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Timestamp: 2017-03-25 05:45:13
Document Index: 226636192

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 69', 'artículo 61', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 200', 'artículo 66', 'artículo 69', 'Artículo 41', 'artículo 56', 'artículo 1246']

7° JUZGADO CONSTITUCIONAL EXPEDIENTE : 34352-2014-0-1801-JR-CI-07
DEMANDADO : DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL
: PROCURADURIA PÚBLICA
ESPECIALIZADA A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA
VISTOS.- Resulta de autos que
por escrito de fs. 7 a 10, ERWING GUERRA ASENCIOS, interpone demanda de Proceso
de Cumplimiento contra la DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA y la PROCURADURIA PÚBLICA ESPECIALIZADA A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA; a fin de que proceda a renovar su cédula
de pensión de acuerdo a la escala de remuneraciones del Personal en Situación
de actividad de su misma jerarquía militar, entendiéndose Técnico Supervisor
Segundo (TS2°), quiénes tienen una remuneración mensual de S/.2, 561.00 nuevos
soles, mientras que el recurrente tiene como pensión mensual S/. 2, 098.00
soles mensuales, debiendo incrementar su pensión en el importe de S/. 469.00
soles mensuales. Asimismo se le pague los devengados desde el mes de Diciembre
del 2012, más los intereses legales. Como
fundamentos de hecho indica que prestó servicios a la Marina de Guerra del Perú
y pasó a la situación de retiro, con más de 30 años de servicios y conforme a
las normas del Decreto Ley N° 19846, tiene la calidad de pensionista. Refiere
que por Carta recepcionada por la DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, el 21 de Agosto del 2014, solicitó se sirva dar cumplimiento al
artículo 41° inciso a) del Decreto Ley N° 19846, para que se renueve su cédula
de pensión en un monto igual a la remuneración que percibe el personal en
situación de actividad de su mismo grado militar, o sea de Técnico Supervisor
Primero (TS2°). Empero la codemandada en mención, no ha resuelto su petición
dentro de los 10 días hábiles de haber recepcionado su Carta, por lo que con
arreglo al artículo 69° de la Ley N° 28237, la presente demanda debe ser
admitida a trámite, porque la autoridad emplazada no ha contestado su carta en
el tiempo previsto en la Ley, siendo su comportamiento omisivo, incurrida por
el Funcionario Público. Precisa que la DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA, es el órgano encargado de calificar, reconocer, otorgar
y pagar los derechos pensionarios del personal de las Fuerzas Armadas en
situación de retiro, conforme está establecido en el artículo 61° del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por
el Decreto Supremo N° 001-2011-DE, publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el
30 de Marzo del 2011, concordante con el inciso 38 del artículo 10° del Decreto
Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.
Admitida a
trámite la demanda, mediante Resolución Número Uno de fecha 19 de Septiembre
del 2014; se corre traslado a las codemandadas. Se tiene que el Procurador
Público Especializado a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de
Defensa, contesta la demanda, mediante escrito de fs 25 a 47, indicando que
debe procederse a la improcedencia, por cuanto los hechos y el petitorio de la
demanda no se encuentran referidos al
contenido de un derecho constitucional protegido. Que se debe de tomar en
cuenta que la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
N° 1133 de fecha 8 de Diciembre del 2012, se precisa que la nueva estructura
pensionaria “no alcanza a reestructurar las pensiones de los actuales
pensionistas del Decreto Ley N° 19846”. Posteriormente fueron publicadas el
Decreto Legislativo N° 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos al
Personal Militar de las FF AA y la PLP, donde en su artículo 6°, señala que el
personal en actividad, percibe los siguientes ingresos: remuneraciones
consolidada, bonificaciones y beneficios. La norma ha dispuesto que todos los
ingresos remunerativos de carácter permanente vigentes hasta el 09 de Diciembre
del 2012 y regulados por el Decreto Ley N° 19846, se agrupen en un único
concepto denominado “remuneración consolidada”, la cual se aplica únicamente
para el personal en actividad. En tal sentido, se publicó el Decreto
Legislativo N° 1133 y donde en su Segunda
Disposición Complementaria Final, se tiene que regula el ordenamiento
definitivo del Régimen de Pensiones del Personal Militar y Policial, publicada
