Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201009100442.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-07 09:20:09
Document Index: 111533617

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 36', 'artículo 31', 'artículo 27', 'artículo 30', 'artículo 38', 'artículo 43', 'artículo 73', 'artículo 90', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 99', 'artículo 101', 'artículo 117', 'artículo 119', 'artículo 129', 'artículo 140', 'artículo 143', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 150', 'artículo 162', 'artículo 194', 'artículo 217', 'artículo 263', 'artículo 267', 'artículo 335', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 380', 'artículo 381', 'artículo 391', 'artículo 487', 'artículo 499', 'artículo 502', 'artículo 502', 'artículo 528', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 149', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 37', 'artículo 105', 'artículo 105', 'artículo 193', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 190', 'artículo 148', 'artículo 36', 'artículo 148', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 45']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 442, de 10/09/2010
042/000008 Calendario de sesiones de las Comisiones para el período septiembre-diciembre de 2010 ... (Página 7)
132/000002 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Corrección de errores ... (Página 12)
162/000714 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre seguridad de los cooperantes en el exterior ... (Página 14)
161/001872 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para racionalizar el uso de los teléfonos móviles en la Administración General del Estado ... (Página 15)
161/001867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento de la República de Kosovo ... (Página 16)
161/001881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el cumplimiento de las medidas contra la morosidad ... (Página 17)
161/001873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la Inspección de Trabajo ... (Página 17)
161/001875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la ampliación a 12 años de la edad del menor requerida para acceder al derecho de reducción de jornada por cuidado de menores ... (Página 19)
161/001865 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto para ampliar las excavaciones del yacimiento galaico-romano de Punta Atalaia en Cervo (Lugo) ... (Página 20)
161/001874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la lucha contra los incendios forestales ... (Página 20)
161/001868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las finanzas de la administración local ... (Página 21)
161/001876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el derecho de acceso a la información pública ... (Página 23)
161/001880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado ... (Página 24)
161/001871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una red de laboratorios de seguridad alimentaria ... (Página 27)
161/001877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución ... (Página 27)
161/001870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Comité Evaluador de los Objetivos del Milenio ... (Página 28)
161/001879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ...
161/001866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al aumento de la pluralidad política en el Grupo de Trabajo de "AUTOCARAVANAS" G 53 ... (Página 29)
161/001869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de criterios técnicos sobre elementos y diseños urbanos que aporten mayor seguridad a los pasos de peatones ... (Página 30)
181/003043 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre confirmación por el Gobierno de que la denegación del uso del espacio aéreo para la realización de prácticas por parte de aviones de la Royal Air Force británica en la zona de Gibraltar "entra en la normalidad habitual en las relaciones que España mantiene con Reino Unido en lo que se refiere a Gibraltar", tal y como expresaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el pasado día 30/06/2010 ... (Página 31)
181/003044 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), relativa a valoración que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la nota verbal que ha remitido la Embajada británica a ese Ministerio por el supuesto grave incidente entre la Marina británica y la Guardia Civil ... (Página 31)
181/003045 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre posibilidad de garantizar por el Gobierno que la entrada y salida de aeronaves del aeropuerto de Gibraltar no afecta a la seguridad del espacio aéreo español ... (Página 31)
181/003013 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre medidas ante el colapso que se produce en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte cada verano ... (Página 31)
181/003042 Pregunta formulada por el Diputado don Francesc Ricomá de Castellarnau (GP), sobre motivos por lo que fue prohibida por la Subdelegación del Gobierno de Tarragona la celebración de una reunión de trabajo en la Oficina Sindical de la Confederación Española de Policía, ubicada en la Comisaría de Policía de la ciudad de Tarragona, sita en la plaza de Orleans, entre representantes de dicho Sindicato y un miembro del Congreso de los Diputados, el día 12/07/2010 ... (Página 32)
181/003017 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, que son personas físicas declarantes del IRPF ... (Página 32)
181/003018 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes, que han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein ... (Página 32)
181/003019 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, que son personas jurídicas declarantes del Impuesto sobre Sociedades ... (Página 32)
181/003020 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en Liechtenstein, que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas ... (Página 32)
181/003021 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas "opacas" depositadas en Liechtenstein ... (Página 33)
181/003022 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda Pública como consecuencia de las cuentas depositadas en Liechtenstein no declaradas ... (Página 33)
181/003023 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre motivos por los que no se han iniciado actuaciones de inspección tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en Liechtenstein ... (Página 33)
181/003024 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre aplicación a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en Liechtenstein, de sanciones tributarias graves o muy graves o únicamente recargos por presentación extemporánea de declaraciones ... (Página 33)
181/003025 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Liechtenstein, en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales ... (Página 33)
181/003026 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre previsiones de la Agencia Tributaria para dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein ...
181/003027 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre previsiones de la Agencia Tributaria para la investigación del origen de los fondos descubiertos en Liechtenstein, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita ... (Página 34)
181/003028 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda Pública, como consecuencia de las cuentas depositadas en el HSBC de Suiza no declaradas ... (Página 34)
181/003029 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre motivos por los que no se han iniciado actuaciones de inspección tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en el HSBC de Suiza ...
181/003030 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre criterios empleados por la Agencia Tributaria para determinar los tipos de sanciones aplicables a estos expedientes y su graduación ... (Página 34)
181/003031 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre aplicación a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en el HSBC de Suiza, sanciones tributarias graves o muy graves, o únicamente recargos por presentación extemporánea de declaraciones ... (Página 35)
181/003032 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Suiza en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales ... (Página 35)
181/003033 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre previsiones de la Agencia Tributaria para dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en las cuentas del HSBC suizo ...
181/003034 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre previsiones de la Agencia Tributaria para la investigación del origen de los fondos descubiertos en el HSBC suizo, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita ... (Página 35)
181/003035 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria en relación al llamado "caso Liechtenstein" ... (Página 35)
181/003036 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda para impulsar actuaciones legislativas que eliminen el trato fiscalmente favorable del que disfrutan en la actualidad los titulares de rendimientos derivados de deuda pública y obtenidos a través de paraísos fiscales ... (Página 36)
181/003037 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas "opacas" depositadas en el HSBC de Suiza ... (Página 36)
181/003038 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes que han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en el HSBC suizo ... (Página 36)
181/003039 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC, que son personas físicas declarantes del IRPF ... (Página 36)
181/003040 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC suizo, que son personas jurídicas declarantes del Impuesto sobre Sociedades ... (Página 36)
181/003041 Pregunta formulada por los Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz (GP), sobre importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en el HSBC de Suiza que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas ... (Página 37)
181/003007 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre grado de ejecución de las obras de prolongación del tercer carril de la Ronda Este, en la provincia de Málaga ... (Página 37)
181/003008 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre grado de ejecución de las obras de la travesía de San Pedro de Alcántara (Málaga) ... (Página 37)
181/003009 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre grado de ejecución de las obras del acceso sur al aeropuerto de Málaga ... (Página 37)
181/003016 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre número de incidentes que se han producido en la Bahía de Algeciras (Cádiz), con las llamadas gasolineras flotantes (buques que sirven de almacenamiento de combustible, para empresas gibraltareñas de bunkering) ... (Página 37)
181/003010 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre estado de tramitación del nuevo Instituto Nacional de la Seguridad Social en la ciudad de Málaga ... (Página 37)
181/003005 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre actuaciones en la mejora de los regadíos en la provincia de Málaga desde el año 2004 ... (Página 38)
181/003006 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre situación de los estudios de yacimientos para extraer arenas dirigidas a la regeneración de playas en la provincia de Málaga ... (Página 38)
181/003015 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP), sobre conclusiones del encuentro entre el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua español con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, en el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura ... (Página 38)
181/003014 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Quintanilla Barba (GP), sobre partidas a las que va a afectar el recorte de gasto social del Gobierno ... (Página 38)
181/003011 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Juan Tomás García (GS), sobre balance del Programa de Cultura Científica y de la Innovación, incorporado a los programas de trabajo 2009 y 2010 del Plan Nacional de I+D+i 2008-2010 ... (Página 38)
181/003012 Pregunta formulada por el Diputado don Luis Juan Tomás García (GS), sobre importancia que ha adquirido la dimensión social del Espacio Europeo de la Investigación, como una manera transversal de fomento de la excelencia científica y tecnológica, a la vez que una herramienta útil para la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social ...
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en la Comisión de Fomento ... (Página 39)
233/000045 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 2755/2007 y 7291/2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, respecto al artículo 148.4.º del Código Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ...
233/000124 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 5003/2007, planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, en relación con los artículos 148.4.º y 153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración de los artículos 1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 14, 17, 24.2 y 25.1 de la Constitución ... (Página 40)
093/000019 Convenio de colaboración con la Administración de la Generalitat de Cataluña para la cesión de la aplicación informática denominada "Pla de Govern-PdG" ... (Página 41)
042/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 3 de septiembre de 2010, ha aprobado, oída la Junta de Portavoces, el calendario de sesiones de Comisiones para el período septiembre-diciembre de 2010.
ACUERDO DE LA MESA DE LA CÁMARA SOBRE EL CALENDARIO DE SESIONES DE COMISIÓN
La Mesa, en ejercicio de las facultades que le confieren los apartados 1.º y 6.º del artículo 31 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Se aprueba el calendario de sesiones de Comisión adjunto para el período de septiembre-diciembre de 2010.
Segundo. Los martes, miércoles y jueves de las semanas en las que se celebren sesiones plenarias, las Comisiones podrán reunirse con arreglo a lo establecido en el presente calendario. El resto de los días podrán reunirse sin limitación alguna.
Las semanas reservadas para la celebración de las comparecencias relativas a los Presupuestos Generales del Estado y para la elaboración del Dictamen por la Comisión de Presupuestos tendrán la misma consideración que las semanas con pleno a estos efectos.
Tercero. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de urgencia en la convocatoria o cuando circunstancias extraordinarias así lo exijan, los Presidentes de las Comisiones podrán solicitar de la Presidencia de la Cámara la celebración de una reunión fuera del calendario de sesiones aprobado por la Mesa de la Cámara. Dicha reunión podrá tener lugar en cualquier fecha.
La Presidencia del Congreso decidirá el orden de prioridad entre las solicitudes formuladas atendiendo a los siguientes criterios:
1. Tramitación de proyectos legislativos con competencia legislativa plena.
2. Tramitación de proyectos legislativos sin competencia legislativa plena o convenios internacionales, dando prioridad a aquellos cuya tramitación tenga lugar por el procedimiento de urgencia.
3. Comparecencias de Ministros.
4. Otras comparecencias consideradas urgentes.
Cuarto. En ningún caso podrán coincidir más de seis sesiones en una misma jornada.
Quinto. En todo aquello no previsto en el presente acuerdo, serán de aplicación los acuerdos sobre programación de trabajo de las Comisiones, aprobados en la reunión de la Mesa de 14 de marzo de 1995.
CALENDARIO DE SESIONES DE COMISIÓN
(septiembre-diciembre 2010)
Mes;día;Día de la semana;Hora;Comisión;Observaciones
Septiembre;7;Martes;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
;;;;Fomento;Con Pleno;
;;;;Interior;Con Pleno;
Septiembre;8;Miércoles;;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Con Pleno;
;;;;Trabajo e Inmigración;Con Pleno;
;;;;Sanidad, Política Social y Consumo;Con Pleno;
Septiembre;9;Jueves;;Igualdad;Con Pleno;
;;;;Política Territorial;Con Pleno;
;;;;Cooperación Internacional para el Desarrollo;Con Pleno;
Septiembre;14;Martes;;Industria, Turismo y Comercio;Con Pleno;
;;;;Mixta para la Unión Europea;Con Pleno;
;;;;Para las Políticas Integrales de la Discapacidad;Con Pleno;
Septiembre;15;Miércoles;;Constitucional;Con Pleno;
;;;;Educación y Deporte;Con Pleno;
;;;;Cultura;Con Pleno;
Septiembre;16;Jueves;;Asuntos Exteriores;Con Pleno;
;;;;Presupuestos;Con Pleno;
;;;;Vivienda;Con Pleno;
Septiembre;21;Martes;;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Con Pleno;
;;;;Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas;Con Pleno;
Septiembre;22;Miércoles;;Justicia;Con Pleno;
;;;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
Septiembre;23;Jueves;;Presupuestos;Con Pleno;
Septiembre;28;Martes;;Asuntos Exteriores;Con Pleno;
;;;;Ciencia e Innovación;Con Pleno;
Septiembre;29;Miércoles;;Defensa;Con Pleno;
;;;;Industria, Turismo y Comercio;Con Pleno;
Septiembre;30;Jueves;;Constitucional;Con Pleno;
Octubre;5;Martes;mañana;Justicia;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;mañana;Presupuestos;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;mañana;Vivienda;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Asuntos Exteriores;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Sin Pleno;Compar. P.L.
;;;tarde;Sanidad, Política Social y Consumo;Sin Pleno;Compar. P.L.
Octubre;6;Miércoles;mañana;Industria, Turismo y Comercio;Sin Pleno;Compar.
P.L. Presupuestos
;;;mañana;Política Territorial;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;mañana;Fomento;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Defensa;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Presupuestos;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Educación y Deporte;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
Octubre;7;Jueves;mañana;Ciencia e Innovación;Sin Pleno;Compar. P.L.
;;;mañana;Igualdad;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;mañana;Cultura;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Trabajo e Inmigración;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
;;;tarde;Cooperación Internacional para el Desarrollo;Sin Pleno;Compar.
;;;tarde;Interior;Sin Pleno;Compar. P.L. Presupuestos
Octubre;13;Miércoles;;Constitucional;Con Pleno;
Octubre;14;Jueves;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
Octubre;26;Martes;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
;;;;Igualdad;Con Pleno;
Octubre;27;Miércoles;;Asuntos Exteriores;Con Pleno;
;;;;Justicia;Con Pleno;
Octubre;28;Jueves;;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Con Pleno;
Noviembre;2;Martes;mañana;Presupuestos;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;mañana;Mixta para la Unión Europea;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;mañana;Sanidad, Política Social y Consumo;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;tarde;Presupuestos;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Cooperación Internacional para el Desarrollo;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Cultura;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
Noviembre;3;Miércoles;mañana;Asuntos Exteriores;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;mañana;Presupuestos;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;mañana;Ciencia e Innovación;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Política Territorial;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Interior;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
Noviembre;4;Jueves;mañana;Economía y Hacienda;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;mañana;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;mañana;Trabajo e Inmigración;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Defensa;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
;;;tarde;Industria, Turismo y Comercio;Sin Pleno;Dictamen P.L.
;;;tarde;Educación y Deporte;Sin Pleno;Dictamen P.L. Presupuestos
Noviembre;16;Martes;;Constitucional;Con Pleno;
;;;;Defensa;Con Pleno;
;;;;Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo;Con Pleno;
Noviembre;17;Miércoles;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
Noviembre;18;Jueves;;Industria, Turismo y Comercio;Con Pleno;
Noviembre;23;Martes;;Trabajo e Inmigración;Con Pleno;
Noviembre;24;Miércoles;;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Con Pleno;
Noviembre;25;Jueves;;Asuntos Exteriores;Con Pleno;
Noviembre;30;Martes;;Constitucional;Con Pleno;
Diciembre;1;Miércoles;;Ciencia e Innovación;Con Pleno;
Diciembre;2;Jueves;;Defensa;Con Pleno;
Diciembre;14;Martes;;Defensa;Con Pleno;
Diciembre;15;Miércoles;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
Diciembre;16;Jueves;;Constitucional;Con Pleno;
;;;;Asuntos Exteriores;Con Pleno;
Diciembre;21;Martes;;Educación y Deporte;Con Pleno;
Diciembre;22;Miércoles;;Medio Ambiente, Agricultura y Pesca;Con Pleno;
Diciembre;23;Jueves;;Economía y Hacienda;Con Pleno;
132/000002
Corrección de errores en el Real Decreto Legislati- vo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Incorporar al expediente de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Advertidos errores en el Real Decreto Legislati- vo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 161, de 3 de julio de 2010, se procede a efectuar las siguientes correcciones:
En la página 13, en el apartado 2 del artículo 27, donde dice: "acciones.", debe decir: "acciones, cuya transmisibilidad podrá restringirse en los estatutos sociales.".
En la página 13, en el apartado 1 del artículo 30, donde dice "mencionadas", debe decir: "menciones".
En la página 14, en el apartado 3 del artículo 38, donde dice: "de la sociedad fuese inferior", debe decir: "de la sociedad, fuese inferior".
En la página 15, en el apartado 3 del artículo 43, donde dice "mencionadas en número tercero del apartado primero del artículo anterior", debe decir "mencionadas en la letra c) del apartado primero del artículo anterior".
En la página 19, en el apartado 3 del artículo 73, donde dice "diferencia entre la valoración que hubiesen realizado y en valor real", debe decir "diferencia entre la valoración que hubiesen realizado y el valor real".
En la página 21, en el artículo 90, donde dice: "alícuotas indivisibles", debe decir: "alícuotas, indivisibles".
En la página 21, en el artículo 93, donde dice: "en esta ley, salvo", debe decir: "en esta ley, y salvo".
En la página 22, en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 94, que dice: "Las acciones que tengan el mismo contenido de derechos constituyen una misma clase de acciones.", debe decir "Las acciones que tengan el mismo contenido de derechos constituyen una misma clase."
En la página 22, en el apartado 1 del artículo 99, donde dice: "dividendo anual mínimo fijo o variable", debe decir: "dividendo anual mínimo, fijo o variable".
En la página 22, en el artículo 101, donde dice: "liquidación de la sociedad las participaciones", debe decir: "liquidación de la sociedad, las participaciones".
En la página 23, la rúbrica del capítulo III comienza diciendo "Del libro registro", y debe decir: "El libro registro".
En la página 26, en el segundo párrafo del aparta- do 2 del artículo 117, donde dice: "fueran nominativos se entregarán", debe decir: "fueran nominativos, se entregarán".
En la página 26, en el artículo 119, donde dice: "se hará pública una vez", debe decir: "se hará pública, una vez".
En la página 28, en el apartado 1 del artículo 129, donde dice: "para su ejercicio estará legitimado", debe decir: "para su ejercicio, estará legitimado".
En la página 29, en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 140, donde dice: "sociedad dominante en los siguientes", debe decir: "sociedad dominante, en los siguientes".
En la página 29, en la letra a) del apartado 1 del ar- tículo 140, donde dice: "título gratuito o como consecuencia", debe decir: "título gratuito, o como consecuencia".
En la página 30, en el apartado 1 del artículo 143, donde se dice "o las participaciones creadas", debe decir "ni las participaciones creadas".
En la página 31, en el apartado 1 del artículo 149, donde dice: "propias acciones o las participaciones
creadas o las acciones emitidas por la sociedad dominante dentro de los límites", debe decir; "propias acciones, o las participaciones creadas o las acciones emitidas por la sociedad dominante, dentro de los lí- mites".
En la página 31, en el apartado 2 del artículo 149, donde dice "norma tercera", debe decir "el artícu- lo 146.3".
En la página 31, en el apartado 2 del artículo 150, donde se dice "personal de la sociedad", debe decir "personal de la empresa".
En la página 33, en el apartado 1 del artículo 162, donde dice "conceder prestamos", debe decir "conceder créditos o préstamos".
En la página 37, en el apartado 3 del artículo 194, donde dice "previstas", debe ser "previstos".
En la página 41, en el apartado 2 del artículo 217, donde dice: "2. Cuando la retribución no tenga como base", debe decir: "2. En la sociedad de responsabilidad limitada, cuando la retribución no tenga como base".
En la página 48, en el artículo 263, se ha omitido un segundo apartado, por lo que el párrafo actual de dicho precepto debe ir como apartado 1 y se debe añadir el apartado omitido con el siguiente texto:
"2. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que puedan presentar balance abreviado".
En la página 49, en el apartado 1 del artículo 267, donde dice: "La remuneración de los auditores de cuentas de acuerdo con", debe decir: "La remuneración de los auditores de cuentas se fijará de acuerdo con".
En la página 58, donde dice: "Subsección 1.ª La tutela de los acreedores de sociedades anónimas", debe decir: "Subsección 2.ª La tutela de los acreedores de sociedades anónimas".
En la página 58, en la letra c) del artículo 335, deben suprimirse las dos menciones a "participaciones sociales", quedando redactada dicha letra del siguiente modo:
"c) Cuando la reducción se realice con cargo a beneficios o a reservas libres o por vía de amortización de acciones adquiridas por la sociedad a título gratuito. En este caso, el importe del valor nominal de las acciones amortizadas o de la disminución del valor nominal de las mismas deberá destinarse a una reserva de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social."
En la página 62, en el apartado 1 del artículo 365, donde dice "o Si fuera insolvente, inste el concurso.", debe decir: "o, Si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso".
En la página 62, en el apartado 2 del artículo 365, donde dice "si constaren" debe decir "si constare en".
En la página 64, en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 380, "requisitos de mayoría, y en el caso de sociedades anónimas de quórum," debe decir: "requisitos de mayoría y, en el caso de sociedades anónimas, de quórum,".
En la página 64, en el apartado 2 del artículo 381, donde dice ", también, podrá", debe decir: ", también podrá".
En la página 65, en el apartado 1 del artículo 391, donde dice: "la junta general de accionistas."; debe decir "la junta general.".
En la página 78, en el rótulo del artículo 487, donde dice: "Representación frente a los miembros del consejo de control", debe decir: "Representación frente a los miembros de la dirección".
En la página 79, se ha omitido el segundo apartado del artículo 499, por lo que el párrafo que ahora aparece se debe numerar como apartado 1 y se debe incorporar el segundo apartado con el siguiente texto:
"2. En caso de acciones sin voto, se estará a lo que dispongan los estatutos sociales respecto del derecho de suscripción preferente de los titulares de estas acciones, así como respecto de la recuperación del derecho de voto en el caso de no satisfacción del dividendo mínimo y respecto del carácter no acumulativo del mismo."
En la página 79, en el apartado 1 del artículo 502, donde dice: "nuevo propietario", debe decir: "nudo propietario". Igualmente, en el apartado 2 también del artículo 502, donde dice: "nuevo propietario", debe decir "nudo propietario".
En la página 83, donde dice: "Sección 3.ª Derecho especial de información", debe decir: "Sección 2.ª Derecho especial de información".
En la página 83, donde dice: "Sección 4.ª Los instrumentos especiales de información", debe decir: "Sección 3.ª Los instrumentos especiales de información".
En la página 85, en la disposición adicional séptima, donde dice: "Las disposiciones contenidas en el títu- lo XIV de este texto refundido", debe decir: "Las disposiciones contenidas en los artículos 512 a 514 inclusive, 516 a 523 inclusive así como en el artículo 528 del título XIV de este texto refundido". Asimismo, en esa misma disposición, donde dice: "cuya supervisión corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,", debe decir: "siendo sancionables sus incumplimientos".
Nota.-El Real Decreto Legislativo se publicó en el "BOCG Congreso de los Diputados, serie D, núm. 431, de 23 de julio de 2010. En consecuencia, se han sustituido las referencias a las páginas del "Boletín Oficial del Estado" por las correspondientes del "Boletín Oficial de las Cortes Generales".
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000714
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre seguridad de los cooperantes en el exterior, para su debate en Pleno.
Los riesgos a los que se enfrentan los cooperantes se han incrementado considerablemente a lo largo de la última década. Sólo en el año 2009, 102 trabajadores humanitarios fueron asesinados y 92 fueron víctimas de secuestros. En las zonas de conflicto, las agencias públicas y las organizaciones dedicadas a la cooperación internacional para el desarrollo, antes respetadas por los combatientes, son objeto, cada vez con más frecuencia, de ataques violentos y deliberados contra su personal y sus instalaciones. Las amenazas a la seguridad suponen un reto añadido para todas aquellas personas que como cooperantes trabajan para la erradicación de la pobreza y la gestión de crisis, frecuentemente en condiciones de notable dureza.
En el marco de las Naciones Unidas se han impulsado diversas medidas para abordar la seguridad del personal dedicado a la cooperación para la el desarrollo y, en particular, los trabajadores humanitarios. Destaca la resolución A/63/L.49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en diciembre del 2008, que exhorta a todos los Estados y a las. partes en situaciones complejas de emergencia humanitaria, en particular los conflictos armados y las situaciones posteriores a éstos, en los países donde realiza actividades el personal de asistencia humanitaria a que, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho internacional y de la legislación nacional, cooperen plenamente con las Naciones Unidas y otros organismos y organizaciones de asistencia humanitaria y garanticen la entrega de suministros y equipos, y el libre acceso, en condiciones de seguridad, del personal de asistencia humanitaria,. para que pueda desempeñar con eficiencia su tarea de ayudar a la población civil afectada, incluidos los refugiados y los desplazados internos.
Junto a la política sobre seguridad del personal con funciones operativas desplegado en el exterior aprobada por el Consejo en mayo de 2006, La Unión Europea, a través de la Oficina de Acción Humanitaria Europea (ECHO) ha desarrollado, por su parte, un conjunto de medidas, protocolos de actuación y buenas prácticas para la seguridad del personal humanitario y la defensa del espacio humanitario, trabajando estrechamente con la Oficina de Acción Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Estas normas han sido de gran utilidad para los trabajadores de las Agencias públicas de desarrollo y para las Organizaciones no gubernamentales dedicadas profesionalmente a la cooperación internacional para el desarrollo, que han adoptado las medidas necesarias para reforzar la seguridad de sus empleados, en función de los desafíos que se presentan en cada escenario.
El Gobierno de España ha respaldado plenamente los esfuerzos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea en este sentido y ha seguido con gran preocupación las situaciones de riesgo que afectan a los cooperantes españoles. En el ámbito nacional, el Gobierno aprobó el Estatuto del Cooperante, en septiembre del 2006, estableciendo, para las personas o entidades promotoras de la cooperación para el desarrollo, el deber de proporcionar a los cooperantes las normas de seguridad básicas en el país de destino y los recursos a utilizar en aquellos supuestos en los que la seguridad del cooperante o de la tareas a realizar resulten afectadas.
Paralelamente, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, tanto en sede como en terreno, el Gobierno ha mantenido un intercambio de información fluido con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo sobre las
amenazas contra la seguridad y las recomendaciones de
1 En 1999 fueron 30 muertos y 20 secuestrados.
evacuación, en su caso, cumpliendo las orientaciones de la Unión Europea, que consideran la seguridad no como una fórmula o modelo único sino como un proceso cuya esencia es la comunicación entre actores.
No obstante, fuera de este ámbito, en el marco del voluntariado solidario, hay numerosas iniciativas que llevan a cabo actividades de cooperación en el exterior. Estas iniciativas para canalizar la solidaridad de muchos ciudadanos, profundamente interesados en la erradicación de la pobreza a escala mundial, pueden tener efectos muy positivos tanto en origen como en destino, creando vías de comunicación y apoyo entre comunidades de distintos países. En ocasiones, sin embargo, ejercen su actividad en zonas de alto riesgo, exponiéndose a graves amenazas contra su seguridad, como se ha puesto de manifiesto con ocasión del largo secuestro que han sufrido durante nueve meses los miembros de la Organización No Gubernamental "Barcelona Acció Solidaria", retenidos por una organización terrorista en el Norte de África. Tanto en el ámbito internacional como en España existe, actualmente., un vacío en la regulación de este tipo de iniciativas de voluntariado solidario en el exterior que corresponde abordar, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad en las que desempeñan sus actividades.
"El Congreso de los Diputados reconoce los esfuerzos realizados por las distintas autoridades implicadas para conseguir la liberación de los tres españoles secuestrados en Mauritania el 29 de noviembre de 2009, Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, e insta al Gobierno a:
- Continuar apoyando la adopción de medidas por parte de la Comunidad Internacional, en el marco de la Unión Europea y las Naciones Unidas, para la seguridad de los cooperantes y, especialmente, de aquellas personas que desempeñan funciones humanitarias en zonas de riesgo.
- Seguir impulsando de común acuerdo con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los cooperantes españoles.
- Regular las iniciativas de voluntariado solidario en el exterior en zonas de riesgo, trabajando junto con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para garantizar que se adopten las precauciones de seguridad indispensables en los desplazamientos a estas zonas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de septiembre de 2010.-Joan Calabuig Rull, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001872
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a racionalizar el uso de los teléfonos móviles en la Administración General del Estado, para su debate en la Comisión Constitucional.
Las llamadas TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se han convertido en un instrumento fundamental de la Administración, gracias a cuya implementación y soporte técnico, el ejercicio de la actividad administrativa ha potenciado su celeridad y eficacia.
Cada año, el análisis de su aplicación en la Administración General del Estado es publicado en el llamado Informe Reina, editado por el Ministerio de la Presidencia, que recoge una visión analítica sobre la situación e impacto de las TIC en el año anterior.
En la última edición del Informe, correspondiente al año 2009, se recogen no obstante una serie de datos poco compatibles con la actual coyuntura económica que sufre nuestro país y el compromiso de austeridad que predica sin cesar este Gobierno.
Así, tal y como se recoge en el Informe, en el período 2004-2009, el número de terminales de telefonía móvil asignados al Estado ha pasado de 15.165 a 56.836, lo que supone, en tan sólo cinco años, un alza del 275%.
Además, del total de terminales, casi la mitad disponen de acceso a Internet, habiendo pasado, también en el período 2004-2009, de 6.141 a 24.098, un 292% más.
El coste económico, según los últimos datos consolidados de 2008, y tal y como aparece recogido en dicho Informe, se cifra en más de 105 millones de euros.
En la actual y grave coyuntura económica que atraviesa nuestro país, se podría, con una eficiente gestión económica, reducir el número de terminales de telefonía móvil que disponen los departamentos ministeriales, con lo que consecuentemente se reduciría su coste.
Asimismo, se podría plantear una renegociación de las condiciones contractuales con las empresas que suministran los servicios tanto de telefonía móvil y fija, para así reducir tanto el importe del servicio telefónico como los servicios de Internet móvil y transmisión de datos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en consonancia con el compromiso de austeridad y eficiencia en la gestión del gasto público, a racionalizar el número de terminales de telefonía móvil asignados a la Administración General del Estado, a fin de reducir su número hasta el límite de los que sean estrictamente necesarios para el servicio público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio de 2010.-Miguel Barrachina Ros, Diputado. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001867
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de la República de Kosovo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El Tribunal Internacional de Justicia ha avalado la independencia unilateral de Kosovo al considerar que no viola la legislación internacional y que la asamblea de Kosovo estaba legitimada a tomar decisiones que afectaran a su orden legal.
Por la fuerza del derecho a decidir su futuro por parte de los pueblos y naciones, la exprovincia de la República Serbia declaró su independencia el 17 de febrero de 2008, constituyendo la República de Kosovo como expresión de su libertad nacional.
Esta declaración recibió el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos y de buena parte de la Unión Europea.
Sin embargo, el gobierno español, frente a Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia, se posicionó en contra de la independencia kosovar, alineándose así con Rusia, Serbia, Chipre, Grecia o Rumania, estados que mantienen abusos de cariz nacional en su interior. Esta actitud, encabezada por el responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores dio pie a mayores protagonismos de los dirigentes serbios refractarios a su integración a la UE y contradice la opinión del Alto Representante de la Unión Europea para la PESC, Javier Solana, que asumió la posición más general dentro de una Europa de los 27 que además exige la entrega de los genocidas perseguidos por el Derecho internacional.
Asimismo, el Gobierno español del PSOE se situó al lado de las tesis del expresidente Aznar, quien en un artículo publicado en el diario italiano "N Messagero", afirmó que reconocer la independencia de Kosovo "significa aceptar en el escenario internacional el principio de autodeterminación de los pueblos y el cambio, sin la necesidad de consenso, de las fronteras europeas".
El Ministro Moratinos argumentó la oposición española al reconocimiento de la República de Kosovo por la unilateralidad del pronunciamiento de independencia. Sin embargo, la Corte de Justicia Internacional, al declarar la legalidad y legitimidad de la declaración unilateral de Kosovo, ha desmontado el argumento del Gobierno español para oponerse.
Así pues, el Gobierno español debe rectificar y reconocer su independencia.
Asimismo, también debe rectificar y reconocer la independencia de Kosovo el Parlamento español, quién la rechazó en febrero de este mismo año al votar en contra de la Proposición no de Ley de Esquerra Republicana que la reclamaba.
"El Congreso de los Diputados reconoce la independencia de la República de Kosovo e insta al gobierno español a:
1. Reconocer con todos sus efectos a la República de Kosovo.
2. Instar a todas las instancias internacionales oportunas a actuar decididamente a favor de la consolidación de la República de Kosovo mediante la aplicación de programas de ayuda y cooperación a favor de la funcionalidad de su nueva administración, así como a favor de su desarrollo socioeconómico.
3. Intensificar las relaciones con la República de Serbia a fin y efecto de allanar los caminos para superar
su posible aislamiento y trabajar a favor de una futura integración en la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2010.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001881
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las medidas contra la morosidad, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Todos los grupos políticos, los expertos económicos y los agentes sociales coinciden en que la elevada morosidad y la falta de crédito son dos elementos causantes de la crisis y la destrucción del empleo. Ello motivó un conjunto de medidas como en el denominado "Pacto de Zurbano" o en la modificación de la ley de medidas contra la morosidad.
Uno de los elementos que genera morosidad en el ámbito de la administración pública es el modelo de financiación insuficiente de los ayuntamientos, cuyos ingresos se basan en los impuestos relacionados con la actividad urbanística que han caído en picado con el estallido de la burbuja inmobiliaria. La delicada situación financiera de los entes locales ha generado retrasos importantes en el pago de sus facturas, pero la situación no está mejorando y tiene visos de empeorar. La vicepresidenta segunda del gobierno ha afirmado en declaraciones recogidas por la prensa que la financiación a los ayuntamientos en los PGE va volver a los niveles de 2006, a sabiendas de que esta cuantía es claramente insuficiente.
Una de las herramientas aprobadas para facilitar la lucha contra la morosidad la encontramos en la Disposición adicional cuarta de Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Dicha disposición establece que "El Gobierno, en el plazo de 30 días, a través del Instituto de Crédito Oficial, instrumentará una línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010 [...]". Es decir, que el pasado 6 de agosto debería haberse activado esta nueva línea de crédito del ICO, pero no se hizo.
Tanto colectivos de empresarios como la Federación Española de Municipios y Provincias ya le han solicitado al gobierno que se ejecute con urgencia esta medida que debe ser crucial para reducir la morosidad y contribuir a la salida de la crisis y al mantenimiento de puestos de empleo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la puesta en marcha de forma inmediata y urgente de la línea de crédito directa, en condiciones preferentes, dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre de 2010.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la Inspección de Trabajo, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España ha funcionado con eficacia, independencia y profesionalidad desde su creación, gracias, entre otras razones, a la unidad de la profesión en el conjunto del Estado. Ello ha sido elemento fundamental para evitar tentaciones partidarias territoriales, duplicidades y evitar la fractura del mercado de trabajo nacional garantizando la igualdad ante la ley de los empresarios, independientemente de la zona de nuestro país en que desarrollen sus actividades, y la protección integral de los trabajadores.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España es una institución creada en 1906 y tiene atribuidas competencias de vigilancia del cumplimiento de las normas laborales y de prevención de riesgos y de Seguridad Social, que inciden en ámbitos socio-
laborales de gran importancia como la siniestralidad laboral, el empleo sumergido, la contratación temporal fraudulenta, la discriminación laboral femenina, la integración de personas con discapacidad o el trabajo de extranjeros.
En el actual marco territorial español, de elevada descentralización, la Ley 42/1997, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobada por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, supone la adaptación de la legislación ordenadora de (a inspección de trabajo a la organización territorial del Estado establecida en la Constitución.
Así, la citada Ley 42/1997, diseña un sistema de Inspección de Trabajo generalista, integral e integrado, con un Cuerpo Nacional de Inspectores dotado de competencias en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales, e incorporando la participación efectiva de las comunidades autónomas, como autoridades laborales en sus respectivos ámbitos territoriales en relación con las materias laborales y de prevención de riesgos laborales que les han sido transferidas. Todo ello articulado a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales y de las Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cada autonomía.
El artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española atribuye la competencia exclusiva al Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por las Comunidades Autónomas, que viene precisada por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.
Los estatutos de autonomía de las diversas comunidades recogen la atribución constitucional de la ejecución de la normativa laboral, dentro de la que está incluida la función inspectora, confiriéndoles el carácter de Autoridad Laboral en sus respectivos ámbitos territoriales.
Al efecto de que ulteriores desarrollos estatutarios no pongan en cuestión los equilibrios anteriormente citados, el Real decreto 206/2010 de traspaso de funciones y servicios a la Generalidad de Cataluña en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado con fecha 26 de febrero de 2010, contiene expresamente como principios básicos del traspaso, que vinculan jurídicamente a Estado y Generalidad, la unidad del sistema de inspección, su carácter integral, la unidad de procedimiento de selección a nivel nacional, realizado a través de convocatorias del Estado y la convocatoria de concursos de movilidad geográfica de los Inspectores y Subinspectores para toda España.
Con posterioridad se ha aprobado la Ley 11/2010, de 19 de mayo, de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo, que va contra los principios de unidad e integridad del sistema contenidos en la Ley Ordenadora 42/97 y en el Acuerdo de Traspaso a Cataluña firmado recientemente por la Generalidad. La ley 11/2010 de la Agencia Catalana de Inspección de Trabajo constituye una auténtica ley ordenadora y crea un sistema de inspección propio para Cataluña, actuando como autoridad central, invadiendo competencias del Estado y creando incluso un Cuerpo de Subinspectores de prevención sin competencia alguna para todo ello, lo que fractura el carácter integral e integrado del sistema y vulnera el carácter nacional de los Cuerpos de funcionarios Inspectores y Subinspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Convenio 81 de la OIT.
A pesar de la acreditada ineficacia de los sistemas de inspección atomizados, en España se están dando pasos en esa dirección, lo que además impedirá la igualdad efectiva ante la ley de trabajadores y empresas, facilitará la competencia desleal entre Comunidades Autónomas, reducirá los medios materiales y personales en las Comunidades con menos recursos, favorecerá la descoordinación entre las mismas dificultando notablemente la realización de campañas de inspección de ámbito nacional, producirá innecesarias reiteraciones de visitas de inspección al mismo sujeto por materias distintas generando ineficiencia y, en suma, restará eficacia al sistema en perjuicio de los ciudadanos, como recoge la Guía de la Inspección de Trabajo editada en el año 2002 por la Organización internacional del Trabajo.
La atomización de los sistemas de inspección de trabajo tiene serias consecuencias, tal y como ha puesto de manifiesto la Organización Internacional del Trabajo en diversas ocasiones, y en concreto, en referencia a lo acontecido en la economía griega. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo aprobó, en su 268.ª reunión de marzo de 1997, el informe que reconocía el incumplimiento del Convenio sobre la Inspección del Trabajo, en especial en lo referido a la adscripción de la inspección del trabajo a las administraciones prefectorales autónomas y a las consecuencias que esta adscripción ha tenido sobre su funcionamiento.
Las consecuencias para Grecia de la fractura de la unidad de la Inspección del Trabajo han sido, según el referido informe de la OIT: la falta de cooperación y de coordinación de los servicios de inspección; fallos en la aplicación uniforme de las normas del trabajo; incorporación de la inspección del trabajo a otros servicios sin relación con sus cometidos, el traslado de inspectores competentes y experimentados a otros servicios y el ingreso a la inspección del trabajo de personas inexperimentadas y carentes de formación; la falta de garantías de estabilidad y de independencia de los inspectores del trabajo.
La misma OIT, elaboró la citada Guía de la inspección de Trabajo en 2002, señalando las disfunciones en sistemas de inspección fragmentados territorialmente como ocurre en Venezuela, Argentina, Brasil, Rusia, y dentro de la Unión Europea en Grecia.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones solicitó adaptar las legislacio
nes de conformidad con las disposiciones del Convenio de la OIT, en particular, colocando la Inspección de Trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central.
Al Gobierno de España le compete alcanzar el objetivo de actuar eficazmente en la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral como Estado firmante del Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que incluya los siguientes aspectos en el futuro Proyecto de reforma de la Ley 42/97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:
1. La inclusión como legislación básica del Estado del carácter nacional de los Cuerpos de Inspección
2. La garantía del ingreso único, por oposición convocada por el Estado, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social y la reserva al Estado de creación de otros Cuerpos de Inspección.
3. La garantía de movilidad territorial, a través de concursos convocados por el Estado a nivel nacional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2010.-Miguel Barrachina Ros, José Ignacio Echániz Salgado, José Eugenio Azpiroz Villar y Eugenio Nasarre Goicoechea, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001875
Además, por parte de los poderes públicos habría que incentivar el acogimiento a este derecho, ya que no supone un gasto sino una inversión.
En este sentido, se considera necesario que el disfrute de este derecho que ya implica una reducción del salario, no implique también la pérdida de las prestaciones sociales generadas con la jornada laboral íntegra.
1. Realizar las modificaciones legislativas oportunas para ampliar a 12 años la edad máxima que permite a los padres y madres acogerse a la reducción de jornada por cuidado de hijos e hijas, igualando los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras con los de la Función Pública.
2. Realizar las modificaciones legislativas oportunas para que esta reducción de jornada, y proporcional de salario, no implique una reducción de los derechos de prestación social, en lo que a los años de cotización
se refiere, durante los primeros años de reducción, y de acuerdo con los límites que se establezcan reglamentariamente."
161/001865
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al proyecto para ampliar las excavaciones del yacimiento galaico-romano de Punta Atalaia (Cervo, Lugo), para su debate en Comisión.
En dos solares situados en Atalaia en el ayuntamiento de Cervo (Lugo) estaba prevista la construcción de un edificio de 32 viviendas y otro de 26 viviendas. Sin embargo, las excavaciones realizadas con motivo de las obras han sacado a la luz un importante yacimiento arqueológico galaico-romano.
El hallazgo fue trasladado a la Xunta a fin de que realizase un informe valorativo que concluye que "la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico acordó un pronunciamiento a favor de la conservación in situ de los vestigios arqueológicos, y la consideración de que el proyecto arquitectónico con licencia municipal para este predio es incompatible con lo anterior".
En el citado informe de la Xunta, se destaca la importancia del yacimiento que "podría ser uno de los asen-tamientos galaico-romanos de mayores dimensiones de la Mariña lucense", "donde existen vestigios desde la Edad de Hierro hasta nuestros días" y se recomienda la posibilidad de ampliar la intervención arqueológica a terrenos de titularidad pública al señalar que "el interés del conjunto se ve incrementado (...) por la continuidad del yacimiento arqueológico hacia el norte y oeste, en terrenos de dominio público, de los Puertos de Ferrol y San Cibrao".
Además, el Informe del Gobierno gallego indica que "la opción de conservación debería valorar la riqueza arqueológica de este asentamiento y el de otra excavación, y la posibilidad de ampliar la intervención en terrenos de titularidad pública, y recuperar así un conjunto de notable interés para la historia antigua y medieval de A Mariña".
El yacimiento de Punta Atalaia forma parte del legado histórico de esta zona y de Galicia, y es, también, un importante recurso cultural, arqueológico y turístico que merece ser recuperado y puesto en valor.
La Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de la Xunta no sólo considera incompatible la conservación in situ de este yacimiento con el desarrollo de los proyectos constructivos, si no que, además, recomienda ampliar la excavación arqueológica a terrenos de titularidad pública. Es decir, a dominio público marítimo terrestre. En este caso, es necesaria la intervención y colaboración del Ministerio de Medio Ambiente (Dirección General de Costas).
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente a:
- Realizar, en colaboración con el ayuntamiento de Cervo, un proyecto para ampliar las excavaciones del yacimiento galaico-romano de Punta Atalaia (Cervo, Lugo) a terrenos de dominio público marítimo terrestre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-Carlos Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001874
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la lucha contra los incendios forestales, para su debate en la Comisión Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
Año tras año los incendios forestales originan cuantiosas pérdidas desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Los incendios forestales arrasaron durante el año 2009 un total de 110.783 hectáreas, más del doble que en el año anterior, y se registraron 34 grandes incendios -que supusieron la mitad de la superficie calcinada durante todo el año 2009- y un total de 15.391 siniestros forestales.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las pérdidas económicas atribuidas a los incendios forestales en los últimos 48 años se estiman en 24.958 millones de euros. Sólo la reparación de los daños causados por incendios forestales en el verano del 2009 supuso un coste de 18 millones de euros en conceptos de restau
ración forestal y medioambiental, para hacer frente a los daños producidos sobre masas forestales, explotaciones agrícolas y ganaderas e infraestructuras rurales y forestales.
El incremento y acumulación de biomasa vegetal, debida a las abundancia de precipitaciones producidas desde finales del año 2009 y el primer trimestre de 2010, se agrava con el deterioro de los montes, consecuencia de los efectos de los temporales, que han originado derribos de árboles, sin que sea rentable su retirada. Todo ello ha provocado una importante acumulación de gran cantidad de material combustible en los montes, de forma que el peligro de incendios se eleva especialmente este año.
Existe un consenso, para evitar riegos y situaciones de gravedad, sobre la necesidad de redirigir esfuerzos en las tareas de prevención de los incendios forestales y en la gestión sostenible de los montes españoles.
Esta urgencia se enfatiza más todavía si, según advierten las predicciones planteadas como consecuencia del cambio climático, la situación tiende a agravarse en los próximos años.
Así, aún en un contexto de crisis económica como la actual, el gasto en prevención y en una gestión forestal sostenible siempre es una inversión productiva, que proporcionará beneficios y evitará gastos directos e indirectos, como la compra de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, los enormes costes de la restauración de las zonas calcinadas o incluso la pérdida de vidas humanas.
Por otra parte, revalorizar los múltiples beneficios de nuestros bosques resulta esencial, pues se ha demostrado que los incendios forestales son escasos cuando los bosques tienen un interés económico relevante para las poblaciones locales.
En el Pleno del Congreso celebrado el día 8 de septiembre de 2009, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley sobre el aprovechamiento sostenible de los montes que, tras incorporar algunas enmiendas, fue aprobada por la práctica unanimidad de la Cámara aunque, hasta el momento, el Gobierno no ha ejecutado la mayoría de las actuaciones encomendadas en virtud de dicha iniciativa.
1. Incrementar las inversiones en actuaciones preventivas y de limpieza de los montes contra los incendios forestales, favoreciendo el aprovechamiento de la biomasa forestal e implicando en ello a la población rural, lo que redundará en la creación de empleo en el medio.
2. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los propietarios forestales, una gestión y aprovechamiento sostenible de los montes, con el objetivo de generar valor añadido a sus productos, lo que redundará en la conservación de los montes y, asimismo, en la creación de empleo.
3. Recuperar la composición del antiguo Consejo Nacional de Bosques, como órgano consultivo y asesor en materia de montes y recursos forestales, con el objetivo de facilitar una adecuada gestión sostenible de los montes españoles y fomentar el desarrollo económico y social del sector forestal, y establecer mecanismos necesarios para su coordinación en el marco del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
4. Consolidar e incrementar nuestro patrimonio forestal, como medio para incrementar la fijación de C02 y contribuir a la lucha contra el cambio climático, a través de un Plan Nacional de Reforestación, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los propietarios de los montes, que suponga una mejora silvícola de las masas forestales para adaptarlas a los nuevos condicionantes climáticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de julio de 2010.-María Teresa de Lara Carbó, Diputada. María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001868
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las finanzas de la administración local, para su debate en la Comisión de Administraciones Públicas.
Desde los entes locales se viene reclamando desde hace tiempo y de manera reiterada la necesidad de reformar su marco normativo que sin ninguna duda deberá de conllevar el establecimiento de un sistema de financiación adecuada y flexible que responda al principio constitucional de suficiencia financiera.
El actual contexto de crisis ha agravado todavía más las dificultades por las que atraviesan los ayuntamientos, pues se ha producido una caída generalizada de los
ingresos locales. Pese a ello e incumpliendo sus propios compromisos, el Gobierno ha pospuesto "sine die" la reforma del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Hasta la fecha, en lugar de afrontar de manera integral una reforma de los ingresos de los entes locales, se ha limitado a impulsar iniciativas parciales como el Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local, este último por cierto recurrido ante el Tribunal Constitucional por la Generalitat de Catalunya por considerar que supone una clara invasión de sus competencias en este ámbito.
Ambos fondos, de ningún modo han supuesto la resolución de la acuciante situación financiera que padecen los ayuntamientos por su transitoriedad y finalidad, pues a la práctica representan un soporte directo al sector de la construcción. Además, se han impulsado al margen y por tanto sin el consenso de las Comunidades Autónomas, que en definitiva son las administraciones que de manera habitual se coordinan con sus ayuntamientos a la hora de establecer proyectos y líneas de cooperación.
Por todo ello, su eficiencia por lo menos puede calificarse de limitada pues de ningún modo resuelve de manera integral las dificultades financieras de las haciendas locales. Es más, incluso en algunas ocasiones, la falta de tiempo otorgado a estas administraciones para presentar los preceptivos proyectos que hacían posible la obtención de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local ha comportado que algunas de las propuestas trasladadas al Gobierno hayan supuesto un incremento del gasto ordinario de estos entes por suponer un aumento de recursos destinados a su mantenimiento.
Cabe destacar también, que de conformidad con los últimos datos del Banco de España, relativos al año 2009, el sector local, el 13% del gasto público del Estado es titular del 6% del total de la deuda pública. De ello se desprende pues que las administraciones locales no son la causa del elevado déficit público del Estado Español, pese a su mala financiación. Y a todo ello se debe tener presente el hecho que la existencia de una cierta confusión en materia competencial, como también, el ejercicio de responsabilidad que han mantenido los municipios al prestar de manera habitual servicios cuyas competencias no tienen legalmente encomendadas, tiende a dificultar la correcta evolución del sistema y, en última instancia la mencionada suficiencia que genera el mismo. Es decir, las actuaciones en áreas que sobrepasan el estricto o preceptivo marco local son una clara demostración que existen amplios espacios de necesidades ciudadanas no cubiertas o cubiertas en términos relativamente insuficientes. Así pues, para los ayuntamientos se hace incomprensible que no habiéndose todavía resuelto la problemática de su suficiencia financiera el Gobierno incluyera en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, la prohibición de endeudarse a partir del 1 de enero de 2011, a todas aquellas entidades locales que cumplen con la legislación en materia de endeudamiento y de estabilidad presupuestaria, sobretodo cuando se deben de afrontar inversiones previstas, o en fase de ejecución, como también que formen parte de convenios, de concertaciones o que estén cofinanciados.
Asimismo, tampoco se pueden obviar dos aspectos que deberían de ser resueltos y por consiguiente abordados en una futura reforma de la legislación local. En primer término, las dificultades que padecen el elevado número de municipios pequeños del Estado, que por su tamaño no pueden afrontar con recursos propios, o bien con las estrictas transferencias que les corresponden, los servicios a los que sí que las leyes les obligan a prestar. Y en segundo lugar, el hecho que dichas transferencias en su mayor parte proceden del Gobierno central, y no de las Administraciones Autonómicas, lo que no concuerda con la misma aplicación del principio de subsidiaridad. En este sentido es importante tener presente que todas las autonomías han elaborado planes de desarrollo y cooperación con los entes locales a partir de la experiencia y el conocimiento que les reporta su proximidad a las administraciones más cercanas a la ciudadanía, razón por la que parece más lógico que sean justamente éstas las que sean las responsables de transferir a los entes locales estos recursos.
Por tanto, la próxima reforma del sistema debería superar la excesiva dependencia de los entes locales de sus propios recursos, que provienen fundamentalmente de ingresos por impuestos de producto y por tanto de escasa elasticidad, lo que dificulta su adaptación al nivel de recaudación de cada ciclo económico. Por último, es importante tener presente que cualquier nuevo traspaso de competencias que puedo producirse en el marco de dicha futura reforma, quede garantizada por una adecuada financiación, como también, que la normativa local sea revisada o actualizada periódicamente para favorecer una adecuada adaptación a las circunstancias y necesidades de cada momento.
Es por todo ello que es preciso que el Gobierno deje de posponer una reforma imprescindible para el conjunto de los ayuntamientos que defina más claramente su marco competencial, reconozca el papel fundamental de las administraciones autonómicas en el desarrollo y la cooperación del mundo local, y sobre todo que permita a los entes locales desarrollar su actividad como administración más próxima a la ciudadanía. En definitiva, una reforma que permitiera distribuir adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de acuerdo con la tipología de sus competencias y con base a los principios de suficiencia, autonomía, eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
1. Impulsar la modificación de la Ley de las Haciendas Locales para mejorar la capacidad de ingresos de los ayuntamientos y otros entes locales.
2. Transitoriamente y, de forma inmediata, mientras no sea aprobada la reforma de la Ley de Haciendas Locales
a) Crear un fondo de retorno del IVA sobre las inversiones municipales, para compensar el encarecimiento de cualquier proyecto encargado por la administración local por tener la consideración de consumidor final.
b) Constituir un fondo extraordinario con la misma cantidad con la que se dotó al FEIL, que sea gestionado por las CC.AA., y que tenga por finalidad atender los gastos ordinarios de los ayuntamientos y otras administraciones locales.
c) Mantener los Fondos de acogida y de Integración para la inmigración para permitir que los municipios puedan seguir desarrollando políticas de acogida, de refuerzo educativo y de cohesión social de los recién llegados.
d) Modificar el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, para permitir el endeudamiento a partir del 1 de enero de 2011, a todas aquellas entidades locales que cumplan con la legislación en materia de endeudamiento y de estabilidad presupuestaria, que deban hacer frente a las inversiones que tengan previstas, que estén en fase de ejecución o que formen parte de convenios, de concertaciones o que estén cofinanciados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2010.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el derecho de acceso a la información pública, para su debate en Comisión Política Territorial,
Las Administraciones Públicas tienen el deber de responder de su actuación ante la ciudadanía. No obstante, para ello se requiere el establecimiento de los oportunos mecanismos que permitan el libre acceso de la ciudadanía a la información administrativa.
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común aunque, por un lado, establece el derecho, por otro, lo limita y obstaculiza. Así, en su artículo 37.1 establece que "Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud."
Esta Ley, no obstante, no explicita qué es un expediente, qué documentos deben o no formar parte de él o cuándo se considera que un procedimiento está terminado. Por otro lado, tampoco toda la información que puede ser útil para la ciudadanía y que debería ser trasparente corresponde a un procedimiento administrativo.
El Consejo de Europa ha elaborado el Convenio sobre el Acceso a los Documentos Públicos en que establece este derecho, instando a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias en su ordenamiento jurídico para garantizar "el derecho de cualquiera, sin discriminación de ningún tipo a acceder, bajo petición, a los documentos públicos en posesión de las autoridades públicas", salvo en aquellos posibles límites que se prevean legalmente, por ejemplo, en seguridad nacional. El Convenio Europeo establece que no es necesario justificar las razones para tener acceso a un documento oficial y que la autoridad debe colaborar en la identificación, localización y pronta entrega del mismo. Asimismo, se establece la gratuidad del procedimiento, sin menoscabo de los costes reales de reproducción y entrega que habrán de ser públicos, y la instauración de un proceso de reclamación y apelación rápido y barato.
El Estado español es uno de los cinco Estados de la Unión Europea (junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo) que no disponen de una Ley de acceso a la información pública.
Con el objeto de superar esta anomalía, se creó la Coalición Pro Acceso como una plataforma de la sociedad civil que exige la adopción e implementación de una ley de acceso a la información en el Estado, basada en 9 principios:
El derecho de acceso debe incluir a todos los poderes del Estado, a las entidades que ejercen funciones públicas o que están subvencionadas con fondos públicos, con las únicas limitaciones que establece el artículo 105.b de la Constitución Española: la seguridad nacional, la defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas.
Esta transparencia permitiría un mayor control sobre el destino del dinero público y podría suponer un mecanismo esencial en la lucha contra la corrupción. El reconocimiento de este derecho supondría una profundización en nuestra democracia, fomentaría el interés y la participación ciudadana en los asuntos públicos y abriría una nueva dimensión del derecho de información y de expresión, y por extensión en el trabajo periodístico. Por otro lado, también permitirá abrir un nuevo filón de ocupación para empresas que se dediquen a la búsqueda, sistematización y oferta de datos públicos.
1. Presentar, en el periodo máximo de 6 meses, una Ley de acceso a la información pública para toda la ciudadanía, que obligue a todos los poderes del Estado, a las entidades que ejercen funciones públicas y a aquellas que están subvencionadas con fondos públicos.
2. Limitar el derecho de acceso en dicha Ley únicamente, y debidamente motivado, a aquellos casos que establece la Constitución Española en su artículo 105.b: la seguridad nacional, la defensa del Estado, la averiguación de delitos y la intimidad de las personas.
3. Reconocer en la Ley un trámite para la obtención de la información sencillo, rápido y gratuito que, en caso de incumplimiento o denegación, dé derecho un proceso eficiente de reclamación y apelación
4. Crear una autoridad ad hoc que garantice el derecho al libre acceso a la información pública y, en consecuencia, tenga competencias para obligar a las administraciones a entregar inmediatamente la información solicitada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2010.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001880
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz Joan Ridao i Martín y del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la implantación del software libre en la Administración General del Estado, para su debate en Comisión Política Territorial.
La implementación del software libre en la Administración permitiría una mayor eficiencia presupuestaria que contribuye a la reducción del déficit público (según el expresidente extremeño, Rodríguez Ibarra, supondría un ahorro de más de 1.000 millones de euros), impulsa la evolución del software y fomenta el desarrollo basado en el conocimiento y la innovación, tanto en la Administración Pública como en las empresas TIC locales.
El alto grado de consolidación del software libre está asociado a las ventajas económicas, estratégicas y sociales que el uso, promoción y desarrollo de este tipo de software proporciona, en especial a las Administraciones Públicas, en contraposición al software de licencia propietaria. Algunas de estas ventajas son las siguientes:
- Optimización de la inversión. En el software propietario, gran parte de la inversión económica recae sobre el coste de la licencia del producto, que sólo beneficia a la empresa productora del programa. En el mundo del software libre no hay coste alguno de licencia, ya que ésta otorga el derecho de copiarlo, lo que conlleva el efecto de que los programas son gratuitos o tienen un coste mínimo.
- Fomento de la innovación tecnológica. En la medida en que se efectúen posibles adaptaciones o
mejoras de un programa de software libre, se fomenta la innovación tecnológica del país. Al disponer del código fuente de la aplicación, cualquier técnico o empresa del país puede realizar el desarrollo de las mejoras. No hay que encargarlas a empresas de otros países que trabajan con sistemas propietarios. De esta forma, contribuimos a la formación de profesionales de nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo nuestros propios planes estratégicos. Dado que las mejoras realizadas no tienen, a su vez, restricciones, cualquier otra administración, empresa, institución u organismo pueden beneficiarse de las mejoras introducidas.
En este sentido, los modelos de negocio que apuntan la presente iniciativa permiten convertir la capacidad de compra de la administración en una herramienta más al servicio de la promoción económica y el desarrollo local.
- Independencia del proveedor. Al disponerse del código fuente del programa, cualquier empresa o profesional con conocimientos adecuados puede continuar ofreciendo desarrollos o servicios para la aplicación concreta. En el mundo del software de licencia propietaria sólo quien desarrolló la aplicación puede realizar estos servicios. Con el software libre no se está supeditado a las condiciones del mercado del proveedor; frecuentemente, los proveedores de software de licencia propietaria se ven obligados a dejar de fabricar un producto por un cambio drástico de las condiciones del mercado o, simplemente, porque consideran que ya no podrán rentabilizar la inversión. Disponiendo del código fuente, en cambio, el usuario puede continuar introduciendo por su cuenta mejoras en el programa. El software libre, por su propia naturaleza, no es más inestable, en lo que respecta a la continuidad que el software de licencia propietaria. Al contrario: el software libre puede ser utilizado perfectamente después de haber desaparecido la empresa o grupo de usuarios que lo elaboraron, ya que cualquier técnico informático de cualquier institución puede continuar desarrollándolo, usándolo, mejorándolo y adaptándolo. En cambio, el software de licencia propietaria, tan pronto desaparece la empresa que lo desarrolló está abocado inexorablemente a su desaparición sin que pueda hacerse nada para evitarlo.
? Los sistemas de almacenamiento y de recuperación de la información son públicos. Cualquier persona puede ver y entender cómo se almacenan los datos en un determinado formato o sistema y éstos no quedan ligados a sistemas cerrados tan habituales en el software de licencia propietaria.
Así se garantiza la perdurabilidad de la información.
? Mayor dificultad para introducir código malicioso, espía o de control remoto, ya que el código fuente puede ser revisado y se pueden detectar posibles "puertas traseras" ("backdoors"). En el software de licencia propietaria nunca podremos saber si los programadores originales introdujeron, bien por propia iniciativa, bien por encargo de la empresa, "puertas traseras" que pongan en peligro la seguridad del sistema o la privacidad de los datos.
- Seguridad nacional. En el mundo del software libre, cualquier persona o empresa puede revisar el código y comprobar que no se ha introducido ningún código malicioso; y, a su vez, cualquier entidad puede añadir libremente a la aplicación que utiliza cualquier codificación adicional para proteger sus datos.
Éstas y otras ventajas han hecho que el uso, el desarrollo y la difusión del software libre haya llegado a las Administraciones Públicas de muchos Estados. El Gobierno chino ha optado por que una versión en chino del GNU/Linux sea el sistema de toda su Administración. Perú, México y Brasil están adoptando medidas similares.
Hay que mencionar también, en este ámbito europeo, las iniciativas legislativas del Estado francés; el Proyecto de Ley de Lafitte, Tregout y Cabanel, y el
Proyecto de Ley de Le Déaut, Paul y Cohen, con objetivos parecidos: que la Administración pública francesa utilice software libre.
Cabe destacar que las iniciativas legislativas encaminadas a promover el uso de este tipo de software en las Administraciones Públicas de la Unión Europea garantizan el "derecho a la compatibilidad" del software y, por lo tanto, proporcionan los mecanismos necesarios para llevar a la práctica el principio de in-teroperatividad de la Directiva europea sobre el software de 1991.
Las herramientas que proporciona el Programario Libre (PL) cada vez son más utilizadas entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones.
Asimismo, y de manera explícita, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos señala, en su artículo 4, que "las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos" y en su artículo 6 establece el derecho de los ciudadanos a "escoger las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las Administraciones Públicas, siempre y cuando utilicen estándares abiertos". En este sentido, el programario libre siempre utiliza los estándares abiertos y, por tanto, es el único que siempre puede garantizar el total cumplimiento de estos preceptos legales.
La Administración del Estado, como institución responsable del desarrollo tecnológico y de la democratización del acceso a las nuevas tecnologías en la sociedad española, no puede mantener una actitud pasiva ante los sucesivos cambios y ventajas tecnológicas que la irrupción del software libre "free software/open source" ha traído en estos últimos años.
En el ámbito empresarial hay que mencionar que grandes empresas informáticas, como IBM, Hewlett Packard, Apple y Sun, ofrecen apoyo técnico, financiero y comercial al software libre. Por ejemplo, hoy día, IBM permite la ejecución de GNU/Linux en sus "mainframes" (grandes ordenadores), Hewlett Packard instala GNU/Linux en sus servidores, las nuevas versiones del sistema operativo de los ordenadores Apple (MacOS X) están basadas en software libre (FreeBSD) y Sun participa activamente en el desarrollo de software libre (proyecto Apache, herramientas de programación JAVA, proyecto Mozilla, y la aplicación ofimática OpenOffice, por poner algunos ejemplos).
El objetivo de la presente iniciativa es que la Administración del Estado constituya el principal eje motor de estos cambios tecnológicos incentivando el desarrollo, la distribución y el uso de este tipo de software, basado en licencias de código abierto ("open/free software") en el Estado español y, en especial, en el seno de la misma Administración.
En esta línea el programario libre debe garantizar las cuatro libertades que establece la Free Software Foundation:
1. Libertad de usar el programa para cualquier finalidad.
2. Libertad de estudiar como funciona el programa y de modificarlo.
3. Libertad de redistribuir copias.
4. Libertad para mejorar el programa y distribuir las mejoras al público.
Estas libertades permiten la "reproducción", "transformación", "comunicación pública" y "distribución" del programa original. Y, para hacerlas efectivas, es necesario el acceso al código fuente. Asimismo, las licencias deben garantizar que los usuarios utilicen la misma licencia libre en las mismas condiciones, de manera que se elimine la posibilidad de privatizar el programario, es decir, que se redistribuya bajo una licencia que no sea libre.
1. Presentar, en el plazo de dos meses, ante esta Cámara, un plan de implantación general del software libre en la Administración General del Estado, en detrimento del software de licencia propietaria.
2. Definir, en el marco de dicho plan, una estrategia de difusión, promoción y distribución de software libre en las distintas lenguas oficiales del Estado, en el seno de todas las instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas y, en especial, en las Administraciones locales y en el mundo educativo. Este plan será difundido mediante los organismos competentes y, simultáneamente, fomentará la industria informática de las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano.
3. Admitir el derecho de modificación, copia y redistribución del software propiedad del Estado, así como la obligatoriedad de licenciar en las mismas condiciones los productos derivados de su modificación por parte de terceros. Este software será puesto a disposición de toda la ciudadanía en un servidor público.
4. Contemplar un proceso de pedagogía, formación y de asistencia en la migración para la implementación del software libre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de agosto de 2010.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre creación de una red de laboratorios de seguridad alimentaría, para su debate en la Comisión de Sanidad y Política Social.
Los laboratorios que realizan el control oficial de alimentos son imprescindibles dentro del sistema europeo de seguridad alimentaria, donde la responsabilidad de poner en el mercado alimentos seguros recae en el operador económico y a la administración corresponde el control del cumplimiento de la legislación vigente. Estos laboratorios que realizan técnicas para la determinación de los componentes, residuos y contaminantes de los alimentos son un elemento fundamental para mantener unos niveles altos de seguridad alimentaria.
En materia de seguridad alimentaria las Comunidades Autónomas desempeñan un papel fundamental, realizando las actuaciones de control oficial; las competencias que corresponden al Estado se distribuyen entre distintos Departamentos Ministeriales, coordinándose todos ellos a través de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición). Cada Administración dispone de distintos tipos de laboratorios implicados en algunos de los aspectos de la seguridad alimentaria, existiendo también laboratorios de iniciativa privada. A pesar de que España cuenta con una amplia oferta de recursos analíticos es necesaria una mejor coordinación para ser más eficientes.
Los cambios incorporados en la legislación alimentaria europea en relación con los controles analíticos, entre los que cabe destacar la obligatoriedad de realizar el control sobre multitud de parámetros, la garantía de calidad de los métodos empleados, y la validez intrínseca de los resultados analíticos proporcionados por los laboratorios oficiales, hace necesaria la plena implantación de sistemas de calidad y de acreditación. Para cumplir debidamente la legislación europea es aconsejable la colaboración entre todas las administraciones públicas, impulsando una red de laboratorios de control oficial que permita la optimización de recursos analíticos; de esta manera se facilitará el cumplimiento por cada administración de sus obligaciones en esta materia dado que los niveles y capacidades de acreditación de los distintos laboratorios tanto en las Comunidades Autónomas como en la Administración General del Estado son muy variables.
- Crear una red de laboratorios de seguridad alimentaria coordinada a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición como organismo encargado de favorecer la colaboración entre las Administraciones Públicas y los distintos sectores interesados en la seguridad alimentaria.
- Fomentar la participación en dicha red de los laboratorios, públicos o privados, que participen en trabajos de control oficial en materia de seguridad alimentaria por designación de las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y los dependientes de la Administración General del Estado.
- Que para el mejor aprovechamiento de las capacidades individuales y conseguir ser más eficientes, la red tenga una cartera de servicios en el ámbito de seguridad alimentaria con las compensaciones correspondientes.
- A impulsar conjuntamente con las Comunidades Autónomas el incremento de las técnicas acreditadas, para lo cual se desarrollará un programa específico con la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2010.-Pilar Grande Pesquero, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001877
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada de subvenciones y publicidad institucional en los grupos mediáticos que realizan publicidad de prostitución, para su debate en la Comisión de Igualdad.
En las conclusiones del "Informe de la Ponencia sobre la prostitución en nuestro país", aprobado en la primavera de 2007 en el Congreso de los Diputados, se acordó "solicitar a los medios de comunicación que en el marco de sus códigos deontológicos se planteen la renuncia a la publicidad relacionada con el comercio sexual para impedir el negocio de las organizaciones mafiosas dedicadas al comercio sexual".
Sin embargo, dos años más tarde se constata que la renuncia a este tipo de publicidad no se ha producido y que, por tanto, se sigue subvencionado el negocio de las organizaciones mafiosas, según las propias palabras de la Comisión.
Un Parlamento que se ha expresado claramente en su compromiso por la erradicación de las redes mafiosas que explotan sexualmente a mujeres debe combatirlas en toda su extensión.
- No subvencionar ni realizar publicidad institucional en aquéllos grupos mediáticos que, desoyendo las recomendaciones de este Parlamento, realizan publicidad de la prostitución y hasta que no se proceda a la regulación de la prostitución y su publicidad."
161/001870
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Comité Evaluador de los Objetivos del Milenio, para su debate en Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido elegido por la ONU para impulsar la reunión internacional donde se revisarán el cumplimiento de los Objetivos del Milenio que tendrá lugar en septiembre en Nueva York.
Zapatero copresidirá este grupo con el Presidente de Ruanda, Paul Kagame, que está acusado de genocidio y tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por la muerte violenta de nueve españoles en Ruanda y en la República Democrática del Congo en los años 1994, 1996, 1997 y 2000, además de innumerables víctimas ruandesas y congoleñas en dichos periodos.
Si bien valoramos el gesto del Presidente de Gobierno de no recibir al Presidente Ruandés, Paul Kagame, entendemos que no es suficiente, que es necesario ir más allá y reconsiderar nuestra presencia en el Comité encargado de evaluar los Objetivos del Milenio.
1. Solicitar al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, la destitución de Paul Kagame como copresidente del Comité Evaluador de los Objetivos del Milenio atendiendo a su imputación en crímenes internacionales.
2. En caso de que la ONU no tenga en cuenta dicha solicitud, el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, abandonará la copresidencia de dicho Comité en aras de la imagen internacional de nuestro país y en pro de la defensa de los derechos humanos de Ruanda."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2010.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001879
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la plena gestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En 2004, el Ministerio de Asuntos Exteriores pasó a denominarse Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este cambio nominal pretendía ser la visualización de un cambio cualitativo de la Cooperación estatal y de su relevancia en las políticas gubernamentales.
En virtud de ello, sería lógico que fuera precisamente este Ministerio quien asumiera las competencias de desarrollar la política y el gasto de Cooperación correspondiente al gobierno español. No obstante, no gestiona ni la mitad del Presupuesto computado como AOD bilateral, que es asumido por una diversidad de Ministerios.
Esto, más allá de cuestionar la propia voluntad del gobierno expresada mediante la modificación nominal del Ministerio, cuestiona también la eficiencia y eficacia de la ayuda, el aprovechamiento de los recursos e incluso las finalidades que deben perseguir las políticas de cooperación al desarrollo de los países empobrecidos.
Así, se considera necesario que sea el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación quien centralice y controle toda la Ayuda Oficial al Desarrollo implementada por el gobierno español, sin menoscabo de que se creen los mecanismos de colaboración adecuados con otros Ministerios para la implementación de todos aquellos proyectos, programas o acciones que se consideren oportunos en virtud de la necesidad de una oportuna y concreta especialización y experiencia.
1. Realizar las modificaciones legales oportunas con el fin de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sea quien centralice y gestione toda la Ayuda Oficial al Desarrollo del Gobierno español.
2. Establecer, desde la gestión centralizada del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los canales oportunos para la colaboración de los diversos Ministerios para el buen desarrollo en la implementación de los proyectos, programas o acciones que motivadamente, en virtud de la eficiencia y eficacia, se consideren oportunos.
3. Enviar un informe anual, en el primer semestre del año con los datos del año anterior, a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo sobre la participación de otros Ministerios en la Ayuda Oficial al Desarrollo, la justificación de dicha participación en detrimento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y los resultados obtenidos en virtud de esta."
161/001866
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al aumento de la pluralidad política en el Grupo de Trabajo de "Autocaravanas" G 53, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
España cuenta con un parque de autocaravanas cercano a los 30.000 vehículos, además de los turistas y viajeros de otros países, más de 400.000 al año, que utilizan este medio de transporte, para su estancia en España o en tránsito hacia otros destinos.
El aumento de personas que eligen la Autocaravana como medio de transporte hace necesaria una regulación más específica sobre infraestructuras, señalización, servicios y reglamentación, para estos vehículos, que facilite la utilización de la Autocaravana en nuestro país.
Para dar cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad en el Pleno del Senado el 9 de mayo de 2006, se creó el Grupo de Trabajo de "Autocaravanas", G 53, constituido en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, el 18 de enero de 2007.
Este Grupo de Trabajo está constituido por una Diputada del Partido Socialista, la Directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y representantes de la Dirección General de Tráfico, de los Ministerios de Interior, de Fomento, de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Federación Española de Municipios y Provincias, Plataforma Autónoma de Autocaravanas y Asociación de fabricantes, distribuidores y comerciantes de autocaravanas.
El Grupo Parlamentario Popular cree que sería necesaria una representación parlamentaria plural en este Grupo de Trabajo, para que no quede reducido a la presencia exclusiva de un representante del Grupo Socialista.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Grupo de Trabajo de ''Autocaravanas'', G 53, constituido en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, tenga una representación plural de los grupos parlamentarios y que el mismo no se reduzca a la presencia en exclusiva de una Diputada del Grupo Parlamentario Socialista."
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2010.-Carmen Guerra Guerra, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001869
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la elaboración de criterios técnicos sobre elementos y diseños urbanos que aporten mayor seguridad a los pasos de peatones, para su debate en Comisión no permanente de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico.
Los pasos de peatones suponen un espacio de referencia y seguridad para el tránsito de personas en las vías de circulación y en las diversas modalidades, tanto en los regulados por semáforos, como en aquellos que no lo están.
Sin embargo, es preciso recordar que en Europa mueren más de 8.000 personas cada año por atropello, y nuestro país es el 2.° país de Europa con mayor número de fallecidos por millón de habitantes, 14, tan sólo superado por Eslovenia con 18.
Debemos señalar que el 43 % de los fallecidos cruzaba la vía fuera de los pasos habilitados para ello, lo que nos sitúa en el 2.° puesto europeo detrás de Holanda.
En lo relativo a los espacios en que fueron atropellados, es de destacar que el 52 % lo fue en travesías y zonas urbanas, lo que nos coloca ante una realidad ante la que hay que reflexionar y priorizar.
Es evidente que, si un porcentaje de un 57 % de peatones fue atropellado en pasos habilitados para esa finalidad, tenemos un problema al que hay que darle solución.
Los pasos regulados por semáforos y las grandes avenidas registran menos atropellos que los pasos sin regulación semafórica, donde la visibilidad se reduce por las condiciones de circulación, aparcamientos en los límites de los pasos de patones, mobiliario urbano, señalización, vehículos de gran tamaño de carga y descarga, etc.
Nos dicen las estadísticas que el 25 % de los conductores no respeta los pasos de cebra y esto supone una dificultad añadida para la resolución de este tipo de actuaciones.
A lo largo de las décadas se han incorporado sistemas de regulación por semáforos, o sonidos para ayudar a los invidentes, o indicadores de tiempo de duración para poder cruzar las calles. Hoy sería necesario, en las zonas céntricas, cascos urbanos, zonas semipeatonales y otros espacios que combinan el caminar y el tráfico, aplicar nuevos sistemas que den seguridad tanto al peatón como al conductor.
Sabemos que un atropello a partir de 70 km/h es una muerte segura, que a 50 km/h el riesgo de muerte es del 75 % y que a 30 km/h se pueden evitar tres de cada cuatro atropellos.
El peatón es el elemento más vulnerable del sistema de movilidad, por lo que requiere plantear, de forma decidida, medidas de prevención de conductas de riesgo y de protección de las personas que se desplazan a pie.
Las medidas de pacificación de tráfico y la extensión de las zonas peatonales y de las zonas de convivencia o Zonas 30 km/h deberían implementarse en nuestras ciudades, tal y como se ha comprobado en la práctica en muchas ciudades europeas y españolas, en las que se ha logrado disminuir los lesionados por atropello a la mitad.
Consideramos que debieran priorizarse acuerdos entre los sectores de la gestión de la movilidad y del urbanismo, con el fin de consensuar unos criterios técnicos básicos del diseño de las vías que comparten peatones y modos motorizados así como del diseño y los elementos reguladores de los cruces, con el objetivo de mejorar la seguridad de las vías públicas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar avanzando en la mejora de la normativa y disposiciones técnicas vigentes sobre pasos de peatones y reductores de velocidad que se vienen empleando
para su instalación y señalización de la Red de Carreteras del Estado.
Asimismo, el Congreso de los Diputados considera adecuado que el resto de Administraciones con competencias en carreteras adopten criterios técnicos similares y homogéneos relativos a dichos elementos, particularizándolos para las características propias de sus vías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de julio de 2010.-Domingo Miguel Tabuyo Romero y Carlos Corcuera Plaza, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/003043
¿Confirma el Gobierno que la denegación del uso del espacio aéreo para la realización de prácticas por parte de aviones de la Royal Air Force británica en la zona de Gibraltar "entra en la normalidad habitual en las relaciones que España mantiene con Reino Unido en lo que se refiere a Gibraltar", tal y como expresaron fuentes del Ministerio de Exteriores el pasado día 30 de junio de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de julio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/003044
¿Qué valoración tiene el Ministerio de Exteriores sobre la nota verbal que ha remitido la embajada británica a ese ministerio por el supuesto grave incidente entre la Marina británica y la Guardia Civil, máxime cuando es la benemérita la que sufre el mayor hostigamiento en las aguas territoriales españolas que rodean la colonia británica?
181/003045
¿Puede garantizar el Gobierno que la entrada y salida de aeronaves del aeropuerto de Gibraltar no afecta a la seguridad del espacio aéreo español?
181/003013
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio del Interior ante el colapso que se produce en las oficinas de expedición de DNI y pasaporte cada verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2010.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/003042
Diputado don Francisco Ricomá de Castellarnau
¿Por qué motivos, el 12 de julio de 2010, fue prohibida por la Subdelegación del Gobierno de Tarragona la celebración de una reunión de trabajo en la Oficina Sindical de la Confederación Española de Policía, ubicada en la Comisaría de Policía de la ciudad de Tarragona, sita en la Plaza de Orleans, entre representantes de dicho Sindicato y un miembro del Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de julio de 2010.-Francisco Ricomá de Castellarnau, Diputado.
181/003017
Diputados don Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz
¿Qué número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, son personas físicas declarantes del IRPF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Ana María Madrazo Díaz, Diputados.
181/003018
¿Qué número de contribuyentes han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.
181/003019
¿Qué número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en Liechtenstein, son personas jurídicas declarantes del impuesto sobre sociedades?
181/003020
¿Cuál es el importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en
Liechtenstein, que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas?
181/003021
¿Cuál es el procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas "opacas" depositadas en Liechtenstein?
181/003022
¿Cuál es el importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda pública como consecuencia de las cuentas depositadas en Liechtenstein no declaradas?
181/003023
¿Cuáles son los motivos por los que no se han iniciado actuaciones de Inspección Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en Liechtenstein?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza y doña Ana María Madrazo Díaz, Diputados.
181/003024
¿Se aplicarán a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en Liechtenstein sanciones tributarias graves o muy graves o únicamente recargos por presentación extemporánea de declaraciones?
181/003025
¿Cuál es el número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Liechtenstein, en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales?
181/003026
¿Tiene previsto la Agencia Tributaria dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en cuentas en Liechtenstein?
181/003027
¿Tiene previsto la Agencia Tributaria la investigación del origen de los fondos descubiertos en Liechtenstein, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita?
181/003028
¿Cuál es el importe de las cuotas que, según estimaciones de la Agencia Tributaria, se han dejado de ingresar a la Hacienda pública como consecuencia de las cuentas depositadas en el HSBC de Suiza no declaradas?
181/003029
¿Cuáles son los motivos por los que no se han iniciado actuaciones de Inspección Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de cuentas opacas en el HSBC de Suiza?
181/003030
¿Cuáles son los criterios empleados por la Agencia Tributaria para determinar los tipos de sanciones aplicables a estos expedientes y su graduación?
181/003031
¿Se aplicarán a los expedientes iniciados por la Agencia Tributaria para regularizar la situación de los titulares de fondos depositados en cuentas en el HSBC de Suiza sanciones tributarias graves o muy graves o únicamente recargos por presentación extemporánea de declaraciones?
181/003032
¿Cuál es el número de expedientes procedentes de cuentas no declaradas en Suiza en los que se han iniciado actuaciones dirigidas a determinar la existencia de posibles delitos fiscales?
181/003033
¿Tiene previsto la Agencia Tributaria dar el tratamiento de ganancia de patrimonio no justificada a los fondos depositados en las cuentas del HSBC suizo?
181/003034
¿Tiene previsto la Agencia Tributaria la investigación del origen de los fondos descubiertos en el HSBC suizo, a los efectos de determinar los posibles delitos que se puedan derivar de una obtención ilícita?
181/003035
¿Cuál es el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria en relación al llamado "caso Liechtenstein"?
181/003036
¿Tiene previsto el Ministerio de Economía y Hacienda impulsar actuaciones legislativas que eliminen el trato fiscalmente favorable del que disfrutan en la actualidad los titulares de rendimientos derivados deuda pública y obtenidos a través de Paraísos Fiscales?
181/003037
¿Cuál es el procedimiento iniciado por la Agencia Tributaria para requerir a los contribuyentes titulares de las cuentas "opacas" depositadas en el HSBC de Suiza?
181/003038
¿Qué número de contribuyentes han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que procedan a declarar los fondos depositados en cuentas en el HSBC suizo?
181/003039
¿Qué número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC suizo, son personas físicas declarantes del IRPF?
181/003040
¿Qué número de contribuyentes, requeridos por la Agencia Tributaria para declarar las rentas procedentes de fondos depositados en el HSBC suizo, son personas jurídicas declarantes del impuesto sobre sociedades?
181/003041
¿Cuál es el importe total de los fondos detectados por la Agencia Tributaria en cuentas depositadas en el HSBC de Suiza que no han sido declarados por los contribuyentes titulares de las mismas?
181/003007
¿Cuál es el grado de ejecución de las obras de prolongación del tercer carril de la Ronda Este, en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
181/003008
¿Cuál es el grado de ejecución de las obras de la travesía de San Pedro de Alcántara, en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de junio de 2010.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.
181/003009
¿Cuál es el grado de ejecución de las obras del acceso sur al aeropuerto de Málaga?
181/003016
¿Cuál es el número de incidentes que se han producido en la Bahía de Algeciras (Cádiz), con las llamadas gasolineras flotantes (buques que sirven de almacenamiento de combustible para empresas gibraltareñas de bunkering)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2010.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/003010
¿Cuál es el estado de tramitación del nuevo Instituto Nacional de la Seguridad Social en la ciudad de Málaga?
181/003005
¿Cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo en la mejora de los regadíos en la provincia de Málaga desde el año 2004 hasta la fecha?
181/003006
¿Cómo se encuentran los estudios de yacimientos para extraer arenas dirigidas a la regeneración de playas en la provincia de Málaga?
181/003015
Diputado doña Carmen Quintanilla Barba
¿Cuáles son las conclusiones del encuentro entre el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua español con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián Andrés Domínguez, en el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 2010.-Carmen Quintanilla Barba, Diputado.
181/003014
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
Diputada doña Carmen Quintanilla Barba
¿Podría explicar la Sra. Ministra a qué partidas concretas va a afectar el recorte de gasto social del Gobierno?
181/003011
¿Cuál es el balance, hasta la fecha, del Programa de Cultura Científica y de la Innovación, incorporado a los programas de trabajo 2009 y 2010 del Plan Nacional de I+D+i 2008-2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de julio de 2010.-Luis Juan Tomás García, Diputado.
181/003012
¿Qué importancia ha adquirido la dimensión social del Espacio Europeo de la Investigación, como una manera transversal de fomento de la excelencia científica y tecnológica, a la vez que una herramienta útil para la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social?
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, y teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número de registro 137145, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Fomento, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Núm. expte.: 184/087662 Núm. registro: 102199
Objeto iniciativa: Publicación de las conclusiones del estudio funcional del corredor ferroviario de altas prestaciones Madrid-Avila-Salamanca referidos al tramo El Escorial-Ávila (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/76299).
Publicación: BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 429, de 14 de julio de 2010, pág. 21
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/003046.
Sentencia dictada por dicho Tribunal en las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas números 2755/2007 y 7291/2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, respecto al artículo 148.4.º del Código Penal en la redacción dada al mismo por el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como votos particulares formulados a la misma.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados, ha pronunciado
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 2755-2007 y 7291-2008, planteadas por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Albacete, respecto al artículo 148.4.° del Código Penal, en la redacción dada al mismo por el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Tribunal.
Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 2755-2007 y 7291-2008.
Dada en Madrid, a 22 de julio de 2010.
2: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el Pleno del citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 5003/2007, planteada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Albacete, en relación con los artículos 148.4 y 153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por posible vulneración de los artículos 1.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 14, 17, 24.2 y 25.1 de la Constitución, así como votos particulares formulados a la misma.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta; don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez y don Manuel Aragón Reyes, Magistrados, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 5003-2007, planteada por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Albacete, respecto a los artículos 148.4 y 153.1 del Código Penal, en la redacción dada a los mismos por los artículos 36 y 37, respectivamente, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Han comparecido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 28 de julio de 2010.
093/000019
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco-Go-bierno.
Convenio de colaboración con la Administración de la Generalitat de Cataluña para la cesión de la aplicación informática denominada "Pla de Govern-PdG".
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA, Y LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO VASCO PARA LA CESIÓN DE LA APLICACIÓN DENOMINADA "PLA DE GOVERN (PDG)"
En Barcelona, a ... de ... de 2010.
De una parte, don Isaías Táboas i Suárez, Secretario General de la Presidencia, que actúa en representación de la Administración de la Generalidad de Cataluña, autorizado para la firma de este Convenio en virtud de la Resolución del Muy Honorable Presidente de la Generalidad de XX de XX de 2010;
De otra parte, la Secretaria General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco, doña Virginia Múgica Conde, en representación del Gobierno Vasco, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 11 del Decreto 1/2010, de 12 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de la Presidencia del Gobierno-Lehendakaritza y de la autorización conferida por el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2010.
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para formalizar este acto, y
Primero. Las Secretarías Generales otorgantes del presente Convenio tienen atribuida, entre otras, la función de impulso y desarrollo de las relaciones de cooperación, coordinación, planificación conjunta y articulación interdepartamental en el ámbito de sus respectivas Administraciones, así como la definición, coordinación y ejecución de las políticas públicas que deban desarrollarse en ese mismo ámbito.
Segundo. Ambas partes son conscientes de que con la progresiva implantación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas resulta necesario potenciar la utilización de nuevos instrumentos que faciliten la ordenación de la actividad del Gobierno y el seguimiento de los compromisos establecidos, tanto a nivel interno como externo, para la rendición de cuentas al Parlamento, siguiendo, en todo caso, los principios de Buen Gobierno de la ciudadanía.
Tercero. La Administración de la Generalidad de Cataluña ha diseñado, elaborado y desarrollado la aplicación informática, denominada "Pla de Govern-PdG", que permite a los departamentos y al Gobierno de esa Comunidad Autónoma el seguimiento y la coordinación de la acción de Gobierno, persiguiendo con ello la mayor eficacia de dicha acción para la consecución del interés público.
Cuarto. En el marco de la Planificación de la Acción de Gobierno, resulta asimilable la actividad que desarrollan ambas Administraciones, resultando, por tanto, de gran interés para el Gobierno Vasco la utilización de la aplicación informática "PdG", en la medida en la que dicha herramienta puede proporcionar la misma utilidad que le otorga al Gobierno de la Generalidad en la ordenación de la acción de gobierno sobre la base de la defensa de los intereses generales a la que están obligadas las Administraciones Públicas.
Quinto. La aplicación informática "PdG" consta de identificación de líneas estratégicas, objetivos estra
tégicos, actuaciones e indicadores para tres tipologías de planificación:
Planes Departamentales.
Planes Interdepartamentales.
La aplicación contiene, además, informes de seguimiento del cumplimiento del Plan de Gobierno, de los planes departamentales y de los planes interdepartamentales. Asimismo, incluye un archivo a modo de biblioteca de la acción de Gobierno e incorpora una base de datos de noticias que recoge elementos relevantes para el seguimiento de los planes.
Los indicadores de evaluación se incorporan al sistema una sola vez y se utilizan para el Plan Departamental o Interdepartamental que corresponda.
Asimismo, si resultan relevantes para la Presidencia se reutilizan para el Pla de Govern y, en el caso de ser indicadores que forman parte del Presupuesto, una vez asignados al servicio-programa, son reutilizados a su vez por los órganos competentes en materia de gestión y control presupuestario.
Finalmente, la aplicación incorpora mecanismos de seguridad a través de la identificación de usuarios y perfiles.
Sexto. La Administración de la Generalitat de Cataluña es titular de la propiedad intelectual de la aplicación informática "PdG" y, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 11/2087, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las Administraciones Públicas titulares de derechos de propiedad intelectual de aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier Administración.
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, las partes estiman conveniente suscribir un convenio que materialice la colaboración entre ambas, el cual se regirá por las siguientes
El objeto del presente convenio es la cesión, no exclusiva, del uso de la aplicación informática denominada Pla de Govern (en adelante, PdG), por parte de la Administración de la Generalidad de Cataluña, a través del Departamento de la Presidencia, al Gobierno Vasco, con el fin de que utilice la citada aplicación en el seguimiento y en la coordinación de la acción del Gobierno Vasco, a través de la Secretaria General de Coordinación de la Presidencia.
Segunda. Contenido y alcance de la cesión.
La cesión del derecho de uso de la aplicación informática PdG, por parte de la Administración de la Generalidad de Cataluña, lleva aparejada la entrega de la siguiente documentación:
- Documento general: arquitectura del sistema, modelo de datos, principales funcionalidades.
- Diseño de nuevas funcionalidades (implantadas a partir de 2008).
- Relación de evolutivos y correctivos aplicados a partir de 2008: Descripción de las tareas.
- Análisis funcional, diseño técnico, manuales de usuario y de explotación.
Asimismo, la cesión incluye la entrega de los componentes de software a instalar en los servidores:
- Proyecto PdG
? Ficheros .java (código Java)
? Ficheros .class (compilación de los ficheros .java)
? Ficheros .html (páginas web estáticas)
? Ficheros .css (hojas de estilo)
? Ficheros .js (código Javascript)
? Ficheros .properties (ficheros de propiedades)
? Ficheros .xml (ficheros de configuración, etc.)
? Fichero .strutside (.strutsconfig.xml.strutside: fichero strutsconfig.xml compilado)
? Ficheros .txt (Ilegeixme.tx)
? Fichero .fla (antiguo código fuente Flash descatalogado)
? Ficheros .jar (librerías)
? Ficheros .jpg (imágenes)
? Ficheros .png (imágenes)
? Ficheros .gif (imágenes)
? Ficheros .swf (ficheros flash compilados)
? Ficheros .xcf.bz2 i psd (ficheros fuentes de imágenes)
? Ficheros .jrxml (plantillas / fuentes de los reports)
? Ficheros .jasper (plantillas de los reports compiladas)
? Ficheros .tld (librerías con definiciones de los tags)
? Exportación completa de la base de datos, "dmp" (incluidos índices-Primary Keys (PK) y Foreign Keys (FK), con todos su elementos (tablas, vistas, índices y procedimientos almacenados) pero sin datos (a excepción de los datos de las tablas básicas que contienen datos por defecto y contribuyen a la detección de posibles errores, pero en scripts separados).
? Roles que son usuarios del esquema de BBDD y volumetría de la base de datos (en base a los datos que están actualmente almacenados) que permita dimensionar los tablespaces.
- Proyecto PDGFlexCharts (generación de los componentes flex)
? Ficheros .as (actionscripts)
? Ficheros .swc (componentes fla)
? Ficheros .ttf (fuentes)
? Ficheros .htm (páginas web estáticas)
? Ficheros .xml (build.xml, ficheros pruebas)_
? Ficheros .mxml (código de flex)
? Ficheros .jsp
El material y la documentación descrita en esta cláusula se pondrán a disposición del cesionario en versión original (catalán).
La cesión de la aplicación PdG implica la autorización para que el Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia, pueda hacer uso de los siguientes derechos de explotación:
- Reproducción, total o parcial, ya sea permanente o transitoria, de la aplicación.
- Transformación, traducción, adaptación o arreglo de la aplicación y la reproducción de los resultados de dicha transformación.
Cualquier acto de comunicación pública o la cesión a terceros de la aplicación informática cedida o las sucesivas versiones de la misma, incluyendo las imágenes que pudieran existir, por parte de la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco requerirá autorización expresa y por escrito de la Secretaria General del Departamento de la Presidencia de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
La Administración de la Generalidad de Cataluña cede, sin contraprestación pecuniaria a cambio y con carácter no exclusivo, a la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco, la aplicación informática PdG, con la totalidad de los elementos y la documentación descrita en la cláusula anterior que hagan posible su utilización en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos que se establecen en este Convenio.
Además, la Administración de la Generalidad de Cataluña cederá, sin contraprestación pecuniaria a cambio y con carácter no exclusivo, a la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco, las sucesivas versiones de la aplicación informática "PdG" que deriven de los desarrollos evolutivos que se realicen en la misma durante la vigencia del presente Convenio.
A la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco le corresponde la implantación, la puesta en funcionamiento y parametrización de la aplicación informática cedida, de acuerdo con las características de su sistema organizativo y funcional.
Asimismo, la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno Vasco se compromete, por su parte, a:
a) Ceder a la Administración de la Generalidad de Cataluña, sin contraprestación pecuniaria a cambio, las sucesivas versiones que realice durante la vigencia del presente Convenio en la aplicación objeto de cesión tanto para su adaptación lingüística como para las mejoras técnicas o evolutivas que la utilización de la aplicación demande en cuanto instrumento de ordenación de la acción de Gobierno.
b) Adoptar las medidas necesarias que eviten el tratamiento o acceso no autorizado o su utilización con finalidad distinta de la cesión prevista en el presente convenio.
c) Asumir el gasto generado por la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de la aplicación informática que se cede, asumiendo el asesoramiento técnico y jurídico que sea necesario para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática "PdG".
Cuarta. Carácter no pecuniario de las contraprestaciones de las partes.
La cesión objeto del presente convenio de colaboración se efectúa sin contraprestación pecuniaria alguna, tanto en lo que se refiere a la aplicación informática original como a las sucesivas versiones de la misma que pudiera articular la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco o la Administración de la Generalidad de Cataluña.
Con el fin de garantizar una adecuada coordinación en el desarrollo y ejecución de este convenio de colaboración se constituye una Comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de la Administración de la Generalidad de Cataluña y dos representantes del Gobierno Vasco, designados, los primeros, por el titular de la Secretaría General del Departamento de Presidencia y, los segundos, por la titular de la Secretaría General de Coordinación de la Presidencia del Gobierno-Lehendakaritza.
Asimismo, a las reuniones de la Comisión de se-guimiento puede asistir, con voz y sin voto, el personal técnico o asesor de cualquiera de las partes cuando su presencia se considere conveniente por los miembros de la Comisión.
La Comisión se reunirá al menos una vez al año con el fin de intercambiar información sobre las previsiones de evolución de la aplicación, compartir desarrollos evolutivos de la misma o proponer la revisión y/o modificación del convenio cuando se produzca cualquier circunstancia que altere su contenido.
La Comisión de seguimiento conocerá de las cuestiones de interpretación y aplicación del Convenio.
El presente Convenio surtirá efectos a los sesenta días de su comunicación a las Cortes Generales, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, siendo prorrogable por períodos anuales de forma expresa por el mutuo acuerdo de las partes firmantes.
El presente Convenio podrá resolverse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
? Denuncia expresa de cualquiera de las partes, estableciéndose un plazo de preaviso de dos meses.
? Incumplimiento de las cláusulas del Convenio.
? Mutuo acuerdo de las partes.
Séptima. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción aplicables.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa estando regulado por los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las cuestiones derivadas de su interpretación serán resueltas por la Comisión de seguimiento, en defecto de acuerdo y, en última instancia, serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y, en prueba de conformidad, en el ejercicio de las facultades que legalmente les corresponden, ambas partes firman este documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y la fecha señalados en el encabe-zamiento.