Source: https://es.scribd.com/document/104303742/Constitucion-de-Los-Jueces-2
Timestamp: 2017-10-17 17:39:01
Document Index: 190266165

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 29', 'artículo 116', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 29', 'artículo 228', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 201', 'Artículo 201', 'Artículo 3', 'artículo 230', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 152', 'artículo 232', 'artículo 152', 'artículo 231', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 152', 'artículo 254', 'Artículo 254', 'ARTÍCULO 9', 'artículo 255', 'Artículo 255', 'ARTÍCULO 11', 'artículo 256', 'Artículo 256', 'artículo 152', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 113', 'artículo 116', 'artículo 201', 'artículo 228', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 230', 'artículo 29', 'artículo 230', 'artículo 86', 'artículo 116', 'artículo 2', 'artículo 113', 'artículo 254']

Cargado por Marce Sierra
“CONSTITUCIÓN DE LOS JUECES”
Propuesta de Reforma Constitucional de la Justicia
Tutela y habeas iuris C) Privatización de la administración de justicia. morosidad y cumplimiento de términos. Propuesta de Reforma a la Justicia 13 G) Respeto a la carrera judicial.TABLA DE CONTENIDO I II Texto de la Propuesta de Reforma de Jueces de Boyacá. El desempeño y estabilidad del juez B) Mecanismos de protección. Justificación Límites explícitos al presidencialismo El diagnóstico adecuado sobre responsabilidad participación del juez en la congestión. Normas transitorias sobre 66 Página 4 de 66 . D) La administración de la justicia E) El disciplinamiento de los Magistrados y Jueces F) La integración de las Altas Cortes incorporación. Los derechos y los jueces Antecedentes La independencia del juez y sus garantías III El estado actual del Proyecto de Reforma IV La Propuesta de Reforma de Jueces de Boyacá La voz activa del juez en la Reforma A) La independencia del juez. 35 44 49 54 59 64 13 13 18 23 26 26 29 29 31 y 32 4 La Constitución de los Jueces.
I TEXTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA Artículo 1º. "Artículo 29. En cada municipio habrá al menos un juez. la Fiscalía General de la Nación. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así: “ARTICULO 116. (. los Tribunales y los Jueces... administran justicia. procedencia y procedimiento. pero será requisito de procedibilidad para ejercer la acción de tutela contra la sentencia". cualquiera que sea su categoría. ARTÍCULO 2. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. cuando considere violados sus derechos fundamentales. Las Página 5 de 66 .) Adiciónese un inciso final al artículo 29 de la Constitución Política que disponga: Las partes en los procesos judiciales podrán ejercer el Hábeas Iuris como instrumento y garantía de sus derechos fundamentales al interior del proceso. Parágrafo. el Consejo de Estado. La Corte Constitucional. en plazo improrrogable de diez (10) días hábiles. Dicho instrumento será reglamentado por la ley a efectos de determinar su alcance. El superior funcional resolverá de plano en un término máximo de quinde (15) días y adoptará las decisiones constituciones a que haya lugar. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas de carácter técnico. la Corte Suprema de Justicia. Si encuentra fundado propondrá ante su superior funcional la solución al caso. Este mecanismo no procederá contra sentencias ni contra providencias ejecutoriadas que pongan fin a los procesos. ante el juez de conocimiento. También lo hace la Justicia Penal Militar. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
) 3.. La Administración de Justicia es función pública. El artículo 228 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 228. por Salas de Decisión integradas por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. no asignados especialmente. ARTÍCULO 4. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. serán dirimidos en la forma en que lo establezca la ley. sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.decisiones que le pongan fin a estas actuaciones podrán impugnarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.. En ningún caso dichas autoridades administrativas podrán adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Abstenerse de controvertir públicamente los fallos judiciales. Parágrafo. en relación con la Rama Judicial: (. uno del Consejo de Estado y otro de la Corte Constitucional”. Corresponde al Gobierno. Sus decisiones son independientes.Los conflictos de competencia entre jurisdicciones. Adiciónese un numeral al artículo 201 de la Constitución Política que disponga: "Artículo 201. en los términos que determine la ley. Los términos procesales se observarán con diligencia y Página 6 de 66 . Artículo 3º.
Se garantiza la independencia y autonomía de la Rama Judicial del Poder Público. tiene derecho a una carga de trabajo razonable. A la Rama Judicial se le asignarán. en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal. Los magistrados y jueces serán de carrera. El artículo 230 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 230. son independientes y están sometidos a la Constitución. Los jueces. a la ley y al precedente judicial vinculante. La Ley fijará los términos para resolver estos procesos en primera y segunda instancia.su incumplimiento injustificado será sancionado. ARTÍCULO 5. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. a incentivos y estímulos. no podrá ser inferior al 5% del mismo. porcentaje que en ningún caso podrá ser disminuido y no incluirá el presupuesto que se asigne a la Fiscalía General de la Nación”. La Rama Judicial tendrá autonomía presupuestal. Toda persona tiene derecho a que sus controversias se resuelvan mediante procesos jurisdiccionales de duración razonable. incluida la totalidad de los gastos e inversiones. en los términos de la letra b del artículo 152 de esta Constitución. de conformidad con un régimen legal propio de naturaleza estatutaria. patrimonial y administrativa. su desempeño será evaluado de manera permanente y por periodos de cuatro años al cabo del cual tendrán derecho a ingresar a la escuela de altos estudios judiciales. en sus providencias. la participación de la Rama Judicial en el Presupuesto General de la Nación de cada año. el retiro sólo procederá por causales taxativas. Con el fin de garantizar su autonomía. se garantice el acceso oportuno y eficiente a la misma y se atienda su demanda sin dilaciones. los recursos necesarios para que la administración de justicia se mantenga al día. el salario será el 80% del superior Página 7 de 66 . Parágrafo.
por el mismo tiempo. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional. La ley determinará los requisitos y los casos en los cuales el precedente judicial tendrá efectos vinculantes”. 3. durante diez años. Ser abogado y tener mínimo cincuenta y dos (52) años de edad. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere : 1. o haber ejercido. cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público. 4. El artículo 232 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 232. Página 8 de 66 . en los términos de la letra b del artículo 152 de esta Constitución.funcional o nivel a partir del de Magistrado de Alta Corte. con buen crédito. la profesión de abogado. o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad. 2. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así: ARTICULO 231. La Corte Constitucional será órgano de cierre en la interpretación de derechos constitucionales fundamentales ARTÍCULO 6. ARTÍCULO 7. excepto por delitos políticos o culposos. Haber desempeñado. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por concurso público y abierto.
La administración de la Rama Judicial estará a cargo del Consejo Superior Judicial. con voz pero sin voto. será valorada ponderando cada año dentro del concurso. ARTÍCULO 8.Parágrafo. así: (…) Un delegado escogido por los magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito. según la letra b del artículo 152 de la Constitución. Un delegado escogido por los magistrados de los Tribunal de lo Contencioso Administrativo. la Gerencia de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 254. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado no será requisito pertenecer a la carrera judicial. el cual estará integrado por la Sala de Gobierno. el Ministro de Justicia y del Derecho y el Gerente de la Rama Judicial. En la Sala de Gobierno actuarán. sin embargo la experiencia en el desempeño del cargo como magistrado o juez. Un delegado escogido por los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Página 9 de 66 . Un delegado escogido por los jueces de la jurisdicción ordinaria. Un delegado escogido por los empleados judiciales de la rama judicial. el Fiscal General de la Nación. La Sala de Gobierno estará integrada por (…) miembros.
(…) La Gerencia de la Rama Judicial estará a cargo de un gerente. Los Magistrados son de período de ocho (8) años. de la carrera judicial. elegido por la Sala de Gobierno. de conformidad con la ley. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria estará conformada por siete (7) miembros. La Sala de Gobierno será un órgano de formulación de políticas. tener mínimo tres años en carrera y serán elegidos para un periodo de dos (2) años y tener como mínimo cuarenta (40) años de edad. planificación. económicas o financieras y tener como mínimo veinte años de experiencia en actividades relacionadas con las mencionadas profesiones. tener como mínimo cincuenta y dos (52) años de edad ARTÍCULO 9. para ser magistrado deben por lo menos tener una experiencia de magistrado o juez como mínimo de diez (10) años. así como la administración del recurso humano.Los miembros de la rama judicial deberán ser elegidos por voto directo. No podrá ser reelegido. y del Sistema Único de Información y Estadísticas Judiciales. especializado y con maestría en ciencias administrativas. El Gerente de la Rama Judicial deberá ser profesional. así: Tres (3) elegidos por el Presidente de la República y cuatro (4) provenientes de la carrera judicial. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así: Página 10 de 66 . regulación y control de las mismas. y de las demás actividades administrativas de la Rama. La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto. con sujeción a las políticas que dicte la Sala de Gobierno.
Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales. cargos. Corresponde a la Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones: 1. cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia. En ejercicio de esta atribución. Página 11 de 66 . ubicar. redistribuir. en los aspectos no previstos por el legislador 4. los Juzgados. de acuerdo con las necesidades de estos. Proponer proyectos de acto legislativo y de ley. Administrar la carrera judicial. no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.Artículo 255. transformar y suprimir Tribunales. relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y de procedimiento. las Salas de estos. fusionar. así como crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales. 7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno. 8. 2. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial con efectos procesales. 9. y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso. Crear. Decidir sobre el cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción y la creación de jueces con competencia nacional. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales. 3. trasladar. la Sala de Gobierno. 6. Dictar los reglamentos constitucionales autónomos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos. 5.
10. Adiciónese el siguiente artículo transitorio: Artículo transitorio. ARTÍCULO 11. Las demás que señale la ley. Las demás que le atribuya la ley. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por normas especiales y la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria estará conformada por dos subsalas una de investigación y otra de juzgamiento. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así: “Artículo 256. Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contempladas en la ley. las sanciones y el procedimiento a seguir. la que podrá delegarlas en el Gerente de la Rama Judicial. Parágrafo transitorio. la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. serán asumidas por la Sala de Gobierno. de conformidad con la letra b del artículo 152 de la Constitución. hasta tanto se expida la ley estatutaria a que hubiere lugar. 11. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos. Los Magistrados de Carrera de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán incorporados por la Sala de Gobierno del Consejo Superior de la Judicatura. será resuelta por el Tribunal Superior de Apelaciones integrado por los Presidentes o sus delegados de la Corte Constitucional. ARTÍCULO 10. El Código Disciplinario Especial de la Rama Judicial regulará las faltas serán de tipo cerrado. La Segunda instancia de los procesos disciplinarios contra Magistrados de Distrito. Página 12 de 66 . cuando hubiere lugar a ello. 6.
en las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales que cree la ley. Página 13 de 66 . En todo caso se garantizarán los derechos de carrera judicial.
I. parece existir cierta coincidencia en la necesidad de reformar la Constitución para resolver los problemas “complejos” de la administración de justicia. por un lado. 2006. sino también la relación del Estado con los ciudadanos. T. (Coord) México. Males y remedios de la Justicia. en http://www. de los Carbonell. por otro” 1 LOS JUECES Y LOS DERECHOS Antecedentes.juridicas. La reforma democrática del Estado debe aspirar a modificar no solamente la relación entre los poderes. hay que ser muy claro en sostener que una reforma del Estado que no cuente con el ciudadano no puede ser calificada como democrática. César y García. reforma y Estado de derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. 566 del 4 de agosto 2011. No se suele reparar en el elemento central de cualquier Estado democrático: el ciudadano. 07 de 2011 Senado. Juan Carlos. la cultura. Formato html. Häberle. la interpretación. Justicia.II LA CONSTITUCIÓN DE LOS JUECES Propuesta de Reforma a la Justicia de los Jueces de Boyacá “Es frecuente que cuando se habla de reforma del Estado se piense en modificar las facultades de los poderes públicos o en cambiar la manera en que tales poderes se relacionan entre ellos. Mauricio. Ahora bien. el acceso. la politización de la justicia ó judicialización de la política.eltiempo. Disponible en Internet: http://biblio. 4 Es decir.cit.unam.mx/libros/6/2962/12. Homenaje a Diego Valadés. y las relaciones de los ciudadanos con otros ciudadanos. 2006. En. la eficiencia. derechos sociales y democracia en Colombia Proyecto de Acto Legislativo No. La actual preocupación del gobierno y de algunos sectores de la sociedad para reformar la Administración de Justicia. Mauricio. Esquerra. 582). existen muchas razones. Reforma del Estado y Derechos Fundamentales: Algunas Propuestas. Garavito César. 3 2 1 Página 14 de 66 . presidida por el doctor José Alejandor Bonivento Fernández. Globalización. [citado 22-09-2011]. Instituto de Investigaciones Jurídicas. los códigos. ex magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. no es un tema nuevo sino que debe comprenderse dentro de un contexto histórico más amplio. ISBN ISBN 9786070219900 Ver Rodríguez. Rodrigo. Domingo. Miguel. en el sentido del diseño institucional. pues hace parte de la segunda ola de derecho y economía iniciado en los años noventa. mercado y democracia: un examen crítico de las teorías económicas sobre el (in) cumplimiento del derecho y su relación con el desarrollo. después de veinte años de vigencia de la Constitución Política. Rodríguez. 4 Ver “Informe Final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia (10/06/2010) conformada por el decreto 4932 del 18 de diciembre de 2009. En Uprimny. Serie Doctrina Jurídica (Núm. García. la justicia y la democracia”. 2011. ¿Justicia para todos? Op. Gaceta del Congreso No.pdf .com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/el-diagnostico_10943467-4. Peter. 2 A pesar de que para el gobierno la crisis por la que atraviesa la administración de justicia es un “hecho notorio” 3 . ¿Justicia para todos? Sistema judicial. En: “El Control del Poder. dependiendo de la concepción teórica y política. Garcia Belaunde.
