Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl17898-2017-50521-de-octubre-31-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_6cf4ae1491a744e3bf00c0ac7252c7ec&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 20:32:52
Document Index: 58163624

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 47', 'in fine', 'in fine', 'artículo 47', 'artículo 64', 'artículo 64', 'artículo 28']

﻿ SENTENCIA SL17898-2017/50521 DE OCTUBRE 31 DE 2017
SENTENCIA SL17898-2017 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:RELIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. EL ALTO TRIBUNAL ESTABLECIÓ QUE EL PRINCIPIO PROTECTOR LABORAL DE A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL, EXISTEN CRITERIOS DIFERENCIADORES PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PARIDAD SOLICITADA, ENTRE ELLOS LA IDENTIDAD DE FUNCIONES, HORARIO Y DE EXIGENCIAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, EN EL CASO EN REVISIÓN, NO SE ESTABLECIERON ENTRE LA PARTE INTERESADA Y EL CARGO DE ANALISTA CUYA EQUIPARACIÓN SOLICITA, Y ANTE LA AUSENCIA DE ÉSTOS, LE ASISTE RAZÓN A LA SEGUNDA INSTANCIA EN SUS CONCLUSIONES SOBRE EL PARTICULAR. CONFORME A LO ANTERIOR, SE INDICÓ QUE AL NO HABER RELIQUIDACIÓN DE SALARIOS, TAMPOCO ES PROCEDENTE LA RELIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES. TAMPOCO HABRÁ LUGAR A INDEMNIZACIONES MORATORIAS NI INDEXACIÓN POR NO HABERSE GENERADO LAS MISMAS. PARA CONCLUIR, SE SEÑALÓ QUE EN CUANTO A LA INDEMNIZACIÓN MORATORIA POR EL NO PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA, NO ESTÁ PREVISTO EN NUESTRA LEGISLACIÓN EL PAGO DE SANCIÓN POR ESTE CONCEPTO, EL CUAL INFRINGIRÍA EL PRINCIPIO NON BIS IN ÍDEM, EN LA MEDIDA QUE SE ESTARÍA SANCIONANDO POR LA MISMA CONDUCTA DOS VECES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES, TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, ASIGNACIÓN SALARIAL, DERECHO A LAS PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia SL17898-2017/50521 de octubre 31 de 2017
Rad.: 50521
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, únicamente, en cuanto al numeral segundo que absolvió al Banco de la República de las pretensiones subsidiarias por los conceptos de indemnización por despido injusto, la reliquidación de salarios y prestaciones sociales, la indexación y la indemnización moratoria; y que, constituyéndose en sede de instancia, se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió por los anteriores conceptos y, en su lugar, se condene al Banco de la República a pagar a la demandante la indemnización por despido injusto, la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales, la indexación y la indemnización moratoria (fls. 9 a 20, cdno. de la Corte).
Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 51 del Decreto 2127 de 1945; 19 y 467 del CST; 79 de la Ley 50 de 1990, reglamentado por el artículo 3º del Decreto 24 de 1998 y este por el artículo 5º del Decreto 4369 de 2006; 5º y 8º de la Ley 153 de 1887; 1º del Decreto 797 de 1949; y, 53 de la Constitución Política en relación con los artículos 1º, 11, 12 y17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º y 3º del Decreto 2127 de 1945; 5º del Decreto 3135 de 1968; 77 de la Ley 50 de 1990; 3º, 35, 43 y 471 del CST; 177 del CPC; y, 60, 61 y 145 del CPTSS.
Considera que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, “... que el hecho del despido no se encuentra acreditado en el plenario, ...”.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco de la República dio por terminado sin justa causa el contrato de trabajo a partir del 30 de septiembre de 2006.
3. No dar por demostrado, estándolo, en consecuencia, que la demandante tiene derecho a que el Banco de la República le pague la indemnización por despido sin justa causa, consagrada en el literal b) artículo 47 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, fl. 82.
