Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610101.html
Timestamp: 2019-04-22 14:39:57
Document Index: 373438714

Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 398', 'artículo 399', 'artículo 169', 'artículo 419', 'in fine', 'in fine']

as201610101
AUTO SUPREMO Nº 101/2016-RRC
Expediente : La Paz 87/2015
Parte Acusadora : Lidia Huchani Mamani y otra
Parte Imputada : Miguel Huchani Núñez y otros
Por memorial presentado el 10 de marzo de 2015, de fs. 1402 a 1408, Miguel Huchani Núñez, Marcelina Huchani Núñez, Natalio Quispe y Juan Huchani Núñez, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 65/2014 de 22 de septiembre de fs. 1358 a 1359, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Lidia Huchani Mamani y Julia Huchani Mamani, contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Perturbación de Posesión, Daño Simple y Perturbación Agravada previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 con relación al 355 todos del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 3/14 de 23 de abril (fs. 1313 a 1318), el Juez Cuarto de Partido y de Sentencia de El Alto, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Miguel Huchani Núñez, Juan Huchani Núñez, Marcelina Huchani Núñez y Natalio Quispe, absueltos de la comisión de los delitos de Perturbación de Posesión y Daño Simple, previstos y sancionados por los arts. 353 y 357 del CP, sin costas.
b) Contra la mencionada Sentencia, las acusadoras particulares (fs. 1325 a 1328), y los imputados (fs. 1329 y 1330), respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 65/2014 de 22 de septiembre emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que anuló totalmente la Sentencia, y dispuso la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia.
c) El 3 de marzo del 2015 (fs. 1360), fueron notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista y el 10 del mismo mes y año, interpusieron el recurso de casación.
Del recurso de casación de Miguel Huchani Núñez, Marcelina Huchani Núñez, Natalio Quispe y Juan Huchani Núñez y del Auto Supremo 474/2015-RA de 10 de julio, por el que se admite el recurso, se tienen como motivos los siguientes:
1) Los recurrentes denuncian, falta de fundamentación y de motivación del Auto de Vista recurrido, señalando que se anuló la sentencia por presunta violación de derechos y garantías establecidos en el numeral 3 del art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en relación a los incisos 3 y 4 del art. 360 del mismo cuerpo legal, sin establecer cuáles son esas supuestas inobservancias, que violan derechos y garantías consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE), no cumple con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, además carece de criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto; cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero, que estaría referido a la necesidad de fundamentar del por qué un acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.
2) Asimismo arguyen incongruencia omisiva, porque el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado sobre los aspectos reclamados en las apelaciones restringidas, quebrantando los arts. 124 y 398 del CPP, situación que a su vez se constituiría en defecto absoluto inconvalidable, que vulnera el derecho de recurrir, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, finalmente indican que la individualización de los acusados por el de grado, para determinar la anulación no fue objeto de observación por ninguna de las partes; cita como precedente contradictorio el Auto supremo 27/2013 de 8 de febrero.
El recurrente, solicita que: “…previa compulsa de los antecedentes deje sin efecto (anule) la Resolución No. 64/2014 de 22/09/2014 a los fines de que dicte nueva resolución conforme a derecho y doctrina aplicaba, y/o CONFIRME la sentencia dictada en primera instancia …” (sic).
Mediante el Auto Supremo 474/2015-RA de 10 de julio, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los motivos expuestos.
II.1. De las apelaciones restringidas.
II.1.1. Apelación de Lidia y Julia Huchani Mamani.
