Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU241-15.htm
Timestamp: 2017-11-22 23:58:04
Document Index: 365406090

Matched Legal Cases: ['artículo 54', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 29', 'artículo 467', 'artículo 468', 'artículo 53', 'artículo 21', 'artículo 53', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 229', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 48', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 133', 'artículo 8', 'artículo 185', 'e contrario', 'artículo 4', 'artículo 133', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 8', 'artículo 478']

SU241-15
Acción de tutela interpuesta por César Augusto Pérez Arteta contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada María Victoria Calle Correa –quien preside-, y por los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente
En la revisión del proceso que culminó con la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de febrero de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por César Augusto Pérez Arteta, quien actúa a través de apoderado judicial, contra las sentencias proferidas por Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, que negaron la pensión proporcional de jubilación convencional al accionante.
La Sala de Selección Número Siete, mediante Auto del 25 de julio de 2014, escogió para revisión el expediente de la referencia en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 2 del artículo 54A, modificado por el acuerdo 01 de diciembre 3 de 2008[1] del Reglamento Interno de la Corte Constitucional.
El ciudadano César Augusto Pérez Arteta, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, que considera vulnerados por las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral (31 de marzo de 2009) y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (8 de mayo de 2013), instancias que le negaron el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional.
1.- Afirma el accionante que estuvo vinculado laboralmente con la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. desde el 5 de mayo de 1987 hasta el 23 de mayo de 2004, fecha a partir de la cual le terminaron unilateralmente el contrato laboral, sin que mediara justa causa.
2.- Expresa el actor que solicitó a la citada Empresa que le reconociera la pensión de jubilación convencional a la que tenía derecho, por haber cumplido los 50 años de edad, de conformidad con lo consagrado en el literal b) del artículo 42 de la Convención Colectiva, firmada el 23 de octubre de 1997 entre SINTRATEL y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, la cual expresa:
“ARTICULO CUARENTA Y DOS (42) –JUBILACION: LA EMPRESA reconocerá a todo su personal un régimen especial de jubilación así: (…) b) Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) años o más de servicio a la Empresa y menos de veinte tendrán derecho a la jubilación proporcional/según el tiempo de servicio, cuando cumplan las edades establecidas de cincuenta (50) años para los hombres y cuarenta y siete (47) años para las mujeres; en estos casos para establecer el salario de liquidación se tomarán en cuenta los mismos factores del último sueldo y el promedio de las prestaciones en la forma establecida en el ordinal a). Para la jubilación proporcional no se tendrán en cuenta los años de servicio prestados en otras entidades oficiales.”[2]
3.- Aduce que la Empresa, en vía gubernativa, le negó el derecho argumentando que la citada norma convencional se aplica únicamente a los trabajadores activos y no a los extrabajadores.
4.- Ante la negativa de la Empresa, el accionante presentó demanda laboral, para que entre otras pretensiones, la Empresa le concediera la pensión proporcional convencional de jubilación, a partir del 16 de febrero de 2007, fecha en la cual acreditó los 50 años de edad. El actor fundamentó su petición en que el citado artículo convencional no condiciona el surgimiento de la obligación pensional al hecho de estar vinculado a la Empresa en el momento de acreditar la edad.
5.- El 27 de agosto de 2007, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla condenó a la Empresa Distrital de telecomunicaciones de Barranquilla, E.S.P. en Liquidación y con cargo a la Dirección Distrital de Liquidaciones como administradora del pasivo pensional de la demandada, a pagar la pensión proporcional de jubilación convencional al actor a partir de la fecha en que el demandante cumplió la edad de 50 años, esto es, desde el 16 de febrero de 2007. El sustento de su decisión fue que el retiro no se generó por una justa causa y que la cláusula convencional no exige para hacer efectivo el derecho que el trabajador se encuentre vinculado a la Empresa. Dijo el Juzgado:
6.- Apelada la anterior decisión por la entidad demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de Descongestión Laboral, en sentencia del 31 de marzo del 2009, decidió revocar parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Barranquilla y en su lugar absolvió a la accionada de pagar la pensión proporcional de jubilación al actor.
7.- El señor César Augusto Pérez Arteta interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de Descongestión Laboral. El recurso mencionado correspondió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en sentencia del 8 de mayo de 2013, resolvió no casar la sentencia. Para la Sala de Casación Laboral las dos interpretaciones sostenidas por el a quo y por el ad quem son plausibles pero el Tribunal falló dentro de su autonomía y escogió la interpretación que exigía que en el momento de cumplir los dos requisitos exigidos en la convención, edad y tiempo de servicios, la persona tenía que estar vinculada laboralmente con la Empresa. Por lo tanto, no prosperó el recurso.
8.- El 19 de diciembre de 2013 el actor, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral de 8 de mayo de 2013 y por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Descongestión Laboral, del 31 de marzo de 2009. El demandante solicitó el amparo a sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, fundado en que las instancias judiciales incurrieron en defectos sustantivo y fáctico y en violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
8.5.- Expresa que, además, el Tribunal y la Corte incurrieron en un defecto fáctico al desconocer las pruebas obrantes en el expediente, con las cuales se demuestra que la Empresa demandada fijó el alcance del artículo 42 convencional, al conceder favorablemente las peticiones de extrabajadores que acreditaron el tiempo de servicios, se retiraron, y al cumplir la edad les fue concedida su pensión[3].
Por todo lo anterior, solicita el accionante que se le tutelen sus derechos a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, declarando nulas las sentencias de la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 8 de mayo de 2013 y de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, proferida el 31 de marzo de 2009, por haber incurrido en vías de hecho y que, como consecuencia de lo anterior, se declare que el señor César Augusto Pérez Arteta tiene derecho a la pensión proporcional de jubilación consagrada en el artículo 42, literal b) de la Convención Colectiva de trabajo, suscrita entre la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. y SINTRATEL, el 23 de octubre de 1997.
9.- Admitida la acción de tutela, fue notificado el respectivo auto admisorio a los accionados e interesados, quienes, como respuesta, aportaron copia de las decisiones judiciales cuestionadas.
10.- El conocimiento de dicha acción le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, que mediante fallo del 28 de enero de 2014 negó el amparo invocado, toda vez que los funcionarios judiciales, con un criterio razonable, decidieron las pretensiones del actor en el proceso laboral ordinario. Sustenta su decisión en que quien proponga una demanda de tutela contra providencias judiciales debe especificar las razones por las cuales se afectan derechos fundamentales y la única forma de hacerlo es la demostración de los defectos en que, fuera de la órbita de la autonomía judicial, pudo haber incurrido el fallador, y que configuren una decisión contraria, arbitraria e ilegítima.
La Sala de Decisión de Tutelas estimó que si la demanda sólo insiste en puntos que fueron resueltos de fondo por otros jueces en virtud de sus específicas competencias, la acción de tutela pierde su carácter autónomo procesal y se convierte en un recurso ordinario. Para el efecto señala que la jurisprudencia ha identificado varias características que enmarcan a una tutela como un recurso ordinario: i) las pretensiones y la “resistencia”[4] de la demanda son los mismos que presentan en el recurso, ii) los tres elementos de la pretensión: partes, hechos y petición, no cambian.
11.- El accionante impugnó el fallo de tutela. El 26 de febrero de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conoció de la impugnación y declaró la nulidad de todo lo actuado. El fundamento de su decisión fue que la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y no existe otro grado de conocimiento respecto de sus providencias, por lo tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia carecía de competencia para admitir y tramitar la acción mencionada, por esa razón decidió no remitir la actuación ante la Corte Constitucional, en la medida en que no hubo una decisión de Fondo.
12.- Ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia de remitir el fallo a esta Corporación, en aplicación de lo dispuesto en el Auto 100 de 2008 de la Corte Constitucional, la acción de amparo fue presentada directamente por la accionante, a través de apoderado, ante la Secretaría General de esta Corporación, con el propósito de que se surtiera el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección.
13.- Mediante Auto del 10 de septiembre del año en curso, se vinculó al trámite de la acción de tutela, en calidad de accionados, a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla y a la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla, la cual asumió los pasivos de la Empresa de Telecomunicaciones de Barranquilla, por tener un interés directo en la decisión.
