Source: https://www.iberley.es/legislacion/pleno-sentencia-224-2012-29-noviembre-2012-recurso-inconstitucionalidad-1933-2004-interpuesto-generalitat-cataluna-relacion-diversos-preceptos-ley-organica-19-2003-23-diciembre-modificacion-ley-organica-6-1985-1-julio-poder-judicial-distribucion-competencias-sobre-administracion-justicia-nulidad-precepto-legal-estatal-atribuye-ministerio-justicia-potestad-creacion-oficinas-senalamiento-inmediato-stc-163-2012-10356853
Timestamp: 2019-07-17 15:16:38
Document Index: 237301690

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 37', 'artículo 122', 'artículo 522', 'artículo 437', 'artículo 437', 'artículo 435', 'artículo 522', 'artículo 438', 'artículo 149', 'artículo 122', 'artículo 149', 'artículo 152', 'artículo 149', 'artículo 122', 'artículo 124', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 438', 'artículo 149', 'artículo 122', 'artículo 479', 'artículo 479', 'artículo 13', 'artículo 102']

Pleno. Sentencia 224/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1933-2004. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Distribución de competencias sobre Administración de Justicia: nulidad del precepto legal estatal que atribuye al Ministerio de Justicia la potestad de creación de las oficinas de señalamiento inmediato (STC 163/2012). | Iberley
Pleno. Sentencia 224/2012, de 29 de noviembre de 2012. Recurso de inconstitucionalidad 1933-2004. Interpuesto por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Distribución de competencias sobre Administración de Justicia: nulidad del precepto legal estatal que atribuye al Ministerio de Justicia la potestad de creación de las oficinas de señalamiento inmediato (STC 163/2012)., - Boletín Oficial del Estado, de 29-12-2012
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1933-2004, interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los apartados 74, 123 y 124 del artículo único, las disposiciones adicionales primera, novena, duodécima -apartado tres- y decimosexta, la disposición transitoria quinta -apartado 2- y la disposición final primera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 25 de marzo de 2004, el Abogado de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los apartados 74, 123 y 124 del artículo único, las disposiciones adicionales primera, novena, duodécima -apartado tres- y decimosexta, la disposición transitoria quinta -apartado 2- y la disposición final primera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y, concretamente, en lo que se refiere a los apartados anteriormente mencionados del artículo único, los artículos 313.2, 437.5, 438.3, 440, 447.3 c), 448 -apartados 3, 4, 5 y 6-, 450 -apartados 1 y 4-, 451.2, 458.2, 463.1, 464.3, 465 -apartados 3, 6 y 8-, 466.1, 467.6, 469 -apartados 1 y 3 b)-, 479.4, 483.2, 485, 487, 488, 490.5, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, y 533 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante, LOPJ), en su nueva redacción.
a) Comienza el escrito de demanda examinando los antecedentes de la reforma legislativa aprobada mediante la Ley Orgánica 19/2003 -tanto en su vertiente jurisprudencial (SSTC 56/1990, de 29 de marzo; 62/1990, de 30 de marzo; y 158/1992, de 26 de octubre) como normativa (Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y reglamentos orgánicos de los distintos cuerpos)-, los traspasos a la Generalitat de Cataluña en materia de provisión de medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de justicia (Reales Decretos 966/1990, de 20 de julio, 409/1996, de 1 de marzo, 1905/1994, de 23 de septiembre, y 441/1996, de 1 de marzo), y las propuestas del Libro Blanco sobre la Justicia del Consejo General del Poder Judicial (1997).
Pero incluso en este modelo, que limita la virtualidad del título competencial recogido en el artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), se alega -con apoyo en los fundamentos jurídicos 6 y 10 de la STC 56/1990-, que tal limitación debería tener un carácter de excepción a la regla general, ciñéndose estrictamente a los supuestos en los que la jurisprudencia constitucional ha admitido que la actuación estatal es necesaria para preservar el modelo de cuerpos nacionales por el que ha optado el legislador orgánico.
Avanza a continuación el Abogado de la Generalitat de Cataluña una valoración global de la reforma -favorable a la regulación genérica del artículo 37 LOPJ en lo que concierne a la gestión de los medios materiales, con excepción de cuestiones concretas- y centra los reproches de inconstitucionalidad en la regulación relativa a ciertos aspectos de la gestión de medios personales, de los que nos ocuparemos de inmediato con el debido detalle.
