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Timestamp: 2018-12-13 20:44:12
Document Index: 4822953

Matched Legal Cases: ['artículo 56', 'artículo 99', 'artículo 61', 'artículo 57', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 56', 'Artículo 73', 'artículo 78', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 15', 'artículo 99', 'artículo 56']

﻿ Sentencia 34427 de junio 30 de 2010
SENTENCIA 34427 DE 30 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:REQUISITO DE RECIPROCIDAD ANTE LA ENEMISTAD GRAVE PARA LA FORMULACIÓN DE RECUSACIÓN. SI POR EL CONTRARIO LA ENEMISTAD ENTRE LAS PARTES PROCESALES ES DE CARÁCTER UNILATERAL SERÁ CONSIDERADA COMO INFUNDADA POR EL ÓRGANO JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CAUSALES DE RECUSACIÓN, FORMULACIÓN DE RECUSACIÓN, REQUISITOS DE LA RECUSACIÓN, CONJUEZ, PROCEDIMIENTO PENAL, ENEMISTAD GRAVE
Sentencia 34427 de junio 30 de 2010
Proceso 34427
Define la Corte la recusación formulada por el doctor Miguel Quintero Quintero, defensor de los procesados Jesús Helí Sanguino López, José Dionilson Sanguino Sánchez y José Olivian Sanguino Ovallos, contra el doctor Juvenal Valero Bencardino, Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de mayo 28 de 2010 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de ese distrito judicial, por medio de la cual, entre otras determinaciones condenó a los antes acusados como coautores de los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado, empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal y rebelión.
1. Los primeros se consignaron en el fallo de primera instancia de la siguiente manera:
Tienen ocurrencia la mañana del 21 de agosto de 2009, cuando personal militar adscrito al Batallón Contraguerrilla 126, Brigada 30 en desarrollo de la misión Antílope Dos, observó en una casa ubicada en la vereda La Fortuna, jurisdicción del municipio de San Calixto, Norte Santander, dos personas que se encontraban elaborando minas antipersonales, ante ello avanzaron hacia el inmueble desde donde fueron atacados con arma de fuego, al ingresar al inmueble y sus alrededores se halló a los señores José Dionilson Sanguino Sánchez, Jesús Helí Sanguino López, José Olivain Sanguino Ovallos, Diomar Ortiz Ortiz y Yulid Alira Robles Toro, incautándose 18 kilos de cocaína y sus derivados, 5 minas antipersonales, mecha lenta, cordón detonante, cable dúplex, tres granadas de fragmentación, una subametralladora, un radio de comunicaciones, elementos de campaña y CDS que contienen música y propaganda subversiva, siendo retenidos y leídos los derechos del capturado.
2. Por los anteriores episodios, el 22 de agosto de 2009 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de los Patios se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra los sindicados por los delitos antes mencionados.
3. El 9 de octubre siguiente la Fiscal Primera Especializada de Cúcuta ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de esa ciudad presentó escrito de acusación contra los imputados como presuntos coautores de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de las fuerzas militares y explosivos y rebelión, acto procesal en el cual el doctor Miguel Quintero Quintero, defensor de los procesados Jesús Helí Sanguino López, José Dionisio Sanguino Sánchez y José Olivian Sanguino Ovallos, interpuso recurso de apelación contra la decisión que negó la solicitud de nulidad por él elevada, postura procesal que en el mismo sentido asumió el defensor de los otros sindicados.
4. Enviado el proceso al tribunal correspondió por reparto al magistrado doctor Édgar Manuel Caicedo Barrera, quien mediante auto del 22 de octubre siguiente ordenó pasarlo al despacho de los magistrados Juan Carlos Conde Serrano y José Rafael Labrador Buitrago, para los fines que estimaran pertinentes, en razón a que la secretaria de esa corporación le informó que tales magistrados en reiteradas ocasiones han manifestado impedimento para conocer de las actuaciones en las cuales es parte el doctor Miguel Quintero Quintero.
5. En proveído del 23 de octubre de 2009, el doctor Conde Serrano se declaró impedido para conocer del presente asunto, con base en la casual 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por cuanto en el año de 1994 fue vinculado a través de indagatoria cuando fungía como fiscal delegado ante esa misma corporación por denuncia formulada por el doctor Miguel Quintero Quintero, quien actúa como defensor dentro de este proceso y desde entonces “históricamente me he venido declarando impedido con este abogado”.
