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Timestamp: 2018-03-22 21:42:44
Document Index: 403355228

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 99', 'artículo 63', 'artículo 80', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 656', 'ARTÍCULO 663', 'ARTÍCULO\n666', 'ARTÍCULO 670', 'ARTÍCULO 677', 'ARTÍCULO 686', 'artículo 24', 'Artículo 8', 'artículo 24', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 393', 'Artículo 401', 'Artículo\n401', 'Artículo 402', 'Artículo 404', 'Artículo 38', 'Artículo 116', 'Artículo 5', 'Artículo 63', 'Artículo 66', 'Artículo 468', 'Artículo 469', 'artículo 58', 'Artículo 470', 'Artículo 471', 'Artículo 472', 'Artículo 477', 'Artículo 474', 'Artículo 475', 'Artículo 478', 'Artículo 455', 'Artículo 458', 'Artículo 458', 'Artículo 131', 'Artículo 86', 'Artículo 124', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 92', 'Artículo 78', 'Artículo 81', 'Artículo 83', 'Artículo 112', 'Artículo 4', 'Artículo 16', 'Artículo 112', 'Artículo 131', 'Artículo 136', 'Artículo 112', 'Artículo 114', 'Artículo 131', 'Artículo 136', 'Artículo 18', 'Artículo 79', 'Artículo 131', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 656', 'ARTÍCULO 663', 'ARTÍCULO 666', 'ARTÍCULO 670', 'ARTÍCULO 677', 'ARTÍCULO 686', 'Artículo 171', 'Artículo 136', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 670', 'ARTÍCULO 677', 'ARTÍCULO 686', 'ARTÍCULO 690', 'artículo 103', 'artículo 104', 'artículo 103', 'artículo 131', 'artículo 114', 'Artículo 136', 'artículo 104', 'artículo 131', 'artículo 114', 'Artículo 136', 'artículo 104']

Corriente Agramontista: ENFOQUE JURÍDICO DE LA OPOSICIÓN CÍVICA
Este folleto didáctico parte de que la fórmula clásica de transición a la democracia: de la ley a la
ley a través de la ley, exige perseverar en la relación de medio a fin por vías cívicas para
rescatar la soberanía popular sobre la base de que si la libertad nace de la violencia, queda
1. La oposición cívica tiene que discernir bien entre legalidad y legitimidad. La primera viene
determinada por el orden constitucional del Estado y la legitimidad se refiere al orden político
que, además de legal, se juzga como bueno y justo “por quienes se encuentran sujetos a él”1. La
legalidad se impone y la legitimidad se discute. A tal efecto nada mejor que hacerlo por las
vías legales. Hay que agotarlas todas dentro de Cuba antes de plantear los problemas de
legitimidad en foros del exterior para evitar así que el gobierno cubano recurra a tachas de
ilegalidad y la discusión se diluya en dimes y diretes. El restablecimiento de las relaciones
diplomáticas Cuba-USA y el abandono de la Posición Común de la Unión Europea obligan a
concentrarse aún más en deslegitimar al gobierno desde dentro (en el contexto jurídico nacional)
2. Aquí no se presentan propuestas interesadas de ningún grupo político, sino proposiciones
lógicas (conforme a la ciencia jurídica) para que, mediante el diálogo con los actores políticos, se
llegue a interpretaciones correctas que propiciarán a dichos actores tomar decisiones cuerdas
en el contexto sociopolítico dado. Tal es la secuencia óptima de la relación entre teoría y
práctica2, que presupone dialogar sobre la base de la mejor argumentación y considerar a los
actores políticos como la instancia definitiva para validar o invalidar cada propuesta teórica en
HABERMAS, JÜRGEN: “Problemas de legitimación en el Estado moderno”, en La reconstrucción del materialismo histórico, Madrid:
3. La lucha por la democracia discurre en dos ejes: horizontal (reclamar derechos) y vertical
(decidir quién gobierna)3. Para encauzarse por vías estrictamente legales, la oposición cívica
comprende quejas, denuncias y cualesquiera otras reclamaciones de derechos ciudadanos que
plantean problemas de legitimidad a las autoridades, así como el ejercicio del voto para formar
4. La base de la legalidad es el orden constitucional y resulta que hasta juristas en ejercicio
dentro de Cuba reconocen que la Constitución Socialista (1976) reformada (2003) “es poco
conocida, poco celebrada, se invoca de forma extraordinaria, nadie pelea desde ella, y una parte
de su letra si no está muerta lleva desmayada muchos años”4. La oposición cívica tiene entonces
la oportunidad de invocar la constitución vigente y pelear desde ella en ambas dimensiones de la
En el eje vertical, el único asidero constitucional es el voto: “Cada elector tiene derecho a un
solo voto. Las elecciones periódicas y referendos populares serán de voto libre, igual y secreto”
La elaboración de proyectos de leyes para presentarlos a la Asamblea Nacional (AN) con el aval
de diez mil o más firmas no es viable. La respuesta de la AN al Proyecto Varela, el 1ro de
noviembre de 2002, dejó claro que “ni la Constitución de la República ni el Reglamento de la
AN establece la recolección de firmas, cualquiera que fuese su número, para promover la
Antes que empeñarse en cambiar la legislación hay que hacerlo en cambiar a los legisladores. A
tal efecto, las acciones precisas al amparo de la Ley Electoral (LE) son proponer candidatos en
las asambleas de nominación para las elecciones municipales y votar negativo en las elecciones
generales, así como prevenir y denunciar el fraude en toda elección, tal como se detalla más
3 SARTORI, GIOVANNI: ¿Qué es la democracia?, México D.F.: Taurus (2003), p. 133.
FERNÁNDEZ ESTRADA, JULIO ANTONIO: “Un piropo para la constitución cuarentona”, en OnCuba, 16 de abril de 2016.
En el eje horizontal, hay dos asideros fundamentales: la reclamación por daños y perjuicios más
• ARTICULO 26. Toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por
funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus
• ARTICULO 63. Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las
autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado,
La reclamación de reparación o indemnización tiene que presentarse, por lo general, con
asistencia de abogado ante el tribunal competente por razón de cuantía: el tribunal provincial
para reclamaciones de más de mil pesos y el tribunal municipal para reclamaciones de mil pesos
o menos. Los trámites corren por la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y
Económico (LPCALE) y el instrumento jurídico pertinente debe elaborarse por el abogado.
