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Timestamp: 2020-06-01 23:22:06
Document Index: 400479835

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 100', 'artículo 9', 'artículo 39']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 777, de 24/05/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 777
celebrada el martes, 24 de mayo de 2011
- Sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001952.) ... (Página 2)
- Relativa a la propuesta de reforma de la organización común de mercados de la pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002003.) ... (Página 5)
- Relativa a la conservación y regeneración del litoral español.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002006.) ... (Página 9)
- Relativa a las medidas a tomar para impulsar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del sector agrario y ganadero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002155.) ... (Página 12)
- Por la que se insta al Gobierno a crear una excepción o una modificación de las bases de la subvención contemplada en la resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, en lo referente a los requisitos solicitados para las subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado, de la que puedan beneficiarse las asociaciones responsables de la conservación y mejora de las razas autóctonas canarias de fomento. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002165.) ... (Página 14)
- Sobre regulación de los contratos obligatorios para determinados productos agrarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002191.) ... (Página 15)
- De impulso a la recuperación y protección de las Dunas de Artola (Málaga). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002213.) ... (Página 17)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001952.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a iniciar la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, para debatir y votar las proposiciones no de ley que aparecen en el orden del día.
Comenzamos con la primera proposición no de ley, sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Después de las elecciones locales y autonómicas, quiero felicitar a los que han obtenido buenos resultados y animar a los que no los han conseguido; parece que es necesario.
Señorías, la iniciativa tiene que ver con el accidente de la empresa húngara Magyar Aluminum en las inmediaciones de Agica, que ha producido una catástrofe que no solamente ha sido ecológica, sino que también ha tenido efectos humanos. El 4 de octubre de 2010 se produjo una rotura del dique de contención de una balsa con residuos tóxicos perteneciente a la empresa Magyar Aluminium Zrt, en las inmediaciones de Agica, en Hungría.
El vertido, de un millón de metros cúbicos de lodo rojo, causó ocho muertos, ciento cincuenta heridos y cientos de civiles evacuados en los pueblos del entorno y contaminó tres ríos hasta llegar al Danubio. Estos lodos contienen mercurio, arsénico y metales pesados tóxicos, algunos de ellos cancerígenos. Además, la alta alcalinidad de la sosa cáustica les hace corrosivos y producen quemaduras en la piel de las personas y de los animales. A todo ello hay que añadir los graves daños ambientales producidos en las tierras, bosques y ríos, sobre todo si los elementos tóxicos no se diluyeran suficientemente.
Hay que resaltar que en el momento de la rotura, la balsa acumulaba el doble del volumen máximo permitido. La empresa, pese a conocer con anterioridad el estado defectuoso del dique de contención, no hizo nada para repararlo y prefirió mantener la balsa en funcionamiento para no perturbar la producción de óxido de aluminio y de hidróxido de aluminio que vende a Italia y España. La empresa MAL Zrt ha propuesto pagar una grotesca suma para responder de los daños producidos, solo tiene concertado un seguro por valor de 40.000 euros y los empresarios afirman que carecen de fondos para reparar daños. Sucede aquí, con diferencias, algo preocupante y parecido a lo que pasó tras la catástrofe similar acaecida en Aznalcóllar (España) en 1998, cuando la multinacional sueca Boliden clausuró la explotación de aluminio y desapareció de España sin pagar un solo euro de los 240 millones que costó la reparación de
la balsa minera que dañó el entorno de Doñana. Para colmo, a los pocos días de la catástrofe, la empresa MAL Zrt tuvo el cinismo de solicitar del Gobierno húngaro el reinicio inmediato de los trabajos, cuando todavía existía el peligro de nuevas roturas en la balsa.
El inventario de 2002 del Instituto Geológico y Minero de España recoge la existencia de 988 balsas y presas mineras. De ellas, 524 están abandonadas, aunque se sellaron hace años y pueden estar contaminando la tierra sin control. En mi municipio, en Asturias, por ejemplo, hay balsas o depósitos de lodos -es el caso de Asturiana de Zinc, en El Espartal de San Juan de Nieva (Castrillón) y de las Minas de Oro en Boinás (Belmonte de Miranda)- en los que las autoridades regionales descartan riesgos de vertidos, pero algunas de las balsas en activo pueden ser peligrosas.
Este parece ser el caso de la situada en la mina de cobre de Las Cruces, en Gerena (Sevilla), cuya capacidad de 15 millones de toneladas será rebasada en poco tiempo en una balsa de arcilla, en nuestra opinión demasiado frágil para soportar la presión de los residuos. También está bajo sospecha la presa de Aguzaderas, entre Río Tinto y Campofrío, que es tres veces mayor que la de Aznalcóllar y lleva diez años abandonada, habiéndose registrado filtraciones al río Odiel. La balsa de San Ciprián (Lugo), propiedad de la multinacional estadounidense Alcoa, que fabrica aluminio con bauxita, ya supera la mitad de su capacidad, estimada en 28 millones de litros, y la previsión es que continúe llenándose hasta 2025.
Científicos, ecologistas y vecinos temen que pueda producirse alguna rotura que arrase y contamine al pueblo de San Ciprián y una piscifactoría antes de acabar en el mar, que está a unos 600 metros.
Señorías, el problema es que los controles de seguridad de los diques los hacen las empresas, que también suministran los datos de emisiones y escapes, que no son públicos, mientras que las administraciones se limitan a la supervisión. La prevención es siempre menos onerosa en términos económicos y ecológicos que las acciones paliativas, pero para que el principio de precaución se materialice, las empresas propietarias de estas instalaciones industriales deberían ser obligadas a poner todos los medios para prevenir estas catástrofes y remediarlas cuando se producen. Corresponde al Estado extremar la vigilancia en labores de inspección, en la imposición de pólizas de seguros suficientes, de normas de obligado cumplimiento y de sanciones disuasorias en caso de infracción o de catástrofe debida a la negligencia de los empresarios. Aunque en España existe una normativa que regula este tipo de instalaciones, como la Ley de Responsabilidad Ambiental, la Ley de prevención y control integrado de la contaminación y el Real Decreto sobre residuos industriales de minería extractiva, además de la Directiva Europea de 2005, sobre medidas de seguridad, el control y el cumplimiento están compartidos por las autoridades estatales, autonómicas y municipales competentes y suelen ser las propias empresas las encargadas del suministro de los datos.
Es por esto, señorías, por lo que proponemos tres puntos en nuestra iniciativa que expongo brevemente: en primer lugar, revisar y completar la normativa vigente que regula el depósito de residuos tóxicos en balsas industriales, de manera que se garanticen la seguridad, los planes de emergencia, la obligación de pólizas de seguro y la responsabilidad de la Administración en el control de las instalaciones; en segundo lugar, la colaboración con las comunidades autónomas, mediante una inspección general de las instalaciones existentes en la actualidad, para proceder a la evaluación de riesgos y comprobar la resistencia de muros de contención, planes de emergencia, pólizas de seguros, etcétera, y en tercer lugar, promover la investigación y aplicación de alternativas al embalse de residuos tóxicos, como es el reciclaje del barro en nuevos materiales.
Esta es la propuesta que les hacemos, señorías. Tenemos la mejor voluntad para llegar a un acuerdo que permita un consenso de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: En primer lugar, me gustaría agradecer las felicitaciones del señor Llamazares por el éxito alcanzado por el Partido Popular. Muchísimas gracias en nombre de todo el grupo parlamentario.
Esta proposición no de ley que presenta hoy el Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida se registra como consecuencia del vertido producido el 4 de octubre de 2010 en Hungría por una balsa de residuos en Kolontár. Las imágenes del vertido rojo y el anuncio de la contaminación del Danubio fueron el foco de los medios de comunicación durante varias semanas. Por la similitud del caso húngaro, apareció en los medios de comunicación de Galicia el caso de la balsa de Xove, en la costa cantábrica de Lugo, porque allí existe una factoría que fabrica aluminio con el mismo procedimiento que la responsable del vertido húngaro.
Coincidió también en ese momento con la apertura del expediente abierto por la Junta de Andalucía a la empresa que tiene el mayor depósito de Europa, Gossan, en Río Tinto, por vertidos al río Odiel. La situación actual es que el inventario nacional más actualizado es de 2002. El recuento, que es obra del Instituto Geológico y Minero de España, nos dice que existen 674 balsas de residuos mineros. No obstante, en el informe final se afirma que los depósitos de lodos en los procesos de tratamiento de industrias extractivas realizados a raíz de ese inventario elevan el número de estas estructuras, balsas y presas a 988, al incluir nuevas estructuras no contempladas en el anterior informe. Los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino serán los encargados de realizar antes del 1 de mayo
de 2012, en colaboración con las comunidades autónomas, un inventario de residuos mineros clausurados y abandonados, de acuerdo con la normativa sobre gestión de residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por industrias mineras que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud o seguridad de las personas.
Este inventario además deberá ser actualizado periódicamente; actualmente no lo está.
Por otra parte, existe una legislación suficientemente rigurosa como para que no ocurra ninguna catástrofe. Aun así, el Grupo Parlamentario Popular considera que se debe revisar y completar la normativa vigente. Cada vez que ocurre una catástrofe ambiental, ya sea de forma natural o por actividad del hombre, sobre todo si hay víctimas mortales, se crea una alarma social que pone en evidencia ciertas deficiencias y requiere la atención y la movilización de recursos. En ese momento es habitual la revisión de la legislación, de la planificación y de los protocolos de actuación, sobre todo cuando no han funcionado correctamente en el siniestro reciente. ¿Qué le falta a la normativa, incluida la directiva comunitaria, para garantizar los puntos expuestos en la proposición no de ley? ¿Se trata de garantizar la aplicación? En cualquier caso, cualquier medida para la prevención es siempre mucho más barata y efectiva que los intentos de recuperación tras una catástrofe ambiental como la de estos vertidos químicos. No es necesario que exista una rotura de la presa. Si la balsa no está bien controlada, como decía el señor Llamazares, puede haber filtraciones de residuos tóxicos que creen pequeños arroyos, lo que puede tener efectos importantes sobre los acuíferos, pudiendo entrar en la cadena alimentaria y afectar a la salud. La semana pasada se producía una nueva alarma de vertido de residuos desde una balsa. Las copiosas lluvias que se registraban en Turquía occidental aumentaban el temor a que se desbordara una balsa que contenía residuos tóxicos de cianuro procedentes de una mina de plata. Por eso, debemos establecer un espacio de tiempo para finalizar por lo menos la revisión de los planes de emergencia. Los planes de emergencia no deben ser conocidos solo por las empresas y las administraciones, sino también por los vecinos. Así, de ocurrir una catástrofe, sabrán a qué se enfrentan, cómo actuar y hacia dónde correr. Es necesario hacer especial énfasis en las balsas cercanas a los núcleos de población y en las balsas antiguas, sin actividad, que no tenían la obligación de disponer de planes de emergencia, y hay que establecer medidas de carácter investigador, potenciando la investigación en los nuevos procedimientos para inertizar, es decir, volver no peligrosos los residuos.
