Source: https://www.scribd.com/document/32231444/Concepto-Ley-1209-a-personeria-medellin
Timestamp: 2018-12-16 16:39:48
Document Index: 275752631

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CITESE: 20100100507538OFE
Medellín, mayo 27 de 2010 Doctor JAIRO HERRÁN VARGAS Personero Municipal Ciudad ASUNTO: Concepto Jurídico sobre la Ley 1209 de 2008 (Piscinas) y su reglamentación. De acuerdo con la solicitud de concepto jurídico respecto de la Ley 1209 de 2008 y su correspondiente reglamentación, por medio de la cual se establecen normas de seguridad en piscinas, me permito hacer el siguiente análisis jurídico: 1. Constitucionalidad Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia y en el artículo 2º de la Carta política fundamenta el contenido de la ley 1209 de 2008
ARTICULO 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Sobre el sentido y alcance de la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 Superior la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades, de las cuales destacamos el siguiente fragmento jurisprudencial:
Sentencia SC 1005 de 2008
“6.- Respecto del sentido y alcance de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 numeral 11 Superior se ha pronunciado la Corte en diversas oportunidades. A partir de las sentencias más recientes resulta factible elaborar unos lineamientos enderezados a destacar, entre otras, los siguientes aspectos. En primer lugar, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 ha de ejercerse, por mandato de la Norma Fundamental, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales. Así, los actos administrativos emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad únicamente pueden desarrollar el contenido de la ley. En el sentido anotado con antelación, también se ha pronunciado el Consejo de Estado quien es el órgano encargado de efectuar el control de estos actos. Según la alta Corporación: “el decreto que se expida en ejercicio de [la potestad prevista en el artículo 189 numeral 11] debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiende a desarrollar y sólo puede desenvolver lo que explícita o implícitamente está comprendido en la ley y, por tanto, no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones. De lo contrario, se estaría frente a una extralimitación de funciones por cuanto se invadiría el ámbito de competencia asignado por la Constitución al Legislador.” 7.- Considerado el punto desde esta perspectiva, al Presidente de la República le está vedado ampliar o restringir el sentido de la Ley. No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues con ello estaría excediendo sus atribuciones. Es de desatacar aquí, que no todas las leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habría espacio para una regulación ulterior. 8.- Lo dicho enlaza con la idea según la cual la extensión de la potestad radicada en cabeza del Ejecutivo por el artículo 189 numeral 11, depende de la forma, así como del detalle, con que la Ley reguló los temas correspondientes. Precisamente aquí se acentúa que la facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la Ley. El objeto de la potestad reglamentaria consiste, entonces, en contribuir a la concreción de la ley y se encuentra, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al Legislador.
9.- Debe repararse, de otra parte, en que no todas las leyes son susceptibles de reglamentación. Por un lado, existen materias cuya regulación, como antes se dijo, está reservada a la ley. Por otro lado, ha de distinguirse entre la función de ejecutar y la función de reglamentar. No siempre estas dos tareas coinciden. El Consejo de Estado ha puesto hincapié en que aquellas leyes que corresponda ejecutar a la Administración no pueden ser objeto de regulación. Un aspecto central aquí se conecta con la función propia del órgano administrativo cual es la de ejecutar las leyes. El supuesto básico del ejercicio de la función de conformidad con el artículo 189 numeral 11 es que la ley requiera de reglamentación. Cuando la reglamentación no es necesaria, entonces “la facultad desaparece en razón de que no existe el supuesto básico de su ejercicio.” 10.- Delimitadas estas dos tareas: la de ejecutar, cuando la ley no necesita de regulación ulterior y la de reglamentar, en el caso contrario, ha de resaltarse el énfasis marcado por la jurisprudencia constitucional en el sentido en que, en este último evento, la competencia reglamentaria se dirige a la producción de actos administrativos por medio de los cuales lo que se busca es convertir en realidad “el enunciado abstracto de la ley… [para] encauzarla hacia la operatividad efectiva en el plano de lo real.” La potestad reglamentaria se conecta, en consecuencia, con la expedición de normas de carácter general - sean ellas decretos, resoluciones o circulares - imprescindibles “para la cumplida ejecución de la ley.” 11.- Respecto de esta potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 de la C. N., ha acentuado la Corte cómo en armonía con la doctrina clásica del derecho administrativo el propósito principal de la función administrativa estatal consiste en concretar mediante actos administrativos los mandatos legales––. Desde esa perspectiva, “mientras el ejercicio de la función legislativa -que en primer lugar se le asigna al Congreso (artículo 150 C. N.), y, en circunstancias excepcionales, al Ejecutivo (artículos 150-10, 212 C. N.)- [se encamina] al establecimiento de normas obligatorias de carácter general, impersonal y abstracto, el de la función administrativa tiene por tarea la ejecución de esas medidas en el plano de lo particular y concreto.” 12.- Una vez efectuada la distinción entre la función de ejecutar, propiamente dicha, y, la de reglamentar, cuando ello es necesario, se tiene que una de las finalidades prioritarias de la función de reglamentación – si no la más destacada - es “resolver en el terreno práctico los cometidos fijados por las reglas del legislador, pues dada la generalidad de estas últimas es poco probable que su implementación pueda lograrse por sí misma.” En relación con la potestad de reglamentación ha encontrado la Corte imprescindible hacer notar que en el terreno de la aplicación de la Ley, el aparato estatal suele enfrentar la progresiva necesidad de afinar las disposiciones jurídicas con el fin de extender la voluntad del legislador a todos los campos a los que [ella se dirige].” Así las cosas, en lo atinente a la disposición contenida en el artículo 189 numeral 11 ha indicado la Corporación cómo “nuestro sistema jurídico ha dispuesto que la cabeza del Ejecutivo –el Presidente de la República- tiene entre sus funciones la de reglamentar la Ley, es decir,
