Source: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=11191&strTipM=T
Timestamp: 2020-04-05 09:59:14
Document Index: 293774837

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 214', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 254', 'artículo 311', 'artículo 311', 'Artículo 221', 'artículo 311', 'artículo 122', 'Artículo 122']

PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 159 del 18/06/2002
Dictamen : 159 del 18/06/2002
C-159-2002
Con la aprobación del Procurador General Adjunto, me refiero a la solicitud planteada mediante oficio del Despacho ahora a su cargo, NºSE-0184-2002, del 10 de enero del 2002, recibido en la Procuraduría General de la República el 19 de febrero de este año.
Según el oficio antes citado, el requerimiento es para que:
"...se formule Dictamen Favorable que confirme la existencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgara el Grupo profesional PT-6 para puestos en primaria a la servidora XXX, portadora de la cédula de identidad número XXX, a partir de la fecha 25 de setiembre de 1998.
Concluyó previamente el órgano consultante:
"...tomando en cuenta el procedimiento que para otorgamientos de Grupos Profesionales utilizó el Departamento de Expedientes mencionado al principio de este apartado y las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidos, en criterio de esta Administración,, ha operado una nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que con certificación No 2000001969, en fecha 25 de setiembre de 1998 le otorgó Grupo Profesional PT6 para puestos en primaria a la servidora XXX, toda vez que claramente se muestra de una forma evidente y manifiesta, que por error, se le otorgó Grupo Profesional PT-6 en la citada especialidad, sin que contara con los atestados que le acreditaran una categoría tal... " (El énfasis es nuestro).
La certificación antes mencionada fue emitida el 11 de diciembre del 2000.
PRIMERO. El 11 de diciembre del año 2000 se emitió certificación mediante la cual se manifiesta que a la Licda. XXX se le ha asignado el "GRUPO PROFESIONAL: PT-5 EN PRIMARIA". Se agrega: " DESDE LA FECHA: 28/01/1987" (folio5).
SEGUNDO. El 11 de diciembre del año 2000, igualmente, se emitió certificación mediante la cual se manifiesta que a la Licda. XXX se le ha asignado el "GRUPO PROFESIONAL: PT-6 EN PRIMARIA". Se hace constar que es: "DESDE LA FECHA: 25/09/1998" (folio 6).
TERCERO. También en la misma fecha, se emitió certificación, con el mismo número de la antes citada, con la cual se da cuenta de que se le ha asignado a la Licda. XXX el "GRUPO PROFESIONAL: PT-6 EN PRIMARIA" y se consigna, nuevamente, que es "DESDE LA FECHA: 25/09/1998".
"TITULOS:
LIC EN CIENCIAS DE LA EDUC CON ENF
ADM EDUC DE LA U.C.R.
# RESOLUCIÓN : SE-1959-2000
PROCESO POR CUANTO NO POSEE LA LICENCIATURA
EN LA ESPECIALIDAD Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 214 Y POSTERIORES DE LA LEY GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.//SHIRLEY. 11-12-2000
..." (folio 7).
CUARTO. Según los títulos cuyas copias se certifican en el expediente, la servidora XXX obtuvo los grados de "Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en I y II Ciclos" y "Licenciatura en Ciencias de la Educación Énfasis en Administración Educativa" ambos en la Universidad de Costa Rica, el segundo de ellos en la Sede Regional del Pacífico (folios 1 y 2).
QUINTO. La licenciatura antes mencionada fue otorgada el 17 de septiembre de 1998.
SEXTO. Mediante oficio NºS.E.1959-2000 de 11 de diciembre del 2000, dirigido a la Licda. Seydi Palma Grijalba, Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Educación Pública, el MSc. Franklin Abarca Agüero, en su condición de Jefe de la Sección de Expedientes informa:
A efectos de iniciar procedimiento administrativo para la eventual anulación de grupo profesional y asignación del grupo correcto le remito la siguiente información y su respectiva documentación.
Cédula:XXX
Labora: Escuela Alfaro
Grupo: PT-5 en primaria // PT-6 en puestos administrativos
1. La servidora tiene los siguientes títulos
Bachillerato en Ciencias de la Educación en UCR
Licenciatura en Ciencias de la Educación UCR
con énfasis en Administración Educativa
2. De acuerdo con certificación Nº2000001969 a partir del 25-09-1998 se le asignó grupo profesional PT-6 en primaria, el cual no le corresponde por cuanto no posee la Licenciatura en la especialidad.
