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Timestamp: 2020-01-17 12:42:23
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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 274, de 25/06/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 274
NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 4679 a la 4710. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRÍAS I VIDAL DE LLOBATERA
celebrada el lunes, 25 de junio de 2001
- Comparecencia del señor secretario de Estado de Política Científica y Tecnología (Marimón Suñol) para informar acerca del nuevo programa "Ramón y Cajal" de incorporación de investigaciones al sistema de ciencia y tecnología. A petiición propia. (Número de expediente 212/ 000525) . . . (Página 8280)
- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de marcas. (Número de expediente 121/000033) . . . (Página 8288)
- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de marcas.
(Número de expediente 121/000033) . . . (Página 8288)
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COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (MARIMÓN SUÑOL) PARA INFORMAR ACERCA DEL NUEVO PROGRAMA "RAMÓN Y CAJAL" DE INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES AL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 212/ 000525)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología con el punto primero del orden del día, comparecencia del señor secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica para informar acerca del nuevo programa Ramón y Cajal de incorporación de investigadores al sistema de ciencia y tecnología. El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Marimón Suñol): Señora presidenta, señorías, ante todo quiero manifestar mi agradecimiento por permitirme venir a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados para presentar brevemente la convocatoria y el desarrollo del programa Ramón y Cajal, que es uno de los programas que ya se incluía en el plan nacional de I+D+I 2000-2003 y que ha recogido el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del compromiso de mejorar sustancialmente los recursos humanos en investigación en nuestro país dado que la cifra de 3,8 investigadores por cada mil trabajadores activos, que es lo que caracterizaría los últimos datos que tenemos en España, nos separa de la Unión Europea, que tiene 5,3 investigadores por mil activos. Es decir, mejorar los recursos humanos en investigación, tanto en centros públicos de investigación como en empresas, es una tarea prioritaria del Gobierno y en concreto del Ministerio. Es en este marco donde se engloba el programa Ramón y Cajal para jóvenes investigadores.
No sólo se trata de mejorar cuantitativamente los recursos humanos en investigación, sino también la definición de la carrera del investigador. Nuestra política de recursos humanos está precisamente diseñada para que exista una carrera de investigación en España que sea atrayente, competitiva y estable, dentro de la cual ya dimos un paso importante a principios de este año con la mejora de las condiciones y las dotaciones para los becarios de formación de personal de investigador, FPI. Se trata de un primer paso dentro de la carrera del investigador, la cual debe concluir con una tesis doctoral a nivel internacional. Transcurrida la fase de becario, a menudo se entra en un proceso de especialización, lo que en el caso de que los estudios doctorales se hagan en este país pasa frecuentemente por participar en un centro de investigación internacional; pero hacía falta definir un período amplio y bien dotado, lo que en otros países anglosajones se llama tenor track, es decir, un período largo para desarrollar la investigación y madurar como investigador, estando sujeto a evaluación, de forma que tras este período un investigador ya esté en condiciones de integrarse de forma permanente en el sistema de ciencia y tecnología, en particular en centros públicos o privados de investigación. Así pues, es en el contexto de definir el marco de la carrera del investigador donde se plantea el programa Ramón y Cajal como un sistema en el que el investigador se centra fundamentalmente en su tarea de investigación durante cinco años, estando sujeto a un proceso de evaluación tanto en la selección como en la evaluación posterior en el segundo y cuarto año, las cuales se harán a través de la agencia nacional, la ANEP. Por tanto, este es el diseño básico del programa Ramón y Cajal en cuanto a la carrera del investigador. Su carácter totalmente abierto cubriendo todas las áreas del conocimiento y con una selección por medio de comités de reconocido prestigio a nivel nacional permite precisamente la incorporación de nuevos investigadores al sistema.
Otro aspecto muy importante del programa Ramón y Cajal es reconocer el carácter descentralizado que tiene la investigación en España, con un peso muy importante de las universidades, hoy dependientes de las comunidades autónomas. Nos ha parecido muy importante, pues, hacer un programa en el que exista un elemento de corresponsabilidad con los centros públicos de investigación y con las comunidades autónomas, teniendo por ello el programa Ramón y Cajal unas características específicas que quisiera resaltar. Una es el aspecto de cofinanciación del que el Ministerio cubre el 80 por ciento. Estamos hablando de una dotación de 4.750.000 pesetas a lo que se añade aproximadamente 1.000.000 el primer año para empezar las tareas de investigación. De este sueldo bruto de 4.750.000 pesetas que corresponde a un profesor titular de universidad el Ministerio, como digo, cubre el 80 por ciento de forma escalonada, empezando por cubrir el primer año el cien por cien, el segundo el 90 por ciento y así sucesivamente hasta llegar al quinto año. El diseño básico de este aspecto de cofinanciación, al que acompaña un elemento en el proceso de selección pidiéndose a los investigadores que recojan cartas de aceptación de los centros de investigación, está orientado a conseguir que precisamente estos investigadores se integren de forma efectiva en los centros de investigación. No supone que tengan que realizar toda la carrera de investigación en el mismo centro, dado que la movilidad es un elemento fundamental en dicha carrera, pero sí que los centros que participen lo hagan porque estén interesados en desarrollar estas áreas de investigación. De hecho, hemos preguntado en la primera fase a todos los centros
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cuántos proyectos de este tipo estaban dispuestos a cofinanciar. Los datos han sido muy positivos ya que en esta primera convocatoria del programa Ramón y Cajal, en la que nos hemos marcado el objetivo de poder llegar a 800 contratos, se han solicitado por parte de los centros 2.064 contratos posibles a cofinanciar. Por tanto, la respuesta ha sido muy positiva, como también lo es el hecho de que una cifra de este tipo va a permitir que exista la competencia necesaria para traer a los mejores investigadores. Así pues, un elemento, como digo, es el de la corresponsabilidad y es por esto que tanto en sus distintas fases como en su diseño se ha contado con las universidades y con los centros públicos de investigación. Los centros han manifestado sus preferencias y no se apartan de las áreas prioritarias dentro del plan nacional, una concentración del 18 por ciento en el área de biología molecular, celular y genética, seguida de química, física y ciencias del espacio. Y tanto los contratos como el proceso de selección se van a hacer por grandes áreas de conocimiento, hasta un total de 24, que, como decía, cubren todas las posibles áreas. Así pues, el diseño y los primeros pasos que se han dado ya en el desarrollo del programa los valoramos como muy positivos. Este pasado sábado se cerró la convocatoria para los investigadores y, por tanto, todavía es prematuro ofrecer datos finales dado que tienen que llegar a través de los distintos registros donde se han podido presentar. Los datos fragmentarios que tenemos al día de hoy son, sin embargo, muy positivos. Evidentemente había una preocupación, como en cualquier convocatoria nueva, por cómo podría desarrollarse, pero por los datos que tenemos parece ser que existe la voluntad, por la mayoría de los centros de los que tenemos información, de aceptar un número importante de investigadores de fuera de los centros, de forma que realmente sea un influjo nuevo para estos centros y universidades. Una vez cerrado todo este proceso de solicitud, entraremos en la fase importante de selección, de forma que a mediados de septiembre se puedan conocer quiénes han sido los investigadores seleccionados y se acabe de concretar su contratación, evidentemente respaldada por un convenio del Ministerio en que adelantará la financiación correspondiente.
Como decía, este es uno de los programas destinados a investigadores jóvenes que está teniendo un impacto muy importante en la transformación de nuestro sistema de centros públicos de investigación y al que van a seguir dentro de este año dos programas que también consideramos muy importantes: uno destinado a investigadores y tecnólogos en empresas y centros tecnológicos y otro para investigadores ya más consolidados en el extranjero. Además de estas dos convocatorias, otro aspecto importante es la mejora de los tecnólogos de apoyo en infraestructuras grandes y medianas en los centros de investigación en los que existe un déficit muy importante de personal de apoyo Estas son las principales iniciativas que estamos desarrollando en lo que para nosotros es la mayor prioridad, que es mejorar los recursos humanos en investigación. Para el programa Ramón y Cajal tenemos presupuestados 5.825 millones para el año 2001 en esta primera fase y esperamos llegar a la cifra final de 800 investigadores, lo cual va a depender de que en el proceso de selección se alcance el nivel de excelencia que se pretende con este programa. En cualquier caso, el objetivo es llegar a los 2.000 contratos para investigadores jóvenes en el desarrollo del plan nacional de I+D+I para el 2003. Estas son las características básicas del programa Ramón y Cajal y, como les decía, la respuesta tanto del centro como de los investigadores ha sido rotunda y la valoramos muy positivamente. Hoy por hoy no podemos hacer un balance final del programa porque hará falta llegar a todo el proceso de selección y de contratación final. En cualquier caso, es una primera convocatoria y esta experiencia nos va a servir para cualquier mejora que consideremos necesaria en las convocatorias de los años siguientes, de la misma forma que hemos utilizado la experiencia que teníamos de programas no de un alcance igual pero que ya estaban diseñados para incorporar doctores a nuestras universidades y centros de investigación como programa de reincorporación. Basados en este tipo de experiencias hemos hecho el diseño actual del Ramón y Cajal.
Les agradezco su atención para poder explicar brevemente las características de un programa emblemático dentro de nuestra política en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias por su exposición acerca del nuevo programa Ramón y Cajal de incorporación de investigadores al sistema de ciencia y tecnología.
Sobre este punto ¿grupos parlamentarios que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia y por sus explicaciones, en una intervención breve que al menos por este portavoz también será atendida con otra equivalente en cuanto a la brevedad porque, como sabe muy bien la presidenta, la Comisión de Ciencia y Tecnología tiene hoy una larga jornada posiblemente prorrogable al día de mañana.
Señor secretario de Estado, la valoración que efectúa el Grupo Parlamentario Catalán de esta convocatoria es positiva. Todo lo que conduzca a posibilitar esa contratación de doctorados por los centros de investigación y la puesta en marcha de proyectos merecerá ese planteamiento positivo. Sin embargo, no dejamos de tener alguna duda que en estos momentos procederé a poner en su conocimiento.
Uno de los aspectos que nos preocupa es el de la endogamia, contra el que pretendía luchar esta convocatoria:
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mejorar la calidad de la investigación, facilitar la movilidad y evitar la endogamia en los centros de investigación, se decía. La pregunta que nos formulamos es si a los efectos de alcanzar ese objetivo de evitar la endogamia, la pura y simple obligación de acreditar, por parte de los investigadores, la estancia en centros de investigación distintos de aquéllos a los que desean incorporarse por un período superior de 18 meses es algo que puede conducir a evitar esa endogamia. Por tanto, lo que nos planteamos es si no debieran haberse impuesto alguna condición algo más dura que la recogida en la convocatoria: aquello de haber acreditado la estancia en centros de investigación distintos durante ese período de 18 meses.
Como señalaba el señor secretario de Estado, la cuantía de estos contratos es de 6.331.000 pesetas, es decir, una retribución bruta de 4.750.000 equivalente a la de un profesor titular de universidad. El señor secretario de Estado nos ha anunciado en su intervención otros programas diferentes que podían ponerse en marcha en los meses sucesivos. El planteamiento que efectúa mi grupo es si la cuantía y ese carácter limitado va a dificultar la contratación de investigadores más experimentados. El señor secretario de Estado ha hecho referencia a esos investigadores jóvenes y lo que nos planteamos es que para un tipo de investigador puede ser muy adecuado, pero quizás nos impida poder incorporar al programa investigadores más experimentados con una experiencia suficientemente acreditada.
Mi grupo se pregunta si el límite de duración del programa, los cinco años a lo largo de los cuales se va reduciendo la aportación del Ministerio un 10 por ciento anualmente, es suficiente o si por el contrario no debiéramos plantearnos una duración superior, una mayor continuidad y una financiación en un período de tiempo superior. Ese aspecto de no garantizar esa continuidad en los contratos fomentados en su financiación por parte de los centros beneficiarios es uno de los aspectos que nos preocupa.
Finalmente -ya he anunciado que mi intervención sería muy breve-, los centros y los doctorados se ponen en contacto para ponerse de acuerdo en la contratación. Son los centros los que realizan la evaluación del currículum, pero si los centros no realizan esa valoración positiva del currículum y, por tanto, avalan a este personal, la ANEP no podrá actuar respecto de los mismos y no podrá efectuar esa segunda evaluación que tiene como requisito previo esa evaluación positiva por parte de los centros. La pregunta que nos formulamos es qué puede ocurrir en aquellos casos en que investigadores con un currículum completo y competente, sin embargo, no consigan ese aval de uno de los centros. Nos preguntamos si el Ministerio no debiera haberse reservado algún cupo de contratos y evaluación del currículum de los investigadores que no contasen con la aceptación de centros receptores y, por tanto, poder recuperar a esos investigadores que quizá por razones de endogamia no cuenten precisamente con el aval de los centros. Tal vez esto se deba plantear para convocatorias posteriores del programa. He limitado mi intervención a los aspectos que a nosotros nos plantean más dudas o incógnitas, pero, en cualquier caso, tiene una valoración muy positiva por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer al señor secretario de Estado su presencia hoy aquí en esta Comisión.
Hemos hablado muchas veces de los problemas que tiene nuestro sistema de ciencia y tecnología, fundamentalmente que hay una insuficiente inversión en gastos de I+D, lo que genera un cuello de botella que son los recursos humanos. El diagnóstico del sistema en cuanto a recursos humanos se podría resumir en carencia de perspectivas en la carrera investigadora, colas de investigadores en los centros de investigación, doctores en el extranjero que no se reincorporan, lentitud en la creación de plazas en los organismos públicos de investigación, precariedad e inestabilidad, bajos salarios y alta temporalidad, movilidad limitada dentro del sector público y baja transferencia al sector privado. Todos estos aspectos, con los que yo coincido y lo dije una vez en esta Comisión, son datos que su propio Ministerio daba en unas jornadas que hubo en Palma de Mallorca. Es decir, yo no hago un diagnóstico del sistema por mí mismo, sino que lo único que hago es decir en alto -con lo que mi voz me deja hoy- lo que ustedes mismos decían. Coincido en este diagnóstico del sistema.
Por tanto, puesto que tenemos un problema, hace falta buscar una solución que ha de ser a largo plazo. Por eso nuestro grupo planteó ya hace algún tiempo una proposición no de ley, que fue rechazada, para diseñar un plan de recursos humanos con un horizonte de 10 años que nos permitiera acercarnos a la media de los países de la Unión Europea. Actualmente ocupamos el lugar número once o doce en número de investigadores por 1.000 habitantes ocupados. Usted hablaba de 3,8, el dato mío es 3,7, posiblemente sea un dato nuevo pero estamos lejos de ese 5,1 de la media de la Unión Europea y mucho más lejos del 7,4 de Estados Unidos o del 8,9 de Japón. Por tanto, lo que hay que hacer es tomar un conjunto de medidas que formen un plan y eso es lo que pedimos y lo que hemos venido solicitando reiteradamente. Esta es una medida parcial que algunos han llegado a calificar como de parche. Yo no sé si es un parche o no, pero nosotros hemos estado desde el primer momento en sintonía con que un programa de estas características se pudiera llevar a cabo. No ha tenido usted una oposición frontal por parte del Grupo Socialista ante el diseño en la teoría, al menos
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sobre el papel, de un programa de estas características; lo que pasa es que se han encendido bastantes luces de alarma, hay una serie de incertidumbres que me gustaría despejar hoy aquí con su intervención.
Repito que esto no es una solución global, hay que buscar otras soluciones.
Nuestra proposición no de ley planteaba bastantes aspectos de los que ha señalado S.S. y algunos más como continuación del denominado programa Ramón y Cajal. En primer lugar, nosotros hablábamos de que hubiera un crecimiento sostenido en las plazas de investigadores en los organismos de investigación y en las universidades porque actualmente tenemos un sistema doble. El fundamental y el más importante es el de funcionarios, pero si no se convierten luego en plazas estables -hasta que no se cambie el sistema, si es que se cambia alguna vez- si no se crean esas plazas; ustedes ya no están cumpliendo con la promesa que hicieron para este año. No quiero discutir hoy sobre ello porque ya lo vimos el otro día, pero la oferta pública de empleo es aproximadamente el 50 por ciento, que es una cifra realmente engañosa; según mis datos todavía no se conoce el número exacto. En cualquier caso, ustedes tienen que crear un número permanente de plazas en los organismos de investigación y en las universidades. En segundo lugar, hablábamos del programa de contratación de doctores en las Universidades y OPI. En eso estamos ahora. Ustedes le han puesto el pomposo nombre de Ramón y Cajal y nos parece bien. Algunos en las universidades le dan otro nombre añadiéndole una sílaba a Cajal, que no voy a decir aquí, por el lío que se ha montado a la hora de ir aplicando este programa. Había otros programas que eran de doctores y tecnólogos en el sector productivo. Usted lo recoge como una nueva actividad que van a hacer este año y me parece estupendo. Hablábamos de la creación de un número de plazas de becarios predoctorales. Por cierto, dice usted que los becarios han mejorado muchísimo su situación, pero le recomiendo que se pase por los encierros que tienen en la federación de precarios y que hable usted con ellos. Dijo usted que iba a crear una comisión -no sé si ha creado o no-, pero hasta hace dos o tres semanas no había hecho una definición exacta de cómo se quería hacer el modelo y que están esperando los becarios para perder un poco esa precariedad. De entrada le digo que los becarios predoctorales debían tener contrato laboral ya; la prueba la tenemos en este programa Ramón y Cajal, que evidentemente es para doctores, los otros becarios también son doctores y, por tanto, si no encajan exactamente en este programa, si es un paso anterior en esa carrera investigadora, tendrían que tener contrato laboral ya. De los becarios predoctorales ya hemos hablado y hemos sugerido algunas ideas. Pero no me quiero separar excesivamente del tema que nos trae hoy aquí y me voy a centrar en el mismo.
