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Timestamp: 2017-03-24 20:50:54
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 145', 'artículo 69', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 9', 'e contrario', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 49', 'Artículo 3', 'Artículo 11']

LEY 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat
LEY 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat	LEY 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat Mis Leyes
LEY 10/2005, de 9 de diciembre, de asistencia jurídica a la Generalitat Estado	:
Artículo 2. Abogacía General de la Generalitat.
Artículo 3. Cuerpo de Abogados de la Generalitat.
Artículo 4. Asistencia jurídica externa.
CAPÍTULO II. FUNCIÓN CONSULTIVA.
Artículo 5. Asesoramiento en derecho.
Artículo 6. Carácter de los informes.
CAPÍTULO III. FUNCIÓN CONTENCIOSA.
Artículo 7. Representación y defensa en juicio.
Artículo 8. Actuación de la Abogacía General de la Generalitat y de los abogados de la Generalitat.
Artículo 9. Disposición de la acción procesal.
Artículo 10. Convenios con entidades locales.
Artículo 11. Defensa y asistencia letrada de autoridades y personal al servicio de la Generalitat.
Artículo 12. Colaboración por razones interés general en la defensa de particulares.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ingreso mediante curso selectivo al Cuerpo de Abogados de la Generalitat.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Puestos de trabajo de naturaleza laboral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Exención de pruebas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat y provisión de los mismos.
La administración debe actuar siempre conforme a la Ley y al derecho, siendo los tribunales garantes de la legalidad de la actuación de la administración.
Así lo proclaman los artículos 1.1, 9.1, 103.1 y 106.1 de nuestra Constitución.
Precisamente por ello, es necesario que la Generalitat cuente con una asistencia jurídica que coadyuve a que su entera actividad se sujete efectivamente al ordenamiento jurídico, y que esté en condiciones de hacer valer ante los diferentes órganos jurisdiccionales la legalidad de su actuación, sus derechos e intereses, que son siempre vicarios, es decir, derechos e intereses de todos los valencianos.
El capítulo I de la Ley, bajo la rúbrica .Disposiciones generales. , contiene la regulación de la estructura orgánica de la asistencia jurídica a la Generalitat.
Siguiendo la tradición jurídico-administrativa española, que ya es secular y ha sido recientemente renovada en el estado autonómico, y que tan buenos frutos ha dado en este campo, la asistencia jurídica a la Generalitat se encomienda a un cuerpo de funcionarios formados y especializados en asesorar en derecho y representar y defender a la administración. En esto, la Ley no se separa ni de la experiencia estatal, ni de la opción organizativa adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla y León.).
Tanto para denominar al órgano como al cuerpo de funcionarios, la Ley opta por utilizar las expresiones abogacía yabogados, ya que el objeto propio de la abogacía, cuyo ejercicio constituye la profesión de los abogados, es precisamente asistir jurídicamente, dar consejo y asesoramiento jurídico a quien lo requiere y representar y defender a los ciudadanos ante los tribunales.
La Ley coloca al frente de la Abogacía General de la Generalitat al abogado general de la Generalitat, debiendo ser nombrado entre juristas de prestigio y reconocida experiencia en el ámbito del derecho público valenciano, con una experiencia de, al menos, 15 años.
Los funcionarios de este cuerpo monopolizan la asistencia jurídica a la Generalitat y a las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a la misma, la cual, en cuanto implica el ejercicio de funciones públicas, esto es, de la auctoritas inherente a los poderes públicos, tan sólo con carácter excepcional o auxiliar podrá ser encomendada a particulares ajenos a la administración, no sujetos por tanto al especial estatuto de los funcionarios públicos.
1. Uno, de carácter preceptivo y vinculante, con objeto de que por parte del abogado general de la Generalitat se pueda valorar la necesidad o conveniencia de externalizar la prestación de asistencia jurídica así como el objeto y régimen de prestación de la misma.
2. Otro, de carácter preceptivo pero no vinculante, a fin de que el abogado general de la Generalitat pueda emitir su parecer acerca de los posibles prestadores de la asistencia jurídica.
