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Timestamp: 2020-07-09 19:00:33
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﻿ LA CRISIS DE LA PRUDENCIA EN LA CONVERGENCIA CONTABLE INTERNACIONAL
CONTENIDO:EL USO DE PROVISIONES Y DETERIOROS COMO PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD CREATIVA Y LA NECESIDAD DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD CON UNA PERSPECTIVA DEL INVERSOR, EN CONCORDANCIA CON LOS CÓDIGOS DE GOBIERNO CORPORATIVO, SON ALGUNAS DE LAS CAUSAS PARA QUE EL MARCO CONCEPTUAL IASB-FASB 2010 NO INCLUYA EL CRITERIO DE PRUDENCIA, AMPLIAMENTE UTILIZADO EN LAS REGULACIONES CONTABLES LATINAS, QUE SE VERÍAN AVOCADAS A REALIZAR NUEVAS ADAPTACIONES DERIVADAS DE LA CONSECUENTE PUBLICACIÓN DE ESTÁNDARES CON CRITERIOS MENOS CONSERVADORES, COMO LA NIIF 13.
TÍTULO:LA CRISIS DE LA PRUDENCIA EN LA CONVERGENCIA CONTABLE INTERNACIONAL
AUTOR:MEJÍA, JUAN FERNANDO
REVISTA INTERNACIONAL LEGIS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA N°:48, OCT.-DIC./2011, PÁGS. 135-182
La crisis de la prudencia en la convergencia contable internacional
Docente NIIF Universidades Pontificia Javeriana,
Externado de Colombia y del Azuay (Ecuador)
Consultor empresarial en NIIF
El 9 de junio del 2011, Paul Pacter, director del IASB (International Accounting Standard Board), señaló que “los estándares internacionales de contabilidad, son esencialmente consistentes con la perspectiva del inversor a que se refiere el documento Modelo Comprensivo para el Reporte de Información Financiera para Inversores” (Pacter 2011), desarrollado entre 2002 y 2007 por el Instituto de Analistas Financieros Certificados (CFAI, por su sigla en inglés), cuya visión es propiciar que “los mercados financieros sean equitativos, libres y eficientes para que cada inversor tenga la oportunidad de obtener un rendimiento justo”(1).
El denominado Modelo CFAI se refiere a la “perspectiva del inversor” para defender que los estados financieros se dirijan a satisfacer las necesidades e intereses de los proveedores de capital empresarial como usuarios de la información, sean estos propietarios (shareholders) o prestamistas que financian la inversión y las operaciones de las corporaciones con responsabilidad pública de rendir cuentas.
Conforme la visión del CFAI, el modelo destaca 12 principios básicos, siendo el primero que “los estados financieros principales deben proporcionar la información necesaria para inversores, acreedores y otros proveedores de capital de riesgo”, y el segundo que “tanto la emisión de estándares contables como la preparación de los estados financieros, deben ser vistos desde la perspectiva de un inversor en el patrimonio común de la empresa”(2).
La afirmación de Pacter acerca de la perspectiva del inversor se evidencia en la primera fase del Marco Conceptual para el Reporte de Información Financiera, publicada en septiembre del 2010 conjuntamente con el Financial Accounting Standard Board (FASB), emisor de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos (USGAAP, por su sigla en inglés), en virtud del denominado “Acuerdo de Norwalk”, mediante el cual ambos organismos se comprometieron a converger hacia un conjunto de estándares contables compatibles, de alta calidad, en pro del interés del público, que pueda ser usado tanto para el reporte financiero local como global (IASB-FASB 2002)(3).
En el párrafo de fundamentos de conclusiones FC1.16 del nuevo Marco Conceptual se señala que:
“Las razones por las que el consejo concluyó que el grupo de usuarios principal debe ser los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales de la entidad que informa son: (a) los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales tienen la mayor necesidad crítica e inmediata de informarse en los informes financieros y muchos no pueden requerir que la entidad les proporcione directamente la información. (b) Las responsabilidades del Consejo y del FASB requieren que se centren en las necesidades de los participantes en los mercados de capitales, lo que incluye no solo a los inversores existentes sino también a los potenciales y a los prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales. (c) La información que satisface las necesidades de los usuarios principales especificados es probablemente la que atiende las de los usuarios tanto en jurisdicciones con un modelo de gobierno corporativo definido en el contexto de los accionistas como en aquellas con un modelo de gobierno corporativo definido en el contexto de todo tipo de grupos de interés”.
Aunque el Marco Conceptual IASB de 1989 daba alta importancia a los inversionistas como usuarios de la información contable(4), el nuevo Marco Conceptual 2010(5), evidencia una mayor “perspectiva del inversor” en la emisión de los estándares contables. Especialmente cuando se refiere a usuarios principales y cuando, por primera vez, se refiere al gobierno corporativo.
Los estándares de gobierno corporativo como un conjunto de intenciones encaminadas a transparentizar las relaciones entre el consejo de administración, los accionistas y otras partes interesadas, establecen a su vez que “la información deberá ser elaborada y divulgada con arreglo a normas de alta calidad en materia de contabilidad y revelación de información financiera y no financiera”(6). Los códigos de gobierno corporativo buscan mejorar la administración y las relaciones de las sociedades mercantiles que apelan al ahorro del público, y surgen de la necesidad de superar los problemas que plantea la separación entre la gestión y la propiedad en las corporaciones, especialmente cuando entre sus proveedores de financiación se encuentran accionistas minoritarios excluidos de su control(7).
Una perspectiva del inversor en los estándares internacionales de contabilidad e información financiera alinea al IASB y al FASB con los principios de gobierno corporativo emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que según diferentes participantes en los mercados internacionales “amplían los derechos de los accionistas, mejoran la calidad de las informaciones usualmente prestadas por las compañías, especialmente con alta dispersión accionaria y, determinan la resolución de los conflictos societarios” (Bolsa de Valores de São Paulo, 2011).
Según Peters (2010), en el documento “The SEC’s Revised Roadmap: U.S. Investor Perspectives”, aunque otros grupos, tales como los reguladores bancarios, tienen interés en el proceso de establecimiento de normas, la perspectiva de los inversores, que incluye a los prestamistas, “debe ser la guía principal para el establecimiento de normas contables de alta calidad” (Peters 2010).
Este enfoque se confirma en el párrafo de fundamentos de conclusiones FC1.23 del Marco Conceptual 2010 cuando, refiriéndose a los “intereses de los inversores, prestamistas y otros acreedores”, afirma que “La única forma de evitar conflictos sería eliminar o mitigar el objetivo existente de proporcionar información a inversores, prestamistas y otros acreedores. El consejo concluyó que eliminar ese objetivo sería incoherente con su misión básica, que es servir a las necesidades de información de los participantes en los mercados de capitales”.
Acerca de la perspectiva del inversionista y de la mención textual de los estándares de gobierno corporativo, Hansmann y Kraakman (2000) aseguran que “La ideología de la primacía del accionista es probable que presione que todas las jurisdicciones principales avancen hacia reglas similares y de ley y práctica corporativa. Si bien pueden persistir algunas diferencias como resultado de contingencias institucionales o históricas, la mayor parte del desarrollo legal mundial será hacia un modelo legal estándar de la corporación. Para la mayor parte, este desarrollo mejorará la eficiencia de las leyes y prácticas corporativas. En algunos casos, sin embargo, las jurisdicciones pueden converger en reglas ineficientes, como cuando la regla universal de la responsabilidad limitada del accionista permite que los accionistas externalicen los costos de los agravios corporativos” (Hansmann y Kraakman 2000).
La emisión de estándares globales de contabilidad en un marco de conceptos de gobierno corporativo y de perspectiva del inversor implica una constante redefinición de los códigos legales de los países latinos, especialmente de las normativas comerciales, de manera que se facilite la incorporación empresarial a las dinámicas de los mercados de capitales; la globalización económica conlleva a la revisión permanente de los mercados, regulaciones, modelos de supervisión, entre otras de nuestras instituciones comerciales.
Siendo así, la evolución del Marco Conceptual influye no solo en los actuales y futuros estándares internacionales de contabilidad e información financiera, sino también en las regulaciones locales, como los estatutos mercantiles, las normas de contabilidad, la regulación de los mercados de valores y la regulación de supervisión prudencial, entre otras.
1. La eliminación del concepto de prudencia del Marco Conceptual para la Información Financiera 2010
El nuevo marco conceptual, emitido con un claro enfoque en los inversores que actúan en los mercados de capital y hacia los prestamistas, incorpora, elimina y modifica conceptos que tradicionalmente han hecho parte de la teoría contable y de las normativas locales que sobre esta materia se han expedido en Iberoamérica, las cuales se verían avocadas a modificaciones con la nueva propuesta del IASB y el FASB.
Por ejemplo, se han replanteado las características cualitativas necesarias para que la información contable y financiera sea considerada útil para la toma de decisiones económicas. El anterior marco señalaba como las cuatro “principales” características cualitativas de los estados financieros a la comprensibilidad, la relevancia, la comparabilidad y la fiabilidad. Estas características estaban subordinadas a seis condicionantes: la información se consideraba relevante si tenía importancia relativa (materialidad) y para que se considerara fiable debía sujetarse a la representación fiel, la prudencia, la integridad, la esencia sobre la forma y la neutralidad.
En contraste, el nuevo marco considera dos “Características cualitativas fundamentales de la información financiera útil”: la relevancia y la representación fiel. Además, establece cuatro características cualitativas que “mejoran” la utilidad de la información para la toma de decisiones: la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad y la comprensibilidad. Las características ya no se consideran “condicionantes” entre sí.
Mientras la prudencia(8) se ha eliminado totalmente del marco conceptual, otros conceptos han sido redefinidos o integrados, como sucede con la esencia sobre la forma, que continúa implícita en la representación fiel(9) y en la definición de los elementos de los estados financieros(10).
El IASB y el FASB han concluido, basándose en observaciones y estudios realizados por diferentes autores y por otros reguladores contables, que la prudencia podría estar incentivando prácticas muchas veces calificadas como de “contabilidad creativa”, por lo cual ya no hace parte del marco de conceptos que guía el desarrollo de los futuros estándares internacionales y la modificación de los existentes(11).
Entre las prácticas que abusan del concepto de prudencia, documentadas en la experiencia internacional, se cita el reconocimiento anticipado de gastos para no reconocerlos en un periodo futuro. Esto se logra mediante la creación excesiva de provisiones para la protección de activos (como las propiedades, planta y equipo y la de “otros activos”), basándose solamente en indicios y no en verdaderas pruebas para el cálculo de su deterioro, y la contabilización de contingencias como si de pasivos se tratara.
Además, la prudencia permite que en algunos casos las provisiones acumuladas se puedan convertir en “ingresos por recuperaciones” en periodos posteriores, lo cual no solo contradice el concepto de asociación de ingresos y de gastos con el periodo en que se incurren, sino que tiene el efecto de sesgar la información, en contra de la pretendida neutralidad, tan requerida cuando se trata de reportar información contable y financiera útil para que los inversionistas y otros proveedores de capital puedan tomar decisiones económicas.
Estas prácticas han sido tan cuestionadas que los reguladores contables globales dudan de la inclusión de la prudencia como una de las características cualitativas de la información contable, como un principio, como una norma básica, o como cualquier otra categoría normativa, puesto que puede facilitar a los preparadores de la información la reducción de las utilidades y el patrimonio empresarial con el fin de enviar un mensaje errado a los inversionistas, sesgando así la información contable y financiera hacia determinados grupos de interés que ven en esta una oportunidad de “jugar” con las utilidades, trasladándolas de un periodo a otro, práctica que dista de la neutralidad de los estados financieros y, por tanto, de su fiabilidad.
Un ejemplo es el uso de “provisiones de inventarios”, permitidas por las normativas contables y tributarias de algunos países, mediante las cuales, sin mayor exigencia, se contabilizan gastos que afectan las utilidades de los inversionistas minoritarios como usuarios generales de la información contable. Los preparadores pueden basarse en la regulación para contabilizar como contrapartida una cuenta separada denominada “provisiones acumuladas”, sin afectar el costo del inventario, y convertirla en un “ingreso por recuperación” en cualquier periodo futuro, incluso si el inventario usado como base para calcularla ha rotado por razones de su venta o baja en cuentas.
