Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-02120-de-abril-11-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c057f084f2c0008ae0430a010151008a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 16:19:50
Document Index: 43246909

Matched Legal Cases: ['artículo 150', 'artículo 216', 'artículo 86', 'artículo 106', 'artículo 115', 'artículo 362']

﻿ Sentencia 1996-02120 de abril 11 de 2012
SENTENCIA 1996-02120 DE 11 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:DAÑOS SURGIDOS POR CAUSA O CON OCASION DE LA RELACION LABORAL. LA SALA HA PRECISADO QUE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RESULTA PROCEDENTE NO SÓLO CUANDO ES EJERCITADA POR TERCEROS AJENOS A LA RELACIÓN LABORAL, SINO TAMBIÉN CUANDO EL DAÑO SE IMPUTA CON FUNDAMENTO EN LA OCURRENCIA DE “HECHOS QUE EXCEDEN LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EN CUYO CASO PUEDE DEMANDAR, ANTE ESTA JURISDICCIÓN, INCLUSO EL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, JURISDICCIÓN LABORAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PROCEDENCIA DE LA PERENCIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Sentencia 1996-02120 de abril 11 de 2012
Rad. 76001-23-25-000-1996-02120-01(20756)
Actor: Carlos Arturo Vargas y otros
Demandado: Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali
Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $9.610.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda corresponde a la suma de $24.617.400(8), solicitada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño fisiológico, se concluye que esta corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.
El doctor Mauricio Fajardo Gómez, consejero de la Sección Tercera de esta corporación, mediante escrito obrante a folios 186 a 187 del cuaderno principal manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, fundamentado en la causal consagrada en el numeral 14 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, para el efecto, señaló:
“Uno de los aspectos fundamentales que se discute dentro del proceso de la referencia dice relación con la definición de la acción judicial que debe ejercerse cuando un servidor público pretende reclamar, en juicio, el pago de salarios o de prestaciones sociales por parte de la entidad pública demandada en cuanto le imputa, a la misma, el incumplimiento de sus deberes legales por omisión.
El día 30 de junio de 1995, litigando en causa propia, formulé demanda de reparación directa contra la Nación - Procuraduría General de la Nación (...) con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de las sumas dejadas de percibir mientras tuve la condición de procurador delegado, entre los años 1993 y 1994, hechos acaecidos, en todo caso, antes de la expedición de la Ley 244 de 1995.
En la actualidad, el expediente se encuentra al despacho, para fallo de segunda instancia, en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Radicación 1995-1402.
Como puede apreciarse, la definición que ahora realice la Sala acerca de la acción judicial que deba ejercerse en casos como el que se encuentra sometido a su conocimiento, podrá tener incidencia en la solución que corresponda al citado proceso, comoquiera que en este último litigio pendiente también deberá adoptarse una definición a cerca de la procedencia de la acción ejercida”.
De manera que, en garantía de la imparcialidad en la administración de justicia, es necesario analizar en cada caso, si las circunstancias alegadas por quien se declara impedido son constitutivas de alguna de las causales previstas en los artículos 150 del Código de Procedimiento Civil y 160 del Código Contencioso Administrativo.
1. Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar”.
En el caso bajo estudio, la Sala encuentra fundado el impedimento manifestado por el consejero de Estado, Doctor Mauricio Fajardo Gómez, por cuanto la situación fáctica planteada, se enmarca dentro del supuesto contenido en la norma, razón por la cual, a fin de velar por la objetividad de la decisión que deba adoptarse, se aceptará e impedimento y, en consecuencia se le declarará separado del conocimiento del presente asunto.
El municipio de Cali - Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala ha dicho que “la legitimación en la causa, bien sea por activa o bien por pasiva, constituye un presupuesto material cuya ausencia conduce a la negación de las pretensiones de la demanda y no a la prosperidad de un medio exceptivo”(9).
Por lo tanto, la Sala estudiará el fondo del asunto respecto de la responsabilidad de la parte demandada, por cuanto es esta y no el Instituto de Seguros Sociales la entidad empleadora (del señor Carlos Arturo Vargas Oviedo) de quien se reclama la falla en el servicio y toda vez que el daño se produjo en cumplimiento de una actividad propia del servicio.
