Source: https://issuu.com/tirantloblanch/docs/58497b598f5dbd8834c80a5c1eb43e25
Timestamp: 2017-07-25 21:56:53
Document Index: 58134487

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 103', 'ARTÍCULO 103', 'ARTÍCULO 103', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo\n15']

1_9788490043752 by Editorial Tirant Lo Blanch - issuu
TERRORISMO, DERECHO
HUMANITARIO Y DERECHO
PENAL INTERNACIONALMANUEL PÉREZ GONZÁLEZ (Director)
ELENA CONDE PÉREZ (Coordinadora)Valencia, 2012Copyright ® 2012
tirant.com).© Manuel Pérez González y otros©	TIRANT LO BLANCH
I.S.B.N.: 978-84-9033-112-5
Presentación.............................................................................................13Una historia interminable: a vueltas con la definición de terrorismo, a
través del enfoque del Derecho Internacional...........................................27Montserrat Abad Castelos	I.	¿EXISTE YA, EN REALIDAD, UNA DEFINICIÓN O, POR EL CONTRARIO, TODAVÍA NO ESTÁ PRESENTE?......................................
II.	¿ES APREHENSIBLE LA DEFINICIÓN DE TERRORISMO?............
III.	¿ES LA DEFINICIÓN IMPRESCINDIBLE O ES INNECESARIA?.....
IV.	¿ES LA DEFINICIÓN REALMENTE GLOBAL?...............................
V.	¿ESTÁ LA DEFINICIÓN PRÓXIMA A POSITIVARSE EN UN CONVENIO GLOBAL CONTRA EL TERRORISMO O AÚN FALTA
TIEMPO?............................................................................................
VI.	CONCLUSIÓN...................................................................................La posibilidad jurídica de considerar incriminados los actos de terror en
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional...............................27
4749Fernando Pignatelli y Meca	I.	LOS ACTOS PREVISTOS COMO CRÍMENES INTERNACIONALES EN EL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL.......................................................................................
1.	Consideraciones generales.............................................................
2.	Crímenes de lesa humanidad.........................................................
3.	Crímenes de guerra.......................................................................
II.	IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE ENTENDER INCRIMINADOS
LOS ACTOS DE TERROR EN EL ESTATUTO DE ROMA................La cuestión de la imputación al Estado por actos terroristas: algunos
casos de la práctica internacional.............................................................49
7389Profa. Elena Conde Pérez	I.	INTRODUCCIÓN: INTENTOS DE DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO..........................................................................
II.	LAS REGLAS GENERALES DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO: APLICACIÓN A LA PRÁCTICA INTERNACIONAL EN MATERIA DE TERRORISMO O LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO...................................................................................90988	Índice1.	Los actos u omisiones de los órganos y agentes del Estado son
actos de los que el Estado es responsable.......................................
A)	El asunto de las entregas extraordinarias: la infracción del Derecho Internacional de los derechos humanos..........................
a)	La responsabilidad del Estado en relación con el hecho de
otro Estado: el caso de las entregas extraordinarias...........
b)	Responsabilidad de las organizaciones internacionales en
relación con hechos de los Estados. La responsabilidad de
la OTAN en el asunto de las entregas extraordinarias.......
B)	El caso de las empresas militares y de seguridad privadas y la
compatibilidad de sus actuaciones con el artículo 5 del Proyecto de la CDI............................................................................
C)	Excesos en la prisión iraquí de Abu Ghraïb.............................
2.	Los actos u omisiones de los particulares son actos atribuibles al
Estado si los particulares son agentes de facto del Estado o actúan
bajo las instrucciones o bajo la dirección y control del Estado......
A)	Comportamientos de particulares que se encuentran bajo la
dirección o control del Estado (artículo 8)...............................
B)	Particulares que actúan como órganos del Estado en casos de
necesidad y movimientos insurreccionales (artículos 9 y 10)...
3.	Los actos u omisiones de los particulares son considerados actos
del Estado si el Estado inequívoca y claramente asume su conducta
como propia..................................................................................
III.	EL ESTADO PUEDE SER RESPONSABLE POR SUS ACTOS U
OMISIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CASTIGO DEL
TERRORISMO INTERNACIONAL: NUEVAS TENDENCIAS EN
RELACIÓN CON LA IMPUTACIÓN AL ESTADO...........................
1.	La negligencia a la hora de prevenir o la simpatía con el terrorismo
como base de la imputación al Estado: ¿es posible dar de sí hasta
ese límite la regla de imputación del artículo 8 del Proyecto?........
2.	Equiparación entre “Estado implicado en un acto terrorista por las
reglas de atribución de responsabilidad” y “Estado que da cobijo,
ampara o no previene los actos terroristas cometidos por grupos
terroristas desde su territorio”, lo que lleva a la posible aplicación
del uso de la fuerza contra esos Estados y a la doctrina de la legítima defensa preventiva.................................................................
