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Timestamp: 2020-07-10 07:03:06
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Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 9', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 9', 'artículo 103']

Y ahora qué.(Nuevo sistema de nombramientos accidentales de los funcionarios con habilitación estatal.) | esPublicoBlog
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Ignacio Pérez 17 de febrero de 2014 at 20:26
A modo de rectificación, me comenta mi amigo Ángel –y se lo agradezco- que el sistema de nombramientos accidentales es así desde el EBEP y tiene toda la razón. Dado que no hago alusión a ello en el post, oportuno es aclararlo. Ciertamente y no obstante que yo sepa, no parece que se hayan seguido muchos procedimientos de nombramientos accidentales por lo que aunque el problema no es nuevo, la inercia es más fuerte.
Secretario 18 de febrero de 2014 at 7:37
Digamos que eres Secretario-Interventor en un encantador municipio de 400 habitantes (que los hay más pequeños). Que en el momento que escribes estas líneas estás solo en tu Ayuntamiento. Que tienes que abrir las oficinas del Ayuntamiento. Sacar las fotocopias. Abrir el correo. Dar registro de entrada y salida. Ensobrar las cartas. Explicar a la gente mayor del pueblo el contenido de enrevesadísimas notificaciones que le manda la Diputación y la Comunidad Autónoma. Y cuando terminas tu jornada cierras las oficinas.
En resumen. Que además de lo que estudiaste en tu oposición y ejercer de Secretario-Interventor, «asumes» los cargos de administrativo, auxiliar, alguacil y veinte mil más.
Y luego lees la nueva ocurrencia de Rajoy, Montoro y compañia que publican en el Boletín Oficial y te da la risa.
Pd. Estupendo artículo. Felicidades al autor.
FRANCISCO IGNACIO LÓPEZ LERA 18 de febrero de 2014 at 12:00
Una vez establecido el marco jurídico de referencia, según mi modesto parecer, entramos a valorar el significado de las palabras.
El actual artículo 92.3 de la LBRL, creo que nadie lo puede discutir, peca de todo menos de ambigüedad, no sucede lo que ocurría con la antiguo redacción, y aquí no hay lugar a distinguir, la dicción es clara “de carrera”.
En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, dónde queda la seguridad jurídica incardina en artículo 9.3 de la Constitución que afectan a los ciudadanos y a los propios funcionarios interinos.
Las sentenciar citadas en el post, concretamente la STS 915/1999, como no podría ser de otra manera, porque así lo indica la antigua redacción del artículo 92 de la LBRL, admite la figura del funcionario interino en el ámbito de la policía local, en base al principio de la no existencia de prohibición expresa, pero si deja claro que no podrá optarse por la figura de la contratación laboral. Además esta sentencia esta basa en la antigua redacción del citado articulo, habría que ver que hubiera pasado con la nueva redacción.
En relación a los comentarios que se realizan sobre la ubicación del citado articulo, el capitulo II, Disposiciones comunes a los funcionarios de carrera, más motivo para pensar que únicamente pueden ser realizadas la funciones incardinadas en el artículo 92.3 de LBRL por funcionarios de carrera, las normas se estructuran en Títulos y Capítulos, por algo será, no crees.
Recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, número 18/2014, recurso de apelación 616/2011, donde de manera clara indica la preferencia normativa a la hora de la aplicación de las leyes, sobre todo la relación del Estatuto Básico del Empleado Público con el resto de normativas relacionadas con la policía local, fallando que no puede existir la figura del funcionario interino en la Policía Local, emendando la plana a apelante y apelado.
Y para ir terminando, creo que un Estado de Derecho debe ser más que una palabras bonitas, debe estar afianzado por un seguridad jurídica de calidad, con todos mis respetos, no se puede permitir que la administración actué como lo ha realizado hasta hora, no puede ser que un agente de la autoridad hoy te detenga, te identifique, te investigue, te denuncie,……, y mañana le veas repartiendo pan, no es de recibo. En primer lugar por la propia seguridad del trabajador, por que los funcionarios interinos son trabajadores, y por culpa del empleador, la administración, se puedan ver envueltos en situaciones que les puede perjudicar gravemente, que puedan afectar a su futuro y creo que la escusa de “yo no sabía nada” no puede ser utilizada, porque muchos de ellos en su labor de agente de autoridad, en más de una ocasión, abran utilizado la celebre frase “el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento”, también se le puede aplicar a ellos cuando alguien decida acudir a la vía penal por una presunta usurpación de funciones.
