Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/RAP/SUP-RAP-00055-2001.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:47:30
Document Index: 80012031

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 182', 'artículo 269', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 269', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 269', 'artículo 1', 'artículo 269', 'artículo 1', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 269', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 38', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 80', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 41', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 269', 'artículo 14', 'Artículo 11', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 41', 'artículo 1', 'artículo 269', 'artículo 269']

SUP-RAP-055-2001
EXPEDIENTE: SUP-RAP-055/2001
México, Distrito Federal, a veinticinco de octubre de dos mil uno. VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-055/2001, relativo al recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, y
I. El veintiocho de marzo de dos mil uno, el Partido Acción Nacional presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, su informe anual sobre el origen y destino de sus recursos, correspondiente al ejercicio de dos mil.
II. Mediante diversos oficios, durante el periodo de revisión de los informes, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral solicitó al partido político hoy actor presentar diversas aclaraciones o rectificaciones al informe referido en el resultando anterior, a los que el propio actor, a través de la Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, dio las respectivas respuestas.
III. El nueve de agosto del presente año, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral se conoció el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000 y se aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000.
En dicha resolución, en lo que interesa, se expresa lo siguiente:
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2000
VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de los Informes Anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Organizaciones Políticas, correspondientes al ejercicio de 2000, y
I.- Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de septiembre de 1993, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se estableció por primera vez que los partidos políticos debían presentar Informes Anuales y de Campaña sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, además de la obligación de que todo partido político contara con un órgano responsable de la administración de su patrimonio, de sus recursos financieros y de la presentación de los referidos informes.
II.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1994, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estableció y aprobó, a propuesta de la Comisión de Consejeros magistrados integrada al efecto, los Lineamientos para los Informes Anuales y de Campaña que debían presentar los partidos políticos a dicha Comisión, así como los formatos e instructivos anexos a los referidos Lineamientos que deberían ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de los Informes respectivos, excepto el formato "IC-1", y su instructivo; y que mediante aclaración al Acuerdo señalado en el resultando inmediato anterior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1994, se corrigieron algunos errores tipográficos y se precisaron diversos formatos, relativos a la presentación de los Informes Anuales de los partidos políticos.
III.- Que por Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1994, se modificaron el formato "IC" y su correspondiente instructivo, se adicionó un inciso 4) al punto Decimosexto de los Lineamiento del Acuerdo precisado en el Resultando Segundo de esta Resolución, y se determinó no incluir el formato "IC-1" y su instructivo, entre los que utilizarían los partidos políticos en sus informes de campaña.
IV.- Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se reformó, entre otros, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en varios aspectos, de los cuales interesa en el presente asunto lo establecido en su fracción segunda, inciso c), segundo párrafo, el cual dispone que: "La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones".
V.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 1996, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó, a propuesta de la Comisión de Consejeros Ciudadanos a que se refería el párrafo 6 del artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificar los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña.
VI.- Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales, se estableció en los artículos 49-A y 49-B de dicho Código, que los partidos políticos deberán presentar sus informes anuales y de campaña, sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, organismo permanente inserto en la estructura del Consejo General del Instituto Federal Electoral; y que dicha Comisión tiene como facultad establecer lineamientos para la presentación de los informes por parte de los partidos políticos y para que éstos lleven el registro de sus ingresos y egresos y de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; además, se encarga de la revisión de tales informes, así como de la presentación de un Dictamen Consolidado ante el Consejo General que incluya las irregularidades en que hubieren incurrido los partidos políticos derivadas del manejo de sus recursos, debiendo informarle de las sanciones que a su juicio procedan respecto a estas irregularidades.
VII.- Que mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 1997, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinó adecuar los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña, a propuesta de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
VIII.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 7 de diciembre de 1998, aprobó el Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, órgano que a su vez aprobó dicho reglamento por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 16 de diciembre de 1998, ordenando su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que aconteció el día 28 del mismo mes y año; reglamento que abrogó, según el artículo 1.T.2 transitorio, los Lineamientos, formatos e instructivos que deberán ser utilizados por los partidos políticos en la presentación de sus Informes Anuales y de Campaña, emitidos por el Consejo General del Instituto el 23 de diciembre de 1993 y reformados el 10 de octubre de 1996 y el 23 de enero de 1997; sin embargo, según el artículo 2.T.3, 2.T.4, 2.T.6 y 2.T.9 transitorio de dicho Reglamento, diversas disposiciones del mismo entrarían en vigor hasta el 1° de julio de 1999, por lo que respecto a algunas materias habría de verificarse el cumplimiento de los Lineamientos antes aludidos.
IX.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 8 de octubre de 1999, aprobó reformas y adiciones al Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, y acordó someterlas a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 14 del mismo mes y año, aprobó dichas reformas y adiciones y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que se efectuó el 25 de octubre de 1999.
X.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 26 de octubre de 1999 aprobó por unanimidad el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, y acordó someterlo a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre del mismo año, aprobó el referido reglamento y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que se verificó el 12 de noviembre de 1999.
XI.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en su sesión celebrada el 9 de diciembre de 1999, aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se reforma el artículo 17 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, con el objeto de clarificar los términos en los que los partidos políticos y las coaliciones deberán reportar sus gastos de campaña, a efecto de que dichos informes reporten el monto real de recursos aplicados en los conceptos destinados a la obtención del voto, conforme a lo dispuesto en el artículo 182-A de la ley electoral. Asimismo, en esa misma fecha, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas acordó someter a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral la reforma referida, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 1999, aprobó la reforma y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que se verificó el 28 de diciembre de 1999.
XII.- Que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en sesión celebrada el 24 de octubre de 2000, aprobó por unanimidad el acuerdo por el que se reforman los artículos 14 y 15 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, teniendo como objetivo en primer lugar, el establecimiento de un límite máximo a erogaciones por concepto de reconocimientos por actividades políticas. En segundo lugar, la adición de una norma que prohíba modificaciones en los documentos contables que respaldan los informes anuales y de campaña, una vez que éstos han sido entregados a la autoridad electoral, sin que medie solicitud expresa de rectificaciones y/o aclaraciones por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas. Por último, introducir la obligación de los partidos y agrupaciones políticas de presentar sus informes anuales y, en su caso, de campaña, a través de medios magnéticos de transmisión de datos. Asimismo, en esa misma fecha, la comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas acordó someter a la consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral las reformas referidas, que por acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el 14 de noviembre de 2000, aprobó la reforma y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que se verificó el 13 de diciembre de 2000.
XIII.- Que por conducto de su Secretario Técnico, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas recibió los Informes Anuales presentados por los partidos políticos y organizaciones políticas respecto de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio de 2000, procediendo a su análisis y revisión, conforme a los artículos 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19 y 20 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de su informes.
XIV.-Que, conforme a lo establecido por los artículos 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ejerció en diversas ocasiones su facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de los partidos políticos la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Asimismo, conforme a lo establecido por los artículos 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código electoral y 20 del Reglamento aludido, la Comisión de Fiscalización notificó a los partidos políticos los errores y omisiones técnicas que advirtió durante la revisión de los informes, para que presentaran las aclaraciones y rectificaciones pertinentes.
XV.- Que una vez agotado el procedimiento descrito en los resultandos XIII y XIV de este Resolución, y cumpliendo con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2, incisos c) y d), y 80, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 21 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de su ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en esta misma sesión la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas presentó ante este Consejo General el Dictamen consolidado respecto de los Informes Anuales presentados por los partidos políticos y organizaciones políticas correspondientes al ejercicio de 2000.
XVI.- Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49-A, párrafo 2, inciso d), y 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 21.2, inciso d), del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, en dicho Dictamen Consolidado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas determinó que se encontraron diversas irregularidades derivadas de la revisión de los informes Anuales presentados por los partidos políticos que, a juicio de dicha Comisión, constituyen violaciones a las disposiciones en la materia, de acuerdo con las consideraciones expresadas en el apartado de conclusiones del Dictamen Consolidado mencionado, por lo que, con fundamento en los artículos 49-A, párrafo 2, inciso e) del Código Electoral y 21.3 del Reglamento aludido, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas propone al Consejo General del Instituto Federal Electoral que emita la presente Resolución con base en los siguientes:
1.- De conformidad con lo establecido en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, párrafo 1, 23, 39, párrafo 2, 73, párrafo 1, 49-A, párrafo 2, inciso e), 49-B, párrafo 2, inciso i), y 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes Anuales de los partidos políticos, según lo que al efecto haya dictaminado la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
2.-Como este Consejo General, aplicando lo que establecen los artículos 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 22.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, deberá aplicar las sanciones correspondientes tomando en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, independientemente de las consideraciones particulares que se hacen en cada caso concreto en el considerando 5 de la presente resolución, debe señalarse que por "circunstancias" se entiende el tiempo, modo y lugar en que se produjeron las faltas; y en cuanto a la "gravedad" de la falta, se analiza la trascendencia de la norma transgredida y los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho.
3.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49-B, párrafo 2, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 21.2, inciso d) y 21.3 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, corresponde a este Consejo General pronunciarse exclusivamente sobre las irregularidades detectadas con motivo de la presentación de los Informes Anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de 2000, que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas ha determinado hacer del conocimiento de este órgano superior de dirección para efectos de proceder conforme a lo que establece el artículo 269 del Código electoral; calificar dichas irregularidades, y determinar si es procedente imponer una sanción.
4.- Con base en lo señalado en el considerando anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, se procede a analizar, con base en lo establecido en el Dictamen Consolidado presentado ante este Consejo General por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, si es el caso de imponer una sanción a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista, Alianza social, por las irregularidades reportadas en dicho Dictamen Consolidado.
5.- En este apartado se analizarán las irregularidades consignadas en el Dictamen Consolidado respecto de cada uno de los partidos políticos nacionales.
5.1.- Partido Acción Nacional.
a) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:
El Partido Acción Nacional no realizó mediante cheque, pagos superiores a los 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $215,666.37, registrados en las siguientes cuentas:
Servicios Personales (recibos de honorarios)
$133,157.90
$82,508.47
$215,666.37
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mediante el oficio STCFRPAP/514/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Personales, subcuenta de Honorarios, se había observado que existían comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, elaborarse cheques por cada uno de estos pagos, ya que estas erogaciones exceden los 100 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal, por un importe de $133,157.90.
Para efectos de la determinación de los casos observables, resulta pertinente señalar que el monto de cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal equivale a un importe de $3,790.00.
Al respecto, el Partido expresó, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:
"Se realizó el egreso como transferencia de nómina, debiendo ser como pago de honorarios"
En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por los motivos que a continuación se transcriben:
"La respuesta del instituto político no se considera satisfactoria, en virtud de que el pago realizado no se apegó a lo estipulado en el artículo 11.5 del citado Reglamento, ya que debió realizarse con cheque y no ser parte del cheque de la nómina. Razón por la cual la observación no se consideró subsanada".
Mediante el oficio STCFRPAP/463/01 de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Generales, subcuenta de Viáticos, se había observado que existían comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, elaborarse cheques por cada uno de estos pagos, ya que estas erogaciones exceden los 100 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal, por un importe de $82,508.47, por concepto de Hospedaje.
Al respecto, el Partido mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:
"Todas las facturas señaladas en este punto corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje por lo que no se ha incumplido en lo establecido en el artículo 11.5 del Reglamento en comento."
En el Dictamen Consolidado, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas manifiesta que no consideró subsanada la observación realizada, por lo motivos que a continuación se transcriben:
A la respuesta del partido procede aclarar lo siguiente:
En primera instancia, debe resaltarse que tal disposición se refiere a cualquier tipo de pago que se realice por parte del partido y no solamente a los pagos a proveedores. Las únicas excepciones provendrían de lo establecido en el artículo 11.5, respecto de los sueldos y salarios contenidos, y 14.2, respecto a REPAPS.
Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Fiscalización consideró insatisfactoria la respuesta, ya que la norma es clara al precisar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque. En consecuencia, el partido incumplió con lo dispuesto por el artículo 11.5 del Reglamento aplicable a partidos políticos.
A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en el articulo 11.5 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de su informes, que establece que todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria.
En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos, pues, como bien argumenta la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, los lineamientos aplicables son claros en cuanto a que los pagos superiores al monto indicado deben realizarse mediante cheque.