Estas prácticas son particularmente dañinas en empresas con alta dispersión de capital, fenómeno económico propio de los mercados de valores altamente democratizados, en los que las acciones rotan rápidamente entre un alto número de propietarios, considerados “usuarios generales”: estos usuarios no están en capacidad de exigir información en la medida de sus propias necesidades, pues no están incluidos en la administración de la entidad que informa o son inversionistas minoritarios con poca o ninguna capacidad de control(12).
Dado que los inversionistas y otros usuarios de la información en la fecha de cierre de un periodo no necesariamente son los mismos en el periodo en que se “recupere” la provisión, el uso de la prudencia podría generar, como ha sido planteado, distorsiones en la información contable y financiera y, sobre todo, sesgos en favor de unos u otros, en detrimento de la neutralidad que debe poseer.
Pero también existen posiciones, entre ellas las del IASB y el FASB, que si bien concuerdan con eliminar la prudencia de las normas y estándares contables aplicables al sector real, están de acuerdo con la regulación prudencial para entidades del sector financiero, señalando que el conservadurismo ha protegido a distintos grupos de interés, y al conjunto de la economía, de las crisis financieras globales, en lo que ha sido anunciado como un logro de los organismos reguladores y de supervisión local.
En los procesos de normalización y regulación contable es pertinente plantearse si las normas contables nacionales deberían contener el concepto de prudencia, especialmente si en la actualidad se le está dando una importancia tal que permita o induzca a los preparadores de la información a llevar a cabo prácticas internacionalmente cuestionadas(13).
La respuesta a este planteamiento depende del nivel de armonización (convergencia) que se logre entre las normas contables locales y las internacionales, su conveniencia en un determinado contexto y el análisis de las consecuencias de una u otra decisión.
El Marco Conceptual 2010 genera esta y otras preguntas a la comunidad académica y profesional, derivadas de los importantes giros de criterio y de los significados que subyacen en relación con el anterior (Marco 1989). Una de esas cuestiones es si el FASB y el IASB harán cambios sustanciales en las actuales normas internacionales de contabilidad, que fueron elaboradas siguiendo criterios prudenciales, especialmente en lo relativo a los deterioros de valor de los activos y al reconocimiento de provisiones, aspectos que la normativa local ha encarado con entendimientos propios que en muchos casos exceden la prudencia y que pueden ser replanteados en las revisiones que de ellas se hagan en el constante intento por acercarlas a la globalización contable, tan cambiante como la misma dinámica de los negocios.
2. La prudencia como criterio en la regulación internacional
El Marco Conceptual del IASB emitido en 1989, refiriéndose a la característica cualitativa de la fiabilidad, cita la prudencia como una de sus condicionantes y la define como “la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto”(14).
En su lugar, los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos, emitidos por el FASB, han eliminado paulatinamente la prudencia, hasta lograr su exclusión del nuevo Marco Conceptual internacional, emitido conjuntamente con el IASB.
Aunque el Statement of Financial Accounting Concepts 2, publicado en 1980, incluía el conservadurismo como una característica de la información financiera, advertía que “(…) la prudencia (conservadurismo) (…) debe aplicarse con cuidado, pues la administración podría generar posibles errores en la medición subestimando los ingresos netos y los activos netos introduciendo un sesgo en la información financiera, por lo que el conservadurismo tiende a entrar en conflicto con importantes características cualitativas, como la fidelidad de representación, la neutralidad y la comparabilidad (incluida la coherencia)”(15).
Esta línea se mantuvo en el Board Meeting Handout, publicado en mayo del 2005, cuando el regulador contable estadounidense expresó su posición al IASB, con ocasión de la reunión sostenida con miras a desarrollar el nuevo Marco Conceptual conjunto. En dicho documento se dio a conocer la conceptualización que se había venido formando en el ámbito contable estadounidense en relación con la eliminación de la prudencia, indicando que “la junta [FASB] es reacia a que siga incluyendo el conservadurismo o la prudencia en una lista de características cualitativas de la información contable junto a la neutralidad. El choque de conceptos es evidente. Recordando que el primer objetivo de la información financiera [acordado por ambas juntas en reunión conjunta] es proporcionar información útil a los inversores actuales y potenciales, así como a los acreedores. ¿La prudencia puede realmente servir para que los inversores presentes subestimen los activos netos de una entidad, para inducirlos a vender cuando lo mejor es mantenerlos en la entidad? ¿Se está usando la prudencia para que los inversores potenciales subestimen los ingresos netos de una entidad en la que podrían invertir o, posiblemente, se ha impedido que hagan su mejor inversión?”.
El documento señala además que en lugar de una característica de la información financiera, el conservadurismo puede verse como “una reacción prudente para garantizar que la incertidumbre y los riesgos inherentes a las situaciones de los negocios se consideren adecuadamente”(16).
En el “paper” Revisiting the Concepts, publicado en el mismo mes, Halsey G. Bullen, senior project manager del FASB, y Kimberley Crook, senior project manager del IASB, manifiestan estar de acuerdo en cuanto a la existencia de una contradicción conceptual entre la prudencia y la neutralidad. Al respecto, citan el estudio “Objetivos y conceptos de los estados financieros”, publicado por John Kenley y George Staubus en 1972 en Melbourne (Australia), comentando que “este estudio de investigación, precursor del Marco Conceptual contable australiano, propuso que el objetivo de la contabilidad es ‘proporcionar información financiera sobre los asuntos económicos de la entidad para su uso en la toma de decisiones’ (…) y propone criterios para la información financiera útil, incluida la pertinencia, la fiabilidad, la comparabilidad y la neutralidad, y conceptos para la medición y presentación de informes”(17).
Un mes después, en junio del 2005, con ocasión de la publicación del documento Proyecto de Marco Conceptual Conjunto, producto del Acuerdo de Convergencia suscrito en Norwalk, ambos organismos emisores de estándares internacionales señalan las “consecuencias de incluir la neutralidad y excluir la prudencia”, afirmando que “mientras que los estadounidenses han criticado las prácticas tradicionales de contabilidad europeas, como el Imparitätsprinzip alemán, por considerarlas como demasiado conservadoras, muchas de las guías incluidas en los USGAAP también son conservadoras en lugar de ser neutrales: se reconocen las pérdidas aceleradamente y las ganancias se difieren. Por ejemplo, el inventario se valora por el menor entre el costo de adquisición y el valor de mercado. Del mismo modo, los activos de larga duración son reducidos en respuesta a un deterioro, pero no se prescribe su reversión como ingreso. Por otra parte, las contingencias de pérdida se reconocen solo si son probables y si su valor se puede estimar razonablemente, pero no se establece lo mismo en sentido contrario. En esos casos, las pérdidas se reconocen sobre la base de las probabilidades, pero las ganancias requieren confirmar algún hecho”.
Afirman además que “la decisión de ambas juntas de excluir el conservadurismo o prudencia como una característica cualitativa independiente, junto con la discusión de los problemas que pueden surgir si el conservadurismo o prudencia se utiliza, sugiere que las futuras normas pueden alejarse de ese tipo de prácticas conservadoras”(18).
Además, retoman la experiencia australiana, que cuestiona la prudencia, indicando en el mismo documento que “se ha sugerido que el conservadurismo es una característica de los contadores, en contraposición a los riesgos asumidos por las personas dedicadas a los negocios, pero no debe ser considerada como una característica necesaria de la información contable. Tal vez deba considerarse así. Pero eso sugiere que, en lugar de hacer la prudencia o conservadurismo una característica cualitativa independiente, se debe debatir si el conservadurismo genera contradicciones con la neutralidad, tal como la ha advertido Australia con el denominado ‘conservadurismo equivocado’ o el mismo FASB en la Declaración de Conceptos 2 cuando hizo evidente que, de acuerdo con la evidencia de las prácticas empresariales, ‘la aplicación de la prudencia llevó a una frecuente subestimación de los activos y a una renta exagerada en períodos posteriores’. Esto es lo que el FASB recomienda”.
En efecto, el Consejo Australiano de Normas de Contabilidad para el Sector Público y la Junta de Revisión de Normas Contables advierten en el Statement of Accounting Concept (SAC) 3, revisado en 1995, que la “presentación de informes financieros de uso general debe, si es confiable, ser libre de prejuicios (es decir, ser neutrales). No debe ser diseñado para conducir usuarios a conclusiones que sirvan necesidades, deseos o preconcepciones de los preparadores. El sesgo puede provenir de deliberada inexactitud de la información financiera con fines fraudulentos y también del equivocado conservadurismo, dando lugar a que los preparadores filtren la información proporcionada y por lo tanto terminen usurpando los derechos de los usuarios a tomar sus propias decisiones” (AASB 1989) (énfasis añadido).
Entre los comentarios del público al Borrador de Marco Conceptual, muchos recomendaron eliminar el criterio de prudencia. Por ejemplo, uno de los comentarios indica que “el conservadurismo es una práctica muy extendida a lo largo de los siglos cuyo adagio es: ‘anticipar nada aprovecha, sino anticiparse a todas las pérdidas’. No hay razones que apoyen esa actitud, que podría conducir a la presentación engañosa de cifras significativas de ingresos periódicos y del balance. Las normas de contabilidad no deben ser dogmáticas y alejarse del conservadurismo (...). Los conceptos propuestos no dejan espacio para el conservadurismo” (Verhill 2010).
Otro de los comentarios recomienda que la Junta “considere expulsar el conservadurismo y adoptar un enfoque más matizado, que reconozca los detalles institucionales de la información financiera. (...) [E]l marco debería definir el conservadurismo (...) como la verificación ‘asimétrica de las ganancias y pérdidas’” (Gore 2010).
Es así como el IASB y el FASB, basados en la experiencia americana, australiana y en estudios de prácticas empresariales, se mostraron preocupados porque la prudencia pudiese ser utilizada para reducir la confiabilidad de la información financiera, puesto que los preparadores (gerentes) podrían usarla con alguno de los siguientes objetivos:
a) Reducir los activos netos, es decir, el patrimonio de la entidad, mediante la minoración de activos con provisiones acumuladas o reconociendo pasivos estimados y provisiones.
b) Reducir el valor de las utilidades, reconociendo gastos de periodos futuros (por ejemplo, mediante la estimación de provisiones para gastos en los que aún no se ha incurrido) o la reducción de ingresos causados.
Diversos autores han considerado también la prudencia (o “conservadurismo”) como una especie de “antivalor”, al que se le califica como un mecanismo “deliberado” para trasladar utilidades de un periodo a otro.
Farmer (1996) indica que “In general, conservatism occurs whenever any deliberate bias is incorporated in the accounts in such a way as to understate assets or to overstate liabilities”, cuya traducción libre expresa que “en general, el conservadurismo se produce cuando cualquier sesgo deliberado es incorporado en las cuentas de tal manera que se subestiman los activos o se exageran los pasivos”.
Dos Santos incluye la prudencia entre las prácticas de contabilidad creativa “realizadas por parte de un gerente con la finalidad de manipular y obtener un nivel de resultados (ganancias o pérdidas) deseado”, para, de este modo, “(...) seleccionar los procedimientos que mejor se adapten a los requerimientos estratégicos de la organización, algunas veces en detrimento de los intereses de los usuarios de la información”, por lo cual aboga por un avance hacia la globalización contable, “sin el lastre del conservadurismo que habrá que combatir contundentemente” (Dos Santos 2003).
En esa misma línea, Elvira y Amat (2007) señalan que “en algunos casos se puede retrasar o adelantar el reconocimiento de los ingresos, en virtud de principios como el de prudencia o el de correlación de ingresos y gastos (...). En este sentido, en el mes de julio del 2002, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó a Qwest Communications International la apertura de una investigación penal, tras las sospechas de que había inflado sus ingresos en el año 2001 en mil millones de dólares, en vez de periodizar las ventas a lo largo de la vida de los contratos”.
Incluso el IASB, emisor de los estándares internacionales, advirtió en su momento acerca de la potencial subjetividad que entraña el concepto de prudencia, cuando en el Marco Conceptual de 1989 señaló que “... el ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones excesivas, la expresión deliberada de activos o ingresos en defecto o de obligaciones o gastos en exceso, porque los estados financieros no resultarían neutrales y, por lo tanto, no tendrían la cualidad de fiabilidad”(19), lo cual ha sido considerado en sí mismo como una contradicción por el FASB.
