Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2003-00218-36533-de-noviembre-22-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_0789504e64734b45a0f00bbfaa50a9c4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-22 19:01:01
Document Index: 92585771

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 188', 'ARTÍCULO 140', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 57', 'artículo 185', 'artículo 13', 'artículo 188', 'artículo 140', 'artículo 1434', 'artículo 141', 'artículo 188', 'artículo 140', 'artículo 1', 'artículo 163', 'artículo 73', 'artículo 182', 'artículo 188', 'artículo 29', 'in dubio', 'artículo 90', 'artículo 414', 'in dubio', 'artículo 90', 'artículo 388', 'artículo 140', 'artículo 29', 'artículo 188', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 57', 'artículo 237']

﻿ SENTENCIA 2003-00218/36533 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017
SENTENCIA 2003-00218 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:REQUISITOS PARA QUE PROCEDA EL RECURSO DE REVISIÓN BAJO LA CAUSAL SEXTA. EL RECURSO DE REVISIÓN ES UN MEDIO EXTRAORDINARIO DE IMPUGNACIÓN ENCAMINADO A DESVIRTUAR LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO JURÍDICO DE LA COSA JUZGADA. POR TAL RAZÓN, SU APLICABILIDAD ESTÁ SUJETA A LA ESTRICTA, RIGUROSA Y AJUSTADA CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES CONSAGRADAS EN LA LEY COMO FUNDAMENTO DEL MISMO, CON LO CUAL SE BUSCA EVITAR QUE SE CONVIERTA EN UNA TERCERA INSTANCIA. EN RELACIÓN CON LA CAUSAL SEXTA DE ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE SEÑALA “EXISTIR NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO Y CONTRA LA QUE NO PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN PARA ESTA PROCEDA ES NECESARIO QUE AL PROFERIR LA SENTENCIA SE INCURRA EN UNA IRREGULARIDAD ESTRUCTURANTE DE LA NULIDAD. ADEMÁS, PARA RESOLVER ESTE RECURSO CON FUNDAMENTO EN ESA CAUSAL SE DEBEN OBSERVAR LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 140 DEL ANTIGUO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. IGUALMENTE, SE RECORDÓ QUE PARA SU PROCEDENCIA SE DEBEN CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: (I) QUE CONTRA DICHA SENTENCIA NO PROCEDA RECURSO DE APELACIÓN, (II) QUE EXISTA NULIDAD PROCESAL Y (III) QUE LA NULIDAD EXISTENTE SE HAYA ORIGINADO EN UNA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RECURSO DE REVISIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN
Sentencia 2003-00218 de noviembre 22 de 2017
Radicación: 630012331000200300218 01 (36.533)
Actor: Carlos Joel Muñoz Roa y Soley Moscoso Moreno.
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial.
Contenido. Descriptor: Se declara infundado el recurso extraordinario de revisión por no encontrarse reunidos los requisitos de procedibilidad de la causal 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo. Restrictor: Cuestión previa - de la competencia / Del recurso extraordinario de revisión / De la causal de revisión invocada - numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
Corresponde a la Sala decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 8 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío bajo el radicado 630012331000200300218 01 donde fue demandada la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación en ejercicio de la acción de reparación directa.
1. Cuestión previa - de la competencia.
Mediante Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009, la Corte Constitucional declaró inexequible parcialmente el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, en virtud del cual se modificó el artículo 185 del Código Contencioso Administrativo precisando que al circunscribir el recurso extraordinario de revisión a las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y por los tribunales administrativos en única o segunda instancia, se limitaba el ejercicio de éste recurso, atentando contra el derecho fundamental a la igualdad y el acceso a la administración de justicia.
En atención a lo preceptuado y en aplicación de las normas que regulan la competencia funcional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de Distrito Judicial frente al recurso extraordinario de revisión, éste debe ser conocido por el superior jerárquico del funcionario que profirió la sentencia objeto de impugnación.
Analizado el asunto sometido a consideración a la luz de la disposición normativa en cita, se observa que la sentencia objeto de recurso de revisión fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío y que el tema abordado fue la reparación directa por los daños y perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Carlos Joel Muñoz Roa.
