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Timestamp: 2017-05-29 09:47:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 5', 'artículo 22', 'artículo 5', 'Artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 10', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 8', 'Artículo 38', 'artículo 12', 'artículo 36', 'artículo 107', 'artículo 41', 'artículo 13', 'artículo 26', 'artículo 42', 'artículo 14', 'artículo 44', 'Artículo 46', 'artículo 15', 'artículo 51', 'artículo 8', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 96']

Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears. TÍTULO II. EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS (Vigente hasta el 21 de Agosto de 2016).
Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears (Vigente hasta el 21 de Agosto de 2016).
Vigencia desde 22 de Septiembre de 2006. Esta revisión vigente desde 30 de Noviembre de 2012 hasta 21 de Agosto de 2016
TÍTULO IIEVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
Capítulo IEvaluaciones de impacto ambiental de los proyectos del anexo I
Sección 1Fase previa de consultas
Consultas previas al estudio de impacto ambiental 1. Antes de la iniciación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, es obligatoria una fase previa de consultas, mediante la presentación por parte del promotor de una memoria resumen del proyecto, cursada al órgano ambiental a través del órgano sustantivo, que dispone del plazo máximo de quince días para la remisión de la documentación desde la recepción de la documentación completa.
Número 1 del artículo 22 redactado por el artículo 5 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Número 2 del artículo 22 redactado por el artículo 5 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
3. El órgano ambiental deberá determinar la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental, previa consulta a las administraciones afectadas y, en su caso, a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. También podrá definir las modalidades de información y consulta Artículo 23
Resultado de las consultas previas 1. Recibidas las contestaciones a las consultas previas y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes a partir de la solicitud de consulta a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el órgano ambiental notificará su resultado al promotor, así como la documentación disponible que obre en poder del órgano ambiental, sin perjuicio de cualquier otra, la cual se deberá tener en cuenta en la redacción del estudio de impacto ambiental.
Sección 2Inicio
La solicitud de inicio 1. Sin perjuicio de la fase previa de consultas a que se refiere la sección anterior, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I se inicia mediante solicitud del promotor cursada a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, enviada en un plazo máximo de quince días desde la recepción por parte de aquél de la documentación completa.
Número 1 del artículo 24 redactado por el artículo 6 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Documentación a anexar a la solicitud La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Subsanación y mejora de la solicitud 1. Si la solicitud de inicio no reúne los requisitos señalados en el artículo 24.2 de esta ley o no va acompañada de la documentación a que se refiere el artículo 25 de esta ley, se requerirá al interesado, por conducto del órgano sustantivo, para que en un plazo mínimo de diez días y máximo de quince, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada por el órgano competente.
El estudio de impacto ambiental 1. El estudio de impacto ambiental debe tener, como mínimo, el siguiente contenido:
Letra k) del número 1 del artículo 27 introducida, en su actual redacción, por el artículo 7 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Información pública 1. Las administraciones públicas promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban sujetarse a evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en esta ley para garantizar que dicha participación sea real y efectiva.
Número 1 del artículo 28 redactado por los artículos 8 y 9 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Esta información pública se ha de anunciar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, al menos en uno de los diarios de mayor circulación de la isla donde se hace la actuación y en la página web del órgano ambiental, por un plazo no inferior a treinta días.
Número 5 del artículo 28 redactado por el artículo 10 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Sección 3Tramitación
Informes preceptivos y convenientes 1. Una vez presentada la solicitud y la totalidad de la documentación, en el plazo máximo de treinta días desde la finalización del trámite de información pública, o, en su caso, una vez subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se solicitaran, conjuntamente y una sola vez, los informes preceptivos al órgano de la misma o de distinta administración, así como los que se estimen convenientes para resolver, con suspensión del plazo para resolver y notificar, por el tiempo que transcurra entre la petición, que se debe comunicar a los promotores, y la recepción del informe, que igualmente les debe ser comunicada. El plazo de suspensión no puede exceder, en ningún caso, de los dos meses.
