Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-369-14.htm
Timestamp: 2018-10-18 11:20:55
Document Index: 400469602

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 241', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 25', 'artículo 147', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 241', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48']

C-369-14
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Designación de curador ad litem
En relación con los cargos por desconocimiento del principio de igualdad y el derecho al trabajo, luego de verificar que se reúnen los presupuestos para que se configure la cosa juzgada conforme a la sentencia C-083 de 2014, que declaró exequible la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, la Sala determina estarse a lo dispuesto en la referida sentencia. Respecto del cargo por el presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital, la Sala establece que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vial y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem, conforme a los presupuestos axiológicos trazados por reiteradas decisiones de la Corte. La norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. A todo lo anterior adiciona la Corte, la prestación de servicios de Auxiliar de la Justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica de los abogados, o sea de quienes se demandan tales servicios de colaboración, no constituye en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia. Con base en lo expuesto la Sala Plena declara la exequibilidad la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, respecto al cargo por la presunta vulneración del derecho al mínimo vital.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO AL MINIMO VITAL-Finalidad
Con fundamento en la facultad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el 2 de octubre de 2013 la ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido promovió acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio”, del artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012.
La ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido solicita a la Corte declarar inexequible la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio”, contenida en el artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por considerar que:
3.1. Vulnera el derecho a la igualdad de los curadores ad litem, que son obligados a prestar su labor en forma gratuita a diferencia de los demás auxiliares de la justicia que perciben una remuneración, “ sin que se haya cumplido con el deber constitucional de justificar el trato desigual entre iguales en iguales circunstancias, y menos aún si esta discriminación era adecuada para alcanzar alguna finalidad, lo que hace, lo reitero, que el aparte de la norma acusada sea abiertamente inconstitucional.”.-folio 26.
3.2 Desconoce el derecho al trabajo que consagra el artículo 25 de la Constitución Política pues el trabajo de curador es ocasional y goza de especial protección del Estado. Sostiene que los abogados designados como curadores ad litem tienen derecho a recibir una retribución económica por la labor prestada, por lo cual la norma “es ostensiblemente injusta, al cercenarnos el derecho a la remuneración por nuestra labor como curadores ad litem.”-folio 28.
El Ministerio de Justicia y del Derecho considera que el aparte normativo acusado es constitucional, conclusión a la cual llega con base en los antecedentes legislativos de la norma demandada, en los que se resalta la función social de la abogacía, y en la sentencia C-071 de 1995 mediante la cual se declaró exequible el artículo 147 del Decreto 2700 de 1991, relativo al cumplimiento obligatorio y gratuito de la función de defensor de oficio. Indica que la abogacía es una profesión con inherente sentido social y humanitario, e imponer un servicio en forma gratuita no es una carga excesivamente onerosa y se ajusta a los principios de solidaridad y proporcionalidad dado que el numeral 1° del artículo 48 del Código General del Proceso prescribió que “la designación –del curador ad litem- será rotatoria, de manera que la misma persona no puede ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista”, y además, el abogado puede excusarse cuando se desempeñe en cinco procesos o más como defensor de oficio.
Indica que la norma demandada no es discriminatoria porque: (i) la ley señala que sólo serán nombrados como curadores ad litem quienes “habitualmente” ejercen la profesión en sede judicial; (ii) la curaduría es un servicio que se brinda de manera episódica, por lo cual no afecta los ingresos del abogado elegido; (iii) existe una relación de retorno entre los abogados, en el sentido de que, el que sea nombrado como curador ad litem, posteriormente, se beneficiará de la gratuidad del servicio que prestará otro jurista; y (iv) es una forma de colaborar con la administración de justicia.
Esta institución universitaria considera que no debe prosperar la pretensión de la demanda por cuanto el ejercicio de la abogacía se orienta por los principios de solidaridad y bienestar de los asociados. Indica que el curador ad litem, es una figura que garantiza el derecho a la defensa y permite el cumplimiento de la obligación del Estado de brindar un trato diferencial a las personas que se encuentran en condición de debilidad manifiesta. Luego desarrolla un test de proporcionalidad y concluye que la ausencia de remuneración para el curador ad litem persigue un fin constitucionalmente válido, no arbitrario y proporcionado, que es inherente a la naturaleza de la profesión de la abogacía, caracterizada por su sentido social y humanitario. Por otra parte, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la expresión “salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio”, del numeral 7, artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, porque carece de motivación razonable y desconoce el principio de proporcionalidad.
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio”, del artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012.
La Sala Plena debe resolver si el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, en cuanto dispone que el curador ad litem “desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio”, viola los derechos a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de los abogados nombrados curadores ad litem porque los obliga a prestar sus servicios sin remuneración, a diferencia del resto de auxiliares de la justicia que reciben pago por su labor.
6.4. Existencia de cosa juzgada respecto de la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012.
Advierte la Sala que mediante sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 esta Corte se pronunció frente a la demanda D-9761 presentada contra la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, que corresponde al mismo enunciado normativo que en esta oportunidad acusa la ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido.
El contenido de los preceptos constitucionales con base en los cuales se abordó el análisis de la expresión cuestionada en la sentencia C-083 de 2014 no se ha alterado, por lo cual las consideraciones bajo las cuales se declaró la exequibilidad de la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, mantienen vigencia, lo cual impide un nuevo pronunciamiento por existir cosa juzgada constitucional.
“El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco.
Ahora bien, el derecho fundamental al mínimo vital presenta una dimensión positiva y una negativa. La dimensión positiva de este derecho fundamental presupone que el Estado[26], y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia[27], y otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia constitucional,[28] están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano. Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que instituciones como la inembargabilidad de parte del salario, la prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado límite inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva del Estado o de otros particulares.”
En relación con los cargos por desconocimiento del principio de igualdad y el derecho al trabajo, luego de verificar que se reúnen los presupuestos para que se configure la cosa juzgada conforme a la sentencia C-083 de 2014, que declaró exequible la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, la Sala determina estarse a lo dispuesto en la referida sentencia.
Respecto del cargo por el presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital, la Sala establece que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vial y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadores ad litem, conforme a los presupuestos axiológicos trazados por reiteradas decisiones de la Corte[29]. La norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. A todo lo anterior adiciona la Corte, la prestación de servicios de Auxiliar de la Justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica de los abogados, o sea de quienes se demandan tales servicios de colaboración, no constituye en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia.
Con base en lo expuesto la Sala Plena declara la exequibilidad la expresión “quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio” del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, respecto al cargo por la presunta vulneración del derecho al mínimo vital.
[9] “Sentencia de la Corte Constitucional C-469 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. C-542 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. C-310 de 2002; C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-729/09, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-406 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-149 de 2009, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-647 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.”
[10] “Sentencia de la Corte Constitucional C-469 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-542 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-729 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-406 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-149 de 2009, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-647 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.”