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Timestamp: 2020-08-10 17:57:38
Document Index: 36066109

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 35', 'artículo 146', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 45', 'artículo 27', 'artículo 46', 'artículo 361']

Normativa >> Resolución 111 >> Fecha 01/07/2015 >> Articulo 1
Normativa - Resolución 111 - Articulo 1
“INSTRUCCIÓN REGULATORIA DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS OPERADORES / PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE PARTICIPAN
TARIFICACIÓN ADICIONAL”
8. Que en España, mediante la resolución N° 12439 del 08 de julio de 2009, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones implementó el “Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional basados en el Envío de Mensajes”.
9. Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de Colombia, mediante la resolución N° 3066 del año 2011, la cual fue parcialmente modificada por la resolución N° 4458 de 2014, regula el “Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”, el cual describe en el capítulo IV la regulación de los mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).
II. Que el artículo 60 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N°7593), establece que son obligaciones fundamentales de la Superintendencia de Telecomunicaciones, las siguientes: “a) Aplicar el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones, para lo cual actuará en concordancia con las políticas del sector, lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Ley General de Telecomunicaciones, las disposiciones establecidas en esta Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables (…); d) Garantizar y proteger los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones; e) Velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones (…)”.
III. Que en el artículo 73 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N°7593), señala que son funciones del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), entre otros: “Proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, asegurando eficiencia, igualdad, continuidad, calidad y mayor y mejor cobertura, mayor y mejor información, más y mejores alternativas en la prestación de los servicios (…)”.
VI. Que de conformidad con el artículo 6 inciso 25) de la Ley General de Telecomunicaciones (N°8642) son servicios de información aquellos que le permiten al proveedor de éstos “generar, adquirir, almacenar, recuperar, transformar, procesar, utilizar, diseminar o hacer disponible información, incluso la publicidad electrónica a través de las telecomunicaciones. No incluye la operación de redes de telecomunicaciones o la prestación de un servicio de telecomunicaciones propiamente dicha”. Ahora, desde el punto de vista del usuario, son aquellos que mediante la marcación de un código corto o llamada telefónica u otros medios, le permiten acceder a información y entretenimiento, cuyos costos se facturan de forma adicional en su servicio telefónico.
XI. Que el artículo 51 de la Ley N° 8642, señala taxativamente las obligaciones que se exceptúan del cumplimiento a los proveedores de servicios de información, las cuales se limitan a: “a) Proveer estos servicios al público en general; b) Justificar sus precios de acuerdo con sus costos o registrarlos; c) Dar acceso e interconectar sus redes con cualquier cliente particular para el suministro de tales servicios; d) Ajustarse a normas o regulaciones técnicas para interconexión, que no sean otras que para la interconexión con redes públicas de telecomunicaciones.”
XIV. Que los operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones se encuentran plenamente facultados para celebrar convenios comerciales o de asociación empresarial para prestar servicios de telecomunicaciones o de información. Dicha participación genera responsabilidades compartidas entre los agentes involucrados en la prestación de dichos servicios. En este sentido, el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor N° 7472 señala que: “El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.”
XV. Que en este mismo sentido, el artículo 146 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Nº 7472), dispone la responsabilidad objetiva de los agentes del comercio, que señala: “Si del bien o servicio se produjere un daño para el consumidor, responderán concurrentemente el productor, el importador, el distribuidor, el comercializador y, en general, todo aquél que haya puesto su marca o distintivo comercial en el bien o servicio. La responsabilidad contemplada en este artículo es objetiva, por lo que no se estará al grado de diligencia o negligencia con que hayan actuado los agentes señalados, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre ellos correspondan.” Es por ello que, los operadores/proveedores de servicios de telecomunicaciones se encuentran en la responsabilidad de velar por que los negocios que ejecuten sean lícitos y no perjudiquen de alguna forma a los usuarios, para lo cual deben cerciorarse que las actividades que se desarrollen sobre sus redes y plataformas se encuentren ajustadas a derecho, máxime si obtienen algún tipo de rédito por su operación.
XVI. Que el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, en su artículo 14, determina la obligación para los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, en cuanto al deber de información, al señalar: “Los operadores o proveedores, previo al establecimiento de una relación contractual con sus clientes o usuarios, deberán suministrarles la información clara, veraz, suficiente y precisa relativa a las condiciones específicas de prestación del servicio, niveles de calidad de los mismos y sus tarifas, los cuales deberán establecerse en el respectivo contrato de adhesión”.
