Source: http://memoriaoralancestralautobiog.blogspot.com/2008/10/audiencia-nacional-declarndose.html
Timestamp: 2018-02-22 14:23:46
Document Index: 269797968

Matched Legal Cases: ['artículo 227', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 99', 'artículo 607', 'artículo 607', 'artículo 139', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 480', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2']

MEMORIA ORAL ANCESTRAL AUTOBIOGRÁFICA KUPAL LONCÓN MELLADO, NACIÓN MAPUCE Temuko.: Audiencia Nacional declarándose competente en casos de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
Audiencia Nacional declarándose competente en casos de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
Censo de víctimas del franquismoLas fosas del olvido
El golpe de Estado de los nacionales contra la República convirtió el país en un viscoso lago de sangre y rapiña. Los hay cómodos en el olvido, la derecha, y quienes están por abrir heridas para cerrarlas de una vez, lo que aún no ha hecho la democracia. En medio, Garzón, la salsa de todos los platos, y la injusticia del Estado con los represaliados.
La decisión del juez Baltasar Garzón de abrir un censo sobre los muertos del régimen franquista cuenta con el aval de los socialistas y la frontal oposición de los populares, que se niegan a reabrir viejas heridas de la Guerra Civil española, y de las principales asociaciones de la magistratura, convencidas de que la iniciativa no llegará a buen puerto. El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a varios ayuntamientos que informen del número de desaparecidos durante la contienda y el franquismo. Ocho colectivos de familiares de víctimas están personadas en el caso. Dos mil familias reclaman al Banco de España la devolución del dinero de sus ahorros que les robaron los fascistas. Desde la Conferencia Episcopal responden a esta providencia que el asunto no les compete.
http://www.cambio16.info/1920/default.html
Auto del JCI Núm. 5 de la Audiencia Nacional declarándose competente en casos de crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo.
14 de Diciembre de 2006, denuncia presentada por D. Marcial MUÑOZ SANCHEZ, en nombre propio y de la asociación "NUESTRA MEMORIA, Sierra de Gredos y Toledo".
14 de Diciembre de 2006, denuncia de la "Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya".
14 de Diciembre de 2006, denuncia de la "Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón".
14 de Diciembre de 2006, denuncia de la "Comisión pola Memoria Histórica do 36 en Ponteareas".
14 de Diciembre de 2006, denuncia de la "Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Arúcas".
15 de Diciembre de 2006, denuncia de la "Associació per a la recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca".
18 de Julio de 2007, denuncia de la "Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia".
14 de Septiembre de 2007, denuncia de "Politeia, asociación para la defensa y progreso de los intereses ciudadanos".
28 de Julio de 2008, denuncia de la Asociación "Fòrum per la Memòria del País Valencià".
31 de Julio de 2008, denuncia de la "Confederación General del Trabajo".
12 de Septiembre de 2008, denuncia de la "Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada" y de Dª Nieves García Catalán.
22 de Septiembre de 2008, denuncia de la "Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra", "Asociación de Héroes de la República y la Libertad", "Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en El Bierzo, León, Burgos y Zamora", "Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Soria".
26 de Septiembre, denuncia de la "Asociación Todos los Nombres de Asturias".
6 de Octubre, denuncia de "Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló", de "Izquierda Republicana de Castilla y León", de Dª Julia Maroto Velasco y de D. Julián de la Morena López.
CUARTO.- El Procurador Sr. D. Javier FERNANDEZ ESTRADA, en representación de la Asociación POLITEIA y de D. Marcial Muñoz Sánchez, D. Teófilo Goldaracena Rodríguez y Dª. María Martín López, cuya representación asumió en su momento, la Procuradora Sra. Dª María José MILLAN VALERO, en representación de la Asociación "Memoria Histórica y Justicia de Andalucía", la Procuradora Sra. Dª Ana GUTIERREZ DEL ALAMO ONS, en representación de Dª Carmen DORADO ORTIZ, así como el Letrado Sr. D. Fernando MAGAN PINEÑO, en defensa de la Asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo", se opusieron a dicho dictamen defendiendo, principalmente, la calificación jurídica de genocidio y la competencia de la Audiencia Nacional y de este Juzgado Central de Instrucción.
En segundo lugar, debe resaltarse que la acción de la justicia y, por ende la de este Juzgado Central de Instrucción, se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase, y, sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos por tales circunstancias.
Desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que ello supondría la formación de una especie de causa general. Causa general que sí se formó, siguiendo instrucciones del Fiscal General del Estado, recién acabada la guerra y que tuvo por misión abrir, desarrollar y concluir una exhaustiva y minuciosa investigación de carácter judicial a escala nacional que analizó lo ocurrido en cada localidad entre Febrero de 1936, e incluso en algunas casos desde Octubre de 1934, hasta la finalización de la ocupación, y, que documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del llamado "terror rojo". El propósito de estas Diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas, sin despreciar todos y cada uno de los datos e información que ayuden a formar la convicción sobre los hechos denunciados.
Un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes tales como la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de Febrero de 19391, tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952.
La represión se llevó a cabo a través de dos vías: el Bando de Guerra 2 y los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia.
Miles de personas fueron inscritas en los Registros Civiles con la causa de muerte: "Aplicación del Bando de Guerra"; pero un número mucho mayor de personas quedaron sin inscribir en tales registros. Personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día de hoy.
SEGUNDO.- Las dificultades de las que se hablaba en el razonamiento jurídico primero, se pueden plantear tanto por razón de la naturaleza jurídica de los hechos a investigar como por la propia persecución de los mismos, en vista de la fecha en la que acontecieron; aunque la naturaleza de los crímenes, siguiendo la propia doctrina emanada de los principios de Nüremberg, está clara, tanto si se aplican estos, como si se aplican los convenios anteriores, en particular la Convención de Ginebra de 1864, con la que se dio comienzo a la codificación del derecho humanitario, así como las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre Leyes y Usos de la Guerra. La primera de éstas dos últimas incluía la denominada "cláusula Martens", según la cual «a la espera de que un Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las altas partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellos, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principio del Derecho de Gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública».