Por su parte, el doctor Labrador Buitrago se declaró impedido por la causal 5º del “artículo 99 del CPP”, por enemistad grave para con el doctor Quintero Quintero, surgida a raíz de las denuncias y escritos difamatorios presentados por el mencionado abogado contra los magistrados de la Sala Penal de entonces.
Por lo anterior solicitaron se les acepte el impedimento y se surta el trámite previsto en la Ley 906 de 2004.
6. En auto del 26 de octubre siguiente el magistrado ponente dispuso el envío del proceso a la Corte para que resolviera los impedimentos planteados.
7. Mediante providencia de noviembre 11 de ese mismo año esta corporación declaró infundado el impedimento manifestado por el magistrado Juan Carlos Conde Serrano y declaró fundado el expresado por el doctor José Rafael Labrador Buitrago.
8. Para reemplazar al magistrado Labrador Buitrago fue sorteado y posesionado como tal el conjuez doctor Juvenal Valero Bencardino (nov. 26/2009), con cuya intervención y una vez escuchada la sustentación del apelante el 7 de diciembre siguiente se confirmó la providencia recurrida.
9. En audiencia preparatoria llevado a cabo el 22 de enero de 2010 la juez a quo decidió la exclusión de algunos testimonios solicitados por el doctor Miguel Quintero Quintero, quien interpuso recurso de apelación contra esa determinación, auto que el 17 de enero siguiente fue confirmado por el tribunal en Sala de Decisión en la cual intervino el conjuez doctor Juvenal Valero Bencardino.
10. En sesión de audiencia del 8 de abril del presente año el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cúcuta dio lectura a las pruebas que se harían valer en el juicio y fijó fecha para la realización del juicio oral, decisión recurrida por el doctor Quintero Quintero y otro de los defensores quienes pretendieron que se allegara de la Brigada 30 respuesta sobre la orden de operaciones y misión táctica relacionada con el operativo que permitió la captura de los procesados. El 20 de abril siguiente la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior integrada por los magistrados Édgar Manuel Caicedo Barrera (ponente), Juan Carlos Conde Serrano y Juvenal Valero Bencardino, confirmó la providencia apelada.
11. La audiencia del juicio oral se cumplió en sesiones del 28, 29 de abril y 3 de mayo del presente año, fecha esta última en la cual se anunció el sentido del fallo condenatorio. El 28 de mayo se dictó la sentencia de primer grado contra la cual, entre otros, el doctor Quintero Quintero, defensor de los procesados Jesús Helí Sanguino López, José Olivian Sanguino Ovallos y José Dionilson Sanguino Sánchez interpuso el recurso de apelación, el cual fue concedido ante el tribunal en el efecto suspensivo.
12. El ad quem fijó el 16 de junio del año en curso para llevar a cabo la audiencia de sustentación de la apelación, en cuyo inicio el doctor Quintero Quintero formuló recusación contra el conjuez doctor Juvenal Valero Bencardino por cuanto en el año 1985 y con posterioridad a los sucesos del “Anillo Vial”, dicho abogado lo denunció disciplinariamente por haberle arrebatado unos poderes, habiéndosele iniciado en su contra una investigación disciplinaria que le causó perjuicios de carácter material y moral por estar ausente de su profesión razón por la cual le profesa odio y repudio por aquel hecho.
13. El conjuez doctor Valero Bencardino expresó que la queja disciplinaria se formuló en 1985 y los sucesos del “anillo vial” sucedieron en 1991. No le profesa odio y repudio al doctor Quintero Quintero, todo lo contrario, en reciente ocasión le obsequió una jurisprudencia con saludo cordial y respetuoso. Lo admira, respeta y siente que es su amigo. A pesar de que el defensor no precisó la causal, no admitió la recusación en la medida que en él no existe ese elemento subjetivo de la enemistad grave.
14. El magistrado ponente dispuso el envío de la actuación a la Sala para que dirima el incidente.
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 57, 60 y 341 de la Ley 906 de 2004, esta corporación es competente para resolver la recusación propuesta por versar en un proceso adelantado bajo el trámite del sistema penal acusatorio y por tratarse de la repulsión que se hace contra el doctor Juvenal Valero Bencardino, conjuez que integra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, designado para reemplazar a un magistrado titular cuyo impedimento se aceptó.