IV.	CONCLUSIONES...............................................................................Cuestiones suscitadas por la participación directa de personas civiles en
la acción hostil, dentro del marco de los conflictos armados....................100
130133José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto	I.	LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LAS HOSTILIDADES...............
1.	El principio básico.........................................................................
2.	La noción de “hostilidades”..........................................................133
1389Índice	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	3.	Participación directa frente a participación indirecta.....................
4.	La aportación del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario..........................................................................................
RETOS PLANTEADOS POR LOS CONFLICTOS ARMADOS CONTEMPORÁNEOS...............................................................................
1.	Características de los conflictos armados actuales.........................
2.	El estatuto de los trabajadores civiles de empresas que participan
en un conflicto armado..................................................................
3.	Noción de ataque contra las redes informáticas............................
4.	Lucha contra el terrorismo............................................................
5.	El ejercicio de la legítima defensa individual..................................
APLICACIÓN DE LA NOCIÓN “TOMAR PARTE DIRECTA EN
LAS HOSTILIDADES” EN EL CONFLICTO ISRAELO-PALESTINO......................................................................................................
2.	La sentencia del Tribunal Supremo de Israel de 13 de diciembre de
2006..............................................................................................
EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA..
1.	Los diversos antecedentes doctrinales. La teoría de la “revolving
door”............................................................................................
2.	Las conclusiones de la Reunión de Expertos convocada por el CICR y el Asser Institute sobre “Participación directa en las hostilidades”...........................................................................................
3.	La sentencia del Tribunal Supremo de Israel de 13 de diciembre de
LA NECESIDAD DE VERIFICACIÓN PREVIA AL ATAQUE............
EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD......................................
LA NECESIDAD DE UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE....
CONCLUSIONES...............................................................................El collage de la política antiterrorista de la Unión Europea: una aproximación jurídica........................................................................................140
169173Profa. Dra. Carmela Pérez Bernárdez	I.	INTRODUCCIÓN..............................................................................
II.	UNA MIRADA ATRÁS A LA ACCIÓN DE LA UE EN LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO............................................................
1.	Primeros desarrollos......................................................................
2.	Avances tras el 11 de septiembre de 2001......................................
III.	LA ESTRATEGIA ANTITERRORISTA DE LA UE.............................
1.	La lucha contra las causas del terrorismo......................................
2.	La defensa de los objetivos potenciales del terrorismo...................
3.	La persecución e investigación de los actos terroristas...................
4.	La gestión de las consecuencias de los atentados terroristas y la
protección de las víctimas..............................................................173
ÍndiceIV.	EL TRATADO DE LISBOA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.....................................................................
V.	CONSIDERACIONES FINALES........................................................215
221Sanciones individuales del Consejo de Seguridad, artículo 103 de la
Carta de las Naciones Unidas y relaciones entre sistemas normativos.....227	Pasquale de Sena	I.	OBJETO, PROGRAMA Y FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN...
II.	LAS DECISIONES KADI Y AL BARAKAAT DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UE.............................................................................
III.	LA JURISPRUDENCIA RELEVANTE DEL TRIBUNAL EUROPEO
DE DERECHOS HUMANOS Y LA SENTENCIA KADI DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.............................
1.	De los casos Behrami, Saramati y Beríc…......................................
2.	...a la decisión en apelación del caso Kadi.....................................
IV.	LA JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES SOBRE LA CUESTIÓN DE LAS SANCIONES INDIVIDUALES............
V.	EL ARTÍCULO 103 DE LA CARTA, ENTRE JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL Y JURISPRUDENCIA INTERNA...........................
VI.	CONTINÚA. LA EVOLUCIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 103 DE LA CARTA EN LA JURISPRUDENCIA RELATIVA A SANCIONES INDIVIDUALES, EN PARTICULAR EN SU
EVOLUCIÓN RECIENTE..................................................................La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa
al derecho a la vida en operaciones militares o antiterroristas.................227
250252261Marco Pedrazzi	I.	OBJETIVO DEL ANÁLISIS................................................................
II.	MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA.............................................
III.	LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA FRENTE A LA
AMENAZA TERRORISTA.................................................................
IV.	LOS ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA
EN LA CONDUCCIÓN DE OPERACIONES ANTITERRORISTAS.
V.	LA APLICACIÓN DE ESTOS ESTÁNDARES EN LAS OPERACIONES MILITARES: LOS CASOS TURCOS...........................................
VI.	LOS CASOS RUSOS...........................................................................
VII.	EVALUACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CITADA.........................261
272Índice11Comisiones y tribunales militares y los límites al derecho a un juicio
justo en la lucha contra el terrorismo internacional.................................279Milena Costas Trascasas	I.	INTRODUCCIÓN..............................................................................
II.	EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO: NATURALEZA JURÍDICA Y
CONTENIDO....................................................................................
III.	LA CUESTIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL DERECHO A UN JUICIO JUSTO.........................................................................................
