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Timestamp: 2020-05-29 17:57:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 116', 'artículo 108', 'artículo 115', 'artículo 115']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 261, de 13/07/2011
Año 2011 IX Legislatura Núm. 261
Sesión plenaria núm. 248
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). (Número de expediente 172/000281.) ... (Página23)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea. (Número de expediente 172/000283.) ... (Página29)
Del diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Con los últimos datos económicos, mantiene el presidente del Gobierno que asistimos a una aceleración de la recuperación de la economía española? (Número de expediente 180/001600.) ... (Página4)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto al creciente papel de Cáritas y otras entidades sin ánimo de lucro, en una sociedad donde aumenta el número de hogares sin trabajo y sin ingresos? (Número de expediente 180/001611.) ... (Página5)
Del diputado don Joan Ridao i Martín, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree el presidente que es necesario subir impuestos, como afirman algunos de sus ministros, especialmente para aquellos que reciben "salarios obscenos"? (Número de expediente 180/001612.) ... (Página6)
De la diputada doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda: ¿Cómo valora que un miembro del Gobierno afirme que sabe lo que hay que hacer para crear empleo cuando en España se ha alcanzado la cifra de casi cinco millones de parados? (Número de expediente 180/001601.) ... (Página7)
Del diputado don Álvaro Maria Nadal Belda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda: ¿Considera la vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda que tiene alguna justificación haber hecho esperar un año a los ayuntamientos para poner en marcha medidas contra la morosidad? (Número de expediente 180/001602.) ... (Página9)
Del diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que los astilleros españoles puedan seguir operando con el sistema de ayudas fiscales a la construcción de buques, tax lease, como venían haciendo hasta el pasado 1 de julio? (Número de expediente 180/001603.) ... (Página10)
De la diputada doña Concepción Sanz Carrillo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas está adoptando el Ministerio de Justicia para prevenir la violencia de género en casos donde ya hay denuncia ante los órganos judiciales? (Número de expediente 180/001613.) ... (Página11)
Del diputado don Arturo García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera ético que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno haya empezado a organizar las elecciones generales durante su mandato como ministro del Interior? (Número de expediente 180/001605.) ... (Página12)
Del diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro del Interior: ¿Son ciertas las informaciones publicadas en los medios de comunicación que aseguran que será la Guardia Civil la encargada de escoltar la etapa de la vuelta ciclista a España que discurrirá entre Noja y Bilbao? (Número de expediente 180/001610.) ... (Página13)
Del diputado don Andrés José Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Fomento y ministro portavoz del Gobierno: ¿Ha calculado el ministro de Fomento y ministro portavoz del Gobierno los efectos negativos que va a causar su propuesta de imponer nuevas cargas fiscales a los transportistas por el uso de las autovías españolas? (Número de expediente 180/001606.) ... (Página14)
Del diputado don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Qué opinión le merece al vicepresidente del Gobierno que el Tribunal de Cuentas considere que "resulta conveniente acometer una investigación" sobre el escándalo de los ERES en Andalucía? (Número de expediente 180/001604.) ... (Página16)
De la diputada doña María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Trabajo e Inmigración: ¿Cómo valora el Gobierno los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha caído en el último año en casi 200.000 afiliados? (Número de expediente 180/001607.) ... (Página17)
Del diputado don Fernando Ríos Rull, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno ante el organismo de gestión de nombre de dominio en Internet (Icann, por sus siglas en inglés) para la obtención del dominio ".ic" por parte del Gobierno de Canarias? (Número de expediente 180/001599.) ... (Página18)
Del diputado don Guillermo Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué controles ha aplicado el Ministerio de Industria sobre las subvenciones y ayudas concedidas a la SGAE? (Número de expediente 180001608.) ... (Página19)
De la diputada doña María José Fernández Aguerri, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué resultados se han producido como consecuencia de la ejecución de las políticas de promoción de la propiedad industrial por parte del Gobierno? (Número de expediente 180/001614.) ... (Página20)
Del diputado don José Oria Galloso, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino: ¿Cómo valora el Gobierno la reciente reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB de la Unesco del pasado 1 de julio? (Número de expediente 180/001615.) ... (Página21)
Del diputado don Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Cultura: ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Cultura en la supervisión de las entidades de gestión, especialmente en la SGAE? (Número de expediente 180/001609.) ... (Página22)
Interpelaciones urgentes ... (Página23)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente al Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) . . . . . ... (Página23)
Formula la interpelación urgente el señor Lassalle Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Contesta la señora ministra de Cultura (González-Sinde Reig), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Lassalle Ruiz y duplica la señora ministra de Cultura.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea ... (Página29)
Formula la interpelación urgente el señor Azpiazu Uriarte, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Contesta la señora vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda (Salgado Méndez), en nombre del Gobierno.
Replica el señor Azpiazu Uriarte y duplica la señora vicepresidenta del Gobierno para Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda.
Se suspende la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CON LOS ÚLTIMOS DATOS ECONÓMICOS, MANTIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE ASISTIMOS A UNA ACELERACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/001600.)
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la primera tiene la palabra don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Bien, vivimos como todo el mundo sabe en una situación difícil de la economía española, y en situaciones como estas los gobiernos deben transmitir a la gente mensajes claros, explicar lo que pasa, tomar las medidas adecuadas, y por supuesto decir la verdad. Esto no ha ocurrido así con demasiada frecuencia en los últimos años porque se le dijo a los españoles que no había crisis, que estábamos mejor preparados que nadie, que saldríamos antes de la crisis que los demás, que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, que íbamos a alcanzar a Alemania, etcétera, etcétera. Ahora usted, señor presidente, ha dicho que vivimos una aceleración de la recuperación de la economía española, y ha afirmado incluso que creceríamos el 1,5 en el último trimestre. Yo quería saber en qué se basan esas afirmaciones y si las mantiene a fecha de hoy.
Señor Rajoy, más allá de las consideraciones iniciales que ha hecho voy al contenido estricto de su pregunta. El Gobierno mantiene que en el segundo trimestre la economía sigue el proceso de recuperación, que va a ser un trimestre en el que nuevamente tendremos crecimiento económico, con lo cual se van a encadenar seis trimestres de crecimiento económico. Sabe usted que falta un mes para que los datos sean oficiales y se los confirme el INE, pero con los elementos que tiene encima de la mesa el Gobierno esa es la evolución que prevemos, y además consideramos que en los próximos trimestres, es decir en el tercero y en el cuarto, ese crecimiento será algo mayor. En consecuencia que terminaremos el año con un crecimiento económico, no aún el que deseamos todos, no aún suficiente para crear empleo de manera significativa, como todos deseamos, pero la sostenibilidad del crecimiento económico de España es un hecho en el que hay que perseverar con las reformas y con las políticas que estamos llevando a cabo, a pesar del difícil contexto europeo que como sabe su señoría y toda la Cámara vivimos, y que no tiene su origen en España, no es un problema de España, lo que no quiere decir lógicamente que España no tenga problemas económicos. Pero sabe usted que ese contexto condiciona también y nos exige ciertamente confianza, responsabilidad y un poco de colaboración de todos, que sin duda alguna lo agradecerá la economía española.
Señor presidente del Gobierno, a estas alturas creo que hacer recomendaciones tiene poco sentido, pero yo creo que es importante decir la verdad y la mejor manera de abordar los problemas es partir de la realidad, cosa que no ha ocurrido y me temo que no sigue ocurriendo en España a lo largo de todos estos últimos años. Si usted pregunta a los españoles la mayoría le van a decir que están fastidiados o muy fastidiados. Y yo le digo que la economía española, señor presidente,
no crece y que no hay ninguna aceleración de la recuperación como usted ha dicho. Los indicadores sintéticos de actividad que acaba de publicar el Ministerio de Economía y Hacienda anuncian una ralentización para el segundo trimestre de este año, y no ofrecen buenas perspectivas para la última parte del año. Los datos de la Seguridad Social del mes de julio son malos, señor presidente, un mes tradicionalmente bueno, baja el número de afiliados a la Seguridad Social. Los servicios de estudios de los principales organismos, los más prestigiosos, nos dicen que las cosas no van como nos gustaría. Usted ha hablado de confianza, ha utilizado esa palabra. Con declaraciones como las que hacen ustedes habitualmente es imposible generar confianza. (Rumores.)
El señor RAJOY BREY: Es imposible generar confianza cuando se dicen esas cosas o cuando, como ha hecho usted en el día de ayer, le vuelve a echar la culpa de todo lo que pasa a los demás, o cuando se nos dice en el día de ayer, presentando el techo de gasto, que a lo mejor se va a modificar. (Rumores.) Lo que tenemos que hacer, señor presidente del Gobierno, es hacer los deberes en casa, hacer lo que no hizo, y así no nos afectarán tanto los problemas de fuera. Pero con un gobierno provisional, desacreditado, en el que nadie confía y un presidente en funciones... (Aplausos.- Rumores.)
Señor Rajoy, se lo reitero: crecimiento en el primer trimestre, crecimiento en el segundo trimestre. Los españoles ciertamente sufren las consecuencias de la crisis. Pero usted me pregunta por el crecimiento, ¿va a haber crecimiento en el segundo trimestre? Y en el tercero y en el cuarto, y eso consolida la recuperación económica y abre las puertas para una creación de empleo nítida. Yo le aconsejo que no se agarre siempre a las peores previsiones, que aporte confianza -esto se lo pido, no se lo aconsejo; se lo pido-. Y por último sí le tengo que exigir que tenga respeto institucional a los tiempos y a las formas, no hay ni un presidente ni un gobierno en funciones. (Varios señores diputados: ¡Sí!) Hay un presidente y un gobierno con todas las facultades constitucionales (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.) y solo es en funciones cuando se celebren elecciones. Le debo recordar que eso forma parte también de la confianza y de la seriedad.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO AL CRECIENTE PAPEL DE CÁRITAS Y OTRAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EN UNA SOCIEDAD DONDE AUMENTA EL NÚMERO DE HOGARES SIN TRABAJO Y SIN INGRESOS? (Número de expediente 180/001611.)
El señor PRESIDENTE: Nueva pregunta para el señor presidente del Gobierno. Para formularla tiene la palabra don Josep Antoni Duran i Lleida.
Señor presidente del Gobierno, en España hay 1.400.000 hogares en los que ningún miembro trabaja, y 500.000 que no reciben ningún tipo de ayuda, según reza el informe presentado por Cáritas correspondiente a 2010. Ante esta situación, ¿cuál es la opinión del Gobierno respecto al creciente papel de Cáritas y de otras entidades sin ánimos de lucro en una sociedad donde aumenta el número de hogares sin trabajo y sin ingresos?
Señor Duran, el Gobierno reconoce y valora la importante labor que desempeñan entidades de acción social en esta coyuntura de dificultades económicas como es Cáritas. Por su parte el Gobierno realiza un esfuerzo para afrontar situaciones de riesgo de exclusión social, es nuestro deber, máxime en una situación de crisis económica. Quiero aportarle algún dato. Desde 2008 el Gobierno ha aumentado las partidas de gasto social un 22 por ciento, y en concreto un 12 por ciento sin contar el desempleo. Esto nos permite desarrollar políticas de transferencia de rentas en el ámbito social en muchas partidas que usted conoce, como la atención a la dependencia, la protección a los trabajadores y autónomos afectados por el desempleo, la expansión de política de becas, etcétera. Es verdad que ha aumentado el número de hogares en los que sus miembros están en desempleo, y también sin ingresos, pero debo recordarle que el 80 por ciento de esos hogares, el 80 por ciento tiene acceso a algún tipo de ingreso público, ya sea de tipo contributivo, en función de los derechos generados por la protección social de desempleo; de tipo asistencial, como el programa Prodi, que benefició a 860.000 personas, o el actual PrePara, que alcanza ya a 80.000; o porque se benefician de la renta activa de inserción que
atiende situaciones de especial necesidad, y que atiende a 180.000 personas según el último dato. Y en cuanto a la atención directa a las personas en riesgo de exclusión la asignación en el IRPF, como sabe su señoría, ha pasado del 0,5 al 0,7. En los tres últimos años se ha duplicado la asignación para fines sociales del IRPF; ha pasado de 105 a 205 millones en 2010, y Cáritas ha incrementado sus ingresos por esta vía un 77 por ciento en 2010. Son los esfuerzos que el Gobierno hace para abordar la exclusión social.
Según la citada entidad, Cáritas, hay en España diez millones de personas en situación de relativa pobreza y otros ocho millones en situación de exclusión. Es posible -a veces se dice- que los contenidos de estos informes sean exagerados. Lo que sí es cierto en cualquier caso es que Cáritas atendió en 2010 a 950.000 personas, el 20 por ciento más que en 2009, y en cualquier caso el 104 más que en 2007. Lo mismo le sucede por ejemplo a Cruz Roja, que atendió el año 2010 a un 30 por ciento más de personas. Eso me lleva a cuatro reflexiones. En primer lugar, quienes empezaron sin empleo esta crisis se han precarizado, están por lo tanto en una situación peor. Familias jóvenes con uno o dos hijos que no encuentran trabajo también son solicitantes de ayudas de estas entidades sin ánimo de lucro. Dos, las administraciones no dan abasto, el 70 por ciento de peticiones a este tipo de entidades procede de la incapacidad de atención por parte de las administraciones. Tercera reflexión, estamos dualizando una sociedad entre aquellos que tienen empleo y los que no tienen empleo. Cuarta reflexión, entendemos que también hay que tener en cuenta que esta pobreza afecta cada vez más a los niños. En Cataluña por ejemplo a uno de cada cuatro niños, y eso afecta al proceso de formación y en su día al proceso laboral. Todo esto nos lleva a una conclusión: nosotros hemos apoyado, señor presidente, las políticas de austeridad y estabilidad, pero cuando hay lo que hay en materia de pobreza se requiere además apoyo a la exclusión social, y sus cifras por lo que demuestra la atención de Cáritas son insuficientes. Pero lo que quiere esta gente no es ayuda, es empleo, y en empleo es donde andamos cortos. No tiene sentido, señor presidente, es más, es vergonzoso que por ejemplo se habilite el mes de julio para tratar la ley de igualdad de trato y en cambio el Gobierno no sea capaz de habilitar este mes para tramitar la ley de reforma de la negociación colectiva, que debería llevarnos a la creación de empleo.
Señor Duran, no puedo decirle otra cosa más que comparto su sensibilidad. Creo haberle dado datos muy objetivos y a la vez significativos del esfuerzo que para la protección social y la lucha contra la exclusión ha realizado el Gobierno en los últimos años que nos llevan a que el 58 por ciento del gasto sea gasto social. Seguiremos en esa línea. Comparto su reflexión sobre el empleo, que es el gran objetivo que todos compartimos.
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL PRESIDENTE QUE ES NECESARIO SUBIR IMPUESTOS, COMO AFIRMAN ALGUNOS DE SUS MINISTROS, ESPECIALMENTE PARA AQUELLOS QUE RECIBEN "SALARIOS OBSCENOS"? (Número de expediente 180/001612.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Joan Ridao para formular su pregunta al señor presidente del Gobierno.
Señor presidente del Gobierno, visto que algunos de sus ministros han pedido subir los impuestos a los bancos y a los banqueros, le pregunto si usted les va a hacer caso.
Señor Ridao, como en alguna ocasión he tenido oportunidad de formular en esta Cámara, en los últimos dieciocho meses hemos hecho un esfuerzo por fortalecer la progresividad de nuestros impuestos para hacer que el reparto de la carga de la crisis sea más equitativo, y le debo recordar cuáles han sido esos esfuerzos porque muchas veces se olvidan. A las rentas más altas les hemos elevado tanto el tipo marginal como la tributación por los rendimientos de capital en el IRPF. Hemos endurecido la tributación de los bonus e indemnizaciones de contratos blindados eliminando las deducciones a partir de 300.000 euros. Hemos modificado la tributación de las Sicav, de manera que ya no
podrán utilizarse para eludir la aplicación del IRPF, pues hemos sometido sus rendimientos al régimen general de las rentas del capital. Hemos restringido la llamada Ley Beckham, que otorgaba ventajas fiscales singulares a las altas retribuciones de extranjeros en España. El pasado mes de junio además el Gobierno aprobó un decreto para evitar que la remuneración de los directivos en las entidades financieras perjudique su solidez y desestabilice el sistema bancario al favorecer la asunción de riesgos a corto plazo, en aplicación de la directiva europea y que ahora le corresponde vigilar y aplicar al Banco de España. Además, haciendo ese esfuerzo de mantener en la medida de lo posible la máxima equidad en el reparto de la carga de la crisis, hemos mantenido la deducción de 400 euros a las rentas inferiores a 12.000 euros con carácter indefinido. Es verdad que todas estas medidas de progresividad fiscal, de equidad, tienden a olvidarse. Son medidas ya adoptadas. Las acabo de recordar a su señoría porque creo que reflejan la voluntad del Gobierno de ajustar esa política tributaria, y lógicamente sobre las que puedan venir en el futuro habrá oportunidad para debatir.
