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Timestamp: 2019-05-24 16:49:38
Document Index: 151105786

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 52', 'artículo 38', 'artículo 84', 'artículo 36']

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Boletín Nº 96 del miércoles 27 de abril de 2011
Artículo 1. Salario social básico: concepto, características y fines
Artículo 3. Unidad económica de convivencia independiente
Artículo 4. Definición de vivienda, alojamiento y residencia colectiva
Artículo 5. Titulares
Artículo 6. Edad
Artículo 7. Empadronamiento
Artículo 8. Tiempo de residencia en Asturias
Artículo 9. Requisitos adicionales
Artículo 10. Reconocimiento de prestaciones a personas procedentes de otras Comunidades Autónomas
Artículo 11. Reglas generales
Artículo 12. Rendimientos del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia
Artículo 13. Valoración de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena
Artículo 14. Valoración del rendimiento del trabajo por cuenta propia
Artículo 15. Pensiones
Artículo 16. Valoración de bienes inmuebles
Artículo 17. Capital mobiliario
Artículo 18. Vehículos a motor
Artículo 19. Recursos no computables
Artículo 20. Medidas e instrumentos para la incorporación social
Artículo 21. Atención preferente de los servicios públicos
Artículo 22. Concepto y características del programa personalizado de incorporación social
Artículo 23. Obligatoriedad del programa personalizado de incorporación social.
Artículo 24. Circunstancias que permiten la exoneración de la obligatoriedad del programa personalizado de incorporación social
Artículo 25. Contenido del programa personalizado de incorporación social.
Artículo 26. Proyectos de integración social
Artículo 27. Plan autonómico de inclusión social
Artículo 28. Proyectos locales de inclusión social
Artículo 29. Medidas en el ámbito psico-social y de la convivencia personal
Artículo 30. Medidas en el ámbito educativo-formativo
Artículo 31. Medidas en el ámbito socio-sanitario
Artículo 32. Medidas de inserción laboral
Artículo 33. Devengo
Artículo 34. Pago
Artículo 35. Reintegro de cobros indebidos
Artículo 36. Duración
Artículo 37. Obligaciones de las personas titulares del Salario Social Básico
Artículo 38. Circunstancias sobrevenidas con incidencia en la prestación
Artículo 39. Cambio de titular
Artículo 40. Cambio de domicilio
Artículo 41. Cambio de domiciliación para el ingreso de la prestación
Artículo 42. Causas y tiempo de suspensión
Artículo 43. Suspensión por plazo no superior a tres meses
Artículo 44. Suspensión por plazo entre tres y seis meses
Artículo 45. Suspensión por plazo no superior a doce meses
Artículo 46. Causas de extinción
Artículo 47. Órganos competentes para acordar la extinción
Artículo 48. Suspensión cautelar
Artículo 49. Personas responsables
Artículo 50. Circunstancias relevantes para graduar los efectos de la suspensión o la extinción
Artículo 51. Audiencia de las personas interesadas
Artículo 52. Limitación de los efectos de la suspensión y la extinción. Conservación de otras medidas
Artículo 53. Iniciación
Artículo 54. Contenido de la solicitud y documentación que debe acompañarla
Artículo 55. Actos de instrucción en los Centros municipales de Servicios Sociales
Artículo 56. Actos de instrucción en la Consejería competente en materia de servicios sociales
Artículo 57. Audiencia a la persona interesada
Artículo 58. Desistimiento
Artículo 59. Resolución y recursos
Artículo 61. Causas de revisión
Artículo 62. Iniciación a instancia de parte
Artículo 63. Iniciación de oficio del procedimiento de revisión de la prestación
Artículo 64. Petición de documentación
Artículo 65. Audiencia de la persona interesada
Artículo 66. Resolución
Competencias administrativas y participación social
Artículo 67. Competencias del Principado de Asturias
Artículo 68. Funciones de las entidades locales
Artículo 69. Colaboración entre Administraciones
Artículo 70. Entidades sin ánimo de lucro colaboradoras en las medidas de incorporación social
Artículo 71. Órgano de participación
1. El salario social básico es una prestación económica periódica de garantía de ingresos mínimos dirigida a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente.