Una vez reflejada esta sintonía en que exista un programa con unas características parecidas a las que se plantean aquí, pero con una serie de dudas, voy a pasar a plantearle las mismas. En primer lugar, creemos que y insuficiente -los datos vienen reflejados en nuestra proposición no de ley-, es una lucha de cifras que va a ser complicada y me imagino que irá en función de las disponibilidades presupuestarias, como se dice en otros casos. A nosotros nos parece insuficiente y la prueba la tiene usted en que, habiendo sido bastante mala la gestión de este programa por parte del Ministerio, se pide una especie de milagro consistente en que en quince días -el típico más difícil- los centros de investigación y las universidades tienen que definir su plantilla para dentro de siete años y, a pesar de todo eso, se presentan más de 2.000 solicitudes, lo que significa que hay una escasez tal de plazas y una demanda tal de contratos dentro del sistema de ciencia y tecnología que muestra bien a las claras que este número es bastante insuficiente. Pero tampoco es este el motivo fundamental de mi intervención. A nosotros nos parece insuficiente y lo decimos aquí claro.
Yo decía que el diseño no era bueno y hay algunas cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo con usted. No existe acuerdo con comunidades autónomas. Yo le pido que me diga aquí con qué comunidad autónoma han firmado ustedes algún acuerdo. Esta mañana alguien me decía que no sabía si habían firmado con Galicia. No lo sé. Pero le puedo asegurar que no existe acuerdo firmado con comunidades autónomas. Usted y su Ministerio confunden lo que es informar a las comunidades autónomas en un Consejo general de la ciencia y la tecnología con lo que es implicar, consensuar, sentarse de igual a igual y tomar una decisión firmada que pueda asegurar esa estabilidad, que pueda asegurar la vigencia de este programa. Usted ha informado en el Consejo general de la ciencia y la tecnología, pero hasta el momento no ha conseguido una sola firma -y desmiéntame- de ningún acuerdo con una comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque usted envía por fax o reparte a través de alguna persona de su Ministerio una especie de convenio marco general y las comunidades autónomas le dicen: Queremos un convenio marco, pero un convenio específico donde figuren montantes económicos, porque para hacer un brindis al sol y hacer un convenio marco genérico no merece la pena, para eso no estampamos la firma. Esa es la cuestión. Cuando usted habla de que uno de los factores es el de la cofinanciación, yo añadiría como en aquellas películas que había: cofinanciación, entre comillas, a la fuerza. Si unas universidades tienen posibilidad de contratar una serie de personas y esas universidades cuando quieren contratar a esas personas les dan una oportunidad en el Ministerio, bienvenida sea la oportunidad. ¿Qué va a decir una comunidad autónoma? Con muchas de ellas ni siquiera se ha consultado y ustedes ponen dos cláusulas en los anexos del estilo de: El centro
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de I+D declara que la comunidad autónoma ha sido consultada. ¿Hay alguna firma? ¿Hay alguna seguridad de que las comunidades autónomas o las universidades van a cumplir con eso? Otra cláusula que ponen ustedes es la estimación del esfuerzo de incorporación de investigadores a la plantilla del centro I+D en los próximos años. Ha habido una cierta ligereza a la hora de plantear esta convocatoria.
Yo había obtenido hasta el trigesimonoveno borrador, pero me dicen que el definitivo ha sido el número cuarenta. Me parece bien como esfuerzo por parte del Ministerio, pero no han encontrado ustedes una fórmula. Por tanto, la cofinanciación será un valor sobre el papel pero en la realidad no existe porque, repito, no existen esos acuerdos con las comunidades autónomas, que hacen bien en decir a las universidades: "Tiren ustedes para delante". ¿Qué les van a decir, no se presenten? En cuanto a la corresponsabilidad, entramos en otro problema, el de las cartas de aceptación de los centros de investigación. No me ha gustado, y se lo digo públicamente, la posición que han tomado la ministra y usted, echando sobre las espaldas de las universidades y de los rectores la culpa de que en algunos casos no se hayan podido firmar cartas de aceptación. No debe usted ver la paja en el ojo ajeno pudiéndose ver la viga en el suyo, porque si hubiera diseñado bien este programa posiblemente no ocurrirían cosas como las que han ocurrido. Por tanto, si usted hubiera reservado, como se le ha dicho desde aquí, un cupo, si hubiera planteado que un porcentaje de plazas, dentro de esas 800 o las 2.000 en total de los próximos años, tuvieran que ser para doctores que no hayan estado en esa universidad, por ejemplo, un cupo de un 15, un 10 o un 20 por ciento, en eso nos podríamos poner de acuerdo, se podrían evitar muchos de estos problemas.
Por tanto, echar balones fuera y echar las culpas a otros -y tengo aquí declaraciones suyas y de la ministra en ese sentido- es ser, de alguna manera, irresponsables, es ser incapaces de reconocer que lo podían haber hecho mejor. Creo que lo podrían haber hecho mejor y lo que no se debe hacer es echar la culpa a aquellos que están gestionando unas universidades que siguen teniendo un déficit de recursos humanos muy notable, como el señor secretario de Estado conoce. Ese intento de echar balones fuera, de echar las culpas a los demás me parece que es poco riguroso y poco coherente, a mi modo de ver, cuando a usted le han estado ayudando esas universidades y los vicerrectores de investigación a diseñar estos programas. En ese sentido, si hay algún error o desvío a la hora de no aceptar esas candidaturas, dígase, pero no se responsabilice a quienes están sufriendo una política que se denomina de déficit cero, que está llevando a nuestra universidad a ser una de las que peor gasto por estudiante tiene y a nuestro país a seguir en la cola de los de la Unión Europea.
Otro objetivo que ustedes planteaban era el da la estabilidad, que no se cumple. Ustedes vendieron que iba a ser cinco más cinco, que iban a ser diez años, y lo que estamos haciendo, simplemente, es cambiar aquellos contratos de reincorporación que eran de tres años, que se podían ampliar a dos más, por uno de cinco. Mejor, estoy de acuerdo con usted. ¿Pero por qué vendieron que eran cinco más cinco y ahora nos hemos quedado sólo en cinco? Por mucho anglicismo que utilice usted y por mucho senior track, y por muchas historias que nos quiera contar, usted vendió una cosa que ahora no se cumple, y en ese sentido se ha llegado a que su propio director general declarara, en unas jornadas en Valencia, que es una solución a corto plazo que no resuelve el problema, y se trata de una fuente propia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es una solución al problema de la estabilidad. ¿Por qué? Por la duración del contrato y, por otro lado, por el tema de la cofinanciación, que no está seguro.
Usted sabe que de los 800 contratos, con los datos que da usted, lo que tiene que financiar el conjunto de las administraciones que no son la suya, la Administración general del Estado, está en torno a 5.500 millones de pesetas. Y a mí me parece muy bien que ustedes hagan esfuerzos para que esas comunidades autónomas inviertan, pero ciérrenlos ustedes con una firma, no obligando, sino sentándose de igual a igual, y algunas comunidades tal vez pongan incluso más, pero haga usted ese esfuerzo porque, si no, va a favorecer más a aquellas comunidades que tienen más recursos y posiblemente va a perjudicar más a aquellas que tienen menos recursos. Por tanto, repito, en ese sentido ha sido un auténtico fiasco.
Otra cosa que me preocupa es la amortización de las plazas de jubilación. Creo que de alguna manera se está financiando amortizando plazas de jubilación. Si estamos en un sistema en el que lo que ahora va a primar es la vía contractual a la hora de poder acceder a un puesto estable en la Administración general del Estado, dígase, pero dígase con claridad. Si estamos cambiando el sistema, quiero saberlo, porque si no, por lo que a uno le llega, hay muchos organismos que van a financiar así la parte que les corresponde. Por ejemplo, el caso del Cesic ha sido paradigmático. En el caso del Cesic, señor Marimón, cuando se envía la primera hoja, la persona responsable de esto casi tuvo que irse, porque piden que pongan unas cantidades a unos centros que tienen unas dificultades tremendas, haciéndose cargo el llamado central sólo de una parte. Es como una firma en el aire, es como si se firmara con una pluma con tinta invisible, con esa tinta que se borra, porque no se pueden tener siquiera esos compromisos, es muy difícil.
Termino ya. Con respecto al tema de la endogamia, del que tanto se ha hablado, les quiero recordar lo que ustedes decían en Palma de Mallorca. Cuando hablaban de los contratos había un punto -se me ha olvidado
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decirlo antes- que ponía: Ajuste mutuo de centros investigadores. Los investigadores eligen el lugar de inserción. Los centros de investigación aceptan al investigador. Derecho de veto. Ustedes sabían que esto iba a pasar o podía pasar y por eso le digo que no me parece razonable que echen la culpa a las universidades de unos problemas que son reales, porque ustedes los tenían previstos y se trata de un tema del Ministerio.
Por tanto, señor Marimón, sé que es una primera convocatoria y espero que vaya lo mejor posible, pero sí me gustaría que nos pudiese adelantar algo con respecto a los datos de los que se han presentado.
Es cierto que yo he entrado hoy en la página web del Ministerio donde suministran los datos de los centros que han ofrecido plazas, etcétera, pero denos usted algún dato cuantitativo, no sólo el cualitativo, puesto que ha pedido la comparecencia hoy aquí y dado que se ha acabado el plazo el día 23 de junio, aunque me consta que para algunas comunidades, como Cataluña, hasta hoy, por lo que he leído en la propia página web del Ministerio, no se va a cumplir el plazo; adelántenos usted algo. ¿Casan -entre comillas- los 800 contratos con las peticiones que ha habido, cómo está la cosa? Algún dato sí nos podría dar. Creo que tiene usted algún dato y, ya que ha pedido usted su comparecencia aquí, en la medida en que no son datos finales, en que hay algunos que se pueden enviar por correo, le solicito que nos proporcione algún adelanto.
Por último, cuando se habla de los niveles de excelencia, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿por qué no pone usted en la convocatoria -pregunto- que para poder acceder a estas plazas haya que estar en posesión, como mínimo, de un sexenio o de dos? ¿Cómo medimos el nivel de excelencia? Va a ser muy complicado por áreas de conocimiento. Por supuesto va a haber una comisión -y es otra idea que le lanzo- y posiblemente cara al próximo año podamos hacer una convocatoria en la que tal vez tengamos unos límites. No sé si un sexenio o dos es el límite, no lo sé. ¿O cómo va a usted a los llamados doctores senior? Pero eso ya es motivo de otra comparecencia, cuando saquen ustedes la convocatoria.
Queda una serie de incógnitas en el aire, no estamos en desacuerdo con el programa, estamos en desacuerdo con la gestión, creo que se podía hacer bastante mejor, que era manifiestamente mejorable y que se ha generado un cierto lío en todos los organismos, en las universidades, en las propias comunidades autónomas y que es su responsabilidad intentar que haya una financiación adecuada. A estos efectos, hemos presentado una proposición no de ley el próximo jueves para que por parte del Ministerio no se haga realidad aquella frase de: yo legislo y tú pagas.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Adelanto que voy a ser breve, puesto que hoy tenemos un orden del día complejo y extenso, pero no por ello quiero dejar de tocar algunas cuestiones respecto a la comparecencia del secretario de Estado, don Ramón Marimón, que hoy nos acompaña.
Quiero, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer la comparecencia del secretario de Estado, a petición propia, para informar sobre el programa Ramón y Cajal, a pesar de encontrarnos en un momento preliminar de su desarrollo, por lo que las conclusiones que podamos sacar tienen un carácter eminentemente provisional, a la espera de tener datos definitivos.
He escuchado atentamente, igual que lo hago siempre, al portavoz del Grupo Socialista, señor Lissavetzky, y teniendo en cuenta prácticamente el año de legislatura que llevamos, en que está funcionando este novedoso Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha sido impulsado por parte del Gobierno del Partido Popular, imagino qué cosas se podrían decir en esta comparecencia, en esta Comisión, si no se hubiera sacado un plan, un programa de las características del Ramón y Cajal. Un programa que es absolutamente emblemático, un programa que tiene difícil parangón con otras etapas del pasado, un programa que significa evolución, mejora y una apuesta contundente por modernizar, por mejorar el sistema científico español, un sistema científico que -y se hablado mucho de ello- tiene carencias históricas con respecto a nuestros socios europeos y respecto a los países más desarrollados del planeta. Precisamente este Ministerio ha hecho un diagnóstico real mirando seriamente cuáles son todos y cada uno de los problemas que tiene nuestro sistema de investigación y, una vez que lo ha hecho, ha puesto el complemento para ir resolviendo esas carencias históricas de hace ya muchos años de manera progresiva. Por tanto, yo creo que, al final, se llega a la conclusión de que si se hace, malo y si no, también, porque prácticamente se destacan siempre aspectos negativos sobre la gestión. Yo creo que estamos hablando de un año de gestión de un programa de un Ministerio absolutamente revolucionario en su primera convocatoria. Yo siempre esperaría del principal grupo de la oposición, en su legítimo derecho de control y de oposición al Gobierno, que tuviera ciertas cautelas, por lo menos que esperara y estuviera a la expectativa de su desarrollo en los próximos meses.
El Programa Ramón y Cajal es claramente ambicioso, permite, con una dosis de realismo inusual en la propia política, subsanar en gran medida las carencias históricas de nuestro sistema científico español, como decía antes, con importantes transformaciones en la mayoría de los ámbitos, muy especialmente el que afecta a la situación de los investigadores, donde los contratos realizados en el marco del programa tienen un carácter laboral con las consiguientes mejoras y
actualizaciones salariales, permite actuar a los propios científicos como investigadores principales y dirigir sus propios proyectos de investigación, así como mejorar en su situación profesional, sin lugar a dudas. Hemos pasado a un salario bruto, como se ha comentado anteriormente, de 4.750.000 pesetas, similar al de un profesor titular, lo que representa un aumento de un 62 por ciento respecto a los 2.900.000 pesetas que tenían antes los contratos de reincorporación, lo cual me parece una mejora absolutamente evidente y clarificadora; hemos pasado de tres años prorrogables anualmente a los contratos de cinco años y se ha pasado de los 227 contratos de reincorporación en el año 2000 al máximo de los 800 contratos que se quieren conseguir para este año 2001. Por tanto, yo creo que las mejoras que presenta este programa y su propia gestión, que está ahora mismo desarrollándose, está evidenciando que está funcionando correctamente.
Es evidente el compromiso que tiene el Gobienro y la actuación política que está llevando a cabo en este caso concreto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no es suficiente porque la investigación sólo puede progresar si está respaldada por un amplio consenso social que valore la labor de todas aquellas personas que están trabajando en los distintos ámbitos de la ciencia y de la tecnología. Para corregir los desequilibrios de nuestro sistema de ciencia y tecnología se requiere un esfuerzo sostenido, como el que ha planteado el programa Ramón Cajal, por parte de la Administración general del Estado, sin lugar a dudas, que para ser más efectivo tiene que estar coordinado con el esfuerzo conjunto de comunidades autónomas, universidades y empresas. Yo creo que el programa Ramón y Cajal desde un principio -y así se está aplicando- tiene planteamientos de corresponsabilidad entre las distintas instituciones y a mí me consta a todos los efectos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho un esfuerzo contundente y amplio por informar, por debatir con universidades, con organismos públicos y con todas las entidades participantes para llegar al máximo nivel de acuerdo y de coordinación posible.
El programa Ramón y Cajal tiene muchas cosas positivas, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacables es el esfuerzo de planificación que va a tener claras consecuencias positivas para la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el conjunto de España. Por tanto, no solamente es un programa, como yo decía, emblemático, un programa pionero, un programa que supone una clara apuesta, sino que la propia gestión de este programa se está haciendo con cautelas, con unas dosis de realismo que yo creo que vale la pena recordar. En los próximos meses, y sobre todo en los próximos años, vamos a ver cómo se van recortando, gracias a programas como del que hoy hablamos, esas diferencias históricas que existen entre nuestro país y los países más desarrollados de la Unión Europea y de nuestro planeta.
Por tanto, la valoración que hace el Grupo Popular es positiva en una primera convocatoria y, como ha dicho el propio secretario de Estado, irá mejorando, irá evolucionando, irá avanzando sobre los aciertos y corrigiendo los posibles errores que se puedan cometer, pero sin lugar a dudas yo creo que el programa ya ha generado importantes expectativas que se están cumpliendo no sólo en la propia comunidad científica, sino en el conjunto de la sociedad española. No solamente ha sido un gran diseño, una gran idea y una gran apuesta, sino que la gestión que se está llevando a cabo, que es pionera, se está haciendo con objetividad, con claridad, con capacidad, impulso e iniciativa por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por parte del Gobierno.
Concluyo diciendo que estimamos sumamente positivo el programa, que estimamos sumamente positiva su consecución a pesar, como decía al comienzo de mi intervención, de que el desarrollo del programa está en su momento preliminar, que para deducir conclusiones habrá que esperar a que los datos pasen de tener un carácter provisional como el que ahora mismo tienen a un carácter definitivo y, sin lugar a dudas, sin ser eufórico, yo creo que el balance final va a ser netamente positivo para el conjunto de la sociedad y muy especialmente para nuestro sistema de investigación.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Para responder, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Miramón Suñol): Muchas gracias por sus intervenciones. Voy a contestarlas en su conjunto.
