Source: https://www.scribd.com/document/60352247/Resumen-demanda-matrimonio-2011
Timestamp: 2016-07-27 12:29:42
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Resumen demanda matrimonio 2011
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El 29 de noviembre de 2010, Marcela Sánchez Buitrago, directora ejecutiva de COLOMBIA DIVERSA; Rodrigo Uprimny Yepes, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Luz María Sánchez Duque, Diana Esther Guzmán Rodríguez y Cesar Rodríguez Garavito, miembros del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DEJUSTICIA; Mauricio Noguera Rojas, abogado de COLOMBIA DIVERSA; y Felipe Montoya, Felipe Arias Ospina, Juan Miguel Eslava Lozzi y Juliana Emilia Galindo Villarreal interpusieron1 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el artículo 113 del Código Civil, el inciso 1° del artículo 2 de la Ley 294 de 1996, y el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, por la violación de los artículos 1°, 13,14,15,16 y 42 de la Constitución Política Nacional.
La demanda se dirige esencialmente contra las expresiones subrayadas “un hombre y una mujer” y “de procrear” contenidas en el artículo 113 del Código Civil, que dice:
Artículo 113. El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.
Por razones de integración normativa, y de ser necesario, la demanda se dirige también contra la expresión “de un hombre y una mujer” del primer inciso del artículo 2 de la Ley 294 de 1996, que dice:
Artículo 2o. La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Igualmente, y también por integración normativa, la demanda se dirige contra la expresión “de un hombre y una mujer” del primer inciso del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, que dice:
Adicionalmente apoyaron la realización de dicha demanda, los abogados Mauricio Albarracín (miembro del Comité legal de Colombia Diversa) y Nelson Camilo Sanchez (investigador de Dejusticia) quienes no pudieron concurrir a la presentación de la demanda.
Documento elaborado por Mauricio Noguera – Colombia Diversa – Enero 2011
Artículo 2o. DEFINICIONES. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: Familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
II. Normas Constitucionales Violadas Las expresiones y normas demandas violan los artículos 1 (dignidad humana dentro de un Estado social de Derecho), 13 (derecho a la igualdad), 14 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, concretamente en cuanto al estado civil), 15 (derecho a la intimidad y al buen nombre), 16 (derecho al libre desarrollo de la personalidad) y 42 (derecho a la autonomía reproductiva) de la Constitución Política Nacional. III. Pretensiones
La pretensión de la demanda es que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la expresión “de procrear”. Frente a la expresión “un hombre y una mujer”, la pretensión principal es que la Corte declare que esta incurre en una omisión legislativa relativa inconstitucional, por lo cual dicha expresión es exequible, pero en el entendido de que también pueden contraer matrimonio las parejas del mismo sexo. Por razones de unidad normativa, se solicita la inexequibilidad de la expresión “de un hombre y una mujer” del primer inciso del artículo 2 de la Ley 294 de 1996 y del primer inciso del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, para que esas normas queden del siguiente tenor: “La familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.” Además, se solicita un condicionamiento general de la Corte con el fin de que precise en la parte resolutiva que cuando la ley en general haga referencia a “cónyuges” o haga referencia a “hombre y mujer” al regular la institución matrimonial, en virtud del principio de protección igual a las parejas heterosexuales y del mismo sexo, debe entenderse que dichas expresiones hacen referencia también a los cónyuges o integrantes casados de las parejas del mismo sexo. Subsidiariamente, y en caso de que la Corte considere que no puede recurrir a una sentencia integradora o aditiva inmediata para llenar el vacío inconstitucional provocado por la omisión legislativa relativa, solicitamos entonces a la Corte que establezca una modalidad de sentencia intermedia, de “constitucionalidad condicionada con efectos diferidos” en la siguiente forma: que reconozca en forma inmediata el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio con base en las regulaciones básicas existentes del matrimonio, pero que, tomando en consideración la libertad de configuración del legislador en este
campo, la Corte le otorgue un plazo de seis meses al Congreso para que regule en forma no discriminatoria el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Finalmente, esta Corte ha acogido en algunas ocasiones una doctrina según la cual los demandantes no pueden solicitar la constitucionalidad condicionada de ninguna disposición, por cuanto la acción pública es de inconstitucionalidad y no de constitucionalidad condicionada. Por ello se solicita subsidiariamente a la Corte que i) declare inexequible la posible interpretación, según la cual dicha expresión excluye el matrimonio por parejas del mismo sexo, o ii) declare inexequible dicho aparte.
