Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-386-de-mayo-17-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b7c5351325d8013ae0430a010151013a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 08:53:24
Document Index: 132301466

Matched Legal Cases: ['artículo 365', 'artículo 39', 'artículo 354', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 64', 'artículo 406', 'artículo 8', 'artículo 22', 'Artículo 16']

﻿ Sentencia T-386 de mayo 17 de 2011
SENTENCIA T-386 DE 17 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:FUERO SINDICAL. EL DESPIDO SIN JUSTA CAUSA DE MANERA UNILATERAL DE LOS TRABAJADORES PERTENECIENTES AL SINDICATO POR PARTE DE LA EMPRESA EN EL MARCO DE UNA RELACIÓN LABORAL VA EN CONTRA VÍA DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN SINDICAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL TRABAJO, DERECHO DE SINDICALIZACIÓN, SINDICATO, FUERO SINDICAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, ASOCIACIONES SINDICALES
Sentencia T-386 de mayo 17 de 2011
Sentencia T- 386 de 2011
Ref.: Expediente T-2.916.590
Acción de tutela presentada por el señor Jhon Fredy Pulido y otros, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Restcafé OMA S.A. Sintraoma Colombia, contra la sociedad comercial Restcafé OMA S.A.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside— Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
En la revisión del fallo proferido por el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, que confirmó el dictado por el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Garantías de esta ciudad en la acción de tutela incoada por los señores Jhon Fredy Pulido, Ricardo Andrés Rodríguez Daza, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez Pinto, miembros del Sindicato nacional de Trabajadores de Restcafé Oma S.A., Sintra Ima Colombia, contra la sociedad Restcafé Oma S.A.
El asunto llegó a la Corte por remisión que hizo el juzgado de segunda instancia, según lo ordenado por los artículos 86 inciso 2º de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, siendo escogido para revisión por la Sala de Selección 1 en enero 31 de 2011.
Posteriormente, el proyecto de fallo radicado por el magistrado ponente dentro del proceso de la referencia no fue acogido por los demás integrantes de la Sala, por lo cual, en auto del siete (7) de julio de 2011, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió el expediente al despacho del magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, para lo de su cargo como nuevo ponente.
En agosto 27 de 2010, los señores John Fredy Pulido, presidente y representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de Restcafé Oma S.A., en adelante Sintra Oma Colombia, Ricardo Andrés Rodríguez Daza, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordóñez Pinto, miembros de la misma organización sindical, a través de apoderada, presentaron ante el juez penal municipal de Bogotá (reparto), acción de tutela contra la sociedad Restcafé Oma S.A., por estimar vulnerados los derechos de asociación sindical, igualdad, trabajo, mínimo vital y vida, con base en los hechos que a continuación son sintetizados.
Manifiestan los accionantes que en mayo 25 de 2010, un grupo de veinticinco trabajadores de la sociedad Restcafé Oma S.A., se reunieron en asamblea a la 1:00 a.m. en las instalaciones de la Confederación General del Trabajo CGT, con el propósito de fundar Sintra Oma Colombia.
1.2.1. Agregan que en dicha asamblea, se (i) aprobó el nombramiento de la junta directiva; (ii) constató la asistencia mínima de trabajadores que exige la legislación laboral; (iii) expresó el objeto de la reunión; (iv) aprobaron los estatutos y la creación de la comisión de reclamos de esa organización sindical; y (v) determinó la afiliación a la Confederación General del Trabajo, en adelante CGT; habiendo concluido, se levantó la sesión.
1.2.2. Señalan que con la asesoría de la confederación, la junta directiva del sindicato procedió a radicar y protocolizar la inscripción de la personería jurídica en el registro sindical del Ministerio de la Protección Social y a efectuar la correspondiente notificación a la empresa.
1.2.3. Comentan que ese mismo día, (i) a las 7:17 a.m., radicaron en Restcafé Oma S.A. escrito que expresaba la voluntad de conformar el sindicato; (ii) a las 9:00 a.m., registraron el acta de constitución de la organización sindical ante un inspector de trabajo de la Dirección Territorial de Cundinamarca, con constancia de depósito de los estatutos y de la junta directiva elegida, conforme al artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo y al fallo C-695 de 2008; y (iii) en julio 7 de 2010, realizaron el pago para efectos de publicación en el Diario Oficial.
1.2.4. Indican que en reunión de la asamblea nacional, de julio 15 de 2010, se conoció y aprobó el pliego de peticiones del sindicato para ser presentado a la empresa Restcafé Oma S.A. e iniciar la etapa de arreglo directo a través de la comisión negociadora elegida.
