Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/12/
Timestamp: 2020-04-04 01:43:48
Document Index: 170442118

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 17']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: diciembre 2011
Las Estrategias de Empleo (general y para trabajadores de edad avanzada). Los documentos que el gobierno socialista deja a su sucesor (II).
4. El RDL 3/2011 encuentra su origen en el ASE. Más exactamente, su punto de referencia es la parte 1, III, que incluye el “Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral”.
El capítulo I lleva por título “normas generales de la política de empleo” y procede a una amplia modificación de la LE (poco tiempo antes ya modificada, no se olvide, por la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo). La reforma de la LE también se opera en el capítulo II, dedicado al “fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo en el marco del Sistema Nacional de Empleo”. Más profunda e intensa es la reforma de la LE introducida en el capítulo III, ya que incorpora un nuevo título I bis, en el que se regula el “establecimiento de un catálogo de servicios básicos a la ciudadanía y desarrollo de un modelo de atención personalizada”. Con una terminología que pretende ser impactante, y que ciertamente encuentra su origen en el ASE, el capítulo IV sigue modificando la LE y procede, al menos terminológicamente hablando, a la “transformación de las políticas activas de empleo y redefinición su contenido y desarrollo”.
De especial relevancia son los dos nuevos preceptos incorporados a la LE por este capítulo I. El artículo 4 bis trata sobre la EEE, inspirada en la Estrategia Europea de Empleo, y el artículo 4 ter versa sobre el Plan anual de política de empleo.
Destaco de la primera, que tendrá carácter plurianual y que deberá elaborarse antes del 31 de octubre, la inclusión de las orientaciones (obsérvese bien que no se utiliza el término “Directrices”) y objetivos a alcanzar en materia de política de empleo tanto para el conjunto del Estado como para cada Comunidad Autónoma, concretándose anualmente tales objetivos en el Plan de política de empleo. Tanto la EEE como el Plan serán aprobados por el Gobierno; en el primero, la propuesta correrá a cargo del MTIN (ahora MESS) y su elaboración se hará en coordinación con las CC AA y con la participación de los agentes sociales más representativos, potenciándose la vertiente institucional, algo que parece muy positivo, en cuanto que el proyecto de EEE deberá ser informado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y deberá también ser sometido a consulta e informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Respecto al Plan anual de política de empleo, la participación autonómica adquiere también relevancia, dado que su elaboración se hará, teniendo en consideración las previsiones formuladas por las CC AA y el Servicio Público de Empleo Estatal,, en el marco de la Conferencia Sectorial, y además será informado por el Consejo General del SNE.
En definitiva, se refuerza la vertiente de concertación institucional de las políticas de empleo, con una aceptación y reconocimiento del papel relevante que han de jugar las CC AA y los agentes sociales en la elaboración de la EEE y del Plan anual, previsiones que no aparecían en los primeros borradores del RDL, reforzamiento que se concreta jurídicamente también en la nueva redacción del artículo 7, en el que se atribuye a la Conferencia Sectorial un rol de colaboración, coordinación y cooperación entre la Administración estatal y las autonómicas en materia de política de empleo “y especialmente en lo relacionado con la Estrategia Española de Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo”, y al Consejo general del SNE, órgano consultivo de participación institucional, una nueva función prevista de manera expresa en la LE, y no en sólo en texto reglamentario, que será “la de consulta e informe de la Estrategia Española de Empleo y del Plan Anual de Políticas de Empleo”.
Por otra parte, la potenciación institucional del SNE (en el que, recuerdo, tienen presencia la Administración estatal, las CC AA, y los agentes sociales más representativos) se pone de manifiesto en las modificaciones incorporadas en el artículo 9, regulador de sus funciones, y que mejoran los textos de los primeros borradores de la norma, en cuanto que se incluye no sólo las de aplicar, sino también la de concretar, la EEE a través del Plan anual, así como también la realización del seguimiento del Fondo de políticas de empleo que se crea en la disposición final primera.