determinar la forma en que aquella debe cumplirse cuando no procede ejecutarla directamente. 13.- Por demás, la jurisprudencia constitucional ha reconocido a los organismos y a las autoridades que en la jerarquía administrativa lo suceden al Presidente de la República, una cierta competencia regulativa, de carácter residual, accesorio o auxiliar, que los habilita para insertar la voluntad del legislador en las últimas posibilidades de aplicación de la norma general.”Como lo ha señalado la Corte, resulta preciso tener presente que mientras al Presidente le corresponde expedir criterios para la debida observancia de la voluntad legislativa, los órganos subordinados deben, por su parte, emitir la regulación “necesaria para pormenorizar el proceso de implantación de esa voluntad. Es esta una función de afinamiento que procede desde los trazos más amplios fijados por el legislador hasta los detalles prácticos más concretos, establecidos por el ejecutor de la medida.” 14.- La justificación de esta asignación de regulación gradual consiste, a juicio de la Corte, en que precisamente son los organismos administrativos los depositarios de información relacionada de manera directa e inmediata “con el funcionamiento práctico de las herramientas de creación legislativa.” La idea central en este lugar es que son precisamente los entes administrativos los que más cercanía reportan frente a “los temas reales de implementación de la legislación.” Ello trae como consecuencia que sean estos organismos quienes deban ser los encargados de aquello que la Corte denomina “microregulación de la ley.” Lo anterior enlaza con un aspecto detectado una y otra vez por la jurisprudencia constitucional, a saber, que resulta muy difícil para el Legislador prever de antemano todas las eventualidades de regulación indispensables lo que sin duda constituye suficiente sustento respecto de que “sea una entidad técnica la que produzca el reglamento correspondiente.” 15.- Así, respecto de la facultad de regulación, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en afirmar que esta facultad no se ubica únicamente en cabeza del Presidente. En armonía con los preceptos constitucionales, existen otros organismos pertenecientes a la Administración que puedan expedir regulaciones. Por ello, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la facultad de regulación no es exclusiva del Presidente de la República y que en Colombia opera un “sistema difuso” de producción normativa de alcance general, pero cuya naturaleza está destinada a servir de apoyo a la actividad administrativa desarrollada por el jefe del Ejecutivo. 16.- En efecto, también ha hecho hincapié la Corte en que si bien en el ordenamiento jurídico tienen presencia distintas fuentes de regulación diferentes a las del Jefe del poder ejecutivo, estas se encuentran sometidas a las directrices establecidas por la reglamentación presidencial y, con motivo de tal sumisión, “su espectro de acción se restringe a la regulación de aspectos residuales o complementarios de la legislación general, encaminados fundamentalmente a facilitar la penetración de la voluntad del legislador en los problemas prácticos a los que ésta va dirigida.” Justamente en este orden de cosas ha realzado la Corte Constitucional lo que se trascribe a renglón seguido:
“La actividad del Estado en esas materias no se agota en la definición de políticas, en la expedición de las leyes marco, ni en la de los decretos reglamentarios que vayan adaptando la normatividad a las nuevas circunstancias, sino que necesita desarrollarse en concreto, bien mediante normas generales que, en virtud de una competencia residual, expidan entes administrativos como las superintendencias en lo no establecido por la normatividad jerárquicamente superior, ya por las actividades de control, inspección y vigilancia a cargo de tales organismos especializados. (...) Bien puede la ley establecer que el Gobierno actuará por conducto de los aludidos entes, los cuales pueden tener a su cargo funciones reguladoras, siempre que se sometan a los órdenes normativos de más alto rango, y ser titulares de atribuciones concretas de intervención, control y sanción sobre quienes caen bajo su vigilancia en cualquiera de las actividades enunciadas. No podría sostenerse una tesis que prohijara la absoluta imposibilidad de que las funciones gubernamentales en tan importantes y complejos asuntos fueran ejercidas por órganos desconcentrados, si bien bajo la dirección y la orientación del propio Gobierno y dentro de los lineamientos trazados por la ley” (Subrayas fuera del original). Ha insistido la Corte en que “[d]entro del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, la potestad reglamentaria tiene un lugar propio. Por virtud de ella, el Presidente de la República expide normas de carácter general, subordinadas a la ley y orientadas a permitir su cumplida aplicación.” Tales normas revisten, además, una forma especial, y se expiden con la firma del Presidente y del Ministro o Director de Departamento Administrativo del ramo. 17.- Cierto es, entonces, que la Constitución le asignó a determinados órganos en lo atinente a ciertas materias una facultad de regulación. Este fue, por ejemplo, el caso del Consejo Superior de la Judicatura entidad que según el artículo 257 Superior “le corresponde con sujeción a la ley “[d]ictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.” Ha Mencionado la Corte igualmente el caso del Contralor General de la República quien según el artículo 268 C. N. debe “[p]rescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse." (Numeral 1º) y "Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial." (Numeral 12). A su vez, al Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, le correspondía, de acuerdo con el artículo 354 de la Constitución, "... determinar las normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley.” Del mismo modo, que la Junta Directiva del Banco de la República ejercía las competencias de regulación que le correspondían de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 371 y 372 de la Constitución.
