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Timestamp: 2019-02-17 08:44:14
Document Index: 122885417

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 32', 'artículo 51', 'artículo 41', 'artículo 29', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 36', 'artículo 16', 'artículo 31']

SENTENCIA STL6583-2016 DE 18 DE MAYO DE 2016
CONTENIDO:ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE IMPONGAN MEDIDAS PREVENTIVAS PUEDEN SER DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1333 DEL 2009, QUE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, FUE OBJETO DE CONTROL ABSTRACTO CONSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA SENTENCIA C-703/10. EN ESTA PROVIDENCIA SE PRECISÓ QUE LOS PRINCIPIOS QUE ENMARCAN EL DERECHO AMBIENTAL SON LOS DE PREVENCIÓN Y PRECAUCIÓN, Y BUSCAN COMO ÚLTIMA OPCIÓN DOTAR DE INSTRUMENTOS A LAS RESPECTIVAS AUTORIDADES PARA ACTUAR ANTE LA AFECTACIÓN, EL DAÑO O EL PELIGRO QUE ENFRENTA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS RELACIONADOS. DE ACUERDO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS PROFERIDOS CON BASE EN EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DEBEN ESTAR MOTIVADOS Y SON EXCEPCIONALES, Y POR ESTA RAZÓN PUEDEN SER DEMANDADOS ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA QUE ASÍ LA DECISIÓN DE LA AUTORIDAD SE ENMARQUE DENTRO DEL ESTADO DE DERECHO, COMO CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, CONTROL JURISDICCIONAL DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS CAUTELARES, CONTROL JURISDICCIONAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LA TOMA DE POSESIÓN, MEDIDAS CAUTELARES TRIBUTARIAS, MEDIDAS DE PREVENCIÓN AMBIENTAL, ATRIBUCIONES DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SUJETOS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL ACOSO LABORAL, PRINCIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia STL6583-2016/66129 de mayo 18 de 2016
Rad.: 66129
Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis
Resuelve la Corte la impugnación presentada por Alfonso González Torres contra el fallo proferido el 6 de abril de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acción de tutela que adelanta contra la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Inspección Municipal de Policía de Arcabuco, la cual se hizo extensiva al Departamento de Boyacá, a la Oficina de Control Interno Disciplinario y a la Subdirección Administrativa de Recursos Naturales de Corpoboyacá.
La parte accionante estimó quebrantados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al de petición, lo cual fundó en los siguientes hechos:
En lo que interesa a la discusión, manifestó que mediante Resolución 0500 del 19 de mayo de 2009, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá le concedió Licencia Especial de Explotación de Materiales de Construcción Nº 15682, «concesión de aguas con destino a uso industrial de trituración y lavado de arena; que por Resoluciones 1960 y 1961 del 24 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales le impuso medida preventiva (suspensión de actividades) respecto de la cantera «La Esperanza» y ordenó la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en su contra.
Señaló que por Resolución 2091 de 2014, lo declararon responsable de «presuntamente generar vertimientos sin contar con el respectivo permiso en contravención a lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2821 de 1974 y el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010», además lo sancionaron con multa de $ 2.000.454 por infracción de normas ambientales, y accesoriamente se dispuso el cierre temporal (2 meses) de actividades de explotación de materiales de construcción en el referido proyecto, con el fin de que en ese término solicitara la modificación de la Licencia Ambiental y el permiso de vertimientos, así como los «adicionales que requiere el proyecto»; que recurrió, pero se mantuvo la decisión el 19 de noviembre de 2014.
Indicó que ante la imprecisión de la expresión «permisos adicionales», ese mismo día pidió su aclaración, sin obtener respuesta; que el 30 de diciembre siguiente solicitó el permiso de vertimientos, el 8 de enero de 2015 canceló la multa impuesta, y el 26 del mismo mes requirió la modificación de la licencia ambiental de acuerdo a lo precisado en la actuación detallada, trámite que inició el 8 de abril de 2015 mediante Resolución 0476, día en que, previa solicitud del actor, se levantó la medida de cierre temporal, sin que se hiciera «mención a la obligación de tramitar otros ‘permisos adicionales’ para el proyecto» aludido.
Anotó que el 15 de febrero de 2016, presentó dos peticiones a Corpoboyacá, en el que requirió:
1. Solicito respetuosamente se me indique si mediante algún acto administrativo o similar la Corporación Autónoma Regional de Boyacá delegó o comisionó a la Gobernación de Boyacá expresas funciones y/o competencias en materia minero-ambiental.
