Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00093-de-diciembre-6-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f2608938564201b8e0430a01015101b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 18:48:35
Document Index: 44028002

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 44', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 3']

﻿ SENTENCIA 2000-00093 DE DICIEMBRE 6 DE 2013
SENTENCIA 2000-00093 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS OCASIONADOS EN FUNCIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA. LAS PERSONAS QUE EJERCEN FUNCIONES DE ALTO RIESGO RELACIONADAS CON LA DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ESTADO, COMO LOS MILITARES Y LOS AGENTES DE POLICÍA, DEBEN SOPORTAR LOS DAÑOS QUE CONSTITUYA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS INHERENTES A LA MISMA ACTIVIDAD Y QUE SÓLO HABRÁ LUGAR A SU REPARACIÓN INTEGRAL CUANDO LA CAUSA DE LOS MISMOS SEA CONSTITUTIVA DE FALLA EN EL SERVICIO, O CUANDO SE SOMETE AL FUNCIONARIO A UN RIESGO EXCEPCIONAL, DIFERENTE O MAYOR AL QUE DEBAN AFRONTAR SUS DEMÁS COMPAÑEROS. LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO SON LAS QUE DETERMINAN CUALES DEBEN SER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN ADOPTARSE PARA NO EXPONER A LOS AGENTES DE INTELIGENCIA A RIESGOS SUPERIORES A LOS QUE HUBIERAN ASUMIDO DE MANERA VOLUNTARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, FUERZA PÚBLICA, ORDEN PÚBLICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Sentencia 2000-00093 de diciembre 6 de 2013
Exp.: 29.024
Rad.: 180012331000200000093-01
Demandante: Guillermo Palacios Londoño y otros
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada en razón de la mayor de las pretensiones, fue de $80.000.000, que corresponde a la indemnización solicitada por “perjuicios fisiológicos” a favor de la víctima directa del daño, suma que supera la exigida para el efecto por aquella norma(3).
La acción de reparación directa interpuesta es procedente para resolver el conflicto planteado, por cuanto se pretende la indemnización de los daños antijurídicos que se afirma que sufrieron los demandantes como consecuencia de la lesión padecida por el señor Guillermo Palacios Londoño, la cual atribuyen a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, porque se afirma que la entidad incurrió en una omisión que fue determinante en la producción del daño.
Quienes integran la parte demandante, esto es, la víctima directa del daño y su cónyuge están legitimados en la causa, toda vez que alegan haber sido afectados con los hechos que se considera causantes del daño y la demandada es una entidad de derecho público, a la cual se imputa la omisión que se señala que fue determinante en su causación.
1.4. La demanda en el tiempo.
La demanda presentada el 18 de febrero de 2000 lo fue dentro del término previsto en el numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, porque el hecho que se afirma causante del daño, esto es, las lesiones causadas al señor Guillermo palacios Londoño, se produjo el 22 de febrero de 1998.
Con el material probatorio que obra en el expediente, quedaron demostrados los siguientes hechos:
2.1. El 22 de febrero de 1998, el señor Guillermo Palacios Londoño sufrió herida en el parietal izquierdo, causada por arma de fuego, que le generó trauma craneoencefálico severo, según consta en la historia clínica que se le siguió al paciente en las distintas entidades hospitalarias en las cuales se le brindó atención (fl. 5, 11, 30, 35-38 y 41-55 cdno. 1 y 17-23, 56-61 y 65-79 cdno. 2).
2.2. De acuerdo con esa historia, el herido fue llevado al hospital local de Curillo, donde ingresó a las 2:15 p.m. Allí se le brindó atención inmediata que incluyó suministro de líquidos, limpieza y vendaje de herida. En razón de su gravedad, fue remitido al hospital María Inmaculada de Florencia. Su ingreso al servicio de urgencias ocurrió a las 6:26 p.m. del mismo día. De ese hospital fue remitido al Instituto de Seguros Sociales de Neiva (fl. 17-24 cdno. 2). En la última hoja de remisión (fl. 59 cdno. 2), se hizo el siguiente resumen de la situación del paciente:
Paciente de 28 años, remitido del hospital de Curillo por presentar herida por arma de fuego en cráneo, de más o menos cuatro horas de evolución al ingreso, ahora más o menos 9 horas de evolución, sin orificio de salida.
Estado mental: paciente muy grave, Glasgow 10/15, poco colaborador, con palidez mucocutánea generalizada.
Cabeza: Con orificio de entrada en parietal izquierdo, con sangrado activo escaso, se observa material encefálico, a la palpación cabalgamiento de huesos. Pupilas hipo reactivas anisocóricas.
Paciente con pronóstico reservado.
Se remite para manejo por neurología.
Remisión autorizada a las 11:20 p.m. por el doctor Edgar Hitchem, coordinador ISS Florencia, a la clínica ISS de Neiva.
