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Timestamp: 2017-08-16 14:59:41
Document Index: 138578082

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'artículo 30', 'e contrario', 'artículo 9', 'artículo 102', 'artículo 102']

VALORACIÓN INFORME PERICIAL CALIGRAFICO - PERICIAL DE PARTE - DOCUMENTOS INDUBITADOS
Tribunal Supremo Sala III de lo Contencioso-Administrativo. Sentencia de 3 de abril de 2001
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en Sección por los señores al margen anotados, el presente recurso de casación que con el número 8054/1996, ante la misma pende de resolución. Interpuesto por la representación procesal de DON C.L.Q. contra la sentencia dictada por la Sala de esta Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, con fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en su pleito núm. 147/1994. Sobre expropiación forzosa de finca rústica. Siendo parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y el AYUNTAMIENTO DE ARCHENA.
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don C.L.Q. contra Acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Murcia de 8 de noviembre de 1993 que inadmitía por extemporáneo el recurso de reposición formulado contra acuerdo del indicado Jurado de 31 de mayo de 1993, por ser dichos actos impugnados conformes a Derecho; sin costas".
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia la representación procesal de don C.L.Q. presentó escrito ante la Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia en Murcia, preparando recurso de casación contra la misma. Por auto de fecha 14 de octubre de 1996, la Sala tuvo por preparado en tiempo y forma recurso de casación, admitiéndolo y emplazando a las partes para que comparezcan ante el Tribunal Supremo.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la parte recurrente, se personó ante esta Sala formulando escrito de interposición del recurso de casación, expresando los motivos en los que se ampara.
CUARTO.- Teniendo por interpuesto recurso de casación por esta Sala se dio traslado, a ambas partes recurridas, para la formalización del escrito de oposición, en el plazo de treinta días.
QUINTO.- Tanto por el Abogado del Estado, como por el Ayuntamiento de Archena, se presentaron escritos de oposición al recurso interpuesto, en el que impugnaron los motivos del recurso de casación en virtud de las razones que estimaron procedentes.
SEXTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo el día VEINTIDOS DE MARZO DEL DOS MIL UNO, en cuyo acto tuvo lugar, habiéndose observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO GONZÁLEZ NAVARRO, que expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO.-A. En este recurso de casación, que se ha tramitado ante nuestra Sala con el número 8054/1996, don C.L.Q., que actúa representado por procurador y dirigido por letrado, impugna la sentencia del Tribunal Superior de justicia en Murcia (Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 2ª), de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el proceso número 147/1994.
B. En ese proceso contencioso-administrativo, el hoy recurrente en casación, don C.L.Q., impugnaba las resoluciones del Jurado provincial de expropiación forzosa de Murcia, de 31 de mayo y de 8 de noviembre de 1993, que habían fijado en 3900 ptas/m2 el justiprecio de una finca de su propiedad de 853´75 m/2, afectada por expropiación acordada por el Ayuntamiento de Archena, correspondiente a la Unidad de actuación 2ª, siendo el expropiado recurrente uno de los propietarios que no se adhirieron a la Junta de Compensación de dicha Unidad de actuación, beneficiaria de la expropiación.
La Sala de instancia desestimó la demanda por entender que son ajustados a derecho tanto la resolución de 31 de mayo de 1993, del Jurado provincial de expropiación que fijó en primera instancia administrativa el justiprecio de la finca, como la de resolución del mismo Jurado, de 8 de noviembre de 1993, que declaró extemporáneamente interpuesto el recurso de reposición interpuesto por el expropiado contra aquella otra resolución.
SEGUNDO.-A. El recurso de casación formalizado por el expropiado recurrente se articula en dos motivos uno y otro al amparo del artículo 95.1.4º LJ:
1º. Infracción del artículo 30.2 LEF, que establece la necesidad de hoja de aprecio "fundada", que debe ser notificada a los interesados, lo que en este caso no ha ocurrido.
2º Infracción de la jurisprudencia que cita, relativa a la práctica de las notificaciones, pues la resolución del Jurado, de 31 de mayo de 1993 no le fue notificada, como lo prueba el que la firma que acredita la recepción por el destinatario no es la del recurrente.
B. Ha comparecido ante nuestra Sala, en calidad de recurrido, el Ayuntamiento de Archena que, en el momento procesal oportuno presentó escrito oponiéndose al recurso.
