Source: https://www.scribd.com/document/103095266/Recurso-de-Proteccion-contra-la-licitacion-del-litio-en-territorio-indigena-proceso-ilegal-y-arbitrario-No-hay-consulta-indigena-entre-otras-conside
Timestamp: 2017-10-20 04:24:12
Document Index: 84626025

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 6', 'Artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 5', 'Artículo 19', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 99', 'artículo 20']

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La Corte de Apelaciones de Santiago, segunda sala, ha declarado admisible el Recurso de Protección interpuesto contra el arbitrrio e ilegal actuar del Ministerio de Energía que no consultó con la población indígena donde está privatizando la exploración y explotación del litio.
SECRETARÍA ESPECIAL MATERIA: RECURRENTE: RUT: DOMICILIO: RECURSO DE PROTECCIÓN YLENIA HARTOG GARCÍA 12.883.
550-4 Huérfanos Nº 863, oficinas 811-812, comuna de Santiago. RECURRIDO: REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO DE MINERÍA MINISTRO DE MINERÍA HERNÁN DE SOLMINIHAC Y EL SUBSECRETARIO DE MINERÍA PABLO WAGNER. RUT: DOMICILIO: Se ignora. TEATINOS Nº120, PISO 9, comuna de Santiago.
ACOMPAÑANDOCUMENTOS.- SEGUNDO OTROSÍ: MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER.- TERCER OTROSÍ: ORDEN DE NO INNOVAR.- CUARTO OTROSÍ: PATROCINIO Y PODER.- QUINTO OTROSÍ: SOLICITA CARATULIZACIÓN QUE INDICA.-
YLENIA HARTOG GARCÍA, abogada, cédula de identidad Nº 12. 883.50-4, en representación de la Asociación Indígena CONSEJO PUEBLOS ATACAMEÑOS, RUT: 72.709.400-8; y las comunidades Indígenas Atacameña de Catarpe, RUT 65.337.550-k, y Comunidad Indígena Atacameña de Toconao, RUT 63.127,600-5; todos con domicilio para estos efectos en calle Huérfanos Nº 863, oficinas 811-812, comuna de Santiago, a US. I. respetuosamente digo:
que vengo en interponer Recurso de Protección en contra del Ministerio de Minería de Chile, representado por su Ministro Hernán de Solminihac, y el Subsecretario de Minería Sr. Pablo Wagner, por encontrarse mis representados afectados en sus
derechos fundamentales especialmente tutelados en el artículo 19, números 2, 8, y 24 de la Constitución Política, que respectivamente y según pasare a exponer a continuación, algunos se manifiestan en forma de privación, de perturbación y/o amenaza. Es por ello que solicito a esta ILTMA. CORTE que adopte las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, con urgencia y máxima celeridad posible, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho que expongo a continuación:
1. Con fecha 11 de julio del presente año, tuvo esta parte conocimiento del contenido del la licitación iniciada por parte del Ministerio de Minería, mediante la compra de las “Bases de Licitación Pública Nacional e Internacional de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y beneficio de yacimientos de Litio”.
2. Dicho documento, nos puso en conocimiento de las irregularidades que ahora solicito sean rectificadas por constituir un seria y grave vulneración de los derechos, que tanto por acto como por omisión del Ministerio de Minería, amenazan, perturban y/o privan según hemos estudiado, los derechos de la población indígena atacameña de San Pedro de Atacama.
3. Así, nos hemos constituido en parte recurrente, tanto por ser parte afectada por causa de actos y omisiones arbitrarios e ilegales en la calidad de Pueblo Indígena que represento, como también parte afectada oferente -entre 66 otros posibles oferentes según expresó el Subsecretario de Minería, Sr. Pablo Wagner- de la licitación en la que estamos siendo parte.