Finalmente, y dado el carácter general de la Abogacía General de la Generalitat, que lo es no sólo de los órganos que forman parte de la estructura departamental de la administración de la Generalitat, sino también de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, a las que se refiere el apartado 1 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de La Generalitat, aprobada por Decreto Legislativo de 26 de junio, del Consell de La Generalitat,se prevé que las personas que estén prestando servicios jurídicos en dichas entidades en régimen de derecho laboral continúen haciéndolo hasta la extinción del vínculo laboral, de forma que una vez extinguido las funciones a ellos encomendadas pasarán a ser prestadas por la Abogacía General de la Generalitat.
Además, es conveniente resaltar la novedad que introduce la Ley al permitir que en la defensa de particulares pueda colaborar la Abogacía General de la Generalitat o ser sufragada con cargo a los presupuestos de la Generalitat, si así lo acuerda el Consell de la Generalitat cuando el interés general de los valencianos lo haga aconsejable.
1. Esta Ley tiene por objeto regular la asistencia jurídica a La Generalitat, así como a las entidades de derecho público, sociedades y fundaciones vinculadas o dependientes de ella, a las que se refiere los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de La Generalitat, aprobada por Decreto Legislativo de 26 de junio, del Consell de La Generalitat.
2. A los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia jurídica el asesoramiento en derecho y la representación y defensa en juicio, en los términos establecidos en los Capítulos II y III, todo ello sin perjuicio de las competencias por la legislación a los Subsecretarios.
3. Esta Ley no será de aplicación al asesoramiento en derecho de las Cortes Valencianas, de la Sindicatura de Cuentas, del Síndico de Agravios y del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que estará encomendado a sus propios órganos, de acuerdo con su normativa específica.
1. Corresponde a la Abogacía General de la Generalitat, bajo la superior dirección del abogado general de la Generalitat, la prestación de la asistencia jurídica regulada en esta Ley.
2. El abogado general de la Generalitat es el órgano superior de dirección de la Abogacía General de la Generalitat, y será nombrado y separado por el Consell de la Generalitat, a propuesta del presidente de la Generalitat, entre juristas de reconocido prestigio, teniendo el rango que se establezca en el decreto de nombramiento. Durante el desempeño de su cargo estará habilitado para ejercer las funciones de abogado de la Generalitat.
3. Son funciones del abogado general de la Generalitat, además de las señaladas en el resto del articulado de esta Ley, las siguientes:
Ejercer la dirección, iniciativa e inspección de todas las unidades de la Abogacía General de la Generalitat.
Garantizar la realización efectiva de los principios de unidad de actuación, criterio y doctrina y de coordinación de la Abogacía General de La Generalitat Valenciana, a cuyo efecto podrá dictar las instrucciones oportunas y asumir personalmente cualquier actuación, consultiva o contenciosa, encomendada a un Abogado de La Generalitat Valenciana.
Elaborar la memoria anual de la Abogacía General de La Generalitat que será remitida al Consell y a Les Corts dentro de los seis primeros meses de cada año. Dicha memoria incluirá, en todo caso, información sobre la asistencia jurídica externa a La Generalitat, con indicación del coste de cada asunto por el que se solicita y las razones que motivaron su externalización.
4. El Consell de la Generalitat, a propuesta del presidente de la Generalitat, podrá nombrar un director general de la Abogacía General de la Generalitat entre abogados de la Generalitat con, al menos, cinco años de antigüedad.
5. Todos los ingresos por costas y convenios previstos en el artículo 7.2 de esta Ley se incluirán como ingresos de Hacienda de La Generalitat Valenciana dándoles el destino que reglamentariamente se establezca.
1. Se crea el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, correspondiente al grupo A de titulación, al cual se ingresa por el sistema de oposición libre entre licenciados en derecho.
2. Corresponde a los abogados de la Generalitat el ejercicio de las funciones de asesoramiento, representación y defensa a las que se refiere el artículo 1 de esta Ley, en los términos establecidos en los capítulos II y III. Los puestos de trabajo que tengan por objeto el ejercicio de estas funciones se clasificarán como puestos de administración especial, a los efectos del artículo 16.3 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, y su provisión y desempeño efectivo corresponderá, exclusivamente, a funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat.
3. El régimen retributivo de los funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat se ajustará a lo establecido en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, siendo el complemento de destino mínimo de los puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat el correspondiente al nivel 26 y estableciendo directamente la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat el complemento específico de tales puestos, en atención a la especial responsabilidad y dificultad técnica de los mismos.