El programa Ramón y Cajal es una parte de los programas que estamos desarrollando para dar un salto en este país en el sistema de ciencia y tecnología y, en particular, un salto en recursos humanos, pero queremos dar un salto sobre el terreno, no en el vacío. Dar un salto sobre el terreno quiere decir hacer programas que tengan en cuenta la realidad de lo que es el sistema de ciencia y tecnología y que permita dinamizarlo. Es por ello que el programa tiene estos elementos de corresponsabilidad a los que me refería. Un elemento importante es que se da una gran oportunidad a centros de investigación, pero se respetan sus decisiones. Por lo tanto, no ha estado en el ánimo ni de la ministra ni del secretario de Estado plantear críticas a las universidades en manifestaciones que se ha hecho; lo que se ha tratado es explicar que en algún caso, afortunadamente minoritario, no parecía que se hubiese entendido el espíritu del programa, que era precisamente abierto, de incorporación de nuevos investigadores.
Decía el señor Silva que quizás el requerimiento de 18 meses fuera del centro no fuese suficiente, y fue en su momento tema de debate, evidentemente, pero también se quería tener en cuenta el hecho de
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que en los últimos años han ido llegando -yo no diría reincorporando- investigadores a nuestros centros de investigación -en muchos casos, después de estancias importantes en el extranjero- que necesitaban de un programa de este tipo para una mejor reincorporación. En la evaluación, evidentemente - y esto queda claro en la convocatoria-, sí que se valorará la experiencia, el haber estado en centros de reconocido prestigio, así como el proyecto que se plantee, pero no parecía oportuno poner restricciones excesivas que no permitiesen participar a buenos investigadores que, por una razón o por otra, no han encontrado su puerta en el sistema pero que hoy por hoy están ya en este país. Por lo tanto, estos han sido elementos del diseño.
Con las comunidades autónomas se ha discutido por igual, y no simplemente se ha informado en el Consejo general, porque este programa ofrece una oportunidad a las comunidades autónomas, que también empezarán a desarrollar una planificación de prioridades en investigación, y esto es lo que están recogiendo los acuerdos marco.
Hemos firmado ya con Galicia y están preparadas para la firma Valencia, Extremadura, La Rioja, Canarias, Castilla y León, Madrid y, prácticamente, también Cataluña. Esperamos firmar en los próximos meses con el conjunto de las comunidades autónomas. Éste es el elemento de corresponsabilidad. Pedimos que haya una planificación más a largo plazo porque entendemos que éste es un ejercicio que empezamos, pero que habrá que ir desarrollando en los próximos años.
Esta planificación conjunta entre la Administración central y las comunidades autónomas es la única que puede garantizar que exista un marco estable y un crecimiento adecuado de los recursos humanos en investigación. Por ello, después de una mayor reflexión, no pareció adecuado un diseño en el que la temporalidad se pudiese alargar por diez años. Pensamos que después de un período razonable de investigación evaluada, como son los cinco años, si una persona ha estado realizando adecuadamente esta investigación, debía ser posible que encontrara un puesto fijo en un centro de investigación, y un puesto fijo, de aquí a cinco años, en algunos casos querrá decir de funcionario y en otros casos puede querer decir otras formas contractuales, como hoy se está discutiendo en la nueva ley de reforma universitaria. Por nuestra parte, en los organismos públicos de investigación que dependen de este Ministerio las peticiones de contratos han sido consecuencia de desarrollar una planificación a cinco años vista de lo que va a ser el crecimiento de los organismos públicos de investigación en términos de plazas. Debo decir entre paréntesis que los compromisos que se habían adquirido para este año se van a cumplir, contando las nuevas plazas y los interinos. Estos son los elementos esenciales en el marco del espacio europeo de investigación. En un marco en el que todos estaremos con euros los elementos de competitividad son importantes y, como decía, tendremos que acompañar este programa con otros, para investigadores más asentados, que permitan ser más competitivos.
En cuanto a la información a día de hoy respecto a cómo ha ido la solicitud por parte de los investigadores, como decía, es prematuro hablar porque está llegando por distintas partes, pero las informaciones que estamos recibiendo son muy positivas. Por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha planteado una participación en 225 contratos y ha firmado cartas de aceptación a 800; la universidad de Barcelona, con 50, han firmado 244 y la de Oviedo, con 19, han firmado 60. No tenemos la información de todos los centros, pero este tipo de información es la que nosotros valoramos como positiva. Es decir, que si un centro plantea participar en un contrato, como mínimo, tenga tres cartas de aceptación y, evidentemente, de gente no vinculada al mismo centro en un porcentaje importante. Yo diría que esta es la buena noticia del día de hoy: la preocupación -que yo mismo expresé en su momento- provocada por unas noticias que nos llegaban de algunos investigadores no parece que se refleje en su conjunto. El hecho de que vayan a ser los investigadores quienes, en última instancia, decidan adónde van creo que va a dar una señal muy importante a todos los centros de investigación, a todo el sistema, de la necesidad de abrir todas nuestras puertas y de ser competitivos. Me parece que esta señal se está entendiendo y va a reforzar claramente el sistema.
Como decía, ésta es una primera convocatoria; si llegamos, como esperamos, a los 800 contratos de excelencia, va a ser un paso muy importante y va a ser así como vamos a dar un salto sobre el terreno y no en el vacío. Una convocatoria distinta quizás no hubiese sido realista en el contexto en el que estamos. Ahora bien, hay que apuntar alto, hay que apuntar a estar entre los países avanzados, como lo estamos en otros terrenos de este país.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor secretario de Estado. Le agradezco de nuevo, en nombre de esta Comisión y en el mío propio, su comparecencia aquí. Muchísimas gracias. Le deseamos unos felices días de estío o veraneo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Marimón Suñol): Igualmente.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Vamos a interrumpir unos momentos, para continuar después con el orden del día. (Pausa.)
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- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS. (Número de expediente 121/000033)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, vamos a reanudar la sesión para continuar con el orden del día hoy establecido.
El punto segundo del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de marcas. ¿Hay algún voto en contra? (Pausa.) Se aprueba, pues, por asentimiento.
(Número de expediente 121/00033)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos al debate de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de marcas.
El Grupo Mixto, como es una sesión con competencia legislativa plena, da por defendidas sus enmiendas, por lo cual pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para cuya defensa tiene la palabra el señor González de Txábarri.
DE TXÁBARRI MIRANDA: El señor GONZÁLEZ El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha presentado 19 enmiendas a este proyecto de ley, de las que procede retirar la enmienda número 21, dado que el texto de la ponencia incorporó una única enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Disculpe un momento.
Para conocimiento de todos los grupos parlamentarios, la votación de las enmiendas no será antes de las siete de la tarde. Discúlpeme, señor González de Txábarri. Continúe con la palabra.
El señor GONZÁLEZ DE TXÁBARRI MIRANDA: Creía haber empezado bien retirando una enmienda antes de hacer ninguna otra consideración, dado que, como decía, en trámite de ponencia se aceptó el texto por el que se retiraba el carácter orgánico de un apartado de la ley, aspecto que estaba recogido en la enmienda número 21, del Grupo Vasco, con lo cual nos quedamos, como en la obra de teatro, con una enmienda menos, entre la número 2 y la 20.
Las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) hacen referencia a los procedimientos de tramitación de los distintos aspectos que prevé el proyecto de ley.
Para empezar, entendemos que el basamento legal al que debe hacer referencia el propio proyecto de ley debe estar referido a lo previsto en la Constitución y en los estatutos de autonomía, piezas claves para la delimitación competencial en la que se fundamenta el Estado de las autonomías, y no hacer referencia única a lo que está previsto en esta ley.
Igualmente las enmiendas intentan delimitar los procedimientos entre las administraciones que son competentes, en relación a estas materias en las comunidades autónomas, y aquellas otras a las que hace referencia la Administración general del Estado. Es indudable que vivimos en un Estado de las autonomías, que existen competencias en relación a estas materias que están transferidas y resulta desde todo punto de vista razonable que este proyecto de ley recoja los procedimientos adecuados de forma que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas, en su caso las administraciones competentes en el ámbito del Estado, como aquellas administraciones que son competentes en las comunidades autónomas, conozcan las vías y los procedimientos adecuados, nunca superpuestos, nunca con disfunciones inadecuadas, para que el reparto de las competencias conlleve indudablemente un procedimiento que no se superponga en otras administraciones.
Gran parte de las enmiendas hacen referencia a la necesidad de un cambio de procedimiento, dado que, en caso contrario, nos encontraríamos con que el ciudadano, el titular de un interés determinado en relación a las marcas, podía él mismo encontrar los subterfugios debidos en un marasmo de administraciones. En definitiva lo que todas estas enmiendas vienen solicitando es que el Estado asuma su condición y su naturaleza de Estado descentralizado donde las competencias están distribuidas de una forma determinada, muchas veces no muy razonable desde el análisis del conjunto de administraciones y de procedimientos, que se establecen en el conjunto del proyecto de ley, que son los que son y no otros, y que los nuevos proyectos de ley se vengan ajustando a ese mapa competencial que en el conjunto del Estado nos hemos dado.
Desde este planteamiento se hace referencia a los puntos de conexión que están previstos en el proyecto de ley. Entendemos que el punto de conexión elegido para que actúen las competencias de ejecución autonómica debe ser claro y seguro; que las redacciones que el proyecto de ley recoge todavía, al día de la fecha, son excesivamente ambiguas o ambivalentes en su caso; y que si existen procedimientos que exigen tasas también deben estar recogidos en su caso en el proyecto de ley, de forma que las competencias autonómicas puedan, de alguna forma, prever la posibilidad de que esas tasas estén previstas y puedan ser de contenido vigente. Desde el mismo punto de vista estos procedimientos, tanto en lo que respecta a la revisión de actos en vías administrativas como a la presentación de solicitud de marca comunitaria, en nuestra opinión deben conocer acercamientos a lo largo de los trámites de este proyecto de ley, de forma que los intereses confluyan y
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las comunidades autónomas puedan sostener las competencias que tienen en estas materias.
Esta es una primera intervención, señora presidenta. Es claro cuál es el fondo de las 18 enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Vasco. Conozco del interés del Grupo Popular en atender las razones que subyacen al contenido de estas enmiendas y creo que es más razonable esperar un segundo turno para ir avanzando en el trámite de la ley en el distinto contraste de posiciones, de forma que podamos ir avanzando, dado que esta es la voluntad de los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Voy a ser muy breve, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario solamente ha presentado siete enmiendas a este proyecto de ley y todas ellas tienen que ver con el intento de nuestro grupo de dotar a la Ley de Marcas de una diferenciación en cuanto a lo que se considera como marca notoriamente conocida o marca renombrada, intentando, por nuestra parte, que quede constancia dentro de la ley de que existe una marca que puede ser una marca renombrada con una definición concreta que no pueda introducir errores en la ciudadanía e incluso en algunas de las empresas que la puedan utilizar o dentro de los procedimientos a la hora de establecer el registro de marcas. Por eso, señoría, todas las enmiendas que hemos presentado modifican el texto en este sentido, tanto en nuestra primera enmienda que lo que plantea es la supresión de un apartado en el artículo 8.2, cuanto creemos que aquí lo que se introduce es una confusión al no estar claros los conceptos entre lo que es la marca notoriamente reconocida o la marca renombrada. Ocurre lo mismo con nuestra enmienda número 23 que lo que hace es adaptar el texto legislativo a la primera supresión. Con la enmienda número 24, que crea un nuevo artículo, el 8 bis, pretendemos introducir la definición de lo que se puede considerar como una marca renombrada, haciendo hincapié en el sentido de que no sería sólo y exclusivamente una regulación por parte del Estado español, a la hora de la trasposición no solamente de la directiva sino también de los tratados firmados por nuestro país en cuanto al tema de marcas, sino que también estaría adecuándose y tendría como ejemplos otros países de nuestro entorno como Italia, Alemania, Gran Bretaña o Francia que sí que hacen distinción entre los dos conceptos. Señorías, esto es lo que nuestro grupo parlamentario está planteando y lo plantea también en los diferentes artículos donde se hace mención al tipo de marca.
Por tanto también modificaríamos el artículo 34.2 y el artículo 42.2, así como el artículo 43.3, introduciendo en todos ellos la especificidad de la marca renombrada en nuestro territorio o sencillamente el renombre de la marca como en el artículo 43.3.
Con estas enmiendas lo que se hace es introducir un poco más de claridad en el texto legislativo que puede plantear dudas a la hora de la interpretación, tal y como está en estos momentos, y esperamos que en el debate siguiente podamos llegar a alguna conclusión que permita dar claridad no solamente a este tema sino a algunos otros, como puede ser el de las tramitaciones o incluso el de la forma de registro de la marca, que pueden generar algunas dudas, tal y como está el texto en este momento.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Para defender las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència y Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: En una sesión como la del día de hoy es difícil efectuar una defensa de las 76 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y no pretendo efectuar una defensa de las enmiendas una por una. En cualquier caso, sí me gustaría hacer hincapié en los cinco grupos de enmiendas para que quede claro cuál es la filosofía que persigue Convergència i Unió a través de la presentación de las mismas. Por un lado, hay un conjunto importante de enmiendas, a las que después me referiré, que lo que pretenden fundamentalmente es salvaguardar las competencias autonómicas en materia de propiedad industrial, debiendo hacer referencia obligada a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/ 1999, de 3 de junio, en la que el Tribunal Constitucional entre otros aspectos señaló que en lo que atañe a los rótulos de los establecimientos, cuyos efectos se circunscriben al ámbito territorial de un municipio, no concurra ninguna circunstancia de supraterritorialidad que permita o pueda justificar la sustracción de la competencia ejecutiva a la comunidad autónoma. Por tanto hay un primer grupo de enmiendas, a las que después me referiré, que pretenden la salvaguarda de las competencias autonómicas.
Un segundo grupo de enmiendas presentadas por Convergència i Unió lo que pretenden es evitar la confusión de las marcas y de los nombres comerciales con otras denominaciones que también se encuentran en el tráfico jurídico. Podemos hacer referencia desde los nombres de dominio en Internet hasta las denominaciones sociales, pasando también por las denominaciones de origen. Aquí también presentamos otro grupo importante de enmiendas, algunas de las cuales pretenden integrarse en el articulado de la ley, en tanto que otras, a las que haré una especial referencia, lo que pretenden es reclamar del Gobierno el envío de proyectos de ley para regular, con el rango normativo adecuado, las denominaciones sociales y de las entidades jurídicas que hasta este momento se encuentran fundamentalmente en el reglamento del Registro Mercantil, que
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carece de rango suficiente, el nombre de dominio de Internet, concretamente aquellos de nombre de dominio de Estado de primer nivel ".es" en Internet, así como también efectuar una actualización de la regulación de las denominaciones de origen, que hasta ahora se encuentran sujetas a una normativa de 1974. A ello haré referencia posteriormente.
Un tercer aspecto fundamental es que establecemos también un modelo de procedimiento de registro, al que me referiré luego. Un cuarto aspecto que ha merecido nuestra atención es el régimen o la regulación de las diversas acciones judiciales que se derivan de la Ley de Marcas, desde el recurso contenciso-administrativo, pasando por el arbitraje, así como también las acciones de defensa del derecho de marcas, las acciones de nulidad y de caducidad, pretendiendo reforzar en este caso la posición sobre todo de los licenciatarios de exclusiva y, finalmente, una serie de enmiendas en las que pretendíamos que se integrasen las líneas de distinción entre marca renombrada y marca notoria, a las que después aludiré.
Después de hacer una exposición relativamente breve de cada uno de estos apartados, en cuanto a aquellas enmiendas que pretenden salvaguardar la competencia de las comunidades autónomas lo que se pretende es que las solicitudes o las instancias se presenten ante el órgano competente de la comunidad autónoma no sólo cuando se pretende el registro de la marca, cosa que ya prevé el proyecto de ley, sino también en supuestos de modificación, renovación, renuncia de la marca que pudiéramos denominar nacional o de la marca española en los supuestos de transformación de marca internacional y en los supuestos de transformación de marca comunitaria. Me estoy refiriendo a las enmiendas 85, 86, 108, 115, 116 y 118. En principio, percibimos una voluntad favorable del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a los tres primeros aspectos: la renovación, la modificación y renuncia de la marca nacional. Entendemos que existe una voluntad también favorable, pero que hasta este momento no se ha plasmado en transaccionales, por lo que hace referencia a los otros tres aspectos.
Por otro lado, pretendemos salvaguardar las competencias de la comunidad autónoma, pero también ese principio de Administración única, y que corresponde a la comunidad autónoma actuar como esa Administración ordinaria o ejecutiva del Estado. Ese es el fundamento que tienen las enmiendas 124 y 125, sobre las que se nos ofrecen transaccionales que lo que pretenden es que la utilización de los medios electrónicos y telemáticos, así como también la prestación de estos servicios de medios telemáticos, se puedan hacer a través de las propias comunidades autónomas y que, por tanto, el ciudadano o el solicitante de la marca pueda recibir, a través de los órganos de estas comunidades, la información sobre la situación y el estado de los procedimientos.
