Source: https://legislacion.vlex.es/vid/conservacion-explotacion-autopistas-197890869
Timestamp: 2019-04-19 11:15:57
Document Index: 114651976

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'Artículo 1', 'Artículo 59', 'Artículo 2', 'Artículo 157', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 20', 'Artículo 8', 'Artículo 157', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 59', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 157', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 52', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 69', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 76', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 157', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 157', 'Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 59', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 59', 'artículo 53', 'Artículo 29', 'Artículo 78', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 157', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'artículo 29', 'Artículo 36', 'Artículo 157']

Ley de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión (Ley 8/1972, de 10 de Mayo) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 197890869
Ley de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión (Ley 8/1972, de 10 de Mayo)
Publicado en: BOE de 11 de Mayo 1972
CAPÍTULO II. Actuaciones preparatorias - arts. 4 a 6
CAPÍTULO III. Otorgamiento de la concesión y formalización del contrato - arts. 7 a 10
CAPÍTULO IV. Régimen económico-financiero - arts. 11 a 15
CAPÍTULO V. Expropiación forzosa y limitaciones de la propiedad privada - arts. 16 a 20
CAPÍTULO VI. Potestades de la Administración - arts. 21 a 29
CAPÍTULO VIII. Duración, cesión, extinción y suspensión de la concesión - arts. 30 a 35
CAPÍTULO IX. La Delegación del Gobierno - art. 36
Norma citada en: 3018 sentencias, 62 artículos doctrinales, 2 temas prácticos, 62 resoluciones administrativas, 25 noticias
Iniciado el Plan de Autopistas, fue preciso arbitrar con carácter urgente una regulación jurídica de las concesiones, mediante la promulgación de Decretos-leyes específicos para cada uno de los concursos que al efecto se convocaron, con la consiguiente dispersión y casuística de las normas sobre concesión de autopistas de peaje, lo que aconseja la elaboración de una legislación que, recogiendo toda la experiencia propia y ajena en este tipo de gestión del servicio público, constituya, por otra parte, un sistema normativo general aplicable a todas las autopistas, sin que en cada caso sea necesario acudir a una norma concreta y de carácter excepcional.
La presente Ley contiene el régimen jurídico básico de las concesiones administrativas de autopistas. Como prescribe el artículo 197 del Reglamento General de Contratación del Estado , se establece la atribución de competencias administrativas, se determina el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y se declara que el servicio constituye una actividad propia del Estado.
El capítulo II, siguiendo la orientación de la Ley de Contratos del Estado , establece y concreta las actuaciones preparatorias que deben preceder a toda concesión, posibilitando la colaboración de la iniciativa privada en la promoción de estas concesiones.
El capítulo III regula el otorgamiento de la concesión con absoluto respeto al principio de publicidad y libre competencia, inclinándose por el sistema de concurso como fórmula más idónea para este tipo de concesiones.
La capacidad para contratar se reconoce a toda persona que la tenga para obligarse, salvo cuando concurran en ella alguna de las circunstancias de incapacidad previstas en la Ley de Contratos del Estado , si bien con posterioridad a la adjudicación se exige la constitución de una Sociedad anónima de nacionalidad española, por ser este tipo de Sociedad la única idónea para hacer frente a las obligaciones que el negocio impone.
El régimen económico y financiero se regula en el capítulo IV, previniéndose el abanico de beneficios tributarios y financieros, de entre los cuales la Administración podría elegir aquellos que en cada momento sean necesarios o convenientes para promover la construcción de una autopista concreta.
Las limitaciones a la propiedad privada y el régimen expropiatorio son objeto del capítulo V. Se establecen las zonas de dominio, servidumbre y afección de la autopista y se determinan, siguiendo los principios de la Ley de 17 (querrá decir) de abril de 1952 , las limitaciones a los derechos de propiedad en cuanto a la edificación, publicidad, cambio de uso y utilización por la Administración, con objeto de atender a las necesidades que la conservación de estas vías o el tráfico impongan, previéndose como contraprestación la indemnización a los particulares por los daños y perjuicios reales y cifrables que por estas limitaciones, salvo la de construir, pudieran experimentar.
