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ADH: marzo 2011
Recurso de Amparo en contra del reglamento a las consultas comunitarias
Pueden descargar el recurso de amparo en aquí
CONSEJO DE LOS PUEBLOS DE OCCIDENTE – CPO – “Por la defensa del territorio”50 consultas en occidente del país
¡¡“Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya ni uno, ni dos… que se queden atrás de los demás!!
Señores:Álvaro ColomPresidente de la RepúblicaRafael Espada.Vicepresidente de la República Consejo de Ministros. Con copia a:Congreso de la RepúblicaCorte Suprema de JusticiaCorte de constitucionalidad.
Señores Álvaro Colom y Rafael Espada, nosotros autoridades comunitarias, municipales, pastorales sociales y organizaciones locales, nos dirigimos a ustedes para manifestarles que como pueblos ancestrales, desde nuestros orígenes con más de 5,127 años viviendo en estos nuestros territorios, hemos concebido y construido nuestros instrumentos de consulta, consenso y toma de decisiones, como un todo articulado en la práctica del Consejo. Esta normatividad está escrita en nuestro espíritu, cabeza y corazón, fundamentada en nuestra filosofía – cosmogónica y desarrollada en una ética-política, que armoniza el cosmos: territorio, naturaleza, personas y-cultura; soportados en principios de armonía, equilibrio, solidaridad, complementariedad, base para vivir bien en libertad, democracia y justicia. Con mucho pesar: abuelos y abuelas, hijos e hijas, nietos y nietas, reunidos en consejos comunitarios de más de 50 municipios que ya hemos realizado nuestras consultas comunitarias, en donde cerca de UN MILLON de personas hemos tomado la decisión de respetar, defender y fortalecer nuestras formas de vida, con el apoyo de otros municipios y pueblos que están preocupados por su devenir; ante ustedes expresamos: 1. Nuestro total rechazo al Reglamento de Consulta, porque el espíritu, la orientación e intención última del mismo, disminuye, restringe y tergiversa el espíritu del Derecho a la Consulta, haciendo a un lado el derecho al consentimiento, a la territorialidad ancestral y la libre determinación, así como otros derechos fundamentales consagrados en Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados internacionales;
2. A través de esta reglamentación que se nos quiere imponer, creemos que su gobierno se hará cómplice de una nueva fase de despojo y ocupación de nuestro territorio, utilizándose una vez más el pretexto del “desarrollo”. No quisiéramos terminar caracterizando su gobierno, como impulsor del retroceso de nuestros derechos colectivos y la nueva Colonización de nuestros pueblos; 3. Demandamos de su gobierno, el cumplimiento de las medidas Cautelares emitidas por la CIDH, que obligan al Estado al cierre de operaciones de la Mina Marlin, ubicada en San Miguel Ixtahuacán y las operaciones de la Cementera en San Juan Sacatepéquez, las condiciones de la concesión en que fue dada la primera y la forma en que se impone la segunda, son un atropello a la dignidad de las presentes y futuras generaciones de guatemaltecos. La conflictividad social, enfrentándonos entre hermanos, que las mismas están ocasionando, aparte del saqueo de nuestro patrimonio natural, que en la práctica supera el monto del producto nacional bruto dejando una céntima miserable.
4. Finalmente exigimos el cese del desalojo y persecución que están sufriendo nuestros hermanos kekchies en el valle de Polochic, porque consideramos injusto e incoherente con el discurso de su gobierno que supuestamente aboga por los pobres de este país. También exigimos que se esclarezca y se condenen a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y daños ocasionados. 5. Al Pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, agradecemos su solidaridad con nuestra causa y demandamos su presencia permanente y apoyo para garantizar a la presente y futuras generaciones un camino más amplio para el bienestar, que han soñado y promovido nuestros abuelos y abuelas. Desde el Occidente de Guatemala 15 de marzo de 2011
ADH HuehuetenangoConsejo de los pueblos del QuicheConsejo Maya K´iché de QuetzaltenangoConsejo Mayor Maya Mam: Quetzaltenango,San Marcos, Retalhuleu, Huehuetenango y Chiapas.
