuente en sus proximidades, o en el espacio autorizado (terrazas y similares), el titular del establecimiento deberá mantener limpia la parte de vía pública afectada, sin perjuicio de las medidas correctoras y demás obligaciones derivadas del régimen aplicable a las preceptivas licencias.
2.- Los titulares de quioscos y de establecimientos con terrazas, veladores y otras instalaciones en la vía pública están obligados a mantener limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato así como las propias instalaciones. Los titulares de quioscos, además, deberán colocar y mantener a su cargo, una papelera situada en su proximidad.
3.- La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente y, en todo caso, deberá ser siempre realizada en el momento de cierre del establecimiento. En ningún caso podrá ocuparse mayor espacio que el autorizado, ni utilizar elementos provisionales, fijos o anclados al pavimento sin la correspondiente autorización municipal.
4.- El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de cualquier elemento o mobiliario colocado en la vía pública sin autorización o por ocupación de espacio superior al autorizado, exigiendo el coste de tal retirada al responsable de la instalación, sin perjuicio de la correspondiente sanción.
Artículo 26.- Establecimientos públicos
Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia, además de la observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de los locales. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los servicios de policía para mantener el orden y la convivencia Ciudadana, colaborando en todo momento con los agentes que intervinieren.
Artículo 27.- Acampada y esparcimiento
1.- No se podrá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a tal efecto habilitados, en terrenos públicos, careciendo de autorización para ello.
2.- Los agentes de la autoridad requerirán a los propietarios o usuarios de las tiendas de campaña, vehículos o de cualquier tipo de material que ocupe indebidamente la vía pública, para que desista de su actitud, sin perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente. En caso de negativa, o de imposibilidad de localizar a los propietarios o usuarios, los agentes de la autoridad podrán articular los medios necesarios para la retirada inmediata de los mismos, corriendo en su caso los infractores y, solidariamente, los propietarios con los gastos que se originen.
Artículo 28.- Animales
1.- La tenencia de animales habrá de ajustarse a la regulación establecida en la Ordenanza Municipal de Control Animal
2.- Los Ciudadanos deberán atender convenientemente a los animales domésticos y, en particular, queda prohibido el abandono de los mismos.
3.- Los Ciudadanos podrán llevar animales de compañía en los espacios públicos siempre que los conduzcan mediante una correa o cadena, o en los términos legalmente establecidos.
4.- Las personas que conduzcan animales, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del propietario, deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general, cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o esparcimiento.
Los animales deberán evacuar las deyecciones en los lugares destinados al efecto. A tal fin, el Ayuntamiento procurará los espacios adecuados para que los animales puedan realizar sus funciones fisiológicas en las debidas condiciones higiénicas.
En todo caso, el poseedor del animal estará obligado a recoger y retirar los excrementos, depositándolos, convenientemente envueltos, en los contenedores situados en la vía pública y responsabilizándose de la limpieza de la zona ensuciada. Los propietarios o responsables de animales deberán recoger, en todo caso, los excrementos sólidos que éstos depositen en la vía pública.
5.- Los animales no podrán beber de las fuentes situadas en la vía pública y destinadas al consumo humano.
6.- No podrán efectuarse maltratos o agresiones físicas a los animales.
Las infracciones contenidas en los artículos 25, 26, 27 y 28 de este capítulo III serán sancionadas de conformidad con el régimen general contenido en el Título IV de esta Ordenanza.
TÍTULO IV. – RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 30.- Disposiciones generales
1.- La imposición de sanciones se ajustará al procedimiento legal y reglamentariamente establecido para el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia.
2.- Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador tuviera conocimiento de que los hechos, además de poder constituir una infracción administrativa, pudieran ser constitutivos de una infracción penal, lo comunicará al órgano judicial competente, absteniéndose de proseguir el procedimiento sancionador, una vez incoado, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado.
Durante el tiempo que estuviera en suspenso el procedimiento sancionador, se entenderá suspendido tanto el plazo de prescripción de la infracción como la caducidad del propio procedimiento.
