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Timestamp: 2018-03-18 06:13:36
Document Index: 146018685

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 16', 'artículo 83', 'artículo 40', 'artículo 82', 'artículo 85', 'artículo 51', 'artículo 266', 'artículo 266', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 49', 'artículo 49', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82']

Acuerdo y Sentencia 148/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 148/17
JUICIO: "EDUARDO ROLANDO JARA ARANDA CONTRA RESOLUCIÓN F.G.E. N° 6.615 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2015, EMANADA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO". N° 68. AÑO: 2016.
En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y siente días del mes de mayo de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, María Celeste Jara Talavera, Gregorio Ramón Rolando Ojeda y Arsenio Coronel Benítez, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "EDUARDO ROLANDO JARA ARANDA contra Resolución F.G.E. N2 6.615 del 30 de diciembre de 2015, emanada de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO".
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, MARÍA CELESTE JARA TALAVEA y ARSENIO CORONEL BENÍTEZ.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMON ROLANDO OJEDA, dijo: Que, en fecha dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, se presentó ante este Tribunal de Cuantas, Segunda Sala, el Abogado Rolando A. Gaona Notari, en nombre y presentación del señor Eduardo Rolando Jara Aranda, a promover demanda contencioso administrativa contra la Fiscalía General del Estado. Funda la demanda en los siguientes términos: "PRETENSIONES DE MI PARTE. Mi parte pretende: 1, La declaración de nulidad de la RESOLUCIÓN F.G.E. N° 6615 de fecha 30 de diciembre de 2015; o, en el supuesto que no prospere esta pretensión; 2.- La revocación o modificación de la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, con la reposición inmediata y el pago de los salarios caídos. FUNDAMENTOS DE LAS PRETENSIONES: L- DECLARACIÓN DE NULIDAD: El sumario fue realizado en violación de normas constitucionales que relativas al derecho a la defensa por lo cual indefectiblemente debe declararse nulo el proceso sumarial y, por ende la resolución dictada, hoy impugnada. El Art. 16 de la Constitución Nacional, dispone: "La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y JUECES COMPETENTES, INDEPENDIENTES E IMPARCIALES". Al ser el sumario administrativo un proceso del cual puede derivar una sanción, obviamente debió garantizarse el derecho a la defensa, conforme al Art. 17 de la misma Constitución Nacional. Sin embargo, el funcionario fue sancionado en base a un sumario llevado a cabo por personas subordinadas y dependientes de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no existió la INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD expresamente establecida en la Constitución Nacional. Está demás señalar que la Constitución Nacional tiene preeminencia sobre toda ley o norma administrativa, razón por la cual el sumario llevado a cabo en violación a las normas constitucionales que protegen el derecho a la defensa es nulo de nulidad absoluta. En consecuencia, debe declararse la nulidad en la forma pretendida. II.- REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA: a.- La Resolución debió ser dictada por el Fiscal General del Estado: Que, conforme al Art. 83 de la Ley 1.562/00, Orgánica del Ministerio Público, la facultad para imponer sanciones corresponde únicamente al FISCAL GENERAL DEL ESTADO. Sin embargo, la Resolución impugnada fue dictada por la Fiscal Adjunta ALBA ROCÍO CANTERO, quien no está autorizada ni facultada legalmente para tal efecto; sin que el motivo se halle expresado en la Resolución, ni en el Sumario Administrativo. Sí bien es cierto los Fiscales Adjuntos pueden reemplazar al Fiscal General en caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, en este caso en particular no se halla acreditada la concurrencia de las causales; pues no existe resolución alguna al respecto, b.- El hecho atribuido a mi mandante no se halla acreditado a través de pruebas idóneas: Que, mi mandante fue sancionado por haber incurrido, supuestamente, en la causal prevista en el Art. 40, Núm. 7, del Reglamento Interno respectivo, que tipifica como falta gravísima el hecho de agredir físicamente a miembros de la institución. Sin embargo, tal hecho no se halla demostrado en el sumario, pues la única persona que declaró la existencia de la supuesta agresión es el señor LUIS ABRAHAM MEZA SILVEIRA, quien fue la supuesta víctima del hecho. Conste que el señor LUIS ABRAHAM MEZA no es un testigo idóneo, pues es el asistente de la Fiscal MIRIAM MEMMEL, quien me estaba investigando por un hecho punible (del cual fui sobreseído, subrayemos). Por tanto, evidentemente el señor LUIS MEZA no declaró con la independencia y objetividad debidas, pues es o era subordinado de la Fiscal que me investigaba y, obviamente, no iba a contradecir a su jefa. Por otro lado, resulta llamativo que UNA SOLA persona haya afirmado la existencia de la supuesta AGRESIÓN (y es más sospecho aún que sea la supuesta víctima), cuando hubo muchas personas, quienes también declararon en el sumario, que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Es cierto que hubo un forcejeo entre mi mandante y el señor LUIS ABRAHAM MEZA, suscitada por una excitación emotiva plenamente justificada; pero de modo alguno ocurrió ni se demostró el golpe de puño alegado en la Resolución impugnada. c- La sanción de REMOCIÓN no se compadece de los principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe regir la aplicación de sanciones. Que, la sanción de REMOCIÓN aplicada a mi mandante es extremadamente severa y no secompadece de los principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe regir. En el caso en particular, un forcejeo aislado entre mi mandante y un compañero de trabajo, para nada justifica una sanción tan grave; pues se deja a mi mandante sin trabajo (derecho constitucional), con todas sus implicancias personales, familiares y sociales. Aún en el negado supuesto de que haya existido una agresión de golpe de puño, tal acción no fue grave, no ocasionó ningún daño ni puso en peligro la integridad física de la otra persona. Tanto es así que no existe siquiera un diagnóstico médico al respecto. Asimismo, hay que considerar que mi mandante no es reincidente, ya que no fue sancionado por un hecho similar anteriormente, tal como surge de su legajo. En definitivas, la sanción aplicada es irracional y desproporciona! al hecho que se le atribuye. Por tanto, solicito la modificación de la sanción, debiendo aplicarse una más leve, en su caso. En efecto, la falta gravísima atribuida a mi mandante tiene otra sanción prevista, cual es la SUSPENSIÓN HASTA UN MES SIN GOCE DE SUELDO, d.- Sobreseimiento de la causa penal en relación a los hechos: Que, debemos considerar también que mi mandante fue sobreseído en las causas penales que igualmente fueron abiertas en relación al hecho. Vale decir, no existe condena a mi mandante en relación al hecho de supuesta agresión, lo cual demuestra que el hecho no fue grave. Igualmente, al ser la agresión que se atribuye a mi mandante un hecho tipificado como punible, mal puede ser sancionado administrativamente cuando no existe una sentencia judicial condenatoria. En tal sentido, el Art. 31 del Código Procesal Penal establece expresamente: "...Corresponderá a la justicia penal EL CONOCIMIENTO EXCLUSIVO de todos los hechos punibles previstos en la legislación penal...". Es decir, al no existir una condena judicial en relación a los hechos, no se puede sancionar en el ámbito administrativo, pues el único órgano competente para juzgar el hecho es la justicia penal. Es cierto que la sanción administrativa es independiente a la sanción penal; pero al ser un hecho punible, la sanción administrativa indefectiblemente está supeditada a la existencia de una sentencia judicial condenatorio. Es decir, es necesario que exista una sentencia penal condenatoria para que se pueda sancionar administrativamente al funcionario por los mismos hechos. De lo contado, no se justifica suspender una sumario administrativo a las resultas del proceso penal, si finalmente igualmente será sancionado independientemente a la sentencia penal. Es decir, no se hubiera suspendido el sumario administrativa, si al final el sentido de la sentencia penal no tiene incidente en el ámbito administrativo. e.- Arbitraria e irracional sanción anticipada: Absurdamente, mi mandante se halla "suspendido provisoriamente" desde hace SEIS AÑOS Y OCHOS MESES!!!!! Y conste que tal suspensión "PROVISORIA" NO PUDO HABER SUPERADO LOS TRES MESES!!!, conforme al Art. 86 de la Ley 1.562/00 La cuestión sube de tono si consideramos que existe un dictamen de la Asesoría Jurídica que recomendó la reincorporación de mi mandante. Vale decir, mi mandante está condenado y sancionado en forma anticipada, arbitraría e irracional. Ello nos da la pauta de que el mismo debía ser destituido indefectiblemente, sin importar cómo. En razón de lo expuesto, debemos concluir necesariamente que la Resolución impugnada es inconstitucional, nula, ilegal, arbitraría y hasta irracional; atendiendo el cúmulo de irregularidades denunciadas en este escrito. En consecuencia, indefectiblemente deberá ser anulada, revocada o modificada, debiendo disponerse la reposición inmediata de mi mandante, con el pago de todos los haberes caídos, considerando los hechos alegado” (fs. 17/22).
