Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-I/2013/as201311226.html
Timestamp: 2019-03-19 17:09:09
Document Index: 111952299

Matched Legal Cases: ['artículo 298', 'artículo 298', 'artículo 169', 'artículo 398', 'artículo 408', 'artículo 398', 'artículo 399', 'artículo 169', 'artículo 413', 'artículo 394', 'artículo 396', 'artículo 417', 'artículo 418', 'artículo 416', 'artículo 169', 'artículo 42', 'artículo 418', 'artículo 298']

as201311226
AUTO SUPREMO Nº. 226/2013
Sucre, 12 de agosto de 2013
EXPEDIENTE: Cochabamba 147/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público, María Salomé Mamani de Maraz contra Pablo Ernesto Quello Tatacu, Teresa Villán de Cabezas
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por María Salomé Mamani de Maraz (fs. 452 a 453), impugnando el Auto de Vista Nro. 23 emitido el 6 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 436 a 447), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente (acusadora particular) contra Pablo Ernesto Quello Tatacu y Teresa Villán de Cabezas por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, previsto en el artículo 298 del Código Penal.
Sustanciado el juicio oral, el Tribunal de Sentencia Nro. 4 de la capital del departamento de Cochabamba, pronunció Sentencia condenatoria con Ptda. Nro. 19 de fecha 6 de septiembre de 2010 (fs. 325 a 328), declarando a la imputada Teresa Villán de Cabezas, autora y responsable del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, previsto y sancionado en el artículo 298 del Código Penal, condenándola a la pena de un año y cinco meses de reclusión, en la Cárcel Pública de San Sebastián mujeres de Cochabamba, más el pago de costas, daños y perjuicios averiguables en ejecución de resolución a favor del acusador particular y/o víctima.
Contra la citada Sentencia la imputada formuló recurso de apelación restringida (fs. 404 a 411), resuelto por Auto de Vista Nro. 23 de fecha 6 de febrero de 2013 (fs. 436 a 447), pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que lo declaró procedente en parte, disponiendo la anulación de la sentencia impugnada y la reposición del juicio oral por otro Juez de Sentencia.
Con el Auto de Vista referido, María Salomé Mamani de Maraz, fue notificada en su domicilio procesal el 19 de julio de 2013 (fs. 450), formulando el recurso de casación, motivo de autos, el 26 de julio de 2013 (fs. 452 a 453).
Que la recurrente, en el memorial del recurso de casación, denuncia:
1. Defecto absoluto previsto en el artículo 169 incisos 3) y 4) de la Ley Nro. 1970, pues el Tribunal de Alzada no circunscribió su resolución de fondo a los puntos de impugnación expuestos por la apelante, conforme establece el artículo 398 de mismo cuerpo legal. Sostiene que la apelante no identificó de manera específica las partes de la Sentencia donde presuntamente constarían los errores lógicos jurídicos en que hubiera incurrido el Tribunal de Sentencia, no señaló cuál su pretensión jurídica, ni alegó cual hubiera sido la infracción por la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, tampoco manifestó los agravios de la sentencia impugnada, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. Cita además lo dispuesto por el artículo 398 de la Ley Nro. 1970 que expresa que los Tribunales de Alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución y el artículo 399 del mismo cuerpo legal haciendo notar la obligación que tiene el Tribunal de Alzada de otorgar el término de tres días al recurrente, cuando hubiera advertido defecto u omisión de forma en la presentación del recurso, para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo y no actuar de oficio. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos Nros. 111 de 31 de enero de 2007, 223 de 28 de marzo de 200, 328 de 29 de agosto de 2006, 251/05 de 22 de julio y 438 de 15 de octubre de 2005.
2. Defecto Absoluto establecido en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal debido a que el Tribunal de Alzada afirmó por un lado, que la Sentencia carece de la debida fundamentación probatoria, sin embargo declaró procedente el Recurso de Apelación y anuló la Sentencia. Señala que esa apreciación del Tribunal de Alzada, contradice lo establecido en el Auto Supremo Nro. 363 de 5 de abril de 2007 pues este señala que no es pertinente anular totalmente una sentencia y disponer que se abra un nuevo juicio en aquellos supuestos en que el Tribunal de Alzada comprueba inobservancia de la ley o su errónea aplicación, por cuyo motivo tenga la convicción plena de la culpabilidad del imputado, sino que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la última parte del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal.
