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Timestamp: 2020-02-18 22:22:54
Document Index: 49631645

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 49', 'in dubio', 'artículo 14']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 30, de 29/03/2016
cve: DSCD-11-CO-30
Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 30
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO
Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de estas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de expediente 042/000001)... (Página2)
- Relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000113) ... (Página3)
- Sobre los incumplimientos de los gobiernos del PP relativos a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000118) ... (Página3)
- Sobre actuaciones para evitar el cierre de la Mina de Aguablanca. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000132) ... (Página12)
- Sobre la moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica ("fracking"). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000170) ... (Página17)
- Sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural "Castor". Presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000208) ... (Página23)
- Relativa a los astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000020) ... (Página30)
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Damos comienzo a la primera sesión de esta Comisión. Como cuestión previa del orden del día, se nos ha trasladado de palabra una petición para la acumulación en el debate de las proposiciones no de ley de los puntos tercero y cuarto, del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. ¿Estamos de acuerdo en su debate conjunto? (Asentimiento). Por lo tanto, se debatirán conjuntamente las proposiciones no de ley que figuran como puntos tercero y cuarto del orden del día. (El señor Martínez Oblanca pide la palabra).
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Yo que soy uno de los afectados, es la primera noticia que tengo.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Lo hemos solicitado en este momento.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente? ¿Se pueden debatir conjuntamente? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día. El primer punto es la delegación en las Mesas de la Comisiones de la competencia recogida en el artículo 44 del Reglamento. Ya saben que se refiere a las solicitudes de comparecencia de autoridades a los efectos del artículo 44, facultad que correspondería no a la Comisión, sino a la Mesa, de conformidad con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983, en la que se establece la posibilidad de delegar en la Mesa de la Comisión las facultades a las que se refiere el artículo 44. El rechazo de las solicitudes de comparecencia siempre exigirá en todo caso el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso contrario. Esto se ha hecho así en todas las Comisiones, normalmente no se vota; simplemente si estamos todos de acuerdo, se aprueba por asentimiento la delegación de esta facultad de la Comisión en la Mesa. ¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento). Perfecto, queda aprobada.
Comenzamos con el punto segundo, que es la proposición no de ley relativa a los astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado cuatro enmiendas, una del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, dos del Grupo Parlamentario Ciudadanos y una del Grupo Parlamentario Popular. (La señora Rodríguez Hernández pide la palabra).
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, habíamos solicitado cambiar el orden.
El señor PRESIDENTE: Debe expresarlo ahora en la Comisión.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Nosotros habíamos solicitado hacer un cambio, si es posible, para que la proposición no de ley sobre el tema de Navantia fuera el punto cuarto y tratar primero las dos proposiciones de ley que tienen que ver con la tarifa eléctrica. Lo hemos solicitado porque el ponente todavía no ha llegado por un problema, pero si no es posible le sustituimos. No podemos hacer otra cosa.
El señor PRESIDENTE: Esa es una decisión que corresponde a la Comisión. Si no hay ningún inconveniente, si estamos todos y no perjudica a otros ponentes el hecho de que no esté el ponente al que corresponde intervenir, no es una facultad exclusivamente mía, sino de los miembros de la Comisión. Si hubiera alguien que tiene un inconveniente porque tiene que venir otro ponente, evidentemente no se podría cambiar. (La señora Blanquer Alcaraz: ¿Cuál sería el orden?). Por tanto, el orden sería pasar la proposición no de ley que figura como punto número dos a la última, y empezaríamos con las proposiciones no de ley que figuran como puntos tercero y cuarto del orden del día. (La señora López Ares: ¿Agrupadas?). Sí agrupadas, correcto. Por lo tanto, intervendrían en primer lugar los Grupos Parlamentarios Mixto y Podemos-En Comú Podem-En Marea para defender las dos proposiciones. ¿Les parece a todos correcto? Este cambio no es lo habitual, pero a veces estas cosas pasan. (Asentimiento). Por tanto, pasamos el punto dos al final y mantenemos la agrupación del tercero y el cuarto.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE PRECIO COMPETITIVO, ESTABLE Y PREDECIBLE PARA FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ELECTRO-INTENSIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000113).
- SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS GOBIERNOS DEL PP RELATIVOS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE LAS SUBASTAS PARA EL SERVICIO DE INTERRUMPIBILIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y DEFINICIÓN DE UN MODELO ENERGÉTICO GALLEGO SOCIAL Y SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000118).
El señor PRESIDENTE: Para defender los puntos tercero y cuarto el tiempo es de siete minutos, que es lo que se está consumiendo en todas las Comisiones para la defensa de una proposición, y luego tanto para las enmiendas como para fijar la posición de aquellos grupos que no hayan presentado enmiendas el tiempo es de cinco minutos. Teniendo en cuenta que son cinco proposiciones no de ley, lo normal es prever aproximadamente media hora para cada una y como todas se votarán al final, seguramente no se procederá a la votación antes de las once y media.
Por el Grupo Parlamentario Mixto interviene el señor Isidro Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, muchas gracias.
Muy buenos días a todos. En coherencia con el programa electoral de mi partido y dando continuidad a las propuestas que ya formulamos la pasada legislatura en las Cortes Generales, he promovido que mi primera iniciativa presentada ante esta Comisión de Industria, Energía y Turismo, sea relativa a una cuestión muy importante por la que Foro Asturias viene trabajando desde que comenzamos a tener representación en las instituciones democráticas. Se trata de una proposición no de ley que responde a un problema crucial para el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo, estables y cualificados, directos e indirectos, que dependen de la industria básica española. Queremos, en definitiva, evitar procesos de desmantelamiento que además arrastrarían a comarcas enteras, cuya población gira en torno a industrias y centros de producción de gran consumo electro-intensivo, es decir, metalurgia, siderurgia, cemento, química, aluminio, cinc, cerámica, etcétera. Estamos hablando, por tanto, de un gran impacto social y económico, cuestión de inequívoco interés general. Siendo muy importante para Asturias, esta no es una iniciativa que se circunscriba solamente a mi comunidad de origen, sino al conjunto de España y singularmente a aquellos territorios con un sector industrial muy potente. Este es un asunto de política nacional, al tratarse de industrias y trabajadores que dependen de que el Gobierno establezca de una vez unos costes energéticos homologables para competir con los países europeos.
La proposición no de ley tiene tres puntos y se basa en el fomento de nuestra competitividad, tomando como referencia lo que ya se está haciendo en Europa mediante diferentes esquemas de reducción de costes y, sin ir más lejos, en aplicación de las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección de medio ambiente y energía 2014-2020, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea a finales de junio de 2014. Planteamos la homologación y la adaptación del mercado energético nacional a lo que ya se está haciendo en Europa, como es el caso de Alemania o Francia, países cuya producción industrial compite con la nuestra, porque queremos que en España se apliquen medidas relativas al suministro eléctrico a un precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del
mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal. Es decir, pretendemos que en España se disponga de unos costes energéticos semejantes a los que se obtienen en otros mercados. Y todo ello con el objetivo de que nuestras industrias logren una estructura de costes que haga posible competir en igualdad de condiciones con las europeas.
Como señalé al principio, este asunto ya fue objeto de atención en la pasada legislatura por iniciativa de diferentes grupos parlamentarios y partidos políticos, entre ellos Foro, para corregir la deriva de los precios de la electricidad iniciada en 2008, y también la insuficiencia de las posteriores medidas para afrontar lo que se dio en llamar entonces el tarifazo. Fueron propuestas parlamentarias tendentes a conseguir tarifas eléctricas competitivas y estables, para que los diferentes sectores industriales y empresas pudieran disponer de una base sobre la que aplicar estrategias y planes, que no estén sometidos periódicamente a la incertidumbre y que les permitan competir en condiciones de igualdad con sus homólogos en Europa y en el mundo.
Señorías, la situación actual de nuestra industria electro-intensiva es muy sencilla de describir. Tomemos, por ejemplo, el aluminio, el acero o el cinc, que se venden en un mercado global que es el que marca los precios a nivel internacional. Sin embargo, los costes de la energía que se precisa para la producción de estos materiales, están señalados por el mercado nacional que es el que regula el Gobierno de España. Y es aquí donde se aprecian las sensibles diferencias de tratamiento de unos Gobiernos y otros. Basta tomar como referencia los datos más actualizados de Eurostat, en los que se refleja que el coste del kilovatio hora industrial en España es de 0,117 euros, a expensas siempre de las subastas que, como todas las pujas, es un sistema impredecible que está abocando a las amenazas de deslocalización y a que la producción se desplace hacia otros países europeos. Y no solo europeos, porque si observamos lo que se hace en otros continentes, vemos que en Estados Unidos, por citar casos concretos, los costes de su energía industrial son la mitad que la media europea. En China son una quinta parte menor y encima, como todos ustedes saben, con un alarmante problema de "dumping" que está amenazando muy seriamente a nuestras plantas de producción de acero, que hoy están sufriendo los trabajadores de la Acería Compacta de Bizkaia en Euskadi. En Oriente Medio el desfase es aún mayor, de ahí que en la producción de aluminio, por ejemplo, vaya a implantarse una macroplanta de Alcoa, que es una multinacional que también tiene factorías en Asturias y en Galicia.
Por todo ello, esta cuestión relativa a nuestra industria básica electro-intensiva, necesita de medidas urgentes y prioridad absoluta porque responde a una cuestión de gran interés general. De ahí que haya formulado una proposición no de ley que tiene tres puntos para los que reclamo el apoyo de la Comisión. En primer lugar, instamos a favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, metalurgia, siderurgia, cemento, gases industriales, química y otros, mediante el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal, para disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados, que permitan a las industrias españolas lograr una estructura de costes adecuada para competir en igualdad de condiciones con las industrias europeas. En segundo lugar, la adopción de medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de frenar el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos. Finalmente, en el tercer punto, la proposición de Foro insta al Gobierno a acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes consumidores industriales, evitando que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de la Unión Europea, a pesar de nuestro poder adquisitivo inferior al de muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores clave para la economía española. Concluyo, señor presidente, reclamando su apoyo a los miembros de la Comisión, porque no podemos asistir impasibles a las amenazas de deslocalización de nuestras industrias y, por tanto, es inaplazable el fomento de su competitividad. Eso pasa, sin la menor duda, por unos costes energéticos homologables con los de los países europeos competidores.
Se han presentado dos enmiendas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos-En Comú Podem-En Marea. Señor Martínez Oblanca, quiere pronunciarse sobre si las va a admitir o no, o prefiere que le demos luego la palabra.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: En principio prefiero que intervengan los propios grupos en defensa de sus propuestas.
A continuación, para la siguiente proposición no de ley, punto cuarto, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos interviene doña Yolanda Díaz. Tiene la palabra.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenos días, señor presidente. Quiero clarificar que somos el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre todo porque la iniciativa que traemos efectivamente viene de Galicia y, particularmente, del grupo al que represento que es En Marea.
Dicho esto, buenos días a los miembros de la Comisión. Efectivamente, nos sumamos a uno de los debates más trascendentes que tiene la industria y seguramente nuestro país en relación con los elevados costes energéticos. Costes energéticos que sin lugar a dudas ponen en cuestión el propio desarrollo industrial de nuestro país. También sin lugar a dudas podemos evaluar cuáles son las razones principales por las que las empresas y el sector industrial en el conjunto del Estado español tienen enormes dificultades. La primera de ellas es sin duda el coste energético y la segunda, como todas y todos ustedes saben, los costes financieros. Ya hemos conseguido que los costes laborales sean realmente pequeños en relación a lo que fue su desarrollo en el conjunto de nuestro Estado. Por tanto, estamos ante un problema sustancial que atañe de manera particular a la empresa Alcoa en el caso de Galicia, de manera central a la planta que tiene dicha empresa en la ciudad de A Coruña.
En nuestra iniciativa decimos que desde luego no compartimos la propuesta que hizo el Gobierno del Partido Popular, en funciones en este caso, desde la propia Ley del Sector Eléctrico, de la que trae causa el sistema de subasta de interrumpibilidad a través del artículo 49, por ser un sistema absolutamente ineficiente para la problemática que tenemos de costes energéticos en las industrias electro-intensivas, pero también porque es un sistema profundamente opaco o muy poco transparente y, sobre todo, porque es profundamente injusto. En definitiva, es Juan Pueblo el que paga los costes de estas energías que, insistimos, no tienen por que soportar la ciudadanía ni el país. Por tanto, estamos ante una propuesta completamente fallida, como vienen reclamando todos los sectores implicados en estas empresas, que no sirve como salida técnica para el sistema. Tanto es así que, efectivamente, Alemania y otros países se dotan de sistemas técnicos de interrumpibilidad pero nunca como sistema principal, sino como elementos complementarios. Insisto, no como sistema principal. Así es que, en el caso de la empresa Alcoa, ahora estamos en la misma situación, a la espera de la siguiente subasta, que pone a la empresa en jaque -deseamos que no sea mate- y a los puestos de trabajo que pesan en la ciudad de A Coruña. Una subasta que efectivamente es altamente especulativa, opaca y que, insistimos, no sirve para resolver esta problemática. En el caso de Alcoa en A Coruña, además nos encontramos con enormes dificultades, puesto que es una empresa que, como solicitamos en nuestra iniciativa, necesita de un plan de inversiones para incidir en el ahorro energético, ir implementando las rebajas en las emisiones contaminantes, y también para cambiar el modelo respecto de la producción de aluminio. Insistimos en la definición de un modelo propio, toda vez que Galicia es exportadora, no de energía pero sí de electricidad, que permita compensar de alguna forma los excedentes con los que también contribuimos al conjunto del Estado. En todo caso lo que es evidente es que el sistema de interrumpibilidad de la subasta, tal y como ha sido concebido por el Gobierno en funciones del Partido Popular, no nos sirve. En segundo lugar, queremos alternativas a este sistema. Hay múltiples fórmulas, desde los contratos bilaterales hasta otras muchas fórmulas de interconexión diferentes, como el caso italiano, pero también válidas. En este sentido nuestra iniciativa contiene cuatro puntos: en primer lugar, para dotar de estabilidad al propio sistema en las industrias pesadas, de modo que tengan garantías y no estén sujetas a esa soga, en este caso con carácter anual, a la que el Gobierno del Partido Popular les somete. En segundo lugar, definir un modelo energético que sirva para la industria pesada. En tercer lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Insisto, prácticamente todos los años salimos en manifestación para exigir su mantenimiento. En definitiva, solicitamos la redefinición de un sistema que, en este caso, tiene una peculiaridad gallega.
Es cierto que existe mucha preocupación. Ayer mismo nos reunimos con los comités de la empresa de Alcoa en A Coruña. No podemos obviar que el coste total de la producción energética supone en esa empresa el 43 %, como no podemos obviar que estamos ante una empresa realmente relevante para el conjunto de Galicia, para A Coruña, y que desde luego exige una solución inmediata. Hay incertidumbre sobre todo porque tenemos un Gobierno en funciones. En principio la subasta tendría que ser en junio, cosa que parece que no se va a producir. En todo caso es un sistema complejo. Como saben, en el año anterior se suministró en bloques un importe total de 700 millones de euros, el año anterior fueron 507 millones de euros. El Gobierno se ha quedado con 50 millones de euros, no sabemos muy bien por qué razón. De todos modos, la cuestión central es que el sistema de subastas descendente de interrumpibilidad no vale para el enorme problema que tenemos con las industrias electro-intensivas. En este sentido solicitamos su apoyo para nuestra iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora diputada.
Pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, una a la proposición no de ley del punto tercero y otra a la del punto cuarto. Para defenderlas conjuntamente, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la diputada Margarita Pérez.
En el Grupo Parlamentario Socialista también estamos preocupados por la situación de las industrias electro-intensivas y su dificultad para poder competir con las de otros países. Así lo hemos manifestando en la pasada legislatura con varias iniciativas, y ahora también hemos registrado una en ese sentido, cuya parte dispositiva presentamos como enmienda a las proposiciones no de ley que hoy debatimos.
Las industrias electro-intensivas son una parte importante de nuestro débil tejido empresarial. Entre ellas están las productoras de acero, con grandes problemas en estos momentos en el País Vasco, las de aluminio y alúmina, con problemas, como decían los compañeros, especialmente en A Coruña, Avilés y riesgos también en San Ciprián, cemento, químicas, etcétera. Los costes energéticos de algunas empresas industriales pueden llegar al 40% de los costes de producción. El sistema de subasta establecido la pasada legislatura para compensar las posibles interrupciones de actividad de estas industrias en los momentos de más demanda en la red, no es lo suficientemente estable y su financiación genera incertidumbre e imposibilidad de planificar la actividad y posibles inversiones. Es necesario generar un marco estable y predecible de suministro energético a un precio razonable, para poder competir en un marco global y evitar deslocalizaciones. Cabe la posibilidad, como dice la iniciativa de Foro, de utilizar otras vías de subvención dentro del marco europeo, como hacen en Alemania al compensar el control de las emisiones que sean menos contaminantes. Es imprescindible garantizar que se compite con reglas similares.
Por otro lado, este tipo de industria se ve amenazada además por los productos importados de China, que están realizando "dumping" social y medioambiental y con las subvenciones contrarias a la normativa europea de la competencia. Están poniendo en peligro miles de empleo de toda Europa y en particular en España. La defensa de la viabilidad del sector del acero y de la siderurgia en Europa debe ser una prioridad política para las instituciones europeas y para los Estados miembros. Por ello, es necesario que la Unión Europea adopte medidas contundentes contra la competencia desleal de China que no cumple con las obligaciones contraídas en el marco de su protocolo de adhesión de la Organización Mundial del Comercio. Esta situación afecta de forma muy importante a empresas como Alcoa, como decía con factorías en Lugo, Coruña y Avilés; Ferroatlántica con plantas en Huesca y A Coruña; Megasa, Celsa y otras.
Alcoa es una empresa fundamental en la economía de la provincia de Lugo con 1.200 empleos directos y otros 600 indirectos. Sería dramática para la provincia de Lugo, que tiene muy poca industria, la hipótesis de la desaparición de la fábrica de Alcoa. Alcoa cerró el ejercicio 2015 con 112 millones de euros en pérdidas debido fundamentalmente a la bajada de los precios en el mercado internacional y Alcoa San Cibrao reducirá este año un 11% la producción de alúmina con el objetivo de que esa reducción contribuya a recuperar el precio de la alúmina en el mercado, ya que el aluminio primario redujo su precio un 35 % y la alúmina un 40 %. Es muy preocupante también la situación de esta factoría en Avilés y la de otras industrias en la provincia de Huesca.
