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Timestamp: 2019-12-12 20:10:04
Document Index: 308626086

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 63', 'artículo 63']

VII.4 ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA1
ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA1
La Comisión no alegó la violación al derecho a la propiedad privada.
Los representantes sostuvieron que se violó el derecho a la propiedad privada, en perjuicio de todas las personas indicadas como víctimas, debido al ingreso del ejército sin una orden judicial.
El Estado señaló que no realizó acciones de expropiación o usura respecto a bienes de los miembros de la Comunidad. Entendió que no es responsable de violar el artículo 21 de la Convención.
Las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de derechos distintos a los comprendidos en el Informe de Fondo, siempre y cuando se atengan a los hechos contenidos en dicho documento2. Por ello, dado que encuentran sustento en el marco fáctico, procede a examinar el alegato de los representantes.
La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado un concepto amplio de la propiedad privada, comprendiendo el uso y goce de los “bienes”, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende tanto los bienes muebles, como inmuebles, elementos corporales o incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor3. Asimismo, el Tribunal ha considerado que la destrucción de hogares puede constituir una violación al derecho a la propiedad de especial gravedad4.
En el caso, debe señalarse que si bien el ejército ingresó a la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, la finca Xamán, en que se asienta dicha Comunidad, era propiedad de una Cooperativa5, no de alguna o varias de las presuntas víctimas consideradas en forma individual. Por ello, el mero ingreso de los militares a la Comunidad, que es el hecho alegado por los representantes, no pudo lesionar la propiedad privada de ninguna de las personas indicadas como víctimas. De modo adicional, nótese que no consta que los militares ingresaren en terrenos o viviendas particulares, ni que produjeran daños a bienes. En consecuencia, la Corte determina que el Estado no es responsable por la violación del artículo 21 de la Convención.
ALEGADA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY1
La Corte ya ha analizado argumentos relacionados con la alegada violación al derecho a la igualdad ante la ley, respecto de la actuación militar el 5 de octubre de 1995 (supra párr. 105). Resta ahora considerar alegatos sobre ese derecho relacionados con la actuación de las autoridades judiciales.
La Comisión consideró que la respuesta de las autoridades en el manejo de la investigación y las reiteradas demoras reflejan una “despriorización” de los casos de graves violaciones a los derechos humanos de dichas comunidades en la época. Encontró, por ende, que los hechos fueron una expresión de “discriminación racial” y, en consecuencia, una violación al artículo 24 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Los representantes entendieron que se vulneró el derecho a la igual protección de la ley, a partir de las falencias y demoras de la investigación.Consideraron que la condición de pobreza y pobreza extrema que enfrentan muchas de las víctimas también es considerada una situación de discriminación para acceder a la justicia por los altos costos y el abandono de infraestructura del Estado en las poblaciones mayas.
El Estado indicó que efectuó una investigación diligente que concluyó con la sanción de personas involucradas en los hechos y sus actuaciones no se enmarcaron en una discriminación ni de hecho ni de derecho.
En primer lugar, la Corte nota que la Comisión y los representantes no especificaron las personas en perjuicio de quienes se habría violado el derecho a la igual protección de la ley. Sin perjuicio de ello, por sus argumentos, este Tribunal considera que se refieren a todas las personas consideradas presuntas víctimas.
En cuanto a los procesos judiciales, la Corte ha “establecido violaciones al artículo 24 de la Convención cuando se [ha] consta[tado] una vulneración al acceso a la justicia con base en criterios discriminatorios”2. No obstante, entiende que para determinar dicha violación no bastaría una situación meramente contextual3, sino que resulta necesario que se acrediten “hechos concretos de discriminación en el marco de las investigaciones que constituyeran obstáculos [a] acceder a la justicia, en razón [del carácter sobre el que se manifiesta la discriminación]4. La Corte no observa tales hechos concretos en el caso. Además, destaca que el proceso judicial derivó en el esclarecimiento de lo acontecido y la determinación de responsabilidades. En ese marco, no resulta evidente, ni ha sido suficientemente fundamentada, la “despriorización” referida por la Comisión; tampoco que la supuesta incidencia perjudicial en el caso, con relación a la actuación judicial, de la situación de pobreza señalada por los representantes.