Salvo que se actúe por su propio derecho o en nombre de familiares allegados, ese abogado tiene
que pertenecer a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) y no puede negarse a
prestar el servicio. El propio Decreto-Ley 81/1984 sobre el ejercicio de la abogacía y la ONBC
impone la función de “representar o dirigir, con la máxima diligencia, a quienes requieran su
asistencia” (Artículo 18.c) y define que “es independiente y solo debe obediencia a la ley”
La queja y petición puede presentarse sin abogado al ministro o presidente de instituto que
guarde correspondencia con el asunto concreto. Los trámites corren por el Decreto-Ley 67/1983
de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE) y pueden conducir
directamente a los tribunales al amparo de la LPCALE. A este último respecto sería necesaria la
Aunque son hábiles todos los días, excepto los domingos y los demás declarados no laborables
por la ley (LPCALE, Artículo 99), se recomienda considerar todos los días del plazo como
naturales y correr el trámite lo antes posible, ya que el tiempo está siempre a favor de la
1. La queja y petición se presenta en la sede del OACE, que tiene 60 días para dar respuesta.
2. Al recibirse respuesta o vencer el plazo para darla (silencio administrativo negativo), el
quejoso-peticionario tiene 10 días hábiles para interponer recurso de alzada ante el
3. Al recibirse la solución dada por el Ministro o Presidente de Instituto al recurso de alzada
o vencer el plazo para dictarla, el recurrente tiene 30 días para presentar demanda ante el
4. En caso de respuesta del OACE, el recurso de alzada y la demanda tendrían que
interponerse con buenos argumentos contra la respuesta impertinente; si no hay respuesta,
la interposición de uno y otra sería de cajón por silencio administrativo contrario a la ley
La queja por violaciones de derechos del ciudadano tiene connotación más bien penal y puede
hacerse mediante denuncia, pero es más recomendable la reclamación a la Fiscalía, que tiene su
Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos. El trámite se define por la propia Ley de
Sin perjuicio del planteo de cualquier otro problema específico de legitimidad ante el OACE
correspondiente o la Fiscalía General, los asuntos primordiales de queja y petición son la
ratificación de los pactos internacionales derechos humanos (en la dimensión horizontal), ya
que circula la opinión de jurisperitos del gobierno acerca de que debe ratificarse ya solo el pacto
de derechos económicos y sociales, pero no el pacto de derechos civiles y políticos5, así como la
validación de los votos en contra de los candidatos del gobierno (en la dimensión vertical), ya
que las boletas que los electores dejan en blanco o se anulan de cualquier manera no entran en el
conteo de votos válidos6, a pesar de manifestar explícitamente la voluntad política del votante en
A continuación, se presentan los formularios que facilitarían el planteo jurídico y la tramitación
judicial o administrativa de las más perentorias acciones para la lucha por la democracia.
DELGADO SÁNCHEZ, LÉSTER: “Los pactos sobre derechos humanos: un paso en el camino”, en Temas (La Habana), No. 59, JulioSeptiembre 2009, pp. 65-74.
6 PRIETO VALDÉS, MARTHA Y LISSETTE PÉREZ HERNÁNDEZ: “El sistema electoral cubano. Las reformas de 1992”, en Temas de Derecho
I – Queja por no ratificar Cuba —y petición de cómo se implementarían— los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC). A pesar de que la República de Cuba firmó ante Naciones
Unidas dichos pactos el 28 de enero de 2008, todavía no han sido sometidos a ratificación ante la
Asamblea Nacional del Pode Popular. Ratificar los pactos impone al gobierno la obligación de
cumplirlos y tendría que cambiar el orden jurídico del país o quedar sujeto a sanciones de la
Quien suscribe solicita, como ciudadano de la República de Cuba y al amparo del artículo 63 de
su Constitución, las respuestas pertinentes, en el plazo de sesenta días establecido por el artículo
Los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), de 16 de diciembre de 1966, fueron firmados por la República
de Cuba el 28 de enero de 2008, luego de más de cuatro décadas para análisis y valoración de
reservas y declaraciones interpretativas. La República de Cuba lleva casi otra década más sin
ratificar los pactos y queda expuesta así, frente a la comunidad internacional, como parte del
grupo notorio de apenas ocho naciones que no han concluido el trámite de ratificación para
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), en cumplimiento de la función atribuida
por el artículo 80.b) del Decreto-Ley 67/1983, concluya los trámites necesarios para la ejecución
de ambos pactos internacionales, mediante su adopción en el derecho interno, e informe a este
Que el Consejo de Ministros (CM) someta al Consejo de Estado la ratificación del PIDCP y del
PIDESC, en virtud de las facultades previstas en los artículos 98.ch) y 90.m) de la Constitución.
Sírvase el Ministro de Relaciones Exteriores admitir esta solicitud y dar las respuestas
pertinentes en el plazo legal establecido, pues es de justicia constitucional y ciudadana, que pido
Nota: Este formulario puede utilizarse, mutatis mutandi, para queja y petición a cualquier otro
(Nombres y apellidos), natural de (lugar de nacimiento), ciudadano cubano de ( ) años de edad,
con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ), universitario, de ocupación laboral
Que vengo a interponer RECURSO DE ALZADA contra el silencio administrativo del
MINREX, que se abstuvo de cumplir el deber, común a todos los Organismos de la
Administración Central del Estado (OACE), de prestar atención y dar respuesta pertinente,
dentro del plazo legal fijado, a mi queja y petición ciudadana presentada el (fecha), sobre la
demora de la República de Cuba en ratificar los pactos internacionales (1966) de derechos
humanos, la información de cómo serán acogidos en el Derecho Interno y la tramitación
Puesto que el Decreto Ley 67 (1983) prescribe que todos los OACE tienen que “prestar atención
y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a las quejas y peticiones que
les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas
planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias” (ARTÍCULO 52.-r), este recurso se
contrae a cuestión de estricto derecho sobre el hecho notorio del silencio administrativo negativo,
que se acredita con la copia del escrito de queja y petición, en la cual consta su recepción por el
resolverlo, sin más trámites, con la respuesta oficial a la queja y petición ciudadana, sin perjuicio
de la vía judicial contencioso-administrativa en caso de impertinencia de la respuesta.
Nota: Este formulario se utilizaría también en caso de respuesta, pero con los argumentos
correspondientes. Así mismo puede utilizarse, mutatis mutandi, para el recurso de alzada ante
( ) y vecino de (dirección completa), en ejercicio excepcional de la abogacía por asunto
Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX), cuyo titular es Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, con sede oficial en Calzada No.
360, entre G y H, Vedado Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana, sobre la base de los
1. El (fecha de recepción) presenté de conjunto al MINREX una queja sobre la demora de la
República de Cuba en ratificar los pactos internacionales de derechos humanos, firmados
desde el 28 de enero de 2008, y una petición de informar cómo serían acogidos en el Derecho
Interno y dar curso a los trámites pertinentes a tal efecto, como acredita la copia del escrito
2. El MINREX se abstuvo de cumplir el deber, común a los OACE, de prestar atención y dar
respuesta pertinente, dentro del plazo legal establecido, a esta queja y petición ciudadana. En
consecuencia, presenté recurso de alzada, que la Administración recibió (fecha de recepción),
3. El MINREX persistió en su silencio administrativo negativo y así quedó expedita esta vía
1. En la Constitución: “Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados
(…) tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad (ARTICULO 10). “Todo
ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o
respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley” (ARTICULO 63).
