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Timestamp: 2017-09-26 11:47:56
Document Index: 61823250

Matched Legal Cases: ['artículo 431', 'artículo 101', 'artículo 12', 'artículo 75', 'artículo 17', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 23']

1 Poder Judicial de la Nación ///nos Aires, 24 de Agosto de Y VISTOS: Los señores jueces integrantes de este Tribunal Oral en lo Criminal N 22, actuando como Secretaria la Dra. Carolina Inés Pagliano, se reúnen a fin de deliberar y dictar sentencia de esta causa N 4547 (57463/ /2015) seguida por el delito de robo agravado por haber sido cometido con armas a Leonardo Julio FIGUEROA, indocumentado, de nacionalidad argentino, nacido el 15 de Agosto de 1995, hijo de María Cristina Figueroa y de Julio Adolfo Perafón, con domicilio constituido en la Av. Roque Sáenz Peña N 1190, 9 piso de esta ciudad, Legajo RH de la Policía Federal Argentina y legajo nro del Registro Nacional de Reincidencia, actualmente detenido en la Unidad N 24 del Servicio Penitenciario Federal y a Lucas Ezequiel PEDRIERA, titular del documento nacional de identidad N , nacido el 1 de Octubre de 1993 en esta ciudad, hijo de Mauricio Sebastián Pedriera y de Alejandra Mercedes Monteros, con domicilio constituido en la Av. Roque Sáenz Peña 1190, 4 piso de esta ciudad, Legajo RH y Legajo N del Registro Nacional de Reincidencia, actualmente alojado en el Anexo Módulo V del Complejo Penitenciario Federal N II de Marcos Paz. Intervienen en el proceso el Sr. representante del Ministerio Público Fiscal, Dr. Marcelo Martínez Burgos, el Sr. Defensor Oficial, Jorge Luís Falco como defensor de Leonardo Julio Figueroa y el Sr. Defensor Oficial, Ricardo Antonio Richiello como defensor de Lucas Ezequiel Pedriera. Y CONSIDERANDO: PRIMERO: En este proceso seguido a Leonardo Julio Figueroa y Lucas Ezequiel Pedriera, el Sr. Fiscal General ha solicitado la adopción del régimen normativo establecido en el art. 431 bis del Código Procesal Penal referido al juicio abreviado (fs. 408).
2 Según consta en la presentación mencionada, se han reunido el representante del Ministerio Público Fiscal con el procesado y los defensores de los encausados. A fs 406 y 407 han prestado conformidad sobre la existencia del ilícito, autoría y participación que se le adjudica en el requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 284/291. En consecuencia, el Sr. Fiscal ha peticionado al Tribunal que se dicte sentencia condenatoria en la presente causa, imponiéndole a Leonardo Julio Figueroa y a Lucas Ezequiel Pedriera, por ser coautores penalmente responsables del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma, la pena de cinco años de prisión y costas. (Artículos 29 inciso 3, 45 y 166 inciso 2, primer párrafo del Código Penal de la Nación) Asimismo, atento que Pedriera registra las causas N 3466 y 3480 del Tribunal Oral en lo Criminal N 24, en las que, con fecha 23 de Mayo de 2013, se lo condenó a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento en suspenso y costas, por ser autor del delito de robo en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haberse cometido con la intervención de un menor, también en grado de tentativa, solicita que se revoque la condicionalidad de esa sanción y se la unifique con la solicitada en estos autos y, en definitiva, se lo condene a cumplir la pena única de siete años de prisión, accesorias legales y costas (Artículos 12, 27, 29 inciso 3 y 58 del Código Penal de la Nación). Acorde con lo prescripto por el inciso 3ro. del artículo 431 bis del C.P.P.N., el Tribunal ha tomado conocimiento "de visu" de los imputados oportunidad en la que se ratificara la presentación de fs Hecho: Se le imputa a Lucas Ezequiel Pedriera y a Leonardo Julio Figueroa el episodio del día 23 de septiembre de 2014, alrededor de las horas, en la intersección de las calles Carrasco y Venancio Flores, consistente en haberse apoderado ilegítimamente de un teléfono celular marca Samsung, modelo S4 mini, de color blanco con SIM de la empresa Movistar, abonado , a nombre de Nancy Alejandra Alegre, el cual poseía Alan Ezequiel Daguer; de un teléfono celular marca