La presente demanda aborda dos cuestiones fundamentales. Por un lado, se ocupa de analizar la constitucionalidad de la expresión “de procrear” contenida en el artículo 113 del C.C en virtud de la cual se define la procreación como una de las finalidades del matrimonio. Aunque esta cuestión tiene una conexión directa con el tema central de la demanda en tanto una de las razones que suele invocarse para negar el matrimonio entre personas homosexuales es que estas no pueden procrear, se advierte que al margen de esta cuestión existen razones que justifican la inconstitucionalidad de dicha expresión. Se argumenta que la definición de la procreación como finalidad del matrimonio comporta un desconocimiento del derecho a la autonomía reproductiva (art. 42 C.P) –que implica el derecho a decidir libremente no tener ningún hijo–, a la intimidad personal y familiar (art. 15 C.P) y al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P) de los contrayentes, en especial de la mujer, dada la posición especial que por cuestiones biológicas y culturales tiene esta frente a la reproducción. Por tales razones se estima que la definición de la procreación como finalidad del matrimonio es inconstitucional. Por otro lado, se ocupa de los argumentos específicos que sustentan la inconstitucionalidad de la restricción del matrimonio a las parejas heterosexuales. Partiendo del precedente de la Corte en materia de los derechos de las parejas homosexuales según el cual el análisis del trato desigual dado a estas parejas debe someterse a un test estricto de proporcionalidad, se aplicó este test en el caso concreto. Previamente se tratan dos cuestiones preliminares. En primer lugar, como presupuesto para aplicar el test estricto, se demuestra que las parejas heterosexuales y las homosexuales se encuentran en una situación asimilable en relación con la posibilidad de celebrar el contrato de matrimonio por cuanto tienen unos requerimientos análogos de protección. Se argumenta que la diferencia que suele invocarse para justificar el trato discriminatorio, a saber, que solo las parejas heterosexuales pueden constituir una familia, es un elemento que debe ser tenido en cuenta al aplicar el test estricto, pero no como fundamento para evitar su aplicación. De otro lado, se sostiene que la diferencia fundada en la incapacidad biológica de procrear tampoco puede ser tenida en cuenta para negar el carácter asimilable de los dos tipos de parejas, porque la capacidad de procrear no constituye una condición para celebrar el matrimonio, ni para su validez, de tal modo que en este punto las parejas homosexuales se encuentran en la misma situación que
las parejas heterosexuales que no pueden engendrar. La segunda cuestión preliminar es la posible objeción a la admisibilidad constitucional del matrimonio homosexual que se derivaría de una interpretación del artículo 42 de la Constitución que establece que la familia se constituye, entre otros, “por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”. Según una posible lectura de esta disposición, la misma Constitución restringiría el matrimonio a las parejas heterosexuales y prohibiría la consagración legal del matrimonio homosexual. Para controvertir dicha interpretación, se argumenta que una interpretación literal del artículo en cuestión admite dos posibles entendimientos: uno que implicaría que es obligatorio permitir el matrimonio entre hombre y mujer, pero que además este únicamente puede ser contraído por parejas heterosexuales; y otro que reconocería también la obligación de consagrar el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero dejaría abierta la posibilidad de que el ordenamiento jurídico prevea otros tipos de matrimonio. Ante estas dos posibles interpretaciones se sostiene que la interpretación restrictiva es más débil que la interpretación amplia, por cuanto parte del supuesto erróneo de que la Constitución protege un tipo único de familia – la heterosexual–, desconociendo que la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional reconocen y protegen otros tipos de familia como la conformada por madres o padres cabeza de familia y la familia de crianza. Es débil además porque asume equivocadamente que el artículo 42 contiene una regla exceptiva en materia de matrimonio y no, como efectivamente ocurre, una regla especial. Y es débil también porque es incompatible con una interpretación sistemática de la Constitución en la medida en que implica la vulneración de derechos fundamentales de las personas homosexuales reconocidos en los artículos 1º, 13, 14 y 16 de la Carta. Después de demostrar que las parejas homosexuales se encuentran en una situación asimilable a las heterosexuales, y que la Constitución no prohíbe la consagración legal del matrimonio homosexual, se aplica el test. Se argumenta que el trato desigual no obedece a un fin constitucionalmente imperioso y legítimo, en la medida en que la protección especial de la familia heterosexual –que parecería ser el fin invocado en este caso concreto– obedece a una interpretación equivocada del artículo 42 de la Carta en la medida en que parte del supuesto erróneo de que la Constitución solo protege la familia heterosexual y monogámica. Por otro lado, aun partiendo de tal presupuesto erróneo, la invocación de tal fin tampoco resulta legítima porque desconoce que el matrimonio no está ligado exclusivamente a la noción de familia, pues su principal característica es la de ser un contrato que genera un vínculo jurídico entre los contrayentes que genera obligaciones personales recíprocas en el ámbito exclusivo de la pareja. Se argumenta que aun si se insiste en sostener que la única familia que goza de protección constitucional es la heterosexual y que el matrimonio solo puede entenderse como fuente jurídica de la familia, el trato desigual no resiste el segundo paso del test ya que no existe una relación de adecuación entre la finalidad enunciada y el medio escogido para alcanzarla. En efecto, si se acepta que las parejas homosexuales contraigan matrimonio, las parejas heterosexuales que decidan casarse no verán anulada, ni menguada la protección que el orden jurídico les prodiga.
