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Timestamp: 2018-11-16 06:36:23
Document Index: 21718898

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 234', 'artículo 2', 'artículo 311', 'artículo 310', 'artículo 17', 'artículo 310', 'artículo 101', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 5', 'artículo 39', 'artículo 111']

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 102/2010, de 29 de septiembre, de creación del tribunal administrativo foral de recursos contractuales
Vigencia desde 14 de Octubre de 2010. Revisión vigente desde 14 de Octubre de 2010 hasta 24 de Octubre de 2011
Artículo 3 Especialización e independencia funcional
Artículo 4 Inamovilidad de los miembros del Tribunal
Artículo 17 Iniciación, tramitación y resolución de los recursos
DF 31/2018, de 13 Mar. (regulación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales)
DF 167/2011 de 18 Oct. Bizkaia (modificación del DF 102/2010 de 29 Sep., creación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales)
Disposición transitoria única bis redactada por el apartado primero del D. Foral [BIZKAIA] 167/2011, 18 octubre, de modificación del Decreto Foral 102/2010, de 29 de septiembre, de creación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales («B.O.B.» 24 octubre).
D Foral [BIZKAIA] 102/2010, 29 septiembre, derogado por la disposición derogatoria del D Foral [BIZKAIA] 31/2018, 13 marzo, por el que se regula el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales («B.O.B.» 19 marzo), el 20 de marzo de 2018.
La Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DOUEL 20 diciembre), ha establecido nuevas previsiones a fin de potenciar las garantías de transparencia y no discriminación y de dotar de recursos eficaces y rápidos contra decisiones adoptadas por poderes adjudicadores y entidades contratantes.
En particular, el artículo 1 de la Directiva 2007/66/CE dio nueva redacción al artículo 2 de la Directiva 89/665/CE para establecer que cuando los órganos responsables de los procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones sean motivadas por escrito y se garantice que cualquier medida presuntamente ilegal adoptada por el órgano de recurso competente, o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 del Tratado CE, y que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con el órgano de recurso. Precisa, asimismo, el nuevo apartado 9 del citado artículo 2 que el nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato deben sujetarse a las mismas condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato y su revocabilidad. Como mínimo, añade la Directiva, el/la Presidente/a de esta instancia independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas y profesionales que un juez. Concluye el repetido precepto señalando que esa instancia independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento contradictorio y que tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.
En cumplimiento de estas modificaciones la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, incorpora un nuevo artículo 311 a la primera de las leyes modificadas, en cuya virtud la resolución del recurso especial en materia de contratación que prevé el artículo 310 ha de corresponder a un órgano administrativo independiente cuyos miembros cuenten con una cualificación jurídica y profesional que garanticen un adecuado conocimiento de las materias de que deba conocer. En cuanto al nombramiento de los miembros de esta instancia independiente y la terminación de su mandato reitera el mandato de la Directiva su independencia e inamovilidad.
De conformidad con la Disposición adicional trigésimo tercera de la Ley 30/2007, la Diputación Foral de Bizkaia ha de ajustar su contratación a las normas establecidas en dicha Ley de acuerdo con la Directiva lo cual implica la necesidad de crear en el seno de la Administración Foral, en ejercicio de la competencia de autoorganización constitucional, estatutaria y legalmente garantizada a las instituciones forales de los Territorios Históricos, un órgano que atienda los cometidos señalados por la Unión Europea no sólo en lo referente a la mayor transparencia y no discriminación, sino, también, al reforzamiento de la seguridad jurídica en ese ámbito, siguiendo, a su vez, las pautas marcadas por la reciente reforma de la legislación sobre contratos públicos a la que se ha hecho mención.
A tal fin el presente Decreto Foral crea el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, regulando su adscripción orgánica, su composición y funciones con la vista puesta en garantizar su independencia funcional, la alta cualificación técnica y profesional de sus integrantes y su inamovilidad durante su mandato, así como los demás requerimientos establecidos en las normas antes citadas.
En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública y, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2010 .
1. Se crea, el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales.
2. El Tribunal se adscribe al Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública sin integrarse en su estructura jerárquica.
1. Corresponde al Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales el conocimiento y resolución de los recursos relativos a los contratos del sector público en los que sea parte la Diputación Foral de Bizkaia o alguno de sus órganos dependientes o vinculados a la misma y, en particular, los Organismos Autónomos Forales y las Sociedades Públicas Forales y todos aquellos poderes adjudicadores que estén bajo su control.
2. También ejerce sus competencias sobre los recursos que se susciten con respecto a los contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada y contemplados en el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, otorgados por los órganos a los que se refiere el apartado anterior y, en caso de concurrencia con otras Administraciones Públicas, cuando la cuantía de la concedida por dichos órganos sea la de mayor importe y, en el caso de igualdad de importe, si el recurrente decide interponer el recurso ante él siempre que resulte competente conforme a las reglas anteriores.
