Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/31743
Timestamp: 2020-01-21 07:06:11
Document Index: 167009244

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 31', 'Artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 3']

Gaceta: LXI/3PPO-268/31743
Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con opinión de la Comisión de Educación respecto al Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en materia educación.
A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República, les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.
Estas comisiones dictaminadoras con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 192, 193, 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las citadas minutas, se permiten someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al tenor de los siguientes:
1. En sesión ordinaria celebrada en la Cámara de Diputados el día 9 de diciembre de 2010, el Pleno aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3° y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fue turnado a la Cámara de Senadores.
2. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del día 13 de diciembre de 2010, la Mesa Directiva turnó la Minuta con Proyecto de Decreto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su estudio, análisis y dictaminación.
El 22 de febrero de 2011, la Mesa Directiva autorizó la incorporación de la Comisión de Educación para que emitir opinión.
Este Proyecto de Decreto establece en el artículo 3° constitucional, la obligatoriedad de la educación media superior.
También propone que la educación fortalezca el respeto por la diversidad cultural.
Asimismo, propone que el Ejecutivo Federal también determine los planes y programas de estudio de la educación media superior –con excepción de las instituciones autónomas-.
Y en el caso de la educación media superior, con objeto de proveer a su impartición con base en el federalismo, el Ejecutivo establecerá el sistema nacional de bachillerato, atendiéndose la diversidad de opciones educativas y el libre tránsito de estudiantes.
De igual forma, en congruencia con las propuestas del artículo 3°, la reforma al artículo 31 constitucional se establece como obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
 Dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, la autoridad educativa federal deberá instalar comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten pertinentes para iniciar un proceso tendiente a la transformación estructural y laboral de la educación media superior, así como para la revisión de los planes, programas y materiales de estudio, a fin de establecer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los nuevos programas de estudio de este tipo de educación.
 Asimismo, establece que la obligatoriedad de la educación media superior se implementará a partir del ciclo 2011-2012, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país para el ciclo 2020-2021.
 Señala que el presupuesto federal, los estatales, del DF y municipales incluirán los recursos necesarios para la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación media superior, sobre la base de programas de formación profesional del personal docente, así como de dotación gratuita de materiales de estudio para maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación media superior, las autoridades educativas federales, en coordinación con las de las entidades federativas, establecerán los programas especiales que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los aspirantes a los servicios de educación media superior.
 Establece que los gobiernos estatales y del DF celebrarán con el gobierno federal convenios de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación media superior en los términos establecidos en el presente decreto.
 Finalmente, señala que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados efectuarán las reformas y adiciones que corresponden a la Ley General de Educación, a las Leyes Estatales de Educación y a los demás ordenamientos legales pertinentes.
Es importante señalar que para la elaboración del presente dictamen, estas comisiones unidas consideraron la opinión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), documento aprobado en la 24ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2011.
Las comisiones dictaminadoras coinciden con la importancia de la educación en nuestro país, ya que es un tema fundamental para el desarrollo de todas las sociedades.
La educación superior se instauró en nuestro país en el siglo XVI, cuando en 1551 por cédula del rey Carlos I de España se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, “donde los naturales y los hijos de españoles estudiarían todas las ciencias a imagen de la Universidad de Salamanca.” En ella se impartían las cátedras superiores de teología, filosofía, derecho y medicina. Las primeras universidades en provincia se establecieron en San Luis Potosí, Puebla y Guadalajara, en las que se impartían cursos avanzados de estudios universitarios, aunque para graduarse los alumnos debían hacerlo en la Universidad de México.
Fue a finales del siglo XVIII cuando se sentaron las bases para la creación del Estado nacional moderno y de su correspondiente sistema educativo, que apoyó el estudio de la tecnología y los asuntos de tipo práctico. Como consecuencia, en 1772, se creó el Colegio de Minería y el Jardín Botánico.
Al triunfo de la lucha por la independencia de México, entre los primeros asuntos a tratar se encontraba la educación. Ésta se apoyó en las bases legales para el sistema educativo que se habían promulgado a través de la Constitución de 1812, y en la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias, en 1813.
