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Timestamp: 2019-01-17 09:30:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 233', 'artículo 1', 'artículo 48', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 23']

﻿ Sentencia 2008-00042 de marzo 10 de 2011
SENTENCIA 2008-00042 DE 10 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO. EN VIRTUD DE LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL, EL CRITERIO EN MATERIA DE FACULTAD IMPOSITIVA TERRITORIAL RECONOCE LA AUTONOMÍA FISCAL DE LOS MUNICIPIOS PARA REGULAR DIRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DE LOS TRIBUTOS QUE LA LEY LES HAYA AUTORIZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO, IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, IMPUESTO DEL MUNICIPIO, SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO
Sentencia 2008-00042 de marzo 10 de 2011
Rad.: 11001-03-27-000-2008-00042-00(18141)
Bogotá, D.C., diez de marzo del dos mil diez.
Provee la Sala sobre la legalidad del Acuerdo 013 del 5 de junio del 2007, por el cual el Concejo Municipal de Quibdó, Chocó, “regula de manera integral el impuesto para el servicio de alumbrado público”.
En los términos del recurso de apelación, corresponde analizar si el Concejo Municipal de Quibdó ostentaba facultad impositiva para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público en su territorio, frente a lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913. En tal sentido, se examinará si dicha norma legal vicia de nulidad el acto administrativo demandado, en cuanto lo fundamenta.
“...el legislador autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para crear los tributos impugnados, para estructurar el trámite de su cobro y, para fijar con apoyo en su aforo las apropiaciones presupuestales atinentes a la atención de los servicios municipales.
Por su parte, la Sentencia C-035 de 2009 examinó la legalidad del artículo 233 (lit. b)(2) del Decreto 1333 de 1986 – Código de Régimen Municipal, porque, entre otra razón, contravenía el principio de legalidad del tributo. Allí la Corte reafirmó que el legislador debe, cuando menos, establecer los límites dentro de los cuales las ordenanzas o los acuerdos pueden fijar los contenidos concretos de la obligación tributaria; pero dejó en claro que la autonomía tributaria de los entes territoriales exige que la ley reserve un espacio para que estos puedan ejercer sus competencias impositivas, de modo que el congreso no debe demarcar de forma absoluta la constitución del tributo.
Desde esta perspectiva, tampoco resulta jurídicamente viable aceptar la inaplicación del artículo 1º, lit, d) de la Ley 97 de 1913 en el caso concreto ni, menos aún, declarar la nulidad del acuerdo municipal demandado por fundamentarse en aquel(4), como lo hizo el a quo. Es así, porque la autoridad encargada de guardar la integridad y supremacía de la Constitución e interpretar con autoridad sus disposiciones (C.P., art. 241), en sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional conforme con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, descartó la violación del principio de legalidad tributaria emanado del artículo 338 de la Carta Política frente al argumento de que la norma que se solicita inaplicar no distinguía expresamente todos y cada uno de los elementos del impuesto de alumbrado público cuya creación autorizó.
La jurisprudencia se refirió a ese elemento de la obligación tributaria sustancial al analizar la naturaleza jurídica del tributo derivado del servicio de alumbrado público, en sentencia del 6 de agosto del 2009(5), que decidió la acción de nulidad instaurada contra los artículos 2º, 5º y 6º del Acuerdo 011 de 2000 del municipio de Soledad, Atlántico, por la cual se reajustaron las tarifas del impuesto de alumbrado público.
De acuerdo con la definición de servicio de alumbrado público señalada en el artículo 1º de la Resolución 043 del 23 de octubre de 1995 de la Comisión Reguladora de Energía y Gas —CREG—(6) y la Sentencia C-713 del 2008, que diferenció entre impuestos, tasas y contribuciones, la Sala puntualizó que el tributo derivado del servicio de alumbrado público es un impuesto, porque del mismo gozan todos los habitantes de una jurisdicción territorial, quieran o no acceder al mismo; que se genera por la mera prestación del servicio; que se cobra indiscriminadamente a todos sus beneficiarios; y que el contribuyente puede o no beneficiarse con el servicio de acuerdo con las condiciones en que se preste, sin que pueda derivarse una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que se accede habitual o esporádicamente.
