Source: http://www.franciscosantana.net/2013/10/
Timestamp: 2017-12-14 22:53:09
Document Index: 271880945

Matched Legal Cases: ['artículo 226', 'artículo 235', 'artículo 318', 'Artículo 1', 'artículo 864', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 36', 'Artículo 36', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 89', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 257', 'artículo 4', 'artículo 266', 'artículo 37', 'artículo 281']

1/10/13 - 1/11/13 ~ Jurídicas de Interés
Decreto mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, integrado a la Estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno (Presidencia de la República)
jueves, octubre 31, 2013 Francisco Santana
(Gaceta Oficial número 40.283 del 30 de octubre de 2013)
Decreto N° 506 22 de octubre de 2013
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación del Estado venezolano, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y los numerales 2,11 y 20 del artículo 235 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 46 y 58 y 117, numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros,
Que el ejercicio de las competencias y su distribución, entre los distintos órganos del Ejecutivo Nacional deben responder a las prioridades establecidas en concebir una nueva forma de gobernar, donde impere la mística de la eficiencia y la eficacia por medio del análisis y gestión de políticas públicas, en el marco del sistema socialista y humanista, basados en proteger integralmente a todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad social,
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le establece al Estado el deber de protección social a todos los venezolanos y venezolanas, en especial a la familia como la asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas; razón por la cual es necesaria la articulación e integración de políticas dirigidas a brindar de manera integral dicha protección,
Convenio Cambiario número 23, mediante el cual se establece que las personas naturales no residentes en el país podrán vender anualmente hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otra divisa (Ministerio del Poder Popular de Finanzas - Banco Central de Venezuela)
(Gaceta Oficial Nº 40.283 del 30 de octubre de 2013)
CONVENIO CAMBIARIO Nº 23
El Ejecutivo Nacional, representado por el ciudadano Nelson J. Merentes D., en su carácter de Ministro del Poder Popular de Finanzas, autorizado por el Decreto Nº 2.278 de fecha 21 de enero de 2003, por una parte; y por la otra, el Banco Central de Venezuela, representado por su Presidenta, Eudomar Rafael Tovar, autorizado por el Directorio de ese Instituto en sesión Nº 4.637 celebrada el 24 de octubre de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 34, 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela; y 3 del Convenio Cambiario Nº 1 del 5 de febrero de 2003; han convenido lo siguiente:
Artículo 1.- Las personas naturales no residentes en el país, que ingresen a territorio venezolano a través de los terminales legalmente dispuestos ubicados en los aeropuertos y puertos, podrán vender anualmente hasta diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 10.000.000,00), o su equivalente en otra divisa, en las taquillas instaladas en dichos aeropuertos y puertos por los operadores cambiarios autorizados a estos efectos por el Banco Central de Venezuela, al tipo de cambio de compra que este último determine, el cual será publicado en la página web de dicho Instituto.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.283 (Miércoles 30 de octubre de 2013)
Decreto N° 506, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, integrado a la Estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.- (se reimprime por fallas en los originales).
Decreto N° 529, mediante el cual se nombra a la ciudadana Magaly Gutiérrez Viña, Presidenta (E) del Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS).
Decreto N° 530, mediante el cual se nombra al ciudadano Alejandro José Zamora Mata, Presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Decreto N° 531, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, Presidenta de la Fundación Misión Niño Jesús.
Decreto N° 532, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, Presidenta del instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Decreto N° 533, mediante el cual se nombra al ciudadano Alejandro José Zamora Mata, Presidente de la Fundación Misión José Gregorio Hernández.
Decreto N° 534, mediante el cual se nombra a la ciudadana Carolina del Valle Cestari Vásquez, Presidenta de la Fundación Nacional El Niño Simón.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.282 (Martes 29 de octubre de 2013)
miércoles, octubre 30, 2013 Francisco Santana
Decreto N° 512, mediante el cual se deroga el Decreto N° 7.381 de fecha 21 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.411, de fecha 27 de abril de 2010. (Mediante el cual se establece el «Fondo de Eficiencia Socialista», como un apartado presupuestario y financiero).
