Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-471-de-agosto-31-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_c2830747a973464aa3bf4374983a5775&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-22 11:01:31
Document Index: 168870755

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 51', 'artículo 51', 'artículo 241', 'artículo 2', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 229', 'artículo 30', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo 135', 'artículo 14', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 138', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 344', 'artículo 90', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 79', 'artículo 69']

﻿ SENTENCIA C-471 DE AGOSTO 31 DE 2016
SENTENCIA C-471 DE 31 DE AGOSTO DE 2016
CONTENIDO:VÍCTIMAS EN AUDIENCIA PREPARATORIA PODRÁN SOLICITAR QUE SE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL. ASÍ SE ACLARA, YA QUE SE INCUMPLE EL DEBER CONSTITUCIONAL DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL, CUANDO NO SE CONSIDERA LA RELACIÓN INSTRUMENTAL PERO ESTRECHA ENTRE LA SOLICITUD DE CONEXIDAD PROCESAL Y LOS DERECHOS A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN. ESTE DEBER IMPLICA QUE, A MENOS QUE EXISTAN INTERESES CONSTITUCIONALES DE PARTICULAR IMPORTANCIA, EL LEGISLADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR A LA VÍCTIMA INTERVENIR EN LOS DIVERSOS MOMENTOS PROCESALES. POR LO TANTO, NO SE IDENTIFICA RAZÓN ALGUNA, QUE PUEDA DEMOSTRAR QUE EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS ELEVAR UNA PETICIÓN DE CONEXIDAD PROCESAL RESULTE INCOMPATIBLE CON LA CARTA. DE HECHO EXISTEN ARGUMENTOS CONSTITUCIONALES Y PRECEDENTES DE ESTA CORTE QUE DEMUESTRAN PRECISAMENTE LO CONTRARIO. ASÍ MISMO, CONSIDERANDO (I) QUE LOS DOS MOMENTOS EN LOS QUE PROCEDE LA SOLICITUD DE CONEXIDAD PROCESAL ANTE EL JUEZ SON LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA AUDIENCIA PREPARATORIA Y (II) QUE LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN ES UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL FISCAL, AL PASO QUE EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA SE HA PREVISTO LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES SUJETOS -INCLUYENDO A LAS VÍCTIMAS SEGÚN LO HA DECIDIDO LA CORTE EN EL PASADO-, LA FORMA DE CORREGIR EL DÉFICIT REGULATORIO DETECTADO CONSISTE, DE UNA PARTE, EN DECLARAR LA CONSTITUCIONALIDAD SIMPLE DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 51 Y, DE OTRA, EN DECLARAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PARÁGRAFO DE DICHA DISPOSICIÓN EN EL ENTENDIDO QUE ADEMÁS DE LA DEFENSA, LAS VICTIMAS PODRÁN SOLICITAR EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA QUE SE DECRETE LA CONEXIDAD PROCESAL. FINALMENTE, SE DECLARA EXEQUIBLE EL INCISO PRIMERO, Y EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO PENAL, PROCESO PENAL, PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, AUDIENCIA PREPARATORIA, ATRIBUCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, ETAPAS DEL PROCESO PENAL, VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Sentencia C-471 de agosto 31 de 2016
Ref.: expedientes D-11236 y D-11241
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51 (parcial) de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Actores: Lucy Amparo Hernández Suarez y otra (D-11236) - Francisco José Sintura Varela (D-11241).
EXTRACTOS: «A. Normas demandadas.
“ART. 51.—Conexidad. Al formular la acusación el fiscal podrá solicitar al juez de conocimiento que se decrete la conexidad cuando:
PAR.—La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores.
1. La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, en virtud de lo establecido en numeral 4º del artículo 241 de la Constitución.
B. Aptitud de los cargos.
2. Un examen detenido de los argumentos planteados en las demandas que dieron origen al presente proceso, permite a la Corte concluir que únicamente el cargo fundado en la posible omisión legislativa relativa cumple las condiciones para propiciar un pronunciamiento de fondo. Una de las demandas se refiere de manera específica a esta modalidad de infracción indicando, para sustentar dicho aserto, que la imposibilidad de la víctima para solicitar la conexidad procesal desconoce los artículos 2º, 13, 29, 93, 229 y 250.7; el artículo 2 n. 1, 2º y los artículos 3º y 14 n. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los artículos 1º, 8 n. 1, 10, 24 y 25 n. 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La otra, sin hacer referencia específica a la existencia de una omisión legislativa advierte que la regulación acusada, de una parte, comporta una violación de los derechos de los que son titulares las victimas según lo que dispone el preámbulo y los artículos 13 y 29 de la Constitución y, de otra, se opone al diseño del proceso penal definido en la Carta.
