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Timestamp: 2019-04-20 22:50:03
Document Index: 84678190

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 849', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 849', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 23', 'artículo 849', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 1', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 23']

Equipo Nizkor - Sentencia del Tribuanl Supremo sobre el caso Guatemala por genocidio.
Sentencia Nº: 327/2003
RECURSO DE CASACIÓN Nº: 803/2001
Señalamiento: 15/07/2002
Fecha Sentencia: 25/02/2003
Escrito por: RMP
Genocidio.- Estimación Parcial.
Error de hecho en la apreciación de la prueba.
Indebida interpretación del artículo 6 del Convenio para la represión y sanción del genocidio.
Indebida interpretación del artículo 17 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional.
Principio de Subsidiariedad y de Jurisdicción Universal en el Convenio para la represíon y sanción del genocidio.
Vista: 15/07/2002
Excmos. Sres.: D. Luis-Román Puerta Luis; D. Enrique Bacigalupo Zapater; D. Joaquín Delgado García; D. José Antonio Martín Pallín; D. Carlos Granados Pérez; D. Cándido Conde-Pumpido Tourón; D. José Antonio Marañón Chávarri; D. Joaquín Giménez García;D. Andrés Martínez Arrieta; D. Juan Saavedra Ruiz; D. Julián Sánchez Melgar; D. Perfecto Andrés Ibáñez; D. José Ramón Soriano Soriano; D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca; D. José Manuel Maza Martín
En los recursos de Casación por infracción de Ley y precepto Constitucional, que ante Nos pende, interpuesto por la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid, Rigoberta Menchú Tum y otros, Confedereación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación Libre de Abogados, Asociación contra la Tortura, D'Amistiada Amb el Poble de Guatemala, Asociación Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y Africa, Comité Solidaridad Internacional de Zaragoza y Asociación Pro-Derechos Humanos de España, contra auto dictado por la Audiencia Nacional, Pleno de la Sala de lo Penal, con fecha trece de Diciembre de dos mil, que resolvía el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto desestimatorio del recurso de reforma interpuesto contra el auto que acordó declarar la competencia del Juzgado Central de Instrucción número uno para conocer de un presunto delito de genocidio contra distintos cargos del Gobierno de Guatemala, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Vista bajo la Presidencia del primero de los citados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, siendo partes recurrentes las anteriormente mencionadas representadas por las Procuradoras Sras. Cañedo Vega, Rincón Mayoral, Calvo Villoria y Gutiérrez Carrillo.
Primero.- El Juzgado de Central de Instrucción número 5 dictó Auto de fecha veintisiete de Marzo de dos mil por el que se declaraba la competencia de éste Juzgado para el conocimiento de los hechos objeto de las Diligencias número 331/99 con desestimación de la solicitud de archivo de las actuaciones que le había sido formulada respecto de las denuncias y querellas presentadas. El Ministerio Fiscal presentó recurso de reforma contra dicho auto. Posteriormente el Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta auto de fecha veintisiete de Abril de dos mil por el que desestima el recurso de reforma interpuesto y en fecha trece de Diciembre de dos mil el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó auto por el que se estimaba el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, declarando no procedente el ejercicio de la jurisdicción penal española para la persecución de los hechos. Éste auto contiene la siguiente Parte Dispositiva:
Tercero.- Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de Ley y precepto Constitucional, por las representaciones de La Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid, Rigoberta Menchú Tum y otros, Confedereación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación Libre de Abogados, Asociación contra la Tortura, D'Amistiada Amb el Poble de Guatemala, Asociación Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y Africa, Comité Solidaridad Internacional de Zaragoza y Asociación Pro-Derechos Humanos de España, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto.- El recurso interpuesto por la representación de Rigoberta Menchu Tum, Silvia Solórzano Foppa, Silvia Julieta Solórzano Foppa, Santiago Sólorzano Ureta, Julio Alfonso Solórzano Foppa, Lorenzo Villanueva Villanueva, Juliana Villanueva Villanueva, Lorenzo Jesús Villanueva Imizocz, Ana María Gran Cirera, Montserrat Gibert Gran, Ana María Gran Cirera, Jose Narciso Picas Vila, Aura Elena Farfan, Adriana Portillo, Rosario Pu Gómez, Julio Arango Escobar, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Arcadio Alonso Fernández, Conavigua, Famdegua y Ana Lucrecia Molina Theissen se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley, considerando la inaplicación de los artículos 23.2 en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2.- Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley, considerando la inaplicación de los artículos 23.2 en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3.- Al amparo del artículo 849.1, infracción de Ley, por inaplicación de los artículos 23.2.c en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4.- Al amparo del artículo 849.2 por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos.
5.- Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por haberse vulnerado el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que pueda producirse indefensión, conforme al artículo 24.1 de la Constitución Española.
Quinto.- El recurso interpuesto por la representación del recurrente Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid se basó en el siguiente MOTIVO DE CASACIÓN:
Sexto.- El recurso interpuesto por la representación del recurrente Confederación Sindical de Comisiones Obreras se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Con amparo en lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por haberse vulnerado el derecho a obtener tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse (artículo 24.1 de la Constitución Española).
2.- Con amparo en lo dispuesto en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Error en la apreciación de la prueba.
3.- Al amparo del artículo 849.1 de la L.J.C.R. por infracción de Ley, se considera las inaplicación de los artículos 23.2 en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985.
4.- Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley, se considera la inaplicación de los artículos 23.2 en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se basa este motivo en la aplicación indebida del artículo 6 de la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en relación con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Derecho Internacional Consuetudinario.
5.- Al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de Ley, considerando la inaplicación de los artículos 23.2 en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se basa este motivo en la aplicación indebida del artículo 17 y siguientes del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, todo ello en relación con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Derecho internacional consuetudinario.
6.- Al amparo del artículo 849.1, por infracción de Ley, por inaplicación de los artículos 23.2 c) en relación con los artículos 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Séptimo.- El recurso interpuesto por la representación del recurrente Asociación Libre de Abogados se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Al amparo de lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24.2 de la Constitución Española.
