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Timestamp: 2019-12-15 07:27:42
Document Index: 397667630

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 27', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 40', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 169', 'Artículo 2', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 25', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 27', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'artículo 31', 'Artículo 44']

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. "LI" LEGISLATURA DEL ESTADO. P R E S E N T E S
DECRETO NÚMERO 164 LA H. “LI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO D E C R E T A: LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO TITULO I
CAPITULO SEGUNDO Organización Territorial Artículo 7.
CAPITULO TERCERO Población Artículo 13.
TITULO II De los Ayuntamientos CAPITULO PRIMERO Integración e Instalación de los Ayuntamientos Artículo 15.
CAPITULO SEGUNDO Funcionamiento de los Ayuntamientos Artículo 27.
CAPITULO TERCERO ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Artículo 31.
CAPITULO CUARTO Actos administrativos que Requieren Autorización de la Legislatura Artículo 33.
CAPITULO QUINTO Suplencia de los Miembros del Ayuntamiento Artículo 40.
CAPITULO SEXTO De la Suspensión y Desaparición de Ayuntamientos de la Suspensión o Revocación del Mandato de alguno de sus Miembros
TITULO III De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Organos de
DE LA H. "LI" LEGISLATURA
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II y 88 fracción I de la Constitución Política Local, me permito someter a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, Iniciativa de Ley Orgánica Municipal del Estado de México, que se sustenta en la siguiente:
En la vida municipal, más que en cualquier otro ámbito, se dan los problemas de la vida cotidiana de la comunidad y es donde surgen la infinidad de fenómenos pequeños o grandes, pero continuos, que afectan más próximamente la convivencia de la población.
En ese espacio institucional y de gobierno se da el trato más frecuente del habitante con sus autoridades y se crea el clima o ambiente social en el que interactua la sociedad y sus órganos públicos. Por ello es fundamental dar mayor solidez institucional y fortaleza a las entidades municipales, para que puedan organizar de manera más eficiente el esfuerzo y las potencialidades de la comunidad.
El desarrollo histórico y social de México influyó en la evolución y definió el perfil del municipio mexicano.
Primero, el mestizaje institucional y su implantación a través del brutal proceso de la conquista y luego durante la colonia; posteriormente, imprimieron su huella en esta institución los movimientos que se registraron desde la Independencia hasta la consolidación del Estado moderno, en época de la Reforma con Juárez; y finalmente, la Revolución Mexicana, que en la Constitución de 1917, consagró el principio hoy histórico e irreversible del Municipio Libre.
La historia del municipio en México es también la de la lucha de las comunidades políticas, vinculadas por los sólidos lazos de su vecindad, por el derecho a gobernarse por
sí mismas; sin menoscabo de su identidad con los propósitos del ser estatal y el ser nacional. Por ello, la historia municipal no ha concluido, pues la acelerada dinámica de la convivencia municipal demanda que evolucionen al mismo ritmo sus instituciones de gobierno y administración municipal.
Esta es la razón por la que en la actualidad y seguramente en el porvenir, el proyecto y las convicciones municipalistas siguen y seguirán siendo vigentes, de cara a impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de esta institución política fundamental, para que evolucione y madure de acuerdo con los tiempos y adquiera mayores capacidades en todos los órdenes de su ámbito.
El fortalecimiento municipal es una propuesta que mi Gobierno ha impulsado para redoblar y distribuir mejor el esfuerzo de la sociedad y sus instituciones, en favor del desarrollo del Estado y de la República, estableciendo los mecanismos adecuados y actualizados a los objetivos superiores con los que los mexicanos nos hemos comprometido para favorecer en lo social, en lo político, en lo económico y en lo administrativo a los municipios y sus ayuntamientos.
Este propósito ha exigido, entre otras decisiones, el combate permanente a las manifestaciones del centralismo político y administrativo a que pudieran aún estar sujetas las instituciones políticas municipales.
Es así que el fortalecimiento municipal, cara aspiración del Constituyente de 1917, implica hoy la modernización de las estructuras administrativas; así como la descentralización y redistribución de funciones y responsabilidades en el marco de la autonomía municipal, que como principio toral, consiste en la adopción de un gran número de decisiones públicas que pueden y deben ser tomadas en el mismo sitio en que se originan las causas que las generan, es decir, en el municipio.
La modernización del país que promueve el Presidente Carlos Salinas de Gortari, exige cambios en la forma de hacer las cosas y en la manera de resolver problemas añejos y nuevos. El Primer Mandatario ha señalado que contribuye a la modernización de México un ejercicio de la autoridad, que, sin menoscabo de la participación y del acuerdo sociales, no renuncia a sus responsabilidades de hacer prevalecer el interés general; que sostiene el estado de derecho y el imperio de la ley y defiende la seguridad y la paz pública, con respeto a las libertades y a la garantías de que goza el pueblo de México.
En el Estado de México, el Gobierno que encabezo creé que también contribuye a la modernización de México la conjugación de los esfuerzos individuales y de grupo, porque esto demuestra que cada uno tiene motivos y razones para sumar su parte a la de los demás, con sentido solidario, corresponsable, de justicia y de respeto, para así hacer frente a las nuevas realidades y retos. Por tanto, se requiere innovar para eliminar obstáculos, para desatar la iniciativa solidaria y la creatividad de los mexicanos; y para que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos fundamentales.
La modernización se inicia con la transformación de nuestros hábitos y prácticas, con la adecuación de las instituciones y de las organizaciones; con el reconocimiento de que son cada vez más frecuentes y evidentes los impulsos de individuos y organizaciones sociales para participar en las transformaciones, en quienes se advierte un enorme potencial para el cambio.
Evidentemente, los municipios no pueden ser ajenos a estas tareas e iniciativas. Por ello son el eje de la modernización y la participación social.