Conforme a lo anterior, la Corte encuentra que ambos cuestionamientos, pese a sus diferencias, tienen como propósito advertir que las expresiones acusadas vulneran la Carta al no contemplar la posibilidad de que las víctimas —en los momentos procesales en que ello está previsto para la Fiscalía y para la defensa— soliciten al juez declarar la conexidad procesal. En este caso, según puede desprenderse de las acusaciones, el legislador habría incumplido su deber de garantizar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal. En consecuencia procedería adoptar una decisión aditiva a efectos de reconocer la atribución que se echa de menos.
5. Le corresponde a este Tribunal definir si la actuación del legislador, al adoptar el artículo 51 de la Ley 906 de 2004 y no prever que la víctima pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal —lo que sí resulta posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en la audiencia preparatoria— configuró una omisión legislativa relativa que implique el desconocimiento del deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en el proceso penal según lo exigido por los artículos (a) 2º, 13, 29, 229 y 250.7 de la Constitución, (b) 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y (c) 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
D. La conexidad procesal y el alcance de la disposición acusada.
7. Las expresiones acusadas hacen parte del artículo 51 titulado “conexidad”. Dicha disposición se encuentra incluida en el Capítulo V —Competencia por razón de la conexidad y el factor subjetivo— que, a su vez, se integra al Título I —Jurisdicción y competencia— del libro primero —Disposiciones Generales— de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
8.4. La declaratoria de conexidad —desarrollo directo de la exigencia de unidad procesal— es aplicable en los supuestos enunciados en la ley y delimitados por la jurisprudencia. Se trata de diferentes eventos en los cuales el legislador ha entendido que es tal la relación o vínculo de los diferentes sujetos o conductas que son objeto de investigación, que se justifica adelantar un único proceso. Procede dicha declaratoria (i) si se imputa un delito en cuya comisión varias personas participaron, (ii) si a una persona se imputan varios delitos originados en acciones u omisiones temporal y espacialmente unitarias, (iii) si a una persona se imputan varios delitos y algunos se ejecutaron con el objeto de facilitar u ocultar otros, o fueron realizados con ocasión o como consecuencia de otro delito y, finalmente, (iv) si se imputan a una o varias personas la comisión de uno o varios delitos que revelen homogeneidad en la actuación, se relacionen razonablemente desde el punto de vista espacio-temporal y, adicionalmente, la evidencia que se presente en una de las investigaciones pueda incidir en otra.
8.5. Sobre el particular, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, de una parte “que básicamente existen dos tipos de conexidad: sustancial y procesal y que, esta última “comprende la primera, pero además procede, en tanto tiene un mayor espectro de aplicación, frente a otras situaciones”(2). En ese sentido ha explicado también que “la conexidad procesal es predicable de aquellas conductas punibles respecto de las cuales se observa «una relación práctica que aconseja y hace conveniente adelantar conjuntamente las investigaciones, dada la unidad de autor(es), la homogeneidad del modus operandi o la comunidad de prueba, entre otros factores, todo lo cual redunda en favor de la economía procesal» (…)”(3).
“Los delitos conexos son aquellos que se encuentran estrechamente entrelazados, como ocurre cuando un punible se comete como medio para alcanzar un fin delictivo (conexidad teleológica), por ejemplo, cometer un homicidio para realizar un hurto. También, cuando una conducta punible se comete para asegurar el producto de otra, v.g. Cuando se lavan los activos procedentes de un delito de extorsión (conexidad paratática) (…) en aquellos casos en los que el segundo delito se comete para ocultar uno anterior, por ejemplo, cuando se causa la muerte al testigo de un acceso carnal violento (conexidad hipotática)” (CSJ. SP 5 dic. 2007. Rad. 25931)”(4).