Esta autoridad electoral no considera suficiente lo argumentado por el partido en el sentido de que "todas las facturas señaladas en este punto corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje”, puesto que la normatividad es clara al establecer un límite en el monto de recursos que los partidos pueden otorgar sin la emisión de cheque nominativo, esto es, todo monto inferior a 100 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para cada pago, por lo que no se cumple con la normatividad si se expide sólo un cheque para todos los gastos que la persona a la que se le otorgan los viáticos tendría que cubrir y que fueran superiores a 100 días de salario mínimo general vigente.
El artículo 11.5 del citado Reglamento es claro al señalar que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque. En primera instancia, debe resaltarse que tal disposición se refiere a cualquier tipo de pago que se realice por parte de la coalición, y no solamente a los pagos a proveedores. Las dos únicas excepciones provendrían de lo establecido en los artículos 11.5, respecto de los sueldos y salarios contenidos en nóminas y 14.2 referente a pagos de Reconocimientos por Actividades Políticas, casos que no ocurren en el Partido Acción Nacional, por lo que es claro su incumplimiento a la normatividad de la materia.
No está de más señalar que lo establecido en el artículo 11.5 antes referido, es aplicable respecto de los pagos finales que se realicen a nombre y/o por cuenta del partido. No se cumple con la normatividad si solamente se extiende un cheque a nombre de una persona comisionada por el partido político para que se realice a su vez pagos en efectivo a otras personas, sino que el pago final debe en todo caso realizarse mediante cheque nominativo, cuando rebase la cantidad indicada. Por lo hasta aquí dicho, lo argumentado por el partido no justifica su incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del multicitado Reglamento.
Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.
La falta se califica como leve, en tanto que no tiene un efecto inmediato sobre la comprobación de los gastos. Sin embargo, sí puede tener efectos sobre la verificación del destino real de los recursos, así como sobre el control del ejercicio de los mismos, pues la realización de pagos mediante cheque hace que la identidad de quien los realiza y los recibe estén claramente determinados, mientras que la realización de pagos en efectivo, sobre todo si se trata de sumas importantes, puede originar poca claridad, e incluso hacer que se confundan con recursos que no hubieren estado debidamente registrados en la contabilidad de un partido político. La norma transgredida pretende evitar precisamente que el efectivo circule profusamente en las operaciones de los partidos y que dichas operaciones dejen huellas verificables e incontrovertibles que ofrezcan certeza del origen de los recursos, así como de la veracidad de lo informado.
Asimismo, se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: que no se puede presumir desviación de recursos; que el partido llevó un adecuado control de sus operaciones, en términos generales, que el partido no ocultó información y es la primera vez que incurre en una irregularidad de estas características.
Por otra parte, en la determinación de la gravedad de la falta, se tiene en cuenta que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas y que, aún tratándose de una norma de carácter excepcional, el partido no fue capaz de cumplirla a cabalidad, y que el partido fue sancionado por esta misma falta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones correspondientes al proceso electoral federal de 2000, aprobada el 6 de abril de 2001.
Adicionalmente ha de considerarse, para fijar la sanción, que el monto que rebasaba el límite de 100 días de salario mínimo y no fue pagado mediante cheque suma un total de $215,666.37.
En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de quinientos treinta y cuatro días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
b) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:
El partido no comprobó, de acuerdo con los lineamientos establecidos, un monto total de $41,360.00, registrado en el rubro Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, correspondientes al monto excedente de recibos "REPAP" que superaron el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por pagos hechos a una misma persona en el transcurso de un mes, permitido por los mismos lineamientos para ser comprobados mediante tal clase de recibos.
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 11.1 y 14.4 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mediante el oficio STCFRPAP/463/01 de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de los Gastos en Actividades Ordinarias Permanentes, cuenta Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se había observado que el partido otorgó a 3 personas reconocimientos por actividades políticas, sustentados con recibos "REPAP", que excedían el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por un monto excedente de $28,520.00.
Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:
"Tal como lo señala el articulo 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes. "...los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono,... el monto y la fecha de pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el periodo de tiempo durante el que se realizó el servicio..." Asimismo el artículo 14.4 del mismo Reglamento señala "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por este concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes..."
"En ningún momento se está incumpliendo en lo señalado en estos artículos, en ellos no se especifica que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, como usted procede a aclararlo en su oficio, sino el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio. Los Topes señalados son el transcurso de un año o en el transcurso de un mes y estos límites no están siendo rebasados en los recibos aquí presentados. Se anexa copia para su constatación."
La respuesta del partido no se considera satisfactoria, ya que el artículo 14.4 del citado Reglamento establece "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes...", por lo tanto la norma es clara al especificar que no debe excederse de 400 días en pagos realizados, independientemente del periodo en el que se haya realizado la actividad por la que se efectuó el pago. Por lo que no se consideró subsanada esta observación.
Mediante el oficio STCFRPAP/514/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de la cuenta Servicios Personales en el estado de Nuevo León, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se había observado que el partido otorgó a una persona reconocimientos por actividades políticas, sustentados con recibos "REPAP", que excedían el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por un monto excedente de $12,840.00.
Al respecto, el Partido, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:
Tal como lo señala el artículo 14.2 del Reglamento que establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes "...los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono, ...el monto y la fecha de pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el periodo de tiempo durante el que se realizó el servicio..." Asimismo el artículo 14.4 del mismo Reglamento señala "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por este concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes..."
"En ningún momento se está incumpliendo en lo señalado en estos artículos, en ellos no se especifica que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, como usted procede a aclararlo en su oficio, sino el lapso de tiempo por el que se presentó el servicio. Los topes señalados son en el transcurso de un mes y estos límites no están siendo rebasados en los recibos aquí presentados."
La respuesta del partido no se considera satisfactoria, ya que el artículo 14.4 del citado Reglamento, estipula que "...Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes...". Por lo tanto, la norma es clara al especificar que no deben exceder de 400 días los pagos realizados, independientemente del periodo en el que se haya realizado la actividad por la que se efectuó el pago. Por lo que no se consideró subsanada esta observación.
A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en los artículos 11.1 y 14.4 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.
En el artículo 11.1 del Reglamento aplicable se dispone que los egresos deberán estar comprobados con la documentación que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables. Por otra parte, el articulo 14.4 del Reglamento aplicable a los partidos políticos establece que las erogaciones realizadas por los partidos políticos, como reconocimientos a una sola persona física, por una cantidad equivalente o superior a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea que se paguen en una o en varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de los recibos previstos en los dos párrafos anteriores. Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán estar soportadas de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del presente Reglamento.
En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión, y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos y egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares.
En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación que cumpla con los requisitos exigidos.
Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.
En el presente caso, debe señalarse que lo que se toma en cuenta como definitivo para saber si a una persona se le pagaron por vía de reconocimiento por actividades políticas, durante un mes, un monto que excede el límite fijado por la normatividad de 400 días de salario mínimo, es la fecha de pago, no la fecha o periodo que aparece consignado en el recibo correspondiente, o el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio. Por lo que lo alegado por este partido no puede considerarse suficiente para subsanar la observación.
Por otra parte, los topes a que se refiere el artículo 14.4 del Reglamento se refieren a pagos efectuados dentro del transcurso de un mes. En el presente caso, el partido excede el límite establecido por la normatividad para el pago de este tipo de reconocimientos.
El partido debe organizarse para realizar los pagos por este concepto de forma que no se superen los topes referidos, pues, se insiste, los requisitos que deben cumplir se basan en la buena fe del propio partido, particularmente cuando se trata de documentación respecto de la cual no están obligados a cumplir con requisitos fiscales, por lo que incumplir con ellos puede llevar a abusos en cuanto a una forma de comprobación más flexible que la establecida en términos generales.
La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual, pues el excedente de los topes establecidos no puede tenerse por debidamente comprobado, en los términos de la normatividad aplicable a los partidos políticos. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del egreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 11.1 del Reglamento aplicable, para acreditar los egresos que se efectúen por el partido político, y la documentación presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos.
Sin embargo, se tiene en cuenta que el partido presentó los recibos solicitados, con los requisitos exigidos; y que por las características de la infracción, no se puede presumir dolo, ni la intención de ocultar información y que es la primera vez que el partido incurre en este tipo de irregularidad.
Por otra parte, también se ha de tener en cuenta que el partido presenta condiciones adecuadas, en términos generales, en cuanto al registro y control de sus egresos, y que la irregularidad implica un monto de $41,360.00.
Además, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.
En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en una multa de ciento cincuenta y tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
c) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:
El partido no comprobó ingresos por un monto de $1’862,880.15 con documentación comprobatoria que reuniera los requisitos exigidos por los lineamientos aplicables, integrados de la siguiente manera:
-Aportaciones de militantes soportadas con recibos que carecen del Registro de Causantes y firma del aportante, por un monto de $312,880.15.
-Aportaciones de Simpatizantes en efectivo soportadas con documentación comprobatoria en copia fotostática, por un monto total de $50,000.00.
-Aportaciones de Simpatizantes en efectivo soportadas con documentación comprobatoria que carece del Registro Federal de Causantes, por un monto de $1,500,000.00.
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.1, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Mediante el oficio STCFRPAP/520/01 de fecha 25 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional, se había observado que existían recibos de ingresos "RM", que no contenían Registro Federal de Causantes, o bien, carecían de la firma del aportante, por un importe de $312,880.15.
"Se anexa el ejemplar (...) de los recibos RM según relación anexa, cumpliendo con todos los requisitos señalados por ustedes."
De la revisión a la documentación proporcionada, se determinó que el partido no entregó la totalidad de los recibos RM, sino solamente un importe de $6,198,557.13, mismos que contienen los requisitos establecidos, por lo que se consideró subsanada la observación al respecto.
Sin embargo, por lo que corresponde a los recibos RM que no fueron proporcionados por un monto de $312,880.15, el partido incumplió lo estipulado en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 3.5, 3.6 y 19.2 del citado Reglamento. A continuación se señalan los recibos faltantes:
NÚM. PÓLIZA
IMPORTE I-30/02-00 2227 287.28
I-30/02-00 2244 2,839.12
I-27/01-00 1916 $2,839.12 I-30/02-00 2250 2,839.12
I-27/01-00 1921 2,839.12 NÚM. PÓLIZA
I-27/01-00 1925 2,839.12
I-26/01-00 1949 287.28
I-30/02-00
I-46/01-00 1992 1,832.00
I-126/03-00
I-46/01-00
I-142/03-00
I-54/01-00
I-29/02-00
I-232/06-00
I-134/03-00
I-140/03-00
2.497.56
I-15/07-00
3,188.83
I-16/07-00
I-17/07-00
I-55/07-00
I-56/07-00
I-141/03-00
1-56/07-00
I-56/08-00
7,263.57
I-49/04-00
I-48/04-00
I-55/08-00
I-51/04-00
1-55/08-00
I-54/08-00
I-53/08-00
I-63/04-00
I-85/08-00
I-54/05-00
I-42/09-00
I-55/05-00
I-60/09-00
I-84/10-00
I-93/05-00
I-58/11-00
I-31/12-00
1-92/06-00
I-92/06-00
I-61/12-00
I-93/06-00
I-89/06-00
I-91/06-00
I-85/12-00
9,875.36
$312,880.15
Mediante el oficio STCFRPAP/463/01, de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Simpatizantes, se había observado que existían recibos de ingresos "RSEF", que no contenían Registro Federal de Causantes del aportante, por un importe de $1’500,000.00.
Al respecto, el Partido expresó, mediante escrito de fecha 29 de junio de 2001, dio respuesta al requerimiento formulado por esta autoridad, lo que a continuación se transcribe:
"Se anexa copia original (...) de los recibos RSEF 503 y 519 con todos los requisitos solicitados por ustedes en este punto."
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el partido, se determinó que los recibos "RSEF" 503 y 519, contienen los requisitos establecidos, razón por la cual se consideró subsanada la observación.
Sin embargo, los recibos "RSEF" 555 y 556 por un importe total de $1,500,000.00, no fueron proporcionados, por lo que no se considera subsanada la observación respectiva, incumpliendo, por tanto, lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por los artículos 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento aplicable a partidos políticos.
Mediante el oficio STCFRPAP/463/01, de fecha 14 de junio de 2001, se solicitó al Partido Acción Nacional que presentara las aclaraciones o rectificaciones que considerara pertinentes respecto del hecho de que al efectuar la revisión de las Aportaciones de Simpatizantes, se había observado que existían recibos de ingresos "RSEF" en copia fotostática, por un importe de $50,000.00.