Por todo ello proponemos una enmienda con dos puntos. Estamos intentando llegar a un acuerdo con el grupo proponente de la proposición no de ley para llegar a una enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado una segunda enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Oria.
El señor ORIA GALLOSO: Efectivamente, hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que pide, en primer lugar, revisar y completar la normativa vigente que regula los depósitos de residuos tóxicos en balsas industriales y la seguridad y control de estas instalaciones, así como garantizar la obligación de las empresas a suscribir pólizas de seguro o la responsabilidad de la Administración en el control de esas instalaciones; en segundo lugar, una colaboración entre las comunidades autónomas, que permita emprender inspecciones en las instalaciones existentes en la actualidad y, en tercer lugar, promover la investigación y aplicación de alternativas al embalse de residuos tóxicos. Asimismo, en el preámbulo se señala que en el inventario de 2002 del Instituto Geológico y Minero de España se recogía la existencia de 988 balsas y presas mineras, de las cuales 524 estaban abandonadas. En dicho preámbulo figuran también los accidentes de algunas balsas tanto dentro como fuera de nuestro país.
Existen ya antecedentes de peticiones de estas características. En estos momentos está pendiente de debate en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con un contenido prácticamente idéntico al de la que viene hoy a esta Comisión. Hay otra proposición no de ley, pendiente de debate en Pleno y en Comisión, sobre vertidos ilegales de fosfoyeso sobre la margen derecha de la ría de Huelva. Con respecto a los vertidos ilegales de fosfoyeso, existe una sentencia del Tribunal Supremo que condena a la empresa causante de los mismos, desde hace ya un año, a no verter esos residuos en las balsas y a la rehabilitación y recuperación de los terrenos en los que están situadas. En Andalucía tenemos también el ejemplo de la balsa de Aznalcóllar, donde hubo un grave accidente. La Junta de Andalucía, junto con otras administraciones y los ayuntamientos, rehabilitó y recuperó casi todo el territorio afectado por la rotura de la presa y en estos momentos ha ganado varios pleitos en los tribunales a la empresa, que tendrá que hacer frente a los gastos ocasionados a las distintas administraciones. Hay otros ejemplos de descontaminación de zonas muy contaminada, como era la ría de Huelva, por el polo químico de Huelva. En los años ochenta se pusieron de acuerdo prácticamente todas las fuerzas políticas de la ciudad, los sindicatos y las empresas y consiguieron recuperar en muy pocos años una zona muy contaminada en la que prácticamente no existía vida. En estos momentos -repito- existe una proposición no de ley pendiente de su debate en Pleno y también hay preguntas del Grupo Popular respecto a estas cuestiones y del Grupo de Convergència i Unió sobre la existencia de balsas de residuos químicos.
Por último, hay que tener presente que en estos momentos se está tramitando en el Congreso el proyecto
de ley de residuos y suelos contaminados, que está pendiente de aprobación y cuyo artículo 2 excluye expresamente de su ámbito de aplicación los residuos resultantes de la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explotación de canteras, que ya están cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12 junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Paso a la proposición. Con respecto al punto número primero, la transposición de la Directiva 2006/21 del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los recursos de industrias extractivas, por la que se modifica la Directiva 2004/35, que se realizó mediante el Real Decreto 975/2009, de 12 junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cumple todos los apartados de este punto.
Con respecto al punto segundo, es una competencia prácticamente exclusiva de las comunidades autónomas y por tanto el Ministerio de Medio Ambiente -la Administración General del Estado- tiene pocas competencias en ese aspecto. Únicamente puede tener relación con sus competencias la elaboración del inventario de instalaciones de residuos mineros clausurados que tengan un impacto medioambiental grave o que puedan convertirse en una amenaza grave para la salud o seguridad de las personas o bienes y para el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que los trabajos para realizar este inventario, que actualiza el ya existente, han comenzado por la elaboración de una metodología para continuarlo. En estos momentos se están llevando a cabo con el asesoramiento del Instituto Geológico y Minero de España y tienen como fecha límite el 1 de mayo de 2012.
Con respecto al punto tercero, ya está previsto en el Plan nacional integrado de residuos 2008-2015, en el Boletín Oficial del 26 febrero, en el capítulo correspondiente a los residuos peligrosos.
Por tanto, prácticamente todas las peticiones que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida presenta tienen una cobertura legal y jurídica importante. No obstante, hemos presentado una enmienda y, como no puede ser de otra manera, estamos dispuestos a llegar a acuerdos para que esta proposición no de ley pueda ser aprobada con el consenso de esta Comisión.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir en el turno de fijación de posición? Señor Llamazares, ¿tiene algo que decir en relación con las enmiendas?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Vamos a elaborar un texto de consenso.
La señora PRESIDENTA: Anuncio que la votación no será antes de la una y media.
- RELATIVA A LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS DE LA PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002003.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa a la propuesta de reforma de la organización común de mercados de la pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Yo también me voy a sumar a las felicitaciones, pero quiero felicitar de forma especial a aquellas personas que han sacado el mayor número de votos en su circunscripción, especialmente en sus ayuntamientos, y no van a ser alcaldes porque las coaliciones entre grupos perdedores lo van a impedir. A ellos dirijo especialmente mi felicitación.
La exposición de motivos de nuestra proposición no de ley es suficientemente clara y explícita, por lo que no la voy a reiterar, porque ya es conocida por todas sus señorías. Voy a leer simplemente el primer párrafo, que nos habla del Libro Verde sobre la reforma de la política pesquera común. Ahí se reconoce expresamente que el sector extractivo no percibe más que una pequeña parte del precio que paga el consumidor en el comercio del pescado, es decir, del precio final, el que lo ha sacado del mar se queda con una pequeñísima proporción. No obstante, en aras de enriquecer el debate y de convencer a sus señorías de que es importante que saquemos adelante unánimemente esta iniciativa, les concretaré las tres partes bien diferenciadas que contiene nuestra propuesta.
En primer lugar, pretendemos que se introduzcan los mecanismos para conseguir una renta más justa para los pescadores, que es diferente a conseguir una renta más justa para los productos pesqueros. Es para los pescadores para quienes estamos intentando promover esta iniciativa en este momento.
En segundo lugar, proponemos que las importaciones de bajo coste que se están comercializando en el mercado comunitario no generen la degradación del medio ambiente y no sean una competencia desleal. Hay muchos países que en este momento están compitiendo dentro de nuestro mercado y que no tienen las mismas reglas del juego que nuestro país o los países comunitarios; por ejemplo, la legislación comunitaria ha avanzado notablemente en el respeto a las tallas mínimas, mientras que otros países están introduciendo en nuestro mercado productos que no respetan esas tallas, lo que supone una degradación importante del medio natural.
Finalmente, el tercer pilar trataría de la utilización de un etiquetado más estricto, más riguroso para los productos pesqueros y para los productos procedentes de la acuicultura marina, llegando, de ser el caso, a disponer una etiqueta complementaria para aquellos que puedan
ser etiquetados como productos ecológicos. Estos son los tres pilares que persigue esta iniciativa.
En publicaciones muy recientes que he tenido la ocasión de conocer hace unos meses, al mismo tiempo que promovíamos esta iniciativa, he encontrado unos datos que me gustaría que conocieran y que voy a tratar de resumir, porque clarifican nuestra propuesta y sobre todo refuerzan la idea de que la aprobemos unánimemente. En este sentido, avanzo que a las enmiendas que han presentado el Grupo Socialista y el Grupo Catalán de Convergència i Unió hemos propuesto una transaccional que recoge fidedignamente y mejora -si se puede entender así- la redacción global.
Espero que el resto de los grupos se puedan sumar a la misma. Como decía, en esos datos recogidos de algunas publicaciones hay varios apuntes. Una de las cuestiones que siempre ha estado encima de la mesa ha sido ligar la rentabilidad al número de capturas, a las toneladas, a los kilos que un barco desembarca. Esto es un error. A la vista de la experiencia de los que más saben de esto, que son nuestros pescadores, hay que rentabilizar la pesca no tanto en kilos sino en que lo que se traiga puerto y se descargue se venda a un precio adecuado. Recientemente -lo recuerdo porque está a mi lado mi compañera Andrea Fabra- tuvimos ocasión de visitar una de las lonjas carismáticas del Mediterráneo, que es la lonja de Castellón, y pudimos comprobar que muchas de las cajas que se estaban subastando salían directamente de la subasta sin que nadie pujara por ellas. Ese es el duro y auténtico descarte de la pesca, cuando nadie tiene interés en un producto y nadie puja ni un céntimo de euro por una caja de pescado. Por tanto, rentabilicemos, sí, pero no en función de toneladas o kilos de pesca sino que se pague adecuadamente ese producto.
Eso será, en definitiva, lo que hará más sostenibles los recursos pesqueros.
Otro concepto que se maneja mucho es saber si las organizaciones de productores pesqueros, las conocidas como OPP, están cumpliendo o no su principal función. En el Grupo Popular entendemos que no, que deberían implicarse más para que el sector extractivo perciba esa proporción mayor de lo que paga el consumidor, de ese precio final. Si analizamos la cuenta de explotación de cualquier buque pesquero está claro que tendríamos dos grandes capítulos, como en toda empresa, como en todo negocio, como en toda actividad sujeta a la economía, que son los ingresos y los gastos. Les adelanto que en realidad en los gastos muy poco se puede ya rascar; todos han experimentado subidas importantes en los últimos años; el personal es imposible de reducir, y yo les diría que muchas veces los barcos están saliendo a faenar con personal escaso y -aunque sea duro decirlo aquí, a micrófono abierto- a veces, incluso, incumpliendo la ley, porque no pueden cumplirla. En una situación financiera como la actual las amortizaciones difícilmente se van a poder reducir o retocar, porque los bancos son los que tienen la llave y rara vez van a ampliar esos periodos de amortización de una inversión. La eficiencia energética, de la que hemos hablado en esta Comisión muchas veces, también para los barcos, pues sí, pero hay que ser realistas, como mucho se va a reducir el consumo de combustible en un 10 o en un 15 por ciento, más va a ser difícil. Las posibles soluciones van a pasar por el otro grupo, que son los ingresos.
