Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-143-de-marzo-28-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_eba139ac5104408ba33ce693e10a3e60&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 17:41:58
Document Index: 134832972

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 95', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 62', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 44', 'artículo 20']

﻿ Sentencia T-143 de marzo 28 de 2016
SENTENCIA T-143 DE 28 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:EN EL MARCO DE LOS DERECHOS A LA INTIMIDAD, EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA FRENTE A LA IDENTIDAD SEXUAL DEL INDIVIDUO SE ESTUDIA EL CASO SE UNA ENTRENADORA QUE SE DESCRIBE PÚBLICAMENTE COMO UNA PERSONA CON ORIENTACIÓN SEXUAL DIVERSA QUE SE VINCULÓ SENTIMENTALMENTE CON UNA DE LAS DEPORTISTAS QUE ENTRENABA, PERO ES CONFRONTADA Y LE PIDEN ESCOGER SI CONTINUA DESARROLLANDO SUS LABORES O SU LA RELACIÓN AMOROSA. AL ENCONTRAR QUE EL TRÁMITE DISCIPLINARIO NO CUMPLIÓ LOS ESTATUTOS DE LA LIGA, NI EL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS DE MESA, NI LA LEY 49 DE 1993, LA CORTE CONSTITUCIONAL AMPARÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PERO CONSIDERÓ NO SE PROBÓ QUE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS HUBIERA ESTADO FUNDAMENTADO EN UN TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO POR LA ORIENTACIÓN SEXUAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DISCIPLINARIA, SANCIÓN DISCIPLINARIA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DISCRIMINACIÓN SEXUAL, DERECHOS SEXUALES, DERECHO A LA LIBERTAD SEXUAL, DERECHO A LA REAFIRMACIÓN SEXUAL
Sentencia T-143 de marzo 28 de 2016
Ref.: Expediente T-5217454
Acción de tutela instaurada por J. M. A. M. contra la Liga Departamental de Tenis de Mesa de Antioquia y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia.
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
Antes de proceder al estudio del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de la menor de edad involucrada en el presente caso, de manera que serán elaborados dos textos de esta sentencia, de idéntico tenor, solo que en uno de ellos, que será el divulgado y consultado libremente, serán cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a su identificación(1).
A. Los hechos y la pretensión de amparo de la demanda(2)
1. Durante 24 años, J. M. A. M. se desempeñó como entrenadora de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia. En el último período de 9 años, la ciudadana A. estuvo a cargo del entrenamiento de la categoría menores. La accionante se encontraba vinculada “mediante un contrato anual de prestación de servicios con la Universidad de Antioquia, contrato Nº xxx, con fecha de inicio 9/02/2015 en desarrollo del convenio marco xxx de 2013 celebrado entre el Instituto Departamental de Antioquia (sic), Indeportes Antioquia y la U. de A.”.
2. La señora A. se reconoce como una mujer con orientación sexual diversa, y lo hace públicamente, en todos los aspectos relevantes de su vida, especialmente, en los profesionales y laborales.
— “[E]n la entidad en la que cumple sus actividades profesionales y laborales por parte de algunas personas a lo largo de estos años ha sido víctima de prejuicios, de discriminación por ser lesbiana (sic)”.
— Refiere que muchas de las agresiones han sido verbales y por “comentarios malintencionados en los pasillos”.
— “[A] finales del año 2014 en la Liga departamental de tenis de Mesa (sic) los comentarios trascendieron al nivel directivo y se complejizó su situación, ya que su orientación sexual se ventiló en una reunión de la comisión técnica de clubes, comisión de la que ella hace parte”.
— Afirma la accionante que en la reunión se manifestó preocupación porque “en Antioquia no hay tenis de mesa femenino por el ambiente que se vive en la liga”, indicando el señor C. A. R. que el problema derivaba de la condición sexual de la accionante. Afirma la accionante que otro de los asistentes, el señor J. L., manifestó que ese no era el tema de la reunión y respaldó la gestión de la entrenadora.
4. A finales del año 2014, la accionante se vincula sentimentalmente con una de las deportistas que entrena —M. P.—, de 17 años de edad, con conocimiento de la madre de la joven. La accionante acudió al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (en adelante Indeportes), discutiendo la situación con el subgerente de altos logros, Alain Bustamante y la trabajadora social Noreley González. La señora A. preguntó por las repercusiones que dicha situación podría acarrear a lo que supuestamente habrían respondido que para la institución resultaba problemático y que eventualmente podría implicar un despido de la institución. Según lo dispuesto en el expediente, la accionante, confrontada con la escogencia entre su profesión y el vínculo sentimental, optó por la primera, y habría terminado su relación afectiva con la menor.
5. Afirma la accionante que a comienzos del año 2015, se enteró de que supuestamente el señor C. A. R. habría difundido comentarios y estaría buscando apoyo con los clubes, padres de familia y deportistas para que la excluyeran de la liga como entrenadora dada su condición sexual y la influencia que podría ejercer frente a las deportistas. La accionante acudió ante Indeportes y ante el señor J. I. C., —decano de educación física de la Universidad de Antioquia— quejándose de dicha situación.
6. Después de la queja, el señor C. A. R. se habría disculpado con la accionante por lo ocurrido en la reunión, argumentando que no habría incurrido en la conducta que le endilgaba sobre los comentarios al interior de la comunidad deportiva.
7. En la semana del 9 al 14 de marzo de 2015, se realizó el Campeonato Nacional por Equipos de Tenis de Mesa en Ibagué. A dicho torneo se desplazó la accionante, al igual que la señora C. Z., presidenta electa de la liga de tenis de mesa. La accionante cumplía un doble rol en el campeonato, pues participaba tanto como jugadora de la categoría de mayores, y también asistía como entrenadora del club Esparta y de los equipos sub 15 y sub 18.
8. Por temas de logística del evento, la accionante debía hospedarse en el Hotel Dann una sola noche, con el auspicio de la liga, y luego debía trasladarse al Hotel Baltazar, para la segunda. En esa segunda noche, se hospedó en compañía de la menor M. P. Al respecto se dijo en el escrito de tutela:
“Como inicialmente sabía que el equipo de mayores se iba a hospedar los días lunes y martes, mientras que sus deportistas si iban a participar dos días, antes de salir para los juegos solicitó a Ibagué el permiso para hospedarse con los deportistas en el hotel BALTAZAR, permiso que fue concedido por el señor J. L.
“Frente a esta situación en la declaración expresa que ella habló con la señora C. Z., para manifestarle que el día miércoles 11 de marzo, ella debía irse para el hotel BALTAZAR con otros deportistas, a lo que le dio el permiso. Una de las deportistas M. P. [...], de 17 años, no tenía suficientes recursos y por ello inicialmente se iba a hospedar donde una familia conocida, pero no pudo irse, le pidió permiso a la mamá, la señora R. [...], para quedarse con J. en el hotel BALTAZAR, quien la autorizó, sin embargo por un descuido, olvido (sic) y por estar pendientes (sic) de las deportistas a su cargo, no informó dicha situación a la presidenta de la liga”.
11. El 19 de marzo de 2015 la accionante se enteró de que estaba teniendo lugar una reunión del comité ejecutivo y comisión técnica a la que no se le había citado. Afirma que se comunicó con el señor J. L., secretario del órgano de administración de la liga, quien le informó que estaban hablando de su situación y que la citarían a una reunión junto con la presidenta de la liga. Dicha reunión fue programada para el 21 de marzo de 2015.
“[D]ije que asumía el error de no haber avisado a presidencia y que me sentía mal porque era la primera vez que eso me pasaba y que lo más lamentable era que no me dejaban hablar y la señora C. Z. dijo que de la misma manera que yo había procedido, que no había avisado, ellos también procederían sin avisar, también me dijo que fuera a Indeportes y hablara porque ella ya había ido y los había enterado de lo que había sucedido, pero que ellos ya tenían conocimiento y que la decisión ya estaba tomada”.
“Si bien dentro de mis funciones está la coordinación de los entrenadores de los deportistas de tenis de mesa adscritos a la mismos (sic) liga, no es de mi competencia quien debe o no dictar los respectivos entrenamientos. Con referencia a su caso en particular, las razones que me solicita las desconozco y tengo entendido que corresponde a una decisión del comité ejecutivo de la liga de tenis de mesa, por lo tanto su petición debe ser elevada al mismo organismo o en su defecto a su contratante directo. Por mi parte no tengo alguna queja de su idoneidad y su sapiencia profesional”.
El 15 de abril, la señora C. Z. y el señor J. A. le respondieron reiterando que no era facultad de la accionante la fijación de horarios o escoger los grupos, que no existe una relación laboral entre la accionante y la liga, y que la “Liga de Tenis de Mesa de Antioquia en virtud de los acuerdos y/o convenios celebrados con Indeportes Antioquia tiene la facultad discrecional de seleccionar los entrenadores que se encargarán de dirigir los entrenamientos de los deportistas”. Se especificó además que “el Comité Ejecutivo de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, de conformidad con las prerrogativas consagradas en los estatutos, acuerdos y/o convenios con Indeportes Antioquia, decidió por motivos estrictamente profesionales solicitar la cesación de sus funciones coma entrenadora de los deportistas a cargo de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia”.
17. El 22 de abril de 2015, la accionante formuló denuncia por el delito de actos de discriminación (art. 143A del C.P.), en contra de la señora C. Z.
“• “Se me informe si Indeportes Antioquia conoce mi actual situación laboral y deportiva.
• Que (sic) informe recibieron de parte de la Liga de tenis de mesa frente a unos presuntos actos de indisciplina que se me atribuyen en el marco del campeonato nacional de equipos de tenis de mesa realizado en la ciudad de Ibagué entre los días 09 al 14 de marzo
“... El subgerente de altos logros, Alain Bustamante, recibió comunicación de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia en donde informan que el órgano de administración de la liga decidió “por motivos estrictamente profesionales” no continuar con los servicios de la señora J. M. A. M. como entrenadora. Y se anexan actas de las reuniones del órgano de administración realizada el 19 de marzo, del 21 de marzo y comunicación a su nombre con fecha del 15 de abril.
1. Que en consecuencia con lo anterior, se remitió a la Universidad de Antioquia copia de las comunicaciones mencionadas, para que tuvieran conocimiento en calidad de empleadores que la liga no continuaba con los servicios de J. A. como entrenadora
3. Con relación a la solicitud de copias, adjuntamos a la presente comunicación copia del contrato xxx de 2013, suscrito entre Indeportes Antioquia y la Universidad de Antioquia, cuyo objeto es “convenio interadministrativo para la contratación de entrenadores de las ligas deportivas de Antioquia, para apoyar el proceso de la preparación técnico táctica de los deportistas que representaran en departamento de Antioquia en los diferentes eventos deportivos de carácter oficial”
“2. Es claro que dicho oficio y las funciones asignadas desconocen mi contrato como docente de cátedra y el régimen que lo regula, no es claro con respecto a las horas docente de cátedra por las cuales fui contratada y nuevamente dicho oficio me es entregado por una persona, la señora C. Z., quien no tiene reconocida la representación legal de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia.
