Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2000/SU1722-00.htm
Timestamp: 2017-10-22 11:57:59
Document Index: 285731054

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 217', 'artículo 206', 'artículo 250', 'artículo 217', 'artículo 206', 'artículo 217', 'artículo 1', 'artículo 320']

SU1722-00
Giovanny Rondón Fernández contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y Alejandro Leyton González contra la Sala de Decisión del Tribunal Nacional de Orden Público.
en el proceso de revisión de los fallos adoptados, de una parte, por el Consejo de Estado, (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (Sección Cuarta), con ocasión de la acción de tutela promovida por Giovanny Rondón Fernández contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y, de otra por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Alejandro Leyton González contra la Sala de Decisión del Tribunal Nacional.
2.1. Giovanny Rondón Fernández y Alejandro Leyton González, fueron enjuiciados y condenados, en primera instancia, por distintos Juzgados Regionales de Bogotá. El primero fue sentenciado a 17 años de prisión, por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas, según sentencia de 22 de noviembre de 1995; el segundo, lo fue igualmente a 10 años de prisión, por violación a la ley 30 de 1986, según sentencia del 13 de enero de 1999.
2.3. Este organismo, mediante providencia de 16 de marzo de 1996, aumentó la condena de Rondón Fernández en 19 años, y en 1 año la de Alejandro Leyton González, según sentencia del 28 de mayo de 1999.
2.4. Giovanny Rondón Fernández, interpuso recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, "para que esta Corporación, con fundamento en la causal 3 del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, como cargo único, CASARA la sentencia y en su lugar declarara la nulidad de la misma, por cuanto se le violó al condenado el derecho a la prohibición de la reformatio in pejus, habida cuenta que él era apelante único y existe prohibición constitucional consagrada en el artículo 31 Superior, que no permite que al condenado se le agrave aún más su situación jurídica”.
2.6. Por su parte, Alejandro Leyton González, afirma que no pudo proponer recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia, pues ésta le fue notificada el 12 de abril de 2000, oportunidad en la cual carecía de apoderado para interponer la medida de manera oportuna.
II. PRETENSIONES.
El demandante Rondón Fernández solicita que se revoque la sentencia del 17 de marzo de 2000, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, o que se ordene a este organismo revocar dicha medida, y, Leyton González, por su parte requiere similares pronunciamientos en relación con la sentencia de 28 de mayo de 1999, proferida en segunda instancia por el Tribunal Nacional, en virtud, de que tales decisiones violaron el derecho fundamental al debido proceso.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, mediante providencia de 11 de mayo de 2000, después de estimar que en la sentencia motivo de la inconformidad no se evidencia la existencia de una vía de hecho, negó la tutela impetrada por Giovanny Rondón Fernández.
El Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, negó el amparo solicitado por el ciudadano Alejandro Leyton González, al considerar que no se violó el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución, de una parte, en razón de que las sentencias proferidas por los jueces regionales, por mandato legal, tienen el grado de consulta, siendo en consecuencia irrelevante que las mismas sean cuestionadas por vía del recurso de apelación; y de otra parte, el demandante contaba con el recurso extraordinario de casación para atacar la legalidad de la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional.
2.1 La Corte[1], en múltiples oportunidades ha precisado el carácter residual de la acción de tutela, al insistir que ella no es un mecanismo paralelo o alternativo de los medios ordinarios de defensa judicial. Por ello, solamente procede cuando no existen dichos medios o, existiendo resultan ser ineficaces para la protección de los derechos fundamentales amenazados o violados[2].
2.2. De otra parte, la Corte, siguiendo las pautas trazadas en la sentencia C-543/92[3], ha consagrado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las decisiones judiciales, en aquellos casos en que se incurre en una vía judicial de hecho[4], situación que acontece en presencia de una irregularidad manifiesta y superlativa, no corregible o saneable dentro del escenario mismo del proceso en donde tuvo ocurrencia, si se tiene en cuenta que “...la decisión judicial es en sí misma una arbitrariedad de tal magnitud que atropella las reglas mínimas establecidas por el ordenamiento jurídico, en abierto desconocimiento del debido proceso”.[5]
Resulta claro entonces, que la acción de tutela es viable para restaurar el imperio del derecho quebrantado, cuando la decisión judicial constituye por sí misma una arbitrariedad y no existen o están agotados los medios judiciales de defensa apropiados que hagan procedente la adopción de medidas definitivas de protección[6].