con fecha 09 de Diciembre del 2012, donde dispone que las modificaciones
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1132, aprueba la nueva estructura de
ingresos aplicable al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de Pensiones del
Decreto Ley N° 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones. Ante ello
la denuncia del actor se encuentra referida al pedido de que se le renueve su
cédula de pensión de conformidad con la escala de remuneraciones del personal
en situación de actividad, siendo ello así, se advierte que la pretensión del
actor se encuentra referida al cuestionamiento de validez de un acto
administrativo. Por ello, consideramos que dada la naturaleza del derecho
alegado por el demandante, el mismo puede igualmente verse protegido por el
órgano jurisdiccional a través del Proceso Contencioso Administrativo, con
arreglo a las pretensiones establecidas en el inciso 1) y 2) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS
Administrativo. Posteriormente la DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, no contesta la demanda, pese a estar válidamente notificado según
fs 12; ante ello, estando al estado del proceso, ésta Judicatura procede a
emitir sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el artículo I del
Título Preliminar del Código Procesal Civil señala que, toda persona tiene
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso;
SEGUNDO.- Que, los medios probatorios
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones; conforme a lo dispuesto por
el artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil;
TERCERO.- Que, asimismo el
numeral ciento noventa y seis del acotado cuerpo de leyes prevé que salvo
disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
CUARTO.- Que, el artículo 200.°,
inciso 6) de la Constitución Política establece que la Acción de Cumplimiento
procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma
legal o un acto administrativo. Asimismo, que el artículo 66°, inciso 1), del
Código Procesal Constitucional señala que el Proceso de Cumplimiento tiene por
objeto, que el funcionario o autoridad renuente dé cumplimento a una norma
legal o ejecute un acto administrativo firme;
QUINTO.- Que, la pretensión de la
parte actora consiste en que a fin de que proceda a renovar su cédula de
pensión de acuerdo a la escala de remuneraciones del Personal en Situación de
actividad de su misma jerarquía militar, entendiéndose Técnico Supervisor
Segundo (TS2°); asimismo se le pague los devengados desde el mes de Diciembre
del 2012, más los intereses legales;
SEXTO.- Que, el Tribunal
Constitucional en STC N° 0168-2005-PC/TC de fecha 29 de Septiembre del 2005;
establece en su fundamento 14 que: para
que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y
la orden de emisión de una resolución, sean exigibles a través del proceso de
cumplimiento; además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el
mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos
mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro,
es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto
administrativo; c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones
dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y e) Ser
SÉTIMO.- Que, a fs. 03, obra el
mérito del cargo de recepción del escrito dirigida al Director General
Previsional del Ministerio de Defensa, con fecha 21 de Agosto del 2014; de la
cual se advierte que la parte actora requirió el cumplimiento del mandamus
contenido en la RD. N° 0954-95-CSMB de fecha 03 de Noviembre del 2005;
cumpliendo con ello, con el requisito especial de procedencia establecido en el
artículo 69° del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237);
OCTAVO.- Que, a fs. 04, obra el
mérito de la RD. N° 0954-95-CSM de fecha 03 de Noviembre del 2005, de la cual
se advierte: (…)
Situación de Retiro “ A su solicitud” al TS2. Máq. Erwing Guerra Asencio,
CIP 00672543, dándole las gracias por los servicios prestados a la Nación.
indemnización de cesación que le corresponde por tener a la fecha más de 30 años de servicios (…)
NOVENO.- Que, así las cosas y
conforme se advierte del art. 41 inc. a)
del Decreto Ley 19846 que señala:
Artículo 41.- El pensionista tiene derecho a renovar su cédula de
acuerdo con las modificaciones de la escala de remuneraciones y propinas del
personal en Situación de Actividad, siempre que cumpla con abonar las mismas
aportaciones fijadas para este personal en cuanto a su estructura y monto en
"a) Cuando acredite veinte o más años de servicios
reconocidos."