Finalmente, y luego de las múltiples discusiones y reuniones, el Acuerdo de Norwalk continúa con sus resultados, en los cuales parecen prevalecer los criterios de los USGAAP, por lo cual la discusión sobre si en los Estados Unidos se adoptarán las NIIF se traslada a los conceptos que deben enmarcar un conjunto global de estándares, al cual están convergiendo el FASB y el IASB como organismos emisores de estándares internacionalmente aceptados y reconocidos.
El resultado de la convergencia es evidente en relación con la prudencia: el Marco Conceptual 2010 señala en su base para conclusiones número 3.28 que “Reflejar intencionadamente estimaciones conservadoras de activos, pasivos, resultados o patrimonio se ha considerado en ocasiones deseable para contrarrestar los efectos de algunas estimaciones de la gerencia que se hayan percibido como excesivamente optimistas. Sin embargo, incluso con las prohibiciones contra las omisiones o inexactitudes intencionadas que aparecen en los marcos conceptuales existentes, una advertencia para ser prudentes probablemente conduciría a un sesgo. La subestimación de activos o la exageración de pasivos, en un periodo habitualmente conduce a exagerar también el rendimiento financiero en periodos posteriores —un resultado que no puede describirse como prudente o neutral—”.
Dado que las actuales normas internacionales fueron emitidas siguiendo un criterio de prudencia como característica fundamental de la información financiera, se esperan cambios en los futuros estándares contables y, eventualmente, en las regulaciones locales.
3. Una mirada desde algunas de las NIC actuales
Dado que la eliminación del concepto de prudencia no es un asunto deliberado ni sorpresivo, las discusiones provenientes del FASB parecen haber causado una fuerte presión en el IASB, que ha venido realizando importantes mejoras que se evidencian en las últimas versiones de las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera, entre las cuales se encuentran la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos” y la NIC 37 “Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes” y en sus enmiendas anuales.
Se observa transversalmente en estos estándares la advertencia de que los preparadores de la información contable no reconozcan deliberadamente aumentos de pasivos o reducciones de activos que den como resultado el registro anticipado de gastos, los cuales se convierten en mayores utilidades de periodos subsiguientes.
Se espera que este enfoque genere drásticos cambios en las normativas contables locales, pues, en palabras de García, los estándares internacionales “... están inmersos en un modelo de repliegue de la prudencia valorativa, lo que se deja traducir en una diversidad de novedades, como lo es la imposibilidad de dotar provisiones en ausencia de una obligación existente o la exigencia de causas objetivas para practicar el deterioro contable” (García 2007).
Las normas locales mencionan las “provisiones” tanto para significar las minoraciones del valor de los activos (como cuando se refiere a provisiones “para protección de activos”, provisión de inventarios, de cartera, entre otros) como a pasivos estimados o reales, cuyas cuantías o momento de liquidación están bajo incertidumbre.
Cuando se trata de minoraciones del valor de los activos, los estándares internacionales se refieren al “deterioro de valor”, concepto que se acerca, pero que no equivale, a la noción de provisiones tradicionalmente utilizada en las normas y prácticas locales de contabilidad. Los estándares internacionales se refieren a “provisiones” únicamente cuando se trate de verdaderos pasivos respecto a los cuales exista incertidumbre acerca de su cuantía o del momento en que deben liquidarse(20).
Las normas locales de contabilidad de los países latinos no señalan mayores requisitos para el reconocimiento de provisiones activas o pasivas, dejando así un amplio margen de maniobra a los preparadores de la información contable; la falta de estándares detallados permite un eventual reconocimiento anticipado de gastos o su recuperación como ingresos en periodos futuros, lo que puede significar un riesgo de transparencia en términos de los estándares de gobierno corporativo y de la representación fiel de las transacciones, otros eventos y condiciones.
Un recorrido por algunas de las actuales normas internacionales de contabilidad permite observar las limitaciones a la prudencia.
3.1. La prudencia en la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos”
En la NIC 36 “Deterioro de valor de los activos”, el IASB es explícito en restringir a los preparadores de la información el reconocimiento de las denominadas “provisiones para protección” de activos permitidas en las normas locales.
Ciertamente, el párrafo 59 de la NIC 36 señala que “El importe en libros de un activo se reducirá hasta que alcance su importe recuperable si, y solo sí, este importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor” (énfasis añadido). Es decir, que el reconocimiento de deterioros requiere el cumplimiento de los requisitos señalados en el estándar.
De esta forma, si el valor razonable es menor que el valor en libros de un activo, no necesariamente puede reconocerse una “pérdida por deterioro”, pues el activo no se tiene para la venta sino para su uso continuado, mecanismo mediante el cual se recuperarán los flujos futuros que puede producir.
Un ejemplo práctico podría ser el de una entidad que adquiere una máquina por valor de 3.000 unidades monetarias (U.M., entendidas como millones de pesos, dólares o euros, etc.), cuya depreciación acumulada es 1.000 U.M.; su valor en libros, 2.000 U.M., y su valor razonable, 905 U.M. En algunos países, las normas permiten una “provisión” para protección de propiedades, planta y equipo, únicamente por una reducción de su valor de realización o de reposición, basándose en estimaciones gerenciales poco documentadas, mientras que bajo la NIC 36 la reducción de valor en el mercado es solo un indicio de deterioro que no necesariamente se traduce en menores flujos de efectivo futuros y, por lo tanto, no se permite afectar el estado de resultados, salvo que se pueda allegar evidencia mediante un test de deterioro de valor.
En ese caso, si se considera que tal reducción de valor representa menores flujos de efectivo futuros, la entidad debe probar que su valor en libros (2.000 U.M.) es inferior a su “importe recuperable”, es decir, determinar si el valor del activo se va a recuperar vía venta o vía uso. Si se fuera a recuperar vía venta, la pérdida de valor es evidente, pero como el activo considerado se va a recuperar principalmente vía uso, no existe “provisión” o deterioro alguno.
Una forma de probar el deterioro es calculando el valor de uso mediante la elaboración de un presupuesto de ventas aprobado y revelado por la gerencia respecto de las ventas (y otros ingresos) que pueden lograrse con el uso de esta máquina. Si los flujos a obtener por el uso continuado del activo son mayores que las 2.000 U.M. (valor en libros), no es posible, bajo el estándar internacional, introducirle volatilidad al estado de resultados integrales reconociendo gastos, por ejemplo, con el pretexto de ser “prudentes”.
En ello consiste la prueba de deterioro(21), mediante la cual se exige al preparador de la información que se documenten los cálculos que soportan los deterioros de valor de un activo de propiedades, planta y equipo, lo cual se podría entender en el contexto de los estándares internacionales como una restricción por el esfuerzo, los cálculos, las demostraciones y las revelaciones que implica, reduciendo así la posibilidad de reconocer ingresos “por recuperaciones” en periodos futuros al aprovechar las denominadas “reversiones” de deterioro permitidas por la NIC 36.
En su lugar, Doupnik (2007) señala que “Los PCGA estadounidenses no permiten la reversión de una pérdida por deterioro previamente reconocida”. Además cita el caso de la compañía Lihir Gold Limited, que debió realizar una conciliación entre sus estados financieros bajo IFRS y los principios contables americanos, justamente por revertir sobreestimaciones en el deterioro de valor de los activos fijos. Al respecto, Doupnik menciona que “La compañía explica que se registraron pérdidas por deterioros entre 1999 y 2002 bajo NIC 36, pero que bajo PGCA estadounidenses tan solo la pérdida del 2000 se hubiera reconocido. En 2002 y 2003 se determinó que las pérdidas anteriores por deterioro habían sido sobreestimadas y se reconoció una reversión bajo la NIC 36. La reversión de la pérdida por deterioro no fue aceptada bajo los PCGA estadounidenses. Como resultado de ello, el ingreso bajo las NIIF se redujo en 31.3 millones de US$ en 2003 (37,9 US$ en 2002) al hacer la conciliación con los PCGA estadounidenses”.
En un estudio realizado por Ucieda (2005), se indica que seis compañías chinas y diez europeas, que hicieron parte de una muestra de treinta entidades que reportaron bajo USGAAP, debieron realizar ajustes por deterioro de valor, principalmente relacionados con reversiones durante los años 2000 a 2003, cuando no se permitía que las compañías extranjeras presentaran sus estados financieros en las bolsas de los Estados Unidos sin conversión previa. Once de estas treinta compañías presentaron ajustes “importantes”, entendiendo como tales los que oscilan entre el cinco por ciento y el diez por ciento del resultado neto o de los fondos propios.
En alguna discusión académica reciente sobre el tratamiento contable que debe darse a las propiedades, planta y equipo que se encuentran bajo restricciones temporales para su uso, se comentaba si sería posible “provisionarlas totalmente”, en hipotéticos casos, como cuando un grupo ilegal ha ocupado una propiedad antes de la fecha de cierre. Se estudiaba la posibilidad de reconocer así un gasto y justo después del cierre contable, cuando la situación se hubiere solucionado, reconocer un ingreso por efectos de la reversión de esta provisión. De acuerdo con los conceptos desarrollados internacionalmente en esta materia, reconocer un gasto provisionando totalmente el activo podría afectar a unos inversionistas y su reversión beneficiar a otros o, simplemente, se trasladarían utilidades y pérdidas entre periodos(22).
3.2. La prudencia en la medición posterior de los activos financieros al costo amortizado
En el caso del deterioro de valor de los activos financieros medidos al costo amortizado, como las cuentas por cobrar (deudores), el IASB también se ha preocupado por restringir el reconocimiento anticipado de gastos que se traduzcan en mejores utilidades de periodos posteriores.
En efecto, el párrafo 59 de la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” señala que “las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocerán” (énfasis propio).
En ese sentido, se señala que las denominadas provisiones de cartera y de otros instrumentos financieros se reconozcan únicamente cuando se tenga evidencia objetiva de hechos pasados, como podría ser el incumplimiento probado del deudor o su insolvencia, así como riesgos crediticios que prueben la baja probabilidad de cobro.
Al respecto, el mismo párrafo indica que “un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado, y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo (un ‘evento que causa la pérdida’) y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad”.
El destacado (nuestro), en “si, y solo si”, pretende enfatizar el sentido restrictivo que usa el IASB en su esfuerzo por emitir estándares que eviten el abuso de la prudencia, vulnerando la enunciada neutralidad que la condiciona, lo cual concuerda con el citado párrafo 37 del Marco Conceptual de 1989.
Ahora bien, existiendo hechos pasados, es decir, evidencia de circunstancias en las cuales el preparador de la información contable y financiera muestra que la cartera ha sufrido un deterioro de valor, el párrafo 63 de la NIC 39 determina que “cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor en activos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva computada en el momento del reconocimiento inicial). El importe en libros del activo se reducirá directamente, o mediante una cuenta correctora. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo” (destacados propios).
El uso de “cuentas correctoras” para presentar los deterioros de valor acumulados es justificable, porque eventualmente un deudor, respecto del cual se había contabilizado un deterioro, puede pagar el importe que estaba en riesgo, y, por ende, se presentaría una reversión como un ingreso “por recuperaciones”. Si el gasto por deterioro no se basó exclusivamente en hechos pasados, según evidencia allegada que hubiere permitido su reconocimiento, aumenta la probabilidad de reconocer gastos anticipadamente, trasladando utilidades de un periodo a otro, lo cual no concordaría con una perspectiva del inversor ni con mejores prácticas de gobierno corporativo.
3.3. La prudencia y la NIC 2 “Inventarios”
Nótese que tanto en propiedades, planta y equipo como en la cartera, el estándar internacional define el “valor en libros” para indicar las partidas que permiten cuentas correctoras, es decir, aquellas en las cuales se registran los deterioros acumulados.
No sucede así en el caso de los inventarios, respecto de los cuales la NIC 2 no define “valor en libros” ni “pérdidas por deterioro”, pues estos activos generalmente rotan más rápidamente que las propiedades, planta y equipo o que los activos financieros, como la cartera.
Por ello, el reconocimiento de “provisiones acumuladas” de inventario no es recomendable en las normativas locales armonizadas con las NIIF, puesto que se corre el riesgo de no ser neutral, es decir, de abusar de la prudencia, ampliamente rechazada por los principios contables estadounidenses y de otras latitudes.
