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Timestamp: 2018-05-25 07:09:08
Document Index: 398282726

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 5', 'artículo 101', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 108', 'artículo 11', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 110', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 108', 'artículo 16', 'artículo 57', 'artículo 21']

DECRETO 206/2001, de 24 de julio, de aprobación del Reglamento de policía portuaria
Publicado en DOGC núm. 3443 de 01 de Agosto de 2001
CAPÍTULO 2. Potestad inspectora
Artículo 3 Titularidad y extensión
Artículo 4 Denuncias
Artículo 8 Diligencias previas e inicio del expediente sancionador
Artículo 9 Procedimiento sancionador
Artículo 10 Ejercicio de la potestad sancionadora
Artículo 12 Condonación parcial de las sanciones
Artículo 13 Órganos competentes
Artículo 14 Inhabilitación
Artículo 15 Prescripción de las sanciones
Artículo 16 Multas coercitivas
Artículo 17 Responsabilidad por daños causados al dominio público
CAPÍTULO 4. Reglamentos de explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas
Artículo 18 Objeto de los reglamentos
Artículo 19 Contenido de los reglamentos
Artículo 20 Régimen de utilización y prohibiciones
Artículo 23 Acceso, permanencia, aparcamiento y retirada de vehículos
Artículo 24 Utilización de locales, terrazas, talleres e instalaciones
Artículo 25 Suspensión de servicios
Artículo 26 Caducidad
Artículo 27 Negativa a la entrada y a la prestación de servicios
Artículo 28 Embarcaciones, vehículos y objetos abandonados
Artículo 29 Publicidad del Reglamento
Artículo 30 Criterios para la interpretación de los reglamentos
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S 1777/2017, 21 Nov. 2017 (Rec. 725/2015)
Téngase en cuenta que la Sentencia TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 3ª) de 21 Noviembre 2017 Nº rec.: 725/2015; Nº sent.: 1777/2017, casa y anula la sentencia TSJ Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 30 diciembre 2014 Nº rec.: 352/2011; Nº sent.:1049/2014, por la que se anulaba el artículo 25, apartado 3, letras a ) y b) del Reglamento de Policía Portuaria.
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S 1363/2017, 1 Sep. 2017 (Rec. 222/2015)
Téngase en cuenta que la Sentencia TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 3ª) de 1 Septiembre 2017 Nº rec.: 222/2015; Nº sent.: 1363/2017, casa y anula la sentencia TSJ Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 3 noviembre 2014 Nº rec.: 357/2011; Nº sent.: 880/2014, por la que se anulaba la letra a) del artículo 25.3 del Reglamento de Policía Portuaria.
Téngase en cuenta que la Sentencia TS (Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, 3ª) de 1 Septiembre 2017 Nº rec.: 222/2015; Nº sent.: 1363/2017, casa y anula la sentencia TSJ Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 3 noviembre 2014 Nº rec.: 357/2011; Nº sent.: 880/2014, por la que se anulaba la letra b) del artículo 25.3 del Reglamento de Policía Portuaria.
TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 1049/2014, 30 Dic. 2014 (Rec. 352/2011)
Letras a) y b) del apartado 3 del artículo 25 anuladas por Sentencia TSJ Cataluña 1049/2014, de 30 diciembre, núm. rec.=352/2011. Letras a) y b) del apartado 3 del artículo 25 anuladas por Sentencia TSJ Cataluña 1049/2014, de 30 diciembre, núm. rec.=352/2011.
TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 942/2014, 28 Nov. 2014 (Rec. 181/2012)
Letra a) del artículo 25.3 anulado por sentencia TSJC (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 28 noviembre 2014 Nº rec.: 181/2012; Nº sent: 942/2014; Nulidad reiterada por sentencia TSJC (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 3 noviembre 2014 Nº rec.;357/2011;)Nº sent.: 880/2014. Letra b) del artículo 25.3 anulado por sentencia TSJC (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 28 noviembre 2014 Nº rec.: 181/2012; Nº sent: 942/2014; Nulidad reiterada por sentencia TSJC (Sala de lo Contencioso-administrativo, 5ª) de 3 noviembre 2014 Nº rec.;357/2011;)Nº sent.: 880/2014.
TSJC, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 880/2014, 3 Nov. 2014 (Rec. 357/2011)
El artículo 9.15 del Estatuto de autonomía confiere a la Generalidad de Cataluña la competencia exclusiva en materia de puertos, con el tope previsto en el artículo 149.1.20 de la Constitución. Por ello, la Generalidad de Cataluña ostenta la titularidad de todos los puertos, sujetos o no a régimen de concesión administrativa, existentes en el litoral catalán, salvo los puertos de interés general de Barcelona y Tarragona. El ejercicio de dicha competencia ha comportado un desarrollo legislativo para regular un sistema portuario que cubra las necesidades del sector marítimo en la triple vertiente comercial e industrial, pesquera y deportiva.
La Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, diferencia dentro del conjunto del sistema portuario catalán entre los puertos, dársenas, instalaciones náuticas y marinas interiores gestionados directamente por la Administración de la Generalidad, que dio lugar a la creación de la entidad de derecho público Puertos de la Generalidad, y los que, fruto de la promoción privada, están explotados en régimen de concesión administrativa.
La disposición final segunda de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, prevé la elaboración de un reglamento de policía portuaria que debe aplicarse tanto a los puertos adscritos a Puertos de la Generalidad como a los puertos objeto de concesión administrativa. El concepto policía portuaria se entiende en su acepción más amplia, estableciéndose así en el capítulo 4 la regulación informadora de los principios básicos que rigen el objeto y contenido de los reglamentos de explotación de cada puerto, dársena e instalación marítima y las normas de obligado cumplimiento en este ámbito. La necesidad de regular la policía portuaria de una manera unitaria en los puertos, dársenas e instalaciones marítimas con independencia del tipo de gestión y organismo tutelar justifica la oportunidad del presente Decreto al mismo tiempo que responde a una larga demanda del sector.
