Source: https://legislacion.vlex.es/vid/medidas-sector-empresarial-fundacional-437633333
Timestamp: 2019-01-19 14:27:04
Document Index: 256705952

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'Artículo 50', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 29', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 39', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8']

Ley de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (Ley 1/2013, de 21 de mayo) - Normativa de la Comunidad Valenciana - Legislación - VLEX 437633333
CAPÍTULO VII Corporación pública empresarial valenciana. - arts. 30 y 31
NOVENA. Órganos colegiados
DECIMOSÉPTIMA. Publicidad de estatutos
DECIMOCTAVA. De las aportaciones de capital social de las sociedades mercantiles de la Generalitat
SÉPTIMA. Modificación del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell por el que se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell de Medidas Urgentes de Régimen EconómicoFinanciero del Sector Público Empresarial y Fundacional
Norma citada en: 23 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 noticias
Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, corregida por la Corrección de errores de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (procedente del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre), publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 10 de Junio de 2013.
La complicada situación económica aconsejaron la máxima celeridad para poner en marcha la nueva configuración del sector público empresarial y fundacional, a cuya ejecución la Generalitat se había comprometido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. De todo ello derivó la extraordinaria y urgente necesidad de su aprobación como Decreto ley, puesto que era imprescindible disponer del soporte jurídico esencial y fundamental para poner en marcha el proceso de reestructuración comprometido. El Decreto ley 7/2012, fue convalidado por el
Pleno de Les Corts, en la sesión de 14 de noviembre de 2012, acordándose asimismo, su tramitación como proyecto de ley.
Esta ley tiene por objeto establecer las medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, disponiendo las actuaciones a realizar sobre las distintas personas jurídicas integrantes del mismo, y fijando el marco de referencia para su desarrollo.
Los órganos de gobierno de las entidades de derecho público, de las sociedades mercantiles y de las fundaciones del sector público, afectadas por la presente ley, realizarán todas las actuaciones que sean legalmente necesarias y convenientes para la ejecución y plena eficacia de las medidas previstas en el mismo en los plazos fijados.
Las medidas de carácter laboral, como el redimensionamiento de plantillas y adaptación de condiciones laborales, que se adopten en ejecución de las operaciones de reestructuración y racionalización de los entes del sector público empresarial y fundacional y que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de consolidación fiscal y déficit público y para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los entes surgidos de dichas operaciones, se deberán motivar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos de los artículos 39, 40, 41, 51, 52.c y 82.3 y de la disposiciones adicionales vigésima y vigésima primera del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Queda suprimido el Consell Valencià de l'Esport, entidad de derecho público creada por la Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Consell Valencià de l'Esport serán asumidas por la consellería a la que esté adscrito, que se subrogará en la posición del Consell Valencià de l'Esport en todos sus procedimientos y en los derechos y obligaciones que le correspondan.
Toda mención al Consell Valencià de l'Esport que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la consellería que asume sus funciones.
Los bienes y derechos propios integrantes del patrimonio del Consell Valencià de l'Esport se incorporarán al Patrimonio de la Generalitat, a través de la consellería que asuma sus funciones, a la que se entenderán adscritos sin necesidad de declaración expresa. Del mismo modo, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat, los bienes y derechos adscritos al Consell Valencià de l'Esport se entenderán adscritos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería que asuma sus funciones, que se subrogará en los derechos, facultades y obligaciones sobre dichos bienes.
Artículo 50. De la modificación de la denominación y de los fines de la entidad de derecho público Teatres de la Generalitat.
La modificación de la denominación y fines se realiza de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye al Instituto Valenciano de la Música, al Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay y al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales serán asumidas por la entidad CulturArts Generalitat, salvo las funciones de carácter administrativo que se determinen en las normas de desarrollo del presente capítulo y que podrán ser asumidas por la consellería de adscripción.
En relación con las funciones asumidas por CulturArts Generalitat, ésta se subrogará en la posición de estas entidades en todos los derechos y obligaciones que les correspondan y en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas con terceros, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012. En los mismos términos, las unidades artísticas previstas en la Ley 2/1998, de 12 de mayo, de la Generalitat, Valenciana de la Música, se adscribirán a la entidad CulturArts Generalitat.
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio del Instituto Valenciano de la Música, del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay y del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, así como los de la Generalitat que tuviesen adscritos, se incorporarán, con la misma condición que tenían, a CulturArts Generalitat en relación con las funciones asumidas, sin necesidad de declaración expresa.
