Source: http://legislacion.derecho.com/anuncio-17-diciembre-2010-ayuntamiento-de-segovia-3166561
Timestamp: 2014-03-09 01:24:17
Document Index: 304632269

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo\n4', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 110', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo\n17', 'artículo 111', 'artículo 70', 'artículo 17', 'artículo 106', 'artículo 9', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17']

Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011
Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011	Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011 Mis Leyes
Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011 Nº de Disposición	:
BOP-SEGOVIA 156	Fecha Disposición	:
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA	El Pleno de este Ayuntamiento de Segovia en sesión de 20
de diciembre de 2010 ha adoptado acuerdos disponiendo la
desestimación de reclamaciones presentadas y elevando a
definitivo el acuerdo provisional de 29 de octubre de 2010 mediante
el que fueron aprobadas diversas modificaciones de las actuales
Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos,
procediéndose a su publicación conforme a lo
dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley de las Haciendas
Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (BOE día 9) y a los efectos de su
entrada en vigor el 1 de enero de 2011 y a lo previsto en el
artículo 19 de la misma, relativo a la interposición
de recurso contencioso-administrativo.
«Acuerdo núm. 314.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE
2010, RELATIVO A PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE
ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS QUE HAN DE REGIR
DURANTE EL PRÓXIMO EJERCICIO 2011. Fue dada cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa citada, el cual es del
siguiente tenor: "DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO.
Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de
diciembre de 2010. PROPUESTA DE RESOLUCION DE LAS RECLAMACIONES
FORMULADAS AL ACUERDO PROVISIONAL DE MODIFICACION Y REVISION DE
DURANTE EL PRÓXIMO EJERCICIO DE 2011.
Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 29 de octubre de 2010, en
virtud del cual se resolvió aprobar provisionalmente la
modificación y revisión de las Ordenanzas Fiscales y
de Precios Públicos que han de regir a partir del 1º de
enero de 2011, y, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el RD Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, someter el mismo, junto con su expediente, a
exposición pública "en el tablón de anuncios
de la Corporación durante treinta días, como
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán
Visto el Informe emitido por la Encargada del Registro General
de este Ayuntamiento, en fecha de diciembre de 2010, en el que
acredita que el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
enero de 2011, estuvo expuesto al público en el
Tablón de Anuncios de esta Corporación, desde el
día 30 de octubre hasta el de 15 diciembre, de 2010, ambos
inclusive y, por tanto, observando el plazo de exposición de
30 días hábiles como mínimo, previsto en el
artículo 17.1 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Visto que el meritadoacuerdo fue publicado, mediante edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, Número
134, de 8 de noviembre de 2010, respetando, igualmente, el plazo de
exposición pública de 30 días hábiles,
durante el cual estuvo puesto de manifiesto el expediente de
referencia para su consulta en las Oficinas municipales de la
Sección de Tributos y posibilitar la interposición de
las reclamaciones que se estimaran oportunas por los interesados,
mediante presentación de escritos ante el Registro General
de Entrada de Documentos de este Ayuntamiento.
Vista la Certificación emitida por la Sra. Vicesecretaria
General de este Ayuntamiento, con el Visto Bueno de la
AlcaldíaPresidencia, en fecha 16 del corriente mes de
diciembre, cuya literalidad dice:
"Que, según datos obrantes en el Libro de Edictos de este
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, el anuncio del acuerdo plenario de
aprobación provisional de la modificación, con
efectos a partir de 1 de enero de 2011, de las Ordenanzas Fiscales
y Disposiciones de Precios Públicos adoptado por el Pleno
Corporativo en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre
de 2010, ha permanecido expuesto en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento -Edicto nº 1778/2010- entre los días
30 de octubre y 15 de diciembre de 2010.
De otro lado, y según datos obrantes en el Registro
General, resulta que, revisado el Libro General de Entrada, y
según su soporte informático, en el plazo de
exposición pública a que ha estado sometido el citado
expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales y
Disposiciones de Precios Públicos, aprobado en acuerdo
Plenario de fecha 29 de octubre de 2010, y publicado en el BOP de
Segovia nº 134 de 8 de noviembre de 2010, siendo aquel de
treinta días hábiles, comprendido entre los
días 9/11/2010 y 15/12/20, ambos inclusive, consta la
presentación de los siguientes escritos:
Nº ASIENTO REGISTRAL: 2010046237
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 1/12/2010 12:17
INTERESADO: JAVIER OTONES GIL
SOLICITA SE MODIFIQUE Y CATALOGUE DE SEGUNDA CATEGORIA ORDENANZA
FISCAL RESPECTO A TARIFAS A APLICAR EN TERRAZAS DE BARES A LA AVDA
Nº ASIENTO REGISTRAL: 20100046239
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 1/12/2010 12:19
INTERESADO: ALONSO MORUJO INFANTE
Nº ASIENTO REGISTRAL: 20100046576
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 3/12/2010 14:05
INTERESADO: ANGEL VELASCO SANZ
PRESENTA ALEGACIONES A MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES Y
SOLICITA RECTIFICACION TARIFA REGULADORA MATERIALES Y OTROS
ELEMENTOS CONSTRUCCION.