Consecuentemente, el Ejecutivo a mi cargo se ha propuesto que el municipio sea uno de los agentes primordiales de la modernización en la Entidad; porque el municipio es el ámbito por excelencia de expresión y de acción de la población; y porqué el Ayuntamiento es la institución depositaria de las estructuras administrativas que permiten cumplir la función pública que atiende los asuntos y servicios más cercanamente relacionados con la vida en común, ya sea en los espacios urbanos o rurales.
Modernizando las estructuras administrativas municipales se seguirá avanzando en la ruta trazada en el artículo 115 de la Constitución General de la República; y también se hará descentralizando y redistribuyendo funciones del Gobierno del Estado hacia los ayuntamientos, y de éstos hacia los diferentes sectores de la comunidad. Así, sociedad y gobierno se acercarán a la aspiración de hacer efectiva la autonomía de los municipios, considerándolos como comunidades maduras, dotadas de medios para el ejercicio de sus capacidades políticas, jurídicas y administrativas, a fin de que puedan atender eficientemente, a través de sus ayuntamientos, sus principales necesidades.
Conociendo las amplias potencialidades y el insustituible papel de la participación de la población de las comunidades que integran cada uno de los 121 municipios de la Entidad, el Ejecutivo a mi cargo se propuso desde el inicio de mi gobierno, sumar su esfuerzo y los recursos a su alcance, a los de los ayuntamientos; para contribuir, optimizándolos, a la satisfacción de necesidades colectivas y a mejorar las condiciones de la vida en común de nuestros más de 10 millones de habitantes.
Las obras y los programas que estaban en ejecución continuaron, se ampliaron y se concluyeron, o están en marcha y se han emprendido otros, de diferentes impactos y magnitudes en toda la geografía del Estado.
Este propósito, tres años después, ofrece resultados de gran aliento: hoy día prácticamente no hay lugar en el territorio del Estado en el que no se pueda testimoniar el esfuerzo colectivo empeñado en la solución de sus necesidades. Allí está presente el impulso debido a la acción pública: escuelas, caminos, servicios, entre otros, que en mayor o menor grado acreditan lo anterior en innumerables sitios.
No obstante, la dinámica social, económica y demográfica de la Entidad, producto de sus propias energías vitales y de los procesos globales que en estos rubros ha experimentado el país, particularmente en las últimas dos décadas, ocasionan que paso a paso, día tras día, se evidencien nuevos rezagos -que se acumulan, pese a los esfuerzos federales, estatales y municipales, al preexistente rezago histórico-, en la procuración de niveles mínimos de bienestar y de servicios públicos eficientes para la población de la entidad que, hoy día, es ya la más numerosa de las entidades del país.
No cabe duda que ante la suma de la anterior y la nueva problemática, los ediles de los ayuntamientos tienen que hacer frente a tareas vastas y complejas, para las que en no pocas ocasiones las experiencias anteriores, recursos disponibles, así como el marco institucional y legal vigentes, resultan insuficientes unos y desactualizados otros.
A pesar de sus limitaciones de recursos, los ayuntamientos y sus comunidades están en marcha, pero es evidente que debe fortalecerse aún más la capacidad de actuar, decidir y gestionar de los ayuntamientos; propiciar una mayor participación ciudadana en una gama más amplia de actividades y tareas de la vida pública municipal; e incrementar los mecanismos y vías de coordinación y apoyo que puede y debe aportar el Gobierno del Estado.
Consecuente con esta óptica, el Ejecutivo a mi cargo propuso a los ayuntamientos un programa de apoyo que tiene en ejecución diversas acciones: la revisión, actualización y modernización del marco jurídico de la vida municipal; la transferencia de funciones estatales; la creación de organismos municipales para la administración y prestación de servicios, y medidas concretas para el mejoramiento de éstos; acciones conjuntas para fortalecer la capacidad de planeación y control de los ayuntamientos, para profesionalizar su administración; y, desde luego, el fortalecimiento de su hacienda pública.
La decisión de emprender el diseño de un nuevo marco jurídico para el municipio del Estado de México, pretende preservar normas, valores e instituciones políticas fundamentales; al mismo tiempo, introducir innovaciones que permitan sustentar una actividad gubernamental y administrativa más eficaz y articulado, reconociendo en ese ámbito de gobierno, las nuevas demandas políticas y sociales; y propiciar un impulso más vigoroso en la formulación y construcción de los objetivos de bienestar social, cuya realización corresponde a los municipios y sus ayuntamientos.
La nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de México que someto a la consideración de esa H. Soberanía, se inscribe en el marco político de la reforma del Estado, propuesta por el Presidente Carlos Salinas de Gortari. Con este marco jurídico e institucional, la preservación y enriquecimiento de lo que ha probado ser útil y la innovación y el cambio en lo que se considera necesario, podrán favorecer de una mejor manera la armonía social, así como la autonomía y la eficiencia que el municipio demanda y cuyo desarrollo mi Gobierno impulsa.
Es evidente que los avances logrados a través de diversas reformas constitucionales, y los ordenamientos legales que regulan la vida institucional de los municipios, han enriquecido la capacidad política, económica, financiera y administrativa de los municipios de la entidad. Sin embargo, las prioridades y requerimientos actuales que viven la gran mayoría de los municipios y el Estado de México en su conjunto, tanto por los fenómenos que se registran en las zonas urbanas como por los que acontecen en las rurales, hacen necesaria la actualización y en muchos casos la renovación de los marcos jurídicos que fortalezcan y mejoren la actuación de la institución municipal, para que esté acorde con los imperativos de una realidad crecientemente compleja; pues sus numerosas facetas se han multiplicado al mismo ritmo que los requerimientos sociales a la institución municipal, cuya vida se rige por la actual Ley Orgánica Municipal, que data de 1973, hace ya casi veinte años.