La duración, cesión y extinción de la concesión son objeto del capítulo VIII, en el que se fija en 50 años el plazo máximo de duración de estas concesiones, reduciéndose casi a la mitad el previsto en la Ley de Contratos del Estado . Se establecen finalmente las causas de suspensión y extinción de la concesión, sin otras especialidades respecto a la legislación general que las derivadas de las áreas de servicio, en cuanto al respeto de los contratos establecidos en el supuesto de extinción anticipada de la concesión.
Autopista es la vía especialmente concebida, construida y señalizada como tal, para la circulación de automóviles, y que se caracteriza por las siguientes circunstancias:
No tienen acceso a la misma las propiedades colindantes.
No cruza a nivel ninguna otra senda, vía ni línea de ferrocarril o de tranvía ni es cruzada por senda o servidumbre de paso alguno, y
Consta de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación, denominada mediana, o en casos excepcionales por otros medios.
Artículo 1 apartado 1 modificado por Artículo 59.1 de la Ley 55/1999, de 29 de Diciembre, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 1999.
Artículo citado en: 142 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas, 2 noticias
Artículo 2 modificado por Artículo 157.1 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 2 apartado 1 modificado por Disposición adicional 57 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 2 modificado por Disposición adicional 8.1 de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 41 sentencias, 3 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Actuaciones preparatorias Artículos 4 a 6
El Ministerio de Obras Públicas será competente para realizar las actuaciones preparatorias que sean pertinentes, de conformidad con la presente Ley y sus normas de desarrollo.
Artículo 4 apartado 2 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo 5 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo 6 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 148 sentencias, un artículo doctrinal, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO III Otorgamiento de la concesión y formalización del contrato Artículos 7 a 10
Artículo 7 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 38 sentencias, 2 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
Podrán ser adjudicatarios del concurso las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no se hallen comprendidas en circunstancia alguna de las contenidas en los apartados a) al k) del artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , debiendo en todo caso acreditar la solvencia que les sea requerida en el correspondiente pliego de cláusulas. Para participar en el concurso.
Dicha sociedad estará al régimen que los pliegos establezcan, sin serle de aplicación los artículos 282 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 185 del Código de Comercio .
El capital social correspondiente a la sociedad anónima a que se refiere el apartado anterior no podrá ser inferior al 10 por 100 de la inversión total prevista para la construcción de la autopista.
Artículo 8 apartado 2 modificado por Artículo 157.Uno de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 8 apartado 1 modificado por Disposición adicional 52 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 8 apartado 2 párrafo 6º suprimida por Disposición adicional 53 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 8 apartado 2 párrafo 3º suprimida por Disposición adicional 53 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 8 apartado 2 modificado por Artículo 59.2 de la Ley 55/1999, de 29 de Diciembre, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 1999.
Artículo citado en: 26 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
El concesionario deberá constituir la fianza definitiva correspondiente a la fase de construcción en la forma que los Pliegos de Cláusulas establezcan y en cuantía no inferior al 4 por 100 de la inversión prevista para cada tramo susceptible de explotación independiente.
CAPÍTULO IV Régimen económico-financiero Artículos 11 a 15
En los pliegos de cláusulas y Decretos de adjudicación se señalarán los beneficios tributarios y financieros, de entre los mencionados en los artículos 12 y 13 de esta Ley, de que podrán disfrutar, en cada caso, los concesionarios. En ningún caso podrán concederse los citados beneficios fuera de los pliegos y Decretos referidos.
Los beneficios tributarios sólo podrán referirse a hechos imponibles que tengan relación directa con la inversión que realice el concesionario en la autopista.