Consistentes con nuestra convicción de esta arbitrariedad e ilegalidad, y en concordancia con lo establecido en las Bases de licitación enunciadas, asistimos a la invitación de la presentación oficial del llamado a postular, documento que se
Hartog & Cía. Abogados. Calle Huérfanos N° 863, oficina 811-812, Santiago Correo electrónico: contacto@hartog.cl - Teléfono: +56 – 02 – 6380623 http://www.hartog.cl
acompaña, el día miércoles, 18 de julio de 2012, exposición del Subsecretario de Minería, Pablo Wagner, titulado “Chile Lanza Contrato de Especial de Operación del Litio”, en compañía de asesores, como la fiscal del Ministerio que dio respuesta a unas primeras interrogantes que en esa reunión planteamos todos los asistentes.
4. El Ministerio de Minería, distribuyó antes de la exposición antes enunciada, un documento PowerPoint de la presentación, mediante el que solo entonces tuvimos conocimiento de las zonas indicadas como principales salares o cuencas cerradas y de mayor estimación de explotación potencial, por tanto zonas preferenciales y/o ideales, según señaló el Ministro y su presentación escrita, para adjudicar para la exploración del litio, las que identificada en la página 7, diapositivas número 25 y 26, documento que también se acompaña.
5. Coherentes por tanto con nuestra responsabilidad de proteger los derechos que tenemos como afectados, también hemos precavido al Ministerio de las irregularidades en las que se encuentran las Bases de Licitación, mediante la formulación de preguntas que deben ser respondidas a todos los oferentes que participamos del proceso de licitación –en virtud de lo que establecen las propias Bases-, antes del 20 de agosto. Sin embargo, puesto que estas respuestas no serán para en ningún caso, modificar las Bases o suspender el procedimiento hasta la corrección y restablecimiento del derecho, salvo las providencias que pudiere US. I. conceder, nos encontramos ante una flagrante arbitrariedad e ilegalidad del proceso de licitación.
II. PROCESO ILEGAL Y ARBITRARIO DE LICITACIÓN
6. Hemos hecho presente, en el marco del proceso de consulta previsto en las Bases de Licitación que “[e]l Consejo de Pueblos Atacameños tiene interrogantes respecto a la constitucionalidad y legalidad del proceso de licitación en curso ya que éste se ha realizado sin referencia alguna a los derechos de que goza el pueblo
Lickanantay o Atacameño. Este es reconocido en Chile, tanto como sujeto de derecho internacional con derecho a la libre determinación, a la consulta y dueño de las tierras, territorios y recursos naturales que conforman la totalidad del hábitat de las regiones que ocupan o han ocupado tradicionalmente.”
7. “Gran parte de las reservas de Litio en Chile, se encuentran en territorio Atacameño y se extraen de aguas atacameñas, propiedades comunitaria y patrimonial protegidas textual y especialmente en la Ley Indígena 19.253 de 1993, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, los principales Pactos Internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; todas normas de derechos humanos que integran el bloque constitucional del Art. 5° Constitución de la República”.
8. “Además, un buen número de fallos de la Corte Suprema y la doctrina conteste confirman que nuestros derechos como Pueblo Lickanantay constituyen un límite a la soberanía del Estado. Evidentemente, esta limitación se extiende a la explotación del Litio en nuestro territorio, sea esta realizada en forma directa por el Estado o indirecta mediante los CEOL”.
9. “En efecto, conforme al principio pacta sunt servanda consagrado en la Convención de Viena, Chile no puede dejar de aplicar una norma internacional alegando una norma de derecho interno, cualquiera sea su rango. Diversas normas nacionales e internacionales amparan nuestro dominio sobre la totalidad del hábitat de la región que ocupamos, y especialmente el aspecto colectivo de esta relación. Estas se pueden resumir sobre la base de una serie de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el más reciente el caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Estado de Ecuador, que nos limitamos a mencionar. Este fallo es vinculante para Chile en la medida que constituye jurisprudencia aplicable en todos los países que han suscrito la Convención Americana. Es particularmente relevante en la medida que el fallo recae sobre contratos de prospección y
explotación de hidrocarburos en territorio indígena, esto es, una situación similar a la que nos afecta a nosotros respecto al hasta ahora inconsulto proceso de adjudicación de CEOLs en nuestro territorio”.