El sector industrial necesita urgentemente un marco estable, predecible y definitivo de los costes energéticos para las industrias más dependientes, aunque es cierto que el sector eléctrico necesita una reforma profunda que va mucho más allá de lo que afecta a esta cuestión, estas industrias necesitan una
solución rápida y estable dada su elevada dependencia de la electricidad. La actividad industrial es una parte muy importante de la actividad económica y está muy relacionada con el empleo. Es posible que uno de los factores que influyen en el alto porcentaje de desempleo que tenemos en España esté relacionado con la baja actividad industrial. Según datos del Ministerio de Industria de marzo de 2016, el índice de producción industrial en España tiene una diferencia con respecto al de los países de la zona euro de 10,9 puntos. Resulta evidente que tenemos que procurar incrementar la actividad industrial de España. La industria crea empleos cualificados y estables y repercute positivamente en la mejora de la productividad. Es necesario encontrar alguna solución para la estabilidad de los trabajadores actuales de estas empresas y para mejorar el sector industrial español y con ello la economía y empleos futuros. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, ha clavado usted el tiempo. Por el Grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra Juan Antonio López por un tiempo de cinco minutos.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Hola, buenos días, y muchas gracias, señor presidente.
Desde luego queda claro que favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas y especialmente asegurar el mantenimiento del empleo es para nosotros un objetivo estratégico de primer orden. En eso estamos absolutamente de acuerdo con la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto. Sin embargo, como los problemas del sistema eléctrico no son problemas recaudatorios, sino de modelo energético, lo mismo se traslada para la tarifa. Nuestra competitividad industrial no puede depender del resultado de una subasta, como ha quedado dicho, de acción de reparto de costes con el Gobierno de turno. El precio de su electricidad depende de un mercado eléctrico con notables deficiencias. El problema de los efectos del precio de la electricidad en nuestra competitividad industrial está en el mercado y no en las subvenciones, que de funcionar este correctamente devendrían en innecesarias. Da igual que hablemos del precio para la industria o para los hogares, hace falta una reforma del mercado eléctrico que actualmente ni es capaz de dar justo valor a las renovables, a la gestión de la demanda real, no pretendida, y al ahorro de energía que son fundamentales para el clima, la calidad del aire y también para la competitividad de nuestra industria ni tampoco es capaz de evitar fuertes distorsiones que minan la competitividad de las empresas y agravan la lacra de la pobreza energética en los hogares. Hay que centrar el problema de los efectos del precio de la electricidad en nuestra competitividad industrial en resolver el mal funcionamiento del mercado y no tanto en pedir, insisto, más subvenciones, ya que si el mercado funcionara correctamente devendrían en innecesarias.
En contra de lo que se suele decir, las energías renovables no son responsables de los elevados precios de la electricidad que consume la gran industria. Al contrario, los bajan. Al pagar una parte proporcionalmente diez veces menor de costes regulados en el sistema eléctrico, sus peajes no alcanzan los diez euros por megavatio/hora, mientras que un consumidor en baja tensión llega a los cien euros por megavatio/hora. Desde nuestro punto de vista el problema debe abordarse en su conjunto.
Por otro lado una de las cuestiones fundamentales en la reducción del precio de la energía y también en la reducción del consumo de energía es la eficiencia energética. Es inadmisible el último ataque a la eficiencia energética de la industria llevada a cabo con el Real Decreto de anti-autoconsumo que no solo dificulta el autoabastecimiento industrial con renovables, sino también la cogeneración. Esto se puede solucionar de forma urgente y rápida con una reforma completa de este real decreto. Solo con una adecuada política de impulso a las energías renovables, eficiencia y gestión inteligente de la demanda se reducirá el gasto de todo el sistema energético sin cargar los hogares, otros sectores o la propia industria.
Por ello proponemos una enmienda de modificación en la cual el punto 1 de la propuesta presentada por el grupo mixto quedaría redactado de la siguiente manera: favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas mediante el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico basado en las energías renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda. Con ello se reducirá el gasto de todo el sistema energético sin cargar los hogares, otros sectores o los Presupuestos Generales del Estado para descargar a la industria. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por Ciudadanos don Enrique Bueno.
El señor BUENO PRADO: Buenos días, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos creemos que lo que realmente es necesario es impulsar todas aquellas reformas para que se establezca un nuevo sistema de suministro eléctrico a un precio
competitivo, estable y predecible, como bien decían mis compañeros, que permita disponer de unos costes energéticos asumibles para la industria española y en particular para las grandes industrias que dependen de grandes consumos de energía en nuestro país y en las que los costes de energía suponen una parte determinante total de esos factores productivos, que como bien decían en algunos casos llegan al 40 % o incluso lo superan. Por ejemplo, como el caso de la mencionada compañía Alcoa.
Se deben de emprender las medidas que procedan para fomentar la implementación por parte de las grandes industrias consumidoras de energía de un plan de inversiones que favorezca la eficiencia energética, la rebaja de emisiones contaminantes y la innovación y la creación del valor añadido de la producción. Todo ello teniendo en cuenta el importante peso que las industrias poseen en la economía y en el empleo de las zonas en que se desarrolla esa actividad. Nos gustaría que se promoviese un pacto de Estado de la energía a partir del diálogo entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible.
No podemos entender un modelo energético gallego, ya que de lo que se trata es de conseguir una unidad en todo el territorio nacional, en todos los sentidos, incluso en el energético también, y de esta manera estaríamos rompiendo esa igualdad. No veríamos un motivo suficiente para que Alcoa, que tiene sedes en Galicia y en Asturias, mantuviese sus instalaciones de Asturias si a 100 kilómetros de distancia tiene una factoría con unas ventajas económicas importantes en energía.
Una vez que ya ha finalizado la defensa de las enmiendas, ¿algún grupo desea fijar posición? (Pausa). El PNV tiene la palabra para fijar posición.
Voy a fijar la posición en relación con las dos iniciativas que han presentado el Foro y el Grupo Parlamentario de Podemos. Hablar hoy de energía y competitividad creemos que es una cuestión importante, porque es un debate que está ahí, en todas partes, y parece que en la Cámara no fuera importante. Es oportuno que este debate se produzca también en esta Cámara. El precio de la energía es un elemento importante de la competitividad de muchas industrias y, por tanto, del futuro de estas empresas que son grandes consumidores y que la factura eléctrica tiene un impacto importante en su estructura de costes. Como señalaba en la propia iniciativa la Unión Europea se ha dado cuenta de ello e intenta solventar la cuestión. Parece ser que Francia y Alemania también se están moviendo en este sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué está haciendo el Gobierno español? Dice que el Gobierno está en funciones, pero lo que no se puede estar es en defunciones que es lo que parece que está, y es evidente. No hay Gobierno en este sentido y creemos que es importante que el Gobierno dé la cara, defienda estos intereses, defienda a estas empresas en un momento como el actual, insisto, en el que se está produciendo un debate y están saliendo a la luz múltiples problemas de estas empresas que son grandes consumidoras. La crisis económica continúa, aunque no nos guste. Sus impactos continúan, aunque no nos gusten, y el Gobierno tiene que actuar, tiene que afrontarlo. Tiene que dar la cara ante la Unión Europea y tiene que adoptar medidas en el ámbito interno que le corresponde. La regulación del campo de la energía le compete directamente al Gobierno. Un mayor detalle de lo que está ocurriendo en la siderurgia en Euskadi. Creo que algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia incluso a Euskadi también. Esto me preocupa mucho. En este sentido he pedido la comparecencia del ministro de Industria en esta Comisión. De momento no ha venido y no sé si va a venir. Esperemos que sí, que se empiece a normalizar, que el Gobierno se dé cuenta de que lo normal es comparecer y dar explicaciones y que poco a poco vayamos entrando todos en la normalidad. Aunque no haya un Gobierno nuevo vamos a tratar de traer los debates que están en la calle a esta Cámara y que el Gobierno nos dé las explicaciones que hagan falta. Porque pedimos por escrito, tanto en relación con lo energético como con lo siderúrgico una serie de explicaciones y estamos todavía sin respuesta. Necesitamos una explicación y que el Gobierno actúe coherentemente. A la caída de la demanda, en el caso de la construcción, del automóvil, derivada de la propia crisis, se le añade, como se ha mencionado aquí hoy, el "dumping" que están provocando los chinos en el sector siderúrgico y también el coste energético diferencial en relación con otros países de nuestro entorno que están sufriendo y que hace que nuestras empresas tengan realmente problemas.
Están comenzando en Euskadi las paradas de la producción, los cierres parciales, temporales, que después serán definitivos, que posiblemente acaben en despidos y, en definitiva, con el desmantelamiento
de un sector que ha sido y que queremos que siga siendo clave en Euskadi. Hoy mismo hay una reunión entre la patronal y los sindicatos de ArcelorMittal Zumárraga, que es la empresa que en este momento está teniendo realmente problemas. Pero también los tuvo hace poco y los sigue teniendo la ACB de Sestao o empresas siderúrgicas como la antigua Sidenor, actual Gerdau. De estas empresas dependen muchísimos trabajadores directos y muchísimos más indirectos. Son una gran parte de nuestra actividad industrial, son un motor de nuestra economía y, desde luego, el Grupo Vasco no va a renunciar a defender y a tratar estos temas donde haga falta. Nos gustaría que en esta Cámara también, insisto, porque el Gobierno tiene competencias en una serie de materias que son clave para el funcionamiento del futuro de este sector. Pedimos compromiso, apoyo del Gobierno, que se remangue y que se ponga manos a la obra y que trate de abordar estas cuestiones. Apoyaremos sin ninguna duda la iniciativa presentada por el diputado de Foro Asturias. (La señora vicepresidenta, Perea i Conillas, ocupa la Presidencia).
En relación con la interrumpibilidad votaremos favorablemente esta iniciativa. Es más difícil la interrumpibilidad como tal concepto seguir defendiéndola en el marco europeo, puesto que parece una ayuda encubierta siempre y cuando no exista, como es en este caso, una demanda importante de electricidad. Ahora, con poca demanda justificar la interrumpibilidad es más complicado. Al margen de lo que es estrictamente la interrumpibilidad, lo que estamos planteando desde el Grupo Vasco es que se doten de una serie de medidas e instrumentos que hagan, como otros países hacen en el marco europeo, que nuestra empresa siderúrgica y otras, que también se han tratado aquí, sean competitivas. Busquemos medidas, pero no solo del sector eléctrico y de la energía, sino medidas fiscales o todo tipo de medidas que puedan servir y ayudar a que estas empresas que tienen en este momento un problema importante y que de no hacer nada pueden acabar en despidos o en cierres, lo cual sería una mala noticia. Que se adopten medidas para que el futuro de estas empresas, que desde el punto de vista competitivo son bastante modernas, continúe adelante es nuestra propuesta y vamos a votar las dos iniciativas favorablemente. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias.
Por el Grupo Democràcia i Llibertat, don Jordi Xuclà.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) desearía fijar la posición sobre estas dos iniciativas expresando de entrada nuestro voto favorable a la iniciativa del diputado Martínez Oblanca y a la propuesta de Podemos. A día de hoy, si hablamos con los que hacen la política industrial nos dirán que seguramente el coste de la energía es la asignatura más importante para hacer una buena política industrial, para hacer que la competitividad se mantenga en el sector industrial. La propuesta del señor Martínez Oblanca merece un planteamiento de conjunto con el que no podemos estar más de acuerdo cuando nos plantea un nuevo sistema eléctrico de precios más competitivos, una reforma estructural de sistema de costes y nos recuerda que las tarifas eléctricas hoy en España son las más caras de la Unión Europea y nos plantea también la senda de la solución a través de las medidas que han adoptado países como Alemania o como Francia a la hora de dejar más claro en la factura de la luz, bien sea para consumo doméstico, bien sea para consumo industrial, lo que realmente es el precio de la energía y lo que son estos déficits de tarifa encubiertos, estos impuestos indirectos que van cargando el recibo de la luz, bien sea para la actividad industrial, bien sea para otras. Durante esta mañana en el último punto del orden del día vamos a poder hablar de la indemnización del almacén subterráneo de gas natural Castor, vamos a poder hablar de la factura del gas y de lo que supone para cada español pagar también, a través del gas, la desgracia de política industrial y de planificación de Castor y les podré ilustrar con algún otro caso vinculado con la misma empresa que está a punto de llegar y que también tendrá que hacer frente el Consejo de Ministros seguramente en breve.
En definitiva, señorías, estamos a favor. Es una buena forma de iniciar esta legislatura tan singular marcando un mensaje claro de que uno de los asuntos peor resueltos la anterior legislatura, una de las asignaturas pendientes, y que cuando se intentó afrontar se afrontó de una forma absolutamente inapropiada, es la política energética, que es la mejor forma de dar respuesta a una política industrial. Hoy por hoy este debate lo tenemos a través de las proposiciones no de ley, pero, señorías, ayer a las siete y treinta y cinco de la tarde se produjo un giro copernicano en la actividad parlamentaria de esta legislatura cuando el Gobierno registró una comunicación al Congreso, en el registro del Congreso de los Diputados, anunciando que ahora sí el Gobierno ha cambiado de criterio y que el presidente del Gobierno, seguramente la próxima semana, eso lo debe decidir la Mesa y la Junta de Portavoces en breve, en cuestión de una
hora, va a comparecer ante la Cámara para discutir sobre política energética. A la luz de este nuevo criterio que supone un giro copernicano del criterio fruto de grandes tomos de doctrina jurídica del Gobierno y quizás de la Vicepresidencia del Gobierno, sería apropiado que el ministro del ramo, el ministro de Industria, compareciera ante esta Comisión y que no siguiera la senda del ministro de Defensa que la semana pasada dejó plantada la Comisión de Defensa. Así podríamos discutir no solo entre nosotros, sino con el Ejecutivo, que está en funciones, pero que debe tomar decisiones sobre política energética. Muchas gracias, señora presidenta.
Para el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular tienen cinco minutos, se reparten el tiempo ustedes, doña Susana López Ares y don Jaime Olano.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias.
Antes de comenzar con las proposiciones no de ley presentadas por los dos grupos parlamentarios quiero recordar al portavoz de Democràcia i Llibertat que perfectamente ellos saben en Cataluña lo que significa tener un Gobierno en funciones y lo que son las obligaciones de un presidente y de unos consejeros, en ese caso en funciones, en este caso estamos hablando de presidente del Gobierno y de ministros del Gobierno de España.
Ya centrándonos en las proposiciones no de ley que se traen hoy aquí, aunque el señor portavoz del Grupo Mixto, de Foro Asturias, el señor Martínez Oblanca realmente titula esta proposición no de ley como una relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, aunque este es el título de la proposición no de ley, sin embargo, si después analizamos tanto la parte expositiva como la dispositiva de la misma, lo que realmente está planteando es una reforma estructural de todo lo que es el sistema energético de nuestro país. Señor Martínez Oblanca, como usted bien sabe, esto ya ha sido llevado a cabo por parte del Gobierno de España desde el año 2011. Se ha trabajado en total con siete reales decretos-ley, con tres leyes, órdenes, decretos. Efectivamente en intentar poner orden dentro de un sistema eléctrico, de un sistema energético, que, como otros mercados y otros sistemas, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero dejó en quiebra. Porque tenemos que recordar la situación que vivía el sistema energético español cuando finalizó el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con unos precios disparados que habían subido casi un 70 % desde el año 2004, con una seguridad financiera del sistema energético que estaba en entredicho, con un déficit de tarifa que, de no haber puesto en marcha las medidas necesarias, hubiese llegado en el año 2013 a 10.000 millones de euros, estamos hablando del 1% del producto interior bruto, y de una deuda acumulada de más de 27.000 millones de euros. Esa es la situación en la que nos encontramos el Gobierno del Partido Popular en el año 2011. A partir de ahí se inició, primero un proceso para corregir esta situación y posteriormente una reforma estructural del sistema energético. Señor Martínez Oblanca, fue una reforma estructural pensando precisamente en todos los usuarios, en todos los consumidores, en las familias, en las pymes, en los autónomos y en los grandes consumidores. Se actuó de tres formas. En primer lugar se actuó para reducir los precios. Ahí quiero destacar la revisión de todas las actividades reguladas y una auditoría de todo lo que eran los costes. Por otra parte, se permite la facturación horaria, para lo cual se han puesto en marcha medidas de transparencia de forma que sobre todo los pequeños consumidores puedan tomar aquellas decisiones que le permitan una rebaja en el precio. Por otra parte se han congelado los costes de peaje y también los costes de las actividades reguladas. Aquí quiero destacar una disminución del 2,8% en el último año con respecto al año anterior. También hemos pensado el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular en aquellos colectivos más vulnerables con una reducción de tarifa del 25% que está afectando aproximadamente a 2,5 millones de hogares. Todo esto ha permitido una reducción de los precios para el pequeño consumidor en un 15 % hogares y también para las grandes empresas, incluidas las electro-intensivas, de una reducción de un 35 % en los meses del año actual. Se ha garantizado también la estabilidad financiera, la estabilidad regulatoria del sistema. Se ha conseguido eliminar el régimen tarifario. Se ha conseguido un superávit en el año 2014 y 2015. También se apuesta por parte del Gobierno de España por las energías renovables. Eso sí energías renovables que tienen que tener unas rentabilidades sensatas. Estamos hablando de unas rentabilidades del 7,5 % y no aquellas rentabilidades próximas al 30% que efectivamente llevaron a quiebra al sistema eléctrico español. Es decir, se han puesto en marcha las medidas que permiten garantizar el equilibrio del sistema energético: existencia de precios competitivos, analizar y tener en cuenta el impacto medioambiental y garantizar la seguridad energética y de suministro.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Disculpe, señora López, le queda menos de un minuto.
La señora LÓPEZ ARES: Un minuto y termino.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): No, un minuto para los dos. Termine.
La señora LÓPEZ ARES: Antes de ceder la palabra a mi compañero y agradeciendo a la señora presidenta el tiempo que nos va a dejar de holgura. En cuanto a las empresas electro-intensivas efectivamente tenemos la interrumpibilidad. Pero no solamente eso, sino que tenemos beneficios fiscales y quiero recordar el beneficio fiscal para las empresas electro-intensivas y para algún tipo de producción dentro del impuesto especial de la electricidad. También hay que recordar los peajes menores que pagan estas empresas y la bajada del precio para los mayoristas. Todos estos son elementos que afectan a estas empresas electro-intensivas. A continuación dejo la palabra a mi compañero Jaime Olano, pero antes quiero destacar aquí, como diputada que soy asturiana, que no solamente está en Galicia, sino que también está en Asturias. Muchas gracias.