3 Poder Judicial de la Nación Sony Ericsson, modelo Xperia, de color blanco, abonado de la empresa Movistar, a nombre de Gustavo Ávila, el cual llevaba en su poder Gonzalo Matías Ávila; y de otro teléfono celular marca Samsung, modelo Core, de color blanco, el cual llevaba Santiago Storino, ejerciendo, a tal fin, violencia sobre las tres victimas nombradas y sobre Santiago Delfino, Tomás Pucci e Ignacio Villegas, a quienes intimidaron mediante la utilización de una sevillana de metal con la inscripción Stalnlero, con empuñadura símil madera. En ese contexto, los imputados se acercaron a las víctimas y, mientras uno de los nombrados le apoyó la sevillana descripta al costado del cuerpo de Ávila, les exigieron a los seis jóvenes la entrega de sus teléfonos celulares, revisando los bolsillos de algunos de ellos, y, una vez que hubieron tomado los tres aparatos telefónicos descriptos en el párrafo que antecede, se dieron a la fuga por la calle Carrasco en dirección a la avenida Avellaneda. Se llega a dicha conclusión luego de valorar conforme la regla de la sana crítica la prueba reunida durante la instrucción, consistente en las declaraciones testimoniales de Ayudante Fernando Giraudo (fs. 1/2 y 121); Claudio Meneses (fs. 8); Gerardo Néstor Sarandria (fs. 9); Nancy Alejandra Alegre (fs. 31/2); Sandra Viviana Chere (fs. 33/4); Alan Ezequiel Daguer (fs. 100); Gonzalo Matías Ávila (fs. 110); Mario Edgardo Storino (fs. 122 y 132); Ignacio Agustín Villegas (fs. 183) y María Marta Mohr (fs. 184). Completa el cuadro probatorio las actas de detención de fs. 4, 5 y 6; el acta de secuestro de fs. 7; los informes médico legales de Julio Leonardo Figueroa, de fs. 1 del Legajo de Personalidad y de Lucas Ezequiel Pedriera, de fs. 2 del legajo de Personalidad; informes de los elementos secuestrados, de fs. 137 y 138; informe psiquiátrico forense de Pedriera, de fs. 23/5 de su legajo de personalidad; los informes del Cuerpo Médico Forense realizados con relación a Figueroa, de fs. 12/3, 18/24 de su incidente personal; el informe socio ambiental de Pedriera de fs. 67/69 y de Figueroa a fs.30/31; constancias de entrega de los celulares secuestrados y documentación vinculada con su titularidad, de fs. 141/51, 152 y 153/5; la constancia
4 Actuarial de fs. 188, junto con la impresión de la página de Facebook de fs. 187; el plano de fs. 166; las fotografías de fs. 158/62 y 186; de fs. 6/7 del legajo de personalidad de Pedriera, y de fs. 2 y 15/6 del correspondiente a Figueroa y los efectos certificados a fs Estos elementos de cargo demuestran la existencia material del hecho descripto y la responsabilidad que le cupo al enrostrado. A esta concluyente prueba debemos agregar que al momento de firmar el acuerdo de juicio abreviado, los encausados han reconocido el hecho que se les atribuye. SEGUNDO: calificación legal Respecto del suceso analizado estimamos que la conducta descripta y endilgada a Leonardo Julio Figueroa y Lucas Ezequiel Pedriera encuadra dentro del delito de robo agravado por su comisión con armas, por el que deberán responder en calidad de coautores penalmente responsables. (Art. 166, Inc. 2, primer párrafo del Código Penal). TERCERO: graduación de la pena Para graduar la sanción a imponer tenemos en cuenta la modalidad, características y circunstancias relativas al hecho que se tiene por probado. Valen aquí las palabras de Jescheck la pena solo se justifica si se manifiesta simultáneamente como medio necesario para cumplir la protectora misión preventiva del Derecho Penal (BGH 24, 40, 42). De ello se desprende que para la individualización penal en el caso concreto el juez debe preocuparse de que, en tanto sea preciso, la sanción sirva para la reinserción del reo en sociedad, y de otra parte, y dentro de lo posible no lo arranque de unas condiciones sociales seguras (Tratado de Derecho Penal, Parte General Editorial Comares, Granada, 1993 p. 796). Asimismo, entendemos oportuno recordar:. El Principio de Mínima Suficiencia de la represión penal, conforme al cual, teniendo en cuenta que la pena resulta un mal para quien la recibe, ha de causársele el menor posible, que baste para cumplir con los fines perseguidos por la sanción. La desmesura, la punición exagerada, lejos de lograr sus objetivos, se vuelve contra ellos, ya que, al ser recibida como injusta por el destinatario, en lugar de disuadirlo o amedrentarlo, lo carga de
