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Timestamp: 2020-01-25 20:44:10
Document Index: 210147980

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 63']

Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de mayo de 2009 Caso Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela Supervisión de Cumplimiento de Sentencia Visto
Resolución de la Presidenta de la
Caso Blanco Romero y Otros Vs. Venezuela
La Sentencia de fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) emitida en el presente caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 28 de noviembre de 2005, mediante la cual dispuso que el Estado de Venezuela (en adelante “el Estado”) debe:
6. […] llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas que ocurrieron en el caso sub judice, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, en los términos de los párrafos 94 a 98 y 116 de la […] Sentencia[;]
7. […] adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández a la mayor brevedad. En caso de que sean halladas sin vida, dichas medidas deben orientarse a entregar los restos mortales a sus familiares, para que sean sepultados de la forma que lo crean conveniente. En este evento, el Estado debe brindar las condiciones necesarias para trasladar los restos al lugar de elección de sus familiares y proveerles sepultura digna, sin costo alguno para los referidos familiares, en los términos de los párrafos 99 y 116 de la […] Sentencia[;]
8. […] publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, los párrafos 54 a 65 de sección denominada Fondo del […] Fallo, y la parte resolutiva del mismo, en los términos de los párrafos 101 y 116 de la […] Sentencia[;]
9. […] adoptar, en concordancia con los artículos 7.6, 25 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada, en los términos de los párrafos 104 y 116 de la […] Sentencia[;]
10. […] adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada de personas, en los términos de los párrafos 105 y 116 del […] Fallo[;]
11. […] implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, tomando en cuenta la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso, en los términos de los párrafos 106 y 116 de la […] Sentencia[;]
12 […] adoptar las medidas indispensables para facilitar la salida de Venezuela de la menor Aleoscar Russeth Blanco Iriarte, en los términos de los párrafos 107 y 116 de la […] Sentencia[;]
13. […] pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, las cantidades fijadas en los párrafos 80 y 82 de la […] Sentencia, en los términos de los párrafos 72, 80, 82, 116 y 119 a 123 de la misma[;]
14. […] pagar a los familiares de los señores Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, las cantidades fijadas en los párrafos 88 y 89 de la […] Sentencia, en los términos de los párrafos 72, 88, 89, 116 y 117 a 123 de la misma[, y]
15. […] pagar, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo 115 de la […] Sentencia, la cual deberá ser entregada a las señoras Alejandra Josefina Iriarte de Blanco, Teodora Paz de Hernández y Nélida Josefina Fernández Pelicie, en los términos de los párrafos 115, 116 y 118 a 123 de la misma.
Las comunicaciones de 26 de julio de 2006; 3 de enero, 7 de marzo y 5 de junio de 2007, y de 30 de junio de 2008, mediante las cuales el Estado se refirió al cumplimiento de la Sentencia (infra Considerando 7).
Los escritos de 15 de septiembre y 18 de octubre de 2006; 4 de abril y 5 de julio de 2007, y 30 de julio de 2008, mediante los cuales los representantes de las presuntas víctimas presentaron sus observaciones en relación con el estado de cumplimiento de la Sentencia (infra Considerando 8).
Las comunicaciones de 27 de abril y 18 de julio de 2007, y de 29 de septiembre de 2008, mediante las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones en relación con el estado de cumplimiento de la Sentencia (infra Considerando 9).
Las comunicaciones de 5 de febrero y 17 de diciembre de 2008, mediante las cuales los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Interamericana “la realización de una audiencia pública en relación con el cumplimiento de la presente [S]entencia en la que se convoque a las partes para determinar el alcance del [c]umplimiento por parte del Estado[,] cuando ha existido una conducta de reconocimiento de hechos y de responsabilidad internacional ante el Tribunal”. La misma solicitud fue formulada como parte de las observaciones de los representantes de fechas 4 de abril y 5 de julio de 2007 y 30 de julio de 2008.
Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.
Que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.
Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.
Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes o funciones del Estado.
Que en aras de cumplir el mandato de supervisar el cumplimiento del compromiso contraído por los Estados Partes según el artículo 68.1 de la Convención, la Corte primero debe conocer el grado de acatamiento de sus decisiones. Para ello el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables efectivamente cumplan las reparaciones ordenadas por el Tribunal.
