Source: https://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/11001-03-25-000-2014-00360-00(1131-14).html
Timestamp: 2019-12-12 06:51:13
Document Index: 399775713

Matched Legal Cases: ['artículo 234', 'artículo 233', 'artículo 236', 'artículo 231', 'artículo 238', 'artículo 278', 'artículo 13', 'artículo 138', 'artículo 29', 'artículo 47', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 275', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 287', 'artículo 7', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 277', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 370', 'artículo 278', 'artículo 7', 'artículo 48', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 48', 'artículo 231', 'artículo 233', 'artículo 25', 'artículo 230', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 52', 'Artículo 1', 'artículo 238', 'artículo 231', 'artículo 278', 'artículo 13', 'artículo 231', 'artículo 29', 'artículo 159', 'artículo 224']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [11001-03-25-000-2014-00360-00(1131-14)]
MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA – Puede adoptarse sin notificación a la otra parte / MEDIDAS CAUTELARES – Se decide en auto separado al admisorio de la demanda / MEDIDAS CAUTELARES – Levantamiento
Sobre la medida cautelar de urgencia se ocupa el artículo 234 ibídem, al disponer que desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para adoptarla, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233. Por ende la medida deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente. La adopción de las medidas cautelares reguladas en el CPACA, a diferencia de lo que estaba previsto en los artículos 154 y 155 del CCA, se hace por el Juez o Magistrado en providencia motivada y separada del auto admisorio de la demanda, en aquellos eventos en los que la solicitud se presenta con la demanda. El auto que decrete una medida cautelar, según el artículo 236 del CPACA, será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. La medida cautelar puede ser levantada, a solicitud del demandado o afectado previa caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente, y modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte (art. 235 ibídem).
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 234 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 233
MEDIDAS CAUTELARES – No suspende su trámite la interposición de recurso contra el auto admisorio
El trámite de las medidas cautelares es independiente a cualquier otro que se adelante dentro del proceso, de tal manera que la adopción de dichas medidas no está condicionada a la admisión de la demanda y/o a la firmeza del auto admisorio. La medida se adopta mediante una providencia motivada, inclusive, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, o en cualquier estado del proceso. Según lo previsto en el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los actos administrativos demandados procederá, i) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda, o ii) en la solicitud que se realice en escrito separado. Luego entonces, la norma permite que la solicitud de suspensión provisional se sustente en el concepto de violación que se exprese en la demanda, sin que ello signifique, que la adopción de dicha medida se condicione por ello, a la ejecutoria del auto admisorio de la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 229 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 233
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE ACTOS DEFINITIVOS SANCIONATORIOS – Es procedente aunque el acto de ejecución pierda eficacia / MEDIDAS CAUTELARES SOBRE ACTOS DE DESTITUCION E INHABILIDAD DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA – Procedencia aunque el acto de ejecución de la sanción pierda eficacia
La decisión administrativa proferida por el señor Presidente de la República en cumplimiento de una sentencia de tutela, comporta la ineficacia jurídica del acto que ejecutó la sanción disciplinaria. No obstante, la solicitud de medida cautelar en el presente recae sobre los actos administrativos sancionatorios, esto es, los actos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los cuales se declaró responsable disciplinariamente al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas disciplinarias gravísimas. Estos actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, y de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad. Y, a pesar de que el acto de ejecución de la destitución, perdió eficacia, los actos definitivos sancionatorios están plenamente vigentes y la medida cautelar de la suspensión es procedente para, de configurarse los supuestos necesarios, suspender los efectos jurídicos de esas decisiones administrativas proferidas por la Procuraduría General de la Nación. La medida de suspensión provisional en el nuevo ordenamiento está conforme a lo previsto en el artículo 238 de la CP. La finalidad de esta medida cautelar, se mantiene, y se contrae a la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo demandado siempre y cuando se configuren los supuestos que establece la ley para su procedencia. De modo que, no le asiste razón a la entidad demandada cuando en el escrito de traslado señala que, la concesión de la medida cautelar de la suspensión provisional implica reversar una situación jurídica consolidada y el restablecimiento del derecho.
MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA - Procedencia para decretar la suspensión provisional cuando la decisión definitiva se hace inocua
El ente de control demandado reprocha al demandante haber demorado en acudir a esta jurisdicción y concluye que “de ninguna manera es posible que se emita una medida de suspensión como de urgencia, ya que a la misma se está acudiendo con fines no de que se conjure una situación apremiante sino de que se realice un juicio previo, con lo cual se estaría haciendo inocua cualquier decisión de fondo dentro del proceso jurisdiccional”. Este argumento puede ser válido desde el punto de vista de la entidad demandada; pero al juez le corresponde igualmente examinar la situación desde el punto de vista del demandante: si la decisión resultare ilegal, para usar el mismo lenguaje de la entidad “se estaría haciendo inocua cualquier decisión de fondo” que le restableciera el derecho reclamado. Es claro en consecuencia para el juzgador, que frente a la decisión de la medida cautelar de suspensión de los efectos de un acto administrativo sancionatorio, ambas partes se encuentran en la misma situación de posible anticipación de la decisión definitiva. Pero ello no puede ser obstáculo para la efectividad de la medida cautelar solicitada, si hay razones para ello; eso explica porqué el Código precisó que “la decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 238
MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA DE SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS – No requiere manifiesta infracción. Carga argumentativa del Juez no constituye prejuzgamiento/ACTOS SANCIONATORIOS DE DESTITUCION E INHABILIDAD DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA – Perjuicio. Imposibilidad de ejercer el mandato y culminar el período
Que la procedencia de la medida surja de la confrontación del acto acusado con las normas invocadas como violadas en el escrito o de las disposiciones invocadas en la demanda. Este requisito se diferencia de lo previsto en el código anterior, que exigía una “manifiesta infracción” para que procediera la suspensión de los actos impugnados. Así, la medida de suspensión requiere del Juez una carga argumentativa que de manera razonada explique los motivos por los cuales estima que el acto contraviene las disposiciones superiores en que debía fundarse y justifica la decisión que de manera preventiva suspende la ejecución del acto administrativo.Esta decisión por expresa disposición legal, “no implica prejuzgamiento”.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 31
SANCION DE DESTITUCION E INHABILIDAD DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA- Perjuicio. Imposibilidad de ejercer el mandato y culminarlo
Los actos administrativos sancionatorios que imponen la destitución e inhabilidad en el ejercicio de cargos públicos al demandante, son actos que conllevan una carga para el accionante y le ocasionan un perjuicio, consistente en la imposibilidad de cumplir el mandato que por voto popular recibió de quienes lo eligieron como Alcalde Mayor de Bogotá para el período 2012-2015. En el caso particular, no es de recibo el argumento que plantea la entidad demandada, en el sentido de que en este caso no se probó el perjuicio causado al accionante y que éste no se puede establecer con el solo hecho del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. Al respecto cabe señalar que el destinatario de la sanción administrativa disciplinaria es un servidor elegido popularmente, quien con ocasión de la destitución e inhabilidad general fue separado de su cargo lo que imposibilita que ejerza el mandato y culmine el período para el cual fue elegido, hecho que por sí mismo comporta la demostración del daño que se requiere como presupuesto para la procedencia de la medida.
ACTOS DE SANCION DE DESTITUCION E INHABILIDAD A ALCALDE MAYOR DE BOGOTA- Vulneración del debido proceso. Competencia de Procurador General de la Nación
En el escrito de sustentación de la solicitud de la medida cautelar se argumenta que los actos administrativos demandados desconocieron el debido proceso porque la entidad demandada al adelantar la investigación no atendió las reglas de competencia directa del Procurador General de la Nación. Sobre el particular se debe señalar que el suscrito reitera la tesis expresada en el salvamento de voto a la sentencia de tutela de 5 de marzo de 2014, en el sentido de que conforme al artículo 278.1 de la C.P., por tratarse de un asunto de “infracción manifiesta” de la Constitución y la ley, era de competencia privativa del Procurador General de la Nación, por lo que se configura el vicio de falta de competencia para expedir el acto sancionatorio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 287 NUMERAL 1
CONFIGURACION DE LA FALTA DISCIPLINARIA – Elementos. Principio de culpabilidad / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION PROVISIONAL DE ACTOS DE DESTITUCION E INHABILIDAD PARA EL EJERCICIO DE CARGOS PUBLICOS DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA – Culpabilidad. Prueba
En materia de derecho sancionatorio disciplinario cobra especial importancia la aplicación del principio de culpabilidad, el cual constituye un supuesto ineludible para la declaratoria de responsabilidad del funcionario. El artículo 13 del Código Disciplinario Único, dispone que "En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa." Este principio, según lo han expresado la doctrina y la jurisprudencia, emana del principio de dignidad del ser humano, que en aplicación de las normas del debido proceso, es un requisito sine qua non para la imposición de la sanción disciplinaria. Así, la conducta para ser sancionable, debe ser imputable al servidor público, lo que quiere decir que, no es posible endilgar la responsabilidad por la sola causación del resultado. Al estar excluida cualquier forma de responsabilidad objetiva, la decisión administrativa sancionatoria debe fundarse en la prueba que demuestre la culpabilidad del servidor público, esto es, que permita imputar plenamente la falta atribuida, a título de “dolo” o de “culpa”. De ahí también la necesidad de motivar cuantitativa y cualitativamente el acto sancionatorio (art. 19 CDU). La sanción disciplinaria debe estar fundada en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso (art. 128 ídem). Y, en desarrollo de los principios constitucionales, la carga de la prueba en materia de derecho sancionatorio disciplinario le corresponde al Estado, lo que quiere decir que, la autoridad que disciplina está en la obligación de demostrar que el servidor actuó con culpa o con dolo, para poder, en ejercicio de sus atribuciones, imponer la respectiva sanción. En el caso concreto, al Alcalde Mayor de Bogotá, en el acto sancionatorio proferido por la Procuraduría General de la Nación, se le imputó la comisión de faltas disciplinarias a título de dolo y culpa gravísima. En criterio del Despacho, no se encuentra plenamente acreditado que el Alcalde Mayor de Bogotá, haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico. A ello debe agregarse que, consecuente con lo anterior, si bien se demostraron a lo largo de la actuación hechos que pueden evidenciar una violación a los deberes que funcionalmente le competían al Alcalde Mayor de Bogotá, para efectos de fijar la sanción atribuida al disciplinado debieron tenerse en cuenta los criterios que la ley ha señalado para determinar la gravedad o levedad de la falta, entre los que cuenta, las modalidades y circunstancias en que la misma se cometió, aspecto que se echa de menos en el acto sancionatorio. Esta circunstancia vulnera el debido proceso administrativo por desconocimiento del principio de proporcionalidad de la sanción.
FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 13 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 19 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 128
Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil catorce (2014).
Radicación número: 11001-03-25-000-2014-00360-00(1131-14)
El señor Gustavo Francisco Petro Urrego, mediante apoderado instauró ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional de los actos administrativos de fechas 9 de diciembre de 2013, proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, dentro del expediente No. IUS 2012-447489 IUC D-2013-661-576188, mediante el cual se declaró responsable disciplinariamente al demandante, y 13 de enero de 2014 expedido por la misma Sala que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de fecha 9 de diciembre de 2013, y que confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años.
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONA
Indica que la suspensión provisional es una medida cautelar prevista en el numeral 3° del citado artículo, que tiene por objeto impedir que se siga causando un perjuicio irremediable al actor en razón del “agotamiento día a día del período constitucional para el cual fui elegido” (fl. 5).
Sustentación del escrito mediante el cual se solicitan las medidas cautelares
1.1 Considera el actor que los actos demandados vulneraron el derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, porque la entidad demandada al adelantar la investigación desconoció las reglas de la competencia directa del Procurador General de la Nación ya que la sanción fue impuesta por un juez distinto al natural
1.2 Expone que la entidad accionada se atribuyó la función de control político (arts. 40 y 239 de la CP) al juzgar las políticas públicas a través del poder disciplinario, ya que dicha función corresponde al Concejo de Bogotá.
1.3 Resalta que la Sala Disciplinaria se atribuyó competencias que no le otorgan la ley ni la Constitución Política, “para asumir la investigación, en única instancia, contra un funcionario aforado de mayor jerarquía que ellos mismos” (fl. 5).
Negó la práctica de pruebas que eran conducentes y pertinentes para demostrar la inocencia del disciplinado y la intervención de un tercero que causó los hechos investigados.
No hizo una valoración integral y congruente de todas las pruebas aportadas al proceso.
Efectuó una adecuación de las conductas en faltas tipificadas en blanco o en tipos abiertos, “sin efectuar el cierre de los mismos en el momento de elevar los cargos y de imponer la sanción” (fl. 6).
Hizo una tasación desproporcionada de la sanción con lo cual desconoció los aspectos que regula el artículo 47 de la Ley 734; adicionalmente impuso una sanción “tasada con el mismo racero para juzgar a su predecesor quien si cometió actos de corrupción y fue sancionado con una simple suspensión” (fl. 6).
Imputó una culpabilidad dolosa frente a conductas calificadas como imprevistas, a las que realmente corresponde una conducta culposa.
Se atribuyó funciones de control jurisdiccional respecto de actos administrativos proferidos por el actor.
Se violó el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, ya que no se aplicó el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
1.5 Agrega en escrito visible a folios 22 a 25 que al nombrarse como Alcalde en encargo, a un Ministro de Gobierno de un partido diferente al del Gobierno Distrital, se violó el principio de autonomía regional, previsto en el artículo 275 de la Constitución Política y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.
1.6 Señala que el Magistrado Ponente en este proceso, en el debate jurídico que se surtió en la acción de tutela del actor que cursó en esta Corporación, fijó una posición clara, en el sentido de considerar que el proceso disciplinario adelantado contra el demandante, es competencia directa del Procurador General de la Nación, por las razones expuestas en el salvamento de voto.
1.7 Expone que se incurrió en otra irregularidad sustancial que también se señaló en los salvamentos de voto de la acción de tutela, consistente en que, el accionante debió ser procesado mediante el proceso verbal y no el ordinario, como efectivamente se hizo.