Es decir, los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de Julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919. "La Comisión concluye que, habiendo examinado multiplicidad de crímenes cometidos por esos poderes que poco tiempo antes y en La Haya habían profesado su reverencia por el derecho y su respeto por los principios de la Humanidad, la conciencia del pueblo exige una sanción que ponga luz y establezca que no se permite despreciar cínicamente las leyes más sagradas.3
Así, la Comisión establece las responsabilidades básicamente en dos categorías: Actos que provocan la Guerra Mundial y su inicio; y actos que suponen violaciones de las Leyes y Costumbres de la Guerra y las Leyes de la Humanidad. Expresión que se acuña en el Tratado de Versalles de 28 de Junio de 1919 que, en su artículo 227, ordenaba el enjuiciamiento del Kaiser Guillermo II de Hohenzollern por tales crímenes, como después ocurrió con el Tratado de Sevrès, de 1920, referido al enjuiciamiento de los militares otomanos por el genocidio armenio (1915). 4
Es decir, la acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de Julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución. Así lo expresaba uno de los sublevados, el General Emilio Mola, en la Instrucción Reservada nº 5 5, a cuyo tenor:
"Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio, que lo integrarán un Presidente y cuatro vocales militares. (…) El Directorio ejercerá el poder con toda amplitud, tendrá la iniciativa de los decretos leyes que se dicten, los cuales serán refrendados por todos sus miembros. (…) Los primeros decretos leyes que se dicten serán los siguientes: A) Suspensión de la Constitución de 1931. B) Cese del Presidente de la República y miembros del Gobierno. C) Atribuirse todos los poderes del Estado, salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones. D) Defensa de la Dictadura Republicana. Las sanciones de carácter dictatorial serán aplicadas por el Directorio sin intervención de los Tribunales de Justicia…"
O como el mismo General Emilio Mola Vidal había escrito en la Instrucción Reservada nº 1, de Abril/Mayo de 1936 6:
"Producido el movimiento (Base 5ª) y declarado el Estado de Guerra…se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.
Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o Sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas".
"Siguiendo estas mismas Instrucciones, el 17 de Julio de 1936, cuando todavía en la Península la sublevación militar no pasaba de ser un lejano rumor, fueron asesinadas en localidades del norte de África un total de 189 personas, por mantenerse fieles al Gobierno de España". 7
El Decreto número 2, por el que se instaura el Juicio Sumarísimo contra personas que se opongan al Movimiento 8 y que es previo a la insurrección militar, establecía que:
"…La Junta Suprema Militar de Defensa de España, como primer acuerdo dispone:
Serán pasados por las armas, en trámite de juicio sumarísimo (…) cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España, fueren los que fueren los medios empleados a tan perverso fin.
Los militares que se opongan al Movimiento de Salvación iniciado serán pasados por las armas por los delitos de lesa patria y alta traición a España.
Se establece la obligatoriedad de los cargos y quienes, nombrados, no lo acepten, caerán en la sanción de los artículos anteriores."
"… 1. Quedan depuestos de sus cargos, el Presidente de la República, el Presidente del Gobierno y todos los Señores Ministros, con los Subsecretarios, Directores Generales y Gobernadores Civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la Autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de Poder y alta traición a España".
"Es necesario propagar una imagen de terror (…) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado".9
"Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad. Y para aniquilarlos."
"Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: Que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad."
"¿Qué haré?. Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mi, que yo se lo pegaré."
"Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar." 10 11
"Serán pasado por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos".
Finalmente, el General Francisco Franco en unas declaraciones efectuadas en Tánger el 27 de Julio de 1936 al periodista Jay Allen, del "Chicago Daily Tribune" dijo:
"Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio." 12
Allen: "Tendrá que matar a media España", dije.
"He dicho que al precio que sea".
Es decir -afirma Allen- que "estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país".13
«Más adelante volvió a afirmar de manera rotunda que el adversario político era el enemigo a aniquilar: "Con los enemigos de la verdad no se trafica, se les destruye" 14. Y por si había dudas sobre lo que pensaba hacer cuando derrotase a los defensores de la República, a finales de 1938 le declara a James Miller, vicepresidente de la agencia de prensa internacional United Press, que una paz negociada era pura ilusión, porque "los delincuentes y sus víctimas no ueden vivir juntos 15.
El capitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, le dijo al periodista norteamericano Jhon T. Whitaker 16, que había que "matar, matar y matar" a todos los rojos para extirpar el virus bolchevique y librar a España de "ratas y piojos". 17 Había que eliminar a un tercio de la población masculina, de esa forma se acabaría con el problema del paro obrero y con el peligro que para las clases dominantes representaba el proletariado.» 18, acompañada con el ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares me pudieran ubicar el lugar de inhumación.
«En su conquista del país, los rebeldes se vieron obligados a pacificar la retaguardia y, como no disponían de las fuerzas necesarias para ello, utilizaron la violencia como parte de la estrategia militar. La oleada de terror que sacudió a las provincias conforme triunfaba la sublevación, seguía esas pautas: impedir la reacción de los vencidos, invitarlos a la rendición sin condiciones. En la mentalidad de los jefes sublevados no cabía negociación alguna. El corolario parecía evidente: no sólo era una guerra civil, sino también un programa de exterminio. » 19, acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos, de modo que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación.
"A la vista de la gran extensión de las áreas ocupadas en el Este, las fuerzas disponibles para establecer la seguridad en el área sólo serán suficientes si toda resistencia es castigada, no dentro de un procesamiento legal de los culpables, sino a través de la diseminación de tal terror por las fuerzas armadas que toda pretensión de resistencia del pueblo será erradicada (…)".20
En época más próxima, el Tribunal Penal Internacional ad hoc para Rwanda condenó a Georges Henry Joseph Ruggin por incitar por radio a la milicia Interahamwe a perpetrar ejecuciones extrajudiciales y crímenes contra los perseguidos. 21
Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema de derecho interno, de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie. Obviamente el hecho de que durante el tiempo en el que se mantuvo el sistema represivo no se diera cobertura a aquellos principios no significa más que la consecuencia lógica de autoprotección de los que ostentaban el poder político y militar por las eventuales responsabilidades en las que hubieran incurrido por su participación en el marco de una acción criminal masiva y sistemática, dirigida y organizada por ellos mismos, hasta cumplir los objetivos, como bien claramente lo decía uno de los sublevados asumiendo, por vía de los hechos, la doctrina del "nuevo régimen" que llevaría, en su caso, si fuere necesario a la eliminación y exterminio de "media España para conseguir mis objetivos". 22 Cobertura autoprotectora que podía incluir desde la imposición coactiva de actuaciones o inactividades, hasta la proclamación de leyes de perdón o amnistía que impidieran la acción judicial. Es decir, el control y la imposibilidad de accionar en contra de los posibles responsables eran absolutos.
Desde luego, debe quedar claro, en esta fase inicial del procedimiento, y a los efectos de concretar cual fue la acción desplegada ("alzamiento nacional" o insurrección armada el 18 de Julio de 1936) que, con ésta, los rebeldes pretendieron alzarse contra el Gobierno legítimo y exterminar a los opositores, en forma sistemática.