2. En el Decreto Ley 67 (1983): “Los organismos de la Administración Central del Estado tienen
los deberes, atribuciones y funciones comunes siguientes: prestar atención y dar respuestas
pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a las quejas y peticiones que les dirijan los
ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en ellas planteadas y adoptar
3. En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE): las
reglas sobre jurisdicción en materia administrativa (ARTÍCULO 656) y competencia de esta Sala
(ARTÍCULO 663), la legitimación para el ejercicio de la acción administrativa (ARTÍCULO
666), los actos impugnables (ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la demanda en caso de
silencio administrativo (ARTÍCULO 677), el recibimiento a prueba (ARTÍCULO 686) y el
Que se dicte sentencia estimatoria de la demanda para disponer que el demandado cese en su
silencio administrativo y dé respuesta pertinente a la queja y petición del demandante, dentro de
OTROSÍ: Puesto que el debate se contrae a cuestión de estricto derecho sobre el hecho notorio
de silencio administrativo negativo, acreditado con los documentos presentados, se solicita dictar
sentencia sin más trámites, tras recibirse el expediente administrativo, si lo hubiere, y la
contestación del demandado, o tras haber decursado el plazo legal de la Administración para
SÍRVASE LA SALA admitir la demanda y tramitarla conforme a las reglas de la LPCALE, pues
Nota: Este formulario se utilizaría también en caso de respuesta al recurso de alzada, pero con
los argumentos correspondientes. Así mismo puede utilizarse, mutatis mutandi, para impugnar la
II – Queja por Violaciones de los Derechos del Ciudadano. Cada violación de derechos por las
autoridades en el ejercicio de sus funciones puede impugnarse con la QUEJA autorizada por la
Ley 83/1997 de la Fiscalía General. Este tipo de queja (denuncia) tiene que documentarse de
Detallar significa dar todos los datos relevantes: Qué hechos constituyeron la violación; Dónde,
Cuándo y Cómo se cometieron, A quién se le violaron sus derechos y Quién cometió la
violación. De no contarse con los nombres y apellidos, cargos u otra identificación oficial, hay
que precisar las características personales (raza, sexo, talla, peso, color de ojos y cabello…)
Sustanciar implica aportar pruebas de los hechos y de la participación de personas. Pueden ser
testimonios, declaraciones juradas ante notario o firmadas en presencia de notario, documentos
electrónicos como fotografías y videos, así como dictámenes de expertos, como certificados
Quien suscribe formula, como ciudadano cubano y al amparo del artículo 24 de la Ley No. 83
(1997) de la Fiscalía General de la República, la queja, denuncia o reclamación fundada en el
Título X del Código Penal, por motivo de __________________ (Artículo ___) derivado de los
(Relato breve y preciso de los hechos —no opiniones— que encajen en la descripción del
Sírvase la Fiscalía General, a través del Fiscal designado, atender e investigar esta queja,
denuncia o reclamación para dar respuesta en el plazo de sesenta días mediante resolución que
disponga restablecer la legalidad quebrantada por la violación expuesta de los derechos del
ciudadano, pues es de justicia y derecho, que pido mediante este documento a los ____ días del
Nota: A continuación, se relacionan las violaciones que pueden reclamarse al amparo del Título
X del Código Penal (CP). No obstante, las quejas ante la Fiscalía pueden interponerse por otros
motivos y en especial por haber impuesto la policía multa administrativa para no llevar a los
detenidos al tribunal. Más abajo se expone cómo proceder con rapidez y cuidado en este caso.
Privar de libertad sin facultades o fuera de los casos y condiciones previstas en la ley / Demorar
en liberar a un detenido o ponerlo a disposición de la autoridad competente, o recibir a una
Proferir que se cometerá delito contra el oyente o familiar suyo, en circunstancias que infundan
serio y fundado temor / Proferir que se divulgará un hecho lesivo para el honor o prestigio
público del oyente o de algún familiar allegado con el objetivo de forzar determinada conducta
Ejercer violencia o amenazar para obligar a hacer al instante lo que no quiera, sea justo o injusto,
Penetrar en domicilio ajeno en contra de la voluntad del morador fuera de los casos autorizados
Efectuar registro en domicilio sin autorización legal o sin cumplir las formalidades legales
Abrir carta, telegrama, despacho o cualquier correspondencia sin estar autorizado, o violar así el
Perjudicar a otro o procurar beneficio mediante la revelación de secreto en carta, telegrama,
Impedir a otro el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa garantizado por ley
Delitos contra derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición (Art. 292)
Impedir que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca a ella
Impedir la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona concurra a ellas
Impedir u obstaculizar que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades.
Expropiación por funcionario público de bienes o derechos sin autorización legal o sin cumplir
Impedir o perturbar actos o ceremonias públicas de los cultos registrados, que se celebren con
Discriminar a otra persona o promover o incitar a la discriminación con manifestaciones y ánimo
ofensivo a sexo, raza, color u origen nacional o con acciones para obstaculizar o impedir el
ejercicio o disfrute de los derechos por motivos de sexo, raza, color u origen nacional / Difundir
ideas basadas en la superioridad u odio racial / Cometer actos de violencia o incitar a cometerlos
Imposición de dichas medidas ilegalmente, ya sea sin autorización o con ella, pero por razón de
1. En los delitos con sanción prevista que no exceda de un año de privación de libertad ni de
multa de 300 cuotas [las cuotas de la multa judicial van de 1 a 50 pesos] o ambas, el Artículo 8.3
del Código Penal faculta a la policía para no llevar el caso al tribunal e imponer multa
administrativa de entre 200 y 1,000 pesos, que puede extenderse por excepción hasta 2,000
pesos, si considera que los hechos de la acusación evidencian escasa peligrosidad social.
2. Esta multa no exonera ni de responsabilidad civil por daños causados ni presupone la
devolución de lo que la policía haya decomisado como efectos o instrumentos del delito.
3. La Disposición Especial Única del Código Penal establece que si la multa se paga dentro de
los tres días hábiles siguientes, la policía cierra el caso y los hechos no se considerarán delito,
pero si la persona multada considera que la acusación es injusta, puede solicitar a la policía
remitir las actuaciones a la autoridad competente, que en principio sería el Fiscal.
4. La persona multada debe acudir enseguida al Fiscal, si está en libertad, o solicitar a la policía
verlo cuanto antes, si permanece detenida tras alegar la injusticia, porque el plazo de pago son
tres días y, de no pagarse la multa a tiempo, el caso se remite automáticamente al tribunal.
5. Hay que buscar de inmediato un abogado para tomar la decisión más cuerda ante la
alternativa: llevar el caso al tribunal entraña el riesgo de un antecedente penal, si a la postre los
jueces consideran que los hechos sí constituyen delito y sancionan con multa de 200 o más
cuotas, mientras que pagar la multa elimina ese riesgo, pero la injusticia quedaría consumada.
6. En todo caso hay que, además de buscar abogado, interponer sin demora la queja al Fiscal.
Y si este confirma la injusticia se plantearía de nuevo la alternativa, pero ya la decisión sería
asunto eminentemente práctico, en el cual el propio implicado tiene la última palabra.
