Source: http://www.tse.go.cr/juris/relevantes/SSC-4954-2006.html
Timestamp: 2019-03-20 05:20:22
Document Index: 193791028

Matched Legal Cases: ['artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 98', 'artículo 138', 'artículo 138', 'artículo 30', 'artículo 95', 'artículo 75']

SSC-4954-2006
*060034700007CO*
EXPEDIENTE N° 06-003470-0007-CO
RESOLUCION Nº 2006004954
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas y treinta y nueve minutos del siete de abril del dos mil seis.
Recurso de amparo interpuesto por MIREYA ZAMORA ALVARADO, mayor de edad, vecina de Alajuela, con cédula de identidad número 203880657, contra el ARTICULO 138 DEL CODIGO ELECTORAL LEY N° 1536 Y SUS REFORMAS Y LA INTERPRETACION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las quince horas diez minutos del veinticuatro de marzo del dos mil seis, la recurrente interpone recurso de amparo contra el ARTICULO 138 DEL CODIGO ELECTORAL LEY N° 1536 Y SUS REFORMAS Y LA INTERPRETACION DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, y manifiesta lo siguiente: que la aplicación de plazas de diputados que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones es contraria y contraviene el principio de igualdad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Electoral, para aquellos casos en que el cociente no alcanzó para llenar el total de las plazas a diputados, el proceso debe seguir hasta alcanzar la totalidad de las plazas. Es aquí donde entra a jugar el principio de participación de la minoría en relación con el principio de igualdad, en donde se le otorga el derecho a los partidos que alcanzaron apenas el subcociente, poniéndolos en igualdad de condiciones. Indica que el citado artículo dice “pero incluyendo también aquellos partidos que apenas alcanzaron subcociente” de donde la frase “que apenas” debe tomarse en cuenta, pues tiene un gran significado. Indica que las plazas serán llenadas a favor de los partidos políticos, pero en un orden decreciente de la cifra residual de la votación o, lo que es lo mismo, se debe hacer de la misma manera que se distribuyen las plazas por cociente, ya que se están metiendo en el turno a los partidos que sacaron cociente, razón por la cual debe seguirse con la misma tónica. A su juicio, quienes debe llenar las plazas por subcociente son aquellos partidos que cumplan la mayoría de votos residuales, una vez traspasada la barrera de cociente, y así sucesivamente. Por el contrario, el Tribunal Supremo de Elecciones aplica las plazas por orden de cantidad de votos, con lo cual iguala a los partidos que alcanzaron el cociente, sin importar la cantidad que éstos tengan, con los que alcanzaron el subcociente y, posteriormente, comienza la distribución, otorgándole una plaza al partido que más votos residuales tiene y, luego entregándole plazas a los partidos que participaron en el cociente con residuos ínfimos, sin tomar en cuenta le orden decreciente del residuo del subcociente. Aduce que el Tribunal Supremo de Elecciones interpreta indebidamente el artículo 138 del Código Electoral y, con ello, viola y deja sin aplicación la figura del Residuo Mayor estipulado en ese código. Manifiesta que para que las minorías tengan derecho a ser electos tiene que alcanzar el subcociente o más, y aquí debe darse igualdad de condiciones entre los partidos que tienen el privilegio de aplicar, pues decir que un residuo de mil cuatrocientos cuarenta y seis votos es igual a uno de veinticuatro mil veintiuno por el simple hecho de que es un sobrante del cociente, es disminuir el sistema electoral de país, darle un valor diferenciado a los votos de las personas que votan por los partidos minoritarios y menguarle el valor a los ciudadanos que expresan su voluntad de elección popular establecido en el artículo 98 de la Constitución Política. Señala que el parámetro de medición establecido para los minoritarios para poder optar a las plazas es el número de subcociente, lo cual se debe respetar, y de allí determinar los residuos y aplicar las plazas en orden, de acuerdo al alcance a cada partido de manera decreciente, hasta llenar las plazas vacantes, lo cual sería contrario al sistema de proporcionalidad adoptado por nuestro país. De acuerdo a lo que indica el artículo cuestionado, el