"... son reos de delitos de lesa humanidad quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella...:
Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al Derecho Internacional."
i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado."
QUINTO.- Además de los precedentes ya referidos, debe citarse, necesariamente aquí, el Estatuto de Nüremberg (8 de septiembre de 1945). El artículo 6 del Reglamento del Tribunal define los crímenes y entre ellos los Crímenes contra la Humanidad, entre los que incluye: "principalmente el asesinato, exterminación, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra o persecuciones por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea o no sea violación de las leyes Nacionales del país en el que fueron perpetrados.
Líderes, organizadores, instigadores y cómplices que participen en la formulación o ejecución de un plan general o conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antes citados son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona que ejecute dicho plan". 23
Por su parte, la Ley número 10 del Consejo de Control Aliado, sobre el castigo de personas que sean culpables de haber cometido Crímenes de Guerra, Crímenes contra la Paz o Crímenes contra la Humanidad de 20 de Diciembre de 1945, tipificó los crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad (artículo 2), mejorando, respecto de estos, su aplicación, al no exigir la conexión con los delitos de guerra o contra la paz como establecía el Estatuto de Londres.24
Estos principios, con el nombre de "Principios de Nuremberga"25 fueron expresamente reconocidos por España el 4 de Agosto de 1952, al ratificar el Convenio de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 que, en su artículo 85, remite expresamente a los "Principios de Nuremberga" (BOE 5 de Agosto de 1952). Es cierto que, en ese mandato, España hizo una reserva de Derecho Internacional consuetudinario en cuanto al párrafo primero del artículo 99 del Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra, de 12 de Agosto de 1949, ya citado, afirmando que por "Derecho Internacional vigente sólo se entenderá el precedente de fuente convencional o bien el elaborado previamente por Organismos en los que España tomara parte". España no formaba parte de la Asamblea General de la ONU de 11 de Diciembre de 1946, cuando aprobó los "Principios de Nuremberga" y, cuya fuente, no es convencional -como no lo son otras fuentes del Derecho Internacional consuetudinario. En cualquier caso, España retiró esta reserva en 1979 (BOE de 31 de Julio de 1979).
CEUTA, MELILLA y NORTE ÁFRICA
El día 25 de Julio de 1936, el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional, en su número 1 publicó el Decreto Número 1 de la Presidencia de la Junta de Defensa Nacional:
Presidente de la Junta...el general de División, Miguel Cabanellas Ferrer
Vocal………………….el general de División, Andrés Saliquet Zumeta Vocal………………….el general de Brigada, Miguel Ponte Manso de Zúñiga Vocal………………….el general de Brigada, Emilio Mola Vidal Vocal………………….el general de Brigada, Fidel Dávila Arrondo Vocal………………….el coronel, Federico Montaner Canet Vocal………………….el coronel, Fernando Moreno Calderón
Vocal………………….el capitán de navío, Francisco Moreno Fernández Vocal………………….el general de División, Francisco Franco Bahamonde Vocal………………….el general de División, Germán Gil y Yuste Vocal…………….……el general de Brigada, Luis Orgaz Yoldi Vocal………………….el general de División, Gonzalo Queipo de Llano y Sierra
A la anterior la sustituyó la Junta Técnica del Estado Español, constituida el 3 de Octubre de 1936 y que actuó hasta el 30 de Enero de 1938, en la cual la cúpula dirigente de la misma estaba integrada por Francisco Franco Bahamonde, como Jefe del Estado; Fidel Dávila Arrondo, como Presidente de la Junta a quien sustituyó el 3 de Junio de 1937 Francisco Gómez-Jordana y Souza; Francisco Fermoso Blanco, como Gobernador General, a quien sustituyó Luis Valdés Cabanilla, Nicolás Franco Bahamonde, como Secretario General del Estado; Francisco de Asís Serrat i Bonastre, como Ministro de Relaciones Exteriores; Germán Gil y Yuste, como Ministro de Guerra; José Cortés López, como Ministro de Justicia; entre otros ministros que ostentaban carteras sin relación objetiva directa o aparente con los hechos.
El primer Gobierno del Estado Español constituido el 30 de Enero de 1938 hasta el 9 de Agosto de 1939, encabezado por el Jefe del Estado y Presidente del Gobierno Francisco Franco; Fidel Dávila Arrondo, como Ministro de Defensa; Ramón Serrano Súñer, como Ministro de Gobernación; Severiano Martínez Anido, como Ministro de Orden Público, falleciendo el 24 de Diciembre de 1938, siendo su cartera asumida por Serrano Súñer; Tomás Domínguez Arévalo, como Ministro de Justicia y Raimundo Fernández Cuesta y Merelo, como Secretario General del Movimiento, entre otros ministros que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados. 26
El 2º Gobierno del Estado Español constituido el 9 de Agosto de 1939 hasta el 20 de Mayo de 1941, encabezado por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Ramón Serrano Súñer, como Ministro de Gobernación, sustituido por Valentín Galarza Morante; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Justicia; José Enrique Varela Iglesias, como Ministro del Ejército; Juan Yagüe Blanco, sustituido por Juan Vigón Suerodíaz el 27 de Junio de 1940, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como Ministro de Marina y Agustín Muñoz Grandes, como Ministro Secretario General del Movimiento, cesado el día 17 de Octubre de 1940, entre otros ministros que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados, dadas las fechas de vigencia de este Gobierno y la finalización de la guerra (1 de Abril de 1939), así como la continuación de las acciones en el ámbito castrense contra la resistencia armada republicana.
El 3er Gobierno del Estado Español, del 20 de Mayo de 1941 al 3 de Septiembre de 1942, integrado por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Valentín Galazar Morante, como Ministro de Gobernación; José Enrique Varela Iglesias, como Ministro del Ejército; Juan Vigón Suerodíaz, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como Ministro de Marina; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Justicia, y, Jose Luis Arrese y Magra, como Ministro Secretario General del Movimiento, entre otros ministerios que ostentaban carteras sin relación objetiva, directa o aparente con los hechos investigados, en atención a los cargos ocupados y las fechas a las que extiende este Gobierno su actuación, en las que las esferas de la represión se habían desplazado al modus operandi anterior durante la confrontación militar, haciéndose más clandestina y bajo otros designios que los estrictamente militares.