14.- La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante escrito recibido el 17 de septiembre de los corrientes, manifestó que no existía vulneración a los derechos fundamentales del demandante ya que la decisión del Tribunal se basó en la interpretación de una prueba –la convención colectiva- sobre la cual tiene un alto margen de apreciación en virtud de la libertad de valoración probatoria. De otro lado, por tratarse de una prueba no aplica el principio de favorabilidad ya que éste se predica sólo de normas y extenderlo a pruebas constituiría una tarifa legal. Justamente por las divergencias en la apreciación de las pruebas es que hay fallos distintos ante situaciones similares en cuanto a la interpretación de la misma cláusula convencional.
15.- La Dirección Distrital de Liquidaciones que asumió la administración de los recursos destinados al pago del pasivo pensional de la hoy extinta Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P., en liquidación, remitió a esta Corte una comunicación el día 24 de septiembre de 2014. En el documento señala que, en virtud de la independencia judicial, es necesario respetar las dos posiciones que ha sostenido el Tribunal del Distrito Judicial de Barranquilla en sus salas de decisión laboral en cuanto al otorgamiento de pensiones de origen convencional de la extinta Empresa. El respeto a estos fallos se explica porque han sido sustentados en “criterios disímiles pero con igual valía jurídica, los cuales no han sido modificados por la Corte Suprema de Justicia”. En efecto, menciona el apoderado de la Dirección que, de un total de noventa y seis (96) fallos judiciales, cincuenta y seis (56) han sido desfavorables a los demandantes y cuarenta (40) han sido favorables al otorgamiento de la pensión convencional.
1.- La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 (numeral 9º) de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 54A del Reglamento Interno de la Corporación.
2.- El ciudadano César Augusto Pérez Arteta presentó demanda laboral contra la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. con el objeto de obtener su pensión proporcional de jubilación, a partir del 16 de febrero de 2007, fecha en la cual cumplió 50 años de edad, con fundamento en el literal b) del artículo 42 de la Convención Colectiva firmada el 23 de octubre de 1997 entre SINTRATEL y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla, derecho que le fue negado en instancias judiciales.
3.- El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidas las autoridades judiciales.
En desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de que cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran susceptibles de verificación por vía tutelar. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1992[5] declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judiciales y contrariaba los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica.
4.- No obstante, pese a declarar la inexequibilidad de las normas, esta Corporación advirtió en esa misma sentencia, que era aplicable la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implique trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992 se admitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose caso a caso[6].
5.- Con posterioridad, esta Corte emitió la sentencia C-590 de 2005[7], en la cual la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva.
6.- En la mencionada sentencia C-590 de 2005 la Corte buscó hacer compatible el control de las decisiones judiciales por vía de tutela, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judiciales y seguridad jurídica. Para ello estableció diversas condiciones procesales que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales especiales.
7.- Frente a las causales especiales de procedibilidad, el precitado fallo C-590 de 2005, explicó que basta con la configuración de alguna de ellas para que proceda el amparo respectivo. Tales causales han sido decantadas por la jurisprudencia constitucional, así:
8.- Esta Corporación ha caracterizado el defecto sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de tal identidad, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
La sentencia T-476 de 2013[8] ha recordado la reiterada jurisprudencia[9] de la Corte que ha clasificado las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela por defecto sustantivo de dos formas: en primer lugar cuando la actuación se funda en una norma claramente no aplicable (por derogación y no producción de efectos; por evidente inconstitucionalidad y no aplicación de la excepción de inconstitucionalidad; porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional; porque ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional o, porque no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó) y, en segundo lugar, por grave error en la interpretación.[10]
9.- Frente al defecto fáctico la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado de forma reiterada que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”[11]. Y ha sostenido, de igual manera, que la acción de tutela únicamente procede cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (...)”[12].
La Corte ha identificado dos dimensiones del defecto fáctico: una dimensión negativa y una positiva. La primera tiene lugar cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[13], o simplemente omite su valoración[14], y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[15]. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[16]. Y la dimensión positiva, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para la definición del caso, que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión.[17]
10.- De otra parte, en cuanto a la carga de la prueba, la Corte Constitucional, indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que imponga es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes.”[18]
11.- Este tema ha sido abordado por abundante jurisprudencia, pues involucra el derecho a la igualdad y principios constitucionales como la seguridad jurídica y la confianza legítima, entre otros. Por eso para alegar vulneración de la igualdad y argumentar la procedencia de la acción de tutela por violación del precedente horizontal, la sentencia T-100 de 2010 afirma que “es necesario que el precedente que se alega desconocido, verdaderamente se constituya como tal, esto es, que no se trate de jurisprudencia aislada. Para poder determinar este requisito, el juez de tutela debe centrar su análisis en la constatación de la razonabilidad de la sentencia atacada[19]”. Y en el caso del precedente vertical, habrá de determinarse la postura interpretativa del órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para establecer si existe o no, la alegada vulneración. Obviamente será indispensable analizar cada caso y sus rationes decidendum para establecer la procedibilidad de la acción de tutela por la existencia de este defecto.
Ya que en este caso la acción de tutela se dirige contra una sentencia de casación, es importante mencionar brevemente que la Corte se ha pronunciado específicamente sobre la procedencia de la acción de tutela contra este tipo de providencias no sólo por su carácter unificador sino por su objetivo de alcanzar justicia material. En efecto, la sentencia T-620 de 2013[20] ha reconocido que el desconocimiento del precedente es una causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales cuando la decisión judicial vulnera o amenaza derechos fundamentales de las partes[21].
12.- De conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, la convención colectiva de trabajo es “la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia.”
El elemento normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad social, cultural o recreacional..”[22] (Resaltado de la Sala)
13.- De la definición legal y jurisprudencial se deduce que la convención colectiva es un acuerdo bilateral celebrado entre una o varias asociaciones profesionales de trabajadores y uno o varios patronos para regular las condiciones que regirán los contratos de trabajo, a fin de mejorar los derechos y garantías mínimas que las normas jurídicas le reconocen a todos los trabajadores. De ahí que se haya dado a la convención un carácter esencialmente normativo.
Asimismo, a la convención colectiva se le ha dado el carácter de acto solemne, sobre el particular es pertinente citar la sentencia SU-1185 de 2001[23] que señaló:
14.- Sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia[24] ha señalado que ésta tiene el carácter de norma jurídica dictada por la empresa y los trabajadores, a través de un acuerdo de voluntades reglado y de naturaleza formal, que se convierte en fuente autónoma de derecho, mediante la cual se regulan las condiciones individuales de trabajo, con sujeción a los derechos ciertos e indiscutibles de los trabajadores.
“…regular lo que las partes convengan “en relación con las condiciones generales de trabajo” por disposición expresa del artículo 468 ibídem y que de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia y los convenios internacionales, puede comprender las cláusulas llamadas obligacionales, que establecen derechos y deberes recíprocos entre las partes contratantes, es decir la organización sindical y el empleador, que no se integran a los contratos individuales de los trabajadores beneficiados…”[25]
15.- Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que por el claro contenido regulador y por constituir sus cláusulas derecho objetivo, la convención colectiva adquiere el carácter de fuente formal del derecho. Así lo entendió la Corte Constitucional cuando en la sentencia C-009 de 1994[26] manifestó que si bien la convención colectiva no es una verdadera ley, con el valor y significación que esta tiene, puede considerarse como una fuente formal del derecho “...por cuanto ella[s] viene[n] a suplir la actividad legislativa en lo que respecta al derecho individual y la seguridad social, y a reglamentar la parte económica, en lo que se refiere al campo salarial, prestacional e indemnizatorio y a los demás beneficios laborales, que eventualmente se puedan reconocer a los trabajadores...”.
16.- Frente a los efectos restringidos de la Convención Colectiva, esta Corporación en la sentencia SU-1185 de 2001[27], expresó:
17.- La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la convención colectiva no es una ley, razón por la cual ha señalado que su desconocimiento no puede alegarse en casación por la causal de violación directa, sino de violación indirecta, y en reiterada jurisprudencia ha determinado que las convenciones colectivas tienen el carácter de pruebas, y como tal, deben ser aportadas por las partes y apreciadas por los jueces.
18.- El principio de favorabilidad en materia laboral está previsto en el artículo 53 superior y en el artículo 21 del Código Sustantivo del trabajo y de la Seguridad Social. De conformidad con estos preceptos, constituye principio mínimo del trabajo la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.