Se concluye este planteamiento general con menciones a la potestad reglamentaria de las Comunidades Autónomas en el ámbito de la «administración de la Administración de Justicia», que -reconocida al menos implícitamente por la STC 56/1990 [FFJJ 8 y 11 k)] e inequívocamente en la STC 105/2000-, habría sido desconocida o indebidamente dificultada en supuestos concretos; al desconocimiento de las previsiones estatutarias relativas a la valoración como mérito preferente del conocimiento de la lengua y el Derecho propios de la Comunidad Autónoma; y a la inconstitucionalidad que derivaría de la regulación por la Ley Orgánica del Poder Judicial de aspectos que no se hallarían amparados por la reserva de ley orgánica recogida en el artículo 122.1 CE.
b) Tras efectuar estas consideraciones previas a modo de planteamiento general del recurso, un primer bloque de impugnaciones se dirige contra la nueva regulación en materia de Secretarios Judiciales. En relación con el título II del libro V, el artículo 522.1, apartados 1 -párrafo segundo- y 3 LOPJ, y las disposiciones adicionales primera -párrafo segundo- y novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, entiende el Abogado de la Generalitat de Cataluña que esta regulación impide el ejercicio de las competencias autonómicas, que -a partir de la interpretación dada por este Tribunal en la STC 56/1990- permitía que la cláusula subrogatoria operara en el ámbito de la «administración de la Administración de Justicia», incluyendo los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y, entre ellos, el de Secretarios Judiciales.
Entiende el Abogado de la Generalitat de Cataluña que lo que no se justifica, a falta de una motivación satisfactoria, es un trato diferente en cuanto a la operatividad de la cláusula subrogatoria entre un cuerpo de funcionarios y los demás. Argumenta en este sentido que el hecho de que el modelo de cuerpos nacionales autorice al Estado a delimitar las competencias autonómicas derivadas de la cláusula subrogatoria no le da una total libertad en esta tarea, sino que la misma debe venir motivada por el parámetro de la dimensión supraautonómica, que debe ser uniforme -salvo justificación en contra- para el conjunto de los cuerpos de funcionarios. Entiende exigible la identidad de criterios en cuanto a la posibilidad de que las Comunidades Autónomas se subroguen en las facultades atribuidas al Estado, y en consecuencia inadmisible su exclusión en la regulación relativa a los Secretarios Judiciales en supuestos análogos a los previstos para el resto de los cuerpos de funcionarios.
En materia de relaciones de puestos de trabajo, incurriría en inconstitucionalidad por este motivo, por lo pronto, el artículo 437.5 LOPJ, por atribuir al Ministerio de Justicia la determinación de las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo -determinación a la que deberá sujetarse la Comunidad Autónoma al efectuar la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo-. Tras descartar que pueda hallarse justificación en el carácter unitario de la organización o en el carácter nacional de los cuerpos, considera que la motivación apuntada en el artículo 437.5 parece partir de una clara desconfianza respecto de la actuación de las Administraciones autonómicas, que otorgaría al Estado un «título» de intervención en ámbitos ajenos a su competencia, para asegurar unos niveles mínimos de calidad. Tampoco encuentra justificación en el carácter homogéneo de la estructura básica de la oficina judicial establecida en el artículo 435.2, ya que la fijación de dotaciones mínimas es una variable cuantitativa y en ningún caso estructural. Adicionalmente y en cuanto al artículo 522.2, que reserva al Estado la aprobación definitiva de dichas relaciones, que podrá denegar por razones de legalidad, entiende que tal control de legalidad es contrario a la doctrina recogida en la STC 76/1983, FJ 12, en cuya virtud la autonomía exige en principio «que las actuaciones de la Administración autonómica no sean controladas por la Administración del Estado, no pudiendo impugnarse la validez o eficacia de dichas actuaciones sino a través de los mecanismos constitucionalmente previstos».
Sin cuestionar la competencia estatal para regular esta materia, reivindica la competencia ejecutiva, en la medida en que de forma inequívoca se trata de la materia «administración de la Administración de Justicia», sobre la que opera la cláusula subrogatoria. Tal competencia ejecutiva encontraría un impedimento injustificado en el artículo 438.3, párrafo segundo, al condicionar, indebidamente a su juicio, la posibilidad de creación de servicios comunes al informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. Admite que el precepto aplica correctamente la técnica subrogatoria, ya que tal condición -que asimila a un poder de veto- se extiende a los supuestos en que la creación de dichos servicios comunes correspondiera al Ministerio de Justicia.