10. “No vemos que estas normas vigentes y justiciables en Chile hayan sido consideradas en las Bases de licitación del Litio, y tampoco vemos que el gobierno haya iniciado un proceso de consulta a nuestras comunidades de conformidad con esas mismas normas y estándares vigentes. Es deber del Estado demostrar efectivamente, en el caso concreto del Litio, que todas las dimensiones del derecho a la consulta han sido efectivamente garantizadas, y no solo respecto del Pueblo Atacameño, si no que de todos los pueblos indígenas en Chile que estén siendo afectados directamente por las bases de licitación para la adjudicación de los CEOL.”
11. Referente a los derechos que consideramos vulnerados, cabe mencionar los numerales reconocidos en nuestra Constitución Política del artículo 19, numerales nº2, nº8 y nº 24, los que se refuerzan con otras protecciones de derecho internacional y derecho nacional que a continuación exponemos.
Artículo 19 nº2 “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”. 12. La igualdad a que se refieren las garantías constitucionales, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, como precepto, debe respetarse tanto en las diferencias como en las semejanzas. Por ello, la decisión
del Ministerio de Minería de iniciar un proceso de ofrecer y firmar contratos especiales para la explotación del litio constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera y amenaza el derecho a la igualdad ante la ley debido a que no existe aplicación igualitaria de las normas específicas que protegen a cada parte interesada o afectada por la concesión, en particular el derecho a la consulta previa y desde incluso la fase de planificación de licitación que ha sido efectuada en este caso. De otra forma, estaríamos entendiendo que los órganos del estado protegen especialmente al sector privado, sin considerar las afectaciones sobre población específicamente protegida por la misma Constitución Política, la Ley Indígena y los Tratados Internacionales, particularmente el Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos.
13. Como lo ha establecido la Corte Suprema en su jurisprudencia acerca de la falta de consulta (refiriéndose al artículo 6 del Convenio, que desarrollaremos más adelante) en circunstancias que debiera efectuarse viola el derecho de igualdad ante la ley. Así lo expresó la Corte: “Que conviene dejar consignado que el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece para aquellos grupos con especificidad cultural propia, un mecanismo de participación que les asegura el ejercicio del derecho esencial que la Constitución Política consagra en su artículo primero a todos los integrantes de la comunidad nacional, cual es el de intervenir con igualdad de condiciones en su mayor realización espiritual y material posible.”1
14. A mayor abundamiento, la omisión de consulta, agrega la Corte Suprema, dictaminó que sin consulta, “[…][el acto] impugnado, incumple la obligación de fundamentación de los actos administrativos, porque no es fruto de un claro proceso de consulta en el que se hayan tenido en cuenta las aspiraciones y formas de vidas de las comunidades originarias interesadas.” 2 Y, “tal carencia torna ilegal
Corte Suprema, Sentencia Rol. 258-2011, considerado n°5; Sentencia Rol. 4078-2010, considerado n° 1°; Sentencia Rol. 10090-2011, considerado n° 5°; Sentencia Rol. 11040-2011, considerado n° 5°. 2 Corte Suprema, Sentencia Rol 258-2011, considerado n°9. Véase también Corte Suprema Sentencia Rol. 10090-2011, considerado n° 9; y Corte Suprema, Sentencia Rol. 11040-2011, considerado n° 10°.
la decisión al faltar a un deber de consulta que debía acatar la autoridad por imperativo legal, lo que lesiona la garantía de igualdad ante la ley, porque al no aplicarse la consulta que el convenio dispone, niega trato de iguales a dichas comunidades indígenas, puesto que la omisión implica no igualar para los efectos de resolver.”3
Artículo 19 nº8 “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;”
15. Como Pueblo indígena Atacameño, ostentan una estrecha vinculación con el medio ambiente, practicada mediante actividades agropecuarias, el
aprovechamiento racional del recurso hídrico, y especialmente en actividades de pastoreo en zonas de vegas y bofedales.