8.6. El artículo 51 de la Ley 906 de 2004 no prevé para la víctima, en las etapas que regula —acusación o audiencia preparatoria—, la facultad de solicitar al juez que declare la conexidad procesal. Igualmente no establece que tal petición pueda ser elevada por el Ministerio Público.
E. La configuración constitucional del proceso penal y los derechos de las víctimas.
10.1. La reforma constitucional del año 2002, no obstante que implicó cambios significativos respecto del régimen establecido en el texto constitucional de 1991, no puede entenderse como una ruptura radical respecto de la regulación preexistente. Ello implica, dicho de otra forma, que el contenido del Acto Legislativo 03 de 2002 debe ser interpretado teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales que reconocen y protegen el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho a la libertad. En ese sentido, este Tribunal ha advertido que “en virtud del principio de unidad de la Constitución Política (…), las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo deben interpretarse y aplicarse en forma tal que guarden armonía con los principios generales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional”(5).
10.3. El proceso penal se caracteriza por una distinción precisa entre las etapas de investigación y acusación, de una parte, y la etapa de juzgamiento de otra. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia el cambio constituyente significó asignar al juicio “el centro de gravedad del proceso penal”(6) y, en esa medida, la Corte ha indicado que la etapa investigativa que desarrolla la Fiscalía “constituye más una preparación para el juicio”(7). El juicio, además de estar regido por los principios de oralidad y publicidad, constituye el momento durante el cual, de una parte, son practicadas y valoradas las pruebas y, de otra, son adoptadas las decisiones que correspondan en orden a definir las responsabilidades del procesado.
Este Tribunal ha identificado la existencia de diferentes “poderes” de quienes participan en el proceso penal. Según la interpretación de la Corte, del Acto Legislativo 02 de 2003 se desprende (i) el poder de señalamiento de la posible comisión de una infracción ejercido a través de la Fiscalía, (ii) el poder de investigación que le corresponde a la Fiscalía y que solo puede activarse cuando existan motivos y circunstancias de hecho suficientemente sólidas como para apuntar hacia la posible comisión de un delito, (iii) el poder de prueba radicado, fundamentalmente, en la Fiscalía, en el acusado y en el juez, (iv) el poder de acusación cuyo ejercicio depende de la Fiscalía, (v) el poder de preclusión de la investigación a cargo del juez de conocimiento, (vi) el poder de coerción —que se materializa a través de restricciones a diferentes derechos constitucionales— corresponde al juez de control de garantías quien lo ejerce de manera previa o posterior según la naturaleza de la restricción, (vii) el poder de disposición del proceso, en aplicación del principio de oportunidad, que se atribuye a la Fiscalía, pero sometido en todo caso al control del juez y (viii) el poder de decisión que se encuentra a cargo del juez de conocimiento(8).
10.5. Los cambios que introdujo el Constituyente respecto de los roles de cada uno de los sujetos que participan en el proceso penal y, en particular de la Fiscalía y del acusado, no comportan que el juez sea un actor pasivo limitado a actuar como árbitro de una disputa entre partes. En esa dirección ha sostenido “que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su inocencia”. Sobre el particular sostuvo que “la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de esta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad”(9) (negrillas no hacen parte del texto).
Derecho a la verdad. El derecho internacional ha reconocido dos dimensiones del derecho a la verdad: una individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho inalienable a la verdad y deber de recordar). Los Estados deben garantizar el derecho a saber para lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales como la creación de comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad se subsume en la obligación de los Estados de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables, conforme a los artículos 8º y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Del mismo derecho se ocupan los Principios 1 a 5 de los Principios para la lucha contra la impunidad (…).
Derecho a la Justicia. Su garantía impone al Estado la obligación de investigar, juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas y evitar la impunidad. (…) Encuentra fundamento en el artículo 2º del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 4º, 5º y 6º de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los artículos 1º, 3º, 7-10 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1º, 3º, 7-10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de Derechos Humanos (…), los artículos 1.1, 2º, 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos (…) y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos (…) relativos al derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y efectivos.
