Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-19-4.CODI.%29
Timestamp: 2019-04-21 22:31:27
Document Index: 29372173

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 113', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 13', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'Artículo 8', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'artículo 11', 'Artículo 9', 'artículo 12', 'Artículo 10', 'artículo 13', 'Artículo 11', 'artículo 14', 'Artículo 12', 'artículo 15', 'Artículo 13', 'artículo 16', 'Artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 18', 'Artículo 16', 'artículo 19', 'Artículo 17', 'artículo 20', 'Artículo 18', 'artículo 21', 'Artículo 19', 'artículo 22', 'Artículo 20', 'artículo 23', 'Artículo 21', 'artículo 24', 'Artículo 22', 'artículo 25', 'Artículo 23', 'artículo 26', 'Artículo 24', 'artículo 27', 'Artículo 25', 'artículo 28', 'Artículo 26', 'artículo 29', 'Artículo 27', 'artículo 30', 'Artículo 28', 'artículo 31', 'Artículo 29', 'artículo 32', 'Artículo 29', 'artículo 33', 'Artículo 29', 'artículo 34', 'Artículo 29', 'artículo 35', 'Artículo 29', 'artículo 36', 'Artículo 29', 'artículo 37', 'Artículo 29', 'artículo 38', 'Artículo 29', 'artículo 39', 'Artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 136', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 12', 'artículo 32', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 23', 'artículo 10', 'artículo 131', 'artículo 25', 'artículo 25', 'Artículo 29', 'artículo 38', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 21', 'artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 18']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 19-4, de 31/07/2013
cve: BOCG-10-A-19-4
Núm. 19-4
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de julio de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, integrada por los Diputados don Esteban González Pons (GP), don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández (GP), don Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villavicieros (GP), don José Ignacio Sánchez Amor (GS), don José Enrique Serrano Martínez (GS), don Jordi Jané i Guasch (GC-CiU), don Joan Josep Nuet Pujals (GIP), don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), don Emilio Olabarría Muñoz (GV-EAJ-PNV) y don Rafael Larreina Valderrama (GMx), se constituyó en fecha 2 de julio de 2013. La Ponencia, en las reuniones celebradas los días 10, 11, 18 y 25 de julio de 2013, ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento ha acordado, por mayoría, elevar el siguiente:
a) Las enmiendas 263, 266, 282, 283, 284, 288, 295 y 298 del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV; 320, 324 y 329 del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD); 385, 386, 389, 390, 400, 411, 420, 421 y 431 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU); y las enmiendas 511 a 543 del Grupo Parlamentario Popular, todas ellas en los términos que figuran en el Anexo.
b) Las enmiendas transaccionales a la enmienda 304 del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) al artículo 2.1.b); a las enmiendas 307 del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 384 de Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al artículo 2 bis (nuevo); a las enmiendas 267 de Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 387 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al artículo 4.2; a las enmiendas 268 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 391 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al artículo 5.2; a la enmienda 323 del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) al artículo 7.1.c); a las enmiendas 332 del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia (UPyD) y 403 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al artículo 10; a la enmienda 408 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) al artículo 13; a las enmiendas 296 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 432 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) a la Disposición adicional segunda; y a la
enmienda 440 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) a la Disposición adicional séptima (nueva); todas ellas en los términos que figuran en el Anexo.
c) Enmiendas técnicas a los artículos 22, apartado 2 y 3; 23 (rúbrica) y apartado 2; 25; 26; 27; 28 y disposición adicional primera, apartado 3; todas ellas en los términos en los que figuran en el Anexo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2013.-Esteban González Pons, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Pedro Ramón Gómez de la Serna y Villavicieros, Jordi Jané i Guasch, Carlos Martínez Gorriarán y Emilio Olabarría Muñoz, Diputados.
Artículo 2 bis nuevo (nuevo artículo 3). Otros sujetos obligados.
Artículo 3 (nuevo artículo 4). Obligación de suministrar información.