2.- Al amparo de lo establecido en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3.- Al amparo de lo establecido en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por inaplicación del artículo 23.2.c de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con los artículos 23.4 y 23.5 del mismo texto legal.
Octavo.- El recurso interpuesto por la representación de los recurrentes: La Asociación contra la Tortura, Associació D'Amistada amb el Poble de Guatemala, Asociación Centro de Documentación y Solidaridad con America Latina y África y Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, además de adherirse a los motivos de los otros recurrentes, se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, error en la apreciación de la prueba.
2.- Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución Española.
Noveno.- El recurso interpuesto por la representación del recurrente Asociación Pro Derechos Humanos de España se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
1.- Al amparo del apartado 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de una norma de carácter sustantivo que debe ser observada en la aplicación de una ley penal, como es el precepto del artículo 1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a la obligación de actividad sancionadora.
2.- Al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el artículo 24.1 de la Constitución, por vulneración del derecho a obtener la tutela judicial efectiva que produce indefensión.
Décimo.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos de casación interpuesto, los impugnó; quedando conclusos los autos para señalamiento de Vista cuando por turno correspondiera.
Decimoprimero.- Hecho el señalamiento para Vista, dicho acto se celebró el día quince de Julio de dos mil dos.
Decimosegundo.- Por Auto de fecha diecisite de Julio de dos mil dos se acordó establecer una prórroga indefinida en el término para dictar sentencia, lo que se notificó a las partes.
PRIMERO.- Con carácter previo debemos responder a la alegación inicial del Ministerio Fiscal, que sostiene que contra la resolución del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no cabe recurso de casación. El examen de los antecedentes permite comprobar que, presentada la denuncia inicial e incoadas Diligencias Previas, el Juzgado de instrucción confirió traslado al Ministerio Fiscal para que dictaminara sobre la competencia. El Ministerio Fiscal emitió el correspondiente informe y sostuvo la falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer de los hechos denunciados, ocurridos fuera del territorio nacional, por las razones que en el citado escrito se adujeron, y el Juzgado resolvió a favor de la existencia de jurisdicción. El Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma, que fue desestimado, interponiendo entonces recurso de apelación, que fue resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el sentido de negar la jurisdicción de los Tribunales españoles, al no cumplirse, en este momento, los requisitos que entendió exigibles. Contra esta resolución se interpuso recurso de casación.
SEGUNDO.- Examinamos los recursos en atención al contenido de los distintos motivos prescindiendo en el orden de la identidad de los recurrentes. Versan los recursos sobre tres aspectos fundamentales: infracción del derecho a la tutela judicial efectiva; error de hecho en la apreciación de la prueba; y, finalmente, infracción de ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteando distintas cuestiones.
También se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial el motivo quinto del recurso de Rigoberta Menchú y otros, basando asimismo su afirmación en el hecho de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha tenido en cuenta los argumentos del Ministerio Fiscal en su recurso, sino que ha basado su decisión en un argumento nuevo, pues en ningún momento de la causa se ha alegado la inactividad de la justicia de Guatemala, cuya utilización les ha producido indefensión. Tal inactividad, por otra parte, la considera acreditada por los informes que cita.
CUARTO.- En el motivo segundo del recurso de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras; en el cuarto del recurso de Rigoberta Menchú y otros; en el segundo de la Asociación Libre de Abogados, y en el primero de la Asociación contra la Tortura y otros, se sostiene la existencia de error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos y que demuestran fehacientemente la falta de actividad de la justicia guatemalteca. Entienden que dicha inactividad viene evidenciada por los documentos designados y que la prueba de que las autoridades judiciales de Guatemala no han actuado para esclarecer los hechos debe ser suficiente para mantener la vigencia del principio de justicia universal. Los documentos designados son las propias Diligencias Previas en cuanto se refieren a determinadas desapariciones o muertes no seguidas de actuaciones judiciales; la documentación obrante en la causa sobre los hechos ocurridos en la Embajada de España, que dieron lugar a diligencias que fueron archivadas 36 días más tarde, sin que se practicara ninguna actividad encaminada a esclarecer los hechos y juzgar a los responsables; los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el informe sobre Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) en cuanto al papel jugado por la justicia guatemalteca, debiendo tomarse en cuenta la fecha de comisión de los hechos y no la de la publicación del informe de la CEH. En este informe, según resalta la representación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, se concluye que "durante los años del enfrentamiento armado, la incapacidad del Estado guatemalteco para aportar respuestas a las legítimas demandas y reivindicaciones sociales desembocó en la conformación de una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los Tribunales, usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instauró de hecho un sistema punitivo ilegal y subterráneo, orquestado y dirigido por las estructuras de la Inteligencia Militar". "El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y protegió las actuaciones represivas del Estado así como las de particulares afines a sus propósitos, mientras que, como fin, fue consecuencia de los métodos aplicados para reprimir y eliminar a los adversarios políticos y sociales". Otros documentos designados son el informe de MINUGUA nº 11 de setiembre de 2000, referido al periodo entre el 1 de enero de 1999 y 30 de junio de 2000 y otros informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
QUINTO.- En los distintos motivos por infracción de Ley del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formalizados por las partes recurrentes se plantean, sintéticamente expuestas, tres cuestiones diferentes, aunque todas ellas relacionadas con la indebida aplicación del principio de subsidiariedad, lo que deriva, en su opinión, en una infracción de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, consideran que se ha efectuado una indebida interpretación del artículo 6 del Convenio para la Represión del Genocidio, dando lugar al principio de subsidiariedad de jurisdicciones distintas a la del lugar de ocurrencia de los hechos o a la de un Tribunal Penal Internacional. En segundo lugar, sostienen que la Audiencia Nacional ha realizado una indebida interpretación del artículo 17 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, lo que le ha conducido a una similar solución. Y en tercer lugar sostienen que, en caso de ser procedente el principio de subsidiariedad, existe un impedimento legislativo en la legislación guatemalteca que impediría la actuación de la justicia de ese país en orden a los hechos denunciados, justificando la actuación de la justicia española.