Lo que realmente puede resolver la rentabilidad de la flota sería que se les mejorara el precio del pescado en primera venta. Les voy a poner un ejemplo, señorías, de precios medios de mercado de finales del año 2009, a los que hay tenido acceso más recientemente, para dos especies muy conocidas: la merluza de pincho, tan apreciada por el consumidor, y el rape. En lonja, la merluza de pincho a finales del año 2009 tenía un precio medio en torno a los 3,38 euros el kilo; en los mercas, en los mayoristas, ese precio pasaba a 11,09 euros el kilo y el consumidor lo pagaba en el punto de venta a unos 16,02 euros el kilo; es decir, el precio final que pagaba el consumidor multiplicaba 4,74 veces el precio de lonja. Si hablamos del rape, las cantidades en el mismo orden serían: 5,49; 6,01 y 14,29 euros. En este caso se multiplicaría por 2,60 el precio. Creo que debemos tratar, y en ese sentido va esta iniciativa, de que se pueda repercutir una parte de ese precio final, el que paga el consumidor, en el primer escalón de ese proceso, de esa cadena, que sería el de la primera venta en lonja.
Además de estas circunstancias, y más rápidamente para ir concluyendo, deberíamos tener presente que en el mercado europeo debemos evitar el fraude que se está produciendo e implantar un sistema de etiquetado riguroso y transparente. La Comisión Europea ya ha hecho circular el borrador de la propuesta que va a hacer la Comisión para reformar la OCM de los productos de la pesca; como tal borrador no es un documento firme, pero aunque tienen el compromiso de presentarlo el 13 julio ya empieza a apuntar por dónde van a ir los tiros en esta reforma. Ese documento tiene, como es lógico, una parte de diagnóstico y yo me he quedado con un dato de dicho diagnóstico que es, a mi juicio, preocupante, porque el documento sostiene que el mercado no ha contribuido a la sostenibilidad de la pesca en aguas comunitarias; baste el dato de que el 65 por ciento del consumo de pescado europeo procede del exterior de la Unión Europea.
Personalmente, este dato me llama la atención y me preocupa. Entendemos que el mercado europeo no puede ser refugio de la pesca realizada sin respeto a la sostenibilidad en los países de procedencia, porque al final esto es un ciclo biológico que va a afectar no solo a esos países, sino al resto de la cadena. En segundo lugar, no podemos seguir tolerando, como está ocurriendo, el dumpin social que padecen los pescadores europeos, no se puede competir en las mismas condiciones con otros países cuyas exigencias sociales, laborales o, como dije antes, de respeto medioambiental son bien diferentes en un mercado común. Por tanto, creo que esta propuesta que hoy traemos a la Comisión está más que justificada, pensamos que es más que necesaria; va en el camino de reforzar la labor que tiene por delante la Comisión y es aquí, precisamente, donde debemos tratarlo para instar
al Gobierno a que ponga los medios, a que haga las gestiones oportunas, a que dirija todos sus esfuerzos a que igual que va a ocurrir dentro de pocos meses con la reforma de la política pesquera común ocurra ahora con la reforma de la OCM.
Como dije al principio, señora Presidenta, hay dos enmiendas que hemos analizado y consideramos que con la correspondiente transacción que hemos ofrecido se mejora el texto original. Está repartida a los dos grupos enmendantes y ahora la haré llegar a la Mesa, si no hay ninguna observación, y también al resto de los grupos. Esperamos contar con la unanimidad de la Comisión para sacar adelante esta propuesta.
La señora PRESIDENTA: Se han presentado dos enmiendas. La primera, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para defenderla tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Tiene razón el grupo proponente cuando plantea la difícil situación en la que viven nuestros pescadores y el desfase que hay entre el precio que en ocasiones paga el consumidor y el que el pescador recibe por el producto. Por tanto, todo lo que vaya en esa dirección entendemos que es correcto.
Señora Presidenta, hemos presentado una enmienda que va dirigida de manera clara a reforzar el papel que entendemos que deben tener las cofradías de pescadores en la futura reforma de la OCM de los productos pesqueros y que deben tener también en lo que es la primera venta. El artículo 100 del proyecto de ley de pesca sostenible -proyecto que probablemente no verá la luz en esta legislatura como ley, pero que en estos momentos está presentado- modifica la redacción de la primera venta y se abren alternativas a las lonjas pesqueras autorizadas de los puertos, y desde Convergència i Unió creemos que no es la mejor manera de defenderlas. Por tanto, anunciamos en su día que estábamos en contra de ese planteamiento del artículo 100; creemos que la primera venta de los productos pesqueros frescos debe realizarse a través de las lonjas pesqueras autorizadas de los puertos y que en cumplimiento de la norma comunitaria, que la hay, las propias comunidades autónomas puedan autorizar centros para la primera venta, como son los centros de expedición de moluscos y depuradoras, pero ya sería previa autorización de dichas comunidades autónomas. En este punto opinamos que el proyecto de ley iba en la mala dirección y se alzaron voces de alarma en las cofradías de pescadores. Si finalmente este proyecto de ley no ve la luz será mejor en este aspecto, porque les podía perjudicar. Queremos beneficiar a las cofradías de pescadores, pero, evidentemente, también a los pescadores que forman parte de las mismas; queremos que obtengan siempre mejor precio posible y que no haya ese desfase que el señor García Díez estaba denunciando con casos y ejemplos concretos. De ahí la enmienda que presentamos hoy. Nos congratulamos de que finalmente en el texto transaccional que se nos ofrece -y que hoy se puede aprobar por unanimidad- quede incorporado de manera clara el necesario papel de las cofradías de pescadores, ya que era una ausencia que existía en la propuesta que presenta el Partido Popular y entendemos que esa alusión directa a las cofradías de pescadores es del todo necesaria. Desde Convergència i Unió la defendemos y vemos positivo que finalmente se pueda incorporar en el texto que vamos a aprobar. Por tanto, le damos nuestro voto favorable.
La señora PRESIDENTA: La segunda enmienda ha sido presentada por el Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Comenzaré también felicitando al Partido Popular por su éxito en las elecciones municipales y autonómicas, así como a Convergència i Unió, por la parte que le corresponde en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Me alegro de que el éxito no impida que sigamos llegando a acuerdos en las Cortes Generales, sobre todo cuando se hace en beneficio del sector pesquero. Este grupo, en lugar de plantearse el rechazo a la propuesta porque llega tarde -porque la reforma ya está muy adelantada y las propuestas que hoy debatimos ya fueron trasladadas por el Gobierno a la Comisión-, en función de esta voluntad de acuerdo, de este clima que creemos que debe ser favorable, aceptamos el debate de la misma, porque esta propuesta llega tarde, pero llega tarde a esta Cámara, porque cuando se hizo, el 10 noviembre del año 2010 no llegaba tarde; es decir llega tarde a la tramitación pero no al debate. Aceptamos la iniciativa porque nos parece positiva y coincidimos con el señor García Díez y también con el señor Jané en la preocupación por la rentabilidad del sector, que está cuestionado, en buena medida, por el sistema de comercialización y también por la OCM de los productos pesqueros.
Hemos presentado una enmienda de modificación que, al tiempo que reconoce lo que se está haciendo por el Gobierno, respeta también el fundamento de la propuesta. Viene a decir que España se implique más, si cabe, en la reforma de la OCM para ayudar a que el sector tenga rentabilidad y, sobre todo, que esta no se vea amenazada por competencia desleal de productos externos a la Unión Europea. Quiero adelantar que la OCM que se prevé adoptar el 13 julio ya contempla las recomendaciones aquí propuestas, que fueron trasladadas por el Gobierno a la Comisión en tiempo y forma, a fin de garantizar un nivel adecuado y justo de renta al sector, la estabilidad de los mercados y la mejora de la comercialización, entre otras mejoras. La propuesta incorpora elementos que permiten al sector, a través de las asociaciones de productores, incrementar su capacidad comercial y, por tanto, el valor añadido. Avanzo que la nueva OCM pretende dotar a los productores comunitarios de los elementos necesarios que permitan
un control de la producción desde una explotación sostenible y duradera de los recursos disponibles, regulando la oferta y la demanda que garantice un precio justo tanto para los productores como para los consumidores europeos. La nueva OCM pretende cambiar el enfoque de los productores comunitarios ampliando las competencias de las organizaciones de productores, dotándoles de instrumentos que permitan asumir más autonomía en materia de gestión y control de la actividad de sus socios, mejorar la conexión entre producción y mercado para favorecer la planificación de su producción de asumir también la comercialización de sus productos.
Tengo que precisar que se acaba de hacer una crítica a un proyecto de ley en función de que en el artículo 100 se contempla alternativa a la venta en lonja. La propuesta que hace el señor Jané es perfectamente asumible.
Hay una realidad que es que hoy una gran mayoría de los productos pesqueros ya no pasan por lonja, pero en alguna comunidad autónoma esto no es ningún problema; el problema es que es ya una realidad a nivel comunitario. Por otra parte, quiero adelantar aquí que vamos a apoyar la enmienda que añade el tema de las cofradías, pero advirtiendo que en este momento estamos en un proceso en el que las cajas de ahorro crean fundaciones para controlar bancos y, por tanto, también las cofradías tendrán que crear organizaciones de productores para actuar en el mercado. Lo que no se puede hacer es intentar poner, como decimos en mi país, cancelas al campo o puertas al mar.
Dicho esto, y estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado hasta ahora, quisiera hacer dos precisiones. En primer lugar -y ahí estamos todos-, es necesario modificar la OCM de los productos pesqueros. En segundo lugar, que para mí es igual de importante, también es necesario colaborar con el sector para que se organice de forma que se corrija la fragmentación de la oferta para poder realizar una negociación más equilibrada de los precios entre la oferta y la demanda. No doy fórmulas, el sector las conoce, pero la fragmentación no es un tema que dependa de la OCM sino de que los productores se organicen para no ofertar un mismo grupo simultáneamente en cien puntos de venta cuando el interlocutor que vamos a encontrar va a ser uno solo. También deben organizarse para coordinar las descargas en puerto, para regular la oferta y con ello incidir en el precio. Lo que planteaba antes el señor García Díez es una realidad, el sector en muchos casos se mueve por aportar las mayores cantidades posibles de producto y esas cantidades no siempre tienen una demanda adecuada. Si planificáramos la oferta en puerto en función de la demanda esperada es posible que consiguiéramos mejores precios. Este año, por ejemplo, tuvimos un caso muy concreto, el de la caballa, donde concentramos las ventas en quince días; los precios fueron buenos, pero si lo hubiéramos concentrado a lo largo de un mes quizá hubiera sido posible que los productores hubieran terminado teniendo mayor rentabilidad y trabajo para un mes completo. En tercer lugar, que se estudien las fórmulas más eficientes de comercialización para poder repercutir en los precios los incrementos de los costos de producción. Si el sistema actual no permite, por ejemplo, el de subasta a la baja, la repercusión tendríamos que buscar otro sistema que sí lo permita, porque lo que es cierto, como decía el señor García Díez, es que los costes cada vez están más ajustados y, en consecuencia, la rentabilidad del sector pasa por mejorar el tema de los precios percibidos para que los ingresos permitan una vida digna a los trabajadores del mismo. Los avances en estos temas dependen del sector y deben ser apoyados por las administraciones. Yo sé que es más fácil culpar a Bruselas de los problemas de rentabilidad, pero nosotros creemos que no se ayuda al sector eximiéndole de responsabilizarse de su futuro. En cuanto a la comercialización, coincidirán conmigo en que es el tema en el que el sector tuvo menos avances, en especial en lo que respecta a la pesca artesanal, que es la más implicada en el entorno social.
