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Timestamp: 2016-10-27 07:42:57
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Matched Legal Cases: ['Artículo 8', 'Artículo 55', 'artículo 55', 'Artículo 82', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 71', 'artículo 84', 'artículo 8', 'artículo 53', 'artículo 819', 'artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 24', 'artículo 118', 'artículo 53', 'artículo 90', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 56', 'artículo 1923', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 90', 'Artículo 55', 'artículo 55', 'Artículo 55']

⭐TÍTULO. PAR CONDITIO CREDITORUM Vs PRIVILEGIUM AUTOR. Dionisio Bernardo Jiménez Mañas
TÍTULO. PAR CONDITIO CREDITORUM Vs PRIVILEGIUM AUTOR. Dionisio Bernardo Jiménez Mañas
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Héctor Plaza Rojas
1 TÍTULO PAR CONDITIO CREDITORUM Vs PRIVILEGIUM AUTOR Esta edición electrónica ha sido realizada en 2012 Tutora María Belén González Fernández Curso Experto Universitario en Derecho Concursal ISBN Para esta edición, la Universidad Internacional de Andalucía2 Reconocimiento-No comercial-sin obras derivadas Usted es libre de: Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. Bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera. especificada por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra). No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales del autor.3 TRABAJO FINAL II CURSO DE EXPERTO EN DERECHO CONCURSAL Universidad Internacional de Andalucía PAR CONDITIO CREDITORUM Vs P R I V I L E G I U M Autor: Tutora: Dra. María Belén González Fernández Diciembre4 Í N D I C E Justificación Introducción Estado de la cuestión La posición del acreedor A modo de ejemplo: don Justo contra Moro S. A La situación creada: don Justo contra Dudo S. A Marco normativo Principios constitucionales El principio de seguridad jurídica El derecho a la tutela judicial efectiva La recepción de los principios constitucionales por el texto concursal La Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal El problema de la coherencia entre la Exposición de Motivos y el articulado La Exposición de Motivos Par Conditio Creditorum Vs Privilegium: precisiones terminológicas Par conditio creditorum o igualdad de tratamiento de los acreedores Privilegios o tutela judicial efectiva El texto articulado Artículo 8: la competencia exclusiva y excluyente del juez mercantil Artículo 55.1: La providencia de apremio como título válido. Prevalencia de la autotutela de la Administración sobre la tutela judicial efectiva La nueva redacción del artículo 55.3 por la Ley 38/2011, de 10 de Octubre Artículo 82.3: el avalúo y descuento de las cargas no incluidas Artículo 89: la clasificación general de los créditos en el concurso Artículo 90. Créditos con privilegio especial Artículo 91. Créditos con privilegio general La nueva redacción del artículo El embargo en la Ley de Enjuiciamiento Civil La anotación preventiva de embargo en la Ley Hipotecaria Artículo 42. Procedencia de la anotación preventiva Artículo 44. Preferencia del embargo anotado Artículo 71. Reipersecutoriedad de la afección real5 Extinción y cancelación de las anotaciones preventivas El artículo 84 LH. La competencia para cancelar la anotación preventiva Doctrina del Tribunal Supremo sobre la preferencia temporal del embargo El título XVII del Código Civil: la concurrencia y prelación de créditos Antecedentes jurisprudenciales y fundamentos jurídicos Auto JM-1 Málaga (AC 334/2005) Auto JM-1 Málaga (AC 947/2009) Auto JM-1 Málaga (AC 1426/2010) Auto JM nº 1 de Alicante de (AC 428/2008) Fundamentos jurídicos comunes...35 Conclusiones...37 BIBLIOGRAFIA6 Justificación. Desde la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, los profesionales del derecho hemos ido acercándonos a ella con mayor o menor profundidad, normalmente solo a su vertiente positiva y ante la necesidad de resolver problemas concretos. Pero para abordar un análisis crítico, se hace necesario un acercamiento al espíritu de la Ley, un análisis de su marco normativo y sobre todo una valoración de su justicia material. La inmersión en el Derecho Concursal como objeto de estudio se ve complicada, no solo por la extensión de la materia y de la propia la Ley Concursal, sino sobre todo por su transversalidad; por la cantidad de aspectos no concursales de los que está trufado. El título "Par conditio creditorum vs privilegium" pretende evocar al Derecho Romano en lo que tiene de búsqueda de la justicia, al plantear las coordenadas que enmarcarán nuestro trabajo: la tensión existente entre la regla general de dispensar un tratamiento igualitario a los acreedores en el concurso, y la necesaria tutela de los derechos adquiridos antes de la declaración del mismo. Analizaremos si uno de esos derechos, la afección real consolidada con la anotación en el registro de un embargo judicial, encuentra dentro de esas coordenadas su espacio jurídico natural y, de no ser así, las causas de ello y la solución que proponemos. He decidido asumir el riesgo que supone una toma de postura crítica en lugar de realizar un análisis aséptico porque, aunque es la opción menos prudente, permite una aportación más personal, pero soy consciente de que este enfoque conlleva el riesgo añadido de una mayor subjetividad expositiva y de unas opiniones que no van a ser imparciales, y que no buscan el acuerdo, sino la justicia7 1.