Por último posiblemente la más importante de estas enmiendas es nuestra enmienda 127, que lo que pretende es establecer las conclusiones de la sentencia 103/1999, de 3 de junio, del Tribunal Constitucional, en relación a ese carácter no supraterritorial del rótulo del establecimiento vinculado a un término municipal. Por tanto, permite que en estos casos la competencia ejecutiva de la comunidad autónoma en materia de propiedad industrial sea una competencia pudiéramos decir que plena. Se trata, por tanto, no sólo de que para los supuestos de renovación del rótulo de establecimiento deba presentarse esta solicitud de renovación ante el órgano competente de la comunidad autónoma, sino que también deba resolverse por el órgano competente de esa comunidad autónoma. Entendemos que aquí también existe una voluntad favorable, que esperamos, caso de que no se concrete en el Congreso, que por lo menos pueda concretarse o más bien entendemos que necesariamente debe concretarse en el trámite parlamentario del Senado y, por tanto, estaremos atentos a los planteamientos del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Un segundo grupo de enmiendas lo que pretenden es evitar la confusión entre la marca y el nombre comercial con otras denominaciones que se encuentran también en nuestro tráfico jurídico. Y en este caso, y por lo que hace referencia a las denominaciones sociales o de entidades jurídicas, es lo que pretende la enmienda 70, que impide precisamente el registro de una marca que sea coincidente con una denominación social, salvo que se acredite la autorización del titular de esa denominación social. En cualquier caso, los problemas no son puramente coyunturales. Resulta absolutamente imprescindible efectuar una regulación con el rango adecuado de las denominaciones sociales y de las denominaciones de las entidades jurídicas, y es por lo que hemos presentado la enmienda 130, respecto de la que ya se nos ofrece una transacción, prácticamente aceptación por parte del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, el Gobierno deberá remitir a la Cámara un proyecto de ley para la regulación de las denominaciones sociales que, como decía anteriormente, hasta este momento se encuentran pura y simplemente reguladas en el reglamento del Registro Mercantil que tiene, como su propio nombre indica, rango reglamentario, así como de las denominaciones de otras entidades jurídicas.
Tenemos que señalar que en las comparecencias que se produjeron a raíz de la tramitación de esa ley se nos puso de manifiesto por parte del registrador del Registro Mercantil central el problema que se produce cuando en virtud de una acción de nulidad de marca, o de acción de defensa del derecho de marca, se dicta una sentencia en la que se impone a una persona jurídica el cambio de la denominación social. En aquellos casos en los que, por pura imposibilidad de adoptar acuerdos en la compañía o por falta de voluntad de adoptarlos, no se puede obtener este cambio de denominación social, se producía
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una situación auténtica de bloqueo que pretendemos resolver a través de nuestra enmienda 101, a la que también se nos ofrece una transacción, para que si transcurrido un determinado período de tiempo por parte de la compañía no se adopta y por tanto en su junta general no se adopta el acuerdo de cambio de denominación social, se procede a la cancelación de la inscripción de la compañía en el Registro Mercantil. Esto es lo que pretende nuestra enmienda 129.
El proyecto de ley no ignora las posibilidades de fraude a la marca a través de la utilización de medios telemáticos, no sólo como nombre de dominio sino también a través de la utilización del anuncio de esta marca o del uso de esta marca o del nombre comercial en Internet o en otros medios telemáticos. Con la finalidad de resolver este tema, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que pretende concretar lo que se establece ya en el propio artículo 34 del proyecto de ley, con la finalidad de evitar efectos extraterritoriales. Pero queremos destacar fundamentalmente que nuestra enmienda 128 lo que pretende es la sustitución de la regulación del régimen de los nombres de dominio de país de primer nivel ".es" que en estos momentos se encuentra regulado, pura y simplemente, por una orden ministerial, que se regule a través de un proyecto de ley con el rango necesario y aplicando los criterios que fundamentalmente cabe aplicar en materia de marcas o en materia de denominaciones sociales. Y lo propio habría que señalar en cuanto a las denominaciones de origen. Mi grupo presenta tres enmiendas en esta materia, pretendiendo que no se produzca una confusión entre esas denominaciones de origen y las marcas de garantía. Al parecer son los propios acuerdos internacionales los que velan por que en muchos países esta protección de denominaciones de origen se produzca a través de las marcas de garantía, pero sí deseábamos que o bien se estableciese una actualización de esta regulación, concretamente de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del estatuto del vino y de los alcoholes, o bien se regulase a través de un título dentro de la propia Ley de Marcas, o bien como establecemos en la enmienda 109, que se proceda a la remisión de un proyecto de ley que lo regule de una forma específica, tal y como transacciona en este caso el Grupo Parlamentario Popular.
Siguiendo con este planteamiento veloz de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), voy a hacer referencia a aquéllas sobre el procedimiento de registro de la marca. Ciertamente el procedimiento de registro que prevé el proyecto de ley presenta algunas complicaciones, fundamentalmente por la existencia en el seno de ese procedimiento de un acto que pudiera considerarse de trámite, pero que es impugnable, que consiste fundamentalmente en el rechazo de oficio de la marca registrada, que sería impugnable ante la jurisdicción contencioso- administrativa, recurso que caso de ser estimado determinaría la vuelta otra vez al procedimiento de registro, con lo cual efectivamente algunas marcas podrían tardar años y años en registrarse.
Mi grupo pretendía a través de las enmiendas que van de la 73 a la 78 establecer un mecanismo que por un lado evitase esta situación de prejudicialidad, pudiéramos decir, y que por tanto el acto administrativo en virtud del cual la Oficina Española de Patentes y Marcas rechaza de oficio el registro de una marca, por coincidir, por ejemplo, con marcas anteriores, no fuese un acto administrativo impugnable ante los tribunales y por tanto lo convertíamos en un acto de trámite, pero considerábamos que era valioso, a efectos de las pequeñas y medianas empresas, que la Oficina Española de Patentes y Marcas de oficio controlase las anterioridades, sin perjuicio, obviamente, de la posibilidad de estas compañías de comparecer en el procedimiento a defender su marca por sí misma.
No ignora mi grupo -y de ahí que tampoco queramos hacer una defensa dura, por así decirlo, o feroz de estas enmiendas- que la situación de la marca comunitaria y la actuación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que permite la inscripción o el registro de la marca comunitaria sin control de oficio de las anterioridades y la posterior transformación en marca española, dificulta notablemente la existencia de este otro procedimiento, salvo que se desease la coexistencia de una marca española fuerte procedente de un registro nacional y una marca española débil procedente de la transformación de una marca comunitaria. De ahí que en este caso procedamos a ofrecer al Grupo Parlamentario Popular una enmienda transaccional a las suyas, que modifica este procedimiento, con la finalidad de que, haciendo por lo demás aplicación rigurosa de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se proceda por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas a notificar a cualquier persona interesada, que tenga un interés legítimo en el procedimiento, que sea titular de derechos y por tanto titular de marcas anteriores con las que pueda existir confusión, la existencia del procedimiento para que al menos vean excitado, si llega el caso, su celo a intervenir o por lo menos conozcan la existencia del procedimiento para comparecer a defender con armas y bagajes sus marcas que tienen ese carácter o esa situación anterior.
El cuarto grupo de enmiendas a que hacía referencia son las que tienen que ver con procedimientos judiciales, contencioso- administrativos, de arbitraje, los civiles de nulidad, de caducidad de la marca, así como también de defensa de los derechos de la marca.
Tengo que señalar en cuanto a las acciones que cabe ejercitar o al recurso contencioso-administrativo o al arbitraje que puede sustituir a ese recurso, que son cuatro las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario.Una primera lo que pretende es modificar la competencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa de tal
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manera que pudiera volver en este caso a llevar, tal y como se establece en la enmienda 126, la competencia en materia de marcas, en primer lugar, a los juzgados de lo contencioso-administrativo y con recurso de apelación ante las salas de lo contenciso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pudiendo además designar un juzgado concretamente de lo contencioso, dentro del ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia, para el conocimiento de estos recursos. Como después señalaré respecto de otra enmienda que tiene alguna analogía en materia de acción de nulidad, la celebración o la existencia del pacto de Estado por la justicia que deberá abordar la reforma de la jurisdicción contencioso- administrativa y de la jurisdicción civil es algo que nos permite entender que sea una enmienda que no reciba el voto favorable por parte del Grupo Parlamentario Popular. Estaría en nuestro deseo anticipar la entrada en vigor o la ejecución de ese acuerdo, pero ese es el planteamiento que se nos ha efectuado desde el Grupo Parlamentario Popular y somos capaces, si no de justificarlo, al menos de entenderlo.
En cuanto al arbitraje hemos presentado tres enmiendas, las números 81, 82 y 83. La enmienda número 81 pretende, como es filosofía del Grupo Parlamentario Catalán en el conjunto de sus enmiendas, defender la posición de los licenciatarios de exclusiva, estén inscritos o no y, por tanto, no deferir o atribuir todos los derechos o acciones al titular de la marca. Por tanto, lo que se pretende es que el convenio arbitral para surtir efectos tenga que estar suscrito por el licenciatario de exclusiva. En segundo lugar, partiendo de la base de que el convenio de sometimiento de los litigios a arbitraje puede perder eficacia o dejarse sin efecto por diversos motivos, para llevar el tema de arbitraje el convenio debe de estar subsistente concretamente en el momento de inicio del arbitraje. Finalmente, atribuir efecto de cosa juzgada al laudo arbitral firme.
Por lo que hace referencia ya a las acciones de naturaleza civil, teníamos una enmienda de carácter competencial, que es la enmienda número 122, si bien tengo que señalar que ya en la ponencia fue derrotada. Con ella pretendíamos al mismo tiempo que cumplir con la obligación que emana de las normativas, las directivas comunitarias de la creación de una vez por todas de los tribunales o juzgados de marcas comunitarias, establecer que por parte del Consejo General del Poder Judicial deba, no simplemente pueda, deba designarse un juzgado de estas características en el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia y al mismo tiempo avanzar en la creación de esos juzgados mercantiles que mi grupo parlamentario cree que deben existir y por tanto atribuirles la competencia no sólo en materia de marcas comunitarias, sino también en el conjunto de la propiedad industrial, propiedad intelectual, así también como la competencia desleal.
Existe la necesidad de regular, atendidos los efectos tan potentes de la declaración de nulidad de la marca registrada, la actuación preventiva de la acción de nulidad y por tanto asegurar o por lo menos advertir a posibles terceros que deseen adquirir derechos del titular registral que ese titular puede dejar de serlo, así como también hacer referencia a los efectos de la tolerancia y el plazo de ejercicio de la acción de nulidad relativa en cinco años.
Por lo que hace referencia a otro aspecto también de procedimiento judicial, las acciones en defensa del derecho de marcas, perseguíamos diversos objetivos. Uno, al que me he referido anteriormente, es asegurar o dar una situación de protección a aquellos que adquieren derechos del titular de la marca inscrita y por tantofundamentalmente a los licenciatarios de exclusiva, de ahí que atribuyamos la posibilidad de ejercer sus acciones en defensa de la marca no sólo a ese titular sino a cualquier otra persona legitimada como puede ser, vuelvo a reiterar, el licenciatario de exclusiva, y atribuir también efectos al uso consentido de la marca por parte del titular o del licenciatario de exclusiva y no sólo del titular de la marca. A esto pretenden subvenir las enmiendas números 97 y 98, así como también las enmiendas números 93 y 94.
De todos formas -y ya aludiendo a otros aspectos que consideramos de interés- nos ha parecido conveniente que se regule -y así lo hemos introducido en la enmienda número 96- la posibilidad de excepcionar el no uso de la marca y no sólo por la vía de la excepción, sino también por la vía de la reconvención dirigida a que por parte del juzgado se acuerde la caducidad de la marca por falta de uso, lo que contribuirá sin lugar a dudas a ir depurando el registro de marcas, de la misma manera que pretendíamos suavizar la posibilidad de destrucción de los productos marcados -valga la redundancia- con la marca, y de ahí que presentemos la enmienda número 95 en la que decimos que debe evitarse esa destrucción cuando produzca unos perjuicios claramente desproporcionados a la finalidad en este caso perseguida por el ordenamiento jurídico.
Por lo demás hemos pretendido también, de acuerdo con las denominaciones, con la terminología utilizada por la Ley de Enjuiciamiento Civil, referirnos en cualquier caso a los órganos judiciales como tribunal en la medida en que el planteamiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil es que el tribunal no designa un órgano judicial colegiado, sino al órgano judicial que no puede actuar ciertamente si además del juez no está presente, por ejemplo, el secretario judicial. Finalmente lo que pretendíamos era fortalecer la posibilidad de suspensión del procedimiento en virtud del acuerdo judicial.
Decía que un último grupo de enmiendas viene motivado por las enmiendas que pretendían introducir en la ley la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Ciertamente parece que es una distinción a la que se acogen algunos sectores de la doctrina que incluso sectores de marcas especialmente prestigiosas desean, si bien es cierto que desde el momento en el que se asume que la marca renombrada no deja de ser
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más que la marca notoria que es notoriamente conocida por el público en general, a lo que nosotros debemos subvenir, que es a la protección de los intereses legítimos, parece que podrían quedar adecuadamente protegidos con la utilización pura y simple de este concepto de notoriedad, que por lo demás es graduable y alcanza ese concepto absoluto cuando hablamos de marca notoriamente conocida por el público en general que tendría los efectos que por la doctrina se atribuyen a la marca renombrada. Por tanto, hemos considerado conveniente mantener estas enmiendas, sin embargo ello no supone que entendamos que los intereses legítimos que deban protegerse no resulten suficientemente protegidos en la ley. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Para acabar, señorías, se añaden algunas otras enmiendas que consideramos de interés en cuanto a los procedimientos administrativos. Por ejemplo, tratándose de marcas de garantía hemos creído imprescindible establecer un plazo de silencio positivo al informe que los órganos, bien sea de la Administración del Estado bien sea de las administraciones de las comunidades autónomas competentes, deben emitir sobre el reglamento de la marca de garantía. Hemos entendido que el plazo de seis o tres meses en este caso es imprescindible y no podía quedarse ad calendas graecas la posibilidad de aprobar una marca de garantía sobre la base de que existe una desidia, bien sea estatal bien sea autonómica, para informar del reglamento correspondiente. También era interés de mi grupo que, una vez calificadas las anterioridades, el efecto de esta calificación surtiese efecto en todos los ámbitos correspondientes, por ejemplo en el ámbito médico-farmacéutico. Lo que es cierto es que desde el momento en que el procedimiento no establece un control de oficio de las anterioridades esa enmienda carece de sentido y en este momento nos replantearíamos la retirada de la misma.
Señorías, estos son los trazos fundamentales de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario (Convergéncia i Unió).
Esperamos obtener en el Congreso un avance sustantivo y en los temas que nos queden pendientes esperamos contar con el compromiso serio del Grupo Parlamentario Popular de continuar aproximándose a las mismas.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, empezamos con nuestras enmiendas 135 y 136, referidas a la exposición de motivos, que han sido aceptadas por lo menos en alguna de las preocupaciones que las alentaban. En definitiva, se trataba de defender el prestigio de la ley anterior, de la Ley del año 1988, bien entendido que creo que ningún diputado actualmente podría decir algo remotamente parecido a lo que decía José Antonio Primo de Rivera, cuando manifestaba que había venido a este Parlamento a defender la herencia de su padre. Pero, como ha dicho el señor Marimón hace unos instantes, se trata de no dar saltos en el vacío y, por consiguiente, una ley buena debe ser tratada decorosamente. En ese aspecto se ha modificado la exposición de motivos, por lo que nosotros procedemos a retirar las enmiendas 135 y 136, aunque seguimos pensando que es un mal sistema, siempre que sea posible, hacer una ley nueva en vez de modificar la ley anterior, porque didácticamente y para los aplicadores del derecho, la referencia memorística de la ley anterior siempre es un elemento que facilita el trabajo.
La enmienda 137 a la exposición de motivos, que hacía alusión a la pretensión del Gobierno de que por primera vez se ha definido la marca notoria, se mantiene, porque no se ha definido y además sigue sin entenderse lo que es una marca notoria, tanto en su versión de notoriedad en sentido estricto como en su versión amplia de marca renombrada. En el artículo 3.2 de la ley se apuntaban sus rasgos característicos, que era una marca notoriamente conocida por los sectores interesados en España de característica anterior para productos idénticos o similares a los de una marca posterior que intenta o que ha logrado registrarse, por lo que se crea confusión.
En tales casos se manifestaba que era necesaria la nulidad declarada judicialmente en el plazo de cinco años desde el registro indebido de la marca posterior, para lo que se debería ejercitar la acción en este plazo de cinco años o en cualquier plazo cuando la segunda marca se intenta o se registra de mala fe. Para que la acción prosperara era necesario que al mismo tiempo el titular de la marca notoria solicitara la inscripción, por lo que se daba a entender claramente que la marca notoria podía no figurar inscrita. Tenemos que plantearnos, entonces, qué es más conforme con el artículo 6 bis del Convenio de París, lo que decía la ley anterior o lo que dice el proyecto. En el artículo 6 bis para nada se exige ni se hacen depender los efectos mayores o menores de que la marca notoria esté registrada, contrariamente a lo que se indica en la exposición de motivos que habla de que la marca extenderá su eficacia a todos los sectores cuando esté inscrita. Reiteramos: en el artículo 6 bis para nada se exige ni se hacen depender los efectos mayores o menores de que la marca notoria esté registrada. Es invalidable, y seguimos el Convenio de París, en el plazo de cinco años, de oficio o a instancias del interesado. El interesado puede invalidarla reclamando al menos dentro de los cinco años, aunque puede preverse un plazo diferente -entendemos que no inferior a los cinco años-. No habrá plazo si concurre mala fe en el titular de la segunda marca. Por consiguiente, en la ley anterior con toda corrección se daban las notas características de lo que es la marca notoria, y por extensión la renombrada,mientras que ahora se hace depender, por lo menos en
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ciertos casos, la eficacia de la marca notoria del registro anterior, con lo que en el caso de la marca notoria en el sentido estricto no se añade nada jurídicamente útil al concepto de anterioridad. Por tanto, la enmienda 137 la mantenemos.