1.8 Expresa que en los salvamentos de voto, también se indicó que en el trámite disciplinario, se violaron aspectos del debido proceso, como el principio de tipicidad, el derecho de contradicción por negación de las pruebas y la sanción fue desproporcionada.
1.9 Señala que es evidente prima facie, sin necesidad de realizar un estudio de fondo de los actos demandados que la Procuraduría incurrió en violación flagrante del debido proceso en razón a que la sanción no fue impuesta por el juez natural, esto es el Procurador General de la Nación, sino por procuradores delegados, y no se aplicaron las normas del juicio legalmente establecido, el procedimiento verbal.
1.10 Afirma el actor que estos dos aspectos son suficientes para cumplir con los requisitos de procedencia de la suspensión provisional de los actos demandados, fijados por la jurisprudencia de este Despacho y de la Sección Segunda de esta Corporación.
1.11 Resalta que la sanción impuesta, priva al actor de ejercer como Alcalde de los bogotanos y viola su derecho de participar en la conformación política del Distrito, conforme al mandato de sus electores. Concluye que se trata de un perjuicio a un derecho fundamental “que se sigue causando día a día, y que tiene la connotación de ser irreparable, pues se trata de un período constitucional que no es posible reponer” (fl. 25).
Normas violadas y concepto de violación de la demand
El Despacho expondrá en síntesis el acápite de la demanda correspondiente a las normas violadas y al concepto de violación, en razón a que en la solicitud de la suspensión provisional de los actos administrativos demandados, el actor se remite a éstos.
De la Ley 734 de 2002, los artículos 4, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 20, 23, 28, 84, 86, 87, 94, 128, 129, 132, 141 y 142.
Del Decreto Ley 1421 de 1993, los artículos 35, 38, 39 y 163.
De la Ley 142 de 1994, los artículos 5 num. 5.1, 14 num. 14.5, 17, 18 y 40.
Del Decreto 262 de 2000, los artículos 7 (nums. 5 y 21), 9 y 22.
Violación directa de la Constitución Política
1.1 Violación del derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política.
Considera el actor que la competencia para conocer del proceso disciplinario era directamente del Procurador General, pues en el pliego de cargos se invocó el artículo 278 numeral 1 de la Constitución Política, norma que trata los asuntos que son competencia directa de dicho funcionario “y porque de la manera como se tipificó la posible falta de gravísima y dolosa, era indudable que era el Procurador General a quien le correspondía legalmente adelantar el proceso” (fl. 584). Igualmente agrega que el trámite del procedimiento administrativo debió ser el del proceso verbal.
Expresa que la Sala Disciplinaria prejuzgó e impidió la defensa del disciplinado, pues desde el pliego de cargos se advirtió la responsabilidad del actor, lo que afectó el principio de presunción de inocenci, “pues el juicio de responsabilidad definitivo se hace en el fallo” (fl. 586). A efectos de demostrar esta afirmación se citan varios apartes del pliego de condiciones y resalta que “ya el pliego de cargos sentenció que el alcalde de Bogotá había tomado la decisión, sin entrar al debate probatorio y dialéctico que debe cursar en el proceso, sin tener en cuenta órdenes de las autoridades competentes, sin tener en cuenta la versión libre en la que se exponen las causas y los efectos del proceso en forma sistemática y no aislada” (fl. 591).
1.2 Violación de los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política
1.3 Violación de los artículos 277 y 278 de la Constitución Política
Manifiesta el demandante que el artículo 278 numeral 1° señala que es competencia directa del Procurador General de la Nación desvincular del cargo al funcionario público que infrinja de manera manifiesta la Constitución o la ley.
Precisa que la delegación realizada por el Procurador General de la Nación a la Sala Disciplinaria, es indebida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287.1 de la CP.
Adiciona que el Procurador General de la Nación invocó los numerales 21, 22, 23 y 24 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000 para delegar en la Sala disciplinaria la investigación disciplinaria contra el actor. De la misma manera agrega que la competencia del Procurador prevista en el numeral 22 del citado artículo no excluye la aplicación del artículo 278.1 de la CP. Al respecto señala que según la sentencia C-429 de 2001, el Procurador ejerce directamente las funciones previstas en el artículo 278.1 de la CP, y las establecidas en el artículo 277 ídem pueden ser objeto de delegación.
Afirma el accionante que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que los derechos políticos de los ciudadanos solamente pueden limitarse en un proceso penal por un juez competente, de modo que las autoridades administrativas no tienen tal competenci.
Expone el actor que los actos demandados desconocen el Código Disciplinario Único contenido en la Ley 734 de 2002, ya que la “la omisión en el ejercicio de la competencia directa asignada constitucionalmente al Procurador General de la Nación” (fl. 612) viola el principio de titularidad de la acción disciplinaria (arts. 2 y 3 del CDU).