- Introducción. La Ley 22/2003, Concursal ha venido a dar unidad, simplicidad y coherencia a la regulación de la materia, ha compilado y modernizado la fragmentaria y anacrónica regulación anterior y ha intentado reorientar su finalidad a la resolución de la crisis empresarial, más que a la represión de la conducta de sus responsables. Esta nueva regulación ha supuesto la derogación de la obsoleta Ley de Suspensión de Pagos de 1922 y otras cuatro Leyes (sobre crisis en compañías ferroviarias y concesionarios públicos), todas ellas con un siglo a las espaldas. Pero también ha requerido la reforma de numerosas e importantes Leyes en vigor, como las de Enjuiciamiento Civil, Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, de Cooperativas, del Seguro, General Tributaria y de la Seguridad Social, Hipotecaria, de Contratos de las Administraciones Públicas, de Consumidores y Usuarios, Códigos Civil y de Comercio, Estatuto de los Trabajadores, etc. La reconstrucción de este enorme y delicado puzzle normativo requiere de una gran precisión técnico-jurídica; pero como todo proyecto legislativo de envergadura, necesita además las mayorías o acuerdos políticos suficientes. Deficiencias de técnica legislativa unas veces y de voluntad política otras, han dejado en la normativa concursal zonas donde las piezas no acaban de encajar. Normalmente estos defectos se corrigen en un plazo prudencial, a través de los procesos de reforma, bajo el impulso de la necesidad y con la orientación de la doctrina. Sin embargo, después de casi ocho años de vigencia y numerosas reformas -la más reciente y ambiciosa operada por la Ley 38/2011- nuestra Ley Concursal tiene aún piezas que no encajan. El tema que va a centrar este trabajo es una de ellas y necesita urgente reparación. Nuestra pieza es el tratamiento de la Ley Concursal en materia de preferencia y prelación de créditos, y donde no encaja es en el resto del entramado jurídico civil, tanto desde un punto de vista formal como material. Dada la limitación de este trabajo, su objetivo será evidenciar la forma que tienen tanto el hueco como la pieza y qué partes habría que limar para que su encaje nos permita apreciar con nitidez, en la imagen resultante, los tranquilizadores perfiles de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, que por su naturaleza constitucional deben informar todo nuestro sistema legal8 2.- Estado de la cuestión Los huecos dejados por esta falta de concordancia jurídica han sido el terreno abonado en el que ha enraizado rápidamente una manera de entender el proceso concursal netamente mercantil, que tiene como guías conceptos metajurídicos relativamente indeterminados como el interés del concurso o la par conditio creditorum, que busca consecuencias de carácter económico antes que justicia material, y que a veces entiende la competencia exclusiva y excluyente del juez mercantil como un poder omnímodo, mas allá incluso de los límites del proceso. Esta forma de entender el objetivo del concurso y la misión del juez mercantil, junto a la redacción de algunos pasajes de la Ley Concursal y la interpretación extensiva que de su artículo 8 hacen parte de los juristas, han dado cobertura a una producción jurisdiccional con características y diríase que finalidad- propias. Vamos a poner en cuestión la cancelación por el juez mercantil de las anotaciones de embargo inscritas en el Registro de la Propiedad antes de la declaración del concurso, en virtud de mandamiento judicial y en el curso de un procedimiento ejecutivo, lo que bajo nuestro punto de vista no es conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en la Constitución ni con lo previsto en la Exposición de Motivos y el artículo 53 de la Ley Concursal, genera supuestos de injusticia material y crea un panorama de inseguridad jurídica para el acreedor. Por otro lado, el suave aterrizaje del texto concursal en 2004 se produce en un entorno económico muy distinto al actual, en el que la gravedad de la situación ha forzado un uso extensivo de los procedimientos concursales e intensivo de los juzgados mercantiles, que pone a prueba tanto los aspectos procesales como materiales del procedimiento, revela las fricciones de la Ley 22/2003 con el resto del ordenamiento y pone de relieve unas deficiencias que, de no ser por la profundidad de la crisis que vivimos, probablemente no se hubieran manifestado. Esta situación justifica en parte una actitud de los jueces tendente a remover cualquier obstáculo o interferencia que retrase aún más el proceso. En un entorno de normalidad económica, los costes sociales de las crisis empresariales pueden resultar asumibles por disolución con los beneficios que produce la depuración del sistema y la mejor satisfacción de los acreedores. Sin embargo, cuando es el propio sistema el que se encuentra en situación crítica, sus agentes no están en condiciones de asumir costes adicionales, por lo que la entrada en situación concursal de