4. Dar por demostrado, sin estarlo, que “... que el documento visto a folio 176 se muestra insuficiente para declarar que la demandante tiene derecho a recibir alguna de las remuneraciones allí indicadas, ...”.
5. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante entre el 3 de marzo de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, desempeñó el cargo de analista DTIE igual al que desempeñaba su compañera Elizabeth Rugeles Romero.
6. No dar por demostrado, estándolo, que el cargo de analista DTIE que desempeñó la demandante en la Unidad de Estudios Económicos del Banco de la República desde el 3 de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2006, lo desempeñó “..., con notables dotes para el trabajo en equipo y capacidad sobresaliente para sugerir mejoras y soluciones a los problemas que surgieron en el desarrollo del trabajo.”.
7. No dar por demostrado, estándolo, que la demandante para desempeñar el cargo de analista DTIE en la unidad de estudios económicos del Banco de la República tenía el perfil, la formación y la experiencia profesional exigida para ese cargo.
8. No dar por demostrado, estándolo, en consecuencia, que la demandante como empleada en misión tenía derecho a un salario ordinario y a gozar de todos los beneficios equivalentes a los que devengaba su compañera analista (…) Elizabeth Rugeles Romero en la Unidad de Estudios Económicos del Banco de la República.
Y, que tales errores se cometieron por la apreciación errónea de las siguientes piezas del material probatorio:
1. La contestación a la demanda por parte del Banco de la República, en cuanto contiene confesión, fls. 106 in fine.
2. La contestación a la demanda por parte de Presencia Laboral Ltda., en cuanto contiene confesión, fls. 144 in fine.
3. Comunicación remitida el 30 de septiembre de 2006 por Presencia Laboral Ltda. a Porvenir, fl. 23. Certificación laboral expedida por Presencia Laboral Ltda. el 4 de abril de 2006, fl. 22.
4. Constancia sobre sueldos devengados por los empleados de la Subgerencia de Estudios Económicos expedida por el Banco de la República el 26 de febrero de 2010, fl. 176.
5. Certificado de trabajo expedido por el Banco de la República el 19 de febrero de 2007, fl. 21.
6. Hoja de vida presentada por Presencia Laboral Ltda., correspondiente a Adriana Consuelo Malaver Fuentes, fls. 154 y 155.
En sustento de su acusación aduce que el tribunal, para absolver por concepto de las pretensiones subsidiarias indicadas en el alcance de la impugnación, consideró que:
Tampoco tienen vocación de prosperidad las pretensiones planteadas subsidiariamente habida cuenta que el hecho del despido no se encuentra acreditado en el plenario, y el documento visto a folio 176 se muestra insuficiente para declarar que la demandante tiene derecho a recibir alguna de las remuneraciones allí indicadas, toda vez que no existe certeza que las funciones que desarrolló fueran idénticas a la de los cargos allí indicados, circunstancia que eventualmente generaría la reliquidación que pretende.
Por lo tanto, afirma que el juzgador de segunda instancia apreció erróneamente, las pruebas individualizadas, en cuanto a la contestación de la demanda realizada por el Banco de la República, quien al referirse al hecho 3.4 de la demanda, en relación a la terminación del contrato de trabajo de la demandante confesó: “La última de las actividades desarrollada como trabajadora en misión si finalizó el 30 de septiembre de 2006”.
Y luego, esa misma entidad, en los hechos, fundamentos y razones de derecho de la defensa declaró que “Durante el segundo período indicado, la señora Malaver realizó actividades relacionadas con la clasificación, análisis y ordenamientos de los diferentes datos estadísticos obtenidos en desarrollo del proyecto ya mencionado, actividad esta que se terminó en el mes de septiembre de 2006”
Que la codemandada Presencia Laboral Ltda., al dar contestación al mismo hecho, confesó:
lo cierto es que, como se desprende de la cláusula segunda del contrato individual de trabajo suscrito entre las partes. “... este contrato terminará en el momento en que el usuario comunique al EMPLEADOR que ha dejado de requerir los servicios del TRABAJADOR ...” y en consecuencia, mal podría hablarse de una “desvinculación”, en razón a que lo que se infiere del texto del contrato suscrito entre las partes, es precisamente que este llegó a la terminación de la realización de la obra o labor contratada, configurándose entonces una causa de terminación del contrato de conformidad con el literal d) del artículo quinto de la Ley 50 de 1990.
