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Timestamp: 2018-08-19 06:01:09
Document Index: 72301804

Matched Legal Cases: ['artículo 151', 'artículo 152', 'artículo 154', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 5']

ORDEN de 24 de mayo de 2007, por la que se determinan los criterios de ordenacion de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educacion y del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administracion Educativa, en procedimientos de adscripcion a zonas y, en su caso, en procedimientos de adscripcion a especialidades, equipos y programas educativos. | Iberley
ORDEN de 24 de mayo de 2007, por la que se determinan los criterios de ordenacion de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educacion y del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administracion Educativa, en procedimientos de adscripcion a zonas y, en su caso, en procedimientos de adscripcion a especialidades, equipos y programas educativos. - Boletín Oficial de Canarias, de 13-07-2007
Boletín: Boletín Oficial de Canarias Número 140
1.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación -LOE(B.O.E. nº 106, de 4.5.06), en su Disposición Adicional Séptima, sobre Ordenación de la función pública docente y funciones de los cuerpos docentes, además de establecer el Cuerpo de Inspectores de Educación, dispone en su apartado 1.i) que realizará las funciones recogidas en el artículo 151 de dicha Ley.
Por su parte, en el artículo 152, se dispone que la Inspección Educativa será ejercida por las Administraciones educativas a través de funcionarios públicos del Cuerpo de Inspectores de Educación, así como los pertenecientes al extinguido Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa creado por la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, que no hubieran optado en su momento por su incorporación al de Inspectores de Educación.
En cuanto a la Organización de la Inspección Educativa, el artículo 154 dispone que:
2.- En tanto la citada Ley no sea desarrollada reglamentariamente en cuantos aspectos afecten a la Inspección Educativa: organización, funcionamiento, estructura, provisión de plazas, adscripción de territorios y zonas, etc., se hace necesario aplicar la normativa específica vigente, siempre que no contravenga lo dispuesto en el marco legal básico que constituye la propia LOE.
Es por ello que, en el ámbito de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias, es de aplicación el Decreto 135/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 137, de 14.10.02), cuya finalidad es garantizar el correcto funcionamiento de la Inspección de Educación regulando las funciones y atribuciones de los Inspectores y dictando las normas que resultan precisas para su organización.
En su exposición de motivos se justifica la aprobación del mismo debido a la promulgación de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCE), en cuyo Título IV trataba de la Inspección de Educación y del ejercicio de la supervisión e inspección por las Administraciones educativas, abarcando todos los aspectos relacionados con la Inspección de Educación, entre otros el de su organización.
Así, el citado Reglamento considera necesario que "la organización del Servicio permita y potencie una intervención de los Inspectores en niveles diferentes: por una parte, todos los Inspectores deberán realizar un tipo de intervención de carácter general que permita desarrollar las funciones a ellos encomendadas y que tendrá como ámbito la totalidad de los centros asignados a cada uno de ellos y, además, los Inspectores deberían estar adscritos a los diferentes programas autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a las diferentes áreas curriculares que se establezcan de acuerdo con las áreas y materias de las distintas etapas del sistema educativo y, en virtud de esta adscripción, podrán tener como ámbito geográfico de actuación, la Comunidad Autónoma, la isla o zona educativa, según se determine".
3.- La citada LOPEGCE ha sido expresamente derogada por la actual Ley de Educación, por lo que, aunque sea de aplicación el anterior Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación, por no haber sido expresamente sustituido por otra disposición normativa de igual rango, su aplicabilidad debe quedar condicionada a que no contravenga la normativa específica de superior rango, antes mencionada.
4.- Relacionado con todo este proceso, se ha dictado, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2006, recaída en el Procedimiento Abreviado 382/2005, la cual viene a establecer, en su fundamento cuarto que, en tanto en cuanto los criterios para la ordenación de la función inspectora no se desarrollen de manera específica por el órgano competente, habrán de entenderse regulados en el Capítulo III de la propia Orden (haciendo referencia al Reglamento de Ordenación de la Inspección) para el ingreso.
