Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-71-de-febrero-4-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041dc79f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 06:54:11
Document Index: 308177050

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 44', 'artículo 7', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 8', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 1', 'artículo 81', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 241']

﻿ SENTENCIA C-71 DE FEBRERO 4 DE 2003
SENTENCIA C-71 DE 04 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:EXEQUIBILIDAD DEL PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, HECHO EN MONTREAL EL 29 DE ENERO DE 2000 Y LEY APROBATORIA, LA LEY 740 DEL 24 DE MAYO DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACUERDO DE CARTAGENA, DIVERSIDAD BIOLÓGICA, BIOTECNOLOGÍA
Sentencia C-71 de febrero 4 de 2003
Sentencia C-71 de 2003
Ref.: Expediente L.A.T.-222
Revisión constitucional de la Ley 740 del 24 de mayo de 2002 “por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”.
EXTRACTOS: «II. Texto de las normas que se revisan
A continuación se transcribe el texto de la Ley 661 de 2001, tomado de la copia autentica que remitió el Gobierno Nacional:
“LEY NÚMERO 740 DE 2002
"Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica
Siendo partes en el convenio sobre la diversidad biológica, en lo sucesivo “el convenio”.
El presente protocolo se aplicará al movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad filológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
b) Si la notificación contiene, prima facie, la información especificada en el artículo 8º, y
d) Comunicar al notificador que el plazo especificado en el presente párrafo se ha prorrogado por el período de tiempo determinado.
6. El hecho de que no se tenga certeza científica por falla de información o conocimientos científicos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, no impedirá a la parte de importación, a fin de evitar o reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado de que se trate como se indica en el párrafo 3º supra.
2. La parte a que se hace deferencia en el párrafo 1º supra al adoptar una decisión se asegurará de que existe una prescripción legal que estipule el grado de precisión de la información que debe proporcionar el solicitante.
1. Una parte de importación podrá, siempre que se apliquen medidas adecuadas para velar por la seguridad, del movimiento transfronterizo intencional de organismos vivos modificados de conformidad con los objetivos del presente protocolo, especificar con antelación al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología de:
4. Las partes podrán determinar que. sus reglamentos nacionales se aplicarán a importaciones concretas y notificarán su decisión al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología.
3. El notificador defiera hacerse cargo de los costos de la evaluación del riesgo si así lo requiere la parte de importación.
1. Las partes, teniendo en cuenta el inciso g) del artículo 8º del convenio, establecerán y mantendrán mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para regidor, gestionar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo del presente protocolo relacionados con la utilización, la manipulación y el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados.
4. Para reducir al mínimo cualquier efecto adverso significativo para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, cada parte en cuya jurisdicción haya ocurrido la liberación del organismo vivo modificado a que se hace referencia en el párrafo 1º supra entablará inmediatamente consultas con los Estados afectados o que puedan resultar afectados para que éstos puedan determinar las respuestas apropiadas y poner en marcha las actividades necesarias, incluidas medidas de emergencia.
Concienticiación y participación del público
a) Fomentarán y facilitarán la concienticiación, educación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos internacionales;
b) Procurarán asegurar que la concienticiación y educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados identificados de conformidad con el presente protocolo que puedan ser importados.
2. Las partes alentarán a los Estados que no son partes a que se adineran al protocolo y a que aporten al Centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología información pertinente sobre los organismos vivos modificados liberados o introducidos en zonas dentro de su jurisdicción nacional o transportados fuera de ella.
1. Cada parte adoptara las medidas nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede, penalizar los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del presente protocolo. Esos movimientos se considerarán movimientos transfronterizos ilícitos.
5. El reglamento de la conferencia de las partes y el reglamento financiero del convenio se aplicaran mutatis mutandis al presente protocolo, a menos que se decida otra cosa por consenso en la conferencia de las partes que actúe como reunión de las partes en el presente protocolo.
1. El presente protocolo entrara al vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados u organizaciones regionales de integración económica que sean partes en el convenio.
El original del presente protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, ingles v ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del secretario general de las Naciones Unidas.
f) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o de los organismos parentales y descripción de los hábitats en que los organismos pueden persistir o proliferar:
m) Situación reglamentaria del organismo vivo modificado de que se trate en el listado de exportación (por ejemplo, si está prohibido en el Estado de exportación, si está sujeto a otras restricciones, o si se ha aprobado para su liberación general) y, si el organismo vivo modificado está prohibido en el Estado de exportación, los motivos de esa prohibición;
n) El resultado y el propósito de cualquier notificación a otros gobiernos por el exportador en relación con el organismo vivo modificado que se pretende transferir, y
j) Un informe sobre la evaluación del riesgo con arreglo al anexo III, y
b) Organismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuente y características teológicas pertinentes de los organismos donantes;
Bogotá, D.C., 29 de noviembre de 2000
Luis Francisco Boada Gómez
Claudia Martínez Zuleta”.
En los términos del numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política y del artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad del “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)” y su ley aprobatoria, la Ley 740 del 24 de mayo de 2002.
2. Examen formal del “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil dos (2000)” y de su ley aprobatoria.
Así mismo, ha señalado que la verificación de los aspectos formales comprende la de la representación del Estado colombiano para la suscripción del respectivo instrumento, su aprobación ejecutiva y el trámite legislativo de la ley aprobatoria a cargo del Congreso de la República, sobre el(sic) cabe señalar que corresponde al trámite de una ley ordinaria, como quiera que la Constitución no previo para el efecto uno especial, salvo la necesidad de que el mismo sea iniciado en el Senado de la República —C.P., art. 154, inc. final—.
