Source: https://es.scribd.com/doc/57403202/ALGUNAS-CONSIDERACIONES-SOBRE-LA-POLITICA-CRIMINAL-EN-COLOMBIA
Timestamp: 2017-03-24 16:15:00
Document Index: 8626343

Matched Legal Cases: ['Artículo 321', 'artículo 323', 'artículo 26', 'artículo 114', 'artículo 66', 'artículo 250', 'artículo 327', 'Artículo 322', 'artículo 328', 'Artículo 321', 'Artículo 324', 'artículo 327', 'Artículo 327', 'Artículo 330', 'artículo 31', 'Artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 37']

NavegarInteresesStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN COLOMBIATradicionalmente en nuestro país, la política criminal entendida como el conjunto de herramientas utilizadas por el Estado para prevenir y reprimir la criminalidad, no ha hecho parte de la política social en cuyo seno se encuentra la consecución de ciertos fines, como el bienestar común, la calidad de vida y el respeto de los derechos fundamentales; la mayoría de estrategias ideadas por los diferentes gobiernos, van encaminadas a menguar los efectos del fenómeno de la violencia, pero sin que se ataquen las causas de la misma, es decir, se pretende erradicar la delincuencia, con normatividad de excepción y con el incremento del aparato represivo, pero en últimas la insatisfacción de necesidades prioritarias de la mayoría de la población, sigue aumentando sin aparente solución: En este sentido, Colombia es paradigma en Latinoamérica, de lo que recientemente señalara un representante de ILANUD - Naciones Unidas para la mayor parte de los países de la región: a) que el aumento de la criminalidad (la aparente) es utilizada para justificar el aumento de pie de fuerza policial, como política de prevención y b) que la prevención por medio del bienestar social, como lo ha informado la CEPAL, por razones fiscales y sobre todo para atender la deuda interna, ha sufrido importantes recortes. Por lo anterior me parece más preciso señalar, que en Colombia la política criminal oficial corresponde al modelo liberal : un modelo autoritario de política criminal, que ha servido para recortar los principios clásicos del derecho penal liberal como para lo cual se recurre a la trampa de normalizar o transformar en permanente lo que ha venido naciendo como legislación anormal, provisional o de excepción.
De esta manera queda claro el carácter coyuntural de la política estatal contra la violencia, cuyas soluciones prometen garantizar las libertades fundamentales a través de una mayor restricción a las mismas, sin reparar en la contradicción que representa la materialización de los derechos mínimos con su menoscabo o incluso supresión; ejemplo de lo anterior fueron y son las conocidas caravanas Vive Colombia viaja por ella , cuya finalidad es permitir la libre circulación por el territorio nacional, a costa eso sí, de las múltiples requisas y puestos de control a cargo de la fuerza pública, que los viajeros deben soportar en aras de la seguridad democrática. No es posible entonces, seguir afirmando que en Colombia no existe política criminal, cosa diferente es que no sea coherente con la política social2 y acorde con el modelo de organización Estado social y democrático de derecho: la expedición de códigos penales y de procedimiento penal, las continuas reformas constitucionales, los programas de desmovilización de grupos insurgentes y paramilitares, la optimización del aparato carcelario y la celebración de tratados internacionales como el Estatuto de Roma, son prueba fehaciente de que si existe y cuanto más rígido sea el estilo del gobernante, más fácil será la verificación del ideario en materia de criminalidad. Con la expedición de la ley 906 de 2004, se pretende dar un giro en materia de enjuiciamiento penal, dando un salto cualitativo representado en el paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, acorde con el modelo constitucional que reclama la materialización de los derechos en cabeza de los sujetos procesales y porque no decirlo, con la política internacional que reclama dicho cambio; podríamos entonces afirmar que en teoría, la reforma procedimental penal que hoy nos ocupa responde a razones internas y externas, estas últimas, producto de la globalización . Lo anterior no sería censurable si junto con la expedición del nuevo código de procedimiento penal, se implementaran igualmente reformas en el ámbito social para prevenir el fenómeno de la violencia, pues de nada sirve tener un aparato penal eficiente y efectivo para llevar a cabo el proceso de criminalización, cuando la mayoría de los individuos a los que se les va a aplicar, siguen en la tierra del olvido , allí donde el Estado ha sido incapaz de proporcionar los medios de subsistencia; suena paradójico que la institucionalidad se muestre generosa para castigar y muy ahorrativa para evitar. La implementación del modelo acusatorio, representa sin duda alguna una conquista para la sociedad, en eso no hay reparo, sin embargo su concreción requiere la definición de un marco general que le dé vida y sentido a esa herramienta llamada proceso penal, en donde se pueda definir quién es su protagonista, si el Estado, el procesado 3 o la víctima4; cuál es la finalidad, la protección de los derechos del sometido a juicio o el castigo de quien ha osado poner en duda la vigencia de la norma. Ese marco no es otro que el de la política criminal, el mismo que en nuestro contexto tal como ya se advirtió, es incoherente, coyuntural y de mediano alcance. Por lo anterior podemos sostener que los gobiernos nuestros carecen de una política criminal coherente y que las medidas penales son tan contradictorias que más parecen un esfuerzo por cambiar la imagen de la realidad, antes que incidir sobre la realidad misma. Es por lo tanto, la política criminal nuestra, una escena más del espectáculo de la política general; política criminal que sacrifica las funciones instrumentales que la ciudadanía espera de la intervención del Estado por medio de la justicia penal,
de manera que se garanticen los objetivos trazados por la mayoría de la sociedad. está afirmando que no cualquier lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos. pero al parecer el interés del legislador en este caso estuvo centrado en aspectos más formales. que se haga de la fuerza por parte del Estado para solucionar los conflictos sociales. como quiera que en la misma ley 906 de 2004. subjetividad. no son ni pueden ser las mismas que las diseñadas en un estado social. teniendo en cuenta principalmente el tipo de organización que caracteriza al Estado.dando prioridad a las funciones simbólicas para tranquilizarla y garantizar su apoyo político. El derecho es convertido así en una respuesta política derivada del hacer creer que del hacer hacer .