Si el Fiscal estima que el asunto planteado en queja —de cualquier tipo— es improcedente o
carece de fundamento, su respuesta debe ser argumentada, ya sea por escrito o verbal. En todo
caso el quejoso tiene que requerir la debida constancia de cuándo recibió respuesta, porque
al recibirla dispondrá de treinta días para presentar otra queja al Jefe inmediato superior del
Fiscal actuante o directamente al Fiscal General, por desacuerdo con la tramitación o la respuesta
y al efecto de que se reexamine el asunto y se ofrezca la respuesta procedente.
Quien suscribe viene a manifestar su inconformidad, al amparo del artículo 24.4 de la Ley No.
83 (1997) de la Fiscalía General de la República, por la tramitación realizada y la respuesta
Sírvase la Fiscalía General reexaminar el asunto y ofrecer la respuesta procedente, pues es de
justicia y derecho, que pido mediante este documento a los ____ días del mes de ________ de
La respuesta improcedente abre la vía de reclamación ante los tribunales, con asistencia de
abogado y al amparo de la propia Ley de la Fiscalía General: “Los fiscales están sujetos a la
responsabilidad material de conformidad con lo establecido en la Ley y con las disposiciones
A tal efecto se utilizaría el mismo formulario elaborado más arriba para demandar contra
• ARTICULO 66. El cumplimiento estricto de la Constitución y las leyes es deber
• ARTICULO 122. Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no
Para reclamaciones por asuntos relacionados con la vivienda o cualesquiera otros
• ARTÍCULO 25. Se autoriza la expropiación de bienes, por razones de utilidad pública o
interés social y con la debida indemnización (…) considerando los intereses y las
• ARTICULO 32. Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas
legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta.
• ARTICULO 42. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen
nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está
• ARTICULO 56. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la
• ARTICULO 58. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las
garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad
• ARTICULO 59. Todo acusado tiene derecho a la defensa. No se ejercerá violencia ni
Nota 1: Las reclamaciones concretas contra detención ilegal y sanción penal tienen sus
vías exclusivas de tramitación, que son el procedimiento de habeas corpus y el proceso
interponerse también en proceso de amparo en la posesión contra actos provenientes de
particulares o de autoridades administrativas, así como de amparo en actuaciones
III Proceso de Amparo en la LPCALE: En Actuaciones Judiciales (Artículo 393) o Contra
actos provenientes de particulares o de autoridades u órganos administrativos (Artículo
El amparo en actuaciones judiciales permite solicitar la intervención del propio tribunal que dictó
cualquier disposición (providencia, auto o sentencia) que afecte a terceros no participantes en el
Ejemplo clásico: el tribunal que tramita un proceso penal contra opositores, TIENE que tramitar
cualquier amparo interpuesto por otras personas NO procesadas con respecto a las cosas
ocupadas que sean suyas. La policía suele ocupar computadoras y otros dispositivos electrónicos
que pertenecen o están en posesión de familiares o amigos de los procesados. Esos familiares o
amigos tienen la opción legal de pedir amparo en la tenencia, uso y disfrute de las cosas
ocupadas. De paso contribuyen así a la defensa de los procesados, pues a menudo la fiscalía
presenta equipos electrónicos y otros objetos (desde máquinas de escribir hasta libros) como
Siempre hay que conservar siempre las facturas, recibos y demás papeles relacionados con la
adquisición de estos objetos, ya que la LPCALE favorece la rápida solución del amparo si sus
fundamentos descansan en “documentos fehacientes que comprueben dichos fundamentos de
Si el tribunal rechaza la solicitud de amparo, hay que continuar el proceso con Recurso de
El amparo contra actos provenientes de particulares o de autoridades u órganos administrativos
abre la posibilidad de contrarrestar legalmente los actos de repudio en que turbas organizadas por
el gobierno irrumpen en las casas de los opositores y destrozan todo a su paso, pintan consignas
en las paredes y causan otros daños. Las personas afectadas pueden y deben solicitar enseguida
la intervención del tribunal municipal contra estos actos, pero se precisa identificar muy bien a la
persona, autoridad u órgano del gobierno contra quien se interpondrá la solicitud. Así como debe
constar bien acreditada la propiedad del inmueble y demás bienes vandalizados. Al igual que
para el amparo en actuaciones judiciales, la LPCALE agiliza la tramitación si la solicitud de
con número de identidad permanente ( ), estado conyugal ( ), nivel escolar ( ), de ocupación
laboral ( ) y vecino de (dirección completa), comparezco por mi propio derecho y digo:
Que vengo a interponer Proceso de Amparo en la posesión contra actos provenientes de
particulares o de autoridades u órganos administrativos, en virtud del Artículo 401 de la
1 El (fecha de ocurrencia) mi vivienda fue objeto de un acto de vandalismo por (los
organizadores del acto de repudio, por ejemplo: funcionarios o dirigentes del CDR u otra
organización de masas, oficiales de la PNR o la Seguridad del Estado) consistente en el
allanamiento ilegitimo de mi domicilio (o cualquier otro acto de interferencia en la
tenencia y posesión del inmueble) y diversos daños a la propiedad, tal y como se acredita
con el(los) documento(s) adjunto(s) (por ejemplo, fotos y/o video del acto, grabación,
2 Quien suscribe es legítimo propietario de la vivienda, tal como se acredita con la copia
3 Quien suscribe reside permanentemente en esa vivienda, que es su domicilio, como
demuestran las copias adjuntas del carné de identidad y libreta de abastecimiento.
En la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE): Artículo
401 sobre el derecho a interponer este Proceso de Amparo; Artículo 402 sobre el plazo para
interponerlo y Artículo 404 sobre la resolución inmediata del asunto a favor del demandante con
Que se dicte sentencia declarando haber lugar al amparo y se garantice en lo sucesivo el pleno
disfrute y goce del inmueble por quien suscribe, sin perjuicio del derecho a ejercer cualquier otra
SÍRVASE LA Sección Civil admitir el Proceso de Amparo y tramitarlo conforme a la LPCALE,
El derecho constitucional a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización
por daños y perjuicios se puntualiza en el Código Civil (Ley 59/1987) con la facultad para exigir
el cese inmediato de la violación, la retractación del ofensor y la reparación de los daños y
perjuicios causados (Artículo 38). Se puede exigir tanto a personas como a entidades, ya que el
propio Código Civil establece que estas últimas están obligadas a reparar los daños y perjuicios
por actos ilícitos cometidos por sus dirigentes, funcionarios y demás trabajadores en el ejercicio
Según la cuantía de los daños y perjuicios, las demandas se presentan al tribunal municipal (mil
pesos o menos) o el tribunal provincial (más de mil pesos). Si excede de 500 pesos se requiere
abogado que, como se apuntó más arribadas más arriba, no puede negarse a prestar el servicio.