2. Solicito respetuosamente se me informe si la Corporación Autónoma Regional de Boyacá comisionó al funcionario de la Gobernación de Boyacá Pedro Pablo Salas Hernández para desarrollar indagaciones en materia minero-ambiental; más exactamente sobre la cantera La Esperanza.
3. En caso afirmativo solicito se me indique el número y el objeto de la actuación administrativa que se está adelantando por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá respecto de la cantera La Esperanza y se me expidan copias de las respectivas actuaciones.
4. Solicito de la manera más respetuosa se me comunique cuáles son los compromisos adquiridos entre Corpoboyacá y la Ciudadanía de Arcabuco, y de los cuales se tiene que presentar una respuesta el día de hoy 12 de febrero de 2016, específicamente sobre las medidas a tomar contra la cantera La Esperanza.
5. Se me informe si existe alguna orden, instrucción o invitación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para motivar manifestaciones, marchas o plantones en contra del ejercicio de la actividad minera lícita en el Departamento de Boyacá y concretamente en contra de la cantera La Esperanza.
1. Solicito respetuosamente me indique cuál es el pronunciamiento y/o respuesta; la actuación administrativa; y el estado jurídico y técnico del radicado Nº 150-13979 del 19 de noviembre de 2013.
2. Solicito me informe cuál es el pronunciamiento y/o respuesta por parte de la Corporación al radicado Nº 150.15403 del 19 de noviembre de 2014.
3. Solicito atentamente me comunique cuál es el pronunciamiento y/o respuesta; la actuación administrativa; y estado jurídico y técnico del radicado Nº 017289 del 30 de diciembre de 2014.
4. Solicito se me aclare si existe algún término de acuerdo a la legislación vigente para que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá evalúe y se pronuncie ante los permisos y consultas solicitados y debidamente radicados por los titulares dentro de los correspondientes expedientes de dicha corporación.
Que desde el 12 de febrero de 2016, una «cuenta autodenominada ‘Colectivo Ambiental Arcabuqueño’» en la red social Facebook, difundió publicaciones relacionadas con actuaciones administrativas tendientes al cierre de la referida cantera y el trámite iniciado en su contra; que el 12 de febrero de 2016 se profirió la Resolución 0479 de 2016, que le impuso medida preventiva de cierre temporal de la obra, fundado en que la licencia Nº 15982 no contaba con el «permiso de emisiones atmosférica», de lo cual se enteró el 9 de marzo de 2016, «cuando de manera inesperada y con total desconocimiento de las garantías fundamentales», el Inspector Municipal de Policía de Arcabuco, Boyacá, luego de constatar que en la mina no se estaba haciendo ningún trabajo, efectuó «ilegalmente» la diligencia de cierre transitorio, y cuestionó que dicho colectivo, de forma irregular, conociera «de primera mano» esas decisiones, antes que el particular involucrado, lo que a su juicio debe ser investigado disciplinariamente.
Por lo anterior, el mismo día pidió que se le informara el procedimiento seguido por Corpoboyacá «en cuanto a la notificación personal correspondiente al acto administrativo mediante el cual se ordena el cierre de la cantera La Esperanza», se levantara la referida medida, le indicaran «en qué momento quedó en firme el acto administrativo (...) mediante el cual se ordena el cierre (...) y a partir de qué instante obtiene su condición de uso público», le informaran «cuál es el funcionario de la Corporación encargado de la custodia del expediente» y le dieran cumplimiento al artículo 29 superior, «en el sentido de garantizarme el debido proceso sobre cada una de las actuaciones que se realicen dentro de los expedientes de los cuales soy titular».
Señaló que «de manera extraña», el 11 de marzo de 2016 le comunicaron la respuesta a los derechos de petición presentados el 15 de febrero, «reiterando que la respuesta dada al (...) radicado bajo el Nº 150-15403 del 19 de noviembre de 2014, en el cual se consultaba que ‘permisos adicionales’ requería el proyecto cantera La Esperanza, se viene a suministrar 1 año y 4 meses aproximadamente desde que radiqué el derecho de petición y con posterioridad al cierre».