1. La prestación económica del salario social básico ascenderá a la cantidad necesaria para completar los recursos de la unidad económica de convivencia independiente, hasta alcanzar las cuantías que fije anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
1. A los efectos del salario social básico se entiende por unidad económica de convivencia independiente:
1. A los efectos del salario social básico, se entenderá por vivienda o alojamiento todo marco físico utilizado de forma habitual como residencia por una o más personas que conviven de forma independiente, no sometidas a una autoridad o régimen comunes.
1. Pueden ser titulares del derecho al salario social básico, sobre la base de la unidad económica de convivencia independiente definida en el capítulo anterior, quienes residan en Asturias y, cumpliendo los requisito exigidos por la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de Salario Social Básico, y el presente reglamento, reúnan alguna de las siguientes condiciones:
Artículo 6. Edad.
Tendrán derecho a solicitar y ser titulares del Salario Social Básico las personas mayores de 25 años de edad, así como las personas menores de 25 años pero mayores de edad, que cumpliendo el resto de los requisitos y constituyendo una unidad económica de convivencia independiente, se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
Artículo 7. Empadronamiento.
1. La persona solicitante deberá estar empadronada en alguno de los concejos de Asturias en el momento de formular su solicitud de Salario Social Básico.
Artículo 8. Tiempo de residencia en Asturias.
1. El reconocimiento del salario social básico exige la residencia actual en Asturias y haber residido de forma efectiva e ininterrumpida como mínimo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud, en el mismo concejo o en concejos diferentes de forma sucesiva.
a) Emigrantes que retornen a Asturias y gocen de la condición política de asturianas o asturianos en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.
En este sentido, no será exigible el tiempo mínimo de residencia a las personas con ciudadanía española que, antes de residir en el extranjero hubiesen tenido su última vecindad administrativa en Asturias y hubiesen acreditado esa condición en el correspondiente consulado de España, así como sus descendientes que retornen a Asturias y que se hubiesen inscrito como españolas o españoles en la forma que determine la legislación del Estado.
1. El acceso al salario social básico está supeditado a la acreditación de los siguientes requisitos adicionales:
a) Constituir una unidad económica de convivencia independiente con una antelación mínima de 6 meses a la solicitud.
No conllevará la pérdida de este requisito la incorporación de nuevas personas al domicilio de la unidad económica de convivencia independiente, siempre que con ello no haya lugar a la diferenciación de nuevas unidades, en cuyo caso éstas deberán cumplir el tiempo necesario de convivencia para poder acceder a su vez a la prestación.
c) Haber solicitado previamente todas las prestaciones a las que cualquier integrante de la unidad económica de convivencia independiente tuviera derecho, incluidas las acciones legales por impago de alimentos y, en su caso, la solicitud al Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
Cuando no se hayan ejercitado las acciones correspondientes con anterioridad a la presentación de la solicitud, el órgano que conozca del expediente informará a la persona interesada de la necesidad de acreditar este requisito, y cuando dichas acciones estén pendientes de resolución, se reconocerá el salario social básico con carácter provisional, a reserva de lo que resulte de ese ejercicio y sin perjuicio de la compensación o reintegro de la prestación a que pueda haber lugar.
Artículo 10. Reconocimiento de prestaciones a personas procedentes de otras Comunidades Autónomas.
1. Podrán percibir el Salario Social Básico las personas procedentes de otras Comunidades Autónomas que fijen su residencia efectiva y permanente en Asturias y disfruten en la Comunidad Autónoma de origen de una prestación equivalente de garantía de ingresos mínimos, siempre que la Comunidad Autónoma que ha reconocido la prestación prevea expresamente la reciprocidad y la persona beneficiaria cumpla los requisitos que para su percepción están previstos en la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 25 de octubre, de Salario Social Básico, excepto el relativo al tiempo mínimo de residencia previa en Asturias.
1. Para la determinación de los recursos de la unidad económica de convivencia independiente se valorará el conjunto de los que dispongan todas las personas que la integren en el momento de la presentación de la solicitud, ya sea en concepto de rentas, retribuciones, pensiones o por cualquier otro título, incluidos los ingresos en especie.
1. Se entenderá por rendimientos del trabajo tanto los obtenidos por cuenta ajena como los procedentes de actividades económicas.