No me extenderé mucho por las limitaciones del tiempo y porque la exposición de la señora López Ares, de mi compañera, ha sido bastante pormenorizada y ha quedado suficientemente explicado el compromiso de este Gobierno con establecer un sistema eléctrico y un marco regulatorio apropiado y que, los datos así lo indican, ha traído grandes beneficios a nuestro sistema eléctrico y a la factura que pagamos todos los consumidores. Sí me gustaría hacer hincapié en dos puntos de la proposición no de ley que presenta Podemos, en concreto el 2, cuando en su parte dispositiva se pide que el Gobierno impulse las medidas conducentes en relación con la empresa Alcoa a garantizar el empleo en su planta de A Coruña. Realmente nos parece una solicitud un tanto extravagante, puesto que ningún Gobierno tiene competencias para garantizar el empleo en una planta determinada de una empresa cualquiera, se llame Alcoa o cualquier otra. El compromiso del Gobierno con el empleo es total y absoluto y así ha quedado claro a lo largo de la legislatura pasada, pero en ningún caso se puede garantizar esta estabilidad en el empleo en una empresa y en una planta determinada. En el punto 3 instan a que el Gobierno fomente la implementación de un plan de inversiones que favorezca el ahorro energético, la rebaja de emisiones contaminantes y el desarrollo de la actividad productiva en nuestro país. Quizá la proponente lo desconozca y algún otro interviniente, porque han hecho hincapié en este aspecto, pero las empresas ya pueden acudir a las ayudas establecidas a tal fin en el Fondo nacional de eficiencia energética dotado con 115 millones de euros.
Finalizo ya, señora presidenta. Simplemente quiero manifestar que el compromiso del Partido Popular con las grandes consumidoras eléctricas, y en concreto con la empresa Alcoa a la que se ha hecho tanta mención en lo que llevamos de mañana, es total y absoluto. Tanto es así que el Gobierno del Partido Popular desde la Xunta de Galicia ha construido un gasoducto de más de 40 kilómetros para llevar esta fuente de energía a la planta que tiene Alcoa en la provincia de Lugo, lo cual abarata enormemente los costes energéticos para la producción de la alúmina en esta planta. Compartimos la preocupación del resto de los grupos parlamentarios, pero en ningún caso se le puede achacar a este Gobierno que no tenga un compromiso, insisto, total y absoluto con estas industrias. Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Olano.
Don Isidro Martínez, tiene la palabra para posicionarse sobre las enmiendas propuestas a su iniciativa.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Intervendré con brevedad para dar mi punto de vista sobre la enmienda defendida por la señora Pérez Herraiz, del Grupo Socialista. Creemos que simplifica muchísimo el conjunto de los tres apartados que contiene nuestra proposición, que, además, no aporta ninguna novedad a lo que para nosotros es una clave del asunto, que es igualar los precios españoles a los europeos, y que se olvida del resto. Pensamos que esto es una emergencia. Hay cuestiones clave como la carga fiscal y hay otras de auténtica alarma, como los procesos de desmantelamiento que ahora mismo están sufriendo algunas factorías españolas. Por tanto, opinamos que esta enmienda es insuficiente y por eso la rechazamos.
También rechazaré la enmienda que ha defendido el señor López de Uralde, en nombre de Podemos, relativa a uno de estos tres puntos. Ellos ponen el acento en las energías renovables y nosotros incidimos no solo en el mercado eléctrico sino también en la necesidad de modificar la carga fiscal y los peajes de acceso a redes.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Tiene la palabra doña Yolanda Díaz, por un tiempo de un minuto, para expresar su posición sobre las enmiendas.
La señora DÍAZ PÉREZ: En relación con las enmiendas presentadas, en particular las del Grupo Socialista y las de Ciudadanos, estaríamos dispuestos a llegar a una transacción, si la aceptan todas las partes. Respecto a la de Ciudadanos, en el primer punto, después de "nuestro país", diríamos: Este nuevo sistema debe basarse en transición a las renovables, eficiencia energética y revisión de costes fiscales. Igualmente, en el punto tercero de la enmienda de Ciudadanos, en el que se insta a un pacto de Estado sobre la energía, diríamos: Un modelo basado en las energías renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.
En relación con la enmienda del Grupo Socialista, incorporaríamos un punto nuevo en el que diríamos literalmente: Solicitar que la Unión Europea exija que los productos procedentes de China cumplan los compromisos adquiridos en el protocolo de adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio.
Retiraríamos lo que tiene que ver con el sector energético gallego exclusivamente y redactaríamos el segundo punto, relativo al mantenimiento del empleo, de la siguiente forma: Instamos al Gobierno a que impulse las medidas conducentes para garantizar el empleo, especialmente en las plantas de Alcoa, Coruña, San Ciprián y Avilés, para englobar las tres.
Repito que intentaremos hacer una transacción con las tres enmiendas presentadas.
- SOBRE ACTUACIONES PARA EVITAR EL CIERRE DE LA MINA DE AGUABLANCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000132).
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el quinto, ya que debemos recordar que al inicio de la sesión hemos realizado un cambio.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de siete minutos, tiene la palabra doña Marisol Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Hace dos semanas escasas los representantes sindicales del comité de empresa de la mina de Aguablanca, situada en la localidad de Monesterio, en mi circunscripción, en Badajoz, pero con influencia en el norte de Andalucía, en las provincias de Huelva y de Sevilla, nos visitaron a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara pidiéndonos la intervención del Parlamento para defender la continuidad de la mina, cuyo cierre había sido anunciado por la empresa que en estos momentos la está explotando.
Aunque quienes somos electos por la circunscripción de Badajoz, así como por las limítrofes de Huelva y Sevilla, que también tienen trabajadores afectados, conocemos este tema, me voy a permitir explicar a las señorías que no lo conocen cuál es el proceso, qué ha sucedido y cómo está la situación. El 1 de febrero, por sorpresa y sin previo aviso, la multinacional Río Narcea, que es la que se encarga de la explotación, comunicó a los trabajadores el cierre de esta planta que se dedica a la explotación a cielo abierto de níquel y cobre. El cierre de la mina supondría la pérdida de más de 400 puestos de trabajo, directos e indirectos, de ingresos para la Hacienda Pública y la pérdida, solo en salarios de un año de casi 200 trabajadores y trabajadoras, de más de 17 millones de euros.
Ante esta noticia, inmediatamente, el día 2 de febrero, se mantuvo una reunión entre el presidente de la Junta de Extremadura, los responsables sindicales de Comisiones Obreras y UGT y el alcalde de la localidad afectada, Monesterio, que está en el mismo término municipal en el que se encuentra la mina, en la provincia de Badajoz -debo decir a sus señorías que el 99% de las trabajadoras y trabajadores afectados residen en esta localidad-, liderando de este modo el trabajo que se había iniciado y que hemos ido desarrollando, así como para mediar entre la empresa y los trabajadores en la extensión del ERTE que había en esos momentos -desde el mes de septiembre había un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo- y conocer la voluntad expresa de la compañía de continuar los trabajos después de tener la declaración de impacto ambiental. La sorpresa fue, como les digo, que de repente la empresa presenta un expediente de regulación, de extinción y decide el cierre de la mina. En esas tareas, en las de paralización de la extinción, en las de conseguir la mejor solución para los trabajadores, en las
de acelerar los procesos de declaración de impacto ambiental, necesario para que la mina sea rentable no solamente en los trabajos a cielo abierto, sino también en galerías, han estado trabajando todas las instituciones afectadas, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, los municipios afectados de ambas comunidades autónomas, con el Gobierno de España, el Ministerio de Industria, y con la empresa Río Narcea. Se ha avanzado considerablemente. Se ha conseguido que el ERE se paralice hasta el 30 de junio de 2016, es decir, se ha dado un plazo de tres meses más, lo que ha sido muy positivo, porque esto nos permite en este momento -en ese sentido es en el que incide la iniciativa- instar al Gobierno de España a acelerar la resolución de la declaración de impacto ambiental para que la mina siga siendo rentable, que ya lo es, por más tiempo si se autoriza la explotación en interior. Ese informe de impacto ambiental está solicitado desde julio del año pasado y según nos consta está solo pendiente de la redacción del mismo. Por eso solicitamos que, respetando la normativa, la legalidad vigente, el ecosistema, con todas las garantías, se acelere de tal modo que a 30 de abril podamos disponer de esa declaración de impacto ambiental, con objeto de que -es el segundo punto de nuestra iniciativa- en los dos meses restantes, antes de que sea definitivo el ERE de extinción y se cierre la mina, se pueda trabajar, como ya se está haciendo entre todas las administraciones, para que una nueva empresa se haga cargo de la explotación de la mina que, como les decía, es rentable, puesto que el año pasado tuvieron unos beneficios superiores a los 7 millones de euros, pero que podría serlo más.
Si en esos dos meses las administraciones, los sindicatos, la sociedad, todos juntos somos capaces de encontrar otra empresa, pedimos que desde el Ministerio de Industria se aceleren todos los trámites para la subrogación o para el cambio de titularidad de la explotación. Debo decir a sus señorías que el 50% de esta mina es propiedad del Gobierno de España y que está en una zona minera protegida; por tanto, es una concesión que el Gobierno tiene dada a la empresa que he citado anteriormente.
Lamentablemente, debo decirles que esta situación a la que hoy nos vemos abocados, esta urgencia, estos plazos, estos tres meses más que hemos conseguido no serían necesarios si no tuviéramos encima de la mesa la contrarreforma laboral que se nos aplica desde hace unos años y que entró en vigor en la pasada legislatura. Se trata de una empresa, señorías, que tiene beneficios, y que puede tener aún más, a la que una reforma laboral le permite destruir más de 400 puestos de trabajo directos. Les pido, por favor, que no piensen solo en el daño que ya ha hecho esa reforma, y en el que va a seguir haciendo mientras no tengamos otro Gobierno, sino en la posibilidad, si trabajamos conjuntamente todas las administraciones y todos los grupos parlamentarios, que tenemos de no dar opción a que se aplique esa legislación y que la mina pueda seguir trabajando para que los trabajadores no solo tengan un trabajo, sino una vida digna.
A esta proposición han presentado enmiendas distintos grupos parlamentarios. Mi propio grupo ha presentado una autoenmienda, que es la que les he explicado, después de recibir al comité de empresa. He mantenido conversaciones con el Grupo Popular, con el Grupo de Ciudadanos y con el Grupo de En Comú Podem, Podemos-En Comú-Marea.... (Risas). Sonríen. Con ese nombre tan largo que tenéis, todavía nos queda un poco de práctica para saber exactamente cuál es la denominación. Si nos dais tiempo y tenemos Gobierno, prometo aprenderlo rápidamente. Pido disculpas a las diputadas y a los diputados del grupo.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Señora Pérez, debe ir acabando.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Vamos a trabajar en una enmienda transaccional, que estamos viendo ya, que recoja parte de las enmiendas que han presentado los distintos grupos y que haremos llegar a la Mesa antes de la votación.
Señorías, piensen en las familias, en todas esas personas que quieren seguir con su vida, seguir trabajando.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Para defender su enmienda, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Irene Rivera, por un tiempo de cinco minutos.
La señora RIVERA ANDRÉS: Es evidente la importancia que la mina de Aguablanca tiene para Badajoz, para Extremadura, y para Andalucía, porque, como saben, afecta a las provincias de Huelva y Sevilla. Se trata de una zona en la que, desde el punto de vista de Ciudadanos, el cierre de esta mina supondría un gran impacto social, puesto que no existe otra industria que pueda crear los puestos de trabajo que ahora mismo cubre la mina de Aguablanca. Estamos hablando de 168 empleos directos y afectaría en total a unos 400 puestos de trabajo.
Efectivamente, se ha avanzado. El 12 de marzo se reunían la Junta de Extremadura y la Junta de Andalucía con la propia empresa, consiguiendo que esta aceptara prolongar el ERE hasta el 30 de junio de este año 2016. En una reunión que mantuvimos con trabajadores de la empresa el día 16 de marzo, fecha en la que nos visitaron a todos los grupos parlamentarios, manifestaron que hace menos de un año la propia compañía había realizado ya un ERTE. Lo cierto es que ha habido un cambio de estrategia de la propia compañía, porque pensaban que existían posibilidades de explotación hasta finales de 2018 y de pronto tomaron la decisión contraria.
Ciudadanos considera que es importante que apoyemos esta proposición no de ley por el impacto social que supone en la zona. Se ha empezado a trabajar desde la Junta de Extremadura, y en la Asamblea se presentó -y creo que hubiera sido bueno hacerlo aquí si hubiéramos tenido oportunidad o más tiempo- una proposición conjunta firmada por todos los grupos parlamentarios, incluido el nuestro. Creemos que lo adecuado es que nos pongamos de acuerdo, como decía la portavoz del Grupo Socialista, para redactar una enmienda transaccional que de alguna forma aglutine lo que pensamos los grupos en la Asamblea de Extremadura.
Lundin Mining y Río Narcea solicitaron hace más de un año el permiso para extracción en galería, puesto que hasta 2015 la explotación se había hecho a cielo abierto, pero ya está agotada. Ciudadanos considera que es fundamental que se agilice la evaluación de impacto ambiental, porque posiblemente de ello dependa que la empresa Lundin Mining decida quedarse, o al menos podría facilitar que otra empresa se interese por el yacimiento. Insisto en que la explotación a cielo abierto hoy en día está agotada, por lo que lo único que tendría sentido para lograr que esta explotación siga en funcionamiento sería conseguir ese permiso para hacer la extracción en galería. Consideramos que esto es fundamental para garantizar la continuidad de la explotación, por lo que nos parece importante poner una fecha y, sobre todo, instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a agilizar esos trámites para que ese permiso pueda llegar a tiempo.
Por otro lado, creemos que es necesario que trabajen conjuntamente todas las administraciones -en Ciudadanos insistimos mucho en ello-, es decir, el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura, para conseguir que Lundin Mining decida quedarse o para que se busque una alternativa con otra empresa y que antes del 30 de junio se pueda encontrar una solución al problema. Pensamos que ambos factores son determinantes para hallar una solución que sea viable en el medio y en el largo plazo. Es importante, como decía, garantizar el empleo en esas zonas en las que hoy en día no tienen otra industria.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Por el Grupo Popular, para defender su enmienda, tiene la palabra doña Teresa Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Efectivamente, el anuncio de la empresa Río Narcea de abandonar la mina de Aguablanca en Monesterio, Badajoz, y con ello el despido de sus trabajadores alegando motivos puramente económicos, es una mala noticia para todos. La influencia de esta actividad minera en el empleo y la economía del sur de Badajoz y el norte de Huelva es trascendental, ya que de la empresa dependen directa o indirectamente unos 400 trabajadores, con la importancia que esto tiene para otros sectores económicos de la zona. Por eso, desde el Partido Popular mostramos siempre nuestro apoyo a los trabajadores y al propio presidente de la Junta de Extremadura, a quien pedimos, por ser su responsabilidad, que liderara el proceso de negociación, pero siempre desde un frente común de todas las administraciones públicas, partidos políticos y la sociedad en general, para hacer cuando fuera posible para evitar el cierre de la mina.
En el Partido Popular, lejos de hacer uso partidista del tema, nos unimos en todos los municipios afectados, Monesterio, Santa Olalla de Cala y el Real de la Jara, y en la Asamblea de Extremadura, donde nadie actuó de manera individual, sino que todos los grupos consensuaron una declaración de apoyo a los trabajadores en la que se instaba a la Junta de Extremadura, como responsable de defender los intereses de la región, y al Ministerio de Industria, dentro de sus respectivas competencias, a actuar para defender la actividad de la mina y el mantenimiento de los empleos, comprometiéndose allí todos los grupos políticos a trabajar de manera conjunta por ese objetivo. El Partido Popular, pues, solo ha valorado en este tema el interés general de los trabajadores y de toda una comarca, y ello a pesar de la inacción, en principio, del presidente de Extremadura. Fruto también de ese trabajo conjunto, y gracias a la mediación y a la labor del Ministerio de Industria, se ha logrado alcanzar un acuerdo con la empresa para que esta aplace su decisión al menos hasta el 30 de junio, con el fin de buscar posibles alternativas empresariales
para la mina y para toda la zona. Quiero destacar que este trabajo conjunto ha dado ya sus primeros frutos, a todas luces insuficientes, pero positivos. La disposición del Gobierno a trabajar con la Junta de Extremadura y con la Junta de Andalucía ha sido siempre positiva, algo que se reconoce por los propios Gobiernos autonómicos.
En principio, no podemos estar de acuerdo con la iniciativa que ha presentado el Grupo Socialista, porque entendemos que rompe el consenso existente, algo que nos ha sorprendido, y creo que incluso también a los propios trabajadores, ya que lo deseable hubiera sido que, siguiendo ese espíritu de compromiso conjunto y de consenso que manifestamos en Extremadura y en Andalucía, hubiéramos podido hacer lo mismo aquí. Lo digo porque la propuesta que se nos presenta únicamente se dirige al Gobierno de España, a quien se pretende achacar de manera directa la responsabilidad o no del cierre de la mina, obviando, por un lado, que se trata de una decisión empresarial privada y, por otro, la necesaria implicación directa de la Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura, fundamentalmente de esta última por ser donde se encuentra la mina, como máximos responsables de las políticas que hayan de ponerse en marcha a favor del empleo y del desarrollo de sus comarcas.
Con la enmienda que el Grupo Popular ha presentado -que espero que podamos finalmente consensuar con el proponente, el Grupo Socialista, y con los demás grupos- pretendemos respetar ese espíritu de consenso. También queremos que desde Madrid se insista en la necesidad de implicación de todas las administraciones, Administración General del Estado, Junta de Extremadura, Junta de Andalucía, corporaciones municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, para colaborar y realizar el trabajo necesario para una posible transmisión de la explotación y para buscar alternativas empresariales en la zona con el único objetivo de mantener los puestos de trabajo. Además, pedimos que se acelere lo máximo posible la declaración de impacto ambiental para la explotación en subterráneo. Entendemos que no se puede poner un plazo concreto porque condicionaría la DIA y no se haría respetando el objetivo último, que es hacer que cuando la mina la obtenga, existan todas las garantías posibles para que no puedan presentarse recursos y dilatarse el procedimiento. Lo que proponemos es instar al Gobierno a procurar la máxima celeridad, eliminando incluso trámites burocráticos, pero con todas las garantías. Por eso pensamos que nuestra propuesta es más completa y exigente que la del Grupo Socialista, porque pedimos la implicación de todas las administraciones. Creo que nadie en la zona entenderá que se rechace esta propuesta con el único objetivo, entiendo, de conseguir un titular de prensa que diga que esto ha salido sin el acuerdo del Partido Popular.