Para demandar por 500 pesos o menos, el perjudicado puede prescindir de abogado y utilizar este
Que vengo a interponer proceso sumario de reclamación por daños y perjuicios contra
(denominación exacta de la entidad, dirección completa y nombre y apellidos de su máxima
autoridad —O— nombres y apellidos de la persona, su dirección completa y cualquier otro dato
En la Constitución: Toda persona que sufriere daño o perjuicio indebido por funcionarios o
agentes del Estado en ejercicio de las funciones propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y
En el Código Civil: Las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios prescriben al año
(Artículo 116.d). Quien causa daño o perjuicio está obligado a restituir el bien, reparar el daño e
indemnizar el perjuicio. Reparar el daño material comprende abonar el valor del bien si no puede
En la LPCALE: Es competente el Tribunal Municipal (Artículo 5.1) y este demandante tiene
capacidad procesal (Artículo 63) para tramitar, sin necesidad de abogado (Artículo 66.1), la
Que se dicte sentencia declarando con lugar esta demanda y se imponga al demandado la
obligación de resarcir conforme a la ley los daños y perjuicios descritos en los hechos.
SÍRVASE LA Sección Civil admitir esta demanda y tramitarla en el proceso sumario que
prescribe la LPCALE, pues es de justicia, que pido a los ( ) días del mes de ( ) de 201___.
VI. Habeas Corpus (Ley de Procedimiento Penal (LPP) Libro VI - Título IX)
Toda persona privada de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén
la Constitución y las leyes, debe ser puesta en libertad, a petición suya o de cualquier otra
persona, mediante sumarísimo proceso de hábeas corpus ante los tribunales competentes, pero
no procede el hábeas corpus si la privación de libertad obedece a sentencia o se trata de prisión
La solicitud de hábeas corpus se presenta a: 1) las Salas de lo Penal o de Delitos contra la
Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales contra actos de Instructores [Policiales],
Fiscales, Tribunales Municipales Populares o agentes de la autoridad del territorio del Tribunal
Provincial Popular; o 2) las Salas correspondientes del Tribunal Supremo contra actos de los
Tribunales Provinciales (Artículo 468), mediante este instrumento jurídico (Artículo 469):
(Nombre y apellidos del solicitante), ciudadano cubano de ( ) años de edad y estado conyugal
(soltero, casado, divorciado, viudo), con escolaridad (primaria, secundaria, superior), ocupación (
) y carné de identidad número ( ), vecino de (dirección exacta y completa), comparezco y digo:
Que solicito tramitar, al amparo de los artículos 467 y siguientes de la LPP, la SOLICITUD DE
(Nombre y apellidos completos del preso), privado de libertad en (lugar exacto donde está),
por decisión de (identificación exacta de la autoridad o su agente, o del funcionario que
Según mi leal saber y entender, esta persona está privada de libertad porque (breve y concisa
Esta privación de libertad no ha sido dispuesta ni por sentencia ni por auto de prisión
Nota 1: Si la privación de libertad deriva de un auto que no sea de prisión provisional ni de
cualquier otra disposición, se agrega una copia o se cubre su defecto con este párrafo:
Por razón del traslado de la persona antes de concebirse esta solicitud, no pudo exigirse copia de
la disposición que ordenó su privación de libertad [o: se exigió copia de la disposición que
A todos los efectos legales hago constar que la ilegalidad de esta situación consiste simplemente
en la violación del artículo 58 de la Constitución, que garantiza la libertad personal a todos los
que residen en el territorio nacional y establece que nadie puede ser detenido sino en los casos,
Es de justicia, que pido en (lugar de la solicitud) a los ( ) días del mes de ( ) de 20__.
[Nota 2: En original y dos copias. Presentar original y copia, y recoger en la otra copia la fecha
Para solicitar habeas corpus el motivo tiene que ser jurídicamente correcto. No tiene
sentido solicitarlo tan solo por no saberse nada a la semana de detención, ya que conforme
• La Policía puede mantener al detenido por 24 horas antes de dar cuenta al Instructor
• El Instructor dispone de 72 horas para proponer al Fiscal la prisión provisional.
Solo desde el momento en que se notifique la resolución del Fiscal, el acusado será parte en el
proceso penal y podrá nombrar defensor, quien podrá comunicarse con él, examinar el
expediente, proponer pruebas y solicitar la revocación de la prisión provisional.
El Tribunal tiene que dar curso a la solicitud de habeas corpus, a menos que resulte evidente que
no hay fundamentos legales para ello (Artículo 470). Para dar curso mandará a que el
responsable presente al preso o detenido en el plazo máximo de 72 horas y rinda informe por
escrito de cuándo y por qué se privó de libertad (Artículo 471). La autoridad o funcionario
responsable tiene que cumplir esa orden judicial, pero puede alegar “causa insuperable”. Si es
aceptada, el tribunal tiene que tomar una decisión “en el menor tiempo posible” (Artículo 472).
Si a la postre no presentan al preso o detenido, el tribunal abrirá expediente por el delito contra la
El Fiscal es siempre parte del proceso de habeas corpus (Artículo 477), que incluye una vista oral
y termina con auto razonado del tribunal (Artículo 474) para rechazar la solicitud o disponer la
libertad inmediata (Artículo 475). Contra esto último no cabe recurso, pero contra el auto que
mantiene la prisión cabe apelar ante el Tribunal Supremo, a menos que haya sido dictado por una
La solicitud de habeas corpus no puede repetirse a menos que nuevos hechos hayan desvirtúen
los motivos de la prisión o detención original. Tampoco puede privarse de libertad nuevamente
por la misma causa, a menos que concurran otras circunstancias (Artículo 478).
VII. Revisión (Ley de Procedimiento Penal (LPP) Libro VI - Título VIII)
Cualquier persona, sin necesidad de abogado, puede solicitar al Ministro de Justicia, al Fiscal
General o al Presidente del Tribunal Supremo la revisión de las sentencias firmes de privación de
libertad e incluso de multas o sanciones accesorias muy severas (Artículo 455). Si la autoridad
rechaza la solicitud es improcedente, comunicará al solicitante los fundamentos del rechazo
dentro de los 90 días siguientes al recibo de la solicitud. Si se estima procedente, la revisión se
instará por la autoridad al tribunal competente (Artículo 458). Para solicitar revisión hay que
alegar una o más de las causas prefijadas en la ley, siempre que hayan trascendido al fallo
• Quebranto de cualquier formalidad o garantía esencial del procedimiento o haberse
• No estar terminantemente claros los hechos probados o manifestarse contradicción entre
• Error en la identidad del sancionado o estar sancionadas dos o más personas en sentencias
• Haberse calificado como delito hechos que no lo son o dejado de apreciar alguna causa
• Interpretación errónea de la ley o desajuste entre la sentencia y las pruebas
• Falta de correspondencia de la sanción con la calificación del delito o de la participación,
• Sentencia fundada en documento falso o en otra prueba obtenida mediante coacción
• Hechos o circunstancias, desconocidos al momento de dictarse sentencia, que por sí o en
unión con otros ya conocidos hagan presumir la inocencia o la participación en delito de
Una o más de las causas relacionadas más arriba tiene que invocarse en la solicitud de revisión,
Quien suscribe viene a instar, al amparo de los artículos 455 y demás aplicables de la Ley de
Procedimiento Penal (1977) modificada (1985, 1994), la revisión de la sentencia referida por las
1. La precitada ley autoriza para revisar las sentencias firmes “a instancia de alguna persona,
2. Este promovente —u otra persona cualquiera— se encuentra así legitimado para instar la
revisión de la referida sentencia a las autoridades competentes con los siguientes argumentos:
SÍRVASE la autoridad admitir esta instancia y comunicar a este promovente, en el plazo
legalmente establecido “de noventa días contados desde el recibo de la solicitud”, si la revisión
puede “resultar procedente [o no, pero] fundamentándose la no aceptación” (Artículo 458).