Expone que en materia disciplinaria las faltas sólo son sancionables a título de dolo, pero en el presente caso, aunque el fallador haya considerado que el disciplinado actuó a título de dolo y culpa, estima el accionante que no se tuvo en cuenta la participación de terceros en los hechos materia de investigación
Resalta que en toda actuación disciplinaria se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad y el de presunción de inocencia. De manera que considera el demandante que a la Procuraduría le correspondía probar su responsabilidad y no a él demostrar su inocenci.
Señala el actor que la implementación transitoria del esquema de recolección de basuras buscó el beneficio de la comunidad y de la administración distrital, de modo que la actuación del disciplinado estuvo desprovista del dolo que señala el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, según el cual en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
Adiciona que el Ministerio Público no puede desconocer que según el artículo 370 de la CP que corresponde al Presidente de la República ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.
Expresa que la errada tipificación condujo a la imputación de una falta gravísima, la que “solamente es aplicable a hechos de alta y refinada corrupción … como si se tratara de un delincuente peligrosísimo” (fl. 621).
Explica que la sanción no fue proporcional pues los hechos que originaron la actuación disciplinaria duraron 3 días y la inhabilidad impuesta es de 15 años, pues sólo se tuvo en cuenta lo desfavorable al disciplinado.
Violación del Decreto 262 de 2000
Resalta el accionante que el Decreto 262 de 2000 establece como funciones del Procurador General de la Nación conocer en única instancia de los procesos disciplinarios contra el Alcalde Mayor de Bogotá (art. 7, num. 22); norma que se lee en consonancia con el artículo 278.1 de la Constitución Política, para establecer que el Alcalde es sujeto directo de la acción disciplinaria del Procurador General de la Nación.
Expone que no era competencia de la Procuraduría General de la Nación controlar disciplinariamente una política pública –BASURA CERO- que se orientó a cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional.
Estima que la Sala Disciplinaria se atribuyó la potestad de juzgar la legalidad de los actos administrativos expedidos por el Alcalde para implementar el esquema de recolección de basuras y “la declaratoria de emergencia amarilla que habilitó al Distrito para usar las volquetas que recogieron los desperdicios de la ciudad hasta que se conseguían los vehículos adecuados.” (fl. 631).
TRASLADO DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONA
Finalmente expresa la entidad demandada que como requisito para el decreto de la medida cautelar, cuando se pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios se debe probar al menos sumariamente la existencia de los mismos, y que en el presente caso no se acreditó o probó este requisito, en tanto no se pueden establecer por el sólo hecho del ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la Procuraduría.
Frente a que el proceso disciplinario debió adelantarse directamente por el Procurador General de la Nación, considera que la facultad de delegación del Procurador está prevista en el parágrafo del artículo 7 del Decreto 262 de 2000, el cual dispone que la competencia disciplinaria consagrada en el numeral 22 del citado artículo, relativa a los procesos disciplinarios en única instancia que se adelanten contra el Alcalde Mayor de Bogotá, puede delegarse en la Sala Disciplinaria.
A reglón seguido manifiesta que no puede hablarse de falta de competencia por imposibilidad de delegación, pues la Corte Constitucional en la sentencia C-429 de 2001 consideró que el Decreto Ley 262 de 2000 puede establecer reglas sobre la delegación de funciones “entre las que se encuentra la posibilidad de radicar la competencia de procesos disciplinarios que se adelanten contra el Alcalde Mayor de Bogotá en el Viceprocurador General o en la Sala Disciplinaria” (fl. 163).
Igualmente se destaca que los Procuradores Delegados que integran la Sala Disciplinaria no son funcionarios de menor jerarquía que el Alcalde de Bogotá, pues tienen la misma categoría del Procurador General de la Nación, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU 448 de 2011.
Sobre el tipo de faltas por las cuales fue sancionado el actor (Ley 734, artículo 48 numerales 31, 60 y 37), señala que no corresponden a las previstas en el numeral 1° del artículo 278 de la Constitución Política “lo que se desprende de la lectura de los cargos disciplinarios elevados” (fl. 14), por ende era posible efectuar la delegación de la investigación que se surtió contra el actor, en la Sala Disciplinaria.
En torno al mismo aspecto resalta que si bien existe cierta similitud entre las faltas contenidas en el numeral 1° del artículo 278 de la Constitución Política y las descritas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, según la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 2004 “aquéllas no son más que supuestos particularmente graves de éstas”.
Por otra parte, la jurisprudencia constitucional, en la sentencia SU 712 de 2012 también ha validado la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar servidores de elección popular.