Transcurrido el plazo sin que se hubiese remitido el informe al órgano ambiental, éste proseguirá las actuaciones, sin necesidad de tener en cuenta el informe emitido fuera de plazo, sin perjuicio de la responsabilidad del personal al servicio de la administración pública por la falta de informe o su emisión y tramitación fuera de plazo.
Párrafo segundo del apartado 1 del artículo 29 redactado por el apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)Vigencia: 24 junio 2012
R Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de 24 Jul. 2012 (Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AGE-CA Illes Balears en relación con la L 7/2012, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible) R Hacienda y Administraciones Públicas 30 May. 2013 (Acuerdo Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-CA Illes Balears en relación L7/2012 de 13 Jun., medidas urgentes de ordenación urbanística sostenible) Téngase en cuenta el el apartado 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 2/2014, 25 marzo, de ordenación y uso del suelo («B.O.I.B.» 29 marzo), cuyo tenor literal establece: «Quedan derogados los apartados 1, 2 y 4 de la disposición adicional tercera de la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico sostenible, los cuales modificaban los artículos 29.1 segundo párrafo, 44.3 y 96.4 de la Ley 11/2006, recuperándose la vigencia anterior a la aprobación del Decreto Ley 2/2012, de 17 de febrero, de medidas urgentes para el desarrollo urbanístico sostenible».
Número 1 del artículo 29 redactado por el artículo 11 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Consultas transfronterizas Cuando el órgano sustantivo considere que la ejecución de un proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro estado miembro de la Unión Europea, o cuando un estado miembro de ésta que pueda resultar afectado significativamente lo solicite, corresponde al Gobierno de las Illes Balears suspender el procedimiento de aprobación del proyecto y comunicarlo al órgano de la Administración General del Estado competente para su notificación a las instituciones europeas, a fin de determinar el procedimiento de las consultas transfronterizas que correspondan.
Propuesta del comité técnico Un comité técnico del órgano ambiental, previo informe técnico y jurídico, formulará una propuesta de resolución que podrá consistir en:
Sección 4Declaración de impacto
Órgano competente La declaración de impacto ambiental la formulará el órgano ambiental, a propuesta de un comité técnico, excepto casos de urgencia apreciados por el propio órgano ambiental y previo informe técnico sobre la actuación.
Contenido 1. La declaración de impacto ambiental determinará, sólo a efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que deberá realizarse, así como, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias, con las prescripciones pertinentes para el seguimiento del plan o programa de vigilancia ambiental.
Plazo 1. El plazo para formular la declaración de impacto, así como para su notificación, será de tres meses, a contar desde la entrada de la solicitud y de la totalidad de la documentación en el registro del órgano competente para su tramitación.
Nuevos requerimientos En cualquier momento anterior a la declaración de impacto, el órgano ambiental, por razones debidamente motivadas o por circunstancias sobrevenidas, podrá requerir al promotor que complete el estudio de impacto ambiental o que amplíe la documentación, con la correspondiente suspensión del plazo para resolver, en los términos del artículo 26.3 de esta ley.
Resolución de discrepancias 1. En caso de discrepancia entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental respecto a la conveniencia de ejecutar o no el proyecto o sobre el contenido de la declaración de impacto, se abrirá un período de consultas, y se designarán a tal efecto dos representantes de ambos órganos, a fin de que lleguen a un acuerdo en el plazo máximo de un mes.
Publicación 1. La declaración de impacto ambiental o el acuerdo de resolución de discrepancias a que se refiere el artículo anterior lo publicará el órgano ambiental en el Butlletí Oficial de les Illes Balears para el general conocimiento del público, en el plazo máximo de un mes a contar desde su adopción.
