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Timestamp: 2018-06-23 19:31:14
Document Index: 155164735

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La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado - La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado
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La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Javier Paredes Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
El diputado Demetrio Román Isidoro (desde la curul): Presidenta, si me permite el diputado signar su propuesta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Demetrio Román quería hacer una petición, diputado Javier. Diputado Javier Paredes, le quería hacer la petición el diputado de que si le dejaba signar su propuesta.
El diputado Javier Paredes Rodríguez (desde su curul): Sí, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se corrige el turno de la propuesta presentada por el diputado Madrazo, respecto a la Comisión de Gobernación. Se ratifica: túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y con opinión de la Comisión de Defensa Nacional, a petición del presidente de dicha comisión, el diputado Roberto Badillo.
Se concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o., de la Ley de Asistencia Social.
Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a los niños del Centro Infantil María Teresa, y a los jóvenes de la secundaria Alfredo Novel, que están presentes con nosotros. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo: Con su permiso, señora Presidenta.
El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo: El que suscribe, Leonardo Magallón Arceo, diputado del estado de Guanajuato, por la segunda circunscripción, integrante de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acude ante el pleno de esta honrable asamblea, para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente
El derecho a la salud está contenido en el artículo 4o. constitucional. Dicho ordenamiento obliga a la federación, estados y municipios, a garantizar servicios de salud a la población, que permitan un desarrollo armónico de las potencialidades de la persona.
En el mismo sentido, el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 10 señala que: "toda persona tiene derecho a la salud, entendiendo por ésta el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Además exige a los Estados suscriptores reconocer el derecho a la salud como un bien público y adoptar una serie de medidas que ayuden a garantizar la salud de sus nacionales; razón por la cual el Estado está obligado a garantizar la realización de este derecho.
Siendo la vida el bien más preciado de la persona humana y la salud el medio para preservarla y dignificarla, es responsabilidad del Estado, por los medios a su alcance, ya sea públicos o privados, desarrollar políticas públicas para preservar el derecho a la vida y a la salud de todos los habitantes del territorio nacional.
Uno de los principales problemas de agresión social en el país lo constituye el embarazo producto de la violación. Nuestro Código Penal, procurando evitar alteraciones a la salud física, psicológica y espiritual de la mujer agredida, despenaliza el aborto por esta causa. Sin embargo, el riesgo para la salud y la misma vida de la mujer violada no disminuye por la práctica del aborto, ya que siendo una intervención quirúrgica no necesaria, se realiza en contra de la naturaleza corporal de la mujer violada y en contra de la vida del producto, no importando las razones por las cuales se encuentre ahí y sin analizar que esta práctica vulnera al más débil, que finalmente muere, perdiéndose así más vidas de las que se pretende salvar.
La creciente aceptación social del aborto es uno de los más graves síntomas de la perturbación social de nuestro tiempo. No se trata de imponer a todos las convicciones de algunos. Se trata de buscar cuál es el bien social a proteger y cuál es la solución más justa.
El problema del aborto se agrava cuando se quiere utilizar como un medio de solución ante una violación que ha dejado embarazada a la víctima del delito. El delito sexual de violación es considerado uno de los más graves, porque implica una brutal ofensa erótica que al utilizar medios violentos de comisión pone en riesgo la tranquilidad psíquica, la libertad personal, la integridad corporal e incluso la vida de quienes la sufren, ya que generalmente en la violación, la forma de agresión aparente es sexual, pero la intención que subyace al acto es la de dominar y avasallar a la víctima.
La violación es un problema que involucra una perspectiva multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica y sociológica, por lo que demanda un tratamiento asistencial psicológico a largo plazo.
Se tiene una vaga perspectiva de que muchas víctimas de violación se practican el aborto como una especie de bloqueo psicológico para mitigar la agresión sufrida. Apegándonos a la realidad, debemos hacer mención de que en muchos de los casos de violación la víctima, aunque si bien no desea crear el bebé producto de este acto violento, tampoco desea ser la mano ejecutora de su deceso, por lo que decide ser el vientre portador hasta que nazca para poder darlo en adopción, sin someter su cuerpo a un nuevo trauma físico y psicológico, como lo es el aborto.