En quinto lugar, respecto de la culpabilidad y su calificación expuso que las faltas imputadas al Alcalde se cometieron a título de dolo y culpa gravísima, en tanto en el proceso disciplinario se demostró que “El señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO conocía los hechos; sabía y quería que las empresas del Distrito asumieran, a como diera lugar, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá” (fl. 178)
Agrega que el artículo 231 ibidem autoriza al demandante para que en la petición de la medida acoja lo expuesto sobre las normas violadas en la demanda.
1.- El Juez o Magistrado Ponente, al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella dentro del término de cinco (5) días. Este plazo correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
2.- Contra el auto que corre traslado de la solicitud de medida cautelar no procede recurso.
3.- El auto que decida sobre las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para pronunciarse sobre ella.
4.- Cuando la medida haya sido negada podrá solicitarse nuevamente, si se han presentado hechos sobrevinientes y se cumplen las condiciones necesarias para su decreto.
La adopción de las medidas cautelares reguladas en el CPACA, a diferencia de lo que estaba previsto en los artículos 154 y 155 del CCA, se hace por el Juez o Magistrado en providencia motivada y separada del auto admisorio de la demanda, en aquellos eventos en los que la solicitud se presenta con la demanda.
La medida cautelar puede ser levantada, a solicitud del demandado o afectado previa caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente, y modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte (art. 235 ibídem).
En el presente caso, la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de reposición contra el auto de diez (10) de abril del año en curso, por medio del cual se admitió la demanda instaurada por el señor Gustavo Francisco Petro Urrego (fls. 683-698 cuad. ppal).
En criterio de la parte recurrente, “el trámite de la medida cautelar en este caso depende de la subsistencia del auto admisorio de la demanda, no sólo porque ese fue el trámite que se le imprimió (art. 233) ante la ausencia de la “urgencia” predicada por la parte demandante, sino porque la misma está sustentada en las normas invocadas como violadas en la demanda cuya admisión se cuestiona”. Y de manera expresa se solicita que “se abstenga de decidir la solicitud de medida cautelar, hasta tanto se subsane la demanda…”.
En este orden de ideas, en el caso concreto, no existe impedimiento procesal para entrar a decidir, en el término previsto en el artículo 233 del CPACA, la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados.
El 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Resolución 5/2004, consideró que "el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014.
El 21 de abril de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil - Restitución de Tierras, falló la acción de tutela interpuesta por el señor Orlando Augusto Verano y concedió el amparó solicitado, en consecuencia ordenó al Presidente de la República que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia debía dejar sin efectos el Decreto 570 del 20 de marzo de 2014 "y en consecuencia, tome las decisiones a que haya lugar para el acatamiento de la medida cautelar 374-13 proferida por la CIDH en la resolución 05 del 18 de marzo de 2014".
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es una medida cautelar prevista en el numeral 3 del artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuya finalidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 229 ibídem es la de “proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,…”.
De acuerdo con el artículo 231, inciso primero, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá i) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda, ii) en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando dicha violación surja i) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violada o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Y, en aquellos casos en los que adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, deberá probarse “al menos sumariamente la existencia de los mismos.”.
Con la solicitud de la medida, el demandante pretende “impedir que se siga causando un perjuicio irremediable, consistente en el agotamiento día a día del período constitucional para el cual fui elegido” (fl. 5 cuad. medidas cautelares).
1.- La medida fue solicitada en escrito separado de la demanda al momento de la presentación de la misma.
El Despacho, al efectuar la valoración de la urgencia de la medida, en armonía con las reglas de procedencia de las medidas cautelares (art. 229) y con la norma sobre su contenido y alcance (art. 230), consideró en providencia de diez (10) de abril del año en curso, que “…tratándose de actos administrativos sancionatorios, que están precedidos de un procedimiento complejo en su motivación y decisión, el juicio que debe formarse el juzgador para examinar los actos demandados y confrontarlos con las normas superiores, no puede producirse exclusivamente con los aspectos que le señala el demandante, sino que se requiere, para su adecuada valoración, contar igualmente con el punto de vista del ente estatal que profirió los actos sancionatorios enjuiciados.”.
2.- La medida cautelar de suspensión provisional se solicitó sobre los actos administrativos sancionatorios contenidos en las decisiones de única instancia proferidas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de fecha 9 de diciembre de 2013, mediante la cual se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, y la de fecha 13 de enero de 2014 , que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior, confirmándola en su integridad.
El acto administrativo de fecha 9 de diciembre de 2013 proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nacion es un acto administrativo definitivo con el que se decide el fondo del asunto (art. 43 CPACA) al constituir el fallo de única instancia dentro del proceso disciplinario (arts. 169A y 170 del CDU).