Se incorporarán la totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat y representativas del 100 por cien del capital social de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, a favor de la entidad de derecho público CulturArts Generalitat, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional duodécima de la Ley 14/2003, de 3 de abril, de Patrimonio, de la Generalitat, y en los términos y plazos previstos en la disposición transitoria primera, apartado 3, de la presente norma.
Efectuada la extinción de la mercantil Proyecto Cultural de Castellón, SA, toda mención a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a CulturArts Generalitat.
Artículo 13, modificado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 14, modificado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Queda suprimida la Agencia Valenciana de Movilidad, entidad de derecho público creada por la Ley 9/2000, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de constitución de la Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia Valenciana de Movilidad serán asumidas, según su naturaleza administrativa o comercial, por la consellería a la que esté adscrito o por la entidad de derecho público que se determine, respectivamente.
La consellería y la entidad de derecho público que asuman las funciones de la Agencia Valenciana de Movilidad se subrogarán en la posición de la Agencia en todos sus procedimientos y en los derechos y obligaciones que le correspondan en relación con las respectivas funciones asumidas, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Toda mención a la Agencia Valenciana de Movilidad que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada, según la materia, a la consellería o a la entidad de derecho público que asume sus funciones, respectivamente.
Los bienes y derechos integrantes del patrimonio de la Agencia Valenciana de Movilidad, así como los de la Generalitat que tuviese adscritos, se incorporarán al patrimonio de la Generalitat, adscritos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería competente por razón de la materia, sin perjuicio de una posterior adscripción a la entidad de derecho público que, en su caso, se determine en atención a las funciones asumidas.
Las relaciones entre Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y la Generalitat, a través de la consellería a la que está adscrito, se articularán mediante un contrato programa o contrato de gestión de carácter plurianual, en el que, como mínimo y para el período de su vigencia, se incluirán los siguientes extremos:
La entidad Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, a través de la Subsecretaría de su consellería de adscripción, deberá remitir a la consellería con competencia en materia del sector público empresarial, con carácter previo a su aprobación, las propuestas del contrato programa o contrato de gestión para informe preceptivo y vinculante en relación con su impacto en la viabilidad del ente y en la consecución de los objetivos estratégicos de conjunto del sector público empresarial.
Queda suprimido el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP), entidad de derecho público creada por la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Las funciones de índole administrativa que el ordenamiento jurídico atribuye al Centro Superior de Investigación en Salud Pública serán asumidas por la consellería a la que esté adscrito, que se subrogará en la posición del Centro Superior de Investigación en Salud Pública en sus procedimientos, relaciones jurídicas y en los derechos y obligaciones que le correspondan en este ámbito.
Las menciones al Centro Superior de Investigación en Salud Pública que figuren en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberán entenderse realizadas, según las materias, bien a la consellería que asuma sus funciones administrativas, bien a la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana.
Los bienes integrantes del patrimonio del Centro Superior de Investigación en Salud Pública, así como los de la Generalitat que tuviese adscritos, se incorporarán al Patrimonio de la Generalitat, adscritos, sin necesidad de declaración expresa, a la consellería competente en la materia, la cual podrá, en su caso, y previa tramitación del correspondiente expediente, autorizar el uso u ocupación temporal de los mismos a la citada fundación.
Incorporadas las acciones, se procederá de forma inmediata a la extinción de la mercantil Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, mediante la cesión global de su activo y pasivo a favor del Instituto Valenciano de Acción Social, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones
estructurales de sociedades mercantiles, y disposición final primera de la presente norma, sin practicarse la liquidación.
Se modifica el título y los apartados primero, segundo y tercero de la disposición adicional séptima de la Ley 12/1988, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 1989, que creó como entidad de derecho público el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, modificando la Ley 2/1984, de 10 de mayo, del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, con la siguiente redacción:
El Instituto podrá contar con personal funcionario y laboral en los términos previstos en la legislación de función pública
Queda suprimida la Agencia Valenciana de la Energía, entidad de derecho público creada por la Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat, de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía, de conformidad con lo previsto en el Decreto ley 7/2012.
Efectuada la extinción de la mercantil Instituto Valenciano de la Exportación, SA, toda mención a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
Se procederá a la extinción de IVEX INC. (USA).
CAPÍTULO XIX. De la entidad de infraestructuras de la generalitat
Efectuada la extinción de la mercantil Instituto Valenciano de Vivienda, SA, toda mención a la misma que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá entenderse realizada a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.