Artículo 31.- De la actuación inspectora
1. La Policía local o el personal municipal autorizado conforme a las disposiciones vigentes en la materia, estarán facultados para investigar, inspeccionar, reconocer y denunciar todo tipo de actos tipificados como infracción en la presente Ordenanza.
2. Cuando se aprecie algún hecho que constituya una infracción a los preceptos de la presente Ordenanza, se extenderá el correspondiente parte de denuncia o acta, si procede, que deberá notificarse al denunciado. En dicho parte de denuncia o acta se consignarán los datos personales del presunto infractor y los hechos o circunstancias que sirvan de base para la incoación por el órgano competente del correspondiente procedimiento sancionador
Artículo 32.- Medidas provisionales, cautelares y de restitución o reposición
1. El Ayuntamiento, a través de los órganos competentes y en función del servicio o bien de dominio público afectado, adoptará las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del servicio o el uso público y la restitución o reposición de la realidad física alterada.
Estas medidas se adoptarán, con independencia de las sanciones que pudieran derivarse así como de las reclamaciones para exigir la responsabilidad civil o penal y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.
2.- El acto de imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta Ordenanza comportará, en todo caso, la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, y los daños o perjuicios ocasionados por los infractores serán siempre reparados o resarcidos por las personas responsables. Tanto la exigencia de reposición como de abono de los daños será tramitada por el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico y atendiendo a la naturaleza del bien objeto deteriorado.
El Ayuntamiento ejecutará, a costa del obligado, los actos precisos para reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de la infracción, si aquellos no hubieran sido desarrollados por el infractor. La exigencia del coste al obligado se realizará de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
3.- En caso de urgencia grave o peligro evidente y a fin de garantizar la seguridad de personas y bienes, la Administración podrá adoptar las medidas de restitución con carácter urgente que estime conveniente para que se ejecute la actuación en un plazo no superior a 48 horas. La Administración podrá, subsidiariamente, adoptar las medidas necesarias y ejecutarlas sin más trámite, sin perjuicio de reclamar su reintegro económico a la persona o personas que resulten responsables. Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia grave o peligro evidente siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en los bienes y las personas.
4.- Al objeto de garantizar la reposición de la integridad física dañada o evitar su agravación, el Ayuntamiento podrá ordenar, con carácter provisional o cautelar, la adopción o ejecución de cuantas medidas sean necesarias para ello a las personas que resulten responsables sin perjuicio de las responsabilidades que puedan dimanar una vez tramitado el expediente administrativo correspondiente
Estas medidas provisionales podrán consistir en:
a) Suspensión de la autorización otorgada para el desarrollo de la actividad conforme a la normativa vigente.
b) Cierre temporal o desmantelamiento de la instalación donde se produzcan los hechos constitutivos de la infracción cuando sea necesario para garantizar el correcto estado de la vía pública.
c) Asimismo, los agentes o las agentes de la autoridad, en el momento de levantar acta de denuncia y previa identificación de las personas, podrán adoptar medidas provisionales tales como el desalojo de los espacios, el precintado y comiso de los elementos materiales que hayan sido utilizados para la comisión de la infracción, de conformidad con la legislación sectorial aplicable y la contenida en el capítulo II, sección I del Titulo I de la Constitución. Estos pueden ser: material pirotécnico, sustancias, pinturas, sprays, herramientas, armas u objetos contundentes, vehículos a motor sin silenciador o tubo resonador, aparatos o instrumentos de música, bebidas alcohólicas, aparatos reproductores y/o grabadores de audio y/o vídeo, entre otros. En estos casos, el Área municipal a quien competa la apertura del procedimiento sancionador deberá, en el acuerdo de iniciación, ratificar o levantar la medida provisional adoptada. En los supuestos regulados en las letras a) y b) de este artículo, si en el plazo de dos meses desde su adopción no se hubiese comunicado la ratificación de la medida, se considerará
sin efecto, sin perjuicio de la continuación del procedimiento sancionador. Los aparatos reproductores y/o grabadores a los que se refiere este artículo deben entenderse circunscritos a los utilizados en la comisión de infracciones a que se refiere el artículo 16.2 de esta Ordenanza.