“El hecho generador del impuesto es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo; es el supuesto de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago de un tributo [(4)] (sic).
La doctrina ha precisado que el hecho generador está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo corresponde al hecho en sí mismo considerado y el elemento subjetivo a la conexidad de ese hecho con un sujeto en la medida que lo ejecuta o realiza. Dentro del elemento objetivo también se ha considerado que es posible diferenciar un aspecto material o cualitativo que hace alusión al propio hecho que el legislador previó como generador del impuesto; un aspecto espacial que tiene que ver con la jurisdicción territorial en donde se realiza el hecho, el aspecto temporal que tiene que ver con el momento en que nace la obligación, más conocido como causación y, el aspecto cuantitativo que permite medir “la magnitud cuantitativa del hecho generador”[(5)].
Se ha precisado también que es menester distinguir el hecho generador del objeto del tributo u objeto imponible[(6)].
Cuando se ha analizado el aspecto material del hecho generador del impuesto al servicio de alumbrado público, no ha sido pacífica la controversia sobre cuál es el hecho, acontecimiento material, acto o negocio jurídico, estado o situación de una persona o actividad de un sujeto, que concreta la manifestación de riqueza que se quiere gravar[(7)].
En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial [(10) (sic)] receptor de ese servicio.
...es necesario analizar cada caso concreto a efectos de verificar que la regulación que se cuestiona tenga una referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o se relacione con este [(11)].
...Bajo estos presupuestos, el sujeto pasivo del impuesto, el nacimiento de la obligación tributaria (causación) y la magnitud del impuesto (base gravable y tarifa) coinciden con el usuario del servicio público domiciliario de energía eléctrica, con la facturación que se le formula a ese usuario y con la cantidad de kv que consume.
...el artículo 338 de la Carta Política parte de que los municipios gozan de autonomía para fijar los elementos del impuesto dentro de parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y, por ende, de equidad. Para la Sala, es razonable que todo usuario potencial del servicio de alumbrado público sea sujeto del impuesto. Y, es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una colectividad que reside en determinada jurisdicción territorial. No se requiere que el usuario reciba permanentemente el servicio, porque el servicio de alumbrado público, en general, es un servicio en constante proceso de expansión. El hecho de que potencialmente la colectividad pueda beneficiarse del mismo, justifica que ningún miembro quede excluido de la calidad de sujeto pasivo”.
Se tiene entonces que, a partir del hecho imponible como modelo abstracto que puede reproducirse en conductas concretas, se constituye, a su vez, el hecho generador revelador de la capacidad económica del sujeto pasivo cuya realización produce el nacimiento de la obligación tributaria(8)(sic), el cual, para el caso del impuesto de alumbrado público, es el ser usuario potencial receptor de ese servicio.
Ahora bien, el numeral 3º del artículo tercero del Acuerdo Municipal 013 del 2007 se ajusta al criterio de la Sala en cuanto estableció como hecho generador del impuesto “el disfrute efectivo o potencial del servicio de alumbrado público”. Las hipótesis relacionadas con “el carácter de usuario del servicio público de energía eléctrica” y “el desarrollo de alguna o algunas de las actividades previstas en este acuerdo”, si bien se dispusieron en forma aislada al hecho generador derivado del objeto imponible de aquel (ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público), se entienden legales en la medida de que representan formas concretas de uso potencial del servicio de alumbrado público en los distintos sectores (residencial, industrial, comercial, de servicios, etc.). Bajo tal entendimiento se declarará la legalidad de estos preceptos municipales.
De la base gravable y la tarifa regulada por el Acuerdo Municipal 013 del 2007
Por su parte, el parágrafo 2º del artículo 9º de la Resolución CREG 043 de 1995 señaló que los municipios no pueden recuperar más de los usuarios que lo que pagan por el servicio, incluida la expansión y el mantenimiento.