SEXTO.- En el auto impugnado se acepta como límite al principio de persecución universal el criterio de la subsidiariedad, de forma que la intervención de la jurisdicción española en materia de persecución del genocidio cometido en país extranjero solamente estaría justificada en defecto de las jurisdicciones inicialmente competentes según el Convenio, es decir, los tribunales del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido o una corte penal internacional que sea competente respecto de aquellas partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción, corte penal que, respecto de los hechos denunciados ocurridos en Guatemala no ha sido constituida, sin que la Corte Penal Internacional tenga competencia dados los términos del artículo 11 del Estatuto de Roma.
SÉPTIMO.- Los recurrentes sostienen que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de genocidio. Solamente a los efectos de esta resolución se admite con carácter provisionalísimo, sin que ello implique prejuicio alguno respecto al fondo, que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de genocidio en cuanto afectan al pueblo maya como grupo étnico.
OCTAVO.- Sin embargo, como ya hemos indicado, aunque el Convenio no establece expresamente la jurisdicción universal, tampoco la prohíbe. No sería correcto interpretar sus disposiciones de modo que impidieran la persecución internacional de este delito con arreglo a otros criterios o principios distintos del territorial.
NOVENO.- Como antes indicábamos, hoy tiene un importante apoyo en la doctrina la idea de que no le corresponde a ningún Estado en particular ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal, contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción. Sin duda existe un consenso internacional respecto a la necesidad de perseguir esta clase de hechos, pero los acuerdos entre Estados no han establecido la jurisdicción ilimitada de cualquiera de ellos sobre hechos ocurridos en el territorio de otro Estado, habiendo recurrido, por el contrario, a otras soluciones.
DECIMO.- España ha suscrito varios tratados internacionales en relación a la persecución de delitos que protegen bienes jurídicos cuya protección interesa en general a la Comunidad internacional.
UNDECIMO.- En aplicación de lo expuesto, respecto al delito de genocidio, la jurisdicción de los Tribunales españoles, sobre la base del principio de justicia universal, no puede extraerse de las disposiciones del Convenio para la prevención y sanción del genocidio, ni de las de ningún otro convenio o tratado suscrito por España.
DUODÉCIMO.- En cuanto a la calificación de los hechos como constitutivos de un delito de torturas, puede constatarse la existencia de un consenso internacional muy amplio en orden a su prohibición y sanción como delito de derecho internacional, manifestado, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5; en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, artículo 3; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7; e incluso, para su ámbito, en los Convenios de Ginebra, en los cuales también se establece la obligación de cada Estado parte de buscar [en su territorio] a los culpables y someterlos a la jurisdicción de sus Tribunales. La prohibición aparece también en la Constitución Española, artículo 15. Este consenso internacional cristaliza en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984, de la que tanto España como Guatemala son parte, en la que, como más arriba hemos señalado, además de la obligación de enjuiciar al presunto autor cuando se encuentre en territorio del Estado y no se acceda a la extradición, se incorporan otros criterios de atribución jurisdiccional, entre ellos, el de personalidad pasiva, que permite perseguir los hechos cuando la víctima sea de la nacionalidad de ese Estado y éste lo considere apropiado.
En las denuncias se contienen hechos que afectan a personas de nacionalidad española. Respecto de los hechos ocurridos en la Embajada de España el 31 de enero de 1980, entre ellos la muerte de varios ciudadanos españoles, el Gobierno español y el guatemalteco emitieron en el día 22 de setiembre de 1984, un comunicado conjunto en el que acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobierno de Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por tanto aceptando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudiera derivarse. También constan en las denuncias las muertes de los sacerdotes españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo. La comisión de estos hechos que afectan a ciudadanos españoles se atribuye por los denunciantes a funcionarios públicos o a otras personas en el ejercicio de funciones públicas, o instigados por ellas o con su consentimiento, lo que autoriza a mantener inicialmente la jurisdicción de los Tribunales españoles, con base en el artículo 23.4.g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las disposiciones de la Convención contra la Tortura, sin perjuicio de las cuestiones de tipicidad u otras que pudieran plantearse y que deberán ser resueltas en el momento procesal oportuno, tras oír debidamente al Ministerio Fiscal y a las partes.
III. FALLO.
Que debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS PARCIALMENTE, el Recurso de Casación por infracción de Ley y precepto Constitucional interpuesto por las representaciones de la Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid, Rigoberta Menchú Tum y otros, Confedereación Sindical de Comisiones Obreras, Asociación Libre de Abogados, Asociación contra la Tortura, D'Amistiada Amb el Poble de Guatemala, Asociación Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y Africa, Comité Solidaridad Internacional de Zaragoza y Asociación Pro-Derechos Humanos de España, contra auto dictado por la Audiencia Nacional, Pleno de la Sala de lo Penal, con fecha trece de Diciembre de dos mil, que resolvía el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto desestimatorio del recurso de reforma interpuesto contra el auto que acordó declarar la competencia del Juzgado Central de Instrucción número uno para conocer de un presunto delito de genocidio contra distintos cargos del Gobierno de Guatemala, en el sentido siguiente:
1º. Revocar parcialmente el Auto de la Audiencia Nacional de fecha 13 de diciembre de 2000.
2º. Declarar, con base en el artículo 23.4.g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las disposiciones de la Convención Contra la Tortura, la jurisdicción de los Tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de los hechos cometidos contra ciudadanos españoles en la Embajada Española en Guatemala el día 30 de enero de 1980, y de los hechos cometidos en perjuicio de los ciudadanos españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo.
Luis-Román Puerta Luis; Enrique Bacigalupo Zapater; Joaquín Delgado García; José Antonio Martín Pallín; Carlos Granados Pérez Cándido Conde-Pumpido Tourón; José Antonio Marañón Chávarri; Joaquín Giménez García; Andrés Martínez Arrieta; Juan Saavedra Ruiz; Julián Sánchez Melgar; Perfecto Andrés Ibáñez; José Ramón Soriano Soriano; Miguel Colmenero Menéndez de Luarca y José Manuel Maza Martín.
