Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4429
Timestamp: 2020-06-03 14:19:29
Document Index: 29597174

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 71', 'artículo 75', 'artículo 71', 'artículo 24', 'artículo 191', 'artículo 71', 'artículo 191', 'artículo 24', 'artículo 51', 'in fine', 'artículo 71', 'artículo 71', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 24', 'artículo 71', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 53', 'artículo 44', 'in fine', 'Artículo 44']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 133/2001
SENTENCIA 133/2001, de 13 de junio
ECLI:ES:TC:2001:133
En el recurso de amparo núm. 165/97, interpuesto por don José Antonio Sánchez Catalán, representado por el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona y asistido por el Letrado don José Alberto Grau Pérez, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca de 29 de mayo de 1995, que estimó la excepción de caducidad de la acción ejercitada para el reintegro de gastos por asistencia sanitaria. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Instituto Nacional de la Salud, representado por el Procurador de los Tribunales don Carlos de Zulueta Cebrián y con la asistencia del Letrado de la Administración de la Seguridad Social don Laureano J. Peláez Albendea. Ha sido Ponente el Presidente, don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 14 de enero de 1997, don José Antonio Sánchez Catalán, representado por el Procurador de los Tribunales don Santos de Gandarillas Carmona y asistido por el Letrado don José Alberto Grau Pérez, interpuso recurso de amparo frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca de 29 de mayo de 1995, que estimó la excepción de caducidad de la acción ejercitada para el reintegro de gastos por asistencia sanitaria.
a) El día 2 de noviembre de 1994, el hoy recurrente en amparo formuló demanda contra el Instituto Nacional de la Salud, solicitando el reintegro de gastos por asistencia sanitaria por importe de 15.205.935 pesetas, que dio lugar al proceso 684/94 del Juzgado de lo Social de Huesca. Fundaba su pretensión en que dichos gastos derivaban de las cantidades que había abonado por la asistencia sanitaria prestada por servicios médicos distintos de los asignados por la Seguridad Social, a los que se había visto obligado a acudir en un supuesto de urgencia vital, de manera que, conforme a lo previsto en el artículo 18 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, tenía derecho al reintegro de los mismos. Señalaba el recurrente que había formulado previamente tres solicitudes ante el Instituto Nacional de la Salud, reclamando dicha cantidad total de forma desglosada, según las correspondientes facturas iban obrando en su poder. La primera solicitud, por importe de 10.450.981 pesetas, fue formulada el día 17 de febrero de 1994, siendo denegada por Resolución de 4 de julio de 1994 (notificada el día 6 de julio), que considera que no hubo urgencia vital ni denegación de asistencia, frente a la que interpuso reclamación previa a la vía jurisdiccional el día 5 de agosto de 1994, sin que en el momento de la presentación de la demanda hubiera recibido contestación alguna. La segunda, por importe de 4.754.954 pesetas, fue presentada el día 19 de abril de 1994, siendo también denegada, por los mismos motivos, por Resolución de 8 de agosto de 1994 (notificada el día 10 de agosto), interponiendo frente a la misma reclamación previa a la vía jurisdiccional el día 30 de agosto de 1994, sin que tampoco, en el momento de la formulación de la demanda, hubiera recibido contestación. Respecto de estas cantidades presenta la demanda judicial, solicitando su reintegro. Finalmente, la tercera solicitud fue formulada ante el Instituto Nacional de la Salud el día 13 de julio de 1994, por importe de 2.726.877 pesetas; no habiendo recibido contestación sobre la misma, anuncia en la demanda que va a solicitar, al amparo de lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990 (vigente en aquel momento), que el Instituto Nacional de la Salud dicte resolución al respecto y en su día, transcurrido el plazo necesario, interpondrá, en su caso, demanda ante el mismo Juzgado en reclamación del correspondiente importe y solicitará la acumulación de los autos a que den lugar ambas demandas.
b) El día 25 de noviembre de 1994, en efecto, el Sr. Sánchez Catalán formula demanda, reclamando el reintegro de las consideradas 2.726.877 pesetas y solicitando la acumulación de los correspondientes autos a los tramitados con el núm. 684/94 del Juzgado de lo Social de Huesca. Habiendo dado lugar dicha demanda al proceso 729/94 del citado Juzgado, se ordenó, conforme a lo pedido, su acumulación, mediante providencia de 5 de diciembre de 1994. En la demanda manifiesta el recurrente que el día 31 de octubre de 1994 solicitó del Instituto Nacional de la Salud que dictara acuerdo o resolución inicial en cuanto a su solicitud de 13 de julio, escrito que considera que tenía valor de reclamación previa. Mediante Resolución de 15 de noviembre de 1994 se denegó la solicitud, considerando también que no hubo urgencia vital ni denegación de asistencia. El recurrente funda su pretensión en las mismas circunstancias que en la primera de sus demandas.
