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Timestamp: 2019-08-22 11:51:20
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-14 DE FEBRERO 4 DE 1998
SENTENCIA C-14 DE 04 DE FEBRERO DE 1998
CONTENIDO:DECLARA EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL PARÁGRAFO -PARCIAL- DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 54 DE 1990 Y EXEQUIBLE EL LITERAL B - PARCIAL- DEL ARTÍCULO 2 DE LA MISMA LEYAMBOS ÚNICAMENTE EN RELACIÓN CON LOS CARGOS FORMULADOS POR EL ACTOR. (PERSONAS CON IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRAER NUPCIAS QUE CONFORMAN UNA UNIÓN DE HECHO. - SOCIEDAD PATRIMONIAL-.)
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPAÑERO PERMANENTE, BIEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, EXISTENCIA DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ACREDITACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:316 DE ABRIL DE 1998, PÁG.500
Sentencia C-014 de febrero 4 de 1998
Ref.: Expedientes D-1735 y D-1740, acumulados
Actores: Ricardo Cuervo Delgado y Cecilia Navarro Reyes
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) —parcial— del artículo 2º, y el parágrafo —parcial— del artículo 3º de la Ley 54 de 1990.
Santafé de Bogotá, D.C., febrero cuatro de mil novecientos noventa y ocho.
b) Cuando exista unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando las sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.
PAR.—No formarán parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí lo serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho” (se subraya lo demandado).
1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, en los términos del artículo 241-5 de la Constitución Política.
2. Se trata de determinar si son violatorias de la Constitución las normas —contenidas en la Ley 54 de 1990, sobre uniones de hecho—, que establecen que, (1) las personas impedidas legalmente para contraer matrimonio pueden conformar una unión de hecho, si sus respectivas sociedades conyugales han sido disueltas y liquidadas, y (2) que el mayor valor que durante la unión producen los bienes de propiedad personal de uno de los compañeros permanentes ingresa a la sociedad patrimonial.
3. Sostiene el demandante del literal b) —parcial— del artículo 2º, que dicho texto legal es violatorio del artículo 42 de la Constitución, por cuanto autoriza que personas con impedimento legal para contraer nupcias puedan conformar uniones de hecho. En efecto, en el mencionado literal b) se expresa que también se presume la existencia de una sociedad patrimonial cuando la unión de hecho existe por un lapso no inferior a dos años y uno o ambos compañeros permanentes tiene (n) impedimento para contraer matrimonio, siempre y cuando hayan disuelto y liquidado con un año de anterioridad sus sociedades conyugales del pasado. La aludida autorización constituye, según el actor, un peligro para la estabilidad de la institución familiar, pues permite que personas con vínculos familiares vigentes, no disueltos mediante divorcio, conformen otras unidades familiares. Ello contraría la disposición constitucional —contenida en el artículo 42—, que postula que la conformación de una familia debe realizarse de manera responsable.
4. De acuerdo con los estudios sociológicos, durante las últimas décadas, la unión de hecho se ha consolidado socialmente en el país como una forma más de constituir pareja(1). A ello han contribuido diversos factores, tales como las tradiciones culturales de algunas regiones, las dificultades para disolver los vínculos matrimoniales católicos, la ausencia —durante muchas décadas— de legislación sobre el matrimonio civil, las transformaciones ideológicas y culturales operadas sobre el concepto de pareja y familia, etc.