. por la materialización de la antijuridicidad. está relacionada con nuestro objeto de análisis. parte de varios supuestos. de manera que en nuestro concepto. se ha consagrado el sometimiento de dicha institución a la política contra el crimen: Artículo 321. surge una nueva forma de entender la política criminal que es en últimas la puesta en práctica de sus postulados teóricos. para preservar la existencia y vigencia del contrato social.9 En últimas. conceptos como la artificialidad del crimen. las falencias del proceso de criminalización (selectividad. cuya pretensión es en algunos casos la minimización del aparato penal en términos de conductas prohibidas. Por lo tanto este enfoque tradicional de la política criminal que responde igualmente a los enfoques tradicionales de la criminología paradigma consensual 8. como por ejemplo el carácter natural del delito. sin embargo. introduciendo a la vez fórmulas que acentúan la prevención y no el carácter retributivo de la pena. es objeto de reproche penal. Por otro lado es claro que la introducción de un mecanismo de liberación penal . diríamos que es la reacción legítima a cargo del Estado. y la valoración de las consecuencias sociales favorables o desfavorables que la aplicación de dicho principio puede traer consigo.) y el planteamiento de formas no criminógenas de control social. aunque no menos importantes. en concreto el Principio de Oportunidad. como la consecución de los recursos y la puesta en marcha del modelo acusatorio. Posteriormente con apoyo en el llamado enfoque crítico de la criminología. en cuanto tiene en cuenta para su puesta en marcha. en últimas. y cuando llega a esa conclusión necesariamente está tomando partido por una minimización de la represión institucional de conductas y entre otras cosas. La política criminal tradicional está compuesta por el conjunto de herramientas y decisiones. Así mismo. Cuando un Estado plantea la posibilidad de avocar o no conocimiento de una conducta presuntamente punible. Principio de oportunidad y política criminal. está relacionado con el uso desmesurado (primer enfoque) o racionalizado (segundo enfoque). emite para defenderse de aquellos sujetos que buscan desestabilizar el orden previamente convenido. la naturaleza de las conductas. la definición de la postura estatal frente al fenómeno de la criminalidad por un lado. ameritaba un debate más profundo. la predeterminación de algunos sujetos frente a los comportamientos delictivos y la legitimidad del aparato estatal para reprimir la criminalidad y separar a los delincuentes de la sociedad. así por ejemplo las medidas contra la violencia propias del estado liberal. cuyo objetivo es la prevención y represión de la delincuencia. el Principio de Oportunidad hace parte de esta última como quiera que plantea una opción diferente frente al control social formal de ciertas conductas. uno de los rasgos que logra diferenciar a los enfoques tradicional y alternativo de la política criminal. el Principio de Oportunidad representa una reorientación del sistema penal. sin desconocer los derechos de las víctimas. responde claramente a la varias veces mencionada política criminal alternativa. Un tema tan importante como la disposición de la acción penal a cargo de la Fiscalía General de la Nación. hacen parte de ese paradigma conflictual de la criminología.
POLÍTICA CRIMINAL TRADICIONAL Y POLÍTICA CRIMINAL ALTERNATIVA En materia de política criminal se distinguen múltiples posturas. etc. representado hoy en el sistema normativo. nada se sabe al respecto y el tema solo puede ser dilucidado por vía de interpretación6. dejando la posibilidad de utilizar los mecanismos alternativos para la solución de conflictos. los bienes jurídicos a proteger y finalmente la entidad del daño producido (carácter fragmentario del derecho penal). en palabras de pretéritas teorías políticas. de ahí que se distingan dos grandes vertientes7 denominadas política criminal tradicional y política criminal alternativa. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado.5 Toda esta referencia crítica a la política criminal Colombiana. Así las cosas el principio de oportunidad como innovación dentro del procedimiento penal requería como medidas previas a su inclusión. es la respuesta que el conglomerado en cabeza del Estado.