Asimismo, consta presentación por D. Javier Otones Gil
con número de asiento registral2010047531 de fecha 15/12/10
y por D. Alonso MorujoInfante, con número de asiento
registral2010047530 de fecha 15/12/10, escritos reiterando
alegaciones presentadas con fecha 1 de diciembre de 2010".
Vistas las reclamaciones interpuestas por D. Javier Otones Gil y
D. Alonso Moruno Infante, ante el Registro General de Entrada de
Documentos de este Ayuntamiento el día 1 de diciembre de
2010, reiteradas en fecha 15 de diciembre de 2010, con
idéntico tenor literal, referidas al artículo
4º, (tarifas y cuotas), Epígrafe 2º, terrazas de
bares, de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Utilización
Privativa y el aprovechamiento especial del dominio público
municipal, cuestionándose la actual clasificación de
las tarifas de las terrazas de establecimientos hosteleros, en
concreto la que afecta a los ubicados en la Avenida Padre Claret,
en el tramo a partir del número 8 hasta su confluencia con
la calle Soldado Español, y se solicita se modifique y se
catalogue a la Avda. Padre Claret, a efectos de tarifas y cuotas,
como segunda categoría, que se corresponde con una cuota de
Vista la reclamación interpuesta por D. Ángel
Velasco Sanz, ante el Registro General de Entrada de Documentos de
este Ayuntamiento el día 3 de diciembre de 2010, referida al
artículo 4º, (tarifas y cuotas), Epígrafe
9º, Materiales, maquinaria y otros elementos utilizados en la
construcción, de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por
Utilización Privativa y el aprovechamiento especial del
dominio público municipal, respecto de la cual señala
que la tarifa que se pretende aprobar es por metro cuadrado y mes,
a razón de 7,19 euros, entendiendo injusta tal forma ya que
si sólo se necesitara ocupar la vía pública
por un día o más, pero sin llegar al mes, se obliga a
pagar por algo que no se utiliza, solicitando se rectifique dicha
tarifa regulándola por metro cuadrado y día y no por
metro cuadrado y mes como se pretende aprobar.
Visto el Informe emitido por el Jefe de la Sección de
Tributos, en fecha 17 de diciembre de 2010, cuya literalidad
"El artículo 17, apartado 3, de la Ley de las Haciendas
2/2004, de 5 de marzo, establece en relación con la
tramitación del procedimiento de aprobación y
modificación de las ordenanzas fiscales de las entidades
locales que «finalizado el período de
exposición pública, las corporaciones locales
adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo
las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la
redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o
las modificaciones a que se refiera el acuerdo
En el expediente epigrafiadoreferido al acuerdo provisional del
Pleno de este Ayuntamiento de 29 de octubre último, el plazo
de exposición pública terminó el día 15
del presente mes de diciembre, habiéndose certificado y dado
traslado por la Oficina de Registro de los escritos presentados que
guardan relación con dicho expediente y trámite,
siendo, por su orden de presentación, los suscritos por Don
Javier Otones Gil, Don Alonso MorujoInfante y Don Ángel
Velasco Sanz, registrados con fechas 1 de diciembre los dos
primeros y el día 3 el último citado.
En los escritos presentados se hace mención a las
Ordenanzas fiscales «para 2011» o «con efectos de
2011», como expresamente señalan, sin embargo conviene
señalar que las precisas y concretas alegaciones que se
formulan no se corresponden con las específicas
modificaciones de las Ordenanzas fiscales y de precios
públicos que con efectos a partir de 1 de enero de 2011
fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante el acuerdo
provisional de 29 de octubre pasado, y ello por cuanto dichas
modificaciones se limitaron exclusivamente a aplicar un incremento
general y lineal del 1,8 por 100 equivalente a la subida del
índice oficial de precios (IPC), pero sin que se hayan
creado nuevas tarifas ni revisado las ya existentes.