Además, de conformidad con el Acuerdo 102 de 1966, el Concejo Municipal de Cali creó al Invicali como entidad autónoma y de derecho público, con facultades propias y personería jurídica(10), a lo cual se agrega que no obra dentro del proceso indicio alguno que dé cuenta de que el ISS, haya incidido, en modo alguno, en la producción del daño por el que aquí se demanda.
1. El señor Carlos Arturo Vargas Oviedo, quien se desempeñaba como cadenero del Invicali, con una asignación mensual de $184.750(11), tenía a su cargo el cumplimiento de varias funciones, entre ellas, asistir al topógrafo en los levantamientos de nivelaciones requeridos para obras civiles, recibir del topógrafo instrucciones sobre la actividad a desarrollar, ubicar el equipo de medición en el sitio que reuniera las condiciones más adecuadas para tal fin, localizar los puntos donde se deberían realizar las lecturas de los ángulos y medir las distancias respectivas(12).
El 4 de mayo de 1994, los señores Carlos Alberto López y Alberto Gómez Echeverry impartieron una orden de trabajo a algunos funcionarios de Invicali, entre ellos, a Carlos Arturo Vargas, consistente en medir la parte más baja de las líneas de transmisión de energía ubicadas en un lote denominado “Hacienda Talanga”, del corregimiento de Navarro. Al respecto, Alberto Gómez Echeverry declaró lo siguiente(13):
“(...) a Carlos y a Edgar les manifesté cómo se debían hacer, tanto así que realizaron las primeras tres mediciones en forma normal como se había indicado el día del accidente, no se hizo contacto alguno con la entidad que presta el servicio para tales mediciones, porque con el método que se iba a utilizar no había necesidad de suspensión del servicio. Como no se podía trabajar con partes metálicas debajo de las cuerdas les manifesté que utilizaran una caña menuda de unos cinco metros de longitud, dicha caña menuda se colocaría a unos quince o veinte metros de la cuerda, el otro cadenero se pararía perpendicular a dicha distancia entre la cuerda y la caña menuda para proyectar con la vista la altura de la cuerda sobre la caña menuda y posteriormente sobre la caña menuda tendida en el suelo se medía la altura proyectada, ese fue el sistema que se utilizó (...).
Todo trabajo que se realice teniendo de por medio líneas de conducción eléctrica ofrecen (sic) riesgos así se tomen las precauciones necesarias, en este caso lo más viable para la medición era en esa forma (...).
Para lo que se requería en esa oportunidad por parte de las personas que estaban haciendo el diseño macro de las obras de infraestructura de la Ciudadela Decepaz, era necesario, pero en un orden de prioridades la mayor seguridad en un trabajo de estos sería la suspensión del servicio, para con ello entrar a trabajar directamente bajo las cuerdas”.
De acuerdo con el informe patronal de accidentes de trabajo emitido por el Instituto de Seguros Sociales(14), siendo las 11:00 a.m. del 4 de mayo de 1994, Carlos Arturo Vargas Oviedo se encontraba realizando actividades propias de su cargo como cadenero del Invicali y, en el momento en que se disponía a medir una línea de alta tensión, “hizo masa con una caña menuda provocando el impacto causante del accidente”. En dicho informe se señaló que la ocurrencia del hecho obedeció a una causa fortuita y que, debido a que con anterioridad no se había presentado este tipo de incidentes, la empresa empleadora no había tomado medidas preventivas para evitar su acaecimiento.
El señor Edgar Muñoz Rodríguez, cadenero de la entidad demandada, presenció los hechos y aseguró:
“(...) nos mandaron a medir unas cuerdas de transmisión de energía, ya habíamos medido cuatro de ellas y nos faltaba la última, como el lugar estaba encharcado buscamos un lugar donde estuviera seco para hacer esta medida, el compañero llegando ya a las cuerdas se enredó en el pasto que siempre estaba alto y con la caña menuda que llevaba rozó el campo magnético y así fue como sufrió el accidente”(15).
