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Timestamp: 2019-07-17 09:18:31
Document Index: 345669873

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Sala III TS. Error Judicial. Inexistencia subjetiva. Cambio de doctrina. Prisión preventiva. Necesidad de acudir a vía 293.1 LOPJ : Law Center Social - David Padrón - Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Sala III TS. Error Judicial. Inexistencia subjetiva. Cambio de doctrina. Prisión preventiva....
Fecha Sentencia Sala III: 11/07/2011
ASUNTO: Jurisprudencia Sala 3ª sobre error judicial. Prisión preventiva. Arts. 293 y 294 Ley Orgánica del Poder Judicial.
TERCERO.- Con independencia de la irregularidad que supone la no invocación del apartado del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional a cuyo amparo se formula el motivo de casación que nos ocupa, y superando este obstáculo para la viabilidad procesal del motivo, entendiéndolo ubicado en el artículo 88.1.d) de la Ley de esta Jurisdicción, el recurso no puede prosperar.
El recurrente articula el presente recurso de casación en base exclusivamente al perjuicio derivado de la prisión preventiva sufrida.
Esta Sala ha puesto de manifiesto de forma reiterada, por todas Sentencia de 23 de noviembre de 2010, casación 4288/2006, que el artículo 294 de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio contempla un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo exigida con carácter general en el artículo 293 de la LOPJ, configurando un título de imputación de responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia, consistente en la apreciación de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, que el legislador entiende que se revela cuando la resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se produce "por inexistencia del hecho imputado" y no de manera genérica o en todo caso de absolución o sobreseimiento libre.
A ello debe añadirse que para apreciar la existencia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia se requiere además del ejercicio de la acción en plazo y de la existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente producido por un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, con la concurrencia de la oportuna relación de causalidad, que el daño no sea consecuencia de una decisión judicial errónea, esto es, que no derive de un pronunciamiento emitido por un Juez o Magistrado en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, ya que en este caso, con la excepción del supuesto de prisión seguida de pronunciamiento judicial absolutorio, el derecho a la reclamación se condiciona al expreso reconocimiento del error judicial por los trámites del procedimiento previsto en el artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que en los supuestos en que se aprecien y concurran irregularidades con relevancia en la litis la pretendida responsabilidad no tendrá encaje en el concepto de "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia" y sí, en su caso, en el de "error judicial", (Sentencia de 25 de febrero de 2011, recurso de casación nº 4292/2006).
Del desarrollo del único motivo formulado se desprende que el recurrente sostiene la responsabilidad patrimonial de la Administración por la prisión preventiva sufrida, entendiendo el recurrente que “debe estimarse el presente recurso y hacer lugar a la reclamación por los daños y perjuicios causados a Azmi Kenan por la prisión preventiva indebidamente sufrida durante 3 años 5 meses y 23 días, o sea 1286 días indemnizándole en la cuantía de 253.600.00€ tal como se reclamó: intereses y costas” y ello en base al supuesto de inexistencia del hecho punible incardinable en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios".
La naturaleza del título de imputación expresado, viene determinado por la Jurisprudencia, declarando desde el principio, sentencias de 30 de abril, 4 de diciembre de 1990 y 29 de marzo de 1999, que en tales casos, prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado, se entiende que el propio proceso penal ha evidenciado la existencia del error judicial de suerte que ya no es necesaria otra declaración jurisdiccional en tal sentido. Se trata, por lo tanto, de un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo que se establece con carácter general en el artículo 293 de la LOPJ y ello al entender que el pronunciamiento de absolución o sobreseimiento libre "por inexistencia del hecho imputado", pone de manifiesto un error de alcance suficiente para justificar la indemnización solicitada.
La misma jurisprudencia señala que tal precepto no cubre todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de una sentencia condenatoria sino que sólo cubre algunos supuestos y para los demás ha de acudirse al cauce del art. 293.