FECHA:25/02/2003
VOTO PARTICULAR que formulan los Excmos. Sres Magistrados D. Joaquín Delgado García, D. José Antonio Martín Pallín, D Cándido Conde-Pumpido Tourón, D. José Antonio Marañón Chavarri, D. Joaquín Giménez García, D. Andrés Martínez Arrieta y D. Perfecto Andrés Ibáñez en el Recurso de casación núm 803/2001 (Genocidio maya).
PRIMERO.- El presente Voto particular -que emitimos con el máximo respeto a la opinión de la mayoría - acepta en sus términos generales los fundamentos jurídicos uno al sexto de la resolución mayoritaria, que afirman el carácter recurrible del auto, desestiman los motivos de casación por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva así como por error de hecho en la valoración de la prueba, y estiman implícitamente el motivo de casación por infracción de ley que impugna el modo en que ha sido aplicado el principio de subsidiariedad por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Discrepamos, sin embargo, de la resolución dictada por estimar que mantiene una doctrina excesivamente restrictiva en la aplicación del relevante principio de Justicia Universal. Doctrina que no respeta lo establecido por el Legislador para la persecución penal extraterritorial del delito de Genocidio en el artículo 23.4º a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- Improcedente aplicación del principio de subsidiariedad en la resolución recurrida.
De lo afirmado en los fundamentos jurídicos uno al sexto de la resolución mayoritaria debe deducirse que esta Sala, en su conjunto, estima improcedente la aplicación del principio de subsidiariedad realizada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que constituye el único fundamento expuesto por la resolución impugnada para revocar el Auto dictado por el Instructor.
En primer lugar este principio no aparece recogido en nuestro ordenamiento positivo interno como limitación a la competencia de la Jurisdicción española en materia de delitos de Genocidio, que se establece con carácter general en el art 23.4º a) de la LOPJ. Este precepto se fundamenta en el principio de Justicia Universal, en sentido propio, y en consecuencia la única limitación que establece es la de "cosa juzgada", acogida en la letra c) del apartado segundo del artículo ("que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero…"), pero no la subsidiariedad.
En segundo lugar, el Convenio de Nueva York, de 9 de diciembre de 1948, para la prevención y la sanción del delito de Genocidio, tampoco se refiere en absoluto al principio de subsidiariedad pues en el mismo únicamente se establece una jurisdicción obligatoria para el enjuiciamiento de estos delitos, que es la jurisdicción territorial (art.6º). Al no preverse expresamente otras jurisdicciones, salvo la Corte Penal Internacional, tampoco se establecen reglas de prioridad entre ellas.
TERCERO.- El Convenio de 1.948 impone la obligación de ejercicio de su propia competencia a la Jurisdicción de un determinado territorio sobre los actos de Genocidio ocurridos en el mismo, pero no excluye que otros Estados puedan establecer de modo concurrente su jurisdicción extraterritorial sobre este delito, como crimen de derecho internacional, a través de su legislación interna. En definitiva, el Convenio no impone la jurisdicción universal en materia de genocidio, pero tampoco la impide.
En los supuestos en los que los actos de Genocidio se han realizado al amparo de las estructuras de poder del Estado en el que se cometen, la jurisdicción territorial se encuentra generalmente imposibilitada para actuar, por lo que la jurisdicción extraterritorial constituye el único modo de evitar la impunidad.
Es por ello por lo que buen número de países han asumido el compromiso pactado en el artículo primero del Convenio de 1948 de prevenir y sancionar el Genocidio, y han hecho uso de la facultad que se deriva del mismo, estableciendo para ello en su legislación interna el principio de jurisdicción universal por el que sus Tribunales pueden enjuiciar estos crímenes.
Así se ha hecho en la legislación española (art. 23.4 Ley Orgánica del Poder Judicial), y también en Alemania (parágrafo 6 del Código Penal y Ley especial que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2002), Bélgica (art.7 de la Ley de 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999), Italia (art. 7.5 del Código Penal), Portugal (art.5 del Código Penal) o Francia (art. 689 del Código de Procedimiento Penal), entre los países más próximos.
Esta jurisdicción universal sobre los delitos de genocidio como crímenes de derecho internacional no se rige por el principio de subsidiariedad, sino por el de concurrencia, pues precisamente su finalidad es evitar la impunidad, es decir garantizar que el Genocidio será en cualquier caso sancionado.
CUARTO.- Ha de admitirse que la necesidad de intervención jurisdiccional conforme al principio de Justicia Universal queda excluida cuando la jurisdicción territorial se encuentra persiguiendo de modo efectivo el delito de genocidio cometido en su propio país. En este sentido puede hablarse de un principio de necesidad de la intervención jurisdiccional, que se deriva de la propia naturaleza y finalidad de la jurisdicción universal.
Ahora bien, este criterio no faculta para excluir la aplicación de lo prevenido en el art 23.4º a) de la LOPJ estableciendo como exigencia para admitir una querella por Genocidio extraterritorial la acreditación plena de la inactividad o inefectividad de la persecución penal por parte de la jurisdicción territorial. Este requisito vaciaría de contenido efectivo el principio de persecución universal del Genocidio, pues se trata de una acreditación prácticamente imposible, y determinaría la exigencia de una valoración extremadamente delicada en este prematuro momento procesal.
Para la admisión de la querella resulta exigible, en esta materia, lo mismo que se exige en relación con los hechos supuestamente constitutivos del delito de Genocidio. La aportación de indicios serios y razonables de que los graves crímenes denunciados no han sido hasta la fecha perseguidos de modo efectivo por la jurisdicción territorial, por las razones que sean, sin que ello implique juicio peyorativo alguno sobre los condicionamientos políticos, sociales o materiales que han determinado dicha impunidad "de facto".
Pues bien, en el caso actual, la documentación aportada por la querella y valorada por el Instructor es manifiestamente significativa en el sentido de que transcurridos largos años desde que ocurrieron los hechos, por unas u otras razones, la jurisdicción territorial de Guatemala no ha podido ejercerse de un modo efectivo en relación con el Genocidio sobre la población maya objeto de la querella.
