Source: https://es.scribd.com/doc/170109816/Lectura-6-Competencia-municipal-participacion-ciudadana-y-regimen-financiero
Timestamp: 2016-02-07 18:04:58
Document Index: 15838316

Matched Legal Cases: ['artículo 142', 'artículo 186', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 190', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 235', 'Artículo 183', 'Artículo 194', 'Artículo 124']

Lectura 6 - Competencia municipal, participación ciudadana y régimen financiero
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Lectura 6: Competencia y Organización Municipal
Materia: Derecho Público Provincial y Municipal Profesor: Mgter. Andrea Mensa González
Derecho Público Provincial y Municipal Mgter Andrea Mensa Gonzalez
Unidad 13: La Competencia, La Organización Institucional y la Administración del Municipio.
13. 1. Competencia Municipal 13.1.1. Material: propia, concurrente y delegada; 13.1.2. Territorial: sistemas, modificación de límites, fusión de municipios
En el Art. 185 de la Constitución de la Provincia se encuentra la competencia municipal territorial cuando dice: “La competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La Legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos no pueden exceder los correspondientes al Departamento respectivo. Por ley el Gobierno Provincial delega a los municipios el ejercicio de su poder de policía, en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial”. 1 El tema que subyace en este artículo es fundamental, debido a que establece que la competencia territorial de los municipios comprende la zona a beneficiarse por la prestación de los servicios públicos, con lo que se deja el sistema de radios colindantes, característico de la idea de municipio-departamento. En consecuencia, la competencia territorial de un Municipio comprenderá la zona donde preste total o parcialmente los servicios públicos con carácter de permanente, las zonas aledañas reservadas para futuras prestaciones de servicios y las zonas a beneficiarse con los servicios municipales. La delimitación de los límites la efectuará la Legislatura por ley, a propuesta tanto del Poder Ejecutivo como de los vecinos. Antes de elevarlo al Poder Legislativo, el proyecto debe contar con un censo previo, una memoria descriptiva de la planta urbana con su respectivo mapa, un informe sobre la necesidad y factibilidad de la prestación de los servicios públicos y un plan de desarrollo urbano.
El alumno podrá ampliar en Constitución de la Provincia de Córdoba Anotada de Andrea Mensa González. Editorial Alveroni. Pág. 221
Al respecto de este tema, el Dr. Antonio María HERNÁNDEZ, en el matutino La Voz del Interior del corriente año, opinaba: “[...] que en este tema donde se legisla sobre uno de los elementos constitutivos del Estado municipal, el constituyente ha mantenido en sus lineamientos esenciales la concepción emergente del artículo 142 del anterior texto constitucional de 1923, al establecer que la competencia territorial de los gobiernos locales comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. En consecuencia ya no existe más el sistema de radios colindantes, propio del municipio-condado, distrito o departamento, que de manera inconstitucional había implementado la ley 5286, vulnerando el artículo que anteriormente citábamos. “En la anterior Ley Orgánica Municipal Nº 3373 de 1925, al regularse este tema, se establecieron las zonas A y B, correspondientes a la prestación de servicios públicos municipales y a la ampliación futura de los mismos. Ángel Baulina interpretó que dichos servicios eran los correspondientes a los inmuebles. Más allá de que en la actualidad pueda efectuarse una prestación más amplia y flexible de los servicios municipales, se impone para nosotros un criterio de razonabilidad para no incurrir en los excesos que nos lleven a una ampliación desmesurada de los radios y a la violación del sistema constitucional, como está ocurriendo con algunos municipios, que además pretenden impedir la creación de comunas”. “Posteriormente, el artículo 186 difiere a la Legislación, por medio de la Ley Orgánica Municipal, la regulación del procedimiento para fijar los límites, que no pueden exceder los correspondientes al departamento respectivo. Finalmente, el artículo en análisis ordena al Gobierno provincial delegar a los municipios el ejercicio de su poder de policía, pero sólo en materias de competencia municipal, en las zonas que no son de competencia territorial local. Este párrafo es una ratificación del sistema fijado y, además, una afirmación de las ideas de eficacia y de coordinación interjurisdiccional. Recordamos nuevamente que esta norma, junto a la del artículo 13, impiden delegación alguna en las comunidades regionales, ya que ello no está previsto en la Constitución. La única delegación posible es a los municipios, que ahora han sido privados de esa competencia de manera groseramente inconstitucional por la Ley de Regionalización, a la que se refiere en la primera nota que publicamos sobre esta materia” (el 6 de febrero último en diario La Voz del Interior). “En cuanto al procedimiento para la fijación de los límites de municipios y comunas, la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 estableció como principio esencial, en cumplimiento de la Constitución, que sea finalmente el Poder Legislativo por medio de ley, el que fije los radios. Y ello se indica en el artículo 3º para el reconocimiento de municipios, y en el artículo 190 para el reconocimiento de comunas. A su vez, el artículo 4º establece que la modificación de los radios ‘se efectuará por ley’, el artículo 6º que ‘La Dirección General de Catastro de la Provincia llevará el registro oficial [de] los documentos cartográficos que establezcan los ámbitos territoriales de municipios y comunas’, y el artículo 7º que ‘el radio de los municipios comprenderá: 1) la zona en que se presten total o parcialmente los servicios públicos municipales permanentes [y] 2) la zona aledaña reservada para las futuras prestaciones de servicios’. “La fijación de los límites de municipios y comunas por ley se fundamenta en numerosas razones, de las que destacamos: a) la necesidad de respetar la jerarquía institucional y autonomía de los gobiernos locales, que requiere la intervención del Poder Legislativo, de la misma manera que ocurre con los límites de las provincias en el orden federal; b) la mayor seguridad y jerarquía jurídica que otorga la ley en un tema tan delicado, que no puede compararse con un simple decreto o resolución del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, y c) por la enorme importancia del tema, que se vincula con el ejercicio de las competencias del Estado municipal en el territorio”. ”Lamentablemente, no se cumplió el artículo 235 de la Ley Orgánica Municipal que había ordenado al Poder Ejecutivo provincial la confección de los mapas de los radios en