Pero el gran reto es no caer en la tentación de ser inmediatista. derecho y realizaciones prácticas las que sirvan de horizonte. Rebollo Javier Eduardo (Codirectores) Mayorías Sin Democracia. Página 15 de 66 . Caracterización del régimen político colombiano. Ahora bien. es decir. Amartya. Sin que signifique una posición simplista frente a la problemática de la justicia. lo cual. debe permitir confluir en un escenario democrático. 2009. 50. experiencias y realizaciones humanas no puede ser suplantada por información sobre las instituciones existentes y las reglas operantes. (1956-2008). DeJusticia. a la necesidad de una teoría que no se confine a la elección de instituciones. aceptar que Colombia es un país caracterizado por esa “combinación de una extraordinaria estabilidad institucional y democrática. 2002-2009. Bogotá: Taurus. para nuestro caso. 2010. pero la realidad efectiva va mucho más allá de la imagen organizacional e incluye las vidas que la gente es capaz o no de vivir”. así como la angustia constante frente al usuario ante la imposibilidad material de poder responder de manera oportuna a su demanda de justicia. La importancia de las vidas. Mauricio. nosotros los jueces no hemos estados alejados de este momento y hemos vivido en carne propia los problemas de la administración de justicia. las “Tertulias por la Justicia”. Desequilibrio del poderes y Estado de derecho en Colombia. departamento bicentenario. en donde sea la persona. con una violencia casi endémica. por el otro…” 5 . sus necesidades. La necesidad de una comprensión de la justicia basada en los logros está relacionada con el argumento de que la justicia no puede ser indiferente a las vidas que las personas realmente pueden vivir. 17 Sen. 2009. Por ello consideramos que debemos aceptar la premisa que tanto el diagnóstico como la solución a los problemas de la justicia son temas complejos. Villegas Mauricio y Revelo. ni a la identificación de esquemas sociales ideales. Bogotá pp. en síntesis. pensar desde la complejidad implica. empezando por la congestión judicial y sus múltiples soluciones a partir del factor rendimiento estadístico y del esfuerzo y sacrifico personal y familiar del juez. una gran debilidad de los movimientos sociales y una marcada desigualdad social. Las instituciones y las reglas son. pluralista y participativo y rechazar toda forma unilateral o unívoca o trasplantada de analizar el tema de la reforma a la justicia. La idea de la justicia.intereses y de la experiencia que cada uno tenga con la administración de justicia para acudir a la reforma a la Constitución como solución. sino pensar en términos históricos y patrióticos. por supuesto. o en la trampa de la consabida fórmula de “reformar” para no cambiar y que todo siga igual. por una lado. 6 Desde el anterior contexto fue que se iniciaron en Boyacá. “Paso ahora a la segunda parte del cambio de rumbo. porque consideramos que en el 5 6 García. muy importantes por su influencia en lo que sucede y por ser parte esencial del mundo real. sino más bien pragmática. En García. p.
Nosotros desde el inicio del proceso de reforma. 2 CP) La Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia en su “Informe” 7 sostenía que el tema de la justicia es “trasversal” y que le interesa a toda la sociedad y que se trataba de “propiciar un gran pacto o acuerdo nacional por la justicia”. el juez es a la vez destinatario en tanto sujeto de derecho y mecanismo de protección. cit.com/index. debe consultarse y tenerse en cuenta a los afectados. así mismo. como sujeto de derecho y mecanismo constitucional de garantía. 2011. 10 Ver Gaceta del Congreso No. 8 En realidad ha habido muchas voces al respecto y suficiente ilustración sobre el tema. otros más exigentes proponen que la reforma solo pueda hacerse a partir de una Constituyente. sino de experiencias y realizaciones 7 8 op. cuando la Comisión Primera del Senado programó el primer Foro sobre la Reforma a la Justicia 9 . estuvimos presentes opinando sobre los proyectos. José Élver Muñoz. Dentro de esta perspectiva. (Art. cualquier propuesta de reforma a la Constitución. Es decir.html 9 Participaron entre por la rama judicial Horario Tolosa. 747 del 4 de octubre 2011. 747 de 2011 Página 16 de 66 . Charry. el Gobierno y el Congreso han sido muy abiertos al debate y la crítica. Reforma de la justicia: una Constituyente para sus grandes problemas.. 10 Nuestra preocupación esencial desde el principio ha sido que el juez. para que tenga mayor legitimidad la reforma y sea más eficaz en cuanto a su cumplimiento y realización efectiva. Juan Manuel. en tanto garante de los derechos constitucionales de la persona. máxime cuando se trata de una reforma estructural a toda una rama del poder público. Versión http://razonpublica. Juez Quinto Administrativo del Circuito. 12. a la persona y sus derechos. Ver Gaceta del Congreso No. esquemas o abstracciones. debe tener como premisa esencial la concepción democrática de los derechos.php/politica-y-gobierno-temas-27/2238-reforma-de-la-justicia-una-constituyente-para-sus-grandes-problemas. Tunja septiembre 8 de 2011. La reforma a la rama judicial desde la perspectiva de los derechos. p. Presidente Tribunal Superior de Tunja.Estado Social de Derecho. debe ser protagonista en este proceso porque esta doble condición le permite contribuir a que la reforma constitucional en curso no sea un simple debate de teorías. así como mucha confusión sobre el mismo.
César y Uprimny. 978 y 981 de 2011. Pp. y el proyecto aprobado por la Cámara (Proyecto No. 07/2011). 11 12 Ver Rodríguez. Rodrigo. los límites democráticos de las competencias y funciones del juez. ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. 143/2011) y Senado (Proyecto No. pero al mismo tiempo creemos que este análisis de lo que se considera estructural no puede establecerse a partir de lecturas unívocas del mercado en pos de salvaguardar la propiedad privada y los contratos11 . Para abordar el análisis del proyecto de reforma a la justicia 12 y nuestra propuesta concreta sobre el mismo. dentro de una misma legislatura. 109 Por tratarse de una reforma constitucional el proyecto debe pasar ocho debates en dos períodos legislativos ordinarios y consecutivos. cuyo objeto esencial fue la participación activa y militante de los jueces. 2006. sino que además es indispensable profundizar en los mecanismos de protección de los derechos constitucionales de la persona. desde nuestra perspectiva. ¿Justicia para Todos? op cit. los jueces de Boyacá instalamos y promovimos las “Tertulias por la Justicia”. los ejes esenciales de la reforma a la administración de justicia deben garantizar la independencia e imparcialidad del juez. En. el reforzamiento de las garantías para la protección constitucional de los derechos y el acceso a la administración de justicia. fue objeto de conciliación y publicado en Gacetas del Congreso No. 374 CP) En la actualidad ya se surtió el primer período legislativo ordinario. (Art. participamos de la preocupación ciudadana y del Gobierno en cuanto a que es necesario resolver los problemas estructurales de la justicia. En consecuencia. la administración autónoma e independiente de la rama judicial. Página 17 de 66 .concretas a partir de la profundización de los elementos esenciales de la democracia participativa y el estado social de derecho. la participación del funcionario y empleado judicial en el cuerpo de administración de la rama. el acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad material y los de la democracia participativa y pluralista. Por lo tanto. por esta razón es a partir de dichos debates y la opinión de los jueces que expondremos nuestra pensamiento sobre la Reforma.
Universidad Externado de Colombia. 16 Nuestra preocupación constitucional es poder saber cuáles serían esas garantías y cómo quedarían reflejadas dentro de la Constitución.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 15 El Federalista. Sobre este particular nos dice Dworkin que “la mayoría de las constituciones contemporáneas escritas contienen disposiciones expresamente estructurales y expresamente restrictivas” 17 Luego. El Canon Neoconstitucionalista. Sobre la necesidad de que la reforma a la justicia sea democrática y participen en ella los sujetos inmersos en la actividad judicial consultar la intervención de la Delegada de la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá. Ahora bien. 114-138 14 13 Página 18 de 66 . alcance y límite. http://www. Pensamos que el juez como institución es un patrimonio cultural de la humanidad13 . Sin embargo. 331 16 Sobre el concepto de garantía o mecanismo de protección revisar entre otros: Juan Carlos Esquerra. 2004. FCE. México: Editorial Porrúa SA. democracia y control. son dos las exigencias de esta concepción: el límite (derecho) y la garantía. por ello proclamamos de manera contundente que “SIN JUECES NO HAY DERECHOS”. México. México: Universidad Nacional Autónoma de México. existe otra cara necesaria e inescindible de la concepción democrática de los derechos: las garantías. el pueblo. DOXA. 29 (2006). una concepción democrática de los derechos consistiría en que sus destinatarios (la persona) participen en la construcción de su contenido.La independencia del juez y sus garantías. Ronald. 2010. en los tribunales. Las Garantías Constitucionales de los Derechos Fundamentales. pp. como se trata de pensar la Constitución desde los derechos de la persona y del ciudadano. Bogotá: Legis. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Garantías y Amparo. afirmamos que para que una reforma a la Constitución en lo atinente a la Rama Judicial sea democrática tiene que ser el resultado de un proceso participativo.facebook.15-31. Bogotá. Es decir. En palabras de Hamilton: “la independencia completa de los tribunales de justicia es particularmente esencial en una Constitución limitada” 15 . especialmente “Origen y esencia de las garantías constitucionales”. pluralista y consensuado 14 .. ISNN 0214-8676. 1993. doctora Adriana Blanco. Introducción a una teoría constitucional del control”. 17 Dworkin. El Estado constitucional. Justino V Castro. que establezca un diseño institucional adecuado donde se incluyan las garantías mínimas de la independencia judicial. 2003. Miguel Carbonel y Leonardo García Jaramillo (Ed). 2002. Constitución. En. especialmente “Constitución y control del poder. un elemento esencial y definitorio del Estado Social de Derecho y de los derechos. democracia y Constitución: nosotros. Luigi Ferrajoli. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Manuel Aragón. PP. 2001. La protección Constitucional del Ciudadano. entonces. Igualdad. dentro de la Constitución deben incluirse las disposiciones que sirvan de límite a la acción de los demás Concepto utilizado por Peter Haberle. pp.. En este sentido.
siguiendo a Dworkin. luego la independencia judicial es un derecho fundamental de la persona: el derecho a ser juzgado por leyes que efectivamente puedan hacerse cumplir por el juez. Pues. el régimen político se caracteriza por su deficiencia en cuanto a la democracia y a los partidos políticos 18 19 20 Ib. quién podrá votar y por cuánto tiempo se desempeñan los funcionarios electos. porque establecen límites al poder de que dispone la mayoría según las disposiciones estructurales explícitas. Bogotá: Norma. 115 El Federalista. las disposiciones abiertamente estructurales son aquellas que construyen y definen los poderes. como dicho cumplimiento está determinado por el contexto práctico e histórico del régimen político en donde se despliega el arsenal institucional y las prácticas políticas y sociales que sustentan y adquiere dan vida a dicho régimen. pp. es cómo los jueces pueden ser garantes de los derechos de las personas si no tienen esa forma de poder con el que cuenta las demás ramas? Pues precisamente garantizando su independencia con respecto a las demás ramas. op. cit. para no caer en “las repúblicas aéreas” 20 que previó Bolívar. la fuerza y la bolsa19 . Sin embargo. debemos pensar en consonancia con dicha realidad. Colombia 1875-1994. de manera alguna puede considerarse que afectan la democracia. • Para el caso colombiano. instrumentos e instituciones del gobierno: estipulan cuándo tendrán lugar las elecciones. 18 La gran paradoja.poderes sobre el juez y que permitan que éste pueda actuar de manera independiente. Entre la legitimidad y la violencia. 2007. En cuanto a las disposiciones “restrictivas” son de una especie diferente. pp Página 19 de 66 . entonces. en comparación con el Congreso y el Ejecutivo que disponen de la iniciativa. Estas disposiciones.330 Citado en Marco Palacios. incluidas dentro de la constitución a pesar de que desafían la voluntad de las mayorías históricas. sino que por el contrario “mejoran la democracia”.
pues la superestructura institucional sigue siendo un factor importante si al mismo tiempo se piensa desde la libertad y la igualdad. Op cit. Rodríguez. ¿Justicia para todos o seguridad para el mercado? El neoliberalismo y la reforma judicial en Colombia. deben estar pensados desde la concepción democrática de los derechos. pp. La independencia judicial. 13 Página 20 de 66 . se refiere al juez como poder. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. 45-46 24 Mauricio García. lo cual “es inicial y fundamentalmente predicable del juez como persona” 24 . Independencia Judicial en América Latina. lo cual significa que “es una ilusión pensar que el 21 22 qué? ¿Cómo?. Rodrigo. pp. Fis. Op. Desde la anterior perspectiva “nada puede objetarse a que las reformas pretendan hacer más eficiente la justicia y busquen reducir sus costos. En Germán Burgos(Ed).(ilegitimidad). ¿De quién? ¿Para Burgos Silva. Se supone que los jueces deben ser independientes. económica y eficaz no sólo favorecería el desarrollo económico. Un juez independiente es aquel que no está bajo la influencia o control de nadie. Una justicia más rápida. La consecuencia es que se ahorran recursos y se presta justicia más pronta y cumplida. op cit.cit. Germán. vincula al Estado en general y a la ciudadanía en su defensa y realización. pero ¿de quién?. surge un elemento de ambigüedad debido a la existencia de distinto tipos de instituciones u organismos públicos de los cuales el juez debería ser independiente. ILSA. luego los mecanismos alternativos. pp. El grado adecuado de independencia. funcionales y orgánicos: 23 los primeros esencialmente se refieren a la ausencia de indebidas injerencias en la labor del juez. César y Uprimny. En op cit. 2003. sino que tendría otras consecuencias deseables para la democracia” 22 . Owen M. sin apasionamiento ni dogmatismos. Qué se entiende hoy por independencia judicial? Algunos elementos conceptuales. violencia derivada de la incapacidad del Estado para cumplir en sus cometidos en materia de seguridad (ineficiencia) y una cultura política tolerante en la ilegalidad creada a partir de las dos premisas anteriores (estado de derecho o legalidad) 21 . lo segundo. la informalización o privatización de la justicia u otras formas para mejorar el acceso a la justicia. 18-19. p. Sin embargo. el diseño institucional adecuado e idóneo debe tener en cuenta dichos condicionamientos. 137 23 El término “independencia” es en general utilizado para caracterizar la relación de la judicatura con otras instituciones y organismos públicos. tiene aspectos negativos y positivos. entonces. conforme lo plantean los neo institucionalistas.
