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Timestamp: 2020-04-02 22:38:32
Document Index: 295213060

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 67', 'artículo 69', 'artículo 70', 'artículo 68', 'artículo 71', 'artículo 115', 'artículo 235', 'artículo 76', 'artículo 77', 'Artículo 74']

Valoración de las aportaciones no dinerarias en las Sociedades de Capital por Rafael Juan Juan Sanjosé | BURGUERA ABOGADOS
« El artículo 368.2 CP: Análisis Jurisprudencial por Rafael Juan Juan Sanjosé
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0.1 En las sociedades limitadas, los fundadores, las personas que ostentaran la condición de socio en el momento de acordarse el aumento de capital y quienes adquieran alguna participación desembolsada mediante aportaciones no dinerarias, van a responder solidariamente frente a la propia sociedad y a sus acreedores de la realidad y la valoración de las aportaciones que hagan figurar en la escritura.
1.0.6 Compártalo:
El TRLSC establece un régimen para la valoración de las aportaciones no dinerarias, el cual viene regulado en el Capítulo II del Título III de dicho texto legal (arts. 67 a 72).
El artículo 67 TRLSC exige para las sociedades anónimas, independientemente del valor económico o naturaleza de los bienes aportados, que se efectúe un informe por uno o varios expertos con competencia profesional, designados por el registrador mercantil del domicilio social, en cual contendrá la descripción de la aportación, así como su valoración y los criterios efectuados para realizarla, con el pronunciamiento de si se corresponde con el valor nominal y en su caso, con la prima de emisión de las acciones que se emitan como contrapartida.
Cuando se den las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 69 TRLSC, la sociedad, según establece el artículo 70 del mismo texto legal, deberá sustituir el informe del experto, por un informe de los administradores de la misma en el cual se describirán los bienes aportados, valorándolos según las exigencias determinadas por la Ley.
En cuanto a la responsabilidad del informe efectuado por el experto independiente, el artículo 68 TRLSC, establece que éste responderá frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores de los daños causados por la valoración, y quedará exonerado si acredita que ha aplicado la diligencia y los estándares propios de la actuación que le haya sido encomendada, prescribiendo la acción de responsabilidad a los cuatro años de la fecha del informe.
En el artículo 71 TRLSC se prevé la obligación de la publicidad de los informes realizados tanto por los expertos independientes, como por los administradores societarios, el cual deberá depositarse en el Registro Mercantil en el plazo máximo de un mes desde la efectiva aportación, adjuntándose a su vez, como anexo a la escritura de constitución o aumento de capital.
STS Sala 1ª – 14-9-2007 – Fundamentos de Derecho 3º – Ponente: Francisco Marín Castán: Nombramiento de experto independiente.
“…El tercer motivo del recurso, fundado en infracción del art. 38 LSA en relación con los arts. 338, 342, 346 y 348 RRM por no haberse solicitado el nombramiento de un experto independiente por la junta de accionistas de la sociedad demandada ni por su Consejo de Administración ni por el propio actor hoy recurrente, ha de ser desestimado por su falta de consistencia, pues en manifiesta contradicción con el apartado 2 del propio art. 338 RRM citado como infringido el alegato del motivo sostiene, como argumento esencial, «que quien debe solicitar el nombramiento de experto independiente es el propio aportante, pues es la única manera de que el aportante, una vez conocido quién es el experto, pueda recusarlo si existe causa legítima para ello».
En realidad no se pudo infringir el apdo. 2 del art. 338 RRM porque en el caso examinado la solicitud de nombramiento de un experto independiente no debe entenderse hecha sino por la propia sociedad, como el precepto exige, ya que la instancia la suscribió una persona física con facultades para presentarla en el Registro Mercantil, y el hecho de que la solicitud tenga una fecha anterior al acuerdo del Consejo de Administración sobre la ampliación del capital social mediante aportaciones no dinerarias carece de relevancia alguna, ya que tanto el nombramiento del experto como su informe fueron sobradamente conocidos por todos los interesados, incluido el hoy recurrente, desde el citado acuerdo del Consejo de 28 de abril de 1997 hasta la junta general de 23 de diciembre siguiente, pasando por las intermedias de 23 de junio y 29 de julio del mismo año, de suerte que se cumplió la esencia del art. 38.1 LSA, también citado como infringido, puesto que las aportaciones no dinerarias efectivamente fueron objeto de informe elaborado por un experto independiente designado por el Registrador Mercantil, y el hoy recurrente tuvo oportunidad tanto de recusar al nombrado como de cuestionar su informe…”
STS Sala 1ª – 7-3-2006 – Fundamentos de Derecho 4º – Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel: Valoración de la aportación de rama de actividad.
