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Timestamp: 2019-03-22 12:27:10
Document Index: 351858518

Matched Legal Cases: ['artículo 1963', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 90', 'artículo 44', 'artículo 92', 'artículo 354', 'artículo 656', 'artículo 656', 'artículo 1964', 'artículo 1939', 'artículo 129', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 97', 'artículo 22', 'Artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 149', 'artículo 22', 'artículo 124', 'artículo 155', 'artículo 60', 'artículo 26', 'Artículo 97', 'artículo 18', 'artículo 330', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 107', 'artículo 97', 'artículo 166', 'artículo 171', 'artículo 111', 'artículo 326', 'artículo 197', 'artículo 169', 'artículo 233', 'e contrario', 'artículo 1284', 'artículo 119', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 176', 'artículo 402', 'artículo 406', 'artículo 406', 'artículo 1', 'artículo 287', 'artículo 204', 'artículo 191', 'artículo 244', 'artículo 21', 'artículo 214', 'artículo 686', 'artículo 156', 'artículo 62', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 66', 'artículo 74', 'artículo 97', 'artículo 682']

Informe Octubre 2015 Registros Mercantiles. Retribución Administradores. | Notarios y Registradores
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Informe Octubre 2015 Registros Mercantiles. Retribución Administradores.
Admin, 07/12/2015
Modificación de la Ley Concursal por la Ley 40/2015, de 1 de octubre
STS sobre Retribución de los Administradores
DISPOSICIONES GENERALES: ^
Fondo de Reserva de las Fundaciones Bancarias
Valores negociables representados por anotaciones en cuenta
REFORMA LEY ENJUICIAMENTO CIVIL Y PRESCRIPCIÓN
Documento Único Electrónico cese de actividad y extinción de sociedades
Legalización de libro de actas electrónico (2)
Convocatoria de Junta por Administrador no inscrito
Legalización libro de actas en formato papel
Revocación poder por un administrador mancomunado. Calificación conjetural
Ampliación de embargo y rango
El ámbito de representación de los administradores no es limitable
Cierre registral por baja provisional
Convocatoria Junta SA: normas imperativas actuales
Cancelación asientos previos al concurso
Límites a la denominación de sociedades no profesionales
Venta directa en concurso de acreedores
Derecho de información de los socios parcialmente cumplido
Nombramiento de consejero por cooptación
Notificación al deudor en ejecución hipotecaria en domicilio distinto
Disparidad de domicilios
No caben calificaciones por presunción
La falta de un ejercicio impide el depósito del siguiente
Adjudicación judicial de vehículo
Hipoteca a favor de Hacienda sin tasación
Cómputo de plazos por días hábiles
1. Como disposiciones de interés general para los RRMM y de BBMM publicadas en el mes de octubre destacamos las siguientes:
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley que entrará en vigor el 2 de octubre de 2016 y que en tanto se apruebe el nuevo RRM será de gran utilidad para completar, en la medida en que sea necesario, las lagunas que existirán en la tramitación de los nuevos expedientes de jurisdicción voluntaria, competencia de notarios y registradores. Mientras entre en vigor aplicaremos la vigente de 1992.
–— Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Vuelve a modificar en su DF5ª la Ley 22/2003 concursal que ahora veremos.
–— El Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta. Regula con detalle la transformación de títulos en anotaciones en cuenta. Una vez hecha la transformación la transmisión se hará por transferencia contable quedando el adquirente protegido por la fe pública derivada del correspondiente asiento.
–— La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Destacamos lo relativo a los nuevos apoderamientos, las subastas electrónicas, y el nuevo plazo de prescripción del artículo 1963 del CC.
–— Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. Amplia los supuestos en que es precisa la inscripción previa en el Registro Administrativo, algunos de ellos poco justificados. Entró en vigor el 14 de noviembre pasado por lo que ya habrá que tenerla en cuenta para las sociedades constituidas en escrituras otorgadas a partir de dicha fecha.
–— Real Decreto 867/2015, de 2 de octubre, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico para el cese de actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada y el cese de actividad de las empresas individuales. Entrará en vigor el 16 de abril de 2016 y establece para la extinción de la sociedad un sistema muy similar al actualmente existente para la constitución de sociedades a través del CIRCE.
–— Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.
–— Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. Registro de mera publicidad siendo la finalidad principal de este RD regulatorio la de transformar el antiguo registro en otro de corte electrónico.
–— Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Sólo destacamos lo relativo a las modificaciones sufridas en el impuesto de sociedades.
2. Como resoluciones de propiedad de posible aplicación al RM y de BM podemos considerar las siguientes:
— La de 16 de septiembre estableciendo que no es posible una ampliación de embargo si la deuda es diferente de la que provoco el embargo que ahora pretende ampliarse.
— La de 22 de septiembre en la que fija los requisitos para cancelar cargas anteriores a la declaración del concurso siendo estos los siguientes: (i) orden judicial, (ii) perjuicio para la actividad del concursado que debe resultar del mandamiento, y (iii) notificación a los acreedores cuyas cargas se cancelan.
— La de 29 en que igualmente fija los requisitos para la enajenación de una finca del concursado en fase de liquidación: (i) escritura pública, (ii) notificación titulares cargas a cancelar, y (iii) audiencia a los acreedores privilegiados.
— la de 1 de octubre en la que recuerda que hay que notificar al deudor, en caso de ejecución hipotecaria, en el domicilio pactado que conste en el Registro, subsidiariamente en el domicilio real del deudor, previa averiguación de éste, y en último extremo por edictos.
— La de 6 de octubre según la cual si del auto del juez en liquidación de concurso resulta que el mismo es título suficiente a los efectos de practicar la inscripción de la transmisión de una finca debe estarse a lo que resulte de dicho auto no siendo necesario en este caso la escritura pública.
— Finalmente la de 7 de octubre en un caso de hipoteca a favor de Hacienda declarando que, dado que esta tiene su propio procedimiento de apremio, la inscripción puede practicarse aunque la finca no haya sido tasada.
3. Como resoluciones de mercantil de interés se han publicado las siguientes:
— Varias (7,8 y 15/9) sobre libros que resumimos: La fecha de cierre de los libros debe ser congruente, debe legalizarse un libro de actas por ejercicio, y no es posible legalizar libros de actas de un consejo en papel.
— La de 9 de septiembre admitiendo una convocatoria de junta fuera de lo que digan los estatutos o la Ley si se hace de forma indubitada.
— La de 10 de septiembre recordando que la manifestación, en aumento de capital, de que la titularidad de las participaciones se ha hecho constar en el libro registro de socios es totalmente obligatoria o al menos el compromiso de hacerla. Quizás esta última opción sea hoy día la más adecuada dado el carácter electrónico de todos los libros de las sociedades.
— la de 14 de septiembre admitiendo la convocatoria de junta por un administrador no inscrito si ha sido regularmente nombrado. Es la misma doctrina que la DG ha defendido frente a los actos inscribibles en el RP de los administradores no inscritos.
— La de 16 estableciendo que si el órgano de administración es mancomunado, ambos administradores son los que tienen facultad para revocar un poder no siendo admisible la hecha por uno sólo salvo que se trate de un poder recíproco entre administradores.
— La de 17 de septiembre estableciendo la no posibilidad de limitar en estatutos las facultades de los administradores. A nuestro juicio sí sería posible reflejar esa limitación si se especifica que se hace a efectos internos y sin trascendencia frente a terceros.
— La de 21 septiembre que considera derogado artículo de estatutos sobre convocatoria de junta contrario a la forma imperativa de convocatoria establecida por precepto legal con entrada en vigor posterior a la inscripción de esos estatutos. Ello puede dar lugar a dudas y problemas cuando la anterior forma de convocatoria era permitida por el precepto derogado como sucedía en las limitadas cuando los estatutos establecían que la convocatoria se haría por publicación en un determinado diario.
— La de 23 de septiembre, excesivamente rígida a mi juicio, que prohíbe que una sociedad no profesional lleve en la denominación social el término de “ingeniería”.
— la de 29 de septiembre que con un criterio flexible digno de alabanza permite la inscripción de unos acuerdos sociales aunque el derecho de información de los socios del anuncio de convocatoria sólo haya sido parcialmente cumplido.
— La de 30 de septiembre que impide nombramiento por cooptación de consejero de una limitada aunque los estatutos contemplen dicha posibilidad.
— La de 1 de octubre considerando que si determinado dato no es de reflejo obligatorio en el registro su falta no es defecto que impida la inscripción. Se trataba de una disparidad de domicilio de un suscriptor en aumento de capital en efectivo.
—La de 2 de octubre que no admite lo que llama calificación conjetural y si los socios dicen que existe un crédito que se transforma en capital contraído 7 días antes del acuerdo no por ello puede presumirse que dicho crédito no es tal.
— Finalmente una de bienes muebles no admitiendo la adjudicación de un vehículo por ejecución de embargo si el deudor está en fase de liquidación de concurso.
4. Como cuestiones de interés, en este informe, planteamos las siguientes:
— UNO. La última modificación, por ahora, de la Ley Concursal por la Disposición final quinta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Las modificaciones se centran en los siguientes puntos:
En el art. 3 en el que sin duda por error en la anterior reforma, se había eliminado la posibilidad de que en caso de personas jurídicas pudieran instar el concurso sus representantes orgánicos, ahora se vuelve a introducir dicha posibilidad.
También se modifica el artículo 34 ter, sobre la cuenta de garantía arancelaria, que en su versión primitiva ha tenido dos meses y dos días de vigencia, simplificándolo y estableciendo a cargo del Ministerio de Justicia, en la forma que reglamentariamente se determine, su control, cuando antes estaba a cargo del Secretario Judicial, hoy Letrados de la Administración de Justicia.
Igualmente se reforma el apartado 2 del artículo 34 quáter de la Ley Concursal sobre la dotación de la cuenta de garantía arancelaria.
Finalmente y como reforma de más calado y en parte clarificadora, se modifica el punto 6º del apartado 1, del artículo 90, sobre los créditos con privilegio especial.
En la versión que ahora se deroga se decía, de forma impropia, que gozarán de privilegio especial “la prenda en garantía de créditos futuros si se trataba de créditos nacidos antes de la declaración de concurso, o de créditos nacidos después, cuando … la prenda estuviera inscrita en un registro público con anterioridad a la declaración del concurso.
Ahora en la nueva redacción lo que goza de privilegio especial no es la prenda en sí, lo que carecía de sentido, sino “los créditos garantizados con prenda constituida sobre créditos futuros “cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaración de concurso:
Son requisitos cumulativos es decir que el contrato del que nazca el crédito futuro derive de contrato anterior y que conste en documento público o se inscriba.
Como vemos antes para que los créditos nacidos después de la declaración del concurso quedaran garantizados era preciso en todo caso la inscripción en un registro que no podía ser otro que el de bienes muebles, ahora esa inscripción sólo se exige cuando la prenda haya sido constituida con el específico carácter de prensa sin desplazamiento. Además ya no hay privilegio especial si el crédito futuro ha nacido después de la declaración del concurso, conste o no conste la prenda en documento público y se inscriba o no se inscriba.
— DOS. La otra cuestión que traemos a este informe es una interesante sentencia de nuestro TS en relación a la retribución de los administradores.
Como es de todos sabido, para que el cargo de administrador de una sociedad sea retribuido es totalmente imprescindible que el sistema de retribución conste en los estatutos de la sociedad. Pues bien la sentencia del TS de 1 de septiembre de 2015(recurso 2095/2013, ponente Sastre Papiol) plantea el caso de un administrador que fue retribuido sin que ello constara en los estatutos de la sociedad.
Se trataba de una sociedad en concurso en la que el administrador había recibido determinadas retribuciones sin que constara en estatutos que el cargo fuera retribuido. Ahora se le demanda y se le solicita la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Ante la demanda el administrador contestó que la sociedad y los socios tenían conocimiento de ello.
El juzgado de lo mercantil le da la razón al administrador.
La audiencia revoca parcialmente la sentencia y sólo condena al administrador a devolver las retribuciones percibidas con anterioridad a una junta de socios en la que, sin modificar estatutos, se acordó la retribución del administrador. Por lo tanto las retribuciones percibidas a partir de aquella junta no tenían que ser objeto de devolución.
Se apela la sentencia al TS. Este recuerda la ya clásica doctrina sobre la retribución de los administradores que exige que para que sea retribuido el cargo, el sistema debe constar en los estatutos de la sociedad, lo que protege los intereses de los socios y del propio administrador.
Ahora bien el TS, respecto de las retribuciones percibidas con anterioridad a la junta que acordó la retribución, considera que las mismas sí deben ser objeto de devolución pues pese a que se incluyeron en las cuentas anuales que fueron debidamente aprobadas esa aprobación de cuentas no impide el ejercicio de la acción de responsabilidad contra el administrador que es lo que se hizo en la primitiva demanda.
En cambio respecto de las retribuciones percibidas con posterioridad a la junta que acordó, sin modificar estatutos insistimos, la retribución del administrador estima, dado el carácter cerrado de la sociedad y su escaso número de socios, que ello “pudo generar fundamente en el administrador la confianza de que, a partir de entonces, podía percibir la remuneración y en que no se le iba a reclamar la devolución de tales cantidades en aplicación de la doctrina de los actos propios como manifestación general del `principio de buena fe(STS nº 412/2013, de 18 de junio). Puede ser una sentencia que se pueda alegar ante las posibles inspecciones de la AEAT que se dan en estos casos, y siempre que se trate de sociedades cerradas.
Como conclusión de esta clarificadora sentencia podemos extraer la siguiente: Que pese a no constar en estatutos que el cargo de administrador es retribuido, si en junta se acuerda una retribución a favor del mismo que es debidamente percibida, el administrador hace suya dicha retribución sin que se le pueda obligar a su devolución. Se tratará de una especie de obligación natural fundada en los actos propios de la sociedad.
Cuestión muy distinta es la que hoy se plantea con el cargo de administrador gratuito pero con existencia de retribución, fuera de estatutos, a favor de consejeros delegados u otras miembros del consejo que asuman funciones ejecutivas, problema sobre el que ya se ha pronunciado el CD y sobre el que por parte de L. Fdez. del Pozo se nos ha comunicado una también interesante sentencia sobre calificación que ya tendremos ocasión de comentar en otro informe.
Se realizará el resumen más adelante al entrar en vigor en octubre de 2016.
Ver archivo de Albert Capell sobre el Proyecto.
La presente Ley entrará en vigor el 2 de octubre de 2016.
No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del 2 de octubre de 2017.
PDF (BOE-A-2015-10565 – 68 págs. – 1.170 KB) Otros formatos
Entrará en vigor el 2 de octubre de 2016 con excepciones.
Entraron en vigor el 3 de octubre de 2015 …, los puntos uno a tres de la disposición final quinta, de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la disposición final séptima, de modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la disposición final undécima, de modificación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
PDF (BOE-A-2015-10566 – 120 págs. – 2.762 KB)Otros formatos
Las fundaciones bancarias son aquellas fundaciones que mantienen una participación en una entidad de crédito que alcanza, de forma directa o indirecta, al menos, un 10 por ciento del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permite nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración.
Son un nuevo tipo de institución cuyo marco jurídico básico se encuentra en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, diseñado para que, ante la crisis generalizada de las cajas de ahorro, estas entidades traspasasen su actividad financiera a un banco y mantuvieran únicamente la actividad fundacional.
Este real decreto tiene como objeto desarrollar el artículo 44.3.b) de la Ley 26/2013, en relación con el fondo de reserva que deben constituir las fundaciones bancarias que posean una participación, directa o indirecta, igual o superior al 50 por ciento en una entidad de crédito o que les permita el control de la misma.