2.1. La representación del Estado colombiano para la suscripción del protocolo.
El “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”, fue suscrito por el Ministro del Medio Ambiente de ese entonces, doctor Juan Mayr Maldonado, a quien para el efecto le fueron conferidos plenos poderes por el señor Presidente de la República Andrés Pastrana Arango el 15 de mayo de 2000, tal y como consta en la certificación remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que obra a folios 236 a 238 del expediente.
En tal virtud, la Corte concluye que el doctor Mayr Maldonado tenía la capacidad para obligar al Estado colombiano mediante la suscripción del protocolo objeto de revisión, en concordancia con el literal a) del numeral 1º del artículo 7º de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (3) .
(3) Aprobada mediante la Ley 32 de 1985. “ART. 7º—Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:
b) Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes (...)”.
2.2. Aprobación ejecutiva del protocolo.
2.3. Trámite legislativo para la expedición de la Ley 596 de 2000.
2.3.1. Los ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente radicaron ante la secretaría general del Senado de la República, el 20 de marzo de 2001, el proyecto de ley aprobatoria y su correspondiente exposición de motivos, el cual fue radicado con el número 164 de 2001 y fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente. Fue publicado en la Gaceta del Congreso 90 del 27 de marzo de 2001, páginas 12 a 24 —fls. 206 a 218 del expediente—.
2.3.2. El informe de ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente, presentado por el senador elegido para el efecto, Rafael Orduz Medina, fue publicado en la Gaceta del Congreso 295 del 13 de junio de 2001, páginas 4 a 6 —fls. 222 a 224 del expediente—.
2.3.3. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por unanimidad, el 19 de junio de 2001, con un quórum deliberatorio y decisorio de 10 de los 13 senadores integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, según consta en el Acta 29 de la mencionada fecha, cuya copia fue aportada al expediente por el secretario de dicha célula legislativa, mediante oficio del 10 de julio de 2002 —fls. 144 a 146 del expediente—.
2.3.4. El mismo senador Orduz Medina fue designado para rendir el informe de ponencia del proyecto de ley en segunda debate ante la plenaria del Senado de la República, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 432 del 31 de agosto de 2001, páginas 9 a 11 —fls. 326 a 328 del expediente—.
2.3.5. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la plenaria del Senado el día 20 de noviembre de 2001, por la totalidad de los 89 senadores que asistieron a dicha sesión, de los 102 que componen dicha Cámara, según consta en el Acta 18 de la mencionada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 611 del 30 de noviembre de 2001, página 23 —fl. 316 del expediente—.
2.3.6. El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Representantes y, radicado bajo el número 175 de 2002, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, en donde se designó como ponente a la representante María Eugenia Jaramillo Hurtado, quien rindió el informe de ponencia respectivo para primer debate en dicha célula legislativa, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso 33 del 12 de febrero de 2002, páginas 1 a 5 —fls. 64 a 68 del expediente—.
2.3.7. En la mencionada comisión, la ponencia fue discutida y aprobada por la totalidad de los 18 miembros asistentes a la sesión del 3 de abril de 2002, según lo certificó el secretario general de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en el oficio CSCP3.2 43/02, del 8 de julio de 2002 —fl. 51 del expediente—.
2.3.8. La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por la representante Jaramillo Hurtado, fue publicada en la Gaceta del Congreso 123 del 16 de abril de 2002, páginas 9 a 12 —fls. 60 a 63 del expediente—.
2.3.9. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la mayoría de los presentes, 144 representantes, en la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, del 23 de abril de 2002, según consta en el Acta 193, publicada en la Gaceta del Congreso 194 del miércoles 29 de mayo de 2002 —fl. 404 del expediente—.
2.3.10. La ley así aprobada, fue sancionada por el Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, con el número 740, el 24 de mayo de 2002, y fue remitida por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República a esta corporación, y que la recibió en su secretaría, dentro de los 6 días siguientes, el 30 de mayo de 2002, es decir, dentro del término previsto para el efecto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
3. Análisis material del “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)” y de su ley aprobatoria.
3.1. Descripción del contenido de las normas que se revisan.
Tal como lo manifiesta su preámbulo, el protocolo constituye un desarrollo de algunas previsiones hechas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 y es fruto de la decisión tomada por las partes de dicho convenio, en conferencia celebrada el 17 de noviembre de 1995, de elaborar un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados, resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezca en particular, para su examen, procedimientos adecuados para un “acuerdo fundamentado previo”, concepto que se explica posteriormente.
El preámbulo reafirma así mismo el “enfoque de precaución” que figura en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (4) ; el apoyo mutuo que debe existir entre los acuerdos sobre el comercio y el medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible; la necesidad de que el protocolo se interprete en el sentido de que no modifica los derechos y las obligaciones de una parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en vigor, y el entendimiento de que la mención que se hace al respecto no significa la subordinación del protocolo sub examine a otros acuerdos internacionales.
(4) Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo junio de 1992.
De otro lado, los artículos 7º a 12 del protocolo regulan los aspectos relativos al “procedimiento de acuerdo fundamentado previo”, en el que deben basarse los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, del cual debe destacarse la posibilidad de las partes de hacer respetar sus normas internas respecto del tráfico de los mismos, la necesaria manifestación del consentimiento de las partes para su realización con base en los correspondientes conocimientos científicos y la observancia del principio de precaución. Así mismo, el artículo 13 del instrumento prevé la forma como puede simplificarse dicho procedimiento.
El artículo 23 establece la obligación de las partes de fomentar y facilitar la educación, y participación del público sobre la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados. Igualmente, el deber de asegurar el acceso del público a la información sobre los mismos y el deber de celebrar consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y de dar a conocer los resultados de dichas decisiones, respetando la confidencialidad de la información.
El artículo 26 prevé la posibilidad que tienen las partes, al tomar una decisión sobre la importación, de tomar en cuenta las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación de la biodiversidad, en especial, respecto del valor que ésta tiene para las comunidades indígenas y locales.