16. Para entender la significancia de la participación y protección de los indígenas en la comuna, es también interesante considerar, que el Pueblo Indígena compone aproximadamente el 95% del total de la población de la comuna, ubicadas y sobreviviente inmemorial en la actual Región de Antofagasta. Tanto así, que se sabe, que como Pueblo, han habitado el territorio durante más de 10.000 años, con antecedentes históricos que se remontan incluso a crónicas del Siglo XVI, lo que refleja inequívocamente la antigua data del poblamiento indígena y su continuidad.
Corte Suprema, Sentencia Rol. 258-2011, considerado n°9. Véase también Corte Suprema Sentencia Rol. 10090-2011, considerado n° 9; y Corte Suprema, Sentencia Rol. 11040-2011, considerado n° 10°.
17. Para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, usan entre otras, el territorio aprovechando la complementariedad de sus pisos ecológicos, basados en un sistema de trashumancia entre la invernada y la veranada. 18. En consideración de que no se ha respetado la igualdad ante la ley, y nada se ha preguntado, consultado, informado o consensuado con el Pueblo Atacameño, nos encontramos ante un atentado de un órgano del Estado, que vulnera lo
establecido en los Tratados Internacionales aplicables a nuestro caso, ya que es deber del Estado velar por que este derecho no sea afectado, lo que no ha sido siquiera mencionado en las bases de licitación, sin expresión de que deben proponer los oferentes propuestas de conformidad con la garantía del cuidado y protección de la biodiversidad, preservación de naturaleza, no contaminación etc.
19. Sólo, en términos genéricos se ha expresado en el Decreto Supremo Nº 16, aprobado el 2 de abril del 2012 por el Ministerio de Minería, cuyo artículo 10 dice:
“Todas las relaciones entre las partes derivadas del Contrato quedarán sujetas a lo que en él se especifica y a la ley chilena. En el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones que derivan del Contrato, el Contratista estará sujeto a todas las reglas legales pertinentes vigentes en el país.
El Contratista cumplirá con la Constitución, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y normas oficiales chilenas, y aquellas establecidas en tratados internacionales ratificados por la República de Chile y que se encuentren vigentes.” [la negrita es nuestra]
20. Es desde nuestro punto absurdo, ilegal y arbitrario, que la normativa relativa al cuidado y protección del medio ambiente, quede al amparo de Contratistas que incluso pudiere tratarse de inversores extranjeros; ni siquiera el Ministerio ha dado cumplimiento a los tratados internacionales vigentes, como hemos dicho, que la consulta con los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados, deben ser
consultados de forma previa, libre e informada, con la finalidad de alcanzar un acuerdo basado en los principios de la buena fe.
21. Y si no son solo los tratados internacionales, así como la protección constitucional mencionada, también es en virtud de la propia Ley Indígena, respetar las
costumbres y tradiciones, incluyendo las nociones propias sobre propiedad territorial, estableciendo para los servicios del Estado, la obligación de escuchar y considerar las opiniones de las organizaciones que reconoce, lo que se entiende referido al principio del consentimiento previo libre e informado.
22. En cuanto a la normativa internacional que relaciona a los Pueblos Indígenas con el Medio Ambiente; el Reconocimiento de los derechos de subsistencia, (23); la protección de los recursos naturales (15.1); Las medidas para proteger y preservar los territorios de los pueblos indígenas (15.2) a través de: Consentimiento libre e informado, participación en los beneficios de la explotación y la compensación por los daños. La protección del Medio Ambiente indígena conforme al Convenio 169 impone a los gobiernos el deber de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación (13.1)
23. En relación con la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental, el artículo 7.3 del Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “[l]os gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
24. Asimismo, la institucionalidad ambiental vigente en Chile establece que cualquier proyecto, en cualquiera de sus fases deberá someterse al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental presentando un Estudio de Impacto Ambiental cuando el proyecto recaiga o se realice en o cerca de Áreas Protegidas como lo son nuestras tierras patrimoniales, Áreas de Desarrollo Indígena, ZOIT, vegas y bofedales protegidos por el Código de Aguas, SNASPE, sitios RAMSAR, etc.