Dichos presupuestos permiten concluir, en consonancia con lo establecido en el numeral 5º del aparte transcrito del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, que la competencia para conocer del presente recurso es de esta Sección, no sólo porque fue interpuesto contra una providencia dictada por un tribunal administrativo, sino, además, porque la acción impetrada en la demanda inicial es la de reparación directa.
Como respuesta a este tipo de conflictos en nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de reabrir la discusión sobre un proceso respecto del cual existe sentencia ejecutoriada, bajo el uso del conocido recurso extraordinario de revisión(14), el cual constituye una limitante a la cosa juzgada, en tanto permite volver sobre asuntos respecto de los cuales ya se ha extinguido la jurisdicción del Estado mediante la expedición de un pronunciamiento judicial intangible, que escapa al control de los recursos ordinarios y que por lo mismo resulta perentorio y obligado para todos. La cosa juzgada es entonces uno de los principios esenciales, no sólo del proceso, sino de todo el derecho, pues en virtud de ella se impide que un debate judicial se prolongue de tal modo que por su indeterminación llegue hasta negar la seguridad que el derecho debe proveer, poniendo fin a la incertidumbre que sobre los derechos se cierne cuando ellos han sido conculcados o puestos en peligro.
“la revisión es entonces un recurso eminentemente extraordinario y, por lo tanto, sometido a específicas causales señaladas con criterio limitativo, al punto de no resultar procedente la vía impugnativa si oportuna y cabalmente no se prueba la existencia de una de ellas” (GJ. Tomo CCXII, Nº 2451, pág. 311)(15).
No obstante, es indispensable delimitar el ámbito del recurso de revisión, pues tal medio de impugnación no ha de tomarse como una simple instancia, en la que se pueda intentar una nueva valoración de la prueba o provocar una interpretación adicional de las normas aplicables al caso. Por el contrario, los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el tribunal, son extraños al recurso de revisión, pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.
3. De la causal de revisión invocada - numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
“6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…)”.
La nulidad en la sentencia como causal de revisión, según lo explica la Corte Suprema es un evento “lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión”(17).
“… el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (nums. 1º y 2º); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (num. 3º); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (num. 5º), entre otros eventos. (…).
También es nulo el proceso de ejecución y aquél en que haya remate de bienes, cuando se libra ejecución después de la muerte del deudor si se omite el trámite prescrito en el artículo 1434 del Código Civil y cuando faltan las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, según lo establecido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (…)”(18).
En similar sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(19), se refirió a los eventos que pueden determinar la nulidad de una sentencia así: “También ha decantado la Corte que la nulidad se produce, por ejemplo, cuando se dicta sentencia en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; cuando se profiere en el ínterin de la suspensión, o si se condena a quien no ha figurado en el proceso como parte (1)(20). En idéntico sentido, se ha dicho que hay nulidad de la sentencia si en respuesta a la solicitud de aclaración se reforma la sentencia (2)(21), igualmente ‘Cuando se dicta por un número de magistrados menor al previsto por la ley, a lo cual debe agregarse el caso de que se dicte la sentencia sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija, de donde se desprende que no cualquier irregularidad en el fallo, o cualquier incongruencia, tienen entidad suficiente para invalidar la sentencia”(22).
De manera, pues, que para resolver la revisión extraordinaria de una sentencia, con fundamento en la causal 6 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, deben observarse las causales previstas en el artículo 140 del ordenamiento procesal civil, modificado por el artículo 1º, numeral 8º del Decreto 2282 de 1989, cuyo tenor establece:
Con relación al presente requisito, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el mismo, debe interpretarse restrictivamente, ya que cuando dice que ha de tratarse de sentencia contra la cual no proceda ningún recurso, se trata, sólo del recurso, ordinario o extraordinario, mediante el cual pueda alegarse y corregirse la nulidad originada en la sentencia y no de cualquier recurso(25).
“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveido se profiere estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional ordena que: “Toda sentencia deberá ser motivada”.