5 Poder Judicial de la Nación resentimiento y rebeldía, preludios inexorables de la reincidencia (Barbará; Fernando L: La sentencia penal y la cuantificación del reproche. Revista La Ley 22/6/06, pag. 1 y ss.). Por ello consideramos adecuado imponer a Leonardo Julio Figueroa y Lucas Ezequiel Pedriera la pena de cinco años de prisión y costas. CUARTO: Unificación Cabe señalar que Lucas Ezequiel Pedriera registra una condena recaída el día 23 de Mayo de 2013 en la causa N 3466 y 3480 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N 24, a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento en suspenso y costas, por ser autor del delito de robo en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haberse cometido con la intervención de un menor, también en grado de tentativa, por lo que corresponde que se revoque la condicionalidad de esa sanción y se la unifique con la solicitada en estos autos (Arts. 27 y 58 del Código Penal) En lo atingente al modo de discernir la pena única a aplicar, es dable poner de manifiesto que el Tribunal estima que el método composicional es mucho mas justo y adecuado para fijar el monto de la misma. Por ello, la pena única de siete años de prisión y costas, nos resulta suficiente respuesta para resolver su situación procesal. Penal QUINTO: Inconstitucionalidad del Art. 12 del Código Toda vez que la pena única solicitada por el Sr. Fiscal General en el pedido de juicio abreviado resulta superior a los tres años, solicitó se imponga las accesorias legales que prevé el art. 12 del Código Penal. El Tribunal en un reciente fallo, declaró la inconstitucionalidad de las accesorias legales, por los argumentos que a continuación se detallan. En este sentido y como primer punto cabe poner de resalto que la Corte Suprema de la Nación ha asentado su criterio restrictivo respecto de la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal toda vez que constituye un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes que fueron dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley
6 Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos 226:688; 242:73; 285:369; 300:241, 1087; 310:1162; 312:122, 809,1437; 314:424, entre muchos otros) Sin embargo, también ha sostenido corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias, y que no debe verse en ello una injerencia indebida del Poder Judicial en la política, cuando en realidad, lo único que hace el Poder Judicial, en su respectivo ámbito de competencia y con la prudencia debida en cada caso, es tutelar los derechos e invalidar esa política sólo en la medida en que los lesiona. [ ] Desconocer esta premisa sería equivalente a neutralizar cualquier eficacia del control de constitucionalidad (C.S.J.N. Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus (Fallos 328:1146 del considerando 27 de la mayoría). Tampoco podemos soslayar que este Tribunal ya se ha expedido a favor de la constitucionalidad de la norma en cuestión en el precedente Causa Nro. 3637/3641 Ernesto Díaz s/ abuso sexual agravado y otros. En estas condiciones y a partir de un nuevo análisis efectuado en base de la normativa vigente y de un detenido examen de los pactos internacionales incorporados en nuestro marco constitucional a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y el nuevo paradigma que se plantea respecto del sujeto que se encuentra privado de libertad, es que consideramos rever nuestra opinión con relación a la aplicación de este instituto. El art. 12 del Código Penal dispone la inhabilitación absoluta por el término de la condena, de las penas privativas de la libertad que superen los tres años. Importa también la privación de la patria potestad, de la administración de bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. Se caracteriza por ser una pena accesoria.