Encuentra entonces la Corte que el derecho de las víctimas a participar efectivamente en el proceso penal encuentra fundamento en el derecho internacional. De manera particular, se encuentra amparado por el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos al establecer la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en esa Convención (arts. 2º y 3º) y, de manera particular, la igualdad ante los tribunales y Cortes de Justicia (art. 14). Igualmente, la Convención Americana de Derechos Humanos ha previsto la obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en ella (art. 1º), el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1), el derecho a la igualdad ante la ley (art. 24) y el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 25). Conforme a ello, destaca la Corte, el fundamento de la protección de las víctimas no se agota en el ordenamiento interno sino que, adicionalmente, se fundamenta en normas internacionales que se integran al bloque de constitucionalidad.
13.1 Desde sus primeras decisiones, tal y como ocurrió en la Sentencia C-412 de 1993, la Corte reconoció que las personas relacionadas con hechos punibles “tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa”(10). Este primer pronunciamiento, fue seguido de otros que, en sede de control concreto, tuvieron que definir el alcance de la intervención de las víctimas en el proceso penal. Así por ejemplo, la Sentencia T-275 de 1994 reconoció el derecho que tenía la madre de un soldado fallecido a que se esclarecieran las causas de su muerte, al considerar (i) que el acceso a la justicia de las víctimas de un presunto hecho delictivo, se materializa en la posibilidad de participar en el proceso penal correspondiente y (ii) que dicha garantía encontraba apoyo no solo en el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia (art. 229) sino también en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adicionalmente, al referirse a la regulación relativa a la constitución en parte civil contenida en el Código de Procedimiento Penal vigente en aquel entonces (iii) encontró que en ella se hacía referencia al restablecimiento del derecho “y dentro de este concepto está el lograr lo justo; para ello se requiere respetar el derecho a la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas o los perjudicados”. Advirtió entonces la Corte, anunciando la que sería la orientación futura de la jurisprudencia constitucional:
En resumen, la validez y la búsqueda de la verdad son objetos de la justicia, constituyen elementos consustanciales al derecho de acceso a la justicia, porque para plantear un argumento válido (en este caso concreto, dilucidar si al soldado lo mataron o se suicidó) hay que partir de premisas verdaderas y llegar a una conclusión verdadera. (…) La inquietud que plantean los enigmas jurídicos es inherente a la existencia humana y es oficio del juzgador tratar de averiguarlos para absolver o condenar, para reparar o no reparar. El Juez o Fiscal será más eficiente si cuenta con una colaboración seria de los familiares del occiso”(11).
13.2 En esa misma dirección, la Sentencia T-443 de 1994 amparó el derecho de una persona que afirmaba desconocer absolutamente la suerte de su hijo —presuntamente fallecido durante el parto— a saber lo que había ocurrido. Al referirse al derecho invocado por la accionante “a que se hiciera justicia”, indicó la Corte:
La efectiva interposición de una denuncia penal por parte de la solicitante de tutela no pudo ser desvirtuada por el juez de instancia ni por esta Corte, pese a que en la información solicitada a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar se precisaron el Juzgado donde presuntamente cursó la investigación penal y el número de radicación de las diligencias preliminares, datos aportados por la peticionaria. Las razones expuestas por la administración de justicia —que los archivos de los antiguos Juzgados de Instrucción están arrumados en un contenedor sin orden alguno—, aumentan la sensación de desamparo que justificadamente invade a la peticionaria y reflejan deficiencias protuberantes del servicio público. La improvisación o negligencia de los funcionarios públicos escamoteó las imploraciones de justicia de la petente y se convirtió en un factor adicional de la vulneración de sus derechos fundamentales, particularmente, del derecho de acceso a la administración de justicia (CP art. 229)”(12).
“Estos precedentes muestran que las víctimas y los perjudicados por los delitos tienen, según la jurisprudencia de la Corte, derecho no solo a obtener una indemnización económica por el daño ocasionado por el ilícito sino también un verdadero derecho constitucional a conocer, dentro de límites razonables, la verdad sobre lo sucedido y a que se sancione a los responsables del hecho punible. Esto significa que existe también un derecho constitucional de los perjudicados a que se haga justicia, no en un sentido vindicativo —como lo sugiere la sentencia— sino como expresión del deber estatal de proteger a las personas en su vida, honra y bienes (CP art. 2º), y respetar y garantizar los derechos de las personas.