Por otra parte, en ninguno escrito se utiliza el término
reclamación, ni siquiera el más genérico de
alegaciones. Sin embargo, no cabría ver en tal
inconcreción, por sí sola, causa suficiente de
inadmisión, y ello de conformidad con lo que se establece
para los recursos administrativos en el artículo 110,
apartado 2º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
aplicación supletoria al presente procedimiento, disponiendo
que «el error en la calificación del recurso por parte
del recurrente no será obstáculo para su
tramitación, siempre que se deduzca su verdadero
carácter» y, por otra parte, por el principio
antiformalistaque debe informar la aplicación
práctica del derecho a la tutela judicial efectiva, previsto
en el artículo 24 de la Constitución, según
consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional,
debiendo señalar de entre todas sus Sentencias la de 8 de
octubre de 1985 (RTC 1985/110) en la que se afirma que
«tales exigencias formales, que cumplen por lo
general una misión transcendente en la ordenación del
proceso, sólo deben causar la grave consecuencia de
inadmisióndel recurso, obstaculizando la tutela judicial
efectiva, luego de haberse tenido por el juzgador presente, que
este derecho fundamental, contiene un mandato positivo que obliga a
interpretarlas en su regulación legal en el sentido
más favorable para su efectividad, y además, que no
toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo
insalvable para la prosecución del
Así, pues, por el contenido mismo de los escritos, como
por las específicas menciones que se hacen a las Ordenanzas
fiscales con efectos de 2011, y sin perjuicio de que las
alegaciones no guarden la debida correspondencia con las
específicas modificaciones acordadas, cabe concluir, en este
punto, que en aras de la mayor garantía de seguridad
jurídica del acuerdo y del respeto escrupuloso al principio
«pro actione», así como del control que ejercen
los Tribunales de la discrecionalidad de los poderes
públicos en la salvaguardia de los principios de
interdición de la arbitrariedad, resulta conveniente ante la
duda de que dichos escritos puedan llegar a considerarse como
reclamaciones contra el acuerdo municipal que, habiendo sido
presentados en plazo, haya de entrarse a conocer sobre el fondo de
los mismos, si bien, como ya ha quedado dicho, ninguno de ellos se
dirija específicamente al repetido acuerdo plenario
Por su parte, en lo relativo al requisito de la
legitimación para interponer reclamación, el
artículo 18, apartado a), de la Ley de las Haciendas
Locales, establece en relación a este específico
procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales y a los
efectos de presentar reclamaciones contra los acuerdos
correspondientes, que «tendrán la
consideración de interesados
a) Los que tuvieren un interés directo o resulten
afectados por tales acuerdos»
Aplicando el precepto al presente caso, es de señalar que
si tenemos en cuenta, por una parte, que ni la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa objeto de alegaciones denominada «Tasa
por Utilizaciones Privativas y Aprovechamientos Especiales del
Dominio Público Municipal», ni la normativa aplicable
a dicho dominio público contenida en reglamentaciones
municipal, autonómica y estatal, exigen especiales
requisitos para poder ser titular de una licencia municipal, sino
los generales de los requisitos administrativos en la materia y,
por otra, el carácter amplio, nunca restrictivo, del que
goza en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo el
concepto de "interés directo", bastando por citar a este
respecto las Sentencias de 19 de noviembre de 1993 (1993/8451), 8
de abril de 1994 (RJ 1994\3016) y 28 de enero de 1999 (RJ
1999/571), y que, en cualquier caso, examinado dicho requisito de
condición de interesado con relación a cada uno de
los firmantes de los escritos se ha podido comprobar que se cumple
convenientemente el mismo, bien de forma general, porque se tenga
la condición de vecino del municipio (artículo 18 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril (BOE día 3), de Bases del
Régimen Local), bien, de forma directa, por la cualidad de
titular de un inmueble, actividad o establecimiento sujeto a la
tasa objeto de alegación, puede concluirse que existe en
todos ellos la exigible legitimación activa.
En los dos escritos primeros citados, ambos exactamente iguales
en su redacción y contenido, presentados el día 1 de
diciembre, se cuestiona la actual clasificación de las
tarifas de las terrazas de establecimientos hosteleros, en concreto
la que afecta a los ubicados en la avenida Padre Clareten el tramo
a partir del número 8 hasta su confluencia con la calle
Soldado Español (tarifas epígrafe 2º de la
Ordenanza fiscal de la Tasa por Utilizaciones Privativas y
Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Municipal).