grandes empresas, o de un gran número de ellas, puede generar un efecto en cascada que lleve a sectores enteros a la ruina, y a la pérdida de muchos puestos de trabajo, pervirtiendo la finalidad curativa del concurso en una corriente liquidadora de consecuencias devastadoras9 Si a esto se suma cierto nivel de inseguridad jurídica, la inversión huirá y habremos cerrado el círculo de la autodestrucción económica. Por eso es vital, en estas circunstancias, que el sistema de justicia en general y el de garantías en particular sean fiables La posición del acreedor. No cabe plantearse que las resoluciones judiciales en virtud de las cuales se cancelan las anotaciones de embargo sean contrarias a derecho. Si así fuera la solución sería sencilla: recurrirlas. Formalmente estas resoluciones gozan, no solo de cobertura legal suficiente, sino del apoyo de una parte de la doctrina, que interpreta la norma con criterios más utilitaristas que de justicia material. Lo que pretendemos revelar es la incoherencia del actual marco normativo, que coloca en una inaceptable situación de inseguridad jurídica a cualquier acreedor de una deuda vencida y exigible cuyo deudor no haya solicitado el concurso de acreedores, el padecimiento de esta inseguridad por parte de cualquier acreedor, dada la imprevisibilidad de la solicitud, y la profunda injusticia material que se va a cometer contra él en caso de que se declare el concurso A modo de ejemplo: don Justo contra Moro S. A. Vamos a dibujar un ejemplo que servirá para dar plasticidad a nuestra exposición, al que podamos recurrir a lo largo de este trabajo y sobre el que repintar algunas trazas, necesarias para remarcar los perfiles más subjetivos de la situación jurídica creada y de su injusticia material. Pongamos el caso -desgraciadamente habitual- de un empresario, don Justo, quién después de un año intentando cobrar un pagaré vencido a Moro SA ha consultado con su abogado, quién le ha informado que la Ley de Enjuiciamiento Civil pone a su disposición la acción cambiaria del artículo 819 y siguientes; aunque tendrá que desembolsar provisiones de fondos y gastos, la propia LEC prevé la condena al deudor al pago de las costas, con lo que al menos no aumentará su pérdida. De una primera investigación patrimonial resulta que Moro SA tiene un inmueble a su nombre libre de cargas. Don Justo decide ejercer su derecho (y diríamos que obligación) de reclamar lo que se le debe e interponer la acción cambiaria. Tengamos en cuenta que a estas alturas nuestro acreedor no puede prever que su deudora vaya a solicitar concurso: es un deudor reticente al pago, pero solvente. Contratará y provisionará de fondos a abogado y procurador, les otorgará poderes notariales y preparará los documentos para la demanda; sufrirá los costes temporales y económicos del proceso, pero lo hará porque es el único camino posible para obtener una resolución judicial que, una vez firme, será ejecutable en - 7 -10 virtud de su derecho a la tutela judicial efectiva. De persistir el impago podrá interponer (también con procurador y abogado) un nuevo procedimiento de ejecución que le permita anotar el embargo sobre el inmueble, incluso enajenarlo para hacer efectivo el cobro. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 629 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 42.2 de la Ley Hipotecaria, solicitará al juzgado que libre mandamiento de anotación de embargo al Registro de la Propiedad, requisito para que la afección surta sus efectos erga omnes, y que otorgará a su crédito la preferencia del artículo del Código Civil frente a los créditos anotados con posterioridad. Don Justo ha recorrido este camino con la única finalidad de cobrar lo que se le tendría que haber pagado hace tiempo, seguro de que los procedimientos especial y ejecutivo que la Ley ha puesto a su disposición van a desplegar sus efectos jurídicos y de que su derecho constitucional a la tutela judicial garantiza su efectividad. Pero MORO SA, acuciada por su situación económica, ha solicitado y ha sido declarada en concurso voluntario. En su informe, la administración concursal ha calificado el crédito de don Justo como ordinario; el juez mercantil ha autorizado la venta del inmueble y ordenado la cancelación de la anotación de embargo a favor del crédito de don Justo, quien debido a esta cancelación ha perdido un año y una importante suma de dinero, entre honorarios y aranceles. Después de tan costoso procedimiento, nuestro acreedor se encuentra en la misma situación que TÉCNICA SA, que el mes pasado giró una factura a MORO SA por la reparación de un ordenador. Obviamente, si se trata igual a don Justo que a TÉCNICA SA, o al resto de acreedores que no han reclamado judicialmente su deuda, el último calificativo que podría darse a este tratamiento es el de igualitario. Don Justo habrá perdido mucho más tiempo y dinero que el resto de acreedores, que sensu contrario estarán siendo privilegiados en relación a él. Y este si que es un privilegio injustificado La situación creada: don Justo contra Dudo S. A. Lo sucedido con Moro SA no pasaría de ser un caso de injusticia material, flagrante pero agotado en sí mismo, si no fuera por la situación