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, señor presidente. De todo ello deberá convencer en primer lugar a su propio Gobierno, porque son hasta tres ministros de su Gobierno los que han arremetido estos últimos días contra los bancos, contra los banqueros, y contra -cito textualmente- los sueldos obscenos que algunos de ellos obtienen. Estando de acuerdo con sus ministros -no tanto con usted, señor presidente del Gobierno-, insisto en preguntarle si usted les va a hacer caso o si se trata de un nuevo intento de enjugar el legado de este Gobierno, que no solo es un legado de paro, sino también de postración ante unos mercados financieros insaciables, como se acaba de ver estas últimas horas, porque a pesar de que su Gobierno se gasta 40.000 millones de euros para pagar puntualmente la deuda exterior los ataques especulativos no cesan, y nos tratan como a un auténtico calavera financiero más. Todavía peor, no sé si se trata de un simple anzuelo electoral que ustedes lanzan estos últimos días parapetados detrás del cartel electoral del señor Rubalcaba, en plenos fastos preelectorales de su partido.
De entrada, señor presidente de Gobierno, quien más y quien menos aprecia un auténtico trastorno de la personalidad y un desdoblamiento en su partido. Debe ser cosa de esta bicefalia estrenada entre usted y su candidato, señor Rubalcaba. (Rumores.) Lo digo porque en los mítines ustedes van disfrazados... (Rumores.)
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, en los mítines aparecen ustedes disfrazados de izquierdosos, pero al día siguiente ustedes, enfundados con el traje de ministro, hacen la política de los bancos. En cualquier caso lo que la gente ve es que prometen un día una cosa y hacen exactamente la contraria. (Rumores.) No se puede decir que todo se ha hecho bien, que ahora estamos en un tiempo distinto y que se va a cambiar la política, porque usted ha dicho lo que ha dicho, pero fue este Gobierno quien en 2008 aprobó el famoso aguinaldo a los banqueros bajando su tributación del IRPF del 43 al 18 por ciento; el que por cierto suprimió el impuesto de patrimonio que ahora quieren restituir para las grandes fortunas, y el que no quiso reformar las Sicav que utilizan los más ricos. Señor presidente, dígame, ¿va a seguir su Gobierno haciendo de muñeca rusa cada día? ¿Va a hacer caso a sus ministros? ¿Va a aplicar las recetas milagrosas del señor Rubalcaba? ¿Por qué lo que es bueno para el día después de las elecciones no es bueno para hoy mismo, señor presidente?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Ridao. No ha podido objetar todas las medidas que hemos aplicado en materia tributaria para fortalecer la equidad y la progresividad fiscal. Y le he dicho: ¿puede haber otras? Sí, podrá haber otras. ¿Tienen derecho el Partido Socialista y el candidato a incluirlas en su programa electoral? Sí, y además me encantaría que las pudiera debatir con usted lógicamente, y que fuera usted también el que pudiera desde aquí preguntarle a ese candidato en el futuro, después de las elecciones.
Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy Bien!-Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO VALORA QUE UN MIEMBRO DEL GOBIERNO AFIRME QUE SABE LO QUE HAY QUE HACER PARA CREAR EMPLEO CUANDO EN ESPAÑA SE HA ALCANZADO LA CIFRA DE CASI CINCO MILLONES DE PARADOS? (Número de expediente 180/001601.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y ministra de Economía y Hacienda.
Para formular la primera tiene la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
Señora vicepresidenta, su predecesor en el cargo se ha ido del Gobierno pero dice que se ha llevado consigo la fórmula secreta para crear empleo. Esa frase retrata al digno sucesor de José Luis Rodríguez Zapatero. Tras el "no hay crisis" del presidente y su propio "veo brotes verdes", el señor Rubalcaba supera a todos con eso de "sé lo que hay que hacer para salir de la crisis". Eso es lo que dice ahora pero, ¿qué han hecho los dos, usted y el señor Rubalcaba, durante estos tres años de crisis y con cinco millones de parados? Dicen ahora también que van a acabar con el fracaso escolar, y lo afirma ni más ni menos que el autor de la Logse. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) Hasta ha llegado a decir que va a meter en cintura a los bancos ahora que ya no puede, ahora que no gobierna, porque cuando podía, cuando gobernaba, a los únicos que han apretado el cinturón es a los pensionistas, a las familias, a los autónomos y a los trabajadores. ¿Y sabe por qué dice todo eso fuera del Gobierno? Porque, a los que deja, a todos ustedes, sabe perfectamente que van a hacer -y estas son sus palabras textuales, señora Salgado- básicamente lo mismo en el Gobierno. Es decir, más paro, más recortes y más impuestos. Señora Salgado, ¿cuánto tiempo más necesita para seguir haciendo básicamente lo mismo? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Salgado Méndez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, como sabe el Gobierno está adoptando -por cierto, sin su ayuda- todas las medidas y reformas necesarias para impulsar el crecimiento sostenible de nuestra economía; reformas que van a conducir sin duda a la creación de empleo ya desde los próximos meses. Además quisiera decirle que me he dado cuenta de que tienen ustedes muchas ganas de seguir debatiendo con el señor Rubalcaba; espero que también las tenga el señor Rajoy durante la campaña electoral. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Veo que le cuesta defender las medidas del señor Rubalcaba. ¡Pues no le queda nada, señora Salgado! (Rumores.) ¡No le queda nada!
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Convendrá usted conmigo en que después de lo que hemos vivido en estos últimos días debería usted sacar alguna conclusión, alguna lección. La primera es que hacer básicamente lo mismo ya no es una opción, es una temeridad. Este Gobierno, que espera que pase el tiempo, no se da cuenta de que en España pasan cosas cada vez más graves, y su Gobierno no tiene fuerzas para afrontarlas. Esa es la segunda lección que deberían sacar; que con un gobierno fuerte nuestra economía sería menos vulnerable. Pero el suyo es un gobierno de salida, con medidas de trámite y con ministros de reemplazo. Pueden cambiar tres veces de portavoz, pero han cambiado muchas veces de discurso y por eso no les cree nadie. Y esa es la tercera y más importante lección que deberían sacar todos ustedes, que la credibilidad es un requisito imprescindible para afrontar cualquier crisis. Y la credibilidad que se pierde a pulso en el Consejo de Ministros no se gana en los mítines, ni se recupera con promesas de candidato la credibilidad perdida con todos los errores del Gobierno. Señora Salgado, no tienen ustedes tiempo para reciclar un candidato. España necesita un presidente, y lo necesita ya.
Señoría, critica usted mi respuesta. Tal vez hubiera preferido una respuesta como la que dio el presidente de su partido, cuando le preguntaron por las medidas que tomaría el Partido Popular, en el supuesto de que ganaran las elecciones, para fomentar la creación de empleo. Contestó: las he escrito en un papel, pero no entiendo mi letra. (Risas.-Aplausos.) Y cuado por fin entienden su propia letra, nos cuentan sus recetas para crear empleo: liberalización del suelo y deducción por vivienda. Exactamente lo que nos ha traído hasta aquí, exactamente lo que ha producido la mayor destrucción de empleo de toda nuestra historia. (Aplausos.) Exactamente, señoría, lo que hay que cambiar.
Señoría, hace usted buena todos los días la frase de Goethe, que dice: donde faltan las ideas, se tiende a poner muchas palabras. Señoría, si usted lo que quiere es debatir seriamente sobre el empleo, sobre la recuperación económica, sobre las medidas para garantizar la estabilidad financiera, sobre las medidas para hacer frente de manera coordinada con Europa a los desafíos del euro, tendrá siempre mi mano tendida. Si usted lo que desea es un debate parlamentario de palabras huecas
y de vuelo bajo, desde luego que no me va a encontrar, porque tengo muchas otras cosas que hacer. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Prolongados aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO MARIA NADAL BELDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE TIENE ALGUNA JUSTIFICACIÓN HABER HECHO ESPERAR UN AÑO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA PONER EN MARCHA MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD? (Número de expediente 180/001602.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Nadal Belda.
El señor NADAL BELDA: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Silencio, por favor. (Rumores.) ¡Silencio!
El señor NADAL BELDA: No ha estado afortunada la cita de Goethe precisamente con la pregunta que le voy a hacer, porque el día 12 de abril pasado, hace apenas tres meses, ustedes vetaron una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la Ley de Agencias de Rating que precisamente les pedía que pusiesen en marcha una línea del ICO para financiar los pagos a los proveedores de los municipios. Ustedes la vetaron con los siguientes argumentos: que incrementaría los créditos presupuestarios por riesgo de impago, y que además los tipos de interés supondrían una carga para la Hacienda pública. Eso sí, tres meses más tarde ustedes aprueban exactamente esa medida, diciendo en la memoria que acompaña al decreto-ley que no supone ningún drenaje de recursos de los Presupuestos Generales del Estado ni ningún quebranto financiero para el ICO. Es decir, lo que era la idea del Partido Popular, esas ideas que usted dice que no tenemos, se vetan y se dice que es un quebranto para la Hacienda pública, y cuando las hacen ustedes, un año más tarde, eso sí, dejando en un auténtico de desierto financiero a los proveedores de los municipios de este país, entonces es una magnífica idea y se puede llevar a la práctica. Esto es arrogancia, señora vicepresidenta, arrogancia en el fracaso. Y eso es algo que un Gobierno, en una situación como la que tienen España, no se puede permitir. Y la pregunta es: ¿qué tienen usted que decir a eso y qué justifica esa actitud del Gobierno? (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Nadal.
Señor Nadal, le creía más riguroso sinceramente, porque no trate de confundir a la Cámara. La propuesta que ustedes hicieron era inasumible, puesto que al no quedar vinculada esa línea de créditos ICO a la financiación que se concede a las entidades locales, a través de su participación en los ingresos del Estado, su aprobación suponía un incremento de gasto y un impacto negativo en nuestra consolidación fiscal. En resumen, ustedes proponían, y lo sigo diciendo, más déficit para el Estado. Pero mire, señoría, no es eso lo que a usted le ha molestado, que propusieran algo que se vetó y que ahora se proponga. Sinceramente tiene que decirlo: lo que le molesta es que el señor Aguirre pensaba plantear una línea ICO, seguramente como la que nosotros hemos planteado, en el momento después de su interpelación. Mejor dicho, no como la que hemos planteado, porque la que hemos planteado como sabe tiene grandes ventajas para las pequeñas y medianas empresas, puesto que será la entidad financiera la encargada de pagarles. Señoría, lo sabe usted perfectamente, no trate de confundir a la Cámara. (Aplausos.)
Señor Nadal.
El señor NADAL BELDA: Señora vicepresidenta, supongo que no se ha leído la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que era idéntica a la norma que se aprobó por el resto de los grupos, menos el suyo, en la Ley de Morosidad. No prejuzgaba cómo tenía que ser la línea. Son ustedes, para eso son el Gobierno, los que tienen que definir cómo es esa línea. Es más, se decía otra cosa: que tenía que venir acompañado de un programa financiero muy estricto para que ese ayuntamiento tuviese viabilidad financiera. Usted tiene hoy conmigo una pregunta muy difícil, porque salvar la cara en estas circunstancias es muy complicado. (Varios señores diputados: ¡Ah!) El suyo es el Gobierno del digo Diego... (Rumores.)
El señor NADAL BELDA: Donde dijimos techo de gasto ahora resulta que el presupuesto vendrá con un gasto menor. Se podía haber sido más austero. Donde se dijo rebaja del marginal del IRPF ahora se sube el marginal del IRPF cuando ustedes lo hicieron. Se metieron los 400 euros y se quitaron los 400 euros. Se puso el
cheque bebé y luego se quitó. Esa es la política que ustedes han ido haciendo: paso adelante, paso hacia atrás y palos de ciego. Y estamos en la situación que estamos y tenemos la presión que tenemos en los mercados porque ustedes no han sabido hacer otra cosa que dar palos de ciego a lo largo de toda esta crisis económica. (Un señor diputado: ¡Muy bien!- Aplausos.)
Señoría, la táctica habitual. Como usted ve que con lo del ICO no tiene razón, tiene que arremeter con todas las otras cosas que se le ocurren. Parece que para ustedes un techo solo es algo contra lo que hay que estallar la cabeza. Señoría, techo máximo de gasto -lo indican sus propias palabras- quiere decir que el gasto puede ser inferior a ese techo máximo. No es difícil de entender, señoría. (Risas.) Por otra parte, tengo que decirle que si usted está de acuerdo con nosotros en que la línea ICO que hemos puesto en marcha es una línea buena, dígalo. Dígalo directamente y no se ande con circunloquios. Será la primera vez que a ustedes les parece bien una idea que contribuye a reducir la morosidad de las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES PUEDAN SEGUIR OPERANDO CON EL SISTEMA DE AYUDAS FISCALES A LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES, TAX LEASE, COMO VENÍAN HACIENDO HASTA EL PASADO 1 DE JULIO? (Número de expediente 180/001603.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado Fernández de Mesa Díaz del Río.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el Departamento de la Competencia Europea, es decir, el señor Almunia, tiene paralizado desde el pasado 1 de julio el sistema de financiación de nuestros astilleros, de nuestro transporte marítimo, y la pregunta es qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que se paralice este sistema de penalización.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señoría, el Gobierno siempre ha defendido al sector y no le quepa ninguna duda de que vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios que permitan alcanzar la resolución más satisfactoria para todas las partes afectadas por este conflicto. Por el contrario tengo que decirle que en momentos delicados como este, en lugar de colaboración, y más en un tema en cuyo origen quiero recordarle, señoría, que tienen ustedes tanta responsabilidad, nos encontramos con declaraciones temerarias, absolutamente irresponsables, como las que ha hecho el presidente de la Xunta de Galicia, hablando constantemente de ayudas, de subvenciones y de todo tipo de medidas de apoyo a la construcción naval. Lo acaba de hacer hace muy pocos días. No se han parado a pensar en que esas declaraciones populistas pueden tener justamente el efecto contrario al conseguido, pero así son ustedes, pensando únicamente en sus intereses electoralistas a corto plazo y olvidándose de España. (Aplausos.)
Señora vicepresidenta, qué frivolidad hablar así cuando. (Risas.) Sí, sí, ríanse, pero de esto penden más de 35.000 puesto de trabajo directos y ustedes no solo no están dando solución a este problema, sino que está francamente agravado. Ustedes tienen que demostrar su inocencia en este momento. (Varios señores diputados: ¡Ah!) Es lo que dice el procedimiento europeo. Desde que en el año 2002 se puso en marcha este mecanismo se han construido 273 buques en España. La culpa será del Partido Popular, pero la primera denuncia se produce en el año 2006. ¡Oh, casualidad! ¿Sabe usted lo que representa el valor de todas estas operaciones en este momento? 9.000 millones de euros. ¿Sabe usted lo que representaría que fueran declaradas ilegales esas ayudas? La devolución de 9.000 millones de euros en un momento en que la credibilidad de España está francamente tocada. Esta es la realidad, señora ministra de Economía, y además con un agravante, y es que cada uno de estos procesos, cada una de estas ayudas ha tenido que ser aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda. Por
tanto, por mucho que se ría, señora ministra, ante esta gravedad, y perdone vuestra excelencia que le haga preguntas de bajo vuelo (Rumores.), pero es donde están los problemas reales del país, no en las alturas, que es donde ustedes se mueven, y no lo acaban de reconocer (Aplausos.), hay que suscitar dos cuestiones: solicitar de manera inmediata la paralización del procedimiento abierto por la Unión Europea, y proponer medidas para que puedan ser cobradas en este momento todas las bonificaciones que hayan sido devengadas. Lo contrario, una vez más, señora ministra de Economía y Hacienda, sería darle la puntilla definitiva a los astilleros públicos españoles y privados que operan en Galicia, Asturias, Cantabria, Andalucía, de los que como decía penden más de 35.000 trabajadores, que en este momento ven sus puestos de trabajo peligrar por la irresponsabilidad de su Gobierno, no del Partido Popular.
