Source: http://legislacion.derecho.com/orden-sco-2236-2006-26-junio-2006-ministerio-de-sanidad-y-consumo-143484
Timestamp: 2016-10-23 21:38:42
Document Index: 303169254

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 3', 'artículo 38', 'artículo 70', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 116', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 31', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 49', 'artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 14', 'Artículo 10']

ORDEN SCO/2236/2006, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias	ORDEN SCO/2236/2006, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias Mis Leyes
ORDEN SCO/2236/2006, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias Estado	:
SCO/2236/2006	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	Artículo 1. Objeto.Artículo 2. Solicitantes y beneficiarios.Artículo 3. Proyectos a financiar.Artículo 4. Presentación de solicitudes.Artículo 5. Procedimiento de concesión.Artículo 6. Cuantía y abono de las ayudas económicas otorgadas.Artículo 7. Realización de actividades subvencionadas.Artículo 8. Justificación de la subvención.Artículo 9. Modificación o revocación de la subvención.Artículo 10. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.Artículo 11. Convocatorias.Disposición final única.
Una de las tareas encomendadas a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas por el Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, es la de dirigir y coordinar las actividades de investigación en el ámbito de las drogodependencias.
En el campo de la investigación es preciso que las políticas y acciones que se desarrollen sobre drogas y dependencias se fundamenten con rigor científico y desde una perspectiva de salud pública, potenciando la investigación básica, clínica, social, epidemiológica y metodológica.
Para desarrollar esta tarea se cuenta con el Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Drogas, cuya composición y régimen de funcionamiento se establece en la Orden INT/2437/2002, de 4 de octubre, que, entre otros objetivos, busca potenciar la colaboración y coordinación de las convocatorias de ayudas a la investigación con otras instituciones públicas competentes en este ámbito, como es el caso del Instituto de Salud «Carlos III».
Este objetivo, recogido además en los planes de acción plurianuales de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, de lograr una actuación coordinada entre los diversos sectores que intervienen en este ámbito, así como la existencia de instrumentos técnicos y económicos que hagan posible dicha actuación, aconsejan establecer el marco normativo de las convocatorias de subvenciones, con cargo a los créditos asignados para este fin a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en los Presupuestos Generales del Estado.
La convocatoria de estas subvenciones pretende también cooperar en la consecución de los objetivos de los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación (I+D+I) en el ámbito de la biomedicina.
1. Esta Orden tiene por objeto establecer las normas por las que han de regirse las convocatorias de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación sobre drogodependencias realizados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa Nacional de Biomedicina, de acuerdo con lo establecido en los Planes Nacionales de I+D+I y en los Planes de Acción plurianuales sobre Drogas.
2. Estas ayudas se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo dispuesto en esta Orden y en las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, en las del derecho privado, y quedarán sometidas a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación.
3. A estos efectos se financiarán preferentemente proyectos cuyos contenidos y formatos estén referidos a los temas previamente seleccionados, explícitamente incluidos en las convocatorias. Las ayudas se concederán a aquellos proyectos que reúnan las mejores condiciones, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 5, en función del crédito disponible.
1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden los centros españoles de I+D tanto públicos como privados. A los efectos de esta orden se entiende por:
a) Centro público de I+D: Las instituciones sanitarias públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación reconocidos como tales por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y cualquier otro centro de I+D dependiente de las Administraciones Públicas.
b) Centro privado de I+D: Las instituciones sanitarias privadas, las universidades privadas y otras entidades privadas dedicadas exclusivamente a la investigación que tengan personalidad jurídica propia y capacidad o actividad demostradas en acciones de I+D y que carezcan de ánimo de lucro.
2. Los solicitantes no podrán encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que prohiben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, y deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
3. Los solicitantes deberán haber presentado, antes de finalizar el plazo de solicitud de cada convocatoria, las memorias finales, científicas y económicas completas de los proyectos de investigación financiados con anterioridad por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas y en los que figurara el mismo investigador principal.