Artículo 29, modificado por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Artículo 29, modificado por la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Capítulo VII, derogado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 30, derogado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Artículo 31, derogado por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de Telecomunicaciones, SA (TISSAT)
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA.
A partir de la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012, todos los entes del sector público empresarial y fundacional deben redimensionar sus plantillas de personal y adaptar sus condiciones laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 del citado decreto ley, adaptándolas a la actual situación económica financiera bajo los criterios de eficacia, eficiencia y mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
El personal funcionario, de carrera o interino, que a la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012 preste sus servicios, como funcionario, en las entidades de derecho público de la Generalitat que resulten extinguidas en virtud del mismo, y cuyas funciones no pasen a ser desempeñadas por otras entidades de derecho público, se adscribirá con idéntica condición en la administración de la Generalitat.
El personal funcionario, de carrera o interino, que a la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012 preste sus servicios, como funcionario, en las entidades de derecho público de la Generalitat cuyas funciones pasen a ser desempeñadas por otras entidades de derecho público, pasarán a prestar sus servicios con idéntica condición en dichas entidades de derecho público.
La consellería competente en materia de función pública adoptará las medidas necesarias para la adscripción de dichos puestos de naturaleza funcionarial y de naturaleza laboral en las respectivas relaciones de puestos de trabajo, en los términos establecidos legal y reglamentariamente.
Una vez efectuados, en su caso, los procedimientos de redimensionamiento de plantillas y adaptación de condiciones laborales previstos en la disposición adicional primera del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, el personal laboral que preste sus servicios en los entes del sector público de la Generalitat que resultan extinguidos, pasará a integrarse en los entes de dicho sector que asuman el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que se establecen en la presente disposición.
El personal no temporal de una sociedad mercantil o de una fundación del sector público de las que quedan extinguidas por ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma se incorporará a las entidades de derecho público que asumen el ejercicio de sus funciones con la condición «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación de las pruebas selectivas que, en su caso, pueda convocar la administración pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público.
El personal laboral temporal de cualquiera de los entes del sector público que resultan extinguidos quedará integrado con esa misma condición en el ente que asuma sus funciones, y podrán prorrogarse los contratos temporales por el máximo tiempo que autoriza la legislación laboral aplicable, teniendo en cuenta los periodos de suspensión de plazos previstos en la normativa laboral estatal.
Disposición Adicional Tercera, apartado 3, modificado por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 29 de Diciembre de 2014.
Una vez efectuados, en su caso, los procedimientos de redimensionamiento de plantillas y adaptación de condiciones laborales, la integración del personal laboral de los entes del sector público de la Generalitat que se extinguen, por ejecución del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, en los entes de dicho sector que asuman sus funciones implicará la novación de la relación contractual, sin necesidad de proceder a su extinción y sin que genere derecho a indemnización alguna.
Esta incorporación o integración del personal laboral de los entes del sector público de la Generalitat que se extinguen, por ejecución de esta ley, en los entes de este sector que asuman sus funciones, se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
En el supuesto de que tras la efectiva puesta en funcionamiento de los distintos entes resultantes de las operaciones de restructuración previstas en el título II del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma existiese una disparidad de condiciones laborales de su personal, derivada de la coexistencia de diversos convenios colectivos o de cualquier otro tipo de situación personal o colectiva, se deberá proceder por los procedimientos legales del artículo 39, 40, 41 y 82.3 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, así como, en su caso, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente norma, a negociar en cada ente matriz un nuevo convenio colectivo aplicable a todas las relaciones laborales de su personal. Todo ello sin perjuicio de la fijación por las consellerías competentes de criterios comunes a tener en cuenta en dicha negociación y de las autorizaciones que según la normativa vigente sean exigibles y de acuerdo con lo que se prevea en las correspondientes leyes de presupuestos.
Suprimido)
Disposición Adicional Quinta, apartados 1 y 2, suprimidos por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 29 de Diciembre de 2014.
Las cuentas anuales de los entes del sector público empresarial cuya supresión o extinción se prevé en el Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, correspondientes al cierre del ejercicio, deberán ser aprobadas bien por el órgano de gobierno competente de la entidad en la que se integran, bien por la persona titular de la Consellería que asuma sus funciones. Dichas cuentas serán auditadas antes de su aprobación y se incluirán en la Cuenta General de la Generalitat.
