Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-41122-de-noviembre-23-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_a15ce900942c01f6e0430a01015101f6&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-21 19:21:04
Document Index: 82494956

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 1618', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 28', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 28', 'artículo 53']

﻿ Sentencia 41122 de noviembre 23 de 2010
SENTENCIA 41122 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS. ESTE PRINCIPIO NO OPERA EN RELACIÓN CON PRECEPTOS CONTENIDOS EN CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, TODA VEZ QUE LAS ANTERIORES, NO SON NORMAS DE ALCANCE NACIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, CONVENCIÓN COLECTIVA, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 41122 de noviembre 23 de 2010
Rad.: 41122
Dr. Francisco Ricaurte Gómez
Aunque denuncia la falta de apreciación de la convención colectiva de trabajo, en el desarrollo del cargo el recurrente alude a su equivocada apreciación, como que se refiere a que no fue valorada integralmente, y desde esa perspectiva se analizará el cargo.
La controversia en el presente caso, consiste en determinar si las primas de antigüedad y vacaciones constituyen factor salarial para liquidar la pensión de jubilación del actor y, en consecuencia, obtener la reliquidación de la mesada pensional.
El tribunal, luego de interpretar las normas convencionales, revocó la decisión de primera instancia al considerar que no se había configurado el primer supuesto contenido en el artículo 28 convencional, al dar por probado que las pretendidas primas fueron canceladas al actor el 29 de septiembre de 2005, quedando aquellas por fuera del periodo de gracia que las partes fijaron el día de la firma de la convención colectiva, que fue el 4 de mayo de 2004.
Para dar respuesta al cargo debe la Corte, en primer término, reiterar que el objeto del recurso de casación no es fijar el sentido que pueda tener una convención colectiva de trabajo, ya que, no obstante su gran importancia en las relaciones obrero-patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás puede participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes que las celebran quienes están llamadas, en primer término, a establecer su sentido y alcance; por imperativo legal los contratos y convenios entre particulares, y la convención no es otra cosa diferente a un acuerdo de voluntades sui generis, deben interpretarse ateniéndose más a la intención que tuvieron quienes lo celebraron, si dicha intención es claramente conocida, que a las palabras de que se hayan servido los contratantes.
Esta regla de interpretación está expresada en el artículo 1618 del Código Civil, y aun cuando referida en principio a los contratos de derecho común, también debe ser tomada en consideración por los jueces del trabajo; y dado que el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo faculta a los jueces laborales para que en las instancias aprecien libremente la prueba, es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas que de la convención colectiva de trabajo, mirada ella como prueba de las obligaciones que contiene, haga el tribunal fallador.
En desarrollo de ese criterio, ha entendido que en casos en que respecto de una misma disposición convencional resulten atendibles diferentes interpretaciones, la circunstancia de que el fallador opte por una de ellas no puede ser constitutiva de un error evidente o protuberante, por cuanto que, igualmente ha enseñado esta corporación, las distintas interpretaciones que surjan de una misma cláusula convencional implican que no pueda estructurarse un yerro fáctico ostensible en su valoración, ya que solo en el caso de que el juzgador le dé a ese texto normativo de condiciones generales de trabajo un alcance descabellado, puede la Corte precisarlo y, si es del caso, corregirlo.
Por lo tanto, la estimación que de las cláusulas de una convención colectiva de trabajo haga el juzgador, debe entenderse enmarcada dentro de la facultad de apreciar, de manera libre y razonada, los medios probatorios, que confiere a los jueces laborales el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que solo puede merecer el repudio de este tribunal de casación, en la medida en que resulte contraria a la razón, a la ciencia y a la técnica, es decir, que de ella puede predicarse el disparate y el absurdo. Ello no ocurre en este caso, dado que, el juzgador acogió una de las posibles interpretaciones razonables que admite el documento referido.
En efecto, al pronunciarse sobre la interpretación de las cláusulas convencionales a las que se alude en el cargo, la Sala ha considerado que no incurrió el tribunal en un error protuberante cuando echó de menos un presupuesto para que las primas de vacaciones y de antigüedad pudieran ser consideradas como factor de salario, porque no se pagaron en el año anterior a la firma del acuerdo convencional.
