Source: http://grupolacolina.blogspot.com/2017/01/
Timestamp: 2017-10-23 22:39:06
Document Index: 166604277

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 70', 'artículo 26', 'artículo 13', 'artículo 237', 'artículo 187', 'artículo 328']

Grupo La Colina: enero 2017
Súmate solicitó al TSJ que ordene al CNE convocar de inmediato las elecciones regionales
lapatilla.com |
Ante el desacato de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el incumplimiento de los artículos 160 y 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que les obligan a realizar Elecciones cada cuatro años para Gobernadores y Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales en los 23 estados del país, y por no haberlo hecho en diciembre de 2016, cuando correspondía, ya que estos funcionarios fueron electos el 16 de diciembre de 2012; Súmate introdujo el pasado 20 de diciembre un Amparo Constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que “ordene la convocatoria y celebración inmediata de las elecciones de Gobernadores y Gobernadoras, así como la de los Legisladores y Legisladoras de los Consejos Legislativos Estadales.”
En este recurso extraordinario, la Asociación Civil alega que los rectores del CNE además de estar en desacato del cumplimiento de los artículos 160 y 162 de la Constitución, también están violando los derechos a elegir y ser elegido, como el de participar libremente en los asuntos públicos, consagrados en los artículos 5, 6, 39, 62, 63, 70 y 293 del texto constitucional; al no haber celebrado las elecciones de Gobernadores y Legisladores Estadales en diciembre de 2016.
Agrega que al no haber convocado las elecciones regionales, el CNE está truncando los derechos de los electores a la participación libre, base de nuestra democracia participativa y protagónica y, al mismo tiempo, los obliga a ser gobernados por un funcionario por más tiempo del establecido en la Constitución, así como que éstos últimos ejerzan el cargo por más tiempo para el cual fueron electos; además de afectar a los ciudadanos que desean postularse a estos cargos de elección popular, pudiendo inclusive acortarle el período de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales.
En este Amparo Constitucional, Súmate indica que por el hecho de no haber realizado las elecciones regionales en diciembre de 2016, el CNE igualmente desacata el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, que exige que no se altere la uniformidad de los períodos constitucionales.
Súmate presenta como prueba de “…que el directorio del Consejo Nacional Electoral, mantiene una conducta sistematizada, reiterativa en la violación flagrante de los preceptos constitucionales, así como las leyes electorales y otras leyes, sin distingo de causas y razones…” el anuncio de la Rectora Tibisay Lucena, el pasado 18 de octubre de 2016 de que “Las elecciones regionales fueron establecidas (por el CNE) para finales del primer semestre del 2017…” publicado en su portal web cne.gob.ve, lo cual ha ocasionado “…un daño cierto y consumado…” que califica de irreversible, “ya que el tiempo transcurrido es imposible de recuperar y en consecuencia será de imposible reparación…”
A este daño irreparable, la ONG reitera que el CNE tampoco ha dado muestras de ejecutar actividades claves para realizar estas elecciones a finales del primer semestre de 2017 porque “…a la fecha no ha cumplido con ninguna de las actividades previas a cualquier elección tales como: Jornadas de Actualización e Inscripción del Registro Electoral, determinación y publicación de las Circunscripciones Electorales, notificación de Miembros de Organismos Electorales Subalternos, Capacitación y acreditación de los Miembros de las Juntas Electorales Regionales, Metropolitanas y Municipales; Adecuación de las sedes de los Organismos Electorales Subalternos, Catastro de Centros de Votación, Postulaciones, entre otras.”
Rectores del CNE estarían incursos en delito previsto por Ley Contra la Corrupción
En este Recurso extraordinario, Súmate advierte que luego del anuncio comunicacional, público y notorio del pasado 18 de octubre de 2016 de que “Las elecciones regionales fueron establecidas para finales del primer semestre del 2017…” se ha producido una concesión de seis meses más al período constitucional de 4 años de los actuales 23 Gobernadores y 237 Legisladores Estadales, por lo cual los rectores del CNE podrían estar incursos en el delito previsto en el artículo 70 de la Ley Contra la Corrupción: “El funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de un (1) año a tres (3) años.”.
Solicitud para que notifique al Ministerio Público investigue a Rectores del CNE
Después de haber agotado las vías administrativas, con el envío de numerosas cartas a los rectores del CNE (15 de marzo de 2016, 24 de mayo de 2016, 12 de julio de 2016 y 30 de agosto de 2016), sin que fueran respondidas o consideradas; Súmate alega que decidió acudir a la Sala Constitucional, “con un recurso extraordinario para alcanzar una tutela judicial efectiva, expedita y sin dilaciones indebidas, tal como lo establece el .” En este recurso extraordinario, la ONG además de solicitar la anulación del efecto de la decisión del CNE del 18 de octubre de 2016 y la convocatoria inmediata de las elecciones de Gobernadores y Legisladores de los Consejos Legislativos Estadales; pide que notifique al Ministerio Público de los hechos denunciados, con el fin de que investigue y determine la responsabilidad penal de los rectores del CNE, acorde con lo dispuesto en los artículos 25 y 29 de la Constitución.
Más de un mes en espera de la decisión del TSJ
Súmate denuncia la dilación en la oportuna respuesta por parte de la Sala Constitucional del TSJ al Amparo que introdujo el pasado de 20 de diciembre de 2016, porque de acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debió fijar en 4 días continuos (96 horas), luego de la presentación del recurso, que las partes expresaran sus respectivos argumentos.
La ONG hace del conocimiento público que desde la fecha de la introducción del Amparo Constitucional para que ordene al CNE convocar de inmediato las elecciones regionales, ya han transcurrido 41 días y el TSJ sigue sin pronunciarse al día de hoy (31 de enero de 2017), violando lo dispuesto en elartículo 13 de esta misma legislación: “…Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro asunto.”
Aunque reconoce que el pasado 10 de enero de este año (después de 21 días continuos), la Sala Constitucional dio entrada a este Amparo Constitucional designando como ponente a la Magistrado Gladys Gutiérrez, no lo hizo de acuerdo con lo previsto en el que estipula que el Presidente de la Sala debe designar un Magistrado ponente dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrada al asunto, además de que las ponencias deben ser asignadas en estricto orden de entrada.