5. Los materiales decomisados o incautados quedarán precintados e identificados en las dependencias municipales durante el plazo de diez días, en que podrán ser retirados, previa acreditación de la titularidad y pago de los gastos de ejecución y almacenaje correspondientes. En caso de no ser retirados por sus titulares, se procederá a su traslado al vertedero autorizado o para su reciclaje.
En la retirada se realizará diligencia haciendo constar el nombre y apellidos del propietario o titular, o razón social si se trata de una empresa, DNI, domicilio, lugar donde se ha practicado el decomiso o incautación y tipo de elemento, concediéndole al interesado un plazo de diez días para recoger el elemento en cuestión previo pago de los gastos de ejecución y almacenaje correspondientes. De dicha acta se facilitará una copia al interesado
Artículo 33.- Personas responsables
1.- En los actos públicos serán responsables solidarios, su organizador o promotor, y quien solicite la autorización. Los organizadores de cualquier acto público de naturaleza cultural, festival, lúdica o deportiva, o de cualquier otra índole, velarán por que no se produzcan, durante su celebración, las conductas descritas en los apartados anteriores. Si con motivo de cualquiera de esos actos se realizan las mencionadas conductas, sus organizadores deberán comunicarlo inmediatamente a los agentes de la autoridad.
2.- Las personas que conduzcan animales y subsidiariamente los propietarios de éstos, son responsables de los daños o afecciones a personas o cosas y de la suciedad causada por el animal.
3.- De las infracciones referentes a la publicidad exterior, incluidas las octavillas, responderán solidariamente el anunciante y el autor material.
4.- En los demás supuestos, serán responsables directos de las infracciones a esta Ordenanza los autores materiales de las mismas.
5.- Con carácter general, serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas de carácter privado sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan cometer.
6.- Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria.
Artículo 34.- Responsabilidad de menores e incapaces
1.- En el caso de que el responsable sea menor de edad o concurra en aquél alguna causa legal de inimputabilidad, responderán los padres, tutores o quienes tengan confiada la custodia legal. En estos casos, la responsabilidad por los daños producidos se regirá por lo dispuesto en el art. 1903 del Código Civil, sin perjuicio de lo establecido en el art. 130 de la Ley 30/1992.Cuando las personas infractoras sean menores, y con la finalidad de proteger los derechos del niño/a o adolescente, así como su desarrollo y formación, se podrán sustituir las sanciones pecuniarias por medidas correctoras, como asistencias a sesiones formativas, trabajos para la comunidad o cualquier otro tipo de actividad de carácter cívico. Estas medidas se adoptarán de manera motivada en función del tipo de infracción, serán proporcionadas a la sanción que reciba la conducta infractora y su prestación tendrá carácter voluntario. A este efecto, se solicitará la opinión de los representantes legales, que será vinculante.
2.- De acuerdo con lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y demás normativa vigente, todas las medidas sancionadoras previstas en la presente Ordenanza que puedan afectar a los menores atenderán principalmente al interés superior de éstos. Asimismo, en función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
3.- Los representantes legales de menores de edad, incapacitados o sometidos a tutela, infractores o infractoras, serán responsables civiles subsidiarios de los daños producidos con motivo de las infracciones cometidas.
4.- En todo caso, cualquier denuncia, incoación de un expediente sancionador o eventual imposición de una sanción a un menor será también notificada a sus representantes legales.
Artículo 35.- Carácter independiente de las multas.
1. Las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente. No obstante cuando se produzcan daños a varios elementos o instalaciones se podrá acumular las sanciones por cada uno de los bienes muebles o inmuebles objeto de daños, si este resultara probado.
2. Cuando se trate de infracciones en las que tengan por objeto o se produzcan con menosprecio a la dignidad de las personas, o infligiendo discriminación, sea de contenido xenófobo, racista, sexista u homófobo, o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de hecho, por escrito o de palabra, mediante insultos, burlas, molestias intencionadas u otras conductas vejatorias, o dirigidas contra ancianos, menores y personas con discapacidades, que se realicen por grupos de personas, se imputará la comisión de la infracción, por acción a todos las personas que integren el grupo que resulten identificados en el lugar de los hechos.