Carlos Arturo Vargas sufrió quemaduras eléctricas que le dejaron secuelas de “retracción palmar mano derecha (sic), lesiones descamativas pies”, enfermedad con factor de riesgo funcional derivada de un accidente de trabajo(16), que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica con anestesia regional, el 16 de julio de 1995. El costo de dicha cirugía fue cubierto por el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali, de conformidad con la Resolución 0833 de 1995, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la misma, bajo la consideración de que la lesión tuvo como causa un accidente de trabajo y que el personal de terreno se encuentra en el mismo riesgo que el personal de oficina, por lo que asumió la responsabilidad del accidente(17).
Mediante Resolución 680 de 1995, el ISS, Seccional Valle del Cauca, teniendo en cuenta que la sección de medicina laboral conceptuó que el asegurado sufrió una pérdida de capacidad laboral del 6%(18), le concedió una indemnización en proporción por el valor de $405.513.
El 13 de febrero de 1996, el Centro de Atención Básica de Salud Ocupacional evaluó el estado de Carlos Arturo Vargas y observó una “recuperación de la fuerza prensil de su mano izquierda, pero persiste un problema de dermatitis en los pies. Esta dermatitis se exacerba con la humedad y los desplazamientos largos por terreno irregular”(19).
El 1º de febrero de 1999, el Instituto Nacional de Medicinal Legal examinó las condiciones físicas del señor Vargas y encontró(20):
1. Paciente lúcido
2. Cicatriz irregular que compromete región flexora del dedo medio hasta región proximal palmar de la misma mano.
3. Disminución de la fuerza prensil de la mano izquierda.
4. Cicatriz de un cm a nivel de región lateral del pie izquierdo.
5. Amputación de la uña del quinto artejo del pie izquierdo.
6. Cicatriz lineal de 4 cm sobre borde lateral anterior del pie derecho.
En cuanto a las medidas y elementos de seguridad que ofrece el Instituto accionado, la Alcaldía de Santiago de Cali aseveró que “las normas de seguridad industrial que utilizaba Invicali para prevenir accidentes de trabajo eran las establecidas por la ley, para lo cual entre otras se dotaba de los elementos necesarios a los trabajadores de terreno en el caso específico Cadenero, de acuerdo a (sic) las funciones que realizaba”(21).
No obstante, los testimonios practicados en primera instancia advirtieron lo contrario, en los siguientes términos:
“Como medida de seguridad se nos dijo que tuviéramos una distancia prudente, llevamos los elementos de dotación que son camisa, pantalón y botas, pero para hacer la medición solo la cinta y la caña”(22).
“Sobre precauciones y cuidados no les dan instrucciones al respecto, en cuanto a las dotaciones siempre les he escuchado a mis compañeros quejarse que las dotaciones no son las que ellos han requerido, además de que la demora es mucha para la entrega de la dotación”(23).
2. Verificado lo anterior, se abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no a la administración pública como lo alegan los actores.
La Sala ha precisado que la acción de reparación directa no es el medio procesal adecuado para solicitar la indemnización de los daños surgidos por causa o con ocasión de la relación laboral, “toda vez que los denominados accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no corresponden al ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado sino de una obligación determinada por la existencia previa de una relación laboral entre la entidad pública respectiva y el funcionario afectado, que se rige por disposiciones especiales”(24).