jurídica creada. Y es que la próxima decisión de iniciar o no acciones, va a resultar kafkiana para don Justo. Ante el impago de un nuevo efecto cambiario, en este caso un cheque de Dudo SA, nuestro acreedor se verá en la siguiente tesitura: a) Si inicio acción cambiaria y Dudo SA no paga, me veré obligado a instar el procedimiento ejecutivo. Dudo SA tiene un inmueble que podré embargar en garantía de mi crédito, pero como está teniendo problemas de liquidez podría solicitar concurso y, si el juez mercantil cancela mi anotación de - 8 -11 embargo, los procesos judiciales no habrán servido de nada y habré perdido una buena suma en costas, además de la deuda. b) Si no inicio acción cambiaria, e insisto en mi reclamación extrajudicial de cobro, podré ahorrarme las costas y unas cuantas preocupaciones, pero si Dudo SA no solicita el concurso ni me paga, y no he reclamado judicialmente, no cobraré y además mi derecho a reclamar prescribirá. Es una situación perversa. Cuanto más diligente sea don Justo accionando, más lejos habrá llegado en la ejecución y mayor castigo le supondrá la cancelación de su anotación, si su deudora solicita el concurso. Y si no lo solicita y don Justo no ha accionado, su falta de diligencia será castigada con la prescripción de su derecho. En lugar de tutela, lo que se ofrece al acreedor es una actio diabólica. 3.- Marco normativo Principios constitucionales El principio de seguridad jurídica. Es admisible la situación creada desde un punto de vista jurídico-constitucional? El artículo 9.3 de nuestra Constitución dice que no: "3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos." El principio de seguridad jurídica, garantizado por la Constitución, ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional en el sentido de certeza en el Derecho, como expresa en su Sentencia 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4º: "la exigencia del artículo 9.3, relativo al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas". Por su parte el Consejo de Estado, en su Memoria de 1992 aclara: la seguridad jurídica garantizada en el art. 9.3 CE significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos sepan a qué atenerse, lo cual supone por un lado un conocimiento cierto de las leyes vigentes y, por otro, una cierta estabilidad de las normas y de las situaciones que en ella se definen. Esas dos circunstancias, certeza y estabilidad, deben coexistir en un estado de Derecho12 El principio de seguridad jurídica ha adquirido como indica LEGUINA VILLA 1 - una triple dimensión: como conocimiento y certeza del Derecho positivo, como confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y en el orden jurídico en general y como previsibilidad de las consecuencias jurídicas derivadas de las propias acciones o de las conductas de terceros. La situación creada a don Justo no responde a las mínimas exigencias de la seguridad jurídica, pues no le permite saber a que atenerse, ni prever las consecuencias jurídicas de sus propios actos, ni las de los operadores jurídicos; ni tener certeza en el derecho, cuando una resolución judicial firme y la tutela en su ejercicio decaen sin la garantía de un procedimiento de revisión que le otorgue la oportunidad de defenderse, con el pretexto de proteger intereses de terceros que no eran parte en el negocio jurídico que dio origen a la anotación. Es una situación que se parece más a la indefensión que a la seguridad jurídica El derecho a la tutela judicial efectiva. El Artículo 24.1 de nuestra Carta Magna proclama: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Y el artículo 118 del mismo texto ordena: Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Nuestro acreedor obtuvo una resolución judicial favorable en el juicio cambiario contra Moro SA, que devino firme, resolviendo que el deudor no había cumplido el pago al que estaba contractualmente obligado y que teniendo por correctos el título y el importe de la deuda, se había dado plazo de pago al demandado, ante cuyo incumplimiento el demandante tenía derecho a ejecutar su patrimonio para cobrar la deuda. Mediante el procedimiento ejecutivo el juez civil da cumplimiento al mandato constitucional de tutelar al demandante en el ejercicio de su derecho de que, ante la reticencia del demandado, se lleve a efecto lo resuelto de manera forzosa. Y en ejercicio de esta tutela el juzgado ordenó al Registro de la Propiedad la anotación del embargo sobre el inmueble de la deudora. 