18.- No menos cierto es que las competencias mencionadas con antelación se distinguen de la potestad reglamentaria radicada en cabeza del Presidente de la República según lo dispuesto en el artículo 189 numeral 11. Así, ha enfatizado la Corporación que “[p]or fuera de los casos especiales previstos en la [Norma de Normas], la competencia primaria para la reglamentación de la ley orientada a garantizar su cumplida ejecución [correspondía] al Presidente de la República.” Desde luego, también ha puesto énfasis en que lo dicho hasta aquí no resulta óbice para que, “de manera general, se pueda afirmar la existencia de ciertas competencias de regulación para órganos administrativos diferentes, y para el caso concreto, de los Ministros del Despacho.” 19.- En vista de que el problema jurídico formulado en la presente ocasión se relaciona con el sentido y alcance de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 189 numeral 11, en este lugar ha de interrogarse la Corte si a partir de esta competencia resulta factible derivar asimismo una facultad de regulación de los Ministerios. En otras palabras, debe la Sala conceder más atención y observar con mayor detenimiento este extremo y, en consecuencia, ha de analizar cómo se aplican los principios mencionados en precedencia a los Ministerios. Con tal propósito, la Corte recordará, primero, su jurisprudencia en relación con la extensión de las funciones atribuidas por la Constitución y por la Ley a los Ministerios y luego, a la luz de las consideraciones que de allí se extraigan, examinará el alcance de la facultad de regulación que les asiste a estas entidades administrativas dentro del ordenamiento jurídico. Facultad de regulación de los Ministerios 20.- Según el artículo 208 C. N., los Ministros tanto como los Jefes de Departamentos Administrativos detentan la jefatura de la Administración en su respectiva dependencia. En este orden, la Ley 489 de 1998, cuya finalidad consistió en regular asuntos vinculados con la organización y funcionamiento de las entidades de carácter nacional, dispuso que los Ministerios son organismos que integran la Rama Ejecutiva del poder público (artículo 38) y determinó que constituyen órganos principales de la Administración (artículo 39). Dispuso, de otra parte, que junto con los Departamentos Administrativos y las Superintendencias, configuraban el Sector Central de la Administración Pública Nacional. Las funciones ministeriales contenidas en la citada Ley 489 de 1998 armonizan con lo determinado, a su turno, en el artículo 208 Superior cuando establece que a los Ministerios les atañe “formular las políticas concernientes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”, todo ello bajo la dirección del Presidente de la República. La Ley 489 de 1998 se inspiró en el precepto constitucional cuando afirmó que el destino de los Ministerios era formular y adoptar “las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo que dirigen” (artículo 58). 21.- ¿Cuáles son, pues, las funciones concretas atribuidas por la Ley a los Ministerios? Estas tareas están contempladas en los numerales 2º, 3º y 6º del artículo 59 de la misma Ley:
“Artículo 59. Funciones. Corresponde a los ministerios y departamentos administrativos, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales: “2. Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones. “3. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto. “6. Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su ejecución.” 22.- Cabe destacar aquí cómo en diversas ocasiones ha manifestado la Corte Constitucional que a partir de lo establecido en el precitado artículo se deduce la función de los Ministerios dentro de la estructura orgánica nacional, esto es, “la de ser bajo la dirección del Presidente de la República, la máxima autoridad administrativa en el área correspondientemente asignada y que, en ejercicio de dicha función, los primeros pueden formular y adoptar políticas atinentes a su despacho, pero, además, ejecutar la Ley en el ámbito de su especialidad.” Obsérvese al respecto, que la tarea de los Ministerios consiste en desarrollar funciones previamente determinadas en la Legislación y en el Reglamento por lo que en relación con la posibilidad de regulación que les asiste, su competencia es de orden residual y sus atribuciones de regulación ostentan un carácter subordinado a la potestad reglamentaria del Presidente de la República así como atañen únicamente al ámbito de su respectiva especialidad. De ahí se sigue que la Corte Constitucional haya puesto énfasis en lo siguiente: “Cuando de manera general la ley atribuye a un Ministerio funciones para expedir reglamentos, debe entenderse, por una parte, que ellas constituyen simplemente una manera de atribuir competencia en razón de la materia. Esto es, para los efectos previstos en la ley, el Gobierno se conforma con la participación del Ministro al que se le ha atribuido la competencia. En segundo lugar, es claro que en la órbita propia de las funciones de cada Ministerio y con subordinación tanto a las directrices del Presidente como a los reglamentos que éste, en ejercicio de la Potestad Reglamentaria, haya expedido, pueden también los Ministros expedir reglamentos. Pero en ningún caso éstos pueden desplazar a la competencia reglamentaria del Presidente de la República, frente a la cual tienen un carácter residual y subordinado. Debe tenerse en cuenta que los Ministerios son órganos dependientes cuya competencias generales están previstas en la ley. La manera como están regulados en la Constitución claramente indica su subordinación al Presidente de la República, de tal modo que no
tienen competencias autónomas. Todas las que se les atribuyan deben ejercerlas bajo la dirección del Presidente de la República. En los anteriores términos, no resulta inconstitucional que una ley atribuya, de manera directa, a los Ministros del Despacho, competencias para expedir normas de carácter general sobre las materias en ella contenidas, cuando tales normas correspondan a regulaciones de carácter técnico u operativo, dentro de la orbita competencial del respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la competencia de regulación tiene el carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria”. (Subrayas fuera del original) 23.- En la sentencia C-675 de 2005, la Corte Constitucional reiteró su jurisprudencia sobre el sentido y alcance de la competencia de regulación en cabeza de los Ministerios y su concordancia con lo dispuesto en el artículo 189 numeral 11. En aquella ocasión enfatizó de nuevo la Corporación que la facultad de regular ciertos tópicos reclamaba “la existencia previa de un contenido o de una materia que [pudiesen] ser regulados,” así como que la autoridad encargada de expedir la regulación obrara dentro de las fronteras fijadas por tal materia o contenido y no infringiera ni la Ley ni la Constitución. De la primera exigencia se sigue la prohibición de que por vía administrativa el presidente de la República u otro (a) funcionario (a) de la Administración Pública entre a sustituir al legislador para lo cual sería menester que la ley otorgara precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje, en las condiciones previstas por el artículo 150 numeral 10 C. N. De la segunda, se deriva entretanto el respeto por la estructura piramidal del ordenamiento jurídico como presupuesto de validez de toda norma jurídica. Recordó la Corte cómo respecto del primer requerimiento ha puesto énfasis en la imposibilidad de que el Legislador – ordinario o extraordinario – regule en forma por entero detallada las materias que, de conformidad con las competencias a él atribuidas por la Constitución, le corresponde reglar. Las atribuciones en cabeza de la Ley son ejercidas de modo general y orientador, siendo la administración a quien corresponde, de acuerdo con las circunstancias de orden fáctico y técnico, regular el detalle de las correspondientes materias. Importa destacar aquí, la necesidad de que preexista un contenido material legislativo que sirva de base para el ejercicio de la potestad reglamentaria. Acerca de este punto ha dicho la Corte Constitucional: “Es posible que la rama legislativa con la utilización de un lenguaje amplio, reconozca a la autoridad administrativa competente un margen suficiente para el desarrollo específico de algunos de los supuestos definidos en la ley con el propósito de concretar la aplicación de ciertos preceptos legales a circunstancias diversas y cambiantes. Eso es propio de un Estado regulador. Sin embargo, en esos eventos la acción de la administración y el cumplimiento de las políticas públicas que animan la ley y las regulaciones administrativas que las materializan dependen de que las disposiciones legales establezcan criterios inteligibles, claros y orientadores dentro de los cuales ha de actuar la administración de tal