Hoy pido a todos aquí que no rompamos ese espíritu de compromiso conjunto, que además es el que desean los trabajadores, y que actuemos con responsabilidad. Igual que ha hecho al final de su intervención la diputada socialista, pido que antepongamos los intereses de los extremeños, de mis paisanos, y de los andaluces a los intereses de partido, porque creo que con la PNL del Grupo Socialista, tal como está redactada, quizá se están anteponiendo intereses partidistas a los de los mineros de Aguablanca y de las comarcas afectadas de Badajoz y de Huelva.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Alberto Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Saludos a todos y a todas.
Nosotros también nos reunimos hace dos semanas con la representación sindical. Estábamos representantes de las comisiones de Industria y de Empleo, la compañera Amparo Botejara, diputada por Badajoz, la compañera Isabel Franco, diputada por Huelva, etcétera. Ellos y ellas nos explicaron un poco cuál es la situación, y nos parece que se está aplicando un truco muy viejo, que es usar el tema de la declaración de impacto ambiental como coartada, cuando el motivo principal para que esta multinacional extranjera, en este caso canadiense, se intente ir del país es la caída de los precios del níquel debido a la recesión china. Han sacado la veta, el filón más fácil de extraer, más rentable, y cuando tienen que hacer inversiones, cuando tienen que poner dinero y esforzarse un poco, arramblan con todo, después de haber robado la riqueza de nuestro país, y se van a un sitio en el que lo puedan hacer con más facilidad. Por ello, huelga decir que estamos de acuerdo y que vamos a votar a favor de la proposición no de ley con las enmiendas a las que se ha referido la compañera. Por eso, para nosotros es clave exigir que se elabore la declaración de impacto ambiental con todas las garantías para que se posibilite un futuro sostenible en la zona, no solo en lo económico o en lo laboral, sino también en lo ambiental y en el ecosistema que rodea la zona, que creo que es algo en lo que todos coincidimos.
Asimismo, exigimos que se abran vías por parte de la economía social, de la economía cooperativa o también por parte de empresas públicas para encontrar alternativas a la explotación que se articulen de la manera que haga falta y así evitar, como dije antes, que multinacionales extranjeras roben las riquezas de nuestro país, de nuestro subsuelo y que cuando ya no les sea rentable se vayan.
No me voy a alargar más porque creo que sería reiterativo. Vamos a votar a favor de la proposición y de las enmiendas transaccionadas, porque queremos un futuro sostenible para la zona, como ya he dicho, tanto en lo ambiental, como en lo social y en lo económico. Lo primero es el pan y los garbanzos que tienen que llevar a casa estos cientos de familias de los mineros y las mineras.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Tiene la palabra doña Marisol Pérez, a los efectos de pronunciarse sobre las enmiendas planteadas por los grupos.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Al final de mi intervención comenté que estamos trabajando en una posible transaccional con los tres grupos enmendantes y espero que antes de que finalice la Comisión y se inicien las votaciones podamos pasar a la Mesa el texto ya firmado por los distintos grupos.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Para fijar la posición del Grupo Mixto, tiene la palabra don Isidro Martínez.
Como recordó la diputada doña Marisol Pérez, a principios del pasado mes de febrero la empresa Río Narcea Recursos, S.A. anunció de forma sorprendente e inesperada el cierre de la mina de Aguablanca que lleva explotando desde hace más de una década, concretamente desde 2004. La clausura de esta explotación de níquel y cobre supone destruir una fuente de empleo que afecta a 168 trabajadores de forma directa y a otros 200 de forma indirecta, a través de subcontratas. Además, esto no repercute solo en el empleo extremeño de Monesterio, porque de hecho hay un porcentaje muy amplio de trabajadores que viven en el Real de la Jara, en Sevilla, en Cala y en Santa Olalla de Cala, en Huelva.
Llama la atención que el pasado año, ante el agotamiento de la producción a cielo abierto, esta empresa minera presentase una proyecto para seguir extrayendo recursos minerales a través de galerías subterráneas, llegando a solicitar permisos para abrir un nuevo frente y ampliar la explotación al menos hasta el año 2018. De ahí que nada hiciera presagiar esta decisión, que es claramente lesiva para la economía de la zona y un desprecio a los intereses españoles. Estamos ante el caso palmario de una empresa adquirida en 2007 por la corporación canadiense Lundin Mining, que tiene su centro de actuación fuera de España, y que mira exclusivamente por sus intereses económicos, sin tener en cuenta los calamitosos efectos sociales que su decisión tiene para centenares de familias. No está de más señalar que Río Narcea Recursos, pese a la crisis económica de estos pasados años, está muy bien posicionada entre las empresas españolas. Por tanto, una multinacional que ofrece sustanciosos beneficios globales y locales no debería escudarse solamente en los datos de cotización actualizados del níquel, que han bajado, sino que antes de tomar una decisión de cierre, con los traumáticos efectos que esto conlleva, la corporación canadiense debería tener en cuenta que durante todos estos años pasados la explotación minera dio beneficios netos en Aguablanca, y que los dio de forma cuantiosa.
Me parece que esta proposición no de ley es una medida necesaria, pero que no puede ser la única. También el Gobierno extremeño tiene que implicarse al máximo. De hecho, aparte de sus propias iniciativas recibió un mandato unánime del Parlamento autonómico en forma de declaración institucional, y doy por supuesto, a la vista de las declaraciones del señor Fernández Vara y de doña Susana Díaz Pacheco, que en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía se están buscando alternativas para que otras empresas mineras puedan retomar la actividad extractiva de la mina de Aguablanca y evitar el desastre económico y social para toda la comarca, máxime cuando la propia Junta de Extremadura dispone de un informe que acredita la rentabilidad presente y futura de la explotación.
Finalmente, señora presidenta, quiera hacer uso de esta importante tribuna parlamentaria para hacer un llamamiento a la responsabilidad social de la corporación canadiense Lundin Mining, que además de en España opera en otros siete países del mundo. Esta es una compañía que se postula a sí misma como promotora de un flujo constante de oportunidades de desarrollo, además de definirse como ética y transparente. No parece que las circunstancias que rodean el cierre de la mina de Aguablanca puedan computar en el buen crédito de esta compañía. Por eso creo que es oportuno apelar a sus responsables para que, en coherencia con sus propios compromisos y su decálogo de responsabilidad social, no
abandonen una explotación minera que contiene recursos, que tiene futuro y que, sobre todo, es el sustento de centenares de familias.
Mi voto será favorable a la transaccional que se está negociando.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Por el Grupo Democràcia i Llibertat, tiene la palabra el señor Xuclà.
Simplemente intervendré para anunciar el voto favorable de mi grupo a una iniciativa llena de sentido, que apoya una explotación de un yacimiento con rendimientos y que quiere ser cerrada de forma incompresible.
- SOBRE LA MORATORIA Y LA PROHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE EL SISTEMA DE FRACTURA HIDRÁULICA ("FRACKING"). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000170).
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre la moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra por siete minutos la señora Jordà.
Permítanme lanzar seis preguntas para que todos ustedes reflexionen: ¿qué valor tiene la salud humana?, ¿qué valor tiene la biodiversidad?, ¿qué valor tiene el medio natural?, ¿qué valor tiene el entorno rural?, ¿qué valor tienen las economías productivas de las zonas rurales?, ¿qué valor tiene la opinión de los territorios afectados?
Si hablamos de qué valor tiene la salud humana, cabe decir que en el fracking se utilizan sustancias tóxicas como el benceno o el plomo, así como otros productos químicos que han sido catalogados como cancerígenos, siendo especialmente graves cuando se contamina con ellos el agua y el aire, elementos evidentemente imprescindibles para la vida.
Si hablamos de la biodiversidad, les diré que el "fracking" provoca la contaminación de acuíferos y de las vidas que dependen de ellos, así como la alteración de importantes ecosistemas, especialmente de ecosistemas vírgenes.
Si hablamos de qué valor tiene el medio natural, cabe decir también que el "fracking" provoca contaminación química en el subsuelo, polución en el aire, gases de efecto invernadero e incluso inducción de movimientos sísmicos.
Si hablamos de qué valor tiene el entorno rural, les diré también que el "fracking" altera el paisaje rural y el entorno de las personas que viven en ellos, exponiéndolas además como las primeras víctimas de las contaminaciones.
Si hablamos de qué valor tienen las economías productivas de las zonas rurales, añadiré que el "fracking" pone en peligro la producción agroalimentaria y el potencial turístico de los territorios afectados.
Si hablamos de qué valor tiene la opinión de los territorios afectados, que no son pocos, cabe decir que el "fracking" se va a imponer, o pretendían imponerlo, en pueblos y comarcas donde existe una gran oposición y una gran resistencia. En definitiva, la España centralizadora, la España ultraliberal y expoliadora impone su autoritarismo en pueblos como los de las comarcas de La Segarra, Osona, La Garrotxa o Ripollès en Catalunya y el Baix Maestrat o Ports en el País Valencià.
En conclusión, lo que estamos votando hoy aquí es el valor que tiene para nosotros estos asuntos. Si para ustedes tuvieran valor la legislación y tratados internacionales, evidentemente rechazarían el "fracking" y apostarían, de una vez por todas, por el necesario cambio de modelo energético en detrimento de los combustibles fósiles. Ante la injusticia del "fracking" los pueblos tenemos el derecho y el deber de practicar la insumisión y la resistencia. No les quepa la menor duda de que lo van a hacer para defender su territorio y por extensión también para defender sus familias, tal como lo está haciendo Ridaura, un pueblo muy pequeño de la comarca de La Garrotxa. Cuando en la mayoría de países europeos y en varios
Estados de los Estados Unidos de América se ha prohibido el sistema del "fracking", cuando el Parlamento Europeo advierte sobre riesgos potenciales y sobre todo la necesidad de su regulación, aquí en el Estado español el "fracking" parece ser el nuevo negocio de las grandes empresas a costa evidentemente del patrimonio natural y del bien común.
En definitiva -voy terminando, señora presidenta- la regulación mediante la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos y el reglamento que se despliega permiten sin condición alguna el uso de la técnica de fracturación hidráulica, hecho que provoca la indefensión del territorio ante estas peticiones de exploración. En estos momentos las más que razonables dudas y los datos sobre los efectos de esta técnica han sido suficientes para motivar las actuaciones preventivas en el seno de la Unión Europea y en países como Francia las autoridades aconsejan la máxima prudencia y una actuación decidida para evitar efectos irreversibles. Por todas estas razones y sobre la base del principio de precaución, y teniendo en cuenta la situación y experiencia en otros países, debe plantearse en el Estado español la prohibición de la explotación del sistema de fracturación hidráulica, conocido como "fracking", para la extracción de gas no convencional.
Presentaremos a la Mesa una transacción que hemos pactado con el Grupo Podemos y con el Grupo Socialista para su votación.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallego a los efectos de defender la enmienda que se propone.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la exposición de motivos de esta proposición no de ley hace un recorrido de lo que ha supuesto y de lo que supone la técnica de la fractura hidráulica con estudios muy fiables y rigurosos y con una perspectiva en el tiempo con la que ya se puede evaluar perfectamente los pros y los contras. Desde finales de los ochenta hasta nuestros días ya son numerosas las alertas acerca de los riesgos de este tipo de industrias que van desde problemas de salud pública, por la contaminación de acuíferos por los productos químicos empleados, hasta la contaminación atmosférica y el desastre medioambiental. Y en el último informe de la EPA, publicado en junio de 2015, ya se identifican las amenazas que corroboran estas alertas.
España no es ajena a este problema y existe además una preocupación ciudadana creciente y activa frente al "fracking". En comunidades autónomas como la mía -en Cantabria-, además de existir una fuerte oposición especialmente en zonas donde se pretende hacer el "fracking" como en el Valle del Pas, Soba o Valderredible, el Parlamento de Cantabria en abril de 2013 aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos una ley que prohibía el "fracking" en todo el territorio de Cantabria. Cantabria ha sido la primera comunidad autónoma que ha prohibido el "fracking" en su territorio.
Frente a esas certezas era lógico y de sentido común que el Gobierno español pusiera freno a estas prácticas en todo el territorio y que estudiara otras fuentes de energía. En contra de esa lógica, el Gobierno del Partido Popular ha hecho una huida hacia delante y ha creado un batiburrillo legislativo en materia de energía que no hay quien lo entienda. Además, en lo que respecta al "fracking" este Gobierno ha modificado la Ley 34/1998 de Hidrocarburos y la Ley 12/2007, de 2 de julio, para dar cobertura legal a esta técnica del "fracking" y para conceder numerosos permisos de investigación. Asimismo, ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Cantabria, lo cual ha motivado que esta haya sido rechazada por Tribunal Constitucional. Por cierto, el Tribunal Constitucional no ha entrado a valorar si el empleo de esta técnica es o no adecuada.
Me voy a detener en la última modificación de la reforma de la Ley 8/2015 de Hidrocarburos. A través de esa ley el Gobierno, con la excusa de la independencia energética y los puestos de trabajo, lo que hace es facilitar la implantación de las empresas "fracking" en el territorio con incentivos económicos a los municipios y a los propietarios, destinando además un sistema de subvenciones para paliar los efectos nocivos que estas actividades puedan producir; recursos económicos que provienen de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, de los recursos de todos. Esta ley lo que intenta es prácticamente comprar la voluntad de los ciudadanos e hipotecar los entornos saludables y el potencial turístico, así como permitir un desastre ecológico.
Por todo ello, desde el Partido Socialista apoyamos esta proposición no de ley, sobre todo en el punto de la moratoria. Nosotros hemos presentado diferentes iniciativas que van en esa dirección y, por eso, apoyamos la proposición no de ley de Esquerra.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra por cinco minutos la señora Faba.
Señorías, la iniciativa que ahora debatimos trata de un tema muy actual, aunque también polémico. Se trata de la obtención de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica o "fracking". Aunque se conoce desde hace tiempo, ha empezado a adquirir notoriedad, sobre todo, en las últimas décadas en las que se ha extendido su uso, sobre todo, en Estados Unidos. Ahora bien, los informes que alertan sobre los notables riesgos medioambientales que están aparejados a su empleo son abrumadores y sus conclusiones han generado gran preocupación popular, ya que las actividades de perforación y de producción de recursos no convencionales son mucho más invasivas y, por tanto, dejan una mayor huella medioambiental.
Los principales riesgos que suelen señalarse respecto al "fracking" se refieren, entre otros, al elevado consumo de agua que asciende a varios millones de litros por pozo, requisito que plantea serias complicaciones, puesto que el agua es un bien escaso; el empleo de aditivos químicos, ya que algunos de ellos son muy nocivos para las salud, tales como carcinógenos o mutágenos; la posibilidad de que se produzca una contaminación de acuíferos por una eventual fuga de fluidos de fracturación, agua salina o hidrocarburos; o la posibilidad de que se produzcan pequeños terremotos y corrimientos de tierra por su empleo, por mencionar solo algunos. Como puede apreciarse hablamos de riesgos cuyas consecuencias en caso de materializarse son verdaderamente preocupantes, por lo que entendemos que la polémica existente en torno al empleo de esta técnica se encuentra plenamente justificada. De hecho, como se señala en la exposición de motivos, países como Francia, Reino Unido, Bélgica, Bulgaria y Holanda han establecido durante estos años moratorias en la concesión de nuevas licencias relacionadas con el "fracking". Del mismo modo, y a diferencia de lo sucedido en los Estados Unidos, la Unión Europea ha mantenido desde el primer momento una posición de prudencia frente al avance del "fracking". En este sentido, un informe encargado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo en el año 2011 afirma que las experiencias obtenidas en los Estados Unidos muestran que se producen numerosos accidentes que pueden dañar el medio ambiente y la salud humana, aunque reconoce que la mayoría de los accidentes e intrusión en aguas subterráneas parecen deberse a una manipulación incorrecta que podría evitarse.
En una línea similar a la anterior, un dictamen aprobado por el Comité de las Regiones con fecha 9 de octubre de 2013 afirma que los hidrocarburos no convencionales no son sostenibles, ni desde el punto de vista del cambio climático ni desde la perspectiva del abastecimiento energético a largo plazo y entrañan grandes riesgos, así como que la extracción de gas esquisto representa un importante riesgo para la salud humana y el medio ambiente, peor que el que plantean otros combustibles fósiles, ya que hay que hacer más perforaciones para extraer la misma cantidad. De este modo concluye que el gas de esquisto, que es el que se obtiene mediante el uso del "fracking", no debería promoverse como una alternativa ecológica para el futuro energético de Europa. Por tanto, hablar sobre el "fracking" implica necesariamente hablar de un requisito de prudencia; una prudencia que a día de hoy resulta fundamental, ya que aún no hemos sido capaces de evaluar con seguridad el alcance y la incidencia de los riesgos que el empleo de esta técnica puede suponer para la salud y para el medio ambiente. Este mismo principio de prudencia es precisamente el que caracteriza la posición de Ciudadanos en torno al "fracking". Señorías, no podemos correr riesgos innecesarios y menos aún cuando consideramos los eventuales riesgos que esta técnica puede entrañar. De ahí que nosotros, como se refleja en nuestro programa, descartemos la promoción o el empleo de esta técnica en estos momentos. No tenemos suficiente información y sin ella es imposible adoptar decisiones que tomen en cuenta todos los riesgos posibles.
Ahora bien, dicho todo esto, la iniciativa que debatimos nos presenta una serie de objeciones. La primera de ellas se refiere a su vaguedad, ya que en su punto 1.º se habla de establecer una prohibición, mientras que en el siguiente punto se habla de establecer una moratoria. Esto nos genera una cierta confusión, puesto que si prohibimos en términos absolutos el uso de esta técnica, no tiene sentido hablar de una moratoria que, por definición, tiene una naturaleza temporal. Por otra parte, no podemos ignorar
que el 3.º punto en el que se exige la paralización de todos los permisos y concesiones en trámite e incluso de aquellos que ya hubiesen sido concedidos, puede derivar tal y como está redactado en una responsabilidad patrimonial importante por parte de la Administración General del Estado, que creemos que no ha sido debidamente considerada o que por lo menos no se encuentra reflejada en el texto de la propuesta. La prudencia, a nuestro juicio, debe imperar en todos los sentidos y esto afecta tanto en los riesgos que se quieren evitar, como naturalmente en las medidas que se pretenden establecer para prevenirlos.
