Source: http://www.defensayjusticia.gob.ec/?p=1020
Timestamp: 2018-02-24 00:37:18
Document Index: 296374857

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 16', 'artículo 62', 'artículo 72', 'artículo 9', 'artículo 220']

Drogas, pobreza y cárcel: el triángulo peligroso, tragedia familiar | Revista "Defensa y Justicia"
Drogas, pobreza y cárcel: el triángulo peligroso, tragedia familiar
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Las cárceles en todos los países están habitadas hacinadas, sería más justo decir- con un perfil particular de personas, ellas tienen un rostro propio, un color de la piel, una pertenencia social proveniente del desarraigo y de la exclusión, una ubicación geográfica en los arrabales de las ciudades, un nivel educativo básico, en suma, un no registro social, porque generalmente sus actividades económicas son informales o porque fueron empujadas a esta orilla.
Si la informalidad es la marca, no es difícil deducir por qué estas personas caen en las trampas del tráfico ilícito de drogas. Todas ellas (las excepciones son escasas) tienen una historia de vida basada en la crisis y en la pobreza, de cuya esencia deviene una tragedia familiar innombrable. Conozcamos brevemente tres casos:
1. Jessica Liliana tiene un apellido ancestral, icónico de las grandes culturas que fundaron nuestras tierras en el origen de los tiempos. Ella fue declarada autora del delito tipificado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con una pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria, modificada a este número de años por haber justificado circunstancias atenuantes. Su sentencia la condena a esta pena desproporcionada, “por habérsele encontrado en posesión 7,5 gramos de base de cocaína y 30 gramos de marihuana” (así reza en la sentencia de favorabilidad).
Enterada de que entró en vigencia el COIP, que ordena penas proporcionales acordes con el peso neto de las sustancias en su poder, con el patrocinio de defensores públicos, interpuso una petición, aspirando a que se aplique el principio de favorabilidad a la pena impuesta, “por haber sobrepasado en exceso el tiempo que se encontraría privada de libertad, ya que la cantidad encontrada (en su poder) se sitúa en la tabla emitida en la resolución 002-2014, por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), en mínima escala”, es decir, de dos a seis meses de prisión.
Jessica Liliana se encontraba en prisión desde el 8 de enero de 2011, es decir, estuvo privada de libertad por cerca de cuatro años, cuando de conformidad con el COIP no debía estar en prisión sino entre dos y seis meses.
En la audiencia de favorabilidad, la Corte Provincial dictaminó “que la pena se encuentra cumplida a cabalidad, por lo que en aplicación del numeral dos, del artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal, se declara la extinción de la pena, conforme lo establece el numeral dos del Art. 72 ibídem, en consecuencia he dispuesto la inmediata libertad, para lo cual se ha girado la respectiva boleta constitucional de excarcelación (…)”.
2. Lulú es un nombre falso, pero con una historia verdadera. Se casó joven, trabajó en alguna industria de transporte público y como miles de jóvenes españoles, creyó que su país caminaba firme hacia la élite del primer mundo. Pero llegó la crisis inmobiliaria y todo se derrumbó, perdió su piso -en sentido literal y simbólico- y en medio de la desesperanza, recibió con su pareja una oferta para traficar unos kilos de clorhidrato de cocaína. Prepararon maletas y llegaron al Ecuador para cumplir con la tarea y ganarse unos euros, que servirían para salvar su pequeño patrimonio y asegurarle a su madre y a su familia un mínimo bienestar. En el aeropuerto fueron descubiertos con menos de la mitad de la droga que les prometieron transportar, lo cual en último término los benefició porque escucharon que desde el 10 de agosto de 2014 entró en plena vigencia la nueva normativa penal denominada por sus siglas como COIP.