Artículo 4 (nuevo artículo 5). Principios generales.
Artículo 5 (nuevo artículo 6). Información institucional, organizativa y de planificación.
Artículo 6 (nuevo artículo 7). Información de relevancia jurídica.
Artículo 7 (nuevo artículo 8). Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 7 bis (nuevo artículo 9). Control.
Artículo 8 (nuevo artículo 10). Portal de la Transparencia.
Artículo 8 bis (nuevo artículo 11). Principios técnicos.
Artículo 9 (nuevo artículo 12). Derecho de acceso a la información pública.
Artículo 10 (nuevo artículo 13). Información Pública.
Artículo 11 (nuevo artículo 14). Límites al derecho de acceso.
Artículo 12 (nuevo artículo 15). Protección de datos personales.
Artículo 13 (nuevo artículo 16). Acceso parcial.
Artículo 14 (nuevo artículo 17). Solicitud de acceso a la información.
Articulo 15 (nuevo artículo 18). Causas de inadmisión.
Artículo 16 (nuevo artículo 19). Tramitación.
Artículo 17 (nuevo artículo 20). Resolución.
Artículo 18 (nuevo artículo 21). Unidades de Información.
Artículo 19 (nuevo artículo 22). Formalización del acceso.
Artículo 20 (nuevo artículo 23). Recursos.
Artículo 21 (nuevo artículo 24). Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 22 (nuevo artículo 25). Ámbito de aplicación.
Artículo 23 (nuevo artículo 26). Principios de Buen Gobierno.
Artículo 24 (nuevo artículo 27). Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.
Artículo 25 (nuevo artículo 28). Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria.
Artículo 26 (nuevo artículo 29). Infracciones disciplinarias.
Artículo 27 (nuevo artículo 30). Sanciones.
Artículo 28 (nuevo artículo 31). Órgano competente y procedimiento.
Artículo 29 (nuevo artículo 32). Prescripción.
Título III (nuevo). Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 29 bis (nuevo artículo 33). Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 29 ter (nuevo artículo 34). Fines.
Artículo 29 quáter (nuevo artículo 35). Composición.
Artículo 29 quinquies (nuevo artículo 36). Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 29 sexies (nuevo artículo 37). Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Artículo 29 septies (nuevo artículo 38). Funciones.
Artículo 29 octies (nuevo artículo 39). Régimen jurídico.
Artículo 29 nonies (nuevo artículo 40). Relaciones con las Cortes Generales.
Disposición adicional sexta (nueva). Información de la Casa de Su Majestad el Rey.
Disposición adicional séptima (nueva).
Disposición final tercera. (Suprimida.)
Disposición final cuarta. (Suprimida.)
Disposición final quinta (nueva tercera). Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Disposición final sexta. (Suprimida.)
Disposición final nueva (nueva cuarta). Modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Disposición final séptima (nueva quinta). Desarrollo reglamentario.
Disposición final octava (nueva sexta). Título competencial.
Disposición final novena (nueva séptima). Entrada en vigor.
Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países,
los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
En el Ordenamiento Jurídico español ya existen normas sectoriales que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. Así, por ejemplo, en materia de contratos, subvenciones, presupuestos o actividades de altos cargos nuestro país cuenta con un destacado nivel de transparencia. Sin embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y políticas del momento. Por ello, con esta Ley se avanza y se profundiza en la configuración de obligaciones de publicidad activa que, se entiende, han de vincular a un amplio número de sujetos entre los que se encuentran todas las Administraciones Públicas, los órganos del Poder Legislativo y Judicial en lo que se refiere a sus actividades sujetas a Derecho administrativo así como otros órganos constitucionales y estatutarios.
