Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-3060-de-marzo-18-de-1991?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414b11f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-18 08:05:16
Document Index: 171922679

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 215', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 11', 'artículo 183', 'artículo 192', 'artículo 16', 'artículo 137', 'artículo 308', 'artículo 172', 'artículo 119']

﻿ SENTENCIA 3060 DE MARZO 18 DE 1991
SENTENCIA 3060 DE 18 DE MARZO DE 1991
CONTENIDO:DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, NO SURGE CON EL REGISTRO
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO ADMINISTRATIVO, PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:233 DE MAYO DE 1991, PÁG.407
Sentencia 3060 de marzo 18 de 1991
NO SURGE CON EL REGISTRO
EXTRACTOS: «Como se dijo en pasada oportunidad por esta misma Sala (sentencia de enero 31 de 1989, proceso 5284 Luis Eduardo Cuartas G), las acciones que se susciten con motivo de la ley de propiedad intelectual, ya sea como consecuencia de los actos y hechos jurídicos vinculados con dicha propiedad, serán del conocimiento la justicia ordinaria. Pero, agrega la Sala, siempre y cuando el litigio o la controversia sea entre particulares, porque cuando ese perjuicio es causado por hechos u omisiones de la administración, su conocimiento estará a cargo de la jurisdicción administrativa, por ser ésta la competente, según se precisa en el artículo 20 del Decreto 528 de 1964, que a la letra dice:
“La jurisdicción contencioso administrativa está instituida para definir los negocios originados en las decisiones que tome la administración, en las operaciones que ejecute y con los hechos que ocurran con motivo de sus actividades, con excepción de los casos contemplados en los numerales 2 y 3 de la Ley 167 de 1941“.
Esta norma, mutatis mutandis, se repite en los artículos 82 y 83 del CCA En síntesis, desde la Ley 167 de 1941 en forma restringida y luego desde el Decreto 528 de 1964 hasta hoy, todas las acciones indemnizatorias contra los entes territoriales y sus establecimientos públicos, por hechos, operaciones materiales y omisiones, son del conocimiento de la jurisdicción administrativa.
Como es obvio, acciones como las de dominio o posesión que giren en torno al derecho de propiedad intelectual serán del conocimiento de la justicia ordinaria, como lo serán también las de responsabilidad que se susciten entre particulares.
Insinúa Adpostal en su alegato que la obra pictórica que no esté registrada no merece ninguna protección legal y que, por tanto, cualquiera puede reproducirla o aprovecharse de ella sin autorización del autor y sin que éste pueda hacer reclamo alguno. No, este no debe ser el alcance de la ley de propiedad intelectual expedida precisamente para garantizar el derecho de los autores. Si así fuera dicha ley sería inconstitucional en sus artículos 87 y 85 por violar flagrantemente los artículos 30 y 35 de la Constitución.
El mecanismo de la inscripción busca darle publicidad al derecho de los titulares y servir de garantía de autenticidad de los títulos de propiedad, pero no más. Mediante esa inscripción se establece una forma fácil, expedida y adecuada para evitar la piratería y el aprovechamiento ilícito de los demás. Inscrita la obra el usurpador del derecho ni siquiera podrá alegar que no sabía o conocía que pertenecía a otra persona. Pero no podrá sostenerse válidamente que esa inscripción sea constitutiva del derecho de propiedad Desde que la obra artística se escriba, se esculpa, se filme, se pinte, etc. etc., en otras palabras desde su creación intelectual, nace como derecho de propiedad del autor y desde ese momento, hasta que se extinga por los medios legales para su dueño, merece la protección de las autoridades por mandato de la Constitución. ¿Si el derecho de propiedad intelectual naciera con la inscripción en el registro, antes de éste qué carácter tendría? No podría pensarse, como lo sugiere la entidad demandada, que la propiedad intelectual no registrada sea res detelictae.
Para la Sala, pues, no existe duda alguna que los artículos 52, 87 y 88 de la Ley 86 de 1946 interpretados así, son inaplicables en la presente controversia por ser inconstitucionales. Se hace esta aseveración con apoyo en el artículo 215 de la Carta.
Afortunadamente para los titulares de la propiedad intelectual, la Ley 86 de 1946 fue derogada por la 23 de 1982, ley que precisa, entre otros aspectos: a) Que la protección legal que se le otorga al autor tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro alguno, porque “las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen”. (artículo 9); b) Que la protección de dicha propiedad tiene su apoyo en el artículo 35 de la Constitución (artículo 11); c) Que el autor tendrá el derecho exclusivo de autorizar los actos que se indican en los artículos 12 y 76, entre ellos el de reproducir la obra; d) Que todo acto de enajenación del derecho de autor debe constar en escritura pública (artículo 183); e) Que, salvo estipulación en contrario, la enajenación de una obra pictórica no le confiere al adquiriente el derecho de reproducción, el que seguirá siendo del autor o de sus causahabientes; y f) Que el registro de las obras sujetas a este requisito (artículo 192) tendrá por objeto darle publicidad al derecho de sus autores y autenticidad y seguridad a sus títulos.