1.2.5. Observan que ese día, a solicitud de la CGT y con mediación del Ministerio de la Protección Social, se produjo una reunión de acercamiento en la que la empresa expresó, (i) el “engaño” a que fueron sometidos los trabajadores con la convocatoria de constitución del sindicato, presentando una serie de renuncias dirigidas al jefe de recursos humanos, ante lo cual la confederación adujo la posible comisión del delito de calumnia; y (ii) la entrega de pasquines de desinformación, cuando en realidad contenían instrucciones acerca de la legalidad del sindicato y el derecho de asociación de los trabajadores, reunión en la que se dejó constancia de la voluntad de diálogo y del compromiso de Restcafé Oma S.A. de permitir el desarrollo de la actividad sindical.
1.2.6. Informan que en julio 26 de 2010 la empresa procedió a despedir de manera injusta e ilegal a los señores Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos, integrantes de la comisión de quejas, Ricardo Rodríguez Daza, Durley Patricia Ordoñez Pinto y Ricardo Castro Ochoa, miembros activos del sindicato, aduciendo “razones de estructuración administrativa, ventas y mercadeo” que llevaron a “cancelar su contrato de trabajo sin justa causa”.
1.2.7. Al respecto, consideran que la “única razón” de la empresa para terminar la relación laboral, radica en que dichos empleados se hubieran sindicalizado y no quisieran retirarse, propiciando con el despido debilitamiento y escarmiento para quienes pretendieran el ingreso a la organización sindical.
1.2.8. Manifiestan así mismo la negativa de Restcafé Oma S.A. a recibir el pliego de peticiones, presentado en julio 27 de ese año por el presidente y la secretaria del sindicato y el día siguiente en presencia de dos agentes de policía y un representante de la CGT, motivo por el cual fue enviado a través de correo certificado y se pidió al ministerio del ramo que realizara el trámite respectivo.
1.2.9. Finalmente, aluden a la que llaman “implacable persecución sindical” que la empresa viene adelantando contra los empleados sindicalizados, quienes al persistir en la afiliación, han sido objeto de despido de líderes, acoso laboral, practicas de desinformación y ofrecimientos económicos, que buscan finalmente su retiro y la consiguiente desaparición de la organización sindical.
1.2.10.A partir de los hechos enunciados, los accionantes piden (i) el reintegro a los cargos que venían desempeñando al momento de la terminación de los contratos de trabajo, o a otro igual o similar; (ii) se determine que no hubo solución de continuidad para todos los efectos legales, salariales y prestacionales; (iii) se ordene a Restcafé Oma S.A. reconocer a los empleados sindicalizados presentes y futuros, todos los beneficios extralegales propios de la negociación colectiva, en aplicación del principio de igualdad; (iv) se proteja el derecho de asociación sindical consagrado en el artículo 39 superior; (v) se prevenga a la empresa empleadora para que cese los actos atentatorios al derecho de asociación sindical; y (vi) se condene a la accionada a pagar a los actores y a la organización sindical los perjuicios causados por su proceder.
Recibida la solicitud de tutela, el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, en auto del 27 de agosto de 2010, ordenó correr traslado a la empresa accionada para que se pronunciara sobre el particular.
1.3.1. Respuesta de Restcafé Oma S.A.
Mediante escrito de septiembre 2 de 2010, la sociedad accionada, a través de apoderado, estimó improcedente la acción de tutela, argumentando:
(i) Los accionantes no aportaron prueba de las vulneraciones alegadas, reduciendo su análisis a la reproducción “desordenada” de normas, apartes de sentencias y manifestaciones “retóricas”, que no demuestran los supuestos de hechos narrados (cfr. T-732/2001).
(ii) Sintra Oma Colombia, desde su creación, ha sufrido 63 retiros, los cuales han sido voluntarios, muchos de ellos por inconformidad ante la forma como la organización sindical ha manejado las relaciones con la empresa.
(iii) Los despidos se produjeron por necesidades del servicio, puesto que “el negocio de cafeterías y restaurantes está inescindiblemente ligado a distintas variables socioeconómicas que hacen necesario acomodar la planta de personal en forma constante”, de manera que ocurren retiros y vinculaciones periódicas, cuya dinámica no implica per se el desconocimiento de derechos de los trabajadores afiliados al sindicato.
(iv) La terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, indemnizada, es asunto legal “que escapa a la competencia del juez constitucional”, por lo que el reintegro de los trabajadores llevaría “al absurdo de concluir que la norma legal que permite tal conducta es inconstitucional” (cfr. T-546 y SU-879, ambas de 2000).
(v) La empresa no ha vulnerado el derecho de asociación (T-441/92), en la medida en que las 63 deserciones voluntarias sindicales denotan que se ha garantizado, y que el despido ocurrido “no puede poner en riesgo su existencia o funcionamiento”, siendo que “no asciende siquiera al 7.5% de los retiros del sindicato”, además de que “ninguno de los trabajadores despedidos gozaba de protección especial o se encontraba aforado”.