Con base en estas motivaciones y razonamientos, el Ejecutivo a mi cargo, somete a la consideración de esa H. Soberanía el presente proyecto de nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de México que, en caso de ser aprobada, sustituirá a la vigente. Al presentarla al H. Congreso, cumplo con uno de los más importantes propósitos. de mi administración, como lo es actualizar los ordenamientos legales que conforman el derecho positivo del Estado, especialmente el que regula la vida municipal.
El proyecto de Ley que se somete a vuestra consideración, es el resultado de las expresiones, propuestas y recomendaciones de los diversos sectores de la población interesados en la materia. En forma especial destaco la valiosa participación de señores presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes fueron ampliamente consultados, algunos de los cuales participaron directamente en el grupo interdisciplinario constituido expresamente para la elaboración de esta iniciativa; así como la de especialistas que han enriquecido el proyecto.
Esta iniciativa de ley comprende 171 artículos, estructurados en siete títulos. Los puntos más relevantes que se contienen en la propuesta son los siguientes, y se mencionan atendiendo el orden y secuencia de los títulos y la temática del gobierno y la administración municipal.
El Título I denominado «Del municipio», lo constituyen disposiciones de carácter general, entre ellas las relativas a la naturaleza de esta Ley como ordenamiento de interés público, y su objeto referido a la regulación de las bases para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública municipales. Se agrega en este título que las atribuciones de las autoridades municipales serán las que señalan los ordenamientos federales, locales y municipales y las derivadas de los convenios que celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios.
La iniciativa incorpora a la actual relación con la denominación de los municipios, los nombres oficiales de sus respectivas cabeceras municipales.
Se simplifican los criterios y procedimientos para definir y otorgar las categorías políticas a las localidades de los municipios, así como la calidad de habitantes y vecinos de éstos.
El Título II, "De los Ayuntamientos", que regula la integración e instalación de los ayuntamientos, incluye la previsión de que en caso de que los ediles de representación proporcional, tanto el propietario como el suplente, no se presentaran a la toma de protesta del ayuntamiento electo, la exhortación se extenderá en orden descendente a los siguientes regidores de la planilla respectiva; asimismo se preserva la reciente reforma aprobada por esa Soberanía, en el sentido de que al término de la gestión administrativa del ayuntamiento saliente, éste, por conducto del presidente municipal, entregue al entrante un documento que contenga sus observaciones, sugerencias y recomendaciones en relación con la administración y gobierno municipal.
Se deja establecido que la residencia oficial del ayuntamiento será en la cabecera municipal y que solamente con la aprobación de la Legislatura ésta podrá trasladarse en forma temporal o permanente a otro lugar del territorio municipal. En los casos de cambio temporal de residencia y funcionamiento del ayuntamiento, la Diputación Permanente, en recesos de la legislatura, podrá acordar la aprobación correspondiente.
Con el fin de que la ley propuesta tenga concordancia con la Constitución Política Local y con las leyes que otorgan otras atribuciones a los ayuntamientos y amplían el ámbito de su competencia, se propone incorporar las siguientes: proponer ante la Legislatura Local iniciativas de leyes o decretos en materia municipal; concluir las obras iniciadas por administraciones anteriores y dar mantenimiento a la infraestructura e instalaciones de los servicios públicos municipales; realizar programas de institucionalización del servicio civil de carrera municipal, que permita profesionalizar y dar continuidad a los programas de la administración municipal; formular programas de organización y participación social que propicien una mayor cooperación entre autoridades y habitantes del municipio; establecer mecanismos de financiamiento para ampliar la cobertura y la eficacia de los servicios públicos municipales; así como la potestad de crear la Gaceta Municipal, como órgano de información y publicación de los acuerdos del cabildo.
Se desarrolla, clarifica y precisa el procedimiento para la realización de los actos administrativos municipales que requieren autorización de la Legislatura, entre otros, obtener créditos o empréstitos adicionales a los autorizados anualmente; enajenar bienes inmuebles del municipio o cualquier otro acto que implique transmisión de la propiedad de los mismos, su arrendamiento, comodato o usufructo, por un término que exceda al de la gestión del ayuntamiento; así como su desafectación del servicio público a que estuviesen destinados y su conversión a bienes propios o del dominio privado del municipio; y, finalmente, la aprobación de planes de desarrollo de localidades de conurbación intermunicipal.
Se conserva la normatividad de la Ley vigente en cuanto a la enajenación de bienes inmuebles, que necesariamente debe efectuarse en subasta pública, mediante un procedimiento semejante al establecido en el Código de Procedimientos Civiles para los remates judiciales, salvo que se autorice por la H. Legislatura en otra forma, pero siempre respetando el derecho del tanto.
En lo que se refiere a la donación de bienes inmuebles, solamente será operante cuando éstos se destinen a la realización de obras de interés público o beneficio colectivo.
La celebración de los contratos de obra pública y la realización de ésta deberá sujetarse obligadamente a la ley de la materia.
Por otra parte, se propone llenar la laguna existente respecto de las faltas temporales del síndico municipal, al establecerse que serán cubiertas por otro síndico cuando haya más de uno; y que, de no ser así, serán cubiertas por el miembro que designe el propio ayuntamiento.
Dentro de este título se regula lo relativo a la suspensión o desaparición de ayuntamientos, así como la suspensión o revocación del mandato de sus miembros, por parte de la Legislatura, siguiendo los principios que al efecto señala el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, adecuándose los criterios sobre causas graves, especialmente en lo que hace a la suspensión y revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento.
En el Título III, «De la Organización del Ayuntamiento, sobresale por su importancia el otorgamiento de mayores atribuciones a los presidentes municipales, al ampliarles la esfera de su competencia en los siguientes aspectos: representación jurídica del municipio; ejecución y vigilancia en el cumplimiento de los acuerdos del ayuntamiento; verificación sobre la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios, conforme a las disposiciones legales aplicables; supervisión de la administración, registro, control, uso adecuado, mantenimiento y conservación de los bienes del municipio; y mando sobre los cuerpos de seguridad pública municipal y de bomberos.