Los artículo 29 a 31 establecen los órganos creados con el fin de hacer operativo el protocolo, a saber la conferencia de las partes que actúa como reunión de las partes en el protocolo, los órganos subsidiarios y la secretaría, así como las funciones de los mismos.
Los artículos 33 a 35 contienen disposiciones relativas a la vigilancia, presentación de informes, verificación de cumplimiento, evaluación y revisión del protocolo, a cargo de las partes y de los órganos que él mismo crea.
De otro lado, el anexo I del protocolo se refiere a la información requerida en las notificaciones que se llevan a cabo en el procedimiento de acuerdo fundamentado previo, de conformidad con los artículos 8º, 10 y 13 del protocolo. El anexo II contiene la información requerida en relación con los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, con arreglo al artículo 11. El anexo III, por su parte trae disposiciones varias respecto del objetivo, uso, principios generales, metodología y aspectos a tener en cuenta, de la evaluación del riesgo a que se refiere el protocolo.
Finalmente, debe señalarse que la Ley 740 de 2002, objeto de revisión, consta de 3 artículos que se limitan a dar aprobación al protocolo bajo examen y a señalar que éste obligará al Estado a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
3.2. Constitucionalidad del acuerdo.
El examen de constitucionalidad se realizará, en primer lugar, referido a la compatibilidad de los objetivos y fundamentos del protocolo con la Constitución Política, como quiera que los mismos coinciden con el régimen constitucional relativo a la protección de la diversidad biológica y a las relaciones internacionales del Estado, y en segundo lugar, en relación con la constitucionalidad de las obligaciones que el protocolo le impone al Estado colombiano con el objeto, de asegurar el cumplimiento y realización de los fines que el instrumento se propone.
3.2.1. Régimen constitucional relativo a la protección de la diversidad biológica.
La Constitución de 1991 contiene numerosas disposiciones relativas a la preservación y conservación del ambiente y a la salvaguarda de los elementos naturales que pertenecen al Estado colombiano y que resultan indispensables para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El ordenamiento superior establece en este sentido los derechos de las personas a disfrutar de un ambiente sano, así como los deberes que les incumben respecto del mismo; igualmente, diferentes deberes del Estado relativos a la necesidad de garantizar dichos derechos, que se manifiestan en diversos campos de la actuación del aparato estatal y de los particulares (5) .
(5) Las disposiciones que se refieren al ambiente son, entre otros, el preámbulo; los artículos 8º, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2, 310, 313-9, 317, 330-5, 331, 333, 334, 339, 340 y 366.
De otro lado, el tema ecológico ha sido objeto de variados pronunciamientos de la Corte, a través de fallos de constitucionalidad y de tutela, en los que ha delineado la protección constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano y los deberes que le corresponden al Estado para garantizar el mismo, de forma que opere como recurso necesario para lograr el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los coasociados —C.P., art. 2º (6) —.
(6) T-411 de 1992, T-415 de 1992, T-428 de 1992, T-528 de 1992, T-536 de 1992, T-28 de 1993, T-67 de 1993. T-163 de 1993, T-251 de 1993, T-254 de 1993, T-380 de 1993, T-471 de 1993, T-469 de 1993, T-14 de 1994, T-28 de 1994, entre otras.
Ahora bien, en relación con la diversidad biológica (7) , la Constitución contiene diferentes disposiciones con el fin de asegurar su preservación. En efecto, el artículo 8º de la Constitución prevé la obligación de las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación, el artículo 79 establece el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el artículo 81 consagra la responsabilidad que le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y salida de él de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional y los artículos 65 y 71 obligan al Estado a promover la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales.
(7) El Convenio sobre Diversidad Biológica, define a la diversidad biológica como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. Otras acepciones del mismo término, fueron tenidas en cuenta en la Sentencia C-519 de 1994.
Al respecto, debe destacarse que el deber de procurar la conservación de la biodiversidad, no solamente se manifiesta en la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y administrativo (8) .
(8) “Si bien la importancia de la discusión relacionada con la biodiversidad se centra en aquellas áreas de reconocida variedad —y la mayoría de las veces de gran fragilidad— ecológica, esta Corte es consciente de que las medidas administrativas, políticas y económicas que se tomen al respecto no deben cobijar exclusivamente estas situaciones. En otras palabras, al ser la humanidad —presente y futura— el sujeto jurídicamente interesado y, por ende, responsable por la conservación y preservación de un ambiente sano, entonces las decisiones que adopte deben estar encaminadas a la protección de esos intereses en todos los niveles del desarrollo. De ahí que, por ejemplo, sea necesario plantear la necesidad de buscar medidas de amparo para la biodiversidad agrícola, de forma tal que los recursos genéticos que se encuentren y se desarrollen en los países, puedan ser aprovechados en forma responsable para contribuir al problema del hambre y de la nutrición por el que pasan hoy en día la mayoría de las naciones del mundo”.
En ese sentido, el Estado cumple su función cuando desarrolla medidas que tiendan al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. Dentro de ellas se cuenta la celebración de tratados internacionales que permitan que el Estado cuente con los instrumentos necesarios para proteger su diversidad, dentro de reglas claras que supongan tanto el ejercicio de su soberanía, como la internacionalización de las relaciones ecológicas —C.P., arts. 9º y 226— así como las condiciones especiales que presenta Colombia, en cuanto a su nivel de biodiversidad, que le imponen al Estado la necesidad de adoptar instrumentos que permitan su debida explotación, dentro del marco de su autonomía y del mejor aprovechamiento con miras al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes (9) .
(9) Al respecto, ver las sentencias C-519 de 1994 y C-137 de 1996.