un plazo de cinco años, lo que ha originado innumerables problemas, en una muestra más de la anomia que nos caracteriza”.2 En el último párrafo de este artículo, el Gobierno Provincial delega en el Gobierno Municipal el ejercicio del poder de policía en el ámbito local, en las zonas de competencia. La competencia material de los municipios se dispone en el Art. 186: “Son funciones, atribuciones y finalidades inherentes a la competencia municipal: 1. Gobernar y administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 2. Juzgar políticamente a las autoridades municipales. 3. Crear, determinar y percibir los recursos económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la inversión de recursos y el control de los mismos. 4. Administrar y disponer de los bienes que integran el patrimonio municipal. 5. Nombrar y remover los agentes municipales, con garantía de la carrera administrativa y la estabilidad. 6. Realizar obras públicas y prestar servicios públicos por sí o por intermedio de particulares. 7. Atender las siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ancianidad, discapacidad y desamparo; cementerios y servicios fúnebres; planes edilicios, apertura y construcción de calles, plazas y paseos; diseño y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; control de la construcción; protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; faenamiento de animales destinados al consumo; mercados, abastecimiento de productos en las mejores condiciones de calidad y precio; elaboración y venta de alimentos; creación y fomento de instituciones de cultura intelectual y física y establecimientos de enseñanza regidos por ordenanzas concordantes con las leyes en la materia; turismo; servicios de previsión, asistencia social y bancarios. 8. Disponer y fomentar las políticas de apoyo y difusión de los valores culturales, regionales y nacionales; en general. Conservar y defender el patrimonio histórico y artístico. 9. Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas. 10. Establecer restricciones, servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la materia. 11. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios. 12. Publicar periódicamente el estado de sus ingresos y gastos y, anualmente, una memoria sobre la labor desarrollada. 13. Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o Provincial. 14. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado”. En primer lugar debemos destacar que en el presente artículo, en los primeros doce incisos se establecen las competencias propias del Municipio; en el inc. 13, las competencias concurrentes y, en el inc 14, un principio de competencia no enumerada. Hernández, Antonio María. Las violaciones a la autonomía municipal. La Voz del Interior. Edición del 06/02/2006.
Sin duda, y según la filosofía clásica, el fin de todo Municipio es lograr el bien común, es decir, el conjunto de condiciones necesarias para la existencia y el bienestar de la comunidad, para dar de esta manera la ventura a cada uno de sus miembros. Las competencias enumeradas en el presente artículo pueden agruparse en: a) Competencias políticas: convocar a elecciones de sus miembros; juzgar la validez de las elecciones; juzgar al Intendente, a los integrantes del Concejo Deliberante, a los miembros del Tribunal de Cuentas o de las comisiones vecinales (según Ley Orgánica Municipal Nº 8102), por mala conducta, delitos comunes, mal desempeño, etc.; participar en el proceso de sanción o reforma de la Carta Orgánica local, etcétera.3 b) Competencias económico-financieras: establecer impuestos, tasas y contribuciones; contraer empréstitos; formular su propio presupuesto de gastos y recursos; invertir libremente sus rentas; fomentar el turismo, etcétera. c) Competencias sociales: establecer centros de asistencia sanitaria, institutos de beneficencia, establecimientos de cultura; controlar la realización de espectáculos públicos; fomentar la educación y la cultura populares, etcétera. d) Competencias jurisdiccionales: ejercer el poder de policía local y crear los tribunales de Faltas. e) Competencias administrativas: nombrar y remover los funcionarios y empleados públicos, administrar los bienes públicos, prestar los servicios públicos, etcétera.3 De tener que definirse la actividad principal de un Municipio, se puede resumir que es un prestador de servicios por excelencia; no ya desde el punto de vista clásico —en donde la prestación estaba asociada a un costo divisible del servicio prestado— sino desde el ángulo de proveedor de bienes y servicios públicos, que permite satisfacer determinadas demandas de la población local. Aunque el comportamiento de los bienes sociales no se corresponda con las leyes de mercado, el actual concepto de administración de la hacienda pública considera al Estado como un productor de bienes y servicios, cuyos resultados se deben medir en función de las metas alcanzadas. Estas instituciones han nacido como consecuencia directa de las necesidades de la colectividad, y su supervivencia depende de los medios de que se disponen: materiales, humanos, autoridad, ordenamiento jurídico, etc.; sin embargo, la existencia de estos últimos obedece, a su vez, a la forma en que ellas satisfagan las necesidades. Si los menesteres cambian, deben transformarse las instituciones o, por lo menos, sus metas. Debe contarse con suficiente sensibilidad para captar las condiciones cambiantes del ambiente y con suficiente flexibilidad para adaptarse a ellas. En el caso de la Administración municipal, los recursos recaudados no nos dan la pauta de la satisfacción de la comunidad, porque ellos se obtienen, en su gran mayoría, por vía coactiva. El camino a través del cual tal apoyo se manifiesta es de naturaleza política. Las organizaciones municipales están subordinadas al poder político, representado por los órganos constitutivos del Gobierno. La eficacia concreta del servicio público debe ser evaluada conforme al: a) Índice de satisfacción de las necesidades públicas.