VIII - Policy Paper para la lucha por la democracia en el eje vertical (Ley Electoral)
Para oponerse cívicamente al gobierno de acuerdo con su propia constitución hay que valerse del
voto libre, igual y secreto (Artículo 131). La ley complementaria de este precepto constitucional
1. Las elecciones generales (cada 5 años) son plebiscitos, porque todos los candidatos
Artículo 86.- Las proposiciones de precandidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y a
a. los Delegados que resultaron electos para integrar las Asambleas Municipales del Poder
b. los ciudadanos en el pleno goce de sus derechos electorales, que no sean delegados de las
Asambleas Municipales del Poder Popular y que sean propuestos por las Comisiones de
c. en el caso de los precandidatos a Diputados, además, los ciudadanos en el pleno goce de
sus derechos electorales, que sean propuestos por la Comisión de Candidaturas Nacional.
2. Los candidatos del gobierno serán electos incluso si solo ellos votaran por sí mismos
Artículo 124.- Se consideran elegidos Delegados a las Asambleas Provinciales y Diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular, los candidatos que, habiendo sido nominados, hayan
obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en el Municipio o en el Distrito
Artículo 113.- El Presidente de la Mesa del Colegio Electoral, una vez separadas las boletas en
blanco de las que aparecen votadas, da lectura en alta voz al nombre o número de orden del
Artículo 114.- Al dar lectura al nombre o número de orden de los candidatos se declaran nulas
las boletas en las que no puede determinarse la voluntad del elector. Al dorso de la boleta se hace
constar, en nota firmada por el Presidente, el fundamento de la nulidad. La nulidad de una boleta
se determina por mayoría de votos de los miembros de la Mesa del Colegio Electoral.
Votar por cualquier candidato es votar por el gobierno. Votar por el gobierno es seguir
como vamos: de mal en peor y sin esperanzas. Ve a votar, pero anula tu boleta o déjala en
Artículo 92.- Los candidatos a Delegados a las Asambleas Provinciales y a Diputados a la
Asamblea Nacional del Poder Popular son nominados por las Asambleas Municipales del Poder
Popular. Es facultad de las Asambleas Municipales del Poder Popular aprobar o rechazar a uno o
a todos los precandidatos, en cuyo caso las Comisiones de Candidaturas deberán presentar otro u
Artículo 78.- Los candidatos a Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular son
nominados en asambleas generales de electores de áreas de una circunscripción electoral
Artículo 81.- Todos los electores participantes en la asamblea de nominación tienen derecho a
proponer candidatos a Delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Entre los
propuestos resulta nominado aquel que obtenga mayor número de votos. Los candidatos se
Artículo 83.- Para ser nominado candidato, el propuesto debe reunir los requisitos que establece
la Ley. La nominación de candidatos se desarrolla en la forma siguiente: los electores que deseen
proponer candidatos deben solicitar la palabra. Cada proponente usará la palabra en el mismo
orden en que la solicitó; si la persona propuesta no acepta o no está presente, la proposición no se
somete a votación; al usar de la palabra el proponente expresarán brevemente sus razones; cada
elector puede expresar su criterio en favor o en contra del candidato propuesto; las proposiciones
se someten a votación directa y pública por separado en el mismo orden en que fueron
formuladas; cada elector tiene derecho a votar solo por uno de los propuestos; resulta nominado
candidato aquel que obtenga el mayor número de votos entre los propuestos. En caso de empate,
se efectúa una nueva votación y, de continuar, se inicia una nueva nominación de candidatos.
5. Para atajar el fraude —tanto en las elecciones generales o en las municipales o
parciales (cada 2 ½ años)— los opositores tienen que acudir a los colegios electorales a la
Artículo 112.- Terminada la votación, el Presidente de la Mesa del Colegio Electoral abre las
urnas y procede, con los demás miembros, al conteo de las boletas depositadas, a su cotejo con
las entregadas a los electores y con el número de votantes, según la lista de electores, y a separar
las boletas votadas de las que fueron depositadas en blanco. Los resultados se consignan en acta.
El escrutinio es público y pueden estar presentes los miembros de las Comisiones Electorales del
territorio, los representantes de las organizaciones políticas y de masas, los candidatos y demás
La lucha en el eje vertical puede y debe conjugarse con otra en el eje horizontal: el ejercicio del
derecho ciudadano de queja y petición contra la regla de no contar como votos válidos las boletas
dejadas en blanco o anuladas de cualquier modo, pues así los electores manifiestan su voluntad
política explícita contra los candidatos del gobierno. Así mismo hay que pedir aclaración de por
qué se crea una situación de apartheid electoral con esa manera de contar los votos.
En 2017 se celebran elecciones municipales y en 2018, elecciones parlamentarias. El Consejo de
Estado suele convocar aquellas a mediados del verano para celebrarlas en otoño y desde que se
constituya la Comisión Electoral Nacional, la oposición puede y debe plantear juntas:
• La queja contra el apartheid electoral, esto es: la exclusión de las boletas en blanco y las
• La petición de que se cuenten como votos válidos tanto las boletas en blanco como las
demás que manifiestan inequívocamente la voluntad política del elector en contra de
Esta queja y petición pudiera presentarse simultáneamente como reclamación a la Comisión
Electoral Nacional (CEN) y como queja y petición al Ministerio de Justicia (MINJUS).
Las respuestas o el silencio de la CEN no tienen remedio, pero en el caso del MINJUS darían pie
a recurso de alzada y demanda judicial, porque se trata de un órgano de la administración central
Una versión simplificada de la misma queja y petición pudiera presentarse por los opositores en
Quien suscribe comparece, como ciudadano cubano inscrito en el Registro de Electores Primario
de su municipio de residencia y al amparo de la Ley Electoral, que autoriza a todo elector a
“establecer las reclamaciones que procedan legalmente, ante los órganos jurisdiccionales
competentes, para hacer valer sus derechos electorales” (Artículo 4.f), a reclamar contra el
apartheid electoral de que no se cuenten como votos válidos ni las boletas en blanco ni aquellas
que vienen declarándose nulas, pero expresan inequívocamente la voluntad política en contra de
1. De acuerdo con la Ley Electoral, la CEN “dicta las normas y dispone lo necesario” para la
realización de las elecciones (Artículo 16.a), amén de tener entre sus funciones “dictar las reglas
2. La Ley Electoral manda “a separar las boletas votadas de las que fueron depositadas en
blanco” (Artículo 112), así como a declarar “nulas las boletas en las que no pueda determinarse
3. Estas boletas vienen excluyéndose del cómputo de votos válidos y como tales se cuentan solo
aquellos a favor de todos, algunos o al menos un candidato, a pesar de que no votar por
ninguno es otra opción tan lógica como legítima, que solo puede ejercerse al dejar la boleta en
4. Según la Constitución, el voto es libre (Artículo 131), pero deja de ser libre si solo ciertos
5. La boleta en blanco no es abstención, porque se fue a votar, solo que en contra de todos los
candidatos. Igual sucede con las boletas que se llenan con improperios o garabatos.
