Source: https://elderecho.com/en-el-caso-de-acudir-el-banco-prestamista-a-una-accion-resolutoria-del-contrato-de-prestamo-hipotecario-sts-432-2018-de-11-de-julio-por-incumplimiento-del-prestatario-y-obtener-una-sentencia-conden
Timestamp: 2020-02-20 02:12:45
Document Index: 213010615

Matched Legal Cases: ['artículo 681', 'artículo 693', 'artículo 682', 'artículo 656', 'artículo 1124', 'artículo 1124', 'artículo 1124', 'artículo 1124', 'artículo 682', 'artículo 517', 'artículo 682', 'artículo 556', 'artículo 695', 'artículo 688', 'artículo 689', 'artículo 691', 'artículo 667', 'artículo 592', 'artículo 517', 'artículo 556', 'artículo 6', 'artículo 1911', 'Artículo 517', 'artículo 592', 'artículo 695', 'artículo 1124', 'artículo 517', 'artículo 548', 'artículo 518', 'artículo 524', 'artículo 571', 'artículo 225', 'artículo 509']

En el caso de acudir el banco prestamista a una acción resolutoria del contrato de préstamo hipotecario -STS 432/2018, de 11 de julio- por incumplimiento del prestatario y obtener una sentencia condenatoria, ¿qué régimen legal de ejecución se aplicará? - El Derecho
Foro 28-05-2019 Coordinador: Soler Pascual
El examen de las respuestas que nos aportan nuestros autores pone de relieve una posición general, mayoritaria al menos en sus opiniones, que vienen claramente a reconducir su posición sobre el régimen de ejecución aplicable en el caso de resolución de un contrato de préstamo hipotecario por vía ordinaria al de la ordinaria ejecución de un título judicial, de una sentencia, con exclusión de las particularidades propias del proceso de ejecución hipotecaria, incluida la oposición por abusividad de cláusula. Como señala alguno de los autores «la opción del banco ejecutante no es la de la ejecución hipotecaria, sino una resolución contractual basada en la sentencia 432/2018 de la sala 1ª -EDJ 2018/516932- que opera como mera condena a la devolución del principal e intereses, no a una ejecución hipotecaria sobre el bien inmueble sobre el que se basó el préstamo. Así, pues, se trataría como una mera ejecución dineraria sobre el demandado con posiblidad de trabar bienes y subastarlos en caso de impago por el orden previsto para la subasta», lo que en el marco de una análoga opinión justifica otro de los autores señalando que «el proceso de ejecución de esta sentencia no sufrirá las mismas vicisitudes que en los procesos de ejecución de título hipotecario … La ejecución de sentencia se produce después de un proceso ordinario, en el que las partes han tenido la oportunidad de alegar y probar, sin más límites que los derivados de su cuantía, en defensa de su derecho y el deudor habrá tenido la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, especialmente en relación con la protección de consumidores y usuarios, y en materia de condiciones generales de la contratación».
Por el contrario hay quien considera que en todo caso deberían respetarse los derechos que el prestatario pudiera tener reconocidos en la Ley procesal -EDL 2000/77463- e Hipotecaria -EDL 1946/59- si fuera consumidor, analizando este autor de manera detallada el modo de garantizar, en el marco de una ejecución ordinaria, la preferencia de ejecución del acreedor que acude a un juicio ordinario y ejecuta su sentencia, sobre el bien hipotecado.
Parece por tanto evidente que la cuestión no está zanjada de manera definitiva ya que si bien es cierto que hay una opinión mayoritaria, sin duda la posición del acreedor titular de la hipoteca buscará el modo de garantizarse la ejecución el bien de que se trata, con la debida preferencia y con límite en la responsabilidad hipotecaria de que se trate.
De nuevo las respuestas de nuestros autores, nos invitan, en todo caso, a una profunda reflexión sobre lo que en materia de contratación está ocurriendo a todos los niveles.
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho Inmobiliario", el 1 de febrero de 2019.
Para dar respuesta a la pregunta que se formula, quizá habría que acl...
Para dar respuesta a la pregunta que se formula, quizá habría que aclarar que el hecho de que se recurra para dar por vencido un préstamo garantizado mediante una hipoteca al procedimiento declarativo no supone la utilización fraudulenta de dicho procedimiento, como sí se entiende por algún sector.