Dicha tarifa es la máxima, denominada
«categoría especial», siendo su importe de 74,85
euros por metro cuadrado y temporada. Es la misma tarifa que se
aplica, por ejemplo, a las terrazas de la Plaza Mayor,
equiparación que no encuentran justificada los titulares de
los establecimientos que presentan estas actuales alegaciones,
argumentando una serie de razones de muy diversa índole
(ubicación desprotegida, densidad del tráfico,
excluidas de eventos culturales y turísticos, etc.),
solicitando, en conclusión, el descenso de tarifa a
categoría segunda como, por ejemplo, señalan los
propios reclamantes, lo es la calle de José Zorrilla, que
también cuenta con aparcamiento subterráneo
En contestación a dichas alegaciones cabe decir que los
antecedentes de dicha clasificación tarifariase remontan al
año 2009, ejercicio durante el cual se aprobó la
inclusión del tramo en cuestión en la citada
categoría especial mediante acuerdo plenario de 27 de
Ciertamente, por tanto, es fácil concluir que fue en el
año anterior 2009, durante la exposición
pública del citado acuerdo, cuando deberían haberse
presentado oportunamente las alegaciones ahora formuladas, debiendo
ser calificadas, ahora, en el expediente del corriente año,
de extempóraneas, pues, como queda dicho, mediante el
acuerdo plenario de 29 de octubre último no se ha tocado la
tarifa en cuestión más allá que las
demás tarifas incrementándolas en la subida lineal en
la misma proporción del IPC.
En consecuencia, a la vista de lo expuesto, no cabe sino
concluir que no resultan procedentes las alegaciones de ambos
escritos y, por tanto, puedan desestimarse atendiendo a que
a) por un lado, la adecuada congruencia que debe guardar el
proceso en este punto entre lo acordado inicialmente y la
aprobación definitiva que deba producirse, de acuerdo con el
procedimiento previsto en los artículos 15 al 19 de la
citada Ley de las Haciendas Locales para la aprobación y
modificación de ordenanzas fiscales de las entidades
locales. Como afirma el Tribunal Constitucional en su Sentencia
número 20/1982, de 5 mayo, Rep. Aranz. RTC 1982\20,
«la doctrina sobre la congruencia, que según
lo dicho puede en algunas especiales ocasiones determinar una
violación del artículo 24 de la Constitución,
por inobservancia del derecho de defensa, es perfectamente
compatible con el principio tradicional según el cual
«iuranovit curia». Los Tribunales no tienen necesidad,
ni tampoco obligación, de ajustarse en los razonamientos
jurídicos que les sirven para motivar sus fallos a las
alegaciones de carácter jurídico aducidas por las
partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos
jurídicos distintos, pues la tradicional regla encarnada en
el aforismo «iuranovit curia» les autoriza para
ello o en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30
de abril de 1991, Rep. Aranz. RJ 1991\3115, señalando que
«como ya ha tenido ocasión de declarar esta
Sala, en sentencias de 19 de abril de 1984 (RJ 1984\1965), 20 de
octubre de 1986 (RJ 1986\5946) y 4 de diciembre de 1987 (RJ
1987\9179), cuando, como en el presente caso ocurre, la
pretensión reconvencionalno planteó una
cuestión ajena al tema principal, sobre la que la sentencia
recurrida resolvió, no se aprecia indefensión ni
incongruencia, y más si se considera que lo establecido
sobre una cuestión con aspecto positivo, significa la
exclusión de lo negativo y viceversa, y habida cuenta que,
como tiene declarado esta Sala en sentencia de 7 de junio de 1990
(RJ 1990\4742), resulta plenamente coherente y ajustada la parte
dispositiva de la sentencia, sin generar incongruencia, cuando se
acomoda a los términos en que las partes han formulado sus
pretensiones y peticiones, no concediéndoles más de
lo pedido por el demandante, ni menos de lo admitido por el
demandado, ni otorgando cosa distinta de lo pretendido, debiendo
recordarse, en fin, que sólo se producirá
incongruencia, con relevancia constitucional, cuando las
resoluciones judiciales alteren de modo decisivo los
términos en que se ha desarrollado la contienda, sustrayendo
a las partes el verdadero debate contradictorio y
produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no
ajustado sustancialmente a las recíprocas pretensiones de
las partes y b), por otro lado, al principio de
autonomía de las Entidades locales que pueden ejercer en la
configuración de sus tributos dentro del respeto al
principio general de reserva de ley, en particular, la
descripción de sus tarifas conforme se señala en la
Sentencia del Tribunal Supremo de de 20 febrero 1998, Rep. Aranz.