7 Poder Judicial de la Nación Zaffaroni, comenta que el origen de esta disposición se halla en el artículo 101 del Código Tejedor, que disponía que la pena de presidio llevaba consigo la inhabilitación absoluta para cargos públicos por el tiempo de la condena y por la mitad más. En el código de 1886 se repitió la previsión en el inc. 1 del art. 63 intercalando y para el ejercicio de los derechos políticos, activos y pasivos. Las fuentes de esta disposición se remonta a la muerte civil que preveía el libró 2 título 18 de la partida Cuarta, el art. 18 del Código Francés, según la reforma del art. 1832, el art. 16 del código napolitano, el art. 53 del código español de 1822 y art. 7 del Código de Baviera. Tejedor siguió al código español de 1850, cuyo art. 52 había atenuado la muerte civil (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho Penal, Parte General, Ediar, 2da edición Buenos Aires, pág. 981). Continúa diciendo este autor que la incapacidad civil (art. 12 segunda parte) tiene el carácter de pena accesoria y no el de una mera consecuencia accesoria de la pena, porque la privación efectiva de la libertad no necesariamente la implica, es decir, el penado no está tácticamente imposibilitado de ejercer los derechos que el art. 12 cancela. Por otro lado si el encierro mismo determinara la incapacidad no tendría mucho sentido una previsión legal que regulara lo que es obvio. Por ello es sustancialmente una medida represiva con los caracteres de una pena accesoria a la principal de la condena (Zaffaroni, pág. 941) Por más que se trate de una pena accesoria a la cual se le quiere dar un carácter tutelar, el condenado efectivamente pierde su capacidad civil, equiparándolo a una muerte en términos civiles. Desde la doctrina más moderna, se ha criticado la disposición en estudio en función de la eliminación de la voluntad del sujeto penado llegando, incluso, a formularse el siguiente interrogante: el penado se halla en la misma situación que el sordomudo o demente?, sabido es que la interdicción de éstos últimos radica fundamentalmente en el hecho que carecen de aptitud suficiente para discernir lo conveniente para el manejo de sus bienes o intereses patrimoniales; pero, en el caso de una persona mayor sana: parece lógico adoptar la misma solución por el hecho de estar privado de su libertad? (El artículo 12 del Código Penal y la Constitución Nacional Báez, Julio C. Publicado en: Sup. Const. 2013
8 (agosto), 28 LA LEY 2013 D, 1160 DPyC 2014 (junio), 109 Cita Online: AR/DOC/2795/2013 ) Por esa banda, se ha resuelto que la pena accesoria impuesta por el Código Penal en orden al ejercicio de ciertos derechos civiles atenta contra la dignidad del ser humano y afecta a su condición de hombre produciendo un efecto estigmatizante, innecesariamente mortificante violatorio de los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 18 de la Constitución Nacional ( Tribunal Federal de Mar del Plata Andreo, Armando LA LEY 1998 F 699) En un reciente fallo de la Sala IV de la C.F.C.P., (causa N 1145/2013 Rible Ribles s/ recurso de casación, registro de resolución N 2961/14 voto de los Dres. Gemignani y Hornos) en su voto el Dr. Hornos recuerda que las personas privadas de su libertad son sujetos de derecho y conservan todos los derechos que no fueran afectados por la sentencia de condena o por la ley o reglamentaciones que en consecuencia se dicten (principio constitucional de legalidad, art. 18 C.N.) [ ] En este sentido, se ha afirmado que El ingreso a una prisión ( ) no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional (cfr. Fallos: 318:1894, considerando 9º del voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano). Nuestro más alto Tribunal ha dicho que Ningún habitante de la Nación puede ser privado de su dignidad humana, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad (Fallos: 313:1262, disidencia del juez Fayt) y que toda situación de privación de libertad impone al juez o funcionario que la autorice el deber de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos del detenido no afectados. Es que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, amparada no sólo por el art. 18 de la C.N. sino también por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.) tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre art. XXV, el Pacto Internacional
9 Poder Judicial de la Nación de Derechos Civiles y Políticos art. 10, la Convención Americana sobre Derechos Humanos art. 5 y reconocida en documentos internacionales orientadores, como los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Naciones Unidas (Resolución 45/11 del 14 de noviembre de 1990 Principio 24 ) y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente (Resolución 663C y 2076 del Consejo Económico y Social arts. 22 a 26. Asimismo, se afirmó que Los prisioneros son, no obstante ello, personas titulares de todos los derechos constitucionales, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso (318:1894). Se ha dicho que el ideal resocializador como su finalidad, exige que se oriente la ejecución de las medidas de encierro en forma tal que el encierro carcelario provoque la menor cantidad posible de efectos nocivos a la persona privada de su libertad (Salt, Marcos G.: Los derechos de los reclusos en Argentina en Rivera Beiras/Salt Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, pág. 187). Por su parte, el art del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respecto debido a la dignidad inherente al ser humano y que El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los penados (art. 10.3). En idéntico sentido, el art. 5 de la C.A.D.H. establece que Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y readaptación social de los condenados. Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos establecen en su apartado 60 que: El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona.