4. En las convocatorias podrán establecerse requisitos relativos a la titulación académica de los investigadores de los proyectos para los que se soliciten subvención, así como a la vinculación de dichos investigadores con el centro del organismo beneficiario donde se vaya a desarrollar el proyecto.
5. En el caso de proyectos coordinados habrá una pluralidad de beneficiarios, siendo las entidades beneficiarias aquellas entidades a las que pertenezca el investigador principal de cada subproyecto.
Artículo 3. Proyectos a financiar.
1. Deberán ser proyectos de investigación básica, clínica, social, epidemiológica, de salud pública o servicios de salud, referidos a los distintos aspectos que presentan las drogodependencias, cuyos resultados deben suponer un avance en el ámbito de las adicciones y resultar de utilidad para la creación o mejora de productos, procesos y servicios.
2. En cada convocatoria se especificarán de forma detallada las líneas prioritarias de investigación.
3. Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o como proyectos coordinados. Los proyectos coordinados estarán constituidos por dos o más subproyectos a cargo de otros tantos equipos de investigación, de distintas entidades o de diferentes departamentos de una misma entidad. Cada subproyecto tendrá un investigador principal responsable del desarrollo de las actividades propuestas a su subproyecto. Además, uno de ello actuará como coordinador del proyecto y será responsable de su seguimiento y de su coordinación científica, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ayuda concedida que tendrá cada una de las entidades beneficiarias donde se desarrolle cada subproyecto. En estos proyectos coordinados deberá justificarse adecuadamente la necesidad de dicha coordinación para alcanzar los objetivos propuestos, así como los beneficios esperados de la misma.
4. Los proyectos que se presenten podrán desarrollarse durante uno, dos o tres años. Aquellos cuya duración se estime en dos o tres años, estarán divididos, respectivamente, en dos o tres fases diferenciadas, correspondientes cada una a un año de ejecución.
5. Ningún investigador principal podrá figurar como tal en más de un proyecto de los presentados a cada convocatoria. Cada investigador sólo podrá participar simultáneamente en dos proyectos de investigación (en uno como investigador principal y en otro como colaborador, o en dos como colaborador) en cada convocatoria.
6. Cada convocatoria fijará, en su caso, el régimen de incompatibilidades a que afectará la participación del investigador principal y del resto de los miembros del equipo investigador en los proyectos de investigación.
7. Se deberá indicar si el proyecto presentado está siendo subvencionado por otro organismo público o privado, de carácter nacional o internacional.
8. Los proyectos de investigación deberán respetar los principios fundamentales relativos a los derechos humanos recogidos en la Declaración de Helsinki, en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Genoma Humano y Derechos Humanos y en la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.
9. Los proyectos que impliquen experimentación animal, los que conlleven la utilización de organismos modificados genéticamente, así como los proyectos que supongan ensayo clínico, deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa que regula estas materias.
1. Los interesados deberán presentar su solicitud en el modelo normalizado que se publicará como anexo a las convocatorias y que también estará disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Las convocatorias indicarán la documentación que debe acompañar a las solicitudes.
2. El plazo de presentación de solicitudes y de la restante documentación requerida por la convocatoria será de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3. Las solicitudes se dirigirán a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y se podrán presentar en los Registros y oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En cada convocatoria se especificará el número de ejemplares de la solicitud y del resto de la documentación así como el formato de su presentación.
4. Si alguna de las solicitudes no acompaña algún documento de los exigidos u omite alguno de los extremos previstos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerirá a la entidad que la hubiera formulado para que, en un plazo no superior a diez días, subsane las deficiencias u omisiones advertidas, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se entenderá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 del la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5. En el caso de proyectos coordinados se realizará una solicitud completa e independiente para cada uno de los subproyectos, indicándose el título del proyecto coordinado en el que se integra.
1. La concesión de ayudas se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia competitiva y publicidad.
2. El procedimiento se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
3. El Subdirector General de Información, Estudios y Coordinación de Programas de Prevención, Asistencia y Reinserción de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas será el órgano instructor del procedimiento.