A partir de entonces en la Ciudad de México se ubicaron las instituciones de estudios superiores tales como los Colegios de San Ildefonso, San Gregorio, San Juan de Letrán y Minería, la Escuela de Medicina, la Universidad, la Academia de San Carlos y el Colegio Militar. A éstas llegaban jóvenes de todo el país, “muy pocos de ellos regresaban a sus lugares de origen; la mayoría de ellos se estableció en la capital para ejercer sus carreras. Esta centralización y la concentración estudiantil es un defecto que se padece hasta la fecha.”
Sin embargo, el primer cambio importante en la estructura educativa se presentó en 1833, cuando el presidente en funciones Valentín Gómez Farías, de filiación liberal moderada, inspirado en el pensamiento del Doctor José María Luis Mora, lanzó la primera reforma educativa, que consistía en desplazar la educación clerical e impulsar una nueva educación científica y abierta al progreso. Como consecuencia, fue suprimida la Real y Pontificia Universidad de México y en su lugar se propusieron los Establecimientos de Estudios Superiores. Sin embargo, Santa Anna dio marcha atrás a esta medida.
Los continuos cambios de gobierno del país, así como la guerra contra Estados Unidos en 1847, y la invasión francesa de 1861 a 1864, detuvieron buena parte de la marcha del país, incluida la educación.
Fue hasta el triunfo de la República cuando se dieron pasos en firme en materia educativa a través de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867. Esta ley, redactada por la comisión presidida por Gabino Barreda, uno de los principales representantes del movimiento positivista, reguló una nueva escuela básica, universal, gratuita y obligatoria, y creó la Escuela Nacional Preparatoria de donde emergieron generaciones de intelectuales, políticos y maestros interesados en el conocimiento de la ciencia, postulado central de esta doctrina. La educación superior se concentró en los institutos literarios y científicos, cuya ubicación se localizó en las capitales de los estados que integraban el país. De hecho, en algunos casos, éstos fueron la base para crear en el siglo XX las nuevas universidades locales.
A lo largo del periodo presidencial de Porfirio Díaz se efectuaron una serie de eventos relativos al sistema educativo. En 1878 se creó la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y alrededor de la década de l880 se fundaron las escuelas normales de Guadalajara, Puebla y Jalapa, entre otras, así como el Instituto Geológico Nacional y el Instituto Médico Nacional, los cuales desarrollaban tareas de investigación. En 1890 se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Instrucción que fue el primer paso para llevar la educación a todo el país, a través de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Justo Sierra fue quien presidió esta reunión en la cual no se discutió sobre la educación superior sino sólo sobre la básica y la normalista.
Desde 1901, el Presidente Díaz tuvo facultades extraordinarias para legislar en materia educativa. Su apoyo principal fue Justo Sierra quien era su Secretario de Justicia e Instrucción Pública. Después se creó la Secretaría de Instrucción y Bellas Artes, en 1905. Con Justo Sierra colaboraron connotados educadores quienes impulsaron a través de la educación, los cambios esenciales para la reconstrucción del país.
A partir de la promulgación de la Ley Constitutiva de la Escuela de Altos Estudios, el 22 de septiembre de 1910 se creó la Universidad Nacional de México. A las escuelas de Enseñanza Superior existentes y la Escuela Nacional Preparatoria, se agregó la de Altos Estudios, instancia destinada a los estudios de posgrado, y la rectoría para integrar la Universidad.
De ella surgió un movimiento intelectual encabezado por Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso y José Vasconcelos, entre otros, quienes formaron el Ateneo de la Juventud. En 1912 a iniciativa de este grupo, se creó la Universidad Popular, institución que duró sólo 10 años
Sin embargo, a pesar de los intentos llevados a cabo en materia educativa durante el régimen porfirista: “en 1910 más de 85% de la población adulta y más de 78% de la población total era analfabeta,” situación que llevó a las administraciones posteriores a dirigir su mayor esfuerzo al combate del analfabetismo a través de programas, campañas y cruzadas nacionales, leyes de emergencia, construcción de centros de capacitación para habilitar al magisterio, escuelas para maestros, etc.
Durante los breves periodos presidenciales de Francisco I. Madero y Victoriano Huerta, poco se pudo hacer en la Secretaría de Instrucción Pública, si bien fueron las líneas dominantes: extender la instrucción, prácticamente alfabetizadora, llamada la educación rudimentaria, y el mejoramiento de la educación profesional.