Señoría, en su argumentación ha utilizado al menos en tres ocasiones la palabra ayuda. Le ruego que, por responsabilidad, deje de hacerlo, porque eso es lo que, precisamente, estamos tratando de combatir la idea que puede tener la Comisión Europea de que sean ayudas incompatibles con el tratado. La Comisión Europea en el documento que ha elaborado nos dice que la ayuda además es calificada de ilegal porque el sistema dio comienzo en el año 2002 -como usted dice-, pero no fue previamente aprobado por la Comisión ni tan siquiera comunicado a la Comisión. Por tanto, señoría, una vez más nos encontramos con las consecuencias de un planteamiento erróneo que hicieron ustedes cuando estaban en el Gobierno. Ocurre con este sector lo que ya ocurrió en el tema de IZAR. Como en tantos asuntos ahora somos nosotros los que tenemos que solucionar el problema y, desde luego, sin su ayuda. No le quepa la menor duda de que el Gobierno va a defender en todo momento la ausencia de selectividad en el sistema de arrendamiento fiscal -que así es como debe llamarse, señoría-, rechazando en todo caso su calificación como ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario. Además, lo haremos pensando en Galicia, en sus empresas y en los empleados de estas empresas, y no como ustedes que solo actúan movidos por el instinto electoral y el deseo de llegar a La Moncloa lo antes posible. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN SANZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASOS DONDE YA HAY DENUNCIA ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES? (Número de expediente 180/001613.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia que formula la diputada señora Sanz Carrillo.
La señora SANZ CARRILLO: Gracias, presidenta.
Señor ministro, cualquier dato sobre violencia de género es estremecedor y cualquier muerte, 32 este año en nuestro país, es un drama. Pero debemos recordar los avances conseguidos desde que la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género entró en vigor, con más de medio millón de denuncias, 5.436 maltratadores en prisión, más de 93.000 mujeres con atención policial activa, 9.000 mujeres atendidas por el teléfono de protección a las víctimas de violencia de género, 35.000 reciben ayudas económicas y casi 3.000 tienen contratos laborales bonificados. (Rumores.) Sin olvidarnos de los 5 millones de euros destinados a programas de asistencia social integral a las víctimas, la extensión del sistema de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento o la ampliación del servicio a tiempo a mujeres que (Rumores.), aunque no hayan denunciado, sean consideradas para protección...
La señora SANZ CARRILLO: ... por los servicios sociales.
A pesar de ello, la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado a sus agresores o habían abandonado el proceso judicial. Así, aunque las denuncias por violencia machista crecieron un 3 por ciento en el primer trimestre de este año, 3.577 mujeres se retiraron del proceso el año pasado, siendo cuatro de cada diez denuncias de mujeres inmigrantes, que siguen siendo las más vulnerables a las agresiones, representando el 35 por ciento de las órdenes de protección. Precisamente para evitar casos similares y otros en los que la valoración del riesgo no se corresponde con su realidad, se deben plantear medidas adicionales que faciliten al órgano judicial la adopción de medidas de protección de la víctima. Recordando que de las 73 mujeres asesinadas en 2010 por sus parejas o exparejas 22 habían presentado denuncias, le formulo la siguiente pregunta, ¿qué medidas está adoptando el Ministerio de Justicia para prevenir la violencia de género en casos donde ya hay denuncia ante los órganos judiciales?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señora Sanz.
Señoría, la justicia penal de nuestro tiempo afronta el reto de incorporar al proceso de investigación y de enjuiciamiento la perspectiva de las víctimas para informarlas, protegerlas y tutelar adecuadamente sus derechos. Este objetivo ha de estar presente desde el primer momento en que se tiene conocimiento de la existencia del delito, momento en el que muchas veces es necesario llevar a cabo, y con carácter previo, una evaluación del riesgo de la persona que denuncia o que se dirige ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o ante cualquier otra autoridad pública, algo que se manifiesta de forma muy significativa en los delitos de violencia de género, cuyas víctimas, como por desgracia todos sabemos, se hallan en una situación de elevado riesgo por la idea de que su agresor pueda volver a cometer sobre ellas la misma conducta. Combatir la violencia de género contra las mujeres es una prioridad de este Gobierno que ha desarrollado, como es conocida, una importante tarea legislativa y ha perfeccionado muchísimos instrumentos dirigidos en esa misma dirección: prevenir y luchar contra la misma. Ahora bien, la eficiencia de todas esas medidas como las órdenes de protección, los brazaletes electrónicos que permiten el seguimiento de las personas, la teleasistencia, está íntimamente vinculada a la evaluación de riesgo que se realiza en ese primer momento. Por eso desde el día 6, con la colaboración del delegado del Gobierno para la Violencia de Género y el Ministerio de Justicia contamos con un protocolo, es decir, con un conjunto de reglas, que permiten realizar a los forenses una evaluación de este riesgo en un plazo de setenta y dos horas con arreglo a una praxis contrastada en la realidad que va a poner en manos de los jueces, en manos de los tribunales, un instrumento muy valioso para desde un primer momento realizar una evaluación mucho más eficaz del riesgo que tienen las víctimas en ese primer momento de formular las denuncias. Se trata de un informe en el que ese riesgo se califica en tres escalas: bajo, moderado y grave y que, como digo, va a permitir adoptar en cada caso las medidas judiciales más adecuadas. Sabemos que no basta solo para luchar contra la violencia de género con una ley, que toda actuación es necesaria, y el Gobierno está en ello.
- DEL DIPUTADO DON ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA ÉTICO QUE EL CANDIDATO DEL PSOE A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO HAYA EMPEZADO A ORGANIZAR LAS ELECCIONES GENERALES DURANTE SU MANDATO COMO MINISTRO DEL INTERIOR? (Número de expediente 180/001605.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior, en primer lugar, la que formula el diputado señor García-Tizón López.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
El pasado mes de junio, a preguntas de la portavoz de este grupo, la señora Sáenz de Santamaría, al entonces ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno, señor Pérez Rubalcaba, candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales, manifestó: dejaré el Gobierno cuando crea que mis responsabilidades son incompatibles con las del partido. Sin embargo, unos días después, el diario ABC se hizo eco del anuncio del Ministerio del Interior... (Rumores.)
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: ...para la licitación por el procedimiento... (Continúan los rumores.)
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: ... se hizo eco de la licitación por el procedimiento de urgencia de los principales servicios para la realización de las próximas elecciones generales tales como el escrutinio provisional de los resultados y su posterior difusión. Por ello le pregunto si le parece ético que el candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno empezase a organizar las elecciones generales durante su mandato como ministro del Interior. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Tizón. Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Camacho Vizcaíno): Gracias, señora presidenta.
Señoría, no solo me parece ético sino que me parece absolutamente responsable. (Aplausos. -Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Señor ministro del Interior, creo que podría empezar, como fiscal y jurista que lo es, dando a conocer a su compañera vicepresidenta del Gobierno que venir a esta Cámara a contestar las preguntas de la oposición no es perder el tiempo sino el cumplimiento de un deber constitucional. (Fuertes rumores.) Pero más allá de eso...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone un momento, señor García-Tizón, un momento. Tiene el tiempo parado, no se preocupe. Señorías, por favor, un poco de silencio para que podamos oírnos, el señor ministro tendrá su turno, por favor. Es para todos, en cualquier lado del hemiciclo.
Continúe, señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: ... con su respuesta usted lo que da a conocer es que el señor Pérez Rubalcaba ha faltado a la verdad una vez más a esta Cámara; él, que dijo en una ocasión que España no se merecía un Gobierno que le mintiera; a él que no le ha importado la instrumentalización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una labor de acoso a la oposición; (Rumores.) él, que durante su etapa de ministro del Interior ha presumido de conocer todo lo que hace la oposición y escuchar todo lo que dice; él, que ha manifestado desde su posición de portavoz del Gobierno una justificación de un episodio como el Gal; él, que presume de conocer todo lo que pasa en España y ha sido incapaz de decir nada sobre el chivatazo del bar Faisán (Continúan los rumores.)
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Él, que afirma tener la solución para los 5 millones de parados españoles y sin embargo ha sido incapaz de ofrecer al Gobierno del que formaba parte esa fórmula milagrosa que nos sacara de la situación de desempleo; explique, señor ministro, cómo... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor García-Tizón, ha acabado su tiempo. Silencio.
Señoría, usted es un jurista de reconocida competencia y sabe perfectamente que en el Ministerio del Interior estamos obligados a cumplir el marco legal: la Constitución, la Ley Orgánica Electoral y la Ley de Contratos. También sabe perfectamente que la competencia de la organización de los procesos electorales corresponde al Gobierno y dentro del Gobierno al Ministerio del Interior. En definitiva, el Ministerio del Interior lo único que ha hecho es empezar a cumplir esa obligación legal que tiene de empezar a organizar los procesos electorales y, por lo tanto, ya no se trata de un problema de ética, que nunca estuvo en discusión en esta cuestión, sino que es un problema de responsabilidad, de hacer frente en el momento adecuado al cumplimiento de las obligaciones, y eso es lo que hemos venido haciendo. El proceso electoral es un proceso muy complejo, que requiere la toma de muchas decisiones, que tiene un final que creo que es importantísimo en democracia como es permitir que 35 millones de ciudadanos puedan ejercer su voto y poner de manifiesto su voluntad en el sistema democrático. Un proceso complejo que en las últimas elecciones se inició diez meses antes del momento en el que se celebraron las elecciones. Su señoría sabe que el mandato de las actuales Cortes finaliza el 9 de marzo, y en este momento hay, incluso, menos de diez meses para organizar el proceso electoral. Por lo tanto, la decisión del Ministerio del Interior es conforme a la ley y absolutamente responsable, porque se trata de cumplir con las obligaciones que tienen encomendadas el ministerio y el Gobierno, y empezar a cumplirlas de forma que no haya ningún problema en el momento en el que se convoquen las elecciones.
Gracias. (Aplausos. -Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SON CIERTAS LAS INFORMACIONES PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ASEGURAN QUE SERÁ LA GUARDIA CIVIL LA ENCARGADA DE ESCOLTAR LA ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA QUE DISCURRIRÁ ENTRE NOJA Y BILBAO? (Número de expediente 180/001610.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Olabarría Muñoz.
Señor ministro, permita que empiece mis palabras felicitándole por su nombramiento y deseándole un fructífero -no me atrevo a decir largo en esta situación política- mandato al frente del ministerio, un ministerio complejo como hemos tenido oportunidad en reiteradas ocasiones de debatir usted y yo.
La pregunta es para que confirme o, en su caso, desmienta la existencia de un acuerdo, de un pacto, entre el Ministerio del Interior -de usted o de su predecesor-
y el departamento del Interior del Gobierno vasco, en virtud del cual la Guardia Civil escoltará y guiará a la Vuelta Ciclista a España a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Señoría, le agradezco especialmente la bienvenida a esta Cámara. A lo largo de la actual legislatura y de la anterior hemos mantenido debates constructivos. Se lo agradezco y espero seguir construyendo debates constructivos en esta Cámara y en estas sesiones de control.
El sistema de distribución de competencias a efectos de garantizar la seguridad de un acontecimiento tan importante como es la vuelta es un sistema que le va a gustar, porque sé que usted es partidario de la cooperación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Es un sistema en el que en la etapa que sale de Noja y termina en Bilbao la cápsula de seguridad va a corresponder a la Guardia Civil, pero en el momento en el que se entre en el País Vasco la Ertzaintza estará al principio y al final de la vuelta. Por lo tanto, de acuerdo con la formulación de su pregunta, realmente quien escoltará la vuelta será la Ertzaintza. En la siguiente etapa, que discurre toda ella por el País Vasco, desde Bilbao a Gasteiz, la cápsula de seguridad la llevará la Ertzaintza. Creo que es un buen ejemplo de cooperación entre la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza, que es en definitiva lo que su partido y usted mismo, junto con el Gobierno, defienden para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. (Aplausos.)
Señor ministro, una cosa es ser partidario de la coordinación y otra cosa es avalar en sede parlamentaria invasiones competenciales, manifiestas en este caso. La posibilidad de intervención de la Guardia Civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se circunscribe a lo previsto en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Se consigna o se desagregan las siguientes competencias, o los siguientes ámbitos de actuación: en primer lugar, los estados de alarma y de sitio -me imagino que no será lo que concurre en esta circunstancia, en la vuelta-; en segundo lugar, intervenciones excepcionales aprobadas por el Gobierno de las cuales se debe dar cuenta posteriormente a las Cortes Generales del Estado -me parece que tampoco estamos ante esta situación-; en tercer lugar, extradición pasiva, extradición y expulsión; en cuarto lugar, extranjería; en quinto lugar, Policía judicial al servicio de la Audiencia Nacional cuando los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional así lo decidan -tampoco es el caso-; y por ultimo, lo que se denomina en el Estatuto de Autonomía de Gernika, competencias supra o extracomunitarias, que se glosan, se desagregan: documento nacional de identidad, pasaporte, extranjería y permiso de armas y explosivos. No sé, le pediría que me indique cuál de los títulos habilitantes previstos en el Estatuto de Gernika es el que justifica la penetración de la Guardia Civil para escoltar a la Vuelta Ciclista a España a su paso por Euskadi; si es el de explosivos o el de la extranjería, puesto que hay extranjeros en el pelotón, o el de expulsión o extradición porque piensan extraditar a algunos, o porque piensan imponer el estado de alarma o el de sitio durante el discurrir de la Vuelta Ciclista a España, o piensan adoptar las medidas excepcionales autorizadas por el Gobierno que obligan a la dación de cuentas a las Cortes Generales del Estado. Solo esas son las posibilidades.
Yo soy un apologeta de la coordinación, como le he demostrado sobradamente, pero de las invasiones competenciales, señor ministro, me va a permitir que no.
El sistema es legal y responde a una razón clara, la vuelta transcurre entre dos comunidades autónomas y no tendría sentido parar la vuelta en el momento en que entre en el País Vasco a efectos de modificar la cápsula de seguridad. Pero en este tema hay dos cuestiones importantes: la primera es que la vuelta pasa por el País Vasco después de 33 años, lo cual creo que es un elemento y un paso más en la normalización de la vida en el País Vasco y deberíamos defenderlo; la segunda es que ya el Tour de Francia pasó por el País Vasco en el año 1992, cuando gobernaba el Partido Nacionalista Vasco y dirigía por lo tanto la Ertzaintza, y el sistema por el que se optó es exactamente el mismo sistema que se va a aplicar este año en la Vuelta Ciclista a España. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! -Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO Y MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿HA CALCULADO EL MINISTRO DE FOMENTO LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE VA A CAUSAR SU PROPUESTA DE IMPONER NUEVAS CARGAS FISCALES A LOS TRANSPORTISTAS POR EL USO DE LAS AUTOVÍAS ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/001606.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento y ministro Portavoz del Gobierno que formula el diputado señor Ayala Sánchez.
Señor Blanco, la semana pasada usted defendió la necesidad... (Rumores.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: ...del pago por el transporte en las autovías, y tras ser desmentido por la vicepresidenta Salgado de forma contundente diciéndole que no estaba prevista ninguna modificación de los impuestos directos ni indirectos, usted replicó diciendo que el Partido Socialista puede hacer este planteamiento en su programa electoral. Ahora, encima, como portavoz del Gobierno usted manda más e insiste en que los transportistas paguen por circular por las autovías. ¿Tiene, señor ministro, un cálculo de los efectos negativos de su propuesta?
El señor MINISTRO DE FOMENTO Y MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Blanco López): Señoría, debería saber que esta no es una propuesta del ministro de Fomento ni del Gobierno de España, es una decisión de la Unión Europea. (Aplausos. -Un señor diputado: ¡Toma!)
El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor ministro, no me extraña... (Rumores.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: ... que ahora diga usted una cosa distinta a la que dijo el mes pasado, porque la verdad es que lleva usted todo el tiempo de su mandato diciendo una cosa y al mismo tiempo la contraria apenas pasados unos días. La consistencia de sus argumentos dura menos que un suspiro, señor Blanco. La verdad es que como buen socialista usted no sabe hacer otra cosa para salir de la crisis más que aumentar los impuestos. No hay que ver más que el éxito de la última vez que los subieron, nuestra crisis es más profunda. Señor Blanco, ha dicho que hay que cobrar por el uso de las autovías a los transportistas, lo cual no tiene nada que ver con pensar en las infraestructuras con sentido económico, que parece que usted lo ha descubierto ahora. Lo que usted dice como una ocurrencia, no como un trasunto de la legislación europea, tiene mucha más trascendencia de lo que parece porque su propuesta, señor Blanco, resta competitividad en lugar de procurar eficiencia. Además maltrata a un sector que sufre la crisis con enorme intensidad y usted vulnera acuerdos en vigor. Señor Blanco, más vale que no haga nuevo, por favor. No tomen más decisiones, déjenlo todo tal y como está, pero váyanse cuanto antes. (Rumores.)