Aunque esta Ley 23 no estaba vigente a la sazón, su normatividad sirve de norte interpretativo para precisar el alcance de la Ley 86, máxime cuando tanto la una como la otra obedecen a un mismo marco constitucional, o sea el trazado por los artículos 30 y 35 de la Carta.
Frente al caso concreto se anota:
Muestra el acervo probatorio no solo que el maestro Sierra Doval fue el autor del retrato del profesor Federico Lleras Acosta, sino que ese cuadro fue, el utilizado en la emisión de la estampilla hecha en homenaje del distinguido investigador.
Que la obra del profesor Sierra fue utilizada como modelo para la emisión de la estampilla en homenaje al profesor Lleras Acosta, es un hecho cierto que no fue desvirtuado dentro del proceso.
La autoría del maestro Sierra del cuadro al óleo que sirvió para la emisión de la estampilla no puede desconocerse ni siquiera con la afirmación hecha de que la pintura se hizo en colaboración con el profesor Muñoz Rivas. Esa colaboración resultó bien explicada dentro del proceso, pero tiene su valor entendido. Es evidente que al pintor se le tiene que dar información, para la elaboración de un trabajo de esa índole, por miembros de su familia o amigos sobre ciertos rasgos psicológicos del personaje que va a servir de modelo, máxime cuando son desconocidos por el artista. Pero no más. Aceptar esa colaboración como una coautoría, sería tanto como aceptarla cuando alguien contrata unos planos con el arquitecto para la construcción de una casa y le suministra los datos sobre lo que quiere construir y su decoración. Con esto no se desconocen los conocimientos del profesor Muñoz Rivas sobre pintura, pero también es claro que él se ha destacado más en el campo de la investigación científica.
La utilización de la obra, sin la autorización de su autor, le produjo perjuicios a éste y violó clararnente los mandatos contenidos en los artículos 11 y 50 de la Ley 86, vigente a la sazón, y citados por el actor.
El perjuicio para el actor se infiere no solo de la reproducción no autorizada de la obra, sino también de la omisión de su nombre en el cuerpo de las estampillas. Al respecto, baste observar la estampilla que en original figura en un sobre entre los folios 110 y 111 del cuaderno principal.
La conducta de los dos entes administrativos desconoce abiertamente las normas citadas por el demandante y conforman una falla en el servicio. En asunto similar por esta misma Sala, se sostuvo:
“La administración no tiene frente a los derechos de los autores ningún privilegio exorbitante y se encuentra frente a ellos en situación similar a la de los particulares. No obstante puede afirmarse que es la propia administración la que tiene que dar ejemplo en este campo, porque no puede olvidarse que las autoridades están instituidas primordialmente para salvaguardar la vida, honra y bienes de los asociados (artículo 16 de la Constitución). Norma ésta que constituye uno de los pilares constitucionales de la responsabilidad estatal por hechos u omisiones. Asimismo la Sala acepta la apreciación del a-quo en el sentido de que fuera de esa falla del servicio también se demostró el perjuicio y la relación de causalidad entre éste y el hecho causal o falla”. (Sentencia de 31 de enero de 1989, proceso 5284, Luis Eduardo Cuartas G.).
Establecida la existencia del perjuicio pero no su monto, se impone la condena en abstracto.
Para el efecto deberá liquidarse dicha condena con sujeción al procedimiento establecido en el artículo 137 del CPC Se dispone tal cosa, porque si bien es cierto el Decreto 2282 de 1989 derogó el trámite establecido para el efecto en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 308, no es menos cierto que la condena en abstracto en el proceso administrativo subsiste por tener norma especial que la respalda o sea el artículo 172 del CCA El incidente deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de este fallo. Se señala este término judicial por no existir ya término legal (artículo 119 del CPC).
En la futura liquidación deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) El valor histórico de la condena por perjuicios materiales no pasará de dos millones de pesos.
b) Pericialmente deberá determinarse el monto de los perjuicios que sufrió el maestro Sierra con !a utilización, no autorizada, de su obra en la emisión de la estampilla.
c) El valor histórico que se determine deberá actualizarse con apoyo en los índices de precios al consumidor que certifique el DANE con sujeción a la siguiente fórmula:
de donde Vp será el valor presente o actualizado de la condena; vh, el valor histórico a la fecha de la emisión; ind.f o índice final a la fecha de la ejecutoria de este fallo; e ind.i o índice inicial a la fecha de la emisión.
En cuanto a perjuicios morales, la Sala estima que esa usurpación de los derechos, en especial en cuanto a la omisión del nombre del autor en una emisión de estampilla oficial, es un hecho que le restó oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto de vista comercial, sino de prestigio.
Para la Sala éstos se pueden tasar en un equivalente en pesos de 500 gramos oro. Esa equivalencia se determinará a la fecha de ejecutoria de este fallo, con sujeción a certificación del Banco de la República».
(Sentencia de marzo 18 de 1991. Expediente 3060. Consejero Ponente: Dr. Carlos Betancur Jaramillo).