“3. Sin lugar a dudas la estrategia que pretenden desarrollar es “vinculémosla nuevamente para evitarnos problemas, pongámosla hacer actividades por fuera y una vez termine el contrato no la volvemos a vincular ni a través de la universidad ni con ninguna entidad que después de mayo maneje el contrato con Indeportes.” Ante tal salida que resulta ser presuntamente muy “inteligente” no deja ser un exabrupto en la cual queda claramente configurada el acoso laboral y la persecución de la que vengo siendo objeto
“4. Todavía es más preocupante, cuando la señora C. Z. se le sigue permitiendo actuar como presidenta de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia sin reconocimiento legal y aún más cuando ella misma manifiesta que Indeportes conoce y acepta las decisiones de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia con respecto a mis nuevas funciones asignadas.
“6. La situación por la que he atravesado y sigo atravesando por que reitero, en vez de generar una solución, lo que denota es acoso laboral, y ha generado una pérdida de mi imagen y perjuicios morales en el entorno con los deportistas de tenis de mesa al punto que son reiterados manifestaciones de deportistas y niños que sin conocimiento alguno lanzan expresiones como : “a J. la echaron de la liga porque abuso de M. P.; a J. la echaron por que descubrieron que ella era la que se estaba robando la plata de la federación de tenis de mesa; o expresiones peor aún, incluso de entrenadores del Inder Medellín, como “si quiera sacaron a esa [...]” o “ sí sabían de la condición de J. desde hace tanto tiempo, porque se demoraron tanto para echarla”, dado lo anterior me permito manifestar que me seguiré presentando a mi sitio de trabajo y que no acatare el oficio donde me reasignan funciones, no solo por lo que he expresado de que este constituye un acoso laboral sino también por que desconoce las condiciones de mi vinculación laboral con la Universidad de Antioquia”.
“Ante esto el coordinador del convenio por parte de la Universidad de Antioquia solicita que para adelantar el proceso de cancelación del contrato de la docente J. M. A. M., se requiere los motivos puntuales por los que se pide por parte de Indeportes Antioquia la cancelación del contrato y el seguimiento que fue realizado a la labor de la docente que llevó a la toma de esta decisión (...)
“Mediante correo electrónico el Subgerente de deporte Asociado y Altos Logros de Indeportes Antioquia, fundamenta la cancelación del contrato por un proceso disciplinario que llevó a cabo la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, a lo cual el coordinador del convenio por parte de la Universidad de Antioquia solo valida sanciones que inhabiliten a la persona en ejercicio de sus funciones en el contrato, y al no ser este caso no hay impedimento alguno para que J. M. A. M. continúe con el apoyo en el Convenio xxx de 2013. También informó que en caso de no requerir el apoyo de J. M. A. M., se debe hacer la solicitud oficial, de lo contrario se le deben asignar las tareas que respondan a las necesidades del Instituto Departamental de deportes de Antioquia y que estén establecidas en el Convenio Interadministrativo xxx”.
— En el acta 032015, correspondiente a la reunión del 19 de marzo de 2015, se habría expresado que se “generó un malestar muy grande a los entrenadores y a la señora presidenta, dado que pese a no informar los motivos por los que decidieron cambiar su lugar de alojamiento, se presentó engaño a la buena fe de la señora M. C., al alojarse con una menor de edad sin consentimiento alguno del delegado y/o responsable de la deportista en ese momento que es la liga de tenis de mesa y por último el abuso de poder de la entrenadora para tomar esta decisión sin contar con el consentimiento de sus superiores”.
— En la citada acta se habría dicho que “por unanimidad el órgano de administración de la Liga de tenis de mesa de Antioquia decide no continuar con los servicios de la señora J. M. A. M., como entrenadora de la selección Antioquia de menores”.
— El 19 de marzo de 2015, el órgano de Administración realiza otra reunión en la que delegan a la señora María C. Z. y al señor Jhonatan López Correa, para que “...J. M. A. M. haga sus descargos sobre acto de indisciplina, desacato a la autoridad, falta a la moral, a la ética como entrenadora y el engaño presentado a la buena fe de la señora presidenta electa en el pasado torneo nacional...”.
— En al acta 042015, correspondiente a la reunión del 21 de marzo de 2015, se consigna que “[l]a señora presidenta electa de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia toma la vocería y le comunica a la señora J. M. A. M. la intención del órgano de la administración de no continuar con sus servicios debido al acto de indisciplina como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena fe de la señora presidenta. || Es importante señalar que antes de comunicarle de manera verbal la decisión tomada a la entrenadora, se le manifestó que es una profesional excelente, no se tiene ninguna queja por parte de ella en la parte técnica, que su hoja de vida es intachable y que para la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia es una pérdida doloroso desde el punto de vista profesional. || La entrenadora manifestó que le parecía una decisión muy radical, que era el primer hecho de su parte...”. En el acta no aparecería el contenido de los descargos rendidos por la señora A.
— La accionante manifestó que en esta última reunión se le maltrató y se le presionó para que renunciara.
22. La defensoría del Pueblo Regional Antioquia, luego de escuchar a la señora A. convocó a los señores C. A. R., C. L. P., L. D. M., R. F. V. y la madre de la menor M. P. para que rindieran testimonio sobre los hechos(3).
En lo relevante al presente caso, la madre de M. P. manifestó:
“PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento, que tiene prestado, sírvase manifestar a esta defensoría, que fue lo que SU HIJA M. P., LE COMENTÓ QUE HABÍA OCURRIDO EN EL NACIONAL DE IBAGUÉ. RESPONDIÓ: Desde el principio yo conocía que M. P., se quedaría en otro lugar y contaba con mi autorización, dado que yo realice el aporte económico requerido para uno de los torneos o categorías; además aporte que hubo que realizar sin contar con los padres de familia, porque los deportistas conocieron que debían permanecer en Ibague (sic) más tiempo del que había programado la liga, cuando estuvieron precisamente en esa ciudad y ahora un error de administración lo quieren indilgar (sic) a los deportistas; yo conozco a J., y mi hija como no se iba a quedar con ella, yo sabiendo cómo es ella, y si se ha quedado en otras ciudades y países con otras personas que no conozco, y yo he firmado muchos poderes para que mi hija permanezca con desconocidos, no le vi ningún problema a que permaneciera con su entrenadora que conozco.
PREGUNTADO: Bajo la gravedad del juramento, que tiene prestado, sírvase manifestar a esta Defensoría, cual fue la causa para que J. M. A. hubiera terminado la relación sentimental con su hija M. P.? RESPONDIÓ: Si, por exigencias de Indeportes Antioquia, que la colocaron a escoger entre mi hija y el trabajo y como J., es una figura Nacional y dedicada a su trabajo y necesita del TRABAJO, se quedó con el trabajo.”
23. En el escrito de tutela consta que la señora A. continúa vinculada contractualmente, aunque se afirma que se han tomado otras acciones que consideran, se relacionan con su identidad sexual. Al respecto se manifestó:
• Le prohibieron entrenar al grupo de jóvenes y menores de edad que a lo largo de su ejercicio profesional y laboral siempre ha tenido a cargo
• Le prohibieron el ingreso a la oficina de los entrenadores
• Se atrevieron a cambiarle la modalidad de su contrato laboral, que es de 24 horas de trabajo a 48 horas semanales, y cambiarla a otro municipio, como se señala en el hecho 15”.
A. COMO MEDIDA PROVISIONAL ordenar que a la señora J. M. A. M. se le de (sic) continuidad como docente de cátedra externa, en la calidad de entrenadora de la selección Antioquia de menores en tenis de mesa.
1. Se CONCEDA el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a un debido proceso a la señora J. M. A. M.
2. SE DECLARE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES mediante las cuales se decidió no continuar con los servicios de la señora J. M. A. M., como entrenadora de la selección de Antioquia de menores en tenis de mesa.
3. SE ORDENE a la representante legal de la Liga departamental de Antioquia de Tenis de Mesa y al representante legal del Instituto Departamental Deportes en Antioquia presenten excusa escrita y pública a la señora J. M. A. M., por los hechos que motivaron la presente acción.
6. SE ORDENE a la representante Legal de la Liga departamental de tenis de Mesa y al representante legal de Indeportes Antioquia, para que dentro de los entrenadores que se vayan a contratar se incluya a la señora J. M. A. M. con el nuevo operador del Convenio, como se ha venido haciendo en los últimos años.
8. PREVENIR a los integrantes de la liga departamental de tenis de mesa como del al (sic) personal del instituto departamental deportes en Antioquia que tienen relación con la disciplina de tenis de mesa no tomar ninguna retaliación”.
Liga de Tenis de Mesa de Antioquia(4)
26. Afirmó que la condición homosexual de la accionante resultaba irrelevante para la Liga y que no fue determinante en la toma de las decisiones atacadas. Destacó que la accionante “no puede abusar de esa condición para lograr que se extienda un nuevo contrato de prestación de servicios profesionales, pues es discrecional de cualquier institución, empresa u organismo contratar o no y la autoridad judicial [...] no puede obligar a que se le de (sic) empleo a una persona o se firme un contrato de prestación de servicios escudado en la condición sexual que es lo que pretende la accionante”.
“la deportista cometió una falta gravísima al llevarse a una menor de edad (M. P.) a un hotel [...], así sea con el consentimiento de la madre, situación esta que apenas se entera mi representada, pues aclaro que cuando un deportista está en competencia sea en Medellín o en cualquier lugar del país o por fuera, es plena responsabilidad de la liga de tenis de mesa, cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y la integridad personal de nuestros deportistas y ella la accionante le mintió a la presidenta de la liga, pues la autorización que les dieron fue que, M. P. iría a la casa de una amiga que la iban a recibir [...] dice la accionante que no le respondieron en el teléfono de la amiga que recibiría a M. P., y que ella a mutuo propio (sic) tomo (sic) la determinación de llevarse (sic) a un hotel, y luego al día siguiente llegaron tarde a la competencia [.E]sta es una falta gravísima, porque no regreso (sic) a la menor al Hotel donde estaban hospedados (sic) en un hotel de 5 estrellas?, esta (sic) situación le fue comunicada [a] Indeportes Antioquia, para que el comité disciplinario tome una decisión, si sancionaba a la deportista y entrenadora y qué tipo de sanción se le impondrá, porque aún está en trámite dicha acción disciplinaria pues Indeportes Antioquia cuenta con el Código Único Disciplinario Ley 49 de 1993, donde existe un procedimiento respetando el debido proceso [...]”.
Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia(5)
31. Indeportes fue informada de la relación sentimental de la accionante con la menor M. P. Al respecto “los funcionarios de Indeportes Antioquia ante quienes expuso esa situación le indicaron que si bien comprendían la situación expuesta, la misma era un problema para la institución y que podía dar lugar a que la despidieran; en este punto debe precisarse que no se le preguntó cuál era su deseo si elegir entre el trabajo o el sentimiento que tenía, sino que se le advirtió sobre la inconveniencia y complejidad de la relación en tanto se trataba de un vínculo entre dirigente y dirigido (entrenador-deportista) y fue allí que la accionante A. M. concluyó que era más importante su profesión, mas no fue que se le puso a escoger entre su trabajo y la relación sentimental”.
33. La entidad afirmó que no incurre en prácticas discriminatorias ni frente a los deportistas ni los entrenadores involucrados en el ciclo deportivo al que contribuye la entidad por causa de su identidad sexual, y que la actuación de la entidad frente a la relación de la accionante con la menor M. P. tuvo la naturaleza de “concepto”, y no de condicionamiento por parte de la entidad.
