Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/t-748-03.htm
Timestamp: 2020-08-14 16:56:43
Document Index: 160383656

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 251', 'artículo 5', 'artículo 250', 'Artículo 21']

T-748-03
Sentencia T–748/03
FISCALIA GENERAL DE LA NACION-Está facultada para inmovilizar vehículos
PRINCIPIO NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA CULPA
En el asunto sub judice el automotor sólo estuvo inmovilizado, por decisión de la autoridad judicial, por espacio de seis (6) días y los restantes cuatro años, bajo la absoluta responsabilidad del peticionario
VEHICULO RETENIDO EN PATIOS O PARQUEADERO-Gastos de parqueo corresponden a autoridad judicial durante la actuación judicial/VEHICULO RETENIDO EN PATIOS-Cancelación de expensas
Es claro entonces que es la autoridad judicial que impartió la orden de inmovilización la que debe asumir los gastos generados por la guarda y custodia del vehículo. Empero, es necesario precisar que esa carga la asume dicha autoridad sólo hasta cuando permanezca bajo su disposición el bien aprehendido, pues luego de levantada la medida y autorizada la entrega a su propietario, cesa la obligación de la Fiscalía o de los jueces de cubrir esos gastos, debido a que de allí en adelante es responsabilidad del propietario el retiro de los patios. De suerte que si es su voluntad no retirarlo, debe correr con los gastos de parqueo que genere la estadía del vehículo en los patios, dado que para ese entonces ya el vehículo dejó de estar bajo la responsabilidad de la autoridad que ordenó su inmovilización. La Corte concluye que como quiera que la mayor parte del valor del servicio de patios por la inmovilización del vehículo se generó por la actitud omisiva y negligente del actor de no retirarlo en forma oportuna, no es factible atribuirle esa carga a la Fiscalía General de la Nación y mucho menos a la Concesión de Patios, debido a que la autoridad judicial sólo responde por los costos generados por el tiempo en que efectivamente la inmovilización fue de su responsabilidad. De manera que si el fiscal o el juez ordenan la entrega del vehículo, y el propietario o beneficiario de la orden, bajo su responsabilidad, deciden no retirarlo, serán entonces quienes carguen con el costo del servicio de parqueo. En todo caso, estas personas tendrán derecho a que le descuenten el costo del parqueo, por el tiempo en que el automotor estuvo inmovilizado por orden de las autoridades judiciales.
Referencia: expediente T–735811
Acción de tutela interpuesta por Alfredo Méndez Rodríguez contra la Concesión de Patios de la Secretaria de Tránsito de Bogotá.
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil tres (2003).
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma Ciudad en el trámite de la acción de tutela impetrada por Alfredo Méndez Rodríguez contra la Concesión de Patios de la Secretaria de Tránsito de Bogotá, D.C.
El actor, Alfredo Méndez Rodríguez, interpuso el 14 de noviembre de 2002 acción de tutela contra la Concesión de Patios de la Secretaria de Tránsito y Transporte, por considerar que dicha entidad desconoció sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la propiedad privada y al trabajo, por la situación que describe en los siguientes:
Aduce el actor que es poseedor legitimo del vehículo jeep campero de color negro placas BCA 786, el cual se encuentra en el parqueadero (patio 15) de la entidad accionada debido a que la Policía Nacional cumplió la orden emanada por la Fiscalía 308 delegada ante los jueces penales municipales y retuvo el vehículo de su propiedad por una investigación penal.
Afirma el demandante que el campero lo utilizaba en labores de trabajo y por el perjuicio ocasionado con la retención del vehículo ha tratado de recuperarlo presentando ante la entidad accionada la resolución inhibitoria proferida por la Fiscalía 308, pero ello ha sido imposible toda vez que al ir al patio 15 de la Secretaria de Tránsito, le comunican que debe pagar el servicio de parqueadero, por un valor de $4.800.000,oo valor que supera las posibilidades de su presupuesto. Con esta situación considera se le vulneran los derechos al debido proceso, a la propiedad privada y al trabajo.