Decreto N° 513, mediante el cual se aprueba un traspaso de créditos presupuestarios, por la cantidad que en él se indica, correspondiente a recursos ordinarios del Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. (Bs. 1.600.000,00)
Decreto N° 514, mediante el cual se aprueba un traspaso de créditos presupuestarios, por la cantidad que en él se señala, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social. (Bs. 2.400.000,00)
Decreto N° 515, mediante el cual se aprueba un traspaso de créditos presupuestarios, por la cantidad que en él se menciona, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. (Bs.8.644.941,00)
Decreto N° 516, mediante el cual se aprueba un traspaso de créditos presupuestarios, por la cantidad que en él se específica, al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. (Bs. 1.000.000,00)
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.281 (Lunes 28 de octubre de 2013)
martes, octubre 29, 2013 Francisco Santana
Decreto N° 511, mediante el cual se nombra al ciudadano Rafael Ángel Ríos Bolívar, Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Bayse Alfonso Rodríguez, como Jefe (E) de la División de Planificación y Presupuesto, dependencia adscrita a la Oficina de Gestión Interna de esta Región.
Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana Virginia Josefina Rojas Figuera, como Notaría, en la Notaria Pública de Anaco, Estado Anzoátegui, adscrita al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).
Resoluciones mediante las cuales se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se indican, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, adscritos al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).(Margarita Guillermo, Directora en la Oficina de Planificación, Presupuesto, Organización y Sistemas; Gustavo Padrino, Registrador, Luis Marín Notario, entre otros).
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.280 (Viernes 25 de octubre de 2013)
Acuerdo mediante el cual se corrige por error material el Acuerdo s/n de fecha 17 de octubre de 2013. (Reimpresión G.O. 40.252 17/10/2013, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional decreta un Crédito Adicional al Presupuesto de gastos vigente del MPP para la Relaciones Interiores Justicia y Paz).
Decreto N° 480, mediante el cual se modifica la denominación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, por Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
Decreto N° 498, mediante el cual se autoriza la creación de una Fundación del Estado que se denominará «Fundación Misión José Gregorio Hernández», con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Decreto N° 506, mediante el cual se crea el Despacho del Viceministro para la Suprema Felicidad Social del Pueblo, integrado a la Estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
"El dolo eventual no existe. Nuevo libro de Gustavo Vitale". Por Alberto Bovino.
lunes, octubre 28, 2013 Francisco Santana
No es un secreto que en nuestro país la figura del dolo eventual suele ser invocada en los casos de mayor resonancia mediática y/ó con fines nétamente procesales para justificar la privación judicial del imputado desde las etapas más tempranas del proceso y, a posteriori, justificar sanciones "ejemplarizantes" típicas del ejercicio del populismo penal; sin dejar de lado ese escenario desolador, la crítica, tímida y desordenada realizada por algunos abogados en ejercicio no ha contribuido con el debate y pocos profesores se han plantado con argumentos y coherencia técnica en contra de esa figura, su relevancia práctica y la manera en que ha sido incorporada a nuestro Derecho Penal sustantivo a través de un par de sentencias "líderes" dictadas por las Salas de Casación Penal y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Buscando avivar el debate sobre tan cuestionada figura, comparto con ustedes la siguiente reseña realizada por el profesor Alberto Bovino en su blog "No hay Derecho" acerca de una nueva publicación jurídica argentina, con un título tan atrayente como contundente: "Dolo Eventual como construcción desigualitaria y fuera de la ley. Un supuesto de culpa grave", escrito por Gustavo Vitale. Ojalá las restricciones cambiarias nos permitan contar con esta obra en nuestro país.
Francisco Santana Núñez.
Aquí la entrada:
Corrección monetaria. Derecho a la prueba. Momento para ofrecer la prueba testimonial en el procedimiento civil breve (Sala Constitucional)
La parte solicitante planteó como fundamento de su solicitud, que la decisión objeto de examen vulneró los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conclusión a la que arribó atribuyéndole al referido fallo, tal como puede extraerse de su exposición, los siguientes vicios: 1) Indeterminación objetiva, al ordenar indexar la condena del daño material sin ordenar una experticia complementaria del fallo con los lineamientos que servirán a los expertos para determinar cuantitativamente la corrección monetaria; 2) Inmotivación, al establecer el juez que las alegaciones tendientes a desacreditar la testimonial del ciudadano Manuel Lidueña son simples consideraciones doctrinales e interpretaciones irrelevantes, sin explicar la razón de ello, aunado a la falta de razonamiento del motivo de la condena por ajuste monetario; 3) Incongruencia omisiva, debido a que el solicitante formuló una serie de alegatos en torno a la eficacia probatoria de las facturas consignadas por el actor en el libelo de la demanda, relativas a la reparación de los daños causados con ocasión del accidente de tránsito ventilado en la causa principal, sin que los mismos hayan sido objeto de pronunciamiento; 4) Violación a la garantía del debido proceso, bajo la argumentación de que el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil fija la forma de promover la prueba testimonial con la demanda, lo cual no hizo el demandante, y sin embargo, la prueba fue valorada; y 5) Error Judicial inexcusable, por valorar el testimonio promovido fuera del lapso legal.