Que los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la sentencia en su conjunto.
Que el Estado informó que ha adoptado las siguientes medidas orientadas a dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte en la Sentencia:
a) en la causa por la desaparición forzada de Oscar José Blanco Romero, el 10 de agosto de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia en la que declaró “ha lugar la solicitud de revisión interpuesta [por la] Fiscal Quinta del Ministerio Público”; “anul[ó] la sentencia [de] 11 de julio de 2006 [dictada] por la Sala de Casación Penal de[l TSJ]”; “orden[ó] al Juez de Juicio que venía conociendo la causa antes de la solicitud de avocamiento, que prosiga la causa penal seguida contra [los presuntos responsables]”, y precisó que el delito de desaparición forzada de personas, tipificado en el artículo 181-A del Código Penal venezolano, es de naturaleza “permanente”. Cabe resaltar que la anulada sentencia de 11 de julio de 2006 había declarado que “[e]l delito de desaparición forzada de personas[…] es un delito instantáneo, pero de efectos permanentes”, había repuesto la causa a la fase preliminar, anulado los reconocimientos en rueda de individuos practicados en fecha 8 de junio de 2001, instado al Ministerio Público a formular la acusación dentro de los parámetros vigentes para la fecha de la ocurrencia de los hechos investigados en el presente caso e instado a la Asamblea Nacional a revisar y reformar el contenido del artículo 181-A del Código Penal. “Con respecto a los casos de Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, en los que el Ministerio Público decretó el archivo fiscal de las actuaciones”, el Estado reafirmó que “e[s]o [no] signifi[ca] el cierre definitivo del proceso penal, dado que las provisiones del mismo[…] establecen su reapertura en caso que surjan nuevos elementos en la investigación”;
b) se han dirigido comunicaciones al Fiscal General de la República exhortando al cumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para localizar el paradero de las tres víctimas en el presente caso;
c) se han cursado oficios solicitando “la aprobación de la publicación en Gaceta Oficial y [en por lo menos un] diario de circulación nacional de los capítulos, [h]echos [p]robados y [f]ondo [de la Sentencia]”;
d) se exhortó al Poder Legislativo a dar cumplimiento a la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada; sin embargo, el Estado señaló que “el recurso de habeas corpus [en Venezuela no] menoscab[a] ninguna de las garantías y derechos contemplados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales que resguardan los [d]erechos [h]umanos”;
e) mediante el fallo de 11 de julio de 2006 de la Sala de Casación Penal del TSJ, se “instó a la Asamblea Nacional a revisar y reformar el contenido del artículo 181-A del Código Penal vigente”;
f) se han implementado varias actividades orientadas “al fomento de una cultura de respeto y compromiso de [los] derechos [humanos]” dentro de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (en adelante “DISIP”), y
g) en cuanto al pago por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos, se ha presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores un “proyecto y estudio financiero […] para su consideración y posterior presentación al […] Presidente de la República para su aprobación”.