(vi) La desvinculación de los cuatro trabajadores sindicalizados no constituye violación del derecho a la igualdad, dado que la empresa “frecuentemente retira o ingresa personal”, de manera que “con respecto a un total de 447 trabajadores no tiene nada que ver con el tema sindical y no se trata de una afectación a la columna vertebral del mismo”.
(vii) No reposa medio probatorio que acredite la situación de indefensión de alguno de los trabajadores sindicalizados, con ocasión de la terminación unilateral de los contratos de trabajo sin justa causa, que permita determinar la carencia de condiciones mínimas de subsistencia o que se encuentre en riesgo la vida, siendo esto último una afirmación irresponsable “que debe ser rechazada en forma vehemente”.
(viii) Los extrabajadores y la organización sindical cuentan con la jurisdicción laboral para dirimir el conflicto presentado “con ocasión de los despidos legalmente realizados o de las diferentes situaciones que a diario se presentan dentro de la relación empresa - sindicato”, mientras que al juez de tutela le está vedado “calificar la legalidad o ilegalidad de los despidos, por ser estas atribuciones ajenas a su competencia”.
Obran en el expediente, entre otros, los siguientes documentos relevantes.
1.4.1. Copia del acta de constitución de la asociación sindical, fechada el 25 de mayo de 2010.
1.4.2. Copia del escrito de notificación de la constitución de Sintraoma Colombia hecha a la entidad accionada, con fecha del 25 de mayo de 2010.
1.4.3. Copia de la constancia del depósito ante el Ministerio de la Protección Social del registro de inscripción del acta de constitución de la organización sindical, con fecha 25 de mayo de 2010.
1.4.4. Copia de la constancia del depósito ante el Ministerio de la Protección Social de los estatutos de fundación de Sintraoma S.A., efectuada el 25 de mayo de 2010.
1.4.5. Copia de las notificaciones de afiliación a la organización sindical por parte de algunos trabajadores, hechas tanto a la parte accionada como al Ministerio de Protección Social.
1.4.6. Copia de la citación hecha por el Ministerio de la Protección Social al representante legal de la organización sindical, para efectos de realizar reunión de acercamiento con la empresa.
1.4.7. Copia de un escrito donde Sintraoma Colombia solicita al Ministerio de la Protección Social que entregue el pliego de peticiones a la empresa Restcafé Oma S.A.
1.4.8. Copia de los estatutos de Sintraoma Colombia.
1.4.9. Copias de los escritos donde se le cancelan los contratos de trabajo a los accionantes.
2.1. Sentencia de primera instancia, Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá.
El Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante fallo de septiembre 8 de 2010, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta, considerando que no obstante presentarse subordinación de los empleados, tornando procedente la acción de tutela contra particulares, “no se configura un perjuicio irremediable en disfavor de los accionantes”, en tanto que (i) la desvinculación resultó de un proceso de reestructuración administrativa, que por ya haber acaecido desvirtúa la inminencia de un daño; (ii) el perjuicio que se hubiere causado se encuentra mitigado por una indemnización, orientada a permitir la subsistencia de la persona mientras obtiene un nuevo empleo; (iii) no se evidencia la urgencia de la medida tutelar, porque los despidos se presentaron a finales de julio de 2010, “no solo para los aforados sino para otros que no lo eran”; y (iv) la orden que pueda emitir el juez constitucional es “postergable”, por ser de la órbita de la justicia ordinaria el reconocimiento de derechos laborales derivados del fuero sindical.
Resaltó además el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, al observar que las discrepancias presentadas entre las partes “se deben dilucidar ante la jurisdicción laboral, pues esa es la especialidad pertinente, ya que se está cuestionando la legalidad del acto de constitución del sindicato; el número de integrantes; la causa del despido y la legalidad del mismo; la calidad de cada uno de los desvinculados en lo atinente al fuero sindical, el reintegro labora; el pago de indemnizaciones; la no solución de continuidad en los contratos individuales de trabajo; los beneficios extralegales derivados de la negociación colectiva y el derecho de asociación”.
Estimó también que, (i) la indemnización reconocida por el despido sin justa causa es concepto que desvirtúa la vulneración del derecho al mínimo vital, al permitir temporalmente la subsistencia del trabajador y su familia; (ii) el ejercicio probatorio acerca de la validez de situaciones sindicales, debe ventilarse en el escenario pertinente, puesto que no corresponde al juez constitucional decidir sobre estos asuntos, que “desdibuja el carácter sumario y expedito de la acción de tutela”; y (iii) Restcafé Oma S.A. debe abstenerse de realizar actos que pudieran atentar contra el derecho de libre asociación sindical, pues si bien la norma laboral reviste de facultades al empleador, no es absoluta ni puede ser utilizada de manera arbitraria “en perjuicio de los más débiles y en detrimento de prerrogativas superiores”.