Este Decreto establece, de un lado, el régimen que tiene que regular las relaciones entre los titulares de derechos de gestión y explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas y los usuarios de los servicios portuarios, independientemente de que se trate o no de un puerto adscrito a Puertos de la Generalidad y de que éste sea el uso exclusivo o se trate de un puerto mixto donde la actividad deportiva quede compartida con la industrial, comercial o pesquera. De otro lado, establece el régimen que debe regular las relaciones entre la administración portuaria y los titulares de derechos de gestión y explotación, siguiendo los criterios establecidos en la Ley de puertos, que otorga el carácter de administración portuaria tanto al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas como al ente público Puertos de la Generalidad, si bien con las peculiaridades propias del hecho de que la potestad sancionadora esté en manos solamente del director competente en materia de puertos, del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas y del Gobierno de la Generalidad.
Por todo ello, a propuesta del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y de acuerdo con el Gobierno,
1.1 El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas generales del régimen de policía que debe regular las relaciones entre la administración portuaria de la Generalidad y los titulares de derechos de gestión y explotación de los puertos, dársenas y demás instalaciones portuarias de competencia de la Generalidad, por un lado, y entre éstos y los usuarios de los servicios portuarios o titulares de algún derecho de uso preferente dentro de la zona de servicio del puerto, por el otro.
1.2 Es administración portuaria de la Generalidad, de acuerdo con el artículo 5.2 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y Puertos de la Generalidad.
El ámbito de aplicación de este Reglamento se extiende:
a) A los puertos marítimos del litoral catalán que no sean de interés general.
d) A las personas físicas y legales representantes de las personas jurídicas titulares de concesiones administrativas u otras figuras contractuales para la gestión y explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas.
e) A los titulares de un derecho de uso preferente sobre cualesquiera de los elementos portuarios o de participaciones indivisas sobre los mismos, ya sea a título de concesión, arrendamiento, autorización, cesión onerosa o gratuita o cualquier otra forma de posesión.
f) A las embarcaciones que se encuentren o utilicen de manera permanente, habitual o circunstancial, las aguas interiores del puerto, la bocana, los canales de acceso, los amarres o cualquier otro servicio o instalación, en agua o en seco.
g) A las personas, vehículos y maquinaria, que de forma permanente, habitual o circunstancial, se encuentren dentro la zona de servicio portuario o utilicen o transiten por sus viales, muelles, pantalanes, aparcamientos, silos, locales o cualquier otro elemento fijo o desmontable que integre dicha zona de servicio portuaria.
3.1 Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, mediante la Dirección General de Puertos y Transportes y el ente público Puertos de la Generalidad, la potestad de inspección y vigilancia, en los términos previstos en este Decreto, en los puertos y en el resto de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación.
3.2 La actuación inspectora debe ser realizada por el personal designado a tal efecto por la administración portuaria. Los inspectores tienen el carácter y la potestad de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
3.3 En el ejercicio de la potestad inspectora, los inspectores tienen las atribuciones previstas en el artículo 101 de la Ley de puertos de Cataluña y, en especial, las siguientes:
a) El libre acceso a la totalidad de espacios, obras, construcciones e instalaciones incluidas en la zona de servicio portuaria, con independencia del uso privativo o público, oneroso o gratuito, de las mismas.
b) Las actuaciones necesarias para comprobar el cumplimiento de las prescripciones legales en el desarrollo de las actividades y servicios que se lleven a cabo en la zona portuaria.
c) La recogida del material gráfico o de otro tipo de prueba que resulte necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos encomendados.
d) El levantamiento de las notas de inspección y de las actas de denuncia que se formulen en materia portuaria.
3.4 En los puertos, dársenas e instalaciones marítimas adscritas a Puertos de la Generalidad, el personal que actúa de guardamuelles tiene como misión prevenir, evitar y denunciar las infracciones que puedan cometerse en relación con la legislación vigente y debe dar cuenta de sus actuaciones a las autoridades competentes por razón de la materia.
3.5 En los puertos, dársenas e instalaciones marítimas en régimen de concesión o sometidas a otras formas contractuales de gestión, las tareas definidas en el anterior apartado se prestan de acuerdo con lo establecido por la legislación sobre seguridad privada y debe darse cuenta de las irregularidades detectadas a la autoridad competente.
3.6 La inspección y vigilancia en la zona de servicio portuaria deberá ejercerse respetando las competencias municipales y actuando de manera coordinada con la policía local. Los inspectores pueden solicitar, para un eficaz cumplimiento de su función, el soporte necesario de los mozos de escuadra, de la policía local y del resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad. A tales efectos, la administración portuaria deberá solicitarlo a la autoridad en cada caso competente.
4.1 Cualquier ciudadano puede denunciar presuntas infracciones o irregularidades. A tales efectos, deberá dirigirse por escrito al personal mencionado en los apartados 4 y 5 del artículo anterior, que deberá tramitarlo de conformidad con lo previsto en el apartado 3 de este artículo o directamente a la administración portuaria.
4.2 En el escrito de denuncia deberá especificar de manera fundamentada los actos o hechos que presuntamente podrían suponer una infracción de la legalidad vigente y el resto de las circunstancias que puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, será requisito indispensable para iniciar la correspondiente tramitación que el denunciante se identifique mediante la presentación de su DNI u otro documento equivalente.
4.3 En cualquier caso, las denuncias deberán ser presentadas ante la administración portuaria competente, que podrá iniciar unas diligencias previas a los efectos de detectar la existencia o no de indicios racionales de que se ha cometido una infracción y, si es el caso, ordenar el inicio del correspondiente expediente sancionador.
Tienen la consideración de infracciones leves, a los efectos de ser sancionadas por la administración portuaria, las tipificadas en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley de puertos de Cataluña.
Tienen la consideración de infracciones graves, a los efectos de ser sancionadas por la administración portuaria, las tipificadas en el apartado 4 del artículo 102 de la Ley de puertos de Cataluña.
Tienen la consideración de infracciones muy graves, a los efectos de ser sancionadas por la administración portuaria, las tipificadas en el apartado 5 del artículo 102 de la Ley de puertos de Cataluña.
