Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/46
Timestamp: 2020-02-20 13:53:25
Document Index: 382781298

Matched Legal Cases: ['Artículo 615', 'Artículo 652', 'Artículo 655', 'Artículo 692', 'Artículo 695', 'Artículo 700', 'Artículo 736', 'Artículo 784', 'Artículo 850', 'Artículo 854', 'Artículo 3', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 24']

HJ System - Decision: SENTENCIA 4/1982
SENTENCIA 4/1982, de 8 de febrero
ECLI:ES:TC:1982:4
En el recurso de amparo promovido por el Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, organismo autónomo, representado y defendido por el Abogado del Estado, contra Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 8 de abril de 1980, por la que se declaró no haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma, número 313 de 1979, interpuesto por el Abogado del Estado en dicha representación contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial, de Santa Cruz de Tenerife de 17 de diciembre de 1977, y contra esta misma Sentencia de instancia, en cuanto que declara «a cargo del Fondo Nacional de Garantía, dada la insolvencia del acusado» la suma de 600.000 pesetas como indemnización de perjuicios que han de abonarse a los «herederos de la víctima»; recurso en el que únicamente ha comparecido el Ministerio Fiscal, y siendo Ponente el Magistrado don Angel Escudero del Corral.
1. El Abogado del Estado, en representación del organismo autónomo «Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación», presentó el 5 de agosto de 1980 demanda de amparo, solicitando se declare la nulidad de la indicada Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en cuanto declara a cargo del Fondo el abono de la suma de 600.000 pesetas, como indemnización civil o, alternativamente, su íntegra nulidad, y, en todo caso, con anulación de lo actuado y reposición al momento en que se produjo la vulneración del art. 24.1 de la Constitución que se invoca, el reconocimiento de su derecho a ser oído en forma procedente en la tramitación del proceso.
1.° En la causa núm. 27/1977 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife, seguida por un delito de imprudencia temeraria y hurto de uso de un vehículo de motor, se dictó por la Audiencia Sentencia de fecha 17 de diciembre de 1977 que condenaba al Fondo Nacional de Garantía al pago de la indemnización en la cantidad de 600.000 pesetas a los herederos de la víctima, don José Ramón Santos Lima, dada la insolvencia del acusado, sin que previamente se hubiera efectuado un previo requerimiento a la entidad aseguradora del vehículo -la Mutua Tinerfeña- ni al propio Fondo para el correspondiente afianzamiento y sin citación de éste al juicio oral.
2. La invocación en el proceso del derecho constitucional vulnerado que exige el art. 44.1 c), ya se efectúe con la cita directa y textual del precepto o con el señalamiento de su contenido esencial o básico, en cuanto tiende a crear la oportunidad de que el propio órgano judicial se pronuncie sobre dicho extremo, para argumentar sobre la posible infracción del derecho o libertad, es de obligado cumplimiento sólo a partir de la entrada en vigor de la LOTC, pero no antes, pues al haber sido un requisito establecido por ésta, su exigencia anticipada haría dotar de eficacia retroactiva a una disposición limitativa del derecho no prevista por la citada Ley y contraria al art. 9.3 de la Constitución Española, como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal en Autos de 18 de septiembre y 17 de diciembre de 1980 y Sentencias de 26 y 30 de enero y 30 y 31 de marzo de 1981. Aplicada la anterior doctrina al presente caso, no puede supeditarse el recurso de amparo al cumplimiento del requisito examinado, ya que el Fondo -que no había sido parte en el proceso ante la Audiencia- preparó el recurso de casación el 20 de diciembre de 1978 y le interpuso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 6 de marzo de 1979, en cualquier caso antes de la vigilancia de dicha Ley Orgánica; ello, aparte de que el cauce utilizado por la Abogacía del Estado fue el art. 854 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que precisamente habilita para recurrir al condenado cuando no fue oído en el juicio criminal, y se alegó reiteradamente como causa del recurso «la indefensión», la preterición del «sagrado e indeclinable derecho a la audiencia y defensa» y «la lesión del principio que impide la condena sin ser oído», esto es, las exigencias que forman la esencia o núcleo del derecho reconocido en el art. 24 de la Constitución Española que se intenta hacer valer en esta vía constitucional.
3. La pretensión de amparo alcanza a la Sentencia de la Audiencia de 17 de diciembre de 1977, dado que la misma fue objeto de recurso de casación y ha devenido firme a partir de la Sentencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1979 resolutoria del recurso de casación interpuesto, y mantiene la situación ya creada, pudiendo haber casado la Sentencia de instancia por la vía del núm. 2 del art. 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicando el derecho material vigente del que formaba parte con carácter prevalente el art. 24.1 de la Constitución Española, que por contener una garantía constitucional ha de observarse en las Sentencias de casación al ejercer el control de legalidad que corresponde al Tribunal Supremo, como ha precisado la Sentencia de 10 de abril de 1981 -Rec. 98/1980-; efectividad del art. 24, que, incluso debe de hacerse de oficio, en virtud del principio iura novit curia, al ser la garantía de procedimiento materia de orden público, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Estimar parcialmente el amparo, declarando la nulidad de la Sentencia de casación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 8 de abril de 1980, y la dictada en instancia por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 17 de diciembre de 1977, sólo en cuanto condenan al Fondo Nacional de Garantía al abono de trescientas mil pesetas de indemnización a los herederos de la víctima, en defecto del condenado penal, por su insolvencia -y que están incluidas dentro de la cifra de seiscientas mil pesetas señalada en el fallo de la Audiencia-; retrotrayéndose las actuaciones al momento en que se produjo la calificación provisional de las acusaciones Fiscal y particular, para que se produzca la tramitación legalmente exigida, sin indefensión, tal y como se determina en el Fundamento núm. ocho de esta resolución.