Con escrito de septiembre 13 de 2010, la apoderada de los accionantes impugnó la decisión del a quo, apoyada en apartes de sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con el derecho y la libertad de asociación sindical y la terminación unilateral del trabajo. Así mismo, hizo acotación de las leyes 26 y 27 de 1976 que ratificaron los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estimó en síntesis que:
(i) La organización sindical se encuentra en peligro de perder la personería jurídica por debilitamiento, al pretender Restcafe Oma S.A. la reducción del número de afiliados con dádivas y amenazas a sus trabajadores, logrando que “un importante número de ellos renunciara al sindicato y otros como los accionantes fueran despedidos sin justa causa”.
(ii) La violación “flagrante, constante y lesiva” del derecho de asociación debe ser dirimida por el juez de tutela, dado que por la vía ordinaria perdería inmediatez la decisión y se dejaría sin efecto la protección solicitada.
(iii) El artículo 354 del Código Sustantivo del Trabajo establece como causales que atentan contra el derecho de reunión y asociación, las dádivas, las promesas y los despidos de personal sindicalizado, situaciones que promovió la empresa accionada “con una supuesta restructuración”, sin haber agotado la vía judicial de levantamiento del fuero sindical.
(iv) El derecho del empleador de finiquitar un contrato de trabajo sin justa causa, no es absoluto; por lo tanto, no puede acudirse a él para atentar contra los derechos de asociación sindical, de igualdad, al trabajo y a la vida.
(v) La acción constitucional busca proteger el derecho de asociación y no controvertir la existencia de fuero sindical, ni el reintegro de los trabajadores por esta causa, puesto que “los atropellos ejercidos por la empresa” afectaron otros derechos, impidiendo el trabajo en condición de afiliados a una organización sindical.
2.3. Sentencia de segunda instancia – Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá.
El Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia de octubre 15 de 2010, confirmó la del a quo, al concluir que lo planteado por los accionantes es “típica discusión jurídica de carácter laboral”.
Estimó la autoridad judicial que la decisión adoptada por la empresa Restcafé Oma S.A., debe debatirse ante la jurisdicción laboral a través de la acción de reintegro (CPT., arts. 117 y 118), la cual contempla un procedimiento breve y sumario con el propósito de garantizar las garantías propias del fuero sindical.
En este sentido encontró improcedente la tutela por contar los accionantes con otro medio de defensa judicial y no evidenciarse perjuicio irremediable, en tanto que el despido obedeció a restructuración administrativa, ventas y mercadeo de la empresa, con reconocimiento de indemnización.
Por otra parte, comparó la oscilación de retiros y vinculaciones de trabajadores de la empresa, independientemente de la calidad de sindicalizados o no, para determinar que el despido de los actores no buscó el debilitamiento del sindicato, al ser el resultado de las variables socioeconómicas propias del personal de cafeterías y restaurantes, además de que el despido mencionado, por el número, no representa afectación frente al total de deserciones sindicales ocurridas.
Observó además que la desafiliación al sindicato, según pruebas allegadas, se ha producido por causas diferentes, producto del libre ejercicio del derecho de asociación y no propiamente por el despido de los accionantes, de manera que por el reintegro de estos no “se lograría restablecer el número mínimo de integrantes de la asociación”.
Por último, indicó que las afirmaciones acerca de atropellos (acoso laboral, desinformación y ofrecimientos económicos), no fueron soportadas para demostrar la persecución sindical y la desafiliación masiva alegadas, como tampoco que hubo despido de los principales líderes de la agremiación, “los cuales aún laboran para la empresa desempeñando diferentes cargos”.
2.4. Actuaciones surtidas en sede de revisión.
En memorial recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional, el señor José Miguel Arango Isaza, actuando como apoderado de la sociedad Restcafé OMA S.A., solicitó a esta Corporación que se abstuviera de proferir una decisión de fondo frente a la tutela de la referencia, por cuanto “El 10 de febrero de 2011, la Asamblea Nacional del Sindicato de Sintraoma decide, con la votación favorable de veinticinco (25) de los veintiséis (26) participantes en la reunión, la disolución, liquidación y cancelación del Sindicato”, para lo cual, adjunta el acta donde consta lo descrito.
En este orden de idea, considera que ya no tiene sentido pronunciare de fondo por cuanto la asociación sindical ya no existe y el amparo resultaría ineficaz por la carencia actual de objeto.
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia. Además, procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación.