Durante el Congreso Constituyente de 1917 “el litigio de la educación entre las fracciones constitucionales se centró en la cuestión del laicismo y la participación de la iglesia católica.” El Artículo 3° surgió en el Congreso Constituyente de 1916-1917, como garantía social para el progreso de la Nación en desarrollo.
La Constitución de 1917 dispuso que la educación primaria sería gratuita y obligatoria y quedaba a cargo de los municipios. Asimismo, estableció que desaparecía la Secretaría de Instrucción Pública, por ello algunos centros de investigación se convirtieron en Departamento Universitario Autónomo, con cargo al gobierno federal.
Como se puede apreciar en nuestra Carta Magna desde su promulgación en 1917, ha albergado en su artículo 3° lo relacionado con el tema educativo y es en ese artículo en el que se han realizado diversas reformas fundamentales que marcan líneas de acción para la impartición de educación, considerada como un derecho humano y social de todos los mexicanos. La redacción original del artículo 3º contemplaba de manera llana, clara y contundente las siguientes líneas que es necesario reproducir de manera precisa:
“La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
Posterior a ello, el artículo 3º constitucional sufrió su primera reforma el 13 de diciembre de 1934 durante el mandato del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, a efecto de establecer como socialista la educación impartida por el Estado, excluir doctrinas religiosas, combatir el fanatismo y los prejuicios y establecer que la “escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”. En esa ocasión, se estableció que sólo el Estado impartiría educación primaria, secundaria y normal, permitiendo también dichas actividades a los particulares, pero considerando que su personal tuviera suficiente preparación profesional e impidiendo que las personas o asociaciones ligadas con un credo religioso intervinieran en tales grados escolares; que los planes los formularía el Estado; que tuvieran autorización expresa del poder público; que el Estado podría revocar cualquier autorización; que la educación primaria era obligatoria y se impartiría gratuitamente; de igual forma, se añadió la necesidad de coordinación federal en la materia y de sanciones para quienes no cumplieran las normas.
La segunda reforma a dicho artículo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de diciembre de 1946 en el periodo de Miguel Alemán Valdés, con el propósito de establecer que la educación impartida por el Estado tendiera a “desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano” y fomentara en él “el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”; además se indica que el criterio que orientaría a la educación sería democrático, nacional y contribuiría a la mejor convivencia humana. Asimismo, permitió a los particulares, mediante autorización, la impartición de enseñanza; estableció la educación laica, señalando la obligatoriedad de la primaria; indica que toda educación impartida por el Estado será gratuita y continua, estableciendo la coordinación federal y de sanciones.
La tercera reforma al artículo 3º se publicó en el DOF 34 años después, el 9 de junio de 1980, en tiempos de la administración de José López Portillo, para establecer que las universidades e instituciones de educación superior autónomas tendrían “la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.
Por su parte, la cuarta y quinta reformas se efectuaron durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari; la cuarta fue el 28 de enero de 1992, misma que no representa cuestiones de fondo en lo referente a su contenido, únicamente se limita a reestructurar el orden de las fracciones; en tanto que la quinta reforma se publicó el 5 de marzo de 1993, a efecto de indicar que el Estado impartiría la educación preescolar, primaria y secundaria, siendo obligatorias las dos últimas; también se añade que el Ejecutivo federal determinaría “los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República” considerando “la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”.
La sexta y última reforma del artículo 3º de la Constitución Política se llevó a cabo en el sexenio de Vicente Fox Quesada el 12 de noviembre de 2002, en la cual se establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación” y se indica como educación básica obligatoria la preescolar, la primaria y la secundaria. Esta redacción sigue vigente.
Adicionalmente, la fracción I del artículo 31 constitucional señala la obligación de los mexicanos de “hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria”; en este tenor, es evidente que la educación en México es un derecho y una obligación, de acuerdo con el texto constitucional.
Como se puede apreciar, aún con el mandato constitucional, la educación en México no se ha reflejado en la totalidad de la población ni ha cumplido su objetivo, pues existen rezagos en la materia que demuestran que la política educativa nacional no es suficiente y no llega a satisfacer las exigencias y demandas sociales.
De acuerdo con nuestro régimen constitucional y legal vigente, el derecho a la educación es parte de las garantías individuales que la Constitución otorga a sus habitantes. Además, según la Ley General de Educación (LGE) ''todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer las disposiciones generales aplicables" (artículo 2).