El alcance de tal precepto ha sido definido por esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, entre la cual se encuentra la Sentencia C-168 de 1995[28], en la que la Corte expresó:
19.- Esta Corporación ha sido enfática en sostener que, so pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable a los jueces desconocer las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de igualdad de trato y favorabilidad. En la sentencia T-001 de 1999[29], esta Corporación señaló:
Y en la sentencia T-800 de 1999[30], reiteró la Corte:
20.- De igual manera, el principio de la favorabilidad laboral fue desarrollado en la sentencia SU-1185 de 2001. En esa oportunidad la Corte Constitucional decidió dejar sin efectos un fallo de casación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Las rationes decidendum del caso se edificaron sobre dos pilares: (i) la obligación de los jueces de la República de someterse en sus decisiones al derecho, bajo la idea de la fuerza material de ley de las convenciones colectivas y su carácter de acto solemne, y (ii) la obligación de los jueces de la República de aplicar las garantías constitucionales de la igualdad formal ante la ley y el principio de favorabilidad laboral en caso de duda en la interpretación de las disposiciones de las convenciones colectivas.
21.- En la sentencia T-792 de 2010[31] la Corporación reiteró que la aplicación del principio de favorabilidad en los siguientes términos
De la jurisprudencia citada se puede concluir que, si bien los jueces -incluyendo las altas cortes- tienen un amplio margen de interpretación en las normas laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquél que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica, así lo reiteró esta Corporación en la sentencia T-350 de 2012[32] en la cual concluyó: “En consecuencia, una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo del artículo 53 Constitucional.”
22.- El artículo 229 de la Carta Política de 1991 prescribe que "se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia". Por su parte, el artículo 13 de la Constitución establece el principio de igualdad en los siguientes términos:
En la Sentencia C-104 de 1993[33], esta Corporación dispuso que el derecho de acceso a la administración de justicia comporta también el derecho a recibir un trato igualitario. Al respecto, expresó que “El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibídem, de tal manera que el derecho de ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica no solo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales ante situaciones similares”.
23.- En efecto, la autonomía e independencia que la Constitución Política le reconoce a las autoridades encargadas de impartir justicia (arts. 228 y 230) debe ser siempre armonizada y conciliada con las garantías incorporadas en los artículos 13 y 53 del mismo ordenamiento que le reconocen a todas las personas, en particular a los trabajadores, los derechos a “recibir la misma protección y trato de las autoridades” y a ser favorecidos “en caso de duda en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho”, respectivamente.
En relación con el punto, la Sentencia T-1072 de 2000[34] manifestó lo siguiente:
“Finalmente, debe esta Sala reiterar la prevalencia de la parte dogmática de la Constitución, especialmente la que regula lo referente a los derechos fundamentales respecto de aquella que determina la organización estatal, pues son éstos los que orientan y legitiman la actividad del Estado.[35] En virtud de esta jerarquía, y en concordancia con el argumento sobre la interpretación literal de las normas, habida cuenta de su jerarquía dentro del ordenamiento, la autonomía judicial y la libertad que tienen los jueces de interpretar y aplicar la ley no puede llegar al extremo de implicar un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, ni un incumplimiento del deber de proteger especialmente a aquellas que se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta, reduciendo el ámbito de aplicación y por ende la eficacia de los mecanismos legales que desarrollen el objetivo constitucional de la igualdad.”
24.- Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de precisar el principio de igualdad, señalando que, al menos de su acepción de igualdad de trato, se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos i) dar el mismo trato a sujetos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un tratamiento diferente y ii) dar un trato desigual en situaciones diferentes. Ha dicho la Corte
De los diversos contenidos del principio general de igualdad, surgen a su vez el derecho general de igualdad, cuya titularidad radica en todos aquellos que son objeto de un trato diferenciado injustificado o de un trato igual a pesar de encontrarse en un supuesto fáctico especial que impone un trato diferente, se trata entonces de un derecho fundamental que protege a sus titulares frente a los comportamientos discriminatorios o igualadores de los poderes públicos, el cual permite exigir no sólo no verse afectados por tratos diferentes que carecen de justificación sino también, en ciertos casos, reclamar contra tratos igualitarios que no tengan en cuenta, por ejemplo, especiales mandatos de protección de origen constitucional.”[36]
25.- La sentencia C-816 de 2011[37] recuerda la línea jurisprudencial sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia y los límites de los órganos de cierre jurisdiccional. Retoma las tensiones con la autonomía judicial y enfatiza en el respeto a la igualdad como fundamento de la vinculatoriedad del precedente. La sentencia T-918 de 2010[38] muestra un panorama de la jurisprudencia vigente en esas materias y recuerda que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, la autonomía judicial en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta, uno de sus principales límites se encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales[39] que supone igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley.[40] En efecto, existe un problema de relevancia constitucional “cuando en franco desconocimiento del derecho a la igualdad, con base en la prerrogativa de la autonomía e independencia de la función judicial[41], los jueces adoptan decisiones disímiles frente a casos semejantes[42]”.
Sobre el punto dijo la sentencia T-698 de 2004[43] que la contradicción en sede judicial impacta gravemente la seguridad jurídica, en tanto que
Las decisiones judiciales contradictorias no sólo vulneran el derecho a la igualdad, también comprometen los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe[44]. La sentencia SU-120 de 2003[45], se refirió al asunto en cuanto a la labor de unificación de jurisprudencia que ejerce la Corte Suprema de Justicia que pretende dar consistencia al ordenamiento jurídico y que debe ser considerada:
La Corte ha considerado que la consistencia y la estabilidad en la interpretación y aplicación de la ley tiene una relación directa con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al menos por dos razones: (i) previsibilidad, pues los sujetos pueden interpretar las decisiones judiciales para obrar libremente y establecer las consecuencias de sus actos; y (ii) confianza en la administración de justicia ya que los ciudadanos esperan fundadamente una interpretación judicial razonable, consistente y uniforme.[46]
La sentencia T-525 de 2010[47] también estudió los límites de los jueces en su ejercicio derivados de los valores constitucionales establecidos, entre otros, en el artículo 2º de la C.P[48]. Esta decisión estableció que
“en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza que la comunidad tiene de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma[49]. Corolario de esto, surge como límite a la autonomía e independencia de los jueces, el respeto por el precedente[50]”.
26.- De la recopilación anterior surge una síntesis de argumentos que soportan el carácter vinculante del precedente judicial:
26.5.- Es necesario un mínimo de coherencia interna que de racionalidad al sistema jurídico.[51]
27.- Frente a la noción de precedente, la sentencia T-351 de 2011 da una definición como “aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”.
28.- Para aplicar adecuadamente la noción de precedente resulta indispensable el establecimiento de la ratio decidendi. La sentencia SU-047 de 1999[52] precisó que la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva.” Se trata de la base jurídica directa de la sentencia y, por tanto, el precedente judicial debe ser aplicado para resolver casos similares[53].
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”[54].
29.- La sentencia T-688 de 2003[55] especificó varios límites legítimos a la autonomía judicial en la interpretación y aplicación de la ley (i) la posibilidad de control judicial superior; (ii) el recurso de casación que pretende lograr la unificación de la jurisprudencia nacional; y (iii) la sujeción al precedente vertical -al precedente dado por el juez superior- y al precedente horizontal -acatamiento al precedente fijado por el propio juez –individual o colegiado-[56].