pues tal como está previsto en el artículo 323 de la Ley 906 de 2004. Descriminalización de conductas que equivale a su exclusión del estatuto penal. por lo mismo. Y éste límite es precisamente el derecho.criminal que el legislador Colombiano adoptó con la implementación del Principio de Oportunidad. responde a un enfoque alternativo de política criminal cuyas principales instituciones son: 1. supone la existencia de dos modelos opuestos o incluso complementarios. Es como si por un lado. 3. como escribiera Montesquieu. De tal manera que el Principio de Oportunidad tiene cabida en la llamada desjudicialización de comportamientos. se configura. 2. bajo el control posterior del Juez de Garantías y la anuencia de las víctimas. de suerte que la jurisdicción penal vendría a constituirse en un procedimiento para la búsqueda de la verdad. yendo hasta donde encuentra límites . se refiere al deber del Estado de perseguir y sancionar todo hecho punible. Aunado a lo anterior la inclusión del Principio de Oportunidad puede tomarse como una toma de postura a favor del derecho penal mínimo.Esa minimización del sistema penal. haciendo palpable una vez más. en esta materia.10 Luego podría pensarse que la desjudicialización como elemento de la política criminal alternativa y el derecho penal mínimo. la principal modificación al estatuto punitivo (Código Penal) está representada en el incremento de las penas de manera indiscriminada y la introducción de nuevas conductas punibles.tiende en efecto. pero por el otro. tal como ha venido caracterizándose en su modelo garantista. disciplinar y. ha esgrimido de manera en que actúen como parámetros y límites de la función jurisdiccional. eso sí. sean estos públicos o privados. El principio de legalidad. e igualmente para la materialización de las garantías fundamentales del sometido a juicio: Y ya que el poder conserva siempre algo de irreductiblemente salvaje. que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él. su aplicación implica de manera general. para solucionar los conflictos. y por el otro a concebir el proceso penal como una herramienta de protección del más débil . Desjudicialización de conductas que implica la introducción de mecanismos alternativos a los estrictamente judiciales. al menos en la edad moderna. el cual.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD FRENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL El ejercicio de la acción penal por parte del Estado. la falta de coherencia y planeación de la política criminal Colombiana. para poner o no en movimiento la jurisdicción. incentivara esa misma persecución endureciendo las penas y haciendo más difícil la concesión de los sustitutos penales. el legislador quisiera aminorar el campo de acción del sistema penal a través de la renuncia reglada a ejercer la persecución penal. El poder todos los poderes. Según explica la Corte Constitucional. siempre con base en razones político criminales previas que el legislador con la ayuda muchas veces del ejecutivo. En los sistemas orientados por el principio de
. la renuncia por parte del Estado representado en la Fiscalía. 4. existe en general una relación de virtual y permanente oposición entre derecho y poder. por consiguiente. sino de todo el derecho. Es una experiencia eterna . afirmación que no encuentra correspondencia con los lineamientos puestos en práctica por el actual gobierno y que se constituye en el gran reparo que ahora tratamos de construir. a acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho. Desprisionalización que no es cosa diferente a la liberación de quienes han sido objeto de sanción y el uso de otras instituciones como los subrogados penales. ineluctablemente. en este caso del procesado. por ejemplo. como una técnica dirigida a limitar. Y podemos decirlo no sólo de los derechos fundamentales. a la persecución de ciertas conductas. bien podemos definir al derecho como la ley del más débil frente a la ley del más fuerte propia del estado de naturaleza. que son las leyes del más débil por antonomasia. sustentan la decisión político. cuyo rasgo fundamental es la autonomía que tiene la Fiscalía. minimizar el poder . Despenalización de conductas que equivale a la no imposición de sanciones. cuya labor va encaminada a la racionalización del uso de la pena por un lado. que chocan con las finalidades de la institución procesal de oportunidad a la cual venimos refiriéndonos11. sobre todo las privativas de la libertad.