En consecuencia el motivo de casación por infracción de ley que impugnaba el fundamento de la resolución impugnada, la aplicación del principio de subsidiariedad, debió ser estimado. Dada la naturaleza y efectos del recurso de casación esta estimación debió determinar, sin más trámites, la anulación del auto dictado en apelación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmando el auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, que admitió a trámite la querella, en sus propios términos, sin perjuicio de lo que pudiese resultar de la instrucción de la causa.
QUINTO.- Reformatio in peius.
La aplicación del principio de subsidiariedad constituye la única fundamentación por la que la Audiencia Nacional, a instancias del Ministerio Fiscal, revocó el auto del Instructor.
La propia resolución mayoritaria estima que dicha fundamentación no es correcta, por lo que lo consecuente sería, como se ha señalado, estimar el motivo de recurso por infracción de ley, y casar el auto de la Audiencia.
Al no hacerlo así, la resolución finalmente adoptada por la posición mayoritaria incurre en "reformatio in peius", pues los únicos recurrentes han sido los querellantes, y la sentencia perjudica su posición previa al recurso en lo referente a la base esencial de su pretensión, que es la querella por delito de Genocidio supuestamente cometido en Guatemala contra la población de etnia maya.
El auto recurrido en casación admitía la jurisdicción española para el conocimiento del delito de Genocidio denunciado, criterio compartido tanto por el Instructor como por la Audiencia, y únicamente acordaba la improcedencia del ejercicio de dicha jurisdicción, "en este momento", por el escaso tiempo transcurrido desde que se concluyeron los trabajos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (25 de febrero de 1.999) hasta que se formuló la primera denuncia ante la Audiencia Nacional (2 de diciembre de 1999). Estimaba la Sala de la Audiencia que dicho lapso de tiempo no permite apreciar si los órganos competentes guatemaltecos para la persecución del Genocidio van a actuar o no. Pero la resolución impugnada dejaba abierta la posibilidad de admisión de la querella por Genocidio si se acreditase, con más tiempo, la impunidad. Y hay que tener en cuenta que ya han pasado tres años.
Por el contrario la resolución mayoritaria sigue en materia de Jurisdicción Universal la doctrina de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, más restrictiva que la de la Sala, estimando que la jurisdicción española solo es competente en delitos de Genocidio cometidos en el extranjero, cuando las víctimas del genocidio sean españolas (lo que ocurrirá raramente), o los culpables se encuentren en territorio español (Fundamento jurídico undécimo).
En consecuencia el fallo, aunque estima parcialmente el recurso, limita la admisión de la querella exclusivamente al ámbito de los delitos de tortura y sólamente contra ciudadanos españoles, por lo que en lo que se refiere al crimen internacional de genocidio contra la población maya, base de la querella, la resolución del recurso desestima la posibilidad de aplicación de la jurisdicción española no sólo "por el momento", como decía el auto recurrido, sino de forma definitiva.
La "reformatio in peius" se produce cuando la resolución del recurso determina una modificación perjudicial operada en fase de casación que no es consecuencia de ninguna de las pretensiones deducidas ante el Tribunal a través de ninguno de los recursos admitidos a trámite.
En el caso actual los recurrentes acudieron a esta Sala en casación porque la Audiencia Nacional no admitía la querella por delito de genocidio, "por ahora". Alegaban la dificultad de acreditar la falta de efectividad de la jurisdicción nacional, e interesaban una resolución más favorable en cuanto a la interpretación de los requisitos de aplicación de la jurisdicción universal al Genocidio, como delito contra la comunidad internacional. El fallo del recurso contiene una resolución más restrictiva que niega la jurisdicción española de forma definitiva, actúe o no la jurisdicción territorial. La modificación peyorativa es manifiesta.
No puede alegarse, frente a ello, que se trata de una resolución que depende solo de la ley y que en tales supuestos no actúa el límite de la reformatio in peius, pues en todos los casos en que la resolución de un recurso incurre en esta modalidad de vulneración de la tutela judicial efectiva, lo hace precisamente por estimar que la resolución que se adopta es la procedente conforme a la ley. Lo relevante es que, una vez que ha apreciado que la fundamentación de la Audiencia para revocar el auto apelado es incorrecta, la resolución mayoritaria ni estima las pretensiones de los recurrentes ni sustituye dicha fundamentación por otra con iguales efectos, sino que aprovecha la oportunidad que le concede el recurso para sentar una nueva doctrina, más restrictiva en la aplicación de la Jurisdicción Universal que la sostenida en el auto recurrido. En consecuencia, se utiliza el recurso en perjuicio de los propios recurrentes.
SEXTO.- Interpretación "contra legem" del art 23 4 de la LOPJ.
El art 23.4. de la LOPJ, que expresa el criterio soberano del Legislador en esta materia, dispone: Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como algunos de los siguientes delitos:a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. f) Tráfico de ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.
La única limitación que la Ley establece para la actuación de dicha jurisdicción extraterritorial es que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.
Existe consenso doctrinal en que esta norma acoge el principio de Justicia Universal, en el sentido de que la jurisdicción española viene atribuida exclusivamente en consideración a la naturaleza del delito, sin tener en cuenta donde fue cometido, ni la nacionalidad de la víctima o la del autor.
La resolución mayoritaria considera que la generalidad de la norma suscita interrogantes, y sugiere la conveniencia de establecer criterios correctores a través de otros principios de derecho internacional, para evitar la apertura generalizada de procedimientos por estos delitos cualquiera que fuese el lugar de comisión. Entre estos criterios se encuentra la exigencia de algún nexo o vínculo de conexión con un interés nacional, criterio al que más adelante nos referiremos.
Pero la argumentación posterior de la propuesta no se limita a establecer criterios correctores sino que sigue una posición doctrinal manifiestamente antagónica a la acogida por el Legislador en el art 23.4 de la LOPJ., con lo cual se llega a una conclusión que modifica drásticamente dicha norma legal.