Tanto con las normas internacionales como con los USGAAP, desaparecen entonces los “deterioros acumulados” de inventarios, denominados en las normas locales como “provisiones acumuladas”.
Ahora bien, solo si el valor neto realizable es menor que el costo, se reconoce un gasto, reduciendo directamente el valor del inventario. En ese sentido, la NIC 2 indica en su párrafo 9 que “los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor”, lo cual permite tener en todo momento un “nuevo costo”, propio de un sistema de inventario permanente (destacados propios).
Es decir, cuando lo que se va a recuperar en la venta del inventario es menor que su costo, se puede afectar el gasto y reducir directamente el valor del inventario (sin generar una provisión acumulada), formando así un “nuevo valor”, tal y como lo señalan otros organismos emisores contables internacionales, como el emisor de los USGAAP.
De esa manera, si se adquiere una mercancía por 100 U.M y de manera posterior se puede probar que en el mercado su precio es de 95 U.M. y que el valor del transporte hasta el lugar de la venta es de 5 U.M., su valor neto “realizable” será entonces de 90 U.M., y es “realizable”, porque no se basó en simples estimados, sino que se trata de importes que afectan el valor por el que se liquidará el inventario.
Por ello el “nuevo costo” es de 90 U.M. y este es el monto por el que debe aparecer registrado el inventario, de manera que cuando se venda, no quede pendiente valor alguno en una cuenta correctora o por recuperar.
Tener un “deterioro acumulado” por 10 U.M. en una cuenta separada implicaría un “valor en libros” equivalente al costo menos una cuenta “valuativa”. Pero si se tienen varios lotes de inventario, se dificultaría determinar el costo que le corresponde a la “mercancía vendida” (gasto), y la cuenta separada se tendría que “distribuir”, asimilándose a un sistema de inventario periódico o a una recuperación de ingresos.
Que la NIC 2 permita una eventual reversión de las reducciones de valor no significa que existan bajo las NIIF provisiones o deterioros acumulados en los inventarios. Ha de tenerse en cuenta que la NIC 2 no señala que dicha recuperación sea un ingreso, sino que su párrafo 34 indica que se reconozcan como menor valor del costo de la mercancía vendida o como menor valor del gasto.
En lo tocante a esto, el párrafo 36 exige revelar “(f) el importe de las reversiones en las rebajas de valor anteriores, que se ha reconocido como una reducción en la cuantía del gasto por inventarios en el periodo, de acuerdo con el párrafo 34”, así como “(g) las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión”(23) (destacados propios).
Esto concuerda con la expectativa de rotación de estos activos, pues un aumento del valor neto realizable tendría que explicarse, por ejemplo, dando las razones por las cuales ya no fue necesario pagar los fletes de transporte, es decir, por qué dejaron de ser “realizables”.
Muchas más revelaciones deberían darse si se presenta una reversión en otro periodo contable distinto a aquel en el cual se presentó la pérdida, después de que el mismo inventario haya sido vendido, pues en ese caso tampoco existirían ingresos por recuperaciones, pues se estaría frente a una verdadera ofensa a la neutralidad en los términos planteados anteriormente.
En los USGAAP es mucho más claro y específico el hecho de que se genere un “nuevo costo” con la reducción del inventario por debajo del costo original, y también lo es la prohibición de revertir las pérdidas de valor de estos activos.
Desde el Statement of Financial Accounting Standards 151 “Inventory Cost”, se establecieron sendos requisitos para calcular gastos que minoren los inventarios por debajo del costo y se prohibieron explícitamente las reversiones de dichas pérdidas.
Al respecto, los USGAAP señalan: “Write-downs create a new cost basis (...) and the inventory cannot be subsequently written up” (FSA 2010), para significar que ese “nuevo costo” al que se llega una vez reducido el valor del inventario es efectivamente una nueva “medición” y que los inventarios no pueden ser subsecuentemente contabilizados hacia arriba.
En cuanto a ese “nuevo costo” el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) señala: “... inventory written down acquires a new cost basis, and recovery of the original cost is only permite on sale or disposal” (AICPA 2009), para significar, en una traducción libre, que “con las rebajas de valor el inventario adquiere una nueva base de costo y la recuperación (el ingreso hasta el costo original) solo se permite en su venta o disposición por otra vía”.
Es claro entonces que las reducciones en el precio de venta de los inventarios no generan el reconocimiento de gastos, salvo que ello implique que el valor neto realizable sea inferior a su costo, caso en el cual su valor se reduce directamente hasta alcanzar el menor, conforme al párrafo 9 de la NIC 2.
Pero, además del precio, es posible que se reduzcan las cantidades de inventario por efectos de unidades dañadas o perdidas, según lo señala el párrafo 28 de la NIC 2(24). Esto no implica que se deban reconocer provisiones por obsolescencia y similares, basándose en posibles “hechos futuros”, pues el párrafo 31 de la misma NIC establece que “las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos relacionados directamente con los hechos posteriores al cierre, en la medida que esos hechos confirmen condiciones existentes al final del periodo” (destacado nuestro).
Por ejemplo, en la práctica empresarial de los hipermercados, es natural que algunos productos se pierdan por razones de manipulación o por hurto, y que una parte de ellos implique el cálculo de “provisiones por obsolescencia”(25). En estos casos, es común encontrar estimaciones que se contabilizan como “provisiones acumuladas”, en una cuenta crédito, de manera separada, sin afectar el costo del inventario. Esto puede implicar que el costo de ventas al cierre del periodo quede sobrevalorado y que en el periodo siguiente se contabilicen “ingresos por recuperaciones” para dar de baja la citada “provisión”. Así, lo que en realidad es una reducción del inventario antes de la fecha de cierre se convierte en un ingreso en el periodo siguiente, en aplicación de criterios prudenciales.
Normalmente, estas estimaciones de obsolescencia se cumplen, pues una vez se hacen los inventarios rotativos después de la fecha de cierre, no existen desviaciones importantes entre el valor estimado y las unidades que realmente se han perdido o que es necesario dar de baja por razones de obsolescencia. En ese sentido, la aplicación de la NIC 10 “Hechos posteriores al periodo sobre el que se informa” es primordial, pues permite hacer los ajustes que fueren necesarios, específicamente al costo del inventario y al gasto originado por su venta (costo de ventas) a la fecha de cierre. En todo caso, no se deben contabilizar “provisiones acumuladas” en cuentas separadas del inventario, sino que el valor de las obsolescencias y pérdidas debe reducirse directamente generando ese “nuevo costo” del inventario al cierre. De ahí la importancia de una política contable para realizar inventarios rotativos antes de la fecha de autorización y publicación de los estados financieros, pues se pueden ajustar las cifras utilizadas para el cierre y evitar potenciales traslados de utilidades entre periodos.
3.4. La prudencia en la NIC 37 “Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”
En esta norma el IASB toma también una posición poco conservadora, pues limita el reconocimiento de gastos por provisiones, condicionándolas al cumplimiento de estrictos requisitos.
El énfasis en la neutralidad que previene el abuso de la prudencia se observa en la NIC 37 al explicar que no pueden hacerse provisiones salvo que sean verdaderos “gastos” del periodo actual y que en ningún caso se pueden provisionar gastos futuros.
Al respecto, el párrafo 18 es contundente al señalar que “los estados financieros se refieren a la situación financiera de la entidad al cierre del periodo sobre el cual se informa, y no a su posible situación en el futuro. Por esta razón, no se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Los únicos pasivos reconocidos en el estado de situación financiera de una entidad serán aquellos que existan al final del periodo sobre el que se informa” (énfasis propio).
Y para garantizar que no se reconozcan gastos y pasivos de periodos futuros, dicha NIC prohíbe la categoría de “pasivos estimados” y elimina la posibilidad de reconocer “pasivos contingentes”, que sí se permiten en algunas normativas contables de países de Iberoamérica.
En su lugar, la NIC 37 exige que para reconocer un pasivo y su correspondiente gasto en un periodo, deben existir hechos pasados que originen verdaderas obligaciones presentes y que la gerencia pueda probar que tendrá que hacer algún pago para cancelar la obligación, además de que pueda medirse fiablemente.
Así, un pasivo existente al final del periodo sobre el que se informa solo se puede contabilizar si se ha recibido un bien o un servicio, tal como lo indica el párrafo 11 de la NIC 37, y se tiene evidencia contundente de la consecuente existencia de una obligación presente cuya probabilidad de pago es superior al cincuenta por ciento(26).
Si existe incertidumbre respecto a la cuantía o vencimiento del pasivo, se puede calificar como una provisión. Así, no puede estimarse el pasivo, sino que existiendo este, lo que se estima fiablemente es su cuantía.
En palabras textuales, el párrafo 14 de la NIC 37 advierte que “debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: (a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado; (b) es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y (c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación”, y reitera que “si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocer una provisión” (énfasis propio, ausente en el texto original).
Respecto a la ocurrencia de un suceso pasado como condición para reconocer una provisión, el párrafo 17 de la misma norma insiste en que “el suceso pasado del que se deriva la obligación se denomina suceso que da origen a la obligación. Para que un suceso sea de esta naturaleza, es preciso que la entidad no tenga, como consecuencia del mismo, otra alternativa más realista que atender al pago de la obligación creada por tal suceso”.
Como se dijo, la NIC 37 también señala que “la entidad no debe reconocer un pasivo contingente” (párrafo 27), pues es alto el riesgo de que el gasto correlacionado se convierta en ingreso en un periodo posterior, lo cual permitiría sesgos en la información contable que perjudicarían al inversionista actual y beneficiarían al existente en el momento de la reversión, en un claro traslado de utilidades de un periodo a otro (no neutralidad).
No es posible entonces, bajo la NIC 37, reconocer provisiones para viáticos, para mantenimientos ni para ningún otro gasto futuro, pues no se cumplen simultáneamente las tres condiciones de todo pasivo bajo los estándares internacionales: existencia del hecho pasado (no se ha recibido el bien o el servicio), no existe obligación de pago en el momento presente con un tercero específico, aunque se estime una probabilidad total de ocurrencia.
Por ello, el párrafo 20 de la NIC 37 señala que “una obligación reconocida como pasivo implica, en todos los casos, la existencia de un tercero con el que se ha contraído la misma, y al que se le debe satisfacer el importe”.
Asunto distinto es la existencia, por ejemplo, de un pasivo por concepto de servicios públicos domiciliarios consumidos en el último mes del cierre contable. Si no ha llegado la factura, se trata de un hecho pasado (el consumo), que genera una obligación presente (la de pagar) y cuya probabilidad de desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos futuros es superior al cincuenta por ciento aunque exista incertidumbre respecto a la cuantía o al momento de pago, los cuales requieren estimación fiable. En este caso sí se reconoce una provisión, siempre que se cumplan las demás condiciones. También se reconocen provisiones por obligaciones implícitas de la entidad, derivadas de anuncios y patrones de comportamientos pasados de la empresa que, como las garantías sobre productos, le generen obligaciones presentes. Pero esto implica que el tercero tenga un efectivo derecho de cobro hacia la entidad, el cual debe ser medido fiablemente, y la probabilidad de desembolso futuro debe ser superior al 50%, de manera que cuando la entidad honre sus obligaciones el efecto en resultados futuros tienda a ser nulo.
El párrafo 63 de la NIC 37 es taxativo cuando indica que “no deben reconocerse provisiones por pérdidas futuras derivadas de las operaciones”, evitando así que se afecten los inversionistas presentes en aras de presupuestar el rendimiento o las actividades futuras. Un criterio prudencial sin restricciones podría permitir que los preparadores de la información reconocieran pérdidas anticipadas, con la consecuente problemática documentada por diferentes autores que consideran esto como una práctica de “contabilidad creativa” y un alejamiento de la “perspectiva del inversor” a que se refiere el Marco Conceptual IASB-FASB 2010.