3. Conforme con el artículo 122 inciso b), de la Ley de Carrera Docente del título II del Estatuto del Servicio Civil le corresponde grupo profesional PT-5 en primaria.
Por lo anterior, le solicito se inicie el debido proceso para que se emita la respectiva resolución para la anulación y corrección del grupo PT-6 a PT-5 en primaria.
..." (El énfasis es nuestro. Folios 9 y 10).
SÉPTIMO. Con fecha 25 de marzo del 2001 se aprobó la "acción de personal" Nº 2001-153928, con rige a partir del 1º de marzo del 2001. Aparentemente, el objeto de esta acción fue el reconocimiento de una anualidad (folio 8).
OCTAVO. En la acción antes indicada se consigna como "grupo profesional": " PT-6".
NOVENO. Mediante resolución Nº 1484-2001, dictada a las 10:30 horas del 31 de octubre del 2001, el Ministro de Educación dispuso:
Designar a la Licda. Mercedes Mejía Sáenz, Asesora del Departamento de Procedimientos Legales del Ministerio de Educación Pública, como Órgano Director Unipersonal del Procedimiento Administrativo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que a partir de la fecha 25 de setiembre de 1998 otorgara Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria al (a la) servidor (a) XXX, portador (a) de la cédula de identidad..." (folios 11 y 12).
DÉCIMO. En la misma fecha, mediante resolución Nº1490-2001, dictada por el Órgano Director a las 13:30 horas, se inició el procedimiento. En lo que más interesa se considera:
En el caso concreto del (la) servidor (a) XXX una vez analizado el Oficio No. SE- 1959-2000 y los documentos adjuntos visibles en la foliatura del Expediente No292-01, mediante los cuales el Departamento de Expedientes rindiera el informe respectivo en el que constata la necesidad de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgara Grupo Profesional PT-6 se ha logrado determinar que:
1-El Departamento de Expedientes, en fecha 25 de setiembre de 1998 le otorgó Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria.
2-La servidora XXX ostenta los siguientes títulos : Bachiller en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo y Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa, ambos extendidos por la Universidad de Costa Rica.
3. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 122 inciso c) de la Ley de Carrera Docente a quienes posean la citada formación académica le corresponde el Grupo Profesional PT-5.
4. De conformidad con lo expuesto se observa que el acto administrativo con el cual se le concedió el Grupo Profesional PT-6 para puestos en primaria, en fecha 25 de setiembre de 1998, se encuentra viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por cuanto fue emitido contrariando las disposición normativa citada, ya que a la fecha del otorgamiento del Grupo Profesional PT-6 para puestos de primaria, no cuenta con los requisitos académicos exigidos al efecto, entiéndase Licenciatura en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo.
..." (El énfasis es nuestro con el subrayado es nuestro. Folios 17 a 19).
DÉCIMO PRIMERO. También en la misma fecha, mediante resolución Nº1493-2001 dictada a las "...quince horas con minutos...", el Órgano Director dio audiencia oral a la Licda. XXX y señaló como fecha las 10:00 horas del 29 de noviembre del mismo año (folios 29 y 30).
DÉCIMO SEGUNDO. Con oficio NºSE-3760-2001, de 8 de noviembre del 2001, enviado mediante fax, el Organo Director comisionó al Director Regional de San Ramón para que procediera a notificar a la Licda. XXX las resoluciones antes señaladas (folio 37).
DÉCIMO TERCERO. A la servidora XXX se le notificaron dichas resoluciones el 13 de noviembre del 2001 (folios 38, 39 y 40).
DÉCIMO CUARTO. En la fecha y hora señalada se llevó a cabo la audiencia oral con la presencia de la Licda. XXX (documento incorporado en el expediente si seguir su foliatura).
