Source: https://www.scribd.com/document/127219948/Inconstitucionalitat-Sistema-d-Execucio
Timestamp: 2019-01-22 09:53:43
Document Index: 371580962

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 47', 'artículo 9', 'artículo 551', 'artículo 520', 'artículo 552', 'artículo 559', 'artículo 559', 'artículo 695', 'artículo 551', 'artículo 681', 'artículo 1', 'artículo 559', 'artículo 131', 'artículo 131', 'artículo 559', 'artículo 551', 'artículo 695', 'artículo 551', 'artículo 559', 'artículo 698', 'artículo 697', 'artículo 24', 'artículo 579', 'artículo 579', 'Artículo 579', 'artículo 579', 'artículo 1', 'artículo 579', 'artículo 9']

Inconstitucionalitat Sistema d&#39;Execucio
Ejecución extrajudicial; el valor científico de la obligación garantizada - Martín Mejorada Chauca.pdf
Caso de Financiero
4 GARANTIAS.ppt
140606721 Sentencia Del Supremo a La Clausula Suelo
Reyes Vidal, Eimeric d'Usall, El Último Templario
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EJECUCIÓN HIPOTECARIA. LIMITACIONES DEL DERECHO DE DEFENSA DEL EJECUTADO.
GUILLEM SOLER SOLÉ Maxistrado
En el presente escrito se exponen los motivos que han justificado el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto de los artículos 695, 698 y 579 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), debido a las limitaciones de alegación y de defensa del ejecutado hipotecario para poder oponerse a la ejecución (por ello, la cuestión no presenta ninguna relación con la problemática de la dación en pago, recientemente de actualidad). En el caso concreto, la parte ejecutada pretendió alegar la nulidad de la cláusula de la escritura de hipoteca que fijaba la obligación de pago en unas condiciones potencialmente abusivas para el prestatario. Al prohibir expresamente la LEC la posibilidad de alegar cualquier posible nulidad (incluso aunque sea la de la cláusula que regula la forma de pago, es decir, el incumplimiento y, por ello, el vencimiento anticipado de la deuda), el tribunal no puede siquiera entrar a valorar el fondo de la cuestión. Podrían verse afectados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del ejecutado hipotecario (artículo 24 de la Constitución), el derecho a la vivienda digna y adecuada (artículo 47 de la Constitución) y el principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución). 1.- Motivos de oposición alegados. Expone la parte ejecutada en su escrito de oposición que si bien suscribió la escritura de préstamo, no conocía ni comprendía el alcance del contrato. Expone que se trata de una señora mayor, que percibe una pensión baja, con pérdida de audición y un nivel cultural bajo. Ante la posibilidad de cambiar de vivienda, acudió a una inmobiliaria, donde le informaron que vendiendo su vivienda actual podía ac-
Se han aportado como documentos 2 y 3 contratos de XXXXXXXXXXX de 2007 por los que la ejecutada vende su vivienda de la calle XXXXXXXXXXXXXXX a un tercero por 180. por un precio de 310. No puede negarse que las especiales circunstancias fácticas y los antecedentes contractuales previos a la demanda de ejecución generan una situación jurídica relevante que. los argumentos expuestos en el escrito de oposición. tanto la inmobiliaria como la entidad bancaria podían prever que no se realizaría el pago si no lograba vender la vivienda. Aparentemente. . especialmente teniendo en cuenta que se trataba de un solo pago en el plazo de un solo año. sí parecen potencialmente relevantes respecto de la procedencia o no de la continuación de la ejecución contra la vivienda de la ejecutada. compra a la inmobiliaria la vivienda sita en la Avenida XXXXXXXXXXXX (las firmas de vendedor y comprador coinciden). motivadas por la situación del mercado inmobiliario. 2. Se da la circunstancia de que la misma ejecutante ha presentado demanda de ejecución hipotecaria por el préstamo de 179. que obliga al juez a aplicar los claros términos de los artículos 695 y 698 de la LEC. ni la veracidad o credibilidad de la tesis sustentada por la parte ejecutada. sino la medida en que su eventual examen pudiera ser relevante.14 REVISTA XURÍDICA GALEGA ceder a una nueva vivienda. Dados los ingresos de la ejecutada. no sólo concertó esta operación sino que al mismo tiempo concedió a la ejecutada un crédito de 179. Las dos operaciones. devolviendo el crédito un año después. no puede ser tenida en cuenta por la instancia judicial al resolver la oposición.500 euros. a su vez.. hecho que no dependía únicamente de la ejecutada. venta de la vivienda e hipoteca. En la presente resolución no se examina el fondo de la oposición. La entidad bancaria. lo que agravaría la situación de la ejecutada. el 27 de julio de 2007. analizados desde una perspectiva de derecho material. ello no obstante. al integrar una cláusula abusiva. atendiendo al principio de legalidad.Imposibilidad jurídico-procesal de entrar en el fondo. pero con sujeción a la condición de que se vendiera la primera vivienda. se harían el día XXXXXXXXXXXXXXXXX. La inmobiliaria planteó la posibilidad de que la ejecutada pidiera un crédito por 157. A estos estrictos efectos. pagando una pequeña hipoteca. se trataría de la concesión de una hipoteca como medio de financiación temporal. planteada en estos términos la oposición.304 euros y. La inmobiliaria puso en contacto a la ejecutada con la entidad bancaria para la concertación de la hipoteca. la regulación procesal de la oposición a la ejecución hipotecaria impide de modo absoluto entrar en el fondo y obliga a la instancia judicial a desestimar la oposición por no haberse alegado un motivo legalmente tasado. Debido a dificultades en la operación.000 euros ante el Juzgado de Primera Instancia XXXXXXXX de Sabadell (proceso XXXXXXXXXX). ya que intervenían factores como la situación del mercado inmobiliario o la facilidad al acceso a los créditos.000 euros con la garantía de la vivienda que compra en la Avenida XXXXXXXXXX.000 euros con la garantía de la vivienda que pretendía vender. Las condiciones y plazos en que se concedieron ambos créditos serían abusivos y temerarios. Por todo ello considera esta parte que la ejecutante no puede exigir al amparo de la cláusula de amortización el reintegro en un pago único del capital prestado más intereses. Pues bien. la vivienda de la ejecutada no se vendió el día fijado para elevar el contrato a escritura pública.