En este sentido resulta especialmente didáctica la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 9 de enero de 2018 -EDJ 2018/4711-, referida por la Secc. 1 de la Audiencia Provincial de Murcia de 26 de febrero de 2018 -EDJ 2018/50218-, según la cual es bien sabido que la LEC -EDL 2000/77463 admite y faculta al acreedor hipotecario para reclamar su crédito a través del trámite del juicio declarativo ordinario -399 y ss-, el proceso de ejecución ordinario -arts. 517 y ss-, el proceso especial de ejecución hipotecario, o el proceso de ejecución con las especialidades del artículo 681 y ss y, en su caso, de haberse pactado, la venta extrajudicial notarial -art. 129 LH -EDL 1946/59--. Por tanto, acudir a la vía del juicio declarativo – posibilidad no proscrita por los arts. 126 y ss LH y hacer uso de una facultad legal prevista en los arts. 1124 y 1129 del Código civil -EDL 1889/1-, con independencia de la posible cláusula de vencimiento anticipado que pudiera recoger el contrato de préstamo -que queda al margen del litigio-, no supone fraude procesal alguno, estando la parte demandante en su derecho de poder reclamar el saldo deudor, debido al incumplimiento del prestatario, con base y fundamento en los preceptos citados.
Así mismo, está claro que la parte demandada puede alegar cuantas excepciones estime oportunas, incluyendo abusividad de cláusulas, posibilidad recogida para la fase de ejecución hipotecaria en el art. 695,1,4ª LEC -EDL 2000/77463 otra cosa es que tales cláusulas, aún pudiendo ser abusivas en abstracto, hubieran tenido influencia directa en la deuda generada y en el incumplimiento grave, sustancial y reiterado del deudor -debe tener tal carácter ya que, caso contrario, no será factible declarar la resolución contractual-, ya que si no la tuvieran de nada serviría su alegación a los efectos de ese pleito.
De otro lado, y dando respuesta a la pregunta formulada, ha de tenerse en cuenta que, para el supuesto de que la sentencia fuera estimatoria de la demanda, en la ejecución de la misma, si se pretendiera por la parte actora como suele ocurrir que lo que se realizara fuera el título hipotecario, deberían respetarse los derechos que el prestatario pudiera tener reconocidos en la Ley procesal -EDL 2000/77463 e Hipotecaria -EDL 1946/59 como consumidor, si tuviera tal condición. Así pues, tendría derecho a la posibilidad de liberar el bien, reconocida en el artículo 693,3 de la LEC, que por otra parte suele ser ofrecido por las partes actoras, dando cumplimiento también a los requisitos exigidos en el artículo 682,2 de la citada Ley Procesal. Igualmente, habría de tenerse en cuenta la limitación que en cuanto a costas recoge el art. 575,1 bis LEC y sería exigible que la demandante llevara a efecto la presentación de títulos a que se refiere el art. 517, 4ª de dicha Ley procesal en relación con el art. 685,2 de dicho cuerpo legal.
Por lo anterior, entiendo que la ejecución de la sentencia recaída en el declarativo podría llevarse a cabo con cargo, entre otros, al derecho real de hipoteca que garantice el cumplimiento de la obligación del contrato de préstamo resuelto, conservando dicha hipoteca su preferencia y rango tal y como fue pactado en la escritura de préstamo, reconociéndose al demandado consumidor prestatario los derechos que la LEC -EDL 2000/77463 prevé para aquél, en lo que hace referencia a la ejecución -en párrafos anteriores se hizo referencia a tal circunstancia-.
Señala determinado autor -Juan Auñón Calvete-, con base en la RDGRN de 1 de febrero de 2017 -EDD 2017/6726-, que en el procedimiento de ejecución que pueda tener como sustento el título judicial -sentencia habrá de practicarse embargo, haciéndose constar la anotación del mismo por nota marginal -nota de referencia en la inscripción de la hipoteca para que conste que el crédito que da lugar al procedimiento de ejecución y a la anotación del embargo es el crédito garantizado con la hipoteca cuyo valor se realiza a través de dicha ejecución -se trata de ligar el embargo con la hipoteca-, haciendo lo propio al expedirse la certificación de cargas prevista en el artículo 656 de la LEC -EDL 2000/77463-, y debiendo constar por nota marginal en la anotación de embargo y en la inscripción de la hipoteca, todo ello a fin de que los posibles titulares de cargas anotadas en el Registro tengan conocimiento de la ejecución de la carga hipotecaria.
A tal efecto, no estaría de más, al tiempo de presentar la demanda inicial, solicitar la adopción de la medida cautelar de anotación preventiva de la demanda -art. 727,5ª LEC -EDL 2000/77463--, a fin de que los acreedores titulares de cargas que pudieran acceder al Registro durante su tramitación fueran conocedores de la acción que se ejercita y de la preferencia que frente a su crédito ostenta el titular del crédito hipotecario ejecutado con base a la sentencia obtenida en un procedimiento declarativo.
