Source: http://palido.deluz.mx/articulos/3778
Timestamp: 2017-09-19 13:27:11
Document Index: 295426601

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 3']

El presente trabajo habla sobre la importancia del estudio del Ordenamiento Territorial no sólo como una herramienta que permite organizar el uso, aprovechamiento y ocupación del territorio, sino también de la posibilidad de adecuarse a las necesidades de la población, en especial en materia de regularización de la tenencia de la tierra en nuestro país, así como la precisión de recomendaciones generadas por los instrumentos de planificación y gestión para cumplir los propósitos de un desarrollo territorial sustentable.
De ahí que se analizarán los distintos esquemas de regularización de tenencia de la tierra en México, reconociendo en ello una estrategia para remediar el problema, pero no para prevenirlo. Además de ser un remedio de forma y no de fondo, pero sin duda es el principal reto del ordenamiento territorial en el país. Particularmente, se refiere a los distintos escenarios que se observan en materia de regularización de la tenencia de la tierra, dependiendo del régimen jurídico del suelo: social, privado o público. Cada uno de estos tiene sus retos específicos, pero todos redundan a la satisfacción de la certeza jurídica, que influye en el desarrollo urbano sustentable a través del ordenamiento territorial.
The present work talks about the importance of the study of the Territorial Ordering not only as a tool that allows to organize the use, exploitation and occupation of the territory, but also of the possibility of adapting itself to the needs of the population, especially in the matter of regularization of land tenure in our country, as well as the precision of recommendations generated by the planning and management instruments to fulfill the purposes of sustainable territorial development.
Hence, the different schemes of regularization of land tenure in Mexico will be analyzed, recognizing in this a strategy to remedy the problem, but not to prevent it. Besides being a remedy of form and not of substance, it is undoubtedly the main challenge of the territorial ordering in the country. Particularly, it refers to the different scenarios that are observed in the matter of regularization of land tenure, depending on the legal regime of the soil: social, private or public. Each of these has its specific challenges, but all contribute to the satisfaction of legal certainty, which influences sustainable urban development through land-use planning.
Ordenamiento territorial, Asentamientos humanos, Regularización de la tenencia de la tierra, Desarrollo urbano, Desarrollo sostenible
Territorial Ordering, Human settlements, Regularization of land tenure, Urban Development, Sustainable development
En México el crecimiento de las ciudades y la forma en la que se van organizando es de gran preocupación; esta expansión urbana desde finales de la década de los cincuenta hasta la fecha ha conllevado a generar múltiples disposiciones que regulen la planeación y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos.
Al respecto, dice Francisco Covarrubias lo siguiente: “Las principales condicionantes de la urbanización han sido el crecimiento de la población, la migración campo-ciudad y, en las últimas décadas, ciudad-ciudad, así como la expansión física de las ciudades.”1 Por lo tanto, ante esa dinámica han surgido otras situaciones que requieren forzosamente de la intervención del Estado para garantizar un desarrollo adecuado de las ciudades, pero no sólo eso sino de propiciar una mejor calidad de vida para quienes viven en ellas.
El tema regulatorio es esencialmente uno de fortaleza del Estado de Derecho, por lo cual se reseña el marco jurídico correspondiente. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25, 27, 73 y 115 nos muestra que es facultad del Estado establecer las directrices en materia de desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. Desde 1976 se cuenta con una legislación específica al respecto, cuando se promulgó la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH); esta norma fue abrogada recientemente y sustituida por la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, adecuándose a la realidad de los tiempos. Además, se revisarán algunos elementos jurídicos internacionales, locales y de planeación.
Finalmente se abordará el tema de la regularización de la tenencia de la tierra a la luz de los distintos escenarios que se presentan en la realidad mexicana. Concretamente se tratarán los distintos tipos de regularización dependiendo de su régimen jurídico: propiedad social, propiedad privada y propiedad pública. Uno de ellos, más que los otros, impacta significativamente en temas ambientales, pero todos indudablemente, afectan al adecuado desarrollo del entorno urbano y por ende la calidad de vida de quienes viven en las urbes.