Finalmente, reitero que la propuesta está ahí, que lo que está haciendo el Gobierno es positivo, pero creemos que hay que ayudar al sector a autoorganizarse para mejorar la rentabilidad de la comercialización, porque reducirlo todo a la reforma de las OCM de los productos pesqueros puede ser autoengañarnos.
Por lo que respecta a la trazabilidad, un apartado que nosotros no contemplábamos, pero que no tenemos ningún problema en hacerlo, tengo que decir que la nueva OCM sigue trabajando en eso, y creemos que la FAO está finalizando una serie de trabajos, en los que participa también el Comité de pesca de la OCDE, con objeto de disponer de unas directrices básicas a nivel comunitario para el desarrollo de la correspondiente normativa. En función de eso se puede y se debe modificar el sistema actual de control.
Por ello, apoyamos la propuesta recogida en la iniciativa del Grupo Popular. En consecuencia, para nosotros la transacción sirve, pero pediríamos al señor García Díez que volviéramos a nuestra fórmula inicial, poniendo la palabra "insistir" por una razón: el documento ya está en Bruselas y parece que estamos empezando de nuevo. No cambiaría más, solo poner "insistir en la posición de defensa" en lugar de la redacción que viene, que podía ser útil cuando se presentó la propuesta, pero no en estos momentos cuando ya el tema se va a zanjar el 13 julio, puesto que parece más normal insistir en la defensa que plantearlo como algo nuevo.
Por nuestra parte, no hay ningún problema con la propuesta y, además, nos alegramos de que en este clima de euforia contenida para algunos y de menos euforia para otros lleguemos a estos acuerdos.
La señora PRESIDENTA: Nos han hecho llegar una enmienda transaccional que se está fotocopiando y que se va a repartir, así como también la primera proposición no de ley.
El señor GARCÍA DÍEZ: Quería pronunciarme sobre lo que acaba de pedir el portavoz socialista.
Euforias aparte, porque nuestro grupo siempre ha buscado los consensos en unas y en otras circunstancias, especialmente en aras de defender los intereses del sector pesquero, pediría al señor Díaz, puesto que el esfuerzo por nuestra parte ha sido importante para recoger el cien por cien de la propuesta que nos hacen, no cambiar las palabras "promover activamente" por "insistir", que creo que es más bien un matiz; rogaría que lo dejáramos como está en la propuesta que hemos hecho llegar a los otros grupos y a la Mesa. Sus palabras han quedado recogidas en el "Diario de Sesiones" y pondrán de manifiesto el porqué de su justificación. Se lo agradecería.
Tal y como está, la aceptaríamos.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002006.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la tercera proposición no de ley, relativa a la conservación y regeneración del litoral español, presentada por el Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra la señora Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señorías, mi grupo parlamentario es consciente de la importancia estratégica que tiene nuestro litoral, su altísimo valor ambiental para el desarrollo futuro del país. Son diez las comunidades autónomas españolas que tienen parte de su territorio ubicado en el litoral; veinticinco provincias que responden a casi quinientos municipios costeros. En total, el Estado español cuenta con cerca de 8.000 kilómetros lineales de costa que constituyen un área de transición entre los sistemas marinos y los terrestres. Se trata de una frontera ecológica que se caracteriza por procesos de intenso intercambio de materia y energía. Tanto la vertiente atlántica como la mediterránea están consideradas como estratégicas por albergar espacios de gran valor ecológico, cultural, social y económico y, por tanto, es un patrimonio que tenemos la obligación de proteger.
Los espacios litorales, además de estar sometidos a la acción del hombre, son por sí mismos uno de los elementos naturales más dinámicos del relieve terrestre, como consecuencia de los constantes procesos erosivos y sedimentarios que provoca la modificación de la superficie. Nuestro litoral ha sufrido una pérdida alarmante de arena en los últimos años, ya que los temporales han reducido la anchura de muchas de nuestras playas, mientras seguimos pendientes de que la Administración de costas ejecute soluciones integrales para esa continua regresión que ha ocasionado que muchas de estas playas se encuentren en situación de abandono. Lo mismo sucede con la erosión de acantilados, que está poniendo en peligro no solo la seguridad de determinados bienes sino también de personas por los desprendimientos de tierras, de piedras y de rocas, así como también con las infraestructuras de acceso y uso público, barandillas de protección y muros de contención ubicados en los paseos marítimos. Las soluciones que persiguen parchear las urgencias no tiene ninguna efectividad y son numerosos los alcaldes de las localidades afectadas que reclaman actuaciones integrales y contundentes para evitar el deterioro de sus costas antes de que el daño ocasionado sea irreversible.
A principios del mes de abril, costas hizo una aportación de 30.000 euros en áridos en las playas del municipio castellonense de Nules. Solo quince días después, y como consecuencia de un temporal, habitual, por otra parte, en estas épocas, había desaparecido por completo. Señorías, esta diputada trae a la Comisión de Medio Ambiente ejemplos de la provincia a la que representa, porque la provincia de Castellón es, junto a la de Huelva, la que más sufre los efectos de la regresión del mar. Muchas han sido las reivindicaciones que hemos venido haciendo solicitando un plan integral de protección y regeneración de nuestra costa, que está siendo literalmente engullida por el mar. Mientras contemplamos la inmediatez burocrática cuando se trata de impedir el acceso de propietarios a sus viviendas frente a las playas o autorizar prospecciones petrolíferas frente a nuestras costas, constatamos la dejadez manifiesta de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la hora de ofrecer soluciones a nuestros municipios. La situación no hace más que empeorar mientras perdemos no solo tiempo sino también metros de arena o de acantilado. En febrero de 2007, la entonces ministra de Medio Ambiente, doña Cristina Narbona, habló en el Senado de que su departamento había encargado la elaboración de un plan integral de protección de la costa del que cuatro años después no sabemos nada. La falta de un plan de actuación integral ha hecho que más de seiscientas familias se vean afectadas por esta situación, y algunas ya han comprobado cómo costas ordenaba el tapiado de sus casas para impedir que pudieran acceder a las mismas. Muchos de ellos, insisto, por la falta de un plan de actuación integral, han recibido la amenaza de que el próximo mes de junio -dentro de pocos días- se procederá a derribar sus viviendas. El municipio de Chilches ha visto desaparecer sus dos primeras líneas de playa, mientras que los daños ocasionados por los temporales en Benicarló amenazan con desplomar viviendas enteras sobre la arena. En los últimos cincuenta años esta localidad ha perdido 400.000 metros cuadrados de frente litoral, y por si a sus señorías les interesa he traído unas fotos para que puedan comprobar el estado actual de la costa. En Almazora los efectos devastadores han borrado prácticamente las playas y en las viviendas de primera línea se han producido graves inundaciones de agua salada que han arrastrado arena y grava. En Burriana, el próximo 30 de mayo, es decir, dentro de cinco o seis días, hará tres años que el subdelegado del Gobierno en
Castellón anunció a bombo y platillo en una carpa levantada para la ocasión que se había contratado un estudio para construir un espigón con carácter inmediato que resolvería buena parte de los problemas que sufre el municipio. Tres años después nada se sabe ni del estudio ni del espigón. Señorías, la falta de sensibilidad medioambiental de este Gobierno podemos comprobarla, además de en la dejación de funciones en materia de protección y regeneración, en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, en los que descienden en un 42 por ciento las inversiones en el programa de actuaciones en costas.
La heterogeneidad de nuestra costa hace necesario que se recopile la ingente información de que disponemos, elaborada por cualificados expertos en la materia, para que una vez que la tengamos analicemos el estado de nuestra franja costera y procedamos a abordar soluciones integrales. No se puede gobernar desde los despachos, de espaldas a los ciudadanos, sin pisar el terreno y sin conocer las peculiaridades de nuestra costa, porque entonces se toman decisiones de emergencia que, en el mejor de los casos, subsanan temporalmente los daños ocasionados pero no resuelven el problema de raíz. La fragilidad de la situación no solo de la provincia de Castellón sino también de las Islas Baleares, de Andalucía, de Murcia, de Canarias, de Asturias hace que sea necesario y urgente adoptar medidas de prevención y de regeneración para evitar males mayores. Es una tarea muy compleja, pero este Gobierno no se puede dejar arrastrar por la pereza, porque los problemas existentes no se resolverán solos sino que más bien irán a más, como venimos comprobando día a día.
Señorías, hace poco más de un mes el Consejo Español de Turismo, el órgano en el que están representados además de la Administración Central del Estado las comunidades autónomas, entes locales, cámaras de comercio, empresas turísticas, profesionales, agentes sociales, se comprometía a impulsar el Plan turismo litoral 21. Con esta iniciativa se pretende revitalizar zonas turísticas maduras del Mediterráneo, de Baleares y de Canarias, así como dinamizar y adaptar el turismo español a los nuevos modelos turísticos. Son este tipo de actuaciones, basadas en la necesaria cooperación de todas las administraciones y agentes implicados, las que nos permiten dar pasos en la buena dirección. A nadie se le escapa que el turismo español representa el 10,3 por ciento de nuestro PIB y prácticamente un 75 por ciento de ese turismo es de sol y playa. Esto quiere decir que tres de cada cuatro turistas que visitan España vienen a nuestras magníficas costas. Por ello, este es un acuerdo que debemos celebrar -así lo hace mi grupo-, pero para promover el turismo de sol y playa, para modernizar la gestión turística lo primero que debemos hacer es garantizar el buen estado y la integridad de nuestro litoral. En muchas ocasiones, en plena campaña de verano los turistas llegan a nuestras costas y se encuentran con excavadoras y operarios con palas reparando los destrozos de los últimos temporales. Por eso es necesario actuar con determinación, para poder transmitir a las futuras generaciones el valioso patrimonio que nos han legado a nosotros. Ese es el sentido de la proposición no de ley que mi grupo trae hoy a esta Comisión y para la que les pido su apoyo para poder mejorar la sostenibilidad de nuestro litoral y con ello apoyar uno de los principales activos de nuestra economía.
Quiero agradecer la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para mejorar un texto que finalmente hemos transaccionado y que entregaremos a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda.