Ahora bien, debe hacerse constar finalmente, de un lado, que, con independencia de la suma que se adeudara y quedara recogida en la sentencia, la finca objeto de hipoteca no responderá frente a terceros interesados más allá del límite hipotecario recogido en la escritura pública y anotado en el Registro de la Propiedad, con lo que si el crédito supera dicho límite la parte acreedora deberá embargar otros bienes hasta cubrir la mencionada cantidad -art. 579 LEC -EDL 2000/77463- y, de otro que, como se indicó anteriormente, se hace necesario trabar embargo en la fase de ejecución de la sentencia sobre el bien hipotecado -así parece deducirse del art. 551 LEC y 127 LH -EDL 1946/59 y de las RRDGRN de 10 de diciembre de 1997 -EDD 1997/18317 y 23 de julio de 1999, recogidas en las más recientes de 14 de diciembre de 2015 -EDD 2015/239807 y 1 de diciembre de 2017-, efectuando nota marginal en la inscripción de la hipoteca a fin de ligar y relacionar ambas anotaciones, para que los posibles acreedores que hubieran anotado cargas intermedias entre la hipotecaria y el embargo trabado por el acreedor hipotecario conozcan la existencia de la ejecución de la carga preferente a la suya -la de la hipoteca-.
Para que esto último ocurra la RDGRN de 23 de mayo de 2018 -EDD 2018/92483-, dictada con referencia a un procedimiento de ejecución de una hipoteca por medio del ejercicio de una acción ejecutiva ordinaria, señaló que desde el primer momento -el mandamiento de anotación-, debe ponerse de manifiesto en el Registro de la Propiedad que el crédito que da lugar a la ejecución es el crédito garantizado con la hipoteca que es, de ese modo, objeto de realización. Así lo consideró igualmente la Resolución de 23 de julio de 1999 que afirmó la necesidad de hacer constar por nota al margen de la hipoteca ejecutada su relación con la posterior anotación de embargo por la que publicaba la ejecución por los trámites del procedimiento ejecutivo ordinario.
En cualquier caso, como señala la Resolución citada de 23 de mayo de 2018 -EDD 2018/92483-, y se indicó anteriormente esa preferencia sobre la carga intermedia, lo será únicamente por la inicial responsabilidad hipotecaria, teniendo la anotación de embargo dictada en el procedimiento de ejecución ordinaria, su propio rango en cuanto exceda de dicha responsabilidad hipotecaria.
De acuerdo con el criterio recogido en la STS N º 432/2018 de 11 de ju...
De acuerdo con el criterio recogido en la STS N º 432/2018 de 11 de julio de 2018 -EDJ 2018/516932-, el artículo 1124 del c. civil -EDL 1889/1-, también es aplicable a los contratos de préstamo, y por lo tanto permite al prestamista resolver el contrato, cuando por parte del prestatario ha existido un incumplimiento grave y reiterado de su obligación de proceder al pago de las cuotas del préstamo hipotecario, debiendo entenderse que procederá por tanto la resolución del contrato, de acuerdo con el artículo 1124 del Código Civil, siempre que de acuerdo con las circunstancias del caso concreto permita apreciar la existencia de un incumplimiento esencial por parte del prestatario, es decir que se hayan incumplido o impagado uno número de cuotas, en relación a la duración del préstamo que permita calificar el incumplimiento de esencial.
La cuestión debatida, por tanto, no es si cabe o no acudir a la resolución del contrato, en base a la condición resolutoria del artículo 1124 del Código civil -EDL 1889/1-, sino la vía de ejecución de la sentencia en virtud de la cual se declara dicha resolución, si la ejecución se debe seguir por los tramites de la ejecución general, con las especialidades que se establecen cuando los bienes a realizar son bienes inmuebles, artículos 655 a 675 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, o si por el contrario al existir unas normas especiales en materia de ejecución hipotecaria deben aplicarse las normas que sobre esta cuestión se recoge en la ley de enjuiciamiento civil, artículos 681 a 698.