lógicamente ello no podrá ser apreciado de oficio por el tribunal. eventualmente determinante de su carácter abusivo. que abre vías a la apreciación jurisdiccional de causas de nulidad de cláusulas insertadas en escrituras públicas de hipoteca (vencimiento anticipado cuando se produzca el embargo de bienes del prestatario o resulte disminuida la solvencia por cualquier causa. puesto que las facultades de examen de la procedencia del despacho de la ejecución por parte del juez y los motivos de oposición a la ejecución que puede articular el ejecutado son extraordinariamente limitados. renuncia en caso de cesión del préstamo por la entidad al derecho de notificación que le asiste. Lógicamente. incluso de oficio por parte del órgano judicial. Es por ello que la instancia judicial dispone de una única alternativa: aplicar los preceptos de la LEC y desestimar la oposición sin entrar en el fondo o.. además. en los términos que a continuación se exponen. de modo expreso. pero no (al menos no necesariamente. de cláusulas contractuales (Sentencias de 26/10/06.Ámbito de la cuestión. se pone en relación esta línea jurisprudencial con la elaborada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el control. no en uno de ejecución como el presente. incluso cuando el bien afectado es la vivienda. por lo que habrá que subastar la vivienda. sino ni siquiera detectarlos. este pronunciamiento se produce en un proceso declarativo. la respuesta pudiera ser clara: la hipoteca es meramente una garantía (de natura- . pero precisamente por ello pone de manifiesto las extraordinarias implicaciones de las limitaciones de cognición del proceso de ejecución hipotecaria. La presente cuestión se refiere a la imposibilidad de examinar en sede de oposición posibles nulidades relativas a las circunstancias en que se suscribió tanto la obligación garantizada como la garantía hipotecaria o al mismo contenido objetivo de las cláusulas contractuales. Es innegable que la misma naturaleza jurídica de la garantía hipotecaria justifica que el ámbito de cognición de la ejecución sea limitado. Dada la actual regulación procesal. esta es la opción acogida en la presente resolución. Si. 4. prohíbe al ejecutado alegar como motivo de oposición la ausencia de vencimiento o la concurrencia de una causa de nulidad. presupuestos ambos de toda ejecución hipotecaria. en términos constitucionales) que lo sea de un modo absoluto y respecto de todos los supuestos que puedan darse.COLABORACIÓNS 15 3. Ello es especialmente relevante si acudimos a la más reciente doctrina jurisprudencial (STS de 16 de diciembre de 2009).Influencia en el fallo. plantear la correspondiente cuestión ante el Tribunal Constitucional. Como se argumentará más adelante. se acentúan las implicaciones de las limitaciones cognitivas del proceso de ejecución hipotecaria: si el legislador. resolución anticipada del préstamo por incumplimiento de prestaciones accesorias o resolución anticipada del préstamo por imposibilidad de inscribir la garantía hipotecaria en el Registro). de considerar la posible concurrencia de un vicio de inconstitucionalidad. un vicio de nulidad (que pueda afectar a la suscripción del contrato previo o incluso a una cláusula insertada en la escritura pública que constituye precisamente el titulo no judicial que se está ejecutando) puede incidir de modo directo en la concurrencia de un estricto incumplimiento de la obligación personal garantizada y del correspondiente vencimiento anticipado. es imposible no ya abordar jurisdiccionalmente como se debiera estos supuestos. aunque puedan darse sus presupuestos.. En una primera visión superficial. Sentencia de 27/06/00 y Sentencia de 21/11/02).
S. de la información que el ejecutante debía incluir en la demanda. en la actual. debería debatirse en un juicio declarativo independiente. de por sí extraordinarias. aunque ambas legislaciones (la anterior sobre la que se pronunció el TC y la actual respecto de la que se plantean nuevas dudas de inconstitucionalidad) responden a unos mismos principios extraordinariamente restrictivos. en su caso. y. Por ello los juicios de ponderación constitucional que ahora deberán realizarse son sustancialmente distintos. al abordar esta materia.STC 41/1981 y justificación de un nuevo pronunciamiento. no la anterior LEC y Ley hipotecaria entonces vigente. no puede desconocerse la Sentencia del Tribunal Constitucional 41/1981. ante la alegación del acreedor de que el prestatario ha incumplido la obligación personal de pago (un crédito). de un modo puntual pero sustancial. se han introducido ciertas modificaciones en perjuicio del ejecutado. en tercer lugar. Pues bien. añadidas a las ya existentes." y el Banco Hipotecario de España. al menos. el TC debería poder valorar de nuevo.). por lo que no afectaba a un bien inmueble constitutivo de vivienda. el supuesto analizado por el TC se refería a la hipoteca constituida entre dos personas jurídicas (la sociedad "C. Inmobiliarios.. en la que. veremos a continuación que un examen más detenido y ajustado a la realidad social subyacente a este tipo de situaciones nos permitirá apreciar. 28 años más tarde. S. de la eliminación del requerimiento previo obligatorio en el que el prestatario podía efectuar alegaciones.16 REVISTA XURÍDICA GALEGA leza real) que. al haber cambiado radicalmente la realidad social y la economía sobre la cual deben efectuarse las correspondientes ponderaciones. en primer lugar. para concluir que eran aceptables las limitaciones a la oposición.S. Estas cuestiones sólo afectarían a la relación obligacional y. D) Incluso con independencia de todo ello. debe ejecutarse. Deben efectuarse las siguientes consideraciones: A) En el supuesto de que una normativa legal no haya variado (que no es el presente caso). Lógicamente. en segundo lugar. derecho constitucional sí afectado en los supuestos que estamos analizando y que precisamente justifica la necesidad de un nuevo pronunciamiento. con independencia de las circunstancias en que éste se haya producido y con independencia de que el contenido de las cláusulas relativas a los supuestos y efectos del vencimiento anticipado puedan presentar algún tipo de abuso determinantes de su eventual nulidad. su constitucionalidad. al resolver un recurso de amparo. analizó y confirmó la constitucionalidad del antiguo régimen procesal de la Ley hipotecaria. C) De modo muy especial. la normativa sí ha cambiado y lo que se cuestiona ahora es la actual LEC. B) Como es evidente. de las extraordinariamente exigentes condiciones que se le imponen actualmente al ejecu- . de 18 de diciembre.A. que la respuesta no puede ser en ningún caso tan clara ni sencilla.A. que generan dudas serias de la constitucionalidad: · Se trata. 5.