El recurrente llama la atención sobre apartes de los documentos que relacionó como erróneamente apreciados por el ad quem, así:
— Comunicación remitida el 30 de septiembre de 2006 por Presencia Laboral Ltda. a Porvenir: “comunicamos a ustedes que el (la) señor (a) Malaver Fuentes Adriana identificado (a) con la cédula de ciudadanía Nº 63363735 se desvinculó de nuestra empresa a partir de septiembre 30/2006”.
— Certificación laboral expedida por Presencia Laboral Ltda. el 4 de abril de 2006:
El (la) señor (a) Adriana Consuelo Malaver Fuentes, quién se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 63.363.735 trabaja en misión en Presencia Laboral Ltda., con contrato por el término que dure la realización de la obra o labor determinada, en nuestra empresa usuaria Banco de la República, desempeñando el cargo de analista, desde el 3 de octubre de 2005 a la fecha con un salario mensual de $ 884.607.
— Constancia de sueldos devengados por los empleados de la Subgerencia de Estudios Económicos expedida por el Banco de la República, el 26 de febrero de 2010, respecto del cual resalta que aparece información, relacionada con la persona que desempeñó idéntico cargo de “Analista” durante los años 2005 y 2006, fue Elizabeth Rugeles Romero, con asignaciones de $ 2.228.055 y $ 2.372.879, respectivamente.
De acuerdo a lo anterior, concluye que se encuentra demostrado que la parte demandada dio por terminado sin justa causa el contrato de trabajo a partir del 30 de septiembre de 2006, que la demandante entre el 3 de marzo de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, desempeñó el cargo de analista DTIE, igual al que desempeñaba su compañera Elizabeth Rugeles Romero, en la Unidad de Estudios Económicos del Banco de la República, que ese cargo lo desempeñó con notables dotes para el trabajo en equipo y capacidad sobresaliente, y que, para desempeñar ese cargo tenía el perfil, la formación y la experiencia profesional exigida. Por consiguiente, hay derecho a la indemnización por despido sin justa causa, a un salario ordinario y a gozar de todos los beneficios equivalentes a los que devengaba su compañera analista DTIE Elizabeth Rugeles Romero en la Unidad de Estudios Económicos del Banco de la República, derechos previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo celebradas el 23 de noviembre de 1997 y 2 de diciembre del mismo año entre la entidad bancaria demandada y la Asociación Nacional de Empleados - ANEBRE, debidamente aportadas.
Al oponerse a la prosperidad del cargo, la demandada Banco de la República expone que el libelista está cambiando en casación los temas debatidos en el proceso, cuando plantea una igualdad en funciones y en salario que no fue puesta bajo escrutinio del tribunal cuando se presentó el recurso de apelación. Que la proposición jurídica es incoherente, pues señala la violación de una serie de normas sin relacionarlas con el contenido de la sentencia. Afirma que también se equivocó la recurrente en la vía escogida, pues la calificación de justicia de un despido no es un hecho y, por otro lado, no demuestra que la ruptura del vínculo se diera por despido (fls. 37 a 45, ibídem).
Aduce, que el yerro del tribunal fue haber declarado una relación laboral directa entre la actora y el Banco de la República, porque se encuentra probado que hubo dos vinculaciones que no excedieron los límites temporales legales por tratarse de contratos con actividades distintas y, dichos contratos, no fueron declarados nulos. Que incluso, el desbordamiento de los límites temporales de los contratos con trabajadores en misión, por sí solo no constituye la desnaturalización de un empleo temporal, ya que se deben observar las situaciones particulares del caso. Al no encontrarse demostrado el despido por la parte actora, no debe mirarse la justeza o no del mismo.