El capítulo II lleva por título, indicativo claramente de aquello que se pretende realizar, “fortalecimiento de los servicios públicos de empleo en el marco del sistema nacional de empleo”. Además de las referencias ya realizadas al fortalecimiento de las competencias de la Conferencia Sectorial y del Consejo General del SNE, hay que decir que la modificación del artículo 6 de la LE, que regula los fines de las políticas de empleo, consiste en incluir esa expresa referencia al fortalecimiento, como actuación conjunta con el favorecimiento de “la colaboración público- privada en la intermediación laboral y el desarrollo de las políticas activas de empleo”, plasmada en la regulación de las agencias de colocación por el RD 1796/2010 de 30 de diciembre y que fue objeto de atención detallada en entradas anteriores del blog.
a) La reforma incorpora un nuevo precepto (artículo 7 bis) regulador de los instrumentos de coordinación del SNE, si bien parece que no de forma exclusiva ya que el primer inciso del precepto dispone que dicha coordinación se llevará a cabo “principalmente” a través de la EEE, del Plan anual de PE y del sistema de información de los servicios públicos de empleo (SISPE). Con respecto a este último, se trata de un sistema de información común e instrumento técnico de integración de información de las políticas de empleo que lleven a cabo los SPE en todo el territorio estatal, y del que cabe destacar su referencia expresa a que deberá garantizar que las funciones de intermediación laboral se lleven a cabo de forma adecuada y “sin barreras territoriales”.
b) En coherencia con las importantes modificaciones introducidas por el RDL en el nuevo título de la LE, una de las nuevas funciones del SNE es la determinar y tener actualizado un “catálogo de servicios a la ciudadanía” que prestarán los SPE y que garantizará en todo el territorio estatal “el acceso, en condiciones de igualdad, a un servicio público y gratuito de empleo”.
c) El RDL reformula, en unos caso, y amplía, en otros, las competencias del SPEE. Asume, en coherencia con los cambios introducidos en otros preceptos de la LE, la tarea de elaborar el proyecto de la EEE y del Plan anual de PE, la coordinación de las actuaciones conjuntas de los SPE en el desarrollo del SISPE, y la potenciación del observatorio de las ocupaciones del SPEE, en coordinación con los que en su caso creen las CC AA (es decir, no será el SPEE el que “coordine” los distintos observatorios existentes, sino que todos ellos “se coordinarán” a los efectos oportunos).
d) Hay una mayor sensibilidad y aceptación de la realidad autonómica y de la asunción de competencias por parte de las autonomías en materia de PE (aunque esa posibilidad viene dada por el marco constitucional, estatutario, y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional) que en normas anteriores. La concreción de esa manifestación se observa con nitidez y claridad en la modificación del artículo 17, que regula los SPE autonómicos, con la mención expresa a su participación en la elaboración de la Estrategia y del plan anual de PE, y a la posibilidad de las que también se les dota, recogida igualmente en el texto definitivo de la norma y que no aparecía en los primeros borradores del texto, de elaborar sus propios planes de política de empleo, que deberán estar enmarcados, y parece que ello es del todo coherente y no cuestiona en modo alguno la libertad de actuación autonómica, “de acuerdo con los objetivos del Plan Anual de las Políticas de Empleo y en coherencia con las orientaciones (insisto, no se trata de directrices de obligado cumplimiento sino de observaciones) y objetivos de la Estrategia Española de Empleo”.
5. Una vez situado el marco normativo y de concertación social del que trae su razón de ser la EEE conviene recordar los seis grandes objetivos de política de empleo fijados en la EEE, que a mi parecer pueden ser tenidos perfectamente en consideración también por el nuevo gobierno y que toman en consideración la estructura territorial española y el traspaso de competencias en materia de políticas activas de empleo, de tal manera que con la EEE se pretende, según las propias palabras del documento, establecer “objetivos comunes y reglas coherentes entre el nivel legislativo y el nivel de ejecución de la política de empleo”.
A) La elevación de la tasa de participación en el mercado de trabajo hasta acercarse, aunque sin alcanzarlo, al objetivo de la Estrategia Europea (tasa de empleo del 75 % para la población de 20 a 64 años en 2020, y del 70 % para la población femenina), proponiéndose el objetivo para España del 74 y 68,5 %, respectivamente. Recuérdese ahora que las cuatro directrices en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020 son el aumento de las tasas de participación en el mercado laboral, la mejora de la cualificación profesional, el incremento de la calidad y la mejora del sistema educativo, la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza.
