Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-828-14.htm
Timestamp: 2017-10-24 07:29:29
Document Index: 338402882

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'artículo 3', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 2', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 33']

T-828-14
1. Afirma el apoderado que, mediante escrito radicado el 24 de mayo de 2013[1], el accionante solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa por la muerte de sus tres hijos.
En el trámite de la acción, el señor Ríos Calle allegó copia de la solicitud mencionada[2] y de ésta se evidencia que, específicamente, solicitó a la entidad demandada expedir copias auténticas de la documentación aportada por la señora Fabiola de Jesús Agudelo Durango -madre de sus hijos fallecidos-, en el trámite administrativo que dio origen a la indemnización de la señora Agudelo.
2. Mediante oficio, la entidad respondió (i) que el 28 de diciembre de 2012 se efectuó el reconocimiento y pago de la reparación administrativa por el fallecimiento de los señores Edwin Alonso Ríos Agudelo, Wilmar Andrés Ríos Agudelo y Jhovany Alexander Ríos Agudelo, a favor de la madre y hermanos de las víctimas, quienes en su momento manifestaron ser los únicos con derecho a la indemnización; (ii) que no era posible expedir las copias de los documentos solicitados, en razón a que tal información estaba sujeta a reserva, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011; y (iii) que la unidad no reconocería una suma de dinero adicional a la que ya se había pagado “(…) a título de indemnización administrativa por la misma víctima y el mismo hecho victimizante, debido a que ya se pagó el 100% del valor autorizado por el artículo 3º del decreto [sic] 1290 de 2008, el cual establece la prohibición de doble reparación, así como la Ley 1448 de 2011 en su artículo 20, reitera el principio rector de la prohibición de doble reparación, lo anterior sin desconocer los derechos de todos los destinatarios a acceder a otras medidas de reparación.”[3]
Mediante auto del 4 de marzo de 2014, el Juzgado Segundo de Familia de Bello, avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular en calidad de autoridad demandada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción[4].
Pese a haber sido notificada de la tutela de la referencia[5], la entidad accionada se abstuvo de dar respuesta.
Mediante oficio radicado el 24 de octubre de 2014[6], el jefe de la oficina asesora jurídica de la entidad accionada reiteró el contenido de la respuesta dada a la petición del accionante, e informó a esta Corporación:
a) Que en el año 2009, la señora Fabiola de Jesús Agudelo Durango y su único hijo –señor Rúa Agudelo-, solicitaron la reparación administrativa con ocasión de los homicidios de los señores Ríos Agudelo, ocurridos en 1994[7] y 1998[8], y en el trámite pertinente acreditaron ser los “únicos beneficiarios”. En respuesta a la petición mencionada, el 28 de diciembre de 2012 se efectuó el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa a la señora Durango y a su hijo.
- Copia de 3 formatos de solicitud de reparación administrativa, radicados el 30 de febrero de 2009, mediante los cuales la señora Fabiola de Jesús Agudelo Durango solicitó el reconocimiento de la reparación administrativa con ocasión de la muerte de sus hijos.[9]
- Copia de las comunicaciones del 26 de diciembre de 2012, mediante las cuales se informó a la señora Agudelo Durango que, de conformidad con el Decreto 1290 de 2008, se había reconocido la indemnización administrativa por el fallecimiento de sus tres hijos, y podía acudir a la entidad bancaria correspondiente, para retirar el dinero.[10]
- Copia de los documentos que dieron origen al reconocimiento de la reparación administrativa[11].
- Copia de los documentos aportados por el actor y sus hijos Liliana María Ríos Flórez, Diana Patricia Ríos Flórez y Nelson Andrés Ríos Flórez, con el fin de ser incluidos como nuevos destinatarios de la reparación, con ocasión de la muerte de los hermanos Ríos Agudelo.[12]
- Copia del escrito presentado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas el 24 de mayo de 2013, mediante el cual solicitó la expedición de “(…) copias autenticas [sic] de toda la documentación aportada por la señora Fabiola de Jesús Agudelo de Ríos, madre de [sus] hijos, quien desconociendo [su] calidad de padre y de otros hermanos de los finados, en declaración juramentada ante la Notaría Segunda del Círculo Notarial del municipio de Bello, allegado a los trámites referenciados (…) dijo desconocer [su] paradero y que los finados fueron abandonados por [él] desde muy temprana edad, a lo cual [sic] no es cierto, argucias utilizadas para obtener un mayor beneficio económico y desconociendo el [de él] como padre y el de otros hermanos.”