En ejecución de la citada sentencia, sobre la base de lo establecido en el propio Decreto 135/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación, es por lo que se abordan en la presente Orden los criterios de ordenación de los funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa en los procedimientos que se mencionarán a continuación:
a) La Inspección de Educación, en el ejercicio de sus competencias de supervisión del sistema educativo, y en materia de organización y funcionamiento del propio servicio, se organiza con criterios territoriales, de acuerdo con la estructura territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) La adscripción de los Inspectores a los territorios y zonas de su competencia se hace por períodos de cuatro años, salvo excepciones motivadas por necesidades del servicio, correspondiendo al Inspector General realizar dicho procedimiento de adscripción efectivamente; así como en su caso, la adscripción a especialidades, equipos o programas educativos.
c) Es al Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias al que corresponde determinar los criterios de ordenación de los funcionarios de carrera, pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación y al Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa, en los procedimientos de adscripción a territorios y zonas; a especialidades, equipos y programas educativos, en su caso, que, en aplicación de la normativa mencionada, hayan de convocarse, así como dictar cuantas disposiciones se requieran para la aplicación y desarrollo de la normativa legal y reglamentariamente establecida en materia de Inspección Educativa.
5.- El marco jurídico en que se inserta la presente Orden viene condicionada entre otras normas por las siguientes:
a) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. nº 106, de 4.5.06).
b) El Decreto 135/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 137, de 14.10.02), en la parte de su articulado sobre organización y funcionamiento de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Canarias. Así, entre otros, los artículos 4, 5, 7 y 15, y Disposición Adicional Primera:
El artículo 4, según el cual:
"1. La Inspección de Educación se organiza con criterios territoriales, de acuerdo con la estructura territorial de la Consejería competente en materia de educación, formando equipo todos los inspectores que actúen en el mismo territorio para programar, ejecutar y evaluar coordinadamente sus funciones.
2. La Inspección de Educación está integrada por el Inspector General, los Inspectores Centrales, los Inspectores Responsables de Gestión, los Inspectores Coordinadores Territoriales y los Inspectores.
3. Las áreas territoriales de actuación de la Inspección se determinarán por Orden de la Consejería competente en materia de educación atendiendo a los siguientes criterios:
a) Demarcaciones o distritos escolares.
b) Crecimiento de la población escolarizada.
c) Especial incidencia de la inmigración.
d) Insularidad y organización de la Administración educativa.
4. Cada área territorial estará atendida por un equipo de inspectores y, de acuerdo con la planificación y ordenación educativas, se dividirá en Zonas de inspección en las que se asignará a cada inspector un número determinado de centros docentes.
5. Al frente de cada área territorial existirá un Inspector Coordinador Territorial."
El artículo 5, según el cual, dentro de la estructura organizativa de la Inspección de Educación "El Inspector General (...), será nombrado por el Consejero competente en materia de educación por el procedimiento de libre designación entre funcionarios del Cuerpo de Inspectores y del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa, dependerá orgánica y funcionalmente del Viceconsejero de Educación".
También el artículo 5 sobre las competencias del Inspector General, establece, en su letra h): "Adscribir a los Inspectores a las especialidades, zonas, equipos o programas educativos, de acuerdo con los criterios de mérito (antigüedad y experiencia docente), rotatividad en la zona e idoneidad, oídos los Inspectores".
Y, el artículo 7, según el cual: "Los Inspectores Centrales, los Inspectores Responsables de Gestión y los Coordinadores Territoriales serán nombrados mediante Orden del Consejero competente en materia de educación, por el sistema de libre designación, entre los funcionarios de los Cuerpos de Inspectores, a propuesta del Inspector General".
Además, en el artículo 15 se dispone que "La adscripción de los Inspectores a los territorios y zonas (...), se hará por períodos de cuatro años, salvo excepciones motivadas por necesidades del servicio". Y continúa en su inciso segundo "La adscripción se hará en base a los criterios contenidos en el artículo 5, apartado h), del presente Reglamento".