1 LEGUINA VILLA, J. Principios Generales del Derecho y Constitución, Revista de Administración Pública, nº 114, pág13 El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva implica el auxilio y la colaboración de todos los órganos judiciales en que lo resuelto se lleve a efecto. El decaimiento de estos efectos sin haberse cumplido la resolución supone la negación de la tutela judicial; y desde un punto de vista material, supone también el incumplimiento de otra de sus manifestaciones como es la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, reiteradamente reconocida por el Tribunal Supremo, entre otras en la STC 69/2000, de 13 de marzo de 2000, FJ 2: De acuerdo con esta jurisprudencia "el derecho a la tutela judicial efectiva impone un límite a que los órganos judiciales puedan modificar o revisar sus resoluciones firmes al margen de los supuestos y cauces procesales taxativamente previstos en la ley. Esta intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la mejor garantía de aquella tutela judicial efectiva, en conexión con la observancia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pues de tolerarse la modificabilidad sin trabas de las resoluciones judiciales firmes, se vaciaría de contenido el instituto de la firmeza, dejando al albur de las partes o del propio órgano judicial el resultado final de los procesos judiciales" La recepción de los principios constitucionales por el texto concursal. Es obvio que las Leyes deben respetar los principios constitucionales, por eso la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003, Concursal (ap. X, párr. 1º) proclama: La finalidad que se persigue es la de reconducir la complejidad del concurso a un procedimiento que permita su más pronta, eficaz y económica tramitación, sin merma de las garantías que exige la tutela judicial efectiva de todos los interesados. Abundando en la idea de tutela como obligación por parte de todos los operadores jurídicos, el artículo 53 de la Ley Concursal nos dice: 1. Las sentencias y los laudos firmes dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan al juez de éste, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda. 2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la acción que asiste a la administración concursal para impugnar los convenios y procedimientos arbitrales en caso de fraude. De modo que si un convenio o un procedimiento arbitral no son conformes a derecho, la administración concursal podrá atacarlos, pero utilizando la vía de la impugnación. Naturalmente. No cabe en nuestras coordenadas jurídicas cancelar los efectos de una resolución judicial sin un procedimiento de revisión regulado, en el que el titular del derecho tenga la oportunidad de defenderse14 3.2.- La Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal El problema de la coherencia entre la Exposición de Motivos y el articulado. Aunque no pueda atribuirse carácter normativo a la exposición de motivos de la norma 2, no cabe duda de que contiene la esencia y el espíritu de lo que se pretende con ella, y de que plantea las directrices jurídico-materiales que su articulado debe desarrollar. Su brevedad y tipo de formulación facilitan su claridad y hacen difícil la existencia de ambigüedades o incoherencias en su contenido. En sentido contrario, la extensión del articulado, la dilación en el tiempo de su tramitación parlamentaria, la dependencia del acuerdo político para llevar a cabo modificaciones o enmiendas, en ocasiones artículo a artículo y con motivaciones tan distintas a las de la propia norma, así como su formulación a base de ideas breves y desprovistas de hilo argumental o aclaraciones, generan una mayor distancia con la Exposición de Motivos y propician la existencia de incoherencias. Desde este enfoque intentaremos desentrañar, dentro de los límites materiales de este trabajo, si el articulado de la Ley Concursal ha respetado el espíritu y las directrices plasmados en su Exposición de Motivos -en la que no hemos advertido incoherencias internas-, y su marco normativo, constitucional y civil La Exposición de Motivos. Vamos a plantear las líneas maestras trazadas por la Exposición de Motivos de la Ley 22/2003 en relación al tema que nos ocupa, la concurrencia y prelación de los créditos en el concurso, y en particular la posición que debería ocupar el embargo con origen en una resolución judicial firme anotado en el Registro de la Propiedad. El apartado III, párrafos 9º a 12º resume los efectos de la declaración del concurso sobre los acreedores: paralización de acciones individuales contra el patrimonio del concursado, excepto las declarativas en tramitación, que continuarán hasta la sentencia, y las ejecuciones laborales o administrativas con embargos anotados. El texto proclama también el respeto de la Ley por los derechos y garantías reales como derechos sobre cosa ajena, y reconoce su diferente régimen respecto de los derechos de crédito, pero establece la paralización temporal de estas ejecuciones para no perturbar el desarrollo del procedimiento concursal; obligatoria y limitada espera que se considera un justo sacrificio en aras de la solución definitiva. Particularmente interesante es el párrafo dedicado al privilegio especial del crédito con garantía real y su tramitación en el concurso: 2 STC 36/81, de 12 de noviembre (RTC 1981, 36), FJ 7º "el preámbulo no tiene valor normativo aunque es un elemento a tener en cuenta en la interpretación de las Leyes"15 Naturalmente, los créditos con garantía real gozan en el concurso de privilegio especial (...) se pagarán con cargo a los bienes y derechos sobre los que recaiga la garantía. La ejecución se tramitará ante el juez del concurso. (...) la administración concursal podrá optar por atender con cargo a la masa el pago de estos créditos. Aun en caso de realización, el juez podrá autorizarla con subsistencia de la carga y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, o mediante