Source: https://es.scribd.com/doc/11942327/Los-Principios-de-los-Funcionarios-Publicos
Timestamp: 2017-08-16 15:20:29
Document Index: 246146788

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 140', 'artículo 141', 'artículo 145', 'Artículo 139', 'Artículo 141', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 137', 'Artículo 6', 'Artículo 115', 'Artículo 140', 'artículo 7', 'Artículo 7']

Descripción: Los Principios de los Funcionarios Públicos. Universidad Yacambù.
Los Principios de los Funcionarios Públicos. Universidad Yacambù.
Introducción Anteriormente se afirmaba que el tema referido a los principios generales del Derecho era uno de los más
discutidos. Hoy puede continuar siendo discutido y discutible, aunque estimamos que poca atención se ha puesto al respecto. Se afirmaba también que fue poco estudiado y difundido. No parece haber acuerdo, no porque se hayan creado los ámbitos y las posibilidades de discusión, sino porque aisladamente cada cual ha dado su opinión, no pocas veces de un modo parcial. Se había estimado que los principios generales del Derecho son máximas o axiomas jurídicos recopilados históricamente; o son los dictados de la razón admitidos legalmente, como fundamento inmediato de sus disposiciones. Según puede observarse, en estos dos puntos de vista, el primero se vincula más a la historia, sin establecer jerarquía ni vinculación con los diversos ordenamientos nacionales; y, en el segundo, se trataría sólo de su admisión legal como fundamento inmediato de la ley, sin considerar los principios fijados en ella o en la constitución escrita de una determinada comunidad nacional. Se ha presentado al reconocimiento de los principios generales del Derecho como una autorización o invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez. En este caso la ley le dice a los jueces:”Pueden crear Derecho mediante los principios generales”. Asimismo se los ha conceptuado como normas generales del Derecho, expresión concreta del Derecho natural, reglas universales de que la razón especulativa se sirve para encontrar soluciones particulares justas y equitativas cual los preceptos del Derecho.
DAS – Universidad Yacambú
Igualmente, se los consideró un derecho universal común, general por su naturaleza y subsidiario por su función, aplicando como supletorio a las lagunas del Derecho. Los principios generales del Derecho se aplican a falta de costumbre o ley, sin perjuicio “de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. Aunque no es correcto señalarlos como derecho universal común, sí interesan ya que marcan el carácter o función subsidiaria, a no ser que el principio sea una norma sancionada formal y sustancialmente. Por lo puntualizado hasta aquí y por lo que señalaremos más adelante, no se alcanza todavía a conceptuar cabalmente y de modo óptimo a los principios generales del Derecho; con estos elementos podríamos componerse congruentemente una idea aproximada, pero no una definición, categoría rígida que excluya componentes y que, por tal, se enerva con los cambios dinámicos que se producen en el ordenamiento jurídico-legal. Podríamos decir que los principios generales del Derecho, son una técnica dogmática para justificar soluciones originales. En nuestra opinión, los principios pueden señalar contradicciones en el ordenamiento legal, llenar lagunas, perfeccionar el Derecho, o crearlo, introducir en éste contenidos mayores de justicia, interpretar con más precisión al Derecho, sustituir normas inaplicables o ineficaces, etcétera. Empero la dogmática muestra con los principios su compatibilidad con el derecho legislado y su función de reformulación, salvando sus imperfecciones formales y adecuándolo a los estándares valorativos vigentes. “Los juristas se ocupan de sistematizar el orden jurídico, reemplazando conjuntos de normas por principios más generales y pretendidamente equivalentes a ellas. De este modo se logra una mayor
economía del sistema, presentándolo como un conjunto de pocos principios, cuyas consecuencias lógicas es más fácil determinar”.
Nosotros creemos que los principios no tienen que pretenderse siempre como equivalentes a las normas pues si fuese así serían superfluos o discutibles, a no ser que se los utilice sólo por lo que son, en una opinión filosófica, esto es causa o fundamento. Estos conceptos y algunos otros, ya citados, crean el
convencimiento de que el juez tiene legitimación para crear Derecho, bajo ciertas circunstancias y con razonables condicionamientos. Y, en todo caso, debería tratarse de los principios generales –o específicos, en su caso- correspondiente al orden jurídico nacional, al ser de una nación y a la conciencia jurídica del pueblo. Esto último no excluye la posibilidad de considerar como principio jurídico general a cualquier principio que sea congruente con los presupuestos mencionados. De otro modo: un principio general del Derecho extranjero puede ser coincidente con el espíritu de nuestro pueblo y con nuestro ordenamiento jurídico. La filosofía jurídica brinda ejemplos, al respecto.