En su criterio, no resulta justificable que se haya motivado el cierre temporal de la cantera La Esperanza por la falta del permiso aludido, pues nunca le informaron que lo requería, y precisamente, la petición dirigida a que le aclararan tal asunto fue respondida más de un año después. Criticó que Corpoboyacá excusara el incumplimiento del término de 15 días consagrado en la Ley 1755 de 2015 para contestar sus solicitudes, en el cúmulo de requerimientos que atiende, y que en todo caso, si ello es verdad, debía informarle dicha situación.
Por último, agregó que ante el cierre de la cantera no se pueden ejecutar los procesos que presuntamente generan las emisiones que dieron lugar a la medida preventiva, y por ello no se podría establecer si los mismos están dentro de los límites permitidos.
Pidió ordenar a la parte accionada que levantara la medida aludida, «con el fin de que se surta el debido proceso administrativo y se pueda analizar desde el punto de vista técnico y jurídico (...) la viabilidad legal de la solicitud del permiso de emisiones atmosféricas», que se le notifique en debida forma la Resolución 0479 de 2016, que le respondan de fondo la solicitud de modificación de la licencia ambiental y que se realizaran las correspondientes investigaciones disciplinarias; como medida provisional, solicitó suspender los efectos de la Resolución 0479 de 2016 hasta que se resolviera esta tutela.
Mediante proveído del 17 de marzo de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja admitió la acción, vinculó a los atrás descritos, ordenó la notificación, el traslado correspondiente y negó la medida provisional (folios 118 a 119).
La Inspección Municipal de Policía de Arcabuco explicó las actuaciones adelantadas en atención a la Resolución 0479 de 2016, de lo cual estimó que no vulneró garantías constitucionales. Pidió que se negara el amparo dado que el cierre preventivo obedece a la falta de permisos de emisiones atmosféricas, situación que pone en peligro el derecho colectivo a un ambiente sano, y añadió que para dejar sin efecto el precitado acto, se cuentan con otros mecanismos de control dispuestos en la vía contenciosa administrativa (folios 131 a 135).
Corpoboyacá adujo que las medidas preventivas tienen sustento legal en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que les imprimió el carácter de «inmediatas, preventivas y transitorias, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar».
Asentó que el actor no informó la posibilidad de adelantar las actividades de explotación a través del método de voladuras, lo cual genera «gran cantidad de material volátil y/o particulado», aspecto por el que se tomó la decisión de suspender transitoriamente el proyecto «hasta tanto se aclarara la situación». Aclaró que obtenido el pronunciamiento del responsable, la medida podría levantarse, pero la actitud del accionante ha sido pasiva, pese a que el 11 de marzo de 2016 se le ofició para que acudiera a notificarse de la Resolución cuestionada.
Explicó el trámite interno para contestar los derechos de petición, y frente a la solicitud que el actor elevó el 19 de noviembre de 2014, señaló que «la Corporación no puede ser juez y parte dentro de los trámites de evaluación ambiental que ejecuta (...) y corresponde al interesado en la ejecución de los proyectos, obras o actividades determinar qué permisos ambientales requiere y por ello le corresponde elaborar los estudios ambientales orientados a establecer los impactos a mitigar y en todo caso (...) no se informó a la corporación la necesidad de efectuar voladuras con dinamita para explotar el material», y en cuanto a que no se ha contestado la solicitud dirigida a modificar la licencia ambiental, aclaró que para tales efectos existe un procedimiento establecido en el Decreto 1076 de 2015 (folios 151 a 154).
La Gobernación de Boyacá aseguró que no tenía competencia para pronunciarse sobre las actuaciones administrativas cuestionadas (folios 159 a 161).
Mediante sentencia de 6 de abril de 2016, el Tribunal negó el amparo tras advertir que el acto administrativo reprochado es susceptible de ser atacado ante la jurisdicción contenciosa administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que además tiene la posibilidad de solicitar la suspensión provisional, sin que la tutela pudiera proceder transitoriamente, toda vez que no se demostró un perjuicio irremediable, además de que es posible requerir dicha suspensión ante la misma accionada (folios 170 a 180).
La parte accionante afirmó que el Tribunal no emitió una sentencia congruente y desatendió el material probatorio obrante en el sub lite. Reiteró lo expuesto en el escrito inicial, principalmente lo atinente a la supuesta violación de sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, defensa e igualdad.
