Source: https://www.otrosi.net/penal/jurisprudencia/2019-567178
Timestamp: 2019-06-24 17:37:27
Document Index: 6054597

Matched Legal Cases: ['artículo 277', 'artículo 852', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 23', 'artículo 57', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 849', 'artículo 741', 'artículo 849', 'artículo 852', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 901']

Sentencia Tribunal Supremo Sala 2ª 29/04/2019
Tribunal Supremo Sala 2ª, 29-04-2019 , nº 516/2018, rec.221/2019,
Pte: Lamela Díaz, Carmen
El Juzgado de instrucción número 4 de Alcalá de Guadaira de Sevilla, incoó, Procedimiento Abreviado con el número 20/2014, por delito de descubrimiento y revelación de secretos, contra Doña Luisa , y concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya Sección Tercera, dictó sentencia en fecha 27 de julio de 2017 , en el Rollo de Sala Procedimiento Abreviado n.º 1856/2016, con los siguientes hechos probados:
<< ÚNICO.- Se declara expresamente probado que el matrimonio conformado por la acusada, Luisa , DNI NUM000 , mayor de edad por cuanto nacida el NUM001 de 1964, y sin antecedentes penales, y Fidel , fue disuelto por divorcio en virtud de sentencia de fecha 16 de enero de 2008 dictada en Juicio de Divorcio 236/06 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Guadaira .
En dicho proceso, mediante providencia de fecha 16 de mayo de 2012, se acordó: "Habiéndose observado que no fueron practicadas dos pruebas formuladas por la parte actora, líbrese oficio a la A.E.A.T. y al I.N.E. al objeto de que informen a este Juzgado a la mayor brevedad posible acerca de los ingresos y rendimientos de las cuentas corrientes y acciones de las que pudiera ser titular el Sr. Fidel a la fecha de 30/01/2006. Así mismo, habiéndose observado un oficio relativo a fondos de inversión 2006 del Sr. Fidel emitido por la A.E.A.T. Mod. 187 (R) sin que conste escrito de presentación y aún menor traslado a la parte contraria conforme a lo establecido en elartículo 277 de la L.E.C. retírese el mismo de los autos y quede en la Secretaría de este Juzgado hasta tanto se sepa su procedencia".
Consultada la base de datos de accesos al Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, guardados desde el 1 de enero de 2010, no consta que Luisa , desde esa fecha, accediera a los datos que la Agencia Tributaria cede a través de las consultas publicadas en el Punto Neutro Judicial.>>
<<Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Luisa de los delitos por los que viene acusada, con declaración de oficio de las costas del procedimiento.
Esta sentencia no es firme y cabe interponer contra ella recurso de casación que deberá prepararse en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde la última notificación.>>
Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, por D. Fidel , que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
La representación del recurrente basa su recurso de casación en los siguientes motivos:
Primero: Por vulneración de Precepto Constitucional, al amparo de lo dispuesto en el art. 852 de la LECrm . y art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el art. 18.1 y 4 de la CE .
Segundo : Por vulneración de Precepto Constitucional, al amparo de lo dispuesto en los arts. 852 de la LECrm . y art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el art. 24 de la CE , al estimarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de valoración de la prueba válidamente practicada conforme a las garantías constitucionales.
Tercero: Infracción de Ley al amparo del art. 849.1º de la LECrm, por entenderse vulnerados, por inaplicación, los arts. 197.2 y 198 del CP , e infracción de los arts. 3 , 7 , 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y arts. 34 y 95 de la Ley General Tributaria y demás legislación concordante.
Cuarto: Por Infracción de Ley al amparo del art. 849.1º de la LECrm, por entenderse vulnerados por inaplicación los arts. 197.3 y 6 del CP .
Quinto: Por Infracción de Ley al amparo del art. 849.1º de la LECrm, por entenderse vulnerados por inaplicación los arts. 23 y 57.2 del CP .
Sexto.- Por Infracción de Ley al amparo del art. 849.2º de la LECrm, al entender que existe error de hecho en la apreciación de la prueba al contener la sentencia unas valoraciones de los documentos absolutamente erróneas con su contenido y significado
Instruidas las partes del recurso, el Ministerio fiscal y la parte recurrida, solicitan la inadmisión de todos los motivos, impugnándolos subsidiariamente; la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 23 de abril de 2019.