Corresponde a los órganos competentes de la Dirección General de Puertos y Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad y de Puertos de la Generalidad ordenar, si procede, respectivamente y por razón de la adscripción, el inicio de las diligencias previas encaminadas a detectar indicios racionales de que se ha cometido una infracción de las tipificadas en la Ley de puertos de Cataluña. La incoación, si es el caso, del correspondiente expediente sancionador corresponde al director general de Puertos y Transportes o al gerente de Puertos de la Generalidad y se comunicará a los efectos oportunos al concesionario o gestor del puerto, dársena o instalación marítima.
El procedimiento para la exigencia de responsabilidad a raíz de las infracciones administrativas cometidas por las personas físicas o jurídicas, los trámites del procedimiento administrativo sancionador y las medidas cautelares que puedan ser adoptadas por la administración portuaria, así como el procedimiento para su aplicación, son las reguladas en el capítulo 2 del título 2 del libro IV de la Ley de puertos de Cataluña y en las normas generales reguladoras del procedimiento sancionador.
10.1 El ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de los puertos, las dársenas y las instalaciones marítimas de la Generalidad corresponde al director general de Puertos y Transportes, al consejero de Política Territorial y Obras Públicas o al Gobierno de la Generalidad, en función de las cuantías establecidas en el artículo 108 de la Ley de puertos de Cataluña.
10.2 En el ámbito del dominio público portuario adscrito a Puertos de la Generalidad, el gerente de la entidad es el encargado de impulsar los expedientes sancionadores que puedan tramitarse.
10.3 En los puertos y dársenas sometidos a concesión administrativa o a otras formas de gestión contractual, la dirección general de Puertos y Transportes o, en su caso, Puertos de la Generalidad pueden solicitar a los órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, responsables de la gestión y explotación del puerto, las tareas de auxilio y colaboración necesarias para facilitar y agilizar al máximo la tramitación de las denuncias presentadas.
11.1 Las infracciones son sancionables de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 107 de la Ley de puertos de Cataluña y de conformidad con los principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora. Con el fin de fijar la cuantía de la sanción pecuniaria, se tendrá en cuenta la existencia de una o más circunstancias agravantes de las que se mencionan a continuación:
a) Haber causado daños materiales a las personas o bienes.
b) Haber causado perjuicios económicamente evaluables a las personas o bienes.
c) Que la infracción haya trascendido externamente por sus repercusiones e impacto social o medioambiental.
d) Que exista reincidencia en la comisión de una determinada infracción. A tales efectos se considera reincidencia la comisión de una infracción de la misma naturaleza siempre que no haya prescrito la infracción anterior.
e) Que existan indicios racionales de que la infracción se ha cometido con intencionalidad o pleno conocimiento.
f) Que, existiendo advertencia de la autoridad portuaria correspondiente o bien de las personas encargadas de la gestión y explotación del puerto, dársena o instalación marítima, no se haya cesado en la conducta o actividad infractora o no se hayan corregido, si es el caso, los efectos de la misma.
11.2 El instructor del expediente deberá hacer una propuesta motivada donde se detallen razonablemente y de manera expresa los factores que aconsejan imponer una multa determinada. El órgano competente para resolver decidirá sobre la cuantificación de la multa.
11.3 Si un mismo hecho u omisión es constitutivo de dos infracciones o más, o si de la comisión de una infracción se deriva necesariamente otra, se impone únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave de las cometidas.
La cuantía de las sanciones que en cada caso corresponda se puede condonar parcialmente mediante acuerdo motivado del mismo órgano que ha impuesto la multa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108.4 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña.
En este acuerdo hay que justificar las razones objetivas que hacen conveniente adoptar esta medida. Es requisito imprescindible que el infractor, con el requerimiento previo de la administración portuaria y el plazo otorgado a este efecto, haya corregido la situación alterada a raíz de la comisión de la infracción y, en cualquier caso, esta reducción no podrá aplicarse si existe alguna de las circunstancias agravantes recogidas en el artículo 11.
13.1 La competencia para imponer multas corresponde, con carácter indelegable, a los órganos que se mencionan en el artículo 108 de la Ley de puertos de Cataluña, con independencia del tipo de gestión del puerto, dársena o instalación marítima de que se trate.
13.2 El Gobierno de la Generalidad, a propuesta del titular de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, puede actualizar o modificar los límites previstos en el artículo 108 de la Ley de puertos de Cataluña y la cuantía de las multas cuando se considere de manera justificada que las mismas quedan desfasadas de la realidad que pretenden regular.
13.3 El importe de las multas e indemnizaciones por infracciones en los puertos, las dársenas, las instalaciones marítimas o las marinas interiores adscritas a Puertos de la Generalidad se consideran ingreso propio de este ente.
En caso de infracciones graves o muy graves el órgano competente para imponer la sanción correspondiente puede acordar también la inhabilitación del infractor para ser titular de autorizaciones, concesiones administrativas o contratos de gestión de servicios públicos, así como de derechos de uso preferente por un plazo no superior a un año en el caso de infracciones graves y hasta tres años en los muy graves, atendiendo a las circunstancias concretas, que, en cualquier caso, deben quedar totalmente justificadas en la propuesta de resolución.
El plazo de prescripción de las infracciones es el mencionado en el artículo 110 de la Ley de puertos de Cataluña.
16.1 Las multas coercitivas, cuya imposición es independiente de la imposición de multas en concepto de sanción y le es compatible, serán impuestas por el director general de Puertos y Transportes. Estas multas, que pueden ser reiteradas, no pueden ser de cuantía superior a 75.000 pesetas (450,75 euros) cada una. La graduación del importe se hará teniendo en cuenta las características de la actuación cuya ejecución quiere garantizarse, de conformidad con los siguientes criterios:
a) Si se trata de la obligación de realizar una determinada actuación que puede valorarse económicamente, el importe equivalente al 5 por ciento la primera vez, con el límite mínimo de 10.000 pesetas (60,10 euros) y el máximo fijado en el apartado primero. Si en el plazo de quince días no se ha cumplido la obligación, la nueva multa coercitiva será el equivalente al 10 por ciento del valor, con los mismos límites, importe que se irá repitiendo y acumulando sucesivamente después de cada quince nuevos días de incumplimiento.
b) Si se trata de la obligación de realizar una determinada actuación de difícil valoración, el importe de la primera multa coercitiva se fijará inicialmente en 10.000 pesetas (60,10 euros). Si en el plazo de quince días no se ha realizado la actuación prevista, se impondrá una nueva multa de 20.000 pesetas (120,20 euros). Los sucesivos incumplimientos significarán un incremento de 10.000 pesetas (60,10 euros) cada vez, hasta un máximo de 75.000 pesetas (450,75 euros).