En los Decretos de adjudicación se fijará el plazo de duración de los beneficios tributarios, sin que éste pueda ser superior al período concesional. El plazo de duración comenzará a computarse desde la fecha de la publicación del Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».
El Ministerio de Hacienda informará preceptivamente los pliegos de cláusulas en lo relativo a los beneficios tributarios y financieros que se enumeran en los artículos 12 y 13, y a su período de duración.
Artículo citado en: 112 sentencias, un artículo doctrinal
Reducción de hasta el 95 por 100 de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopista de peaje.
Reducción de hasta el 95 por 100 de la base del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los actos de constitución, aumento de capital, otorgamiento de la concesión y formalización del contrato, y para la construcción, modificación y cancelación de préstamos, incluidos los representados por obligaciones, siempre que el importe de los mismos se aplique a algunos de los conceptos que integran la inversión total de la autopista, y para las transmisiones de terrenos con destino a la concesión.
Bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del Impuesto sobre las Rentas del Capital que grave los rendimientos de los empréstitos que emita la empresa concesionaria y de los préstamos que la misma concierte con organismos internacionales o con instituciones financieras extranjeras, cuando los fondos así obtenidos se apliquen a algunos de los conceptos que integran la inversión total de la autopista.
Reducción de hasta el 95 por 100 de los Derechos Arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores e Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas que graven la importación de bienes de equipo y utillaje necesarios para la construcción de la autopista, de acuerdo con el informe del Ministerio de Obras Públicas, cuando los mismos no se fabriquen en España, así como para los materiales y elementos que, no fabricándose en España, se importen para su incorporación a bienes de equipo de fabricación nacional, siempre que estos bienes sean importados directamente por la concesionaria para ser utilizados en la construcción o explotación de la autopista.
Artículo citado en: 369 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa, 2 noticias
Artículo 13 letra b) derogado por Disposición derogatoria 1 de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, publicada en el BOE del 30 de Julio de 1988.
Artículo 13 letra c) derogado por Disposición derogatoria 1 de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, publicada en el BOE del 30 de Julio de 1988.
Artículo 13 letra f) modificado por Artículo 157.Uno de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 13 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 16 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
El concesionario de la autopista tiene derecho a percibir de los usuarios de la vía, por la utilización de las instalaciones viarias, el peaje que corresponda por aplicación de las tarifas aprobadas.
Los usuarios de las autopistas vendrán obligados a abonar el importe del peaje que corresponda según la tarifa aprobada. El impago del peaje por parte del usuario constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción conforme a la normativa de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Texto Articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, previa denuncia por los agentes de policía encargados de la vigilancia del tráfico o del personal del concesionario.
El personal de la sociedad concesionaria de la autopista denunciará el impago del peaje del presunto infractor, pudiendo solicitar el auxilio de la autoridad pública encargada de la vigilancia del tráfico en casos de resistencia a la identificación por parte del usuario.
La denuncia deberá reunir los requisitos suficientes en relación con la identidad y elementos constitutivos de la infracción y tendrá valor probatorio.
Antes de la entrada en servicio de cualquiera de los tramos que componen la autopista, el concesionario deberá constituir la fianza de explotación en las condiciones establecidas en los pliegos de concesión y en cuantía no inferior al 2 por ciento de la inversión total de cada tramo en servicio.
Artículo 14, modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
Artículo citado en: 80 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa, una noticia
Las tasas o exacciones parafiscales que le sean de aplicación y aprovechamiento de bienes de dominio público, confrontación de proyectos y obras, prestación de informes y demás actuaciones facultativas de la Administración.
Artículo 15 letra b) derogado por Disposición derogatoria 1 de la Ley 25/1988, de 29 de Julio, publicada en el BOE del 30 de Julio de 1988.