"Se anexa copia original (azul y/o rosa) de los RSEF 503 y 519, (...) y del recibo 474; de los recibos 4 y 5 se anexa copia fiel de la original solicitada al donante para su certificación ante notario, por haber sido éstos robados según carta anexa del 20 de marzo del 2001."
De la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el partido, se determinó que en relación con los 5 recibos citados por el partido la observación quedó subsanada. Sin embargo, el partido incumplió lo establecido por el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral, así como por los artículos 4.5, 4.6 y 19.2 del citado Reglamento, al proporcionar copia fotostática del recibo "RSEF" número 461 por un importe de $50,000.00, por lo que, en este caso, no se considera subsanada la observación de la Comisión de Fiscalización.
A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1.1, 3.5, 3.6, 4.5, 4.6 y 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes.
El artículo 38 del Código Electoral establece que los partidos políticos están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos, y el artículo 1.1 del Reglamento aplicable dispone que tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los partidos políticos por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación correspondiente, en términos de los establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el presente Reglamento.
En el mismo sentido, los artículos 3.5 y 3.6 establecen que el órgano de finanzas de cada partido político deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las cuotas o aportaciones de militantes recibidas en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 3.6 del citado Reglamento establece que los recibos que amparan las aportaciones de militantes se imprimirán según el formato "RM".
En el formato de recibos de aportaciones de militantes "RM", claramente se prevé que dichos recibos deben contener tanto la firma como el Registro Federal de Causantes del aportante.
Adicionalmente, los artículos 4.5 y 4.6 del citado Reglamento establecen que el órgano de finanzas de cada partido político deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar las aportaciones recibidas de simpatizantes en los términos establecidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El artículo 4.6 establece que los recibos se imprimirán según el formato "RSEF" para aportaciones en efectivo, y "RSES" para aportaciones en especie.
En el formato de recibos de aportaciones de Simpatizantes "RSEF", claramente se prevé que dichos recibos deben contener tanto la firma como el Registro Federal de Causantes del aportante.
Por último, el artículo 19.2 del Reglamento estipula que la Comisión de Fiscalización a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. Durante el periodo de revisión de los informes, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos sus estados financieros.
En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la norma suprema de la Unión, y que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos o egresos, sino que han de cumplir con determinados requisitos que hayan sido previamente establecidos por las normas aplicables, o bien que se justifique según las circunstancias particulares y menos aún copia fotostática de la documentación comprobatoria requerida.
En el caso, el partido presenta alegatos que no pueden considerarse suficientes para justificar la falta de presentación de documentación original que cumpla con los requisitos exigidos, ya que omite presentar la totalidad de la documentación que le fue requerida.
Tal y como lo señala la Comisión de Fiscalización en el Dictamen Consolidado, en el caso de los recibos RSEF por un monto de $50,000.00, el partido sólo presentó copia fotostática de la documentación requerida, para la comprobación del ingreso. Tal situación no subsana el hecho de no haber presentado la documentación comprobatoria original, ya que el artículo 19.2 exige que se presente la documentación original, sin que en el propio Reglamento se establezca la alternativa de presentar copias fotostáticas como documentación comprobatoria del ingreso.
Debe recordarse que la copia fotostática de un documento, no hace prueba plena del contenido de ese documento. Así, los ingresos no se consideran debidamente comprobados en tanto que el partido debía presentar la documentación original, pues es de explorado derecho que a las fotocopias de documentos no se les otorga valor probatorio en sí mismas.
Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.
La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el Informe Anual. La documentación sin requisitos fiscales no hace prueba del ingreso, pues no cumple con los requisitos que exige el artículo 1.1 del Reglamento aplicable, para acreditar los ingresos que se efectúen por el partido político, y la documentación presentada no está incluida en los únicos casos de excepción que el propio Reglamento permite para presentar documentación sin tales requisitos. Adicionalmente, la documentación en copia fotostática no puede otorgársele valor probatorio, en tanto que no consiste en la que el partido otorgó a los simpatizantes como comprobantes de sus aportaciones.
Se tiene en cuenta que el partido presenta condiciones adecuadas, en términos generales, en cuanto al registro y control de sus ingresos y egresos; y el monto implicado en esta falta es de $1’862,880.15.
No obstante, no se puede presumir desviación de recursos; además, que el partido presentó algún documento de soporte, aunque no reúna los requisitos exigidos, y que no puede concluirse que el partido hubiere tenido intención de ocultar información.
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que el Partido Acción Nacional presenta antecedentes de haber sido sancionado por esta misma falta, como consta en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones correspondientes al proceso electoral federal de 2000, aprobada el 6 de abril de 2001.
En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la sanción en la reducción del uno punto ochenta por ciento de la ministración del Financiamiento Público que le corresponda al partido por concepto de Gasto Ordinario Permanente por un mes.
d) En el capítulo de Conclusiones Finales del Dictamen Consolidado se señala:
De la revisión efectuada a la contabilidad del Partido Acción Nacional se determinó que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la Coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, en tanto que los partidos que integraron la Coalición Alianza por el Cambio presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".
De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización a la documentación presentada por el partido, se concluyó que el partido registró efectivamente varias cifras por concepto de Campañas Federales relativas a los rubros Financiamiento proveniente de Militantes, Financiamiento proveniente de Simpatizantes, Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos, etc., relativos a las actividades financieras desplegadas por la Alianza por el Cambio. Sin embargo, como puede verse a fojas 13, 14, 19, 20, 31, 32, 51 y 52 del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, las cifras finales reportadas por ambos partidos no se corresponden con las que reportaron juntos como Coalición en el Informe de Campaña que presentaron ante esta autoridad electoral y que ya fue auditado y dictaminado.
La falta, pues, se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.
Esta autoridad considera que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Por oficio suscrito por Gabriela Ruiz del Rincón, Secretaria de Administración y Finanzas del Partido Acción Nacional, fechado el 15 de marzo de 2001, dirigido al Lic. Francisco Agundis Arias, encargado del órgano responsable de las finanzas del Partido Verde Ecologista de México, una de cuyas copias fue turnada a la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización, es dable presumir que el Partido Acción Nacional registró lo que le correspondía según la comunicación entre las partes que se cita. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus Informes Anuales no coincide con los montos agregados registrados por ellos en tanto que la coalición en el Informe de Campaña entregado por la Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional incumplió con la normatividad en tanto que parte integrante de una coalición, toda vez que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales.
La falta se califica como grave, porque provoca dudas en la autoridad respecto de cuál de los datos informados por los partidos en lo individual y por los partidos como Coalición resulta cierto y definitivo. Sin embargo, esta autoridad toma en consideración que el Partido Acción Nacional sí registró lo que comunicó al Partido Verde Ecologista de México que había lugar a registrar en ambas contabilidades, que dichas cifras cuadraban con los contenidos del Informe de Campaña correspondiente, y que esta es la primera ocasión en que el Partido Acción Nacional incurre en esta irregularidad.
Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.
En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer al Partido Acción Nacional una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a) del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija la multa de 1,283 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3°, 22, párrafo 1, inciso k), 39, párrafo 1, 49, párrafos 3, 5, 6, 7, inciso a), fracción VIII, y párrafo 11, inciso a), fracciones I y II, 49-A, párrafo 1, inciso a), y párrafo 2, 49-B, párrafo 2, incisos a), b), c) e), h) e i), 52, 73, 80, párrafo 3, 82, párrafo 1, inciso h), 269, 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1.1, 1.2, 1.4, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.5, 4.6, 4.10, 5.1, 6.2, 7.5, 8.1, 8.3, 9.3, 10.1, 10.2, 10.4, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 13.2, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.11, 15.2, 16.1, 16.2, 16.5, 19, 20, 21, 22, 23.1, 23.3, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 28.1 y 28.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9, 2.6, 3.1, 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones, en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y en ejercicio de las facultades que al Consejo General otorgan los artículos 39, párrafo 2 y 82, párrafo 1, inciso w) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional las siguientes sanciones:
a) Una multa de quinientos treinta y cuatro días de salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $21,566.64 (Veintiún mil quinientos sesenta y seis pesos 64/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.
b) Una multa de ciento cincuenta y tres días de salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $6,204.00 (Seis mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.
c) La reducción del 1.80% (uno punto ochenta por ciento) de las ministraciones del Financiamiento Público que le corresponda al partido por concepto de Gasto Ordinario Permanente durante un mes a partir del mes siguiente al en que esta resolución haya quedado firme o, si es recurrida, del mes siguiente al en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia en la que resolviere el recurso.
d) Una multa de un mil doscientos ochenta y tres días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, equivalente a $51,750.00 (Cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que deberá ser pagada ante la Dirección Ejecutiva de Administración de este Instituto en un término de quince días improrrogables a partir de la fecha en que esta Resolución se dé por notificada al partido, o si es recurrida, de la notificación que se le haga de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolviere el recurso.
IV. Mediante escrito recibido a las diecisiete horas con veintisiete minutos del dieciséis de agosto del presente año en la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el ciudadano diputado Armando Salinas Torre, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del propio Instituto, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que se indica en el resultando que antecede. En el escrito de interposición del medio de impugnación citado, el promovente expresó los hechos y agravios que estima le causan los actos recurridos, mismos que a continuación se transcriben a efecto de ser estudiados individualizadamente en el capítulo de considerandos de esta sentencia:
5.- ACTO RECLAMADO.
De la autoridad responsable, reclamo el considerando número 5.1, incisos a), b) y d) y el punto resolutivo primero, incisos a), b) y d) de la "Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos político correspondientes al ejercicio de 2000" aprobada en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día nueve de agosto del año dos mil uno.
6.- HECHOS EN QUE SE BASA LA IMPUGNACIÓN.
1.- Se publicó en el Diario Oficial de la Federación del día veintidós de diciembre del año dos mil el plazo que tuvieron los partidos políticos nacionales para la presentación de los informes anuales de ingresos y egresos ordinarios correspondientes al ejercicio del año dos mil.
El plazo para la presentación de los informes, mencionado en el párrafo anterior, inició el día primero de enero y terminó el día veintiocho de marzo del año dos mil uno.
2.- Asimismo el C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas notificó al Partido Acción Nacional el cómputo del plazo de presentación de su informe anual, mediante oficio número STCFRPAP/957/00 de fecha cinco de diciembre del año dos mil.
3.- Por su parte, el Partido Acción Nacional, por conducto de la C. Titular del órgano interno de administración de los recursos financiero, presentó el informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio del año dos mil, el día veintiocho de marzo del año dos mil uno.
4.- Dentro de las diferentes etapas que comprende la revisión del informe anual de ingresos y egresos del año dos mil, se levantó un acta de inicio y de cierre de los trabajos de revisión "en campo" o de "verificación de la documentación soporte".
El inicio tuvo lugar el día veintitrés de abril y el cierre el día veinticinco de junio del año dos mil uno.
5.- Cabe precisar que dentro del procedimiento legal, la Comisión de Fiscalización determinó llevar a cabo como primera etapa, una revisión "de gabinete" en la que se determinarían errores y omisiones de carácter técnico que pudieran presentar los informes anuales, con la finalidad de solicitar a los partidos políticos las aclaraciones correspondientes siendo que al Partido Acción Nacional, no le fue remitido oficio alguno solicitando que fueran aclaradas omisiones o errores contenidos en sus informes, como el señalado por la responsable en el considerando 5.1, inciso d) del acta impugnado.
6.- Esta circunstancia puede apreciarse en el punto número 3.2.1. "Revisión de gabinete" contenida a fojas 22 y siguientes del "Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la Revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales y Organizaciones Políticas, correspondientes al ejercicio de 2000."
7.- Una vez agotadas las etapas de revisión de los informes y de la documentación de soporte, la Comisión de Fiscalización elaboró el dictamen consolidado en fecha que desconozco, pero que debido a los trabajos de revisión de todos los entes públicos fiscalizados, tuvo que ser aproximadamente en el mes de agosto del año en curso.
Posteriormente el dictamen y el proyecto de resolución fue sometido a la consideración del Consejo General el día nueve de agosto del año en curso.