La señora TARRUELLA TOMÀS: En nombre de nuestro grupo parlamentario, quiero agradecer al Grupo Popular la presentación de esta proposición no de ley y la aceptación, como acaba de anunciar, de nuestra enmienda mediante una transaccional. Hemos presentado esta enmienda porque es un texto que fue aprobado hace poquísimas semanas, el pasado 23 de febrero, por todos los grupos parlamentarios en el Senado. Estamos completamente de acuerdo con el espíritu, las explicaciones y todo lo que tiene que ver con esta proposición no de ley. Nos parece bueno recoger un texto recientemente aprobado sobre estos temas para conseguir también aquí, si es posible, la unanimidad, pero también nos parece importante que en todas las competencias que tiene el Gobierno del Estado en todo el litoral se recoja expresamente la cooperación necesaria con las comunidades autónomas. En Cataluña, la zona del Maresme ha sido recientemente muy afectada y por eso esta proposición no de ley -vuelvo a repetir, a imagen y semejanza del texto del Senado- nos parece muy interesante. En nuestra enmienda simplemente recogemos, como parte añadida a la proposición no de ley del Grupo Popular, la definición de un protocolo de actuación que permita sistematizar todas las labores de prevención de las pérdidas de playa por el arrastre de arena, las actuaciones para asegurar esa reposición y la estabilización en las playas con el menor impacto ambiental y económico posible. Todos conocemos el gran coste económico de la regeneración de las playas y la importancia de que el Estado colabore en ello; ya que cobra por el uso de las playas, también tiene que hacerlo en la reposición. Simplemente quiero agradecer que se haya recogido nuestra enmienda. Espero que podamos tener el apoyo del resto de los grupos de la Comisión.
La señora PRESIDENTA: En fijación de posición, ¿algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señor Perestelo, tiene la palabra.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Intervengo brevemente para fijar la posición favorable del Grupo
Mixto, en este caso de Coalición Canaria, a esta iniciativa. Es una iniciativa que nos parece importante y creemos que se complementa con la enmienda presentada por Convergència i Unió, porque no es una cuestión exclusivamente de inversión, sino también de implicación de las administraciones públicas. Convergència i Unió se refiere a las comunidades autónomas, pero estoy seguro de que en el desarrollo de las iniciativas que se planteen a partir de la aprobación de esta proposición no de ley tendrán que participar también las corporaciones locales y, en el caso de Canarias, los cabildos insulares.
Coalición Canaria ha planteado recientemente en la ley de sostenibilidad del medio marino una serie de enmiendas tendentes fundamentalmente a modificar algunos aspectos de la relación institucional con el litoral.
Creemos que la disposición transitoria primera de la propia Ley de Costas necesita modificaciones que espero que este Gobierno esté dispuesto a traer en forma de proposición o de proyecto de ley al Congreso de los Diputados. Hay muchos temas pendientes, muchos temas que trabajar y, por supuesto, este es un paso importante. No es exclusivamente inversión lo que necesita el litoral, también hacen falta otras medidas complementarias de regulación de los usos de ese litoral, en las que es necesario el consenso entre administraciones, lo que en este caso queda resuelto con la enmienda de Convergència i Unió, aunque en el desarrollo posterior deben incluirse los ayuntamientos y también, en el caso de Canarias, los cabildos insulares.
La señora PRESIDENTA: En fijación de posición, por el Grupo Socialista, el señor Ábalos tiene la palabra.
El señor ÁBALOS MECO: La propuesta que nos trae el Grupo Popular entra dentro del sentido común y además coincide con la política que desarrolla el Gobierno de la nación. Por tanto, no hay ningún motivo para oponerse a ella, más bien tenemos que celebrar esa coincidencia del Grupo Popular con la política que desarrolla el Gobierno de la nación. Sin embargo, vale la pena introducir alguna reflexión sobre la conservación del litoral, algo tan importante para nuestro país, un país netamente marítimo, con una riqueza extraordinaria. Entiendo el propósito de esta proposición, pero no comparto algunas de las valoraciones que ha hecho la diputada del Grupo Popular, aunque también son lógicas.
La proposición habla muy de pasada de la presión antrópica -este término tan curioso- sobre la costa, y hay que hacer alguna mención a ello, porque sobre el litoral no solamente influye el Gobierno de la nación.
Además de la acción de los particulares, hay otras acciones de administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen que ver mucho con la presión que sufre el litoral. En concreto, las administraciones autonómicas tienen la capacidad para desarrollar el ordenamiento territorial de la costa -no todas las comunidades autónomas han elaborado este planeamiento- y los municipios tienen que ver mucho con las licencias urbanísticas. En definitiva, ha habido y hay una presión sobre nuestra costa de un urbanismo que cuestiona mucho su sostenibilidad medioambiental y sus posibilidades. También ha habido un exceso de contaminación y, de hecho, lo hay. Asimismo, hay una presión por infraestructuras a veces excesivas, por ejemplo, en materia de amarres o de puertos de recreo. La costa ha tenido mucha presión y, por tanto, hay que conciliar esa política que se pretende a través de la proposición -la conservación del litoral- con la amortiguación de esa presión insostenible que está sufriendo. Por ejemplo, el informe de Greenpeace Destrucción a toda costa de 2008 decía que la contaminación de litoral de la Comunidad Valenciana era preocupante. Como soy de la Comunidad Valenciana y la proponente es de Castellón, tenemos que compartir esta inquietud del informe. Este informe dice que determinadas zonas, como el entorno de Valencia y Castellón, son señaladas a nivel internacional y regional como puntos negros en el Mediterráneo, debido a los vertidos industriales y de aguas residuales urbanas. Resulta muy difícil entender cómo una región que basa su economía en el turismo no se preocupa de que sus aguas presenten un buen estado de conservación. Esto quiere decir que responsabilidades en el mantenimiento y conservación tenemos todas las administraciones. No obstante, en lo que afecta a la política del Gobierno de la nación, la proposición entra perfectamente dentro de las estrategias que desarrolla nuestro Gobierno y que resumo en algunos apartados. Se preocupa, en primer lugar, de controlar los efectos de la regresión de la costa; en segundo lugar, de la gestión del dominio público y su zona de influencia, en algunos casos mediante la expropiación de áreas críticas; en tercer lugar, de la protección y recuperación de los sistemas litorales y, en cuarto lugar, de garantizar el acceso y usos comunes de la costa.
Pensé que iba a haber alguna referencia al caso de Baleares, porque el cuerpo de la proposición así lo plantea, pero los casos que se han presentado son de la provincia de Castellón. No tengo nada que objetar al respecto. Coincido con la situación de sus municipios y la problemática que están viviendo; tiene razón la diputada del Grupo Popular. En el caso de Baleares, dado que se ha planteado la proposición, insisto en que se está desarrollando, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, un planteamiento en absoluta concordancia con las autoridades locales y autonómicas, para desarrollar una gestión integrada en las zonas costeras, que ha dado lugar a la redacción de la estrategia para la sostenibilidad de la costa en las Islas Baleares, que supone un marco importante para desarrollar actuaciones.
Por nuestra parte simplemente tratamos de introducir una serie de elementos de reflexión sobre la necesaria colaboración y corresponsabilidad de todas las administraciones y nos sumaremos enmienda que se ha presentado y que enriquece la proposición. (La señora Fabra Fernández pide la palabra.)
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Señora presidenta, intervengo solamente para agradecer, en nombre de mi grupo, el apoyo recibido de todos los grupos que han intervenido y que han mostrado el apoyo a esta iniciativa.
Simplemente quiero recordarle al señor Ábalos...
La señora PRESIDENTA: Señora Fabra, no puede reabrir el debate, solo pronunciarse sobre la enmienda, porque el señor Ábalos ha intervenido en turno de fijación de posición.
- RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR PARA IMPULSAR LOS RECURSOS HÍDRICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO Y GANADERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002155.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley relativa a las medidas a tomar para impulsar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del sector agrario y ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Iglesias.
La señora IGLESIAS FONTAL: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que trae aquí esta iniciativa por la importancia tan decisiva que el regadío tiene para el sector agrario español. Para muestra les damos tres datos. El 15 por ciento de la superficie agraria útil genera nada menos que el 65 por ciento de la producción final agrícola, quedando el resto para la producción en el secano. Además, la productividad media de una hectárea de regadío es 5,5 veces superior a la productividad media de la hectárea de secano, y no solo eso, sino que además ocupa siete veces más mano de obra. Asimismo, se estima que un hectómetro cúbico de agua soporta veinte empleos y tiene una repercusión social decisiva en la fijación de la población al medio rural, toda vez que las producciones de regadío sirven de base para el fomento de la ganadería y para el desarrollo y fijación de la industria agroalimentaria en el medio rural.
Sin embargo, a pesar de la importancia tan decisiva del regadío en España, nos encontramos con que el Gobierno está ralentizando, por no aportar los recursos presupuestarios suficientes, la ejecución de los proyectos de modernización de los regadíos ya aprobados.
Paso a detallar en qué datos me baso para hacer esta afirmación. En el año 2010 el presupuesto para regadíos descendió un 31,3 por ciento y para el año 2011 descendió el 73,2 por ciento, y no solo esto, sino que además disminuyeron las aportaciones a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa. Es decir, por un lado, tenemos casi un millón de hectáreas de regadío susceptibles de una mejora urgente por su antigüedad y obsolescencia, alguna de las cuales incluso supera los cien años, y por otro lado, tenemos otro millón de hectáreas necesitado de conservación y mejora.
Situados en este contexto no es fácil entender un recorte tan drástico del presupuesto destinado a los regadíos si se marca un objetivo de ahorro de agua, mejora de la eficiencia y continuación de la modernización del regadío. Por ello, el Grupo Popular se ha visto obligado a presentar esta iniciativa, con el fin de tomar medidas que impulsen los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del sector agrario y ganadero. En el punto primero de nuestra proposición no de ley tratamos de priorizar el apoyo a las explotaciones de regadío para mantener una producción competitiva. Esta es una vieja reivindicación del Grupo Popular y no nos cansaremos de insistir en que es necesaria la rebaja del tipo de IVA de las tarifas eléctricas que actualmente soportan las comunidades de regantes, con el objeto de paliar las continuas subidas de los cortes energéticos. Les recuerdo que esta medida ya fue aprobada en el Pleno de esta Cámara el día 19 de mayo de 2009, como consecuencia del debate de una moción del Grupo Popular. También debo recordarles, otra vez más, que dicha moción fue aprobada aun con los votos en contra del Grupo Socialista. Sinceramente, sería muy grave que por negligencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero se estuviese privando a los regantes españoles de una reducción importante del IVA aplicado a los suministros eléctricos, reducción que ya consiguió el Gobierno de Italia en abril del año 2007 y que permite a los regantes italianos pagar el IVA de las tarifas eléctricas al 4 por ciento. Por otro lado, en los últimos cinco años los costes energéticos se han incrementado en más de un 400 por ciento en lo que se refiere a la potencia contratada y en un 70 por ciento de media en lo que se refiere a la energía consumida. Es decir, desde que desapareció la tarifa especial para regadíos se han multiplicado exponencialmente los costes energéticos para los agricultores regantes, llegando incluso a amenazar la viabilidad económica de la primera fase de modernización de regadíos. Con estos números tenemos que decirle al Gobierno, personalizando en la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que se puede y se está poniendo en grave peligro la viabilidad económica de las más de 800.000 hectáreas que fueron modernizadas en el primer horizonte del Plan nacional de regadíos y que, por supuesto, se puede paralizar la segunda fase de ese plan, privando al campo español de la transformación de más de un millón de hectáreas que todavía están pendientes.