IV.	CONDICIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS TRIBUNALES MILITARES
O ESPECIALES...................................................................................
V.	POSIBILIDAD DE LIMITAR ALGUNOS ASPECTOS RESTRINGIDOS DEL DERECHO A UN JUICIO JUSTO.....................................
VI.	CONCLUSIONES...............................................................................Los límites a la guerra contra el terrorismo: 10 cuestiones que el Tribunal
Supremo de los EEUU ha tenido que responder sobre el trato y enjuiciamiento a los detenidos de Guantánamo...................................................279
314317Ruth Abril Stoffels	I.	LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO ¿ES UN CONFLICTO
ARMADO EN EL SENTIDO JURÍDICO DEL TÉRMINO? EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ TIPO?..................................................
II.	Y III. ¿QUÉ PROTECCIÓN MERECERÁN LAS PERSONAS QUE
EN ELLA PARTICIPEN Y SEAN DETENIDAS? ¿SE LAS PUEDE
MANTENER DETENIDAS INDEFINIDAMENTE?..........................
IV.	LOS DETENIDOS QUE ESTÁN EN LA BASE MILITAR DE GUANTÁNAMO GOZAN DE LOS DERECHOS DE CUALQUIER PERSONA QUE SE ENCUENTRA DETENIDA EN TERRITORIO DE
EEUU..................................................................................................
V.	Y VI. LOS COMBATIENTES ENEMIGOS CAPTURADOS ¿TIENEN DERECHO A QUE SU DETENCIÓN SEA EXAMINADA POR
TRIBUNALES? EN CASO AFIRMATIVO, ¿QUÉ TIPO DE TRIBUNALES?..............................................................................................
VII.	¿SON LAS COMISIONES MILITARES UN MECANISMO LÍCITO
PARA DETERMINAR LA COMISIÓN DE CRÍMENES POR ESTAS
PERSONAS?.......................................................................................
VIII.	¿EXISTEN ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES A LOS TRIBUNALES QUE DETERMINEN EL ESTATUTO DE ESTAS PERSONAS
Y LAS QUE LOS JUZGUEN?.............................................................
IX.	¿SE PUEDE UTILIZAR LA TORTURA PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS DETENIDOS?......................................................320
327332335
ÍndiceX.	¿QUÉ SE DEBE HACER CON LAS PERSONAS QUE SON DECLARADAS INOCENTES O SOBRE LAS QUE NO SE HA INCOADO
UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL, Y CUANDO SE DETERMINA
QUE NO SON UN PELIGRO PARA EL ESTADO PERO QUE NO
PUEDEN SER DEVUELTAS A SUS PAÍSES?.......................................
XI.	CONCLUSIONES...............................................................................350
351Terrorismo y la cooperación penal internacional en las relaciones bilaterales entre España y los Estados Latinoamericanos..................................353	Eduardo Vilariño Pintos	I.	RAZÓN DE SER DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA...........................................................
1.	Razones político-sociales...............................................................
2.	Razones jurídicas..........................................................................
II.	LA COOPERACIÓN PENAL ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
LATINOAMERICANOS.....................................................................
1.	Terrorismo....................................................................................
2.	Asistencia judicial en materia penal...............................................
A)	Ámbito de aplicación..............................................................
B)	Denegación de la asistencia.....................................................
C)	Alcance de la asistencia...........................................................
D)	Ejecución de la asistencia y ley aplicable.................................
E)	Garantía respecto a la comparecencia.....................................
F)	Confidencialidad y limitaciones al empleo de los resultados de
la asistencia.............................................................................
G)	Solución de controversias........................................................
3.	Extradición...................................................................................
4.	Traslado de personas condenadas..................................................
A)	Objeto.....................................................................................
B)	Ámbito de aplicación..............................................................
C)	Requisitos...............................................................................
D)	Solicitud..................................................................................
E)	Decisión sobre el traslado........................................................
F)	Garantías para el traslado.......................................................
G)	Carácter ejecutivo...................................................................353
366Presentación
El fenómeno terrorista, que no es por supuesto nuevo pero que
alcanza en nuestros días proporciones inusitadas, puede ser abordado
en la doctrina desde distintas perspectivas (ética, politológica, sociológica, etc.). En la presente obra, fruto del esfuerzo colectivo de un
grupo de iusinternacionalistas1, se opta, como es lógico, por una perspectiva jurídica de análisis y, en concreto, por una perspectiva jurídico-internacional, sin perjuicio de tomar en consideración elementos y
datos de otras disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales.
Elegida tal perspectiva, es preciso señalar que, dentro del Derecho
internacional, varios enfoques son posibles a la hora de analizar el terrorismo como realidad —realidad criminal— que hay que combatir
mediante la cooperación internacional, sin perjuicio de tener en cuenta las diversas causas, sociales y políticas, generadoras de situaciones
de frustración y descontento generalizado que son el caldo de cultivo
para la propagación de los extremismos militantes2.