NOTA: los gastos de transporte y médico acompañante y manejo son asumidos por el ISS.
El paciente fue recibido en la clínica Federico Lleras Acosta del Instituto de Seguros Sociales, en Neiva. Su ingreso se produjo a las 10:52 del 23 de febrero de 1998. Fue valorado por neurólogo, quien ordenó práctica de cirugía (fl. 68 cdno. 2). En la hoja de ingreso se hizo la siguiente anotación:
Paciente remitido de Florencia (c), ayer sufrió (14:00) Hx A F [herida por arma de fuego] en región parietal izquierda sin orificio de salida.
Al ingreso, paciente inconsciente que no responde a interrogatorio. Pupilas midriasis izquierda reactiva. Glasgow 915. Cuero cabelludo orificio de entrada proyectil parietal izquierdo, cabalgamiento huesos cráneo.
La intervención que allí se le práctico fue resumida por el perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer reconocimiento médico legal que se le practicó (fl. 69 cdno. 2), en estos términos “se realizó craneotomía en donde se practicó esquirlectomía, evacuación del hematoma intracerebral, plastia de duramadre con injerto de periostio”.
El 17 de julio de 1998 se valoró al paciente en la clínica del Instituto de Seguros Sociales de Neiva (fl. 71 cdno. 2). Para este momento, su estado de salud era el siguiente:
Paciente con diagnóstico de hemiparesia derecha, quien el 22 // 98 sufrió herida por proyectil de arma de fuego en región parietal del cráneo, quien es remitido a fisioterapia por neurología…
E.F.: paciente consciente, desorientado, memoria a largo plazo conservada, memoria a corto plazo alterada, desorientado en tiempo, relativamente orientado en espacio, fuerza muscular disminuida en hemicuerpo, amplitud articular conservada para todos los segmentos corporales.
Equilibrio: Deficiente.
Marcha: torpe, lenta
Sistema propio reticular alterado
Lenguaje: alterado, presenta labilidad emocional frecuente, lenguaje comprensivo y expresivo alterado con bradilabia.
El paciente debe estar en tratamiento integral, en el momento solo recibe fisioterapia intensiva. Se recomienda valoración y tratamiento por fonoaudiología, terapia ocupacional, optometría, continuar control de neurología.
En la tomografía axial computarizada (TAC) que se le practicó el 6 de mayo de 1999 (fl. 75 cdno. 2), se concluyó: “herida por proyectil de arma de fuego con compromiso parietal posterior bilateral, presentando gran zona isquémica y múltiples esquirlas metálicas, con fractura y defecto óseo parietal izquierdo. El proyectil en una zona de mayor densidad metálica se aprecia en el parietal derecha”.
2.3. La lesión sufrida por el señor Palacios Londoño le produjo incapacidad médico legal y varias secuelas, según consta en el acta del reconocimiento médico legal que le fue practicado por el instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fl. 83 cdno. 2):
Basado en el primer reconocimiento médico legal realizado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses regional suroriente Neiva (H), el 06.04.98…, y un concepto neurológico (20.08.98) que en sus apartes consigna: ‘paciente masculino de 28 años de edad, que el 26 de II. 98 sufre herida con arma de fuego, afectando de manera irreversible la vía óptica en área posterior, dejando como secuela permanente una hemianopsia altitudinal. Incapacidad visual permanente. El lesionado refiere que presenta convulsiones por trauma que requiere tratamiento farmacológico permanente. Al examen físico médico legal se encuentra examinado alerta, deambulando con apoyo en bastón, ubicado en las tres esferas (persona, tiempo, lugar); cicatriz antigua alopécica deprimida, no se palpa tejido óseo, de 7x2 centímetros, en región parietal izquierda, depresión, de 6 centímetros de longitud, transversal, en región occipital posterior, hemiparesia derecha moderada; no identifica objetos en la visión inferior; motilidad ocular conservada, en todas las direcciones.
Incapacidad médico legal definitiva: cuarenta y cinco (45) días.
Secuelas: 1. Perturbación del órgano de la visión de carácter permanente. 2. Perturbación funcional del órgano de la locomoción y de la presión de carácter permanente. 3. Perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter permanente…
2.4. Según se concluyó en el dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez (fl. 107-116 cdno. 2), esas secuelas le producen al afectado una pérdida de la capacidad laboral del 76.10%(4)discriminados así:
Criterio Porcentaje Dado por:
Deficiencia 37.00 Deficiencia visual, alteración funciones del cerebro emotivas.
Discapacidad 14.6 Conducta, comunicación, cuidado de la persona, locomoción, disposición del cuerpo, destreza, situación, aptitud pronóstico.