CAPÍTULO V Expropiación forzosa y limitaciones de la propiedad privada Artículos 16 a 20
La necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación por el Ministerio de Obras Públicas de los proyectos de trazado, en los cuales se definirá con precisión la zona objeto de expropiación, incluyendo los accesos y las áreas de servicio, y expresando asimismo los servicios y servidumbres afectados.
Todos los bienes y derechos comprendidos en el interior de la línea poligonal que defina la zona de expropiación, con arreglo al párrafo anterior, se entenderán incluidos en la declaración de necesidad de ocupación.
La ocupación de los bienes afectados se reputará urgente a los efectos establecidos en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa .
Artículo 16 apartado 1 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se incorporarán al dominio público del Estado desde su ocupación y pago.
En el procedimiento expropiatorio, el concesionario asumirá los derechos y obligaciones del beneficiario y, en consecuencia, satisfará las indemnizaciones de toda índole que procedan por razón de las expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución del proyecto.
La determinación del justo precio de las propiedades y derechos afectados por la expropiación forzosa, se realizará con arreglo a la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y disposiciones concordantes y complementarias.
Artículo 17, apartado 2, modificado por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de Enero de 2014.
Artículo citado en: 854 sentencias, 3 artículos doctrinales
Cuando para la ejecución del proyecto resultare indispensable la modificación de servidumbres existentes por razón de otros servicios públicos, el concesionario estará obligado a restablecerlas.
Para establecer el coste de las variaciones, la indemnización, en su caso, de los perjuicios que se irroguen y las demás incidencias derivadas de la reposición de servicios y servidumbres, serán de aplicación las normas que desarrollen o complementen esta Ley y las generales en su defecto, subrogándose el concesionario en los derechos y obligaciones que en las mismas se reconozcan a la Administración del Estado.
Las indemnizaciones que procedan en los supuestos de los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y 121 de la de Expropiación Forzosa , serán de cargo del concesionario, cuando los daños a que dichos preceptos se refieren sean consecuencia de la ejecución del proyecto o de la explotación del servicio concedido, a no ser que sean exclusivamente imputables a cláusulas o medidas impuestas por la Administración después de haber sido adjudicada la concesión.
Artículo citado en: 26 sentencias, 3 resoluciones administrativas
Aprobado por el Ministerio de Obras Públicas el proyecto de construcción, o el de trazado en su caso, de una autopista o tramos de ella, quedarán establecidas, con las características y limitaciones que en ellas se señalan, las siguientes zonas afectadas:
«Zona de dominio», que consistirá en sendas franjas de terreno de ocho metros de anchura cada una, a ambos lados de la autopista, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de ella desde la arista exterior de explanación. Esta zona se incluirá en el proyecto a efectos de expropiación forzosa, pasará al dominio público y en su límite se situarán los hitos definitorios de la propiedad y, en su caso, las vallas de cerramiento.
«Zona de servidumbre», que consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la autopista, delimitadas interiormente por la zona de dominio y exteriormente por dos líneas paralelas a la indicada arista, a una distancia de 25 metros de ésta y medidas en igual forma que en la zona de dominio. Esta zona podrá ser utilizada por la Administración o el concesionario para almacenar temporalmente materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las obras de construcción y conservación de la vía, para emplearla como área de depósitos y vertederos, para adaptar otros materiales que se encuentren en ella y estorben la circulación, para estacionar vehículos que por avería o por cualquier otra causa no puedan ser obligados a circular y para encauzar las aguas que discurran por la vía.
«Zona de afección», que consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la autopista, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a la citada arista de explanación, a una distancia de cien metros y medidas de igual forma que las zonas anteriores.
A ambos lados de la autopista y de sus accesos en los primeros 50 metros de la zona, medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada, se fijará una «línea de edificación». Desde esta línea hasta la autopista quedará prohibida la construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de edificaciones. En el resto de la zona de afección se prohibirá el cambio de uso real, la edificación y, en general, cualquier otro tipo de construcción o mejora de las existentes sin permiso del Ministerio de Obras Públicas.