Voy a recordarle a esta Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca que la modernización de los regadíos ha supuesto la sustitución de los antiguos sistemas de riego por gravedad, con un consumo energético mínimo, por los nuevos sistemas de riego a presión, que si bien permiten ahorrar entre un 20 y un 40 por ciento de agua, demandan mayor energía, multiplicando así los costes
en electricidad. La fuerte subida de las tarifas eléctricas supone para el agricultor regante un 30 por ciento de los gastos de producción y ha supuesto la pérdida de rentabilidad de los cultivos de regadío, haciendo prácticamente inviable su subsistencia en algunas zonas y, curiosamente, obligando en muchos casos a sustituirlos por cultivos de secano, lo que ha forzado a la utilización de generadores diesel, con el consiguiente incremento de consumo de recursos fósiles y de emisiones de CO2. Nos resulta un tanto irónico que el Gobierno premie el esfuerzo económico realizado por los regantes, que se han hipotecado a cincuenta años para poder llevar a cabo la modernización de sus regadíos, con una subida tarifaria de este calado, subiendo los costes hasta tal punto que rozan la inviabilidad económica y en muchos casos sobrepasan ampliamente este límite.
Por último, debo decirle al grupo enmendante, el Grupo Socialista, que no aceptamos su enmienda de modificación, porque la consideramos tan obvia, tan obvia, que no asume ningún compromiso y creemos sinceramente que el texto original propuesto por el Grupo Parlamentario Popular es más concluyente. Además esperamos contar no solo con el apoyo del Grupo Socialista, sino con el apoyo de todos los grupos.
La señora PRESIDENTA: En efecto, se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Amuedo.
El señor AMUEDO MORAL: Señora Iglesias, al menos hará usted alguna autoenmienda, porque de lo que usted ha hablado no se dice nada en la proposición que proponen. No habla de las tarifas eléctricas para los agricultores ni de la reducción del IVA, no habla de nada de eso. Por tanto, entiendo que lo que usted debería hacer -esta es mi versión de los hechos- es autoenmendarse, porque su enmienda no dice absolutamente nada de lo que usted ha dicho. Es decir, no sé si usted estaba refiriéndose a otra proposición distinta a la que ha presentado hoy.
Hemos presentado esta enmienda porque su proposición no es una cosa nueva, no se refiere a una cosa que haya surgido hoy o hace unos meses, sino a algo de lo que se viene hablando en el Congreso de los Diputados desde hace ya tiempo. Mi pregunta es: Si a ustedes esto les interesa tanto -que creo que sí, evidentemente-, ¿por qué no aprobaron la proposición del Grupo Socialista en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 15 de marzo de 2011, a la que votaron a favor todos menos ustedes, que se abstuvieron? En esa proposición se aprobó instar al Gobierno a continuar impulsando el proceso de modernización de regadíos, ya iniciado mediante la aprobación de la estrategia nacional de modernización de regadíos en el horizonte 2015, en el menor plazo de tiempo posible, es decir, lo que parece ser -digo parece ser, porque no estoy convencido de ello- que usted defiende ahora en esta proposición. No entiendo entonces por qué ustedes no aprobaron la proposición en el Pleno.
Por otro lado, cada día estoy más alucinado, de verdad, porque no sé qué varita mágica van a coger para seguir con los gastos y más gastos y más gastos y más gastos recortando los impuestos. Ustedes quieren recortar los ingresos del Estado y aumentar los gastos y encima que no haya déficit. Soy neófito en esa materia, pero no lo entiendo, ni creo que lo vaya a entender nadie. No obstante, allá ustedes.
Nosotros proponemos una enmienda para que sea más clara la proposición; no para dejarlo todo más en el aire, sino para hacerla más clara. En primer lugar, lo que nosotros decimos es que se inste al Gobierno para que continúe impulsando, porque no es una cosa nueva, como he explicado.
Además añadimos un sector al que usted no hace mención y que también es importante, que es la silvicultura, un sector de la agricultura al que también le influyen los aspectos del regadío en el campo. Para nosotros no se trata solo de priorizar el apoyo a las explotaciones agrarias de regadío. ¿Qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con las que no están puestas en marcha y se pueden poner? ¿Qué ocurre? ¿Que a esas no? Nosotros proponemos en la enmienda que se mantenga la modernización de la infraestructura de riegos como medio para garantizar el abastecimiento de agua a los cultivos y su calidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de riego. Es decir, proponemos no solamente potenciar lo que ya existe, sino que pongan en marcha nuevos riegos como consecuencia del ahorro energético y de agua, fundamentalmente, que se va a producir como consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos sistemas de regadío.
En segundo lugar, en su proposición habla de las distintas Seiasa. Se lo voy a leer textualmente. Dice: Fortalecer las Seiasa, dado que son estas sociedades las que ejecutan los proyectos de modernización de los regadíos existentes. Bien, ya están fortalecidas, porque una manera de fortalecer las distintas empresas en el territorio nacional es unificarlas y las distintas Seiasa ya están unificadas. Nosotros venimos a decir: Consolidar la función inversora de la Seiasa única fortalecida tras el proceso de fusión llevado a cabo recientemente.
Por último, en el tercer punto de su proposición dicen: No interrumpir los programas de modernización actuales en regadío. Evidentemente, estamos de acuerdo con ello, pero ¿no quedaría mucho mejor decir la labor realizada de modernización de regadíos en los últimos años con la próxima publicación -que además está al caer- de la estrategia nacional de modernización sostenible de los regadíos H-2015? Creo que sí. Ante esas cuestiones, lo que pido es que aprovechemos el tiempo que queda en esta Comisión para debatir nuestra enmienda y para llegar a un acuerdo en ese sentido, porque creo que es mejor no para el Congreso de los Diputados, sino para que quede más claro para los agricultores de España.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Si hubiera una transaccional y pudieran aceptar alguna cosa para aclarar un poquito la redacción, quedaría más clara, pero estamos de acuerdo con su espíritu y la vamos a apoyar.
También quiero aprovechar para preguntarme una vez más por el provecho que estamos sacando de traer a las comisiones de manera periódica, una detrás de otra, proposiciones no de ley exactas o parecidas a las que ya hemos votado en Pleno, en el Senado o en otra comisión. Me pregunto si no sería mejor exigir el cumplimiento de lo que ya se votó en una proposición no de ley -lo ha dicho ahora el proponente del Grupo Socialista- el pasado 23 de marzo en el Pleno. Allí se votaron una serie de acuerdos y nos gustaría que se diera cumplimiento a esos acuerdos que ya votamos, como también nos gustaría que de una vez se pidiera al Gobierno que se aprobara la estrategia de modernización de regadíos 2009-2015, que todavía está pendiente. De todas maneras, no podemos oponernos a la generalidad de esta proposición no de ley y le vamos a dar nuestro apoyo.
La señora PRESIDENTA: ¿El Grupo Popular, aunque se ha pronunciado ya sobre la enmienda del Grupo Socialista, desea intervenir? (Denegaciones.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CREAR UNA EXCEPCIÓN O UNA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN CONTEMPLADA EN LA RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2008, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA, EN LO REFERENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA LAS SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE CRIADORES PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORA Y FOMENTO DE LAS RAZAS PURAS DE GANADO, DE LA QUE PUEDAN BENEFICIARSE LAS ASOCIACIONES RESPONSABLES DE LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS CANARIAS DE FOMENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002165.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la quinta proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto, Coalición Canaria, por la que se insta al Gobierno a crear una excepción o una modificación de las bases de la subvención contemplada en la resolución de 21 de noviembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, en lo referente a los requisitos solicitados para las subvenciones destinadas a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado, de la que puedan beneficiarse las asociaciones responsables de la conservación y mejora de las razas autóctonas canarias de fomento. Para su defensa tiene la palabra el señor Perestelo.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Señorías, en el propio título de la proposición no de ley está recogido el espíritu que planteamos desde Coalición Canaria en esta iniciativa.
En el año 2007 se crearon dos asociaciones de caprino en Canarias: una de raza caprina de La Palma y otra de Tenerife. Posteriormente, en el año 2009, se creó la Asociación de criadores de la cabra majorera en Gran Canaria. Todas tenían como finalidad gestionar el libro genealógico, crear un esquema de mejora genética de las razas caprinas y realizar programas de estudio para la conservación y mejora ganadera, entre otros objetivos. Ninguna de estas tres razas está incluida en el catálogo nacional de razas en peligro de extinción, por lo que las asociaciones citadas no pueden tener acceso a las subvenciones destinadas al fomento de razas canarias en peligro de extinción. Estas razas -palmera, tinerfeña y majorera- están incluidas en el catálogo oficial de razas de ganado de España como razas autóctonas de fomento. Existe una línea de subvenciones del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino destinada a las organizaciones y asociaciones de criadores para la conservación, mejora y fomento de las razas puras de ganado de producción reguladas en la Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre. Pero estas asociaciones no pueden solicitarlas, porque la orden exige el reconocimiento por parte del ministerio y para ello debe tener un censo de animales distribuidos en al menos tres comunidades autónomas diferentes. Entenderán, señorías, por qué presentamos esta proposición no de ley en esta Comisión. Es absolutamente imposible que una raza autóctona en Canarias pueda estar distribuida en tres comunidades autónomas. Eso es posible en territorio continental, pero no es posible en un territorio insular alejado.
En resumen, actualmente se está gestionando el libro genealógico, se están realizando valoraciones morfológicas de las diferentes explotaciones de caprino e inscribiendo a los animales que cumplen con el patrón racial, pero las asociaciones canarias no pueden acceder a las subvenciones por los motivos expuestos y necesitan una línea de ayuda que les permita continuar con la labor iniciada y que evite el perjuicio en términos comparativos con la raza autóctona de fomento en territorio peninsular.
Por eso, señorías, les planteamos instar al Gobierno a modificar esa orden en el sentido de no exigir a las razas de fomento que se plantean obtener esa subvención estar distribuidas en tres comunidades autónomas, porque, como decía antes, eso es imposible. Solicitamos que en las nuevas órdenes que se plantea el Gobierno tengan el reconocimiento del hecho insular.