La misma decisión analizó los efectos vinculantes del precedente horizontal y concluyó que “cumplidos los supuestos fácticos y jurídicos requeridos, las salas de un mismo tribunal no deben apartarse del precedente jurisprudencial con fundamento en el cual de manera uniforme y reiterada se han resuelto casos similares” pues, en su distrito judicial, los tribunales tienen la función de unificar la jurisprudencia[57], al igual que la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional mediante el recurso de casación. Por eso son aplicables las reglas sobre precedente y doctrina probable a los tribunales.[58]
En cuanto al precedente vertical, la sentencia C-836 de 2001[59] asumió que:
La sentencia T-698 de 2004[60] precisó que la actividad judicial también se encuentra limitada por “el marco axiológico, deóntico y el cuerpo normativo y constitucional que compromete el ordenamiento jurídico”, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como por el principio de supremacía de la Constitución que obliga a todos los jueces a interpretar el ordenamiento jurídico en armonía con la Constitución. Igualmente reiteró que en virtud de las sentencias SU-120 de 2003 y C-836 de 2001, las decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia que constituyen doctrina probable deben ser respetadas por los jueces de la jurisdicción ordinaria, pues “dicho respeto[61], además de apoyarse en el derecho a la igualdad, se desprende también del carácter unitario de la nación, y especialmente de la judicatura, que demanda la existencia de instrumentos de unificación de la jurisprudencia nacional.”[62]
30.- Con todo, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si esgrime razones fuertes para hacerlo. La sentencia T-330 de 2005[63] dijo lo siguiente al respecto
“ya sea porque omite hacer referencia a ellos, o porque no presenta motivos razonables y suficientes para justificar su nueva posición, la consecuencia no es otra que la violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso, lo que da lugar a la protección mediante acción de tutela”[64]. No obstante, “Los magistrados que hacen parte de un mismo cuerpo colegiado también pueden apartarse de su propio precedente o del de otra sala, siempre y cuando expongan los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para tal efecto deben: ‘i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un argumento suficiente para el abandono o cambio a fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad’ (Sentencia T-698 de 2004)”[65].
En la sentencia C-634 de 2011[66], la Corte estableció unos requisitos mínimos que deben cumplir los jueces para apartarse del precedente:
Estos principios han sido aplicados en muchos casos en los que la Corte Constitucional ha concedido la protección del derecho fundamental a la igualdad al establecer que una autoridad judicial ha fallado un caso en contravía del precedente horizontal[67] y vertical aplicable[68] debido, entre otras, a la violación del derecho al debido proceso judicial.
31.- En síntesis (i) la jurisprudencia es “criterio auxiliar” de interpretación de la actividad judicial (art. 230.2 C.P.) y los jueces en sus providencias “sólo están sometidos al imperio de la ley” (art. 230.1 C.P.); (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia (y de los demás órganos de cierre) tienen fuerza vinculante por emanar de entes diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud, entre otros, de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica (art. 13 y 83 C.P.); (iii) de manera excepcional el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y razonada.
32.- De la condición de “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (art. 234 C.P.) que le fija la Constitución a la Corte Suprema de Justicia surge el encargo de unificar la jurisprudencia en las respectivas jurisdicciones, tarea implícita en las atribuciones asignadas como tribunal de casación. Y de tal deber de unificación jurisprudencial surge la prerrogativa de conferirle a su jurisprudencia un carácter vinculante. En materia de los objetivos de la casación, la sentencia T-620 de 2013[69] ha reconocido también que el desconocimiento del precedente es una causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales cuando la decisión judicial vulnera o amenaza derechos fundamentales de las partes[70] ya que este recurso extraordinario también tiene como finalidad la protección de derechos. Esta corporación ha precisado que los principales objetivos del recurso de casación como medio de impugnación extraordinario, cuya finalidad es más “de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”[71] son:
32.4.- velar por la efectiva realización de los derechos fundamentales de los asociados[72].
De conformidad con la teleología del recurso, la casación hace un control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para establecer si se ajusta al ordenamiento legal, es decir, se hace control de legalidad y de constitucionalidad para decidir si en dicha actuación se produjo un error in iudicando o un error in procedendo para infirmar la decisión impugnada[73]. La sentencia C-590 de 2005[74], explicó:
33.- Por eso esta Corte Constitucional ha considerado a la casación como un medio idóneo para la protección de derechos fundamentales[75] aunque tenga también una finalidad sistémica. En efecto, la Sentencia C-252 de 2001[76] indicó:
“El recurso de casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley.[77]”
De conformidad con esta comprensión, el recurso extraordinario de casación no es “sólo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales”[78].
Por eso, esta Corporación ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casación de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a través de la superación de “la concepción formalista de la administración de justicia vinculada al simple propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados”[79]. Sobre el nuevo paradigma de la casación como dispositivo de justicia material, la sentencia C-713 de 2008[80] se refirió a la evolución de la casación y a la visión doctrinal en los siguientes términos:
“en el año 1966 el profesor Álvaro Pérez Vives sostenía al respecto: ‘La evolución del derecho moderno ha variado el alcance de las finalidades del tribunal de casación. Soberana única antaño, la ley es mirada hoy, cuando menos, con prevención, y los autores se pronuncian contra el fetichismo de la ley escrita (…). En tales circunstancias, la corte de casación ha dejado de estar al servicio de la ley para hacer justicia al derecho’[81]”.
“Si bien una de las funciones de la casación es la unificación de jurisprudencia a nivel nacional, la cual se da en pro del interés público y en cuanto tal tiene trascendental importancia, no se debe pasar por alto que también es función prioritaria el control de legalidad y constitucionalidad de las sentencias para que de esta manera se puedan proteger derechos subjetivos del casacionista.[82]”[83]
34.- Del recuento anterior pueden extraerse varias conclusiones sobre la jurisprudencia constitucional vigente en las materias referidas en este caso: las convenciones colectivas son normas y por tanto en su interpretación resulta aplicable el principio de favorabilidad. Además, se configura una violación del derecho a la igualdad si no se respeta el precedente o si los operadores judiciales se alejan del mismo sin la suficiente motivación –que debe ser explícita y razonada- ya sea que se trate del precedente horizontal o del vertical. La generación y el acatamiento del precedente ostentan particularidades en el caso de los órganos de cierre, como la Corte Suprema de Justicia, por la relevancia sistémica de sus funciones que también incluyen la materialización de los derechos fundamentales. En efecto el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria debe aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y confianza legítima a través de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus competencias; dar seguridad jurídica a la ciudadanía y velar por la efectividad de los derechos fundamentales a través del conocimiento del recurso extraordinario de casación.
35.- Corresponde ahora a esta Corte analizar si la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con ocasión de los fallos proferidos el 8 de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2009, respectivamente, desconocieron los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, seguridad social, igualdad y mínimo vital, cuya protección se solicita en la presente tutela, por haber incurrido en vías de hecho en la fundamentación de las decisiones dictadas dentro del proceso laboral instaurado por el ciudadano César Augusto Pérez Arteta.
36.- Como ya ha sido relatado, este caso se refiere a un trabajador de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP que laboró en la entidad desde el 5 de mayo de 1987 hasta el 23 de mayo de 2004 y que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo firmada en 1997. Este documento preveía una vigencia inicial de dos años –hasta 1999- y, si no había denuncia por parte del sindicato, se prorrogaría por un año, cada vez, de manera automática. La convención establecía una pensión proporcional especial de jubilación aplicable a quien trabajara durante al menos 10 años en la Empresa y fuera despedido sin justa causa. Los varones beneficiarios podrían acceder a la prestación cuando cumplieran 50 años.
En diversas oportunidades, antes de que el actor fuera despedido sin justa causa, les fue concedida la prestación aludida a varias personas en situación similar a la ahora alegada por el demandante.[84]
37.- En 2005 se reformó el artículo 48 de la Constitución que, en lo pertinente, estipula lo siguiente:
"Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho".[85]
Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
"Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. […]”
(i) Si una pensión es reconocida conforme a derecho no puede congelarse, reducirse ni dejarse de pagar aunque provenga de un régimen especial. En efecto, a pesar de que la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó la vigencia de los regímenes pensionales especiales existentes hasta el 31 de julio de 2010 y prohibió la creación de otros nuevos, ordenó el respeto de los derechos adquiridos, salvo fraude a la ley.
(ii) La prohibición de diseñar nuevos regímenes pensionales especiales opera hacia el futuro, es decir desde la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005 (25 de julio de 2005, día de su publicación).
(iii) La vigencia de los regímenes pensionales especiales, exceptuados y similares expiró el 31 de julio de 2010.
(iv) Las reglas pensionales vigentes al momento de expedir el acto Legislativo, incluidas las contenidas en las convenciones colectivas de trabajo, se mantendrán por el término inicialmente estipulado.
