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Timestamp: 2017-06-25 15:30:48
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Ensayos sobre: Lo referente al Estado y sus servidores; Lo referente al Consejo Coordinador Empresarial
SOBRE EL ESTADO Y SUS SERVIDORES
Primeramente, definamos Trabajo1, 2:
Ahora bien, definamos Trabajador2
Trabajadores Extraterritoriales Residentes en México. Se refiere a los ocupados que prestan sus servicios para una embajada o consulado de los países que tienen representación en México, o bien, trabajan en alguna unidad económica en el extranjero, pero residen en el país (trabajadores transfronterizos). En lo que respecta a la LFTSE, se refiere al Trabajo3, así:
La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de cada Cámara asumirán dicha relación.
Nociones generales4
Inmerso en una sociedad tan compleja como lo es la actual, en donde las necesidades, con mucho, han rebasado los límites impuestos por la supervivencia, el individuo día a día está más lejos de preocuparse sólo por trabajar, comer y vestir. Así tenemos que la educación, antes soslayada por ser propia de un sector social privilegiado, hoy se ha convertido en un imperativo para la generalidad; lo mismo podemos decir de las comunicaciones, la sanidad pública y la distribución de energía eléctrica, sólo por mencionar algunos elementos indispensables en nuestra época.
Estas necesidades son satisfechas en la colectividad por un servicio correspondiente, que en ocasiones es prestado por un particular o un grupo de ellos, a cambio de una contraprestación, o bien, es considerado como una labor específica que le compete exclusivamente al estado, en su carácter de “administrador público”, encontrándonos en este caso ante un servicio público.
De ahí que los tratadistas tradicionalmente hayan partido de dos elementos para intentar definirlo: por un lado, el fin, consistente en la satisfacción de una necesidad considerada como colectiva y, por otro, los medios de que se vale la sociedad para resolver esa necesidad, los cuales estriban en la organización creada por el estado, o bien en la concesión otorgada a los particulares para que la efectúen, desde luego, bajo el control y la vigilancia de éste.
Existe una gran variedad de finalidades alcanzables mediante los servicios públicos, los que a su vez pueden ser tan diversos como aquéllas; sin embargo, esto no siempre ha sido así, ya que el pensamiento liberal del siglo pasado, aún vigente para no pocos integrantes de nuestra sociedad, consideró que el papel del estado en esta materia consistía en ocuparse de aquellas necesidades colectivas que por sus características no podían ser satisfechas por los particulares, lo que justificaba la creación de los servicios públicos que se encargaran de subsanar tales necesidades; no existe, además, la menor duda respecto de cuáles eran los límites de éstos y cuáles los de la actividad privada. Esta corriente de opinión tiene tal arraigo, que ha llegado a sostenerse, incluso, como única justificación de la existencia del estado: el otorgamiento de los servicios públicos.
Por otra parte, la incursión del estado en otras áreas que conforme a esta posición le estaban vedadas, y el abandono en manos de los particulares de algunas actividades exclusivamente propias de aquél, trajo como consecuencia la reformulación de los criterios con cuyo concurso se pretendía definir al servicio público, lo que finalmente indujo a la adopción de dos criterios fundamentales, uno formal u orgánico y otro material.
Conforme al primero, el servicio público se distinguirá en que la empresa abocada a otorgarlo es el estado mismo, o bien está supervisada y controlada por él, mediante la aplicación de normas de derecho público.
Según el segundo criterio (material), para determinar si nos encontramos frente a un servicio público atenderemos a la naturaleza misma de la actividad, cuya característica distintiva, principalmente, será la satisfacción de una necesidad que efectivamente sea de índole colectiva.
Sin embargo, la adopción de tales criterios no ha solucionado el problema, ya la fecha se continúan haciendo en la doctrina nuevos intentos por encontrar un concepto aplicable a todos los casos, el cual permita avanzar más en su estudio, toda vez que para unos tratadistas la expresión servicio público ha ido comprendiendo una gran cantidad de actividades que por su disparidad dificultan la tarea de definirlo (Enrique Sayagués Laso).
Esta complicación no sólo es de orden teórico, sino que precisamente su actual indefinición ha reavivado la polémica acerca de los límites de la actuación del estado dentro la formación social en la cual emerge, ya que su paulatina intromisión en todos los aspectos de la dinámica social ha sido duramente criticada, al grado de ser catalogada como una verdadera reencarnación del
Leviatán, a que se refería T. Hobbes.