Concluye solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, revoque el Auto de Vista recurrido, y mantenga la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia.
Que el acceso a los recursos se encuentra garantizado por el principio de impugnación, cuyo acceso se halla condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos de forma taxativa en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal (impugnabilidad objetiva y subjetiva), cuyas reglas generales se encuentran descritas en el artículo 396 de la misma norma legal; así, los artículos 416 y 417 de la Ley Nro. 1970 señalan que la casación, además de ser interpuesta dentro del plazo legal y acompañar la apelación restringida en la que conste que se invocaron los precedentes citados, o que éstos sean invocados por surgir la contradicción con la emisión del Auto de Vista, debe establecerse de manera precisa la contradicción aludida; obligación ante cuyo incumplimiento sobreviene la inadmisibilidad del recurso de casación.
CONSIDERANDO IV: (Cumplimiento de requisitos de admisibilidad que debe cumplir el recurso de casación)
El Recurso de Casación fue interpuesto contra el Auto de Vista Nro. 23 de 6 de febrero de 2013, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del plazo legal establecido para su presentación, encontrándose cumplido lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 417 del Código de Procedimiento Penal.
Asimismo, a fin de analizar el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, sobre la base de los establecido en el artículo 418 del citado adjetivo penal, debe recordarse que el Tribunal de Casación tiene como labor contrastar los hechos denunciados con los precedentes contradictorios a los que se refiere el artículo 416 del citado adjetivo penal, por ello, para ingresar al fondo del recurso y resolver la problemática planteada, es requisito la invocación del Auto de Vista o Auto Supremo preexistente y contradictorio. Ahora bien, cuando el precedente contradice la Sentencia el mismo debe ser invocado ineludiblemente en el recurso de apelación restringida, pero cuando la Sentencia no contradiga ningún precedente, sino es el Auto de Vista dictado en apelación el que contradice, la invocación debe efectuarse en el recurso de casación, que es el caso de autos, en ese marco, se concluye:
I. Con referencia a las denuncias insertas en los puntos uno y dos, se evidencia que la recurrente invocó como precedentes contradictorios los Autos de Vista Nros. 111/2007 de 31 de enero de 2007, 223 de 28 de marzo de 200, 328 de 29 de agosto de 2006, 251/05 de 22 de julio, 438 de 15 de octubre de 2005 y 363 de 5 de abril de 2007 respectivamente, sin embargo, también se advierte que omitió cumplir con el requisito de admisibilidad consistente en señalar en términos precisos la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los Autos Supremos citados, limitándose únicamente a nombrarlos, omitiendo además establecer la situación fáctica o de hecho es similar, sin tomar en cuenta que no es suficiente referir el precedente contradictorio, sino que esta formalidad se cumple cuando de manera fundamentada y motivada, se contrasta el Auto de Vista que se impugna con los Autos de Vista o Autos Supremos que se invoca, indicando y reflejando de qué modo se presenta la contradicción que se alude; por lo que, se evidencia que la recurrente no ha cumplido los requisitos de admisibilidad del recurso, previstos por los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal.
II. Por otra parte, respecto a la existencia de defectos absolutos en el Auto de Vista impugnado, denunciados por la recurrente en los puntos a) y b) del recurso de casación, relativos a la inobservancia del artículo 169 incisos 3) y 4) del Código de Procedimiento Penal, por inobservancia de la ley y su errónea aplicación, si bien cita los Autos Supremos anteriormente mencionados, no precisa la restricción o disminución de un determinado derecho fundamental o garantía constitucional que hubiera generado el Auto de Vista recurrido ni explica el resultado dañoso o consecuencia procesal presuntamente ocasionado, cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional; de este modo, incumple con la carga procesal de precisar y acreditar en qué medida dicho aspecto incide en la presunta vulneración de sus derechos o garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y en el Código de Procedimiento Penal.
Consecuentemente, al no cumplir el presente recurso con los requisitos previstos en los artículos 416 y 417 del Código de Procedimiento Penal, resulta inadmisible.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones, con la facultad conferida en el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 418 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por María Salomé Mamani de Maraz (fs. 452 a 453), impugnando el Auto de Vista Nro. 23 emitido el 6 de febrero de 2013 por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 436 a 447), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente (acusadora particular) contra Pablo Ernesto Quello Tatacu y Teresa Villán de Cabezas por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, previsto en el artículo 298 del Código Penal.