Se ha planteado una enmienda por parte del Grupo Socialista. En principio entendemos su redacción, pero falta esa singularidad que plantea la proposición no de ley, que es el hecho insular. Entiendo que se puede plantear in voce una transaccional que permita reconocerla. En tal caso, llegaríamos a un acuerdo que nos permitiera aprobar con el consenso de todos esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la diputada, señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: Esta proposición no de ley resulta totalmente justa, habida cuenta de que a veces en leyes, reales decretos o subvenciones se ignora el hecho de que todo el territorio de España no es peninsular, sino que existe un territorio insular en el cual es difícil ajustarse a determinadas normativas de ayuda. Concretamente, en el Real Decreto 2129/2008 se establece -artículo 9- que será competencia del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino el reconocimiento de las asociaciones de criadores para la creación y gestión de los libros genealógicos cuando sean de ámbito nacional, y se refiere de nuevo a una raza cuyo censo de animales esté distribuido -como ya dijo el señor Perestelo- al menos en tres comunidades autónomas, siempre que en el censo predominante en la comunidad autónoma no exceda el 60 por ciento. En el resto de los casos, las competencias para el reconocimiento recaerán en las comunidades autónomas en que radique el mayor censo de animales. Por tanto, atendiendo a este artículo, las asociaciones de razas caprina, palmera, majorera y tinerfeña son de ámbito autonómico y no podrían acogerse a estas ayudas, por lo que la competencia sería de reconocimiento de la comunidad autónoma canaria. Sin embargo, en el Real Decreto 1366/2007, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de razas en peligro de extinción, está en trámite una modificación para ampliarlas, en el ámbito de aplicación, a todas las razas autóctonas españolas, tanto las que están en peligro de extinción como las razas de fomento, por lo que una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado estas tres razas, majorera, palmera y tinerfeña, podrían recibir ayudas estatales de hasta 60.000 euros, siempre que se cumplan una serie de requisitos ya establecidos por la normativa zootécnica actual. También hay que tener en cuenta que según establece el Real Decreto 2129/2008 en su artículo 39, relativo a la información interadministrativa, las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino una serie de informaciones de razas para su incorporación al Sistema nacional de información de razas. En el caso de las tres razas autóctonas de fomento, majoreras, palmeras y tinerfeñas, no se ha recibido ningún tipo de información ni las resoluciones de reconocimiento de las asociaciones oficialmente reconocidas ni las reglamentaciones específicas de los libros genealógicos ni de los programas de mejora ni de los censos ni de los controles de rendimiento de las mismas razas. Es por ello por lo que sería recomendable que la Consejería de Agricultura del Gobierno autónomo se pusiera al día en lo referente a esta información que es necesario tener reconocida en el ministerio.
Hemos realizado un añadido a la enmienda de modificación que habíamos presentado, en el que creo que estamos de acuerdo, que dice así: ...y los términos en que se regulan en la Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre, en lo que afecta a la singularidad de la insularidad. Con esto se modificaría el hecho de que fuera necesario estar incluida en tres comunidades autónomas distintas.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de fijación de posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Perestelo para pronunciarse sobre la enmienda.
El señor PERESTELO RODRÍGUEZ: Creemos que con ese añadido es suficiente.
Entiendo que la enmienda se tramita como transaccional.
- SOBRE REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS OBLIGATORIOS PARA DETERMINADOS PRODUCTOS AGRARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002191.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley que aparece en el punto sexto del orden del día, sobre regulación de los contratos obligatorios para determinados productos agrarios, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Tengo que advertir que la iniciativa que hoy traemos a debate en esta Comisión fue redactada con bastante anterioridad a la publicación del Real Decreto 460/2011, que regula la contratación en el sector lácteo. Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley todo apuntaba a que el real decreto regularía un contrato obligatorio, tal como se establecía en el borrador. Esto no ha sido así, el texto finalmente aprobado ha quedado bastante vacío de contenido y además ha tenido que condicionar sus tres aspectos fundamentales, la obligatoriedad de los contratos, la negociación de los términos de los mismos por parte de las organizaciones de productores y acuerdos de la interprofesional a que se apruebe el reglamento comunitario que lo establezca. Pero eso mismo no ha pasado en Francia, donde se ha regulado con el requisito de la obligatoriedad.
En relación a otros productos que mencionamos en nuestra proposición no de ley, las frutas, hortalizas y aceite, queremos destacar también que Francia, el país vecino, competidor nuestro, ha puesto en marcha esa obligatoriedad de contar con ese contrato escrito para realizar la compraventa de esas frutas y hortalizas, a la vez que se ha planteado por parte de la interprofesional francesa del ovino un modelo de contrato de compraventa de carne de ovino, y que recientemente ha recibido el visto bueno de la autoridad francesa de la competencia. (El señor vicepresidente, Reyes Martínez, ocupa la Presidencia.) Nos parece muy interesante que sectores como el del aceite, el hortofrutícola y otros se pudieran beneficiar de la existencia de ese contrato obligatorio, como se está implantando en Francia, país para nosotros pionero en la defensa de todo lo que es el sector agrario.
Por ese motivo nosotros hemos presentado esta proposición no de ley, que sencillamente dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar y valorar la posibilidad de implantar ese contrato obligatorio similar al previsto para el sector lácteo a otros productos como el aceite y los hortofrutícolas, del mismo modo que ya se está aplicando en Francia y en otros Estados miembros.
Me gustaría aclarar que de las enmiendas que se han presentado no voy a aceptar la del Grupo Socialista, ya que es una enmienda que vacía de contenido lo poco que pedimos. Recogemos como enmienda de adición la del Grupo Popular, que nos parece muy interesante y creemos que explica mucho mejor el espíritu de lo que nosotros queríamos
El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: En primer lugar, no tenemos ningún inconveniente en transformar nuestra enmienda de sustitución en una de adición a la iniciativa, que nos parece interesante y oportuna, que presenta el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, aunque no podemos dejar de recordar que nosotros presentamos un proyecto de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados mediante el que pedíamos la obligatoriedad de los contratos homologados en el sector lácteo, que solo cubren el 25 por ciento de la cuota, donde se podían establecer con rango de ley unos precios mínimos, pactados libremente entre las partes. Con esa propuesta, que tenía un rango legislativo superior al decreto, se podía obligar y establecer sanciones en el caso de incumplimiento. Eso es lo que están haciendo en Francia. Lo que nosotros pretendíamos, dada la situación que se estaba produciendo, con el proyecto de ley de regulación de los contratos homologados para el sector lácteo era que el precio cubriera al menos el coste de producción, cosa que no está ocurriendo en estos momentos. Era un proyecto de ley que mejoraba a todas las partes, a los que vendían, es decir, a los productores de leche, y a los industriales que compraban, porque tenían una seguridad en el suministro y en los parámetros de calidad de la leche; además, tenía un plazo de duración del contrato, unas cláusulas de rescisión y un régimen de sanciones en casos de incumplimiento. No se quiso apoyar. El grupo proponente de esta iniciativa de hoy, Convergència i Unió, se incorporó a la negativa del Grupo Socialista y aquello que era realmente necesario, que es lo que se está aplicando en Francia, lo que viene a solucionar los problemas del sector, vino después en forma de real decreto y ahora en forma de proposición no de ley tibia y ambigua, aunque ya hemos aclarado que era anterior a la presentación del real decreto-ley.
Nosotros hemos intentado mejorar la propuesta de Convergència i Unió incorporando una serie de cláusulas que creemos que la enriquecen notablemente, porque además, en definitiva, vienen establecidas en el preámbulo del real decreto; por tanto, no entenderíamos que el Grupo Socialista no lo apoyara, puesto que estamos pidiendo que se potencie la organización de productores, que es esencial, así como la capacidad de negociación colectiva y de las organizaciones interprofesionales agrarias. Todo lo que estamos pidiendo que se incorpore a la iniciativa que presenta el grupo proponente figura en el real decreto que ha presentado el Grupo Socialista. Ahora bien, el Grupo Socialista, con esas piruetas y esas ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados, es capaz de no apoyar lo que está presentando el grupo proponente, que se enriquece con nuestra enmienda de adición, pero el caso es ir en contra de todo lo que presenta la oposición y los resultados los acabamos de ver, porque la gente no entiende ese tipo de conductas.
Para no hacerles perder más el tiempo diré que nuestra enmienda no es de sustitución sino de adición. Estoy esperando a ver qué argumentos puede utilizar el grupo que ha presentado el real decreto para no apoyar esto.
El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ferré para defender su enmienda.
El señor FERRÉ FONS: Señor Llorens, si me escucha, creo que lo va a entender. Nosotros, y así se lo he participado ya a la proponente, estamos completamente de acuerdo en lo que se solicita en esta proposición no de ley. De todas maneras, lo que estamos reivindicando, y creo que finalmente vamos a llegar a un acuerdo con la señora Tarruella, es que la voluntad hay que hacerla compatible con la legalidad, y creo que en esto estaremos de acuerdo.
En primer lugar, hay que hacer dos consideraciones que creo que son absolutamente necesarias en cuanto a la regulación de estos contratos obligatorios. En primer lugar -y creo que esto debería saberlo a pies juntillas el Grupo Popular-, la opción de regular la contratación
entre un proveedor y un distribuidor supone una limitación del principio general de autonomía de la voluntad, recogido ni más ni menos que en el Código Civil. Por tanto, solo cabría introducir esta previsión mediante otra ley que incorporara el contenido esencial de dicha regulación. En segundo lugar, que la contratación obligatoria podría presentar graves problemas por parte de la Dirección General de la Competencia si no hay normativa nacional o comunitaria que lo respalde. Este es el problema.
Desde nuestro punto de vista, estamos ante un tema que, independientemente de su idoneidad -que la tiene-, es enormemente complicado desde el punto de vista tanto de seguridad como de justificación jurídica. Una regulación de este tipo solo sería razonable en casos suficientemente justificados por su excepcionalidad; por ejemplo -ustedes lo han comentado-, en el caso del sector lácteo, en los supuestos en los que el mercado presenta una gran atomización en el lado de la oferta y una gran concentración en la demanda mayorista.
Hemos presentado una enmienda que recoge el espíritu de esta iniciativa del Grupo de Convergència i Unió y que la exime de estas referencias que nosotros creemos que no son procedentes en este caso. De todas formas, digamos que estando de acuerdo con la proposición no de ley vamos a intentar, y creo que lo vamos a conseguir, encontrar un texto con el que nos sintamos todos suficientemente cómodos. Queríamos eximir de esto, en primer lugar, porque la posibilidad de establecer contratos escritos obligatorios ya está contemplada en el proyecto de borrador de la ley de medidas para mejorar la cadena alimentaria, actualmente en tramitación.