Finalmente, en la Disposición Final Primera del referido Reglamento se autoriza al Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias a dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación y desarrollo del mismo. En este sentido el fundamento tercero de la citada Sentencia literalmente dispone: "(...) es al Consejero al que le corresponde dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación del Decreto (...)".
c) La Orden de 10 de diciembre de 2002, por la que se determinan las Áreas Territoriales de Actuación de la Inspección de Educación AQUI.
d) El Real Decreto 2.193/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los actuales inspectores (B.O.E. nº 312, de 30.12.95), modificado por el Real Decreto 1.573/1996, de 28 de junio (B.O.E. nº 157, de 29.6.96); derogado su Capítulo II por el Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación (B.O.E. nº 51, de 28.2.04).
e) El Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), según el cual, la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma es la unidad administrativa que ejecuta la supervisión del sistema educativo en los términos previstos en su normativa específica, dependiendo orgánicamente de la Viceconsejería de Educación.
Visto lo anteriormente expuesto, en virtud de las competencias que me otorga el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), los artículos 4 y 5 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (B.O.C. nº 148, de 1.8.06), en su redacción actual, así como la Disposición Final Primera del referido Decreto 135/2002, de 23 de septiembre,
Único.- Establecer los criterios de ordenación de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa, a efectos de determinar la prelación entre éstos en procedimientos para la adscripción a zonas en la Inspección Educativa y, en su caso, en los procedimientos de adscripción a especialidades, equipos y programas educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, conforme al siguiente anexo I.
Criterios de ordenación de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa, a efectos de determinar la prelación entre éstos en procedimientos para la adscripción a zonas en la inspección educativa y, en su caso, en los procedimientos de adscripción a especialidades, equipos y programas educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
1.1. La presente Orden tiene por objeto articular un sistema único de ordenación de los funcionarios de carrera docentes del ámbito de la Inspección de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, determinando criterios objetivos de prelación aplicables a los supuestos que se indican en el apartado 1.4 de esta base, que en todo caso, respeten la antigüedad y experiencia docente, así como garanticen la rotatividad de zonas e idoneidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5, apartado h), del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación.
1.2. Su ámbito de aplicación se circunscribe a los funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación y del Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa, con destino en la Inspección de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
1.3. No obstante, dicho sistema de ordenación para determinar la prelación entre Inspectores será de aplicación, exclusivamente, para el caso de que no exista consenso entre éstos, quedando relegado en caso de que haya acuerdo por unanimidad de los afectados, siempre y cuando el citado acuerdo se atenga a razones de rotatividad e idoneidad, previstas en el artículo 5, apartado h), del Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación. Sensu contrario, en caso de que no haya acuerdo previo entre los Inspectores de Educación, será de aplicación obligatoria.
1.4. Los criterios de ordenación de los Inspectores que la presente Orden fija, determinarán el mayor o menor derecho de este colectivo docente en los siguientes supuestos:
a) Procedimiento de adscripción a zonas del ámbito de la Inspección de Educación, a convocar cada cuatro años.
b) Procedimiento de adscripción, en su caso, a especialidades, equipos y programas educativos.
c) Cualesquiera otros procedimientos en los que sea necesario establecer un orden de mayor derecho de quienes voluntariamente soliciten participar en ellos, o el menor derecho de quienes deban participar forzosamente, por no existir voluntarios o resultar insuficiente el número de participantes.
Segundo.- Criterios de ordenación en procedimientos de adscripción a zonas y otros, excepto, los de adscripción a especialidades, equipos y programas educativos.
2.1. Los criterios de ordenación que se establecen a continuación determinarán el orden de prelación, en los procedimientos de adscripción a zonas y otros, excepto los supuestos de la base tercera siguiente, del personal objeto de la presente Orden en el ámbito de la Inspección de Educación.
2.2. Estos criterios, utilizados de forma sucesiva y excluyente, serán los siguientes:
a) Mayor tiempo de antigüedad en servicios efectivos como funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores. A los funcionarios integrados en el Cuerpo de Inspectores en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 2.193/1995, de 28 de diciembre, les será de aplicación, para el cálculo de la antigüedad, lo dispuesto en el Capítulo IV de dicho Real Decreto.
b) Fecha más antigua de ingreso en el Cuerpo de Inspectores.
c) Mayor puntuación obtenida o, cuando no resulte posible, mejor número de orden alcanzado en el procedimiento selectivo superado para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores.
d) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera de un Cuerpo docente distinto del correspondiente a la plaza de su destino definitivo en el Cuerpo de Inspectores.
e) Fecha más antigua de nacimiento.
f) Si persiste el empate, se resolverá por sorteo.