“Como obligación a cargo de Indeportes Antioquia en virtud del mencionado convenio se estableció la de “(...) designar a una persona que se encargara de aprobar las personas que prestarán el servicio como entrenadores”; como se desprende de dicha obligación, no se definió como competencia de Indeportes Antioquia proponer las personas que se contratarían como entrenadores, solo aprobar/as seleccionadas, y el proceso de selección es adelantando por La Liga y sobre las personas por ellos seleccionadas es que se pasan a verificar los criterios definidos (formación académica, experiencia laboral y reconocimientos, logros y resultados alcanzados) a fin de determinar la escala de honorarios de los entrenadores.
Así, el que las razones esbozadas por la Liga para tomar la determinación de no continuar con los servicios de la accionante sean o no estrictamente profesionales, es una situación que debe desvirtuar o corroborar la liga”.
35. En virtud de que la relación contractual y la decisión acerca de la permanencia de la accionante como entrenadora no le corresponde, solicitó que no fuera condenada como responsable por la vulneración de derechos fundamentales alegada. Resaltó que “el convenio para la contratación de los cerca de 618 entrenadores de las ligas deportivas de Antioquia suscrito con la Universidad de Antioquia fue adicionado por última ocasión el pasado 30 de abril de 2015 para cubrir el pago de los servicios prestados por los entrenadores para el periodo comprendido entre el 1° y 31 de mayo de 2015, por lo que, a la fecha de contestación de la presente acción constitucional no existe convenio alguno que permita la vinculación de ninguno de los cerca de 618 entrenadores, incluida la accionante A. M., y mal podría pretenderse que mediante una acción constitucional se ordene dar continuidad a la vinculación como docente de cátedra cuando el vínculo contractual para justificar dicha vinculación no existe”.
C. Universidad de Antioquia(6)
36. La universidad especificó que la accionante estaba vinculada como docente de cátedra externa de la institución, desarrollando sus actividades en concordancia con lo pactado por la Universidad e Indeportes en el Convenio xxx de 2013, cuyo objeto es “[...] la contratación de los entrenadores de las ligas deportivas de Antioquia, para apoyar el proceso de preparación técnico táctica de los deportistas que representaran el departamento de Antioquia en los diferentes eventos deportivos de carácter oficial”. Aclaró que “las ligas contaban con la autonomía de utilizar dicho apoyo según sea su necesidad, siempre y cuando las funciones estén dentro de las” contempladas en dicho acuerdo(7).
37. Frente a la situación de la señora A., la Universidad manifestó:
“Para el caso la Universidad de Antioquia le notificó a la hoy tutelante que se le terminaba el contrato a la señora J. M. A. M., en virtud a que el convenio interadministrativo firmado entre Indeportes y la Universidad de Antioquia terminó su ejecución de actividades el 31 de mayo de 2015 y por ende se terminó el contrato de J. M. A. M. y el de los otros 149 docentes contratados para responder a las necesidades del convenio. En la actualidad está en la etapa de liquidación y cruce de cuentas y se espera que el acta de liquidación definitiva del convenio marco esté firmada a mas (sic) tardar el 16 de junio de 2015. De manera que en este momento la Universidad no tiene convenio alguno en ejecución, así que no hay necesidad alguna que requiera un perfil específico de la actora.
“El contrato de la hoy tutelante se hizo para un total de 359 horas, las cuales fueron reportadas por Indeportes como cumplidas, así que no quedan horas disponibles en el contrato para el mes de junio de 2015, ni por el convenio marco”.
38. Así mismo, la universidad argumentó que la situación de la accionante, sólo fue puesta en su conocimiento mediante derecho de petición radicado el 9 de abril de 2015. A raíz de ello, la universidad requirió a Indeportes para que le informara la situación contractual de la señora A., en los siguientes términos:
“La respuesta a esta petición de la Universidad se da vía correo electrónico donde el subgerente de deporte asociado y altos logros de Indeportes Antioquia, informa que prescinden de los servicios de J. M. A. M. por motivos estrictamente profesionales.
Ante esto el coordinador del convenio por parte de la Universidad de Antioquia solicita los motivos puntuales por los que se pide por parte de Indeportes Antioquia el seguimiento que le fue realizado a la labor profesional de la docente que llevo a la toma de esta decisión.
Mediante correo electrónico la subgerente de deporte asociado y altos logros de Indeportes Antioquia, fundamenta la cancelación del contrato de la señora J. M. A. M. en razón al proceso disciplinario que llevó a cabo la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia, a lo cual el coordinador del convenio informa que la Universidad de Antioquia por medio de la oficina de relaciones laborales manifiesta que el contrato que ella suscribió es con la universidad y en ese sentido no da por terminado el contrato y en todo caso en el evento de no requerir el apoyo de J. M. A. M., se debe hacer la solicitud oficial a la Universidad, de lo contrario se le deben asignar las tareas que respondan a las necesidades del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y que estén establecidas en el convenio interadministrativo xxx anteriormente mencionado, toda vez que la Universidad de Antioquia la tiene contratada para ello.
Primera Instancia. Juzgado Veinte Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, sentencia del 12 de junio de 2015(8)
42. Señaló que los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad no se vieron afectados con la situación expuesta, puesto que la accionante abiertamente expresa su opción sexual, incluso sosteniendo una amistad con la menor M. P., con el consentimiento de su madre. En caso de considerarse afectada por algunas opiniones de las personas que la rodean, tiene a su disposición los mecanismos penales, que pueden atender alguna vulneración en este sentido.
Impugnación(9)
46. La accionante argumentó que existió incongruencia entre los hechos, los fundamentos de derecho y la sentencia de tutela, por cuanto el a quo se centró únicamente en los derechos al trabajo y de petición, este último que no se alegó como vulnerado. Para la accionante, el núcleo jurídico de la acción de tutela se reducía a determinar “si la exclusión de la señora J. M. A. M., en calidad de docente de cátedra, deportista y entrenadora, demandan la protección a los derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, no discriminación, derecho al trabajo, al debido proceso, el derecho de defensa [y] contradicción [...]”. Aclaró que tampoco se alegó un tratamiento desigual frente a la terminación del contrato de trabajo, a pesar de lo cual el a quo se centró en dicho aspecto en su sentencia.
47. Para la accionante, el enfoque del caso encaminado sólo al análisis de la terminación del contrato de trabajo, no permitió el análisis adecuado de las circunstancias antecedentes “que evidencian una sumatoria de actos de discriminación”, tendientes a lograr su desvinculación del entrenamiento. Considera que lo acontecido en Ibagué fue “la excusa perfecta para salir de ella era (sic) ante un acto de indisciplina, en el que sin ser escuchada y sin garantizarle un debido proceso, la orden de terminación del contrato era inmediata, pero quien imparte la orden NO ERA LA AUTORIDAD COMPETENTE, ya que no era su contratante [...]”.
48. Señaló que la orden de retirarla adoptada por la Liga “no se pudo hacer efectiva, ya que la señora J. tenía una relación contractual con la U. de A. y el cambio de obligaciones, de horario de trabajo y de ubicación laboral era por parte de la U. de A., como lo confirman los dos accionados en sus respuestas a la acción de tutela [...]”. Igualmente reiteró que “la universidad se pronunció indicándoles que ante la falta de elementos de prueba el convenio continuaba y deberían asignarle funciones ya que era la Universidad de Antioquia la que tenía el contrato con ella”.
49. Se señaló que “[l]a señora Marcela A. M. tenía muy claro y así nos lo hizo saber, que todos los entrenadores de tenis de mesa, incluida ella, terminaban el contrato el 30 de mayo. Ya que el convenio entre Indeportes y la Universidad de Antioquia terminaba, por lo que quedaban cesantes durante unos días mientas INDEPORTES previo proceso contractual iniciaba con otro operador o el mismo un nuevo contrato, lo que sé que se quiso (sic) prevenir fue el hecho de que a J. no la dejaran por fuera por todos los actos de arbitrariedad cometidos contra ella, por su orientación sexual y ahí sí señor Juez el trato no ha sido diferencial ha sido discriminatorio”.
51. Para la accionante habría ocurrido también una indebida valoración de la prueba, puesto que en las respuestas de las accionadas (i) la Liga no demostró “cuál fue la falta, ni el procedimiento que adelantaron [...] a pesar de que [...] se toma atribuciones para sancionar”; y (ii) Indeportes reconoció que incidió en la decisión de la señora A., para terminar su relación sentimental con la menor M. P.
Segunda instancia. Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Medellín del 29 de julio de 2015(10)
56. En opinión del Juez de segunda instancia, a pesar del desconocimiento del derecho al debido proceso de la accionante, sus juiciosas actuaciones ante las accionadas conjuraron la situación, consiguiendo su restablecimiento en la prestación de los servicio, considerando que con ello se habría dado un hecho superado “pues el conducto regular permitió subsanar la actuación irregular que conculcaba los derechos de la accionante”. Añadió que la situación estaría consolidada, dada la terminación el día 31 de mayo de 2015, el contrato interadministrativo suscrito entre Indeportes y la Universidad de Antioquia. Manifestó que “el Juzgado no podría disponer un acto de cesación de vulneración de derechos mediante la reincorporación a un cargo que en la actualidad no existe, y mucho menos puede pensar que la Universidad de Antioquia, entidad que respaldó a la actora al momento de adoptarse unas decisiones arbitrarias en su contra, ahora hubiese emitido un acto igualmente discriminatorio, en especial cuando la evidencia enseña que el contrato simplemente llegó fin, lo que quiere decir que la desvinculación de J. M. A. M., obedeció a las mismas razones de los ciento cuarenta y ocho (148) docentes restantes”. En consecuencia, el Juez de segunda instancia señaló que la accionante tiene a su disposición, las acciones judiciales para obtener la indemnización o reparación por los perjuicios sufridos.
B. Procedencia de la demanda de tutela.
61. Invocación de afectación de un derecho fundamental: La Defensora del Pueblo Regional Antioquia invocó en nombre de la accionante, Sra. J. A. M., la protección de los derechos a la dignidad humana, a la intimidad, a la igualdad, a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y al debido proceso, como presuntamente vulnerados por las accionadas. Los artículos 2º, 11, 13, 15, 16, y 29 de la Constitución reconocen como fundamentales varios de los derechos invocados, calidad reiterada en abundante jurisprudencia. En virtud de lo anterior, se estima que la demanda plantea una controversia de orden constitucional, y por lo mismo, cumple el presente requisito.
Por demás y para efectos de claridad, es importante anotar que el Juez de Primera Instancia se pronunció sobre un cargo relacionado con el derecho de petición (num. 43 anterior), en el sentido, de exhortar a la liga a dar respuesta a las peticiones que le sean formuladas en la oportunidad establecida. En este mismo sentido, el juez de segunda instancia reiteró la facultad del juez de tutela de analizar garantías adicionales a las solicitadas por el accionante (según consta en el num. 59 anterior), complementado la decisión adoptada por el a quo. No obstante, las consideraciones de los jueces de primera y segunda instancia, esta Corte observa la solicitud de la accionante en la impugnación (ver para fácil referencia el num. 46 anterior), en la que expresamente manifiesta que no presentó un cargo por vulneración al derecho de petición, por cuanto, el problema no se centra dicho derecho, si no por el contrario, en determinar si la exclusión de la liga, vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, intimidad, no discriminación, derecho al trabajo, al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción, cargos descritos en el párrafo anterior, y en los que se centrará la revisión de esta Corte (ver problema jurídico, nums. 72 y 73 ss.).
