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Timestamp: 2018-12-17 16:28:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 163', 'artículo 161', 'Artículo 181', 'Artículo 181', 'Artículo 214', 'Artículo 214']

El nuevo Código Penal de Campeche - ComunicaCampeche.com.mx
Desde San Francisco de Campeche, Cam., 15 de noviembre de 2013 (EXCLUSIVA COMUNICA).- Fue el pasado martes 12 de noviembre, cuando el Código Penal del Estado de Campeche volvió a sufrir modificaciones por parte de los Diputados Locales, esto a poco más de un año que la última modificación fuera realizada y que en ese momento se garantizara que Campeche contaba con un Código Moderno y que satisfacía la demanda de los ciudadanos.
“Hemos dado un paso trascendental para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues la reforma en este rubro no se limita a cuestiones estrictamente vinculadas a los juicios orales, sino que abarca muchos otros temas del sistema penal en su conjunto”, dijo el entonces Diputado Carlos Arjona Gutiérrez, después de haber sido aprobado el nuevo código penal.
La última vez que el código tuvo modificaciones fue el 30 de junio de 2012 en la clausura de los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones en ese entonces, la Sexagésima Legislatura encabezada por Jorge Luis González Curi, dio su aval a la propuesta presentada por el Gobierno del Estado a través del asesor jurídico Álvaro Arceo Corcuera.
En ese momento, el Asesor Jurídico precisó que el entonces nuevo código penal, contemplaba mayores penas a delitos como el de feminicidios, y se delimitan nuevas penalidades para las personas que atropellen y no asistan a las personas; además estableció la persecución de oficio al delito de robo a casa habitación y el robo con violencia.
El secuestro express, la extorsión y la trata de blanca, fueron también primicia en ese momento, pero el tema que dejó que desear no sólo entre la ciudadanía, sino entre algunos legisladores fue la disminución de penas a crímenes como la violación, en este sentido el argumento fue que se presentaba un código penal que buscaba alinearse a los tratados internacionales que México tiene.
La discusión se extendió por varias semanas, después de la aprobación del código, el 01 de octubre del 2012, el Gobernador, Fernando Ortega Bernés, defendió las adecuaciones realizadas y reiteró el motivo por el cual se ajustaron las sanciones para los criminales.
“Hoy en México en temas relacionados con los derechos humanos, con los sistemas penales; hay que decirlo, porque a veces no resulta cómodo, que hay tratados internacionales que establecen un marco de penalidades; por ejemplo hablando de este tema que están por encima de lo que dispone la Constitución Federal de la República, la Constitución Estatal y el Código Penal; México tiene que adaptar todos sus sistemas en muchos campos a lo que está establecido en esos tratados internacionales, porque el mundo cada vez es más global y por lo tanto se está construyendo también una cultura cada vez mucho más común”, aseguró en ese momento.
Poco a poco, el tema fue saliendo de las discusiones cotidianas y resurgió cuando la Sexagésima Primera Legislatura, encabezada por Edgar Hernández Hernández, inicio su trabajo. En unas de las primera entrevistas sobre el trabajo que realizaría el PRI, el también coordinador de los Diputados, se pronunció por una adecuación al Código Penal.
Pasaron los meses en el trabajo legislativo y la propuesta llegó al pleno el 24 de octubre del 2013, el día que esta fue presentada en entrevista el titular del poder legislativo negó que la última modificación en la materia allá sido obsoleta o en fast track, por parte de sus predecesores.
“El Código Penal que aprobó la pasada Legislatura fue un Código Penal que obedeció a darle cumplimiento a muchos tratados internacionales en materia de derechos humanos, que consideramos que es un Código Penal vanguardista, sin embargo y en el transcurrir de los meses a partir de su aprobación y entrada en vigor, pues el comportamiento de la delincuencia no ha sido acorde a como se sanciona en ese Código, esto nos obligó a analizarlo, pues finalmente concluimos en que se tenía que adaptar al comportamiento de nuestra sociedad, y sobre todo al incremento de los diferentes delitos que están considerados en esa reforma”, expresó.
Esta nueva normativa reitera la gravedad de la violación coloca las sanciones en hasta 14 años, el análisis y el dictamen fueron avalados por los Partidos políticos representados, la votación tuvo algunos puntos encontrados pero al final Campeche, hoy cuenta con nuevas modificaciones a su Código Penal.
“Se reforman los artículos 161 primero y segundo párrafos, 162, 163 primero y último párrafos, 184, 193 primer párrafo, 214, 218, 221, 222; se adiciona un capítulo VI, denominado “Asalto” al título tercero de “Delitos contra la paz y la Seguridad Social” y los artículos 181 bis, 181 ter, las fracciones XII, XII y XIV al artículo 193, los artículos 214 bis y 214 ter, y se deroga la fracción I del artículo 163 al Código Penal del Estado de Campeche”, fue el dictamen general aprobado tanto en lo general como en lo particular.
El artículo 161, establece lo siguiente:
Al que por medio de violencia física o moral, realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de trescientos a quinientos días de salario. Por cópula se entiende la introducción del pene o miembro viril en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral.
Se sancionará con la misma penalidad a quien introduzca en una persona, por medio de la violencia física o moral, por vía vaginal o anal, cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano, distinto al miembro viril.
Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena al que, sin violencia, cometa alguno de los hechos especificados en el artículo anterior en persona menor de catorce años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquiera otra cause no pueda resistirse. Si se ejerciere violencia, física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará en la mitad.