16.2 El importe total de las multas coercitivas se irá acumulando y será exigible por vía de apremio.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de puertos de Cataluña, siempre que se produzca, voluntaria o involuntariamente, un daño en los bienes de dominio público portuario, el director general competente en materia de puertos tiene la obligación de exigir, con carácter previo a la instrucción del correspondiente expediente de restitución de los bienes y reposición de la conducta alterada, el cese de la conducta irregular.
17.2 Posteriormente, se ordenará la instrucción del correspondiente expediente para determinar las posibles responsabilidades, con audiencia a las partes implicadas y, en todo caso, al responsable de la gestión y explotación del puerto, dársena o instalación marítima, y abriendo un período en el que se practicarán las pruebas que las partes pidan y las que la propia administración portuaria estime pertinentes, valorando los costes de reparación y fijando provisionalmente la indemnización correspondiente de acuerdo con los criterios del apartado 3 del artículo 112 de la Ley de puertos de Cataluña.
Asimismo, se determinará si la conducta es constitutiva de infracción o no, a los efectos de incoar paralelamente expediente sancionador.
17.3 El director general resolverá o propondrá a la autoridad competente, de acuerdo con los mismos criterios cuantitativos fijados en el artículo 108 de la Ley de puertos de Cataluña, las medidas correctoras, la indemnización correspondiente y, si es el caso, la multa que corresponda.
17.4 En el supuesto de que la reparación de un daño sea urgente para garantizar el buen funcionamiento del puerto, dársena o instalación marítima, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, encargadas de su gestión y explotación deben llevarla a cabo de manera inmediata.
Para garantizar esta reposición inmediata, podrán imponerse, si es el caso, multas coercitivas de conformidad con el artículo 16 del presente Reglamento, sin perjuicio de lo que se señala en el apartado 6 de este mismo artículo.
Una vez la Administración haya finalizado la instrucción del expediente, podrán repercutir en el responsable el importe total de los gastos de reparación.
17.5 Si la restitución y la reposición al estado anterior no es posible y se han producido daños y perjuicios, los responsables de la infracción deben abonar las indemnizaciones que se fijen en la tramitación del expediente previsto en este artículo y que, en ningún caso, pueden ser de cuantía inferior al valor del beneficio obtenido por el infractor.
17.6 El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas podrá actuar subsidiariamente en caso de incumplimiento de la obligación de reposición y restitución del gestor. El importe de las multas y de los gastos ocasionados por la ejecución subsidiaria de las actuaciones de restitución y de reposición de los bienes al estado anterior a la comisión de la infracción, y también el importe de las indemnizaciones por daños y perjuicios, así como el importe acumulado de las multas coercitivas impuestas, si es el caso, podrá exigirse por vía de apremio.
Reglamentos de explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas
18.1 El reglamento de explotación de cada puerto, dársena e instalación marítima debe regular el uso de los diferentes elementos que integran las instalaciones y sus respectivas zonas de servicios, incluyendo en cualquier caso la totalidad de la zona objeto de concesión administrativa.
18.2 La normativa específica contenida en los reglamentos de explotación de cada puerto, dársena e instalación marítima, debe respetar las prescripciones establecidas en el presente Reglamento general de policía portuaria, en la Ley de puertos de Cataluña y demás normativa general de desarrollo que resulte aplicable.
Con el fin de definir y concretar el ámbito de aplicación de las normas de policía y explotación, y el alcance de la vigilancia y prevención de cualquier infracción, los reglamentos de explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas, deben incluir como mínimo:
a) La delimitación clara y exacta de la totalidad de la zona de servicio del puerto, dársena o instalación marítima y, en su caso, la identificación de la totalidad de la zona que es objeto de concesión administrativa u otra forma contractual.
b) La regulación de los accesos, los viales, paseos marítimos y demás elementos de aprovechamiento y uso público y gratuito para los viandantes y el establecimiento, si es el caso, de manera justificada, de las limitaciones que la gerencia o la dirección estime prudentes por razones de seguridad.
c) La identificación de las zonas de uso o acceso restringido, ya sean explotadas directamente por el gestor del puerto, dársena o instalación portuaria o bien mediante cesión a terceros de los derechos de uso y disfrute, de acuerdo con las condiciones previstas en cada caso particular.
d) La identificación de las zonas reservadas al uso privado de los titulares de un derecho de uso, ya sea sobre locales, sobre amarres o sobre cualquier otra instalación.
e) La concreción del ámbito de aplicación, que debe incluir necesariamente las personas, embarcaciones, vehículos y maquinaria que se encuentren dentro de la zona de servicio del puerto, ya sea con carácter habitual o circunstancial, y las que utilicen por cualquier motivo los viales, aparcamientos, servicios de tierra o cualquier otra instalación. Asimismo, se preverá la aplicación a las personas y embarcaciones que utilicen aguas interiores, dársenas, zona de antepuerto, canales de acceso y otros servicios en agua o en seco, y a los titulares y usuarios por cualquier título de un derecho de uso sobre cualesquiera de los elementos o instalaciones que configuren la zona de servicio del puerto, dársena o instalación marítima.
f) La forma de utilización de las instalaciones portuarias, estableciendo las condiciones generales de uso y de prestación de los diferentes servicios que garanticen en todo caso un servicio suficiente a los usuarios; las limitaciones y restricciones necesarias para el buen orden y conservación del servicio, así como para garantizar la seguridad de los usuarios, las embarcaciones y los demás bienes.