Además, el TSJ dio prioridad a otros recursos incoados, entre ellos por el Presidente de la República (Sentencia Nº 1 del 06 de enero de 2017 de recurso introducido el 24 de diciembre de 2016 contra Ley Orgánica del Ambiente aprobada por la AN; Sentencia Nº 3 del 11 de enero de 2017 de Recurso de Interpretación del artículo 237 constitucional introducido el 6 de Enero de 2017; Sentencia Nº 4 del 19 de enero de 2017 que declara la constitucionalidad del Decreto n° 2.667 sobre el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, introducido el 17 de enero; Sentencia Nº 6 del 20 de enero de 2017, de recurso de interpretación del artículo 187.15 constitucional, introducid0 el 18 de enero) y del Jefe de la fracción parlamentaria del PSUV Héctor Rodríguez (Sentencia Nº 2 del 11 de enero de 2017 de recurso de nulidad de los Actos Parlamentarios realizados el 05 y el 09 de enero de 2017 por la AN, introducido el 6 de Enero 2017; Sentencia Nº 7 del 26 de enero de 2017 de recurso de nulidad por inconstitucionalidad del acto parlamentario aprobado por la AN del 09 de enero de 2017, sobre abandono del cargo del Presidente de la República, iintroducida el 10 de enero) y del diputado del PSUV Víctor Clark (Sentencia Nº 12 del 31 de enero de 2016 de recurso de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos, del acto en el que de la AN declaró la responsabilidad política del Presidente de la República.)
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¿GANARÍA LA OPOSICION LAS ELECCIONES DE GOBERNADORES?
Enero está por terminar y aún no existe cronograma para las elecciones regionales que, por mandato constitucional, debían celebrarse en 2016. Cuando en octubre del año pasado el CNE aplazó esta consulta, “prometió” que la misma se realizaría durante el primer semestre de 2017. Sin embargo, enero se extingue; y ya se va haciendo tarde, dicen los expertos en la materia.
El Gobierno no quiere elecciones porque sabe que las perdería, se escucha a vox populi. Y tal sentencia tiene asidero si uno le echa un vistazo a los estudios de opinión. En ellos encontramos que la situación del Gobierno en materia electoral es tan precaria, que a muchos les lleva a pensar en la expresión popular: “no ganan ni la elección de la reina del pueblo”. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto? Analicemos algunos puntos pensando en unas hipotéticas regionales.
La última prueba tangible de la debilidad electoral del régimen la encontramos en las parlamentarias de diciembre 2015. En estos comicios, el resultado del voto nacional fue de aproximadamente 58% para la oposición contra 42% del PSUV. Si aquellas elecciones hubiesen sido para elegir gobernadores de estados, la oposición habría ganado en 16 entidades y el oficialismo en 7. Examinando el resultado del voto nacional, encontramos que el éxito de la oposición no se basó en un crecimiento electoral, sino en mantener encendido el ánimo de sus afectos y llevarlos a las urnas de votación ?la MUD alcanzó poco más de 400 mil votos adicionales a los obtenidos en las presidenciales 2013. Por el contrario, la crisis económica debilitó el voto oficialista, cuya dirigencia no pudo evitar que alrededor de 2 millones de simpatizantes rojos se abstuvieran. Entonces, en aquel momento la fortaleza de la oposición consistió en dos factores: mantener vivo el ánimo de sus afectos y la imposibilidad del adversario en evitar el desánimo de los suyos.
Pensemos ahora en el primer trimestre de 2017. Si intentamos establecer en qué condiciones se realizarían en estos meses unas hipotéticas elecciones regionales, debemos repasar los aspectos claves que, como ya comentamos, jugaron un rol clave en 2015. Entonces nos preguntamos: ¿qué ha pasado con la legión oficialista que en aquel momento se abstuvo? Y, ¿qué ha pasado con la legión opositora y el fervor que les llevó a los centros de votación? Pues, en el primer caso, ese grupo no ha hecho sino aumentar, alejándose cada vez más de las aguas de la “revolución”. Punto para la oposición. Con respecto a la segunda pregunta, la respuesta se divide en dos: primero, la intención de voto nacional ha aumentado de 58% a 65% en los últimos doce meses ?otro punto para la oposición?; sin embargo, a raíz de los acontecimientos de los últimos dos meses, el ánimo opositor se encuentra en un nivel realmente bajo.
Imaginen por un momento que la dirigencia opositora no retoma el camino de canalizar, de manera eficiente, el malestar que con respecto a la situación del país invade tanto a quienes abiertamente le apoyan, como a aquellos que electoralmente podrían estar tentados a apoyarles, aunque sea de manera circunstancial. Imaginen también que el Gobierno asesta golpes importantes a la moral del adversario, disminuyéndole aún más ante los ojos de sus seguidores. Imaginen entonces que el CNE hace de nuevo alarde de su ya probado timing para empastelar la dinámica de una Unidad que ya transita momentos complejos. ¿No cabe pensar que ante tal escenario las ventajas opositoras en el terreno electoral podrían verse neutralizadas, y el Gobierno entonces mostrarse competitivo en más estados que los que debería? ?Algunas entidades tradicionalmente “rojas” que ganó la oposición por márgenes estrechos en las Parlamentarias 2015, como por ejemplo Amazonas, Falcón y Sucre, registraron una abstención significativamente por debajo del promedio nacional. Una pequeña merma en el “ánimo” opositor en esas entidades compromete de inmediato una hipotética victoria de la MUD.
La buena noticia es que para la oposición resulta sencillo rescatar la confianza ?o al menos la voluntad electoral? de quienes adversan al régimen. Para ello solo necesita coherencia en sus acciones y demostrar que por sobre los intereses personales, están los intereses colectivos, los intereses de un país. Sencillo, ¿no?
Mientras consideres como adversarios a los de tu propia acera, por encima de los de la acera de enfrente, el perro seguirá obcecado en morder su cola.
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La dirigencia de la oposición venezolana no ha estado muy acertada en los últimos tiempos. Sé que estoy siendo benevolente con las palabras. Nótese que digo "dirigencia" y no "liderazgo", por razones a las que haré referencia en otro artículo próximamente. Pero vamos a lo de hoy.
Han cometido varios errores, pero hay uno que es demasiado sobresaliente. Voy por partes.
La total e inmensa arrechedumbre en la que están sumidos los venezolanos de bien que con toda razón se oponen y rechazan el maquiavélico régimen venezolano, viene dada en buena medida por las inconsistencias e incongruencias de quienes han venido asumiendo la conducción de la lucha política desde la oposición.
Ese gran volumen de gente, que anda por el 90% del país hoy, le otorgó su confianza a unos señores cuyo mérito principal es haber ganado las elecciones del 6 de diciembre de 2015, lográndose la victoria más contundente que el descontento haya logrado en los últimos 18 años.
Una victoria que, si bien es cierto que es atribuible al desarrollo de una apropiada estrategia en la cual el ingrediente principal fue el de mantenerse unidos, no es menos cierto que no hubiera sido posible sin la generosa ayuda de la catastrófica gestión de este gobierno.
El error más comentado últimamente y que explicaría el "por qué estamos cómo estamos" es que, en Octubre del año pasado, en el mejor momento de activación de calle habido en años, los dirigentes de la MUD tuvieron la brillante, espontánea y silvestre idea de ir a dialogar con el gobierno.
