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Timestamp: 2020-05-29 14:23:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 539', 'artículo 448', 'artículo 172', 'artículo 539', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 318', 'artículo 336', 'artículo 335', 'artículo 266', 'artículo 318', 'artículo 336', 'artículo 318', 'artículo 25', 'artículo 330', 'artículo 328', 'artículo 408', 'artículo 77', 'artículo 426', 'artículo 408', 'artículo 37', 'artículo 74', 'artículo 77', 'artículo 426', 'artículo 110', 'artículo 48', 'artículo 318', 'artículo 29', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 50', 'artículo 318', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 17', 'artículo 45']

Sentencia nº 645 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Mayo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 373572506
Número de Expediente: 12-0266
Expediente Nº 2012-0266
El 27 de febrero de 2012, fue recibido por esta Sala Constitucional, el escrito presentado por los ciudadanos N.L.C.M., M.C.V.L. y R.A.A.G., actuando en su carácter de Fiscales Primero (1°) y Cuarto (4°) del Ministerio Público ante las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Trigésimo (30°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, respectivamente, mediante el cual solicitan la revisión de la sentencia dictada por esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1.461 del 27 de julio de 2006 y su aclaratoria del 11 de octubre del mismo año, la cual declara con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano P.C.G., contra la decisión dictada en fecha 13 agosto de 2004, por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y, como consecuencia, se revocó la decisión atacada en amparo y se anularon todos los actos procesales siguientes a la sentencia revocada, quedando así, finalmente firme, el pronunciamiento dictado en fecha 16 de junio de 2004 por el Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa en favor del referido acusado a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 29 de febrero de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
El Ministerio Público solicita la revisión de la sentencia N° 1.461 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 27 de julio de 2006 y su aclaratoria del 11 de octubre del mismo año, en la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano P.C.G., contra la decisión dictada en fecha 13 agosto de 2004, por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por considerar que su contenido inadvirtió principios y normas constitucionales previstas en nuestro Texto Fundamental, trayendo como consecuencia jurídica su violación y la de los tratados y convenios internacionales que ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, disponen estructuralmente el sistema de protección de los Derechos Humanos.
Siendo ello así, a juicio de quienes impetran esta solicitud, es la propia Sala Constitucional quien debe revisar la sentencia anteriormente identificada y que se acompaña en copia certificada, todo con cimiento en los artículos 334 de la Constitución y 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N° 1.461 del 27 de julio de 2006 y su aclaratoria del 11 de octubre del mismo año, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano P.C.G., contra la decisión dictada en fecha 13 agosto de 2004, por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, revocó la decisión atacada en amparo y anuló todos los actos procesales siguientes a ésta, quedando firme el pronunciamiento dictado el 16 de junio de 2004, por el Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa en favor del referido acusado a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre la base de las siguientes consideraciones:
…debe esta Sala reiterar que los escritos contentivos del recurso de apelación deben ser presentados ante el Tribunal que dictó el fallo que se impugna cuando ello se hace dentro de las horas de despacho, y fuera de éstas, sólo y únicamente ante la Oficina de Alguacilazgo, por cuanto su facultad de recibir documentos deviene de una norma legal -artículo 539 del Código Orgánico Procesal Penal- que no puede ser derogada por disposiciones sublegales o por prácticas consuetudinarias, de forma tal que las reglamentaciones y funcionamiento de los Circuitos Judiciales Penales deben ajustarse principalmente a la Constitución y a la ley.
En virtud de lo anterior, debe esta Sala señalar que, en el caso de autos, la interposición de dicho recurso ante un Tribunal diferente al que dictó la decisión que se pretende impugnar, aun cuando éste se encontraba de guardia cumpliendo funciones de distribución de causas, no lo convierte en órgano competente para recibir dicho escrito recursivo, el cual debe interponerse ante el Tribunal que dictó la decisión que se pretende impugnar y, fuera de su horario administrativo, -se insiste- ante la Oficina de Alguacilazgo.