1. La estimación de los rendimientos procedentes del trabajo por cuenta ajena se realizará deduciendo de los ingresos brutos el importe a que asciendan las cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social; las cantidades abonadas por derechos pasivos o a mutualidades de carácter obligatorio; las cotizaciones obligatorias a Colegios de Huérfanos o instituciones similares, así como el porcentaje de retención establecido a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los ingresos brutos del trabajo personal por cuenta ajena.
1. La existencia de ingresos derivados de un trabajo por cuenta propia o de actividades económicas se justificará mediante la declaración fiscal del último ejercicio de la persona que los genera o, en su defecto o en caso de ser más actual, con el último pago trimestral a cuenta efectuado. No existiendo declaraciones fiscales, la justificación se efectuará por cualquier medio que deje constancia del rendimiento derivado de la actividad, sin perjuicio de la obligación de presentar los datos fiscales en cuanto se disponga de ellos.
1. Se consideran pensiones las prestaciones periódicas, temporales o permanentes, otorgadas por el Sistema Nacional de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva y no contributiva; por mutualidades públicas o privadas, o por organismos o entidades de otros países.
a) Si el inmueble tuviera el carácter de vivienda habitual de la unidad económica de convivencia independiente de acuerdo con el concepto de ésta que incluye la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral del mismo no exceda de veinte veces el importe anual del salario social básico que correspondería a la unidad económica de convivencia independiente en ausencia de recursos. Este límite podrá ser actualizado mediante resolución de la Consejería competente en materia de asuntos sociales.
Cuando el valor catastral exceda de esa cantidad se computarán como recursos el valor que supere el tope exento, minorado en el importe de las deudas contraídas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, acreditadas mediante certificación de la entidad de crédito acreedora, escritura pública o documentos de compra del bien. La parte de deuda minorable se calculará en proporción a su valor en relación al valor total del inmueble en el momento de su adquisición.
b) El resto de inmuebles se valorarán conforme a su valor catastral, salvo si se encuentran produciendo rendimientos, en cuyo caso será el valor neto de éstos el que se tenga en cuenta. Para calcular el valor neto se deducirá un cinco por ciento de los ingresos brutos.
Cuando se compute el valor catastral, el mismo se minorará en el importe de las deudas contraídas para la adquisición o rehabilitación del bien acreditadas mediante certificación de la entidad de crédito acreedora, escritura pública o documentos de compra del patrimonio objeto de la deuda. La parte de deuda minorable se calculará con el mismo criterio que para la vivienda habitual.
1. En el caso de concurrir a la formación del patrimonio de la unidad económica de convivencia independiente títulos, valores, derechos de crédito de fácil realización o dinero en depósitos bancarios, se computarán la totalidad de los mismos, tanto capital principal como sus intereses y rendimientos dinerarios o en especie.
1. Los vehículos a motor propiedad de cualquier integrante de la unidad económica de convivencia independiente computarán como recurso en cuantía del 75% de su valor estimado de mercado. El valor estimado de mercado se obtendrá por aplicación de las tablas de precios medios y porcentajes de amortización por antigüedad que anualmente publica el Ministerio competente en materia tributaria a efectos de la liquidación de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos Documentados y del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
1. Además de los establecidos en los artículos precedentes respecto de cada clase de bien o recurso de la unidad económica de convivencia independiente, no computarán como recursos a efectos de reconocimiento del salario social básico los siguientes conceptos:
b) Los ingresos procedentes de ayudas sociales de carácter finalista no periódicas o para paliar situaciones de emergencia social, siempre que se justifiquen documentalmente.
En particular, están excluidas las prestaciones cuya finalidad sea el acceso de las personas integrantes de la unidad económica de convivencia independiente a la educación, la formación profesional o el transporte, incluidos los incentivos económicos para facilitar la incorporación sociolaboral, hasta el límite del módulo básico del Salario Social para una persona en ausencia de recursos.
Las medidas para favorecer la incorporación social de las personas y unidades de convivencia beneficiarias del salario social básico se desarrollarán mediante:
Artículo 21. Atención preferente de los servicios públicos.