2. El párrafo 4 de la exposición de motivos dice. “El Gobierno de la República observa que el Derecho de Consulta contenido en el Convenio 169 de la OIT, no es autoejecutable por cuanto no ha podido ser aplicado en forma inmediata, carece de suficientes especificación para ser aplicada administrativa y judicialmente en casos concreto y por lo tanto, necesita de un acción legislativa, regulatoria normativa o administrativa, para que resulte garantizado el derecho internacionalmente reconocido”. a) El Derecho a la consulta al no ser autoejecutable no ha podido ser aplicado en forma inmediata. Comentario: Este argumento no tiene ninguna validez y debe ser desechada completamente. La Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados en su artículo 27 establece: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.[1]
b) El derecho de consulta contenido en el Convenio 169 no es autoejecutable, según observa el Gobierno. Comentario: Ante esto, cabe citar el derecho comparado. La Corte de Apelaciones de Temuco (Chile) en su sentencia en el Caso Palguín, al referirse a las disposiciones 6 y 7 del Convenio 169 dice: “…existe un imperativo para los gobiernos de consultar a los interesados mediante procedimientos adecuados cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente. En consecuencia, al ser normas autoejecutables las del citado convenio y siendo derecho interno vigente deben ser aplicadas por la autoridad atendiendo el principio de juridicidad y en un sentido mas amplio tributario del concepto de Estado de Derechos, en cuanto gobernantes y gobernados se someten a un orden jurídico objetivo e imparcial, igual para todos y que apunta ser correcto y justo”.[2]. La consulta establecida en el artículo 6 del Convenio 169 (…) es una obligación estatal, norma autoejecutable e imperativa.[3]
La abogada mexicana, Magdalena Gómez dice que “Conforme al Convenio de Viena, el Convenio 169 debe aplicarse sin mediación”.[4]En la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú con fecha 09 de junio de 2010, en el caso de la Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.° 1089, ante el argumento del Poder Ejecutivo acerca de que el Convenio N.° 169 no ha sido reglamentado, por lo que no podría ser aplicado. El planteamiento subyacente a este argumento esgrime que el referido Convenio sería una norma programática, no pudiendo ser aplicada sin que previamente exista una regulación domestica que la desarrolle. Responde el Tribunal que esto “(…) no es un argumento constitucionalmente válido excusar la aplicación de derechos fundamentales debido a una ausencia de regulación legal o infra legal. Ello sería dejar en manos de la discrecionalidad estatal el cumplimiento de los derechos fundamentales, posición que riñe con el Estado Constitucional del Derecho en la que la Constitución vincula a toda la sociedad, incluyendo a los órganos constitucionales o a los llamados Poderes de Estado. Desde esta perspectiva, la naturaleza programática o aplicativa no tiene mayor incidencia puesto que lo concreto es que debido a una omisión normativa se deniega el ejercicio de una serie de derechos fundamentales a un sector de la sociedad. Más aun, en el caso de compromisos internacionales, deben tenerse presente los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El primero de ellos establece que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” Mientras que el segundo indica que; “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.” Si bien en este caso no se está justificando el incumplimiento del Convenio N.° 169 en base a una disposición de derecho interno, se pretende justificarlo en base a una omisión, situación que bien puede interpretarse subsumida en el mandato del artículo 27 de la convención mencionada.[5]
Comentario: al expresarse de esta forma, el gobierno ignora que el contenido del Convenio ingresó al ordenamiento jurídico al ser ratificado en 1996 y no a partir de la reglamentación que propone. En este caso, dice Ian Chambers: “Para los efectos del derecho internacional y según la misma Constitución de la OIT, la ratificación del Convenio constituye una obligación para que el Estado cumpla sin reserva con todas las disposiciones del Convenio, y es la obligación del gobierno, en representación del Estado, asegurar que en el orden jurídico interno no haya leyes o prácticas que estén en contra o disconformidad con el Convenio y esto incluye hasta la misma Constitución. Una ratificación equivale a un compromiso por parte del Estado, a través de su gobierno, de aplicar de buena fe todas las disposiciones del documento ratificado.[6] En otras palabras, los instrumentos internacionales establecen obligaciones para los Estados que los ratifican o se adhieren a ellos. Estas obligaciones están reguladas por el propio Tratado o, bien, por las normas generales que emanan de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Viena 1968), los cuales se pueden caracterizar de la siguiente forma: a) de respetar; b) de garantizar; c) de promover; e) de adoptar medidas para hacer efectivos los derechos y; f) de cooperar a la supervisión internacional.[7]