Cosa que no hubiera sido mayormente grave, si es que con ello no hubieran también decidido desactivar (mejor dicho, suspender) las movilizaciones de calle.
Este error explica que el intento reciente de realizar una marcha en una fecha tan simbólica como el 23 de enero resultara en un total fracaso.
Sin embargo, esto no es lo único. También en Octubre, la Asamblea Nacional declaró el rompimiento del hilo constitucional por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, la representación del pueblo nos dijo que estamos en dictadura. Nada trivial.
El asunto es... ¿qué es lo que ha hecho con esta declaración la oposición? ¿De qué nos ha servido a los venezolanos que se nos anunciara que estamos en dictadura? ¿Cuál es la nueva estrategia que se ha debido elaborar para combatir una dictadura y ya no un simple gobierno catalogado, con todos sus bemoles, como democrático? ¿Cómo entran a jugar coherentemente los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución en esta nueva dinámica?
La respuesta general a todo esto es la nada. Se olvidaron del asunto.
No contentos con esto, recientemente ahora, en Enero, la Asamblea Nacional declara el "abandono del cargo" del Presidente de la República. Razones las hay. Basta ver el estado en el que se encuentra Venezuela para entender que este pedazo de tierra bendita fue abandonado por quienes deberían cuidarlo.
Repitiendo el error anterior, han pasado varias semanas y nadie le ve continuidad alguna a esta medida. ¿Otro saludo a la bandera? ¿Alguna convocatoria para que los venezolanos en masa refrendemos esta declaratoria? Las inconsistencias siguen y no parecen finalizar.
Pero hay un hecho adicional que es probablemente el error más costoso en todo este período. Uno que por más explicación que se le pueda buscar, no se le encuentra.
Comenzando el mes de Febrero de 2016, escribí un artículo llamado "Piedra de Tranca". Veníamos saliendo de la gran victoria del 6D, la fuerza de la oposición parecía imparable y el régimen venezolano se veía golpeado. Mejor momento para avanzar, imposible.
En ese artículo me refería al tema del Tribunal Supremo de Justicia - TSJ. Hacía muy poco, escasamente algo más de un mes y medio, el chavismo había nombrado bajo procedimientos totalmente irregulares, inconstitucionales e ilegales, una serie de magistrados "express".
Todos sabíamos que el gobierno procuraría utilizar el TSJ para obstaculizar el desarrollo de la Asamblea Nacional.
Mi artículo en referencia hablaba de establecer, de inmediato, una estrategia clara para anular esos nombramientos y modificar ese TSJ. De remover esa 'piedra de tranca' que se nos venía, cómo de hecho se nos vino...
El momento era el indicado para ir a un choque de poderes. Al choque de trenes. AN y TSJ. A la confrontación, contando no sólo con la razón sino con el apoyo de la amplia mayoría de venezolanos que dieron su voto para que obtuviéramos 112 diputados.
Lo que paso después es, lamentablemente, historia conocida. La AN inició tímidamente y tarde un proceso para anular los nombramientos.
Se nombró una Comisión, casi que como un acto burocrático. Hasta el sol de hoy no hemos visto resultado alguno. El mismo TSJ sigue allí muy campante, tranquilo y sin riesgo de amenaza, obstaculizando cada acción de la AN.
Peor aún, ni siquiera nuestros diputados nos han entregado cuentas a los venezolanos del por qué... ¡un año después!... este tema nunca se atendió con la urgencia y la importancia que se merecía.
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CARTA DE UN COMPAÑERO COOPERANTE
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Es de vida o muerte dar por terminado este diálogo
Todo proceso de transición pacífica depende, en buena medida, de la construcción de acuerdos entre quienes ocupan gobierno y la oposición. Es por ello que quisiera ser enfático, aunque no faltará quien me critique por ello, en la conveniencia y necesidad de la negociación directa (cara a cara) o asistida, que es aquella donde interviene un tercero para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo, o sea la mediación en sus diferentes formas.
Asimismo, quisiera dejar claro que no existe error, contradicción ni ambigüedad entre la sentencia de muerte a este dialogo con la que título este artículo y la afirmación hecha en el anterior párrafo. La negociación entre gobierno y oposición es necesaria, pero este dialogo es exactamente lo opuesto a lo que se necesita para producir un proceso de transición y es por ello necesario abortarlo de inmediato por cuatro razones fundamentales: Este diálogo no llevará a ningún resultado por su inviabilidad de origen; no existe un manejo de la mediación que pueda llevar a algún resultado; se pretende condicionarlo a que la oposición no ejerza sus alternativas, lo que la condena al fracaso; y tiene un enorme costo político para quienes aspiran ser alterativa democrática. Paso a tratar de explicar cada una de ellas.
Decimos que este diálogo no llevará a ningún resultado por su inviabilidad de origen, porque este proceso no fue pensado ni diseñado para alcanzar acuerdos que puedan conducir hacia un proceso de transición política, sino que, por el contrario, fue diseñado por el gobierno, los expresidentes aliados y los asesores que les apoyan para estabilizarlo. El diálogo como apaciguador de la oposición ya había sido usado exitosamente por el gobierno durante la crisis política entre 2002 y 2004 y más recientemente para acabar con las protestas del primer semestre de 2014. En esta oportunidad, a través del diálogo, se logró desmontar el movimiento ascendente de protestas de finales del año pasado, y con ello abortar el referéndum revocatorio y neutralizar la presión internacional, incluido el importante esfuerzo emprendido por Almagro para activar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.
democrática viable, tal como lo vienen reflejando los estudios de opinión más recientes.
La última propuesta de UNASUR, mal llamada Acuerdo de Convivencia Democrática, representa la peor versión de todos los problemas aquí comentados sobre este proceso de dialogo. En éste se pretende reiterar la condición de que la oposición renuncie a sus alternativas a fin de continuar debilitando su posición, al tiempo que se pretende aumentar sus costos políticos haciéndola co-responsable de las medidas económicas que el gobierno necesita tomar, sin tener control alguno sobre su ejecución, y se añade el exabrupto de pretender otorgar a los acompañantes el poder de ser árbitros a los fines de poder obligar a la oposición legalmente en caso de que no haya acuerdo entre las partes. En fin, un diálogo que, por burdamente sesgado, confirma su inutilidad.
El país necesita urgentemente una transición política, pero para ello es necesaria la actuación inteligente de los factores políticos y sociales, el involucramiento de la gente decente, que es la gran mayoría de este país, en la lucha por su libertad y su futuro. Sin la participación de la gente ningún cambio será posible. Cuando esto suceda y sea irreversible, será el gobierno quien necesite, más que la oposición, negociar un acuerdo de transición, como ha sucedido en muchos otros países. El primer paso en esta dirección es dar por terminado este diálogo para comenzar a ejercer nuestras alternativas y demostrar al régimen que no es posible mantener el poder sin nuestro consentimiento, solo así será posible regresar a una verdadera mesa de negociación con fortalezas reales que orienten este proceso en una dirección totalmente distinta.