8.- El dictamen consolidado fue entregado al Partido Acción Nacional junto con el proyecto de resolución que impone las sanciones ahora recurridas hasta el día siete de agosto del año dos mil uno, es decir, una vez que concluyó todo el procedimiento de revisión que incluye la etapa de notificación de errores u omisiones y los 10 días para la presentación de aclaraciones o rectificaciones a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sin que se hubiera recibido por parte del Partido Acción Nacional oficio alguno mediante el cual se hiciera saber la discrepancia o diferencia en la contabilidad que señala ahora la responsable y no se le otorgó el plazo de diez días para presentar las aclaraciones o rectificaciones pertinentes.
9.- Es importante resaltar la fecha de entrega del dictamen y del proyecto de resolución sancionatoria, pues es hasta entonces cuando el Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de que sería sancionado el día nueve de agosto por la irregularidad señalada en el considerando 5.1, inciso letra d) del acto combatido que dice textualmente:
"De la revisión efectuada a la contabilidad del Partido Acción Nacional se determinó que existen diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, en tanto que los partidos que integraron la coalición Alianza por el Cambio presentan en sus respectivos informes anuales diferencias con respecto a los resultados de la revisión de los informes de campaña efectuada por esta autoridad.
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales."
10.- La conducta imputada, no fue del conocimiento del Partido Acción Nacional ni le fue solicitada la aclaración correspondiente durante el periodo de revisión a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, razón por la cual debe ser revocada la sanción impuesta por dejar en estado de indefensión al partido ahora recurrente al dejarse de aplicar el dispositivo legal citado.
11.- A mayor abundamiento, el Partido Acción Nacional hizo saber al C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización mediante el oficio número TESO/017/01 de fecha veintiuno de febrero del año en curso y al propio Partido Verde Ecologista de México los montos totales de los pasivos documentados, las balanzas de comprobación y auxiliares a último nivel de donde se localizan los pasivos registrados mediante los oficios sin número de fechas siete de febrero, trece y quince de marzo y el oficio número TESO/057/01 de fecha siete de julio, todos del año en curso, de donde se demuestra que la discrepancia entre los saldos que motivaron la sanción pecuniaria se debe a circunstancias ajenas a la contabilidad del Partido Acción Nacional o de sus informes.
12.- En otro orden de ideas y por lo que se refiere a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a) de la resolución combatida, el dictamen consolidado a fojas 45 y 46 señala que se impone al Partido Acción Nacional una sanción pecuniaria tomando en cuenta que en el rubro de servicios generales, en la subcuenta de viáticos "... se localizaron comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, mediante cheques expedidos por cada uno de estos pagos, ya que exceden de 100 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que equivale a $3,790.00.
13.- La Comisión de Fiscalización notificó al Partido Acción Nacional en el oficio número STCFRPAP/463/01 que los comprobantes en comento, por un total de $82,508.47, son los siguientes:
PE-726/08-00
$8,149.64
PD-25/08-00
MUNDO MAYA OPERADORA, S.A. DE C.V.
PE-381-10-00
MABASA, S.A. DE C.V.
PE-250/07-00
OAXACA COURT’S, S.A. DE C.V.
$5,981.52
PE-86/08-00
OASIS CELEBRITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PE-110/11-00
HOTELES QUINTA REAL, S.A. DE C.V.
PE-61/07-00
OPERADORA HOTELERA ROYAL, S.A. DE C.V.
$15,844.74
PD-60/08-00
RECEPTIVE TRAVEL SERVICES, INC.
PE-371/02-00
JOCAVI, S.A. DE C.V.
$5,696.80
PE-70/09-00
BONAMPAK HOTELERA, S.A. DE C.V.
14.- La Comisión de Fiscalización consideró incumplido el artículo 11.5 del reglamento en materia de fiscalización.
15.- La aclaración correspondiente se hizo en tiempo, mediante el oficio TESO/052/01 y se indicó que "...las facturas señaladas corresponden a comprobación de gastos por viáticos expedidos a nombre de la persona que realiza un viaje por lo que no se ha incumplido en lo establecido en el artículo 11.5 del reglamento en comento" pero en este caso, si notificó la irregularidad mediante el oficio ya mencionado.
16.- Ahora bien, a la responsable no le asiste la razón pues el Partido Acción Nacional expidió los cheques nominativos a cargo de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., siguientes:
NUM. CHEQUE
NUMERO Y FECHA FACTURA
74124 03-OCT-00
REEMBOLSO PAGO HABITACIÓN HOTEL
42387 05-JUL-00
02-AGO-00
679 04-JUL-00
REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN PAGO DE HABITACIÓN HOTEL
111353 18-OCT-00
32774 05-JUL-00
17820 11-FEB-00
65046 15-AGO-00
56885 18-MAY-00
10517 06-JUL-00
ANTICIPO. GASTOS POR COMPROBAR. VIAJE A CAMPECHE
VIAJE N.Y.
17.- Del concepto de los pagos se desprende que se trata de reembolsos a funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, por lo que si éstos efectuaron el gasto de sus hospedajes y con posterioridad se expidió a cada uno el cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor, no le asiste la razón a la responsable para imponer la sanción y menos para considerar insatisfactoria la aclaración ya que los gastos si se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos a favor de cada empelado o funcionario mencionado en los mismos.
Es importante precisar esta circunstancia, pues cada cheque fue expedido con posterioridad a la fecha de la factura para reembolsar un gasto y no para pagar directamente el servicio de hospedaje siendo que esta forma de pago esta contemplada en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación que solicito se tenga en cuenta para los efectos legales conducentes ya que sería absurdo que se entregara a cada empleado o funcionario del partido tantos cheques para cubrir los gastos de hospedaje como facturas se van a expedir ya que ni siquiera se sabe el monto ni la razón social del prestador del servicio de hospedaje, pero puede apreciarse claramente que los cheques se expidieron de manera individualizada para que en cada viaje se cubriera el costo o pago del hospedaje respectivo.
18.- Por lo que se refiere a la sanción que aparece a fojas 37 y 63 del dictamen consolidado, con relación al considerando 5.1, inciso b) y el punto resolutivo primero, inciso b) de la resolución combatida, la responsable sostiene que en el rubro de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas se observó que el partido otorgó diversos recibos "REPAP" que exceden el límite de 400 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por un total de $41,360.00.
19.- La responsable notificó la imputación de referencia mediante los oficios STCFRPAP/463/01 y STCFRPAP/514/01, indicando que "...se debe tomar como base la fecha del cheque con el que se pagó el REPAP, es decir, la fecha del pago y no la fecha del periodo de realización de las actividades por las que se realiza el pago". El partido que represento hizo las aclaraciones pertinentes mediante el oficio TESO/052/01 indicándose que en el reglamento en materia de fiscalización no se especifica "...que se debe tomar como base la fecha del cheque con que se paga, ...sino el lapso de tiempo por el que se prestó el servicio".
20.- Del contenido de los recibos se desprende lo siguiente:
FOLIO REPAP
FECHA REPAP
17917 10-AGO-00
CUTBERTO VEGA
1-30 JUNIO-00
18-AGO-00
18124 18-AGO-00
1-15 AGOSTO-00
25-AGO-00
18251 25-AGO-00
16-31 AGOSTO-00
18767 21-SEP-00
LUISA URRECHA
1-30 AGO-00
18938 28-SEP-00
1-29 SEP-00
21-DIC-00
20551 22-DIC-00
01 OCT-00 al 31-DIC-00
SEPTIEMBRE-00
21.- Ahora bien, la finalidad de los recibos REPAP fue la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia un partido político con el objeto de que las contenidas fueran equitativas, es decir, para efectos de los topes a los gastos de campaña, pero evitando de igual manera que existiera la manera de eludir el pago de las contribuciones fiscales por servicios subordinados o independientes ajustando el pago mensual al tope de los 400 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que para el caso concreto asciende a la cantidad de $15,160.00 y los 3000 días como tope anual permitido por persona.
La existencia de los REPAP o el límite mensual o anual establecido en el reglamento no prohíbe que se realice una erogación en determinado momento por un concepto de retribución que abarque un periodo de servicio mayor a la fecha de pago. La interpretación de la Comisión de Fiscalización respecto a que se debe de atender a la fecha del pago y no al periodo o fecha de realización de las actividades se aparta de la finalidad de cuantificar objetivamente un servicio que por su breve temporalidad no puede ser considerado dentro de una relación laboral o de un servicio profesional prestado de manera independiente ya que es necesario tomar en cuenta también el concepto por el que se efectuó el gasto mediante el REPAP, es decir, que debe observarse que no se trate de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente y el correspondiente cumplimiento de las normas fiscales y de seguridad social; por lo que la responsable TAMBIÉN DEBE ATENDER LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES para determinar si el pago se refiere a aquellas actividades de apoyo político devengadas, pero no pagadas como sucede en la especie. En este supuesto se tiene que cubrir el pago pues de lo contrario no podría cuantificarse objetivamente el servicio y el hecho de que estos pagos no aparezcan en la nómina o acreditados mediante un recibo de pago por honorarios, se aparta de la realidad de los hechos que por su temporalidad no corresponden a servicios subordinados o independientes que implican una relación laboral o de prestación de un servicio independiente. En gran medida se estableció este tipo de documentos para que la autoridad fiscalizadora tuviera un parámetro objetivo para determinar si se excedieron los topes a los gastos de campaña permitidos, es decir, que dichos documentos tienen efectos también para determinar el concepto o duración de la actividad política retribuida.
En conclusión, la responsable no tomó en cuenta que el concepto del reconocimiento tiene un determinado periodo durante el cual se realizó el servicio y que en la especie abarca más de un mes, por lo que no se incumplió el dispositivo legal invocado por la responsable ya que los pagos efectuados no exceden los límites reglamentarios ni se efectuaron pagos por mensualidades mayores a los 400 salarios mínimos generales diarios del Distrito Federal.
7.- AGRAVIOS, CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y PRECEPTOS VIOLADOS.
PRIMERO.- Con la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d) y punto resolutivo primero, inciso d) del acto combatido, la responsable violó los principios de constitucionalidad y de legalidad contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se dejó de observar lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En efecto, si la autoridad responsable consideró procedente imponer una sanción pecuniaria al instituto político que represento por existir unas discrepancias o diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, situación que no ocurre respecto a la contabilidad del Partido Acción Nacional, debió haber hecho del conocimiento del ente ahora sancionado dicha circunstancia durante el procedimiento de revisión de gabinete del informe anual o documental de soporte y proceder en acatamiento del artículo 49-A, párrafo 2, inciso b) a notificarle y otorgarle el plazo de diez días para que presente las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.
Ahora bien, en la práctica de la revisión, la Comisión de Fiscalización omitió hacer el señalamiento de la supuesta irregularidad mediante la notificación de algún oficio girado por el C. Secretario Técnico de dicha autoridad en el que se hiciera saber la existencia de dicha irregularidad y dejó en estado de indefensión al Partido Acción Nacional por lo que la sanción de referencia, resulta inconstitucional e ilegal ya que no fue oído y vencido y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Segundo.- con relación al considerando número 5.1, inciso d) y resolutivo primero, inciso d) del acto combatido, la responsable violó asimismo el principio de legalidad y de constitucionalidad tomando en cuenta que no hubo violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 1.9, 2.6, 3.1, inciso b) 3.9 y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que forman coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Gastos y en la Presentación de sus Informes; así como los artículos 1.1 y 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes.
En efecto a fojas 13, 20, 31 y 51 del dictamen consolidado, la Comisión de Fiscalización sostiene respectivamente que:
1.- Existe una diferencia de $1’040,109.46 en las aportaciones de militantes.
2.- Una diferencia de $1’267,548.28 en las aportaciones de simpatizantes;
3.- Una diferencia de $200,715.53 en otras operaciones financieras; y
4.- Una diferencia de $79’423,042.10 en el formato "IA" de gastos efectuados en campañas políticas.
El total de la diferencia asciende a $81’931,415.37
Estas diferencias las obtuvo la Comisión de Fiscalización de verificar el monto total reportado en los informes anuales de los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio contra las cantidades reportadas en el dictamen consolidado relativo a los informes de campaña de los partidos y coaliciones correspondientes al proceso electoral del año dos mil.
