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Timestamp: 2019-12-14 02:10:44
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 676', 'artículo 169', 'artículo 471', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 666', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 306', 'artículo 309', 'artículo 504', 'artículo 516', 'artículo 539', 'artículo 676', 'artículo 678', 'artículo 780', 'artículo 781', 'artículo 789', 'artículo 847', 'artículo 848']

Tribunal del Jurat: Llei orgànica 5/1995 de 22 de maig
CAPÍTULO II. LOS JURADOS.
CAPÍTULO IV. DEL VEREDICTO.
CAPÍTULO V. DE LA SENTENCIA.
II. Los ciudadanos jurados.
El sistema selectivo se caracteriza:
a.	Por la sucesión de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en número adecuado para evitar suspensiones en los señalamientos y el anticipado conocimiento por aquéllos de su eventual llamada a intervenir;
b.	Por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no sólo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusión, sino las garantías jurisdiccionales tanto para el candidato como, en momento ulterior, para las partes en el juicio;
c.	Por el sorteo a partir de las listas censales como sistema, no sólo democrático en cuanto excluye criterios elitistas -ni aun a fuero de científicos-, sino coherente con el fundamento mismo de la participación.
III. Necesarias reformas procesales como garantía de la viabilidad del funcionamiento del Jurado.
1. En la denominada fase intermedia.
a.	El actual sistema de enjuiciamiento mediante jueces técnicos se sustenta sobre premisas normativas difícilmente trasladables al juicio oral ante el Tribunal del Jurado, que de mantenerse podría determinar el fracaso del enjuiciamiento por ciudadanos no profesionalizados. Las modificaciones necesarias deberán inexorablemente proyectarse sobre la fase preparatoria del juicio oral.
b.	Nuestro Tribunal Constitucional ha venido estableciendo un cuerpo de doctrina que no sólo resulta enriquecedora, por enervar tradicionales defectos de nuestra ley procesal, sino que sería difícilmente tolerable ignorarla en la Ley.
De otra parte, el carácter meramente negativo de la decisión sobre la apertura del juicio oral resulta poco apto para la precisa definición del objeto del juicio, presupuesto imprescindible para asegurar un desarrollo de éste que garantice la ausencia de confusión de los hechos a probar, que evite las dilaciones inherentes a aquella falta de precisión objetiva y que, con la información adecuada e imparcialmente elaborada, permita prescindir de la no deseada reproducción del sumario o diligencias previas.
a.	Optar por una resolución sobre la apertura del juicio oral precisa y fundada. Desde luego, conforme venía advirtiendo una parte de la doctrina, difícilmente puede efectuarse un control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral sin la previa formalización de la acusación. De esta manera el control judicial previo sobre la razonabilidad de la acusación no se limita al reenvío. Por el contrario, el ámbito de decisión atribuido al órgano jurisdiccional se incrementa pudiendo adoptar la decisión de sobreseimiento por cualquiera de sus motivos.
b.	Tal control culmina no sólo decidiendo una genérica viabilidad del juicio oral sino precisando qué hechos concretos, de los múltiples posibles alegados por acusación y defensa, deben constituir objeto de la actividad probatoria y determinantes para su resolución en el juicio.
c.	A su vez el contenido y función de tal resolución se relaciona, en mutua exigencia, con la exclusión del auto de procesamiento, que vendría exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concerniente a la inculpación.
2. En la fase de instrucción.
a.	Por la garantía de imparcialidad del órgano jurisdiccional que se refuerza especialmente. Así deberá valorarse la suficiencia y aun el éxito de la investigación, pero atendiendo, a la vez, a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario, formuladas las unas por la acusación, las otras por la defensa. Se valorará, asimismo, la probabilidad de veracidad de unas afirmaciones históricas y aun de la transcendencia en cuanto a la calificación jurídica.
b.	Por la exigencia de imputación judicial previa a toda acusación, ya que la decisión sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia.
a.	Que alguien ajeno al Juez formule una imputación, precisamente antes de iniciar la investigación,
b.	Que la prosecución de ésta exija una valoración por un órgano jurisdiccional precedida de la oportunidad de debate entre las partes,
c.	Que durante la investigación que el Juez estime razonable seguir, éste mantenga una posición diferenciada de la de las partes, y
d.	Que sea este Juez, así preservado en una cierta imparcialidad, el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral, de manera positiva y no sólo negativa, con precisión del objeto del juicio y decisión de la información necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que, sin embargo, impida la disposición del material sumarial que podría limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad, inmediación y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento.