A los síndicos, se les señalan nuevas atribuciones, entre las que destacan las de tramitar y resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de resoluciones de las autoridades municipales, recaídas a los recursos de revocación y que no sean competencia de otras; funciones de contraloría interna, con el auxilio, en su caso, del órgano de control y evaluación que al efecto instituyan los ayuntamientos, señalándose con toda claridad las atribuciones en esta materia.
Se determina y puntualiza el procedimiento democrático para la elección de las autoridades auxiliares municipales, se enuncian sus principales atribuciones y también se especifican los actos que éstas no pueden realizar.
A las comisiones del ayuntamiento para el estudio, examen y resolución de los asuntos municipales se les faculta para que, previo acuerdo de cabildo, celebren reuniones públicas en las localidades del municipio para recabar la opinión de sus habitantes; llamen a los titulares de las dependencias administrativas municipales para que les informen sobre el estado que guardan los asuntos de su dependencia; e incluso soliciten asesoría externa, en aquellos casos en que sea necesario. Las comisiones deberán, además, coadyuvar en la elaboración del plan de desarrollo municipal y en su evaluación.
Se establece también que además de las comisiones permanentes del ayuntamiento, podrá haber transitorias.
Se estipula con toda precisión que la elección de los Consejos de Participación Ciudadana Municipal debe efectuarse en los plazos que establece la ley, y, en su caso, de acuerdo a los calendarios complementarios que determine el ayuntamiento, señalándose como fecha inicial el último domingo de enero del primer año de la administración municipal y como fecha límite el 21 de marzo de propio año.
La protección civil es una responsabilidad a cuya atención concurren a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores social y privado de la Entidad, ya que tiende a asegurar una adecuada atención a la población y su entorno, ante situaciones de desastre.
Bajo esta premisa se incorpora la participación de todos los sectores de la sociedad, a través de la creación de los Consejos Municipales de Protección Civil como órganos auxiliares de las autoridades, para prevenir y enfrentar eventuales casos de desastre, a través de la formación del voluntariado de protección civil.
Se amplían los cauces de participación para los vecinos, con la reestructuración de la integración y atribuciones de las comisiones de planeación para el desarrollo, adecuándose su terminología jurídica y facultando a los ayuntamientos para que al inicio de su período constitucional, las integren con presidentes de los consejos de participación ciudadana municipal y con personas representativas de la colectividad y/o que tengan un conocimiento técnico especializado de los asuntos de que éstas se ocuparán.
El Título IV, «Régimen Administrativo», contiene un capítulo que se refiere a las dependencias municipales, que son las instancias del ayuntamiento para el ejercicio delegado de sus atribuciones y responsabilidades administrativas, preservando contenido y denominación de la secretaría del ayuntamiento y la tesorería municipal, que son dependencias inscritas en la ortodoxia de la operación municipal mexicana y cuya importancia y utilidad son reconocidas ampliamente. Se prevé la facultad del presidente municipal para que previo acuerdo del ayuntamiento pueda crear, fusionar, modificar o suprimir las dependencias existentes, tomando en cuenta las necesidades y capacidad financiera de cada ayuntamiento.
Se establecen requisitos de mayor preparación para los secretarios de los ayuntamientos, ya que se considera que la complejidad de la administración pública municipal, amerita que sus funcionarios, cuenten con la experiencia, capacitación y conocimiento que les faciliten el cumplimiento de sus funciones, previéndose en consecuencia que los secretarios de los ayuntamientos cuenten con un cierto grado de estudios coherentemente con el rango del número de habitantes de los municipios.
De la misma manera, se actualizan los requisitos para ser tesorero municipal, al establecerse que deben tener los conocimientos suficientes para poder desempeñar el cargo, a juicio del ayuntamiento; y de preferencia que se trate de profesionistas de las áreas económicas o contable administrativas, con experiencia mínima en estas materias.
Para que los tesoreros municipales, al tomar posesión de su cargo, cuenten con la información y documentación contable, indispensables para llevar a cabo sus funciones, se precisa el procedimiento para la entrega- recepción de la tesorería municipal, dentro del cual resalta por su importancia, el corte de caja que practique con el tesorero saliente, quien le hará entrega, además, de los estados financieros correspondientes.
De una forma clara y precisa se consigna la integración de la hacienda pública municipal que se compondrá de los recursos materiales, financieros y tributarios con que cuente el ayuntamiento respectivo.
Por otra parte, contando los ayuntamientos con la facultad de aprobar su presupuesto de egresos, en el proyecto que se somete a su consideración se establecen los lineamientos para la elaboración de éste, debiendo estar vinculado a los objetivos y prioridades que señalen el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas.
Se retoman los principios que contiene el Código Civil del Estado sobre los bienes que conforman el patrimonio municipal, estableciéndose la clasificación de los mismos en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios o del dominio privado del municipio.
La transparencia en la aplicación correcta de los recursos del municipio debe ser vigilada por un órgano independiente de la autoridad que realiza estas actividades. Por ello, se propone facultar a los ayuntamientos, para que, si así lo determinan, puedan crear la contraloría municipal; previéndose que cuando no exista este órgano de control, las funciones respectivas serán ejercidas por el síndico del ayuntamiento, como se ha señalado con anterioridad.
Uno de los aspectos más importantes en una administración municipal moderna, es el relativo a la planeación. Por esta razón y con el objeto de que el ordenamiento municipal esté acorde con las leyes de planeación y de asentamientos humanos de la Entidad, se propone el capítulo de la planeación, que contiene todo lo relativo a la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y programas municipales.