En efecto, en el fundamento jurídico undécimo, donde se concretan los criterios de atribución jurisdiccional sobre el delito de Genocidio, se prescinde de lo que establece el citado art 23.4, efectuando una interpretación, a nuestro entender, "contra legem".
El citado precepto dispone con claridad que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como delito de genocidio, entre otros.
En cambio en el fundamento undécimo de la resolución mayoritaria se descarta el ejercicio de la jurisdicción española en relación con el Genocidio denunciado porque ninguna de las víctimas es de nacionalidad española y ninguno de los culpables se encuentra en territorio español. Estima la sentencia mayoritaria que estos son los criterios de atribución de la jurisdicción española en estos casos. Pero lo cierto es que se trata de unos criterios que no aparecen en absoluto en el precepto legal.
SEPTIMO.- La necesidad de que las víctimas del Genocidio sean españolas como requisito para el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial por delito de Genocidio resulta manifiestamente antagónica con lo dispuesto en el art 23.4, pues es unánimemente reconocido que este precepto no se funda en absoluto en el principio de personalidad pasiva. Lo relevante es la naturaleza del Genocidio, como delito contra la comunidad internacional (así lo califica el Código Penal de 1.995 en el título XXIV de la parte especial), y no la nacionalidad de las víctimas. Por otra parte se trata de una exigencia que deja prácticamente sin contenido la persecución del Genocidio como delito extraterritorial.
El tipo penal del Genocidio, descrito en el art. 607 del Código Penal de 1995, sólo se perfecciona cuando cualquiera de las conductas tipificadas se realizan respecto de uno de los miembros del grupo étnico que se pretende destruir, total o parcialmente. No es posible calificar como delito de Genocidio conductas que afecten exclusivamente a víctimas de nacionalidad española, si son ajenas al grupo.
La afectación de víctimas o intereses españoles, en el ámbito de un supuesto Genocidio, puede actuar sin embargo como nexo de conexión con un interés nacional, que refuerce las razones que justifican que la Jurisdicción española acepte el conocimiento del asunto. Pero, en todo caso, la jurisdicción se ejerce, conforme al art 23.4º a) de la LOPJ, en aplicación del principio de justicia universal, abarcando por tanto la actuación genocida en sentido propio.
Por ello, cuando se afirma que la jurisdicción española únicamente sería competente para el conocimiento de un delito de Genocidio si el Genocidio se realizase contra españoles, se está aplicando un principio de interés nacional que no tiene nada que ver con la consideración de delito contra la comunidad internacional que nuestra propia legislación interna atribuye al Genocidio (Título XXIV del libro II del Código Penal de 1.995).
OCTAVO.- La necesaria presencia de los responsables del delito en el territorio español es el otro criterio de atribución de Jurisdicción a los Tribunales españoles que reconoce la resolución mayoritaria, para el supuesto de que las víctimas del Genocidio no sean ciudadanos españoles.
Esta restricción la deduce la resolución mayoritaria del análisis de una serie de Convenios Internacionales, ajenos al supuesto del Genocidio, pero que considera que actúan como límite de lo prevenido en el art 23 4º de la LOPJ, dada la referencia a los Convenios que se contiene en el último apartado de dicho precepto.
Basta la lectura del art 23.4º, para apreciar que distingue entre dos grupos de delitos a efectos de la aplicación del principio de jurisdicción universal que consagra. En primer lugar los que son de inmediata y directa competencia extraterritorial, por imperativo del propio precepto legal interno [apartados a) a f)] y, en segundo lugar, los que pueden llegar a serlo por aplicación de la firma de algún tratado (apartado g).
Respecto de los primeros el Legislador español asume e incorpora a su ordenamiento interno el principio de jurisdicción universal, en función de la gravedad de estas infracciones contra bienes jurídicos esenciales de la Comunidad Internacional, acogiendo un principio de ius cogens que se considera fuera de discusión. Por el contrario el apartado g) abre la norma a lo que pudiese eventualmente resultar de nuevos instrumentos convencionales a los que España decidiese adherirse.
Por ello este apartado g) no puede interpretarse en el sentido de establecer límites genéricos respecto de la jurisdicción reconocida con anterioridad.
Por otra parte los Tratados establecen ordinariamente unas obligaciones internacionales de ejercicio de la propia jurisdicción en determinados supuestos, que constituyen un mínimo obligatorio y no un máximo. Por ello no puede deducirse de los mismos una prohibición genérica de ejercicio de la Jurisdicción Universal frente a responsables que no se encuentren en el territorio nacional.
De otro modo en ningún caso podría recurrirse a la solicitud de extradición, que tan eficaces resultados ha proporcionado para limitar la impunidad, y que expresamente preveía para estos supuestos la propia Ley Orgánica de 1870.
En consecuencia la apertura de un procedimiento para la persecución penal de un delito contra la comunidad internacional conforme a lo prevenido en el art 23.4º de la LOPJ no exige necesariamente la presencia de los responsables del delito en España. Esta presencia solo es necesaria para su enjuiciamiento, al no ser conforme al ordenamiento español el enjuiciamiento en rebeldía de estos crímenes.
En definitiva la presencia de los responsables en España no constituye una condición general para el ejercicio de la jurisdicción penal universal, sino un presupuesto de su practicabilidad, que puede alcanzarse mediante la extradición.
Las decisiones del Tribunal Supremo Federal alemán citadas, de 1.994, han sido superadas por las resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional de la República Federal, que por ejemplo en sentencia de 12 de diciembre de 2000 (BverfG, 2 BvR 1290/99) ha ratificado la constitucionalidad de las condenas por delito de Genocidio realizadas por los Tribunales alemanes a ciudadanos serbios respecto de crímenes cometidos en Bosnia-Herzegovina contra víctimas bosnias, es decir en supuestos en que no se afectan directamente intereses alemanes.
La Ley especial alemana sobre esta materia, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2.002, no establece limitaciones significativas para la persecución extraterritorial del delito de Genocidio.