g) El plan de emergencia de la instalación en caso de siniestro, de acuerdo con lo que dispone la normativa sectorial aplicable.
h) Condiciones de conexión de las acometidas eléctricas y de agua.
i) Obligación de notificar a todos los usuarios y de exponer permanentemente en el tablón de anuncios del puerto, dársena o instalación marítima el detalle de las tasas, precios o tarifas establecidos vigentes en cada momento, así como los criterios de actualización.
j) Los parámetros a seguir en la señalética del puerto, incluida la publicidad de establecimientos, etc., que en cualquier caso deberá homogeneizarse según los criterios establecidos de manera expresa por la administración portuaria.
k) Los parámetros a seguir en la fijación de los elementos que configuran la zona de servicio del puerto, como toldos, cierres, mobiliario urbano, etc., siguiendo los parámetros que, si es el caso, fijen la administración portuaria y las ordenanzas municipales.
l) Las condiciones y requisitos con que los titulares de un derecho de uso preferente sobre cualquier elemento portuario o incluido en la zona de servicio portuaria pueden cederlo o transferirlo, que en todo caso deben respetar los siguientes principios generales:
Debe preverse expresamente la subrogación del nuevo usuario, ya sea con carácter definitivo, temporal o meramente ocasional y puntual, en todos los derechos y obligaciones dimanantes del título correspondiente.
En el caso de transmisión definitiva del derecho de uso preferente, no se podrán fijar condiciones restrictivas a la libre transmisión, salvo la previsión de un derecho de tanteo, si éste está especialmente previsto en el contrato de concesión.
En el caso de que se trate de cesiones temporales, ocasionales o puntuales, el puerto, dársena o instalación marítima no podrá exigir en ningún caso ninguna cantidad por esta utilización. No obstante, en el caso de cesiones temporales, el titular del derecho de uso preferente deberá comunicar por escrito al gestor la identidad del usuario. A este efecto, se considerará que una cesión es temporal cuando se realice por un período superior a una semana. En el caso de cesiones puntuales u ocasionales, el titular del derecho de uso es el responsable de cualquier incidencia que pueda surgir.
Cualquier cesión de un derecho de uso deberá ponerse en conocimiento de la dirección del puerto, dársena o instalación marítima, que deberá informar al nuevo usuario de las normas que regulan la gestión, explotación y policía del puerto y de sus servicios.
m) La responsabilidad que el puerto, la dársena o la instalación marítima asuma, si es el caso, en lo referente a los daños, hurtos o robos que pudieran producirse en el interior de la zona de servicio portuaria, así como la obligación del usuario, si es el caso, de dotarse de seguros con cobertura suficiente para responder de eventuales robos o desperfectos en o de la propia embarcación, así como en los locales, silos u otros elementos e instalaciones portuarias o, en caso contrario, de renunciar de manera expresa a cualquier posible reclamación por estos conceptos.
n) Condiciones y limitaciones bajo las que se pueden realizar determinados actos como son reuniones, encuentros o celebraciones que requieran una utilización especial de la zona de servicio del puerto.
o) Derechos y deberes que adquieren los usuarios de los espacios incluidos en la zona de servicio del puerto.
Los reglamentos de cada puerto, dársena e instalación marítima deben prever el régimen de utilización y prohibiciones aplicable, así como las facultades conferidas a la gerencia o dirección del puerto, dársena o instalación portuaria en caso de incumplimiento, respetando, en cualquier caso, las siguientes previsiones:
a) Velocidad máxima de circulación por las aguas del puerto, dársena o instalación marítima que en ningún caso puede ser superior a tres nudos.
b) Delimitación de las zonas donde queda prohibido encender fuego o fogatas, fumar o utilizar lámparas de llama desnuda. Estas operaciones deberán prohibirse, como mínimo y en cualquier caso, durante todas las operaciones de suministro de combustible.
c) Prohibición de tener a bordo de las embarcaciones materiales inflamables, explosivos o peligrosos, salvo los cohetes y bengalas de señales reglamentarias, las reservas de combustible y las bombonas de gas imprescindibles para el suministro de las instalaciones y funcionamiento de la embarcación. Hay que tener en cuenta, además, las normas de utilización y manipulación de este material, si es el caso, en la zona de servicio del puerto.
d) Normas de aplicación para la realización de trabajos o actividades en las embarcaciones o en seco que puedan resultar peligrosos o molestos para los otros usuarios, así como identificación de las facultades que se confieren a la gerencia o la dirección de cada puerto, dársena o instalación marítima para requerir y suspender dichos trabajos o actividades.
e) Establecimiento de los horarios en que se establezcan restricciones relativas al mantenimiento de motores en marcha en barcos amarrados al muelle o al pantalán, o demás ruidos o actividades que puedan resultar molestos.
f) Prohibición expresa de mariscar en las aguas de los puertos, dársenas o instalaciones marítimas, así como en las aguas exteriores incluidas en el ámbito concesional. Prohibición expresa de la pesca con caña dentro de la zona de servicio de cada puerto, excepto las zonas expresamente delimitadas donde, en su caso, se permita.
g) Descripción de las actividades que queden prohibidas en las aguas interiores de los puertos, dársenas e instalaciones portuarias, así como en sus canales y accesos. Estas prohibiciones deberán incluir en cualquier caso el baño o la práctica del esquí acuático. Asimismo, deberá preverse expresamente, si es el caso, la posibilidad de utilizar en las aguas interiores y resto de la zona de servicio motos acuáticas u otros mecanismos o utensilios diferentes de los propios a la naturaleza del puerto, dársena o instalación portuaria, estableciendo, si es el caso, las condiciones de utilización y delimitando las zonas concretas donde pueden acceder.
h) Prohibición de realizar cualquier obra o modificación de cualquier instalación portuaria en la zona de servicio del puerto, dársena o instalación portuaria, sin la autorización escrita correspondiente.
i) Prohibición de utilizar anclas o boyas en las dársenas, en los canales o en los accesos del puerto, sin la autorización correspondiente, salvo en los casos de emergencia.