25. Por tanto, es obligación de los órganos estatales, cumplir con la obligación a los que se ha obligado de conformidad con las estipulaciones reguladas en el artículo 5º de la Constitución Política y el Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados.
Artículo 19 nº24 “derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.”.
26. La propiedad del Pueblo Atacameño, se constituye tanto por propiedad comunitaria como patrimonial, individual de personas naturales atacameña (que comprenden por lo general la casa habitación y terrenos de cultivo y forraje), algunas de las cuales el Estado de Chile ha regularizado y reconocido a través de los Decretos Leyes Nº1.939 de 1977 y 2.695 de 1979, entre otros.
27. Como propiedad patrimonial, fueron demarcadas por el Estado de conformidad al convenio suscrito por el Ministerio de Bienes Nacionales y la CONADI en 1994.
28. También se encuentran comprendidos como Área de Desarrollo Indígena, (ADI) Atacama la Grande a través del Decreto Supremo Nº 70, (publicada en el diario oficial de 23 de abril de 1997), conforme a lo dispuesto en el artículo 26º de la Ley Nº 19.253.
29. Además constituye el territorio, parte del desarrollo estratégico y económico turístico, protegida como Zona de Interés Turístico (ZOIT), establecida mediante la Resolución Nº 775 de 1 de agosto de 2002 del Servicio Nacional de Turismo.
30. En reconocimiento a la propiedad de la tierra, el agua y los recursos naturales, objeto de disputa en este líbelo, como hemos mencionado anteriormente, están protegidos por la Ley 19.253 de 1993 o Ley Indígena, que establece norma fundamentales, como en particular “‘proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio ecológico’ (Art. 1). Reconoce también, a los indígenas el uso y propiedad ancestral de las tierras y aguas comunitarias y patrimoniales. Reconoce la tierra ‘como fundamento principal de su existencia y su cultura’ (Art. 1)
31. Exige también la Ley Indígena, el respeto a sus costumbres y tradiciones, incluyendo las nociones propias sobre propiedad territorial, estableciendo para los servicios del Estado, la obligación de escuchar y considerar las opiniones de las organizaciones que reconoce, lo que se entiende referido al principio del consentimiento previo libre e informado.(Arts. 18, 34, 54, 63, etc..)
32. El Estado chileno reconoció y se comprometió explícitamente salvaguardar los siguientes tipos de dominio Atacameño (Art. 63 Ley indígena): ‘a) Tierras de propiedad de indígenas individualmente considerados, que por lo general comprenden la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes; b) Tierras de propiedad de la Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley y correspondientes, por lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas. c) Tierras patrimoniales de propiedad de varias Comunidades Indígenas tales como pastizales, bofedales, cerros, vegas y otras de uso del ganado auquénido.’. Es tan cierta la norma, que se puede considerar que, de por sí, protege suficientemente las vegas y bofedales, estén o no incluidos en la Resolución 87 del año 2006 de la DGA, que identifica, delimita y protege los de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
33. En efecto, “por exigirlo el interés nacional’ (Art. 13), la Ley instaura un régimen particular de protección a las tierras indígenas que el Art. 22 y otras normas hacen extensible a las aguas indígenas. Por si fuera poco, la ley contempla un régimen especialísimo de tierras y aguas para los atacameños, aymaras y ‘otras comunidades Indígenas del Norte del país” (Art. 62).