consecuencia al ser el mandamus de la
norma, vigente, válido, no anulado, cierto y claro, se infiere indubitablemente
del acto administrativo y no se encuentra sujeto a controversia compleja ni a
interpretaciones dispares; se concluye que la pretensión principal del
recurrente debe ser amparada en esta vía procesal; ya que el demandante tiene
mas de 30 años reconocidos;
DÉCIMO.- Que también es necesario
señalar que el Tribunal Constitucional en otros procesos, de los cuales han
sido declarada fundadas las demandas, han ordenado a otras instituciones en que
cumpla con pagar la bonificación adicional, entre ellos se tiene el Exp. N°
04506-2011-PC/TC, donde en sus fundamentos 6 y 7, señala lo siguiente: “6. A este respecto, se debe recordar que resulta irrazonable el argumento referido a que la ejecución del
mandato se encontraría condicionada a la capacidad económica y financiera
de la entidad demandada conforme a la Ley del Presupuesto del Sector Público.
Este Tribunal se ha pronunciado de esta manera en reiterada jurisprudencia
(SSTC 1170-2010-PC/TC; 1957-2009-PC/TC, 3855-2006-PC/TC y 06091-2006-PC/TC),
más aún teniendo en cuenta que desde la expedición de la resolución cuyo
cumplimiento se requiere hasta la fecha de emisión de la presente sentencia,
han transcurrido (…). 7. Por lo tanto, la Resolución Directoral N.º
1143-DIRREHUM-PNP, al cumplir los requisitos mínimos comunes establecidos en la
STC N.º 0168-2005-PC/TC, resulta ser un mandato de obligatorio cumplimiento,
pues en este proceso lo que se sanciona es la omisión de los funcionarios de
ejecutar o acatar la resolución administrativa señalada, tal como se ha
acreditado en el presente caso, por lo que la demanda debe ser estimada.”; DÉCIMO
PRIMERO.- Que, estando amparada la
pretensión principal, corresponde amparar las pretensiones accesorias; como son
el abono de la prestación debida actualizada a la fecha de pago y los intereses
legales que se hubieren generado;
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, tratándose la parte
emplazada de una entidad pública adscrita al organigrama estatal, corresponde
entonces la aplicación del artículo 56° del Código Procesal Constitucional: (…)
“Si la sentencia declara fundada la
demanda. (…) En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser
condenado al pago de costos. (…)”.
consecuencia, por todas estas
consideraciones y de conformidad con los artículos 1°, 2°, 66°, 67°, 68° y 69°
del Código Procesal Constitucional, y demás disposiciones constitucionales y
legales glosadas; Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación,
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por ERWING GUERRA ASENCIOS, contra
la DIRECCION GENERAL PREVISIONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA y la PROCURADURIA
PÚBLICA ESPECIALIZADA A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE
DEFENSA; en consecuencia, SE ORDENA a que procedan a renovar su cédula de
Segundo (TS2°), en el plazo máximo de diez días; disponiéndose además el pago
de los devengados, costos e intereses legales generados de acuerdo a la tasa
señalada en el artículo 1246° del Código
Civil. Notificándose.-
El gran perjudicado como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, es simple y llanamente el Ciudadano de a pie en particular y la Sociedad en general. La pregunta preocupante y que debemos hacernos todos los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en nuestro amado Perú, es: ¿A QUE ESTAMOS CONDENADOS?
DESPACHO DEL INTERIOR.