Lo que ha conllevado al incumplimiento del Convenio es la falta de voluntad política de los distintos gobiernos que han calentado las sillas de las instituciones estatales. 4. En el artículo 3 dice. “El presente reglamento se aplicará por las instituciones del Organismo Ejecutivo, cuando se pretendan la emisión de medidas administrativas o regulatorias susceptibles de afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas…
· Al prever medidas legislativas o administrativas (artículo 6(1)(a)); · Antes de proceder a la prospección o explotación • de los recursos del subsuelo (artículo 15(2)); · Al considerar la enajenación de las tierras de pueblos indígenas o la transmisión de sus derechos sobre estas tierras a personas extrañas a su comunidad (artículo 17); · Con anterioridad a la reubicación de los pueblos indígenas, que sólo deberá efectuarse con el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa (artículo 16); · En la organización y funcionamiento de programas especiales de formación profesional (artículo 22); · En las medidas orientadas a enseñar a leer y escribir a los niños en su propio idioma indígena (artículo 28).[8]Entre las disposiciones del Convenio y la Declaración de UN sobre los Derechos de los PPII y lo que propone el articulo 3 de la propuesta gubernamental hay un abismo profundo en la que solo pueden caer los proponentes. 5. El artículo 7 de la propuesta establece la integración de la Comisión de Consulta. La Comisión de Consulta se integra de la manera siguiente: e) un representante de cada Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de las comunidades de la circunscripción geográfica correspondiente; i) Dos autoridades ancestrales del o los municipios de la circunscripción geográfica correspondiente. d) Las autoridades ancestrales, consejos de ancianos, otro tipo de autoridades propias de su cultura y los representantes de las comunidades lingüísticas de los pueblos indígenas, deberán estar avecindados, por lo menos con un año de antelación al proceso, en las comunidades donde se aplicará la medida. Sus nombramientos deberán emanar de la celebración de asambleas comunitarias que reflejen la participación mayoritaria de las personas que conforman dichos pueblos mediante acta de dicha asamblea. Estas actas deberán estar inscritas en el Registro de Comunidades Indígenas de la municipalidad correspondientes.
Comentario: ¿Habrá Registro de Comunidades Indígenas en los 333 municipios de Guatemala? 7. El artículo 11 habla sobre los mecanismos de consulta. En su parrado segundo dice: Para desarrollar el proceso de consulta la Comisión deberá observar y respetar los mecanismos de consulta y toma de decisión propios de los pueblos indígenas, sin menoscabo de otros medios tales como entrevistas, encuestas, talleres, asambleas, audiencias públicas, reuniones de trabajo, mesas redondas, foros, peritajes, dictámenes, estudios y cualquier otro mecanismo apropiado, los cuales deben ser debidamente documentadas.
Comentario: La propuesta del gobierno no explica a que se refiere cuando habla de peritajes, dictámenes, estudios. ¿Qué otros mecanismos apropiados existen? No creo que se refieran a prácticas tal como reunir a la gente de las comunidades en una charla y llenar planillas de asistencia y así justificar que se han hecho consultas y se ha logrado el consentimiento de las comunidades. 8. El artículo 14 habla de los efectos de los resultados: En el inciso c dice: ante la ausencia de acuerdo o el mayor acuerdos posible entre las partes, deberá prevalecer el interés nacional y el bien común, debiendo la autoridad que adopta la medida, justificar racional y objetivamente por qué no fue posible alcanzar dicho acuerdo, indicar cuales sugerencias u opiniones de los representantes y comunidades indígenas afectados no pueden incorporarse y las razones que hacen aconsejable la adopción de la medida administrativa o regulatoria con la finalidad de otorgar seguridad y certeza jurídica al proceso.