Tercero.- Criterios de ordenación en procedimientos de adscripción a especialidades, equipos y programas educativos.
3.1. Los criterios de ordenación que se establecen a continuación determinarán el orden de prelación, en los procedimientos de adscripción a especialidades, equipos y programas educativos, del personal objeto de la presente Orden en el ámbito de la Inspección de Educación.
3.2. Estos criterios, utilizados de forma sucesiva y excluyente, serán los siguientes:
c) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en su cuerpo de origen que se corresponda con el nivel y cuerpo en el que se encuentre enmarcada la especialidad, equipo o programa educativo. En caso de que no haya correspondencia, prevalecerán los siguientes criterios.
d) Mayor puntuación obtenida o, cuando no resulte posible, mejor número de orden alcanzado en el procedimiento selectivo superado para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores.
e) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera de un Cuerpo docente distinto del correspondiente a la plaza de su destino definitivo en el Cuerpo de Inspectores.
f) Fecha más antigua de nacimiento.
g) Si persiste el empate, se resolverá por sorteo.
Cuarto.- Otros.
4.1. Determinación de la antigüedad.
Para la determinación de los servicios efectivos en el Cuerpo de Inspectores y, por lo tanto, la antigüedad en el cuerpo, ésta se computará desde el nombramiento efectivo como funcionario de carrera, de la que habrá que detraer, en su caso, los períodos de excedencia voluntaria u otra.
En correspondencia con lo anterior, el período de funcionario en prácticas no se computará, por ser una fase del procedimiento selectivo de ingreso.
No obstante lo expuesto en el punto anterior, a los efectos de determinar la antigüedad de los funcionarios del ámbito de la función inspectora, procedentes de situaciones de integración previstas en el Capítulo IV del Real Decreto 2.193/1995, de 28 de diciembre, se tendrá en cuenta lo previsto en dicho Capítulo.
4.2. Experiencia docente.
Respecto de la experiencia docente a que hace alusión la letra d) de la base 2.2 anterior, ésta deberá entenderse como la que se posea en el cuerpo de origen, desde el que se accedió a la función inspectora, independientemente del cuerpo de que se trate. Y, ello porque para el propio acceso al Cuerpo de Inspectores no se tuvo en cuenta si se procedía de un cuerpo docente de grupo A o B.
Sin embargo, cuando se trate de la experiencia docente a la que hace alusión la letra d) de la base 3.2 anterior, los servicios efectivos como funcionario de carrera en su cuerpo de origen prevalecerán, necesariamente, si han sido desarrollados en el nivel y cuerpo en el que se encuentre enmarcada la especialidad, equipo o programa educativo.
4.3. Rotatividad.
La rotatividad deberá entenderse como la imposibilidad de que los Inspectores puedan repetir en una misma zona educativa durante más de cuatro años consecutivos, sin perjuicio de la posibilidad de la alternancia de zonas.
En este sentido, para garantizar la rotatividad de zonas, el tiempo que un Inspector adscrito a un zona determinada se encuentre en situación de comisión de servicios en otra plaza o plazas al margen de dicha zona, se entenderá como tiempo de servicios en la zona adscrita, debiendo por tanto, a la finalización de los cuatro años, rotar a otra zona distinta. El mismo criterio se ha de aplicar a quien la ocupe en comisión de servicio.
4.4. En cuanto a la idoneidad de los Inspectores como fundamento para la adscripción a zonas, una vez adscritos los Inspectores a zonas concretas conforme a los criterios de ordenación anteriores, podrán serles adscritos, a criterio del Inspector General, centros concretos, en atención a las peculiaridades de los mismos, al margen de su zona de adscripción, atendiendo al cuerpo docente y especialidad de la que sean titulares. Concretamente, se hace alusión en este punto a la adscripción a centros por especialistas en Música, Arte e Idiomas, es decir: los Conservatorios de Música, las Escuelas de Arte y las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Quinto.- Interpretación y desarrollo de la Orden.
Corresponde a la Viceconsejería de Educación de la Consejería de Educación, resolver cuantas dudas se planteen en la interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de mayo de 2007.