La educación pública, laica y gratuita, según el artículo 3º constitucional, constituye el fundamento de nuestra vida democrática. En ese reconocimiento jurídico se sustenta la exigencia social de alcanzar la equidad educativa: la distribución generalizada del bien público educación que se traduce en la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos
Dentro del sistema educativo nacional, la educación media superior ha sido objeto de constantes debates en torno a su función, su funcionamiento, su financiamiento, así como su inserción en el resto de la orientación de la política educativa nacional.
Como toda esfera de lo público, la educación media superior es sujeto de un régimen jurídico concreto, específico, que por su heterogeneidad, se encuentra disperso en varios ordenamientos legales de diverso tipo y variado nivel.
Una vez analizada las propuestas del proyecto de decreto, materia del presente dictamen, estas comisiones unidas consideran que elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior contribuirá a la consolidación de la reforma integral en este nivel. Pues, se trata de un gran avance en materia educativa, que tendrá un impacto muy positivo en la sociedad. Afortunadamente el nivel medio superior ofrece una variedad de posibilidades de formación para los jóvenes entre las que se encuentra la de convertirse en profesionales técnicos y con ello tener de entrada un oficio o carrera técnica que se pueda traducir en un medio de subsistencia personal para el estudiante, sin menoscabo de poder más adelante seguir con la educación superior, ya sea licenciatura, maestría o doctorado.
Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de brindar más educación y de mejor calidad. La educación es una de las claves de la evolución de la sociedad y de todos los aspectos de la calidad de vida.
El derecho a la educación está enunciado en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) y recogido por la Convención sobre los derechos del niño (CDN, 1985). Según la letra de ambos tratados, todos tienen derecho a la enseñanza secundaria y superior, gracias a la instauración progresiva de la gratuidad. El PIDESC reconoce también el derecho de cada uno a una "segunda oportunidad", beneficiándose de una educación básica, si no ha recibido la enseñanza primaria hasta su término.
La educación media superior puede contribuir de manera decisiva a la construcción de una sociedad crecientemente justa, educada y próspera, así como el impacto directo que puede tener en el fortalecimiento de la competitividad individual y colectiva en el mundo actual, ya que es un recurso para combatir la desigualdad social y escapar de la pobreza, como lo han señalado diversos organismos internacionales.
Establecer la educación media superior como obligatoria, es consecuencia de una demanda social, ya que son muchos los casos en que jóvenes que desean ingresar a planteles de educación media superior, tanto de carácter federal como estatal, se quedan truncados sus estudios por no existir cupo suficiente para su ingreso a los planteles de dicho nivel educativo, lo cual podría verse resuelto si el Estado tuviera la obligación de impartir la educación de nivel medio superior, en ese tenor, los diferentes órdenes de gobierno se verían obligados a establecer una mayor disposición presupuestaria, tanto en recursos humanos y materiales, como en infraestructura suficiente para cumplir con la citada obligación.
La obligatoriedad del nivel medio superior tendría como efecto inmediato la mejoría en los niveles de educación y preparación de los mismos, fortalecerá la cultura educativa y el desarrollo de los mexicanos formándolos de mejor manera para enfrentar los retos cada vez más difíciles del campo laboral en nuestro país y posiblemente en el extranjero.
Vale la pena mencionar, tal y como se señala en el dictamen de la Colegisladora, que cada vez más países –desarrollados y en vías de desarrollo– toman conciencia de que la educación media superior es estratégica para el desarrollo económico, la formación de ciudadanía y estado de derecho. La tendencia internacional nos indica que cada vez más países están garantizando alguna modalidad de educación media superior para incrementar sustancialmente sus tasas de cobertura y brindar oportunidades de estudio a todos los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo.
GUPO DE EDAD DE ENESEÑANZA OBLIGATORIA
DURACIÓN DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN AÑOS
Fuente: Informe 2010 de Seguimiento de la Educación para todos en el mundo / Llegar a los marginados 4 de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura.
En ese sentido, estas comisiones unidas consideran conveniente establecer la obligatoriedad en la educación media superior, en el primer párrafo artículo 3° constitucional, en los términos que propone la minuta en estudio:
Asimismo, se coincide con la reforma del inciso c) de la fracción II para establecer que la educación que imparta el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, con el objetivo de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural.