Razonabilidad y proporcionalidad de la contribución especial exigida a las empresas que prestan servicios de televisión por suscripción. Sin Lugar el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido contra el artículo 52 de la Ley de Cinematografía Nacional. (Sala Constitucional)
En ese sentido, esta Sala pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Cursa a los folios 1 al 8 del “Anexo 1” del expediente, copia simple de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n.° 38.281, del 27 de septiembre de 2005, mediante la cual, se publicó la Ley de la Cinematografía Nacional, cuyo artículo 2, señala que: “La cinematografía nacional comprende todas aquellas actividades vinculadas con la producción, realización, distribución, exhibición y difusión de obras cinematográficas en el territorio nacional” (Negritas de la Sala).
De igual forma, el artículo 15 eiusdem, indica lo siguiente:
Artículo 15. Las personas naturales o jurídicas que en el territorio nacional realicen actividades relacionadas con la creación, producción, importación, exportación, distribución, exhibición y difusión de obras cinematográficas de carácter publicitario o no, así como aquellas asociaciones, fundaciones, centros de cultura, de enseñanza y escuelas que se dediquen al cine; están en la obligación de inscribirse en el Registro de la Cinematografía Nacional. Igualmente, deberán inscribirse en este Registro las obras cinematográficas, los videogramas o videocintas y las obras publicitarias o propagandísticas que se comercialicen o exhiban en el país (Negritas de la Sala).
También, el artículo 18 de la referida ley, indica que: “Se declaran de interés público y social los servicios y actividades de difusión cultural cinematográfica”.
Asimismo, el artículo 36 de la misma Ley, establece lo siguiente:
Artículo 36. A los fines de realizar las funciones de promoción, fomento, desarrollo y financiamiento al cine, se crea un fondo autónomo sin personalidad jurídica, denominado Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine que utilizará las siglas FONPROCINE, adscrito y administrado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), con patrimonio separado, el cual estará constituido por los siguientes aportes:
(…) 4.- Los aportes que se deriven de las contribuciones especiales que se contemplan en el Título VIII de esta Ley, las cuales serán enteradas y pagadas por los obligados a realizarlo, en la oportunidad que determine esta Ley y el Reglamento respectivo, en una cuenta del Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine (FONPROCINE), conforme con el procedimiento que se establezca (…).
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.279 (Jueves 24 de octubre de 2013)
viernes, octubre 25, 2013 Francisco Santana
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.278 (Miércoles 23 de octubre de 2013)
jueves, octubre 24, 2013 Francisco Santana
Providencia N° 088, mediante la cual se designa a la ciudadana Yoalis del Carmen Carrasquel González, como Coordinadora General de este Fondo, en calidad de Encargada.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.277 (Martes 22 de octubre de 2013)
miércoles, octubre 23, 2013 Francisco Santana
Acuerdo mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un Crédito Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, por la cantidad que en él se indica. (283.565.913,00)
Decreto N° 504, mediante el cual se establece que los Órganos y Entes que conforman la Administración Pública Nacional, deberán erogar con cargos a las partidas presupuestarias vigentes, a partir del 01 de noviembre de 2013, las cantidades correspondientes al pago de la bonificación de fin de año de 2013, en la forma que en él se especifica.
Resolución Nº 055, mediante la cual se establecen los Manuales de usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), en función de las normas técnicas y procedimentales, para el registro de los hechos o transacciones Económico -Financieras que efectúen las dependencias liquidadoras de ingresos públicos nacionales y las unidades responsables de la administración, custodia o manejo de Fondos y Bienes Públicos.
martes, octubre 22, 2013 Francisco Santana
Están sometidos a la aplicación de la presente Ley:
1.- Los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.276 (Lunes 21 de octubre de 2013)
Resoluciones Nros. 384 y 385, mediante las cuales se confiere a las ciudadanas y ciudadanos que en ellas se mencionan, las Órdenes que en ellas se señalan, en las Clases que en ellas se especifican. (José H. Zambrano G., Jesús A. Salazar P., Tamara M. Tovar P., Tercera Clase Oficial, entre otros).