38.- Con posterioridad a la expedición de la citada reforma constitucional, el 16 de febrero de 2007, el demandante cumplió la edad para acceder a la pensión convencional y la solicitó. A pesar del proceso de liquidación de la Empresa, el régimen pensional especial que lo cobijaba no había expirado por orden constitucional (la fecha de expiración fue el 31 de julio de 2010) y en 2004, antes de esa fecha y de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2005, se causó su derecho a la pensión convencional. Sobre la fecha en la cual fue causada la pensión convencional, resulta relevante citar la reciente sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 11 de marzo de 2015, Radicación 44597, MP Roberto Echeverry Bueno. Este pronunciamiento se ocupó de en un caso similar en el que concedió a una trabajadora la pensión proporcional originada en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP y su sindicato. En aquella oportunidad la Corte Suprema determinó que
“la Sala debe precisar su jurisprudencia en el entendido que el literal b) del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo posee una estructura clara, que admite una lectura unívoca, en cuanto consagra una especie de pensión restringida de jubilación, que se causa con el tiempo de servicios y el retiro diferente al despido por justa causa, y en la que el cumplimiento de la edad constituye un simple requisito de exigibilidad.” (Negrilla fuera del texto)
Por lo tanto, el derecho pensional del señor César Augusto Pérez Arteta fue causado antes de la fecha de expiración de los regímenes especiales dada por orden constitucional e incluso fue anterior a la expedición y entrada en vigencia de la reforma a la Carta Política.
39.- De otro lado, podría afirmarse que el demandante no tiene derecho a la pensión convencional porque la empresa fue liquidada y, como consecuencia, la convención colectiva de trabajo se encuentra extinta. Al respecto, es importante distinguir la configuración de un derecho adquirido y la vigencia de la convención colectiva de trabajo durante un proceso liquidatorio. Como fue visto previamente, tal y como lo respalda la reciente jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho del señor Arteta se causó el 23 de mayo de 2004, cuando fue despedido sin justa causa, y la orden de liquidación de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. se dio por medio de la Resolución No. 001621 de mayo 21 de 2004 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
No obstante, como lo afirmó esta Corporación en la Sentencia C-902 de 2003[86], los procesos de disolución y liquidación no requieren de la renuncia de los trabajadores a sus derechos adquiridos, producto de negociaciones y concertaciones. Dijo esta providencia “el Estado debe armonizar los derechos, a fin de que si por circunstancias objetivas, se concluye que una entidad debe ser disuelta, los derechos de quienes han laborado por años en la misma no sean anulados so pretexto de llevar a feliz término un proceso de liquidación.”
Si bien es cierto que las convenciones colectivas rigen los contratos de trabajo mientras la relación laboral subsista, no lo es menos que en un proceso de liquidación de una entidad “la convención que se encuentre vigente al momento de la liquidación del organismo, debe ser aplicada hasta la terminación del proceso de liquidación, caso en el cual lógicamente se dan por terminados los contratos de trabajo ante la desaparición de la entidad”[87]. Cuando la empresa se disuelve y en consecuencia se liquida, llega a su fin y por tanto “se terminan los contratos laborales vigentes a medida que avance la liquidación, hasta que finalmente se extinga el último de ellos, momento en el cual la convención por sustracción de materia no se aplica a relaciones laborales individuales que dejaron de existir, sin perjuicio que en la liquidación se garantice la efectividad y respeto a los derechos adquiridos.”[88] (Negrilla fuera del texto)
40.- Las cuestiones que el tutelante discute son de evidente relevancia constitucional, en la medida en que la controversia versa sobre la protección de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, seguridad social, igualdad y mínimo vital, lo cual es suficiente para dar por cumplido el requisito.
41.- El artículo 86 C.P. señala que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales, en tanto vía judicial residual y subsidiaria, que ofrece una protección inmediata y efectiva en ausencia de otros medios ordinarios de defensa judicial, o en presencia de estos, cuando se tramita como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.[89]
Uno de los presupuestos generales de la acción de tutela es la subsidiariedad de la acción, que consiste en que el recurso sólo procede cuando se hayan agotado los medios de defensa disponibles para el efecto en la legislación[90]. Esta exigencia pretende asegurar que la acción constitucional no se convierta en una instancia más ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador, como tampoco es un instrumento para solventar errores u omisiones de las partes o para habilitar oportunidades ya cumplidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.
42.- Esta exigencia jurisprudencial reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales. De tal manera que la acción de tutela solo será procedente cuando se interpone en un plazo razonable, prudencial y proporcionado con respecto a la vulneración del derecho que pudo darse con la providencia judicial.[91]
La presente acción, cumple con el requisito de inmediatez, como quiera que la última actuación dentro del proceso se dio el 12 de septiembre de 2012. Tal como lo señala la demanda de tutela “el proceso estuvo activo en Sala de Casación, hasta el 12 de septiembre de 2012, fecha en la cual se notificó el auto de aprobación de costas. Por lo anterior, a la fecha de radicación de la presente acción han transcurrido tres meses y 7 días […]”[92]. Este hecho no fue controvertido y bajo estos supuestos el plazo es razonable y proporcionado.
Si no se aceptara esta hipótesis sobre la terminación del proceso, debería analizarse que la tutela se interpuso el día 19 de diciembre de 2013 y la fecha del fallo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es el 8 de mayo de 2013. Podría pensarse que los siete (7) meses transcurridos exceden al tiempo razonable. No obstante, cabe anotar en gracia de discusión, que diversos fallos de esta Corte han considerado distintos lapsos de tiempo como razonables para efectos de analizar la inmediatez, pues la razonabilidad dependerá de las circunstancias de cada caso concreto.[93]
Para efectos de este asunto, resulta pertinente recordar que criterios como el carácter de la obligación debatida como de tracto sucesivo[94] y el estado de salud del demandante[95] son relevantes para que los jueces constitucionales evalúen la situación y decidan si un plazo es proporcional o no. Si quisieran analizarse estas circunstancias en el presente proceso de tutela es posible encontrar que la prestación pretendida es una pensión convencional de jubilación, obligación de tracto sucesivo; además, como el mismo apoderado lo afirma, el demandante tiene una enfermedad grave.[96] En suma, bajo cualquier hipótesis el requisito de inmediatez se habría cumplido.
43.- La Sala observa que la presente acción se dirige contra un fallo judicial dictado dentro de una acción laboral ordinaria, y no contra una sentencia de tutela, que haga inviable el ejercicio de la acción.
44.- De esta manera, la Corte encuentra cumplidos los requisitos generales de procedibilidad para dar trámite a la acción de tutela contra providencia judicial y, en tal consideración, procederá a examinar los cargos formulados por el accionante contra la sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
45.- Cuestiona el tutelante que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla optaron por una de dos interpretaciones posibles a la cláusula convencional colectiva sobre la pensión de jubilación convencional y avalaron la que dejaba sin pensión al trabajador, es decir dejaron de aplicar el principio de favorabilidad que rige las relaciones laborales (art. 53 C.P.) En su criterio, los falladores no tuvieron en cuenta que i) en otros casos similares la entidad empleadora había reconocido la pensión a trabajadores que se encontraban en su misma situación, es decir, desvinculados de la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P. al momento en que llegaron a la edad para recibir la pensión, vulnerándose así el principio de igualdad y ii) el precedente de la misma Corte Suprema de Justicia ha señalado que el literal b) del artículo 42 de la Convención Colectiva no admitía una interpretación diferente a aquella según la cual con el tiempo de servicio se adquiría el derecho y la edad simplemente era un requisito para su exigencia.
Efectivamente, esta Sala observa que existen divergencias interpretativas en relación con la aplicación del literal b) del artículo 42 de la Convención Colectiva firmada el 23 de octubre de 1997 entre SINTRATEL y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla.
46.- El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla consideró que si había lugar a pagar la pensión proporcional de jubilación convencional al actor, a partir de la fecha en que el demandante cumplió la edad de 50 años esto es el 16 de febrero de 2007. El Juzgado sustentó su decisión en que la cláusula convencional no exige para hacer efectivo el derecho que el trabajador se encuentre vinculado a la Empresa.