Por principio, es esencial determinar qué es ordenamiento territorial. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano vigente en el país, “el Ordenamiento Territorial es una herramienta de planeación para cumplir los propósitos de desarrollo territorial.”2 Esta definición es muy vaga, por lo que se retoma la conceptualización ofrecida por la Secretaría de Desarrollo Social y citada por Isabel Vargas, que precisa “es el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el territorio nacional.”3 Entonces, no sólo es una herramienta, sino todo un proceso que garantiza un desarrollo territorial de forma equilibrada, es decir, buscando la sustentabilidad tanto poblacional como económica. El desarrollo de las ciudades en México no ha sido del todo ordenado, teniendo que recurrir a muchas políticas para remediar, en lugar de prevenir. Por lo tanto, en aras del ordenamiento territorial han surgido diversas políticas para la regularización de la tenencia de la tierra. Cosa en la que se ahondará más adelante.
Finalmente, se agrega esta otra definición ampliamente difundida de Óscar Lücke y planteada por la FAO, resulta más amplia y explicativa, pues considera al ordenamiento territorial como: “una política de Estado y un instrumento de planificación del desarrollo, desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa, que orienta la apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente, tanto para las actuales generaciones, como para las del futuro (Lücke, 1999).”4
Así, se aprecia la amplitud de la normatividad y políticas urbanas para propiciar un entorno en el que exista un desarrollo de vida digna, pero no solamente en el momento de su aplicación, sino aspirando a que ellos se prolongue hacia el futuro.
En el caso mexicano, se aprecia un desarrollo urbano desordenado, donde la acción del Estado ha tenido que enfocarse en remediar o regularizar el desorden, en lugar de prevenirlo. Esa es la perspectiva principal del presente trabajo.
Las primeras agrupaciones de los seres humanos convergieron en zonas y regiones en las que las condiciones naturales les permitían la sobrevivencia de forma sencilla. Estas ciudades al desarrollarse se transformaron en “ecosistemas”, los cuales hoy en día son el hábitat natural de la mayoría de los seres humanos. El grueso de la humanidad desarrolla sus existencias en las ciudades y ya no dispersos en comunidades rurales. Por lo tanto, hemos terminado por asumir de una forma más o menos generalizada que la ciudad es sinónimo de civilización.
En ese sentido, para Jordi Borja, “la ciudad es (…) la realización humana más compleja, la producción cultural más significante que hemos recibido de la historia.”5 También percibe una realidad cambiante de la ciudad y reconoce que hoy la ciudad padece una realidad desintegradora como antes también lo fue. “La ciudad del pasado no era casi nunca ni equilibrada territorialmente, ni cohesionada socialmente, ni integrada culturalmente, ni democrática políticamente. (…) El hecho es que la ciudad-metrópolis-región urbana actual adolece de enormes desigualdades, disfunciones y despilfarros que por su escala y naturaleza merecen ser considerados específicos de la actual revolución urbana.”6
En cuanto a las distintas necesidades sociales en materia de regularización, cuya intención es promover un ordenamiento territorial —al menos jurídico— que permita a los habitantes tener certeza jurídica y, a partir de ello, la consolidación de su calidad de vida. Además, es importante proponer una visión prospectiva al respecto, que además resulta ad hoc para el problema a analizarse. Dice Covarrubias: “El mayor crecimiento de la población se producirá en las ciudades de mayor tamaño y con mayores problemas de gestión, correspondientes a áreas conurbadas que se integran, tanto en varias entidades —interestatales—, y que son reguladas por la legislación federal y los convenios que de ella se deriven; como una sola entidad intraestatales, reguladas por la legislación local.”7 Ante esta realidad, que ya no sólo es posibilidad, la capacidad de respuesta del Estado ante la irregularidad resulta prioritaria.
En concordancia, a partir de 1976 y en mucho propiciado por la Conferencia Mundial de Hábitat de la ONU, de la cual emanó el término “asentamientos humanos”,8 se produce un marcado cambio a favor de la planeación urbana. Hay un nuevo enfoque para estudiar la problemática urbana: la calidad de la vida en los asentamientos humanos.
En ese mismo año, se promulgó en nuestro país la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH), que representa la primera gran iniciativa del Estado para intervenir activamente en la organización del espacio nacional y la planeación de los usos del suelo.
Sin embargo, los problemas actuales de las ciudades son en buena parte resultado de un modelo de desarrollo urbano que no ha pensado en soluciones habitacionales eficientes para la cada vez mayor población humana y diversa en sus necesidades. Sobre todo, ante la lógica de mercado que se ha dado al uso del suelo habitacional; grandes sectores de la población se han quedado sin un acceso formal a éste, justamente aquellos con menores recursos económicos.
Recientemente, el 28 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley denominada Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que sustituye a la Ley General de Asentamientos Humanos. Tiene como propósito fijar normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país. Especialmente tiene como fin establecer la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional.