Las personas perceptoras del salario social básico figurarán entre la población de atención preferente en los programas autonómicos de empleo y formación profesional, salud, deshabituación de dependencias adictivas, compensación educativa, educación de personas adultas y acceso a la vivienda, de acuerdo con lo establecido en su respectiva norma reguladora.
1. El programa personalizado de incorporación social es una previsión de acciones cuya finalidad es evitar procesos de exclusión personal, social y laboral, y contribuir a la inclusión social de las personas titulares del salario social básico y de las demás que se integren en su unidad económica de convivencia independiente.
Artículo 23. Obligatoriedad del programa personalizado de incorporación social
1. La percepción del salario social reconocido se condiciona a la suscripción por parte de la persona titular de un programa personalizado de incorporación social, en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la notificación de su concesión, y a la participación activa en la ejecución de las medidas en él contenidas.
1. Quedarán exoneradas de la obligación de suscribir un programa personalizado de incorporación social, quienes no se hallen en condiciones de comprender el alcance de los compromisos y obligaciones que conlleva o de realizar efectivamente actividades para la incorporación social y las personas para quienes el seguimiento del programa supusiera un esfuerzo desproporcionado en relación con los resultados que razonablemente pudieran esperarse, como consecuencia, en todos los casos, de la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 25. Contenido del programa personalizado de incorporación social
1. El programa personalizado de incorporación social deberá incluir aquellas acciones de entre las recogidas en el catálogo de medidas de incorporación social que se contempla en el presente reglamento que resulten adecuadas a las capacidades y a las circunstancias personales, familiares y sociales de la persona beneficiaria del salario social básico y, en su caso, de su unidad económica de convivencia independiente.
1. El Principado de Asturias prestará su colaboración a los concejos para que éstos puedan elaborar, solos o de forma mancomunada de acuerdo con la zonificación de los servicios sociales, proyectos locales de inclusión social, en los que se recogerán las medidas que han de desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales. A tal efecto, la Administración autonómica podrá suscribir convenios de colaboración con las entidades locales en los que se especificarán las actuaciones a desarrollar, las obligaciones asumidas por las partes y las aportaciones económicas que se establezcan.
1. En el ámbito psico-social y de la convivencia personal, los programas personalizados de incorporación social, los proyectos de integración social, el Plan autonómico de inclusión social y, en su caso, los proyectos locales de inclusión social, desarrollarán acciones de capacitación en competencias personales y funcionales y en habilidades sociales vinculadas a actividades de la vida diaria, la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la participación social, en especial en su entorno de vida cotidiana.
1. En el ámbito educativo-formativo, los programas personalizados de incorporación social, los proyectos de integración social, el Plan autonómico de inclusión social y, en su caso, los proyectos locales de inclusión social, desarrollarán acciones de formación básica y ocupacional para adecuar el nivel de formación de partida y las competencias profesionales de las personas destinatarias de las mismas a las necesidades del sistema productivo o para la recuperación y el desarrollo de aptitudes, actitudes, hábitos y destrezas necesarias para el acceso a nuevos objetivos educativos y formativos.
1. En el ámbito socio-sanitario, los programas personalizados de incorporación social, los proyectos de integración social, el Plan autonómico de inclusión social y, en su caso, los proyectos locales de inclusión social, desarrollarán actuaciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, con especial atención a la problemática de salud mental y a aquellos casos en que se requiera un tratamiento médico especializado o acciones específicas de deshabituación de toxicomanías.
1. En el ámbito de la inserción laboral, los programas personalizados de incorporación social, los proyectos de integración social, el Plan autonómico de inclusión social y, en su caso, los proyectos locales de inclusión social, desarrollarán actuaciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo por cuenta ajena o que faciliten el autoempleo, mediante acciones de apoyo a la inserción laboral y de capacitación, información y orientación para la búsqueda de empleo.
1. El salario social básico concedido se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud, siempre que en ese momento se reúnan los requisitos legales y reglamentarios.
1. El pago de la prestación económica se efectuará por mensualidades vencidas, a través de la domiciliación en la entidad de crédito que indique la persona beneficiaria en su solicitud.
