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Timestamp: 2019-06-17 07:26:17
Document Index: 166923821

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 132', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 16', 'artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 132', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 8', 'artículo 30', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 11']

«Recurso de casación — Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), sección de Garantía, Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Gastos excluidos de la financiación de la Unión Europea — Gastos efectuados por la República Helénica — Reglamento (CE) n.º 1782/2003 — Reglamento (CE) n.º 796/2004 — Régimen de ayudas por superficie — Concepto de “pastos permanentes” — Correcciones financieras a tanto alzado — Deducción de corrección anterior»
2 Los considerandos 3, 4, 21 y 24 del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), tenían el siguiente tenor:
«Los agricultores podrán emplear las parcelas declaradas con arreglo al apartado 3 del artículo 44 para cualquier actividad agraria, a excepción de los cultivos permanentes, y, excepto para la producción de los productos a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 2200/96 del Consejo[,] de 28 de octubre de 1996[,] por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas [(DO 1996, L 297, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 47/2003 de la Comisión, de 10 de enero de 2003 (DO 2003, L 7, p. 64)], en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 2201/96 del Consejo[,] de 28 de octubre de 1996[,] por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas [(DO 1996, L 297, p. 29), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 453/2002 de la Comisión, de 13 de marzo de 2002 (DO 2002, L 72, p. 9)]».
5 Dentro del título IV del Reglamento n.º 1782/2003, con el epígrafe «Otros regímenes de ayuda», el capítulo 12, relativo a los «pagos por ganado vacuno», incluía el artículo 132 de dicho Reglamento, titulado «Pago por extensificación». A tenor del apartado 3 de este artículo:
Reglamento (CE) n.º 796/2004
6 El artículo 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 796/2004 de la Comisión, del 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento n.º 1782/2003 (DO 2004, L 141, p. 18), en la versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 972/2007 de la Comisión, de 20 de agosto de 2007 (DO 2007, L 216, p. 3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 796/2004»), tenía el siguiente tenor:
2) “pastos permanentes”: las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más, excluidas las tierras retiradas de la producción [...];
2 bis) “gramíneas u otros forrajes herbáceos”: todas las plantas herbáceas que se suelen encontrar en los pastos naturales o que se incluyen en las mezclas de semillas para pastos o prados de siega en el Estado miembro (utilizadas o no para pasto de los animales); los Estados miembros podrán incluir los cultivos que figuran en la lista del anexo IX del Reglamento (CE) n.º 1782/2003; [...]
7 A este respecto, el considerando 1 del Reglamento (CE) n.º 239/2005 de la Comisión, de 11 de febrero de 2005 (DO 2005, L 42, p. 3), que modificó el Reglamento n.º 796/2004 en su versión inicial, enunciaba:
«Resulta necesario aclarar varias definiciones que figuran en el artículo 2 del Reglamento [n.º 796/2004 en su versión inicial]. En concreto, es preciso aclarar la definición de “pastos permanentes” del punto 2 de dicho artículo e introducir la definición del término “gramíneas u otros forrajes herbáceos”. No obstante, hay que tener en cuenta a este respecto que los Estados miembros requieren cierta flexibilidad para poder atender a las condiciones agronómicas locales.»
8 El artículo 8 del Reglamento n.º 796/2004, titulado «Principios generales aplicables a las parcelas agrícolas», establecía en su apartado 1:
«Las parcelas con árboles se considerarán parcelas agrícolas a efectos del régimen de ayuda por superficie, siempre que las actividades agrícolas contempladas en el artículo 51 del Reglamento [n.º 1782/2003] o, en su caso, la producción prevista, puedan llevarse a cabo de forma similar a como se haría en parcelas sin árboles en la misma zona.»
Reglamento (CE) n.º 1290/2005
10 En el título IV, con la rúbrica «Liquidación de cuentas y vigilancia de la Comisión», del Reglamento (CE) n.º 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005, L 209, p. 1), figura el artículo 31 de este, titulado «Liquidación de conformidad». Este artículo contenía un apartado 3 redactado como sigue:
Reglamento (CE) n.º 885/2006
11 El Reglamento (CE) n.º 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 1290/2005 en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (DO 2006, L 171, p. 90), incluía un artículo 11, titulado «Liquidación de conformidad». Dicho artículo disponía, en sus apartados 1 a 3:
Terminado el plazo mencionado en el párrafo primero, la Comisión deberá comunicar oficialmente sus conclusiones al Estado miembro basándose en la información recibida en virtud del procedimiento de liquidación de conformidad. En la comunicación se evaluarán los gastos que la Comisión prevea excluir de la financiación comunitaria en virtud del artículo 31 del Reglamento [n.º 1290/2005] y se hará referencia al artículo 16, apartado 1, del presente Reglamento.