Por otro lado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Primera de Descongestión Laboral, revocó el fallo en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la pensión aunque manifestó que resultaba admisible la interpretación que hizo el a-quo al literal b), del artículo 42 de la Convención Colectiva. En opinión de Tribunal, la redacción de la cláusula “Los empleados que presten o hayan prestado diez (10) o más años de servicio a la empresa…”, descarta la exigencia de que el trabajador se encuentre vinculado con la compañía. Además, como la conjunción “o” es disyuntiva para alcanzar la pensión, el acuerdo convencional otorgó un amplio margen a los potenciales beneficiarios, al establecer nítidamente dos posibilidades, esto es prestar el servicio o haberlo prestado. El único presupuesto para comenzar a recibir la pensión sería el cumplimiento de la edad, cincuenta años en el caso de los hombres. Con todo, el Tribunal decidió no acoger esta interpretación hecha por la primera instancia y en su opinión, plausible, por cuanto estaba obligado a aplicar el precedente de la Corte Suprema de Justicia, generado en casos similares al estudiado, en los cuales ha exigido que para tener derecho a la pensión convencional se debe acreditar que la relación laboral se encontraba vigente al momento de cumplir la edad.
47.- Sobre el primer punto, la Sala considera que aunque las dos interpretaciones de la Convención parecerían razonables, el artículo 53 Constitucional ordena al operador jurídico optar por la más favorable al trabajador. Así lo ha señalado la Corte en reiteradas ocasiones, tal como quedó consagrado en los fundamentos 18 a 21 de esta providencia.
De esa forma, la favorabilidad opera, no sólo cuando se presenta un conflicto entre normas, sino también cuando existe una norma que admite varias interpretaciones, en estos casos “el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica”[97]. De acuerdo con lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, incurrieron en un defecto sustantivo porque desconocieron el artículo 53 C.P. que señala que ante la aplicación de dos posibles normas, el juez debe aplicar la que resulte más favorable al trabajador pues las convenciones colectivas son normas y por tanto en su interpretación resulta aplicable el principio de favorabilidad.
48.- En segundo lugar, las actuaciones del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia configuran una violación del derecho a la igualdad del señor Pérez Arteta, al parecer por un desconocimiento del precedente. En efecto, la decisión del Tribunal entiende la razonabilidad de la interpretación más favorable al trabajador acogida por el juez de instancia pero decide no atenderla. Del mismo modo decidió no acoger varios fallos de ese mismo cuerpo colegiado que concuerdan con la hermenéutica de la convención colectiva que considera que debe concederse la pensión aunque el trabajador no esté vinculado a la empresa al momento de cumplir la edad requerida. En ese orden de ideas la violación del derecho a la igualdad parecería determinada por el desconocimiento del precedente horizontal.
En todo caso esta Corte no considera determinante adelantar el análisis sobre cuál es el precedente vigente en el Tribunal, pues el argumento central que esgrimió ese cuerpo colegiado para revocar la decisión del Juzgado -que había concedido la pensión convencional al demandante- no se refirió al precedente horizontal. Efectivamente, la razón principal del Tribunal fue que no podía desconocer el precedente vertical pues, en su criterio, la Corte Suprema de Justicia ya tenía jurisprudencia consolidada en la cual, bajo circunstancias similares a las del señor Pérez Arteta, es decir en el caso de trabajadores que no hubieran cumplido cincuenta (50) años en vigencia de la relación laboral pero que sí cumplían el tiempo de servicios, debería negarse la pensión de jubilación convencional.
49.- A pesar de la evidente incoherencia jurisprudencial en el Tribunal, no se ha unificado la jurisprudencia. En efecto, ante las decisiones contradictorias de las diversas salas del Tribunal, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha unificado los criterios y se mantuvo en silencio sobre el tema cuando conoció del recurso de casación presentado por el actor. Toda esta situación tuvo como resultado la afectación de la seguridad jurídica y la consecuente negación del derecho fundamental a la igualdad frente a la ley del señor Pérez Arteta. Del mismo modo la Sala Laboral vulneró los principios de buena fe y confianza legítima ya que su actitud omisiva para la unificación de jurisprudencia a través de la casación no contribuyó a la seguridad jurídica ni a la efectividad de los derechos fundamentales del señor Pérez Arteta.
En tal virtud, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos del demandante al no otorgarle igualdad de trato jurídico. En efecto, las sentencias con los radicados 42703 del 22 de enero de 2013[98] y 33475 del 4 de junio de 2008[99] decidieron previamente casos similares en un sentido distinto al de la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ahora se estudia (fechada el 8 de mayo de 2013) y que decidió la demanda del señor Pérez Arteta. En estos dos casos la Corte Suprema acogió otro criterio hermenéutico, distinto al aplicado al ahora demandante, a pesar de que los sujetos se encontraban en circunstancias similares y con base en ello otorgó un trato disímil a pesar de lo común de las situaciones. Efectivamente el caso del actor en tutela y los decididos en los procesos de casación de la referencia son idénticos: (i) los tres casos se refieren a la aplicación de la Convención colectiva de trabajo firmada entre SINTRATEL y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla E.S.P.; (ii) en las tres situaciones los demandantes pretendían el reconocimiento del beneficio pensional contenido en la citada Convención; (iii) los tres trabajadores laboraron en la Empresa el tiempo de servicios requerido para aspirar a la obtención de la pensión convencional de jubilación; (iv) ninguno de los demandantes en estos tres procesos fue despedido por justa causa; (v) los tres trabajadores cumplieron 50 años de edad después de terminada la relación laboral.
Con todo, a pesar de que los tres sujetos se encontraban en idéntica situación con respecto a los elementos relevantes, en dos casos la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de los peticionarios y en el caso del señor Pérez Arteta decidió en contra de su pretensión. Este trato disímil no tiene sustento alguno y parece demostrar que no existe un precedente claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando conoció el recurso de casación interpuesto por el señor Pérez Arteta a pesar de haber fallado previamente casos similares en sentido diferente.
50.- Como resultado de lo señalado, esta Corporación considera que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, desconocieron el artículo 53 de la Constitución que hace referencia al principio de favorabilidad laboral, de manera que, esta Sala revocará la sentencia proferida por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 8 de mayo de 2013 y de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla del 31 de marzo de 2009, y en su lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital.
51.- Bajo estas circunstancias existen al menos dos opciones para fallar: (i) remitir el proceso a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que profiera nuevamente sentencia bajo el marco constitucional dado en esta providencia, o (ii) confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla.
SEGUNDO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente fallo, la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 28 de enero de 2014 y en su lugar CONCEDER la tutela para la protección de los derechos al debido proceso y a la igualdad de trato del señor César Augusto Pérez Arteta.
SALVAMENTO DE VOTO DEL AGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Acción de tutela instaurada por César Augusto Pérez Arteta contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Con la expedición de la Ley 100 de 1993, artículo 133,[100] fue derogado el artículo 8o de la Ley 171 de 1961. Aunque se trata de una norma que sigue produciendo efectos jurídicos, la universalización de la seguridad social, sin duda, ha hecho desaparecer este tipo de pensiones, en la medida en que las entidades administradoras, han ido subrogando las prestaciones económicas del sistema. Así las cosas, considero que debieron valorarse todas las normas que pudieran regular el caso, las alternativas del actor para obtener el reconocimiento de una prestación económica definitiva y verificar si se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales u otra entidad del Sistema General en Pensiones y, en consecuencia, determinar si habría lugar o no a la compatibilidad de la pensión convencional reclamada. El accionante prestó sus servicios a la Empresa Distrital de Telecomunicaciones desde el 5 de mayo de 1997 hasta el 23 de mayo de 2004, de lo que se desprende que la prestación del servicio se extendió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual estimo que al menos debió evaluarse dicha situación, y, por consiguiente, no asimilar la pensión convencional a una pensión restringida de jubilación, como quiera que esta pensión -la restringida- tiene un fundamento legal, que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 ha ido desapareciendo, pues las nuevas normas de seguridad social imponen la afiliación al Sistema General de Pensiones y la subrogación progresiva de las contingencias protegidas por este.