Nosotros renunciaríamos a la enmienda 138 en el caso de que se anticipara en el dictamen de esta Comisión que reglamentariamente se desarrollarán las características de la protección de los diferentes tipos o clases de marcas y nombres comerciales y, por tanto, también los rótulos. En otro caso, tendríamos que mantenerla, aunque agradecemos el esfuerzo de aproximación que hasta estos momentos se ha hecho.
La enmienda 139 la mantenemos; es la alusión a la elevación de las tasas que se hace en la exposición de motivos. Entendemos que la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de las características de limitación que tienen siempre los recursos económicos, tiene recursos suficientes. En fechas recientes ha habido varias subidas.
La cuestión no es lo que cuesta la tasa que tienen que pagar por la solicitud o por el registro de la marca, ni siquiera es la suma de las actuaciones que pueda hacer la persona legitimada, la cuestión es promocionar en nuestro país las marcas, la competencia, la calidad y la innovación, y de todo eso sí que tenemos un déficit bastante considerable en nuestro país.
Por referirme a modificaciones recientes, está la Orden ministerial de 12 de febrero de 1999, la Ley 17/1975 de creación del Registro de la Propiedad Industrial, disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley 14/1999, de 9 de mayo, de tasas y precios públicos, del Consejo de Seguridad Nuclear, así como varias leyes de presupuestos, la última la de los presupuestos para el año 1998, la Ley 65/1997, de 30 de diciembre. Por consiguiente, no es bueno el sistema de que se modifiquen las tasas una vez cada año y en un momento de coyuntura inflacionaria como el que vivimos más inadecuado todavía.
La enmienda 140 se mantiene porque el establecimiento viene a completar y clarificar los conceptos de productos o de servicios, es decir, es necesaria la alusión al establecimiento porque en él se pueden expender lo mismo productos que servicios. La confianza se basa en lo que en esa sede física se expende y se acredita como expedido por esa sede física. Por otro lado, el propio proyecto hace referencia en varios lugares a los establecimientos, por lo que no se rompe nada y se enriquece el proyecto.
La enmienda 141 ha sido transaccionada satisfactoriamente, lo agradecemos y, por consiguiente, se retira.
La enmienda 142 es un error y está repetida. Aprovechamos para decir que se nos han rechazado enmiendas que fueron presentadas fuera de plazo con el propósito de subsanar errores. Lamentamos tan inútil como poco frecuente rechazo. Presentaremos ante el Senado nuestras enmiendas a los artículos 51, 52, 54 y 58, con las que puede salir ganando el proyecto.
Con respecto a la enmienda 143, el artículo 2 de la directiva establece dos notas, que se refieren a los signos fonéticos que no se recogen en el proyecto. Este artículo 2 establece dos notas caracterizadoras del signo: la representación gráfica y su carácter distintivo o diferenciador. El signo fonético reúne sin duda esta última condición y, por consiguiente, sería un plus, una actualización de una directiva que, además de tener casi 13 años, en estos momentos está tecnológicamente obsoleta al no hacer alusión a los elementos fonéticos como datos individualizadores o descriptivos de los productos, servicios o establecimientos. Por tanto, la mantenemos.
La enmienda 144 pretende subsumir algunos preceptos de prohibición en una fórmula genérica que se establece al principio, con lo cual la norma saldría ganando en lógica y en nemotecnia. Se nos adujo en ponencia que se respeta la literalidad del artículo 3 de la directiva en sus apartados h) e i), respeto literal que, primero, no siempre se sostiene y, segundo, si hubiera que respetar la absoluta literalidad de las directivas, lo único que habría que hacer sería coger la versión de la traducción oficial e incorporarla como texto al ordenamiento interno de nuestro país. Pero lo que pretende la directiva no es eso, sino básicamente uniformar la legislación de cara a la unidad de mercado de la Unión Europea. Muchas veces se rechazan enmiendas, en esta y en otras normas, sobre la base de preceptos que debemos entender como de carácter mínimo de la directiva.
La enmienda número 145 se transacciona en parte, pero no la podemos aceptar por lo dicho en la enmienda 137. El epígrafe del artículo 8, en línea con la exposición de motivos, es erróneo, tanto que el proyecto debiera retirarse por el error en que se incurre al titularlo -cito de memoria- marcas notorias registradas, repitiéndonos lo anteriormente explicado.
La enmienda 146 se refiere igualmente a los rótulos de establecimiento. En el supuesto de que se avanzara algo más de lo que se dice en la exposición de motivos respecto de la regulación reglamentaria como marca de servicio, nosotros desistiríamos de la enmienda y en otro caso la mantendríamos.
La enmienda número 147 hace alusión a las marcas derivadas reguladas en el artículo 9 de la ley anterior, que tiene por objeto productos o servicios idénticos a los de una marca anterior registrada respecto de la que tiene variaciones no sustanciales en el elemento distintivo principal o en sus elementos accesorios y se solicite por el mismo titular. Su base se encuentra en el artículo 6, quinquines, del Convenio de París. Deben ser protegidas las que alteran la marca, pero no en su carácter distintivo si no afectan a la identidad de la marca. Esto es más o menos lo que dice dicho artículo, siendo un ejemplo de lo que anteriormente hemos comentado, es decir, que no siempre se respeta la literalidad
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-que, en nuestra opinión, tampoco tiene porqué ser respetada- de las directivas. Por consiguiente, podríamos mantener la enmienda número 147.
En relación con el artículo 16, aprovecho la oportunidad, puesto que nos encontramos en sus aledaños, para indicar que en ponencia se había acordado modificar el orden correlativo en relación con lo que contiene el apartado 1. El apartado 3 debe ser el 2, el 4 debe ser el 3 y el 2 debe ser el 1. Creo que me he confundido a la hora de hacer la enumeración, pero mirando el párrafo primero se ve claramente que en el párrafo segundo hay una alteración del orden.
La enmienda 149 la vamos a retirar, puesto que en el texto transaccional ha desaparecido el examen de la causa que daba lugar a la exoneración. Muerto el perro se acabó la rabia. Por consiguiente, retiramos la enmienda. Asimismo, retiramos las enmiendas números 150 y 151, puesto que han sido aceptadas con otro texto.
Nuestra enmienda 152 ha sido objeto de un esfuerzo de transacción por parte del ponente, lo cual agradecemos, pero sigue sin recogerse uno de los supuestos que la motivaban: la mención del artículo 2.2 del propio proyecto. No es una omisión esencial. Lo que habría que reproducir en el precepto a que hace referencia nuestra enmienda ya está dicho en el artículo 2.2; sin embargo, ganaría en sistemática la ley al hablar de la suspensión si se hiciera referencia en dicho precepto a otro que guarda causa con él, que es el reiterado párrafo 2 del artículo 2.o.
La enmienda número 154 correría la misma suerte que la 133. Y en cuanto a la enmienda 155, aunque el artículo 34.3 no lo menciona en el apartado c), debe considerarse una aplicación a dicha letra de la prohibición contenida en el apartado a), puesto que se pone el signo en los productos o en su presentación. Por consiguiente, la mantenemos.
La enmienda 156, que ha sido transaccionada, se retira. La número 157 se refiere al artículo 34.3.d), ahora 34.3.e). En el texto transaccional hay dos párrafos numerados con la misma letra d), por lo que hacemos la advertencia para la pertinente corrección técnica.
La protección debe ser territorial, según el informe del Consejo de Estado. La utilización de nombres de dominio, que es el tema al que hace alusión nuestra enmienda, entra en numerosas ocasiones en colisión con la marca cuando se designan como sitio o dirección en Internet los famosos TLD bien sean G o CC, siendo los G los genéricos, Com, Net y Org, y los limitados, que están reservados a los organismos internacionales, Int, al Gobierno de los Estados Unidos, Gov, y al ejército de los Estados Unidos, Mil, y los CC, generalmente los códigos de países son genéricos, aunque en algunos casos están también limitados cuando para la utilización del código del país se sigue algún dato complementario, como puede ser la residencia en dicho país. Nos parece que la situación no está madura para la inclusión en los términos en que lo hace el proyecto de la prohibición de los nombres de dominio; ni siquiera está madura para la postulación de la ley que solicitaba el representante de CiU. El sistema de denominaciones de nombres en Internet se ha privatizado y están surgiendo controversias, lo que ha originado que la OMPI formule recomendaciones a la corporación de asignación de nombres y números de dominio. En estas recomendaciones se considera registro abusivo el de un nombre de dominio que infringe el derecho de marca.
Al ser Internet un sistema internacional puede haber multitud de tribunales de diferentes países presuntamente competentes, poco veloces y costosos, características que son contrarias al registro de nombre de dominio y a su utilización en Internet, pero el perjuicio para el titular de la marca por esos mismos motivos puede ser enorme.
Por ello, en estos momentos hay partidarios de decretar un procedimiento único obligatorio de carácter judicial de solución de controversia, lo que también otros critican y en general pretenden que se aplique sólo a los registros abusivos. De momento se mantiene la posibilidad de solución judicial, que se regirá por el derecho de los países respectivos, por lo que no parece lógico que los tribunales españoles conozcan de todo caso de uso de nombre de dominio. Que sepamos, la utilización como marca de un nombre de dominio no es ni genocidio ni delito contra la humanidad. Por consiguiente, nos parece que la internacionalización de la jurisdicción de los tribunales territoriales no sería lo más conveniente en este caso. Por todo lo dicho, mantenemos nuestra enmienda, que nos parece que cubre este período de provisionalidad y encierra un criterio de razonable posibilidad de aplicación práctica.
La enmienda número 158 se refiere a la protección provisional y al momento de reclamar en relación con ella. En ciertos casos -lo dice el propio precepto al que se refiere nuestra enmienda-, la protección provisional se inicia por la notificación personal de la solicitud a ciertas personas antes de ser publicada la marca, por lo que no se ve cuál es la razón para que haya que esperar a la publicación para poder reclamar. Sería como una especie de tormento chino al que se ve obligado el reclamante, que está coaccionado a esperar un plazo dilatorio. Por consiguiente, se mantiene nuestra enmienda.
Con nuestra enmienda número 159 pretendíamos que se sustituyera el titular de la marca por la persona legitimada. Entendemos que, de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, las acciones no solamente se ejercitan por el titular o por el solicitante de la marca, sino por oponente o por tercero. Por consiguiente, el empleo más genérico, más omnicomprensivo de la expresión persona legitimada es mucho más adecuada porque no implica el tipo de restricción que representa hablar de titulares de la marca.
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La enmienda número 160 ha sido aceptada y la retiramos. Queremos agradecer que el Gobierno no se haya encastillado y que las cuestiones humanitarias aparezcan cada vez más como elementos claves de nuestro ordenamiento jurídico. Así, podrá recibir una proyección no sólo nacional, sino también internacional, la función social de la propiedad. Por ello retiramos la enmienda.
La enmienda número 161 se refiere al epígrafe de la marca como objeto del derecho de propiedad y pedíamos la sustitución de ese epígrafe por la marca como objeto de derecho, puesto que sobre la marca se anudan una serie de derechos como la licencia, las opciones de compra, los embargos, la dación en garantía, que se citan en el propio proyecto. Por consiguiente, nos parece que en este caso el nombre no es el más adecuado.
La enmienda número 162 se mantiene. La hubiéramos retirado gustosamente si la marca notoria hubiera recibido un tratamiento jurídico adecuado, pero al darse el tratamiento que ya hemos censurado, consideramos que la expresión de renombre puede tener alguna virtud clarificadora.
La enmienda número 163 se mantiene. Esta enmienda hacía referencia a que los copropietarios que tengan en común una marca, cuando alguno de ellos litiga en defensa de dicha marca, podrán sumarse al proceso, entre otras cosas -decía el proyecto-, para pagar los gastos. No es que puedan sumarse, sino que se trata de que la sentencia que se dicte, haya o no litigado el copropietario, producirá efectos tanto a favor como en contra suya. No es difícil imaginar el supuesto de un proceso fraudulento con el propósito de burlar el derecho de otro copropietario si el demandante se colusiona con un tercero. No es justo, además, que los gastos se paguen solo por el demandante de buena fe, y como es un litis consorcio activo necesario, por extensión de la cosa juzgada necesariamente a los demás copropietarios, consideramos que la visión del proyecto va a ser el germen de muchos litigios judiciales que se van a ver obligados a suplir en la letra de la ley lo que de momento no se quiere reconocer.
La enmienda número 164 ha sido transaccionada. Agradecemos la transacción y retiramos la enmienda. La enmienda número 165 se mantiene. No sabemos por qué se rechaza la expresión negocio jurídico que tiene como objeto material la marca. Nosotros pedíamos que se añadiera a los supuestos enunciados en el artículo 46.2. La marca se puede arrendar, la marca íntegra se puede aportar a una sociedad; puede convenirse, según el artículo 48.3 del propio proyecto, que el licenciatario la ceda a un tercero u otorgue sus licencias y, por consiguiente, todo esto son categorías de negocio jurídico no comprendidas en una enunciación que nos hace sospechar, al rechazarse nuestra enmienda, que además pretende ser limitativa.
La enmienda número 166 se refiere al cambio de titularidad cuando este se basa en el extracto del contrato por el que se instrumentó el cambio de titularidad. Tiene por objeto facultar al fedatario de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que pueda testimoniar, cotejando el original con el extracto, que éste se adecua a las líneas esenciales del contrato extenso. Tanto la directiva como el texto del proyecto hacen referencia a otras autoridades públicas, y creemos que entre estas autoridades públicas se tienen que encontrar necesariamente los funcionarios que en las distintas oficinas públicas tienen el carácter de fedatarios. Por consiguiente, nuestra enmienda sería una pura concreción aclaratoria en el artículo al que se refiere y seguimos sin comprender que se rechace, seguramente, por el vértigo que da salirse de la letra de la directiva.
La enmienda número 167 se ha aceptado en parte. Nosotros comprendíamos un supuesto más, que era la anotación cuando no se trata de nulidades, que tienen que ir siempre a los tribunales de justicia, ni de las caducidades que van a los tribunales de justicia; hay algunas caducidades que se decretan de oficio por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. Dados los plazos tan dilatados, sobre los que también hemos presentado enmiendas, quiere decir que hay una situación de publicidad, de inseguridad jurídica mientras que se decide sobre la cancelación de oficio en donde el Registro de la propiedad industrial puede estar informando equivocadamente al público. Nosotros retiraríamos con mucho gusto la enmienda número 167 si además de lo que ya se ha aceptado se incluyera la anotación preventiva en los casos en que vaya a declararse posiblemente la caducidad de oficio por la propia Oficina Española de Patentes y Marcas.
La enmienda número 168 se refiere a las marcas de garantía y franquicia -añadíamos nosotros-, franquicias que hoy no tienen una regulación completa y, por consiguiente, hay que ir buscando rellenar las lagunas que presenta su ordenamiento. La enmienda no dice marcas de garantía o franquicia, no equipara absolutamente las marcas de garantía con la franquicia, sino marcas de garantía y franquicia, con lo que la autonomía relativa esta salvada. Al no aceptarse, se mantiene nuestra enmienda.
La enmienda número 169 correrá la misma suerte que la número 143. La decisión definitiva la dejamos en manos de nuestros compañeros del Senado. La enmienda número 170 pretende, respecto de las marcas que hacen referencia a las denominaciones geográficas, que el titular de la marca que por su naturaleza es colectiva pueda impedir la utilización de la denominación geográfica de procedencia. El artículo 15, apartado 3, de la directiva facilita a los Estados regular las denominaciones de origen. Por consiguiente, al facultarles a regular las denominaciones de origen, pueden hacerlo en diversas direcciones.
La propia directiva impide que se pueda hacer un uso desleal de la denominación de origen y este uso desleal lo haría quien,pudiendo entrar en la asociación abierta, que es connatural
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a la existencia de la marca colectiva, rechazara entrar en ella y además impidiera que la marca colectiva pudiera desplegar toda su eficacia.
La enmienda 172 se mantiene, como la 168, ya que es de análoga naturaleza que la 143 y la 179. La enmienda 173 hace referencia a las marcas de garantía. Nosotros titulábamos nuestra enmienda como derechos de los particulares. La marca de garantía -lo explicamos en la defensa de nuestra enmienda de totalidad y lo hemos reiterado con bastante frecuencia con posterioridad- genera unas expectativas en los ciudadanos, pero en ciertos casos la marca de garantía no responde a las expectativas que genera, y con nuestra enmienda pretendemos configurar una especie de jurisdicción voluntaria dentro de la administración, cercana y buena componedora, lo que efectivamente ocurre. Ocurre porque en la práctica ésta es la actitud que toma la administración cuando existe un conflicto de importancia o una presión social de análoga naturaleza.
Las enmiendas números 174 y 175 las retiramos como consecuencia de la nueva redacción que recibe el artículo 90, que es satisfactoria.