AUTONOMÍA PARA FIJAR PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
Haremos referencia a la propuesta de reformar a la fracción III del artículo 3° constitucional para establecer como facultad exclusiva del Ejecutivo Federal la determinación de planes y programas de estudio de la educación media superior, exceptuando a las instituciones a las que la ley otorga autonomía, ya que de esta manera se establecerá un marco curricular común para todas la modalidades y subsistemas de este nivel educativo:
“III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior –con excepción de las instituciones a las que la ley otorga autonomía, de acuerdo con la fracción VII del presente artículo– y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale;
En el caso de la educación media superior, con objeto de proveer a su impartición con base en el federalismo, el Ejecutivo establecerá el sistema nacional de bachillerato, atendiéndose la diversidad de opciones educativas y el libre tránsito de estudiantes.”
Lo anterior se estima muy grave ya que trastocaría el marco de diversidad y flexibilidad que hoy caracteriza al nivel medio superior. Resulta opinable que en un país con la diversidad que México tiene y con la multiplicidad de intereses y de trayectorias de vida de los jóvenes en edad de cursar la educación media superior se pretenda que el Ejecutivo Federal determine los planes de estudio.
El hecho de que el Ejecutivo Federal determine los planes y programas de estudio trastocaría la diversidad que caracteriza a la educación media superior -con subsistemas federales, estatales y particulares- en la actualidad integrada por más de 200 planes de estudio. Asimismo, vulneraría la diversidad que debe privar para que dichos planes se ajusten a las necesidades regionales y locales, y respeten los diferentes entornos sociales y culturales y las diferencias de enfoque que enriquecen la conformación de cada modelo educativo, tal y como lo hace el Sistema Nacional de Bachillerato, el cual es una clara expresión del reconocimiento a la diversidad existente, mediante el establecimiento del marco curricular común y el perfil del egresado, que en su conjunto brindad cohesión y consistencia al sistema educativo en el tipo medio superior.
Es decir, una atribución del alcance de la propuesta aniquilaría la iniciativa local y las posibilidades de que los planteles respondan a las muy diversas necesidades locales. Por ejemplo, entre otros resultados posibles, ¿por qué imponer un plan de estudios enciclopédico, diseñado para jóvenes de la Ciudad de México, a estudiantes en el campo, en los litorales o entre aquellos que desean formarse para el pronto ingreso al mercado de trabajo?, ¿qué márgenes quedarían para los Estados y para las iniciativas locales, públicas o privadas?
Al decir que debe haber diversidad no se debe interpretar que se propone un marco regulatorio que induzca planes de estudio anárquicos en el nivel medio superior. Este nivel debe construir una identidad, pero no destruir la indispensable diversidad. El ejercicio que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública para establecer el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad resuelve bien este problema. Plantea un marco curricular común con competencias genéricas y disciplinares básicas nacionales que todo egresado del bachillerato debe dominar, al tiempo que establece lineamientos para que los estados, los subsistemas y los propios planteles concreten el marco curricular con competencias disciplinares extendidas y de formación para el trabajo. Son propósitos nacionales comunes que se pueden lograr por muy distintas vías según la realidad de cada escuela.
Por otra parte, cuando en materia de planes y programas de estudio la Minuta Proyecto de Decreto establece una excepción para las instituciones que tienen autonomía, implícitamente lo que el legislador está haciendo es reconocer y respetar la diversidad existente en el subsistema de los bachilleratos universitarios.
No respetar ni reconocer la diversidad en los demás subsistemas de la educación media superior sería discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad jurídica al plantear a los subsistemas distintos al universitario, exigencias diferentes como la impartición del plan de estudios determinado por el Ejecutivo Federal. No es admisible que el marco normativo, debiendo ser general, establezca diferencias como la expresada. No hay, además, ninguna razón académica para hacerlo de esa manera. Todas las instituciones tienen fines semejantes y carácter académico inobjetable. Por ello, debe prevalecer la aplicación de criterios estrictamente académicos.
En síntesis, es un error entender la búsqueda de la identidad de la educación media superior como la unificación de los planes de estudio. La pluralidad de modelos enriquece la búsqueda de respuestas a los desafíos de la educación, en especial después de la educación básica. Esto sólo será posible en la medida que la educación media superior permita y aliente la diversidad.