El señor AYALA SÁNCHEZ: El otro día oí un comentario en la calle (Continúan los rumores.), sí, un comentario que dice: con el PSOE hay que prepararse para lo peor, primero te arruina y luego te remata. Pues eso, señor Blanco, pues eso. (Aplausos. -Rumores)
Señor ministro. (Continúan los rumores.) Un momento, señor ministro, silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO Y MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Blanco López): Señoría, el único impuesto que de verdad se ha subido en los últimos tiempos es el IBI escandalosamente en Madrid, donde estamos ahora. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Por lo tanto, no prediquen ustedes una cosa y luego hagan absolutamente lo contrario. Hay dos formas de hacer política, señoría: nosotros en este momento defendemos más becas y más sanidad aunque sea a costa de un kilómetro de autovía, y ustedes defienden pagar por ir al médico para construir un nuevo kilómetro de autovía, esa es la diferencia. Y debería saber, señoría, que se aprobó en el Consejo de Transportes la Directiva sobre la euroviñeta y que luego se aprobó también en el Parlamento Europeo, señoría, debería saberlo. Y debería saber que en este octubre se aprueba definitivamente en el Consejo de Transportes porque hay una mayoría para poder aprobarla y que luego se debe trasponer como directiva, que va a ser a partir de octubre. Por lo tanto, no engañe, no haga demagogia, no mienta, señoría, es una directiva que tenemos que trasponer a nuestro ordenamiento jurídico a partir de octubre. He dicho y ratifico que a partir de ese momento habrá que abrir un diálogo con el sector del transporte y con las comunidades autónomas para hacer la trasposición del mejor modo para los intereses de todos. Eso es lo que he dicho, señorías, y eso es lo que ratifico en este momento, después de un proceso de negociación que sabe el sector que, gracias a la posición española en el Consejo de Transportes donde se aprobó,
se ha flexibilizado y el sector felicitó al Ministerio de Fomento del Gobierno de España; ustedes no. Además esperamos que en el Consejo de Transportes definitivo se flexibilice todavía más a favor de los intereses de los transportistas españoles. Y, señoría, yo ya sé que ustedes dicen una cosa y la contraria, pero no me parece justo que un camionero francés cuando venga a España no pague por pasar por nuestras autovías y un camionero español cuando vaya a Francia pague por utilizar sus autovías. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE EL TRIBUNAL DE CUENTAS CONSIDERE QUE RESULTA CONVENIENTE ACOMETER UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESCÁNDALO DE LOS ERES EN ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/001604.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo e Inmigración... (Rumores.) ¿Pasa algo, señorías? (Pausa.) Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo e Inmigración. En primer lugar la que formula el diputado señor Matarí Sáez.
El señor MATARÍ SÁEZ: Gracias, señora presidenta.
La pregunta iba dirigida al vicepresidente Chaves, pero el señor Chaves acaba de marcharse para no contestar a esta pregunta, lo que yo considero una falta de respeto y una vergüenza ante esta Cámara. (Protestas y rumores.)
El señor MATARÍ SÁEZ: Una vez más el vicepresidente Chaves no da la cara cuando se trata de dar explicaciones sobre el mayor escándalo de corrupción producido bajo su mandato siendo presidente de la Junta de Andalucía. Lo que queríamos era conocer la opinión del señor Chaves sobre una importante resolución del Tribunal de Cuentas, que ha decidido investigar el escándalo de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía al considerar que existe un perjuicio a los poderes públicos andaluces. Señor Gómez, su opinión es muy respetable pero políticamente irrelevante en este asunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Matarí.
El señor MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (Gómez Sánchez): Trataré de que al menos sea una opinión sensata. (Risas.) Señoría, el Gobierno es siempre extraordinariamente respetuoso con los procedimientos que se desarrollan en el ámbito judicial, y lo es también, naturalmente, con el papel de instituciones fiscalizadoras como la del Tribunal de Cuentas. Si este tribunal dictara -que todavía no lo ha hecho- una resolución en la que admitiera a trámite una denuncia para investigar el asunto al que usted se refiere, el Gobierno lo respetaría porque, aunque no sea un asunto de su competencia, está siempre interesado, siempre, en garantizar una gestión transparente de los recursos públicos.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señor ministro, no sé si usted sabe que, según los autos de la jueza instructora, Gobiernos de la Junta de Andalucía presididos por el señor Chaves han utilizado indebidamente fondos públicos para beneficiar a amigos, familiares y personas pertenecientes o vinculadas al Partido Socialista. El señor Chaves y el señor Griñán han permitido que el dinero de los parados andaluces se utilizara para pagar pensiones ilegales a cargos socialistas, pagar ERE fraudulentos con intrusos vinculados al PSOE, dar subvenciones a ayuntamientos socialistas, dar subvenciones a empresas amigas del PSOE y también para pagar campañas de publicidad de la Junta, para subvencionar y comprar medios de comunicación afines al PSOE y para evitar conflictos laborales en época electoral. Y todo ello ¿sabe usted cómo se ha hecho? El señor Chaves sí lo sabe. Se ha hecho sin control y sin publicidad y con un procedimiento que, según otro auto de la juez, dice que puede constituir un delito de prevaricación. Usted tiene hoy que defender al señor Chaves, pero el señor Chaves y el señor Griñán son cada día más sospechosos no solo de haber permitido, sino de haber sido parte activa del mayor fraude a las arcas públicas andaluzas ni más ni menos que con el dinero de los parados. El señor Chaves se resiste una vez más a asumir responsabilidades políticas.
Hay directores generales, delegados provinciales y consejeros implicados e imputados, hay informes de la Intervención General que advertían de las irregularidades, hay ampliaciones presupuestarias del fondo de reptiles acordadas por el Consejo de Gobierno presidido por el señor Chaves y un déficit acumulado entre 2001 y 2007 de 39 millones de euros. ¿Y el señor Chaves y el señor Griñán no se enteraban de nada? ¿Usted se lo cree, señor ministro? Dígale al señor Chaves que deje de
esconderse, que ha llegado el momento de que dé una explicación convincente, de que asuma alguna responsabilidad, y sobre todo de que pida perdón al millón de parados de Andalucía, a los que dejó abandonados allí para venirse a Madrid, todavía no sabemos a qué. Por cierto, transmítale también de paso mi enhorabuena por su ascenso en el Gobierno, que viene a reconocer sin duda su intenso y su fructífero trabajo. (Aplausos.)
Señoría, creo que el señor Chaves y el señor Griñán saben perfectamente defenderse y saben, lo que es mucho más importante, asumir sus responsabilidades. Le pido en primer lugar respeto institucional. Todas las instancias posibles están investigando este asunto. Dejémoslas trabajar, no interfieran más, respétenlas. En segundo lugar, le pido que no enreden más, que no armen más ruido, que contribuyan a serenar la vida pública y la vida social. Y en tercer lugar, le pido mucha menos inquina y mucha más responsabilidad. Este tipo de asuntos son, como usted sabe bien, particularmente desagradables para los ciudadanos y exigen por ello más rigor y muchos menos exabruptos.
Como usted sabe muy bien, todas las comunidades autónomas y el propio Estado conceden ayudas para el saneamiento y para el relanzamiento de empresas en crisis, y estas ayudas funcionan, han servido y siguen sirviendo para cientos de empresas que hayan superado y que puedan llegar a superar situaciones de dificultad, situaciones que exigen y que permiten el mantenimiento con estas ayudas de puestos de trabajo. Otra cosa muy distinta es la presunta comisión de irregularidades en el acceso y en el disfrute de estas ayudas. Sobre este asunto todos estamos interesados, todos, el Gobierno el primero, en primer lugar en un rápido esclarecimiento, en la exigencia de responsabilidades y, cómo no, en el castigo ejemplar a los culpables.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS DATOS DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, QUE HA CAÍDO EN EL ÚLTIMO AÑO EN CASI 200.000 AFILIADOS? (Número de expediente 180/001607.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Álvarez-Arenas Cisneros.
Señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha caído en el último año en 200.000 afiliados?
Señoría, en materia de empleo el mes de junio nos ofreció dos datos relevantes: una bajada del paro de casi 69.000 personas y una caída de más de 200.000, 212.000 exactamente, en el último trimestre. En cuanto a afiliación, a pesar del dato ligeramente más débil del mes de junio, cerramos un segundo trimestre con un crecimiento cercano a los 200.000 nuevos afiliados en la Seguridad Social. Son datos que muestran la mejora que ya estamos registrando -una parte de ella es estacional-, y son buenos datos, aunque me imagino que a ustedes les gustan más las noticias cuando son malas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, estamos en este momento en un récord de pensionistas. En junio de este año hemos superado por primera vez los 8 millones, concretamente 8.001.000 pensionistas. Mientras, el número de afiliados ocupados ha descendido de manera importante, a cifras de 2007, con 17 millones de cotizantes, y también los parados que son cotizantes, es decir, los desocupados que todavía están cotizando también han bajado en 191.000. La Seguridad Social venía ganando en diciembre de 2010, enero, febrero y sobre todo en marzo cotizantes desempleados, pero cotizantes. Sin embargo, a partir del mes de marzo, en abril, mayo y junio, se ha perdido este tipo de cotizantes, y no porque hayan encontrado empleo, sino porque han dejado de cotizar al perder completamente cualquier tipo de ayuda. Se lo dije en el Pleno pasado, este número de personas que ya no cobran nada se va a ir incrementando. Se lo ha dicho también el señor Duran al presidente del Gobierno. Son ya más de 500.000 personas las que no cobran nada en este país. Y los expertos nos dicen, señor ministro, que en este año 2011 se pueden perder 600.000 cotizantes a la Seguridad Social por la situación de crisis y precisamente también por la pérdida de prestaciones contributivas al desempleo.
Señorías, señor ministro, España se enfrenta a un escenario económico y social preocupante, cada vez hay
más pensionistas y menos cotizantes, estamos en una ratio de 2,5 o 2,1 si excluimos a los parados. Señores del Gobierno, señor ministro, usted puede hacer los discursos que quiera aquí, puede hablar de épocas anteriores, manipular, vender oasis en el desierto, lo que usted quiera, pero la realidad es la que es, la dan las cifras oficiales y los ciudadanos lo perciben, lo conocen y lo padecen. Señorías, está claro que ni la reforma laboral ni todas las medidas que el Gobierno dice haber tomado, pero que son inconclusas, inconexas e insulsas y que han estado mal planteadas, han dado ningún resultado en aquello que es lo más importante, el empleo. Porque, señor ministro, sin empleo no hay recuperación ni hay política social. Y no nos vengan, por favor, con el discurso del silencio de la oposición para no alarmar a los mercados. A estas alturas, los mercados y la Unión Europea ya saben que la alarma la genera este Gobierno con su incompetencia, su manipulación y sus actuaciones inconcretas. La receta la saben ustedes, usted no la puede aplicar, pero pídale al señor Rodríguez que convoque elecciones ya.
Ha citado usted dos veces la palabra manipulación. En 2005 tuvimos que emerger -hacer salir- en el paro registrado a 500.000 desempleados; no unos cuantos, medio millón de desempleados que ustedes no contabilizaron. La mayoría de ellos eran extranjeros. (Rumores.) Ustedes no llegaban ni a contabilizar a los extranjeros que teníamos trabajando de forma regular, que eran unos cuantos en España. Así que de manipulación, por favor, no nos den ustedes lecciones. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.)
Los datos revelan que el empleo efectivamente empieza a recuperarse. Empieza a recuperarse incluso a pesar de haber estado realizando un ajuste riguroso, un ajuste que impide un crecimiento importante en el corto plazo de la actividad y del empleo. ¿Hay buenos datos en materia de afiliación? Sí. A lo largo de los seis primeros meses del año, y por primera vez desde 2007, el empleo ha crecido. Ha crecido durante estos seis primeros meses por primera vez desde 2007. Además, si exceptuamos la construcción, nuestra economía ya no destruye empleo: de los 200.000 afiliados menos que usted dice, debe saber que hay 197.000, es decir el 97 por ciento, que se concentra aquí, en la construcción. Es un auténtico agujero negro el de la construcción, del que seguramente todos somos en parte responsables, ustedes también; ustedes también por favorecerlo en su momento. Ustedes -se lo diré siempre- sembraron las semillas del fruto que hoy estamos recogiendo. (Rumores.) Hay más datos positivos: el sector servicios, que engloba a casi tres cuartas partes del empleo, lleva ya catorce meses consecutivos con tasas de creación de empleo positivas.
Señoría, este es un camino, el del Gobierno, para salir de la crisis; pero en este camino nunca, ni en los peores momentos, el Gobierno ha encontrado ninguna... (Aplausos.- Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. Ha acabado su tiempo.
- DEL DIPUTADO DON FERNANDO RÍOS RULL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ ACTUACIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO ANTE EL ORGANISMO DE GESTIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO EN INTERNET (ICANN, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA LA OBTENCIÓN DEL DOMINIO ".IC" POR PARTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS? (Número de expediente 180/001599.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, la que formula el diputado señor Ríos Rull. (Rumores.) Silencio, por favor. Un momento, señor Ríos.
Señor Ríos.
El señor RÍOS RULL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como usted sabe, desde noviembre de 2009 el Gobierno de Canarias, por mandato de su Parlamento, ha hecho distintas gestiones para la obtención del domino.ic o Icann. Entre esas gestiones estaba dirigirse a los organismos internacionales y nacionales con ese fin. El presidente de la comunidad autónoma se ha dirigido a usted para implicarlo en el proceso y, ante las dudas del ministerio, se trajo a esta Cámara una proposición no de ley en la que definitivamente se zanjó el tema instando al Gobierno a que realizase las actuaciones necesarias para ello. Por tanto, le pregunto: ¿Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el Gobierno para la obtención del dominio.ic para Canarias?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ríos.
Señoría, los dominios de primer nivel, como sabe, son asignados por la Icann, siglas en inglés, de la Corporación de Internet para la Asignación de Números y Nombres. Existen básicamente dos categorías: por una parte, los dominios genéricos, los que tienen tres letras, como.com o el.org; y por otra parte, los dominios territoriales,
que solamente tienen dos letras, como por ejemplo.es, y que están reservados fundamentalmente a los países. En uno y otro caso existen procedimientos establecidos y tasados para acceder a los mismos y que la Icann se encarga de resolver y de asignar.
El Gobierno conoce la iniciativa del Gobierno de Canarias para obtener un nombre de dominio de territorio de primer nivel.ic, así como el apoyo que ha recibido esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. Precisamente por ello el Gobierno central va a intervenir oportunamente, pero cuando le corresponda. ¿Y cuándo le corresponde? En el momento en que la Icann solicite su opinión de acuerdo con los procedimientos establecidos.
El señor RÍOS RULL: Señor ministro, las posibilidades que tiene el ministerio son dos, desde nuestro punto de vista: Una, dirigirse directamente a la Icann para expresarle que no tiene oposición a la delegación del dominio.ic y, dos, dirigirse al Gobierno de Canarias para que a su vez este se dirija a la Icann. Como usted sabe, hay dos requisitos para la delegación de ese dominio: Uno es que esté preasignado ese dominio.ic -ya la norma ISO 3166 así lo establece- y dos, que el Gobierno del Estado -en este caso porque excepcionalmente la asignación del.ic para Canarias lo es por sus especificidades fiscales-, el país al que pertenece ese territorio no oponga oposición. Por tanto, reitero que el Gobierno del Estado, y por tanto su ministerio, tiene dos opciones: por un lado, dirigirse directamente a la Icann y, por otro lado, dirigirse al Gobierno de Canarias expresándole su no oposición a la delegación del dominio.
Señoría, respetemos los procedimientos. Los procedimientos dicen que primero el Gobierno de Canarias debe ser quien inicie la tramitación del procedimiento ante la Icann y luego será el Estado español el que tenga que emitir la opinión cuando sea consultado, no previamente sino cuando sea consultado por la Icann. Pero, sí le anticipo que, si en atención a las características culturales, históricas y singulares de las islas Canarias se decide promover un dominio genérico de primer orden, el Gobierno central va a dar su apoyo a esta iniciativa en beneficio del desarrollo y la extensión de la sociedad de la información en Canarias, como lo ha hecho hasta ahora.