En un capítulo especial de este título se contempla la descentralización administrativa municipal, para establecer que los ayuntamientos, para una mayor eficacia de su administración pública y en la prestación de servicios, podrán solicitar a esa Honorable Legislatura la creación de organismos públicos descentralizados; sin perjuicio de que puedan contar, dentro de su sector auxiliar, con empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos públicos.
Por la importancia que reviste la prestación de los servicios públicos municipales, se regulan los mismos respetando los principios que al efecto señala el artículo 115 de la Constitución Federal.
Se establece asimismo que los servicios público estarán a cargo de los municipios y podrán prestarse en forma directa por los ayuntamientos, sus unidades administrativas organismos auxiliares, en coordinación, en su caso, con otros municipios o con el Estado; o bien, mediante concesión particulares, regulándose en forma clara y precisa el procedimiento correspondiente.
Se incorpora al rubro de seguridad pública la existencia de cuerpos municipales de tránsito y de bomberos.
Se considera que como los servidores públicos municipales están sujetos en su actuación y funciones a las responsabilidades administrativas previstas en la ley, también debe establecerse un sistema de mérito y reconocimiento al servicio público municipal. Con tal objeto, se prevé la normatividad para el desarrollo de un sistema efectivo de capacitación de los servidores públicos municipales, especialmente de las áreas más técnicas, con la finalidad de lograr la continuidad de los programas de los ayuntamientos y en consecuencia estimular y reconocer esa actuación.
El Título V se denomina «De la Función Conciliadora y Calificadora de los Ayuntamientos».
En base a los resultados obtenidos con la creación de las oficialías conciliadoras y calificadoras, derivadas de la reciente reforma aprobada por esa H. Soberanía, al ordenamiento legal que nos ocupa, esta figura se conserva en el texto del proyecto de Ley que se somete a su consideración.
En base al principio sustentado en el artículo 169 de la Constitución Política Local, en el sentido de que las autoridades no tienen más facu1tades que las que expresamente les conceden las leyes, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción y de que deberán motivar en ley expresa cualquier resolución definitiva que dictaren, se reafirma el derecho que tienen los particulares afectados con una resolución administrativa, de poder impugnarla, mediante la interposición de los medios de defensa previstos por la ley.
En tal sentido, se simplifica y clarifica la interposición de los recursos y la sustanciación de los mismos, proponiendo que sea el síndico quien resuelva los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades municipales en el recurso de revocación, excepto las del presidente municipal, que serán competencia del ayuntamiento.
El Título VI, «De la Reglamentación Municipal», determina la vigencia y el ámbito de aplicación del Bando municipal, los reglamentos y demás disposiciones de observancia general que emanen del ayuntamiento.
Se precisan los contenidos mínimos del Bando municipal que se promulgará en acto solemne y se difundirá, en su caso, mediante ediciones de amplia circulación, determinándose la aplicación del principio de publicidad legal de todos los demás ordenamientos de observancia general en el municipio, los cuales, para que tengan vigencia, deberán publicarse por Bando o en la Gaceta Municipal, en el caso de que alguno decida crearla, o en la Gaceta del Gobierno del Estado.
En cuanto a las sanciones por infracciones a los ordenamientos municipales, se actualizan éstas, adaptándose el criterio de fijar las multas en equivalencias de salarios mínimos, en lugar de cantidades en pesos, para prevenir su actualización automática y evitar su desfasamiento.
Finalmente, en el Título VII, «De los Servidores Públicos Municipales» , y con el fin de precisar el criterio sustentado por la Constitución Política del Estado, y también para efectos de responsabilidad administrativa, se precisa quiénes son servidores públicos municipales; lo que permitirá aplicar, en su caso, las sanciones correspondientes a todo aquel servidor que no observe las prescripciones sobre legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Se vive una época caracterizada por la intensidad y magnitud de los cambios en la realidad social, muchas veces generados por procesos cuya dinámica proviene de la sociedad, frente a los cuales los diferentes órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal han de ser atentos y receptivos, a fin de que se de una total consonancia entre las aspiraciones sociales y la voluntad política de las diversas instancias gubernamentales. Aquí en el Estado de México que conforma a la entidad federativa más poblada del país y una de las que registra los índices más altos de urbanización, esta fenomenología forma parte de las vivencias cotidianas de sus habitantes.
Hoy, más que en otras épocas del desarrollo del Estado de México, el tejido social, como trama y urdimbre formada por las vinculaciones entre los hombres, los grupos y las fuerzas sociales, ha pasado a configurar un entorno político más demandante y participativo; pero también más responsable y solidario.
Los cambios en la esfera material de la ciudad y del campo han transformado la cantidad y calidad de las demandas ciudadanas, que han pasado a incidir particularmente en las estructuras de los gobiernos municipales. Representan por tanto, uno de los principales desafíos que enfrenta esta institución clave y básica en el contexto de la vida republicana y de las organizaciones políticas y administrativas.
La descentralización de facultades administrativas y la desconcentración de los recursos requeridos para el ejercicio de las funciones de gobierno, constituyen una exigencia del desarrollo y equilibrio político y un requisito para una administración estatal y municipal eficiente y eficaz; sensible y oportuna frente a las necesidades del pueblo que elige a sus autoridades.
En ese sentido se orientan la finalidad y propósitos de la iniciativa de ley que se presenta para el examen y aprobación de esa Soberanía. Se pretende, como se ha dicho, dotar a los municipios de facultades decisivas que les permitan, al amparo de un marco jurídico más amplio y moderno, encontrar en él un estímulo y apoyo a sus tareas; y que, al mismo tiempo posibilite una mayor incorporación de la ciudadana en las acciones que la sociedad requiere.