3. En particular, el Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales conoce:
a) De la cuestión de nulidad prevista en los artículos 37 a 39 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y en los artículos 109 a 111 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, así como
b) Del recurso o reclamación contra los actos mencionados en el artículo 310.2 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, cuando se refieran a alguno de los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo o, en su caso, los mencionados en el artículo 101.1 a) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.
1. El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales es un órgano especializado que actúa con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.
2. El Tribunal elaborará su Reglamento Interno que se aprobará por Decreto de la Diputación Foral a propuesta del Diputado de Relaciones Municipales y Administración Pública.
1. Durante el tiempo que dura su mandato los miembros del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales son inamovibles.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordará por el Consejo de Gobierno previo expediente instruido al efecto, con audiencia al/a la interesado/a y previo informe del propio Tribunal.
3. Cualquier miembro del Tribunal que tenga conocimiento de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior debe ponerlo en conocimiento del Tribunal, a fin de que éste decida, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, si debe o no abstenerse del estudio y votación del asunto correspondiente. El Tribunal adopta el acuerdo que proceda en la misma sesión en que la cuestión se plantee, sin necesidad de ponencia previa. Los miembros afectados por posibles causas de abstención no pueden participar en el estudio, deliberación y votación sobre su apreciación que lleve a cabo el Tribunal, y quedan vinculados por el acuerdo que éste adopte.
4. Los miembros del Tribunal han de guardar secreto sobre las propuestas y acuerdos adoptados y sobre los asuntos sometidos a consulta mientras éstos no sean resueltos por el órgano competente y, en todo tiempo, sobre las deliberaciones del Tribunal en torno a las resoluciones adoptadas y votos emitidos.
El Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales está compuesto por un/a Presidente/a, y dos vocales. Si el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconsejare, se podrá incrementar el número de vocales que hayan de integrar el Tribunal que siempre será impar.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.3 para la suplencia del/de la Presidente/a, en los supuestos de ausencia, enfermedad u otra causa que sin ser motivo de cese imposibilite el cumplimento efectivo de las obligaciones de cualquiera de los miembros del Tribunal durante un periodo superior a un mes y ello afectare de manera importante al trabajo del Tribunal, su Presidente/a podrá solicitar al Diputado de Relaciones Municipales y Administración Pública que proponga al Consejo de Gobierno la designación de un suplente que asuma las funciones del miembro ausente o imposibilitado hasta su reincorporación efectiva. El suplente debe reunir los requisitos establecidos para la designación de los vocales.
Los miembros cesantes continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su puesto quien les suceda en el mismo.
1. El Presidente/a del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales debe ser funcionario/a de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia, perteneciente a un cuerpo o escala del Grupo A con título de licenciado/a o grado en Derecho y con una experiencia profesional superior a doce años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado con la contratación pública.
2. Su designación se realiza por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto Foral, a propuesta del Diputado de Relaciones Municipales y Administración Pública, por un período de seis años, prorrogable por una sola vez.
1. Son funciones del/de la Presidente/a las previstas con carácter general para los órganos colegiados de las Administraciones Públicas y en particular:
a) La representación ordinaria del Tribunal y la convocatoria de sesiones del mismo.
b) Programar sus actividades previa consulta a los/las vocales.
d) Designar al/a la ponente de cada asunto de acuerdo con los criterios aprobados por el propio Tribunal, velando por una equilibrada asignación de la carga de trabajo entre sus miembros.
f) Cualesquiera otras que le atribuyan la normativa vigente o el Reglamento de Funcionamiento Interno.
2. Durante las sesiones, el/la Presidente/a, o quien le supla, ejerce las siguientes funciones:
3. Las facultades contempladas en el apartado 1, excepto la prevista en la letra a), son delegables en cualquiera de los/las vocales. En ausencia de delegación expresa, en casos de vacante, ausencia, enfermedad, abstención u otra causa legal, el/la Presidente/a será suplido/a por el miembro presente de mayor antigüedad en el cargo, en caso de igualdad por el más antiguo como funcionario/a de los cuerpos o escalas que dan acceso a la condición de vocal y, si persistiera la igualdad, por el/la de mayor edad.
1. Los/Las vocales del Tribunal deben ser funcionario/a de carrera de la Diputación Foral de Bizkaia, pertenecientes a cuerpos y escalas del Grupo A con título de licenciado/a o de grado en Derecho que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a ocho años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado con la contratación pública.
2. Los/Las vocales se designan por el Consejo de Gobierno, mediante Decreto Foral, a propuesta del Diputado Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública por un período de seis años prorrogable por una sola vez.
3. Son funciones de los/las vocales las previstas con carácter general para los órganos colegiados de las Administraciones Públicas y las que se le atribuyan en el Reglamento Interno del Tribunal.