venta directa, con aplicación del precio al pago del crédito especialmente privilegiado. La primera categoría de créditos que sufren recortes son los que gozan de privilegio general; los créditos con garantía real no sufrirán este sacrificio, porque la garantía era efectiva a la fecha de declaración, por lo que se pagarán con cargo a la masa, mediante venta directa o por subrogación de la carga, pero siempre con cargo al bien afecto. El único sacrificio que la Ley considera justo que sufran es, como hemos visto, la espera en la ejecución. En el apartado V, el párrafo 2º enuncia la regla general de igualdad en el tratamiento de los acreedores, central en el proceso concursal: Se considera que el principio de igualdad de tratamiento de los acreedores ha de constituir la regla general del concurso, y que sus excepciones han de ser muy contadas y siempre justificadas. El principio es claro: la regla general es la igualdad de trato de los acreedores en el concurso y las excepciones deberán estar justificadas. Desde una perspectiva jurídica la única justificación válida es que así lo establezca una norma vigente, por ejemplo el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, como es el caso de las anotaciones de embargo derivadas de una resolución judicial. El párrafo 3º tiene también gran importancia para la defensa de nuestro caso, porque conceptualiza los privilegios como excepciones al régimen de los créditos ordinarios; si el crédito tiene naturaleza cualificada gozará de privilegio general, y si una garantía está afecta a su pago de privilegio especial. Pues bien, no cabe duda de que un crédito reconocido en resolución judicial firme tiene esa naturaleza cualificada, y que en caso de haberse anotado embargo existe una garantía afecta al pago del crédito. La frontera entre el mayor o menor privilegio del crédito es, por tanto, su situación jurídica a la declaración del concurso. El privilegio concursal es la manifestación del respeto a la tutela judicial efectiva en equilibrio con el inevitable sacrificio de todos en pro de la mejor solución del concurso Par Conditio Creditorum Vs Privilegium: precisiones terminológicas. Las expresiones que conforman el título de este trabajo son utilizadas en el ámbito del derecho mercantil con el sentido configurado por la doctrina en relación con la16 naturaleza jurídica del crédito. Pero un análisis literal y etimológico de ambos revela una importante distancia entre significante y significado. Y cuando un término se usa para denominar una realidad a la que no se ajusta, acaba transfiriendo parte de su significado a ella, transmutándola así en otra diferente. Por decirlo de otro modo, si denominamos erróneamente un hecho, sobre todo si es jurídico, el afectado podrá apelar al significado auténtico de la denominación errónea; puede que lo haga incluso en nuestro propio argot, con la frase si el legislador hubiera querido decir otra cosa, la hubiera dicho Par conditio creditorum o igualdad de tratamiento de los acreedores. La expresión que recoge el texto concursal, tanto en su Exposición de Motivos como en su desarrollo articulado, es igualdad de tratamiento de los acreedores. Par conditio creditorum no aparece ni una sola vez; y sin embargo la literatura en la materia prefiere esta última, quizá por su evocadora erudición. Lo cierto es que al traducir, algo se pierde. Par conditio creditorum es, literalmente, igual condición del crédito ; y entre este significado e igualdad en el tratamiento de los acreedores media un abismo. Es de agradecer que la precisión, en esta ocasión, se incline a favor del texto concursal: son los acreedores, como sujetos de derecho, los que deben ser tratados de igual forma. Obviamente los créditos no son sujetos, sino objetos de derecho, y no pueden ser tratados todos igual, sino en función de su naturaleza y régimen jurídicos. Y por otro lado igualdad significa dar el mismo trato a los que ocupan posiciones jurídicas equivalentes; dar igual tratamiento a quienes ostentan un estatus jurídico diferente no es igualdad, sino injusticia. Que la igualdad lo es solo entre iguales es tan cierto, que la propia Ley Concursal reconoce privilegio especial a aquellos créditos con garantía real, los relaciona en su artículo 90.1, coherentemente organizados y con el requisito adicional de la publicidad registral en los casos que su legislación específica así lo exija. Por si no queda clara su especialidad, el artículo 55.4 excluye expresamente de las normas del artículo 55 (suspensión de las ejecuciones y apremios) a los créditos con garantía real, que son regulados aparte, en el artículo 56. Y esta especialidad no es incompatible con el principio general formulado, porque está perfectamente justificada, como prevé la Exposición de Motivos; del mismo modo que estaría justificada la preferencia del embargo anotado, por dimanar de una sentencia judicial firme objeto de tutela, gozar de la preferencia de cobro en el artículo 1923 del Código Civil, junto a las garantías reales, y cumplir los requisitos para su oponibilidad frente a terceros17 Por tanto, lo que hay que respetar es la igualdad jurídica en el sentido de no discriminación de unos acreedores