DÉCIMO QUINTO. Según el acta levantada en la audiencia, la Licda. XXX manifestó en la audiencia:
"...Yo quiero preguntarle el motivo del porqué me han iniciado este proceso, ya que hace bastante tiempo compañeros míos que tienen los mismos títulos les otorgaron el PT-6 en primaria y me explicaron que según Servicio Civil el Grupo que les corresponde es el PT-6 en primaria. De eso hace más de cuatro años ORGANO DIRECTOR: Le recuerdo que el término caducidad contemplado por la Ley General de la Administración Pública es de cuatro años y a si sus compañeros no les fue anulado el Grupo dentro de ese tiempo no existe por ahora nada que se pueda alegar respecto de esos errores, si es que lo fueron, por parte de la Administración. ORGANO DIRECTOR: Cuáles títulos tiene usted? XXX: Bachiller en Ciencias de la Educación con Énfasis en Primero y Segundo Ciclo y Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica. Cuando yo saqué el Bachiller yo sabía que era para trabajar en primaria y en la Licenciatura nos explicaron que con ese énfasis yo podía aspirar a trabajar en una dirección o en una supervisión. Lo que yo sé es que si uno saca esa Licenciatura ya uno tiene suficiente experiencia en I y II Ciclos . ORGANO DIRECTOR: Desea manifestar algo más? XXX: Yo solo quiero decir que cuando presenté mi licenciatura en Expedientes me dieron la calificación PT-6 en puestos Administrativo docentes y PT-5 en primaria eso fue el 25 de setiembre de 1998 y resulta que el 27 de setiembre del 2000 fui a revisar mi expediente y me dijeron que yo era PT-6 en primaria ya que por un Convenio era PT-6 en primaria. La muchacha que me atendió se llevó mi expediente para hablar con alguien adentro, y regresó diciéndome que si me correspondía el PT-6 en primaria y por eso me dio una certificación en donde constaba que yo era un PT-6 en administrativo docentes y PT-6 en primaria. Con ese documento yo fui a la Unidad primaria dos para que me pagaran el Grupo asignado de forma retroactiva. Como en noviembre del 2000 yo fui a expedientes y me encontré con la sorpresa de que ya me dijeron que no me correspondía el PT-6 en primaria, eso también me lo dijo Franklin Abarca quien me señaló de mala manera que yo estaba recibiendo un dinero que no me correspondía. Yo fui a Servicio Civil Docente para que me dijeran cual Grupo me correspondía y me dijeron por escrito que me correspondía un PT-6 en Administrativo Docentes y PT-5. La carta no la tengo yo en mi poder, pero allí me decían incluso que había un convenio...yo en ningún momento actué de mala fe...esto me ha afectado moralmente y hasta me afecta en cuanto a la obtención de alternos y otras cosas de trabajo. ORGANO DIRECTOR. ...le aclaro además que no se le pedirá en este proceso reintegro de dinero alguno que hubiese recibido por el Grupo PT-6 en primaria, en caso , por supuesto de que se declarara la nulidad" (El énfasis con el subrayado es nuestro).
DÉCIMO SEXTO. En la misma fecha, la Licda. XXX entregó escrito con el cual se expresa en términos similares a los utilizados en la audiencia. Específicamente, en cuanto al convenio mencionado dice:
No omito manifestar que cuando se aprobó el cambio a mi favor, se me indicó que eso era posible por un convenio realizado con la Universidad de Costa Rica para aplicarme el título de Licenciada en Administración Educativa, aun y cuando estuviera ocupando plaza docente..." (escrito incorporado en el expediente pero sin foliar).
DÉCIMO SÉPTIMO. Mediante oficio NºSE-0184-2002, de 10 de enero del 2002, el Ministro de Educación requirió:
Y señaló, entre otros aspectos:
"....Antes de adentrarnos en el análisis propio de la nulidad, resulta conveniente dejar claro cuál es el procedimiento que a nivel general se venía practicando por parte del Departamento de Expedientes de la Dirección General de Personal, como órgano competente, para asignar determinado Grupo Profesional al servidor que así lo requiere.
Primero que todo una vez que los servidores docentes han cumplido con un plan de estudios, proceden a presentar ante el Departamento de Expedientes de este Ministerio el o los títulos que han obtenido, con base en los cuales, el servidor de turno, una vez revisados los a testados confronta el título presentado con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil referentes a Grupos Profesionales y el Listado de Universidades a las cuales el Servicio Civil les ha reconocido debidamente las diferentes carreras. Este estudio y la asignación de Grupo Profesional respectivo, el servidor de la Administración lo realizaba, hasta hace pocos días, en el mismo momento en que los servidores petentes se encontraban en los módulo de atención al público.
Ahora bien, como se puede observar a la luz de la foliatura del expediente administrativo N0.0292-01 una vez realizadas las gestiones de ley, en el presente procedimiento se ha logrado determinar que de conformidad con los hechos expuestos por el Departamento de Expedientes, mediante Oficio SE-1959-2000 de fecha 11 de diciembre del 2000, visible a folio No. 10 frente, a la servidora XXX, por error de la Administración le fue otorgado Grupo Profesional PT-6 para puestos en primaria a partir de la fecha 25 de enero de 1998, mediante certificación No. 2000001969, ya que no contaba con los requisitos académicos necesarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso a) para optar por ese Grupo Profesional en la citada especialidad, entiéndase al efecto Licenciatura en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo (Primaria)..