No obstante, también ha señalado que esa acción es procedente cuando “se trata de la indemnización de perjuicios causados a terceras personas como consecuencia de la lesión o muerte sufrida por un trabajador en virtud de un accidente o enfermedad —sea que el primero pueda o no calificarse como accidente de trabajo y que la segunda constituya o no una enfermedad profesional—”(25).En estos eventos, precisa la providencia, “esta última situación planteada no corresponde a la prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual procedería imponer al patrono la obligación de pagar la indemnización total de los perjuicios sufridos por el trabajador, en el evento de demostrarse que aquel hubiere tenido culpa en la ocurrencia del accidente. Tal acción, como lo ha aclarado la Corte Suprema de Justicia, solo puede ser formulada por la víctima directa del siniestro, o sus herederos, en su condición de continuadores de su personalidad, si aquel falleciere como consecuencia del mismo(26) y, como lo prevé la misma norma, da lugar al descuento de las prestaciones en dinero que hubieren sido pagadas, del valor de la indemnización total y ordinaria que deba reconocerse por concepto de perjuicios. Tampoco corresponde dicha situación a la que se presenta cuando los beneficiarios del trabajador, como ‘acreedores laborales directos’(27), pretenden, por ejemplo, el pago de las prestaciones debidas al mismo o la efectividad de derechos como la pensión de sobrevivientes, el seguro de vida, el auxilio funerario, etc. La acción procedente, en este evento, sería, igualmente, de carácter laboral y tendría su fuente en el contrato de trabajo o en la relación legal y reglamentaria existente”(28).
En este sentido, la Sala ha reiterado su competencia en consideración a que “la responsabilidad que se demanda está referida únicamente a los perjuicios sufridos directamente por los parientes del trabajador, como terceros ajenos a la relación laboral, cuya reparación, como se ha visto, puede exigirse ante esta Jurisdicción porque su fuente es extracontractual, porque la entidad cuya responsabilidad se pretende es de carácter estatal y porque la indemnización que se reclama no corresponde a las prestaciones derivadas del vínculo laboral”(29).
Sin embargo, la Sala también ha precisado que la acción de reparación directa resulta procedente no solo cuando es ejercitada por terceros ajenos a la relación laboral como arriba se señaló, sino también cuando el daño se imputa con fundamento en la ocurrencia de “hechos que exceden los riesgos propios de la actividad”(30) en cuyo caso puede demandar, ante esta jurisdicción, incluso el trabajador(31).
Así, entonces, el sujeto vinculado laboralmente al Estado está facultado para demandar la indemnización de perjuicios, a través de la acción a que se refiere el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que su solicitud se sustente en hechos que excedan los riesgos propios de su actividad.
Ahora bien, es preciso advertir que, cuando quien sufre el daño es un obrero u operario de una obra, se debe observar que aquel no es ajeno a los riesgos que comprende la actividad de ejecución de trabajos públicos per se; además, cuando se vincula laboralmente con la administración de manera voluntaria, se entiende que comparte y asume de alguna manera dichos riesgos. Por tal motivo, le corresponde a la parte actora acreditar la existencia de una falla del servicio por parte de la entidad pública accionada(32).
3. Previo análisis del acervo probatorio, concluye la Sala que el señor Carlos Arturo Vargas Oviedo sufrió una descarga eléctrica el 4 de mayo de 1994, cuando desarrollaba una actividad propia de su cargo como cadenero de Invicali, la cual le produjo una incapacidad laboral permanente parcial del 6%.
A juicio de la parte accionante, dichas lesiones tuvieron como causa la falta de aprovisionamiento, por parte de Invicali, de los elementos de seguridad industrial necesarios para el desarrollo de las actividades propias de su cargo.
Al respecto, la Sala encuentra que la parte demandada adujo dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial, en la medida en que dotó a los cadeneros con los elementos requeridos para la prevención de accidentes de trabajo; sin embargo, ello no trascendió más allá de ser una mera afirmación sin sustento fáctico, comoquiera que no se acreditó la entrega real de tal dotación.
Si bien es cierto que los empleados recibieron una camisa, pantalón y botas —como ya se expuso— y que para el día del accidente se les entregó la cinta de medición y la caña, lo cierto es que Invicali no demostró que dichos elementos fueran catalogados como idóneos para la preservación de la integridad de sus trabajadores, de acuerdo con los parámetros establecidos en las normas de seguridad industrial mencionadas por este.
Aunado a ello, se tiene que tal aseveración resultó desvirtuada a través del informe de accidentes de trabajo emitido por el Instituto de Seguros Sociales, en el que se consignó lo siguiente: “Qué medidas preventivas había tomado la empresa para evitar esta clase de accidente: Ninguna porque no ha habido esta clase de accidentes”(33).