· Copia del fallo de Tutela de la Corte Constitucional T-1000/2001 Magistrado Ponente Rodribo Escobar Gil, (folios 16 a 31).
· Copia de la orden de entrega del vehículo, proferida por la Fiscalia 308 (folio 5).
· Copia de la Cédula de Ciudadanía del accionante (folio 6).
· Copia del inventario del vehículo de placas BCA 786, (folio 4).
· Declaración rendida por el accionante, Alfredo Méndez Rodríguez (folios 35 y 36).
· Copia de las Diligencias Preliminares No. 515621, adelantadas por la Unidad Segunda de Lesiones Personales (fls. 79 – 102).
El señor Jaime Hernando Lafaurie Vega en su calidad de titular de la Concesión de Servicios de Patios de la Secretaría de Tránsito y Tránsporte de Bogotá, mediante apoderado dio contestación a la demanda en los siguientes términos.
Aduce también que el actor no demostró que el automotor, destruido casi totalmente en un accidente de transito, fuera su única o mas importante fuente de ingresos y que por el hecho de la no entrega material, se le alterara su modo de subsistencia, proveniente del no uso del bien retenido.
El demandante impugnó el fallo proferido por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogota de 28 de noviembre de 2002, argumentando que dicho fallo indicó que no existe vulneración a derecho fundamental alguno, sin tomar en cuenta que se ha violado el derecho al debido proceso, debido a que la entidad accionada se niega a entregarle su vehículo hasta tanto no pague el servicio de garaje, sin tener en cuenta que media orden judicial que la obliga a realizar dicha entrega, y que existen fallos entre ellos el de la Corte Constitucional que han dicho que ello se debe cumplir en forma inmediata sin dilación y sin condicionamiento alguno, afirma el accionante que esta actitud determina una clara violación al debido proceso que es un derecho fundamental y aunque no se hayan probado los otros derechos fundamentales considera el actor que si debe concederse la tutela para proteger su derecho al debido proceso.
Igualmente advierte el actor, que lo que siempre ha tratado de proteger la jurisprudencia que se ha dado en torno al tema sobre rodantes que se han visto involucrados en investigaciones penales, es que no se les puede aplicar el cobro de servicios sino que se debe acoger a la teoría de la gratuidad de la justicia y en ese campo debe actuarse, (folios 109 a 112).
En primer lugar, se tiene que existe en la Fiscalia General de la Nación, la oficina denominada ¨bienes¨ de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera, la cual se encuentra encargada de tramitar todos aquellos asuntos como el que aquí se presenta, ya que como bien lo afirma el accionante no tiene porque correr con los gastos que demanda el parqueo de estos automotores cuando se encuentran detenidos por cuenta de un proceso y máxime, si el mismo terminó con resolución inhibitoria, como en el presente caso, luego como se aprecia, el demandante cuenta con otros medios de defensa, pues puede acudir ante la entidad atrás mencionada y solicitar el pago de lo adeudado a la entidad accionada, y en caso de ser negado, puede realizar sus reclamaciones ante la justicia contencioso administrativa.
Do otro lado, tampoco procede la acción como mecanismo transitorio, ya que procedería si se tratara de un caso en el que la tutela sea el único medio de defensa para la protección de un derecho fundamental gravemente vulnerado o amenazado, pero siempre que se lograra demostrar que el actor no pudo utilizar los mecanismo ordinarios de defensa por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo, o por alguna vía de hecho del funcionario que se encargaría de resolver el asunto; pero no es éste el caso.
1. Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y por la escogencia del caso mediante Auto de la Sala de Selección No. 5 del 23 de mayo de 2003.
3. Esta potestad del órgano investigador y acusador está prevista por la propia Constitución. Así, el numeral 1° del artículo 250 de la Constitución Política establece que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.
Es pertinente anotar que la reforma constitucional introducida por el numeral 6° del artículo 2° del Acto Legislativo No. 3 del 19 de diciembre de 2002 al artículo 251 citado, confiere a los jueces el mismo poder, quienes podrán adoptar “[l]as medidas necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”, empero la aplicación de estas funciones se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de 2005, conforme lo prevé el artículo 5° del mencionado Acto Legislativo.