62. Legitimación por activa: En el presente caso, la Defensora del Pueblo Regional Antioquia es quien interpone la acción de tutela en representación de J. M. A. M. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991, “[e]l defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que este en situación de desamparo e indefensión”(11), posibilidad que también se contempla en el artículo 10 de la misma norma.
63. En el presente caso, obra en el expediente una solicitud expresa de la señora A., en el sentido de que agenciaran sus derechos fundamentales, aportando documentos y exponiendo su caso(12). Por lo anterior, considera la Sala que la Defensora del Pueblo Regional Antioquia se encuentra legitimada para acudir a la acción de tutela, con el fin de proteger los derechos fundamentales de la señora A., y con ello, encuentra cumplido el presente requisito.
66. En el presente caso, la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia ejerce, según las declaraciones de las accionadas, una relación de subordinación frente a la accionante. Al respecto, cabe recordar que la propia Liga manifestó en su comunicación del 15 de abril de 2015, que la “Liga de Tenis de Mesa de Antioquia en virtud de los acuerdos y/o convenios celebrados con Indeportes Antioquia tiene la facultad discrecional de seleccionar los entrenadores que se encargarán de dirigir los entrenamientos de los deportistas” (ver supra §16), prerrogativa que se extendería igualmente a la fijación de horarios y la asignación de grupos. En igual sentido, Indeportes manifestó que “es la liga quien determina la procedencia o no que determinado entrenador continúe o no apoyando el proceso formativo para el cual es contratado en virtud del convenio suscrito con La Universidad de Antioquia” (ver supra §34), referencia respaldada en la contestación de la tutela de la Universidad de Antioquia (ver supra §38). Estas facultades de la liga implican que tiene facultad de dirigir la actuación de la accionante en el desempeño de sus obligaciones contractuales, de ordenar cambios en el horario de la prestación del servicio y en la determinación de funciones a adelantar —como habría ocurrido el 8 de mayo de 2015— y eventualmente, incluso disciplinarla. Así, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 numeral 9º del Decreto 2591 de 1991, la tutela sería procedente, contra la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia(13).
68. Subsidiariedad. En este caso, existen alternativas judiciales, como el mecanismo legal antidiscriminación que impone sanciones penales a quienes segreguen por causa de la opción sexual de una persona. Si bien podría pensarse que en virtud del principio de subsidiariedad de la acción de tutela, estos mecanismos la desplazarían, la cuestión es que el interés jurídico protegido por las acciones mencionadas no es el mismo que se persigue a través de la acción de tutela, la cual se centra en el restablecimiento de afectaciones de carácter iusfundamental. Así, ha dicho la jurisprudencia que “no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos derechos, pero sí que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin que la conducta pueda adecuarse a un tipo penal determinado”.(14)
D. El derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana frente a la identidad sexual del individuo(15). Reiteración de jurisprudencia.
74. La Corte Constitucional ha reconocido que “la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo”(16). Por esto, la libertad para la autodeterminación en materia de identidad sexual parte del reconocimiento de la dignidad humana, que ve a la persona como un fin en sí mismo. La dignidad humana en su núcleo esencial impone “que la persona sea tratada acorde con su naturaleza humana”(17), es decir, que lleva a “aceptar a la persona tal y como es, como ha decidido proyectarse a la sociedad, sin que con ello se incurran en tratos desiguales o degradantes”(18). Las identidades sexuales hacen parte de la naturaleza del ser humano y como tales, deben aceptarse, pues hacen parte inexcusable de la persona.
75. Ahora bien, dada la identidad sexual como elemento consustancial a la naturaleza humana, se reconoce que corresponde a cada cual escoger la forma, tono variedad o amplitud con la cual se asumirá dicha identidad. En desarrollo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, “se busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional.(19) Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social”(20). En materia de sexualidad esto significa que desde el punto de vista del individuo, este cuenta con la más amplia facultad para decidir, sin interferencia del Estado o de terceros, el camino que seguirá, la opción que tomará y aplicará en un momento determinado de su vida.
76. Esta libertad de configuración de la personalidad incluye la posibilidad de optar por la homosexualidad, “una condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras personas no compartan su específico estilo de vida”(21). Hay que resaltar cómo la jurisprudencia constitucional ha reconocido que “la homosexualidad es una opción sexual válida dentro del Estado social de derecho, por lo que quienes la han asumido como forma de vida no pueden ser objeto de discriminación alguna”(22), así como tampoco de coerción o limitación externa, en tanto desde el punto de vista del fuero interno del individuo, una opción en este sentido no tiene la potencialidad de generar un perjuicio social. La Corte precisó(23):
“Ciertamente, en las sociedades de estirpe democrática como la nuestra, el derecho fundamental a la autodeterminación sexual no puede ser el resultado de una imposición legal que establezca, como línea de comportamiento, la orientación más arraigada a las posturas y costumbres de mayor tradición dentro de la colectividad. El comportamiento sexual, amén de pertenecer a la esfera más íntima del ser humano, hace parte estructural de su libertad personal, lo cual descarta cualquier intervención del Estado y la sociedad, pues no se trata de una situación en la que se entienda comprometido el interés público o de la que pueda derivarse un perjuicio social(24)”.
77. En este punto, surge la importancia de referirse al derecho a la intimidad como esfera que protege la decisión tomada, en virtud del derecho de autodeterminación ética y moral, pues permite resguardar de la indebida intromisión ajena dicho proceso, dicha vivencia y dicha elección. Al respecto, ha manifestado la jurisprudencia(25):
“[La intimidad] implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, en donde se resguardan aquellas conductas o actitudes que corresponden al fuero personal y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas(26). Supone, además, “la existencia y goce de una órbita reservada para cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural”(27)”.
78. A lo anterior debe añadirse, la protección de la configuración de la identidad y la vida sexual del individuo. Al respecto, la Corte ha indicado que frente a la autodeterminación sexual del individuo, “ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente”(28).
79. Respecto de la exteriorización de la identidad sexual, la Corte ha destacado que también hace parte de la autodeterminación protegida por los derechos a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad(29). La Corte ha dicho, por ejemplo, que “a través de la manera de vestir, el uso de maquillaje o determinados aditamentos, las personas reafirman ante sí y ante los otros su identidad de género [o su identidad sexual], este tipo de decisiones, en lo que atañen a la manifestación de este rasgo identitario, se encuentran protegidas de manera específica, por el derecho de toda persona a que las decisiones relativas a su identidad de género sean reconocidas y respetadas por los demás”(30).
80. Sin embargo, ha destacado la Corte que la exteriorización de la identidad sexual encuentra su límite en situaciones generadoras de perjuicio social, sosteniendo que “las manifestaciones de la diversidad sexual solo pueden ser reprimidas o limitadas cuando lleguen a lesionar derechos de otras personas, alteren el orden público y social, afecten los estándares generales de decencia pública(31) o se “conviertan en piedra de escándalo, principalmente para la niñez y la adolescencia(32)”. Así lo ha considerado la Corte Constitucional frente a específicos supuestos en los que, con la conducta homosexual, objetivamente, se han transgredidos derechos de terceros(33) o se ha abusado de los derechos personales en detrimento de la colectividad(34)”(35). Hay consenso en cuanto a que dichas limitaciones no deben basarse en una posición discriminatoria, que reconduce a una que se sustenta exclusivamente en el carácter diverso de la expresión para censurarla. Así, se reconoce que frente a exteriorizaciones de la opción sexual, los estándares mínimos requeridos corresponden a aquellos “exigidos en el desarrollo de cualquier orientación sexual”(36), de modo que “se debe establecer y verificar por el juez constitucional, si la conducta desplegada hubiese sido objeto del mismo reproche en caso de que quien la hubiera practicado fuera una pareja heterosexual en contextos similares. Si del estudio se concluye que es tolerada en parejas heterosexuales y no en homosexuales se constituye en un criterio abiertamente trasgresor y discriminador que amerita medidas judiciales tendientes a evitarlo”(37).
E. El derecho a la igualdad, la no discriminación por la identidad sexual del individuo y la prueba de la conducta discriminatoria. Reiteración de jurisprudencia.
81. El artículo 13 de la Constitución reconoce que “[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”(38). La expresión “sexo” contenida en esta norma constitucional ha sido interpretada por la jurisprudencia para entender que “incorpora a la opción y orientación sexual, de modo que los tratamientos diferenciados que impongan el Estado o los particulares fundados, de manera exclusiva, en esas características del individuo, son incompatibles con el derecho a la igualdad”(39).
82. Esto conduce al reconocimiento de la distinción con base en la opción sexual como correspondiente al criterio sospechoso del tratamiento diferenciado por sexo(40), situación que se compagina con su reconocimiento como una parte esencial e indisoluble de la personalidad y ser desarrollo directo de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la dignidad humana. Como consecuencia de esta consideración, se “impone al Estado el deber de promover las condiciones para que la igualdad de trato sea real y efectiva, buscando evitar que en el orden interno se fijen clasificaciones irrazonables y discriminatorias, carentes de toda objetividad. En efecto, según lo ha dicho esta corporación, “[e]l principio de igualdad (C.P., art. 13), se opone, de manera radical, a que a través de la ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría”.(41)”(42).
“i) una regla de igualdad ante la ley, comprendida como el deber estatal de imparcialidad en la aplicación del derecho frente a todas las personas; ii) una prohibición de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un trato discriminatorio a partir de criterios sospechosos construidos a partir de -entre otras- razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión u opinión política; y iii) un mandato de promoción de la igualdad de oportunidades o igualdad material, entendido como el deber público de ejercer acciones concretas destinadas a beneficiar a grupos discriminados o marginados de manera sistemática o histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en el diseño institucional (acciones afirmativas). En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo alguna variante de la fórmula clásica (como la contenida en el art. 13 C.P.) tiene sentido sólo en la medida en que se respondan las siguientes tres preguntas: a) ¿Igualdad entre quiénes?; b) ¿Igualdad en qué?; y c) ¿Igualdad con base en qué criterio?”(43).
84. La jurisprudencia ha establecido que “están prohibidas las discriminaciones, pues en ellas hay implícito un trato distinto no justificado, que arroja consecuencias adversas para los sujetos afectados por las normas que las crean, sin que sus calidades y condiciones los obliguen a soportar tal desprotección(44)”(45). Igualmente, ha dicho:
“En desarrollo de lo anterior, ha observado también la Corte, que para reconocer las discriminaciones negativas o desmejoras a que se alude entre unos sujetos respecto de otros, las medidas en cuestión deben: i) estar fundadas en criterios considerados como sospechosos (sexo, género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, orientación sexual) y ii) no estar justificadas plenamente como medidas que buscan alcanzar lo dicho, un fin imperioso que imponga la diferenciación, en el grado e intensidad más adecuados para lograr el resultado que se espera. Adicionalmente, iii) se debe producir un efectivo trato desigual en contra de una persona o colectividad(46) y (iv) se debe configurar un perjuicio”(47).