Minusvalía 24.5 Orientación, independencia física, desplazamiento, ocupacional, social, económica, edad
2.5. Para el 22 de febrero de 1998, el señor Guillermo Palacios Londoño era orgánico del cuartel general de la décima segunda brigada del Ejército Nacional. Tenía el grado de adjunto segundo. Su vinculación se había producido desde el 1º de marzo de 1995, según la certificación expedida por el jefe de personal de esa brigada (fl. 12 y 18 cdno. 4), y recibía por su labor un salario de $358.199.23, para el año de 1998.
2.6. En relación con los perjuicios por el señor Palacios Londoño obra en el proceso la prueba testimonial practicado por el a quo a los señores Luis Antonio Ruiz Cicery y Rubiel Caviedes Anturi (fl. 44-48 cdno. 2), quienes manifestaron ser cuñado y compañero de aquél, respectivamente, condición que les permitió tener conocimiento directo del sufrimiento experimentado por la víctima, quien ha permanecido enfermo, a ratos no puede ver y que otros sí pero solo enfoca de frente; mantiene constantemente dolor de cabeza y sufre de depresión permanente, no puede trabajar y tiene además limitaciones para desplazarse.
2.7. El vínculo que unía a la demandante Lilia Ruiz Cicery con el señor Guillermo Palacios Londoño quedó demostrado con el registro civil del matrimonio que estos contrajeron (fl. 88 cdno. 2).
2.8. La demostración del vínculo existente entre las demandantes y el señor Guillermo Palacios Londoño, unida a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquella sufrió por las lesiones padecidas por este.
Deberá decidir la Sala si la lesión padecida por el señor Guillermo Palacios Londoño es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, o si la misma obedeció a la materialización de los riesgos propios del servicio, que la víctima asumió de manera voluntaria.
(sic)3. Análisis de la Sala.
3.1. Como ya se señaló, quedó demostrada en el expediente la existencia del daño aducido en la demanda, esto es, la lesión sufrida por el señor Guillermo Palacios Londoño, que le generó secuelas de carácter permanente que derivaron en la pérdida de su capacidad laboral del 76.10%.
También se demostró que ese daño le fue causado por un tercero, en nexo con la actividad que éste desempeñaba en el Ejército, hecho que aparece acreditado con las siguientes pruebas:
— El informativo administrativo por lesiones rendido por el comandante de la décima-segunda brigada del Ejército Nacional (fl. 16 cdno. 4), en el cual se describió así lo sucedido:
Siendo aproximadamente las 14:00 del 22 de febrero de 1998, en el casco urbano del municipio de Curillo, Caquetá, se encontraba desarrollando actividades de inteligencia el señor B2 Guillermo Palacios Londoño…, fue abordado por un sujeto desconocido, quien le propinó un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza, produciendo fractura del cráneo, sin orificio de salida, fue llevado al hospital de Florencia, donde fue atendido por el especialista y posteriormente remitido al hospital de los Seguros Sociales de Neiva.
— La constancia expedida por el jefe de la unidad seccional de la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito con sede en Belén de los Andaquíes, Caquetá dirigido a la ARP ALFA (fl. 80 cdno. 3):
Que en esta unidad de Fiscalía se adelanta la previa…por el delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, denunciante Lilia Ruiz Cicery, ofendido el señor Guillermo Palacios Londoño…, según hechos ocurridos en el municipio de Curillo (Caquetá), perímetro urbano, para el día 22 de febrero de 1998, aproximadamente a las 14:00 horas, desconociéndose hasta la presente la plena identidad e individualidad de los presuntos autores. Sometido a los respectivos reconocimientos médico-legales, el ofendido Palacios Londoño se le dio una incapacidad definitiva de 45 días y como secuelas perturbación funcional de órganos de la visión de carácter permanente y perturbación síquica secundaria a daño en sistema nervioso central de carácter permanente. Igualmente, se desconocen los móviles para que se hubiera dado ese hecho, pero se tuvo conocimiento de que el ofendido venía prestando sus servicios a la décima segunda brigada de Florencia, Caquetá.
— El testimonio rendido por el señor Luis Antonio Ruiz Cicery (fl. 44-45 cdno. 2), hermano de la señora Lilia Ruiz Cicery, cónyuge del señor Guillermo Palacios, quien aseguró que este fue lesionado por un desconocido, quien ingreso a su residencia y le disparó a la cabeza.
— El formato único de reporte de accidente de trabajo, presentado el 24 de febrero de 1998, a la aseguradora de riesgos profesionales ALFA, en el cual se consignó que el trabajador “fue herido con arma de fuego. Se desconocen, móviles y autores” y que las circunstancias en las cuales se produjo ese hecho fueron las siguientes: “Estando cumpliendo con su labor en la calle fue abordado por un sujeto desconocido, quien le propinó un tiro en la cabeza” (fl. 84-86 cdno. 3).
