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Timestamp: 2017-10-24 07:29:38
Document Index: 49145110

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 312', 'artículo 43', 'Artículo 123', 'artículo 37', 'artículo 123', 'artículo 312', 'artículo 40']

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URGENTE: Presidentes de Concejos SÍ pueden aspirar a las alcaldías
El ex magistrado Guillermo Mejía Mejía, acaba de conceptuar que los presidentes de concejos municipales sí pueden aspirar a las alcaldías. En este sentido, el ex magistrado refuta una tesis de la Procuraduría General que, mediante circular, pretende inhabilitar a estos servidores públicos.
En carta enviada al Veedor del Partido Liberal, Rodrigo Llano Isaza, el jurista dice que en reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha señalado que la condición de “empleado público” no se configura en los concejales por su desempeño como presidentes de la corporación, pues, el Concejal, según el artículo 123 de la Carta, es un servidor público perteneciente a una categoría distinta, la de “miembros de corporación pública”; naturaleza que reitera expresamente el artículo 312 ibídem, al prever que “Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos”.
Veedor Nacional del Partido Liberal
Apreciado doctor Rodrigo:
Cordialmente me refiero a tu amable comunicación sobre la presunta inhabilidad de los presidentes de los concejos municipales para aspirar al cargo de alcalde por elección popular que pretende la Procuraduría, mediante circular, imponer a todos los servidores públicos que hoy en día ostentan aquel cargo. Dicha inhabilidad parece que la fundamenta la Procuraduría en la sentencia del Consejo de Estado, sección quinta, de fecha 6 de abril de 2006, expediente 3765, Magistrado Ponente (M.P.), Reynaldo Chavarro Buriticá. Tal sentencia, al parecer dictada en sala de conjuez, no fue reiterada por el Concejo de Estado en ninguna de sus salas tal y como se desprende de la sentencia del 10 de julio de 2009, radicado 08001233100020080096501, M.P. Mauricio Torres Cuervo, cuyos principales apartes te transcribo:
“El término “empleado público” al que acude el numeral 2° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 refiere sólo una de las tres categorías de las cuales se vale la Constitución Política para clasificar a los servidores públicos.
“Artículo 123.- Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.”
Ahora bien, en diferentes oportunidades esta Corporación ha reiterado la autonomía conceptual, como categoría jurídica, de los “miembros de las corporaciones públicas”, Congreso, las Asambleas, los Concejos y las Juntas Administradoras Locales , para distinguirlos de los demás servidores públicos, esto es, los empleados públicos y de los trabajadores oficiales.
Se imputa la inhabilidad del señor Hernández Carrillo porque durante el año anterior a su elección se desempeñó como Presidente del Concejo Distrital de Barranquilla; que el demandante considera como ejercicio de un empleo público.
El planteamiento de la apelante, se sustentó en el criterio sostenido en las sentencias de esta Sección proferidas el 6 de abril de 2006, con intervención de la misma conjuez, en los expedientes 3765 y 3859, providencias en las se afirmó que la expresión “funcionario” comprende todas las personas que ejercen funciones públicas y que, por tanto, su concepto es sinónimo al de servidor público.
Al respecto, sea lo primero señalar que la citada tesis jurisprudencial se aplicó para interpretar el alcance de la inhabilidad que para ser Alcalde prevé el numeral 4° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, la cual exige del pariente o cónyuge del elegido que ejerció la autoridad inhabilitante, la condición de “funcionario” y no la de “empleado público”, que en este proceso se alegó como inhabilitante.
Aunque la anterior razón es suficiente para inaplicar la tesis a que alude la recurrente, adicionalmente debe señalarse que la interpretación del concepto de “funcionario” plasmada en las sentencias del 6 de abril de 2006 no fue reiterada por ninguna de las Salas del Consejo de Estado, incluida la Sección Quinta que, en reciente oportunidad , retomó la tesis que tradicionalmente ha sostenido la Corporación sobre el particular .
Aclarado así el planteamiento de la impugnación, para la Sala es claro, como lo fue para el Tribunal, que la condición de “empleado público” que exige la causal de inhabilidad invocada no se configura en el caso del demandado Carlos Arturo Hernández Carrillo, por su desempeño como Presidente del Concejo Distrital de Barranquilla, pues el Concejal, según el artículo 123 de la Carta, es un servidor público perteneciente a una categoría distinta, la de “miembros de corporación pública”; naturaleza que reitera expresamente el artículo 312 ibídem, al prever que “Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos”.
Y la calidad de “miembro de corporación pública” que le niega la condición de “empleado público” no se altera en modo alguno por el hecho de ocupar alguna dignidad de la Mesa Directiva de la respectiva corporación, pues, como reiteradamente ha sostenido esta Sección, “la dignidad de Presidente del Concejo no le hace perder al servidor público su condición de Concejal con las consecuencias anotadas, pues sigue siendo miembro de una corporación pública, de modo que las
funciones que desempeña en razón de esa dignidad las ejerce a título de Concejal” .
Además, como se señaló en reciente oportunidad, “de aceptarse que el Presidente del Concejo es un funcionario que ejerce autoridad administrativa o civil se resquebrajaría el orden jurídico en materia de inhabilidades de miembros de corporaciones públicas, pues ningún concejal que ocupe tal dignidad en el último año de su período podría ser reelegido ni podría aspirar a ser Diputado” .
De manera que, como acertadamente lo concluyó el Tribunal, no hay duda de que la inhabilidad endilgada no se configuró, en el caso del señor Carlos Arturo Hernández Carrillo, por su desempeño como Presidente del Concejo Distrital de Barranquilla, pues tal dignidad no le confirió la calidad de “empleado público”, condición necesaria para incurrir en el impedimento legal invocado.
Lo anterior es suficiente para concluir en la falta de prosperidad del cargo respecto del cual insiste la demandante del proceso 00967, dirigido contra la elección del señor Carlos Arturo Hernández
Valdría la pena, doctor Rodrigo, que en tu calidad de Veedor Nacional del Partido Liberal, trataras el tema con la Procuraduría y con el Consejo Nacional Electoral con el fin de salvaguardar el derecho fundamental que consagra el artículo 40 de la Constitución Política de elegir y ser elegido. Las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades son de carácter restrictivo y por lo tanto no le es dable al operador jurídico, vía interpretación, crear nuevas inhabilidades, especialmente cuando el texto legal es tan claro.