Por lo expuesto, la Corte considera que Guatemala no violó el artículo 24 de la Convención Americana.
Sobre la base del artículo 63.1 de la Convención1, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado2.
La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, el Tribunal determinará medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias que las infracciones produjeron3. Las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, así como con las medidas solicitadas para repararlos4.
Tomando en cuenta las violaciones a la Convención declaradas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar5, la Corte analizará las pretensiones y argumentos respectivos de la Comisión y las partes. Al respecto, aunque la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación6, considerando los daños causados las víctimas, la Corte fijará otras medidas.
Antes de efectuar las precisiones correspondientes, la Corte advierte que el Estado señaló que cuenta con el Programa Nacional de Resarcimiento, creado mediante decreto gubernativo número 258-2003. Indicó que el PNR tiene, como un objetivo central, efectuar el resarcimiento individual y/o colectivo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del enfrentamiento armado interno. Guatemala, en sus alegatos finales escritos, solicitó a la Corte considerar los beneficios de resarcimiento económico y de vivienda otorgada por el Estado a la Comunidad, para lo cual adjuntó un documento del PNR en que consta un listado de quiénes han recibido algún tipo de beneficio. Los representantes, por su parte, negaron que por los hechos de la masacre las víctimas hubieran obtenido reparaciones provenientes del PNR. La Corte valora las acciones emprendidas a través del PNR para reparar violaciones a derechos humanos perpetradas en el marco del conflicto armado interno7. Sin perjuicio de ello, nota que el pedido estatal es extemporáneo y no puede considerarse8, y recuerda que corresponde a este Tribunal velar por que se reparen las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos declaradas en la Sentencia9. Por ello, procede a determinar las reparaciones conducentes.
Se considera parte lesionada, en los términos del citado artículo 63.1, a las personas declaradas víctimas de la violación de algún derecho de la Convención. Por lo tanto, la Corte considera como “parte lesionada” a todas las personas que se indican en el Anexo B de la presente Sentencia, quienes serán consideradas beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene.
Obligación de investigar los hechos del caso y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables
La Comisión no realizó alegatos específicos sobre esta medida.
Los representantes, al referirse a su solicitud de que se ordene, como medida de reparación, el “fortalecimiento” de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público (infra párr. 173), agregaron el pedido de que se investigue el caso de la “Masacre Xamán”.
El Estado no hizo referencia específica respecto de la mencionada solicitud, pero entre sus alegatos sobre las violaciones a derechos decididas, consideró que había cumplido con su “actuar diligente [debido a que] concluyó con la sentencia condenatoria a 14 miembros de las fuerzas de seguridad nacional y la orden de aprehensión en contra de 11 personas las cuales se encuentra[n] vigentes debido a que éstos están prófugos de la justicia”.
La Corte advierte que los representantes no han solicitado, en forma autónoma, la investigación de los hechos como medida de reparación. Han formulado su pedido como parte de otra medida requerida, el “fortalecimiento” de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. No obstante, este Tribunal considera adecuado separar ambos aspectos y abordar en forma independiente la investigación de los hechos. Al respecto, la Corte recuerda que, en relación con violaciones a derechos humanos como las determinadas en el presente caso, las autoridades estatales deben realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos, siendo esto especialmente relevante cuando están involucrados agentes estatales10.
