Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=18&_q=5&_es=0
Timestamp: 2020-01-20 17:33:09
Document Index: 408298865

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Mostrando únicamente secciÃ³n 5
5.1. La desapariciÃ³n prolongada de una persona constituye una violaciÃ³n del derecho a la vida
En el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte sostuvo que en el contexto en que se produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe ignorándose qué ha sido de él, son suficientes para concluir que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Incluso manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía la ejecución sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cadáver para asegurar su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigación de lo ocurrido, representa una infracción de un deber jurídico, a cargo de Honduras, establecido en el artículo 1.1 de la Convención en relación al artículo 4.1 de la misma, como es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese derecho. La Corte declara que Honduras ha violado en perjuicio de Manfredo Velásquez Rodríguez el deber de garantía del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. En el presente caso la Corte no puede disponer que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos especificados, por lo cual decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima. nota 1
En el Caso Caballero Delgado y Santana, como quedó establecida su desaparición, la Corte concluye que una vez definida la responsabilidad de Colombia por la captura ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la vida, garantizado por el artículo 4 de la Convención. nota 2
Caso VelÃ¡squez RodrÃ­guez Vs. Honduras. Sentencia Serie C No. 4 .
5.2. VulneraciÃ³n del derecho a la vida de una persona desaparecida luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
En el Caso Castillo Páez, durante la época de los hechos, existía en el Perú una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que consistía en la desaparición forzada de personas consideradas miembros de grupos subversivos. En ocasiones, las fuerzas de seguridad introducían a los detenidos en la maletera de las patrullas policiales, como ocurrió en este caso. Con ocasión de actividades del grupo subversivo ?Sendero Luminoso?, las fuerzas de seguridad organizaron una operación para detener a los responsables. Durante dicha acción, se detuvo al señor Ernesto Rafael Castillo Páez, y se le introdujo en la maletera del vehículo policial. Los padres del señor Castillo Páez iniciaron su búsqueda en las dependencias policiales y realizaron gestiones judiciales para localizarlo. El padre de la víctima, interpuso un recurso de hábeas corpus el cual se declaró fundado con base en las pruebas y en irregularidades descubiertas en el procedimiento, que obstaculizaron la investigación. El Procurador Público para Asuntos de Terrorismo apeló, se confirmó la resolución de primera instancia y se ordenó la remisión de los documentos para formular la denuncia penal correspondiente. Sobre la decisión de la acción de hábeas corpus, se tramitó un proceso por el delito de abuso de autoridad contra varios oficiales de la Policía, supuestamente involucrados en la desaparición del señor Castillo Páez. Aunque se concluyó que había quedado acreditado que el señor Castillo Páez fue detenido por un vehículo de la Policía Nacional y desde ese momento se desconoce su paradero, la sentencia indicó que no había indicios que demostraran la responsabilidad de los inculpados, por lo que ordenó archivar el caso sin sancionar a persona alguna, ni compensar a los familiares del señor Castillo Páez. Desde su desaparición, éste no ha sido puesto en libertad por la policía ni se tiene información alguna sobre él. nota 1
La Corte considera demostrada la violación al artículo 4 por parte del Estado, ya que el señor Castillo Páez fue detenido arbitrariamente por agentes de la Policía del Perú; dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las cuales lo ocultaron para que no fuese localizado, y desde entonces se desconoce su paradero por lo que se puede concluir que, debido al tiempo transcurrido la víctima ha sido privada de la vida. Este Tribunal ha señalado en fallos anteriores, que con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima. La Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las produjeron. En el supuesto de que dificultades del orden interno impidiesen identificar a los responsables, subsiste el derecho de los familiares de la víctima de conocer el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. El Estado debe satisfacer esas justas expectativas por los medios a su alcance. A ese deber de investigar se suma el de prevenir la posible comisión de desapariciones forzadas y de sancionar a los responsables. Tales obligaciones a cargo del Perú se mantendrán hasta su total cumplimiento. En este caso es evidente, por la naturaleza irreversible de los perjuicios causados, que no puede disponerse que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados. Ante tal situación, la Corte considera que es procedente la reparación de las consecuencias configuradas por la violación de los derechos especificados por la Corte, dentro de lo cual cabe el pago de una justa indemnización. nota 2
En el Caso Paniagua Morales y otros, la Corte ha considerado probado que fueron guardias de Hacienda quienes privaron de su libertad a los señores Gómez Ayala, Paniagua Morales, González Rivera, Corado Barrientos y González López, lo cual conduce a la Corte a la conclusión de que fueron dichos agentes quienes privaron de su vida a estas víctimas, muertes que, por lo tanto, son imputables al Estado. En el caso del señor Erik Leonardo Chinchilla la Corte no encuentra relación alguna con agentes de la Guardia de Hacienda, pues este señor no fue detenido y su muerte fue producida por disparos de arma de fuego, hechos que difieren del modus operandi demostrado en los otros casos y por esta razón en tal caso, no hay elementos suficientes para imputarle al Estado responsabilidad por la muerte de esa persona. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 4.1 de la Convención. La Corte no encuentra que se haya probado que su muerte fue ocasionada por autoridades estatales. nota 3
En el Caso Bámaca Velásquez, la Corte considera que por las circunstancias en que ocurrió la detención a manos de agentes del Estado, la condición de la víctima como comandante de la guerrilla, la práctica estatal de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y el transcurso de 8 años y 8 meses desde que aquél fue capturado sin que se haya vuelto a tener noticias de él, hacen presumir que Bámaca Velásquez fue ejecutado. La Corte ha señalado, que si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de Efraín Bámaca Velásquez, el derecho a la vida. nota 4
En el Caso Juan Humberto Sánchez en Honduras, donde existía un patrón de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas militares, éstas actuaban bajo cierta doctrina de seguridad nacional, en razón de la cual capturaban a las personas ?peligrosas? o ?sospechosas? de ser presuntos subversivos hondureños, simpatizantes de la guerrilla salvadoreña o de los sandinistas. Juan Humberto Sánchez, técnico operador de una radio hondureña, fue detenido el 9 de julio de 1992 por agentes estatales sin orden judicial. A la familia del detenido se le informó al día siguiente que la captura de Juan Humberto se había producido por presuntas vinculaciones con guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El 11 de julio Juan Humberto fue liberado por falta de evidencia en su contra. Los militares le advirtieron al padre que no comentara nada de lo sucedido. Ese mismo día, un grupo de militares entraron a la fuerza a la casa de los Sánchez y se llevaron a Juan Humberto, sin dar explicación. Este fue sometido a interrogatorios con el ejército. El padre reportó lo sucedido a las autoridades. Posteriormente el cuerpo de Juan Humberto fue encontrado sin vida con evidentes señales de tortura. Una vez conocida la noticia, oficiales del ejército intimidaron a la familia Sánchez para que no revelaran lo sucedido. Se llevaron al señor Sánchez a un lugar desconocido donde le dijeron que firmara una declaración en la que aseguraba que el ejército no tenía nada que ver con lo sucedido. En declaraciones a la prensa, el ejército negó la participación de las fuerzas armadas en el asesinato de Juan Humberto Martínez. nota 5
Teniendo en cuenta que la muerte del señor Sánchez se debió a una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes militares luego de que fuere detenido arbitrariamente, lo cual se enmarca dentro del patrón de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en la época de los hechos; el cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). En el caso, se considera que ello no sucedió y, por lo tanto, se estima que el Estado es responsable de la inobservancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. La Corte declara la violación del artículo 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención. nota 6
Lo anterior es ratificado en el Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. nota 7
En el Caso Baldeón García, el 25 de septiembre de 1990, como parte de un operativo contrainsurgente llevado a cabo en la comunidad campesina de Pucapaccana - Departamento de Ayacucho, efectivos militares allanaron varios domicilios, sustrayendo dinero y víveres, y en ese momento, uno de los oficiales al mando, con una lista en la mano, llamó al señor Eustaquio Baldeón, pero como éste no se encontraba presente, procedió a llamar a algunos de sus familiares, entre ellos, a Bernabé Baldeón García, quienes fueron detenidos ilegal y arbitrariamente. Durante su detención, el señor Bernabé Baldeón García fue golpeado, atado con alambres y colgado boca abajo de una viga, y luego fue sumergido en un cilindro de agua fría. Posteriormente, el señor Bernabé Baldeón García murió en la madrugada del 26 de septiembre de 1990 en la localidad de Pacchahuallua, mientras se encontraba en custodia de efectivos militares. El cadáver del señor Bernabé Baldeón García fue enterrado inmediatamente ese mismo día por los agentes estatales, sin presencia de los familiares. El único documento oficial que se elaboró el día de la muerte de la víctima, lo fue el acta de reconocimiento del cadáver, que señaló como causa de muerte: ?paro cardiaco?. Tampoco se tomaron fotografías. Asimismo, la Corte observó que durante los años de conflicto, era generalizada la implementación de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado, como mecanismo de lucha antisubversiva. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado privó de la vida al señor Bernabé Baldeón García a través de sus agentes, lo cual se traduce en una violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la víctima. nota 8
