Source: http://www.revistarap.com.ar/Derecho/administrativo/contratos_administrativos/dictamen_297_cudap_exp_s010041398_2004.html
Timestamp: 2019-09-19 18:40:11
Document Index: 120042292

Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 1209', 'Artículo 1137', 'Artículo 8', 'Artículo 8']

Dictamen Nº 297. CUDAP: Exp S01:0041398/2004. Nº original: Exp S01:0175037/2003 copia c/ Exp Nº 27241/96 en doce cuerpos y cuatro expedientes agregados sin acumular. Organismo: MECON, del 14 de julio de 2004.
Contratos administrativos. Moneda extranjera. Conversión a pesos. Pago. Normas aplicables.
Hechos: Se requirió dictamen a la Procuración del Tesoro de la Nación con motivo del requerimiento del pago en dólares estadounidenses efectuado por la empresa UNISYS SRL con motivo de la Licitación Pública Nº 1/97 y la Orden de Compra Nº 428/97.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía se expidió sosteniendo que si al contrato no se le aplica la ley extranjera la obligación se encontraría incluida en la conversión a pesos establecida en el Decreto Nº 214/02.
La Procuración del Tesoro de la Nación coincidió con tal criterio.
CUDAP: Exp S01:0041398/2004.
Nº original: Exp S01:0175037/2003 copia c/ Exp Nº 27241/96 en doce cuerpos y cuatro expedientes agregados sin acumular.
CUDAP: Exp S01:0012775/2004; S01:0012780/2004; S01:0066994/2003 y S01:0174979/2003.
Organismo: MECON.
Señor Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía y Producción:
De conformidad con lo sugerido por el servicio jurídico permanente de ese Ministerio, se remite a esta Procuración del Tesoro de la Nación copia de los expedientes mencionados en la referencia, los cuales se relacionan con los pagos que le correspondería percibir a la empresa Unisys Sudamericana SRL ?UNISYS-, con motivo de la Licitación Pública N° 1/97 y de la Orden de Compra N° 428/97.
1. La mención efectuada de fojas sin mencionar expediente alguno, debe entenderse como perteneciente a las actuaciones de referencia.
2. El 23 de junio de 2003, UNISYS se dirigió a diversos ámbitos del Estado Nacional y comunicó a quien correspondiera que, en la fecha, había sido informada de la acreditación en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina de la suma de $ ? y, considerando que dicha transferencia pretendía ser imputada a la cuota adeudada por el Estado Nacional ? Poder Judicial de la Nación correspondiente al mayo de 2003, formuló diversas apreciaciones, que, en lo fundamental, consistieron en lo siguiente:
a) Se consideró el pago realizado como parcial y se manifestó la expresa disconformidad con la moneda y montos percibidos.
b) Dentro de tal marco de referencia, se estimó que el pago debió ser efectuado en dólares estadounidenses conforme el Pliego, la oferta de la empresa, la forma de pago dispuesta en la Orden de Compra N° 428/97 y en la factura correspondiente y sobre esta base ?a su entender- se precisó que el pago debía alcanzar la suma de US$ ? o la suma de pesos necesaria para adquirir en el mercado libre de la República Argentina dicha suma de dólares estadounidenses conforme el tipo de cambio vendedor, vigente en la fecha anterior a la acreditación del pago, conforme el informe que suministrara el diario Ámbito Financiero y/o el Cronista Comercial.
Subsidiariamente y sin que ello se pudiera interpretar como una renuncia a sus derechos, se efectuó el cálculo respectivo, teniendo en cuenta las disposiciones del Decreto N° 471/2002 (B.O.: 13-03-2002) y el Decreto N° 320/2002 (B.O.: 15-02-2002) (v. copias fs. 1-4).
3. La Oficina Nacional de Crédito Público de esa Subsecretaría se expidió acerca de la presentación que se viene de reseñar y, en lo substancial, entendió que el mecanismo de conversión aplicable a las obligaciones emergentes del contrato suscripto con motivo de la Licitación N° 1/97, sería el establecido en el Artículo 8° del Decreto N° 214/2002 (B.O.: 04-02-2002), con la consecuente aplicación de los Decretos N° 320/2002, N° 4100/2002 (B.O.: 08-03-2002) y N° 471/2002 (v. copia fs. 5-7).
4. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio se expidió acerca de la cuestión planteada y, luego de reseñar la normativa aplicable, sostuvo que de aplicarse a la obligación en análisis la ley extranjera, aquélla que no se encontraría incluida en la conversión a pesos establecida en el Artículo 1° del Decreto N° 214/2002.
Si, por el contrario, -se agregó-, a dicha obligación se le aplicara la ley nacional, toda vez que no surge de los actuados los supuestos mencionados en el Decreto N° 471/2002, resultaría alcanzada por la conversión a pesos dispuesta por la normativa mencionada precedentemente.
En tal sentido, se estimó en el asesoramiento en glosa, que debería verificarse en la jurisdicción de origen si la obligación que dio causa a la consulta de que se trata, se encuentra alcanzada por la ley nacional o por la extranjera, [...] a fin de determinar si la obligación se pesifica uno a uno, tal como se realizó el pago, o debería haber sido cancelada en moneda foránea.
Asimismo y en razón de la existencia de una solicitud de arbitraje efectuada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) llevada a cabo por Unisys Corporation, correspondía la remisión a esta Casa ?en copia- de todo lo actuado (v. copias fs. 17-20).
4.1. En una nueva intervención y sobre la base del análisis de la actuaciones tramitadas por el Expediente N° 27.241/96 en doce cuerpos, el citado servicio jurídico procedió a devolver lo actuado al Consejo de la Magistratura, a los fines de que se adjuntara el contrato respectivo y, además, se expidiera respecto a si la obligación que dio causa a la consulta se encuentra alcanzada por la Ley Argentina o extranjera, ello así en razón de no surgir del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado, la jurisdicción a la que las partes quedan sometidas en caso de controversias y también en razón de no encontrarse el mencionado contrato (v. copia fs. 28-29).
5. La Administradora General del Poder Judicial de la Nación, se dirigió a esa Subsecretaría y puso de manifiesto las siguientes consideraciones.
En el caso, se trataba de un contrato administrativo celebrado y ejecutado en la República Argentina, por lo que le resultaba aplicable el Artículo 1209 del Código Civil, en el sentido de que, en cuanto a su validez, naturaleza y obligaciones sería juzgado por las leyes de la República, sean los contratantes nacionales o extranjeros.
Se agregó, asimismo, que lo expuesto resultaba de quedar dicho contrato subsumido en la definición contenida en el Artículo 1137 del Código citado y también en razón de aplicarse, en la medida que no sean incompatibles con características propias, las normas del Libro Segundo, Sección III, Título I de dicho ordenamiento legal (v. copia fs. 31-34).
6. Nuevamente se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio y en esta oportunidad, teniendo en cuenta el informe del Consejo de la Magistratura que ha sido precedentemente mencionado, concluyó que la obligación sub examine se encontraba alcanzada por la conversión a pesos dispuesta por le Artículo 8° del Decreto N° 214/2002, ello no obstante recordó la necesidad de remitir copia de todo lo actuado a esta Procuración del Tesoro (v. fs. 36-37).
1. En lo que se refiere a la necesidad de que esta Procuración del Tesoro tenga conocimiento del trámite de las presentes actuaciones y de la relación mantenida con UNISYS, debe tenerse presente que el 29 de enero del año en curso, esta Procuración del Tesoro se expidió respecto de la situación planteada con dicha empresa, [...] en el marco de los lineamientos estratégicos que se considere pertinentes para la defensa del Estado Nacional [...], a tenor del asesoramiento que en copia certificada se acompaña (v. Dictámenes 248:169).
Atento las manifestaciones vertidas en dicho dictamen, solicito sean tenidas en cuentas sus conclusiones en el ámbito que corresponda, ello en relación con la existencia de arbitraje radicado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI).
2. Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto y en cuanto a la moneda de pago que corresponde percibir a UNISYS, se coincide con el criterio sostenido por el servicio jurídico de ese Ministerio, en cuanto a que los pagos a efectuarse se encuentran alcanzados por la conversión a pesos dispuestos en el Artículo 8° del Decreto N° 214/2002.
En tal sentido indicado dejo expuesta mi opinión.
Dictamen N° 297