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Timestamp: 2019-10-17 08:46:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 1618', 'in dubio', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1618', 'artículo 19', 'artículo 1618', 'in dubio']

﻿ SENTENCIA 17646 DE ABRIL 23 DE 2002
SENTENCIA 17646 DE 23 DE ABRIL DE 2002
CONTENIDO:CONVENCIÓN COLECTIVA EN CASACIÓN. A PESAR DE QUE NO ES NORMA SUSTANCIAL NACIONAL, SU VALORACIÓN PUEDE GENERAR ERRORES DE DERECHO DEBIDO A SU FALTA DE APRECIACIÓN O ESTIMACIÓN INDEBIDA DENUNCIABLES POR VÍA INDIRECTA. NO SE INCURRE EN YERRO CUANDO ADMITE MÁS DE UNA INTERPRETACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONVENCIÓN COLECTIVA, SINDICATO, PROCESO LABORAL, PENSIÓN DE VEJEZ
Sentencia 17646 de abril 23 de 2002
Radicación Nº 17646
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Carlos Arturo Murcia Galindo contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 29 de junio de 2001, en el juicio que le sigue a la Caja de Previsión Social del Distrito Capital - en liquidación.
Carlos Arturo Murcia Galindo llamó a juicio ordinario laboral a la Caja de Previsión Social del Distrito Capital - en liquidación, para que se condene a reconocerle y pagarle la pensión convencional de jubilación, a partir del 31 de enero de 1998, con su indexación.
En sustento de sus pretensiones afirma que prestó sus servicios a la demandada desde el 15 de marzo de 1976 hasta el 16 de abril de 1996, fecha en la cual fue despedido injustamente; que nació el 31 de enero de 1948; que el artículo 25 de la convención colectiva vigente al momento del despido consagra la pensión solicitada a los 20 años de servicio y 50 de edad; el artículo 24 la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria y el 23 el incentivo pensional; que por los decretos 349 y 350 de 1995 se declaró la insolvencia de la demandada y se asignó al Fondo de Pensiones Públicas de Santafé de Bogotá, D.C., a través del Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, Favidi, el pago de las pensiones que hubiera reconocido la demandada; que agotó la vía gubernativa; que al no producirse la liquidación de la Caja de Previsión demandada, ésta debe reconocer las pensiones convencionales.
La accionada, según se desprende del informe secretarial obrante a folio 131 no contestó en tiempo la demanda.
El juzgado diecinueve laboral del circuito de esta ciudad, mediante sentencia del 2 de mayo de 2001 (fls. 205 a 208, c. ppal.), absolvió a la demandada de todos los cargos en su contra e impuso costas a la demandante.
Apeló la parte actora, y el tribunal de Bogotá, D.C., por fallo del 29 de junio de 2001 (fls. 219 a 225, c. ppal.), confirmó la sentencia del a quo sin imponer costas.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que el derecho reclamado en la demanda no está presente en el artículo 25 de ninguna de las convenciones aportadas a los autos,·como tampoco en el artículo 24 que cita el demandante. Que en este sentido “...queda más que claro que la cita respecto a qué artículo convencional pactado decía “a partir de la vigencia de la presente convención, la caja continuará prestando los servicios médico asistenciales quirúrgicos y hospitalarios al trabajador, y a sus familiares, siempre que se demuestre que dependen económicamente del trabajador, y cuando aquél —sic— haya cumplido veinte años de servicio, se retire de la institución, sin llegar al requisito de la edad, para obtener el derecho a la pensión. Lo anterior, sin perjuicio de que, al cumplir la edad requerida, pueda exigir el pago de su pensión” (ver demanda fls. 3-4), no es realidad en el proceso pues su acreditación brilla por su ausencia y, por ello, no se puede fundar, interpretación sistemática para efectos del derecho reclamado en acopio de este articulado tan sólo afirmado por el demandante y en manera alguna confesado por el accionado.
“En tal orden de ideas, tenemos entonces que es el artículo 19 de la convención firmada en marzo de 1989 el que de manera insular consagra lo siguiente ”La caja reconocerá y pagará a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad” (fl. 102). Y se dice insular, pues no hay articulado otro alguno presente en el proceso que refiera a tal derecho o tales presupuestos para el mismo, por lo que intentar acudir a otros artículos para invocar intención inequívoca otra alguna fuera de la manera como se redactó la citada cláusula, es tarea que el operador judicial y para la realidad de este expediente no le está permitido.