Mediante recurso de apelación restringida, las acusadoras particulares denunciaron: a) Fundamentación contradictoria de la Sentencia y Valoración defectuosa de la prueba, afirmando haber presentado junto a la querella la documental que acreditaba el derecho propietario sobre los predios. Defecto previsto en el inc. 5) del art. 370 del CPP; b) Contradicción en la Sentencia, por señalar que la última parte de la declaración testifical prestada por Matilde Laura, misma que demostraba que las acusadoras siempre trabajaron los terrenos de Wila Wila, no era creíble ni objetiva, demostrando así la parcialización a favor de los sindicados, vulnerando el inc. 2) del art. 360 del CPP y constituyendo defectos previstos en los incs. 5 y 6) del art. 370 del CPP. De igual manera, sobre la declaración de Lidia Huchani, la Sentencia estableció que las querellantes estuvieron en posesión del inmueble desde niñas; empero, contradictoriamente concluyó que las mismas no estuvieron en posesión el día de los hechos, ni demostraron haber efectuado sembradíos ni pastoreo de ganado, excluyendo las tomas fotográficas ofrecidas como pruebas, demostrando una vez más su parcialización a favor de los imputados. Refirió también que con las pruebas fotostáticas excluidas y los documentos de acuerdo transaccional ofrecidos como prueba, se demostró la comisión de los delitos perseguidos.
II.1.2. Apelación de Miguel, Marcelina, Juan Huchani Núñez y Natalio Quispe Mamani.
Los imputados denunciaron: el incumplimiento a lo establecido por el art. 364 del CPP, referente a la imposición de costas y declaración de temeridad de la acusación, con el fundamento de haberse interpuesto varias recusaciones y existir varias declaraciones de rebeldía.
II.2. Auto de Vista.
Los recursos fueron resueltos mediante el Auto de Vista 65/2014 de 22 de septiembre, que en lo pertinente al reclamo expresado en el recurso de casación, concluyó señalando que: “…este Tribunal de Alzada advierte un error procedimental insubsanable en el contenido y en la estructura de la Sentencia, por lo que establece y concluye que: 1. … se advierte que la señora Jueza de la causa si bien identifica plenamente a los acusados, empero, obvió dar aplicación al Principio de Individualización para especificar los motivos por los que se absuelve a todos y cada uno de los mismos, ya que únicamente se establece el no haberse probado la acusación y no existir prueba plena sobre la responsabilidad de los acusados…. Se refiere a los absueltos englobándolos dentro del término “acusados”, sin tomar en cuenta que el carácter objetivo del Derecho Penal establece que la comisión de los delitos es personalísima pese, inclusive a la pluralidad de actores que puedan intervenir en el hecho, ya sea en calidad de sujetos activos o pasivos (…) la sentencia no refleja específicamente y a cabalidad la participación de los acusados dentro del hecho objeto del proceso, menos aún, cuando en la FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA se tienen conclusiones meramente deductivas (…)
2. Por lo establecido y existiendo defectos procesales insubsanables, este Tribunal de Alzada considera pertinente la nulidad total de la resolución cuestionada inhibiéndose de ingresar al análisis de los recursos, las respuestas y lo fundamentado en audiencia.…” (sic)
Con los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelación, anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Juicio de Sentencia.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y EL PRECEDENTE INVOCADO
Que conforme el Auto Supremo 474/2015-RA 10 de julio, el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de las denuncias efectuadas en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con la aparente contradicción incurrida por los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al momento de emitir el Auto de Vista 65/2014 de 22 de septiembre, con el Auto Supremo 27 de 8 de febrero de 2013, resolución admitida en calidad de precedente contradictorio.
El art. 416 del CPP, instituye que: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otros Tribunales Departamentales o por la sala penal de la Tribunal Supremo”, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: “Si existe contradicción la Resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes al Tribunal Departamental de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal del Tribunal Departamental que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida”.
En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: “…será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva Resolución dictada con motivo de otro recurso de casación”, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.
La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y, c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar” (sic). (las negrillas son nuestras).