RJ 1998\2267 («el artículo 24, apartado 2, de
la Ley 39/1988, confiere a los Ayuntamientos una amplia
autonomía para disponer y regular en la correspondiente
Ordenanza Fiscal, las cuotas tributarias, bien mediante la
aplicación de una tarifa consistente en tantos por ciento
que se giran sobre la base imponible, bien mediante cuotas fijas
señaladas al efecto, o bien mediante la aplicación
conjunta de ambos procedimientos. () El límite legal
para el ejercicio de las facultades que los Ayuntamientos tienen,
dentro de la autonomía que les confiere la
Constitución Española, la Ley 7/1985, de 2 abril, de
Bases de Régimen Local, y la Ley 39/1988, de 28 diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, se halla en el apartado 1, del
artículo 24, de esta última Ley, que dispone que
«el importe estimado de las tasas por la prestación de
un servicio o por la realización de una actividad no
del servicio o actividad de que se trate», de modo que si se
respeta dicha cifra global tope, no hay, en principio inconveniente
jurídico para que los Ayuntamientos puedan establecer una
amplia dispersión de las cuotas, incluso con carácter
no proporcional, sino con introducción de algún
factor de progresividad. () La Sala manifiesta que el grado
de progresividades siempre una decisión política, en
este caso de la Corporación Local, de apreciación
axiológica, de lo que considera debe ser la justa
trascendencia de la capacidad económica, (),
apreciación que no puede ser sustituida por la
posición subjetiva de la Sala, pero en cambio, sí
puede ésta examinar la consistencia interna de la
razón de progresividad, acordada por la Corporación,
en debido respeto del artículo 9.3 de la Constitución
que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos. Ahora bien, para llegar la Sala al
convencimiento de que la cuota () señalada en la
Ordenanza Fiscal correspondiente, es arbitraria, no es suficiente
la intuición, ni la apariencia, ni la simple corazonada, es
necesario que la parte recurrente pruebe razonadamente, que la
cuota especial referida carece de todo fundamento racional y rompe
y violenta la propia razón de la progresividad, ()
En el escrito de alegaciones del recurso de apelación se
vierten juicios de valor, por supuesto respetables, pero sin el
aporte necesario de datos cuantitativos demostrativos de la falta
de justificación de la cuota especial discutida, por ello el
recurso debe ser desestimado» En parecidos
términos la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero
de 2009, Rep. Aranz. RJ 2009\1800, cuando afirma
«Nada de ilegal hay en ello, pues el valor de mercado
establecido para la utilidad derivada del aprovechamiento es, como
dice el art.24.1.a) de la LTHL, una "referencia" que debe tomarse
en cuenta para establecer el importe de la tasa que, sin embargo,
no tiene por qué coincidir con dicho valor, sino que se fija
a partir del mismo haciendo uso de la discrecionalidad
política que incumbe a los órganos municipales
competentes para la aprobación de las Ordenanzas
Fiscales» Por último, en Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias de 10 de abril de 2002, Rep.
Aranz. JT 2002\1237, se señala que «Se alega
() una discriminación de los transportistas en
función de la carga que transporten y no del peso de sus
vehículos, a lo que hay que decir que el establecimiento de
las tasas es competencia de los Ayuntamientos que de acuerdo con la
Ley pueden decidir en que casos las establecen y en cuales no,
además indirectamente su establecimiento guarda
relación con la potestad autoorganizatoria de los
En cuanto al tercero de los escritos cabe señalar otro
tanto, en el sentido de que las alegaciones versan sobre la
descripción de la propia tarifa, no de su importe modificado
por el tan repetido acuerdo de 29 de octubre pasado. Efectivamente,
lo que se cuestiona no es el importe fijado para 2011, sino la
forma que adopta la tarifa en cuanto viene establecida por mes o
fracción, siendo éste el período mínimo
tarifable, incluidos los casos en que el tiempo de ocupación
sea inferior al propio mes. Hay que señalar que la tarifa
específicamente recurrida es la referida a las ocupaciones
mediante materiales e instalaciones de construcción (tarifas
epígrafe 9º de la misma citada Ordenanza fiscal).