Para el caso que nos ocupa, debe la Sala entrar a determinar si los despidos realizados sin justa causa a trabajadores pertenecientes al sindicato, atentan contra los derechos fundamentales al trabajo, al de asociación y al mínimo vital.
3.2.1. La procedencia de la acción de tutela ante la vulneración de los derechos fundamentales ocurrida en el marco de una relación laboral.
Por regla general, la acción de tutela resulta procedente cuando quiera que se pretenda la salvaguarda de las garantías constitucionales en aquellos eventos en los que se encuentren en riesgo por cuenta de la actuación de una autoridad pública o, en determinados supuestos, con ocasión de la conducta de un particular.
En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha manifestado que dentro del vínculo que se presenta debido a la celebración de un contrato de trabajo, el empleado se encuentra en situación de subordinación frente a su patrono(2). Esto, no sólo es consecuencia de la dinámica propia de este tipo de vínculos, pues las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo han hecho énfasis en que este elemento es uno de los requisitos indispensables, sumado a la prestación personal del servicio y a la existencia de una contraprestación económica a favor del trabajador, de los cuales depende la existencia de un contrato de trabajo.
3.2.2. El derecho fundamental a la asociación sindical.
3.2.3. El fuero sindical.
“El artículo 10 del decreto 1373 de 1966, reglamentario de la norma transcrita (art. 25 citado) precisa que dicha protección ‘comprende a los trabajadores afiliados al sindicato o a los no sindicalizados que hayan presentado un pliego de peticiones, desde el momento de su presentación al patrono hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere el caso”.
Igualmente esa Corporación en la citada sentencia, cuando se procede en contra de lo señalado en el artículo 25 del decreto 2351/65, es terminante al señalar:
“Por eso cuando el artículo 25 establece la prohibición legal expresa de despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores, desde que presentaron el pliego hasta que se resuelva el conflicto, el efecto no puede ser la indemnización, pues se estaría frente a la repetición del resultado previsto en la disposición consagrada en el artículo 8º, lo que resulta a todas luces impropio, por lo que debe interpretarse la norma de manera que produzca un resultado diferente, que corresponde al expresado anteriormente de no producir la decisión patronal el efecto natural de todo despido, aun injusto, que es la terminación del contrato. Esa situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta o en la ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 14º Código Sustantivo del Trabajo(19), debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago de salarios que se proyectará hasta que se presente la reinstalación física del trabajador en su cargo”.
Una vez ha sido concluida la exposición de los fundamentos normativos que dan alcance al derecho fundamental a la asociación sindical y las normatividad relativa al fuero circunstancial, procede la Sala a analizar la facultad ofrecida a los empleadores, en virtud de la cual pueden dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa, a la luz de las consideraciones anteriores.
3.2.4. La terminación unilateral y sin justa causa del contrato de trabajo por parte del empleador.
Al respecto, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que en aquellos eventos en los cuales el empleador decida terminar el contrato de trabajo sin una justa causa, o cuando quiera que promueva dicha terminación por parte del trabajador, debido a la ocurrencia de alguna de las justas causas establecidas a favor del empleado, aquel deberá cancelar una indemnización que pretende resarcir los daños que con su conducta ha generado.
Así, la posibilidad de terminación unilateral que la ley otorga al patrono en los contratos individuales de trabajo, no debe abrir las puertas para que aquel, amparado en ella, prescinda, sin control ni medida y de manera colectiva o masiva, de los servicios de los trabajadores bajo su dependencia para mermar el número de miembros activos de los sindicatos ”(22).
En suma, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado en indicar algunos criterios que le corresponde al juez de tutela tener en cuenta dadas las circunstancias en cada caso a fin de establecer si la terminación unilateral y sin justa causa de los contratos de un cierto número de trabajadores comporta o no una violación al derecho de asociación sindical; esto, con el fin de evitar que el empleo de esta facultad, concluya en una utilización irrestricta y, en consecuencia, sirva como subterfugio para los empleadores con el objetivo de permitir la infracción de las garantías iusfundamentales de los trabajadores.
4.1. Exposición del caso.
Por intermedio de apoderada judicial, los accionantes, Jhon Fredy Pulido, Ricardo Andrés Rodríguez Daza, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, solicitaron al juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales a la asociación sindical, al trabajo y al mínimo vital, los cuales consideran vulnerados por la entidad accionada al despedirlos estando aforados en razón a su pertenencia al sindicato Sintra OMA Colombia.
Pues bien, relatan los actores que el 25 de mayo de 2010, junto con otro grupo de trabajadores de Restacafé OMA S.A., en total 25 personas, se reunieron en las instalaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), con la finalidad de fundar el Sindicato Nacional de Trabajadores de Restcafé OMA S.A. “Sintraoma Colombia”. Posteriormente, se unió otro número significativo de empleados de la misma empresa, completando al 11 de junio de 2010, un total de 52 personas sindicalizadas.