Resolución Nº 386, mediante la cual se designa como integrantes de la Junta Directiva de la Fundación Gran Misión A Toda Vida Venezuela, a los ciudadanos y ciudadanas que en ella se mencionan. (Ana I. Ramírez C., Marcos J. Rojas F., Luis R. Karian V., Gerardo J. Izquierdo T, entre otros).
Resolución Nº DM/168, mediante la cual se designa al ciudadano Mario Isea Bohórquez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España.
Resolución Nº DM/200, mediante la cual se designa a la Cónsul General de Segunda Josbeth Esperanza Ojeda Díaz, como Jefe interino en el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife, responsable de la Unidad Administradora que en ella se indica. (42159).
Resolución Nº DM/DP-202, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución N° 184, del 14 de octubre de 2013. (Se otorgó consentimiento para la Adquisición de Inmuebles para la Embajada de Rusia G.O. 40.271).
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.275 (18 octubre de 2013)
Resolución mediante la cual se designa a los ciudadanos profesionales militares que en ella se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, en la Comandancia General de la Milicia Bolivariana. (Capitán de Navío José Albarrán; Teniente Coronel Frenilix Corrales; Mayo Vicente Peyran, entre otros).
Resolución N° 4728, mediante la cual se designa al ciudadano Manuel Antonio Botello González, como Representante del Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, ante el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales «Rómulo Gallegos».
Resoluciones mediante las cuales se designa a los ciudadanos que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este organismo. (Manuel Figueroa Director General de Innovación en Ciencia y Tecnología; José Uzcátegui, Director General de Gestión de la Red de Centro de Investigación y Desarrollo como Soporte a la Producción, entre otros).
lunes, octubre 21, 2013 Francisco Santana
Sala de Casación Social desaplica por control difuso de la constitucionalidad el numeral 2 del artículo 28 de la LOTSJ y se declara competente para conocer las solicitudes de exequátur de sentencias dictadas en procesos contenciosos en donde a su vez "los niños, niñas y adolescentes tengan un interés inmediato y directo sobre el objeto debatido"
domingo, octubre 20, 2013 Francisco Santana
Del examen de las normas citadas se aprecia, que los Juzgados Superiores Civiles son competentes para conocer las solicitudes de exequátur, cuando versen sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso; mientras que la Sala de Casación Civil, conocerá de las pretensiones para otorgar la fuerza ejecutoria a las decisiones dictadas en causas de naturaleza contenciosa. Tal delimitación, fija la competencia de los órganos jurisdiccionales en relación al exequátur.
Ahora bien, por regla general la competencia es imperativa, salvo las excepciones de ley donde se establece que ciertos criterios, de acuerdo con los cuales debe determinarse la competencia, sean disponibles, es decir, cada juez tiene un campo delimitado para desplegar su actividad de juzgamiento, que se constituye a partir de unos parámetros específicos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, que gozan, en principio, del carácter de orden público. Uno de estos parámetros, a través de los cuales se fija el órgano que tiene aptitud legal para conocer, es la materia.
Al respecto el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.” La lectura de esta disposición, en concordancia con los artículos 5 y 60 del mismo Código determina la naturaleza de orden público de este factor, y así lo ha establecido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 1.316 de 16 de noviembre de 2010, al señalar: “la competencia por la materia y por el valor de la demanda se informan por reglas de estricto orden público, por ende, inderogables; y, en consecuencia, la incompetencia que se derive por tales presupuestos, es declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso; mientras que la incompetencia por el territorio, no tiene tal carácter.”
El mismo criterio quedó expuesto en sentencia N° 120 de la Sala Constitucional, de 26 de febrero de 2013, donde señala:
Actos fraudulentos realizados por un cónyuge en perjuicio de la comunidad de gananciales. "Para la declaración del fraude procesal en sede constitucional, es necesario que, de los medios de prueba que consten en el expediente, aparezca patente o manifiesto la instrumentación del proceso hacia objetivos que no le corresponden, lo cual presupone que la complejidad del asunto no haga preciso el amplio debate contradictorio –en especial el probatorio- propio del juicio ordinario" (Sala Constitucional)
Tomando en consideración lo antes expuesto y efectuado el examen a las actas que cursan al presente expediente, entre ellas, las copias certificadas de las actuaciones del juicio que, por cobro de bolívares, incoó el ciudadano Jorge Antonio Rodríguez, actuando como endosatario en procuración del ciudadano Juan Pérez Guerra contra el ciudadano Edison Manuel Silva, se verificó que la ciudadana Ysmar del Valle Vizcaino Cedeño de Silva no fue parte actora ni demandada, así como tampoco fue notificada ni se requirió de su aceptación respecto de la cesión que efectuare su cónyuge del inmueble que formaba parte de la comunidad conyugal, motivo por el cual, no era posible que agotara los recursos ordinarios contra el acto denunciado como lesivo, lo que hace inaplicable la causal de inadmisibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, máxime si tomamos en consideración que desde el momento en que efectuó la cesión por parte del ciudadano Edison Manuel Silva (8 de mayo de 2006), hasta el momento en que el cesionario verificó la notificación del arrendatario (23 de enero de 2013), transcurrieron aproximadamente 7 años.
Igual razonamiento efectúa esta Sala para desaplicar la causal de inadmisibilidad invocada por el a quo constitucional, contenida en el numeral 4 del artículo 6 ejusdem, puesto que mal podría afirmarse que la accionante consintió el acto lesivo, si el mismo ocurrió a sus espaldas. Estas previas consideraciones conducen a afirmar que, en el presente caso, la acción de amparo incoada por la ciudadana Ysmar del Valle Vizcaino Cedeño de Silva, no estaba incursa en las causales de inadmisibilidad declaradas en el fallo dictado, el 13 de mayo de 2013, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal con Competencia Múltiple en lo Civil, Mercantil, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, motivo por el cual, se anula la decisión apelada, y así se decide.
Ahora bien, la consecuencia de la declaratoria de nulidad anterior, en principio, da cabida a que esta Sala Constitucional reponga la causa al estado en que un juzgado superior, actuando como primera instancia constitucional, se pronuncie nuevamente respecto a la presente acción de amparo con prescindencia de las causales de inadmisibilidad aquí examinadas.
Sin embargo, habiéndose revisado los elementos que fueron acompañados en copias certificadas por la parte accionante del amparo, quien en definitiva alega que el acto denunciado como lesivo fue producto de la conducta fraudulenta del ciudadano Edinson Manuel Silva en perjuicio de sus hijas y de la comunidad conyugal, esta Sala, en ejercicio de su función tuitiva del orden público, conforme a los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, que permiten la actuación ex oficio en tutela de ese orden público, así como la represión de los actos contrarios a los deberes de lealtad y probidad que pesan sobre las partes y sus apoderados, y con fundamento en el artículo 257 constitucional, según el cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia, pasa inmediatamente al análisis acerca de las copias certificadas aportadas por la parte accionante en amparo referidas a las actuaciones ocurridas en el procedimiento donde tuvo lugar el acto denunciado como lesivo, esto es, el juicio de cobro de bolívares (vía intimación), que incoó el ciudadano Jorge Antonio Rodríguez, actuando como endosatario en procuración del ciudadano Juan Pérez Guerra, contra el ciudadano Edison Manuel Silva Luna, así como también de los demás recaudos consignados, entre ellos, las copias certificadas de las actuaciones ocurridas en el procedimiento de fijación de obligación alimentaria incoado por la ciudadana Ysmar del Valle Vizcaino Cedeño de Silva contra el ciudadano Edison Manuel Silva.
Distribución de competencias del Inspector General de Tribunales y de los Órganos Jurisdiccionales Disciplinarios. Tratamiento que debe dársele a las causas relativas a jueces temporales, ocasionales, provisorios o accidentales. Sentencia que aclara la decisión que acordó suspender cautelarmente los efectos de varios artículos del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana (Sala Constitucional)
jueves, octubre 17, 2013 Francisco Santana
En el caso de autos se observa que la solicitud fue presentada el 4 de julio de 2013, esto es, al día de despacho siguiente de haberse efectuado la notificación de los solicitantes (3 de julio de 2013, según consta en actas). Por tanto, esta Sala considera tempestiva la solicitud presentada al verificarse dentro del lapso legal correspondiente. Así se declara.
Precisado lo anterior la Sala procede a examinar la procedencia de solicitud de aclaratoria presentada. A tal efecto, observa:
1.- Al margen de las consideraciones necesarias acerca de la constitucionalidad de que el órgano jurisdiccional decisor sea el mismo órgano instructor de la investigación, pues ello corresponde al fondo de lo controvertido, en cuanto a la solicitud de que esta Sala precise a qué se refiere cuando afirma que la Oficina de Sustanciación será el órgano sustanciador pero del proceso judicial, se debe señalar que con dicha frase se alude a las competencias que de común corresponde a cualquier Juzgado de Sustanciación en un cuerpo colegiado.
En efecto, como lo ha afirmado esta Sala en otra oportunidad, el Juzgado de Sustanciación es un órgano constituido en algunos tribunales colegiados, como es el caso de las Salas Plena, Constitucional o Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal o de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Su misión, como lo revela su propia denominación, consiste en llevar a cabo la tramitación procedimental -la sustanciación- de las causas (Vid. Sent. N° 1891/2006). Ciertamente, las facultades de los Juzgados de Sustanciación no están reguladas de manera sistemática, por lo que las mismas nacen como resultado del análisis de cada uno de los procedimientos contemplados en los distintos cuerpos normativos; aun cuando existen facultades que le son recurrentes. Así fue expresamente señalado en el fallo N° 1275/2000, donde se lee:
Sala Plena admite a trámite la solicitud de antejuicio de mérito ejercida contra la ciudadana Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren Nassif
La Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó formalmente por escrito la declaratoria de haber mérito para proseguir la causa penal por vía del procedimiento ordinario, contra la Diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, con base en los siguientes argumentos:
“(…) Es el caso que el Ministerio Público recibió cuatro (04) denuncias con ocasión a la creación, funcionamiento y al no pago de impuestos por parte de una empresa denominada Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A., en la que fungía como presidenta la ciudadana MARÍA MERCEDES ARANGUREN NASSIF, las cuales se describen a continuación:
1.- Denuncia signada bajo el N° D.H. 855-08 de fecha 26 de junio de 2008, referida al evento denominado ‘DADDY YANKEE en su Tour IMPACTO y HÉCTOR EL FATHER’, celebrado el día viernes 23 de mayo de 2008, según permiso otorgado por esa Alcaldía signado bajo el No. S/OF.114/2008 de fecha 21 de mayo del referido año, a nombre de la ciudadana Solangel Valdez de Briceño, en su condición de Coordinadora General de la empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A., sin cancelar el monto correspondiente por concepto de Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, haciendo igualmente omisión el notificar al Fisco Municipal sobre las cantidades retenidas o percibidas en ocasión al citado evento, señalando de esta manera presuntas irregularidades en perjuicio del patrimonio público (…)
2.- Denuncia signada bajo el N°D.H.871-08, de fecha 30 de junio de 2008, referida al evento denominado ‘El Juego de otro Galaxia’, celebrado el día 28 de junio de 2008, sin que la empresa organizadora del evento cumpliera con la permisología requerida para la celebración del evento. En este caso tampoco se permitió la entrada de los funcionarios que tenían que ejercer la vigilancia del espectáculo y la fiscalización del pago del impuesto que debía enterarse al Fisco Municipal.
3.- Denuncia signada bajo el N° D.H. 1352-08 de fecha 17 de noviembre de 2008, referida al evento, denominado ‘AVENTURA LIVE’, realizado en fecha 15 de noviembre de 2008, sin haber cumplido con la permisología establecida en el artículo 4 de la ordenanza Sobre Espectáculos Públicos, vigente para la fecha, ni contar con el personal de vigilancia correspondiente para la realización de dicho evento, haciendo igualmente omisión el notificar al Fisco Municipal sobre las cantidades retenidas o percibidas en ocasión al citado evento, señalando de esta manera presuntas irregularidades en perjuicio del patrimonio público.
Por otra parte, se recibió denuncia formulada por el ciudadano FRANCISCO GÓMEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.358.376, de fecha 12 de junio de 2009, en [la] expone presunta[s]irregularidades mediante la creación de la empresa por parte de la Gobernación del estado Monagas, denominada Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A., a través de la cual se realizaron distintos espectáculos públicos en la ciudad de Maturín cancelados en dólares americanos, entre ellos la contratación de los artistas internacionales ‘OLGA TAÑÓN y ELVIS CRESPO’, siendo cancelada la cantidad de trescientos ochenta mil dólares americanos ($380.000,00) y el encuentro de fútbol ‘Amigos de Messi vs Amigos de Ronaldinho’, siendo cancelada la cantidad de tres millones de dólares americanos ($3.000.000,00); al igual que la contratación de los artistas ‘Jean Carlos Centeno’, ‘Daddy Yankee y Héctor El Father’, ‘Wisin y Yandel’, ‘Grupo Aventura’, que presumiblemente la cancelación por sus servicios artísticos se realizó con la ya mencionada moneda extrajera y que posiblemente fueron adquiridas fuera del marco legal establecido por la República, en virtud del Control Cambiario existente.
Sala Plena admite a trámite la solicitud de antejuicio de mérito presentada contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Juan Carlos Caldera
Mediante escrito presentado por la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, se solicita la declaratoria de haber mérito para proseguir la causa penal por vía del procedimiento ordinario, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, ciudadano Juan Carlos Caldera López, con base en los siguientes argumentos:
Sostuvo que la “…estabilidad política e institucional de la República constituye uno de los fines esenciales del Estado. Con ese objeto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrolla ampliamente el funcionamiento del Poder Público y crea mecanismos de protección a la institucionalidad democrática, como lo son el control de la constitucionalidad y los estados de Excepción previstos en los artículos 333 al 339 de la Carta Magna”.
Indicó que otro mecanismo constitucional “…para garantizar la estabilidad institucional de la república (sic), es el obstáculo para el ejercicio de la acción penal contra los altos funcionarios del Poder Público, establecido en el artículo 266 numerales 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal”.
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.273 (Miércoles 16 de octubre)
Acuerdo con motivo de Conmemorarse el Bicentenario del Título de «El Libertador de Venezuela» otorgado a Simón Bolívar.
Decreto N° 500, mediante el cual se adscribe al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, la Empresa del Estado Sociedad Anónima Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela, S.A. (SABILVEN).
Decreto N° 501, mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado bajo la forma de sociedad anónima que se denominará Fondo de Inversión Misión Negro Primero, S.A., dicha Empresa tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República y estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 189, de fecha 18 de junio de 2013. (Reimpresión G.O. Nº 40.191 mediante la cual se designó al Señor Amador Wilfredo Yañez Manrique Presidente del SAFONACC)
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material el Decreto N° 452, de fecha 04 de octubre de 2013. (Reimpresión G.O Nº 40.265, por errores materiales en los originales)
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.272 (Martes 15 de octubre de 2013)
Acuerdos mediante los cuales se autoriza al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para designar a los ciudadanos que en ellos se mencionan, como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República Bolivariana de Venezuela ante los Países que en ellos se señalan. (Juan Paredes T., Frederic Farid F., Mario R. Isea B., Héctor Michel M., entre otros).
Acuerdos mediante los cuales se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar los Créditos Adicionales a los Presupuestos de Gastos vigentes del Tribunal Supremo de Justicia, de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos de la Administración Pública y sus Entes Adscritos, de los Ministerios que en ellos se indican, y al Gobierno del Distrito Capital, por las cantidades que en ellos se especifican. (Bs. 388.261.972,00 y Bs. 510.709.927,00; Bs. 200.847.140,41: MPP para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Bs. 114.540.721,52, Bs. 443.754.105,62 y Bs. 616.553.121,00; MPP para la Defensa, Bs. 1.883.561.092,18; MPP para el Turismo, Bs. 148.423.730,66; MPP para la Agricultura y Tierras, Bs. 630.000.000,00 y 100.538.734,00; MPP para la Educación Universitaria, Bs. 2.369.249.738,67; MPP para la Educación, Bs. 2.913.448.205,00; MPP para el Ambiente, Bs. 50.000.000,00 y Bs. 200.000.000,00 y Gobierno del Dtto. Capital, Bs. 17.939.328,00).
Decreto N° 194, mediante el cual se crea la Gran Misión «Negro Primero», la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
Decreto N° 481, mediante el cual se declara una insubsistencia al Presupuesto de Gastos para el ejercicio fiscal 2013 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, por la cantidad que en él se señala. (Bs. 497.293.090).
I Congreso Internacional de Derecho Procesal "Constitución y Proceso", en homenaje al Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero (Guarico, 1 y 2 de noviembre de 2013)
miércoles, octubre 16, 2013 Francisco Santana
Improcedencia de la condena en costas en los procedimientos de estimación e intimación de honorarios profesionales. Revisión Con Lugar (Sala Constitucional)
martes, octubre 15, 2013 Francisco Santana
De lo anterior se colige que el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar los recursos de apelación y confirmó los fallos mediante los cuales el Juzgado Octavo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial había ordenado abrir la articulación probatoria, independientemente que se hubiese hecho oposición, con lo cual se evidencia que el Juzgado Superior se pronunció ajustado a derecho y con fundamento en el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Casación Civil y acogido por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual pone en evidencia que el peticionario sólo pretende manifestar su inconformidad con el fallo que resultó adverso a sus intereses, al considerar que su pretensión no fue satisfecha. Razón por la cual esta Sala declara no ha lugar la solicitud de revisión que fue fundamentada en la referida denuncia. Así se declara.
En cuanto a la denuncia que esgrimió el solicitante de revisión, respecto de la cual el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas “desatendió por completo los criterios elaborados por esta Sala” cuando condenó en costas al recurrente, con fundamento en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en un procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales; la Sala observa que efectivamente la sentencia objeto de revisión, condenó en costas al solicitante, en una incidencia producida en el curso de un juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales.
Al respecto, la Sala de Casación Civil tiene establecido en forma pacífica que el procedimiento de estimación y cobro de honorarios profesionales (ya sea que el abogado elija intimar a su patrocinado o a la parte que resultó vencida en el juicio) no causa costas y la justificación radica en que ello daría lugar a una cadena interminable de juicios.
Motivación que debe cumplir la sentencia que analice una demanda por indemnización de daños morales (Sala de Casación Civil)
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, al establecer que la demandante pide algo desproporcionado por concepto de daño moral, para luego, concluir sin fundamento alguno que la indemnización fijada por el tribunal a quo se encuentra ajustada a derecho, sin exponer los motivos de hecho y de derecho, el análisis del grado de culpabilidad del autor, la escala de sufrimientos morales, y la relación de los elementos probatorios en que se apoyen sus conclusiones.
Sobre el particular, la doctrina ha establecido de manera reiterada que una sentencia es inmotivada: “…a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, y, d) Cuando hay una contradicción en los motivos …”. (Vid. Sentencia Nº 183, de fecha 25 de mayo de 2010, caso: Desarrollos Punta Alta Despunta, C.A., contra Chevrontexaco Corporation).
Conforme a la doctrina antes expuesta que hoy se reitera, el juez debe motivar su sentencia, expresando las razones jurídicas que determinaron su decisión, porque si el juez no explica ni justifica las razones de hecho y de derecho que lo llevaron a tomar esa decisión, entonces la sentencia adolece del vicio de inmotivación.
Ahora bien, esta Sala a fin de verificar los dichos expuestos por el formalizante, considera pertinente transcribir la sentencia recurrida de la manera siguiente:
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.271 (Lunes 14 de octubre de 2013)
Resoluciones Nros REDIC/006/2013, REDIC/007/2013, REDIC/008/2013, REDIC/009/2013, REDIC/010/2013, REDIC/011/2013, REDIC/012/2013 y REDIC/013/2013, mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se señalan, para ocupar los cargos que en ellas se especifican, de este Organismo. (Antonio J. Leggio R., Director de la Oficina de Secretaría Ejecutiva, José G. Risquez S., Jefe E de la División de Planificación y Presupuesto, Januzzi J. Martínez, Directora de la Oficina de Gestión Interna, entre otros).
Resolución Nº 369, mediante la cual se encomienda por razones de eficacia al ciudadano Hernán Eduardo Zamora Ludovic, en su carácter de Presidente de la Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET), para que realice las suscripciones de contratos y órdenes de pagos, con recursos financieros aprobados por éste Ministerio, de los compromisos realizados con ocasión a la ejecución de proyectos que en ella se mencionan. (Adquisición de equipos de rescate y mobiliarios, uniformes y servicios generados por la adecuación de sedes para la implementación de la Fuerza de Tarea Nacional Libertador Simón Bolívar; Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres SINAPRED, entre otros).
Sumario de la Gaceta Oficial número 40.270 (Viernes 11 de octubre de 2013)
lunes, octubre 14, 2013 Francisco Santana
Acuerdo con motivo del lamentable fallecimiento del Excelentísimo General Vietnamita Vo Nguyen Giap, Estratega Militar, Arquitecto de las Victorias contra el Colonialismo Japonés y Francés y el Imperialismo Estadounidense.
Acuerdo con motivo de Conmemorarse el día 12 de octubre los 521º años de la Resistencia Indígena.
Decreto N° 472, mediante el cual se acuerda un Crédito Adicional, por la cantidad que en él se indica, a los Presupuestos de Gastos vigentes de los Diferentes Ordenadores de Compromisos y Pagos y Entes Adscritos, (se reimprime por error de imprenta). (Bs. 3.376.363.914,27).
Decreto N° 476, mediante el cual se adscribe al Ministro de Estado para la Banca Pública, a los efectos del control funcional y administrativo, la Compañía Anónima Banco Bicentenario Banco Universal C.A., y la Compañía Anónima Banco Industrial de Venezuela C.A.
Decreto N° 479, mediante el cual se nombra al ciudadano Rodolfo Clemente Marco Torres, Presidente del Banco Bicentenario Banco Universal, C.A.