De ello se concluye, que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
A ese efecto, debe considerarse que la doctrina legal invocada, contenida en el Auto Supremo 27/2013 de 8 de febrero de 2013, en lo sustancial y pertinente establece: "…De acuerdo al entendimiento ratificado por el Auto Supremo Nro. 12 de 30 de enero de 2012, es una premisa consolidada que todo Auto de Vista se encuentre debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad; respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida, además de revisar de oficio si existen defectos absolutos, en cuyo caso, es necesario que en la fundamentación se vierta los criterios jurídicos del por qué dicho acto se considera defecto absoluto y qué principios, derechos o garantías constitucionales fueron afectados.
En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso de apelación restringida, lo cual constituye un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y que desconoce el artículo 398 del citado compilado procesal pues los Tribunales de Alzada deben circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución impugnada. Por lo que la omisión de pronunciamiento de un aspecto reclamado se constituye en un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, no siendo suficiente acudir a fundamentos evasivos y referidos a defectos que conforme al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal pudieron ser observados en su oportunidad en el marco del respeto al principio pro actione.
De lo expuesto, se evidencia que el Auto de Vista motivo de impugnación fue dictado sin observar las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, que constituye un defecto absoluto al tenor del artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, lo que amerita en aplicación del artículo 419 del citado Código, dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido, para que las omisiones observadas, sean subsanadas.” (sic).
Ahora bien, corresponde señalar que el Auto Supremo invocado ha sido emitido, dentro de un proceso penal seguido por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y falsificación de documento privado, en el que se confirmó la Sentencia condenatoria, motivando la presentación del recurso de casación bajo el argumento de que el Auto de Vista no consideró la existencia de defectos absolutos consistentes en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y falta de fundamentación de la Sentencia, mismos que fueron denunciados en su apelación restringida, advirtiéndose en casación que el Auto de Vista incurrió así en vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse sobre todos los motivos en los que se fundó el recurso.
En el caso presente los recurrentes reclaman por un lado, la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista porque no estableció cuáles fueron las supuestas inobservancias que violaron derechos y garantías consagrados por la CPE y que dieron lugar a la anulación de la Sentencia; por otro lado denunciaron incongruencia omisiva, porque el Auto de Vista no se pronunció sobre las denuncias planteadas en las apelaciones restringidas interpuestas. De lo que se advierte que existe situación procesal similar con el precedente invocado, y por ello corresponde establecer la existencia o no de una posible contradicción con la resolución hoy impugnada.
III.3. Consideraciones doctrinales y normativas.
III.3.1. En cuanto a la fundamentación de las resoluciones judiciales.
La garantía del debido proceso, consagrada en el art. 115.II y en el art. 180.I, de la CPE, cuyo fin es garantizar que los procesos judiciales se desarrollen en apego a los valores de justicia e igualdad, se vulnera y, con ella la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica cuando se infringe el derecho a la debida fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales que establece que toda resolución expedida por autoridad judicial o administrativa necesariamente tiene que encontrarse adecuadamente fundamentada y motivada; es así que el art. 124 del CPP, señala: “Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba.
La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes”.
Sobre la temática, el Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto de 2014, entre otros, al hacer referencia a la obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente, expresó: “Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: ‘Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.
Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal, pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario, la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa”.
En similar sentido, previa referencia al art. 124 del CPP, se pronunció el Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio de 2014, que señaló: “Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.
Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional, desarrolló el alcance y finalidad del derecho a una resolución motivada, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0893/2014 de 14 de mayo, precisando: ‘…que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’ SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, ‘…5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…’ (SCP 0100/2013 de 17 de enero)’ .
Lo precedentemente señalado, evidencia que el Tribunal de apelación, no se encuentra exento de fundamentar las Resoluciones que emita, contrariamente, siendo el Tribunal contralor de la legalidad ordinaria y logicidad de la Sentencia, está constreñido a emitir resoluciones, cuya estructura lógico jurídica, permita apreciar y/o entender que el pronunciamiento emanado -que debe estar debidamente fundamentado y motivado- exprese, sobre la base del derecho objetivo, las razones por las cuales se asumió una determinación; lo contrario, infringe el art. 124 del CPP y con ello el debido proceso en sus vertientes de debida fundamentación y seguridad jurídica” (sic).