Señala el Abogado de la Generalitat de Cataluña que se trata de dilucidar si el grado de detalle de la regulación introducida por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada mediante la Ley Orgánica 19/2003 puede entenderse amparado por la reserva de ley orgánica del citado precepto constitucional, ante la constatación de que el legislador orgánico ha optado en muchos casos por incorporar la regulación hasta ese momento contenida en los reglamentos orgánicos de los distintos cuerpos de funcionarios a la ley orgánica. De ello deduce que, o bien era inconstitucional el anterior sistema de fuentes (en el que la mayor parte de la regulación estatutaria se encontraba fuera de la Ley Orgánica del Poder Judicial), o bien lo es la actual regulación, de carácter exhaustivo y detallado. Porque otra cosa -prosigue el razonamiento- sería apoderar al legislador orgánico para interpretar el alcance de las materias reservadas a la ley orgánica en función de criterios de oportunidad, lo que reputa contrario a la jurisprudencia constitucional, que no ha dudado en fiscalizar el radio de acción atribuido en cada caso a aquella reserva.
a) En primer lugar, la incidencia de las modificaciones normativas posteriores a la Ley Orgánica 19/2003 en este proceso constitucional de naturaleza competencial, atendiendo al reiterado criterio de «que cuando el objeto del proceso constitucional tiene un contenido competencial, de manera que 'lo que se traba en realidad es una controversia en el ámbito de las competencias respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas', este Tribunal deberá pronunciarse sobre su titularidad 'en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva, debiendo inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la disposición sobre la que se trabó el conflicto resulte luego derogada o modificada' [STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 b)]. El fundamento de esta excepción radica en que la función de preservar los ámbitos respectivos de competencias 'no puede quedar enervada por la sola derogación o modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio, cuando aquella preservación exige aún, porque así lo demandan las partes, o al menos una de ellas, una decisión jurisdiccional que declare, constatando si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada, su definición constitucional o estatutaria' (por todas, misma Sentencia y fundamento).» [STC 204/2011, de 15 de diciembre, FJ 2 a)].
En atención a lo anterior, la delimitación competencial que realiza el bloque de la constitucionalidad en materia de Administración de Justicia puede sintetizarse de la forma siguiente: debe distinguirse entre un sentido estricto y un sentido amplio en el concepto de Administración de Justicia. De este modo, «el artículo 149.1.5 de la Constitución reserva al Estado como competencia exclusiva la 'Administración de Justicia' … Pero no puede negarse que, frente a ese núcleo esencial de lo que debe entenderse por Administración de Justicia, existe un conjunto de medios personales y materiales que, ciertamente, no se integran en ese núcleo, sino que se coloca, como dice expresamente el artículo 122.1, al referirse al personal, 'al servicio de la Administración de Justicia', esto es, no estrictamente integrados en ella. En cuanto no resultan elemento esencial de la función jurisdiccional y del autogobierno del Poder Judicial, cabe aceptar que las Comunidades Autónomas asuman competencias sobre esos medios personales y materiales. (…) Lo que la cláusula subrogatoria supone es aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y 'administración de la Administración de Justicia'; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el artículo 149.1.5 de la Constitución, con la excepción de lo dispuesto en el artículo 152.1, segundo párrafo» (STC 105/2000, de 13 de abril, FJ 2).» (STC 253/2005, de 10 de octubre, FJ 5).
Procede recordar al respecto lo que sobre el régimen retributivo de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia regulado en los artículos 515, 516 y 519 LOPJ determinamos en la STC 235/2005, de 11 de octubre: «los distintos elementos de esta regulación … constituyen, todos ellos, aspectos esenciales del sistema retributivo que garantizan la unidad de los cuerpos de carácter nacional al configurar una remuneración uniforme para todos sus miembros. La homogeneidad del sistema se alcanza por la exigencia, resaltada antes, de que los funcionarios de estos cuerpos nacionales 'sólo podrán ser remunerados' por dichos conceptos, según se ha indicado.» (FJ 13).