siguiendo esta sencilla regla de tres. Según el artículo 551 de la LEC. ya no podría plantearse una cuestión de inconstitucionalidad. falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda. denegará el despacho) concurran los presupuestos y requisitos procesales.. En cuanto a los procesales. el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título. dictará auto denegando el despacho de la ejecución. aunque se haya promulgado ni más ni menos que una nueva Ley de enjuiciamiento civil. hay que tener presente que se despachará la ejecución siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales. · De hecho. el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título. de lo dispuesto en el artículo 520 (cantidad legal mínima). aunque la normativa haya variado con posterioridad. que no será susceptible de recurso alguno. en el presente caso. en este caso únicamente respecto de los títulos ejecutivos no judiciales. sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. si. El artículo 552 de la LEC advierte que si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución. prevé el artí- . el juez apreciara posteriormente la procedencia de su estimación. Con carácter general para la oposición a la ejecución ordinaria (no hipotecaria). incluso.Despacho de la ejecución.COLABORACIÓNS 17 tado para que el procedimiento declarativo al que debe acudir tenga algún efecto en el ejecutivo. sin dar audiencia al demandado y tras examinar la demanda. el título ejecutivo y los documentos presentados con ella. el juez denegará la ejecución in limine litis.. 6.1 (sustanciación y resolución de la oposición por defectos procesales) prevé que el ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos siguientes: carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda. En caso de que se hubiere despachado la ejecución. En el primer caso. que será directamente apelable. el artículo 559. una vez planteada la oposición. a la ejecución ordinaria de título ejecutivo no judicial. por remisión tácita a los artículos 517 y 551. La ejecución se despachará mediante auto. procesales y de fondo. si no concurre alguno de estos elementos. si consideráramos que ya no procede un nuevo pronunciamiento del TC. La denegación de la tramitación de la ejecución puede ocurrir en dos momentos distintos: en la fase de admisión y en la fase de resolución de una eventual oposición. el tribunal despachará en todo caso la ejecución siempre que (es decir. nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena. o por infracción. al despacharse ejecución. presentada la demanda ejecutiva. debe dictar auto en el que se declare que no procede continuar con la ejecución. 7.Motivos de oposición. llegaríamos a una conclusión absurda: en cualquier materia en la que ya se haya pronunciado el TC. no cumplir el documento presentado los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución. En cuanto a los motivos de oposición de fondo. Igualmente. distingue la LEC entre motivos procesales y de fondo.
. por su propia naturaleza. se ha producido el impago o se suscribió la obligación de pago o se pactaron ciertas cláusulas eventualmente abusivas y nulas. ninguno de estos motivos de oposición parece incluir. generales para la ejecución de título no judicial. en tal caso el juzgado puede apreciar que el título no cumple con un requisito legal para llevar aparejada ejecución. Por ello. Por el contrario. en su caso. De todos modos. de inmediato se aprecia que este motivo de oposición se refiere estrictamente al mismo cumplimiento íntegro de los pagos a los que se obligó el deudor hipotecario.1. aun siendo restrictivos los términos de la oposición a la ejecución general.. admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente. sobre la base del artículo 559. Ello no obstante. En efecto. cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. Ciertamente. con los requisitos ya indicados. establece el artículo 695 de la LEC un sistema aún más tasado de motivos de oposición para la ejecución hipotecaria: 1ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada. de plena aplicación a la ejecución hipotecaria. por ello. 5ª Quita. 9.Motivos de oposición procesales a la ejecución hipotecaria: requisitos legales para llevar aparejada ejecución. en la que oirá a las partes. espera o pacto o promesa de no pedir. uno de los motivos de oposición es la extinción de la garantía o de la obligación garantizada. despliegue o exigibilidad de la garantía real en que consiste la hipoteca. siempre por referencia a un presupuesto que consta en el mismo título como condicionante para su fuerza ejecutiva. 6ª Transacción. Este tipo de examen queda enmarcado en el ámbito de los requisitos y presupuestos procesales y. puede ser apreciado de oficio para denegar el despacho de la ejecución o. 3ª Pluspetición. 4ª Prescripción y caducidad. 2ª Error en la determinación de la cantidad exigible. si de la lectura del título y de las alegaciones contenidas en el escrito de demanda ejecutiva se aprecia que no ha concurrido un presupuesto expresamente previsto en el título para el nacimiento.Motivos de oposición de fondo a la ejecución hipotecaria. . En efecto. resultan. o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía. de la prenda sin desplazamiento. este supuesto consiste meramente en la concurrencia en la realidad jurídica de un presupuesto previsto en el mismo título para poder desplegar su fuerza ejecutiva. en su caso. mientras que los motivos de oposición procesales. Formulada la oposición. como veremos. son aplicables las normas generales del proceso de ejecución (entre ellos el artículo 551 de la LEC). siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o. por la remisión que efectúa el artículo 681 de la LEC. Ello no obstante. 2ª Compensación. la posibilidad de examinar las concretas condiciones y circunstancias específicas en que.18 REVISTA XURÍDICA GALEGA culo 557 los siguientes motivos: 1ª Pago.3 puede discutirse si la deuda no ha nacido o se ha extinguido por una causa recogida expresamente en el título. debe entenderse que las limitaciones que acaban de indicarse se refieren sólo a los motivos de oposición de fondo. convocará a las partes a una comparecencia. Así. mediante providencia. 8. se suspenderá la ejecución y el tribunal. en cada caso. hasta el punto de que puede aportar una certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o una escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía. alegado por el ejecutado como motivo procesal de oposición.