Como se sabe, la NIC 37 también exige la existencia de hechos pasados como un requisito para reconocer provisiones por restructuraciones empresariales. Al respecto, el párrafo 71 indica que “se reconocerá una provisión por costos de reestructuración, sólo cuando se cumplan las condiciones generales de reconocimiento de provisiones establecidas en el párrafo 14. En los párrafos 72 a 83 se determina cómo aplicar los criterios generales de reconocimiento al caso de las reestructuraciones”, y el párrafo 72 establece, entre los criterios exigidos, un detallado plan de reestructuración y “(b) que se haya creado una expectativa real, entre los afectados, respecto a que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características a los que se van a ver afectados por el mismo”. Este detalle no aparece en las regulaciones contables locales, lo cual no contribuye a evitar que se reconozcan gastos anticipados por este concepto.
En general, la NIC 37 presenta condiciones para el reconocimiento de provisiones, de manera que no se contabilicen pasivos inexistentes en la fecha de cierre, evitando así el reconocimiento de gastos que, de aplicarse sin restricciones el criterio de prudencia, podrían conllevar a su posterior reversión como ingresos.
Estas condiciones no son tan contundentes en las normas locales de contabilidad imperantes en los países latinos antes de converger hacia estándares internacionales.
Por ejemplo, Túa Pereda (2004) dice, respecto al Plan General de Contabilidad de 1990 y en general a la normativa contable española vigente en el año 2004, antes de su acercamiento a las NIIF, que la definición de pasivo en las NIC “(...) entronca directamente con la prudencia como característica cualitativa derivada de la probabilidad, en la medida que debe ser el cálculo de probabilidades el que defina la existencia de una obligación, de modo que no se produzca la sobrevaloración consciente de pasivos o gastos (...), la exigencia de derivarse de hechos pasados puede obligarnos a eliminar de nuestro Plan General de Contabilidad algunas partidas relacionadas con las provisiones para riesgos y gastos (...) que estarían más bien, de acuerdo con la NIC 37, en el capítulo de contingencias, de las que se informa en la memoria, pero no constituyen obligaciones a incluir en el pasivo del balance”.
3.5. La prudencia en las NIIF para Pymes
En el módulo 21 del “Material de entrenamiento de las NIIF para Pymes”, el IASB señala que “En algunas jurisdicciones, existe la práctica, conforme a los PCGA locales, de reconocer como pasivos las ‘reservas generales’ por pérdidas potenciales o futuras no especificadas, basándose en la noción de conservadurismo o prudencia. Algunas veces, se las denomina provisiones. Dichas reservas no cumplen la definición de provisión o de pasivo conforme a la NIIF para las Pymes. Por lo tanto, está prohibido reconocer como pasivos las ‘reservas generales’. De forma similar, las obligaciones que surjan de acciones futuras de la entidad, con independencia de sus probabilidades de ocurrencia, no son obligaciones presentes y, por consiguiente, no cumplen la definición de provisión o de pasivo. Por ejemplo, no debe reconocerse una provisión por pérdidas futuras esperadas, ya que la entidad no tiene la obligación presente de incurrir en esas pérdidas (por ejemplo, la entidad podría cesar las operaciones que generen pérdidas futuras)”.
En ese mismo sentido, el párrafo 2.9 de la NIIF para Pymes reitera que “la aplicación de la prudencia no permite el sesgo”, y en temas cruciales, como el deterioro de valor de los activos, retoma los mismos criterios establecidos en las NIIF Completas, aunque en proporción menos exigente en revelaciones y otros requisitos de información.
3.6. La prudencia en la NIIF 13 “Medición del valor razonable”
Según el párrafo 37 del Marco Conceptual de 1989 “prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto” (el destacado es nuestro).
En contraste, la NIIF 13 “Medición del valor razonable” no hace mención alguna a la prudencia, pues se trata de un estándar publicado después del Marco Conceptual del 2010, que elimina dicho concepto. La NIIF 13 podría considerarse el primer estándar publicado por IASB que muestra más claramente un espíritu contrario al tradicional conservadurismo, pues establece que el valor razonable se calcula basándose en valores de salida derivados principalmente de un mercado activo o del mercado “más ventajoso”, sin hacer mención a la necesidad de buscar alternativas que, por ejemplo, minoren el valor de los activos y de los ingresos.
Por el contario, este estándar señala en su párrafo 2 que “el valor razonable es una medición basada en el mercado, no una medición específica de la entidad”, lo cual aleja la subjetividad que el preparador pueda tener respecto a tal medición, la cual debe basarse en precios de salida(27) y en variables determinadas por agentes externos a la entidad, específicamente los participantes en los mercados.
En un claro alejamiento del criterio de prudencia en la valoración, la NIIF 13 señala, en su párrafo 24, que el valor razonable “es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal (o más ventajoso) en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes (es decir, un precio de salida) independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración”.
Respecto a lo que el estándar entiende por “transacción”, señala el párrafo 16 que “una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar: (a) en el mercado principal del activo o pasivo; o (b) en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo” (destacado propio).
De atenerse a teorías como la de oferta y demanda, en mercados activos o en los “más ventajosos”, se podría esperar, por ejemplo, que una “mano invisible” optimizara los precios de salida, allegando información que cumpla con las características cualitativas señaladas en el Marco Conceptual. En su lugar, el “conservadurismo” en la medición del valor razonable podría validar el Fundamento para Conclusiones número 3.28 del Marco Conceptual FASB-IASB 2010, según el cual “... una advertencia para ser prudentes probablemente conduciría a un sesgo”(28).
Aun con las fallas de los mercados, que los hacen imperfectos, la entidad no tiene la posibilidad de aplicar criterios prudenciales en la valoración, pues, como lo indica el párrafo 22 de la NIIF 13, respecto a los participantes en el mercado, “una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes de mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes de mercado actúan en su mejor interés económico”. El preparador no tiene posibilidad de utilizar la prudencia para aplicar el valor razonable y, por lo tanto, debe afectar los resultados o el neto patrimonial, según corresponda(29), por los valores que el mercado o sus variables determinen.
En cuanto a los activos no financieros, la NIIF 13 establece que “una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso”(30), lo cual era impensable hace muy poco en el ámbito de la teoría contable y aún podría serlo en el contexto de normativas adaptadas a los estándares internacionales publicados antes de la eliminación de la prudencia, como sucede con el Plan General de Contabilidad en España y con las normativas con tradición jurídica latinoamericana (el destacado es nuestro).
En cuanto a los activos financieros, el panel asesor experto del IASB, en el documento “Medición y revelación del valor razonable de instrumentos financieros en mercados que ya no están activos”, señaló en octubre del 2008 que “cualquier valor calculado usando un modelo se ajusta por cualesquiera valores que los participantes en el mercado considerarían al establecer el precio si esos factores no son capturados por el modelo usado”, pero advierte que “los ajustes no son apropiados si ajustan la medición más allá del valor razonable, por ejemplo por conservadurismo (...). En otras palabras, no se hacen ajustes por conservadurismo o prudencia”.
En ese mismo sentido, Humphrey (2010), en respuesta al borrador para comentarios públicos denominado “Status of Trustees’ Strategy Review”, publicado el 5 de noviembre del 2010 por la Fundación IFRS, afirma que “el conservadurismo distorsiona y oculta la información que siempre es inferior a lo óptimo (...). Por desgracia, en la práctica, el inversor no puede realmente identificar la cantidad de fuentes de conservadurismo y no tiene esperanzas de precisar correcciones a los informes financieros. La falta de información y falta de transparencia, no protege al inversor particular y genera daño significativo a la eficiencia del mercado de capitales en general”.
4. Algunas regulaciones contables en Iberoamérica frente al nuevo Marco Conceptual 2010
Aunque en los países iberoamericanos la regulación contable se origina principalmente en el derecho latino propio del modelo continental europeo (Franco 2003), con primacía de las formas legales, una economía cada vez más globalizada permea las instituciones locales introduciendo criterios originados en otros sistemas jurídicos, como el anglosajón, y en estándares privados, que privilegian criterios como la esencia sobre la forma de las transacciones.
Laínez (2001) señala que en países donde prima el derecho latino, se establecen marcos conceptuales que dirigen y subordinan la emisión posterior de reglas contables, mientras que bajo la influencia anglosajona, de la cual provienen los estándares del IASB, el Marco Conceptual no tiene carácter imperativo como ley general.
En España y Colombia, por nombrar algunos casos, los marcos conceptuales incluyen la prudencia como uno de los principios que, conceptualmente, orientan la regulación contable, haciendo necesario analizar la conveniencia de introducir nuevas adaptaciones originadas en el nuevo marco conceptual, en la NIIF 13, recientemente publicada, y en los futuros estándares, en los que el conservadurismo no es una opción.
4.1. La prudencia en el Plan General de Contabilidad español
La Cuarta Directiva del Consejo (78/660/CEE), de 25 de julio de 1978, y la Séptima Directiva del Consejo (83/349/CEE), de 13 de junio de 1983, se constituyeron en el sustento legal, en materia contable, para los países integrantes de la Unión Europea, para entonces denominada Comunidad Económica Europea. No obstante, el documento de la Comisión Europea “Armonización contable: una nueva estrategia de cara a la armonización internacional”, publicado en 1995, y “La estrategia de la Unión Europea en materia de información financiera: el camino a seguir”, publicado en el año 2000, presentan la necesidad de impulsar un mercado único de valores y el urgente requerimiento de normas que aumenten la comparabilidad de los estados financieros, así como el “(...) interés por aunar esfuerzos con el IASC y la IOSCO para la elaboración de una normativa contable internacional de calidad, que pueda ser utilizada en todos los países de la Unión y sea coherente con las directivas comunitarias” (Giner y Mora 2001).
Para cumplir los propósitos allí expuestos se emitieron normativas supranacionales, como el Reglamento (CE) 1725 del 2003 del Parlamento Europeo, que adopta determinadas normas internacionales de contabilidad, emitidas cuando estaba en plena vigencia el Marco Conceptual publicado en 1989 por el IASC, en el cual la prudencia es un condicionante de la fiabilidad de la información financiera.
Algunas de las normativas expedidas con posterioridad, que toman como referencia los estándares internacionales y el Marco Conceptual para entonces vigente, son las siguientes directivas y reglamentos que sirvieron de base para la expedición del Plan General de Contabilidad español(31):
— Reglamento (CE) 1606 del 2002, del Parlamento Europeo y el Consejo, mediante el cual se fija la adopción y aplicación de las NIC y sus interpretaciones, y prevé que las empresas tendrán la obligación en el 2005 de utilizarlas en la presentación de sus cuentas consolidadas.
—Reglamento (CE) 1725 del 2003, del Parlamento y el Consejo, mediante el cual se establece la adopción de las NIC que están en vigor desde el 14 de septiembre del 2002, a excepción de la NIC 32 y la NIC 39, relativas a los instrumentos financieros.
— Reglamento (CE) 707 del 2004, de la Comisión, que contempla el reglamento del 2003 integrando la NIIF 1 sobre adopción por primera vez de las NIIF.
— Reglamento (CE) 2086 del 2004, de la Comisión, que adopta la NIC 39, “Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración”, con algunas excepciones, y modifica algunas NIC adoptadas anteriormente.
— Reglamentos (CE) 2236 del 2004, de la Comisión, que publica las NIIF 3, 4 y 5; elimina las NIC 22 y 35 y las SIC 9, 22 y 28, y modifica la NIIF 1 y las NIC 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40 y 41 y la SIC 32.
— Reglamento (CE) 2237 del 2004, de la Comisión, que publica la NIC 32 y la CINIIF 1.
— Y otros reglamentos, como el 2004/2238/CE, 2005/211/CE, 2005/1073/CE, 2005/1751/CE, 2005/1910/CE, 2005/1864/CE, 2005/ 2106/CE, 2006/108/CE, 2006/708/CE, 2006/1329/CE, 2007/610/CE, 2007/ 611/CE, y 2007/1358/CE.
Aunque el Marco Conceptual de los estándares Internacionales no cumple una función condicionante, en términos kelnesianos(32), que lo hagan prevalecer sobre los criterios de las NIC y las NIIF individualmente consideradas, las directivas y reglamentos de la U.E. se emitieron alrededor de la versión publicada en 1989 por el IASC y, por lo tanto, consideran la prudencia tanto explícita como implícitamente.
Sin embargo, la misma Comisión Europea manifestó en el documento “Examen de la conformidad entre las NIC 1 a NIC 41 y las directivas contables europeas”, publicado en abril del 2001, que “... el Comité de contacto destaca que la aplicación de la prudencia sigue siendo uno de los principios fundamentales para garantizar la realización de la presentación razonable conforme a las directivas”, y refiriéndose al reconocimiento de activos por impuestos diferidos, advierte que “... pueden darse casos en que la aplicación del principio de prudencia que figura en la letra c) del apartado 1 del artículo 31 de la Cuarta Directiva exigiría que no se reconocieran estas diferencias”. Además, respecto a la entonces vigente NIC 25 sobre contabilización de las inversiones, el mismo documento indica que “por supuesto, esto sería contrario a las directivas contables, y en especial a la letra e) del apartado 1 del artículo 31 de la Cuarta Directiva, que exige la valoración independiente de las partidas de activo y pasivo. Además, una valoración realizada con arreglo al denominado planteamiento de cartera podría ser contraria al principio de prudencia, permitiendo de facto la inclusión como ingreso del beneficio positivo no realizado, que no se incluiría si no se aplicara el planteamiento de cartera” (énfasis propios).
En dicho contexto europeo, mediante el Real Decreto 1514 del 2007, se emite el Plan General de Contabilidad español, con el que se modifican los criterios contenidos en su versión de 1990, previa recomendación de la Comisión de Expertos que elaborara el denominado Libro blanco de la contabilidad, en el cual también se sugieren cambios al derecho mercantil y general de carácter local que permitan su adaptación a los estándares internacionales de contabilidad.
Es de anotar que el Libro blanco de la contabilidad, publicado en junio del 2002, expresa alguna preferencia por el uso de criterios preexistentes en las normas locales. Así, se observa cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) afirma que “... la Comisión de Expertos, después de analizar con profundidad las ventajas e inconvenientes que tendría el que las sociedades cotizadas en mercados regulados y las entidades no cotizadas que se califiquen como grandes, pudieran aplicar directamente las IAS adoptadas, recomienda que todas las empresas, cotizadas o no, y con independencia de su tamaño, apliquen, en la elaboración de las cuentas individuales, exclusivamente la normativa contable española, la cual necesariamente deberá contener tanto el Marco Conceptual como unos criterios de valoración y presentación compatibles con las Normas Internacionales de Contabilidad, con el fin de posibilitar que las cuentas individuales y consolidadas puedan ser elaboradas sin cambiar criterios contables, haciendo comparables ambos estados financieros e intentando evitar, en la medida de lo posible, que existan criterios diferentes entre ambos conjuntos de cuentas, con los problemas que ello obviamente supone. En definitiva, la comisión recomienda mantener la homogeneidad del derecho contable interno conseguida con la aprobación del Plan General de Contabilidad de 1990” (ICAC 2011) (énfasis propio).
Y en efecto, el Plan General de Contabilidad del 2007 señala que “La contabilidad de la empresa y, en especial, el registro y la valoración de los elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación: empresa en funcionamiento (...) devengo (...) uniformidad (...) prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre”. Enseguida, en el mismo párrafo, parafrasea la restricción del Marco Conceptual internacional de 1989, especificando que “la prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no responda a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales”.
A pesar de retomar dicha restricción a la prudencia, llama la atención que en el texto normativo español se incluya una introducción explicativa en la cual se advierte que “La norma 15.ª Provisiones y contingencias, aunque inspirada en la pérdida de prevalencia del principio de prudencia, no debe asociarse con la desaparición de provisiones de los balances de las entidades españolas” y que una de las novedades, en relación con su normativa contable previa a la adaptación a las NIIF “... es la ubicación del principio de prudencia en pie de igualdad con los restantes principios, lo que en ningún caso debe llevar a pensar que el modelo abandona la tutela de la solvencia patrimonial de la empresa frente a sus acreedores. Por el contrario, el registro de los riesgos deberá seguir realizándose desde la imparcialidad y objetividad exigida por el Plan de 1990 para el análisis de las obligaciones, de tal suerte que, con carácter general, no se han debido registrar en el pasado provisiones que no respondían a verdaderos riesgos de la empresa”.
Con esa explicación, contenida en el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad español del año 2007, la prudencia no adquirió una interpretación muy diferente a la contenida en la versión de 1990, para entonces mucho más influenciada por el derecho latino que por estándares privados, como lo son las denominadas “normas” internacionales, originadas en el ámbito comercial anglosajón. No obstante, la publicación del Marco Conceptual del 2010 por parte del IASB y el FASB podría reabrir el debate respecto a si una mayor perspectiva del inversor en los estándares internacionales implicará que las autoridades españolas interpreten legalmente que la prudencia contenida en su normativa contable tenga el mismo sentido conceptual que en su antecesor Plan General de Contabilidad de 1990.
Considerando que el mismo Plan General de Contabilidad expresa su “... vocación de convergencia con los reglamentos comunitarios que contienen las NIC//NIIF adoptadas, en todos aquellos aspectos que resultan necesarios para hacer compatibles ambos cuerpos normativos contables, sin perjuicio de la restricción de opciones que contempla (...)”, y que “... su carácter [es] autónomo en tanto norma jurídica aprobada en España con un ámbito de aplicación claramente delimitado, a saber, la formulación de las cuentas individuales de todas las empresas españolas (...)”. La comunidad académica y profesional puede preguntarse además si el Marco Conceptual 2010 emitido por el IASB implicará cambios en las directivas y reglamentos de la Unión Europea en materia de información financiera y, por consiguiente, en los planes de contabilidad que le han servido de base: pregunta válida en el contexto regulatorio de uno de los mayores bloques comerciales y financieros del globo que participa activamente en los debidos procesos para la emisión de estándares de contabilidad por parte del IASB(33), cuya perspectiva del inversor es cada vez más relevante para los mercados de capitales con alta dispersión del capital.
4.2. La prudencia en la legislación contable colombiana
La prudencia aparece como un principio rector de la normalización contable colombiana del sector privado, pero es en el sector público, quizás por su connotación de control estatal, donde la prudencia aparece con mayor arraigo.
4.2.1. La prudencia en la normativa contable del sector privado colombiano
En las normas contables para el sector privado establecidas en su momento por el Decreto 2649 de 1993, el artículo 52 determinó que las provisiones se reconocen por concepto de “pasivos estimados”, por “contingencias probables” y por “la reducción del valor de los activos”. Ninguna de estas tres concepciones admite el reconocimiento de provisiones bajo los estándares internacionales, como se expresa más arriba en los comentarios sobre la prudencia en la NIC 37.
El artículo 17 del mismo decreto, acerca de la prudencia, estableció que “cuandoquiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos”, sin condicionarla a la neutralidad, como lo hace el IASB en el párrafo 37 del Marco Conceptual del 1989.
En ese sentido, la normativa contable colombiana para el sector privado podría considerarse un ejemplo de legislación en la cual se incorpora la prudencia sin la restricción de la neutralidad(34), lo cual puede facilitar prácticas contables para el reconocimiento anticipado de gastos y de “ingresos por recuperaciones”.
Por su parte, el Decreto 2650 de 1993 incluyó un grupo de códigos de cuentas denominado “26. Pasivos estimados y provisiones”, que permite el reconocimiento de provisiones (incluyendo las “diversas”), sin mayores exigencias que las estimaciones de la gerencia.
Esto contradice el Marco Conceptual internacional de 1989, cuando en su párrafo 61, respecto a los pasivos, establece que “es necesario distinguir entre una obligación presente y un compromiso para el futuro (...). Normalmente, el pasivo surge solo cuando se ha recibido el activo”, y el párrafo 4.15 del Marco Conceptual del 2010, que, en el mismo sentido, expresa que “las obligaciones pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Este es normalmente el caso, por ejemplo, de las cuentas por pagar por bienes y servicios recibidos” (destacados propios).
Estas diferencias normativas permiten que en Colombia las empresas reconozcan provisiones para asuntos tan diversos, como la “protección de activos” (incluyendo las de “otros activos”), las contingencias y los “mantenimientos futuros”, para lo cual se pueden basar, por ejemplo, en un plan propio o en un contrato firmado al finalizar el periodo contable, para que un proveedor haga tales mantenimientos en el periodo siguiente, reconociendo un pasivo sin que el contrato se haya ejecutado, es decir, sin haber recibido el bien o el servicio. También se reconocen provisiones reversibles en periodos futuros, aplicando normas tributarias que se usan regularmente en contabilidad(35).
Por ejemplo, el artículo 63 del Decreto 2649 de 1993 señala que “al cierre del periodo deben reconocerse las contingencias de pérdida del valor expresado de los inventarios, mediante las provisiones necesarias para ajustarlos a su valor neto de realización”, y el artículo 64 del Estatuto Tributario colombiano establece una provisión equivalente al tres por ciento del inventario inicial más las compras del periodo (disponible para la venta), sin restringir su deducción fiscal a que se trate de pérdidas físicas de mercancías o a que su realización se mida por debajo del costo(36).
Dado que la contabilidad es medio de prueba tributaria en Colombia(37), con frecuencia se utiliza esta norma fiscal para registrar provisiones contables, específicamente en una cuenta valuativa, de naturaleza pasiva, en la cual “se acumula” dicha provisión. Ante la amplia rotación inherente al inventario, esta provisión acumulada se puede revertir en periodos posteriores y se contabiliza como un “ingreso”, conforme al artículo 195 del mismo estatuto denominado “Renta líquida por recuperación de deducciones”.
La normativa tributaria local también incluye las denominadas “provisiones de cartera”. Aunque la normativa contable del sector privado señaló que dichas provisiones se deben reconocer “técnicamente” (D. 2649/93, art. 62), es común que las empresas reconozcan contablemente las provisiones de cartera basándose en los porcentajes que la norma tributaria establece, asunto que el informe ROSC del Banco Mundial y el BID ha considerado como uno de los aspectos que resta calidad a la información contable en Colombia. Los contribuyentes reconocen estas provisiones con propósitos de aplazamiento de pagos de impuestos, incluso cuando se trata de cartera líquida, prácticas contables que permiten “colchones” para trasladar utilidades (o pérdidas) entre periodos contables (Reports on the Observance of Standards and Codes 2003).
4.2.2. La prudencia en la normativa contable del sector público colombiano
El régimen de contabilidad pública colombiano, adoptado en su momento mediante las resoluciones 354, 355 y 356 del 2007, expedidas por la Contaduría General de la Nación, señala la prudencia como uno de los “principios de contabilidad”, categoría conceptual prevalente en términos interpretativos, por considerarlos como “... pautas básicas o macrorreglas que dirigen el proceso para la generación de información en función de los propósitos del SNCP y de los objetivos de la información contable pública, sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual de procedimientos y la doctrina contable pública”(38).
El párrafo 114 de este instrumento de regulación categoriza la prudencia como un principio y el párrafo 120 lo define así:
“Prudencia. En relación con los ingresos, deben contabilizarse únicamente los realizados durante el periodo contable y no los potenciales o sometidos a condición alguna. Con referencia a los gastos deben contabilizarse no solo en los que se incurre durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales (...). Cuando existan diferentes posibilidades para reconocer y revelar de manera confiable un hecho, se debe optar por la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos” (destacados fuera de texto).
La neutralidad no es un concepto que se incluya en el Régimen de Contabilidad Pública colombiano y por tanto no se constituye en un condicionante de la prudencia, como sí lo hizo en su momento el Marco Conceptual Internacional de 1989. Además, esta normativa para el sector público colombiano, que incluye empresas estatales que participan en mercados públicos, permite el reconocimiento de gastos “eventuales”, concepto vinculado a las contingencias que, bajo estándares internacionales, no se reconocen como pasivos sino que se revelan en notas (NIC 37 “Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes”).
Algunas preguntas que el organismo regulador contable público puede plantearse son si la prudencia continuará categorizándose como un principio contable, si ese nivel le propicia relevancia interpretativa en casos de incertidumbres contables, si realmente la prudencia se refiere a una característica cualitativa de la información contable, si debe introducirse el concepto de “neutralidad” para reducir la ingerencia de la prudencia o, si aun con estándares internacionales menos conservadores (como la NIIF 13), se debe mantener una regulación contable pública conservadora, pues en todo caso esta regulación hace parte de un Sistema Nacional de Contabilidad Pública altamente reglado y diseñado para propósitos de control de recursos, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia del sector público(39).
5. La prudencia en el sector financiero internacional
El análisis de la prudencia para el sector real de la economía difiere de lo que en el ámbito internacional se ha comprendido para el sector financiero. Al menos es así en lo referente al reconocimiento de los deterioros de valor de instrumentos financieros, sea que se tengan con intenciones especulativas y se midan al valor razonable con cambios en resultados, o con la intención de recibir los flujos contractuales manteniéndolos hasta el vencimiento y se midan al costo amortizado.
Lo anterior porque el sector financiero está expuesto normalmente a ciclos económicos que pueden conllevar al reconocimiento de ingresos por valoración de estos instrumentos y a la generación de burbujas especulativas que pueden no representar ganancias realizadas y que, por tanto, sería importante contrarrestarlas, vía provisiones “contracíclicas”.
Así lo entendió el Working Group on Financial Reform(40), en el 2008, mediante el documento “Marco conceptual para la estabilidad financiera (Group of Thirty 2009), que recomienda, respecto a las instituciones financieras, que “tanto las políticas de regulación como las normas contables deben protegerse contra los efectos procíclicos y ser coherentes con el mantenimiento de las prácticas comerciales prudentes”. La Cumbre de Londres de abril del 2009 reunió a los líderes del G-20, y propuso una mayor regulación prudencial como parte de las transformaciones necesarias para asegurar la estabilidad del sistema financiero mundial, afectado por la sonada crisis global (Mantilla 2009).
Una de las discusiones vinculadas con esta reunión fue si la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición” debía continuar calculando los deterioros de valor de los activos financieros al costo amortizado basándose únicamente en “hechos pasados”, tales como las insolvencias del emisor del instrumento o el incumplimiento previo de cláusulas contractuales.
Continuar con el enfoque de este estándar podría hacer que las compañías del sector financiero no contabilicen “provisiones” (deterioros) en épocas de “vacas gordas”, representadas en los ciclos altos, eventualmente especulativos, con la consecuencia de potenciales crisis, como las relacionadas con las hipotecas subprime, generadoras de la debacle financiera global en el 2007 y el 2008, que evidenció la existencia previa de una burbuja financiera.
Al respecto, el G-20 pidió al IASB y al FASB evaluar el papel que la regulación contable podría tener en la prevención o en la reducción de las crisis financieras, así como la emisión de borradores de estándares, para discusión pública, acerca de provisiones contracíclicas relacionadas con cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros.
En noviembre del 2009 el Financial Crisis Advisory Group (FCAG), organismo creado por el IASB y el FASB, emite un borrador proponiendo, entre otros asuntos, que los instrumentos financieros al costo amortizado se deterioren considerando no solamente hechos pasados, sino también basándose en fuentes de información internas y externas, tales como calificaciones de riesgo y experiencia crediticia, así como en datos históricos (IASB 2009). En ese mismo año se emite la NIIF 9 “Instrumentos financieros” que, entre otros aspectos, reduce la complejidad en la contabilidad de activos financieros, expide el borrador para reducir la volatilidad que en resultados produce la contabilidad de pasivos financieros al valor razonable y otro más para reducir la complejidad de la contabilidad de coberturas y para disminuir la posibilidad de contabilizar derivados especulativos complejos que eventualmente se usan para ocultar los resultados reales o los verdaderos comportamientos del mercado.
Como consecuencia, en enero del 2011 se publica el suplemento del borrador de noviembre del 2009 según el cual se debe reconocer el riesgo de incumplimiento a partir de un enfoque de pérdidas esperadas, no solo basándose en hechos pasados, sino también en condiciones desfavorables futuras que puedan proyectarse según criterios razonables y soportadas en datos disponibles en la fecha en que se mide el deterioro (IASB 2009).
Según el documento, “este enfoque busca remplazar criterios de medición del deterioro pro cíclicos, es decir conducentes a seguir el mismo comportamiento del ciclo económico: reducir las pérdidas por deterioro cuando las condiciones son favorables y aumentarlas cuando las condiciones económicas son desfavorables, agudizando las pérdidas en momento de crisis. Por el contrario, se pretende establecer criterios que conduzcan a mediciones de deterioro contracíclicas, en que se estimen situaciones futuras de deterioro a partir de evidencias objetivas actuales que impacten los resultados actuales y suavicen los efectos de deterioro en los resultados en momentos de crisis”(41).
Por su parte, el Financial Stability Board (FSB) publicó el 9 de enero del 2010 la estructura para el fortalecimiento de la adherencia a los estándares internacionales, destacando los doce estándares clave, entre los que se incluyen los de Basilea III, que aumentan los requerimientos de encajes bancarios y de reservas sobre activos.
El Banco Mundial también señala en diferentes pronunciamientos estar de acuerdo con la búsqueda de macro-regulaciones prudenciales para el sector bancario que contribuyan a reducir los efectos que una burbuja financiera puede ocasionar (World Bank 2009).
En su caso, el Banco de España ha señalado que “(...) no debe olvidarse que la solvencia de las entidades de depósito españolas queda reforzada por un sólido sistema de provisiones para insolvencias. En este sentido, en España las provisiones siempre han formado parte del marco de regulación prudencial, ya que la experiencia ha demostrado que, ante una situación de crisis de impagos generalizada, los problemas podrían plasmarse en aquellas entidades que, a pesar de disponer de un coeficiente de solvencia sólido, no tuvieran bien valorados sus activos”, y recuerda que “el sistema de provisiones ha cambiado en varias ocasiones desde 1999, primero para incorporar lo que se conoció como provisión estadística, y segundo para adecuarse a lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)” (Gil 2006). En el mismo documento se asegura que las dificultades acaecidas en los mercados globales en relación con las crisis financieras no han involucrado a las entidades de ese sector en España, gracias al desarrollo de la regulación prudencial a lo largo de las últimas décadas.
En Colombia, la Superintendencia Financiera ha contado con una regulación prudencial bastante conservadora, pues en su papel de supervisión y control ordena la constitución de provisiones contracíclicas para el sector financiero. Estas provisiones son calculadas según metodologías de riesgo internacionalmente aceptadas y localmente alineadas con las políticas gubernamentales y la experiencia del mercado. En cuanto a este punto, el codirector del Banco de la República señaló que “en términos de política financiera, el esquema de la Superintendencia ha sido muy bueno en tener medidas contracíclicas y complementarlo con unas reservas. Creo que es el momento de admitir que esas provisiones sean utilizadas en el momento en que se dañe la cartera” (Zárate 2009).
Las medidas de la Superintendencia fueron un factor clave para evitar un mayor impacto de la crisis financiera global en Colombia, pues la Prudencia se constituyó en un concepto válido y recomendable para la regulación y la supervisión de las prácticas seguidas por los bancos y otras instituciones financieras, cuyos activos, como los bienes recibidos en pago, las inversiones inmobiliarias y otros instrumentos financieros, no siguen la misma lógica que el sector real, dada su mayor exposición a los ciclos económicos y sus efectos sobre otros sectores.
La Superintendencia Financiera también actuó en concordancia con los estándares de Basilea, respecto a lo cual Luis Fernando Andrade (2011) afirma que “en América Latina no tuvimos una crisis financiera como en Estados Unidos o Europa. En gran parte, eso se debe a que teníamos una regulación mucho más conservadora. De hecho, los grandes bancos de la región ya cumplen con la mayoría de los requerimientos de Basilea III. Lo importante ahora no es introducir nuevas regulaciones sino fortalecer la capacidad de gestión de riesgo de los bancos y la capacidad de supervisión del Estado”.
En ese sentido, la regulación prudencial mediante estándares internacionales como Basilea III y la creación de provisiones contracíclicas, así como su consecuente supervisión, son medidas que el mercado y los reguladores globales ven como una práctica deseable en el sector financiero, dada su mayor exposición a riesgos como el de mercado, el operativo, el de lavado de activos, el crediticio (o de contraparte), entre otros. El mismo IASB y el FASB han publicado borradores de discusión proponiendo estándares contables conservadores en el reconocimiento inicial y la medición posterior de instrumentos financieros, lo cual no obsta para la eliminación de la prudencia del Marco Conceptual del 2010 para el sector real como un resultado del proceso de convergencia contable internacional.
Una discusión central consiste en si las denominadas “provisiones contracíclicas” en el sector financiero son una potestad del preparador de los estados financieros, con los riesgos que podrían implicar para la representación fiel, o si deberían depender de la regulación prudencial emitida por los organismos locales encargados de la vigilancia, control y supervisión de la actividad bancaria y financiera, en concordancia con recomendaciones y estándares como los de Basilea y los emitidos por organismos como el International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
En los países con tradición jurídica latina las normas contables han considerado la prudencia como uno de los principales criterios interpretativos ante situaciones de incertidumbre. La jerarquía que normalmente ocupa en la regulación contable podría inducir a que algunos preparadores de la información justifiquen prácticas de contabilidad creativa, específicamente el reconocimiento anticipado de gastos (y pasivos) o la reducción deliberada de ingresos (y de activos), a fin de mejorar los resultados de periodos futuros, desvirtuando así la neutralidad requerida en la información útil para la toma de decisiones económicas.
En su lugar, los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, originados en países con tradición jurídica anglosajona, dan menor relevancia al criterio de prudencia, como se observa en uno de los productos de la convergencia contable internacional entre el IASB y el FASB: la publicación conjunta del Marco Conceptual 2010, del que la prudencia no hace parte, tal y como lo habían sugerido varios participantes en los debidos procesos de emisión de estándares contables globales.
La eliminación de la prudencia del marco de conceptos es consecuencia de la emisión de estándares globales con énfasis en la perspectiva del inversor, e implica significativos cambios tanto en los estándares internacionales de contabilidad hasta ahora emitidos como en la codificación legal comercial y contable de los países latinos, cada vez más enfocada en facilitar la inserción empresarial en los mercados de capital.
La crisis de la prudencia en las normas internacionales de contabilidad inició con las discusiones conceptuales presentadas en los Estados Unidos y en otros países, producto de prácticas de contabilidad creativa, documentadas en estudios y en la observación de la evolución de los negocios, asunto que influye fuertemente en la expedición de estándares contables internacionales de aceptación generalizada.
Estos comportamientos implicaron que el FASB, organismo emisor de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en los Estados Unidos, propusiera cambios en los estándares internacionales de contabilidad e información financiera, en virtud del acuerdo de Norwalk suscrito con el IASB, organismo emisor de estos últimos.
Como resultado, el Marco Conceptual conjunto ha eliminado la prudencia, criticada en los países anglosajones y ampliamente aceptada por las normas contables y tributarias de los países latinos.
En los procesos de convergencia y armonización contable, que toman como referente estándares internacionalmente reconocidos y aceptados, se debe evaluar si la prudencia debe continuar haciendo parte de las normas contables locales, especialmente si este concepto puede ser aplicado por las empresas (estatales o no) que actúan en el sector real y que tienen la responsabilidad de rendir cuentas, dada su composición accionaria con recursos del público, que implica, en últimas, una mayor perspectiva del inversor tanto en sus órganos de gobierno corporativo como en relación con la información suministrada mediante los estados financieros de propósito general.
En caso de continuar con el criterio de prudencia en las normas locales, se debe evaluar si este concepto debe ser tenido como un principio contable, como característica cualitativa de la información contable y financiera, como norma básica o como cualquier otra categoría que, potencialmente, permita que los preparadores de la información le den un nivel de interpretación que eventualmente contradiga supuestos del estándar internacional, como lo son la perspectiva del inversor y las prácticas de gobierno corporativo.
La elaboración de normas contables propias implica resolver estas y otras preguntas de fondo, derivadas de las diferencias entre los modelos de regulación latino y anglosajón.
Incluir la prudencia en la normativa local puede justificarse en razones legales, de control y de tradición normativa, en la metodología lógico-deductiva, entre otras. No obstante, según la tendencia internacional, si la prudencia está contenida en las normas y estándares contables, se podría inducir a la justificación legal de prácticas de contabilidad creativa.
Concretamente, la experiencia internacional se refiere a la evasión de la neutralidad en la presentación de los estados financieros mediante la creación de sesgos al abusar de la prudencia en el reconocimiento anticipado de gastos, reduciendo activos o aumentando pasivos, que en muchos casos también pueden convertirse en “otros ingresos” por recuperaciones en periodos futuros.