Debe partirse de dos elementos a fin de determinar cuál debe ser el trámite para ejecutar la sentencia firme, por la que se acuerda la resolución del contrato de préstamo, como consecuencia del incumplimiento del prestatario de su obligación esencial de pagar las cuotas del préstamo, por aplicación de la causa de resolución prevista en el artículo 1124 del C. civil -EDL 1889/1-, la primera de ellas es que el título de ejecución no es la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, sino la sentencia firme que acuerda la resolución, sentencia que debería fijar el importe de la deuda, en la que debería integrarse por un lado el importe de las cuotas vencidas e impagadas, y en su caso el capital que se da por vencido como consecuencia del incumplimiento del prestatario, y perder el derecho al plazo de acuerdo con los artículos 1124 y 1129 del c. civil y el segundo elemento a tener en cuenta es la dicción literal del artículo 682 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463 que establece «Las normas del presente Capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la deuda por la que se proceda», y que además concurran los requisitos que dicho precepto establece.
De estos dos elementos se deduce, por un lado, que al ser el título de ejecución la sentencia firme, articulo 517,2,1 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, y no una escritura pública, artículo 517.2.4 , que reúna en su caso los requisitos del artículo 682 de la ley de enjuiciamiento civil, los únicos motivos de oposición a plantear por el ejecutado son los recogidos en el artículo 556 de la ley: pago, que habrá de justificar documentalmente, bien la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público pero sin que puedan oponerse las causas de oposición prevista en el artículo 695 de la ley de enjuiciamiento civil, de tal forma que si es un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, celebrado con un consumidor, si este estima que alguna de las cláusulas del contrato de préstamo con garantía hipotecaria es abusiva, podrá o deberá alegarlo en el proceso declarativo, sin que pueda luego formularlo o alegarlo en el proceso de ejecución posterior.
Por otro lado del propio contenido de los artículos 681 a 698 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, se deduce que en los preceptos que no son reglas específicas del proceso de ejecución hipotecaria, el resto de los preceptos se remiten a las normas generales de ejecución de bienes inmuebles, en cuanto a la forma de llevar a cabo la subasta y a su publicidad, el artículo 688 sobre certificado de dominio y cargas que remite 656,, comunicación del procediendo al titular inscrito, y acreedores posteriores, artículo 689 que remite a los artículos 659 y 662, anuncio y publicación de las subastas, artículo 691 de la ley de enjuiciamiento civil que remite al artículo 667 y 668 de la ley de enjuiciamiento civil.
De todo lo expuesto , debe llegarse a la conclusión, que una vez se declare resuelto en un proceso ordinario un contrato de préstamos con garantía hipotecaria, en virtud de una sentencia firme, los tramites por los que se debe regir la ejecución de dicha sentencia, son los generales de la ejecución, con las especialidades que establecen los artículos 655 a 675 de la ley de enjuiciamiento civil -EDL 2000/77463-, cuando los bienes a realizar sean inmuebles, sin que en tal caso sean de aplicación los artículos 681 a 698 de dicho texto legal, que solo son aplicables cuando se proceda a la ejecución en virtud del proceso especial de ejecución hipotecaria siendo aplicable incluso el orden de embargo de bienes que establece el artículo 592 de la propia ley de enjuiciamiento civil.
Como consecuencia de las dificultades derivadas de la ejecución hipote...
Como consecuencia de las dificultades derivadas de la ejecución hipotecaria por la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado que solían incluirse en los préstamos hipotecarios, cuyo efecto final está pendiente de la resolución por el TJUE de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo con fecha 8 de febrero de 2017 -EDJ 2017/4965 y ante la posibilidad de que se declaren dichas cláusulas como abusivas, y por ello sean expulsadas del contrato y no puedan justificar el acudir a la acción ejecutiva hipotecaria, las entidades de crédito están comenzando a plantear demandas de juicio ordinario con la finalidad de obtener la resolución del contrato de préstamo al amparo de los artículos 1124 o 1129 del Código Civil -EDL 1889/1-, procedimientos en los que, normalmente, obtienen una sentencia condenatoria a su favor por el importe pendiente de abono del préstamo concertado.
Surge el problema de cuál es el régimen legal de ejecución que se aplicará en este tipo de procesos, si el ordinario de cualquier sentencia o el especial de la normativa hipotecaria. Ello está siendo igualmente planteado en algunas demandas como una petición declarativa subordinada a la condena principal, de manera que se solicita junto con la resolución por incumplimiento y el pago de lo debido, que el tribunal declare que la ejecución debe de seguirse de acuerdo con las especialidades previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 para la ejecución hipotecaria.