j) Delimitación de las zonas destinadas a depositar cascotes, escombros, residuos sólidos o líquidos, o materiales de cualquier índole, con expresa prohibición de depositarlos en cualquier otra zona no expresamente habilitada y, en cualquier caso, en las zonas colindantes con el agua.
k) Delimitación de las zonas destinadas a depositar redes y otros utensilios de pesca, con expresa prohibición de depositarlos en cualquier otra zona no expresamente habilitada.
l) Delimitación, si existen, de las zonas destinadas a depositar utensilios y materiales de las embarcaciones, con expresa prohibición de depositarlos en cualquier otra zona no expresamente habilitada.
m) Descripción de los vehículos autorizados a entrar en la zona de servicio del puerto, delimitando expresamente las zonas destinadas a la circulación y aparcamiento. Descripción de vehículos y actividades prohibidas o restringidas en la zona de servicio del puerto.
n) Condiciones de entrada, permanencia y circulación de animales domésticos o, si es el caso, prohibición al respecto. En cualquier caso, deberá respetarse la normativa que desarrolla la Ley de protección de los animales y las ordenanzas municipales.
o) Normas de utilización de las diferentes áreas y servicios del puerto y, si es el caso, franjas horarias de utilización de las mismas.
21.1 El reglamento de explotación y policía de cada puerto, dársena o instalación marítima debe regular cuáles son las obligaciones de los usuarios de las instalaciones, con independencia de que se trate de titulares de algún derecho de uso preferente o de visitantes circunstanciales. En cualquier caso serán de aplicación las siguientes obligaciones:
a) Cumplir las prescripciones de la Ley de puertos de Cataluña y el resto de la normativa aplicables, así como las condiciones establecidas en el título concesional, respetando en todo caso la adecuada utilización del dominio público portuario, de sus obras e instalaciones.
b) Cumplir y respetar el régimen de utilización establecido en el presente Reglamento y en el reglamento de explotación y policía particular de cada puerto, dársena o instalación marítima convenientemente aprobados por la administración portuaria.
c) Obedecer, en todo caso, las instrucciones e indicaciones de la administración portuaria, de la gerencia o dirección del puerto, de sus agentes delegados y demás personal del puerto, dársena o instalación marítima.
21.2 Los usuarios de un derecho de uso preferente de amarre por cualquier título legítimo vienen, además, obligados a:
a) Responder, solidariamente con el armador y en su caso el patrón de las embarcaciones, de las averías causadas y reparaciones que precisen realizarse, así como de las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
b) Responder solidariamente con el armador y en su caso el patrón de las embarcaciones, del pago de las tasas, precios, cuotas y tarifas derivadas de la conservación, mantenimiento y demás gastos por los servicios portuarios que se les preste o utilicen.
c) Dotarse de los seguros de responsabilidad civil, personal y de la embarcación establecidos en cada caso por la legislación vigente.
d) Dotar a las embarcaciones de las adecuadas defensas y elementos de atraque, garantizando la seguridad y preservando la higiene, de acuerdo con el reglamento de cada puerto, dársena o instalación marítima.
e) Cumplir en cada momento las normas portuarias y de seguridad marítima aprobadas por la autoridad en cada caso competente, realizando a tal efecto y en los plazos fijados las actuaciones necesarias con el fin de adaptarse a las normas correspondientes.
21.3 Los titulares y demás usuarios por cualquier título legítimo de las zonas y superficies destinadas a locales comerciales, almacenes y silos, vienen también obligados a:
a) Desarrollar sus facultades, funciones y actividades de acuerdo con el título que les otorga el derecho de ocupación sobre estos espacios portuarios, absteniéndose en cualquier caso de dedicarlos a otros usos no autorizados expresamente, y hacerlo asimismo a través de las personas naturales y jurídicas, específicamente autorizadas.
b) Satisfacer, de acuerdo con las cuotas de participación que les corresponda, la parte proporcional del IBI, de los cánones y demás cantidades que se fijen, de acuerdo con las previsiones normativas y estatutarias aplicables.
c) Cumplir las ordenanzas municipales y las normas aprobadas por la autoridad competente, en relación con los horarios de apertura y cierre de los locales, y con la prevención de la contaminación acústica y lumínica, y las correspondientes a garantizar el orden público y la seguridad en sus respectivos locales.
d) Cumplir las órdenes e instrucciones de la administración portuaria y de la gerencia o dirección del puerto, dársena o instalación marítima, ya sea directamente o mediante el personal al servicio del puerto, referentes al cumplimiento y la interpretación de la normativa vigente, del presente Reglamento y del particular de cada puerto, dársena o instalación marítima.
e) Facilitar el acceso y la inspección por parte del personal designado por la dirección o la gerencia del puerto, dársena o instalación portuaria y, en cualquier caso, de la administración portuaria, de las zonas ocupadas, incluidas las que son de uso privativo, así como aportar toda la documentación necesaria y que sea requerida con el fin de facilitar la instrucción de eventuales expedientes, ya sean informativos, estadísticos o de carácter sancionador.
f) Requerir, con carácter previo a la transmisión en cualquier forma legalmente admitida del derecho de uso preferente que ostenten, la autorización expresa de la entidad concesionaria del puerto, dársena o instalación marítima o de la administración portuaria competente, según corresponda en cada caso, y satisfacer las cuantías que el reglamento de explotación del puerto, dársena o instalación portuaria establezca, si es el caso, en concepto de derechos de transmisión.
g) Dotarse de los seguros por responsabilidad civil, daños y perjuicios a terceros, incendios, robos, etc., a que vienen obligados por la legislación vigente.
22.1 Los titulares de derechos de uso por cualquier título legítimo de los puntos de amarre o de las zonas y superficies destinadas a locales comerciales, almacenes y silos podrán constituirse en asociaciones de usuarios.
22.2 Estas asociaciones, cuando existan, quedarán legitimadas para realizar las actuaciones que crean oportunas en ejercicio de sus derechos y defensa de intereses.
22.3 La participación en estas asociaciones será totalmente libre y voluntaria y no será en ningún caso motivo de discriminación positiva o negativa en relación con el resto de los usuarios.