Y cuarto. Sebastían. En conclusión. para que el juez pueda ser garante de los derechos es indispensable que se establezca como derecho en la Constitución la garantía institucional de la independencia del juez.” (Binder. el juez dentro de la estructura organizativa del estado. o sea satisfacer la exigencia de que el poder judicial esté en alguna medida integrado en el sistema político. también debe tener libertad para apartarse de ellos de manera justificada sin que exista ninguna posibilidad de atentar contra su estabilidad. los otros poderes no pueden terminar siendo la última instancia de lo jurídico o del derecho. como una garantía de la igualdad del ciudadano. Lo tercero. y otros. Poder judicial y democracia. 170-171.. Por la anterior razón. no “basta prever contrapesos. se refiere a las relaciones entre pares y superiores funcionales. 113 Guarnieri. tanto horizontal como vertical. a través de disposiciones 25 26 Linares. de información. lo cual significa que si bien el juez debe respetar y seguir los precedentes tanto superiores funcionales como los propios. Carlo y Pederzoli. para que puedan ejercer su función cabalmente. es decir ocasiones de conflicto. es necesario regular también la intensidad de ese conflicto. Los jueces y la política. la realidad es más bien que la fuerza normativa o eficacia del derecho deriva del poder efectivo de los jueces. 1999. En. La independencia judicial. pp. 2001). Conceptualización y medición. Bogotá: Taurus. op cit. en este ámbito se deben buscar fórmulas adecuadas e idóneas para diseñar las instituciones de autogobierno. si bien debe limitarse el poder judicial. por ello.poder de los jueces deriva del derecho. Patrizia. educación legal. Para esto es preciso dotar a los jueces de recursos organizativos. la carrera judicial y su conducta disciplinaria deben estar constitucionalmente establecidos. Burgos Silva. ante la inevitable y hasta “beneficiosa” judicialización de lo social. económico y político. no debe invadir espacios reservados a los órganos político-representativos. económicos. Página 21 de 66 . pp. Luego. No basta que el juez tenga poder de “derecho”. es preciso que lo tenga también de “hecho” 25 . construyendo adecuadas conexiones institucionales entre los jueces y la política” 26 . En el anterior sentido.
Página 22 de 66 . activas y positivas.prohibitivas. la reforma cae en tierra árida. si no. Pero al mismo tiempo las instituciones que se diseñen deben tener un respaldo social y político de la sociedad en general. de los sectores políticos y de la ciudadanía.
com:http://www. Aquí son dos discusiones las que se presentan: una relacionada con el Consejo Superior de la Judicatura.facebook. Las decisiones finales. entonces. modelo mixto (autoridades administrativas y empleados judiciales). 27 Teniendo en cuenta que se nuestro propósito es analizar los aspectos especiales de la reforma que tienen que ver con la independencia judicial del juez como derecho fundamental. Juez Primero Administrativo del Circuito de Tunja. entonces. Consúltese en www.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . Es decir. el cual establece la estructura orgánica de la rama judicial. Al mismo tiempo estrategias como un monto mínimo de recursos dentro del presupuesto nacional para la justicia y la flexibilización de las normas procedimentales. excepto las que corresponden a única instancia. Sala Disciplinaria. con la inclusión de nuevos órganos con funciones jurisdiccionales. Página 23 de 66 . u órganos de decisión autónomos. . Obsérvese que la estructura organizativa del Estado establecido en el artículo 113 de la Constitución sigue incólume. tendrán el recurso de apelación. El 27 Esta parte se construye a partir de la presentación en la primera Tertulia hecha por el doctor Elkin Rodríguez. Desde la anterior perspectiva. conciliadores. notarios. ampliar la oferta de justicia otorgando funciones jurisdiccionales a otras autoridades u órganos o particulares. B) El derecho al acceso a la administración de justicia: El nuevo modelo propuesto para la administración de justicia se caracteriza por la informalización de la administración de justicia (abogados como jueces adjuntos. solamente nos ocuparemos de lo que consideramos es un elemento estructural y las garantías del derecho en normas de carácter prohibitivo.III EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DE REFORMA.facebook. o instrumentos de protección a favor del juez. otorgándole funciones jurisdiccionales y la otra. consideramos que los temas que se relacionan con nuestra postura constitucional son: A) La estructura orgánica de la rama judicial: Se pretende reformar el artículo 116 de la Constitución Política. C) La privatización o informalización de la administración de justicia. árbitros). particulares.
Consultado el 29 de noviembre de 2010. se han hecho mucho más evidentes las diferencias entre el Gobierno y los jueces 39 . Buitrago Francisco. pero para eso existen unos canales legales dentro de un Estado de derecho. por ello. Razón Pública. doctor Juan Carlos Esguerra declaró: “'Es preocupante que la propia justicia diga que aquí no hay justicia'.eltiempo.com/index. su obligación es la de 39 El Ministro de Justicia. en un país atravesado por la falta de estado. y donde existe un profundo arraigo al presidencialismo y el clientelismo no es una simple técnica electoral sino una forma de organización sociopolítica esencial para entender la historia de Colombia” 40 . tanto los particulares como los funcionarios deben acudir a ellos para cuestionar las sentencias que no compartan.sentencia contra el coronel Plaza Vega. Bogotá. 5 de febrero de 2012. haciendo uso.php?option=com_content&view=article&id=1595:bipartidismo-y-configuracion-del-clientelismo-en-colombia-segundaparte&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27 Página 27 de 66 . proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Bipartidismo y configuración clientelista en Colombia. de legitimidad y por la ilegalidad. que no fueron diseñados sólo para la gente del común. mucho más cuando como consecuencia de esa actitud se consiguen en su contra apresuradas medidas disciplinarias.razonpublica. Este hecho de ninguna manera puede pasarse por alto cuando se piensa en la reforma a la Constitución en esta materia. por ejemplo. tienen derecho a controvertirla. del recurso de apelación o acudiendo al mecanismo extraordinario de la tutela. Desde nuestra perspectiva la voz del juez suena hoy necesariamente con mayor resonancia y efectividad por el lugar político y cultural que ocupa en el Estado Constitucional. como sostiene una víctima de nuestras violencias y connotado penalista: “Cuando desde el Gobierno se descalifica públicamente el pronunciamiento de los jueces. Desde luego que si un ministro o un presidente de la República están en desacuerdo con una resolución judicial. como su separación temporal del cargo mientras lo investigan. http://www. se coarta su independencia. http://www. Y si todos esos procedimientos se agotan sin que el inconforme haya conseguido modificar el criterio que no comparte. En.com/justicia/ministerio-de-justicia_11074081-4 40 Leal.
2000). los déficit de eficiencia y de legitimidad producen un deterioro del Estado de derecho. vista desde la perspectiva de los jueces.com/impreso/opinion/columna-296305-autonomia-de-justicia. Pero en Colombia. político y cultural de nuestra realidad. sino que la voz y participación activa y militante del juez es un elemento esencial en la consolidación democrática de los derechos. un 41 Reyes. Por esta razón. http://www. En este mismo sentido se expresó “El Claustro de Profesores de la Faculta de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia”. Sin ello la transformación institucional por sí sola siempre será insuficiente y terminará siendo objeto de captura por la realidad del sistema político. y la precariedad de los movimientos sociales y de la representación política (ilegitimidad el sistema político). El sentido y alcance real de las instituciones es el resultado de una lucha en un campo de batalla en donde las diferentes fuerzas sociales intentan imponer una cierta interpretación del derecho y de las prácticas institucionales que les es favorable. como ya lo hemos expuesto al inicio del presente texto. North et ál. sino que son parte de esa lucha. cuando se promulgan las leyes y las constituciones. es decir. Página 28 de 66 . ese campo de batalla es particularmente aguerrido e intenso debido al encadenamiento que aquí existe entre violencia (ineficiencia del Estado). 41 Esta reforma.elespectador. Esto sucede en todas partes (Bourdieu 1986. debemos evitar el trasplante institucional y pensar desde el entorno social. En este sentido. La autonomía de la Justicia. Yesid. son su palestra y su objeto. comparte la preocupación esencial de que no basta con reformar para que todo siga igual. tiene razón el investigador García Villegas cuando sostiene que “las instituciones no son simplemente lo que queda después de la lucha por el poder político. 31 de agosto de 2011. por el otro. algo que viene después de que se ha definido el vencedor del debate democrático. Dicho sintéticamente.acatarlo respetuosamente sin hacer ninguna manifestación pública de censura al mismo. Bogotá. El Espectador. por un lado.
mx. 2001. pp. Para el concepto de constitucionalismo aspiracional ver Mauricio García. 51. Nicola Matteucci. Historia del Constitucionalismo Moderno. El debate sobre la importancia de consolidar la independencia judicial como derecho fundamental de la persona y como principio esencial del estado de derecho.juridicas. Madrid: Civitas. la cual. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. para tal efecto sólo nos ocuparemos de los aspectos que fueron debatidos en las diferentes Tertulias por los jueces y demás participantes en ellas. Maurizio Fiovaranti. Consultar Marco Gerardo Monroy Cabra. Madrid. a su turno. crea condiciones favorables para la reproducción de la violencia y de la ilegitimidad”42 . 1998. Madrid. ob cit. 2005. Ahora presentaremos la propuesta de reforma que consideramos debería ser tenida en cuenta en las discusiones en el Congreso de la República para este segundo período legislativo. política y cultural. Caracterización del régimen político colombiano (1956-2008). Se expondrá primero una justificación general. Organización del Poder y Libertad. no puede simplemente seguirse con el prurito de pensar que cambiando las normas legales o comprendiendo a la constitución como una simple código o compendio 42 43 García. 2005. En www. como al inicio fue expuesto. Trotta. T-I. Desde esta perspectiva. luego cada una de las propuestas en particular y por último la norma de la Constitución.déficit de legalidad. Eduardo. García de Enterría. los jueces creemos que para que se consolide una idea de Constitución democrática y pluralista. De la antigüedad a nuetros días. Constitución. y no una simple idea legalista y aspiracional o política.unam. Trotta. Mauricio. Concepto de Constitución. un constitucionalismo adecuado a nuestra realidad histórica. Justificación. A) Independencia del juez. La Constitución como Norma y Tribunal Constitucional. 1981. tiene como correlato inescindible la inclusión de garantías a través de disposiciones constitucionales estructurales y restrictivas que permitan la realización de la independencia como derecho. si no normativa y rígida 43 . En Op cit. Página 29 de 66 .
ob cit. que tratan de resolver los conflictos políticos entre Congreso y Gobierno contra Altas Cortes.com:http://www. Página 30 de 66 . Bogotá: Razón Pública.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . es que la actual reforma termine siendo eso que nadie desearía y una “traición a la Constitución”. Nuestra preocupación es esencial porque vemos que lo que se está construyendo en el Congreso es. Nuestra preocupación. como jueces. En. no siempre abiertos y públicos. busca contribuir sinceramente en este debate y que se democratice a través de mayor participación y deliberación. expuso algunos aspectos que desde la perspectiva de la sustitución de la constitución podrían ser declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. el proyecto 44 Consúltese estudios sobre las reformas judiciales durante los últimos veinte años en América Latina: César A Rodríguez. Globalización.juridicas. Tomado: www. es suficiente para cambiar las prácticas y realidades del régimen político colombiano. reforma judicial y Estado de Derecho en Colombia y América Latina: el regreso de los programas de derecho y desarrollo. En síntesis. puesto que tomar en serio la idea de Constitución es saber que. las personas tienen derechos y éstos sólo son en tanto que. 2011. Hernando. Consúltese en www. Germán Burgos. que entre otros muchos argumentos también fueron discutidos en la primera Tertulia 46 . Reforma a la Justicia: traición a la Constitución.normativo 44 . Pero nuestra pretensión. Luis Pásara. como ha sido calificada por un exconstiyente 45 porque no respeta ni garantiza la independencia y autonomía de la rama judicial. además de imponer límites a las mayorías democráticas. por el contrario. Rodrigo Uprimny.org El doctor Luis Arturo Herrera.pdf 45 46 Yepes. además de la distribución del poder político.mx/libros/4/1509/1. (Comp) En busca de una Justicia Distinta. si bien públicamente bien intencionado. Experiencia de Reformas en América Latina.facebook. derechos sin garantías y sin jueces. Independencia Judicial en América Latina.razónpublica. 2004. Juez Segundo Administrativo del Circuito de Tunja.unam.facebook. Ob cit. ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo?. octubre. objetivamente analizado el texto de la reforma desdice completamente dichas pretensiones y termina siendo más retazos de muchos intereses muy coyunturales y de sectores. establecen instrumentos o mecanismos de protección en cabeza de las mismas personas que aseguren y garanticen dichos límites que puedan ser ejercidos ante jueces independientes e imparciales. no son verdaderos derechos sino simples promesas o expectativas retóricas. http://biblio. México: Universidad Autónoma de México.
respalda a Página 31 de 66 . incluyendo el de su Armada.en curso. Límites explícitos al presidencialismo. que algunos han atribuido a Winston Churchill. más o menos constante. como pensamos que debe ser la sociedad Colombiana del Siglo XXI. y contra la institucionalidad y legitimidad de la justicia. y sabiendo que nosotros los jueces. Esta frase. para construir una sociedad más democrática. puesto que en un sistema presidencialista como el nuestro. con quienes nos comparamos a veces y ahora sería apropiado en cuanto a la idea de Constitución se refiere. nuestra lucha por la independencia y autonomía judicial. detrás del más humilde de los jueces está siempre la poderosa Armada británica (Fuerza Pública Colombiana). Es indispensable que el presidente se abstenga de controvertir públicamente los fallos de los jueces. donde el poder y la legitimidad del presidente proviene directamente del voto popular. dentro de una constitución democrática. atenta directamente contra la persona del juez. expresa el apoyo. Esperaríamos escuchar al presidente parafraseando: “En Inglaterra (Colombia). pluralista y participativa. participativa y pluralista. también estamos legitimados para hacer oír nuestra voz sin intermediación y esperar ser escuchados con razones y explicaciones ante nuestras posturas. En conclusión. Entonces tendríamos que aprender de los ingleses. primero. Ahora expondremos los aspectos puntuales sobre la independencia judicial que se proponen deben hacer parte de la reforma a la Constitución. de los distintos gobiernos ingleses a la labor independiente de la Rama Judicial: todo el poderío del Estado inglés. es un derecho que reclamamos en defensa de los derechos y nuestros derechos.