1. En caso de modificación de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión de la prestación, o porque la misma se extinga o suspenda por causa imputable a la persona beneficiaria, ésta vendrá obligada a reintegrar las cantidades que indebidamente haya podido percibir.
La percepción de la prestación del salario social básico se prolongará mientras la unidad económica de convivencia independiente reúna los requisitos establecidos en la Ley y en este Reglamento. El cumplimiento de tales requisitos se verificará con una periodicidad anual, incluyendo la evaluación del proceso de incorporación social, sin perjuicio de los tiempos que para ello señale el correspondiente programa personalizado de incorporación social.
Durante el tiempo de percepción, las personas beneficiarias del salario social básico tienen las siguientes obligaciones:
1. Las modificaciones sobrevenidas en el número de integrantes de la unidad económica de convivencia independiente o en los recursos económicos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación darán lugar a la revisión del mismo con efectos desde el primer día del mes siguiente a la fecha en que se produzca la variación.
1. Las incidencias en la unidad económica de convivencia independiente que conlleven el cambio de la persona titular deberán motivarse y justificarse documentalmente, pudiendo acompañarse un informe de los Servicios Sociales municipales o de los equipos que designe la Consejería competente en materia de asuntos sociales o de ambos conjuntamente.
1. Los cambios de domicilio deberán comunicarse en el plazo de un mes, en un documento normalizado suscrito por la persona titular de la prestación, acompañando al mismo una certificación emitida por los organismos competentes que acredite el empadronamiento y la situación de convivencia actuales, así como, en su caso, la documentación que acredite cualquier otra incidencia en la unidad económica de convivencia independiente con relevancia en el importe de la prestación económica.
1. La variación en la domiciliación especificada por la persona beneficiaria en su solicitud para efectuar el abono de la prestación deberá formalizarse en un impreso normalizado, firmado por la persona interesada y por una persona responsable de la entidad de crédito en que solicite que se efectúen los ingresos.
1. La prestación económica del Salario Social Básico podrá ser suspendida por variación de las circunstancias tenidas en cuenta para su concesión que implique una pérdida transitoria de los requisitos exigidos para ello, o a consecuencia de incumplimiento de sus obligaciones por la persona beneficiaria.
1. La percepción del salario social básico será suspendida por un plazo no superior a tres meses, después de que la persona beneficiaria haya sido apercibida dos veces por alguna de estas dos conductas:
1. La percepción del salario social básico será suspendida por un plazo de entre tres y seis meses, con obligación de devolver o reintegrar lo indebidamente percibido, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
1. La percepción del salario social básico será suspendida por un plazo no superior a doce meses, con obligación de devolver o reintegrar lo indebidamente percibido, cuando concurra alguna de las siguientes causas:
1. El órgano competente para acordar la extinción, en su caso a propuesta de los Servicios Sociales municipales o del órgano autonómico competente para la tramitación del procedimiento, podrá, como medida provisional, suspender de forma cautelar la percepción de la prestación cuando existan indicios fundados de concurrencia de alguna de las causas de extinción.
1. La suspensión o la extinción habrán de basarse en acciones u omisiones de las personas titulares de la prestación que sean subsumibles en alguno de los supuestos tipificados en las dos secciones anteriores de este capítulo.
1. En los procedimientos de suspensión y extinción de la prestación será preceptiva la audiencia de la persona interesada.
Artículo 52. Limitación de los efectos de la suspensión y la extinción y conservación de otras medidas
1. En los supuestos de suspensión y extinción de la prestación, así como durante el período de carencia para formular una nueva solicitud, si lo hubiese, y salvo en los casos en que en la unidad económica de convivencia independiente exista otra persona que reúna los requisitos para ser titular del derecho, la Consejería competente en materia de servicios sociales deberá adoptar las medidas necesarias para evitar o, en su caso, disminuir al máximo la desprotección de las personas que formen parte de la unidad económica de convivencia independiente.
1. El procedimiento para la concesión del salario social básico se iniciará a instancia de parte mediante solicitud dirigida al Centro de Servicios Sociales competente de acuerdo con la zonificación establecida por la normativa autonómica en la materia. La solicitud se presentará en los registros del Ayuntamiento del concejo donde resida la persona interesada, en los centros municipales de Servicios Sociales o en cualquiera de los registros a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. La solicitud se ajustará al modelo normalizado establecido por resolución de la Consejería competente en materia de servicios sociales, que será la encargada de determinar los documentos que habrán de acompañarse para justificar el cumplimiento de los requisitos legal y reglamentariamente exigidos, en el marco de los criterios que se establecen en este artículo y sus concordantes del presente reglamento.