Finalmente debe resaltarse, para efectos del análisis que aquí se efectúa, el especial interés que el constituyente manifestó, respecto de la preservación del potencial genético y de la utilización del mismo. En efecto, como se advirtió, de conformidad con el artículo 81 constitucional, al Estado le corresponde regular el ingreso al país y salida de él de los recursos genéticos, y su utilización de acuerdo al interés nacional. La Corte ha reconocido esa necesidad y el deber de asegurar que se dé un buen uso a la biodiversidad genética. Sobre el particular expresó en la Sentencia C-519 de 1994 lo siguiente:
“Pero si bien Colombia cuenta con una diversidad biológica de indiscutida magnitud, quizás el aspecto que mayor preocupación debe suscitar por parte de las autoridades y de los asociados es el del potencial genético con que cuenta nuestro país. En nuestro territorio se encuentra una variedad de genes y un material germoplástico de dimensiones económicas y tecnológicas incalculables, pues su adecuada utilización constituye, sin lugar a dudas, fundamento de un futuro alentador en campos como la medicina, la agricultura y la industria. Sin embargo, el conocimiento y el acceso de estos recursos requiere de enormes apoyos científicos y financieros que países como Colombia no se encuentra en capacidad de sufragar. Por ello, es de la mayor conveniencia que el Estado sea consciente de la necesidad de, por una parte, determinar las áreas de especial importancia ecológica y velar por su protección y, por la otra, de ser cuidadoso al negociar con países industrializados la explotación económica de ese material genético, pues tales acuerdos deben acarrear para nuestro país no sólo beneficios económicos sino, lo que es de mayor interés, preparación e información científica y tecnológica que permita en un futuro, no sólo adelantar nuestras propias investigaciones en estos asuntos, sino también contar con información permanente respecto de los avances científicos que se hayan logrado con base en recursos genéticos extraídos del territorio colombiano”.
3.2.2. Constitucionalidad del objetivo y fines del protocolo y de las justificaciones tenidas en cuenta para su suscripción.
Al respecto, cabe afirmar que tales fines y justificaciones, previstos tanto en el preámbulo y el artículo 1º del protocolo, como en la generalidad de las demás normas del instrumento, de las que se hará un examen específico en el acápite siguiente de esta sentencia, se avienen a la Constitución en tanto permiten que el Estado colombiano participe en forma activa del bienestar que generan los avances biotecnológicos, pero de manera en que se proteja la diversa riqueza biológica de que goza el país, la cual fue reconocida por el constituyente a través de la adopción de diferentes normas que garantizan su protección (10) .
(10) “Esta corporación es consciente de que si bien la protección jurídica del derecho a gozar un ambiente sano es uno de los pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general”. Sentencia C-519 de 1994.
Específicamente, la participación del Estado colombiano en instrumentos como el que corresponde examinar a la Corte, realiza los preceptos constitucionales en los cuales el constituyente estableció una protección a la riqueza que supone la diversidad biológica con que cuenta el país, labor por la que todas las autoridades deben propender, más aún tratándose de las relaciones internacionales, dado el valor que comparativamente tienen nuestros ecosistemas con los de los demás Estados (11) .
(11) Al respecto, ver la Sentencia C-519 de 199(sic), por medio de la cual se declaró la constitucionalidad del Convenio sobre Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y de su ley aprobatoria.
En efecto, la Constitución establece claramente el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación para estos fines —C.P., art. 79—; así mismo, la obligación de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados —C.P., art. 80—; y además, la carga de regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional. De otro lado, la Carta dispone la cooperación del Estado colombiano con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas —art. 80, inc. 3º— y el deber de propender por la internacionalización de las relaciones ecológicas, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional —C.P., art. 226—.
Así mismo, respecto de la materia a que se refiere el protocolo bajo examen, esto es la seguridad que debe observarse en las aplicaciones de la biotecnología, la Corte ha reconocido que la adopción de medidas dirigidas a garantizarla resultan acordes con la Constitución, en consideración a los riesgos que dicha tecnología supone y a los variados beneficios que comporta, tal y como se reconoce en el siguiente aparte de la Sentencia C-137 de 1996 (12) :
(12) Por medio de la cual se revisó la constitucionalidad del estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983 y su ley aprobatoria.
“9. De igual modo, de la normatividad constitucional reseñada, relativa a la protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, se desprende de la formulación de políticas y, en especial, la fijación de las reglas de seguridad atinentes a las condiciones de explotación y aprovechamiento de estos bienes en territorio colombiano y a su control y vigilancia, son competencia del Estado colombiano. El fundamento de esta competencia radica en el hecho de que la preservación del medio ambiente constituye una responsabilidad inherente a la soberanía del Estado. En efecto, el mandato constitucional en materia de protección ambiental, que recae sobre los poderes públicos les impide despojarse de sus atribuciones de control y vigilancia en materia de recursos naturales, dentro de los que se encuentran los recursos biológicos y genéticos.
Desde esta perspectiva, las relaciones internacionales que establezca el país, en cuanto fundadas en la soberanía nacional (C.P., art. 9º), deben ser respetuosas de los recursos naturales y deben propender a su conservación y mantenimiento. Por estos motivos, si una norma de derecho internacional implica, en cualquier forma, que el Estado colombiano enajene o pierda sus facultades de regulación sobre la explotación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, será contraria a las disposiciones constitucionales. Si lo anterior es predicable de cualquier tipo de recurso natural, cobra mayor fuerza en tratándose de los recursos genéticos que, como ya se anotó, constituyen la base de la biotecnología y de la ingeniería genética. En efecto, la Carta es explícita al determinar —en el art. 81, inc. 2º— que “El Estado regulará, el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional” (negrillas).