4. Las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat deberán basarse en un temario que exigirá profundos conocimientos en todas las ramas del derecho, con especial énfasis en las materias de derecho civil, derecho procesal, derecho constitucional y autonómico y derecho administrativo, y combinarán de forma equilibrada los ejercicios teóricos y prácticos, debiendo ser evaluadas de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
En todas las convocatorias se reservarán un 20% de las plazas para los funcionarios de carrera de la Generalitat, del grupo A, licenciados en derecho.
5. El órgano de selección que evaluará tales pruebas estará compuesto, exclusivamente, por los siguientes siete miembros, nombrados por el titular de la Conselleria competente en la materia:
El abogado o abogada de la Generalitat que proponga el Abogado o la Abogada General, que lo presidirá.
Un catedrático o un profesor titular de universidad de disciplinas jurídicas de universidades públicas de la Comunidad Valenciana, propuesto por el rector de la universidad a la que corresponda por orden de antigüedad.
Un registrador de la Propiedad, un notario o un abogado colegiado con, al menos, quince años de antigüedad, propuesto por el decano autonómico de la Comunidad Valenciana del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el decano del Colegio Notarial de Valencia o el presidente del Consejo General de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana.
Un magistrado, propuesto por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Un representante del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, propuesto por su presidente.
Dos abogados de la Generalitat o un abogado de la Generalitat y un abogado del Estado, actuando como secretario uno de los abogados de la Generalitat, propuestos por el abogado general de la Generalitat o por el abogado general del Estado.
6. El régimen de incompatibilidades de los abogados de la Generalitat será el establecido con carácter general para el personal al servicio de la administración del Consell.
No obstante, en cualquier caso, el desempeño del puesto de abogado de la Generalitat será por completo incompatible con el ejercicio de la abogacía en defensa de intereses privados o públicos frente a la Generalitat, o en asuntos que de cualquier modo se relacionen con las competencias del departamento, servicio, organismo o unidad en que se presten los servicios.
7. En el ejercicio de sus funciones, los abogados de la Generalitat estarán sujetos, además de al estatuto de los funcionarios públicos, a las normas deontológicas profesionales de los abogados.
1. Todos los contratos o convenios a celebrar por la administración de la Generalitat y por las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, cualquiera que sea su clase o cuantía o las características del contratista, que tengan por objeto la prestación servicios de representación y defensa en juicio, asesoramiento en derecho, consejo jurídico y cualquier otro tipo de asistencia jurídica, incluida la elaboración de borradores de anteproyectos o proyectos de normas y disposiciones y la emisión de informes y dictámenes de juristas independientes y de prestigio, requerirán informe favorable del abogado general de la Generalitat.
La ausencia de dicho informe previo determinará la nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación del contrato, pudiéndose repetir, en los términos del artículo 145.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre contra la autoridad o funcionario que hubiese adjudicado el contrato las posibles indemnizaciones que pudieran abonarse como consecuencia de la declaración de nulidad del contrato.
Así mismo el contratista exigirá, con carácter previo a la suscripción del contrato, la acreditación de la mencionada autorización de la
Abogacía por parte de la Administración o entidad que adjudique el contrato, y en caso de no ser acreditada, quedará exento de la obligación de suscribir el contrato.
2. Dicho informe será solicitado:
En los contratos administrativos, con anterioridad a la aprobación del expediente a la que se refiere el artículo 69.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
En los convenios administrativos, con anterioridad a la aprobación o autorización de los mismos por el órgano competente.
3. Asimismo, una vez presentadas las ofertas y con carácter previo a la selección del contratista y adjudicación de estos contratos, deberá solicitarse informe del abogado general de la Generalitat.
4. Las sociedades mercantiles y fundaciones de la Generalitat, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, deberán solicitar informe del abogado general de La Generalitat con carácter previo a que contraten, encomienden o encarguen la prestación de asistencia jurídica, tanto con carácter permanente como con carácter puntual, incluyendo los servicios de secretaría y asesoría letrada de sus órganos de administración.
5. La contratación laboral de carácter indefinido o de carácter temporal superior a un año en las sociedades y fundaciones de La Generalitat, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, cuando la misma tenga por objeto la prestación de asistencia jurídica, requerirá informe del abogado general de La Generalitat con carácter previo a la formalización del contrato.
6. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores deberán emitirse en el plazo de quince días. De no emitirse dentro del citado plazo, se considerará que se ha emitido favorable, pudiendo proseguir las actuaciones.
7. En la prestación de asistencia jurídica, los contratistas, juristas, abogados y demás profesionales a los que se les haya encomendado o con quienes se haya contratado o convenido, quedarán sujetos a la coordinación del abogado general de la Generalitat, a quien deberán informar de su actuación en los términos que él establezca, sin perjuicio de su autonomía e independencia profesional.
FUNCIÓN CONSULTIVA.
1. Corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General de la Generalitat el asesoramiento en derecho al president de la Generalitat, al Consell de la Generalitat y a la administración de él dependiente, así como a las entidades autónomas y de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, sin perjuicio de las especiales funciones del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, como órgano consultivo supremo del Consell de la Generalitat y de su administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
El asesoramiento en derecho de las sociedades y fundaciones de la Generalitat, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell, podrá encomendarse a la Abogacía General de la Generalitat a través del oportuno convenio, en el que se determinará la compensación económica que habrá de abonarse a la Hacienda de La Generalitat
2. Será preceptivo el informe de la Abogacía General de la Generalitat en los siguientes casos:
Los anteproyectos de leyes y proyectos de disposiciones con fuerza de ley o disposiciones de carácter general.
Los convenios y acuerdos administrativos.
En materia de contratación, en los supuestos previstos a tal efecto en la legislación vigente en materia de contratos del sector público, y demás normas aplicables, ya se trate de contratos administrativos o de contratos privados.
Las propuestas de resolución de los recursos administrativos, en los casos en que la resolución que ponga fin a la vía administrativa corresponda al Consell de la Generalitat.
Las propuestas de resoluciones de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
Los expedientes de declaración de lesividad de actos administrativos, previamente a su impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Propuestas de resolución de expedientes sancionadores cuya imposición corresponda al Consell.
Las bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas correspondientes a la Generalitat.
Los estatutos y reglas de régimen interno de las entidades de cualquier naturaleza, sociedades y fundaciones vinculadas o dependientes de la Generalitat.
Las propuestas de resoluciones relativas al ejercicio de acciones judiciales o al desistimiento, allanamiento, o sometimiento a transacción judicial o arbitraje, cuando la competencia no la ejerza el abogado general de la Generalitat.
El bastanteo de los documentos que acrediten la representación de los interesados en los procedimientos administrativos, expresando su concreta eficacia en relación con el fin para el que fueron presentados.
Los expedientes de pago de costas a las que fuere condenada la Generalitat, cuando se suscite controversia.
Los asuntos en los que los órganos del orden jurisdiccional penal hagan ofrecimiento de acciones a la Generalitat.
Cualquier otro asunto en que las disposiciones vigentes exijan un informe jurídico con carácter preceptivo.
3. En todos los demás supuestos, los órganos competentes podrán solicitar informe de la abogacía de la Generalitat cuando lo consideren necesario en atención a la importancia económica, trascendencia social o dificultad técnico.jurídica del asunto de que se trate.
1. Los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat no son vinculantes, salvo que una Ley disponga lo contrario, pero los actos y resoluciones administrativas que se aparten de ellos habrán de ser motivados.
2. Los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat se fundarán en derecho, sin perjuicio de que en ellos los abogados de la Generalitat puedan hacer los consejos o advertencias que crean necesarios para la mejor defensa de los intereses de la Generalitat, tales como propuesta de estrategias procesales, conveniencia de llegar a acuerdos o transacciones y otras análogas.
FUNCIÓN CONTENCIOSA.
1. Corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General de la Generalitat la representación y defensa en juicio del president de la Generalitat, del Consell de la Generalitat y su Administración; y de las entidades autónomas y de derecho público vinculadas o dependientes de la misma ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, sean españoles, sean supranacionales o internacionales, incluidos los procedimientos que se sigan ante órganos arbitrales y parajudiciales.
2. La representación y defensa en juicio de las sociedades y fundaciones de La Generalitat, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de La Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, podrá encomendarse a la Abogacía General de La Generalitat a través del oportuno convenio, en el que se determinará la compensación económica que habrá de abonarse a Hacienda de La Generalitat.