En el caso, se ha determinado que el Estado, a través de sus autoridades judiciales, condenó a 14 personas y entendió que respecto de otras 11 era necesario realizar acciones para determinar su posible responsabilidad penal. Guatemala señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes respecto a las 11 personas referidas, quienes están “prófugas” (supra párrs. 66 y 76). Dado que en un periodo mayor a 18 años no constan acciones concretas para hacer efectiva la medida de aprehensión determinada por las propias autoridades estatales, este Tribunal determinó la responsabilidad del Estado (supra párrs. 88 a 92 y 98). Por ello, la Corte ordena al Estado que, de conformidad con el derecho interno, continué, en un plazo razonable, las acciones nacionales e internacionales pertinentes para concluir la investigación sobre los hechos ocurridos el 5 de octubre de 1995 en la finca Xamán, respecto a las 11 personas que Guatemala señaló que están prófugas y que cuentan con órdenes de captura vigentes en su perjuicio, como también, de ser el caso, respecto de otros elementos que resultaren pertinentes.
C.1. Medidas de rehabilitación
La Comisión solicitó la implementación de un programa de atención en salud física y mental y/o psicosocial culturalmente adecuado a los sobrevivientes y familiares de las víctimas. Asimismo, indicó que en su contestación el Estado se refirió a servicios de salud en términos genéricos, sin poderse establecer cuál habría sido la atención específica para las víctimas de este caso.
El Estado señaló que ya está dando cumplimiento a la medida de posibilitar la atención médica. Indicó que cuenta con 20 Unidades Notificadoras de Salud que prestan servicios básicos de salud en 20 aldeas y que, además, cuenta con un Centro de Atención Permanente (CAP), ubicado en el Barrio El Centro del Municipio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz. Afirmó que en el municipio de Chisec, se contempla la atención de acuerdo con la cosmovisión maya, pues la misma se realiza en idioma Q´eqchi, respetando las culturas, costumbres y tradiciones respectivas.
La Corte valora la información presentada por el Estado, pero advierte que no cuenta con información que permita concluir que las políticas generales de atención en salud impliquen un mecanismo adecuado para las necesidades específicas de reparación respecto a las violaciones a derechos humanos establecidas en este caso. Por eso, este Tribunal estima preciso disponer que el Estado brinde atención adecuada a los padecimientos sufridos por las víctimas. Esta medida corresponde en beneficio de aquellas personas que vieron afectado su derecho a la integridad personal, nombradas en los Anexos B.3 y B.5 de la presente Sentencia. Por ello, como en otros casos11, ordena al Estado brindar gratuitamente, en forma inmediata y prioritaria, sin cargo alguno, a través de sus instituciones especializadas, de forma adecuada y efectiva, tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas nombradas en los Anexos B.3 y B.5 de la presente Sentencia que así lo soliciten, previo consentimiento informado, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada una de las víctimas. Lo anterior implica que las víctimas deberán recibir un tratamiento diferenciado en relación con el trámite y procedimiento que debieran realizar para ser atendidos en instituciones públicas. Al proveer el tratamiento psicológico o psiquiátrico se debe considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada una de las víctimas, de manera que se les brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde con cada una de ellas y después de una evaluación individual. Asimismo, los tratamientos psiquiátricos o psicológicos respectivos deberán ser brindados por el tiempo que sea necesario, en la medida de lo posible en los centros más cercanos a los lugares de residencia de las víctimas del presente caso y, en todo caso, en un lugar accesible para tales personas
Las víctimas que soliciten la medida de rehabilitación, disponen de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, para dar a conocer al Estado, por sí mismas o a través de sus representantes, su intención de recibir atención. Una vez recibida la notificación respectiva, el Estado deben comenzar a brindar el tratamiento de modo inmediato.
En cuanto a la atención médica o de salud distinta al tratamiento psiquiátrico o psicológico, la Corte no considera necesario en este caso ordenar una medida específica al respecto y, en relación con ello, tiene en consideración la medida de establecer un Centro de Salud en la Comunidad, que se trata más adelante (infra párrs. 164 a 167).