“Por tanto, teniéndose presente que estamos en presencia de un derecho extralegal, lógico resulta entelegir —sic— que la interpretación de la misma ha de estarse a lo pactado en este caso en convención colectiva fruto del arreglo directo entre las partes avocadas a un conflicto económico colectivo, de donde fluye que si la caja se obligó a reconocer y pagar a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad es porque erigió estas dos condiciones para el nacimiento del derecho que antecedidas por el vocablo trabajador hacen en el entender inequívoco de esta Sala inferir que tales requisitos tienen que estar agotados en un mismo momento antes de la finalización de la relación laboral para efectos de hacerse acreedor a la pensión multiseñalada” (fls. 223 y 224, c. ppal.).
Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada y, en sede de instancia, revoque la del a quo para, en su lugar, condenar a la demandada a pagar al actor la pensión de jubilación convencional a partir del 31 de enero de 1998.
Con tal propósito formula un cargo que no fue replicado y que en seguida se estudia.
Acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva laboral por vía indirecta y por aplicación indebida de “...los artículos 13, 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 3º, 4º, 21 y 492 del mismo código, 53, 230 de la Constitución Política; 27 y 28 del Código Civil; 17, 36, 37, 39, 46 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 18, 27, 34, del Decreto 2127 de 1945; 3º y 7º del Decreto 1848 de 1969; como consecuencia de manifiestos errores de hecho, en que incurrió el sentenciador que consistió:
“Errores de hecho cometidos:
1. No dar por demostrado estándolo que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión a que se refiere la convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y su sindicato de trabajadores.
Prueba erróneamente apreciada:
1. La convención colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y el sindicato de trabajadores el 7 de marzo de 1989”. (fl. 9, c. Corte).
En la demostración dice que el ad quem apreció en forma equivocada la convención colectiva de trabajo, que señala que la caja reconocerá y pagará a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad; que siendo la convención colectiva un contrato debe ser interpretado siguiendo las normas que lo regulan, como lo es el artículo 1618 del Código Civil, en demostración de lo cual cita en su apoyo y transcribe el aparte pertinente de la sentencia de esta corporación del 29 de agosto de 1995. Agrega, que el sentido de la norma convencional “es sumamente claro y no necesita interpretaciones so pretexto de consultar su espíritu, cuando ni siquiera la parte demandada ha hecho ningún tipo de cuestionamiento sobre el particular. Ahora, si para el ad quem existen dudas respecto de la norma, y no optó por interpretar la convención como contrato sino como ley, ha debido tener en cuenta principios fundamentales del derecho laboral como el in dubio pro operario, hoy en día tan olvidado o mejor desconocido por los operadores de la justicia.
En el fallo acusado, no se hace interpretación gramatical, ni técnica y mucho menos por equidad, que son los principios orientadores para la interpretación de la ley, dándole ese alcance a la convención. Lo que se plasmó en el fallo acusado fue exclusivamente un capricho y no una interpretación razonable pues si se acogiere semejante criterio resultaremos con el despropósito jurídico que para obtener la pensión de vejez es necesario aparte de tener las mil semanas cotizadas, que para cuando se cumpla la edad de 60 años, debe estar necesariamente subordinado o activo en el trabajo pues de lo contrario, según el criterio del tribunal, se pierde ese derecho.
“Por consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro operario, entre dos interpretaciones alternativas posibles de esa norma se debe preferir aquélla que favorece al trabajador no pudiendo así mismo ni el juez singular como tampoco este juez colegiado hacer decir a la norma lo que no contiene y no reconocer un derecho sin sustento si además la interpretación de norma no podría ser otra que las que contienen las pensiones de jubilación legales de que trata la codificación sustantiva del derecho laboral por cuanto la causación del derecho lo es el cumplimiento del tiempo de servicios, quedando a la expectativa de la edad”. (fls. 10 y 11, C. Corte).
Dice que la interpretación dada por el ad quem, en el sentido de que la norma convencional no se aplica a extrabajadores, riñe con la realidad contractual, pues, de haber sido ese el alcance real y el querer de las partes, muy diferente hubiese sido la redacción de dicha norma.