— El nexo del daño sufrido por el señor Guillermo Palacios Londoño con el servicio que prestaba en la entidad demandada fue reconocido por la misma entidad. En efecto, de acuerdo con el concepto del comandante de la décima segunda brigada del Ejército, la lesión sufrida por el señor Guillermo palacios Londoño ocurrió “en el servicio, por causa y razón del mismo” (fl. 16 cdno. 4).
En estas circunstancias y de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, la lesión padecida por ese servidor público no resulta imputable al Estado, por haber correspondido a la materialización de los riesgos que de manera voluntaria asumió al vincularse al Ejército Nacional como agente de inteligencia.
En efecto, ha considerado la Sala que las personas que ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como los militares y los agentes de policía, deben soportar los daños que constituyan materialización de los riesgos inherentes a la misma actividad y que sólo habrá lugar a su reparación integral cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio(5), o cuando se somete al funcionario a un riesgo excepcional, diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros. En todo caso, el funcionario y quienes hayan sufrido perjuicio con el hecho tendrán derecho a las prestaciones e indemnizaciones previamente establecidas en el ordenamiento jurídico (a forfait)(6) .
5.2. La parte demandante afirma que en este caso el daño es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional porque en la producción del hecho concurrió una falla del servicio, que consistió en ordenarle al agente prestar sus servicios sin haber previsto unas medidas mínimas de seguridad como lo eran el acompañamiento por parte de otros miembros del Ejército o la dotación de armas que hubieran posibilitado su defensa.
Las funciones que le fueron asignadas al agente Guillermo Palacios Londoño, de acuerdo con la certificación expedida el 29 de junio de 1999, por el jefe central de inteligencia de la décima-segunda brigada del Ejército Nacional (fl. 81 cdno. 3), fueron las siguientes:
1. Para efectos de dar una mejor orientación al trabajo de inteligencia le fue asignada el área general de los municipios de Morelia, San José del Fragua, Curillo y belén de los Andaquies.
2. Suministrar información sobre agentes generadores de violencia (Farc).
3. Mantener la disciplina del secreto en el conocimiento de los datos que comprometan la seguridad personal.
4. Reclutar otras fuentes de información.
5. Dar cumplimiento a las misiones asignadas.
6. Buscar el acceso a otros blancos de interés.
7. Mantenimiento de la reserva absoluta.
8. Mantener la retentiva para rendir con exactitud lo conocido y sin deformaciones.
En relación con la vinculación del demandante al Ejército, las funciones que le fueron asignadas, el objetivo que se perseguía con las mismas y la forma como debía presentar sus servicios, declaró el Rubiel Caviedes Anturi. (fl. 46-48 cdno. 2), quien manifestó tener conocimiento de esos hechos porque también se desempeñaba como agente de inteligencia del B2 del Ejército:
Guillermo fue nombrado en los mismos días en los cuales fue también recibido o aceptado el nombramiento mío, como agente de inteligencia del B2. El pertenecía a la brigada 12, oficina del B2 del Ejército y al él le tenían asignada la zona sur, era responsable de cinco municipios, o sea, a nosotros nos asignaban determinados lugares para responder por todo lo que tiene que ver con la parte investigativa de subversión, guerrilla, que se presentara en cada uno de los municipios que se nos asignaban a él le correspondían los municipios de Morelia, Belén, San José, Albania y Curillo y ocasionalmente, cubría Valparaíso y Santiago de la Selva, todos de la zona sur. Cuando él sufrió el atentado yo ya no trabajaba en el B2, pero continuaba colaborándole a Guillermo en la elaboración de los informes para presentarlos en la oficina del B2, cuando el jefe de dependencia los requería. Yo me enteré del atentado porque otro agente de inteligencia me informó que al compañero Guillermo le habían pegado un tiro en Curillo.
En el caso mío, el sitio de residencia era Florencia, pero a Guillermo, para recoger cada uno de esos datos que el superior requería le tocaba desplazarse hasta el sitio en requerimiento, montar una fachada como albañil, como agricultor o según la ocasión se le presentara y permanecer ahí durante el tiempo necesario para lograr la información. A Guillermo se le asignaba el sitio en donde se requería conseguir determinada información. Las órdenes eran coordinadas por parte del director del B2, un coronel, e impartida por el segundo en mando de la misma oficina del B2, un sargento…
Aseguró el testigo que antes de su ingreso al B2 como agente de inteligencia, el señor Guillermo Palacios laboraba como contratista del municipio de Curillo de diferentes veredas, en la construcción de obras públicas, y que sólo había realizado estudios hasta quinto de primaria. Además, que para ejercer sus labores, los agentes de inteligencia del Ejército no recibieron entrenamiento alguno, ni se les dotó de armas para su defensa.