Como razonamos en la STC 253/2005, de 11 de octubre, y ratificamos en la STC 163/2012, FJ 6 j), «la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a las relaciones de puestos de trabajo … constituye un régimen jurídico a través del cual el Estado garantiza la unidad y homogeneidad de estos cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia …, asegurando así la movilidad de aquéllos en todo el territorio nacional» (FJ 8), criterio que -en lo que afecta específicamente a la ordenación de los puestos de trabajo asignados al cuerpo de Secretarios Judiciales- hay que complementar con la dependencia estatal del mismos, por lo que no procede sino reiterar los citados pronunciamientos previos y desestimar la presente impugnación.
En la STC 163/2012, FJ 5, hemos ratificado una vez más (cfr. SSTC 105/2000, de 13 de abril; 253/2005, de 23 de diciembre; 270/2006, de 13 de septiembre; y 294/2006, de 11 de octubre), «la doctrina firmemente establecida desde la STC 56/1990, en la que afirmamos que 'la Ley Orgánica … ha venido a optar por un modelo consistente en la consideración de los Cuerpos de la Administración de Justicia como Cuerpos nacionales, lo que comporta, evidentemente, la necesidad de un régimen común en todo el territorio nacional: decisión que (aun cuando, posiblemente, no fuera la única constitucionalmente aceptable) viene sin duda justificada por cuanto, aun cuando no sean tales cuerpos, estrictamente, parte de la Administración de Justicia en el sentido del artículo 149.1.5 CE, sí resulta su actuación necesaria, en cuanto colaboración imprescindible, para la actividad de esa Administración y el cumplimiento de sus funciones. Su consideración como Cuerpos nacionales y el establecimiento de un régimen común aparecen así como la técnica adoptada por el legislador orgánico para garantizar en forma homogénea, en todas las Comunidades Autónomas, los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Justicia … Ha de considerarse, por ello, que quedan excluidas de las cláusulas subrogatorias de los Estatutos de Autonomía aquellas atribuciones que, encomendadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial al Gobierno de la Nación, resultan obligadamente reservadas a éste, para mantener el carácter propio de Cuerpo Nacional; pues de lo contrario, vendría a vaciarse de contenido las previsiones de la LOPJ en este sentido, contradiciéndose el mandato del artículo 122.1 CE. Mientras que, por el contrario, sí jugarán su papel las cláusulas subrogatorias respecto de todas aquellas atribuciones encomendadas al ejecutivo estatal que no resulten imprescindibles o esenciales para el mantenimiento del carácter de Cuerpo nacional respecto de los integrados de la 'Administración de Justicia' (STC 56/1990, FJ 10).»
b) Para analizar la alegada vulneración de la competencia autonómica en materia de provisión de medios materiales (apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, incorporada mediante la disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 19/2003) derivada de la cláusula subrogatoria, resulta necesario tomar en consideración un bloque normativo más amplio que el impugnado, a partir de la configuración del Ministerio Fiscal contenida en el artículo 124 CE y desarrollada en el artículo 2.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula su estatuto orgánico, en la redacción dada por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, que define a la institución como «un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial» que «ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad». En lo que aquí interesa, la integración del Ministerio Fiscal en el Poder Judicial -vale decir, en el ámbito estricto del artículo 149.1.5 CE- y los principios constitucionalmente consagrados de unidad de actuación y dependencia jerárquica que lo rigen justifican plenamente las funciones que la disposición impugnada atribuye a los órganos de la Fiscalía General del Estado y a la Comisión nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal en relación con la red integrada de comunicaciones.
Por otra parte, en relación con la composición de la Comisión nacional de informática y comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal, la participación autonómica -cuya omisión se reprocha en el recurso- está expresamente prevista en el artículo 8 del Real Decreto 93/2006, concretamente a través de la integración de dos Consejeros de Justicia de Comunidades Autónomas que hubiesen recibido los traspasos de provisión de medios al servicio de la Administración de Justicia, designados bianualmente por la conferencia sectorial en materia de Administración de Justicia, así como aquellos Consejeros de Justicia de las Comunidades Autónomas afectadas por la materia a tratar.
a) Se impugna el párrafo segundo del artículo 438.3 por exigir el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial -informe que resulta vinculante tanto para el Ministerio de Justicia como para las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos de competencia- para la creación de servicios comunes procesales que asuman la ordenación del procedimiento u otras funciones distintas a las expresamente relacionadas en el precepto (a saber, las de registro y reparto, actos de comunicación, auxilio judicial, ejecución de resoluciones judiciales y jurisdicción voluntaria).
