Source: http://absta.info/corte-suprema-de-justicia-v7.html
Timestamp: 2017-10-23 18:50:57
Document Index: 195345108

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 181', 'artículo 31', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 180', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 2', 'Artículo 37', 'artículo 14', 'artículo 31', 'artículo 1', 'Artículo 31', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 37', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 37', 'Artículo 2', 'artículo 37', 'Artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 31', 'artículo 37', 'artículo 31']

ASACIÓN 41350
CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ
SP5420-2014
Radicación 41350
Aprobado acta número 119
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014)
Decide la Sala el recurso de casación presentado de manera conjunta por el representante de la Fiscalía General de la Nación y el apoderado de las víctimas contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante el cual incrementó a quinientos cincuenta y seis (556) meses la pena de prisión que el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de Lorica (Córdoba) le impuso a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ por los delitos de homicidio agravado (en concurso homogéneo) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
I. SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL
1. Mateo Matamala Neme y Margarita María Gómez Gómez eran dos estudiantes de biología de la Universidad de Los Andes que estaban en San Bernardo del Viento (Córdoba) realizando un trabajo de campo para sus tesis de grado.
El 10 de enero de 2011, fueron asesinados en la vereda Boca Tinajones, adscrita al referido municipio. Los crímenes los ordenaron alias Nariz y Julián, dos mandos medios de la banda criminal conocida como Los Urabeños, debido a que los jóvenes no pertenecían a la región.
CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ fue la persona que buscó a los sicarios alias Blanquito y Monito, los acompañó a la residencia en donde recibieron la orden y estuvo con ellos cuando les disparaban con armas de fuego a los estudiantes.
2. Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, el 16 de noviembre de 2011, le imputó a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ la realización de las conductas punibles de homicidio agravado (en concurso homogéneo) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, según lo dispuesto en los artículos 31, 103, 104, numerales 4 («motivo abyecto o fútil»), 7 («situación de indefensión o inferioridad») y 11 («contra una mujer por el hecho de ser mujer»), y 365 de la Ley 599 de 2000, actual Código Penal, con las modificaciones de los artículos 14 de la Ley 890 de 2004, 26 de la Ley 1257 de 2008 y 19 de la Ley 1453 de 2011. El imputado no aceptó los cargos y, posteriormente, la Fiscalía le formuló acusación por tales comportamientos.
3. El juicio oral lo adelantó el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, despacho que condenó a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ, a título de coautor de los delitos a él atribuidos, a cuatrocientos cincuenta y seis (456) meses de prisión y veinte (20) años de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Así mismo, no le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
4. Recurrida la decisión tanto por la defensa como por la Fiscalía y el representante de las víctimas, el 7 de marzo de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería la modificó en el sentido de (i) aumentar a quinientos cincuenta y seis (556) meses la pena de prisión y (ii) dejar sin efecto la agravante contemplada en el numeral 11 del artículo 104 del Código Penal.
5. Contra la providencia de segunda instancia, el Fiscal y el apoderado de las víctimas presentaron en forma conjunta el recurso extraordinario de casación.
La Corte declaró ajustada a derecho la demanda y llevó a cabo la audiencia de sustentación correspondiente.
1. Al amparo de la causal primera del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, propusieron los recurrentes dos cargos, ambos por violación directa de normas de derecho sustancial. Fueron formulados y desarrollados de la siguiente forma:
1.1. Interpretación errónea del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000
Cuando hay concurso de delitos, los límites punitivos para el tipo de homicidio agravado no son de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses, sino de cuatrocientos (400) a setecientos veinte (720) meses. Es decir, el máximo alcanza los sesenta (60) y no los cincuenta (50) años de prisión. El Tribunal, entonces, se equivocó al fijar los cuartos sin tener en cuenta el verdadero tope previsto para el delito base.
Al contrario de lo entendido por el cuerpo colegiado de segunda instancia, los apelantes jamás solicitaron que la pena para el comportamiento más grave fuera individualizada en sesenta (60) años, sino que los ámbitos de movilidad de cada cuarto fuesen de ochenta (80) meses contados a partir de cuatrocientos (400) meses, en lugar de cincuenta (50) meses, para que el límite máximo alcanzara los setecientos veinte (720) meses de prisión. Esta postura tiene respaldo en fallos de la Corte como CSJ SP, 26 oct. 2011, rad. 36176.