(1) Ver al respecto, Gutiérrez de Pineda, Virginia (1975): Familia y cultura en Colombia. Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá; Echeverri de Ferrufino, Ligia (1987): La familia de hecho en Colombia. Constitución, características y consecuencias socio-jurídicas. Ediciones Tercer Mundo, Bogotá 2ª ed.; y Zamudio, Lucero/Rubiano, Norma (1991): La nupcialidad en Colombia. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
El cambio social descrito ha sido acompañado sólo parcialmente por la regulación legal de las situaciones que creaba la figura de la unión de hecho. Así ocurrió, por ejemplo, en materia de pensiones. Las transformaciones legales que a este respecto se han dado fueron descritas así en la sentencia T-190 de 1993:
“[L]a Ley 90 de 1946 consagró el derecho de pensión de invalidez o muerte en favor de la concubina, en ausencia de la viuda, siempre que se demostrara que la mujer había hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte del trabajador. Posteriormente, la Ley 12 de 1975 creó una pensión especial para sobrevivientes consistente en reconocer a la cónyuge o a la compañera permanente la pensión del trabajador que teniendo derecho a esta prestación falleciere antes de cumplir la edad requerida por la ley. El legislador extendió a la compañera permanente la protección antes restringida a la viuda (L. 33/73) y colocó al cónyuge legítimo y a la compañera permanente en un mismo pie de igualdad respecto del derecho a la pensión de jubilación, pero en un orden de precedencia excluyente, de manera que a falta de la primera —por muerte o abandono atribuible a la cónyuge— la segunda pasa a ocupar su lugar para efectos de la sustitución pensional. Finalmente, la Ley 113 de 1985 extendió a la (el) compañera (o) permanente el derecho a la sustitución pensional por muerte del trabajador pensionado o con derecho a jubilarse. De esta forma se puso fin a la discriminación en materia prestacional contra las personas que conviven en unión de hecho y sobre esta realidad erigen una familia”.
Sin embargo, durante muchos años la ley omitió regular lo relacionado con el producto económico de las uniones de hecho. Para responder a esta carencia, la jurisprudencia recurrió a figuras como las de la sociedad de hecho, el enriquecimiento sin causa o la relación laboral. Con todo, solamente hasta la expedición de la Ley 54 de 1990 se reconoció que de la unión de hecho nacía directamente a la vida jurídica una sociedad patrimonial, que concedía derechos a ambos compañeros permanentes sobre el haber derivado de la unión.
El objeto de la mencionada ley fue precisamente el de remediar las injusticias que causaba la falta de regulación de la sociedad patrimonial surgida de las uniones de hecho, situación que operaba principalmente en desmedro de las mujeres. Al respecto se decía en la ponencia para primer debate del proyecto que se convertiría en la ley bajo estudio:
“Con especial interés me permito rendir ponencia sobre el proyecto de ley presentado por la honorable representante María Isabel Mejía Marulanda, el cual recoge numerosas iniciativas que durante los últimos años han pretendido reconocer un hecho social existente, como es el de las familias o uniones maritales de hecho, así como corregir una fuente de injusticias para un número creciente de compatriotas que, a falta de protección legal, ven desaparecer el fruto del esfuerzo compartido para la consolidación de un patrimonio con su compañero o compañera permanente.
“Existen ... argumentos ... que tocan con la justicia conmutativa y que señalan la necesidad de reconocer un derecho a los miembros de una unión de hecho que, como resultado de la convivencia y de la división del trabajo que de ella se deriva, han contribuido a la formación de un haber patrimonial”.
5. Las propuestas y debates alrededor de la necesidad de adaptar la normatividad jurídica sobre la familia a la realidad social existente se presentaron también en la Asamblea Nacional Constituyente. Allí se expresó que era imperioso reconocer jurídicamente la existencia de la unión de hecho y pasar a regular sus consecuencias:
Debido a cambios de mentalidad, a problemas en la primera unión y al acomodamiento económico y social de las gentes, se ve cómo desde 1900 tiene un incremento sostenido la unión libre. En la generación de la primera década de ese siglo, se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en la generación del 40 encontramos un 26%; en la del 50 pasa al 30% y en la de 1960 a 1964 asciende a un 45.5%, según indica la obra “La Nupcialidad en Colombia, evolución y tendencia” de las investigadoras Lucero Zamudio y Norma Rubiano(2)”.
(2) Informe-ponencia para primer debate en plenaria. Gaceta Constitucional Nº 85. Pág. 5.
Como resultado del debate realizado en la Constituyente, en el artículo 42 de la Carta se le concedió reconocimiento constitucional a la realidad social de la unión de hecho(3). En efecto, el mencionado artículo estableció, en su inciso 1º, que la institución familiar, como núcleo fundamental de la sociedad, podía constituirse “por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.