Recurre en casación Don Fidel contra la sentencia núm. 364/2017, de fecha 27 de julio de 2017, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en el Rollo de Sala 1856/2016 , dimanante de la causa Procedimiento Abreviado núm. 20/2014, instruida por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Alcalá de Guadaira, en la que ha sido absuelta Doña Luisa del delito de descubrimiento y revelación de secretos, del que venía siendo acusada por el Ministerio Fiscal y por la Acusación Particular ejercitada por Don Fidel , así como del delito de infidelidad en la custodia de documentos en concurso con un delito de violación de secretos, por el que alternativa y subsidiariamente también era acusada por la citada Acusación Particular, con declaración de las costas de oficio.
1. Por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el artículo 18.1 y 4 de la Constitución Española .
2. Por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el artículo 24 de la Constitución Española , al estimarse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de valoración de la prueba válidamente practicada conforme a las garantías constitucionales.
3. Por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entenderse vulnerados, por inaplicación, los artículos 197.2 y 198 del Código Penal , e infracción de los artículos. 3 , 7 , 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y artículos. 34 y 95 de la Ley General Tributaria y demás legislación concordante.
4. Por Infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entenderse vulnerados por inaplicación los artículos. 197.3 y 6 del Código Penal .
5. Por Infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por entenderse vulnerados por inaplicación los artículos. 23 y 57.2 del Código Penal .
6. Por Infracción de Ley al amparo del art. 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al entender que existe error de hecho en la apreciación de la prueba al contener la sentencia unas valoraciones de los documentos absolutamente erróneas con su contenido y significado.
Comienza el recurrente desarrollando el segundo de los motivos por los que formula su recurso, el cual se deduce por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el artículo 24 de la Constitución Española , al estimar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de valoración de la prueba válidamente practicada conforme a las garantías constitucionales.
El tercer, el cuarto y el quinto motivo del recurso se deducen por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por entenderse vulnerados, por inaplicación, los artículos 197.2 , 3 y 6 , 198, 23 y 57.2 del Código Penal , e infracción de los artículos. 3 , 7 , 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y artículos. 34 y 95 de la Ley General Tributaria y demás legislación concordante.
Frente a ello opone el recurrente que la acción de la acusada le causó grave perjuicio moral y, además, la acción se realizó en su perjuicio pues los datos de los que se apropió y más tarde utilizó son de los considerados sensibles. Añade, que el perjuicio que expresa el tipo penal del art. 197.2 del Código Penal se refiere al peligro de que los datos albergados en las bases de datos protegidas puedan llegar a ser conocidos por personas no autorizadas. Recuerda que estamos ante un delito de peligro que se consuma con la realización de la acción sin necesidad de resultado lesivo alguno. En este sentido cita la sentencia de esta Sala núm. 968/2017, de 25 de mayo , que establece que el carácter sensible de los datos a los que accede incorpora el perjuicio típico.
Considera también el impugnante que los datos patrimoniales suyos obtenidos por la Sra. Luisa eran de carácter reservado y confidencial conforme establecen expresamente los artículos 34 y 95 de la Ley General Tributaria y concordantes de su Reglamento, así como los arts. 3 , 7 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos . Recuerda que hasta el Tribunal Constitucional en sus sentencias 24-05-2001 y de 07-11-2011 afirma que los datos con trascendencia económica y fiscal están incluidos en el ámbito de intimidad constitucionalmente protegida. Además insiste en que se trata de datos sensibles, que, según la jurisprudencia, son aquellos que pertenecen al reducto de los que normalmente se pretende que no trasciendan fuera de la esfera en que se desenvuelve la privacidad de la persona, los que el hombre medio de nuestra cultura así lo considera por ser inherente al ámbito de su intimidad más estricta. Y conforme señala la sentencia de esta Sala (sentencia núm. 532/2015, de 23 de septiembre ), el acceso a los datos perjudica a su titular cuando se trate de datos sensibles por su naturaleza.
Añade que cuando la acusada obtuvo el documento no existía ningún "trance litigioso entre las partes". No había ningún procedimiento en marcha y ni siquiera el Juzgado ante el que se tramitó el procedimiento de liquidación de gananciales tenía derecho a obtener los datos, y así fue informado por la propia Agencia Tributaria. Concluye señalando que concurren todos los elementos del tipo contemplado en los artículos 197.2 y 3 y 198 del Código Penal , desde el momento en que la acusada tomó conocimiento de los datos personales sensibles e inherentes a la intimidad del Sr. Fidel , con pleno conocimiento de estar realizando una actuación contraria a la norma que permite su acceso, procediendo también a revelarlos a terceros mediante su aportación al procedimiento civil de liquidación de gananciales.