El 4º Gobierno del Estado Español de 3 de Septiembre de 1942 hasta el 18 de Julio de 1945, encabezado por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Blas Pérez González, como Ministro de la Gobernación; Carlos Asensio Cabanillas, como Ministro del Ejército; Juan Vigón Suerodíaz, como Ministro de Aire; Salvador Moreno Fernández, como Ministro de Marina; Esteban Bilbao y Eguía, como Ministro de Juticia, sustituido el 16 de Marzo de 1943 por Eduardo Aunós Pérez y Jose Luis Arrese y Magra, como Ministro Secretario General del Movimiento, entre otros ministros que por sus cargos, carteras o responsabilidades no guardarían relación directa, aparente y objetiva con los hechos objeto de investigación.
El 5º Gobierno del Estado Español que desarrolló sus funciones desde el 18 de Julio de 1945 al 18 de Julio de 1951, encabezado por Francisco Franco como Jefe del Estado y Presidente del Gobierno; Blas Pérez González, como Ministro de la Gobernación; Fidel Dávila Arrondo, como Ministro del Ejército; Eduardo González Gallarza, como Ministro de Aire; Francisco Regalado Rodríguez, como Ministro de Marina; Raimundo Fernández Cuesta, como Ministro de Justicia, entre otros ministros que por sus cargos, carteras o responsabilidades no guardarían relación directa, aparente y objetiva con los hechos objeto de investigación.
Debe quedar claro que, salvo en el caso de las dos primeras juntas militares, y, en todos los supuestos, respecto del principal responsable del Estado, Francisco Franco Bahamonde, en todo este período, la relación con los hechos se hace conjugando la magnitud de la acción delictiva, las esferas en las que la represión se centró y las responsabilidades administrativas y políticas de los citados, principalmente en los ministerios militares (tanto de justicia como de la confrontación contra la Resistencia antifranquista posterior a la Guerra y hasta 1952), de la Gobernación , responsable de las fuerzas de orden publico; de la Justicia, responsable del área del Poder Judicial (militar) y de los Organismos (civiles) que deberían haber contribuido a la localización de las víctimas y al enjuiciamiento de los presuntos culpables; y, la estructura paramilitar conocida como Falange Española Tradicionalista y de las JONS, a cuyo frente estaba el Generalísimo Francisco Franco, 27 y que estuvo presente en todo momento en la represión desplegada.
Así, «La persecución de los huidos, se encomendó tanto durante la contienda, como durante la primera posguerra, a fuerzas mixtas integradas por soldados, guardias civiles y falangistas… A partir de 1941, estas fuerzas mixtas empezaron a ser reemplazadas por unidades especiales de Guardia Civil, las llamadas Compañías Móviles…que se convirtieron después en Sectores Móviles y que dependían de los Juzgados Militares Especiales para la Persecución de huidos. Una Orden de 26 de Agosto de 1941, firmada por el General Emilio Álvarez Areces, revela la importancia que para el Régimen tenían los resistentes: "El actual estado de cosas ha de desaparecer en un corto plazo, por lo que no hemos de reparar en los medios para conseguirlo por enérgicos y duros que ellos sean. A los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por su cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema, con las modificaciones que las circunstancias impongan"…(Boletín Oficial de la Guardia Civil, Septiembre de 1941). En 1942 apareció una modalidad contrainsurgente, las Contrapartidas¸ cuya denominación oficial era la de Grupo de Fuerzas del Servicio Especial de la Guardia Civil (GESEGC) … al principio las componían guardias civiles y falangistas…A partir de 1945, cuando se generalizaron las contrapartidas estaban formados por civiles, -de hecho eran conocidos como Unidades Civiles-, sobre todo falangistas y somatenistas pero también guerrilleros y delincuentes comunes. Un miembro de la benemérita, que dirigía el grupo, era el único acompañante oficial.» 28
La preocupación por las actuaciones guerrilleras después de la guerra era evidente en las autoridades civiles y militares del nuevo régimen y a su combate, como se ha dicho, empleó toda la estructura militar y civil necesaria. El 3 de Agosto de 1943, el Gobernador Civil de Cáceres enviaba el siguiente informe al Capitán General de la Primera Región Militar sobre las actividades de los huidos en esa provincia durante el mes de Julio de ese año: « El problema de los huidos reviste una importancia digna de gran atención…Las fuerzas de la Guardia Civil, aun desplegando todo el celo y actividad, no son suficientes para terminar con este problema por la gran extensión territorial de esta provincia y limítrofes. La retaguardia está desguarnecida por haber sido destacadas las fuerzas a sierras de las provincias limítrofes, siendo necesario el aumento de estas fuerzas o su incremento con las del Ejército para poder garantizar el orden y hacer renacer la tranquilidad en el campo…. (Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Gobierno Civil de Cáceres, Sección Orden Público, Agosto 1943).» 29
Por su parte, en cuanto a la estructura judicial, el Bando de Guerra de 28 de Julio de 1936 instituyó la Jurisdicción Militar para la represión de los opositores políticos. Esta jurisdicción se mantuvo en la Ley de Seguridad del Estado de 29 de Marzo de 1941 y por Decreto Ley de 18 de Abril de 1947. Los tribunales se encargarán del enjuiciamiento, sin ningún tipo de garantías procesales, de personas detenidas en forma arbitraria, torturados, en forma sumarísima y les impusieron las penas más graves, tales como pena de muerte, trabajos forzados, confiscación de bienes o cautiverio en campos de concentración o prisiones clandestinas o ilegales, durante largo tiempo. 30
El de la irretroactividad de la ley penal que recoge el delito citado con posterioridad a la comisión de los hechos y su conflicto con las normas consuetudinarias de derecho penal humanitario que han sido ratificadas por España y que forman parte del denominado "ius cogens" y que ya han sido citadas.
La cuestión de la permanencia o no permanencia delictiva de los hechos, esencialmente de detenciones ilegales (desaparición forzada de personas) en las cuales aún no se ha dado razón cierta del paradero de las víctimas y su incidencia sobre la prescripción.
El de la posible aplicación de la amnistía a los hechos denunciados.
La competencia de este Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en función del concurso de delitos que puede darse.
Identificación de las personas posibles responsables de los mismos delitos a los que se refieren las denuncias presentadas.
La protección de las víctimas de estos hechos.
Por su parte la sentencia que resolvió el recurso de casación de este caso dictada el 1 de Octubre de 2007 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo estable que, el meritado precepto (artículo 607 bis del Código Penal) fue introducido en el Código Penal español por medio de la LO 15/2003, definiéndolo como delito contra la comunidad internacional e integrando en el mismo una serie de conductas básicas de las cuales … "la causación dolosa de la muerte de otra persona o las detenciones ilegales, ya eran delictivas como delitos ordinarios con anterioridad. Su elevación a la naturaleza de delitos contra la comunidad internacional encuentra justificación en las circunstancias añadidas que integran el elemento de contexto. Son éstas, según el artículo 607 bis del Código Penal, el que los hechos concretos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil o una parte de ella, o bien cuando se cometan por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional o bien, se cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. La pena máxima prevista es la de prisión de veinte años y un día a treinta años cuando el autor cause la muerte a una persona y concurra alguna de las circunstancias previas en el artículo 139 del mismo Código Penal".