Al respecto se entiende amparado en el artículo 294 de la L.O.P.J. el supuesto de inexistencia objetiva del hecho imputado, que abarca no sólo la inexistencia material de los hechos determinantes de la prisión preventiva, sino el supuesto de la absolución o auto de sobreseimiento libre "por inexistencia de la acción típica o, lo que es lo mismo, de hecho delictivo alguno", pues en otro caso "sería tanto como excluir de la indemnización los supuestos en que se hubiese decretado prisión provisional a pesar de no ser los hechos determinantes de la misma constitutivos de infracción punible alguna por no estar tipificados como tales, con lo que se incumpliría la finalidad del precepto, que no es otra que la de amparar a quien con manifiesto error judicial haya sufrido prisión preventiva por hechos que no han existido materialmente o que, de haber existido, no fuesen constitutivos de infracción punible, ya que el significado jurídico de la expresión literal utilizada en dicho precepto: <<inexistencia del hecho imputado>>, no puede ser otro que el de inexistencia de hecho delictivo, pues sólo estos tienen relevancia jurídico penal para ser acusado por ellos y justificar la adopción de la medida cautelar de prisión provisional" (sentencia citada de 29-3-99).
A ello debe añadirse que la jurisprudencia, en una interpretación extensiva del artículo 294 LOPJ, (hasta el cambio de doctrina operado por Sentencia de 23 de noviembre de 2010, casación 4288/2006), ha venido entendiendo comprendidos en el mismo los supuestos de la denominada inexistencia subjetiva, es decir, aquellos en los que concurre la probada falta de participación en los hechos de quien ha sufrido la prisión preventiva, equiparándola a los supuestos anteriores en cuanto pone de manifiesto la falta de relación del sujeto con el hecho imputado del que deriva la adopción de la medida de prisión provisional.
CUARTO.- En el caso de autos, ninguna infracción del artículo 294 LOPJ puede imputarse a la sentencia recurrida que se ha limitado a aplicarlo de acuerdo con la interpretación que del mismo resulta de la jurisprudencia de esta Sala, que tiene declarado (sentencias de 29 de mayo de 1999, 5 de junio de 1999 y 26 de junio de 1999, entre otras), que para decidir si se está ante los supuestos que generan derecho a indemnización por haber sufrido prisión preventiva, según lo establecido por el artículo 294 de la Ley Orgánica de Poder Judicial, se ha de atender al auténtico significado de la resolución pronunciada por la jurisdicción penal, sin que para ello resulten decisivas las expresiones, más o menos acertadas, de la sentencia absolutoria o del auto de sobreseimiento libre, pues es necesario deducirlo del relato de hechos probados y de la valoración de las pruebas realizada por el juez o tribunal penal, ya que sólo de su examen conjunto es posible obtener la conclusión de si se está ante una absolución o auto de sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado (bien por no haber acaecido o por no ser constitutivo de infracción punible) o por ausencia acreditada de participación, o, por el contrario, ante una sentencia absolutoria por falta de pruebas, pues de la concurrencia de uno u otro supuesto, ambos diferenciados en sus requisitos y en su significado jurídico, depende, respectivamente, la existencia o no de responsabilidad.
En el presente caso, la Sentencia de la Sala Segunda de este Tribunal de fecha 14 de septiembre de 2005, estimó parcialmente el recurso de casación por infracción de Ley y quebrantamiento de forma interpuesto y con la misma fecha dictó Sentencia en la que aceptando y reproduciendo los antecedentes de hecho y los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Nacional, añadiendo los de la primera Sentencia dictada por esta Sala Segunda en fecha 29 de diciembre de 2003, no decretó la absolución del ahora recurrente por la probada inexistencia del hecho imputado sino que se dictó la sentencia penal con carácter absolutorio por falta de pruebas, declarando lo siguiente:"El examen de las mencionadas transcripciones no permite establecer la relación de los acusados con el delito objeto de la investigación. Que estos hablaban entre sí es evidente y que las conversaciones transcritas son crípticas resulta de su mera lectura. Ahora bien esa incomprensión de las conversaciones puede resultar de la defectuosa traducción de una conversación o de la deliberada utilización de un lenguaje dirigido a impedir la investigación de los hechos, pero de las mismas no resulta, con la claridad que requiere un pronunciamiento penal condenatorio, la intervención en el hecho delictivo.