También considera que el delito de descubrimiento de secretos se consumó el 26 de enero de 2009 y no en el año 2012. La acción posterior de utilización del documento y exhibición al funcionario en 2012 suponen la revelación del contenido ( artículo 197.3 del Código Penal ), pero, en cualquier caso, con carácter previo, en 2009, ya se había consumado el apoderamiento ilícito de los datos y, por ello, el delito. Además, pone de manifiesto que el movimiento que refleja el documento Mod. 187 obtenido ilícitamente por la acusada tuvo lugar el 10 de noviembre del año 2006, es decir, casi diez meses después de producirse la disolución de la sociedad de gananciales. Por ello ni el conocimiento de los datos contenidos en el documento eran consustanciales al procedimiento civil de liquidación de gananciales, ni ella tenía derecho a conocerlos porque se referían a unos movimientos de capital realizados con posterioridad a la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales y a un Fondo de inversión del Sr. Fidel , fondo de carácter privativo que, por tanto, no podía estar incluido en el inventario de bienes gananciales que se realizaba en ese procedimiento civil.
Igualmente razona el recurrente que concurre el ánimo de lucro de la acusada, que debe llevar a la aplicación del subtipo agravado previsto en el apartado 6º del artículo 197 del Código Penal , ya que la acción desplegada por la Sra. Luisa estaba dirigida a hacer suya toda la información económica y patrimonial de su exmarido con dos objetivos: causarle a él un claro perjuicio al sacar a la luz esos datos y obtener posteriormente, con su utilización, un lucro económico consistente en hacer suyo el dinero que sabía era privativo de su exmarido, haciendo creer de paso al Juez civil que su exmarido ocultaba bienes gananciales maliciosamente.
Por último defiende que, acreditada la existencia anterior a los hechos de un matrimonio entre la acusada y el denunciante, sería de aplicación la agravante de parentesco contemplada en el artículo 23 del Código Penal , en tanto que es en atención a dicha relación por la que se cometió el delito, así como las consecuencias 'ex lege' impuestas por el artículo 57.2 del Código Penal .
1. El motivo por infracción de Ley del artículo. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la vía adecuada para discutir ante este Tribunal si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley. Pero siempre partiendo del relato fáctico que contiene la sentencia, sin alterar, suprimir o añadir los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia.
Señala la sentencia 628/2017, de 21 de septiembre , que este precepto, que autoriza la denuncia del error de derecho en la aplicación de una norma penal de carácter sustantivo, impone como presupuesto metodológico la aceptación del hecho probado, hasta el punto que el razonamiento mediante el que se expresa el desacuerdo con la decisión del Tribunal no puede ser construido apartándose del juicio histórico. De lo contrario, se incurre en la causa de inadmisión -ahora desestimación- de los arts. 884.3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
En análogos términos se pronuncia la sentencia de esta Sala 842/2014, de 10 de diciembre , que, con referencia a otras sentencias ( SSTS 8/3/2006 , 20/7/2005 , 25/2/2003 , 22/10/2002 ; ATC 8/11/2007 ), señala que el motivo formulado al amparo del art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , es el camino hábil para cuestionar ante el Tribunal de casación si el Tribunal de instancia ha aplicado correctamente la Ley, es decir, si los preceptos aplicados son los procedentes o si se han dejado de aplicar otros que lo fueran igualmente, y si los aplicados han sido interpretados adecuadamente, pero siempre partiendo de los hechos que se declaran probados en la sentencia, sin añadir otros nuevos, ni prescindir de los existentes. De tal manera, que la falta de respeto a los hechos probados o la realización de alegaciones jurídicas contrarias o incongruentes con aquellos, determina la inadmisión del motivo, -y correspondientemente su desestimación-conforme lo previsto en el art. 884. 3 Ley de Enjuiciamiento Criminal .
2. Teniendo en cuenta la anterior doctrina, debemos atenernos al relato fáctico de la sentencia impugnada, en el que se declara que:"...el matrimonio conformado por la acusada Luisa (...) y Fidel , fue disuelto por divorcio en virtud desentencia de fecha 16 de enero de 2008 dictada en Juicio de Divorcio 236/06 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Guadaira.