3. En los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando el servicio lo requiera, el abogado general de la Generalitat podrá habilitar a funcionarios licenciados en derecho para que realicen determinadas actuaciones en sustitución de los abogados de la Generalitat. En cualquier caso, los habilitados quedarán sujetos a la dirección y coordinación del abogado general de la Generalitat.
4. Excepcionalmente, cuando así lo aconseje la naturaleza del asunto y a propuesta de la autoridad competente de las previstas en el artículo 9.5, el abogado general de la Generalitat podrá acordar que la representación y defensa en juicio sea asumida por un abogado, o confiar a éste sólo la defensa, encomendándose la representación a un procurador. En tales casos, los profesionales designados darán cuenta de todas sus actuaciones al abogado general de la Generalitat, quedando sujetos a su dirección y coordinación, y actuarán de conformidad con las normas contenidas en los estatutos profesionales que les sean de aplicación.
5. Los abogados de la Generalitat, por el hecho de ser nombrados y tomar posesión de su cargo, ostentan, sin necesidad de especial acreditación, la representación procesal de la Generalitat.
1. Cuando alguna norma prevea la intervención en algún asunto de índole jurídica, judicial o no judicial, en que esté interesada o sea parte la Generalitat, del Servicio Jurídico del Estado o del abogado del Estado, dicha intervención se entenderá referida a la Abogacía General de la Generalitat y al abogado de la Generalitat, respectivamente.
2. Los abogados de la Generalitat ostentarán en sus actuaciones, judiciales y no judiciales, la misma consideración, privilegios, prerrogativas y posición procesal que atribuyen a los abogados del Estado las normas vigentes y, en particular, los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, tal y como prevé la disposición adicional cuarta de la misma.
3. Todos los órganos de la administración de la Generalitat y de las entidades de derecho público, sociedades y fundaciones vinculadas o dependientes de ella a las que los abogados de la Generalitat se lo soliciten y, en particular, los órganos interesados en los procesos, deberán prestar la colaboración precisa para la mejor defensa de los intereses en litigio, especialmente en lo referido a las actuaciones probatorias y la comunicación de resoluciones judiciales.
4. El abogado general de la Generalitat podrá impartir a los abogados de la Generalitat las instrucciones que consideren pertinentes para la adecuada conducción de las actuaciones procesales en que intervengan.
5. Los abogados de la Generalitat están obligados a elevar consulta al abogado general de la Generalitat cuando, en el curso de las actuaciones correspondientes, surja algún incidente de especial trascendencia, así como en los demás supuestos en que se establezca reglamentariamente.
1. Los abogados de la Generalitat no podrán iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente.
2. Los abogados de la Generalitat no podrán desistir de los procedimientos iniciados, ni allanarse frente a las demandas formuladas de contrario, sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente.
3. En casos de urgencia o necesidad, las autorizaciones previstas en el apartado primero podrán ser otorgadas por el abogado general de la Generalitat, quien dará cuenta inmediatamente a la autoridad competente.
4. El otorgamiento ordinario de las autorizaciones previstas en el apartado 1 podrá ser delegado en el abogado general de la Generalitat.
5. Son autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones a las que se refieren los apartados anteriores, según los casos:
El presidente de la Generalitat, el Consell de la Generalitat y los consellers competentes por razón de la materia.
Los presidentes y directores de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Generalitat.
Los órganos de administración de las sociedades y fundaciones de la Generalitat, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat.
La Abogacía General de La Generalitat podrá suscribir convenios con las entidades locales de la Comunitat Valenciana que tengan por objeto la representación y defensa de aquéllas por los abogados de La Generalitat, excepto en los procedimientos en que exista conflicto de intereses con la propia Generalitat o entidades de derecho público, sociedades o fundaciones vinculadas o dependientes de la misma, a las que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de La Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de La Generalitat. Tales convenios se publicarán en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana.
En estos casos, la representación y defensa de la entidad local correspondiente por el abogado de la Generalitat se acreditará por la simple mención del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en que se haya publicado el convenio.