3.- Al responsable de dos o más infracciones tipificadas en esta Ordenanza se le impondrán las sanciones correspondientes a cada una de ellas.
Artículo 36.- Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a lo establecido en esta Ordenanza, sean acciones u omisiones, tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.
Artículo 37.- Infracciones muy graves.
Serán muy graves las infracciones, además de las previstas en el articulado de la presente ordenanza, las que supongan:
a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conforme con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana o normativa que lo pudiera sustituir y no se hallen en el ámbito de regulación de los derechos fundamentales contenidos en el capítulo II, sección I del título I de la Constitución.
b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público, así como los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público, atendiendo al grado de intensidad de la perturbación ocasionada o del daño causado.
c) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infracción impedir sin autorización, deliberada y gravemente, el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto. Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de la seguridad Ciudadana. Constituirán infracción en todo caso las siguientes conductas:
-Romper, arrancar, realizar pintadas o causar daños en la señalización pública que impidan o dificulten su visión o comprensión.
-Incendiar deliberadamente o con grave culpa elementos del servicio público, escombros o desperdicios.
-Romper o inutilizar los árboles situados en la vía pública y en los parques y jardines.
d) El ensañamiento, maltrato y agresiones físicas a los animales tipificados en la presente Ordenanza y así como el abandono de aquéllos.
e) Actos u omisiones contrarios a lo previsto en esta Ordenanza que pongan en peligro grave la salud o la integridad física o moral de las personas.
f) Provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia.
g) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de alumbrado público.
h) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso de un año.
Artículo 38.- Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves además de las enunciadas en el texto de la presente ordenanza:
a) Perturbar gravemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.
b) Perturbar gravemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte de las personas con derecho a su utilización, así como perturbar gravemente el normal funcionamiento de un servicio público o deteriorar gravemente los bienes de un servicio o espacio público. En todo caso, constituirá infracción instalar terrazas o veladores en la vía o espacios públicos sin disponer de autorización municipal.
c) Perturbar gravemente la salubridad u ornato públicos. En todo caso, constituirá infracción:
-Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado o a la vía o espacios públicos que dificulten el tránsito o generen riesgos de insalubridad.
-Realizar actividades en la vía pública sin autorización municipal que impliquen venta de alimentos o bebidas.
d) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.
e) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso de un año.
Tienen carácter de infracción leve, además de las expresamente calificadas como leves en el articulado de la presente ordenanza las siguientes:
a) Perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad Ciudadana. En todo caso, constituirá infracción:
– Llevar animales de compañía en espacios públicos sin ser conducidos mediante correa o cadena, salvo autorización.
– Encender fuego en la vía pública.
b) Perturbar levemente el uso de un servicio público o de un espacio público por parte de las personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infracción:
-Portar mechas encendidas, aparatos pirotécnicos o disparar petardos, cohetes o similares, sin autorización.
-Instalar terrazas o veladores en la vía o espacios públicos excediéndose del espacio autorizado.
– Acampar sin autorización.
– Colocar cualquier elemento en los espacios públicos sin autorización.
-Lavar o reparar coches en los espacios públicos.
c) Perturbar levemente el normal funcionamiento de los servicios públicos. Constituirá, en todo caso, infracción:
– Bañarse en fuentes o estanques públicos.
d) Deteriorar levemente los bienes de un servicio o un espacio público. En todo caso, constituirá infracción:
– Realizar pintadas, grafismos o murales en cualesquiera bienes públicos o espacios públicos sin autorización municipal.
– Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos.
e) Perturbar levemente la salubridad u ornato públicos. En todo caso, constituirá infracción:
– Ensuciar y no limpiar las deyecciones de los animales de compañía en los espacios públicos.
– Difundir propaganda o publicidad infringiendo lo establecido en esta Ordenanza.
– Orinar, defecar o escupir en la vía pública.
– Arrojar o dejar basura o cualquier elemento en la vía pública.
f) Las acciones y omisiones contrarias a lo establecido en esta Ordenanza que no hayan sido tipificadas en los artículos anteriores como muy graves o graves.
Artículo 40.- Sanciones.
1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.