La primera cuestión que se puede suscitar es la de si, durante el tiempo que medió entre la fecha de comisión de los hechos y la actualidad se pudieron ejercitar las acciones penales que ahora se intentan y la respuesta debe ser negativa, al menos hasta el 29 de Diciembre de 1978 (fecha de entrada en vigor de la Constitución Española).
En el ámbito civil, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo español con la sentencia de 25 de Enero de 2000 (RJ 2000/349), en un caso de expolio de bienes propiedad de personas leales al Gobierno Constitucional republicano español, avanzó un paso en el mismo sentido al establecer que "Habida cuenta de que el edificio no fue reintegrado a sus legítimos propietarios, la cuestión estriba en determinar si la acción reivindicatoria puede ser utilizada o no por los dueños del inmueble, no sólo en el ciclo de la Guerra Civil sino después, durante la permanencia del régimen político instaurado en España."
Puede suscitarse también si el Convenio Europeo de Derechos Humanos es aplicable a hechos sucedidos antes de su entrada en vigor. A este respecto debe resaltarse la Decisión Broniowki contra Polonia, de 22 de Junio de 2004. Según esta Decisión, el hecho ilícito generador (confiscación de un bien inmueble) se remonta a 1944.
En idéntico sentido, en la sentencia del TEDDHH de 8 de Julio de 2004, caso Ilascu vs. Moldavia y Rusia, el Tribunal se declara competente "ratione temporis".
En el Código Penal de 1932, Título Decimotercero, en los artículos 474 a 476, se tipificaban las detenciones ilegales y a través de los sucesivos Códigos Penales, dicho ilícito ha continuado sancionado como delito hasta el día de hoy (artículos 163 a 168 del Código Penal vigente).
Pese a todo lo anterior, el Tribunal Supremo reconoció en esta sentencia - y lo reconoció, precisamente, a los efectos de reafirmar la competencia de los tribunales españoles, en virtud del principio de jurisdicción universal - que el contexto de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil en el que se cometen determinados crímenes comunes, como los asesinatos, torturas, detenciones ilegales y otras, es válido para encuadrarlos en el ámbito de los crímenes contra la humanidad, aunque éstos no estuvieran tipificados como tales en le momento de la comisión de los hechos.
El día 23 de Junio de 2008 se requirió a los Ministerios de Defensa e Interior en el sentido de que emitieran informe o identificaran el organismo que pudiera dictaminar sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de Julio de 1936 como consecuencia directa del denominado "alzamiento nacional", y la situación de guerra civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España, interesando que en la medida de lo posible se identificaran los casos y si habían existido denuncias por las desapariciones; con esto se pretendía establecer lo que, de hecho, era notorio: oficialmente nunca ha existido una investigación policial o judicial de los hechos y con todo ello se confirma la permanencia del delito, tanto para el ámbito de la detención ilegal/desaparición forzada de las víctimas afectadas y sus familiares que ostentan la misma categoría, como para la catalogación de esa misma conducta como delito de torturas (artículos 173 a 177 del Código Penal) según la jurisprudencia del TEDDHH, con lo cual la posible prescripción del delito no habría comenzado siquiera su período de descuento.
Por lo tanto, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en estos casos y en otros, como los de Cakici contra Turquía de 8 de Julio de 1999; Geziki contra Turquía de 17 de Marzo de 2005; Orhan contra Turquía de 18 de Junio de 2002; Yasin Ate contra Turquía, de 31 de Mayo de 2005; Gongadze contra Ucrania de 8 de Noviembre de 2005; Lulayer y otros contra Rusia de 9 de Noviembre de 2006; Bitiyeva y otros contra Rusia de 21 de Junio de 2007; Bazorkina contra Rusia, de 27 de Julio de 2006, no ofrece dudas la violación de los artículos 3 y 5, entre otros, de la Convención Europea de Derechos Humanos y serían de aplicación en este caso.
La Corte considera que "la detención no reconocida de un individuo constituye una negación total del derecho a la libertad y a la seguridad y una violación extrema del artículo 5 de la Convención".
Esto supone una violación continuada del artículo 3 ("Nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"), de la Convención (STEDDHH de 10 de Mayo de 2001, Chipre contra Turquía).
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su decisión de admisibilidad en el caso August Kalk y Petr Kislyiy contra Estonia, de 17 de Enero de 2006, reconoció la validez universal de los principios concernientes a la catalogación de la deportación como crimen de lesa humanidad, aunque el Tribunal de Nüremberg fue establecido para enjuiciar los delitos que se habían cometido durante y antes de la Segunda Guerra Mundial (the European Axis countries) el Tribunal indica que los crímenes contra la humanidad fueron confirmados, inter alia, en la resolución 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de Diciembre de 1946 y más tarde por la Comisión de Derecho Internacional. Consecuentemente, la responsabilidad para los crímenes contra la humanidad no puede estar limitada sólo a los nacionales o ciertos países y a actos cometidos solamente en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto el Tribunal enfatiza que está expresamente recogido en el artículo I (b) de la "Convención de no aplicabilidad de las limitaciones estatutarias a los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", en la fecha de su comisión y si fueron cometidos en tiempo de guerra o en tiempo de paz.
La Ley 46/1977 de 15 de Octubre, sobre amnistía establece en su artículo primero que "Quedan amnistiados:
Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o faltas con anterioridad al 15 de Diciembre de 1976."
De aquí se desprende que la amnistía nunca podría referirse a casos graves como el genocidio o lesa humanidad o, en supuesto de guerra, a casos graves de crímenes cometidos fuera de combate, con víctimas especialmente desvalidas o cuando se trate de desapariciones forzadas, torturas o violaciones sexuales. «En la misma línea, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia, del 5 de Septiembre de 2005, nos dice: "El Estado tiene el deber de investigar y sancionar de manera seria las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad. Dicha investigación debe incluir la identificación plena de todas las víctimas".
