Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Bolivia712.04sp.htm
Timestamp: 2017-05-24 00:41:29
Document Index: 119424985

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 46']

Bolivia Petición 712/04 - Renato Ticona Estrada y otros
PETICIÓN 712-04
2. En su respuesta el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible por falta de agotamiento de los recursos internos. 3. Tras analizar la petición y de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30, 37 y concordantes de su Reglamento, la Comisión decidió declarar la admisibilidad de la petición en relación con presuntas violaciones de los artículos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 y 25 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) y los artículos I, III, IV y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En consecuencia, la Comisión decidió notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe Anual.
19. Alega el peticionario que una de las razones por las cuales fue infructuosa la investigación judicial de las violaciones cometidas contra Renato Ticona Estrada fue la falta de tipificación del delito continuado de la desaparición forzada de personas en la legislación penal boliviana. 20. En virtud de los hechos antes reseñados, el peticionario alegó que el Estado Boliviano había incurrido en múltiples violaciones de la Convención Americana: Derecho a la Vida (artículo 4), Derecho a la Integridad Personal (artículo 5), Derecho a la Libertad Personal (artículo 7), Garantías Judiciales (artículo 8) Protección Judicial (artículo 25), Derechos Políticos (artículo 23), Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica (artículo 3) todos estos producto de la detención, sometimiento a actos de tortura, penas crueles y degradantes a Hugo Ticona Estrada y posterior desaparición forzada de Renato Ticona Estrada. Así como también en violaciones a la integridad psíquica y moral y denegación de justicia de Cesar Ticona, Honoria Estrada de Ticona, Hugo Ticona Estrada, Rodo Ticona Estrada y Betzy Ticona Estrada, todos ellos familiares directos de la presunta víctima desaparecida.
21. En cuanto al requisito de agotamiento de los recursos internos, el peticionario invoca las tres causales de excepción contenidas en el articulo 46(2) de la Convención Americana. Alegó para esto, las circunstancias en la que ocurrieron los hechos, la falta de esclarecimiento judicial, así como la carencia en respetar la garantía judicial, y el existente retardo injustificado del proceso. 22. En cuanto a la primera causal de excepción, el peticionario citó lo reseñado por la CIDH en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Bolivia de 1981 en el que se concluía:
[a] la luz de los antecedentes, hechos y consideraciones mencionadas en el presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a la conclusión de que el Gobierno de Bolivia, que asumió el poder el 17 de julio de 1980, ha incurrido en graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estas violaciones afectan (...) (c) [a]l derecho a la libertad personal, por cuanto, sin el cumplimento de requisitos constitucionales y legales tales como la orden de autoridades competentes a la formulación de cargos, centenares de personas han sido detenidas sin ser sometidas a juicio, aunque una parte de ellas ya fue liberada. Y además, porque
los recursos de habeas-corpus y de amparo, garantías judiciales de la mayor importancia para la protección de derechos humanos, no han tenido efectividad.[7]
39. En el presente caso,
las excepciones previstas en el artículo 46(2) ya han sido examinadas por la CIDH al analizar el requisito de agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a), ut supra párrafo 34. En razón de las circunstancias analizadas, la Comisión no requiere examinar nuevamente si se configura dicha excepción. Adicionalmente, tomando en cuenta la fecha de los hechos alegados, la posibilidad de encontrarse frente a una situación de violación continuada de derechos humanos, y la situación de los diversos recursos internos intentados en Bolivia, la Comisión considera que la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimiento y cosa juzgada internacionales
Con relación al la detención de los hermanos Ticona el peticionario indica que en una declaración voluntaria depuesta el 12 de abril de 1984 en la ciudad de Oruro, Erasmo Calvimontes Calvimontes, conscripto del servicio militar en el Regimiento Topater de Oruro en 1980, éste afirmó que el 23 de julio de 1980, junto a otros soldados, se encontraba haciendo guardia en la tranca de Cala Cala bajo órdenes de Melean, Veizaga y Valdivia, cuando por instrucciones superiores detuvieron a los hermanos Hugo y Renato Ticona Estrada. Los hermanos fueron interrogados a golpes y patadas hasta que se desvanecieron casi moribundos. Por otra parte, en su declaración testifical de 5 de febrero de 1985 ante la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos, el ciudadano José Cadima Meza señaló que “[s]iendo Secretario General del Sindicato de COMIBOL fui apresado el 21 de julio de 1980 por fuerzas militares y agentes civiles del DIN y SES,[…].... Durante mi detención me enteré que habían sido detenidos los hermanos Hugo y Renato Ticona, también supe que uno de ellos se encontraba internado en una clínica a consecuencia de la tortura de que había sido objeto, el mismo que posteriormente me enteré que había desaparecido; el otro hermano, según versiones de los otros compañeros de prisión se encontraba detenido. [2] El peticionario indica que al momento de los hechos la clínica URME de Oruro estaba relacionada con los hospitales militares de COSSMIL.
El art. 5 del antiguo CPP vigente al momento de los hechos señala que :
[l]a acción penal es pública ... en los delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público, sin perjuicio de la acusación o denuncia particulares”; asimismo, el art. 8 dispone que “[l]a acción penal pública es irrenunciable cuando se la ejerce por el ministerio público.
El desistimiento o el abandono de la causa por los ofendidos no corta ni interrumpe la acción penal pública”; y el art. 46 señala que “[c]orresponde a los fiscales en lo penal ... promover y ejercitar la acción penal en los delitos de acción pública, sin esperar querella de parte ofendida; vigilar y controlar el desenvolvimiento de los juicios apersonándose en las respectivas oficinas proponiendo las diligencias necesarias para su celeridad y conclusión, constatar las denuncias graves y requerir el enjuiciamiento de jueces o funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.