El Presidente de la República mediante el Decreto 570 de 20 de marzo de 2014 destituyó en el ejercicio del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá., D.C, al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, con el fin de dar cumplimiento al fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013, con número de radicación IUS 2012-447489, IUC D 2013-661-576188, confirmado mediante acto de 13 de enero de 2014. En el mismo acto encargó de las funciones del Despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, al señor RAFAEL PARDO RUEDA, sin separarse de sus funciones como Ministro del Trabajo, mientras se conformaba una terna para proceder a realizar la designación en los términos de la Ley 1475 de 2011, en concordancia con el artículo 52 del Decreto 1421 de 1993.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, Restitución de Tierras, en sentencia de 21 de abril de 2014, al resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Oscar Augusto Verano contra la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, concedió la solicitud de amparo constitucional formulado por el ciudadano en relación con los derechos a elegir y ser elegido y al debido proceso internacional. Y dispuso en la parte resolutiva de la decisión: “ORDENAR al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Dr. JUAN MANUEL SANTOS CALDERON que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, deje sin efectos el Decreto 570 del 20 de marzo de 2014, y en consecuencia, tome las decisiones a que haya lugar para el acatamiento de la medida cautelar 374-13 proferida por la CIDH en la resolución 05 del 18 de marzo de 2014”.
“Artículo 1. Cesación de efectos. En cumplimiento de la Sentencia del 21 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C. Sala Civil- Restitución de Tierras, cesar los efectos de los decretos 570 del 20 de marzo de 2014, mediante el cual se dio cumplimiento a la decisión adoptada por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, haciendo efectiva la sanción de destitución del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y se encargó al doctor Rafael Pardo Rueda con el fin de evitar vacios de poder o de autoridad, y 761 del 21 de abril de 2014 por medio del cual se encargó de las funciones del empleo de Alcalde Mayor de Bogotá D.C., a la señora Maria Mercedes Maldonado Copello,…”.
La medida de suspensión provisional en el nuevo ordenamiento está conforme a lo previsto en el artículo 238 de la CP. La finalidad de esta medida cautelar, se mantiene, y se contrae a la suspensión de los efectos jurídicos del acto administrativo demandado siempre y cuando se configuren los supuestos que establece la ley para su procedencia. De modo que, no le asiste razón a la entidad demandada cuando en el escrito de traslado señala que, la concesión de la medida cautelar de la suspensión provisional implica reversar una situación jurídica consolidada y el restablecimiento del derecho. La medida suspende los efectos que produce el acto administrativo sub judice, pero el restablecimiento del derecho solo deriva de la declaratoria de nulidad del acto que se efectúa en la sentencia. La medida provisional afecta la eficacia del acto, mientras que el restablecimiento del derecho solo es posible si se declara la nulidad del acto demandado, esto es, si se deja sin validez la decisión administrativa.
3.- La causal invocada en la solicitud de suspensión provisional es la de la violación de normas superiores y de las disposiciones señaladas en el “capítulo denominado de las normas violadas y concepto de violación” de la demanda.
4.- Que la procedencia de la medida surja de la confrontación del acto acusado con las normas invocadas como violadas en el escrito o de las disposiciones invocadas en la demanda.
5.- En el caso concreto, además de la declaratoria de nulidad de los actos impugnados, se pretende el restablecimiento del derecho, por lo que para que proceda la medida es necesario “probarse sumariamente” la existencia del perjuicio, de acuerdo con el artículo 231 del CPACA.
Sobre el particular se debe señalar que el suscrito reitera la tesis expresada en el salvamento de voto a la sentencia de tutela de 5 de marzo de 2014, en el sentido de que conforme al artículo 278.1 de la C.P., por tratarse de un asunto de “infracción manifiesta” de la Constitución y la ley, era de competencia privativa del Procurador General de la Nación, por lo que se configura el vicio de falta de competencia para expedir el acto sancionatorio.
No obstante la convicción del suscrito Magistrado ahora ponente de esta decisión, debe señalarse que, el debate sobre la competencia por delegación de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, para expedir los actos administrativos sancionatorios que destituyeron al Alcalde Mayor de Bogotá, ha suscitado controversia al interior de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativ. Lo que significa que es un aspecto que debe ser retomado en la sentencia.
En materia de derecho sancionatorio disciplinario cobra especial importancia la aplicación del principio de culpabilidad, el cual constituye un supuesto ineludible para la declaratoria de responsabilidad del funcionario. El artículo 13 del Código Disciplinario Único, dispone que "En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa." Este principio, según lo han expresado la doctrina y la jurisprudencia, emana del principio de dignidad del ser humano, que en aplicación de las normas del debido proceso, es un requisito sine qua non para la imposición de la sanción disciplinaria. Así, la conducta para ser sancionable, debe ser imputable al servidor público, lo que quiere decir que, no es posible endilgar la responsabilidad por la sola causación del resultado.