(3) Acerca de la unión de hecho y de los derechos y deberes que de ella emanan se ha pronunciado la Corte en distintas ocasiones. Ver al respecto, entre otras, las sentencias C-098 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-114 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C-174 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; C-595 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía; T-681 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-266 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-337 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
6. Precisamente sobre este punto es importante destacar que esta corporación —en su sentencia T-494 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón— precisó que la aportación a una sociedad de hecho como la que se derivaba de la unión de hecho podía ser también de industria, y que como tal debía apreciarse el trabajo doméstico. El mencionado proceso se refería a una mujer que arriesgaba perder el inmueble adquirido durante una unión de hecho de 24 años, luego de que su conviviente, a cuyo nombre se encontraba registrado el inmueble, falleciera. En aquella ocasión, la Corte —en consonancia con lo establecido en el artículo 14 de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981— recalcó la importancia del trabajo doméstico para el ingreso del hogar y para la economía nacional. En este sentido expresó que “el desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrada en la amenaza del despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy, adquirido y mejorado progresivamente durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer, consagrados, respectivamente, en los artículos 13, 29 y 43 de la Carta vigente”.
Cabe añadir que las mencionadas dificultades desaparecieron con la Ley 54 de 1990, puesto que ésta no consagra ningún requisito económico para la declaración judicial de la existencia de una sociedad patrimonial. En efecto, para ello es suficiente que se compruebe la existencia de una unión de hecho durante un término no inferior a dos años, con la aclaración de que en los casos en que uno o ambos convivientes tengan impedimentos legales para contraer matrimonio, deben haber disuelto y liquidado sus sociedades conyugales anteriores con una anticipación no menor de un año.
7. El actor expresa que el literal acusado atenta contra el principio constitucional que expresa que la familia debe conformarse en forma responsable, por cuanto autoriza que personas con vínculo matrimonial vigente constituyan una unión de hecho. Para referirse a la afirmación del demandante es importante precisar que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 no tiene por fin establecer cuándo se ha constituido una unión de hecho, sino cuándo se puede concluir que la existencia de una unión de hecho ha generado una sociedad patrimonial. En efecto, específicamente sobre la unión de hecho sólo se ocupan los artículos 1º y 4º de la ley, para precisar, de manera muy general, que “la unión marital de hecho [es] la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular” y que “la existencia de la unión se establecerá por los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y será de conocimiento de los jueces de familia en primera instancia”. Los restantes artículos de la ley están dedicados al asunto de la sociedad patrimonial.
8. El objetivo del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 es precisar qué situaciones permiten presumir y declarar judicialmente la existencia de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Ello dentro del propósito de regular los conflictos de orden patrimonial que surgen de las distintas modalidades que puede revestir la unión de hecho.
La primera situación —contenida en el literal a)— se refiere al caso en que un hombre y una mujer, que no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio, conviven en unión de hecho durante un lapso no inferior a dos años. La segunda, que es la que dio origen a la demanda bajo análisis, se presenta cuando el hombre o la mujer que conviven durante más de dos años tiene (n) un impedimento legal para contraer matrimonio, pero han disuelto y liquidado la sociedad conyugal anterior por lo menos un año antes de iniciar la unión de hecho.
En el segundo caso es obvio que, tal como lo señala el demandante, se autoriza que personas que tienen aún vigente un vínculo matrimonial puedan conformar uniones de hecho y, por lo tanto, sociedades patrimoniales. Indudablemente, el legislador decidió que también se presumía la existencia de una sociedad patrimonial en estos casos, quizás con base en el conocimiento de que muchas uniones de hecho son conformadas por personas que estuvieron casadas con anterioridad y no han disuelto ese vínculo, y a partir de la convicción de que esas situaciones también deben ser abarcadas por el derecho con el objeto de regular los conflictos que de ellas pueden derivarse. Con todo, importa precisar que el mismo legislador determinó que en estos eventos se exigiría que la persona afectada por el impedimento legal para contraer matrimonio hubiere disuelto y liquidado la respectiva sociedad conyugal, por lo menos un año antes de formar la unión de hecho.