Corresponde a los/las vocales del Tribunal:
b) Redactar y presentar al Tribunal las propuestas de resolución de los asuntos para los que hayan sido designados ponentes.
1. El Tribunal tendrá un/a Secretario/a designado/a de entre los/las vocales por acuerdo del órgano.
El/La Secretario/a tiene derecho a voto porque es un miembro de pleno derecho del Tribunal, al ser vocal del mismo (artículo 12.1), por lo que le son aplicables todas las previsiones contenidas en los artículos 10, 11, 14 y 15.
2. La suplencia del/de la Secretario/a en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad recae en el/la vocal que acuerde el Tribunal y, en su defecto, en el/la de menor antigüedad en el cargo, en caso de igualdad en el/la menos antiguo como funcionario/a de los cuerpos y escalas que dan acceso al Tribunal y, si persistiera la igualdad, en el/la más joven.
3. Al/A la Secretario/a del Tribunal le corresponde:
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Tribunal por orden del/de la Presidente/a, así como las citaciones pertinentes.
d) Expedir, por orden del/de la presidente/a y con su visto bueno, certificaciones de actas, resoluciones y acuerdos.
e) Recibir y llevar el registro de entrada y salida de las consultas, expediente y demás documentos que se dirijan al Tribunal.
f) Cualesquiera otras funciones inherentes a la condición de Secretario/a de un órgano colegiado y las que le encomienden el Tribunal o el Reglamento de funcionamiento interno.
4. Asimismo, el/la Secretario/a elabora el proyecto de memoria anual de las actividades y de los extractos de la doctrina emanada del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales que será aprobada por éste en pleno.
1. Las sesiones del Tribunal se convocarán con la periodicidad necesaria, atendiendo al número y naturaleza de los asuntos pendientes, de acuerdo con la programación que acuerde el/la Presidente/a.
1. El Tribunal se entiende válidamente constituido con la asistencia del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a o de quienes les suplan.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes . En caso de empate decidirá el voto de calidad del/de la Presidente/a.
3. Cada uno de los miembros presentes deberá expresar al/a la Presidente/a el sentido de su voto, que sólo podrá ser favorable o desfavorable a la resolución o acuerdo sometido a votación. No se admitirá la abstención en la votación, a excepción de lo dispuesto en el artículo 5.3, ni podrán ponerse reservas, condiciones o matizaciones a las resoluciones y acuerdos, salvo que se formulen a través de votos particulares.
1. Los miembros del Tribunal podrán formular voto particular contra el acuerdo de la mayoría, siempre que lo anuncien antes de levantar la sesión.
2. Los votos particulares son concurrentes o discrepantes con el sentido de la resolución y no podrán fundarse en motivos no expresados en la sesión correspondiente. Se remiten por escrito al/a la Secretario/a dentro de un plazo no superior a cinco días contados a partir de la redacción definitiva de la resolución, a la cual se incorporan.
3. Quienes anuncien voto particular pueden adherirse al que formule otro miembro, renunciando, en tal caso, a emitir uno propio.
1. Los acuerdos del Tribunal constarán en acta, la cual expresa, sucintamente, la fecha, la hora de inicio y de conclusión de la sesión, las personas asistentes y las ausentes, los acuerdos tomados, los votos particulares anunciados y los asuntos pospuestos para otra sesión.
2. Las actas se aprueban al final de la sesión, o en la sesión siguiente, y se firman por el/la Secretario/a y el/la Presidente/a.
a) Los artículos 310 a 319 de la Ley 30/2007, de 30 octubre, con las especialidades señaladas en el artículo 39, cuando se trate de una cuestión de nulidad.
b) Los artículos 103 a 108 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, con las especialidades señaladas en el artículo 111, cuando se trate de una cuestión de nulidad.
En lo no previsto en las normas citadas en el artículo anterior y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 de la Ley 30/2007 y 105 de la Ley 31/2007, será de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Renovación de la primera composición del Tribunal:
1. La duración del mandato de los miembros que integren la primera composición del Tribunal será la que resulte de lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. La primera renovación del Tribunal se efectuará a los tres años de la designación de sus miembros y recaerá en el/la vocal que se determine por medio de sorteo realizado al efecto. La segunda renovación tendrá lugar a los seis años de la designación y afectará al/a la otro/a vocal. La tercera renovación se llevará a cabo a los tres años de la segunda renovación y será la del/de la Presidente/a que permanecerá en el cargo hasta entonces.
Designación de los miembros y constitución del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales:
1. La Diputación Foral procederá a designar al/a la Presidente/a y a los/las vocales del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del presente Decreto Foral.
2. El Tribunal se constituirá en el plazo de un mes desde la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de la designación de sus miembros.
Entrada en vigor: El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial de Bizkaia» y será aplicable a los recursos que se interpongan a partir de la fecha de constitución del Tribunal.