Ha comparecido también como recurrido el Abogado del Estado, que, aunque ha presentado también oportunamente escrito de oposición, se limita a transcribir una fórmula que, por el abuso que suele hacerse de ellas, ha devenido cláusula de estilo, huera de contenido: "Los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida no se desvirtúan, a juicio de esta representación, por las alegaciones formuladas de contrario que no sirven para acreditar la realidad de la infracción del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, motivos en que funda el recurso".
TERCERO.-A. En trance ya de abordar el estudio de los motivos que alega la parte recurrente debemos empezar haciendo tres advertencias:
a) Vamos a analizar en primer lugar el que el recurrente articula como motivo segundo, y ello porque, si tuvieramos que declarar que la Sala ha actuado conforme a derecho al desautorizar, como lo ha hecho y por las razones que invoca el informe de perito calígrafo que aportó el recurrente resultaría innecesario analizar el primero.
b) El recurso de casación del expropiado termina con el siguiente "Suplico: Que tenga por presentado este escrito con sus copias, lo admita, me tenga por personado y formulado recurso de casación contra la sentencia número 543/96 de 18 de septiembre de 1996 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y previos los trámites oportunos, lo estime y en consecuencia revoque dicha resolución dictando otra por la que se declare la nulidad absoluta del expediente administrativo a partir de la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Archena (Murcia) celebrada el día 28 de enero de 1993, a fin de que por dicho organismo sea redactada Hoja de Aprecio "fundada", continuando la tramitación del expediente administrativo, o de forma alternativa sea decretada la nulidad de la resolución de 8 de noviembre de 1993 dictada por el Jurado Provincial de Expropiación forzosa de Murcia que confirma la resolución del mismo organismo habida en sesión de 31 de mayo de 1993, y por la que se confirma la misma y se rechaza el recurso de reposición planteado por mi mandante por extemporáneo, conociendo del referido recurso y dictando libremente la resolución que estime conveniente, por proceder así todo ello y ser de hacer en justicia que pido respetuosamente".
c) En periodo de prueba la parte recurrente solicitó, y le fue admitida: la siguiente prueba: 1. Informe emitido por perito calígrafo, mediante el que se acredita que la firma que aparece en la presunta notificación efectuada el 22 de septiembre de 1993 no fue puesta de puño y letra del recurrente. 2. Los documentos acompañados con la demanda [que es uno solo: escritura de compraventa de una finca que dice el recurrente que es colindante vendida en 25.000 ptas/m2]
B. Empezaremos, por tanto, analizando el segundo motivo para lo cual importa transcribir, antes de seguir adelante, el fundamento primero de la sentencia impugnada. Dice así "Primero.- Niega el actor que el recurso de reposición frente a la resolución de 31 de mayo de 1993 fuese extemporáneo, alegando que la firma de notificación del recibo de la resolución no era suya. La primera cuestión, pues, a dilucidar, es la validez de la notificación de la resolución recurrida en reposición fechada el 22 de septiembre de 1993 y obrante en el folio 61 del expediente administrativo. En apoyo de sus pretensiones, el actor aporta en fase de prueba el informe pericial caligráfico de un conocido y prestigioso perito calígrafo, poseedor de titulaciones suficientes para avalar cualquier dictamen. El informante tuvo en cuenta para emitir su dictamen, como documentos indubitados, el DNI, el carnet de conducir, una tarjeta Visa, todos ellos pertenecientes al actor, y un cuerpo de escritura, confeccionado por el actor y dictado por el propio informante. Y no cabe duda de la corrección del dictamen comparando la firma dubitada (obrante en el folio 61), con las firmas indubitadas que fueron examinadas por el señor perito calígrafo, pues hasta los inexpertos en caligrafía concluirían en la disparidad de las mismas, negando autenticidad a la firma indubitada. Sin embargo, el Sr. Perito no tuvo en cuenta otras firmas del propio actor obrantes en los folios 27, 28, 30,75, 85 del expediente administrativo y en los propios autos (escrito de comunicación previa) que en principio deben ser consideradas como indubitadas y que guardan gran parecido, por no decir identidad, con la dubitada. En definitiva, el Sr. Perito no tuvo en cuenta ninguna de las firmas referidas, muy parecidas a la dubitada, sino exclusivamente las aportadas unilateralmente por el actor, que no guardan ningún parecido con la misma; por tal