9. El actor estima que la autorización legal para que personas con vínculo matrimonial vigente constituyan una unión de hecho —y por lo tanto creen una sociedad patrimonial— atenta contra el principio de que la conformación de la familia debe guiarse por el principio de la responsabilidad. Sin embargo, la misma Constitución le ha otorgado valor jurídico a la unión de hecho, y el legislador ha decidido que esta también puede nacer de la unión entre personas con impedimentos legales para contraer matrimonio. A todas las personas que forman una familia se les exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma. Esa responsabilidad puede ser exigida incluso judicialmente. No se puede presumir que las personas que constituyan una unión de hecho actuarán de forma irresponsable. La demanda del actor está basada en una concepción ética muy respetable acerca de cómo debe formarse una familia, pero la Constitución admite, dentro del espíritu pluralista que la anima, diversas formas de constituirla.
Las razones anteriores conducen a rechazar el cargo del actor y a declarar la constitucionalidad del texto legal acusado. Sin embargo, dado que el análisis aquí efectuado ha girado en torno de la acusación del actor, la mencionada declaración de constitucionalidad se restringirá al cargo formulado.
10. En la segunda demanda de inconstitucionalidad se plantea que vulnera el derecho de igualdad la disposición, incluida en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 54 de 1990, que prescribe que el mayor valor que produzcan los bienes de propiedad de uno de los compañeros permanentes, durante la unión de hecho, forma parte de la sociedad patrimonial.
La demanda parte de la base de que la unión de hecho es “un matrimonio a título precario” y que, por consiguiente, no es posible aceptar que el régimen de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial sea más severo —con respecto a los bienes de cada uno de los compañeros permanentes— que el previsto para la disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
11. Tanto en la sociedad conyugal como en la patrimonial se distingue entre los bienes que pertenecen a la sociedad y los bienes propios de cada uno de los cónyuges o compañeros. El último rubro está compuesto tanto por las propiedades que son adquiridas por los convivientes a título de donación, herencia o legado, como por las pertenencias que poseía cada uno de ellos en el momento de conformar la sociedad. En el caso de la sociedad conyugal cabe aclarar que el Código Civil (arts. 1781 y ss.) establece que los bienes muebles propios de los consortes ingresan a la sociedad, y su valor debe ser restituido al cónyuge respectivo en el momento en que ella se disuelve.
De lo anterior se colige que el legislador ha optado por no incorporar todos los bienes que poseen o adquieren los consortes o convivientes a la sociedad conyugal o patrimonial. De esta manera, ha autorizado a estas personas para que preserven y, en determinados casos, formen o acrezcan un patrimonio propio.
La demanda de la actora debe analizarse a partir de esta premisa. Ella plantea que del texto legal atacado se deduce que la valorización que obtienen los bienes propios de los compañeros permanentes ingresa a la sociedad conyugal, hecho que implica un perjuicio económico para el compañero al que pertenece el bien, pues la valorización no es sino un mecanismo de protección contra la devaluación que afecta a la moneda. Esa es la razón que la conduce a presentar la demanda de inconstitucionalidad, por considerar que, al comparar esta situación con la que se aplica a los integrantes de la sociedad conyugal, en esta materia se brinda un trato discriminatorio a los compañeros permanentes.
Sin embargo, una interpretación sistemática de la norma acusada no avala la interpretación que hace la actora de la disposición. En efecto, como se ha visto, las normas que regulan las sociedades conyugal y patrimonial expresan el interés del legislador en garantizar la existencia, al lado de los bienes comunes, de bienes propios de los cónyuges o compañeros permanentes. Pues bien, si este es el deseo del legislador no es posible aceptar una interpretación de la norma que propiciaría, en unos cuantos años, el agotamiento de los patrimonios propios de los compañeros permanentes, en razón del fenómeno de la inflación.