La voluntad del constituyente fue clara con respecto al municipio, al expresar en voz del Dip. Fernando Lizardi: «... hemos venido a luchar por la libertad municipal, toda vez que el municipio es la primera expresión política de la libertad individual y que la libertad municipal es la base de nuestras instituciones sociales». Esta aspiración histórica, s e ha constituido hoy en el eje de una estrategia de movilización en torno a objetivos de modernización, sin cuyo logro sería imposible integrarnos al proceso de cambios que demandan los tiempos actuales.
Una manera de ser fiel a los alientos municipalistas de la Constitución General de la República, es la motivación que ha tenido el Ejecutivo a mi cargo para presentar, con lealtad a su vocación, valores y principios, esta iniciativa con la que mi Gobierno pretende dar plena vigencia a la reforma municipal, para dinamizar y modernizar las instituciones que nos ocupan y revitalizar la relación Estado sociedad.
En razón de lo expuesto, someto a la alta consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, el Proyecto de Decreto que a continuación se inserta, a fin de que si lo estiman correcto y adecuado, se apruebe en sus términos.
El Ciudadano LICENCIADO IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
LA H. “LI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 2.- Las autoridades municipales tienen las atribuciones que les señalen los ordenamientos federales, locales y municipales y las derivadas de los convenios que se celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios.
ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA VILLA DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA
CUAUTITLÁN IZCALLI CIUDAD CUAUTITLÁN IZCALLI
Jocotitlán Ciudad de Jocotitlán
NICOLAS ROMERO CIUDAD NICOLÁS ROMERO
Artículo 15.- Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Artículo 16.- Los Ayuntamientos se renovarán cada tres años, iniciarán su periodo el 1 de enero del año inmediato siguiente al de las elecciones municipales ordinarias y concluirán el 31 de diciembre del año de las elecciones para su renovación; y se integrarán por:
Artículo 17.- Dentro de los primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, el ayuntamiento se constituirá solemnemente en cabildo, a efecto de que el presidente municipal rinda un informe por escrito y en medio electrónico del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio.
El Ayuntamiento brindará las facilidades necesarias a fin de que se lleve a cabo la toma de protesta.
A continuación se procederá a la suscripción de las actas y demás documentos relativos a la entrega-recepción de la administración municipal, con la participación de los miembros de los ayuntamientos y los titulares de sus dependencias administrativas salientes y entrantes, designados al efecto; la cual se realizará siguiendo los lineamientos, términos, instructivos, formatos, cédulas y demás documentación que disponga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para el caso, misma que tendrá en ese acto, la intervención que establezcan las leyes. La documentación que se señala anteriormente deberá ser conocida en la primera sesión de Cabildo por los integrantes del Ayuntamiento a los cuales se les entregará copia de la misma. El ayuntamiento saliente, a través del presidente municipal, presentará al ayuntamiento entrante, con una copia para la Legislatura, un documento que contenga sus observaciones, sugerencias y recomendaciones en relación a la administración y gobierno municipal.
La inasistencia de alguno de los integrantes del ayuntamiento saliente o entrante, no será obstáculo para que se lleve a cabo el acto de entrega-recepción, para lo cual, el síndico o primer síndico saliente será responsable de entregar; y el síndico o primer síndico entrante, el responsable de recibir; en ausencia de éstos, cualquier servidor público que designe el titular de la Contraloría Municipal para el caso de la administración saliente y un representante de la administración que recibe designado por el Presidente Municipal entrante; sin otra responsabilidad administrativa relacionada con el acto.
El ayuntamiento saliente realizará las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la presente ley, en caso de incumplimiento, se hará del conocimiento de la Contraloría del Poder Legislativo y de las autoridades competentes del Estado, quienes determinarán si existe o no responsabilidad administrativa disciplinaria.
Artículo 20.- La ausencia de alguno o algunos de los miembros del ayuntamiento saliente en los actos de protesta y toma de posesión, no podrán impedir la celebración de éstos, en cuyo caso el presidente entrante realizará tales actos ante el presidente o cualquier otro miembro del ayuntamiento saliente; o en ausencia de éstos, ante el representante designado por el Ejecutivo del Estado.
Cuando uno o más miembros del ayuntamiento entrante no se presenten a rendir su protesta de ley sin justa causa, el presidente municipal o el representante del Ejecutivo exhortarán a los miembros propietarios que fueron electos para dichos cargos, a que se presenten en un término máximo de tres días; de no concurrir éstos en ese plazo, se llamará a los suplentes, para sustituirlos en forma definitiva.
Artículo 23.- Cuando no se verifiquen o se declaren nulas las elecciones de algún ayuntamiento, el Gobernador del Estado propondrá a la Legislatura o a la Diputación Permanente, la designación de un ayuntamiento provisional, que actuará hasta que entre en funciones el ayuntamiento electo.
Artículo 25.- Los ayuntamientos provisionales, las juntas y consejos municipales, se instalarán con las formalidades y procedimientos previstos en esta Ley y tendrán las atribuciones que la ley le confiere a los ayuntamientos constitucionales de elección popular.
Los ayuntamientos podrán celebrar sesión por lo menos dos veces al año fuera de la cabecera municipal en localidades del interior del municipio, para lo cual existirá acuerdo de cabildo.
Para lo cual los Ayuntamientos deberán expedir o reformar, en su caso, en la tercera sesión que celebren, el Reglamento de Cabildo, debiendo publicarse en la Gaceta Municipal.
Las sesiones de los ayuntamientos serán públicas y deberán transmitirse a través de la página de internet del municipio.
Los ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando menos bimestralmente.
El cabildo en sesión abierta es la sesión que celebra el Ayuntamiento, en la cual los habitantes participan directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de discutir asuntos de interés para la comunidad y con competencia sobre el mismo.
En este tipo de sesiones el Ayuntamiento escuchará la opinión del público que participe en la Sesión y podrá tomarla en cuenta al dictaminar sus resoluciones.