1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
a) El artículo 25 sobre la garantía para el desarrollo nacional sea integral y sustentable.
b) Del artículo 27 se desprende la facultad y obligación que posee el Estado para velar por los intereses de los gobernados en materia de Ordenamiento Territorial y la importancia de salvaguardar todos los derechos humanos que de ella emanen.
c) El artículo 73 fracción XXIX-C faculta al Congreso a expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos.
d) Desde la reforma de 1999, el artículo 115 prevé facultades municipales sobre desarrollo urbano y ordenamiento territorial en su fracción V; el inciso a) de ésta versa sobre la formulación, aprobación y administració de la zonificación y planeación del desarrollo urbano municipal y el inciso e) señala la intervención de este orden de gobierno en la regularización de la tenencia de la tierra.
2. Tratados y Convenios Internacionales
El Estado mexicano participó en la Declaración de Estambul, en el marco de ONU-HABITAT II (1996), donde el país asumió los compromisos de asentamientos humanos sostenibles.
3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano9
El artículo 1º que habla del objeto: ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, fijando criterios para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos.
El artículo 2º dispone que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.
De acuerdo con la fracción XXVI del artículo 3º, se entiende por Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, “el ordenamiento territorial es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental.”
El artículo 4º habla sobre los principios de política pública: Derecho a la ciudad, Equidad e inclusión, Derecho a la propiedad urbana, Coherencia y racionalidad, Participación democrática y transparencia, Productividad y eficiencia, Protección y progresividad del Espacio Público, Resiliencia, seguridad urbana y riesgos, Sustentabilidad ambiental, Accesibilidad universal y movilidad.
4. Ley General del Equilibrio Ecólogico y la Protección al Ambiente
Esta legislación prevé una serie de temas sobre ordenamiento territorial en materia de protección al medio ambiente, las cuales no se detallarán en el presente trabajo por obviedad. No obstante, es importante manifestar el concepto de ordenamiento ecológico que se considera en esta norma, del cual justamente derivan las disposiciones legales en la materia.
De conformidad con el artículo 3º de esta Ley en su fracción XXIV, el ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.10
5. Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su pilar “México Incluyente” señala como uno de los objetivos el proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, y precisa la estrategia 2.5. "Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”.
6. Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018
En la administración federal actual se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a partir de la fusión de otras dependencias donde estaba disperso el tema anteriormente. Para darle un sustento más claro a su actividad, se creó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018. Este mismo dice que “tiene el objetivo de alcanzar un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos; logre el ordenamiento sustentable del territorio; propicie el impulso del desarrollo regional, urbano y metropolitano, además de que coadyuve en la prevención de desastres.”11
La regularización de la tenencia de la tierra
La realidad mexicana en materia de ordenamiento territorial ha tenido que recurrir más bien a la corrección de lo irregular, antes que a prevenirlo. El crecimiento desbordado de las urbes, aunado a la necesidad de vivienda de personas de escasos recursos, ha propiciado la instalación de muchos asentamientos humanos donde no está precisamente permitido o en condiciones jurídicas inestables.
Para Jiménez, Cruz, Fausto y Díaz, “la regularización de la tenencia de la tierra en México se ha entendido fundamentalmente como una regularización jurídica que consiste en escriturar los terrenos a nombre de los poseedores de un predio irregular.”12 El contexto en las grandes ciudades de México es el de una palpable inexistencia de suelo apto al interior éstas y que sea accesible para los sectores más desfavorecidos de la población, por lo que esta situación termina por ser un factor que provoca el asentamiento de dicha población en zonas irregulares o de riesgo, siendo la más peligrosa y contraria a la sustentabilidad esta última.
Algunos datos nos señalan que a nivel nacional, 11 % de las viviendas en localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 % se encuentra sobre rellenos sanitarios, cuevas o minas y 9% sobre barrancas.13
La dinámica migratoria de la población mexicana es un fenómeno que influye directamente en la configuración y expansión de las ciudades, por lo que es importante generar estrategias de gestión del suelo intraurbano y evitar que el asentamiento de la población se de en condiciones de segregación, alejados de los centros urbanos.
El Programa Nacional de Desarrollo Urbano identifica esta otra problemática:
Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda de interés social en lugares donde el suelo era más barato.14
Los riesgos latentes en las ciudades tienen mayor incidencia sobre las familias de escasos recursos que regularmente ocupan estas zonas y cuya reubicación posterior a la ocurrencia de fenómenos naturales se torna compleja y costosa.