IV. El Juicio oral.
2. Constitución del Tribunal del Jurado
3. El debate.
La brevedad de la remisión en este apartado viene permitida porque antes, como se expuso, la Ley se ha preocupado de resolver aspectos esenciales. De una parte, la minuciosa precisión del thema probandi, rígida e inteligible referencia que debe guiar inexorablemente lo que en el juicio oral pueda ocurrir. Aquella determinación del objeto del juicio, precisamente articulada en la forma en que debe ser examinada la prueba para la emisión del veredicto, y en lenguaje inteligible al ciudadano no profesional, se presenta en la Ley como preferible a las experiencias de ilustración al Jurado mediante notas o relaciones.
4. La disolución del Jurado.
Sin duda el alcance y efectos del derecho que garantiza el artículo 24.2 de nuestra Constitución es discutible y discutido. La Ley parte de dos premisas:
a.	La distinción en el contenido de la garantía de un aspecto objetivo concerniente a la existencia de una verdadera prueba y otro, subjetivo, referido al momento de valoración de aquélla; y
b.	La distribución de funciones entre el Magistrado y los Jurados, atribuyendo al primero el control de aquella dimensión objetiva como cuestión jurídica.
En definitiva, el criterio que separa la valoración de la existencia de prueba respecto del de la suficiencia de la misma, puede ser el imperante en la jurisprudencia del ámbito cultural del que es oriunda la garantía: no existirá prueba si, ni aun en la interpretación de la practicada más favorable a las tesis de la acusación, ésta habría de ser rechazada.
V. El veredicto.
Entendió Alonso Martínez que extender la competencia al nomen iuris del delito era manifestación de la confusión entre el hecho y el derecho y, aún más, suponía la invasión por el Jurado de facultades del legislador. Ni esto último parece fácilmente compatible, ni la escisión de lo histórico y lo normativo en el enjuiciamiento es fácil. Por otro lado, ha sido constante el reproche por la ausencia de motivación hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisión de veredicto por sólo ciudadanos.
a.	Confirmando al Magistrado la articulación racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia lógica.
b.	Reclamando como criterio la necesaria inequivocidad de la cuestión.
c.	Permitiendo al Jurado una flexibilidad, que, sin abdicar de la obligada respuesta a la cuestión que le es formulada, pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. Lo que, además, conseguirá evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpabilidad a que llevaría la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opinión. Con ello se elude el catálogo de preguntas a contestar con monosílabos, porque éste no puede recoger la total opinión del Jurado, pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a éste la carga de la redacción del hecho probado.
d.	Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. Bien es cierto que la exposición de lo tenido por probado explícita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello. También la motivación de esos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario.
e.	Añadiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valoración que el hecho merece en función de su tipificación legal. Para tal pronunciamiento, no estribará tanto la dificultad en una tarea de calificación técnica del hecho, como en optar en las diversas versiones de éste. Una vez más la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garantía del éxito del modelo.
f.	La conformación del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideración del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusación y, también, al derecho de éstas a participar en la definitiva redacción mediando la oportuna audiencia.
3. Deliberación y votación.
VI. Sentencia.
VII. Modificaciones de cuerpos legales y especialidades procesales.
1. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
2. El Ministerio Fiscal en la fase de instrucción.
4. Recursos de apelación y casación.
El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado De los recursos de apelación, casación y revisión, está encaminado a extender la apelación contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, así como para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del artículo 676 de la norma procesal. La nueva apelación aspira a colmar el derecho al doble examen, o doble instancia, en tanto su régimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, en función del carácter especial del procedimiento ante el Jurado, y sin perjuicio de la función propia que debe desempeñar, respecto de todos los delitos, el recurso de casación.
a.	Delitos contra las personas.
b.	Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
c.	Delitos contra el honor.
d.	Delitos contra la libertad y la seguridad.
e.	Delitos de incendios.
a.	Del homicidio (artículos 138 a 140).
b.	De las amenazas (artículo 169.1).
c.	De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
d.	Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
e.	De los incendios forestales (artículos 352 a 354).
f.	De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
g.	Del cohecho (artículos 419 a 426).
h.	Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
i.	De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
j.	De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438).
k.	De las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos (artículos 439 y 440).
l.	De la infidelidad en la custodia de los presos (artículo 471).
a.	Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos;
b.	Que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello;
c.	Que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad.
1.	Ser español mayor de edad.
2.	Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.
3.	Saber leer y escribir.
4.	Ser vecino, al tiempo de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.
5.	No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado.
1.	Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitación.
2.	Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito.
3.	Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.
1.	El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges.
2.	El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de España.
3.	Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aquéllas.
4.	Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.
5.	El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas.
6.	El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, así como los cargos similares de las Comunidades Autónomas.
7.	Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar, en activo.