Tratándose del proceso de liquidación de una entidad, u organismo administrativo, la convención que se encuentre vigente al momento de la liquidación, debe ser aplicada hasta la terminación del proceso.[101] Lo anterior, en consideración a que los contratos de trabajo son terminados ante la desaparición de la entidad, sin que pueda entenderse que la vigencia del acuerdo colectivo es indeterminada.[102]
"En resumen, la intención del constituyente derivado al aprobar el Acto Legislativo 01 de 2005 fue unificar los regímenes pensiónales con el propósito de (i) poner fin a la existencia de regímenes con ventajas desproporcionadas para ciertos grupos de pensionados financiados con recursos del erario, con miras a garantizar los principios de igualdad y solidaridad. (ii). eliminar los altos subsidios públicos que tales beneficios suponen, con el fin de liberar recursos para el cumplimiento de los fines de la seguridad social y del Estado Social de Derecho, y la sostenibilidad financiera del sistema; y (iii) establecer reglas únicas que además permitan hacer mejores previsiones dirigidas a la sostenibilidad del sistema de pensiones. [103] (resaltado fuera del texto).
A mi juicio, la armonización de los acuerdos colectivos con lo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005, debe ser uno de los derroteros que debe orientar la decisión e interpretación de los jueces, al momento de analizar las clausulas convencionales, sin desconocer, por supuesto, los derechos adquiridos[104]. Adicional a lo anterior, existe el imperativo de equiparar los requisitos que consagran las normas convencionales en materia de pensión, a lo señalado por las normas legales vigentes, más aun cuando se trata de pensiones financiadas con recursos públicos.
[1] El referido inciso señala: “Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que sea presentado a partir de la sala de selección de marzo de 2009.”
[2] Fl. 99 del expediente.
[3] Resoluciones 338, 336 y 054 de 11 y 9 de diciembre de 2003 y 4 de marzo de 2004.
[4] Ver fl. 16 del expediente.
[5] M.P. José Gregorio Hernández.
[6] Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[7] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[8] M.P. María Victoria Calle.
[9] Sentencia T-018 de 2008 M.P Jaime Córdoba Triviño. En esta ocasión, la Corte estudió una acción de tutela presentada contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al considerar que esa Corporación había incurrido en una vía de hecho, al casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira que confirmaba la providencia de primer grado, mediante la cual se le había reconocido la pensión de invalidez al accionante. La Corte, luego de reiterar los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, consideró que la autoridad accionada, ante el conflicto normativo que los intervinientes en el trámite de casación habían planteado, incurrió en un error sustantivo producto de la omisión en la aplicación de los efectos materiales de la cosa juzgada constitucional (243 C.P.), el principio de progresividad de los derechos sociales y el principio de favorabilidad en materia laboral (Art. 53 C.P.) al omitir optar por la situación más beneficiosa al trabajador para solventar las dudas que surgieran en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. En consecuencia, dejó sin efectos la sentencia objeto de discusión.
[10] Sentencia T-343 de 2010 M.P Juan Carlos Henao Pérez. En esta oportunidad el problema jurídico iba encaminado a determinar si la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se había resuelto anular la elección del ciudadano Ferney Humberto Lozano Camelo como alcalde del municipio de Yumbo en el Valle del Cauca y en consecuencia se había ordenado la realización de nuevas elecciones en dicho municipio, había incurrido en una vía de hecho por defecto sustantivo al interpretar de manera errónea las normas aplicables conforme los presupuestos fácticos del caso. La Corte consideró que la interpretación realizada por la autoridad judicial accionada “no se puede considerar como una interpretación errónea de la norma que implique una ruptura del nexo causal entre el supuesto de hecho de la norma y los elementos fácticos del caso,” sumado a que esta no fue arbitraria y se ciñó no solo a la normatividad prevista para resolver el caso sino también al desarrollo jurisprudencial y el precedente. Por esta razón, la Corte confirmó la sentencia que negó el amparo invocado.
[11] Sentencia T 567 de 1998- M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[12] T- 567 de 1998- M-P- Humberto Sierra Porto.
[14] Sentencia T-239 de 1996, M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
[15] Sentencia T-576 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
[16] Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[17] Sentencia T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[18] Sentencia T-230 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] Al respecto ver la Sentencia T-808 de 2007 M.P. Catalina Botero.
[20] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[21] Ver, entre muchas otras, las sentencias T-804 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio, T-760A de 2011 M.P. Juan Carlos Henao y C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Sentencia C-009 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[24] Ver sentencia SU-1185 de 2001, ídem.
[25] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación 10652. M.P. German Valdés. 20 de enero de 1998.
[26] M.P. Antonio Barrera.
[27] M.P. Rodrigo Escobar.
[28] M.P. Carlos Gaviria.
[29] M.P. José Gregorio Hernández.
[30] M.P. Carlos Gaviria.
[31] M.P. Jorge Iván Palacio.
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[33] M.P. Alejandro Martínez.
[34] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[35] Ver, entre otras, Sentencias T-474 de 1992, SU-327 de 1995 y, refiriéndose en particular a la prevalencia de los derechos fundamentales respecto de la autonomía judicial, ver T-1017 de 1999. (Nota tomada del texto original de la sentencia citada).
[36] C-818 de 2010 M.P. Humberto Sierra.
[37] M.P. Mauricio González.
[38] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[39] Al respecto, en la sentencia T-193 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se estimó: “el principio de igualdad no se contrae exclusivamente a la producción de la ley. Asimismo, la aplicación de la ley a los diferentes casos debe llevarse a cabo con estricta sujeción al principio de igualdad. || La Corte Constitucional repetidamente ha señalado que se vulnera el principio de igualdad si se otorga un trato desigual a quienes se hallan en la misma situación, sin que medie una justificación objetiva y razonable. Se pregunta la Corte si este principio se viola por el juez que resuelve un caso sometido a su consideración de manera distinta a como él mismo lo decidió ante una situación sustancialmente semejante o si se aparta de la jurisprudencia vigente sentada por los órganos jurisdiccionales de superior rango (…). || En materia judicial el principio de igualdad no puede entenderse de manera absoluta, lo que no quiere decir que pierda vigencia. La Constitución reconoce a los jueces un margen apreciable de autonomía funcional, siempre que se sujeten al imperio de la ley (CP arts. 230 y 228). (…). || Es evidente que si el principio de independencia judicial se interpreta de manera absoluta, se termina por restar toda eficacia al principio de igualdad. En la aplicación de la ley, los jueces podrían a su amaño resolver las controversias que se debaten en los procesos. En esta hipótesis no se podría objetar el hecho de que simultáneamente el juez, enfrentado a dos situaciones sustancialmente idénticas, fallase de distinta manera. || Los principios y normas constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y armónica. La interpretación más acorde con la Constitución es la que evita que la escogencia de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarquía. Si en el caso concreto, el juez está normativamente vinculado por los dos principios -igualdad e independencia judicial-, debe existir una forma de llevar los principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos reciban un grado satisfactorio de aplicación y en el que sus exigencias sean mutuamente satisfechas.”
[40] C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] Sobre este punto, en la citada sentencia C-836 de 2001, la Corte concluyó: “para interpretar correctamente el concepto de sometimiento de los jueces a la ley y establecer el nivel de autonomía que tienen para interpretar el ordenamiento, el juez constitucional debe partir de la premisa de que las potestades y prerrogativas otorgadas a las autoridades estatales en la parte orgánica de la Constitución están sometidas a un principio de razón suficiente. En esa medida, la autonomía e independencia son garantías institucionales del poder judicial, que se legitiman constitucionalmente en tanto que son necesarias para realizar los fines que la Carta les asigna”.
[42] Cabe advertir que, en criterio de la Corte, no toda divergencia interpretativa en este ámbito constituye una vía de hecho. Al respecto, en la sentencia T-302 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se precisó: “la Corte Constitucional ha sido unánime al señalar que siempre que la interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro del límite de lo razonable, la mera divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una vía de hecho. (…) || Por tanto, no es dable sostener que la interpretación que hacen los operadores judiciales de las normas, se torna violatoria de derechos fundamentales por el solo hecho de contrariar el criterio interpretativo de otros operadores jurídicos, e incluso de los distintos sujetos procesales.”
[44] Véase también la sentencia T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[46] Sentencia T-918 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[47] M.P. Juan Carlos Henao.
[48] Al respecto ver entre otras las sentencias T-571 de 2007 M.P. Jaime Córdoba, T-589 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy y T-014 de 2007 M.P. Humberto Sierra.
[49] Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. (Nota al pie tomada textualmente de la sentencia T-525 de 2010).