B) Reducción de la temporalidad y segmentación del mercado de trabajo. El debate es si esa reducción se realiza por la vía de la mejora de las condiciones laborales del personal temporal o por la de reducción de derechos del personal estable, cuestión obviamente que no es de menor importancia.
C) Potenciar el trabajo a tiempo parcial (¿se recuperarán algunos borradores de cambios legales que circularon el mes de agosto y que otorgaban una mayor flexibilidad a la articulación de las horas complementarias?) y la flexibilidad interna en la empresa (flexibilidad que puede ser pactada o unilateral por decisión empresarial, y ahí está uno de los debates más importantes del futuro cambio normativo si llega a producirse);
D) Mejora y adecuación de las competencias profesionales a las necesidades del mercado (habrá que definir cuáles son esas necesidades en razón de los intereses del conjunto de la ciudadanía y no sólo de un reducido número de intereses).
E) Promoción de una rápida y adecuada reinserción de las personas en el mercado de trabajo. No habrá desacuerdo político sobre la importancia de los servicios y atención personalizada en materia de empleo, y la puesta en marcha de políticas formativas que eleven el nivel de cualificación profesional de aquel importante colectivo de personas desempleadas que así lo necesitan, con un objetivo político de primera importancia cual es conseguir la universalización de la atención personalizada y especializada a las personas desempleadas en 2013.
F) En fin, la promoción de la igualdad de género en el mundo laboral (no falla el marco jurídico, aunque siempre se puede avanzar por la senda de las medidas de acción positiva debidamente seleccionadas para que obtengan resultados positivos).
Para seguir cómo evolucionan los objetivos estratégicos marcados en la EEE se diseñan una serie de indicadores para determinar cómo y de qué forma se avanza en su logro (tasas de empleo de diferentes colectivos, tasas de desempleo, número de contrataciones, número de personas trabajando a tiempo parcial, tasas de abandono escolar y de población con estudios superiores, etc.)
Apoyo a los emprendedores, autónomos y pymes en Castilla-La Mancha.
El Boletín Oficial autonómico publica hoy la Ley 15/2011, de 15 de diciembre de 2011, de emprendedores, autónomos y pymes. La norma entrará en vigor a los veinte días de su publicación, facultando la disposición final primera al gobierno castellano-manchego a la aprobación de “cuantos reglamentos sean precisos para el desarrollo y aplicación de la presente Ley”. Por lo que respecta a uno de sus contenidos más importante, el nuevo Observatorio Regional de Mercado, deberá constituirse en un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.
El título preliminar incluye las disposiciones generales, definiendo la figura del emprendedor como la persona física que desea poner en marcha, en el ámbito territorial de la autonomía, un proyecto como autónomo o incorporarse a una pyme como socio, si bien lo amplia a las personas que ya hubieran puesto en marcha el proyecto en los veinticuatro meses anteriores y “siempre que no sea continuación o ampliación de una actividad anterior”, dejando además la puerta abierta a la ampliación del concepto. Al objeto de garantizar la condición de emprendedor de un proyecto, si se trata de una sociedad unipersonal no podrá considerarse emprendedor quien ya ostente la condición de socio único de otra empresa del mismo tenor.
El título primero versa sobre el fomento de la cultura del emprendedor en el ámbito educativo, tanto en la enseñanza no universitaria como la que se lleva a cabo en la Universidad, debiendo el profesorado, entre otras muchas funciones asignadas, transmitir actitudes emprendedoras al alumnado, y explicar y transmitir “con rigor” el papel del empresario “y su función decisiva en la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo”. La ética empresarial deberá formar parte del curriculum en los procesos formativos no universitarios, junto con otras disciplinas formativas. En el ámbito universitario, el fomento de la figura del emprendedor va más relacionado con la puesta en marcha de módulos prácticos y teóricos que permitan acercar, e incorporar, al joven al mundo empresarial.