Una vez realizada la comparecencia oral y privada con la cual se le confirió audiencia a la parte se logra visualizar que a la servidora XXX le fue otorgado el Grupo Profesional PT-6 para puestos en primaria le fue otorgado de conformidad con la presentación de los títulos de Bachiller en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo y Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa, sin poseer al efecto Licenciatura en Ciencias de la Educación en I y II Ciclo, tal y como lo requiere el artículo 122 inciso a) supracitado..." (El énfasis con el subrayado es nuestro).
"...1.- Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos
fuere evidente y manifiesta, podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso de
lesividad señalado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, No. 3667, de 12 de marzo de 1966, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.
3.- Antes de anular los actos referidos en este artículo, el acto final debe estar precedido por un procedimiento administrativo ordinario,
en el que se hayan observado los principios y las garantías del debido proceso y se haya brindado audiencia a todas las partes involucradas.
4.- En los casos anteriores, el dictamen deberá pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la
5.- La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo
caducará en cuatro años.
6.- La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en
este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula.
De este artículo se desprende claramente que la observancia del Debido Proceso es de cumplimiento estricto, todo de conformidad con los principios constitucionales, los cuales determinan, el carácter indudablemente excepcional del ejercicio de la potestad administrativa de revocar los propios actos.
A. Vicios en el debido proceso substantivo
Vicios en la citación
a. Ausencia de una correcta intimación por la ambigüedad en la determinación del objeto
Según se puede corroborar, mediante la resolución Nº1484-2001, dictada a las 10:30 horas del 31 de octubre del 2001, el Ministro de Educación dispuso:
Y, mediante resolución Nº1490-2001, el Órgano Director inició el procedimiento. En lo que más interesa se consideró:
Y, finalmente, mediante resolución Nº 1493-2001 el Órgano Director, mediante la cual se dio la audiencia oral a la Licda. XXX, concluyó en los considerandos:
Así las cosas, procede en derecho conferir , audiencia oral y privada al (a la) servidor (a)XXX quien resulta parte interesada, para el día VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE...en las instalaciones del Departamento de Procedimientos Legales...a efectos de que comparezca a manifestar en su favor lo que considere respecto de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que en fecha 25 de setiembre de 1998 le otorgó Grupo Profesional PT-6 para puestos en Primaria..." (folio 33)
Se puede observar claramente que se "intima" en relación con el acto del 25 de septiembre de 1998.
No obstante, también podemos corroborar que la certificación que da cuenta de la asignación del Grupo Profesional PT-6 es de fecha 11 de diciembre del 2000 y es, precisamente, dentro de esta certificación que se hace referencia a ese otro supuesto acto, el del 25 de septiembre de 1998, data que tampoco coincide con las fechas en las cuales se emitieron las certificaciones académicas que constan en autos.
Por otro lado, es claro que, de conformidad con las mismas resoluciones, la certificación emitida por el Jefe de la Sección de Expedientes no se señala a lo largo del procedimiento como objeto de examen, sino el presunto acto (identificado con fecha pero que no consta materialmente en los autos) del cual se da fe mediante la certificación.
"El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique necesariamente, en cuyo caso tendrá existencia jurídica propia."
Sin embargo, en el caso concreto podemos observar que, mediante la certificación se da fe de que existe un acto, el acto del 25 de septiembre de 1998 (independiente del acto de la certificación) y, al mismo tiempo, se da fe también de que ese acto se encuentra en proceso en proceso de anulación, remitiendo, además, al oficio mediante el cual el Jefe de la Sección de Expedientes pidió a la Directora del Departamento de Procedimientos Legales la anulación de la presunta asignación del Grupo Profesional (folios 9 y 10).
Si el objeto de la anulación que se pretende no fue precisado, evidentemente, no se puede afirmar que a la servidora XXX se le haya intimado claramente ni sobre los verdaderos hechos.
b. Ausencia de una correcta intimación por falta de claridad de los reproches de legalidad
Con la resolución Nº 1493-2001 (folios 29 y 30), presuntamente, se citó a la servidora. Sin embargo, se hizo una citación sin el cumplimiento de los requisitos previsto en el artículo 249 de La Ley General de la Administración Pública.