Le quiero recordar que este Gobierno desde 2005 y hasta el año pasado ha movilizado más de 281 millones de euros para fomentar la sociedad en red en Canarias. Hemos conseguido que el número de usuarios de Internet en Canarias pase del 38 al 57 por ciento de la población y el número de empresas conectadas a banda ancha ha pasado del 49 por ciento en 2005 al 96 por ciento el año pasado. Señoría, no solamente trabajamos por el turismo, por el transporte en Canarias, sino también para que Canarias esté en la cabeza del avance tecnológico.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO MARISCAL ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ CONTROLES HA APLICADO EL MINISTERIO DE INDUSTRIA SOBRE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS A LA SGAE? (Número de expediente 180/001608.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta del diputado señor Mariscal Anaya.
¿Cuáles han sido los controles que su ministerio ha desarrollado con las subvenciones y ayudas otorgadas a la SGAE? Los españoles están percibiendo discrecionalidad en cuanto a los niveles de control a los que se somete a los beneficiarios de ayudas según sean amigos o no sean amigos. Hay dos varas de medir: a unos se los controla y vigila y a otros parece que se les toleran excesos y, en todo caso, se les trata con excesiva generosidad. Señor ministro, la operación Saga es a todas luces un caso paradigmático de lo dicho anteriormente por la laxitud en el comportamiento de su ministerio. Se lo veníamos advirtiendo tanto en las sucesivas comparecencias del secretario de Estado de Telecomunicaciones como mediante una proposición no de ley ya presentada en la que le solicitamos la evolución y el control de los resultados en los proyectos del Plan Avanza.
Señor Sebastián, el Ministerio de Industria no ha cumplido su obligación de controlar la transferencia de fondos públicos de este plan a la Sociedad Digital de Autores y Editores. Ustedes le concedieron solo en 2007 más de cuatro millones de euros. Y, fíjese, parece ser que de momento dos millones corren el riesgo de impago, de impago y además supone una tomadura de pelo y un fraude, según hemos podido conocer por el auto judicial. Y eso es lo que conocemos hasta ahora. Hay falta de
transparencia, porque solicitamos desde enero cinco informes para que nos comunicaran la actividad sancionadora de su ministerio, y seguimos una vez más esperando; hay falta de rigor y control, tan necesario en las finanzas públicas en estos momentos de crisis. Ya existían denuncias por fraude desde el año 2007, y auditar e inspeccionar es su responsabilidad. ¿Por qué no hizo su trabajo? ¿Por qué no hizo su trabajo? Estamos muy preocupados porque si esto ha ocurrido con dos millones qué no habrá podido suceder con los 4.898 restantes correspondientes a este epígrafe presupuestario. Si hubiera ejecutado sus competencias de vigilancia con el mismo ardor con el que defiende las bombillas o el uso o no uso de las corbatas y otra serie de ocurrencias, la historia sería bien distinta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Mariscal.
Señoría, en el caso de la SGAE, como en todos los casos, como en el Plan Avanza, al que su señoría no se refiere nunca en actitud negativa -lo cual quiere decir que consideran y aceptan que el Plan Avanza ha sido un éxito en nuestro país- y en todos los proyectos que ha financiado el Plan Avanza se han seguido escrupulosamente los procedimientos, que básicamente son dos: en primer lugar, respetar lo establecido en la Ley General de Subvenciones de 2003 -entiendo que su señoría no objeta el contenido de esta ley- y, en segundo lugar, se siguen escrupulosamente las disposiciones que se establecen en las diferentes órdenes de bases y convocatorias, que, entre otras cosas, garantizan la trasparencia y la concurrencia en los procesos de adjudicación. En aplicación de estos principios y por supuesto en aplicación de la legalidad -si su señoría tiene alguna objeción, ya sabe dónde puede acudir-, hemos sido absolutamente escrupulosos.
En relación con los proyectos a los que hace referencia, hemos procedido con todo el rigor y la responsabilidad. En primer lugar, en todos y cada uno de los proyectos a los que se refiere su señoría -cuya información acoge de forma sesgada y parcial algún medio de comunicación- tanto el solicitante como quienes han participado en los mismos han presentado toda la documentación necesaria para poder participar en las convocatorias y ser acreedores de las ayudas de acuerdo con las órdenes de bases y las resoluciones de las convocatorias. También le diré que en la gran mayoría de estos proyectos financiados la SGAE no era el solicitante principal, sino que era un participante, siendo el solicitante principal grandes empresas de reconocido prestigio de nuestro país. En segundo lugar, una vez asignadas las ayudas se ha exigido la justificación de su aplicación, de forma que en aquellos casos en los que se haya detectado una falta de justificación parcial se ha exigido y se ha obtenido el reintegro de las cantidades, por supuesto con los intereses de demora. En tercer lugar, en aquellos proyectos que han sido financiados en forma de préstamos, no de subvenciones -por cierto, la gran mayoría de las ayudas han sido préstamos, no subvenciones-, se han pagado en plazo las cuotas de amortización, de acuerdo con los cuadros establecidos en las resoluciones de concesión. Por tanto, no existe a fecha de hoy ningún importe pendiente de reintegro.
Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Señor ministro, este es el Congreso, es un debate político, no de recopilación de facturas. En cualquier caso, ya le anuncio que mi grupo parlamentario presentará una batería de preguntas y reiteraremos la petición de documentación para garantizar que ha existido un correcto uso de los fondos públicos. Se lo garantizo, señor ministro.
Tres segundos, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): Tres segundos. No llevo corbata por la eficiencia energética en nuestro país, pero sí pago mis trajes. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ AGUERRI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ RESULTADOS SE HAN PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR PARTE DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001614.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta de la diputada señora Fernández Aguerri.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el fomento de un modelo de crecimiento competitivo y basado en el conocimiento es uno de los principales retos a los que tenemos que hacer frente para salir fortalecidos de esta crisis y comenzar a crear empleo de calidad. Pero para alcanzar este objetivo
es especialmente importante que el esfuerzo innovador y la imagen de calidad de nuestras empresas se traduzcan en valor añadido. Para ello uno de los aspectos más relevantes es el fomento de la propiedad industrial por su capacidad para impulsar y dar cobertura a la innovación, dotándola de más eficacia y rentabilidad. En concreto, el sistema de patentes proporciona a la innovación un marco de desarrollo muy eficaz, promoviendo los intercambios de tecnología y transformando el conocimiento técnico en un activo inmaterial que se puede transmitir y licenciar de forma segura. Esa es la razón por la que desarrollar una estrategia de impulso al sistema de patentes en nuestro país era y es particularmente trascendente. En este sentido, es importante señalar que resulta altamente chocante comparar nuestro peso internacional en el PIB con la modesta situación que como país hemos venido manteniendo en el ámbito de las patentes. Y si bien es cierto que en los últimos años se ha mejorado notablemente, aún permanecemos en posiciones que están lejos de las que nos corresponden y que nos permiten un amplio margen de crecimiento por la potencialidad y la capacidad de nuestra economía.
Creo que son todas estas razones las que en la primavera del año pasado llevaron al Gobierno a poner en marcha un plan trienal de apoyo a nuestro sistema de patentes; un plan del que un año después sería bueno tener conocimiento y valorar los efectos y los resultados que se han derivado de su ejecución. Esa es la razón por la que, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué resultados se han producido como consecuencia de la ejecución de las políticas de promoción de la propiedad industrial por parte de nuestro Gobierno?
Este es uno de los retos de la economía española. España es un país que tiene un nivel de producción científica bastante notable -el noveno del mundo-, sin embargo, tenemos un nivel de patentes muy bajo. Es verdad que tradicionalmente el partido hipotecario, el Partido Popular (Rumores.), no se preocupó en absoluto de este tema. No obstante, este Gobierno siempre ha hecho una apuesta no solamente por la producción científica, sino también para que esa producción científica se traslade a patentes. Por ese motivo pusimos en marcha el 23 de abril del año 2010 el Plan de promoción de propiedad industrial, más conocido como el Plan PI, para promover la utilización de la propiedad industrial como vector de innovación, de calidad y de competitividad, fundamentalmente para las pymes.
Poco más de un año después de su puesta en marcha, nos ha sorprendido el resultado porque en 2010 hemos sido el país, después de China, que más ha crecido en generación de patentes en el mundo, con un 6,8 por ciento, como consecuencia de distintas actuaciones enmarcadas dentro de este Plan PI. En primer lugar, en lo referente al estímulo de la propiedad industrial, hemos conseguido que cerca de 180.000 empresas -repito, 180.000- hayan participado en alguna de las acciones del plan creando instrumentos específicos de apoyo a las empresas como el Boletín de Información Tecnológica o el Centro Virtual de Apoyo a las Pymes en materia de propiedad industrial, fortaleciendo el apoyo a organizaciones como el Foro de marcas renombradas y organizando más de 200 jornadas y seminarios. En segundo lugar, con el objeto de facilitar el acceso de las empresas a la propiedad industrial, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha reducido las tasas en un 30 por ciento y hemos acortado los plazos de concesión de diseños en un 94 por ciento; los de marcas, en un 25 por ciento; los modelos de utilidad, en un 21 por ciento y los de patentes, en un 3 por ciento. Hemos informatizado los procedimientos de presentación y tramitación de todas las modalidades, con más de 74.000 solicitudes electrónicas. Además, hemos dedicado 5 millones de euros a fomentar la protección de la innovación española en el exterior y hemos firmado siete acuerdos bilaterales con oficinas de patentes de otros países. Hemos impulsado la propiedad industrial verde y, como resultado de todo ello, España ha escalado ya dos puestos y es el décimo país de la Unión Europea con más patentes y más I+D en Europa, cumpliendo los objetivos del plan.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ORIA GALLOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RECIENTE REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA MAB DE LA UNESCO DEL PASADO 1 DE JULIO? (Número de expediente 180/001615.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que formula el diputado señor Oria Galloso.
El señor ORIA GALLOSO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la 23.ª reunión del Consejo Internacional de Coordinación, órgano de gobierno del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, se ha desarrollado en Dresde, Alemania, del 28 de junio al 1 de julio de 2011. España forma parte de este órgano que
está constituido por treinta y cuatro países. Su reunión se ha celebrado en el marco del programa y la coordinación de la Red mundial de reservas de la biosfera. Esta es una de las pocas veces que el órgano de coordinación del programa El hombre y la biosfera se ha reunido fuera de la sede de la Unesco en París. En esta ocasión, este consejo internacional ha reunido a representantes importantes de la política, de la administración, de la ciencia y de la práctica ambiental para discutir sobre el futuro del programa El hombre y la biosfera. Señora ministra, las reservas de la biosfera son las herramientas más importantes del programa de la Unesco. Las 566 reservas localizadas en 112 países colaboran como única red mundial desde 1976. Tres son los documentos que tienen una posición central para el trabajo diario de las reservas de la biosfera: el marco estatutario, el Plan de acción de Madrid, de 2008, y la estrategia de Sevilla, de 1995, donde se sientan las bases sobre cómo compatibilizar y conciliar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo económico y social con el mantenimiento de los valores culturales asociados al territorio, sobre cómo se puede y se debe disfrutar de zonas especialmente sensibles desde el punto de vista medioambiental y ser usadas y mantenidas sin romper su equilibrio vital y sobre cómo se consigue esa complicidad entre el territorio y sus moradores, permitiendo el cuido y aprovechamiento a través de una buena relación simbiótica ...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Lo siento, señor diputado. Ha acabado su tiempo.
Señor diputado, me preguntaba cómo valora el Gobierno este consejo internacional que se ha celebrado en Dresde y le diré que de manera muy positiva por los resultados de la reunión del consejo. En primer lugar, porque se han evaluado seis reservas de la biosfera española, que han pasado con sobresaliente, de manera muy satisfactoria esa evaluación y que han puesto de manifiesto que nuestro país está implicado de forma activa en el programa MaB y que lo hacemos realidad paso a paso. En segundo lugar, España ha presentado en el marco del consejo el informe sobre las acciones más destacadas que estamos llevando a cabo en aplicación del Plan de acción de Madrid y se ha puesto de manifiesto, por una parte, el impulso extraordinariamente importante que el comité español está dando al programa El hombre y la biosfera. En tercer lugar, el apoyo firme a la coordinación de la gestión y al desarrollo sostenible en las reservas de la biosfera española. Y, en cuarto lugar, las acciones que España está llevando a cabo en materia de cooperación internacional, cumpliendo el compromiso para la preservación de reservas de la biosfera de otros países.
También consideramos muy satisfactorios los resultados del consejo, porque en la evaluación del estado de la Red mundial de reservas de la biosfera, evaluación prevista en el Plan de acción de Madrid, España ha contribuido con un informe -así se ha señalado- de los más completos sobre las reservas de las biosfera y se ha puesto de manifiesto que España cumple y que estamos en primera línea del desarrollo del Plan de acción de Madrid y del desarrollo del programa El hombre y la biosfera. Tenemos cuarenta reservas de la biosfera en España. Conjugamos conservación con aprovechamiento de los recursos naturales. Es más, señoría, estamos generando nuevos yacimientos de empleo, con la importancia que esto tiene. Esto quiere decir que en España avanzamos en sostenibilidad y generamos oportunidades ciertas y seguras para el empleo. Así que avanzamos y los resultados de este consejo que se han celebrado en Alemania han sido positivos.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE EL MINISTERIO DE CULTURA EN LA SUPERVISIÓN DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN, ESPECIALMENTE EN LA SGAE? (Número de expediente 180/001609.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pregunta dirigida a la señora ministra de Cultura, que formula el diputado señor Rodríguez-Ponga Salamanca.
El señor RODRÍGUEZ-PONGA SALAMANCA: Señora presidenta, muchas gracias.
Señora ministra, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Cultura en la supervisión de las entidades de gestión, especialmente en la SGAE?
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Rodríguez-Ponga.
Señoría, hoy el Gobierno tendrá ocasión de aclarar en sede parlamentaria todas aquellas cuestiones vinculadas al régimen jurídico de las entidades de gestión. Y, en relación con su pregunta, quiero comenzar asegurándole que el ministerio ha actuado de acuerdo con todas las posibilidades que le otorga la ley, con total responsabilidad y ejerciendo todo el control posible sobre las ocho entidades de gestión de los derechos de autor, autorizadas por este ministerio, incluida, por supuesto, la Sociedad General de Autores y Editores.
Señor Rodríguez-Ponga.
Señora ministra, lo que está claro es que el Ministerio de Cultura tiene competencias bien definidas en materia de propiedad intelectual. Están bien definidas en la Ley de Propiedad Intelectual, están claras en la sentencia del Tribunal Supremo, están claras en la sentencia del Tribunal Constitucional, donde define la división de competencias posibles entre el Estado y las comunidades autónomas, pero estas solo las asumirán en el caso de que haya esa competencia en estatutos de autonomía y en el caso de que haya un procedimiento de transferencia de competencias, como ha habido -qué casualidad- hace solo unos días al País Vasco. Aquí la sensación es que ha habido una dejación de competencias. Efectivamente, también ha habido competencias para Cataluña en materia de propiedad intelectual.
Hay una preocupación en toda la sociedad española, entre los artistas, los creadores, los escritores y los compositores, una preocupación que quiero compartir con la señora ministra porque, en primer lugar, la señora ministra es socia de la SGAE, lo cual es ya un motivo suficiente para el seguimiento de esta entidad, que está claramente en crisis; y, en segundo lugar, porque, como ministra del Ministerio de Cultura, es responsable de lo que allí se hace en relación con la supervisión de las entidades de gestión. Basta ver la página web del ministerio para comprobar las competencias que el mismo tiene y también las tiene en cuanto a la rendición de cuentas de las entidades de gestión, que están publicadas en la propia página web. Las competencias son evidentes, pero hay otro motivo de preocupación y es que el director general encargado de la supervisión de las entidades de gestión resulta ser en su ministerio un ex alto cargo de la SGAE. Señora ministra, el problema de hablar de competencias o de la falta de competencias, como han hecho ustedes estos días, es que da la sensación de aquí lo que hay es incompetencia. (Aplausos.)