ASUNTO: SOLICITA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS DE URGENCIA O90-96,
073-97 Y 011-99
Rodolfo Ángeles Varillas, General PNP en situación de retiro, con DNI 10145462, domicilio
legal y procesal en la calle la conquista N° 377, casa 9, El Derby, Monterrico,
Santiago de Surco a usted digo:
con fecha 11 Nov 96, 31 Jul 97 y 12 de Marzo 99 se expidieron los Decretos de
Urgencia N° O90-96, 073-97 Y EL 011 99. En los cuales se dispone de una
bonificación especial equivalente al 16% de la remuneración total permanente
pensionable al personal policial en actividad, pensionistas y sobrevivientes abonándose desde el 11 noviembre de 1996 a la
fecha solo el 14%, habiendo la
Secretaria General del MEF, señalado que corresponde al MININTER, brindar la atención a lo
solicitado, siendo procedente la ejecución de dichos reintegros impagos conforme a presupuesto aprobado, manteniéndose esta irregularidad
a lo largo de diecinueve años.
lo que recurro a su Despacho se corrija de inmediato su incumplimiento por ser
de Ley que en si constituye un ABUSO DE
DERECHO, siendo un acto abusivo, ya que excede los objetivos de la Ley que
otorga tales beneficios, que en este caso se equipara al acto ilícito, por la
negligencia e intencionalidad ya que se determina precisamente cuales son
los fines que tienen estos DD UU al
conceder estos beneficios contraviniendo los fines de estos dispositivos, al negarse a
pagar estos conceptos, y la Ley no
ampara el ABUSO DEL DERECHO, ya que el acto u omisión culposa del autor o autores desde el año 96 a la fecha, sobrepasa manifiestamente en forma dolosa el ejercicio
de un derecho, además es abusivo, porque tiene como fin exclusivo daños a terceros y que debe ser corregido incluyendo devengados,
configurándose una serie de delitos, como: Contra los Deberes de Función, Malversación de Fondos, Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir, porque no se sabe que destino se le ha dado a estos
la atención que la DIRGEN-PNP, nombró una comisión especial, para evaluar la
procedencia o improcedencia de la aplicación de estos DD UU, esta a su vez tomo
los servicios de una “compañía especializada” para su análisis lo que es de su
conocimiento y del Comando PNP, ignorando que un Decreto de Urgencia lo dicta o
expide el Presidente de la República y lo aprueba el Consejo de Ministros al
amparo del Art. Nº 118 Inc. 19 y 125, Inc. 2 de la Constitución Política del Perú, y
tiene equivalencia de ley, que una comisión no pude ni debe opinar sobre su
aplicación o no, porque me parece impertinente y fuera de contexto.
es cierto como lo manifiesta el Director General de Presupuesto Público del MEF, que la nueva estructura de
ingresos aplicables al personal
militar-policial deja sin efecto, según corresponda, las disposiciones
relativas a las remuneraciones, bonificaciones
y otros beneficios al personal militar-policial, caso contrario la Marina de Guerra del Perú, no hubiera
recibido como devengados el pago
generado por la aplicación correcta de estos DD UU y la FAP percibe el total del 16%, además
que según la Teoría de los Derechos Adquiridos
en esencia sostiene que una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en
la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden
afectarlo, en consecuencia el derecho seguirá produciendo los efectos previstos
al momento de su constitución “aquellos
que han entrado en nuestro dominio, que hacen parte de él, y de los cuales ya
no puede privarnos aquel de quien lo
tenemos”. Esta definición fue asumida expresamente por la jurisprudencia
constitucional peruana, que busca proteger la seguridad de los derechos de las
personas. Tiende a conservar las situaciones existentes y rechaza la
modificación de nuevas disposiciones legales; además que el Art. Nª 200-6 de la CPP
indica que la Acción de Cumplimiento procede contra cualquier autoridad o
bien es cierto que las Disposiciones Complementarias Derogatorias del DU Nª 1132,
deroga las normas sobre las remuneraciones, bonificaciones y beneficios del
personal militar-policial en situación de ACTIVIDAD, entre ellas los tres DDUU. En las Disposiciones Complementarias Finales del DU Nª 1133 no deroga estos
decretos. Las Disposiciones Finales y Transitorias de la Constitución Política del Perú señala “que los nuevos
regímenes sociales obligatorios que sobre materia de pensiones de los
trabajadores públicos, no afectan los derechos legales obtenidos” y el Estado
garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que administra” (sic), se
trata solamente de salvar los derechos
adquiridos, aun si se establecen nuevos regímenes obligatorios, la Primera Disposición declara cerrado definitivamente el Régimen de
Pensiones de la Ley 20530.
usted Señor Ministro, disponer los siguientes actos administrativos:
1° A partir del presente mes se me abone el
16% que fijan estos DDUU, de acuerdo a lo señalado en estos dispositivos, a
partir de noviembre de 1996.