Principio de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos Los principios de responsabilidad de los funcionarios públicos están demarcados en la Constitución y están fundamentados en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia rendición de cuentas y responsabilidad del funcionamiento en el ejercicio de su función publica. Podemos observar al estudiar la Constitución que existe una doble garantía de responsabilidad, a favor del ciudadano que esta dada por la garantía personal del funcionario que establece el artículo 139 de la constitución, y la responsabilidad del estado establecida en el artículo 140 de la constitución. La Constitución establece responsabilidad del funcionario que incurra en desviación de poder o violación de las leyes, y del estado cuando se causa daño a los particulares por hechos imputable a la Administración Pública. También al continuar estudiando la Constitución conseguimos los principios que debe regir la conducta de la Administración Pública, estos principios están establecidos en el artículo 141 de la constitución, el leer este artículo la mente nos crea una imagen del estado ideal en el que viviríamos si estos principios se cumpliesen a cabalidad, es importante saber que esto solo es algo teórico ya que por diversas circunstancias podemos observar que esto no se cumple en nuestra Administración Pública. Al analizar el artículo 145 de la Constitución podemos observar como esta establece que los funcionarios públicos deben ser apolíticos, ya que ellos están al servicio del estado y no de parcialidad alguna. Al analizar bien este artículo y observar las esferas de la Administración
Pública podemos observar, como se irrespeta descaradamente la Constitución al poner todos los cargo públicos al servicio de una sola parcialidad y no de la generalidad de los Venezolanos como lo establece nuestra ley fundamental. Los artículos de nuestra Constitución donde están establecidos estos principios de responsabilidad de los funcionarios y del Estado son: Artículo 139. El ejercicio del Poder Público acarrea
responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y proveerán su incorporación a la seguridad social. La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos. Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. Quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en
representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley. Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la Ley. El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño. Principio de Legalidad El principio de la legalidad es un principio fundamental del Derecho Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe sustentarse en normas jurídicas que determinan un órgano competente y un conjunto de matarías que caen bajo su jurisdicción. Este principio esta establecido en el Artículo 137 de la Constitución, “Es el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme con el Derecho del Estado”. Es una consecuencia de la noción general de Estado de Derecho y establece una relación que algunos autores denominan autovinculación, es decir sujeción de las autoridades a sus propias normas. Es sin duda, además de consecuencia, el pilar fundamental del Estado de Derecho y quien más directamente lo garantiza, siendo en
gran medida los otros principios, sus subordinados lógicos, pues sin esta legalidad no podrían funcionar. Se podría decir que el principio de la legalidad es la regla de oro del Derecho Público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que en un Estado existe el Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas En intima conexión la institución de la reserva de la Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver con intervención del Poder Público en la esfera de Derechos del individuo. Por lo tanto, son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La reserva de la Ley, al resguardar la afectación de Derechos al Poder Legislativo, refleja doctrina liberal de la separación de poderes, recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho Administrativo, en el Derecho Tributario y en el Derecho Penal. La consecuencia fundamental del principio de la legalidad es la nulidad de los actos contrarios a la legalidad.
Principios de la Responsabilidad Patrimonial del Estado La responsabilidad patrimonial del Estado se distingue en Derecho Público, el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que le hayan sido causados por la responsabilidad del Estado, es decir, por la actuación ilegítima del Estado, de la Administración, de aquella otra que es debida por el Estado al titular de ciertos derechos que ceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa. La Constitución Nacional establece claramente el principio de Responsabilidad como una de sus bases constitucionales, esto lo
podemos encontrar en el Artículo 6 el cual dice: El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Nuestra constitución también establece las condiciones en las que ésta procede, esto lo observamos al leer el Articulo 25 el cual establece: Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Los mecanismos para la expropiación de bienes particulares los fija en el Artículo 115 el cual dice: Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Las responsabilidades por actos administrativos que lesionan situaciones jurídicas subjetivas se determinan en el Artículo 140 el cual dice: El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.