Uno de esos enfoques, que no deja de estar presente en algunas de
las contribuciones a esta obra —así, en relación con las cuestiones de
responsabilidad del Estado—, responde a la óptica del ius ad bellum,
esto es, del conjunto de principios y reglas de Derecho internacional	1	2La publicación de la presente obra, que viene precedida por una serie de
reuniones científicas y aportaciones doctrinales de los distintos miembros
del citado grupo, se inscribe en los resultados del proyecto de investigación
SEJ2005-02124/JURI, “Lucha contra el terrorismo, Derecho internacional
humanitario y Derecho penal internacional”, concedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia con cargo al Plan Nacional de I+D+I, y del que es
investigador principal el autor de estas líneas de presentación.
Entre esas causas, los Estados que en el seno de las Naciones Unidas adoptaron por consenso la estrategia mundial contra el terrorismo (resolución
60/288, de 8 de septiembre de 2006, de la AGNU) se refirieron a los conflictos prolongados sin resolver, la ausencia del imperio de la ley, las violaciones
de los derechos humanos, la discriminación por motivos étnicos, nacionales
y religiosos, la exclusión política, la marginación socioeconómica y la falta
de buena gobernanza, y propugnaron actuar sobre ellas a través de medidas
de arreglo pacífico, iniciativas de diálogo, tolerancia y entendimiento entre
civilizaciones, acciones de promoción del desarrollo, etc.14Manuel Pérez Gonzálezrelativos al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. En este
contexto se plantean delicadas cuestiones de licitud de acciones en
principio contrarias a la prohibición del artículo 2.4 de la Carta de
las Naciones Unidas que se pretende justificar en tanto que reacción
legítima contra ataques terroristas considerados como “actos de guerra” o contra comportamientos de Estados que incumplen su deber
de abstenerse de organizar, instigar, ayudar o participar en actos de
terrorismo en otro Estado o de consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a la comisión de dichos actos3.
Otro enfoque es el que se refiere al ius in bello o, más precisamente, al conjunto de principios y reglas de Derecho humanitario aplicables en situaciones de conflicto armado. Si, según se reitera en las
sucesivas resoluciones antiterroristas de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, debe condenarse el terrorismo “en todas sus formas
y manifestaciones”, dondequiera y quienquiera cometa, pues, actos
considerados terroristas, es lógico aplicar con especial contundencia
esa condena a los “actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil” en el contexto de un conflicto armado, sea internacional (artículo 51 del Protocolo I adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949) o interno (art. 13 del Protocolo
II adicional a dichos Convenios). En concreto, varias propuestas de
definición —o al menos de descripción— del terrorismo hechas desde
distintas instancias de las Naciones Unidas4 ponen el énfasis en la
vertiente del terrorismo practicado en un contexto de violencia bélica
o de ocupación, lo que obedece sin duda a la apreciación de que con
harta frecuencia los actos terroristas se perpetran en alguna de aquellas situaciones. En la práctica convencional, el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, de 1999, ya se
4Cfr. Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, de la AGNU.
Así, refiriéndose a actos de violencia dirigidos contra “civiles” o “no combatientes”, el Consejo de Seguridad en su resolución 1566 (2004) de 8 de
octubre de 2004, o el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos
y el cambio en su informe “Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos” elaborado y presentado a fines de 2004 a instancias del Secretario General. Ver Manuel Pérez González, “Derechos humanos y lucha
contra el terrorismo”, Los derechos humanos en la sociedad internacional
del siglo XXI (Concepción Escobar Hernández, dir.), Vol. 1, Colección Escuela Diplomática, Nº 15, 2009, pp. 44-46.Presentación15situaba en esa línea al referirse, además de a los actos constitutivos de
delito comprendidos en otros tratados relativos a modalidades específicas de terrorismo, a “cualquier acto destinado a causar la muerte o
lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no
participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto
armado” [artículo 2.1.b) del Convenio]. Se detecta, pues, en este tipo
de definiciones una preocupación especial por aquella vertiente de la
actividad terrorista conectada a situaciones de conflicto que puedan
requerir la aplicación de reglas del ius in bello. En tales situaciones, la
línea que separa la actividad terrorista de los actos de beligerancia autorizados por el Derecho de los conflictos armados se torna a menudo
imprecisa, y así, en lo que se refiere a la situación de ocupación —una
de las posibles manifestaciones de las guerras asimétricas actuales—,
la calificación como grupo de resistencia o insurgencia, por un lado,
o como grupo terrorista, por otro, según la posición subjetiva adoptada, de aquellos que se enfrentan mediante acciones violentas a las
fuerzas ocupantes, no deja de constituir un factor perturbador, teñido
de coloraciones políticas, a la hora de aplicar a los hechos caracterizaciones jurídicas; de tal manera que las discrepancias generadas
lleguen a inficionar el debate sobre el terrorismo y a revelarse como
una de las causas de que el acercamiento de los Estados a un consenso
sobre lo que haya que entender por terrorismo siga hasta ahora en el
atolladero5.