procedimiento de aplicación de plazas para diputados debe hacerse de manera decreciente sobre le residuo de cada partido político, lo cual, en su caso, por orden de residuo, al ser los más altos con veinticuatro mil veintiún votos se debió llenar la primera plaza, si bien el artículo no indica un número de referencia en el que se haga la aplicación de votos, por lo que se debe entender que la referencia es el Subcociente, que para su caso es de trece mil novecientos veintidós votos. De no ser así, el artículo sería contrario a los principios de igualdad y de participación de las minorías, tutelados en la Constitución Política, pues se estaría legislando a favor de los partidos mayoritarios. Acusa que el procedimiento utilizado le lesiona los derechos de participación democrática y política, ya que en razón de la aplicación del artículo 138 del Código Electoral su postulación a la candidatura a diputada para el período constitucional 2006-2010 por la provincia de Alajuela se vio frustrada, pues el mecanismo empleado en el citado artículo burla la participación democrática de los ciudadanos al ignorar altos porcentajes de votación del electorado, con lo que se permite que su expresión del voto se vea mermada por un mecanismo electoral antidemocrático y, de forma indirecta, se afecta la representación de un grupo de ciudadanos a la libre expresión del sufragio. En su caso particular, como el Movimiento Libertario al que representa no obtuvo votos de diputados por la barrera del cociente, aunque obtuvo un subcociente mayor al de otros partidos, simplemente se descartaron esos votos frente a partidos con menos subcociente, por el hecho de que esos partidos sí obtuvieron diputados por la barrera del cociente. Argumenta que ese mecanismo de elección es violatorio del principio democrático de pluralismo político, del derecho al sufragio y de la representación política. Considera violado el principio de participación política y de pluralismo político (derecho a acceder a puestos de elección popular). Solicita se declare con lugar el recurso.
I.- La recurrente, en el fondo, lo que impugna es la Declaratoria de la Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa N° 1137-E.2006 del Tribunal Supremo de Elecciones de las siete horas treinta minutos del veintidós de marzo del dos mil seis (folios 10 a 17), ya que es en esa declaratoria donde dicho Tribunal aplica el artículo 138 del Código Electoral, Ley N° 1536, y realiza la interpretación que aquí se impugna. De manera que existe un acto de aplicación individual a la amparada de dicho artículo y de dicha interpretación, por lo cual el amparo se dirige, realmente, contra actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electora, contra lo cual no cabe el recurso de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Por otra parte, si lo reclamado por la recurrente fuera admisible, se trataría de un amparo electoral –por ser lo reclamado materia propiamente electoral- el cual debe presentarse ante el propio Tribunal Supremo de Elecciones y sólo en la eventualidad de que éste decline su competencia, procedería su conocimiento por parte de esta Sala. En todo caso, cabe citar lo dicho por este Tribunal respecto a la materia aquí debatida por la recurrente, en sentencia número 7383-97 de las quince horas cuarenta y ocho minutos del cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete:
“TERCERO. SISTEMA DE COCIENTE Y SUBCOCIENTE PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS. Para los cargos de elección a la Asamblea Legislativa, el Código Electoral establece el sistema de cociente y subcociente. Según este sistema, los cargos a elegir se llenan en primer término con los partidos participantes en la elección que obtengan un porcentaje de votos denominado "cociente" y que resulta de dividir el número total de votos válidos emitidos en la elección, entre el número de cargos a llenar. Cada partido tiene derecho a tantas plazas como cocientes haya alcanzado. Si luego de utilizado el sistema de cociente resultaran plazas (cargos) sin llenar, éstas se llenarán tomando en cuenta los "residuos mayores" siempre que los respectivos partidos hayan obtenido "subcociente", y que consiste en la mitad del número de votos requeridos para formar