1. El abogado de la Generalitat podrá asumir la defensa de las autoridades y el personal al servicio de la Generalitat contra los que se dedujesen ante los correspondientes órganos judiciales pretensiones de responsabilidad civil o penal derivadas de hechos realizados en el ejercicio de sus cargos, funciones o empleos, siempre que las citadas personas hubieran actuado con sujeción a la legalidad o cumpliendo órdenes superiores que no constituyan una infracción manifiesta, clara y terminante del ordenamiento jurídico y que exista coincidencia de intereses.
2. La defensa o asistencia letrada será asumida a solicitud del interesado, con informe de su superior, y en virtud de acuerdo adoptado por el abogado general de la Generalitat.
3. La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su derecho a designar abogado que le asista o a solicitar que éste le sea designado de oficio.
4. En los casos de detención o prisión provisional, el interesado podrá solicitar directamente al abogado general de la Generalitat la defensa del abogado de la Generalitat, lo que será resuelto por aquél a la vista de las circunstancias, dando cuenta a su superior.
5. Para conceder la asistencia jurídica regulada en el aparatado primero del presente artículo, la Abogacía General valorará, con carácter previo, la posible coincidencia de intereses entre el solicitante de asistencia y la Generalitat, atendiendo a factores tales como la especial afección de la Generalitat respecto a los bienes jurídicos protegidos; la posible relación con la defensa de los derechos fundamentales; o la apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad o funcionario.
Se entenderá en todo caso que no existe coincidencia de intereses, y por tanto se denegará la asistencia jurídica, cuando la persona que solicita la asistencia esté imputada por los siguientes delitos tipificados en el código penal: delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social; delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente; delitos contra la seguridad colectiva; delitos relacionados con los incendios; y los delitos contra la administración pública.
La asistencia jurídica se denegará siempre cuando el demandante, denunciante o querellante sea otra autoridad o empleado público de la Generalitat. Igualmente se denegará la asistencia jurídica cuando el demandado, denunciado o querellado sea otra autoridad o empleado público de la Generalitat.
No obstante, en los supuestos regulados en los dos párrafos anteriores, siempre que la asistencia jurídica haya sido solicitada y ésta sea denegada, el interesado, si finalmente resulta absuelto, o el asunto es desestimado, archivado o sobreseído con carácter definitivo y firme o, en su caso, resultan íntegramente estimadas sus pretensiones con carácter de firmeza, podrá solicitar en concepto de indemnización especial, que correrá a cargo de la conselleria en la que prestara servicio en el momento de producirse los hechos, el reintegro de los gastos de defensa y representación, que se calcularán y reconocerán hasta un límite máximo correspondiente al regulado según las tablas de honorarios aprobadas por los respectivos colegios profesionales, cuando en el procedimiento judicial correspondiente, sea preceptiva su participación.
Así mismo, en los restantes supuestos en los que la asistencia jurídica haya sido denegada tras ser expresamente solicitada, el interesado podrá solicitar la indemnización especial anteriormente indicada siempre que se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior.
La indemnización especial sólo será reconocida si con anterioridad al inicio de las actuaciones judiciales en las que la autoridad o funcionario deba ser asistido jurídicamente, se solicita por escrito dicha asistencia según los trámites regulados en el presente precepto.
1. Cuando el interés general de los valencianos lo haga conveniente en atención a las circunstancias previstas en el apartado siguiente, el Consell de la Generalitat, previo informe del abogado general de la Generalitat, podrá autorizar que la Abogacía General de la Generalitat colabore en la defensa de particulares en determinados procedimientos o clases de los mismos, o que el coste de dicha defensa sea sufragado total o parcialmente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, con sujeción, en este último caso, a la normativa presupuestaria aplicable.
2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta el carácter unitario de las pretensiones deducidas por los particulares, de su fundamentación jurídica y de los hechos de los que deriven, la existencia de un grupo numeroso de particulares en cuya defensa se colabore, la complejidad de las pretensiones y dificultad técnica y económica de los medios de prueba necesarios para hacerlas valer, la repercusión positiva de tales pretensiones en el progreso social y económico de la Comunidad Valenciana y otras circunstancias de análoga naturaleza.