Comentario: a mi juicio, al quitar el carácter vinculante de la consulta, alegar el interés nacional y el bien común o que la consulta no constituye un derecho de veto, el gobierno y contubernio con las empresas nacionales o transnacionales pueda hacer lo que se le pega la gana con las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas. Si está en juego derechos fundamentales tales como la vida y la integridad de un pueblo indígena ¿Se puede alegar interés nacional, bien común o que la consulta no es derecho de veto? La preferencia del interés público no es ilimitada ni arbitraria, pues esta no se puede llevar a cabo en desmedro de los derechos fundamentales de las personas ni transgrediendo el marco jurídico vigente.[10]“En un Estado de derecho, el Estado no puede privilegiar de ninguna manera los intereses sobre los derechos. El cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas es de interés de toda la nación”.[11]
A mi juicio, así como está este tumor reglamentario, debe desecharse completamente. Recurriendo al derecho comparado, concuerdo con la Corte de Constitucionalidad colombiana en su sentencia del 23 de enero de 2008 en el caso de la Demanda de Inconstitucionalidad contra la Ley 1021 de 2006, por la cual se expide La Ley General Forestal al decir que “No hay reglas sobre el procedimiento a seguir en las consultas. Solo deben manejarse con flexibilidad y buena fe”.[14] En otras palabras, dice Raquel Yrigoyen (experta peruana) que “No es necesario que haya un reglamento para el ejercicio del derecho de consulta, pues se trata de un derecho de aplicación inmediata”. Ella aclara taxativamente que: “Si se trata de medidas legislativas, el obligado a consultar es el Órgano o Poder Legislativo. Si se trata de medidas administrativas o adopción de políticas gubernamentales, el obligado a consultar es el Poder Ejecutivo en su rama respectiva, o el gobierno local en las materias de su competencia. En actos administrativos de exploración o concesiones mineras, petroleras, forestales, la consulta debe ser efectuada cuando se da la planificación del desarrollo, y de modo previo a cualquier acto administrativo.[15]
En Guatemala los obligados a realizar la consulta son los diversos órganos estatales, incluyendo el legislativo que prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar los derechos e intereses de los pueblos indígenas. Después de 15 años de gravísimas violaciones y fraudes al Convenio 169, hablar hoy de reglamentar la consulta está por demás, lo único que se necesita es voluntad política para cumplir con el Convenio y estar al tanto de la evolución del derecho internacional. Es más saludable que se reconozcan los resultados de las consultas comunitarias realizadas por los propios pueblos indígenas, pues, son legales y legítimas. [1] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. U.N. Doc. A/CONF.39/27 (1969), 1155.U.N.T.S. 331, entered into forcé, january 27, 1980. [2] Sentencia Caso Palguín. Aplicación del Convenio 169 en Chile, 21 de enero de 2010 en: http://www.politicaspublicas.net/panel/jp/456-sentencia-palguin.htm
[4] Magdalena Gómez. La justiciabilidad del Convenio 169 de la OIT. [5]Sentencia del Tribunal Constitucional con fecha 09/06/2010. Caso. Demanda de inconstitucionalidad el Decreto Legislativo No. 1089. Ver en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html[01/07/2010 23:26:32] [6] Chambers, Ian. El Convenio 169 de la OIT: Avances y perspectivas. Derecho Indígena, coordinada por Magdalena Gómez. Instituto Nacional Indigenista (INI), 1ª Edición 1997, México, pág. 129. [7] Centro de Documentación Defensoría Penal Pública de Chile. Estudios y Capacitación: Repertorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1987-2005. No. 3, pág. 6, Diciembre, 2005. [8] Organización Internacional del Trabajo. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y tribales en la Práctica. Una Guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT. Programa para Promover el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169). Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 61. [9] Gonzales Galván, Jorge Alberto. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. El Estado Pluricultural de Derecho: Los principios y los Derechos Indígenas Constitucionales. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=boletin&n=88
[10] William Ramírez Fernández y Nadezhda Cucho. Fundación Mirna Mack. Manual de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en el Código Penal Guatemalteco, con especial referencia a los delitos contra los Derechos Humanos, pág. 26. 1ª Edición, Guatemala, 2003. [11] Raquel Yrigoyen. Derechos Indígenas son de interés nacional. [12] Juan Francisco Flores Juárez. Constitución Política de la República de Guatemala y su interpretación por la Corte de Constitucionalidad, pág. 52. Guatemala, 2005. [13] J. Anaya. El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas. Normas de derechos humanos. Presentación basa en el Informe sobre “Principios Internacionales de la Consulta a Pueblos Indígenas, del Relator Especial para los Derechos y Libertades de los Pueblos Indígenas. www.politicaspublicas.net [14] Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG). Litigio Estratégico en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, pag.39 [15] Raquel Yrigoyen Fajardo. El Derecho de Participación y Consulta Previa en el Convenio 169 OIT y su Aplicación a Guatemala. Decálogo de las preguntas más frecuentes, págs. 4 y 5, Guatemala, febrero de 2007.
Nosotras y nosotros, los 441 delegados de pueblos y comunidades participantes del VIII Encuentro del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa los Ríos, nos oponemos al autoritarismo del Estado mexicano que a través de sus instituciones impone un modelo de desarrollo injusto y depredador de la vida social y natural por medio de la construcción de presas.
Con base en una amplia crítica a la organización económica neoliberal para la que lo único realmente relevante es la privatización de ganancias y la socialización de los costos (riesgos ambientales, trabajos precarios, problemas de salud, etc.), en el MAPDER consideramos que la injusticia social y ambiental impide alcanzar una vida digna para nuestras comunidades y pueblos, por lo que:
Exigimos, la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Itzantún y Chinín, Chiapas. A partir de esta declaratoria, los afectados miembros del Comité de Huitiupán nos declaramos en resistencia civil, hasta conseguir nuestros objetivos.