Un tercer enfoque pone el énfasis en los derechos humanos. Sin duda alguna el componente de los derechos humanos ocupa, o debe ocupar, un lugar central en todo análisis jurídico del fenómeno terrorista
y las medidas para combatir el terrorismo. Por un lado, las actividades
terroristas atacan la esencia de los derechos humanos, socavando las
bases de la sociedad civil pluralista. “Los actos terroristas —ha dicho
el Secretario General de las Naciones Unidas en sus recomendaciones
para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo6— son una
violación del derecho a la vida, la libertad, la seguridad, el bienestar y
el derecho a vivir sin temor”, y en este sentido los Estados “tienen la
6Op. cit., pp. 46-47.
Informe del Secretario General “Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo”, Naciones
Unidas, A/60/825, 27 de abril de 2006; VI, 111.16Manuel Pérez Gonzálezobligación, desde el punto de vista de los derechos humanos, de adoptar y aplicar medidas eficaces para combatir el terrorismo”. Por otro
lado —y esta es, por decirlo así, la otra cara de la moneda—, en la
lucha contra el terrorismo no deben sacrificarse los valores en que se
asienta toda sociedad democrática, lo cual implica que la cooperación
internacional para combatir el terrorismo debe conducirse respetando
el derecho internacional y, en particular, las normas internacionales
relativas a los derechos humanos: “Si transigiéramos con la protección de los derechos humanos —ha señalado también el Secretario
General de las Naciones Unidas7— brindaríamos a los terroristas una
victoria que no pueden lograr por sí solos”, de modo que, “cuando
se cometen abusos contra los derechos humanos como parte de una
campaña de lucha contra el terrorismo, los terroristas aprovechan
esos abusos para movilizar a sus prosélitos y tratar de justificar mejor
sus actuaciones”.
Esa doble vinculación dialéctica del terrorismo con los derechos
humanos explica, según ya tuve ocasión de indicar en otra sede8, tanto
la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y represión de las
actividades terroristas en los planos nacional e internacional en aras
de una acción concertada contra tan terrible lacra, como la necesidad
de fijar límites a esas medidas a fin de que la disuasión y la interdicción no pongan en riesgo los valores propios del Estado de Derecho,
uno de cuyos aspectos inherentes es el respeto de los derechos humanos. En tal sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas9 ha
hecho hincapié en que “las medidas eficaces contra el terrorismo y la
protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos,
sino que se complementan y refuerzan mutuamente”.
Entre las medidas que, respetando los derechos humanos, deben
adoptar los Estados en el marco de una estrategia mundial contra el
terrorismo, se cuentan, además de aquéllas orientadas a hacer frente a las condiciones que conducen a su propagación, una variedad
de ellas situadas en el doble plano de la prevención y la represión:
abstenerse de organizar, instigar, facilitar, financiar, alentar o tolerar	9
8Informe citado, VI, 113.
Op. cit. supra en nota (4), p. 40.
En su resolución 60/288 citada supra en nota 2.Presentación17actividades terroristas o participar en ellas, y asegurar que sus respectivos territorios no se utilicen para preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus ciudadanos; cooperar entre sí con
el fin de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia,
según el principio aut dedere aut iudicare, a toda persona que apoye
o facilite la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, participe o trate de participar en ellos, o proporcione
refugio con tal fin; intensificar la coordinación o cooperación en la
lucha contra los delitos que pueden guardar relación con el terrorismo, como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas y el blanqueo
de capitales; asegurarse, antes de conceder asilo, de que el solicitante
no haya participado en actividades terroristas, y velar por que el estatuto de refugiado no sea utilizado en su provecho por los terroristas
y por que no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas
como causa para denegar las solicitudes de extradición de personas
acusadas de terrorismo; estudiar formas de coordinar las actividades
de lucha contra el terrorismo en Internet; intensificar las actividades a
nivel nacional y la cooperación internacional para mejorar los controles fronterizos y aduaneros a fin de prevenir y detectar la circulación
de terroristas y el tráfico de armas y otros materiales que pueden ser
utilizados en acciones terroristas; negar a los terroristas la posibilidad
de viajar, entre otras cosas reforzando las medidas sobre la seguridad
del transporte, incluida la seguridad de la producción y expedición de
documentos de identidad y de viaje; establecer procedimientos apropiados para incluir a personas y entidades en las listas de sanciones
contra los terroristas o retirarlas de ellas o acordar exenciones por
razones humanitarias10.