22.4 Estas asociaciones, más allá de las tareas participativas que en cada reglamento se establezcan, no comportarán la intervención en las tareas de gobierno y dirección del puerto, dársena o instalación portuaria, que en todo caso es responsabilidad exclusiva del titular de la concesión administrativa u otro título legal, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de puertos de Cataluña.
23.1 En el reglamento de cada puerto, dársena o instalación marítima, se fijarán las condiciones de acceso, permanencia y aparcamiento de los vehículos y las zonas señaladas para esta finalidad.
23.2 El importe de las tarifas por la ocupación de una plaza de aparcamiento en las zonas señaladas se hará público en la entrada y salida de las zonas de aparcamiento.
23.3 En el reglamento de cada puerto, dársena o instalación marítima se fijarán las condiciones generales de explotación del párquing y la responsabilidad que, si es el caso, se asuma en relación con los daños, hurtos o robos que puedan sufrir los vehículos aparcados o el contenido de los mismos.
23.4 La dirección o gerencia de cada puerto, dársena o instalación marítima queda facultada para retirar los vehículos aparcados fuera de las zonas señalizadas al efecto, y en cualquier caso los que obstaculicen la libre circulación dentro de los recintos e instalaciones. A los efectos de la retirada, depósito y cobro de los gastos ocasionados, se podrá solicitar la colaboración de los servicios municipales correspondientes de los ayuntamientos en cuyo ámbito territorial se encuentren.
24.1 Los reglamentos de cada puerto, dársena o instalación marítima fijarán para los locales comerciales, los talleres, los silos, las terrazas o cualquier otra instalación ubicada en las zonas de servicio y, en cualquier caso, en el ámbito de la concesión administrativa, las normas precisas para regular los horarios de apertura y cierre, los requisitos de los permisos y autorizaciones administrativas que correspondan, los seguros que legalmente se establezcan, el régimen de uso y utilización y las operaciones de carga y descarga, así como las regulaciones tendientes a compatibilizar cada una de las instalaciones con sujeción a las normas de seguridad y con subordinación a las actividades preferentes, náuticas y deportivas.
24.2 Las normativas incluidas en los reglamentos de cada puerto, dársena o instalación deportiva respetarán las ordenanzas municipales dictadas por los Ayuntamientos respectivos, las normativas de homogeneización que apruebe la administración portuaria y demás normativa vigente aplicable por razón de la materia.
24.3 Para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable, de este Reglamento y del particular de explotación de cada puerto, dársena o instalación marítima, así como de las ordenanzas municipales, la administración portuaria podrá requerir, si es el caso, previa petición escrita y justificada del puerto, dársena o instalación marítima, la cooperación de los mozos de escuadra, de la policía local y demás cuerpos y fuerzas de seguridad.
24.4 Asimismo, la administración portuaria podrá requerir, previa la instrucción de unas diligencias sumarias en las que se dará trámite de audiencia al interesado, al puerto, dársena o instalación marítima y a la autoridad competente por razón de la materia, el cierre provisional del local, taller, terraza o cualquier otra instalación ubicada en la zona de servicio portuaria que esté incumpliendo lo previsto en este artículo.
25.1 El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 21 por parte del usuario de un derecho de uso preferente, así como la falta de pago de las cuotas de conservación, mantenimiento y gestión o de las tarifas de los servicios que se prestan o se utilizan o de cualquier otra cantidad exigible de acuerdo con la normativa aplicable, dará lugar a un requerimiento por escrito por parte de la administración portuaria, la gerencia o la dirección del puerto, dársena o instalación marítima con el fin de que el usuario rectifique, en el plazo que a tal efecto se le indique, la conducta o se ponga al corriente del pago, advirtiéndole expresamente de que, en caso contrario, se procederá a la inmediata suspensión temporal de los servicios.
25.2 En el caso de puertos, dársenas o instalaciones marítimas gestionados por Puertos de la Generalidad, se estará a lo establecido en el anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, en la redacción dada por la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.
25.3 En el resto de las instalaciones será de aplicación la regulación establecida en los siguientes apartados:
a) En caso de suspensión del servicio de amarre, la gerencia o la dirección del puerto, dársena o instalación marítima, o subsidiariamente la administración portuaria, notificará por escrito de manera fehaciente al titular o usuario del amarre que debe retirar la embarcación, indicándole que, de no hacerlo en el plazo señalado, lo hará supletoriamente la gerencia o dirección del puerto a cargo de él. Si el requerimiento no es atendido en el plazo fijado, que no podrá ser inferior a veinte días, la gerencia o la dirección del puerto, dársena o instalación marítima, o subsidiariamente la administración portuaria, queda facultada para proceder a su inmovilización de forma provisional en su propio punto de amarre o, si las circunstancias lo aconsejan, a la retirada de la embarcación del amarre para botarla en seco. Los gastos derivados de la retirada o inmovilización de la embarcación correrán por cuenta y cargo del titular del derecho de uso.
b) La dirección o la gerencia del puerto, dársena o instalación marítima, o subsidiariamente la administración portuaria, queda facultada para inmovilizar y retener la embarcación hasta que no hayan quedado satisfechos todas las deudas pendientes y gastos ocasionados en relación con los anteriores apartados, o se garantice suficientemente el pago de la deuda que ha originado la suspensión.
c) La suspensión del servicio y, en su caso, la resolución del derecho de uso tramitadas por la dirección o gerencia del puerto, dársena o instalación marítima, así como cualquier otra incidencia derivada de la aplicación del presente artículo, deben ser comunicadas a la Dirección General competente en materia de puertos. Asimismo, deberá comunicarse a capitanía marítima si afecta a sus competencias.
26.1 En el caso de que el titular de una concesión administrativa o autorización sobre un local comercial, silo u otra instalación dentro de la zona de servicio del puerto, incumpla las obligaciones establecidas en este Reglamento, la administración portuaria podrá iniciar el correspondiente expediente de caducidad.
26.2 A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, será preciso que la administración portuaria haya requerido expresamente y por escrito al titular, advirtiéndole de que en caso de no atender a las obligaciones correspondientes se iniciará el expediente de caducidad.