Por todo ello, mi grupo ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, por la cual proponemos la sustitución del texto original por aquel que figura en el acuerdo recientemente suscrito por el Partido Socialista y en el que se plantea el establecimiento de una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica y también una restricción a las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos. Consideramos que se trata de una redacción que, coincidiendo en los fines con la que ha sido presentada, resulta mucho menos ambigua y asimismo más clarificadora en sus términos, con lo que confiamos en que el grupo proponente de la proposición tenga a bien aceptarla en aras de la claridad, pero también de favorecer un consenso muy necesario en torno a este asunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señora Faba.
Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra durante cinco minutos la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
La enmienda que hemos presentado es de carácter técnico y formal y propone una modificación para asegurarnos de que la moratoria propuesta en la proposición no de ley cubría todos y cada uno de los trabajos iniciados, ya fueran explícitamente referentes a fracturación hidráulica o no. Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa, porque compartimos plenamente el principio de precaución en el que se basa. Es sabido, es notorio, y así lo han manifestado mis compañeras de otros grupos, los impactos negativos sobre la salud, el medio ambiente y la incompatibilidad con otras actividades económicas que el uso de la fractura hidráulica podría generar en el territorio español.
Sin embargo, yo quiero hacer especial hincapié en el escaso retorno energético, económico y social de la inversión. ¿Esto qué significa? Que por cada euro invertido en obtener gas de esquisto, a través de la técnica de fracturación hidráulica, el retorno energético, económico y social es mucho menor que otras fuentes de energía. La cantidad de recursos financieros que exige la fractura hidráulica, que además recordemos que mayoritariamente irían a parar a multinacionales extranjeras, debería estar invirtiéndose desde ya mismo en una transición energética hacia las renovables y la eficiencia energética, ya que generarían mucho más empleo, de más calidad, sostenible y ligado al territorio. Además, a pocas semanas de la firma del acuerdo climático de París en el que se suscribieron unos objetivos ambiciosos de mantener la elevación de la temperatura por debajo de un grado y medio, si España como país firmante del acuerdo aspira realmente al cumplimiento de estos objetivos, eso supondría dejar bajo tierra todas las actuales reservas de combustibles fósiles. Por lo tanto, estaríamos haciendo una inversión que a largo plazo tendríamos que desinvertir, o dicho de otra manera, estaríamos invirtiendo muchos recursos en generar un combustible que tiene consecuencias climáticas, cuando a día de hoy estamos invirtiendo recursos para tratar de adaptar y mitigar dichos efectos climáticos. Esto sería un despilfarro de recursos públicos y privados.
Por otra parte, todas estas razones -las consecuencias negativas, el escaso retorno energético y económico- generan un gran rechazo social, que se ha traducido en movilizaciones ciudadanas que han llevado a muchas comunidades autónomas a establecer leyes contra el "fracking". Quiero destacar especialmente la promovida en Euskadi, fruto de una iniciativa legislativa popular firmada por más de cien mil personas, lo que nos deja claro cuál es el pronunciamiento de la sociedad y el de todos los partidos en cuanto a la prohibición de esta técnica. Ahora le toca el turno a las instituciones del Estado, concretamente al Congreso. Por eso, hago un llamamiento a todos los partidos políticos presentes en esta Comisión, y que firmaron ese acuerdo en mayo 2014, para apoyar esta proposición no de ley que prohíbe esta técnica por el principio de precaución, pero también porque es contraria a los intereses estratégicos y energéticos del Estado español.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señora Martínez, por la concisión.
A los efectos de que se pronuncie sobre las enmiendas, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Ahora pasaremos a la Mesa la enmienda transaccional que incluye enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Podemos.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra por cinco minutos el señor Martínez.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado una iniciativa con relación al "fracking", una técnica muy controvertida que permite la extracción de gas y petróleo del subsuelo y sobre la que abunda mucha información y no poca desinformación. Llama la atención que en España, un país magadependiente de fuentes energéticas compradas en el exterior, haya posiciones fatalistas que promuevan la prohibición radical de esta técnica y que, sin embargo, sea utilizada en otros muchos lugares del mundo de todos los continentes y además, paradójicamente, se prodigue en países que por sí mismos ya tienen importantes recursos energéticos, pero que, sin embargo, utilizan esta técnica extractiva para abaratar los costes de su dependencia energética. Permítanme recordar que uno de los informes más completos sobre perspectivas económicas en la exploración y producción de hidrocarburos elaborado por Gessal concluyó que con unos recursos prospectivos estimados en 2.500 BCM, equivalentes a noventa años de consumo de gas a ritmos actuales, España emergería en el mapa energético europeo como un país con un potencial considerable, lo cual no es cuestión baladí, habida cuenta que ahora necesitamos importar casi el 90 % del gas natural para consumo propio.
En Foro pensamos que en las cuencas carboníferas existen razonables expectativas para hallar bolsas de gas y precisamente por el futuro de esas cuencas, por el futuro de Asturias y por el futuro de España no cerramos la puerta a la exploración y, si cabe, la explotación controlada y rigurosa de estos recursos. Ahora se habla con menos insistencia del "fracking" porque el desplome del precio del petróleo ha provocado que los costes de extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica estén desmoronando a las grandes y pequeñas empresas que florecieron para aportar a sus mercados unos recursos energéticos a precio muy inferior al que marcan las referencias del mercado. Hoy con los precios del crudo muy bajos, la aplicación de esta técnica se ha hecho inviable económicamente.
No quedó claro en la intervención de la portavoz de Esquerra Republicana, la diputada doña Teresa Jordà, pero la legislación española es acorde a la normativa de la Unión Europea, que no solo no prohíbe esta técnica de explotación del gas no convencional, sino que lo considera un recurso esencial para el presente y el futuro energético en Europa y en todo el mundo, porque -reitero- se trata de disminuir la dependencia de hidrocarburos que en España -recordémoslo porque es un dato clave a tener en cuenta en esta Comisión de Industria- no es alta sino altísima porque nuestra dependencia en hidrocarburos es del 98%.
En esta iniciativa de Esquerra Republicana se invocan varios precedentes. Nos remiten a diferentes acuerdos del Parlamento Europeo, de la Asamblea Nacional Francesa, del Parlamento Autonómico de Cataluña, pero omiten algo muy importante en el caso de España. Aquí no solamente tenemos una Ley de Hidrocarburos reformada hace diez meses, que contempla el "fracking" con amplios límites y controles, sino que los tribunales se han pronunciado en contra de la invasión competencial por parte de una comunidad autónoma -Cantabria- que había prohibido la técnica de la fractura hidráulica en su territorio y, concretamente, frente a esta decisión el Tribunal Constitucional ha señalado el carácter básico de la ley estatal. Lo que Esquerra Republicana de Catalunya propone con su iniciativa es la reedición de una prohibición que ya ha sido estimada inicialmente como inconstitucional, porque vulnera la legislación vigente que es -mientras no se cambie- la que autoriza y regula el empleo de la fractura hidráulica en el desarrollo y trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos con garantía de respeto medioambiental.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Martínez.
Ahora por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), tiene la palabra para fijar su posición el señor Xuclà.
La diputada Jordà cuando ha empezado su exposición nos ha ilustrado el caso con distintas comarcas catalanas, concretamente con el municipio de Ridaura, que es un municipio muy cercano a mi lugar de nacimiento. Recuerdo perfectamente cuando los ciudadanos de Ridaura se opusieron a las explotaciones de "fracking" en su municipio y seguramente fueron acusados por parte de algunos como contrarios al progreso, contrarios a las nuevas técnicas y, como somos de tierra de origen carlista, de ser un poquito de carlistas en su reacción. Pero el paso del tiempo ha demostrado que las cosas no van por aquí, que la Asamblea Nacional francesa ha tomado la misma iniciativa y que las autoridades de Reino Unido, Bulgaria, Holanda y también de Sudáfrica han aplicado un principio de prudencia, un principio que podríamos decir "in dubio", no "fracking". En caso de duda, y mientras no se demuestre que no hay agresión al medio ambiente ni a la salud humana en los casos de liberación no controlada de gas metano, no al fracking.
El señor Martínez Oblanca, con el que he coincidido hace un momento en otra votación, nos ilustraba sobre una legislación vigente que apoya la técnica del "fracking". He visto un teletipo de Europa Press hace un momento que decía que, por primera vez, se va a discutir este asunto en este nuevo Congreso. La votación que se va a producir esta mañana es la expresión de que seguramente en este nuevo Congreso de los Diputados hay una mayoría parlamentaria partidaria de cambiar las leyes. Las leyes se tienen que respetar pero también las leyes, en virtud de las mayorías y de la voluntad política -hoy hacemos un debate sobre voluntad política a través de una proposición no de ley-, pueden ser cambiadas y creo que esta podrá ser cambiada a la luz del resultado de esta votación.
Por tanto, señorías, nosotros vamos a apoyar esta propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por muchos motivos, entre otros, por un informe muy detallado que se elaboró en el Parlamento de Cataluña, no fruto de un día ni de un debate, sino de una comisión de estudio sobre los permisos de explotación de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica. Esta comisión de estudio que trabajó durante meses y meses -he tenido la oportunidad de hablar hace un momento con el portavoz de mi grupo parlamentario en esta Comisión, que me ha ilustrado sobre sus trabajos y deliberaciones- concluyó que, teniendo en cuenta las dudas generadas y la ausencia de soluciones en la gestión de los residuos procedentes del "fracking", así como los costes sociales y medioambientales, el "fracking" se puede considerar una técnica poco fiable y de dudosa rentabilidad energética, económica y -quiero añadir también- social.
Por tanto, nosotros vamos a votar favorablemente. De entrada les tengo que decir que nos parece una buena contribución la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista en el punto 3.º, porque si no, se plantearían algunas dudas de legalidad sobre permisos ya concedidos. En todo caso, creo que está circulando una enmienda transaccional y a la luz de esta nos posicionaremos también, pero lo haremos con clara voluntad política de hacer que la legislación actual sea distinta en el futuro. En el fondo, los ciudadanos de Ridaura tenían la razón, aunque sea un municipio de cuatrocientos habitantes.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Xuclà.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal por cinco minutos.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias.
Decía la señora Faba que en este asunto debíamos ser prudentes y estoy totalmente de acuerdo. Debemos ser prudentes y también coherentes, porque durante la pasada legislatura bien es cierto que se aprobaron en esta casa normas que garantizan la seguridad sobre las personas y el medio ambiente en las actividades derivadas de la fractura hidráulica.
Nosotros creemos que cualquier Gobierno responsable y serio debe conocer cuáles son los recursos de los que dispone su país. Por ese motivo, hay que tener en cuenta, además, la enorme dependencia energética que tiene nuestro país, ya que en el total de la energía primaria el petróleo representa un 46 % y el gas un 25 %. De esas cantidades, España solamente dispone de recursos autóctonos en un 0,36 % en el caso del petróleo y en un 0,18 % en el caso del gas. Es decir, estamos importando alrededor de 35.000 millones de euros al año. Si lo extendemos a Europa son 400.000 millones de euros, así que nos damos cuenta de la enorme dimensión de la dependencia que tiene nuestro continente y particularmente nuestro país, que se aproxima al 75 %.
Obviamente, el Parlamento Europeo no niega ni se opone a la fracturación hidráulica. Es más, hay recomendaciones por parte de las instituciones europeas en la idea de garantizar la seguridad sobre el
medio ambiente y las personas en actividades de este tipo para garantizar la diversificación del abastecimiento, el desarrollo de recursos energéticos autóctonos y reducir, por tanto, la dependencia y estimular el crecimiento. Sus señorías deben conocer que en la estrategia de seguridad nacional se ha incluido un apartado de seguridad energética, puesto que como bien conocen y saben la energía ha sido utilizada por diversos países y diversas formaciones como un elemento de fuerza. Yo creo que esto no se debe obviar en este tipo de debates.
También es conveniente que cuando hablamos de energía tratemos de no politizar las tecnologías, ya que no hay tecnologías de izquierdas ni de derechas sino que hay tecnologías que son eficientes o no son eficientes, o tecnologías que garantizan una mayor o una menor dependencia a nuestro país. Ese es el planteamiento que a mi juicio deberíamos desarrollar en la actividad relacionada con la energía. Por tanto, en la pasada legislatura -nosotros somos coherentes y seguimos apoyando esas medidas- se garantizó la seguridad sobre el medio ambiente y las personas, cuestión que no se había garantizado en los seiscientos ochenta pozos realizados con anterioridad a la modificación que desarrollamos en la Ley de evaluación de impacto ambiental; modificación que garantiza un trámite de información pública, que actualmente no estaba garantizado, evaluación y cuantificación de los efectos directos e indirectos sobre la población, sobre el suelo y subsuelo, sobre el agua y sobre la flora, así como también -esto es realmente significativo a nuestro juicio- las emisiones, los vertidos, además de controlar la peligrosidad -si existe- directa o indirecta derivada de la actividad industrial.
Creo que es importante hablar no solamente de abastecimiento energético, sino también del desarrollo económico que las actividades de este tipo llevan implícito allí donde se realiza la operación y, además, de garantizar que nuestra industria, de la que tanto se ha hablado anteriormente, tenga unos precios de la energía suficientemente competitivos. Es realmente curioso que se defienda el desarrollo de la industria electro-intensiva, que se hable de la necesidad de abaratar los precios, y se niegue la posibilidad de conocer cuáles son los recursos energéticos de los que dispone nuestro país. Más que curioso yo diría que es una muestra clara de que hay "lobbies" que hacen su trabajo muy bien, que efectivamente hay formaciones, países, instituciones, que están muy interesadas en reducir la capacidad de independencia energética que pueda tener nuestro país. Esa es la opinión de este grupo parlamentario.
La pasada legislatura, precisamente para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente, nosotros incluimos varias medidas de contenido económico para que las rentas que generan esos bienes de dominio público que yacen en el subsuelo, reviertan en la sociedad a la que pertenecen. En primer lugar, creando un impuesto sobre el valor de la extracción de gas y petróleo, que revertiría en las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados por este tipo de operaciones. En segundo lugar, una nueva escala aumentando las cifras del canon de superficie, de modo que cuando se produzcan perforaciones, sondeos o campañas sísmicas, se eleve la cantidad que percibe la Administración. Y en tercer lugar, muy importante, el 1 % del valor total de lo extraído, tanto de gas como de petróleo, revertirá directamente para el propietario del terreno ocupado en ese momento. Quiero dejar claro que cuando he dicho con anterioridad que se garantiza la seguridad del medio ambiente y de las personas, esto quiere decir que cada vez que se realice cualquier tipo de operación, ya sea de investigación, exploración, extracción, o incluso de desmantelamiento, cada una de esas operaciones irá acompañada de una evaluación de impacto ambiental. Me parece que esto es reseñable, puesto que garantiza la máxima protección ambiental y, además, la máxima participación pública en este tipo de evaluaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Mariscal.
- SOBRE LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN DEL ALMACÉN SUBTERRÁNEO DE GAS NATURAL "CASTOR". PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000208).
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Pasamos al punto número siete del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra don Josep Vendrell, por tiempo de siete minutos.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señora presidenta.
El fracaso del proyecto de construcción de la planta de almacenamiento de gas natural, Castor, ubicada frente a las costas catalana y valenciana y realizada por Escal UGS, S.L. -por cierto, participada con un 66,7 % por ACS, la empresa de Florentino Pérez-, es en opinión de nuestro grupo un escándalo mayúsculo, a la altura de otros rescates pagados por la ciudadanía y que han beneficiado a los grandes oligopolios de este país, como han sido el rescate del sector financiero, la mala regulación del sector eléctrico, o también el caso escandaloso de las autopistas. Un verdadero despropósito y un proyecto inútil que pretendía perpetuar un modelo energético insostenible, basado en los combustibles fósiles, con grandes infraestructuras, con una fuerte participación financiera -en este caso con una fórmula financiera muy compleja de carácter especulativo-, y con poderosos oligopolios con una gran influencia política que determinan y condicionan las políticas de los Gobiernos. Un modelo basado, en definitiva, en la idea del crecimiento ilimitado de la demanda, un supuesto que no se dio. Señorías, incluso la Comisión Nacional de Energía ha reconocido que las infraestructuras de almacenamiento de gas han sido potenciadas en exceso. Y además, todo este proceso ha coincidido con el castigo que han sufrido las energías limpias y renovables en el Estado español.
El proyecto surge más de la empresa promotora y de su interés que de un verdadero interés general. Un proyecto innecesario que ha supuesto un verdadero pelotazo financiero. Un proyecto ejecutado con irresponsabilidad. La declaración de impacto ambiental no previó el riesgo sísmico, a pesar de las advertencias del Observatorio del Ebro, de la plataforma ciudadana de les Terres del Séniao o de la propia Generalitat de Catalunya, entre otros. Se produjeron más de mil movimientos sísmicos entre septiembre y octubre de 2013, el mayor de 4,2 grados en la escala de Richter. Hubo un desprecio absoluto al principio de precaución por parte de la Administración, de la empresa y del propio Banco Europeo de Inversiones. Un proyecto injusto y caro, el rescate ha costado más de 1.350 millones de euros, a los que hay que sumar otros 295 millones por derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria. Y nos hemos enterado no gracias al Gobierno o al Boletín Oficial del Estado, sino a las cuentas anuales del socio canadiense de ACS en Escal, que tiene el 33 % del proyecto Castor, en las que se informa de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo emitió una resolución que establece esta retribución de 253 millones de euros, más 42 millones de euros por gastos de operación y mantenimiento. Hemos solicitado la comparecencia del ministro, señor Soria, para que dé las explicaciones oportunas. En definitiva, un nuevo peaje, un nuevo coste para el precio de la energía que pagamos por una mala regulación, una hipoteca que vamos a pagar durante treinta años. Según algunas estimaciones, el coste final con los intereses para la ciudadanía podría ascender a más de 4.000 millones de euros.
El Gobierno del Partido Popular con el Real Decreto-ley 13/2014 optó por indemnizar, a pesar de la existencia en nuestra opinión de dolo o negligencia por parte de la empresa adjudicataria. No se hizo uso de las posibilidades legales del artículo 14 del Real Decreto 855/2008, que incluye la expresión "sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria". O como dice el informe del síndic de greuges de Cataluña, no se aprovechó el margen que dejaba la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013, que establece la compensación del valor neto de las instalaciones por el perjuicio de no poderlas explotar durante todo el período de vigencia de la concesión, y el correlativo enriquecimiento injusto de la Administración que rescata unas instalaciones que puede explotar sin haber asumido el coste de su implantación. Como es sabido, no hay aprovechamiento de estas instalaciones, están hibernadas, incluso no se descarta su desmantelamiento en función de los informes de seguridad.
