Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S64-05.html
Timestamp: 2018-10-16 17:36:00
Document Index: 8908642

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 26', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 47']

Yvonne Neptune v. Haiti, Caso 445/05, Informe No. 64/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
INFORME Nº 64/05
2. Los peticionarios afirman que el Sr. Neptune, ex Primer Ministro de Haití durante el gobierno del Presidente Aristide, fue arrestado el 27 de junio de 2004, en relación con su alegada participación en la muerte de una serie de personas en la ciudad de Saint Marc, en febrero de ese año. Desde su arresto en junio de 2004 y hasta la fecha de presentación de la petición, Neptune no ha comparecido ante un juez para determinar la legalidad de su arresto.
3. El Estado no ha presentado una respuesta a los hechos alegados por los peticionarios, ni cuestionó la admisibilidad de la petición en consideración.
5. El 20 de abril de 2005, la Comisión recibió la denuncia presentada por los peticionarios, que incluía también un pedido de medidas cautelares, que fue rechazado por la Comisión.
6. El 4 de mayo 2005, la Comisión remitió al Estado la petición y, teniendo en cuenta el posible riesgo para la vida e integridad física del Sr. Neptune en razón de su huelga de hambre, solicitó una respuesta dentro del plazo abreviado de cinco días, de acuerdo con el artículo 30(4) de su Reglamento.
9. Los Peticionarios explican que, en febrero de 2004, dos días después de visitar Saint Marc, la policía haitiana y civiles que serían integrantes de la banda Bale Wouze ingresaron al barrio La Scierie, que es un bastión de un presunto grupo antigubernamental (RAMICOS). Durante el enfrentamiento que siguió, al menos tres personas resultados muertas y varias, herida
10. Los peticionarios alegan que el 2 de marzo de 2004 una ONG haitiana, la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos, reclamó el arresto y procesamiento de Neptune en un comunicado de prensa y que este grupo celebró un acuerdo con la oficina del fiscal para presentar cargos penales contra todo el que fuera denunciado por el grupo o por otros grupos de derechos humanos.
14. Los peticionarios explican que el artículo 26 de la Constitución haitiana prohíbe mantener a un detenido bajo custodia a menos que un juez dictamine sobre la legalidad del arresto y justifique legalmente la detención dentro de las 48 horas. Aunque la víctima ha estado bajo custodia durante nueve meses (a la fecha de recibo de la petición), no ha comparecido ante un juez y ningún juez ha dictaminado sobre la legalidad de su detención.
15. El 9 de julio de 2004, la defensa inició una acción ante la máxima instancia, la “Cour de Cassation”, para retirar el caso del tribunal de Saint Marc, argumentando que la influencia de la población local podría incidir en la independencia del poder judicial. Seis meses después, el 17 de enero de 2005, la “Cour de Cassation” desestima la acción en base a un tecnicismo menor.
16. El 17 de julio de 2004, el Juez Bready Fabien de Port-au-Prince interrogó a la víctima acerca de un incidente ocurrido en 2003, en la Universidad Nacional de Haití, en que un estudiante manifestante y el rector de la Universidad resultaron heridos. A esa altura, el juez sólo interrogó a la víctima como testigo del incidente en la Universidad. No dictaminó sobre la legalidad de la detención de la víctima, para lo cual no tenía autoridad.
17. Los peticionarios alegan que el 1 de diciembre de 2004, la policía y los guardias de la cárcel efectuaron disparos durante una manifestación en la penitenciaría nacional. En el curso de la balacera, los guardias y la policía dieron muerte a diez reclusos. El motín empezó en un módulo llamado “Titanic”, a unos siete metros de la celda de la víctima. Los peticionarios alegan que durante este motín estuvo en peligro la vida de la víctima.
18. Los peticionarios señalan que el 19 de febrero de 2005, hombres armados ingresaron por la fuerza a la cárcel y, como consecuencia de ello, 481 reclusos se fugaron. Durante el incidente –alegan los peticionarios- la vida de la víctima estuvo en grave peligro. Los peticionarios explican que la víctima fue retirada de la cárcel durante este estallido de violencia, pero inmediatamente pidió a las autoridades de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) que lo ayudaran a regresar a la prisión.
19. Los peticionarios alegan incumplimiento por el Estado al no brindar seguridad adecuada a la víctima frente al riesgo que corrió en los dos disturbios carcelarios.
20. El 20 de febrero, Neptune empieza una huelga de hambre para protestar contra su detención ilegal.[1]
23. El Estado no presentó respuesta alguna a los hechos alegados por los peticionarios ni cuestionó la admisibilidad de la petición en consideración.
25. La CIDH subraya la importancia que asigna a la información que solicita, pues sirve de base para sus decisiones sobre las peticiones recibidas. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la cooperación de los Estados representa una obligación fundamental dentro del marco procesal internacional establecido por el sistema interamericano:
30. Finalmente, la Comisión afirma que tiene competencia ratione materiae porque en el caso se denuncian presuntas violaciones de derechos protegidos por la Convención Americana, a saber, el derecho a un trato humano (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7) y el derecho a un juicio imparcial (artículo 8).
39. En base a la información presentada por los peticionarios, y sin prejuzgar sobre los méritos, la Comisión concluye que la petición contiene alegaciones que tienden a establecer la violación de los derechos protegidos por los artículos 5, 7 y 8 de la Convención, en tanto, de acuerdo con el principio iura curia novit, la Comisión tiende a hallar una violación del artículo 25 y el artículo 1(1). Además, la CIDH considera que, en base a la información presentada, las alegaciones de los peticionarios no son manifiestamente infundadas ni improcedentes. En consecuencia, la CIDH concluye que la petición no debe considerarse inadmisible conforme al artículo 47(b) y (c) de la Convención, ni conforme al artículo (a) y (b) del Reglamento de la Comisión.