Las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones están obligados a formular las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio y deberán aprobar, en su caso, las cuentas anuales en los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, una vez remitido, si procede, el correspondiente informe de auditoría, a las personas que ostenten la presidencia de las diferentes entidades que cuenten con consejo de administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con comité de auditoría.
Disposición Adicional Sexta, apartado 2, modificado por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Las funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica podrán ser asumidas, total o parcialmente, por la consellería a la que esté adscrita y/o atribuirse a una entidad pública o privada, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente norma.
La consellería y/o la entidad pública o privada se subrogarán, en atención de las funciones asumidas, en la posición de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica en los derechos y obligaciones que le correspondan y en sus procedimientos y relaciones jurídicas con terceros. Hasta que no se produzca dicha subrogación, la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica conservará su personalidad jurídica.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente norma, las consellerías competentes en materia de cultura, sanidad y transportes, respectivamente, presentarán al Consell, de forma conjunta con la consellería competente en materia de sector público empresarial y previo informe de la consellería competente en materia de hacienda, una propuesta de actuaciones para la pérdida, de forma ordenada, del carácter de fundación de sector público de la Generalitat, o para la extinción, de la Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana, de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunitat Valenciana y de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunitat Valenciana.
Dicha propuesta deberá implicar también su baja en el Inventario de Entes de las Comunidades Autónomas que se lleva en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por dejar de reunir las circunstancias y requisitos sobre control y financiación recogida en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Los consejos de administración y órganos colegiados superiores de gobierno o administración de las sociedades mercantiles de la Generalitat y de las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales, a las que se refieren respectivamente los artículos 156 y 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones tendrán un mínimo de 4 miembros y un máximo de 16 miembros, según la dimensión de la entidad. La mayoría de los miembros de estos órganos serán designados, directa o indirectamente, por órganos de la Administración de la Generalitat o de otros entes del sector público de la Generalitat.
En los órganos colegiados superiores de gobierno o administración de las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, habrá necesariamente un representante de la conselleria competente en materia de hacienda y del sector público instrumental, designado por su titular y con el rango mínimo de director general. Además, asistirá a sus sesiones, en tareas de asesoramiento jurídico, con voz y sin voto, un representante de la Abogacía de la Generalitat.
Se observará el principio de paridad de hombres y mujeres en la composición de los patronatos de las fundaciones del sector público de la Generalitat, de los consejos de administración de las sociedades mercantiles de la Generalitat y de los órganos colegiados superiores de gobierno o administración de las entidades de derecho público, incluidas las entidades públicas empresariales. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:
Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte de dichos órganos en función del cargo específico que desempeñen.
Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta, facilitará la composición de género que permita la representación paritaria.
Lo dispuesto en esta disposición no será de aplicación al Patronato del Misteri d'Elx, dada la singularidad de este.
Disposición adicional novena, modificado por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Con el objeto de implantar y mantener un adecuado sistema de control en el ámbito del sector público empresarial y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9 del Decreto ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, tras la ejecución de las oportunas medidas de redimensionamiento de personal, la plantilla resultante de los entes que configuran el nuevo sector público empresarial de la Generalitat, cuando sea superior a veinticinco puestos, deberá incluir necesariamente un auditor interno, con las funciones y requisitos señalados en el citado artículo 9 del citado Decreto ley 1/2011. El auditor interno ejercerá sus funciones con independencia en el seno del ente, informando al órgano de gobierno colegiado del mismo, sin perjuicio de su dependencia funcional de la Corporación Pública Empresarial Valenciana.
Con el objetivo de implantar un cuadro de mando de los entes que conforman la nueva configuración del sector público empresarial, los nuevos sistemas de información a aplicar en dichos entes deberán posibilitar la integración de la información económico-financiera y la interconexión con los sistemas de información que puedan implementarse en la Corporación Pública Empresarial Valenciana.
Disposición adicional decimocuarta, derogada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Disposición adicional decimoquinta, derogada por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2013.
Disposición adicional decimoséptima, añadida por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Disposición adicional decimoctava, añadida por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Los cambios de denominación, así como las modificaciones de los fines y del objeto de las entidades de derecho público, tendrán efectos desde la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012.
Con carácter general, y salvo que en el articulado del Decreto ley 7/2012 o de la presente norma se hubiese previsto otro régimen, la asunción de funciones, así como las integraciones y supresiones previstas, desplegarán plenos efectos el 1 de enero de 2013.