27.1 Los responsables de la gestión de un puerto, dársena o instalación marítima quedan facultados a denegar la entrada y la prestación de los servicios portuarios en los siguientes supuestos:
a) Por falta de solicitud formalizada de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación vigente y en el reglamento interior del puerto, dársena o instalación marítima que corresponda.
b) Por falta de cumplimiento de las condiciones de seguridad reglamentarias de la embarcación que solicite la entrada o la prestación de los servicios correspondientes, cuando pueda poner en peligro la seguridad de la instalación, de los usuarios de la misma o de otras embarcaciones.
c) Por falta del preceptivo seguro de responsabilidad civil que alcance a responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a otras embarcaciones o a las instalaciones del puerto, dársena o instalación marítima. A tal efecto la gerencia o dirección queda facultada a exigir que se acredite la cobertura y vigencia de dicho seguro.
d) En el caso de embarcaciones abanderadas en países donde no se exija el seguro obligatorio, se podrá solicitar que depositen una cantidad suficiente para responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse durante el período de estancia.
27.2 No obstante lo expuesto en el apartado anterior, será obligatorio prestar los servicios correspondientes cuando la embarcación se encuentre en situación de peligro para la navegación o la seguridad de la vida humana, o en caso de emergencia o fuerza mayor. Asimismo, deberá prestarse el servicio de suministro de carburante cuando así se solicite.
28.1 Corresponde a la dirección general competente en materia de puertos o, en su caso, a Puertos de la Generalidad la incoación y tramitación de los expedientes de declaración de abandono de los vehículos, objetos y embarcaciones que hayan sido abandonados en sus instalaciones.
28.2 En el caso de puertos, dársenas o instalaciones marítimas gestionadas por Puertos de la Generalidad, se estará a lo establecido en el anexo 1 de la Ley 5/1998, de 17 de abril, de puertos de Cataluña, en la redacción dada por la Ley 4/2000, de 26 de mayo, de medidas fiscales y administrativas.
28.3 En el resto de instalaciones, es de aplicación la regulación establecida en este artículo.
28.4 Se entiende que existe abandonamiento cuando se den los presupuestos fácticos siguientes:
A partir de los cinco meses de impagos derivados de la prestación de servicios y cuando el posible valor en venta no exceda el importe de la facturación emitida no abonada, todo ello sin perjuicio de la competencia de la administración de aduanas en la determinación del abandonamiento de mercancías incluidas en procedimiento de despacho.
En los dos casos y previamente al inicio del expediente, es requisito imprescindible que la gerencia o dirección del puerto, dársena o instalación marítima haya intentado descubrir la identidad de los presuntos propietarios por los medios racionalmente exigibles.
28.5 El procedimiento se iniciará con la publicación mediante edicto en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la tramitación del expediente de abandono. Este edicto deberá exponerse al público en el tablón de anuncios del puerto, dársena o instalación marítima y del ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor, durante el plazo de dos meses. Asimismo, será notificado a la capitanía marítima competente, en su caso, y, asimismo, si es preciso, a los titulares registrales de las embarcaciones o vehículos presuntamente abandonados, con matrícula identificativa.
28.6 Transcurrido el plazo de exposición al público sin que el propietario o quien, previa acreditación del título de posesión o titularidad, haya abonado las deudas existentes o retirado los bienes en presunto abandono, se declararán los mismos en situación legal de abandono.
28.7 La declaración de abandono dará derecho, con efectos desde la fecha de inicio del expediente, a percibir las deudas derivadas de la prestación de servicio que haya ocasionado el bien abandonado por razón de ocupación de la zona de servicio portuaria, en la cuantía que corresponda.
28.8 La declaración de abandono, junto con su expediente, se pondrá, en su caso, en conocimiento de la capitanía marítima correspondiente para que tome las medidas oportunas y, a la vista del expediente tramitado, autorice el desguace o enajenación.
28.9 Una vez hecha la declaración de abandono, los bienes se pondrán a la venta en subasta pública, con el anuncio previo en el DOGC y en el tablón de anuncios del puerto, dársena o instalación marítima y del ayuntamiento que corresponda, con una antelación mínima de quince días.
28.10 La cantidad que se obtenga por la enajenación, desguace o destrucción de los objetos, vehículos o materiales abandonados, una vez deducidos los gastos originados y las deudas existentes, quedará a disposición de quien acredite su titularidad o legítima posesión, durante el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo el remanente, se pondrá a disposición de la dirección o gerencia del puerto, quien deberá dar cuenta en sus presupuestos.
El presente Reglamento, así como el particular de cada puerto, dársena o instalación marítima, es de obligado cumplimiento para todos los usuarios por razón del ámbito territorial establecido en cada caso. Estos reglamentos deben encontrarse a disposición de cualquier usuario en las oficinas del puerto, dársena o instalación marítima que corresponda. Asimismo, los responsables de la gestión y explotación deberán facilitar, de manera expresa, a todos los titulares de algún tipo de derecho de uso preferente sobre los elementos integrantes de la concesión administrativa, una copia para su conocimiento.
Cualquier discrepancia entre el contenido del presente Reglamento y el del reglamento de explotación de cada puerto, dársena o instalación marítima debe ser resuelta a favor del primero. En cualquier caso, el presente Reglamento es de aplicación directa en todos los casos.
En el plazo de seis meses los puertos, dársenas e instalaciones marítimas existentes en el litoral de Cataluña deberán adaptar su reglamento de explotación a las prescripciones del presente Reglamento de policía portuaria, notificándolo a la dirección general competente en materia de puertos, que lo sellará en prueba de conformidad u ordenará las necesarias modificaciones.
El presente Reglamento será de aplicación a las marinas interiores existentes en el litoral catalán, mientras no dispongan del reglamento específico previsto en la Ley de puertos de Cataluña.
Queda derogado el Decreto 325/1992, de aprobación del Reglamento de gestión de los puertos de la Comisión de Puertos de Cataluña, así como las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en este Decreto. Asimismo, quedan derogados los reglamentos particulares de explotación de los puertos, dársenas e instalaciones marítimas en todo aquello que se oponga a la presente regulación.
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.