La fórmula usada por el ad quem produjo «unos cuartos artificialmente bajos» (folio 237, carpeta principal), de suerte que las penas objeto de concurso fueron «realmente ofensivas para la dignidad de las víctimas» (folio 237, c. p.).
Hubo, por consiguiente, un error interpretativo de la norma por parte del Tribunal.
1.2. Interpretación errónea del inciso tercero del artículo 61 del Código Penal
En la dosificación punitiva, el ad quem no sólo reconoció al menos cinco agravantes específicas (dos para Mateo y tres para Margarita), sino además una genérica: la coparticipación criminal. Ello lo obligaba a determinar la pena en el máximo para el cuarto seleccionado. Sin embargo, acogió el criterio de la primera instancia y la fijó en el límite inferior del ámbito seleccionado.
Establecer una pena de cuatrocientos ochenta y dos (482) meses por el delito más grave (el homicidio de Margarita María Gómez Gómez), que tan solo supera en dos meses el mínimo del cuarto escogido, «no se compadece con la cantidad de agravantes, ni con la crueldad y sangre fría en que se cometió ese asesinato» (folio 230). Y sumarle a tal monto cincuenta (50) meses por el otro delito (el de Mateo Matamala Neme) tampoco se ajusta a «la argumentación de los jueces sobre la gravedad de la conducta y de sus consecuencias, ni a la intensidad del dolo demostrado, además de constituir una afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familias» (folio 230).
La ponderación por parte de los juzgadores acerca de los aspectos para determinar la pena, en los términos del artículo 61 inciso 3º de la Ley 599 de 2000, «no les da discrecionalidad para desconocer los efectos de sus propios raciocinios, sino que los debe llevar a una conclusión […] lógicamente comprensible, jurídicamente sustentable y éticamente aceptable» (folio 227).
2. En consecuencia, solicitaron a la Sala casar el fallo del Tribunal y condenar a CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ «a la pena máxima establecida en la ley para los casos de concurso, de 60 años de prisión, o, en su defecto, al máximo de la pena prevista para los casos de concurso en el cuarto medio, esto es, 640 meses de prisión» (folio 226).
III. AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN ORAL
1. El Fiscal Delegado ante la Corte se refirió al segundo reproche de la siguiente manera:
1.1. El procesado tenía antecedentes penales. Tal hecho fue estipulado por las partes. Pero el Tribunal no reconoció las consecuencias de dicha circunstancia afirmando que el juez a quo la extrajo de su conocimiento privado. De ahí que debió ubicar el ámbito de movilidad para el delito más grave en el último cuarto, es decir, entre quinientos cincuenta (550) y seiscientos (600) meses de prisión.
1.2. No es razonable que una vez escogido el cuarto el ad quem haya fijado la pena agregándole al mínimo tan solo treinta y dos (32) meses. Debió incrementarlo por lo menos en cuarenta y ocho (48) meses, quedando en quinientos noventa y ocho (598) meses.
1.3. El aumento de la pena del delito más grave en tan solo cincuenta (50) meses de prisión en razón del concurso con el otro homicidio tampoco se compadece con los criterios de ponderación del inciso 3º del artículo 61 del Código Penal. Lo acertado habría sido adicionarle por lo menos noventa (90) meses. Por el incremento de veinticuatro (24) meses debido a la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, no hay objeción alguna.
1.4. En consecuencia, la pena por el delito más grave debió equivaler a quinientos noventa y ocho (598) meses, aumentada en noventa (90) y en veinticuatro (24) meses por los concursos, lo que arroja como resultado una sanción final de setecientos doce (712) meses de prisión. Pero si la Corte no admite la tesis del cuarto máximo, la pena deberá imponerse en el ámbito del segundo cuarto medio, esto es, en quinientos cuarenta y ocho (548) meses, e incrementarle ciento catorce (114) meses, para un total de seiscientos sesenta y dos (662) meses de prisión.
2. El apoderado de las víctimas adicionó el primer cargo con los siguientes argumentos:
2.1. Se deben trazar líneas jurisprudenciales claras en relación con el tema del límite dosimétrico en los casos en los cuales haya concurso, así como con la función de la pena en cuanto al resarcimiento del daño causado a las víctimas.