Hernández Antonio María. Derecho Municipal. Vol. I. Depalma. Pág. 205
b) Grado de sensibilidad y prontitud en que se advierten cambios en el ambiente circundante. c) La adaptabilidad de los programas y servicios, a los cambios constatados. Vale decir que es eficaz si alcanza a cumplir los fines perseguidos debidamente actualizados. A la inversa, la administración municipal puede influir en el ambiente en que actúa, buscando producir una corriente de apoyo y simpatía hacia la actividad que ella desenvuelve. Ello puede ser logrado mediante propaganda, mediante un sistema de relaciones públicas pero, sobre todo, proveyendo instituciones o programas que gradualmente sean un estímulo para la formación de una necesidad colectiva, en forma de garantizarle supervivencia (programas de cobertura de salud, de contención social, de viviendas, etcétera). Para desarrollar el inc. 7, debemos efectuar una remisión a la competencia del Estado Federal, de la Provincia y del Municipio, en el tema referido al ejercicio del poder de policía. El poder de policía, de acuerdo con la tesis amplia de que proviene del derecho norteamericano, es la limitación de derechos por cualquier objetivo de bienestar. Por lo que, en principio, su ejercicio es propio del Estado Federal. La reglamentación de esos derechos, previstos en los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional, es privativa de la Nación, específicamente del Congreso. Ella responde a razones de seguridad, moralidad, orden público, económicas, bienestar general, prosperidad, confort, salud, educación, etcétera. La tesis restringida, que sostiene que proviene del derecho europeo, determina que poder de policía es la limitación de derechos por razones de salubridad, moralidad y seguridad pública. En consecuencia, y desde este concepto, la Corte de Justicia ha determinado que la materia que quede abarcada por este poder debe ser considerada de competencia provincial. Esto lo ha dicho haciendo hincapié en que son incuestionables las facultades policiales de las provincias para defender el orden, la tranquilidad, la seguridad, la moralidad y la salubridad pública. Como puede apreciarse, hay materias de competencia nacional, provincial y municipal, y otras de competencia concurrente entre Nación, Provincia y Municipio. En consecuencia, serán constitucionales las normas nacionales, provinciales y municipales relativas al transporte, y ejercerán el poder de policía —es decir, su contralor—, el poder nacional en su competencia territorial nacional, el poder provincial en su competencia territorial provincial y el poder municipal en su competencia territorial municipal. Este ensamble de competencia material con competencias territoriales es propio de nuestro sistema federal, que posee un gobierno nacional, gobiernos provinciales y gobiernos municipales, con materias que son regulables por los distintos órdenes y que serán aplicables según las cosas y las personas que se encuentren en los distintos órdenes de competencia territorial.