La mayor problemática que existe en el tema de ordenamiento territorial es el de la propiedad. Jiménez, Cruz, Fausto y Díaz constatan que: “Los asentamientos populares en México se asientan sobre tres tipos de suelo: social, que incluye ejidos y comunidades indígenas, privado y público.”15 Los autores agregan un diagnóstico preocupante pero real: “En México a lo largo de los últimos 35 años, la urbanización informal no sólo se ha tolerado, sino que se ha alentado y legitimado principalmente a través de la sistemática regularización de la tenencia de la tierra
Es por ello que ante cada tipo de irregularidad en la posesión de los inmuebles se presentan distintos tipos de problemáticas y, por supuesto, distintas soluciones para regularizar la tenencia de la tierra.
Regularización en el suelo social
Este tipo de suelo es el que tiene un régimen ejidal o comunal, por lo que las necesidades son fundamentalmente en la necesidad de cambio de régimen, del social al privado, para que puedan tener la certeza jurídica sobre su patrimonio los poseedores, particularmente en el sentido de poder enajenar a su disposición. De otro modo, los poseedores tienen que sujetarse a la voluntad de las asambleas y autoridades ejidales.
El problema aquí también resulta en la elección (que muchas veces depende de los meros intereses del comisariado ejidal) si la regularización será vía entidades públicas o empresas privadas; el tema es que éstas últimas no resuelven el tema de la propiedad pues sus títulos no son equiparables a escrituras públicas, por lo tanto no pueden inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.
Identifican los autores antes mencionados que existe una tensión “entre el control territorial que ejercen los ejidatarios, el control administrativo del municipio y el interés de la iniciativa privada por aprovechar el nicho del mercado para regularizar la tenencia del suelo en núcleos agrarios (…)”16
Regularización en el suelo privado
Se refiere a la tierra que ya tiene un régimen de propiedad privada, pero donde se fraccionó o construyó sin cumplir los lineamientos legales correspondientes. Por otro lado, y mucho más común, se habla de la poca previsión en materia sucesoria, por lo que muchos inmuebles terminan en la simple posesión, al carecer de los medios testamentarios para una sucesión adecuada.
En casos como el antes descrito, se cuenta con la prescripción positiva o usucapión, que implica un juicio a través del cual el poseedor se queda con la propiedad del inmuebles, a partir de ciertos requisitos legales, extinguiéndose así los derechos de propiedad del dueño original.
Este tipo de iniciativas son promovidas particularmente, de forma independiente y sin coordinación con el gobierno federal, por los gobiernos estatales y municipales.17
Regularización en el suelo público
Este tipo de situación tiene que ver con las invasiones en propiedad pública, que por su propia naturaleza resultan imprescriptibles. Por ello terminan siendo objeto de donaciones o cesiones (también dependiendo del caso de empresas públicas con patrimonio propio, podrían ser expropiaciones), para que pueda regularizarse.
El grave problema, que desde luego es un tema objeto del desarrollo sustentable, es que muchas de estas propiedades públicas implican riesgo para los poseedores informales o ilegales, ya que se encuentran en derechos de vía del tren, en laderas riesgosas, barrancos, superficies donde hay instalaciones petroleras subterráneas, en las orillas de afluentes o ríos, entre otras. Por lo tanto, regularizar este tipo de invasiones no sólo implica un riesgo latente para los pobladores, sino también potenciales daños al medio ambiente.
En ese sentido, Jiménez, Cruz, Fausto y Díaz concluyen que hay una necesidad de regularización, pero seguir por este camino no abona a la solución de fondo de la problemática: “(…) es tiempo de ver qué mecanismos deben aplicar los municipios, estados y la federación para permitir que tanto los ejidatarios como los propietarios privados se beneficien de la urbanización de sus tierras, pero al mismo tiempo evitar que se siga fraccionando sin respetar las leyes urbano-ambientales y sin un mínimo de planificación.”18
El hecho es que política en materia de ordenamiento territorial topa con una realidad de desbordamiento y desorden; tan sólo ha procurado mitigar la irregularidad haciéndola regular, pero no propiciando una planificación adecuada para el desarrollo sustentable. Sin embargo, no deja de ser relevante y necesaria la regularización de lo informal, ya que de otro modo no pueden introducirse servicios públicos, ni garantizar la urbanización esencial de manera legal.
Se tiene un marco jurídico extenso en materia de ordenamiento territorial, pero disperso y a la luz de los hechos poco eficiente. Complementariamente, cuando una ciudad crece de forma desordenada, genera impactos negativos en la calidad de vida de la población, como una deficiente demanda de suelo con nula infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, la irregularidad de la tenencia de la tierra, la lejanía entre las fuentes de trabajo y vivienda, el deterioro del ambiente y de los recursos naturales.