En definitiva, como les decía, un auténtico pelotazo financiero, que no solo ha afectado a las personas que viven en poblaciones vecinas al almacén de gas, sino a todos los consumidores finales de la red. No puede ser que la ciudadanía se haga cargo de la factura del gas durante treinta años y, en cambio, la indemnización del Gobierno del Estado se ejecute en un tiempo récord de treinta y cinco días para pagar a los bonistas del Banco Europeo de Inversiones y, en última instancia, para que el señor Florentino Pérez pudiera refinanciar la deuda que tenía con 19 entidades financieras. Desgraciadamente, mucho nos tememos que la deuda que debe pagar la ciudadanía no permanecerá estática, sino que se puede incrementar con el tiempo. Les decía que esta es una opción cara para la ciudadanía y la Administración y barata para las empresas, un clásico ya en nuestro país: socialización de pérdidas, privatización de beneficios. No puede ser que el coste económico del abandono de un proyecto público gestionado en régimen de concesión por una empresa privada, tenga que ser asumido totalmente por la ciudadanía. ¿Dónde está el riesgo compartido? La totalidad del riesgo económico, social y ambiental recae sobre la ciudadanía. Y por muchas explicaciones legales que se den, es del todo incomprensible. Una prueba más,
por tanto, de ese capitalismo de amiguetes o de la captura del regulador y de los poderes públicos por parte de las grandes empresas. En definitiva, se ha gestionado con total falta de transparencia, sin dar a conocer públicamente auditorías técnicas y financieras encargadas por el propio Gobierno.
Es necesario dar una solución justa, segura y ambientalmente sostenible al enorme despropósito del proyecto Castor. ¿Qué proponemos en esta proposición no de ley? Una solución justa porque no puede pagar la ciudadanía. Es preciso impulsar las actuaciones legales necesarias, algunas ya están en marcha, para recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, S.L. al entender que incurrió en dolo o negligencia. Es imprescindible establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos provocados como consecuencia de la puesta en marcha del almacén. Proponemos impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que se vuelvan a producir en el futuro casos como el proyecto Castor. Es necesario realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales y morales sufridos por los habitantes de Terres de l´Ebre y Baix Maestrat, las zonas afectadas. Proponemos una solución segura y sostenible, un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres del almacén de gas natural, con la participación de los ayuntamientos de la zona afectada, de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat Valenciana. Ese es, pues, el contenido de nuestra proposición no de ley y solicitamos, por tanto, el apoyo de los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Vendrell.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, don Herick Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Socialista comparte plenamente el fondo de esta iniciativa. Cabe recordar que la acción legal más importante que se puede tomar, que es un recurso ante el Tribunal Constitucional, fue promovida por Ximo Puig, hoy presidente de la Generalitat, precisamente contra el decreto que estableció la cuantía de la compensación. Hemos querido aportar algunas enmiendas técnicas y de otro tipo para clarificar que nuestra posición es la de cierre y desmantelamiento de esta infraestructura. Sí me gustaría hacer algún matiz sobre los comentarios que se vierten en el debate. A quien ponga en duda la apuesta del Grupo Parlamentario Socialista por las energías renovables, yo le remito a observar en qué situación se encontraban en el año 2004 y cómo estaban en el año 2011. No puede ser que unos nos echen la culpa porque hemos apostado mucho por ellas, y otros nos digan que no hacemos nada porque, o los dos faltan a la verdad, o no concretan bien lo que están diciendo. Creo que esa apuesta decisiva no es nueva, no es de cara al futuro, sino que viene de todo lo expresado con anterioridad. No entendemos por qué el Grupo Parlamentario Popular está más empeñado en decir quién es el responsable inicial que en hacer las clarificaciones oportunas respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. Sentencia en la que se establecía que esas compensaciones se pueden dar, pero antes hay que hacer una comprobación sobre si se han cumplido todos los requisitos, que es lo que venimos a denunciar en esta iniciativa. El Partido Popular no cumplió lo que establecía la propia sentencia sobre la revisión por si hubiera dolo o negligencia, si la planta estaba operativa o no y en qué términos.
En cuanto a las enmiendas, aplaudimos que hoy aquí en los puntos uno y siete estemos viendo el acuerdo de las Cortes Valencianas sobre esta materia. Creo que esto pone en evidencia que hay grupos políticos que decimos lo mismo en nuestros Parlamentos autonómicos. El PSOE, aquí con el Grupo Parlamentario Socialista y en el País Valenciano dice lo mismo sobre estos temas. Eso es importante y esperemos que el Grupo Parlamentario Popular en este caso haga lo mismo que dice allí y hoy aquí vote a favor de la transaccional que hemos acordado sobre esta iniciativa. Es fundamental la petición para corregir la marginación, en este caso de la Generalitat Valenciana en un aspecto como este y, sobre todo, de los ayuntamientos que se han visto afectados.
En el punto dos añadimos que se han de investigar y determinar esos sobrecostes, ver cómo se han producido y por qué. Se ha de investigar por qué falló en conjunto el proyecto y tuvo esos errores que han provocado esta situación. Se ha hecho todo con una clara irresponsabilidad y, desde nuestro punto de vista, en algunos casos con clara prevaricación. Ya hemos comentado que el Partido Socialista ha presentado ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Creemos que los ciudadanos se merecen máxima transparencia, máxima claridad. Nosotros seguimos creyendo en la colaboración público-privada. Por desgracia, el tratamiento que ha hecho el Partido Popular de la situación generada, lleva a que algunos grupos parlamentarios en sus intervenciones puedan cuestionar esa colaboración público-privada. El
Grupo Parlamentario Socialista sí cree en la colaboración público-privada, lo que no cree es en la mala gestión de esa colaboración público-privada o en la falta de los controles públicos necesarios.
En el punto cuarto vamos más allá de la hibernación, como ya expusimos en la toma en consideración del real decreto. Hay que aclarar que lo que se quiere es cerrar, desmantelar las instalaciones de forma definitiva, y que ese gasto además lo asuma la empresa inicial. Como decíamos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo, hay que investigar antes de compensar, incluso puede reducirse la compensación. Por tanto, nos remitimos a lo ya expuesto.
Para finalizar diré que no compartimos la solución del pago de esos 1.700 millones de euros en treinta años a través del propio contribuyente y el consumidor. Queremos decir claramente que la política energética del Partido Popular se resume en lo que hemos visto con el proyecto Castor, no es que se apueste solamente por políticas y energías de hidrocarburos, sino que además cuando tiene que gestionar proyectos como este lo hace mal. No ha habido transparencia, aumenta siempre el precio para las familias y las empresas perdiendo competitividad y, sobre todo, no atiende a aquellas familias que no tienen recursos para abastecerse de energía.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Campos.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Melisa Rodríguez para defender su enmienda.
Buenas tardes, señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos hemos presentado dos enmiendas. La primera de ellas es de modificación de unos puntos que consideramos determinantes y la segunda de adición. En el primer caso, creemos que a la hora de valorar y llevar a cabo esas acciones legales, a la hora de imputar de manera directa el dolo o negligencia, y a la hora de tomar la decisión de cómo, cuándo y en qué circunstancias se va a desmantelar, es necesario requerir los informes técnicos y jurídicos pertinentes. De ahí que en nuestra enmienda de modificación hayamos planteado al grupo proponente solicitar esos informes en el caso de que existan, y en caso de no existir que se ejecuten. No podemos basarnos en supuestos ni en informaciones obtenidos a través de los medios de comunicación. Por eso insistimos en que es necesario tener toda la información técnica antes de tomar una determinación. Tampoco entendemos los movimientos del Gobierno, ahora en funciones, en cuanto a los supuestos pagos que se han hecho y no se han publicado. Exigimos desde aquí que se faciliten informes de las actuaciones requeridas, de las cantidades, y saber por qué supuestamente se han tomado esas decisiones. No entendemos esos movimientos extraños que se han llevado a cabo, poco transparentes. Creemos que no responden al buen hacer de un Gobierno, y por eso exigimos con total claridad que se nos entregue toda esa información.
En cuanto a nuestra enmienda de adición, pretende promover un pacto de Estado por la energía. Antes un compañero de otro grupo hablaba de los lobbies que, desafortunadamente, son los que han dictado la política energética de este país en los últimos tiempos. No queremos que se dé la espalda a la tendencia mundial, que es lo que se está haciendo. Por ello proponemos sentarnos -el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos ponemos a su disposición con el número de reuniones que sean necesarias- para llegar a un acuerdo y un pacto de Estado de la energía, con el fin de establecer unas pautas de desarrollo y de transición hacia un modelo de energías renovables que sea eficaz en el tiempo. No se trata de cambiar un modelo de un día para otro, se trata de llegar a un acuerdo y dejar de politizar las políticas energéticas, ya que no hay que olvidar que la energía es un bien necesario para todos. Es un asunto que tendría que estar por encima de los rifirrafes políticos que, desafortunadamente, también se han mostrado aquí en distintas exposiciones. Hemos hablado con distintos grupos parlamentarios, en este caso con Podemos-En Comú Podem-En Marea y con el Grupo Parlamentario Socialista, y hemos llegado a un acuerdo. Compartimos el fondo de la cuestión, por eso hemos presentado estas enmiendas, y hemos logrado acordar una transaccional. Creemos que son necesarios esos informes técnicos y así se va a reflejar. Si vamos al origen de este proyecto, en el momento en que se decidió llevarlo a cabo, no se escucharon esos informes técnicos que decían que el proyecto no era viable. Entendemos que este proyecto no ha funcionado, pero creemos necesario abrir las puertas al diálogo, sentarnos y hablar de un proyecto de marco energético imprescindible para todos. Como dije, no se trata de especular, no se trata de cometer los errores que se han cometido en el pasado; se trata de construir y de mirar hacia el horizonte. Esperemos que exista voluntad política -aunque no me estén escuchando en este momento
los que van a intervenir- para cambiar o, por lo menos, para que España no dé la espalda a la tendencia mundial. No hay que hacer guerra política de esto. Por eso esperamos el acuerdo de todos los partidos políticos con esta propuesta. Ciudadanos ya se ha pronunciado tanto en la Generalitat Valenciana como en la Generalitat de Catalunya en sus grupos respectivos sobre este tema. Y votaremos a favor de la transaccional que hemos acordado con los Grupos Parlamentarios Podemos-En Comú Podem-En Marea y Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Vendrell para pronunciarse sobre las enmiendas, si bien ya nos consta que han llegado a una transaccional.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Efectivamente, hemos llegado a este acuerdo en esta enmienda transaccional. Creo que todos los grupos parlamentarios tienen el texto. Simplemente quiero agradecer las aportaciones tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del Grupo Parlamentario Ciudadanos a esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Gracias, señor Vendrell.
Pasamos al turno para fijar la posición de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra doña Marta Sorlí, del Grupo Parlamentario Mixto por tiempo de cinco minutos.
La señora SORLÍ FRESQUET: El proyecto Castor se ha demostrado que ha sido una fábrica de billetes, una fábrica de dinero para Florentino Pérez que está cobrando las indemnizaciones, y una fábrica de dinero para los bancos que están cobrando los intereses de los préstamos. Para justificar este traspaso de dinero público a manos privadas, se inventó esta fórmula del proyecto Castor que ha sido un pozo sin fondo de inversión, una explotación totalmente insegura, una planta totalmente innecesaria, y al final una infraestructura que solo sirvió para perforar nuestra tierra y ensuciar nuestro mar. Estas son las infraestructuras que construyen en nuestros pueblos -y digo en nuestros pueblos porque yo soy habitante en ellos-, las infraestructuras que hacen temblar nuestra casa, las que exprimen todos nuestros recursos y han provocado cientos, incluso miles de terremotos en Vinaròs, en Benicarló, en Peñiscola y en todos los pueblos colindantes. Desde Madrid ni se escuchan ni se han querido escuchar todos estos terremotos porque, no nos equivoquemos, esto era un pack completo.
Antes se hablaba de "fracking" en el Maestrat y Els Ports, del proyecto Castor en el Maestrat, de las prospecciones en la Plana Alta, en Columbretes. Ahora con esta enmienda transaccional a la que se ha llegado, tenemos la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de la población que vivimos allí. Una población que nos plantamos ante estas prácticas, una población que ha conseguido que las instituciones tanto valencianas como catalanas se planten una a una contra estas prácticas y, en especial, contra el proyecto Castor. Tenemos la posibilidad, ahora sí, de hacer bien las cosas, de desmantelar la planta, de exigir responsabilidades a la empresa que la ha gestionado y que ha estado pidiendo indemnizaciones durante todo este tiempo, y de recuperar parte de ese dinero que tanta falta hace para muchas otras cosas que no sean enriquecer a los amigos. Por tanto, nosotros estamos totalmente a favor de cualquier proposición que vaya encaminada a asegurar el bienestar de la población que allí vivimos. Para terminar, simplemente un apunte; cuando se quiera volver a pasar dinero público a manos privadas, evitémonos tanto teatro y simplemente inventemos una nueva trama de corrupción, que siempre quedará el Senado para poder aforar a los responsables.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señora Sorlí.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra don Pedro Azpiazu. No está en este momento. Por tanto, tiene la palabra don Jordi Xuclà, del Grupo Parlamentario Catalán Democràcia i Llibertat, por tiempo de cinco minutos.
Vamos a hablar del escándalo Castor, y lo primero que debemos preguntarnos es cuándo se adjudicó el proyecto Castor. Dicho proyecto se adjudicó en el mes de junio del año 2010, en época del Gobierno del Partido Socialista. Después se presentó un recurso al Tribunal Constitucional. Y este escándalo existe básicamente porque alguien redactó unas cláusulas de un contrato que preveían unas indemnizaciones
que han permitido el cobro de 1.350 millones de euros. Este es un escándalo transversal seguramente, pero en honor a la verdad siempre hay un momento muy importante, que es el momento en el que el regulador y el supervisor fijan las normas de la partida o del juego. Después les voy a hablar de otro Castor potencial que está a punto de salir. Siempre en estos casos es muy importante leer la letra del contrato y las cláusulas a la luz de la legalidad, porque las empresas que están cobrando la indemnización lo hacen a la luz de la legalidad. Con unas cláusulas abusivas, con una decisión política en un momento de crisis económica, y con un país que ya estaba provisto de gas natural por distintas fuentes y con importaciones, creo que es muy importante preguntarnos quién redactó y aprobó las cláusulas que hoy hacen posible el escándalo Castor.
No me quiero alargar mucho. Me sumo a lo que han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. He querido aportar algo nuevo que creo muy relevante a la hora de discutir este asunto. Como es muy relevante, por ejemplo, saber que hace justo un año y una semana, la empresa TP Ferro -una empresa francoespañola, en la parte española participada mayoritariamente en su accionariado exactamente por el mismo empresario que está recibiendo las indemnizaciones de Castor- presentó preconcurso de acreedores poniendo de manifiesto que el túnel del tramo internacional de la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan es inviable. Y solicitan una indemnización de 400 millones de euros, a los que se suman más de 200 millones de euros por tener las instalaciones terminadas cuando tenían que estarlo, en el año 2009, cuando los trenes aún no pasaban, ya que el AVE no llegó hasta enero del año 2013. Una vez más, ¿por qué la misma empresa que está cobrando las indemnizaciones del proyecto Castor va a cobrar 400 millones de euros por el caso TP Ferro? Porque alguien redactó y adjudicó un proyecto -por cierto, mes de febrero del año 2004, con un Gobierno en funciones- con unas cláusulas que hacen posible estas cosas. Por tanto, señorías, si queremos hacer bien las cosas, lo primero es recordar que el regulador, el supervisor, los Gobiernos, sometidos a un Parlamento democrático, deben hacer las cosas bien hechas y no hacer vestidos a medida para circunstancias concretas.
Evidentemente, vamos a votar a favor de esta enmienda transaccional, que integra muy bien las distintas aportaciones y creo que es un mensaje potente por parte de esta Comisión.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra don Jordi Salvador, por tiempo de cinco minutos.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señora presidenta. Buenos días.
En primer lugar me gustaría situar un poco el problema de este escándalo. Yo soy de la demarcación de Tarragona, vivo muy cerca de donde ha sucedido este escándalo. Son más de 500 terremotos, algunos de más de cuatro grados de la escala Richter, en un sitio como el delta del Ebro que ya tiene una precaria situación ecológica, donde hay cuatro centrales nucleares, tres en funcionamiento y una que no lo está, en un lugar donde tenemos un complejo petroquímico, que no es una fábrica precisamente de conguitos, sino una industria de extremada peligrosidad, y parece que no haya pasado absolutamente nada. Parece lo más normal del mundo. Y encima de que ha pasado todo esto, se indemniza a esta empresa con más de 1.350 millones de euros que, como ha dicho antes el compañero, pueden subir a casi 4.000 millones de euros. Y aquí no ha pasado absolutamente nada, todo muy normal. Pues bien, nosotros no lo consideramos normal. Evidentemente, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero vamos a ir mucho más allá. Ya les comunicamos que vamos a trasladar a esta Comisión la petición de creación de una subcomisión de investigación para depurar responsabilidades, porque no podemos seguir sin saber quién hizo este proyecto, qué procedimiento siguió, qué estudios técnicos se hicieron, que viabilidad económica tenía, cómo se pudo redactar un contrato de este tipo que encima carga sobre el contribuyente una responsabilidad que nunca puede ser suya, etcétera. Es decir, viendo la envergadura de este escándalo desarrollado, como se ha dicho antes, tanto en el período socialista como en el del Partido Popular, creemos que es de tal magnitud que es imprescindible abrir una subcomisión de investigación para determinar responsabilidades ambientales, económicas, sociales, políticas y, si cabe, penales.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Salvador.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal para fijar posición.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, señora presidenta.
Todavía estoy alucinado después de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que hablaba de prevaricación cuando tiene compañeros de legislatura implicados por la aprobación del Real Decreto 855/2008. La verdad es que estoy impresionado.
