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Timestamp: 2020-07-09 20:46:24
Document Index: 207235595

Matched Legal Cases: ['Artículo 33', 'artículo 86', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 658', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 96']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Marzo de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 51555365
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Marzo de 2008
Fecha de Resolución: 17 de Marzo de 2008
El licenciado S.Á.C., actuando en representación de G.A.A., ha interpuesto excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá.
Admitido el recurso, mediante la resolución de 2 de noviembre de 2007, se ordenó correrle traslado del mismo al ejecutante y a la Procuraduría de la Administración. De igual manera, se ordenó suspender el remate respectivo.
ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE
El excepcionante sustenta sus pretensiones bajo los siguientes fundamentos:
"Primero: Mi representado tenía un pequeño Taller de mecánica denominado Agga, comercio que cerró operaciones desde el año 1992 aproximadamente, nunca más realizó actividades comerciales de ninguna naturaleza. Hasta la fecha más reciente que empezó a operar a su nombre un Salón de Belleza.
A pesar del cierre de operaciones del Taller Agga, desde aquella fecha, el sistema tributario Municipal continuó aplicando impuesto municipal a mi representado, como si estuviera realizando operaciones mercantiles con dicho establecimiento.
Ha habido normas que de manera consistente reconocen la Prescripción del Impuestos Municipales: La Ley 106 de 1973, el Acuerdo Municipal N° 136 de fecha 29 de agosto de 1996, y por último su sucesor Acuerdo Municipal N° 162 de fecha 19 de diciembre de 2006, todos del Distrito de Panamá, contemplan la Prescripción Extintiva del Impuesto Municipal en cinco (5) años. C. lo pertinente "Artículo 33 (actual): Las obligaciones resultantes de los Impuestos Municipales prescribe a los cinco (5) años de haberse causado. Esto incluye tasas, derechos y contribuciones municipales..."
Por lo anterior, Todos los impuestos, los intereses legales, como los recargos que se han aplicado a mi representado, en el período comprendido entre el 31 de marzo de 1990 hasta el 17 de septiembre de 2002, están prescritos, por mandato de los Acuerdos Municipales citados. Y como consecuencia de lo anterior, se ha extinguido la acción procesal del Tesorero Municipal y del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá para el reclamo de pago de los impuestos, intereses y recargos que se hubieren producido en ese período.
Es obligación del Tesorero Municipal y/o del Juez Ejecutor del Municipio de Panamá, revocar cualquier Audito, Resolución o acción dictada con la finalidad de cobrar impuestos, intereses o recargos del 31 de marzo de 1990 al 17 de septiembre de 2002 al sr. G.A.Á.. No se trata de una opción facultativa u optativa de los citados funcionarios; por el contrario son de obligatorio reconocimiento y cumplimiento, una vez que se haya esgrimido mediante el trámite de Excepción de Prescripción.
CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
El Procurador de la Administración, en Vista Número 045 de 24 de enero de 2008, solicita a los Honorables Magistrados que integran la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, declaren parcialmente probada la excepción de prescripción interpuesta, debido a que se ha configurado el requerimiento contenido en el último párrafo del artículo 86 de la ley 106 de 1973, el cual establece que "el que omitiere cumplir con la obligación que le impone este artículo pagará el impuesto por todo el tiempo de la omisión, salvo causa de fuerza mayor."
Conocidas las posiciones de las partes involucradas en la presente controversia, esta Sala procede a desatar la litis, previa las siguientes consideraciones.
El expediente administrativo de ejecución revela, a foja 13, que el día 17 de septiembre de 2007, fue dictado auto ejecutivo contra el contribuyente G.A.Á., por la suma de cinco mil cuarenta y tres balboas con 05/100 (B/.5,043.05). N. este mandamiento de pago al señor A.Á., el día 17 de septiembre de 2007 (ver reverso de foja 13).
Una vez que el Tribunal se adentra en el examen de la excepción propuesta, advierte que le asiste razón a la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que al haber sido notificado el señor G.A.Á. del auto ejecutivo, el día 17 de septiembre de 2007, las obligaciones municipales que se hubiesen causado antes del mes de marzo de 1999 se encuentran prescritas, conforme al artículo 96 de la ley 106 de 1973, que decreta un período de cinco (5) años para la prescripción de impuestos municipales, pero subsiste la obligación del contribuyente A.Á., para aquellos impuestos causados con posterioridad a aquella fecha.