En ese orden de ideas, el numeral 1° del artículo 250 de la Constitución fue desarrollado por el Código el Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), en los siguientes términos:
“Artículo 21.- Restablecimiento y reparación del derecho. El funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”.
4. Estas medidas tienen una naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de aquéllas un estado de cosas similar al que existía antes del acaecimiento de la conducta punible, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin[1].
“...Es así como, en materia de investigación, instrucción y en general en el desarrollo de la causa penal, no existe una orden normativa que establezca el gravamen por parte del sindicado de soportar las expensas derivadas de la prestación de la actividad de patios, circunstancia por la cual, aunque es predicable la existencia de un derecho al cobro del servicio prestado, su imputabilidad se predica en relación con quien dispuso la entrega del vehículo, es decir, de la autoridad competente”[2].
7. La Corte no comparte esta apreciación toda vez que la situación en que se encuentra el demandante en el presente caso, no es igual a la tratada en la Sentencia T–1000 de 2001, tal como pasa a explicarse.
En efecto, la Policía Metropolitana de Bogotá le retuvo al actor el vehículo (Jeep Cherokee) de placas BCA – 786, por estar involucrado en un accidente de tránsito acaecido el 7 de junio de 1999, donde resultó lesionado el conductor señor Diego Hernando Castiblanco. Diligencias puestas en conocimiento de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) - Zona Centro de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente asignadas a la Fiscalía 252 Local adscrita a la Unidad Segunda de Lesiones Personales, quien adelantó la investigación previa.
El Fiscal 214 adscrito a la mencionada URI, mediante Resolución del 13 de junio de 1999, ordenó que se le hiciera entrega en depósito del citado vehículo al aquí demandante, señor Alfredo Méndez Rodríguez; quien ese mismo día se presentó a esa Fiscalía y suscribió acta compromisoria de entrega del automotor (fl. 93), de manera que el automotor sólo estuvo a órdenes de La Fiscalía seis (6) días.
Sin embargo, el actor no procedió de manera inmediata a retirar el vehículo de los patios de la concesión de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, como correspondía a una persona diligente, sino que sólo cuatro (4) años más tarde inició la gestión para su entrega, según se desprende de la declaración rendida ante el Juez Setenta y Uno Penal Municipal, quien conoció en primera instancia de la presente acción de Tutela (fls. 35 – 36).
“[e]l oficio no tiene la fecha, es el número 32641 de la Fiscalía 308 delegado (sic) ante los jueces penales de Bogotá; yo hice una petición para que me entregaran el vehículo en forma provisional y la Fiscalía la resolvió favorablemente ordenándome la entrega. El oficio fue como del año pasado” (fls. 35 – 36).
8. De lo anterior surge una diferencia sustancial con el asunto tratado en la Sentencia T – 1000 de 2001, puesto que en ese caso el vehículo (taxi) estuvo inmovilizado durante todo el tiempo por órdenes de la autoridad judicial, mientras que en el asunto sub judice el automotor sólo estuvo inmovilizado, por decisión de la autoridad judicial, por espacio de seis (6) días y los restantes cuatro años, bajo la absoluta responsabilidad del peticionario, luego no es dable asimilar los dos casos, para pretender aplicar la decisión contenida en dicha decisión judicial (T-1000/01) al presente caso, siendo que los supuestos de hecho son diversos.
10. Por las anteriores razones, la Corte constitucional confirmará los fallos proferidos por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma Ciudad, en el trámite de la acción de tutela impetrada por Alfredo Méndez Rodríguez contra la Concesión de Patios de la Secretaria de Tránsito de Bogotá, D.C.
Primero.- CONFIRMAR los fallos proferidos por el Juzgado Setenta y Uno Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma Ciudad, en el trámite de la acción de tutela impetrada por Alfredo Méndez Rodríguez contra la Concesión de Patios de la Secretaria de Tránsito de Bogotá, D.C., pero por las razones expuestas en esta providencia.
[1] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C – 925 de 1999, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Cfr. Corte Constitucional Sentencia T – 1000 de 2001, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.