Rodrigo. ordenando capturar personas y controvirtiendo públicamente los fallos de los jueces.dejusticia. por ejemplo y sólo por mostrar una cifra de las que ya todos tienen suficiente ilustración. El diagnóstico adecuado sobre responsabilidad y participación del juez en la congestión. Bogotá. 48 Por lo anterior la propuesta es adicionar un numeral al artículo 201 de la Constitución. un incremento con respecto al 1993 del 208% y la tasa de demanda promedio por despacho pasó de 175 a 498 entre 1993 a 2010. Tomado: www.los jueces y asegura el cumplimiento de sus decisiones. 48 47 Página 32 de 66 .303. Para 1993 el represamiento anual de procesos era del 18% y durante Uprimny. aquellos más nefastos de nuestra historia constitucional. Los gobiernos y la independencia judicial. Este apoyo de los gobiernos ingleses frente a la labor judicial es un elemento esencial para explicar el prestigio y la notable independencia de los jueces ingleses 47 . morosidad y cumplimiento de términos. para un crecimiento del 185%. es decir.378.562. puesto que. Ahora en 1993 habían 3945 despachos judiciales y para el 2010 habían 4624. o experiencias latinoamericanas destituyendo a la Corte a las que esperamos no tengamos que asistir. Juez Noveno del Circuito opina que el escenario del debate jurídico es el proceso y el presidente no está facultado para intervenir por fuera del mismo. la demanda de justicia para el año 2010 fue de 2.org El doctor Fernando Arias. Nosotros desde antes del debate actual sobre la reforma sostuvimos que el diagnóstico sobre los grandes problemas de la administración de justicia no podía atribuirlos al juez. Lo anterior tiene sentido por los hechos lamentables de escuchar presidentes de ahora y de todos los tiempos.371. es decir en el mismo período el crecimiento del aparato judicial fue del 17%. El crecimiento de la capacidad de respuesta del aparato judicial de justicia ente 1993 -2010 fue del 362% y en cifras corresponde a 2.
gov. “Conforme a lo anterior. las reformas deben tener en cuenta los contextos culturales e históricos donde se van a realizar dichas instituciones para que no terminen siendo capturadas por las prácticas del sistema político. Sin duda y obviamente.el mismo período hubo años de represamiento del 30%.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 Página 33 de 66 .facebook. ex-Magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá. en la audiencia pública celebrada el 22 de noviembre de 2011 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. lleva a una justicia del espectáculo. lo que llaman la mirada neoliberal 51 . otro aspecto que debe destacarse. mediática. de la congestión histórica?. Tomado: http://www. dentro de los cuales son determinantes las reiteradas falencias del poder ejecutivo en cuanto al reconocimiento de derechos.co/portal2011/index. de los grandes casos que interesan al ejecutivo como parte de su política o programa de gobierno. www.facebook. claramente expuso la doctora Luisa Mariana Sandoval Mesa. lo que demuestra aún más el esfuerzo de los funcionarios judiciales al lograr un incremento del 352% su productividad. Una mirada puramente desarrollista o pensar las reformas para asegurar los contratos. que dentro del período en referencia ha sido apenas del 17%. es el relativo al incremento de la oferta de justicia. puesto que termina dejando y evaluando aquellos asuntos pequeños y rutinarios como sin valor judicial. Pero la justicia. que el problema de congestión en la Rama Judicial obedece a múltiples factores. Por eso el problema de la justicia visto desde el ejecutivo y desde las grandes 49 Ver intervención como Vicepresidente de la Sala Administrativa del CSJ del doctor Ricardo Monroy Church. para el mercado. sin derechos fundamentales. del incumplimiento de los términos procesales. 50 51 Ver exposición del profesor Jair Fonseca. la propiedad y seguridad jurídica.php/proceso-y-tramitelegislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=681. remitiendo a los juzgados y tribunales debates que pueden ser resueltos sin dificultad en sede administrativa.com/http://www. vista integralmente. que se traduce en una mayor capacidad de respuesta del aparato judicial 49 . puesto que una justicia decente y digna cuesta y debe estar a la altura de las exigencias de una sociedad que aspira a crecer y desarrollarse.camara. Para el año 2010 hubo una des acumulación de procesos del 11%. sin personas. es decir.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 Al respecto. también. Tercera Tertulia. no es del juez.facebook. Universidad UPTC. no puede seguir siendo la cenicienta de las políticas públicas 50 . Pero claro! de quién es la culpa sobre la morosidad. En el anterior sentido. Consúltese en http://www.
que de todas formas a pesar de que sea justificado el ciudadano no pierda el derecho a que se le resuelva de manera oportuna el proceso en el 52 “Que una demanda no se le niega a nadie” es una frase que hizo carrera en el país judicial. contralores.com/impreso/politica/articulo-330086-demanditis-y-estado-de-derecho. Pues si no es el juez. El Espectador. En. alcaldes. magistrados. en la que las leguleyadas e infinitas interpretaciones legales de ciudadanos y abogados sobre determinado tema — amparados bajo la sombra del Estado Social de Derecho que consagró la Constitución de 1991— se volvieron el pan de cada día. entonces quién? El alcalde. lo aborda desde la hipotética impunidad en lo penal y lo civil. de socialización. gobernadores. Página 34 de 66 . Aquí se demandan elecciones de autoridades locales y regionales. el abogado. que haya un juez en cada municipio del país. Nosotros por el contrario consideramos fielmente que si los procesos judiciales se ven como un espacio democrático. no tendríamos porqué temerle si no que alabaríamos el hecho que nuestros ciudadanos acudan al litigio ante el juez para resolver sus reclamaciones sobre sus derechos. que se establezca el concepto de términos razonables para el trámite de los procesos. mirada de la cual el propio gobierno participa. Tomado: http://www. Colombia parece haber caído en una especie de enfermedad que algunos llaman “demanditis”. Por esto nos apartamos profundamente del diagnóstico de sectores que ven en el litigio una perversión.elespectador. 4 de marzo de 2011.instituciones internacionales de poder. el cura…? Los jueces que trabajan en la región y los pueblos colombianos saben que él es la última y hasta la única instancia en defensa de los derechos ciudadanos. que el presupuesto de la Fiscalía General tenga otro tratamiento distinto y diferenciado de la rama. porque se hizo o no se hizo. 52 Por lo anterior participamos de la propuesta de que se requieren mayores recursos para la rama judicial que puedan ser administrados de manera autónoma y que hagan parte directamente del presupuesto nacional sin la intervención política del gobierno de turno para garantizar una justicia “al día”. procuradores. el policía. Es necesario que se incluya que el incumplimiento sea “injustificado” para que el juez pueda ser objeto de sanciones. porque se escogió a una persona y no a otra. congresistas y hasta ministros”. Y por ello se han caído fiscales.
para que la justicia pueda ser pronta se requieren recursos suficientes y permanentes. creencias. del 29 de noviembre de 1985 y 40/146. Adopción: Asamblea General de la ONU. es decir. PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA JUDICATURA. sin garantías específicas y expresas en la Constitución debe ser superada. en el ejercicio de esos derechos. desarrollándose como juez. con la salvedad de que. la que desde su íntima convicción personal pueda derivarse de la interpretación y aplicación de la Constitución y la ley. gozar del derecho de poder pensar de manera autónoma e independiente. Por eso la ya clásica y ortodoxa fórmula de la división de poderes. El desempeño y estabilidad del juez. sin que ello sea considerado como una desobediencia u ofensa. Ahora nos ocuparemos de una dimensión del juez que tiene una repercusión directa en cuanto a su persona en tanto que como partícipe de la sociedad política goza de los mismos derechos fundamentales y como tal aspira que pueda ejercerlos y disfrutarlos de manera plena. positivos y prohibitivos. los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura”. 53 Página 35 de 66 . que tiene el derecho a mirar el país de manera distinta a lo que lo hace el Gobierno de turno y las mayorías políticas históricas 53 . quiere trabajar para poder vivir dignamente. En conclusión. Es insuficiente la fórmula de que el juez es independiente y “En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos. Resoluciones 40/32. que se garantice la independencia y autonomía del juez con mecanismos e instrumentos constitucionales estructurales. exponiendo sus ideas sobre el derecho y la justicia. los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión. puesto que participa del fundamento democrático y pluralista de nuestra sociedad y por lo tanto tiene el derecho a pensar distinto a sus superiores funcionales.tiempo “razonable” y con ello el estado responda positivamente al ciudadano. del 13 de diciembre de 1985. asociación y reunión. participamos de la propuesta del Consejo de Estado e incluimos los aspectos particulares expuestos en la modificación del artículo 228 de la Constitución Política.
el superior funcional. Teoría de los Derechos Fundamentales. cuya estructura semántica es abierta y le caben muchas interpretaciones. eso es lo que se conoce hoy como la constitucionalización del derecho. todo ciudadano aspira. Mauricio Martínez. El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. 54 La fórmula del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de que “Toda sociedad que no asegure la garantía de los derechos. Sobre la teoría de los derechos fundamentales ver una obra clásica. el miedo a perder el cargo o sus ingresos. Carlos Bernal. 2009. en una palabra.sólo está sometido a la Constitución y la ley. La Constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. ser juzgado por un “juez sabio y justo”. y la segunda. no porque ocupa alguna posición. (Ed) El canon neoconstitucionalista. o una facción de la sociedad que ejerza el suficiente poder para cambiar el equilibrio de poderes y que sea tratado desde su interés 54 Para una revisión actual del tema ver: Miguel Carbonell y Leonardo García. ostenta algún título o pertenece a alguna grupo de poder o presión. instrumento o acción constitucional de protección y un órgano o juez ante quien se puede reclamar su cumplimiento o realización efectiva. 1997. Madrid: Centro de Estudios Constituiconales Página 36 de 66 . sea la parte. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. es decir. tal como la independencia judicial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. porque la primera está construida a través de una carta de derechos. principios y valores. 55 Hemos dichos antes que la independencia judicial debe ser concretada en la persona del juez pues éste debe poder decidir sin influencia de otro. Es decir. el poder disciplinario. Robert Alexy. 2010. si bien concretiza la primera está invadida e impregnada por la Constitución. 2009. ni determine la separación de los poderes. sigue teniendo sentido hoy si nos ocupamos dentro del Estado Social de Derecho de explicitar las garantías o mecanismos de protección de los derechos. no tiene Constitución”. que cuenta con un mecanismo. el gobierno. desde lo más profundo de lo que considera justicia. Bogotá: Externado de Colombia. Y cuando nos referimos a un ciudadano estamos pensando en la persona humana que tiene derechos de ciudadanía por ser persona. transformar la independencia judicial como un simple postulado estructural de la organización del poder político a un verdadero derecho fundamental. 55 Para nosotros un derecho fundamental es una “posición jurídica” de exigibilidad en la que se encuentra una persona dentro del ordenamiento normativo.
privilegiado. el proceso ocho mil. Juez Catorce Administrativo del Circuito de Tunja. tengan vocación de servicio para ser juez.facebook. nosotros declaramos enfáticamente que se requieren jueces de ese talante. más pluralista y que esperamos de la clase política esté a la altura de las exigencias de una ciudadanía con derechos. Así mismo confiamos en que este Congreso comprende el reto histórico y está a su altura. ella protege al juez de la influencia de quien lo nomina y le da tranquilidad frente a éste porque sólo depende de su propia capacidad. los aspectos que consideramos deben incluirse en la reforma son 56 : La carrera judicial debe ser una garantía para el acceso al cargo de juez.com/tertuliasporlajusiticaenboyaca. la corrupción. para lo cual consideramos necesario que se promueva el ingreso desde los más bajos cargos de juez hacia las más altas dignidades de las Cortes.57 El ingreso a la carrera debe propiciar la vinculación de quienes. Que sería del país sin los jueces que hicieron posible que se conociera. Es decir. narcoparamilitarismo. propuso que todos los cargos a proveer en el rama judicial deben provenir de Página 37 de 66 . Consultar: www. juzgara y sancionara la narcopolítica. más sólido en sus instituciones. 57 El doctor Francisco Iregui I. que demostraron su aporte a la construcción de un país más democrático. 56 Esta parte fue expuesto por el doctor Javier Humberto Pereira J. si bien no puede cerrarse la carrera judicial y convertirse en algo corporativo. además de las calidades académicas y profesionales. Como desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia sentimos y sabemos que la única manera de mantenerse en pie frente a los derechos es que se concretice en garantías ese derecho fundamental a la independencia. Magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. la parapolítica… Por el contrario.
se le otorgue en el concurso de méritos un puntaje adicional por el tiempo de desempeño en el cargo en la rama judicial.también debe promoverse la vocación de juez y la majestad del cargo a partir de la dedicación. Con lo anterior. Este puntaje es adicional con respecto a los profesionales prestantes. en sentencia C-097/01 la Corte Constitucional consideró que la Ley 588 del 2000 no resultaban discriminatorios. pero al mismo tiempo se valora la vocación de juez del ciudadano que ha entregado toda su vida productiva a servir desde esta condición ciudadana. entre otras características. para poder acceder a los demás cargos de la rama judicial y hasta los cargos de la Corte Suprema y Consejo de Estado. así mismo consideramos que para los cargos distintos al de juez municipal o promiscuo o el que esté en la más bajo rango de la escala. y a partir de allí se incorpore y valore de manera favorable el factor de la experiencia en el desempeño de juez. Es decir. para acceder a la carrera administrativa. se mantiene el carácter abierto y público. y al mismo tiempo se 58 Respecto de la preferencia a favor de funcionarios que venían ejerciendo un cargo en provisionalidad o interinidad. sin violar con esto el principio de igualdad u otras disposiciones de la Carta por cuanto dichas normas jurídicas persiguen satisfacer las necesidades del servicio notarial como función pública. Desde la anterior perspectiva. Página 38 de 66 . el derecho a participar de todos los ciudadanos en los concursos para el ingreso a la carrera. así como la Corte Constitucional para el caso de los notarios avaló que a éstos se les pudiera otorgar un puntaje en el concurso abierto por el desempeño del cargo por año o fracción mayor a seis meses 58 . académicos o docentes reconocidos que quieran participar o culminar prestándole un servicio al país al final de su carrera como servidores de la Rama Judicial. reconociendo que el concurso para seleccionar notarios tenía como finalidad escoger personas idóneas por su experiencia y conocimiento del oficio. proponer un sistema mixto de carrera donde se permita el ingreso de todos los ciudadanos a partir del cargo del juez promiscuo o municipal. investigadores. la entrega y experiencia en el cargo.