No obstante lo anterior y la discrepancia advertida por la Comisión de Fiscalización, cabe recordar que esta irregularidad es ajena a la contabilidad del Partido Acción Nacional y, por lo tanto, no procede imponer sanción alguna si tomamos en cuenta lo siguiente:
1.- Los saldos respecto a la balanza de la coalición son idénticos a los saldos referidos en el dictamen de la coalición.
SALDOS S/BALANZA COALICIÓN
SALDOS S/DICTAMEN COALICIÓN
$17’371,789.09
$17’371,789.83
$21’810,656.95
$3’238,308.17
$673’695,813.27
$673,695,813.27
2.- Tomando en cuenta el porcentaje de participación que señala el reglamento aplicable a las coaliciones, debe determinarse el saldo que deben aplicar los dos partidos políticos en sus informes anuales, ya no los de campaña debido a que esto se hizo respecto del informe de ingresos y gastos de campaña y representa el total por aplicar, para quedar como sigue:
SALDOS POR APLICAR 100%
PAN 69%
PVEM 31%
$11’976,928.49
$5’394,860.60
$15’065,403.81
$6’745,253.22
$2’227,475.07
$1’010,833.10
$466’798,685.27
$206’897,128.00
3.- Los montos efectivamente aplicados por los partidos políticos en los informes anuales, son los siguientes:
PAN SALDOS POR APLICAR
PAN SALDOS APLICADOS 69%
$15’065,403.73
PVEM SALDOS POR APLICAR
PVEM SALDOS APLICADOS
$4’354,750.88
$1’040,109.72
6’745,253.22
$5’477,704.94
$1’267,548.28
1’010,833.10
$810,117.57
$200,715.53
206’897,128.00
$127’474,085.27
$79’423,042.73
4.- Del cuadro comparativo de los saldos que debieron aplicar y aquellos que efectivamente aplicaron los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio, se desprende que las discrepancias y sus montos corresponden a la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México, por lo que no existe responsabilidad alguna por parte del Partido Acción Nacional y de donde deriva la indebida motivación y fundamentación de la sanción impuesta al instituto político que represento.
En conclusión la sanción impuesta en el inciso d) además de ser violatoria de los principios de legalidad y de constitucionalidad ya que el Partido Acción Nacional quedó en estado de indefensión por la falta de notificación durante el procedimiento de revisión y aclaraciones, debe ser revocada tomando en cuenta que las diferencias en las cuentas que señala el dictamen consolidado del informe ordinario del año dos mil se deben a la falta en que incurrió diverso partido al no aplicar los montos que debió aplicar en su contabilidad ordinaria.
TERCERO- Por las razones indicadas en el capítulo de hechos, la responsable violó los principios de legalidad y constitucionalidad respecto a las sanciones impuestas en el considerando número 5.1 incisos a) y b) y el punto resolutivo primero, incisos a) y b), que en obvio de repeticiones se tengan por reproducidos.
V. El veintinueve de agosto de dos mil uno, y una vez que se hizo del conocimiento público la interposición del referido recurso de apelación, sin que compareciera tercero interesado alguno, la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el oficio SCG-218/2001, remitió el expediente ATG-055/2001 formado con motivo del recurso de mérito y que se integra por la documentación que se detalla: 1) Original del escrito de presentación del recurso, suscrito por el diputado Armando Salinas Torre, en 1 hoja; 2) Original del recurso de cuenta, suscrito por el diputado Armando Salinas Torre, en 26 hojas, 3) Documentos aportados por el promovente; 4) Original del acuerdo de recepción del recurso de apelación, de veintiuno de agosto de dos mil uno; 5) Original de la cédula de publicación del recurso y de la razón de fijación del mismo, en el lugar que ocupan los estrados del Instituto Federal Electoral, de veintitrés de agosto de dos mil uno; 6) Original de la razón de retiro de los estrados del Instituto Federal Electoral, del recurso de apelación, de veintiocho de agosto de dos mil uno; 7) Copia certificada del Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de Recursos de los Partidos y las Agrupaciones Políticas, respecto de los informes de campaña de los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones correspondientes al Proceso Electoral del año dos mil; 8) Copia Certificada del Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de los informes de la revisión de Organizaciones políticas, correspondientes al ejercicio de dos mil; 9) Copia certificada de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio de dos mil; 10) Copia certificada del oficio STCFRPAP/957/00, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de lo s Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; 11) Copia certificada del oficio STCFRPAP/514/01, de fecha veinticinco de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; 12) Copia certificada del oficio STCFRPAP/463/01, de fecha catorce de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; 13) Copia certificada del oficio STCFRPAP/520/01, de fecha veinticinco de junio de dos mil uno, suscrito por el Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; 14) Copia certificada del informe anual sobre el origen y destino de los recursos del Partido Acción Nacional correspondiente al ejercicio de dos mil, en 10 fojas útiles incluyendo certificación; 15) Originales de las balanzas de comprobación de la coalición Alianza por el Cambio; 16) Originales de las balanzas de comprobación del Partido Acción Nacional correspondientes al ejercicio de dos mil; 17) Copia certificada del acta levantada el día veintitrés de abril de dos mil uno; 18) Copia certificada del acta levantada el día veinticinco de junio de dos mil uno; 19) Copia certificada del escrito TESO/017/01, de fecha veintiuno de febrero de dos mil uno; 20) Copia certificada del escrito TESO/052/01, de fecha veintinueve de junio de dos mil uno, y 21) Copia certificada del escrito TESO/054/01, de fecha nueve de julio de dos mil uno.
VI. Anexo al oficio mencionado en el resultando anterior, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral presentó el informe circunstanciado de ley, en el que consignó los argumentos y consideraciones tendentes a desvirtuar los agravios expresados por el partido recurrente, los cuales, respectivamente, son analizados en el capítulo de considerandos de este fallo.
VII. Mediante acuerdo del veintinueve de agosto de dos mil uno, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó se turnara el expediente de mérito al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cumplimentándose dicho turno el mismo día mediante oficio número TEPJF-SGA-1033/01 suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.
VIII. Con fecha tres de octubre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: A) Tener por recibido el expediente número SUP-RAP-055/2001, radicándolo para su sustanciación y resolución; B) Requerir al Instituto Federal Electoral para que remitiera a la Sala Superior copia certificada de las páginas que no se enviaron de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000; C) Reservar el estudio de la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, para el momento procesal oportuno, y D) Reservar proveer sobre la admisión del presente medio de impugnación, para el momento procesal oportuno, una vez que se encontrara debidamente integrado el expediente.
IX. El cuatro de octubre de dos mil uno, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el oficio número SCG/248/2000, suscrito por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual se remitió copia certificada de la documentación solicitada, en cumplimiento del requerimiento precisado en el resultando anterior.
X. Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil uno, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia, acordó: A) Tener por desahogado en tiempo y forma el requerimiento precisado en el resultando anterior; B) Reconocer la personería del C. Armando Salinas Torre, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para promover el presente recurso de apelación, y tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, así como por autorizados para recibirlas a las personas que indica; C) Tener por satisfechos, para el trámite y sustanciación del presente medio de impugnación, los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, en consecuencia, admitir el recurso de apelación de referencia; D) Tener por rendido el informe circunstanciado de ley; E) Tener por admitidas las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente y la autoridad responsable, y F) En virtud de no existir trámite pendiente que realizar, declarar cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia, y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 49-A, párrafo 2, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral por la que se imponen sanciones a los partidos políticos con motivo de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos, aprobada en la sesión extraordinaria celebrada el nueve de agosto del año en curso.
SEGUNDO. En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y, por tanto, de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, más por el hecho de que están relacionadas con la no actualización de los requisitos para la válida instauración del proceso y la consecuente emisión de una sentencia de fondo, en términos de lo dispuesto en los artículos 1°; 9°; 10, y 11, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a analizar la invocada por la autoridad responsable.
Al respecto, la autoridad responsable aduce en su informe circunstanciado la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, toda vez que el partido recurrente impugna única y exclusivamente la resolución del Consejo General respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales presentados por los partidos políticos correspondientes al año dos mil, no así el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General, por lo que, en concepto de la hoy responsable, todas las irregularidades señaladas en dicho dictamen y que son la base de las sanciones impuestas al partido recurrente, deben considerarse como consentidas, pues el hecho de no impugnar ese dictamen implica un consentimiento tácito de su contenido.
Dicha causa de improcedencia resulta inatendible, por los razonamientos que se exponen a continuación:
Ha sido criterio reiterado de esta Sala Superior, como se sostiene en las resoluciones dictadas el trece de julio del año en curso en los expedientes SUP-RAP-017/2001 y SUP-RAP-018/2001, que los actos de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas no son susceptibles de causar alguna lesión jurídica en la esfera de los partidos políticos, ya que el dictamen consolidado elaborado por la citada Comisión no tiene la fuerza legal suficiente para causar perjuicio, por carecer de efectos vinculatorios para el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien es el órgano directivo que determina con entera libertad de decisión, si las conductas de los partidos políticos reportadas en el citado dictamen, relacionadas con los informes de ingresos y gastos durante determinado ejercicio anual, presentados por ellos, constituyen infracciones legales que ameriten ser sancionadas.
En este sentido, el referido dictamen consolidado es un acto preparatorio y no definitivo para el dictado del acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en donde se establecen, en su caso, las sanciones a imponerse a los diversos partidos políticos por las irregularidades que en su momento se determinen.
En efecto, aun y cuando la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas interviene en el proceso formativo de la resolución antes citada, mediante la revisión de los documentos presentados por los partidos políticos, así como a través de la solicitud de aclaraciones, rectificaciones y observaciones a los informes presentados por éstos, de conformidad con lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 2; 49-B, y 82, párrafo 1, inciso w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, su actividad en este aspecto se encuentra subordinada a la voluntad del Consejo General del Instituto Federal Electoral, quien aprueba o no el dictamen consolidado que aquélla le presenta, en términos de lo dispuesto en el artículo 80, párrafo 3, del propio ordenamiento legal.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis relevante emitida por esta propia Sala, que aparece publicada en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 3, año 2000, páginas 38 y 39, bajo el rubro "COMISIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LOS INFORMES Y PROYECTOS DE DICTAMEN Y RESOLUCIÓN QUE PRESENTEN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES".
En este orden de ideas, el acto que directamente puede causar un agravio a los partidos políticos, tratándose de la revisión de sus informes anuales sobre los ingresos y gastos, es la resolución que se dicta por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la cual es cierto que se van a conocer y valorar las irregularidades que se hayan encontrado por parte de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, pero la determinación de si tales infracciones ameritan o no sancionarse, así como de la sanción que, en su caso, debe aplicarse, corresponden en forma exclusiva al Consejo General.
De tal forma, basta que el partido político actor impugne la resolución que determina imponer las sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos, sin que ello implique, como incorrectamente lo sostiene la autoridad señalada como responsable, que se estén consintiendo los razonamientos y conclusiones contenidos en el dictamen consolidado que presenta la Comisión de mérito.
TERCERO. El análisis del escrito del recurso de apelación evidencia que el actor expresa agravios solamente respecto de tres de las cuatro sanciones que le fueron impuestas al Partido Acción Nacional por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, las cuales se detallan en la parte final de la transcripción del acto impugnado que se encuentra en el resultando III de este fallo, y que en concreto son las sanciones precisadas en los incisos a), b) y d) del punto resolutivo primero, razón por la cual no forma parte de la litis la sanción señalada en el inciso c) del propio punto resolutivo primero, en virtud de no haber sido impugnada dentro de los plazos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, parte final del inciso b), en relación con el artículo 8, párrafo 1, de la misma ley general.
De igual forma, debe aplicarse el mismo criterio en cuanto a que el Partido Acción Nacional sólo impugna un aspecto de la sanción contenida en el considerando 5.1, inciso a), de la resolución combatida, ya que el propio partido se concreta a atacar parcialmente las consideraciones de la autoridad responsable, toda vez que sólo expresa argumentos tendentes a combatir la sanción impuesta por la expedición de diversos cheques en una sola de las cuentas, que es la referente a servicios generales, subcuenta de viáticos, por lo que los razonamientos de la autoridad responsable, en relación con las irregularidades en la cuenta de servicios personales, subcuenta de honorarios, también deben entenderse consentidos, en razón de que tampoco fueron impugnados dentro de los plazos establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, párrafo 1, parte final del inciso b), en relación con el artículo 8, párrafo 1, de la misma ley general.