El Ayuntamiento deberá emitir una convocatoria pública quince días naturales previos a la celebración del Cabildo en sesión abierta para que los habitantes del municipio que tengan interés se registren como participantes ante la Secretaría del Ayuntamiento.
Para la celebración de las sesiones se deberá contar con un orden del día que contenga como mínimo:
a) Lista de Asistencia y en su caso declaración del quórum legal;
b) Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;
c) Aprobación del orden del día;
d) Presentación de asuntos y turno a Comisiones;
e) Lectura, discusión y en su caso, aprobación de los acuerdos; y
Los ayuntamientos no podrán revocar sus acuerdos sino en aquellos casos en que se hayan dictado en contravención a la Ley, lo exija el interés público o hayan desaparecido las causas que lo motivaron, y siguiendo el procedimiento y las formalidades que fueron necesarios para tomar los mismos, en cuyo caso se seguirán las formalidades de ley.
Artículo 30. Las sesiones del ayuntamiento serán presididas por el presidente municipal o por quien lo sustituya legalmente; constarán en un libro que deberá contener las actas en las cuales deberán asentarse los extractos de los acuerdos y asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando se refieran a reglamentos y otras normas de carácter general que sean de observancia municipal estos constarán íntegramente en el libro de actas debiendo firmar en ambos casos los miembros del Ayuntamiento que hayan estado presentes, debiéndose difundir en el Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento. De las actas, se les entregará copia certificada en formato físico o electrónico a los integrantes del Ayuntamiento que lo soliciten en un plazo no mayor de ocho días hábiles. Los documentos electrónicos en el que consten las firmas electrónicas avanzadas o el sello electrónico de los integrantes del Ayuntamiento tendrá el carácter de copia certificada.
Todos los acuerdos de las sesiones que no contengan información clasificada y el resultado de su votación, serán difundidos cada mes en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los datos de identificación de las actas que contengan información clasificada, incluyendo en cada caso, el fundamento legal que clasifica la información.
Para cada sesión se deberá contar con una versión estenográfica o videograbada que permita hacer las aclaraciones pertinentes, la cual formará parte del acta correspondiente. La versión estenográfica o videograbada deberá estar disponible en la página de internet del Ayuntamiento y en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento.
Artículo 30 Bis.- El Ayuntamiento, para atender y en su caso resolver los asuntos de su competencia, funcionará en Pleno y mediante Comisiones.
Asimismo, en el ejercicio de sus atribuciones se apegará a su Reglamento Interior, el cual deberá aprobarse en términos del artículo 27 de la presente Ley.
El Reglamento Interior del Ayuntamiento y las demás disposiciones reglamentarias municipales deberán ajustarse a los siguientes criterios:
a) Flexibilidad y Adaptabilidad.- Se debe prever la posibilidad de que el Reglamento se adapte a las condiciones sociopolíticas, culturales, e históricas del municipio, para resolver de manera pronta y expedita los requerimientos de la comunidad.
b) Claridad.- Para su correcta y eficiente aplicación, el Reglamento debe ser claro y preciso, omitiendo toda ambigüedad en su lenguaje.
c) Simplificación.- Debe ser conciso, atendiendo únicamente al tema que trate su materia.
d) Justificación Jurídica.- La reglamentación municipal solamente debe referirse a las materias permitidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las Leyes Federales y Estatales que de ellas emanen.
I. Ter. Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia o permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos sanitarios, ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia, mismo que deberá publicarse dentro de los primeros 30 días naturales de cada Ejercicio Fiscal y será aplicable hasta la publicación del siguiente catálogo.
El otorgamiento de la licencia o permiso a que hace referencia el párrafo anterior, en ningún caso estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;
I. Sextus. Formular, aprobar, implementar y ejecutar los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas en los conflictos laborales;
I. Septimus. Conocer y en su caso aprobar las acciones que en materia de terminación o recisión de las relaciones de trabajo se presenten;
XIX. Aprobar anualmente a más tardar el 20 de diciembre, su Presupuesto de Egresos, en base a los ingresos presupuestados para el ejercicio que corresponda, el cual podrá ser adecuado en función de las implicaciones que deriven de la aprobación de la Ley de Ingresos Municipal que haga la Legislatura, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y estatales.
Si cumplido el plazo que corresponda no se hubiere aprobado el Presupuesto de Egresos referido, seguirá en vigor hasta el 28 o 29 de febrero del ejercicio fiscal inmediato siguiente, el expedido para el ejercicio inmediato anterior al de la iniciativa en discusión, únicamente respecto del gasto corriente.
Los ayuntamientos podrán promover el financiamiento de proyectos productivos de las mujeres emprendedoras.
XXI Ter. Promover, desarrollar, vigilar y evaluar en su municipio, los programas en materia de protección civil;
a). Prevención
b). Auxilio
c). Recuperación
Con el objetivo de fomentar la educación, la prevención y los conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio, presentándose para su registro ante la Secretaría General de Gobierno.
XXIII. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente; así como generar las acciones necesarias a fin de crear áreas verdes que permitan mejorar la calidad de vida y convivencia social de los habitantes del municipio, establecidos como espacios públicos de conservación ambiental.
XXIV Quáter. Otorgar licencias y permisos para construcciones privadas, para el funcionamiento de unidades económicas o establecimientos destinados a la enajenación, reparación o mantenimiento de vehículos automotores usados y autopartes nuevas y usadas, parques y desarrollos industriales, urbanos y de servicios.