Cabe anotar que las lesiones padecidas por Carlos Arturo Vargas, en sus pies y en su mano izquierda, dan cuenta de la ausencia de los elementos de protección tales como guantes, calzado y casco especiales, adecuados para la actividad encomendada al cadenero, así como de la ineficacia de un medio artesanal utilizado para la medición de distancias —caña menuda—, máxime cuando el lote cuyo levantamiento topográfico se pretendía obtener se encontraba intervenido con líneas de conducción eléctrica, y encharcada, según el testigo Edgar Muñoz Rodríguez, como se vio párrafo atrás (pág. 7 de esta providencia).
Además, en los términos del topógrafo Alberto Gómez, Invicali no solicitó ante la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica la suspensión del mismo, por cuanto las actividades que se pretendían llevar a cabo no lo ameritaban; sin embargo, su versión ofrece una contradicción, pues luego aseguró que “la mayor seguridad en un trabajo de estos sería la suspensión del servicio”.
Así, para la Sala es claro, a partir de los hechos que motivaron el presente asunto, que el Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali incurrió en negligencia y falta de cuidado, toda vez que confió en poder realizar una tarea riesgosa sin consecuencia alguna y asumió tal responsabilidad, de manera que no procuró la suspensión del servicio de electricidad en el lugar donde Carlos Arturo Vargas sufrió el accidente, hecho que, sin lugar a dudas, permite evidenciar la materialización del riesgo en la causación del daño antijurídico que, en efecto, la parte demandante no estaba en el deber de soportar.
Se tiene entonces que, en el caso concreto, se configuró la falla del servicio por parte del Invicali, toda vez que no aprovisionó a Carlos Arturo Vargas Oviedo de la dotación y herramientas especiales de protección idóneas para la realización de la actividad riesgosa a él impuesta, y tampoco adoptó las medidas necesarias para disminuir, en la medida de lo posible, las probabilidades del acaecimiento de un suceso lamentable como el sometido a estudio, como era, por ejemplo, solicitar —se insiste— la suspensión temporal del servicio de energía.
Ahora bien, es preciso señalar que no le asiste razón al a quo en cuanto aseguró que el trabajador asumió los riesgos propios de su oficio, como persona encargada del manejo y mantenimiento de las redes eléctricas, pues es claro que, de acuerdo con las funciones asignadas a Vargas Oviedo como cadenero de Invicali (señaladas en la pág. 5 de esta providencia), no tenía el deber de manipular y hacer mantenimiento a los sistemas de transmisión de energía eléctrica, máxime cuando a partir de la naturaleza y atribuciones de la entidad demandada(34), tampoco es posible determinar que este trabajo sea inherente a ella.
En suma, es claro que a la víctima se le sometió a un riesgo ajeno a los propios de su labor y, por lo tanto, habrá lugar a revocar la sentencia recurrida y a declarar la responsabilidad del Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda de Cali, por las lesiones padecidas por el señor Carlos Arturo Vargas Oviedo, en hechos del 4 de mayo de 1994.
La parte actora acreditó el parentesco entre la víctima y los afectados demandantes Wilfer, Ervin, Elizabeth y Dirley Vargas Murillo, ya que obra en el expediente copia auténtica del registro civil de nacimiento de cada uno de ellos, en los que consta que el padre de ellos es el señor Carlos Arturo Vargas Oviedo(35). En este sentido, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes, con ocasión de la lesión de su padre, por cuanto a partir de las reglas de la experiencia se presume que el daño sufrido por un pariente cercano causa aflicción y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto dentro de la familia, como núcleo básico de la sociedad. Así, entonces, habrá lugar al reconocimiento de la respectiva indemnización de perjuicios morales, sin que para ello sea necesario establecer la gravedad o levedad de las lesiones sufridas por la víctima, pues, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, no resultaría admisible establecer el grado de congoja a partir de una condición especial de las lesiones(36).
Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales; se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio. Es así como en el presente asunto se impone, por una parte, una condena por la suma de dinero equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales a favor de la víctima, señor Carlos Arturo Vargas Oviedo, pues fue él quien sufrió las lesiones y ahora padece directamente sus efecto; y, por otra, 5 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de sus hijos(37).