Como dije en el punto anterior, me gustaría ser coherente con aquello que hemos hecho hasta ahora y con lo que seguimos defendiendo. Esa coherencia hace que nos parezca insuficiente esta propuesta. Esta propuesta va mucho más atrás de lo que se ha llegado a conseguir y lo que estamos trabajando y apoyando desde el Grupo Parlamentario Popular. La pregunta que se formulaban varios compañeros es quién y por qué motivos se aprobó ese real decreto firmado por un ministro socialista y bajo la presidencia de un presidente socialista. Por cierto, Gobierno socialista que no contaba con mayoría absoluta y que contaba con el apoyo parlamentario de buena parte de los miembros de esta Cámara actualmente. El Real Decreto 855/2008 contiene un artículo, el 14, que -aunque parezca alucinante así es- prevé que en cualquier momento de los veinticinco años se pueda renunciar a esa concesión y recibir -ahí hay negligencia, dolo o cualquiera de los dos supuestos- el ingreso del valor residual de la inversión. Esto se aprobó y nos parece dañino, le parecía al Gobierno dañino, motivo por el cual el Consejo de Ministros presentó una declaración de lesividad a ese real decreto. La declaración de lesividad fue rechazada por el Tribunal Supremo, aunque este aventuró la necesidad de mejorar la ley para conseguir recuperar el daño causado tanto económico como medioambiental. Por ese motivo se aprobó en esta casa el 17 de octubre del año 2014 una norma que parece ser que muchos de los intervinientes no se han leído. Esta es la ocasión propicia para reflexionar acerca de ella. En primer lugar, lo que hizo el Gobierno del Partido Popular el 26 de septiembre del año 2013 fue paralizar las operaciones en Castor, debido a que en ese mes de septiembre se produjeron movimientos sísmicos, no así en julio y agosto que fue cuando empezaron las operaciones, por cierto, de manera provisional, aunque el decreto que aprobó el Gobierno socialista las declaraba definitivas. Hay que tener en cuenta además que la planificación energética 2002-2011 del sistema gasista no contemplaba el almacenamiento Castor, pero en el año 2006 alguien declaró que necesitábamos mayor capacidad de almacenamiento, más allá de lo que se cuenta en Yela y en la plataforma Gaviota frente a las costas de Bermeo. Es evidente que este tipo de infraestructuras se desarrollan a lo largo de toda Europa y nos parece que puede incluso ser interesante para garantizar mayor capacidad de suministro a unos precios que sean interesantes o eficientes para el desarrollo económico de nuestro país. Entonces se tomó esa decisión.
En el mes de septiembre, como han dicho anteriores intervinientes, se produjeron movimientos sísmicos superiores al 3,5 en la escala Ritcher, motivo por el cual se decidió por parte del Gobierno paralizar las actividades. A continuación se estableció la hibernación, que por cierto ha concluido este pasado día 20 de marzo. Han quedado inertes, y por tanto sin gas, tanto la plataforma como la superficie terrestre como el gasoducto, garantizando la seguridad de las personas y del medio ambiente. Se ha dado un cuádruple sellado a cada uno de los doce pozos y, con eso, según hemos entendido por la información que traslada Enagás, está garantizada la seguridad de la instalación y de las personas. Esa hibernación está a la espera de que el MIT, el Instituto de Massachusetts, traslade un informe que nos diga cuál es el estado de las infraestructuras y cuáles son las razones por las cuales pudo haber esa relación directa entre la inyección del gas colchón y los movimientos sísmicos. Además, Enagás está realizando una auditoría para estudiar en términos geológicos la comprobación correcta de la construcción, etcétera, para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. A veces escucho a algún interviniente que ya está dando por seguro y por conocido cuál ha sido ese informe. Nosotros no lo conocemos porque todavía no se ha elaborado. Eso es lo que ha conseguido el Gobierno. En primer lugar, hibernar y garantizar la seguridad; en segundo lugar, investigar qué ha ocurrido para posteriormente, con la modificación legislativa a la que antes ya hice alusión, establecer que no se extingue -me gustaría que quedara muy claro- la responsabilidad ni de la empresa concesionaria ni de los accionistas en ningún momento durante los diez años posteriores a la aprobación de la ley en el año 2014, ya porque existiesen vicios en la construcción o acciones u omisiones que generaron esta dificultad y este problema que a todos nos preocupa.
En cuanto al pago, que si privado que si público, esta inversión la realizaron unos bonistas con la garantía del Banco Europeo de Inversiones. Si el Gobierno no cumple la ley y paga esa cantidad (quiero detallarla correctamente, porque creo que se desconoce la cifra, son 1.350.729.000 euros), exactamente supone la compensación del valor residual que un decreto dañino, firmado en el año 2008, nos obliga a todos a pagar a través del sistema gasista. Como nos parece que esa cifra -vamos a dejarla en ese calificativo- es dañina, hemos establecido medidas económicas que la reducen. ¿Cómo? Los intereses
de retribución de esa inversión estaban establecidos en el 8,76%, con la aprobación de este decreto se pasa a un 4,26 y en vez de tenerlo que pagar en veinte años, se paga en treinta años. Ahora bien, si existiesen, como he dicho anteriormente, declaraciones o los informes tanto del MIT como de la propia Enagás estableciesen responsabilidad directa por parte del adjudicatario y concesionario, el Gobierno en su momento tomaría las medidas necesarias para trasladarle esa lesividad, ese daño, a la empresa concesionaria. Sinceramente se han reducido los costes financieros con la aprobación de esta ley del año 2014, se ha aumentado el periodo de amortización y se ha garantizado la seguridad sobre las personas y el medio ambiente, por lo que hemos cumplido con nuestra obligación. Lo que establece la proposición no de ley, a nuestro juicio, es insuficiente puesto que ya queda claro -ya he dicho que ha finalizado el proceso de hibernación, que están las medidas necesarias para poder recuperar el dinero del que antes se hablaba, los 1.350 millones de euros- que se han realizado aquellas iniciativas y medidas que garantizan que lo que se plantea en esta proposición no de ley sea efectivo. Por cierto, con la modificación a la que antes hice alusión de la Ley de Evaluación Ambiental se exige obligatoriamente en este tipo de actividades -cosa que no existía anteriormente- la investigación sísmica previa a cualquier tipo de actividad. Digo esto porque cuando se previó la inyección de gas colchón en esta plataforma la legislación medioambiental no contemplaba este requisito.
Tenemos que pensar en el futuro, no en el pasado continuamente, ya sé que hay muchos miembros en esta Comisión que siempre están mirando hacia atrás. Es conveniente que los Gobiernos, sea el que fuere, garanticen certidumbre y credibilidad a su actividad política para con ello tener seguridad jurídica y seguridad sobre las personas y el medio ambiente. Además es importante saber, por aquellos que hablan de incumplir la ley, ya que he escuchado alusiones a medidas de parlamentos autonómicos, me da igual el color político,...
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: ... que las medidas anunciadas de las comunidades autónomas contravienen claramente los requerimientos de la Constitución española. Nos parece que la igualdad ante la ley es aquello que nos hace libres. Por tanto, miremos hacia delante y si es posible en algún momento sería conveniente que los compañeros de esta Comisión se leyeran el Real Decreto 13/2014 para que vieran que lo que están planteando en esta proposición no de ley ya está abordado en esa norma. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Mariscal. (Aplausos).
- RELATIVA A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA EN LA BAHÍA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000020).
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Pasamos al punto 2º del orden del día, que sería la última iniciativa a debatir. Le doy la palabra a don Salvador de la Encina, por el Grupo Parlamentario Socialista, por siete minutos.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, muy buenos días.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la proposición no de ley relativa a los astilleros públicos de Navantia. Quiero comenzar con algo evidente pero que creo que es oportuno. Los astilleros públicos de Navantia en Cádiz, en San Fernando y en Puerto Real, configuran el mayor núcleo industrial naval de España y gran parte de Europa, siendo la industria tractora de la pequeña y mediana industria de la provincia de Cádiz y gran parte de Andalucía. Lo mismo se puede decir respecto a Ferrol y sus comarcas en Galicia.
Esta iniciativa parlamentaria que hoy tengo el honor de defender es fruto del acuerdo alcanzado con los trabajadores y trabajadoras a través de los comités de empresa y viene aquí al Congreso de los Diputados precedida de una moción, a instancias del Grupo Socialista, y apoyada por todos los grupos políticos en el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz el pasado día 17 de febrero, donde se recogía la respuesta a la inquietud de los trabajadores y trabajadoras que trasladaron a la Diputación Provincial de Cádiz la necesidad de aprobar una declaración en defensa de los astilleros públicos y en demanda de carga de trabajo, de planificación de la actividad y de dotación de medios tecnológicos acorde con los retos del sector.
Señorías, los astilleros públicos de la Bahía de Cádiz, de Ferrol y del resto de España requieren un compromiso público estable para mantener y ampliar en cada uno de sus centros su actividad principal e histórica como es la construcción naval para cumplir con la participación de los trabajadores y trabajadoras para garantizar sus derechos laborales y sociales, para desarrollar capacidad tecnológica, calidad, diseño, formación especializada y permanente, cualificación profesional y la especialización en buques y plataformas y otros productos de alto valor añadido para rejuvenecer la plantilla con un marco de relaciones laborales en el que se garanticen los derechos económicos sociales de los trabajadores. Nos podremos encontrar quizás en la respuesta a la intervención de la enmienda presentada por el Grupo Popular con que todo eso está hecho, pero esa respuesta tiene una contestación, por qué entonces los trabajadores de todos y cada uno de los centros de astilleros nos requieren a todos los demás partidos políticos que traigamos hoy esta proposición no de ley. Es un poco más de lo mismo: cuatro años de anuncios, de contratos que se cierran, de plan industrial que tienen previsto aprobar, pero que nunca se llega aprobar. Desde el Partido Socialista creemos que hay que huir de electoralismos estemos en el momento que estemos, porque esta actividad es muy importante para numerosas comunidades autónomas de España y los trabajadores, no por casualidad, a pesar de que vivan un momento, concretamente en la Bahía de Cádiz, que no es malo en cuanto a la carga de trabajo, quieren una garantía de presente y de futuro. Por eso queremos, para ese futuro, un rejuvenecimiento y una ampliación de la plantilla como mecanismo necesario para desarrollar ese futuro, con el mantenimiento público de todos los centros y de esas plantillas de trabajo, queremos que se aumente la inversión en investigación y en desarrollo tecnológico potenciándose las líneas de negocios preferentes y que se abran nuevas vías de comercialización y que se busquen mecanismos para la regulación y fidelización de la industria auxiliar.
Señorías, es necesario que se elabore un plan integral de formación que descanse sobre la formación continua de la plantilla y del personal de las industrias auxiliares. También solicitamos en la iniciativa una profunda remodelación del equipo directivo y gestor de la empresa que tenga una suficiente profesionalización. No queremos criticar a los actuales gestores que imagino que han hecho todo lo humanamente posible, pero hace falta, de cara a un futuro, una gran potencialización de la profesionalización y del equipo directivo de la empresa. En definitiva, queremos apostar desde esta modesta iniciativa, por una inversión tecnológica y productiva y por el futuro del sector como un sector tractor de la actividad industrial en la Bahía de Cádiz, en la comarca de Ferrol en Galicia y en todas sus zonas de influencia. Ya me anticipo quizás a alguna crítica que pueda venir respecto a que si el Partido Popular se encontró en 2004 unos astilleros que estaban al borde de la quiebra y les tengo que contestar que sí, con 1.200 millones de euros de multa que había propuesto Bruselas y que luego tuvimos que pagar todos los españoles. Nos encontramos ahora en 2016 con que se anuncia una ampliación de capital de la SEPI, pero nos pondríamos otra vez con números rojos puesto que se prevé, al menos así lo ha manifestado el Gobierno a través de SEPI, 300 millones de euros de pérdida para el año pasado. Para terminar tengo que decir que Navantia está técnicamente bien programada en contratos internacionales, pero hay que cerrarlos. Tenemos los contratos relativos a Arabia Saudí y Australia que se dice que están, pero lo cierto es que no se ha formalizado la correspondiente firma y no están definitivamente aprobados. Quiero añadir que esto viene como consecuencia del buen hacer tecnológico de los trabajadores, que siempre cuando hay méritos son los directivos los que se los apuntan. En este caso son los trabajadores los que con su buen hacer tecnológico los que van a posibilitar si se cierra este acuerdo que nosotros, desde el Partido Socialista, apoyaremos y defenderemos si somos en un futuro Gobierno. Simplemente les quiero pedir a todos los grupos que apoyen esta iniciativa por el futuro público de los astilleros de Navantia, porque tengan más diversificación, más carga de trabajo, más competitividad, más empleo, en definitiva, que se recupere el diálogo social como mejor bandera de presente y futuro para el astillero público de Navantia. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor De la Encina.
Daríamos paso al debate de las enmiendas, para la defensa por el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, doña Yolanda Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.
Igualmente es un honor para mí defender la enmienda que hemos presentado en nombre de nuestro grupo, si bien soy ferrolana, pero con absoluta fraternidad con los compañeros y las compañeras de Cádiz. Por eso ya anticipo que nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista. Va a ser favorable, si alcanzamos la transacción que parece que está prevista, porque estamos
hablando de uno de los sectores estratégicos con carácter industrial en nuestro país. Uno de los grandes sectores estratégicos en el conjunto del Estado. Uno de los grandes sectores estratégicos que además es de los pocos que compite a nivel internacional en algo tan maravilloso como es la alta tecnología, el I+D+i. Tenemos pocos sectores que lo hagan. Además lo está haciendo con un carácter exportador relevante y que hacemos productos que son destacados en el conjunto del mundo. Una iniciativa relevante para el debate que hoy tenemos aquí. Pero también es muy relevante, porque estamos hablando de un sector estratégico que aglutina a 8.000 trabajadores y trabajadoras de manera directa: 5.000 en los astilleros públicos y 3.000 en los restantes. También es cierto que alcanza a más de 17.000 trabajadores y trabajadoras de manera indirecta. Es un sector más que relevante.
Ciertamente tiene razón el portavoz del Grupo Socialista, la herencia que nos deja el Partido Popular es una herencia maldita. Efectivamente el día 30 de este mes se reunirá el consejo de administración de Navantia y nos van a dar muy malas noticias para el conjunto del Estado. La permanencia del Gobierno en funciones no ayuda a que podamos solventar la situación dramática, en términos contables, que tiene esta empresa. Para mostrarlo con datos y compartiendo los que se facilitaban de entorno a 300 millones de euros de pérdidas, ni en los peores momentos de la crisis en los que teníamos contratos cero, nunca alcanzamos ese nivel de pérdidas. Lo que está indicando es que la gestión que ha practicado el Partido Popular es profundamente deficiente.
En este caso presentamos una enmienda que entendemos mejora la propuesta inicial del Grupo Socialista sobre todo en lo que atañe a reivindicar un plan industrial, como ya hemos debatido la semana pasada en la Comisión de Hacienda y que se ha aprobado, para el conjunto de todos los centros productivos del Grupo Navantia, para todos y cada uno de ellos. Un plan industrial que está negociado, por supuesto, con la representación sindical y que centralice la actuación en aspectos sustanciales. La primera el mantenimiento del sector naval en las redes de lo público. Probablemente si hoy Navantia no estuviera en las redes de lo público los astilleros estarían cerrados.
En segundo lugar, para exigir esa carga de trabajo que nunca llega por parte del Partido Popular. Nos van poniendo parches para que en las comarcas más deprimidas, como es el caso de Cádiz y Ferrol, nos vayamos calmando, pero no tenemos los astilleros a pleno rendimiento como tienen otros países, el caso de Alemania, Holanda, Polonia y muchos más casos en nuestro alrededor. En definitiva, permanencia en el carácter público. La necesidad de insistir en ese polo de I+D+i que es definitivo para el desarrollo de Navantia. En el caso de Galicia tenemos una inicial unidad mixta de investigación, aún es pequeña, pero creemos que debe ser una de las acciones principales que se desenvuelvan. Teniendo en cuenta, insisto, ese alto carácter tecnológico de la empresa. La mejora en todas las condiciones de las compañías auxiliares que, como saben, han dejado de cumplir los acuerdos que estaban pactados desde el año 2006, tanto con la representación sindical como con la empresa Navantia, con el sector industrial. Elementos que para nosotros son relevantes. El Gobierno en funciones no supo en el pasado hacer las cosas bien. No supo comerciar o buscar nuevos productos en nuevos mercados como están haciendo, insisto, Holanda y Francia en Latinoamérica. Se han negado, suponemos que por razones ideológicas, a abrir ese mercado, pero lo cierto y verdad es que hay países como Holanda, Alemania y Francia que sí están obteniendo contratos relevantes para sus países. Creemos que hay que abrir también el abanico en esa nueva senda comercial.
En definitiva, estamos de acuerdo con la iniciativa que presenta el Grupo Socialista. Somos conscientes de la situación dramática que tiene la comarca de Cádiz y si se acepta esa enmienda, y aunque no se aceptara también, vamos a apoyar esta reivindicación y nos gustaría que nos tomemos en serio la situación de Navantia, porque insistimos el 30 de marzo las noticias no van a ser nada favorables para el conjunto del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Doy la palabra a don Javier Cano, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, a los efectos de que defienda las enmiendas propuestas.
Señorías, sin duda la provincia de Cádiz es una de las más desfavorecidas en cuanto a carga de trabajo. Además de otros indicadores económicos y sociales Cádiz se encuentra en el furgón de cola del "ranking" de provincias andaluzas y españolas en lo que a tasas de empleo y contratación laboral se refieren. Por este motivo, cualquier iniciativa dirigida a favorecer la creación de puestos de trabajo, lo que se traduce lógicamente en una mejora de la calidad de vida de los gaditanos, no solo debe contar con el respaldo de todo el espectro social y económico de Cádiz, sino que tiene que aunar los esfuerzos de todos
los partidos políticos. En este sentido, señorías, en nuestro partido político Ciudadanos estamos convencidos de ello. No solo porque constituye uno de nuestros principales y primarios objetivos, la creación de empleo y la superación de las altas tasas de paro, sino también porque la carga de trabajo en los astilleros de Navantia es una cuestión de concienciación colectiva en toda la Bahía de Cádiz y por extensión en toda la provincia. La provincia de Cádiz no se entendería sin los astilleros ni los astilleros se entenderían fuera de Cádiz.