3. La colaboración prevista en el apartado 1 podrá consistir en la concertación voluntaria de criterios de actuación procesal homogéneos que puedan seguir los profesionales, la elaboración de modelos de escritos jurídicos que puedan ser utilizados por los profesionales encargados de dicha defensa, la emisión de informes periciales u otros medios de prueba que se pongan a disposición de tales profesionales o la promoción de estudios jurídicos y seminarios dirigidos a los mismos. Dicha colaboración se podrá canalizar, en su caso, a través de los colegios de abogados y procuradores.
En ningún caso dicha colaboración podrá comprender la asunción por el abogado de la Generalitat de la representación y defensa en juicio de particulares.
4. En todo caso quedará a salvo el derecho de libre elección de abogado y procurador, así como la plena independencia de tales profesionales en el desempeño de las funciones que les hubieran sido encomendadas por sus patrocinados, de conformidad con las normas contenidas en los estatutos profesionales que sean de aplicación.
5. En ningún caso se podrá adoptar el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo por razones de mero interés o conveniencia personal o cuando exista contraposición de intereses con la propia Generalitat.
6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y sus disposiciones de desarrollo.
1. Podrán ingresar, previa solicitud de los interesados, en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, los funcionarios de carrera de la Generalitat o de otras administraciones públicas del grupo A, licenciados en derecho, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren, que cumplan los siguientes requisitos:
Haber desempeñando funciones efectivas y exclusivas de asesoramiento en derecho o representación y defensa en juicio de la Generalitat o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma durante, al menos, 2 años, computables entre el 1 de febrero de 2001 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Superar el curso selectivo que se convoque a tal efecto.
2. El curso selectivo será convocado dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, y tendrá por objeto profundizar y complementar la formación de los solicitantes en el ejercicio práctico, consultivo y contencioso, de las diversas actuaciones de la Abogacía General de la Generalitat, con incidencia en las materias señaladas en el artículo 3.4 de esta Ley.
3. Estarán exentos de realizar el curso selectivo aquellos funcionarios que, habiendo solicitado participar en el mismo, superen unas pruebas específicas que consistirán en la realización por escrito de uno o varios ejercicios prácticos. La presentación a estas pruebas tendrá carácter voluntario.
4. El órgano de selección que evaluará las pruebas a las que se refiere el apartado anterior de esta disposición adicional estará compuesto por un mínimo de tres funcionarios, designados por el titular de la Conselleria competente en la materia, en los que concurra alguno de los siguientes requisitos:
Pertenecer a cuerpos especiales de funcionarios del grupo A, licenciados en derecho, al servicio de las Administración General del Estado o de la administración de las Comunidades Autónomas, cuyo objeto específico y exclusivo sea la representación y defensa en juicio o el asesoramiento en derecho de la administración respectiva del grupo A, licenciados en derecho.
Pertenecer a las carreras judicial o fiscal.
Ser notarios o registradores de la propiedad.
1. El artículo 49.3 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, queda redactado de la siguiente manera:
Será preceptivo, en todo caso, el informe del subsecretario o subsecretarios competentes.
2. El artículo 49 bis.1.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, queda redactado de la siguiente manera:
Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat en el departamento cuando no fuera preceptivo el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. No obstante lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8.2 de la presente Ley, el Abogado o Abogada General de la Generalitat podrá excepcionalmente autorizar la colegiación de uno o varios abogados de la Generalitat, a los únicos y exclusivos efectos de llevar a acabo la representación y defensa en juicio de la Generalitat ante determinadas Instituciones jurisdiccionales supranacionales o internacionales.
1. En las dos primeras convocatorias de pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Abogados de la Generalitat, la convocatoria podrá eximir de realizar las pruebas de carácter práctico a los funcionarios de carrera de la Generalitat o de otras administraciones públicas del grupo A, licenciados en derecho, que hubieran desempeñando funciones efectivas y exclusivas de asesoramiento en derecho o representación y defensa en juicio de la Generalitat o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma durante, al menos, 6 meses con posterioridad al 1 de febrero de 2001.
2. En las dos primeras convocatorias de pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Abogados de la Generalitat, la convocatoria podrá eximir de realizar las pruebas de carácter teórico a las personas que hayan superado con posterioridad al 1 de febrero de 2001 la totalidad de las pruebas selectivas teóricas de ingreso en cuerpos especiales de funcionarios del grupo A, licenciados en derecho, al servicio de la administración general del Estado o de la administración de las comunidades autónomas, cuyo objeto específico y exclusivo sea la representación y defensa en juicio o el asesoramiento en derecho de la administración respectiva.