el incumplimiento de la obligación de pago) no está definido expresamente en la normativa procesal. En efecto. atendiendo al desenvolvimiento efectivo del sector hipotecario inmobiliario.Incumplimiento por el deudor hipotecario de la obligación de pago. que se ha producido una ausencia (impago total) o insuficiencia (impago parcial) en las cantidades abonadas por el ejecutado al acreedor hipotecario.Eventual vicio del consentimiento. en el artículo 1. entre otros. de hecho. circunstancias del impago o nulidad de una cláusula abusiva. 11. según el cual los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado. Es decir. entre otros. el presupuesto para que pueda despacharse la ejecución hipotecaria (habitualmente. para poder acudir al proceso judicial de ejecución hipotecaria. el despacho de la ejecución hipotecaria. De modo habitual las demandas de ejecución hipotecaria indican el alcance del impago objetivo producido. el fundamental o más habitual. en las que se indica como causa de vencimiento anticipado. además de ser ajeno a la propia naturaleza de la ejecución hipotecaria. la noción de “incumplimiento” presenta una larga historia en la tradición jurídica occidental. es indiscutible que uno de ellos. al uso y a la ley. puesto que son dos proposiciones lingüísticas que no coinciden entre sí. según su naturaleza. En primer lugar.. Así. las escrituras públicas en que se constituyen las garantías hipotecarias. la normativa únicamente fija los motivos para denegar el despacho de la ejecución o para oponerse al mismo. Asimismo. sin más. sino que implícitamente se remite a lo pactado entre las partes. es absolutamente irrelevante a los efectos del despacho de la ejecución. respecto del cual el tribunal está obligado a suponer que el mismo se ha dado en la realidad. es decir. de hecho. al tener que depender éste únicamente de haberse producido el impago. seguramente se ha llegado a un momento en el que puede afirmarse.COLABORACIÓNS 19 10. por auto. entre otros motivos porque la normativa procesal indicada no lo define de ningún modo (podría haberlo hecho o incluso lo razonable es que se hubiera hecho. con independencia de sus circunstancias. sean conformes a la buena fe. descartaremos una equiparación superficial entre “incumplimiento de la obligación de pago” e “inexistencia o insuficiencia de pago”. que ha cristalizado.. es el incumplimiento por el deudor hipotecario de su obligación de pago.258 del Código Civil. pero no atiende a los supuestos en que una parte puede acceder a la vía judicial ejecutiva. el incumplimiento por el deudor hipotecario de su obligación de pagar cualquiera de las cuotas pactadas (incluso de parte de una de ellas) o de cualquiera de los variados conceptos jurídicos estipulados (el intenso desequilibrio contractual inherente a este tipo de cláusulas nos pueden llevar a suponer que no son fruto de una intensa negociación entre las partes sino mas bien que son predispuestas por la entidad prestadora). Así. Debemos plantearnos qué se entiende por “incumplimiento de la obligación de pago”. Podría alegarse que se trata de un hecho (las circunstancias que rodearon el impago) que. como es lógico y coherente en atención al principio de autonomía de la voluntad. especialmente en un ámbito de tanta sensibilidad social como es la ejecución hipotecaria). Así suelen expresarse. sino también a todas las consecuencias que. que en el mismo los contratos principales (escrituras de venta y de préstamos hipotecarios) no son efectivamente nego- . Podríamos plantearnos si se restringe de modo constitucionalmente injustificado la potestad judicial para ponderar la medida en que concurren los presupuestos para disponer. sin temor a faltar al rigor.
con la concreta fuerza ejecutiva que se insta. pueda generar un desequilibrio o abuso entre las posiciones de las partes. mientras que otros autores sostienen que existe una especie de unidad compleja del crédito hipotecario. lo que puede explicar precisamente los habituales desequilibrios y abusos que recogen. por la finalidad de garantía o aseguramiento de la hipoteca respecto de un crédito. 12. Ello se basaría en que la relación jurídica documentada es una deuda hipotecaria. con efectos de resolución anticipada de la deuda hipotecaria. la noción de “incumplimiento de la obligación de pago”. relativo a la inexistencia o insuficiencia del pago de una cuota hipotecaria. la deuda asegurada junto con la hipoteca constituida para garantizar su cumplimiento. Es precisamente por ello que no es tan evidente que en el marco de una ejecución hipotecaria.. que adquiere una entidad real y se rige por principios distintos al derecho de obligaciones.20 REVISTA XURÍDICA GALEGA ciados entre las partes sino en su mayor parte predispuestos por la entidad prestadora del dinero. en la que se pretende la realización del bien expresamente sujeto a la garantía (que puede tratarse de la vivienda habitual del deudor hipotecario). Para entender este planteamiento debemos acudir a la noción de accesoriedad. la posible concurrencia de un vicio en el consentimiento al tiempo de suscribir la obligación o la posible nulidad de una cláusula pactada. examinar la medida en que puede haberse dado en la realidad un vicio en el consentimiento generador de nulidad (esto es evidente que no) o la medida en que una cláusula determinada de la escritura. puede el tribunal. Todo ello con independencia de que se haya producido una intervención subsiguiente del notario o del registrador. La relación entre estos dos componentes nos remite a la idea de accesoriedad. La concepción clásica postula subordinación. el impago de alguna de las cuotas. como presupuesto para el despacho de la ejecución. objetivo. en el ámbito de cognición judicial que acabamos de definir para el supuesto del artículo 559. en su caso. Por esto debemos plantearnos la eventual aplicación de ciertos aspectos de la normativa de protección a los consumidores en la interpretación de ciertas cláusulas escrituradas. o para valorar. como causa de vencimiento anticipado y de exigibilidad de la garantía real. En este punto podemos plantearnos si. por la mera alegación escrita por el acreedor hipotecario de un mero dato. si se aprecia que la garantía real no sólo se constituye en atención precisamente a la concesión del crédito personal sino que integra el fundamento o causa económica esencial del negocio (puesto que se imputa sobre el bien para cuya ad- . en términos de garantías constitucionales. es decir.1. el examen de tales circunstancias. al despachar ejecución. como se desprende de la ya indicada STS de 16 de diciembre de 2009. En cualquier caso. es posible entrar a examinar la posibilidad o eventualidad de que.Accesoriedad entre crédito y garantía real. Parece por el contrario que podría tener alguna relevancia. en un caso en el que la escritura de hipoteca indica. en cuanto a la ponderación de la procedencia del despacho o de la continuación de la ejecución. queda suficientemente integrada. relacionada.3 (el documento no cumpla los requisitos legales para llevar aparejada ejecución). a los efectos de apreciar la realidad misma de un incumplimiento imputable al deudor hipotecario. aséptico y carente de cualquier referencia a las circunstancias fácticas concurrentes. dado su eventual carácter abusivo. Se ha discutido por la doctrina el grado de dependencia o subordinación de la primera respecto del segundo. generador de una eventual nulidad de la misma. directa o indirectamente.