En una posición diametralmente opuesta cabe mencionar que hay quienes exigen al estado una mayor intervención, la cual permita eliminar las desventajas propias de la imperante desigual distribución de la riqueza que aqueja a nuestra sociedad.
Planteada la problemática de la noción del servicio público, aparece clara la importancia que reviste el contar con los instrumentos teóricos para poder precisar esta actividad del estado a los ojos de los usuarios.
Relación laboral entre el estado y los servidores públicos5
La reseña de las relaciones del Estado con la sociedad relata el proceso dialectico de la convivencia humana manifestado en la transformación incesante de las instituciones, estructuras, organizaciones y funciones de la sociedad, así como de su correspondiente sistema político, entendido éste como el conjunto de elementos interdependientes, tales como las instituciones y funciones, estructuras y roles, ideas e ideologías, grupos y organizaciones, así como los comportamientos, conductas individuales y colectivas que fijan los objetivos del Estado que definen sus modos de producción, forman, conforman y transforman al poder estatal, designan a sus depositarios, determinan la distribución de sus funciones, controlan su ejercicio y orientan sus acciones legislativas, administrativas y jurisdiccionales. Se puede definir como servicio público la actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. Sin duda, la noción del servicio público ha calado hondo en la conciencia popular, como lo demuestra el reclamo unánime de cualquier comunidad, traducido en la exigencia de contar con los servicios públicos que satisfagan continua, adecuada, uniforme y regularmente sus necesidades de carácter general.
Sobre los trabajadores del apartado B del Artículo 123 constitucional
Breve semblanza histórica6
El día 7 de diciembre de 1959, el presidente Adolfo López Mateos envió al Congreso la iniciativa de reforma al Artículo 123 de la Constitución para crear el “Apartado B”, relativo a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los gobiernos del Distrito Federal y Territorios, a efecto de que fueran reguladas constitucionalmente las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores.
La iniciativa señalaba: “Es cierto que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquellos laboran para empresas con fines de lucro, mientras éstos trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Pero también es cierto que el trabajo no es una simple mercancía, sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre, de ahí que deba ser siempre legalmente tutelado. ..De lo anterior se desprende la necesidad de comprender la labor de los servidores públicos dentro de las garantías al trabajo que consigna el antes citado artículo 123, con las diferencias que naturalmente se derivan de la diversidad de situaciones jurídicas”.
La adición propuesta comprendía la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagraba las bases mínimas de previsión social para asegurar su tranquilidad y bienestar personal y de sus familiares; jornada máxima, descansos, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidente y enfermedades, invalidez, jubilación, vejez y muerte; centros vacacionales, habitaciones baratas y protección a mujeres; asimismo, se incluía un tribunal de arbitraje para atender los conflictos laborales.
Durante el debate, en apoyo de la iniciativa el senador Brena Torres apoyó la distinción entre trabajadores y servidores públicos: “el Estado es distinto del particular y de la empresa privada, el particular emplea a otra persona parta fines de satisfacción personal y la empresa con fines de lucro, utilizando su trabajo dentro del proceso de producción. El Estado es distinto: el Estado representa los más altos intereses de la colectividad…El derecho del trabajo, tratándose de particulares, gira alrededor de un concepto básico: el contrato de trabajo. Este concepto esencial no existe tratándose de los servidores del Estado. En el contrato opera la libre voluntad de las partes para fijar las condiciones estableciendo la materia de la prestación del servicio….y quienes lo celebran discuten entre sí para llegar a un avenamiento. No acaece así en el Estado ni puede hablarse de la existencia del contrato entre el Estado y su trabajador…Cuando (el funcionario) admite a una persona al servicio del Estado, el acto se reduce a la selección de la persona que deberá llenar los requisitos exigidos por la norma, no habrá discusión ni libre fijación de las condiciones de prestación de servicio; todas estas condiciones están predeterminadas por la ley respectivo o su reglamento….Por la diferencia que existe entre el Estado y la empresa y el trabajador del Estado, los derechos de uno y otro deben corresponder a diferente régimen”.