De conformidad con los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procede a determinar si en el caso de autos se cumplen los presupuestos para que prospere el recurso de revisión extraordinaria interpuesto por Carlos Joel Muñoz Roa contra la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío.
El demandante interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso adelantado por el actor en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Carlos Joel Muñoz Roa por el término comprendido entre el 14 de noviembre y 4 de diciembre de 2000 por los delitos de celebración indebida de contratos y falsedad de documentos.
Igualmente, la Sala observa que la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión que antecede, el cual no fue concedido por el Tribunal de Primera Instancia en razón a que “a la luz de la normatividad explicada [L. 446/98, art. 164 de la] tienen vocación de única instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y según quedó establecido la cuantía en este asunto ($ 33.200.000) no los excede”.
No obstante, pese a la decisión del a quo de no conceder el recurso de apelación por considerar que el proceso adelantado por la parte demandante en ejercicio de la acción de reparación directa tenía vocación de única instancia, la Sala encuentra que dicha decisión es errada pues en contra de la providencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío sí procedía recurso de apelación por los siguientes motivos.
Al respecto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 - Ley de Administración de Justicia y el auto proferido por la Sala Plena de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia, tienen vocación de doble instancia y conocen de ellas en primera instancia los tribunales administrativos y en segunda instancia, el Consejo de Estado.
En consecuencia, la Sala considera que en contra de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión procedía recurso de apelación, teniendo en cuenta que la providencia en cita se profirió dentro de un proceso de reparación directa relacionado con el ejercicio de la administración de justicia - privación injusta de la libertad, el cual tiene vocación de doble instancia y conoce de ella en primera instancia el Tribunal Administrativo y en segunda instancia, el Consejo de Estado.
Así, contra el auto proferido el 7 de marzo de 2007 por el a quo que resolvió no conceder el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia dentro del proceso de reparación directa, era procedente interponer el recurso de queja previsto en el artículo 182 del Código Contencioso Administrativo, con el fin de que se admitiera el recurso en cita y se surtiera la segunda instancia del proceso ante el Consejo de Estado. No obstante se encuentra que la parte demandante no recurrió en sede queja la providencia en cita.
Así las cosas, la Sala considera que no se reúne el primer requisito sine qua non para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, esto es, que en contra de la sentencia objeto de recurso extraordinario de revisión no proceda recurso de apelación, toda vez que si procedía el recurso de apelación, aunque fue negado por un error de la administración de justicia que debió subsanarse con el recurso de queja que no fue interpuesto por la parte demandante, en su calidad de interesada y sobre lo cual no puede decidir esta Sala, toda vez que lo que aquí se revisa es la nulidad originada en la sentencia y no fuera de ella, de manera que como el auto que niega el recurso de apelación es posterior a la sentencia, no puede ser objeto en este escenario de revisión extraordinaria.
4.2. Que exista nulidad procesal originada en una sentencia que puso fin al proceso.
En el caso de autos, se encuentra que el 8 de febrero de 2007 el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de reparación directa adelantado por la parte demandante por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto Soely Moscoso Moreno y Carlos Joel Muñoz Roa, resolvió negar las pretensiones de la demanda por cuanto consideró que:
“La privación de la libertad de que fueron objeto los libelistas, no puede ser catalogada de injusta, no obstante haber resultado absueltos por la Fiscalía Tres Delegada ante el Tribunal Superior; toda vez que el actuar de la Fiscalía Doce Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Calarcá estuvo revestido de plena legalidad, basados en elementos probatorios que pesaban sobre las actuaciones ejecutadas por los hoy demandantes”.