Por su lado, el apoderado de Restcafé OMA S.A., manifestó la carencia actual de objeto en la acción de tutela de la referencia, debido a que el sindicato actualmente ya no existe, para lo cual adjuntó copia del acta de disolución del sindicato.
Procede la Sala ahora a pronunciarse sobre la protección solicitada por cada uno de los accionantes.
4.2. El despido sin justa causa con posterioridad a la terminación del fuero de fundadores.
La Sala considera necesario resaltar el hecho de que los accionantes, Javier Ladino Rodríguez y Tatiana Hoyos, gozaban del fuero propio de fundadores del sindicato, pues ellos se encontraban dentro del grupo de 25 personas que el 25 de mayo de 2010, constituyeron formalmente Sintra OMA Colombia. Este fuero, de acuerdo con el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo los cobijaba hasta 2 meses después de la inscripción en el registro sindical, el cual se surtió en la misma fecha de la fundación ante las oficinas del Ministerio de la Protección Social (fl. 29 cdno. Ppal.). Sin embargo, el 26 de julio de 2010, exactamente un día después de levantarse automáticamente el fuero de los actores reseñados, el empleador procedió a dar por terminados sus contratos de trabajo, lo que a juicio de la Sala constituye una indicio que demuestra de manera suficiente, que el despido se produjo como una sanción a estas personas en razón a su afiliación a Sintra OMA Colombia.
Infiere además la Sala que esta clase de acciones constituyeron un factor más que suficiente para que los demás trabajadores, al ser testigos de los despidos, decidieran desvincularse de la asociación sindical, como una forma de proteger sus puestos de trabajo y no correr el riesgo de ser desvinculados por la pertenencia la misma.
Con base en lo anterior, para la Sala no es extraño que debido al aumento considerable y sucesivo de deserciones presentadas por parte de los miembros de Sintra OMA Colombia, este no haya tenido otra salida que disolverse. Se puede deducir entonces de lo afirmado, que una de las causas de tal fenómeno fue el despido de alguno de sus miembros fundadores, como es el caso de los accionantes Javier Ladino Rodríguez y Tatiana García Hoyos. Deducción que se evidencia aún más con el cuadro que se expone a continuación, donde se muestra la fecha de ingreso y deserción de cada trabajador sindicalizado:
Nombre empleado Fecha de afiliación a Sintraoma Fecha de retiro Sintraoma
1 Sandra Sierra 26/06/10
8 de junio/10
2 Ernestina Espindola 26/06/10
3 Shely Yadina Torres 31/05/10
4 Sandra Patricia Delgado ---------
5 Doris Gil Olaya 26/05/10
6 Guillermina Rodríguez 28/05/10
7Diana Sofía Vargas 26/05/10
8 Zoraida Gómez 28/05/10
9 Estrella Monroy Parra 26/05/10
10 Ángela del Carmen Correa 26/05/10
11 Sandra Herrera 26/05/10
12 Sandra Isabel Bello 26/05/10
13 Yazmín Ruiz Riaño 02/06/10
14 Silverio Camargo 31/05/10 9 de junio /10
15 Eric Mauricio Novoa 02/06/10 10 de junio/10
16 Uriel Hernando Patarrollo 25/05/10 11 de junio /10
17 Liliana Gaviria Pineda 26/05/10 24 de junio/10 (Renuncia)
18 Edelmira Gutiérrez 26/05/10 25 de junio /10
19 Carlos Rodríguez 25/05/10 29 de junio /10
20 Diego Fabián Hilarión Amaya 25/05/10
21 Laura Cely Romero León 31/05/10 9 de julio/10
22 Luz Dary Vega Arévalo 02/06/10 14 de julio/10
23 Maribel Martínez 21 de julio/10
24 Luz Nelly Acosta 25/05/10 30 de julio/10
25 Javier Zarate ---------
3 de agosto/10
26 María Eugenia Castiblanco 31/05/10
27 María Parra Vaca 31/05/10
28 Ana Alicia Aguilar 26/05/10
29 Sandra Pacheco 25/05/10
30 Jaime Bladimir Paucar Tuero 26/05/10
4 de agosto/10
31 Luz Dary Niño Cifuentes 02/06/10
32 José Alfredo Castro Castro 25/05/10
33 César Augusto Aldana Niño 26/05/10
34 Daniel Leonardo Villamil 11/06/10
35 Jeison Andrés Chávez 26/05/10
36 Kelly Sánchez Pérez 31/05/10
37 Edith Constanza Paipa 25/05/10
38 Oscar Parra 31/05/10
5 de agosto/10
39 Carlos Andrés Pérez 26/05/10
40 María Nubia González 09/06/10
41 Jovanny Alexander Alba 26/05/10
42 Wilson Caro 31/05/10
43 Karol Viviana Rivera 26/05/10
44 Cristian Guillermo Beltrán 25/05/10
45 William Salinas Cortés 02/06/10
46 Jhonatan Orlando Caicedo 26/05/10 6 de agosto/10
47 Oscar Hernán Fuentes 28/05/10
48 Liliana Navas B. 02/06/10
11 de agosto/11
49 Marisol Díaz Romero 02/06/10
50 Yaneth Nieves Amado 26/05/10
51 Luz Marina Forero Fandiño 28/05/10
52 Sara Beatriz Rodríguez Peña 26/05/10 31 de agosto/10
Como se observa, por la fecha en que fueron despedidos los dos accionantes de la referencia, se fue presentando en forma progresiva la desvinculación de los demás empleados sindicalizados pertenecientes a Restacafé OMA S.A.