c) Tras la correspondiente tramitación procesal, el Juzgado de lo Social de Huesca dictó Sentencia el 29 de mayo de 1995, acordando estimar la excepción de caducidad de la acción y, no entrando a conocer el fondo del asunto, desestima las demandas interpuestas. El Juzgado señala que
“La Ley de Procedimiento Laboral en su artículo 75.1 establece que: ‘la demanda habrá de formularse en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada la petición por silencio administrativo’, por tanto, debe entenderse que el actor sí presentó dentro de plazo las reclamaciones previas, 5 de Agosto de 1994 y 30 de Agosto de 1994, pero no formuló las demandas en el plazo de 30 días como dispone el citado artículo, dejándolo transcurrir en exceso, ya que fueron presentadas ante este Juzgado en las fechas 2 de Noviembre de 1994 y 25 de Noviembre de 1994. Por otro lado, los plazos de caducidad no pueden interrumpirse o suspenderse más que por los supuestos previstos en la Ley, no siendo desde luego este caso uno de ellos”.
d) Tras el oportuno anuncio y tramitación consiguiente, el Sr. Sánchez Catalán, mediante escrito de 22 de junio de 1995, formalizó recurso de suplicación contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca. Tras articular tres motivos de suplicación encaminados a obtener la revisión de los hechos declarados probados, como motivo cuarto se entendía que, al haber acogido la Sentencia recurrida la excepción de caducidad alegada, infringía lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral. Finalmente, como motivo quinto, el recurrente señalaba que, “una vez demostrada la inexistencia de caducidad, y a la vista de que esta Sala deberá entrar a conocer del fondo”, se reiteraba una serie de puntos, referidos a que había quedado demostrada suficientemente la situación de urgencia vital. En el suplico el recurrente solicitaba que se dictara “Sentencia dando lugar al Recurso y en la que se anule y revoque la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, y dictando acto continuo Sentencia sobre los extremos que recae la Suplicación, estimando íntegramente las demandas iniciales interpuestas por mi parte”. Asimismo, en otrosí digo, afirmaba, a efectos de un eventual recurso de amparo, que la Sentencia recurrida le producía indefensión y suponía una vulneración de lo dispuesto en el artículo 24 CE.
e) Mediante Sentencia de 26 de junio de 1996, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resuelve el recurso de suplicación. En sus tres primeros fundamentos de Derecho rechaza los tres primeros motivos de suplicación, referidos a la revisión de los hechos declarados probados. En el fundamento de Derecho cuarto y último se expone lo que sigue:
“Que bajo la rúbrica infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia, sin cita expresa del apartado del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, que le sirva de cobertura, se denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 71 de la referida Ley, censura jurídica que debe reputarse irrelevante para decantar el signo del fallo de la presente resolución por las siguientes reflexiones: a) porque el hilo argumental del recurrente se orienta a demostrar que la caducidad de la acción fue indebidamente estimada por la Juzgadora a quo; b) que así centrado el debate es evidente, primero, que la cobertura de dicha infracción no debió ser la de normas sustantivas, es decir, la del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, sino la del apartado a) de dicho artículo que persigue reponer los autos al estado en que se encontraban en el momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión, y como la desestimación de la referida excepción de caducidad obligaría de ser estimada, a entrar a conocer el fondo del asunto, ello no podría hacerlo este Tribunal, sino la Magistrada de Instancia, para respetar el principio de doble grado jurisdiccional, lo que conllevaría la nulidad de la sentencia para que se dictase otra entrando a conocer del fondo del asunto, y estos avatares procesales debieron tener una proyección, por obvias exigencias de congruencia interna en el suplico del escrito de formalización del recurso, única parte vinculante de los escritos forenses para el órgano jurisdiccional, de suerte que las omisiones y errores procesales reseñados abocan por la desestimación del motivo que lleva consigo el del siguiente en el que sin cita de precepto sustantivo alguno se sostiene la urgencia vital justificativa del reintegro reclamado, no sólo por el juego del mecanismo de la suplicación sino también porque de la propia redacción propuesta al intentar la revisión del factum de la Sentencia se desprende que en el caso de autos no concurrió la referida urgencia vital; todo lo cual abona, de consuno, por la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada”.