Consideramos que el aborto es un acto contra natura porque viola los derechos de la vida que posee todo ser humano desde el momento en que es concebido, por lo que la presente iniciativa busca que el Estado se responsabilice activamente de la salud y bienestar de la víctima de la violación y del producto de la misma, para lo cual propongo que el Estado asuma el deber de garantizar la vida humana potencial del no nato, estipulando atención médica y psicológica a la víctima de violación desde el momento en que presente su denuncia penal, si la mujer violada decide por propia voluntad mantener el embarazo hasta el nacimiento.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, no debemos decir no a la vida. Por el contrario, tenemos que dar los medios necesarios a los ciudadanos para que no recurran a esta medida tan radical, tan violenta y tan definitiva que en nada beneficia a nuestra naturaleza humana.
Por lo anteriormente expuesto es que me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 4o de la Ley de Asistencia Social.
Artículo único. Se reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social para quedar como sigue:
Artículo 4o. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social preferentemente:
Numeral 1. Todas las niñas, niños y adolescentes. Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes, los que tienen entre 12 y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en especial aquéllos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por
m) al ser concebido, que sea producto de una violación.
Numeral 2. A la mujeres, a) en estado de gestación o lactancia, en particular aquéllas que hayan sido víctimas de una violación y las madres adolescentes.
Numeral 12. Las víctimas y al ser concebido producto de una violación sexual.
Pido que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Demetrio, le quiere hacer una observación, antes de que baje usted de la tribuna.
El diputado Demetrio Román Isidoro (desde la curul): Gracias, Presidenta. No es una observación; más bien solicitarle al diputado si me permite suscribir también y sumarme a esta iniciativa que hoy ha presentado para la defensa de tanto asesinato que se está cometiendo por las propias madres a sus hijos y los médicos, que también lo hacen.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También la diputada Martha García Müller quiere hacer alguna observación.
La diputada Martha Margarita García Müller (desde la curul): Si me permite el diputado felicitarlo por esta iniciativa y pedirle que si nos permite sumarnos a ella.
El diputado Leonardo Melesio de Jesús Magallón Arceo: Con muchísimo gusto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La diputada Irene Aragón.
La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solicitarle ampliación de turno a la Comisión de Equidad y Género, para su opinión.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. La diputada García Reyes.
La diputada Beatriz Eugenia García Reyes (desde la curul): Yo únicamente también quería felicitar al compañero y sumarme a la iniciativa que acaba de presentar.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada. Se corrige el turno. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Equidad y Género. La diputada Violeta Lagunes.
La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (desde la curul): También para sumarme y pedir que todos vayamos trabajando juntos en hacer un frente común para ver de qué manera podemos lograr una investigación con los ya casi 2 mil asesinatos, a partir de que entró en vigor esta cláusula de aborto en el D. F., para dar seguimiento a las madres, y saber cómo están su estado físico y su estado psicológico.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para los diputados que quieran sumarse, vamos a poner a disposición la iniciativa aquí en la Secretaría para que vengan a hacerlo.
Vamos a continuar con la sesión, por favor.
La propuesta de iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo se pospone.
Le damos el uso de la palabra al diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Con el permiso de la Presidencia. En esta intervención presentaré una síntesis de la propuesta que formulo, toda vez que la versión íntegra ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Le solicito que el texto completo del referido planteamiento se incluya sin ajustes en el Diario de los Debates.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, Carlos Sánchez Barrios, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que conceden los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos condena toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualesquier otra característica que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Con el objetivo de asegurar esa garantía constitucional, el 11 de junio de 2003 fue publicada la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Dicha disposición jurídica establece que es obligación del Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
Al respecto, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los patrones discriminar, por razones de edad o sexo, en la selección de la planta laboral. Sin embargo, no se toman en cuenta otras formas de discriminación como la preferencia sexual, las condiciones de salud, religión, estado civil o cualquiera otra forma que lesione el bienestar de las personas, por lo que se propone reformar dicha disposición para castigar la discriminación de cualquier tipo.
Con el objeto de cumplir las normas que previenen la discriminación, además de promover el desarrollo y la equidad, propongo reformar el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo para que las empresas establecidas en México incluyan en su plantilla laboral a trabajadores mayores de 60 años, indígenas, discapacitados, mujeres y hombres.
Asimismo, propongo que se elabore un capítulo especial que establezca medidas que eviten y sancionen la discriminación.
Estoy seguro, no podremos alcanzar el desarrollo pleno mientras subsistan estigmas que nos dividan.
Señor Presidente, estoy consciente que el tiempo ha concluido, solamente le pido que me autorice un minuto más para terminar, toda vez que las limitaciones de lenguaje que enfrento me imposibilitan a ajustarme al tiempo previsto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, diputado. Adelante.