Rechazamos la construcción de la presa de Tenosique (Boca del Cerro) en Tabasco y todas las que el gobierno pretende construir sobre el Río Usumacinta. El Frente Petenero contra Represas de Guatemala exige al gobierno que respete los derechos de las poblaciones afectadas y tome en cuenta las demandas de las comunidades en contra del proyecto de represas en el Río Usumacinta y que en la gestión de los recursos fronterizos se considere la decisión de las comunidades de ambos países.
Desde nuestra experiencia en la realización de consultas comunitarias de Buena Fe en Guatemala, la Asamblea Departamental de Huehuetenango manifiesta su solidaridad con los hermanos mexicanos en sus luchas por la defensa de la madre naturaleza la cual enfrenta diferentes amenazas en sus territorios por la construcción de megaproyectos.
Demandamos se detengan los intentos ilegales para obtener el permiso de los núcleos agrarios que posibilitarían reiniciar el proceso expropiatorio y de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa “La Parota” en Guerrero. Rechazamos enérgicamente la construcción del proyecto de “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” en Oaxaca.
Nos oponemos a que continúen los estudios preparatorios de la Comisión Federal de Electricidad con relación al proyecto “Presa Las Cruces” en Nayarit.
Exigimos el alto total a la construcción de la presa “La Yesca” y la justa indemnización a quienes ya hemos sido afectados en Hostotipaquillo, Paso de la Yesca y Mesa de Flores en Jalisco. Reclamamos un resarcimiento pleno de los daños a los afectados por las presas “Arcediano” en Jalisco, “El Cajón” en Nayarit, “Cerro de Oro” en Oaxaca, y “Picachos” en Sinaloa. Apoyamos la defensa de la cuenca de los ríos Nazas-Aguanaval y nos pronunciamos en contra de la afectación histórica provocada por el sistema de presas de la Comarca Lagunera en Coahuila.
Denunciamos las repercusiones en la salud de los pobladores en los municipios de El Salto y Juanacatlán en Jalisco por la contaminación del Río Santiago y la negativa del gobierno para dar una solución al problema. Exigimos que la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco atienda las demandas de los colonos de la Magdalena, San José y El Caracol, por servicios de agua potable y drenaje adecuados, igualmente exigimos que en toda decisión se presente información suficiente y se consulte a los habitantes sobre toda obra publica a realizarse.
Rechazamos la instalación de la regasificadora en la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima y exigimos a la Convención Ramsar una explicación clara en la que se demuestre que la fragmentación de esa laguna no atenta contra la integridad del humedal costero.
Desde las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo hacemos un llamado a todos los pueblos latinoamericanos para tomar la bandera de la Revolución del Agua y exigimos a las autoridades del gobierno federal y del Estado de Jalisco que cumplan sus propias leyes y se cancele definitivamente el proyecto de la presa “El Zapotillo”. En este caso es indispensable se atienda y acepte la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el exhorto del Congreso del Estado de Jalisco, asimismo, es fundamental que se haga valer la voluntad de las comunidades expresada en la consulta comunitaria realizada el 7 y 8 de enero de este año, y las sentencias judiciales recientemente emitidas.Rechazamos los subsidios del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para proyectos hidroeléctricos destructivos y nos oponemos a todos los mecanismos del mercado de carbono, así como a la explotación minera toda vez que requiere ingentes cantidades de agua y energía para su funcionamiento, por esto, nos proponemos fortalecer la alianza entre nuestro movimiento y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Denunciamos la militarización de nuestros territorios. Exigimos también que cesen las amenazas, las agresiones y la criminalización de que son objeto comunidades y activistas que en un marco de legalidad trabajan a favor de la propiedad social de la tierra, del agua y de los recursos naturales y en contra de su privatización, así como de las organizaciones que acompañan y defienden sus derechos humanos y territorios.
Convencidos de que la lucha social y política debe ir contra las corporaciones rapaces y gobiernos neoliberales que socavan la dinámica de los espacios en los cuales vivimos, trabajamos y nos desarrollamos, convocamos a recuperar la memoria histórica de las luchas sociales y la sabiduría de los pueblos para poder reinventar las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, y construir alternativas autogestivas que aseguren la autonomía y el control de nuestros territorios.
¡Ríos para la vida, no para la muerte!¡Agua y Energía no son mercancía!¡Cambiemos el sistema no el clima!¡Ríos libres para pueblos libres!
MOVIMENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESASY EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)
Huitiupán, Chiapas, Marzo 12, 2011