... La investigación fue, desde luego, difícil y permite comprobar que los acusados se relacionaban entre sí y que posiblemente el objeto de su actividad fuera el tráfico de drogas, pero faltan elementos que permitan acreditar que esas sospechas que fundamentaron las injerencias en la intimidad se concreten en pruebas de su participación en el hecho. Las conversaciones acotadas en la sentencia, que esta Sala ha examinado en la pieza separada de conversaciones telefónicas, no permiten enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. La traducción de los términos crípticos que emplean los acusados, cuchillos, chicas o coches por cocaína, que el tribunal declara carece de una base probatoria precisa y que el tribunal no llega a explicar el fundamento de esa traducción. Por otra parte, se echa en falta otras actuaciones de acreditación que permitieran enlazar la conducta del condenado Emilio, a quien se intervino la sustancia, con la de los acusados quienes debieron reservarle una habitación en un hotel céntrico de Madrid y que hubiera permitido establecer una relación con la sustancia transportada.
Consecuentemente, procede estimar los recursos formalizados por vulneración del derecho a la presunción de inocencia en relación con el delito contra la salud pública.”
De lo anterior resulta que el motivo por el que la sentencia penal absolvió al ahora recurrente del “delito contra la salud pública y falsedad en documento oficial”, fue la insuficiencia de la prueba que no reunía las exigencias establecidas por la jurisprudencia al objeto de desvirtuar la presunción de inocencia, de suerte que en definitiva, no concurren los requisitos para que surja la existencia del derecho a obtener reparación por vía de lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la jurisprudencia sobre dicho precepto.
QUINTO.- Finalmente, ha de destacarse que, aún en el hipotético caso de que estuviéramos ante un supuesto de la llamada inexistencia subjetiva, el mismo no sería residenciable dentro del ámbito indemnizatorio del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tras el cambio de doctrina operado en esta Sala con las Sentencias de fecha 23 de noviembre de 2010, recursos de casación nº 4288/2006 y 1908/2006, en las que se puso de manifiesto lo siguiente:
“Además de ello y en una interpretación extensiva de dicho precepto, la jurisprudencia viene entendiendo que el mismo ampara el supuesto de la llamada inexistencia subjetiva, que es la que se invoca por el recurrente en este caso, entendida como la probada falta de participación en los hechos de quien ha sufrido la prisión preventiva, que se equipara a los supuestos anteriores en cuanto pone de manifiesto la falta de relación del sujeto con el hecho imputado del que deriva la adopción de la medida de prisión provisional.
Este planteamiento, en la medida que trata de justificar la inexistencia subjetiva en la distinción entre la absolución por falta de pruebas en aplicación de los principios rectores del proceso penal (presunción de inocencia) y la absolución derivada de una constatación o prueba de la no participación en los hechos, identificándose esta última con tal inexistencia subjetiva, se ha puesto en cuestión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya en su sentencia de 25 de abril de 2006, asunto Puig Panella c. España, nº 1483/02, y más claramente en la reciente de 13 de julio de 2010, asunto Tendam c. España, nº 25720/05, que entiende que la desestimación de la pretensión indemnizatoria con el argumento de que la no participación del demandante en los hechos delictivos no había sido suficientemente establecida, sin matizaciones ni reservas, deja planear una duda sobre la inocencia del demandante, y que el razonamiento, operando una distinción entre una absolución por falta de pruebas y una absolución resultante de una constatación de la inexistencia de hechos delictivos, desconoce la absolución previa del acusado, cuya declaración debe ser respetada por toda autoridad judicial, cuales sean los motivos referidos por el juez penal, todo ello teniendo en cuenta que ninguna diferencia cualitativa debe existir entre una sentencia absolutoria por falta de pruebas y una sentencia absolutoria resultante de una constatación de la inocencia de una persona no ofreciendo ninguna duda. Concluye dicho TEDH que con tal planteamiento se ha producido una violación del art. 6.2 del Convenio, que establece el derecho de toda persona a la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad haya sido legalmente declarada.