f) Mediante escrito de 18 de julio de 1996, el Sr. Sánchez Catalán solicita que se tenga por preparado recurso de casación para la unificación de doctrina, considerando que la Sentencia de suplicación incurre en contradicción con otras que cita en relación, primero, con la no apreciación de oficio de la nulidad de actuaciones, por infracción de normas o garantías del procedimiento que han producido indefensión, segundo, con la caducidad de la acción y, finalmente, con la inexistencia de urgencia vital. Habiéndose tenido por preparado el recurso, y tras la correspondiente tramitación, el Sr. Sánchez Catalán, mediante escrito de 2 de septiembre de 1996, formalizó tal recurso de casación para la unificación de doctrina, insistiendo en que existe contradicción entre la Sentencia recurrida y otras que expone como de contraste y que se ha producido infracción legal en relación con las tres apuntadas cuestiones, esto es, apreciación de oficio de la nulidad de actuaciones, caducidad de la acción y existencia de urgencia vital.
3. En la demanda de amparo se considera que la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca de 29 de mayo de 1995 ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del recurrente, reconocido en el artículo 24.1 CE, al haber acogido la excepción de caducidad de la acción.
4. Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 29 de abril de 1997, se acuerda la admisión a trámite de la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes, y tener por personado y parte al recurrente en amparo. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se ordena requerir atentamente al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón y al Juzgado de lo Social de Huesca, para que en el plazo de diez días remitan testimonio de las respectivas actuaciones judiciales, interesando del Juzgado que emplace a quienes fueron parte en el procedimiento judicial, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días puedan comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. Mediante escrito con entrada en el Registro General de este Tribunal el día 17 de junio de 1997, el Instituto Nacional de la Salud formula sus alegaciones. Señala que el recurrente insta la nulidad de la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca y, por derivación, la de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y la del Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pero, a su juicio, la confirmación en vía judicial de la excepción de caducidad dimana precisamente de la defectuosa formalización del recurso de suplicación, tal y como señala el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, siendo únicamente imputable a la parte dirigida por Letrado, y habiendo verificado aquel Tribunal una interpretación de los requisitos procesales de formalización del recurso, que no es arbitraria ni irracional (independientemente de que ello no se impugna en el recurso), en cuanto que no sólo se refiere al defectuoso encabezamiento del motivo de formalización sino también al suplico del recurso. Además de ello, entiende el Instituto Nacional de la Salud que las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto a la obtención de una resolución sobre el fondo, quedan satisfechas por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en cuanto que, en congruencia con lo propuesto por el recurrente, desestima en su fundamento jurídico 4 in fine la concurrencia de urgencia vital y, en consecuencia, el reintegro de gastos en el fallo. De este modo, el recurrente ha obtenido un pronunciamiento en cuanto al fondo en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y si ello se ha producido sin la concurrencia de un doble grado jurisdiccional sobre la materia, sólo es imputable a aquél (en cuanto que en su recurso de suplicación no se limitó a pedir la retroacción de actuaciones al momento procesal anterior a que se dictara Sentencia por el Juzgado de lo Social, sino que solicitó del Tribunal Superior de Justicia que entrara en el fondo del asunto, estimando la pretensión formulada ante el Juzgado), cuyas omisiones y errores procesales no puede pretender subsanar por vía del recurso de amparo, máxime cuando estuvo asistido por Letrado.
6. Mediante escrito con entrada en el Registro General de este Tribunal el día 23 de junio de 1997, el recurrente en amparo formula sus alegaciones, ratificándose en la integridad de los antecedentes, fundamentación jurídica y petición expuestos en su demanda de amparo, que se dan por reproducidos.