No es un tema que tenga una respuesta fácil o simple, pues acudir a una vía ejecutiva u otra presenta una serie de ventajas o desventajas para las partes o terceros que impiden dar una respuesta unitaria. No obstante, ante la necesidad de optar planteada en la pregunta formulada, entiendo que no es posible en estos casos acudir a las normas de la ejecución hipotecaria sino que habría que acudir a la ejecución ordinaria, y ello por los siguientes motivos:
En primer lugar, porque lo que se va a ejecutar en este proceso no es la escritura de préstamo hipotecario resuelta, sino una sentencia firme, de acuerdo con el título ejecutivo previsto en el artículo 517.2.1º LEC -EDL 2000/77463-. Al cambiar el título que se ejecuta, la ejecución debe de acomodarse a la apropiada para el concreto título en el que se funda la demanda ejecutiva.
En segundo lugar, porque el régimen jurídico de acudir a una u otra ejecución es diferente, siendo especialmente beneficioso para el ejecutante ante la limitación de los medios de oposición a la ejecución de título judicial prevista en el artículo 556 LEC -EDL 2000/77463-, limitada al pago o cumplimiento de la sentencia, junto con algunas otras causas de contenido procesal, entre las que no se encuentra la existencia de cláusulas abusivas, y la pluspetición.
En tercer lugar, porque acudir a la ejecución hipotecaria supondría un claro perjuicio para terceros acreedores pues, con independencia de que la hipoteca se mantenga inscrita en el Registro de la Propiedad, lo cierto es que en esta vía ejecutiva ordinaria debería de embargarse de nuevo el inmueble y podrían existir embargos anteriores sobre la misma finca hipotecada que quedarían sin efecto sí se ejecutase por la vía de la hipoteca constituida, lo que podría dar lugar a un auténtico fraude de ley prohibido en el artículo 6.4 CC -EDL 1889/1-.
En cuarto lugar, porque acudiendo a la vía ejecutiva ordinaria, el acreedor podrá hacer efectiva su ejecución no sólo sobre el bien hipotecado, sino también sobre otros bienes del ejecutado, en virtud del principio de responsabilidad patrimonial universal proclamado en el artículo 1911 CC -EDL 1889/1-.
Por último, dada la regulación legal formalista del procedimiento de ejecución hipotecaria, no es posible acudir a dicho proceso en su integridad sino que sería preciso llevar a cabo una adaptación legal de la ejecución hipotecaria, suprimiendo fases de la misma, para acomodarla a la ejecución de un título judicial, lo que probablemente pudiese generar problemas a nivel registral.
Como puede apreciarse existen profundas diferencias en la ejecución, sin perjuicio de que, como regla general, se pueda considerar el procedimiento de ejecución hipotecaria en algunos aspectos como más beneficioso para el deudor, especialmente el relación al tipo de subasta o tasación del bien, pero creo que no existe posibilidad de aplicar el régimen hipotecario de ejecución.
En todo caso, sí se considerase que sí es posible optar por una u otra vía de ejecución, entiendo que sólo el deudor, tras ser informados de las ventajas e inconveniente de acudir a una u otra vía procesal ejecutiva, es quien puede valorar sí le resulta conveniente una ejecución ordinaria o hipotecaria, sin que el acreedor pueda ser titular de este derecho de opción.
Tras la problemática surgida en los últimos años, a partir de reiter...
Tras la problemática surgida en los últimos años, a partir de reiterados pronunciamientos del TJUE resolviendo cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, a partir de la conocida STJUE de 14 de marzo de 2013 -C-415/2011 -EDJ 2013/21522 y que vino a intentar paliarse, al menos en parte, con la promulgación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y la modificación del art. 693.2 LEC -EDL 2000/77463-, superando la anterior configuración conforme a la cual era bastante la inatención de un plazo de amortización del préstamo para que la entidad bancaria quedara facultada para acordar el vencimiento anticipado de la totalidad de la obligación pendiente, han sido constantes las oposiciones al despacho de ejecución hipotecaria fundados en la denuncia de la abusividad de la clausula de vencimiento anticipado, con resultados en muchos casos estimatorios de la tesis del consumidor demandado en vía ejecutiva. Además de todo ello, el Tribunal Supremo planteó por Auto de fecha 8 de febrero de 2017 -EDJ 2017/4965 cuestión prejudicial al TJUE en que se le preguntaba si «¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE -EDL 1993/15910-, para -una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor?.»
Ante esa perspectiva, y determinado judicialmente que el titulo notarial aportado no tenía fuerza ejecutiva, no pudiendo seguirse el procedimiento de ejecución hipotecaria de los arts. 681 y siguientes de la LEC -EDL 2000/77463-, dado que el Capitulo V del Título IV del Libro III regula las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, las entidades bancarias pueden acudir al juicio declarativo ordinario para sostener la acción de resolución de contrato. Esto es, el procedimiento de ejecución hipotecaria es un procedimiento de ejecución que, de conformidad con lo previsto en el art. 685.2 LEC, requiere aportar el título -a saber, la escritura de préstamo con garantía hipotecaria con los requisitos exigidos para el despacho de la ejecución, y los demás a los que se refieren los arts. 550, 573 y 574 LEC. En definitiva, el despacho de ejecución requiere cantidad líquida, vencida y exigible. Y en virtud de la apreciación de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, tales requisitos no se podrían cumplimentar en su totalidad.