C.2. Medidas de satisfacción
C.2.1. Publicación de la Sentencia
La Corte, como lo ha hecho en otros casos12, estima pertinente ordenar al Estado que publique, en un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia: a) el resumen oficial de la presente Sentencia elaborado por la Corte, por una sola vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, con un tamaño de letra legible y adecuado, y b) la presente Sentencia en su integridad, disponible, por un período de al menos un año, en un sitio web oficial del Estado, de manera accesible al público y desde la página de inicio del sitio web. El Estado deberá informar de forma inmediata a este Tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de un año para presentar su primer informe dispuesto en el punto resolutivo 15 de la presente Sentencia.
C.2.2. Acto público de reconocimiento de responsabilidad
La Comisión entendió adecuado que se tomen “medidas de satisfacción para la recuperación de la memoria de las víctimas y para el reconocimiento público de la responsabilidad estatal por los hechos”.
Los representantes solicitaron que el Presidente de la República pidiera perdón a las víctimas y que se efectúe un reconocimiento internacional de la comisión de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
El Estado señaló que está anuente a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, únicamente por los hechos por los cuales la Corte atribuya responsabilidad.
La Corte valora que el Estado, a través de sus más altas autoridades y, de modo inmediato posterior al acaecimiento de la masacre, haya manifestado un “reconocimiento institucional” de lo sucedido, y llevado a cabo acciones judiciales al respecto. Sin perjuicio de ello, Guatemala no ha efectuado un reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones declaradas en esta Sentencia.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como la anuencia del Estado respecto de la medida solicitada, tal como lo ha hecho en otros casos13, la Corte estima necesario, para reparar el daño causado a las víctimas, ordenar al Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en el cual se haga referencia a los hechos del caso y a la responsabilidad estatal declarada en los términos de esta Sentencia. El acto deberá realizarse en idioma español. Asimismo, si fuera necesario para su comprensión por alguna o varias de las víctimas, el Estado deberá acordar con las víctimas o sus representantes que el acto sea realizado también en otras lenguas. El acto, en el momento de su realización, deberá ser transmitido a través de medios de comunicación televisivos y/o radiales. El acto deberá realizarse en una ceremonia pública, en presencia de altos funcionarios estatales y las víctimas. La realización, el lugar y las particularidades de dicha ceremonia pública deberán acordarse con las víctimas y sus representantes. El Estado deberá garantizar y sufragar los gastos de transporte necesarios, para que las víctimas que se encuentran en Guatemala puedan asistir al acto de reconocimiento.
C.2.3. Centro de Salud
Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado la construcción de un Centro de Salud en la Comunidad con integración de la cosmovisión maya, con capacidad, equipo y mantenimiento para cubrir todas las necesidades de los miembros de la Comunidad.
El Estado no realizó una diferenciación entre la medida de rehabilitación solicitada por la Comisión (supra párr. 153) y la presente medida de satisfacción solicitada por los representantes. En este sentido, la Corte tiene en consideración los argumentos estatales sobre atención en salud resumidos con anterioridad. (supra párr. 154).
La Corte considera que, en la victimización del grupo fue determinante su vulnerabilidad social y económica, razón por la cual, como parte de las medidas de reparación, resulta no solo procedente sino necesario, disponer medidas que, al menos, garanticen condiciones de ciudadanía real, con acceso a la salud y comunicación.
Por ello, esta Corte ordena, como medida de satisfacción, el establecimiento, en el plazo de un dos años de un Centro de Salud ubicado en la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, en el cual las víctimas y, en general, los miembros de la Comunidad, tengan acceso a servicios básicos de salud. La atención médica que se brinde deberá ser impartida respetando las prácticas y el uso de medicinas tradicionales. Asimismo, la medida debe cumplirse considerando que, en el mismo sentido que ya fue indicado en otra Sentencia respecto de Guatemala, los programas de salud en pueblos indígenas y tribales deben basarse en la comunidad y ser complementarios de las prácticas curativas tradicionales y comprenderlas14.