III.3.2. Sobre la incongruencia omisiva.
El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e interés legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.
Lo anterior significa que el Tribunal de alzada debe dar respuesta fundamentada a todos y cada uno de los agravios denunciados por el apelante; lo contrario significaría la vulneración del art. 124 del CPP, que señala que las Sentencias y Autos interlocutores serán fundamentados; expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; así también, la fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente el art. 398 del CPP textualmente refiere: ‘Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución’, se entiende con la adecuada motivación en las resoluciones que pronuncie el Tribunal de alzada” (sic).
III.3.3. Sobre la actividad procesal defectuosa, susceptible de anulación.
Sobre la temática, este Tribunal ya se pronunció, especificando la obligación de las juezas y jueces de verificar si los defectos detectados en la tramitación del proceso ameritan su subsanación (defectos relativos), o si, por el contrario, debido a la gravedad de la inobservancia de las formalidades legales y garantías constitucionales, merecen ser dejadas sin efecto (defectos absolutos), al no ser posible su convalidación.
En ese entendido, el Auto Supremo 206/2014-RRC de 22 de mayo, estableció: “Respecto a la actividad procesal defectuosa y específicamente sobre los defectos absolutos y relativos, la amplia jurisprudencia emitida tanto por este digno Tribunal como por el Tribunal Constitucional, señaló que no podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y el Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. El art. 168 del CPP, dispone las formas de corrección de los defectos procesales que puedan suscitarse durante la tramitación del proceso, en ese sentido, establece: ‘Siempre que sea posible, el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido’.
Por su parte, los arts. 169 y 170 del CPP, distinguen los defectos absolutos y los relativos. Los primeros, no son susceptibles de convalidación y el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en tanto que los defectos relativos, son aquellos que pueden ser convalidados en los casos previstos expresamente por el precepto.
Los defectos absolutos se hallan enumerados por el art. 169 del CPP, en los siguientes términos: ‘1) La intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria; 2) La intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establece; 3) Los que implique inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código; y, 4) Los que estén expresamente sancionados con nulidad’.
De las referidas normas, se advierte que el vigente sistema procesal penal permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos; por lo mismo, la norma prevista por el art. 168 del CPP, no permite declarar la nulidad de obrados, que conceptualmente es diferente a la corrección, pues la primera permite al juzgador modificar o reparar todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso, en cambio la segunda importa retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio, implica un desconocimiento de los actos procesales realizados por tener vicios absolutos, lo que significa que dichos actos nunca nacieron a la vida jurídica, por lo mismo el juzgador no puede subsanarlos y proseguir el proceso sin retrotraer el procedimiento; por ello el legislador ha previsto la norma contenida en el art. 169 del CPP, en la que se enumeran los defectos absolutos. En consecuencia, la nulidad se opera frente a esos defectos absolutos que no son susceptibles de convalidación.
Entre los defectos absolutos, conforme al art. 169 del CPP, además de los concernientes a la intervención del juez y del fiscal en el procedimiento y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria, se encuentran los relativos a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que el Código establece, que encuentran su fundamento en el derecho inviolable a la defensa que tiene el imputado en el juicio, esto implica que un desconocimiento al derecho que tiene el imputado de ser asistido y a entrevistarse en privado con su defensor (art. 84 del CPP), de estar asistido por su defensor en sus declaraciones, a exponer su defensa durante el acto de juicio (art. 346 del CPP) y al derecho a la última palabra que tiene el imputado (art. 356 del CPP), constituyen entre otros, motivos para ser considerados como defectos absolutos.
Un tercer defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, está referido a aquellos que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías, previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el Código de Procedimiento Penal, entre los que puede mencionarse el incumplimiento a las normas contenidas en los arts. 11 y 77 del CPP, respecto al derecho que tiene la víctima de ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o la suspensión de la acción penal a ser informada sobre sus derechos por los órganos de la persecución penal y por el juez o tribunal respecto a los resultados del proceso, a recurrir de las resoluciones judiciales dictadas conforme la parte in fine del art. 394 del CPP, o desde la situación del imputado, cualquier acto que implique un desconocimiento a los derechos a la defensa material o técnica.
Por último, entre los defectos absolutos se tienen aquellos que estén expresamente sancionados con nulidad, entre los que pueden citarse, aquellos que tienen que ver con la inobservancia de las reglas de la competencia por razón de la materia (parte in fine del art. 46 del CPP), la falta de intervención de un representante estatal de protección del imputado menor de edad (art. 85 del CPP), la falta de resolución fundamentada de incautación de correspondencia, documentos y papeles (art. 190 del CPP); y actos efectuados por la autoridad judicial después de producida la excusa o promovida la recusación (art. 321 del CPP).
De lo expuesto, se concluye que ante la existencia de defectos procesales, el juzgador tiene la facultad de subsanarlos, ya sea modificando, rectificando o aparando todos los defectos o errores procesales que pudiese advertir durante la tramitación del proceso y sólo cuando se trate de defectos absolutos podrá retrotraer el proceso hasta el punto original en que se produjo el vicio por la afectación esencial a derechos fundamentales y garantías constitucionales que conlleva, lo que significa que corre a cargo de la autoridad judicial realizar el análisis de los actos procesales a efectos de determinar si se trata de defectos procesales subsanables o en su caso de defectos absolutos, pronunciando una resolución debidamente motivada que sustente su decisión.
Bajo este horizonte que refleja la jurisprudencia citada, se entiende que el régimen de nulidades en materia penal, se encuentra impregnada de algunos principios doctrinales que sin duda se constituyen en criterios para resolver una situación jurídica, en este caso, el régimen que ahora se aborda, así el propio ordenamiento jurídico procesal, específicamente el art. 167 del CPP -implícitamente- reconoce el principio de convalidación y el principio de trascendencia, al establecer que: "No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.
En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio".
Lo que demuestra que el principio de convalidación y trascendencia se encuentra sumido a la norma descrita, deduciéndose de la misma que, el afectado, demuestre objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo, pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravió, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad”.
El referido razonamiento, fue complementado por su similar 642/2014-RRC de 13 de noviembre, con el siguiente entendimiento: “…la nulidad procesal sólo se decretara cuando el vicio en que se incurre cause indefensión o no pueda ser subsanable por los efectos jurídicos que pueda originar, de modo que la sanción procesal de declarar ineficaz un acto, sólo debe ser aplicable cuando efectivamente se ha causado un perjuicio real e irreparable a las garantías constitucionales que regulan la potestad represiva del Estado dentro de un proceso penal; en consecuencia, no basta la simple infracción a la norma procesal, sino la existencia de la producción de un perjuicio real a cualquiera de las partes. Por otro lado, cuando se trate de vicios subsanables, el Juez advertido del mismo ordenará, aún de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para que aquél siga su curso normal o resolverá su saneamiento, siendo obligación del Juez de la causa evaluar sus efectos reales en el proceso, decretando la nulidad sólo cuando sea absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del procedimiento; es decir, que la nulidad no deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales, la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad, conforme el principio de conservación”.
En el caso en análisis se advierte que son dos los motivos admitidos para su consideración, por lo que se procede a resolver:
a) Sobre la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista.
Los recurrentes afirman que el Auto de Vista anuló la Sentencia sin señalar cuáles fueron las presuntas violaciones a derechos y garantías que dieron lugar a la nulidad.
De la revisión del Auto de Vista, se advierte que el Tribunal de Alzada, en el tercer CONSIDERANDO, concluyó señalando que al amparo del art. 17 de la LOJ advirtió en la parte dispositiva de la Sentencia que se obvió dar aplicación al principio de individualización para especificar los motivos por los que se absolvía a cada uno de los acusados, a quienes se los englobó dentro del mismo término de “acusados”, sin especificar la calidad de actores en el hecho, ya sea de sujetos activos o pasivos, vale decir, sin reflejar a cabalidad la participación de cada uno de los acusados en el hecho punible. Por lo que consideró “… pertinente la nulidad total de la resolución…” (sic).
La conclusión explanada por el Tribunal de apelación, conforme denuncian los recurrentes, es general y no brinda razonamientos de hecho y derecho puntuales y concretos que motiven la nulidad de la Sentencia, no señala por qué razón consideró que existía un error procedimental ni por qué éste era insubsanable, tampoco identifica cuáles los derechos y garantías que han sido vulnerados, ni la norma que los prevé, aspectos que permitirían conocer a los recurrentes la razón de su decisorio, incumpliendo así su obligación de fundamentar y motivar de forma adecuada el fallo, incurriendo en contradicción con el precedente invocado, pues es obligación de todo Tribunal que emite una Resolución, pronunciarse de forma expresa, clara, completa, legítima y lógica, lo que no aconteció en este caso, incumpliendo de esa manera el mandato contenido en el art. 124 del CPP; por lo que corresponde declarar fundado el motivo alegado.
b) Sobre la denuncia de incongruencia omisiva.
Los recurrentes reclaman que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva; por cuanto, hubiese omitido su pronunciamiento respecto a los puntos denunciados en los recursos de apelación restringida interpuestos.
Precisado el fundamento del agravio y el contenido del precedente contradictorio invocado, se puede verificar que los recurrentes, en su apelación restringida, denunciaron únicamente el incumplimiento a lo establecido por el art. 364 del CPP, referente a la imposición de costas y declaración de temeridad de la acusación. Por otro lado, las acusadoras particulares, mediante recurso de apelación restringida, denunciaron los defectos previstos en los incs. 5, 6, 8 y 11) del art. 370 del CPP, sin embargo al no haberse constituido en recurrentes del Auto de Vista, no se considerarán estas denuncias en la presente Resolución.
Examinado el Auto de Vista impugnado, de la simple lectura, se establece que efectivamente el fallo impugnado omitió pronunciarse sobre dicha denuncia, pues de la apelación restringida, se tiene que los recurrentes acusaron incumplimiento del art. 364 del CPP, respecto al cual, el Tribunal de apelación, se limitó a señalar: “Por lo establecido y existiendo defectos procesales insubsanables, este Tribunal de Alzada considera pertinente la nulidad total de la resolución cuestionada, inhibiéndose de ingresar al análisis de los recursos, las respuestas y lo fundamentado en audiencia.” (las negrillas nos corresponden), omitiendo resolver los aspectos alegados, vale decir no otorgó ninguna respuesta, menos razones por las cuales corresponda aceptar o desestimar la petición de los recurrentes, en contravención a lo establecido por el art. 398 del CPP; omisión que por su relevancia vinculada al debido proceso y por la posibilidad de incidencia en la parte resolutiva del fallo, hace viable la pretensión de los recurrentes, pues conforme la línea jurisprudencial establecida por este máximo Tribunal de justicia, todo Auto de Vista, en cumplimiento a lo establecido en los arts. 398 del CPP y 17.I de la LOJ, debe ajustar su pronunciamiento a todos y cada uno de los puntos alegados en el recurso de apelación restringida. En consecuencia corresponde declarar fundado el presente motivo.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Miguel Huchani Núñez, Marcelina Huchani Núñez, Natalio Quispe y Juan Huchani Núñez, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 65/2014 de 22 de septiembre, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, ofíciese nota al Consejo de la Magistratura, para que tome conocimiento del presente Auto Supremo, para que sea arrimado a los antecedentes de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a los efectos que correspondan.