también lo es que su estabilidad no puede estar sub júdice todo el tiempo pues el haber superado un concurso público donde participan miles de personas y ser seleccionado como uno de los mejores. lo anterior redundaría en mejor servicio público y mayor legitimidad institucional.aprovecha la experiencia acumulada que seguramente repercutirá en una mejor prestación del servicio público. La evaluación no puede seguir teniendo un sentido amenazante y sancionatorio de exclusión de la carrera. para atender aquellos aspectos puntuales de deficiencia. Página 39 de 66 . consideramos que tenemos el derecho a la confianza y ser evaluado en el desempeño del cargo no para ser excluidos sino para cualificarlo y actualizarlo en sus buenas prácticas. al cabo del cual se tendrá el derecho a ingresar a la escuela de altos estudios. entonces. Entonces. La estabilidad en el cargo es un elemento esencial toda vez que no puede ser influido por nada más que la Constitución y la ley. por eso si bien el desempeño debe ser evaluado pues presta un servicio público del cual debe dar cuenta al ciudadano y al estado. por esta razón debe ser “permanente y por períodos de cuatro años”. pues los recursos no son ilimitados. ya es un esfuerzo y garantía de calidad. Este sentido otorga un poder desmesurado al evaluador y pone al juez en un estado de temor permanente. consideramos que evaluación es eficaz y busca un fin loable como es mejorar el servicio público y la transparencia.
Página 40 de 66 . 1997. de los cuales se puede derivar cualquier interpretación y por esta vía permitir que concepciones ideológicas del derecho circunstanciales se impongan y terminen excluyendo al juez de la carrera. Albarello Juan Gabriel. De igual forma consideramos que el juez no puede estar sometido a cargas de trabajo exageradas que conculcan su dignidad humana y sus derechos laborales. Los derechos mínimos como la carga razonable. a los límites compartidos por todos los que se encuentran en una circunstancia particular y concreta y se ven sometidos a diferencias que deben ser tenidas en cuenta dentro de la deliberación pública y abierta para determinar la forma de lo objetivo y lo exigible para todas las partes en términos de igualdad material.El retiro del servicio sólo puede darse por causales taxativas. taxativas y especiales y no una semántica ampulosa de términos generales y abiertos. y menos que se someta al juez al escarnio público de responsabilizarlo por lo imposible. los estímulos e incentivos. Ver: Orozco. Lo razonable consulta esencialmente a la condición de finitud del ser humano. el peligrosismo principialista 59 del derecho disciplinario pone en estado de peligro permanente al juez. Abad Iván y Gómez. Ministerio de Justicia-Universidad Nacional de Colombia-IEPRI. Los Peligros del Nuevo Constitucionalismo en Materia Criminal. No se trata de una concepción abstracta y preconcebida de lo aceptable o exigible. sino de un asunto práctico que comparte toda una 59 Por tratarse lo disciplinario de una materia sancionatoria que afecta directamente el desempeño del juez se puede acudir a este estudio. Las normas disciplinarias aplicables al juez deben ser cerradas.
Consultar: www. clara y suficiente.comunidad a quien se le considera que actúa racionalmente. Especialmente capítulos 3 y 9: “Instituciones y personas” y “La pluralidad de razones imparciales”.com/http://www. respondiente a lo pedido de manera fundamentada y argumentada. como lo haría un excelente juez que imparte buena justicia. Se escucharon muchas propuestas al respecto como la que se refiere a descongestionar la jurisdicción civil de los procesos ejecutivos 61 o partir de una revisión actualizada de las verdaderas cargas de trabajo y de la demanda de justicia la cual nos daría como resultado que deberíamos aumentar el número de jueces y fiscales 62 o la que se refiere a la mejor gestión de los recursos con jueces itinerantes o jueces de municipios pequeños que colaboren en la descongestión o de manera permanente puedan colaborar en actuaciones o fallos judiciales. Bogotá: Taurus. a través de recursos en audiencias orales para efectos de la celeridad. Página 41 de 66 . 61 El Magistrado. Fiscal Especializado Unidad del Lavado de Activos. Bernal. En conclusión. 2010.facebook. Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. doctor Javier Ortiz del Valle. pronta y cumplidamente. El Derecho de los derechos. 60 El debate de cuántos jueces requiere la demanda de justicia no es un asunto fácil de determinar porque depende mucho del diagnóstico sobre lo que se considera debe ser objeto de lo judiciable y ahora. presentó la propuesta de que debía analizarse si toda la carga de los procesos ejecutivos debía seguir siendo asumido por jueces o podía ser asumido por una entidad de carácter técnico y reserva al juez los aspectos específicamente o problemas específicamente jurídicos. es indispensable que el juez responda por una carga razonable de acuerdo a la planta de personal y a los recursos administrativos y tecnológicos.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 enboyaca. Consultar cuarta tertulia: www. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Carlos. 62 El doctor Pedro Nel Cárdenas.facebook. Amartya.facebook. expuso que la estructura de la administración de justicia no había crecido en la misma medida que la demanda de justicia de un país con cuarenta millones de habitantes. pero que también 60 Sen. parece que la solución es por una parte desalentar la litigiosidad y aumentar la oferta de operadores judiciales (informalización o privatización de la administración de justicia). proporcionalidad y razonabilidad en el control de Constitucionalidad de leyes”. 2005. Especialmente capítulo 2: Racionalidad. con la propuesta de gobierno. moderador de la primera Tertulia.com/tertuliasporlajusiticaenboyaca. La idea de justicia.
un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad. para becas o premios. En “Federalista” dice de manera clara y contundente: “Después de la permanencia en el cargo. debemos cambiar el modelo de valoración del juez desde el paradigma puramente eficientista. 336 Página 42 de 66 . En este sentido. Unido a lo anterior. etc. consideramos que cuando se supera lo razonable. A los mejores jueces podría tenérsele en cuenta para remplazos temporales. El salario del juez. de rendimiento en cifras o número de sentencias por un paradigma integral donde no solamente cuentan las cifras sino también todas las dimensiones del ser humano. Es decir. con todos los demás roles que podría cumplir a nivel familiar.” 63 Todos admiramos 63 El Federalista. nada puede contribuir más eficazmente a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable su remuneración… Conforme al modo ordinario de ser de la naturaleza humana. para magistrados auxiliares.pueda disfrutar de las demás dimensiones como ser humano con su condición particular y concreta. pp. México: Fondo de Cultura Económica. 2001. debe valorarse el esfuerzo personal de manera adecuada a través de estímulos e incentivos para aquellos jueces y juezas que realicen un esfuerzo personal más allá de las exigencias legales. social y académico. se garantizaría la estabilidad del juez siempre que su rendimiento se encuentre dentro de los niveles razonables y se abandonaría la competencia como criterio para medir y evaluar su esempeño. entonces.
consideramos que las discusiones sobre el salario justo del juez no puede seguirse manteniendo esas abismales diferencias porque atenta contra la básica regla de la igualdad material y reproduce un modelo de estructura jerárquica de la rama judicial a partir de los salarios. Esas diferencias abismales entre salarios de un juez municipal respecto al de circuito. REF: EXP. con ponencia del doctor Carlos Orjuela Góngora. Creemos que la dignificación de la labor del juez exige que sea remunerada a partir del 80% del total de los ingresos mensuales de lo que recibe el superior funcional. modificado por el Decreto 4040 de 2040 64 . pues esa dependencia directa afecta la voluntad del juez. fue declarado nulo por Sala de Conjueces 65 . estableciendo que la bonificación por gestión judicial tuvo como fundamento los principios de la equidad aplicando criterios de proporcionalidad en la remuneración entre Magistrado de Alta Corte y Magistrado de Tribunal. y la ley 63 de 1988 estableció esta misma regla para los Magistrados de los Tribunales del país. Consejo de Estado.la solidez de las instituciones de la Constitución Norteamericana y con toda razón habría que aceptar que tiene sentido el haber dejado en la propia constitución esta garantía del salario del juez que no podrá ser disminuido por el gobierno de turno. las mismas razones y fundamentos que sirvieron para reconocer que entre dichos niveles de funcionarios no 64 65 La ley 10 de 1987 en su artículo 2º estableció el salario del magistrado auxiliar corresponde al 80% de la remuneración total del magistrado de la Corte. Ya el Decreto 610 de 1998.- Página 43 de 66 . Sección Segunda. no tienen ninguna justificación material en términos de equidad. En este sentido. inmerecido para toda la labor pacificadora que cumplen los jueces a lo largo y ancho de este país. pero especialmente entre éste y el magistrado de tribunal. Nº 11001-0325-000-2005-00244-01. Sentencia del 14 de diciembre de 2011.
pues dejar que sea objeto de reglamentación por el órgano de administración queda sujeto a concepciones extrañas a la labor judicial. Pero igualmente no puede existir entre el juez y su equipo de trabajo diferencias tan grandes e indignantes. por esta misma razón tendrá que establecerse su salario a partir del salario del juez en una proporción justa y proporcional entre los diferentes cargos y funciones judiciales. pues el personal que requiere un juzgado debe ser calificado y cada vez mucho más preparado. Obsérvese que ante esta pregunta queda cierta perplejidad porque la Página 44 de 66 . La concepción que estamos defendiendo es que la independencia judicial para que sea un verdadero derecho fundamental debe además de estar consignada como límite también requiere para su efectividad y realización una garantía o instrumento de protección que se encuentre dentro de la propia constitución. Para todo lo anterior. consideramos que debe modificarse el artículo 230 de la Constitución Política.podían existir tan grandes diferencias. La reserva de ley estatutaria. la pregunta básica es con qué instrumento cuenta el juez para que se le garantice su independencia? Ya hemos expuesto algunas normas positivas y prohibitivas que sirven de garantías constitucionales a favor de la independencia. B) Mecanismos de protección. son válidas para reclamar un trato justo del juez con respecto al Magistrado de Tribunal. Estos temas además de incluirse dentro de la propia Constitución deben ser objeto de desarrollo en la ley estatutaria de manera clara porque sería una garantía más al derecho fundamental de la independencia del juez. Es decir.
en el debate en la Cámara fue reiniciado como una competencia o función exclusiva de la Corte Constitucional. Con lo cual queda probado que cuando se habla de independencia judicial se habla de la persona del juez y por eso siempre que se fortalece su vinculación. Sin embargo. Claro que sería muy interesante pensar en un mecanismo especial de rango constitucional exclusivo para la defensa del derecho fundamental a la independencia del juez. Nuestra percepción es de desconcierto en tanto que al juez se le pone en un dilema constitucional toda vez que tiene que resolver un caso particular y concreto el cual tiene una solución en la Corte Constitucional y otra ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema. porque ante cualquier amenaza o vulneración de estos derechos él acude como persona ante otro juez para que se le garantice ese derecho fundamental. Dos casos paradigmáticos ilustran esta problemática: La motivación de los actos de desvinculación de los nombramiento en provisionalidad y la reformatio in Página 45 de 66 . su estabilidad. Ahora con relación a los otros mecanismos de protección de los derechos constitucionales. Qué hacer? Si se sigue la jurisprudencia de ésta última finalmente condena al ciudadano a acudir a la tutela para que luego la Corte termine revocando la sentencia. adviértase que la propuesta sobre reforma a la acción de tutela para resolver lo que se ha llamado el choque de trenes por los encuentros y contradicciones entre la Corte Constitucional y las Altas Cortes. se está garantizando su independencia. por la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales. su forma de evaluación y las formas de retiro.respuesta sería que tiene la tutela y sería ese el mecanismo idóneo para cuando se le viola cualquiera de sus derechos fundamentales como el de la independencia. luego termina por esta vía transformándose la acción de tutela en otro recurso final para logar el derecho y enfrentando al juez con su superior funcional. su salario. desde el primer debate fue excluido el tema.
el juez constitucional. T-291/06. Por el contrario. Desde esta perspectiva. la constitucional y la administrativa. no resulta extraño que dos jurisdicciones. hayan elaborado. a lo largo de los años. suele adelantar una lectura distinta de las cláusulas de derechos fundamentales. las dos últimas sentencias de unificación de la Sala Plena de la Corte Constitucional SU-917 de 2010 y SU-691 de 2011 evidencian esta problemática. ni ser tampoco el llamado a interpretarla y aplicarla en casos concretos. en esta última sentencia explica y justifica su postura en los siguientes términos: La Sala Plena considera necesario precisar que. y por ende. los fallos de los jueces administrativos consultan igualmente el espíritu de la Constitución. si bien es cierto que la expansión del principio de supremacía constitucional ha irradiado a toda la jurisdicción en Colombia. En tal sentido. T-091/06. no existe responsabilidad alguna de los jueces administrativos por la elaboración de una jurisprudencia constante sobre un determinado punto de derecho. Nuestra propuesta es que se termine con este mal llamado choque de trenes y a nivel constitucional se decida de manera definitiva quién tiene la última palabra en la interpretación de los derechos fundamentales y si procede la tutela contra sentencias de las altas Cortes. no porque sea el más capaz o el superior sino porque alguien tiene que cerrar los problemas interpretativos de las normas constitucionales y si hay más de un órgano de Página 46 de 66 . Suprema y Consejo de Estado. y frente a la primera. al no encontrarse atado por el texto de aquélla. Creemos que hay suficiente ilustración sobre el tema y la necesidad de que en el Estado Constitucional exista quien diga la última palabra. en su quehacer interpretativo y argumentativo la ley sigue ocupando un lugar de primer orden. la existencia de distintas posturas jurisprudenciales en materia de motivación de los actos de desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera son acordes con la dinámica interpretativa del derecho. La Corte Constitucional consciente de esta tensión y desgaste institucional de la rama judicial ante el espectáculo frente al ciudadano. En efecto. Tal fenómeno suele explicarse por la razón histórica que determinó el surgimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: la defensa del principio de legalidad. Las decisiones sobre esta última de la Corte Constitucional T-436/08. En efecto. T-1094/08.pejus. la interpretación y aplicación razonables que los jueces administrativos han realizado de los textos legales que rigen la función pública en Colombia no puede ser considerada como una fuente de responsabilidades ni personales ni estatales. también lo es que. política y moral para el ciudadano. unas líneas jurisprudenciales distintas sobre un mismo tema. T-254/06. Es una necesidad práctica.