De la lectura integral del escrito de demanda presentado por el Partido Acción Nacional, así como en aplicación de las tesis de jurisprudencia que este mismo órgano jurisdiccional ha sentado y que figuran con ellos rubros "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", y "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR", las cuales fueron publicadas en el suplemento número 2 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1998, páginas 11 y 12, así como 70, respectivamente, se desprende que el actor hace valer los siguientes agravios, mismos que esta Sala Superior analiza de manera correlativa, a como se encuentran expresados en el escrito recursal.
I. En cuanto a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a), de la resolución combatida, el recurrente alega que le agravia la consideración de la autoridad responsable en el sentido de que se incumplió el artículo 11.5 del reglamento en materia de fiscalización, pues, en concepto del propio recurrente, es errónea la determinación a que arribó la hoy responsable de que en el rubro de servicios generales, en la subcuenta de viáticos, se localizaron comprobantes de gastos que debieron cubrirse en forma individual, es decir, mediante cheques expedidos por cada uno de estos pagos, ya que exceden de cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que equivale a $3,790.00, toda vez que la expedición de cheques nominativos a cargo de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., fue por concepto de reembolsos a funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, ya que éstos, según expresa el recurrente, efectuaron el gasto de sus hospedajes y con posterioridad se expidió a cada uno de ellos el cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor. En este sentido, el ahora actor aduce que la autoridad no puede considerar insatisfactoria la aclaración que en su momento le sometió a consideración, ya que los gastos sí se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos a favor de cada empelado o funcionario mencionado en los mismos. Asimismo, agrega el recurrente que cada cheque fue expedido con posterioridad a la fecha de la factura para reembolsar un gasto y no para pagar directamente el servicio de hospedaje, siendo que esta forma de pago está contemplada en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, por lo que, según esgrime el propio partido político apelante, sería absurdo que se entregara a cada empleado o funcionario del partido tantos cheques para cubrir los gastos de hospedaje como facturas se van a expedir, ya que ni siquiera se sabe el monto ni la razón social del prestador del servicio de hospedaje, pero puede apreciarse claramente que los cheques se expidieron de manera individualizada para que en cada viaje se cubriera el costo o pago del hospedaje respectivo.
II. Por lo que se refiere a la sanción determinada en el considerando 5.1, inciso b), y el punto resolutivo primero, inciso b), de la resolución combatida, el partido político recurrente alega que la misma le agravia, toda vez que es errónea la determinación de la autoridad responsable en el sentido de que en el rubro de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, existen recibos "REPAP" que exceden el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal por un total de $41,360.00. Lo anterior resulta inexacto, según el ahora apelante, en virtud de que la responsable no tomó en cuenta que el periodo por el cual se realizó el servicio, en el caso concreto, abarca más de un mes, por lo que no se incumplió con la normatividad, ya que los pagos efectuados no exceden los límites reglamentarios ni se efectuaron pagos por mensualidades mayores a los cuatrocientos salarios mínimos generales diarios en el Distrito Federal.
Al efecto, el partido hoy recurrente sostiene que la finalidad de los recibos REPAP fue la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia un partido político con el objeto de que las contiendas fueran equitativas, es decir, para efectos de los topes a los gastos de campaña, pero evitando de igual manera que existiera la manera de eludir el pago de las contribuciones fiscales por servicios subordinados o independientes, ajustando el pago mensual al tope de los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que para el caso concreto asciende a la cantidad de $15,160.00, y los tres mil días como tope anual permitido por persona.
Asimismo, agrega el partido político recurrente que la existencia de un límite mensual o anual para los recibos REPAP no prohíbe que se realice una erogación en determinado momento que abarque un periodo de servicio mayor a la fecha de pago. De igual forma, el hoy apelante esgrime que la interpretación realizada por la Comisión de Fiscalización, respecto de que en el caso bajo estudio se debió de atender a la fecha del pago y no al periodo o fecha de realización de las actividades, se aparta de la finalidad de cuantificar objetivamente un servicio que por su breve temporalidad no puede ser considerado dentro de una relación laboral o de un servicio profesional prestado de manera independiente, ya que es necesario tomar en cuenta también el concepto por el que se efectuó el gasto mediante el REPAP, es decir, debe observarse que no se trate de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente y el correspondiente cumplimiento de las normas fiscales y de seguridad social; por lo que, alega el recurrente, la autoridad responsable también debió atender a la fecha de realización de las actividades para determinar si el pago se refiere a aquellas actividades de apoyo político devengadas, pero no pagadas, como sucede en la especie. En este supuesto, argumenta el partido actor, se tiene que cubrir el pago, pues de lo contrario no podría cuantificarse objetivamente el servicio y el hecho de que estos pagos no aparezcan en la nómina o acreditados mediante un recibo de pago por honorarios, se aparta de la realidad de los hechos que, por su temporalidad, no corresponden a servicios subordinados o independientes que implican una relación laboral o de prestación de un servicio independiente. Finalmente, el ahora recurrente alega que se estableció este tipo de documentos para que la autoridad fiscalizadora tuviera un parámetro objetivo para determinar si se excedieron los topes a los gastos de campaña permitidos, es decir, que dichos documentos tienen efectos también para determinar el concepto o duración de la actividad política retribuida.
III. Aduce el partido político hoy apelante que la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d), y punto resolutivo primero, inciso d), del acto combatido, viola los principios de constitucionalidad y de legalidad contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se dejó de observar lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lo anterior, en concepto del ahora apelante, se encuentra indebidamente motivado por la autoridad responsable, ya que la sanción de referencia se determinó por existir discrepancias o diferencias entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes, situación que, al decir del hoy recurrente, sólo corresponde al Partido Verde Ecologista de México, pero que no ocurre respecto de la contabilidad del Partido Acción Nacional, además de que la autoridad no hizo de su conocimiento dicha circunstancia durante el procedimiento de revisión de gabinete del informe anual o documental de soporte, conforme con lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del código electoral federal, es decir, no se le notificó ni se le otorgó el plazo de diez días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, sino que las irregularidades detectadas por la Comisión de Fiscalización fueron de su conocimiento el siete de agosto del año en curso, cuando ya había concluido el procedimiento de revisión, lo que le dejó en estado de indefensión, ya que no fue oído y vencido y no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento.
Por otra parte, el partido político actor presenta una serie de cuadros comparativos de los saldos que debieron aplicar y aquellos que efectivamente aplicaron los partidos políticos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio, de donde pretende desprender que las discrepancias y sus montos corresponden a la contabilidad del Partido Verde Ecologista de México, y concluir que no existe responsabilidad alguna por parte del Partido Acción Nacional, ni mucho menos, violación al artículo 38, párrafo 1, inciso k), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 1.9; 2.6; 3.1, inciso b); 3.9, y 7.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que forman coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Gastos y en la Presentación de sus Informes; así como los artículos 1.1 y 11.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la presentación de sus Informes.
Finalmente, en el escrito de apelación bajo estudio, el Partido Acción Nacional alega que hizo saber al C. Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización, mediante el oficio número TESO/017/01 del veintiuno de febrero del año en curso, y al propio Partido Verde Ecologista de México, los montos totales de los pasivos documentados, las balanzas de comprobación y auxiliares a último nivel, de donde se localizan los pasivos registrados mediante los oficios sin número de siete de febrero, trece y quince de marzo y el oficio número TESO/057/01 de siete de julio, todos del año en curso, con los cuales se demuestra, según el apelante, que la discrepancia entre los saldos que motivaron la sanción pecuniaria se debe a circunstancias ajenas a la contabilidad del Partido Acción Nacional o de sus informes.
Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que los agravios que han quedado resumidos en los apartados I y II son infundados, en tanto que el precisado en el punto III es fundado, en atención a los siguientes razonamientos.
A. En primer término, por lo que se refiere al agravio identificado con el numeral I que antecede, relativo a la sanción contenida en el considerando número 5.1, inciso a), de la resolución combatida, es necesario tener presente que el partido político ahora actor expresa argumentos tendentes a sostener que los pagos realizados con motivo de reembolsos a funcionarios y empleados del propio partido, fueron en razón de que éstos efectuaron gastos por sus hospedajes y con posterioridad se les expidió a cada uno un cheque que cubría el monto del servicio prestado o la diferencia a su favor. Dichos cheques, al decir del propio actor, fueron de la cuenta maestra número 154179-5 del Banco Nacional de México, S.A., involucrando un monto de $82,508.47 (Ochenta y dos mil quinientos ocho pesos, 47/100 M.N.).
Sin embargo, de la revisión del inciso a) del considerando 5.1 de la misma resolución impugnada, claramente se puede advertir que la sanción que se impuso al Partido Acción Nacional fue por no realizar mediante cheque, pagos superiores a los cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por un monto total de $215,666.37 (Doscientos quince mil seiscientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.), registrados en las cuentas servicios personales, subcuenta de honorarios, y servicios generales, subcuenta de viáticos, por los montos de $133,157.90 (Ciento treinta y tres mil pesos ciento cincuenta y siete pesos 90/100) y $82,508.47 (Ochenta y dos mil quinientos ocho pesos 47/100 M.N.), respectivamente.
Ahora bien, en cuanto a los argumentos expresados por el partido político actor, es necesario tener presente el contenido del artículo 11.5 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes:
11.5. Todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria a que hace referencia este artículo.
De lo dispuesto en este precepto claramente se advierte que, tal y como lo determinó la autoridad responsable, el Partido Acción Nacional incumplió con lo establecido en el articulo 11.5 del reglamento antes precisado, ya que dicho precepto claramente establece que todo pago que efectúen los partidos políticos que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, advirtiéndose que las únicas excepciones a esta regla son los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas.
De tal forma, resulta correcto que la autoridad ahora responsable haya establecido en la resolución combatida que el ahora apelante no subsanó la irregularidad encontrada por la Comisión de Fiscalización, porque, contrariamente a lo que alega el propio partido político recurrente en cuanto a que los cheques se expidieron a nombre de los funcionarios y empleados del Partido Acción Nacional, que efectuaron gastos de hospedaje y con posterioridad se les reembolsó, y que en tal sentido los gastos sí se cubrieron en forma individual mediante cheques nominativos en favor de cada empleado o funcionario, la normativa establece un límite en el monto de recursos que los partidos pueden otorgar sin la emisión de cheque nominativo, esto es, todo monto inferior a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para cada pago, puesto que no se cumple con tal normativa si se expide sólo un cheque para todos los gastos que la persona a la que se le otorgan los viáticos tendría que cubrir y que fueran superiores a cien días de salario mínimo general vigente.
En efecto, el artículo 11.5 del citado reglamento señala que todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque, siendo las únicas excepciones lo relativo a sueldos y salarios contenidos en nóminas, así como el caso del artículo 14.2 del mismo ordenamiento, que se refiere a pagos de reconocimientos por actividades políticas, que pueden realizarse en efectivo, supuestos en que no se encuentra el Partido Acción Nacional en el caso concreto, por lo que es evidente su incumplimiento a la normativa de la materia.
Finalmente, debe señalarse que resulta inexacto el argumento del Partido Acción Nacional, en el sentido de que el pago indirecto es un mecanismo contemplado en el Reglamento del Código Fiscal de la Federación y que, en consecuencia, debe tenerse en consideración para resolver a su favor en el caso concreto, toda vez que los partidos políticos se encuentran obligados, en primer término, a observar lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la normativa que de este último deriva, como es el caso del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, y sólo de manera subsidiaria y complementaria, en lo que no sea contrario a la normativa antes enunciada, las reglas contenidas en otras disposiciones legales, que incidan directamente en los derechos y obligaciones de los partidos políticos; sin que esto implique desatender o inobservar todas las obligaciones que como sujetos de derecho se prevean en la normativa vigente en el país.