Igualmente, se observa que en contra de dicha decisión, el señor Carlos Joel Muñoz Roa interpuso recurso extraordinario de revisión por estar incursa en la causal 6 de nulidad del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, principalmente por los siguientes motivos:
En primer lugar, se cuestiona la falta de aplicación por parte del a quo del principio constitucional - debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política por cuanto consideró que:
“Para el Tribunal Administrativo del Quindío, el hecho de que la Fiscal Doce Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Calarcá, no haya resuelto la duda palmaria, existente en la foliatura del proceso, esto no fuera suficiente causa para demostrar el error, en que incurrió la funcionaria judicial al entrar a dictar las medidas de aseguramiento que tomó en contra de la entonces sindicada, por otra parte, si la duda impide a entrar a responsabilizar penalmente al sindicado conforme lo dispone la ley y la jurisprudencia, también lo es para entrar a dictar medida de aseguramiento. Cosa que el Tribunal Administrativo interpretó en la sentencia acusada en sentido contrario. Pero además, al observar palmariamente la cita de la Fiscalía acogida por el tribunal en la sentencia se puede evidenciar que dicha cita referida al in dubio pro reo, le estaba siendo aplicada a la sindicada Soely Moscoso Moreno y no a mi poderdante, de donde se deduce que el tribunal en la sentencia realiza generalizaciones para todos los sindicados en el proceso, cosa que contraría la realidad procesal a la que se refiere la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior en el texto de la aludida resolución de preclusión”.
En segundo lugar, el recurrente consideró que el tribunal de primera instancia violó de manera indirecta el artículo 90 de la Constitución Política por errónea interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal en la medida que no tuvo en cuenta que Carlos Joel Muñoz Roa no fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo si no que fue exonerado de responsabilidad penal por cuanto la conducta por él desplegada no constituía el delito que se le imputaba en la acusación, razón por la cual se constituye una privación injusta de la libertad.
Por último, la parte actora consideró que dentro de la sentencia objeto del recurso, el Tribunal de Primera Instancia vulneró indirectamente el artículo 90 de la Constitución Política por errónea interpretación del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal en la medida que en el caso de autos no existió ningún indicio grave que pudiera sindicarlo de presunto autor del delito que se le investigaba.
Ahora bien, al analizar la fundamentación efectuada por la parte actora para sustentar el recurso extraordinario de revisión, la Sala no encuentra en el caso en comento que los elementos sustantivos planteados por el recurrente conduzcan a concluir que dentro del fallo proferido el 8 de febrero de 2007 del Tribunal Administrativo del Quindío, exista algún vicio que configure la nulidad solicitada, frente a lo cual la Sala recuerda que para que haya lugar a la declaratoria de nulidad, es necesario que se invoquen las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta corporación que así lo señala, como se indicó previamente.
Así las cosas, al examinar el escrito contentivo del recurso de revisión se observa que no se invocó ninguna de las causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil, por el contrario, su inconformidad por el fallo se limitó al hecho de señalar que el juzgador no dio aplicación al artículo 29 de la Constitución Política e interpretó de manera inadecuada los preceptos consagrados en los artículos 388 y 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, lo que en su criterio configuró una nulidad procesal.
Sin embargo, se le recuerda al recurrente que de acuerdo con la naturaleza del recurso invocado, este no se trata de una tercera instancia en la cual se pueda revivir la discusión saldada con el fallo del a quo, siendo imperiosa la necesidad de demostrar que se configura la causal alegada, en este caso la consagrada en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, una vez cumplido este requisito habrá lugar a pronunciarse de fondo sobre el asunto, en consecuencia, al no señalarse de manera precisa porqué la sentencia proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío dentro del proceso de reparación directa adelantado por el demandante por la privación injusta de la libertad, incurrió en una de las nulidades establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil no hay lugar a conceder el recurso.
Asimismo, observa la Sala que las supuestas irregularidades en que a juicio del recurrente incurrió la sentencia, referente a la interpretación de los preceptos anteriormente citados no corresponde a los eventos que conllevan a la nulidad de la sentencia, siendo incorrecto y opuesto al tecnicismo requerido para sustentar la causal invocada, señalar cuestionamientos motivados en la interpretación de los preceptos normativos realizados por el juez, pues esta observación escapa del ámbito de la aludida causal, convirtiéndose un alegato de instancia.
Al respecto, se le recuerda al recurrente que el juez de revisión extraordinaria no tiene competencia para conocer el fondo del asunto, como lo pretende la parte actora, a menos que se configure la causal de revisión alegada, es decir, la nulidad configurada en la sentencia, razón por la cual no puede pronunciarse sobre los argumentos esbozados en el recurso.