Lo anterior, con el fin de “(…) iniciar los trámites judiciales, tendientes a que se investigue la presunta conducta punible de falsedad de testimonio y en consecuencia falsedad de documento”[13].
- Copia de los registros civiles de defunción[14] y nacimiento[15] de los señores Edwin Alonso Ríos Agudelo, Wilmar Andrés Ríos Agudelo y Jhovany Alexander Ríos Agudelo; en los que consta que eran hijos de la señora Fabiola de Jesús Agudelo Durango y el señor Javier de Jesús Ríos Calle, y que fallecieron por causas violentas.
- Copia de los registros civiles de nacimiento[16] de Diana Patricia Ríos Flórez, Liliana María Ríos Flórez y Nelson Andrés Ríos Flórez, hijos de Javier de Jesús Ríos Calle.
3. Antes de plantear el problema jurídico, es preciso recordar que si el juez de tutela encuentra afectados o amenazados derechos no invocados por el actor, “(…) no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa.[17] En efecto, el juez tiene a su cargo un papel activo e independiente, que implica la búsqueda de la verdad y la protección eficaz de los derechos fundamentales afectados.
Del texto de la norma se evidencia que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.[18]
No obstante lo anterior, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, la tutela es procedente si se acredita (i) que el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) que “siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.”[19]
En relación con el primer supuesto, la aptitud del medio de defensa ordinario deberá ser analizada en cada caso concreto, en consideración a las características procesales del mecanismo, las circunstancias particulares del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Entonces, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.[20]
En el segundo evento, es preciso demostrar que a pesar de que existe un medio judicial ordinario, la tutela se interpone con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y la intervención del juez constitucional es necesaria para impedirlo. Este perjuicio se caracteriza: “(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.” [21]
En repetidas ocasiones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que este derecho comporta las siguientes obligaciones correlativas para la autoridad que recibe la solicitud: (i) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (ii) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible[22]; (iii) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado; (iv) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder[23]; y (v) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado[24].
Además, esta Corporación ha estudiado el ejercicio y alcance del derecho fundamental de petición[25] y ha concluido que éste constituye una herramienta determinante para la protección de otras prerrogativas constitucionales como son el derecho a la información, el acceso a documentos públicos, la libertad de expresión y el ejercicio de la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones que los afectan.[26]
En relación con el derecho de acceso a la información, en distintos pronunciamientos la Corte ha determinado que a través de una interpretación sistemática de la Constitución, es posible advertir que existe una relación de género y especie entre el derecho de petición y el de acceso a la información[27].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el derecho de acceso a la información pública cumple tres funciones, a saber: primero, garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos; segundo, posibilitar el ejercicio de otros derechos constitucionales, al permitir conocer las condiciones necesarias para su realización; y tercero, garantizar la transparencia de la gestión pública, al constituirse en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.[28]
En consideración a la estrecha relación que tiene el ejercicio de este derecho con la realización de otras garantías fundamentales, las restricciones a tal prerrogativa están sometidas a condiciones rigurosas, las cuales fueron definidas en la sentencia C-491 de 2007[29]. Para dar solución al caso que se estudia, resultan relevantes las siguientes:
9. Por otra parte, el acceso a la información encuentra su limitación, entre otros, en los derechos a la intimidad y al habeas data. Para resolver las tensiones que se presentan entre estas garantías fundamentales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional[30] y las Leyes Estatutarias 1266 de 2008[31], y 1581 de 2012[32] han caracterizado distintos tipos de información.