El ámbito subjetivo de aplicación de este Título, recogido en su Capítulo I, es muy amplio e incluye a todas las Administraciones Públicas, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público, en la medida en que tengan atribuidas funciones de regulación o control sobre un determinado sector o actividad, así como a las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades Públicas. En relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo, la Ley se aplica también a las Corporaciones de Derecho Público, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial, así como al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. También se aplica a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta de las entidades mencionadas sea superior al cincuenta por ciento, a las fundaciones del sector público y a las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades a las que se ha hecho referencia. Por último, las personas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas también están obligadas a suministrar a la Administración a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquélla de las obligaciones de esta Ley. Esta obligación es igualmente aplicable a los adjudicatarios de contratos del sector público.
En materia de impugnaciones se crea una reclamación potestativa y previa a la vía judicial ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que sustituye a los recursos administrativos. Se opta en este punto por otorgar las competencias en la materia a un organismo ya existente, en aras de la necesaria austeridad exigida por las actuales circunstancias económicas pero reforzando el sistema de nombramiento de su presidente con la intervención del Parlamento y tasando las causas de cese en el ejercicio de sus funciones.
Este sistema busca que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad. Para cumplir este objetivo, la Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-presupuestario resulta destacable que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la normativa presupuestaria, den lugar a pagos reintegrables o no justifiquen la inversión de los fondos a los que se refieren la normativa presupuestaria equivalente. De esta manera se introduce un mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho.
Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.
Las disposiciones adicionales abordan diversas cuestiones como la aplicación de regulaciones especiales del derecho de acceso, la revisión y simplificación normativa -en el entendido de que también es un ejercicio de buen gobierno y una manifestación más de la transparencia el clarificar la normativa que está vigente y es de aplicación- y la colaboración entre la Agencia Estatal de Transparencia, evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y la Agencia Española de Protección de Datos en la determinación de criterios para la aplicación de los preceptos de la ley en lo relativo a la protección de datos personales.
Las disposiciones finales modifican la regulación del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, amplían la publicidad de determinada información que figura en el Registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado e introducen cambios significativos en el sistema de nombramiento y de cese del Presidente de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios para reforzar su independencia. Asimismo, se amplía la obligación de publicidad prevista en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Por último, en estas disposiciones, la Ley apuesta por la racionalización de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Entidades Locales en función de criterios objetivos de población, circunstancias socio-económicas del entorno y otras circunstancias de carácter administrativo, se informa sobre el fundamento competencial y se contempla el desarrollo reglamentario y su entrada en vigor.
2. A los efectos de lo previsto en los artículos 5.2, 6 y 7 de esta Ley, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.
b) Las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcancen como mínimo 3.000 euros.
3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 11 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter personal, regulado en el artículo 12. A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
5. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se
firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.
h) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales así como de los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuando el reglamento orgánico no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14, apartado 4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado.
i) La información disponible que permita valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.
2 (nuevo). Los sujetos mencionados en el artículo 3 deberán publicar la información a la que se refieren las letras a) y b) del apartado primero de este artículo cuando se trate de contratos o convenios celebrados con una Administración Pública. Asimismo, habrán de publicar la información prevista en la letra c) en relación a las subvenciones que reciban cuando el órgano concedente sea una Administración Pública.
3 (nuevo). Las Administraciones Públicas publicarán la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
2. En ejercicio de la competencia prevista en el apartado anterior el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con el procedimiento que se prevea reglamentariamente, podrá dictar resolución en la que se establezcan las medidas que sea necesario adoptar para el cese de del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en este capítulo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
1. La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilite el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores.
2. El Portal de la Transparencia incluirá la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
a) Accesibilidad: se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas facilitar la identificación y búsqueda de la información.
c) Reutilización: se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización de acuerdo con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público y en su normativa de desarrollo.
En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 11 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida.
Artículo 15 (nuevo artículo 18). Causas de inadmisión.
5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 21.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio.