entonces. entregándole la potestad de cerrar el debate interpretativo. Mauricio Garcia y Rodrigo Uprimny.com/http://www. desde la concepción democrática y participativa del derecho. Consulta tertulia cuarta: www. En. sería lo ideal. participamos de la propuesta que salió de la Plenaria de la Cámara. Universidad Nacional de Colombia. es decir. Ahora en cuanto al nuevo mecanismo de protección incluido en el artículo 29 de la Carta Política. hay más de una constitución. ob cit. que establece una función a la Corte Constitucional en el artículo 230 de la Constitución 67 .com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 .facebook. Por esta razón. 2009. pero sólo que al mismo tiempo se le dote al juez de todos los recursos e instrumentos para exigirle mayor rendimiento. Desde nuestra perspectiva darle más instrumentos al ciudadano para la defensa de sus derechos fundamentales. el Habeas iuris. 68 se criticó este nuevo instrumento constitucional por considerarlo innecesario pues no soluciona la congestión sino que la crea porque otro juez debe entrar a resolver y porque tiene un fundamento perverso en cuanto que se parte de un diagnóstico equivocado del problema en cuanto que se cree que es el juez el único culpable de la mora judicial y no se tiene en cuenta la realidad judicial. Bogotá. 68 La doctora Alba Luz Russi. La reforma a la tutela: ¿ajuste o demonte?. y volver en este segundo periodo a incluir la reforma de dicho artículo generaría un problema de violación al principio de consecutividad. Rodrigo Uprimny. 66 Como sabemos que existe un escollo en cuanto que ya fue rechazada desde el Senado la reforma al artículo 86 de la Constitución. 997 de 2011. siempre que coherentemente se incluyan mecanismos de garantía de la independencia judicial.facebook. consideramos que debemos abordar el problema de la Constitucionalización del ordenamiento jurídico a partir de vincular el debate sobre los derechos fundamentales desde el interior del proceso y no terminar asaltando al juez mediante acciones de tutela contra sentencias y separando toda la discusión constitucional del conocimiento del 66 Ver Mauricio Martínez.cierre. 472 67 GC No. pp. La Constitucionalización de la Justicia y la Autonomía judicial. Página 47 de 66 . La tutela contra providencias judiciales en Colombia y España. Jueza adjunta laboral del circuito de Duitama. entonces.
4 CP). como el habeas corpus. sin embargo. El modelo que ahora está vigente promueve necesariamente una escisión entre lo constitucional y lo legal. Pero este instrumento constitucional del habeas iuris no puede servir para excluir al juez del proceso y castigarlo. La Constitucionalización de la justicia y la autonomía judicial. pp. 2009. Faculta de Derecho. no existe un mecanismo interno que constitucionalice al propio juez. (Art. termine el debate constitucional. Nuestra propuesta es que se acoja la idea del habeas iuris para constitucionalizar de una vez por todas el proceso y acabar con la tentación de transformar la tutela contra sentencias en un último recurso donde se juzga la sentencia pero donde el juez ocupa un lugar pasivo. La tutela contra providencias judiciales en Colombia y España. que el juez sea quien acepte o no el debate constitucional y que el superior funcional. y generar mayor congestión al superior funcional. Como se observa. Ver Mauricio Martínez.juez. La idea esencial es permitir que la parte presente ante el propio juez del proceso la discusión constitucional sobre la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. Existe un equívoco en pensar que el juez es constitucional porque resuelve una acción de tutela u otra acción constitucional. Ciencias Políticas y Sociales. porque excluye al juez del debate constitucional pues la única vía que tiene es cuando se pronuncia a partir de la excepción de inconstitucionalidad o se supone que debe hacer una interpretación conforme de la ley. sino que debe ser propositivo y constructivo del discurso constitucional y de los derechos fundamentales 69 . 142-155 Página 48 de 66 . Pero igualmente debe servir para vincular al debate constitucional al propio juez. quien resolverá en 69 Ver la experiencia Española sobre la “cuestión de constitucionalidad”. dentro del proceso y a nivel de las instituciones procesales. el problema es que el juez al interior del proceso no tiene la oportunidad procesal de pronunciarse frente a debates de derechos fundamentales que luego son expuestos por vía de tutela. pues su función ordinaria debe decidir con fundamento en la ley… pero constitucionalizada. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. porque está sometido a las interpretaciones de la jurisprudencia constitucional y directamente a la Constitución. se dirá.
El actual modelo de la acción de tutela al interior del proceso y contra sentencias hace del juez un actor pasivo de la misma y está fundado en ruptura entre las diferentes jurisdicciones y el otrora concepto de ley en el sentido formal que actualmente se ha transformado en ordenamiento jurídico constitucionalizado. como la de administrar justicia dentro de los jueces no ha sido bien vista y mas bien se observa con mucha sospecha. transformaría al juez protagonista en el debate constitucional y permitiría terminar con lo que hoy conoce el país como el “choque de trenes”. En principio se ataca su fundamentación en cuanto que socava la estructura básica de la división del poder 70 y para otros se acaba con la garantía esencial del estado demoliberal del juez natural puesto que finalmente son los particulares los 70 El doctor Jorge Patiño. Lo anterior unido a que la acción de tutela. para que él mismo sea quien de curso al mismo adoptando la decisión al interior del proceso o bien lo negará. será quien considere relevante o no el debate constitucional propuesto por la parte. C) Privatización de la administración de justicia. armonizaría el diálogo fluido entre la jurisdicción constitucional y las demás jurisdicciones. pasando la actuación a su superior. La idea de incluir dentro de la nueva concepción de estado a los particulares y a la administración en el cumplimiento de funciones esenciales y propias del estado de derecho.primera instancia.facebook. como requisito de procedibilidad. entonces. profesor de la UPTC. sin que por ello pierda la competencia del proceso. Consulta tercera tertulia www.facebook/http://www. Lo anterior armonizaría de manera más pacífica el diálogo entre las diferentes jurisdicciones porque respetaría la autonomía orgánica entre ellas.com/pages/Tertulias-por-LaJusticia/241172019269475 . sólo cabría contra la sentencia judicial si previamente se ha propuesto el habeas iuris. el derecho fundamental y garantismo de la justicia. Página 49 de 66 .
Consultar segunda tertulia: www.que terminan imponiendo desde visiones interesadas una interpretación de la norma objeto de su aplicación 71 Otras opiniones asumen que toda privatización en el Estado es perversa: “En Colombia las privatizaciones se vienen adelantando desde hace 20 años. Para ello deben aumentar sus ingresos y reducir los costos de funcionamiento. La principal característica de las privatizaciones consiste por supuesto en que los operadores particulares actúan buscando la máxima ganancia. 72 En este punto sin duda que el problema para nada es fácil y desde la perspectiva crítica creemos que el Estado Social de Derecho no puede seguirse pensando con las mismas categorías clásicas. sin embargo. el problema de los límites y los criterios o principios para determinarlos es el problema constitucional al que nos avocamos.facebook. con resultados generalmente nefastos. la fórmula se ha traducido en cobrar más a los pacientes.com/http://www. María del Pilar Arango Hernández La Juez Civil y actualmente es Juez Civil del Circuito de Bogotá. Otros aspectos que también se 71 72 El doctor Horacio Tolosa. Si se privatiza la justicia. tratamientos. en denegar el acceso a medicamentos. preside la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia y es Directora ejecutiva del Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia. Un negocio donde a las EPS les va muy bien.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . las ganancias probablemente se producirán mediante el cobro de aranceles judiciales y otras tarifas que los sectores populares y las capas medias difícilmente podrían costear. El ejemplo más grave ha sido el de la salud. En la salud. situación que violaría los mandatos del Estado Social de Derecho. cirugías y consultas especialmente costosos y en el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del ramo.facebook. derecho que la ley 100 convirtió en mercancía que solo puede ser adquirida por quienes tengan suficiente capacidad económica. pero a los usuarios muy mal. Página 50 de 66 . Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja.
ob.facebook. 73 De todas maneras no se resuelve el problema del acceso cuando no se garantiza la gratuidad puesto que ningún particular actuaría por simple filantropía. democracia y violencia en Colombia: evaluación del sistema judicial en las últimas dos décadas. con el cual se viola el principio constitucional de acceso a la justicia. mientras se reserva la justicia judicial a los estratos medios y altos de la población. Uprimny. Mauricio. Consultar tertulia cuarta. pp 310 Página 51 de 66 .cuestiona abiertamente es la garantía de la segunda instancia porque si bien al particular. que terminan decidiendo y entre más clientes tengan mayor sería su utilidad. Juez Segundo Penal del Circuito de Duitama. a partir de la instauración del estado de bienestar y 73 Respecto de la inconveniencia de delegar la función de administración de justicia en particulares El doctor Fernando Tolosa S.facebook. como por ejemplo sería los curadores o los notarios. al abogado y a la administración pueden otorgársele poderes o delegársele dichas potestades de manera permanente o especial o temporal. señaló los problemas que han surgido en la figura de los jueces de paz. formación y exclusividad. por falta de formación jurídica. de intereses y de influencia directa puesto que su aplicación e interpretación de una norma al momento de decidir un caso. la estrategia pareciera ser la de excluir los conflictos de los pobres del acceso a los jueces. 74 Uprimny. está mediado por criterios económicos. si bien es una propuesta novedosa y sin duda afecta las bases esencial del estado de derecho clásico que se sustenta en la división del poder de manera clara. también lo es que ellos no gozan de las garantías del ejercicio de la juridicidad. “En lugar de fortalecer el sistema judicial para que tramite adecuadamente los conflictos entre todos los ciudadanos. puesto que siempre están sujetos a dinámicas de poder. cit.. Rodrigo. Justicia.com/http://www. Rodríguez. César y García. Se crea una justicia “administrativizada” de segunda para los pobres.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . como es la independencia. En. que es una de los elementos medulares del estado social de derecho. sino que deben estar acompañados del principio del acceso a la justicia” 74 Luego. www. luego alguien tiene que pagar el servicio de justicia. Los procesos de “informalización” no deben hacerse como un simple mecanismo para descargar al poder judicial de sus obligaciones constitucionales. imparcialidad.
entonces. Posición del doctor Israel Soler. Finalmente hay que decir que el país todavía no se ha puesto de acuerdo sobre este aspecto y por esta vía terminaría privatizándose la justicia 76 . Una propuesta que se ventiló es que toda decisión de los demás operadores privados o administrativos.facebook. sería la fórmula sin ninguna excepción adoptada por la Comisión de Conciliación. Las transformaciones del Estado Contemporáneo. Sin embargo. En el anterior sentido. Consultar tertulia tercera en Página 52 de 66 . pues alguien tiene que pagar los servicios y si los casos son de mínima cuantía o de los que considera el estado insignificantes en términos económicos.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . Juez Tercero Administrativo del Circuito de Tunja.del desarrollo. lo que podría conciliar las visiones tan encontradas y abiertas. y las concepciones modernas del Estado Social de Derecho. se ha moderado esa concepción puesto que también se modificó su fundamento individualista hacia una concepción más solidaria 75 . como las fórmulas de entregar la función jurisdiccional a particulares desnaturaliza la misma concepción de estado social en tanto que socaba el fundamento de igualdad en el acceso a la administración de justicia y transforma la justicia no en un servicio público y una función esencial del estado sino en una actividad económica remunerada que entra en el mercado. entonces. excluye del mercado y de los debates de las mayorías ciertos temas que sólo pueden ser adoptados por el poder 75 76 Ver García-Pelayo. así ella no tenga el valor económico y tenga otro tipo de valor para la persona con derechos. se estaría por esta vía excluyendo del sagrado derecho a la justicia a un grupo de ciudadanos. mientras que la idea de estado social de derecho fundado en carta de derechos. 1994. Manuel. garantías y controles.facebook/http://www. puedan ser revisados en segunda instancia por un juez y que entonces lo que habría es que pensar en procedimiento ágiles. Madrid: Alianza Editorial. Por lo tanto. www. orales y muy garantistas. en principio. la fórmula no resuelve el problema de la gratuidad en el acceso a la administración de justicia.
el uso de las TIC. como se ha propuesto en el proyecto de reforma en curso. en fin. Ahora. para afrontar el problema coyuntural de la congestión judicial.constituyente por tratarse de fundamentos esenciales u ontológicos del ser del Estado y de la Nación. transformar los modelos escritos por orales. que desde nuestra perspectiva no tiene una connotación perversa sino halagüeña a la concepción democrática de la justicia. Nosotros consideramos que de ninguna manera puede entregarse esta función la particular. de pequeñas causas. no es necesario que se privatice la justicia. humanos. como las superintendencias. para resolver aspectos puntuales. Si se trata de contribuir a descongestionar la justicia hoy. consideramos que aceptar la entrega del poder jurisdiccional al particular es atentar contra los mismo fundamentos del Estado y contra la idea del juez natural como un legado cultural de la humanidad. para afrontar la realidad del crecimiento de la demanda de justicia. Lo anterior no quiere decir que estemos en desacuerdo con los mecanismos alternativos o informales de resolución de los conflictos. entonces. porque existen otros mecanismos alternativos y menos lesivos a los derechos ciudadanos. como por ejemplo la conciliación o el uso de entidades técnicas. promiscuo territorial para que puedan trasladarse procesos entre distritos y colaboren los mismos jueces a evacuar los procesos. pues ella es sagrada para los derechos Página 53 de 66 . se deben utilizar los mecanismos de juez itinerante. son muchos los otros mecanismos que podrían utilizarse y pensarse para afrontar esta problemática. En este sentido proponemos modificar el artículo 116 de la Constitución Política en relación con el punto que nos ocupa.