En la práctica, la aplicación de algunas de esas medidas o de algunos aspectos de ellas puede afectar de manera especial al disfrute de
ciertos derechos y libertades individuales, lo que plantea la necesidad
de que, al llevarlas a cabo, los Estados cumplan escrupulosamente
con las obligaciones que les impone el Derecho internacional a través,
sobre todo, de las normas internacionales de derechos humanos. “La
defensa y protección de los derechos humanos, tanto los de los presuntos terroristas como los de las víctimas del terrorismo y los afecta-	10“Plan de Acción” incorporado en la resolución 60/288.18Manuel Pérez Gonzálezdos por sus consecuencias —dice el Secretario general de las Naciones
Unidas11—, es un elemento esencial de cualquier estrategia mundial
de lucha contra el terrorismo. Sólo respetando y reafirmando los derechos humanos de todas las personas podrán dar fruto los esfuerzos
de la comunidad internacional para combatir esta lacra.” Una buena
gobernanza a este respecto supone la erradicación de malas prácticas
consistentes en la negación o la restricción excesiva y arbitraria de derechos. Entre los derechos susceptibles de ser afectados en el curso de
la lucha antiterrorista, ocupa un lugar destacado el derecho al debido
proceso y a un juicio justo, relacionado a su vez con otros, previos a
la activación de los mecanismos procesales, como los relativos a las
condiciones de detención o a la práctica de interrogatorios.
Ello afecta de una manera u otra a los dos planos, estatal e individual, de la responsabilidad jurídica, e incluso incide en la delicada
cuestión, suscitada en relación con asuntos referentes a sanciones individuales contra personas tachadas de terroristas, de las relaciones
entre sistemas normativos internacionales (Naciones Unidas, Unión
Europea, Consejo de Europa), cuestión ésta tratada con singular maestría por Pasquale De Sena en su contribución a este libro colectivo.
Una definición de terrorismo sobre la que se concite un consenso
general de los Estados puede considerarse como una cuestión previa
en la lucha antiterrorista. En su aportación al libro aquí presentado,
Montserrat Abad plantea una serie de interrogantes, entre ellos, si esa
definición ya existe (siquiera en aspectos parciales), si es aprehensible
y necesaria, si debe ser global y, en caso de que todavía no pueda darse
por existente, si está próxima a positivarse en un convenio global contra el terrorismo. En relación con este punto, la autora sigue la pista
a las discusiones que vienen desarrollándose en el seno del comité
especial de las Naciones Unidas encargado de preparar un proyecto
de convenio al respecto, analizando críticamente las propuestas del
“paquete Telalian” presentado en 2007 en dicho comité, y concluyendo, inter alia, que si el futuro convenio global llegara a excluir de su
ámbito de aplicación a los actos cometidos por las Fuerzas Armadas
de los Estados en una situación de conflicto armado pero no a los mismos actos cuando sean cometidos por actores no estatales que gocen	11Informe citado supra en nota 6, VI, 118.Presentación19de un estatuto jurídico de parte en el conflicto de conformidad con el
Derecho internacional humanitario, ya no respondería materialmente
a las exigencias de una definición global y comprensiva.
En relación con esta cuestión definitoria, cabe plantearse hasta qué
punto los desarrollos institucionales en materia de responsabilidad
penal individual pueden contribuir a la tipificación de ciertas prácticas terroristas al amparo de otras figuras penales, aportando a su
vez elementos válidos para una definición consensuada de terrorismo.
En concreto, Fernando Pignatelli se plantea la cuestión de si es jurídicamente posible considerar incriminados los actos de terror como
crímenes de lesa humanidad o como crímenes de guerra en el Estatuto
de la Corte Penal Internacional, dando una respuesta negativa con
base en el principio de legalidad y en la prohibición de la analogía,
que “no permiten entender incriminado el terrorismo en el Estatuto
de Roma”; lo que, en opinión del propio autor, no será obstáculo
para que aquellos actos de terror que reúnan las condiciones exigidas
para ello, especialmente que la acción típica coincida con algunos de
los actos enunciados en los trece convenios antiterroristas sectoriales
concluidos en el seno de las Naciones Unidas, puedan incardinarse
en determinados crímenes de lesa humanidad o de guerra, si bien sin
sustantividad propia como crímenes de terrorismo.