13.2. El poder de policía municipal:
13.2.1. Materias que comprende (este punto ha sido tratado
en el punto 13.1.1., al hacer referencia al inc. 7 del art. 186 de la Constitución Provincial referido a la tema “competencia material del municipio”)
13.3 La Ley Orgánica Municipal y el gobierno local en Córdoba
“La Legislatura sanciona la Ley Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica. Éstos pueden establecer diferentes tipos de gobierno, siempre que aseguren lo prescripto en los incisos 1, 2, 4 y 6 del artículo anterior. La ley garantiza la existencia de un Tribunal de Cuentas o de un organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inciso 3 del artículo anterior”. (Ley 184) Lo que primero se destaca en esta norma es que la Ley Orgánica Municipal regula el funcionamiento de aquellos municipios de autonomía semiplena, que en el caso de la Provincia de Córdoba son los que no llegan a diez mil habitantes, o bien aquellos que pudiendo dictar su propia Carta Orgánica y regirse por ella, no lo hubieran realizado. Se reconoce la posibilidad de que se establezcan distintas formas de gobierno, debido a las diferentes dimensiones de los municipios que existen en la Provincia y sus distintas realidades. La ley Orgánica Municipal en la Provincia de Córdoba es la Ley Nro. 8102, su ámbito de Aplicación está dispuesto en el Art. 1º cuando dice que “la presente Ley regirá: 1) En los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica. 2) En los Municipios que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo. 3) En las Comunas. La misma ley en su Art. 2º dispone que “Serán reconocidos como Municipios las poblaciones estables de más de dos mil (2.000) habitantes. Aquéllos que tengan más de diez mil (10.000) habitantes serán ciudades. En el Art. 3 se encuentra el procedimiento para el reconocimiento de los Municipios y establece que se efectuará por Ley. A tal efecto el Poder Ejecutivo Provincial, de oficio o a petición de los vecinos mandará practicar un censo, una memoria descriptiva de la planta urbana con su respectivo mapa, un informe sobre la necesidad y factibilidad de la prestación de servicios y un plan regulador de desarrollo urbano. Asimismo dispondrá que, en el término de noventa (90) días, se demarque el radio municipal. Posteriormente el Poder Ejecutivo Provincial remitirá a la Legislatura el proyecto de Ley pertinente dentro de los ciento ochenta (180) días de iniciado el trámite. El Radio Municipal comprenderá: 1) La zona en que se presten total o parcialmente los servicios públicos municipales permanentes. 2) La zona aledaña reservada para las futuras prestaciones de servicios.
13.4. Las Cartas Orgánicas Municipales
13.4.1. Definición, 13.4.2. Bases Constitucionales
13.4.3. Procedimiento de sanción y reforma de la Carta Orgánica; 13.4.4. Forma de Gobierno
“Las Cartas Orgánicas Municipales, son sancionadas por convenciones convocadas por la autoridad ejecutiva local, en virtud de ordenanza sancionada al efecto. La Convención Municipal se integra por el doble número de Concejales, elegidos por voto directo y por el sistema de representación proporcional. Para ser Convencional se requieren las mismas condiciones que para ser Concejal”. (Art. 182) Las cartas orgánicas son verdaderas constituciones locales, que los municipios dictan en ejercicio de la autonomía institucional de la cual gozan, a través del ejercicio del poder constituyente local. Mediante la Carta Orgánica se regulan distintos aspectos del régimen municipal: forma de gobierno, finanzas locales, poder de policía, servicios públicos, responsabilidad de los funcionarios públicos, formas de participación ciudadana, relaciones intermunicipales, etcétera. Al ser el resultado del ejercicio del poder constituyente de tercer grado, las cartas orgánicas municipales deben respetar las bases constitucionales establecidas en cada Ley Suprema provincial y la de la Constitución Nacional, lo que significa que las cartas no deben subordinarse a la Ley Orgánica Municipal de la Provincia, aunque sí debe ser compatible con ella. Antes de abordar cuál es el procedimiento para la sanción de las cartas orgánicas, debemos aclarar que existe una distinción entre aquellas constituciones que requieren de la aprobación de las cartas orgánicas por las Legislaturas provinciales, como es el caso de las provincias de Chubut, Salta y aquellas que no requieren de esa aprobación posterior por el Poder Legislativo provincial. La Carta Orgánica se lleva adelante después de una convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo local, en virtud de una ordenanza sancionada por el Poder Legislativo. Para ser convencional constituyente local se requieren los mismos requisitos que para ser concejal. En cuanto a la cantidad de convencionales, existen distintas posibilidades: que sea la misma cantidad de concejales, que sea el doble de concejales, que se establezca un número determinado, etcétera. Nuestra Constitución estableció que es el doble de la cantidad de concejales, y la relación que se guarda entre la cantidad de convencionales y la cantidad de concejales del Municipio se impone para dar una mayor participación política a los distintos partidos, en el momento de la sanción de la Carta Magna local. La mayoría de las leyes supremas establecen como sistema electoral a aplicar para la elección de convencionales constituyentes locales, el sistema proporcional. Artículo 183. “Las Cartas Orgánicas deben asegurar: 1. El sistema representativo y republicano, con elección directa de sus autoridades, y el voto universal, igual, secreto, obligatorio y de extranjeros. 2. La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor número de votos la mitad más uno de sus representantes. 3. Un Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la minoría.
4. Los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria. 5. El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación en la gestión municipal y respetando el régimen representativo y republicano. 6. Los demás requisitos que establece esta Constitución”. Respecto de lo establecido en el inc. 1 del presente artículo, es atinado recordar lo establecido por el Dr. Antonio HERNÁNDEZ4, en cuanto a que los municipios son repúblicas representativas, según lo establecía ya el Dr. KORN VILLAFAÑE, quien vinculaba los arts. 1º y 5º de la Constitución Nacional y, en consecuencia, establecía que regían todas las exigencias propias del sistema republicano al Municipio. El inc. 2 es muy importante, ya que deja abierta la posibilidad de la instauración de un sistema de gobierno de eficacia como, por ejemplo, el de comisión o comisión y gerente, como sucede en el derecho norteamericano, en lugar del tradicional Intendente y Concejo Deliberante. En cuanto al sistema electoral elegido para el órgano legislativo, se establece el sistema proporcional que asegure la mayoría al partido que más cantidad de sufragios haya obtenido, asegurando así el gobierno.
13.4.5. La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba
En el año 1995 fue sancionada la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba por parte de los 64 convencionales constituyentes locales, Córdoba se constituyo así en la primera ciudad de más de 1.000.000 de habitantes en la Argentina y en toda América Latina en tener su constitución local, fue pionera en regular las bases del régimen municipal, de conformidad claro esta con lo dispuesto tanto por la Constitución Nacional como provincial. La sanción de la carta orgánica significa el ejercicio mas acabado de la autonomía municipal, aquí se estampan la forma de gobierno, las competencias municipales, las finanzas locales, la forma de participación ciudadana, los derechos y deberes de los vecinos, etc. Consideramos que las grandes ideas fuerza de la Carta fueron las siguientes: a) la naturaleza sociológica del municipio (como institución natural y necesaria, basada en las relaciones de vecindad); b) la autonomía municipal (representada por la propia Carta y por los aspectos políticos, administrativos, económicos y financieros de la autonomía local); c) la unión de la democracia y la eficacia (como uno de los objetivos esenciales para los gobiernos locales); d) un municipio de plena participación ciudadana (pues se previeron todas las formas de participación posibles: política, vecinal, democracia semidirecta, consejos de participación, etc.); e) un municipio de la democracia social (como se observa en los derechos y deberes de los vecinos y en los principios de gobierno y políticas especiales, que establecen la planificación para el desarrollo local, la promoción del desarrollo humano, etc.); f) un municipio republicano (porque todo municipio debe ser una pequeña república representativa, con la vigencia de los principios respectivos); y
Hernández Antonio María. Derecho Municipal. Vol. I. Depalma. Pág. 137
g) una ciudad de Córdoba moderna y competitiva para el futuro (en el marco del mundo globalizado, interdependiente y de regionalismo abierto en que estamos insertos y con instrumentos previstos como la planificación, el desarrollo, el área metropolitana y la integración provincial, regional, nacional e internacional).5
13.5 El sistema de Gobierno
13.5.1. Organización, funcionamiento y atribuciones de cada órgano y sus relaciones
La ley Orgánica dispone en cuanto al Concejo Deliberante que cuando un municipio es hasta 10.000 habitantes tenga siete concejales y luego un aumento de 1 concejal por cada 10.000 habitantes, hasta un máximo de 32. Se utiliza el sistema proporcional dont, con los partidos que hayan obtenido más del 2 % de los votos válidamente emitidos, con cláusula de gobernabilidad que le garantiza al partido que más votos obtenga la mitad más uno de los concejales, se requiere tener 21 años de edad, y 2 años de residencia inmediata. Duran 4 años y pueden ser reelegidos. Funcionan mediante sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 de noviembre, extraordinarias cuando lo solicite el intendente, el presidente del concejo deliberante o a pedido de las 1/3 de miembros, y las preparatorias. Poder Ejecutivo en la ley orgánica establece que estará a cargo de un ciudadano con el título de intendente elegido a simple pluralidad de sufragios, con iguales requisitos que para los concejales y pudiendo ser reelegido, tiene responsabilidad política, al igual que los concejales y los miembros del tribunal de cuentas. El tribunal de Cuentas Municipal Los tribunales de Cuentas locales se encuentran dispuestos en el inc. 3, su naturaleza jurídica radica en que son verdaderas autoridades del Municipio, conjuntamente con el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. Es un órgano de control. Está integrado, según la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, por ejemplo, por cinco miembros elegidos directamente por el pueblo: tres pertenecen al partido mayoritario y dos a la primera minoría, duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos por un solo período deben cumplir con los mismos requisitos que para ser concejal. La Ley Orgánica de la Provincia de Córdoba establece que estará integrado por tres miembros elegidos de manera directa: dos pertenecerán a la mayoría y uno a la primera minoría, duran también cuatro años y pueden ser elegidos de manera indefinida, a diferencia de lo que establece la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba y, como último requisito, además de exigir los mismos que para ser concejal, se requiere el título de abogado o contador. Tiene como competencia el control preventivo, concomitante y posterior de acuerdo con la normativa vigente, respecto de cuentas de inversiones, balances, cuentas generales y especiales, y órdenes de pago; realiza también el control contable, económico y de legalidad de los gastos, entre otras funciones.
Hernández Antonio María. www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artdiezcartamunicipal
El Gobierno de Comisión Esta dispuesto en la Ley Orgánica Municipal en su Art. 51 y establece que la comisión estará integrada por 3 miembros cuando la población no exceda los 2.000 habitantes, 5 cuando sea mayor de 2000 y menor de 5000 y 7 integrantes cuando la población supero los 5000 habitantes. Son elegidos directamente por el pueblo, duran cuatro años y pueden ser reelegidos. La comisión designará sus autoridades y será presidida por el Intendente. Elige un presidente que tiene las funciones ejecutivas, un secretario que actúa como los ministros a nivel provincial, un tesorero que tiene a cargo el manejo de las finanzas locales El plenario de la comisión que es la reunión de todos los integrantes de la misma es el órgano máximo de administración municipal y es quien cumple las funciones legislativas, como el concejo deliberante Según dispone el Art. 9 de la Ley Orgánica Municipal, los municipios pueden optar entre un departamento ejecutivo con un intendente y un legislativo que es el concejo deliberante o el gobierno de comisión.
13.6. Las Comunas
Artículo 194. “En las poblaciones estables de menos dos mil habitantes, se establecen Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia, competencia material y territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure un sistema representativo con elección directa de sus autoridades”. Por medio de este artículo se constitucionalizan las comunas, que son aquellos asentamientos con una población menor de dos mil habitantes, ya que las mismas tienen una importancia trascendental en la descentralización política y el resguardo de la democracia local.
13.6.1. Organización
La regla dispone la existencia de un órgano de gobierno semejante al de una comisión, con un número fijo de integrantes, electos popularmente. Dentro de la conformación de la comisión está el presidente, el cual cumple las funciones administrativas y de representación de la comuna, preside las reuniones y las convoca; junto con el secretario emplaza a asamblea extraordinaria; expide órdenes de pago en forma conjunta con el tesorero, recauda e invierte la renta, y remite al Tribunal de Cuentas el balance de ingresos y egresos. El secretario refrenda los documentos de la comisión, autorizado por el presidente, y lleva los libros respectivos, supervisa la realización de las obras públicas y la prestación de los servicios públicos, etcétera.
El tesorero es el encargado de la contabilidad y la hacienda de la comuna, refrenda y expide órdenes de pago. La Ley Orgánica Municipal exige la existencia de un Tribunal de Cuentas comunal, que es elegido por el pueblo. Son atribuciones propias de la comuna: ejercer el ordenamiento edilicio y urbanístico; realizar obras públicas; organizar el cementerio y servicios fúnebres comunales; preservar la salubridad, saneamiento e higiene alimentaria; prestar todos los servicios públicos esenciales por sí o por convenio con la Provincia o con otras municipalidades o comunas; sancionar su propio presupuesto; crear tributos; ejercer el poder de policía, y demás potestades que le delegue el Gobierno Provincial. Para el logro de sus objetivos, cuenta con los recursos provenientes del producido de tasas, multas, de la venta y arrendamiento de las tierras propias, de las operaciones financieras que realice con entidades oficiales, y lo correspondiente a la coparticipación, más los subsidios o donaciones que consiga.
Unidad: 14. La participación ciudadana en el Municipio
14.1 La Elección de las autoridades locales
14.1.1 Sistemas electorales aplicables
Como ya sabemos los sistemas electorales son las diversas formas que se pueden adoptar para distribuir las bancas, es el procedimiento por el cual los sufragios se transforman en bancas. A nivel municipal, al intendente y vice intendente de la ciudad de Córdoba se los elige de forma directa a simple pluralidad de sufragios, el partido que obtenga mayor cantidad de sufragios se proclama, no importa la diferencia y no hay ballotage. Al Concejo Deliberante se los elige por un sistema mixto ya que se le asegura al partido que gana al menos la mitad más una de las bancas y el resto se reparten proporcionalmente a los sufragios obtenidos. Al Tribunal de Cuentas se lo elige directamente por el pueblo con un sistema de mayorías con representación de la minoría como ya vimos.
14.2 Sufragio de los extranjeros
14.2.1 Condiciones para su ejercicio
Los extranjeros mayores de 18 años, con domicilio real en el municipio, con residencia continua e inmediata de 2 años en el mismo pueden ejercer este derecho político. Además de los requisitos antes mencionados se establece que deberán comprobar alguna de las siguientes circunstancias: estar casado con ciudadano argentino, ser padre o madre de hijo argentino, ejercer actividad licita, y ser contribuyente, Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, Artículo 124.
14.3 Las juntas electorales municipales
14.3.1 Organización; 14.3.2 Competencia
La Ley orgánica municipal dispone que la misma estará integrada por 3 miembros, para su confirmación deberá respetarse el siguiente orden, jueces de primera instancia, ministerio público y asesor letrado. Jueces de paz legos con asiento en la localidad. Directores de escuelas por orden de antigüedad. Electores municipales (elegidos por sorteo del juez electoral) En ninguno de los casos deberán estar integradas por aquellas personas que sean candidatos, ascendientes y descendientes en línea recta y parentesco colateral en 2° grado. La Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba dispone un código electoral municipal, que rige el proceso eleccionario y la conformación de la Junta Electoral. Sus atribuciones y competencias son la de oficialización y registro de las listas, organización del acto eleccionario, proclamación de candidatos electos, resolver las impugnaciones y reclamos presentados, etc.
14.4 Institutos de democracia semidirecta
14.4.1 Iniciativa popular; 14.4.2 Consulta popular
Los institutos de democracia semidirecta están dispuestos en el inc. 4 del presente artículo. La iniciativa popular, que es el derecho de un porcentaje del electorado para someter a la consideración de los órganos deliberativos comunales o directamente a la consulta popular, proyectos de competencia municipal. Según establece la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, ésta debe ser presentada por un número no inferior al 1,5 por ciento del padrón electoral; los ciudadanos que la presentan deben estar empadronados en el padrón municipal. El proyecto debe presentarse por escrito, acompañado del proyecto
de la ordenanza respectivo, la fundamentación de la propuesta, la firma de los ciudadanos —que debe estar también certificada por la Junta Electoral Municipal— y el nombre de diez firmantes que actuarán como promotores. Por su parte, la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba dispone que la propuesta debe ser presentada por un número no menor del uno por ciento del padrón electoral local y puede versar sobre cualquier asunto que le competa al Departamento Ejecutivo.
14.4.3 Referéndum
El referéndum dispuesto en el mismo inciso es el derecho del pueblo de participar de la actividad constitucional administrativa, aceptando o rechazando —por medio del sufragio— las resoluciones de uno o de varios órganos constituyentes administrativos. A nivel municipal se utilizan dos clases de referéndum: el obligatorio, que es cuando el órgano estatal está obligado por ley o por la Constitución a poner a ratificación de la ciudadanía las resoluciones legislativas para que logren eficacia y validez, y el facultativo, que depende de la voluntad estatal convocar o no al electorado para que exprese su conformidad o disconformidad sobre las normas sancionadas por el Poder Legislativo.
14.4.4 Revocatoria popular
La revocatoria es el derecho del electorado a destituir, mediante el voto, a un funcionario público antes de la expiración de su mandato para el que fue elegido. Tanto en la Ley Orgánica de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba como en la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, lo puede solicitar el diez por ciento del padrón electoral. En la ley, los funcionarios sometidos pueden ser el Intendente, el Concejo Deliberante, los miembros del Tribunal de Cuentas y los integrantes del Gobierno de Comisión; en la Carta Orgánica de la Ciudad se dispone que se puede revocar el mandato del Intendente y Viceintendente, del Concejo Deliberante y de los integrantes del Tribunal de Cuentas.
14.5 Otras formas de participación ciudadana
La participación ciudadana, como instrumento indispensable para el sostenimiento del sistema republicano y representativo de gobierno, se establece en el inc. 6, y los centros vecinales son las asociaciones de vecinos que se unen espontáneamente con la finalidad de propender al bien común, a mejorar la calidad de vida y al desarrollo de un determinado sector de la ciudad, de un barrio, de una zona, uniéndolos la intención y el ánimo de lograr esos objetivos. El Municipio de Córdoba reconoce la existencia de las comisiones de vecinos, y garantiza y promueve su formación y su funcionamiento para la satisfacción de los intereses y necesidades de la zona, y mejorar la calidad de vida de los vecinos, sobre la base de los principios de colaboración mutua, solidaridad vecinal y la elección democrática de sus autoridades. Las juntas de participación vecinal, que son coordinadas por el Departamento Ejecutivo local, en los distintos puntos geográficos de la Ciudad, tienen el fin de atender las necesidades de la zona.
Unidad 15: El Régimen Financiero Municipal
15.1 Bases constitucionales
La constitución de la Provincia de Córdoba en sus Art. 71, 180 y 188 disponen las bases constitucionales para el sistema tributario local. Art. 71. “El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza. El Estado Provincial y los Municipios establecen sistemas de cooperación, administración y fiscalización conjunta de los gravámenes. Pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad. Ninguna ley puede disminuir el monto de los gravámenes una vez que han vencido los términos generales para su pago en beneficio de los morosos o evasores de las obligaciones tributarias. La ley determina el modo y la forma para la procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago de impuestos y tasas”. Al examinar los principios de imposición fiscal establecidos en esta Constitución, no se puede dejar de observar aquello dispuesto en la Constitución Nacional. Al hacerlo advertimos que se encuentran dos órdenes: por un lado, los que definen los caracteres jurídicos y sociopolíticos de todo impuesto o contribución fiscal, que son la igualdad, la proporcionalidad y la equidad, entre otros; y, por otro lado, los que se diferencian por los distintos órdenes de gobierno creados constitucionalmente, de acuerdo con el sistema federal. Art. 180. “Esta Constitución reconoce la existencia del Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional. Los Municipios son independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten”. Dispone uno de los aspectos a los que refiere la autonomía municipal que es justamente la autonomía económica financiera que le permite al municipio no solo administrar sus recursos de la forma que crea conveniente sino disponer nuevas tasas y contribuciones
15.2 Clasificación de los recursos municipales
15.2.1. Tributarios; 15.2.2. Otros recursos.
Art. 188. “Las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: 1. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo provincial y federal. 2. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo ingreso de capital originado por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio. 3. Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los municipios y comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria. 4. Donaciones, legados y demás aportes especiales”. Todo gobierno requiere, para su autogestión, contar con recursos y obtenerlos por derecho propio. Sin tesoro no hay gobierno, y sin fondos suficientes no existe autonomía efectiva. Guiliani FONROUGE fue sostenedor de la viabilidad indispensable de la capacidad tributaria de los municipios y también de su autonomía. El nuevo Municipio no es un mero prestador de servicios. Su rol ha variado y su accionar abarca aspectos no contemplados en otras épocas. El nuevo Art. 123 de la Constitución Nacional —con la reforma 1994— ha sido explícito en la materia: al declarar el reconocimiento de la autonomía municipal, lo hace en forma expresa en lo económico y financiero, con lo que se concluye que además de los sistemas de coparticipación existentes, las municipalidades pueden tener despegue tributario legítimo y, consecuentemente, deberán instalar dentro de su propio gobierno, mecanismos que controlen y regulen la creación y percepción de recursos locales para su redistribución, su aplicación y sus alteraciones, cuando correspondiere.
15.3 Deuda Pública y Empréstitos
La deuda pública municipal es la cantidad que el Estado Municipal ha pedido para poder financiar las actividades propias de su función. Si existe un desfase en la relación ingreso-egreso, después de haber agotado las posibilidades de obtener recursos sin recurrir al crédito, y sólo entonces, pueden buscarse ingresos para satisfacer las necesidades sociales recurriendo a la deuda pública, sea mediante empréstitos, o bien a través de la emisión y colocación de bonos y obligaciones de deuda pública. Si las obras no son urgentes, para equilibrar la relación ingreso-egreso debe reconsiderarse su construcción; pero si son imprescindibles deben contratarse préstamos, planeándolos con todo cuidado, porque el endeudamiento es una forma de financiamiento a la que debe acudirse con muchas precauciones, porque así como ayuda a fomentar el desarrollo y a aumentar la prosperidad económica y social, haciendo posible que proyectos que con los ingresos ordinarios son irrealizables, fuera de control por una mala planeación
o una mala administración y puede producir consecuencias muy lesivas en la economía de la entidad endeudada. En el aspecto positivo, éste método de financiamiento amplía la capacidad del gobierno para construir obras públicas y prestar servicios oportunamente sin recurrir a la imposición de nuevos gravámenes o aumentar las tasas de los ya existentes; sin embargo, debe acudirse al endeudamiento con cautela, ya que la recuperación de lo invertido es lenta si la administración es ineficiente o si existe falta de conciencia tributaria por parte de los contribuyentes que deben colaborar para cubrir la inversión, como en el caso de las obras por cooperación; y, por otra parte, afecta el equilibrio del gasto público porque durante largo tiempo cada año habrá que dar cabida en el presupuesto al pago de la amortización del principal y de los intereses correspondientes. Pero ya en situación de satisfacer los requisitos para hacer uso de él y no emplearlo por desconocimiento de los procedimientos o de las instituciones a las que se puede recurrir, se traduce en deficiencias de infraestructura y agudización de las carencias de servicios públicos.6 Los empréstitos son una forma de financiamiento crediticio constituye un instrumento de desarrollo en tanto contribuye a la ejecución de las obras y servicios encomendadas al gobierno complementando sus recursos ordinarios. Es un medio de utilizar en el presente recursos futuros, de movilizar al momento sumas que de otro modo se reunirían sólo a los largo de varios años; a través de él, se reciben anticipadamente recursos para satisfacer de forma inmediata necesidades cuya solución de otra forma tendría que ser aplazada en espera de fondos. Es una fuente sana de recursos siempre y cuando no se caiga en el círculo vicioso del endeudamiento. Asimismo, los estados cuentan con organismos públicos descentralizados, creados para otorgar créditos a los ayuntamientos para la realización de obras públicas de inversión recuperable y rentable, así como para la prestación de servicios de beneficio social igualmente recuperables, y también para otorgar garantías suficientes para convertir a los ayuntamientos en sujetos de financiamiento de la banca nacional. Cuando por la naturaleza de la necesidad que ha de satisfacerse no se tenga acceso a esos fondos, la misma banca de desarrollo puede otorgar créditos normales; si esto no es posible, no queda más remedio que recurrir a instituciones bancarias comerciales, a instituciones y empresas privadas, a ahorradores individuales, o a emitir y colocar bonos u obligaciones de deuda pública municipal.
15.4 Presupuesto Municipal
Es el instrumento financiero que establece el programa de gobierno a seguir por el municipio, está reconocido en el Art. 186 inc. 3 de la constitución de la Provincia de Córdoba como una de las competencias materiales que tienen los municipios. El presupuesto es presentado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, esto es el Concejo Deliberante antes de finalizarse las sesiones ordinarias del año, para que sea tratado el presupuesto del año siguiente. El ejercicio financiero va del 1 de enero al 31 de diciembre y cuando no se ha sancionado una nueva ordenanza de presupuesto se reconduce el del año anterior
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/101/art/art2.htm
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