En segundo lugar, decimos que no existe un manejo de la mediación que pueda llevar a algún resultado, comenzando por la negativa misma de ambas partes a reconocerse en una negociación o mediación para llamar a este proceso “diálogo”, lo que implica conversar sin el compromiso de alcanzar acuerdo alguno, condenándolo desde su propia denominación a su inutilidad para alcanzar resultados. La sustitución de la denominación de negociación o mediación por diálogo no es un tema meramente cosmético, sino tan importante como la sustitución de la observación electoral internacional por el acompañamiento electoral internacional. Es evidente, para quienes sabemos algo sobre los arquitectos de esta estrategia, que hay un personaje común en ambos procesos, o sea en el cambio de observación por acompañantes y de mediación por dialogo, que se cree dotado de una inteligencia superior y disfruta de estos giros lingüísticos, cuyas consecuencias algunos terminan comprendiendo cuando ya el daño está hecho. Si queremos una transición pacífica se necesitará una negociación directa o asistida (mediación) en algún momento, no un diálogo, y ello implicará sentar en la mesa a personas que dominen el arte y la técnica de la negociación, además del respeto a la metodología propia de la mediación, comenzando por el hecho de que los que median no puedes ser impuestos por ninguna de las partes sino voluntariamente aceptados por ambas, como es el caso de El Vaticano y no así el de los expresidentes que no siendo de UNASUR la representan.
El resultado de toda mesa de negociación depende, en buena medida, de lo que está pasando o podría pasar fuera de la mesa de negociación. Esto es lo que técnicamente se conoce como alternativas al acuerdo negociado. La negociación es básicamente un proceso de coordinación de intereses en el que las partes buscan, mediante la cooperación, obtener un mejor resultado al que podrían obtener de otro modo. Siendo así, lo que las partes pueden hacer en caso de no llegara a un acuerdo es un asunto esencial que termina determinando lo que están o no dispuestas a negociar. Es así como, mientras el diálogo se condiciona a la renuncia de parte de la oposición a las alternativas que pudiese ejercer, y que son justamente las que obligan al gobierno a negociar, o sea la presión interna, principalmente producto de la protesta, al tiempo que con ello se desmonta la presión internacional, con lo que renuncia a lo que la hace fuerte en la mesa de negociación, quienes ocupan el gobierno se consolidan en el ejercicio de su mejor alternativa, o sea su estabilización en el poder, que es más atractiva para ellos que cualquier cambio político negociado. Es por ello que siempre hemos dicho, y como al parecer algunos no lo entienden lo volvemos a decir, protesta y negociación no son estrategias opuestas y excluyentes sino las dos caras de una misma moneda. Sin presión interna e internacional, quienes hoy ocupan el gobierno no tienen ninguna razón para negociar acuerdo alguno que implique un cambio en su control sobre el poder.
Por último, al no haber resultados por las razones explicadas, el diálogo que siempre ha sido visto con desconfianza por quienes se oponen al régimen, no solo por las reiteradas malas experiencias del pasado sino porque implica poner nuestro futuro en manos de alguien más, pasa a tener un enorme costo político para una oposición que se aleja, tras cada fracaso o incumplimiento del gobierno, de su aceptación como una alternativa
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Como una mancha voraz que se extiende, crece y envuelve todo lo que encuentra a su paso hasta consumir, bajo su siniestra y glotona ferocidad, a un pueblo entero y a sus habitantes, como lo imaginó Alfred Hitchcock, así se expanden a ministerios y demás dependencias públicas las políticas de exclusión, despido y jubilación forzosa emprendidas por altos personeros del gobierno.
Ministerio de Finanzas, Seniat y ahora, bajo la batuta de Delcy Eloína, el de Relaciones Exteriores, estos organismos de poder del Estado, que ha sido dominado por el gobierno chavista, practican razias cuyo denominador común, además del resentimiento, son el fanatismo y la intimidación contra un supuesto enemigo.
La consigna es alinear con los propósitos de la llamada revolución del socialismo del siglo XXI a los funcionarios. Lo dijo uno que fue alcalde del municipio Libertador en Caracas: todos los policías deberían ser chavistas. Y hasta los intelectuales y artistas del oficialismo piensan así. Teatros y espacios del Estado no deben ser escenario para los que no se adhieran al dogma, sostienen algunos de ellos, incluso muy consagrados antes de que irrumpiera esta mancha voraz.
Los empleados públicos se convierten en sumisos instrumentos de consolidación de grupos minoritarios que gobiernan a nombre de la nación y usurpan la voluntad de la mayoría al imponer sus intereses particulares sobre el resto de los ciudadanos, mediante el control de las instituciones. Si por analogía, el artículo 328 referido a las fuerzas armadas se aplica a profesionales, técnicos y obreros que laboran con el Estado, podemos afirmar que cada uno de estos servidores públicos viola su compromiso: “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”.
Además de estratificar en grupos irreconciliables la sociedad venezolana, la dominación totalitaria que se pretende imponer conlleva descalificación, insulto, ofensa, amenaza, persecución, cárcel, tortura y hasta la muerte de quienes se atreven a desafiar el régimen o enfrentarlo. No hay adversarios sino enemigos que deben ser destruidos.
Con la doctrina del enemigo interno se justifican las detenciones arbitrarias e ilegales, la persecución o el exilio forzoso. Cual monstruo que devora a sus propios hijos, el régimen arrasa con toda posibilidad de futuro estable y próspero para quienes se han formado y por sus méritos aspiran a tener calidad de vida, bienestar y paz. La diáspora crece y miles de jóvenes prefieren buscar horizontes distintos o se ven forzados a abandonar la patria.
Dos graves consecuencias: la reconstrucción de las instituciones va a ser muy ardua. Se han pervertido y contaminado de incompetencia, mediocridad y odio social. Toca, desde cero, contratar, formar, seleccionar, profesionalizar, armar equipos y revisar credenciales de quienes allí trabajen, con criterios objetivos de calidad y transparencia.
La segunda secuela de esta mancha voraz es el pensamiento único de vocación totalitaria, que termina por ser monolítico, monólogo. Y así, diálogo imposible. Este, inherente a la democracia, requiere reconocimiento del otro, paridad entre las partes, reciprocidad, buena fe, veracidad, respeto, coherencia y compromiso consecuente con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. El diálogo fracasó porque no se dieron las condiciones para que fuera exitoso. La comunidad internacional ignora que su reclamo por el alto gobierno es una farsa.
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“México, el único país al que le hemos hecho verdadero daño, es ahora el único que reza por nosotros y por nuestro triunfo, con oración genuina. ¿No es realmente extraño?”.