8.	Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las Autonomías de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno.
9.	Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal.
10.	Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
11.	Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
12.	Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.
1.	Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.
2.	Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados.
3.	Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
4.	Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.
5.	Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.
1.	Los mayores de sesenta y cinco años.
2.	Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.
3.	Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares.
4.	Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo.
5.	Los que tengan su residencia en el extranjero.
6.	Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.
7.	Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.
1.	Desde el 1 de enero al 20 de marzo;
2.	Desde el 21 de marzo al 10 de junio;
3.	Desde el 11 de junio al 30 de septiembre, y
4.	Del 1 de octubre al 31 de diciembre.
4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que dicten, en el plazo de cinco días, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandará el Juez cuando estime necesaria la práctica de más diligencias, aún cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas.
a.	El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusación y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento.
b.	La persona o personas que podrán ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente.
c.	La fundamentación de la procedencia de la apertura del juicio con indicación de las disposiciones legales aplicables.
d.	El órgano competente para el enjuiciamiento.
a.	Los escritos de calificación de las partes.
b.	La documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.
c.	El auto de apertura del juicio oral.
a.	Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento.
b.	Alegar la vulneración de algún derecho fundamental.
c.	Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción.
d.	Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación.
e.	Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios de prueba.
a.	Precisará, en párrafos separados, el hecho o hechos justiciables. En cada párrafo no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluirá, asimismo, toda mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación.
b.	Seguidamente, con igual criterio, se expondrán en párrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación del acusado, así como la posible estimación de la exención, agravación o atenuación de la responsabilidad criminal.
c.	A continuación, determinará el delito o delitos que dichos hechos constituyan.
d.	Asimismo, resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica.
e.	También señalará día para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los artículos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dirá: ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas, y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados..., así como guardar secreto de las deliberaciones?.
a.	Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no.
b.	Expondrá después, siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabilidad.
c.	A continuación incluirá, en párrafos sucesivos, numerados y separados, la narración del hecho que determine el grado de ejecución, participación y modificación de la responsabilidad.
d.	Finalmente precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable.
e.	Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuará la redacción anterior separada y sucesivamente por cada delito.
f.	Igual hará si fueren varios los acusados.
g.	El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensión.
a.	Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los siguientes.... Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, podrán limitarse a indicar su número.
b.	Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: Asimismo, han encontrado no probados, y así lo declaran por (unanimidad o mayoría), los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión. Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto.
c.	Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o mayoría) encontramos al acusado... culpable/no culpable del hecho delictivo de....
d.	Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: .... Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.
e.	Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación, evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar.
a.	Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos.
b.	Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.
c.	Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria.
d.	Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados.
e.	Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación.
d.	El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes.
1.	Se añade un segundo párrafo al apartado tercero del artículo 14 con la siguiente redacción:
2.	Se añade un segundo párrafo al apartado cuarto del artículo 14 con la siguiente redacción:
3.	Se añade un tercer párrafo al artículo 306 con la siguiente redacción:
4.	Se incorpora un nuevo artículo 309 bis con la siguiente redacción:
5.	Se incorpora un nuevo artículo 504 bis 2 con la siguiente redacción:
6.	El artículo 516 queda sin contenido.
7.	El artículo 539 queda redactado de la forma siguiente:
8.	El tercer párrafo del artículo 676 queda redactado en la siguiente forma:
9.	Se añade un segundo párrafo al artículo 678 con la siguiente redacción:
10.	En el artículo 780 se incorpora un nuevo párrafo tercero con la siguiente redacción:
11.	Se añade un último párrafo al artículo 781 con la siguiente redacción:
12.	En el apartado 3 del artículo 789 se introducen dos nuevos párrafos con la siguiente redacción:
13.	El Libro V pasa a tener la siguiente denominación: De los recursos de apelación, casación y revisión.
14.	Se incorpora al Libro V un nuevo Título I, denominado Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos e integrado por los siguientes artículos:
a.	Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.
b.	Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.
c.	Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente.
d.	Que se hubiese acordado la disolución del jurado y no procediese hacerlo.
e.	Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.
15.	Los actuales Títulos I y II del Libro V pasan a ser Títulos II y III, respectivamente, del mismo Libro.
16.	El artículo 847 queda redactado de la siguiente forma:
a.	Las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o en segunda instancia; y
b.	Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia.
17.	El primer párrafo del artículo 848 queda redactado de la siguiente forma:
Artículos 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 52, 56, 60, y 61; Disposición final segunda:
Redacción según Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Artículos 32 (apdo. 4) y 48 (apdo. 2):
Redacción según Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Data de realització: 09/27/1996 | Data de la darrera actualització: 08/19/2004