relativo a las causas de oposición por motivos procesales. sino también del acta notarial del requerimiento previo. sigan siendo. en especial si tenemos en cuenta que ya no existe el requerimiento previo al despacho de la ejecución. Ello no obstante.. que el tribunal debe despachar la ejecución sin poder tener en cuenta hechos posteriores a la emisión de los documentos que le son presentados. Así. Además. La actual LEC únicamente exige que en la demanda ejecutiva se exprese la cantidad reclamada. pero no en el momento de despacharse la ejecución. En efecto. En el anterior sistema el juez debía atender no sólo al escrito de demanda sino también a las alegaciones que pudiera hacer el deudor al contestar el requerimiento de pago. El antiguo artículo 131 de la Ley Hipotecaria daba cierta base para permitir al tribunal examinar cuestiones relativas a la relación jurídica documentada. Así. exigibilidad y cuantía). ello no obstante. a pesar de dicha trasmutación. que sea exigible y que no se haya extinguido.Examen de oficio: información insuficiente. la crisis o los defectos jurídicos originarios de la primera se erigen como presupuesto o condicionantes. es decir. no deberá despacharse la ejecución si al tribunal no le consta el nacimiento efectivo de la deuda hipotecaria. cuestiones de fondo respecto de la relación obligacional. por lo que se ve impelido a despachar la ejecución sobre la base de las alegaciones efectuados exclusivamente por el ejecutante. en el que el deudor podía hacer constar las alegaciones que considerara oportunas. cuando ello no se desprendiera directamente del mismo título. con la regulación actual el tribunal no dispondrá de la información necesaria para ponderar si no ha concurrido en la realidad un incumplimiento sustancial con los efectos indicados o si en la suscripción se produjo algún vicio del consentimiento invalidante. el artículo 131 de la Ley Hipotecaria establecía como requisito indispensable para el despacho de la ejecución que el juez examinara la certeza. dada la consustancial y estructural accesoriedad existente entre relación obligacional (crédito) y garantía real (hipoteca). a cuyo efecto disponía no sólo del título y del escrito de demanda. de modo simultáneo. respectivamente. con independencia de que. la oportunidad de introducir este tipo de alegaciones. que había llegado a su término natural o anticipado el vencimiento. . Ello se explica porque el título ejecutivo únicamente refleja la existencia y contenido de la relación jurídica documentada en el momento de la creación del título. debemos admitir en todo caso un cierto grado de subordinación. subsistencia. Se requería un pronunciamiento del juez relativo a que el crédito había nacido.1 puede entenderse que el juez debe atender no sólo a la regularidad formal del título sino también a su contenido. subsistencia y exigibilidad del crédito y la cantidad exacta. lo que debe integrarse con el artículo 559. el acreedor debía hacer constar en la demanda los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza. circunstancia que nos permite afirmar que las cuestiones de fondo de la primera se transmutan en cuestiones procesales de la segunda. esta eventualidad tampoco es permitida por la normativa procesal. Pues bien. que era previo al despacho de la ejecución. vemos. Como veremos. y que no se había extinguido. 13. subsistencia y exigibilidad del crédito. acogiendo este planteamiento. para la viabilidad y exigibilidad de la segunda. como hemos visto. en sede de oposición. Ello no obstante. el crédito asegurado (certeza. en aplicación del artículo 551.COLABORACIÓNS 21 quisición se concedió el préstamo). ello no obstante. Esta situación podría resultar asumible en términos constitucionales (derecho a la tutela judicial efectiva) si se le diera al ejecutado.
aunque deberá ser preferentemente documental. Pues bien. por la propia naturaleza jurídica (garantía) del título no judicial ejecutado o. propia de la oposición por motivos de fondo. Así. Según hemos visto. no son conformes con la naturaleza (accesoria) y el contenido (existencia de un verdadero incumplimiento o de un vicio del consentimiento) del título. eventualmente abusivas y por ello nulas. a cuyo efecto es de aplicación el régimen general de ejecución de títulos no judiciales. ello es así tanto si consideramos que esta cuestión excede del marco de los requisitos procesales y presupuestos que pueda examinar el tribunal antes de despachar ejecución o. como la realización del bien hipotecado. una extralimitación que requiere una nueva delimitación procesal por parte del Tribunal Constitucional. veamos en qué medida las limitaciones institucionales internas insertadas por el legislador en los cauces por medio de los cuales se construye el debate jurídico en el seno de un proceso de ejecución hipotecaria pueden explicarse razonablemente. el ejecutado puede oponerse por tal motivo. oficios. pueden suponer. en términos constitucionales. que pudieran determinar. incluso en el caso (no seguido en la práctica) de que se asumiera la presente tesis (según la cual el ejecutado puede oponerse por este motivo como cuestión procesal). Por el contrario. se constata que el legislador no permite que el tribunal pueda entrar a valorar de ningún modo las circunstancias fácticas que han rodeado el impago.Como motivo de oposición de naturaleza procesal: trámite procesal inadecuado.. incluso admitiendo esta eventualidad. por ejemplo. la práctica de los medios de prueba que serían objetivamente necesarios (interrogatorios. si no concurren los requisitos y presupuestos para el despacho de la ejecución. Así. esta cuestión no puede integrar un motivo de oposición de fondo y. la naturaleza del trámite procesal para su resolución impide. vemos que. Ello no impide la práctica de prueba.) para que el tribunal pudiera llegar a formarse un juicio sobre las circunstancias reales. incluso aceptando la interpretación de los preceptos aplicables en la forma más favorable al ejecutado. por no disponer de la información necesaria al efecto (no hay requerimiento previo). Del tenor y contundencia del artículo 695 debemos concluir que el legislador no admite que el ejecutado pueda plantear esta cuestión como motivo de oposición de fondo. extradocumentales.. no puede esperarse que se permita la tramitación exhaustiva y sin límites cognitivos. Evidentemente. en cuanto a los motivos básicos de oposición. la suscripción de la escritura pública o la negociación de determinadas cláusulas. Así. en esta hipótesis. testificales. A estos efectos. según hemos visto. podemos concluir que. si lo admitimos como motivo procesal (realizando una interpretación a él favorable). según el artículo 551 y 552. por sí mismo. por lo contrario. el artículo 559 prevé para la resolución de la oposición por motivos procesales un mero traslado y excluye la celebración de una vista. apreciamos una posible vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.Extraordinaria limitación del ámbito de cognición de la ejecución hipotecaria. porque los actos de ejecución. En cuanto a la oposición del ejecutado. como si se tratara de una especie de procedimiento declarativo en el que puedan sustanciarse todos los motivos de oposición imaginables. que el título no lleve aparejada ejecución. En definitiva.22 REVISTA XURÍDICA GALEGA 14. el trámite procesal previsto al efecto (escrito) es absolutamente inadecuado e insuficiente. etc. en ciertos aspectos. coaténeas o posteriores a la suscripción de la escritura. Únicamente se está . 15. sí podemos integrarlo en sede de motivos de oposición procesal.