10 Es por ello que se debe garantizar que la persona condenada mantenga sus relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible, asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano. Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos. Específicamente, esta norma en su segundo y tercer párrafo priva a los condenados de la patria potestad, la administración de bienes y el derecho a disponer de ellos. Es entendible que los tribunales deban aplicar sanciones indisolublemente ligadas al delito por ejemplo la privación de la patria potestad ante el caso de un delito cometido por el padre en perjuicio de su hijo, pero no se entiende en otras circunstancias por qué el penado debe perder todo derecho a participar e involucrarse en la vida de sus hijos. Así se ha dicho que no observo otro contenido sino aflictivo en el hecho de que quien se encuentre privado de su libertad por más de tres años no pueda decidir sobre cuestiones trascendentes que involucren a sus hijos menores. Dicho contenido aflictivo que implica despojar a cierto grupo de condenados de las decisiones que hacen a la crianza de los hijos menores durante el tiempo que dure la condena, no se condice ni con el trato humanitario o tratamiento humano ni con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano que debe observarse durante la ejecución de la pena conforme el art. XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros conf. art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Tampoco con el principio de proporcionalidad mínima de la pena en cuanto al costo en términos de afectación de derechos de los condenados. (Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 en la causa 3895/4051", Riarte, Jorge y otros", rta. 22/04/2013, voto de la juez Bloch). Esta normativa tampoco se condice con el art. 168 de la ley , que en su acápite de Relaciones Sociales y Familiares establece que: las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser
11 Poder Judicial de la Nación facilitadas y estimuladas. Tampoco se compadece con los objetivos constitucionales de resocialización propios de la ejecución penitenciaria (artículos 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional). En el mismo voto, se asegura que esta norma va en contra del interés superior del niño que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño. El art. 8.1 de la Convención mencionada obliga a los Estados parte a respetar el derecho del niño a preservar sus relaciones familiares, las que obviamente serán mejor aseguradas en tanto ambos progenitores conserven la patria potestad sobre aquéllos. Por lo demás, también en materia de responsabilidad parental puede propugnarse lo mismo que establece la Convención de los Derechos del Niño en su art. 9.3 en cuanto a que deben respetarse los derechos del niño que esté separado de uno o ambos padres, a mantener relaciones personales o contacto directo con ambos padres de modo regular. Misma conclusión debemos arribar con respecto a la privación de administrar y disponer de sus bienes. A primera luces esta apreciación va en contra del artículo 17 de la CN que garantiza la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. El condenado no es un insano en términos civiles, que carece de capacidad, simplemente se ha visto privado de su libertad. La finalidad de la ejecución de la pena es la reinserción social, así surge del art. 1 de la ley , del art. 18 de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que integran el bloque constitucional. La reinserción social es un proceso de personalización, en el cual a partir de un trato humano y lo menos degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios (intelectuales, físicos, técnicos, sociales, familiares, etc.) como para que pueda tomar conciencia de su rol y
12 salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo, dejando así de ser vulnerable al sistema penal. 1 Desde hace mucho tiempo se pretende legitimar el poder punitivo asignándole una función positiva de mejoramiento sobre el propio infractor. Se sabe que la prisión comparte las características de las demás instituciones totales (manicomios, cuarteles, etc) y se coincide en su efecto deteriorante. Se conoce su efecto regresivo, al condicionar a un adulto a controles propios de la etapa infantil o adolescente y eximirle de las responsabilidades propias de su edad cronológica. Frente a esto no es sostenible que sea posible mejorarlo condicionándolo a roles desviados y fijándolos mediante una institución deteriorante, donde su población es entrenada en el recíproco reclamo de esos roles. 2 Asimismo surge del espíritu de la ley de ejecución penal , que el tratamiento penitenciario tendiente a lograr la reinserción del penado en la sociedad, se apoya en pilares de fortalecimiento del vínculo familiar, de recuperar hábitos laborales y en definitiva de sujeción a las normas de manera de evitar la reincidencia. De esta manera el fin resocializador de las personas privadas de libertad no puede ser restringido ni limitado por el Estado. No vemos como compatible que por un lado construyamos todo un articulado tendiente a que la persona privada de libertad retome hábitos de trabajo, de vínculos familiares y por el otro le limitemos los derechos de administrar sus bienes, o de manejar sus vínculos con sus hijos con absoluta libertad. Como también lo ejemplifica la Dra. Bloch en el fallo citado: Parece de algún modo un contrasentido que mientras el art. 32 de la ley modificatoria de la ley de Ejecución Penal , prescribe que (e)l juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: ( ) f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su 1 La subsistencia del Derecho Penal del Enemigo en la etapa de ejecución penal y su proyección sobre los principios de progresividad, humanidad y Reinserción Social?, Mario Rodrigo Morabito, publicada en 2 MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, Eugenia R. Zaffaroni, Alejandro Plagia y Alejandro Slokar, pag. 46.