Que, en fecha catorce de marzo de 2016, se presentó el Abogado Rolando A. Gaona Notari, en representación del señor Edgardo Rolando Jara Aranda, quien pasó a ampliar el escrito de demanda, en los siguientes términos: "Que, en los términos del Art. 217 el C.P.C., vengo a ampliar la presente demanda, incluyendo como fundamento un hecho gravísimo, que como lo es que mi mandante FUE JUZGADO Y SANCIONADO DOS VECES POR EL MISMO HECHO, violándose así la prohibición "non bis in Ídem" contenida en el Art. 17, Núm. 4), de la Constitución Nacional. Que, decimos que fue Juzgado dos veces, en razón de que, tras ser sobreseído en el ámbito penal que se le formara por el mismo hecho (y a cuyas resultas se suspendió el sumario administrativo); finalmente fue sancionado por el mismo hecho que ya fue objeto de la causa penal, en la cual fue sobreseído. Y la situación se torna más absurda aún, si consideramos que mi mandante fue juzgado dos veces por la institución, considerando que la investigación penal estuvo a cargo de la misma Fiscalía General del Estado. Que, así también tenemos que mi mandante fue sancionado dos veces por el mismo hecho, pues primero fue SUSPENDIDO SIN GOCE DE SUELDO por RESOLUCIÓN FGE N° 2478 de fecha 20 de julio del 2009, por el término tres meses. Sin embargo, tal "suspensión provisoria por tres meses" DURÓ SEIS AÑOS Y OCHOS MESES!!!! Ello, pese a que la Asesoría Jurídica, a través del Dictamen D.A.J. N° 559/2015 de fecha 11 de setiembre del 2015, recomendó LA REPOSICIÓN INMEDIATA DE MI MANDANTE. A pesar de tal dictamen, jamás fue repuesto. Tal "suspensión provisoria" ya significó la destitución de hecho de mi defendido, pues ya no fue repuesto y tampoco se le abonó sus haberes; PESE A QUE EL MISMO SIGUIÓ EN LA PLANILLA DE PAGO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Y obviamente, la suspensión provisoria constituyó una sanción anticipada por el mismo hecho por el que fue destituido. Es por ello que sostenemos que mi mandante FUE SANCIONADO DOS VECES POR EL MISMO HECHO. MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA: Que, como medida cautelar solicito la suspensión los efectos de la RESOLUCIÓN F.G.E. N° 6615 de fecha 30 de diciembre de 2015, con la inmediata reposición al cargo y con el pago de los salarios caídos a partir del mes de OCTUBRE DEL AÑO 2009 HASTA SU REPOSICIÓN EFECTIVA, hasta tanto se resuelva la presente acción.- Señalemos que la Fiscalía General del Estado tiene retenido los haberes de mi mandante, que aún figuraba en la planilla de pago hasta el año 2015. Adjunto la planilla. Que, en el caso que nos ocupa están dados los presupuestos establecidos en el Art. 693 del C.P.C. - En primer lugar, se halla acreditada la verosimilitud del derecho que invoca, pues se halla demostrado que mi mandante es (o fue hasta su legal y arbitraria destitución), funcionario de Fiscalía General del Estado. Así también, está demostrada que la destitución fue inconstitución, ilegal y arbitraria, ya que el mismo fue juzgado y sancionado dos veces por el mismo hecho, tal como surge de los fundamentos tácticos de la demandada. En cuanto al pago de los haberes, mi mandante hasta el año 2015 permanecía en la planilla de pago.- En segundo lugar, en cuanto al peligro de pérdida o frustración de derecho alguno, así como la urgencia en adoptar la medida cautelar, tenemos que, además de los agravios personales y morales de mi mandante, el mismo fue privado ilegítimamente DE SU TRABAJO Y DE SUS SALARIOS por el término de SEIS AÑOS Y OCHO MESES, en virtud a una "suspensión provisoria", que únicamente debió durar tres meses, causándosele un perjuicio cierto, concreto y real. Y los daños pueden ser mayores aún, si consideramos que con la resolución hoy recurrida la Fiscalía General del Estado podrá excluir a mi mandante de su planilla, sustituyéndolo por otro funcionario, con lo cual una reposición futura será imposible. • En tercer lugar, en cuanto a la contracautela, ofrezco la caución juratoria de mi mandante, así como la fianza personal de esta representación convencional. Debe sopesarse también que, de hecho, no se le causará perjuicio alguno a la Fiscalía General, pues mi mandante prestará efectivamente servicios. En cuanto al pago de los salarios caídos, tampoco habrá perjuicio, pues el mismo sigue en la planilla de pago y, es más, LE CORRESPONDE PECIBIR EN DÉRECHO, ATENDIENDO LA ABSURDA E ILEGAL "SUSPENSIÓN PROVISORIA DE TRES MESES", QUE DURÓ MÁS DE SEIS AÑOS!! Atendiendo la urgencia de la medida cautelar y la naturaleza de la misma, solícito sea decretada sin previo traslado a la adversa”.
Termina solicitando que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte resolución haciendo lugar a la demanda con costas y costos, revocando o modificando la Resolución impugnada y dictar Resolución concediendo la medida cautelar.