Por ese mismo Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcalá de Guadaira, y en virtud de demanda formulada por Luisa contra Fidel , fue incoado Juicio Ordinario 131/10 sobre formación de inventario en procedimiento de liquidación de gananciales, en el cual se dictósentencia de fecha 30 de enero de 2013que fue confirmada porsentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 24 de marzo de 2015.
3. En el caso examinado, la sentencia de instancia realiza un estudio ponderado de la jurisprudencia de esta Sala en torno al delito de revelación de secretos, en su modalidad de acceso a datos de carácter personal o familiar, por el que la Sra. Luisa venía siendo acusada. Tras ello, analiza el supuesto sometido a su consideración, y llega a la conclusión, en la línea marcada por la sentencia de esta Sala núm. 557/2017, de 13 de julio , de que no ha existido menoscabo sustancial del bien jurídico que tutela la norma penal contenida en el artículo 197.2 del Código Penal , procediendo en base a ello a absolver a la acusada del delito de revelación de secretos del que venía siendo imputada.
El bien jurídico protegido en este delito es la libertad o privacidad informática de los individuos proyectada sobre los datos personales. En este sentido, señalábamos en la sentencia núm. 586/2016 , que el bien jurídico objeto de protección no es la intimidad, entendida en el sentido que proclama el artículo 18.1 de la Constitución Española , sino la autodeterminación informativa a que se refiere el artículo 18.4 del texto constitucional.
En este sentido, conforme a la jurisprudencia mayoritaria de esta Sala, es necesario hacer una interpretación sistemática del precepto entendiendo que el acceso debe realizarse en perjuicio del titular de los datos. De esta forma, en la sentencia núm. 1328/2009, de 30 de diciembre , señalábamos con relación a las conductas tipificadas en el art. 197.2 del Código Penal que "es necesario realizar una interpretación integradora en el sentido de que como en el inciso primero, se castigan idénticos comportamientos objetivos que el inciso 2º (apodere, utilice, modifique) no tendría sentido de que en el mero acceso no se exija perjuicio alguno y en conductas que precisan ese previo acceso añadiendo otros comportamientos, se exija ese perjuicio, cuando tales conductas ya serian punibles -y con la misma pena- en el inciso segundo. La solución sería -partiendo de que en el término "tercero" debe incluirse el afectado, en su intimidad, sujeto pasivo, al que esencialmente se refiere el tipo- entender que los apoderamientos, accesos, utilizaciones o modificaciones de datos de carácter personal, realizadas en perjuicio de tercero se incluirían en el inciso inicial del art. 197.2, y en cambio, en el inciso segundo deberían ser subsumidas las conductas de acceso en perjuicio del titular de los datos".
El objeto de protección son los datos reservados de carácter personal o familiar. Conforme dispone el artículo 4.1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos(RGPD), de aplicación directa en toda la Unión Europea a partir del 25 de mayo de 2018, ha de entenderse por "datos personales" toda información sobre una persona física identificada o identificable.
Esta especial protección se justifica en el hecho de que, debido a la información a la que se refiere este tipo de datos, el tratamiento indebido de los mismos, además de lesionar el derecho fundamental a la protección de datos, podría dañar otros derechos fundamentales. Tales datos se encontraban regulados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente en el momento de los hechos y en el artículo 9 de la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y son aquellos que revelan la ideología, afiliación sindical, religión y creencias de una persona física; los que hacen referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual; y los relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas.
Igualmente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, diferencia entre datos personales y datos sensibles. Se refiere a estos últimos en los considerandos (51) y siguientes a los que atribuye especial protección debido a que el contexto de su tratamiento podría entrañar importantes riesgos para los derechos y las libertades fundamentales. En armonía con ello, en el artículo 9.1 indica que los datos sensibles merecen una protección especial, bien por su naturaleza o bien por su relación con los derechos y libertades fundamentales de las personas. De esta manera prohíbe su tratamiento con determinadas excepciones. Se trata de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexuales de una persona física.