2. Antes de tratar el fondo del asunto, resulta pertinente precisar que los conjueces como magistrados ad honoren que son, están llamados a intervenir en un determinado asunto, bien para completar una mayoría que no se ha podido formar en la discusión de una decisión, ora para reemplazar a un magistrado impedido por causal legal, como ocurrió en el presente caso, por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, “Los conjueces tienen los mismos deberes que los magistrados y estarán sujetos a las mismas responsabilidades de estos”.
3. Uno de esos deberes consiste en declararse impedidos para conocer de actuaciones penales cuando exista respecto de ellos alguna causal, de conformidad con el artículo 57 del CPP de 2004. Y, si no se declaran impedidos, cualquiera de las partes podrá recusarlos y el asunto se enviará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida el incidente de plano.
4. Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la declaración universal de derechos humanos como en el artículo 14.1. del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de New York(1).
5. En esta materia rige el principio de taxatividad según el cual solo integra motivo de excusa o de recusación aquel que de manera expresa se señala en la ley, lo que hace exclusión de la analogía, además que a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio la persona del juez, de manera que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez.
6. Este axioma o derecho a un tribunal desprevenido o imparcial, derivado de los artículos 209 y 13 de la Constitución Política en cuanto la función pública de administrar justicia así lo reclama, lo mismo que el trato igual para todas las personas de parte de las autoridades, se ha concebido como esencial del debido proceso en el sentido que junto a dos partes parciales, tiene que existir un tercero imparcial, extraño a la causa y ajeno a las posiciones de intereses de ellas —el juez—, principio de alcance general puesto que tiene aplicación en todos los tipos de procesos y sistemáticas procesales(2).
En correlación con que la jurisdicción juzga sobre asuntos de otros, la primera exigencia respecto del juez es la que este no puede ser, al mismo tiempo, parte en el conflicto que se somete a su decisión. La llamada impartialidad, el que juzga no puede ser parte, es una exigencia elemental que hace más a la noción de jurisdicción que a la de proceso, aunque este implique siempre también la existencia de dos partes parciales enfrentadas entre sí que acuden a un tercero impartial, esto es, que no es parte, y que es el titular de la potestad jurisdiccional. Por lo mismo la impartialidad es algo objetivo que atiende, más que a la imparcialidad y al ánimo del juez, a la misma esencia de la función jurisdiccional, al reparto de funciones en la actuación de la misma. En el drama que es el proceso no se pueden representar por una misma persona el papel de juez y el papel de parte. Es que si el juez fuera también parte no implicaría principalmente negar la imparcialidad, sino desconocer la esencia misma de lo que es la actuación del derecho objetivo por la jurisdicción en un caso concreto(3).
7. Para asegurar ese apotegma con el fin que las decisiones que se adopten durante el curso de los procesos que conocen respondan a la independencia de la administración de justicia y el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial, se han instituido los mecanismos del impedimento y las recusaciones en virtud de los cuales el juez debe separarse del conocimiento de aquellos casos en donde por entrar en conflicto sus propios intereses o haber conocido en el fondo del asunto, se pierde el fin de la recta administración de justicia.
8. La Ley 906 de 2004 ha establecido causales impeditivas que se refieren con precisión a posibles relaciones del funcionario judicial y el objeto del proceso(4)como la del juez que cumpliendo funciones de control de garantía quedará impedido para conocer del fondo del asunto (L. 906/2004, arts. 39 y 56, num. 13) o cuando el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer del juicio (art. 56, num. 14, y art. 335) o la de los magistrados para conocer la acción de revisión cuando hayan suscrito la decisión objeto de la misma (art. 197)(5). Como dice Montero Aroca,
Se trata de una lista cerrada de situaciones objetivadas que convierten al operador judicial en sospechoso, de modo que la concurrencia de una de ellas obliga al juez a abstenerse de conocer el asunto en aras de la imparcialidad que debe imperar en las decisiones de la justicia(6).