Sus disposiciones finales modifican;
– el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas y
– el Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
PDF (BOE-A-2015-10636 – 9 págs. – 240 KB)Otros formatos
Este real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley del Mercado de Valores en lo que se refiere a:
– la representación de valores por medio de anotaciones en cuenta (Título I),
– la compensación, liquidación y registro de valores (Título II),
– al régimen jurídico de las entidades de contrapartida central y de los depositarios centrales de valores (Título II)
– y a las obligaciones de transparencia de los emisores cuyos valores están admitidos a negociación en un mercado secundario oficial
Régimen jurídico. Esta representación de valores se regirá por la Ley de Mercado de Valores (ahora Texto Refundido) y por este real decreto. También se determina la regulación de las entidades de contrapartida central y de los depositarios centrales de valores.
Los títulos representativos de valores podrán transformarse en anotaciones en cuenta previo acuerdo adoptado con los requisitos legales exigidos.
– La transformación de títulos en anotaciones en cuenta se producirá a medida que los titulares vayan presentando sus títulos ante la entidad encargada del registro contable, que practicará las correspondientes inscripciones a favor de quienes acrediten ser titulares de acuerdo con la ley que resulte aplicable a los títulos.
– El plazo de presentación de los títulos para la transformación habrá de fijarse en el acuerdo al y publicarse en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que la sociedad tenga su domicilio, y no podrá ser inferior a un mes ni superior a un año.
– Transcurrido el referido plazo, los títulos no transformados dejarán de representar los valores correspondientes, sin perjuicio de que la entidad encargada del registro contable deba seguir practicando las inscripciones indicadas.
– Pasados tres años desde la conclusión del plazo previsto para la transformación sin que se haya producido la inscripción correspondiente mediante anotaciones en cuenta, la entidad encargada del registro contable procederá a la venta de los valores por cuenta y riesgo de los interesados, pudiendo repercutir a estos todos los costes y gastos en los que incurra.
– La venta podrá realizarse bien a través de un miembro del correspondiente mercado o sistema si los valores estuviesen admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación, o bien con la intervención de notario si no lo estuviesen.
– El efectivo procedente de la venta de los valores será depositado a disposición de los interesados en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos.
– La entidad encargada del registro contable podrá proceder a la destrucción de los títulos recogidos, extendiendo el correspondiente documento en el que se haga constar dicha circunstancia, que será firmado también por un representante de la entidad emisora. En todo caso, en los títulos que no se destruyan deberá hacerse figurar visiblemente que han quedado anulados.
– En el caso de que los títulos objeto de la transformación no hubieran sido expedidos será necesario para que tenga lugar la misma, que conste esta circunstancia en certificación expedida por la entidad emisora. Las correspondientes inscripciones se practicarán en favor de quienes acrediten ser titulares de los valores y previa presentación, en su caso, de los resguardos provisionales o extractos de inscripción emitidos.
La representación de los valores por medio de anotaciones en cuenta será reversible si la autoriza la CNMV. La entidad encargada del registro contable hará entrega a los titulares de los correspondientes títulos, ostentando la condición de depositaria respecto de estos.
Reserva de denominación. Las expresiones «valores representados por medio de anotaciones en cuenta», «anotaciones en cuenta» u otras que puedan inducir a confusión con ellas sólo podrán utilizarse con referencia a valores negociables que sean objeto de representación por medio de anotaciones en cuenta.
Documento de la emisión. La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta deberá constar en el documento de la emisión que ha de recoger los requisitos del art. 7. Si los valores son de distintas características, se añadirá al documento una certificación complementaria expedida por el órgano de administración de la entidad emisora o apoderado con las características diferenciadas y legitimación notarial de firmas, que estarán a disposición del público. El contenido estos valores vendrá determinado por el documento de la emisión y, en su caso, certificación referida.
Depósito del documento de la emisión. La entidad emisora deberá depositar una copia del documento de la emisión ante la entidad encargada del registro contable con anterioridad a la práctica de la primera inscripción de los valores a que se refiera. Otra copia la enviará a la CNMV, que procederá a incorporarla al registro público contemplado en el artículo 92.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio. Hay otros depósitos.
Publicidad del documento de la emisión. La entidad emisora, la entidad encargada del registro contable y, en su caso, los organismos rectores de los mercados secundarios oficiales o sistemas multilaterales de negociación habrán de tener en todo momento a disposición de los titulares y del público interesado en general las copias del documento de la emisión. Publicarán las copias en su página web
La modificación de las características de los valores se regula en el art. 10.
Las especialidades de las emisiones de entidades públicas están en el art. 11.
Efecto constitutivo. Los valores representados por medio de anotaciones en cuenta se constituirán como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro de la entidad encargada del registro contable. Para valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en un sistema multilateral de negociación tal efecto constitutivo se producirá con la inscripción en el registro central a cargo del depositario central de valores designado.
Transmisión. La transmisión de estos valores tendrá lugar por transferencia contable.
– La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.
– La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se hayan practicado las correspondientes inscripciones.
– El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso valores representados por medio de anotaciones en cuenta de persona que, según los asientos del registro contable, aparezca legitimada para transmitirlos no estará sujeto a reivindicación, a no ser que en el momento de la adquisición haya obrado de mala fe. Quedan a salvo los derechos y acciones del titular desposeído contra las personas responsables de los actos en cuya virtud haya quedado privado de los valores.
– La práctica de la inscripción no convalida las posibles causas de nulidad de la transmisión con arreglo a las leyes.
Constitución de derechos reales limitados y otros gravámenes. Deberá inscribirse en la cuenta correspondiente. La inscripción de la prenda equivale al desplazamiento posesorio del título. Será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la correspondiente inscripción.
Copropiedad. Los valores en copropiedad se inscribirán en el correspondiente registro contable a nombre de todos los cotitulares.
Legitimación registral. La persona que aparezca legitimada en los asientos del registro contable se presumirá titular legítimo y, en consecuencia, podrá exigir de la entidad emisora que realice en su favor las prestaciones a que dé derecho el valor representado por medio de anotaciones en cuenta.
Prioridad y tracto sucesivo. Se aplicarán estos principios a los registros contables de valores anotados.
Fungibilidad de los valores. Como regla general, los valores representados por medio de anotaciones en cuenta correspondientes a una misma emisión que tengan unas mismas características tienen carácter fungible. En consecuencia, quien aparezca como titular en el registro contable lo será de una cantidad determinada o saldo de los mismos sin referencia que identifique individualmente los valores.
Certificados de legitimación.
– Para qué. La legitimación para la transmisión y para el ejercicio de los derechos derivados de los valores, o de los derechos reales limitados o gravámenes constituidos sobre ellos, podrá acreditarse mediante la exhibición de certificados. También se podrán expedir otras certificaciones que acrediten la existencia de embargos judiciales o administrativos, prendas o cualquier otro acto o circunstancia que haya tenido acceso al registro.
– Quién expide. La entidad encargada del registro contable los expedirá a solicitud del titular de los valores o beneficiario de los derechos, al siguiente día de la solicitud como máximo y sólo cabe uno para los mismos valores. Hay reglas especiales para cuando la entidad encargada del registro contable sea un depositario central de valores.
– Valor. Los certificados no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación. Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los certificados.
– Efectos. El saldo de valores sobre el que esté expedido el certificado quedará inmovilizado. Las entidades encargadas del registro contable, no podrán dar curso a transmisiones o gravámenes ni practicar las correspondientes inscripciones en tanto que los certificados no hayan sido restituidos, salvo que se trate de transmisiones que deriven de ejecuciones judiciales o administrativas. Reglas especiales para los depositarios centrales de valores.
. Vigencia. Los certificados caducarán por el transcurso del plazo de vigencia en ellos establecido, que no podrá exceder de seis meses, o en su ausencia, a los tres meses de su expedición. Excepción: art. 19.1 último párrafo (embargos, prendas…).
El régimen retributivo y de responsabilidad de las entidades encargadas del registro contable, depositarios centrales de valores y entidades participantes se encuentran en los arts 27 y 28.
Conservación. Las entidades encargadas de los registros contables, los depositarios centrales de valores y sus entidades participantes conservarán durante diez años la información que permita reconstruir los asientos practicados a nombre de cada titular.
Tras estas reglas comunes que hemos enumerado hay dos capítulos que regulan las especialidades respectivas de:
– Registro contable de valores negociables admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales y sistemas multilaterales de negociación (arts. 30 al 47)
– Registro contable de valores no admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales ni en sistemas multilaterales de negociación (arts. 48 al 56).
En el Título II, dedicado a la compensación y liquidación de valores, conviene destacar en cuanto a las entidades de contrapartida central y a los depositarios centrales de valores:
– El art. 57 se dedica a sus estatutos sociales.
– El art. 58 se centra en el Consejo de Administración y alta dirección.
– Y las tres arts siguientes tratan de los accionistas y socios con participaciones significativas, de los requisitos de capital y de las auditorías independientes.
Entrará en vigor el 3 de febrero de 2016 con excepciones. (JFME)
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Esta reforma de la LEC supone un paso trascendental para la utilización masiva de las nuevas tecnologías de comunicación en el ámbito de la Administración de Justicia, cuando entre plenamente en vigor.
– Nuevos medios para el otorgamiento del apoderamiento apud acta mediante comparecencia electrónica.
– Acreditación, en el ámbito exclusivo de la Administración de Justicia, mediante su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta que entrará en vigor el 1 de enero de 2017.
– Se reforma el art. 24 relativo al apoderamiento del procurador para incluir que, aparte de poder ser autorizado por notario o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el secretario judicial, también podrá otorgarse por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial. La copia de la escritura de poder que se acompañe ha de ser electrónica. El apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales (cuando entre en funcionamiento).
– Publicación de pujas. En el art. 648 desaparece la referencia a que las pujas enviadas telemáticamente se publicarán de modo inmediato. Y se añade un párrafo final indicando que el portal de subastas sólo publicará la puja más alta entre las realizadas hasta ese momento. Así pues, si una puja es inferior o igual a la máxima ya enviada, no se publicará.
– Comunicación de licitadores perdedores. Tras la reforma del art. 649, el Portal de Subastas no va a comunicar al Secretario Judicial sus nombres, salvo que el mejor licitador no completara el precio ofrecido.
Certificación de dominio y cargas. El art. 656.1 cambia tan sólo para suprimir la referencia a que la certificación que ha de enviar el registrador de la propiedad al juzgado es “con información continuada”.
La certificación con información continuada está regulada, fundamentalmente, en el artículo 354 del Reglamento Hipotecario, donde se concreta que se centrará en los asientos de presentación que afecten a la finca de que se trate y se practiquen desde la expedición de la certificación hasta transcurridos los treinta días naturales siguientes. No aparecía en el artículo 656 plazo.
Pero como el apartado 2, impone al registrador la inmediata notificación de forma telemática al Secretario judicial y al Portal de Subastas del hecho de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial, pudiera haberle parecido al Legislador redundante la exigencia expresa de que la certificación fuese con información continuada y perturbadora, pues no tiene sentido aplicar aquí el plazo reglamentario de 30 días naturales.
Tan sólo se aprecia como diferencia que, según la redacción anterior tenía que comunicar todos los asientos de presentación y ahora sólo aquellos asientos de presentación que afecten o modifiquen la información inicial. Pero en la práctica, serán todos o casi todos y, ante la duda, es preferible comunicar.
Aunque el texto aluda literalmente a la mera presentación de títulos, tal vez convenga notificar otros eventos como una inscripción posterior a la certificación basada en un asiento previo de presentación todavía no desenvuelto al emitirse la certificación.
Forma de practicarse las comunicaciones. Tan sólo cambia una palabra en el art. 660. El “deban” se convierte en “puedan”. Si se ha señalado una dirección electrónica para notificaciones, se entenderá que se consiente este procedimiento para recibir notificaciones, sin perjuicio de que estas puedan realizarse en forma acumulativa y no alternativa a las personales. El cambio de redacción obscurece el precepto aunque puede deducirse lo siguiente:
– la notificación electrónica no puede ser la única que se intente (no es alternativa).
– parece conceder al Registrador la opción de hacerla o no, además de intentar la comunicación por los medios tradicionales.
– debe de intentarse, en todo caso, esta vía antes de acudir al Edicto en el BOE.
Desgraciadamente no se ha aprovechado la ocasión para aclarar el siguiente párrafo del art. 660.1: “La certificación a la que se refiere el artículo 656, ya sea remitida directamente por el Registrador o aportada por el Procurador del ejecutante, deberá expresar la realización de dichas comunicaciones.” Un párrafo parecido se encuentra desde la primera versión de la nueva LEC, en el año 2000, pero en 2009 se sustituyó el verbo “remitir”, referido a las comunicaciones por el verbo “realizar”. Su análisis provocó un intenso debate en el seno del Seminario de los Registradores de Madrid sobre si procedía retener la certificación hasta el último acuse de recibo –interpretación más conforme con la dicción literal del párrafo ahora desaparecido- o bien, si se enviaba de inmediato sin aguardar a las resultas de las notificaciones, lo que se consideraba más armonioso con el espíritu de la ley que busca la mayor agilidad posible en los trámites. No sería de extrañar que esta segunda interpretación sea la que triunfe.
Subasta sin ningún postor. La modificación técnica en el art. 671 aclara que los veinte días que tiene el actor para pedir la adjudicación del bien son los siguientes al del cierre de la subasta. La redacción anterior era para una subasta celebrada en un momento concreto.
Art. 1964 del Código Civil.
La D. F. 1ª modifica el Código Civil en materia de prescripción, aunque, de momento, tan sólo el artículo 1964. Según la EdeM, la propuesta de acortar el plazo general en las acciones personales procede de la Comisión General de Codificación.
Desde 1889, el venerable artículo indicaba que las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, prescriben a los quince años.
Las variaciones son dos:
– por un lado, el plazo se reduce a los cinco años.
– por otro, se determina el día del comienzo del cómputo:
–como regla general, desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación
— en las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, cada vez que se incumplan.
Es muy importante en esta materia el derecho transitorio, que trata de evitar alarma social por la pérdida en las expectativas de ejercicio de derechos:
– La D.Tr. 5ª se dedica al régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes y dispone que “el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil.”
– Y el art. 1939 dice, a su vez, que “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo.”.
Pongamos tres ejemplos prácticos:
– Acción personal exigible desde el 1º de enero de 2003. Prescribe el 1º de enero de 2018.
– Acción personal exigible desde el 1º de enero de 2012. Prescribe el 7 de octubre de 2020.
– Acción personal exigible desde el 1º de enero de 2016. Prescribe el 1º de enero de 2021.
Así, pues, el día en que habrá una prescripción masiva es el 7 de octubre de 2020, fecha en la que prescribirán todas las acciones personales que pudieran haber sido ejercitadas antes de la entrada en vigor de esta ley, que lo fue el 7 de octubre de 2015.
Aplicado lo anterior a lo dispuesto en el art. 82.5 de la Ley Hipotecaria, para cancelar condiciones resolutorias por caducidad, como indica Miguel Román Sevilla, la exigencia de los 16 años se mantendrá hasta el 7 de octubre de 2021. A partir de entonces, el plazo se reducirá a seis años, incluso para las condiciones resolutorias inscritas antes de esta Ley.
Utilización de medios telemáticos.
La D. Ad. 1ª determina que, a partir del 1 de enero de 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha Remite a los arts 6.3 y 8 de la Ley 18/2011.