13 Poder Judicial de la Nación cargo, arrebate al mismo tiempo a quien se encuentra privado de libertad con penas mayores a tres años, el ejercicio de la patria potestad (a su vez no logra comprenderse cómo se compatibilizan los casos en los que una persona con arresto domiciliario y que convive con el menor, tiene al mismo tiempo suspendido el ejercicio de la patria potestad). Por otra parte, en los restantes casos, se hace recaer en el progenitor que se encuentra en libertad, toda la responsabilidad en las decisiones también las económicas que involucren a los niños, debiendo así asumir generalmente las mujeres un doble rol parental.. Por lo tanto advertimos que la norma del art. 12 del Cgo. Penal se encuentra en crisis frente a la evolución y el reconocimiento de los derechos de las personas privadas de su libertad así como de la evolución de la realidad carcelaria (Del voto del Dr. Hornos del fallo Ribles Ribles antes citado). Por todo lo expuesto es que entendemos que la norma citada viola los principios de resocialización de la ejecución de la pena, el principio de razonabilidad y el interés superior del niño y por ello corresponde declarar la inconstitucionalidad del segundo y tercer párrafo del art. 12 del Código Penal. El Dr. Ángel Gabriel Nardiello dijo: Si bien he afirmado en fallos anteriores lo que en este acto refuto, voy a enmarcar algunas características que me determinaron a la mudanza posicional respecto al tema. Harto descripto y mencionado consta que el condenado el único derecho que pierde es su derecho a la libertad, ahora en este caso se plantea si la pérdida de los derechos contemplados en el artículo 12 de la normativa se produce y se aplica en forma automática con la imposición de la condena. Para ello haré historia desde el presente. El artículo en crisis responde en signo franco a la muerte civil fomentada en el derecho romano, la que se inspiraba en un reproche por parte de la colectividad hacia el infractor imbuida de carácter moralista y ético. Curso que fue recogido por las partidas y posteriormente por las leyes carolingias, arribando así derecho positivo.
14 Honestidad intelectual me hace mencionar que el anteproyecto Soler (1960) lo había suprimido, inspirándose en las ordenanzas de Baviera de 1848 y francesas de 1854; sin embargo sobrevivió a pesar de estar enfrentado con los pactos internacionales que poseen rango constitucional, como la Declaración Universal de los derechos Humanos (1948), las Reglas Mínimas para tratamiento de sentenciados (1955) el Pacto Internacional de los Derechos Civiles (1966) y las Reglas Mínimas de Tokyo (1990) entre otros. A pesar de lo mencionado, increíblemente este instituto coexiste con estos convenios y esta convivencia no es armoniosa y genera conflictos como el que estamos ventilando en estos autos. Consecuentemente la asimilación a un rol de incapaz de derecho en el marco familiar mínimamente activa las alarmas dispuestas en los puntos 10.3 de PIACyL, en el 5.6 de la CADH, 9.3 de la Convención de los derechos del niño y en la misma esencia fin de la ley En la mayoría de los casos esta intrusión estatal, so pretexto de auxiliar al condenado frente a la imposibilidad del ejercicio de sus derechos por motivo de su encierro, es una extensión del castigo ejecutado por la pena y no una protección. Y ante esta afirmación me lleva a preguntarme que fin resocializador tiene esta medida, recordando que por imperio constitucional ese es el sentido de la ejecución penal. Aclaré que en la mayoría de los casos ya que dejo reservada mi opinión en los particulares casos donde la víctima es el mismo menor al que se lo priva de la relación parental. Asimismo se da otra sinrazón normativa entre el código de fondo y la ley de ejecución penal consistente en privarlo de la relación parental (el ya mencionado art. 12) y por el otro se lo obliga a dar alimentos a los menores (art.121 ley ejecución). En definitiva, existen cuantiosos contra sentidos normativos de la oficiosidad de la medida que me determinan a resolver de esta forma. Por los argumentos del voto precedente, a pesar de mi incompatibilidad con alguna doctrina citada, y los volcados en este acto así resuelvo.