85. Frente a la prueba de la discriminación, esta Corte ha establecido que el sujeto pasivo de la discriminación debe demostrar “(i) que la persona se asocia o hace parte de un grupo históricamente discriminado; (ii) que en una situación similar, otras personas que no son del grupo sospechoso no han recibido el mismo trato frente a la misma situación; y (iii) que el trato diferenciador haya ocasionado daño o permanezca en el tiempo”(48).
Sin embargo, quien sufre una discriminación afronta una dificultad especial para la demostración de la ocurrencia de la conducta, porque si bien puede resultar clara la ocurrencia de una determinada circunstancia —como un despido, por ejemplo—, lo más relevante para el asunto se encuentra en las motivaciones que inspiraron al supuesto autor a adoptar ciertas conductas o tomar determinadas decisiones, que en la mayor parte de los casos permanecen veladas u ocultas tanto para la víctima como para el juez que analiza el caso. Por esta circunstancia, la jurisprudencia ha establecido que “aunque la prueba de los actos discriminatorios no es del todo imposible, en determinados eventos es la persona de quien se alega la ejecución de tal acto la que debe desvirtuarlo, aunque ello no obsta para que el afectado pueda aportar las pruebas con las que cuente, que le permitan acreditar su acusación”(49).
Esta posibilidad de invertir la carga de la prueba en situaciones de actos de discriminación se explica por el criterio según el cual a quien le resulte más fácil probar un hecho deberá hacerlo. En este sentido ha dicho la jurisprudencia que “es necesario que sea la parte privilegiada y fuerte de la relación, por su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien debe asumir dicha carga procesal. Por tal razón, en materia de tutela, la regla no es ‘el que alega prueba’, sino ‘el que puede probar debe probar’, lo cual redistribuye la carga probatoria en beneficio de la protección de los derechos”(50), lo que en el escenario de los actos de discriminación significa que quien está acusado de discriminar está en una posición favorecida frente al de la víctima, en especial porque fue quien estuvo en control de los antecedentes del hecho, resultándole más sencillo acreditar la corrección de sus actos para desvirtuar la acusación. Al respecto ha dicho la jurisprudencia:
“[E]xigir que la parte discriminada demuestre el ánimo discriminatorio resulta una imposición exorbitante que tendría como resultado una negación de justicia en muchos de estos casos, teniendo especial consideración el que se haga respecto de sujetos que reciben especial protección por parte del ordenamiento constitucional. Por otro lado, la inversión de la carga probatoria no resulta una exigencia excesiva para la contraparte, ya que si su conducta se ajustó a parámetros constitucionales contará con los elementos necesarios para demostrar que histórica, contextual y laboralmente no ha existido comportamiento alguno que involucre distinciones no legítimas al momento de determinar el acceso a oportunidades”(51).
F. El derecho al debido proceso: poder sancionatorio, contratación entre particulares y los reglamentos de las organizaciones privadas. Reiteración de jurisprudencia.
86. La Constitución Política indica que el escenario de aplicación del debido proceso se circunscribe a “actuaciones judiciales y administrativas”(52), aunque la jurisprudencia constitucional ha ampliado el ámbito de disfrute de este derecho fundamental para cobijar escenarios privados, en tanto “no sólo involucra u obliga a las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un principio de orden al interior de sus organizaciones (v. gr. establecimientos educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, etc.)”(53). Al respecto, hay que indicar que la posibilidad de que se prediquen las cargas que exige el derecho al debido proceso a los particulares se da “sólo excepcionalmente”(54), de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
87. Adicionalmente debe indicarse que la Corte Constitucional ha indicado que los derechos fundamentales irradian todo el ordenamiento jurídico, “de manera tal que ‘al derecho privado que hasta entonces determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico; éste tiene incluso primacía sobre él, si bien conste sólo en principios jurídicos, además de escasos, muy amplios y frecuentemente indeterminados’”(55). Lo anterior implica que para analizar las relaciones contractuales no basta solamente la verificación del contenido de unas cláusulas determinadas, sino que es necesario tener en cuenta cómo impacta una relación jurídica privada los derechos fundamentales de los involucrados.
En este sentido, se ha establecido en la jurisprudencia de esta Corte que, si y solo si, un conflicto de carácter contractual tiene una “inmediata relevancia iusfundamental”(56), se hace procedente la acción de tutela, especialmente cuando existan relaciones de subordinación o indefensión, cuestión que resulta importante en el presente caso en el análisis del debido proceso y el trato igualitario en el marco de las relaciones contractuales de prestación de servicios de la actora, al igual que de su vinculación a la Liga a título de entrenadora y deportista.
88. Frente a la manera como el derecho fundamental al debido proceso permea las relaciones privadas, la Corte Constitucional ha dicho que “[n]ada obsta dentro del marco Constitucional para que los parámetros de protección y garantía del debido proceso se apliquen a las relaciones entre los particulares. Por el contrario, su aplicación y exigencia estricta se ajustan al deber atribuido a todos los colombianos en los incisos primero y segundo y el numeral 1 del artículo 95 de la Constitución”(57), razón que llevó a la Corte a, por ejemplo, analizar la compatibilidad de la terminación de contratos con los derechos fundamentales de los afectados(58), como una cuestión de relevancia constitucional.
Adicionalmente, la Corte se ha pronunciado en abundante jurisprudencia sobre relaciones en el ámbito privado que están mediadas por un reglamento, a través del cual un particular le impone sanciones u obligaciones a otro como, por ejemplo, cuando se hace parte de clubes sociales, organizaciones sin ánimo de lucro o federaciones deportivas(59), una copropiedad(60), se estudia en un colegio(61), o en una universidad privada(62). La Corte ha aplicado al análisis de estas situaciones el concepto de debido proceso, destacando que “[l]a garantía del debido proceso ha sido establecida en favor de la persona, de toda persona, cuya dignidad exige que, si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que su juicio se adelante según reglas predeterminadas, por el tribunal o autoridad competente y con todas las posibilidades de defensa y de contradicción, habiendo sido oído el acusado y examinadas y evaluadas las pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor”(63).
En este sentido, la garantía del debido proceso no puede contraerse solamente a las actuaciones de las autoridades, sino que también se predican de los particulares “cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos [. En estos casos] están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad, los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados. Por eso, ante las vulneraciones o amenazas para el ejercicio de ese derecho fundamental, cabe la acción de tutela”(64).
G. Interés superior del menor.
89. Esta Corte, destacando lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política(65), ha establecido que el interés superior del menor constituye un “imperativo que obliga a todas las personas”(66), pues es el reflejo de “una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional, consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad”(67). En este sentido no solo las autoridades, sino también los particulares, están obligados a garantizar un tratamiento para los niños que preserve especialmente su seguridad, tranquilidad y bienestar, y les permita un desarrollo armónico y libre.
El especial deber de protección de los niños encuentra sustento en una razón constitucional fundamental, especialmente relevante para el presente caso, y es “su situación de fragilidad frente al mundo, en mayor o menor grado dependiendo de su desarrollo personal”(68). La fragilidad de los niños y su importancia cardinal para la sociedad, imponen a todos los miembros de la comunidad un deber especial de salvaguarda, garantía y cuidado de los niños, que implica la adopción de medidas que proactivamente persigan asegurar su bienestar, seguridad y adecuado desarrollo.
Esta Corte ha precisado que el concepto del interés superior del menor impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de dar al niño un trato “que lo proteja de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”(69). Igualmente, se han destacado seis componentes básicos del concepto de interés superior del menor, fundamentales para asegurar la efectividad de esta protección especial desde el punto de vista constitucional(70): (1) la garantía del desarrollo integral del menor; (2) la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalencia de los derechos del menor; (5) la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado; y (6) la necesidad de tener en cuenta las opiniones expresadas por el menor respecto del asunto a decidir.
“(i) Garantía del desarrollo integral del menor. Se debe, asegurar el desarrollo armónico e integral de los menores, desde los puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su personalidad. Corresponde a la familia, la sociedad y el Estado, brindar la protección y la asistencia necesarias para materializar el derecho de los niños a desarrollarse integralmente, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias de cada menor(71).
(ii) Garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor. Los derechos de los menores deben interpretarse siempre aplicando la norma más favorable a sus intereses.(72)
(iii) Protección del menor frente a riesgos prohibidos. Se debe resguardar al menor de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y protegerlos frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o moral, la explotación económica o laboral, y en general, el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas(73)”(74).
93. Como se puede apreciar en el conjunto probatorio del proceso de tutela, la accionante y la Universidad de Antioquia suscribieron un contrato de “cátedra externo” – “docente cátedra por horas”, con fecha de inicio de labores el 9 de febrero de 2015, para un total de 359 horas de labor, a desarrollarse durante el primer semestre del año 2015, y por un valor de $ 10’447,276.29 pesos(75). Este contrato se suscribió para desarrollar en lo pertinente el contrato Nº xxx de 2013, “celebrado entre el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia y la Universidad de Antioquia”, estipulado para durar 21 meses, los cuales se vencían el 30 de diciembre de 2015. En lo relevante, este contrato contempla la obligación para Indeportes de: “5) Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata, a LA UNIVERSIDAD las posibles faltas en que incurra el personal contratado por ella”, pero no dispone de facultades disciplinarias directas frente a los entrenadores, así como tampoco contempla la posibilidad de que la liga ejerza tales funciones de cara a la vinculación contractual de la accionante.
94. En este sentido, al analizar la vinculación contractual de la accionante, no se aprecia la posibilidad de que la liga o Indeportes determinen de manera directa la aplicación de una sanción disciplinaria derivada del incumplimiento de alguna de las obligaciones consagradas en el contrato suscrito por la accionante, así como tampoco de disponer la terminación del mismo, pues tal facultad está reservada exclusivamente a la Universidad de Antioquia. Reflejo de lo anterior, se encuentra en la contestación dada por esta entidad en el marco de este proceso de tutela, en la que manifestó, entre otras cosas que se enteró de la situación de la accionante hasta el 9 de abril de 2015, momento en el cual la accionante se presentó junto con su abogado a las instalaciones de la Universidad, manifestando que estaría sufriendo atropellos por parte de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia. La Universidad requirió entonces a Indeportes, para que informara acerca de lo acontecido, indicando que “prescinden de los servicios de J. M. A. M. por motivos estrictamente profesionales”(76), frente a lo cual la Universidad manifestó que “el contrato que ella suscribió es con la Universidad y en este sentido no da por terminado el contrato y en todo caso en el evento de no requerir el apoyo de J. M. A. M., se debe hacer la solicitud oficial a la Universidad, de lo contrario se le deben asignar las tareas que correspondan a las necesidades del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia y que estén establecidas en el convenio interadministrativo xxx anteriormente mencionado, toda vez que la Universidad de Antioquia la tiene contratada para ello”(77).