El art. 273, prácticamente nuevo, determina la forma de presentación de los escritos y documentos. En su apartado 3. Se indica que, en todo caso, estarán obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.
e) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente.
f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas, por razón de su cargo.
La presente Ley entró en vigor el 7 de octubre de 2015 con excepciones:
– El 15 de octubre de 2015: las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 LEC.
– El 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha:
— la obligatoriedad que impone a todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos
— la realización de actos de comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
– El 1 de enero de 2017:
— las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta
– el uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los términos anteriormente indicados,.
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Resumen de José Ángel García Valdecasas, Registrador Mercantil de Granada. Ir al archivo especial.
Nos explica la EM que las Sociedades Laborales (en adelante SL) son un método de autoempleo que está reconocido en el artículo 129.2 de la Constitución Española de 1978, que ordena a los poderes públicos la promoción de las diversas formas de participación en la empresa y el establecimiento de las medidas que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
La Ley 4/1997, de 24 de marzo, de sociedades laborales, introdujo un importante avance en su regulación y permitió un gran desarrollo de esta fórmula societaria. Se trata de dar un nuevo impulso a las sociedades laborales por su condición de empresas participadas por los socios trabajadores y abiertas a la integración como socios de los demás trabajadores de la empresa pero dado que son sociedades de capital por su forma y por tanto les son aplicables las normas relativas a las sociedades anónimas y limitadas, desde la regulación de 1997, han sido muy numerosas las reformas legislativas en esta materia y por ello se hacía necesaria una adecuación de la ley de sociedades laborales al nuevo marco normativo y una sistematización de sus normas más acorde con la establecida en la ley de sociedades de capital.
Pero, continúa la EM diciendo que las sociedades laborales también son por sus fines y principios orientadores, entidades de la economía social, y en este sentido han sido muchas las recomendaciones europeas como la Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa al fomento de la participación de los trabajadores en los beneficios y los resultados de la empresa (incluida la participación en el capital), invitando a los estados miembros a reconocer los posibles beneficios de una utilización más extendida, a nivel individual o colectivo, de una amplia variedad de fórmulas de participación de los trabajadores por cuenta ajena.
También recomendaba la utilización de incentivos fiscales u otras ventajas financieras, para fomentar la introducción de determinadas fórmulas de participación dando a los trabajadores la posibilidad de aumentar a largo plazo su patrimonio de manera sencilla, lo cual permite añadir recursos complementarios para vivir después de dejar de trabajar.
Por ello la nueva regulación no solo actualiza, moderniza y mejora el contenido de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, como consecuencia de las últimas reformas del derecho de sociedades, sino que en cumplimiento de la previsión contenida en la Ley 5/2011, de economía social, refuerza la naturaleza, función y caracterización de la sociedad laboral como entidad de la economía social, poniendo en valor sus especificidades.
Concepto. Art. 1.
Son laborales las sociedades anónimas o limitadas sujetas a la Ley.
a) Mayoría de capitalde los socios trabajadores.
b) Que ninguno de los socios tenga más de la terceraparte del capital social.
Por tanto también se va a exigir a las nuevas sociedades laborales un mínimo de tres socios.
Este último requisito tiene excepciones:
— Que se constituya por dos socios trabajadores al 50% con la obligación de ajustarse al límite anterior en el plazo de 36 meses.
— Que se trate, como antes, de socios entidades públicas o similares.
Si se sobrepasan esos límites la sociedad tiene un plazo de 18 meses para restablecer la normalidad.
c) Un último requisito es el relativo a las horas trabajada por socios no trabajadores que no deben superar el 49%.
Se suaviza el cumplimiento de todos estos requisitos pue si se sobrepasan, o si no se llega a ellos, se da un plazo de 12 meses para volver a la normalidad con dos posibles prórrogas de 12 meses cada una. Ahora bien todo ello es responsabilidad de la sociedad que es la que debe comunicarlos al Registro Administrativo de forma que aunque en el Registro Mercantil se aprecie algún incumplimiento, una vez constituida, no se entrará en ello.
A los efectos de la inscripción en el registro mercantil los requisitos que realmente interesan son los relativos al número socios, a su cualidad y a su participación en el capital social.
A este respecto es muy importante tener en cuenta que aunque la sociedad haya sido calificada como laboral en el Registro Administrativo competente, sigue sujeta a calificación en el Registro Mercantil, no sólo en cuanto al contenido propiamente mercantil, sino también en cuanto al cumplimiento de los requisitos para ser considerada laboral, aunque eso sí sólo en los aspectos que hemos destacado.
III. Competencia administrativa. Art. 2.
Atribuye al Ministerio de Empleo y SS, u otros órganos competentes de las CCAA, la competencia en materia de calificación de sociedades laborales. Se establece una interconexión entre los distintos registros y el Registro Mercantil llevándose en el MESS una base de datos completa de los registros de las CCAA.
En materia de calificación como laboral se establecen dos posibilidades:
Si se trata de constitución se aportará la escritura.
Si se trata de modificación, se aporta la escritura de elevación a público de los acuerdos, certificación literal del Registro Mercantil de asientos vigentes, y copia del Libro registro de acciones nominativas o del Libro registro de socios. Este último requisito no será necesario a los efectos de la inscripción en el RMercantil.
Todo ello se hará por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
La calificación concedida por un Registro, será válida en todo el territorio nacional.
Denominación social. Art. 3.
En la denominación debe figurar el adjetivo laboral, el cual además queda reservado para este tipo de sociedades. Debe además hacerse constar en toda la documentación social.
La reserva del adjetivo laboral de forma total y absoluta para este tipo de sociedades es criticable. Sólo debería prohibirse cuando pudiera dar lugar a confusión en cuanto a la verdadera naturaleza de la sociedad y dado que debe ir al final de la denominación pocas veces dará lugar a confusión. En este sentido una resolución de nuestra DG de 13 de septiembre de 2000 tras reconocer que la expresión «laboral» queda reservada a las sociedades laborales, la admitió en sociedades no laborales siempre que no genere confusión o ambigüedad. La denominación debatida en este caso y admisible fue la de “Laboral Al-Mar, Sociedad Limitada”.
Registro administrativo. Art. 4.
Al igual que antes la inscripción en el Registro Administrativo es previa a la inscripción en el Registro Mercantil. No obstante la atribución de la personalidad jurídica la da el Registro Mercantil.
Dice el artículo que la constancia en el RM del carácter laboral se hará por nota marginal. Creemos que esta nota es innecesaria pues dicho carácter, tanto en el caso de constitución como en el de modificación posterior, constará como es lógico en el cuerpo de la inscripción. Ello se notificará al Registro administrativo. No hay ningún cambio en esta materia, aunque se podría haber aprovechado la nueva ley para suprimir la nota marginal. Cuestión distinta es la de la pérdida del carácter laboral que sí tiene su adecuado reflejo por nota marginal si esa pérdida no ha accedido al registro mercantil de forma documental.
Ahora bien en materia de inscripciones que no son posibles en el Registro Mercantil sin que previamente hayan sido inscritas en el Registro administrativo, la nueva ley amplifica los supuestos en que ello es necesario. Así no procede ninguna inscripción en el RM sin la previa del RA en los siguientes supuestos:
— Cambio de denominación.
— De domicilio.
— De capital.
— Y de modificación del sistema de transmisión de acciones o participaciones.
Son novedades la exigencia relativa al cambio de denominación, transmisión de participaciones o acciones y cambio de domicilio en general pues antes sólo se exigía en el cambio de domicilio fuera del término municipal.
La exigencia en cuanto a la denominación no tiene mucho sentido salvo que esa denominación afecta al adjetivo laboral definidor de la sociedad y sólo puede afectarlo cuando deje de ser laboral.
La exigencia en cuanto al domicilio también es excesiva pues debería haberse limitado a cuando esa modificación del domicilio afecta a la competencia del Registro administrativo pero no cuando ese cambio de domicilio no afecte a esa competencia. Es decir la exigencia de inscripción previa debería ser sólo en cuanto al cambio de domicilio fuera del lugar de la competencia del Registro administrativo. De todo ello, una vez hecha la inscripción, debe mandarse nota simple electrónica al Registro administrativo. Y también debe mandarse nota simple de la constitución y extinción. Quizás hubiera sido conveniente establecer la necesidad de inscripción previa también en la extinción de la sociedad pues es en ese momento cuando la misma debe dar cuenta al registro administrativo del cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtención de las ventajas fiscales o de otra índole aplicable.
No obstante, aunque tanto antes como ahora no se establece dicha inscripción previa en la extinción, nosotros la consideramos necesaria pues no hay acto que afecte más al capital de la sociedad que la extinción de la misma.
Finalmente también los jueces en caso de impugnación de acuerdos que afecte a dicho datos deben ponerlo en conocimiento del registro administrativo.
Capital social. Art. 5.
— Si se trata de sociedad anónima las acciones deben ser nominativas.
— No se admiten diferencia de derechos económicos ni de valor nominal entre las acciones o participaciones.
— No se admiten participaciones o acciones sin voto. Sí parece que son admisibles las participaciones de voto plural, salvo el caso de sociedad de dos socios al 50%.
— Las acciones o participaciones son laborales o generales.
— En caso de transmisión que implique cambio de clase los administradores está autorizados para hacer los cambios pertinentes en el artículo el capital.
— En la memoria deben recogerse las variaciones del capital.
VII. Derechos de adquisición preferente. Art. 6,7, 8, 9 y 10.
Esta materia se regula de forma muy detallada. Debe ser tenida en cuenta en la calificación de estatutos pues tiene, salvo lo que ahora diremos, carácter imperativo.
— No se distingue, como antes, entre laborales y generales. Todas quedan sujetas al mismo régimen.
— Es libre la transmisión a los trabajadores socios y trabajadores no socios, salvo disposición estatutaria en contra.
— Salvo lo anterior la regulación legal es imperativa.
— Su regulación es detallada estableciéndose órdenes de preferencia.
— Si no hay ofertas en plazo se pueden transmitir libremente. Pero si no las vende en plazo de dos meses debe iniciar los trámites de nuevo.
— Requiere el consentimiento de la sociedad si se superan los límites del art. 1º. El consentimiento lo da el órgano de administración.
— Se regula también con detalle la valoración. Todo termina en experto independiente distinto del auditor de la sociedad. Si se fija un valor este es válido durante un ejercicio. Estas normas de valoración son dispositivas, lo que nos parece muy bien pues los socios pueden acordar en estatutos otro sistema de valoración.
— No se puede prohibir la transmisión durante más de cinco años sin que se conceda un derecho de separación. Es novedad para anónimas pero no para limitadas (cfr. art. 108 LSC).
— También se regula, al igual que antes, el supuesto de la extinción de la relación laboral.
— En caso de transmisión forzosa se aplica el 109 de la LSC si bien las notificaciones deben hacerse también a los trabajadores no socios.
— Igualmente se regula la transmisión mortis causa. Es de regulación estatutaria y la ley se limita a regular la transmisión mortis causa de las laborales. Hay dos prohibiciones pues no se puede ejercitar el derecho de preferente adquisición si el heredero o legatario es trabajador indefinido y requiere el consentimiento de la sociedad si se traspasan los límites del artículo 1º.
En toda esta materia, a los efectos de la inscripción en el Registro Mercantil, lo importante será tener en cuenta el carácter imperativo de todas estas disposiciones en los términos antes señalados. Lo usual será que se transcriban los artículos de la Ley en los estatutos. Esperemos que se haga bien pues como vemos hay alguna norma dispositiva.
VIII. Derecho de suscripción preferente. Art. 11.
Debe respetarse la participación existente entre las dos clases laborales y generales. Como novedad para la acomodación del capital a los límites legales los quorum de adopción del acuerdo no son los reforzados. Si no los quorum, ordinarios. Dentro de cada clase hay derecho exclusivo de preferencia. El capital sobrante, en su caso, debe ofrecerse a trabajadores con contrato indefinido.
Es de destacar que el artículo 11 tiene también carácter imperativo de forma que en los estatutos de la sociedad laboral no podrá establecerse un régimen que no lo tenga en cuenta.
Adquisición de las propias acciones o participaciones.
Se establece un régimen más liberal que en el resto de sociedades de capital.
Así se va a permitir un 20% de autocartera y el anticipar fondos, créditos o préstamos garantías o asistencia financiera para la adquisición de acciones o participaciones propias por trabajadores con contrato indefinido.
Se distingue para los administradores, sean de la clase que sean, la delegación de la “dirección y gestión de la sociedad”, del conferimiento de poderes. Creemos que esta norma en nada facilita la administración de la sociedad creando en cambio una cierta confusión cuando se trate de un órgano de administración no colegiado. Aunque no se dice expresamente en el artículo suponemos que no se podrán delegar las facultades indelegables, hoy día incrementadas tras la ley 31/ 2014 de mejora del gobierno corporativo.
Se admite, para el caso de consejo, la representación proporcional en las sociedades limitadas.
Las demás especialidades relativas al órgano de administración son más un deseo o una aspiración que normas propiamente jurídicas.
Como antes deben constituir una reserva obligatoria del 10% del beneficio líquido hasta alcanzar al menos más del doble del capital social. Norma esta también a tener en cuenta en los estatutos de las laborales.
XII. Pérdida de la calificación.
Se regulan dos causas de pérdida de la calificación de laboral.
Nos interesa destacar que una vez decretada la pérdida de la condición de laboral se comunica el Registro Mercantil que lo hará constar por nota marginal.
También puede perder la condición de laboral por acuerdo de la junta general con los quórums precisos para la modificación de estatutos.
Se puede establecer en los estatutos que será causa de disolución la pérdida de la condición de laboral.
Finalmente se dispone que la descalificación conllevará la pérdida y el reintegro de todos los beneficios y ayudas públicas recibidas por esa condición. Por ello defendemos que no pueda inscribirse en el Registro Mercantil la pérdida de la condición de laboral sin que previamente se la haya dado de baja en el Registro administrativo.
XIII. Separación y exclusión de socios.
En estatutos se puede establecer como causa de separación la pérdida de la condición de laboral.
También se regulan otras causas de forma imperativa pero quedando su aplicación al arbitrio de la junta general, sin que se regule el quorum necesario para ello. Entendemos que será el ordinario.
El derecho de separación por falta de reparto de dividendos es inaplicable al socio trabajador con contrato indefinido (cfr. art. 348 bis de la LSC). De todas formas la aplicabilidad de este artículo está suspendida hasta 31/12/2016.
XIV. Beneficios fiscales.
Tienen una bonificación del 99% en el ITPAJD en la adquisición de bienes o derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.
Escasos beneficios si lo que el legislador pretende es estimular la creación de estas sociedades.
El concepto de sociedad participada es un concepto nebuloso y de dudosa aplicación.
Son aquellas sociedades que sin cumplir los requisitos de las laborales, promuevan el acceso a la condición de socios de los trabajadores y su participación en la sociedad, sin que quede clara cual sea esa participación, según se dice, a través de la representación legal de los trabajadores.
Además deben cumplir el requisito de que cuenten con trabajadores que sean socios de la sociedad o participen de sus resultados. Que tengan derecho de voto. Si son socios ya lo tienen. Que se fomente la incorporación de los trabajadores a la condición de socios y que promuevan una serie de principios más de responsabilidad social corporativa que propiamente jurídicos.
Si se cumplen esos requisitos, que como decimos son muy poco jurídicos, se puede obtener el reconocimiento como sociedad participada por el MESS, lo que en la ley no tiene especialidad alguna ni beneficio aplicable, es decir no se sabe para qué sirve. No creo que tengan mucho éxito este tipo de sociedad, sobre todo porque es algo interno entre la administración y la sociedad. Quizás a la hora del reparto de ayudas por parte de las administraciones de las CCAA se pueda establecer alguna preferencia a favor de estas sociedades.