Tratándose de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que requieran Dictamen Único de Factibilidad, la licencia o permiso correspondiente deberá otorgarse, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de que le sea presentado el Dictamen Único de Factibilidad correspondiente, siempre y cuando el solicitante haya presentado el oficio de procedencia jurídica a más tardar diez días hábiles posteriores a la fecha de su recepción;
XXIV. Quinques. Otorgar licencia de funcionamiento, previa presentación del Dictamen Único de Factibilidad, a las unidades económicas que tengan como actividad complementaria o principal la venta de bebidas alcohólicas. Esta licencia tendrá una vigencia de cinco años y deberá ser refrendada de manera anual, con independencia de que puedan ser sujetos de visitas de verificación para constatar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.
Para el refrendo anual no es necesario obtener un nuevo Dictamen Único de Factibilidad, siempre y cuando, no se modifiquen la superficie de la unidad económica, su aforo o su actividad económica;
XXV Bis. Participar en la prevención y atención a las adicciones, en términos de lo dispuesto en la Sección Cuarta del Capítulo Quinto del Título Tercero del Libro Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Con el objeto de combatir el alcoholismo, los Ayuntamientos y las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, no autorizarán la instalación de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o por copeo, que se ubique en un radio no menor de 300 metros de centros escolares, instalaciones deportivas o centros de salud; para lo cual, las autoridades realizarán las inscripciones correspondientes en los planes municipales de desarrollo urbano.
XL. Los municipios de manera libre decidirán si tienen oficialías mediadoras-conciliadoras en funciones separadas o en conjunto;
Artículo 34.- La solicitud de autorización, para realizar cualquiera de los actos señalados en el artículo que precede, y los demás que señale la ley, deberá enviarse por conducto del Ejecutivo, a la que agregará íntegramente los documentos, justificaciones necesarias y, en su caso, el dictamen técnico correspondiente que le haya remitido el ayuntamiento en su petición; además, acompañará el Dictamen de Procedencia que emita, a través de la dependencia competente en el ramo de que se trate, y que recaerá exclusivamente en la petición municipal, sin prejuzgar sobre la autorización.
IV. La documentación que acredite la propiedad del inmueble;
Artículo 36. Las enajenaciones de bienes inmuebles propiedad de los municipios y sus organismos auxiliares, una vez realizada la desincorporación, se efectuarán a través de subasta pública, en los términos de lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.
Artículo 38.- La celebración de contratos y la realización de obra pública se sujetarán a la ley de la materia.
Artículo 39.- Los Ayuntamientos podrán enajenar a título oneroso o gratuito, bienes inmuebles propiedad del municipio, así como realizar los demás actos jurídicos respecto a ellos, señalados en la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios, cumpliendo con los requisitos establecidos en la misma, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las faltas temporales que no excedan de quince días naturales se harán del conocimiento del Ayuntamiento sin que se requiera acuerdo de cabildo para autorizarlas, hasta por tres ocasiones, durante su periodo constitucional. Las faltas temporales que excedan de quince días naturales serán aprobadas por el Ayuntamiento cuando exista causa justificada. Se consideran causas justificadas para separarse del cargo las siguientes:
a) Para ocupar otro empleo, cargo o comisión en la administración pública municipal, estatal o federal o en organismos autónomos, desconcentrados o descentralizados de cualquiera de los tres niveles de gobierno.
b) Para enfrentar un proceso penal, siempre y cuando el solicitante se encuentre sujeto a prisión preventiva.
c) Para contender como candidato en un proceso electoral federal o local.
d) Por imposibilidad física o mental de carácter temporal debido a enfermedad.
e) Aquellas otras que por su naturaleza sean consideradas por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento deberá resolver las solicitudes de licencia que excedan de quince días o las definitivas, a más tardar dentro de los ocho días siguientes a la solicitud en sesión de Cabildo. En caso de que el ayuntamiento no resuelva en el plazo señalado en este párrafo, se tendrá por aprobada la solicitud de licencia.
Artículo 41.- Las faltas temporales del presidente municipal, que no excedan de quince días, las cubrirá el secretario del ayuntamiento, como encargado del despacho; las que excedan de este plazo y hasta por 100 días serán cubiertas por un regidor del propio ayuntamiento que se designe por acuerdo del cabildo, a propuesta del presidente municipal, quien fungirá como presidente municipal por ministerio de ley.
Las faltas de los regidores no se cubrirán, cuando no excedan de quince días y haya el número suficiente de miembros que marca la ley para que los actos del ayuntamiento tengan validez; cuando no haya ese número, o las faltas excedieran el plazo indicado, se llamará al suplente respectivo.
Para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos, serán llamados los suplentes respectivos. Si faltase también el suplente para cubrir la vacante que corresponda, la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, designará a los sustitutos.
Las faltas de los servidores públicos titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que no excedan de quince días naturales, se cubrirán conforme se establezca en el reglamento municipal respectivo, o en su caso, con la designación que realice el servidor público que se deba ausentar. En cualquier caso la designación será con el carácter de encargado del despacho y con la aprobación del presidente municipal.
Las faltas temporales que excedan de quince días naturales pero no de sesenta, serán aprobadas por el ayuntamiento en sesión de Cabildo a propuesta del presidente municipal.
Si la falta temporal se convierte en definitiva, se procederá conforme lo dispone el artículo 31 fracción XVII de esta Ley.
Para desempeñarse como encargado de despacho, es necesario reunir los mismos requisitos señalados en el reglamento respectivo para ser titular de las dependencias del ayuntamiento.
Ninguna dependencia o entidad municipal podrá tener un encargado de despacho por un plazo que exceda de sesenta días naturales.
De la Suspensión y Desaparición de Ayuntamientos de
la Suspensión o Revocación del Mandato de
alguno de sus Miembros
Artículo 44.- Son motivo de suspensión de un ayuntamiento o de algunos de sus miembros las siguientes causas graves:
IV. Realizar actos que impliquen violaciones sistemáticas a los planes y programas o perjuicio a los recursos de la administración pública estatal o del municipio, así como aquéllos que no le sean permitidos por la ley o que requieran de formalidades específicas;
De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento,
sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Organos de