La información reservada, versa sobre información personal y guarda estrecha relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles" o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.”[33]
En la sentencia T-161 de 2011[34], la Corte estableció que respecto de documentos públicos que contengan información personal privada y semiprivada, el derecho al acceso a documentos se ejerce de manera indirecta, por conducto de las autoridades administrativas o judiciales y dentro de los procedimientos respectivos, y sólo los documentos públicos que contengan información personal pública pueden ser objeto de libre acceso.
El artículo 21 de la Ley 57 de 1985 determina que el funcionario respectivo enviará los documentos pertinentes al tribunal para que éste decida la insistencia dentro de los diez días hábiles siguientes.[35]
Al analizar la naturaleza jurídica del recurso de insistencia, el Consejo de Estado determinó que se trata de un mecanismo judicial. Por auto del 12 de julio de 2001[36], esa Corporación resolvió el recurso de súplica interpuesto por el demandante en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la decisión que rechazó la demanda presentada por éste, contra el “acto administrativo complejo” integrado, entre otros, por la providencia mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de insistencia interpuesto por el peticionario ante la negativa del DAS de entregar una información solicitada.
Además, el Consejo de Estado ha conocido de acciones de tutela presentadas contra decisiones mediante las cuales los tribunales administrativos han resuelto recursos de insistencia y, al pronunciarse sobre la procedencia del mecanismo de amparo, ha establecido que se trata de decisiones proferidas en ejercicio de un medio judicial y, en consecuencia, se trata de tutelas contra providencias judiciales.[37]
11. En consideración a que el artículo 21 de la norma mencionada[38] prevé un mecanismo judicial, regido por una reglamentación especial, para garantizar el derecho de acceso a documentos públicos cuando se considere que éste no ha sido satisfecho por parte de la administración a través de sus órganos oficiales, se ha entendido que el recurso de insistencia constituye un medio idóneo para controvertir la reserva legal.
En consecuencia, esta Corporación ha determinado que cuando las entidades públicas se niegan expresamente a suministrar la información solicitada por los ciudadanos, bajo el argumento de su carácter reservado, la tutela es improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.[39]
En particular, en la sentencia T-466 de 2010[40], se estableció que si la administración emite una respuesta negativa a la solicitud de información, en consideración a su carácter reservado, e invoca las disposiciones constitucionales o legales pertinentes, “(…) el recurso de insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de la restricción a los derechos fundamentales en cuestión.”
No obstante, la tutela es procedente, excepcionalmente, si la respuesta de la entidad requerida no se funda en una verdadera reserva legal o constitucional, ni en motivos de seguridad nacional. Lo anterior, porque la competencia del juez administrativo en este caso se relaciona con la valoración de la reserva legal alegada, por tanto, si la entidad omite invocar una norma que restrinja el derecho al acceso a la información, no es procedente el recurso, y la tutela constituye el mecanismo idóneo para proteger los derechos de petición y acceso a la información[41].
12. El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, “[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” previó el recurso de insistencia como un mecanismo judicial al que puede acudir la persona a quien le sea negada una información solicitada en ejercicio del derecho fundamental de petición, para que el tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos[42], o el juez administrativo[43], decida en única instancia si niega o acepta, total o parcialmente, la solicitud formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidiría dentro de los 10 días siguientes.[44]
13. Por otra parte, la Ley 1712 de 2014, “[p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”[45], determinó que cuando la respuesta a la solicitud de información pública invoca la reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones internacionales, el solicitante podrá acudir al recurso de reposición y, en caso de ser negado, corresponderá al tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos[46] o al juez administrativo[47], decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada.[48]
Mediante la sentencia C-274 de 2013[49], esta Corporación estudió la constitucionalidad de la norma mencionada, y determinó lo siguiente:
15. La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado los derechos de las víctimas y, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Constitución[50] y el derecho internacional de los derechos humanos, ha establecido que estas personas son titulares de los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación.
En la sentencia C-715 de 2012[51] se reunieron los parámetros que, según la jurisprudencia de la Corte, deben ser observados para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas. Para solucionar el caso que se analiza resultan relevantes los siguientes:
La Ley 1448 de 2011[52], estableció que las víctimas deben ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones con ocasión del conflicto armado interno.