Como apuntamos es un ejemplo de lo que se llama derecho líquido o gaseoso sin propios efectos jurídicos.
XVI. Disposiciones adicionales.
Se establecen medidas de coordinación y colaboración entre todos los registros con competencia en laborales y entre ellos el RM, las sociedades laborales se podrán organizar en asociaciones conforme a la Ley 19/1997 de asociación sindical, en arrendamiento no hay transmisión por la adquisición o pérdida de la condición de laboral y le son aplicables a los socios trabajadores los beneficios de la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social.
XVII. Disposiciones transitorias.
Son dos la primera relativa a los expedientes en curso que se siguen rigiendo por la ley aplicable a su iniciación y la segunda relativa a la adaptación a la nueva Ley de las sociedades laborales existentes en la actualidad.
Se da un plazo de dos años para la adaptación. Transcurrido el plazo sin adaptación se cierra el registro con la salvedad de los acuerdos de adaptación a la ley, los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales y liquidadores, y la revocación o renuncia de poderes, así como a la transformación de la sociedad o a su disolución, nombramiento de liquidadores, liquidación y extinción de la sociedad, y los asientos ordenados por la autoridad judicial o administrativa.
Por fin en una norma adaptatoria se excluyen del cierre los títulos relativos a la liquidación y extinción de forma expresa ya que no son más que una consecuencia de la disolución. Sólo aplausos merece esta norma.
Finalmente, y también de forma expresa, se establece el principio de adaptación legal en virtud del cual “el contenido de la escritura pública y estatutos de las sociedades laborales calificadas e inscritas al amparo de la normativa que ahora se deroga no podrá ser aplicado en oposición a lo dispuesto en esta ley”.
XVIII. Derogatoria.
La Ley 4/1997 y la disposición adicional cuadragésima séptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
XIX. Modificaciones adjuntas.
Se modifica texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio en la letra m) del apartado 2 del artículo 97 relativa a que los socios trabajadores se integrarán como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo que el número de socios de la sociedad laboral no supere los 25 y se añade una nueva disposición adicional vigésima séptima bis, según la cual los socios trabajadores de las sociedades laborales quedarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando su participación en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el cincuenta por ciento, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones.
En la Disposición final cuarta se refiere al Registro Administrativo de Sociedades Laborales el cual será regulado en el plazo de un año.
Finalmente en la Disposición final quinta se habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario con especial referencia al régimen de las participadas lo que ya supone un reconocimiento de lo escaso de su regulación legal.
A los treinta días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, es decir el 14 de noviembre de 2015. (JAGV)
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Es una concreta aplicación del artículo 22 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Su objetivo general, es simplificar los procesos de extinción y cese de actividad de las empresas mediante un proceso electrónico y que integre la mayoría de los trámites necesarios para ello.
Para ello, se va a utilizar el DUE con una nueva definición y el canal CIRCE como medio de transmisión de datos y documentos.
El sistema es similar al de constitución de empresas de forma que a cada DUE se le asignará un número CIRCE que lo identificará de manera única e inequívoca en el sistema y lo distinguirá de cualquier otro DUE, independientemente de su naturaleza.
Aunque en un principio será sólo aplicable a los empresarios individuales y sociedades limitadas en un futuro se estudiará su extensión a otras formas sociales.
Objeto del RD. Art. 1 y 2
El objeto del presente real decreto es regular el DUE con el fin de llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de la actividad de los empresarios individuales y los emprendedores de responsabilidad limitada, así como para el cese de la actividad y extinción de las sociedades de responsabilidad limitada.
No interfiera para nada en la tramitación no electrónica de los mismos trámite y en ningún caso se aplica a los procesos concursales.
III. Documento Único Electrónico de extinción y cese de actividad. Artículo 3 a 8.
La cumplimentación y envío del DUE se puede hacer a través de los Puntos de Atención al Emprendedor. Como sabemos las notarías en virtud de los dispuesto en la Ley 14/2013 se pueden constituir como PAE.
El DUE contiene dos tipos de datos, los básicos y lo que se van incorporando a través del todo el proceso de su tramitación. Estableciendo el artículo 5 todos los trámites que se pueden realizar por medio de DUE que son en definitiva todos lo que llevarán a la finalización de la vida jurídica de la sociedad, del empresario individual o del llamado emprendedor de responsabilidad limitada.
En lo que se refiere al Registro Mercantil se podrán realizar los trámites para la inscripción de la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, del nombramiento de los liquidadores, del cierre de sucursales y, en general, cancelación del resto de asientos registrales. Si de ERL se trata también la inscripción en el Registro de la Propiedad en donde consten inscritos los bienes inembargables.
Los trámites en lo que a nosotros, notarios y registradores, nos afecta serán los siguientes:
— Cita notario elegido por las partes. El STT remite al notario los datos necesarios.
— Elevación a público acuerdo de disolución y nombramiento de liquidadores.
— Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
— Inscripción de la escritura de disolución y del nombramiento de los liquidadores en el Registro Mercantil correspondiente. A tal efecto, el STT remitirá junto con el DUE la copia autorizada electrónica de la escritura de disolución al Registro Mercantil Provincial correspondiente. En los supuestos de calificación negativa, la subsanación de defectos se realizará a través del STT.
— A partir de este momento y en cascada se irá produciendo la baja de la sociedad o empresario en los distintos organismos que exigen la cumplimentación de dicha baja.
— A continuación y hecha la liquidación de la sociedad por el liquidador se procede a la elección del notario autorizante de la escritura pública de liquidación y extinción de la sociedad.
— Se repiten los trámites anteriores en cuanto a dicha escritura.
— A partir de ese momento también se va a producir la baja en los distintos organismos públicos competentes, como puede ser la TGSS, la baja en los índices municipales, en el censo de empresarios, etc.
No obstante lo establecido anteriormente, se podrá condensar en un solo DUE y consiguientemente en una sola escritura, tanto el acuerdo de disolución de la sociedad y nombramiento de los liquidadores, como la liquidación efectiva y solicitud de cancelación en el Registro Mercantil, procediéndose en igual forma a lo establecido anteriormente. Este supuesto será el normal dado que el procedimiento creemos que se aplicará a las sociedades de pequeña dimensión.
— En parecidos términos se regula la baja del empresario individual o del ERL.
Curiosamente no se hace referencia alguna, cuando de empresario individual se trata, a la posible comunicación al Registro Mercantil cuando este pudiera estar inscrito en este registro.
En cambio cuando se trata del emprendedor de responsabilidad limitada, sí se establece que el STT remitirá al Registro Mercantil correspondiente, junto con el DUE la solicitud de cancelación de su inscripción como tal, en unión del título formal que deba motivarla, acta notarial o instancia suscrita con firma electrónica reconocida del empresario, en el que deberán constar los datos de inscripción en el Registro de la Propiedad de la vivienda habitual no sujeta. El registrador a través del CIRCE y con firma electrónica reconocida, incorporará al DUE los datos relativos a dicha cancelación registral.
Respecto del ERL no se establece que el CIRCE lo comunicará al Registro de la Propiedad por lo que entendemos que será de aplicación por analogía en estos casos lo dispuesto en el artículo 14.2.c. de la Ley de Emprendedores, debiendo por tanto el registrador mercantil remitir certificación al registro de la propiedad en donde estuviera inscrita la vivienda habitual a los efectos de la cancelación pertinente.
Colaboración con las CCAA. DA 2ª. Se dispone de forma expresa la colaboracióncon Comunidades Autónomas que dispongan de plataformas de tramitación con funciones de ventanilla única. A estos efectos se definirán los mecanismos de coordinación necesariosentre las comunidades autónomas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Modificación del Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática.
La DF 1ª modifica este RD en lo relativo a la inscripción de cooperativas por este sistema, dado que los registros de Cooperativas de diversas CCAA habían mostrado sus dificultades para cumplimentar la inscripción en los breves plazos inicialmente concedidos. Por ello se establece que si se utilizan estatutos tipo el plazo será de 10 días para el despacho de la escritura y si no se utilizan estatutos tipo el plazo será el normal establecido con carácter general en la respectiva CA. Como vemos plazos mucho más laxos que los concedidos al Registro Mercantil.
Supletoriedad, título competencial y desarrollo. Las siguientes DF 2ª,3ª y 4ª viene n a disponer que en lo no previsto en el presente real decreto se aplicará, con carácter supletorio, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que el RD s dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, y se habilita a los Ministros de Industria, Energía y Turismo y de Justicia para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
VII. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado, es decir el 16 de abril de 2016. (JAGV, Registrador Mercantil Granada).
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Al texto refundido se incorporan:
– las más de cuarenta modificaciones operadas en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores desde su aprobación.
– todas las disposiciones legales relacionadas que se enumeran en el art. 1 a) de la Ley 20/2014, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado; la larga lista incluye preceptos concretos de diversas leyes.
Como consecuencia de todo ello, se han realizado determinados ajustes en la estructura del texto modificando la numeración de los artículos y, por lo tanto, de las remisiones y concordancias entre ellos.
La E. de M. anuncia que, a lo largo de los próximos meses, deberá abordarse la adaptación de la normativa española a una serie de normas aprobadas a nivel europeo como:
– el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, que será de aplicación el 3 de julio de 2016;
– y la nueva regulación MIFID2, que se compone de la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros y del Reglamento (UE) n.º 600/2014 sobre la misma materia.
Entró en vigor el 13 de noviembre de 2015, con excepciones.
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El derecho fundamental de asociación está reconocido en el artículo 22 de la Constitución y ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Esta ley orgánica, que ofrece una regulación integral del derecho de asociación, asentado constitucionalmente en el principio de libertad asociativa, desposee a los poderes públicos de potestades de control preventivo y de atribuciones que supongan intervención o injerencia en su funcionamiento interno.
Por ello, las asociaciones nacen del acuerdo fundacional adoptado por los promotores, adquiriendo personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, y se dotan de sus propias reglas de organización y funcionamiento a través de los correspondientes estatutos.
La inscripción registral es de mera publicidad como la propia Constitución señala, pero deben de inscribirse por seguridad jurídica y porque están prohibidas las asociaciones secretas. En concreto, la inscripción hace pública la constitución y los estatutos de las asociaciones y es garantía no sólo para los socios sino también para los terceros que con ellas se relacionan.
El capítulo V de la Ley Orgánica se dedica a los distintos registros de asociaciones: el Registro Nacional de Asociaciones y los Registros Autonómicos.
El Registro Nacional de Asociaciones ya estaba regulado por Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, que ahora es sustituido para adaptarlo a la evolución del fenómeno asociativo -que alcanza en la actualidad la cifra de 50000 entidades- haciéndolo más accesible y de corte electrónico.
En el Título Preliminar se indica que en el Registro se inscribirán (siempre que no tengan fin de lucro ni estén sometidas a un régimen asociativo específico):
– las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal, y de todas aquellas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una única comunidad autónoma;
– y las delegaciones de las asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España de forma estable o duradera.
Es un registro público y único para todo el territorio del Estado. Tiene su sede en Madrid y depende de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
Aunque es considerado un registro de carácter administrativo, se le aplican muchos de los principios de los registros jurídicos como los de legalidad, legitimación, tracto sucesivo, integridad (no manipulación) y publicidad.
En cuanto a la eficacia de sus asientos, cabe destacar que su contenido se presume exacto y válido, produciendo efectos mientras no se anote la resolución judicial o administrativa que declare su inexactitud o nulidad. Los asientos practicados no convalidan los actos o negocios jurídicos de las asociaciones que sean nulos con arreglo a las leyes.
Se gestionará por medios electrónicos en cuanto a procedimientos, práctica de los asientos registrales, almacenamiento de la información y en sus relaciones con los ciudadanos. Las Administraciones públicas y los órganos judiciales tendrán acceso a los datos del Registro.
El Título I regula la organización y funcionamiento del Registro. De él destacamos:
– Tiene cuatro secciones: Sección 1.ª Asociaciones. Sección 2.ª Federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones. Sección 3.ª Asociaciones juveniles. Sección 4.ª Delegaciones en España de asociaciones extranjeras.
– Los actos inscribibles se enumeran en el art. 11: denominación, domicilio, ámbito territorial, titulares de la junta directiva u órgano de representación, estatutos, NIF…
— Ha de solicitarse la inscripción de la totalidad de los miembros de la junta directiva u órgano de representación y sus cambios, que deberá presentarse tras el correspondiente proceso de elección o nombramiento.
— No se inscribirán contiendas de régimen interno salvo que se acredite admisión de la demanda (art. 30).
— Se inscribirá la declaración y revocación de la condición de utilidad pública de las asociaciones de ámbito estatal a partir de la publicación de las correspondientes resoluciones en el BOE.
– La documentación a depositar está en el art. 12.
– La publicidad se emitirá mediante certificado del contenido de los asientos, nota simple informativa, copia de los asientos o de los documentos depositados, a través de listados y por exhibición de los libros en la sede.
– Los requisitos de las denominaciones y sus límites se encuentran en los arts. 22 y 23. El Registro llevará un Fichero de denominaciones de asociaciones, que se pondrá a disposición de los ciudadanos para ofrecer publicidad informativa sobre los nombres de entidades asociativas previamente inscritas, incluso en los registros autonómicos y especiales. El Fichero será accesible a través de la sede electrónica central del Ministerio del Interior.
– La transformación, fusión y disolución de asociaciones están en los arts. 26 al 28.
– Se distingue por primera vez entre las inscripciones practicadas a solicitud de los interesados y aquellas que se realizan de oficio (las inscripciones ordenadas por los Juzgados y Tribunales)
– Las solicitudes de inscripción se podrán presentar en los lugares previstos por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas con los requisitos del art. 36. Habrá modelos en la página web del Ministerio del Interior
– El titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución motivada acordando o denegando la inscripción (por causas muy tasadas del art. 39)
El plazo de resolución será de tres meses contado desde la fecha de entrada de la solicitud en el Ministerio del Interior, con silencio positivo cuando transcurra.
– Cabe recurso de alzada ante el Subsecretario del Interior.
De las últimas disposiciones del Reglamento destacamos:
– En lo no expresamente previsto en este reglamento, los procedimientos de inscripción se regirán por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común de las AAPP.
– Muchas asociaciones (14000) han incumplido la obligación de comunicar al registro competente que se encuentran en situación de actividad y funcionamiento. Tal circunstancia se hará constar por nota marginal, a efectos de publicidad y en garantía de terceros, que será cancelada cuando presenten la preceptiva declaración de actividad y funcionamiento.
– Las asociaciones inscritas antes del 26 de mayo de 2002, que soliciten inscribir la adaptación de estatutos a lo dispuesto en la Ley Orgánica, deberán seguir el procedimiento de modificación de estatutos regulado en este reglamento.
– La inscripción y la publicidad registral estarán sujetas al previo pago de las tasas El documento acreditativo del abono de la tasa se ajustará al correspondiente modelo de autoliquidación aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
– Se publican, como anexo del Reglamento, los códigos de actividades de las asociaciones, que identifiquen su actividad principal o más característica, siendo voluntaria su inclusión en el título constitutivo. Ver también sobre los códigos el art. 24.
Las disposiciones finales del decreto modifican el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública y el Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de Asociaciones juveniles.
Entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.
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Impuesto de Sociedades. Arts. 62 al 65.