Ello se correspondería con la limitación del ámbito de la contradicción. hasta el punto de que falta la controversia entre las partes. la ley prevé que debe hacérsele el oportuno requerimiento. Frente a las excepciones que permite la normativa para la ejecución ordinaria. que en el marco de una ejecución hipotecaria que afecta a un bien de primera necesidad como es la vivienda el propio sistema legal impida.Argumento de la fuerza ejecutiva del título. en el procedimiento de ejecución hipotecaria se limita extraordinariamente la contradicción procesal. En puridad. se siga un régimen procesal en el que ni siquiera se permita. que el tribunal pueda llegar a tener conocimiento de los antecedentes fácticos relevantes. como suele ser habitual. que carece de una fase de cognición. y por ello. con independencia absoluta de las concretas circunstancias concurrentes. característica común de los procedimientos cuestionados es la extraordinaria fuerza ejecutiva del título y la paralela disminución de las posibilidades de contenerla mediante la formulación de excepciones. que se introduzca en el proceso de ejecución un mínimo examen de estas circunstancias. Producida tal «conditio iuris». El procedimiento sería una vía de apremio. que. En primer lugar. si el acreedor no lo ha hecho antes. La presentación de la demanda. pero fuera de esa posibilidad el demandado tiene muy contadas posibilidades. objetivamente relevantes para la viabilidad jurídica de la fuerza ejecutiva del título. de modo absoluto y sin ninguna alternativa interpretativa por parte del tribunal. remite la ley a que las reclamaciones que pueda formular el deudor «se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. podría decirse que se trata de un proceso o procedimiento de realización del valor de la finca hipotecada. la sujeción potencial se actualiza y el valor se realiza. sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento». que éste no puede realizar por sí solo porque se lo impide el principio de la paz jurídica. No parece razonable ni. en atención a los delicados bienes e intereses afectados cuando el bien que desea ejecutarse es una vivienda habitual. simplemente. por sí mismas. 16. . la integración del título y la llamada de terceros poseedores o de acreedores posteriores son condiciones suficientes para pasar a la fase de realización. a partir de la naturaleza del título. desde el punto de vista del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. este tan restrictivo y perjudicial régimen procesal. quizás. además de verse sustancialmente reducidas. El deudor tiene unas posibilidades de contención muy limitadas. Debemos plantearnos si la mera naturaleza ejecutiva del proceso y la especial fuerza ejecutiva del título (una escritura pública de garantía en forma de préstamo hipotecario) justifican.COLABORACIÓNS 23 indicando que no parece razonable ni admisible. en que el juez realiza un derecho del acreedor. Tal estructura resultaría lógica. ni el modo en que suelen suscribirse estos documentos (a pesar de la intervención notarial. potencial. el de la fuerza ejecutiva del título. Así. Puede detener la ejecución mediante el pago. suelen estar predispuestos por la entidad que presta el dinero.. constitucional. como presupuesto para el despliegue de la garantía hipotecaria. La garantía del crédito hipotecario consiste en la sujeción del valor de la finca hipotecada. porque la realización del valor sólo puede producirse si se da la «conditio iuris» de que se incumpla la obligación asegurada. En efecto. varios argumentos. según esta visión. que es. en abstracto. En contra de este planteamiento pueden esgrimirse. en la hipotecaria. como parece admitir la propia Sala Civil del Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 16 de diciembre de 2009).
24 REVISTA XURÍDICA GALEGA 17. puede requerir. extinción o cuantía de la deuda. que la mera remisión a un proceso declarativo ordinario posterior evite la referida indefensión substancial. certeza. como sostiene la parte ejecutada en el presente caso. hay que insistir. Es en este punto donde insertamos las dudas sobre la constitucionalidad del régimen legal. Ciertamente. 18. Lo expeditivo de la ejecución no eliminaría la posibilidad . incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento.. en el caso concreto.. La cuestión está en determinar si se da. prevé el legislador la remisión de cualquier otra cuestión discutida al proceso declarativo correspondiente. Y ello tanto respecto de la entidad del impago como. no está prevista de ningún modo por el legislador. el examen de si se ha “incumplido” la obligación asegurada. ello no podrá ser constatado por el juez al despachar la ejecución ni podrá ser planteado por la parte ejecutada en forma de oposición a la ejecución. más concretamente.Ausencia de cosa juzgada. 19. no deja de ser indicativa la expresión utilizada por el legislador de “entorpecer” la ejecución hipotecaria. la resolución contractual. en términos de garantías constitucionales (derecho de defensa. debido al régimen procesal aplicable. se pasa directamente a la enajenación de la finca. es decir. entre otros motivos porque su objeto sería el propio del anterior proceso de ejecución. puesto que lo que deba entenderse por la misma «conditio iuris». También puede argumentarse que la situación del deudor o del titular del dominio de la finca hipotecada no se puede enjuiciar sólo a partir de la regulación de la ejecución. núcleo de la ejecución hipotecaria. en determinados y especiales casos. por lo que quedaría abierto el camino al proceso ordinario subsiguiente.. que no provocará la suspensión de la ejecución hipotecaria. el incumplimiento de la obligación. esa condición. algún desequilibrio o abuso generador de nulidad. con la particularidad de que en el mismo no pudo ser debatido. derecho a una vivienda e interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos). el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores. En otras palabras. al remitirlo de modo tácito a lo que se prevea en la escritura pública. el vencimiento anticipado y la exigibilidad de la garantía. En determinados casos en que podría ser relevante. acreditados registral y judicialmente ambos extremos. el artículo 698 establece que cualquier reclamación que el deudor. Por ello. de modo que. sino que viene decidida por el conjunto de las relaciones procesales posibles. Así. es lógico que la actividad del juez sea comprobar si subsiste el crédito (si subsiste la sujeción potencial) y si se ha producido la «conditio iuris» que la hace actual (si se ha incumplido la obligación). sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo. No parece. Como mecanismo de cierre. Es cierto que en este punto se ha argumentado en algunas ocasiones por el propio Tribunal Constitucional que el juicio sumario que realiza el juez al despachar la ejecución hipotecaria no genera cosa juzgada. de si el incumplimiento se refiere a una obligación expresamente pactada en una cláusula de la que pueda predicarse.Incumplimiento de la obligación de pago como «conditio iuris». se ventilarán en el juicio que corresponda. examinar las condiciones y circunstancias en que este “incumplimiento” o esta conducta contractual del deudor se ha producido. en efecto.Remisión al proceso declarativo ordinario subsiguiente.