96. De otro lado, y en circunstancias que esta Sala considera completamente distinguibles y separables de aquellas que motivan la acción de tutela, se mostró por parte de la Universidad que el convenio xxx de 2013 había terminado la ejecución de actividades el 31 de mayo de 2015, lo que motivó la desvinculación de 150 docentes contratados para responder a las necesidades del mismo, incluida la accionante(78). En opinión de la Sala, la terminación de la relación contractual por parte de la Universidad de Antioquia no obedeció al ejercicio de una acción disciplinaria de parte de la entidad, de la utilización de la terminación del contrato de prestación de servicios como medida sancionatoria o de medida discriminatoria por la opción sexual de la accionante, sino que fue motivado por la finalización de un convenio con Indeportes, que conllevaba la finalización de las vinculaciones individuales de entrenadores y colaboradores. Conviene precisar en este punto que, el contrato de Cátedra Externo suscrito con la accionante se ejecutó en su totalidad, reportándose las 359 horas como laboradas, y por ello “las actividades del contrato de cátedra del primer semestre de 2015, fueron reportadas como cumplidas y por tal motivo se reportaron en normalidad la cantidad de horas del contrato de catedra (sic) y así se canceló a la actora”.(79)
En el presente caso, los arreglos descritos por la liga y reconocidos por la accionante frente a la organización del alojamiento fueron desconocidos, involucrando dicha desatención a una menor de edad, situación que merece reproche pues, como se dijo, se identifica una finalidad legítima en el establecimiento de reglas y procedimientos a seguir en tanto se encaminan a preservar el bienestar de los participantes menores de edad. Conviene también indicar por parte de la Sala, que esta consideración es válida para todo menor de edad, para toda entidad encargada de la organización de eventos que involucren su participación y para todo adulto que comparta espacios con menores de edad en ese tipo de eventos. Desde este punto de vista, el llamado de atención de la Liga por la desatención de las reglas de concentración por parte de la accionante resultaba, prima facie, razonable y justificado(80).
102. Ahora bien, la desatención de las reglas para la concentración, si bien pudieron haber justificado un reproche, desencadenaron una serie de actuaciones que, sostiene la accionante, vulneraron sus derechos fundamentales. Esta Sala considera que las actuaciones emprendidas por la Liga y validadas por Indeportes con motivo de la situación antes descrita, deben analizarse a la luz del derecho al debido proceso, puesto que existe, de acuerdo con los reglamentos de la liga, unos procedimientos a atender para el ejercicio de una facultad disciplinaria que se ejerció, con el convencimiento errado de que tenía alguna injerencia desde el punto de vista de la ejecución del contrato de prestación de servicios desempeñado por la actora(81). En los estatutos de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia(82), aportados por la accionante, se dispone en relación a la disciplina deportiva lo siguiente:
“Sus fallos se dictarán con base en el código disciplinario proferido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y una vez ejecutoriados serán de obligatorio cumplimiento”(83).
103. Junto con su escrito de contestación, la liga aportó el código disciplinario adoptado por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa(84), que de acuerdo con su artículo 1º “regirá toda la actividad del deporte de tenis de mesa, en el seno de la Federación, de todos sus afiliados”, dentro de los cuales está incluida la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia. El régimen disciplinario dispuesto en el código “tiene por objeto preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas deportivas generales”(85) y se corresponde cercanamente con el contenido de la Ley 49 de 1993, “Por la cual se establece el régimen disciplinario en el deporte”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9º de esta norma(86).
104. En el artículo 2º del Código se establecen los organismos en materia disciplinaria y sus competencias, describiéndose los tribunales de la federación y de las ligas. Se establece que la competencia para conocer de las faltas muy graves estará en cabeza de estos tribunales(87). Las normas internas relevantes tienen el siguiente texto:
“B. TRIBUNAL DEPORTIVO DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TENIS DE MESA:
Integrado por tres (3) miembros elegidos así : Dos (2) por el Órgano (sic) de dirección y uno (1) por el órgano (sic) de administración, tendrá un secretario, tiene jurisdicción sobre todos sus miembros, ligas o clubes; será competente para conocer y resolver sobre las faltas de los miembros de las federaciones (integrantes de los órganos de administración y control, personal científico, técnico y de juzgamiento) y de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones del tribunal deportivo de las ligas, en segunda instancia y de las faltas cometidas por dirigentes, deportistas, personal técnico, científico o de juzgamiento en eventos o torneos organizados por la federación en única instancia, previo agotamiento del trámite ante las autoridades disciplinarias. Igualmente tramitar y resolver en única instancia, las faltas cometidas por los miembros de los tribunales deportivos de sus afiliados, de oficio o a solicitud de parte.
TRIBUNAL DEPORTIVO DE LAS LIGAS:
[...]”(88).
105. En cuanto a las faltas gravísimas(89), o muy graves, el reglamento las describe, tipifica y determina su sanción de la siguiente manera:
A. Falsedad en cualquier documentación, bien sea deportiva o administrativa: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que haya lugar.
B. El doble registro ante autoridad deportiva competente para cualquier actividad programada: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
C. El valerse de artimañas o de cualquier otra circunstancia o modalidad, para sustraer documentos de las oficinas de un club, liga o federación: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
D. Contraer o suscribir contratos, convenios o cartas de intención sin tener expresa autorización para ello a nombre de un club, liga o federación: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
E. Suplantar personas, directivos, deportistas, jueces, etc.: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
F. Ponerse de acuerdo con los adversarios para facilitar la victoria o la derrota: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS.
G. La promoción, incitación o utilización de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, como el “doping” así como la negativa a someterse a los controles exigidos por órganos y personas competentes o cualquier acción u omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles: SUSPENSION DE DOS (2) A CINCO (5) AÑOS, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal a que diere lugar.
N. Cohonestar cualquiera de las anteriores faltas: SUSPENSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS. [...]
106. En cuando al procedimiento a seguir para conocer del asunto disciplinario, el Código admite la posibilidad de que el tribunal adelante investigaciones oficiosamente(90), y dicta un procedimiento del cual se destacan los apartes más relevantes:
Si no pudiere cumplirse la notificación personal en la dirección registrada en el respectivo club, liga, o federación, se fijará un aviso en lugar visible en la sede del organismo deportivo, en donde se le prevendrá que si no se presenta dentro de los cinco (5) días siguientes al respectivo Tribunal a recibir la notificación, se le designará un defensor de oficio [...]
SOLICITUD, DECRETO Y PRÁCTICA DE PRUEBAS:
TÉRMINO PARA ALEGAR:
[...]”(91).
a) En primer lugar, y cobijando la totalidad de la actuación disciplinaria, quedó claro que ésta se adelantó en el seno de un órgano incompetente en materia disciplinaria.
Al respecto dijo liga en su contestación de la acción de tutela que “se continuará el proceso disciplinario en contra de la accionante por falta gravísima al reglamento”(92), por lo que no hay duda de que se estaba ejerciendo una acción de naturaleza disciplinaria, en primera instancia y contra un miembro de la liga —la accionante—. De acuerdo con esto, atendiendo el factor subjetivo, quien resultaba competente para el trámite era el tribunal disciplinario de la liga, tanto por lo dispuesto en los estatutos de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia en su artículo 54, como por lo establecido en el artículo 2º, literal B del Código Disciplinario de la Federación. Adicionalmente, atendiendo el factor objetivo, indica el artículo 14 del Código Disciplinario de la Federación que las sanciones derivadas de la comisión de “faltas gravísimas”(93) —o muy graves, de acuerdo con la denominación del código— “son impuestas únicamente por el tribunal deportivo correspondiente”(94), es decir, el Tribunal Deportivo de la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia.
El proceso en este caso se adelantó por parte del órgano de administración de la liga, como puede apreciarse en (i) el Acta Nº 032015 del 19 de marzo de 2015(95) del órgano de administración de la liga, sobre la presentación del caso, (ii) el acta de la “Reunión con la entrenadora y deportista J. M. A.” del 19 de marzo de 2015(96), en la que se habría comunicado el adelantamiento del proceso y se le citó a descargos, que no tuvo lugar en el marco del tribunal disciplinario, y (iii) el Acta No. 042015 del 21 de marzo de 2015 del órgano de administración de la liga(97), en la que consta la reiteración de la decisión y se habrían recibido descargos, a los que no se hace alusión alguna en el documento. Esto da cuenta de que la decisión no fue adoptada por quien tenía competencia para imponer una sanción disciplinaria, de acuerdo a los reglamentos aplicables al caso concreto.
b) La conducta cometida por la accionante no se acomodó a ninguna de las faltas contempladas en el artículo 9º del código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa (Cfr. §105.), pues ninguna cobija razonablemente un “acto de indisciplina como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena fe de la señora Presidenta”(98), o “acto de indisciplina, desacato a la autoridad, falta a la moral, a la ética como entrenadora y el engaño presentado sobre la buena fe de la señora presidenta”(99), que se le imputaron a la accionante como razón para la realización del procedimiento y la imposición de la sanción. Esto implica la desatención del principio de legalidad de la sanción en cuanto a la tipicidad de la conducta endilgada, lo que implica también la vulneración de su derecho al debido proceso.
Valga decir, en gracia de discusión, que aun cuando la conducta de la accionante hubiera podido encuadrarse en alguna de las faltas muy graves descritas en el código, nunca se le acusó formalmente por alguna de estas causales, lo que implica la imposibilidad del ejercicio adecuado de un derecho a la defensa y, también, la vulneración del derecho al debido proceso de la accionante. Adicionalmente, la sanción impuesta, que consiste en “no continuar con sus servicios”(100), no corresponde con ninguna de las sanciones contempladas en los reglamentos aplicables, que consisten, básicamente, en la posibilidad de suspender al sancionado entre 1 y 5 años. Por ende, tampoco se cumplió el principio de legalidad en materia de la sanción impuesta a la accionante.
c) En cuanto a los escenarios y garantías procesales contempladas en los reglamentos aplicables al caso, y que protegían a la actora, destaca la omisión de elementos cruciales indispensables para el adecuado ejercicio del derecho a la defensa, lo que condujo a la vulneración del derecho al debido proceso de la actora. Así, (i) no se realizó consideración alguna sobre los antecedentes de la accionante, o las circunstancias de agravación o atenuación de la conducta supuestamente sancionable; (ii) nunca se dictó la “providencia en la que se consignen los hechos u omisiones sobre lo que recaerá la investigación y las disposiciones del código disciplinario que se consideren infringidas”(101) —auto que, además, debía notificarse personalmente a la accionante—; (iii) no se implementó escenario alguno para la solicitud, decreto o práctica de pruebas, del que habla el artículo 26 del código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa; (iv) no se le brindó a la accionante la oportunidad de presentar su alegato, una vez vencido el término probatorio, contemplado en el artículo 28 del código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa; (v) la decisión no se adoptó por medio de resolución escrita, motivada y debidamente firmada por los miembros del tribunal disciplinario. De la misma forma, tampoco se notificó personalmente a la accionante de dicha decisión, ni se le indicaron los recursos procedentes en contra de la decisión —artículos 30 y 31 del código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa—.