Ciertamente, no hubo con esta resolución una comunicación "clara y detallada" de los reproches de legalidad que se le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni de las consecuencias de la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
c. Incumplimiento los apercibimientos previstos en el inciso f) en el artículo 249
A la servidora XXX tampoco se le hicieron los "apercibimientos" a que quedaba sujeta "...caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones..."
Las omisiones señaladas tienen carácter substancial, ya que no se puede afirmar que la Licda. XXX pudiera asumir la verdadera trascendencia de este procedimiento y, por lo mismo, el objeto real sobre el cual debía ejercer su defensa, de conformidad con las garantías constitucionales. Pero, además, las omisiones en la citación se encuentran sancionadas con la nulidad (en forma expresa) mediante el artículo 254 de la Ley General de la Administración Pública. (Pueden consultarse, entre otras y además de la jurisprudencia ya citada en el dictamen C-332-2001, las sentencias de la Sala Constitucional, números: 211-95, de 11 de enero de 1995; 2526 -95, del 17 de mayo de 1995; 4557, del 16 de agosto de 1995; 416-95, de 20 de enero de 1995 y 2736-98, de 1º de abril de 1998).
2. Inobservancia del artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública
Podemos corroborar que la resolución Nº1493--2000, con la que se cita en forma precaria a la Licda. XXX, le fue notificada el 13 de noviembre del 2001, en San Ramón, presuntamente en el centro educativo en el cual trabaja. De tal manera, es claro que no se cumplió con la disposición contenida en el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública (quince días hábiles), incumplimiento que se estima que en el caso concreto tiene relevancia para correcto ejercicio del Derecho de Defensa.
Es preciso destacar, igualmente, que realmente no hubo una instrucción. No se puede afirmar que se adoptaran en este caso "...todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias...con el fin de verificar de la forma más fiel y completa, los hechos que sirven de motivo al acto final. (Artículo 221).
Ello no obstante la disparidad en cuanto a la fecha y a la forma de manifestación del presunto acto (que no aparece en el expediente y que, según el oficio mediante el cual se pide el pronunciamiento, debe entenderse que se concretó en la certificación del 11 de diciembre del 2000 (certificación que en este caso, además, da cuenta de que el mismo acto se encuentra en proceso de anulación.
3. Violación del Derecho a la Defensa
Los vicios antes señalados infringen el Debido Proceso, por inobservancia del mismo procedimiento legal pero, además, conducen directamente a la infracción del Derecho a la Defensa. No es posible ejercer una defensa adecuada de los derechos si no se es sujeto - objeto de una verdadera intimación y si no se dispone de un tiempo razonable para la preparación.
En la especie, aparte de la incorrecta intimación podemos corroborar que no se observó el plazo previsto en el artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública, ya que a la Licda. XXX se le notificó el señalamiento de la audiencia el 13 de noviembre del 2001, en San Ramón, aparentemente en el centro educativo en el cual trabaja. Esta inobservancia lesiona el Derecho de Defensa, sobre todo si consideramos que se trata de una notificación a una persona que se encuentra laborando, que la labor la presta en San Ramón de Alajuela y que la audiencia se celebraría en San José.
Es importante advertir, además, que la comparecencia de la Licda. XXX en la audiencia no subsana los vicios pues el cumplimiento del Debido Proceso es de interés público.
4. Infracción del Principio de Imparcialidad
Como ya advertimos, mediante la resolución Nº 1490-2001 (folios 17 a 19), el Órgano Director inició el procedimiento. Con esta resolución el Órgano Director, excediendo su función, determinó y calificó la presunta nulidad, la nulidad cuya investigación constituye objeto de este procedimiento. Ello, junto con los vicios ya señalados, lleva a la duda sobre la plena satisfacción de los requisitos que, para la declaratoria de la nulidad absoluta evidente y manifiesta, exige el Ordenamiento Jurídico.
Una calificación de este tipo ciertamente no favorece la Justicia Administrativa.
La imparcialidad del Órgano Director queda aún más comprometida si consideramos el diálogo que consta en el acta de la audiencia, el cual hemos transcrito parcialmente, dentro del cual hace una promesa para la cual no tiene competencia.
Esa carencia parece reflejarse en el mismo contenido del requerimiento que hace el órgano consultante, según oficio Nº SE-0184-2002, cuando pide:
"...se formule Dictamen Favorable que confirme la existencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgara el Grupo profesional PT-6 para puestos en primaria a la servidora XXX, portadora de la cédula de identidad número XXX, a partir de la fecha 25 de setiembre de 1998..." (El énfasis es nuestro)
Ello ciertamente afecta los derechos constitucionales de la servidora XXX, especialmente, según los artículos 11, 39 y 41 de la Carta Magna.