Indicó que no cuestionó la legalidad de la Resolución 0479 de 2016, sino el «actuar irregular (...) antes y después del trámite iniciado a través de dicho acto», por lo que la acción de tutela es el mecanismo principal para conjurar la transgresión superior, además de que no sería posible atacar ese acto mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto no puso fin a la actuación administrativa,
Insistió en la tardanza de la respuesta a su petición de 18 de noviembre de 2014, que conllevó a la vulneración de las demás garantías y a no tener claridad sobre los permisos ambientales requeridos; que sin mediar notificación del acto que ordenó el cierre temporal de la cantera, se realizó ilegalmente la diligencia, y aclaró que aun cuando la modificación de la licencia ambiental aprobada por Resolución Nº 741 de 1997, no puede someterse al término del derecho de petición, también lo es que se estipulan plazos legales que son imperiosos cumplir, de conformidad con el Decreto 2041 de 2014, pero la verdad es que han pasado 1 año y 3 meses sin obtener resolución de fondo; que ante su solicitud de que le informaran si existe un término para que se pronunciaran sobre los permisos y consultas, adujo que la respuesta recibida no era acorde, pues se limitó a resaltar la congestión de la entidad.
Culminó con que es infundado el argumento de Corpaboyacá en torno a que no comunicó las actividades de explotación mediante voladuras, pues así está aprobado «hace aproximadamente 20 años» en el Plan de Manejo Ambiental (folios 189 a 199).
Con énfasis, el impugnante precisa que no cuestiona la legalidad de la Resolución 0479 de 2016, que impuso medida preventiva de cierre temporal de la cantera La Esperanza, sino las presuntas actuaciones irregulares y omisiones cometidas por Corpoboyacá, como que no fue notificado personalmente de la precitada resolución y, en esa medida, no pude ejercer su derecho de defensa, además de que ello sí fue conocido por otras personas e incluso tuvo difusión en la red social Facebook.
La Sala debe puntualizar que el accionante sí reprochó la legalidad de la Resolución 0479 de 2016, pues de hecho, la pretensión principal de la tutela se concentró en la suspensión provisional de sus efectos y el consecuente levantamiento de la medida preventiva allí contenida, lo cual, contrario a lo sostenido por el actor, es susceptible de demandar en sede contenciosa administrativa, como atinadamente lo dedujo el Tribunal.
En efecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, consagra que las «medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar». Esa disposición fue objeto de control abstracto constitucional a través de la Sentencia C-703/10, de la Corte Constitucional, en la que se resaltó la importancia del medio ambiente como bien jurídico, y que justamente el otorgamiento de licencias ambientales hace parte de las actuaciones administrativas enfocadas a precaver los riesgos que puedan deteriorarlo.
Según se extrae de esa decisión, la predominancia que caracteriza a esas medidas es de tal entidad, que deviene constitucionalmente justificable que contra los actos administrativos que las contengan, no proceda recurso alguno, en tanto es prevalente garantizar su ejecución inmediata una vez la autoridad ambiental advierta la inminencia de un riesgo (prevención), incluso cuando no exista una prueba científica que así lo constate (precaución), cuestión última que resuelve uno de los reproches de la impugnación, pues en sentir del actor, no existe claridad sobre la irregularidad de las emisiones atmosféricas o, si por lo menos, están dentro de los límites permitidos; todo lo anterior sin perjuicio de que, al ser un acto motivado, pueda acudirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Al respecto, en la sentencia destacada razonó esa corporación:
Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de este, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos.
El artículo 36 señala que las medidas preventivas que la autoridad ambiental puede imponer son (...) [entre otras] la suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos.
De conformidad con lo entonces expuesto, el acto administrativo dictado con base en el principio de precaución debe ser excepcional y motivado y, como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que así la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de Derecho (...) (subrayas afuera del original).
En ese orden de ideas, el accionante cuenta con las herramientas procesales idóneas para controvertir el acto administrativo aquí cuestionado, sin que en este específico evento proceda la intervención constitucional de manera transitoria, en la medida en que no se demostró la inminencia de un perjuicio irremediable que sea imperioso evitar.
Por otro lado, el impugnante aduce que no se le garantizó su derecho fundamental de petición, puntualmente relacionado con las siguientes solicitudes: i) la del 19 de noviembre de 2014, tendiente a que le aclararan cuáles permisos adicionales se requerían para la explotación del proyecto referido, ii) la del 26 de enero de 2015, dirigida a modificar la licencia ambiental 15862, y iii) la del 15 de febrero de 2016, concretamente en cuanto a que le indicaran los plazos establecidos en la ley vigente para resolución de las solicitudes y consultas elevadas.