Señoría, usted sabe que ese control que se ha ejercido sobre las entidades de gestión es el que corresponde en derecho al Ministerio de Cultura. Lo sabe muy bien porque fue director general de Comunicación y Cooperación del ministerio entre los años 1996 y 2000, periodo en el que casualmente autorizaron ustedes esta modificación de estatutos, que permitió a unas entidades sin ánimo de lucro tener sociedades mercantiles. Sabe, por tanto, que esa sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, durante el periodo en que ustedes eran responsables, limita las competencias de vigilancia y control del Ministerio de Cultura. No tengo problema en recordarles cuáles son estrictamente en el momento actual esas competencias: autorizar a una entidad legalmente constituida para actuar como entidad de gestión y revocar la autorización concedida; aprobar las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestión y recabar y recibir toda la documentación, información y datos sobre la compensación equitativa por copia privada. Estas competencias las ejerce el Ministerio de Cultura cumpliendo con su responsabilidad y con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
A lo largo de las diversas intervenciones de hoy, el Gobierno tendrá tiempo de entrar en detalles, pero quisiera pedirle un favor y es que no confunda a la opinión pública mezclando la actuación de unos gestores particulares con las entidades de gestión en general. Las sociedades de gestión en general y los autores y creadores a los que representan son las auténticas víctimas de todo este proceso. Nuestro deber como responsables políticos es el de salvaguardar los intereses que legalmente les corresponden y hasta que haya sentencia no habrá culpables, pero sí hay inocentes, esos casi cien mil socios de la SGAE. Por ello, el Ministerio de Cultura ha manifestado su total disposición a colaborar con la justicia en todo aquello que sea preciso, porque queremos esclarecer los hechos y que se... (Aplausos.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ESPECIALMENTE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE). (Número de expediente 172/000281.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señorías, pasamos a continuación al debate de las interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Popular, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar el control del cumplimiento de la legalidad en las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual, especialmente la Sociedad General de Autores y Editores.
Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene a palabra el señor Lassalle.
El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, comparto con usted la preocupación que acaba de evidenciar respecto de la importancia que los autores y la creación en general deben tener reconocida en nuestro país. Precisamente por eso, el escándalo que ha salpicado desgraciadamente a la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, abre un escenario de enorme inquietud y preocupación para el conjunto de los ciudadanos, no solo para la opinión pública, que muchas veces tiene que ver con la opinión publicada, me refiero al conjunto de la ciudadanía. La actividad de la Sociedad General de Autores y Editores está regulada, como usted sabe muy bien, por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba un texto refundido sobre propiedad intelectual, que atribuye en su artículo 159 las competencias que usted ha mencionado hace un rato, que grosso modo se resumen fundamentalmente en la capacidad de otorgamiento y de revocación de una licencia para que las entidades de gestión gestionen -valga la redundancia- los derechos sobre la propiedad intelectual, que, evidentemente, tienen sus asociados. En esa función o ejercicio del otorgamiento de la licencia existe una capacidad de supervisión por parte del ministerio, porque si no no estaría asociada a la concesión de la licencia la concesión de la revocación: puro derecho administrativo, señora ministra.
El pasado 1 de julio la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, inicia el registro -que todos conocemos porque se han encargado de darle publicidad los medios de comunicación- y abre un marco de investigación por una serie de presuntos delitos de desviación de fondos y apropiación indebida, con detenciones que, como digo, han evidenciado, al menos indiciariamente, la existencia de una compleja trama empresarial parasitaria vinculada a la entidad de la que estamos hablando.
Con independencia de la instrucción judicial en marcha y respetando por supuesto la actuación de los órganos jurisdiccionales de nuestro país y respetando también la presunción de inocencia de las personas implicadas, lo que está claro es que su Gobierno -y usted concretamente- tienen una evidente responsabilidad sobre todo lo que ha sucedido, primero porque, como le decía antes, el artículo 159 le atribuye a usted el otorgamiento y la revocación de la licencia que permite a la SGAE y a las otras entidades de gestión desarrollar su actividad. Vinculado a este hecho usted ha tratado de escudarse -y también el resto del Gobierno- respecto a esta responsabilidad en una sentencia del Tribunal Constitucional, la 196/1997, que lo que hace es confirmar la competencia que el Estado tiene en el desarrollo de la legislación sobre la propiedad intelectual, el reconocimiento de la capacidad del Ministerio de Cultura sobre el otorgamiento o supervisión de la actividad de la institución y además lo que hace es reservar a las comunidades autónomas que asuman estatutariamente esa competencia a través del correspondiente real decreto de traspaso de poderes que ejerciten estrictamente, en el ámbito de supervisión territorial de la comunidad autónoma en cuestión, una capacidad concurrencial sobre la base de algo tan importante que, como usted sabe bien, establece nuestra Constitución al definir el Estado como un Estado de cultura, y es la comunicación cultural y la cooperación cultural en el ejercicio de las funciones relativas a la cultura que tienen el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas. Por tanto, no eluda su responsabilidad ni trate de escudarse en una sentencia que lo que hace es reforzar aún más su responsabilidad en este campo.
En segundo lugar, señora ministra, usted señaló el 28 de mayo de 2009 en la Comisión de Cultura: Con respecto a la propiedad intelectual, estoy totalmente de acuerdo en que el ministerio tendrá que liderar el proceso de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que pasa -reprochándonos a nosotros- es que a veces no les entiendo a ustedes, ya que parece que no quieren tener en cuenta al Parlamento y cuando les digo que tendré en cuenta al Parlamento me dicen que no, que tengo que liderar yo. Lideraré sin duda alguna y vendré aquí con unas pautas clarísimas de lo que hay que hacer.
Las pautas no han sido claras y usted evidentemente no ha liderado, aunque sabía que tenía que liderar todo el proceso relativo a la gestión de los derechos, porque le recuerdo, señora ministra, que la subcomisión de la propiedad intelectual emitió un informe sobre la gestión colectiva de los derechos en el que se reconocía lo siguiente: Es evidente que la actuación de estas entidades requiere unos mayores niveles de eficiencia. En este sentido, la subcomisión comparte también las preocupaciones manifestadas por diversos comparecientes que han expuesto la necesidad de que las entidades de gestión desarrollen estructuras de funcionamiento más eficaces y transparentes, en especial respecto al cumplimiento de las normas de competencia. No sigo relatando, pero usted, por el informe de la subcomisión de la propiedad intelectual, conocía perfectamente que había una demanda social y una preocupación por parte de los técnicos y expertos relacionados con las entidades de gestión de que existían prácticas poco transparentes y opacas que comprometían no solamente la credibilidad de estas instituciones, sino particularmente la credibilidad de supervisión que su propio ministerio tiene.
Además hay otro informe que usted también conoce, porque lo ha reconocido en sesión de control cuando yo le he preguntado sobre ello y fue concretamente el 18 de febrero de 2010, cuando le pregunté sobre el informe de la Comisión Nacional de la Competencia, en el que prácticamente se reproducían las mismas apreciaciones que yo le he señalado hace un momento en el informe de la subcomisión de la propiedad intelectual elaborado por esta Cámara. Ahí usted reconoció que efectivamente existían esas prácticas no transparentes, pero que usted iba a tomar cartas en el asunto. Es más, apelaba a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y a un informe publicado en
abril de 2009 donde se reconocían también varias de las prácticas que ahora le voy a comentar. Por tanto usted sabía perfectamente que tenía que liderar un proceso en general de reforma de la propiedad intelectual, pero comprendiendo que uno de los elementos vertebradores del problema de la propiedad intelectual en España giraba alrededor de la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Su responsabilidad por tanto como eje centralizador de las otras responsabilidades que se solapan en toda esta situación y son imputables al Gobierno es clara.
También son claras las responsabilidades del Ministerio de Industria. Señora ministra, el Ministerio de Industria en los años 2008, 2009 y 2010 ha otorgado subvenciones y ayudas públicas a entidades vinculadas a las SGAE por un importe de 3,6 millones de euros. Esas cantidades están desarrolladas a través de toda una serie de subprogramas de apoyo a infraestructuras y a contenidos, que evidentemente el Ministerio de Industria tiene la responsabilidad de fiscalizar y supervisar en la gestión de los informes contables que le presenten las entidades que disfrutan de esas subvenciones. Los propios involucrados en la investigación judicial que ha dado pie al escándalo que todos conocemos reconocen -y así aparece en el auto del juez Ruz de la Audiencia Nacional- que una de las entidades involucradas en el escándalo era deudora por casi 2 millones de euros del Ministerio de Industria y que ese era evidentemente un escenario que había que tratar de eludir a efectos de las responsabilidades que ellos mismos estaban manejando en sus relaciones políticas y en el control que la política ejerce sobre las entidades de gestión.
Por otro lado, la vicepresidenta tercera no atendió a los sucesivos informes de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios que usted conocía -porque usted admitía conocerlos en el propio Pleno y en la sesión de control a la que antes me refería-, que planteaban por un lado diagnósticos incorrectos de las entidades de gestión y por otro lado una serie de recomendaciones en cuanto a su funcionamiento. En cuanto al diagnóstico incorrecto -está en el propio texto-, se aprecia una mala gestión de los fondos asistenciales y promocionales y de formación, una mala asignación de recursos entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual; en fin, toda una serie de circunstancias y elementos que permitían una evaluación no transparente y no cualitativamente asumible por parte de los poderes públicos del funcionamiento de las entidades de gestión. El informe de la Comisión Nacional de la Competencia al que antes me he referido también evidenciaba todo ello.
Todo ese cúmulo de circunstancias, señora ministra, es una responsabilidad que recae sobre su Gobierno y particularmente sobre usted. No me diga que usted no conocía ni tenía responsabilidad sobre esto, lo conocía perfectamente, y sabe que nosotros durante el debate que planteamos en torno a la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible insistimos en la necesidad de incorporar también al texto elementos que tenían que ver con los problemas que yo he mencionado aquí y que usted conocía también perfectamente. Dicha ley hace referencia a esas cuestiones por la vía del reconocimiento de la capacidad de arbitraje que se le atribuye a la Comisión de la Propiedad Intelectual. Ahí están perfectamente detectados los indicios de la problemática sobre la que hoy estamos aquí reflexionando. Está en el Boletín Oficial del Estado, señora ministra, y supone evidentemente la constatación de un diagnóstico que usted conocía y comprendía perfectamente, que todos los grupos reconocieron y apreciaron durante la elaboración del informe de la subcomisión de la propiedad intelectual y que usted no fue capaz de atender. Sobre todo, de lo que usted no fue capaz fue de liderar todo el proceso de elaboración de una ley de propiedad intelectual que tenía que haber evitado hace mucho tiempo el escenario de complejidad que, por desgracia, finalmente se ha puesto de manifiesto y evidenciado con una instrucción judicial, con una investigación y con un procedimiento que ha comprometido abiertamente no solo a la SGAE sino probablemente también al conjunto de las entidades de gestión y que habrá que afrontar y resolver. ¿Cómo? Elaborando la ley de propiedad intelectual que ni usted ni su Gobierno ni por supuesto el Grupo Socialista tuvieron el coraje de enfocar, liderar y afrontar durante toda esta legislatura.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Lassalle.
El señor LASSALLE RUIZ: Termino, señora presidenta.
Para contestar a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Cultura.
Señoría, hay una cuestión previa que quiero convenir con usted y quiero hacerlo sin polémica y sin acritud. Vamos a hablar hoy de presuntos delincuentes, de modelos de gestión, de organizaciones empresariales, de competencias territoriales y de responsabilidades políticas. Hagámoslo a cara descubierta, pero salvaguardemos a los autores. No cuestionemos ni de pasada su derecho a cobrar por su trabajo y a reclamar a quienes obtienen un beneficio de él una contraprestación justa. Eso es lo único en lo que sería deseable que no hubiera confrontación ni medias tintas. Es bueno que acotemos bien el problema y que enfriemos las exageraciones. Los hechos investigados por el juez son muy graves, pero solo afectan a algunos gestores de una sociedad -de una de ellas- y eso conviene subrayarlo para no hacer una causa general.
En España hay ocho entidades de gestión que representan los derechos de músicos, intérpretes, guionistas, escritores, autores de teatro, cineastas, artistas plásticos y creadores en general. Los problemas detectados afectan a una de ellas y ni siquiera a la entidad matriz sino a una de sus sociedades mercantiles, que como veremos luego ha sido el origen del actual conflicto de la SGAE. Es preciso distinguir claramente entre las entidades de gestión, su función social y su funcionamiento correcto, por una parte y, por otra, la presunta comisión de delitos por una serie de gestores de una de ellas. No es que las entidades de gestión funcionen mal, Es que simplemente unos individuos, presuntamente, han violado la ley y se les ha detenido -eso no hay que olvidarlo-.
El problema no son las competencias, señor Lassalle. Es cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 retiraba las competencias de vigilancia y supervisión al Estado en favor de las comunidades autónomas, o al menos de Cataluña y el País Vasco, que a efectos prácticos y administrativos es lo mismo que retirarlas a todos. Es cierto que desde entonces no se ha resuelto legalmente el asunto, que es extremadamente complejo, ni durante la legislatura que su partido gobernó con mayoría absoluta -tuvieron siete años y podía haberlo hecho-, ni en las legislaturas posteriores. Le anticipo -aunque usted ya lo sabe- que ahora mismo no es posible encontrar una solución definitiva mientras Bruselas no resuelva la directiva sobre entidades de gestión que está en marcha para armonizar su funcionamiento en todo el territorio europeo. Por eso este Gobierno no ha impulsado una reforma, porque sería provisional. El problema, insisto, no son las competencias. Las tenga el ministerio o las tengan las comunidades autónomas, esas competencias permiten otorgar o revocar la licencia, exigir a las entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos. Ninguna de esas competencias habría sido suficiente para detectar los problemas que se han producido. ¿Sabe por qué, señoría? Porque los problemas se han producido en una sociedad mercantil dependiente de SGAE, y sobre las sociedades mercantiles ni el Ministerio de Cultura ni las comunidades autónomas tienen competencia.
Con todo esto hemos llegado al meollo de la cuestión y es que los presuntos delitos se han producido en una sociedad mercantil creada al arrimo de la SGAE y a partir de ahí tenemos que hacernos preguntas. ¿Es bueno que las entidades de gestión puedan crear sociedades mercantiles? ¿Es bueno que puedan hacerlo libremente, sin más cautelas que las que establece el Código de Derecho Mercantil? Y sobre todo, ¿por qué pueden hacerlo y desde cuándo? Vamos a hacer un poquito de historia. La junta directiva de la SGAE propuso un cambio en sus estatutos de 1996 para poder crear fundaciones y sociedades anónimas. La aprobación de esos estatutos estuvo bloqueada durante un tiempo, hasta que la ministra de Educación y Cultura de la época, doña Esperanza Aguirre, la desbloqueó, permitiendo en consecuencia la creación de sociedades mercantiles dependientes de la SGAE. No fue un despiste sino un acto voluntario, pues resulta que en una de las actas de una sesión de la junta directiva de la SGAE a la que acudió la citada ministra, queda recogida su opinión -y cito textualmente-: Si no está prohibido por la ley, está permitido.
Yo creo que lo que no está prohibido por la ley debe ser permitido, pero después, y solo después, de un análisis y de una valoración. ¿Qué tipo de entidades de gestión queremos? ¿Es beneficioso o es perjudicial para el cumplimiento de su función social esa autorización de crear entramados societarios que pueden derivar, como usted bien ha señalado, en parasitarios? Incluso la nueva junta rectora de la SGAE en su comunicado de ayer pone el acento en esto y en la necesidad de reformar integralmente las actividades de una sociedad como Arteria. La opinión del Gobierno es clara. Creemos que las entidades de gestión deben seguir siendo entidades sin ánimo de lucro. Es posible que en casos concretos y para situaciones concretas pueda ser conveniente la utilización de una sociedad mercantil, pero eso debe ser excepcional y debe estar sometido a una aprobación especial.
Yo quiero saber cuál es el modelo del PP, si ustedes creen que las entidades de gestión deben tener libertad absoluta para crear sociedades mercantiles o si creen que es necesaria una regulación. Una entidad de gestión debe recaudar los derechos de sus asociados y repartirlos entre ellos y debe desarrollar como le manda la ley una labor asistencial y promocional. Esas son sus funciones. Lo que no se puede hacer desde mi punto de vista es celebrar el modelo defendido por la Comisión Nacional de la Competencia, que pide -y usted lo sabe bien porque conoce al detalle ese informe- más liberalización y menos regulaciones, y al mismo tiempo reclamar más control y más fiscalización: o una cosa u otra, señoría. Respecto a las ayudas y préstamos del Ministerio de Industria, el ministerio ha contestado sobradamente y me remito a su respuesta.
Señoría, lo que hay que hacer ahora es dar respuesta y soluciones y si ustedes están de acuerdo, podemos resolver juntos el problema y corregir las deficiencias que tenga la norma. Traigo un paquete de medidas para mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión. Lo primero que propongo aquí es una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles. Solo se autorizarán por parte de la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias que la propia entidad no pueda desarrollar en su funcionamiento ordinario. Espero que dado el celo que desde su partido han mostrado en que el Ministerio de Cultura
tenga potestad para fiscalizar esté de acuerdo en que esta medida es imprescindible.