Notifíquese esta Sentencia a los comparecientes, a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y a la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los debidos efectos.
Type and record number Recurso de amparo 112-1980
El Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación contra Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo declarando no haber lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma. "Nemine damnatur sine auditur"
El art. 24.1 de la C. E., por contener una garantía constitucional, ha de observarse en las Sentencias de casación al ejercer el control de legalidad que corresponde al Tribunal Supremo, como ha precisado la Sentencia de 10 de abril de 1981; efectividad del art. 24 que, incluso, debe de hacerse de oficio, en virtud del principio «iura novit curia», al ser la garantía de procedimiento materia de orden público, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El derecho fundamental acogido en el art. 24.1 de la C. E. de obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, predicable de todos los sujetos jurídicos, en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, comporta la exigencia de que «en ningún caso pueda producirse indefensión»; lo que indudablemente significa que en todo proceso judicial deba respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, o que legalmente debieran serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial de sus derechos o intereses.
Este derecho fundamental hoy constitucionalizado, y como tal extensible, es de necesario reconocimiento en las leyes procesales en cualquier clase de procedimiento, según su naturaleza y finalidad; así en el ámbito penal, por la trascendencia del ejercicio del «ius puniendi» con respecto a los derechos esenciales del hombre, pero ha sido y es objeto de matizaciones en relación con la acción civil derivada del delito ejercitada contra terceras personas, pues tienen en su desarrollo menor alcance que el propio de la acción criminal, por estar limitada al peculiar objeto indemnizatorio o de resarcimiento: exigencia que ha reconocido la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Sentencias de 29 de mayo de 1945, 16 de junio de 1961, 17 de noviembre de 1965, 11 de octubre de 1974 y 30 de octubre de 1976, entre otras muchas.
De los arts. 3 d), del Decreto-ley de 3 de octubre de 1964 de organización del Fondo; art. 2, punto 3.°, del Reglamento del mismo órgano, aprobado por Decreto de 11 de octubre de 1967; art. 7 del Decreto de 21 de marzo de 1968, aprobando el texto refundido de la Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre uso y circulación de vehículos de motor, se deduce que el Fondo de Garantía de Riesgo de la Circulación realiza una función complementaria en el pago de la responsabilidad, sustituyendo a la entidad aseguradora, cuando ésta no exista o no deba responder legalmente, sin perjuicio de su derecho a repetir contra ellas.
El alcance de los pronunciamientos de la Sentencia que conceda el amparo, según el art. 55.1 a) de la LOTC, y tenga que declarar la nulidad de una resolución judicial, por haberse impedido el pleno ejercicio de derechos y libertades protegidos por la Constitución, debe estar sometido al principio de la máxima conservación de las actuaciones procesales y de la mínima perturbación de los derechos e intereses de terceras personas, en cuanto sea compatible con la tutela del derecho fundamental violado, ya que los efectos de la declaración deben ser los absolutamente necesarios, sin extensiones no exigidas que perjudiquen el procedimiento seguido y los derechos y obligaciones de personas sin relación directa con tal tutela.
La responsabilidad civil derivada del delito puede resolverse independientemente de la penal -como admiten los arts. 655, 695 y 700 de dicha Ley procesal-, máxime cuando ésta se declaró en Sentencia que es firme, y que no tiene ni puede ser modificada por el amparo, al afectar a otra persona, que incluso ya ha cumplido las penas privativas de libertad impuestas. En consecuencia, la nueva tramitación exclusivamente ha de tener por objeto el tema de la responsabilidad civil del Fondo, tal y como se ha limitado su contenido, en procedimiento y declaración autónoma.
Libro II, título X, f. 7
Artículo 615, ff. 7, 8
Artículos 615 a 625, f. 7
Artículo 652, f. 7
Artículo 655, f. 8
Artículo 692, f. 7
Artículo 695, f. 8
Artículo 700, f. 8
Artículo 736, f. 7
Artículo 784.5, f. 6
Artículo 850.2, f. 3
Artículo 854, f. 2
Artículo 3 d), f. 6
Artículo 23 d), f. 6
Decreto 2532/1967, de 11 de octubre. Reglamento del Fondo nacional de garantía de riesgos de la circulación
Artículo 24, ff. 2, 6
Artículo 24.1, ff. 3 a 5, 7
Actos anteriores a la constitución del Tribunal ConstitucionalActos anteriores a la constitución del Tribunal Constitucional, f. 2
Principio de máxima conservación de las actuaciones procesalesPrincipio de máxima conservación de las actuaciones procesales, f. 8
Responsabilidad civil derivada de delitoResponsabilidad civil derivada de delito, ff. 6, 7
Responsabilidad civil independiente de la penalResponsabilidad civil independiente de la penal, f. 8
Acción civil derivada de delitoAcción civil derivada de delito, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IndefensiónIndefensión, ff. 6, 7
Proceso penalProceso penal, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8