Source: https://ogueta69.wordpress.com/2018/12/06/la-manada-2a-temporada/
Timestamp: 2019-02-22 09:10:58
Document Index: 30012819

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 884', 'artículo 897', 'in fine', 'artículo 248', 'artículo 179']

CASO DE LA MANADA: 2ª TEMPORADA – SIN ANIMUS MOLESTANDI
Quién no está enganchado a la telenovela que arrasa a nivel mundial, producida por una Sección, la segunda, de la humilde Audiencia provincial de Navarra; y que para esta segunda temporada cuentan con un mayor presupuesto, dada la expectación creada por la primera temporada, y coprotagonizada por los actores más ilustres de dicha industria: ni más, ni menos, que los cinco magistrados en pleno de la Sala Civil-penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Los guiones siempre tienen algo en común: ¡nunca son del agrado de nadie! Y me refiero, no a las partes del proceso, quienes obviamente no pueden salir todas satisfechas, dado que son contrarias, sino a los espectadores que, en principio, no tienen ningún interés directo en el asunto. ¿O quizás sí?
Era de prever para cualquier profesional de la materia especialista, o cuanto menos, conocedor de la jurisdicción penal, el resultado de la Sentencia de Apelación del STSJ Navarra Sala Civil-Penal 8/2018 de 30 noviembre, que en lo que más interesa al público en general CONFIRMA la Sentencia de la Audiencia Provincial SAP Navarra Sección 2ª 38/2018 de 20 de marzo. Lo que más “chicha” tiene para el público en general es la decisión relativa al recurso formulado por la acusación que pretende una condena del Tribunal de apelación de los acusados por delito de violación, en contra del criterio del Tribunal Sentenciador que dictó Sentencia en la que condenaba a cada uno por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento. Asimismo, las defensas mantenían su pretensión absolutoria, que traían apoyo en el voto particular, de “el feo”, discrepante con la condena de la sentencia y que propugnaba la absolución de los acusados por entender que existió consentimiento de la denunciante. Todas las partes recurrieron la Sentencia con intención de que el Tribunal Superior les diera la razón que el Tribunal de instancia no les satisfizo. Sin embargo y, como suele suceder en general en este tipo de supuestos, la Sentencia de apelación confirma la Sentencia recurrida en lo relativo a los temas que a “los comunes” nos interesan. Mención especial debemos hacer a que en el presente caso, y dada la trascendencia social alcanzada por el caso, se decidió elevar la decisión al pleno de la Sala, formada por cinco magistrados, en lugar de los tres magistrados que normalmente resuelven este tipo de recursos. Como si de los productores de la Sentencia sobre “quién tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados”, protagonizada por el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo se tratara, lo que queda claro cuando se juntan muchos magistrados a decidir sobre un mismo asunto, es que la independencia judicial es el valor más destacable de Sus Señorías: cada uno vota lo que le parece, con independencia de lo que digan el resto de compañeros, dando como resultado un resultado tan ajustado como revelador de que la disensión que anida en los Tribunales es plena. Acompaña a la Sentencia de la mayoría un voto particular discrepante, y entendemos que irreconciliable, de los magistrados Joaquín Cristóbal Galve Sauras y Miguel Angel Abárzuza Gil, quienes, ¡no se lo pierdan! consideran que lo que procedía con arreglo a derecho sería la revocación de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra recurrida en el sentido de condenar a los cinco acusados como autores responsables del delito de violación que las acusaciones, reclamaban.
El Presidente de la Sala de lo Civil-Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
Pues bien, me centraré en la fundamentación en que los disidentes apoyan “en derecho”, según ellos, la Sentencia que el Tribunal de Apelación debió haber dictado en el sentido de condenar a los acusados por un delito de violación. En concreto por un delito de continuado de agresión sexual del artículo 178, 179 y 180.1 1ª y 2ª del Código penal. Pero por abreviar lo llamaré como a “la gente” le gusta llamarlo: delito de violación. Por supuesto, con una pena aparejada que determinan en la “bonita cifra” de 14 años, 3 meses y 1 día de prisión.