En segundo lugar, proponemos la puesta en marcha de una auditoría pública de funcionamiento obligatoria a todas las entidades de gestión. La SGAE es sometida continuamente -y las más recientes son de 2010- a auditorías financieras de gestión de calidad y de seguridad internas, externas e internacionales por las empresas más solventes y reconocidas. El ministerio ha solicitado dos informes a Aeval en 2008-2009, ha examinado el de la Comisión Nacional de la Competencia de 2010 y asimismo ha reclamado a la SGAE información referida al proyecto Arteria y la SGAE ha entregado toda aquella a la que la ley la obliga. No es verdad en absoluto por lo tanto que la SGAE no haya rendido cuentas a nadie ni que haya campado por sus respetos, pero esta nueva evaluación de funcionamiento añadirá un elemento más de vigilancia y de control.
En tercer lugar, voy a llevar a la próxima Conferencia Sectorial de Cultura una propuesta para resolver aunque sea provisionalmente, mientras Bruselas dicta la directiva de la que hablábamos antes, el asunto de las competencias territoriales. Todos sabemos que es un tema extraordinariamente complejo y que cualquier solución tendrá dificultades. Por eso les pido la mayor colaboración a todos, no solo a ustedes -que tendrán una presencia predominante en esa conferencia sectorial- sino a los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco. El objetivo es que no quede ninguna sospecha de que la fiscalización que se ejerce es la máxima posible.
Por último, como cuarta medida, propongo la creación de un régimen sancionador expreso para las entidades de gestión que no cumplan con sus obligaciones. Es verdad que los delitos de los que estamos hablando hoy ya tienen un régimen sancionador que es el Código Penal, pero es verdad también que es bueno garantizar al máximo la transparencia de las entidades de gestión y obligarlas a cumplir su función social sin desviarse. Con ellas no vamos a tener conflicto en esto. Son las otras siete entidades las primeras interesadas en generar confianza y en desvincularse de las prácticas irregulares. Nos lo han pedido expresamente en el comunicado que emitieron el pasado jueves: Ofrecemos nuestra plena colaboración a las administraciones públicas y al Parlamento español para incrementar los mecanismos adicionales de control a nuestra actividad que consideren necesarios. Eso han dicho, así que aprovechemos ese ofrecimiento, señorías.
Señor Lassalle, su réplica.
El señor LASSALLE RUIZ: Gracias, señora ministra.
El problema de todo lo que nos estamos planteando aquí es que si hubiésemos actuado con un poquito más de diligencia, si se hubiera ejercicio una influencia de liderazgo desde el ministerio para condicionar lo que se sabía -porque reiterados informes así lo ponían sobre la mesa: el de la Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Presidencia o el de la Comisión Nacional de la Competencia-, si se hubiera ejercido desde el Gobierno el liderazgo que no se ha ejercido hasta que el escándalo ha saltado, nos hubiéramos ahorrado un gran número de problemas que han afectado creo que al conjunto del modelo de la gestión colectiva de los derechos en nuestro país y esto tenemos que asumirlo. En estos momentos todo el régimen sobre la propiedad intelectual en nuestro país está en cuestión, está abierto en canal: la gestión colectiva, el reconocimiento de los límites, de las excepciones de los derechos de propiedad intelectual. Existe evidentemente el planeamiento de una intervención europea sobre este ámbito. Desde el Grupo Popular lo hemos estado planteando durante mucho tiempo y durante toda esta legislatura, pero ustedes han estado de brazos cruzados y sin afrontar en ningún momento un liderazgo al respecto.
La sentencia del Tribunal Constitucional que usted ha mencionado no retira competencias al Estado en cuanto a la concesión de la licencia ni a la supervisión de las actividades de las entidades de gestión en las comunidades autónomas, incluso cuando tienen competencia en este ámbito. No, insisto: puro derecho administrativo, y esta tarde seguro que lo tendremos que desarrollar más extensamente.
Aplaudo las decisiones que usted trae aquí. Me parece que todo esto tenía que haberse hecho y se podía haber afrontado. Es tarde, por desgracia, pero estamos a tiempo de tratar de paliar los daños que en este momento penden sobre el conjunto de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país. La responsabilidad de Estado a nuestro partido -y lo sabe perfectamente- no nos la tiene que pedir. Cuando hemos tenido que estar al lado del Gobierno para afrontar con responsabilidad de Estado determinadas cuestiones que afectaban directamente al interés general, este partido ha puesto por delante el interés general, porque entendemos que para eso estamos los servidores públicos, para defender el interés de nuestro país y más en un asunto tan particular como es el que padecemos en estos momentos con respecto a la crisis económica.
¿Es bueno que las entidades de gestión desarrollen actividades paralelas que no sean fiscalizadas por el Gobierno como entidades mercantiles? Ya le digo que, como los hechos han acreditado, no, desde luego que no. Pero lo que es verdad es que las entidades de gestión tienen que ceñirse fundamentalmente a eso, a gestionar los derechos colectivos de los autores, bajo supervisión estatal y probablemente a través de una ventanilla única. A lo mejor es el momento para plantearnos si es conveniente que en España exista una agencia nacional de la propiedad intelectual que cohesione, coordine, controle y dirija bajo el imperio de la ley y del interés público el funcionamiento de las entidades de gestión, en coordinación con una agencia europea de protección de la
propiedad intelectual. Si España quiere ser una potencia cultural, señora ministra, tenemos que dar protección a la propiedad intelectual, pero de acuerdo con criterios eficientes y ajustados a la innovación y al desarrollo de las nuevas tecnologías. Eso implica necesariamente una ventanilla única y una gestión tutelada por parte del Estado.
En segundo lugar, en cuanto a eludir responsabilidades y retrotraer la memoria a lo que se hizo o no, a lo que se impulsó o no desde el año 1996, a la vista de que existen dos sentencias del Tribunal Supremo, sobre eso hablaremos esta tarde, porque veo que a usted le ha interesado particularmente apelar a los momentos de la gestión del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar. Hay dos sentencias del Tribunal Supremo condenatorias respecto de las entidades de gestión y desarrolladas a impulso del Gobierno, entonces del Partido Popular, que exigían transparencia a las entidades de gestión, a pesar de esa referencia que usted ha planteado a una de las ministras que fue del Gobierno de Partido Popular, pero no se preocupe, que como veo que tiene mucho interés, esta tarde, en la comparecencia que la señora ministra tendrá en la Comisión de Cultura...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Lassalle, ha acabado su tiempo.
El señor LASSALLE RUIZ: Sí, señora presidenta, termino.
... le daré cumplida atención.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias a usted, señor Lassalle.
Señora ministra de Cultura, su turno de dúplica.
Señor Lassalle, me congratulo de que aplauda estas propuestas que he traído. Me alegra también comprobar que hay muchos puntos sobre los que podemos estar de acuerdo y que podremos debatir con más profundidad esta tarde. Me gustaría de hecho que este fuera un debate positivo y constructivo y que, de la misma manera que en otras ocasiones mucho más complejas o igual de complejas nos hemos puesto de acuerdo, en este caso y como bien ha señalado, por el bien común, por el interés general, encontremos esas medidas urgentes e importantes que deberíamos adoptar entre todos, por supuesto con la colaboración de las comunidades autónomas y del Parlamento, que son en este momento imprescindibles. Esa es la política en la que creemos: negociar, actuar y dar respuestas a los ciudadanos.
Le reitero que el Ministerio de Cultura ha actuado en todo momento con diligencia para recabar toda la información posible acerca no solo de la SGAE sino de todas las entidades de gestión, desde 2007 y desde antes. El hecho de que esta operación se esté llevando a cabo es una muestra de que el Estado de derecho funciona. Nadie puede sentirse impune, nadie está por encima de la ley, como, no lo olvidemos, nadie debe perder esa presunción de inocencia hasta que haya una sentencia judicial. Una vez que se produce la denuncia, la fiscalía y el juzgado de instrucción empiezan a hacer su trabajo y con el apoyo de la Guardia Civil realizan esas investigaciones. Ese registro de la SGAE y esa puesta a disposición judicial de varios de sus directivos corren paralelos a reiteradas peticiones de información y de transparencia que se han hecho desde el Ministerio de Cultura. De hecho, estamos en este punto porque en España el Estado de derecho funciona y debemos permitir que siga siendo así y facilitar la actuación de la justicia ofreciendo toda nuestra ayuda. Ese esclarecimiento de los hechos es el principal activo y debemos aprovechar esta oportunidad para impulsar las reformas necesarias.
Hay tres actuaciones en este momento que deben converger hacia el mismo fin: la judicial, que tendrá que depurar todo lo que sea constitutivo de delito; la política, que es la que nos corresponde, que debe asentar el modelo de entidades de gestión y perfeccionarlo en la medida en que sea posible mediante cambios legislativos o mediante aplicación de sistemas de control más férreos, que en ningún caso -y esto hay que subrayarlo- mermarán los derechos de los autores; y por último, la actuación de los socios de la propia entidad, que es una asociación privada y que como tal asociación privada deberá decidir su futuro de acuerdo con los estatutos de que se ha dotado y de acuerdo con la ley. Si se mantiene tal como esta, se reorganiza o se refunda es algo que tendrán que decidir los socios. Sí puedo decirle que, con SGAE o sin ella, con esos mecanismos de funcionamiento orgánico o con otros, tendrá que haber entidades de gestión que representen a los creadores en todos los ámbitos. Así es en toda Europa y lo seguirá siendo en España.
Respecto a esa sentencia, hay que recordar una obviedad y es que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano jurisdiccional de España, y esa sentencia 196/1997 deja claro que el ministerio no puede vigilar, controlar ni inspeccionar a las entidades. Y usted sabe también que esas sentencias se aplican a todo el territorio nacional. Y ¡claro que conocemos la sentencia del Supremo!, pero en realidad la enmienda política que hace no tiene ninguna posibilidad de concreción administrativa, por lo que volvemos de nuevo a la casilla de salida. ¿Cómo se ejerce una fiscalización de una asociación de ámbito nacional desgajando dos territorios? ¿Cómo se fiscaliza una entidad que ejerce su función en toda España sin fiscalizar la parte catalana y la parte vasca para no interferir competencialmente? ¿Cuál es el criterio de separación? ¿Qué sería competencia del ministerio y qué de los gobiernos autónomos? El problema que se plantea después de la sentencia del Supremo es, administrativamente hablando, el mismo que teníamos antes, esto es, el mismo que señalaba el Ministerio de Administraciones Públicas en 2005: la necesidad
de arbitrar soluciones legislativas con el fin de establecer la previsión de esos puntos de conexión. Sobre todo me gustaría que no olvidáramos que los jueces también forman parte del Estado de derecho y a veces tendemos a pensar que si los jueces tienen que intervenir es porque han fallado los mecanismos de control, y es justamente al revés, la policía y los jueces son parte de esos mecanismos y toman protagonismo cuando quienes actúan son presuntamente delincuentes.
Y quería cerrar...
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Sí, señora ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE CULTURA (González-Sinde Reig): ... simplemente pidiéndoles algo: que busquemos entre todos los mejores mecanismos de control.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS ACTUACIONES QUE VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO PARA LA MEJOR DEFENSA DE LA LEGALIDAD DEL RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CUESTIONADO POR LA COMISIÓN EUROPEA. (Número de expediente 172/000283.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Pasamos a continuación a la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero cuestionado por la Comisión Europea. Para formular la interpelación en nombre de su grupo tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora vicepresidenta primera y ministra de Economía y Hacienda, como usted bien sabe, dos federaciones de astilleros y un astillero individual han presentado denuncias ante la Comisión sobre el régimen fiscal español aplicable a las empresas navieras, que provocó supuestamente la pérdida de contratos de construcción naval de sus miembros con los astilleros españoles. El 13 de julio de 2010, asociaciones de la construcción naval de siete países europeos firmaron una petición contra el denominado sistema español de arrendamiento fiscal. Al menos una empresa naviera apoyó estas denuncias. Según las mismas, el denominado sistema español de arrendamiento fiscal es un régimen que permitiría a las empresas navieras adquirir buques de navegación marítima procedentes de astilleros españoles con un descuento de entre el 20 y el 30 por ciento en comparación con los precios cobrados por los competidores. Ello crearía problemas de competencia en relación con la construcción naval y los mercados del transporte marítimo.
Como resultado de lo anterior, el 29 de junio la Comisión Europea adoptó la decisión de incoar un expediente, un procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en relación al régimen fiscal aplicable a determinados contratos de arrendamiento financiero que se deriva de la aplicación combinada de varias medidas fiscales contenidas en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades aprobado por el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo. En su decisión, la Comisión concluye que el régimen de referencia constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 107, apartado 1, del tratado, y que los potenciales beneficiarios de la misma pueden ser las agrupaciones de interés económico que participan en las operaciones realizadas al amparo de este régimen, sus agrupados residentes en España, las empresas navieras y los astilleros, así como compañías de arrendamiento financiero, bancos y otros intermediarios. Por otra parte, la propia decisión recoge información sobre la existencia de medidas de naturaleza similar vigentes en otros Estados miembros. Como consecuencia del procedimiento iniciado, se produce la suspensión de la aplicación del régimen fiscal cuestionado y, en virtud del mismo, España debe suministrar toda la información relevante para la evaluación de la medida en un breve espacio de tiempo. Dicha suspensión puede provocar un vacío legal de varios preceptos de la normativa del impuesto con graves consecuencias para los obligados tributarios que las aplican. Por ello le interpelamos desde el Grupo Vasco en el Congreso para conocer las intenciones del Gobierno sobre las actuaciones que va a desarrollar para la mejor defensa de la legalidad del régimen de arrendamiento financiero hoy cuestionado por la Comisión.
Nuestra intención al presentar esta interpelación no es la de sacarle los colores al Gobierno, ni a usted señora vicepresidenta, ni ponerle en un aprieto sino resolver una cuestión que afecta a muchas empresas y que puede dar al traste con la continuidad del sector marítimo. Una sentencia desfavorable implicaría la desaparición de todo un sector de actividad productiva que ha venido sufriendo desde hace muchos años los rigores de las diferentes crisis que ha soportado y de la competencia desleal por parte de países no comunitarios y que puede llevar al paro a muchísimos trabajadores para desesperanza propia y la de sus familias. Un problema, pues, real que requiere ser enfrentado y que espera una situación satisfactoria. Señora vicepresidenta, en el Grupo Vasco encontrará a un fiel aliado para esta tarea, queremos ayudarles a resolverlo. Venimos, sí, en son de paz, con ánimo de colaboración pero para exigirle con toda la firmeza que podemos que el Gobierno se ponga manos a la obra, cumpla con su responsabilidad, dé la cara y defienda los intereses de los afectados ante la Unión Europea, ante la Comisión, ante los tribunales y ante las empresas, que lo están pasando muy mal y que ven
peligrar su futuro y el de sus trabajadores. Luego le ofreceré, señora vicepresidenta, algunas cifras relevantes del sector para saber exactamente de qué estamos hablando.
La Comisión Europea está poniendo en cuestión la utilización por parte del sector marítimo de un conjunto de preceptos del impuesto sobre sociedades por su combinación con otra medida fiscal expresamente autorizada por la propia Comisión Europea para las empresas de transporte marítimo como es el régimen de tonelaje. No nos parece razonable la postura de la Comisión, puesto que las enmiendas en cuestión forman parte de la estructura del impuesto sobre sociedades y por ello están a disposición de todos los operadores sin que se produzca discriminación alguna, sea de carácter sectorial o por razón de nacionalidad o residencia. Así, el régimen fiscal especial de arrendamiento financiero, establecido en el artículo 116 de la Ley del impuesto, prevé un sistema de aceleración de la amortización de cualesquiera bienes adquiridos a través de un contrato de leasing sometido a determinadas condiciones exigidas por la legislación mercantil con carácter general y abierto a cualquier operador económico.
Por otra parte, el régimen especial de las agrupaciones de interés económico figura también regulada por la legislación mercantil y comúnmente utilizada por distintos sectores de actividad; se encuentra también regulado en la normativa general del impuesto, previendo un régimen de transparencia fiscal para la atribución de bases y deducciones a los operadores agrupados. Este régimen no favorece con carácter exclusivo a las empresas españolas sino que está abierto a que se integren en dichas agrupaciones empresas de cualquier nacionalidad sin restricción alguna. Aun suponiendo que el llamado por la Comisión sistema español de arrendamiento financiero pudiera entenderse constitutivo de ser una ayuda de Estado, debería entenderse compatible con el mercado común puesto que en todo caso facilita el desarrollo de determinadas actividades sin alterar las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común, ya que no favorecería a operadores económicos nacionales en detrimento de operadores de otros Estados miembros y no sería más ventajoso que los regímenes existentes ya en otros Estados, como Francia o Reino Unido. Sin embargo, la Comisión Europea parece preocupada por la utilización sectorial del régimen en cuestión. En relación con ello, no podemos dejar de poner de manifiesto que la situación del sector marítimo, no solo a nivel español sino también a nivel europeo, es altamente preocupante.
Permítame, señora vicepresidenta, unas reflexiones económicas al respecto y unos datos que sitúan la entidad del problema al que me estoy refiriendo. La crisis global que estamos sufriendo afecta a la cartera de pedidos a nivel mundial. Paralelamente, las dificultades de acceso al crédito para financiar las operaciones obstaculizan el desarrollo de la actividad con cierta normalidad. En el sector de la construcción naval China es hoy el líder, con una cuota de mercado del 39,5 por ciento de la cuota mundial; le siguen Corea del Sur, con un 30,5 por ciento y Japón, con un 17,2 por ciento. Europa solo representa el 4,6 por ciento de ese total y dentro de ella, Alemania con el 44,5, Francia con el 12,2 y España con el 11 por ciento dibujan el panorama mundial. Conviene destacar, sin embargo, que China ha pasado del 2 por ciento hace veinticinco años al 40 por ciento actual, Japón lo ha hecho del 25 al 17 en idéntico periodo y Corea del Sur del 20 al 30, mientras que Europa ha pasado de alrededor del 25 a cerca del 5 por ciento. En estos últimos veinticinco años el peso del sector naval en Europa se ha dividido por cinco, es decir que es tan solo un 20 por ciento de lo que era hace veinticinco años, y además tampoco debemos olvidar que en las crisis del petróleo de 1973 y 1979 dicho sector ya había experimentado un fuerte ajuste y una brusca reducción. Así que reducción sobre reducción y ahora con riesgo de desaparición. China se ha comido lo perdido por Japón y por Europa, y algo parecido ha ocurrido con Corea del Sur, a pesar de que recientemente está perdiendo peso frente a la poderosa China. El empleo directo en Euskadi, que es el ámbito del que dispongo de datos, supone 7.500 empleos directos, y si le añadimos los indirectos, el empleo vinculado al sector se elevaría hasta los 17.000 puestos de trabajo. Es conocido, además, el efecto multiplicador de este sector en otros muchos como la maquinaría, los equipos, la metalurgia, las construcciones metálicas y un largo etcétera.
Pues bien, en este contexto y ante la suspensión del instrumento financiero fiscal hoy denunciado en Europa, ¿cómo nos defenderemos de la competencia del Este, de los países asiáticos? ¿Qué hacemos para mantener el empleo y la actividad en unos sectores en los que tenemos buenas empresas, empresas competitivas, y trabajadores formados? Además, es un sector que tiene un futuro muy amplio y muy prometedor a nivel global. Tenemos cualificación y tenemos tecnología. ¿Lo vamos a echar todo por la borda? ¿Qué podemos hacer? Es a esto, señora presidenta, a lo que pido que me responda.
Para contestar la interpelación tiene la palabra la vicepresidenta económica del Gobierno.
Muchas gracias, señoría, por su interpelación y por su argumentación. No se suele comenzar la respuesta a una interpelación de esta manera, pero debo decirle que estoy bastante de acuerdo con todo lo que usted ha mencionado, tanto en lo que se refiere a la explicación jurídica que nos ha dado como a los argumentos que, sin duda, podemos esgrimir ante la Comisión Europea y que de hecho estamos ya utilizando ante la Comisión Europea.
Así que el punto de partida de su interpelación es correcto. Estamos defendiendo la legalidad, en este caso la compatibilidad con la normativa comunitaria del régimen fiscal aplicable a determinados contratos de arrendamiento financiero.
Es verdad que con fecha 30 de junio la Comisión Europea ha comunicado a España la incoación de un procedimiento de investigación formal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 108.2 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, relativo al régimen fiscal de estos contratos de arrendamiento, dada su calificación -así lo dice la comunicación- como ayuda de Estado incompatible con el derecho comunitario. Es importante saber que esa comunicación del inicio del procedimiento de investigación formal aún no ha sido publicada en el Boletín de las Comunidades Europeas. Así que el momento procesal en el que nos encontramos es todavía una historia previa, puesto que la incoación de este procedimiento se ha producido tras el análisis de la Comisión Europea de toda la información que hemos venido enviando desde el año 2006 hasta 2010 respecto del denominado sistema español de arrendamiento fiscal. En toda nuestra argumentación, desde el año 2006, todo nuestro interés y todo nuestro esfuerzo ha ido dirigido, y lo va a seguir siendo, a defender algo de lo que estamos plenamente convencidos, como usted también ha expresado: la adecuación de nuestro ordenamiento al marco comunitario. Es un sistema de amortización que autorizó el Ministerio de Economía y Hacienda, que se aplica respecto de determinados elementos financiados mediante contratos de arrendamiento financiero y que se regula en el artículo 115.11 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. No es menos cierto que tiene su origen en una modificación que se hizo en el año 2002 que, desafortunadamente, no fue sometida a la aprobación previa de las autoridades comunitarias, como hubiera sido preceptivo. Ese era, desde luego, el mejor de los momentos para negociar; esa es, desde luego, la responsabilidad de quien no lo hizo en su momento. Estaríamos en este momento en una situación muy distinta si, al igual que han hecho otros países a los que usted ha hecho referencia, hubiéramos comunicado a la Comisión, hubiéramos recabado su aprobación previamente a la incorporación en nuestros textos legales. Por eso, en parte, la Comisión en la citada comunicación ha apreciado no solo elementos de selectividad en el sistema de arrendamiento fiscal considerándolo en su conjunto como constitutivo de ayuda estatal, sino que además, ya desde el inicio, ha calificado esa ayuda estatal como ilegal, en parte, le insisto, por no haber sido sometida a una aprobación previa por parte de las autoridades comunitarias.
En todo caso, las autoridades españolas defendemos, y lo seguiremos haciendo, la ausencia de selectividad en el sistema de arrendamiento fiscal analizado y, por tanto, su calificación como ayuda de Estado incompatible con el ordenamiento comunitario, siempre respetando los procedimientos, siempre respetando, por supuesto, todo el marco comunitario. Vamos a tratar de alcanzar la solución más satisfactoria para todas las partes afectadas por el conflicto, pero ya le anticipo qué es para nosotros la resolución más satisfactoria. La resolución más satisfactoria, en primer lugar, es que no se considere ayuda de Estado y, en el supuesto de que se considerara así, que no se considere incompatible con el tratado. Nuestra argumentación se fundamenta sobre la base de la selectividad. Entendemos que no existe selectividad en la medida, puesto que puede aplicarse con carácter general por parte de todas las empresas en la adquisición de cualquier bien de inversión, puesto que este arrendamiento financiero no es más que un contrato que tiene por objeto la cesión del uso de bienes muebles e inmuebles adquiridos para dicha finalidad y según las especificaciones del futuro usuario a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas, siempre que de esas condiciones económicas del contrato se desprenda que se han traspasado al arrendatario no solo el propio bien sino los riesgos y beneficios inherentes al activo cedido. También se dice que los bienes objeto de cesión tendrán que quedar afectos únicamente a las explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesanales, de servicios o profesionales. Es cierto que el arrendatario, mediante el pago de esas cuotas de arrendamiento, abona de forma escalonada el importe del coste, así como el coste financiero, a la entidad financiera arrendadora. En definitiva, estos contratos no suponen más que un sistema específico de financiación de bienes de inversión por parte de las empresas.
La normativa del impuesto de sociedades español regula el régimen fiscal aplicable a estos contratos con carácter general, es decir, con independencia de la naturaleza del bien cedido o de la actividad que desarrolle la entidad arrendataria, de manera que esta última tiene derecho a deducir los gastos financieros, así como la parte de cuotas de arrendamiento satisfechas correspondientes a la recuperación del coste del bien en los términos establecidos en ese artículo 115 del texto refundido. De acuerdo con esos artículos, con esos términos, el arrendatario podrá amortizar fiscalmente en cada ejercicio como máximo, y se establecen limitaciones, el duplo del coeficiente de amortización lineal que corresponda al bien objeto del contrato de arrendamiento financiero según las tablas que se aprueben oficialmente. El exceso podrá ser deducible en periodos impositivos sucesivos, pero siempre respetando ese límite del duplo. En la medida en que este régimen fiscal es de aplicación general a todas las adquisiciones de activos realizadas por cualquier sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades que se formalice mediante esta modalidad de contratos de arrendamiento financiero, nosotros creemos que hay base suficiente para negar esa selectividad que esgrime la Comisión Europea como uno de sus argumentos. Además, el desarrollo reglamentario de la normativa de sociedades regula un procedimiento de autorización de las solicitudes, desarrolla todas las
actuaciones de verificación y de control de carácter previo de los requisitos establecidos de las operaciones respecto de las que se solicita esa autorización; autorización que en todos y cada uno de los casos es previa y corresponde hacer al Ministerio de Economía y Hacienda.
En definitiva, el tratamiento fiscal de esos contratos de arrendamiento financiero responde a la economía del sistema fiscal y pretende atender adecuadamente las operaciones que se suscriben con la finalidad de facilitar la financiación de las inversiones, en este caso en particular, dado que se trata de un tipo de bienes de largo periodo de construcción y, por tanto, esas son las que más típicamente son siempre objeto de las operaciones de arrendamiento financiero. Hay que decir que este régimen es aplicable a las empresas que adquieran buques para afectarlos a su explotación comercial, y esos son los casos a los que ha hecho referencia, en particular, su señoría. En todo caso, estamos hablando con carácter general del transporte marítimo y esta es una circunstancia que también, como ha puesto su señoría de manifiesto, es extraordinariamente relevante a la luz de examinar cuál es la normativa comunitaria en materia de examen de compatibilidad y cuáles son las decisiones que se han tomado a nivel comunitario en otros casos que pudieran estimarse como similares.
En esencia, ese es nuestro planteamiento sobre el tema, un planteamiento que de su intervención entiendo que compartimos y un planteamiento en el que vamos a seguir trabajando. Por supuesto, vamos a estar siempre en comunicación con todos aquellos grupos parlamentarios que lo deseen para irles dando cuenta de nuestros progresos en esta argumentación.
Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
Señor Azpiazu, su turno de réplica.
Señora vicepresidenta, me alegro de que coincidamos en el diagnóstico, porque coincidir en el diagnóstico siempre facilita la adopción de las medidas. Además, espero que efectivamente cuente con nuestro grupo parlamentario para desarrollar esta tarea. Por tanto, valoro muy positivamente su preocupación pero, como señalaba Machado, se hace camino al andar. Las buenas voluntades, los buenos propósitos, en principio, son importantes pero no son suficientes. Yo la creo, en el sentido de que el Gobierno va a dar pasos para corregir esta situación e, insisto de nuevo, nuestro grupo estaría dispuesto a colaborar en ello. La supresión de la medida, amén de suponer la paralización del sistema para los contratos futuros, afecta a los que actualmente ya están en marcha. En la actualidad en el Estado español, según la información que tengo, están en marcha en torno a sesenta buques en construcción, de una cuantía económica próxima a los 400 millones de euros. El impacto económico es, por lo tanto, muy importante. Eso sin considerar la muerte definitiva que podría suponer si la suspensión se aplicase con carácter retroactivo. Territorios como Andalucía, Galicia, Asturias o Euskadi podrían verse especialmente afectados por esta medida. Más inactividad y más paro, precisamente en un momento en que lo que hace falta es justo lo contrario, más actividad y más empleo.
En cualquier caso, y aun admitiendo la utilización sectorial del sistema, entendemos que se inscribe perfectamente -como ya lo ha señalado- en el marco de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo de 1997 y de la comunicación 2004/43 de la Comisión, por contribuir a los objetivos que inspiran las mismas, tales como incrementar la competitividad de las flotas comunitarias en el mercado mundial del transporte marítimo, proteger el empleo comunitario, mejorar la seguridad, la protección del medio ambiente, etcétera. Por ello, animamos y exigimos al Gobierno a que proceda a la mejor defensa de los contribuyentes afectados por la apertura del procedimiento de investigación formal, sin olvidar que la situación del sector marítimo requiere de medidas de apoyo que coadyuven al mantenimiento de un sector que tradicionalmente ha contribuido al desarrollo de nuestra economía y cuyo declive puede suponer una pérdida de puestos de trabajo y actividad a la ya debilitada situación económica. La simple apertura del expediente informativo, cuya resolución suele durar alrededor de dieciocho meses, genera una gran preocupación, ya que deja sin una herramienta comercial a nuestros astilleros y a su industria subcontratista, siendo necesaria una nueva herramienta, al menos durante este periodo, que no nos saque del mercado y que no produzca un apagón comercial que el sector no se puede permitir. Señora vicepresidenta, pensamos que esta herramienta sustitutiva ya existe y que está debidamente regulada por el Gobierno. Es la nueva norma de libertad de amortización, que posibilita la libertad de amortización a los inversores de buques.
¿Qué pedimos en definitiva, señora vicepresidenta, y qué creemos que se debe hacer? En primer lugar, responder, como usted ha dicho, al expediente informativo ante la Comisión Europea, intentar que no tenga efectos retroactivos para las empresas y que no afecte a los inversores, tratando para ello con los bancos, con los estructuradores de las operaciones y con los que haga falta. Y también hay que poner en marcha inmediatamente una nueva herramienta, si quiere de carácter transitorio, que permita a los astilleros ofertar y ser competitivos en el mercado mundial de nuevas construcciones y que contenga elementos de libertad de amortización que nos permitan seguir compitiendo con el resto de los astilleros del mundo, que también poseen herramientas financieras para mejorar la competitividad de sus ofertas. Esta herramienta transitoria tendría la categoría de tal mientras dure
la resolución del expediente y debería tener un contenido económico en la línea de la anterior, que nos permita seguir en el mercado, y estaría dentro del marco legislativo transitorio aprobado por Bruselas, la amortización libre en un esquema similar al anterior, pero del que se hayan eliminado las principales dudas que se deriven del procedimiento formal conminado por el régimen de tonelaje, es decir, pasar el túnel comercial que supone la duración de dicho procedimiento. A medio y largo plazo se debería trabajar también en la creación de una herramienta definitiva que incluya las correcciones y las subidas que se deriven del procedimiento en marcha, sin olvidar otras medidas que también pudieran servir para animar el sector. De todas formas, la próxima semana tendremos oportunidad, con motivo de la moción, de concretar bastante más las medidas.
Para su turno de dúplica tiene la palabra la señora vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Señoría, en la defensa de nuestra posición, en la defensa de la posición de los astilleros españoles, que desde luego hacemos nuestra, estamos utilizando tanto a nivel político como a nivel técnico todos los argumentos, todos los medios derivados de la práctica y establecidos en la propia normativa comunitaria. Nuestra posición -insisto- es la inexistencia de tales ayudas incompatibles con el derecho comunitario. Estamos trabajando por la mejor resolución de este expediente y lo estamos haciendo en el buen entendido de que por razones de seguridad jurídica de los interesados en el mismo, deseamos una resolución razonable de este proceso que satisfaga los intereses españoles y en el menor tiempo en que sea posible. Pero quisiera, señoría, que nos llamáramos todos a la prudencia, puesto que la Comisión nos ha recordado con toda claridad que, una vez iniciado el procedimiento, el Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva. Y nos recuerda también que la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Por tanto, señoría, tengo también que recordarle que sin ninguna duda -al menos esa es la percepción del Ministerio de Economía y Hacienda- fue extraordinariamente favorable y positivo para la resolución, favorable el expediente en el caso de Francia, que, como sabe su señoría, tuvo un problema, que nosotros entendemos similar, en el año 2004 y que consiguieron reemplazarlo -insisto- con el acuerdo de la Comisión. Fue fundamental en la defensa del planteamiento del Estado francés que se suspendieran los procedimientos de autorización desde la fecha en la que se les notificó la decisión de incoar el procedimiento formal de examen. Por tanto, señoría, a la hora de hablar de sustitutivos le pediría la máxima prudencia porque, en todo caso, también le anticipo que será necesario recabar la autorización previa de la Comisión Europea.
Dicho eso, le insisto, nosotros estamos absolutamente volcados en utilizar todos los medios técnicos y políticos a nuestro alcance para que este expediente se resuelva en el plazo más breve y de la manera más favorable posible y que, en todo caso, podamos siempre esgrimir la confianza legítima para el supuesto en el que la decisión final no coincidiera exactamente con lo que es nuestro deseo, con lo que creemos que debe ser en derecho.
Muchas gracias, señoría, muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.