La Comisión, previo examen de los informes elaborados por el órgano de conciliación de conformidad con el capítulo 3 del presente Reglamento, adoptará, en su caso, una o varias decisiones en aplicación del artículo 31 del Reglamento [n.º 1290/2005] para excluir de la financiación comunitaria los gastos respecto de los cuales se hayan incumplido las normas comunitarias, hasta que el Estado miembro aplique efectivamente las medidas correctoras.
Reglamento (UE) n.º 1307/2013
13 El artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) del Consejo n.os 637/2008 y 73/2009 (DO 2013, L 347, p. 608), contiene la siguiente definición:
16 De este modo, mediante escrito de 21 de noviembre de 2008, la Comisión señaló que los controles sobre el terreno efectuados a raíz de las investigaciones en cuestión habían demostrado que determinadas superficies en relación con las cuales se había concedido la ayuda no respetaban los criterios de subvencionabilidad recogidos en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento n.º 1782/2003 y en el artículo 2 del Reglamento n.º 796/2004. En apoyo de esta afirmación, la Comisión mencionó una serie de ejemplos que se recuerdan en el apartado 40 de la sentencia recurrida.
– en cuanto al SIPA-SIG: los servicios de la Comisión consideraban que no se ajustaba a los requisitos que resultan del artículo 20 del Reglamento n.º 1782/2003. En particular:
– se observaron errores en relación con los límites de las parcelas de referencia y su superficie máxima admisible, ya que esos datos eran en esencia inexactos. Concretamente, se notificaron errores respecto a las superficies utilizadas como pastos que, según las comprobaciones, no siempre podían ser consideradas subvencionables sobre la base del artículo 2, párrafo primero, puntos 2 y 2 bis, del Reglamento n.º 796/2004. Por consiguiente, los agricultores no estaban correctamente informados de la admisibilidad de las parcelas que pretendían declarar. Además, los controles cruzados dirigidos a evitar que una misma ayuda fuera indebidamente otorgada varias veces en relación con la misma parcela no eran concluyentes, a no ser que se hubieran efectuado controles sobre el terreno que permitieran detectar la localización incorrecta de las parcelas y su admisibilidad;
– los controles sobre el terreno no respondían, para el año de solicitud 2008, a los requisitos de los artículos 23 y 30 del Reglamento n.º 796/2004. En concreto:
– en relación con los pastos: se consideró particularmente preocupante la falta de medición de los pastos. En varios casos, las superficies admisibles estaban cubiertas de plantas leñosas y otras parcelas estaban en parte cubiertas de forrajes herbáceos, de modo que no cumplían los criterios de «pastos permanentes» del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004. Las superficies declaradas se encontraban con frecuencia en zonas apartadas, sin límites visibles y difícilmente accesibles. Se observó que los inspectores no habían procedido a la medición de las superficies conforme a los requisitos del artículo 30 del Reglamento n.º 796/2004. Aunque la República Helénica había indicado en varias ocasiones que las superficies controvertidas habían sido siempre utilizadas como pastos sin que la Comisión hubiera discutido su admisibilidad, lo cierto es que tales superficies tampoco habían sido subvencionables con arreglo a la normativa aplicable antes de 2006 y la Dirección General (DG) de Agricultura también había criticado su admisibilidad (investigación AP/2001/06);
– por lo que se refiere a los controles sobre el terreno por teledetección, el procedimiento aplicado no se ajustaba a los requisitos establecidos en la materia. Por consiguiente, se abonaron ayudas a favor de parcelas no subvencionables en virtud del artículo 44, apartado 2, del Reglamento n.º 1782/2003 y del artículo 2 del Reglamento n.º 796/2004;
25 El primer motivo, relativo a la corrección financiera a tanto alzado del 10 % aplicada a los agricultores que únicamente habían declarado pastos por un importe de 32 542 837,74 euros, se basaba en la interpretación y aplicación erróneas del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, en una motivación insuficiente y en la vulneración del principio de proporcionalidad y de los límites que se imponen a la facultad discrecional de la Comisión. El segundo motivo, relativo a la corrección financiera a tanto alzado del 5 % para las ayudas vinculadas complementarias, se basaba en un error de hecho, en una motivación insuficiente y en la vulneración del principio de proporcionalidad. El tercer motivo, relativo a la corrección financiera del 5 % aplicada para las ayudas del segundo pilar de la política agrícola común (PAC), consagrada al desarrollo rural, se basaba en una insuficiencia de motivación, en un error de hecho y en la vulneración del principio de proporcionalidad.
32 Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, la República Helénica reprocha en esencia al Tribunal General haber interpretado y aplicado erróneamente, en los apartados 24 a 67 de la sentencia recurrida, el artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, que establece la definición de «pastos permanentes». En particular, reprocha al Tribunal General haber adoptado, en los apartados 34 a 36 de la sentencia recurrida, una interpretación excesivamente estricta de dicho concepto, aplicando un criterio basado únicamente en el tipo de vegetación que recubre la superficie en cuestión. En cambio, la República Helénica, apoyada por el Reino de España, defiende una interpretación amplia de dicho concepto, que refleje la intención del legislador de la Unión y que cubra los pastos denominados «mediterráneos», es decir, las superficies cubiertas de vegetación leñosa o arbolada que pueden servir de pastos y en las que no han predominado tradicionalmente las gramíneas y otros forrajes herbáceos.
33 Según la República Helénica, el tenor del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004 así como el contexto y los objetivos perseguidos por este Reglamento autorizan esta interpretación. La República Helénica indica que esta concepción amplia del concepto de «pastos permanentes» se desprende tanto del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento n.º 1307/2013 como de la guía destinada a facilitar a los Estados miembros directrices sobre las mejores maneras de respetar las disposiciones legales en vigor relativas a la PAC, publicada por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, el 2 de abril de 2008, así como del plan de acción, elaborado en el mes de octubre de 2012, por las autoridades helénicas y la Comisión (en lo sucesivo, «plan de acción de 2012»).
34 En apoyo de esta argumentación, el Reino de España alega, en esencia, que el Tribunal General no tuvo en cuenta el conjunto del contexto y de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 1782/2003, entre los que figura el mantenimiento de algunos pagos vinculados a la producción. Más concretamente, el artículo 132 del Reglamento n.º 1782/2003, relativo a la prima por extensificación, se refería a los pastos sin precisar que estos tuvieran que estar exclusivamente cubiertos de vegetación herbácea.
35 La Comisión replica que el Tribunal General interpretó y aplicó correctamente el concepto de «pastos permanentes» que figura en el artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004. De esta definición se desprende que el criterio relacionado con la naturaleza de la vegetación que recubre la superficie agrícola afectada resulta determinante. Además, ni las directrices a las que se refiere el apartado 33 de la presente sentencia, ni el plan de acción de 2012, ni el Reglamento n.º 1307/2013, aplicable a partir del 1 de enero de 2015 y que contiene una definición amplia del concepto de «pastos permanentes», son pertinentes para interpretar el Derecho vigente en el momento de los hechos ni para valorar la corrección financiera decidida por la Comisión.
37 La República Helénica estima, en efecto, que, en aplicación del «efecto amortiguador», el Tribunal General no podía deducir de las deficiencias puntuales detectadas en el funcionamiento del SIPA-SIG para algunas parcelas identificadas en el apartado 40 de la sentencia recurrida que, en cualquier caso, la totalidad de las superficies declaradas como pastos en relación con el año 2008 y a las que se refería la corrección financiera no habrían sido subvencionables ya se aplicara la definición estricta del artículo 2 del Reglamento n.º 796/2004 o las más favorables, derivadas del plan de acción de 2012 o del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento n.º 1307/2013.
39 En el marco de la tercera parte de su primer motivo de casación, la República Helénica reprocha al Tribunal General una motivación insuficiente en la medida en que, en los apartados 20 a 22 de la sentencia recurrida, su apreciación sigue la jurisprudencia relativa al reparto de la carga de la prueba en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad. Pues bien, según ese Estado miembro, esta jurisprudencia no es pertinente a la luz de la interpretación del concepto de «pastos permanentes» en el sentido del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004.
47 De conformidad con el artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, constituyen «pastos permanentes», «las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados), y no incluidas en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más».
48 De ello se deduce que, si bien dicho artículo menciona expresamente la presencia de «gramíneas u otros forrajes herbáceos», de manera que una superficie en la que están presentes exclusivamente plantas herbáceas constituye ciertamente un «pasto permanente», no excluye la presencia de otros tipos de vegetación como la vegetación leñosa o arbustiva. Por consiguiente, tal como señaló la Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, el tenor literal del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004 es ambiguo en cuanto a la cuestión de si la calificación de «pastos permanentes» está sujeta al cumplimiento del criterio relativo al tipo de vegetación que cubre la superficie afectada y, por tanto, está reservada a la presencia exclusiva de gramíneas u otros forrajes herbáceos.
49 Por lo que se refiere al contexto en el que se inscribe el artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, se desprende, en primer lugar, del considerando 1 del Reglamento n.º 239/2005 que, atendiendo a la necesidad de aclaración del concepto de «pastos permanentes», la intención del legislador de la Unión era conceder a los Estados miembros cierta flexibilidad para tener en cuenta las diversas condiciones agronómicas locales.
50 A continuación, del propio tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 796/2004, que se remite al artículo 51 del Reglamento n.º 1782/2003, se desprende que el uso agrícola efectivo de una superficie agraria es un criterio más pertinente que el del tipo de vegetación que cubre la superficie afectada. En efecto, a tenor de dicho artículo 8, apartado 1, se considerará «parcela agrícola» la parcela con árboles en la que la producción prevista pueda llevarse a cabo de forma similar a como se haría en una parcela sin árboles en la misma zona.
51 Además, procede señalar que el criterio relativo al tipo de vegetación que cubre la superficie es relativizado también en el artículo 30, apartado 2, del Reglamento n.º 796/2004, en el marco del control de la superficie de una parcela agrícola. Con arreglo a esta disposición, los Estados miembros podrán considerar que la superficie total de una parcela agrícola puede cubrir la superficie ocupada por setos, siempre que dicha característica sea tradicionalmente parte de las buenas prácticas agrícolas en materia de utilización del terreno.
52 Por último, puesto que la definición de «pastos permanentes» figura en el Reglamento n.º 796/2004, que tiene por objeto la ejecución del Reglamento n.º 1782/2003, en virtud de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, dicho concepto debe interpretarse de conformidad con el acto de base (sentencia de 26 de julio de 2017, República Checa/Comisión, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, apartado 33).
53 Pues bien, el Reglamento n.º 1782/2003 no supedita la calificación de «pastos permanentes» a la presencia de una vegetación de un tipo determinado, toda vez que el artículo 44, apartado 2, de este Reglamento solo excluye de la condición de «hectáreas admisibles» los «cultivos permanentes», los «bosques» y «las [superficies] utilizadas para actividades no agrarias».
55 Además, esta interpretación es corroborada por los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 1782/2003, a saber, la estabilización de la renta agrícola y la protección del medio ambiente.
56 En primer lugar, en cuanto al objetivo de estabilización de la renta agrícola, de los considerandos 21 y 24 del Reglamento n.º 1782/2003 se desprende que el régimen de pago único está supeditado al mantenimiento de la explotación en buenas condiciones agrarias y medioambientales y tiene por finalidad garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores. Asimismo, este régimen de pago único pretende aplicarse a todos ellos, sin que el acceso a este pago pueda ser determinado por el tipo de vegetación presente en las superficies en cuestión.
57 En segundo lugar, los considerandos 3 y 4 del Reglamento n.º 1782/2003 ponen de relieve el efecto medioambiental positivo de los pastos permanentes e integran a dicho Reglamento en la consecución de un doble objetivo, a saber, la prevención, por una parte, del abandono de superficies agrícolas y, por otra, de la transformación de pastos permanentes existentes en tierras de cultivo. De ello se deduce, tal como señaló la Abogado General en el punto 68 de sus conclusiones, que el logro de estos objetivos no es compatible con una interpretación restrictiva del concepto de «pastos permanentes» que se refiera exclusivamente al tipo de vegetación que cubre la superficie agrícola.
58 Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que, a efectos de determinar si la superficie en cuestión debe calificarse de «pastos permanentes», en el sentido del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, el criterio determinante que debe tenerse en cuenta no es el tipo de vegetación que cubre esta superficie, sino la utilización efectiva de esta para una actividad agrícola típica de «pastos permanentes».
59 En consecuencia, al declarar, en los apartados 35 y 36 de la sentencia recurrida, que el criterio pertinente era el tipo de vegetación presente en la superficie en cuestión y al efectuar a continuación su examen a la luz de este criterio, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la interpretación y aplicación del concepto de «pastos permanentes», tal como se desprende del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004. De ello se deduce que es errónea la consideración del Tribunal General, que figura en el apartado 65 de la sentencia recurrida, de que la República Helénica no ha demostrado la inexactitud de las apreciaciones de la Comisión.
64 En cuanto a la segunda parte del primer motivo de casación, basta con señalar que, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a declarar que, aun suponiendo que la definición de «pastos permanentes», tal como se ha aplicado, no fuera conforme al tenor del artículo 2, párrafo primero, punto 2, del Reglamento n.º 796/2004, «dadas las deficiencias observadas en la aplicación de las reglas relativas a los pastos y en el funcionamiento del sistema de controles del SIPA-SIG, a las que se [refieren] los apartados 40 y 41 [de la sentencia recurrida]», las superficies controvertidas no serían en todo caso admisibles.
65 En efecto, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal General enumeró una serie de ejemplos de parcelas utilizados por la Comisión para justificar la corrección a tanto alzado y que, suponiendo que pudieran ser identificadas, no cumplían los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento n.º 1782/2003, en la medida en que no estaban destinadas a actividades agrícolas.
93 Pues bien, el Tribunal General indicó, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, sin que la República Helénica presentara objeciones a este respecto en el marco del presente recurso de casación, que del documento n.º VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, que establece las directrices en materia de correcciones financieras, se desprende que una aplicación gravemente deficiente del sistema de control puede justificar la aplicación de una corrección del 25 % de los gastos, en la medida en que exista un riesgo de pérdidas particularmente elevadas para el Fondo.
97 El cuarto motivo de casación se basa, en esencia, en el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General, en los apartados 110 a 120 de la sentencia recurrida, al interpretar y aplicar el artículo 31 del Reglamento n.º 1290/2005, en relación con el artículo 11 del Reglamento n.º 885/2006, así como en una motivación insuficiente. Más concretamente, la República Helénica alega que constituye una vulneración de sus garantías procedimentales que la Comisión no la instara a debatir en la reunión bilateral sobre las constataciones de esta relativas a los retrasos en la realización de los controles sobre el terreno que se refieren a las ayudas complementarias por superficie.
99 De entrada, cabe señalar que, en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad, del artículo 31, apartado 3, del Reglamento n.º 1290/2005 se desprende que, previamente a cualquier decisión de denegación de la financiación, los resultados de las comprobaciones de la Comisión y las respuestas del Estado miembro en cuestión serán objeto de comunicaciones escritas, tras las cuales ambas partes intentarán ponerse de acuerdo sobre el curso que deba darse al asunto.
100 Además, el artículo 11 del Reglamento n.º 885/2006 concreta dicho procedimiento estableciendo sus modalidades. De este modo, del artículo 11, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento se desprende que, si, a raíz de una investigación, la Comisión considera que los gastos no se han efectuado de conformidad con el Derecho de la Unión, comunicará sus conclusiones al Estado miembro de que se trate y le indicará las medidas correctoras que deban adoptarse. El artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento dispone que el Estado miembro responderá en un plazo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación de la Comisión, que podrá modificar su posición en consecuencia. El artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, del citado Reglamento dispone que, terminado el plazo fijado para la respuesta, la Comisión convocará una reunión bilateral y ambas partes procurarán alcanzar un acuerdo sobre las medidas que deban tomarse, así como sobre la evaluación de la gravedad de la infracción y del perjuicio financiero causado a la Unión.
101 De este modo, se desprende claramente, por una parte, del artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 885/2006 que la Comisión puede modificar su posición en función de los elementos de respuesta facilitados por el Estado miembro en cuestión y, por otra parte, del artículo 11, apartado 1, párrafo tercero, de dicho Reglamento que la convocatoria a la reunión bilateral no exige a la Comisión que aclare todos los aspectos de las constataciones que serán objeto de debate en dicha reunión.
102 En cambio, como señaló la Abogado General en el punto 112 de sus conclusiones, la celebración de la reunión bilateral no está dirigida tanto a informar a dicho Estado miembro del alcance de las constataciones de la Comisión como a hacer posible, sobre la base de un intercambio previo de información, el acuerdo exigido por el artículo 31, apartado 3, del Reglamento n.º 1290/2005 sobre las medidas correctoras que deben adoptarse.
103 De ello se deduce que la alegación de la República Helénica relativa a una supuesta vulneración de sus garantías procedimentales, basada en el artículo 11 del Reglamento n.º 885/2006 en la medida en que la Comisión no la instó a debatir en la reunión bilateral los retrasos en la realización de los controles sobre el terreno de las ayudas complementarias por superficie, debe ser desestimada.
104 Por último, en cuanto a la alegación de la República Helénica basada en la motivación insuficiente y contradictoria de la sentencia recurrida, basta con señalar que, tras exponer la importancia de la primera comunicación escrita, a efectos del artículo 11 del Reglamento n.º 885/2006, en los apartados 113 a 116 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, tras un análisis claro y detallado en los apartados 118 a 120 de dicha sentencia, que la comunicación de los resultados de la investigación determinaba de modo suficiente con arreglo a Derecho la extemporaneidad de los controles sobre el terreno de las ayudas complementarias por superficie.