Mantenemos la enmienda 176 porque entendemos que nuestra enmienda es más conforme con el espíritu del artículo 4, apartado 4, letra c), de la directiva, que equipara el derecho al nombre a una marca anterior.
El nombre comercial, como el de una persona física, no designa a una parte sino a la natura rationalis individua sustancia. El nombre de una persona física no designa las piernas o los brazos. Por consigueinte, es inconcebible que podamos hablar de nombre, ya sea de persona física o de nombre comercial, cuando no se transmite la totalidad sino una sola parte de la empresa. Creo que si no se acepta nuestra enmienda estamos creando un mecanismo perverso que defraudará las expectativas de los consumidores.
En principio, mantenemos la enmienda 177, que hace referencia a la organicidad y la creación de nuevos órganos judiciales. Estamos de acuerdo con lo que se acordó en ponencia -y creo que cada uno de los ponentes tiene el texto que se nos facilitó-, pero lo que se acordó no concuerda con lo que se contiene en el texto transaccional. En la ponencia se suprimía el último inciso de la adicional tercera, según reza literalmente dicho escrito, e incluso en el texto que aparece ahora como anteproyecto después de las transacciones, pero en el texto se dice que pasa a ser un nuevo apartado con el número 3, que ni siquiera se incorpora. Si prevalece lo que se acordó en ponencia, retiraremos la enmienda 177 y atribuiremos a un lapsus el cambio que se ha producido sobre lo que se acordó; si se mantuviera lo que aparece ahora en el texto, nos veríamos obligados a mantenerla.
Voy acabando ya; doy gracias por su paciencia, pero no he encontrado otra manera mejor de explicarme.
La enmienda 178 tiene un error y, si se nos permite, lo subsanamos.
Falta el plazo de seis meses, que pretendemos que se reduzca a la mitad en general. Pretendemos que los plazos para la tramitación de los procedimientos que se van a seguir en materia de marcas se reduzcan a la mitad. La informatización y automatización que se están introduciendo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que se pretende introducir en las comunidades autónomas con el acuerdo de éstas, y en su caso las nuevas tasas así como la analogía con el procedimiento administrativo común, permiten que se acepte nuestra enmienda; otra cosa es que los funcionarios quieran trabajar de una manera relajada.
En este caso, nosotros, como legisladores, representamos el interés contrario, sin pretender con ello que la administración acabe por infarto.
Las enmiendas 179, 180 y 181 las retiramos al haber encontrado una redacción acorde con nuestros deseos. La 182, referida a los rótulos de establecimiento, correrá igual suerte que todas las que aluden a esta cuestión.
En cuanto a las enmiendas 183, 184 y 185 dependerán de lo que se acuerde sobre el desarrollo reglamentario de las marcas de servicio que tengan en cuenta las peculiaridades que tengan los rótulos de establecimiento, en al ámbito municipal especialmente. Aprovechamos para decir que las enmiendas 183, 184 y 185 no se refieren a la transitoria primera sino a la transitoria segunda, como seguramente habrá entendido el buen juicio de quienes hayan estudiado las enmiendas. La enmienda 186, sobre reducción de tasas, nos reiteramos en lo ya dicho y la mantenemos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, para defender sus enmiendas, el señor Fernando Fernández de Trocóniz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: Señor presidente, a efectos de agilizar los trámites y los debates, he de decirles que ya he facilitado a los señores portavoces y a la Mesa un bloque conjunto de todas las enmiendas transaccionales que proponemos. Consideramos las enmiendas como transaccionales sin perjuicio de las modificaciones que posteriormente señalaré a SS. SS., básicamente en lo relativo a corrección de errores gramaticales o a resaltar algunos aspectos que en una primera redacción han pasado un tanto desapercibidos. Por consiguiente, el texto que sirve de base a lo que a continuación voy a decir es el que les he pasado en segundo lugar y que comprende la totalidad de la ley, sin perjuicio de que, respecto a algunas modificaciones, me remita al primero de los documentos que les facilité, pero uno y otro los voy a coordinar adecuadamente, de forma que no haya ningún tipo de malentendidos.
En relación a la exposición de motivos y en lo que se refiere al apartado IV, la expresión "búsqueda somera" se sustituiría por "búsqueda informática". Sería en las dos últimas líneas de la página 3, donde dice: sin perjuiciode que la OEPM comunique -se añadiría "a
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efectos informativos"- la existencia de la solicitud de registro a quienes... en una búsqueda informática. Se sustituye "somera" por "informática", y antes "comunique a efectos informativos la existencia de la solicitud".
En la página 5, suprimimos lo que está escrito con negrilla, relativo a las marcas derivadas, e introducimos un nuevo párrafo a continuación, que también facilitaré a la Mesa inmediatamente, que diría: Desaparecen formalmente las figuras de la marca derivada y de la ampliación de marca, en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestro entorno comunitario, pues la protección que estas modalidades otorgaban se logra de modo más simple y con igual alcance mediante el registro de una nueva marca en la que, manteniendo el distintivo principal, se incorporen nuevos elementos distintivos de carácter accesorio para el caso de las marcas derivadas, o mediante la solicitud de los nuevos productos o servicios a que se quiere extender la marca registrada en el caso de ampliación de marca.
En el artículo 9, apartado d), página 11, donde dice: "el nombre comercial no registrado", debería decir simplemente "el nombre comercial", suprimiendo la expresión "no registrado".
En la página 12, en negrilla, en el apartado 5, donde dice: "podrá también podrán presentarse", se suprime la segunda locución podrán, es decir quedaría: "podrá también presentarse".
En la página 15, artículo 18, apartado 1, donde dice "recibida" deberá decir: "Recibida" pero utilizando la letra erre mayúscula.
En la página 20, artículo 25, apartado 5, hay una referencia al artículo 21; debe decir: artículo 19.
En la página 23, en el apartado 6, que está en negrilla, al final de la primera línea, pone: delas, todo junto, y debe separarse la alocución de del artículo las.
En la página 26, en el artículo 34 se utiliza dos veces la letra d como apartado, y después del apartado e), lógicamente, debe figurar el apartado f).
En la página 30, artículo 46, apartado 1 -me refiero siempre a lo que está en negrilla-, donde dice: "a falta de aviso previo", después de una coma, la coma se debe sustituir por un punto, cambiando la letra a minúscula por la letra A mayúscula. A continuación, sigo leyendo: "A falta de aviso previo o si la cesión se hubiera realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán..." Es decir, añadimos o intercalamos la expresión "los partícipes".
En la página 54, disposición transitoria tercera, apartado 2, letra a), se añadiría la siguiente expresión: Cuando la renovación del rótulo de establecimiento sólo comprenda municipios ubicados en una única comunidad autónoma, la solicitud de renovación se presentará ante los órganos competentes de dicha comunidad, que remitirá en el plazo de cinco días a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
A continuación, señor presidente, voy a hacer, en primer lugar, una serie de aclaraciones en torno a algunos puntos que han sido controvertidos en la ley, y luego, si a ustedes no les parece mal -que creo que les parecerá mal-, pasaré a comentar las enmiendas una por una.
Se plantea en esta ley, por una parte, una problemática en torno a las competencias autonómicas en materia de propiedad industrial de ejecución. Pues bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999 tan sólo establece la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en lo referente a las solicitudes de registro de marcas. Nos ha parecido adecuado extender la posible competencia de las comunidades autónomas asimismo en lo relativo a la renuncia, renovación y modificación de las marcas, en competencia concurrente con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sin embargo, no ha sido posible introducir también esta competencia concurrente con el Estado en lo referente a la solicitud o transformación de marcas internacionales, toda vez que estamos limitados como consecuencia del Protocolo del arreglo de Madrid, que por cierto es de 1991, en el que se establece que estas solicitudes deberán presentarse en la oficina de cualquier parte contratante, refiriéndose su artículo 2, apartado 3, a qué se entiende por esta oficina de una parte contratante, estableciendo con claridad que se entenderá como una referencia a la oficina que esté encargada del registro de marcas por cuenta de una parte contratante, y claramente del registro de marcas por parte de España está encargada -del registro, no de la solicitud- la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En relación con los rótulos de establecimiento hemos creído oportuno añadir un párrafo a la disposición transitoria tercera, que se ocupa de esta problemática en tanto sigan vigentes los rótulos de establecimiento, en el sentido de prever que la solicitud de renovación, que debe ser única por cierto en relación con el rótulo de establecimiento, se presente ante la oficina correspondiente, si es que hubieran ejercitado la posibilidad que brinda la disposición transitoria quinta de la ley, en aquellas comunidades autónomas que tengan establecida tal competencia. ¿Por qué la solicitud y no la tramitación y dictar el acto administrativo consiguiente en la aplicación? La razón es simple, si la competencia autonómica no se refiriese solamente a la admisión de la solicitud para aquellos rótulos de establecimiento que tengan vigencia en una sola comunidad autónoma y se refiriese también a la tramitación y resolución del procedimiento, todos los expedientes relativos a rótulos de establecimiento deberían ser remitidos a las comunidades autónomas para su resolución, lo cual sería no ya una tarea ardua, sino que resultaría enormemente complicado conocer si un rótulo de establecimiento está registrado o no solamente en una comunidad autónoma y no en otras.
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Otra de las problemáticas que se han planteado en torno a la ley es la distinción o no entre marca notoria y marca renombrada, entendiendo por marca renombrada, de acuerdo con alguna parte de nuestra doctrina, aquella marca notoria que es conocida por el público en general. Pues bien, no nos ha parecido oportuno acoger esto, que no es sino una tendencia doctrinal, en la doctrina científica marcaria española, en la medida en que, primero, no es una doctrina que esté asumida por toda la doctrina científica; segundo, no es una doctrina que haya recogido nunca nuestro Tribunal Supremo; tercero, es una doctrina que solamente se recoge en algunas legislaciones de nuestro entorno, ni muchísimo menos en todas, y, lo que es más grave, la distinción entre marca notoria y marca renombrada, entendida como tal la que es notoriamente conocida por el público en general, induciría a muchas más confusiones que posibles aclaraciones podría reportar la distinción. Y es que, por una parte, el artículo 6.10 del Convenio de París hace referencia a la palabra "notoriamente" para referirse a ambos supuestos, la denominada marca notoria y la conocida por parte de la doctrina como marca renombrada, pero, lo que es más grave, la Directiva 104/1989, cuando se refiere a este tipo de marcas en su artículo 4.4.a), se refiere a marca renombrada para entender como tal tanto la marca notoria como la conocida por parte de la doctrina española como marca renombrada. Por consiguiente, no nos ha parecido correcto ni adecuado establecer esta distinción, que posiblemente conduciría a más confusión que aclaración. Por ello hemos suprimido en el texto del proyecto de ley toda referencia a renombre o renombrada, para evitar cualquier tipo de confusiones en la materia.
Ahora vayamos al procedimiento. En cuanto al procedimiento u otorgamiento de las marcas, el Grupo Popular ha presentado una serie de enmiendas que a su vez hemos transigido para que el procedimiento previamente establecido en el proyecto de ley, que consistía en un examen de oficio previo, tanto de prohibiciones absolutas como de anterioridades para pasar posteriormente a una posible oposición de terceros en lo referente al examen de anterioridades, sea suprimido de acuerdo con las legislaciones de nuestro entorno, siguiendo el procedimiento que tiene establecido la oficina de armonización del mercado interior, ya que se produce una primera revisión de oficio en lo que se refiere a las prohibiciones absolutas, relegando todo lo relativo al examen de las prohibiciones de anterioridades contenidas en los artículos 6 y 7 del proyecto de ley a las posibles oposiciones de terceros una vez que se haya publicado en el registro de la Propiedad Industrial.
Se ha introducido una modificación que nos parece de suma importancia, cual es que la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la hora de examinar las previsiones absolutas, una vez que se ha analizado la publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se ha realizado una búsqueda informática de las posibles anterioridades que pueden existir, lo comunicará a aquellos posibles interesados en oponerse al otorgamiento de estas marcas como consecuencia de ser titulares anteriores de una marca que pudiera colisionar con la nuevamente solicitada en virtud de los artículos 6 y 7. De esta forma entendemos que se protege de una manera suficiente y adecuada a la pequeña y mediana empresa, en la medida en que va a tener un conocimiento directo, sin necesidad de estar en manos de algún agente de la propiedad industrial que la represente permanentemente en sus relaciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por otra parte, sus derechos se salvaguardan de forma adecuada porque va a conocer, sin necesidad de acudir al boletín oficial del Registro Mercantil, la existencia de estos procedimientos de nuevas solicitudes de registros de marcas. Así podrá oponerse, si lo tiene por conveniente, si considera que la marca nueva solicitada puede estar en contra de sus intereses. Y, en caso contrario simplemente no oponerse porque, como ocurre en el procedimiento actual, en que la Oficina Española de Patentes y Marcas realiza de oficio un examen de anterioridades, en muchas ocasiones se deniegan marcas a pesar de que el posible interesado en su denegación no está en absoluto interesado.
De esta forma, introduciendo este nuevo procedimiento, van a poder coexistir marcas idénticas o similares en distintas partes del territorio nacional, siempre y cuando no tengan una colisión económica real entre ellas. Así los derechos que actualmente protegen el rótulo de establecimiento podrán ser de nuevo protegidos de forma distinta, mediante la conversión del rótulo de establecimiento en cuanto a su protección, bien en marca bien en nombre comercial.
Como les decía, estos son a grandes rasgos los nudos gordianos de esta ley, que son básicamente técnicos, sin perjuicio de lo cual voy a pasar a continuación a exponer nuestro criterio en relación a las diferentes enmiendas que han sido presentadas.
La primera de las enmiendas se refiere a la modificación del nombre de la ley, lo cual no es en absoluto posible. No puede ser denominada ley de signos distintivos, puesto que todos los tratados internacionales y convenios firmados por España siempre se refieren a derecho de marcas en general y no como derecho de signos distintivos.
En relación con las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista a la exposición de motivos, creo que ya ha sido suficientemente justificado su rechazo, o admisión parcial en algunos casos, facilitando también transacciones al respecto, para salvar, por una parte, la reforma de la ley vigente, y, por otra parte, a los efectos de salvaguardar también adecuadamente lo relativo al rótulo del establecimiento, explicando la nueva protección posible para este tipo de derechos, así como también
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lo relativo a la marca derivada o ampliación de marca.
Pasamos a continuación al artículo 1.o, en que admitimos parcialmente una enmienda formulada por el Grupo Vasco (PNV). No la admitimos en su totalidad porque nos parece redundante acudir permanentemente a la adición de competencias de las comunidades autónomas en función de la Constitución, del Estatuto de Autonomía, que es de por sí redundante.
Que no parezca que la ley se refiere a que la competencia en materia de ejecución de propiedad industrial se deriva de lo establecido en ella. Esta ley lo que hace es desarrollar lo establecido en los diferentes estatutos de autonomía, por esto proponemos la conversión de la expresión "conforme a lo previsto" por "según se desarrolla en la ley".
La enmienda 59, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha sido admitida. La enmienda 140 del Grupo Socialista, ha sido transaccionada, en el sentido de introducir la expresión sin perjuicio de la protección de los derechos que hubieran sido posiblemente perjudicados por el transmitente de la marca que se ha visto privado de sus derechos.
En relación a la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que pretendía la eliminación de la expresión: establecimiento comercial o industrial serio y efectivo, he de decirles que, desgraciadamente, no podemos aceptarla en la medida de que el tratado de la Unión de París, en su artículo 3.o, expresamente prevé que se pueda solicitar la marca por medio de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo en cualquiera de los países que lo han ratificado.
Respecto a la enmienda 60, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entendemos que se puede admitir, a pesar de que, como es perfectamente conocido, dentro del tratado de la Unión de París, que es el más antiguo en la materia, de 1883, existen controversias en cuanto a qué aspectos del tratado son de aplicación y cuáles no. Sin embargo, parece correcto conocer que en aquellos otros tratados internacionales que son de aplicación directa se ponga también, aunque es cierto que es redundante, puesto que si los tratados internacionales son de aplicación directa sin necesidad de que se desarrollen por una ley o por cualquier otro tipo de normativa seriamente, aunque no lo dijera la ley sería exactamente igual.
En el concepto de marca, no podemos admitir la enmienda 143, del Grupo Socialista, respecto a que sirvan como marcas no solamente todo signo susceptible de representación gráfica, sino que esa representación puede ser también fonética, como consecuencia de la adición clara y contundente del artículo 2 de la Directiva 104/1989.
Sin embargo, a la hora de intentar buscar una transacción entre los diferentes grupos parlamentarios hemos entendido prudente eliminar, dentro de la expresión signos sonoros, la palabra signos, para que no sea redundante con las anteriormente establecidas como posibles signos susceptibles de representación gráfica. Igual suerte debe correr la enmienda 144, del Grupo Socialista, en la medida que la lucha del señor Navarrete por la adición del artículo 3 de la Directiva es clara y contundente en lo referente a la enumeración de cuáles son las prohibiciones absolutas al registro de marcas. Lo mismo he de decir de la enmienda 62, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en cuanto a que la Directiva en su artículo 3.1.e), no prevé el añadido que ellos plantean en su enmienda. Igualmente en relación a la apartado c) de la Directiva, en su artículo 3.2, que no permite la introducción de más prohibiciones de las expresamente establecidas en ella.
La enmienda 63, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no puede ser admitida, ya que está perfectamente claro en la ley que el carácter de distintivo que haya podido adquirir la marca evidentemente siempre es en cualquier momento después de la solicitud, sin que sea necesario introducirlo y añadirlo en el texto.