motivo, el informe no puede ser tenido en cuenta y no solo por tal razón, sino también porque la prueba no pasa de tener valor puramente documental y no pericial, al no haber sido realizado el dictamen por perito designado en la forma que para la prueba pericial establece la Ley jurisdiccional y la LEC con las garantías en dichas normas dispuestas. Las posibles dudas que pudieran suscitarse sobre la autenticidad de la firma, podrían ser resueltas mediante dictamen pericial acordado para mejor proveer, pero la jurisprudencia tiene establecido que el Tribunal no debe suplir las omisiones de las partes en materia de prueba, siendo de observar que la actora no solicitó la mencionada prueba pericial como pudo hacerlo, limitándose a aportar el dictamen pero por medio de prueba documental, sin las adecuadas garantías procesales, lo que le priva del valor probatorio perseguido. Se concluye que la parte actora no ha acreditado adecuadamente que no sea suya la firma cuestionada, lo que implica la validez de la notificación de la resolución de la resolución del Jurado de Expropiación efectuada el 22 de septiembre de 1993 y en consecuencia, que el recurso de reposición contra tal resolución, presentado el 29 de octubre de 1993, fuera extemporáneo, siendo consentida y firma la resolución recurrida en reposición. Conviene añadir, en relación de la petición subsidiaria de fijación de justiprecio, que tampoco se ha aportado prueba alguna que justifique y acredite adecuadamente la valoración pretendida".
Hasta aquí las razones que da la Sala de instancia para desautorizar el dictamen del perito calígrafo, según el cual la firma dubitada (obrante al folio del expediente) no es del recurrente.
Nuestra Sala no puede compartir esas razones que más bien son "razonadas sin razones". En efecto:
a) No se alcanza a entender que después de declarar paladinamente que "no cabe duda de la corrección del dictamen comparando la firma dubitada (obrante al folio 61), con las firmas indubitadas", y después de añadir -por si esta terminante declaración no fuera suficientemente clara- que "hasta los inexpertos en caligrafía concluirían en la disparidad de las mismas, negando autenticidad a la firma dubitada [por error, salvable por el buen sentido del lector, la sentencia escribe aquí "indubitada"]", no se entiende, decimos, que, después de afirmar esto, haga luego la extraña pirueta hermenéutica que hace en el párrafo siguiente, donde censura al perito por no haber tenido a la vista unas firmas que están en el expediente administrativo del que, obviamente, el perito de parte no podía disponer en la fecha que emite su dictamen (19 de junio de 1995), siendo así que el expediente fue devuelto con la demanda que está registrada de entrada en 7 de octubre de 1994.
b) Pero si ya hace absolutamente incoherente -es decir, ininteligible- el razonar de la Sala, los decires que siguen luego son, si cabe, más inaceptables, tanto más cuanto los atribuye a la jurisprudencia, bien es verdad que sin citar sentencia alguna de apoyo.
El informe de un perito de parte no puede rechazarse sin más, es un elemento de prueba a valorar junto con los demás, sin perjuicio de que, con arreglo a las reglas de eso que tanto la doctrina como la legislación han dado en llamar "sana crítica", pueda luego descartarse. Pero lo que acabamos de exponer demuestra que la crítica de la Sala ha sido en este caso cualquier cosa menos "sana".
Y no para ahí la cosa. Porque no hay precepto legal que imponga como preceptiva para la parte el pedir la práctica de prueba por perito designado por la Sala. Como tampoco puede pasarse por alto esa desafortunada afirmación que desliza la Sala de instancia acerca de cuándo procede, y cuándo no, acordar para mejor proveer la práctica de una determinada prueba.
No se trata de suplir deficiencias probatorias de la parte, sino de cargarse de razón, que, en casos como el que nos ocupa, se hace necesario precisamente "para mejor proveer", o sea para estar en condiciones de eliminar -hasta donde es humanamente posible- el error en la apreciación de la prueba.
Todo ello sin olvidar que aquí se trata de una caso límite, pues "alguien" ha querido hacer pasar un signo que aparece en el expediente como lo que no es -y la propia Sala así lo reconoce-: la firma del recurrente. Siendo así que la propia Sala reconoce que esa firma del folio 61 -que tendría que servir para acreditar la recepción por el interesado- no es la de éste. Volvemos, por ello, a transcribir esa frase: ".. no cabe duda de la corrección del dictamen comparando la firma dubitada (obrante en el folio 61), con las firmas indubitadas que fueron examinadas por el señor perito calígrafo, ....".