El argumento central del ataque gira en torno a la apreciación que del artículo 19 de la convención colectiva, firmada en marzo de 1989 entre la demandada y su sindicato, hizo el tribunal.
Ha sostenido esta Sala en múltiples ocasiones que, en tanto la convención colectiva no constituye ordenamiento sustancial de alcance nacional, le está vedado a la Corte fijar el alcance de sus disposiciones como si se tratare de normas jurídicas.
No obstante, dada la naturaleza fáctica de que participa la convención colectiva, para la definición de los derechos en disputa con base en sus disposiciones, debe ser legalmente demostrada en el proceso y, como tal, su valoración por el juez puede generar errores de hecho debido a su falta de apreciación o estimación indebida, denunciables por la vía indirecta. Errores que para ser susceptibles de quebrar la decisión de segunda instancia, como lo tiene sentado también la jurisprudencia de esta Sala, deben ser de tal magnitud que aparezcan de modo manifiesto en los autos.
De otro lado, también se ha dicho que si una prueba, como lo es la convención colectiva, admite lógicamente más de una interpretación, no incurre en yerro ostensible alguno el tribunal cuando acoja alguna de ellas, así esta corporación no comparta tal entendimiento. Ello por cuanto es a los jueces de instancia a quienes compete la valoración de los distintos medios de prueba arrimados a la actuación, sin que le sea permitido a la Corte injerirse en ella para reemplazar con su propio convencimiento, el que el tribunal se hubiere formado sobre la situación fáctica del proceso.
Pues bien, descendiendo al caso sub lite, el tribunal, luego de considerar que la convención colectiva sólo contemplaba el derecho pensional reclamado, de manera insular, en su artículo 19, en los siguientes términos “La caja reconocerá y pagará a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad”, concluyó que el actor no había alcanzado a acceder a tal derecho, porque “...fluye que si la caja se obligó a reconocer y pagar a sus trabajadores la pensión de jubilación con 20 años de servicios y 50 años de edad es porque erigió estas dos condiciones para el nacimiento del derecho que antedichas por el vocablo trabajador, hacen en el entender inequívoco de esta Sala inferir que tales requisitos tienen que estar agotados en un mismo momento antes de la finalización de la relación laboral para efectos de hacerse acreedor a la pensión multiseñalada”.
A juicio de la Corte la anterior apreciación del ad quem no resulta caprichosa, ni mucho menos denota una protuberante equivocación, pues es perfectamente deducible del texto convencional, a contrario sensu, que si la caja se comprometió a pensionar a aquellos de sus trabajadores que llegaren a los 20 años de servicios y los 50 años de edad, no estaba obligada a hacerlo con respecto a aquellos que se retiraran del servicio sin haber cumplido alguno de tales requisitos, pues ninguna salvedad hicieron las partes sobre el punto.
Ahora bien, no era pertinente acudir a la regla de interpretación del artículo 1618 del Código Civil, como lo pregona la censura, pues en este caso no se conoce claramente la intención de los contratantes o, por lo menos, no denuncia el ataque prueba alguna donde se encuentre ella demostrada, que hubiera permitido desatender el tenor literal del artículo 19.
Además, resultan contradictorios los argumentos del ataque, pues luego de implorar el censor la aplicación del artículo 1618, agrega que “El sentido de la norma convencional es sumamente claro y no necesita interpretaciones so pretexto de consultar su espíritu...”, de donde no se entiende si es a la verdadera intención de las partes, a la que se debe acudir para desentrañar el genuino sentido de la disposición convencional, o a su tenor literal. Y de aceptarse la precisión irrefutable alegada en el escrito, no sería del caso recurrir al criterio del “...in dubio pro operario”, a que también se acude, porque él supone duda en la exégesis de un pasaje oscuro de la disposición. Duda que tampoco manifestó el ad quem.
Por cuanto no se causaron no se condenará en costas en el recurso extraordinario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 29 de junio de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta Carlos Arturo Murcia Galindo a la Caja Nacional de Previsión Social del Distrito Capital - en liquidación.
La anterior Providencia no la suscribe el Magistrado Carlos Isaac Náder, por encontrarse con permiso.