– Para que no haya obligación de presentar declaración del Impuesto sobre Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2015 y vigencia indefinida, se modifica el apartado 3 del artículo 124 LIS
a) Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales (antes 50000).
– Se introduce una modificación en la forma de cálculo del incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, el denominado internacionalmente «patent box», con el objeto de adaptarla a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE.
– La Ley del Impuesto sobre Sociedades establece la conversión de determinados activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria cuando se produzcan determinadas circunstancias. Se prevén ahora nuevas condiciones para que los activos por impuesto diferido generados a partir de la entrada en vigor de esta Ley puedan adquirir el derecho a la conversión. Asimismo, para que los generados con anterioridad, que no satisfagan las nuevas condiciones, mantengan el derecho a la conversión, habrá que pagar una prestación patrimonial.
– En la D. Tr. 3ª se establece que las sociedades civiles que con efectos de 1 de enero de 2016 pasen a tener la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, cesen en el régimen especial del recargo de equivalencia, podrán aplicar, en su caso, lo previsto en el artículo 155 LIVA y en el artículo 60 RIVA.
Interés legal del dinero. Se reduce al 3% hasta el 31 de diciembre del año 2016 (estaba en el 3,5% en 2015 y en el 4% en 2014). (Disp. Ad. 34ª).
Interés de demora. Durante el mismo período, el interés de demora a que se refieren el artículo 26.6 de la Ley General Tributaria, y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será el 3,75% (estaba en el 4,375% en 2015 y en el 5% en 2014). (Disp. Ad. 34ª).
Ver archivo especial en Futuras Normas, elaborado por Albert Capell.
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LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS ELECTRÓNICO. FECHA DE CIERRE DEL ANTERIOR LIBRO DE ACTAS ^. Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles II de Valencia, por la que se rechaza la legalización de libros de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.
Hechos: Se solicita la práctica de legalización de un libro de actas en formato electrónico, acompañado de la diligencia de cierre del anterior libro a que se refiere la instrucción sexta de la de 12 de febrero de 2015, con fecha de cierre posterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil.
La registradora suspende pues en la diligencia de cierre que se acompaña la fecha de expedición –30/04/2015– es incoherente respecto a la de la presentación en esta oficina –29/04/2015–. Artículo 97, 112, 366 y 368 del Reglamento del Registro Mercantil (R.D. 1784/1996, de 19 de julio).
Se recurre alegando que el registrador no puede calificar el contenido del libro.
La DG dice que “el evidente error de fecha que resulta de los hechos, y que los recurrentes no discuten, no puede acceder a los libros del Registro pues éste no puede contener datos contradictorios que induzcan a error a los que consulten su contenido (vid. instrucción primera de la de 1 de julio de 2015)” Por tanto “la registradora Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del número 3 del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre”.
Termina diciendo que la “cuestión en realidad no es nueva” pues “de acuerdo al sistema de legalización anterior (vid. artículo 330.1.3.ª del Reglamento del Registro Mercantil), la solicitud debía hacer referencia a la fecha de cierre del libro anterior de la misma clase a aquél que se solicitaba, fecha que, evidentemente no podía ser posterior a la de su presentación en el Registro Mercantil”.
Comentario: Resolución sobre una cuestión menor cuyo único interés está en el repaso que el CD hace a su doctrina sobre legalización de libros conforme a la Ley de Emprendedores. (JAGV)
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LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS ELECTRÓNICO DE UNA SOCIEDAD. NO PUEDE COMPRENDER ACTAS DE VARIOS EJERCICIOS. Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles IV de Valencia, por la que se rechaza la legalización del libro de actas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.
Hechos: Se solicita de un Registro Mercantil la legalización de un libro de actas en formato electrónico correspondiente al ejercicio de 2014 pero con actas del ejercicio de 2015.
Se suspende la legalización por los siguientes motivos:
1º. No es posible que el libro de actas contenga las actas de distintos ejercicios.
2º. Tampoco es posible le legalización pues contiene actas de ejercicio no cerrado. Se añade que sería posible la legalización como libro de detalle de actas.
Todo ello conforme al artículo 18 de la LE.
El interesado recurre: Se limita a manifestar que el registrador no puede calificar el contenido de los libros.
Recuerda que “las Instrucciones de 12 de febrero y 1 de julio de 2015 han procurado facilitar el tránsito de un sistema en el que se preveían hasta cuatro formas distintas de llevar a cabo la legalización de libros obligatorios a un sistema caracterizado porque la legalización es siempre posterior al cierre del ejercicio, porque el formato del soporte debe ser únicamente electrónico y porque el medio de presentación ha de ser siempre telemático”.
Por otra parte, confirma que “el registrador Mercantil ha actuado dentro del ámbito de su competencia como resulta del número 1 en relación con el número 3 del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre”. Además “de las instrucciones decimonovena y vigésima de la de 12 de febrero de 2015 resulta que el registrador debe calificar no sólo la solicitud presentada sino también el resto de los documentos que la acompañen, calificación que se extiende a la verificación de que el libro presentado a legalización cumple los requisitos previstos en el número 1 del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, en cuanto se refiere a un ejercicio vencido.
Reconoce que “tratándose de libros cuyo contenido esté protegido” por el sistema de encriptado o de doble clave “el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado corresponde a un libro de empresario o no, pero si podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado decimoctavo de la Instrucción de 12 de febrero de 2015”.
Comentario: De esta resolución solo destacaremos que en el caso de libro de actas encriptados el hecho de que el libro sólo contiene lo que se dice que contiene queda, como es lógico, bajo la responsabilidad del que hace la presentación del libro, sin que el registrador pueda conocer la veracidad de dicha declaración. (JAGV)
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL. FORMA DE ACREDITARLA: DEBE HACERSE EN LA FORMA LEGAL O ESTATUTARIA O SI NO ES ASÍ, DE FORMA INDUBITADA. Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles interina de San Sebastián de la Gomera, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.
Hechos: Se trata de una junta convocada de forma muy especial: A un socio se le convoca por acta notarial y respecto de otro socio existente en la sociedad, que según se dice está en trámites de incapacitación, se pretende que se dé por buena su convocatoria mediante la aportación de fotocopia de un acta notarial en la que aparece su nombre, la fecha y una firma.
La registradora suspende la inscripción al no considerar suficiente dicho documento para acreditar que dicho socio ha sido debidamente convocado. Cita en su apoyo varias resoluciones de la DG como la Resolución de 10 de octubre de 2012, la Resolución de 1 de octubre de 2013 y la Resolución de 16 de febrero de 2013.
El interesado recurre pues conforme a estatutos no era precisa convocatoria por medio de notario, sino que basta con carta con acuse de recibo y con la copia del acta firmada por el socio se está acreditando que tuvo conocimiento de la fecha y lugar de reunión, así como del orden del día.
Doctrina: La DG confirma con rotundidad la nota de calificación.
Distingue, como ya ha hecho en otras ocasiones, entre la forma públicas de convocatoria de la junta a las que se les aplica el artículo 107 del RRM y las formas privadas a las que se les aplica el artículo 97.2 RRM, bastando en estos casos con expresar en la certificación la fecha y forma en que se ha realizado dicha convocatoria.
Confirma que “la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema” aunque “no cabe descartar la posibilidad de que un defecto de convocatoria pueda entenderse irrelevante si consta indubitadamente la aceptación a que la junta se lleve a cabo en términos que excluyan perjuicio a los derechos individuales de los socios (confróntese el supuesto de la Resolución de 15 de noviembre de 2002 y el opuesto de la Resolución de 27 de octubre de 2012)”.
Ahora bien, en el caso de la resolución la “la absoluta falta de autenticidad de la documentación incorporada y de su contenido justifican plenamente el rechazo de la registradora”.
Comentario: Confirma una vez más el CD la esencialidad de las formas de convocatoria para que la junta se entienda válidamente convocada. Pero no descarta que, aunque dichas formas no se hayan cumplido si se acredita el conocimiento de esa convocatoria de una forma indubitada, la convocatoria se puede considerar bien hecha. (JAGV)
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AUMENTO DE CAPITAL SL. ES NECESARIA LA MANIFESTACIÓN O EL COMPROMISO DE QUE LA TITULARIDAD SE HA HECHO CONSTAR EN EL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN. Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Ourense, por la que se rechaza la inscripción de una escritura de aumento de capital.
Hechos: Se trata de una escritura de aumento de capital, con acuerdo tomado en la propia escritura, en la que se hace la advertencia notarial de que el órgano de administración debe hacer constar la titularidad de las participaciones en el Libro Registro de Socios.
El registrador califica negativamente pues a su juicio “no consta la declaración del órgano de administración de que la titularidad de las nuevas participaciones creadas en virtud del aumento, se haya hecho constar en el Libro-Registro de socios, o en su defecto el compromiso de llevar a cabo esta constancia por parte del órgano de administración. Art. 314 LSC y 198.4 RRM.
El notario recurre alegando que la “calificación carece de motivación porque se limita a la cita rutinaria de dos preceptos legales y porque, respecto de dichos derechos, introduce una disyuntiva que no resulta de los mismos, no explicando su fundamento y que además la nota no hace valoración acerca de las circunstancias concretas que concurren en la escritura calificada, como el hecho de celebración de junta universal constando que se acredita al Notario el carácter de socios mediante exhibición del libro registro”.
Para el CD “la claridad del precepto legal (y de su correspondiente reflejo reglamentario), no deja lugar a dudas” sobre la obligatoriedad de la manifestación añadiendo que “corresponde al notario autorizante velar porque la escritura pública reúna los requisitos legalmente establecidos para provocar la modificación de Registro”.
Por último, reproduce su ya clásica doctrina acerca de la falta de motivación de la nota cundo esa falta de motivación ni impide recurrir ni alegar al recurrente lo que estime pertinente.
Comentario: El registrador, con buen sentido, dadas las circunstancias concurrentes en la adopción de acuerdos, establece una doble posibilidad: La de que ya se ha hecho constar la titularidad en el Libro Registro de Socios, lo que es realmente difícil pues es en la propia escritura en donde se están tomando los acuerdos, o bien el compromiso de hacerlo constar. Hoy día, además, no sólo en estos acuerdos, sino también en los que se adopten en junta y sean elevados a público con posterioridad, es realmente difícil, aunque no imposible, que esa anotación se haya tomado. Dado el carácter electrónico del Libro Registro de Socios y su legalización anual antes de que transcurran cuatro meses del cierre del ejercicio, lo normal será que esa constancia se haga a posteriori. Es decir, al no existir ya soporte físico del libro, sino sólo soporte electrónico, el libro normalmente se confeccionará al final del ejercicio para incluir en él todas las incidencias que hayan surgido durante el año sobre las participaciones sociales, cerrarlo y presentarlo a legalización. Por ello lo más usual a partir de ahora debe ser el compromiso de que nos habla el registrador. (JAGV)
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL POR ADMINISTRADOR NO INSCRITO: ES VÁLIDA SIEMPRE QUE SE ACREDITE LA REGULARIDAD DE SU NOMBRAMIENTO. Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Cuenca, por la que se rechaza la inscripción de un acta de junta general.
1º. Junta Universal en la que se cesan a dos administradores mancomunados y a uno de ellos se le nombra administrador único. El nombramiento no se inscribe por cierre del Registro.
2º. El administrador único requiere a una notario para que convoque al resto de los socios y asista a la celebración de la junta convocada.
3º. El día de la celebración se presentan dos socios que tras manifestar que la junta no ha sido debidamente convocada se ausentan. Sólo asiste el requirente que tiene el 51% del capital social.
4º. En la junta se aprueban las cuentas y se ratifica el cese y nombramiento de la anterior junta Universal.
5º. Se presenta el acta de la junta en la cual resulta protocolizada el acta de junta universal de nombramiento de administrador único y se solicita su inscripción.
El registrador deniega la inscripción pues la “convocatoria de la Junta General no es válida; debe ser convocada por los administradores mancomunados de la sociedad que constan inscritos en este Registro”. Art. 166 de la LSC.
El interesado recurre y alega que “la calificación no responde a ninguna exigencia amparada en texto legal, ignora los acuerdos anteriormente adoptados que no han sido impugnados ni pueden serlo ya y vulnera la doctrina sobre la administración de hecho paralizando la sociedad” y que “el artículo 166 de la LSC no exige que la convocatoria sea llevada a cabo por administrador inscrito”.
Su doctrina, por ser resumen de la opinión del CD en esta materia, la extractamos a continuación:
La facultad de convocatoria de la junta general está reservada legalmente al órgano de administración con carácter exclusivo, al margen de supuestos singulares como el relativo a la sociedad en fase de liquidación –como resulta del mismo precepto legal–, el de convocatoria judicial(sic) (artículos 169 y 171, párrafo primero, de la Ley de Sociedades de Capital) o el de órgano de administración incompleto y con objetivo limitado (como dispone el párrafo segundo del artículo 171 de la misma Ley)
El nombramiento de los administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece configurada como obligatoria pero no tiene carácter constitutivo.
El no condicionamiento de la previa inscripción en el Registro Mercantil del nombramiento del cargo representativo para la inscripción del acto de que se trate, no puede excusar la necesaria acreditación de la existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular registral, para que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa intervención de dicho titular registral.
La inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil no es en consecuencia precisa para la válida existencia del nombramiento, aunque sí para su plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículos 21 del Código de Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil).
Cuando la convocatoria de la junta general haya sido llevada a cabo por quien actúa como administrador, sin que dicha circunstancia resulte de los libros del Registro Mercantil, será preciso acreditar ante el registrador la validez y regularidad de su nombramiento.
Como conclusión de todo lo dicho revoca la calificación registral poniendo de manifiesto, no obstante, sus dudas acerca de si el nombramiento hecho en su día reúne todos los requisitos legales para su inscripción y entre ellos y como muy importante la notificación a los efectos del artículo 111 del RRM, pero como ello no ha sido objeto de la nota de calificación no se entra en su resolución (cfr. artículo 326 de la LH).
Comentario: Interesante resolución en tanto en cuanto es un acertado resumen de la doctrina de la DG acerca de la eficacia del administrador no inscrito, eficacia que en otras resoluciones recientes relativas al registro de la propiedad, no ha sido tan claramente aceptada, ni tampoco por parte de la doctrina especializada .
No obstante, al parecer, el registrador del conjunto de los documentos aportados tenía medios suficientes para poder reconstruir el tracto registral del nombramiento y es lo que en puridad debería haber hecho. Es decir una calificación conjunta del nombramiento en junta universal, de las cuentas aprobadas para ver si era posible su depósito y se producía la apertura del registro y finalmente una calificación del acta notarial presentada en la que figuraba la ratificación del nombramiento, acto que en puridad no es inscribible, pese a que algún texto legal, como el nuevo artículo 197 bis de la LSC, nos hable ya de ratificación de administradores, junto al nombramiento y reelección como acto distinto y supuestamente inscribible.
Por tanto, en estos casos de administradores no inscritos, se deben ponderar con mucho cuidado todos los intereses en juego y sin aferrarnos a una interpretación rígida de las normas registrales inclinarnos por la solución que, sin perjudicar a terceros, en este caso otros socios, sean las más beneficiosas para la continuidad de la sociedad.
Por último destacamos, aunque sin relación con la resolución, que resulta llamativo que la DG siga hablando el 14 de septiembre de convocatoria judicial de la junta para referirse al artículo 169, cuando dicho artículo, tras la Ley 15/2015 de JV, ya no regula dicha materia e incluso ha cambiado su epígrafe por la de “competencia para la convocatoria, y ahora debería referirse a la convocatoria registral de la junta o a la realizada por el Letrado de Administración de Justicia, que en cierto sentido puede considerarse judicial, pero ya en ningún caso a la judicial exclusivamente. (JAGV)
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LEGALIZACIÓN DE LIBRO DE ACTAS DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: NO ES POSIBLE EN FORMATO PAPEL. Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles III de Murcia, por la que se rechaza la legalización de un libro de actas del consejo de administración de una sociedad.