Por ejemplo, en la sentencia T-1025 de 2007[53] la Corte Constitucional conoció la acción de tutela presentada por un representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en contra del Ministerio de Defensa Nacional. El actor había solicitado a la autoridad accionada que informara los nombres, códigos y líneas de mando de los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en determinados lugares, en días y horas específicas, en las cuales se habrían cometido crímenes contra los miembros de la comunidad. Consideró que la negativa del Ministerio de la Defensa para suministrar esa información, transgredía el derecho de los miembros de la Comunidad de Paz a acceder a la justicia, y desconocía el principio de publicidad de la función administrativa.
Del mismo modo, en la sentencia T-608 de 2013[54], esta Corporación estudió el caso de una mujer que, en ejercicio de su derecho fundamental de petición, solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que expidiera una copia del acto administrativo mediante el cual se negó a su hijo fallecido la calidad de víctima, con el objetivo de interponer los recursos contra tal decisión. La entidad accionada dio respuesta al requerimiento de la actora y manifestó que no era posible remitir la copia solicitada, pues el acto administrativo por medio del cual se decidió no reconocer la calidad de víctima a su hijo, resolvió las solicitudes de reparación administrativa de muchas más personas, y para salvaguardar el derecho a la intimidad de los demás interesados, era preciso reservar la información solicitada.
18. La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.[55]
La jurisprudencia de esta Corporación[56] ha establecido que el derecho a la administración de justicia comporta la obligación correlativa para el Estado de garantizar su ejercicio. En particular, este deber conlleva la realización del derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende la posibilidad de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales y que éste sea resuelto.[57]
Para el efecto, es preciso aplicar el test de proporcionalidad “(…) para analizar si la restricción que se ejerce sobre el derecho es constitucionalmente admisible. Esta actividad consiste en establecer si la medida limitativa persigue una finalidad constitucional, si es idónea respecto del fin pretendido, si es necesaria por no existir alternativa razonable menos limitativa de la libertad e igualmente eficaz y, finalmente, si el sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente proporcional en relación con la pretendida finalidad.”[58]
[1] Identificado con el número 20136021155572.
[2] Folio 12, Cuaderno No. 2.
[4] Folio 10, Cuaderno Principal.
[6] Folios 43-48, Cuaderno Principal.
[7] Los señores Edwin Alonso Ríos Agudelo y Jhovany Alexander Ríos Agudelo, fallecieron el 18 de septiembre de 1994.
[8] El señor Wilmar Andrés Ríos Agudelo falleció el 31 de enero de 1998.
[9] Folios 49-54.
[10] Folios 55-57.
[11] Folios 58, 74, 98, 114, 116 y 118.
[12] Folios 78-146.
[13] Folio 13, Cuaderno No. 2.
[14] Folios 26, 27, 28; Cuaderno No. 2.
[15] Folios 31, 32, 34; Cuaderno No. 2.
[16] Folios 29, 30, 33; Cuaderno No. 2.
[17] Sentencia T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[18] En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
[20] Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] Sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[23] Sentencia T-219 de 2001, M.P. Fabo Morón Díaz.
[24]Sentencia T-249 de 2001; M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[25] Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[26] En la Sentencia T-596 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte Constitucional recalcó la importancia del derecho de petición, como mecanismo de participación ciudadana en el funcionamiento de las entidades públicas, en los siguientes términos: “En materia del ejercicio del poder político y social por parte de las personas, la Constitución de 1991 representa la transferencia de extensas facultades a los individuos y grupos sociales. El derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de información o el derecho de acceder a los documentos públicos, entre otros, permiten a los ciudadanos una mayor participación en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales por su parte han obrado una redistribución del poder político en favor de toda la población con lo que se consolida y hace realidad la democracia participativa.”
[27] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias Sentencia T-074 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz y T-881 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[28] Sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] Sobre este tema se pueden consultar las sentencias T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1011 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y C-748 de 201, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[31] “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.”
