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Timestamp: 2019-12-08 10:57:05
Document Index: 14855373

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'artículo 59', 'Artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 53', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 53', 'artículo 107', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 40']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 79-512, de 17/06/2011
cve: BOCG_D_09_79_512
Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
(624/000015)
(Cong. Diputados, Serie B, núm. 257
Núm. exp. 122/000232)
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 3 enmiendas a la Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Palacio del Senado, 14 de junio de 2011.—El Portavoz, Jordi Vilajoana i Rovira.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 59, bis.
Artículo 2. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que quedan redactados del siguiente modo:
«2. (…/…).
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación
del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Durante este período, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus familiares que se encuentren en España en el momento de la identificación.
Finalizado el periodo de reflexión se garantizará la evaluación de la situación personal de la víctima, en concreto lo relativo a los factores de seguridad, salud, circunstancias familiares o cualquier otro que debiera ser tenido en cuenta, y en todo caso, el Principio de No Devolución.
(…/…).»
La inclusión de la garantía de evaluación de la situación personal de la víctima tiene fundamento en los derechos reconocidos en la propia Ley y también en el Convenio Europeo Contra la Trata de Personas.
Una vez concluido el periodo de restablecimiento y reflexión la autoridades competentes deberán realizar una evaluación de la situación personal de la víctima, en primer lugar para verificar que el tiempo del periodo de restablecimiento y reflexión ha sido suficiente, tal y como se señala en el texto legal, para que la víctima decida si colaborar con la investigación policial y el procedimiento penal; y en segundo lugar para valorar las necesidades de la víctima en atención a los derechos reconocidos en la ley y en el Convenio Europeo Contra la Trata de Personas.
Los familiares de las víctimas de trata pueden también estar en riesgo por la situación de la propia víctima. Consideramos que el término familiar debe ser valorado en cada caso de manera individual y que en la ley debe estar recogido de la forma más inclusiva posible.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2. Al final del primer párrafo del apartado 2 del artículo 59, bis.
«2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente y en ningún caso se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.
Al igual que en el caso de violencia de género, la apertura de un expediente sancionador aunque sea posteriormente suspendido entra en clara contradicción con el espíritu de la norma que es proteger a la presunta víctima de trata.
La propuesta de modificación recoge plenamente el interés por cerrar un sistema de protección realmente garantista que pone en primer lugar a las víctimas y que no resta un ápice, cuando sea el momento, si éste llega, a la eficacia del resto de la norma.
Del mismo modo parece oportuno que la referencia a la suspensión del incoado con anterioridad se sitúe en el mismo párrafo, de tal manera que se recojan todos los supuestos que se producen en la práctica.
Tan importante es no incoar en el momento en que se estime que se está ante una presunta víctima de trata, como suspender (si ya se había incoado). De no hacerlo así, supondrá –como ocurre en la actualidad– romper desde el principio la necesaria relación de confianza con las víctimas de trata.
La doble indicación a la policía de extranjería de perseguir y sancionar la falta administrativa y al mismo tiempo identificar a las potenciales víctimas dificulta su misión principal y más importante de proteger a las potenciales víctimas de una grave violación de derechos humanos.
Y por último, el hecho de incoar un expediente de expulsión o de no paralizarlo en cuanto existan motivos razonables pone en riesgo de expulsión a las víctimas lo que puede suponer un daño irreparable para las mismas. La falta de coordinación y el hecho de que no exista una unidad responsable de la coordinación y del seguimiento de los derechos reconocidos a las víctimas suponen un riesgo real de que el expediente sancionar acabe finalmente en expulsión sin que se hayan dado las suficientes garantías.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió (GPCIU), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 2.
Artículo 2. Apartado nuevo. Se modifica el apartado 4 del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que quedan redactados del siguiente modo:
«4. La autoridad competente facilitará, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal y facilidades para su integración social, sin perjuicio de que la víctima solicite y pueda obtener protección internacional por albergar un temor fundado de persecución o por enfrentarse a un riesgo real de sufrir daños graves en su país de origen en virtud de lo establecido en la ley 12/2009 reguladora del Derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Asimismo en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le facilitará una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente.
Resto igual.»
Se suprime la referencia a la exención de responsabilidad administrativa en coherencia con la propuesta relativa a la no incoación de expediente sancionador o suspensión en su caso.
Se sustituye la expresión «podrá facilitar» por la palabra «facilitará», ya que estamos haciendo referencia a un marco de derechos que ofrece distintas posibilidades a la víctima pero que es de obligado cumplimiento para el Estado:
1. Optar por el retorno voluntario asistido.
2. Optar a una autorización de residencia y trabajo por colaboración.
3. Optar a una autorización de residencia y trabajo en atención a su situación personal.
4. Optar a protección internacional en atención a su situación de riesgo en su país de origen.
Es importante incluir de manera explícita la opción de que la víctima pueda solicitar protección internacional independientemente a otras opciones, ya que lo que se debe valorar es el riesgo en el país de origen.
Se considera importante la inclusión explícita en este texto legal porque en la práctica se viene asistiendo a un rechazo a considerar que las víctimas de trata pueden optar a la protección internacional por estar recogidos derechos de protección en la Ley de Extranjería.
Es conveniente recoger una mención explícita a que la expedición de una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales no afectará al derecho a solicitar protección internacional y a acogerse a la misma de conformidad con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
El hecho de que existan mecanismos de protección a favor de las víctimas de trata en el marco general de extranjería, por ejemplo, a través de la concesión de una autorización de residencia y trabajo por razones excepcionales, no excluye que algunas víctimas de trata se encuentren en necesidad de protección internacional y que tengan una solicitud de asilo válida que debe examinarse a la luz de la normativa de asilo.
Así el artículo 14 del Protocolo de Palermo explícitamente establece que el Protocolo no afectara a los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, y en particular, cuando sean aplicables la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, y el principio del non-refoulement9. Al haber ratificado este Protocolo, España ha reconocido que algunas víctimas de la trata de personas pueden encontrarse en la situación del artículo 1A (2) de la Convención de Ginebra y su Protocolo y, por tanto, ser consideradas como refugiadas.
En el mismo sentido se manifiesta el apartado 5 del artículo 14 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005 que establece que «habida cuenta de las obligaciones de las Partes recogidas en el artículo 40 del presente Convenio (relativo a la relación de dicho Convenio con otros instrumentos internacionales), las Partes garantizarán que la expedición de un permiso de residencia con arreglo a la presente disposición no constituya un obstáculo para el derecho de solicitar asilo y de acogerse al mismo.
En este sentido, las últimas Observaciones Finales de la CEDAW a España de 7 de agosto de 2009 vuelven a incidir en este aspecto exhortando al Estado español a que otorgue toda la protección prevista en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados a las mujeres víctimas de la trata que pidan asilo por motivos de persecución basada en el género. En el mismo sentido se expresa el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura que, en sus últimas Observaciones Finales de 19 de noviembre de 2009, insta a España a adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso al procedimiento de asilo para las mujeres extranjeras victimas de trata –o expuestas al riesgo de ser sometidas a trata– que demuestren su necesidad de protección internacional.