Al analizar esta información podemos ver como se ratifica la responsabilidad patrimonial del Estado frente a los particulares pero se añade que “en ningún caso se reconocerá responsabilidad cuando los daños alegados por los particulares se refieren a la falta de ingreso de beneficios económicos esperados, sean atribuidos a conflictos laborales o a conmociones públicas, o al ejercicio de poderes soberanos discrecionales”. En tal sentido se tendrá por nula cualquier cláusula que pretenda obligar a la República o a los entes públicos a indemnizar a la contraparte por la falta de beneficios esperados o calculados se deba a disturbios públicos, conflictos laborales o medidas de ejercicio de la soberanía o de defensa de los recursos naturales y la ecología.
Principio de Supremacía Constitucional La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que pueden llegar a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 7 la supremacía de la Constitución, es decir en este artículo se coloca encima del ordenamiento jurídico. Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Según el principio de supremacía, o de fuerza normativa de la Constitución, los preceptos constitucionales tienen superioridad referente al resto, esta en la cúspide de la jerarquía del ordenamiento jurídico, y determina aquella normas opuestas a la constitución son inválidas. Si una ley admite la interpretación o más debe escogerse aquella que sea conforme con la Constitución o con los instrumentos internacionales referentes a los derechos fundamentales del hombre; si eso no es posible, aplicar la jurisprudencia y la doctrina internacional. El principio de la fuerza normativa de la Constitución no puede ser eludido en ninguna circunstancia ya que sus normas prevalecen sobre las demás leyes, sean estas referentes al Derecho Público o al Derecho Privado, y consecuentemente sobre las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Judicial o Código de Procedimiento Civil.
Conclusión Tras este trabajo no podemos concluir sin hacer una reflexión sobre lo bonita que seria la vida en nuestro país si se cumpliese a cabalidad con la Constitución, esta establece unos principios funcionales del Estado, del Gobierno y de los empleados Públicos, que de no ser violentados de la forma tan arbitraria como se hace, viviríamos en el país de la fantasía. No podemos concluir con un concepto definitivo de “principios generales del Derecho”. Sólo tenemos claro que no son ni ley ni costumbre, pues se aplican en defecto de éstas. En el campo teórico y desde una postura iusnaturalista podrían ser normas de Derecho natural, desde una postura iuspositivista que no admitiría más normas que no fueran la ley o la costumbre sólo podrían ser normas implícitas obtenidas de normas explícitas (legales y consuetudinarias). No obstante el silencio legislativo y la variopinta doctrina no podemos obviar que si nos apoyamos, para dar un concepto, en los principios recogidos por la jurisprudencia en su inmensa mayoría son principios de Derecho romano o de la tradición jurídica nacional —inspirada en su mayor parte por el Derecho romano. Por otra parte, admitir que el jurista es quien obtiene los principios generales (normas implícitas) de las normas explícitas es reconocer una actividad creadora por parte del mismo y no meramente cognoscitiva o descriptiva. Sería, entonces la doctrina científica fuente del Derecho a través de los principios generales del Derecho. De igual modo, al exigir la jurisprudencia que los principios estén reconocidos como tales en la doctrina jurisprudencial (o en la ley) —cosa que no indica la ley por ningún lado— erige al Tribunal Supremo como posible creador (y no únicamente como intérprete y aplicador) de Derecho pues no habría
más principios generales del Derecho que los enunciados por la jurisprudencia (o la ley), aunque no hubiera un total arbitro. Por otro lado, nótese que la frase “sin perjuicio de” usada muy a menudo en nuestra legislación viene a reconocer un carácter informador autónomo de los principios generales del Derecho frente a la función integradora, siendo entonces indirectamente aplicables aunque no se hubiera reconocido su directa aplicabilidad supletoria, convirtiéndose entonces en una superfuente no en un sentido jerárquico (vertical) pero sí latente (horizontal) sobre el resto de fuentes, de omnipresente apoyo jurídico para la decisión. Es interesante saber que por lo menos teóricamente tanto los Funcionarios Públicos, como el Estado tienen una suerte de responsabilidad ante los Venezolanos, claro esto en la realidad no llega a aplicarse pero sería muy gratificante asistir a cualquier instancia Pública y conseguirse un funcionario que respete los principios fundamentales que señala nuestra Constitución, estos deberían regir en todo momento el comportamiento de dichos Funcionarios, estos principios son la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública
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