Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/12002
Timestamp: 2019-08-23 04:19:26
Document Index: 275521864

Matched Legal Cases: ['artículo 1624', 'artículo 189', 'artículo 393', 'artículo 1620', 'artículo 1622', 'artículo 40']

Sentencia: CE SIII E 21181 DE 2012
El desequilibrio económico del contrato no se da por circunstancias no previstas por el contratista
MAXIMINO MAFLA ARANGO VS. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA-INURBE-
Una entidad pública celebró un contrato de prestación de servicios de abogacía con un particular, cuyo objeto consistía en la recuperación jurídica de dos inmuebles. Previamente, la entidad solicitó al contratista una propuesta económica, que fue elaborada con base en las tarifas del Colegio de Abogados, las cuales se encontraban atadas al valor de los avalúos de los predios.
Inicialmente se estipularon 2 años como plazo de ejecución. Sin embargo, a pesar de que el término de duración del contrato se venció, éste se continuó ejecutando debido a que el proceso judicial se extendió, por lo que el particular solicitó a la entidad el pago de un mayor valor.
Por otro lado, se presentaron inconsistencia respecto a la información dada previamente por la entidad sobre el avalúo real de los predios a recuperar.
¿Debe una entidad pública que celebre un contrato de prestación de servicios con un abogado, cuyo objeto consiste en la recuperación jurídica de dos inmuebles, restablecer el equilibrio económico del contrato, cuando el contrato se continúa ejecutando después de su vencimiento y la propuesta de precio del contrato se confecciona a partir de datos inconsistentes sobre avalúo de los predios?
El pliego de condiciones cumple una doble finalidad. «(…) “En efecto, el pliego de condiciones tiene una doble e importante finalidad: de una parte constituye el fundamento de la oferta presentada por el contratista, quien debe acogerse estrictamente a sus reglas para proponer los costos del proyecto, los plazos de su ejecución, pero también, como resulta obvio, para calcular su utilidad o remuneración que, en últimas constituye el móvil que lo lleva a contratar y, de otra, en él se encuentran inmersas las condiciones de la futura contratación, toda vez que muchas de sus precisiones y previsiones se convierten en verdaderas cláusulas contractuales, las cuales permiten determinar los aspectos que llevaron a las partes a formalizar el acuerdo de voluntades y, sobre todo, han de ser útiles al momento de establecer el alcance de sus obligaciones o prestaciones, incluyendo los aspectos de índole técnico, económico y financiero.[1] (…)»
Reglas de interpretación de los contratos. «(…) “2.1 Con la interpretación del contrato se persigue constatar el convenio negocial, la determinación de sus efectos y la integración de estos, sin comprender en ella la calificación del acto pues esto es propio de una actividad diferente como es la valoración jurídica del acto celebrado.
“Sin embargo no debe perderse de vista que si las partes han señalado los efectos del contrato, la verificación de este señalamiento corresponde a una labor interpretativa mientras que lo atinente a las repercusiones jurídicas de lo fijado por los contratantes harán parte de la valoración.
“La interpretación del negocio jurídico, cuando de contratos se trata, no tiene como objeto primario el establecer el querer dispositivo de cada uno de los contratantes individualmente considerado sino la intención común de todos ellos toda vez que el contrato es en últimas el resultado de la convergencia de sus designios negociales.
“Esta búsqueda primordial de la común intención de las partes puede lograrse mediante la aplicación de una serie de reglas principales, también llamadas subjetivas por la doctrina, que se compendian en que conocida la intención de los contratantes ha de estarse más a ella que a lo literal de las palabras (art. 1618 del C. C.), que las estipulaciones de un contrato pueden interpretarse por la de otro que las partes hayan celebrado sobre la misma materia (art. 1622 inc. 2º) o por la aplicación práctica que de ellas hayan hecho (art. 1622 inc. 3º), que las cláusulas deben interpretarse unas por otras dándole a cada una el sentido que más convenga al contrato en su totalidad (art. 1622 inc. 1º), que si en un contrato se expresa un caso para explicar la obligación se entiende que esa mención no es restrictiva sino ejemplificativa (art. 1623), y que se entiende que la expresiones generales contenidas en el negocio sólo se aplican a la materia sobre la que se ha contratado (art. 1619).
“Sin embargo es posible que esa común intención de los contratantes no pueda ser verificada mediante la utilización de las reglas que precedentemente se mencionaron y es entonces cuando el ordenamiento prevé la posibilidad de acudir a unas reglas de carácter subsidiario, también llamadas objetivas por la doctrina, en las que ya no interesa la indagación de la voluntad de los contratantes sino la protección del acto dispositivo y sus principios o de las circunstancias particulares de alguna de las partes, reglas estas que se resumen en que el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no produzca efecto alguno (art. 1620 del C. C.), que deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato (art. 1621), que las cláusulas ambiguas se interpretan a favor del deudor (art. 1624 inc. 1º), y que las cláusulas oscuras que hayan sido extendidas o dictadas por una parte se interpretarán contra ella si la ambigüedad proviene de una explicación que ésta ha debido dar (art. 1624 inc. 2º).