El título II regula la simplificación administrativa, con la potenciación de los medios y sistemas telemáticos para facilitar la creación de empresas, y la puesta en marcha de puntos de asesoramiento e iniciativas de tramitación, en los que participarán todas las administraciones. Los PAIT, según dispone la norma, proporcionarán también el asesoramiento preciso para todos aquellos que quieren ponen en marcha un proyecto empresarial.
La figura del Observatorio Regional de Mercado (título III) se configura, como ya he indicado, como una de las estrellas de la nueva norma, dado que debe ser el órgano, adscrito a la Consejería competente en materia de empleo, que diseñe y ponga en marcha todas las medidas precisas para el desarrollo de la actividad empresarial, incluyendo las medidas de fomento de empleo que se consideren necesarias; es decir, deberá cumplir tanto una función económica como social, ya que se trata de posibilitar “la optimización del esfuerzo empresarial y la disponibilidad de trabajadores con la necesaria formación”, así como también “la detección de los sectores económicos susceptibles de convertirse en motor del desarrollo regional”. La presencia de todas las Consejerías con competencias en materia de emprendimiento está prevista en el texto (empleo, economía, educación, fomento y agricultura), pudiendo participar las organizaciones empresariales y de autónomos cuando se considere necesario. El Observatorio deberá elaborar un indicador de viabilidad y futuro de los proyectos que se presenten, para dar apoyo a los que mejor se adecuen a los objetivos de la ley, y puede llamar la atención al gobierno autonómico para que adopte las medidas oportunas para evitar, en su caso, que “una excesiva contratación o encomienda de gestión de su Administración con empresas públicas o privadas, con capital público, alteren el equilibrio del mercado”.
El título IV está dedicado al fomento de la prevención de riesgos laborales, previendo el apoyo de la administración regional en materia de asesoramiento técnico y realización de actividades formativas para que los emprendedores conozcan todos los derechos y obligaciones en materia de seguridad y salud laboral y que adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de la normativa, previendo que en esas actividades puedan participar también las asociaciones de trabajadores autónomos, organizaciones empresariales y sindicales, o otras entidades sin ánimo de lucro. Como medida concreta, de las pocas que se encuentran en el texto, se dispone que el gobierno autonómico establecerá una línea de subvención para cofinanciar durante el primer ejercicio de la actividad “el coste derivado de la organización preventiva de la persona emprendedora, con un servicio de prevención de riesgos laborales”, si bien se remite al desarrollo reglamentario su concreción.
El título V regula la tutela a los emprendedores, previendo la puesta en marcha de medidas de apoyo y asesoramiento técnico, el fomento del asociacionismo empresarial para tutelar la puesta en marcha de nuevos proyectos durante los tres primeros años de actividad, la coordinación de las distintas ayudas públicas que puedan percibir los emprendedores, y la posible compensación de deudas que tengan con la administración regional “con los créditos reconocidos por esta a su favor por actos administrativos, ya tengan o no origen tributario o no tributario”. Como estrecho complemento del anterior, el título VI versa sobre medidas financieras, comprometiendo a la administración regional a pagar en un plazo de 30 días tras las finalización de la actividad llevada a cabo por los emprendedores en el marco de la Ley de contratos del sector público, a crear un registro de autónomos y microempresas, a promover acuerdos con las entidades financieras para disponer de líneas de crédito, y a favorecer la participación de inversores privados (“business angels) en nuevos proyectos empresariales, tanto con aportación económica como con la implicación en la gestión. En cuanto al título VII, dedicado a la internacionalización, también se prevén programas de apoyo en la formación en esta materia y convenios de colaboración con otras administraciones públicas y agentes del sector privado para su impulso.
Último, pero no menos importante, el título VII trata sobre la flexibilización de la vida familiar, laboral y personal, previendo la medida de apoyo económico para sustituir a trabajadores que suspendan su contrato de trabajo por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. Se trata tanto de incentivar la contratación de nuevos trabajadores como de facilitar a quienes suspenden su contrato la mejor compatibilización y conciliación del trabajo con la vida personal y familiar. En fin, no conviene olvidar el cambio de denominación del actual observatorio del mercado de trabajo y de las ocupaciones del servicio autonómico de empleo, que pasará a denominarse observatorio regional de empleo.
Buena lectura de la Ley 15/2011.