C.2.4. Ampliación y asfalto de una carretera
Los representantes solicitaron “la ampliación y asfalto de la carretera que se dirige de la autopista denominada Franja Transversal del Norte hacia el interior de la Comunidad […] que suma […] 5 km de asfalto”.
La Comisión señaló que el Estado reconoció que dicha medida no había sido implementada y se limitó a “tomar nota de dicho planteamiento”.
El Estado indicó que tomaba nota del planteamiento a efecto de poder incluirlo en la programación de obras de la Dirección General de Caminos.
La Corte valora que el Estado haya indicado que puede programar la realización de la obra y, teniendo en cuenta las consideraciones ya expresadas sobre la vulnerabilidad del grupo de personas victimizadas (supra párr. 166), determina, como medida de satisfacción, ordenar a Guatemala que, en el plazo de dos años, amplíe y asfalte la carretera que se dirige de la autopista denominada Franja Transversal del Norte hacia el interior de la Comunidad “Aurora 8 de octubre”.
C.2.5. Visita de la Corte
La Corte considera pertinente hacer notar que, con anuencia del Estado y en consenso con las partes, con posterioridad a que haya transcurrido el plazo de un año para que el Estado presente su primer informe (infra punto resolutivo 15), podrá evaluar la realización de una visita al Estado, incluyendo a la Comunidad, a efectos de evaluar el avance en las medidas ya ordenadas así como, en lo que fuera procedente, de otras medidas dispuestas en la presente Sentencia15.
La Comisión solicitó la creación de programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, como una medida de no repetición. Los representantes adhirieron a esa petición. Además, la Comisión requirió el fortalecimiento de la capacidad institucional para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Asimismo, pidió la adopción de mecanismos eficaces para enfrentar las amenazas y hostigamientos sufridos por los operadores jurídicos, víctimas y testigos en el marco de estas investigaciones. Los representantes reclamaron que la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público sea fortalecida por medio de la integración de al menos cinco personas más de las que hay en la actualidad.
El Estado adujo que, por medio del Ministerio de Defensa Nacional, ya está cumpliendo con programas de formación por medio de la integración de materias en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, uso de la fuerza y armas de fuego, contando desde el 2015 con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja para la instrucción del personal militar en el tema del uso de la fuerza y principios humanitarios16. Por otra parte, en cuanto al fortalecimiento de capacidades institucionales, señaló que se ha generado un mecanismo de coordinación entre el Ministerio Público y COPREDEH, sin interferir en las competencias y autonomía de cada una de las instituciones, que permitirá que se preste especial atención a las investigaciones derivadas de los casos con sentencias ante la Corte. Asimismo, informó que el Ministerio Público tiene programada la apertura de una “Agencia Fiscal” dentro de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno17. Adujo, además, que cuenta con una Ley denominada “Ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal”, la cual señaló que cuenta con su propio reglamento18.
La Corte observa que el Estado remitió documentación relativa a las iniciativas realizadas con el fin de formar a sus fuerzas armadas en temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario19. Además, el Tribunal ya ha ordenado la capacitación en derechos humanos de fuerzas militares en otro caso20. Por ello, la Corte entiende que no es necesario, en este caso, ordenar la medida requerida. Por otra parte, este Tribunal advierte que en el presente caso los órganos judiciales internos llegaron a la determinación de lo sucedido y condenaron a personas responsables. La Corte ha declarado violaciones, en el presente caso, en relación con la falta de adopción de acciones para la aprehensión de personas que el Estado señaló que se encuentran prófugas. No obstante, nota que las medidas solicitadas por la Comisión y los representantes tendientes al fortalecimiento institucional resultan generales, sin que se evidencie su vínculo con la capacidad estatal para efectuar acciones en relación a la ejecución de órdenes de aprehensión. Por ello, no encuentra que las violaciones a derechos humanos determinadas, se relacionen con las medidas requeridas. Por ende, considera que no procede ordenar las medidas tendientes al fortalecimiento institucional solicitadas por la Comisión y los representantes.