“2.2 La regla de interpretación contra el predisponente o proferentem contenida en el inciso final del artículo 1624 del Código Civil es de rancia raigambre pues se remonta al derecho romano clásico.
“En efecto, Celso expresaba que ‘cuando en una estipulación se duda cual sea el objeto de lo hecho, la ambigüedad va contra el que estipula’[3].
“Téngase en cuenta que en Roma el estipulante presentaba el texto de la stipulatio y el promissor adhería a lo predispuesto, circunstancias éstas que determinaron que los jurisconsultos opinaran que las oscuridades debían interpretarse en contra de quien redactó la estipulación pues ‘fue libre para emplear con latitud las palabras’.[4]
“Pues bien, en términos actuales y de una manera más general podríamos afirmar que las cláusulas oscuras deben interpretarse en contra de quien las redactó o predispuso porque siendo de su cuenta la confección de la cláusula se impone con más vigor en él la carga de la claridad pues así lo exige la buena fe contractual, en especial si se tiene en cuenta el deber de información y el deber que tiene todo contratante de velar no sólo por su propio interés sino también por el interés del otro ya que el contrato cumple finalmente con una función económica y social.
“Ya se comprenderá entonces que estos deberes se aquilatan cuando se trata de la satisfacción del interés general mediante la prestación de los servicios públicos y se utilizan para ello los esquemas contractuales.
“Pero por supuesto, se reitera, esta regla de interpretación que se viene comentando es de carácter subsidiario pues sólo puede acudirse a ella si no es posible dilucidar en primer lugar con las otras reglas la común intención de los contratantes.”[5]
Criterios para determinar si un abogado cobro honorarios desproporcionados. «(…) “La jurisprudencia sobre la materia ha fijado 5 criterios para determinar si el abogado cobró honorarios desproporcionados: (i) el trabajo efectivamente desplegado por el litigante, (ii) el prestigio del mismo, (iii) la complejidad del asunto, (iv) el monto o la cuantía, (v) la capacidad económica del cliente. Cabe recordar que las tarifas fijadas por los colegios de abogados son fuente auxiliar de derecho, en cuanto a la fijación de honorarios se refiere.
“Por otra parte, vale la pena resaltar que, a falta de una legislación particular en punto de tarifas profesionales, por regla general el límite máximo de lo que resulta admisible cobrar por la prestación de los servicios profesionales por parte de los litigantes, no puede ser otro que las tablas arriba mencionadas, máxime si, siguiendo la doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ellas son elaboradas de conformidad con la costumbre práctica de los abogados.
“En conclusión, no es posible inferir de la jurisprudencia reseñada, una obligación legal o jurisprudencial de bajar la tarifa de honorarios profesionales por parte de los abogados, cuando con su actividad-y sin que medie negligencia-el resultado buscado fue obtenido en un lapso corto. No habría lugar entonces, en estos supuestos, al reproche disciplinario; la providencia que así lo hiciera incurriría en un defecto sustantivo, debido a la interpretación inconstitucional de la ley, materializada en el entendimiento irrazonable de los supuestos de hecho de la norma y en el empleo de una hermenéutica no razonable en la aplicación de la misma.”[6] (…)»
Criterios para determinar los honorarios del abogado cuando no se pactan. «(…) En el evento de que no se pacten honorarios, de conformidad con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, “deberá demostrar dos cosas: primero, que realmente prestó sus servicios y segundo, el monto de la remuneración usual, esto es, lo que acostumbran cobrar los abogados ‘en atención a la naturaleza, cantidad, calidad e intensidad u otros aspectos pertinentes relativos a las gestiones cumplidas’.”[7]
Para la Corte Suprema la remuneración usual se prueba “En los términos del artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y no en la forma en que lo dispone el artículo 393, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil, pues este último precepto se refiere a la fijación de agencias en derecho, que son distintas a los honorarios”.[8] (…)»
[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de octubre 31 de 2007, Expediente 15475, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[2] Nota del original: D. 34.5. 26 (27).
[3] Nota del original: D. 45.1.38.18.
[4] Nota del original: D. 45.1.99 pr.
[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de julio 7 de 2011, Expediente 18.762, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[6] Corte Constitucional, Sentencia [7] Ibídem [8] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Casación 10046 de diciembre 10 de 1997, M.P. Francisco Escobar Henríquez, en Revista Universitas.
«(…) En este caso interpreta la Sala que el plazo de dos años fijado en el contrato de prestación de servicios ahora cuestionado era un plazo meramente estimativo inicial que se encontraba sujeto a la ampliación de los términos judiciales, es decir, se trató de un plazo tácito e indeterminado, toda vez que el término indispensable para cumplir las obligaciones del apoderado judicial dependía a su vez de la duración de los procesos judiciales, inclusive hasta la segunda instancia, términos que para el momento de la celebración del contrato se desconocían.