2.2. Por un lado, no ha sido tema pacífico ni uniforme para los jueces de las localidades el de la determinación de los mínimos y máximos de los cuartos de movilidad. Y, por el otro, la función de la jurisprudencia ante los derechos de las víctimas a la justicia debe traducirse en penas ajustadas al comportamiento y la atrocidad del acto criminal, sobre todo cuando éste ha sido un caso emblemático frente a los delitos cometidos por las bandas criminales emergentes, en el cual el asesinar a dos personas por el solo hecho de ser extrañas a la región obedeció a una afirmación en extremo violenta de su poder territorial.
3. El representante del Ministerio Público solicitó casar parcialmente el fallo impugnado para modificar la sanción, tras aducir que, si bien los extremos de la pena del delito más grave oscilaban entre los cuatrocientos (400) y los seiscientos (600) meses, el Tribunal debió haber escogido como ámbito de movilidad el segundo cuarto medio (es decir, de quinientos -500- a quinientos cincuenta -550- meses), fijar la pena en el máximo de quinientos cincuenta (550) meses, aumentarle treinta y dos (32) meses, e incrementarle por el concurso de delitos cincuenta (50) y veinticuatro (24) meses, para un total de seiscientos cincuenta y seis (656) meses de prisión.
4. El defensor de CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ, luego de mostrarse de acuerdo con la dosificación punitiva realizada por los jueces de segundo grado, sostuvo que no hubo error de interpretación alguno por parte del ad quem y, por lo tanto, solicitó a la Corte «desatender la demanda»1, al igual que estudiar la posibilidad de casar oficiosamente el fallo, debido a que el acusado «tomó un camino diferente al que llevaban sus compañeros y, en el mismo camino, nadie pudo dar razón de este señor»2.
Como la demanda interpuesta de manera conjunta por el representante de la Fiscalía y el apoderado de las víctimas fue declarada desde un punto de vista formal ajustada a derecho, la Sala tiene la obligación de resolver de fondo los problemas jurídicos planteados en el debate, en armonía con los fines de la casación de buscar la eficacia del derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia, tal como lo consagra el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente para este asunto.
Para ello, la Corte tendrá que desentrañar, en aras del eficaz desarrollo de la comunicación establecida, lo correcto de las diversas aserciones empleadas por sus interlocutores, de manera que atenderá cada postura desde la perspectiva jurídica más coherente y racional posible.
La decisión que deba adoptarse, por supuesto, tendrá que sujetarse a la lógica del error que rige en sede del recurso extraordinario de casación. Es decir, a menos que del estudio de los problemas jurídicos analizados se derive un yerro en la sentencia del Tribunal que haya desconocido en forma trascendente la Constitución, la ley o los principios que las regulan, la Sala no podrá casar la decisión recurrida, pues de lo contrario se constituiría en una tercera instancia e iría en detrimento del orden jurídico.
La naturaleza de las controversias planteadas por los recurrentes está circunscrita al proceso de dosificación de la pena privativa de la libertad dictada contra CRISTIAN DAVID BRAVO NÚÑEZ. Por un lado, los demandantes adujeron que los jueces debieron establecer como límite máximo de la pena para el delito más grave (homicidio agravado) el de setecientos veinte (720) meses o sesenta (60) años de prisión. Y, por otro lado, señalaron que el ad quem, tanto en el cuarto escogido como a la hora de incrementar la pena por el concurso con el otro delito contra la vida, debió haber determinado guarismos superiores a los que en efecto fijó.
La Corte abordará tales propuestas en el referido orden.
Finalmente, estudiará si se vulneraron las garantías del procesado, en particular, las atinentes a la apreciación de la conducta punible de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, por un lado, y a la consonancia entre acusación y sentencia respecto del reconocimiento de una circunstancia de mayor punibilidad, por el otro.
2. Primer cargo
Los demandantes sostuvieron la interpretación errónea del inciso 2º del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 890 de 2004, según el cual «[e]n ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años».
De acuerdo con los recurrentes, el Tribunal no debió haber establecido como límite máximo para la conducta punible de homicidio agravado una pena de seiscientos (600) meses (o, lo que es lo mismo, cincuenta -50- años) de sanción privativa de la libertad, sino una de setecientos veinte (720) meses (o sesenta -60- años) de prisión, es decir, lo previsto en la norma para la dosificación en casos de concurso.
De esta manera, el ámbito para cada uno de los cuartos de movilidad no podía corresponder a cincuenta (50)3, sino a ochenta (80) meses4.