Publicación de la decisión sobre la ejecución del proyecto Una vez adoptada la decisión sobre la ejecución del proyecto, el órgano sustantivo la hará pública y la remitirá al Butlletí Oficial de les Illes Balears para su publicación en un plazo máximo de quince días, poniendo a disposición del público, de acuerdo con el artículo 8 de esta ley y, en su caso, de los estados miembros consultados, la siguiente información:
Artículo 38 redactado por el artículo 12 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Impugnabilidad La declaración de impacto ambiental o el acuerdo de resolución de discrepancias del artículo 36 tienen el carácter de acto de trámite no impugnable de forma autónoma o separada de la resolución sustantiva, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 107.1 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de 1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En dichos supuestos se podrá interponer, alternativamente, recurso potestativo de reposición o, directamente, recurso contencioso administrativo, en los plazos y la forma que establece la legislación vigente.
Capítulo IIEvaluación de los proyectos incluidos en el anexo II y de los proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000
Sección 1Supuestos
Proyectos sujetos 1. Los proyectos incluidos en el anexo II y los proyectos no incluidos en el anexo I que puedan afectar a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000 se someterán a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida el órgano ambiental en cada caso.
Fase previa de comunicación 1. El promotor de un proyecto, público o privado, consistente en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de esta ley, o de un proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, debe comunicar su intención de realizar el proyecto al órgano ambiental, por medio del órgano sustantivo, el cual la enviará en un plazo máximo de quince días desde la recepción de la documentación completa.
Número 1 del artículo 41 redactado por el artículo 13 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Tramitación 1. Si el escrito de comunicación no reúne los requisitos o no va acompañado de la documentación señalada en el artículo anterior, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley.
Número 2 del artículo 42 redactado por el artículo 14 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Propuesta del comité técnico Un comité técnico del órgano ambiental, previo informe técnico y jurídico, elevará una propuesta motivada de decisión al órgano ambiental sobre la sujeción o no del proyecto a evaluación de impacto ambiental.
Decisión 1. El órgano ambiental decidirá mediante acuerdo motivado, la sujeción o no del proyecto a evaluación de impacto ambiental, en base a los siguientes criterios:
3. La falta de resolución y notificación en el plazo indicado en el apartado anterior determinará la no sujeción del proyecto a evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de la resolución expresa posterior, que sólo podrá ser confirmatoria de la no sujeción, sin perjuicio, si procede, del inicio del procedimiento de revisión de oficio del acto presunto por la causa prevista en el articulo 62.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Apartado 3 del artículo 44 redactado por el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 7/2012, 13 junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible («B.O.I.B.» 23 junio)Vigencia: 24 junio 2012
Informe ambiental y evaluación de repercusiones ambientales 1. No obstante lo que dispone el artículo anterior, el órgano ambiental puede decidir, motivadamente, que los proyectos que no se sujeten a evaluación de impacto ambiental en base a los criterios de sujeción, sean objeto de un informe ambiental, con la posible inclusión de medidas correctoras, protectoras y compensatorias.
Procedimiento 1. Los proyectos incluidos en el anexo II que por decisión motivada del órgano ambiental se sujeten a evaluación de impacto ambiental se ajustarán al procedimiento establecido en los artículos 22 a 39 de esta ley.
Artículo 46 redactado por el artículo 15 de la Ley [BALEARES] 6/2009, 17 noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica en las Illes Balears («B.O.I.B.» 24 noviembre).Vigencia: 25 noviembre 2009
Capítulo IIIInformes ambientales
Sujeción Cuando la legislación sustantiva o sectorial, así como el planeamiento territorial, medioambiental o sectorial, prevean la emisión de un informe ambiental, en relación a una obra, proyecto o actividad no sujetos a evaluación de impacto ambiental según los anexos I y II de esta ley, se seguirá la tramitación prevista en este capítulo.
Procedimiento 1. La solicitud de informe ambiental será formulada por el órgano sustantivo al órgano ambiental, remitiéndole una copia del proyecto y una memoria ambiental.