34. ‘Se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades Aimaras y Atacameñas. Serán considerados bienes de propiedad y uso de la Comunidad Indígena establecida por esta ley, las aguas que se encuentren en los terrenos de la comunidad, tales como los ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de los derechos que terceros hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas’. La norma añade que “no se otorgarán nuevos derechos de aguas sobre lagos, charcos, vertientes, ríos y otros acuíferos que surten a las aguas de propiedad de varias Comunidades Indígenas establecidas por esta ley sin garantizar, en forma previa, el normal abastecimiento de agua a las comunidades afectadas.”(Art. 64)
35. Uno de los antecedentes jurisprudenciales en la materia que ratifica esta línea argumentativa fue el fallo de la Corte Suprema, de 22 de marzo de 2004, en el caso que opuso la empresa sanitaria ESSAN (Aguas de Antofagasta S.A.) a la Comunidad Indígena de Toconce. Aplicando la Ley Indígena en armonía con el Código de Aguas en su fallo, la Corte reconoció la propiedad indígena preexistente sobre las aguas ocupadas ancestralmente, incluso por sobre derechos posteriores constituidos por terceros de conformidad a la normativa general. Se basó, específicamente, en el Art. 3 transitorio de la Ley Indígena, que considera propiedad ancestral aymara y atacameña las aguas a que se refiere el citado Art. 64, y el Art 2° Transitorio del Código de Aguas, que reconoce el uso consuetudinario como derecho de propiedad.
36. Conforme lo establece en el inciso 2º del Art. 5º de nuestra Constitución, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana constituyen el límite al ejercicio de la soberanía, y son aquellos reconocidos por la propia Carta, además de los consagrados en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile.
37. Es por ello, que ante una regulación o aprobación de tipo administrativa, una resolución como la del artículo 5 letra i) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 302, Ley Orgánica del Ministerio de Minería, en su redacción dada por la Ley Nº 20.402, regulaciones de rango inferior a la del Convenio 169, no puede el Ministro de Minería, mediante la suscripción de contratos que por orden y decisión del gobierno en representación del Estado, pasar por alto el respeto y garantía de los tratados internacionales incorporados al derecho nacional vigente mediante el mencionado artículo 5 de la Constitución.
38. Así también sabemos que vincula la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ratificado por Chile en 19814 que establece en su artículo 27 que:
“Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratados.”5
39. Es menester tener presente que mediante la aplicación del artículo 99 de la Constitución Política, pudiera la Contraloría General de la República hacer uso de su función privativa y excluyente de controlar anticipadamente la constitucionalidad y legalidad de los actos de la Administración, especialmente decretos y resoluciones, mediante la institución denominada toma de razón.
Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto N° 381 de 22 de junio de 1981 que promulga la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y su anexo. 5 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, ratificado por Chile 9 de abril de 1981.
40. Esta toma de razón, debiera haber sido no tan solo un mero examen de legalidad orgánica formal, sino que un examen de juridicidad más completo, a fin de examinar el objeto, fin, motivo y toda esa materialidad que cubre el fenómeno de la buena administración (“Contrapunto sobre el rol de la Contraloría General de la República”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 35 n° 2, pp. 393 -398). Sin embargo, esta ni siquiera existió en el caso de la adopción de las medidas del Ministerio.
41. La dictación de la Resolución 1600 de 2008, dictada por la Contraloría General de la República, que fija las normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, en reemplazo de la Resolución Nº 520/1996 y cuya vigencia comenzó a regir a contar del 24 de Noviembre de 2008 y en atención que en estas disposiciones se encuentren algunos actos administrativos exentos del trámite de toma de razón y que sólo deba practicarse su registro, no significa que la entidad recurrida no pueda y deba ejercer las funciones de fiscalización que le asignan la Constitución y las Leyes, en especial los artículos 87 y 88 del texto Constitucional de dicha repartición pública. De lo anteriormente expresado, se desprende que la Contraloría, al no haber intervenido, no tuvo en cuenta la normativa que se ha mencionado y que regula dicha materia, de tal manera que ha existido ilegalidad en dicho proceder, además de estar revestida del carácter de arbitrario que, conforme al artículo 20 del texto Constitucional, ha de tener como requisito para la interposición y acogimiento del recurso de protección.