En la sentencia radicada con el número 43158, se dijo por la Sala lo siguiente:
“Revisado el texto convencional acusado de valoración errónea, esta Sala considera que el ad quem no incurrió en un error manifiesto, que permita entrar a controvertir la decisión de segunda instancia por lo que se pasa a decir:
“En la valoración que hace el ad quem del artículo 28 convencional, consideró que de los tres presupuestos fácticos contenidos en este, no se configuró el primero, esto es, que las primas pretendidas hubiesen sido pagadas dentro del año anterior a la firma del acuerdo convencional, 4 de mayo de 2004, al dar por probado que aquellas se causaron entre el 31 de enero y el 30 de diciembre de 2006, por tanto ya no tenían carácter salarial, siendo la anterior consideración una de las posibles interpretaciones que se pueden derivar del acuerdo convencional.
“De otra parte no encuentra la Sala que el tribunal haya quebrantado el principio de favorabilidad toda vez que, desde la perspectiva del juzgador el texto convencional tiene un sentido admisible: que las pensiones del régimen de transición, se liquidan con aquellas primas que para el momento de su pago hayan tenido carácter salarial, sin que las reclamadas en el sub lite lo tuvieran”.
Por lo tanto, esta Sala de la Corte considera que, pese a que la interpretación del recurrente se ofrece sensata, el entendimiento que el tribunal le dio a las estipulaciones convencionales aludidas es también razonable, de modo que en su valoración no se encuentran los yerros fácticos, que, con la impronta de manifiestos, le endilga la censura.
Presentado así:
“Acuso la sentencia recurrida por violación directa de Ley la (sic) sustancial consistente en que el ad quem ignoró la aplicación del principio de la favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y en el artículo 19 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la 6ª de 1945, que regula las relaciones entre los trabajadores de las entidades oficiales.
“Disposiciones violadas.
“Constitución Política de Colombia, artículo 53.
“Ley 6ª de 1945, reglamentada por el Decreto 2127 de 1945, artículo 19.
“Código Sustantivo del Trabajo, artículo 21”.
Para demostrar el cargo, inicia el tema refiriéndose al contenido de las dos primeras normas citadas.
Retoma el hecho de que en el artículo 48, anexo jubilaciones, se estipularon las condiciones de edad, tiempo de servicio y la forma de cálculo del monto de la pensión, norma que consideró de “… carácter excepcional…” y a la cual ha de estarse para calcular el valor de la pensión de jubilación.
Sin embargo, el artículo 28, parágrafo 1º, estipula que ni la prima de vacaciones, ni la prima de antigüedad, constituyen factor salarial.
En consideración a lo expuesto, considera que existen dos normas que se contraponen, lo que conduce a afirmar que al momento de su aplicación se debe tomar la más favorable al trabajador, asunto que desconoció el ad quem. En consecuencia, se ignoró la aplicación del principio de la favorabilidad.
Así lo proclamó la Corte, en la sentencia del 4 de septiembre de 1992, Radicado 4929, en la que, al explicar el entendimiento del principio de favorabilidad en la interpretación en comento asentó:
“Al margen de la cuestión planteada en el cargo, anota la Corte que si pudiera ser mirado en casación el precepto del reglamento más que como una prueba como una fuente formal de derecho, frente al principio de favorabilidad en la interpretación consagrado por el artículo 53 de la Constitución Política este mandamiento no debe entenderse como si hacia el futuro los jueces del trabajo en todos los casos estén obligados a aceptar como interpretación correcta de una norma la que proponga el trabajador, sea que actúe como demandante o que lo haga como demandado pues, por obvias razones, se supone que siempre auspiciará aquella exégesis que se muestre más favorable a sus intereses. Este no es el sentido del precepto constitucional. Lo que debe entenderse que habrá de desarrollar el estatuto del trabajo es el principio que obligará al juez a acoger entre dos o más interpretaciones de la fuente formal de derecho de que se trate, “la más favorable al trabajador”, pero siempre que la disparidad de interpretaciones resulte de la comprensión que el mismo fallador considere posible al aplicar las reglas generales de hermenéutica jurídica y las específicas o propias del derecho laboral. En consecuencia, la que deberá resolverse de manera que produzca los efectos más favorables al trabajador será aquella duda respecto del entendimiento o inteligencia de la norma jurídica que resulte de las diferentes interpretaciones que el juzgador encuentre lógicamente posibles y razonablemente aplicables al caso, pero no la que, para un propósito determinado, se le pueda presentar a alguna de las partes comprometidas o a los interesados en el resultado el proceso”.
Por lo tanto, si en este caso el tribunal no encontró que existieran dos interpretaciones razonables de la cláusula convencional, no se daban las condiciones para la aplicación del aludido principio.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Descongestión Laboral, de fecha 15 de abril de 2009, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Nelson Henao García contra las Empresas Municipales de Cali “Emcali” EICE ESP.
Costas en el recurso de casación, a cargo del recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 2’500.000.