En el caso mío se tuvo (sic) en cuenta labores que venía desempeñando en una compañía de petróleos y estando ahí me contactaron para algunos trabajos de inteligencia dentro de la misma compañía, pero el Ejército no me dio adiestramiento, al igual que a Guillermo, quien tampoco tuvo adiestramiento… Sí sabíamos del riesgo que este trabajo implicaba, pero esperábamos adiestramiento y más seguridad por parte de nuestros jefes inmediatos y de las fuerzas militares para cubrir cada uno de los sitios que ellos nos asignaban… En ningún momento el Ejercitó suministró arma alguna a los agentes de inteligencia que laborábamos en esa época… Una vez se nos daba la orden por parte del comandante del B2, se nos indicaba el sitio y el tipo de información que teníamos que obtener, se nos daba la orden verbalmente, nunca se nos pasó por escrito este tipo de órdenes, más si se nos daba un apoyo en dinero, dependiendo de los días que íbamos a pernoctar y de la distancia del sitio…
Finalmente, manifestó que se enteró por el mismo demandante que este había recibido la orden de desplazarse a Curillo a adelantar labores de inteligencia, por lo cual estaba indagando sobre las condiciones de seguridad que presentaba ese municipio:
Días antes del atentado del señor Guillermo, había ido hasta mi casa para preguntarme como analizaba la situación de seguridad de Curillo, argumentándome de que él en los próximos días le tocaba viajar a esa localidad a permanecer unos días para investigar si había incursión por parte de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, dado que días antes, debido a las labores de inteligencia por parte de Guillermo se había incautado en una vereda cerca al municipio de Curillo material de intendencia perteneciente al Ejército.
Considera la Sala que lo afirmado por el testigo no da cuenta de falla alguna del servicio por parte de la entidad pública demandada. No está demostrado que este hubiera pedido refuerzo para desempeñar su labor, ni hubiera solicitado que se le dotara de arma de fuego. No puede juzgarse a priori que el hecho de que el demandante no fuera acompañado de otros miembros del Ejército o desarmado a realizar labores de inteligencia constituyera una falla del servicio por omisión. No debe perderse de vista que, por su naturaleza, las labores de inteligencia deben desarrollarse de manera oculta o simulada. Serán, entonces las circunstancias particulares del caso las que determinarán cuáles deben ser las medidas de seguridad que deben adoptarse para no exponer a los agentes de inteligencia a riesgos superiores a los que hubieran asumido de manera voluntaria.
En este caso, se considera que no está demostrado que el señor Palacios Londoño hubiera sido sometido a riesgos superiores a los que asumió de manera voluntaria, en consideración al tipo de actividad que ejercía y a aquellos a los que estaban expuestas las personas que desempeñaban idéntica labor. Es decir, no están probados los hechos constitutivos de la falla del servicio que se imputa a la entidad demandada.
Tampoco puede la Sala señalar cuál debió ser el tipo de instrucciones que debía recibir el agente Palacios Londoño para ejercer sus labores, ni da crédito a la versión del señor Rubiel Caviedes Anturi, en tanto afirma que la entidad se abstuvo de brindarles adiestramiento alguno, porque según el mismo testigo lo relató, la entidad les impartía la orden de operaciones y ellos debían presentar informes periódicos, de lo cual infiere la Sala que sí había una relación permanente entre el agente y su superior jerárquico, la cual le permitía no solo coordinar sus labores, sino manifestar sus requerimientos en cuanto a acompañamiento y protección.
En síntesis, de acuerdo con lo probado en el expediente, el daño sufrido por el señor Palacios Londoño fue causado por un tercero, en nexo con los servicios que prestaba el demandante al Ejército Nacional, sin que de ese relato pueda inferirse falla del servicio alguna que hubiera incidido en la materialización del daño. En ese orden de ideas, la lesión padecida por el señor Guillermo Palacios Londoño ocurrió como consecuencia de los riesgos que la víctima había asumido voluntariamente y, por lo tanto, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercitó Nacional no es patrimonialmente responsable del mismo.
5. Se queja el demandante de la nula o deficiente atención que recibe por parte de la ARP y de la entidad demandada y de la omisión de estas entidades de reconocerle su pensión de invalidez.
Al respecto obra en el expediente el oficio remitido por el director de bienestar y disciplinas del Ejército Nacional, con el cual acompañó los reportes que se hicieron a la compañía de aseguramiento de riesgos profesionales ARP ALFA y los comprobantes de los pagos que se efectuaron por el señor Guillermo Palacios Londoño para el año 1998 (fl. 15-48 cdno. 3), documentos con los cuales quedó acreditado que la entidad demandada trasladó a la ARP los riesgos derivados de la prestación del servicio del demandante.