Puesta en movimiento la jurisdicción a través del ejercicio obligatorio de la acción penal. como se verá a continuación:
P. le permite al Fiscal suspender. LEGALIDAD El artículo 26 de la Ley 600 de 2000. sino que el principio de oportunidad se estructura como una excepción del principio de legalidad El principio de oportunidad es una institución que incide sobre el ejercicio de la acción penal del Estado y tiene rasgo constitucional. Su función se limita a asegurar el cumplimiento de la Ley Sin embargo. además el artículo 114 de la misma ley. la cesación del
P. Según ha entendido la Corte Constitucional. pero que la ejerce a través de la Fiscalía General de la Nación. dejando en claro que el proceso como tal se inicia con la apertura a juicio. mencionaba que la acción penal le corresponde al Estado y que se ejercía a través del Fiscal en la etapa instructiva y del Juez durante la etapa del juzgamiento. como por ejemplo la restricción de derechos fundamentales y reales. dentro del contexto mismo del proceso penal Colombiano (Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004). previa solicitud del Fiscal. En la Ley 906 de 2004 se habla de la suspensión. del Juez de control de garantías. siempre bajo el control posterior del Juez de control de garantías. no es competencia de las autoridades judiciales y de investigación realizar juicio alguno sobre dicho punto. Como quiera que el principio de oportunidad en la Ley 906 de 2004.legalidad la ocurrencia de un hecho punible obliga al Estado a iniciar la acción penal en todos los casos . en el sentido de que pueden existir razones por las cuales ha de abandonarse permanentemente o temporalmente. OPORTUNIDAD El artículo 66 de la Ley 906 de 2004 ratifica que el Estado es el titular de la acción penal. el artículo 250 de la C. de manera que la Momento procesal para su obligatoriedad frente al aplicación ejercicio de la ley penal operaba de manera obligatoria y daba lugar o bien a la investigación previa o bien a la instrucción. de manera que su aplicación puede hacerse antes y durante el proceso penal. deja ver que las decisiones tendientes a restringir derechos fundamentales y reales. interrupción o renuncia a la persecución penal. De la redacción de la disposición constitucional se desprende que no se está frente a una figura dispositiva propia del derecho anglosajón.P. se debe continuar con el procedimiento hasta que se profiera la preclusión de la instrucción.
De igual manera surgen unas diferencias entre el Principio de Oportunidad y el Principio de Legalidad en materia de acción penal. suspenda o renuncie a la acción penal en aplicación del principio de oportunidad. opera de manera negativa. sus efectos dependerán precisamente del momento procesal o pre ±
. cada uno con amplias facultades administrativas y jurisdiccionales. están a cargo en última instancia. interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal. dejando por fuera a los jueces. Bajo la idea de que el legislador ha efectuado el juicio en torno a la necesidad o no de reproche de una conducta determinada. establece la posibilidad de que la Fiscalía interrumpa.
En la Ley 600 de 2000 se tenían como etapas procesales la instrucción y el juicio.la acción penal.
no es suficiente el hecho de que actualmente se ejecute una política penal derivada de la seguridad democrática . advierte que el Fiscal deberá La Ley 600 de 2000 la tener en cuenta los intereses participación de las víctimas de las víctimas. pues como quedo arriba señalado. que establece el se limitaba a la presentación control judicial a la aplicación de la denuncia y la querella de dicho principio. violatoria de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Política. pues como ya se vio. y/o perjudicados artículo 327.
PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD REGLADO Y PRESUPUESTOS DE APLICACIÓN EN LA LEY 906 DE 2004
A partir del Título V de la Ley 906 de 2004.
. impedirá su posterior que se apliquen las formas apertura y dará lugar a la anticipadas de terminación extinción de la acción penal.procedimiento en el juicio o la procesal en que se haga uso sentencia (condenatoria o de dicha facultad. del proceso. Esto es. figura de la audiencia especial en la que la víctima puede controvertir la prueba aducida por el Fiscal. En la literalidad de este precepto normativo se pueden concretar todos los reparos que se hicieron con anterioridad. de manera que su ausencia da al traste con la finalidad que pudiera llegar a cumplir el Principio de Oportunidad. Principio de oportunidad y política criminal. pues dicha situación es. consagra la según el caso.13 Artículo 322. así por absolutoria) debidamente ejemplo si se aplica antes del ejecutoriada. en los términos y condiciones previstos en éste código. de igual y/o perjudicados frente al Participación de la víctima manera el inciso 2º del ejercicio de la acción penal. debemos también vigilar la política social del gobierno y exigir medidas socio-económicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población marginada y vulnerable. es irrefutable que la mejor política criminal reside en una verdadera política social de transformaciones y de satisfacción de las necesidades básicas. excepto por la aplicación del principio de oportunidad. En conclusión se ha consagrado un principio cuyo contenido brilla por su ausencia. La aplicación del principio de oportunidad según el artículo 328 de la Ley 906 de 2004. Legalidad. Es pertinente precisar apartes de la normatividad para indicar los reparos o coincidencias correspondientes: Artículo 321. sin perjuicio de juicio. La aplicación del principio de oportunidad deberá hacerse con sujeción a la política criminal del Estado. con lo cual estamos exigiendo una política criminal eficiente. La Fiscalía General de la Nación está obligada a perseguir a los autores y partícipes en los hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a su conocimiento. por sí sola. la política criminal de un Estado social y democrático de derecho implica haber definido mucho antes una política social. Una política criminal para los derechos humanos requiere de investigación acción sobre la situación de marginación socioeconómica en que se encuentra gran parte de la población. como quiera que el mismo legislador es el que reconoce de manera expresa la necesidad de un marco político criminal previo. se consagran los parámetros legales para la aplicación y desarrollo del Principio de Oportunidad.