Por su parte la demandada Presencia Laboral Ltda. expone que, efectivamente, la actora no demostró el despido que pregona, ni que las labores realizadas por ella fueran idénticas a las contempladas en el manual de funciones para el cargo de analista DTIE. Tampoco demostró la actora ser beneficiaria de la convención colectiva de trabajo de la cual pretende derivar derechos y que no realizó aportes sindicales (fls. 23 a 24, ibídem).
Frente a los reparos del opositor, estima la Sala que el cargo presentado no contiene los defectos formales que se le endilgan, en la medida en que está erigido, ordenadamente, en la decisión del juzgador de segundo grado que lo llevó a revocar la decisión de primer grado y, en su lugar, declarar la existencia de un contrato de trabajo entre la demandante y el Banco de la República vigente entre el 3 de marzo de 2005 y el 30 de septiembre de 2006, frente al que la demandada Presencia Laboral Ltda. actuó como mera intermediaria. Mientras que absolvió a las demandadas de todas y cada una de las restantes pretensiones principales y subsidiarias.
La recurrente en casación circunscribe su demanda a las pretensiones solicitadas de manera subsidiaria en la misma, las cuales se refieren a: i) indemnización por despido injusto, ii) reliquidación de los salarios y prestaciones sociales, iii) indexación e iv) indemnizaciones moratorias.
En el planteamiento del cargo que realiza la recurrente no censura la falta de apreciación de las pruebas si no su indebida valoración, por lo que la revisión de este cuerpo colegiado se realizará sobre las pruebas indicadas por ella.
Para llegar a la decisión que ataca el tribunal analizó la constancia de afiliación a seguridad social en salud a la EPS Coomeva (fls. 19 y 20, cdno. ppal.); la certificación de servicios realizada por Presencia Laboral Ltda., en la que consta la vinculación laboral a la actora, desde el 3 de octubre de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2006- (fls. 22 y 23, cdno. ppal.), los contratos suscritos (fls. 152 y 153, cdno. ppal.); los contratos suscritos entre las codemandadas para el suministro de personal (fls. 114 a 125, cdno. ppal.); el desprendible de nómina obrante a folio 40 del cuaderno principal; y, la constancia de los nombres, cargos y salarios de los empleados de la Subgerencia de Estudios Económicos durante los años 2005 y 2006 (fl. 176, cdno. ppal.).
a) Indemnización por despido injusto
Dentro de las pruebas que enlista la censura como indebidamente apreciadas por el tribunal, encontramos comunicación realizada por Presencia Laboral Ltda. a la entidad Porvenir S.A., en la que se manifiesta:
Por medio de la presente, comunicarnos a ustedes que el ( la ) Señor (a) Malaver Fuentes Adriana Identificado (a) con (a cédula de ciudadanía Nº 63363735 se desvinculó de nuestra empresa a partir de septiembre 30/2006. (Fl. 23) También se encuentra certificado expedido por el Banco de la República en el cual se indica que: Adriana Consuelo Malaver Fuentes, identificada con cédula de ciudadanía 63.363.735 de Bucaramanga, trabajó en la Unidad de Estudios Económicos del Banco de la República como Analista (en calidad de contratista temporal), en el proyecto “Salarios de los Funcionarios Públicos en Colombia”, desde marzo 3 de 2005 hasta septiembre 30 de 2006. (Fl. 21).
Lo anterior, es indicativo de la terminación del vínculo laboral que se pretende en este asunto, el cual se produjo en septiembre 30 de 2006. Ahora bien, la terminación de una relación laboral debe tener una causa que lo genere o motive y la misma puede provenir del empleador, del trabajador o de la ley. En el asunto traído a composición judicial no se imputó causa de terminación alguna que fuera atribuible al trabajador, por lo que debemos centrarnos en lo que aducen las demandadas como causa o motivo de la terminación del contrato de trabajo.