A estas alegaciones cabe señalar por un lado que la
descripción de la tarifa ha venido establecida así
desde la aprobación de la repetida Ordenanza fiscal en el
año 1998, incluso se configuraba de igual modo ya en
años anteriores desde los que se tienen antecedentes.
Señalar que durante este largo período de tiempo no
se tiene conocimiento de que se haya suscitado el cuestionamiento
ahora planteado por el recurrente. Más bien, al contrario,
la gestión de la tasa en este tipo de ocupaciones ha sido
normal y su aplicación pacífica en este punto. Por
otro lado, conviene señalar que la estructura de la tarifa
responde a la vinculación que tiene de forma directa con las
licencias municipales de ocupación, que se conceden en su
inmensa mayoría por períodos de meses, siendo esto
así por la vinculación que tienen, a su vez, tales
licencias con las actuaciones a las que van ligadas que no son
otras que las licencias de obras y, particularmente, las de
construcción y rehabilitación, reforma o
reparación de edificaciones, cuyos tiempos de
realización son prolongados.
En consecuencia, y atendiendo, como ya ha quedado dicho
anteriormente para los otros escritos de alegaciones, respecto a la
adecuada congruencia y coherencia que deben guardar, primeramente,
las propias reclamaciones con el contenido de los acuerdos que se
impugnan y, en segundo lugar, los términos de éstos
con los acuerdos definitivos que les siguen en el procedimiento
específico previsto para este tipo de normas reglamentarias,
son los motivos que determinan que las alegaciones no resulten
procedentes y, consiguientemente, puedan, igualmente,
Como se afirma en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia de 30 de noviembre de 2001, Rep. Aranz. JT 2002\262,
«formuladas alegaciones () con tal que las
mismas tengan conexión lógica con lo que constituye
el objeto del procedimiento, las mismas se analizan según se
desprende del expediente () Lo que constituye en cambio
vicio de procedimiento es el no tener en cuenta esas alegaciones,
aunque se hayan formulado en el trámite de
información pública, por el órgano competente,
() Ciertamente el deber de tener en cuenta los datos
aportados en alegaciones por parte de la Administración que
ha de resolver no supone en modo alguno que la resolución
haya de referirse expresamente a todas y cada una de las
alegaciones formuladas. Basta que el texto del acuerdo
correspondiente se desprenda que efectivamente fueron tenidas en
cuenta bien para aceptarlas bien para
rechazarlas»
En definitiva, y en síntesis con lo expuesto, teniendo en
cuenta que el objeto del acuerdo plenario de 29 de octubre no es
otro, concretamente, que el de elevar las tarifas en el mismo
porcentaje que el del incremento del IPC y no la creación o
establecimiento de las mismas, y reiterando lo ya manifestado en el
primer informe de esta Sección al expediente, de fecha 21 de
octubre, con referencia a lo establecido en la normativa aplicable
a las tasas municipales en cuanto a la exigencia de cobertura y
equilibrio económico de las tarifas, así como de la
oportuna justificación o acreditación de todo ello
mediante el correspondiente estudio, memoria o informe
económico que debe acompañar al expediente, conforme
se dispone en los artículos 24 y 25 de la citada Ley de las
Haciendas Locales y, supletoriamente, en el artículo 20 de
la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos,
procede la adopción de nuevos acuerdos municipales expresos,
por una parte, de desestimación plena de las alegaciones
contenidas en los escritos y, de otra, de aprobación
definitiva de las repetidas modificaciones acordadas
Por último, y sobre la adopción y
publicación del acuerdo definitivo, se debe recordar que,
una vez adoptado acuerdo expreso de desestimación de las
alegaciones, y a la vista de lo establecido en el ya reproducido al
inicio del presente informe, apartado 3º del artículo
17 de la tan repetida Ley de las Haciendas Locales, y,
añadiendo ahora, lo dispuesto en el apartado 4º del
mismo precepto, en el sentido de que «en todo caso,
los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior,
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal
categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de
sus modificaciones, habrán de ser publicados en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la
Comunidad Autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación»;
por su parte el artículo 111 de la citada Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases del Régimen Local, establece que
«los acuerdos de establecimiento, supresión y
ordenación de los tributos locales, así como las
modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales,
serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la
imposición y ordenación de tributos locales, sin que
le sea de aplicación lo previsto en el artículo 70.2
en relación con el 65.2, ambos de la presente Ley»,
procedería, como ha quedado dicho, la adopción de
nuevo e, igualmente, expreso acuerdo municipal, aprobando
definitivamente las modificaciones de las Ordenanzas fiscales y de
precios públicos acordada provisionalmente en sesión
de 29 de octubre último, debiendo tener en cuenta que la
publicación en el Boletín oficial de las
modificaciones fiscales debe producirse antes del 1 de enero de
2011, fecha prevista para su entrada en vigor.