forma que se preserven los principios básicos de un estado social y democrático de derecho.” 24.- Ha precisado asimismo la Corporación que cuando un asunto no ha sido atribuido de manera expresa a una autoridad determinada, se aplica la cláusula general de competencia, esto es, el principio en concordancia con el cual se trata de una materia que le compete regular al Legislador. Lo anterior, sin embargo, no significa que la ley esté obligada a agotar toda una temática, por cuanto, una cosa es que determinado tópico le corresponda reglarlo prioritariamente al Legislador – en aplicación de la cláusula general de competencia – y otra muy distinta que se trate de un asunto que tenga reserva legal, por mandato específico de la Constitución. En el primer caso, el desarrollo legislativo no necesita ser integral por cuanto la ley puede únicamente delimitar el tema y permitir que este sea concretado por medio de reglamentos de orden administrativo. En el segundo caso, por el contrario, si se trata de una materia que tiene reserva legal, entonces le corresponde al Legislador desarrollarla de modo exclusivo. 25.- La Corte ha subrayado, igualmente, cómo “la extensión del campo para ejercer la potestad reglamentaria, no la traza de manera subjetiva y caprichosa el Presidente de la República, sino que la determina el Congreso de la República al dictar la ley, pues a mayor precisión y detalle se restringirá el ámbito propio del reglamento y, a mayor generalidad y falta de éstos, aumentará la potestad reglamentaria”. Respecto de lo anterior, resulta importante recordar lo siguiente. Cuando existe reserva de ley, se establece la obligación de regular el tema mediante normas con fuerza de ley y la potestad reglamentaria únicamente podría ejercerla el Presidente sobre aspectos marginales y muy puntuales. Cosa distinta sucede cuando no se presenta reserva de ley, por cuanto en tal evento, la materia puede ser regulada tanto por normas legales como reglamentarias. 26.- De todos modos, aún en el caso antes señalado, este Tribunal ha insistido en que el desarrollo de la potestad reglamentaria por el Gobierno exige que la ley haya configurado previamente una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno puede ejercer la función de reglamentar la ley con miras a su debida aplicación, que es de naturaleza administrativa, y está entonces sujeta a la ley. Y es que si el Legislador no define esa materialidad legislativa, estaría delegando en el Gobierno lo que la Constitución ha querido que no sea materia de reglamento sino de ley. El “requisito fundamental que supone la potestad reglamentaria”, ha dicho esta Corte, es “la existencia previa de un contenido o materia legal por reglamentar”. 27.- Concomitante con lo anterior, a la luz de la jurisprudencia constitucional no resulta inconstitucional que una ley le confiera de manera directa a los/las ministros (as) del despacho atribuciones para expedir regulaciones de carácter general sobre las materias contenidas en la legislación, cuando estas tengan un carácter técnico u operativo, dentro de la orbita competencial del respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la facultad de
regulación “tiene el carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria.” 28.- De manera análoga, ha admitido la Corte cómo resulta siempre factible que el Legislador utilice en la redacción de los preceptos legales un lenguaje amplio y reconozca, por tanto, que a la autoridad administrativa le corresponde un margen suficiente para dar desarrollo específico a algunos de los supuestos previamente definidos por la Ley. Ello, con el objetivo de facilitar la concreción y aplicación de los preceptos legales en armonía con las circunstancias diversas y cambiantes. Esto, ha dicho la Corte, es característico de un Estado regulador. No obstante, también ha subrayado la Corporación cómo en aquellas eventualidades “la acción de la administración y el cumplimiento de las políticas públicas que animan la ley y las regulaciones administrativas que las materializan, dependen de que las disposiciones legales establezcan criterios inteligibles, claros y orientadores dentro de los cuales ha de actuar la administración de tal forma que se preserven los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho.”
3. Normas Legales La Ley 1209 de 2008 prescribe la instalación de cerramientos, alarmas sonoras y entrampamientos sujetos a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional: Ley 1209 de 2008
ARTÍCULO 5o. CERRAMIENTOS. Por estos se entienden las barreras que impiden el acceso directo al lugar donde se encuentran las piscinas. Estas barreras contienen un acceso por una puerta o un torniquete o cualquier otro medio que permita el control de acceso a los citados lugares. ARTÍCULO 6o. DETECTOR DE INMERSIÓN O ALARMA DE AGUA. Son aquellos dispositivos electrónicos con funcionamiento independiente a base de baterías, que produce sonidos de alerta superiores a ochenta (80) decibeles, en caso de que alguna persona caiga en la piscina. ARTÍCULO 7o. CUBIERTAS ANTIENTRAMPAMIENTOS. Son dispositivos que aíslan el efecto de succión provocado en los drenajes que tengan las piscinas o estructuras similares. La norma prescribe el cumplimiento de ciertas normas de seguridad que, según el texto de la misma, deben implementarse aún sin que exista la reglamentación que expida el gobierno nacional. Hay normas que expresamente deberán reglamentarse como el oficio de Salvavidas pero, aun si este no se reglamenta, no se excusa la aplicación de las normas de seguridad:
ARTÍCULO 11. NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD. El Gobierno Nacional reglamentará las medidas de seguridad que deben ser cumplidas por los responsables de las piscinas. En todo caso, toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste el servicio de piscina, deberá acatar obligatoriamente las siguientes normas mínimas de seguridad: a) No se debe permitir el acceso a menores de doce (12) años sin la compañía de un adulto; b) Deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los requisitos higiénico-sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de desinfección química debe cumplir las condiciones que establezca el reglamento para proteger la salud de los usuarios; c) Se deberá tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones; d) Deberán permanecer en el área de la piscina por lo menos dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho; e) Se deberá escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; f) Deberá haber en servicio las veinticuatro (24) horas del día en el sitio de la piscina un teléfono o citófono para llamadas de emergencia; g) Es obligatorio implementar dispositivos de seguridad homologados, como son: barreras de protección y control de acceso a la piscina, detectores de inmersión o alarmas de agua que activen inmediatamente un sistema de alarma provisto de sirena y protección para prevenir entrampamientos. ARTÍCULO 12. PROTECCIÓN PARA PREVENIR ENTRAMPAMIENTOS. Deberán instalarse cubiertas antientrampamientos en el drenaje de las piscinas. Deberá equiparse la bomba de succión de las piscinas con un sistema de liberación de vacío de seguridad, un sensor de emergencia que desactive la succión automáticamente en caso de bloqueo del drenaje. En todo caso, deberá existir dispositivo de accionamiento manual que permita detener la bomba de succión. Este dispositivo deberá reposar en un sitio visible, señalizado como tal y de libre acceso.
Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la presente ley deberán tener por lo menos (2) dos drenajes. En todos los casos, estas cubiertas deberán permanecer en perfecto estado. Se deben señalar de manera visible los planos de la piscina indicando los tubos de drenaje. Los detalles de la piscina relativos a sus planos y, en especial, de sus tubos de drenaje deberán incluir dimensiones y profundidad, características, equipos y plano de todas las instalaciones. Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de la piscina, las alarmas de incendio, las rutas de salida de emergencia y cualquier otra información relevante. PARÁGRAFO. En todo caso, lo dispuesto en este artículo será requisito para poner en funcionamiento una piscina. ARTÍCULO 13. TODA PISCINA DEBERÁ MARCAR DE FORMA VISIBLE LA PROFUNDIDAD DE LA PISCINA. Las piscinas de adultos deberán ser marcadas en tres (3) partes indicando la profundidad mínima, la máxima y la intermedia. La marcación de las diferentes profundidades será de forma seguida y clara, por medio de baldosas de distinto color, sin que se presenten cambios de profundidad de manera abrupta. En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores vistosos los desniveles, con colores distintos para cada desnivel. Las piscinas deben poseer un sistema de circulación de agua óptimo, según lo ordene el Reglamento que expida el Gobierno Nacional. ARTÍCULO 14. PROTECCIÓN DE MENORES Y SALVAVIDAS. Queda prohibido el acceso a las áreas de piscina a menores de doce (12) años de edad sin la compañía de un adulto que se haga responsable de su seguridad. Esta medida no exime a los responsables de los establecimientos que tengan piscina o estructuras similares de tener el personal de rescate salvavidas suficiente para atender cualquier emergencia. En todo caso, dicho personal de rescate salvavidas no será inferior a una (1) persona por cada piscina y uno (1) por cada estructura similar. El personal de rescate salvavidas deberá tener conocimientos de resucitación cardiopulmonar y deberá estar certificado como salvavidas de estas calidades por entidad reconocida. El certificado no tendrá ningún costo. El Gobierno Nacional reglamentará lo atinente al desempeño de la labor de Salvavidas. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, dentro de su oferta educativa
podrá incluir cursos para la respectiva capacitación integral teórico-práctica que determinen competencias suficientes para una óptima labor de salvavidas. Cualquier otra entidad pública o privada que realice la instrucción o capacitación en Salvavidas además del cumplimiento que exigen las normas colombianas en materia de educación, debe estar previamente autorizada por el Ministerio de la Protección Social o la entidad delegada por este Ministerio. Será obligatorio para los conjuntos residenciales y todas las piscinas de uso público instalar el cerramiento según las especificaciones antes mencionadas y alarmas de agua, con sensor de inmersión para vigilancia en horario en que no se encuentren en servicio las piscinas. PARÁGRAFO 1o. Las unidades residenciales que tengan piscinas, deberán dar cumplimiento al presente artículo durante los fines de semana, al igual que en época de vacaciones escolares y cuando se realicen eventos sociales en la piscina o sus alrededores que involucren menores de catorce (14) años. En todo caso, deberá darse cumplimiento al presente artículo cuando sea utilizada la piscina por más de diez (10) menores a la vez. PARÁGRAFO 2o. En el caso de los niños menores de doce (12) años adscritos a programas y escuelas de enseñanza y práctica de natación, debidamente inscritas ante la autoridad competente, podrán ingresar a la piscina bajo la vigilancia de un profesor o instructor. La inspección vigilancia y control de la aplicación de estas normas se atribuye a las autoridades de Policía y, con base en los procedimientos de esta índole se aplicarán las sanciones a que haya lugar: ARTÍCULO 10. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. Corresponde a la dependencia u oficina administrativa que el respectivo municipio o distrito determine, realizar las funciones de inspección y expedir el correspondiente documento donde certifique que la piscina posee las normas de seguridad reglamentarias. Las autoridades locales exigirán que los planos iniciales para la construcción de una piscina nueva sean presentados por un ingeniero o arquitecto con tarjeta profesional. Estos planos deben contener detalles de instalación, incluyendo servicios e información con respecto a los componentes individuales del sistema de circulación como bombas, filtros, sistema de dosificación de químicos, entre otros.
La autoridad de control prevista en la ley deberá inspeccionar físicamente la instalación final de la piscina o estructura similar y deberá efectuar una revisión del plan de seguridad de la piscina o del manejo de las operaciones diarias. La misma autoridad efectuará auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. PARÁGRAFO. Prohíbase que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos que comuniquen una piscina con otra. (…) ARTÍCULO 15. RESPONSABILIDAD. Serán responsables las personas naturales o jurídicas que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso de los menores a las piscinas o estructuras similares sin la supervisión de sus padres o sin la vigilancia de otro adulto distinto al personal de rescate salvavidas o rescatista que haya en el lugar. ARTÍCULO 16. SANCIONES. Las personas naturales o jurídicas destinatarias de esta ley que incumplan con las medidas previstas en el Capítulo IV de esta ley o que permitan el acceso a menores de edad a las piscinas o estructuras similares, sin la observancia de las disposiciones de la presente ley, serán intervenidos por la autoridad de policía, sin perjuicio de cualquier otra acción legal, sanción administrativa o penal a que hubiere lugar. El no acatamiento de las presentes normas será sancionado de forma sucesiva con multa entre cincuenta (50) y mil (1.000) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o el sistema de piscinas hasta por cinco (5) días, por la primera falta. Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta ley en un tiempo no superior a seis (6) meses desde ocurrida la primera falta, se multará al establecimiento entre cien (100) y mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal del establecimiento entre cinco (5) y quince (15) días. Una tercera falta ocurrida dentro del período posterior a seis (6) meses desde la primera dará lugar a cierre definitivo del establecimiento. Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma.