Walt Whitman, 1864
Estados Unidos ha sido un vecino difícil, a veces violento, casi siempre arrogante, casi nunca respetuoso y pocas veces cooperativo. México, en cambio, ha sido el vecino ideal. A cada agravio respondimos, no con la otra mejilla, pero sí con un gesto de resignada nobleza, una salida práctica y un ánimo conciliador. Aunque hemos tenido episodios trágicos y épocas de tensión, nuestra buena disposición nos ha permitido convivir por casi doscientos años en un clima general de paz que muy pocos países fronterizos pueden presumir. Ahora un millón de personas cruzan legalmente la frontera todos los días y nuestro comercio anual equivale a un millón de dólares por minuto. Los diez estados que integran la frontera de ambas naciones no solo representan, en conjunto, la cuarta economía del mundo sino que también son un vibrante laboratorio social y cultural.
De pronto, para nuestra sorpresa y desagrado, vimos a Donald Trump desplegar en su campaña una agenda rabiosamente antimexicana. Tras haber sido electo, mostró su disposición a cumplirla. Y la está cumpliendo ya, de hecho, con acosos y acciones proteccionistas, como es el caso de Carrier y Ford. Su amenaza más reciente ocurrió en la conferencia de prensa de hace una semana, cuando advirtió una vez más que México pagará por el muro que él quiere construir. Por eso, para México, tal vez ha llegado la hora de cambiar la posición conciliatoria que utilizó para amortiguar el daño de sus agravios históricos.
El primer agravio fue, por supuesto, la invasión de Estados Unidos de 1846 y 1847. En ella, México perdió más de la mitad de su territorio. Fue tan traumática que es el tema de nuestro himno nacional. James Polk, el presidente estadounidense que la provocó, era un próspero terrateniente cuyo cordero sacrificial fue México. Tenía una idea ridícula de los mexicanos, a quienes creía racialmente inferiores. Había que provocar la guerra para acrecentar la supremacía blanca y la causa esclavista. Al son de “Yankee Doodle” la guerra contra México desató una euforia nacionalista sin precedentes en Estados Unidos.
De los cerca de 75.000 estadounidenses que participaron, murieron 13.768, una proporción mayor de la que cayó en Vietnam. El número de muertos mexicanos nunca se ha precisado, pero fue mucho mayor en términos absolutos y relativos. La referencia a Vietnam no es gratuita. Según testimonios periodísticos y epistolares de la época, en Estados Unidos las tropas estadounidenses cometieron numerosas masacres y atrocidades. Winfield Scott bombardeó Veracruz con un saldo de seiscientos civiles muertos, entre ellos un gran número de mujeres, ancianos y niños. Los estadounidenses que se habían hecho una idea napoleónica del enemigo se toparon con tropas valientes pero improvisadas, descalzas y mal armadas. “No creo que haya habido una guerra más perversa que la que emprendió Estados Unidos contra México”, escribió Ulysses S. Grant en sus memorias.
Y, sin embargo, México asimiló la derrota: apoyó a la Unión en la Guerra de Secesión y desde 1876 abrió las puertas a la inversión estadounidense en ferrocarriles, minas, deuda pública, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, servicios públicos, industria, bancos y petróleo. En 1910 la inversión de Estados Unidos en México era mayor que la de todos los otros países en su conjunto.
El segundo agravio ocurrió en febrero de 1913. En las primeras elecciones plenamente democráticas de nuestra historia había llegado al poder Francisco I. Madero, educado en California, admirador de Estados Unidos y a quien se conocía como el Apóstol de la Democracia. Pero al embajador Henry Lane Wilson le preocupaba que las políticas de Madero afectaran los intereses de las empresas estadounidenses.
En la propia sede de la embajada y con la tácita indulgencia del secretario de Estado de Taft, Wilson fraguó con los altos militares mexicanos un golpe de Estado que desembocó en el asesinato del presidente y el vicepresidente. El país se precipitó de inmediato en una espantosa guerra civil con un saldo de cientos de miles de muertos. Y México pospuso por casi noventa años la democracia.
Y, sin embargo, en 1917 cuando en el Telegrama Zimmermann, Alemania le propuso a México una alianza contra Estados Unidos con la promesa de devolverle los territorios perdidos en 1847, el presidente Venustiano Carranza se negó.
De izquierda a derecha: Álvaro Obregón, Pancho Villa y John J. Pershing se reunieron en Nogales, Arizona, en 1916, meses antes de que Pershing persiguiera a Villa. Associated Press
El tercer agravio fue una prolongada hostilidad. En 1914, los marines ocuparon Veracruz. En 1916, las tropas de Estados Unidos penetraron por el norte en busca de Pancho Villa, quien había atacado el pueblo de Columbus, Nuevo México. Frecuentes “noticias falsas” publicadas por la prensa de Hearst y apoyadas por las empresas petroleras buscaban desatar una nueva guerra y estuvieron a punto de lograrlo en 1927, cuando el presidente Coolidge creyó que su vecino del sur se volvería Soviet Mexico. La presión del congreso la evitó, pero tras la nacionalización petrolera de 1938 las relaciones se tensaron nuevamente. Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, México nunca dejó de temer una invasión estadounidense.
Sin embargo, el país nunca rompió con Estados Unidos. Por el contrario: honró sus deudas y compromisos, acogió e inspiró a sus escritores y artistas, promovió la inversión estadounidense, cooperó con Roosevelt en su “Good Neighbour Policy”, le declaró la guerra al Eje en 1942 y mandó un escuadrón aéreo a la guerra del Pacífico. En 1947 se abrió una etapa de cooperación que el reportero de The New York Times Alan Riding bautizó como la era de los “vecinos distantes”.
Esta etapa culminó en 1994, cuando nos volvimos vecinos cercanos, socios y hasta amigos. Juntos logramos que nuestro comercio bilateral creciera 556 por ciento y esperábamos conseguir que la zona de Norteamérica se fortaleciera aún más. Por desgracia, la llegada de Donald Trump ha cambiado todas las reglas. Con respecto a México, 2016 fue el preludio de una nueva confrontación entre los dos países, no militar (aunque en un discurso, tácitamente, no la descartó), pero sí comercial, diplomática, estratégica, social y étnica.
Por eso, México necesita cambiar la fórmula de apaciguamiento empleada hasta ahora. El congreso mexicano debe darle al mundo un ejemplo de dignidad exigiendo al próximo presidente de Estados Unidos que ofrezca una disculpa pública por haber dicho que los mexicanos somos “violadores” y “criminales”. Esta declaración sería la mejor señal de que las negociaciones, por duras que sean, se realizarán en un marco de respeto mutuo y buena fe. Otro punto no negociable es el muro. El gobierno mexicano debe dejar absolutamente claro que, por supuesto, México no pagará pagar nunca, en forma alguna, por el muro. Si esas dos condiciones no se cumplen, no existen bases para negociar.