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de 14 de febrero de 2.002, que condenó a Bélgica por una orden de arresto internacional dictada contra el Ministro de Asuntos Exteriores en activo de la República Democrática del Congo, no puede constituir un precedente que limite el ejercicio de la jurisdicción universal en materia de Genocidio, pues la demanda formulada por el Congo interesó expresamente que la Corte Internacional no se pronunciase sobre la cuestión de determinar si el derecho internacional consuetudinario autoriza el ejercicio de la jurisdicción penal universal sobre los crímenes internacionales, limitándose a la cuestión de determinar la posible vulneración de las normas internacionales de inmunidad que amparan a los Ministros de Asuntos Exteriores en ejercicio.
En consecuencia la sentencia no se pronuncia en contra del principio de jurisdicción universal acogido con gran amplitud en la Ley belga de 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999, limitándose a imponer el respeto a los principios internacionales de inmunidad diplomática, en los que se fundamenta la decisión de la Corte para anular la orden internacional de arresto.
Es conveniente resaltar que en su voto particular conjunto, los Jueces Higgins, Kooijmans y Buergenthal llegan a declarar que en determinadas condiciones el derecho internacional consuetudinario autoriza el ejercicio de la competencia penal sobre los crímenes internacionales conforme al principio de universalidad "absoluta".
DECIMO.- El principio de jurisdicción universal en materia de genocidio se establece en otras resoluciones más relevantes.
Asi, por ejemplo, la sentencia de 11 de julio de 1.996 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (caso Bosnia vs. República Federal de Yugoslavia) reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio.
La sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania de 12 de diciembre de 2.000, ya citada, afirma que el Genocidio es, como violación más grave de los Derechos Humanos, el caso clásico para la aplicación del principio de universalidad, que tiene como función posibilitar la persecución, sin lagunas de impunidad, de los crímenes contra los bienes jurídicos más importantes de la Comunidad Internacional.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Bélgica (Cour de Cassation de Belgique) de 12 de febrero de 2.003, citada en la resolución mayoritaria (caso Sharon y otros), ratifica el ejercicio de la jurisdicción universal sobre delitos de Genocidio, conforme a lo establecido en la Ley belga de 16 de julio de 1.993, reformada por la de 10 de febrero de 1.999, que establece una regulación similar a la prevenida en el art 23.4º de nuestra LOPJ. Califica el Genocidio como crimen de derecho internacional, y afirma la competencia de los Tribunales belgas para el enjuiciamiento de dichos crímenes, "cualquiera que sea el lugar donde se hubieran cometido", resaltando que su persecución penal "no exige la presencia del inculpado en territorio belga".
La sentencia del Tribunal Supremo francés (Cour de Cassation) en el caso Klaus Barbie estableció que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y pueden ser objeto de un procedimiento judicial en Francia cualquiera que haya sido la fecha o el lugar de comisión. Esta incriminación pertenece a un orden represivo internacional, al que Francia se ha adherido, y al que la noción de frontera le resulta ajena.
La sentencia del Tribunal de apelación de la Cámara de los Lores, del Reino Unido, dictada el 24 de marzo de 1.999, en el caso Pinochet, recuerda que el derecho internacional estipula que los crímenes de "ius cogens", entre ellos el genocidio, pueden ser penados por cualquier Estado, porque los criminales son enemigos comunes de toda la humanidad y todas las naciones tienen el mismo interés en su aprehensión y persecución.
Es claro que nuestro entorno jurídico europeo reconoce la noción de jurisdicción universal acogida en el art 23.4º de la LOPJ como norma establecida para el delito de genocidio y los crímenes contra la humanidad por el derecho internacional consuetudinario. Por ello no cabe apreciar que el ejercicio de esta jurisdicción universal en los términos prevenidos en el citado art 23. 4º se encuentre en contradicción con otros principios de derecho internacional, sino que es plenamente conforme con dichos principios.
UNDECIMO.- Derogación del principio de jurisdicción universal.
La regulación del principio de jurisdicción universal establecida por el Legislador español en la LOPJ de 1.985, no limita la aplicación de esta jurisdicción mediante la exigencia adicional de algún punto de conexión con un interés nacional. La resolución mayoritaria parece estimar que este criterio del Legislador no es razonable, y acudiendo a argumentaciones fundamentalmente de "lege ferenda", corrige lo establecido en el art 23.4 a) exigiendo la concurrencia de este requisito adicional.
La exigencia de algún vínculo o nexo de conexión entre los hechos delictivos y algún interés o valor de los ciudadanos del Estado que ejerza la jurisdicción universal, puede constituir un criterio razonable de autorrestricción para evitar la proliferación de procedimientos relativos a delitos y lugares totalmente extraños y/o alejados, así como un desgaste excesivo de los órganos jurisdiccionales nacionales cuya competencia se reclama.
Pero únicamente será así si se aplica estrictamente como criterio de exclusión del exceso o abuso del derecho, no si se aplica como un modo de derogar en la práctica el principio de jurisdicción universal, convirtiendo la excepción en regla.
Se trata de una restricción que no aparece expresamente establecida en la ley, pero que puede ser asumida como emanación de los principios del Derecho Penal Internacional, y aplicada como criterio de razonabilidad en la interpretación de la normativa competencial.
Ahora bien, este criterio no puede ser aplicado de tal modo que deje sin contenido con carácter general lo dispuesto en el art 23.4 de la LOPJ, es decir que sustituya la norma legal de atribución de la Jurisdicción exclusivamente en consideración a la naturaleza de determinados delitos, por el principio de personalidad pasiva, que no está recogido en nuestro ordenamiento, o por el principio de defensa, que ya se recoge separadamente en el apartado tercero del citado art 23 de la LOPJ.
En particular en lo que se refiere al denominado núcleo fundamental de los delitos internacionales, como son el genocidio o los crímenes contra la humanidad, la suplantación del principio de jurisdicción universal por el de personalidad pasiva constituye un error manifiesto, pues se trata precisamente de delitos cuya sanción internacional se fundamenta en que constituyen una agresión contra valores comunes reconocidos como fundamentales para el conjunto de la Comunidad Internacional.