Debe insistirse en el cumplimiento riguroso, en tiempo y forma,
de dicho trámite de publicación, siendo de capital
importancia, toda vez que del mismo depende la plena efectividad de
las modificaciones, de manera que, de no cumplirse con tal
requisito, las mismas podrían verse afectadas de nulidad
radical, ello como viene señalando de forma constante y
uniforme la doctrina jurisprudencial.
Así tenemos que en Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 14 de mayo de 1998, Rep. Aranz. JT
1998\913, se señala que « el tenor del
art.17.4 de la Ley 39/1988 (con independencia de la mayor o menor
fortuna del legislador en el empleo de la locución "texto
integrado") obliga a publicar tanto el acuerdo definitivo, como el
texto íntegro de la ordenanza o sus modificaciones,
exigencia ligada a su entrada en vigor»
En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23
de julio de 1996, Rep. Aranz. JT 1996\1365, se declara que
«distinta consideración merece en cambio la
denunciada falta del acuerdo de aprobación definitiva por el
Pleno de la Corporación Municipal, al tratarse del
cumplimiento de un requisito formal exigido expresamente en el
artículo 17.4 de la LHL () La denunciada
omisión, () tipifica uno de los motivos de
anulación previstos en el art.48 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en cuanto presupone la falta de un requisito formal
indispensable para alcanzar su fin»
En Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León de 18 de julio de 2003, Rep. Aranz. JUR 2003\275585, se
afirma que «resulta totalmente intrascendente, en lo
que aquí interesa (eficacia temporal de una norma
tributaria), la fecha de entrega de la nueva ordenanza
número 507 a la Diputación Provincial de () o
a la Imprenta de este último ente local. Desde luego, la
validez de una norma jurídica no puede quedar supeditada a
una discusión sobre las fechas de entrega del acuerdo o
norma a publicar en la imprenta de que se trate, o si en el
procedimiento material de publicación, impresión o
distribución se han producido disfunciones. Esta
cuestión se limitaría estrictamente al funcionamiento
correcto o incorrecto de un servicio público, pero no puede
afectar a la validez y eficacia de una norma tributaria. Una
elemental norma de prudencia en la gestión municipal
aconseja la remisión de todo acuerdo que requiera legalmente
su publicación con la antelación suficiente para que
ésta se produzca sin estrechecestemporales, lo contrario
supone exponerse a situaciones como la que hoy se analiza (debiendo
asumir sus consecuencias). Y por pasiva, remitida la norma o
acuerdo de que se trate a la administración encargada de su
publicación con la antelación temporal suficiente, de
no materializarse esta, la administración remitente
podrá exigir la responsabilidad patrimonial oportuna tal y
como le faculta el artículo 106 de la Constitución
Española, los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre de RJAP y PAC y el Real Decreto 429/93.
() Centrada ya la cuestión, el requisito de fondo
que debe respetar el ayuntamiento de () en la
publicación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles es que por exigencias del particular devengo de
este impuesto y su período impositivo, en relación
con la fecha de publicación de la ordenanza que lo regule es
que el día 1 de enero de cada ejercicio fiscal de que se
trate la ordenanza debe estar publicada y en vigor. En tal sentido
se pronuncian los artículos 16, 17 y 75 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas Locales. Sobre este
extremo no hay controversia de las partes. () la
publicación de una norma en el Boletín Oficial del
Estado deja constancia de su existencia y contenido ante la
comunidad y ante los órganos y tribunales () como ha
reconocido reiterada jurisprudencia de esta Sala (por todas, la
Sentencia de 15 noviembre 1983 [RJ 1983 5775]), habiéndose
reconocido en la Sentencia de 31 octubre 1979 (RJ 19793910) que
para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones de
carácter general, deberán de publicarse en el
Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor conforme a lo
dispuesto en el Código Civil (salvo disposición en
contra). Por su parte, otras resoluciones (STS Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª, de 30 de
noviembre de 1994, rec.cas. núm. 9422/1992 (o la STS
3.ª9, de 27 diciembre 1989 (RJ 1992 10418) advierten que la
publicidad de las normas jurídicas escritas es un requisito
esencial de su existencia y simple condición de eficacia de
las mismas (ex. artículo 9.3 de la Constitución).