Así las cosas, las entidades bancarias acuden al procedimiento declarativo ordinario ejercitando bien la acción de resolución de contrato bien, de modo cumulativo, la acción de resolución de contrato y la acción de reclamación de cantidad. Y es que no hay que confundir garantía con obligación garantizada. O dicho de otro modo, el derecho de crédito que ostenta la entidad bancaria con la existencia, o no, de una garantía real constituida para asegurar su cobro.
El supuesto de ejercicio cumulativo de ambas acciones, la de resolución de contrato y de reclamación de cantidad es el planteado en el caso que resuelve el Tribunal Supremo por STS 432/2018, de 11 de julio -EDJ 2018/516932-, desestimando el recurso de casación y confirmando la Sentencia de la Audiencia Provincial, que a su vez habia confirmado la Sentencia del Juzgado unipersonal. En este caso, la parte actora dispone de un titulo ejecutivo judicial, a saber, la sentencia de condena firme ex articulo 517.2.1º de la LEC -EDL 2000/77463-.
En el caso de que la entidad bancaria sólo haya ejercitado la acción de resolución del contrato de préstamo, es obvio que por elementales razones de congruencia, la sentencia no puede dar más o cosa distinta de lo pedido. Por lo tanto, estimada que fuera la demanda de resolución contractual, sería necesario un acto posterior que integrase el titulo ejecutivo, a saber, el cierre de la cuenta con el vencimiento anticipado de todas las demás cuotas pendientes en virtud de la resolución negocial operada en sede judicial. Tal cierrre y liquidación de la cuenta lo verificará la entidad bancaria en consideración a la sentencia judicial ganada, y en este caso, podrá promoverse ulterior demanda de ejecución, ahora de titulo extrajudicial, a saber, la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, que además de cumplimentar los presupuestos del art. 682 LEC -EDL 2000/77463-, vendría a documentar una obligación líquida, vencida y exigible, y que conforma título ejecutivo ex art. 517.2.4º LEC.
Ceñida la cuestión objeto de planteamiento a qué régimen legal se a...
Ceñida la cuestión objeto de planteamiento a qué régimen legal se aplicará a la ejecución de una sentencia en la que se declare la resolución de un contrato de préstamo hipotecario por incumplimiento del prestatario, como punto de partida es de establecer que se trata de ejecutar un pronunciamiento de condena -resolución de un contrato con indemnización de daños y perjuicios ex art.1124 Código civil -EDL 1889/1--, si bien con la «particularidad» -que, ya adelantamos, no lo es de tratarse de la resolución de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre un inmueble.
Sin embargo, ello no puede dar lugar al equívoco, no se trataría por ello de un procedimiento de «ejecución hipotecaria» -especial y privilegiado para la realización del bien objeto de la hipoteca-, sino de la ejecución de una sentencia recaída en un procedimiento declarativo –ordinario o verbal que finalizó con una sentencia que debe de ejecutarse como cualquier otra sentencia o resolución judicial -Artículo 517 LEC -EDL 2000/77463--.Ejecución dineraria en definitiva.
Es decir, no se trata de un procedimiento de ejecución dirigido «exclusivamente» o «directamente» contra un bien hipotecado -términos de los artículos 682 y 681 de la LEC -EDL 2000/77463--, sino de un proceso de ejecución dineraria.
Es decir, se trata de condena al pago de una cantidad dineraria -como indemnización por daños y perjuicios por la resolución por incumplimiento del prestatario-, de tal forma que de no efectuarse el pago de la misma se abrirá la vía de apremio, en la cual se practicaría el consiguiente embargo de bienes, entre los cuales, siguiendo el orden establecido por el legislador -artículo 592.2 LEC -EDL 2000/77463--, cabría que resultase embargado el bien objeto de la hipoteca.
En principio, lógicamente, el procedimiento de «ejecución hipotecaria» es privilegiado -término discutido en la doctrina en tanto en cuanto en principio es sin contradicción, esto es, únicamente cabría oponer la extinción de la garantía o de la obligación garantizada y el error en la determinación del saldo exigible, si bien, tras la reforma operada por Ley 1/2013 -EDL 2013/53763-, se incorporó al artículo 695 de la LEC -EDL 2000/77463 una nueva causa de oposición a la ejecución hipotecaria: «el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible», motivo que, de ser rechazado, puede dar lugar a la interposición de recurso de apelación -art. 695.4 LEC, reformado por RDL 11/2014 -EDL 2014/137807--.