Así pues, si bien en el texto del contrato se fijó un plazo de dos años, no podría interpretarse el contrato en el sentido de que el actor fue contratado para ejercer la representación judicial durante un lapso de dos años, por cuanto ello privaría de sentido el objeto, en virtud del llamado principio de conservación del contrato, según el cual su interpretación debe conducir a lograr que el contrato o algunas de sus estipulaciones resulten eficaces, es decir, en términos del artículo 1620 del Código Civil debe preferirse el“efecto útil” de las cláusulas del contrato; asimismo, de conformidad con las previsiones del artículo 1622 de la misma codificación “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”, en virtud de lo cual no puede atribuirse sentido a una de sus estipulaciones-en este caso de la duración del contrato-de forma inconexa respecto de las demás cláusulas.
Después de examinar la información contenida tanto en los documentos previos como del propio contrato, encuentra la Sala que el demandante para presentar su propuesta tuvo oportunidad de conocer la información relacionada con los predios, tanto fáctica como jurídica, según se desprende de la propuesta presentada.
Asimismo, tanto de la información previa a la celebración del contrato, como del contrato, se puede concluir que no se estableció una relación entre el valor de los honorarios del demandante y el avalúo comercial de los inmuebles, dado que, entre otras cosas, el propio actor en su propuesta mencionó que la diferencia en el valor de los honorarios de ambos inmuebles radicaba en su ubicación, toda vez que tendría que desplazarse a Buenaventura y pagar los gastos propios de tal desplazamiento, además del alojamiento, pero en momento alguno hizo referencia al avalúo, a pesar de que resultaba notoria la diferencia en el valor comercial de ambos inmuebles.
Así pues, no podría, en este caso concreto, predicarse la ruptura del equilibrio contractual por ese concepto y si es que se trató de una deficiente confección de la propuesta por parte del actor, esta carga no puede trasladarse a la entidad contratante so pretexto del rompimiento del equilibrio financiero del contrato.
(…)Descendiendo al caso concreto, encuentra la Sala que en el contrato de prestación de servicios ahora cuestionado se pactó una suma fija de honorarios, en cuyo caso, como ha sido expuesto por el Consejo Superior de la Judicatura “se privilegia la voluntad contractual”, lo cual se encuentra ajustado a lo dispuesto, entre otros, por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
Así pues, además de que no constituía un requisito contratar de conformidad con las tarifas del Colegio de Abogados del Valle del Cauca, en el evento de que se hubiese presentado una variación en los avalúos de los predios, la entidad no se encontraba obligada a reconocer reajuste alguno por este concepto, toda vez que, como antes se expresó, tales tarifas apenas sí constituyen un marco de referencia para la contratación de los servicios profesionales de los abogados que pertenezcan a tales asociaciones. (…)»
Una entidad pública que celebre un contrato de prestación de servicios con un abogado, cuyo objeto consiste en la recuperación jurídica de dos inmuebles, no debe restablecer el equilibrio económico del contrato, cuando el contrato se continúa ejecutando después de su vencimiento y la propuesta de precio del contrato se confecciona a partir de datos inconsistentes sobre avalúo de los predios, porque:
El plazo fijado por las partes para adelantar el proceso de recuperación jurídica de los inmuebles es meramente estimativo y se encuentra sujeto a la ampliación de los términos judiciales, es decir, se trata de un plazo tácito e indeterminado.
El plazo fijado por las partes no puede interpretarse en el sentido de que el particular fue contratado para ejercer la representación judicial durante un determinado lapso de tiempo, por cuanto ello privaría de sentido el objeto, en virtud de los principios de conservación del contrato y de la eficacia de sus estipulaciones.
En el contrato no se estableció una relación entre el valor de los honorarios y el avalúo comercial de los inmuebles. Además, los gastos adicionales en los que tuvo que incurrió el particular para la ejecución del contrato se debieron a la deficiente confección de su propuesta de precio, carga que no puede trasladarse a la entidad contratante so pretexto del rompimiento del equilibrio financiero del contrato.
La suma fijada de honorarios dependen de la voluntad contractual. Por tanto, en el evento de que se presente una variación en los avalúos de los predios, la entidad no se encuentra obligada a reconocer reajuste alguno por este concepto.
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del veintinueve (23) de marzo de 2001, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle. SEGUNDO: En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CE SIII E 15475 DE 2007. CE SIII E 18762 DE 2011. Sentencia T-1143 de 2003. CSJ-SLABORAL-10046-1997.
Artículos 27, 40 de la Ley 80 de 1993. Artículos 1551, 1620, 1622 del Código Civil.
Documento: CE SIII E 21181 DE 2012