Y específicamente con la Sala Disciplinaria.com/http://www. como debería ser en una democracia pluralista y participativa. T-625 de 1997. Pero este modelo es la muestra de la actual concepción en la organización de la rama judicial puesto que primero se evidencia la ruptura entre las Cortes y los jueces. T-751 de 2005. que termina siendo el órgano de cierre de toda la jurisprudencia porque por vía del proceso disciplinario impone la interpretación sobre las normas aplicadas por el juez vulnerando con ello la independencia y autonomía del juez 78 . 254 CP). Jueza Adjunta Laboral del Circuito de Duitama. tercero. Este tema es uno de los más controvertidos en la reforma porque se trata de una modificación de un órgano de poder donde existen intereses directamente relacionados con personas y grupos por una parte representan a las Altas Cortes ya que la Sala Administrativa tiene origen en ellas. representación de todos los integrantes de la misma 77 . segundo.D) La administración de la justicia. sus decisiones parecen más como una reacción del ejecutivo o legislativo ante los La doctora Alba Luz Russi. Consultar cuarta tertulia: www.facebook. de ahí que el debate actual está centrado en las Altas Cortes. expuso que los proyectos era un disputa entre poderes. y T-747 de 2009. las decisiones de la Sala Disciplinaria se ven afectadas de legitimidad toda vez que al tener sus miembros un origen puramente político. en las sentencias T-249 de 1995. T-800 de 2006. por no decir nula. Dentro de la comunidad jurídica del país existe una cierto consenso en torno a que el Consejo Superior de la Judicatura. se evidencia al interior de la rama una escasa.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 .facebook. así como fue diseñado desde el 91 debe sufrir modificaciones importantes pues durante estos veinte años de existencia ha generado muchas desilusiones. T-678 de 2007. T-001 de 1999. y segundo. se tienen por lo menos tres reparos esenciales: primero que por tener funciones jurisdiccionales termina cambiando la jurisprudencia de la Alta Cortes (Suprema y Consejo de Estado) por vía de la tutela. no existe confianza ni una relación fluida. el gobierno y el congreso. 78 77 Página 54 de 66 . como al Ejecutivo y al Congreso porque la sala disciplinaria tiene un origen político (Art. cuyo origen es político. T-489 y T-910 de 2008. La Corte se ha pronunciado sobre la imposibilidad de aplicar de manera general el poder disciplinario sobre interpretaciones razonables de los jueces y solamente de manera excepcional. T-056 de 2004.
es probable que no lo haya sido.gov.” Consultado: http://www. existe también un consenso con respecto a que un mecanismo esencial para garantizar la independencia y autonomía del juez es la separación del ejecutivo. Para una revisión comparativa Latinoamericana revisar: Margaret Popkin. porque en un Estado de derecho hay reglas que permiten encausar esas desavenencias con las decisiones de los jueces. 82 Sin embargo. Mauricio García. cit. 169 y ss. Op. 88 del 3 d junio de 1991 Revisar sobre los debates sobre la eliminación. coartan la autonomía de la rama judicial. Ignoro si en este último caso el fallo fue correcto. Gaceta Constitucional 75 del 30 de abril de 1991. el cuestionamiento público que hizo el presidente Santos a la sentencia condenatoria contra el general Arias Cabrales por desapariciones forzadas ocurridas durante las llamadas toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. en la audiencia pública celebrada el 22 de noviembre de 2011 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. 80 Nadie estaría de acuerdo en que deba eliminarse la Sala Administrativa del CSJ. reforma del CSJ. de las responsabilidades relacionadas con el presupuesto y la administración judicial. En. El Consejo Superior de la Judicatura: entre la eliminación y la cooptación. con relación a lo que ocurría antes del 91. 249 y ss. pp. las críticas que se han escuchado.elespectador. Iniciativas para mejorar la independencia judicial en América Latina: una perspectiva comparativa. 81 Así mismo se tiene conciencia de la labor cumplida por el CSJ y la Sala Administrativa en cuanto a la carrera judicial y del manejo autónomo del presupuesto. pero casi todos estamos de acuerdo que es indispensable hacer una reforma donde esencialmente se resuelvan los problemas ya enunciados. sino con la forma en que se disiente de las determinaciones judiciales.php/proceso-y-tramitelegislativo/proyectos-de-ley?option=com_proyectosdeley&view=ver_proyectodeley&idpry=681. Adelante nos ocuparemos de este último tema en particular.fallos de los jueces que como una postura independiente. especialmente cuando la crítica proviene de miembros del ejecutivo. 82 Ver intervención como Vicepresidente de la Sala Administrativa del CSJ del doctor Ricardo Monroy Church. jurídica y justa. Op cit.camara. afectando la independencia en la toma de las decisiones al interior del mismo 79 .co/portal2011/index. 81 80 79 Página 55 de 66 . para de esa forma evitar que ellas sean objeto de ataques por fuera del único escenario donde pueden ser válidamente controvertidas: el procesal. Por eso mi inconformidad no tiene que ver con el asunto de fondo (¿era o no viable conceder la detención domiciliaria?). Tomado: http://www.com/impreso/opinion/columna-296305autonomia-de-justicia. desde el exterior como desde el interior de la Yesid Reyes Alvarado: “Afirmaciones como las que en su momento hizo el exministro Fernando Londoño contra quien dejó en libertad a los Rodríguez Orejuela. El fundamento de la Asamblea Nacional Constituyente fue crear el CSJ como un órgano autónomo e independiente de rango constitucional con el fin de fortalecer la independencia de la rama judicial. Ahora bien. autónoma. En Germán Burgos. Solamente habría que recordar varios casos donde los jueces han adoptado decisiones dentro del proceso o en primera instancia. pero inmediatamente la Sala Disciplinaria inicia proceso disciplinario previo reclamo o solicitud del ejecutivo. y la influencia del ejecutivo en la Sala Administrativa la investigación de Javier Eduardo Revelo Rebolledo. ocurrida a partir de mediados del siglo XX en Europa. o las más recientes declaraciones del primer mandatario descalificando la conducta de un juez que otorgó casa por cárcel a alias El Cebollero e invitando públicamente al Consejo Superior de la Judicatura (cuya eliminación propone el Gobierno) a que lo investigue. Mayorías Sin Democracia.
Problemas de legitimidad cuando se adoptan medidas administrativas o se asumen posiciones que en nada consultan el sentir de la comunidad jurídica del país y menos de los jueces. cuando la carrera judicial es el mecanismo democrático por excelencia para el acceso a los cargos de la rama judicial. como lo establece maravillosamente el artículo 2º de la Constitución Política El “Informe Final de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia”. Profundizar en formas más participativas fortalece la democracia y las instituciones del Estado Social de Derecho porque cada representante solamente actuaría como vocero temporal de la comunidad de la que proviene y a la que se debe. Una democracia pluralista y participativa promueve la participación activa de quienes son los interesados y afectados en sus derechos. están más unidas a problemas de transparencia en el manejo de los recursos. pero volvería a compartir su misma condición con sus pares luego tendría que ser responsable de las decisiones que adopte durante ese lapso. derivados de un diseño que no Página 56 de 66 . en cuanto a la representación de la comunidad jurídica nacional y de los miembros de la propia rama.Rama Judicial y de la comunidad jurídica nacional. Con ello no terminarían los jueces siendo objeto de discriminaciones a través de visiones extrañas al quehacer y a la labor judicial. pero igualmente manteniendo por fuera a la comunidad jurídica y académica que también son legitimados para participar en la administración de la rama judicial. dijo al respecto: “Para la Comisión. en la gestión y eficiencia en cuanto que se requieren técnicas de gerencia y un ejecutor de las políticas. y se permitiría que sean ellos mismos los que como pares respondan al país de sus responsabilidades públicas. el actual esquema de administración no ha dado los resultados previstos por el Constituyente. el esquema actual preserva la escisión entre las altas cortes y los jueces. cuando se podría ganar mucho si es la misma comunidad jurídica y los jueces quienes participan en pensar las políticas públicas de la rama judicial.
Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. de los jueces de la jurisdicción ordinaria y de los jueces de lo contencioso administrativo. Frente a esta perspectiva algunos son de la idea de que debería incluirse un solo delegado de la corporación sin hacer discriminación entre el delegado del Presidente y de la corporación. contrariando un principio de unidad de gobierno y con debilitamiento de la gestión misma por la fragilidad de la estructura y restringiendo la participación en el diseño de determinadas políticas administrativas” 83 En conclusión. 45 84 El doctor Francisco A Iregui I. expuso mayores argumentos sobre este punto.facebook. para que la relación entre el nombrado y la corporación esté mediada por la confianza y aquél pueda reflejar los intereses corporativos y se pueda responder al principio de la unidad judicial de gobierno.facebook.com/http://www. 83 Página 57 de 66 . fortaleza en el gobierno Op cit. En este mismo sentido se pronunció el doctor Pedro Noé Cárdenas. pp.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . como de los empleados de la rama. hasta el extremo de que se adoptan decisiones que no se consultaban con los órganos jurisdiccionales respectivos.com/http://www.facebook. y que también haya una representación de los Magistrados del Distrito. 84 ya que darle funciones administrativas a estos tendría que resolverse de manera que no se afecte su labor jurisdiccional. del Consejo de Estado. se produjo desde el comienzo un distanciamiento entre el Consejo Superior de la Judicatura y el restante estamento de la Rama Judicial. La discusión se presenta cuando se incluye a los Presidentes de la Corte Suprema. de la Corte Constitucional.facebook. para nosotros los jueces el problema no está en realidad en cómo se denomine el nuevo órgano de gobierno de la rama judicial. sino en que debe mantenerse un órgano autónomo e independiente.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 . unida a que sea de libre nombramiento y remoción y no de período. Consulta tertulia primera: www.cuida de establecer mecanismos de jerarquía ni de coordinación entre las Altas Cortes y el nuevo ente que creaba. Consultar cuarta tertulia: www. Fiscal Especializado Unidad de Lavados de Activos.
dentro estas relaciones.facebook. En sentido crítico debemos decir que al tenor de los principios que inspiran la estructura organizativa del estado. op cit.facebook. 46.administrativo y responsabilidad. Hay un sector de los jueces que considera que la participación de la Fiscalía General dentro de la Rama Judicial y dentro del presupuesto de la Rama no es conveniente ni necesaria 86 . expuso mayores argumentos sobre este punto. Otro aspecto importante y que se vislumbró fue la participación y a qué título. nuestra propuesta está dirigía a participar dentro de la Sala de Gobierno así: a) Un (1) Magistrado (a) de los 85 86 Comisión. adoptados por el artículo 113 de la Constitución.com/http://www.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 Página 58 de 66 . 212-214. esencialmente porque el nuevo modelo acusatorio cambia las relaciones de poder y los jueces. Magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá. los jueces deberían ser garantes de la gestión investigativa y la afectación de los derechos por parte de la Fiscalía. en esta ocasión no profundizaremos en esta discusión. op cit. sería sano y hasta conveniente que el gobierno a través de los Ministros de Justicia y Hacienda puedan participar con voz pero sin voto en este organismo. pues con ello no afectaría de ninguna manera la independencia y autonomía de la rama pero sí contribuiría a mantener relaciones fluidas y conservaría la colaboración entre las ramas. La intervención de agentes sociales legitimados externos a la rama permite que haya mayor control y transparencia. Consulta tertulia primera: www. la colaboración armónica entre todos las ramas y órganos del estado. y que no se cree un corporativismo ajeno a las realidades del derecho y de la sociedad. de esta forma el juez se mantendría externo e imparcial a la investigación y acusación. Para ver un comparación de la composición y el mandato del CSJ en los distintos países latinoamericanos ver cuadro anexo en Germán Burgos. como lo expuso la Comisión de Expertos de la Reforma a la Justicia 85 . del gobierno y otras entidades. es decir. Tema plantado por el doctor Francisco A Iregui I. pp. Dentro del anterior contexto. entonces. Sin embargo.
abogados y ahora los otros operadores que entrarían a administrar justicia. por un período de cuatro (4) años. puesto que quien revoque una sentencia del inferior ya tiene la diligencia preliminar de la investigación disciplinaria.facebook.com/pages/Tertulias-por-La-Justicia/241172019269475 Página 59 de 66 . sin reelección y con las atribuciones de la actual Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. lo cual significa que los magistrados y jueces perdieron el derecho a ser investigados por jueces independientes y autónomos 87 . d) Un (1) Juez (a) de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. y como requisito mínimo el pertenecer a la carrera con un mínimo de tres (3) años. y sin embargo le fue anunciada una visita por parte de un magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura Consultar en Cuarta Tertulia: http://www. y por iniciativa de la autoridad encargada de proferir el acto administrativo para acatar el fallo. e) Un (1) empleado de la rama judicial. Otra propuesta que se ventila es que la investigación la haga el superior funcional que como se puede observar también adolecería de falta de imparcialidad e independencia. Y Gerente o Director. La propuesta del Congreso en la Comisión de Conciliación es mantener y fortalecer esta Sala Disciplinaria. c) Un (1) Juez (a) de la jurisdicción ordinaria. Las facultades de esta Sala serían las mismas de las que actualmente tiene la Sala Administrativa. denunció la persecución a la que fue sometido cuando en su condición de Juez laboral profirió un fallo reconociendo una pensión de vejez con intereses moratorios a cargo del ISS. como ya se observó. b) Un (1) Magistrado (a) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. se inició una investigación en su contra por afectar presuntamente el patrimonio de la entidad. con ello afectaría no 87 Al respecto. El período debe ser individual de dos (2) años y elegidos por voto directo por cada uno de las jurisdicciones. funcionarios. jueces.Tribunales Superiores del Distrito. E) El disciplinamiento de los Magistrados y Jueces. el doctor Héctor Bastidas Barajas. Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja. La gran debilidad del diseño actual es que la Sala Disciplinaria es su origen. Nuestra propuesta es adicionar el artículo 254 a 256 de la Constitución Política. Recalcó que la investigación es infundada pues la entidad demandada no hizo uso del recurso de apelación. El debate esencial en este punto es quién debe examinar la conducta disciplinaria de los magistrados. tendrá que ser un ejecutor de las políticas.