El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: 1. De igual manera no fueron definidos previamente el carácter utilitario y necesario de la pena. pues al parecer la única posibilidad válida para determinar el verdadero significado de la frase. no establece de manera clara los parámetros para establecer dicho juicio. Artículo 324. lo que para algunos constituye un peligro inminente. Este artículo es una muestra más de la indefinición y carecer etéreo del principio de oportunidad. para otros no deja de ser un problema al margen. una serie de factores ilimitados en su contenido y fácilmente distorsionables por la relatividad interpretativa que pueda llegar a tener el titular de la acción penal. la política criminal alternativa (en cuyo seno habita la desjudicialización) y la política criminal
. es decir. elemento que como ya se advirtió. es decir. de manera que una vez más la incertidumbre se convierte en norma. Cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad exterior del Estado. Cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no exceda en su máximo de seis (6) años y se haya reparado integralmente a la víctima. Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad La aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía. pueda determinarse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la correspondiente acción penal Los criterios contenidos en el numeral 1º no representarían dificultad alguna. quedan bajo la apreciación subjetiva del titular de la acción. Cuando el juicio de reproche de culpabilidad sea de tan secundaria consideración que haga de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social. Conceptos como la seguridad exterior al que se alude en el numeral anterior. Reglamentación. El Fiscal General de la Nación deberá expedir un reglamento. en materia de culpabilidad que es lo primario y que es lo secundario. un ejemplo de lo anterior sería el inciso final del artículo 327 que menciona: Artículo 327. es la regla general y que solo por vía de excepción cuando se cumplan los parámetros legales. El reglamento expedido por la Fiscalía General de la Nación deberá desarrollar el plan de política criminal del Estado. dejando su interpretación a las preferencias político criminales del Fiscal de conocimiento. luego la preceptiva da cabida a que con base en opiniones investidas de autoridad. en términos de exigibilidad de otra conducta y conciencia de la antijuridicidad. el Principio de Legalidad (obligatoriedad). y además. dándole paso a la inseguridad jurídica y porque no decirlo. 13. promueven una vez más la masificación de la incertidumbre ya que el riesgo o la amenaza graves además. puede darse aplicación al Principio de Oportunidad. Nuevamente el legislador ha erigido en norma con carácter vinculante. pues será éste funcionario con la anuencia del Juez de Control de Garantías quien defina cual es el interés de la sociedad y cual el interés del Estado en materia de persecución penal. se renuncie a la persecución de algunas conductas.Es claro que frente al ejercicio de la acción penal en la Ley 906 de 2004. con la Constitución Nacional. no ha sido coherentemente dispuesto y que riñe con lo que en últimas representa el principio de oportunidad. que requiere para su aplicación la definición previa de la política criminal del Estado consultada como es apenas lógico. siempre y cuando el mismo estatuto procedimental se hubiera encargado de aclarar en que consiste la ausencia o decadencia del interés del Estado frente al ejercicio de la acción penal. es partir de lo que hasta el momento hemos señalado como política criminal. 9. de conocerse ésta. a la arbitrariedad. no podrán comprometer la presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad. Artículo 330. en el que se determine de manera general el procedimiento interno de la entidad para asegurar que la aplicación del principio de oportunidad cumpla con sus finalidades y ajuste a la Constitución y la Ley. muestra de lo anterior es la secundaria consideración que si bien puede aludir a la mayor o menor gravedad o al menor o mayor reproche en el caso concreto. Causales.
Según su opinión. las que nos permiten concluir que el tan publicitado Principio de Oportunidad no responde a planteamiento político criminal alguno. justicia. Son todas estas razones. se remitieron a definir dicho principio y a suponer que éste corresponde a una política criminal de Estado. La inclusión del Principio de Oportunidad en el sistema de enjuiciamiento penal colombiano.tradicional (altamente represiva y retributiva). sino simplemente a una directriz de orden administrativo que busca la descongestión de los despachos judiciales. tocando parcialmente el objeto del cuestionamiento. dignidad y protección de derechos fundamentales. de los conceptos que los operadores jurídicos y en general la comunidad académica. supone un cambio en la misión del Derecho Penal?. otras opiniones que correspondieron al 33. finalidad que en este caso se cumplió. pudieran tener sobre el Principio de Oportunidad y otros aspectos relacionados con el marco político criminal que sostiene dicha institución. No se piense tampoco que los argumentos aquí medianamente explicados. ¿Considera usted que el nuevo esquema procesal penal colombiano se ajusta a los lineamientos de un Sistema Penal Acusatorio?. Fiscales y Estudiantes de las Facultades de Derecho. opinaron que la Política Criminal se reducía a las reformas normativas y en general. ¿Cree usted que el Principio de Oportunidad favorece la impunidad o por el contrario. Estaba relacionado con la postura político criminal subyacente al principio de oportunidad y se observó claramente que el 80% de los encuestados. con la que parece haberse casado el programa de la seguridad democrática. Primer interrogante. la respuesta generalmente perdió el rumbo en el 66. de manera que corresponde hacer el análisis pertinente para singularizar los diferentes hallazgos. cuáles son las razones de la congestión de los despachos judiciales en Colombia y cuáles son las posibles soluciones.34%. supone una postura político-criminal definida. responden a un rechazo a ultranza del Principio de Oportunidad. aquí se ha tratado de delinear la política contra la violencia a partir de un Código de Procedimiento Penal. bienestar. El cuestionario fue respondido por Jueces. se ubicaba a la misma dentro del marco de la Política Social.
