Source: https://beta.e-justice.europa.eu/47/ES/family_maintenance?CYPRUS&init=true&member=1
Timestamp: 2019-09-21 17:56:11
Document Index: 275206747

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 40', 'artículo 9', 'artículo 51']

Se refieren a la obligación de los progenitores de sustentar a su hijo menor en común, en función de sus posibilidades económicas, tanto si están juntos como separados. La obligación de alimentos se extiende además al excónyuge cuando este sea incapaz de asegurar su propio sostenimiento mediante sus recursos económicos propios.
Las personas obligadas a prestar alimentos son los padres a los hijos y a los excónyuges y los hijos mayores de edad a sus padres siempre que estos sean incapaces de asegurarse su propio sustento mediante su patrimonio o ingresos propios.
La obligación de alimentos cesa con la mayoría de edad del hijo, es decir, a la edad de 18 años, salvo que tras la mayoría de edad el hijo no sea capaz de sostenerse a sí mismo. Esto es aplicable a los casos en los que el hijo sufra una enfermedad física o mental o no trabaje por estar estudiando en instituciones de enseñanza superior o profesional o cuando se trate de un hijo varón que cumpla su servicio militar obligatorio.
Conforme al Derecho chipriota y, especialmente, el artículo 34 de la Ley
216/90 sobre relaciones entre padres e hijos, también los hijos mayores de edad están obligados a prestar alimentos a sus padres.
Debe solicitarla a un órgano jurisdiccional y, concretamente, al Juzgado de Familia del distrito donde resida.
El procedimiento se inicia con una demanda de pensión de alimentos acompañada de una declaración jurada del solicitante, que se registra en el Archivo Judicial del órgano jurisdiccional. La demanda se notifica al demandado o solicitado (deudor) que tiene derecho a ser oído y a presentar recursos. En caso de mutuo acuerdo entre las partes, se decide la orden de pensión alimenticia de mutuo acuerdo. En caso contrario, se admite a trámite la demanda y el órgano jurisdiccional decide sobre la base de las declaraciones de las dos partes implicadas.
Cuando el beneficiario es menor de edad (es decir, hijo menor de 18 años), la solicitud es presentada por la persona que ostenta su custodia (por ejemplo, la madre), en nombre y a favor del beneficiario.
Conforme al artículo 12 de la Ley 23/90 sobre litigios familiares (modificada), cuando el beneficiario sea menor de edad, el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia del beneficiario o del deudor (artículo 12, apartado 1, letra b). En los demás casos (es decir, cuando el beneficiario es mayor de edad), el órgano jurisdiccional competente es aquel del lugar de residencia o de trabajo del solicitante (beneficiario) o del deudor (artículo 12, apartado 1, letra a).
El solicitante puede someter el asunto a los tribunales personalmente o mediante
En lo concerniente al procedimiento, consúltese el apartado 3 anterior.
El procedimiento conlleva el pago de las costas en forma de honorarios de abogados (si el solicitante está representado por un abogado) y los gastos reales del juicio. Los importes vienen determinados por los reglamentos que dicta el Tribunal Supremo de Chipre. El importe exacto de los gastos viene determinado por la duración y la complejidad del procedimiento. En caso de que el solicitante no disponga de medios económicos suficientes, puede solicitar el beneficio de justicia gratuita en aplicación de la Ley 165(I)/2002 y sus modificaciones.
El tipo de pensión de alimentos que puede conceder el órgano jurisdiccional es de progenitor a hijo, de hijo a progenitor y de excónyuge a éxconyuge. El importe de la pensión de alimentos se calcula teniendo en cuenta las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del deudor. La pensión de alimentos incluye todo lo necesario para el sostenimiento y bienestar del beneficiario, además de los gastos de educación, en función del caso (artículo 37 de la Ley 216/90).
La orden de alimentos puede ser revisada por el órgano jurisdiccional previa solicitud del solicitante (o de su representante) si se producen cambios en el coste de la vida o las circunstancias familiares del beneficiario o si cambian las condiciones del deudor (artículo 38, apartado 1, de la Ley 216/90).
La Ley (artículo 38, apartado 2, de la Ley 216/90) prevé, independientemente del cambio de las condiciones y de los costes, un aumento automático del importe de la pensión de alimentos del diez por ciento (10 %) cada veinticuatro (24) meses, salvo que el órgano jurisdiccional dicte lo contrario.
La pensión de alimentos se paga al beneficiario, al tutor del beneficiario o al abogado de los anteriores de forma mensual mediante orden bancaria, cheque o efectivo.
En caso de que la persona obligada por decreto a prestar alimentos se niegue a pagar, la pensión de alimentos se cobra de forma similar al cobro de multas coercitivas. El procedimiento incluye la emisión de orden de encarcelamiento (artículo 40, Ley 216/90).
De conformidad con la Ley 232/91, artículo 9, apartado 3, se exime al alimentante de la obligación de abonar cualquier cantidad debida en concepto de pensión de alimentos durante un periodo superior a dos años.
Del cálculo de este plazo se excluye cualquier periodo de ausencia del alimentante de la República de Chipre.
No existe ninguna autoridad u organización de este tipo a nivel nacional.
Sí, en este caso el solicitante/beneficiario puede solicitar ayuda a la autoridad central de la República, es decir, el Ministerio de Justicia y Orden Público.
La persona interesada o su abogado pueden dirigirse a la autoridad central por teléfono, por escrito (mediante carta, fax o correo electrónico) o en persona.
En el caso de que el solicitante/beneficiario se encuentre en otro país y el alimentante se encuentre en Chipre, el solicitante puede solicitar ayuda al Ministerio de Justicia y Orden Público, como autoridad central, a través de la correspondiente autoridad central del Estado en el que se encuentre, pero no directamente.
De forma alternativa, puede dirigirse directamente al órgano jurisdiccional a través de su abogado.
En este caso concreto, se puede poner en contacto con la autoridad central chipriota por teléfono o por escrito (mediante carta, fax o correo electrónico) para solicitar asistencia para enviar una demanda de pensión de alimentos al órgano jurisdiccional nacional competente.
Sí, Chipre está vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007.
No se aplica en el presente caso.
Conforme al nuevo Reglamento (CE) nº 4/2009 sobre las obligaciones de alimentos, las solicitudes deben enviarse directamente al órgano jurisdiccional competente de la República de Chipre a través de la autoridad central chipriota.
El acceso a la justicia se facilita además con la posibilidad de concesión de justicia gratuita tanto de conformidad con la legislación nacional, Ley 165(I)/2002, como en el marco de la correspondiente Directiva de la UE sobre la justicia gratuita en los litigios transfronterizos.
Para asegurar la correcta aplicación del artículo 51, la autoridad central colabora estrechamente con todas las autoridades competentes del Estado con el fin, entre otras cosas, de garantizar las informaciones solicitadas, como la dirección de residencia o trabajo del deudor, sus ingresos, etc., su localización y notificación al mismo de los documentos judiciales garantizando y prestando a las autoridades judiciales una dirección de notificación válida.
A pesar de la posibilidad de acceder a justicia gratuita, todo lo anterior, además del envío de la solicitud conforme al Reglamento (CE) nº 4/2009, se facilita a los solicitantes a través de la autoridad central, por lo que no se plantea la cuestión de la justicia gratuita.