2.3. Para justificar la procedencia de la tutela frente a la vía de hecho, la Corte ha recogido, lo que podría denominarse los “presupuestos de la acción”, que se concretaron, entre otras decisiones en la sentencia T-567/98, en donde se expresó:
“La Corte ha considerado que una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico”.
Por la misma naturaleza de la vía de hecho, este vicio, que justamente se consagra como un “abuso de poder” del operador jurídico, no puede predicarse en relación con las controversias que surjan por motivo de la interpretación que el juez del conocimiento del fallo acusado haya hecho de las normas que aplicó para decidir el caso particular, porque ello excedería las posibilidades de la tutela, y atentaría, por el contrario, contra el principio de autonomía judicial, en cuya virtud el juez es responsable de fijar el alcance de las normas que aplique, cuando ello sea necesario.
2.4. En materia penal, el principio de legalidad se traduce en la necesidad imperiosa e insoslayable de que el legislador defina previamente el delito y la pena, el juez competente y las formas propias de cada juicio. Esa exigencia constitucional constituye, como lo ha señalado la jurisprudencia[7] de la Corte una garantía de libertad y de seguridad para el ciudadano y correlativamente, un medio de limitación del poder punitivo del Estado que ejerce a través de los operadores judiciales.
2.5. Entre las garantías que consagra la Constitución (art. 31) y desarrolla la norma procesal penal (art. 217), esta la prohibición de la no “reformatio in pejus”, que es al tiempo una garantía constitucional y un principio procesal, que se inserta dentro de la noción del debido proceso. Según este principio, cuando la apelación de una sentencia de condena sea interpuesta exclusivamente por el procesado o su defensor, el “ad quem” no podrá agravar la situación del recurrente aumentando la pena impuesta por el “a quo”. Eso significa que la situación del apelante podría mejorarse pero jamas hacerse más gravosa, porque se considera, en virtud del principio en cuestión, que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable de la providencia que se recurre. No se puede desconocer que la apelación es un medio procesal mediante el cual, el sujeto afectado con una medida judicial se propone justamente controvertir los fundamentos en que se apoya la decisión para lograr que se mejore, al menos su situación jurídica, sino consigue que la medida se revoque en su integridad. Cuando el procesado es el apelante único de una sentencia de condena, es claro que su objetivo es lograr que se mejore su situación disminuyendo la pena, porque resulta contrario a toda lógica, que lo hiciera para agravar su propia situación. Por eso, en tal caso, el juez debe centrar su decisión exclusivamente en las pretensiones del recurrente, para resolver si son o no conducentes, ya que son ellas las que dan origen al pronunciamiento judicial, de suerte que en el peor de los casos, el recurso no puede desatarse aumentando la pena original.
En efecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al decidir el recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia del Tribunal Nacional, por la cual se modificó la pena impuesta por el juez de primera instancia a Giovanny Rondón Fernández, señaló que el Tribunal estaba facultado para adoptar la decisión como lo hizo, en virtud, de que conoció del pronunciamiento revisado en grado de jurisdicción por consulta.
- Por su parte, el Tribunal Nacional adujo como razones para asumir la revisión integral del fallo de primera instancia y, en tal mérito aumentar la condena de Alejandro Leyton García, las siguientes:
Sobre el particular, resulta coveniente registrar la doctrina constitucional elaborada por algunas salas de revisión proferidas con anterioridad a la sentencia SU-327/95[8], de la siguiente manera:
- La Corte en las sentencias T-146/95[9] y T-155/95[10] en relación con el principio de la no reforma en peor, sostuvo la tesis según la cual dicha garantía no operaba de manera mecánica, cuando el juez de segunda instancia conoce de un asunto en grado de consulta y al tiempo del recurso de alzada propuesto por el condenado como apelante único, sino que el mismo admite excepciones impuestas por el principio de legalidad. A esta conclusión se llegó con fundamento en la jurisprudencia contenida en las sentencias C-055/93[11] y C-565/93[12]
a) En primer lugar, encontró la Sala Plena de la Corte que la argumentación presentada las sentencias T-146/95[13] y T-155/95[14], hizo un uso indebido del precedente judicial contenido en las sentencias C 055/93[15] y C-565/93[16], en la medida en que el principio constitucional de la no reforma en peor, es una garantía plena que sólo admite como restricción la señalada en el inciso 2º del artículo 31 constitucional.