prevé el artículo 697 que estos procedimientos sólo se suspenderán por prejudicialidad penal cuando se acredite la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título. no se produciría una violación del artículo 24 de la Constitución. veremos que sólo aparentemente. Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero. con la problemática de que algunas de ellas constituyen precisamente un presupuesto esencial del despacho de la ejecución hipotecaria. es decir. No se limitarían. Analizaremos por separado la incidencia que sobre el proceso de ejecución hipotecaria pueda tener la tramitación de un proceso penal o uno civil. habría por ello una limitación de las excepciones que pueden producir el efecto suspensivo y nada más. ni privados de tutela. Por ello lo que hace es desplazar gran parte de las mismas a otro proceso declarativo futuro. la radical limitación de las excepciones no se referiría a la contradicción considerada en sí misma. Quedarían abiertas todas las posibilidades de contradicción y la normativa se limitaría a establecer que sólo unas concretas excepciones puedan producir suspensión... con retención de todo o de una parte de la cantidad que. si estima bastantes las razones que se aleguen. decretará esta retención en vista de los documentos que se presenten. se alzará la retención. En primer lugar. 22. En rigor. Como es evidente. 20. deba entregarse al acreedor. en cuanto a la suspensión por prejudicialidad penal.. el tribunal deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan ocasionarse al acreedor. una de las escasas previsiones en beneficio del deudor hipotecario. 21.Efectiva indefensión. sin trascendencia penal. generador de error. no podrá ser examinado en la misma.COLABORACIÓNS 25 de contradicción que sigue abierta en el juicio ordinario. Ello no obstante. sino las de suspender mediante el juego de las excepciones.Prejudicialidad penal. respecto de la posible pendencia simultánea de un juicio civil ordinario. Desde esta perspectiva. mediante providencia. Por otro lado. que. las garantías que ofrece al ejecutado hipotecario la posibilidad de acudir a un proceso declarativo ulterior son en todo caso insuficientes para poder concluir que con ellas se elude la indefensión generada por el hecho de no poder tratar esta cuestión en el marco procesal adecuado y oportuno. El tribunal. Si el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente. las posibilidades de contradecir. por el procedimiento que se regula en este capítulo.Procedimiento civil y aseguramiento de su resultado. es cierto que prevé el legislador que podrá solicitarse que se asegure la efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo. el legislador no podía limitar de modo absoluto las reclamaciones que con ocasión de la ejecución hipotecaria pudiera instar el deudor. Lógicamente ello no acontece cuando lo que desea plantear el deudor hipotecario es una posible causa de nulidad civil o un vicio del consentimiento. Esta es. aunque se trata de una tutela legal que no afecta . la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución. la misma ejecución hipotecaria. pues. porque el deudor y el titular del dominio de la finca no quedan indefensos. sino a su efecto suspensivo sobre la realización del valor. paradójicamente.
en el caso habitual de tratarse de su vivienda.26 REVISTA XURÍDICA GALEGA directamente al proceso de ejecución. En cualquier caso. Se trata del artículo 579 de la LEC. el deudor ve ejecutado el bien inmueble y. en abstracto y de modo potencial. en el sistema español la situación es sustancialmente distinta: evidentemente. pero además. 23. aunque prosperara el juicio declarativo subsiguiente. debemos centrar ahora nuestra atención en lo dispuesto en un precepto ciertamente especial. en última instancia. se ve privado de la misma. Por ello. En efecto. ya que no lo suspende. si ya se ha procedido a la expulsión del ejecutado de su vivienda. el acreedor podrá perseguirle indefinidamente contra todos sus bienes e ingresos. una vez se les une sistemáticamente el artículo 579. como el norteamericano. dadas las circunstancias. son tan escasas (entre otros motivos. a lo que debe añadirse que si el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente (lo que. el tribunal deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de demora y del resarcimiento de los perjuicios (lo que es casi seguro que no podrá asumir el deudor hipotecario). puede realzar más si cabe sus efectos vulneradores de tales derechos constitucionales. pero que constituye un nuevo argumento. difícilmente podrá obtenerse una restitución a la situación anterior real.Artículo 579: insuficiencia del producto de la venta. para el caso de que lo obtenido con la venta del inmueble sea insuficiente. Una vez examinados los extraordinaria e injustificadamente restringidos términos de la oposición a la ejecución. captamos la probable inconstitucionalidad del sistema de oposición hipotecaria y de continuación de la misma en caso de insuficiencia del producto obtenido con la venta del inmueble. que interpretado juntamente con el resto del sistema legal de ejecución hipotecaria. es decir. es bastante probable que suceda). subastados los bienes hipotecados o pignorados. se cancelan las deudas asumidas con ocasión del préstamo hipotecario de vivienda. presentes y futuros. sino que incluyen muchos otros conceptos económicos. en muchos casos. Además. debe entregar al acreedor el inmueble y. así como la insuficiencia de las garantías previstas por el legislador para que lo primero no pueda erigirse. Si. Ello no obstante. para la posible inconstitucionalidad del régimen legal de ejecución hipotecaria. en el que si el deudor no abona las cuotas pactadas. simplificando.. en atención de los documentos y las razones dadas. que. no generan una tutela substancial o efectiva. de especial importancia. sino que dependerá del criterio del tribunal. hasta el completo abono de las cantidades pactadas. no se limitan al capital prestado y sus intereses. ajeno a la ejecución. no se trata de una garantía automática. Prevé este artículo que cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el Capítulo V de este Título. en un factor procesal de conculcación del derecho fundamental del deudor hipotecario ejecutado a la tutela judicial efectiva y a la igualdad procesal de partes. por la situación personal y económica por la que seguramente estará pasando) que. únicamente se refiere a la retención de las cantidades obtenidas. su producto fuera insuficiente para cu- . es evidente que las posibilidades reales de que un deudor hipotecario ejecutado decida acudir a un proceso declarativo ulterior. Los preceptos analizados hasta el momento quizá por sí solos podrían generar ciertas dudas en cuanto a su eventual inconstitucionalidad. a diferencia de otros sistemas hipotecarios. ubicado de hecho fuera del apartado propio de la ejecución hipotecaria.