Finalmente, se advierte que la restricción que se deriva del artículo 113 del Código Civil tampoco es proporcional al fin perseguido con el trato desigual, por cuanto los efectos negativos que genera sobre las parejas homosexuales son mucho mayores que los beneficios para las parejas heterosexuales. Tal es así, por cuanto pese a los avances obtenidos por las parejas homosexuales en materia de protección de sus derechos, el contrato de matrimonio ofrece a las parejas un núcleo de protección que no es garantizado por ninguna otra figura jurídica, ni siquiera por la que más se le parece, a saber, la unión marital de hecho. Esto genera un déficit de protección para las parejas homosexuales en cuanto las priva de la posibilidad de gozar de ciertas prerrogativas como elevar a la categoría de deberes jurídicos los compromisos morales de la pareja, restringir la libertad para dar por terminada la unión, obtener un mayor grado de protección patrimonial, modificar el estado civil y acceder con mayor facilidad a ciertos beneficios legales. Tal déficit de protección comporta una violación a los derechos a la igualdad (Art. 13 CP), a la dignidad humana (Art. 1º CP), al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 CP) y a la personalidad jurídica (Art. 14 CP) de las personas homosexuales. Luego de aplicar el test estricto de proporcionalidad se procede a formular el cargo por violación de la dignidad humana (Art. 1º C.P). En este se sostiene que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la posibilidad de contraer matrimonio constituye un incumplimiento del deber mínimo de protección que vulnera el derecho a la dignidad humana de los integrantes de la pareja. En concreto, la exclusión señalada afecta cada una de las tres dimensiones del derecho a vivir una vida digna, a saber, vivir como se quiere, vivir bien y vivir sin humillaciones. En último lugar se presenta el cargo por vulneración del derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 C.P). En este se analizan los eventuales argumentos que podrían alegarse para justificar la limitación de este derecho. Tras excluir los prejuicios existentes acerca de la capacidad o la madurez de las personas homosexuales para celebrar el contrato de matrimonio, se aplica el juicio de proporcionalidad. Retomando los planteamientos expuestos al aplicar el test estricto de proporcionalidad frente al trato desigual, se demuestra que la restricción a la autonomía en este caso no obedece a un fin constitucional legítimo y que además es extremadamente desproporcionada pues no reporta ningún beneficio concreto, mientras que sí se vulneran múltiples derechos de las personas homosexuales. Se concluye que esta limitación se sustenta en una única visión de la sexualidad (la heterosexual), que atenta contra el principio de pluralismo. V. Decisiones Judiciales en el Derecho Comparado que Reconocen el Matrimonio a las Parejas del Mismo Sexo En esta sección se presentan las decisiones judiciales que en el derecho comparado se han producido en torno al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esta reseña se presentó con la finalidad de brindar a la Corte detalles sobre los debates constitucionales que se han desarrollado en otras jurisdicciones, así como brindar mayores elementos de juicio en el estudio de los cargos planteados. Las decisiones que se reseñan proceden de los Tribunales
Superiores de Ontario y British Columbia de Canadá, las Cortes Supremas de los Estados de Massachusetts, California, Iowa y Connecticut en los Estados Unidos, la Corte Constitucional de Sudáfrica y la Corte Suprema de la Nación de México. Así mismo se mencionan casos en los que la Corte Constitucional colombiana se hace uso del derecho comparado para resolver casos internos.
VI. La Idoneidad Técnica de la Demanda Y La Procedencia De Un Pronunciamiento De Fondo Por La Corte Constitucional Teniendo presente el ntecedente en relación al pronunciamiento inhibitorio realizado por la Corte Constitucional acerca del matrimonio sobre las parejas del mismo sexo, se exponen los argumentos por los cuales la demanda cumple con los requisitos materiales (claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia) que debe tener una demanda para que pueda considerarse que existe un cargo constitucional idóneo para provocar el pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional. En este apartado se destaca la consideración relacionada con la exclusión de la adopción a las parejas del mismo sexo y su inconstitucionalidad, razones desarrolladas en el anexo de dicha demanda. Esto por cuanto se tiene claro que el matrimonio y la adopción son asuntos conceptual y jurídicamente separables y que la adopción plantea problemas constitucionales específicos, que ameritan, en su momento, un examen específico por la Corte Constitucional por cuanto incorporan el tema del interés superior del menor. En todo caso si la Corte considera que por unidad normativa debe entrar a estudiarse lo realacionado con la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, se solicita que para tal examen se tenga en cuenta la argumentación relativa a la inconstitucionalidad de la exclusión de las parejas del mismo sexo de la adopción que hemos desarrollado en el anexo de esta demanda.
Anexo (argumentos que justifican la inexequibilidad de la restricción de la adopción para las parejas homosexuales –presentado en un argumento anexo por razones de técnica jurídica. En principio no hace parte de la demanda y es la Corte Constitucional quien decide si se pronuncia también en relación a este tema-)
En primer lugar, partiendo de la base de que el trato desigual entre las parejas homosexuales y los heterosexuales se presume inconstitucional por cuanto se funda en un criterio sospecho de distinción, se aplica el test estricto de proporcionalidad al tratamiento diferenciado de las parejas homosexuales en cuanto a la posibilidad de adoptar. Para tal efecto, la justificación que usualmente se utiliza para negar dicha posibilidad, a saber, la protección de la familia y del interés superior del menor, se sustenta en dos presupuestos erróneos. El primero es que la única familia que reconoce y protege la Constitución es la familia heterosexual y monogámica. Este presupuesto se sustenta en una interpretación
equivocada del artículo 42 de la Constitución, en la medida en que se basa únicamente en una aplicación desacertada del criterio de interpretación histórico subjetivo, al paso que desconoce los criterios de interpretación literal, sistemática y teleológico. El uso de estos criterios pone en evidencia que la Constitución reconoce y protege diversos tipos de familia, y que por tanto no hay razón para excluir de tal protección a la familia que surge de la unión homosexual. El segundo presupuesto es que el interés superior del menor se garantiza si únicamente se permite su adopción por parte de una pareja heterosexual. La mayoría de los estudios científicos acerca de los efectos que puede ocasionar en un menor el hecho de ser criado en un ambiente homoparental coinciden en que no se evidencia una afectación negativa en el desarrollo del menor. Con todo, dado que existen algunos estudios que discrepan de esta posición mayoritaria, se aportan algunas ideas sobre la función del juez constitucional en la valoración de pruebas empíricas, y concluimos que la regla constitucional adecuada que debe formularse en el presente caso es que mientras no exista un daño cierto y comprobado –tal como sucede en el tema de la adopción por parejas homosexuales– no puede ejercerse una restricción de derechos fundamentales, máxime cuando está de por medio una categoría constitucionalmente sospechosa en materia de igualdad. Después de controvertir los presupuestos erróneos, se aplica el test de estricto de proporcionalidad. En relación con la protección de la familia heterosexual se argumenta que no es un fin constitucionalmente legítimo e imperioso porque aquella no es la única familia que goza de protección constitucional. Aún si se insiste en esta idea, el trato desigual no resiste el segundo paso del test ya que no existe una relación de adecuación entre la finalidad enunciada y el medio escogido para alcanzarla pues si se acepta que las parejas homosexuales adopten, las parejas heterosexuales no verán menguada la protección que el orden jurídico les prodiga. En relación con la protección de la familia heterosexual se remite a los argumentos expuestos en la demanda. En lo que respecta al interés superior del menor, indicamos que aunque es un fin constitucional legítimo e imperioso, el trato desigual dado a las parejas homosexuales es inadecuado e innecesario para alcanzar dicho fin pues, según la evidencia científica, la crianza en una familia homoparental no perjudica el desarrollo y bienestar del menor. Al no tratarse de una medida necesaria ni adecuada, tampoco se satisface el criterio de estricta proporcionalidad, pues no existen beneficios que se deriven de tal medida, mientras que la misma sí genera graves costos en materia de la garantía de derechos fundamentales, concretamente del derecho a la igualdad de las personas homosexuales que conviven en pareja.
Anexo Posibles temas a tratar (No excluye otros que se consideren pertinentes)
Argumento Constitucionalidad condicionada con efectos diferidos (derecho comparado)
Contenido Ahondar en casos en los que las Altas Cortes han llenado vacios legislativos dando un margen de tiempo al legislador para que este lo haga por si mismo o en su defecto se aplica directamente la sentencia proferida por la Corte. Ejemplo Sudáfrica A partir del artículo 42, analizar lo referente a las formas de regulación por parte del legislador frente al matrimonio y como la Constitución preceptuó en forma amplia otras posibles conformaciones del matrimonio. Artículo 42 - Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Aunque es un contrato especialísimo, existen precedentes relevantes a tener en cuenta frente a la posibilidad de su modificación. No puede considerarse como una figura inamovible, existe una tendencia internacional que reconoce la voluntad de las partes aun si son del mismo sexo.
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