Pensar en que la Procuraduría pueda ejercer la acción disciplinaria es desde todo punto de vista inadecuado por dos razones esenciales: porque los órganos de control en el país y más en la región están capturados por las prácticas políticas y se ejercen a través de ellos acciones de oposición y persecución política.solamente el derecho a un juez imparcial e independiente sino también el valor de la justicia. segundo porque estos órganos no cuentan con la condiciones de independencia y autonomía para poder garantizar los derechos del juez. buscar un mecanismo o un diseño adecuado a todas estas exigencias no es para nada fácil en ninguna parte del mundo. Luego. porque se trata por una parte de conservar las condiciones de independencia y por la otra de garantizarle al ciudadano que ha sido juzgado por un juez probo. pues éste es producto de la autonomía e independencia que. Empero. es claro y no ofrece ninguna duda que los funcionarios judiciales se encuentran sujetos en sus actuaciones a la potestad disciplinaria del Estado. es igualmente diáfano que esa sujeción no se extiende al contenido de las decisiones y providencias que dicten dentro del ejercicio de sus funciones. según se explicó. Página 60 de 66 . El asunto de la investigación de la conducta disciplinaria del juez no es un asunto fácil sino complejo y muy delicado. y tercero. toda vez que los jueces no podrían sentirse autónomos para poder dar el derecho que se les pide de acuerdo a su saber y entender sino que se verían conminados a pensar desde su estabilidad y de contera afectado en su independencia y a la justicia misma. Téngase en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia T-238 de 2011 expuso de manera clara la consistente línea jurisprudencial sobre la improcedencia del poder disciplinario para investigar y sancionar las decisiones de los jueces fundados en interpretaciones razonables: Así pues. porque no tienen la misma exigencia de formación judicial que los jueces. que seguramente está siendo cuestionado por una decisión en su contra. ya que están sometidos al principio de obediencia y jerarquía. sabio y justo.
que resalta la invulnerabilidad de los actos y decisiones judiciales y de su contenido al poder disciplinario al que por regla general se encuentran sujetos los funcionarios judiciales. en las que la discrecionalidad judicial se transforme en arbitrariedad y/o se emitan decisiones que desatiendan o contraríen textos legales cuya claridad no admita interpretación razonable. tenemos la profunda convicción que si bien no es un tema fácil. pueda la autoridad disciplinaria cuestionar esos contenidos. por regla general. violan el derecho al debido proceso de los funcionarios así cuestionados y constituyen una extralimitación en el ejercicio de la susodicha potestad disciplinaria. con una vasta experiencia en el ejercicio como juez o funcionario de la rama judicial.caracterizan la función judicial. Como consecuencia de esta consideración. Como es obvio. reconocido prestigio profesional y ético. luego no puede quedar ninguna duda sobre su actuar. democrática y como culmen de una carrera judicial. pero con funciones jurisdiccionales. (…) Los anteriores ejemplos ilustran suficientemente el criterio sostenido por esta corporación en el sentido de que. lo cual redunda en beneficio de la Página 61 de 66 . se entiende entonces que todas aquellas decisiones en las que so pretexto de ejercer la función disciplinaria se cuestionen los criterios a partir de los cuales los jueces dictan sus providencias. para que se gane en legitimidad y dentro de dicha sala se llegue a los consensos mínimos sin que ninguna de las visiones sobre el derecho pueda imponerse de manera definitiva. no es posible procesar ni sancionar disciplinariamente a los jueces y Magistrados que en ejercicio de su autonomía funcional interpreten las normas jurídicas y adopten decisiones con base en tales interpretaciones. En relación con este tema esta corporación ha observado también una postura jurisprudencial clara y consistente. No obstante lo anterior. debe seguir funcionando la Sala Disciplinaria conformada de manera plural. compartimos parcialmente la propuesta del Consejo de Estado en el sentido que debe existir un órgano especializado que haga parte del Consejo Superior de la Judicatura. En este sentido. con funcionarios de muy alto nivel académico. entonces. esta regla general no impide que en situaciones verdaderamente excepcionales. porque se trata del juez de los jueces. o el contenido de éstas. el cual no puede emitir cuestionamientos ni determinaciones sancionatorias a partir de tales contenidos.
241) su reglamento no es simplemente un conjunto de normas destinado a regular mecánicamente el ejercicio de la función pública. De este modo. Muy por el contrario. “6. desde la más altas cimas. aplicación y desarrollo paradigmático de los principios y valores fundamentales de la nueva Carta.democracia pluralista. porque en el texto del mencionado reglamento no aparezcan procedimiento adecuados para la toma de decisiones que garanticen eficazmente el carácter participativo y pluralista propio de una República Unitaria (art. un modelo puede ser el de la conformación plural donde participen todos los poderes y los demás legitimados de la comunidad jurídica donde ninguno tenga la mayoría y se resuelva con base en concepciones mínimas consensuadas. otro que sin importar su origen no sean de período sino vitalicios y que estén obligados a decidir por consenso y no por mayoría. Por lo anterior. Los Magistrados son de período de ocho 88 El Magistrado Ciro Angarita Barón. en la aclaración de voto en el Acuerdo 02 de 1992. Tener la última palabra en el ordenamiento jurídico en asuntos tan delicados y esenciales como es saber si sus jueces han actuado en el cumplimiento de sus tareas y funciones públicas. por el cual se dicta el reglamento de la Corte Constitucional. lo instrumental terminó por prevalecer en desmedro de lo axiológico”. en las precisas circunstancias históricas derivadas de la expedición de un código fundamental que crea por vez primera un Corte encargada expresamente de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (Art. al igual que en la encarnación de una operante y activa pedagogía constitucional. 7). Página 62 de 66 . dándole al ciudadano la tranquilidad que la decisión. 175 y 265). Se le sustituyó por la avasallante y seca decisión numérica de la mayoría absoluta. “7. que se ha ido habituando a la solución violenta de sus conflictos. Tampoco se estimuló decididamente el discurso racional colectivo hacia el consenso como intento fructífero de auscultar la complejidad de nuestro ser nacional. político y de legitimidad necesario para contribuir por esta vía a construir la nueva cultura del consenso y la convivencia pacífica que requiere el país. sancionatoria o absolutoria. una vez más. por la integridad y eficiencia de su ordenamiento. por lo menos son dos elementos los que consideramos deben tenerse en cuenta para efectos de poder decir sobre el modelo más adecuado: La Sala Disciplinaria debería estar conformada por tres (3) Magistrados nombrados por el Presidente de la República que pertenezcan o hayan pertenecido a la rama judicial y cuatro (4) Magistrados provenientes a la Carrera Judicial. para un país como Colombia. Así mismo sus actos son jurisdiccionales y cerrarían las discusiones en cuanto a la conducta disciplinaria de magistrados y jueces. 9. 88 Desde nuestra perspectiva. dijo sobre el tema de las decisiones en órganos de cierre como la Corte Constitucional. es tan fundamental que debe encargarse esa tarea a quien pueda ser considerado como el “juez de jueces”. De otra parte. otro modelo es que todos sus miembros sean de carrera. la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (Art. y el pleno respeto a los derechos de las minorías (arts. cuenta con el respaldo social. desde el instante mismo en que inicia sus labores. 1). hubiera sido aleccionador dar una muestra de práctica sincera de la diversidad por los encargados de velar. Es por eso que debe expresar mi justa preocupación. Ciertamente. “8. él está llamado a convertirse en la expresión fiel de la forma como la Corte entiende que debe hacerse una integración.
En cuanto al segundo aspecto. Igualmente es necesario resolver el problema de la doble instancia y de la investigación en los procesos disciplinarios contra los Magistrados. la Sala Disciplinaria deberá funcionar en dos subsalas. para ser magistrado debe por lo menos tener una experiencia de magistrado o juez.(8) años. En cuanto a lo primero. Lo anterior resolvería y articularía la concepción política del derecho debido al origen y la fuente democrática directa de quien los nombra (Presidente de la República). Finalmente el parámetro para juzgar su conducta debe hacerse a partir de tipos disciplinarias cerrados y no abiertos. de diez (10) años. en los términos que aquí nos hemos referido. para evitar la tentación de interpretaciones y analogías en la valoración de la conducta del juez. Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. pero al mismo tiempo se armoniza con una concepción más técnica y profesional. Lo anterior es necesario que se establezca desde la Constitución porque la Corte Constitucional ya declaró exequible las normas del Código Único Disciplinario Página 63 de 66 . Estos delegados deberán tener las mismas calidades de Magistrado. Luego es necesario que se expida una ley especial disciplinaria de carácter estatutario para los magistrados y jueces de la república. y otra de juzgamiento. y se prohíbe sancionar al juez por interpretaciones razonables de la ley y la jurisprudencia. con lo cual no podría imponerse una concepción corporativa. tener cincuenta y dos (52) años de edad. como mínimo. una de investigación y acusación. toda vez que los demás miembros son parte de la carrera judicial. debería funcionar un Tribunal de Segunda Instancia conformada por los Presidentes o sus delegados de la Corte Constitucional. Estas dos medidas garantizarían al juez sus derechos fundamentales al debido proceso y al juez natural independiente e imparcial. con lo cual se resuelve cualquier problema de legitimidad e independencia.
por ello. deban ser nombrados por concurso público y abierto. Con lo anterior. debe ser valorada favorablemente o darle un puntaje mayor y diferenciador en el concurso de méritos frente a los particulares. pero por otra parte. se requirieron jueces independientes y se adoptó la cooptación como el mecanismo para proteger una decisión política. En este sentido. que no se cree un corporativismo dogmático y excluyente. puesto que este modelo responde a condiciones históricas ya superadas cuando en los años cincuenta se asumió por parte de la Junta Militar como garantía de sus derechos y de los acuerdos. hemos considerado que una de las formas de democratizar la administración de justicia es que cada juez pueda tener la libertad de dar el derecho desde su más profunda y consciente interpretación del derecho. que la sociedad alimente y participe en la actualización del derecho. los profesionales. donde se valore la vocación de juez y su desempeño en la carrera judicial durante toda su vida al servicio de la rama judicial. para que se compense la entrega y la dedicación al servicio como juez. académicos e investigadores de la comunidad jurídica que Página 64 de 66 . F) La integración de las Altas Cortes. Sin embargo. por una gran paradoja de la historia colombiana. pero al mismo tiempo se permita a todo ciudadano entrar a hacer parte de las altas Cortes como un servicio a la sociedad y al estado. pluralista y participativa. Por ello. continuar hoy con ese modelo nos parece que atenta con la nueva concepción pluralista y participativa de los derechos.que contiene normas abiertas. estimamos que todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. revitaliza la vocación de servicio del juez y su continua formación y gestión eficiente. otra de las formas es que se termine con la ruptura entre las Altas Cortes y los jueces de carrera. consideramos que la experiencia específica de magistrado o juez. Siguiendo con la concepción democrática. por una parte. Combinar estos dos factores promueve.
cuando los recursos y bienes. asistimos al desempleo ilustrado. por tanto.están por fuera de la carrera judicial y de la rama pueden participar en los concursos públicos y alimentar el derecho desde su propia experiencia. es un deber moral y político en el Siglo XXI. es decir. Desde nuestra experiencia creemos que la edad debe servir de criterio para definir tanto el ingreso como su exclusión. ser magistrado es una dignidad especial a la que sólo aspira quien quiera servirle al país y que en realidad sea un verdadero culmen en su carrera profesional. La edad de retiro forzoso debe ser una excepción para quienes se encuentren todavía sin el derecho a la pensión y no han cumplido su periodo. Con esta medida. Otro aspecto que fue discutido es en cuanto la edad mínima para integrar las Altas Corte y la edad máxima para mantenerse en ellas. quien quiera ingresar debe hacerlo cuando se encuentre en una edad madura tanto vital como profesional. Esto garantizaría que sea el culmen de una carrera ya sea por vocación por haber estado en la carrera judicial o quiera prestarle el servicio a la patria a partir de su experiencia en la academia o en lo profesional. Es decir. que puede ser su propio hijo. Igualmente en la carrera judicial debe aplicarse el principio de solidaridad en cuanto al retiro al momento de adquirir el derecho a la pensión de jubilación puesto que lo mínimo que se le puede exigir al juez es que comprenda que en una sociedad del conocimiento. La movilidad en la carrera judicial solamente se puede lograr si aplicamos internamente la causal de retiro a partir del cumplimiento e inclusión en nómina de quienes ya tengan el derecho a la pensión. dejar que su cargo lo ocupe otra persona. cada vez son más escasos. Página 65 de 66 . como el trabajo. cincuenta y dos (52) años como mínimo.
no dentro de otra jurisdicción porque con ello afectarían los derechos de quienes integran las listas y han concursado para hacer parte de una jurisdicción. consideramos que deberían adoptarse dos premisas esenciales: primera. Página 66 de 66 .G) Respeto a la carrera judicial. Normas transitorias sobre incorporación. En cuanto a las normas transitorias que se proponen para los actuales miembros del Consejo Superior Sala Administrativa y de las listas actuales. que quienes se encuentre en una lista de elegibles puedan seguir participando por el derecho al cargo pero dentro del mismo Consejo Superior de la Judicatura. que quienes se encuentran actualmente desempeñando dichos cargos se les respeten sus derechos adquiridos y puedan continuar dentro de la carrera en el mismo Consejo Superior de la Judicatura en la Sala Disciplinaria. segundo.
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