De tal forma, atendiendo a que las consideraciones de la autoridad responsable para imponer la sanción precisada en el considerando 5.1., inciso a), de la resolución combatida resultan apegadas a derecho y, como consecuencia de ello, que los argumentos expresados por el partido político actor se hayan calificado de infundados, se acredita el incumplimiento a lo establecido en el artículo 11.5 del multicitado reglamento y, por tanto, debe confirmarse la sanción impuesta en el referido apartado, conforme con lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
B. En segundo término, por lo que se refiere a la sanción determinada en el considerando 5.1, inciso b), y el punto resolutivo primero, inciso b), de la resolución combatida, es necesario destacar que de la revisión del Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas al Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la revisión de los informes anuales de los partidos políticos y organizaciones políticas, correspondientes al ejercicio de 2000, se aprecia que la referida irregularidad se encontró al revisar los egresos del Partido Acción Nacional, concretamente en la cuenta de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, mismos que, en parte, excedieron el límite mensual de cuatrocientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el año 2000, equivalentes a $15,160.00 (Quince mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), conforme con el siguiente cuadro:
FOLIO "REPAP"
Eg-287/08-00
Eg-507/08-00
Eg-640/08-00
Eg-428/09-00
LUISA URRECHA BELTRÁN
Eg-610/09-00
Eg-521/12-00
RICARDO VARGAS AGUAYO
Asimismo, en el referido dictamen, pero en la parte relativa a la revisión en el Estado de Nuevo León, se encontró en la cuenta de servicios personales, subcuenta de reconocimientos por actividades políticas, que también se habían rebasado los límites mensuales antes precisados, como se detalla en el siguiente cuadro:
PE-3012/09-00
ARMANDO RODRÍGUEZ CORONA
PE-3014/09-00
Como puede advertirse de la información obtenida del dictamen consolidado, concretamente de la columna de "diferencia" la irregularidad determinada por la autoridad responsable consistente en que el partido no comprobó, conforme con los lineamientos de la materia, un monto total de $41,360.00 ($28,520.00 + $12,840.00) registrado en el rubro Servicios Personales, subcuenta Reconocimientos por Actividades Políticas, se debe a que el partido político otorgó cantidades de dinero a algunas personas por este concepto, a través de los recibos "REPAP", que superaron el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes, lo que resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 14.4 de los referidos lineamientos.
En efecto, resulta pertinente tener presente el contenido de los artículos del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, relacionados con el aspecto en controversia, y que son los siguientes:
Artículo 11.1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que expida a nombre del partido político la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los siguientes párrafos.
Artículo 14.2. Durante las campañas electorales, los partidos políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que especifiquen el nombre y la firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono, la campaña electoral correspondiente, el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al partido político, y el período de tiempo durante el que se realizó el servicio. Los recibos deberán estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. Estas erogaciones contarán para los efectos de los topes de gasto de las campañas correspondientes.
Artículo 14.3. Los reconocimientos que los partidos políticos otorguen a personas involucradas en actividades de apoyo político relacionadas con su operación ordinaria, taimen podrán ser documentados con un recibo que deberá reunir los requisitos a que hace referencia el párrafo anterior, excepto la relativa a la campaña electoral.
Artículo 14.4. Las erogaciones realizadas por los partidos políticos como reconocimientos a una sola persona física por una cantidad equivalente o superior a tres mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, dentro del transcurso de un año, ya sea que se paguen en una o en varias exhibiciones, no podrán ser comprobadas a través de los recibos previstos en los dos párrafos anteriores. Tampoco podrán comprobarse mediante esta clase de recibos los pagos realizados a una sola persona física, por ese concepto, que excedan los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un mes. En ambos casos, tales erogaciones deberán estar soportadas de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 del presente Reglamento.
En este sentido, lo dispuesto en el artículo 14.4 es claro, en el sentido de que una sola persona no puede recibir, en el transcurso de un mes, una cantidad superior al equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, monto que en el año dos mil equivalía a $15,160.00 (Quince mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), ello con independencia del periodo durante el cual se hubiesen realizado los servicios de apoyo político por parte del ciudadano hacia el partido político.
Al respecto, es necesario destacar que esta Sala Superior ya ha sostenido un criterio similar, respecto de los preceptos antes transcritos, si bien en el sentido de que los recibos "REPAP" no pueden exceder el límite de cuatrocientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal en un mes, y que en el caso de que el periodo por el cual se hayan realizado las actividades políticas por las cuales se hayan otorgado los correspondientes reconocimientos, excedan de dicho plazo, deberían expedirse tantos recibos como fuese necesario, a efecto de no exceder los límites previstos.
En efecto, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-029/2000, el diecinueve de julio del año dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, determinó, a fojas 110 a 114 de la sentencia de referencia, lo siguiente:
De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:
a) Los gastos que realicen los partidos políticos invariablemente, deberán registrarse en la contabilidad del mismo y estar soportados con la documentación que se expida a nombre del partido político.
b) Esta documentación deberá cumplir con los requisitos fiscales aplicables, salvo determinados casos.
c) Los partidos políticos tiene la posibilidad de realizar erogaciones por concepto de gastos en la cuenta servicios personales, debiendo estar soportadas con la documentación atinente y que cumpla los requisitos fiscales, en términos del artículo 11.1, aunque existen casos de excepción.
d) Una de las excepciones de la regla general (documentación con requisitos fiscales), consiste en que se podrá otorgar los reconocimientos en efectivo a los militantes o simpatizantes del propio partido, por el desarrollo de determinadas actividades de apoyo político, hasta un monto de cuatrocientos o tres mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, que se otorgue a una persona física por mes o por año, respectivamente.
En efecto, la documentación justificatoria de las erogaciones hasta por las cantidades de referencia (y por debajo de éstas) podrán realizarse a través de determinados formatos, en los que los únicos requisitos que se exigen, son, a saber, los siguientes: 1) emitir recibos foliados que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y teléfono; 2) el monto; 3) la fecha de pago; 4) el tipo de servicio prestado al partido político; 5) el periodo durante el que se realizó el servicio; y 6) la firma del funcionario del área que autorizó el pago.
e) Consecuentemente, las erogaciones superiores a los cuatrocientos y tres mil días de salario arriba especificado, por los periodos mencionados, sin lugar a dudas, tendrán que verificarse en términos del artículo 11.1, es decir, la documentación justificatoria debe reunir los requisitos fiscales aplicables; sin que sea válido justificar estas erogaciones mediante los formatos antes precisados.
Sobre estas bases, y dado que la normatividad reglamentaria de manera nítida establece que los montos superiores a los cuatrocientos y tres mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por concepto de reconocimientos en efectivo por actividades de apoyo político, no puede avalarse su justificación en un formato que no cumpla con las especificaciones fiscales.
De lo anterior, se advierte que no le asiste la razón al apelante en el sentido de que la documentación que presentó cumple con lo dispuesto por el propio artículo 14.4, puesto que en este precepto se prevé que los gastos que sobrepasen los límites de cuatrocientos y tres mil días de salario antes precisados, no podrán justificarse mediante la expedición de los formatos "REPAP"; y mucho menos que de este precepto se genere la posibilidad de que en un solo formato se rebasen los límites antes enunciados. Consecuentemente, el alegato que en dicho reglamento no se prevé prohibición alguna para realizar pagos de manera retroactiva mediante la expedición de un solo formato, aunque la cantidad que ampare exceda de los límites establecidos, carece de sustento legal, puesto que como se expuso con anterioridad, la norma es clara en cuanto a que cada formato no podrá rebasar los topes mencionados por concepto de reconocimientos por actividades políticas; por tanto, el hoy inconforme tuvo la oportunidad de generar tantos recibos como fuese necesario para justificar las erogaciones efectuadas, siempre por debajo de los montos aprobados. Además se precisa que el partido tuvo un periodo de diez días hábiles para subsanar estar irregularidades, sin que así lo haya hecho, no obstante que se le hicieron de su conocimiento con toda oportunidad.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que tal y como lo sostuvo la autoridad responsable, no se puede pasar por alto que se trata de la revisión del informe de ingresos y egresos de una entidad de interés público, en el que por ley su financiamiento predominante es otorgado por el erario público. Incluso, la posibilidad de que presenten los partidos políticos los formatos (REPAP) antes referidos, se dejan a la buena fe del propio partido, sin exigirle mayores requisitos que los enunciados en el artículo 14.2 del Reglamento aplicable.
Sobre estas bases también debe decirse que no le asiste la razón al impetrante cuando manifiesta que no trató de anteponer los mecanismos de control, registro y aplicación de los recursos a la normatividad legal y reglamentaria aplicable, y que sólo explicó las razones del por qué, en su concepto, los recibos mencionados amparaban cantidades superiores a los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; ello en virtud de que como quedó precisado, no puede avalarse tal justificación si los documentos en cuestión no satisfacen los requisitos atinentes.
Por estas razones, el presente agravio es infundado.
De tal forma, resulta evidente que atendiendo a la interpretación que esta Sala Superior ha realizado a lo dispuesto en los artículos 11.1; 14.2; 14.3 y 14.4, del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, el partido político ahora actor debió proceder a expedir tantos recibos REPAP como fuese necesario, pero sin que los mismos queden comprendidos dentro del mismo mes, a efecto de hacer compatible el monto máximo de recursos que un ciudadano puede recibir a través de un recibo REPAP, con el periodo por el cual se realizó el servicio, que en el caso concreto, según se desprende del dictamen consolidado y lo manifestado por el propio actor, así como por la autoridad responsable en la resolución combatida, abarcaron más de un mes, por lo que esta Sala Superior llega a la convicción de que efectivamente el partido político ahora apelante incumplió con la normativa aplicable, ya que los pagos efectuados exceden los límites reglamentarios, pues se efectuaron pagos mayores a cuatrocientos salarios mínimos generales diarios en el Distrito Federal en el transcurso de un mes.
Lo anterior, en forma alguna resulta incompatible con el hecho de que, como lo afirma el partido político ahora actor, la finalidad de los recibos REPAP es la de establecer un parámetro o elemento para cuantificar el costo de los servicios esporádicos, no laborales o de apoyo que pudiera prestar un ciudadano mexicano hacia un partido político, porque, efectivamente, ello permite conocer las erogaciones que por tal concepto realizan dichos institutos políticos, propiciando que las contenidas electorales sean más equitativas, al poderse establecer controles que impidan se rebasen los topes a los gastos de campaña respectivos, pero además, también permite evitar que con ello se pueda eludir el cumplimiento de determinadas obligaciones fiscales así como el pago de las contribuciones fiscales que por servicios subordinados o independientes corresponda, al establecerse que el pago durante un mes por dicho concepto no exceda del tope de los cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, o la cantidad de tres mil días como tope anual permitido por persona.
De tal forma, al existir un límite mensual y anual para el otorgamiento de los reconocimientos por actividades políticas, a través de los recibos REPAP, tal y como lo ha establecido esta autoridad jurisdiccional federal, cuando se realice una erogación que en determinado momento abarque un periodo de servicio mayor al de un mes, el partido político debe proceder a emitir tantos recibos como sea necesario, en el momento en que se estén realizando, a efecto de no violentar las reglas previstas en los lineamientos de referencia. Lo anterior no resulta excesivo ni contrario a las prácticas legales correspondientes, si se atiende al hecho de que si una persona se encuentra prestando su apoyo a un partido político por un lapso mayor a un mes, obviamente existe la vinculación y contacto necesarios para ir expidiéndole y entregándole los recibos correspondientes a cada periodo y, en consecuencia, darle pleno cumplimiento a la normativa antes referida.
En efecto, pese a que se trata de servicios que por su breve temporalidad no pueden ser considerados dentro de una relación laboral o de un servicio profesional prestado de manera independiente, como lo sostiene el partido político ahora actor, pues no se trata de una relación de subordinación o de prestación de un servicio independiente, la propia naturaleza de las actividades desarrolladas permite que exista el contacto necesario entre el partido político y el ciudadano, a efecto de que a medida que se van realizando las actividades de apoyo político, las mismas sean retribuidas.
En términos de lo que se ha expuesto, queda evidenciado que la irregularidad determinada y sancionada por la autoridad responsable sí se actualizó y, por tanto, debe confirmarse la multa impuesta al Partido Acción Nacional en el considerando 5.1, inciso b), de la resolución impugnada.
C. En cambio, por lo que se refiere a la imposición de la sanción prevista en el considerando 5.1, inciso d), y punto resolutivo primero, inciso d), del acto combatido, el alegato del partido político recurrente resulta fundado, toda vez que la autoridad responsable efectivamente desatendió lo previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, incisos b) y d), fracción III, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En efecto, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido reiteradamente el criterio de que el procedimiento de presentación y revisión de los informes de los partidos políticos nacionales previsto en el artículo 49-A, párrafos 1, inciso a), fracción I, y 2, incisos a) al d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contempla diferentes etapas, que deben ser atendidas puntualmente, tanto por los partidos políticos nacionales, como por la propia autoridad fiscalizadora.