La aplicación del criterio de razonabilidad anteriormente enunciado puede permitir a un Tribunal nacional que tenga atribuida con carácter general competencia extraterritorial en estos supuestos, como sucede en nuestro país con la Audiencia Nacional, denegar el ejercicio abusivo de la jurisdicción en relación con supuestos hechos delictivos sucedidos en países que no tengan vínculo alguno de conexión, en sentido amplio, con España, con los ciudadanos españoles, con sus intereses y sus relaciones. Esta restricción puede ser asumible en cuanto se orienta a una finalidad razonable, como es la de evitar un efecto excesivamente expansivo de este tipo de procedimientos, y garantizar la efectividad de la intervención jurisdiccional, pues en los supuestos de ausencia absoluta de vínculos de conexión con el país y con los hechos denunciados, en el sentido amplio anteriormente expresado, la efectividad práctica del procedimiento puede ser nula.
Pero si interpretamos el nexo de conexión, como se hace en la sentencia mayoritaria, en sentido tan restringido que únicamente alcanza a los casos de víctimas de nacionalidad española, que, para acoger la competencia por genocidio, deben además formar parte de la etnia que es víctima de dicho delito, suprimimos en la práctica el principio de jurisdicción universal, derogando lo dispuesto en el art 23.4 de la LOPJ. En efecto el criterio de atribución de la jurisdicción en estos casos ya no seria la naturaleza del delito, como previene expresamente el precepto, sino la nacionalidad de la víctima.
Como hemos señalado la afectación de víctimas o intereses españoles, en el ámbito de un supuesto genocidio, puede reforzar, como nexo de conexión, las razones para que la Jurisdicción española acepte el conocimiento del asunto, pero en todo caso debe hacerlo en aplicación del principio de justicia universal, abarcando el comportamiento genocida en sentido propio.
En consecuencia, no puede utilizarse la exigencia de vínculos de conexión como fórmula de excluir con carácter general la aplicación del art 23.4 a) de la LOPJ.
DUODÉCIMO.- En cualquier caso, ha de considerarse que si en algún supuesto concurren dichos criterios de conexión es precisamente en el actual.
En primer lugar ha de atenderse a los vínculos culturales, históricos, sociales, lingüísticos, jurídicos, y de toda índole que unen a Guatemala y a su población indígena con España, que no permiten utilizar la absoluta ajenidad del asunto como criterio razonable de exclusión de la regla general contenida en el art 23.4º de la LOPJ, que atribuye a la jurisdicción española competencia expresa para enjuiciar delitos de genocidio.
Ha de tenerse en cuenta que una regla relevante en estos supuestos es la de la facilidad para el enjuiciamiento, y en el caso actual la comunidad jurídica y lingüística avalan la mayor efectividad de la intervención jurisdiccional, respecto de otros países que no pertenezcan a esta comunidad cultural.
Debe insistirse en que no es esta comunidad jurídica y lingüística la que determina la competencia, sino el principio de jurisdicción universal y la naturaleza del delito, pero resulta claro que la pertenencia a esta comunidad impide considerar ajeno y carente en absoluto de conexión con nuestro país lo ocurrido a la etnia maya.
Aunque prescindamos de este criterio de la comunidad cultural, que para algunos resulta polémico, hemos de atender en segundo lugar al hecho incontrovertible de que la querella se refiere a un número relevante de víctimas de nacionalidad española, que si no son víctimas directas del delito genocida, pues no pertenecían a la etnia maya agredida, si resultaron asaltadas y agraviadas como represalia por su defensa de los indígenas o en el curso de las acciones supuestamente genocidas.
Y, en tercer lugar, ha de tomarse en consideración el asalto a la Embajada española, que no puede constituir un ejemplo más claro de afectación a los intereses de nuestro país, y constituye un caso manifiesto de conexión, pues se produjo en el ámbito de las acciones genocidas, como supuesta represalia de la protección que se ofrecía a la etnia agredida.
No se trata de apoyar la Jurisdicción española en el principio de defensa, sinó de aplicar lo prevenido en el art 23.4º de la LOPJ con el refuerzo añadido de la concurrencia de un nexo de conexión que justifica adicionalmente el ejercicio de la jurisdicción universal por España, con independencia de los acuerdos diplomáticos alcanzados, que no afectan al delito de genocidio objeto de la querella.
DECIMOTERCERO.- Si en un supuesto como el presente no se aprecia la concurrencia del nexo de conexión, entonces la exigencia de este criterio se transforma en mero pretexto para excluir o suprimir la jurisdicción universal en casos de Genocidio en sentido propio, pues difícilmente se volverá a repetir en la historia de la jurisdicción española un supuesto en el que existan tan plurales vínculos de conexión con un delito de Genocidio étnico, incluido el asalto a nuestra Embajada y el asesinato de sacerdotes españoles que trataban de proteger a la etnia amenazada.
El ejercicio de la jurisdicción universal, al desterrar la impunidad por los grandes crímenes contra la humanidad, como lo es el Genocidio, contribuye a la paz y a la humanización de nuestra civilización. Es cierto que no devuelve la vida a las víctimas, ni puede conseguir que todos los responsables sean enjuiciados. Pero puede ayudar a prevenir algunos crímenes y a enjuiciar a algunos de sus responsables. Con ello contribuye a la consecución de un mundo más justo y seguro, y a consolidar el Derecho Internacional, en lugar de la violencia, como forma habitual de solucionar los conflictos.
Es por todo ello por lo que, en aplicación de lo establecido en el art 23.4 a) de la LOPJ, estimamos que debió dictarse el siguiente fallo.
Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto, casando y anulando el auto impugnado, dictado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en apelación, y confirmando con ello el auto apelado, dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado Central Núm. 1, con fecha 27 de abril de 2000, en sus propios términos.
Joaquín Delgado García; José Antonio Martín Pallín; Cándido Conde-Pumpido Tourón; José Antonio Marañón Chávarri; Joaquín Giménez García; Andrés Martínez Arrieta; Perfecto Andrés Ibáñez.
PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo.Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.
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