En el Caso Goiburú y otros, el señor Agustín Goiburú Giménez era un médico paraguayo, fundador del Movimiento Popular Colorado (?MOPOCO?), grupo político opositor al régimen dictatorial de Stroessner. En septiembre de 1959, decidió exiliarse en Argentina. El 9 de febrero de 1977 el doctor Agustín Goiburú Giménez fue detenido arbitrariamente en Entre Ríos, Argentina, por agentes del Estado paraguayo o por personas que actuaban con su aquiescencia, luego llevado al Departamento de Investigación de Paraguay. ?El señor Carlos José Mancuello Bareiro era un ciudadano paraguayo que estudiaba ingeniería en La Plata, Argentina. Fue detenido el 25 de noviembre de 1974, en la aduana paraguaya cuando ingresaba al país desde Argentina con su esposa Gladis Ester Ríos de Mancuello y su hija de ocho meses. El 23 de noviembre de 1974 fueron detenidos los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba, el primero al entrar desde Argentina en la frontera paraguaya y el segundo en la ciudad de Asunción. El señor Mancuello y los hermanos Ramírez Villalba, a quienes se acusaba de pertenecer "a un grupo terrorista que preparaba un atentado contra Stroessner", supuestamente liderado por el doctor Goiburú, estuvieron detenidos en el Departamento de Investigaciones, entre otras dependencias. Las presuntas víctimas permanecieron detenidas por veintidós meses. Antes de ser desaparecidas, las víctimas fueron mantenidas en incomunicación y sometidas a graves condiciones de detención, intensos interrogatorios y brutales torturas, entre las que destacan la aplicación de latigazos con el llamado ?teyuruguay? y la denominada ?pileteada?. Las detenciones ilegales y arbitrarias o secuestro, torturas y desapariciones forzadas de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro y de los hermanos Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba fueron producto de una operación de inteligencia policial, planificada y ejecutada en forma encubierta por miembros de la policía paraguaya, con el conocimiento y por órdenes de las más altas autoridades del gobierno del General Stroessner y al menos en las fases previas de planeación de las detenciones o secuestros, en estrecha colaboración con autoridades argentinas. Esto es consistente con el modus operandi de la práctica sistemática de detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas verificada en la época de los hechos, en el marco de la Operación Cóndor.
En el presente caso, la Corte reiteró que la desaparición forzada de personas, constituye un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por la Convención Americana y coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos conexos. La responsabilidad internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Se trata, en suma, de un delito de lesa humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano. Por lo anterior, la Corte declaró que el Estado es responsable de la desaparición forzada de los señores Agustín Goiburú Giménez, Carlos José Mancuello Bareiro, y Rodolfo y Benjamín Ramírez Villalba, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. nota 9
En el Caso La Cantuta, el 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército peruano y agentes del Grupo Colina, grupo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), ingresaron al campus de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle ? La Cantuta, de Lima, irrumpiendo en las residencias de profesores y estudiantes. Los militares violentaron las puertas de las habitaciones y con lista en mano se llevaron a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Por otro lado, los militares ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo Muñoz Sánchez, para luego llevarlo por la fuerza, mientras algunos de los efectivos revisaban su dormitorio impidiendo que su esposa pudiera salir. Los militares se retiraron de la Universidad llevándose con ellos a los detenidos con rumbo desconocido. Los estudiantes Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permanecieron desaparecidos hasta el descubrimiento, en julio y noviembre de 1993, de sus restos mortales en fosas clandestinas en Cieneguilla y en Huachipa. El profesor y los demás estudiantes continúan desaparecidos. En relación con los hechos del presente caso, fueron presentadas acciones de habeas corpus a favor de las 10 personas que habían sido detenidas. Sin embargo, los juzgados rechazaron las acciones, en dos de las cuales se limitaron a aceptar las justificaciones o silencio de las autoridades militares, que alegaban estado de emergencia o razones de ?seguridad nacional? para no brindar información, En este caso, a pesar de haber sido tramitadas y decididas, las acciones de habeas corpus no constituyeron una investigación seria e independiente, por lo que la protección debida a través de las mismas resultó ilusoria. Frente a los hechos, en agosto de 1992 fue dispuesta una investigación en el fuero común. Por su parte, el fuero militar había iniciado sus propias investigaciones en abril de 1993. Posteriormente, la competencia fue adjudicada al fuero militar. En mayo de 1994, fueron condenados en el fuero militar ocho oficiales del Ejército y, en agosto del mismo año, sobreseídas tres personas señaladas como autores intelectuales de los hechos. En vigencia de la Ley No. 26.479, por la cual se concedía amnistía al personal militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante Ejecutoria Suprema de fecha 16 de junio de 1995, aplicó el beneficio de amnistía sobre personal militar, que en algunos casos había sido condenado. Luego de la caída del régimen del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori y el consecuente proceso de transición ocurrido desde el año 2000, fueron activadas 5 nuevas causas en el fuero común, las cuales han tenido resultados parcciales. Aquéllos procesos han sido abiertos contra los más altos mandos del gobierno de entonces, desde el ex Presidente hasta altos rangos militares y de inteligencia, además de varios ex miembros del Grupo Colina.
La Corte observó que la privación de libertad de aquellas personas, por parte de agentes militares y del Grupo Colina, fue un paso previo para la consecución de lo que en definitiva les había sido ordenado: su ejecución o desaparición. La utilización de listas en las que aparecían los nombres de personas por ser detenidas hace parte del modus operandi de agentes estatales para seleccionar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Los hechos del caso fueron producto de una operación ejecutada en forma coordinada y encubierta por el Grupo Colina, con el conocimiento y órdenes superiores de los servicios de inteligencia y del mismo Presidente de la República de ese entonces. Esto es consistente con la práctica sistemática de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas verificada en la época de los hechos. Es necesario precisar que la plena identificación de los restos de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permite calificar los actos cometidos en su perjuicio como ejecuciones extrajudiciales. En razón de las consideraciones anteriores, y en los términos del allanamiento efectuado por el Estado, la Corte declaró que éste es responsable por la ejecución extrajudicial de Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea y la desaparición forzada de Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Hugo Muñoz Sánchez, lo que constituye una violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los mismos. La responsabilidad internacional del Estado se configura de manera agravada en razón del contexto en que los hechos fueron perpetrados. nota 10
Caso Castillo PÃ¡ez Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No 34 .
Caso GoiburÃº y otros Vs. Paraguay. Sentencia Serie C. No. 153
Caso La Cantuta Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 162
5.3. ViolaciÃ³n del derecho a la vida de una persona luego de ser privada de la libertad por agentes estatales
En el Caso Servellón García y Otros, en el marco de un contexto de violencia en contra de los niños y jóvenes en situación de riesgo social en Honduras, el día 15 de septiembre de 1995, la Fuerza de Seguridad Pública - FUSEP capturó a 128 personas, dentro de un operativo policial preventivo e indiscriminado, en la ciudad de Tegucigalpa. Al día siguiente, la mayoría de los detenidos fueron liberados, ocho personas fueron llevadas al segundo piso del Séptimo Comando Regional de la FUSEP - CORE VII, para tomar sus huellas digitales, y solamente cuatro de ellas regresaron a sus celdas y fueron liberadas. Las cuatro personas restantes, que eran jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron sometidas a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su detención. Los menores no fueron separados de los adultos al momento de su detención y su permanencia en la celdas de la policía, lo que los expuso a circunstancias perjudiciales. Las cuatro víctimas fueron golpeadas con pistolas en la cabeza y con sillas, acusadas de ?ladrón? y estuvieron aisladas y amarradas durante su detención en el CORE VII. Mientras se encontraban bajo la custodia estatal, y cumpliendo las amenazas que les hicieron los agentes estatales, fueron asesinados con armas de fuego y armas blancas. El menor Marco Antonio Servellón García fue ejecutado con cuatro disparos de arma de fuego dirigidos a su rostro y su cabeza. El menor Rony Alexis Betancourth Vásquez recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, y cuatro heridas de arma blanca, tres de las cuales localizadas en el pecho. Orlando Álvarez Ríos murió como consecuencia de dos disparos de arma de fuego y su cuerpo presentaba señales de que había sido objeto de violencia sexual antes de su muerte. Diomedes Obed García Sánchez fue ejecutado mediante ocho disparos producidos por arma de fuego, además de tres heridas de arma blanca, dos de ellas producidas por machete. El 17 de septiembre de 1995 sus cadáveres fueron encontrados, a la intemperie, en diferentes lugares de la ciudad de Tegucigalpa. Los puntos de la ciudad en que los cuerpos fueron encontrados, unidos entre si cerraban un círculo, por lo que el caso fue conocido localmente como ?los cuatros puntos cardinales?. Por los anteriores hechos, el 5 de marzo de 1996 se abrió un proceso penal ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, en el cual se acumularon las causas iniciadas. El Juzgado dictó órdenes de captura contra tres de los imputados, pero estas órdenes no han tenido efectividad alguna, salvo una, pero por entrega voluntaria del procesado. Actualmente, no se ha decretado sentencia de primera instancia.