XVII. Que el artículo 13 incisos f) e i) del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, rezan lo siguiente: “Obligaciones de los operadores y proveedores. De conformidad con lo establecido en la Ley 8642; se considerarán entre otras, las siguientes obligaciones: f) Los operadores o proveedores deberán disponer de centros de gestión que informen al cliente sobre el consumo realizado durante un período de facturación. Estos sistemas de consulta deberán brindar una opción que permita obtener la información del consumo telefónico a la fecha de la solicitud. Los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones, deben respetar el derecho del usuario o cliente de desconexión de un determinado servicio. Además de respetar la voluntad del usuario a la extinción de un contrato tal y como lo define el inciso 10) del artículo 21 del presente reglamento (…) i) Los operadores o proveedores publicarán información detallada, comparable, pertinente, fácilmente accesible y actualizada sobre la calidad de los servicios que presten. Los parámetros y métodos para su medición deberán estar disponibles para todos los clientes y usuarios”.
XIX. Que el artículo 45, de la Ley General de Telecomunicaciones (N°8642), establece como derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, entre otros, los siguientes: “1) Solicitar y recibir información veraz, expedita y adecuada sobre la prestación de los servicios regulados en esta Ley y el régimen de protección del usuario final (…); 9) Recibir una facturación exacta, veraz y que refleje el consumo realizado para el período correspondiente, para lo cual dicha facturación deberá elaborarse a partir de una medición efectiva (...); 13) Recibir servicios de calidad en los términos estipulados previamente y pactados con el proveedor, a precios asequibles (...) 21) No ser facturado por un servicio que el usuario final no ha solicitado".
XX. Que el artículo 27 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final de los Servicios de Telecomunicaciones, establece que “los clientes o usuarios tienen derecho a conocer, de previo a la recepción de los servicios, las tarifas que se les aplicarán a los servicios de telecomunicaciones suscritos por éstos. Cualquier modificación de las tarifas deberá ser notificada a los clientes o usuarios de forma previa a su aplicación, no siendo estas de carácter retroactivo en el tiempo. Los operadores o proveedores deberán informar las tarifas a sus clientes o usuarios, de manera expresa, al momento de suscripción del correspondiente contrato, las cuales deberán brindarse totalmente desagregadas (…)”.
XXI. Que el artículo 46 párrafo final de la Constitución Política establece que: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo (…)”. (La negrita no es del original).
XXV. Que las estipulaciones contractuales en beneficio de terceros contribuyen a desarrollar y vincular obligaciones y medidas en protección de los consumidores y usuarios de servicios de información de tarificación adicional. Si bien pueden existir medidas que podrían estar más allá de lo que podría ser una estricta aplicación del principio de buena fe, encontramos obligaciones muy precisas dirigidas a los prestadores y que benefician a los usuarios, las cuales se deberían acordar y establecer en los contratos entre los operadores/proveedores servicios de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de información de tarificación adicional. Tales medidas o preceptos podrían ser aplicados al contrato de servicio de información de tarificación adicional porque dichas prescripciones son asumidas por los prestadores en el contrato que suscriben con su operador de red para la provisión de estos servicios; en virtud del instituto jurídico de la estipulación contractual en beneficio de tercero. Estos preceptos que pactarían el operador/proveedor de telecomunicaciones y proveedor de servicios de información de tarificación adicional estarían establecidos en exclusivo beneficio y protección de los usuarios, que son terceros ajenos a este contrato, y que podrían exigir el cumplimiento de sus compromisos. Esto es lo que se ha denominado la “contractualización del cumplimiento de deberes legales”, mecanismo que, entre otros, se propone utilizar para implementar y operativizar la protección de los derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de tarificación adicional.
XXVII. Que el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública señala: 1. “Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones generales que puedan afectarlas. 2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el anteproyecto. 3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, el anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale”. (el destacado no es del original).
“INSTRUCCIÓN REGULATORIA DE CARÁCTER GENERAL PARA LOS OPERADORES/PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE
PARTICIPAN EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE TARIFICACIÓN ADICIONAL”