Si bien para la Corte no pasa desapercibida la importancia fundamental de la biotecnología y de la ingeniería genética como factores esenciales en el logro del desarrollo y el bienestar de la humanidad, la competitividad de las economías y el aumento de la productividad económica, la corporación tampoco desconoce el riesgo que entraña la manipulación de la diversidad biológica y la interacción de los diversos factores ambientales y biológicos que implica la investigación en asuntos relacionados con dichos ámbitos. Por ello, se impone la obligación estatal de garantizar y observar estrictas normas de seguridad, que tiendan a la protección de la vida, la salud y la alimentación de las personas. Lo anterior surge con claridad de los mandatos contenidos en los artículos 2º, 49, 65 y, especialmente, en el ya mencionado artículo 81 de la Constitución Política.
En particular, resulta fundamental, en este punto, resaltar los efectos de la investigación genética y biotecnológica sobre la biodiversidad y la producción de alimentos. El material biológico o genético puede sufrir mutaciones durante el proceso de investigación hasta el punto de crear nuevas especies, altamente destructivas o perjudiciales, que pongan en peligro la integridad de otros recursos biológicos y genéticos, así como la conservación de las culturas tradicionales, la salud e incluso la vida de los habitantes. Por estos motivos, las condiciones de seguridad en la manipulación de este tipo de material son uno de los aspectos claves que la Corte debe tener en cuenta al momento de revisar la constitucionalidad del tratado sub examine. Los parámetros que la Constitución impone para la fijación de normas mínimas de bioseguridad por parte de las autoridades competentes —y que no pueden ser desconocidos por ninguna norma de derecho internacional—, se encuentran en las disposiciones que hacen recaer, en cabeza del Estado, la promoción de la salud de todos los colombianos (C.P., art. 49), la obligación de proteger los recursos naturales y el medio ambiente (C.P., art. 8º), la especial protección a la producción alimentaria (C.P., art. 65) y el monopolio regulatorio en materia de recursos genéticos (C.P., art. 81)”.
Otro tanto cabe decir respecto de la importancia que se da en el protocolo en estudio a la preservación de la vida del ser humano, pues uno de los fines de los mecanismos de seguridad que el instrumento prevé, es el de contrarrestar los eventuales riesgos que se derivan de la movilización de los organismos vivos modificados, en su salud. En efecto, el Estado no solamente está obligado a garantizar el derecho a la vida de las personas —C.P., art. 11—, sino que las autoridades deben garantizar su acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud —C.P., art. 49—, garantía que se aumenta si el Estado colombiano tiene una debida participación en los avances que cada día se producen en la biotecnología de una forma lo más segura posible.
De otro lado, la posibilidad de que el Estado colombiano participe de los avances científicos de la biotecnología de una forma segura, resulta acorde con el deber constitucional que tiene, de proteger especialmente a la producción de alimentos y de promover la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad —C.P., art. 65—. Así mismo, el protocolo en estudio otorga la oportunidad de participar de los avances a que se llegue en otras materias a las que puede aplicarse la biotecnología, tales como la salud, la actividad agropecuaria y, en general, en la calidad de vida de los asociados, promoviendo así el goce de los derechos de las personas —C.P., art. 2º—.
Así mismo porque los mecanismos previstos en el protocolo para el logro de sus objetivos, como el “procedimiento de acuerdo fundamentado previo”, al que se hará referencia posteriormente, se desarrollan bajo la consideración de la situación de dichos países, aumentando su posibilidad de relacionarse en forma más justa e igualitaria, lo que resulta acorde con los principios de soberanía nacional, respeto a la autodeterminación de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, sobre los cuales deben construirse las relaciones internacionales del Estado —C.P., arts. 9º y 226—.
3.2.3. Constitucionalidad de las demás normas del instrumento.
3.2.3.1. Disposiciones generales, definiciones y ámbito material de aplicación del protocolo.
El artículo 2º trae algunas disposiciones generales sobre la forma como debe aplicarse e interpretarse el protocolo objeto de estudio. En efecto, se prevé la obligación de las partes de adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para cumplir los compromisos establecidos en el instrumento; la no afectación de la soberanía de las partes sobre su mar territorial, zonas económicas exclusivas, plataformas continentales y el respeto de la libertad de navegación de acuerdo con los tratados internacionales; así como la posibilidad que tienen los Estados de establecer medidas más estrictas para proteger su biodiversidad, siempre que sean compatibles con el protocolo. Al respecto debe decirse que todas son medidas que resultan coherentes con el objetivo del tratado y necesarias para su correcta aplicación, además de respetar los principios constitucionales que gobiernan las relaciones internacionales del Estado —C.P., arts. 9º y 226—, por lo que no se encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre las mismas.
Cabe destacar en este artículo la consagración del principio según el cual, las partes deben velar porque el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Dicha obligación desarrolla, no sobra reiterar, el principio internacional del derecho ambiental conocido como “criterio de precaución”, según el cual, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente, lo cual es completamente compatible con el deber constitucional de prevenir y controlar los factores del deterioro del ambiente, los ecosistemas y la diversidad biológica (C.P., art. 80).
Así mismo, los artículos 4º, 5º y 6º definen el ámbito material de aplicación del protocolo que por corresponder estrictamente al objeto del mismo, deben ser declaradas constitucionales. Cabe destacar que cuando dichos artículos excluyen de la aplicación del tratado ciertos eventos como los correspondientes a organismos vivos modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos o los que únicamente se encuentran en tránsito o para uso confinado, dejan a salvo la soberanía de los Estados para que dispongan la regulación que se debe aplicar dentro de su territorio en estos casos de acuerdo con sus normas nacionales y con los tratados internacionales que hayan suscrito, lo cual resulta concordante con los principios constitucionales y de derecho internacional reconocidos por Colombia de reciprocidad y soberanía que deben orientar las relaciones internacionales del Estado colombiano —C.P., arts. 9º y 226—.