También obra el oficio dirigido el 5 de enero de 2000 por el subdirector de sanidad del Ejército, a la administradora de riesgos profesionales Alfa, en relación con la situación del señor Guillermo Palacios Londoño (fl. 75-76 cdno. 3), con el siguiente contenido:
En respuesta a su oficio… referente al siniestro… correspondiente al afiliado Guillermo Palacios Londoño, me permito remitir los documentos enviados por el comando de la Brigada Nº 12, localizada en la ciudad de Florencia, de donde es orgánico el paciente, y a su vez solicitar a la administradora de riesgos profesionales ALFA tomar contacto con el paciente o su apoderado…, con el fin de facilitarle la atención médica, la junta calificadora de invalidez y la indemnización a que tenga derecho el afiliado, de conformidad con el Decreto 1295 de 1994.
Lo anterior, teniendo como base el diagnóstico del Dr. Gilberto Rincón T., neurólogo de la clínica Isabel de Florencia, por la cual confirma la pérdida de la visión del paciente, epilepsia postraumática, síndrome convulsivo postraumático y otros compromisos de sus funciones.
También en respuesta a su oficio, me permito remitirle la fotocopia refrendada por el médico, correspondiente a la incapacidad permanente del paciente, con el fin de ser reembolsados los dineros respectivos. No se pudo conseguir la original debido a las condiciones del paciente.
Así mismo, me permito informar que de acuerdo con el informe de la Brigada Nº 12, el caso no generó gastos médico asistenciales al Ejército, motivo por el cual no se envía cuenta de cobro, y que todas las atenciones requeridas se hicieron por intermedio de la EPS del ISS a la cual se encuentra afiliado el paciente, y es a esa entidad donde se deben dirigir para solicitar la cuenta correspondiente al accidente de trabajo…
Con el oficio al a quo por la ARP ALFA, el 9 de julio de 2001, se allegaron los soportes de la atención al siniestro (fl. 51 - 101 cdno. 3). Además, se informó que se hallaba en trámite la calificación de la pérdida de la capacidad laboral del demandante, por la Junta Regional de Calificación de invalidez del Huila, para lo cual era necesario practicar valoración al señor Palacios por médicos especialistas en neurología, psiquiatría y oftalmología, a fin de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 9º del Decreto 917 de 1999.
Según oficio de 16 de julio de 1998 dirigido por la corporación de Salud S.A. Consalud S.A., al demandante, le manifestó que en razón a que la administradora de riesgos profesionales no había “determinado la condición de accidente de trabajo por usted sufrido…, nada puede definir o autorizar respecto a su tratamiento, incapacidad o valoración por Medicina Laboral. Ante lo cual nuestra IPS no está facultada para continuar atendiéndolo o prescribiéndole tratamiento o incapacidad alguna” (fl. 33 cdno. 1).
El señor Rubiel Caviedes Anturi (fl. 46-48 cdno. 2), manifestó que el señor Guillermo no recibía pensión, sino solo un sueldo mensual por parte del Ejército de un poco más de $600.000.
Debe advertirse que la atención en salud y seguridad social que se señala en la demanda es ajena a la controversia que ahora se resuelve, relacionada con la responsabilidad patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército nacional, por las pretensiones sufridas por el demandante como consecuencia del ejercicio de su labor. No obstante, no puede la Sala pasar por alto su queja, en tanto compromete la salud y el bienestar de un agente del Estado que en cumplimiento de sus labores sufrió graves daños a su integridad física y sociológica. Por lo tanto, al margen de que la decisión en este caso sea denegatoria de las pretensiones de la demanda y que no se hubiera vinculado al proceso a la ARP Alfa S.A., se insta a esta sociedad para que, de manera urgente, si aún no lo han hecho, defina, y en su caso otorgue, las prestaciones a que tenga derecho el demandante en razón del accidente de trabajo que sufrió, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos”(7).
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, el 27 de mayo de 2004.
2. ÍNSTASE a la ARP ALFA S.A., para que si aún no lo ha hecho, resuelva la situación del demandante. Para tal efecto, se remitirá copia de esta sentencia a esa sociedad.
3. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen».
(3) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción directa en el año 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de 18.850.000.
(4) La parte demandante solicitó que se aclarara el dictamen en cuanto a explicar los términos señalados en el mismo: deficiencia, discapacidad y minusvalía y se rectificara en cuanto a la sumatoria de esos factores (fl. 110-111 cdno. 2). Los peritos aclararon y complementaron el dictamen en estos términos: “Hubo error de transcripción de acuerdo al dictamen 36 de 7 de octubre de 2002, así: deficiencia es de 37.00%; discapacidad de 14.6% y minusvalía de 24.5%, para un total de 76.10% en el documento notificado a las partes a través del H. Tribunal se indicó por discapacidad 11%, cuando realmente es del 14.6%, queda entonces corregido lo que hace relación a este criterio. // El significado de cada uno de los términos empleados, refiriéndose a deficiencia, discapacidad y minusvalía están consagrados en el artículo 9º del Decreto 917 del 28 de mayo de 1999 y se desarrollan a lo largo del mismo decreto o manual único para la calificación de la invalidez”.