2.2. Postura de la Corte
El anterior criterio no puede ser compartido por la Sala debido a las siguientes razones:
2.2.1. Inicialmente, la Ley 599 de 2000 consagraba para la conducta punible de homicidio agravado una pena que oscilaba de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión.
Con el incremento que para el tipo básico introdujo el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 dentro de los asuntos que se rigen por la Ley 906 de ese mismo año, dichos límites punitivos tendrían que haberse incrementado de una tercera (1/3) parte en el mínimo a la mitad (1/2) en el máximo, lo que arrojaría como resultado una pena entre treinta y tres (33) años y cuatro (4) meses (cuatrocientos -400- meses) y sesenta (60) años (setecientos veinte -720- meses) de prisión.
Sin embargo, el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal, modificado por el artículo 2º de la Ley 890 de 2004, señala:
Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas:
1-. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso.
Lo anterior implica que, individualmente considerado, el tipo de homicidio agravado, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, cuenta con unos extremos de punición que van de cuatrocientos (400) meses (o treinta y tres -33- años y cuatro -4- meses) a seiscientos (600) meses (o cincuenta -50- años) de prisión.
2.2.2. El artículo 31 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 890 de 2004, señala lo siguiente:
Artículo 31-. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal, o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.
Diversas tesis jurisprudenciales ha extraído la Sala a partir de la interpretación de esta norma. Una de ellas señala que, en los casos de concurso, el juez tiene la obligación de dosificar, en forma individual, cada una de las penas relativas a los delitos que concurren. Así lo señaló en el fallo CSJ SP, 24 abr. 2003, rad. 18856:
[L]a dosificación de la pena en el concurso de hechos punibles debe efectuarse a partir de la individualización de la que corresponda a cada uno de los delitos en concurso, con el fin de detectar cuál es la que resulta más grave.
Igualmente, lo sostuvo la Corte en la sentencia CSJ SP, 7 oct. 1998, rad. 10987, ratificada en providencias como CSJ SP, 10 jul. 2001, rad. 12740, y CSJ SP, 25 mar. 2004, rad. 18654, entre muchas otras:
Es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de la construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales.
También ha precisado en fallos como CSJ SP, 24 abr. 2003, rad. 18856, que la individualización de cada una de las sanciones concurrentes tiene que obedecer a los parámetros de dosificación del estatuto sustantivo, entre otros, establecer el límite máximo previsto por la ley para cada uno de ellos:
[E]s de tener presente que como para dosificar en el concurso de conductas punibles se debe concretar la que individualmente corresponda a cada una de ellas para encontrar la más drástica, ese proceso individualizador ha de hacerse con arreglo a la sistemática que señala el Código Penal para el efecto, esto es, fijar los límites mínimos y máximos de los delitos en concurso dentro de los cuales el juzgador se puede mover (artículo 60); luego de determinado el ámbito punitivo correspondiente a cada especie concursal, dividirlo en cuartos, seleccionar aquél dentro del cual es posible oscilar según las circunstancias atenuantes o agravantes de la punibilidad que se actualizaron y fijar la pena concreta, todo esto siguiendo las orientaciones y criterios del artículo 61.
De ahí que, en los eventos de concurso, para fijar la pena por cada uno de los delitos que concurren, es obligación del funcionario respetar, en los asuntos sometidos bajo la vigencia de la Ley 906 de 2004, el tope máximo individual de cincuenta (50) años previsto en el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal.
2.2.3. El límite de sesenta (60) años de que trata el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 1º de la Ley 890 de 2004, se predica solamente del aumento del «hasta otro tanto» que efectúa el funcionario en los casos de concurso de conductas punibles respecto de la pena más grave dosificada de manera debida.
En otras palabras, el extremo superior de sesenta (60) años de prisión previsto en el artículo 31 inciso 2º del Código Penal carece de incidencia alguna a la hora de determinar la pena individual de los delitos concurrentes. Tan solo la tiene cuando se incrementa (hasta en otro tanto y sin superar la suma de las penas de los delitos que concursan) la sanción punitiva más grave. Y esta pena más grave debe dosificarse debidamente, entre otros aspectos, en razón de la prohibición de exceder el límite de cincuenta (50) años previsto para todos los tipos penales.