Así, para la Sala es reprochable la actitud del empleador frente a estos dos accionantes, puesto que en razón al ánimo de ejercer su derecho de asociación y del trabajo, la respuesta de este fue desvincularlos en razón al ejercicio legítimo de su derechos, protegidos por la Carta Política y por los instrumentos internacionales dentro del marco del bloque de constitucionalidad(26).
En el presente caso, la Sala debe hacer un llamado de atención acerca de la actitud tomada por el empleador frente a la conformación del sindicato de trabajadores de Restcafé Oma S.A., en el sentido de reiterar que el derecho de asociación sindical y del trabajo, ha ido evolucionando de tal forma que hoy cuenta con una amplia y completa protección, pues los logros alcanzados por el sector obrero han sido significativos a lo largo de la historia sindical colombiana(27), teniendo en cuenta lo difícil que ha resultado alcanzar los mismos, en tanto esta clase de movimientos se han visto permeados por situaciones colaterales como el propio conflicto armado(28). Así, la Corte ha señalado el carácter fundamental de este derecho, como en la Sentencia T-418 de 1992(29), donde le atribuye tal connotación por la ubicación que tiene en la Constitución y por las siguientes razones: a) Es un derecho que se considera inherente a la condición humana; b) contribuye al perfeccionamiento del ser humano; c) sirve para respetar al trabajador como tal, y d) para la realización de otros derechos y libertades.
Igualmente, no es la primera vez que la Corte protege los derechos de los trabajadores a la asociación sindical. En la Sentencia T-476 de 1998, concedió el amparo a los derechos fundamentales a la libre asociación, a la negociación colectiva y al trabajo de cinco trabajadores que se encontraban empleados en una sociedad anónima. Allí, de manera separada, cada uno de los accionantes promovió un proceso de tutela debido a que sus contratos de trabajo, suscritos a término indefinido, habían sido terminados por decisión unilateral del empleador sin justa causa, ofreciendo la correspondiente indemnización establecida en el Código Sustantivo del Trabajo.
En dicha oportunidad, la Corte concluyó que el motivo real de la separación de los cargos que venían ocupando los accionantes consistía en la decisión que estos habían adoptado de adherirse a la organización sindical de la empresa, y por ello, como medida de protección de los derechos fundamentales infringidos, ordenó a la sociedad demandada reintegrar a los demandantes a los cargos que ocupaban.
Igualmente, en la Sentencia T-998 de 2010(30), la Corte estudió el caso de un trabajador que fue despedido sin justa causa con indemnización por pertenecer a la asociación sindical de su empresa, la cual se encontraba en proceso de negociación colectiva, por lo que consideraba que se aplicaba el fuero circunstancial. Allí, en virtud a que se demostró que el despido estaba directamente relacionado con la vinculación del accionante al sindicato de la empresa, el Alto Tribunal Constitucional señaló “que independiente de la existencia o no de dicho fuero, se observa, que la conducta de la empresa accionada tuvo como motivo sancionar al accionante por su adhesión a la organización sindical, que no sólo recayó en cabeza del mismo sino frente a todos aquellos que se vincularon al sindicato, hasta el punto que, posterior a este despido, los demás afiliados no tuvieron otra opción que retirarse de la asociación”.
Ahora bien, la Sala pasa a tratar el caso de los accionantes Ricardo Andrés Rodríguez y Durley Patricia Ordoñez, pues al igual que los dos anteriores no estaban aforados al momento del despido, pero tienen la particularidad de que no pertenecían al grupo fundacional del sindicato.