INDAGACIÓN SOBRE EL CONTENIDO Y LAS IMPLICACIONES POLÍTICO CRIMINALES DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD. fue necesario diseñar un cuestionario amplio en le que se preguntó lo siguiente: 1. 4. con el que además se busca vaciar los anaqueles de los Despachos Judiciales. ¿La reforma al procedimiento penal colombiano.
. pero como producto final de toda una estrategia política de lucha contra crimen y no como un simple aderezo que se estima imprescindible en el nuevo sistema acusatorio de la Ley 906 de 2004. para después tomar partido a favor o en contra. ya que sin duda alguna se está de acuerdo con la implementación del Principio de Oportunidad. Para concretar este objetivo. colabora en la optimización de la justicia? ¿Por qué?. pues se aludía a conceptos de paz. sin embargo a la hora de argumentar en que consistía esta última. dejando ver la poca claridad frente al tema. 3. TRABAJO DE CAMPO Tal como se dijo anteriormente uno de los puntos centrales de esta investigación estaba relacionado con la indagación y percepción directa. se indicó la intención de revisar y analizar la implementación legislativa de la figura procesal.66%. que era el objeto de la pregunta. cuando debería ser al contrario. 2. tarea que será abordada a continuación. ¿Sabe usted en qué consiste esa postura?. 5.
de manera que la protección de bienes jurídicos no se limite a la tipificación de conductas y al incremento de las penas. propone un cambio en el esquema del sistema de enjuiciamiento
. atendiendo en unos y otros. precisamente por entender que la expedición de un nuevo estatuto procesal punitivo (aspecto formal) tenía repercusiones directas en la forma como el Estado concebía la lucha contra el crimen (aspecto material). por la inclusión del Juez de Garantías. principalmente por la división de las funciones investigativa y juzgadora. poniendo de presente los excesos que la Fiscalía podía llegar a cometer aplicándolo en casos muy graves o dejándolo de hacer en casos que no merecían el reproche penal.66% reclamó un aumento en los salarios de los funcionarios judiciales. tan solo estaba encaminada al fortalecimiento de la misión primigenia sin que implicara cambios radicales.66% creyó prioritaria la creación de una jurisdicción constitucional encargada de resolver las acciones de tutela. el 22. De las respuestas al segundo interrogante relacionado con el favorecimiento de la impunidad o de la optimización de la justicia. pero sin que se planteara en que consistía dicha innovación. Debemos concluir. así como el control judicial posterior para las medidas restrictivas de derechos como la libertad y la propiedad. relacionadas en su mayoría con las condiciones económicas que demandaba la reforma. No es cierto que en Colombia no haya existido Política Criminal.55% advirtió que se requería implementar unos parámetros legales para la selección de las denuncias. en todos los casos. pues continuamente se referenciaban obstáculos de índole administrativa como la posible corrupción o arbitrariedad del aparato judicial en cuanto a la aplicación del principio de oportunidad. dejando en claro entonces.34% consideró la modificación. sino a la obtención de ciertos objetivos generales como la garantía de los derechos fundamentales y la satisfacción de las necesidades prioritarias de la población. la protección de bienes jurídicos tutelados. Dirigido a indagar sobre el ajuste del nuevo esquema procesal Colombiano a los lineamientos del sistema penal acusatorio. el 11.67% restante consideró que dicha institución procesal. El 66. El 16. con la inclusión del Principio de Oportunidad en la Legislación Penal Colombiana. representaban un obstáculo en detrimento de la igualdad de las partes y la búsqueda de la verdad. Tercer interrogante. se condicionó la solución al interrogante dejando ver que existía una gran diferencia entre el plano teórico (finalidad del principio) y el plano práctico (implementación del principio). El 33. sin embargo.11% exigió la implementación de planes de capacitación de los empleados y el 5. se apreció que el 83.11% a la falta de preparación de los empleados judiciales. consideró que la reforma al procedimiento penal Colombiano.66% al uso exagerado de la acción de tutela. el 16. que el problema no es de existencia sino de consistencia. El tercer interrogante buscaba indagar sobre la posible modificación en cuanto a la misión del derecho penal.Segundo interrogante. suponiendo que las dificultades presupuestales para la implementación. el 22. Se preguntó a los encuestados sobre las posibles causas y soluciones a la actual congestión de los Despachos Judiciales en Colombia. de manera que los casos menos graves fueran solucionados por otras jurisdicciones diferentes a la penal. De manera lógica. Cuarto interrogante. afirmando el 50% de los encuestados.22% al incremento de tipos penales. El otro 50% restante hizo fuertes críticas al modelo acusatorio implementado. que la Política Criminal de cualquier Estado debe estar circunscrita y afiliada a una Política Social. es decir la optimización del aparato judicial. es decir.33% consideraba la segunda variable. el 16. que el modelo procesal de la Ley 906 de 2004.11% a la falta de recursos técnicos y operativos. la problemática radica en que los diferentes gobiernos han sido incoherentes en el tratamiento de la criminalidad. Quinto interrogante.66% restante. La Ley 906 de 2004 como expresión viva de una supuesta Política Criminal. del contenido en la Ley 600 de 2000. difería en