Estas omisiones tienen carácter substancial, ya que ciertamente no se puede afirmar que la Licda. XXX pudiera asumir la verdadera trascendencia de este procedimiento y, por lo mismo, el objeto real sobre el cual debía ejercer su defensa, de conformidad con las garantías constitucionales. Así como tampoco que se le hubiera provisto a la servidora las condiciones necesarias para que pudiera haber ejercido en la forma debida su Derecho de Defensa.
5. Sobre las potestades y los deberes del Órgano Director del Procedimiento
Es preciso reiterar que el cumplimiento del Debido Proceso es de interés público; que los imperativos constitucionales y legales no se pueden soslayar y que el Órgano Director del Procedimiento puede satisfacer fácilmente esa exigencia, si ejerce las potestades y los deberes que el mismo Ordenamiento le asigna y si respeta las prohibiciones de las cuales es destinatario.
El Órgano Director del Procedimiento es un órgano instructor, el cual, dados los principios constitucionales que nos rigen, es destinatario, al menos, de las siguientes potestades, deberes y prohibiciones:
B. Ilegalidad del procedimiento
Sin embargo, es importante advertir que, de conformidad con la misma substanciación de los actos administrativos, esta no es la vía legal para la declaratoria de la nulidad que se pretende.
El acto que se acusa como viciado es: la presunta manifestación de voluntad mediante la cual la Administración otorgó a la Licda. XXX el "Grupo Profesional PT-6". Ello en el tanto en que, según lo considera el Ministerio de Educación, aunque la servidora XXX tiene el grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis Administración Educativa, no tiene el mismo grado con énfasis en "I Y II Ciclo".
Considera el Ministerio que ello implica que la Licda XXX no cumple con lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Carrera Docente, en el cual se dispone:
Artículo 122.-Los profesores titulados de enseñanza primaria se clasifican en seis grupos, denominados PT-6, PT-5, PT-4, PT-3, PT-2 Y
b) Forman el grupo PT-5 los bachilleres en Ciencias de la Educación, con especialidad en Primaria; además los profesores de enseñanza primaria que hayan aprobado los estudios de especialidad en Primaria, exigidos al Bachiller en Ciencias de La Educación y posean el Certificado de Idoneidad, extendido por la Universidad de Costa Rica;
e) Forman el grupo PT-2 los maestros normales de Educación Primaria
Carácter excepcional del ejercicio de la potestad administrativa de volver sobre los propios actos
Por ello el legislador determinó y definió este supuesto como "nulidad absoluta, evidente y manifiesta". La utilización del pleonasmo no expresa un mero capricho del legislador sino una garantía para el ciudadano, frente a la posibilidad de una eventual arbitrariedad de la Administración; una garantía que constituye sin duda una de las manifestaciones de nuestro sistema republicano consolidado y desarrollado sobre valores fundamentales entre ellos: la Justicia y la Seguridad Jurídica.
. La potestad de la revocación de los propios actos, por parte de la misma Administración, en tratándose actos declaratorios de derechos subjetivos, es limitada.
Inexistencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en el caso concreto
En la especie, según lo podemos notar no falta en forma total ninguno de los elementos del acto. La existencia del vicio que se afirma y su misma gravedad dependen únicamente del criterio de la Administración, en el sentido de que la Licenciatura en Ciencias de la Educación con Énfasis en Administración Educativa no implica o tiene como contenido también la especialidad en I y II Ciclos, así como del concepto mismo de "especialidad".
Dada la ausencia de una verdadera instrucción, el reproche de ilegalidad de la asignación del grupo profesional "PT-6" se pretende fundamentar sobre la simple interpretación, sin ninguna instrucción sobre los contenidos curriculares relacionados con las carreras confrontadas, que permitieran concluir tanto la existencia de la nulidad como el carácter de ella.
Según la substanciación del expediente administrativo remitido a este Despacho y de conformidad con el Ordenamiento Jurídico, especialmente los artículos 11, 33, 39, y 41 de la Constitución Política y 6º, 7º, 11, 13, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 158, 165, 166, 167, 173, 214 y siguientes y concordantes y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, no procede dictaminar favorablemente en relación con la presunta nulidad absoluta evidente y manifiesta del presunto acto administrativo de otorgamiento de Grupo Profesional PT-6 a la Licda. XXX.