En virtud de lo mencionado, la Sala considera que al no haber sido interpuesta la apelación dentro de las horas y días de despacho ante el Tribunal de la causa, o bien, fuera de su horario administrativo en la Oficina de Alguacilazgo de ese Circuito Judicial Penal -pero siempre dentro del lapso, previsto para tal fin en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal- ésta resulta inadmisible pues, queda claro que, a partir de lo dispuesto en el artículo 172 eiusdem citado, en la fase intermedia, en la cual se encontraba dicha causa penal, los lapsos se cuentan por días hábiles en los cuales haya despacho, siendo la Oficina de Alguacilazgo la facultada para la recepción de los documentos y escritos dirigidos a los tribunales penales del Circuito Judicial Penal correspondiente, en horario extendido, de conformidad con el artículo 539 de la norma penal adjetiva. Así se decide.
Con fundamento en lo anterior, estima la Sala que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, al admitir la apelación aludida, vulneró el principio de la unidad del proceso, dirigido a garantizar la concentración de todas las actuaciones de las partes en un solo Tribunal, así como la improrrogabilidad de los lapsos procesales que determina su oportunidad legal y, con ello, el derecho a la defensa y al debido proceso. Cabe resaltar que lo contrario sería consentir la negligencia de la parte apelante al no interponer el recurso en tiempo oportuno y lugar debido, así como el relajamiento del lapso de apelación previsto en la norma procesal penal adjetiva y el desconocimiento de las reglas, lo que constituiría además, admitir una alteración en el proceso no prevista en la ley, que generaría inseguridad jurídica sobre el tiempo y lugar en los cuales deben realizarse las actuaciones correspondientes a la causa penal, en detrimento de los derechos de la otra parte respecto del carácter definitivamente firme que adquiere la sentencia dictada en primera instancia. Así se declara.
En consecuencia, la sentencia accionada, al no advertir la incompetencia del Tribunal que recibió la apelación ni la extemporaneidad de la misma pues, en todo caso, el tribunal de la causa recibió dicho recurso fuera del lapso previsto para ello, vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso, máxime cuando la materia relativa a la competencia y lapsos procesales son de estricto orden público normativo, no existiendo excepción alguna prevista en la ley que permita relajarla por voluntad unilateral de los intervinientes en el proceso. Así se decide.
En virtud de lo anterior, esta Sala declara con lugar la presente acción de amparo constitucional, revoca la sentencia accionada que admitió la apelación interpuesta y anula los demás actos procesales celebrados con posterioridad al fallo revocado
El numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Por su parte, dicha potestad fue legalmente reconocida por el numeral 10 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, esta Sala Constitucional en sentencia N° 93/2001 del 6 de febrero, determinó los límites y alcances de la potestad de revisar sentencias, que le ha sido atribuida constitucionalmente, indicando que procede la misma contra:
En el presente caso se ha solicitado formalmente la revisión de la sentencia N° 1.461 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 27 de julio de 2006 y su aclaratoria de fecha 11 de octubre del mismo año, la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano P.C.G., contra la decisión dictada en fecha 13 agosto de 2004, por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, se revocó la decisión atacada en amparo y se anularon todos los actos procesales siguientes a ésta, quedando así, finalmente firme, el pronunciamiento dictado en fecha 16 de junio de 2004, por el Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó el sobreseimiento de la causa en favor del referido acusado a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal.
(…) Tratándose, por tanto, de una decisión de esta Sala Constitucional, a quien corresponde ejercer la atribución contenida en el artículo 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión sobre sus propios fallos significaría una vía de impugnación no consagrada legal ni constitucionalmente, lo cual violaría, por lo demás, el artículo 335 eiusdem, que, en concordancia con el artículo 266.1 del citado Texto Fundamental, prescribe la supremacía de la Sala respecto de la interpretación y aplicación últimas de las normas y principios constitucionales, y la potestad de ejercerla con fundamento en su universalidad, contra las sentencias dictadas por las demás Salas de este Alto Tribunal, pero no contra sus propios fallos, porque, ello sería emitir un nuevo dictamen.
Visto lo anterior, esta Sala juzga que la solicitud de revisión interpuesta por los abogados R.F.V., I.D.V.M.V., M.G.M.T. y R.J.M.S., en su carácter de representantes judiciales del Contralor General de la República, contra la sentencia Nº 2.444 dictada el 20 de octubre de 2004 por esta Sala, debe ser declara (sic) no ha lugar en derecho (…)
Ahora bien, la consecuencia inmediata de los criterios adjetivos contenidos en los fallos impugnados (Sentencia N° 1461/2006 y su aclaratoria) fue la declaratoria de firmeza del pronunciamiento dictado en fecha 16 de junio de 2004 por el Juzgado Trigésimo Tercero (33) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano P.C.G., a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal; y siendo que este último fallo se encuentra definitivamente firme a los efectos de lo dispuesto en el artículo 336, cardinal 10 de la Constitución; esta Sala por orden público constitucional en vista de la jurisprudencia antes citada respecto a la imposibilidad de revisar sus propios fallos y a los fines garantizar la tutela judicial efectiva de la pretensión contenida en la solicitud de revisión presentada, la cual tiene relevancia constitucional, al encontrarse el caso planteado vinculado al interés general de la sociedad en alcanzar una protección suficiente de los derechos fundamentales y demás bienes constitucionales, particularmente en lo que se refiere a la eficacia y vigencia de los principios y valores amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pasa a revisar de oficio la sentencia definitivamente firme del Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas del 16 de junio de 2004, que decretó el sobreseimiento de la causa en favor del referido acusado (P.C.G.), a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal (para lo cual resulta competente de conformidad con el artículo 25, numerales 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Así se declara.
(…) Este Tribunal, de acuerdo con el artículo 330 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a resolver las excepciones opuestas, por los Dres. (…), en primer lugar corresponde observar si es admisible la interposición de estas excepciones en fecha 12 de Julio de 2004, observa este Tribunal, que el artículo 328, numeral 1, faculta a las partes para oponer las excepciones, hasta cinco días antes del plazo fijado para la audiencia preliminar, habiendo sido la misma diferida para celebrarla en la presente fecha, por lo que se considera que han sido presentadas oportunamente. La Representante del Ministerio Publico, acusó a los acusados por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal, en concordancia con el artículo 77 ordinales 8, 11, 12 y 14 del Código Penal, en concordancia con el artículo 426 del mismo Código, por los siguientes hechos, en fecha 03 de Marzo de 1989, se efectuó un allanamiento para realizar un operativo en busca de objetos provenientes de saqueo que tuvieron lugar los días 27 y 28 de Febrero del mismo año, se presentó un grupo de efectivos militares en una residencia ubicada en la Pastora, esquina de S.A. a Coromoto, casa N° 24, entre las nueve y cuarenta y cinco, y once horas de l (sic) noche, un grupo de militares, comandados por los mencionados oficiales, en el curso de ese allanamiento resultó muerto el ciudadano C.M., de allí que hayan sido acusados los mencionados oficiales, por el mencionado delito. Por otra parte el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 408 del Código Penal en su ordinal 1° con pena de 15 a 25 años de presidio tiene término aplicable según el artículo 37 del Código Penal 20 años de presidio, los imputados no tienen antecedentes penales, por lo cual su buena conducta predelictual se consideraría como una circunstancia atenuante, de conformidad con el artículo 74 ordinal 4 del Código Penal, y compensándolo con el artículo 77 ordinales 8, 11,12, y 14 del Código Penal, se aplicaría el término medio, y de acuerdo con el artículo 426 eiusdem se disminuirá la pena en una trece (sic) parte o sea seis años y ocho meses, resultando la pena en trece años y cuatro meses de presidio, de manera que el delito tiene un plazo para la prescripción ordinaria de la prescripción penal por quince años, desde el 03 de marzo de 1989, fecha en que ocurrieron los hechos hasta la presente fecha, han transcurrido (15) años (4) Meses y (13) Días, sin que se hubiera producido ninguno de los actos que interrumpen el curso de la prescripción de la acción penal, que según el artículo 110 del Código Penal son: Por el pronunciamiento de la sentencia siendo condenatoria, Por la Requisitoria que se libre contra el Reo si éste se fugare, interrumpirán también la prescripción el auto de detención o de citación para rendir indagatoria, y las diligencias procesales que le sigan, durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, y de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, según sentencia N° 455 de la Sala de Casación Penal de 10 de Diciembre de 2003, con ponencia del Magistrado RAFAEL PEREZ PERDOMO, el auto de ‘detención podría igualarse a la admisión de la acusación en la audiencia preliminar, momento en el cual se concreta la apertura del juicio propiamente dicho, por tanto es a partir de la admisión de la acusación o de particular en los casos de acción privada cuando debe considerarse la presencia de acto interruptivos de la prescripción, lo cual no se ha producido en este caso, por lo cual la acción penal esta evidentemente prescrita, y se ha extinguido, de acuerdo con el artículo 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo lo procedente y ajustado a derecho DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con los artículos 330, numeral 3 y artículo 318 numeral 3 ejusdem. En consecuencia este Tribunal, Trigésimo de Primera Instancia (…_) DECLARARON LUGAR (sic) la excepción opuesta (…)
De la sentencia parcialmente transcrita, se advierte que la misma decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra los ciudadanos P.C.G., J.F.B.B. y Carlos Miguel Yánez Figueredo, por el delito de Homicidio Calificado en Grado de Complicidad Correspectiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 330 numerales 3 y 4, 48 numeral 8 y 316 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, sin tomar en consideración el contenido del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo con tales normas, los delitos de contenido inhumano, castigados en el ámbito internacional, deben ser juzgados sin que valga como excepción la atipicidad, de allí que mucho menos podrá oponerse la prescripción para garantizar la impunidad de los autores de estas graves violaciones, especialmente, como se ha afirmado, cuando se trata de delitos antihumanitarios [Omissis]
(Sentencia N° 317, dictada el 29 de julio de 2010, por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia).
Llegado a este punto, vale destacar que la consideración anterior está acorde con el precedente judicial de esta Sala contenido en la sentencia N° 2818/2002 del 19 de noviembre, recaída en el caso: G.J.J.S. (Vda.) de Carmona y R.O.C.J., según el cual es posible la aplicación de un presupuesto jurídico a hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, –aun cuando no haya estado previsto en la Constitución de 1961-; siempre que dicho presupuesto haya formado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; que en el caso del fallo mencionado estaba previsto en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (18 de julio de 1978); y cuya aplicación normativa ofrece una solución acorde con el actual modelo constitucional de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.
Ello así, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia calificó los hechos sometidos a su consideración y que ocurrieron bajo la vigencia de la Constitución de 1961, como constitutivos de hechos delictivos como violaciones contra los derechos humanos y por ende imprescriptibles, todo ello en aras de garantizar constitucionalmente el debido proceso (artículo 49) y la tutela efectiva (artículo 26); y a pesar de que la imprescriptibilidad para sancionar la violación de los derechos humanos, en este caso, la vida no estaba expresamente contemplado en la Constitución de 1961-, formaba parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (18 de julio de 1978), instrumento internacional vigente para el momento de la comisión de los hechos delictivos objeto del proceso penal seguido contra el ciudadano Í.d.V.A.; calificación esta aplicable bajo la fórmula de la cláusula abierta del artículo 50 de la Constitución de 1961, y que era del tenor siguiente: ‘...La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos…’ (…)
En adición a lo anterior; esta Sala reitera que la posición jurisprudencial antes señalada está en plena congruencia con su criterio contenido en el fallo N° 626/2007 del 13 de abril, caso: “Marco J.H., H.J.R., J.A.P.S., J.R.R.S., R.N.L., R.H.Z.A., E.J.B. y Luis Enrique Molina Cerrada”, en la cual se estableció, a partir de los hechos ocurridos en el caso conocido como “Puente Llaguno”, y los delitos contra los derechos humanos, lo siguiente:
[…] los derechos humanos son la concreción del respeto a la condición humana, que exigen del Estado unas condiciones indispensables para elevar a su máxima expresión la dignidad humana; esto explica por qué todos los sistemas de protección de dichos derechos erigen como responsable de las posibles violaciones a los gobiernos. De allí se deriva que sean las personas provistas de autoridad las que, en principio, pueden incurrir en violación de los Derechos Humanos, pues es la investidura de funcionario, su potestad, el hilo conector entre la acción del agente y la responsabilidad del Estado; sin embargo, tal afirmación está sometida a excepciones producto de actos atentatorios de la dignidad humana cometidos por personas desprovistas de autoridad pero que sí, de algún modo, cuentan con un respaldo o con la simple tolerancia del Estado. En estos casos, bajo parámetros similares, opera frente a aquellas personas que no son funcionarios pero que actúan bajo el incentivo, aquiescencia, tolerancia o aceptación del gobierno, las reglas que el ordenamiento jurídico nacional ha estipulado para tutelar a los derechos humanos e incluso las reglas del sistema internacional de protección de los derechos humanos, pues, en ambos la esencia es la misma: por acción u omisión existe un desvío de la potestad pública, una tergiversación del cometido estatal que, se supone, está al servicio del ser humano.
Otra de las normas contenidas en el precepto constitucional se refiere a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de las violaciones graves de los derechos humanos y de los crímenes de guerra. La siguiente norma está referida al establecimiento del juez natural: las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios, esto para evitar el riesgo de la impunidad en la jurisdicción militar, de lo cual la experiencia latinoamericana ha tristemente dado cuenta. Finalmente, la última de las normas, que es la que aquí nos ocupa, se refiere a la imposibilidad de otorgar cualquier beneficio procesal al incurso en alguno de los delitos mencionados en la norma anterior; según el artículo ‘[d]ichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pueden conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía’. La estructura del artículo permite concluir que cuando la norma menciona ‘Dichos delitos’ está refiriéndose en un primer término a las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, y en un segundo término a las ‘violaciones graves de los derechos humanos’ y a los crímenes de guerra, como ya lo indicó la Sala en el fallo n° 1712/2001 de 12 de septiembre
Comparte plenamente la Magistrada concurrente el dispositivo del fallo mediante el cual se revisó de oficio la sentencia dictada, el 16 de junio de 2004, por el Juzgado Trigésimo Tercero (33°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que decretó el sobreseimiento de la causa a favor del ciudadano P.C.G. a tenor de lo previsto en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal; y se ordenó al referido Juzgado emitir nuevo pronunciamiento que tome en cuenta los argumentos expresados en dicho fallo.
Además, como refuerzo de la afirmación referida a que se debía evitar la declaratoria del sobreseimiento por la prescripción de la acción penal, quien suscribe el presente voto salvado observa que el Estado venezolano había depositado, el 19 de enero de 1999, ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, su ratificación de la Convención Americana sobre Desaparición Forza.d.P., la cual entró en vigor para Venezuela al trigésimo día siguiente de la fecha en que se hizo ese depósito. En esa Convención se establece, en su artículo 7, que la acción penal derivada de la desaparición forza.d.p. no está sujeta a prescripción.
Respecto a esto último, cabe advertir que el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el respeto de los derechos humanos es obligatorio para los órganos del Poder Público de conformidad con lo establecido en ese Texto Fundamental, los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen, por lo que, a pesar de que el delito de desaparición forza.d.p. fue incluido en la reforma del Código Penal del 20 de octubre de 2000, es decir, posteriormente a la oportunidad en que ocurrió “el caracazo”, lo previsto en la Convención era un indicativo serio para evitar, conforme a la ley, respetando el principio de legalidad, que terminara el proceso penal que motivó el amparo con una declaratoria de sobreseimiento por prescripción de la acción penal.
La desaparición forza.d.p., por tanto, es un delito permanente como lo señala el artículo 17 de la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, toda vez que su consumación perdura en el tiempo hasta tanto el sujeto activo desee que ello culmine, o bien, por circunstancias ajenas a su voluntad. Ahora, al conceptualizar al bloque de la constitucionalidad la desaparición forza.d.p. como un delito permanente, esta Sala debe analizar qué sucede si durante la consumación de la desaparición forza.d.p. entra en vigencia la ley que lo contempla como hecho punible.
Por tanto, compartiendo la premisa doctrinaria para dar operatividad al artículo 45 de la Carta Magna, esta Sala precisa que si durante la privación ilegítima de libertad del sujeto pasivo el sujeto activo sigue negado a revelar la suerte o paradero de la persona privada de libertad o a reconocer que se encuentra bajo ese estado, y a su vez, entra en vigencia en esta situación la tipificación legal del delito de desaparición forza.d.p., debe concluirse que los sujetos implicados en ese comportamiento pueden ser juzgados y declarados culpables y responsables del delito de desaparición forza.d.p., sin que ello implique retroactividad de la ley penal, pues se trata de la aplicación de la ley que configura el delito inconcluso.