frente a otros. Así lo ha interpretado la doctrina (SSTS de y entre otras), y este es el principio general recogido en el apartado V, párrafo 2º de la Exposición de Motivos, ya visto. Del mismo modo, las excepciones que deben ser muy contadas y siempre justificadas (EM ap. V, párrafo 2º, LC) son las referidas al tratamiento de los acreedores, y no de los créditos. Sin embargo suele interpretarse (erróneamente) que atender a determinados privilegios del crédito es privilegiar al acreedor. Esto solo sucedería, si a otro acreedor con un crédito en idénticas condiciones se le tratara de forma distinta. Si se les trata de igual manera donde quiebra el principio de igualdad de trato de los acreedores? Por otro lado par conditio creditorum es un principio general, que en el ámbito concursal sustituye al principio general civil prior in tempore potior in iure 3 con la finalidad de distribuir el activo no privilegiado entre los créditos de una forma equitativa. La par conditio es incompatible con la preferencia temporal, pero no con el respeto a la naturaleza o garantías del crédito. Y de todos modos un principio general no podría derogar un derecho constitucional como la tutela judicial, normas de rango legal como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Hipotecaria, ni privar de efectos a una resolución judicial firme. Por su parte dirá JUANA PULGAR EZQUERRA 4 : la propia práctica ha venido a demostrar que a la par conditio creditorum se contrapone con rotundidad la supremacía del principio de preferencia, en conexión con la tradicional existencia de un amplio número de causas de preferencia legales y convencionales, constituyendo la desigualdad o al menos una igualdad alterada la regla común y no la excepción entre los acreedores, (...), lo que llega a cuestionar la existencia misma del principio de igualdad meramente programático como fundamento de la tutela del crédito, propugnándose su sustitución por un principio de proporcionalidad en el tratamiento de los créditos, como regla de distribución del activo y no tanto de la tutela del crédito Comulgamos con esta visión, más acorde con el marco normativo general y más respetuosa con los derechos adquiridos por los acreedores. Continúa la autora: No obstante, si bien se explica en el marco de la par condicio la poda de privilegios y excepciones negativas que se admiten a la igualdad entre los acreedores, sin embargo no encontrarían a nuestro entender su fundamento en este ámbito, temas como la prohibición del ejercicio de acciones ejecutivas o paralización de la iniciadas (...) En efecto, aun cuando en ocasiones el tema se ha reconducido por algún sector doctrinal al ámbito de la par condicio, lo cierto es que no constituyen excepciones a dicho principio sino más bien al principio de concursalidad. 3 Prior in tempore, potior in iure : el primero en el tiempo es preferido en derecho. 4 PULGAR EZQUERRA, Juana.: El concurso de acreedores. La declaración, La Ley, Madrid, 1ª ed. dic 2009, págs18 Por supuesto compartimos también esta argumentación, y añadiremos dos consideraciones. La primera es que la repetida poda de privilegios no puede ser un fin en sí mismo, sino que es instrumental de una par conditio peor entendida cuanto mayor sea la poda. La segunda es que, como sugiere la última línea del párrafo, creemos que los créditos con garantía o afección real tienen naturaleza extraconcursal, y solo deben figurar en la masa pasiva del concurso mientras su garantía no se haya ejecutado y compute por tanto en la masa activa. Concluyendo, creemos que el principio general de la par conditio creditorum es un dogma, equívoco e injusto en nuestro actual derecho porque iguala el crédito anotado al que no goza de preferencia legal, despreciando no su naturaleza o circunstancias, sino el procedimiento judicial de tutela al que recurrió el acreedor, lo que supone un daño a todo nuestro sistema jurídico de garantías y al derecho constitucional a una tutela judicial efectiva Privilegios o tutela judicial efectiva. La vis latina de nuestro título evoca el origen jurídico-romano del término privilegium, que viene a significar ley privada, no en el sentido del derecho privado general, sino como ley hecha solo para uno (o para unos pocos). Pues bien, la Ley de las Doce Tablas ya prohibía los privilegios en el 450 a.c. con la sentencia Privilegia ne inroganto 5 y que está en el origen de nuestra tradicional aversión a las leyes especiales. Entonces por qué la Ley Concursal establece privilegios para algunos créditos? La respuesta es que no los establece. Lo que ocurre es que se usa la acepción abierta del término "privilegio" 6 y no la jurídico-romana. En realidad todos los privilegios que recoge la Ley Concursal están reconocidos en una Ley. No suponen un privilegio en el sentido clásico, sino el reconocimiento de una situación jurídica digna de protección y objeto de tutela. Y esto ya es otra cosa. Si la Ley no concede ni mantiene privilegios sino que tutela situaciones jurídicas dignas de protección siempre que estén justificadas, no resulta sostenible que se discriminen situaciones jurídicas equivalentes. Y en esto se apoya nuestra defensa de la necesidad de reconocimiento de la misma tutela para una afección real cuyo soporte jurídico es indiscutible. De hecho, como veremos más adelante, la garantía que ofrece al acreedor el embargo anotado en el Registro de la Propiedad, viene estando reconocida en nuestro Derecho Civil, en la misma familia de preferencias del crédito que los derechos reales de garantía. 