Por lo demás, debe precisarse que lo que el texto acusado señala es que a la sociedad patrimonial ingresará el mayor valor que produzcan los bienes propios durante la unión material de hecho. Empero, la mera actualización del precio de un bien, como resultado de la tasa de devaluación de la moneda, no constituye un producto de la cosa, pues de esa valorización monetaria no se deduce que el poseedor del bien haya acrecentado realmente su patrimonio. Para poder hablar de que un bien ha producido un mayor valor es necesario que se pueda constatar un incremento material de la riqueza de su propietario. Evidentemente, esa situación no se presenta en este caso.
Lo anterior conduce a esta corporación a la conclusión de que la frase atacada no puede interpretarse como referida a la valorización monetaria o actualización del precio de los bienes propios de los compañeros permanentes. Por ello, cabe más bien aceptar la interpretación realizada por el Ministerio de Justicia y el Derecho y la Procuraduría, ya reseñadas.
Por lo tanto, se declarará la constitucionalidad de la norma acusada, si bien bajo el entendido de que la valorización de los bienes propios de los convivientes, por causa de la corrección monetaria, no ingresa a la sociedad patrimonial. Además, en atención a que el análisis efectuado se ha restringido al punto referido a la correcta interpretación del texto, la declaración de constitucionalidad se limitará al cargo formulado.
12. Con respecto a lo expresado en la segunda demanda, es importante hacer algunas precisiones. La primera se refiere a la afirmación de la actora acerca de que la unión de hecho constituye “un matrimonio a título precario”, frase de la cual se podría inferir que las dos instituciones se encuentran en niveles distintos de importancia. Sobre esta afirmación cabe recordar que la Corte ya ha señalado que la Constitución reconoce tanto al matrimonio como a la unión de hecho como formas válidas para constituir una familia(4). Además, como lo expresan los intervinientes, de acuerdo con la Carta Política, las dos uniones merecen el mismo grado de protección.
(4) Ver, por ejemplo, la sentencia C-659 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández.
13. De otro lado, la actora parte de la base de que, en materia patrimonial, la sociedad conyugal y la unión de hecho deben ser reguladas en forma idéntica, con el objeto de no vulnerar el principio de igualdad. Sin embargo, este punto de partida es equivocado. El matrimonio y la unión de hecho comparten la característica esencial de ser instituciones creadoras de la institución familiar. Como tales es claro que las dos figuras merecen una misma protección constitucional. Sin embargo, ese idéntico trato no puede aplicarse enteramente a los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se derivan de las sociedades conyugal y patrimonial. Tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede generar consecuencias distintas en este campo , siempre y cuando, como se ha expresado reiteradamente por esta corporación, las diferencias sean razonables, es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva.
14. De la consagración constitucional y legal de la unión de hecho como una forma más de constituir una familia se deriva un interesante reto jurídico. En efecto, esta situación genera una amplia serie de preguntas acerca de cómo se aplica el principio de igualdad en relación con las familias conformadas a partir de la unión de hecho y del matrimonio. Los interrogantes se extienden a campos jurídicos diversos, tales como los civiles, los penales y los procesales. La manera de resolver cada problema dependerá también de la esfera en que él se encuentre. A través del control de constitucionalidad esta corporación ha venido resolviendo —de manera paulatina, como se lo exige su carácter judicial— distintos problemas puntuales en la aplicación del principio de igualdad entre estas dos instituciones. Sin embargo, dado que todas las particularidades de la regulación de estas dos figuras están de una manera u otra imbricadas en un amplio tejido normativo, de manera que las decisiones sobre un punto determinado tienen influencia en muchos otros asuntos, parece ser necesario que en el futuro el legislador proceda reglamentar en una forma amplia y comprensiva estas dos instituciones.
1. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, la expresión “e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando las sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”, contenida en el literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990.
2. Declarar EXEQUIBLE, únicamente en relación con el cargo formulado por el actor, la expresión “o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho”, contenida en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 54 de 1990. Ello bajo el entendido de que la valorización que experimentan los bienes propios de los convivientes, por causa de la corrección monetaria, no forma parte de la sociedad patrimonial.