2° Se cumpla con pagarme los devengados
generados por el no pago del 2% de los diecinueve años dejados de percibir por
la incorrecta aplicación de estos DDUU y se haga efectiva en mi remuneración
de conformidad al Art. Nª 35 de la ley 27444
se haga viable la pretensión
indicada en los numerales 1 y 2, deberá
hacerse efectivo en los plazos
señalados, a fin de poder hacer valer mis derechos en la vía que la ley me
franquea.
de su Despacho deferir como solicito
DIGO: Que
la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, señalo que corresponde
al Pliego del Ministerio del Interior, sobre el reintegro de la bonificación
especial dispuesta, en el cual dispone la ejecución del pago
Surco 05 de noviembre de 2,015 RODOLFO ANGELES VARILLAS
PNP® DNI
10145426 CALLE LA CONQUISTA Nª 377-CASA 9 EL DERBY-MONTERRICO
PROCESAL Calle la Conquista 377 casa 9m El Derby Monterrico, Santiago de Surco.
Interesante opinión y más interesante el ofrecimiento de OHT al mencionado Almirante. Espero que el ofrecimiento de OHT sea verdadero y se dé mucho antes de que se acerque la fecha final de su mandato, no lo creo tan. . . debe hacer algo para reinvindicarse con los pensionistas PNP y de las FFAA, tanto de Montepío como de la CPMP.
Rodolfo Fernando DIAZ DIAZ Estimado julioDe acuerdo a lo establecido en este dispositivo legal, el crédito suplementario es para el cumplimiento de las obligaciones generadas para el pago de los pensionistas de la CAMIP que pasaron a retiro después del 2012, por lo tanto no alcanza a los que nos encontramos en la condición de pensionistas a la dación de los Decretos Legislativos 1132 y 1133.Un abrazo Eduardo
6° NO SEÑALAN SI HABRÁ ALGÚN REAJUSTE RESPECTO AL CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN CONSOLIDADA, CALIFICACIÓN Y VACACIONES PAGOS CON LA RMV, REGULARIZACIÓN DE LOS PAGOS DEL 16% DE LOS DDUU N° 090-96, 073-07 Y 011-99. 7° NO SE MENCIONA LA ENTREGA DEL ADEUDO DEL ESTADO A LA CPMP. S/ 1,396’000.000-00
Buenos días a todos.Para Gustavo Morales Paiva. Tengo que puntualizar el destinatario por cuanto me ha llegado su información y la adenda que es su opinión y comentario "amarrados" a otros promotores que no tienen o no hacen conexión con el asunto.Al respecto mi estimado señor Gustavo Morales digo primero, muchas gracias por su pronta respuesta. Debo recalcar que la solicitud de opinión de otros caballeros la envié hace dos días y...no he tenido respuesta. De mi parte me aventuré hacer un proyecto de gestión o respuesta para que teniendo como base el dispositivo legal que pide corregir la diferencia entre los de actividad y las pensiones de los que cobran por intermedio de la CPMP ...se incluya a los de montepío. El resto es un trato discriminatorio e inconstitucional. Me veo un tanto renuente a creer en la mala fe de encasillarnos a todos a la CPMP como está considerando en su comentario. Eso lo he escuchado en boca de oficiales generales, a manera de comentario suelto pero ...no sé de dónde viene el sustento de que así fuera a suceder.Lo importante, a mi entender, es una pregunta: Qué asociación de las muchas que tenemos habrá de tomar al toro por las astas y generar ese documento para corregir la discriminación. Salvo mejor parecer.Saludos Arturo
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