Ante esta tesitura, y la posibilidad de esgrimirse en la ejecución hipotecaria el carácter abusivo de cláusula fundamento de la ejecución, la parte acreedora, a fin de evitar el «retraso» o el rechazo final de la ejecución ante tal oposición, puede acudir a la vía ordinaria y, mediante un proceso declarativo, solicitar la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios ex art.1124 código Civil -EDL 1889/1-, evitando el tratamiento de la cláusula que pudiese considerarse abusiva en la ejecución hipotecaria pues en el procedimiento declarativo ,al no fundamentarse la acción en dicha cláusula, la misma no sería objeto de tratamiento.
Así, en la actualidad, ante el planteamiento por el Tribunal Supremo de cuestión prejudicial ante el TJUE -EDJ 2017/4965 respecto a las consecuencias de la cláusula llamada de «vencimiento anticipado», en ocasiones los acreedores prefieren acudir a la indicada vía declarativa ejercitando la acción de resolución de contrato por incumplimiento del deudor, no procediendo en esta el estudio de la cláusula de «vencimiento anticipado» ya que no se ejercita la facultad contenida en la misma sino, exclusivamente, la del artículo 1124 del código civil -EDL 1889/1 -facultad que no podría ejercitar en el procedimiento de ejecución hipotecaria-.
En una sentencia condenatoria, colofón de un juicio ordinario por incu...
En una sentencia condenatoria, colofón de un juicio ordinario por incumplimiento de un préstamo hipotecario, el régimen de ejecución será el correspondiente a las ejecuciones judiciales de sentencia, tal como prevé el artículo 517.2.1º de la ley de enjuiciamiento civil -LEC -EDL 2000/77463--, según el cual la sentencia firme tiene aparejada ejecución -entre otras resoluciones-, que podrá despacharse desde que transcurran 20 días de su notificación al ejecutado -artículo 548 LEC-, hasta que, por el transcurso de cinco años sin interponer demanda ejecutiva, se produzca su caducidad -artículo 518 LEC-. Además, aunque la sentencia haya sido recurrida en primera instancia, se podrá instar su ejecución provisional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 524 LEC, igual que lo permite el 535 LEC si se recurre la sentencia de segunda instancia. El régimen de ejecución será el mismo previsto para procesos ordinarios similares, el regulado a partir del artículo 571, en el título IV «de la ejecución dineraria» del libro III de la LEC. En definitiva lo dispuesto en la LEC es la primera razón para sostener que esta ejecución no tiene los mismos límites que la de préstamo con garantía hipotecaria en documento público e inscrito en el registro de la propiedad, que podría haber sido instada por la parte acreedora, que eligió el proceso ordinario más lento y caro pero más garantista.
Lo dicho implica que el proceso de ejecución de esta sentencia no sufrirá las mismas vicisitudes que en los procesos de ejecución de título hipotecario, aunque el préstamo que se resuelve en la sentencia esté garantizado con hipoteca, el título ejecutivo que se obtiene es radicalmente diferente. La ejecución de sentencia se produce después de un proceso ordinario, en el que las partes han tenido la oportunidad de alegar y probar, sin más límites que los derivados de su cuantía, en defensa de su derecho y el deudor habrá tenido la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, especialmente en relación con la protección de consumidores y usuarios, y en materia de condiciones generales de la contratación. Por el contrario el proceso de ejecución hipotecaria fue regulado inicialmente en la LEC de 7 de enero de 2000 -EDL 2000/77463 como un proceso sumario, dirigido a lograr una ejecución inmediata, sin que se discutiera la regularidad del título ejecutivo y, sobre todo, la adecuación o no del contrato de préstamo a las normas protectoras de consumidores y usuarios y a las reguladoras de las condiciones generales de la contratación. Por ello se sostenía que en la ejecución hipotecaria el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los derechos del ejecutado, quedaban satisfechos con la posibilidad de acudir después de esta ejecución al proceso ordinario, para discutir o alegar en él el cumplimiento o no de la legislación protectora de los consumidores. Esta limitación de derechos ha sido considerada nula, tanto en la instancia europea protectora de los derechos fundamentales -el Consejo de Europa en Estrasburgo-, como en el tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo, lo que ha conducido a la apertura de cauces para discutir sobre el derecho ejecutado dentro del proceso de ejecución, sino de escrituras públicas y de títulos al portador, que garantizan y complican la ejecución, por lo que han dejado de ser utiles o al menos han disminuido su utilidad.