Hechos: En fecha 6 de mayo de 2015 se solicitó la práctica de legalización de un libro de actas del consejo de administración en soporte papel.
El registrador suspende la legalización pues ya no es posible legalizar libros en blanco, dado que deben ser confeccionados en formato electrónico y, salvo justa causa, presentados por vía telemática en el Registro Mercantil de conformidad con el art. 18 de la Ley de Emprendedores. Defecto subsanable.
El interesado, una importante sociedad, recurre alegando las normas del Código de Comercio y la suspensión de la Instrucción de 12 de febrero de 2015.
Vuelve a recordar su doctrina sobre legalización de libros, ya sobradamente conocida y como dato de interés se refiere a la contestación a una consulta realizada a la propia DG y resuelta el 23 de julio de 2015, y cuya lectura, pues se reproduce en los fundamentos de derecho, recomendamos a los interesados en la cuestión. También alude, como dato trascendente, que la demanda en petición de nulidad de la Instrucción de 12 de febrero ha sido retirada.
Comentario: Poco a poco se va cerrando el círculo sobre la legalización en formato electrónico o en formato tradicional. Los empresarios deben tomar conciencia de que el formato papel está ya en vías de extinción. (JAGV)
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REVOCACIÓN DE PODER POR UNO DE LOS DOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS: NO ES POSIBLE. Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Sevilla a inscribir la revocación de un poder inscrito.
Hechos: Se trata de un poder conferido por dos administradores mancomunados a un extraño y ahora revocado por uno sólo de ellos. Tras exponer en la escritura las razones de la revocación- estrechas relaciones familiares y laborales con el otro administrador mancomunado- se alegan los argumentos y doctrina contenidos en la Resolución de la Dirección General de 12 de septiembre de 1994.
El registrador suspende la inscripción pues la escritura ha de estar ratificada por la otra administradora mancomunada, …, sin que pueda aplicarse en el presente caso la R.D.G.R.N. que se cita, pues el contenido de la misma se refiere al supuesto en el que dos Administradores Mancomunados se confieren poder a sí mismos, en cuyo caso sí es posible la actuación de uno solo de ellos para proceder a la revocación del mismo: Ver artículos 233.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 185.3.c del R.R.M.–Defecto subsanable.
Se recurre incidiendo nuevamente en las relaciones familiares del administrador no revocante con el apoderado que hacen ilusorio el que el mismo pueda revocar el poder.
Alude a su resolución de 15 de abril de 2015, y a la no aplicabilidad de la doctrina de que el poder recíproco concedido a favor de los propios administradores mancomunados puede ser revocado por uno sólo de ellos. Si se admitiera la revocación se “desnaturalizaría la esencia de la actuación mancomunada en el ejercicio del poder de representación exigida por el artículo 233 de la Ley de Sociedades de Capital cuando la administración de la sociedad de responsabilidad limitada se hubiera confiado a dos administradores que actúen de forma conjunta”.
Finalmente, respecto de las razones personales alegadas por la administradora mancomunada revocante, la DG dice que tiene una dilatada doctrina en la que se ha afirmado “que no cabe una calificación conjetural basada en circunstancias que no resulten debidamente acreditadas todo ello sin perjuicio de las pretensiones que pudiera intentar hacer valer el recurrente en vía judicial respecto de la revocación cuestionada”.
Comentario: Clara y reiterativa resolución de la que sólo destacamos la no admisión por la DG de la llamada calificación conjetural, como modo de prever registralmente lo que puede pasar si no se practica una inscripción. (JAGV)
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AMPLIACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO CON CONSERVACIÓN DEL RANGO. Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Escalona, por la que se suspende la práctica de una nota marginal de ampliación de embargo.
La DGRN desestima el recurso y confirma la negativa registral diciendo que “el asiento de anotación de embargo refleja la deuda contenida en la diligencia de embargo, sin que pueda pretenderse que garantice deudas posteriores de vencimientos periódicos, aunque sea por el mismo concepto que las ya anotadas. En esta línea, admitir la pretensión de recurrente implicaría que anotado un embargo por impago de una anualidad de un impuesto periódico, quedarían tácitamente garantizados todos los hipotéticos impagos sucesivos con carácter indefinido, lo cual, como ya hemos avanzado, no puede cohonestarse con los principios generales en sede de tercerías, preferencias credituales, concurrencia de ejecución, y tutela judicial efectiva; así como con los principios registrales de prioridad y legitimación registral.” (JDR)
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EL ÁMBITO DE REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES NO ES LIMITABLE ESTATUTARIAMENTE. Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles III de Sevilla a inscribir determinada disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Se discute en este recurso sobre “si es o no inscribible la disposición de los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada según la cual los administradores «necesitarán autorización previa de la junta general por exceder de sus facultades propias o los fines sociales para: Constituir hipotecas, prendas o cualquier otra garantía real o personal (aval) para la seguridad de obligaciones de persona o entidad distintas del poderdante, salvo que sean entidades pertenecientes al mismo grupo”.
El registrador entiende que no son inscribibles por ser una limitación de facultades al Administrador de la Sociedad. Véase artículos 234.1, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y 124 del R.R.M., así como la R.D.G.R.N. de 12 de julio de 1993.
El notario recurre y en un extenso escrito trata de desvirtuar la calificación registral dado que el objeto de la sociedad en cuestión son actividades de consultoría de gestión empresarial, que la finalidad de atribuir omnímodas facultades a los administradores se hizo con la intención de garantizar la estabilidad en las transacciones mercantiles, que la tendencia actual es la de restringir o estrechar las facultades de los administradores a lo estrictamente necesario, y así, no solo en el ámbito de las sociedades cotizadas, de las sociedades financieras en general y de las Cajas de Ahorro en particular, desde Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y también y muy especialmente la última reforma de la LSC, Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificada Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo en el art. 160.f.
Dice nuestro CD que para los actos comprendidos en el objeto social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los administradores, aunque están inscritas en el Registro Mercantil y que la doctrina de la propia DG sobre este punto, antes de 1990, se puede resumir en los siguientes puntos: a) Que el objeto social ha de estar determinado, pero esta determinación no limita la capacidad de la sociedad, sino sólo las facultades representativas de los administradores; b) Que es ineficaz frente a terceros cualquier limitación de dichas facultades siempre que se trate de asuntos o actos comprendidos dentro de dicho objeto social, y c) Que están incluidos en el ámbito de poder de representación de los administradores no sólo los actos de desarrollo y ejecución del objeto, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los claramente contrarios a él, es decir, los contradictorios o denegatorios del mismo”.
Por ello “una limitación como la cuestionada en el presente caso puede tener una eficacia meramente interna (en el ámbito de la exigencia de responsabilidad que la sociedad pudiera hacer valer frente al administrador que se hubiese extralimitado). Pero aun cuando esta concreción de efectos se impondría en definitiva por la indudable subordinación de las disposiciones estatutarias a las normas legales imperativas y por la necesaria interpretación de dichas cláusulas en el sentido más favorable para su eficacia (vid. artículo 1284 del Código Civil), es doctrina de este Centro Directivo que la trascendencia de las normas estatutarias en cuanto rectoras de la estructura y funcionamiento de la sociedad y la exigencia de precisión y claridad de los pronunciamientos registrales imponen la eliminación de toda ambigüedad e incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisito para su inscripción (vid., por todas, la Resolución de 12 de julio de 1993)”.
Comentario: Clara y contundente resolución de la DG sobre las facultades del órgano de administración de las sociedades. Pese a los recortes que se le han pretendido imponer, incluso por vía legal (cfr. art. 160.f de la LSC) se alza con contundencia la seguridad del tráfico jurídico y la necesaria confianza en la actuación de los administradores por su capacidad y facultades para obligar a la sociedad como medio de mantener un tráfico mercantil fiable y seguro. Lo que no aclara es si sería posible inscribir esas limitaciones si se hiciera constar que las mismas sólo producen efectos entre la sociedad y los administradores sin tener ninguna trascendencia frente a terceros. A nuestro juicio sí serían inscribibles pues se trataría en este caso de una mera publicidad sin ninguna trascendencia externa, pero que afectaría a todos los administradores que lo fueran de la sociedad a los efectos de exigencia de posibles responsabilidades si traspasan la limitación. En ocasiones se hacen peticiones en este sentido pues se desea que los estatutos reflejen esas limitaciones internas del órgano de administración. (JAGV)
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CIERRE REGISTRAL POR BAJA PROVISIONAL EN EL INDICE DE SOCIEDADES: NO CABE PRACTICAR ASIENTO ALGUNO. Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles II de Pontevedra, por la que se rechaza la inscripción de una escritura pública de renuncia de administrador solidario.
Hechos: Se trata de inscribir la renuncia de un administrador solidario.
La registradora suspende la inscripción pues la sociedad está dada de baja en el índice de Entidades del Ministerio de Hacienda.
El interesado recurre alegando el art. 378 del RRM que no guarda, añadimos nosotros, relación con la cuestión debatida.
Recuerda que la legislación aplicable en la actualidad es el artículo 119.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y que dicha regulación se completa con el artículo 96 del Reglamento del Registro Mercantil que exceptúa del cierre “los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas anuales”.
Comentario: Reiterativa resolución de nuestra DG de la que sólo destacamos su referencia al artículo 96 del RRM, el cual en cuanto a la excepción de los asientos ordenados por la autoridad judicial está clara pero no tanto en cuando a la excepción de los depósitos de cuentas. Ahora bien, con su cita quizás la DG quiera indicar que los depósitos sí pueden hacerse lo que sin embargo ha sido negado en otras ocasiones por el carácter absoluto del llamado cierre fiscal. (JAGV)
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SOCIEDAD ANÓNIMA: DIGAN LO QUE DIGAN LOS ESTATUTOS, LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DEBE HACERSE CONFORME A LAS NORMAS IMPERATIVAS EXISTENTES EN DICHO MOMENTO. Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.
Hechos: Se trata de una junta de sociedad anónima convocada el 5 de mayo para ser celebrada el 27 de mayo. En los estatutos de la sociedad, no adaptados a la reforma del artículo 176 de la LSC por Ley de Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre Sociedad Anónima Europea, se sigue hablando de que la antelación en la convocatoria será de 15 días.
El registrador deniega la inscripción pues entre la fecha de la última publicación de la convocatoria y la fecha de celebración de la Junta General, no transcurre el plazo de un mes de antelación establecido por el art 176 de la Ley de Sociedades de Capital –defecto insubsanable–, considerando inaplicable la norma estatutaria que fijaba el plazo en quince días, conforme a la Ley de Sociedades Anónimas derogada, por opuesta a dicho precepto legal al establecer un plazo inferior entre la convocatoria y la fecha de celebración, en perjuicio de los accionistas, lo que da lugar a que ese artículo estatutario quede automáticamente ‘‘derogado’’ por la nueva norma imperativa”.
El interesado recurre pues la convocatoria se ha se ha llevado a cabo de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales inscritos, dado que la Ley de 2005 no contenía normas sobre derecho transitorio ni obligaba a la adaptación de estatutos.
Para la DG pese a que los estatutos son la ley fundamental a que debe sujetarse la sociedad “si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (vid. artículos 1.255 del Código Civil y 28 de la Ley de Sociedades de Capital), exceptuando el supuesto en que la norma estatutaria no sea incompatible con la nueva norma legal o cuando siendo esta dispositiva el contenido estatutario sea conforme con el ámbito de la disposición”.
Además “aunque no exista una obligación especialmente prevista de adaptación es evidente que el contenido de los estatutos no puede aplicarse en contra de la previsión legal”.
Comentario: Resolución clara y que no hace sino confirmar la doctrina de la DG ya manifestada en otras resoluciones. Se trata de un supuesto de la llamada adaptación legal en virtud de la cual las normas estatutarias contrarias a normas imperativas promulgadas con posterioridad quedan sin eficacia y vigor a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación. JAGV.
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CANCELACIÓN DE ASIENTOS ANTERIORES A DECLARACIÓN DE CONCURSO. Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad interina de Jumilla, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento de cancelación de embargo en un procedimiento concursal.
Se plantea cuáles son los requisitos para poder cancelar cargas anteriores a la declaración a la declaración del concurso de acreedores una vez abierta la fase de liquidación.
Esta Resolución recoge la doctrina establecida por la de 2 de julio de 2015 en el sentido de que es necesario un triple requisito (art. 55.3 LC): a) que la decrete el juez del concurso a petición de la administración concursal; b) que concurra como causa habilitante el hecho de que el mantenimiento de los embargos trabados dificulte gravemente la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, y c) la audiencia previa de los acreedores afectados. Y tales requisitos deben ser adaptados a la situación creada tras la apertura de la fase de liquidación. Concretamente, la audiencia del acreedor anotante deberá entenderse sustituida por la notificación a los titulares de derechos y cargas que han de cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo (arts 20 LH) y la salvaguardia judicial de los asientos del art. 1.3 LH. (MN)
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CONSTITUCIÓN DE SL. DENOMINACIÓN SOCIAL. SI NO ES SOCIEDAD PROFESIONAL NO PUEDE TENER COMO DENOMINACIÓN LA DE INGENIERÍA. Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles XVIII de Madrid, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de constitución de una sociedad limitada.
Hechos: Una sociedad con actividad relativa a la mediación en “servicios técnicos de ingeniería”, adopta la denominación de «Ecoterra Ingeniería y Consultoría Ambiental, S.L.».
El registrador suspende la inscripción pues “dado que la ingeniería es actividad profesional de ingenieros, y que la sociedad no la incluye en el objeto social (que sería de una sociedad profesional), sino que se define como mediadora y coordinadora, la inclusión en la denominación social de la expresión «ingeniería» es contraria al artículo 402 del Reglamento del Registro Mercantil, según el cual «no podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social»; y el artículo 406 que prohíbe incluir «término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas» (art. 406 RRM). Ver en este sentido la resolución de la Dirección General de los registros y del Notariado R. 26.06.1995. La R. 28.01.2009 que admitió la denominación «X, Abogados S.L.» fue anulada por S.AP Barcelona 21.07.2011, y ésta confirmada por S.TS. 21.07.2011 (sic) (que declaró ajustada a derecho la calificación negativa efectuada por la registradora). Aun así, la resolución decía que, aunque el art. 402.2 RRM proscribe la denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social, sólo se refiere esa proscripción a los momentos de adopción de la denominación o modificación del objeto (como es el caso).
La notaria autorizante recurre y dice que “en toda sociedad, por su condición o naturaleza de ente abstracto personificado, debe distinguirse entre la actividad social, …. y la forma de realizar o prestar esa actividad en sus relaciones con terceros en el tráfico, y por ello si la actividad propia es por tanto la «ingeniería» y la sociedad sólo actúa para su ejercicio como «mediadora y coordinadora» con carácter instrumental es lícito referirse a la misma en su denominación conforme permite el art. 402.2 del R.R.M”.