Sin embargo, aceptamos la enmienda 64, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en la medida que parece correcto y, en definitiva, añade claridad a lo establecido en el proyecto de ley.
La enmienda 65, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha sido objeto de transacción y, como consecuencia, se procede a realizar una nueva redacción añadiendo un apartado d) al artículo 9.
Las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida se refieren prácticamente en su totalidad a lo que antes he señalado con relación a la distinción entre marca notoria y marca renombrada y al procedimiento de concesión de marcas. Por consiguiente, hemos de rechazarlas todas ellas, a menos que consideren que las explicaciones y las modificaciones que introducimos les parezcan suficientemente adecuadas a lo que ellos plantean. Lo mismo decimos con respecto a la enmienda 67, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la enmienda 145, del Grupo Socialista, la enmienda número 23, del Grupo de Izquierda Unida, la enmienda 67, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Las enmiendas 24, 68 y 69 se refieren a la distinción de marca notoria y marca registrada.
La enmienda número 70, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), como antes me refería en la 65, ha sido objeto de transacción. Lo mismo he de decirle respecto a la enmienda número 37, del Grupo Mixto.
Lo que plantea la enmienda número 5, del Grupo Vasco (PNV), también se opone al artículo 3 del Convenio de la Unión de París.
A efectos de salvar la enmienda 146, del Grupo Socialista, que se refiere al rótulo de establecimiento -enmiendas números 71 y 147-, hemos considerado oportuno introducir en otra alocución de la ley que al menos se exigirán tres requisitos, por cuanto el tratado del derecho de marcas establece como requisitos taxativos y únicos para admitir la solicitud los aquí señalados,
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que son los que recoge el proyecto de ley, sin que se puedan exigir otro tipo de requisitos para la admisión de la solicitud.
En relación a la enmienda número 6, del Grupo Vasco (PNV), que plantea una fecha distinta para conocer la iniciación del procedimiento, no podemos aceptarla en la medida en que la seguridad jurídica exige, porque en materia de registro y de concesión de marcas establece un plazo de silencio positivo, una fecha única y posiblemente conocida, cual es la de entrada en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la solicitud, y a partir de ese momento se comienza a computar este plazo. De igual manera sucede en relación con el registro mercantil, registro civil y registro de la propiedad o el registro de minas.
En relación a la enmienda número 148, del Grupo Socialista, no procede suprimir la expresión causahabientes, puesto que expresamente el artículo 4.1 del Convenio de la Unión recoge esa palabra.
La enmienda número 7, del Grupo Vasco (PNV), no nos parece correcta, en la medida en que si la oficina competente de la comunidad autónoma admite la solicitud de registro, por supuesto no hace falta dictar ningún auto administrativo de admisión de la solicitud, puesto que se trata de un acto de trámite, continuando el procedimiento, y lógicamente no sería recurrible.
La enmienda número 72, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ha sido objeto de admisión por parte de nuestro grupo, porque parece más correcta la expresión que incorpora.
La enmienda número 73, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), así como la 8, del Grupo Vasco (PNV), la número 149, del Grupo Socialista, no pueden ser recogidas en la medida en que todas las enmiendas relativas al procedimiento que está en los artículos 18 a 21 de la ley ha cambiado completamente y, por consiguiente, decaen por su propia especificidad. Lo mismo he de decir en relación con las enmiendas números 74, 189, 45, 75, 32, 76, 33. Lo mismo ocurre con las enmiendas 34, 48, 77, que se refieren al procedimiento del artículo 22.
Pasamos a la enmienda número 193, del Grupo Socialista, que lógicamente no puede ser tenida en consideración en la medida en que se remite a otros apartados anteriores que han sido objeto de modificación en el procedimiento.
La enmienda número 150, del Grupo Socialista, es objeto de una transacción por parte de nuestro grupo para intentar aclarar, sin alargar excesivamente el texto de la ley, lo que ellos quieren decir en ella.
La enmienda número 78, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), debe ser rechazada en la medida en que se refiere al procedimiento de otorgamiento, en cuanto que se remite a unos artículos que han sido objeto de vaciamiento por ser sustituidos por otros.
Vamos al artículo 26 del proyecto de ley que prevé la suspensión del procedimiento de tramitación de registros, que es diferente a la suspensión del procedimiento de solicitud de registros que viene contemplado en el artículo 16.2, y hemos querido aclararlo en la enmienda transaccional que hemos presentado.
De la misma forma, y en la medida en que ha sido modificado el procedimiento, no puede ser admitida por parte de nuestro grupo la enmienda número 79, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La enmienda número 80 es objeto de transacción, de forma y manera que pretendemos la modificación del artículo 26. Lo mismo ocurre con las enmiendas números 151 y 152.
Hay algo importante en relación a la enmienda número 57, del Grupo Mixto, que quiero comentarles expresamente. Alguien puede pensar que puede darse algún caso de indefensión en el supuesto de impago de la tasa que prevé y establece la ley para la interposición de recursos, cosa que no es así en absoluto porque en materia de marcas caben dos vías: una contenciosoadministrativa y otra civil; y en materia civil puede acudir en cualquier momento a los tribunales sin necesidad de abonar ningún tipo de tasa de recurso.
La enmienda 153, del Grupo Socialista, no puede ser objeto de admisión, ya que si se admitiese lo que propone la tasa de recurso no se satisfaría en ningún caso y siempre se acogerían a la solicitud de devolución para no pagarla nunca.
La enmienda número 10, del Grupo Vasco (PNV), es objeto de admisión, a pesar de que nos parece también redundante, porque si se pueden quedar más tranquilos y además viene recogido en el proyecto de ley no hay ningún inconveniente en hacerlo.
Las enmiendas números 81 y 82, del Grupo Catalán, así como la 83, son objeto de transacción, porque nos parece que pueden mejorar el texto del proyecto de ley, sin perjuicio de decirle que también nos parece un tanto redundante, pero como lo que abunda no daña no tenemos especial inconveniente en que se introduzca en el texto.
La enmienda número 11, del Grupo Vasco (PNV), también se incorpora al texto del proyecto de ley, ya que nos parece más correcta en su redacción, y asimismo establecemos una modificación añadiendo un nuevo apartado 6 al artículo 29.
La enmienda número 84, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), es objeto de transacción, así como las enmiendas 12 y 85.
La enmienda número 13, del Grupo Vasco (PNV), y 86, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), son también objeto de transacción y se refieren a lo que les comentaba antes de las competencias exclusivas o concurrentes a efectos de la admisión de solicitudes para los casos de renovación, renuncia y modificación del derecho de marcas.
La enmienda número 154, del Grupo Socialista, se refiere a rótulo de establecimiento, y mantenemos lo yadicho con anterioridad.
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Sin embargo, nos parece aceptable la enmienda número 87, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y procedemos a incorporarla como transaccional al artículo 34. Lo mismo he de decir en relación con la enmienda 88.
En cuanto a la enmienda número 155, del Grupo Socialista, no nos es posible admitirla, a pesar de que introduce una corrección técnica, de forma y manera que el artículo 5.3 c) de la Directiva 104/1989 establece como casos taxativos importación o exportación de bienes sin fijar ningún tipo de figuras aduaneras parecidas.
La enmienda número 89, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), nos parece correcta, si bien entendemos que no ha lugar a introducir, cuando tenga un efecto comercial en España, las palabras -y hago este comentario específico porque ha surgido en el debate-, referentes a la utilización indebida de signos telemáticos o nombre de dominio, porque si bien es cierto que los tribunales españoles tienen sólo competencia en nuestro país, puede darse el caso de que violaciones del derecho de marcas, utilizando medios telemáticos o como nombre de dominio, puedan ser perseguidas a través de los medios y de los procedimientos civiles oportunos fuera del territorio español.
A la enmienda número 156, del Grupo Socialista, hemos ofrecido una transacción consistente en introducir en la enumeración de las posibilidades que establece la ley las que aquí se proponen.
La enmienda número 90 no puede ser recogida, también como consecuencia de que en materia de medicamentos existe una nomenclatura específica, una nomenclatura especialmente diseñada.
Como decía antes el señor Silva -si no recuerdo mal ha retirado esta enmienda-, al suprimirse el examen de anterioridades alguien tendrá interés en la oposición. En el supuesto de que nadie se hubiese opuesto, deben ser las autoridades sanitarias las que procedan a comprobar las nuevas denominaciones solicitadas para medicamentos.
La enmienda número 91, sintiéndolo mucho, señor Silva, no puede ser admitida por cuanto, a pesar de ser tan extraño en nuestro lenguaje la no discriminación del derecho de marca, que es algo acuñado por el derecho de marcas. Además, la no discriminación del derecho de marcas viene expresamente recogida en el artículo 7 de la directiva.
A la enmienda número 92 planteamos una transaccional, consistente en añadir: una indemnización razonable y de acuerdo con las circunstancias.
La enmienda 158, del Grupo Parlamentario Socialista, quiero proceder a comentarla, ya que también ha sido objeto de comentario por parte del señor Navarrete. Se refiere a la protección provisional de los derechos de marca. Hay que distinguir dos supuestos claramente diferenciados. Uno, el momento en que nace el posible derecho a indemnización y, dos, el plazo a partir del cual se puede reclamar ante los tribunales la indemnización correspondiente. Son dos supuestos perfectamente diferenciados y solamente a partir del momento de registro de la marca -antes no existe posible derecho consolidado- se puede hacer efectiva la acción ante los tribunales. El artículo lo que está previendo son los supuestos que pueden dar lugar a una indemnización porque anteriormente se haya producido una lesión a los derechos económicos de la marca que es posteriormente otorgada.
Otro aspecto que también ha sido comentado está en relación con las personas legitimadas para ejercitar los derechos derivados del registro de la marca. No nos parece adecuado introducir en el texto de la ley la sustitución de la expresión "titular de derecho de marca" por "persona legitimada". por la siguiente razón. De introducirlo, podría entenderse que se extiende, de forma contraria al derecho marcario, a aquellas personas que están legitimadas para el ejercicio del derecho. Las personas que están legitimadas para el ejercicio del derecho, como consecuencia de la remisión que realiza la Ley de marcas a la Ley de patentes, de 20 de marzo de 1986, son exclusivamente el titular del derecho de marca y el licenciatario. Si se introdujese la expresión "persona legitimada" podría entenderse que otras personas además de éstos pueden ejercitar estos derechos.
Lo mismo hay que decir de la enmienda 159 del Grupo Socialista, si bien nos ha parecido oportuno modificar la disposición adicional primera en lo que se refiere a la remisión que realiza a la Ley de patentes porque, efectivamente, parece que es necesario introducir la necesaria identidad entre marca o nombre comercial, es decir, signo distintivo con patente, a los efectos de que gocen de idéntica protección, si bien el artículo 124 de la Ley de patentes establece algún tipo de diferencia.
Las enmiendas números 95 y 96, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la enmienda número 160, del Grupo Socialista, nos ha parecido oportuno recogerlas; no precisamente la enmienda anteriormente citada del Grupo Socialista, y no porque seamos capitalistas manchesterianos, sino porque nos parece que la solución que propone el señor Navarrete es correcta y adecuada.
He de decir lo mismo en relación a la enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la sustitución del término "sin autorización del titular de la marca" por la expresión "forma contraria a derecho". En materia de derecho marcario están muy elaborados tanto los términos de legitimación como los supuestos en que es posible pedir indemnizaciones o la prohibición de determinadas actividades, y tanto la directiva como los tratados internacionales se refieren a la falta de autorización del titular de la marca, sin admitir otro tipo de posibilidades,si bien es cierto que difícilmente podemos pensar
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en una forma contraria a derecho que no sea la autorización del titular.
Respecto a la enmienda número 98, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tengo que decir que hemos suprimido toda referencia a la palabra "renombrada" precisamente para evitar confusiones. Lo mismo he de decir de la enmienda número 162, del Grupo Socialista, de la 28, de Izquierda Unida y de la 99, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sin embargo, nos ha parecido correcta la modificación del proyecto de ley que se propone en la enmienda número 100, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a multas coercitivas, y proponemos un nuevo texto de tal artículo.
Por otra parte, la enmienda 101, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la pasamos a una disposición adicional porque nos parece correcta, si bien modificando su dicción, de forma y manera que se adecue a las disposiciones adicionales de la vigente Ley de sociedades anónimas.
La supresión de la expresión la marca como derecho de propiedad, como la marca objeto de derecho, no nos parece adecuada porque este capítulo de la ley está regulando el ejercicio de acciones reales derivadas de la marca, no otro tipo de acciones posibles.
La enmienda 102, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha sido objeto de transacción, puesto que plantea un supuesto que puede llegar a tener importancia en la medida en que si un comunero, o la mayoría de los comuneros en el supuesto de marca cuya titularidad correspondiere simultáneamente a varias personas, se opusiese de forma absoluta e injustificada al ejercicio del derecho de marca, podría dar lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398.3 del Código Civil, a que se pudiera acudir ante el juez si fuese contrario al interés de la comunidad o de los comuneros el acuerdo mayoritariamente adoptado, pero también es cierto que, en la medida en que las marcas caducan por su no ejercicio durante cinco años, la dilación de los trámites judiciales acudiendo a la vía ordinaria del Código Civil podría dar lugar a que se viesen frustrados los intereses legítimos de los copartícipes que quieren utilizar legítima y justificadamente en el mercado o en el tráfico económico la marca de la que son cotitulares.
La enmienda 183, del Grupo Socialista, no nos parece correcta, ya que no se puede obligar a un comunero a que necesariamente se adhiera al ejercicio de la acción iniciada por uno de ellos para la legítima defensa del derecho del que son cotitulares. Sin embargo, proponemos una transaccional respecto a su enmienda número 164, que puede dejar más clara la regulación de los derechos de tanteo y retracto.
Respecto a la enmienda número 165, del Grupo Socialista, tengo que decir que no es posible introducir las palabras "negocios jurídicos", en general, en relación a qué actos jurídicos son inscribibles en el registro de marcas, porque en el registro de marcas son inscribibles aquellos actos que tienen trascendencia real o bien se refieren al disfrute, ejercicio o cesión a un tercero de la marca -por eso el supuesto de licencia-, no a todos los negocios jurídicos en general. No obstante, en el texto que les hemos facilitado hemos añadido después la expresión "negocios jurídicos", para que no parezca que no es susceptible de derecho de marca cualquier otro tipo de negocio jurídico.
La enmienda 103, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), merece un comentario en la medida en que planteamos que la eficacia de la hipoteca constituida sobre el derecho de marca tenga eficacia respecto a terceros a partir del preciso momento en que es inscrita en el registro de marcas y no en el registro establecido en la Ley de hipoteca mobiliaria, prenda y procedimiento de posesión de 16 de diciembre de 1954. Si queremos dar un carácter único al registro, y que tenga de verdad efectos frente a terceros, no podemos jugar con las fechas de eficacia, porque eso puede dar lugar a mucha más confusión en vez de aclaración.
En relación a la enmienda número 104, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), diré que uno de los supuestos que la ley plantea es que sea divisible la marca. En la medida en que la marca es divisible, no podemos estar de acuerdo en que sea indivisible. Por supuesto, la marca es divisible dentro siempre del principio de especialidad; no puede romperse el nomenclator internacional en cuanto a los sectores que son protegidos por la marca registrada u otorgada. Y, en relación a su ámbito territorial, es imposible que la marca se divida territorialmente, sin perjuicio de que pueda ser licenciada porque las marcas tienen ámbito nacional.
En cuanto a la enmienda 186, del Grupo Parlamentario Socialista, lo siento mucho, pero el artículo 11.4 del tratado de derecho de marcas es taxativo en cuanto a los requisitos que se deben establecer para proceder a transmitir o modificar una marca, y no podemos hacer nada aparte de lo que exige el propio tratado.
He de mencionar expresamente la enmienda número 29, del Grupo de Coalición Canaria, porque es la única que presenta y evidentemente debe merecer un trato a este respecto. Pretende que la ley defina qué se entiende por mala fe. Entendemos que la mala fe es un concepto jurídico acuñado y definido por la jurisprudencia y la doctrina y no requiere, por consiguiente, de mayores explicitaciones legales.
La enmienda número 105, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), no es posible admitirla en la medida en que la directiva comunitaria, en su artículo 9, no prevé un supuesto de prescripción general, sino que se establece un supuesto de prescripción del ejercicio de la acción derivada del derecho de marca, siempre y cuando exista a su vez un consentimiento expreso otácito al ejercicio indebido por un tercero del derecho
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de marca, y no sin más un plazo de prescripción de cinco años a contar del registro del derecho.
Las enmiendas 167, del Grupo Socialista, y 107, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), han sido objeto de transacción, de forma y manera que ahora lo que se prevé es que en el registro de marcas se puedan anotar preventivamente las demandas de nulidad y caducidad del derecho de marca, en la medida en que la acción reivindicatoria ya está prevista en el artículo 2.2 del proyecto de ley. Don Carlos, lamento no poder admitir su enmienda en la parte relativa a la anotación del inicio del procedimiento de caducidad de oficio del derecho de marca, porque esta caducidad opera de oficio; la caducidad solamente se produce de oficio en los casos de falta de renovación de la marca o renuncia de la marca. En el supuesto de renuncia de la marca, no habría lugar a la anotación de ningún tipo preventivamente del inicio de este procedimiento, cuando es el propio titular el que pide la renuncia de la marca. En relación con la caducidad por no renovación de la marca, esta no renovación es simplemente por falta de pago de los derechos y difícilmente podemos pensar en que algún tercero pueda verse perjudicado como consecuencia de la declaración automática de la caducidad por falta de pago de los derechos de renovación.