Revisado el expediente la Sala advierte que frente a la petición de noviembre de 2014, que como se dijo, el actor la elevó con el fin de que le precisaran los permisos adicionales a los que hizo referencia la Resolución 2091 de ese mismo año, y sobre lo cual edifica su reproche pues, debido a que la entidad omitió brindarle esa información, no pudo entonces cumplirlos y ello derivó en el cierre temporal tantas veces aludido; a juicio de la Sala, no cabe la menor duda de que al actor se le transgredió la precitada garantía superior, dado que está fuera de discusión que la respuesta se le otorgó hasta el 3 de marzo de 2016, esto es más de un año después, lo que no deviene consecuente con la característica de prontitud que irradia a ese derecho fundamental.
En la respuesta rendida por esa entidad, se indicó que «se cuenta con la solicitud de prórroga de la concesión de aguas y de inclusión del permiso de vertimientos; además, presenta una descripción de los motivos por los cuales no se requiere el permiso de emisiones atmosféricas para el proceso de transformación que se realiza en el área, enfocado en que la actividad es de trituración más no la molienda, que la regulada por la Resolución 619 de 1997», y enseguida, destacó que el proyecto requería «permiso de emisiones atmosférica, como lo establece el Decreto 1076 de 2015 (...) concesión de aguas por reúso, como lo establece la Resolución 1207 de 2014 (...) Levantamiento de veda para las epifitas, musgos, líquenes, lamas, quiches, y demás individuos que están contemplados dentro de la Resolución 0213 de 1977, proferida por el Inderena, como plantas y productos protegidos, y que se encuentran ubicados dentro del área de ejecución del proyecto minero; para lo cual por competencias según lo establecido en el numeral 15 del artículo 16, del Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, se deberá tramitar ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible»,
Ahora bien, la Corte no pasa por alto que, en puridad, el accionante no niega haber recibido la precitada contestación y que esta haya sido consecuente con lo pedido, pues lo que realmente reprocha es que ante la tardanza no pudo cumplir los permisos que requería para la continuidad del proyecto, y ello repercutió en un cierre temporal que calificó de intempestivo pues nunca se le notificó personalmente la resolución que impuso la medida preventiva.
Es decir, el actor no cuestiona en rigor la vulneración del derecho de petición sobre ese preciso requerimiento, lo cual en últimas fue materializado con la respuesta brindada por la entidad, sino los efectos que produjo esa transgresión en tanto irradió en su derecho fundamental al debido proceso administrativo. De esa manera resulta evidente la tensión constitucional que surge entre la prevalencia que le otorga el ordenamiento jurídico a la precaución y prevención de riesgos contra el medio ambiente, en directa confrontación con la garantía constitucional que le asiste al accionante.
Bajo ese escenario fáctico constitucional, urge precisar que aun cuando es cierto que la entidad, conforme a lo anotado, desatendió la Carta Política, ello deviene insuficiente para desquiciar la medida preventiva consignada en la Resolución 479 de 2016, que se dictó en pos de precaver el riesgo ambiental «sobre los recursos naturales renovables» (folio 145), y que como se explicó con antelación, tiene carácter inmediato, preventivo y transitorio, y por tanto debe prevalecer en este juicio constitucional, quedando en cabeza del actor obtener los permisos necesarios de conformidad con la información brindada por la autoridad competente y, además, si lo estima conveniente, acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para controvertir la motivación del acto, así como a cargo de la entidad la evaluación de los presupuestos que den lugar o no al levantamiento de la medida.
Lo anterior permite concluir, por otra parte, que la Inspección de Policía de Arcabuco no pudo incurrir en la violación constitucional aludida, dado que no hizo sino cumplir un acto administrativo que, se insiste, es de ejecución inmediata.
En cuanto a las demás peticiones, estas son la mora en el trámite de la modificación de licencia ambiental (iniciada el 26 de enero de 2015) y la precisión de «si existe algún término de acuerdo a la legislación vigente para que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá evalúe y se pronuncie ante los permisos y consultas solicitadas y debidamente radicados por los titulares», esta última que sin hesitación atañe a la inconformidad por la demora en la tramitación de la modificación aludida y en obtener respuesta a la petición de 19 de noviembre de 2014, dijo la entidad accionada:
Al igual que con el radicado de la primera petición, esta solicitud de permiso de vertimientos fue admitida mediante el Auto 180 de fecha 8 de febrero de 2016, el cual corrigió parcialmente el Auto 0476 de fecha 8 de abril de 2015, y en este momento está surtiendo el proceso de evaluación según lo establecido en la normatividad vigente.