La DG parte de la consideración de que “toda sociedad tiene derecho a un nombre que la identifique dentro del tráfico jurídico”. La elección de la denominación es libre si bien debe responder a los criterios de unidad (no es posible más de una denominación por persona jurídica), de originalidad o especialidad (no puede ser idéntica a la de otra sociedad preexistente) y al de veracidad (no puede inducir a confusión sobre la identidad o naturaleza de la sociedad)
Por su parte el artículo 406 del Reglamento del Registro Mercantil establece la prohibición de denominaciones que induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad y el 402 es prohibitivo de una denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida en el objeto de la sociedad. Dado que la sociedad no es profesional sino mediadora y en la denominación se utiliza el término ingeniería “sin hacer la precisión de que es de intermediación en actuaciones de ingeniería, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil, como una sociedad de ingeniería, cuando en realidad es de mediación de ingeniería”.
Comentario: Nos parece excesivamente rígida la postura mantenida en esta resolución por nuestra DG. Con esta tesis se dejan fuera del mercado de denominaciones, salvo para las propias sociedades profesionales, una gran multitud de denominaciones utilizadas tradicionalmente por las sociedades españolas que pueden hacer referencia a la medicina, a sus distintas especialidades, a la abogacía, con sus cada vez más frecuentes derivaciones, a la psicología, a la arquitectura, a la informática, cada vez más frecuentes, y en definitiva al conjunto de las distintas profesiones. A partir de esta resolución no podrá utilizarse en sociedad normal, es decir que no sea profesional, ningún término que esté relacionado con una profesión determinada. No creemos que esa haya sido la intención del legislador.
Creemos que ello supone una clara confusión: Una sociedad puede tener como actividad la ingeniería, que es actividad propia de ingenieros, sin necesidad de ser profesional, sino como mediadora, coordinadora, o de medios, pero ello no quiere decir que su actividad no sea la realización de los actos propios de los ingenieros. Se trataría de las calificadas sociedades de profesionales o entre profesionales. Recordemos lo que al respecto dice la Ley 2/2007 de sociedades profesionales en su artículo 1 de que a “los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente”. Por tanto, si en una sociedad de ingeniería no hay esa imputación directa de los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional a la propia sociedad, esa sociedad no será profesional, pero a mí no me ofrece duda de que en su actividad derivada de su objeto puede llevar a cabo obras de ingeniería. Y la consecuencia de ello es que si puede llevar a cabo obras de ingeniería debe poder utilizar en su denominación dicho término diferenciador de otras sociedades y no sólo diferenciador sino incluso especificador de su actividad social. Por ello entiendo que la actividad de ingeniería forma parte del objeto de una sociedad no profesional y que dicho término no induce a ningún error o confusión sobre la verdadera naturaleza de la sociedad.
La tesis de la DG, como apuntaba la notario recurrente, deja fuera de juego, en cuanto a su denominación social, no a cinco sociedades que ella citaba, sino a miles de sociedades existentes en todos los registros mercantiles de España.
Por otra parte, cuando el legislador quiere hacer reserva de una determinada denominación social lo hace expresamente como es el caso de las denominaciones relacionadas con los bancos, las financieras o los seguros o las laborales. Y si esa reserva no existe esa denominación, respetando los límites generales legales o reglamentarios, debe poder ser utilizada por los empresarios con normalidad.
A este respecto citaremos algunas de las decisiones de nuestro CD que van por ese camino. Así la Resolución de 16 de marzo de 2012 vino a decir que sólo debe impedirse la inscripción en el RM de sociedades con denominaciones que incidan de forma clara en prohibiciones legales; en otra de 13 de septiembre de 2000 admitió el término laboral por no inducir a confusión, y finalmente en otra de R. 26 de Mayo de 2003 concluyó que no induce a confusión incluir las siglas “SAT” en la denominación de una sociedad pues si se tratara propiamente de una sociedad agraria de transformación sería necesario que figurase en la denominación el número que le corresponda en el Registro General administrativo.
En definitiva, en la Ley 2/2007 no existe, al menos de forma expresa, reserva de denominación a favor de las sociedades profesionales y que la inclusión de una actividad profesional en la denominación de una sociedad que no sea de esta clase, pero su objeto se relacione con dicha actividad no puede inducir a confusión alguna en el tráfico mercantil. JAGV.
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DENEGACIÓN DE ASIENTO DE PRESENTACIÓN DE UNA INSTANCIA PRIVADA. Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la denegación a practicar un asiento de presentación por la registradora de la propiedad de Gandía n.º 4 respecto de una instancia privada.
Se confirma el criterio de la Registradora en el sentido de que no procede presentar en el Diario una instancia privada solicitando la anulación de una inscripción por entender que se incumplía el requisito del tracto sucesivo. De acuerdo con el art. 420 RH los registradores no extenderán asiento de presentación de «los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuya eficacia registral». Ninguna disposición legal atribuye eficacia registral al documento privado que pretende dejar sin efecto un asiento que se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales. Si el recurrente estimase que el asiento practicado es nulo, deberá instar el correspondiente procedimiento judicial regulado en el art 40 LH (MN)
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CONCURSO DE ACREEDORES. TRANSMISIÓN DE FINCA. PLAN DE LIQUIDACIÓN. CANCELACIÓN DE CARGAS. Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Las Rozas de Madrid n.º 2 a la inscripción de determinada transmisión de inmueble y cancelación de cargas registrales como consecuencia de un proceso concursal.
Se pretende la inscripción de una adjudicación o venta directa de una finca en ejecución del plan de liquidación aprobado en un proceso concursal con base únicamente en el auto dictado por el magistrado juez del Juzgado de lo Mercantil por el que se acuerda aprobar dicha adjudicación directa.
En primer lugar, considera el Registrador que es necesaria escritura pública en la que los titulares registrales debidamente representados y el adquirente formalicen la venta del bien con arreglo al auto de aprobación de la adjudicación y con el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la misma. De acuerdo con el art. 155 LC para inscribir los actos de enajenación o gravamen de bienes o derechos que integren la masa activa del concurso será necesario que se acredite la obtención del oportuno auto autorizatorio; Pero además es imprescindible que el título material –en este caso la enajenación autorizada por el juez– conste en el título formal adecuado, es decir, «el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite» (art 33 RH). El título a efectos de la inscripción será, por tanto –como título principal– la escritura pública, en la que conste el negocio traslativo, complementada por el título formal que acredite la autorización judicial. Por lo demás, en la escritura pública deberán constar las circunstancias de mención obligatoria conforme a los arts 9.4.ª LH y 51.9.ª RH.
Un segundo defecto es que para la cancelación de las anotaciones de embargo sin privilegio especial debe acreditarse que se le han notificado los autos en los que se aprueba el plan de liquidación y se ordena «la cancelación de todas las cargas y gravámenes», sin que sea suficiente indicar sólo genéricamente que se ha dado conocimiento a los acreedores personados en el procedimiento sin privilegio especial, pues no se identifican tales acreedores a los que se ha efectuado la notificación ni se especifican individualizadamente. Entiende la Dirección que de acuerdo con el art. 55 LC (en idéntico argumento que la resolución 361) No cabe duda alguna de que esta actuación de notificación al titular de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites de obligada calificación por parte del registrador. Pero una vez que en los documentos presentados se afirma por el juez que se ha notificado y se ha dado audiencia a tales acreedores, el registrador ha de pasar por ello, por lo que se rechaza el defecto.
Por último, alega el registrador que para la cancelación de las hipotecas no es suficiente que conste que se ha notificado a los acreedores con tal privilegio especial el plan de liquidación y de la venta efectuada, sino que es necesario que se especifiquen las medidas tomadas para la satisfacción de su crédito de acuerdo al art 115.4 LC. La Dirección confirma esta doctrina, pero se rechaza el defecto ya que consta en los documentos calificados que la identificación de los acreedores con privilegio especial y se indica que se ha verificado la notificación tanto el auto que aprueba el plan de liquidación, como de la venta efectuada. Precisamente este auto se dicta para dar cumplimiento a las exigencias expresadas por la R de 5 de septiembre de 2014. Al constar en el auto que han sido cumplidos los requisitos exigidos por dicha Resolución y se ha dado audiencia a los acreedores privilegiados, debe entenderse que esa audiencia comporta también la notificación de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial. (MN)
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MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. SL. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS: NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN SI HA SIDO PARCIALMENTE CUMPLIDO. Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles I de Palma de Mallorca a inscribir determinados acuerdos sociales de modificación de los estatutos de una sociedad.
Hechos: Se trata de una escritura de modificación de estatutos, en junta debidamente convocada, pero con asistencia del 100% del capital social, habiéndose omitido en los anuncios de convocatoria el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los extremos a modificar. En concreto el anuncio decía lo siguiente respecto del derecho de información de los socios: “Cada socio tiene derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la junta, entre ellos el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta”. El acuerdo se tomó con el voto a favor del 60% del capital social y el voto en contra del resto
El registrador deniega la inscripción pues “el anuncio de la convocatoria de la Junta no cumple con los requisitos que en orden a respetar el derecho de información de los socios exige el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. En cuanto a que no se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener el envío gratuito de los documentos. Resoluciones de la DGRN de fechas 16 de noviembre de 2002; 9 de mayo de 2003; 8 de julio de 2005, entre otras.
El interesado recurre alegando que la redacción del anuncio respeta las previsiones legales si bien no de forma literal.
Tras repasar su doctrina sobre la esencialidad del derecho de información del socio también se refiere a que “esta rigurosa doctrina ha sido mitigada en ocasiones al afirmarse que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales y a mayor abundamiento en la actualidad tras las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se establece de forma expresa en el artículo 204.3 del texto refundido, que no procede la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria…» salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo” concluyendo que como los acuerdos se tomaron por mayoría suficiente una nueva convocatoria de una junta en nada alteraría el resultado de lo acordado.
Comentario: Aunque la nota de calificación estaba ajustada, con excesiva rigidez a mi juicio, a la LSC, creemos que sólo parabienes merece esta doctrina de nuestro CD.
Sólo añadiremos, dado que es ya una doctrina consolidada, que, aunque la DG aluda como de pasada a la asistencia a la junta del 100% del capital social, habiéndose constituido la junta sin reservas ni protestas de clase alguna, a mí, no obstante, ese dato me parece fundamental a la hora de decidir sobre la inscribibilidad de los acuerdos. Si un socio debidamente convocado, asiste a la junta y al inicio de la misma no hace reserva alguna sobre defectos de convocatoria o sobre la violación de su sacrosanto derecho de información, estimamos que, en ningún caso, y por dicho motivo, se debe rechazar la inscripción de los acuerdos que se adopten. Y tampoco creemos que ningún juez admita impugnación de los acuerdos adoptados. (JAGV).
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NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO SL POR COOPTACIÓN. NO ES POSIBLE AUNQUE LOS ESTATUTOS ESTABLEZCAN ESA POSIBILIDAD. Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Ceuta, por la que se deniega la inscripción de un acuerdo de nombramiento de consejero por cooptación.
Hechos: En una sociedad limitada, dato esencial, en sesión de consejo se acepta la renuncia de un miembro del Consejo de Administración y se nombra un socio como nuevo vocal hasta su ratificación o no por la Junta general.
El registrador deniega la inscripción pues no es posible el nombramiento por cooptación tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, ya que la LSC restringe de forma expresa esta opción a las sociedades anónimas, criterio confirmado por el artículo 191 RRM.
El interesado recurre pues a su juicio el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital no prohíbe el sistema de selección por cooptación en los consejos de las sociedades limitada y a mayor abundamiento en el artículo 21 de los estatutos inscritos se admite sin cortapisas la cooptación dentro del consejo.
Tras recordar que los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad, recuerda también que recientemente ha dicho que “si existe cambio normativo que afecte en todo o en parte a los estatutos sociales es forzoso entender que la nueva norma, cuando sea imperativa, se impone sobre su contenido por la simple fuerza de la Ley (artículos 1255 Código Civil y 28 de la Ley de Sociedades de Capital). Como consecuencia de ello y dado que según el vigente artículo 214 de la LSC los nombramientos de administradores son competencia de la Junta General salvo las excepciones establecidas por la Ley y en esta la única excepción en este punto es la relativa a las sociedades anónimas, concluye en la derogación de la regla estatutaria y por tanto en la imposibilidad del nombramiento efectuado.
Comentarios: Un poco por los pelos está resuelto el caso planteado ante la DG. Parece basarse en que el TRLSC es posterior a la inscripción de los estatutos vigentes, lo que por otra parte tampoco se alega ni resulta de los hechos, y como consecuencia de ello declara la imposibilidad de su aplicación. Pero si como parece probable los estatutos se inscribieron estando ya vigente la norma similar de la Ley de Sociedades Limitadas 2/1995 (cfr. art. 58.1), la solución adoptada por el CD parece más que dudosa y claramente contraria al principio de legitimación y de plena producción de efectos de lo inscrito y también a la consideración de los estatutos como ley fundamental a la que con preferencia debe adaptarse la sociedad. (JAGV)
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EJECUCIÓN JUDICIAL HIPOTECARIA. NOTIFICACIÓN AL DEUDOR EN DOMICILIO DISTINTO DEL FIJADO EN LA ESCRITURA. Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Massamagrell a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y su correspondiente mandamiento de cancelación de cargas derivados de un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
Hechos: En un procedimiento de ejecución hipotecaria judicial directa consta que se ha requerido de pago a los hipotecantes no deudores personalmente, y a la entidad deudora por edictos, pero nada se dice de si se ha intentado o no el requerimiento a dicha entidad en el domicilio pactado en la escritura de hipoteca, que consta en el Registro.
El registrador suspende la inscripción porque no consta el requerimiento de pago a la entidad deudora en el domicilio pactado.
La entidad interesada recurre y presenta nueva documentación de la que resulta que se intentó la notificación a la entidad deudora en el domicilio pactado y que se ha notificado a los hipotecantes no deudores, uno de los cuales es también administrador solidario de dicha entidad.
La DGRN confirma la calificación, pues no pueden ser tenidos en cuenta los documentos aportados posteriormente a la calificación. Recuerda que hay que notificar al deudor en el domicilio pactado que conste en el Registro, subsidiariamente en el domicilio real del deudor, previa averiguación de éste, y en último extremo por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 686.3 LEC, que ha sido recientemente reformado. (AFS)
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AUMENTO DE CAPITAL SL. DOMICILIO DEL COMPARECIENTE: LA DISPARIDAD DE DOMICILIOS CARECE DE TRASCENDENCIA SI NO DEBE HACERSE CONSTAR EN LA INSCRIPCIÓN. Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos a inscribir una escritura de redenominación y aumento del capital social de una sociedad de responsabilidad limitada.
Hechos: Aumento de capital por aportaciones dinerarias. Hay una disparidad en cuanto al domicilio de uno de los socios que asumen participaciones sociales y que además es administrador.
El registrador suspende la inscripción pues el domicilio del compareciente no coincide con el que consta en la Certificación adjunta.
La registradora sustituta confirma la nota.
El notario recurre diciendo que la constancia de identidad a que se refieren los artículos 38 del R.R.M. y artículo 156.4 y 6 del R.N. está cumplida tanto en la escritura como en la Certificación protocolizada pues el domicilio de la comparecencia esta expresado a “esos efectos”, y que en todo caso ese domicilio es un dato que en nada afecta a la inscripción del aumento del capital.
Para ella “en el presente caso no puede afirmarse que exista propiamente un error o una discordancia relevante a efectos de la inscripción de la escritura calificada por el hecho de que el administrador otorgante de la misma exprese un domicilio «a tales efectos» y en la certificación incorporada relativa a los socios que asumen las nuevas participaciones se indique para esa misma persona, cual socio y no como administrador, un domicilio distinto”.