Lo anterior, por cuanto en instancia de revisión extraordinaria no se trata de controvertir el juzgamiento del juez, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos, de las pruebas y de interpretación de los preceptos normativos en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra del fondo de la sentencia y frente a los cuales el juez de revisión extraordinaria no tiene competencia para pronunciarse en esta etapa procesal ya que su competencia se encuentra limitada a verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la sentencia que de incumplirse vician su validez.
En este sentido, la Sala considera que en el caso de autos, la sentencia objeto del recurso de revisión extraordinaria, esto es, la proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo del Quindío se encuentra motivada, con fundamento en los preceptos legales y los medios probatorios que obran en el expediente del proceso de reparación directa y es congruente con los hechos y pretensiones aducidas en la demanda, razón por la cual no se encuentra en curso de algún vicio que pueda afectar su validez.
En conclusión, la Sala encuentra que los argumentos brindados por el recurrente para invocar la causal 6ª del Recurso Extraordinario de Revisión, no se adecuan a las causales señaladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil para que haya lugar a la declaratoria de nulidad de una sentencia ni tampoco se encuentra que la providencia objeto del recurso de revisión extraordinaria se encuentre viciada de nulidad.
En consecuencia, la Sala de Subsección considera que el caso de autos no se reúnen los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión extraordinaria y, en consecuencia, procederá a declarar infundado el recurso.
1. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión propuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 8 de febrero de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda incoada por CARLOS JOEL MUÑOZ ROA Y OTROS contra la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
2. RECONOCER personería jurídica a Sandra Lorena Arias Forero identificada con la cédula de ciudadanía 24.336.232 de Manizales - Caldas y portadora de la tarjeta profesional 178.619 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada judicial de la Rama Judicial.
3. DEVOLVER inmediatamente el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.
11 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 446 de 1998.
12 Por el cual “La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º, de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sesión de febrero 16 del año en curso; ACUERDA, La corporación se regirá por el siguiente reglamento: (...)”.
13 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
14 No sobra advertir que el Recurso Extraordinario de Revisión fue introducido en nuestro ordenamiento Contencioso Administrativo, en los términos ahora conocidos, por el Acuerdo 1 de 1984, es decir, claramente en vigencia de la Constitución Nacional de 1886, bajo cuyo amparo también es viable predicar la exigencia de un ordenamiento jurídico llamado a solucionar conflictos y servir de fuente de estabilización de las expectativas de la sociedad pero a la vez con una pretensión axiológica mínima.
Razón por la cual, el análisis que se hace en el presente acápite es, por razones metodológicas y de vigencia normativa, a la luz de la Constitución Política de 1991 pero las referencias efectuadas son igualmente predicables con anterioridad a su puesta en marcha.
15 En el mismo sentido las sentencias de 12 de noviembre de 1974, 25 de noviembre de 1986, 27 de marzo de 1987, 16, 19 y 30 de septiembre de 1996, 14 de enero de 1998, 22 de septiembre de 1999, 4 de diciembre de 2000, y 16 de febrero de 2004 y los autos de 19 de enero de 1994, 22 de junio y 15 de marzo de 1994.
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008.
17 Sentencia citada en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de diciembre 5 de 2000, expediente 7732, G.J. T. CLVIII, pág. 134.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de mayo 11 de 1998, expediente REV.-093.
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 2004-00729 proferida el 24 de agosto de 2008.
20 (1) G.J. CLVIII, página 34, reiterada en sentencia de 30 de septiembre de 1999.
21 (2) Sentencia de 19 de junio de 1990.
22 Sentencia de 12 de marzo de 1993.
23 Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2010, radicación 2001-01504 (35221).
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, expediente REV: 11001-03-15-000-2009-00050-00.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11 de mayo de 1998, expediente REV-93.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de julio de 1988, expediente REV: 011.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 2 de marzo de 2010, expediente REV: 11001-03-15-000-2001-00091-01.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de febrero de 2013, expediente REV: 11001-03-15-000-2009-00050-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo de 1998, expediente REV-93 y 13 de abril de 2004, expediente REV-132.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de abril de 2004, expediente REV: 00132.