Esta publicidad se hace efectiva, en general, mediante su
inserción en el Boletín Oficial de que se trate, cuyo
texto tiene la consideración de oficial y auténtico.
() En esencia, lo que se trata es de velar al máximo
por el principio de Seguridad Jurídica, fundamento este
último del Principio de Publicidad de las Normas como se
dijo más arriba»
La Comisión, previa deliberación, visto el Informe
emitido por la Jefatura de la Sección de Tributos,
más arriba trascrito y que sirve de fundamento a la
propuesta de resolución que el presente dictamen contiene,
propone, por unanimidad, al órgano municipal competente,
Ayuntamiento Pleno, ACUERDE: PRIMERO.- En base a los fundamentos
jurídicos contenidos en el Informe emitido por la
Sección de Tributos y anteriormente trascrito, DESESTIMAR,
plenamente, las alegaciones presentadas por don Javier Otones Gil,
don Alonso Moruno Infante y don Ángel Velasco Sanz al
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 29 de octubre de 2010, en virtud de cual se
resolvió aprobar, provisionalmente, la Modificación y
Revisión de las Ordenanzas Fiscales y de Precios
Públicos que han de regir a partir del primero de enero de
2011, y someter el mismo, junto con su expediente, a
exposición pública durante el plazo de treinta
SEGUNDO.- APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LA MODIFICACIÓN Y
2011, ratificando el acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en
virtud del cual se aprobó, provisionalmente, la meritada
Modificación y Revisión. TERCERO.- De conformidad con
lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el texto
íntegro del acuerdo definitivo de Modificación y
Públicos, que han de regir a partir del primero de enero de
2011, habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia de Segovia antes del día 1 de enero de 2011,
fecha prevista para su entrada en vigor.
CUARTO.- Asimismo, el Ayuntamiento editará dentro del
primer cuatrimestre del ejercicio de 2011 el texto íntegro
de las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos vigentes
durante el citado año de 2011, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.5 del Real Decreto Legislativo
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Segovia, 17 de
diciembre de 2010. EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO." VOTACIÓN.-
No promoviéndose debate, la Presidencia somete la propuesta
a votación, en los términos del dictamen más
arriba expresados, resultando trece votos a favor, ninguno en
contra y el resto, once, abstenciones. ACUERDO.- En consecuencia,
con el voto a favor unánime de la mayoría de los
asistentes, resulta aprobado el dictamen trascrito, en sus propios
términos, acordando la Corporación Municipal:
PRIMERO.- En base a los fundamentos jurídicos contenidos en
el Informe emitido por la Sección de Tributos y
anteriormente trascrito, y que ha de estimarse como integrante del
acuerdo que se adopta a efectos de su motivación,
DESESTIMAR, PLENAMENTE, LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR DON JAVIER
OTONES GIL, DON ALONSO MORUNO INFANTE Y DON ÁNGEL VELASCO
SANZ al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en
virtud de cual se resolvió aprobar, provisionalmente, la
de Precios Públicos que han de regir a partir del primero de
enero de 2011, y someter el mismo, junto con su expediente, a
días hábiles. SEGUNDO.- APROBAR, DEFINITIVAMENTE, LA
ENERO DE 2011, ratificando el acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal en sesión celebrada el día 29 de octubre de
2010, en virtud del cual se aprobó, provisionalmente, la
meritada Modificación y Revisión. TERCERO.- En
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.4 del Real
procederá a LA PUBLICACIÓN EN BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA ANTES DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2011,
FECHA PREVISTA PARA SU ENTRADA EN VIGOR, DEL TEXTO ÍNTEGRO
DEL ACUERDO DEFINITIVO DE MODIFICACIÓN Y REVISIÓN DE
LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, QUE HAN DE
REGIR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2011. CUARTO.- Asimismo, el
Ayuntamiento editará dentro del primer cuatrimestre del
ejercicio de 2011 el texto íntegro de las Ordenanzas
Fiscales y de Precios Públicos vigentes durante el citado
año de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 17.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Reguladora de las Haciendas Locales».Ver Anexo
Dictamen de la comisión informativa de hacienda y patrimonio de fecha 17 de diciembre de 2010, relativo a propuesta de resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales y precios públicos que han de regir durante el próximo ejercicio 2011	Trámites