En un análisis jurídico sobre el terrorismo como fenómeno que hay
que combatir dentro de los límites que impone el Derecho cobra especial significación el tema de la responsabilidad del Estado. A él dedica
Elena Conde unas ponderadas reflexiones que se sustentan en la base
teórica proporcionada por los trabajos de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y, específicamente, por las reglas de atribución de
un comportamiento al Estado recogidas en su proyecto de artículos
de 2001. Con tal presupuesto, la autora estudia, basándose en casos de la práctica reciente (Afganistán, Irak, entregas extraordinarias,
abusos en centros de detención, actividades de empresas militares y de
seguridad privadas, etc.), distintos aspectos de la posible atribución
del hecho ilícito al Estado en relación con actividades terroristas o en
la lucha contra el terrorismo: la responsabilidad derivada en su caso
del uso de la fuerza en respuesta a actividades terroristas, la responsabilidad resultante de la vulneración de normas internacionales de
derechos humanos o de Derecho humanitario en el contexto de polí-20Manuel Pérez Gonzálezticas o campañas antiterroristas, la responsabilidad por operaciones
terroristas desarrolladas por particulares pero atribuibles al Estado, la
responsabilidad como consecuencia del incumplimiento del deber de
prevención o de obligaciones impuestas a los Estados en materia de
Un delicado problema que se presenta en el contexto de muchos
conflictos armados actuales —sobre todo las llamadas “guerras asimétricas”— es el de la distinción entre quienes gozan del estatuto de
combatiente y aquéllos que empuñan las armas sin tener derecho a
ello según las leyes de la guerra, hasta el punto de llegar a aplicárseles
a éstos el calificativo de combatientes ilegítimos o, más suavemente,
“no privilegiados”, un tertium genus no admitido en principio por el
Derecho internacional humanitario. Teniendo en cuenta la delgada
línea roja que en la práctica separa a veces a los grupos de liberación o de resistencia de los grupos terroristas que en un contexto
bélico o de ocupación practican la violencia extrema, es constatable
una cierta tendencia a colgar la etiqueta de terrorista a los civiles que,
en una situación de conflicto armado, participan directamente en las
hostilidades. Precisamente a las cuestiones suscitadas en torno a la
participación “directa” o “activa” —términos similares según la jurisprudencia del Tribunal penal internacional para Ruanda en el caso
Akayesu— en la acción hostil dedica unas atinadas consideraciones
José Luis Rodríguez-Villasante, a partir de una clarificación conceptual que le lleva a distinguir entre participación directa e indirecta,
entre participación en las hostilidades y realización de actos perjudiciales para el enemigo, etc., y a precisar el alcance del propio término
“hostilidades”, planteándose en este punto cuestiones como la de si
el mismo comprende inter alia la preparación para el combate y el repliegue desde el lugar del combate. En su análisis, el autor se hace eco
de los desafíos o retos que para la aplicación del Derecho internacional humanitario presentan los nuevos métodos de conducción de las
hostilidades en los conflictos armados actuales, centrando su atención
en aspectos como el estatuto de los trabajadores civiles de empresas
que participan en un conflicto armado, los ataques contra las redes
informáticas o la reacción mediante el uso de la fuerza contra actores
no estatales en el marco de la mal llamada “guerra contra el terrorismo”. Un caso ilustrativo de la aplicación de la noción “participación
directa en las hostilidades” lo representa el conflicto israelo-palestino,Presentación21examinado por el autor a partir de una consideración crítica de la sentencia de la Corte Suprema de Israel de 13 de diciembre de 2006 sobre
los targeted killings. En sus conclusiones, el autor destaca que, aunque
el Derecho internacional humanitario permite la muerte no pérfida
de los combatientes y de las personas civiles que toman parte en la
acción hostil (y durante todo el tiempo en que sigan tomando parte),
el Derecho internacional de los derechos humanos complementa estas normas prohibiendo la muerte arbitraria de las personas civiles,
puesto que hay que respetar los principios de proporcionalidad y de
necesidad así como realizar una verificación e investigación efectivas.
Un instrumento básico en la lucha contra el terrorismo a nivel
internacional es la cooperación institucionalizada. Diversas organizaciones internacionales, de alcance universal o regional, constituyen
foros apropiados para el desarrollo de acciones concertadas en el doble plano de la prevención y la represión de conductas terroristas.
Una de ellas, y no de importancia menor, es la Unión Europea. Carmela Pérez Bernárdez analiza en su contribución a la presente obra las
iniciativas desarrolladas por esta organización internacional —“una
mirada atrás”— en la lucha contra el terrorismo, sobre todo desde
que a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001
da un vuelco la actuación de la Unión en este terreno adquiriendo una
proyección ad extra, hasta el punto de que, como certifica la autora,
en el actual estadio de su evolución, “no es ya tan aventurado afirmar
que la Unión Europea se encuentra articulando —a modo de collage— una política antiterrorista”, todo lo incipiente que se quiera y
confinada todavía en las técnicas de la cooperación intergubernamental, pero que va experimentando avances a partir de la toma de conciencia colectiva de la importancia del tema, reconocida en el Derecho
originario de la Unión a través de nuevas referencias al terrorismo en
el Tratado de Lisboa y de novedades que de forma directa o indirecta
afectan a la actividad de la Unión en este ámbito (consagración de la
personalidad jurídica internacional de la Unión, mejoras en la protección de los derecho fundamentales, nuevos procedimientos para celebrar acuerdos con terceros, desaparición de la estructura de pilares).
Especial interés adquiere en el discurso de la autora el análisis de la
“Estrategia de la UE de Lucha contra el terrorismo” con sus cuatro
componentes programáticos de prevención, protección, persecución y
respuesta; estrategia en cuyo desarrollo el acervo de la Unión basado22Manuel Pérez Gonzálezen el Estado de Derecho y la protección de los derechos y libertades
fundamentales debe constituir, como subraya la propia autora, “el
fundamento de la labor de la Unión en materia de lucha antiterrorista,
también en su proyección ad extra”.