La Administración, en los plazos que reglamentariamente se fijen, podrá acordar la expropiación total o parcial de los terrenos afectados o, en su caso, proceder a la reparcelación o reordenación del sector.
A los efectos de este artículo, se entenderá por «arista exterior de la explanación» la intersección del talud del desmonte o terraplén con el terreno natural circundante. Cuando éste se encuentre al mismo nivel que la autopista, la arista exterior de la explanación será el borde exterior de la cuneta.
No determinará derecho a indemnización:
La simple afección de terrenos a la zona de servidumbre.
La prohibición de fijar cualquier clase de publicidad.
La prohibición de construir, si los propietarios afectados por la línea de edificación pudieren concentrar en terrenos de su propiedad colindantes con éstos y al otro lado de dicha línea el volumen de edificación autorizado por la norma segunda del artículo 69 de la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956 , siempre que queden a salvo las prescripciones de este artículo, lo que se acreditará, en cada caso, mediante el informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo.
Serán indemnizables:
La utilización de la zona de servidumbre.
Los perjuicios reales y cifrables que puedan producirse en las zonas de servidumbre y afección.
La prohibición de construir, excepto en el caso del apartado c) del número anterior.
Corresponderá satisfacer la indemnización:
Al que causare los daños y perjuicios.
A los propietarios de los terrenos afectados por la reparcelación o reordenación del sector, que podrán satisfacerla en metálico o mediante entrega de terrenos.
A la Administración o al beneficiario de ella en caso de expropiación y ocupación de terrenos en la zona de servidumbre.
Artículo citado en: 63 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO VI Potestades de la Administración Artículos 21 a 29
La puesta en servicio de la autopista deberá ser autorizada por el Ministerio de Obras Públicas, previa comprobación de su ajuste a los proyectos y demás especificaciones técnicas aprobadas. Podrá ejecutarse por tramos parciales, siempre que constituyan por sí mismos unidades susceptibles de una explotación independiente y en las condiciones que se determinen en los pliegos correspondientes, siendo su respectiva fecha de puesta en servicio la que se tomará como inicial en el cómputo de tiempo para todos los efectos dependientes de un término o un plazo desde entonces.
Tanto en la fase de construcción como en la de explotación, la Administración podrá imponer penalidades al concesionario por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y siempre que sea por causa imputable a este último. Sin perjuicio de que tales obligaciones se detallen con mayor precisión en el correspondiente pliego de cláusulas generales, podrá considerarse penalizable el incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ella y, especialmente, la inobservancia de las previsiones contenidas tanto en esta Ley como en su desarrollo reglamentario en materia de limitaciones del objeto social de las sociedades concesionarias. Asimismo, será penalizable el incumplimiento de plazos, la negligencia en la conservación de los elementos integrantes de la autopista, las deficiencias en su señalización y balizamiento, la interrupción injustificada total o parcial del tráfico, el cobro al usuario de cantidades superiores a las legalmente autorizadas, así como cualquier otro incumplimiento de obligaciones contenidas en los pliegos o impuestas por resolución de autoridad administrativa competente.
El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por 100 del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción. Si la concesión estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder del 20 por 100 de los ingresos obtenidos por la explotación de la autopista durante el año anterior.
Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la Administración podrá también imponer al concesionario multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El importe diario de la multa será de 6.000 euros.
Artículo 23 modificado por Disposición adicional 8.2 de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, podrá modificar, por razón de interés público, las características de los servicios contratados y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, con informe previo del de Hacienda si las modificaciones afectan al régimen económico-financiero de la concesión.
En este último supuesto y mediante las correcciones necesarias, se procurará de nuevo el equilibrio económico-financiero de la concesionaria de modo que, considerando los parámetros objetivos previstos en el plan económico-financiero, resulten compensados el interés general y el interés de la empresa explotadora.