Esta postura tiene sustento legal y jurisprudencial. Por un lado, el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en armonía con su artículo 2º (que modificó el numeral 1º del artículo 37 del Código Penal), prevé clara y expresamente que, en cualquier caso, los incrementos de la tercera (1/3) parte en el mínimo y de la mitad (1/2) en el máximo no podrán superar el referido extremo punitivo:
Artículo 2-. El numeral 1º del artículo 37 del Código Penal quedará así:
“1-. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.
Artículo 14-. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley. Los artículos 230 A, 442, 444, 444 A, 453, 454 A, 454 B, y 454 C del Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.
Por otro lado, al abordar el tema desde la perspectiva de la intención del legislador cuando reguló los aumentos y límites introducidos por la Ley 890 de 2004, la Corte, en el fallo CSJ SP, 28 may. 2008, rad. 29341, no llegó a distinta conclusión:
El artículo 44 del Decreto Ley 100 de 1980 establecía en treinta (30) años el límite para la pena de prisión, mismo rango que limitaba la aplicación de dicha sanción en los casos de concurso de hechos punibles –artículo 26 ibídem– .
Posteriormente, la Ley 40 de 2993, con la cual se elevaron drásticamente las penas para determinados delitos de lesividad social, como por ejemplo para el secuestro y el homicidio, aumentó en el artículo 28 el quantum máximo de la pena de prisión al fijarla en sesenta (60) años, cifra que luego se mantuvo en el artículo 3º de la Ley 365 de 1997.
Como el querer del legislador con la expedición del Código Penal de 2000 fue el de racionalizar las penas en comparación con la codificación derogada, elevó los mínimos punitivos en tanto que redujo los máximos; de ahí que el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 599 de 2000 estableció la duración de la pena de prisión en cuarenta (40) años, disposición acorde con lo normado para los casos de concurso de conductas punibles, al prever el inciso 2º del artículo 31 que en ningún caso la pena privativa de la libertad podría exceder de cuarenta (40) años.
Seguidamente, a raíz de la reforma constitucional que dio cabida al sistema penal acusatorio y por la necesidad de ajustar el ordenamiento ordinario a esa forma de administrar justicia, se expidió la Ley 890 de 2004, la cual, además de regular aspectos relacionados con la determinación de la pena de prisión, en caso de negociaciones o preacuerdos y de crear nuevos tipos penales, entre otras determinaciones, dispuso un incremento generalizado para las sanciones de los tipos penales de la parte especial del código sustantivo –tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo–, al tiempo que modificó el numeral 1º del artículo 37 del mismo estatuto punitivo al prever que “[l]a pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”, y el inciso 2º del artículo 31 al establecer que “[e]n ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años”.
En la exposición de motivos de esta ley presentada por el Fiscal General de la Nación, en relación con la duración de la pena aflictiva de la libertad se dijo:
“Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé los mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados se modificaron las penas y se dejó como límite la duración máxima de sesenta (60) años de prisión para los casos de concurso y, en general, de cincuenta (50) años” [Gaceta del Congreso número 345 de 2003].
Y como justificación del incremento del límite de prisión a los sesenta (60) años en los casos de concurso, se anotó:
“La criminalidad actual requiere un endurecimiento de las penas, especialmente cuando se trata de concurso de delitos, pues en muchas ocasiones se infringe varias veces una misma disposición penal que ya de por sí, cuando se mira unitariamente, alcanza la escala máxima de pena enervando los efectos del concurso” [Ibídem].
Ya respecto del tope de los cincuenta (50) años para los tipos penales, se dijo:
“Evidentemente se hace necesario aumentar las penas frente a los delitos más graves que han aumentado significativamente por la violencia de grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y corrupción en general” [Ibídem].
La misma teleología se observa en el desarrollo de su trámite legislativo, pues […] en la ponencia para segundo debate de los proyectos (251/04 Cámara y 01/03 Senado), acerca del grupo de normas en el que se encontraban los topes punitivos se anotó:
“(…) está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal de rebaja de penas y colaboración con la justicia que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos” [Gaceta del Congreso número 178 de 2004].
Así las cosas, al promulgar la Ley 890 de 2004 se mantuvo la prohibición acerca de que “[e]n ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años” y que “[l]a pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.
También se sostuvo el aumento generalizado de las penas previstas para los delitos de la parte especial del Código Penal de una tercera parte de su mínimo y la mitad de su máximo, con la salvedad de que dicho incremento “debía respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales”.