9. En relación con la formulación de la recusación, la Sala tiene precisado lo siguiente:
(...) la proposición de las recusaciones debe ceñirse expresamente a las causales establecidas por el legislador, correspondiendo al proponente realizar un examen serio y objetivo de los motivos que aduzca, de modo tal que no se propicie con su solicitud trámites inoportunos, dilatorios o que entorpezcan la buena marcha de la administración de justicia cuando se advierte carencia alguna de sustento objetivo en su formulación, pues a su vez, los sujetos procesales tienen deberes para con ella, traducidos en la lealtad procesal, el trato respetuoso y el correcto uso de los derechos y acciones que les otorga la ley.
La solicitud mediante la cual el sujeto procesal pide al funcionario que se declare impedido debe expresar, entonces, de manera clara y concreta la causal que se invoca, las pruebas y los motivos que aduzca para que el funcionario se separe del conocimiento de un determinado asunto.
Tales exigencias se imponen al sujeto procesal con el propósito de que su solicitud sea seria, razonada, ponderada y fundada en hechos comprobables, para que no se desvirtúe la finalidad con la cual fue concebido dicho instituto(7).
10. Aun cuando el doctor Miguel Quintero Quintero, defensor de los procesados Jesús Helí Sanguino López, José DionilsonSanguino Sánchez y José Olivian Sanguino Ovallos omitió señalar la causal por medio de la cual recusó al conjuez de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, doctor Juvenal Valero Bencardino, como tampoco hizo alusión a la “enemistad grave”, al exponer que siente “odio, repudio y animadversión” hacia aquel, podría entenderse que se trata de la prevista en el artículo 56 numeral 5º de la Ley 906 de 2004, en los siguientes términos:
Que exista ... enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
11. Frente a la causal de la enemistad grave, la jurisprudencia de la Sala expresó:
La palabra enemistad, desde el punto de vista semántico, es la “aversión u odio entre dos o más personas”, según la define el diccionario de la Real Academia Española.
Como causal de impedimento se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa.
Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente(8).
Y, posteriormente dijo, lo que aquí se reitera:
Ahora bien, recuérdese que la palabra “enemistad”, desde el punto de vista semántico, es la “aversión u odio entre dos o más personas”, según la define el diccionario de la Real Academia Española.
En consecuencia, la enemistad lleva implícita la idea de la reciprocidad, pues es un sentimiento que plantea una situación entre dos o más personas, como es la aversión o el odio, implicando que, por regla general, no pueda haber enemistad sin correspondencia, es decir, de un solo individuo hacia otro que ignore tales desafectos que despierta o produce.
En otras palabras, no es factible el fenómeno de la enemistad unilateral, aun cuando es posible que exista diferencia, resquemor o antipatía frente a personas que por razón de las labores o de las relaciones cotidianas originan tales actitudes, las que a veces son irrespetuosas y ajenas a un comportamiento decoroso, sin que, de todos modos, por indignas que puedan ser, merezcan ser calificadas como de enemistad.
Igualmente, no se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleva a perder la debida imparcialidad para decidir(9).
12. Si como quedó reseñado en precedencia, el doctor Quintero Quintero sustentó la recusación contra el doctor Valero Bencardino en que de manera unilateral siente animadversión hacia el conjuez por haberle formulado hace ya quince años una queja disciplinaria, sin precisar si por razón de la misma fue o no sancionado, la causal planteada por el defensor no reúne los parámetros establecidos por la jurisprudencia en la medida que la enemistad insinuada no es recíproca entre sus protagonistas, por el contrario, frente a lo así expresado el magistrado ad honorem puso de presente que a su colega en el ejercicio profesional lo considera su amigo, lo admira y respeta al punto que en reciente ocasión le hizo un obsequió acompañado de un saludo cordial y respetuoso.
13. Si bien en el ejercicio profesional del derecho pueden surgir controversias entre colegas, ello en manera alguna tiene la entidad suficiente como para generar la enemistad grave en los términos previstos por la ley y, mucho menos, que una situación como la expresada en este caso tenga la entidad suficiente como para perturbar el ánimo del funcionario judicial y, tampoco, que el mismo sea inequívocamente constitutivo de una grave enemistad al punto que se vean comprometidas la imparcialidad, la rectitud y la independencia de la administración de justicia.
