Source: https://jurisprudencia.cladem.org/paraguay/Comite_de_Derechos_Humanos_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:28:02
Document Index: 303584440

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 61', 'artículo 10', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 61']

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Comité de Derechos Humanos: Observaciones referidas a las mujeres y las niñas
1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el estado adoptadas el 5 de abril de 1995.1
El Comité examinó el informe inicial del Paraguay (CCPR/C/84/Add.3 y HRI/CORE/1/Add.24) en sus sesiones 1392ª y 1396ª, celebradas los días 22 y 24 de marzo de 1995 (véase CCPR/C/SR.1392 y 1396), y aprobó en la 1412ª sesión, celebrada el 5 de abril de 1995 (53º período de sesiones), las siguientes observaciones.
5. Sugerencias y recomendaciones
El Comité insta al Estado Parte a aplicar el inciso a. del párrafo 2 del artículo 10 del Pacto separando en la cárcel a las personas acusadas de los presos condenados. El Comité recomienda también que le Estado Parte examine que leyes y prácticas relativas a la detención anterior al juicio a fin de asegurar dicha detención no se convierta en norma general y que, cuando se imponga, su duración esté sujeta a estrictos límites, de conformidad con el artículo 4 del Pacto.
El Comité recomienda que se revisen todas las leyes nacionales sobre la mujer con miras a modernizar las normas legales anticuadas actualmente en vigor para ponerlas en armonía con las disposiciones pertinentes del Pacto. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte revise las leyes que definen sobre infracciones penales cometidas contra la mujer, y todas las disposiciones de trabajo que discriminan contra la mujer, y que adopte las medidas necesarias para eliminar las actitudes tradicionales relativas al papel de la mujer en la sociedad. Recomienda también que el Estado Parte estimule la participación política de la mujer en la vida pública, particularmente la vida política, que sigue siendo escasa a pesar de los avances jurídicos que han reducido las restricciones existentes en esta esfera.
El Comité pide al Estado que en su próximo informe presente información sobre la incidencia del aborto ilegal, la relación entre los abortos ilegales y la alta tasa de mortalidad de la madre, y la aplicación del artículo 61 de la Constitución2.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas el 28 de octubre de 2005.3
El Comité examinó el segundo informe periódico de Paraguay (CCPR/C/PRY/2004/2 y HRI/CORE/1/Add.24) en sus sesiones 2315ª, 2316ª y 2317ª (CCPR/C/SR.2315, 2316 y 2317), celebradas el 19 y 20 de octubre de 2005, y aprobó, en su sesión 2330ª (CCPR/C/SR.2330), celebrada el 28 de octubre de 2005, las siguientes observaciones finales.
C. PRINCIPALES MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN Y RECOMENDACIONES4
El Comité toma nota con interés del progreso normativo realizado para eliminar la discriminación de género5, así como de la creación de la Secretaría de la Mujer y otras instituciones. Sin embargo, lamenta que la discriminación contra la mujer persista en la práctica. Ejemplo representativo sería la discriminación de la mujer respecto de las condiciones en el trabajo (Artículos 3, 25 y 26 del Pacto). El Estado Parte debe asegurar que la protección legislativa en contra de la discriminación de género se aplique y que las instituciones creadas con tal propósito reciban financiamiento adecuado para su correcto funcionamiento. El Estado Parte debe asimismo adoptar medidas para asegurar la igualdad de condiciones laborales entre hombres y mujeres y para aumentar la participación de la mujer en todas las áreas de la vida pública y privada.
Si bien el Comité celebra la aprobación de la ley contra la violencia doméstica, lamenta la persistencia de este problema, incluido el abuso sexual como práctica recurrente, así como la impunidad de los agresores (Artículos 3 y 7 del Pacto). El Estado Parte debe tomar las medidas adecuadas para combatir la violencia doméstica y asegurar que se juzgue a los responsables y que éstos reciban una sanción adecuada. Se invita al Estado Parte a educar a la población en su conjunto sobre la necesidad de respetar los derechos y la dignidad de las mujeres.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado Parte con relación a la planificación familiar6. Sin embargo, sigue preocupado por los altos índices de mortalidad infantil y materna, especialmente en zonas rurales. El Comité reitera su preocupación por la legislación indebidamente restrictiva del aborto que induce a las mujeres a recurrir a formas inseguras e ilegales de aborto con riesgos latentes para sus vidas y salud (Artículos 6 y 24 del Pacto). El Estado Parte debe adoptar medidas efectivas para reducir la mortalidad infantil y materna mediante, entre otras, la revisión de su legislación relativa al aborto para que concuerde con el Pacto, y el acceso de la población a los medios anticonceptivos, especialmente en zonas rurales.