Desde Ciudadanos insistimos en la necesidad imperiosa de que el futuro de Navantia se excluya del continuo enfrentamiento político y dialéctico. Ha sido y sigue siendo a día de hoy una constante el encarnizado enfrentamiento político que utilizando este tema han mantenido los partidos en todos los niveles e instituciones como arma arrojadiza. Especialmente desde el que en cada momento esté en la oposición política. Mientras todo esto ocurre, los gaditanos asistimos estupefactos a este increíble e incomprensible espectáculo. Señorías, la prioridad de los representantes institucionales debe encuadrarse en la búsqueda de la excelencia de la empresa Navantia y no en el rifirrafe del enfrentamiento político. Desde Ciudadanos pedimos que desde un punto de vista exclusivamente territorial se realice un reparto de la carga de trabajo en atención a motivos puramente logísticos y operativos, huyendo de criterios más relacionados con las cuotas de poder de los barones de cada partido antes que de la propia viabilidad de la empresa. Recientemente, ya se ha comentado aquí, se ha tratado en otra Comisión parlamentaria una PNL relacionada con Navantia en Galicia. En Ciudadanos entendemos que lo que es bueno para Cádiz debe serlo también para Galicia y viceversa y si a día de hoy no lo fuere estamos obligados a trabajar para que lo antes posible así sea. Debo recordar respecto de Cádiz que las instalaciones de Navantia son las mayores de todas las empresas en superficie, tienen más de 1,5 millón de metros cuadrados. Tiene también uno de los mayores diques del mundo, con capacidad para construir buques de hasta 500 metros de largo o eslora y 100 metros de ancho o manga y las dos mayores grúas pórtico de España. Sin duda, el devenir de la viabilidad de Navantia como empresa motor de creación de puestos de trabajo, directos e indirectos, como se ha dicho aquí, a través de las empresas auxiliares, es un asunto prioritario que debe acaparar toda nuestra atención. El empleo, la innovación tecnológica y la aplicación del alto nivel de calidad técnica de los sistemas industriales presentes hoy día en Navantia permiten ser esperanzadores sobre su futuro. Solo se precisa un poco de voluntad política y de sentido común que, por no ser el más común de los sentidos, siempre aparece como un objeto deseable y apetecible.
Señorías, proyectos existen y líneas de producción especializadas también, solo en materia de construcción tiene capacidad de construir gaseros, las nuevas fragatas, los buques de aprovisionamiento de combate, como el Cantabria, y los BAM, que son buques de acción marítima, que representan todos ellos un buen ejemplo del alto potencial, industrial e innovador de Navantia que además debe rivalizar en un mercado muy exigente y altamente competitivo. Por este motivo es más que probable que asistamos a nuevas iniciativas parlamentarias sobre este tema y todas las que redunden en la consolidación y expansión de Navantia serán bien acogidas. También debo recordar en este momento que sobre el futuro de Navantia pende una espada de Damocles que es la sentencia que dictará en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el recurso de apelación interpuesto por la Comisión Europa contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dictada en diciembre de 2015, el año pasado, que viene a considerar que el sistema español de arrendamiento fiscal, ayudas para la construcción naval, es legal y no constituye una ayuda de Estado como así lo entendía y lo denunciaba la Comisión Europea.
Vamos a aceptar la PNL. Hemos formulado dos enmiendas que no vienen a contrarrestar su sentido y finalidad, sino todo lo contrario, al objeto de enriquecerla en su contenido. Hemos añadido unas pequeñas cuestiones en el grupo de actividades, incluir el desguace de barcos y en cuanto al Plan de inversión hacerlo dentro del marco estratégico de especialización, lo cual está en consonancia con lo que ha venido propugnando Ciudadanos durante todo el año pasado en las sucesivas campañas electorales. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Muchas gracias, señor Cano.
Doy la palabra, para la defensa de la enmienda, a don Juan Juncal, del Grupo Popular.
Efectivamente vamos a repetir un debate que se produjo hace quince días en la Comisión de Administraciones Públicas, porque toda la oposición va a remolque de esas peticiones, manifestaciones o intereses por parte de algunos de mantener este tema. La verdad es que me pongo colorado oyendo al PSOE de verdad, porque se dicen cosas que son difíciles de sostener. Le voy a aclarar un dato. Eso
que habla usted -y decía también la señora Díaz- de los 300 millones de pérdidas, hay una cosa y es que no son del ejercicio, son de diez años, desde el 2004. Navantia viene perdiendo todos los años una cantidad de dinero y probablemente se acumule esa cantidad cuando finalice este ejercicio contable. Están en campaña y esta iniciativa, como las que han presentado -y seguro que habrá otra que presentarán-, viene porque siguen con el complejo de oposición y van a remolque de campaña.
En el Parlamento de Murcia sé que se ha aprobado, aunque no la he visto, una moción por el astillero de Navantia en Cartagena. Lo primero que se les olvida es que Navantia es una empresa estatal, aunque con centros de trabajo distribuidos por la geografía española. Hay que tratar el problema de la empresa como tal empresa desde un punto de vista global, estatal. Sé que el Grupo Socialista últimamente, si tiene que pactar con nacionalismos, etcétera, tendrá que jugar a ese tipo de juego, pero el Partido Popular no se va a prestar a eso. Cuando dicen diversificación en Cádiz. ¿Dónde se construye la plataforma para la estación eólica marina de Wikinger del proyecto de Iberdrola? Que yo sepa en Cádiz. Los aerogeneradores en Fene, al lado de mi pueblo. Como no pueden pedir carga de trabajo, porque en los años 2012 y 2013 se pedía carga de trabajo, porque no la había, porque hubo un genial Gobierno socialista del señor Zapatero que pensó que se mantendría con los pedidos australianos había carga "sine die" y la carga de trabajo la asumen los astilleros, cumplen, entregan los barcos y se les acaba la carga de trabajo. A día de hoy el Gobierno del Partido Popular puede poner encima de la mesa los contratos de los suezmax, cuatro petroleros, piden un quinto gasero. El mercado está como está y se siguen haciendo las gestiones.
Como dije también el otro día, en el 2012 nos encontramos no una Navantia quebrada, como ha dicho el señor del Grupo Socialista, sino sencillamente sin una planificación adecuada de carga de trabajo, con unas pérdidas en aquel momento razonables, pero que indudablemente la subactividad que genera la empresa por una mala reconversión en el 2004, a base de jubilar a todos aquellos que tenían cincuenta y dos años independientemente del puesto, de los conocimientos y del trabajo que realizaran, ha provocado unas pérdidas por subactividad importantes. Además, nos encontramos con un submarino que no flotaba -ahora ya flota-, con la plantilla descompensada, con el programa F-110 en marcha desde el año pasado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, los mencionados buques en Australia y Arabia Saudí, eólica marina, labores como el astillero 4.0, etcétera.
En la enmienda transaccional que nos han pasado se complican. Vuelvo a insistir en que no abordan el problema desde la gestión de una empresa pública, estatal y, por tanto, en su conjunto. Le aseguro que las decisiones no se adoptan por dedocracia, sino por gestión empresarial razonable. Una de las críticas que hacen es la relativa al personal, a imponer gestores. Que yo sepa -lo sé a ciencia cierta-, el único cargo de la empresa que no es profesional es el presidente, lógicamente, puesto por este Gobierno, por el Partido Popular; el resto son profesionales con prestigio reconocido a lo largo de todos estos años que han hecho su carrera en Navantia. La otra excepción es la del responsable de personal, que fue un fichaje de un "consulting" dedicado a esas tareas. No entiendo por qué se produce esa crítica.
Ahora se meten en los desguaces. El otro día la señora Díaz despreció la eólica marina y ahora queremos hacer desguaces. Me temo que en la economía española los desguaces no van a tener mucho encaje. Ustedes, que son los paladines de la defensa de la ecología, saben que los desguaces no son precisamente una actividad limpia, ecológicamente hablando.
Ustedes no piden lo básico, que sería un compromiso. Estamos con un Gobierno en funciones, como se ha dicho aquí, y como es una empresa pública hay que ir a Europa a explicar la ampliación de capital. De ese tema no hablan; lo citan, pero no hablan de ello. El compromiso de apoyar al Gobierno para hacer una ampliación de capital podría ser un objetivo para cubrir ese balance. No hacen esa gestión estatal a la que me refería. Por otra parte, piden inversiones que garanticen la carga de trabajo. La carga de trabajo se consigue con contratos. Lo que hacen las inversiones es facilitar que esos trabajos se puedan realizar en condiciones más competitivas, con mejor relación calidad-precio. Quiero recordar que hace unos años perdimos el contrato de un BAC, de un buque de aprovisionamiento en combate, gemelo del Patino y del Cantabria, en competencia con astilleros noruegos, precisamente porque nuestro proyecto era 20 millos de euros más caro que el noruego.
Espero que estas propuestas que hacen no signifiquen que cuando haya que hacer el rejuvenecimiento de plantilla se vaya al criterio de la edad y no al criterio más racional de mantener en sus puestos a los que sean necesarios; que cuando hablan de fomentar la exportación, no haya miembros de sus partidos que critiquen Gobiernos a los que estamos vendiendo material, bélico, obviamente; y que cuando hablan de una actuación integrada con la industria complementaria, no volvamos a un doble convenio, porque no sé si sus señorías saben que en un momento determinado en Ferrol -creo que también en Cádiz-, las
empresas tenían un doble convenio: si un trabajador trabajaba para Navantia cobraba un salario, y si trabajaba para otra empresa, cobraba otro. Lo siguiente fue decir: Cerramos todas las auxiliares porque el modelo es insostenible. Esperemos que no se vuelvan a cometer los errores del pasado.
En estos términos no vamos a poder apoyar esta transaccional, y lamentamos que no se hayan incorporado a la que proponía el Grupo Popular, que era seguir trabajando en la dirección actual.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Tiene la palabra el señor De la Encina para que se pronuncie sobre las enmiendas.
Simplemente quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Ciudadanos y al Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como a todos los demás que van a apoyar la proposición no de ley. Esta proposición ha sido mejorada con unas transaccionales de Ciudadanos y de Podemos. Lamento, una vez más, que el Grupo Popular se quede solo en la defensa de los astilleros públicos de España, que no apoye un plan industrial que puede posibilitar un futuro mejor que el actual y que vuelva a sacar a colación a Zapatero, después de más de cuatro años de Gobierno. No tengo más remedio que recordarle que precisamente con Zapatero se consiguió la mayor carga de trabajo en la historia de Navantia, al menos en Cádiz, con la contratación de ocho buques patrulleros para Venezuela.
Termino diciendo que sí, que hemos venido a remolque, pero de nuestros compromisos electorales.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Señor De la Encina, tiene un minuto.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Termino diciendo simplemente que este es un compromiso electoral del Partido Socialista y que doy las gracias a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Gracias, señor De la Encina.
Tiene la palabra don Isidro Martínez, del Grupo Mixto, a fin de que fije su posición.
Son recurrentes en las Cortes Generales las iniciativas parlamentarias que ponen de manifiesto la preocupación por el futuro de Navantia que, como todos ustedes saben, constituye una sociedad pública dedicada a la construcción naval militar, creada en 2005 como resultado de la segregación de los activos militares de otra empresa pública, el Grupo Izar. Navantia tiene dos astilleros en Galicia, Ría de Ferrol, Ferrol y Fene, uno en Murcia, Cartagena, y otros tres en la Bahía gaditana, Cádiz, San Fernando y Puerto Real, que son hoy objeto de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista para que se ponga en marcha un plan industrial que despeje las incertidumbres sobre el inmediato futuro de estos astilleros públicos de los que dependen miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.
Permítanme que al hablar de los astilleros tenga un sentido recuerdo para los que formaban un sector muy potente en Asturias, pero que desde los años ochenta fueron desapareciendo paulatinamente tras una dramática reconversión y un durísimo ajuste laboral. Hoy están funcionando, muy bien por cierto, cinco astilleros que dan trabajo a más de 1.500 asturianos, pero durante muchas décadas giró sobre la industria naval una parte significativa de la economía de Asturias. De ahí que comprenda el interés del diputado, señor De la Encina, al exponer su inquietud por una mayor carga de trabajo y por mantener la competitividad y el empleo de los tres astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz.
Es sabido que la economía española está en fase de recuperación, pero también es conocido que los presupuestos en materia de defensa están muy ajustados. Conclusión: la carga de trabajo en la construcción naval militar está necesariamente relacionada con el trato y los contactos de España con los Gobiernos de otros Estados de los que proceden los pedidos. Los diputados socialistas tienen conocimiento de primera mano de la enorme complejidad diplomático-comercial, porque, sin ir más lejos, en los años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no se consiguieron muchos contratos para Navantia. La empresa, repito, no es nada fácil. Digámoslo en descargo del Gobierno del Partido Popular. En este sentido hay que reconocer el esfuerzo y el empeño del Ejecutivo, actualmente en funciones, para hacer realidad los contratos que ahora mismo ya tienen garantizada actividad laboral en la Bahía gaditana para los próximos tres años. A esto hay que añadir que, afortunadamente, se han ido eliminando importantes obstáculos para el sector naval español, como lo fue, sin lugar a dudas, una "tax lease" que el comisario europeo,
señor Almunia, consideró ilegal en 2013, con un grave perjuicio para nuestros astilleros, aunque el Tribunal de Luxemburgo acabó dando la razón a España, hace bien poco, por cierto, en diciembre del año pasado, como se acaba de recordar. Otro gran obstáculo fue la competencia desleal desde países de la propia Unión Europea, que acabaron por dar la puntilla a algunos de nuestros más acreditados astilleros, enviando al paro a miles de trabajadores muy cualificados, profesional y técnicamente hablando.
Señorías, en Cádiz hay preocupación, pero también es un hecho muy positivo, y cabe resaltarlo, la unidad política, sindical y cívica demostrada el pasado mes de febrero con la constitución de la mesa en defensa del sector naval de la Bahía, en la que todos los participantes mostraron su disposición a trabajar conjuntamente por el futuro y la estabilidad de la industria naval como sector público estratégico. Es una plataforma de unidad muy importante que comparte unos objetivos comunes que no son diferentes a los que llevó a cabo el Gobierno del señor Rajoy en los últimos cuatro años. No obstante, ahora la situación política derivada de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre y la inestabilidad que, sin duda, genera el hecho de que no se haya podido formar Gobierno, es un lastre en la continuidad de los contactos comerciales con otros países en la búsqueda de contratos para nuestros astilleros públicos. En todo caso, hay que confiar en que esta situación de inestabilidad política no impida que se firme el contrato de cinco corbetas con el Gobierno de Arabia Saudí, que ahora mismo es la gran esperanza para el inmediato futuro de los astilleros gaditanos.
Concluyo, señora presidenta, manifestando que en función de las intervenciones del resto de los portavoces en este debate, votaré en consecuencia. Quisiera escuchar los argumentos de los demás grupos parlamentarios para tomar una decisión que, en principio, es favorable, por cuanto aquí se está plasmando una preocupación latente en Cádiz y en toda Andalucía. Sin embargo, me entran las dudas sobre la oportunidad de esta proposición no de ley en unos momentos en los que parecía existir un clima general de acuerdo, porque tal vez no contribuya precisamente al entendimiento total. Creo que esta mañana y en este tema en la Comisión de Industria debería haberse reeditado esa unidad que la mesa en defensa del sector naval gaditano puso en valor hace unas pocas semanas.
Mi voto será favorable a la transaccional, pero en el caso de Navantia creo que el grupo mayoritario que apoya al Gobierno también ha presentado propuestas que deberían haber sido tenidas en cuenta. Considero que esta exclusión de las propuestas del PP hace trizas el buen clima creado en Cádiz en torno al futuro de Navantia. Cuando España está pendiente de rematar un buen contrato con otros países, lo bueno hubiese sido llevar entre los papeles del contrato que en este país hay unidad política en un asunto del que dependen miles de familias.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Antes de proceder a la votación, al Grupo Socialista le gustaría trasladar una solicitud a la Mesa, hecha ya en la reunión de Mesa y portavoces. Consideramos muy necesario constituir la ponencia relativa al Consejo de Seguridad Nuclear. Esta solicitud, que no formulamos solo nosotros, sino también otros grupos de la Cámara, tendría que haberse incorporado, en principio, a este orden del día, pero al no aparecer, se lo trasmitimos a la Mesa para que a la mayor brevedad posible se constituya esta ponencia y las solicitudes de comparecencia se puedan llevar a término.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Es cierto que en la reunión que tuvimos de Mesa y portavoces quedamos en que en la siguiente sesión incluiríamos la constitución de esta ponencia, pero estábamos a expensas de que la Mesa del Congreso se pronunciara e indicara el número de miembros. Hemos hablado hoy con el presidente, señor Martínez-Maíllo, con la finalidad de que una vez la Mesa nos lo indique se pueda convocar Mesa y portavoces y, a continuación, la Comisión, que será a la mayor brevedad, para poder sustanciar la comparecencia solicitada por los diferentes grupos.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Simplemente era para que constara.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Entendemos que todos los grupos disponen de los diferentes textos transaccionales. Por tanto, estando todos presentes, y de conformidad con los artículos 78 y siguientes del Reglamento, procedemos a la votación de cada una de las iniciativas.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Le pediría que antes de proceder a la votación leyese claramente el asunto que vamos a votar, porque ha habido una alteración en el orden del día.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Leeré punto por punto.
Votamos la proposición no de ley relativa a los astilleros públicos de Navantia en la Bahía de Cádiz, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la transacción presentada.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley que figura en tercer lugar en el orden del día, separada de la cuarta, relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 19.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley sobre los incumplimientos de los Gobiernos del Partido Popular relativos a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y definición de un modelo energético gallego social y sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora LÓPEZ ARES: Señora presidenta, solicitamos votación separada del segundo punto.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Todo el mundo tiene el texto. Votamos, en primer lugar, el segundo punto.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda aprobado.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la quinta proposición no de ley, sobre actuaciones para evitar el cierre de la mina de Aguablanca, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Simplemente quería decir que el Grupo Democràcia i Llibertat y el Grupo Vasco hemos firmado la transaccional. No sé si la nueva transaccional la conocen los demás grupos, aunque es la misma. Nos hemos incorporado a la transaccional anterior. Lo digo para que se sepa, porque seguramente los grupos no tienen firmada la transaccional, pero nos hemos incorporado.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Creo que todos los textos se han repartido a los grupos.
El señor AZPIAZU URIARTE: Es que hemos firmado después.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda recogido en acta que tanto el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) como el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) se adhieren a la transaccional.
Votamos la proposición no de ley sobre la moratoria y la prohibición de técnicas de prospección de hidrocarburos mediante el sistema de fractura hidráulica ("fracking").
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, 5.
La señora VICEPRESIDENTA (Perea i Conillas): Queda aprobada la iniciativa presentada por Esquerra Republicana.
Votamos el último punto, sobre las indemnizaciones derivadas de la extinción de la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural "Castor", presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comù Podem-En Marea.