6. Puesto que la constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad del
número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral” (Artículo 136), invalidar las
boletas en blanco y aquellas que inequívocamente manifiestan la voluntad política contra todos
los candidatos, conduce al absurdo de que un candidato saldría electo tan solo por votar por sí
complementaria de la ley, dicte la norma de contar como votos válidos tanto las boletas en
blanco como aquellas que, de modo inequívoco, expresen por escrito o gráfico la voluntad
política en contra de todos los candidatos. SÍRVASE LA COMISIÓN admitir esta solicitud y dar
respuesta pertinente en el plazo legal, pues es de justicia constitucional, electoral y ciudadana,
que pido mediante este documento a los ____ días del mes de ________ de 2017.
(Firma del elector, nombre y apellidos al pie en letra de molde y número de Identidad)
La Ley Electoral manda “a separar las boletas votadas de las que fueron depositadas en blanco”
(Artículo 112), así como a declarar “nulas las boletas en las que no pueda determinarse la
voluntad del elector” (Artículo 114). En contra de la lógica y de la propia Constitución, estas
boletas vienen excluyéndose del cómputo de votos válidos. Como tales se cuentan ya solo
ninguno es otra opción tan lógica como legítima y para ejercerla no queda más remedio que
Según la Constitución, el voto es libre (Artículo 131), pero deja de serlo si se consideran
válidos ciertos votos y otros no. La boleta en blanco no es abstención, porque se fue a votar, solo
que en contra de todos los candidatos. Igual sucede con las boletas que se llenan con improperios
o garabatos. Y como la constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad
del número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral” (Artículo 136), invalidar las
Puesto que la Ley Electoral impone a los organismos de la Administración Central del Estado
prestar cooperación a las Comisiones Electorales (Artículo 18) y el Decreto-Ley 67 prescribe
al MINJUS procurar que las leyes reflejen, cada vez más exactamente, los procesos y
relaciones sociales (Artículo 79.c), se solicita a este ministerio cooperar con la Comisión
Electoral Nacional para que las boletas en blanco y aquellas que vienen anulándose a pesar de
manifestar la voluntad política inequívoca contra todos los candidatos, se cuenten como votos
válidos en virtud del ejercicio libre del derecho constitucional al voto y al efecto reflejar con
mayor exactitud los procesos sociales que llevaron ya, en las pasadas elecciones parciales, a que
343 430 electores dejaran sus boletas en blanco y 372 351 hicieran con ellas algo que se entendió
SÍRVASE EL MINJUS admitir esta queja y petición, así como dar las respuestas pertinentes en
el plazo legal establecido, pues es de justicia constitucional y ciudadana, que pido mediante este
(Firma del ciudadano, nombre y apellidos al pie en letra de molde y número de Identidad)
Que interpongo RECURSO DE ALZADA contra el silencio administrativo ante la queja y
petición ciudadana de referencia sobre la interpretación inconstitucional de la Ley Electoral que
excluye del conteo de votos válidos tanto a las boletas en blanco como a otras que expresan
inequívocamente la voluntad política en contra de todos los candidatos, ya que esta opción es tan
lógica como legítima en virtud de que, según la Constitución, el voto es libre (Artículo 131).
Este recurso se contrae a cuestión de estricto derecho sobre el hecho notorio del silencio
administrativo negativo, que se acredita con la copia del escrito de queja y petición, en la cual
El Decreto-Ley 67/1983 prescribe que todo organismo de la Administración Central del Estado
tiene que “prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a
las quejas y peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las
cuestiones en ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias” (ARTÍCULO
SÍRVASE EL MINJUS admitir este recurso y resolverlo, sin más trámites, con la respuesta
oficial a la queja y petición ciudadana, al efecto de dejar expedita la vía judicial contenciosoadministrativa en caso de impertinencia de la respuesta.
Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de Justicia (MINJUS),
cuyo titular es María Esther Reus González, con sede oficial en Calle O # 216, entre 23 y 25,
El (fecha de recepción) presenté de conjunto al MINJUS una queja sobre apartheid electoral
[Documento 1] por interpretarse en sentido inconstitucional que no son votos válidos ni las
boletas en blanco ni aquellas que de otro modo expresan inequívocamente la voluntad política
El MINJUS se abstuvo de prestar atención y dar respuesta pertinente, dentro del plazo legal
establecido, a esta queja y petición ciudadana. En consecuencia, presenté recurso de alzada, que
la Administración recibió (fecha de recepción), como se acredita con la copia del escrito
[Documento 2]. El MINJUS persistió en su silencio administrativo negativo y así quedó expedita
1. Constitución: “Todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a
recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley” (ARTICULO
63). “El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos”
2. Decreto Ley 67/1983: “Los organismos de la Administración Central del Estado tienen [que]
prestar atención y dar respuestas pertinentes, dentro de un término de sesenta días, a las quejas y
peticiones que les dirijan los ciudadanos, esforzarse por resolver correctamente las cuestiones en
ellas planteadas y adoptar medidas para eliminar las deficiencias señaladas (ARTÍCULO 52.-r).
3. Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico (LPCALE): la jurisdicción
en materia administrativa (ARTÍCULO 656) y la competencia de esta Sala (ARTÍCULO 663), la
legitimación para ejercer la acción administrativa (ARTÍCULO 666), los actos impugnables
(ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la demanda en caso de silencio (ARTÍCULO 677), el
recibimiento a prueba (ARTÍCULO 686) y el ajuste de la Administración a lo declarado en
silencio negativo y dé respuesta pertinente a la queja y petición del demandante, dentro de los 30
Que vengo a demandar, en procedimiento administrativo, al Ministerio de Justicia (MINREX),
El (fecha de recepción) recibí la respuesta del MINJUS a mi queja y petición centrada en el
apartheid electoral que deriva de interpretar inconstitucionalmente que no son votos válidos ni
las boletas en blanco ni aquellas que de otro modo expresan inequívocamente la voluntad política
en contra de todos los candidatos. La respuesta del MINJUS se resiente de arbitrariedad porque
(contra-argumentar punto por punta la respuesta, de manera clara, concisa y precisa)
Según la Ley Electoral, “para determinar a favor de qué candidato depositará su voto”, el elector
sólo tomará en cuenta “sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al
pueblo” (Artículo 171). Esta regla no impone votar ya solo por todos, algunos o al menos un
candidato, sino que por simple lógica da también cabida a la determinación de no votar por
Según la Constitución, el voto es libre, pero inconstitucionalmente deja de serlo si solo se
considera válido al emitirse a favor de todos, algunos o un solo candidato. No votar por ninguno
es otra opción que se ha venido excluyendo en contra de la libertad, que siempre incluye decir
Para no votar por ningún candidato, los electores tienen indefectiblemente que dejar sus boletas
en blanco o plasmar en ellas cualquier improperio o garabato. Pero las boletas en blanco son
“separadas” y las otras vienen declarándose nulas con el pretexto de que no puede “determinarse
la voluntad del elector”, aunque en ambos casos queda bien manifestada la voluntad política del
elector contra todos los candidatos, como hicieron 343 430 y 372 351 ciudadanos,
La constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad del número de votos
válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo 136). Invalidar las boletas en blanco y
anular aquellas antemencionadas conduce al absurdo de que los candidatos solo tendrían que
votar por sí mismos para salir electos, aunque tuvieran a todos los demás electores en contra.