1. El titular de la Conselleria competentente en la materia aprobará la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. Esta relación de puestos de trabajo incorporará también los puestos de trabajo de grupos inferiores al grupo A que forman parte de la relación de puestos de trabajo del Gabinete Jurídico de la Generalitat.
2. Una vez celebrado el curso selectivo al que se refiere la disposición adicional primera, el titular de la Conselleria competente en la materia convocará concurso para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat entre las personas que hubieran ingresado en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, sin perjuicio de que cualquiera de ellos pudiera pasar a desempeñar puestos de libre designación.
3. 4. 5. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.
Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el nombramiento de director general de la Abogacía General de la Generalitat podrá recaer en cualquier funcionario público del grupo A, licenciado en derecho, con al menos cinco años de antigüedad.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta Ley.
Artículo 3 (apdo. 5.a):
Redacción según Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Disposición adicional quinta:
Añadida por Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Disposiciones transitoria segunda (apdos. 3, 4 y 5):
Derogado por Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Artículos 3 (apdo. 6), 4 (apdos. 1 y 6), 5 (apdos. 1 y 2), 7 (apdo. 1), :
Redacción según Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Artículo 11 (apdo. 5):
Añadida por Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. Cerrar
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de asistencia jurídica entre el Consell ( Abogacía General) y la Fundación de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques. [ 2007/13008 ]DECRETO 103/2007, de 13 de julio, del Consell, por el que cesan y se nombran altos cargos de la administración de la Generalitat. [2007/9450]ORDEN de 22 de octubre de 2007, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que se aprueba el amojonamiento de la cañada Real de Castilla en el término municipal de Catadau, desde el cruce con la Rambla García, a la altura de l Alteró de Cosme, hasta el límite con el término municipal de Tous. [2008/124 ]ORDEN de 22 de octubre de 2007, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueba el amojonamiento de la cañada Real de Castilla a su paso por los términos municipales de Cortes de Pallás y Yátova. [2008/123 ]ACUERDO de 27 de junio de 2008, del Consell, por el que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto. [2008/8208]LEY 9/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de modificación de la Ley 98/1998, de 9 de diciembre de 1998, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. [2008/8599]ORDEN de 7 de julio de 2008, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, cuerpo de abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición, convocatoria 11/08, correspondientes a la oferta de empleo público de la 2008 para el personal de la administración de la Generalitat. [2008/8705]LEY 9/2008, de 3 de julio, de modificación de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat ValencianaRESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de acceso al grupo A, Cuerpo de Abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición, convocatoria 11/08. [ 2008/12600 ]DECRETO 140/2009, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funci onal de la Conselleria de Justicia y Administraciones PúblicasRESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Inno vación, por la que se dispone la publicación del convenio de asistencia jurídica entre el Consell de la Generalitat (Presidencia de la Generalitat, Abogacía General) y Cons trucciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA)DECRETO 206/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia y Administraciones PúblicasLEY 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la GeneralitatRESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, de la Secretaria General del Servef, por la que se acepta la cesión gratuita de la propiedad y mutación demanial externa de una parcela de 932,21 m² de superficie sita en Meliana (València), calle Salvador Giner, realizada por el Ayuntamiento de dicho municipio para destinarla a la construcción de un Centro Servef de Empleo, y por la que se declara la reversión a dicho Ayuntamiento de la parcela de 361 m² de superficie, cedida, sita en la calle Garrigosa, aceptada por Resolución de la Secretaria General del Servef de 12 de septiembre de 2006LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la GeneralitatLEY 15/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Autoridad del ProfesoradoLEY 15/2010, de 3 de diciembre, de Autoridad del ProfesoradoORDEN 18/2011, de 9 de mayo, de la Conselleria de Justicia y
Administraciones Públicas, Convocatoria 11/10, por la que se
convocan pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1, Cuerpo de
Abogados de la Generalitat, por el sistema de oposición,
correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 para
el personal de la administración de la GeneralitatRESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2011, de la directora
general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts, de
la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la
publicación del convenio de asistencia jurídica entre
la Generalitat (Conselleria de Presidencia, Abogacía
General) y la Fundación de la Comunitat Valenciana de la
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