El tratamiento de tales datos era pertinente conforme a lo dispuesto en los artículos 95 h ) y 99.7 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria . La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales establece en su artículo 2.4 que el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en elReglamento (UE) 2016/679y la propia Ley Orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de laLey Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.Por su parte, el Reglamento (UE) 2016/679señala en su considerando (20) que "Aunque el presente Reglamento se aplica, entre otras, a las actividades de los tribunales y otras autoridades judiciales, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros pueden especificarse las operaciones de tratamiento y los procedimientos de tratamiento en relación con el tratamiento de datos personales por los tribunales y otras autoridades judiciales. A fin de preservar la independencia del poder judicial en el desempeño de sus funciones, incluida la toma de decisiones, la competencia de las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales cuando los tribunales actúen en ejercicio de su función judicial". Igualmente, en el considerando (52) destaca que "Debe autorizarse asimismo a título excepcional el tratamiento de dichos datos personales cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial". A continuación, el artículo 6 del Reglamento dispone en su apartado 1 la licitud del tratamiento si se cumplen determinadas condiciones, entre las que relaciona en las letras e) y f) los siguientes supuestos: cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, y para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
En análogos términos se pronunciaba el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, vigente en el momento de los hechos objeto de enjuiciamiento.
El sexto motivo del recurso se articula por Infracción de Ley al amparo del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al entender que existe error de hecho en la apreciación de la prueba por contener la sentencia unas valoraciones de los documentos absolutamente erróneas con su contenido y significado.
1. En relación al motivo de casación por error en la apreciación de la prueba esta Sala (sentencias núm. 936/2006, de 10 de octubre , 778/2007, de 9 de octubre y 424/2018, de 26 de septiembre ), viene exigiendo para su prosperabilidad la concurrencia de los siguientes elementos: 1) Ha de fundarse, en una verdadera prueba documental, y no de otra clase, como las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; 2) Ha de evidenciar el error de algún dato o elemento fáctico o material de la Sentencia de instancia, por su propio y literosuficiente poder demostrativo directo, es decir, sin precisar de la adición de ninguna otra prueba ni tener que recurrir a conjeturas o complejas argumentaciones; 3) Que el dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, pues en esos casos no se trata de un problema de error sino de valoración, la cual corresponde al Tribunal, artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ; 4) Que el dato contradictorio así acreditado documentalmente sea importante en cuanto tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo.
Por tanto -se dice en las STS 765/2001, de 19 de julio - el motivo de casación alegado no permite una nueva valoración de la prueba documental en su conjunto sino que exclusivamente autoriza la rectificación del relato de hechos probados para incluir en él un hecho que el Tribunal omitió erróneamente declarar probado, cuando su existencia resulta incuestionable del particular del documento designado, o bien para excluir de dicho relato unos hechos que el Tribunal declaró probados erróneamente, ya que su inexistencia resulta de la misma forma incuestionable del particular del documento que el recurrente designa. Además, como se ha dicho, es preciso que sobre el particular cuestionado no existan otros elementos de prueba, ya que en esos casos, lo que estaría bajo discusión, sería la racionalidad del proceso valorativo por la vía de la presunción de inocencia en caso de sentencias condenatorias o de la interdicción de la arbitrariedad, en todo caso, aunque sus efectos de su estimación fueran distintos el referido vicio de error en la valoración probatoria presupone la autarquía demostrativa del documento que ha de serlo desde dos planos: 1º) El propiamente autárquico, lo que se ha venido denominando como literosuficiente, es decir que no precise de la adición de otras pruebas para evidenciar el error; y 2º) que no resulte contradicho por otros elementos de prueba obrantes en la causa, como, siguiendo lo expresamente establecido en el precepto, viene también señalando una reiterada doctrina jurisprudencial. ( STS 310/2017, de 3 de mayo ).
El cauce del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , elegido por el recurrente, es erróneo dado que este motivo exige como primer requisito que el error surja de forma incontestable del particular de un documento.
Como decimos en la sentencia núm. 1205/2011, de 15 de noviembre , este motivo de casación no permite una nueva valoración de la prueba en su conjunto ni hace acogible otra argumentación sobre la misma que pueda conducir a conclusiones distintas de las reflejadas en el relato fáctico de la sentencia, que es lo que pretende el recurrente.
El primer motivo del recurso se deduce por vulneración de precepto constitucional, al amparo de lo dispuesto en el artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , ambos en relación con el artículo 18.1 y 4 de la Constitución Española .
De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede imponer a la recurrente las costas de este recurso.