Sobre el particular se destaca que efectivamente han prescrito los tributos adeudados, a partir del 31 de marzo de 1990 hasta el 17 de septiembre de 2002, tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 96 de la ley 106 de 1976, puesto que la prescripción alegada por el excepcionante, fue interrumpida el 17 de septiembre de 2007 con la notificación del Auto de 17 de septiembre de 2007, mediante el cual se libró mandamiento de pago ejecutivo en su contra y a favor del Municipio de Panamá por la suma de cinco mil cuarenta y tres balboas con 05/100 (B/.5,043.05), desglosados de la siguiente forma: dos mil ciento setenta balboas con 00/100 (B/.2,170.00) en concepto de impuestos adeudados y dos mil ochocientos setenta y tres balboas con 05/100 (B/.2,863.05) en concepto de recargos más intereses. Debe recordarse que en estos procesos de ejecución coactiva, el Auto que libra mandamiento de pago equivale a la presentación de la demanda, y su debida notificación interrumpe la prescripción.
Afín al criterio vertido, esta Corporación mediante el Auto de 13 de mayo de 1994, precisó lo siguiente:
En este punto es importante poner de relieve que esta S. ya ha determinado con anterioridad mediante auto de 10 de abril de 1992, que en los procesos ejecutivos por cobro coactivo, el auto ejecutivo equivale a la presentación de la demanda, y que su debida notificación o publicación a la que se refiere el artículo 658 del Código Judicial, según el caso, interrumpe la prescripción.
Frente a lo expuesto no procede el cobro al excepcionante de los impuestos que se surtieron con anterioridad a septiembre de 2002 inclusive.
La obligación tributaria cuyo génesis se ubica con posterioridad a la fecha ut supra, debe ser saldada por el recurrente puesto que efectivamente todo contribuyente de acuerdo al texto del artículo 86 de la ley 106 de 1973, tiene la obligación de notificar por escrito al Tesorero Municipal el cese de sus operaciones 15 días antes de retirarse de la actividad, o de lo contrario, deberá cumplir con el pago de las sumas que se generen y que en consecuencia se adeuden, por la omisión de no comunicar dicho cierre de operaciones a la autoridad destinada para tales efectos.
El desconocimiento de esta carga no constituye un caso de fuerza mayor que lo exima de esta responsabilidad.
En sustento de lo expresado en párrafos precedentes, esta S. se manifestó de la siguiente manera, en fallo de 28 de junio de 2007:
En adición, esta Superioridad coincide con lo señalado por la Procuraduría de la Administración, en cuanto a que no consta en el expediente que el contribuyente American Securities and Realty, S.A. haya notificado por escrito al Tesorero Municipal sobre el cese de operaciones, razón por la cual el contribuyente está en la obligación de cancelar los impuestos municipales y recargos causados con posterioridad al 25 de julio de 2000, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la ley 106 de 1973.
Es necesario destacar que la Sala adoptó similar criterio en Sentencia de 8 de septiembre de 2000, transcrita a continuación:
Cabe señalar que si bien es cierto que el 20 de diciembre de 1989 la República de Panamá, fue objeto de la Invasión Norteamericana y a raíz de ésta los comercios fueron saqueados y destruidos, no consta en el expediente que la contribuyente hubiera cumplido con la obligación de notificar por escrito al Tesorero Municipal del cese en sus operaciones, tal como lo preceptúa el artículo 86 de la ley 106 de 1973, por lo que deberá pagar los impuestos por todo el tiempo de esta omisión. Por lo tanto, la Sala considera que la excepción de fuerza mayor no ha sido probada.
No obstante, la Sala concuerda con el criterio de la Procuradora de la Administración, toda vez que la presente excepción de prescripción, ha sido parcialmente probada conforme a lo que dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, "Sobre Régimen Municipal", que prevé que el término de prescripción de las obligaciones resultantes de los impuestos municipales es de cinco años contados desde la fecha en que se han causado.
De las constancias procesales allegadas al proceso se colige que desde el mes de junio de 1988 hasta la fecha en que se dicta el auto que libra mandamiento de pago, el 11 de febrero de 1999, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia. Por ello, lo procedente es declarar prescritos los impuestos municipales correspondientes al término que excede a los años requeridos para el cobro de los mismos, es decir, desde junio de 1988 hasta febrero de 1994.
En virtud de lo señalado, coincide esta Corporación con el criterio de la Procuraduría de la Administración, en que las sumas adeudadas anteriores a septiembre de 2002 están prescritas.
En mérito de lo expresado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción en lo referente a los tributos municipales adeudados con anterioridad a septiembre de 2002 inclusive, siendo exigible las sumas no saldadas, derivadas de los tributos municipales que se surtieron con posterioridad a esta fecha.
JACINTO CÁRDENAS M. -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 29 de Agosto de 1995 (caso Recurso de habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 29 de Agosto de 1995)