(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, exp. 19 900, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 5 de diciembre de 2006, exp. 20.621, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de agosto de 2005, exp. 16.205, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(7) Este decreto fue modificado de manera reciente por la leyes 1438 de 2011, “Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones”, y 1562 de 2012. “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”.
Con el debido respeto por la posición mayoritaria, expongo a continuación las razones por las cuales me aparto de la posición mayoritaria de confirmar la decisión denegatoria del a quo de 27 de mayo de 2004, argumentando que el señor Guillermo Palacios Londoño, agente civil de inteligencia del Ejército Nacional, no demostró que (i) fue sometido “a riesgos superiores a los que asumió de manera voluntaria, en consideración al tipo de actividad que ejercía y a aquellos a los que estaban expuestas las personas que desempeñaban labor” y (iii) pidió infructuosamente armamento, refuerzos y apoyo técnico para garantizar su seguridad y llevar a cabo la misión que tenía asignada en el municipio de Curillo-Caquetá.
En la decisión de la cual me aparto, se puntualizó que (i) la pérdida de la capacidad laboral del 76.10% que padece el señor Palacios Londoño fue causada por un tercero en nexo con el servicio que prestaba en el Ejército Nacional y (ii) no es dable señalar que “tipo de instrucciones debía recibir el agente Palacios Londoño para ejercer sus labores, ni dar crédito a la versión del señor Rubiel Londoño Caviedes Anturi, en tanto afirma que a la entidad se abstuvo de brindarles adiestramiento alguno, porque según el mismo testigo lo relató, la entidad les impartía la orden de operaciones y ellos debían presentar informes periódicos”. De donde se sigue que “habla una relación permanente entre el agente y su superior jerárquico, la cual le permitía no solo coordinar sus labores, sino manifestar sus requerimientos en cuanto acompañamiento y protección”.
La función de inteligencia y contrainteligencia en nuestro país es desarrollada por organismos especializados del orden nacional que cuentan con recursos humanos y técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objeto de (i) proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional y (ii) cumplir los demás fines que se enuncien en la ley(1).
Están autorizados para adelantar funciones de inteligencia y contrainteligencia, las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, organizadas para tal fin, la Unidad de información y Análisis Financiero –UIAF— y los demás entes que autorice la ley(2).
El Ejército Nacional creó la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia-Brigadier General Ricardo Charry Solano para formar y actualizar al personal militar y civil de la fuerza en esa especialidad y así obtener mejores resultados operacionales(3).
Dentro de la terminología de la especialidad aludida, “agente” es “la persona que ha recibido autoridad o instrucciones para obtener o para ayudar en la obtención de informaciones para propósitos de inteligencia o de contrainteligencia”(4).
En este caso, está demostrado que el señor Guillermo palacios Londoño (i) fue vinculado al Ejército Nacional, como adjunto segundo, para desarrollar funciones de agente civil de inteligencia en el “área general de los municipios de Morelia, San José del Fragua, Curillo y Belén de los Andaquies”— Caquetá; (ii) estando en cumplimiento de una misión en el municipio de Curillo, fue herido por un proyectil de arma de fuego en el parietal izquierdo, hecho que generó un trauma craneoencefálico severo y una pérdida de la capacidad laboral del 76.10% y (iii) para adelantar las órdenes que hasta ese momento le habían sido impartidas, no contaba con formación, adiestramiento, dotación y medidas de seguridad mínimas. Última afirmación que fue evidenciada por el también agente de inteligencia Rubiel Caviedes Anturi, en los siguientes términos:
En el caso mío se tuvo (sic) en cuenta labores que venía desempeñando en una compañía de petróleos y estando ahí me contrataron para algunos trabajos de inteligencia dentro de la misma compañía, pero el Ejército no me dio adiestramiento… Si sabíamos del riesgo que este trabajo implicaba, pero esperábamos adiestramiento y más seguridad por parte de nuestros jefes inmediatos y de las fuerzas militares para cubrir cada uno de los sitios que ellos nos asignaban… En ningún momento el Ejército suministró arma alguna a los agentes de inteligencia que laborábamos en esa época… Una vez se nos daba la orden por parte del comandante del B2, se nos indicaba el sitio y el tipo de información que teníamos que obtener, se nos daba la orden verbalmente, nunca se nos pasó por escrito este tipo de órdenes, más si se nos daba un apoyo en dinero, dependiendo de los días que íbamos a pernoctar y de la distancia del sitio.
Días antes del atentado del señor Guillermo, había ido hasta mi casa para preguntarme cómo analizaba la situación de seguridad de Curillo, argumentándome que él en los próximos días le tocaba viajar a esa localidad a permanecer unos días para investigar si había incursión por parte de paramilitares, guerrilla y narcotráfico, dado que días antes, debido a labores de inteligencia por parte de Guillermo se había incautado en una vereda cerca al municipio de Curillo material de intendencia perteneciente al Ejército.