Que los representantes de las víctimas manifestaron lo siguiente respecto del cumplimiento de la Sentencia:
a) las “investigaciones que se iniciaron en los casos de Oscar Blanco Romero, Francisco Rivas y Roberto Hernández permanecen en la más absoluta impunidad”. En el caso de la desaparición del señor Blanco Romero, la decisión de la Sala de Casación Penal de 11 de julio de 2006 constituye un “gravísimo precedente”, “[al haber resuelto] que el delito de desaparición forzada de personas es un delito de ejecución instantánea”. Además, señalaron que en dicho proceso “la audiencia de Juicio Oral y Público ha sido diferida en ocho (8) oportunidades, atribuibles en su mayoría a la incomparecencia de la fiscalía o de la defensa de los acusados”. En los otros dos casos, “las causas permanecen archivadas[,] sin que esta situación haya variado luego de la [S]entencia de la […] Corte”;
b) no “[se] h[a] recibido ninguna información oficial sobre diligencia alguna emprendida [para] identificar los restos de [las tres víctimas]”;
c) no se ha cumplido con la publicación en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional de los hechos probados, determinados párrafos de fondo y parte resolutiva de la Sentencia, pese al vencimiento del plazo;
d) en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, aprobada el 10 de junio de 2008, no aparece ningún proyecto relativo a adecuar el recurso de habeas corpus a los parámetros exigidos por la Corte Interamericana, ni alguno referido al contenido del artículo 181-A del Código Penal vigente;
e) se “desconoc[e] la inclusión formal del tema de protección de los derechos humanos en el currículo de formación de los cuerpos de seguridad”, y preocupa “[l]a inclusión de los componentes militares en labores de seguridad ciudadana”. En todo caso, destacaron la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) el 10 de [a]bril de 2006, pero señalaron que desde el 30 de enero de 2007 no se conoce acerca de sus actividades;
f) teniendo en cuenta que el 18 de julio de 2005 Aleoscar Russeth Blanco Iriarte cumplió 18 años de edad, ya no hace falta ningún trámite para facilitar su salida del país, y
g) el Estado no ha indicado ninguna fecha concreta o probable en la que se harán efectivos los pagos por daño material, inmaterial y por reintegro de costas y gastos.
Que la Comisión observó lo siguiente con relación al cumplimiento de la Sentencia:
a) existe una falta de información sobre “las actuaciones relativas a la investigación [y sanción a los eventuales responsables] del caso que sean posteriores a la emisión de la Sentencia”, así como en relación con las iniciativas y acciones emprendidas para la búsqueda de las víctimas o la localización de sus restos”;
b) no se ha cumplido con la obligación de publicar la Sentencia en el presente caso, transcurrido el plazo concedido para ello;
c) si bien el Estado se refirió a medidas emprendidas para establecer un “Proyecto de Punto de Cuenta” para que el Poder Legislativo diera cumplimiento a [la reforma sobre el recurso de habeas corpus y la tipificación del delito de desaparición forzada de personas]”, no se conocen los avances al respecto;
d) “el Estado no [ha ofrecido] información alguna sobre las medidas emprendidas [para] dar formación y capacitación a las Fuerzas Armadas”, por lo que solicitó “que el Estado proporcionara información más detallada [al respecto]”;
e) al haber alcanzado la mayoría de edad Aleoscar Russeth Blanco Iriarte, “la medida [de facilitar su salida de Venezuela] se torna innecesaria y no requiere de mayor acción […] del Estado”, y
f) ha transcurrido el plazo sin que el Estado haya cumplido con el pago por daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos, de manera que “espera que los obstáculos para [su] realización […] se supere[n] a la brevedad posible”.
Que transcurridos más de tres años desde la emisión de la Sentencia, es necesario que el Tribunal conozca cuáles otras medidas han sido adoptadas por el Estado para dar cumplimiento a la misma, a efectos de que pueda apreciar su efectiva implementación. Por lo tanto, corresponde al Estado informar a la Corte Interamericana las acciones adoptadas para cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de la Sentencia emitida en este caso pendientes de acatamiento.
Que en cuanto a la supervisión de cumplimiento de las sentencias el artículo 63 del Reglamento1 dispone que:
1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes observaciones de dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes legales. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones de las víctimas o sus representantes.
12. Que en estos momentos es conveniente y necesario convocar a una audiencia privada para que la Corte Interamericana reciba del Estado información completa y actualizada sobre el cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento de la Sentencia emitida en este caso, y escuche las observaciones al respecto por parte de la Comisión Interamericana y de los representantes de las víctimas y sus familiares.
La Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en ejercicio de las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, en consulta con los demás Jueces del Tribunal, y de conformidad con los artículos 33, 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24.1, 25.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y 4, 15.1 y 30.2 de su Reglamento,
1. Convocar al Estado de Venezuela, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia privada que se celebrará en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el día 4 de julio de 2009, a partir de las 09:00 horas y hasta las 10:30 horas, con el propósito de que la Corte obtenga información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia dictada en el presente caso y escuche las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de las víctimas al respecto.
2. Requerir a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado de Venezuela, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas.
1 Aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 2009; mismo que se aplica a la presente etapa de supervisión de cumplimiento del fallo.