Al estar excluida cualquier forma de responsabilidad objetiva, la decisión administrativa sancionatoria debe fundarse en la prueba que demuestre la culpabilidad del servidor público, esto es, que permita imputar plenamente la falta atribuida, a título de “dolo” o de “culpa”. De ahí también la necesidad de motivar cuantitativa y cualitativamente el acto sancionatorio (art. 19 CDU). La sanción disciplinaria debe estar fundada en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso (art. 128 ídem). Y, en desarrollo de los principios constitucionales, la carga de la prueba en materia de derecho sancionatorio disciplinario le corresponde al Estado, lo que quiere decir que, la autoridad que disciplina está en la obligación de demostrar que el servidor actuó con culpa o con dolo, para poder, en ejercicio de sus atribuciones, imponer la respectiva sanción.
“En el presente caso, el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO tenía la capacidad de ser motivado por la norma prohibitiva; conocía los hechos; sabía y quería que las empresas del Distrito asumieran, a como diera lugar, la prestación del servicio público se aseo en la ciudad de Bogotá. Para ello, tuvo la voluntad de actuar de esa manera, aspecto que se evidenció en la determinación sobre el entonces director de la UAESP y los gerentes de la EAAB y la empresa Aguas de Bogotá para que suscribieran los contratos interadministrativos 017 y 809 de 2012, los cuales fueron totalmente irregulares porque ninguna de estas empresas contaba con la experiencia y la capacidad técnica y operativa para prestar el servicio público de aseo en la ciudad capital…”
Así las cosas, la Sala resolverá el caso concreto con fundamento en las siguientes premisas: i) El examen de la culpabilidad del servidor público investigado por la presunta comisión de una falta disciplinaria es un requisito indispensable para la imposición de la sanción; ii) Dicho examen implica verificar si, con su conducta, el investigado vulneró la garantía de función pública que activa la potestad disciplinaria del Estado; iii) La autoridad disciplinaria cuenta con un amplio margen para determinar si la falta se cometió a título de dolo o culpa, dado el sistema de tipos abiertos y de “numerus apertus” que estableció el legislador en materia disciplinaria y; iv) El dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinable conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales.
Las razones aquí expresadas resultan suficientes para decretar la medida cautelar con fundamento en el artículo 231 del CPACA, consistente en la suspensión provisional de los actos administrativos sancionatorios por violación directa del artículo 29 de la C.P., en concordancia con los artículos 13, 18, 19 y 43 del CDU.
Los efectos de la medida cautelar que aquí se decreta se contraen a la imposibilidad de ejecutar el acto sancionatorio hasta que se decida mediante sentencia definitiva sobre la legalidad del mismo. Lo que quiere decir: i) La sanción de destitución no puede hacerse efectiva por el Presidente de la República (art. 172.1 CDU), ii) La sanción de inhabilidad de quince (15) años para ejercer cargos públicos y función pública queda suspendida hasta tanto se profiera sentencia definitiva.
1.- Mediante escrito de 5 de mayo de 2014 remitido por correo electrónico a la Presidencia del Consejo de Estado, el señor Alberto Camacho Cárdenas manifiesta que coadyuva la defensa del Estado y por lo tanto solicita que no se concedan las medidas cautelares solicitadas con la demanda.
De conformidad con lo previsto en el artículo 159 del CPACA, quien pretenda comparecer al proceso como demandante, demandado o interviniente, debe hacerlo por medio de su representante debidamente acreditado. En tratándose de persona natural debe comparecer al proceso por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa (art. 160 inciso primero CPACA). Y, de acuerdo con el artículo 224 idem, cualquier persona que acredite interés directo podrá pedir que se le tenga como coadyuvante en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.- El abogado Carlos Fradique Méndez, en escrito radicado el 9 de mayo del año en curso, solicita que se niegue la suspensión provisional de los efectos del acto demandado, señalando las razones por las cuales considera que esta medida no debe prosperar.
PRIMERO: DECRÉTASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de los siguientes actos administrativos: 1.- Decisión de única instancia proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación de fecha 9 de diciembre de 2013, mediante la cual se impuso sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 15 años al señor Gustavo Francisco Petro Urrego. 2.- Decisión del 13 de enero de 2014 proferida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que resolvió no reponer y en consecuencia confirmar el fallo de única instancia del 9 de diciembre de 2013.
SEGUNDO: OFÍCIESE a la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para que tome nota de la suspensión de la sanción de inhabilidad que recae sobre el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e inhabilidades (SIRI), en los términos y para los efectos de esta providencia.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección dése respuesta al escrito recibido en este Despacho el 5 de mayo de la presente anualidad, indicándosele a quien lo suscribe el trámite dado a la presente actuación.
CUARTO: NIÉGASE la intervención como coadyuvantes de los ciudadanos Alberto Camacho Cárdenas y Carlos Fradique Méndez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: RECONÓCESE personería jurídica al abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño para actuar como apoderado sustituto de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 652 del cuaderno principal del expediente.