Ahora bien, aún cuando el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio con la opinión de los Estados, ello se traducirá en la centralización de las decisiones respecto de los contenidos educativos. Y esto es contrario al auténtico federalismo educativo. Una constante expresada por las entidades federativas es que la reforma constitucional debe reconocer la diversidad geográfica-cultural y las diferentes necesidades e intereses de la población para su mejor desarrollo.
Además, el artículo segundo transitorio de la minuta en comento establece una obligación tendiente a la transformación de los actuales planes y programas de estudio. Propiciar una dinámica de esa naturaleza, cuando recientemente se ha hecho una modificación de este tipo con motivo de la reforma integral de la educación media superior, podría general incertidumbre en las instituciones públicas y privadas e iría en contra de los trabajos cuidadosamente consensuados y hasta ahora realizados en el marco del sistema Nacional de Bachillerato.
Asimismo, es pertinente mencionar que el propósito establecido en esta minuta de ofrecer el bachillerato en entornos de alta complejidad educativa, como lo son las zonas marginadas, rurales y urbanas, y de que se aprovechen las modalidades pertinentes para ese efecto, requiere de la pluralidad de planes y programas de estudio, apropiados para esos variados grupos.
Por los argumentos referidos, estas comisiones dictaminadoras no consideran viable las propuestas analizadas, es decir, se propone que las reformas a la fracción III del artículo 3° constitucional –incluyendo la adición del segundo párrafo a dicha fracción-, así como del artículo segundo transitorio de la minuta en comento, no sean contempladas en esta reforma educativa.
Por lo que toca a la propuesta de reformar la fracción V del artículo 3° constitucional, estas comisiones unidas la consideran viable, ya que necesario ajustar nuestro texto constitucional en congruencia con el primer párrafo de este artículo:
“V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;”
Nuestra Carta Magna, como primera norma del derecho positivo en el país, establece un conjunto de obligaciones específicas que impone tanto a los poderes públicos como a los particulares.
Siendo el derecho a la educación un derecho fundamental de carácter social, es lógico que han de establecerse necesariamente los mecanismos de relación entre el Estado y los ciudadanos; por ello, para hacer efectiva la escolarización básica (educación preescolar, primaria, secundaria y ahora también la media superior) a la que todo menor de edad tiene derecho, se establece en la fracción I del artículo 31 constitucional, la obligación de los padres o tutores, de hacerlos asistir, de llevarlos a las escuelas, públicas o privadas, a recibir esa escolarización.
Por tanto, la obligación establecida en la fracción I del artículo 31 de la Constitución Federal, debe contemplar también a la educación media superior:
II. a IV. (…)
En base a las consideraciones ya planteadas, el artículo segundo transitorio se suprime y por lo tanto los subsecuentes se recorren en su orden.
En ese tenor, estas comisiones unidas proponen conservar el texto propuesto del artículo tercero transitorio en la minuta en estudio, quedando como el artículo segundo transitorio. Ahora bien, con el ánimo de cuidar los términos que definan el alcance de esta reforma, se propone sustituir el término “universalización” por “cobertura total”, así como precisar que dicha cobertura será en las diversas modalidades educativas:
“Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del Desarrollo.”
Asimismo, en el artículo tercero se establece que “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, incluirán los recursos necesarios y establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos multianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para la educación media superior.”
Sobre el particular, se propone sustituir el término “multianuales” por “plurianuales” que es la denominación adecuada y establecida en nuestra Carta Magna (art. 74, fracción IV). También se propone especificar que dichos presupuestos serán para gastos de infraestructura educativa:
“Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior.”
Respecto a la propuesta del artículo quinto transitorio que dice: “Los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrarán con el gobierno federal convenios de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación media superior en los términos establecidos en el presente decreto.”
Estas comisiones dictaminadoras, estiman que el texto no es pertinente, ya que no puede sujetarse el cumplimiento de la obligatoriedad a la celebración de convenios de colaboración. Por lo que se sugiere su eliminación.
Finalmente, en el último artículo transitorio se fija un plazo para que dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación y de Estudios Legislativos someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 192, 193, 194 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3° Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
a) … (…)
b) … (…)
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
VI. a VIII. (…)
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días del mes de septiembre de dos mil once.