Todo ello nos lleva a tener que concluir que la Sala de instancia ha hecho un uso ilícito de su potestad de arbitrio al desautorizar esa prueba con el argumento de que no es un peritaje practicado en el proceso, tanto más cuanto que ella misma reconoce que la firma dubitada no es del recurrente. La facultad que tiene el Tribunal de acordar para mejor proveer la práctica de una prueba, aunque discrecional es también controlable, porque discrecionalidad no es arbitrariedad, y el artículo 9.3 CE veta la arbitrariedad a todos los poderes públicos.
Por todo lo cual, este motivo que analizamos debemos estimarlo, con lo cual el único fundamento de la sentencia impugnada, cae por su base. Lo que quiere decir que tenemos que declarar que hay lugar al recurso, y que la sentencia impugnada debemos anularla, casarla y dejarla sin valor ni efecto alguno.
CUARTO.-A. Así las cosas, nos hallamos en el supuesto previsto en el artículo 102.1.3º, LJ, por lo que -dado que en las actuaciones hay elementos suficientes para resolver- debemos proceder, en la sentencia sustitutoria de la anulada que debemos dictar en el proceso contencioso-administrativo de que trae causa este recurso de casación a analizar la adecuación o no a derecho de la resolución del Jurado de 31 de mayo de 1993.
Y a este efecto debemos decir que los problemas que plantea el recurrente en su demanda son dos: a) que no ha tenido conocimiento de la hoja de aprecio del Ayuntamiento, por lo que se debe proceder a reponer las actuaciones al momento en que ese defecto se produjo; y b) que el Jurado ha valorado como rústica lo que es una finca urbana.
B. En cuanto a lo primero tenemos que decir que no procede estimar su pretensión de retroacción de las actuaciones. Por varias razones: a) Porque no es, ni mucho menos claro que el Ayuntamiento le remitiera únicamente el acuerdo en que fija la cifra del justiprecio; b) Porque, aunque así fuera, en el momento en que nos hallamos, carece de sentido esa anulación de actuaciones, porque la fundamentación de la valoración a la que llega el Ayuntamiento la conoce de sobra pues figura en las actuaciones, por lo que, razones de pura economía procesal, obligan a rechazar esa anulación y subsiguiente retroacción; c) Y por lo que hace al justiprecio, ningún valor cabe atribuir al informe del perito de parte pues se limita a hacer una afirmación, sin más. No estamos ante un informe, sino ante un axioma. Y en el mundo de lo procesal, de admitir que pueda haber axiomas, estos podrían ser las presunciones iuris et de iure, y evidentemente no es aquí el caso.
Por lo demás, el contraste entre ese pretendido informe y el que aporta la Administración es tan llamativo, por su detalle, que resulta innecesario abundar en su favor aquí.
Tampoco la escritura de venta que aporta el recurrente prueba nada. Pues no consta -ni siquiera se intenta demostrar por vía argumental la colindancia ni las demás características de esa finca vendida en 25.000 ptas.
Llegamos así al problema que en este tema del justiprecio suscita también el recurrente: sostiene éste que la parcela es urbana.
El problema se aclara leyendo con detenimiento el informe del perito designado por el Ayuntamiento para justipreciar, la Sala y trayendo a colación lo que razona el Abogado del Estado, actuante ante el Tribunal Superior, en su contestación a la demanda, un escrito bien elaborado, conciso pero suficiente, completo y claro. Todo ello sin olvidar que ninguna prueba aporta el recurrente acerca de esa naturaleza urbana de la finca, limitándose a remitirse genéricamente a los datos que posee la Administración.