7. Mediante escrito con entrada en el Registro General de este Tribunal el día 11 de julio de 1997, el Ministerio Fiscal formula sus alegaciones. Tras exponer los hechos que entiende de mayor relevancia, considera que la cuestión se centra en determinar si, habiendo apreciado los órganos judiciales la excepción de caducidad, lo han hecho de manera arbitraria, formalista o con error patente, de forma que se haya lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente por haberle impedido el acceso al proceso. A su juicio, las demandas se presentaron dentro de los plazos marcados por el artículo 71 LPL. En cuanto a las dos primeras solicitudes del recurrente al Instituto Nacional de la Salud, el Juzgado, ignorando al parecer el plazo de cuarenta y cinco días que establece el artículo 71.4 LPL o considerando improcedentes las reclamaciones previas (sin que en definitiva explique por qué no las tiene en cuenta), afirma que debieron presentarse las demandas en los treinta días siguientes a la notificación de los acuerdos denegatorios (6 de julio y 10 de agosto de 1994, respectivamente), por lo que, habiéndose presentado el 2 y el 25 de noviembre de 1994, estaba caducada la acción. A juicio del Ministerio Fiscal esta última afirmación tampoco es coherente con lo anteriormente dicho, porque la demanda interpuesta el día 25 de noviembre correspondía a la tercera solicitud de gastos formulada por el recurrente al Instituto Nacional de la Salud, tercera solicitud a la que la Sentencia no se refiere ni analiza la caducidad respecto de ella. Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, tanto por apreciar la caducidad de las dos primeras solicitudes contenidas en la demanda de 2 de noviembre de 1994 (sin que se aprecie mala fe en el demandante) como por no explicar la problemática de la posible caducidad relativa a la solicitud tercera, toma una decisión que, al estar revestida de formalismo y falta de motivación, priva al actor de manera improcedente del acceso al proceso, a una resolución sobre el fondo y, por tanto, vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, citando en su apoyo las SSTC 104/1997 y 154/1992.
Se pronuncia también el Ministerio Fiscal sobre la cuestión relativa a que el demandante de amparo, en su recurso de suplicación, al tratar lo relativo a la caducidad, se apoyara en el artículo 190 c) LPL (“infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia”) y terminara pidiendo al Tribunal Superior de Justicia que revoque la Sentencia de instancia y resuelva sobre el fondo. A su juicio no es adecuado legalmente, desde la normativa procesal, el pedimento que contenía el recurso de suplicación, porque el demandante debió acudir al cauce del artículo 190 a) LPL “reponer los autos al estado en que se encontraban al momento de haberse infringido normas o garantías del procedimiento que hayan producido indefensión” para que el Juzgado volviera a pronunciarse, sin apreciar la caducidad, y no que fuera el mismo Tribunal Superior de Justicia quien dictara Sentencia sobre el fondo. No obstante, considera el Ministerio Fiscal que el Tribunal Superior de Justicia, ante su decisión de no entrar a examinar el problema de la caducidad por entender que el cauce elegido por el recurrente no era el adecuado, no debía haber desestimado, de un lado, el motivo relativo a la caducidad y, a renglón seguido, entrar a resolver el fondo; entre otras razones porque si desestimaba el motivo del recurso de suplicación referido a la caducidad venía a confirmar en este extremo la Sentencia de instancia y con ella la apreciación de dicha caducidad que impedía precisamente conocer del fondo del asunto. Asimismo, señala que, a la vista de la jurisprudencia constitucional sobre la interpretación pro actione que debe darse a los casos de inadmisión por caducidad de la acción y teniendo en cuenta las alegaciones del recurrente en cuanto a la indefensión que se le causaba, el Tribunal Superior de Justicia debió interpretar el recurso de suplicación en sentido favorable al recurrente y, al menos, resolver motivadamente sobre la procedencia o no de apreciar la caducidad. Al no hacerlo así vulneró, según el Ministerio Fiscal, el derecho que contempla el artículo 24.1 CE.
8. Por providencia de 3 de mayo de 2001 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el 7 del mismo mes y año, en que se inició el trámite que ha finalizado en el día de la fecha.
1. Como se expone en los antecedentes, don José Antonio Sánchez Catalán, recurrente en amparo, considera que la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca de 29 de mayo de 1995, recaída en los procesos acumulados núms. 684/94 y 729/94, que desestimó sus demandas interpuestas frente al Instituto Nacional de la Salud, estimando la caducidad de la acción ejercitada para obtener el reintegro de las cantidades abonadas en concepto de gastos médicos, ha vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. A su juicio, las demandas se habían presentado dentro de los plazos establecidos en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1990, de aplicación al caso, tomando en consideración las fechas de presentación de sus solicitudes y reclamaciones previas al citado Instituto y aquéllas en las que se le notificaron las correspondientes resoluciones denegatorias, cuando existieron, de manera que el Juzgado habría incurrido en un error patente al apreciar la citada excepción de caducidad, refiriéndose también, en la demanda de amparo, a nuestra doctrina en torno al considerado derecho fundamental en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción.