Todo ello sin perjuicio de que en relación con las operaciones relacionadas con las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público se inicien las actuaciones desde la entrada en vigor del Decreto ley 7/2012 y se continúen con sus procedimientos y trámites legalmente establecidos hasta su finalización en el menor plazo posible.
Con carácter transitorio hasta finalizar las operaciones de restructuración, la persona titular de la consellería competente en materia de sector público empresarial podrá, a propuesta de las personas titulares de las consellerías correspondientes, designar formalmente un director o una directora de Integración para cada una de las áreas correspondientes a los capítulos I, V y VI del título II del Decreto ley 7/2012 y de la presente norma, y hasta dos directores o directoras de Integración para el área del capítulo IV del citado título II, de entre altos cargos, personal funcionario, laboral, eventual o directivo de la administración de la Generalitat o de su sector público.
Con carácter general, al director o a la directora de Integración le corresponderá -bajo la dirección superior del conseller o consellera competente o de la persona en quien delegue- la planificación, coordinación y dirección funcional de los procesos que aseguren la efectiva puesta en marcha, dentro de los plazos marcados, de las medidas de redimensionamiento, adaptación e integración correspondientes.
En particular, y a propuesta de las personas titulares de las consellerías implicadas, la resolución de designación del director o de la directora de Integración podrá establecer que los actuales gerentes o directores o directoras generales de las entidades de derecho público que se extinguen e integran pasen a depender funcional y transitoriamente del director o de la directora de Integración, fijando el ámbito y alcance de dicha dependencia en materias como la gestión económicofinanciera, contratación, presupuestación o personal. En cualquier caso, los entes objeto de integración deberán suministrar toda la información requerida por el director o la directora de Integración para el cumplimiento de sus funciones.
Con la finalidad de realizar, en el ámbito administrativo, societario, registral, contable y fiscal, entre otros, todas las actuaciones que sean legal y materialmente precisas para culminar todas y cada una de las operaciones de reestructuración contempladas en la presente norma, incluida la elaboración y propuesta de la normativa de desarrollo que fuese necesaria, se formará un equipo de trabajo en cada una de las consellerías afectadas por dichas operaciones.
Los equipos de trabajo se adscriben a las subsecretarías de las correspondientes consellerías, que impulsarán y facilitarán su actividad según los plazos establecidos en la presente ley. El funcionamiento de los equipos será atendido, principalmente, con los medios de las consellerías respectivas y de los entes afectados.
Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre la comisión de los representantes de los trabajadores de RTVV y el Consejo de Liquidación de RTVV, de fecha 23 de marzo de 2014, el personal laboral adscrito al archivo de documentación de Radiotelevisión Valenciana, SAU, se adscribirá al ente público CulturArts Generalitat, siendo este ente público, a partir de la fecha de incorporación efectiva del referido personal, el responsable de la gestión y custodia del archivo documental de RTVV soportando el coste que ello comporte. La titularidad del archivo documental de RTVV corresponderá, en principio, a la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, en tanto no haya concluido el proceso de liquidación de la referida sociedad.
Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre la comisión de los representantes de los trabajadores de RTVV y el Consejo de Liquidación de RTVV, de fecha 23 de marzo de 2014, el personal laboral adscrito a la red de difusión de Radiotelevisión Valenciana, SAU, se adscribirá al ente público Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige), siendo este ente público, a partir de la fecha de incorporación efectiva del referido personal, el responsable de la gestión y custodia de la referida red, soportando el coste que ello comporte. La titularidad de la red de difusión de RTVV corresponderá, en principio, a la mercantil Radiotelevisión Valenciana, SAU, en tanto no haya concluido el proceso de liquidación de la referida sociedad.
Disposición Transitoria Tercera, apartados 5 y 6 añadidos por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 29 de Diciembre de 2014.
De conformidad con el Decreto ley 7/2012, desde la entrada en vigor del mismo, quedan derogadas:
Los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 10/2000 de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana.
La disposición adicional del Decreto 122/2000, de 25 de julio, del Consell, por el que se acordó la constitución de la sociedad mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA
El título IV y el capítulo I del título V de la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la Comunitat Valenciana. h) La disposición adicional del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, aprobado por el Decreto 148/2005 de 21 de octubre, del Consell.
En los términos previstos en la disposición derogatoria del Decreto ley 7/2012, se derogan expresamente, las siguientes normas:
Se añade un nuevo apartado al artículo 18. «d) el Consejo Asesor.»