“Las Sentencias T-146 y T-155 de 1995 invierten totalmente el sentido de la doctrina establecida por la Sala Plena en la Sentencia C-055/93, al juzgar que así el condenado sea apelante único, su interés en la revocación o disminución de la pena debe ceder ante el del Estado en la agravación de la misma.
“Según la doctrina fijada por la Sala Plena en la Sentencia C-055/93, no se viola el derecho al debido proceso cuando la ley permite al superior poner en conocimiento de la parte afectada o decretar oficiosamente, la existencia de una nulidad que detecte al conocer de la apelación de un auto “en cualquier momento antes de dictar sentencia”, porque al hacerlo en esa oportunidad, se da a las partes -art. 145 C.P.C.[17]- la ocasión de alegarla, controvertirla, o sanearla; es decir, se les permite el ejercicio del derecho de defensa. Sin citar respaldo normativo, y en contra de lo establecido en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal -ver su transcripción en el aparte 2.2.-, los fallos T-146 y T-155 de 1995 autorizan al superior a declarar oficiosamente la nulidad de la pena al momento de conocer de la apelación de la sentencia interpuesta por el condenado como apelante único, así el asunto no haya sido objeto del recurso, sin parar mientes en que de esa manera, la parte afectada por la decisión del superior resulta perjudicada, y no puede ejercer su derecho de defensa”.
“Si la norma que prohibe la “reformatio in pejus” no admite excepción legal de acuerdo con la Sentencia C-055/93, con mayor razón es inválida la excepción creada por el intérprete”.
“Con la aplicación de las Sentencias T-146 y T-155 de 1995, el intérprete anula los límites impuestos por el Constituyente de 1991 al ejercicio del poder punitivo del Estado con la consagración de la no reformatio in pejus y el non bis in idem (Sentencia T-575/93)”.
“Por estas razones, la Corte expresamente desecha la doctrina contenida en las Sentencias T-146 y T-155 de 1995, y acoge como suya la que se encuentra en las consideraciones de esta providencia”.
b) En segundo lugar, estimó la Corte que la inactividad presentada por cuenta de los demás sujetos que intervienen en el proceso penal, al no recurrir la sentencia proferida por el juez de primera instancia, no justifica la intervención plena del Superior ni lo faculta para agravar la situación del condenado. Al respecto dijo la Corte:
"La no interposición oportuna del recurso de apelación por el Fiscal o el Ministerio Público, revela la conformidad del titular de la pretensión punitiva con los términos del fallo, e implica la preclusión de la oportunidad que el Estado tenía la oportunidad de revisar su propio fallo".
“Aducir que la nulidad se justifica por haberse violado el principio de la legalidad de la pena es un argumento inaceptable. Porque la pena impuesta no es gratuita ni caprichosa, ni ha sido creación arbitraria del juez. Simplemente el juez de primera instancia ha basado su decisión en una norma distinta a la que juzga pertinente el ad quem y, por ende, a juicio de éste ha cometido un error. Pero resulta que los recursos son mecanismos tendentes a eliminar errores, pero errores que el juez de segunda instancia pueda jurídicamente enmendar. Es decir, para cuya enmienda tenga competencia. Y en un caso como el subjúdice tal funcionario tiene su competencia expresamente limitada por la norma constitucional. Si el a quo incurrió en un error y el Estado, por intermedio del Ministerio Fiscal, no lo consideró tal o fue negligente en el ejercicio de su función, tal apreciación u omisión no puede subsanarla el ad quem mediante el desconocimiento de una garantía consagrada en la Carta y no sujeta a condición”[18]. (subraya fuera del texto)
c) La Corte Suprema de Justicia da prevalencia al principio de legalidad frente al de la no reformatio in pejus, de manera que el superior puede agravar la pena del condenado, cuando llega a su conocimiento una sentencia susceptible de consulta pero recurrida por el condenado como apelante único, cuando se advierte que no se han respetado los mínimos y máximos previstos en la ley. Al contrario, la Corte Constitucional discrepa del criterio anterior y ha precisado que el principio constitucional de la prohibición de la reformatio in pejus prevalece sobre el de legalidad. En la referida sentencia de unificación se dijo:
"Teniendo en cuenta que es función de la Corte la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y que en cumplimiento de esa función se hace necesario insistir en su doctrina sobre el alcance de la prohibición de la “reformatio in pejus” a fin de contrarrestar la persistencia de la jurisprudencia que niega los efectos jurídicos de la consagración constitucional de esa prohibición ....".