Para efectuar la valoración de una aportación no dineraria de rama de actividad, no se debe limitar a aplicar criterios meramente contables, sino que es preciso tener en cuenta otros aspectos ajenos a la contabilidad que pueden repercutir en un aumento de valor de dicha participación, como puedan ser clientela, expectativas, fondo de comercio, etc…
“…En el motivo cuarto de su recurso, que se examina en primer término porque en él se localiza la cuestión esencial del conflicto, las demandadas denuncian la infracción del referido artículo 115.1 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Niegan, en definitiva, la existencia de la lesión de los intereses de la sociedad afirmada en la sentencia recurrida.
Para resolver la cuestión debe tenerse en cuenta que la aportación no dineraria impugnada provocó una modificación cualitativa del patrimonio de «J., S.A.», mediante la sustitución de los elementos componentes de la rama de actividad aportada por los valores mobiliarios recibidos en contraprestación. Por lo demás, la posición de los socios de «J., S.A.», entre ellos, la de las actoras, no integradas en el grupo de control, quedó inalterada. No cabe hablar, por lo tanto, de dilución de los derechos de la minoría, como consecuencia de lo decidido por la mayoría de control. En efecto, salvo por las consecuencias derivadas del cambio de objeto de la sociedad aportante, que no ha sido impugnado por ilegal o contrario a los estatutos, las posibilidades de control de la actividad de «J., S.A.» que tenían las demandantes fueron las mismas antes y después de la operación.
Procedería, según ello, acoger el motivo, de no ser procedente examinar la cuestión desde otro punto de vista, ya que la conocida como regla de la equivalencia de resultados excluye la posibilidad de estimar un recurso cuando, pese al éxito de alguno de los motivos que lo sustentan, el fallo deba ser mantenido con otros argumentos (sentencias de 4 de julio de 1984, 9 de febrero de 1988, 9 de marzo de 1988, 9 de septiembre de 1991, entre otras muchas).
Hay que indicar que se trata del punto de vista más congruente con los planteamientos expuestos en la demanda, en la que las actoras denunciaron la aplicación de un método de valoración de la aportación de rama de actividad que era apto para causar lesión a los intereses de «J., S.A.», la cual, según alegan, no recibió a cambio las participaciones correspondientes a su valor, calculado no según criterios reales, sino meramente contables, esto es, reflejados en la contabilidad de la sociedad, sin incluir elementos ajenos a la misma que hubieran incrementado la contraprestación recibida.
En efecto, el que se hubieran respetado en la valoración, regida por criterios estáticos, los principios rectores de la contabilidad, así como las normas fiscales, no justificaba prescindir, como evidencian las normas que rigen las operaciones de fusión (artículo 235.b del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas) y escisión (artículos 254 y 255), del valor real de la aportación, único adecuado cuando se utiliza un instrumento jurídico que permite la transmisión de una empresa. Valor real que, por más que pueda ser calculado por diversos métodos, imponía tomar también en consideración ciertos elementos de la empresa aportada, como la clientela, las expectativas y, en general, el fondo de comercio, con relevancia económica suficiente para no ser excluidos, cuando se trata de determinar, lo más exactamente posible, la equivalencia entre aportación y contraprestación recibida, en participaciones, por la aportante.
Esa probada omisión de una valoración, ajustada a criterios reales, de elementos integrantes de la rama de actividad como los mencionados significó para «J., S.A.», que compartía con otros socios, desde la ejecución del acuerdo impugnado, la condición de titular de las participaciones sociales en que se dividía el capital de «Tejidos R., S.L.», un menor poder y unas inferiores posibilidades de beneficios que los que le hubieran correspondido de haber sido valorada adecuadamente la aportación. Del mismo modo que significó para los otros socios de la beneficiaria un provecho evidente correlativo.
Para finalizar, el artículo 76 TRLSC establece una exclusión de responsabilidad para los socios cuyas aportaciones no dinerarias hayan sido sometidas a valoración pericial conforme a lo previsto para las sociedades anónimas.
En lo que se refiere a la responsabilidad en las sociedades anónimas, independientemente de lo referido en el epígrafe anterior, el artículo 77 TRLSC, prevé que los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad, los accionistas y los terceros de la realidad de las aportaciones sociales y de la valoración de las no dinerarias, añadiendo que la responsabilidad de los fundadores alcanzará a las personas por cuya cuenta hayan obrado éstos.
(1) Artículo 74. Legitimación para el ejercicio de la acción de responsabilidad
2.- La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada, además, por cualquier socio que hubiera votado en contra del acuerdo siempre que represente, al menos, el cinco por ciento de la cifra del capital social y por cualquier acreedor en caso de insolvencia de la sociedad.
(2) AURELIO MENÉNDEZ y ÁNGEL ROJO, “Lecciones de Derecho Mercantil” – 8ª Edición – Cizur Menor (Navarra) – Año 2010- Ed. Aranzadi, S.A. – Lección 14 (Juan Luis Iglesias y Javier García de Enterría) – página 427
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