15 Poder Judicial de la Nación SEXTO: Cómputo de Pena Leonardo Julio Figueroa se encuentra detenido de forma ininterrumpida desde el comienzo de la causa, el día 23 de Septiembre de 2014 (confr. Fs. 5), por lo que la pena impuesta en la presente vencerá el día veintidós de Septiembre de dos mil diecinueve (22/9/2019). Lucas Ezequiel Pedriera también se encuentra detenido de forma ininterrumpida desde el comienzo de la causa, el día 23 de Septiembre de 2014 (confr. Fs. 6). A su vez, surge del legajo de personalidad del nombrado que en las causas N 3466/3480 del Tribunal Oral en lo Criminal N 24 estuvo detenido desde el 21 de Junio de 2013 y fue excarcelado el 22 de Julio de Por otra parte, estuvo privado de su libertad desde el 6 de Marzo al 9 de Mayo de 2013, lo que hace un total de 2 meses y 6 días. En consecuencia, para los procesos acumulados, acredita un total de un año, un mes y ocho días de detención, por lo que restan cumplir cinco años, diez meses y veintidós días de la pena única que aquí se le impone, que vencerá el dieciséis de Julio de dos mil veintiuno (16/7/2021). SEPTIMO: Disposición de Efectos Que se encuentran reservados en Secretaría un teléfono celular marca Samsung modelo GT S7390L con sus accesorios, un teléfono marca Samsung modelo GT S7390L con una rotura en su pantalla y sus accesorios y una navaja metálica, certificados a fs Que en la declaración de Ayudante Fernando Giraudo de fs. 1/2 surge que los celulares reservados le fueron secuestrados a Leonardo Julio Figueroa. Que, toda vez que los celulares reservados no son el producto o provecho del delito que se le imputa, corresponde que le sean devueltos al nombrado siempre que acredite su titularidad (Art. 23 del Código Penal). Que, toda vez que la navaja ha servido para cometer el hecho, corresponde disponer su decomiso y destrucción. (Art. 23 del Código Penal). Por todo lo expuesto el Tribunal:
16 RESUELVE: I) CONDENAR a LEONARDO JULIO FIGUEROA, de las restantes condiciones personales ya mencionadas, a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y al pago de las costas procesales, por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas (Artículos 29 inciso 3, 45 y 166, Inciso 2, primer párrafo del Código Penal y 403, 431 bis, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). II) FIJAR como fecha de vencimiento de la pena impuesta a LEONARDO JULIO FIGUEROA el veintidós de Septiembre de dos mil diecinueve (22/9/2019). III) CONDENAR a LUCAS EZEQUIEL PEDRIERA a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y al pago de las costas procesales, por ser coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de armas (Artículos 29 inciso 3, 45 y 166, Inciso 2, primer párrafo del Código Penal y 403, 431 bis, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). IV)CONDENAR al nombrado LUCAS EZEQUIEL PEDRIERA A LA PENA UNICA DE SIETE AÑOS DE PRISIÓN y al pago de las costas procesales, comprensiva de la dictada en el punto anterior y de la sanción recaída el día 23 de Mayo de 2013 en la causa N 3466 y 3480 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal N 24, a la pena de dos años y tres meses de prisión de cumplimiento en suspenso y costas, por ser autor del delito de robo en grado de tentativa, en concurso real con robo doblemente agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y por haberse cometido con la intervención de un menor, también en grado de tentativa, cuya condicionalidad se revoca en este acto (Arts. 27 y 58 del Código Penal de la Nación). V) DECLARAR LA INCOSTITUCIONALIDAD del Artículo 12 del Código Penal. VI)FIJAR como fecha de vencimiento de la pena impuesta a LUCAS EZEQUIEL PEDRIERA el dieciséis de Julio de dos mil veintiuno (16/7/2021).
17 VII) Poder Judicial de la Nación DEVOLVER a Leonardo Julio Figueroa el celular marca Samsung modelo GT S7390L con sus accesorios y el teléfono marca Samsung modelo GT S7390L con una rotura en su pantalla y sus accesorios, siempre que el nombrado acredite su titularidad y DECOMISAR Y DESTRUIR la navaja reservada en Secretaría. (Artículo 23 del Código Penal) Insértese, notifíquese y publíquese en los términos de la acordada 15/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Firme y/o ejecutoriada que sea, comuníquese a quienes corresponda, intímese a los condenados al pago de la tasa de justicia, acumúlense los incidentes al principal corrigiéndose su foliatura para que sea correlativa y archívese.