a) El antiguo artículo 206 del Código de Procedimiento Penal disponía lo siguiente:
b) Dispone la Constitución en el artículo 250, que salvo las excepciones previstas en la ley, corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones penales, y formular la acusación correspondiente. De acuerdo con lo anterior, se ha precisado que el sistema procesal colombiano se ha edificado sobre los lineamientos generales del sistema acusatorio mixto[19]. Esta situación plantea la necesidad y la obligación por parte del Estado de promover en la forma que determina la ley procesal penal, frente a las decisiones que adoptan los jueces en la etapa de juzgamiento, su impugnación, cuando así lo consideren en los asuntos que son de su conocimiento. De esa tarea se encargan justamente el Fiscal y el Ministerio Público.
De esta manera, el artículo 217 permite al Fiscal demostrar su inconformidad frente a las decisiones judiciales que afecten el principio de legalidad. De no ocurrir esta situación, debe concluirse que el fiscal esta de acuerdo con el sentido del fallo y si éste es condenatorio con la determinación de la pena que ha sido adoptada.
En el proceso penal actual son claramente distinguibles cuatro partes procesales: el acusado, la parte civil, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación. Cualquiera de las tres últimas mencionadas puede pretender legítimamente la condena del acusado; sin embargo, cuando las pretensiones de una de las partes se restringen al plano o interés económico y son, por lo tanto, pretensiones de carácter civil, el ejercicio de recursos en contra de la sentencia condenatoria no conduce a inobservar la interdicción peyorativa o reformatio in peius, salvo en lo relacionado con dicha pretensión. No basta que el juez ad-quem se limite a contabilizar el número de partes recurrentes para concluir, eo ipso, la inexistencia de la prohibición constitucional por registrarse una pluralidad de apelantes. Por el contrario, el juzgador debe establecer la naturaleza de las pretensiones esgrimidas y conformar sus facultades decisorias a lo estrictamente permitido por la Constitución. Sería absurdo, y a la vez inconstitucional, acabar agravando la condena de privación de la libertad del procesado, si habiendo apelado la sentencia, el juez decide finalmente aumentar la pena principal por efecto de la pretensión concurrente, pero de naturaleza estrictamente económica, elevada por la parte civil.
c) En este estado de cosas, el legislador según lo consagrado en el artículo 206 del C.P.P. con el fin de proteger y garantizar el principio constitucional de la no reformatio in pejus, restringe el grado de control de la consulta, a que no sea interpuesto recurso alguno. Lo cual marca un límite ineludible en el ejercicio de la función punitiva del Estado, y a su vez, un limite en la labor interpretativa del operador jurídico.
2.9. Igualmente, es preciso anotar, que la Corte se pronunció en relación con la naturaleza y alcance de los principios constitucionales y señaló que ellos "consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional." [20]
Precisamente, en relación con la violación del principio de favorabilidad que justamente tiene que ver con la prohibición de la no reformatio in pejus, la Corte en la sentencia T-567/98[21] afirmó:
Toda disminución de la pena, conduce a una reducción del tiempo de reclusión, hecho que, evidentemente, es importante para quien es condenado a la pena privativa de la libertad.”[22]
2.10. Debe tenerse en cuenta por otra parte, que el principio de estricta legalidad establece unos límites precisos al poder punitivo del Estado, pues como atinadamente lo expresa Ferrajolí[23] la legitimación de los delitos y las penas se presenta en la medida en que su imposición no comporte una arbitrariedad y un exceso por parte del Estado y, en cuya virtud se pueda predicar un diseño de reglas iguales para todos.