Así pues, al revisar la contestación de la demandada (fl. 145, cdno. del juzgado) se invocó que la causa de terminación del vínculo laboral fue la finalización de la obra o labor contratada; textualmente, en ese punto, señala en el hecho cuarto, la codemandada Presencia Laboral Ltda. que “el contrato terminará en el momento en que el usuario comunique al EMPLEADOR que ha dejado de requerir los servicios del TRABAJADOR [...]”, lo cual corresponde al acuerdo contractual entre las partes.
El juez colegiado de segundo grado declaró que la relación laboral se había configurado con el Banco de la República como verdadero empleador, y declaró la ineficacia de los contratos suscritos con la EST a quien le dio la calidad de mero intermediario. En este caso y, conforme los postulados del artículo 47 del CST, la relación laboral es a término indefinido. Por manera que, para descargarse de la obligación pretendida debía demostrar que las causas que dieron origen a la relación habían terminado, lo que da lugar a la indemnización por despido sin justa causa. Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que el tribunal no apreció correctamente lo manifestado en la contestación de la demanda, lo que viene a constituir una confesión que obra en contra de las demandadas, como arriba se dijo. Y, en consecuencia, el cargo prospera en este punto.
b) Reliquidación de salarios y prestaciones sociales
Se afirma en los yerros 4 al 8, que la demandante tuvo el cargo de analista, que dicho cargo era idéntico al de su compañera Elizabeth Rugeles, que su perfil y experiencia la hacían idónea para el cargo y, en consecuencia, tenía derecho a gozar del mismo salario e idénticas prebendas que ella.
En su escrito de oposición, la empleadora inicial indica que la pretendida igualdad de funciones y salarios constituye un hecho nuevo, puesto que no fue objeto de estudio del recurso de apelación. Además, señaló que la actora no demostró que las labores realizadas por ella fueran idénticas a las contempladas en el manual de funciones para el cargo de analista DTIE.
En ese sentido no le asiste razón al opositor en cuanto a la proposición de un hecho nuevo, en la medida que, la alzada pide, en forma genérica que se revise el monto del salario teniendo como parámetro el certificado por el banco para el cargo de analista, cuyo salario era superior al que devengaba como trabajadora en misión. Igualmente, el tribunal, menciona este aspecto en su decisión, así:
[…] el documento visto a folio 176 se muestra insuficiente para declarar que la demandante tiene derecho a recibir alguna de las remuneraciones allí indicadas, toda vez que no existe certeza que las funciones que desarrolló fueran idénticas a la de los cargos allí indicados, circunstancia que eventualmente generaría la reliquidación que pretende.
No obstante, el cargo no tiene vocación de prosperidad porque, en el desarrollo del cargo, la demandante insiste en que existió identidad en el cargo desempeñado por ella y por su compañera Elizabeth Rugeles, y en efecto, tanto la documental de folio 22 como la de folio 176 ambos del cuaderno principal, dan cuenta que ambas tenían el cargo denominado analista; empero, la igualdad pregonada y fundamento de la solicitud de remuneración no se encuentra comprobada debidamente.
Repetidamente se ha dicho que los yerros aptos para el quiebre de la decisión son los protuberantes, grosero y evidentes, puesto que, al gozar la sentencia de presunción de legalidad y acierto, el error de hecho no se configura cuando la conclusión a que llegó el juzgador, una vez estudiado un medio probatorio, es admisible y coherente; así se dijo en Sentencia CSJ SL16106-2015 reiterada recientemente en la CSJ SL14334-2017, en los siguientes términos: “[…] si el tribunal hizo una lectura del texto reglamentario que pueda ser aceptada, como otros que igualmente pudieran derivarse del mismo, no resulta atinado endilgarle un yerro con el carácter manifiesto requerido para anular en este aspecto el fallo atacado […]”.