No puede prosperar la alegada vulneración de la competencia autonómica que la Comunidad recurrente imputa a la facultad que este precepto atribuye al Consejo General del Poder Judicial. Desde la STC 56/1990 hemos dejado sentado que la cláusula subrogatoria supone «aceptar el deslinde que el Estado realiza entre Administración de Justicia en sentido estricto y 'administración de la Administración de Justicia'; las Comunidades Autónomas asumen así una competencia por remisión a ese deslinde, respetando como núcleo inaccesible el artículo 149.1.5 de la Constitución» (FJ 6), de modo que «tampoco pueden las Comunidades Autónomas actuar en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia en aquellos aspectos que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva a órganos distintos del Gobierno o de alguno de sus departamentos» [FJ 8 b)]. Y en la STC 195/2000, de 13 de abril, precisamos que, fuera del concreto marco de atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro de la reserva constitucional establecida en el artículo 122.2 CE, contempla en relación con el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados a fin de salvaguardar la independencia judicial del área de influencia del Poder Ejecutivo, «nada impide que, una vez regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera (art. 122.1 CE), la misma Ley Orgánica pueda atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo General del Poder Judicial, indistintamente, competencias sobre todas aquellas materias que no afecten a dicho marco de atribuciones, constitucionalmente reservado al Consejo a través de la precisión que haga la Ley Orgánica del Poder Judicial» (FJ 4).
d) Condujo a la desestimación de la impugnación del artículo 479.4, como igualmente conduce en esta ocasión, el razonamiento contenido en el fundamento jurídico 6 a) de la STC 163/2012: «en lo que se refiere a las autorizaciones del Gobierno previstas para la fijación de la sede del Instituto de Medicina Legal en ciudad distinta a aquella en la que se encuentra el Tribunal Superior de Justicia respectivo debemos afirmar que tal fijación podría afectar al ejercicio de la función jurisdiccional. En efecto, los Institutos de Medicina Legal son organismos que sirven de sustento al ejercicio de la función jurisdiccional, y el cambio de sede a ciudad distinta de la sede del Tribunal Superior de Justicia, cuando existe un único Instituto, puede afectar a aquella función, al poder dificultar la función que tales institutos cumplen de auxilio y colaboración con la actividad jurisdiccional de los Tribunales Superiores de Justicia. No obstante lo anterior, en cuanto que también dichos institutos forman parte de los elementos materiales o personales al servicio de la Administración de Justicia, no existe impedimento para que la cláusula subrogatoria pueda operar en el caso de la otra previsión establecida en el precepto impugnado que se refiere a la posibilidad de que el Gobierno autorice el establecimiento de Institutos de Medicina Legal en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate. En efecto, que sea el Gobierno el que determine el cambio de sede de aquel Instituto de Medicina Legal que por exigencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial deba existir no es impedimento para que la Comunidad Autónoma, en ejercicio de la competencia reconocida al Gobierno en el artículo 479.4, tercer párrafo, y en virtud de la cláusula subrogatoria, pueda autorizar el establecimiento de Institutos de Medicina Legal en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, ha de concluirse, como ya consideramos en la STC 62/1990, FJ 6 i), que en esta materia ha de entrar en juego, en su caso, la cláusula subrogatoria referida a las facultades en materia de Administración de Justicia que se atribuyan al Gobierno de la Nación. Ahora bien, siendo tal atribución requisito indispensable para que esa cláusula resulte de aplicación, no cabe considerar inconstitucional el precepto impugnado, en cuanto que no impide -sino que posibilita- que la mencionada cláusula cobre efectividad. En lo que se refiere al procedimiento de determinación de las normas generales de organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal, el precepto impugnado prevé que la adopción de las mismas se tenga que hacer mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y de las Comunidades Autónomas. Tal procedimiento resulta esencial para el mantenimiento del carácter de Cuerpo nacional de los Médicos Forenses, que son los destinados en los Institutos de Medicina Legal, por lo que la impugnación en este punto debe ser desestimada.»