Por último, también es interesante, en el mismo sentido, la sentencia del tribunal oral en lo criminal federal número 5, de la capital federal Argentina, de 11 de Agosto de 2006, en el caso Turco Julián. Esta sentencia, la primera que se dictó después de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, es muy clara cuando dice: "La respuesta es que los instrumentos internacionales que establecen esta categoría [crímenes contra la humanidad], así como el consiguiente deber para los estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan y, por ende, no admiten que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelva la posibilidad del reproche. Por el contrario, los instrumentos internacionales que alguna mención hacen del tema establecen precisamente el principio opuesto». 31
La Cámara de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona, en el caso Kondewa de 25 de Mayo de 2004, entre otros, invalidó las especificaciones sobre la amnistía del Acuerdo de Lomé de 1999 respecto de las normas de este tipo que pudieran beneficiar a los principales responsables de crímenes contra la humanidad. El representante oficial de la ONU que firmó el acuerdo anotó: «Naciones Unidad interpreta que la amnistía no será aplicable a los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones de Derecho Internacional.» 32
El Tribunal Constitucional sudafricano, en el caso Azapo (Azianian People´s Organization) y otros vs. President of the Republic of South Africa, sustentó que la expresión del artículo 6 (5) del Protocolo II de las Convenciones de Ginebra de 1977,33 "amnistía más amplia posible" no excluía el procesamiento por crímenes internacionales. El propósito de ese artículo se comprende mejor refiriéndolo a la tropa (soldados) más que a los responsables máximos de los meritados crímenes.
"…h) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.".
Debe quedar claro, desde luego, que imposibilitar la persecución penal (en la forma expuesta) de estos hechos, sería tanto como actuar contra los derechos de las víctimas, dejándolas en el mayor desamparo y, entre esos derechos, el derecho a la verdad, debido proceso, reparación y garantías de no repetición (Resolución 60/147 de 16 de Diciembre de 2005 de la Asamblea General de la ONU, que contiene los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos u obtener reparaciones), sin olvidar que las violaciones sistemáticas y masivas de Derechos Humanos cometidas por organizaciones políticas son imprescriptibles.34
Ya en 1973, «la Asamblea General adoptó un conjunto de Principios de Cooperación Internacional en la Detención, Arresto, Extradición y Condena de personas culpables de crímenes de guerra y lesa Humanidad. El Principio I es que "los crímenes contra la humanidad, allá donde fueran cometidos, serán sometidos a investigación, y las personas contra las que haya pruebas de haber cometido tales crímenes serán objeto de búsqueda, detención, juicio, y, de ser considerados culpables, castigo".» 35
"Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar las medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional" (Principio II, letra b).
"En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se les declara culpables, la obligación de castigarlos" (Principio III, nº 4).
"Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima" (Principio V, nº9).
"La víctima…tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional" (Principio VIII, 12). 36
"Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario" (Principio IX, 15).
"22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:
La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad…
Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella."
Establecer la existencia y comisión del delito puede tener unas consecuencias civiles y patrimoniales importantes, además de permitir el ejercicio del derecho a la memoria, como derecho de ámbito y contenido internacional. 37
A este respecto, la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, en su artículo 4.1 establece que la declaración de reparación y reconocimiento personal no agota la exigencia de responsabilidad y "es plenamente compatible...con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar en los Tribunales de Justicia".
"Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de acciones y acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes y en los tratados y convenios internacionales suscritos por España".
El grupo de expertos, para cuya formación se solicitará a las partes que, de común acuerdo, designen el nombre de cinco personas, a las que se unirán otras dos que serán nombradas por este Juzgado, tendrá como misión en su pericia (artículos 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas en el período estudiado (17 de Julio de 1936 hasta el 31 de Diciembre de 1951), diferenciándolos, luego de estudiar todos los datos aportados y que se aporten a la causa, en tres grupos:
Personas detenidas y desaparecidas hasta el día de la fecha, con propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos. Personas detenidas y desaparecidas cuyos cuerpos se recuperaron pero aún están sin identificar, con la misma propuesta del punto anterior sobre su identificación. Personas detenidas desaparecidas y que han sido identificadas.
Por su parte, el grupo de Policía Judicial, estará integrado por un jefe de grupo y nueve funcionarios que serán comisionados para que, con competencia en toda España y actuando por delegación de la autoridad judicial competente en cada lugar, puedan acceder a cualquier registro público o, en su caso privado, cumpliendo las normas legales, acervo documental, archivos, centros de documentación, etcétera, para obtener información sobre los apartados anteriores, incluida la toma de declaraciones a las personas que fueren necesarias para la averiguación de los hechos o localización de datos sobre los responsables.
El 5 de Mayo de 2008, de la Asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo", participando la que se va a llevar a cabo en el término municipal de Parrillas (Toledo).
El 28 de Agosto, por la misma asociación y ocho más, comunicando las que se van a practicar o se han practicado en los términos municipales de Adrada de Haza, San Juan del Monte, ambos en la provincia de Burgos; La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo, todos ellos en la provincia de León.
El 8 de Septiembre, por Dª Carmen Dorado Ortiz, comunicando exhumación en el término municipal de Córdoba.
El 12 de Septiembre, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada y Dª Nieves García Catalán, comunicando la exhumación de los restos humanos de Dióscoro Galindo y Francisco Baladí Melgar, entre los términos municipales de Víznar y Alfacar (Granada).
El 22 de Septiembre, por Dª Juana Bort Padilla, para que ordene la apertura de las fosas comunes existentes en las localidades de La Palma del Condado, Bonares y Niebla, en la provincia de Huelva, entre otras diligencias.
El 6 de Octubre, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras, comunicando exhumaciones en Valdenoceda (Burgos), Fuerte San Cristóbal (Navarra) y La Serna (Madrid); así como, cualesquiera otras exhumaciones que se propongan, procede autorizar su inicio, desarrollo o continuación, cumpliendo los requisitos mínimos que se basen en las siguientes premisas:
La certeza o información contrastada de la existencia en el lugar de que se trate, de una fosa en la que podrían existir restos de personas detenidas-desaparecidas.
Su previa petición de los interesados, y caso de ausencia, deberá decidirse por la autoridad judicial que corresponda.
La ubicación y titularidad del lugar, así como si existe conformidad o no por parte del mismo, cuya ausencia deberá ser suplida con la correspondiente autorización de la autoridad judicial que valorará todas las circunstancias concurrentes, atendiendo al interés más necesitado de protección que, en este caso, sería la del hallazgo de la víctima.
La exhumación deberá hacerse, en todo caso, bajo la supervisión y dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre el lugar, específicamente a la hora de proceder al levantamiento del cadáver, identificación, inhumación y registro de la víctima.
La identificación de restos de las víctimas se hará mediante el auxilio de las técnicas que correspondan tanto en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología) (artículo 480 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), como en clínicas forenses, grupo de expertos o con el auxilio de los técnicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Universidades o cualesquiera otros organismos nacionales o internacionales que puedan aportar ayuda.