La parte actora no acreditó la pérdida económica o el empobrecimiento que supuestamente sufrió con ocasión de la lesión del señor Carlos Arturo Vargas Oviedo. Por su parte, la entidad demandada certificó que durante el período de incapacidad otorgado al trabajador con ocasión del referido accidente, no dejó de cancelarle ninguna erogación salarial. En consecuencia, la Sala no accederá a su reconocimiento.
Toda vez que se probó que, como resultado de la lesión padecida con ocasión de los hechos de que da cuenta el presente proceso, el señor Carlos Arturo Vargas Oviedo vio mermada su capacidad laboral en un seis por ciento (6%), hay lugar a reconocer a la víctima la indemnización por el detrimento patrimonial derivado de esa incapacidad laboral parcial permanente que le fue dictaminada, y que corresponde a las sumas que habría de devengar, sumas que destinaría para su propio sostenimiento y de las cuales se vio privado, como consecuencia de la incapacidad impuesta a partir del accidente sufrido.
La correspondiente indemnización será calculada desde la fecha en que se materializó el perjuicio material (mayo 4/94) en la modalidad de lucro cesante y hasta el término de su vida probable. Para ello, se tomará el salario base que devengaba el señor Vargas Oviedo ($184.750), para la fecha de los hechos, así:
Sobre la anterior suma se adicionará el 25% equivalente al valor de las prestaciones sociales, para un total de $1.012.770 y de este resultado se tomará, finalmente, el 6%, que corresponde al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del demandante Carlos Arturo Vargas Oviedo, es decir, $60.766:
Salario base de liquidación: $60.766
Meses a indemnizar por el período debido o consolidado: 214.3
Meses a indemnizar por el período futuro o anticipado: 193.5
Comprende el período transcurrido entre el día siguiente a la fecha de la presente providencia y la fecha calculada como esperanza de vida del demandante.
Para la fecha de ocurrencia de los hechos, el demandante tenía 43 años, es decir, tenía una probabilidad de vida de 33.99 años, equivalentes a 407.88 meses(38).
Para el cálculo de la indemnización se descontará el número de meses que fueron liquidados por el período debido o consolidado (214.3), para liquidar un número de meses igual a 193.5.
En este orden de ideas, el valor total de la indemnización por lucro cesante es de treinta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos con noventa y un centavos ($30.465.557,91).
En reciente pronunciamiento(39), la Sección Tercera de esta corporación desplazó las condenas impartidas por daños fisiológicos bajo la denominación de “daño a la vida de relación”, que posteriormente se reconoció como la “alteración a las condiciones de existencia”, pues a pesar de contener una significación idéntica, en cuanto reconocían la pérdida de placer en la realización de una actividad o alteración grave que produce el daño en las relaciones de las personas con su entorno, limitaron la posibilidad de valorar el daño en términos de objetividad material.
De esta manera, impuso el resarcimiento del “daño a la salud” y redujo a una sola categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, estético, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud se establecerá el grado de afectación de este derecho, con el fin de determinar la respectiva indemnización, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños; es decir, cuando la víctima sufra un daño a la integridad psicofísica solo podrá reclamar los daños materiales generados y probados, los perjuicios morales y, por último, el daño a la salud.
En esta oportunidad, se tiene que el daño a la salud permite su reparación considerado en sí mismo, sin que para ello sea necesaria la demostración exclusiva de las afectaciones en las manifestaciones externas, relacionales o sociales; de esta manera, se garantizan los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad material.
Por lo anterior, y de conformidad con los hechos probados, el señor Carlos Arturo Vargas Oviedo soporta los efectos de las lesiones en su mano izquierda como la pérdida de la capacidad prensil, así como la amputación de una uña de su pie izquierdo y las consecuentes cicatrices. Se hace evidente, entonces, el daño a la salud, por el cual se le reconocerá el valor de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y, por lo tanto, la variación en el estado de salud del demandante principal.