sus aspectos formal y material. por el desmonte de algunas funciones jurisdiccionales que anteriormente tenía la Fiscalía. el 11. por la mutación en cuanto a las etapas procesales y en general. encontrando que el 27% identifica como causa principal a la falta de Juzgados y funcionarios. el 16. a razones netamente políticas. está llamada a incrementar la cifra de impunidad. el 11. por lo que el 100% de los encuestados partió de la misión actual.55% a la falta de parámetros para la admisión de las denuncias y finalmente el 5. los encuestados señalaron como posibles soluciones las siguientes: el 27% propuso la creación de nuevos Despachos Judiciales y el nombramiento de nuevos funcionarios.22% señaló que debía acudirse a la despenalización de varios comportamientos. el 5.55% manifestó que la congestión tenía que ver con el incremento de la criminalidad.
cuyos Magistrados Ponentes fueron los Doctores MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT. permiten que la Fiscalía con base en su propia interpretación. El principio de oportunidad en el proyecto de Código de Procedimiento Penal estado actual. ZPF. Los principios generales del proceso penal. Ediciones
2 En este sentido LUIS FELIPE VELÁSQUEZ LYONS. de manera que la finalidad del mismo. 1995. la no definición coherente del marco político criminal en Colombia. 5 MARTINEZ. Bogotá. ejercer la persecución penal. y otros. la Sentencia C-228 de 2002 proferida por la Corte Constitucional. entre ellas la Ley 906 de 2004. La Política de Sometimiento en Colombia. página 205: Hasta este momento no se conoce la política criminal del Estado a la que se sujeta la regulación del principio de oportunidad. Estado de Derecho y Política Criminal La Política de Sometimiento en Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Mauricio. la potestad de definir cuando le interesa al Estado y cuando no. Mauricio. 6 En el mismo sentido JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ. sintonizadas precisamente con la prevención de la delincuencia. a través de la desjudicialización de ciertos comportamientos. página 26. se ha pretendido contener la criminalidad a través de reformas al procedimiento penal. Número 74. NIGGEMEYER. necesariamente debía fijarse con antelación. Es innegable que la mejor forma de realizar una excelente política criminal es adelantando una adecuada política social. redunda en la aplicación subjetiva del Principio de Oportunidad. en revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. principalmente debe centrar su atención en los derechos y garantías del procesado . indican que las políticas generales de prevención del delito deben ubicarse en el ámbito de la política social.
. no persiga algunos comportamientos que realmente lesionan y ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos o que lleve a cabo la persecución de otros irrelevantes (bagatelares). Esta última indica en que momento debe aparecer la reacción social formal . El Principio de Oportunidad entendido como la potestad reglada a cargo de la Fiscalía para poner en movimiento el aparato penal e incluso para suspender la persecución de determinadas conductas. Volumen XXIV. La ausencia de argumentos político criminales que orienten la aplicación del Principio de Oportunidad. Con este proceder. 2004.. en Lecciones de Criminología. 4 Dándole gran protagonismo a la víctima dentro del proceso penal. En Colombia históricamente. 1995. sin que por ningún lado aparezca la valoración de las consecuencias en términos de justicia material. la definición previa de un marco político criminal.. Universidad Externado de Colombia. páginas 46 y 47. Política Social y Política Criminal . es compatible con los postulados que defiende el derecho penal mínimo y la política criminal alternativa. estén acompañadas de reformas sociales paralelas. Bogotá. poniendo de presente una vez más. guarde correspondencia con los objetivos que el Estado se traza en materia de política social.penal. es la descongestión de los despachos judiciales. El sistema acusatorio de enjuiciamiento penal requiere para su puesta en funcionamiento. Bogotá. Algunos parámetros consagrados en la Ley 906 de 2004. Estado de Derecho y Política Criminal Jurídicas Gustavo Ibáñez. Primera Edición. páginas 109 y siguientes: Algunos autores. que regulan el Principio de Oportunidad. Bogotá. ya que permite que la Fiscalía entre a llenar ese vacío y se abrogue en últimas. a través del cual se pretende materializar los derechos del procesado y de las víctimas. Si aquella es el marco en el que éste debe operar. se está incumpliendo un mandato constitucional. Enero / Diciembre 2003.A. 3 En este sentido ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PÍNZÓN. 1988. página 26: Si bien el derecho procesal debe resguardar los derechos y garantías de todas las personas involucradas en el conflicto. Editorial Temis S. todo esto en el marco de los actuales lineamientos internacionales robustecidos por el fenómeno social de la globalización. permite concluir que el verdadero motivo para su inclusión. Primera Edición. _____________________________________________________ 1 MARTINEZ. sin embargo la anterior afirmación entra en contradicción con el incremento indiscriminado de las sanciones que trae la Ley 890 de 2004. MERGEN. ya que la primera es parte integrante primordial de la segunda. Bogotá. sin que dichas innovaciones. La no definición previa de la Política Criminal en Colombia. . por cuanto evita el enjuiciamiento y la imposición de penas.