Entiendo la postura de Sevach sobre los problemas que puede acarear esta modificación, puede provocar un cataclismo en la jurisdicción Contencioso-Admistrativa con un aluvión de demandas por actos administrativos realizados por funcionarios interinos ejerciendo funciones de autoridad directa o indirecta y las posibles consecuencias penales, pero es lo que hay, nos guste o no, como en su día les paso a los trabajadores afectados por la reconversiones industriales de diversos sectores económicos y la supresión de las adunas, pero nos debemos a lo que indica el artículo 9 y la Administración, además, a lo incardinado en el artículo 103 de la Constitución Española.
Interventor 23 de febrero de 2014 at 21:11
Con todos mis respetos, pero no solo el RD 1732 estaba en vigor con el EBEP que ya daba la competencia a las comunidades autónomas (lo único que cambia es la norma que lo regirá), sino que como la nueva norma estatal no está dictada, por ahora vale todo lo que había. Otra cosa es que tontería regule reglamentariamente el Estado, que no pinta bien.
Y hasta donde yo sé las delegaciones se corresponden con órganos. Habilitados nacionales que sean órganos, en gran ciudad no? Y ni siquiera todos.
LOPEZ DEL RAMO 12 de mayo de 2014 at 12:44
A mi modesto entender el sistema debe venir garantizado por tener un cuerpo «de reserva» de Secretarios, bien por la Diputación o por la propia Comunidad, o bien un turno de guardia para cubrir pequeñas ausencias no programadas. Al igual que los médicos, o los propios secretarios judiciales, ni el consultorio se para ni el juzgado tampoco por una ausencia inesperada.
Lo verdaderamente indignante es ver cómo hay Ayuntamientos que no tienen Secretario. No un fijo o uno itinerante o rotativo entre varios municipios, sino que NO TIENE. Todos los días veo a uno que tiene como «Secretario Accidental» a la mujer del socio empresarial del alcalde, que no tiene ni el bachillerato elemental, y levanta actas, firma, acude a los plenos…en fin de todo lo inimaginable y la Administración aparece impasible.
ISABEL 14 de noviembre de 2016 at 23:48
Lo que he visto en la actualidad, en el caso de un ayuntamiento y otra entidad de carácter insular, es que ocupan la plaza de Tesorería unas personas que, siendo funcionarios de carrera, son del Grupo C «Auxiliares Administrativos», nombrados Tesoreros Accidentales, en tanto (y ya van más de … 5 años) se convoquen oposiciones en las que, al menos, accedan titulados superiores. Entiendo que ya no tienen cobertura legal para seguir como Tesoreros Accidentales, («per secula seculorum»), pero estas Entidades locales no tienen intención de «llamar» a habilitados estatales de carrera (y por tanto, con titulación suficiente), para ocupar estas plazas. ¿Esto sigue siendo legal, acorde a este art. 92.3 de la LRBRL actual?.
Antonio 28 de abril de 2018 at 21:19
Tengo una pregunta, en mi municipio tenemos la plaza ocupada por un secretario-interventor que está en comision de servicios en otro municipio. El consejo comarcal nos ha asignado 2 días a la semana un secretario inteventor con habilitación nacional. EL funcionario obviamente acude puntualmente (salvo cuando está enfermo) durante las horas de trabajo de su puesto. El caso es que nuestro ayuntamiento en su régimen de sesiones establece que estas se celebren a las 9 de la noche en verano y 8 de la noche en invierno.. y el funcionario nos dice que no tiene ninguna obligación de acudir en esos horarios, por lo que 5 concejales de 9 no asisten a los plenos convocados en horas «laborables» pues tienen trabajo por cuenta ajena con sus obligaciones horarias insustituibles. y aunque tienen derecho a permiso prefieren no usarlo dada la situación de precariedad laboral que tiene el mercado actual.
A alguien se le ocurre alguna solución para que respetando el derecho del funcionario, se respete igualmente el derecho de la corporación a establecer los plenos en el horario que estimen oportuno ?
Delegar en un funcionario idóneo, según he leído ya no es posible.