La actitud de los órganos tutelares de ciertos sistemas internacionales regionales con respecto a la necesidad de acatar las decisiones
de un órgano del sistema universal de las Naciones Unidas como el
Consejo de Seguridad en el marco de la lucha contra el terrorismo
—decretando, por ejemplo, sanciones individuales contra personas
tachadas de terroristas o sospechosas de colaborar con el terrorismo— puede suscitar la delicada cuestión de las relaciones entre los
correspondientes sistemas cuyo telón de fondo es, en definitiva, el de
la valoración de las medidas preventivas o represivas de que se trate a
la luz de las normas que garantizan el disfrute de los derechos humanos. Nuestro colega italiano Pasquale De Sena aborda con maestría
esa delicada cuestión analizando con visión crítica casos de la práctica jurisdiccional —entre ellos el caso Kadi a su paso por el Tribunal
de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia en el seno de la Unión
Europea— en cuyo tratamiento se vislumbran posiciones distintas
(monista o “scelliana” y dualista) sobre las relaciones entre el ordenamiento de las Naciones Unidas, de una parte, y los ordenamientos
comunitario y del Convenio europeo de derechos humanos, de otra.
Va de suyo que, en la lucha antiterrorista, los Estados están obligados a respetar los derechos humanos, entre ellos el más básico de
todos, el derecho a la vida, que no puede ser objeto de derogación ni
siquiera en caso de estado de urgencia, salvo —como dice el artículo
15 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales— “para el caso de muertes resultantes
de actos lícitos de guerra”. Otro caro colega italiano, Marco Pedrazzi,
se refiere en su aportación a esta obra precisamente a la protección
del derecho a la vida en las operaciones antiterroristas a partir de
un examen minucioso de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. El autor, no obstante, indica desde el principio
que su análisis se sitúa en la línea que separa las operaciones antiterroristas sensu stricto y las operaciones de combate calificables
como operaciones “de guerra”. Centra ante todo su atención en los
estándares que el Estado tiene que aplicar en la conducción de operaciones terroristas en sentido propio, refiriéndose, al hilo del caso McPresentación23Cann, a las condiciones de absoluta necesidad del recurso a la fuerza
letal y de proporcionalidad estricta, sobre la base, en este punto, de
una requerida planificación de las correspondientes acciones en modo
de minimizar al máximo el recurso a la fuerza letal. Estos mismos
estándares han sido aplicados también en otras situaciones que no
pueden considerarse como operaciones antiterroristas “normales”, y
el autor se refiere aquí a determinadas operaciones militares de alta intensidad contra grupos de presuntos terroristas situadas en una
“zona gris” a las puertas de una situación de conflicto armado, por
un lado, y a situaciones que sin lugar a dudas alcanzan el umbral de
la guerra civil, por otro lado. Lo que lo lleva a examinar, a la luz de
la jurisprudencia del Tribunal Europeo, los casos turcos, que encajan
en la primera categoría, y los casos rusos, ubicables en la segunda
(conflicto de Chechenia). En relación con estos últimos, y a la hora de
hacer una evaluación de la jurisprudencia que cita, el autor encara el
problema de saber si dicha jurisprudencia, “human-rights-oriented”,
sigue siendo adecuada en aquellas situaciones en las que el uso de la
fuerza —letal en los casos considerados— se sitúa en el ámbito de un
verdadero conflicto armado, considerando que el Derecho que rige en
este ámbito, el Derecho internacional humanitario, tiene sus propios
criterios sobre la cuestión de las privaciones de la vida que no coinciden con los sustentados en el Convenio europeo de derechos humanos y aplicados por el Tribunal de Estrasburgo. Ello lleva al autor a
indagar las razones por las cuales este Tribunal ha decidido no tener
en cuenta en sus decisiones el Derecho internacional humanitario, indicando, con todo, que, aunque formalmente el Tribunal no considere
este Derecho, no lo ignora del todo puesto que, entre otras cosas, se
preocupa por cuestiones como la proporcionalidad en la elección de
medios y métodos de combate o la salvaguardia de la vida de “civiles”. Tras unas interesantes consideraciones sobre las relaciones entre
el Derecho de los Derechos humanos y el derecho humanitario, Marco Pedrazzi culmina su discurso sugiriendo que, en caso de conflicto
entre los parámetros de cada uno de estos dos grandes sectores normativos, tal vez la mejor manera de realizar la armonización sea que
prevalezca, como lex specialis, el sistema que resulte más “competente” en cada situación concreta (situación de combate en el marco de
un enfrentamiento con grupos armados enemigos, situación en queAll pages:34567891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490043752 Published on Jun 22, 2012 MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ (Director) ELENA CONDE PÉREZ (Coordinadora) Valencia, 2012 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de...See MoretirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore