Source: http://espanito.com/exp-00-005401-0166-la-res-2005-00026.html
Timestamp: 2020-01-18 06:50:40
Document Index: 186263712

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 493', 'artículo 476', 'artículo 502', 'artículo 232']

Exp: 00-005401-0166-la res: 2005-00026
Exp: 00-005401-0166-LA
Res: 2005-00026
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas diez minutos del veintiséis de enero de dos mil cinco.
Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por JORGE GUZMÁN PÉREZ, asesor de inversiones, vecino de Cartago, contra LAFISE VALORES, PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo Gilberto Serrano Gutiérrez, administrador, vecino de San José. Figuran como apoderados, del actor el licenciado Guillermo Rojas Paniagua, divorciado, y de la demandada los licenciados Manuel Emilio Montero Anderson y Maricela Salazar Medina. Todos mayores, casados y abogados, con las excepciones indicadas.
1.- El actor, en escrito fechado primero de setiembre del dos mil, promovió el presente proceso para que en sentencia se condene a la demandada al pago de preaviso, auxilio de cesantía, diferencia no cancelada en el monto de las vacaciones liquidadas, correspondientes a comisiones por el monto de seis mil dólares, diferencia no cancelada en el monto del aguinaldo liquidado, por un monto de seis mil dólares, las comisiones generadas en transacciones bursátiles en dólares, por la suma de seis mil dólares, el monto máximo establecido por los Tribunales de Trabajo, por concepto de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, con fundamento en las disposiciones del artículo 82 del Código de Trabajo, intereses de ley sobre las sumas reclamadas, calculados desde la fecha del despido encubierto, hasta su efectivo pago y ambas costas de esta acción.
2.- El apoderado de la demandada contestó la acción en los términos que indica en el memorial presentado el veinticinco de octubre del dos mil y opuso las excepciones de falta de derecho, pago, prescripción y la genérica de sine actione agit.
3.- La Jueza, licenciada Maureen Jiménez Gómez, por sentencia de las diez horas cinco minutos del veintinueve de enero de dos mil tres, dispuso: “Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR esta demanda interpuesta por JORGE GUZMÁN PÉREZ contra LAFISE VALORES, PUESTOS DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo, señor Gilberto Serrano Gutiérrez. Se condena a la empresa demandada a pagar a favor del trabajador: un mes de preaviso; tres meses de auxilio de cesantía, menos un millón novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro colones con veintidós céntimos; las diferencias que resulten entre lo pagado y lo que debía pagársele al actor por vacaciones y aguinaldo liquidados al finalizar su relación laboral, tomando en cuenta para ellos seis mil dólares que debió percibir en marzo del año dos mil; y seis mil dólares al tipo de cambio vigente el siete de marzo del dos mil, por comisiones adeudadas. Lo anterior será liquidado en ejecución de sentencia, luego que se tenga en el expediente el tipo de cambio de dólares a colones, vigente al siete de marzo del dos mil. Se deniegan los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios que reclama el petente. Se otorgan intereses legales sobre los extremos concedidos al trabajador, desde la fecha de su cese laboral, siete de marzo del dos mil, hasta su efectivo pago, de conformidad con las tasas de interés fijadas por el Banco Nacional de Costa Rica para los certificados a seis meses plazo. Se acoge en lo denegado y se rechaza en lo concedido, la excepción de falta de derecho comprendida en la genérica sine actione agit; las defensas de pago y prescripción se rechazan. Se condena a la parte demandada al pago de ambas costas de esta acción y se fijan los honorarios de abogado en un quince por ciento del total de la condenatoria. Se advierte a las partes que esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículos 500 y 501 incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional Números 5798 de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda Número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999)”.
4.- Los apoderados de ambas partes apelaron y el Tribunal de Trabajo, Sección Cuarta del Segundo Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados Álvaro Moya Arias, Óscar Ugalde Miranda y Nelson Rodríguez Jiménez, por sentencia de las diecinueve horas diez minutos del treinta y uno de marzo de dos mil cuatro, resolvió: “En la tramitación de este asunto no se observan defectos u omisiones capaces de causar nulidades o indefensión a las partes. Se revoca la resolución recurrida en cuanto condena a la demandada a pagar preaviso y cesantía. Respecto de dichos extremos se acogen las excepciones de falta de derecho y sine actione agit. Se rechaza la excepción de pago. Se modifica parcialmente la resolución recurrida respecto al monto fijado por comisión correspondiente al mes de marzo del dos mil. Se obliga a la demandada a pagar al actor, por comisión de dicho mes la suma de setecientos diecisiete dólares con noventa y seis centavos y sobre esa comisión deben cancelársele al demandante las diferencias de vacaciones y aguinaldo. En todo lo demás, se confirma la resolución recurrida”.
5.- El apoderado del actor formula recurso, para ante esta Sala, en memorial de data cuatro de junio de dos mil cuatro, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.
I.- ANTECEDENTES: La demanda se presenta porque el actor estima que se vio obligado a dar por terminada la relación laboral, en virtud de que el día siete de marzo de dos mil, fue llamado a la Gerencia de la empresa accionada, en donde se le apercibió de que en vista de la estafa realizada por el mexicano Rodríguez Buen Día, tenían instrucciones de la Presidencia de despedirlo sin responsabilidad patronal por pérdida de confianza, y lo intimidaron para que renunciara, con lo que según ellos, se evitaría que la empresa emitiera malas recomendaciones sobre su persona en el sector bursátil, y una posible acción en la vía judicial. Agrega que en realidad ese día fue despedido encubiertamente por los personeros de la empresa demandada, quienes bajo presiones y amenazas solapadas, lo obligaron a renunciar a su puesto de asesor de inversiones, a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad en la estafa que se cometió contra la compañía, toda vez que en la tramitación del cheque, se realizaron todos los trámites de control establecidos en la empresa, en los que intervinieron varios departamentos y personas, inclusive el gerente, don Alfredo Segura Hernández. Por ello, solicita el pago de los siguientes extremos: a) preaviso, b) auxilio de cesantía, c) diferencia no cancelada por el monto de vacaciones liquidadas, por no haberse incluido en el cálculo, las comisiones que se le adeudan del mes de marzo, por el monto de seis mil dólares; d) diferencia no pagada en el monto del aguinaldo liquidado, por no haberse incluido en el cálculo, las comisiones que le adeudan del mes de marzo, por el monto de seis mil dólares; e) las comisiones generadas en el mes de marzo, en transacciones bursátiles en dólares, de la cartera del señor Carlos Beirute Peralta, siendo el monto que se le adeuda, la suma de seis mil dólares; f) salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, con fundamento en las disposiciones del artículo 82 del Código de Trabajo; g) intereses de ley sobre las sumas reclamadas, desde la fecha del despido encubierto, hasta y su efectivo pago; y h) ambas costas del proceso (folios 1 a 8). El apoderado especial judicial del representante de la sociedad accionada, contestó en forma negativa la demanda y opuso las excepciones de prescripción, pago, falta de derecho y la genérica de sine actione agit, las cuales solicitó acoger y rechazar la petición, con sus costas a cargo de quien la promovió. Alega que lo que no indica el actor, por no convenir a sus intereses, es que a consecuencia de las instrucciones dadas por el gerente Alfredo Segura al inversionista, éste procedió a mandar un “documento” supuesto de una transferencia bancaria por la suma de un millón y medio de dólares. Señala que la “supuesta” transferencia bancaria no pudo ser verificada en su autenticidad y obviamente tampoco aparecieron los fondos acreditados en la cuenta de su representada, todo lo cual llevaba a pensar, a cualquier persona sensata y dedicada a su trabajo, como pretende calificarse el actor, que si había problemas con una transferencia bancaria, que no aparecía por ningún lado y que se pretendía probar con un papel cualquiera, toda otra transacción con dicho cliente, debía ser revisada con sumo cuidado, por lo tanto, con mucha más razón las instrucciones del gerente Alfredo Segura debían seguirse al pie de la letra, una de ellas precisamente, era no aceptar cheques del inversionista y efectuar la transacción sólo por la vía de la transferencia bancaria. El inversionista aparece posteriormente y envía con su abogado, un cheque por la suma de cuatrocientos mil dólares, girado por una empresa norteamericana, contra un banco en los Estados Unidos de América. El cheque lo recibe el actor Guzmán Pérez y su depósito es autorizado por su padre Jorge Guzmán Loría, testigo de éste proceso del actor, ello en razón de que el gerente Alfredo Segura se encontraba fuera del país. Se omite por parte del actor, hacer caso de lo indicado por el gerente Alfredo Segura, en cuanto a la transferencia bancaria, así como los procedimientos sobre lavado de dinero y estafas, porque para clientes desconocidos, con sumas tan elevadas, deben necesariamente manejarse por medio de transferencia bancaria. Señala que cabe agregar que por esta inversión, el actor se ganaría una comisión que ascendía a la suma de tres mil dólares aproximadamente, es decir un sesenta por ciento del salario normal en una sola transacción. Aceptado el depósito del cheque por el actor y autorizado por su padre, el accionante lo envía al trámite correspondiente y procede a verificar “supuestamente”, las referencias comerciales del inversionista, lo que hace telefónicamente según le informa a sus superiores, pero que debió haber confirmado por escrito, según lo establecido para éste tipo de transacciones. Indica que con posterioridad a esta “supuesta investigación” y por la presión que el inversionista ejerce para que se le entregue parte de la inversión hecha, se le solicita al actor por la Gerencia que proceda a verificar con la empresa giradora del cheque la autenticidad del mismo, por escrito y su relación con el inversionista. Como respuesta, entrega el mismo día un fax de la supuesta Compañía, donde aceptaba la relación comercial con el negociante. Dada la prontitud de la respuesta así como su redacción, la Gerencia solicita al actor que proceda a constatar la veracidad del fax y obviamente del cheque, sin embargo, solamente informa a la Gerencia de la existencia de la compañía, no así de que no pudo constatar por no encontrarse, la autenticidad del ejecutivo de la empresa y no informa sobre éste aspecto. Para el dieciséis de febrero de dos mil, y de previo a girar los cheques, nuevamente la Gerencia solicita al accionante que constate la veracidad del documento, lo que no hace porque nunca logró hablar con quien supuestamente había firmado el fax por no estar en la oficina, lo que no informa a la Gerencia. Confiando en la profesionalidad del actor y ante su omisión de informar los detalles de la no confirmación de la empresa firmante de la nota, su representada gira los cheques a favor del inversionista contra la inversión hecha por éste, en fecha dieciséis de febrero. Manifiesta que resulta evidente que el peticionario no efectuó todos los trámites que debió hacer y que se le ordenaron que hiciera, omitiendo manifestar a la Gerencia que seguía sin poder verificar la autenticidad del fax y obviamente del cheque. Indica que con posterioridad a que el cheque es girado por su representada a favor del inversionista, se recibe informe del Banco que tenía a su cargo el cobro del cheque girado por el inversionista, que el mismo es falso, con lo cual la negligencia del actor en verificar quedó plasmada en una pérdida de doscientos setenta mil dólares. Agrega que como el actor conocía la responsabilidad que tenía por los hechos acaecidos y que eran causal suficiente para proceder a su despido, el siete de marzo procedió a presentar su renuncia, para lo que en ningún momento hubo intimidación. Señala que ese mismo día hace generar en el sistema un movimiento de pago a su favor sobre una cuenta de un cliente, que le permite hacer creer que tiene derecho a una comisión, cuando el mismo no estaba autorizado por la Gerencia, lo que se requería en razón de tratarse de una cuenta corporativa y cuyas características no podían generar nunca una comisión sino hasta la liquidación final del mes. En otras palabras, esa comisión no existe, ya que el movimiento generado por el actor fue reservado por carecer de fundamento alguno (folios 15 a 21). En la sentencia de primera instancia, N° 95, de las 10:05 horas del 29 de enero de 2003, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, declaró parcialmente con lugar la demanda, y obligó a la sociedad demandada a pagar los extremos de preaviso, cesantía, menos un millón novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro colones veintidós céntimos, las diferencias que resulten entre lo pagado y lo que debía pagársele al actor por vacaciones y aguinaldo liquidados al finalizar la relación laboral, tomando en cuenta para ello seis mil dólares que debió percibir en marzo del año dos mil, y seis mil dólares al tipo de cambio vigente el siete de marzo de dos mil, por comisiones adeudados, lo que se liquidará en ejecución de sentencia, e intereses al tipo legal, desde la fecha del cese laboral y hasta su efectivo pago, con costas a cargo de la demandada, fijando las personales en un quince por ciento de la condenatoria. Se denegaron los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios (folios 103 a 119). Ambas partes apelaron (folios 122 a 138 y 161), y el Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Cuarta, en Voto N° 146, de las 19:10 horas del 31 de marzo de 2004, revocó la sentencia en cuanto acogió los extremos de preaviso y cesantía, y la modificó respecto al monto fijado por comisión correspondiente al mes de marzo de dos mil, obligando a pagar la suma de setecientos diecisiete dólares noventa y seis centavos y sobre esa comisión cancelar las diferencias de vacaciones y aguinaldo. En lo demás, confirmó (folios 181 a 192).
II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial del actor muestra inconformidad con lo resuelto en la instancia precedente y, concretamente, reclama: a) error de hecho en la apreciación de la prueba ofrecida y evacuada, violando con ello las disposiciones del artículo 493 del Código de Trabajo. Esto al considerar que la relación laboral del señor Jorge Guzmán Pérez con la empresa demandada, concluyó en virtud de la “renuncia pura y simple” que el trabajador presentó, y con fundamento en esa interpretación, el Tribunal deniega el pago del preaviso, auxilio de cesantía y otros extremos que justa y acertadamente le había otorgado el Juzgador de Primera instancia, de acuerdo con las circunstancias que se dieron alrededor del “despido encubierto”. Esto porque la renuncia fue realizada bajo la presión de amenazas solapadas del gerente de la empresa, señor Alfredo Segura Hernández, quien en una reunión sostenida con el actor, lo indujo y presionó para que la presentara, ya que tenía instrucciones de despedirlo sin responsabilidad patronal, y con ello no se le manchaba el expediente de corredor de bolsa. Agrega que la renuncia no fue presentada sin causa justificada, ya que el actor si tuvo causa para presentarla, y fueron las amenazas de que sería despedido sin responsabilidad patronal, que se le mancharía su expediente como corredor de bolsa, y que se le involucraría en una acción de tipo penal, originada por la estafa cometida por el señor Rodríguez Buendía, adicionando a esto, la promesa del pago de las prestaciones y comisiones. De manera que fue ajena a su voluntad, y no como un acto libre, voluntario, sin coacción, presión o amenazas, sino que su representado fue coaccionado, presionado y amenazado por el Gerente de la accionada, señor Alfredo Segura Hernández y el auditor de la misma, don José Alonso Segura Solano, al decirle en la reunión que sostuvieron los tres, un día antes de presentar la renuncia, que tenían instrucciones superiores de despedirlo sin responsabilidad patronal, por lo que era mejor que presentara su renuncia para no mancharle el expediente como corredor de bolsa, por lo que se configuró en la realidad un “despido encubierto”, propiciado por los personeros de la empresa accionada que tenían interés directo en señalar como “chivo expiatorio” en la estafa cometida por el Rodríguez Buendía, al señor Guzmán Pérez, por cuanto dichos personeros tuvieron participación activa en la operación que concluyó en fraude, sin que hicieran objeción alguna a los trámites realizados, ya que lo que falló en la negociación, fueron los controles administrativos existentes en esa fecha en la compañía. Por ello, alega que el ad quem incurrió en un evidente error de hecho en la apreciación de la prueba y violación de las disposiciones del numeral 493 del Código de Trabajo, lo que hace procedente el recurso de casación; b) Agrega que también se incurrió en error de hecho en la apreciación de la prueba, al considerar que el actor desobedeció órdenes del señor Alfredo Segura Hernández, al aceptar el depósito de un cheque por parte de Rodríguez Buendía, cuando “la instrucción” era que de clientes nuevos sólo se aceptaban transferencias bancarias, por cuanto en autos quedó probado que a esa fecha, la demandada no había girado ninguna directriz para que en relación con los clientes nuevos, no se aceptarán depósitos por medio de cheques. Indica que prueba de que la demandada corría esos riesgos, es que cuando el señor Gerente Alfredo Segura Hernández regresó de su viaje, se entera de que la inversión de Rodríguez Buendía se está tramitando con el depósito de un cheque del extranjero, y aún así, conociendo esta situación de riesgo, supuestamente incorrecta, no reserva, no detiene la operación, ni tampoco amonesta o sanciona al señor Guzmán Pérez, todo lo contrario, firma sin objeción alguna los cheques de pago que configurarían la estafa, que son retirados por el abogado del señor Rodríguez Buendía, y cheques que además, sin requerimiento, ni malicia alguna, gira el Gerente a solicitud de ese abogado contra la cuenta del Banco Crédito Agrícola de Cartago, para que retire los dólares en efectivo; y c) error en la apreciación de la prueba en lo referente al reclamo de comisiones adeudadas, al aceptar y dar crédito a una certificación presentada por la demandada extemporáneamente, violentado las disposiciones del artículo 476 del Código de Trabajo, sobre la que no se confirió audiencia al actor, violando el fallo recurrido además de la citada norma, las disposiciones del artículo 502 ídem, derivándose una violación flagrante de los principios constitucionales del debido proceso y derecho de defensa, dejando al actor en la más absoluta indefensión, frente a una certificación sospechosamente preparada el día 18 de febrero de 2003, para ser presentada en segunda instancia, fundamentada únicamente en los documentos que le presentó la demandada al contador público autorizado, señor Lic. Gerardo Rodríguez, a quien evidentemente le ocultaron los documentos presentados en tiempo por el actor a este litigio y que corren a folios 10 y 31, que hacen procedente el pago de seis mil dólares por comisiones generadas en la cartera del señor Carlos Beirute Peralta. Concluye que habiendo quedado demostrado que el ad quem incurrió en un evidente error de hecho en la apreciación de la prueba, resulta procedente el recurso de casación, ya que se violaron los artículos 476, 493 y 502 del Código de Trabajo, así como los principios constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa, por lo que solicita se revoque la sentencia en cuanto deniega el pago del preaviso y auxilio de cesantía y rebaja el monto de las comisiones adeudas del mes de marzo de dos mil, a la suma de setecientos diecisiete dólares noventa y seis centavos (folios 200 a 216)
III.- SOBRE LA CAUSA DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: De lo que se trata en el caso en estudio, según los términos del recurso, es determinar si la manifestación de voluntad del actor, de retirarse del empleo por renuncia, es verdaderamente voluntaria o si fue forzada e impuesta, pues el demandante alega que se trató de un despido encubierto, ya que los personeros de la empresa demandada, bajo presiones y amenazas solapadas, lo obligaron a hacerlo, a pesar de que no tenía ninguna responsabilidad en la estafa que se cometió contra la compañía. En este supuesto, la carga probatoria corresponde al demandante. Sin embargo, no ha ofrecido prueba de su dicho. Por el contrario, de la documental y testimonial evacuada en autos, se colige que se trató de un acto libre, voluntario y espontáneo, consecuencia de su proceder negligente en el cargo que ocupaba como asesor de inversiones de la sociedad demandada “Lafise Valores, Puesto de Bolsa Sociedad Anónima”. En la fotocopia de denuncia por el delito de estafa contra el señor Germán Rodríguez Buendía, de fecha 17 de febrero de 2000, presentada ante el Organismo de Investigación Judicial, el denunciante Alfredo Antonio Segura Hernández, gerente del Puesto de Bolsa de la empresa indicada, declara lo siguiente: “... Los hechos se remontan al día primero de febrero del año 2000, que fue cuando se recibió un cheque N° 194439, del Chase Manhattan Bank Delaware, por la suma de cuatrocientos mil dólares, de parte del señor Germán Rodríguez Buendía, en representación de la empresa Minitek, de origen mexicana, para una inversión del fondo de inversión a corto plazo colones ... El señor Rodríguez fue recibido en nuestras oficinas como primer contacto por el señor Jorge Guzmán Pérez, quien es el asesor financiero de nuestra compañía. La salida de esos fondos no fue autorizada por mi persona en razón de que correspondía a un cheque extranjero, el cual debía ser formalmente verificado por nuestro Banco. A partir de esta situación el señor Rodríguez se molestó, indicándonos que iba a parar la transferencia por algún medio, la cual efectivamente nunca llegó a ingresar a nuestra cuenta. A partir de ese momento seguimos teniendo contacto telefónico con el señor Rodríguez, indicándole que no íbamos a girar los fondos hasta tanto nuestro Banco confirmara los fondos del cheque depositado. Por lo tanto nosotros hicimos la consulta al BAC que nos confirmara el plazo que debíamos esperar para confirmar los fondos del cheque, a lo que ellos nos contestaron que debíamos esperar cinco días a partir del día 03-02-2000, fecha en que el Chase Manhattan confirmó que el cheque había sido cobrado. Adicionalmente le solicitamos al señor Rodríguez que el girador del cheque la empresa American Home Products Corporation nos enviara una nota indicando que él efectivamente había girado el cheque a nuestro favor. Esta confirmación fue recibida en nuestras oficinas el día 14-02-2000. Ahí se nos indicaba que ese cheque y por ese monto había sido girado al señor Rodríguez y que había sido pagado el día 03-02-2000. Por tanto el día 15-02-2000, se recibió un fax del señor Rodríguez solicitando que se le girara el día 16-02-2000 dos cheques de la inversión de los cuatrocientos mil dólares, por la suma de ciento catorce mil dólares y la suma de cuarenta y siete millones ochocientos mil colones, esto a favor del Licdo. Alonso Vargas Araya, cédula de identidad N° 1-816-243, el cual se presentaría a nuestras oficinas a retirar dichos documentos. Esta operación fue realizada el día 16-02-2000 en nuestras oficinas. El día de hoy 17-02-2000 fuimos informados por el Bancentro de que su corresponsal el BAC nos estaba informado de que el cheque por cuatrocientos mil dólares, iba a ser devuelto por ser un cheque falso. Inmediatamente se llamó al Banco Crédito Agrícola de Cartago para dar la orden de no pago de los cheque antes citados, pero se nos indicó que los mismos habían sido cambiados por efectivo el día de ayer...” (folios 32 a 34). Corrobora esta denuncia, el testimonio del señor Alfredo Antonio Segura Hernández, superior inmediato del actor, al manifestar lo siguiente: “... Yo fui la persona que autoricé el giro de ese dinero, previa conversación en primera instancia con el actor, en el sentido de que éste había confirmado de la empresa emisora del cheque, que ellos habían girado el cheque a la demandada, por su relación comercial con el señor Buen Día y que efectivamente ellos habían enviado el fax de confirmación, ya que lo que habíamos recibido era una copia de un fax proporcionada por el señor Buen Día. Esto ya que la señora Quirós, me confirmó posteriormente que lo único que le habían dicho en la empresa era que el señor firmante, no recuerdo el nombre, estaba fuera de la oficina y que regresaba la semana siguiente. El actor me dijo que ya había confirmado esa circunstancia, cosa que no fue cierta. Una vez que conversé con el reclamante, me reuní con los señores Gilberto Serrano Gutiérrez y Leonardo López, quienes en forma conjunta decidimos girar la cantidad de dinero antes mencionada ... Lógicamente tuve que comunicarle a mis superiores de nombres Gilberto Serrano y Roberto Zamora, los cuales no estaban muy contentos, una vez que se les expuso a ellos los hechos, ellos indicaban que había que despedir al actor. Bueno yo me reuní con el reclamante, le comenté el malestar de los dueños y que lo mejor era que él renunciara para no manchar su expediente. Ya que en el ambiente bursátil es bastante problemático, el me dijo que iba a pensar haber que hacía y al día siguiente entró a mi oficina y me dijo esta es mi carta de renuncia y que cualquier cosa, él iba a seguir ayudando en el sentido de buscar al señor Buen Día ... Sí, existía una orden expresa de mi persona para que se confirmara la emisión por parte de la empresa giradora ...” (folios 57 a 65). En sentido similar, lo hace el testigo Leonardo Alfredo López Jiménez, al decir: “... A mí específicamente se me llegó a consultar, debido a que existía un cheque en situación de cobro y el señor Buen Día, estaba solicitando fondos sobre esos dineros ... la decisión era o no adelantarle o no los fondos ... Recuerdo que se presentó copia del cheque y que presentaba una irregularidad muy importante, cual era que tenía la palabra “void” que implica que el cheque no es de trámite, aún así se había mandado a cobro y en apariencia todo lucia normal ... Nuestra recomendación fue esperar hasta que tuviéramos certeza acerca de los fondos, confirmación por escrito de la compañía emisora del cheque y más claridad acerca del cliente mexicano ... Para mi persona, fue una sorpresa enterarme de la forma en que se habían girado los fondos al señor Buen Día, porque es absolutamente inusual y va contra toda norma de seguridad, el que alguien solicite que se le entregue en efectivo las cantidades de dinero que se entregaron ese día. Eso era suficiente, para que la solicitud de entrega de fondos hubiere sido detenida y por lo que conocí fue a petición expresa e insistencia del actor que los fondos fueron liberados ... en ningún caso aún con clientes establecidos, jamás se aceptaría por los montos involucrados, transacciones que no se ejecuten a través de transferencia bancaria, el riesgo de tránsito de un cheque es sumamente alto y en Costa Rica no existen seguros que cubran dichos fondos, pero más importante que eso, es la consideración de que nunca se había hecho una operación con el señor Buen Día ... el documento presentaba características dudosas, también era sospechoso el que LAFISE fuera beneficiario del cheque y también era muy dudoso que a pesar de que el señor Buen Día, indicaba que el emisor del cheque era una gran corporación de los Estados Unidos, no apareciera nadie para verificar la razón del ser del cheque mismo. Nosotros hicimos varios intentos para contactar a los emisores y siempre aparecía que el mexicano intervenía en el proceso de verificación. Sí definitivamente si se requiere la verificación del emisor, por el monto y por ser un cliente nuevo. Además dado que el cliente no tenía ninguna operación o fondos depositados con nosotros, el riesgo total lo estaba corriendo la demandada ...” (folios 77 a 82). Por su parte, el testigo José Alonso Rivera Solano, refiere: “... Las consultas se hicieron, en varias ocasiones, se mandaron varios faxs, pero nunca se pudo verificar que el cheque había sido girado por la empresa emisora del cheque, siendo esta una de las responsabilidades del actor para ver si el cheque era verdadero ... Entonces Alfredo Segura le solicita al actor si lograron confirmar si el cheque había sido girado por la compañía emisora. El actor le dice que sí, y por eso es que decide girar el cheque ... Al día siguiente en que se giraron los dos cheques al mexicano, nos llega un cable de los Estados Unidos en donde confirma que el cheque es falso. En ese momento fueron doscientos ochenta mil dólares que habían logrado estafar del puesto de bolsa aquí demandado ... en ese momento el actor no era corredor y éste estaba trabajando con miras a hacer corredor y al habérsele despedido, eso hubiere significado, que no hubiere podido trabajar más en el medio bursátil o al menos por mucho tiempo, por la pérdida que él hizo incurrir a la compañía demandada. Esa era la posición de la compañía con relación al actor, sea despedirlo con justa causa. Después de eso, el reclamante presentó su renuncia, como dos días después, renuncia que le fue aceptada. El actor llegó con la carta de renuncia y la presentó en la Gerencia ... En ningún momento de la reunión que el actor sostuvo con el señor Alfredo Seguro y de la cual yo serví como testigo, en ningún momento el reclamante fue obligado o presionado a renunciar ...” (folios 90 a 97). Con esta prueba queda fehacientemente demostrado que hubo negligencia del trabajador en la estafa en perjuicio de su empleador, pues no solo no corroboró la emisión del cheque por parte del girador, como era su obligación y se le había ordenado, sino que indujo a error al señor Segura Hernández, quien autorizó el cheque por doscientos setenta mil dólares por adelanto de fondos, al decirle que lo había hecho. De manera que la renuncia que presentó obedece a su propia falta, a su proceder negligente y, por tanto, es consecuencia de su propia y exclusiva voluntad, no impulsada por su empleador ni por presiones de éste. Esto con el fin de evitar ser despedido, pues se podría ver perjudicado en el ambiente bursátil o de bolsa y significar el final de su carrera, lo que excluye que se tratara de un despido encubierto, y hace inadmisible el reproche alegado. Sobre este particular, el maestro Guillermo Cabanellas, señala:
“... La renuncia o dimisión del trabajador suele sugerir un acuerdo de voluntades; de tal manera que, al ser la misma aceptada en el acto por el patrono, se produce la disolución del contrato por mutuo disenso de los contratantes. Si ese acuerdo no se produce, entonces la renuncia del trabajador no tiene por efecto la disolución inmediata del contrato; y para que surta sus efectos el desistimiento, ha de esperarse a que se cumplan los plazos legales de preaviso. Si a la renuncia sigue el abandono del empleo, la disolución del vínculo contractual se produce por causa imputable al trabajador; y la renuncia se convierte en simple abandono de empleo. La renuncia es la manifestación de voluntad hecha por el trabajador de ponerle fin al vínculo que le une a un patrono; y ésta puede ser, igualmente, justificada o injustificada. Cabe, por lo demás, que la renuncia sea aceptada o rechazada por el empresario; y en caso de aprobarla, por muto disenso, ya que revelaría una manifestación de voluntad coincidente para disolver el contrato ...” (Cabanellas, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral. Tomo II, Derecho Individual del Trabajo, Volumen 3, Contrato de Trabajo, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1988, p. 18).
El testimonio del señor Cristian Navarro Cabezas, Corredor de Bolsa, poco aporta a la resolución de esta litis, ya que desconoce si en el caso en estudio se siguió el procedimiento de inversión, al decir: “... Exactamente no sé, si en el caso del señor Buen Día, se siguió ese procedimiento ...” (folios 66 a 72).
La versión del testigo Jorge Gerardo Guzmán Loría, padre del demandante, en el sentido de que la renuncia iba acompañada del pago de todos los derechos laborales, como preaviso y cesantía, resulta desmentida por la de Alfredo Antonio Segura Hernández, quien lo niega, y cuya declaración resulta más creíble, ya que la renuncia no da derecho al pago de prestación alguna. Al respecto, el tratadista citado, enseña:
“... La disolución del contrato de trabajo por renuncia del trabajador no da a ninguna de las partes de tal contrato derecho a indemnización o prestación alguna derivadas de tal disolución. Sólo en caso de falta de preaviso tendrá el empleador el derecho a la indemnización substitutiva que prevé el artículo 232 de la Ley de contrato de trabajo. Los restantes efectos del contrato de trabajo mantienen plenamente su vigencia. El trabajador debe continuar con el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Es así que el incumplimiento de tales obligaciones puede conducir a su despido con justa causa, en forma anticipada a la expiración del plazo fijado en el preaviso cursado por el trabajador ...” (op.cit. p. 21).
Conforme a lo expuesto, no existe el error en la apreciación de la prueba, ni la violación del numeral 493 del Código de Trabajo, que se acusa, al considerarse que la relación laboral del señor Jorge Guzmán Pérez con la empresa “Lafise Valores, Puesto de Bolsa Sociedad Anónima”, concluyó en virtud de una renuncia pura y simple, lo que hace improcedente el reproche.
IV.- SOBRE LA COMISIÓN RECLAMADA. Lo alegado por el actor en el sentido de que hubo error en la apreciación de la prueba, al denegarse las comisiones del mes de marzo en el tanto de seis mil dólares, no es de recibo. Apartando la “Certificación de Ingresos”, suscrita por el Contador Público Autorizado, Lic. Gerardo Rodríguez Masís, presentada por el apoderado de la sociedad accionada, ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, el 25 de febrero del año pasado (folios 139 y 140), de la que alega el actor no se confirió audiencia, lo cierto es que de la prueba testimonial se colige que el demandante trató de generar una comisión a inicios de mes de marzo, habiendo ya presentado la renuncia, lo que no era posible hasta el cierre y valoración de la cartera del cliente a final del mes. Así se desprende del testimonio de Segura Hernández, quien refiere: “... el señor Guzmán no es corredor de bolsa, él me asistía directamente a mi persona y atendía algunos clientes que el traía o encontraba. En esa asistencia para mi persona se le asignó un cliente, Carlos Beirute Peralta, que es un cliente corporativo. El actor manejaba la parte operativa para el manejo de ésta cuenta y recibía las llamadas de los asistentes de ese señor, para la toma de salidas o ingresos de fondos. Por esa labor yo le asignaba una comisión mensual, la cual se fijaba a final del mes, con base a los resultados del manejo de la cartera, para lo cual se le había liquidado ya para el mes de febrero la comisión correspondiente. El día que el actor presentó la renuncia, el mismo sin mi consentimiento y sin haber hecho la consulta, solicitó un ajuste a la cuenta, en razón de comisiones, por treinta mil dólares al Departamento de Operaciones, suma totalmente injustificada y que a su vez el mismo encargado de Operaciones, de nombre Daniel Martínez, por razón del monto inusual, a principios de mes me informa sobre la solicitud del demandante y que si yo autorizaba eso, a lo cual le dije que no correspondía. Suma que a su vez se demuestra que era totalmente irreal al realizar la entrega de la cartera por parte del actor a José Alonso Rivera, donde con una salida de ese monto, la cartera quedaba deudora, hecho claramente conocido por él ...” (folios 57 a 65). En sentido similar, lo hace el testigo Rivera Solano, al decir: “... cuando el actor se va en los primeros días del mes, el actor trata de registrar una comisión de treinta mil dólares como comisiones generadas, de lo cual al reclamante le correspondía el veinte por ciento. Existen documentos que respaldan todo eso, si el monto no es el correcto es por mi memoria, pero si era algo que la cartera no había generado. Después de eso los personeros de tesorería llamaron al señor Alfredo, en el sentido de que el actor estaba pasando esa información para el pago de sus comisiones, que si esto era correcto, lo cual por supuesto no era correcto, ya que las comisiones del mes anterior, ya se le habían pagado al actor y únicamente eran de los primeros días del mes en que éste renunció. De ahí el motivo por el cual se reservó el pago de esas comisiones. En el momento en que el actor presentó la renuncia yo todavía fungía como auditor interno y por ende hice un arqueo de la cartera del señor Beirute, del mismo hay papeles de trabajo, en los que consta que la cartera en ese momento del mes no tenía utilidad ...” (folios 90 a 97). Por ello, contrario a lo que objeta el recurrente, no hubo error en la apreciación de la prueba, ni de los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ya que aún sin considerar la “Certificación de Ingresos” de Contador Público (folio 140), con la prueba testimonial queda acreditada la improcedencia del reclamo de comisiones del mes de marzo de 2000, por la suma que pretende de seis mil dólares.
V.- En mérito de lo expuesto, el pronunciamiento de fondo del que se conoce, debe ser confirmado.