El diputado Carlos Sánchez Barrios: Por los motivos expuestos, propongo la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo y la fracción I del artículo 133 de la misma Ley Federal del Trabajo.
Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón empleará un 90 por ciento de trabajadores mexicanos que incluya a personas mayores de 60 años, discapacitados, indígenas, mujeres y hombres.
Artículo 133. …
Fracción I. Discriminar a los trabajadores por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualesquiera otra característica que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Segundo. Se adicionan al título segundo, relaciones individuales de trabajo, el capítulo sexto, prevención de la discriminación laboral integrado por los artículos del 55-A, a 55-M y el articulo 994-Bis.
Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Carlos Sánchez Barrios. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Con su permiso, señor Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de pago de salario a través de nómina electrónica que presenta un servidor de ustedes, Juan Carlos Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI.
Actualmente en México el acceso a la nueva tecnología por las empresas ha agilizado los procesos productivos. Esta misma dinámica ha marcado la expansión de la empresa y la intensificación del trabajo como lo es en el transporte, el comercio y la prestación de servicios que se caracteriza por la movilidad del personal en diferentes centros de trabajo en la misma ciudad o en toda la república.
Este auge tecnológico ha permitido que las instituciones bancarias ofrezcan servicios financieros y, en específico materia de esta iniciativa, el pago de nómina a través de tarjeta electrónica o débito, práctica que las empresas del sector privado y dependencias del gobierno han ido adoptando en sus procedimientos de remuneración salarial, lo que a los patrones les sirve de mucho, evitando gastos de operación excesivos en el pago de nómina, así como ventajas en el acceso a otros productos financieros redituables.
En México este esfuerzo ha sido promovido por las autoridades financieras con el propósito de reducir el riesgo sistémico, y por las instituciones bancarias para ofrecer mejores servicios a sus clientes, incrementar la eficiencia operativa y reducir los costos de transacción.
Es indudable que las tarjetas de débito constituyen en México uno de los medios de pago de más rápido crecimiento en los últimos siete años, ya que ha sido utilizada de manera masiva.
Gracias a ella las empresas pueden pagar la nómina de sus empleados con un ahorro sustancial en personal y seguridad, mientras que los usuarios pueden recibir su salario sin el riesgo de llevar consigo el efectivo y tener mejor control de sus gastos, además de poder disponer de efectivo en el momento que lo requieran a través de los cajeros automáticos que trabajan durante las 24 horas o bien pagar directamente con su tarjeta.
En nuestro país, las tarjetas de débito suman más de 30 millones, lo cual nos obliga a legislar en la materia para sentar las bases y adecuar la normatividad para que no se permitan los abusos que vulneren el poder adquisitivo del salario que percibe un trabajador.
Es conocido que a la fecha son muchos los trabajadores que reciben su salario por medio de esta modalidad, aún así existen casos en los que no se les consulta si desean adquirirla o no, sumando a ello que los bancos por consulta de saldo y disposición en efectivo cobran una comisión.
Desde su nacimiento, en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recogió la inquietud y exigencia de los trabajadores, en su artículo 123, en el cual se expone y plasma el reclamo de un salario suficiente para cubrir las necesidades de una familia, su pago en efectivo no menor al mínimo y que de igual forma contiene las normas protectoras para que el salario sea exceptuado de cualquier tipo de embargo o descuento.
La Ley Federal del Trabajo, de 1931 y la de 1970 hicieron suyos estos preceptos para brindar al trabajador un arma en contra de quienes cometen abusos pagando menos del salario mínimo o mínimo profesional y a quien pretende llevar a cabo descuentos o cobros más allá de lo que se encuentra considerado en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.
Indudablemente los nuevos tiempos exigen las adecuaciones necesarias para coadyuvar en el desarrollo integral de la sociedad que deben de considerar el pensamiento y consentimiento de todos y cada uno de los integrantes de la misma.
El trabajador debe de tener acceso a este instrumento que ciertamente ofrece muchas ventajas en el México moderno, como la facilidad y seguridad en el pago del salario, teléfono, luz, agua, en centros receptores de pago más cercanos o cajeros para disposición de efectivo inmediato.
A su vez el trabajador no debe absorber el costo de un producto financiero contratado por el patrón con o sin su consentimiento y que le cobra comisiones en retiro y consulta de saldo.
El fondo de esta iniciativa es proponer una adecuación a la Ley Federal del Trabajo para considerar en la misma el pago del salario por medio de pago de nómina electrónica, sin que éste lesione la economía del trabajador y tenga éste que absorber un costo que no le corresponde, sino que beneficia a los patrones, a las instituciones bancarias y al desarrollo tecnológico de México.