Se modifica el artículo 19, que queda redactado como sigue: «Artículo 19
Un/a representante de la conselleria con competencias en materia de cultura designado/a por su titular.
Un/a representante de la conselleria con competencias en materia de hacienda y del sector público instrumental, designado/a por su titular y con el rango mínimo de director general.
Hasta un máximo de tres miembros designados por la persona titular de la conselleria con competencias en materia de cultura designado/a por su titular entre personas con responsabilidad en materia de cultura de cualquier institución pública.
A las reuniones del Consejo Rector asistirá, en tareas de asesoramiento jurídico, con voz pero sin voto, un/a representante de la Abogacía de la Generalitat».
Se modifica el artículo 20 añadiendo los tres siguientes apartados:
g) Nombrar un Consejo Asesor
Se introduce un nuevo artículo 20 bis: «Artículo 20 bis
Hasta un máximo de seis, a propuesta de la personal titular de la consellería con competencias en materia de cultura.
El Consejo Asesor nombrará, de entre sus miembros, a un/a secretario/a».
El artículo 24 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 24
Todas las demás que el Consejo Rector le encomiende».
Se introduce un nuevo artículo 24 bis: «Artículo 24 bis
Las decisiones del Consejo Asesor se adoptarán de acuerdo con la normas de funcionamiento interno que se aprueben y, en su defecto, por la regulación relativa a órganos colegiados que contempla la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».
Disposición Final Tercera, apartado 2, punto 6, modificado por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Capítulos IV y XXXV de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Coordinación de su funcionamiento, actividades y sinergias, a través de sus respectivos órganos, en base a criterios de economía, eficacia y eficiencia y creación de valor público o privado.
SEXTA Modificación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital
Las subvenciones que se concedan a los entes del sector público instrumental de la Generalitat comprendidos en los artículos 154 a 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al Presupuesto de la Generalitat
Disposición Final Sexta, modificada por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
SÉPTIMA Modificación del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell por el que se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell de Medidas Urgentes de Régimen EconómicoFinanciero del Sector Público Empresarial y Fundacional
Toda referencia a la Consellería con competencia en materia de economía o a su titular efectuada en el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, se deberá entender realizada a la competente en materia de sector público empresarial.
Se suprime el apartado segundo de la disposición transitoria única del Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se desarrolla el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, relativo al régimen transitorio sobre los representantes sin voz y voto de la Corporación Pública Empresarial Valenciana.
Se modifica el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue:
1. En relación con las mercantiles a las que se refiere el artículo 3.2 del presente reglamento, la Corporación designará los miembros que le correspondan en los consejos de administración de las mismas
Se suprime la letra g del apartado 2 del artículo 6 del Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell.
Se modifica el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue:
3) El presidente o presidenta será suplido, en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otro impedimento legal, por la persona titular de la consellería, según el orden de precedencia de las consellerías establecido en el decreto de creación de las mismas
Se modifica el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana aprobado por el Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue:
2. El Consejo de Dirección estará integrado por un máximo de trece miembros:
d) La persona titular de la secretaría autonómica con competencia en materia de coordinación e impulso de la acción política del Consell. e) La persona titular de la secretaría autonómica con competencia en materia de sector público empresarial.
h) La persona titular de la dirección general de la Corporación
La regulación establecida en la presente ley se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
La modificación de lo dispuesto en las disposiciones transitorias segunda y tercera y en las disposiciones finales sexta y séptima de la presente norma no necesitará una norma con fuerza de ley.
Las operaciones de reestructuración previstas en el Decreto ley 7/2012 y en la presente norma en relación con las fundaciones y sociedades del sector público de la Generalitat podrán redefinirse o experimentar variación por acuerdo del Consell o, en su caso, del titular de las acciones y participaciones sociales, siempre que con las nuevas actuaciones se logre la extinción o la pérdida del carácter de sector público de la Generalitat del ente correspondiente.
ANEXO Ámbito sobre el que incide el Dcreto ley 7/2012 y la presente ley
- Ente público Radiotelevisión Valenciana.
Anexo, modificado por la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 29 de Diciembre de 2014.
Decreto Ley de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. (Decreto Ley 7/2012, de 19...
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2017, del presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, por la que hacen públicas las bases aprobadas por el Consejo Rector para la constitución de las bolsas de empleo temporal para la contratación laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en puestos con rango de jefa o jefa de servicio y de subdirector o subdirectora y se hace pública su convocatoria. [2017/9566]