Esta corporación cuenta a la fecha con un total de 859 licencias ambientales otorgadas, a las cuales se debe realizar seguimiento ambiental, sumado a ello, solamente en la vigencia 2015, se dio trámite a un total de 154 solicitudes para nuevas licencias ambientales, todas ellas radicadas en vigencias anteriores; con lo anterior, se deja claro que la cantidad de procesos que se surten en esta Corporación es numeroso, por lo tanto se atienden en medida de las capacidades logísticas y técnicas con que cuenta esta entidad, siendo así que sus solicitudes de modificación del instrumento de manejo ambiental, no obstante, como ya se mencionó, sus solicitudes de concesión de aguas y el permiso de vertimientos ya están en trámite.
De lo argüido en la impugnación se extrae sin dificultad que el peticionario conoce los términos señalados en el artículo 31 del Decreto 2041 de 2014 para el procedimiento de modificación de la licencia ambiental, de manera que, su genuina intención no era otra que la de cuestionar la tardanza en su ejecución y se le informara si existe un término en el que podrá resolverse dicho trámite.
Estima la Sala que la respuesta transcrita se aviene parcialmente a lo pedido, dado que si bien el referido Auto 180 de 8 de febrero de 2016, que corrigió la decisión que dio inicio al «trámite administrativo de modificación de licencia ambiental» (476 de 8 de abril de 2015), claramente indicó que esa diligencia «está surtiendo el proceso de evaluación según lo establecido en la normatividad vigente», no le precisó al interesado si existía algún término aproximado en el que se procedería a la siguiente etapa, lo que resulta razonable unido al amplio lapso que ha transcurrido desde la solicitud de la modificación acotada, por lo que en estos términos se concederá el amparo.
Adicionalmente advierte la Sala que aun cuando la congestión administrativa que alude Corpoboyacá es justificable, lo cierto es que, ante el tiempo prolongado que ha transcurrido en el trámite de la licencia que interesa al asunto de autos, así como la evidente tardanza en la que ha incurrido la entidad en responder las peticiones del aquí actor, la Corte la exhortará para que implemente las medidas y estrategias administrativas que estime pertinentes para garantizar la eficacia de los trámites administrativos que le compete adelantar, como los relativos a la obtención, modificación, cesión y, en general, los atinentes a las licencias ambientales, con el fin de que dé cumplimiento a los términos que expresamente consagra el Decreto 2041 de 2014 para el desarrollo de esas diligencias administrativas, y asimismo garantice la satisfacción de los plazos relacionados con el derecho fundamental de petición de los usuarios.
Por último, en punto a que las actuaciones administrativas fueron difundidas por redes sociales, a más de que ello en verdad carece de relevancia constitucional, basta decir que simplemente podría inferir un mero seguimiento que otras personas que propugnan por una causa ambientalista han realizado sobre esa actuación administrativa, lo que a primera vista no constituye ningún agravio ius fundamental, pues no obra prueba adicional que permita extraer una conducta o actuación contraria al ordenamiento jurídico.
1. REVOCAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en precedencia. En su lugar, AMPARAR el derecho fundamental de petición que le asiste a Alfonso González Torres; en consecuencia, se ORDENA a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, le informe si existe un plazo, término o fecha aproximada en el que se procederá a la siguiente etapa del «trámite administrativo de Modificación de Licencia Ambiental» de que trata el numeral Primero de la Resolución 0180 de 8 de febrero de 2016, expedida por esa entidad.
2. EXHORTAR a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para que implemente las medidas y estrategias administrativas que estime pertinentes para garantizar la eficacia de los trámites administrativos que le compete adelantar, como los relativos a la obtención, modificación, cesión y, en general, los atinentes a las licencias ambientales, con el fin de que dé cumplimiento a los términos que expresamente consagra el Decreto 2041 de 2014 para el desarrollo de esas diligencias, y asimismo garantice la satisfacción de los plazos relacionados con el derecho fundamental de petición de los usuarios.