al tiempo que existen otros conocidos como derechos de configuración legal que presentan una mayor indeterminación y por ello necesitan un mayor complemento legislativo que termine de diseñar su contenido y les permita alcanzar plena efectividad. así como constitucional. de tan dispares presupuestos y efectos. cuando se disponga acordar la continuación de la ejecución por el importe que quede por cubrir.Tutela judicial efectiva: derecho de configuración legal y posible conculcación del principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos. que es la que justifica la limitación extraordinaria de las alternativas procesales y materiales de los ejecutados. comprende. En el primero se maximiza las alternativas procesales de la parte ejecutante y prácticamente se eliminan las del ejecutado.1 CE. a la vista de los parcos términos del artículo 579 y de su tenor literal (la ejecución “proseguirá”). Así. Todos los derechos fundamentales precisan de desarrollo legislativo. de sus posibles implicaciones en materia de indefensión. dirigido contra la globalidad del patrimonio del deudor hipotecario. 24. podrá establecer el tipo de procedimiento y las limitaciones de cognición que considere oportunas. auto que parece que no debe adoptarse en este caso. parece que no va a otorgarse al ejecutado un nuevo trámite de oposición (según el régimen ordinario de ejecución de títulos no judiciales). social y de derecho (artículo 1 de la Constitución). la previsión legislativa “con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución” deberá entenderse que incluye una nueva oportunidad de oposición por parte del ejecutor (ya no hipotecario. democrático. el . este Tribunal ha declarado reiteradamente. en atención a la naturaleza del objeto que tenga cada uno de los procesos que cree.Nueva oportunidad de oposición. puesto que el mismo se le da al notificarle el auto despachando la ejecución.. efectuando una interpretación sistemática. Se trata de una concatenación de un proceso de ejecución hipotecaria. En este punto debemos recordar que la naturaleza propia del proceso de ejecución hipotecaria. 25. Este precepto parece consolidar normativamente una especie de continuidad aséptica entre ambos tipos de procesos de ejecución. dirigido exclusivamente contra el bien gravado. y de uno de ejecución dineraria ordinario. sino ordinario). primordialmente. según el sistema general de motivos de oposición fijado para la ejecución ordinaria de títulos ejecutivos no judiciales. que se reconoce en el art.. ya desde su temprana STC 20/1981. 24. la conculcación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del deudor hipotecario frente al acreedor hipotecario adquiriría unas dimensiones absolutamente inadmisibles en el seno de un Estado constitucional. En caso de no admitirse esta interpretación (postura que constituye la práctica forense mayoritaria). Ello no obstante. En efecto.COLABORACIÓNS 27 brir el crédito. deriva del hecho de basarse y perseguir exclusivamente el bien específicamente hipotecado. por lo que es el legislador quien. debemos suponer que. que el derecho a la tutela judicial efectiva. Es indudable que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como un derecho de configuración legal. lo que se traducirá en la exclusión del examen de cualquier cuestión de fondo. de darse esta eventualidad procesal (la del artículo 579). el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución.
698 y 579 de la Ley de enjuiciamiento civil nos llevan a una conclusión posiblemente positiva. De hecho. cuyo ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que. el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial. sin que haya podido efectuar ninguna de las alegaciones a que ya se ha hecho referencia. el derecho a la tutela judicial un derecho prestacional de configuración legal. por integrar obstáculos o trabas arbitrarios. por lo que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. sobre la base de la fuerza de la garantía hipotecaria.3 de la Constitución. Fijada la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Estos límites pueden remitirse. Es. a pesar de la naturaleza de este derecho. Es la consideración conjunta y concatenada de la limitación de la tutela judicial y su efecto directo sobre la disposición de la vivienda la que lleva a plantear .28 REVISTA XURÍDICA GALEGA derecho de acceso a la jurisdicción. previamente al lanzamiento. los extraordinariamente limitados límites previstos por el legislador para las posibilidades de alegación del ejecutado permiten tachar a los preceptos analizados de inconstitucionales. precisamente porque esa restricción extraordinaria de la tutela judicial lleva al ejecutado a dejar de disponer de su vivienda. para supuestos en los que el inmueble contra el que se dirige la ejecución no constituye vivienda. por el contrario. no obstante. al ser desproporcionados en atención a la naturaleza del proceso especial de ejecución para el que se han establecido. La ponderación conjunta de los preceptos 695. haya establecido el legislador. es decir. según la propia doctrina del alto tribunal. que no puede. es evidente que no por ello deja de integrar un derecho constitucional. previsto en el artículo 9. fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente (STC 185/1987). Con independencia de la naturaleza jurídica que pueda reconocerse a este derecho.Derecho constitucional a una vivienda digna. no sucede lo mismo para el caso de tratarse de vivienda. que pueda ser ponderado a los efectos de una cuestión de inconstitucionalidad. a la prohibición de establecer obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente. que. 26. puesto que de lo contrario la virtualidad jurídico-constitucional del derecho desaparecería. el actual régimen legal. así. puesto que el tribunal deberá seguir adelante con la subasta de la vivienda sin siquiera examinar unos hechos potencialmente relevantes alegados por el ejecutado. Dicho esto.. si concurre causa legal para ello y así se aprecia razonadamente por el órgano judicial. Observamos igualmente la relación entre la eventual desproporción de los límites procesales establecidos por el legislador y la posible conculcación del principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos. Es precisamente en este punto donde procede analizar si. tan limitativo del derecho a la tutela judicial efectiva. que será subastada y adjudicada. se aprecia claramente la potencial conculcación simultánea al derecho constitucional a una vivienda digna. se satisface también cuando se obtiene una resolución de inadmisión. sin embargo. en cada caso. podría superar el juicio de constitucionalidad. que se trate de un derecho prestacional de configuración legal no excluye la concurrencia de límites al legislar.
no parece que los principios y derechos que puedan verse afectados (en perjuicio del acreedor hipotecario o incluso del sistema económico general) por la ampliación del ámbito de cognición de la oposición a la ejecución justifiquen. en el sentido de que un régimen legal procesal respetuoso con la Constitución seguramente debería prever un régimen de motivos de oposición más amplio. ya no es tan evidente que sea proporcionado. 698 y 579 de la LEC. en su caso. Por el contrario. negar cualquier facultad de alegación y prueba al ejecutado. Ello no obstante. al menos cuando el bien contra el que se dirige la ejecución hipotecaria constituya vivienda efectiva y actual del ejecutado hipotecario.COLABORACIÓNS 29 las dudas de inconstitucionalidad. a cuyo efecto parece razonable exigirle la mera referencia en el escrito de demanda ejecutiva a las circunstancias temporales e importe del impago.Ponderación. debemos abordar el juicio ponderativo del que extraemos la posible inconstitucionalidad de los artículos 695. Es innegable que para poder ejercitar una garantía como la hipotecaria el acreedor prestador no tiene que probar exhaustivamente las circunstancias fácticas que han llevado a la concurrencia jurídica de la causa de vencimiento anticipado y resolución. En efecto. en términos de proporcionalidad.. de los posibles vicios del consentimiento al tiempo de la suscripción del título o de posibles nulidades de algunas de las cláusulas. dado su eventual carácter abusivo o desequilibrante. 27. negarle al ejecutado hipotecario cualquier facultad procesal de efectuar alegaciones sobre las circunstancias del impago referido en la demanda ejecutiva. podría motivar la denegación del despacho de la ejecución o la estimación de la oposición. Llegados a este punto. con el actual régimen procesal. . en términos constitucionales. adecuado e idóneo. a cuyo efecto ya hemos analizado que las garantías que ofrece al ejecutado la remisión legal al juicio declarativo correspondiente son tan frágiles e insubstanciales que no permiten superar el referido juicio de proporcionalidad constitucional. no se dispone de la posibilidad procesal de alcanzar un tipo de información que.
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