Según las premisas anteriores vistas desde la perspectiva de los cargos de nulidad, no advierte la Sala ningún vicio que invalide los numerales 4º y 5º del artículo tercero del acuerdo municipal demandado, ni los artículos cuarto y quinto ibídem, pues la categorización del consumo de energía eléctrica por rangos para quienes desempeñan actividades comerciales, industriales o de servicios, es, en principio, un parámetro de medición admisible para establecer la base gravable del impuesto respecto de tales sujetos pasivos, por tener ellos una condición distinta a la de los demás usuarios potenciales receptores del servicio de alumbrado público. Cabe pues la diferenciación que ciertamente integra las dimensiones propias del hecho imponible.
2. ANÚLASE PARCIALMENTE el numeral 3 del artículo tercero del Acuerdo 013 del 5 de junio del 2007, expedido por el Concejo Municipal de Quibdó, Chocó, en el aparte que transcribe ‘la propiedad o tenencia de un bien inmueble(s) en el área geográfica del municipio de Quibdó’; así como el numeral 2º ibídem, en el aparte que reza ‘Todas las personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título, de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro urbano y rural del municipio de Quibdó’.
4. NIÉGASE la nulidad de los numerales 4º y 5º del artículo tercero del Acuerdo Municipal 013 del 5 de junio del 2007, y de los artículos cuarto y quinto ejusdem, respecto de los cargos analizados en esta providencia”
(3) Expediente 16544, C.P.: Martha Teresa Briceño.
“...Ahora bien, de acuerdo con lo antes expuesto, se advierte que el literal i) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 si bien fue expedido en vigencia de la anterior Constitución no rompe con el principio de autonomía territorial ni de legalidad tributaria de la actual Carta por lo que, al ser analizado desde la óptica de la Constitución de 1991, se puede concluir que no ha perdido aplicabilidad y que, por el contrario, resulta acorde con lo establecido en el artículo 338 ibídem.
(5) Expediente 16315, C.P.: Hugo Fernando Bastidas.
(7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de marzo del 2010, Exp 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas.
(4)(sic) Fe de erratas: La Sala aclara que la cita originalmente transcrita en la sentencia (Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 17 de julio del 2008, Exp.16170, C.P. Ligia López Díaz), en realidad corresponde al libro de Marín Erizalde, Mauricio, La estructura jurídica del tributo: el hecho generador. Lección 14. Curso de Derecho Fiscal. Tomo I. Obra colectiva. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, D.C., 207. Págs.414 a 423.
(6) Consejo de Estado Sección Cuarta, sentencias del 3 de diciembre del 2009, Exp. 16527, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, y del 28 de enero de 2010, Exp. 16198, M.P. William Giraldo Giraldo.
(10)(sic) DRAE. Definición de potencial: “4. adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe”.
(8) (sic) Ha señalado la doctrina que el hecho imponible está compuesto necesariamente por dos elementos: primero: un elemento objetivo, correspondiente al acto, hecho, situación jurídica de una persona o de sus bienes, y de un elemento subjetivo, que corresponde a la conexión con un sujeto, que normalmente estará a cargo del cumplimiento de la obligación, y de un sujeto activo, acreedor del tributo, que se realiza a través del hecho generador (Curso de Derecho Tributario, Procedimiento y Régimen Sancionatorio, Julio Roberto Piza Rodríguez, pág. 316)
(11) Bravo Arteaga, Juan Rafael. Nociones Fundamentales de Derecho Tributario. Tercera Edición. Cuarta Reimpresión 2009. Editorial Legis. Págs. 262-263-269.
(13) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 13 de noviembre de 1998, Exp. 9124, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 11 de septiembre de 2006. Exp. 15344, M.P. Ligia López Díaz.
(14) “ART. 10.—Metodología para la determinación de Costos Máximos. Con base en lo dispuesto en los literales c) y e) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas establecerá una metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público.
PAR.—Para el suministro de energía con destino al alumbrado público se podrá adoptar por la Comisión de Regulación de Energía y Gas —CREG— un régimen de libertad de precios o libertad regulada, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 142 de 1994, y demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen”.
(15) Ob. cit. Nota 7.