Se podrían esperar importantes cambios en las normativas contables locales elaboradas siguiendo los criterios establecidos en las NIIF antes de la publicación del Marco Conceptual del 2010 por parte de IASB y FASB, pues dicho marco y la NIIF 13 “Medición del valor razonable” se constituyen en verdaderos hitos en la emisión de estándares con una mayor perspectiva del inversor. Este es el caso de las directivas de la Unión Europea en materia de información financiera y el Plan General de Contabilidad español, entre otras normativas contables de Iberoamérica.
Quizás la inclusión de la prudencia en las normas locales se pueda paliar con la neutralidad, a fin de advertir sobre la prohibición de crear sesgos informativos. En países como Colombia, el Decreto 2649 de 1993, para el sector privado, no incluyó en su momento la neutralidad como condicionante y el mismo concepto no está presente en la regulación contable del sector público (que incluye a empresas estatales participantes en mercados de capitales).
Sin embargo la opción de incluir simultáneamente la prudencia y la neutralidad en un Marco Conceptual ya se probó en el que expidiera el IASB en 1989, asunto que ha sido considerado como una contradicción conceptual, pues la neutralidad realmente hace parte de la representación fiel como característica cualitativa fundamental.
Estamos, entonces, frente a la experiencia internacional que ha evidenciado una verdadera crisis de la prudencia. Es este uno de los resultados relevantes del proceso de convergencia entre los estándares contables internacionales y los principios contables norteamericanos, del que se esperaría que traiga consigo profundas consecuencias en las futuras normativas contables latinas.
Una mayor convergencia o armonización hacia las NIIF evitaría el reconocimiento de provisiones como gastos anticipados o convertibles en “recuperaciones”, así como la existencia de pasivos estimados, pues se trata de prácticas nada deseables en el sector real de la economía. Incluir la prudencia en la regulación contable podría abrir las puertas a prácticas de contabilidad creativa por el margen de interpretación concedido al preparador de los estados financieros, según lo que se evidencia en la experiencia internacional.
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(1) Según la web de CFAI, esta organización data de 1947 y cuenta con más de 100.000 miembros alrededor del mundo.
(2) Otros principios a que se refiere este documento son: “(3) La información del valor razonable es la más relevante para la toma de decisiones financieras (...) (12) Las revelaciones deben proporcionar a todos los inversionistas la información adicional requerida para comprender los elementos reconocidos en los estados financieros, sus propiedades de medición, y la exposición al riesgo” (CFAI 2007). Los demás principios se pueden consultar en www.cfainstitute.org.
(3) El Acuerdo de Norwalk se refiere al Memorando de Entendimiento firmado entre el FASB y el IASB en octubre de 2002 en la ciudad de Norwalk, Connecticut, Estados Unidos de América.
(4) El párrafo 10 del Marco Conceptual de 1989 señala que “Puesto que los inversores son los suministradores de capital-riesgo a la entidad, las informaciones contenidas en los estados financieros que cubran sus necesidades, cubrirán también muchas de las necesidades que otros usuarios esperan satisfacer en tales estados financieros”.
(5) El Marco Conceptual 2010 es el resultado de un proceso encaminado a sustituir el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros publicado en 1989.
(6) Principios de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2004.
(7) La obra The Modern Corporation and Private Property de Adolf Berle y Gardiner Means (1932), uno de los orígenes académicos de los códigos de gobierno corporativo, expone que en plena crisis económica de la bolsa de valores de New York un pequeño grupo de familias, entre las que destacan los Morgan y Rockefeller, controlaban la mayor parte de las grandes compañías estadounidenses y lo hacían como gestores sin necesidad de tener la propiedad de las empresas. Citada por Fernando Zunzunegui (2006), en esta obra se analiza cómo “esta situación daba lugar a una falta de control de los gestores por parte de los accionistas y al riesgo de que los gestores pusieran sus intereses particulares por encima de los del conjunto de los accionistas a los que representaban. Para superar este conflicto surgen las recomendaciones de buen gobierno corporativo como técnica para alinear los intereses de los gestores con los de los accionistas”.
(8) Para efectos de este artículo, prudencia se denomina también “conservadurismo”, entendido el párrafo 37 del Marco Conceptual de IASB de 1989 como “la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto”.
(9) El concepto de esencia sobre forma continúa implícito en la representación fiel de la información, pues la base para conclusiones 3.26 del nuevo marco expresa que “la esencia sobre la forma no se considera un componente separado de la representación fiel porque sería redundante. La representación fiel significa que la información financiera representa la esencia de un fenómeno económico en lugar de meramente representar su forma legal. La representación de una forma legal que difiere de la esencia económica que subyace en el fenómeno económico podría no dar lugar a una representación fiel”.
(10) La esencia sobre la forma continúa haciendo parte de las consideraciones que se deben observar al determinar la existencia de un elemento de los estados financieros (que ahora son activos, pasivos, ingresos, patrimonio, rendimiento, ingresos y gastos), pues el párrafo 4.6 del Marco Conceptual del 2010 señala que “al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma, y no meramente a su forma legal”.
(11) Como en la versión de 1989, el Marco Conceptual del 2010 señala que no prima sobre un estándar internacional si se llegaran a presentar conflictos, por lo que se constituye, entre otros propósitos, como una guía para la expedición futura de estándares internacionales, para modificar los existentes y para interpretar información contenida en los estados financieros. Ello significa que el Marco Conceptual no es tomado en ese contexto como una “constitución contable” con mayor jerarquía normativa, sino como un elemento guía o de interpretación.
(12) La NIC 1 define los estados financieros de propósito general como “... aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información”.
(13) Proponer la prudencia como un principio de contabilidad, como una norma básica o como una característica cualitativa puede tener diferentes niveles de interpretación por parte de los preparadores de los estados financieros que deben seguir la norma contable previamente expedida.
(14) Párrafo 37 del Marco Conceptual emitido por IASB en 1989.
(15) Párrafos 91 a 97 de la Declaración de Conceptos Número 2. FASB 1980.
(16) IASB-FASB, http://www.fasb.org/05-25-05.pdf.
(17) En mayo del 2005 el FASB publicó el documento “Revisiting the Concepts. A New Conceptual Framework Project”, en el que ya se daba cuenta de la discusión en relación con el principio de prudencia. Disponible en: http://www.fasb.org/project/communications _paper.pdf
(18) El Joint Conceptual Framework Project publicado en junio de 2005 puede descargarse desde http://www.fasb.org/fasac/06-21-05_confwk.pdf
(19) Párrafo 37. Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros. IASB, 1989.
(20) En las normas locales de algunos países se hace referencia a pasivos “estimados”, mientras en el estándar se trata de existentes, es decir que aunque se estime su valor, deben representar verdaderas obligaciones presentes, surgidos como consecuencia de sucesos pasados y de los cuales sea probable una salida de recursos. Al respecto puede verse la definición de pasivo del marco conceptual, el cual exige que los pasivos se reconozcan cuando se haya recibido un bien o un servicio o cuando los contratos hayan sido ejecutados por parte de terceros (no se reconocen pasivos por la sola suscripción de contratos comerciales (con limitada excepción a los contratos onerosos a los que se refiere la NIC 37)).
(21) Impairment Test.
(22) Discusiones académicas universitarias para la armonización contable en Colombia y discusiones que hacen parte del proyecto de armonización llevado a cabo por la Contaduría General de la Nación para las empresas estatales (sin editar).
(23) Párrafo 36 de la NIC 2.
(24) El párrafo 28 de la NIC 2: ”Inventarios” indica que “El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído”.
(25) Estados financieros públicos de Sodimac Colombia S.A. 2010. (Home Center). Datos para la aplicación de las NIIF. http://www.homecenter.com.co
(26) El estándar no se refiere exactamente al 50% sino a una probabilidad mayor de que suceda, respecto a lo contrario. No obstante las bases para conclusiones y las discusiones en FASB reseñan este porcentaje.
(27) Un precio de salida se define en la NIIF 13 como “El precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo”.
(28) La mano invisible como metáfora que expresa la capacidad autorreguladora del libre mercado fue acuñada por el filósofo político escocés Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales (1759), y popularizada gracias a su obra magna, La riqueza de las naciones (1776). No obstante, algunos críticos como el destacado economista Joseph Eugene Stiglitz la han criticado basándose en las fallas del mercado para asignar eficientemente la riqueza, redistribuir el ingreso, entre otras externalidades negativas.
(29) Hasta la fecha, las NIIF obligan la aplicación del valor razonable en algunos instrumentos financieros y en los activos biológicos, y establecen que es opcional para los activos de las Propiedades, Planta y Equipo (Inmovilizado Material), los Intangibles (Inmovilizado Inmaterial) y para los inmuebles de inversión. Se reconocen en resultados los cambios en el valor razonable, salvo los casos en los cuales se permite afectar el neto patrimonial, específicamente para instrumentos financieros disponibles para la venta, la parte eficaz de algunas coberturas (de efectivo y de conversión de inversiones en el extranjero) y los provenientes del modelo revaluado del inmovilizado material e inmaterial.
(30) Incluso el párrafo 32 va más allá al determinar que el máximo y mejor uso “supone que el máximo y mejor uso del activo es utilizarlo en combinación con otros activos o con otros activos y pasivos porque una medición a valor razonable supone que el participante de mercado ya mantiene los activos complementarios y los pasivos asociados”.
(31) El Detalle de las Directivas y Reglamentos más relevantes expedidos en el periodo 2003-2008 en la Unión Europea, base del Plan General de Contabilidad español publicado en el Real Decreto 1514 del 16 de noviembre del 2007, puede verse en Rodríguez (2006) y Monclús (2008).
(32) Hans Kelsen, en su teoría de la validez jurídica postula, en términos generales, que las normas jurídicas son una especie de peldaños, unas de otras, en forma ascendente, siendo una el origen de la otra hasta llegar en el último término a la Constitución como norma de normas. Bobbio, 1997.
(33) El International Accounting Standards Board (IASB) y el European Financial Reporting Accounting Group (EFRAG), organismo técnico que estimula el debate en Europa en torno a la evolución de los Estándares Internacionales de Información Financiera, llevan a cabo un plan de trabajo encaminado a contribuir con el debido proceso de la regulación contable global. Al respecto puede verse http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+EFRAG+work+ plan.htm
(34) Aunque el artículo 4º del Decreto 2649 de 1993 establece que “La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos”, no define la neutralidad ni la propone en un nivel tal que condicione la prudencia.
(35) Según el Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC), publicado en 2003, la contabilidad en Colombia presenta dificultades para revelar la realidad económica y financiera de las empresas, entre otras razones por las prácticas contables altamente influenciada por la tradición jurídica y la aplicación de normas tributarias en la preparación y presentación de estados financieros.
(36) Aunque de manera temporal la Sentencia 13706 del 29 de septiembre del 2005, del Consejo de Estado, negó la deducibilidad fiscal, la Ley 1111 de 2006, la jurisprudencia y la doctrina tributaria establecen la continuidad de esta tradición jurídico-tributaria, permitiéndose la denominada “provisión de inventarios”.
(37) El artículo 772 del Estatuto Tributario local determina: “LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE PRUEBA. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma”.
(38) Párrafo 114 del Régimen de Contabilidad Pública 2007.
(39) La Ley 298 de 1996 establece un Sistema Nacional de Contabilidad Pública dirigido al cumplimiento de un propósito constitucional: la consolidación del Balance General de la Nación, en el cual se incluye la información concerniente a las empresas estatales, cuya contabilidad está reglada, desde el documento fuente, por la Contaduría General de la Nación.
(40) El Grupo de Trabajo para la Reforma Financiera fue conformado en Julio de 2008 por el denominado Grupo de los Treinta, un reconocido cuerpo consultivo internacional privado, sin fines de lucro constituido en los Estados Unidos en 1.978, cuyo objetivo es “Profundizar en la comprensión de las cuestiones económicas y financieras globales, explorar las repercusiones internacionales de las decisiones adoptadas en los sectores público y privado, y examinar las opciones disponibles para los profesionales del mercado y los políticos”.
(41) Supplement to ED/2009/12. Financial Instruments: Amortized Cost and Impairment. www.iasb.org