Se solicitará dictamen al grupo de expertos para la posible creación de un banco de ADN para la acumulación de las cepas que puedan ser necesarias para poder desarrollar las pruebas de este tipo que correspondan con el fin de identificación de las víctimas, y, para cuya concreción práctica se reclamará la cooperación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Servicio de Biología) citado.
Las exhumaciones deberán realizarse procurando preservar las medidas de seguridad, privacidad, con cooperación del titular del lugar, así como garantizando la dignidad de las víctimas y familiares, evitando que pueda perjudicarse o deteriorarse la acción de la justicia.
El 19 de Mayo de 2008, por la Asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" solicitó se curse oficio a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre, preste colaboración en las exhumaciones que se lleven a cabo en dicha Comunidad Autónoma.
El 14 de Agosto de 2008, por la anterior Asociación y ocho más, solicitando se dirija suplicatorio al Congreso de los Diputados para que las exhumaciones practicadas en España y relacionadas con los hechos de esta causa, sean objeto de investigación y dictamen por una comisión independiente de hombres honestos.
En el mismo escrito, solicitando se curse oficio al Sr. Presidente del Gobierno de España para que por el órgano gubernamental que corresponda se asuma directamente el control y responsabilidad, junto a la eficacia, de toda la coordinación y colaboración entre Administraciones Públicas en la localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y posguerra.
En el mismo escrito, interesando se requiera a la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Universidad de Extremadura y Ayuntamiento de Mérida para que aporten información de las exhumaciones practicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma.
El 14 de Agosto, en escrito diferente pero por la misma parte, instando que se curse exhorto al Juzgado Decano de los de Málaga para que informe si se han abierto diligencias por las exhumaciones practicadas en el antiguo cementerio de San Rafal, de Málaga, requiriendo a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Universidad de Málaga para que informen sobre las mismas.
El 8 de Septiembre, por Dª Carmen Dorado Ortiz, solicitando se requiera al Ayuntamiento de Córdoba para que remita la documentación obrante en los Archivos Municipales sobre el cementerio de la Salud de Córdoba, sobre planos del cementerio, mapa de fosas, actas capitulares y demás informaciones sobre la ubicación de la denominada Zanja Z, Caja B. Que, igualmente, se requiera a la Prisión Provincial de Córdoba para que localice y remita los expedientes obrantes en la misma relativos a los diputados Luis Dorado Luque y Antonio Acuña Carballar y en el mismo sentido, se requiera al Ministerio de Justicia para que remita los expedientes judiciales referidos a los mismos.
El 22 de Septiembre, por la Asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" y nueve más, solicitando la suspensión de las obras de construcción de 119 viviendas en el término de La Palma del Condado (Huelva) frente al Centro de Salud de dicho municipio, al poder afectar a una fosa común. En el mismo escrito, y por otrosí, informando del derribo en breve plazo de la antigua cárcel de Carabanchel en Madrid y solicitando se acuerde la cautelar suspensión gubernativa del procedimiento administrativo que se sigue para la adjudicación de las obras.
El 16 de Octubre, por la Asociación "Nuestra Memoria, Sierra de Gredos y Toledo" y otras solicitando se libre nuevo oficio al Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid a fin de que remita información en soporte digital, de inhumaciones efectuadas entre los años 1937 y 1943 en los Cementerios del municipio de Madrid, más la de aquellos años posteriores que puedan relacionarse con este procedimiento.
ACEPTAR LA COMPETENCIA para la tramitación de la presente causa, que se llevará por los trámites de las Diligencias Previas, por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad.
Cursar oficio a los correspondientes Registros Civiles para que APORTEN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN, en plazo de 10 días, a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal, por fallecimiento de:
Reclamar del Ministerio del Interior (Secretaría de Estado para la Seguridad), los datos que identifiquen a los máximos dirigentes de la Falange Española, entre el 17 de julio de 1936 y 31 de diciembre de 1951, para una vez identificados, acordar lo necesario sobre la imputación y extinción, en caso de fallecimiento, de la responsabilidad penal.
Formar un grupo de Expertos en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto. A tal efecto, requiérase a las partes para que designen, de mutuo acuerdo, a las cinco personas que integren el referido grupo, en un plazo no superior a diez días, que se unirán a las dos que nombre el Juzgado, los cuales deberán aceptar y jurar o prometer el cargo.
Formar un grupo de Policía Judicial, en número, forma y con las competencias marcadas en el Razonamiento Jurídico Décimosexto, a cuyo fin remítase oficio a la Comisaría General de Policía Judicial para que remita los nombres de los funcionarios, correspondiendo la designación del Jefe del grupo a este Juzgado.
Autorizar las exhumaciones que se citan en el Razonamiento Jurídico Decimoséptimo en la forma y con los requisitos que se mencionan en el mismo. A tal efecto, se cursarán los exhortos correspondientes a los Juzgados territorialmente competentes con quienes tendrán que coordinar la actividad los solicitantes y los grupos de expertos y Policía Judicial, para fijar el día de la exhumación y, en su caso, levantamiento de cadáver y traslado de restos, que deberá ser comunicado a este Juzgado. En todo caso y, de estar identificados los lugares, las diligencias deberán practicarse a la mayor urgencia.
Practicar las diligencias que se citan en los puntos 1, 4, 5, 6 y 7 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo, según lo que consta en el mismo.
No acceder a la práctica de las diligencias 2 y 3 del Razonamiento Jurídico Décimoctavo.
1. «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de Octubre de 1934 y antes de Julio de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión...». El Decreto de 26 de Abril de 1940 ordenó la instrucción de la Causa General para la persecución de los supuestos delitos cometidos por el bando republicano; y en 1943 se creó el cargo de Fiscal Jefe de la Causa General: "Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España". En 1945 se presentó la publicación derivada de la Causa General, con el nombre de Datos complementarios para la Historia de España. Guerra de liberación 1936-1939.
2. El bando de guerra es "una disposición emanada de un general, Jefe o autoridad militar, en campaña o en estado de guerra, contra la cual no cabe alegarse, como subsistente, ninguna ley anterior". Sin embargo, el bando de guerra es un instrumento excepcional y transitorio para hacer frente a una situación de emergencia nacional, pero no puede suprimir garantías como el habeas corpus o la salvaguarda de la vida y la integridad corporal. No podía crear y ampliar, y sin embargo lo hizo, delitos y penas. La violencia que vino a continuación fue un elemento estructural del régimen. (Martín Pallín: "Derecho y Memoria Histórica"). "La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento" (Moreno Gómez, 1999, citado por Martín Pallín). Martín Pallín: ·"Derecho y Memoria Histórica". Página 24. Editorial Trotta. 2008.