1. Constitución: “El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable
de todos” (ARTICULO 66). “[Las] elecciones periódicas (serán) serán de voto libre, igual y
2. Ley Electoral: “El voto es libre, igual y secreto y cada elector tiene derecho a un solo voto”
(Artículo 3). “Todo elector sólo tomará en cuenta, para determinar a favor de qué candidato
depositará su voto, sus condiciones personales, su prestigio, y su capacidad para servir al pueblo”
(ARTÍCULO 670), el plazo para presentar la demanda (ARTÍCULO 677), el recibimiento a
prueba (ARTÍCULO 686) y el ajuste de la Administración a la sentencia (ARTÍCULO 690).
Que se dicte sentencia estimatoria de la demanda para disponer que se cuenten como votos
válidos tanto las boletas dejadas en blanco como aquellas en pueda determinarse
inequívocamente la voluntad del elector de no votar por ninguno de los candidatos.
Para octubre de 2017 se celebrarán elecciones municipales. Al amparo de la Ley Electoral, las
acciones precisas de la oposición son proponer candidatos y votar por ellos tanto en las
asambleas de nominación como en las elecciones, si resultan nominados, así como prevenir o
denunciar el fraude en los colegios electorales y votar en contra de los candidatos del
gobierno. Esta última acción puede y debe conjugarse con otra previa al voto: la reclamación
de que las boletas dejadas en blanco o en las cuales se plasma la voluntad política
opositoras por medio de garabatos o improperios, se cuenten como votos válidos.
1. El artículo 103 de la Ley Electoral (se presupone que la nueva ley electoral mantenga el
precepto, aunque cambie su numeración) dispone: Mientras se esté celebrando la elección,
cualquier elector o candidato puede presentar al Presidente de la Mesa del Colegio
Electoral las reclamaciones que estime procedentes. Este da cuenta a sus miembros, los que
2. El artículo 104 de la Ley Electoral (o el correspondiente de la nueva) dispone:
“Las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior, pueden ser presentadas oralmente o por
escrito, y los miembros que constituyen la Mesa del Colegio Electoral, deben decidir en un
período no mayor de dos (2) horas, comunicárselo en forma verbal al elector o al candidato y
Si la resolución es denegatoria, el elector o el candidato puede apelar inmediatamente ante
la Comisión Electoral de Circunscripción o la Municipal, cuando aquélla realiza la función de
la Mesa Electoral, la que resuelve con carácter definitivo y sin ulterior reclamación”.
Así que cada opositor debe llenar los dos formularios que aparecen más abajo y concurrir con
ellos al colegio electoral el día de la votación, para presentar el primero a la mesa electoral y,
una vez recibida la decisión allí, acudir con el otro formulario a la comisión electoral de
circunscripción o municipio, según el caso. Desde luego que la resolución definitiva de la
comisión será igualmente negativa, pero así queda de nuevo abierta la vía legal para queja y
Quien suscribe, ____________________________________________________, enlistado en el
Registro de Electores del Municipio ________________________, según el desglose para este
colegio, vengo al amparo del artículo 103 de la Ley Electoral a presentar la reclamación de
que las boletas en blanco y las boletas que suelen declararse nulas se cuenten como votos
1. El voto, además de igual y secreto, es libre por imperativo del artículo 131 de la Constitución,
pero deja de ser libre al considerarse válido solo si se emite a favor de todos, algunos o un solo
candidato. Así viene haciéndose para excluir otra manifestación de voluntad igual de legítima: no
2. Para esto los electores solo pueden dejar sus boletas en blanco o plasmar en ellas cualquier
improperio o garabato. En contra de la lógica humana y del principio constitucional del voto
libre, las boletas en blanco son “separadas” de las demás y las otras, en interpretación
inconstitucional del artículo 114 de la Ley Electoral, se declaran nulas porque no puede
3. Puesto que la constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad del
número de votos válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo 136), invalidar las
boletas en blanco y anular aquellas que manifiestan la voluntad política contra todos los
candidatos, conduce al absurdo de que los candidatos solo tendrían que votar por sí mismos para
SÍRVASE LA MESA DEL COLEGIO ELECTORAL decidir sobre esta reclamación en plazo
que no exceda de dos (2) horas, así como comunicar la decisión a este reclamante, dejando
constancia en acta, para viabilizar el trámite de apelación —si la decisión es denegatoria— que
colegio, vengo al amparo del artículo 104 de la Ley Electoral a presentar apelación contra la
decisión de la Mesa del Colegio Electoral _______de que las boletas en blanco y boletas que
suelen declararse nulas se sigan excluyendo del conteo como votos no válidos.
1. La decisión de la Mesa del Colegio Electoral perpetúa el apartheid electoral de quienes
manifiestan su voluntad política en contra de todos los candidatos al dejar las boletas en blanco o
plasmar en ellas cualquier improperio o garabato, tal como hicieron 715 781 votantes en la
2. El voto, además de igual y secreto, es libre por imperativo del artículo 131 de la Constitución,
3. Para esto los electores solo pueden dejar sus boletas en blanco o plasmar en ellas cualquier
improperio o garabato, pero en contra de la lógica y del principio constitucional del voto libre,
las boletas en blanco son “separadas” de las demás y las otras, en interpretación inconstitucional
del artículo 114 de la Ley Electoral, se declaran nulas porque no puede “determinarse la voluntad
3. La constitución considera elegido a quien “haya obtenido más de la mitad del número de votos
válidos emitidos en la demarcación electoral (Artículo 136). Al invalidarse las boletas en blanco
y anularse aquellas que manifiestan de otro modo la voluntad política contra todos los
candidatos, se convalida el absurdo de que un candidato solo tendría que votar por sí mismo para
SÍRVASE LA COMISIÓN ELECTORAL resolver con carácter definitivo mi reclamación en
trámite de apelación, tal como autoriza el artículo 104 de la Ley Electoral. Es de justicia, que