Por manera que, no se encuentra desatinada la conclusión del tribunal, ni innecesaria la exigencia de que la igualdad de cargos sea demostrada a través de la igualdad de funciones, pues considera la Sala que no basta con que la denominación del cargo sea la misma, sino era necesario, probar en juicio, que las labores desempeñadas por la otrora contratista y la empleada del banco demandado eran idénticas, a fin de obtener el derecho a devengar el mismo salario.
Así pues, le asiste razón a la oposición en que la recurrente en casación no demostró haber realizado las funciones propias del cargo de analista DTIE para el Banco de la República, en idénticas condiciones por la señora Elizabeth Rugeles Romero, requisito fundamental para establecer la base salarial que pregona. Es de recordar que la actora se encontraba realizando unas funciones específicas en el área de estudios económicos, relativas a investigar los salarios de los servidores públicos y se desconoce si la persona que ostentaba el cargo de analista DTIE se limitaba a realizar esa actividad investigativa o realizaba otras tareas y, por tanto, la asignación salarial era mayor.
Si bien existe el principio protector laboral de “a trabajo igual, salario igual”, existen criterios diferenciadores para determinar la procedencia de la paridad solicitada, tal como se señaló en la Sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501, reiterada en la Sentencia CSJ SL16217-2014, entre ellos la identidad de funciones, horario y de exigencias de formación para el empleo, que se reitera, no se establecieron entre la demandante y el cargo de analista cuya equiparación solicita, y ante la ausencia de estos, le asiste razón a la segunda instancia en sus conclusiones sobre el particular.
Al no haber reliquidación de salarios, tampoco es procedente la reliquidación de prestaciones sociales. Tampoco habrá lugar a indemnizaciones moratorias ni indexación por no haberse generado las mismas.
En consecuencia, el cargo no prospera en este punto.
Como el cargo prosperó parcialmente, en relación con la indemnización por despido sin justa causa, no hay lugar a costas en el recurso.
Además de lo dicho en precedencia, debe resaltarse que, como quiera que la demandante no demostró ser beneficiaria de la convención, en la medida que ella misma señaló en el hecho 3.19 de la demanda que no realizó cotizaciones, sin que se demostrara las razones que le impidieron hacerle aportes a la organización sindical, y la CCT excluye de su aplicación a los no afiliados y a quienes no realicen aportes, entre otros (art. 7º, fl. 63, cdno. ppal. y art. 51, fl. 85 ibídem), le corresponde la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST.
La relación laboral se extendió desde el 3 de marzo de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2006, por lo que a la trabajadora le corresponde la indemnización consagrada en el artículo 64 del CST, modificado por el literal a), numeral 2 del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que equivale a 41.55 días de salario.
El valor del salario mensual fue de $ 884.607 (fl. 22, ibídem), por lo tanto, la indemnización arroja la suma de $ 1.225.180.69, la cual deberá ser cancelada debidamente indexada por la entidad financiera demandada.
Se revocarán las costas de primera instancia y en su lugar se impondrán estas a la demandada Banco de la República en un 40% de las causadas.
En cuanto a la indemnización moratoria por el no pago de la indemnización por despido sin justa causa, no está previsto en nuestra legislación el pago de sanción por este concepto, el cual infringiría el principio non bis in ídem, en la medida que se estaría sancionando por la misma conducta dos veces.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Adriana Consuelo Malaver Fuentes contra el Banco de la República, únicamente en su numeral segundo, en cuanto absolvió a las demandadas de la indemnización por despido injusto.
En sede de instancia, REVOCA la sentencia de fecha 21 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá y en su lugar,
1. CONDENAR al Banco de la República a reconocer y pagar indemnización por despido injusto en favor de la señora Adriana Consuelo Malaver Fuentes, en la suma de $ 1.225.180.69, la cual deberá ser cancelada debidamente indexada, por las razones expuestas en la parte motiva de la decisión.
3. Costas como se dijo en la parte motiva.