Pues bien, las cuatro sentencias que invoca el Abogado del Estado, aunque algo lejanas ya en el tiempo bastan y sobran para tener que aceptar la valoración que hace el Jurado, el cual, a su vez, hace suya la valoración hecha por el Ayuntamiento.Son éstas: STS de 18 de abril de 1975: "Cuando se trate de un Plan legitimador de expropiación, tendente a la creación de centros urbanos e instalaciones de interés público, la valoración ha de hacerse como finca rústica, en función de la situación urbanística inicial, de la que ha de partirse para que el Plan no influya en la tasación"; STS de 29 de marzo de 1979, en la que se trataba de la valoración de una parcela rústica, con expectativa urbanística, declarando la inaplicabilidad de los valores condicionados por el destino que, como consecuencia de la expropiación, vaya a darse al terreno; STS de 21 de diciembre de 1978: "Conforme al art. 36, LEF, no puede tenerse en cuenta, ni en lo favorable, ni en lo adverso, los cambios debidos, directamente, al Plan que legitima la expropiación"; STS de 2 de abril de 1977: "Para la determinación de la expectativa urbanística, han de reconocerse las anteriores al momento de la aprobación de la delimitación del área de actuación, diferenciándolas de aquellas que se produzcan a consecuencia de la ejecución de los planes de actuación que den lugar a actividad expropiatoria. Las primeras han de ser apreciadas como valorables, y las segundas no"".
A la vista de esta jurisprudencia es seguro que la parte recurrente comprenderá porqué el Jurado ha valorado como lo ha hecho, y porqué el perito designado por el Ayuntamiento dice lo que dice en su informe.
Todo lo cual obliga a concluir que el justiprecio hecho por el Jurado en su resolución de 31 de mayo de 1993 es ajustado a derecho.
QUINTO.- A la vista de cuanto queda dicho en los dos fundamentos precedentes, el recurso contencioso-administrativo tramitado con el número 147/1994 ante el Tribunal Superior de justicia en Murcia (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 2º) a instancia del aquí recurrente, debe estimarse parcialmente, lo que significa: a) Que la resolución del Jurado de 8 de noviembre de 1993, que declaró extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo Jurado de 31 de mayo de 1993, debe anularse, y la anulamos, por las razones dichas en el fundamento 3º de esta sentencia nuestra; b) Que, en cambio, la primera resolución del Jurado, de 31 de mayo de 1993, que fija el justiprecio en 3.900.000 ptas, más el 5% de premio de afección es ajustada a derecho.
SEXTO.- A. Como quiera que uno de los dos motivos que invoca la parte recurrente ha sido estimado por nuestra Sala, estamos en el supuestos del artículo 102.2 LJ. Y como quiera que no se aprecia mala fe en ninguna de las partes, debemos declarar que, en cuanto a las costas de este recurso de casación cada parte abonará las suyas.
B. Por lo que hace a las del proceso contencioso-administrativo, tampoco se aprecia mala fe en las partes, por lo que no hay lugar a hacer pronunciamiento específico al respecto.
Primero.- Hay lugar al recurso de casación formalizado por don C.L.Q. contra la sentencia del Tribunal Superior de justicia en Murcia (Sala de lo contencioso-administrativo, sección 2ª), de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el proceso 147/1994.
En consecuencia: Debemos anular, casar y dejar sin efecto ni valor alguno la mentada sentencia, siendo el fallo que debemos dictar en el mentado proceso contencioso administrativo el siguiente: "Debemos estimar y estimamos parcialmente la demanda formalizada por don C.L.Q. en el proceso contencioso-administrativo número 147/1994 contra las resoluciones del Jurado provincial de expropiación forzosa de Murcia de 31 de mayo y 8 de noviembre de 1993. Y, a tal efecto: Primero.- Debemos declarar y declaramos que la resolución del Jurado provincial de expropiación forzosa de 8 de noviembre de 1993, que declaró extemporáneo el recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra la de 31 de mayo de 1993, no es adecuada a derecho por lo que la anulamos y dejamos sin valor ni efecto alguno. Segundo.- Debemos declarar y declaramos que esa primera resolución del Jurado provincial de expropiación de Murcia , de 31 de mayo de 1993, que fijó en 3.900.000 ptas. más el 5% de premio de afección el justiprecio de la finca expropiada al recurrente por el Ayuntamiento de Archena, con destino a la Unidad de actuación 2ª, es ajustada a derecho. Tercero.- No hay lugar a hacer especial pronunciamiento sobre costas".
Segundo.- En cuanto a las costas de este recurso de casación cada parte abonará las suyas.
PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. FRANCISCO GONZALEZ NAVARRO, en audiencia pública celebrada en el mismo día de su fecha. Certifico.