REVOCAR la sentencia de 21 de diciembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva y, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Cali - Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Cali —Invicali—, por los perjuicios ocasionados a los demandantes con las lesiones padecidas por Carlos Arturo Vargas Oviedo
2. En consecuencia, CONDENAR al municipio de Cali - Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Cali —Invicali— a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:
2.1. El equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Carlos Arturo Vargas Oviedo.
2.2. El equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de cada una de las siguientes personas: Wilfer Vargas Murillo, Ervin Vargas Murillo, Elizabeth Vargas Murillo y Dirley Vargas Murillo.
3. CONDENAR al municipio de Cali - Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Cali —Invicali— a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de treinta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos con noventa y un centavos ($30.465.557,91), a favor del señor Carlos Arturo Vargas Oviedo.
4. CONDENAR al municipio de Cali - Instituto de Reforma Urbana y Vivienda de Cali —Invicali— a pagar, por daño a la salud, la suma equivalente en pesos a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Carlos Arturo Vargas Oviedo.
7. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
8. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
9. ACEPTAR el impedimento manifestado por el consejero de Estado doctor Mauricio Fajardo Gómez y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto de la referencia.
(8) Suma que resulta de multiplicar el valor del gramo de oro al momento de la interposición de la demanda (12.308,7) x 2.000 (fl. 17, c. 1).
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2012, Expediente 20474.
(10) Fls. 22 a 29, c. 1.
(11) Certificado laboral obrante a fl. 10, c. 1 y oficio S.V.S.R.U. 499-97 remitido por la Alcaldía del Municipio de Cali. Fls. 17 a 18, c. 2.
(12) Resolución 1042-94 —manual de funciones—. Fls. 19 a 21, c. 2.
(13) Testimonio practicado en primera instancia. Fl. 62 a 64, c. 1.
(14) Fl. 98, c. 2.
(15) Testimonio de Edgar Muñoz Rodríguez practicado en primera instancia. Fls. 67 a 69, c. 1.
(16) Informe rendido por el ISS. Fl. 161, c. 2.
(17) Fls. 150 a 151, c. 2.
(18) La Sala tiene como probado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, a pesar de que no obra en el expediente el dictamen de la sección de medicina laboral, pues lo cierto es que el citado acto administrativo contiene un reconocimiento expreso del mismo por parte de la entidad demandada, de manera que accede a su indemnización proporcional. Además, se tiene en cuenta que sobre dicho porcentaje no converge discusión alguna entre las partes.
(19) Fls. 60 a 61, c. 2.
(20) Fl. 234, c. 2.
(21) Oficio S.V.S.R.U. 499-97 remitido por la Alcaldía del Municipio de Cali. Fls. 17 a 18, c. 2.
(22) Testimonio de Edgar Muñoz Rodríguez. Fls. 67 a 69, c. 1.
(23) Testimonio de María del Pilar Cardozo Aragón, quien rindió testimonio dentro del proceso en calidad de funcionaria de la entidad demandada. Fls. 74 a 76, c. 1.
(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 24 de 2005, Expediente 15125, C.P. Alier Hernández.
(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, Expediente 15722, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(26) Cfr., sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 8 de abril de 1987, Expediente 0562.
(27) Cfr., al respecto, sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sección Segunda, del 2 de noviembre de 1994, Expediente 6810.
(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 7 de 2007, Expediente 15722, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 7 de 2000, Expediente 12544, C.P. María Elena Giraldo.
(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 24 de 2008, Expediente 15981, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(33) Fl. 98, c. 2.
(34) De conformidad con las normas de creación y funcionamiento de Invicali aportadas al expediente (Fls. 22 a 29, c. 2), es posible extraer que, el fin principal de esta entidad, consiste en promover y fomentar políticas de desarrollo, mejoramiento y renovación del sector urbano del municipio, así como financiar proyectos de vivienda para las personas con menor capacidad económica.
(35) Fls. 3 a 6, c. 1.
(36) Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de marzo de 2010, Expediente 18569, C.P. Enrique Gil Botero.
(38) Resolución 497 del 20 de mayo de 1997.
(39) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 19031, C.P. Enrique Gil Botero.