5 Ley de las Doce Tablas, Tábula IX, I: Privilegia ne inroganto : que no se establezcan privilegios. 6 Diccionario de la R.A.E.: (Del lat. privilegĭum).1.m. Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. 2. m. Documento en que consta la concesión de un privilegio19 El texto articulado. A pesar de la extensión del articulado de la Ley Concursal, la gran cantidad de aspectos que regula y la intersección con materias no estrictamente mercantiles hacen inevitable que su redacción adolezca (o disfrute, depende como se mire) de una ambigüedad que permite su interpretación más allá de los límites inicialmente previstos por el legislador. Por ello vamos a delimitar un espacio interpretativo alrededor de los preceptos que afectan de manera más directa a nuestro planteamiento, ejercicio necesario para afrontar después, con un lenguaje común, el análisis de la doctrina y la jurisprudencia menor en la materia Artículo 8: la competencia exclusiva y excluyente del juez mercantil. La competencia de juez mercantil en el concurso, en lo que afecta a nuestro análisis, se centra en el punto 1 del artículo 8: Son competentes para conocer del concurso los jueces de lo mercantil. La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de esta Ley. La enorme dimensión y complejidad de los procesos de ejecución universal hacen necesaria la concentración de un poder proporcional en el órgano decisorio. Y la Ley 22/2003 hace una apuesta decidida en tal sentido digna de elogio. La redacción del artículo 8 no deja lugar a dudas, y términos como exclusiva y excluyente invitan a hacer una interpretación extensiva de un poder ya amplio. Por su parte la doctrina y la jurisprudencia han ido consolidando esta tendencia a remover los obstáculos que sean precisos para facilitar al juez mercantil la toma de todas las decisiones concernientes al concurso. Así por ejemplo, el Auto 252/2009, de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7, de 26 de noviembre de 2009 (JUR 2010/108833; Rollo 733/2009), cuando declara: En tres ocasiones esta Sala se ha pronunciado sobre cuestiones semejantes, en los Autos dictados en el Rollo de Apelación 522/07 (JUR 2008, 3904), en el Rollo de Apelación 864/08 (JUR 2009, ) y en el 158/09, entendiendo que el artículo 8-1, de la Ley Concursal (...) no puede interpretarse en el sentido literal de sus palabras, sino en el sentido material y finalista, por tanto hay que comprender en él todas aquellas acciones que incidan en el patrimonio del concursado, (...) atendiendo a lo indicado en la exposición de motivos20 de la Ley Concursal: El carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, (...) Por otro lado, el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en sendas Sentencias nº 4/2005, de 19 de octubre de 2005 y 5/2009 de 22 de junio de 2009, resolviendo conflictos de jurisdicción entre el juez del concurso y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el primer caso y la Tesorería General de la Seguridad Social en el segundo, y en ambas ocasiones falla a favor de la jurisdicción del juez mercantil. Y en lo que se refiere al caso concreto de las cargas anteriores a la declaración del concurso, una amplia corriente jurisprudencial 7 viene interpretando que entre las competencias del juez mercantil se encuentra la de cancelar todas aquellas no contempladas como privilegio especial en el artículo 90 de la Ley Concursal. Esta interpretación se ha visto en cierto modo avalada por la nueva redacción de los artículos 55.3 y de la Ley 38/2011, de Reforma de la Ley 22/2003, Concursal, en vigor desde el 1 de Enero de 2012, en donde ya se prevé la cancelación de las cargas anteriores prácticamente en cualquier momento, como veremos al tratar el artículo. Por tanto la única interpretación sostenible a tenor de lo visto, es que el juez del concurso tiene las competencias que le otorga el artículo 8 de la Ley Concursal, extensivamente interpretadas en relación con todos aquellos asuntos que tengan trascendencia sobre el patrimonio del concursado. Cabe inferir de ello, que la única forma de que el embargo anotado tuviera efectos jurídicos sería su reconocimiento como privilegio especial en el artículo 90.1 de la Ley Concursal Artículo 55.1: La providencia de apremio como título válido. Prevalencia de la autotutela de la Administración sobre la tutela judicial efectiva. El artículo 55.1 de la Ley Concursal impide la iniciación o continuación de ejecuciones singulares, salvo las administrativas y laborales en las que se hubieran embargado bienes a la fecha de declaración del concurso. Artículo 55. Ejecuciones y apremios. 1. Declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor. 7 Así el Auto JM 1 de Málaga de (AC 947/2009), Auto JM 1 de Bilbao de (AC 2008/1581) y Auto JM 1 de Alicante de (AC 428/2008) Mostrar más
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