2.- Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 hasta 1.500 euros.
3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.
4.- La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario así como la indemnización de los daños y perjuicios causados. La negativa a hacerlo dará lugar a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, sin perjuicio de su exacción económica de los gastos que ello acarree. El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios Técnicos competentes, determinará el importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago, previa audiencia, en el plazo que se establezca. Las reclamaciones de daños y perjuicios se aplicarán por el precio indicativo del elemento deteriorado o dañado, todo ello sin perjuicio a las reclamaciones civiles o penales a que hubiere lugar.
Artículo 41.- Graduación de las sanciones.
1. Dentro de los límites establecidos en esta Ordenanza, en la graduación de la sanción a aplicar regirá el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y en todo caso:
a. La cuantía del daño causado, el beneficio que haya obtenido el infractor, la existencia o no de intencionalidad, la reiteración en la infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año respecto de las que existan resoluciones firmes, las circunstancias personales y económicas, sociales y culturales.
b. La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.
c. La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
d. La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e. La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público.
f. La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
g. Que la actividad infractora tenga como objeto o se dirija contra personas mayores, menores y personas con discapacidades.
h. Que en la actividad se verifiquen actitudes de acoso entre menores o aquellas de que los mismos sean objeto en el espacio público. Serán especialmente perseguidas las conductas de agresión o asedio a menores realizadas por grupos de personas cualquiera que sea la edad de éstas.
1.-La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al régimen previsto en el Título IX de la Ley 30/1992 y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
2.- Todas las personas tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales o sus agentes para preservar la convivencia ciudadana en los espacios públicos, reconociéndose expresamente la posibilidad de denunciar los hechos y conductas tipificados como infracción en la presente Ordenanza.
3.- Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, el relato de los hechos que pudieran constituir la infracción y la fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables. Cuando la denuncia vaya acompañada de solicitud de iniciación del correspondiente expediente sancionador, el Ayuntamiento deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento.
4.- La persona denunciante podrá considerarse interesada y como tal le serán notificados los trámites del procedimiento incoado, así como la resolución que en su día recaiga. En todo caso, en la mera puesta en conocimiento de la Autoridad de hechos susceptibles de ser sancionados por esta Ordenanza sin constituir denuncia, el administrado podrá solicitar la confidencialidad de sus datos.
5.- Cuando la persona denunciante se encuentre integrada en grupos o redes organizadas, en cuyo beneficio realice o desarrolle algún tipo de actividades antijurídica y denuncie a alguno o algunos de sus responsables, podrá serle aplicada la eximente de arrepentimiento y estará exento de responsabilidad administrativa a los efectos de la presente Ordenanza.
6.- La instrucción de los procedimientos sancionadores se encomendará por el Alcalde al personal funcionario designado al efecto, sin que pueda actuar como instructor el mismo órgano al que corresponda resolver. Con las excepciones recogidas en esta Ordenanza, el procedimiento sancionador será el establecido por la normativa municipal sectorial que resulte de aplicación. Supletoriamente, será de aplicación el procedimiento sancionador previsto por la Junta de Andalucía para las actuaciones en espacios públicos y, en su caso, lo que regule la legislación del Estado.
7.- El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de seis meses para las infracciones muy graves y graves, salvo que el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, en cuyo caso el plazo será de un mes y se tramitará por el procedimiento simplificado que se regula en el Capítulo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 agosto, del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
Artículo 43.- Terminación convencional
1. Con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, se podrá solicitar por la persona responsable de la infracción, la sustitución de la sanción que pudiera imponerse y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento, por la realización de trabajos o labores para la Comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la infracción. Efectuada la solicitud por parte del expedientado, quedará interrumpido el plazo para resolver el procedimiento, debiendo el Ayuntamiento notificar al infractor, en su caso, las condiciones de la prestación que deberá efectuar. El Ayuntamiento podrá, a la vista de las circunstancias del supuesto concreto, imponer medidas cautelares para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la prestación. Una vez aceptadas por el expedientado las condiciones de la prestación, quedará finalizado el procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Las prestaciones se realizarán voluntariamente por el infractor bajo la dependencia directa de un tutor, nombrado por el área responsable de la actividad. Las prestaciones podrán consistir en tareas de colaboración como: la adecuación de jardines y espacios públicos, la asistencia a personas de la tercera edad o discapacitados, la colaboración en actividades deportivas y culturales u otras análogas. La negativa a realizar la prestación o prestaciones sustitutorias impuestas dará lugar a la imposición de la sanción correspondiente.