109. Para la Sala, existe la evidencia contundente sobre la vulneración del derecho al debido proceso de la actora en el procedimiento disciplinario adelantado por la liga en su contra, lo que lleva a esta Sala a tutelar el derecho de la actora. A este respecto, es de resaltar que la accionante, luego de la legítima terminación de su vinculación contractual, si bien ya no se desempeñaría como entrenadora, conserva su calidad de deportista vinculada a la liga. En este sentido, los efectos de la “sanción” vulneratoria de los derechos fundamentales persisten y tienen la potencialidad de afectar el desempeño deportivo de la accionante. Por esta razón, no se considera que en el presente caso se haya presentado un daño consumado, o que exista carencia actual de objeto por hecho superado —como lo sostuvo el ad quem—, sino que por el contrario, la tutela del derecho fundamental al debido proceso es necesaria y conducente. Además, hay que resaltar que en la contestación de la presente acción de tutela, la liga manifestó que “se continuará el proceso disciplinario en contra de la accionante por falta gravísima al reglamento”(102), situación que da cuenta de la intención de persistir en la aplicación de estas medidas abiertamente contrarias al derecho al debido proceso de la actora. En este sentido, considera la Sala necesario tutelar los derechos, dejando sin efecto el procedimiento sancionatorio en contra de la accionante. A este respecto, cabe advertir a la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia que el adelantamiento de procedimientos disciplinarios en contra de sus miembros y asociados debe estar regido por las normas previamente establecidas para el efecto, y observarse y ofrecerse ampliamente las garantías procesales que aseguren al investigado la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y oportuna.
En este sentido, cabe advertir a Indeportes que dado que sirve como enlace entre las ligas y los prestadores del servicio, y que estaba dentro de sus obligaciones de acuerdo al Convenio xxx de 2013 la de “informar por escrito, de manera oportuna e inmediata, a LA UNIVERSIDAD las posibles faltas en que incurra el personal contratado por ella”, lo menos que se puede exigir es que se verifique que en efecto lo objetado por la respectiva Liga corresponda en efecto a una posible falta, situación que en el presente caso no se verificó (Cfr. §107. b.), pues en ningún momento, en un ejercicio de razonabilidad, se apreciaría la ocurrencia de una falta disciplinaria, de acuerdo a su descripción en el código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, y no se puede ser tan ligero al considerar que razones “estrictamente profesionales” alegadas por la liga en el presente caso, constituyen por sí mismas la ocurrencia de una posible falta.
111. De otro lado, esta Sala, en consonancia con lo establecido por el ad quem en la sentencia de segunda instancia, considera que el procedimiento antes analizado no tuvo origen en un ánimo de discriminar a la accionante por su orientación sexual, sino como castigo —irregular y contrario al derecho al debido proceso— por la desatención de las instrucciones de la presidenta de la liga en el campeonato de Ibagué y el desconocimiento de las reglas dispuestas para la participación de las selecciones en el evento. Al respecto, valga recordar que resulta razonable el establecimiento de este tipo de restricciones y reglas, especialmente cuando se pretende garantizar el bienestar de menores de edad, que en efecto participaron en aquella ocasión. La omisión de la accionante frente a estas reglas fue reconocido por ella, y aunque la reacción de la Liga fue desproporcionada y violatoria del derecho al debido proceso, es posible identificar cómo dicha actuación, por más inapropiada, no se debió a la orientación sexual de la accionante, sino a un proceder que, como se dijo antes, fue reprochable por desatender normas conducentes a la prevención de riesgos para los participantes del evento, especialmente de los menores de edad.
112. Circunstancias adicionales expuestas por la señora A., como la existencia de rumores, comentarios y declaraciones de padres y entrenadores sobre la accionante y su opción sexual son reprochables y merecen de una reflexión acerca de la tolerancia y la aceptación de personas con orientaciones sexuales diversas en nuestra sociedad. Sin embargo, no se considera que en la génesis del presente asunto haya sido determinante la opción sexual de la accionante, pues es razonable pensar que igual conclusión hubiera tenido un caso en el que el protagonista fuera un entrenador heterosexual que decide quedarse en compañía de uno de sus pupilos menor de edad, en el mismo cuarto de hotel, sin informar de tal situación a los organizadores y coordinadores de una participación deportiva departamental, desconociendo con ello las reglas de organización dispuestas para el buen desarrollo del evento y especialmente normas para la protección de los menores de edad participantes del mismo.
115. Así mismo, encontró la Sala que la terminación del contrato de prestación de servicios de la accionante con la Universidad de Antioquia, para servir como entrenadora de las ligas en el marco del convenio xxx de 2013, se terminó por la finalización de este último, situación que no atenta contra derecho fundamental alguno de la accionante, en especial, porque la terminación no obedeció a la ejecución de una conducta discriminatoria en contra de la señora A., o a la aplicación de la “sanción” dispuesta por la Liga en su actuación irregular.
1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en segunda instancia por Juzgado Dieciocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín, del 29 de julio de 2015, que confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Veinte Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, del 12 de junio de 2015, en cuanto negó la tutela del derecho al debido proceso. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso de la señora J. M. A. M., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio en contra de la señora A. M.
2. Respecto a las demás órdenes, CONFIRMAR los fallos de tutela antes referidos.
3. ADVERTIR a la Liga Departamental de Tenis de Mesa de Antioquia que el adelantamiento de procedimientos disciplinarios en contra de sus miembros y asociados, debe estar regido por las normas previamente establecidas para el efecto, observándose las garantías procesales que aseguren al investigado la posibilidad de ejercer una defensa adecuada y oportuna, esto con el fin de salvaguardar el derecho al debido proceso del que es titular.
1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del reglamento de la Corte Constitucional, “En la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias que identifiquen las partes”. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente decisión se toma en consideración a que en los hechos del caso se hacen referencias directas a asuntos sensibles desde el punto de vista del derecho a la intimidad, de personas que no son parte en el trámite de la presente acción de tutela. Esta Sala considera que el no hacer referencia directa a la menor de edad es el mecanismo idóneo para salvaguardad sus derechos fundamentales, como en efecto se hará.
Frente a este mecanismo de protección del derecho a la intimidad de personas involucradas en procesos de revisión de tutela pueden consultarse las siguientes sentencias: SU-256/96, SU-480/97, T-715/99, SU-337/99, T-618/2000, T-851A/2012, T-027/2013, T-836-2014, entre otras.
2 C. p., fls. 2-49. La acción de tutela fue interpuesta por la Defensora del Pueblo Regional Antioquia, Gloria Elena Blandón Velásquez, el 29 de mayo de 2015, en representación de J. M. A. M.
3 Los testimonios de los señores R., L. M. y V. se centran en lo que escuchaban acerca de la accionante en la liga, la condición sexual de sus pupilas y de ella misma, y consideraciones acerca de la participación femenina en la liga. Esta Sala considera que el contenido de dichos testimonios no es relevante ni conducente para la resolución del presente caso, por lo que, habiéndose analizado, se abstendrá de consignar su contenido en los antecedentes de la presente acción de tutela. Igualmente, en el testimonio de la madre de M. P., se transcribe en la presente sentencia las partes relevantes para el caso en mención, y el restante contenido se considera inconducente frente al caso analizado.
4 C. p., fls. 141-146.
5 C. p., fls. 195-220.
6 C. p., fls. 223-227.
7 Las funciones del convenio marco xxx de 2013 suscrito entre Indeportes y la Universidad de Antioquia fueron consignadas así:
l) Cumplir de forma responsable los horarios pactados con las entidades a las cuales se les presta el servicio dentro del convenio.
m) Prohibido presentarse a dictar entrenamientos y/o competencias bajo efectos del alcohol o de alucinógenos” (c. p., fl. 224).
8 C. p., fls. 266-279.
9 C. p., fls. 281-298.
10 C. p., fls. 302-304.
11 Subrayas fuera del texto original.
12 C. p., fl 50.
13 Para mayor ilustración sobre la posición de esta Corte, en relación con la acción de tutela entre particulares, por favor referirse a las sentencias T-066/98, T-219/2009, T-260/2010, entre otras.
14 Para mayor referencia de la posición de la Corte en este sentido, por favor referirse a las sentencias T-219/2009, T-260/2010, T-546/2010, T-040/2013 y T-256/2013.
15 A través del uso de esta categoría se pretende englobar los elementos que constituyen elementos de autoidentificación frente al sexo, la orientación sexual, expresiones ambas de la construcción de la identidad, o lo que se ha calificado en la jurisprudencia como “la experiencia de cada persona frente a su sexualidad y su desarrollo identitario” Cfr. Sentencia T-099/2015, M.P. Gloria Estela Ortiz.
16 Sentencia C-507/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
17 Sentencia T-918/2012, M.P. Jorge Iván Palacio.
19 Sentencia T-542/92, M.P. doctor Alejandro Martínez Caballero.
20 Sentencia C-507/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
21 Sentencia T-101/98 M.P. Fabio Morón Díaz. Hay que tener en cuenta que no las categorías en cuando a opción e identidad sexual se refieren no son absolutas y es perfectamente admisible que los sujetos en desarrollo de sus derechos de libertad más íntimos, opten por transitar entre clasificaciones, más o menos estrictas. Al respecto se puede consultar la Sentencia T-141/2015 M.P. María Victoria Calle. Se considera conveniente para brindar un panorama respecto de la diversidad de conceptos involucrados en el análisis, recordar la tabla número 2 expuesta en la Sentencia T-099/2015, M.P. Gloria Stella Ortiz, que da cuenta de las posibles variables y la consecuente diversidad en las clarificaciones:
Orientación sexual La orientación sexual abarca los deseos, sentimientos, y atracciones sexuales y emocionales que puedan darse frente a personas del mismo género, de diferente género o de diferentes géneros.
Identidad de Género Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida).
Personas transgénero Las personas transgénero tienen una vivencia que no corresponde con el sexo asignado al momento de nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos es femenino, dicha persona generalmente se autorreconoce como una mujer trans. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino y la vivencia de la persona es masculina, dicha persona generalmente se autorreconoce (sic) como un hombre trans.
Personas cisgénero Las personas cisgénero tienen una vivencia que se corresponde con el sexo asignado al nacer. Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es masculina, dicha persona es un hombre cisgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino, y la vivencia de la persona también es femenina, dicha persona es una mujer cisgénero.
22 Cfr. Sentencia C-507/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Ver también sentencias C-577/2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, C-098/96 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-097/94 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
23 Sentencia C-507/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
24 Cfr. Sentencia ibídem.
25 Sentencia T-909/2011, M.P. Juan Carlos Henao.
26 Para la doctrina este derecho se refiere al “control sobre la información que nos concierne” o al “control sobre cuándo y quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona”. En Luis García San Miguel (editor), Estudios sobre el derecho a la intimidad, Editorial Tecnos, Madrid 1982, pág. 17.
27 Sentencia T-889/2009.
28 Sentencia T-435/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
29 Cfr. Sentencia T-918/2012, M.P. Jorge Iván Palacio.
30 Sentencia T-141/2015, M.P. María Victoria Calle. Al respecto, se referencian en esta providencia las sentencias T-565/2013, T-789/2013 y T-098/2011.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
32 Corte Constitucional. Sentencia T-539/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-035/95, M.P. Fabio Morón Díaz y T-569/94, M. P. Hernando Herrera Vergara.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU-476/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
35 Sentencia T-673/2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
38 En la Sentencia T-909/2011, M.P. Juan Carlos Henao se dijo que “en el derecho constitucional colombiano no se ha previsto la protección concreta y específica a favor de las personas de orientación sexual diversa. Porque distinto a lo que empieza a divisarse en el derecho nacional y supra-regional comparados, en el derecho internacional y regionalde los derechos humanos, ciertamente ni en la Constitución ni en tratados vinculantes al Estado colombiano, establecen una protección concreta para la orientación sexual diversa como criterio sospechoso de discriminación || 62. Ha sido empero la interpretación ofrecida por los órganos del sistema universal y regional encargados de definir el alcance de los tratados en general o para los casos concretos, la que ha determinado que el trato desigual negativo fundado en esta causa, no tiene soporte en los tratados y al contrario, vulnera los contenidos de los derechos de libertad, igualdad y no discriminación que en ellos se reconocen || Y en el derecho interno, conforme lo establecido en la Constitución y en el propio derecho internacional de los derechos humanos vinculante para el Estado, en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional ha garantizado el derecho individual a la libre opción sexual. En todos ellos, implícitamente, se ha venido a destacar el muy valioso y cada vez más escaso componente de la individualidad pura, pues de él, sin duda, hacen parte las opciones y decisiones sobre la sexualidad, como ámbitos definitivamente protegidos de libertad, igualdad, desigualdad y no discriminación”.