Competencias 1. Corresponde a los órganos sustantivos competentes por razón de la materia el ejercicio de las competencias de disciplina ambiental.
Contenido 1. En relación a la declaración de impacto ambiental o, en su caso, el acuerdo de resolución de discrepancias, la disciplina ambiental comprende las siguientes actividades:
a) Las fianzas y los seguros de responsabilidad
Sección 2Fianzas y seguros de responsabilidad
Fianzas Con el fin de garantizar la ejecución de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, el órgano competente por razón de la materia puede exigir la prestación de una fianza, con la cuantía, la forma y las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Seguros de responsabilidad civil 1. Cuando se trate de actividades que comporten un riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente, con el fin de cubrir los riesgos de daños a personas, bienes y al medio ambiente en general, el órgano competente por razón de la materia, podrá exigir la constitución de un seguro de responsabilidad civil, aunque la normativa sectorial no lo prevea.
Sección 3Vigilancia y seguimiento
Objeto 1. La vigilancia y el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la declaración de impacto ambiental o, en su caso, de las medidas contenidas en el acuerdo de resolución de discrepancias, tienen como objetivos:
Informes periódicos 1. El promotor del proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental está obligado a remitir al órgano sustantivo y, por conducto de éste al órgano ambiental, unos informes con la periodicidad establecida en el plan o el programa de vigilancia o, en su caso, en la declaración de impacto, en el acuerdo de resolución de discrepancias o en la resolución sustantiva de autorización o aprobación del proyecto, relativos al cumplimiento, la vigilancia y el seguimiento de los aspectos ambientales del proyecto.
Gastos El promotor del proyecto ha de hacerse cargo de los gastos de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias aplicables, y el órgano sustantivo podrá exigir, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la prestación de una fianza que garantice la ejecución de las medidas indicadas en los términos que establece el artículo 51 de esta ley.
Sección 4Caducidad o modificación de la declaración de impacto
Caducidad o modificación 1. Transcurridos cuatro años desde la aprobación del proyecto sin haberse iniciado su ejecución por causa imputable al promotor, el órgano sustantivo iniciará el procedimiento de caducidad de la declaración de impacto ambiental, con audiencia del promotor, y éste deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
Sección 5El régimen de infracciones y sanciones
Ámbito de aplicación 1. La potestad sancionadora en materia de evaluación de impacto ambiental se aplica a los proyectos privados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 bis del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, introducido por la Ley 6/2001.
Principios 1. La potestad sancionadora en materia de evaluación de impacto ambiental se ejercerá de acuerdo con los principios establecidos con carácter general por el título IX de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común.
Concepto y clases de infracciones 1. Son infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos privados las acciones u omisiones dolosas o culposas en cualquier grado de negligencia que están tipificadas o sancionadas como tales en esta ley.
Personas responsables 1. Son sujetos responsables de las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos privados las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley, dolosas o culposas, en cualquier grado de negligencia.
Letra c) del artículo 61 redactada por el número 3 de la disposición adicional décima de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
i) El incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por el órgano competente de acuerdo con esta ley
Letra j) del artículo 62 redactada por el número 4 de la disposición adicional décima de la Ley [BALEARES] 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas («B.O.I.B.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
Prescripción de las infracciones Las infracciones administrativas en materia de evaluación de impacto ambiental prescriben en los plazos y las formas que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Clases de sanciones Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental de proyectos privados se sancionarán mediante la imposición de sanciones pecuniarias y, en su caso, de sanciones no pecuniarias de carácter accesorio.
Sanciones por infracciones muy graves, graves y leves 1. A las infracciones muy graves se les aplicará una o varias de las sanciones siguientes:
Graduación de las sanciones 1. Las sanciones deberán guardar la debida proporcionalidad con la gravedad de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
Prescripción de las sanciones Las sanciones por infracciones administrativas en materia de evaluación de impacto ambiental prescriben en los plazos y las formas que establece la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común de 1992.