Fue sentenciada en el rango de 1 a 3 años, conforme a los umbrales determinados por el CONSEP. Ella nunca tuvo en sus manos la droga, pues le aseguraron que su camuflaje tenía que ser elaborado por “profesionales”. Los abogados comentan que posiblemente ese es un “modus operandi”: convertir a estas personas ingenuas en señuelos y en distractores, para que cantidades mucho mayores se trafiquen sin problemas. Ella llora desconsolada, no deja de llorar, no porque desconozca el delito que cometió. En realidad llora porque le robaron la esperanza, porque sus gobernantes quebraron su economía familiar, porque la crisis de España ha condenado al desempleo –que es lo mismo que a la desventura- a toda una generación de jóvenes.
En cuanto a las tribulaciones penales, si no hubiera entrado en vigencia el COIP, los jueces pudieron sentenciarla a ocho años como mínimo, pero solo si se consideraban válidos ciertos atenuantes. Entonces, deviene una primera pregunta: ¿realmente la joven española se merecía un castigo desmesurado? Creemos firmemente que no, que las leyes en el mundo tienen que ser modificadas para que se apliquen unas penas proporcionales a la cantidad de droga, porque no es lo mismo un narcotraficante que una joven “mula”. No puede ser considerada lo mismo la asociación ilícita vinculada al narcotráfico que unos muchachos consumidores de marihuana.
Precisamente esas diferencias hace ahora el COIP, con la nueva tabla de umbrales elaborada por el CONSEP, buscando a través de esta proporcionalidad, que las personas que han sido víctimas de las redes del crimen organizado no sean convertidas en “cabezas de turco”, ante la lamentable evidencia de que nunca o casi nunca dichas redes han sido sometidas a la justicia. Al contrario, sus pretensiones llegan incluso a colonizar territorios, rutas y segmentos de gobierno, como el caso lamentable de México.
3. Sonia Enith es otra mujer condenada a ocho años de reclusión mayor ordinaria. Fue sentenciada el 30 de abril del 2010, por el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Azuay, por haber sido encontrada culpable de tener en su poder 235.6 gramos (peso neto) de cocaína. El artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, vigente a esa época, señalaba sanciones con la pena de doce a diez y seis años de reclusión mayor extraordinaria y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales.
Tras la vigencia del COIP, el tribunal determinó que para el tipo de sustancia encontrada en su poder, las cantidades se ubican en la mediana escala, por lo tanto la sanción para dicha infracción es de uno a tres años. Sonia Enith permaneció detenida más de cuatro años, al haber sido privada de libertad el 31 de octubre del 2009. Por lo tanto, “al ser de aplicación inmediata y directa las normas vigentes, es oportuno que en base a los principios de eficacia normativa, aplicación directa e inmediata y de favorabilidad de la efectiva vigencia de los derechos se considera pertinente la petición planteada por Sonia Enith (…), por lo que, amparado en todas las normas legales antes referidas, bajo las consideraciones expuestas en este auto y de modo especial en el numeral 2 del artículo 72 de Código Orgánico Integral Penal, se declara extinguida la pena (…) y se ordena su inmediata libertad, para lo cual se giró oportunamente la boleta de excarcelación. Se dispone además el cese de las medidas cautelares que pesaban en su contra, así como la restitución de todos sus derechos”.
Estas historias se repiten por cientos y por miles. Cambian los nombres, cambian eventualmente los apellidos, pero son idénticas las matrices sociales, son bastante parecidas sus historias de vida, porque en efecto, sus vidas tienen parentescos más allá de los vínculos sanguíneos.
Por qué la proporcionalidad
Información de Judicatura revela que antes de la vigencia del COIP, las sentencias sobre los delitos de drogas eran desproporcionadas, pero sobre todo caóticas, en el sentido de que, por citar un simple ejemplo, por unas cantidades mínimas se aplicaban penas de ocho años y más. También se daban casos recurrentes de que por una mínima cantidad de droga (30 gramos de marihuana, por ejemplo) dos personas eran sentenciadas a penas totalmente distintas, como distinto era el juez que emitía la sentencia.