2. Este Título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales.
3. (nuevo). La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este Título no afectarán, en ningún caso, a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes
2.º Ejercerán sus funciones de buena fe y con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12.5 de de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 de la citada Ley.
l) (nueva) La falta de justificación de la desviación, o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en los planes económico-financiero o el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril.
m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio según corresponda en el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
k) (Suprimida).
l) El acoso laboral.
m) (nueva) La Comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
f) (nueva) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa.
b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 23.2 b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma.
a) La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
c) La no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la pensión indemnizatoria creada por el artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio de 1981 o cualquier otra indemnización prevista para el caso de cese en el cargo.
3 bis (nuevo). Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 10 años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.
4 (nuevo 5). La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y los siguientes:
5 (nuevo 6). Cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.
6 (nuevo 7). Cuando los hechos estén tipificados como infracción en una norma administrativa especial, se dará cuenta de los mismos a la Administración competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, suspendiéndose las actuaciones hasta la terminación de aquel. No se considerará normativa especial la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria respecto de las infracciones previstas en el artículo 25, pudiéndose tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial simultáneamente al procedimiento sancionador.
7 (nuevo 8). En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 25 conllevará las siguientes consecuencias:
a) Cuando el alto cargo tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
3. En los supuestos previstos en las letras a y b del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflicto de Intereses regulada en la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación de régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.
b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, serán competentes para sancionar los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los altos cargos contra los que se dirige el procedimiento.
5 (nuevo). Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este Título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
TÍTULO III (nuevo)
1. Se crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como organismo público de los previstos en la Disposición Adicional X de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
1. La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ejercerá todas las competencias que le asigna esta Ley, así como aquéllas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.
h) Un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal.
1. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. El Congreso a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.
2. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordad por el Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
Artículo 29 septies (nuevo artículo 38) Funciones.
a) Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las pérdidas contenidas en esta Ley.
h) Aquéllas otras que le sean atribuidas por norma de rango legal o reglamentario.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad contenidas en el Capítulo II del Título I de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de esta Ley.
c) Conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 21 de esta Ley.
d) Responder las consultas que, con carácter facultativo, le plantee los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se regirá además de por lo dispuesto en esta Ley por:
c) La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en lo no previsto en ella, por el Derecho privado en sus adquisiciones patrimoniales.
3. Con carácter general los puestos de trabajo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, serán desempeñados por funcionarios públicos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las normas de función pública aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral podrá desempeñar puestos de trabajo que se ajusten a la normativa de función pública de la Administración General del Estado. Asimismo, el personal que pase a prestar servicios en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno mediante procedimientos de provisión previstos en la Administración General del Estado, mantendrá la condición de personal funcionario o laboral, de acuerdo con la legislación aplicable.
4. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para el cumplimiento de sus fines con los siguientes bienes y medios económicos:
c) Cualesquiera que legalmente puedan serle atribuidos.
Elevará anualmente a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.
3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y, a la destinada a la reutilización.
1. La Administración General del Estado acometerá, una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico. Para ello, habrán de efectuar los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.
1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 (nuevo artículo 24) corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y, Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
2. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 21 (nuevo artículo 24) al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos adoptarán conjuntamente las resoluciones que sean necesarias a fin de determinar los criterios de aplicación de las reglas contenidas en el artículo 11 (nuevo artículo 14) de esta Ley, en particular en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
La Secretaria General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey, así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por este órgano de las disposiciones de esta Ley.
El Gobierno aprobará un plan formativo en el ámbito de la transparencia dirigido a los funcionarios y personal de la Administración General del Estado, acompañado, a su vez, de una campaña informativa dirigida a los ciudadanos.
El Gobierno incorporará al sector público en el Plan Nacional de Responsabilidad Social Corporativa.
Uno. (Suprimido).
"4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado y demás Altos Cargos previstos en el artículo 3 de esta ley se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación
patrimonial de estos Altos Cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.".
Tres. (Suprimido).
"Las entidades que deban aplicar principios contables públicos así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil, publicarán anualmente en el "Boletín Oficial del Estado?, el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial, un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales y el informe de auditoría de cuentas. A estos efectos, la Intervención General de la Administración del Estado determinará el contenido mínimo de la información a publicar."
La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 18.