La prioridad del gobierno de Peña Nieto debe ser preservar las ventajas objetivas de nuestro comercio bilateral. En cuanto a las deportaciones masivas, México debe oponerse firmemente. No solo serían lesivas para ambas economías sino que atizarían aún más el odio racial, cuyo resurgimiento es indigno de la gran historia democrática de Estados Unidos. Finalmente, hay que advertir que una aguda crisis económica en México provocada por las políticas de Trump, ocasionaría una inestabilidad sin precedentes en la frontera y una inevitable ola migratoria que ningún muro podría detener.
La amistad entre dos naciones modernas es una relación de mutuo beneficio cuya armonía vale la pena preservar. Debe evitarse la confrontación. Pero México no es el país indefenso de 1846. En caso de conflicto, cuenta con recursos legales para responder en el ámbito comercial, migratorio, diplomático, de seguridad, etcétera. Y no está solo, porque encontrará el respaldo de actores claves en la política, la economía y la opinión pública de Estados Unidos y el mundo. De su éxito depende el bienestar de decenas de millones de personas. Y esta es una batalla de un alto significado ético que vale la pena librar.
Enrique Krauze es historiador, director de la revista Letras Libres y autor de “Redentores. Ideas y poder en Latinoamérica” y “La presencia del pasado”, entre otros libros.
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DICTADURAS 1, DEMOCRACIAS 0
En mi columna del 6 de marzo del año pasado escribí: “Si en 2000 la Corte Suprema fue la institución que en la práctica determinó quién sería el presidente de Estados Unidos, este año el gran elector podría ser el director del FBI, James Comey”.
Me equivoqué. El gran elector de estas últimas elecciones no fue el jefe del FBI. Fue Vladímir Putin.
Como se sabe, el FBI estaba investigando si Hillary Clinton había cometido un delito al usar su sistema privado de correo electrónico para enviar mensajes confidenciales. El jefe del FBI también dijo “…Sigo muy de cerca esta investigación y quiero asegurar que cuenta con todos los recursos que necesita, tanto de personal como tecnológicos…”
Hoy sabemos que mientras Comey y sus colegas estaban dedicando “todos los recursos” a los correos de Hillary Clinton, Vladímir Putin estaba llevando a cabo una masiva campaña destinada a impedir su victoria en las elecciones. El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos acaba de hacer público un informe preparado por la CIA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad. Su título es Evaluando las actividades e intenciones de Rusia en las recientes elecciones de Estados Unidos. Está en Internet y sugiero que lo lea.
Estas son algunas de sus alarmantes conclusiones:
“En 2016 Vladímir Putin ordenó una campaña dirigida a influir en la elección presidencial de EE UU. Sus objetivos eran socavar la confianza del público en el proceso democrático, denigrar a Hillary Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia. También concluimos que Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por Donald Trump. Tenemos una alta confianza en estas evaluaciones”.
“La campaña de influencia de Moscú siguió una estrategia que combina operaciones secretas de inteligencia —como actividades cibernéticas— con abiertos esfuerzos por parte de agencias gubernamentales rusas, medios financiados por el Estado, terceras partes e intermediarios, así como activistas de medios sociales pagados o trolls”.
“Evaluamos con gran confianza que el GRU (inteligencia militar rusa) transmitió a WikiLeaks el material que obtuvo del DNC (Comité Nacional del Partido Demócrata) y de altos funcionarios demócratas”.
“Rusia también recaudó información de algunos objetivos afiliados a los republicanos, pero no llevó a cabo una campaña de divulgación comparable”.
En 2012, León Panetta, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, alertó de que su país corría el riesgo de ser víctima de un “Pearl Harbor Cibernético”. Así como Japón causó estragos cuando en 1941 atacó por sorpresa la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, los actuales agresores pueden hacer algo parecido utilizando Internet. Según Panetta, en su versión contemporánea, un ataque cibernético por parte de un agresor extranjero podría inutilizar la red eléctrica del país, bloquear el sistema de transporte, hacer colapsar el sistema financiero, paralizar el Gobierno y así causar daños aún mayores a los que hubo en Pearl Harbor. Aunque este tipo de ataque cibernético masivo y simultáneo que preocupaba a Panetta aún no ha ocurrido, Estados Unidos ha venido siendo blanco creciente de ataques cibernéticos parciales con graves consecuencias. Organismos gubernamentales como todo tipo de empresas privadas han sido víctimas de estos ataques.
Pero este más reciente ataque de Rusia es diferente. Su propósito no fue dañar máquinas, armamentos y edificios sino las instituciones democráticas del país. El informe publicado por las agencias de inteligencia muestra claramente que Estados Unidos fue víctima de un Ciber-Pearl Harbor pero político. El ataque fue un intento de sesgar los resultados de las elecciones estadounidenses a favor de los intereses de una potencia rival: Rusia
El informe además nota que Putin seguramente seguirá utilizando esta estrategia en otras partes:
“Evaluamos que Moscú aplicará las lecciones aprendidas de la campaña dirigida por Putin contra las elecciones presidenciales de Estados Unidos en todo el mundo, incluso contra aliados estadounidenses y sus procesos electorales”.
En 2017, Alemania, Francia y Holanda tendrán elecciones cuyos resultados pueden alterar drásticamente la Unión Europea. Putin nunca ha ocultado su desdén por el proyecto de integración europea o por su alianza militar, la OTAN. Donald Trump tampoco. Y en todas las elecciones europeas se ha hecho común la participación de candidatos que abogan por la salida de su país de la Unión Europea y que son críticos con la OTAN. Eliminar las severas sanciones económicas que Europa y EE UU han impuesto a Rusia en represalia a su invasión de Crimea es una prioridad para Putin. Hasta ahora no ha podido. Veremos si gracias al ataque cibernético y a la elección de candidatos partidarios de eliminar las sanciones lo logra. Estos candidatos seguramente tendrán furtivos apoyos que nos recordarán las tácticas expuestas por el informe de las agencias de inteligencia estadounidenses.
La paradoja en todo esto es que, a pesar de que Estados Unidos es el indiscutible líder mundial en las tecnologías de la información necesarias para librar ciberguerras, se encuentra en clara desventaja para enfrentarse en este terreno a regímenes autoritarios y democracias no liberales. Sus rivales autoritarios no tienen las limitaciones legales, institucionales y políticas, el control y los equilibrios, de una democracia.
Pero las democracias saben aprender de la experiencia. En 1941 todos entendieron qué pasó en Pearl Harbor. Eso llevó a Estados Unidos a reaccionar y terminó derrotando a Japón. Queda por ver cómo reaccionarán EE UU y Europa al menos visible, pero más peligroso, Ciber-Pearl Harbor político del cual son víctimas.