Procedimiento sancionador El procedimiento sancionador aplicable a las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental a las que se refiere esta ley será el previsto en la normativa general reguladora de los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Órganos competentes 1. La competencia para la iniciación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores en materia de evaluación de impacto ambiental corresponderá, en todo caso, al órgano sustantivo, de acuerdo con el régimen de competencias que establezca la legislación sustantiva o sectorial y con la necesaria separación entre los órganos de instrucción y los órganos de resolución.
Comunicación de los procedimientos sancionadores 1. El acuerdo de inicio de un procedimiento sancionador se deberá comunicar al órgano ambiental en el plazo de un mes a contar desde su adopción.
Sección 6Suspensión y otras medidas cautelares
Medidas cautelares 1. El órgano sustantivo, previa audiencia del interesado, podrá adoptar, con carácter previo a la iniciación del procedimiento sancionador, cualquier medida cautelar proporcional a la naturaleza y gravedad de la infracción, que tienda a evitar daños al medio ambiente.
Suspensión 1. La iniciación de la ejecución de un proyecto sujeto a evaluación de impacto ambiental sin haberse formulado la declaración de impacto, dará lugar a su suspensión por el órgano sustantivo, a requerimiento, en su caso, del órgano ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan. La suspensión deberá ir acompañada de las medidas imprescindibles para conservar los elementos ambientales en peligro.
Suministro de agua y energía 1. El órgano sustantivo impedirá o suspenderá el suministro de agua o de energía eléctrica de aquellos proyectos para los que se haya acordado suspensión, clausura o cualquier otra medida cautelar adecuada.
Sección 7La restitución de la realidad física alterada y la indemnización de daños y perjuicios
Restitución e indemnización de daños y perjuicios 1. Cuando la ejecución del proyecto produzca daños al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, el promotor deberá restituir, a su cargo, la realidad alterada o ejecutar las medidas compensatorias de efectos ambientales equivalentes y, en su caso, abonar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios causados al medio ambiente y a la administración, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que sea procedente.
Sección 8Ejecución forzosa
Medios de ejecución forzosa El órgano sustantivo, por propia iniciativa o a petición del órgano ambiental o de cualquier persona o entidad, y previo apercibimiento, podrá proceder a la ejecución forzosa de la declaración de impacto ambiental, o del acuerdo de resolución de discrepancias, en el supuesto de incumplimiento de los mismos y, más concretamente, de las condiciones y medidas correctoras, protectoras o compensatorias, así como del deber de restitución de la realidad física alterada, mediante los medios previstos en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Ejecución subsidiaria 1. El órgano sustantivo podrá proceder, por sí mismo o a través de terceras personas, a la ejecución subsidiaria de las condiciones y medidas correctoras, protectoras y compensatorias, así como del deber de reposición, a costa del responsable, en el supuesto de su incumplimiento en los plazos establecidos, previo requerimiento.
Multas coercitivas 1. Transcurridos los plazos para el cumplimiento de las condiciones, las medidas o el deber de restitución, el órgano sustantivo podrá acordar la imposición de multas coercitivas, reiterables por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, en función de los plazos fijados, que serán independientes y compatibles con las sanciones que se puedan imponer.
2. La cuantía de cada una de las multas coercitivas podrá llegar hasta el 10% de la multa y, en su defecto, podrá oscilar entre 600 y 6.000 euros. Se fijará la cuantía según los siguientes criterios:
Apremio sobre el patrimonio El importe de las sanciones, de las multas coercitivas, de los gastos para la ejecución subsidiaria de las actividades de restauración del medio ambiente y las responsabilidades por los daños y perjuicios causados podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Sección 9Prestación ambiental sustitutoria
Supuestos 1. Las multas, una vez firmes, podrán ser sustituidas, a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora del medio ambiente, o de educación ambiental, en los términos y las condiciones que determine el órgano sancionador, previo informe del órgano ambiental.