3. "Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente". Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Universidad de Quilmes. Argentina 2002.
4. "Justicia Universal para crímenes internacionales". Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008.
5. Citada por Joaquín Arrarás Iribarren en su libro "Historia de la Segunda República española", capítulo XIX, página 308, nota 2ª, entregada por aquél a Fal Conde, delegado de Don Alfonso Carlos, el 15 de Junio de 1936.
6. Citada en el libro "Augurios, estallido y episodios de la Guerra Civil (50 días con el Ejército del Norte)", Joaquín Pérez Madrigal, 1937 y por Benito Díaz Díaz en "El Período de los huidos en el centro de España". (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008. Pág. 121).
7. Benito Díaz:"El Período de los huidos en el centro de España". (1939-1944.El último frente. Editorial Catarata, 2008).
8. Citado en el libro de José del Castillo y Santiago Álvarez, "Barcelona, Objetivo Cubierto".
9. De "Las fosas de Franco, los republicanos que el dictador dejó en las cunetas". Madrid, Temas de Hoy, 2003, página 131, de Emilio Silva y Santiago Macías.
10. Espinosa Maestre: "La Justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División: Sevilla, Cádiz, Córdoba y Badajoz". Editorial Crítica, 2006.
11. Espinosa Maestre: "La columna de la muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz". Editorial Crítica, 2003. Gustau Nerín i Abad: "La guerra que vino de África". Editorial Crítica, 2005.
12. Citado por Secundino Serrano en "Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952", de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008.
13. Santos Juliá. Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy. 1999. Página 25.
14. R. Abella: "La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco". Reeditada 2008.
15. R. Miralles: "Juan Negrín: resistir, ¿para qué?". Historia 16, 253 (1997), página 23.
16. J.T. Whitaker: "We cannot escape history". New York. The Macmillan Company, 1943.
17. J. Casanova. "Una dictadura de 40 años", en: J. Casanova (Coord.). "Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco". Barcelona. Crítica. 2002, página 11.
18. Benito Díaz Díaz: El Período de los huidos en el Centro de España (1939-1944) en El Ultimo Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.), pág. 122. Editorial Catarata 2008.
19. Citado por Secundino Serrano en "Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952", de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Páginas 101-102. Editorial Catarata, 2008.
20. Caso nº 72 The German High Command Trial of Wilhelm von and thirteen others, US Military Tribunal, Nüremberg, 30th December 1947- 28th October 1948,part III, pag. 21.
21. The Prosecutor vs. Georges Ruggin, Case No. ICTR-97-32-I, sentencia de 1 de Junio de 2000.
22. -Citado por Secundino Serrano en "Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952", de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008.
23. "Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente". Baltasar Garzón. Editorial Prometeo. Página 56. Universidad de Quilmes. 2002.
24. "Justicia Universal para crímenes internacionales". Manuel Ollé Sesé. Edi. La Ley Temas. Pags. 118-119. Las Rozas. 2008.
25. Con esta expresión castellanizada se publicaron en el Boletín Oficial.
26. El Movimiento Nacional se componía, entre otras organizaciones y cargos públicos e instituciones, de un partido único, llamado Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y JONS) creado por Francisco Franco Bahamonde por el Decreto nº 255 de 19 de Abril de 1937 (B.O.E. de 20 de abril de 1937). En su artículo primero decía: «Falange Española y Requetes, con sus actuales servicios y elementos, se integran bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional que, de momento, se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS»; en el artículo 2º se disponía: «Serán órganos rectores de la nueva entidad política nacional, el Jefe del Estado, un Secretario o Junta Política y el Consejo Nacional…». En tanto que el artículo 3º decía: «Quedan fundidos en una sola Milicia Nacional, las de Falange Española y de Requetés…La Milicia Nacional es auxiliar del Ejército. El Jefe del Estado es Jefe Supremo de la Milicia. Será Jefe directo un general del Ejército con dos subjefes militares procedentes, respectivamente, de las Milicias de Falange Española y de Requetés. Para mantener la pureza de su estilo se nombrarán los asesores políticos del mando».
27. Disposición del vicepresidente del Gobierno Francisco Gómez Jordana y Sousa (B.O.E. de 18 de Julio de 1938), por la que se restablece la dignidad de Capitán General en el Ejército y en la Armada y se exalta a dignidad el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar, Aire, Jefe Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, al Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde.
28. Secundino Serrano. "Génesis del Conflicto: La represión de los huidos. Dentro del libro Federación Guerrillera de León-Galicia. El último Frente. Resistencia Armada Antifranquista en España 1939-1952", de José Arostegui y Jorge Marco (Eds). Editorial Catarata, 2008, páginas 108-109.
29. Julián Chaves Palacios: Notas Documentales y Orales en el Estudio de la Guerrilla, página 268. En El Último Frente. Julio Arostegui y Jorge Marco (Eds.). Editorial Catarata. Madrid 2008.
30. Informe de Amnistía Internacional de 18 de Julio de 2005. España: poner fin al silencio y a la injusticia. Páginas 12 y 14.
31. "La línea del horizonte". Baltasar Garzón. Editorial Debate. Pág. 280. Barcelona. Mayo 2008.
32. "Crímenes contra la Humanidad. La lucha por la justicia global". Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI. Madrid 2008. Pág. 288.
33. «A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraron conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.» Art. 6.5, Protocolo II Adicional a las Convenciones de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, de 8 de junio de 1977 (B.O.E. 26 de julio de 1989). Código de Derecho Penal Europeo e Internacional. Luis Arroyo Zapatero y Adán Nieto Martín. Ministerio de Justicia. Universidad de Castilla-La Mancha. Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. Madrid 2008. Pág. 523.
34. Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad. Documento ONU E/CN 4/2005/102/Add, 1 de 8 de Febrero de 2005. Andrea Greppi: "Derecho y memoria histórica". Editorial Trotta.
35. "Crímenes contra la Humanidad. La lucha por una justicia global". Geoffrey Robertson. Editorial Siglo XXI. Madrid 2008. Pág. 278.
36. El artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (B.O.E. de 30 de abril de 1977) dice "Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en el ejercicio de sus funciones especiales. b) La autoridad competente judicial…decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial".
37. José María Sana: "Derecho y memoria histórica" página 99. Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos titulado Estudio sobre el Derecho a la verdad. E/CN 4/2006/91 de 9 de Enero de 2006, que desarrolla el principio y derecho de las víctimas a saber.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/compet.html