El voto particular dice en su apartado recogido como: TERCERO.- SOBRE LOS HECHOS DECLARADOS PROBADOS POR LA SENTENCIA IMPUGNADA, lo siguiente:
Comienzan ilustrandonos sobre las distintas posiciones doctrinales que históricamente se han venido manteniendo en el Tribunal Supremo. Una tesis radicalmente estricta, una tesis radicalmente laxa, y una tercera intermedia. Buen dato para los amantes de la Historia del Derecho. Las distintas tesis, que existen, y no que no significa que se apliquen, en cuanto a cómo determinar qué hechos son los probados por la Sentencia impugnada, a los efectos de resolver un motivo por infracción de Ley. Debemos señalar que este tipo de impugnación exige, como es sabido, partir de la inamovilidad total de la declaración de hechos probados de la sentencia contra la que alegamos que ha sido incorrectamente aplicado un precepto penal sustantivo. El artículo 884 3º LECr dice en relación a que el recurso [de casación] será inadmisible: cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquellos. Igualmente aplicable al ámbito del recurso de apelación. Tan es importante y relevante el respeto de los hechos declarados probados por la Sentencia del Tribunal Sentenciador o Tribunal a quo, que el artículo 897 in fine LECr y para el ámbito del recurso de casación y en el caso de celebrarse vista, exhorta lo siguiente: No permitirá el Presidente discusión alguna sobre la existencia de los hechos consignados en la resolución recurrida, […] y llamará al orden al que intente discutirlos, pudiendo llegar a retirarle la palabra. La jurisprudencia es muy rigurosa en cuanto a que los hechos declarados probados son los que figuran en la Sentencia, en ningún otro sitio, y en concreto en el apartado de HECHOS PROBADOS ex artículo 248.3 LOPJ que dice: Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. La doctrina del Tribunal Supremo es clara, pacífica y contundente, en el sentido de establecer que como norma general los hechos probados son los que constan en dicho apartado y ninguno más. Si vamos al examen “a por nota”, diremos que de forma extraordinaria caben excepciones al principio general. A saber. Que los elementos esenciales del delito -objetivos y subjetivos- siempre deberán constar en el apartado de hechos probados. Dicho a sensu contrario, queda absolutamente prohibido apreciar cualquier elemento esencial del delito que no conste en tal apartado. ¿Esto que nos quiere decir? Que sólo cabe complementar los hechos recogidos en el apartado de hechos probados, en los hechos que consten como probados en la fundamentación jurídica cuando no sean uno de los elementos esenciales del delito. Esto es, cuando los hechos probados sean irrelevantes en relación al sentido del fallo, y simplemente complementen hechos circunstanciales de menor importancia, cuya finalidad es simplemente una mejor comprensión de la motivación de la sentencia. Pero además, la doctrina de la Sala Segunda exige otro requisito, para esa extraordinaria complementación de hechos probados indebidamente desplazados al apartado de fundamentos jurídicos: sólo cuando el complemento conlleve consecuencias a favor del reo. El TS es tajante, dice claramente: NUNCA podrá complementarse los hechos declarados probados, con hechos indebidamente situados en la fundamentación jurídica, EN PERJUICIO DEL REO. Buena cuenta de la doctrina del Tribunal Supremo que acabo de traer a colación se desprende de, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal SupremoSTS 2ª 470/2014 (FJº 4º)- ó STS 2ª 493-2015 (FJº 3º) siendo en ambas ponente el Excmo. Sr. Joaquín Gimenez García.
Pues bien. Dicho esto. El voto particular dice lo siguiente: ¡¡¡OJO AL DATO!!! es preciso analizar las declaraciones fácticas contenidas en el relato de hechos probados y en los antes citados fundamentos de derecho de la sentencia apelada, con carácter previo a la decisión a adoptar sobre su toma en consideración para su calificación jurídica. ¡¡¡TOMA YA!!!
¿De dónde se han escapado quienes firman esto? Lo primero que llama la atención es, a qué jurisprudencia se estará refiriendo. Pues bien, citan varias Sentencias, aunque basta leerse la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Segunda) STS Sala 2ª 1062/2010 de 12 de noviembre (pon. Excmo Sr. Alfredo Prego De Oliver Tolivar), para darnos cuenta de que el resto de las que cita, que son del milenio pasado, son las que cita la propia resolución que da, según ellos, apoyo a sus argumentos. Señalar, que aunque el voto discrepante no considera relevante incluirlo, la propia resolución que citan añade los siguiente: “aunque siempre de modo excepcional y nunca en perjuicio del acusado, los fundamentos jurídicos puedan contener afirmaciones que complementen el hecho probado, pero poniéndose también de relieve que se trata de una posibilidad que encierra cierto peligro para las garantías del acusado […] de manera que a través de este mecanismo sólo será posible completar lo que ya consta debidamente expuesto en el relato fáctico en sus aspectos esenciales”.
Por supuesto que la tesis mantenida por los magistrados discrepante vulnera claramente la jurisprudencia que emana de la Sala Segunda, por el mal entendimiento que de ella hacen los magistrados disidentes.
¡Pero, aún hay más! El propio voto particular contiene en su fundamentación que lo relativo a los elementos esenciales del delito NUNCA podrá ser objeto de tan extraordinario complemento. ¿Y para qué echan mano de tan extraordinaria -más bien extravagante- artimaña jurídica? Pues, ni más ni menos, que para considerar como hecho probado la existencia de INTIMIDACIÓN de los acusados, a los efectos de considerar delito de violación, lo que la Audiencia Provincial entendió abuso sexual con prevalimiento. No sé si a estas alturas debemos señalar que el elemento de VIOLENCIA o INTIMIDACIÓN es un elemento objetivo nuclear, esencial, fundamental, del delito de agresión sexual del artículo 179 CP. Creo que nadie pondrá en duda el hecho de la importancia de que quede probado tal elemento al objeto de calificar los hechos como violación. Entonces. ¿Cómo justifican los magistrados disidentes la utilización del extraordinario complemento a los hechos probados con los hechos que extraen de los fundamentos de derecho? Lo cierto es que no dan respuesta, motivan, por qué se saltan la doctrina que ellos mismos han recogido, de forma incompleta, en el presente argumento.