Pues bien, en estas circunstancias, conforme se dice en sentencia de esta misma fecha, dictada en el recurso de casación nº 4288/2006, se hace preciso revisar ese criterio jurisprudencial sobre la inexistencia subjetiva del hecho y su inclusión entre los supuestos amparados por el art. 294 de la LOPJ, a cuyo efecto no puede perderse de vista que la interpretación y aplicación del indicado precepto ha de mantenerse, en todo caso, dentro de los límites y con el alcance previstos por el legislador, que en modo alguno contempla la indemnización de todos los casos de prisión preventiva que no vaya seguida de sentencia condenatoria, como se ha indicado antes, ni siquiera de todos los casos en los que el proceso termina por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, planteamiento que, por lo demás y según se desprende de las referidas sentencias del TEDH, no supone infracción del art. 6.2 del Convenio, pues, como se indica en las mismas, ni el art. 6.2 ni ninguna otra cláusula del Convenio dan lugar a reparación por una detención provisional en caso de absolución y no exigen a los Estados signatarios contemplar en sus legislaciones el derecho a indemnización por prisión preventiva no seguida de condena.
No cabe, por lo tanto, entender que, atendiendo al criterio sentado por el TEDH en dichas sentencias, basta prescindir de la argumentación acerca de la acreditación de la falta de participación del imputado en los hechos objeto de enjuiciamiento civil, que se refleje en la sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre, y considerar que al margen de ello, producidas tales resoluciones penales surge el derecho a la indemnización al amparo del art. 294 de la LOPJ, pues es claro que no es esa la voluntad del legislador plasmada en el precepto, como se ha puesto de manifiesto en todo momento por la jurisprudencia de esta Sala, ni viene impuesta por otro precepto de derecho interno o del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
No ha de perderse de vista que, como ya hemos indicado al principio, el art. 294 de la LOPJ contempla un supuesto específico de error judicial, que no está sujeto a la previa declaración judicial del mismo exigida con carácter general en el art. 293 de la LOPJ, configurando un título de imputación de responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia, consistente en la apreciación de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, que el legislador entiende que se revela cuando la resolución penal de absolución o sobreseimiento libre se produce "por inexistencia del hecho imputado" y no de manera genérica o en todo caso de absolución o sobreseimiento libre.
Pues bien, siendo clara la improcedencia de una interpretación del precepto como título de imputación de responsabilidad patrimonial en todo supuesto de prisión preventiva seguida de una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre y descartada la posibilidad de argumentar sobre la inexistencia subjetiva, en cuanto ello supone atender a la participación del imputado en la realización del hecho delictivo, poniendo en cuestión, en los términos que indica el TEDH en las citadas sentencias, el derecho a la presunción de inocencia y el respeto debido a la previa declaración absolutoria, que debe ser respetada por toda autoridad judicial, cuales sean los motivos referidos por el juez penal, en esta situación decimos, no se ofrece a la Sala otra solución que abandonar aquella interpretación extensiva del art. 294 de la LOPJ y acudir a una interpretación estricta del mismo, en el sentido literal de sus términos, limitando su ámbito a los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial con apoyo en sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento libre "por inexistencia del hecho imputado", es decir, cuando tal pronunciamiento se produzca porque objetivamente el hecho delictivo ha resultado inexistente, entendida tal inexistencia objetiva en los términos que se han indicado por la jurisprudencia de esta Sala, a la que sustancialmente se ha hecho referencia al principio de este fundamento de derecho, que supone la ausencia del presupuesto de toda imputación, cualesquiera que sean las razones a las que atienda el Juez penal.