Se necesita que el gobierno atienda esta realidad y estime el crecimiento urbano con mucho tiempo de antelación para permitir un diseño adecuado de la ciudad, más compacto y consolidado. Aunque tampoco podemos negar la realidad desordenada que prevalece en las grandes urbes del país, donde la necesidad de regularización de tenencia de la tierra no es sólo una cumplimentación jurídica, sino una demanda social persistente.
El modelo urbano y las políticas publicas actuales se han enfocado en una zonificación urbana que alejó a las familias de sus centros de desarrollo; de ahí que grandes números prefieran asentarse en la irregularidad, no sólo por lo barato sino porque ello les permite no alejarse mucho de los centros urbanos. Es decir, la formalidad barata pero alejada, no tiene competencia frente a la informalidad barata pero cercana. De ahí, que tenga que pensarse seriamente en cómo sortear el tema de la irregularidad sin terminar fomentándolo.
Se infiere que a pesar de los progresos en la materia, se necesita avanzar en:
1. Redistribuir las competencias, del ámbito nacional al nivel local y municipal, a fin de fortalecer un nuevo orden, donde el gobierno federal no tenga preponderancia en la regularización de la tierra social, sino que la descentralización permita observar las particularidades de cada caso desde los órdenes locales inmediatos.
2. Que el Estado retome la iniciativa de gestión en el ordenamiento territorial, que se ha visto minada por la introducción de agentes privados que aprovechándose de un nicho de mercado, no terminan de resolver el problema de fondo.
3. O, en su caso, dotar jurídicamente de las herramientas necesarias para que las entidades privadas pueden realizar un trabajo que prospere realmente y signifique una real certeza jurídica en su patrimonio, para quienes contraten sus servicios.
4. En tanto que en materia de propiedad pública, donde exista riesgo para los asentimientos, ejercer todo el peso de la ley para los desalojos correspondientes, pues no sólo están en peligro vidas, sino el desarrollo sustentable de toda una ciudad por la eventual afectación al medio ambiente a partir de estos modos de vida. Mientras que en los casos donde sea factible la regularización, sin riesgos ni afectaciones, se aceleren los procesos de donación o expropiación para que no se deje en un estado de indefensión jurídica sobre su patrimonio a los poseedores irregulares.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 24-02-2017.
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano_, nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, dirección en Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU281116.pdf, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente_, úitima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2017, dirección en Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU281116.pdf, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
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1 Mena Labarthe, Carlos, Felipe Carrasco Zanini y Carlos Ibarra Fernández. (2012). Derecho inmobiliario: Temas selectos y perspectiva del sector. México: Editorial Porrúa-ITAM, p. 29.
2 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018_, dirección en Internet: http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
3 Iracheta Cenecorta, Alfonso X. y Susana Medina Ciriaco (Comps.). (2008). Irregularidad y suelo urbano. México: El Colegio de México, A.C., p. 400
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dirección en Internet: http://www.fao.org, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
5 Borja, Jordi. (2010). La ciudad conquistada. Madrid: Alianza Editorial, p. 26.
7 Mena et al., op. cit.,p. 35.
8 Cfr. “El Ordenamiento territorial y urbano en México”, Comercio Exterior, vol. 28, núm. 10, México, octubre de 1978, pp. 1181-119, dirección en Internet: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/466/1/RCE2.pdf , fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
9 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano_, nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, dirección en Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU281116.pdf, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
10 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente_, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2017, dirección en Internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU281116.pdf, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
11 SEDATU, “Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018”, dirección en Internet: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-nacional-de-desarrollo-urbano-2014-2018, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
12 Iracheta y Medina, op. cit., p. 415.
13 “Piden a SEDATU evitar construcción de viviendas en zonas susceptibles de inundaciones y alto riesgo”, Noticias MVS, fecha de publicación: 27 de noviembre de 2015, dirección en Internet: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/piden-a-sedatu-evitar-construccion-de-viviendas-en-zonas-susceptibles-de-inundaciones-y-alto-riesgo-695, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
14 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, dirección en Internet: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/programa-nacional-de-desarrollo-urbano-2014-2018, fecha de consulta: 15 de abril de 2017.
15 Iracheta y Medina, op. cit., p. 415.
17 Cfr.. Ibid., p. 426.
18 Ibid., p. 437.