Las sanciones que señalan los artículos 161 y 162 se aumentarán de uno a cinco años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
Si la violación fuera cometida con participación de dos o más personas, la prisión será de ocho a veinte años y la multa de veinte a doscientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de la comisión del delito.
El nuevo capítulo IV, ASALTO
Artículo 181 bis:
Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de violencia sobre una persona con el que propósito de causarle un mal o de exigir su asentimiento para cualquier fin y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee, e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le castigará con prisión de dos a nueve años.
Para este efecto se entenderá por paraje solitario o desprotegido de aquel que se encuentre en despoblado, o aquel que se encuentre dentro de una población si por la hora o por cualquier otra circunstancia el sujeto pasivo no pueda conseguir ayuda.
La pena será de diez a treinta años de prisión para el que en caminos o carreteras haga uso de la violencia en contra de los ocupados de un vehículo, ya sea de transporte público o particular.
Artículo 181 ter:
Si los salteadores atacaren una población, se aplicarán de veinte a treinta años de prisión a los cabecillas o jefes y de quince a veinte años a los demás.
Comete el delito de robo el que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. Este delito se sancionará en los términos siguientes:
I. Cuando el monto de lo robado no exceda de cien veces el salario mínimo diario general aplicable en el Estado, de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cincuenta días de salario.
II. Cuando el monto de lo robado exceda de cien pero no de trecientos salarios mínimos, de dos a cuatro años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario:
III. Cuando el monto de lo robado exceda de trecientos pero no de seiscientos salarios mínimos, de cuatro a seis años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario:
IV. Cuando el monto de lo robado exceda de seiscientos pero no de mil salarios mínimos, de seis a ocho años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario; y
V. Cuando el monto de lo robado exceda de mil salarios mínimos, de ocho a diez años de prisión y multa de cuatrocientos a seiscientos días de salario.
A la sanción que le corresponda al agente por la comisión del delito de robo simpe se le aumentan de uno a cuatro años de prisión, en los casos siguientes:
XII. Cuando se cometa en contra de menor de edad, de persona con discapacidad o de persona mayor de sesenta años de edad;
XIII. Cuando se cometa por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo de seguridad pública o privada aunque no se encuentre en servicio-
XIV. Cuando recaiga sobre material, infraestructura o parte de ésta, que proporcione suministro de agua, energía eléctrica o cualquier otro servicio público o privado.
En el caso de la fracción III del artículo anterior, procederá la destitución del empleo, cargo o comisión.
Artículo 214 bis:
Cuando el despojo se realice por grupo o grupos de tres o más personas, a los intelectuales y a quienes dirijan la invasión, se les aplicara de siete a doce años de prisión y multa de doscientos a quinientos días de salario.
Artículo 214 ter:
Estos delitos se perseguirán por querella, salvo el caso previsto en el artículo en se procederá de oficio.
A quien a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber participado en éste, adquiera o reciba el producto del mismo, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos ciento días de salario.
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquella, por no haber tomado las precauciones o providencias indispensables para asegurarse de que la persona quien la recibo tenida derecho para disponer de ella, se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y de setenta a ciento veinticinco días de salario.
Además de las sanciones que correspondan, la prisión se aumentará en dos tercios cuando quien adquiera o reciba la cosa se dedique en forma permanente o habitual a la compraventa de objetos, accesorios o partes nuevas o usados, a sabiendas de su procedencia ilícita.
A las sanciones que correspondan, el mismos y el máximo de la pena se aumentarán en la una mitad, cuando la personas adquiera material o infraestructura o parte de esta que proporcione suministro de agua, energía eléctrica o cualquier otro servicio público o privado, sin tomar las precauciones o providencias indispensables para asegurarse de que la personas de quien recibió una cosa mueble en venta o prenda tenía derecho para disponer de ella, si resultare robada.
A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le aplicará sanción de dos a cinco años de prisión. En todos los casos se condenará al pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente y a criterio de la autoridad judicial, se decretará suspensión o pérdida de los derechos de familia.
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aún cuando él o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de tercero.
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos de deudor alimentario para efectos de cubrir los alimentos o la reparación de los daños, determinarán con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.
El delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, se perseguirá por querella, cuando el sujeto pasivo sea conyugue, concubina, o concubinario o con quien se mantenga una relación de pareja, y se perseguirá de oficio cuando el sujeto pasivo del abandono sea cualquiera otra persona respeto de quien el activo mantenga la obligación de proporcionar alimentos.
Cuando el sujeto pasivo sea persona diversa al conyugue, concubina o concubinato, o cualquier otro con quien mantenga relación de pareja, el perdón que aquel otorgue en favor del sujeto activo solo surtirá efecto legal si este cubre los alimentos no suministrados y garantiza satisfactoriamente a juicio del juez, el pago oportuno de sus obligaciones futuras.
A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea este el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el objetivo de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de trescientos a un mil días de salario, suspensión o perdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.
La misma pena se aplicará a aquellas personas que, estando obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria, desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos.
Esta adecuación, de acuerdo a nuestros legisladores, garantiza que las autoridades ahora sí cumplirán con su obligación de salvaguardar los derechos de cada ciudadano que sea víctima de los delitos, es necesario mencionar que la propuesta aprobada se realizó bajo análisis y sumando todas las propuestas que a lo largo de esta legislatura los Diputados presentaron en forma individual.