Si la iniciativa de las modificaciones corresponde al concesionario, las resoluciones que se adopten no deberán repercutir en el régimen de tarifas ni en el reconocimiento de una mayor inversión a los efectos de extinción del contrato.
Artículo 24 apartado 2 modificado por Artículo 76 de la Ley 14/2000, de 29 de Diciembre, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 2000.
Artículo citado en: 168 sentencias, 4 artículos doctrinales, 22 resoluciones administrativas
Si en el futuro la autopista resultara insuficiente para la prestación del servicio y se considerara conveniente su ampliación, podrá acordarla la Administración estableciendo las particulares condiciones a que haya de sujetarse la realización de las obras y su repercusión en el régimen de tarifas para mantener el equilibrio económico-financiero de la concesión, o bien llegar a un convenio con el concesionario sobre los anteriores extremos, manteniendo inalteradas las normas que rigieron para la adjudicación en todos aquellos extremos que no hayan sido objeto de modificación.
Corresponderá en todo caso al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Fomento, aprobar la ampliación, previo dictamen del Consejo de Estado.
En el supuesto del artículo 25.2 , el dictamen del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse expresamente sobre la concurrencia de todos los requisitos exigidos por dicho precepto, tendrá carácter vinculante.
Artículo 25 modificado por Artículo 157.Uno de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 25 letra a) suprimida por Disposición adicional 55 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 25 apartado 1 párrafo 2º modificado por Disposición adicional 51 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 25 apartado 2 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 242 sentencias, 5 artículos doctrinales, 26 resoluciones administrativas
Artículo 25 bis añadido por Artículo 157.1 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 25 bis apartado 1 modificado por Disposición adicional 54 de la Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1997.
Artículo 25 bis derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
CAPÍTULO VII. Derechos y obligaciones del concesionario
Artículo citado en: 13 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
Artículo 26 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 57 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
El concesionario podrá contratar, en la forma que los pliegos de la concesión establezcan, la gestión de los servicios complementarios establecidos en las áreas de servicio.
El Estado se reserva sus derechos sobre los conceptos que actualmente integran la Renta de Petróleos. La concesión de estaciones de servicio en las áreas de la autopista se regirá por sus normas específicas.
Artículo 27 párrafo 1º modificado por Artículo 59.3 de la Ley 55/1999, de 29 de Diciembre, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 1999.
Artículo 27, apartado 3º, modificado por la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
Artículo citado en: 590 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Artículo 27 bis añadido por Artículo 59.4 de la Ley 55/1999, de 29 de Diciembre, publicada en el BOE del 30 de Diciembre de 1999.
En el caso de ejecución hipotecaria, sólo podrán ser licitadores en la subasta quienes se comprometan a constituir, en el plazo de tres meses a contar del remate, una sociedad anónima con los requisitos establecidos en esta Ley para ser concesionario.
La adjudicación quedará condicionada a la efectiva constitución de la Sociedad, la cual tendrá, desde dicho momento, la consideración legal de concesionario, subrogándose en los derechos y obligaciones de su causante.
El concesionario de la autopista y su personal deberán cuidar la perfecta aplicación de las normas y reglamentos sobre uso, policía y conservación de la autopista concedida.
En las autopistas que tengan implantado el sistema de peaje dinámico o telepeaje, para acreditar los hechos podrá utilizarse, previa homologación por la Administración, cualquier sistema o medio técnico, mecánico o de reproducción de imagen que identifique a los vehículos, que constituirá medio de prueba suficiente en la denuncia que formule el personal de la empresa concesionaria, debidamente autorizado al efecto, en el procedimiento sancionador por infracción de la obligación relativa a la utilización de estos sistemas contenida en el artículo 53.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Artículo 29 apartado 3 añadido por Artículo 78 de la Ley 24/2001, de 27 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 2001.
Artículo 29, modificado por la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 28 de Diciembre de 2012.