Primera reimpresión. Bogotá. páginas 30 y 31. El Garantismo y la Filosofía del Derecho. Universidad Externado de Colombia. consecuentemente. que se caractericen por ser estructural funcionalistas: dentro del organismo social.A. sino también los medios jurídicos a través de los cuales se pone en práctica las orientaciones fundamentales. Estado de Derecho y Política Criminal La Política de Sometimiento en Colombia. a partir de ese supuesto. antropológico culturales y sociológicos. En una corriente se encuentran los autores que limitan la concepción de la política criminal a los aspectos analíticos de las causas de la criminalidad. 2002. a la forma como deben ser sancionados los delitos y a los intereses que deben ser protegidos. página 141: Este último de los que hemos denominado dilemas centrales de la criminología. 2001. comunes a todos los coasociados. un considerable grupo de pensadores defiende el llamado modelo conflictual de la sociedad y. Álvaro Orlando. Bogotá. aquellos ubicables dentro de los paradigmas consensualista y pluralista.P. es decir. la generalidad de la nueva cree que el cambio central se obtiene paulatinamente para lo cual implementa ciertos instrumentos que van reduciendo el alcance del sistema punitivo . sin incluir como parte de ella a través de los cuales se concreta dicha política. y solo como ilustración de los puntos relevantes de debate en esta materia. se pueden identificar dos perspectivas. páginas 206 a 210: Casi podría afirmarse que cada enfoque explicativo del origen y desarrollo de la criminalidad y de la criminalización posee su propia política criminal. la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años. Sentencia C 646 de 2001. 1995. consideran que todos los aparatos de control de la conducta desviada están al servicio exclusivo de unos grupos hegemónicos que los emplean como medios de sometimiento de los sectores oprimidos de la sociedad . Luigi. englobando. 8 El concepto es ahondado por JORGE RESTREPO FONTALVO. Sin embargo. 2001. los intentos de definición por parte de la doctrina nacional y extranjera han sido numerosos y variados. reformar o modificar.. 11 Los artículos 1º. hasta la actualidad. con el fin de volver las cosas a su sitio 3. del supuesto de que las sociedades humanas son eminentemente consensuales. Curso de Criminología. Bogotá. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo . Jaime y Eduardo Montealegre Lynett. páginas 121 a 123. El Proceso Penal Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio Tomo I. Defensa social Comprendería las propuestas hechas por los enfoques biológicos.
. El inciso 2º del artículo 31 del Código Penal quedará así: En ningún caso. páginas 179 a 181. tratamos de mostrar las principales hipótesis político criminales que han presentado los estudiosos del tema 1. en los eventos de concurso. Sin embargo en este punto. que se concreta en el cambio del sistema económico político. Política criminal alternativa corresponde a la finalidad última de la mayor parte de la nueva criminología. 10 FERRAJOLI. psicológicos. al surgir algunas disfunciones. están los autores que incluyen como parte de la política criminal no sólo los aspectos analíticos y de decisión política. Bogotá. 2004. Editorial Temis S. los instrumentos de control social se orientan a la defensa de intereses grupales. Quinta Edición. Sexta Edición. Artículo 2º.7 Desde el origen de la expresión política criminal en la Alemania de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años. procesales y penitenciarios . No resulta fácil identificar cual es la fuente doctrinaria autorizada para su definición. excepto en los casos de concurso . Universidad Externado de Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. M. 12 BERNAL CUELLAR. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. Mauricio. Artículo 14. 2º y 14 de la Ley 890 de 2004. 9 PÉREZ PINZÓN. En esto coincide con la criminología radical pero mientras ésta no piensa en mecanismos alternos referidos al desmoronamiento del derecho penal. en Criminología un enfoque humanístico . en un extremo. son una clara muestra de la contradicción expuesta: Artículo 1º. Primera Edición. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. que todos sus miembros defienden intereses comunes y que. El numeral 1 del artículo 37 del Código Penal quedará así: 1. apunta a enfrentar las divergentes posiciones de quienes para analizar la problemática de la desviación y su control parten. lo cual comprende los instrumentos penales. esto es. En el otro extremo. se impone acomodar. 13 MARTINEZ. En otra corriente.
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