En definitiva, concluye la STC 109/2011, la suficiencia «se garantiza por el sistema de financiación autonómica en los términos del artículo 13 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, conforme al cual, la participación autonómica en los ingresos del Estado se hará a través del 'Fondo de Suficiencia Global' (apartado 1) … Finalmente no debe olvidarse que, en cuanto a la denunciada vulneración del principio de autonomía financiera, el mencionado acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 6/2009, de 15 de julio, garantiza, mediante la incorporación de recursos adicionales por parte del Estado a las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas, la suficiencia financiera de éstas para el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales existentes hasta la fecha de suscripción del referido acuerdo.» (FJ 6).
En cuanto a los supuestos a los que resulta de aplicación esta exigencia, la STC 56/1990 determinó al respecto que «la Carrera Judicial, así como los Cuerpos en que se integran los distintos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, son Cuerpos únicos y de ámbito nacional. En consecuencia, cuando los preceptos estatutarios prevén que el mérito discutido se tendrá en cuenta en 'concursos, oposiciones y nombramientos', ha de entenderse que se refieren al acceso a plazas en los territorios autonómicos una vez producido el ingreso en la correspondiente Carrera o Cuerpos, pero no al ingreso en los mismos, en cuyo caso, dado su carácter nacional, no tiene ningún sentido exigir la especialización en los Derechos de cada una de las Entidades territoriales que integran la Nación» [FJ 45 b)], razón por la cual «[l]a impugnación que se hace de aquellos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan el ingreso en la Carrera Judicial, ya sea por el turno de oposición, ya lo sea por el turno de juristas de reconocida competencia, así como la de aquellos que disciplinan el ingreso en los distintos Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, no se sostiene, pues, por lo dicho, la exigencia de especialización no puede ser aplicable al ingreso en la Carrera Judicial y en los indicados Cuerpos de funcionarios.» (FJ 46).
A propósito del conocimiento del Derecho propio de Cataluña, dijimos también en la STC 31/2010 que se trata de «una condición inexcusable en quien, como titular de un órgano de la jurisdicción, tiene como función la aplicación del Derecho integrado en el conjunto del Ordenamiento español, en el que se comprenden tanto el Derecho del Estado como las disposiciones de Derecho internacional debidamente incorporadas en aquel conjunto y, obviamente, los Derechos internos de origen y alcance infraestatal, sean los emanados de las Comunidades Autónomas, sean los Derechos civiles forales o especiales reconocidos y amparados por la Constitución … es obvio que los Jueces y Magistrados españoles deben conocer el Derecho español en todas sus dimensiones y variables, siendo evidente que en ese punto el precepto estatutario no exige nada que no esté ya obligado a exigir, por principio, el legislador orgánico del Poder Judicial, único competente, según tenemos repetido, para la disciplina de los procedimientos de acceso a la Carrera Judicial y de promoción y traslado de quienes en ella se integran. En cualquier caso, que 'el conocimiento suficiente del derecho propios' haya de valorarse 'específica y singularmente para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado', según quiere el artículo 102.3 EAC, no deja de ser una legítima pretensión del legislador estatutario -en tanto que competente para la defensa y promoción de aquella lengua y de aquel Derecho- respecto de la acción legislativa del único competente para cuanto se refiere a la Administración de Justicia en sentido propio, esto es, para las Cortes Generales, que, con perfecta libertad, habrán de determinar, en su caso, la forma y el alcance con que esa pretensión pueda formalizarse en una condición jurídica de Derecho positivo.» (FJ 51).
Esta misma disposición reglamentaria prevé, para los concursos de provisión de puestos de trabajo genéricos, que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con traspasos recibidos acordarán conjuntamente las bases marco de las convocatorias, en las que se establecerán los méritos a valorar (art. 42), méritos entre los cuales cabe -para los cuerpos especiales al servicio de la Administración de Justicia-, incluir los méritos destinados a valorar las actividades docentes, publicaciones, comunicaciones y asistencia a congresos que estén directamente relacionados con las funciones propias del puesto que se convoque [art. 48.1 c)], lo que permite tomar en consideración el conocimiento del Derecho propio de la Comunidad Autónoma cuando así resulte proporcionado a las exigencias del puesto a desempeñar.
Dada en Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil doce.-Pascual Sala Sánchez.-Manuel Aragón Reyes.-Pablo Pérez Tremps.-Francisco José Hernando Santiago.-Adela Asua Batarrita.-Luis Ignacio Ortega Álvarez.-Encarnación Roca Trías.-Andrés Ollero Tassara.-Fernando Valdés Dal-Ré.-Juan José González Rivas.-Firmado y rubricado.