El siguiente día 10, la iniciativa fue aprobada en el Senado y fue turnada a la Cámara de Diputados, en donde el siguiente día 26 del mismo mes también fue aprobada, en ambos casos sin discusión y por unanimidad de votos. A continuación la iniciativa pasó a la aprobación de las legislaturas de los estados. El 27 de septiembre de 1960 se completó el proceso y se declaró reformado el 123 de la Constitución, en los términos ya mencionados: Hoy 5 de diciembre de 1960 es publicada la reforma en el Diario Oficial de la Federación.
¿Quiénes son y como están regulados los trabajadores del Apartado B?7
Las relaciones de trabajo en este sector resultan de excepción en su marco legal y en la práctica a tal grado llegan las restricciones de sus derechos, que en materia de huelga nunca se ha realizado en los marcos de la ley, se ha vuelto común que los trabajadores recurran al paro de labores por la vía de los hechos y las autoridades en esas condiciones han tenido que negociar.
Antes de 1960 en la constitución ni existía ningún apartado legislativo en materia laboral, las disposiciones y principios del artículo 123 eran únicos y generales para todos los trabajadores del país. No es sino hasta 1972 cuando en la Organización Internacional del Trabajo se establece el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública. En
1960 se adiciona el apartado “B” al Artículo 123 constitucional y luego se crea su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE. En su momento el apartado “B” y la LFTSE mejoraron prestaciones y luego la jornada laboral semanal y diaria, pero retrocedió en el conjunto de los derechos y en particular en los de carácter colectivos.
Recordando un poco que el Estatuto Jurídico se crea en 1938 gracias a las luchas del sector público, destacando la lucha de los maestros y telegrafistas que ejercían su autonomía sindical, logrando plasmarla en el Estatuto, después siempre fue motivo de luchas preservar esos logros alcanzados, pero en cambio en 1960 es de señalarse que sólo con la dirección de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado FSTSE, se adiciona el Apartado y se crea la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado LFTSE.
La Ley Federal de los trabajadores el servicio del estado (LFTSE) establece en su artículo 1o que los trabajadores del apartado “B” serán los de las dependencias de los Poderes de la
Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de los siguientes organismos: ISSSTE, Juntas
Federales de las Mejoras Materiales, Instituto Nacional de Vivienda, Lotería Nacional,
Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Nacional Indigenista, Comisión
Nacional Bancaria y de Seguros, etc., así como de otros organismos descentralizados similares a los anteriores que tengan as u cargo funciones de servicios públicos.
En términos generales el empleo en el sector público en los últimos años ha crecido a tasas y bajas probablemente relacionadas con el redimensionamiento del Estado (parte de la reforma del Estado) y la recomposición del gasto público.
Otro indicador para analizar el número de trabajadores regulados por el apartado “B” del
Artículo 123 constitucional son los asegurados directos al ISSSTE. Entre 1990 y 1992 los asegurados directos del ISSSTE apenas han incrementado en un 2.2% mientras que entre 1980 y 1985 crecieron en 3 1.6% (ver cuadro 1).
ASEGURADOS DIRECTOS DEL ISSSTE
1, 503.7
Fuente: Anexo estadístico al Cuarto Informe
De Gobierno de Carlos Salinas de Gortari
Según estimaciones de la FSTSE el número de trabajadores afiliados en 1992 sería alrededor de 1.4 millones, los trabajadores afiliados a la FSTSE son mucho menores que los afiliados al
ISSSTE por que hay trabajadores como los universitarios que pertenecen al apartado “A” del
Art. 123 Constitucional y están afiliados al ISSSTE”.
MARCO JURIDIC0 Y ADMINISTRATIVO:
La regulación de las relaciones laborales de los trabajadores del Estado están normadas por leyes federales como:
** Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).
** Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado
* * Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
** Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
** Ley de premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Estas leyes tienen derivación y complemento en diversas disposiciones jurídicas y administrativas aplicadas de manera específica en el régimen interno de las dependencias gubernamentales:
** Condiciones Generales de Trabajo.
** Reglamentos Internos de Trabajo.
** Reglamento de escalafón.
** Reglamento de Seguridad e Higiene.
** Catálogo Institucional de Puestos.
* * Reglamento de Capacitación y Adiestramiento.
** Tabuladores saláriales.
** Decretos y Acuerdos.
En cuanto a la organización gremial, la LFTSE establece que en cada dependencia habrá un solo sindicato el cual podrá adherirse a la única central reconocida por el Estado, la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE). En está, a pesar de ser mayoritaria, no están incorporados los sindicatos de algunos organismos públicos regidos por el apartado “B”, como pueden ser los del IPN, Colegio de Bachilleres etc. Así se inició un largo trayecto jurídico que delineó el perfil laboral de la burocracia, que tendría otro momento medular en 1960 con la incorporación del apartado “B” al texto del Artículo 123 constitucional. Con este, los derechos y las obligaciones de los trabajadores se elevaron a rango constitucional, condensándose orgánicamente la representatividad de sus intereses en la existencia simultánea de la FSTSE, que también surgió en 1938. Con ello, se hizo justicia a los reclamos de las décadas pasadas, y se sentaron las bases de condiciones laborales de excepción que terminaron de concretarse de manera formal en 1963 con la expedición de la LFTSE”.
La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles considera que los trabajadores del apartado “B” pueden recibir estímulos por tener un desempeño sobresaliente y puede ser en dinero o en especie. El 7 de marzo de 1994 el gobierno federal (a través de sus Secretarías de
Estado) y la FSTSE firmaron el convenio para el mejoramiento de la productividad y calidad en la Administración Pública Federal dentro del marco del Acuerdo Nacional para la
Elevación de la Productividad y la Calidad (firmado el 25 de mayo de 1992). Este es un convenio de marco general para la administración pública que posteriormente tendrá que especificarse por medio de convenios por dependencia. El convenio fija como sus objetivos el fomentar una nueva cultura laboral de los trabajadores, mejorar la calidad de los servicios y el nivel de vida de los trabajadores. Los medios que se plantean para lograr dichos objetivos serían la modernización pública, el mejoramiento de los recursos humanos la innovación tecnológica y el fortalecimiento de las relaciones laborales. En tecnología se reconoce la interlocución a la FSTSE para proponer nuevos equipos; en las relaciones laborales se propone mejorar la comunicación, propiciar la colaboración y la participación de los trabajadores.
1) STPS. Ley Federal del Trabajo. [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf
2) STPS. Glosario. [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/Glosario/glosario.htm#t
3) Portal Fiscal. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.portalfiscal.com.mx/pagina/principal/leyes/2013/LFTSE%202013.htm
4) Martinez Morales Rafael. Derecho Administrativo [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://descargas.institutosigloxxi-moodle.com/prueba/descargas/D14%20Derecho%20Administrativo/DERECHO%20ADMINISTRATIVO%201er%20Y%202o%20CURSOS.pdf
5) UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Acceso a los servicios públicos. [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2975/9.pdf
6) Memoria Política de México. Reforma al Artículo 123 de la Constitución que crea el “Apartado B”, relativo a los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y de los gobiernos del Distrito Federal y Territorios [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://memoriapoliticademexico.org/Efemerides/12/05121960.html
7) UAM Iztapalapa. EL SINDICALISMO EN EL SECTOR PUBLICO: (FSTSE) ANTE LA PROBLEMÁTICA DEL NEOLIBERALISMO [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://148.206.53.231/UAM3699.PDF
SOBRE EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL1
Nuestro objetivo es coordinar las políticas y acciones de los organismos empresariales, e identificar posiciones estratégicas con soluciones específicas, que contribuyan a diseñar políticas públicas para elevar el crecimiento económico y el nivel de competitividad, tanto de las empresas como del país.
Interacción entre los organismos empresariales
El CCE sirve de foro a los organismos nacionales representativos de la libre empresa para intercambiar información y establecer prioridades en temas de impacto para el sector privado; concertar posiciones y estrategias para participar e influir en la elaboración de leyes en el país y abordar aspectos innovadores que contribuyan al avance de estándares de calidad y de la competitividad de las empresas.
Defensa de la economía de mercado libre
El CCE proponen a la sociedad asumir un compromiso activo para el logro de un México libre, en un régimen de derecho y por instituciones y principios éticos y valores que conduzcan por medios pacíficos a una democracia.
Identificar y difundir temas estratégicos para el sector privado
El CCE busca temas innovadores e importantes con la finalidad de provocar la reflexión, análisis y difusión de lineamientos de impacto nacional y global.
Las gestiones constantes del CCE propician el diálogo directo con el gobierno, expresadas a través de fortalece las posturas del sector privado y el alcance de resultados en beneficio de la economía en general. El CCE, en su calidad de vocero, gestiona y expresa oficialmente las inquietudes y urgencias que reclama el sector privado ante diversos interlocutores, incluyendo al Ejecutivo, al Congreso de la Unión, y los medios de comunicación.
Concertar esfuerzos en la realización de tareas de interés común
El CCE proporciona los mecanismos de trabajo idóneos para conjugar esfuerzos que se traducen en beneficio social y económico para el país.
Revalorización del empresariado
El CCE mantiene una acción decidida y abierta de coordinación para revalorar el papel del empresario y la empresa como generadores de empleo y responsabilidad social.
Interlocución con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
El CCE participa en procesos de diálogo y negociación con las autoridades federales, estatales y/o municipales a fin de exponer la visión del país que anhelamos los empresarios.
Desarrollo interno del CCE
El CCE cuenta con una estructura de funcionarios, orientada a dar soporte a las actividades de representación e interlocución con los organismos asociados, y a desarrollar estudios e investigaciones de interés para la comunidad empresarial del país.
Preocupados por consolidar su lugar en el plano nacional e intensificar sus intercambios en materia empresarial y de responsabilidad social, nuestros Organismos miembros participan de las Comisiones y actividades del Consejo, a fin, de favorecer la Misión del Mismo.
La Confederación de Cámaras Industriales, es el organismo de representación industrial.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, es una institución de interés público
En la Confederación Patronal de la República Mexicana pugnamos por generar más y mejores empresas para México
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. A.C.
El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios reúne a los principales ejecutivos de las empresas más
El Consejo Nacional Agropecuario representa, defiende y fomenta la actividad agropecuaria.
La Asociación de Bancos de México A.C. se fundó con el propósito de representar los intereses generales de la banca.
Invitados especiales al Consejo Nacional:
Comisiones de Trabajo2
Las CT trabajan atendiendo los temas de la agenda nacional en los cuales Coparmex tiene el interés y la capacidad de influir en beneficio de la sociedad mexicana. Su trabajo se traduce en los contenidos que dan forma a los posicionamientos de la Confederación en los diversos temas que trabajan.
Comisión de Asociaciones Comisión de Asuntos Fronterizos Comisión de Asuntos Internacionales Comisión de Asuntos Tributarios Comisión de Cabildeo Comisión de Capital Humano Comisión de Comunicación Comisión de Desarrollo Empresarial Comisión de Desarrollo Regional Comisión de Educación Comisión de Empresarios Jóvenes Comisión de Energía Comisión de Federaciones Comisión de Estrategia Pública Comisión de Fundaciones y Cámaras Internacionales Comisión de Grandes Empresas Comisión de Inclusión Financiera Comisión de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Comisión Laboral Comisión de Promoción de la Competitividad y Desregulación Administrativa Comisión de Red de Negocios Comisión de Salud y Protección contra Riesgos Sanitarios Comisión de Salud en el Trabajo y Protección Civil Comisión de Seguridad Pública Comisión de Seguridad Social Comisión de Sustentabilidad Ambiental Comisión de Turismo Comisión de Vertebración Comisión de Vivienda Misión de las Comisiones de Trabajo
Integrar a los empresarios socios de Coparmex, según sus conocimientos, experiencia profesional e interés, en grupos de trabajo especializados que fomenten el intercambio de conocimientos y experiencias, la investigación, la actualización de sus integrantes, y el desarrollo de trabajos específicos, en beneficio propio de sus empresas, del sector empresarial en general y de la sociedad mexicana.
a) Fomentar la participación de los empresarios socios de Coparmex, en grupos de trabajo de los distintos campos de la agenda nacional, dando a sus integrantes un sentido de pertenencia a la Confederación.
b) Actualización permanente de sus integrantes, mediante el intercambio de experiencias e información sobre los campos temáticos de las Comisiones y la oportunidad de escuchar e intercambiar opiniones con actores nacionales de relevancia en la materia.
c) Fomentar el estudio y la investigación en las diversas temáticas de las Comisiones, permitiendo generar opiniones técnicas y los posicionamientos públicos de Coparmex en cada materia.
d) Ampliar la red de relaciones públicas de la Coparmex, vertebrando sus acciones con organismos nacionales e internacionales que trabajen en las temáticas de la Comisiones.
El CONOCER es una entidad paraestatal, sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de participación tripartita.
Seis consejeros propietarios
3) Agricultura, Ganadería y Pesca
6) Hacienda
Tres consejeros propietarios
1) Consejo Coordinador Empresarial
2) Confederación Patronal de la República Mexicana
3) Confederación de Cámaras Industriales
1) Congreso del Trabajo
2) Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
3) Confederación de Trabajadores de México
El CONOCER es la Entidad del Gobierno responsable de promover, coordinar y consolidar en México un Sistema Nacional de Competencias de las Personas para contribuir a un mayor nivel de competitividad económica, desarrollo educativo y progreso social para todos los mexicanos.
En el CONOCER atendemos y servimos a nuestros usuarios:
– Confederaciones y asociaciones empresariales
– Trabajadores, empresas, productores, y organizaciones del Sector Rural y Campesino
– Organizaciones sociales y civiles
– Sector educativo
Con niveles de excelencia, con base en procesos eficientes y modernos y con tecnología de vanguardia.
Costo de un empleo4
Un empleo formal y permanente en el país puede tener un costo promedio para las empresas de 274.5% más que el valor del salario que se pagará al trabajador.
Lo anterior, debido a que se deben cubrir gastos de infraestructura y equipamiento del centro de trabajo, gastos de reclutamiento y capacitación del personal, cuotas al IMSS, Infonavit y SAR; además de las prestaciones de ley entre las que se encuentran vacaciones pagadas, prima vacacional y aguinaldo.
De acuerdo con especialistas en administración de recursos humanos, el costo es distinto y puede ser mayor o menor dependiendo del sector y tamaño de la empresa, además de considerar si será de nueva creación o si se trata de un empleo a partir de la expansión de la compañía.
Román Flores, gerente de Compensación de Manpower México, explicó en entrevista que si se toma como base la contratación de un trabajador cuyo salario es de 8,000 pesos mensuales, el costo real para la compañía será de 21,962 pesos.
“La diferencia en un empleo nuevo es de tres a uno, es decir que representa casi tres veces el pago del salario, eso sin contar que hay compañías que ofrecen planes adicionales en prestaciones para niveles gerenciales, por ello en cada sector e industria puede cambiar”, indicó Flores.
El mayor costo de la inversión de un nuevo empleo, cuyo salario sea de 8,000 pesos mensuales, se da en el reclutamiento, el cual puede representar 121.3% o el equivalente a 9,700 pesos más.
Le siguen en costo 50% o el equivalente a 4,000 pesos que se destina a la infraestructura tecnológica; 45% o 3,600 pesos, destinado a la capacitación; 16% o 1,280 pesos para cubrir la carga social; 15% o 1,200 pesos más por prestaciones y beneficios; un porcentaje igual por arrendamiento y 12.3% o 982 pesos más a los gastos de oficina, para totalizar 21,962 pesos.
Plazas, ligadas a la productividad
Al respecto, Virgilio Mena, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó que el costo de generar empleo puede asociarse al costo de establecer una compañía, “pero generar esa nueva plaza dependerá más de las necesidades de la empresa y de sus procesos productivos, independientemente del costo”.
En ese mismo sentido coincidió Octavio Carvajal, representante de la Comisión Laboral de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), tras destacar que el problema del costo del empleo va en relación con la producción.
“Una empresa puede contratar a 10 personas, pero su capacidad de producción le permite tener ocho, por más que quiera generar más empleos no puede. El problema del costo no es tanto cuánto me cuesta, sino qué tanta repercusión tendría en la productividad”.
1) CCE. Página Web [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.cce.org.mx/
2) COPARMEX. Comisiones de Trabajo [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=111
3) SEGOB SIL. CONOCER [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/887/1/images/01sisnacionalcompetencias.pdf
4) EL ECONOMISTA. Un empleo cuesta 2.7 veces más que el salario a pagar [fecha de consulta: 30 de marzo de 2013], disponible en: http://eleconomista.com.mx/notas-impreso/negocios/2009/07/22/empleo-cuesta-27-veces-mas-que-salario-pagar
DECIMOCUARTA TAREA ADMINISTRACION DEL FACTOR HUMANO
This entry was posted on April 3, 2013, 2:25 am and is filed under 14a. Tarea. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0.