En ningún caso, las prestaciones en beneficio de la comunidad, podrán consistir en tareas propias del personal de la Corporación, o de Entidades o empresas dependientes. El tutor habrá de emitir un informe, en que se constate la efectiva realización de la prestación, a satisfacción de la persona responsable.
El tiempo de duración de la prestación será proporcional y adecuado a la cuantía de la sanción.
3.- El incumplimiento en tiempo y forma de la prestación conllevará la imposición de la sanción de multa, que se impondrá a través del procedimiento abreviado y contemplándose para su fijación los siguientes criterios:
– La clasificación de la infracción será la misma que se atribuyó a la infracción originaria
– Para la graduación de la sanción concurrirá como agravante específica el incumplimiento de la prestación convenida entre el Ayuntamiento y el infractor.
Artículo 44.-Caducidad y prescripción
A) Prescripción de las infracciones:
1. Las infracciones a que se refiere la presente Ordenanza calificadas como leves prescribirán a los seis meses, las calificadas como graves a los dos años y las calificadas como muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se contará desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.
3. El cómputo del plazo de prescripción de las infracciones se interrumpirá en la fecha de notificación de iniciación del procedimiento contra el presunto infractor, reanudándose el cómputo del plazo si el expediente sancionador permanece paralizado por más de un mes por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
B) Prescripción de las sanciones:
2. El plazo de prescripción de las sanciones se contará desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
3. El cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se interrumpirá en la fecha de notificación al interesado de la iniciación del procedimiento de ejecución, reanudándose el cómputo del plazo si aquel está paralizado durante por más de un mes por causa no imputable al infractor.
C) Caducidad:
Transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, notificándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir.
Artículo 45. Responsabilidad penal
Cuando los hechos a que se refieren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito o falta el Ayuntamiento deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administrativa y la penal. La incoación del procedimiento penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que se dicte sentencia firme o se sobresean las actuaciones. No obstante, podrán adoptarse las medidas cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado anterior.
El Alcalde-Presidente queda facultado para dictar cuantas disposiciones, órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta Ordenanza.
La aplicación de esta Ordenanza en la esfera de las relaciones cívicas es compatible, con la aplicación de otras Ordenanzas municipales que regulan materias sectoriales e incluyen aspectos comunes que deben de interpretarse de manera que se complemente como es el caso de la Ordenanza de limpieza viaria y de residuos sólidos urbanos, la Ordenanza reguladora de los Residuos de la Construcción y Demolición, el Reglamento de utilización de las Instalaciones deportivas Municipales y la Ordenanza de Control Animal.
La incidencia de títulos competenciales del Estado y de la Comunidad Autónoma en materias en las que se desarrollan las relaciones de convivencia, exigirá de una tarea de remisión a la legislación aplicable y de armonización entre lo expuesto en estas normas y el ejercicio de competencias municipales, como es el caso del urbanismo, de la protección del medio ambiente, de la recogida de residuos, de los centros de salud o de educación, entre otros.
La intromisión en la esfera de los inmuebles de los particulares se legitima en la Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía, Ley 7/2.002, de 17 de diciembre modificada por la Ley 13/2.005, de 11 de noviembre, Medidas para la Vivienda Protegida y del Suelo, en la que se regula el deber de conservación de los inmuebles en general ( art. 158) y de la definición que se extrae del ornato público en el Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por R.D. 2.187/1.978, de 23 de junio y declarado de carácter supletorio de manera expresa por la Disposición transitoria novena de la LOUA, en el que dentro de las ordenes de ejecución , los Ayuntamientos pueden ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública ( art.10 y 11 del RPU).
Esta Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y no entrará en vigor hasta que haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Ley reguladora de Bases de Régimen Local.