Que, en fecha cinco de agosto de 2016, se presentó el Abogado José Grassi Pampliega, en representación de la Fiscalía General del Estado, quien pasó a contestar la presente demanda, en los siguientes términos: "Cumpliendo expresas instrucciones de mi instiruyente, vengo a contestar la demanda contencioso administrativa incoada por el señor EDUARDO ROLANDO JARA ARANDA, representado en estos autos por el Abg. ROLANDO A. GAONA NOTARI, contra la resolución del Ministerio Público F.G.E. N° 6615 de fecha 30 de diciembre de 2015, que dispuso: "REMOVER del cargo al funcionario Eduardo Rolando Jara Aranda, en el marco del expediente de investigación administrativa n° 258/2009, caratulado: "Sumario administrativo el Eduardo Rolando Jara Aranda si supuestas faltas administrativas"', por los fundamentos expuestos en la presente resolución...".- El recurrente, a través de la primera ampliación de la demanda, solicitó la medida cautelar urgencia, respecto a la suspensión de los efectos de la resolución recurrida, peticionando al tiempo, la inmediata reposición en el cargo y el pago de los salarios caídos a partir del mes de octubre del año 2009, hasta su efectiva reposición, mientras tanto se resuelva la presente acción. Señala además que la Fiscalía General del Estado retuvo sus haberes correspondientes, ya que aún figuraba en la planilla de pago hasta el año 2015. Sostiene también que la destitución ha sido inconstitucional, ilegal y arbitraria, desde que el mismo ha sido presuntamente juzgado y sancionado dos veces por el mismo hecho, tal como surge de los fundamentos tácticos de la demandada interpuesta. En cuanto al peligro de pérdida o frustración de derecho alguno, así como la urgencia en adoptar la medida, alega que además de los agravios personales y morales, el mismo fue privado ilegítimamente de su trabajo y de su salario, por el término de seis años y ocho meses, en virtud de una "suspensión provisoria", que únicamente debió durar tres meses, causándole -según dice- un perjuicio cierto, concreto y real. Considera que los daños podrían ser mayores desde que la Fiscalía General del Estado podrá excluirlo de la planilla de funcionarios, sustituyéndolo por otro, con lo cual una reposición futura será imposible.- Habiéndose a la fecha corrido a mi parte el traslado de la demanda interpuesta, en cumplimiento del proveído de fecha 16 de mayo de 2016, que disponía la ampliación de la demanda contencioso administrativa en base al artículo 217 del C.P.C.; es que esta representación acude a contestarla en tiempo y forma, sobre la base de los siguientes términos:- ARGUMENTOS DE LA DEMANDA DEDUCIDA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO: El MINISTERIO PÚBLICO dictó la resolución n° 6615 de fecha 30/12/15 -hoy recurrida-, contra la que el demandante dedujo el correspondiente "recurso de reconsideración" ante la Fiscalía General del Estado, el cual resultó adverso a sus intereses, quedando de esta forma expedita la vía contenciosa administrativa.- En este orden de cosas, y en oportunidad de la fundamentación de sus pretensiones, el señor EDUARDO ROLANDO JARA ARANDA, alude la supuesta violación de normas constitucionales relativas al derecho a la defensa, citando al respecto el artículo 16 de la Constitución Nacional. Alega la supuesta falta de independencia e imparcialidad en el dictado de la resolución que dispuso su remoción al cargo, a lo que agrega la supuesta incompetencia de la Fiscalía Adjunta para el pronunciamiento sobre el caso que hoy nos ocupa, desde que -a su criterio- el artículo 83 de la Ley 1562/00 "Orgánica del Ministerio Público", establece esta potestad como privativa del Fiscal General del Estado. Reconoce no obstante la posibilidad legal del reemplazo al Fiscal General en los casos determinados en la misma normativa, más cuestiona la supuesta falta de acreditación al respecto.- A continuación sostiene haber sido sancionado por haber incurrido en la causal prevista en el artículo 40, numeral 7, del Reglamento Interno del Ministerio Público, que califica como falta gravísima el hecho de agredir físicamente a miembros de la institución. Argumenta que tal circunstancia no se halla demostrada en el sumario, por cuanto la única persona que declara la existencia de la supuesta agresión es el señor Luis Abraham Meza Silveira, supuesta víctima del hecho; siempre desde la concepción del recurrente.- Cuestiona la demostración de tal agresión por constituir el señor Luis Abraham Meza Silveira el único testigo idóneo, por cuanto la Fiscalía, a través de sus funcionarios resulta ser el investigador. Agrega la supuesta falta de objetividad del señor Luis Abraham Meza para emitir declaración en contra del demandante, por tratarse de un funcionario dependiente de la Fiscalía. Admite no obstante que existió un forcejeo entre el accionante y el señor Luis Meza, que atribuye a una excitación emotiva plenamente justificada desde su interpretación.- Concibe que la sanción o condena de remoción al cargo no se compadece de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir. Reitera en ese sentido lo siguiente: "...un forcejeo aislado entre mi mandante y un compañero de trabajo, para nada justifica una sanción tan grave; pues se deje a mi mandante sin trabajo (derecho constitucional), con todas sus implicancias personales, familiares y sociales. Aún en el negado supuesto de que haya existido una agresión a golpes de puño, tal acción no ha sido grave, ni ha ocasionado daño ni ha puesto en peligro la integridad física de la otra persona....".- Posteriormente se refiere al sobreseimiento de la causa penal en relación a los hechos, en donde alude haber sido sobreseído en las causas penales con lo cual no existe condena a su parte en relación al hecho de supuesta agresión, lo cual denota que la misma no habría sido grave. Al no existir una condena judicial en relación a los hechos, manifiesta que no se lo puede sancionar en el ámbito administrativo, por cuando el único órgano competente para el juzgamiento del hecho corresponde a la justicia penal.- Admite que si bien es cierto que la sanción administrativa es independiente a la sanción penal, al constituir un hecho punible la sanción administrativa, debe hallarse indefectiblemente supeditada a la existencia de una sentencia judicial condenatoria, según afirma en su exposición de motivos. Cuestiona igualmente la suspensión del sumario administrativo a las resultas del proceso penal, por cuanto de todas formas la conclusión sería la sanción para su parte. Por tanto, califica de irracional y arbitraria la sanción anticipada y agrega que su suspensión se ha extendido por seis años y ocho meses, cuando que la sanción era provisoria, no pudiendo superar el plazo de tres meses.- A continuación procede a ampliar los términos de la demanda deducida, agregando argumentos en torno a su posición con respecto al plazo de suspensión del sumario; la supuesta incompetencia de la Fiscal Adjunta para el dictamiento de la resolución recurrida, el presunto doble juzgamiento en cuanto al pronunciamiento del Juez Penal sobre los hechos y al dictamen de la Dirección Jurídica en relación al sobreseimiento definitivo en la causa penal que determina la reposición del mismo a disposición de la Dirección de Gestión de Talento Humano del Ministerio Público.- Sobre la base de lo expuesto, solicita, atendiendo al cúmulo de irregularidades desde su opinión, la declaración de nulidad de la resolución recurrida.- FUNDAMENTOS QUE HACEN A LA LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. INVIOLABILIDAD AL DEBIDO PROCESO.