El Decreto 2171 de 2009 reglamenta la Ley 1209 de 2008 y contiene criterios técnicos para piscinas y estructuras similares, requisitos para la aprobación de proyectos de construcción o adecuación de piscinas y estructuras similares,
características del agua en estanques de piscinas y estructuras similares, criterios de seguridad, capacitación y certificación como salvavidas, dispositivos de seguridad, obligaciones de los responsables de las piscinas y estructuras similares, responsabilidad de los bañistas, padres y acompañantes de menores de edad, y competencias de los municipios y distritos. Hay normas de aplicación inmediata y otras que requieren el pronunciamiento del Ministerio de Protección Social: Decreto 2171 de 2009
ARTÍCULO 5o. CRITERIOS TÉCNICOS PARA PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Las piscinas y estructuras similares para garantizar un sistema de circulación de agua óptimo deben cumplir criterios técnicos en planos; formas de los estanques; vértices; profundidad; distancias entre estanques; escaleras; desagüe sumergido; revestimiento; corredores; período de recirculación y zona de salto, criterios que serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. PARÁGRAFO. Los estanques de agua en piscinas y estructuras similares de uso colectivo y particular serán obligatoriamente de recirculación. ARTÍCULO 6o. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN DE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Para la construcción o adecuación de piscinas y estructuras similares, se requiere contar en forma previa, con la aprobación del proyecto por parte de la dependencia u oficina administrativa que determine el municipio o distrito; los interesados deberán radicar los proyectos, anexando los siguientes documentos: 1. Planos de planta y cortes, con la localización de equipos y desagües. 2. Planos de sistemas eléctricos. 3. Planos de sistemas hidráulicos. 4. Diagrama de flujo. 5. Memorias descriptivas de construcción y técnica. 6. Manual de operación de los sistemas. 7. Protocolos de mantenimiento de los sistemas. 8. Descripción sobre la disposición final de los lodos provenientes del lavado del sistema de tratamiento de agua del estanque o vaso de la piscina o estructura similar. 9. Los demás que estime pertinentes el Ministerio de la Protección Social. PARÁGRAFO. Los proyectos deben ser elaborados por un ingeniero o arquitecto, con tarjeta profesional vigente, que tengan conocimiento y experiencia en construcción y tratamiento de agua en estanque de piscinas y estructuras similares.
ARTÍCULO 7o. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN ESTANQUES DE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Las características físicas, químicas y microbiológicas y sus correspondientes valores aceptables que debe cumplir el agua recreativa de contacto primario, así como las técnicas y las sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de agua en estanques de piscinas o estructuras similares, diferentes a las señaladas en la Resolución 2314 de 1983, serán definidas por el Ministerio de la Protección Social. Las técnicas para realizar análisis microbiológicos de piscinas y estructuras similares y las frecuencias de control de la calidad física, química y microbiológica que debe realizar el responsable de estas y la autoridad sanitaria departamental, distrital y municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud, en ejercicio de las acciones de inspección, vigilancia y control, serán definidas por el Ministerio de la Protección Social. ARTÍCULO 8o. BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Las piscinas y estructuras similares deben cumplir con las Buenas Prácticas Sanitarias que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social a través del Formulario Unico de Inspección Sanitaria a las piscinas y estructuras similares que debe ser utilizado por las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales (municipios categorías 1, 2 y 3) de salud. ARTÍCULO 9o. CRITERIOS DE SEGURIDAD. Para evitar accidentes y proteger la vida de los bañistas, las piscinas y estructuras similares deben cumplir con los siguientes criterios: Seguridad microbiológica; de productos químicos; de servicios de salvavidas y de primeros auxilios. Estos criterios serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. ARTÍCULO 10. CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMO SALVIDADAS. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) dentro de su oferta educativa o cualquier otra entidad pública o privada que realice instrucción o capacitación integral teórico-práctica, que determine competencias suficientes para una óptima labor como salvavidas, podrán capacitar y certificar como salvavidas. Para la capacitación y certificación como salvavidas, estas entidades deben tener en cuenta lo señalado en la Norma de Competencia Laboral 230101144 Rescate Acuático del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o aquellas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. El personal de rescate salvavidas tendrá un plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para obtener la certificación. ARTÍCULO 11. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. Los dispositivos de seguridad que se utilicen en piscinas y estructuras similares son los siguientes:
1. Cerramiento: Incluye la puerta o torniquete u otro medio que permita el control de acceso al estanque de la piscina o estructura similar. 2. Alarma de agua o detector de inmersión. 3. Cubiertas antiatrapamiento. 4. Sistema de seguridad de liberación de vacío. 5. Botón de parada de emergencia. 6. Otros que determine el Ministerio de la Protección Social. ARTÍCULO 12. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. El Ministerio de la Protección Social expedirá la reglamentación que regule la fabricación, importación y comercialización de los dispositivos de seguridad en piscinas y estructuras similares, a los cuales se les expedirá la Declaración de Conformidad del Proveedor. ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LAS PISCINAS Y ESTRUCTURAS SIMILARES. Sin perjuicio de las obligaciones asignadas por la Ley 1209 de 2008, deberán cumplir con lo siguiente: 1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas en el tratamiento y uso de las aguas de las piscinas y estructuras similares, como también de los requerimientos de la autoridad sanitaria departamental, distrital y municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud, cumpliendo con los valores aceptables de la calidad del agua establecidas por el Ministerio de la Protección Social. 2. Realizar toma de muestras de superficie, tales como: Zonas de tránsito interno de cerramiento, andenes, baños, duchas, vestidores, lavapiés y zonas húmedas para efectuar análisis de hongos, levaduras y dermatofitos en piscinas y estructuras similares. 3. Operar y mantener en condiciones sanitarias el buen estado y funcionamiento de las instalaciones complementarias y anexas. 4. Implementar y hacer efectivas campañas de educación sanitaria y divulgar ampliamente las obligaciones que tienen los bañistas para preservar la calidad del agua, el buen uso y seguridad en las piscinas y estructuras similares. 5. Diligenciar el libro o registro cuando la piscina esté en operación. El operador o piscinero debe anotar los detalles más relevantes de la jornada, tales como: Resultados de los análisis hechos IN SITU; consumo y tipo de materiales químicos; hora de lavado de los filtros; fecha de lavado y desinfección de pisos; fecha de vaciado, limpieza y puesta en funcionamiento de la piscina o estructura similar; fecha de lavado de vestieres, baños, corredores, entre otros. Este libro estará a disposición de la autoridad sanitaria departamental, distrital o municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud cuando así lo requiera.