14. Es más, sorprende a la Corte que el conjuez Valero Bencardino asumió el cargo en este proceso el 26 de noviembre de 2009 y el 7 de diciembre siguiente hizo parte de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta que resolvió la apelación interpuesta por la defensa contra el auto del 9 de octubre de ese mismo por medio del cual el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad negó una nulidad, y, posteriormente también participó en las audiencias de sustentación, discusión y aprobación de las decisiones tomadas el 17 de enero y 20 de abril de 2010, en las cuales se resolvió apelaciones interpuestas por el doctor Quintero Quintero, defensor de algunos de los procesados, quien ningún reparo formuló contra el doctor Valero Bencardino, resultando extraño, por decir lo menos, que luego de tales intervenciones sobrevenga una recusación apoyada en supuestos de hecho de hace más de 15 años que no se han logrado superar, pero que en todo caso no con constitutivos de la causal de recusación invocada, de manera que la misma se declarará infundada.
1. Declarar infundada la recusación interpuesta por el defensor de los procesados Jesús Helí Sanguino López, José Dionilson Sanguino Sánchez y José Olivian Sanguino Ovallos, contra el doctor Juvenal Valero Bencardino, conjuez de la Sala Penal del magistrado del Tribunal Superior de Cúcuta.
Magistrados: María del Rosario González de Lemus—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio E. Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.
(1) María del Carmen Calvo Sánchez, “Imparcialidad: abstención y recusación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero”, Responsa iurisperitorum digesta, volumen II, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, pág. 90.
(2) Artículo 73, Ley 94 de 1938; artículo 78, Decreto 409 de 1971; artículo 103, Decreto 050 de 1987; artículo 103, Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 15 de la Ley 81 de 1993; artículo 99, Ley 600 de 2000; y artículo 56, Ley 906 de 2004. Y, providencias, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 20 de agosto de 1992, Radicado 5044, 23 de marzo de 2000, Radicado 14536, 8 de noviembre de 2000, Radicado 14078, 7 de mayo de 2002, Radicado 19300, 18 de febrero de 2004, Radicado 21921, 16 de marzo de 2005, Radicado 23374, 30 de noviembre de 2006, Radicado. 26453, entre otras.
(3) “Es evidente que si un juez puede ser también parte en un proceso que ha de tramitar y decidir, aquel no actuaría con imparcialidad, pero con todo lo que resultaría vulnerado, en primer lugar, no sería la imparcialidad, sino el requisito de la jurisdicción que ha de conocer de asuntos de otros. Naturalmente no es lo mismo referir la alinieta a la jurisdicción, como función del Estado, que al juez, considerado este como persona, pero también en este segundo supuesto lo que entra en juego no es tanto la parcialidad como la negación de algo que hace a la esencia de la jurisdicción, la denominada parcialidad. La verdadera imparcialidad, en tanto que desinterés subjetivo, no puede simplemente suponer que el titular de la potestad jurisdiccional no puede ser parte en el proceso de que está conociendo, sino que implica, sobre todo, que el juez no sirve a la finalidad subjetiva de alguna de las partes en un proceso, esto es, que su juicio ha de estar determinado solo por el correcto cumplimiento de la función que tiene encomendada, es decir, por la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, sin que circunstancia alguna ajena al ejercicio de esa función influya en su decisión”. Juan Montero Aroca, Sobre la imparcialidad del juez y la incompatibilidad de funciones procesales, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1999, págs. 186-188. “Desde luego la imparcialidad no puede asimilarse a neutralidad, porque al contrario de otras actividades o disciplinas, la del juez exige un compromiso con la verdad y la justicia, que a la postre se expresa en juicio de valor que cuestionan o controvierten la posición de las partes”. José Fernando Ramírez Gómez, Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, Medellín, Señal editora, pág. 130.
(4) Otras causales de impedimento tienen que ver con las relaciones del juez con las partes del proceso (L. 906/2004, arts. 56-1-2-3-4-5-9-10-11-15).
(5) Esta causal se refiere a la posibilidad de error judicial y a la inconveniencia de que un mismo asunto sea examinado por el juez que profirió la decisión a revisar.
(6) Juan Montero Aroca, Principios del proceso penal, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 1997, pág. 88.
(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 8 de noviembre de 2005, Radicado 24103.
(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de octubre 12 de 2000, Radicado 17735.
(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto mayo 30 de 2006, Radicado 25481.