el cociente. Así se irá en orden decreciente, de modo que solo se permite a otros partidos derecho a participar en la distribución de plazas a llenar, cuando a través del cociente y subcociente no se hubiera completado la asignación de todas aquellas. Es entonces cuando entran en juego y se toman en cuenta los partidos que tuvieron una votación residual, sin alcanzar el mínimo del subcociente. La Procuraduría General de la República, en su función de órgano asesor imparcial de este tribunal, estima que el sistema es inconstitucional, puesto que discrimina a las minorías, otorgando un tratamiento de ventaja y privilegio a los partidos mayoritarios. Resulta también muy interesante reseñar el hecho de que el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando informa a la Sala acerca de las pretensiones de la acción, declara que ese máximo organismo electoral, con criterio dividido (2 Magistrados a 1), se pronuncia por la legitimidad del sistema. Esto nos descubre que en el seno del máximo organismo electoral hay criterio -si bien minoritario-, acerca de la posible ilegitimidad del sistema impugnado en esta acción.La Constitución Política establece que
Alguna parte de la doctrina especializada esgrime un argumento favorable al sistema de elección por cociente y subcociente y afirma que permite a las minorías organizadas en partidos políticos, tener representantes en la función legislativa. El argumento reconoce, a nuestro modo de ver, un fenómeno frecuente en los partidos llamados “grandes” o “mayoritarios”, y es el de la incorporación a ellos de diversos sectores y minorías de pensamiento. No resulta aventurado afirmar, por los estudios socio políticos que se han realizado en diversos países y momentos, que los denominados "partidos de masas" no son bloques ideológicos monolíticos, sino que se les integran diversos grupos minoritarios, y es de allí que, a través del sistema, esos grupos tendrían acceso a los cargos electivos. Así, el sistema les garantizaría a "estas minorías" incorporadas a los "partidos de mayorías", un efectivo ejercicio del derecho a elegir y ser electo. En virtud de este enfoque, el sistema diseñado por la legislación costarricense resulta compatible con la Constitución Política cuando ordena que debe incorporar "garantías de representación para las minorías" (artículo 95 inciso 6?).
Por lo dicho, el sistema desarrollado por el Código Electoral no desplaza a las minorías, pero tampoco lo hace irrazonablemente con los partidos minoritarios. Decir que el sistema, si bien no es del todo discriminador, no cumple cabalmente con la exigencia de dar garantías de representación para las minorías todas, obligaría además, a definir cuál es el sistema que sí lo logra, problema que se presenta en todas latitudes, pues como sabemos, más bien intervienen criterios muy particulares de la praxis de cada país. En resumen, no entendemos que haya inconstitucionalidad alguna en lo impugnado.”
II.- Por otra parte, la Sala no puede dejar de advertir la situación concreta planteada en el recurso, específicamente en lo que se refiere a la posibilidad que otorga el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre la base de un recurso de amparo o de hábeas corpus pendiente ante ella, debiendo indicarse que para estos casos es absolutamente necesario que éstos sean admisibles; es decir, que efectivamente se trate de un asunto en el que estén de por medio no sólo derechos fundamentales de las personas, sino también que para su resolución hayan de aplicarse las normas cuya inconstitucionalidad se pretende; un amparo o hábeas corpus manifiestamente improcedente no constituye medio razonable de amparar ningún derecho o interés, y por ello no puede pretenderse dentro de aquél una declaratoria de inconstitucionalidad, pues ello implicaría reconocer, por esa vía, la existencia en nuestro ordenamiento de una acción popular como presupuesto de legitimación para el acceso al control de constitucionalidad de las normas, situación que en reiteradas oportunidades ha sido rechazada, tanto en la doctrina especializada, como la propia jurisprudencia de esta Sala.
III.- Dadas las consideraciones anteriores, el recurso es inadmisible y así se declara.
Teresita Rodríguez A. Rosa María Abdelnour G.