Comentario: Sin perjuicio de lo que dice la DG para fundamentar la revocación de la nota lo que a nosotros nos parece fundamental en este caso es que ni la identidad, ni el domicilio de los que asumen participaciones debe constar en el registro al tratarse de un aumento con aportaciones dinerarias (cfr. art. 200 del RRM ). Por tanto, la discrepancia entre ambos domicilios en nada puede afectar a la inscribibilidad del documento. (JAGV).
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AUMENTO DE CAPITAL SL. APORTACIONES DINERARIAS O COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. NO CABEN CALIFICACIONES POR PRESUNCIÓN. Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles IV de Málaga, por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de aumento de capital de una sociedad limitada.
Ante ello la registradora suspende la inscripción pues el crédito que se compensa no puede ser calificado como un verdadero préstamo en cuanto que su causa no puede ser otra que obtener en cambio la asunción de participaciones que se crean y no la causa de un verdadero crédito. Con ello se elude una norma de carácter imperativo que protege la integridad del capital social como es la contenida en el artículo 62 LSC y 189 RRM, relativa a la necesaria justificación del desembolso en las aportaciones dinerarias. En este sentido cabe señalar la RDGRN de 3 de diciembre de 1992 y 23 de noviembre de 1995, que establecieron que cuando la aportación dineraria se había producido en un plazo anterior al acuerdo excesivamente dilatado o largo, debía considerarse un aumento con cargo a reservas o por compensación de créditos, por lo que “a sensu contrarioˮ cuando el plazo de vigencia del crédito es inexistente o en todo caso inferior a dos meses no cabe conceptuar el aumento como verificado por compensación del crédito, sino por aportación dineraria; siendo ésta una materia calificable por el Registrador según determina la Resolución de la DGRN, de fecha 7 de Junio de 2.012
Tras poner de relieve la importancia en las sociedades de capital del principio de integridad del capital social, añade que “de la regulación legal no se infiere que deba ser considerada necesariamente como aportación dineraria cualquier entrega de dinero” y por ello “la entrega de dinero puede obedecer a una causa distinta a la asunción de capital por lo que, consecuentemente, no existe presunción al respecto”.
Tras ello dice que el CD “ha puesto de manifiesto la necesidad de extremar el rigor en aquellos supuestos en que la operación de aumento de capital por compensación de créditos pueda encubrir una maniobra de postergación del derecho individual del socio al mantenimiento de su porcentaje de participación en el capital social” pero en el caso de la resolución no existe “indicio alguno que permita afirmar que la entrega obedezca a una causa distinta a la indicada por la administradora en su informe (préstamos para la adquisición de activos), ni que la causa de la entrega sea la asunción de capital” y “tampoco existe indicio alguno que permita afirmar que la operación de aumento de capital postergue el derecho de igualdad en la asunción consagrado en los artículos 93 y 304 de la Ley de Sociedades de Capital” pues el acuerdo se toma en junta universal y por unanimidad.
Comentario: Interesante presunción la que establece la registradora en su calificación y que pudiera responder a la realidad de los hechos. Lo que ocurre es que lo registradores, en nuestra calificación, si bien estamos para defender derechos de terceros, no podemos ir contra unos acuerdos que se tomaron por unanimidad y en junta universal y en donde el posible perjuicio a terceros queda minimizado por el sistema de responsabilidad en las aportaciones. Si el informe del administrador responde a lo ocurrido, el numerario ha ingresado en la sociedad y por tanto ningún perjuicio puede existir para los terceros y si no ha ingresado de ello responderá no sólo el socio que ha suscrito participaciones sin un efectivo desembolso sino todos los administradores de la sociedad. (cfr. art.73 LSC). Y finalmente si hay perjuicio para los socios dado que ellos, según la certificación, consienten, no podemos nosotros encaramarnos en la posición de defensores de quienes obviamente se pueden defender por sí mismos. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos con estas calificaciones conjeturales o presuntas pues más que proteger entorpecen y trastornan el tráfico mercantil. (JAGV).
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TRACTO SUCESIVO EN DEPÓSITOS DE CUENTAS. CIERRE REGISTRAL POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS: LA FALTA DE UN EJERCICIO IMPIDE EL DEPÓSITO DEL SIGUIENTE. Resolución de 3 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles XVII de Madrid, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2014.
Hechos: Se rechaza el depósito de cuentas de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014 por estar cerrada temporalmente la hoja de la sociedad, hasta que no se depositen las cuentas del ejercicio 2013. Art 378 R.R.M.
El interesado recurre diciendo que la sociedad presentó en forma y plazo las cuentas del ejercicio 2013 a que se refiere la nota del registrador.
El registrador en su informe dice que las cuentas del ejercicio 2013 fueron presentadas en el Registro Mercantil, se calificaron con defectos.
Reitera su doctrina de que la falta de un depósito impide el depósito del ejercicio siguiente.
Comentario: Lo único que cabría plantear es si, según también doctrina de la DGRN, el cierre del registro se produce sólo por la falta de depósito de los tres ejercicios precedentes, si el cuarto tampoco ha sido depositado ¿cabría a un cierre por la falta de ese depósito? Con lo cual ya el cierre nos ería por falta de tres ejercicios sino por falta de todos hasta completar los seis que son de obligatoria conservación.
Tema dudoso y que aquí dejamos apuntado para un estudio más pormenorizado, aunque en principio parece que ese cierre no existiría dado que no caben sanciones por la falta de esos depósitos anteriores. (JAGV)
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BIENES MUEBLES. ADJUDICACIÓN JUDICIAL DE VEHÍCULO. CONCURSO DE ACREEDORES. Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Navarra, por la que se resuelve no practicar la operación registral interesada en un decreto de adjudicación de un vehículo.
Hechos: Se plantea en esta resolución si es o no inscribible en el Registro de Bienes Muebles la adjudicación de un vehículo en favor del ejecutante que tenía practicada anotación preventiva de embargo a su favor en procedimiento de ejecución de títulos judiciales de carácter laboral por auto de fecha anterior a la declaración del concurso del titular del bien, pero habiéndose aprobado el plan de liquidación en fecha anterior al decreto de adjudicación.
El registrador suspende la inscripción solicitada precisamente porque la fecha del decreto de adjudicación del vehículo es posterior a la fecha en que fue aprobado el plan de liquidación conforme al artículo 55.1 de la Ley Concursal.
El interesado recurre alegando que la adjudicación se ordena en procedimiento de ejecución laboral iniciado antes de la declaración de concurso.
Tras hacer una serie de consideraciones sobre la extensión de la calificación a los documentos judiciales estimando que pese a que el registrador no puede entrar en el fundamento de la decisión judicial, sí debe evitar la constatación registral de una “extralimitación judicial”, llega a la conclusión de que si bien el artículo 55.1 permite la continuación de las ejecuciones laborales o administrativas iniciadas antes de la declaración del concurso, la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación y por tanto si este plan de liquidación ya se ha aprobado en el momento de la ejecución es claro que la ejecución en ningún caso puede prosperar.
Comentario: Caso claro de aplicación del principio de prioridad en el Registro de la propiedad mobiliaria y de la importancia que tiene la constancia, también en dicho registro, de las anotaciones de concurso. En el supuesto de hecho el registrador tuvo en cuenta las anotaciones hechas en el Registro Mercantil, pero la obligación de los que instaron el concurso hubiera sido inscribir el concurso también en el Registro de Bienes Muebles sobre todo a la vista de que el concursado contaba con bienes de esta clase. (JAGV)
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BIENES MUEBLES. SUSPENSIÓN DE CALIFICACIÓN DE MANDAMIENTO DE CANCELACIÓN DE EMBARGO DE VEHÍCULO. Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Navarra, por la que se suspende la calificación de un mandamiento de cancelación de una anotación de embargo sobre un vehículo.
Hechos: Se trata de un recurso derivado del problema planteado en la resolución anterior. En este caso lo que se solicita es la cancelación de la anotación del gravamen y de las cargas posteriores. El mandamiento está presentado antes de la resolución del recurso.
El registrador califica en el sentido de que no se puede calificar pues el documento se encuentra pendiente de otro calificado desfavorablemente.
El interesado plantea el recurso de forma preventiva para el caso de que el registrador desista de su calificación o sea revocada su nota en el recurso interpuesto.
Su doctrina es obvia y se resume diciendo que “dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya calificación ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los artículos 111, párrafo tercero, y 432.2.º del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de presentación” y dado además de que el recurso previo ha sido desestimado la consecuencia lógica es la desestimación de este.
Comentario: Caso claro y en el que la DG no hace más que aplicar la doctrina general hipotecaria al Registro de Bienes Muebles. (JAGV)
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CONCURSO DE ACREEDORES. ENAJENACIÓN DE FINCA INTEGRADA EN LA MASA ACTIVA. Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 27, por la que se deniega la inscripción de un testimonio de auto de adjudicación y mandamiento.
Se pretende la inscripción de una venta directa de una finca en ejecución del plan de liquidación aprobado en un proceso concursal con base en el auto en el que se hace constar expresamente: «1º.–Adjudico la finca a favor de … de modo que el presente auto constituye título y modo, a efectos de la transmisión de la propiedad, y título inscribible en los registros públicos correspondientes». Considera la registradora que el auto no es sino la autorización de la transmisión y que no constituye en ningún caso título traslativo inscribible.
Recoge el Centro directivo el criterio de la resolución de 29 de septiembre (R 367 de este mismo informe) en el sentido de que de acuerdo con el art. 155 LC para inscribir los actos de enajenación o gravamen de bienes o derechos que integren la masa activa del concurso será necesario que se acredite la obtención del oportuno auto autorizatorio; Pero además es imprescindible que el título material –en este caso la enajenación autorizada por el juez– conste en el título formal adecuado, es decir, «el documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, en cuanto al contenido que sea objeto de la inscripción, por sí solos o con otros complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite» (art 33 RH). El título a efectos de la inscripción será, por tanto –como título principal– la escritura pública, en la que conste el negocio traslativo, complementada por el título formal que acredite la autorización judicial. Ahora bien, en este caso la juez no se limita a autorizar la enajenación, sino que el auto es el vehículo directo de la transmisión de forma que pueda ser objeto de inscripción. A diferencia del supuesto contemplado en la R. citada, señala que tanto la administración concursal como el ofertante solicitaron que el auto tuviera validez en los siguientes términos «… como título y modo a los efectos de la transmisión de la propiedad y el testimonio del mismo servirá perfectamente como título inscribible en los registros públicos correspondientes», y la juez después de valorar que inicialmente debe autorizar las transmisiones y no sustituir la voluntad de las partes concluye que procede recoger la solicitud de las partes tal y como queda expresamente reflejado en el fallo que se ha reproducido literalmente en el fundamento segundo. Puesto que el testimonio de una resolución judicial, en este caso un auto, es título público a los efectos del art 3 LH; la limitación de la calificación registral de documentos judiciales que no puede incidir sobre el fondo de la resolución (art. 100 RH); y dados el contenido del auto y la literalidad del fallo judicial procede revocar el defecto apreciado (MN)
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HIPOTECA A FAVOR DE HACIENDA. TASACIÓN. Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad de Avilés n.º 2, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de constitución unilateral de hipoteca.
La única cuestión que plantea el presente recurso es si es necesario establecer una tasación oficial de las previstas en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, para la inscripción de la constitución unilateral de hipoteca a favor de la Hacienda Pública y, en concreto en el presente supuesto, si la tasación que se incorpora al título inscribible debe haber sido expedida por un tasador homologado.
La DGRN señala que “en el presente expediente (…) se trata de la constitución de una hipoteca a favor de la Hacienda Pública, de lo que se deriva la aplicación de su normativa específica que regula un procedimiento ejecutivo propio aplicable también a las hipotecas constituidas a su favor (artículos 66.4 y 74.3 del Reglamento General de Recaudación) como es el apremio administrativo. Así, el Reglamento General de Recaudación, por un lado, prevé en su artículo 66.3 que, con carácter previo, pueda solicitarse informe al órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la suficiencia de la garantía, sin sometimiento a la necesidad de una tasación determinada; por otro, que la ejecución de las hipotecas y otros derechos reales constituidos en garantía de los créditos de la Hacienda Pública se realizará por los órganos de recaudación competentes a través del procedimiento de apremio –artículo 74.3 del Reglamento General de Recaudación–, excluyendo por tanto el procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil, como el pacto de venta extrajudicial, con independencia de que en la escritura hayan sido previstos, y, por último, la realización de una tasación, también sin sometimiento a ningún tipo especial, al inicio de la ejecución –artículo 97 del Reglamento General de Recaudación–.
Consecuentemente con ello, frente al criterio general que señala que las escrituras de constitución de hipoteca no son susceptibles de inscripción parcial, en caso de no aportarse el certificado de tasación homologada o el domicilio para notificaciones a que se refiere el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si no media solicitud expresa del acreedor, por constituir las cláusulas relativas al procedimiento de ejecución directo o a la venta extrajudicial –que devendrían ininscribibles– un elemento esencial delimitador del derecho real de hipoteca (vid. Resolución de 18 de febrero de 2014); en el presente supuesto dichas cláusulas carecen de tal carácter esencial, pues el procedimiento de ejecución aplicable es el del apremio administrativo que no impone el requisito del tipo de tasación que exige el registrador.” (JDR)
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GALICIA. COMPUTO DE PLAZOS POR DÍAS HÁBILES EN PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR DATIVO. Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Negreira, por la que se suspende la inscripción de una escritura de aceptación de herencia, operaciones particionales realizadas por contador-partidor dativo.
Se plantea si ha transcurrido el plazo para realizar el sorteo a los efectos de designación de contador-partidor dativo previsto en el art. 298 de La Ley de Derecho Civil de Galicia cuando dispone: “En ningún caso podrá realizarse el sorteo hasta que hayan transcurrido treinta días hábiles desde la fecha en que se practicó la última de las publicaciones o notificaciones y sesenta días hábiles desde el requerimiento inicial al Notario “. Teniendo en cuenta que el requerimiento inicial al notario es el 9 de octubre, la notificación al heredero no compareciente, 16 de octubre de 2014 y fecha del sorteo, 10 de diciembre de 2014. El notario alega que no siendo claro cuáles son los días inhábiles el cómputo ha de ser por días naturales.
Señala la Dirección que se ha dado distinto tratamiento a los plazos según la legislación de que se trate:
– la LEC (arts 130 y 131) declara inhábiles los sábados y los domingos, los 24 y 31 de diciembre, los de fiesta nacional y los festivos a efectos laborables en las respectivas CCAA y localidad y los del mes de agosto;
– la LPA excluye los domingos y los declarados festivos;
– según el Cc, los señalados por meses se contarán por meses naturales sin excluir los días inhábiles (pero en este caso es claro que la ley habla de días hábiles) y en el Código Civil para el computo por días no se excluyen los días inhábiles (art. 5 CC).
Podemos decir que en general que, tratándose de plazos sustantivos civiles, no se excluyen los días inhábiles mientras que en los procedimentales y procesales quedan excluidos del cómputo. En consecuencia, se trata de determinar si nos encontramos ante un plazo civil sustantivo o ante uno de carácter procesal: La Ley de derecho Civil de Galicia no deja lugar a dudas al decir que se trata de días hábiles y además el carácter formal y procedimental es evidente puesto que no se trata del plazo para el ejercicio de una acción sino de un plazo de jurisdicción voluntaria. Pero además en este supuesto, solamente excluyendo los domingos no se alcanzarían los 60 días hábiles, y si se excluyen las fiestas nacionales menos aún, por lo que se confirma la nota. (MN)
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Granada a 30 de noviembre de 2015.
Circo de Cotatuero en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca). Por Jsanchezes
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