Estima esta parte que tanto por acto como por omisión de la autoridad ministerial recurrida, el proceso de licitación constituye en la actualidad un grave y urgente privación, perturbación y amenaza a los derechos constitucionalmente protegidos, porque:
a) Constituye un acto y una omisión ilegales y arbitrarios, porque la recurrida no aplicó la normativa vigente, tanto para estudiar la factibilidad de planificación
sin consultar ni respetar el derecho de propiedad indígena, y aún así iniciar el proceso de licitación, que afecta a las comunidades, y que amenaza derechos de terceros, privados que se verán afectados por esta no consulta debida y obligatoria (Art. 7º Convenio 169 de la OIT).
b) El recurrido no ha cumplido con la obligación de consultar previa decisión de iniciar un proceso del llamado de licitación conforme al Art. 6º de la Convención 169 de la OIT, norma que es auto-ejecutoria según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta omisión arbitraria al iniciar un proceso de ofrecer contratos especiales es ilegal y vulnera nuestros derechos constitucionales.
c) Se emplaza la ilegalidad y arbitrariedad, en todo el territorio nacional susceptible de afectar a población indígena, pero en particular en las tierras de propiedad comunitaria y patrimonial del Pueblo Atacameño, reconocidas expresamente por la Ley Indígena 19.253 (Arts 62 y ss. y 3º transitorio) y protegidas por la Constitución Política, así como por los tratados internacionales y en particular el Convenio 169 de la OIT. Esto, puesto que se encuentran en la zona de mayor concentración de litio, que expresamente ha señalado el Subsecretario de Minería, en su presentación del día 18 de julio. Además se trata de tierras declaradas como Áreas Protegidas ADI y ZOIT, tal como se ha expresado previamente.
d) Amenazan el desarrollo turístico del territorio Atacameño, porque no se ha informado previamente, sobre qué actividades e impactos derivará el derecho de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, tanto a privados nacionales como extranjeros. No se ha estudiado cómo el ejercicio de la adjudicación pudiere afectar las prácticas agrosilvopastoriles
tradicionales de las comunidades, o en las áreas en las que estas desarrollan el turismo, todas, constituyen actividades esenciales para la supervivencia del Pueblo Indígena Atacameño.
Animados de buena fe, promovemos mediante la presente Acción Constitucional, que el gobierno vele por la igualdad ante la ley, y así a cumplir con su deber, modificando o invalidando en consecuencia, las bases de licitación del Litio de modo que incorporen las providencias para la restauración del derecho, en contra de la ilegalidad mediante la que el litio se beneficia sin participación ni consentimiento del Pueblo Atacameño, con sus recursos naturales, en especial muy gravemente sus derechos de aguas, sin respeto a la propiedad, igualdad ante la ley, con discriminación, y amenazas al medio ambiente.
POR TANTO, A S.S. Iltma. RUEGO, se sirva tener por interpuesto recurso de protección en contra del Ministerio de Minería, en los términos y representación expuesta, acogerlo a tramitación, oficiar a los organismos pertinentes y en definitiva ordenar se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, incluida la orden de no innovar y así asegurar la debida protección de los afectados, todo ello con costas.
PRIMER OTROSÍ: Ruego a SS Iltma., tener por acompañados los siguientes documentos en forma legal:
1. Copia simple del Formulario de Adquisición y Retiro de Bases de Licitación CEOL, de fecha 11 de julio del 2012, compradas por el Consejo Pueblos Atacameños por intermedio de Ylenia Hartog, cheque entregado según consta en el documento a la Sra. Alicia Campos Giménez, Jefa Sección Partes y Archivos del Ministerio de Minería.
