Source: http://www.actividadesvulnerables.com/blog/lavado-de-dinero-y-corrupcion-por-empresas-fantasma/16
Timestamp: 2020-04-01 13:17:39
Document Index: 89961677

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 109', 'artículo 2', 'artículo 400', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3']

Análisis y comentarios enviados a la Prodecon el 25 de septiembre de 2018 por Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Combate al tráfico de comprobantes que amparan operaciones inexistentes
En el marco de la convocatoria al foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz” que tendrá lugar el 26 de Septiembre del 2018, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y diputados de MORENA han manifestado la necesidad de elevar a delito grave la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, así como aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión.
En el presente estudio se analiza la legislación vigente para demostrar que no es necesario hacer las reformas que se proponen, pues la penalidad prevista actualmente es incluso mayor a la que se pretende.
No sobra mencionar que estamos convencidos de la grave afectación que produce la evasión fiscal derivada del uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas. Nuestro objetivo es demostrar que no hace falta hacer modificaciones legales, lo único que se necesita es la voluntad de aplicar las herramientas que las leyes vigentes ya contemplan.
Defraudación fiscal equiparada calificada
El último párrafo del artículo 69-B del CFF señala que “… las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en este Código”.
Al respecto, el artículo 109, fracción IV, del CFF dispone que “Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: … IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”.
El artículo 2º, fracción I, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO) dispone que “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. … operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis… del Código Penal Federal…”.
Cuando se utilizan comprobantes que amparan operaciones inexistentes participan 3 o más personas, pues tenemos 1) al contribuyente que emite el comprobante –aquellos que han sido denominado EFOS–, 2) al que lo enajena –el vendedor o promotor–, 3) al que lo deduce o acredita –aquellos que han sido denominados EDOS–, y 4) al que recibe el dinero que se retorna después de descontar la comisión que cobra el vendedor.
Al manejar los recursos producto de la simulación de operaciones, el porcentaje de la comisión que cobra el vendedor, el importe que defrauda el contribuyente, y el dinero que obtiene el que recibe la devolución, se están realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas personas están organizadas de hechos para realizar estas conductas, pues cada una de ellas participa activamente con pleno conocimiento de la conducta que están desplegando. Y cuando son varios los comprobantes utilizados, las conductas son reiteradas. Por lo que el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes deriva en delincuencia organizada.
El artículo 4º, fracción I, incisos a) y b) de la LFCDO dispone que “Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: I. En los casos de… operaciones con recursos de procedencia ilícita…: a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión… b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión…”.
A quienes participan en la cadena de emisión, comercialización y uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, por ser miembros de la delincuencia organizada, SE LES PUEDEN IMPONER HASTA 40 AÑOS DE PRISIÓN.
Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la LFCDO señala que “Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando: I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada…”.
Si quien participa en la cadena de emisión, comercialización y uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, es servidor público, por ser miembros de la delincuencia organizada, SE LES PUEDEN IMPONER HASTA 60 AÑOS DE PRISIÓN.
El último párrafo del artículo 3º de la LFCDO señala que “El delito de delincuencia organizada, así como los señalados en los artículos 2º… de esta Ley, ameritarán prisión preventiva oficiosa”.
Es importante mencionar que en el anterior Código Federal de Procedimientos Penales existía el concepto de “delito grave”, siendo así catalogados todos aquellos para los que no se concedía la libertad provisional bajo caución, teniendo que llevarse el proceso en prisión.
En el actual Código Nacional de Procedimientos Penales no se contempla un catálogo de delitos graves, pues una de las características del actual sistema de justicia penal consiste en privilegiar el goce de la libertad del imputado, y que únicamente ingrese a prisión cuando no se haya logrado una solución alterna, y por lo mismo se haya llegado al dictado de un fallo condenatorio.
En este orden de ideas, actualmente no es posible clasificar como grave un delito, ya que tal clasificación no existe.
Lo que sí existe son aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, que el Juez de Control de oficio deberá decretar como medida cautelar que el imputado lleve el proceso en prisión.
De acuerdo con los preceptos legales que hemos expuesto, quienes participan en la cadena de emisión, comercialización y uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, son considerados miembros de la delincuencia organizada, y por lo tanto NO PODRÁN LLEVAR EL PROCESO EN LIBERTAD, PUES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.
La legislación vigente contempla para quienes expiden, enajenan o adquieren comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, penas corporales que pueden llegar a ser de hasta 60 años, además de que tendrían que enfrentar los procesos penales en prisión.
Ha quedado demostrado que el Código Fiscal de la Federación, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada ya contienen las herramientas necesarias para combatir el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes.
No es necesario promover reformas para endurecer las penas a quienes expiden, enajenan o adquieren comprobantes que amparan operaciones inexistentes, pues las sanciones existentes ya son bastante severas.
Lo único que hace falta es la voluntad de las autoridades para aplicar las leyes y proceder en contra de particulares evasores fiscales y servidores públicos corruptos.