4. El órgano instructor, de acuerdo con lo establecido en el artícu-lo 5 del Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas, realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
5. La valoración de solicitudes estará a cargo de la Comisión de evaluación nombrada por la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y que tendrá la siguiente composición:
b) Secretario: Un funcionario de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
c) Vocales: Un mínimo de tres técnicos, perteneciendo uno de ellos al Instituto de Salud «Carlos III» y otro a la Subdirección General de Gestión.
6. El proceso de evaluación y selección de las solicitudes presentadas constará de tres fases:
a) En la primera fase, evaluadores externos designados por la Comisión de evaluación llevarán a cabo la evaluación científico-técnica de las solicitudes. Para cada una de las solicitudes se elaborará un informe de acuerdo con los siguientes criterios:
1.º Calidad científico-técnica y metodológica, y relevancia socio-sanitaria.
2.º Adecuación y capacidad del grupo de investigación para el cumplimiento de las actividades previstas, y la adecuada planificación cronológica de las actividades.
3.º Adecuación de los medios disponibles y de los recursos financieros a los objetivos que se proponen.
Este informe constituirá la base, a efectos de su valoración por parte de la Comisión de evaluación, para la determinación de la excelencia media del equipo investigador y del proyecto
b) En la segunda fase, los representantes de los Planes Autonómicos sobre Drogas de las Comunidades Autónomas donde radique geográficamente la entidad solicitante, emitirán un dictamen de interés de los proyectos o subproyectos viables desde el punto de vista científico-técnico.
c) En una tercera fase, los proyectos serán examinados por la Comisión de evaluación que valorará prioritariamente los aspectos que se detallan a continuación:
1.º Adecuación del proyecto a las prioridades de la convocatoria.
2.º Resultados que los equipos han obtenido en el ámbito de la temática propuesta e interés de los mismos.
3.º Valoración del proyecto dentro de la globalidad de los proyectos evaluados, cumplimiento de los objetivos y requisitos de ayudas concedidas en anteriores convocatorias.
4.º Serán objeto de especial atención aquellos proyectos presentados por centros de áreas geográficas que precisen de un mayor desarrollo estructural para tender a la equidad territorial en recursos de investigación biomédica y sanitaria, siempre que existan garantías de calidad científica y de la plena utilización de recursos. Así mismo se valorarán positivamente los proyectos multicéntricos y los proyectos coordinados, especialmente si tienen carácter interautonómico.
La puntuación a otorgar a cada criterio se recogerá en cada una de las convocatorias.
7. De acuerdo con la puntuación obtenida en todas las fases, la Comisión de evaluación elaborará una propuesta de resolución que incluirá:
a) Una relación priorizada de los proyectos que merezcan ser financiados, con una propuesta de asignación de subvención para los mismos, que será determinada según criterios de máxima eficiencia en la asignación de recursos.
b) Una relación de proyectos que se consideran no financiables.
8. El órgano instructor trasladará a la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la propuesta de resolución de la convocatoria quien la elevará a la Ministra de Sanidad y Consumo para que adopte la resolución motivada que corresponda, en el plazo de 15 días desde la presentación de la propuesta de resolución. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación a los interesados será de seis meses contados desde la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Este plazo podrá ser suspendido, de acuerdo con la legislación, en el momento de la tramitación del expediente, durante el período que dure la evaluación científico-técnica por los evaluadores externos, que no podrá ser superior a dos meses.
Se entenderán desestimadas aquellas solicitudes que no hubiesen sido expresamente resueltas y notificadas en plazo, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en la forma prevista en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, existiendo la posibilidad de interposición de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución o a aquel en que la solicitud se entienda desestimada por silencio administrativo.
Además de la notificación a los interesados en el domicilio, o en el correo electrónico que se indique en la solicitud, la resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y un resumen de la misma será publicado en la página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 6. Cuantía y abono de las ayudas económicas otorgadas.
1. Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades correspondientes a la realización de los proyectos seleccionados. La cuantía se determinará en proporción al resultado de la evaluación del proyecto, aplicando los criterios enunciados anteriormente y en función del crédito disponible. En aquellos proyectos en cuyo presupuesto se aprecie una desviación significativa, en costes o medios, en relación con los objetivos previstos en el mismo, se reajustará dicho presupuesto para adecuarlo al nivel de gasto que se estime suficiente.
b) Certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Seguridad Social, acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, reguladas en las Órdenes Ministeriales de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, respectivamente. A estos efectos, y según lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos, las convocatorias podrán contemplar la posibilidad de sustituir la presentación en papel de estas certificaciones por su envío por transmisión telemática o por la aportación de la información directamente por los organismos públicos que las expiden, previa autorización de los interesados.
3. El pago de las ayudas concedidas se librará por anticipado a favor de las entidades beneficiarias. En virtud de ello, y considerando las características de los beneficiarios, se constituirá garantía de un uno por ciento de la cantidad total subvencionada en cada programa, sólo en el caso de que esta cantidad exceda de 100.000 euros. Los centros públicos de I+D, definidos en el artículo 2.1.a) estarán exentos de la constitución de esta garantía.
4. Las subvenciones concedidas se realizarán con cargo al crédito afectado a estos fines en los Presupuestos Generales del Estado en el programa «Plan Nacional sobre Drogas», concepto 781 «Proyectos de Investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas». La distribución máxima por anualidades será determinada en cada convocatoria.
5. El importe de las ayudas se librará a favor de la entidad de la que dependa el centro que desarrolle el proyecto o subproyecto subvencionado.
6. De la subvención recibida podrán adquirirse bienes inventariables, excepto inmuebles, que quedarán de propiedad de la entidad subvencionada. Los bienes inventariables adquiridos con cargo a la subvención deberán quedar adscritos al centro donde se desarrolló el programa subvencionado al menos durante tres años, aún en el supuesto de que el proyecto alcance sólo una o dos anualidades. En este tipo de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el importe de cada adquisición supere los 12.000 euros, el beneficiario deberá solicitar un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
7. A cargo de la subvención podrán incluirse costes de personal ocasionados por la participación en el proyecto de becarios y personal contratado temporal, ajeno al vinculado estatutaria o contractualmente de forma permanente con el organismo solicitante, que podrá incorporarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración del proyecto, en dedicación parcial o total. Este personal habrá de incorporarse bajo cualquier régimen legal, acorde con la normativa y con las normas a las que esté sometido el organismo solicitante, sin que ello implique compromiso alguno en cuanto a su posterior incorporación a dicho organismo o relación laboral alguna con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
8. Los gastos de viaje necesarios para la realización de los proyectos se atendrán, en su justificación, a lo estipulado en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, siendo de aplicación en todos los casos las cuantías correspondientes al grupo 2 que se encuentren en vigor en cada momento.
En todo caso se diferenciarán entre los gastos de viajes inherentes al proyecto y los derivados de la difusión del proyecto que sólo se podrán imputar a la segunda y tercera anualidad, preferentemente a ésta última, y que también incluirán los gastos de inscripción de los eventos en que se prevea participar, y sólo podrán ser utilizados por los miembros del equipo de investigación.
9. De la cantidad subvencionada se podrá dedicar hasta un 15 por ciento a gastos generales y de administración y gestión. En los casos en que estos gastos formen parte de otros más amplios de la entidad, para su justificación se aportará certificado del responsable de la entidad en el que conste que la cantidad que corresponda ha quedado contabilizada como ingreso en la contabilidad de la entidad.
10. El abono de las cantidades subvencionadas correspondientes a los años segundo y tercero, en su caso, estará supeditado a la existencia de crédito presupuestario suficiente en cada ejercicio y a la recepción de la memoria anual y justificación económica del ejercicio precedente.
11. Estas ayudas serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta compatibilidad estará condicionada a que el importe total no supere el coste de la actividad a desarrollar, por lo que la entidad queda obligada a comunicar a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la obtención de otras ayudas en el momento en que éstas se produzcan.
Artículo 7. Realización de actividades subvencionadas.
3. La producción científica en relación con el proyecto financiado será comunicada a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y en cualquier publicación a que de lugar se hará constar expresamente, de forma visible y preferencial que el proyecto se ha realizado con financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Se remitirán tres ejemplares de las citadas publicaciones, cualquiera que sea la fecha en que aparezcan. Igualmente, se remitirán a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas tres copias del estudio completo y del informe final para su inclusión en los fondos bibliográficos de la misma.
Artículo 8. Justificación de la subvención.
a) Memoria final del proyecto, o anual de la fase que corresponda, suscrita por el investigador principal y cumplimentadas en modelo normalizado que se publicará como anexo a las convocatorias y que también estará disponible en la página web de la Delegación del Plan Nacional Sobre Drogas. En el caso de proyectos coordinados se deberá presentar una memoria por cada subproyecto. El investigador responsable de la coordinación deberá incluir en ella un apartado específico sobre las actuaciones y logros del proyecto coordinado en su conjunto.
c) Los ejemplares de las publicaciones o informes a que se refiere el artículo 7.3, en su caso.
2. Si la terminación del proyecto se retrasara por causas debidamente justificadas, la Delegación del Gobierno del Plan Nacional Sobre Drogas podrá ampliar el plazo señalado en el apartado anterior, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 enero, que deberá ser solicitado y concedido con carácter previo a la finalización de dicho plazo.
3. Las cantidades asignadas a los distintos conceptos del proyecto subvencionado podrán sufrir desviaciones en una cuantía de hasta un 10 por ciento, respecto a la previsión de gastos a que se refiere el artícu-lo 6.2.a), cuando las necesidades de ejecución del programa lo requieran y respetando en todo caso el importe total de la subvención. Si fuese necesario superar dicho porcentaje, incluir conceptos de gasto no contemplados en el programa o transformar o anular los existentes, así como posponer a la siguiente anualidad alguna partida de gasto que no hubiese sido posible realizar, será precisa la autorización de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Dicha autorización deberá solicitarse por escrito antes de finalizar el octavo mes de realización del proyecto, o de cada fase, en su caso, entendiéndose desestimada de no concederse mediante resolución expresa, que será dictada en el plazo de quince días.
4. Si el gasto efectivamente realizado en el desarrollo total del proyecto fuese inferior a la subvención concedida, ésta se reducirá a idéntica cantidad, no pudiendo la subvención superar el gasto realizado, por lo que, en su caso, se reintegrará la diferencia al Tesoro Público.
5. La entidad beneficiaria estará sometida a las actuaciones de control, comprobación, seguimiento y evaluación que determine la Delegación del Gobierno par el Plan Nacional sobre Drogas, debiendo comunicar periódicamente el grado de cumplimiento del proyecto, de acuerdo con las instrucciones dictadas por la misma. Estarán sometidas igualmente a las actuaciones de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado y deberán facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, en relación con las ayudas concedidas, como dispone el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones Públicas.
Artículo 9. Modificación o revocación de la subvención.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que deberá comunicar obligatoriamente como regula el artículo 14.d) de la Ley General de Subvenciones, podrá dar lugar a la modificación o a la revocación de la resolución de concesión.
La entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de infracciones y sanciones previsto en el título IV de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 10. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
Las convocatorias de estas ayudas regularán las líneas de investigación a financiar, las puntuaciones a otorgar en los criterios de valoración y los créditos disponibles para cada una de las anualidades en que pueden desarrollarse los proyectos. También regularán los requisitos respecto a los investigadores, la documentación requerida y los modelos normalizados para su cumplimentación.
Madrid, 26 de junio de 2006.-La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado Méndez.
ORDEN SCO/2236/2006, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias	Trámites