Resumiendo. Ni es posible tal complemento de los hechos probados con lo indebidamente recogido en los fundamentos de derecho cuando se hace en contra del reo. Tampoco habrá quien dude de lo perjudicial que resulta tal práctica en los acusados, que con dicha aberración jurídica pasarían a ser condenados por más de 14 años de prisión, en lugar de los 9 años de prisión que traían. Además, lo hace en uno de los elementos, no sólo esenciales del delito, sino además, del elemento clave que convierte el abuso sexual en agresión sexual.
Decir que partiendo de tal desenfoque técnico, la argumentación decae automáticamente, dado que sustentan la decisión acerca de la existencia de intimidación en dicha estratagema contraria a derecho y la jurisprudencia del TS. Por supuesto, no hemos incluído la infracción flagrante que también es en relación al derecho a un juicio equitativo y la tutela judicial efectiva, en relación a la jurisprudencia que infringen del TEDH y TC archiconocida y que tiene el primer exponente en la STC 167/2002 y demás, en las que se deja bien claro que no sólo no cabe aditamentos en el relato de hechos probados original, sino que ni siquiera es posible, de acuerdo con dicha jurisprudencia la reinterpretación de lo que expresamente se señala en los hechos probados, dado que resultaría una valoración de la valoración del Tribunal de instancia, cuando se pretenda inferir la culpabilidad de los acusados absueltos o cuando se pretenda el agravamiento de la Sentencia de instancia, como es el caso. En dichos supuestos debería de darse un trámite de Audiencia al “desdichado” para que pueda defenderse de la nueva inferencia que el Tribunal superior hace en contra de la hecha por el Tribunal Sentenciador cuando se refiera a pruebas en las que la inmediación cobra vital importancia, como es el caso. Vienen a valorar en contra de las consideraciones de la Audiencia Provincial, que están expresamente recogidas en la Sentencia recurrida que hubo intimidación.
Seguro que para la mayoría de la opinión pública, y en sus máximos exponentes: que en su día pretendían alzarse contra el Palacio de Justicia de Navarra, como si de la toma de la Bastilla se tratara, los magistrados disidentes son “los buenos de la película”. Pero no. Las apariencias engañan. Sabemos también que “el feo” no son. Que cada uno piense libremente quiénes son entonces. ¡Inquietante!
Siempre con el mayor de los respetos hacia los protagonistas del presente artículo que, redactado, suscrito y publicado en un blog, que por algo tiene ese nombre.
En la ciudad que me vio nacer, el día del 40 aniversario de la Constitución Española, que me pilla trabajando en el despacho 😉
En Gasteiz a 6 de diciembre de 2018.
P.D. Me lanzo a apostar, con cierto animus ludere: ¿No serán los Magistrados disidentes los especialistas en derecho civil foral de Navarra de la Sala Civil-Penal del TSJN?
P.D. 2º.- Una vez comprobada la trayectoria del Presidente de la Sala, he podido confirmar que efectivamente nos encontramos ante un Magistrado que no está en su elemento: el derecho contencioso-administrativo. Parece, salvo error u omisión, que sólo lleva en la Sala Civil-Penal desde 2015, sin una trayectoria ligada a la jurisdicción penal. Como siempre, lo hago constar con todos los respetos, y sin ir más allá de confirmar mis sospechas: que no era especialista en la jurisdicción penal. Por supuesto, eso no es óbice para que sus resoluciones sean totalmente legítimas. No vaya alguien ahora a decir que “no tiene ni puta idea”. Que yo no he dicho eso. Sólo constato que la Jurisprudencia del TS de la Sala Segunda que “mancillan” ha sido violada con el voto particular que legítimamente han considerado dictar 😉
En el mismo lugar que antes. Pero ya no era ayer, sino mañana; ♫♪ ♫♪ y un imponente sol, como un ladrón entró, por la ventana… ♫♪ ♫♪ (Joaquín Sabina, Donde habita el olvido).
6 diciembre, 2018 7 diciembre, 2018 Ogueta2ª Instancia, Delito de agresión sexual, Doctrina TS, Excmo Joaquin GIMENEZ, hechos probados, impugnación resolución, Infracción de Ley, jurisprudencia TS, Penal, Polémica y opinión, Recurso de Apelación penal, Tribunal "ad quem", Tribunal apelación, TSJ Navarra, Voto particularCaso La manada, opinión
Un comentario sobre “CASO DE LA MANADA: 2ª TEMPORADA”
Prevaricadores fuera
11 febrero, 2019 a las 2:59 pm	 Responder
No se ha probado nada en este caso salvo que no hay suficientes pruebas asi que de hechos probados nada de nada.Se prueba más la inocencia que la culpabilidad por el testimonio de la denunciante que incurre en contradicciones ya esta bien de presos politicos lo que son o han sido los del caso de la manada. Ellos lo han convertido en un circo y en una causa politica más que un caso de supuesta violación por eso la sentencia justa es la libre absolución por mucho que vociferen las feminazis de turno.
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