Artículo citado en: 20 sentencias, un artículo doctrinal, 2 noticias
CAPÍTULO VIII Duración, cesión, extinción y suspensión de la concesión Artículos 30 a 35
Artículo 30 apartado 1 modificado por Artículo 157.Uno de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
Artículo 30 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Artículo citado en: 27 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
La cesión hecha a un tercero requerirá el previo consentimiento del Gobierno y habrá de ser total, sin que se admitan cesiones parciales de determinados tramos de la autopista.
La cesión sólo podrá hacerse a una Sociedad anónima que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley y quedará condicionada a la efectiva constitución de dicha Sociedad.
Artículo 32 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
En caso de guerra, subversión grave o cualquier otra causa que dé lugar a la declaración de estado de guerra, siempre que deje de prestarse su servicio en las condiciones establecidas.
Cuando se produzca una destrucción parcial de la autopista o de sus elementos de modo que se haga inviable al tráfico por la misma por un período de tiempo.
Por cualquier otra causa que se establezca en los pliegos de concesión.
Artículo 34 derogado por Disposición derogatoria única.b) de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Llegado el término de la concesión, se entenderán resueltos de pleno derecho todos los contratos concertados entre el concesionario y los gestores de los servicios de las áreas de este nombre.
Si se extinguiere la concesión antes del tiempo por el que fue otorgada, la Administración respetará los derechos de terceros en orden a la gestión de las áreas de servicio.
CAPÍTULO IX La Delegación del Gobierno Artículo 36
El Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje es el órgano coordinador, ejecutivo y de relación de la Administración General del Estado con las citadas sociedades, correspondiéndole las siguientes funciones:
En el ejercicio de sus funciones corresponden al Delegado del Gobierno las siguientes competencias:
Formular las propuestas que procedan sobre el secuestro y reversión de la concesión o sobre la resolución del contrato.
Fijar las condiciones de utilización de la autopista con carácter temporal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio , de Carreteras, en la redacción dada a éste por el Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio .
El Delegado de Gobierno podrá ejercer por delegación del órgano de contratación cualquiera de las competencias de éste, con excepción de las que le corresponden en materia de secuestro y reversión de la concesión, así como de resolución del contrato.
Artículo 36 modificado por Disposición adicional 8.3 de la Ley 13/2003, de 23 de Mayo, publicada en el BOE del 24 de Mayo de 2003.
Disposición Adicional añadida por Artículo 157.1 de la Ley 13/1996, de 30 de Diciembre, publicada en el BOE del 31 de Diciembre de 1996.
En el plazo de un año el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, y previo dictamen del Consejo de Estado, un Texto Refundido de la Ley 55/1960, de 22 de diciembre , y los preceptos de la presente Ley. Al entrar en vigor el texto refundido, quedará derogada la Ley 55/1960, de 22 de diciembre, en lo que afecta a la presente Ley.
En el plazo de seis meses a contar de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Obras Públicas, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y dictamen del Consejo de Estado, redactará un pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que someterá a la aprobación del Gobierno.
Pos el Ministerio de Obras Públicas se dictarán las normas precisas para asegurar el conocimiento por las Diputaciones Provinciales de los proyectos de autopistas que afecten a su territorio.
Ley sobre Expropiación Forzosa e Imposición de Servidumbres de Paso de Líneas, Cables y Haces Hertzianos para los Servicios de Telecomunicación y Radio...
Orden de 2 de febrero de 2010, por la que se suspende hasta el 20 de febrero de 2010, inclusive, la aplicación del acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria Hortyfruta, para la comercialización en exclusiva de los productos para el consumo en fresco de las categorías extra y primera de tomate, pimiento, berenjena, calabacín, judía, pepino, sandía, melón, col, china, lechuga y uva de mesa.
Transcurrido el plazo establecido para la presentación de solicitudes en el concurso-oposición libre convocado por este Instituto Municipal para la provisión de 3 plazas de conductor-funerario. ...