Por lo anteriormente expuesto presento a la consideración de la honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.
Único. Se adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue.
Capítulo VII. "Normas protectoras y privilegios del salario".
Artículo 101. El salario en efectivo deberá pagarse, precisamente, en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Solamente con el consentimiento del trabajador, el patrón podrá liquidar el salario a través de pago en nómina electrónica, absorbiendo el patrón el costo de las comisiones por retiro y consulta de saldos.
Primero. El Banco de México ejercerá su facultad que le otorga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que es la de regular el cobro de las comisiones y cuotas interbancarias que realicen las entidades financieras.
Señor Presidente, el texto final de la iniciativa es el que estoy presentando, por lo que solicito que se consigne de esa manera en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates y en la versión estenográfica. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Juan Carlos Velasco. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada María Mercedes Maciel Ortiz: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 449 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Esta Presidencia informa de la visita de una comisión de seis diputados locales del honorable Congreso del estado de Tamaulipas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Se concede el uso de la tribuna a la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.
La diputada Ana María Ramírez Cerda: Con su permiso señor Presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, recordemos que el derecho de la familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia entre sí y respecto de terceros.
Tales relaciones se originan a partir del matrimonio y del parentesco. El papel del Estado con relación a la protección de la familia debe ser el garante y tutor de los derechos familiares, ya que éste es el núcleo básico en donde se cimienta la sociedad. Por ello se han dictado normas protectoras de la familia, para que ésta no esté en situación de desamparo o que sus derechos sean vulnerados. Al estar relacionados con la subsistencia de quienes revisten el carácter de acreedores alimentarios, se consideran de orden público.
Lo anterior implica una definición clara de quiénes son los miembros de una familia. Pueden ocasionarse problemas para cumplir tesis como ésta. En este sentido, los códigos civiles son el fundamento legal para cualquier sociedad. Son el conjunto unitario ordenado y sistematizado de normas de derecho privado.
En nuestra legislación han existido distintos códigos civiles que han cambiado y avanzado a través del tiempo. Del mismo modo en la sociedad mexicana se han presentado una serie de cambios relacionados con la familia, personas, costumbres entre otros y al momento de ocurrir estos cambios en la sociedad, las leyes tienen que ser modificadas para poder adaptarse a esta nueva sociedad cambiante.
Nuestro Código Civil Federal vigente data de 1928 y tiene por objeto los derechos inherentes a la persona, bienes, sucesiones y las obligaciones. Actualmente al revisar el contenido del código puede observarse que no aparece el concepto de familia, a pesar de que constantemente en el ordenamiento se hace referencia a los términos de familia, jefe de familia, moral de la familia, violencia familiar, etcétera.
La familia es como una pequeña red social donde se aprende a convivir con los padres, hermanos, abuelos, y este aprendizaje sirva para convivir en la sociedad.
Especialistas señalan que no existen familias tradicionales, o familias modernas, simplemente son diferentes formas y estilos de organizar la educación y socialización de los hijos e hijas.
En México la familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al matrimonio, sino también la filiación y la adopción, la calidad de miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las personas.
La función del derecho es garantizar adecuados mecanismos de control social de la institución familiar, imponiendo deberes y derechos. El vínculo jurídico familiar es la relación que existe entre dos individuos, derivado de la unión matrimonial, de la filiación o del parentesco, y en virtud de la cual existen, de manera interdepediente y habitualmente recíproca, determinados derechos subjetivos que entonces pueden considerarse como derechos subjetivos familiares. Por ejemplo: el derecho a pedir alimentos.
A su vez, estos derechos asumen en muchos casos la característica de derechos deberes. Los derechos subjetivos familiares son las facultades otorgadas a las personas como medio de protección de intereses legítimos determinados por las relaciones jurídico-familiares.
Por lo tanto, la institución familiar tiene que estar protegida y custodiada por las autoridades, además está reflejada en las leyes y políticas públicas que del gobierno velen por la tranquilidad y el sano desarrollo social, que aseguren a la familia un ambiente propicio para su crecimiento.
Por las razones antes expuestas, en la presente iniciativa propongo determinar en el Código Civil Federal el concepto de familia y hacer precisiones respecto a ella. Compañeros, debemos tomar acciones para brindar mayor claridad y coherencia al texto de un documento jurídico tan importante, como lo es nuestro Código Civil Federal.
Señor Presidente, solicito que la iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates.