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Timestamp: 2018-05-23 04:58:13
Document Index: 132558473

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 41', 'Artículo 2', 'artículo 31', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 24', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 77', 'Artículo 11', 'artículo 182', 'artículo 2']

Senadora Gloria Inés Ramírez Rios: abril 2008
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA AL PROYECTO DE LEY Nº. 171/07 CÁMARA – 117/07 SENADO “POR LA CUAL SE REFORMAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 909 DE 2004, ALGUNOS ARTÍCULOS DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LOS CONCURSOS DE LOS SISTEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALES DE ORIGEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA”. APROBADO EN SEGUNDO DEBATE EN LA SESION PLENARIA DE LA HONORABLE CAMARA DE REPRESENTANTES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2008, SEGÚN CONSTA EN EL ACTA 098, PREVIO SU ANUNCIO EL DIA 26 DE MARZO DE 2008, SEGÚN ACTA 097.
Artículo 1º. Adiciónese el siguiente parágrafo nuevo, que será el 2°, al artículo 3º de la Ley 909 de 2004 y modifíquese la nomenclatura quedando el actual parágrafo 2° como parágrafo 1°:
Parágrafo 2°. Período de Transición. Los empleados que a la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004, estuviesen ocupando cargos públicos vacantes de forma definitiva, en calidad de provisionales, del sistema general de carrera, y que a la entrada de la vigencia de la presente ley aun ocupen dichos cargos, no podrán ser separados de su cargo sino por las causales contenidas en el artículo 41 de la misma Ley. Mientras permanezcan en sus cargos su desempeño será evaluado anualmente, siguiendo el procedimiento que se establezca en el reglamento.Los demás empleos serán provistos con las listas de elegibles resultantes de las convocatorias que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil del sistema general de carrera, utilizándose también cuando se generen vacantes en cumplimiento del inciso anterior. Las listas de elegibles resultado de la Convocatoria número 001 de 2005 tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 2º. Adiciónese al numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el siguiente inciso:
Los empleados que hayan sido nombrados en provisionalidad con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, que hubiesen concursado para el empleo que venían desempeñando en provisionalidad o encargo y que puedan ser nombrados en dicho empleo como resultado del concurso público, no estarán sujetos al periodo de prueba, adquiriendo desde el momento de su nombramiento los derechos de carrera, y por consiguiente deberán ser inscritos en el registro público de Carrera Administrativa.
Artículo 3º. Los recursos recaudados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, provenientes de las entidades públicas, serán destinados para la culminación de los procesos de selección que se adelantan mediante las distintas Convocatorias y para el cumplimiento de las demás funciones relacionadas con la administración y vigilancia de los Sistemas de Carrera, bajo su responsabilidad.
Parágrafo. Los aspirantes inscritos en la convocatoria número 001 de 2005 que hayan superado la prueba básica general de preselección, podrán optar en participar por una sola vez en convocatorias posteriores que realice la Comisión Nacional del Servicio Civil sin necesidad de efectuar un nuevo pago por concepto de inscripción.
Artículo 4º. Los servidores públicos que se encuentren ocupando cargos de vacancia definitiva, en calidad de provisionales, y con discapacidades (físico, mental, visual o auditivo) y les faltaren menos de tres (3) años para pensionarse contados a partir de la promulgación de la presente ley, tendrán derecho a los beneficios establecidos en el artículo 1º de esta ley para los trabajadores nombrados en provisionalidad.
Artículo 5º. Con el objeto de garantizar la especialidad y especificidad de las funciones que cumplen las entidades y organismos del sector público, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantará los procesos de selección de futuras convocatorias, separando los empleos del nivel nacional y los de orden territorial y en las convocatorias deberá tener en cuenta criterios como el perfil ocupacional, las áreas de desempeño funcional y la especificidad de los respectivos sectores o actividades administrativas.
Artículo 6º. Adiciónase al artículo 24 de la Ley 909 de 2004 el siguiente parágrafo:
Parágrafo. Para efectuar los encargos o los nombramientos provisionales en vacancias definitivas de empleos de carrera que no estén incluidos en una convocatoria a concurso de méritos, el nominador requiere de previa autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que deberá emitirla, cuando proceda, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la solicitud que contenga la información requerida para el efecto por la Comisión. De no emitirse dicha autorización en el término antes señalado, se entenderá que esta es favorable y el nominador podrá proveer la respectiva vacante.
Artículo 7º. Sistemas específicos y especiales de origen legal. Los empleados que a la fecha de publicación de la Ley 909 de 2004, estuviesen ocupando cargos públicos vacantes de forma definitiva, en calidad de provisionales, de los sistemas específicos y especiales de origen legal, con excepción del que rige para el personal docente, no podrán ser separados de su cargo sino por las causales enlistadas a continuación y siempre que los concursos públicos que se estén adelantando se encuentren en etapa anterior a la publicación de la lista de elegibles:
Artículo 8º. Modificar el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1033 de 2006, el cual quedará así:
Parágrafo. Período de Transición. Los empleados públicos civiles y no uniformados del Sector Defensa, que a la fecha de publicación de la Ley 1033 de 2006, estuviesen ocupando cargos públicos en calidad de provisionales del sistema especial de carrera del Sector Defensa, no podrán ser separados de su cargo sino por las causales de retiro previstas en el Decreto-ley 091 de 2007.
Mientras permanezcan en sus cargos su desempeño será evaluado anualmente siguiendo el procedimiento establecido para los empleados pertenecientes al Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa.
Los procesos de selección para proveer los demás empleos del Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa serán desarrollados de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto 091 de 2007 y las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, y la convocatoria deberá efectuarse dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia del citado decreto ley.
Articulo 9º (Nuevo). Los servidores y empleados de la Fiscalia General de la Nación, que a la entrada en vigencia de la Ley 938 de 2004 “Estatuto Orgánico de la Fiscalia”, estuviesen ocupando cargos en provisionalidad, no podrán ser separados del mismo sino por las causales de retiro previstas en el artículo 77 de la Ley 938 de 2004. Su evaluación se hará de acuerdo a los procedimientos establecidos para los empleados de Carrera.
Articulo 10º (Nuevo). Las listas de elegibles resultantes en los concursos públicos, en los sistemas de carrera específicos, especiales y generales, tendrán una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha en que hayan sido publicadas.
Artículo 11º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
PEDRO JIMENEZ SALAZAR EDUARDO BENITEZ MALDONADO
Bogotá, D.C., Abril 01 de 2008.
En Sesión Plenaria del día 01 de abril de 2008, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Definitivo con modificaciones del Proyecto de Ley No. 171/07 Cámara – 117/07 Senado “POR LA CUAL SE REFORMAN ALGUNOS ARTÍCULOS DE LA LEY 909 DE 2004, ALGUNOS ARTÍCULOS DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LOS SISTEMAS ESPECÍFICOS Y ESPECIALES DE ORIGEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CARRERA ADMINISTRATIVA”. Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.
Lo anterior según consta en el acta de Sesión Plenaria 098 de abril 01 de 2008, previo su anuncio el día 26 de marzo de 2008, según acta 097.
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Bogotá 23 de abril 2008
La violencia contra los dirigentes sindicales en el país no cesa. Apenas hace una semana, en el marco del debate de Libertad Sindical en este mismo recinto, el Ministro de Protección Social se deleitaba en una supuesta mejoría de la situación de violencia contra el sindicalismo, lo que resulta contraevidente ante la magnitud de los hechos.
La prueba de la falta de resultados de la política del Gobierno Uribe para combatir todas las formas de vulneración de la Libertad Sindical se registra de la peor manera una vez más con la muerte de otro dirigente sindical en la Costa Atlántica. Denunciamos públicamente la muerte del compañero Jesús Heberto Caballero Ariza, quien se desempeñaba como Instructor de Ética en el SENA, Fiscal suplente de la Subdirectiva del sindicato del SENA, representante ante la Comisión Regional de personal, representante de los trabajadores en Comité de evaluación SSEMI y miembro del Comité de Derechos Humanos de la organización sindical.
Jesús Heberto salió de su casa el día 16 de abril pasado para no regresar jamás. Sus familiares y amigos identificaron la fotografía de su cadáver publicada en el diario “Al Día” y se dirigieron a la morgue de Sabana Larga pero encontraron que su cadáver había sido enterrado como NN, sin que hasta el momento lo hayan podido recuperar para establecer legamente la causa de la muerte. Lo único que se sabe y eso a través de lo mencionado en el noticiero del Canal Caracol del día lunes, es que el cuerpo de Jesús Heberto registraba evidentes signos de tortura.
Jesús Heberto, como otros de sus compañeros del SENA, había sido amenazado por las Águilas Negras, situación que había sido puesta en conocimiento de diferentes estamentos. Este hecho, lamentablemente, también permite evidenciar, una vez más, el fracaso de la Ley de Justicia y Paz y de la Política de Seguridad Democrática, que han redundado en el resurgimiento de grupos paramilitares, para no hablar de lo que algunos ya denuncian como falsas desmovilizaciones.
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación que asuma de manera inmediata la investigación por la muerte de Jesús Heberto, decimo séptimo dirigente sindical asesinado durante el 2008, y que adelante actuaciones eficaces que conduzcan a condenas concretas y al esclarecimiento de fondo de los hechos que han culminado con la trágica y repudiable muerte de tantos dirigentes sindicales del país.
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La Universidad Nacional afronta por estos días una crisis preocupante que pone en riesgo la vida y seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo que la integran. Los grupos paramilitares que resurgen a través de las Águilas Negras, como ellos mismos se han autodenominado, agreden de diversas formas a quienes ejercen su legítimo derecho a protestar por las decisiones que ha tomado las directivas de la universidad más importante del país.
No deja de ser preocupante hechos como los que ha denunciado el Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal acerca de los atropellos de los que han sido víctimas los estudiantes de la universidad. Los hechos brevemente se pueden ilustrar de la siguiente manera:
El día viernes 18 de Abril aparece colgado en la página del Centro de Medios Independientes de Colombia INDYMEDIA – COLOMBIA, la Alerta Temprana realizada por el Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal, en la cual se denuncian las violaciones a las libertades democráticas por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.
Como reacción a esa Alerta Temprana, aparece un comentario encabezado “FUERA, FUERA, FUERA”, fechado en el mismo día 18 a las 3:21 de la tarde y firmado por alguien que se autodenomina “El Gavilán Mayor”, quien profiere amenazas de muerte contra los estudiantes que han liderado la movilización y que hacen parte de los diferentes movimientos estudiantiles de las universidades públicas. Adicionalmente, el repudiable pasquín acusa a los estudiantes de tener vínculos con la guerrilla, estrategia de calumnia y señalamiento que parece un eco de los irresponsables comentarios del asesor presidencial Gaviria y de otros altos funcionarios de Gobierno que acusan sin cesar a los movimientos sociales contradictores del Gobierno Uribe de ser aliados de la guerrilla.
La amenaza señala con nombres propios a los estudiantes Diego Marín, Johany Duarte, David Flórez Ballesteros y Manuel Vargas, para quienes deben brindarse medidas de protección especial, comenzando por la Fiscalía General de la Nación, que debería adelantar una investigación exhaustiva por las amenazas de las que han sido víctimas estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Nacional.
Es pertinente aclarar, que este conflicto se suscita por la decisión inconsulta y antidemocrática que ha tomado la rectoría y el Consejo Superior de la Universidad, al querer imponer un reglamento estudiantil que contraría los principios de la autonomía universitaria y la participación de los diferentes sectores en la construcción de las normas y los criterios que posibilitan la convivencia.
El contenido del reglamento estudiantil impuesto por el Acuerdo 008 de 2008, en líneas generales, implica un sacrificio de la calidad en aras de la cantidad. Un ejemplo concreto de lo anterior lo constituye la decisión tomada por las directivas de limitar las posibilidades de los estudiantes de tomar materias de contexto o electivas por la presión de no “gastar” sus créditos.
Igualmente, el sistema de créditos genera una figura semejante a la selección adversa. Esto sucede porque coloca en la misma situación a un estudiante que vive en ciudades como Bogotá y que ha tenido una educación formal de mayor calidad con estudiantes que ingresan a la Universidad por el Programa de Admisión Especial (PAES), como es el caso de los estudiantes indígenas, afro y de los municipios más pobres del país. El problema radica en que mediante el sistema de créditos los estudiantes del programa, que deben avocar un proceso natural de adaptación a la ciudad y al entorno de la Universidad, presentan un mayor índice de pérdida de asignaturas, lo que en un sistema de créditos se traduce para estos estudiantes en una rápida expulsión de la universidad.
Con el tiempo, la universidad pública sólo será un espacio para los estudiantes con mejores niveles de educación a nivel medio, cerrando el espacio de participación a los estudiantes de la provincia, a los indígenas y a los afro, aumentando las exclusiones y la inequidad que cada vez está más acentuada en el país, ya que sin educación de calidad para los miembros de esas comunidades su marginación será más profunda.
Son varios los aspectos del reglamento que ponen en riesgo los principios constitucionales que rigen el derecho a la educación, y por ser este el espacio de una constancia no me puedo extender en ellos. No obstante, hago un llamado a que el proceso de adopción de ésta, como de cualquier otra norma, garantice los derechos de participación de la totalidad de los estamentos que componen la universidad. Eso implica comenzar por el respeto que las directivas de la Universidad deben guardar para la Asamblea Triestamentaria, pues desconocerla como interlocutor válido es un atentado a la participación pluralista que consagra el artículo 2º de la Constitución Política, según el cual todos tenemos el derecho a participar especialmente en las decisiones que nos afectan.
Me solidarizo con el llamado que hacen los diferentes estamentos de la Comunidad Universitaria, y me uno a voces como las de Carlos Gaviria Díaz, para insistirle a la Ministra de Educación, al CSU y la Rectoría de la Universidad Nacional, y por supuesto, al Presidente Uribe, para que desista en su ánimo de privatizar la educación del país, comenzando por la del nivel superior. Así mismo, para que respeten la protesta legítima de la comunidad universitaria, garanticen el derecho a la vida y sobre todo al disenso, y entiendan que el unanimismo y la polarización a la que peligrosamente invita el Gobierno, amenaza la democracia y las libertades básicas de un Estado Social de Derecho.
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El Parlamento Negro de las Américas, reunido los días 14, 15 y 16 de marzo de 2008 en la ciudad de Santiago de Cali, en el marco del IV encuentro de Parlamentarios Afro americanos y del III Congreso del Parlamento Negro de las Américas y,
1-Que no se puede ser indiferente ante la crisis de derechos humanos ni ante la grave situación humanitaria que soporta Colombia, como fruto del conflicto social armado, la exclusión política, social y económica y el accionar de grupos paramilitares en vastas regiones del país.
2-Que se ha constatado que las lamentables consecuencias de dicha problemática, en especial las derivadas del conflicto armado, no sólo afectan gravemente a la población colombiana sino que se extienden a los pueblos de los países vecinos.
3-Que del mismo modo, tal problemática es un factor desestabilizador de la región, al punto que las inmejorables relaciones políticas, económicas, comerciales y diplomáticas que hasta hace muy poco se desarrollaban en absoluta normalidad, se han visto gravemente afectadas, al punto de llegarse hasta la ruptura de relaciones diplomáticas entre países hermanos que comparten un destino común.
4-Que es urgente poner fin al sufrimiento que genera el conflicto armado en las familias colombianas, en especial, en las de los secuestrados, al tiempo que rechazamos enfáticamente su utilización como recurso político entre las partes en contienda. Esta actitud desdice del deber y responsabilidad internacional de los estados, al tiempo que devalúa enormemente cualquier propuesta política.
5-Que reconocemos y respaldamos las gestiones realizadas por la Dra. PIEDAD CORDOBA en torno a la liberación de las personas secuestradas por la Guerrilla de las FARC, lo mismo que a sus esfuerzos por el acuerdo humanitario y a la búsqueda de la paz entre los colombianos.
6-Que la solución política del conflicto social y armado, el acuerdo humanitario, la liberación de los secuestrados, el desmonte total de las estructuras paramilitares, la indemnización integral de las víctimas en aplicación de verdad, justicia y reparación, se convierte en condición necesaria para la búsqueda de la paz en Colombia y el logro de la estabilidad regional.
7-Que en todo caso, los procedimientos, acciones y decisiones que se emprendan, han de estar inspirados en los valores superiores de la vida, la paz y la convivencia armónica entre las naciones y en el marco irrestricto del derecho internacional y de los derechos humanos.
Primero: Expresar toda la solidaridad a las víctimas de la violencia en Colombia, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación ante la situación de los derechos humanos y la grave crisis humanitaria que se padece.
Segundo: Apoyar a la Senadora PIEDAD CORDOBA en sus gestiones por la liberación de los secuestrados, por el logro del acuerdo humanitario y por la construcción de la paz en Colombia, al tiempo que expresamos nuestra disposición para trabajar en el logro de tales propósitos.
Tercero: Instar tanto al Estado Colombiano, como a la Guerrilla de las FARC, para que avancen en la construcción de escenarios, gestos y actitudes que conduzcan al camino de la paz y cese el sufrimiento del pueblo colombiano.
Cuarto: Convocar a la Comunidad Internacional y a las instancias regionales e internacionales, para que de manera urgente se realicen las gestiones necesarias que lleven a la solución política del conflicto en Colombia y a la estabilidad y concordia entre los países, pueblos y gobiernos de la región.
Quinto: Reafirmar nuestro respeto y acatamiento a las normas del derecho internacional y llamar a su irrestricto cumplimiento como condición necesaria para el buen suceso de las relaciones entre los estados y las naciones.
IV Versión Parlamento Negro
En Cocorná (Antioquia) paramilitares asessinan otro ider agrario
En Cocorná (Antioquia) paramilitares asesinan otro líder agrario
Bogotá- La Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de derechos humanos, denunció este martes 01 de baril ante la comunidad nacional e internacional, el asesinato del reconocido dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Colombia, GERARDO ANTONIO CIRO, ocurrido el pasado domingo 30 de marzo, en la Vereda El Jordán del Municipio de Cocorná, oriente del departamento de Antioquia.
Los paramilitares comenzaron la persecución en el año 2002 cuando el compañero Gerardo Ciro era representante de la Empresa Comunitaria de El Molino “ECOMOROS”. Producto del bloqueo económico que se impuso sobre las zonas rurales fueron amenazadas y saqueadas las tiendas comunitarias.
Los paramilitares instalados en el casco urbano iniciaron la persecución obligándolo a desplazarse forzadamente para proteger su vida. Al volver a la región y dar continuidad a sus acciones en pro de los agricultores y campesinos de la región de Cocorná fue vilmente asesinado.
La siguiente es la comunicación con la denuncia presentada ante la comunidad nacional e internacional:
La Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, el homicidio cometido contra el señor GERARDO ANTONIO CIRO, reconocido dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Colombia.
El pasado domingo 30 de marzo, cuando se desplazaba hacia su lugar de lugar de residencia en la Vereda El Jordán del Municipio de Cocorna, oriente del departamento de Antioquia, fue asesinado el líder campesino y dirigente comunal GERARDO ANTONIO CIRO.
De acuerdo con los datos parciales suministrados por la comunidad los victimarios pudieron haber utilizado un arma de fuego con silenciador, ya que ninguno de los moradores del lugar se percató de los hechos, ni escucharan detonaciones de la misma. Esto es evidencia del grado de preparación de este asesinato.
Pedimos su intervención ante las autoridades civiles y militares de la región del Oriente Antioqueño y el Departamento para generar mecanismos de protección al derecho a la vida de estos líderes campesinos.”
1 El asesinato del señor GERARDO ANTONIO CIRO es prueba fehaciente de lo inocuo de los mecanismos de protección del Estado para los defensores de los Derechos Humanos y los dirigentes sociales que siguen siendo estigmatizados y víctimas de acciones criminales.
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control que ejerzan todos los mecanismos legales para investigar este crimen y juzgar y sancionar a todos los responsables.
Exigimos a la fuerza pública que cumpla su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de toda la población del oriente antioqueño, en especial a los dirigentes campesinos y sociales de la región. Así mismo se abstenga de estigmatizar, señalar o acusar a los dirigentes por su trabajo comunitario.
Solicitamos a los organismos de control, humanitarios y a las organizaciones de derechos humanos, brindar un acompañamiento especial a la comunidad del Centro Zonal El Jordán que hoy se encuentra atemorizada por el asesinato de su lidere y quien además era el gestor de la propuesta de resistencia ante el desplazamiento forzado.
Solicitamos a los organizamos internacionales de Derechos Humanos y a la comunidad internacional que exijan al gobierno colombiano el pronto esclarecimiento de este crimen, el castigo de los responsables y la protección de los demás dirigentes campesinos y comunales de la región y de la comunidad en general.
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