2. Para centrar el análisis del supuesto que nos ocupa es indispensable poner de relieve que el recurrente en amparo considera que su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ha sido lesionado tan sólo por la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca, como consecuencia de que le ha negado un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión deducida, al apreciar la excepción de caducidad de la acción. Por el contrario, ningún reproche dirige a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que resolvió el recurso de suplicación interpuesto y que no se pronunció sobre las alegaciones que en el mismo se realizaban en torno a la caducidad de la acción, por entender que ello no era posible como consecuencia de la defectuosa formalización al respecto del citado recurso de suplicación (así, la solicitud de que se declare la nulidad de esta Sentencia se funda simplemente en que ello sería consecuencia necesaria de la anulación de la del Juzgado de lo Social). Debe destacarse que esa ausencia de alegación alguna, en la demanda de amparo, en torno a la corrección de la Sentencia de suplicación, se produce tanto respecto de una posible vulneración de relevancia constitucional por la misma (en concreto, referida al derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos como vertiente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva) como respecto, simplemente, de que la solución alcanzada por la resolución judicial pudiera no ser compartida por el recurrente en estrictos términos de legalidad procesal. Y las mismas consideraciones cabe hacer en torno al Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina, también por razones esencialmente formales o procesales, y respecto del cual tampoco pone en duda el recurrente, por ninguna razón, constitucional o de otra índole, su corrección.
Como hemos visto, el Instituto Nacional de la Salud, en sus alegaciones previstas en el artículo 52 LOTC, ha aludido a la relevancia que para la resolución del presente recurso de amparo tendría la circunstancia de que la defectuosa formalización del recurso de suplicación, por causa únicamente imputable al recurrente, ha impedido al Tribunal Superior de Justicia pronunciarse sobre la corrección de la apreciación de la excepción de caducidad de la acción por el Juzgado, de manera que no le cabría otra solución a aquel Tribunal que confirmar la decisión del Juzgado de lo Social. Estas consideraciones nos llevan, ante todo, a plantearnos la cuestión de si el recurrente ha respetado la esencial naturaleza subsidiaria del recurso de amparo. En efecto, se trata de determinar si aquél habría incumplido el requisito previsto en el artículo 44.1 a) LOTC, consistente en haber agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial (labor que, desde luego, podemos realizar, incluso de oficio, en la Sentencia de amparo, sin que a ello sea obstáculo la previa admisión del recurso —por todas, STC 284/2000, de 27 de noviembre, FJ 4).
3. La esencial importancia de los fines a los que sirve la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, con la consiguiente relevancia del requisito del agotamiento de la vía judicial previa recogido en el artículo 44.1 a) LOTC, ha sido reiteradamente puesta de manifiesto por este Tribunal. Así, la STC 284/2000 (FJ 2) recuerda que el artículo 53.2 CE atribuye la tutela de los derechos fundamentales, primariamente, a los Tribunales ordinarios, por lo que la articulación de la jurisdicción constitucional con la ordinaria ha de preservar el ámbito que al Poder Judicial reserva la Constitución, de manera que el respeto a la precedencia temporal de la tutela de los Tribunales ordinarios exige que se apuren las posibilidades que los cauces procesales ofrecen en la vía judicial para la reparación del derecho fundamental que se estima lesionado, de suerte que cuando aquellas vías no han sido recorridas el recurso de amparo resultará inadmisible. Y, en concreto, respecto del requisito del agotamiento de la vía judicial previa, señala la citada Sentencia que esta exigencia, lejos de constituir una formalidad vacía, supone un elemento esencial para respetar la subsidiariedad del recurso de amparo y, en última instancia, para garantizar la correcta articulación entre este Tribunal Constitucional y los órganos integrantes del Poder Judicial, a quienes primeramente corresponde la reparación de las posibles lesiones de derechos invocadas por los ciudadanos, de manera que la jurisdicción constitucional sólo puede intervenir una vez que, intentada dicha reparación, la misma no se ha producido.
Hemos dicho también que la exigencia de agotar la vía judicial procedente no obliga a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación posibles, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiestan como ejercitables, de forma que no quepa duda respecto de la procedencia y la posibilidad real y efectiva de interponer el recurso, así como de su adecuación para reparar la lesión de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo y, además, se requiere que su falta de utilización tenga origen en la conducta voluntaria o negligente de la parte o de los profesionales que le prestan su asistencia técnica (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 2). Por eso hemos afirmado que el considerado requisito ha de ser interpretado de manera flexible y finalista, si bien es exigible, en cualquier caso, que al Juez o Tribunal se le haya dado la oportunidad de reparar la lesión cometida y de restablecer en sede jurisdiccional ordinaria el derecho constitucional vulnerado (SSTC 143/1998, de 30 de junio – FJ 2—, ó 82/2000, de 27 de marzo –FJ 2—, y AATC 239/1997, de 25 de junio –FJ 2—, ó 209/1998, de 5 de octubre –FJ 3—).