En este sentido, del citado precepto se desprende, en primer lugar, que los partidos políticos nacionales tienen la obligación de presentar sus informes anuales del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas cuenta con sesenta días para revisar los informes anuales presentados por los partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ahora bien, conforme con lo dispuesto en el inciso b) del precepto antes invocado, si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, debe notificar al partido político para que, en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.
Una vez que ha vencido el plazo de sesenta días que tiene la Comisión de Fiscalización para revisar los informes o, en su caso, el concedido para la rectificación de errores u omisiones, la comisión dispone de veinte días para elaborar un dictamen consolidado que debe presentar al Consejo General del Instituto Federal Electoral, dentro de los tres días siguientes a su conclusión.
El referido dictamen debe contener, por lo menos: a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos y las agrupaciones políticas; b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los mismos, y c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos y las agrupaciones políticas, después de haberles notificado con ese fin.
Es necesario destacar que en el Consejo General del Instituto Federal Electoral se presenta el dictamen y proyecto de resolución que haya formulado la comisión, procediendo a imponer, en su caso, las sanciones correspondientes, a partir precisamente del contenido del multicitado dictamen consolidado.
Como puede advertirse, con fundamento en el artículo 49-A, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, si la Comisión de Fiscalización advierte, durante el transcurso de los sesenta días que tiene para revisar los informes de mérito, la existencia de errores u omisiones técnicas, debe notificar al partido político que hubiere incurrido en ellos para que, en un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, realice las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes.
En efecto, como claramente se advierte de las disposiciones que regulan la rendición del informe anual de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, se contemplan expresamente los plazos en que dichos institutos políticos deben presentar su respectivo informe, así como el término con que la Comisión de Fiscalización cuenta para realizar la revisión de los mismos, y también la obligación que tiene dicha comisión de hacer del conocimiento de los partidos políticos la existencia de errores u omisiones técnicas, así como el plazo en que los partidos deben dar cumplimiento a los requerimientos o presentar las aclaraciones que, en su caso, les sean solicitadas, sin que dichas obligaciones y términos puedan dejar de observarse o alterarse a voluntad del partido político o de la autoridad electoral, pues ello atentaría contra el principio de legalidad a que debe sujetarse el actuar de toda autoridad, máxime que dichas disposiciones son de orden público y su cumplimiento no queda al arbitrio de la autoridad o de partidos políticos o agrupaciones.
En este sentido, si la autoridad fiscalizadora advirtió la existencia de errores en el informe rendido por el Partido Acción Nacional, en relación con la información que se desprende del informe de gastos de campaña que como integrante de una coalición presentó, la obligación de la autoridad era hacer del conocimiento del partido político dicha situación, a efecto de que éste tuviera la oportunidad de realizar las aclaraciones que estimara pertinentes. Consecuentemente, si la autoridad fiscalizadora no le brindó la oportunidad de rectificar los errores, tal y como lo prevé el código electoral, y precisamente le impone una sanción derivada de las irregularidades que advirtió pero no hizo previamente del conocimiento del partido político, dicha autoridad actuó contrariamente al principio de legalidad electoral que debe observar, conforme con lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, no escapa a este órgano jurisdiccional el hecho de que la autoridad responsable sostiene en su informe circunstanciado que no solicitó al Partido Acción Nacional que explicara y, en su caso, corrigiera las diferencias contables detectadas entre la contabilidad agregada de la coalición Alianza por el Cambio y los informes anuales presentados por los partidos políticos que la integraron, porque a su juicio constituía una irregularidad que no era susceptible de ser subsanada. Dicha afirmación de la hoy responsable sólo podría ser atendible, en su caso, respecto del informe de gastos de campaña de la citada coalición, toda vez que el mismo ya fue objeto de revisión y emisión del dictamen correspondiente, pero no puede serlo en forma alguna respecto del informe anual de ingresos y egresos que se estaba revisando, toda vez que el mismo era susceptible de ser aclarado o rectificado por el propio partido político.
No es inadvertido para este órgano jurisdiccional que la responsable en su informe circunstanciado invoca la existencia de antecedentes similares, en los que se encontraron irregularidades, consistentes en que cuatro topes de gastos de campaña fueron rebasados y, a pesar de que no se les concedió el plazo para formular correcciones, esta Sala Superior confirmó la sanción que al respecto se le impuso a los partidos políticos que integraron la Coalición Alianza por el Cambio.
Al respecto, se tiene en cuenta que el trece de julio de dos mil uno, esta Sala Superior resolvió los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-017/2001 y SUP-RAP-018/2001, interpuestos por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, sin embargo, respecto de la irregularidad que en concreto refiere la autoridad responsable, y que es la relativa a que cuatro topes de gastos de campaña fueron rebasados, a pesar de que este órgano jurisdiccional efectivamente confirmó la sanción que con tal motivo se les impuso, es necesario aclarar que los citados partidos políticos esgrimieron agravios tendentes a combatir lo que consideraron una incorrecta individualización de la pena que se les impuso, así como a pretender evidenciar una excesiva sanción, contraria al principio de proporcionalidad que en su concepto debió observar la autoridad, sin que en esa ocasión se hubiese esgrimido agravio alguno sobre la presunta violación al derecho a garantía de audiencia administrativa a los entonces recurrentes, por lo que resulta inatendible lo afirmado por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.
Finalmente, cabe señalar que la autoridad responsable actuó en forma incongruente respecto de la imposición de sanción a la irregularidad que en este apartado se analiza, toda vez que en la propia resolución impugnada, tocante al Partido Verde Ecologista de México, sí hizo del conocimiento de este último instituto político las irregularidades que encontró respecto de que dicho partido no incluyó en sus registros contables lo relativo a su parte proporcional en relación con la coalición Alianza por el Cambio, del remanente en bancos, pasivos documentados, ingresos en especie y efectivo por aportaciones de los candidatos a sus campañas, aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la coalición, ingresos por colectas en mítines y por rendimientos financieros, lo cual llevó a la misma autoridad fiscalizadora a realizar las observaciones y requerimientos correspondientes, a efecto de que el partido político en cuestión realizara las aclaraciones correspondientes.
En efecto, en la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, al analizarse el caso del Partido Verde Ecologista de México, puede apreciarse claramente lo siguiente:
De la revisión efectuada a los ingresos y egresos del Partido Verde Ecologista de México, se desprende que dicho partido incumplió con su obligación de registrar contablemente y reportar en su informe anual ingresos obtenidos y egresos realizados por la coalición Alianza por el cambio.
Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido por los artículos 38, párrafo 1, inciso K) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.9, 2.6 y 3.1 inciso b), 3.9 y 7.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos e instructivos aplicables a los partidos políticos nacionales que formen coaliciones en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, así como lo ordenado por el artículo 1.1 y 11.1 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuenta y guías contabilizadoras aplicables a los partidos políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales".
Mediante oficio No. STCFRPAP/523/01 de fecha 25 de junio de 2001, esta situación se hizo del conocimiento del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de que, efectivamente, la Comisión de Fiscalización detectó que dicho partido no incluyó en sus registros contables lo relativo a su parte proporcional, en relación a la Alianza por el Cambio de remanente en bancos, pasivos documentados, ingresos en especie y efectivo por aportaciones de los candidatos a sus campañas aportaciones en especie recibidas por los candidatos de la coalición, ingresos por colectas en mítines y por rendimientos financieros.
Al respecto, el partido expresó, mediante escrito de fecha 9 de julio de 2001, lo que a continuación se reproduce:
"Gastos de Campaña. En lo referente al registro que corresponde al Partido Verde Ecologista de México de los remanentes y gastos de campaña aclaramos a ustedes lo siguiente:
Se anexan pólizas con el registro que aplica el Partido Verde ya que no contamos con la información completa para realizar un adecuado y correcto registro correspondiente a los gastos de campaña".
A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la documentación entonces entregada por el partido sólo correspondió a la aplicación de las transferencias efectuadas del partido a la Coalición Alianza por el Cambio a la cuenta correspondiente a Gastos de Campaña, razón por la cual no se consideró satisfactoria la respuesta del partido.
Posteriormente, y de manera extemporánea, el partido manifestó lo siguiente, en escrito fechado el 10 de julio de 2001:
"En lo que corresponde al Partido Verde Ecologista de México de los remanentes y gastos de campaña se realizaron los registros correspondientes".
De la revisión efectuada por la Comisión de Fiscalización a la documentación presentada por el partido, se concluyo que el partido registró efectivamente varias cifras por concepto de Campañas Federales relativas a los rubros Financiamiento proveniente de Militantes, Financiamiento Proveniente de Simpatizantes y Financiamiento por Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos, Gastos efectuados en Campañas Políticas, de la Alianza por el Cambio. Sin embargo, como puede verse a fojas 13, 14, 15, 16, 19, 20, 45 y 46 del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, las cifras finales reportadas por ambos partidos no se corresponden con las que reportaron juntos como Coalición en el Informe de campaña que presentaron ante esta autoridad electoral y que ya fue auditado y dictaminado.
Esta autoridad considera que para determinar la sanción que corresponde a cada uno de los partidos coaligados en la Alianza por el Cambio debe tomarse en cuenta si registró o no lo que el órgano de finanzas de la coalición en su momento determinó. Sin embargo, en la medida en que la agregación de los montos registrados por cada uno de los partidos en sus Informes Anuales no coincide con los montos agregados registrados por ellos, en tanto que coalición en el Informe de Campaña entregado por al Alianza por el Cambio, ambos han de ser sancionados. Del contenido del capítulo correspondiente del Dictamen Consolidado, este Consejo General concluye que el Partido Verde Ecologista de México incumplió, ciertamente, con su obligación de registrar y reportar ingresos y egresos, toda vez que las diferencias encontradas entre la contabilidad agregada de los partidos que conformaron la coalición Alianza por el Cambio y sus respectivos informes anuales, se debe al hecho de que el Partido Verde Ecologista de México omitió incorporar a su contabilidad y a sus registros los resultados contables de las operaciones de la citada Coalición.
La falta se califica como grave, porque provoca dudas en la autoridad respecto de cual de los datos informados por los partidos en lo individual y por partidos como Coalición resulta cierto y definitivo. Sin embargo, esta autoridad toma en consideración que esta es la primera ocasión en que el Partido Verde Ecologista de México incurre en esta irregularidad.
En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega la convicción de que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México una sanción económica que, dentro de los límites establecidos en el artículo 269, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que fija la sanción en una multa de dos mil trescientos cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
De lo antes transcrito se evidencia que, a pesar de que en su informe circunstanciado la responsable sostiene que en el caso del Partido Acción Nacional encontró irregularidades que no eran susceptibles de aclaración o corrección alguna, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, no obstante referirse al mismo aspecto, la autoridad si observó el procedimiento precisado al inicio de este apartado.
Conforme con lo antes expuesto, al ser fundado el agravio esgrimido por el partido político actor, debe revocarse la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil uno, a efecto de que la autoridad responsable reponga el procedimiento por lo que se refiere exclusivamente a la irregularidad precisada en el inciso d), del considerando 5.1, de la referida resolución impugnada, y respecto del Partido Acción Nacional, haciendo del conocimiento de dicho instituto político las observaciones que sobre el particular se realizaron, brindándole el plazo de diez días a efecto de que presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes, y con ello salvaguardar su garantía de audiencia. Hecho lo anterior, deberá continuar con el correspondiente procedimiento, y en su momento deberá dictar la determinación que conforme a derecho corresponda.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 2, 6, 42, 44, 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 1o y 10, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
PRIMERO. Se revoca la sanción impuesta al Partido Acción Nacional en el inciso d) del punto resolutivo primero, de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil uno, a efecto de que proceda en los términos de lo expuesto en el apartado C del considerando tercero de esta sentencia.
SEGUNDO. Se confirman las sanciones impuestas al Partido Acción Nacional en los incisos a) y b) del punto resolutivo primero de la Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2000, aprobada en su sesión extraordinaria del nueve de agosto de dos mil, en términos de lo expuesto en los apartados A y B del considerando tercero de esta ejecutoria.
Notifíquese personalmente al partido político actor y por oficio a la autoridad responsable, anexando en este último caso copia certificada
de la presente resolución; asimismo, a los demás interesados, a través de los estrados de este Tribunal. Hecho lo anterior, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.