Conforme a los elementos que aporta el demandante, en torno a los hechos, al proceso y a la conclusión arribada en la resolución objeto de la demanda contencioso administrativa, se advierte que el mismo se agravia desde la sanción que le fuera impuesta, aun cuando admitiera con cierto sigilo la consumación de los hechos, hasta la formalidad procesal en el desarrollo del procedimiento administrativo impulsado en el Ministerio Público.- En ese sentido, se procede a exponer los argumentos jurídicos que hacen a la legalidad de la resolución recurrida, habiéndosele impuesto la sanción correspondiente a la proporcionalidad de las faltas administrativas gravísimas comprobadas durante el proceso sumarial, suspendido naturalmente a las resultas de la causa penal abierta, investigación fiscal Ne 78/09, caratulado: "Eduardo Rolando Jara si Lesión corporal en ejercicio de las funciones públicas y resistencia.."; que se encontraba diferida en el tiempo ante la presunción del ocultamiento del procesado, dada las reiteradas notificaciones y falta de comparecencia ante el juzgado penal competente en su oportunidad, que concluyen con su declaración de rebeldía emitida por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Itapúa - Encarnación, por A.I. N° 131/12 T.S.D. de fecha 03 de octubre de 2012.- En efecto, el funcionario omite exponer esta particularidad: el estado de rebeldía de su parte, con la consiguiente obstrucción de toda investigación en las instancias respectivas, que se había extendido por 2 años y seis meses, hasta el día 16 de abril de 2015, fecha en que se levanta el mencionado estado de rebeldía. Posteriormente, atendiendo el tiempo transcurrido desde la denuncia penal, SE DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, en el marco de la causa n° 78/09, y consecuentemente el sobreseimiento definitivo, por la prescripción del hecho punible investigado, conforme al A.I. N° 161 de fecha 23 de julio de 2015. Estas circunstancias se corroboran con las copias de las citadas resoluciones judiciales que se encuentran adjuntadas a los antecedentes administrativos agregados en su oportunidad.- En consecuencia, la situación particular suscitada es atribuible exclusivamente a la inoportuna ausencia dolosa del funcionario, que ha constreñido al Tribunal de Sentencia a la declaración del estado de rebeldía del funcionario en la misma jurisdicción penal, sobreviniendo además la suspensión del sumario, consecuencia de la sustanciación del proceso penal respectivo.- Sobre el particular, cabe resaltar que todo sumario administrativo tiene ciertamente plazos perentorios, siempre que no existieren actos manifiestamente interruptivos, más aún por razones provocadas por el mismo sumariado; y la eventual comisión de un hecho punible incide inexcusablemente en el sumario respectivo. En efecto, dichas faltas administrativas habían sido cometidas en el desempeño laboral, en donde se confía a los funcionarios la custodia de bienes, en la credibilidad del cumplimiento integral de las funciones encomendadas. Sin embargo, el mismo había defraudado tanto la labor que le fuere confiada, como a la misma Institución, que precisamente tiene por objetivo la persecución de delitos o crímenes, involucrándose contrariamente a sus funciones en el deber de cuidado, custodia, y responsabilidad, con la agresión física protagonizada dentro del recinto laboral, que lejos de custodiar evidencias, no hace más que ocultarlas.- En este contexto, el dictado de la Resolución n° 6615, de fecha 30 de diciembre de 2015, da cuenta de la existencia de la falta gravísima de agresión física a otro funcionario, en el intento de ocultar evidencias de una causa penal investigada, lo que por demás resulta penosa desde que el status de funcionario compromete su comportamiento, en tanto participe y quebrante el orden institucional agrediendo físicamente a los compañeros y superiores con notable desprecio a su investidura. En este sentido, el artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, menciona lo siguiente: "...los funcionarios del Ministerio Público serán responsables conforme a la Ley por los hechos punibles, faltas y omisiones que realicen durante el ejercicio de sus funciones o en ocasión a ellas...".- Por otra parte, en cuanto a la extinción penal, queda claro que ha sido consecuencia de la prescripción del hecho punible investigado; sin embargo, esta particularidad, es obviamente independiente al sumario administrativo abierto en averiguación de las faltas administrativas incursas en el Reglamento Interno del Ministerio público, en relación específica a la conducta, responsabilidad y ética en su condición de funcionario del Ministerio Publicó, es decir, inconducta en el recinto laboral, agresión y falta de respeto a sus superiores, plenamente afirmados en forma conteste por los funcionarios del entorno laboral del demandante.- Sobre la citada "Extinción Penal", se debe traer a colación lo expuesto por el Jurista Domingo Sesín, autor del texto jurídico "Administración, actividad reglada, discrecional y técnica", 2da. Edición Lexis Depalma, Buenos Aires - 2004, quien advierte cuanto sigue: "...el único supuesto en que debe dejarse sin efecto la sanción disciplinaria es cuando el Juez Penal diga en la sentencia, que el mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria no se cometió o no fue ejecutado por el inculpado. En este supuesto excepcional corresponde al interesado interponer recurso de revisión ante el órgano competente que aplicó la sanción a fin de que sobre la base de nuevos elementos de juicio (sentencia penal), deje sin efecto la sanción disciplinaria... En los demás casos cuando el proceso penal finaliza por prescripción o porque el hecho no constituye delito, entre otros supuestos, en los que el remate administrativo sigue imperturbable, la sanción administrativa conserva su plenitud jurídica y efectos...".- En este contexto, los antecedentes de la investigación se inician a consecuencia de diligencias realizadas en el marco de la causa penal NQ 1046/2009 caratulada: "Eduardo Rolando Jara el cohecho pasivo en San Pedro del Paraná", cuando la comitiva Fiscal encabezada por la entonces agente fiscal, Abg. Miriam Zulma Memmel Valdez, en fecha 01 de abril de 2009, procede a un allanamiento en la Secretaría de la Unidad Penal NQ 1 de la Fiscalía Zonal de San Pedro del Paraná. Al momento de la constitución, el funcionario Eduardo Rolando Jara Aranda se niega a entregar un aparato celular, intentando esconder evidencias relacionadas a la citada causa penal, propinando un golpe de puño al funcionario Luis Abraham Meza Silveyra, por lo que la Agente Fiscal habría ordenado su detención.- La imputación del funcionario por el hecho punible de resistencia es emitida por el agente fiscal, Abg. Víctor Florentín Alcaráz y el requerimiento conclusivo por dictamen NQ 35 F.D/ Área V, solicitándose la elevación de la causa penal a juicio oral y público fijado para el día 27 de setiembre de 2012. Sin embargo, el mismo no ha comparecido ni se habría dejado ubicar pese a las reiteradas notificaciones declarándose su estado de rebeldía por A.I. N° 132/12 del Tribunal de Sentencia de la Circunscripción de Encarnación. La imputación del funcionario determina la suspensión del funcionario Eduardo Rolando Jara Aranda en sede administrativa, por Resolución F.G.E. N° 2478 de fecha 20 de julio de 2009. Posteriormente, por acto administrativo -Resolución F.G.E. N° 3427 de fecha 21 de setiembre de 2009- fue suspendida la investigación administrativa y atendiendo la condición de rebelde del funcionario en jurisdicción penal, este estado procesal se mantiene hasta el momento de su comparecencia, pudiendo levantarse la suspensión administrativa recién en fecha 04 de noviembre de 2015, por Resolución F.G.E. N° 5579. Consecuentemente, la condición atípica del sumario se suscita como resultado de la ausencia forzosa del sumariado, que se concreta ante la misma jurisdicción penal e impide resolver la condición de permanencia del funcionario; ya la eventual condena incidiría inevitablemente en el resultado del sumario administrativo si se emitiera la restricción de su desplazamiento personal.- A mayor abundamiento, es dable señalar que la conducta o responsabilidad disciplinaria del sumariado es independiente a la responsabilidad personal por el hecho punible relacionado. Sobre el particular, el artículo 85 del Reglamento Interno del Ministerio Público prescribe: "...La responsabilidad disciplinaria es independiente de la responsabilidad penal, pero en el procedimiento disciplinario no se podrá negar la existencia de hechos declarados probados por Resolución judicial firme".- En término generales, el principio non bis in idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento. El principio non bis in ídem no impide que un mismo hecho pueda recibir diferente tratamiento en dos diferentes ámbitos legales.- El derecho administrativo sancionador se caracteriza por contar con un órgano administrativo que es el encargado de sancionar, revestido de potestad sancionadora, la reglamentaria y la fiscalizadora. Una de las características principales de esta rama del derecho es que no exige un daño concreto por el acto llevado a cabo, sino por la simple desobediencia a las normas de la Administración; por ello se trata de un derecho primordialmente preventivo.- Sobre el punto en estudio, conviene indicar que el ámbito de aplicación de las sanciones de las faltas administrativas, es decir de las conductas de incumplimiento (por acción u omisión) de un deber impuesto, son imputables a quienes se hallan sometidos a determinado régimen legal, en nuestro caso, a la Ley Orgánica y al Reglamento Interno del Ministerio Público. El carácter de las sanciones disciplinarias tienen notas comunes con lo penal sustantivo, cuya diferencia fundamental, además del procedimiento, es que las primeras están dirigidas a quienes se encuentran en una relación administrativa. Se tutela la protección de los intereses administrativos, a los efectos de asegurar el cumplimiento de las normas administrativas, y en tal sentido, conseguir la colaboración de los particulares para el cumplimiento de los fines de la administración. Goldsmitchdt enfatiza: "que en tanto el derecho penal tiende a reprimir infracciones consideradas violatorias de deberes morales, el derecho penal administrativo solo procura eliminar las trabas de la realización del bien público siendo la pena una reacción de la Administración pública contra el particular que no colabora en sus propósitos".- Con relación al caso que nos ocupa, en la jurisdicción penal no ha sido debatida la cuestión de fondo en juicio oral y público desde que el funcionario se encontraba prófugo, consolidándose el sobreseimiento definitivo por la prescripción y consiguiente extinción de la acción.- Por otro lado, respecto a la competencia de la fiscal adjunta del Ministerio Público, Abg. Alba Rocío Cantero, está claro que la misma actuó en la potestad que le fuera conferida conforme al artículo 51 del citado cuerpo normativo, que establece: "REEMPLAZOS. En caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el Fiscal General del Estado será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto que él determine. En caso de inhabilidad o muerte el Fiscal General del Estado será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto en lo penal y, si ello no es posible, por los restantes fiscales adjuntos según el orden de antigüedad o, en ausencia de éstos, por el agente fiscal más antiguo, hasta tanto sea designado el nuevo Fiscal General del Estado. El reemplazante interino tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Fiscal General del Estado".- Conforme a esta facultad, el Fiscal General del Estado, ha delegado el supuesto por las causales estipuladas en la citada normativa, emitiendo la Resolución F.G.E. 6571 de fecha 29 de diciembre de 2015, por la que se designa al fiscal adjunto, Abg. Federico Espinoza, y este a su vez, por Resolución F.G.E. N° 6583 de fecha 30 de diciembre de 2016, asignó competencia a la fiscal adjunta, Abg. Roció Cantero, para que resuelva lo que corresponda en el expediente de investigación administrativa N° 258/2009 caratulado: "Sumario administrativo el Eduardo Rolando Jara Aranda si Supuestas faltas administrativas"', en razón de que el mismo tuvo participación y se había expedido en oportunidad del Dictamen n° 10 de fecha 07 de diciembre de 2015, como integrante del Tribunal de Disciplina.- Traemos a colación sobre este punto, el supuesto argumento de que la Fiscal Adjunta Abg. Alba Rocío Cantero, no estaba autorizada ni facultada legalmente para tal efecto, pues a criterio del hoy actor, no estaban acreditadas las causales de "enfermedad" o "Ausencia temporal" del Fiscal General del Estado, para que los fiscales adjuntos puedan reemplazarlo. Aquí es muy importante indicar que el artículo 266 de la Constitución Nacional establece: "El Ministerio Público representa a la sociedad antes los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus funciones...". En ese contexto, se debe afirmar que a partir de la promulgación de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992, se creó un Ministerio Público diferente en sus funciones, en su ubicación institucional, en su inserción dentro del esquema de poderes y en su misión general.- Así, el artículo 266 de la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público representa a la sociedad antes los órganos jurisdiccionales del Estado. En el ejercicio de esa función constitucional, también se ha consagrado la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público.- La operatividad de esta norma suprema se materializó a través de la Ley 1562/2000 Orgánica del Ministerio Público, que justamente desarrolla la autonomía que consagra la Carta Magna. Uno de los aspectos de esta autonomía se traduce en que el Ministerio Público tiene independencia en cuanto al criterio jurídico y, en consecuencia, no estará atado a la interpretación de las leyes hecha por la jurisprudencia firme de los tribunales. En efecto, el artículo 2, primer párrafo de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece claramente que en el cumplimiento de sus funciones ante los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público actuará en el marco de la ley, con independencia de criterio. Asimismo, en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1562/2000 se establece la manera en que el Ministerio Público deberá actuar en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.- Otra arista de la autonomía del Ministerio Público, también definida en el artículo 2, segundo párrafo de la Ley 1562/00, resulta que esta institución ejercerá sus funciones "...sin sujeción a directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura...", y dispone el trabajo coordinado con el Poder Judicial.- Esta autonomía también implica una descentralización del Ministerio Público de otros órganos del Estado con respecto a su capacidad de autorregulación para asegurar su independencia y, como consecuencia, puede emitir reglamentos internos que organicen la actividad de sus integrantes, ejerciendo el control y sanción de los mismos en los casos previstos por su Ley Orgánica y Reglamento Interno.- En este orden de pensamiento y también como derivado de la autonomía se encuentra, entre otros, el carácter jerárquico del Ministerio Público -art. 6, Ley 1562/00 -, del que se derivan las facultades disciplinarias del fiscal general del Estado (artículo 49, 83, otros). Conforme con estas consideraciones preliminares, se está en condiciones de afirmar que la autonomía es la capacidad de autorregularse del Ministerio Público para asegurar su independencia. Por ello, esta debe interpretarse en el sentido más amplio (independencia funcional, administrativa, financiera, organizativa, no sujeción a la jurisprudencia de los tribunales, carrera fiscal, etc.).- En ese contexto, se establecen en la Ley Orgánica del Ministerio Público, varios principios que rigen el actuar del Ministerio Público como institución que goza de autonomía funcional y administrativa, tales como el de unidad de actuación (art. 4), el de jerarquía (art. 6), entre otros.- Estos principios son los ejes de actuación del Ministerio Público. En efecto, la unidad de actuación determina que el Ministerio Público es único e indivisible. Justamente, el art. 4 que regula tal principio, es sumamente claro cuando refiere que el Ministerio Público es único e indivisible, sin perjuicio de la división interna de trabajo.
Esta división de trabajo, la dispone el propio Fiscal General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.- Es así, que el Ministerio Público organiza y distribuye internamente el trabajo, lo cual es justamente un derivado del principio de autonomía. En esa tesitura, mediante el principio de jerarquía que también deriva del de autonomía, el Fiscal General del Estado decide la asignación de áreas de trabajo, ya sean territoriales, por especialidades o por diferentes parámetros.- Asimismo, por ser el Fiscal General del Estado el superior jerárquico, está en conocimiento de la diversidad de realidades de cada área de trabajo y, por ende, destina los recursos necesarios para cada una de ellas y asigna a los fiscales adjuntos y agentes fiscales según sus habilidades y capacidades, según sus especialidades o atendiendo a otras razones, que tienen relación con distintos factores que corresponden al ejercicio de la labor fiscal.- Es en uso de esas atribuciones constitucionales y legales, que atendiendo a la especialidad de la materia, a la distribución del trabajo y a otros factores que la propia ley orgánica determina, el Fiscal General del Estado puede encargar su despacho para la atención de las cuestiones propias a sus competencias a los fiscales adjuntos.- El artículo 49 de la citada ley, en concordancia con la Constitución Nacional, determina que el Fiscal General del Estado es el jefe superior del Ministerio Público y responsable de su buen funcionamiento. También dispone: "...Ejercerá todas las funciones que la CN y las leyes atribuyen al MP, por sí mismo o por medio de los órganos que la ley establece...". Según su Ley Orgánica, el Ministerio Público está organizado a través de órganos fiscales (Título III, Capítulo I) y, dentro de ese contexto, son funcionarios fiscales (art. 47): "...1) el fiscal general del Estado; 2) los fiscales adjuntos; 3) los agentes fiscales; 4)...".- En esta tesitura, el fiscal adjunto tiene intervención legal en las causas y funciones que le sean asignadas, como componente que es del Ministerio Público (unidad de actuación), tal cual lo dispone la Constitución Nacional en el art. 266 y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, razón por la que no puede negarse que al intervenir en representación del Fiscal General del Estado, como encargado de despacho para la determinación de un caso en concreto (como es el presente en estudio) dentro del plazo y con la forma debida, lo hace con total respaldo constitucional y legal y en representación de la máxima autoridad de la institución en la que ejerce funciones.- Puede agregarse, que también la doctrina se pronuncia en el mismo sentido al que se viene haciendo referencia al respecto de la autonomía del Ministerio Público, consagrada tanto en la Constitución de 1992 como en la Ley Orgánica del Ministerio Público (1562/00). En efecto, el autor nacional Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candía, menciona con relación al Ministerio Público: "Es una entidad autónoma. El Art. 266 de la C.N. dispone que el Ministerio Público goza de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. La autonomía funcional del Ministerio Público se traduce en la autonomía normativa para dictar sus normas internas de funcionamiento: en la autonomía o independencia de actuación en el desempeño de sus funciones...La autonomía administrativa se traduce en la competencia de la entidad para crear órganos internos, designar y remover a sus funcionarios dependientes de las unidades fiscales".- Estos son unos breves apuntes acerca del por qué el argumento esbozado por el actor, devienen absolutamente improcedentes para pretender desacreditar la intervención que le fuera conferida a la Fiscal Adjunta Abg. Alba Roció Cantero.- Finalmente y en cuanto hace referencia a la ampliación de la demanda de fs. 47 de autos y subsiguientes al Dictamen D.A.J N° 559/2015 de fecha 11 de setiembre de 2015, en el que se recomienda su reincorporación atendiendo al resultado de la causa penal en el que se decretara el sobreseimiento definitivo, por las cuestiones de forma aludidas, queda claro que la citada recomendación ha sido consecuente con el resultado del proceso penal respectivo, lo que no resultaba vinculante a la consumación de la falta administrativa demostrada en virtud de los elementos probatorios que subsumían la conducta del mismo en la tipificación de una falta gravísima con una máxima penalidad descripta en el Reglamento del Ministerio Público, advirtiéndose que la eventual inacción del Ministerio Público en cuanto al control de reglas de convivencia disciplinaria, implicarían una suerte de desidia y contemplación de conductas permisivas en la alteración de la armonía institucional, la confiabilidad del sistema y la seriedad de su desenvolvimiento.-
En ese orden de ideas, nótese que el Ministerio Público es el organismo que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, encargado de velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, por lo que su estructura y "componente humano" debe estar acorde a lo que se espera de la misma Institución y de lo que ésta representa.- En síntesis, y atendiendo a las manifestaciones expuestas ut supra, esta representación sostiene que las resoluciones o actuaciones administrativas se encuentran plenamente ajustadas a derecho, siendo dictadas en su oportunidad por el Ministerio Público, bajo el principio de legalidad y legitimidad, por lo que pretender lograr la revocación de actos que se encuentran perfectamente enmarcados en las normas legales y reglamentarias, devienen absolutamente inconducentes a tenor de la pretensión del hoy demandante" (fs. 432/445).
Por A.I. N° 1003 del 28 de setiembre de 2016, se declara la competencia del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, para entender en el presente juicio y se recibe la causa a prueba (fs. 447).
Por Providencia del 02 de marzo de 2017, se declara cerrado el período probatorio y se llama Autos para Acuerdo y Sentencia (fs. 453).
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que, el Señor Eduardo Rolando Jara Aranda se presentó ante este Tribunal de Cuentas a instaurar demanda contencioso administrativa, por medio de su Abogado representante, contra la Resolución F.G.E. N° 6.615 de fecha 30 de diciembre del 2.015 dictada por la Fiscalía General del Estado.
Mediante la mencionada Resolución F.G.E. N° 6.615 se resolvió lo siguiente: "1- Remover del cargo al funcionario Eduardo Rolando Jara Aranda, en el marco del expediente de investigación administrativa N° 258/2009 caratulado: "Sumario administrativo c/ Eduardo Rolando Jara Aranda s/ supuestas faltas administrativas", por los fundamentos expuestos en la presente resolución; 2- Remitir copia de la presente a la Dirección de Gestión de Talento Humano y a la Dirección General de Administración y Finanzas; 3- Notificar a quienes corresponda y archivar”.
Ahora bien, ingresando al análisis de la cuestión debatida por las partes en estos autos tenemos que el tema central refiere a determinar si el acto administrativo impugnado por el cual se dispuso la destitución del Señor Eduardo Rolando Jara Aranda, se encuentra ajustado a derecho.
En esos términos debo mencionar que el Señor Eduardo Jara se desempeñaba como Asistente Fiscal de la Fiscalía General del Estado, y la destitución del mismo fue a raíz de un sumario administrativo iniciado en su contra por la comisión de faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones: ocultamiento de pruebas relacionadas con la causa penal abierta en su contra por cohecho pasivo en el marco del expediente "EDUARDO JARA ARANDA s/ COHECHO PASIVO" Causa N° 1.046/2.009; y lesión corporal por haber propinado golpes a su compañero de la Institución que intervenía en el allanamiento realizado en el marco de la causa penal citada.
En ese plano de ideas, surge de los antecedentes administrativos arrimados a autos que el sumario administrativo fue iniciado luego que el Departamento de Inspectoría General de la Fiscalía General de la República tomara conocimiento de la causa penal abierta por la comisión de un hecho punible de lesión corporal y resistencia en el ejercicio de sus funciones cometidos por el Señor Eduardo Jara contra su propio compañero de la fiscalía ocurrido en fecha 01 de abril del 2.009.
En ese contexto, el Señor Eduardo Jara fue suspendido en sus funciones sin goce de sueldo, mediante Resolución F.G.E. N° 2.478 de fecha 20 de julio del 2.009 obrante a fojas 134/135, ínterin se sustanciaba la causa penal abierta en su contra. Sin embargo, una vez recaída en el expediente penal el A.I. N° 161 de fecha 23 de julio del 2.015 por el cual el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Encarnación declaró la extinción de la causa penal atendiendo a que transcurrió doble del plazo previsto para la prescripción, el hecho punible investigado, en fecha 04 de noviembre del 2.015 mediante Resolución F.G.E. N° 5.579 de fojas 290/292, el Fiscal General del Estado resolvió levantar la suspensión del funcionario Eduardo Jara y continuar con los trámites del sumario administrativo iniciado.
A fojas 293/301 rola el escrito de acusación presentado en el sumario administrativo por la Inspectora General del Ministerio Público mediante el cual solicita la aplicación de la máxima pena - remoción - para el funcionario sumariado. Por proveído de fecha 23 de noviembre del 2.015, de fojas 302, el Tribunal de Disciplina tuvo por iniciado el sumario administrativo y fijó día y hora a fin que el Señor Eduardo Jara comparezca a los efectos de ser oído. A fojas 349/358 rola el acta de audiencia disciplinaria. A fojas 359/360 rola el escrito de alegatos finales presentado por el sumariado. A fojas 367 rola el proveído de fecha 30 de diciembre del 2.015 por el cual el Fiscal Adjunto, encargado de la atención del despacho del Fiscal General del Estado mediante Resolución F.G.E. N° 6.571/2.015 de fecha 29 de diciembre del 2.015, se inhibe para resolver el sumario administrativo atendiendo que conforma el Tribunal Disciplinario, y por ende, mediante Resolución F.G.E. N° 6.583 de fecha 30 de diciembre del 2.015, obrante a fojas 368, se designa como encargada para resolver el sumario administrativo a la Fiscala Adjunta Alba Rocío Cantero.
A fojas 369/379 rola el Dictamen Final N° 10 de fecha 7 de diciembre del 2.015 por el cual la Fiscala Adjunta recomienda a la máxima autoridad la aplicación de la sanción de remoción del funcionario Eduardo Jara. Finalmente, a fojas 380/383 rola la Resolución F.G.E. N° 6.615 de fecha 30 de diciembre del 2.015, puesta en crisis mediante la presente demanda, por el cual se dispuso la remoción en el cargo del demandante.
En extrema síntesis, el argumento principal de la parte actora explayada en su libelo inicial de fojas 17/22 gira en torno a la solicitud de nulidad de la resolución impugnada por violación de los Arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional al mencionar que no existió independencia e imparcialidad por parte del Tribunal Disciplinario por estar compuesta de personas subordinadas y dependientes de la Fiscalía General del Estado. Igualmente expresó que la resolución recurrida debió haber sido dictada por el Fiscal General de Estado conforme al Art. 83 de la Ley N° 1.562/00 "Orgánica del Ministerio Público", sin embargo fue dictada por la Fiscal Adjunta quien carece de facultad legal para el efecto. Continuó diciendo que el hecho investigado no fue acreditado a través de pruebas idóneas, ya que la única persona que declaro la existencia de la supuesta agresión fue la misma víctima del hecho. Argumento que la sanción de remoción no se compadece de los principios de razonabilidad y proporcionabilidad que debe regir en la aplicación de sanciones siendo arbitraria e ilegal la sanción impuesta, y que mal pudo ser sancionado administrativamente cuando que en lo penal no existió sentencia condenatoria.
De acuerdo al ítem procedimental trascripto, y siguiendo la fundamentación vertida por el Tribunal Disciplinario mediante el Dictamen N° 10 de fecha 7 de diciembre del 2.015 y la Resolución F.G.E. N° 6.615 de fecha 30 de diciembre del año 2.015 dictada por la máxima autoridad, podemos afirmar sin temor a equívocos que no corresponde la nulidad del acto administrativo impugnado ni ordenar la reposición del funcionario al cargo que ostentaba. Pues tal como se desprende de los antecedentes administrativos adjuntados a autos, el recurrente cometió la falta disciplinaria grave durante un allanamiento realizado justamente en el marco de una causa penal abierta en su contra por cohecho pasivo, es decir, además de la lesión corporal ya afrontaba otra causa por el hecho punible de cohecho.
En ese sentido, no cabe la menor duda que el sumario administrativo fue llevado a cabo conforme a las normas procesales establecidas, habiéndosele brindado al recurrente suficientes oportunidades para el más amplio ejercicio del derecho a la defensa, como igualmente se le garantizó en todo momento el derecho a ofrecer, controlar e impugnar pruebas, por lo que las conclusiones del Tribunal Disciplinario se ajustan estrictamente a derecho y descansan sobre la base de las reglas que hacen al justo y debido proceso; se ha respetado íntegramente las garantías y los derechos procesales del funcionario afectado.
Debo resaltar que la Resolución F.G.E. NQ 6.615 de fecha 30 de diciembre del 2.015, puesta en crisis, por el cual se dispuso la remoción en el cargo del demandante fue dictada por la Fiscal Adjunta quien en ese momento constituía la máxima autoridad para el efecto, en atención al proveído de fecha 30 de diciembre del 2.015, de fojas 367, por el cual el Fiscal Adjunto, encargado de la atención del despacho del Fiscal General del Estado mediante Resolución F.G.E. N° 6.571/2.015 de fecha 29 de diciembre del 2.015, se inhibió para resolver el sumario administrativo atendiendo que conforma el Tribunal Disciplinario, y mediante Resolución F.G.E. N° 6.583 de fecha 30 de diciembre del 2.015, obrante a fojas 368, se designó como encargada para resolver el sumario administrativo a la Fiscala Adjunta Alba Rocío Cantero.
La Ley N° 1.562/00 "ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO" en su Art. 51 dispone lo siguiente: "REEMPLAZOS. En caso de enfermedad o cualquier ausencia temporal, el Fiscal General del Estado será reemplazado interinamente por el fiscal adjunto que él determine... ...El remplazante interino tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Fiscal General del Estado".
En relación a las pruebas aportadas y diligenciadas por la parte acusadora durante el sumario administrativo instruido al funcionario Eduardo Jara, esta Magistratura considera suficientes y válidas para demostrar la imputación de los hechos de agresión y resistencia cometidos por el recurrente.
En cuanto a la calificación de la falta en que ha incurrido el accionante, observo que el acto administrativo impugnado le ha incursado dentro de lo prescripto en la legislación pertinente. En lo tocante a esta cuestión, estimo que la calificación realizada en la instancia administrativa por medio de la Resolución atacada se halla ajustada a derecho, lo cual significa que existe una adecuada correspondencia entre el hecho real y el tipo disciplinario aplicado. Acerca de la sanción de remoción que le fuera impuesta al Administrado, soy del parecer que el castigo aplicado resulta adecuado a la gravedad de la trasgresión.
El Reglamento Interno del Ministerio Público Aprobado por Resolución N° 1.830/2.008 en su Art. 11 incisos "d", "j" y "k” dispone lo siguiente: "Obligaciones de los funcionarios. Son Obligaciones de los Funcionarios del Ministerio Público: ...d) Observar una conducta acorde con la dignidad del cargo; ...j) Desempeñar su labor en un marco de cortesía y respeto para sus superiores, subalternos y público en general; y k) Observar en el servicio y fuera de él una conducta adecuada a normas éticas compatibles con su condición de funcionario del Ministerio Público...". Igualmente el Art. 45, numeral 7 del mismo cuerpo legal establece lo siguiente: "Faltas Gravísimas. Serán consideradas faltas gravísimas, los siguientes hechos: ...7) Amenazar, injuriar, agredir o intentar agredir físicamente a miembros de la Institución, partes y representantes en un proceso, magistrados judiciales y público en general, sin perjuicio de la responsabilidad penal... ...Las faltas previstas en este artículo serán sancionadas con la suspensión del cargo o empleo, de hasta un mes sin goce de sueldo o con la remoción del funcionario, lo que deberá quedar asentado en el legajo personal respectivo...".
Por su lado, el Art. 42 del reglamenta citado prescribe: "Sanciones administrativas disciplinarias. Las sanciones administrativas que se impondrán en orden de menor a mayor gravedad, son las siguientes: ...d) Remoción,.. cuando se trate de funcionarios o empleados que no reúnan la condición de fiscales adjuntos o de agentes fiscales...".
Finalmente, tampoco podemos pasar por alto que el recurrente fue sometido a un proceso penal por la comisión del hecho punible de lesión corporal en el cual el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Encarnación, mediante A.I. N° 161 de fecha 23 de julio del 2.015, declaró la extinción de la causa penal atendiendo a que transcurrió el doble del plazo previsto para la prescripción del hecho punible investigado. Al respecto, debe quedar claro - como regla - que el sumario administrativo es independiente de cualquier otro proceso que se inicie contra el servidor público en la justicia ordinaria. Y ello es así, pues, un hecho se proyecta en diferentes campos. En tal sentido, bien señala Bidart Campos que: "Si un empleado público o privado delinque, su conducta - que es la misma y única - incide socialmente en desmedro de un bien jurídico penalmente tutelado, y a la vez en la relación de empleo, lo que permite el enjuiciamiento en sede judicial penal y el ejercicio del poder disciplinario por el empleador. Si así ocurre, nadie podrá decir que se juzga o reprocha dos veces por el mismo hecho en violación al non bis in ídem, porque lo que se analiza y protege en cada ámbito es una proyección múltiple y distinta de un mismo hecho, según como este repercute en el campo del derecho y en el del empleo (administrativo o laboral) (Hipótesis de un mismo hecho que multiplica efectos diferentes, ED, 123 395).
En el mismo sentido, señala Alfredo L. Repetto, que: "No se vulnera el principio no bis in idem, pues, "...cada uno de los tipos de responsabilidad de que es susceptible el agente público, tiende a proteger o tutelar un distinto y específico bien o valor jurídico", y de un mismo hecho o comportamiento del agente puede surgir simultáneamente la responsabilidad penal, civil y administrativa - disciplinaria (Procedimiento administrativo disciplinario, Ed. Cátedra Jurídica, pág. 429/30).
De cuanto antecede, surge sin temor a equívocos, que el sumario disciplinario y las eventuales sanciones administrativas que deriven del mismo, son independientes pues, se proyectan en ámbitos distintos, con lo cual, no existe vulneración de la garantía constitucional del non bis in idem ni tampoco constituye motivo para sobreseer al administrado por el solo hecho de haberse extinguido la causa penal como ocurre en el caso de marras. Para determinar cómo incide la extinción de la causa en el sumario administrativo, necesariamente corresponde apreciar el motivo o los motivos del mismo, por cuanto éste obedece a una razón que no admite una consideración distinta, como acontece cuando el hecho no existió, o se comprueba que el imputado no cometió el hecho, pues en el ámbito administrativo eso no implica necesariamente inculpabilidad, en el caso de que los hechos objeto del proceso penal y del sumario administrativo sean los mismos.
Por el contrario, el procedimiento administrativo cumplió su finalidad, vale decir, la de investigar hechos de los cuales se pudo derivar efectivamente en la responsabilidad disciplinaria para el agente público, hoy accionante, con lo cual, resulta improcedente la nulidad del acto administrativo impugnado, dispuesto por el órgano juzgador primario.
Al respecto, a modo de aclarar cabe citar lo prescrito en el Artículo 80 de la Ley de la Función Pública N° 1626/00, dispone: “El sumario administrativo es independiente de cualquier otro proceso que se inicie contra el funcionario en la justicia ordinaria, salvo lo establecido en el artículo anterior”. Artículo 81: “La sanción administrativa aplicada a un funcionario público por la comisión de una falta se aplicará sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudieran corresponderle por el hecho imputado". Artículo 82: “La responsabilidad administrativa del funcionario público se extingue: a) por muerte; b) por cumplimiento de la sanción; o, c) por prescripción de la acción disciplinaria".
Finalmente, cabe mencionar que esta Magistratura ha insistido en que el derecho disciplinario encuentra entonces su justificación constitucional en el logro de los objetivos constitucionales y legales de la función pública, en razón a que todos los servidores públicos deben propender por el logro del objetivo principal para el cual fueron nombrados, esto es, servir al Estado y a la comunidad en general con estricta sujeción a lo dispuesto en la Constitución, la ley y el reglamento. De donde resulta que cualquier funcionario/a del Estado, puede verse sometido a un proceso de responsabilidad pública de índole disciplinaria, no sólo cuando en su desempeño vulnera el ordenamiento superior y legal vigente, sino también cuando incurre en omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Siendo así, no cabe la menor duda que el acto administrativo impugnado en el presente juicio se ajusta plenamente a derecho y al Principio de Legalidad que rige el actuar de la administración demandada. Referente al tema, el ilustre Salvador Villagra Maffiodo sostiene "...El acto administrativo es regular y, por consiguiente valido, si se conforma con las normas reglamentarias, legales y constitucionales..." (Salvador Villagra Maffiodo - "Principios de Derecho Administrativo", 4ta Edición, Pág. 59). Es decir, para que un acto administrativo sea válido debe contar con los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para su formación y existencia. Concurriendo todos los elementos, el acto administrativo es perfectamente válido. En ese mismo sentido, la doctrina sostiene que los caracteres del acto administrativo, ejecutoriedad, presunción de legitimidad y estabilidad, se presentan en el supuesto de que el acto sea perfecto, es decir que sea válido y eficaz. El acto administrativo es perfecto cuando tiene todos los elementos esenciales que lo constituyen y ha cumplido su ciclo de formación.
Por todo el fundamento expuesto anteriormente considero que la presente demanda contencioso administrativa debe ser rechazada, y en consecuencia, el acto administrativo impugnado, Resolución F.G.E. N° 6.615 de fecha 30 de diciembre del 2.015 dictada por la Fiscalía General del Estado, debe ser confirmada in totum.
A su turno, los Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, MARÍA CELESTE JARA TALAVERA y ARSENIO CORONEL BENÍTEZ, manifiestan que se adhieren al voto del Miembro preopinante por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
VISTO; El mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos,
1.-) NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada en los autos "EDUARDO ROLANDO JARA ARANDA contra Resolución F.G.E. N° 6.615 del 30 de diciembre de 2015, emanada de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO", y en consecuencia;
2.-) CONFIRMAR la Resolución F.G.E. N° 6.615 de fecha 30 de diciembre del 2.015 dictada por la Fiscalía General del Estado de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.