Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2015_06_24/1743
Timestamp: 2019-08-19 19:20:36
Document Index: 26982103

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 95', 'artículo 191', 'artículo 191', 'artículo 376']

Gaceta: LXII/3SPR-10
Proposiciones de Ciudadanos Legisladores 65
Dos, de diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015:
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
La iniciativa tiene por objeto que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil adquiera como una de sus atribuciones la de promover que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios o delegaciones, según corresponda, elaboren y mantengan actualizados los programas internos de protección civil en los mercados públicos, de conformidad a sus respectivas leyes y reglamentos en la materia.
La iniciativa propone reformar la Ley Federal de Extinción de Dominio para prever la coadyuvancia de la Auditoria Superior de la Federación con el Ministerio Público, dentro del procedimiento de extinción de dominio, en aquellos casos de enriquecimiento ilícito.
Con la reforma del artículo 5, se incluye el supuesto que señala que cuando la Auditoria Superior de la Federación se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público dentro del procedimiento previsto en la ley de referencia, el Procurador General de la República previo a acordar sobre la procedencia del desistimiento de la acción de extinción de dominio deberá analizar las consideraciones que al efecto realice la Auditoria Superior de la Federación.
En la reforma al artículo 11, dentro de las partes en el procedimiento de extinción de dominio, se propone incluir el supuesto normativo para que la Auditoria Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades, coadyuve con el Ministerio Público en los casos de averiguaciones previas cuyo origen sean las denuncias penales relacionadas con casos de enriquecimiento ilícito.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
Propone adicionar una fracción al artículo 18 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que los objetivos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios den prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas sin perjuicio de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto para adicionar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Dictamen en sentido negativo)
La iniciativa pretende agregar a la Ley, el concepto de Violencia Familiar en contra de las Personas Adultas Mayores, el cual se define como todo acto o conducta de dominio, control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, en contra de personas que cuenten con sesenta años o más de edad por otras con las que se encuentren o hayan estado unidas por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.
Asimismo, la iniciativa pretende que en la denuncia popular toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante los órganos competentes actos de violencia familiar y en general todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la Ley.
La iniciativa contempla que los servicios de representación legal en forma gratuita por parte de un abogado o licenciado en derecho, que le será asignado por los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Estatales o del Distrito Federal, según corresponda, para que defienda sus intereses en todo procedimiento de índole conciliatorio, de amigable composición, arbitraje, administrativo o penal, instaurado con motivo de actos de violencia familiar cometidos en su contra, desde su inicio hasta el dictado de la resolución final.
Con las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se busca que para mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto federalizado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante firma de convenio con las entidades federativas y la Auditoría Superior de la Federación, así como con la participación que corresponda a las autoridades federales competentes, fortalecerá todas las acciones de coordinación para evaluar el correcto uso de los recursos públicos, mediante la promoción de mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del gasto público, así como la publicación de información presupuestaria accesible y transparente para la ciudadanía; así como, en aquellos Fondos donde existan organismos colegiados que incidan en la aplicación de sus recursos, establecer en las Reglas de Operación una participación permanente ante dichos organismos de al menos cinco representantes de la academia y la sociedad civil.
La iniciativa tiene la finalidad ampliar el reconocimiento de la paridad de género haciéndola extensiva para la integración de órganos judiciales y administrativos, así como para el nombramiento de quienes forman parte de ellos.
Propone que en la designación o integración y en sus principios rectores de los siguientes órganos se observe el principio de paridad de género:
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Junta de Gobierno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional Electoral principios rectores paridad de género, el consejero Presidente y los consejeros electorales, Poder Legislativo, Partidos Políticos, Comisión Permanente, Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito, Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral, Consejo de la Judicatura Federal, organismos de protección de los derechos humanos, presidencias municipales, así como de planillas de ayuntamientos, integradas por regidurías y sindicaturas, Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES.
La iniciativa reforma por adición el artículo 95 a la Ley General de Sociedades Cooperativas, con el fin de establecer que los recursos públicos que se destinen a las sociedades cooperativas se otorguen bajo el precepto de la igualdad de género; asimismo, propone que la Ley de la Economía Social y Solidaria establezca que el Instituto Nacional de la Economía Social observe la igualdad de género en los recursos destinados en la prestación de apoyos y estímulos a los organismos del sector.
La iniciativa comprende entre otras cuestiones, una serie de previsiones que generen el desarrollo de marcos normativos y la institucionalización de políticas públicas de prevención específicas para cada tipo de violencia contra la mujer.
Asimismo, contempla la obligación de realizar investigaciones y diagnósticos sociales y antropológicos que permitan visibilizar las causas, factores de riesgo y daños que produce la violencia en contra de las mujeres, así como el diseño de programas dirigidos a disminuir los factores estructurales de violencia en las regiones de mayor incidencia de los delitos cometidos contra las mujeres por razones de género; también, la iniciativa pretende adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.
Por otra parte la iniciativa pretende establecer la obligación institucional para desarrollar estrategias de intervención sociológica, educativa y cultural para la construcción de identidades de género, basada en valores de respeto e igualdad sustantiva para disminuir relaciones asimétricas entre los géneros, y de la misma manera fortalecer la obligación para que la actualización y profesionalización de las y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno sea permanente e idónea para facilitarles la identificación de probables víctimas, brindarles protección y asistencia.
La iniciativa, establece que se impartirá capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos.
La iniciativa plantea también las reglas generales para la creación y operación de Centros de Justicia para las Mujeres, así como refugios, que prestan a las mujeres servicios integrales, especializados y gratuitos, así como la garantía para su suficiencia presupuestaria.
Finalmente, el contenido esencial de la iniciativa descansa en el reconocimiento de que toda mujer que viva o transite por el territorio nacional tenga derecho a vivir sin violencia, en un ambiente de seguridad que le permita su desarrollo en todos los ámbitos; y a que las autoridades cumplan con su obligación de velar por sus derechos fundamentales.
De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Propone reformar la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, lo que significa que no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.
De forma actual la fracción XVI, establece que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le será abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha. La reforma que se propone establece que en los servicios móviles de prepago, el saldo abonado no tenga fecha de expiración.
Propone adicionar un artículo 376 Ter al Código Penal Federal para sancionar el robo de teléfonos celulares con el fin de tutelar el patrimonio y la integridad física de las personas.
La pena será de dos a cinco años de prisión a quien robe, trafique y aumentará cuando el teléfono celular sea utilizado para la comisión de otros delitos. Asimismo, cuando una persona duplique, altere, reprograme o de cualquier otra forma modifique el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI) o cualquier otro código de identificación de un teléfono celular, la pena será de cuatro a siete años de prisión y de mil a dos mil días de multa.
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, PRI.
INTERVINO EL DIP. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, PRI.
INTERVINO EL DIP. FILBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, PRI.
De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a resolver el conflicto de las empresas Uber y Cabify con los taxis concesionados del Distrito Federal.
Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras.
Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California.
Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nayarit a instruir al Secretario de Economía y Trabajo del estado, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, a efecto de que comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de otorgar la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios.
De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión.
COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES
Invitan al “Segundo Encuentro del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños Frente al Cambio Climático (CLIC)", Dicha reunión se realizará el 22, 23 y 24 de junio del año en curso, de las 09:00 a.m. a las 18:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, en las instalaciones del H. Senado de la República.
Convocatoria a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo jueves 25 de junio del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala 1, de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la Republica.