10º.Cuando cualquiera de las personas que conviven en el mismo domicilio sea acreedora de derechos de carácter económico derivados de cualquier título legal o convencional, deberá aportar una copia del documento público o privado del que deriven, indicando su importe, o un documento que acredite que se han ejercido las acciones judiciales oportunas para su cobro.
1. Compete al Centro municipal de Servicios Sociales que territorialmente corresponda la función de instrucción de todos aquellos requisitos que, teniendo un ámbito local, son necesarios para la concesión del salario social. Asimismo examinará o comprobará los datos correspondientes a la composición de la unidad económica de convivencia independiente de la persona solicitante y la documentación sobre sus recursos económicos.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales, recibido y registrado el expediente, comunicará a la persona interesada la fecha de entrada del mismo.
Instruido el procedimiento se pondrá de manifiesto a la persona interesada para que, en el plazo de diez días, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Dicho trámite se realizará conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, y se podrá prescindir del mismo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la persona interesada.
1. La persona solicitante podrá desistir de su solicitud por escrito dirigido a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales deberá resolver en el plazo máximo de dos meses contados a partir de la fecha de entrada del expediente. La resolución deberá ser notificada a la persona interesada.
1. La persona beneficiaria podrá renunciar a su prestación con posterioridad a la recepción de la notificación de la resolución de reconocimiento, con los mismos requisitos, cautelas y efectos que en el caso de desistimiento.
1. Los expedientes de salario social básico podrán revisarse, de oficio o a instancia de parte, por circunstancias sobrevenidas a la concesión derivadas de cambios de domicilio, variación en los requisitos tenidos en cuenta en la concesión, modificación en el composición de la unidad económica de convivencia independiente, o variación de los ingresos declarados en la solicitud que puedan determinar una variación de la cuantía de la prestación, su suspensión o su extinción.
1. El procedimiento de revisión se iniciará a instancia de parte por comunicación de variación de circunstancias por la persona beneficiaria, en el plazo de un mes desde que se produzcan las incidencias que puedan afectar a su prestación.
1. El procedimiento de revisión de la prestación se iniciará por acuerdo del órgano competente para resolver, a consecuencia de comunicación de los servicios sociales municipales o por conocimiento directo de la existencia de circunstancias que puedan tener incidencia en la prestación.
1. En caso de que para la resolución del procedimiento iniciado a instancia de parte, se aprecie la necesidad de documentación adicional que resulte esencial para resolver, el órgano competente requerirá su aportación a la persona interesada, concediéndole un plazo de diez días para hacerlo, con la advertencia de que si no lo hace el expediente quedará paralizado y, transcurridos tres meses en esa situación, caducará.
1. Instruido el procedimiento, se pondrá de manifiesto a la persona interesada para que en el plazo de diez días, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
1. El órgano competente resolverá expresamente el procedimiento de revisión en el plazo de dos meses desde su inicio.
1. Corresponde al Principado de Asturias, a través de las Consejerías competentes en la materia, el ejercicio de las siguientes competencias:
Corresponde a las entidades locales, responsables de los centros municipales de servicios sociales, en el marco de los convenios que se celebren con la Administración autonómica para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales y de acuerdo con la zonificación prevista en la normativa correspondiente, el ejercicio de las siguientes funciones:
1. La coordinación entre las Administraciones autonómica y locales se desarrollará a través de los oportunos convenios que se celebren en el marco del Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales, y habrá de facilitar en todo caso:
1. Las Administraciones autonómica y locales, conjuntamente o con conocimiento mutuo en los correspondientes ámbitos territoriales, podrán suscribir convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro que dispongan de los medios adecuados para la realización de actividades en materia de incorporación social de las personas beneficiarias del salario social básico.
El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias ejercerá las funciones que se le atribuyen en el artículo 36 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, en las materias a que se refiere este reglamento.