39 Sentencia T-062/2011, M.P. Luis Ernesto Vargas.
40 Cfr Sentencias T-535/2013 y T-062/2011, M.P. Luis Ernesto Vargas.
41 Sentencia ibídem [C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz].
42 Sentencia C-507/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
43 Sentencia T-099/2015, M.P. Gloria Stella Ortiz.
44 Vid. entre otras, sentencias C-075/2007, T-769/2007, T-884/2006, T-288/2003, T-492/2003, C-862/2008, T-516/98, C-042/2003, T-1258/2008, C-534/2005, T-948/2008, T-905/2005, T-753/2009, C-065/2005.
45 Sentencia T-909/2011, M.P. Juan Carlos Henao.
46 Por ejemplo, en la Sentencia T-314/2011, pese a que la accionante denuncia que por ser transgenerista le fue negado el ingreso a unos eventos abiertos al público, la Corte estimó que no se cumplieron los requisitos acá señalados, puesto que la negativa de ingreso a los eventos no se basó en el uso un criterio sospechoso, sino dada la agresividad que tuvo con el personal que verificaba el ingreso.
47 Sentencia T-909/2011, M.P. Juan Carlos Henao.
48 Sentencia T-371/2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. En cita: “Al respecto, en lo relacionado con la prueba del acto discriminatorio pueden consultarse las sentencias T-427/92, T-638/96, T-772/2003, T-601/2005, T-601/2006, entre otras. Cfr. Sentencia T-314/2011”.
49 Sentencia T-371/2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. Ver también, sentencias T-098/94, M.P. Eduardo Cifuentes; T-247/2010, M.P. Humberto Sierra Porto; T-314/2011 y T-804/2014, M.P. Jorge Iván Palacio; T-141/2015, M.P. María Victoria Calle.
50 Sentencia T-371/2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
51 Sentencia T-247/2010, M.P. Humberto Sierra Porto.
52 Constitución Política, art. 29.
53 Sentencia T-852/2010, M.P. Humberto Sierra Porto, citando la Sentencia T-083/2010 que a su vez cita las sentencias T-433/98 y la T-605/99.
54 Sentencia T-385/2006, M.P. Clara Inés Vargas.
55 Sentencia T-160/2010, M.P. Humberto Sierra Porto, citando a “Konrad Hesse. Derecho constitucional y derecho privado, Madrid, Cívitas, 1995, pág. 59”.
56 Cfr. Sentencia T-160/2010, M.P. Humberto Sierra Porto.
57 Sentencia T-769/2005, M.P. Clara Inés Vargas.
58 Ver, por ejemplo, las sentencias acerca del debido proceso para la terminación de la relación contractual entre particulares o personas de derecho público con régimen de contratación privado (entre otras, sentencias T-546/2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, Sentencia T-385/2006, M.P. Clara Inés Vargas, T-075A/2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza). Igualmente, en sentencias como la T-546/2000, M.P. Clara Inés Vargas, la Corte tuteló el derecho al debido proceso frente a la terminación de un contrato de arrendamiento comercial, argumentando que “de acuerdo a la posición ejercida por el arrendador, para evitar el abuso de sus derechos, ha debido aplicar de manera estricta las normas que sobre arrendamiento comercial se encuentran establecidas en la Ley. Esto hubiera permitido comunicar oportunamente la terminación del contrato y habría evitado que pese a no prestar el desahucio correspondiente se imposibilitara injustificadamente que los peticionarios hubieran proseguido con su labor en los locales respectivos. Dicha omisión, a saber, no aplicar los procedimientos previstos en la ley para notificar la terminación del contrato de arrendamiento, permiten aseverar a la Sala que el arrendador adoptó una postura ilegítima, vulnerando los derechos adquiridos y también, el debido proceso como derecho fundamental indirecto” (subraya fuera del texto original).
59 Cfr. Sentencia T-543/95, M.P José Gregorio Hernández. Al respecto se dijo en la sentencia: “Sobre el último aspecto, en cuanto se trate de adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación el artículo 29 de la Carta, que plasma el derecho al debido proceso, por lo cual normas generales previamente definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien sea sindicado”. Es de especial valor la línea jurisprudencial decantada en la Sentencia T-720/2004 sobre este tipo de organizaciones. Ver también sentencias T-808/2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. y T-921/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
60 Cfr. Sentencia C-318/2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-470/99, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
61 Cfr. Entre muchas otras, sentencias T-944/2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-853/2004. M.P. Manuel José Cepeda; T-492/2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
62 Cfr. Entre otras, Sentencia T-542/2012, M.P. Humberto Sierra Porto.
63 Sentencia T-470/99, M.P. José Gregorio Hernández.
64 Ibíd. En el mismo sentido, se dijo en la Sentencia T-720/2014, M.P. María Victoria Calle, que “el debido proceso es un derecho fundamental exigible a los particulares, siempre que estos se reservan la facultad de imponer una sanción, por lo que la Sala no comparte la argumentación de la parte accionada en el sentido de que este derecho únicamente exige la existencia de normas previas que definan un procedimiento previo al trámite: si bien el respeto por el principio de legalidad es consustancial al debido proceso y constituye el primer paso para evitar decisiones caprichosas, arbitrarias o abusivas, no es la única posición de derecho fundamental exigida en un trámite disciplinario adelantado por una organización de naturaleza privada”.
65 Constitución Política, art. 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
66 Sentencia T-921/2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
67 Sentencias T-503/2003, M.P. Manuel José Cepeda y C-256/2008, M.P. Manuel José Cepeda.
68 Sentencia T-921/2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
69 Sentencia T-094/2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
70 Cfr. Entre otras, sentencias T-292/2004, M.P. Manuel José Cepeda; T-510/2003, M.P. Manuel José Cepeda T-497/2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-466/2006, M.P. Manuel José Cepeda; T-887/2009, M.P Mauricio González Cuervo; T-968/2009, M.P. María Victoria Calle; T-1042/2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza; y T-068/2011; T-580A/2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
71 El artículo 7º del Código de la Infancia y la Adolescencia entiende por protección integral: “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”.
72 El artículo 6º del Código de la Infancia y la Adolescencia establece que: “Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”.
73 El artículo 44 de la Carta ordena que los menores “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.” Por su parte, el artículo 20 del Código de la Infancia y la Adolescencia, dispone que el menor será protegido contra: “1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen responsabilidad de su cuidado y atención. // 2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes viven con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. // 3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. // 4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. // 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. // 6. Las guerras y los conflictos armados internos.// 7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley. // 8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. // 9. La situación de vida en la calle de los niños y las niñas. // 10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. // 11. El desplazamiento forzado. // 12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación. // 13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. // 14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. // 15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de emergencia. // 16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. // 17. Las minas antipersonales. // 18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. // 19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos”.
74 T-580A/2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
75 Cfr. c. p., fl. 51.
76 C. p., fl. 225.
78 Es conveniente recordar lo dicho por Indeportes en su contestación de la acción de tutela, en la que manifestó que “el convenio para la contratación de los cerca de 618 entrenadores de las ligas deportivas de Antioquia suscrito con la Universidad de Antioquia fue adicionado por última ocasión el pasado 30 de abril de 2015 para cubrir el pago de los servicios prestados por los entrenadores para el periodo comprendido entre el 1º y 31 de mayo de 2015, por lo que, a la fecha de contestación de la presente acción constitucional no existe convenio alguno que permita la vinculación de ninguno de los cerca de 618 entrenadores, incluida la accionante A. M.”. (Cfr. § 35.).
79 C. p., fl. 225.
80 Es de resaltar que la Defensoría del Pueblo interrogó a la madre de la menor de edad involucrada en el incidente, quien manifestó que “no le vi ningún problema a que permaneciera con su entrenadora que conozco” (Cfr. §22.), refiriéndose al alojamiento de la menor en la ciudad de Ibagué junto con la accionante. Esta circunstancia, sin embargo, no puede entenderse como excluyente de la supervisión que sobre el evento ejerció la liga, ni mucho menos del reproche del incumplimiento de las reglas de concentración, puesto que dicha autorización no fue comunicada a los organizadores (Cfr. § 8.) que, por ende, no habían sido relevados de las obligaciones que ellos mismos habían establecido para la garantía del bienestar de los participantes.
81 A manera de ejemplo, la liga manifestó en la contestación de la acción de tutela que “es discrecional de la Liga contratar o no” (Cfr. § 26.), cuando ha quedado claro que estaba más allá de sus atribuciones la definición de a quienes se contrataba como entrenadores en el marco del Convenio xxx de 2013, o que tuviera injerencia en una relación contractual de prestación de servicios exclusivamente establecida entre la Universidad de Antioquia y la accionante.
82 Cfr. c. p., fls. 106-128.
83 (Subrayas fuera del texto original).
84 C. p., fls. 149-166.
85 Código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, Acuerdo Nº 001 de 1993, art. 4º (c. p., fl. 153).
86 Cfr. L. 49/93, art. 9º: “Régimen disciplinario de las federaciones y demás organismos deportivos. Las federaciones deportivas nacionales, divisiones profesionales, ligas y clubes, expedirán un código disciplinario, dictado en el marco de la presente Ley, en el cual deberán prever, obligatoriamente los siguientes extremos:
87 Cfr. Código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, Acuerdo Nº 001 de 1993, art. 14 (c. p., fls. 149-166).
88 (Subrayas fuera del texto original).
89 Recuérdese que la liga manifestó en su contestación a la acción de tutela que la accionante habría cometido una “falta gravísima” por lo acontecido en la ciudad de Ibagué (Cfr. § 27).
90 Cfr. Código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, Acuerdo Nº 001 de 1993, art. 25 (c. p., fl. 153).
91 (Subrayas fuera del texto original).
92 C. p., fl. 145.
93 C. p., fl. 145.
94 Código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, Acuerdo Nº 001 de 1993, art. 14 (c. p., fl. 158).
95 C. p., fls, 98-100.
96 C. p., fls, 101-102.
97 C. p., fls, 103-104.
98 Acta Nº xxx del 21 de marzo de 2015 del órgano de administración de la liga, c. p., fl. 104.
99 “Reunión con la Entrenadora y deportista J. M. A.” del 19 de marzo de 2015, Cuaderno Principal, fl, 101.
100 Acta Nº xxx del 21 de marzo de 2015 del órgano de administración de la liga, c. p., fl, 104.
101 Código disciplinario expedido por la Federación Colombiana de Tenis de Mesa, Acuerdo Nº 001 de 1993, art. 25 (c. p., fl. 153)
102 C. p., fl. 145.