Es motivo de preocupación para el Comité la persistencia en el Estado Parte del tráfico de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual, especialmente en la región de la triple frontera (Artículos 3, 8, y 24 del Pacto). El Estado Parte debe tomar medidas urgentes y apropiadas para erradicar esta práctica y que haga lo posible para identificar, asistir e indemnizar a las víctimas de la explotación sexual.
Al Comité le preocupan las condiciones carcelarias en el Estado Parte, a saber, el hacinamiento, las deficientes condiciones de reclusión, la falta de separación entre acusados y condenados, entre menores y adultos y entre mujeres y hombres (Artículos 7 y 10 del Pacto). El Estado Parte debe mejorar las condiciones carcelarias para adecuarlas a los requisitos del artículo 10 del Pacto.
El Comité nota que, a pesar de existir cierto progreso normativo e institucional, el trabajo infantil persiste, así como la situación de un elevado número de niños de la calle (Artículo 8 y 24 del Pacto). El Estado Parte debe adoptar medidas para asegurar el respecto de los derechos del niño, incluyendo medidas urgentes para erradicar el trabajo infantil.
3º Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Paraguay.7
El Comité de Derechos Humanos examinó el tercer informe periódico de Paraguay (CCPR/C/PRY/3) en sus sesiones 2952ª y 2953ª (CCPR/C/SR.2952 y 2953), celebradas los días 11 y 12 de marzo de 2013. En su sesión 2974ª (CCPR/C/SR.2974), celebrada el 26 de marzo de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones8
El Comité lamenta que el Estado parte todavía no haya adoptado el proyecto de ley contra toda forma de discriminación, presentado a la Cámara de Senadores en mayo de 2007, mientras prevalecen estereotipos, discriminación y marginación, en particular en contra de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, afrodescendientes, y las personas LGBT (arts. 2, 26, 27).
El Estado parte debe adoptar una legislación amplia de lucha contra la discriminación, incluyendo la protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y dar prioridad a la implementación de programas para erradicar los estereotipos y la discriminación, así como garantizar la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte también debe adoptar medidas para promover la igualdad de oportunidades y de acceso irrestricto y sin discriminación a todos los servicios para las mujeres, las personas con discapacidad, las personas indígenas, afrodescendientes, y las personas LGBT.
Al Comité le preocupa el bajo nivel de representación de las mujeres en el Congreso y en los puestos de adopción de decisiones en los sectores público y privado, así como la persistencia de estereotipos sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad (arts. 3, 25 y 26).
El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto. Asimismo, el Estado debe adoptar las medidas especiales temporales que sean necesarias para incrementar la participación de las mujeres en la vida política y pública, así como en el sector privado.
El Comité toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte para proteger a la mujer de la violencia doméstica. No obstante, el Comité está preocupado por la persistencia de altos niveles de violencia en contra de las mujeres y por la falta de una ley efectiva para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia. Al Comité también le preocupa el número limitado de albergues o centros de atención para mujeres víctimas de violencia doméstica, mientras que estas instalaciones constituyen el único apoyo para las mujeres sobrevivientes. Finalmente, el Comité lamenta que no existan a la fecha antecedentes de reparación para víctimas de violencia doméstica (arts. 6, 7, 14 y 26).
El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual y de género y para alentar a las víctimas a denunciar los casos, incluyendo por medio de la adopción de una ley específica en la materia asegurando la participación de la sociedad civil. El Estado parte debe asegurar que las denuncias de violencia sexual y de género sean efectivamente investigadas, que los autores sean enjuiciados y castigados con sanciones apropiadas, y que las víctimas reciban una reparación adecuada y tengan acceso a centros de atención o albergues especializados en todo el país. El Estado parte también debe integrar los temas de protección de las mujeres en contra de la violencia en los programas de educación.
El Comité expresa su preocupación por la criminalización del aborto, inclusive cuando sea consecuencia de una violación o incesto, lo cual obliga a las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité también está preocupado por el mantenimiento de altos índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad materna (arts. 3 y 6).
El Comité recomienda al Estado parte que revise su legislación sobre el aborto incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes, en todas las regiones del país. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva.
Consciente de los esfuerzos desarrollados por el Estado parte para prevenir y sancionar la trata de personas, el Comité está preocupado por el número importante de niños, niñas y mujeres que siguen siendo víctimas de trata, y por la impunidad que prevalece en estos casos (art. 7, 8 y 14).
El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para poner fin a la trata de personas, en particular de mujeres y niños con fines de explotación sexual y trabajo infantil. El Estado parte debe procesar a todos los presuntos autores de estos hechos y, de confirmarse su responsabilidad, sancionarlos. El Estado parte debe seguir formando a los funcionarios de las fuerzas del orden y de los servicios de inmigración, y ofrecer protección y rehabilitación a las víctimas. También debe reforzar los mecanismos de cooperación con los países vecinos y llevar adelante campañas de sensibilización de la población respecto a los efectos negativos de la trata de personas.
El Comité está preocupado por las condiciones de trabajo de las y los trabajadores domésticos y por la falta de protección de sus derechos (arts. 3, 8 y 26).
El Estado parte debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las y los trabajadores domésticos de conformidad con los principios del artículo 8 del Pacto y protegerles contra cualquier situación de servidumbre doméstica. El Estado parte también debe establecer mecanismos de control efectivos para garantizar el respeto de estos derechos por los empleadores, así como el acceso a la justicia de las y los trabajadores domésticos para hacer valer los mismos, y la investigación y sanción de su violación.
El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado parte por registrar todos los nacimientos, pero lamenta la persistencia de un elevado índice de niños y niñas no registrados, especialmente en zonas rurales y en comunidades indígenas (arts. 16, 24 y 27)
El Estado parte debe seguir sus esfuerzos para garantizar que todos los niños y niñas nacidos en su territorio estén registrados y reciban un certificado de nacimiento oficial. De esta manera, debe realizar una adecuación legislativa para permitir a las madres adolescentes la inscripción de sus hijos e hijas sin orden judicial. También debe llevar a cabo campañas para el registro de las personas adultas que todavía no han sido registradas.
CCPR/C/79/Add.48, 3 de octubre de 1995↩
Artículo 61 - DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DE LA SALUD MATERNO INFANTIL El Estado reconoce el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes educación, orientación científica y servicios adecuados, en la materia. Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materna infantil para la población de escasos recursos.↩
CCPR/C/PRY/CO/2, 31 de octubre de 2005↩
Por Ley N° 1.160/97 se sancionó el Código Penal, que derogó el que estuvo vigente hasta ese momento, que databa de 1910. La reforma introdujo la penalización de diversas formas de violencia contra la mujer que no existían previamente (acoso sexual, coacción sexual, violencia intrafamiliar, trata, etc.). La derogación fue parcial, porque los artículos relativos a la penalización del aborto y sus agravantes y atenuantes permanecieron vigentes de acuerdo al Código de 1910, incompatibles con la Constitución paraguaya de 1992 y con los tratados internacionales de derechos humanos. Por Ley N° 213/93 se sancionó el Código Laboral, que derogó el de 1961. En 1995, por Ley N° 496, se introdujeron varias modificaciones al Código, muchas de ellas relativas a la no discriminación de las mujeres en el trabajo. Sin embargo, continuaron vigentes las cláusulas discriminatorias hacia el trabajo doméstico remunerado.↩
Desde 1997, el Gobierno puso en marcha el I Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (1997-2001), y posteriormente, el II Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003-2008 fue aprobado por Resolución N° 223/03 del Ministerio de Salud Pública y declarado de interés nacional y puesta en vigencia por Decreto del Poder Ejecutivo N° 1702/04. Desde el 2002, a instancias de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social se incluye en el Presupuesto General de la Nación rubros al Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Por Ley N° 2.907/06 que obliga a financiar de manera segura y estable los programas Disponibilidad Asegurada de Insumos Anticonceptivos y Aprovisionamiento del Kit de Partos, en los rubros de adquisición, mantenimiento, distribución de los productos e instrumentales químicos y medicinales. Esta ley garantiza el derecho de toda mujer a recibir en forma gratuita el Kit de Parto y los insumos de Planificación Familiar. Sin embargo, los servicios públicos de salud reproductiva siguen siendo insuficientes y poco accesibles, sobre todo en áreas rurales.↩
CCPR/C/PRY/CO/3, 29 de abril de 2013↩