En efecto, dicho “acuerdo fundamentado previo” es el procedimiento (art. 7º del protocolo) que se establece para los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, y que deben aplicar “la parte de exportación” y “la parte de importación” del material a movilizar; procedimiento que prevé los requisitos de información, notificación y decisión que una y otra parte debe aplicar para efectuar los movimientos a que se refiere el protocolo.
Procedimiento que para el caso del movimiento de organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento tendrá unas características más exigentes (art. 11 del protocolo).
Es decir que la expresión “acuerdo fundamentado previo”, no se está refiriendo a la celebración de acuerdos entre el Estado de importación y el Estado de exportación para desarrollar el protocolo (13) , sino que se refiere es al procedimiento que el protocolo sub examine establece para que se manifieste la aceptación por un país parte en el protocolo de la posibilidad de que ingrese a su territorio un organismo vivo modificado, así como la del país exportador de efectuar la exportación de dicho organismo.
(13) Ver las Sentencia C-363 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1439 de 2000, M.P. Martha Sáchica Méndez; C-303 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-862 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En las que esta corporación se ha pronunciado sobre la validez de los acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos.
Para el efecto “la parte de exportación” que pretenda efectuar un movimiento transfronterizo de un organismo vivo modificado, deberá notificar (arts. 8º y 9º del protocolo) tal intención a la “parte de importación”, la que, luego de evaluar el riesgo para su ecosistema de dicho movimiento (art. 15 del protocolo) decidirá y comunicará (art. 10 del protocolo) a la parte de exportación, si acepta o no el ingreso a su territorio de dicho organismo.
Cabe resaltar que en dicho procedimiento se establece (art. 12 del protocolo) la posibilidad para “la parte de importación”, es decir el país que ha aceptado el ingreso a su territorio de determinado organismo vivo modificado, de revisar y modificar su decisión en cualquier momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los riesgos para la salud humana.
De modo que dichas disposiciones son armónicas con los principios que por mandato constitucional deben orientar las relaciones del Estado colombiano, como los de soberanía nacional, autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional reconocidos por Colombia, que garantizan que el desarrollo de las relaciones internacionales se lleve a cabo sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional —C.P., art. 226—.
Dichas consideraciones deben predicarse igualmente de la previsión contenida en el numeral 4º del artículo 7º del protocolo según la cual el procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicará al movimiento transfronterizo internacional de los organismos vivos modificados incluidos en una decisión adoptada por la conferencia de las partes que actúa como reunión de las partes del protocolo sub examine, en la que se declare que no es probable que tengan efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
La Corte llama la atención sobre el hecho de que en el caso de que dicha decisión resulte adoptada sin el voto favorable de Colombia, (bajo el supuesto de que el reglamento de la conferencia de las partes adoptado por consenso según el artículo 29 del protocolo (14) , permitiera la posibilidad de que las decisiones de dicha conferencia se adopten con una mayoría determinada y no por unanimidad) nada impide que el Estado colombiano establezca para los organismos vivos modificados incluidos en la decisión a que alude dicho numeral 4º del artículo 7º del protocolo las medidas previas a su importación que estime pertinentes para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en su territorio y en particular a que efectúe una evaluación de riesgo de los mismos antes de adoptar una decisión sobre elidía importación.
(14) Artículo que remite a su vez en este aspecto al reglamento de la conferencia de las partes del Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. Convenio que no sobra precisar es el que desarrolla, en uno de sus aspectos, el protocolo sub examine.
Una interpretación sistemática del protocolo y en particular de los artículos 2º numeral cuarto (15) , 4º, 5º y 6º (16) del protocolo, llevan a la Corte en efecto a esa conclusión, que se desprende claramente del texto del tratado, sin que sea necesario por tanto que el Estado colombiano efectué al respecto una declaración interpretativa, como si ha sido el caso en relación con otros instrumentos internacionales (17) .
(15) Numeral que señala dentro de las normas generales del tratado el principio de que “Ninguna disposición del presente protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una parte a adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el protocolo, siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones del presente protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa parte dimanantes del derecho internacional.
(16) Artículos que rijan el ámbito de aplicación del tratado y de los que se desprende que sus normas se establecen “sin menoscabar cualesquiera derechos de una parte de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de decisiones sobre la importación que del mismo se haga” a su territorio.
(17) Las declaraciones que, dentro de la órbita de sus competencias como director de las relaciones internacionales, el Presidente de la República puede realizar respecto de la forma correcta de interpretar las normas de un instrumento internacional para que armonicen con los postulados constitucionales no constituyen reservas a los mismos, ni mucho menos su inconstitucionalidad. Dichas declaraciones únicamente tienen como finalidad que las obligaciones que se derivan de la celebración de dichos instrumentos, sobre las cuales pueden caber interpretaciones que contraríen la Constitución, sean compatibles con sus mandatos, de modo que si existe un precepto en un tratado o una convención cuya interpretación pueda desconocer la soberanía del Estado colombiano, corresponde realizar las declaraciones pertinentes con el objeto de preservar el ordenamiento jurídico constitucional.
La corporación, en la Sentencia C-578 de 2002 mediante la cual se declaró la exequibilidad del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Ley 742 de 2002, aprobatoria del mismo, al determinar cuáles eran las materias sobre las cuales le correspondía al Presidente de la República realizar las correspondientes declaraciones respecto de la interpretación de algunas de las normas de dicho tratado, explicó los efectos y la finalidad de las mismas, dentro del marco constitucional:
“La Corte señala las materias respecto de las cuales procede, sin que ello contraríe el estatuto, que el Presidente de la República, en el ámbito de sus atribuciones, declare cuáles son las interpretaciones de algunos apartes del mismo que armonizan plenamente la Constitución con el estatuto de Roma. Dicho señalamiento por la Corte en ningún caso supone que existe una inconstitucionalidad parcial del estatuto. Esta determinación obedece al cumplimiento del principio fundamental según el cual todas las autoridades tienen como finalidad asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (C.N., art. 2º), así como al propósito de concretar el mandato de colaboración armónica entre los órganos que integran las ramas del poder público, dentro del respeto a las órbitas de competencia de cada uno, en este caso, de la Corte Constitucional a la cual se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y del Presidente de la República al cual se le ha atribuido la dirección de las relaciones internacionales de Colombia (C.N., art. 113).