6. Exigir el retiro o prohibir el ingreso a los estanques de las piscinas y estructuras similares de cualquier persona que contravenga lo dispuesto en el Reglamento de Uso previsto por el responsable. Igualmente, está facultado para exigir el retiro o prohibir el ingreso de personas que atenten contra la moral pública. En estos casos, podrá acudir a la autoridad policiva para solicitar el retiro de estas personas, en el evento que sea renuente a cumplir la orden de retiro. ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD DE LOS BAÑISTAS, PADRES Y ACOMPAÑANTES DE MENORES DE EDAD. Los bañistas, padres y acompañantes de menores de edad, tienen la responsabilidad de: 1. Cumplir con el Reglamento de Uso de las piscinas y estructuras similares, que cada establecimiento contemple conforme con lo dispuesto en el presente decreto y las normas que expida el Ministerio de la Protección Social. 2. Cumplir con las Buenas Prácticas Sanitarias. 3. Informar sobre cualquier situación de riesgo en las piscinas o estructuras similares a sus responsables u operarios o piscineros. ARTÍCULO 15. COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS. En desarrollo del artículo 9o de la Ley 1209 de 2008, los municipios y distritos en su respectiva jurisdicción serán responsables a través de la dependencia u oficina administrativa que estos determinen, de lo siguiente: 1. Aprobar los proyectos de construcción o adecuación de piscinas y estructuras similares en su jurisdicción. 2. Autorizar el funcionamiento de las piscinas o estructuras similares en su jurisdicción, mediante la Certificación de Cumplimiento de Seguridad en Piscina o Estructura similar, la cual garantiza el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto y las normas que expida el Ministerio de la Protección Social sobre la materia. Dicho certificado tendrá en cuenta, entre otros, el concepto sanitario expedido por la autoridad sanitaria departamental, distrital o municipal (municipio categoría 1, 2 y 3) de salud. 3. Realizar control para garantizar el cumplimiento del plan de seguridad y manejo de las operaciones diarias de funcionamiento, así como auditorías periódicas a las piscinas y estructuras similares de su jurisdicción para garantizar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el presente decreto y las normas que expida el Ministerio de la Protección Social sobre la materia. 4. Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas o estructuras similares que incumplan con lo dispuesto en el presente decreto y las normas que expida
el Ministerio de la Protección Social sobre la materia. Para el efecto, tendrán en cuenta lo señalado en el Capítulo V de la Ley 1209 de 2008 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. ARTÍCULO 16. COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD (MUNICIPIOS CATEGORÍAS 1, 2 Y 3). En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 2001, las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales (municipios categorías 1, 2 y 3) de salud, ejercerán la vigilancia y control sanitario sobre las piscinas y estructuras similares. Para el efecto, realizarán las siguientes acciones: 1. Realizar toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos para garantizar la calidad del agua en los estanques de las piscinas y estructuras similares de uso colectivo, de conformidad con su tipo y frecuencia, los cuales serán señalados por el Ministerio de la Protección Social. Para las piscinas de propiedad privadas unihabitacional, el responsable efectuará la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos para garantizar la calidad del agua en laboratorios autorizados. Dichos resultados deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente cuando estas así lo requieran. 2. Realizar toma de muestras de superficie, tales como: Zonas de tránsito interno de cerramiento, andenes, baños, duchas, vestidores, lavapiés y zonas húmedas, para realizar análisis de hongos, levadura y dermatofitos en piscinas y estructuras similares de uso colectivo. Para las piscinas de propiedad privada unihabitacional, el responsable efectuará la toma de muestras y análisis microbiológicos de superficie en laboratorios autorizados. Dichos resultados deberán ser puestos a disposición de la autoridad competente cuando esta así lo solicite. 3. Realizar visitas periódicas de inspección sanitaria a las piscinas y estructuras similares, diligenciando el Formulario Unico de Inspección Sanitaria, sobre el cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias. 4. Expedir el concepto sanitario de las piscinas o estructuras similares. 5. Reportar al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (Sivicap) del Instituto Nacional de Salud, la información generada en el proceso de vigilancia de las piscinas o estructuras similares. 6. Apoyar la capacitación y certificación a los operarios o piscineros, responsables y salvavidas o socorristas de piscinas y estructuras similares. 7. Mantener actualizada la información sobre el número de piscinas y estructuras similares, existentes en su jurisdicción.
8. Aplicar las medidas sanitarias de seguridad pertinentes cuando los responsables de las piscinas y estructuras similares incumplan las disposiciones establecidas en el presente decreto y las demás normas que se expidan sobre la materia, de conformidad con lo previsto en la Ley 09 de 1979 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS). En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 4o del Decreto 272 de 2004 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, el Instituto Nacional de Salud realizará las siguientes acciones: 1. Establecer los requisitos para la validación o revalidación de métodos analíticos, nuevas tecnologías que se comercialicen o introduzcan en el país, solicitados por las entidades que lo requieran. 2. Realizar revisiones aleatorias de las metodologías analíticas validadas por los laboratorios que las aplican al análisis de agua en estanques de piscinas o estructuras similares. Estas metodologías deberán ser validadas, revalidadas y estandarizadas en las instalaciones de trabajo del laboratorio, para lo cual deben determinar atributos del método, tales como: Límites de detección y cuantificación, reproducibilidad (precisión), exactitud (porcentaje de recuperación), incertidumbre, linealidad (rango dinámico lineal), reporte de interferencias. 3. Coordinar la Red Nacional de Laboratorios para la Vigilancia de la Calidad del Agua de Estanques en Piscinas y estructuras similares y dar orientaciones y directrices en esta materia a los laboratorios que realicen o presten el servicio de análisis físicos, químicos y microbiológicos, los cuales serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. 4. Consolidar y reportar al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (Sivicap), la información generada por la autoridad sanitaria departamental, distrital y municipal (municipios categorías 1, 2 y 3) de salud, en el proceso de vigilancia sanitaria a las piscinas y estructuras similares, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.