2. Copia de la invitación de la presentación de la licitación, “Chile lanza Contratos Especiales de Operación del Litio”, del Subsecretario Pablo Wagner, enviada mediante correo electrónico.
3. Copia simple del documento PowerPoint, entregado previo a la presentación en el Hotel Santiago Park Plaza, de la exposición a la invitación mencionada en el documento antes acompañado.
4. Copias legalizadas de los mandatos judiciales otorgados por la “Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños”, y las comunidades indígenas “Comunidad Indígena Atacameña de Catarpe” y “Comunidad Indígena Atacameña de Toconao”, todos firmados en la ciudad de Calama, ante el Notario Público Titular de la Primera Notaría del El Loa-Calama, doña Ana del Rosario Bonet Cornejo;
POR TANTO, RUEGO A UD. SS.: que de por acompañados los documentos enunciados.
SEGUNDO OTROSÍ: solicita como medidas para mejor resolver, oficiar, y tener al menos a para el día de la vista de la causa:
1. Ministerio Secretaría General de la Presidencia: informe sobre las razones de no haber considerado la consulta indígena para llevar a cabo este procedimiento arbitrario e ilegal.
2. Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Informe sobre si posee antecedentes y pronunciamientos de su institución sobre la materia, sobre si se pronunció, en qué sentido, en qué fechas y en qué documentos respecto la necesaria y vinculante obligación de aplicar y respetar los tratados internacionales vigentes, en particular el Convenio 160 de la OIT y el Tratado de Viena.
3. A la Contraloría General de la República, a efectos de que informe en virtud de qué antecedentes controló la legalidad del decreto, sin considerar la
aplicación de las normas especiales de protección, no solo nacionales, sino también internacionales para el control de constitucionalidad.
TERCER OTROSÍ: Teniendo presente la naturaleza de los hechos del recurso, las consecuencias jurídicas de los actos y omisiones emanados por parte del Ministerio de Minería y las omisiones arbitrarias de otros órganos del Estado e instituciones que debieron haber intervenido en este proceso, solicitamos se decrete orden de no innovar a efecto suspender el proceso de licitación, a efectos de determinar qué actos y determinar qué omisiones, pudieran perpetuar la perturbación, privación y amenaza de nuestros derechos, y no ocasionar a terceros parte del proceso de licitación, pérdida de recursos económicos y otros, como consecuencia de la arbitrariedad e ilegalidad con la que el Ministerio ha actuado, que impide desde nuestro punto de vista, que el procedimiento de licitación garantice a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros un proceso debidamente consultado con anticipación al inicio de la convocatoria para presentar propuestas de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, que se encuentran en nuestras tierras, y debieron haber sido consultadas de buena fe con la finalidad de haberlas discutido de forma previa y haber validad y sellado el proceso legalmente.
POR TANTO, RUEGO A US. I. acceder a lo solicitado a fin de garantizar los derechos tanto de nuestra población, como los derechos de los terceros que pudieren ser afectados de no regularizarse la constitucionalidad de la licitación, y decretar la orden de no innovar en los términos pedidos o en la forma que US. I. determine.
CUARTO OTROSÍ: tener por acreditada mi representación en este líbelo, patrocinio y poder que se hace presente según mandatos judiciales que se acompañan, y por domicilio Huérfanos Nº1 863, oficinas 811-812, de la comuna de Santiago.
POR TANTO, RUEGA A US. I.: tener por acreditada mi representación, patrocinio y poder.
QUINTO OTROSÍ: solicito que para mejor conocimiento de la causa, la sala de cuenta, disponga sea este Recurso caratulado CONSEJO PUEBLOS ATACAMEÑOS Y OTROS CON MINISTERIO DE MINERÍA.
POR TANTO: RUEGA A US. I.: tener por solicitada la caratulización según indica, CONSEJO PUEBLOS ATACAMEÑOS Y OTROS CON MINISTERIO DE MINERÍA.
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