Finalmente, la Corte llama la atención, acerca de la posibilidad que tiene el Estado colombiano de efectuar, en ausencia de marco reglamentario nacional para el efecto, la declaración a que alude el numeral 6º del artículo 11 del protocolo (18) sub examine, declaración que no plantea ninguna dificultad de orden constitucional y que podrá hacerse de acuerdo con la evaluación que haga el gobierno de su conveniencia para la mejor defensa de la biodiversidad biológica y de los intereses del Estado colombiano.
(18) ART. 11.—Procedimiento para organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
3.2.3.3. Acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales.
Al respecto cabe precisar que en la medida en que dichos acuerdos no pueden considerarse como acuerdos complementarios o de desarrollo del protocolo sub examine y que pueden dar origen a obligaciones nuevas para el Estado colombiano, de conformidad con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso, al control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados (19) .
(19) Ver al respecto las sentencias C-363 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1439 de 2000, M.P. Martha Sáchica Méndez; C-303 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-872 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3.2.3.4. Evaluación y gestión del riesgo, medidas de prevención y de emergencia.
3.2.3.5. Autoridades nacionales competentes, centros focales nacionales y centro de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología.
La Corte llama la atención sobre el hecho de que la creación del centro de intercambio de información sobre seguridad de biotecnología facilita al Estado colombiano el acceso a la información necesaria para la efectiva aplicación del protocolo y el control de su ejecución, lo que debe redundar en la protección de la biodiversidad colombiana y la preservación de la salud de sus asociados, y debe permitir que el Estado colombiano ejerza sus derechos de una forma autónoma y soberana y sobre bases de conveniencia nacional —C.P., arts. 9º y 226—.
3.2.3.6. Mecanismos de cooperación.
Cabe resaltar que la creación del centro de intercambio de información sobre seguridad de biotecnología se ve complementada con el deber de cooperación entre las partes, que se establece en el artículo 22 del protocolo, para el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad institucional en materia de biotecnología y seguridad de la biotecnología a favor de aquellos Estados que, como el colombiano, son centros de origen y de diversidad genética, pero que carecen de los recursos suficientes para su explotación y preservación, respondiéndose así al deber del Estado de proteger sus recursos y al desarrollo de la calidad de vida de sus coasociados —C.P., art. 2º—.
En ese mismo sentido, debe destacarse la previsión del artículo 23 de obligar a los Estados partes de fomentar y facilitar la educación y participación del público sobre la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados, y de asegurar el acceso del público a dicha información, pues dicho deber corresponde al fin del Estado de asegurar que las personas puedan participar de las decisiones que los afectan y corresponde a la obligación del Estado de difundir la conciencia ecológica —C.P., arts. 2º, 79 y 80—.
Por otra parte, la Corte resalta el contenido del artículo 26 del protocolo que considera la posibilidad de las partes de consultar las consideraciones socioeconómicas sobre los efectos de los organismos vivos modificados, al momento de tomar alguna decisión respecto de la importación de los mismos y, en especial, respecto del valor que las comunidades indígenas y locales otorgan a la conservación de la biodiversidad. Tal previsión se dirige al cumplimiento de los fines del Estado de propender por un orden económico y social justo y resulta especialmente compatible con el deber de consultar con las comunidades indígenas las decisiones que tengan que ver con la explotación de los recursos naturales en sus territorios —C.P., arts. 2º y 330—.
3.2.3.7. Información confidencial.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha entendido que el manejo de información derivada de la aplicación de instrumentos internacionales está sujeta a los límites que imponen la materia de los mismos, la salvaguarda de la seguridad nacional y el respeto de los derechos de los residentes en el territorio que puedan verse afectados por el uso indebido de esa información confidencial, tal y como lo pone de manifiesto el siguiente aparte de la Sentencia C-328 de 2000 en la que se declaró la exequibilidad de la Ley 525 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción”, hecho en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)”.
“La Corte considera que, si bien la definición de los secretos de Estado es asunto de resorte del legislador y que, por lo mismo, puede autorizar su divulgación parcial —como lo es permitir que otro Estado posea dicha información—, esta posibilidad únicamente puede permitirse si con ello no se afecta la seguridad nacional. De otra parte, y en relación con la información secreta de propiedad particular, el Estado colombiano no puede soslayar su deber de proteger dicha información, exigible en virtud del artículo 15 de la Carta y de acuerdos internacionales que obligan al país. Por lo tanto, la Corte estima que la posibilidad de que otros Estados mantengan información confidencial de origen privado únicamente puede admitirse bajo el entendido de que su utilización se limite a los estrictos términos de la presente convención. Así mismo, entiende que cualquier uso incompatible con la convención de la información confidencial, sea de origen estatal o privado, deberá ser resarcido en términos compatibles con el derecho internacional. Por lo expuesto, el Estado colombiano tiene la obligación de proteger ante las instancias internacionales los intereses de los residentes en el territorio, afectados por la tenencia y uso indebidos de información confidencial, por fuera de los términos del presente tratado, incluyendo las acciones judiciales pertinentes (20) .
(20) Sentencia C-328 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
3.2.3.8. Movimientos transfronterizos ilícitos.
Tales medidas resultan efectivas para proteger la biodiversidad de que goza el Estado colombiano y salvaguardan los intereses nacionales, tal y como lo ordenan los preceptos constitucionales relativos a la preservación del medio ambiente, en especial, la obligación del Estado de exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente —C.P., art. 80—, y la forma como deben conducirse las relaciones internacionales.