¿De dónde surge este escenario caótico del sistema de justicia? Un rastro clave encontramos en la Ley 108, aprobada en 1990, que ocasionó un contexto casi esquizofrénico a la hora de dictar sentencia en drogas, con el agravante de haber cambiado el enfoque de salud pública, por uno “legalista” de aplicación de la norma, sin que importen las vidas humanas, sus historias y sus dramas, pero sobre todo sin que importe un criterio elemental de proporcionalidad.
Como se conoce, este principio ha sido adoptado por muchos países, tanto a nivel constitucional (caso ecuatoriano) como en los respectivos códigos penales, por ejemplo el COIP en nuestro país, que establece umbrales en torno a los cuales tiene que regirse el juez y dictar sentencias con un marco de actuación conforme a la cantidad neta de droga existente y por lo tanto, guardando un criterio de proporcionalidad.
En el contexto internacional, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 9, Principio de Legalidad y Retroactividad, manda que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el sentenciado se beneficiará de ello.
Las disposiciones constitucionales del Ecuador al respecto son también claras. El Capítulo octavo, artíuclo 76, sobre el derecho al debido proceso, numeral 5, dispone que “en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora”.
Por último, el Código Orgánico Integral Penal, en plena vigencia desde el 10 de agosto de 2014, señala en su artíuclo 220 del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, las escalas sobre las cuales se establece la pena privativa de libertad de esta manera: mínima escala de 2 a 6 meses; mediana escala de 1 a 3 años; alta escala de 5 a 7 años y gran escala de 10 a 13 años.
Con estos antecedentes y con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales, la Defensoría Pública llevó adelante un proceso de registro de personas privadas de libertad que podían acogerse al principio de favorabilidad, estableciendo un calendario de trabajo a nivel nacional. Con dicho registro, se promovió la aplicación de la norma, pero -debemos decirlo-, con intensidades distintas en cada provincia.
Para llevar a cabo este proceso, la Defensoría Pública elaboró una “Guía de aplicación del principio de favorabilidad”, donde se señala un conjunto de criterios jurídicos para llevar a cabo la campaña. La Guía señala que “El artículo 220 del COIP es el más emblemático de los delitos de la reforma derivada de la nueva legislación penal ecuatoriana, no solo porque ha generado una mayor proporción de las penas, sino también porque crea umbrales o criterios que distinguen al pequeño del gran narcotráfico. Esta modificación determina un nuevo estándar no solo para las personas condenadas como consecuencia de la Ley 108, sino también para quienes se encuentran procesadas aún por ella”.
Los datos de libertad
¿Cuál es el país que posee la mejor política de rehabilitación social? Creemos que no es aquel que más apresa a sus ciudadanos, al contrario, lo único que estaría revelando es una enfermedad social. El Ecuador, hasta hace unos pocos años, mostraba un emblema: era el país que menos apresaba en América Latina. Ahora no podemos decir lo mismo, y aun cuando es positiva la construcción de nuevos centros de rehabilitación social, porque resuelven el escandaloso problema del hacinamiento carcelario, insistimos en que no es correspondiente a una política acertada de rehabilitación social, si nos encaminamos a estar entre los países que más encarcela.
En esa línea de pensamiento se inscribe la política de drogas establecida en el COIP. En tres meses de vigencia han salido en libertad 1 269 personas, que como Sonia Enith, Lulú y Jessica Liliana se enfrentaron a unos procesos difíciles, con penas desproporcionadas, con encarcelamientos prolongados que estuvieron muy lejos de ser “rehabilitadores”.
Por ello, consideramos con mucha firmeza que el país que posee la mejor política de rehabilitación social, es el que encarcela menos a sus ciudadanos. Es decir, en tanto tenemos a menos personas dentro de una prisión, más sana se muestra una sociedad. De conformidad con la escala, la gran mayoría de personas privadas de libertad por drogas, que recibieron sentencias favorables (94%), pertenecen a las escalas mínima y mediana. Es decir, se trata de muchísimas personas que son como Sonia Enith, Lulú y Jessica Liliana.
Marlo Brito es investigador de temas de la cultura.
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