Como resultado de la consulta, el aumento de la pena queda supeditado a dos supuestos: i) que se haya interpuesto recurso de apelación por cuenta del Fiscal, el Ministerio Público o la parte civil, y ii) Que ningún sujeto procesal haya recurrido la sentencia y se conozca el asunto por el superior en grado de consuta.
2.11. En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidentemente inaplicable. En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional consagrado en el inciso 2º del articulo 31 de la Constitución. Por ello se configura la vía de hecho, que ocurre cuando quiera que las decisiones impugnadas tienen como sustento un principio normativo legal “evidentemente” contrario al que ofrece en verdad el principio constitucional de la no reformatio in pejus . Por ello la Corte declarará su existencia en las sentencias impugnadas las cuales se fundaron en una interpretación contraria a las previsiones constitucionales y específicamente a lo ordenado en los arts. 31 inciso 2 C.P. y 206, 217 y 227 del Código de Procedimiento Penal, y lo que es mas preciso en contra de la doctrina constitucional vertida en la sentencia SU-327/95.
PRIMERO. CONFIRMAR el fallo de 8 de junio de 2000, proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección B, del Consejo de Estado, en virtud de la cual se concedió la tutela impetrada por el demandante Giovanny Rondón Fernández.
SEGUNDO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá, que negó el amparo solicitado por el ciudadano Alejandro Leyton González, y en su lugar tutelar el derecho al debido proceso, al infringir la prohibición de la reformatio in pejus. En tal virtud se declara que es nula la sentencia de segunda instancia proferida por el extinto Tribunal Nacional de fecha 28 de mayo de 1999 por la cual se acrecentó la condena que le fue impuesta en primera instancia por un juzgado regional de Bogotá.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal que asumió los asuntos que eran de conocimiento del extinto Tribunal Nacional que, al resolver el recurso interpuesto por Alejandro Leyton González, como apelante único, límite su decisión a la inconformidad planteada por su defensor al sustentar dicha impugnación.
Comuníquese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
De otro lado, independientemente de la consideración anterior, los suscritos estimamos que la prohibición de la reformatio in pejus no obliga a juez de segunda instancia cuando el inferior ha fijado la pena violando el principio de legalidad. Y menos aún cuando el superior agrava la pena durante el trámite del grado jurisdiccional de consulta, establecido justamente como garantía de protección de los intereses superiores del Estado que buscan el cumplimiento de la ley. Y aunque el artículo 217 del C.P.P. indica que “cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el agente del ministerio público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, la hubiere recurrido”, el entendimiento de esta norma no puede ser otro que el de imponer esta restricción solamente cuando la pena ha sido fijada por el inferior dentro de los límites señalados por el legislador. Por fuera de ellos, es obvio que la prohibición constitucional de la reformatio in pejus no tiene cabida, porque ello sería tanto como legitimar el proceder ilegal del inferior.
[1] Se pueden consultar entre otras, la sentencia: SU-646/99 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[2] Corte Constitucional, sentencia T-502/99. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] M.P. Jóse Gregorio Hernández Galindo.
[4] Se pueden consultar entre otras, las siguientes sentencias: T-814/99, M.P Antonio Barrera Carbonell.
[5] Sentencia SU-962/99
[6] T-121/99
[7] SU-327/95
[8] Carlos Gaviria Díaz.
[9] Vladimiro Naranjo Meza.
[10] Fabio Morón Díaz.
[11] José Gregorio Hernández Galindo.
[12] Hernando Herrera Vergara.
[13] Vladimiro Naranjo Meza.
[14] Fabio Morón Díaz.
[15] José Gregorio Hernández Galindo.
[16] Hernando Herrera Vergara.
[17] Código de Procedimiento Civil, Art. 145 (antiguo 157) Modificado por el Decreto 2282/89, artículo 1°, numeral 85. "Declaración oficiosa de la nulidad. En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por auto que se le notificará como se indica en los numerales 1° y 2° del artículo 320. Si dentro de los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso contrario, el juez la declarará".
[18] Sentencia SU-327/95. Ibidem.
[19] Sentencia SU 327/95
[20] Ciro Angarita Barón.
[21] Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] T-573/97.
[23] Ferrajolí, Luigi. Derecho y razón. P. 335.