[32] Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
[33] Sentencia T-729 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[34] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En aquella oportunidad la Corte conoció el caso de un ciudadano que en ejercicio de su derecho fundamental de petición, planteó algunas preguntas al Director de un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, con el fin de que le informara los motivos por los cuales en uno de los patios se había clausurado una biblioteca. La entidad demanda respondió que no se referiría a las peticiones consignadas en el escrito, pues se trataba de asuntos relacionados con la seguridad nacional. En aquella oportunidad, la Sala Octava de Decisión determinó que la decisión del Establecimiento Carcelario de negar el acceso a la información relacionada con la construcción de un comedor donde por años había funcionado un biblioteca en el patio cuarto, bajo el argumento de que se trataba de información sujeta a reserva, vulneraba los derechos de petición y acceso a la información pública del accionante.
[35] Este término se interrumpirá en caso de que el Tribunal solicite copia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente.
[36] CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Auto del 12 de julio de 2001. Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0059-01(6862).
[37] CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. (i) Sección Segunda - Subsección B., C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia del 20 de Marzo de 2013. Expediente Nº 11001-03-15-000-2013-00278-00; (ii) Sección Quinta, C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 18 de abril de 2013. Expediente Nº. 11001-03-15-000-2013-00387-00.
[38] “Artículo 21º.- La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales pertinentes.
[39] Por ejemplo, en la sentencia T-881 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se declaró improcedente la acción de tutela presentada por un ciudadano para impugnar la negativa del comandante de una guarnición militar de suministrar información acerca de un operativo militar. La Sala de Revisión manifestó que el actor contaba con el recurso de insistencia, como mecanismo judicial idóneo para controvertir la supuesta reserva legal a la que se sujetaba tal información.
[41] Sobre el particular, en la sentencia T-534 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) la Corte estudió el caso de un docente, cuya petición de acceder a distintos documentos relacionados con un concurso de méritos había sido negada, sin existir un fundamento legal de reserva. La Sala de Revisión determinó que la tutela resultaba procedente en ese caso, “(…) en la medida en que la aplicación del recurso de insistencia consagrado en el artículo 21 de la Ley 57 de 1985 parte del supuesto según el cual la Administración niegue el acceso de la información requerida bajo el argumento de la existencia de alguna reserva de orden jurídico que limite tal acceso la ciudadanía. En este orden de ideas, el Tribunal de lo contencioso administrativo competente se encargará de examinar si la reserva alegada es valedera en el caso concreto o si, por el contrario, la demanda de acceso al documento público resulta legítima. En tal sentido, en la medida en que la entidad demandada se opuso a la pretensión elevada sin que mediara disposición legal o constitucional alguna que protegiera la información requerida –y en atención a las inocultables consecuencias que se siguen de la realización de este tipo de procesos sin que se permita a los ciudadanos ejercer algún tipo de control- la respuesta de la Administración constituye una vía de hecho que desborda el margen de competencia atribuido a la autoridad judicial de lo contencioso administrativo, y abre las puertas a la actuación del juez de tutela como garante de los derechos fundamentales.” Sobre el particular, se pueden consultar también las sentencias T-1025 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-608 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[42] Cuando se tratara de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá.
[43] Cuando se tratara de autoridades distritales y municipales.
[44] Este término podría interrumpirse: 1. cuando el tribunal o el juez administrativo solicitara copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación debería decidir, o cualquier otra información fuera requerida, y hasta la fecha en la cual las recibiera oficialmente; y 2. cuando la autoridad solicitara, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento dispusiera, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema.
[45] La Ley 1712 de 2014 está vigente a partir del 6 de septiembre de 2014, pues la norma fue promulgada el 6 de marzo de 2014 y el artículo 33 de la misma estableció que su vigencia “(…) a los seis (6) meses de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional.”
[46] Si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá.
[47] Si se trata de autoridades distritales y municipales.
[48] Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo en un plazo no superior a 3 días, y éste decidirá dentro de los 10 días siguientes.
[50] Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, y C-209 de 2007.
[52] “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
[54] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[55] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[56] Ver sentencias T-283 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Sentencia T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[58] Sentencia T-1023 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.