El Ministerio de Protección Social, hasta el momento sólo ha expedido un Resolución reglamentando la calidad del agua en las piscinas. En ella se otorga competencia a las autoridades sanitarias municipales para inspeccionar la materia dando cumplimiento a las acciones contenidas en el artículo 19 de la misma. Los responsables de las piscinas serán quienes deberán llevar un registro de las pruebas de calidad del agua decretadas y las autoridades sanitarias municipales revisarán que así se cumpla: Resolución 1618 de 2010
Artículo 19. Reporte de vigilancia sanitaria de piscinas y estructuras similares. La autoridad sanitaria departamental, distrital y municipal, categorías especial, 1,2,3, para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el numeral 5 del artículo 16 del decreto 2171 de 2009, deberán realizar los siguiente: 1. Consolidar los resultados de la vigilancia de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados al agua de estanques de piscinas y estructuras similares de uso colectivo tanto rutinarios como ocasionales. 2. Calcular y consolidar el Índice de Riesgo Agua de Estanque de Piscina y Estructura Similar –IRAPI, de uso colectivo, teniendo en cuenta los resultados de las muestras de agua de vigilancia realizada a las mismas. 3. Calcular y consolidar el Índice de Riesgo del Agua de Estanque y de Piscina y Estructura Similar –IRAPI, de propiedad privada unihabitacional, treniendo en cuenta los resultados de las muestras que ellas suministraron, cuando se requirió para concepto sanitario. Parágrafo. Los resultados obtenidos de os numerales 1, 2 y 3 del presente artículo, deben ser reportados anualmente al Subsistema de Vigilancia de Calidad de Agua para Consumo Humano- SIVICAP teniendo en cuenta los lineamientos que señale el instituto Nacional de Salud- INS, al respecto.
4. Análisis La tarea de regulación dentro del Estado colombiano abarca tanto la facultad del Presidente de la República para reglamentar las leyes – de conformidad con el artículo 189 numeral 11 - como la función de regulación otorgada por la Constitución a otras entidades u órganos. Ahora bien, el titular de la potestad reglamentaria en armonía con el precitado artículo 189 numeral 11 es el Presidente de la República y tal potestad no puede entregarse por la ley a otros entes administrativos diferentes por cuanto atribuirla, así sea parcialmente, a un órgano distinto, traería como consecuencia disminuir y restringir la competencia que, sin condicionamiento alguno, le ha sido encargada por la Norma de Normas al Presidente de la República. En el caso de los Ministros administrativas, están investidos de las cuales se encuentra, regulaciones efectuadas por los de fuentes la misma jerarquía República en ejercicio de su del Despacho, en su calidad de autoridades de facultades propias de la Administración dentro precisamente, la facultad de regulación. Las Ministros, sin embargo, no poseen en el sistema que aquellas que profiere el Presidente de la potestad reglamentaria, por cuanto se hallan
subordinados a ella. De esta suerte, ningún Ministro que obre dentro del margen de sus competencias podría expedir una regulación técnica que se encuentre en contradicción con lo dispuesto por un Decreto Reglamentario del Presidente de la República. En otros términos, los Ministros pueden, desde luego, dictar normas de carácter general para regular aspectos técnicos u operativos dentro de la órbita de su competencia. Esta facultad es de carácter residual y subordinada respecto de la atribución que radica en cabeza del Presidente de la República. Requisito para que los Ministerios puedan ejercer competencias de regulación es la existencia previa de un contenido o materia legal que pueda ser regulado. Esta materia traza las fronteras dentro de las cuales debe desplegarse la facultad de regulación de los Ministerios que ha de observar también lo establecido en la Legislación y en la Constitución. La Ley puede establecer que el Gobierno se valdrá para actuar de un determinado Ministerio, al cual se le pueden reconocer, desde luego, funciones reguladoras siempre y cuando tales funciones se ajusten a órdenes normativos del más alto rango. Así las cosas, cuando la Ley establece que a un determinado Ministerio le corresponde trazar una regulación técnica o especializada en determinado campo, esto debe tener lugar en armonía con la Ley y con el Reglamento dictado por el Presidente con fundamento en la cláusula general de competencia que a estos entes les atribuye la Constitución. En este orden de ideas, la Ley 1209 de 2008 contiene normas de seguridad sujetas a reglamento por parte del Presidente de la República y normas sujetas a reglamentación técnica por el Ministerio de Protección social. El presidente ejerció su potestad reglamentaria a través del Decreto 2171 de 2009 y el Ministerio de la Protección Social sólo ha expedido la reglamentación atinente a la calidad de agua mediante la Resolución 1618 de 2010. Se espera expida la reglamentación correspondiente a los dispositivos de seguridad y que el SENA reglamente lo pertinente sobre los Salvavidas, para lo cual no tiene plazo alguno establecido. Las entidades territoriales tienen facultades de inspección vigilancia y control y les corresponderá realizar el inventario de las piscinas de su jurisdicción y, conforme a la reglamentación establecida por el Ministerio de Protección social ejercer estas facultades.
La implementación de estas medidas conlleva inversiones cuantiosas para adecuarse a las mismas y es por ello que el Ministerio debe expedir la correspondiente reglamentación para que el dinero que hay que destinar para las mismas sea ejecutado conforme a dichas regulaciones. Estas medidas implican un cambio cultural para los propietarios y usuarios de las piscinas que buscan la seguridad de todos y deben asumirse con una actitud proactiva y no dilatoria pues vale mas la vida de un niño que las adecuaciones exigidas. 5. Conclusiones La Ley 1209 de 2008 ha sido reglamentada en su debida oportunidad por el Presidente de la República a través del Decreto 2171 de 2009, en lo que tiene que ver con los sistemas de funcionamiento y seguridad de las piscinas y el Ministerio de Protección Social ha reglamentado lo atinente a las pruebas de calidad de agua mediante la Resolución 1618 de 2010, en la cual se le asignan a las autoridades sanitarias municipales funciones de consolidación de resultados de la vigilancia de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las piscinas o estructuras similares de uso colectivo o privado, los cuales deberán consolidar los índices de riesgo de agua determinados en la misma reglamentación. Resta la reglamentación sobre el ejercicio del oficio de salvavidas por el SENA, la reglamentación correspondiente a la fabricación, importación y comercialización de los dispositivos de seguridad y la correspondiente al Instituto Nacional de Salud sobre métodos y tecnologías asociadas a la verificación de la calidad del agua. El anterior concepto se emite en consonancia con el artículo 25 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984). Atentamente.
JUAN CARLOS LEMA ESCOBAR Abogado Asesor Contratista
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