En el presente caso, la Corte reiteró en relación con el derecho a la vida, que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y que es particularmente grave su vulneración cuando ésta es producida por agentes estatales. Por lo anterior, concluyó la Corte que se violó el artículo 4.1 de la convención americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Marco Antonio Servellón García, Rony Alexis Betancourth Vásquez, Orlando Álvarez Ríos y Diomedes Obed García Sánchez. nota 1
En el Caso Escué Zapata, el día 1 de febrero de 1988 un informante indígena se dirigió al lugar en donde acampaba una Sección del Ejército Nacional de Colombia en Loma Redonda, cerca del Resguardo de Jambaló, departamento del Cauca, e informó que en una casa de Vitoyó existían armas. En virtud de dicha información los militares se dirigieron a la residencia del señor Germán Escué Zapata y sus familiares, ingresaron a la vivienda, mmregistraron la misma y, mientras le preguntaban dónde estaban las armas y lo calificaban de guerrillero, lo golpearon. Posteriormente, sin orden de detención ni de allanamiento o comprobada situación de flagrancia, fue detenido el señor Escué Zapata y llevado por los militares hacia las montañas, en donde fue privado de su vida, como consecuencia de varios disparos propinados por un cabo del ejército que lo custodiaba. Momentos después, su cadáver fue encontrado por sus familiares en el camino que de Vitoyó conduce a Loma Redonda. Al llegar al campamento, los soldados que presenciaron los hechos fueron orientados por sus superiores a decir que durante el traslado se había producido un ?hostigamiento? con un grupo guerrillero y que Germán Escué había muerto en medio del fuego cruzado. En el presente caso, la Corte reiteró que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad. En razón de lo anterior y teniendo en cuenta además la confesión del Estado, la Corte declaró que Colombia violó el derecho contemplado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata. Adicionalmente, para los efectos de la determinación de la violación del artículo 4.1 de la Convención, la Corte estimó que en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente el derecho a la vida por la vía de una investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido. nota 2
5.4. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales en operativos de las fuerzas armadas: criterios del uso legal de la fuerza letal y deber de investigar las muertes producidas
En septiembre de 1992, el Presidente de Ecuador decretó, en desarrollo de la Ley de Seguridad Nacional, y atendiendo hechos de violencia y delincuencia en las principales ciudades del país, un grave estado de conmoción y en tal sentido dispuso ?la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados?, sin que se estipularán para dicha intervención ?límites espaciales, temporales ni materiales de la suspensión de garantías, como se desprende del artículo 27 de la Convención Americana sobre derechos humanos, en este tipo de situaciones ?en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación?.
Por acción de un operativo conjunto, en desarrollo de las facultades del estado de emergencia, el 6 de marzo de 1993, fueron privados de la vida, en la ciudad de Guayaquil, los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. El operativo desarrollado, cuyo objetivo se planteó en términos generales para ?la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas, entre las Fuerzas Armadas (FF.AA), Marina, Fuerza Aérea y Ejército, y la Policía Nacional, estuvo planificado con tres meses de anticipación; participaron alrededor de 1.200 agentes, con apoyo de camiones del ejército, lanchas y un helicóptero y para el ingreso a los domicilios de los occisos fueron utilizados explosivos. No hubo por parte del Estado, al momento del fallo de la Corte, investigación alguna sobre el uso de la fuerza en el operativo ni sobre las muertes producidas en este.
La Corte Interamericana estableció la responsabilidad del Estado, en este caso, por haberse producido ejecuciones extrajudiciales y por lo tanto privación arbitraria de la vida, violatoria de los artículos 4.1. y 1.1., ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humano.
Para tales efectos tuvo en cuenta los hechos probados; la ausencia de investigación por parte del Estado, obligación estatal en este tipo de circunstancias, para determinar el cumplimiento de los requisitos del uso legítimo de la fuerza, que conllevó a la ausencia de una ?explicación satisfactoria y convincente?, para este caso sobre la ?justificación del uso letal de la fuerza con armas de fuego?; la inexistencia de evidencia acerca de que en la intervención de las fuerzas armadas se hubieren intentado otros medios menos letales al utilizado ni de la prueba por parte del Estado de que la intervención realizada fuera necesaria y proporcional a la situación planteada y el incumplimiento del deber de garantía del derecho a la vida, ante la ausencia de investigación de las muertes ocurridas en desarrollo de los operativos.
La Corte, como aspectos importantes, analizó los hechos del caso frente a los criterios que ha adoptado en diversas jurisprudencias que determinan ?el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado?. En este contexto señaló que la falta de límites en la intervención de la fuerzas armadas, exigidos para la declaratoria suspensión de garantías y los objetivos muy generales del operativo, podría haber dificultado la planificación de la intervención y la adopción de medidas para la prevención y protección de la vida y las otras garantías que son inderogables; imposibilita efectuar el respectivo control respecto de la legalidad del uso dela fuerza, sobre los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, en tanto, ellos se examinan frente a los objetivos concretos de la situación para los cuales fueron previstos.
En este caso ni el Estado cumplió con su obligación de establecer la existencia de los parámetros del uso legal de la fuerza letal ni existió evidencia de que en la intervención de las fuerzas armadas se hubieren intentado otros medios menos letales al utilizado ni el Estado probó que la intervención realizada fuera necesaria y proporcional a la situación planteada, ni investigó los hechos en que ocurrieron las muertes durante el operativo realizado por las fuerzas armadas. nota 1
Caso Zambrano Velez y otros. Sentencia Serie C. No. 166
5.5. VulneraciÃ³n del derecho a la vida por ejecuciones extrajudiciales de los internos por agentes estatales, que implicÃ³ el uso ilegÃ­timo de la fuerza, con gran intensidad
En el Caso del Penal Miguel Castro Castro, en un contexto de sistemática violación a los derechos humanos en el Perú, se ejecutó el ?Operativo Mudanza 1? dentro del Penal Miguel Castro Castro, ubicado en la ciudad de Lima. Dicho operativo, que contó con la participación de agentes de la policía, del ejército y de fuerzas especiales, fue planificado desde las más altas esferas del gobierno, tuvo como objetivo atentar contra la vida e integridad de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal, acusados de delitos de terrorismo vinculados al partido comunista del Perú, Sendero Luminoso. El ataque se realizó con armas muy lesivas, con explosiones, gases y humo, con disparos indiscriminados, en oscuridad total, en un espacio cerrado y en condiciones de hacinamiento. El operativo inició contra el pabellón de mujeres 1A del Penal y duró cuatro días, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, tiempo en el que los internos de los pabellones 1A y 4B vieron constantemente amenazadas sus vidas por la intensidad del ataque, y por la magnitud de los daños que producía. En el tercer día del ?operativo?, continuaron el ataque con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de mortero y granadas. Algunos internos, quienes el último día del ?operativo? anunciaron a los agentes estatales que iban a salir del pabellón 4B y pidieron que dejaran de disparar, al salir fueron recibidos por ráfagas de balas provenientes de disparos de agentes estatales. Los demás internos que también decidieron salir del pabellón 4B corrieron la misma suerte. Ese último día otro grupo de internos, quienes también se encontraban bajo el control de las autoridades estatales, fueron separados del grupo y ejecutados por agentes estatales. El Estado rechazó expresamente el ofrecimiento de intervención realizado por la Cruz Roja Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Episcopal de Acción Social y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Después de concluido el ?operativo? una minoría de los internos heridos fueron llevados a los hospitales y murieron debido a que no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. Otros internos que estaban heridos fueron mantenidos en las zonas del referido penal conocidas como ?tierra de nadie? y ?admisión? y no recibieran atención médica. Posteriormente fueron trasladados o reubicados en el mismo penal. En sus nuevos sitios, los internos sufrieron condiciones de detención y tratamiento incompatible con su dignidad personal, e incluyeron modalidades de castigo adicionales a la privación de la libertad en sí misma, que conllevaron graves lesiones, sufrimientos y daños a la salud de los internos. Finalmente perdieron la vida 41 personas identificadas y 185 internos lesionados. A los familiares no se les proporcionó ninguna ayuda para buscar e identificar los restos de sus familiares. Dentro de la investigación, no se realizaron actas de levantamiento de cadáveres, y solo hasta el 16 de junio de 2005, el Estado inició un proceso penal ante el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, en el que se encuentran 14 personas en calidad de imputados, entre los que figura el ex Presidente del Perú, en los cuales no se ha dictado sentencia. En noviembre de 1992, el Consejo Superior de Justicia de la II Zona Judicial de la Policía Nacional del Perú declaró que no había mérito para la apertura de instrucción contra los miembros de la Policía Nacional.
Para la Corte al momento en que el Estado inició el ?operativo?, los internos no se encontraban amotinados y no se probó que existiera ninguna causal que ameritara el uso legítimo de la fuerza por los agentes estatales en ese primer acto del ataque. Por el contrario, el comportamiento observado por los agentes de seguridad, altas autoridades del Estado y otros funcionarios estatales durante el ?operativo?, así como con posterioridad a éste, y la magnitud del ataque que implicó el uso de armas de guerra, demuestran que se trató de un operativo ejecutado para atentar contra la vida e integridad de los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B. Los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad no tenían la finalidad de inmovilizar o persuadir a los internos, sino causar un daño irreparable a la vida de dichas personas. Las fuerzas de seguridad, en una actitud coherente con el fin que tenía el ?Operativo Mudanza 1?, no hicieron nada por utilizar otros medios que no fueran el uso de la fuerza letal. En estos casos es notaria la forma deliberada en que actuaron las fuerzas de seguridad para privar a los reclusos de la vida. Asimismo, las omisiones en la asistencia médica a los internos heridos respondieron a decisiones deliberadas y no a meros descuidos o negligencias, que dieron lugar a privaciones arbitrarias de la vida. Para la Corte las muertes cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, constituyen crímenes de lesa humanidad. Por lo anterior y de acuerdo al reconocimiento de responsabilidad parcial efectuado por el Estado, el Perú es responsable por la violación del derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de los 41 internos fallecidos identificados. nota 1
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 160
5.6. VulneraciÃ³n del derecho a la vida por uso desproporcionado de la fuerza producto de la reacciÃ³n estatal frente al quebrantamiento del orden dentro del penal
En el Caso Neira Alegría y otros, los señores Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar, detenidos en una cárcel peruana perecieron por efecto de la debelación de un motín en manos de las fuerzas del Gobierno y como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza. No se usó la diligencia necesaria para rescatar a las víctimas que quedaron con vida, ni para identificar los cadáveres. nota 1
El artículo 4.1 de la Convención estipula que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Como lo ha dicho la Corte en casos anteriores, el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad y toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana De las circunstancias que rodearon la debelación del penal y del hecho de que ocho años después de ocurrida no se tengan noticias del paradero de las tres personas, del reconocimiento del Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido de que las víctimas no aparecieron dentro de los sobrevivientes y de que ?tres de los cadáveres no identificados sin duda corresponden a esas tres personas? y del uso desproporcionado de la fuerza, se desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en violación del artículo 4.1 de la Convención. Por lo anterior, se declara la violación del derecho a la vida por parte del Estado de Perú. La Corte decide que el Perú está obligado a pagar a los familiares de las víctimas, una indemnización compensatoria y a reembolsarles los gastos en que pudieron haber incurrido en sus gestiones ante las autoridades nacionales. nota 2
En el Caso Durand y Ugarte, Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera fueron detenidos sin mediar orden judicial, ni haber sido encontrados en flagrante delito, pero los recursos de hábeas corpus interpuestos fueron declarados infundados. Mientras las víctimas se encontraban detenidas en el centro de reclusión, se presentó un motín cuyo debelamiento fue adelantado por el ejército peruano y como consecuencia murieron muchos reclusos y otros se encuentran aún desaparecidos. Se atribuye al Estado un uso desproporcionado de la fuerza en dicho operativo, y no haber usado la diligencia necesaria para identificar a los cadáveres. De las circunstancias que rodearon la debelación del motín, especialmente en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Marina peruana, y del hecho de que desde hace catorce años se desconoce el paradero de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, se desprende la conclusión razonable de que éstos fueron privados arbitrariamente de su vida por las autoridades peruanas en violación del artículo 4 de la Convención. En consecuencia, la Corte declara que el Estado violó, en perjuicio de los señores Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, el derecho a la vida (artículo 4.1 de la Convención). nota 3
En el Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia), los días 27 y 28 de noviembre de 1992 dentro del Retén e Internado Judicial de ?los Flores de Catia?, en adelante ?Retén de Catia?, centro penitenciario ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela, los guardias del establecimiento y tropas del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana intervinieron masivamente, haciendo uso desproporcionado de la fuerza y dispararon indiscriminadamente a la población reclusa, produciendo la muerte de 37 reclusos. Según las versiones de los hechos de algunos sobrevivientes, los guardias del Retén abrieron las puertas de las celdas anunciando a los reclusos que quedaban en libertad, esperaron la salida de los internos y dispararon contra ellos. Otras versiones de lo ocurrido indican que se generó un intento masivo de fuga que fue reprimido por las autoridades con exceso en el uso de la fuerza. A pesar de las distintas versiones de lo ocurrido, de conformidad con las actas de autopsia y del allanamiento del Estado, se supo que las muertes de las víctimas fueron producidas por heridas con armas de fuego, y en muchas de ellas, por la trayectoria de los proyectiles que fueron ejecutadas extrajudicialmente. Además de lo anterior, los reclusos vivían en condiciones de detención inhumanas, los servicios de asistencia médica no cumplían los estándares mínimos, y no había clasificación entre procesados y condenados. Dentro de la investigación iniciada por las autoridades estatales, se registraron omisiones importantes ocasionadas por la falta colaboración de la fuerza pública y las autoridades carcelarias en la recopilación y custodia de pruebas esenciales. En sentir de la Corte el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las 37 víctimas, por el uso desproporcionado de la fuerza que sufrieron. nota 4
Caso Neira AlegrÃ­a y otros Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 20 .
5.7. ViolaciÃ³n del derecho a la vida de menores por acciÃ³n y omisiÃ³n del estado
En el Caso de los Niños de la Calle en 1990, cuando existía en Guatemala una práctica sistemática de persecución por parte de agentes de seguridad estatales, contra ?los niños de la calle?, cuatro jóvenes fueron detenidos, desparecidos y luego aparecieron sus cuerpos sin vida; otro menor fue muerto en vía pública por dos agentes de la Policía Nacional. nota 1
La Corte considera que el derecho a la vida relacionado con la obligación general del Estado de respetar y garantizar los derechos, presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), y además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva). Concluye, que el Estado violó los dos aspectos del derecho porque, ?los niños de la calle? eran objeto de diversas formas de persecución, incluyendo amenazas, hostigamientos, torturas y homicidios. Como consecuencia de esta situación, hubo un número sustancial de denuncias a las que el Estado ha debido responder con investigaciones efectivas, persecuciones y sanciones; sin embargo, los agentes responsables fueron raramente investigados o condenados dando lugar a una impunidad de hecho que permitía, y hasta alentaba, la persistencia de estas violaciones contra ?los niños de la calle?, haciéndolos aún más vulnerables. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La Corte advierte la especial gravedad que reviste este caso por tratarse las víctimas de jóvenes, tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente viola la expresa disposición del artículo 4 de la Convención, sino numerosos instrumentos internacionales, aceptados por la comunidad internacional, que hacen recaer en el Estado el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de los niños bajo su jurisdicción. Por lo anterior, la Corte declara que el Guatemala violó el artículo 4 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las victimas. nota 2
En el Caso Bulacio el 19 de abril de 1991, la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva o ?razzia? de ?más de ochenta personas? en la ciudad de Buenos Aires. Ésta ocurrió en un estadio, previa la realización de un concierto. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio, de 17 años de edad, quien luego de su detención fue trasladado a la Comisaría respectiva, donde sufrió lesiones a su integridad física, que posteriormente conllevaron a su muerte el 26 de abril del mismo año. La detención nunca fue avisada a los padres del menor; además, nunca se le abrió causa penal en su contra, no se le notificó al Juez Correccional de Menores, ni se le informó al menor sobre el motivo de la privación de su libertad. Se argumentaba que el Memorandum 40 facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos. La Comisaría respectiva inició una investigación policial por el delito de lesiones del cual conoció el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción de Menores quien posteriormente se declaró incompetente y remitió el caso a un Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, que conoce de delitos cometidos por mayores de edad. En el proceso se decidió procesar al Comisario Miguel Ángel Espósito por delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La causa se mantuvo en ?secreto de sumario?. Una vez se abrió la investigación a los querellantes, se solicitó el procesamiento de todos los implicados, entre los cuales se encontraban autoridades superiores al Comisario Espósito. Igualmente los representantes de los familiares del menor iniciaron una demanda civil contra la Policía Federal Argentina y el Comisario Miguel Ángel Espósito, proceso que se suspendió hasta tanto no se dictara sentencia penal. Dentro del proceso penal se dictó detención preventiva del implicado y el embargo respectivo, medidas que nunca se llevaron a cabo. Después de agotar todas las instancias judiciales y de haber interpuesto todos los recursos ordinarios y extraordinarios posibles, además de interponer recusaciones contra el fiscal y algunos de los jueces inmersos en el proceso, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones, con fecha 21 de noviembre de 2002 resolvió que había prescrito la acción penal. Esta resolución fue impugnada por la Fiscalía y hasta la fecha de la presente Sentencia las partes no han comunicado a la Corte IDH decisión alguna sobre el particular. En el transcurso del proceso el Estado reconoció su responsabilidad internacional mediante acuerdo de solución amistosa alcanzado por las partes el 26 de febrero de 2003 y del documento aclaratorio de 6 de marzo de 2003. nota 3
La Corte reitera en este caso la jurisprudencia anterior y señala que en este caso, el Estado, que se hallaba en una posición de garante frente al menor, no observó un apropiado ejercicio del deber de custodia, obligación que tenía a su cargo. nota 4
Por otra parte, en el Caso Instituto de Reeducación del Menor la Corte reitera lo expuesto en el Caso de los Niños de la Calle explicando que el Estado no tomó las previsiones necesarias en un centro de reclusión para garantizar la vida de los internos. nota 5
Caso de los NiÃ±os de la Calle (VillagrÃ¡n Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia Serie C. No. 63 .
Caso de los NiÃ±os de la Calle (VillagrÃ¡n Morales y otros). Sentencia Serie C. No. 63 .
En el Caso Gangaram Panday, en lo que respecta a la muerte del señor Gangaram Panday, detenido y recluido en el albergue para deportados, la Corte considera demostrado que el señor Asok Gangaram Panday falleció encontrándose recluido y bajo la custodia de miembros de la Policía Militar de Suriname y que la víctima falleció por asfixia mecánica debida a suspensión (ahorcamiento). Sobre la causa de muerte de Asok Gangaram Panday y en favor de una probable hipótesis de homicidio, no aparecen indicios al respecto. El suicidio es la hipótesis más probable dentro del expediente. La Corte considera que no obran pruebas convincentes acerca de la etiología de la muerte del señor Gangaram Panday que permitan responsabilizar a Suriname. No modifica la conclusión anterior la circunstancia de que el Gobierno hubiera reconocido que la víctima estuviera afectada en su estado de ánimo por la expulsión de los Países Bajos y que esa situación psicológica se hubiera acrecentado por la detención. Resulta forzado deducir de una manifestación semejante, reconocimiento alguno de responsabilidad del Gobierno y, en cambio, sí es posible concluir de ella su opinión de que se sumaron en la mente de la víctima otros factores anteriores a su detención. Podría, sin embargo, argumentarse que la circunstancia de que la Corte considere, por vía de inferencia, que la detención de la víctima fue ilegal, debería llevarla a concluir que hubo una violación del derecho a la vida por parte de Suriname porque, de no haber sido detenida la persona, probablemente no habría perdido la vida. Sin embargo, la Corte piensa que en materia de responsabilidad internacional de los Estados por violación de la Convención lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. Se trata de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención. En las circunstancias de este caso, no es posible fijar la responsabilidad del Estado en los términos descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte está determinando una responsabilidad por detención ilegal por inferencia y no porque haya sido demostrado que la detención fue ilegal o arbitraria o que el detenido haya sido torturado. Y así lo declara. nota 1
5.9. Imposibilidad de deducir responsabilidad internacional del estado cuando existe reconocimiento interno, se adelanta una investigaciÃ³n adecuada y no existen pruebas suficientes respecto de una de las supuestas vÃ­ctimas
En el Caso Las Palmeras, agentes militares del Estado de Colombia, abrieron fuego desde un helicóptero contra una zona rural en cercanías a una escuela, producto de lo cual fue herido un niño. Agentes de policía retuvieron al maestro, a dos trabajadores, a dos campesinos que se encontraban en la zona y a una sexta persona no identificada y los ejecutaron sumariamente. Los cadáveres fueron vestidos con prendas militares y sus ropas fueron quemadas. nota 1
La Corte da por concluida la controversia sobre la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida con respecto a cinco de las víctimas, por reconocimiento de los hechos por parte del Estado. El sistema Interamericano consta de un nivel nacional que consiste en la obligación de cada Estado de garantizar los derechos y libertades previstos en la Convención y de sancionar las infracciones que se cometieren. Así, la protección internacional es ?coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos?. En el presente caso, el Consejo de Estado de Colombia ha decidido en última instancia que el Estado es responsable por la muerte de cinco de las víctimas. Por lo tanto, la responsabilidad de Colombia con respecto a la muerte de 5 de las víctimas, quedó establecida en virtud del principio de cosa juzgada. Respecto de la presunta sexta víctima que fue asesinada en las mismas condiciones que las otras personas y cuya identidad se desconoce, la Corte considera que, la responsabilidad sería atribuible al Estado con base en tres concepciones a saber: a) la inversión de la carga de la prueba que exigiría que el Estado pruebe que no es responsable de la muerte de la sexta víctima; b) si el Estado no ha realizado una investigación seria de los hechos ocurridos, debe asumir la responsabilidad por la muerte; y c) las pruebas producidas, particularmente las pericias. Al examinar la primera de las tesis expuestas, la Corte sostiene que la carga de la prueba no es dejada a la libertad del juez, sino que está precisada por las normas jurídicas en vigor. Como no se ha invocado ningún tratado para justificar la inversión de la carga, para probar la responsabilidad de Colombia, debe demostrarse que la víctima fue ejecutada por agentes estatales. En cuanto a la segunda hipótesis, la Corte estima que, en un caso determinado, es posible que se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Sólo es aplicable en ausencia de una investigación seria. En el presente caso, no es posible afirmar que no hubo una investigación seria de lo ocurrido, pues hay dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de Colombia que declaran al Estado responsable por los hechos sucedidos con respecto a cinco de las víctimas. Por lo anterior, la Corte considera que la investigación previa se ha realizado, lo cual excluye su eventual aplicación en el presente caso. Finalmente, respecto de la tercera tesis, al examinar las pruebas obrantes la Corte concluye que no existen pruebas suficientes para afirmar que la víctima fue ejecutada por las fuerzas estatales en violación al artículo 4. nota 2
Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Sentencia del 6 de Diciembre de 2001. Serie C. No. 90 .
5.10. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por el incumplimiento del estado de su obligaciÃ³n de investigar efectivamente los hechos, derivada de la obligaciÃ³n de garantÃ­a
5.11. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por imposiciÃ³n de la pena de muerte sin respetar las restricciones establecidas en la convenciÃ³n
En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, el Estado de Trinidad y Tobago juzgó a 32 personas por homicidio intencional, las declaró culpables y las condenó a pena de muerte de acuerdo con la Ley de Delitos contra la Persona, vigente desde 1925. Las 32 personas acudieron a los procedimientos internos para la revisión de sus condenas. En algunos casos no se respetaron las garantías del debido proceso en la fase previa al juicio, durante el desarrollo de éste y en la etapa de apelación, en virtud de diversos factores como la demora injustificada en los procesos y la falta de disponibilidad de asistencia letrada y especializada. En los casos de 30 de las presuntas víctimas los plazos que mediaron entre el arresto y la decisión judicial final, presentan una duración que va desde 4 años hasta 11 años y 9 meses. La detención previa y posterior al juicio de todas las presuntas víctimas se realizó en condiciones de agudo hacinamiento y falta de higiene. Las celdas de los condenados carecen de suficiente ventilación y de iluminación natural, y están ubicadas cerca a la cámara de ejecución. Estas personas carecen de condiciones de alimentación, atención médica y recreación adecuadas. Dichas condiciones de detención son características del sistema carcelario trinitario y todas las supuestas víctimas han estado sometidas a las mismas. De los 32 condenados, 30 se encuentran detenidos en espera de su ejecución en la horca, siendo las únicas excepciones Joey Ramiah, quien fue ejecutado, y Wayne Matthews, por cuanto su pena fue conmutada. El Estado ejecutó a Joey Ramiah luego de haber sido condenado a la pena de muerte en la horca a pesar de existir una medida provisional de la Corte a su favor, por la cual se ordenó al Estado abstenerse de quitarle la vida. El Comité Judicial del Privy Council ordenó suspender la ejecución de las penas de muerte de las demás personas hasta que la Comisión y la Corte adopten las decisiones que les competen para dar amparo a esas personas de acuerdo con la Convención, al considerar que la ejecución de las sentencias de pena de muerte sin esperar la decisión de la Comisión y la Corte constituiría una violación de los derechos constitucionales de las presuntas víctimas. nota 1
El artículo 4 de la Convención garantiza el derecho a la vida y dispone que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Establece que en los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Aún cuando la Convención no prohíbe expresamente la aplicación de la pena de muerte, la Corte ha afirmado que las normas convencionales sobre ésta deben interpretarse en el sentido de ?limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que éste se vaya reduciendo hasta su supresión final?. De acuerdo con el artículo 4 de la Convención, la Corte ha establecido que se definen tres grupos de limitaciones para la pena de muerte en los países que no han resuelto su abolición: i) la imposición o aplicación de dicha pena está sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo respeto debe vigilarse y exigirse de modo estricto; ii) su ámbito de aplicación debe reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos con delitos políticos; iii) es preciso atender a ciertas consideraciones propias de la persona del reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación de la pena capital. La Corte tiene presente el sufrimiento causado por los homicidas a las víctimas o a sus familiares en los casos de homicidio intencional, y recuerda el deber que tienen los Estados de proteger a las víctimas potenciales de ese género de delitos, sancionar a los responsables y mantener el orden público, que puede verse afectado por la multiplicación de esos crímenes. Sin embargo, la Corte señala que la lucha de los Estados contra el delito debe desarrollarse con pleno respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, y de conformidad con los tratados aplicables. La privación intencional e ilícita de la vida de una persona (homicidio intencional o doloso, en sentido amplio) puede y debe ser contemplada en la legislación penal, si bien bajo diversas categorías (tipos penales) que correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta los distintos elementos que pueden concurrir en ellos: especiales relaciones entre el delincuente y la víctima, móvil de la conducta, circunstancias en las que ésta se realiza, medios empleados por el sujeto activo, etc. De esta forma se establecerá una graduación en la gravedad de los hechos, a la que corresponderá una graduación de los niveles de severidad de la pena aplicable.
La Corte constata que la Ley de Delitos contra la Persona de Trinidad y Tobago, ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica para el delito de homicidio intencional y desconoce que éste puede presentar diversos órdenes de gravedad. Así, la Ley impide al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, pues se limita a imponer, de modo indiscriminado, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes entre sí, lo que, a la luz del artículo 4 de la Convención, es sumamente grave cuando se encuentra en riesgo el bien jurídico mayor, que es la vida humana, y constituye una arbitrariedad en los términos del artículo 4.1 de la Convención. La Ley de Delitos contra la Persona ofrece dos particularidades principales: a) en cuanto a la determinación de la responsabilidad penal, solamente autoriza al juzgador para encontrar responsable a una persona por homicidio intencional basándose en la categoría del delito, sin que pueda tomar en cuenta las condiciones personales del justiciable ni las circunstancias particulares del delito y b) respecto a la determinación de la sanción, impone de manera mecánica y genérica la aplicación de la pena de muerte para todo culpable de homicidio intencional e impide que dicha sanción pueda ser modificada por la vía de la revisión judicial. La Corte advierte que al considerar a todo responsable del delito de homicidio intencional como merecedor de la pena capital, se está tratando a los acusados no como seres humanos individuales y únicos, sino como miembros indiferenciados y sin rostro de una masa que será sometida a la aplicación ciega de la pena de muerte.
Una de las formas que puede asumir la privación arbitraria de la vida, en los términos de la prohibición del artículo 4.1 de la Convención, es la que se configura cuando, en los países en que aún existe la pena de muerte, ésta se utiliza para castigar delitos que no presentan las características de máxima gravedad, como ocurre en Trinidad y Tobago en virtud de lo dispuesto por la Ley de Delitos contra la Persona, es decir, cuando la aplicación de esa pena no se ciñe al artículo 4.2 de la Convención. De lo expuesto, la Corte concluye que, en tanto el efecto de la llamada Ley de Delitos contra la Persona consiste en someter a quien sea acusado de homicidio intencional a un proceso judicial en el que no se consideran las circunstancias particulares del acusado ni las específicas del delito, la mencionada Ley viola la prohibición de privación arbitraria de la vida, en contravención del artículo 4.1 y 4.2 de la Convención. Por lo tanto, la Corte considera que Trinidad y Tobago violó el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención en conjunción con el artículo 1.1 de ésta, en perjuicio de las 32 personas que trata este caso. nota 2
En el Caso Raxcacó Reyes, el 14 de mayo de 1999 el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Raxcacó Reyes y de los otros imputados, por la comisión del delito de plagio o secuestro, tipificado por el artículo 201 del Código Penal de Guatemala, vigente en la época de los hechos. Los señores Raxcacó Reyes, Jorge Mario Murga Rodríguez y Hugo Humberto Ruiz Fuentes fueron condenados a la pena de muerte, establecida en el artículo 201 del Código Penal. Frente a la condena, el señor Raxcacó Reyes interpuso diversos recursos. El 13 de septiembre de 1999 la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones declaró improcedente la impugnación. El 20 de julio de 2000 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos. El 28 de junio de 2001, la Corte de Constitucionalidad rechazó en única instancia una acción de amparo interpuesta contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El 19 de mayo de 2004 el señor Raxcacó Reyes interpuso el recurso de gracia ante el Ministerio de Gobernación de Guatemala el cual no ha sido tramitado. El señor Raxcacó Reyes durante la privación de su libertad ha sido sometido a condiciones de reclusión inhumanas, crueles y degradantes, todo lo cual le produjo sufrimientos, así como consecuencias físicas y psicológicas.
En el momento en que Guatemala ratificó la Convención Americana se encontraba vigente el Decreto No. 17/73, Código Penal, en cuyo artículo 201 se sancionaba con pena de muerte el secuestro seguido de la muerte del secuestrado. En consecuencia, existía un deslinde entre el secuestro simple y el secuestro calificado por la muerte del ofendido. Esta norma fue modificada en varias ocasiones, aplicándose finalmente a la presunta víctima del presente caso la disposición establecida mediante Decreto Legislativo No. 81/96, de 25 de septiembre de 1996, que tipifica una sola conducta: sustracción o aprehensión de una persona, acompañada de cierto propósito, la cual se sanciona con la imposición de pena de muerte al secuestrador. La Corte consideró que la regulación vigente ordena la aplicación de la pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito, sin tener en cuenta las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado, las posibles circunstancias atenuantes o agravantes, entre otras consideraciones del autor y del delito. En sentir de la Corte, el artículo 201 del Código Penal aplicado al señor Raxcacó Reyes sanciona con pena de muerte tanto el plagio simple, como cualquier otra forma de plagio o secuestro, desatendiendo la limitación que impone el artículo 4.2 de la Convención Americana respecto de la aplicación de la plena de muerte solamente a los ?delitos más graves?. La Corte estima que, aun cuando no se ha ejecutado al señor Raxcacó Reyes, se ha incumplido el artículo 2 de la Convención. La sola existencia del artículo 201 del Código Penal guatemalteco, que sanciona con pena de muerte obligatoria cualquier forma de plagio o secuestro y amplía el número de delitos sancionados con dicha pena, es per se violatoria de esa disposición convencional. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el artículo 201 del Código Penal guatemalteco, en el que se fundó la condena al señor Raxcacó Reyes, viola la prohibición de privación arbitraria de la vida establecida en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 3
Caso Hilaire, Constantine y BenjamÃ­n y otros Vs. Trinidad y Tobago. Sentencia Serie C. No. 94 .
Caso RaxcacÃ³ Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C No. 133 .
5.12. ViolaciÃ³n del derecho a solicitar amnistÃ­a, indulto o conmutaciÃ³n de la pena de muerte, si no se tramita de conformidad con un procedimiento que lo torne efectivo
En el Caso Fermín Ramírez, la defensa del señor Fermín Ramírez presentó un recurso de gracia el 27 de julio de 1999, con fundamento en el Decreto Número 159, ante el Ministro de Gobernación para que enviara el expediente al Presidente de la República y solicitó la conmutación de la pena de muerte por la inmediata inferior de cincuenta años de prisión. Un día antes de que apareciera publicado en el Diario Oficial el Acuerdo Número 235-2000 que resolvió dicho recurso, se publicó en el mismo medio el Decreto Número 32-2000, mediante el cual se derogó expresamente el Decreto Número 159, siendo esta la explicación de la denegatoria del recurso de gracia interpuesto por el señor Fermín Ramírez.
La Corte consideró que el derecho de gracia forma parte del corpus juris internacional, en particular de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte constató, que del Acuerdo Gubernativo Número 235-2000, dictado con posterioridad, se desprende que ningún organismo del Estado tiene la atribución de conocer y resolver el derecho de gracia y al ser ésta la razón por la cual fue denegado el recurso de gracia, la Corte consideró que el Estado incumplió las obligaciones derivadas del artículo 4.6 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 1
En el Caso Raxcacó Reyes, el señor Raxcacó Reyes solicitó indulto el 19 de mayo de 2004 ante el Ministro de Gobernación de Guatemala, fundamentando su petición, inter alia, en los artículos 1.1, 2 y 4.6 de la Convención Americana, a pesar de que el Decreto No. 32/2000 derogó expresamente el Decreto No. 159 de 19 de abril de 1892 que establecía la facultad del Presidente de la República de conocer y resolver el indulto. Frente a tal petición, el Ministerio de Gobernación no ha dado trámite al mencionado recurso de indulto. En consideración de la Corte, la derogación del Decreto No. 159 de 1892 por medio del Decreto No. 32/2000, tuvo como consecuencia que se suprimiera la facultad atribuida a un organismo del Estado, de conocer y resolver el derecho de gracia estipulado en el artículo 4.6 de la Convención. En el presente caso, la Corte estimó que, la falta de legislación nacional que haga efectivo el derecho a solicitar indulto, amnistía o conmutación de la pena, en los términos del artículo 4.6 de la Convención Americana, desconoce el artículo 2 de la misma. Por ello, la Corte consideró que el Estado incumplió la obligación derivada del artículo 4.6 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. nota 2
Caso RaxcacÃ³ Reyes Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 133
5.13. ViolaciÃ³n del derecho a solicitar amnistÃ­a, indulto o conmutaciÃ³n de la pena de muerte
En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, la Corte observa que el artículo 4 de la Convención se inspiró en el principio de no aplicar la pena de muerte, excepto para los delitos más graves y en condiciones excepcionales y otorgó a los condenados a muerte un derecho adicional a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena ante la autoridad competente. El artículo 1.1 de la Convención establece la obligación estatal de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la misma y el artículo 4.6 dispone que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. En el presente caso, la Corte estima que las peticiones individuales de clemencia previstas en la Constitución, deben ejercerse mediante procedimientos imparciales y adecuados, de conformidad con el artículo 4.6 de la Convención, en combinación con las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8. No se trata solamente de interponer formalmente una petición, sino de tramitarla de conformidad con el procedimiento que la torne efectiva. El artículo 4.6 en conjunto con los artículos 8 y 1.1, de la Convención, obliga al Estado a garantizar que este derecho pueda ser ejercido por el condenado a pena de muerte de manera efectiva. El Estado tiene la obligación de implementar un procedimiento de esta índole, imparcial y transparente, en donde el condenado a pena capital pueda hacer valer de manera cierta los antecedentes que crea pertinentes para ser favorecido con el acto de clemencia. La Corte considera que la forma en que se aplicó el procedimiento de clemencia a las 32 víctimas, se caracterizó por la falta de transparencia, de publicidad y de participación de las víctimas, lo que viola el artículo 4.6, en conexión con los artículos 8 y 1.1, de la Convención, en perjuicio de las 32 víctimas. nota 1
5.15. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por prÃ¡ctica de ejecuciones sumarias selectivas propiciadas por el estado
En el Caso Myrna Mack Chang, el 11 de septiembre de 1990, la antropóloga guatemalteca Myrna Mack Chang fue vigilada y ejecutada extrajudicialmente en una operación de inteligencia militar elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial. La ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang tuvo una motivación política, en razón de las actividades de investigación que desarrollaba sobre las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y las políticas del Ejército guatemalteco hacia las mismas. Esta situación la llevó a ser señalada como una amenaza para la seguridad nacional y para el Gobierno guatemalteco. El Estado Mayor Presidencial es un equipo especial de personal militar asignado al Presidente de la República, formalmente responsable de velar por su seguridad y la de su familia. Iniciado el proceso penal por la muerte de la antropóloga, la falta de diligencia y las obstrucciones de que éste ha sido objeto, es evidente que los tribunales de justicia no han demostrado voluntad para esclarecer todos los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang y juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la privación de la vida de la víctima, y del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del presente caso. nota 1
En esta ocasión, la Corte observa que, teniendo en cuenta que en la época de los hechos en Guatemala no había mecanismos efectivos para investigar las violaciones del derecho a la vida, por lo cual existía un clima de impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos; y que la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang fue producto de una operación encubierta de inteligencia militar elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial llevada a cabo por sus miembros dentro de un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas que contó y ha contado con la tolerancia de diversas autoridades e instituciones estatales, se configura la violación del artículo 4 en relación con el artículo 1.1 de la Convención. nota 2
Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Sentencia Serie C. No. 101 .
5.16. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por ejecuciÃ³n de personas en manos de grupos ?paramilitares?, que actÃºan con la colaboraciÃ³n, aquiescencia y tolerancia, de miembros de las fuerzas armadas del estado
En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, el 14 de enero de 1990, un grupo de aproximadamente 60 hombres armados, pertenecientes a una organización paramilitar denominada "los tangueros", provenientes del Departamento de Córdoba, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de Antioquia. Los miembros del grupo armado, que vestían de civil y prendas de uso privativo de las Fuerzas, se movilizaron en dos camiones e ingresaron en Pueblo Bello entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, divididos en cuatro grupos. Dichos paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas y de una iglesia a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, con base en una lista que portaban, escogieron a 43 hombres, quienes fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para transporte. Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron por el camino que comunica Pueblo Bello con San Pedro de Urabá en una zona declarada ?de emergencia y de operaciones militares. En la mencionada vía se encontraba un retén que tenía por función controlar el tránsito de vehículos y personas. Cuando se declaraba un paro armado los retenes militares de la zona funcionaban de seis de la mañana a seis de la tarde y luego de esa hora se cerraba el paso a todo vehículo hasta el día siguiente. Los secuestrados fueron conducidos hasta una playa del río Sinú, ubicada en la finca ?Las Tangas?, también en el Departamento de Córdoba. Una vez allí, las presuntas víctimas fueron interrogadas y sujetas a diversos actos de tortura. Los paramilitares habrían matado violentamente a las personas secuestradas y trasladaron algunos de los cadáveres a la finca "Las Tangas", donde fueron inhumados. A la fecha de la sentencia sólo 6 de las 43 presuntas víctimas han sido identificadas y sus restos entregados a sus familiares. Las otras 37 personas se encuentran desaparecidas. La incursión criminal fue motivada por una venganza del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño Gil, debido al supuesto robo de un ganado, de su propiedad, por parte de un grupo guerrillero. En relación con los hechos del presente caso, fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios.
En el Caso de la ?Masacre de Mapiripán?, la Corte expresó que de conformidad con el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, el 12 de julio de 1997, aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare (Departamento del Guaviare) en vuelos irregulares, que no fueron registrados ni anotados en los libros correspondientes, procedentes de Neclocí y Apartadó (Departamento de Antioquia) y fueron recogidos por miembros del Ejército sin que éstos últimos practicaran ningún tipo de control. Posteriormente, el Ejército Colombiano facilitó el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán. En la carretera, se les unieron paramilitares de Casanare y Meta y desde allí, por vía fluvial, pasando por ?El Barrancón? ?donde se encontraban la Brigada Móvil II y la Infantería de Marina? continuaron su recorrido sin inconvenientes hasta la orilla opuesta al río Guaviare, frente a Mapiripán. Al amanecer del 15 de julio, más de 100 hombres de las AUC armados y quienes vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares rodearon Mapiripán por vía terrestre y fluvial, utilizando además radios de alta frecuencia. El Comandante de la Brigada VII, y el, Comandante de la Brigada Móvil II, exhibieron completa inactividad funcional y operativa a pesar de tener conocimiento sobre la masacre. Más aún, ante el arribo de las AUC, se dispuso la movilización de las tropas del Batallón Joaquín París desde San José de Guaviare hacia otras localidades, dejando desprotegidas a las poblaciones de dicho lugar y de Mapiripán. Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, secuestraron, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron a un indeterminado número de víctimas ? que el propio Estado mencionó como ?aproximadamente 49?, presuntas colaboradoras o simpatizantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ? FARC, entre los que se encontraban menores y arrojaron sus restos al río Guaviare. Además, una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física, con el fin de obstruir la recolección de la prueba. Luego de los hechos de julio de 1997, numerosas familias salieron del pueblo; muchos de los familiares se vieron forzados a desplazarse internamente en Colombia y, en su gran mayoría, no han regresado a éste. El estado colombiano abrió procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria, procesos contenciosos administrativos y procedimientos disciplinarios. A la fecha de esta sentencia, han transcurrido ocho años desde que sucedieron los hechos y el proceso penal permanece abierto. En el contencioso administrativo se presentaron demandas por parte de familiares de cuatro señores y el primero de febrero de 2005 los demandantes y el Ministerio de Defensa del Ejército Nacional llegaron a un Acuerdo Conciliatorio Total. La Procuraduría General de la Nación, dentro de un proceso disciplinario sancionó con separación absoluta de las fuerzas armadas o reprensión severa, a varios miembros del Ejército, y con destitución a varios funcionarios públicos. Observó la Corte que, si bien los hechos fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, la preparación y ejecución de la masacre no habría podido perpetrarse sin la colaboración, aquiescencia y tolerancia, manifestadas en varias acciones y omisiones, de miembros de las Fuerzas Armadas del Estado, inclusive de altos funcionarios de dicha región. En consecuencia, y en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio de cierto número de víctimas. nota 1
Para la Corte, Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes para evitar que un grupo de paramilitares ingresara al Municipio de Pueblo Bello, en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos, y luego saliera de dicha zona, declarada de emergencia y de operaciones militares, después de haber detenido al menos a 43 personas, quienes fueron asesinadas o desaparecidas posteriormente. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. No obstante, la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar, en este caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas. De otra parte, en el presente caso, no se ha llevado a cabo una investigación completa y efectiva sobre los hechos de enero de 1990. Por lo anterior, la Corte consideró que, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrado en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de sus obligación de garantizar esos derechos, en perjuicio de las seis personas privadas de la vida y de las desparecidas. nota 2
En el Caso de las Masacres de Ituango, el 11 de junio de 1996 cerca de 22 hombres fuertemente armados con fusiles y revólveres, miembros de grupos paramilitares, se dirigieron en dos camionetas al corregimiento de La Granja del Municipio de Ituango, Departamento de Antioquia, Colombia. Pasaron a corta distancia de un comando de policía, sin que la fuerza pública adoptara medida alguna para detenerlos. Una vez que los paramilitares tomaron control del corregimiento se inició una cadena de ejecuciones selectivas, sin que se encontrara oposición por parte de la Fuerza Pública y a la vista de los pobladores del corregimiento. Perpetradas las referidas ejecuciones selectivas, los paramilitares abandonaron el área de La Granja sin encontrar oposición alguna por parte de la Fuerza Pública. En estas mismas circunstancias, posteriormente, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997, tuvo lugar una nueva incursión paramilitar caracterizada por una cadena de ejecuciones selectivas en el corregimiento de Builópolis, más conocido en la región de Ituango como El Aro, perpetradas con la aquiescencia, tolerancia o apoyo de miembros de la Fuerza Pública. Antes de retirarse de El Aro los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas del casco urbano, quedando a salvo sólo una capilla y ocho viviendas. Como consecuencia de las incursiones paramilitares resultó en la muerte violenta de diecinueve pobladores de La Granja y El Aro. Durante la incursión ocurrida en El Aro los paramilitares privaron de su libertad a 17 campesinos con el propósito de obligarlos a arrear, durante 17 días, los animales sustraídos de sus propietarios. Por lo anterior, fueron abiertos procesos en las jurisdicciones penal, contencioso administrativa y disciplinaria. En los procesos penales, la gran mayoría de los responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados ni procesados y la mayoría de las personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad no han sido detenidas. En el presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación del artículo 4 de la Convención Americana, sin embargo, la Corte consideró indispensable hacer algunas precisiones. La Corte reconoció que el Estado ha adoptado determinadas medidas legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de autodefensa o paramilitares. Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva de dicho fenómeno. En el presente caso, la Corte estimó probado que los grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, enmarcadas dentro de un patrón de masacres semejantes, que no solo contaron con la aquiescencia de miembros del Ejército nacional sino que también se produjeron bajo su participación y colaboración directa. Que dicha conducta no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitió asistir a la población civil durante el desarrollo de aquélla, lo que trajo consigo su total indefensión. Por las razones expuestas la Corte concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. nota 3
Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia Serie C. No. 140
Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia Serie C No. 148
5.17. ViolaciÃ³n del derecho a la vida, por el desconocimiento de los deberes de regular y fiscalizar la atenciÃ³n mÃ©dica de salud, los cuales constituyen deberes especiales derivados de la obligaciÃ³n de garantizar los derechos consagrados en la convenciÃ³n.
5.18. ViolaciÃ³n del derecho a la vida por desapariciÃ³n de personas en manos de grupos ?paramilitares? e imposibilidad de ubicaciÃ³n e identificaciÃ³n de restos
5.19. ViolaciÃ³n del derecho a la vida, cuando el estado no adopta medidas positivas frente a las condiciones que afectan las posibilidades de una comunidad indÃ­gena que reclama su territorio de tener una vida digna
En el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, la Corte estableció que los miembros de la Comunidad Yakye Axa vivían en condiciones de miseria extrema como consecuencia de la falta de tierra y acceso a recursos naturales, necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. El Estado no ha garantizado el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria y no ha adoptado las medidas positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros de la Comunidad Yakye Axa, durante el período que han permanecido sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad, a pesar de que el 23 de junio de 1999 el Presidente del Paraguay emitió el Decreto No. 3.789 que declaró en estado de emergencia a la Comunidad. En consecuencia, con lo dicho anteriormente, la Corte declaró que el Estado violó el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Yakye Axa. nota 1
5.20. ViolaciÃ³n del derecho a la vida probada por las conclusiones de instituciones oficiales y nacionales: las comisiones de la verdad
El Estado reconoció el extravío de los protocolos de necropsias realizados después de la muerte de las víctimas. En el año 2006, fue efectuada una nueva necropsia por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en donde se estableció que el cuerpo del dirigente presentaba cinco impactos por arma de fuego e impacto contundente y fractura del manubrio esternal. En relación con el cadáver de la mujer víctima, al contrario de la primera información oficial obtenida, se determinó la presencia de dos impactos por arma de fuego, en su cabeza. El informe concluyó afirmando que ?[t]odos los elementos recogidos hasta la fecha hacen presumir que la responsabilidad de estas muertes compromete a algún tipo de organización vinculada con el aparato estatal de la época en que ocurrieron los acontecimientos?
La Corte estableció que el Estado peruano violó el derecho a la vida ?artículo 4º de la Convención- en relación con los deberes de respetar y garantizar los derechos humanos -artículo 1.1. de la Convención- por la muerte del dirigente sindical y de la líder, en tanto que de las conclusiones de las instituciones oficiales del Estado conocedoras del caso no se desprenden elementos suficientes para llegar a otra a la de la responsabilidad de agentes estatales en los hechos. nota 1