Es evidente que con dicho cambio de doctrina quedan fuera del ámbito de responsabilidad patrimonial amparado por el art. 294 de la LOPJ aquellos supuestos de inexistencia subjetiva que hasta ahora venía reconociendo la jurisprudencia anterior, pero ello resulta impuesto por el respeto a la doctrina del TEDH que venimos examinando junto a la mencionada imposibilidad legal de indemnizar siempre que hay absolución. Por otra parte, ello no resulta extraño a los criterios de interpretación normativa si tenemos en cuenta que, como hemos indicado al principio, el tantas veces citado art. 294 LOPJ contiene un supuesto específico de error judicial, que queda excepcionado del régimen general de previa declaración judicial del error establecida en el art. 293 de dicha LOPJ y aparece objetivado por el legislador, frente a la idea de culpa que late en la regulación de la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia en cuando viene referida al funcionamiento anormal de la misma, por lo que una interpretación estricta de sus previsiones se justifica por ese carácter singular del precepto.
Ha de añadirse que ello no supone dejar desprotegidas las situaciones de prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria o sobreseimiento libre, que venían siendo indemnizadas como inexistencia subjetiva al amparo de dicho precepto, sino que con la modificación del criterio jurisprudencial tales reclamaciones han de remitirse a la vía general prevista en el art. 293 de la LOPJ.
Finalmente no podemos dejar de significar, que tal interpretación no es sino una consecuencia de los términos en los que el legislador ha establecido el título de imputación de responsabilidad patrimonial en dicho precepto, que viniendo referido a la existencia de error judicial en la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, no se condiciona a la apreciación directa de dicho error atendiendo a las circunstancias en las que se adoptó la prisión preventiva ni se extiende a todos los supuestos de posterior absolución o sobreseimiento libre sino que se presume o se entiende puesta de manifiesto cuando la resolución que pone fin al proceso supone una declaración de inexistencia del hecho, pero sin que ello implique identificar el error con esta declaración, de manera que sería a través de una modificación legislativa como podría clarificarse y dar otro contenido y alcance a este título de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia previsto en el art. 294 de la LOPJ.
QUINTO.- Desde este planteamiento es clara la inviabilidad de la pretensión indemnizatoria ejercitada por el recurrente al amparo del art. 294 de la LOPJ, que el mismo justifica en la aplicación de la doctrina jurisprudencial que, en una interpretación extensiva del precepto, incluía en su ámbito el supuesto de inexistencia subjetiva del hecho, en los términos antes indicados, criterio jurisprudencial que por las razones que acabamos de exponer no puede seguir manteniéndose, limitándose la indemnización al amparo de dicho precepto a los supuestos de inexistencia objetiva del hecho imputado, que no es este caso, en el que ni siquiera se invoca tal circunstancia como justificación de la reclamación formulada. Lo que necesariamente conduce a la desestimación del motivo de casación invocado, no sin antes reiterar que dicho cambio de criterio jurisprudencial en la interpretación del alcance del art. 294 de la LOPJ, viene impuesto por el respeto al derecho reconocido por el art. 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en los términos que resultan de la indicadas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de su tutela (arts. 19 y 46 del Convenio), que no pueden ser desconocidas por este órgano jurisdiccional en la aplicación e interpretación de la norma invoca por la parte como fundamento de sus pretensiones.””
SEXTO.- La desestimación del motivo invocado lleva a declarar no haber lugar al presente recurso de casación y a la confirmación de la sentencia recurrida, si bien por razones distintas a las expuestas en la misma, que se fundan en una Jurisprudencia superada en los términos que se acaban de exponer. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, entiende la Sala, que respondiendo el resultado del pleito a la aplicación de un criterio jurisprudencial que no pudo tenerse en cuenta por el recurrente, no procede la imposición de las costas al mismo.