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Luis Almagro: “El muro no es entre México y EE UU, sino entre este país y América Latina”
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fue uno de los críticos que se alzó con mayor aspereza contra los insultos y amenazas que Donald Trump lanzó a México durante la campaña a la Casa Blanca. Canciller del Gobierno de José Mujica, llegó a la OEA en 2015 con los frentes abiertos de Cuba, en espera de su regreso a la organización, o el proceso de paz en Colombia. En este periodo se ha visto ante los desafíos que plantean a la democracia la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el recrudecimiento de la crisis económica y política en Venezuela y la irrupción de Trump, que este miércoles firmó una orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.
Si en plena carrera presidencia estadounidense Almagro (Cerro Chato, Uruguay, 1963) fue muy duro con respecto a los exabruptos del magnate, en esta entrevista a su paso por Madrid —antes de reunirse con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy— no menciona directamente el nombre del nuevo mandatario de Estados Unidos.
Pregunta. ¿Qué efecto va a tener el Gobierno de Donald Trump sobre la OEA?
Respuesta. No creo que el planteamiento correcto sea pensar cómo una nueva Administración va a cambiar la OEA. Esta es la organización regional más antigua del mundo [1890, formalizada en 1948] y está asentada en principios y valores muy fuertes que han servido para estructurar un sistema de convivencia en el continente basado en el respeto a la democracia y los derechos humanos. Esos principios se han sostenido y profundizado con cualquiera que haya sido la Administración estadounidense. Nuestro trabajo continuará bajo los mismos parámetros.
P. Esta semana la tensión se agudizó con México, otro de los líderes regionales.
R. Tensiones bilaterales ha habido y hay en todo el hemisferio. Siempre esperamos que los países encuentren el camino para resolverlas, para solucionar de manera amistosa sus diferencias.
P. Pero esta vez la división es por el muro que quiere construir Trump. ¿Qué implicaciones va a tener?
R. Como ha sido planteado, no se trata de un muro entre México y Estados Unidos, sino de una barrera entre este país y América Latina. Lo que cuesta construirlo, esos 15.000 millones de dólares, sería mucho más importante como contribución para la eliminación de las causas reales de la migración latinoamericana a Estados Unidos: la inseguridad, la falta de oportunidades, los niveles de subdesarrollo… Eso sería mucho más efectivo para cualquier política migratoria estadounidense que la construcción de un muro.
P. La oposición venezolana dio por terminado el jueves el diálogo actual con el Gobierno. ¿Qué tan encallado ve ese proceso?
R. El proceso de Venezuela ha entrado a una fase de deterioro final. Vemos que cada una de las mesas que se armaron en los últimos dos meses sufrió erosiones importantes. La mesa uno supuestamente era para devolver poderes a la Asamblea Nacional [Parlamento], pero esta perdió tres facultades en esta fase: la de hacerle un juicio político al presidente, la posibilidad de elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y la inmunidad de los parlamentarios, con la prisión, por ejemplo, del diputado Gilber Caro. Y ni qué hablar de lo que ya había perdido sin la rendición de cuentas del mandatario ante la Asamblea ni la aprobación del presupuesto. Es el descalabro llevado a sus últimas consecuencias. Estamos hablando de variables absolutamente autoritarias.
P. ¿Qué critica de la negociación?
R. No tenemos más que ver el desconocimiento de un derecho electoral de la gente como era el referéndum revocatorio. Esa consulta no podía formar parte de una mesa de negociación, no pertenecía ni al Gobierno ni a la oposición, sino a los cientos de miles de venezolanos que firmaron y que no podían ser dejados en la calle en cuanto a su derecho de revocar al presidente. Y no es que no se hagan elecciones adelantadas, tampoco se hacen las atrasadas. Todos los gobernadores ya traspasaron su periodo de gobierno y todavía no hay ni siquiera miras a unos comicios. Todos los derechos electorales del pueblo han sido completamente avasallados por esa mesa de diálogo. El deterioro institucional ha sido cada vez más fuerte. Los juicios en Houston por los casos de corrupción de PDVSA y los de Nueva York por el caso de narcotráfico de los sobrinos de la pareja presidencial son también sintomáticos de este deterioro.
P. ¿Hasta qué punto cree que está comprometido el Gobierno con el diálogo?
R. En la segunda mesa, que supuestamente iba a ir liberando a los presos políticos, hay una contradicción muy importante, y es que haya nuevos presos de este tipo. Cuando hay una negociación de este carácter, lo menos que se puede hacer para demostrar la buena fe en el diálogo es que no haya nuevos encarcelamientos. Pero vemos que el Gobierno sigue encerrando presos políticos. La lógica se mantiene: “Meto preso a quien quiero cuando quiero y libero al que se me ocurre cuando se me ocurre”. Es el avasallamiento de los derechos civiles y políticos de las personas por la expresión de sus ideas.
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TRES ESCENARIOS, UNA DESGRACIA
Las elecciones no son un comodín que se realiza cuando conviene a algunas de las partes. Son la expresión básica de la democracia y están concebidas como un derecho y una obligación. Los tiempos de ejecución de las elecciones formales están atadas a los períodos constitucionales de los funcionarios elegidos por el pueblo y es una obligación constitucional y democrática ejecutar esas elecciones en los momentos previstos para ello.
El Consejo Nacional Electoral es la institución garante y ejecutora de estos procesos, pero no tiene ningún derecho ni potestad para decidir si la elección debe ocurrir o no, cuando conviene hacerla o si se deben mantener por un tiempo mayor al que fueron elegidos los funcionarios de elección popular. Eso es, por definición, una aberración. Todo lo contrario, la institución electoral tiene la obligación de ejecutar esos procesos en los tiempos correspondientes y garantizando un proceso transparente, insesgado, equilibrado y decente. Hasta ahora, al menos se habían acercado a la parte de los tiempos correspondientes, pero a juzgar por lo que estamos viendo ahora, ni siquiera esa condición está garantizada.
No voy a entrar al debate del Referéndum. Si bien he expresado mi rechazo contundente a las acciones bloqueadoras institucionales del gobierno a ese evento, puedo acordar que la dimensión de esa elección es distinta a la de los procesos electorales regulares. No hay que cumplir ningún requisito especial para tener el derecho a elegir el presidente, el Parlamento, los gobernadores, los alcaldes, diputados legislativos y concejales. Las instituciones deben garantizar que simplemente ocurran en sus tiempos normales. Y eso es lo que no está pasando hoy.
La realidad es que el Estado mandó a la sombra las elecciones regionales que correspondía hacer el año pasado. La excusa fue bastante vulgar. Como la oposición inició un proceso para solicitar un referéndum, el CNE no tuvo tiempo de organizar las elecciones regionales. Algunos voceros públicos oficiales agregaron que en el medio de la crisis económica, tampoco había plata para ejecutar ni el Referéndum o las regionales. Y finalmente otros dirigentes políticos, en este caso de ambos lados, manifestaron que no era el momento conveniente para ir a esas elecciones regionales, como si se tratara de un evento que los políticos pueden decidir si hacen o no discrecionalmente.
No voy a hacer un análisis legal de este tema. Eso se lo dejo al Dr. José Ignacio Hernández, que sin duda lo hará con mucho más brillo y conocimiento que yo. Tampoco haré un análisis basado en las encuestas. No hace falta. Resulta evidente para todos que, independientemente de la fractura severa en el liderazgo opositor y la desmotivación causada por las sobre expectativas de cambio incumplidas el año pasado, el gobierno perdería en este momento cualquier elección, pues desmotivación y desconexión no tiene nada que ver con el deseo mayoritario de cambio que tiene la población venezolana y que se expresaría, sin duda, en cualquier proceso electoral.
Entonces prefiero hablar como un analista de escenarios para responder: ¿y ahora qué? Burlar las elecciones, usar excusas para evadirlas, demorarlas , cancelarlas o utilizar mecanismos que invaliden a los adversarios políticos para producir elecciones parapeto es la expresión máxima y típica de las autocracias. Y frente a esto hay tres escenarios: 1) la habituación servil, 2) la huida y 3) la rebelión popular. Tres escenarios, una sola desgracia.
luivleon@gmail.com
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LADRILLA ASIMÉTRICA
Las negociaciones son para que grupos y personas con intereses contrapuestos se encuentren y permitan funcionar procesos entrabados. Con ese fin las partes deben hacerse concesiones mutuas. Las que el Papa en persona propone –ahora considerado enemigo mortal de los calle calle–, persiguen evitar la somalización de Venezuela, pero tienen demasiados factores en contra, que algún manual de sicología social llama “negociación de mala fe” (con tan poquita fe, diría Feliciano). Uno prominente es que hemos introyectado, convertido en carne y sangre, el sello revolucionario que puso Chávez a la política, ahora arte del exterminio de enemigos despreciables con los que hablar es una especie de sarcoma. Hay que eludir tan bárbara perspectiva si es que se aspira interpretar la visión opuesta, democracia, libertad, pluralismo ante quienes nos observan. Por un largo año se dijo que diálogo era abominación, para al final ir a sentarse avergonzados.
Conviene ser menos fulminante, flamígero, porque después seguro hay que tragársela e ir a las reuniones rojos como tomates (cerrar retóricamente un capítulo que sigue abierto). En juegos racionales, un contendor se niega a conceder cuando tiene la opción ganar-ganar, pero en este no hay nada parecido. Luego de que se nos cayó la pelota en 2016 y del agotamiento aparente de la marchitis, nació otra etapa. Si la guerra asimétrica del terrorismo consiste en atacar a la población civil ya que con el Estado la cosa se pone dura, nunca debería emprenderse la ladrilla asimétrica contra los atormentados conductores, enladrillarlos, fastidiarlos, molestarlos, destrozar sus nervios, amargarles el día y provocar risotadas al gobierno. Son acciones intelectualmente famélicas, evidencia de agotamiento político y procuran el odio de víctimas cuya vida de suyo es cada minuto más miserable.
Rabipelaos y matemáticas
Por aquí somos descomplicados sobre las secuelas de cada yerro, no así los ductores de la política internacional, el Vaticano, la Unión Europea, OEA, Unasur, Celac, ONU, EEUU, Rusia. Cada bando piensa que se la está comiendo y sigue en su brega como si tal cosa, pero la gente muere en manos de la delincuencia –y ahora en una oleada de suicidios– o de miseria. Por ejemplo: sale del cargo el Presidente del Banco Central, uno de los principales autores del milagro económico del siglo XXI, inflación de 900% y caída acumulada del PIB de 50%, y seguramente será Embajador, Duque o Marqués. Y no hay que pasar por de lejos otro de sus aportes a la Historia. Inventar junto con algunos profesores especializados en matemáticas para arrieros de rabipelaos, el método electoral de la Constituyente de 1999 que birlibirloqueó la voluntad popular: con 60% de votos obtuvieron 97% de los electos.
Las conversaciones fracasan en primerísimo lugar porque las desprecian, pero también por desconocer normas elementales. En los medios diplomáticos existen los llamados documentos mártir, borradores escritos para cambiarlos, herirlos, enmendarlos, suturarlos. Se presentan a las partes para la discusión y no para que cada quien se pare en la puerta de su liceo a denunciar perversiones. Por eso debe haber un acuerdo sobre discreción en las conversaciones y ser “censura XXX”, solo para adultos. Pero el error más primario se aprecia en el siguiente galimatías: el gobierno desconoce, malogra, pisotea, escupe la Constitución, lo que moviliza mediadores, propulsores, patrocinantes, bomberos, parlamentos, cardenales, expresidentes, y es el centro del nudo, lo que hay que resolver.
Mi Dinamarca natal
Entonces ante el intento de negociar, viene la respuesta que desafía las mentes más poderosas de nuestro tiempo: que los denunciantes de tales tropelías digan, acto seguido, que no hay nada que discutir, porque no puede negociar un derecho constitucional. San Agustín escribió que entender el Misterio de la Santísima Trinidad era más difícil que vaciar el mar con una tasa. Pero esto va más allá: voy a un tribunal para que, como resultado del juicio, alguien me devuelva mi casa, pero al mismo tiempo digo que solo me presento ante el juez si previamente me restituyen lo que me quitaron “porque es mío”. Al final, Ud. se queda sin casa pero con su flamante derecho. Naturalmente si estuviéramos en Suecia o Dinamarca, sería absurdo ir a transacciones para ejercer facultades fundamentales, pero parece estar claro que no estamos ni siquiera en Guatemala.
El punto es que tendremos que conquistar la libertad de los presos políticos y elecciones de gobernadores por medio de negociaciones, o no las habrá confiados en que “el futuro nos pertenece” y los presos seguirán presos. Ese es el gran nudo gordiano de papel que está en la cabeza de algunos. Ojalá el Vaticano facilitara un equipo de negociación y solución de conflictos, que no esté marcado por la confrontación (y de paso, un buen exorcista). Muchas universidades poseen institutos, departamentos o cátedras especializados y deberían invitar alguno a orientar la marcha de las conversaciones, digo, si es que a alguien le interesa. No funciona el “Maduro vete ya”, “el país no aguanta más”, “el hambre no espera”, ni ninguno de esos etcéteras. El panorama se oscurece porque el gobierno se siente seguro gracias a la victoria que obtuvo en 2016 con todas las condiciones en contra.
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