En definitiva tras la sentencia se abre a instancia de parte el proceso de ejecución de sentencias firmes, ejecución en la que no son susceptibles de discusión temas que pudieron discutirse en el proceso ordinario o que habían sido discutidos. Para que se produzca ese nuevo examen de las cuestiones resueltas, es imprescindible la declaración de nulidad de la sentencia -artículo 225 y siguientes LEC -EDL 2000/77463- o su revisión -artículo 509 y siguientes LEC-.
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Trata el Tribunal Supremo en la sentencia 432/2018, de 11 de julio -EDJ 2018/516932 de un contrato de préstamo entre particulares en el que se acuerda confirmar la sentencia que condenó al prestatario a devolver la cantidad prestada con intereses.
La clave la ubica en el art. 1124 CC -EDL 1889/1-, y señala que:
«El art. 1124 CC -EDL 1889/1 se refiere a la facultad de resolver las obligaciones “recíprocas” para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se reconoce, por tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos recíprocamente interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse causa de la de la otra -art. 1274 CC-.
El art. 1124 CC -EDL 1889/1 refiere la facultad resolutoria como remedio frente al incumplimiento de una de las partes cuando medien entre ellas vínculos recíprocos. Cuando no es así y del contrato solo nace obligación para una de las partes, no hay posibilidad de resolver conforme al art. 1124 CC y el ordenamiento establece las condiciones en que se puede poner fin a la relación. Basta recordar los arts. 1733 y 1736 CC para el mandato, los arts. 1775 y 1776 CC para el depósito o los arts. 1749 y 1750 CC para el comodato. En ocasiones, la ley atribuye un derecho de retención como garantía del cumplimiento de obligaciones que nacen ex post, que dan lugar a créditos que por no nacer necesariamente del contrato no son correspectivos y, como tales, no permitirían aplicar la resolución por incumplimiento -art. 1730 CC para el mandato, art. 1780 CC para el depósito no así para el comodato, para el que, apartándose de los precedentes históricos, el art. 1747 CC niega al comodatario la facultad de retener la cosa prestada aunque el comodante le deba algo, incluso aunque lo debido sean gastos cuya satisfacción corresponda al comodante-.
Por lo que se refiere al préstamo -mutuo-, que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume otro compromiso diferente de la devolución de la cosa -señaladamente dinero-, no es aplicable el art. 1124 CC -EDL 1889/1-. En todo caso, si se produce alguna de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC, el prestatario -mutuario pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible.
La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la razón de su prestación se encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. Esto es así incluso en los casos de préstamos sin interés en los que el prestatario haya asumido algún compromiso relevante para las partes -como el de dedicar el dinero a cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados-. La afirmación de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato, supone un reconocimiento de que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que le incumbe.
En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y, por tanto, es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el art. 1124 CC -EDL 1889/1-, que abarca las obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se encuentren sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente.
El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio de que el contrato se perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que tal acuerdo se documente con posterioridad, como sucede en el caso litigioso que da lugar al presente recurso de casación. De este modo, quien asume el compromiso de entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y quien entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC -EDL 1889/1 si la otra parte no cumple su obligación de pagar intereses.
Pero, aun en los casos en los que, en atención a las circunstancias, pudiera entenderse que el contrato no se perfeccionó hasta la entrega, de modo que no hubiera podido el prestatario exigirla, la prestación de entrega del dinero es presupuesto de la de restituirlo y hay reciprocidad entre el aplazamiento de la recuperación por parte del prestamista y el pago de los intereses por el prestatario.»
Ahora bien, en el caso de la ejecución sobre resolución de contrato de prestamo por vía de art. 1124 CC -EDL 1889/1 nos encontraríamos con una condena a devolución de capital e intereses según se fije en la condena que llevaría como consecuencia una ejecución simple dineraria por la vía del art. 548 y ss LEC -EDL 2000/77463-. Nótese que la opción del banco ejecutante no es la de la ejecución hipotecaria, sino una resolución contractual basada en la sentencia 432/2018 de la sala 1ª -EDJ 2018/516932 que opera como mera condena a la devolución del principal e intereses, no a una ejecución hipotecaria sobre el bien inmueble sobre el que se basó el préstamo. Así, pues, se trataría como una mera ejecución dineraria sobte el demandado con posiblidad de trabar bienes y subastarlos en caso de impago por el orden previsto para la subasta.