Considero que la línea jurisprudencial utilizada en la sentencia, consiste en que las personas que ejercen funciones de alto riesgo, relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, como militares y agentes de Policía, deben soportar los daños que constituyan la materialización de los riesgos inherentes a su actividad, excepto cuando la causa de los mismos sea constitutiva de falla del servicio o producto de un riesgo excepcional, no se aplica en el sub lite, por cuanto supone que este tipo de servidores, por la continua exposición a la que se ven sometidos, cuentan con la preparación, adiestramiento, dotación y medidas de seguridad mínimas para su protección y para adelantar las misiones que les sean asignadas.
En el sub examine no se puede sostener que el señor Guillermo Palacios Londoño debe soportar la pérdida de la capacidad laboral que padece —76.10%—, porque dada la ausencia de formación y adiestramiento para asumir los riesgos que implica ejercer una labor de inteligencia, no es dable aseverar que el demandante está en el deber de afrontar lo ocurrido, en cuanto como conocía de su eventualidad su vinculación fue voluntaria.
En efecto, de los medios de convicción reseñados en el fallo, se infiere que el actor no recibió preparación y adiestramiento básico para cumplir, de forma segura, puntual y reservada, las funciones de inteligencia que le fueron asignadas, al punto que fue atacado, estando absolutamente inerme y expuesto, en su casa de habitación.
Ahora bien, el hecho de que el demandante no hubiera efectuado requerimientos a la administración, con el fin de obtener refuerzos, dotación y apoyo técnico, para garantizar su seguridad y la de la misión, no exonera a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional de responsabilidad y se explica desde la omisión de este ente de formar a sus agentes civiles de inteligencia, dándoles a conocer las bases de la especialidad y dotándolos de los recursos necesarios.
Así las cosas, probando como está que el señor Guillermo Palacios Londoño no recibió adiestramiento ni fue dotado con los elementos para cumplir la misión encomendada, con la seguridad que su complejidad exige, las pretensiones han debido prosperar, dado que, como quedó explicado, el actor no tiene que soportar un daño que no conocía y ha debido conocer, del que no fue protegido, habiéndolo tenido que ser, en el marco de una actividad que le fue confiada por la entidad demandada, en ejercicio de sus facultades y en razón de las mismas.
En los anteriores términos dejo consignado mi disenso,
(1) Artículo 2º de la Ley Estatutaria 1621 de 17 de abril de 2013. Definición de la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados en esta ley.
(2) Artículo 3º ibídem. Organismos que llevan a cabo la función de inteligencia y contrainteligencia. La función de inteligencia y contrainteligencia es llevada a cabo por las dependencias de las fuerzas militares y la Policía Nacional organizadas por éstas para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y por lo demás organismos que faculte para ello la ley. Estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Todos los organismos que lleven a cabo estas actividades estarán sujetos al cumplimiento de la presente ley de manera integral.
(3) Historia de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia – http://www.esici.edu.co/?idcategoria=21746-y Proyecto de Ley 250 de 2009 Senado. “Mediante Disposición 20 de 2 de noviembre de 1964, se crea la Escuela de Inteligencia (…). El interés por perfeccionar cada vez más al hombre de inteligencia y en procura de obtener mejores resultados operacionales, llevaron a la Escuela de Inteligencia a la realización del primer curso de agentes especializados en inteligencia, conformado por 21 suboficiales del Ejército Nacional, hecho que viene repitiéndose incansablemente, desde el 4 de marzo de 1966 (…). Entre el 22 de agosto y el 23 de diciembre de 1975, siendo Comandante del Batallón de Inteligencia el señor Teniente Coronel Hernando Camilo Zúñiga Chaparro e Inspector de Estudios el señor Mayor Hernán Torres Barrera, se desarrolla el primer curso de agentes de inteligencia para el personal civil al servicio de las Fuerzas Militares, buscando ampliar las redes de inteligencia con personal especializado en la búsqueda de información, hecho que indica la importancia de la comunidad en la producción de inteligencia y de su participación en la construcción de Nación. Es a partir de este momento cuando el Gobierno Nacional, observa los beneficios de la integración Nacional y se armoniza articuladamente con el contexto mundial a través de su Agencia de Inteligencia Militar (…) Toda la exitosa actividad se ve resaltada mediante Resolución 612 de 1985, en la cual son aprobadas las Disposiciones 002 del 24 de enero de 1985 del Comando del Ejército y 003 del 1º de febrero de 1985 del Comando General de las Fuerzas Militares, por medio de las cuales se crea el Batallón Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, en homenaje a este gran hombre artífice de la inteligencia operativa del Ejército Nacional” (negrita fuera del texto).
(4) Glosario del Ejército Nacional. www.ejercito.mil.vo/?idcategoria=211740.