Cabe recordar al respecto que en la Sentencia C-176 de 1994 la Corte se pronunció sobre la asunción del Estado colombiano de la obligación de sancionar ciertas conductas. En dicha oportunidad señaló:
“Para la Corte es claro que la Convención de Viena como tal no consagra ningún delito sino que establece la obligación de los Estados de definirlos, conforme a su derecho interno. Por eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la obligación internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles ciertas conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el Estado colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular cuando se establezcan las sanciones previstas por los literales b) y c) del numeral 4º de este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la declaratoria de constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos que la Corte efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente señalados del artículo 3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado colombiano efectivamente defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la conformidad de los mismos frente a la Constitución, si tales normas son eventualmente acusadas ante esta corporación” (21) .
(21) Sentencia C-176 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En la presente oportunidad, evidentemente el protocolo no establece los tipos penales que debe adoptar Colombia, sino que le deja al legislador un razonable margen para señalar las conductas específicas que deben ser penalizadas. Ello implica un reconocimiento expreso a la fuerza vinculante de la Constitución en el orden interno, aspecto que la Corte no pueda más que destacar (22) .
(22) Ver Sentencia C-328 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
3.2.3.9. Proceso para la elaboración de normas y procedimientos internacionales.
Cabe precisar sin embargo que la determinación de normas y procedimientos internacionales en relación con la responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, deberá ser objeto de un instrumento internacional específico que no puede considerarse como un simple acuerdo complementario o de desarrollo del protocolo sub examine (23) , ya que evidentemente puede dar origen a obligaciones nuevas para el Estado colombiano, no previstas en el protocolo aludido ni en el convenio sobre la diversidad biológica, por lo que deberá ser sometido a la aprobación del Congreso, al control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho internacional en materia de tratados.
(23) Ver al respecto las sentencias C-363 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1439 de 2000, M.P. Martha Sáchica Méndez, C-303 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-862 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Respecto de los artículos 28 a 31 y 33 a 35 del protocolo, relativos a los organismos que se crean para su funcionamiento y las funciones que se les encargan, la forma de financiar su puesta en práctica y la forma de verificar el cumplimiento de las obligaciones que allí se imponen, las cuales remiten en numerosos aspectos a las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-519 de 1994, debe decirse que corresponden a medidas dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento del protocolo por lo que no se encuentran reparos en su constitucionalidad, debiéndose señalar que garantizan que el Estado colombiano tenga la posibilidad de participar en la puesta en práctica de los mecanismos de protección que se establecen —C.P., art. 226—.
Sobre la remisión que se hace en el artículo 32 a las disposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992 que regulan lo relativo a sus protocolos, como el que actualmente se estudia, debe decirse que el mismo, al ser integrado al ordenamiento mediante la Ley 162 de 1994 se encuentra vigente y fue declarado acorde con la Constitución por la Corte, por lo que no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno (24) .
(24) Convención sobre la Diversidad Biológica de 1992: (...)
ART. 28.—Adopción de protocolos.
ART. 29.—Enmiendas al convenio o los protocolos.
4. La ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas serán notificadas al depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de conformidad con el párrafo 3º de este artículo entrarán en vigor, respecto de las partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos tercios, como mínimo, de las partes contratantes en el presente convenio o de las partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se dispone otra cosa. De allí en adelante. Las enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra parte, el nonagésimo día después de la fecha en que esa parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las enmiendas.
5. A los efectos de este artículo, por “partes presentes y volantes” se entiende las partes que estén presentes y emitan un voto afirmativo o negativo.
ART. 30.—Adopción y enmienda de anexos.
a) Los anexos del presente convenio y de cualquier protocolo se propondrán y adoptaran según el procedimiento prescrito en el artículo 29;
ART. 32.—Relación entre el presente convenio y sus protocolos.
ART. 34.—Ratificación, aceptación o aprobación.
ART. 35.—Adhesión.
1. El presente convenio y cualquier protocolo estarán abiertos a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentes de adhesión se depositarán en poder del depositario.
4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en vigor para la parte contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en el párrafo 2º de este artículo el nonagésimo día después de la fecha en que dicha parte contratante deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente convenio entre en vigor para esa parte contratante, si esta segunda fecha fuere posterior.
3.2.3.11. Firma, entrada en vigor, prohibición de reservas, denuncia y textos auténticos.
“De conformidad con el artículo 2º, literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Así mismo, esa convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus límites, los siguientes eventos: “a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado” (art. 19).
“Lo expuesto lleva a concluir que, como lo dijo ya esta Corte (25) , la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía, nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores” (26) .
(25) Sentencia C-154 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(26) Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver la Sentencia C-916 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Clara Inés Vargas Hernández.
3.2.3.12. Anexos.
Por su parte, en relación con el anexo III, que establece el objetivo, el uso, los principios generales, la metodología y los aspectos a tener en cuenta para la evaluación del riesgo, contiene disposiciones que son compatibles con el deber del Estado de prevenir y controlar los factores, de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados —C.P., art. 80, inc. 2º—. En efecto, la aplicación de los principios y metodología establecidos en el referido anexo no solamente asegura que el Estado colombiano pueda determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica y en la salud humana, sino que también le permite discutir dichos efectos en condiciones de igualdad y reciprocidad, pudiendo dar cumplimiento al protocolo de una manera fundamentada y debidamente informada, todo lo cual concuerda con los preceptos constitucionales respecto de la diversidad biológica y las relaciones internacionales.
3.3. Constitucionalidad material de la Ley 740 de 2002.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 740 de 2002.
3. Ordenar la comunicación de la presente sentencia al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.