[50] Por esto se decía en la sentencia T-1130 de 2003:(…) El respeto al precedente es presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica, postulado que permite la estabilidad de la actividad judicial, permitiendo con ello que los asociados tengan cierto nivel de previsibilidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y, de este modo se asegure la vigencia de un orden justo. La realización del principio de seguridad jurídica, además, está relacionada con la buena fe (Art. 83 C.P.) y la confianza legítima, en el entendido que las razones que llevan a los jueces a motivar sus fallos determinan el contorno del contenido de los derechos y las obligaciones de las personas, la forma de resolución de las tensiones entre los mismos y el alcance de los contenidos normativos respecto a situaciones de hecho específicas, criterios que hacen concluir que la observancia del precedente jurisprudencial constituye un parámetro válido para efectuar un ejercicio de control sobre la racionalidad de la decisión judicial.” (Nota al pie tomada textualmente de la sentencia T-525 de 2010).
[51] Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez.
[52] M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
[53] Sobre el particular, la sentencia T-766 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, reiteró lo dicho por la sentencia T-049 de 2007 M.P. Clara Inés Vargas y dijo que: “el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez. Así, el precedente está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso.”
[54] Sentencia T- 1317 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny, reiterada por la sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda.
[55] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[56] Los límites de la autonomía judicial también pueden consultarse en las sentencias T-760A de 2011 M.P. Juan Carlos Henao, T-808 de 2007 M.P. Catalina Botero, T-687 de 2007 M.P. Jaime Córdoba.
[57] Este criterio ha sido reiterado por esta Corporación en múltiples oportunidades. Al respecto, la sentencia T-330 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto, indicó: “Los asuntos que no son susceptibles de casación, carecerían de una instancia que unifique los criterios de conformidad con los cuales debe interpretarse la normatividad. Podría objetarse que los tribunales superiores son la cúspide de los diversos distritos judiciales y que, en consecuencia, cumplen la función de unificación jurisprudencial. Serían entonces ellos los encargados de desatar los diversos dilemas interpretativos, fijando para ello criterios ciertos y precisos. Es claro, entonces que en las amplias áreas del derecho que por diversas razones no son susceptibles de unificación vía casación, la función unificadora, como condición necesaria para salvaguardar el derecho constitucional a la igualdad, debe ser asumida funcionalmente por estos entes.”
[58] Sentencias SU-120 de 2003 M.P. Álvaro Tafur y C-836 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar.
[59] En ella la Corte estudia la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 69 de 1896, que precisa la noción de “doctrina probable”, su alcance y aplicación.
[60] M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[61] En la aclaración de voto de los Magistrados Cepeda y Monroy a la sentencia C-836 de 2001, se habla más de obligatoriedad del precedente, que de respeto. (Nota tomada del texto original)
[62] T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[63] M.P. Humberto Sierra Porto.
[64] Sentencia T-117 de 2007. (Cita tomada textualmente).
[65] Criterio reiterado en la sentencia T-804 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio.
[66] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[67] Sentencias T-441 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio, T-599 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao.
[68] Sentencia T-766 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy.
[69] M.P. Jorge Iván Palacio.
[70] Sentencias C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba, T-760A de 2011 M.P. Juan Carlos Henao y T-804 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio, entre muchas otras.
[71] Corte Constitucional, Sentencia C-998 de 2004 M.P. Alvaro Tafur.
[72] Corte Constitucional, Sentencias C- 668 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, C-998 de 2004 M.P. Alvaro Tafur y C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[73] Corte Constitucional, Sentencias C-252 de 2001 M.P. Carlos Gaviria, C-998 de 2004 M.P. Alvaro Tafur y C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, entre otras.
[74] M.P. Jaime Córdoba.
[75] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt, C-596 de 2000 M.P. Antonio Barrera y C-1065 de 2000 M.P. Alejandro Martínez.
[76] M.P. Carlos Gaviria.
[77] Ortuzar Latapiat Waldo. Las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal. Editorial jurídica de Chile 1958. Cita tomada del texto de la sentencia
[78] Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[79] Sentencia C-372 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[80] M.P. Clara Inés Vargas.
[81] Álvaro Pérez Vives, Recurso de Casación en materias civil, penal y del trabajo. Bogotá, Temis, 1966, p.21-22. Cita tomada del texto de la sentencia.
[82] Ver sentencia C-252/01, M.P. Carlos Gavíria Díaz (En esta ocasión dijo la Corte:
“Esta la razón para que se haya instituido un medio de impugnación extraordinario, con el fin de reparar el error y los agravios inferidos a la persona o personas que puedan resultar lesionadas con la decisión equivocada de la autoridad judicial. Si ello es así, ¿cómo no aceptar que tal reparación se produzca antes de que se ejecute la sentencia equivocada? La materialización de la justicia, tal y como cada ordenamiento la concibe, es el fin esencial del debido proceso. || Consecuente con lo anterior: si los fines de la casación penal consisten en hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso, y reparar los agravios inferidos con la sentencia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el daño eventualmente infligido, se ejecute la decisión cuestionada y se difiera la rectificación oficial a una etapa ulterior en la que, muy probablemente, el agravio sea irreversible. Nada más lesivo de los principios de justicia, libertad, dignidad humana, presunción de inocencia, integrantes del debido proceso y especialmente significativos cuando se trata del proceso penal.
Una sentencia que no ha sido dictada conforme a la ley sino contrariándola, jamás podrá tenerse como válidamente expedida y, mucho menos, puede ejecutarse. Si el objeto de la casación es corregir errores judiciales, plasmados en la sentencia de última instancia, lo que resulta ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes de que la decisión viciada se cumpla.”)
[83] Sentencia T-1306 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Mediante esta providencia la Sala Sexta de Revisión concedió al actor la protección invocada i) porque la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá interpretó de manera abiertamente irrazonable y contraria al principio de favorabilidad la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación del accionante, y ii) “en virtud de que a pesar de afirmar claramente que el accionante sí debería gozar del derecho a pensión (...) no casó la sentencia objeto del recurso por falta de técnica de casación, incurriendo así en un exceso ritual manifiesto”.
[84] Ver folios 116, 124 y 128.
[85] Inciso 8.
[86] MP Alfredo Beltrán Sierra. Esta providencia declaró exequibles los artículos 474, 478 y 479 del Código Sustantivo del Trabajo sobre la disolución del sindicato contratante, la prórroga automática y la denuncia de la convención colectiva de trabajo.
[87] Sentencia C-902 de 2003.
[89] Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-648 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1089 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-691 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-015 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-570 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[90] Ver sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T -742 de 2002: M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
[91] Sentencia T-377 de 2009. M.P. María Victoria Calle.
[92] Ver fl. 25 del expediente.
[93] Sentencia T-743 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda.
[94] Sentencia T-001 de 2014 M.P. Mauricio González Cuervo.
[95] Sentencia T-410 de 2013 M.P. Nilson Pinilla.
[96] Ver fls. 25 y 131 del expediente, éste último es el reporte médico donde consta que el actor padece de cáncer de próstata.
[97] Sentencia T-350 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[98] M.P. Jorge Mauricio Burgos.
[99] M.P. Luis Javier Osorio López.
[100] El artículo 133 de la Ley 100 ele 1993 modificó el artículo 37 de la Ley 50 de 1990. La Sala de Casación Laboral ha puntualizado, en forma insistente, que el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, no derogó ni modificó la pensión sanción establecida en el artículo 8o de la Ley 171 de 1961, en relación con los trabajadores oficiales, calidad que tuvo el actor, por lo que dicha prestación conservó su vigencia hasta el momento en el cual empezó a regir la Ley 100 de 1993 (SL430 de 2013 CSJ).
[101] C-902-2003.
En sentencia T-886-2006 la Corte precisó: "De lo anterior se puede concluir que, en el proceso de liquidación del caso que nos ocupa, la Convención Colectiva no ha perdido su eficacia, por el sólo acto administrativo que ordenó la liquidación y supresión de la entidad, sino que su extinción se producirá, únicamente, en el momento de la liquidación efectiva de la misma, por cuanto ésta no se ha denunciado y se ha prorrogado automáticamente en virtud del artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo ".
[103] Sentencia C-258-2012
[104] En virtud del acto legislativo 01/2005, se deben respetar bajo los siguientes supuestos: “1) ser adquiridos con arreglo a la ley, 2) ser reconocidos conforme a derecho y 3) en su causación se prohíbe el abuso del derecho (Sentencia C-258 de 2013)