En segundo lugar, por lo que se refiere al Real Decreto 460/2011, sobre medidas en el sector lácteo, es cierto que ha posibilitado implantar en España la contratación por escrito obligatoria, pero teniendo en cuenta que se trata de una excepción de la normativa de la competencia y que solamente podrá ser de aplicación en cuanto se publique la normativa comunitaria específica que así lo establezca. Por último, en lo que se refiere a la legislación francesa sobre contratación de frutas y hortalizas, quiero manifestar que esta se basa en una modificación previa de la ley de modernización de la agricultura que habilita al Ejecutivo francés para adoptar estas medidas.
Señora Tarruella, vamos a ver si podemos llegar a un consenso. Estamos de acuerdo con el espíritu y con la instancia que se hace al Gobierno para implantar estos contratos obligatorios en esos ámbitos, pero lo que nos preocupa es que el texto de la proposición no de ley encaje perfectamente con la legalidad de la petición al Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Vamos a suspender la sesión durante tres minutos, puesto que el diputado que tiene que defender la siguiente proposición está en otra Comisión. Como se ha acelerado el proceso y el debate, vamos a esperar a que llegue. (Pausa.)
- DE IMPULSO A LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS DUNAS DE ARTOLA (MÁLAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002213.)
El señor VICEPRESIDENTE (Reyes Martínez): Reiniciamos la sesión con la última proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de impulso a la recuperación y protección de las dunas de Artola, en Málaga.
Tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor presidente, gracias por la atención y por la espera. Por ser el último, voy a intentar compensar la dilación que hemos sufrido.
El Grupo Socialista presenta la proposición no de ley que figura en este punto del orden del día con una intención muy clara, que es la de sumarse a este consenso generalizado en favor de la regeneración y de la recuperación de todo nuestro litoral que hoy ha constituido uno de los ejes de la Comisión que hemos celebrado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia) En este punto en concreto hablamos de un ejemplo de cómo se materializa la sensibilidad de las administraciones de los gobiernos hacia el patrimonio natural, la preservación del mismo y los valores medioambientales que deben presidirlos. Pongo como ejemplo la Costa del Sol malagueña, donde aún conservamos varios enclaves naturales privilegiados que han sufrido riesgo de degradación como consecuencia de la voracidad en la época de expansión urbanística, unida a la actividad turística. El más emblemático de todos es el conocido como enclave de las dunas de Artola o Cabopino que se encuentra en la franja oriental del litoral de Marbella, un paraje al que invito a sus señorías a visitar cuando lo consideren oportuno o tengan la posibilidad. Se trata de un enclave de gran belleza y de rica biodiversidad; además, ha sido declarado monumento natural en el año 2003. Como decía al principio, esta declaración demuestra la clara sensibilidad ambiental, en este caso del Gobierno andaluz. Esta misma sensibilidad ambiental hacia las dunas de Artola o Cabopino fue la que animó al Gobierno de España a impulsar el proyecto de actuaciones para la protección y regeneración de este sistema dunar e incluyó la primera asignación presupuestaria en el año 2005.
Asignación a un proyecto que, tras superar todos los trámites administrativos, el día 22 de junio 2009 fue aprobado definitivamente por la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar. La zona objeto del proyecto de actuación es bastante extensa, ya que son casi 200.000 metros cuadrados de un alto valor medioambiental y que tiene en su interior un monumento militar defensivo que también fue declarado bien de interés cultural.
Estamos ante una actuación que se enmarca en la política de recuperación del litoral español que ha llevado
adelante este Gobierno desde que asumió la responsabilidad y que respeta las características medioambientales y paisajísticas de la zona, facilitando algo que todos deseamos, que es el uso público, gratuito y libre de la playa, conciliándolo también con la preservación del patrimonio natural y medioambiental. Las obras que se han propuesto abarcan la construcción de paseos perimetrales, de pasarelas, de preservación de las dunas, limitación del tránsito de vehículos; también se ha propuesto la repoblación de la zona con especies autóctonas y la eliminación de alóctonas, así como toda una serie de actuaciones muy interesantes. Estas actuaciones de regeneración y protección medioambiental han sido proyectadas y se desarrollan en la zona de dominio público marítimo-terrestre y en la franja de servidumbre de tránsito. ¿Por qué digo esto? Porque ahí es donde se presenta el problema para la ejecución. La ejecución de este proyecto, en contra de lo que todos esperamos desde el año 2005, se ha convertido en una carrera de obstáculos, y mientras tanto hemos visto cómo aumenta el riesgo de degradación. Estos obstáculos y dificultades han sobrevenido por la falta de colaboración en algunos momentos de la Administración local, justificada también por la situación financiera del Ayuntamiento de Marbella, municipio en el que se encuentra, después de su disolución en los años negros de la etapa pos Gil; dificultades a las que se han añadido otras como las de identificar quién tiene que aportar o no los terrenos, quiénes son los propietarios, etcétera.
Finalmente, la Administración del Estado ha tenido que proceder a la declaración de interés público de estos bienes afectados por las obras que se quieren realizar, mediante acuerdos del Consejo de Ministros de marzo de 2010 en el que se aprobó el inicio de los expedientes de expropiación, entre otros, de los terrenos afectados por las obras. Con el fin de agilizar la tramitación de este expediente expropiatorio es por lo que hemos dado el último paso, en este caso la Administración ha procedido a conveniar con el Ayuntamiento de Marbella una encomienda de gestión para la expropiación. Pero esta encomienda de gestión tiene ya un año de antigüedad y después de ese tiempo lo único que tenemos es un acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Marbella y no sabemos por qué razón avanza de forma tan lenta. Sabemos de las dificultades que tiene todo procedimiento administrativo, pero nuestro deseo es que se agilice. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista, que observa con gran preocupación la dilación en el tiempo de la ejecución de esta obra, solicita su acortamiento, su impulso, porque es consciente de que alargar en el tiempo su ejecución va a aumentar día a día, año a año los riesgos de degradación; una degradación que viene porque cada año afluyen mayor número de visitantes a la zona atraídos por los encantos.
Por este motivo, el Grupo Socialista insta al Gobierno, y además solicita el apoyo de todos los grupos en esta dirección, a impulsar este proyecto de recuperación medioambiental de las dunas de Artola y a agilizar todos los trámites para la ejecución del mismo, recabando del ayuntamiento la mayor celeridad posible, en cumplimiento del convenio de encomienda de gestión de 21 de mayo de 2010.
La señora PRESIDENTA: No se ha presentado ninguna enmienda. ¿Algún grupo desea hacer uso del turno de fijación de posiciones? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo en relación con la iniciativa que nos presenta el Grupo Socialista referente a las dunas de Artola de Marbella. Esta iniciativa se ha reactivado unos días antes de estas últimas elecciones municipales y que se ha utilizado, a nuestro juicio, como arma arrojadiza en la ciudad de Marbella. Este proyecto es muy socorrido para sacarlo cuando se aproximan unos comicios, pero la verdad es que luego se olvida y otra vez duerme el sueño de los justos cuando tiene que intervenir el Gobierno del señor Zapatero.
Señorías, hablemos de las dunas de Artola. Es cierto que poseen un alto valor medioambiental, cuentan con una superficie de 192.715 metros cuadrados y ha sido declarado monumento nacional por la Junta de Andalucía. Leyendo la exposición de motivos de la proposición no de ley vemos que dice: Con el fin de agilizar la tramitación de los expedientes expropiatorios, se acuerda igualmente conveniar con el Ayuntamiento de Marbella una encomienda de gestión que fue suscrita con fecha 21 de mayo de 2010 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Y añade: Alargar en el tiempo la ejecución aumenta los riesgos de degradación y actúa de manera inapropiada con los intereses de conservación y protección del monumento natural que ve cómo cada año recibe un volumen mayor de visitantes atraídos por esos encantos del paraje, como bien ha dicho el señor diputado del Grupo Socialista.
Lo que no dice la iniciativa es que no basta con actuar en esta Cámara.
Ese no es nuestro cometido. El Ayuntamiento de Marbella está llevando a cabo la tramitación correspondiente para las expropiaciones oportunas. Lo que nos tendríamos que preguntar como diputados es si estamos legitimados para ir a Marbella como representantes del Gobierno español anunciando inversiones importantes antes de unas elecciones, cuando no hay ninguna intención de acometerlas porque no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. Una vez más se hace al revés: primero tendrían que aparecer en los Presupuestos Generales del Estado y luego anunciarlas como inversión. Con respecto a este proyecto, recordaré que se aprobó una partida de licitación de 1.232.960 euros cuando doña Elvira Rodríguez era ministra de Medio Ambiente en un Gobierno del Partido Popular, y que durante casi ocho años de Gobierno socialista este proyecto no ha salido adelante. Tenemos magníficos alcaldes y concejales, ellos harán su trabajo en los ayuntamientos y, como no puede ser de otra manera, estamos
dispuestos a impulsar el proyecto de recuperación y protección de las dunas de Marbella, como también estamos seguros de que se está trabajando con celeridad por parte del ayuntamiento para cumplir con el convenio.
Señorías, al tratarse de una iniciativa que no decide cómo impulsar el proyecto, que no implica en nada al Gobierno y que no se compromete a nada, nuestro grupo se va abstener por haber tenido claros tintes electoralistas, porque se ha debatido tarde y porque, además, ha servido de poco.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate, suspendemos la sesión hasta 13:30 horas para proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión procediendo a la votación de las proposiciones no de ley que se han debatido.
Comenzamos con la votación de la primera proposición no de ley, sobre la seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Se somete a votación con una enmienda transaccional alcanzada con los Grupos Popular y Socialista.
Procedemos a la votación de la segunda proposición no de ley, relativa a la propuesta de reforma de la organización común de mercados de la pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. También se vota en los términos de la enmienda transaccional alcanzada con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y con el Grupo Socialista.
En tercer lugar, votamos la proposición no de ley relativa a la conservación y regeneración del litoral español. Se somete a votación con una enmienda transaccional alcanzada con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Se somete a votación la cuarta proposición no de ley, relativa a las medidas a tomar para impulsar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo del sector agrario y ganadero, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se somete a votación con una enmienda transaccional alcanzada con el Grupo Socialista.
La proposición no de ley que aparece en el punto quinto del orden del día, por la que se insta al Gobierno a crear una excepción o una modificación de las bases de la subvención contemplada en la resolución de 21 de noviembre de 2008, sobre las razas autóctonas canarias de fomento, presentada por el Grupo Mixto-Coalición Canaria, se somete a votación con una enmienda transaccional alcanzada con el Grupo Socialista.
La sexta proposición no de ley sobre regulación de los contratos obligatorios para determinados productos agrarios, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se somete a votación en los términos de una transaccional alcanzada con el Grupo Popular.
La última proposición no de ley, de impulso a la recuperación y protección de las dunas de Artola, se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 12.
En consecuencia, declaramos aprobadas las proposiciones no de ley.