La enmienda número 108, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), ha sido objeto de transacción, previendo así una competencia concurrente con las comunidades autónomas en lo referente a la modificación del derecho de marca.
No podemos admitir la enmienda número 169 por cuanto entendemos que no es una definición correcta de la marca colectiva. Tampoco podemos admitir la número 168 porque entendemos que la franquicia no tiene por qué ser una marca colectiva, sin perjuicio de que una franquicia también pueda ser una marca colectiva, pero no toda marca colectiva representa una franquicia.
En relación con la enmienda 170, de don Carlos Navarrete, he de decirle que el artículo 15.2 de la directiva prescribe expresamente lo que usted prevé y, por consiguiente, no es susceptible de ser admitido.
De la enmienda 171 he de decirle lo mismo, que la marca de garantía nunca, en ningún caso, es una franquicia, sino que es una marca; que precisamente con la marca de garantía se trata de garantizar determinados productos o servicios de terceros frente a la franquicia, cuya reputación vendrá dada por la marca que se licencia a favor del franquiciado.
La definición que usted pretende de marca de garantía en la enmienda número 172 no es admisible por cuanto que no coinciden exactamente la marca de garantía, la marca colectiva y la marca en general en cuanto a su definición legal y a su definición conceptual.
La enmienda número 109, del señor Silva, no es posible admitirla en la medida en que el reglamento comunitario que regula las denominaciones de origen prevé, además específicamente, su registro como marca; es más, todas las denominaciones de origen a su vez también se registran como marcas.
Sin embargo, y en relación con su enmienda número 110, también relativa a las denominaciones de origen, junto con el nuevo título que prevé para la ley, formulamos una disposición adicional, porque efectivamente nos parece correcto -y también a nosotros se nos había ocurrido antes- que las denominaciones de origen fueran objeto de regulación por medio de una disposición con rango de ley, de forma específica y no solamente relativo al estatuto de la viña y del alcohol, porque además hay numerosa normativa comunitaria que va haciendo necesaria su trasposición a España.
La enmienda número 111 nos parece absolutamente correcta, porque rectificando también la argumentación que ha dado el señor Silva, el problema no es que las comunidades autónomas puedan no contestar nunca, es que de acuerdo con la Ley 30/1992, de bases del régimen jurídico y del procedimiento administrativo común, el informe por parte de cualquier órgano de la Administración debe emitirse en el plazo de diez días y si no se entiende favorable. Parece lógico ampliar este plazo, que también la propia Ley de régimen jurídico prevé su ampliación por norma con rango de ley, a tres meses para que las comunidades autónomas dispongan de un plazo suficiente y adecuado para poder contestar e informar en relación al reglamento de uso de la marca colectiva.
No podemos admitir la enmienda número 173, del Grupo Socialista, en la medida en que la declaración de caducidad, en el supuesto de incumplimiento de la normativa establecida en el reglamento de uso de las marcas de garantía, corresponde apreciarla a los tribunales de justicia y no a la Administración.
La enmienda 112, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), decae porque se refiere a artículos de procedimiento que han sido objeto de modificación. A la enmienda número 113 formulamos una transaccional al efecto de que quede suficientemente claro que tanto la denegación como el otorgamiento de una marca internacional será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
No podemos admitir la enmienda 114, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). No nos parece en absoluto adecuado comunicar al solicitante la remisión a la Oficina Internacional a la que se ha remitido la solicitud formulada en España, puesto que no es en absoluto procedimentalmente adecuado que los actos de trámite se notifiquen al interesado a efectos de que tenga un interés específico en realizarlo.
No es posible la admisión de la enmienda número 115, como señalé con anterioridad, sin perjuicio de lo cual por supuesto que nos brindamos a que en el trámite de este mismo proyecto de ley en el Senado profundicemos sobre la posible competencia, aunque sea
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concurrente, de las comunidades autónomas en lo referente a la transformación y solicitud de marcas internacionales, si bien he de decirle que me temo muy mucho que de acuerdo con el precepto que antes tuve la oportunidad de leerles del protocolo de Madrid sea posible admitir lo que ustedes suscitan desde el punto de vista internacional. Lo mismo he de decirle en relación con la enmienda número 116. Lo mismo en relación con la enmienda número 15, del Grupo Vasco (PNV).
La enmienda número 16, del Grupo Vasco (PNV), no nos parece correcta, porque supone establecer una operación triangular que carece en absoluto de sentido y que no ocasionaría sino perjuicios al solicitante de la marca. Sobre la enmienda número 117 he de decirles lo mismo, porque en la medida en que se modifica el procedimiento carece ya de sentido en cuanto que está previendo el procedimiento anterior.
La enmienda número 118 también se refiere a marcas internacionales y no se puede admitir la posible competencia autonómica para recibir este tipo de solicitudes.
No nos parece correcta la enmienda 58 que, por otra parte, es similar a una que posteriormente les comentaré del Grupo Socialista, relativa a la imposibilidad de transmisión del nombre comercial independientemente de la empresa. Como digo, posteriormente será objeto de comentario.
En relación con la enmienda número 119, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), es objeto de transacción porque efectivamente nos parece correcta la introducción que propone de señalar también las imágenes como posibles objetos de nombre comercial.
La enmienda 120 carece de sentido, en la medida en que ha sido suprimido el párrafo segundo del artículo 90. Lo mismo le digo de la enmienda número 164, del Grupo Socialista, si bien de acuerdo con los criterios que ellos prevén, y se traslada a un nuevo apartado letra d), del artículo 9, si por supuesto es objeto de transacción. También he de decirles que es objeto de transacción la enmienda número 175, del Grupo Socialista.
Comento ahora aquella enmienda que antes les decía de la posibilidad o imposibilidad de transmisión del nombre comercial independientemente de la empresa. Nosotros creemos que a pesar de que la ley actual proscriba la transmisión independiente del nombre comercial de la empresa, no nos parece que haya razón jurídica de fondo o de peso para evitar que el nombre comercial se transmita independientemente de la empresa y, desde luego, no perjudica en absoluto a los consumidores y usuarios o adquirentes de los bienes.
He tenido ocasión de comentar con anterioridad la enmienda número 121, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que propone una nueva disposición adicional en la legislación relativa a las denominaciones de origen.
Llegamos ahora a la disposición adicional tercera. En ponencia se suprimió la parte relativa a que por el Consejo General del Poder Judicial se podría designar un juzgado si hubiera varios para conocimiento de los procedimientos en materia de patentes y marcas. La nueva redacción que les he propuesto se refiere simplemente a lo siguiente. Da la casualidad de que en el artículo 125 de la Ley de Marcas ha quedado un apartado 3 en blanco como consecuencia de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trataba simplemente de dar mayor armonía al precepto, pero da exactamente igual. Si usted quiere, lo dejamos tal cual lo habíamos hecho en ponencia y no decimos que quedará incorporado como apartado tercero, da exactamente lo mismo.
La enmienda número 122, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), como también ha señalado antes el señor Silva, ha de ser objeto de rechazo en la medida en que estamos pendientes de que se desarrolle el pacto de la justicia y, lógicamente, todo lo relativo a competencias de órganos jurisdiccionales nos parece más correcto dejarlo para este momento legislativo procedimental.
La enmienda número 123, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), ha sido objeto de transacción, aceptando la mejora técnica que ellos plantean. No es posible reducir los plazos de silencio para el otorgamiento de marcas, desgraciadamente, don Carlos, porque, como usted sabe, es un silencio que opera si la Administración no contesta dentro del plazo de forma positiva. Nos parecen unos plazos adecuados los que prevé la ley para que el plazo se entienda por positivo. Por cierto, he de decirle que nunca se agotan los plazos y siempre son objeto de resolución expresa tanto las solicitudes de otorgamiento como de denegación de marcas.
Hemos formulado una transaccional a las enmiendas números 19, 124 y 179 porque nos parece correcto establecer un plazo para que el Ministerio de Ciencia y Tecnología resuelva, en colaboración con las comunidades autónomas.
La enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), no es posible admitirla porque en materia de denominaciones de origen quien debe remitir al órgano comunitario es precisamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y supondría una doble comunicación si también tuviesen que realizarlo las comunidades autónomas. No nos parece adecuado establecer esta carga adicional a las comunidades autónomas cuando no es necesario y ya es directamente realizado por los órganos centrales.
También es objeto de transacción en el mismo sentido antes señalado de colaboración con las comunidades autónomas la enmienda número 125, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), y a la adicional undécima, cuya supresión propone el Grupo Socialista, le formulamos también una transaccional.
La enmienda número 126, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), creo que ha sido contestada adecuadamente
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en la medida en que se refiere a competencias jurisdiccionales.
En relación a una nueva disposición adicional relativa a la regulación por ley de los dominios en la red, efectivamente, nos parece correcto que se regule por ley este tipo de materias.
La enmienda número 129, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), que es idéntica a la enmienda número 200, del Grupo Parlamentario Popular, ha sido objeto de transacción para extenderla a otros supuestos no previstos en las enmiendas, de forma y manera que en una ley no se cite como dándole valor o rango más que el que tiene a un simple reglamento aprobado por real decreto.
Nos parece interesantísima la enmienda número 130, del Grupo Catalán (Covergència i Unió), en la medida que prevé que el Gobierno remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre el régimen de las denominaciones sociales y de las entidades jurídicas y también porque a nosotros se nos había ocurrido antes, señor Silva. (Risas.) Proponemos una transacción de forma y manera que quede la suficiente amplitud para la regulación de este proyecto de ley, que es enormemente complejo y que requiere una gran cantidad de consultas y estudios previos para su elaboración.
El Grupo Catalán (Covergència i Unió) prevé en la enmienda número 131 una serie de modificaciones en materia de impuesto de sociedades para potenciar la marca española en el exterior. La normativa fiscal actualmente vigente de fomento de la exportación y de protección también de la innovación y desarrollo tecnológico nos parece suficientemente adecuada y no necesita de nuevas exenciones o bonificaciones fiscales.
En la enmienda número 132 se prevé por parte del señor Silva la redacción de un proyecto de ley reguladora de los contratos de distribución y de régimen de franquicia. No nos parece correcto.
Entendemos que está suficientemente regulado dentro de nuestra normativa o que no necesita unos trámites específicos por parte de la Ley de comercio minorista y que la franquicia es una nomenclatura que aborda una gran cantidad de problemáticas que no son susceptibles de tratamiento unitario.
He decirle al Grupo Socialista respecto de las enmiendas números 182, 183 y 184 lo mismo que les dije antes en relación a la posible protección que se puede dar nuevamente mediante su transformación o el empleo de las técnicas jurídicas de protección de las marcas y nombres comerciales.
En la enmienda número 127, señor Silva, he hecho una transacción y la he incorporado como tal, de forma y manera que pueda ser tal vez estudiado con mayor profundidad en el Senado lo relativo a que las comunidades autónomas tengan competencia para resolver los procedimientos de renovación de rótulos de establecimiento para aquellos que estén situados en un único y exclusivo ámbito de tal comunidad autónoma, si bien plantea graves problemas de procedimiento que la resolución corresponda también a las comunidades autónomas porque supondría la remisión de todos los expedientes administrativos, expedientes administrativos que en muchísimos casos son enormemente antiguos, y representaría tal vez un perjuicio mayor para los administrados que el beneficio que se pretende como consecuencia de la enmienda que usted suscita.
La enmienda número 21, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), evidentemente decae por cuanto que ha sido modificado aquello que podía tener carácter orgánico en la nueva ley.
El señor Silva plantea en su enmienda número 134 una vacatio legis de seis meses para este proyecto de ley. Realmente entiendo que, de acuerdo con los trámites parlamentarios, si se producen con la normalidad que en principio deben producirse, no más allá del mes de noviembre estará aprobada definitivamente esta ley, con lo cual la vacatio legis será posiblemente no de seis meses, sino de siete meses. Por consiguiente no parece propio porque, inclusive, entraría en vigor antes de lo expresamente previsto.
No nos parece oportuna, señor Navarrete, señor Silva, la reducción de las tasas de tramitación de procedimiento porque realmente están muy ajustadas. Por esto mismo he de decirle, en la medida en que ha sido modificado el procedimiento, que no admitimos la enmienda número 204, del Grupo Parlamentario Popular, que planteaba una reducción de las tasas de tramitación del registro de procedimientos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Troconiz, por su exhaustiva explicación y, sobre todo, por este nuevo sistema de archivo que usted nos ha descubierto hoy aquí. (Risas.) Interviene por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Tras esta lección magistral y la cantidad de argumentos expresados por el señor Fernández de Troconiz, en lo que respecta a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) entiendo que lo razonable es retirarlas todas y volver a estudiar un proyecto de ley en el que sea aceptado gran parte del contenido de las enmiendas que se presentan. Nos encontramos, sobre todo en los temas de procedimiento, ante un planteamiento distinto al que inicialmente se recogía en el proyecto de ley, por lo cual entiendo que esta vez el Senado tendrá que cumplir con su función de Cámara de segunda lectura. Es más razonable adoptar una posición de este tenor que empezar ahora a matizar las posiciones o intentar sostener los matices.
Agradezco la interlocución y la receptividad que el diputado Fernández de Troconiz, del Grupo Parlamentario Popular, ha mantenido en su intervención, una metodología de trabajo que nos permite tener en este
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momento, en un documento ya estructurado, el contenido de las enmiendas que se han aceptado y aquellas que han sido transaccionadas. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco, señor presidente, retira todas sus enmiendas, entendiendo que, si este es el método de trabajo que se va a seguir en el Senado, tendremos una buena ley de marcas.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, intervengo simplemente para retirar las enmiendas números 25 y 26, a las cuales se ha planteado una transaccional junto con enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra don Manuel Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: En primer lugar, quiero agradecer la disposición del Grupo Parlamentario Popular a aceptar y transaccionar un buen número de enmiendas presentadas por Convergència i Unió. En segundo lugar, esperamos poder constatar en el trámite en el Senado la voluntad de aceptar o de aproximarse a la aceptación de otras enmiendas que en mi intervención he definido por autonómicas. Me perdonará la inmodestia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero creo que Convergència i Unió tiene mucha razón en estas enmiendas, por no decirle que toda y yo creo que entre ese mucho y ese todo debiéramos ser capaces de resolver el tema en el Senado. Y finalmente, habiendo presentado un amplio número de enmiendas, haría llegar a la Presidencia el número de las que se han retirado y de las que deseamos que su votación se produzca en función de las que sean menores.
El señor NAVARRETE MERINO: Simplemente quiero agradecer, al igual que han hecho todos los ponentes, el esfuerzo realizado por el señor Fernández de Troconiz a la hora de asumir enmiendas, aunque algunas decisivas en nuestra opinión no han sido atendidas. Y también quiero reiterar las enmiendas que retiramos, que son la 135, 136, 141, 149, 150, 151, 156, 160, 164, 167, 174 y 175. Asimismo, retiramos la 177 -antes habíamos dicho que su retirada dependería de la explicación que se nos diera-, la 179, 180 y 181 y mantenemos las restantes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Troconiz.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor presidente, no voy a hacer uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Se dan cinco minutos de receso para organizar las votaciones. (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas, empezando por las del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas presentadas por el señor Saura, comenzando por la número 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 29; abstenciones, una.
Enmiendas números 30 y 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 14.
Pasamos a las enmiendas del señor Núñez, del Partido Andalucista, empezando por las números 38, 48 y 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, una.
Enmiendas 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
Enmiendas 35, 36, 48, 49, 51, 53 y 54.
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Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el señor Aymerich Cano.
Empezamos con las enmiendas 55 y 56.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, una.
Votamos la enmienda número 57.
A continuación, pasamos a votar la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 22 y 24.
A continuación, pasamos a votar las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmiendas 139, 144, 145, 147, 148, 154, 156, 158, 162, 163, 174, 180, 181 y 188.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.
Pasamos a votar todas las enmiendas que quedan del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNÁNDEZ DE TROCÓNIZ MARCOS: El Grupo Popular ha retirado la enmienda número 204.
El señor PRESIDENTE: Queda retirada la enmienda 204 y votamos el resto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (El señor Silva Sánchez pide la palabra.) ¿Señor Silva?
El señor SILVA SÁNCHEZ: Anteriormente, había anunciado que pasaría una relación de enmiendas para votar. Sin embargo, atendida la amplia aceptación de enmiendas por parte del Grupo Popular al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -alrededor de la cincuentena entre aceptadas y transaccionadas- y la manifestación de voluntad, que creemos firmemente, de realizar un estudio atento fundamentalmente de las enmiendas de carácter autonómico de cara a los debates en el Senado, retiramos el resto de enmiendas sin proceder a su votación.
El señor PRESIDENTE: Yo lo había hecho automáticamente, perdone el señor Silva.
Vamos a votar las enmiendas transaccionales.
Votamos ahora los artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31,
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32, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, disposición adicional tercera, 2; disposiciones adicionales cuarta, séptima, décima, 11.a, 12.a, 13.a, 14.a, 15.a, 16.a, 18.a, 19.a, disposiciones transitorias primera, segunda, quinta, sexta, séptima y octava, disposición final y disposición derogatoria.
Votamos el resto de la ley junto con la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto con competencia legislativa plena de esta Comisión.