Sobre el particular, la Sala encuentra que en estos casos, también se evidencia la actividad desproporcionada del empleador para con los trabajadores, por cuanto fueron despedidos exactamente el mismo día que los dos anteriores. Es decir, la Sala considera probado que con su actuar, Restcafé Oma S.A., vulneró el derecho de asociación sindical de Ricardo Andrés Rodríguez y Durley Patricia Ordoñez, por cuanto sus despidos se produjeron estando ellos vinculados al sindicato, en ejercicio legítimo de su derecho fundamental y se evidencia además que esta clase de acciones se presentan como una sanción por la participación de los accionantes en la conformación de la organización en mención, lo cual constituye la manera más evidente de coartar e impedir el derecho de libertad sindical y de paso el derecho al trabajo, afectando por supuesto su mínimo vital.
Finalmente, la Sala concluye que para los casos puestos a su consideración, los despidos fueron una consecuencia directa de la afiliación de los accionantes a Sintra OMA Colombia, pues en todos ellos es incuestionable el quebrantamiento de sus derechos a la libertad sindical y al trabajo, pues la organización se encontraba en un momento de auge, en la etapa inicial de su desarrollo como instrumento para lograr objetivos en materia de derechos laborales. Al respecto, la Sala encuentra lamentable que debido a las acciones del empleador y a la masiva deserción de la organización sindical por parte de otros trabajadores, por temor a correr la misma suerte de sus colegas, Sintra OMA Colombia haya tenido que disolverse el 10 de febrero de 2011, tal como consta en escrito allegado por el apoderado de la parte accionada.
Por todo lo expuesto, la Sala revocará las sentencias de instancia y concederá la protección de los derechos fundamentales a la libertad sindical, al trabajo y al mínimo vital de los accionantes. En su lugar, ordenará a Restcafé Oma S.A., que en el término de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar en los cargos que venían desempeñando a Ricardo Andrés Rodríguez, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, sin solución de continuidad.
Además, la Sala exhortará a Restcafé Oma S.A. para que, de acuerdo a las consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores que se encuentran laborando a su servicio.
PRIMERO: REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, del 8 de septiembre de 2010 y del Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, del 15 de octubre de 2010, proferidos en el asunto de la referencia, dentro de la acción de tutela promovida por los señores Ricardo Andrés Rodriguez, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, contra Restcafé OMA S.A. En consecuencia, CONCEDER amparo a los derechos fundamentales al trabajo, a la asociación sindical y al mínimo vital de los accionantes
2. ORDENAR a la empresa Restcafé OMA S.A. para que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento de notificación de la presente providencia, proceda a reintegrar al cargo que venían desempeñando los señores Ricardo Andrés Rodríguez, Javier Ladino Rodríguez, Tatiana García Hoyos y Durley Patricia Ordoñez, sin solución de continuidad.
3. EXHORTAR a la empresa Restcafé OMA S.A. para que, de acuerdo con las consideraciones consignadas en esta providencia, se abstenga de incurrir en conductas que obstaculicen o hagan nugatorio el ejercicio del derecho de asociación sindical de los trabajadores que se encuentran laborando a su servicio.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla, Con salvamento de voto, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto
(1) Sentencia T-920 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(6) En el artículo 8 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, los Estados Partes se comprometen, entre otras cosas, a garantizar “el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales....”.
(7) En el artículo 22 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos se dispone que “(…) toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.”
(8) Artículo 16. Libertad de asociación 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. / 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. / 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
(12) Sentencia T-656 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(15) Sentencia C-381 de 2002
(16) M.P. Jaime Araújo Rentería. (se declaró exequible solo por los cargos que se le hicieron en la demanda, es decir, en cuanto no cobija a los empleados públicos).
(18) Sentencia T-326-02 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(19) Se refiere al salario sin prestación de servicio
(20) Sentencia T-326-2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(22) Sentencia T-436 de 2000.M.P. José Gregorio Hernández.
(26) Decisiones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
(27) “Al llegar al poder en 1930 el partido liberal, comenzó una “época de oro” del sindicalismo colombiano. Algunos de sus hechos más sobresalientes son: (i) En 1931 se expidió la Ley 83 sobre organización sindical, a través de la cual se definió lo que sería el sindicato base, se realizó la distinción entre sindicatos gremiales e industriales y se establecieron normas sobre declaración de huelgas. (ii) La Ley 10 de 1934 define por primera vez lo que se entiende por contrato de trabajo. (iii) En 1948, mediante el Código Legislativo 2158, se expidió el Código Procesal del Trabajo”. Alexander, Robert J. El movimiento obrero en América Latina. México, Editorial Roble, 1967, pág. 411.
(28) Así lo estableció el Comité de libertad de la Organización Internacional del Trabajo en su informe 333 de 2004, en el cual analiza el caso presentado por varios sindicatos colombianos que denunciaban actos de persecución sindical.
(29) M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(30) M.P. Jorge Ignacio Pretelt.