4. En el supuesto que nos ocupa, como vimos, existía un recurso, el de suplicación, que, sin género alguno de duda, era procedente frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social y plenamente adecuado para reparar la lesión constitucional que se atribuía a ésta, derivada de su apreciación de la excepción de caducidad de la acción. Sin embargo, como consecuencia, a juicio del Tribunal Superior de Justicia, del incumplimiento por el hoy demandante de amparo de requisitos formales o procesales en la interposición de dicho recurso, aquél no se pronunció sobre la indicada cuestión, de manera que no tuvo posibilidad efectiva de reparar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del recurrente.
5. La aplicación de todas las consideraciones precedentes al supuesto que nos ocupa va a conducir, adelantémoslo ya, a apreciar que ha existido falta de agotamiento de la vía judicial previa, lo que determina la inadmisión del recurso de amparo, en aplicación de lo previsto en el artículo 44.1 a) LOTC, como consecuencia de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia haya entendido que las omisiones y errores procesales del recurrente en el escrito de formalización del recurso de suplicación le impedían pronunciarse sobre si la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca había apreciado correctamente la excepción de caducidad de la acción.
6. Para terminar, debe señalarse que, incluso con independencia de lo anterior, en ningún caso hubiera sido posible el otorgamiento del amparo pretendido. En efecto, como hemos dejado señalado, la queja del recurrente se centra en que la apreciación de la excepción de caducidad de la acción impidió un pronunciamiento judicial sobre el fondo de su pretensión, que consistía en que se le reintegraran por el Instituto Nacional de la Salud las cantidades abonadas en concepto de gastos médicos o de asistencia sanitaria, habida cuenta de que la utilización de servicios médicos distintos de los asignados por la Seguridad Social había sido consecuencia de la concurrencia de urgencia de carácter vital. Pues bien, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su fundamento de Derecho cuarto in fine, resuelve tal cuestión, que se formulaba como quinto y último motivo de suplicación, señalando expresamente que “de la propia redacción propuesta al intentar la revisión del factum de la sentencia se desprende que en el caso de autos no concurrió la referida urgencia vital”. Que el propio recurrente entendió que dicha afirmación de la Sentencia de suplicación suponía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida queda demostrado por el hecho de que, tanto en el escrito de preparación como en el de interposición del recurso de casación para la unificación de doctrina, se refiriese expresamente a tal pronunciamiento de inexistencia de urgencia vital y a su incorrección, aportando Sentencias de contraste al efecto y fundando el recurso en la infracción legal que entendía cometida al haberse apreciado la considerada inexistencia de urgencia vital.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 165-1997
Promovido por don José Antonio Sánchez Catalán frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social de Huesca que inadmitió su demanda contra el Insalud sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria.
Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): omisiones y errores procesales en el recurso de suplicación contra la Sentencia que había estimado la excepción de caducidad de la acción; resolución sobre el fondo efectivamente producida en grado de recurso.
Ha existido falta de agotamiento de la vía judicial previa, como consecuencia de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia haya entendido que las omisiones y errores procesales del recurrente en el escrito de formalización del recurso de _suplicación le impedían pronunciarse sobre si la Sentencia del Juzgado había apreciado correctamente la excepción de caducidad de la acción [FJ 5].
Incluso con independencia de lo anterior, en ningún caso hubiera sido posible el otorgamiento del amparo pretendido. En efecto, la Sentencia de suplicación suponía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida al haberse apreciado la considerada inexistencia de urgencia vital [FJ 6].
Con carácter general, al demandante le corresponde acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la viabilidad del recurso de amparo ( SSTC 32/1999, 91/2000) [FFJJ 3 y 4].
Artículo 44.1 a), f. 2, 3, 5
Carga de acreditar el cumplimiento de los requisitos legalesCarga de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, f. 3
Interposición de recursos en tiempo y formaInterposición de recursos en tiempo y forma, ff. 3, 4
Resolución sobre el fondo producida en grado de recursoResolución sobre el fondo producida en grado de recurso, f. 6
Defectuosa formalización del recursoDefectuosa formalización del recurso, f. 5