En tales circunstancias, consideramos que no se puede desconocer a la persona damnificada por un delito el derecho a exigir del Estado que adelante las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento del hecho y la determinación de los responsables. Estas personas tienen, dentro de límites razonables, un derecho constitucional al proceso penal. En efecto, esta Corte ya había señalado que “las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa” (…). Debe entenderse que ese derecho al proceso no solo se predica de los presuntos responsables sino también de las víctimas y perjudicados por las conductas ilícitas.
En ese mismo orden de ideas, las víctimas y los perjudicados tienen también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el Estado debe adelantar con ocasión de la ocurrencia de un hecho punible, derecho que, insiste esta Corte, no se limita a la obtención de la reparación del daño. En efecto, en múltiples ocasiones y frente a conductas de particular gravedad, como homicidios, secuestros o desapariciones forzadas, el interés de las víctimas o los familiares no es esencialmente indemnizatorio. Su principal y legítima preocupación es, en muchos casos, que el Estado adelante una investigación que permita clarificar los hechos, conocer la suerte de sus familiares y determinar las responsabilidades de rigor”(13).
“Por consiguiente, las consideraciones de la sentencia permiten concluir que es perfectamente constitucional una ley que posibilite la constitución de parte civil durante la investigación previa o que consagre otras formas procesales en favor de los derechos constitucionales de las víctimas. Lo que sucede es que la sentencia considera que eso es un asunto de competencia del Legislador, quien en su libertad de configuración ha determinado que la participación de las víctimas, por medio de la acción civil, tiene un sentido puramente reparatorio. En cambio nosotros consideramos que la Corte debió haber interpretado esa institución legal de acuerdo a los valores y principios constitucionales, a fin de proteger de manera inmediata los derechos constitucionales de las víctimas y los perjudicados por los hechos punibles. Pero de todos modos, el debate en la sociedad colombiana sobre el tema sigue abierta a fin de lograr mejores formas de acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y los abusos de poder, pues estamos convencidos que estas personas —que son la encarnación viviente y concreta de los valores que busca proteger el derecho penal— no pueden ser un saldo silencioso de la política criminal en un Estado social de derecho (CP art.1º) que aspira también a ser un Estado de justicia (CP Preámbulo y art. 2º)”.
A juicio de este Tribunal la primera regla se oponía al derecho de acceder a la administración de justicia de las víctimas o perjudicados del delito “por cuanto de una parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados”. Dijo la Corte que el acceso a la administración de justicia “no es solo para hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad de lo sucedido”.
Para el efecto sostuvo que estos derechos tenían fundamento constitucional directo (a) en el artículo 1º que impide limitar la garantía de los derechos de las personas a su tasación económica, (b) en el artículo 2º conforme al cual las autoridades tienen la obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia, la protección de los bienes jurídicos y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, (c) en el artículo 250.1 conforme al cual la Fiscalía debía tomar las medidas necesarias para hacer efectivo el restablecimiento del derecho de las víctimas y la indemnización de los perjuicios y (d) en el derecho de acceder a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Carta. Advirtió además (e) que la protección de los derechos de las víctimas se apoya en los artículos 1º, 15 y 21 cuando, respecto de determinados delitos, es el proceso penal el único escenario en el que las víctimas pueden debatir las diferentes versiones sobre la ocurrencia de los hechos que se investigan.
Esta concepción de la parte civil tiene trascendencia en la definición y alcances de la participación de la víctima o los perjudicados tanto durante la investigación preliminar como dentro del proceso penal. Por ejemplo, si sus derechos no están limitados a la búsqueda de una reparación económica, la solicitud y presentación de documentos e información relevante también podrá estar orientada a contribuir al esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no solo a demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño material. Esta concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los recursos que puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus derechos a la verdad y a la justicia, como respecto la necesidad de que las providencias que puedan menoscabar sus derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil para que pueda controvertirlas”.
Señaló además (ii) que era contraria a la Constitución la regla que permitía a la víctima intervenir en el proceso penal únicamente a partir de la resolución de apertura de la instrucción dado que “los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica dependen de que durante esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa, en especial la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación”. Con la misma orientación (iii) condicionó la exequibilidad de una disposición en la que se establecía que la parte civil solo podría acceder al expediente mediante el ejercicio del derecho de petición, indicando que “una vez que se haya constituido la parte civil, esta podrá acceder directamente al expediente desde el inicio de la investigación previa, pero si aún no se ha constituido en parte civil, la víctima o perjudicado deberá acceder al expediente en la forma prevista en el artículo 30, es decir, a través del ejercicio del derecho de petición”.
13.8 En la Sentencia C-004 de 2003 consideró esta corporación que prever que la acción de revisión únicamente procedía cuando se tratara de sentencias condenatorias, vulneraba los derechos de las víctimas. A su juicio, el Congreso había incurrido en una omisión que justificaba acoger una decisión aditiva. Por ello declaró la exequibilidad del numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la acción de revisión por esta causal también procedía en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Adicionalmente señaló, que era procedente la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones. En una de sus consideraciones más importantes sostuvo este Tribunal:
“Conforme a lo anterior, la restricción prevista por las expresiones acusadas es desproporcionada frente a los derechos de las víctimas y al deber de las autoridades de lograr la vigencia de un orden justo, cuando la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y las afectaciones graves al derecho internacional humanitario deriva del claro incumplimiento del Estado de su obligación de investigar, de manera seria e imparcial, esos crímenes. En esos eventos, incluso si no existe un hecho o prueba nueva, los derechos de las víctimas también exigen una limitación al non bis in ídem, a fin de permitir la reapertura de esas investigaciones, pues la cosa juzgada de la que gozaba la persona absuelta no era más que aparente, ya que en el fondo, debido a las omisiones protuberantes del Estado, no existió realmente un proceso contra ese individuo. Era entonces necesario que la ley previera la posibilidad de reabrir las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y por graves afectaciones al derecho internacional humanitario en aquellos casos en que con posterioridad a la absolución se muestre que dicha absolución deriva de una omisión protuberante del deber del Estado de investigar, en forma seria e imparcial, esos comportamientos. Ahora bien, el artículo 220 del C de PP, que regula las causales de revisión, no prevé esa hipótesis, pues no siempre esa omisión protuberante de las obligaciones estatales puede ser atribuida a una conducta típica del juez o de un tercero, o a la existencia de una prueba falsa, que son los casos en donde el estatuto procesal penal autoriza la acción de revisión contra decisiones absolutorias con fuerza de cosa juzgada. Existe entonces una omisión legislativa en este punto, que requiere una sentencia integradora, que autorice la acción de revisión en esos casos, a fin de proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario” (subrayas no hacen parte del texto original).
13.9 En vigencia de la Ley 906 de 2004 la Sentencia C-979 de 2005 afirmó que se oponía a la Carta limitar la procedencia de la acción de revisión en contra de sentencias penales a los eventos en los cuales, después de un fallo absolutorio, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. Según la Corte tal restricción desconocía “no solamente a los deberes de investigación que en materia de violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario le impone al Estado colombiano, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, sino que restringe, de manera injustificada, el ámbito de protección de los derechos de las víctimas y perjudicados de estas conductas, con el alcance que la jurisprudencia de esta Corte les ha dado, en particular su derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia”(14).
La primera de las acusaciones se dirigía contra la regulación de la garantía de comunicación a la víctima. La regla disponía, de una parte, que el Fiscal solo debía informar de sus derechos a las víctimas en el momento en que estas intervinieran en el proceso y, de otra, que los derechos de las víctimas se limitaban a pretensiones indemnizatorias. Este tribunal consideró demostrada la omisión, advirtiendo que la relación existente “entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de investigación”. En adición a ello sostuvo que “[l]os derechos a la justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre los hechos”. Igualmente, al referirse a la restricción impuesta respecto del contenido de la comunicación afirmó que la norma “omite la ‘garantía de comunicación a la víctima’ en lo que concierne a las facultades y poderes procesales que se derivan de su derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia”. Dispuso declarar la exequibilidad del artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que estos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
13.12. Una vez más se acusaron varias reglas de la Ley 906 de 2004 por el desconocimiento de los derechos de las víctimas. En la Sentencia C-516 de 2007 la Corte destacó nuevamente la importancia de su intervención extendida en el proceso penal. Con fundamento en ello señaló (i) que prever el derecho de las víctimas a ser asistidas por un abogado en la etapa de juicio y en el incidente de reparación integral cuando el interés de la justicia así lo exigiere, dejaba en manos del juez un derecho que era de las partes y afectaba una garantía en etapas decisivas del proceso penal. Estableció también (ii) que la regla que limitaba la participación de los representantes de las victimas durante la etapa de investigación resultaba lesiva de sus derechos puesto que dicha etapa “configura un espacio procesal con enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de los soportes fácticos para perseguir justicia y reparación (…)”. También declaró que vulneraba la Carta (iii) condicionar el reconocimiento de una víctima a la configuración de un daño directo y (iv) prever que únicamente las víctimas directas —y no lo perjudicados— pudieran solicitar medidas cautelares sobre bienes del imputado o del acusado.
Finalmente, la sentencia estableció (v) que constituía una omisión legislativa relativa la exclusión de las víctimas de los acuerdos y los preacuerdos regulados en la Ley 906 de 2004 y, con fundamento en ello, señaló que varias de las disposiciones que los regulaban(15) eran exequibles en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas.
13.13. Siete nuevos juicios por omisión permitirían consolidar la posición de la jurisprudencia constitucional. En la Sentencia C-828 de 2010 la Corte consideró necesario condicionar la exequibilidad de una disposición que preveía que la muerte del imputado o acusado daba lugar a la extinción penal. A su juicio, si bien la acción civil no se extinguía, era necesario establecer la obligación del juez de conocimiento, a petición de parte o de oficio —con independencia de la existencia de reserva judicial— de “poner a disposición u ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que se adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas”.
“La Corte no desconoce que entre la Fiscalía y la víctima, o entre esta y su apoderado, pueden presentarse divergencias de criterio acerca de cuál debe ser la mejor estrategia para promover y desarrollar el proceso en cada una de sus etapas (…). Sin embargo, teniendo en cuenta que la Fiscalía es la autoridad a la que se ha asignado la misión constitucional de promover la acción penal, y que en su calidad de “parte” le corresponde dirigir la acusación, exponer su teoría del caso y defenderla durante el juicio oral, la Sala considera que, de la misma manera, es ella quien tiene la potestad de trazar la ruta a seguir, por supuesto asumiendo las consecuencias y responsabilidades inherentes al ejercicio de la función pública en caso de incumplimiento de los deberes funcionales en relación con la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
14. En suma, la jurisprudencia examinada permite concluir que el régimen de protección constitucional de la víctima en el proceso penal, se edifica a partir de tres premisas fundamentales a saber: (i) su reconocimiento como participante esencial para la consecución de los fines del proceso, (ii) la calificación de la víctima como sujeto titular de los derechos a saber la verdad, a que se haga justicia y a ser reparada y (iii) la consideración de las normas que reconocen tales derechos como principios que ordenan la realización, en la mayor medida posible, del objeto protegido (a la verdad, a la justicia y a la reparación). Estas premisas, que configuran el deber constitucional de asegurar la participación de las víctimas en el proceso penal, encuentran apoyo en diferentes fuentes. La Constitución lo reconoce en los artículos 2º (derecho a participar en las decisiones que los afectan), 13 (trato igual ante la ley), 29 (juicio con plenas garantías), 229 (efectivo acceso a la administración de justicia) y 250.7 (obligación de garantizar los derechos de las víctimas). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo establece en los artículos 2º y 3º (obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en dicho instrumento) y en el artículo 14 (igualdad ante los tribunales y Cortes de Justicia. La Convención Americana de Derechos Humanos lo prescribe en los artículos 1º (obligación de los Estados de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en ella), 8º (derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter), 24 (derecho a la igualdad ante la ley) y 25 (derecho a un recurso judicial efectivo).
La última de tales restricciones a la obligación legislativa, tiene lugar cuando el reconocimiento de una facultad o derecho a la víctima supone (c.1) la modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, (c.2) la alteración de la igualdad de armas, o (c.3) la variación de la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido. Para efectos de determinar la incompatibilidad con la estructura constitucional del proceso penal (c.4) deberá considerarse la etapa procesal de la que se trata —no son lo mismo las etapas previas al juicio, que el juicio mismo—, el tipo de intervención debatida —no es lo mismo hacer una solicitud probatoria que presentar la teoría del caso— así como el grado de interferencia que puede tener en las funciones o facultades de los otros sujetos procesales —es diferente solicitar al juez ser oído al momento de aprobar un acuerdo, a pretender sustituir al fiscal en la formulación de la acusación—.
F. Examen de constitucionalidad.
17. A efectos de determinar si con la aprobación del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 se configuró una omisión legislativa relativa, la Corte seguirá el siguiente orden. Inicialmente determinará si de la disposición que se acusa puede predicarse el déficit regulatorio alegado (examen de certeza de la omisión). A continuación, analizará si la omisión cuestionada, que se traduce en el otorgamiento de un trato diferente entre las víctimas y otros participantes en el proceso penal, puede justificarse en algunas de las razones identificadas por la jurisprudencia constitucional (examen de justificación de la omisión). De no existir dicha justificación, la Corte deberá establecer si la omisión identificada —que da lugar a un trato diferente entre los participantes del proceso— afecta los derechos de las víctimas, en particular, el derecho a la verdad y a la reparación (examen de afectación de los derechos). Finalmente, de constatar tal afectación, corresponderá determinar si la omisión se traduce en el incumplimiento por parte del legislador del deber constitucional de asegurar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal (examen de infracción de un deber constitucional específico).
18. Encuentra la Corte que la primera de las condiciones exigidas por el examen de omisión se cumple en este caso. En efecto, resulta cierto, tal y como lo afirman las demandas, que los apartes demandados del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 no han previsto que la víctima pueda solicitar al juez que decrete la conexidad procesal. Tal trato es diverso del conferido a la Fiscalía y a la defensa a quienes la misma disposición les otorga —en el momento de la acusación a la primera y, durante la audiencia preparatoria a la segunda— la facultad de elevar tal petición. Es entonces correcto afirmar que llegado el proceso a esas etapas, la posibilidad de solicitarle al juez que disponga la conexidad procesal corresponde exclusivamente a los referidos sujetos y no a la víctima(16).
Examen de justificación de la omisión.
19.1. En primer lugar, no existe una prohibición constitucional de asignar a las víctimas la facultad de solicitar la declaración de conexidad procesal. De la regulación constitucional no se desprende que esa intervención en la etapa previa al juicio, se encuentre limitada las reglas que disciplinan el proceso penal. Incluso la Ley 906 de 2004 reconoce —como derecho derivado del acceso a la administración de justicia— la garantía de las víctimas a ser oídas (art. 11.d).
19.3. En tercer lugar, habilitar a la víctima para formular esta solicitud no es incompatible con la estructura constitucional del proceso penal. Tal afirmación se fundamenta, de una parte, en que los rasgos definitorios del régimen constitucional en la materia no son alterados ni impactados en forma alguna por otorgar esa posibilidad y, de otra, en el hecho de que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la intervención de las víctimas en etapas cruciales del proceso penal anteriores al juicio —como la audiencia de acusación o la audiencia preparatoria— se encuentran constitucionalmente ordenadas. A continuación la Corte explica este aserto.
a) Los rasgos capitales del proceso penal diseñado en el Acto Legislativo 2 de 2003 no sufren modificación alguna. En efecto, permanecen intactas (a) las etapas en las que se divide y la forma en que se desarrollan, (b) las funciones o atribuciones de cada uno de los sujetos que intervienen y (c) los mecanismos de control y garantía de los derechos fundamentales. Cabe advertir además, que los diferentes poderes —enunciados en el fundamento jurídico 10.4 de esta providencia— no son afectados en modo alguno.
Es cierto que dicha declaración puede tener efectos en el curso del proceso y, en particular, incidir en el cumplimiento de las funciones a cargo de la Fiscalía en tanto supone la vinculación de actuaciones que venían adelantándose de manera separada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la decisión de la víctima de formular la solicitud no impone que así lo declare el juez. Se trata simplemente de una petición que habrá de ser valorada por la autoridad judicial, a fin de estimar si se cumplen las condiciones previstas en la norma y, de ser el caso, habrá de adoptar las medidas que se requieran para la continuación regular del proceso. Este pronunciamiento del juez es compatible con el hecho de que su rol no es el de ser un simple árbitro sino que, en otra dirección, le corresponde asegurar la realización de los fines del proceso y proteger los derechos de todos los participantes. Incluso, algún sector de la doctrina, ha sugerido la posibilidad de que el juez actúe de oficio para hacer esta declaración(17). Igualmente, no se trata de una solicitud extraña al proceso si se tiene en cuenta que, tal y como lo reconoce el artículo 51 acusado, la defensa cuenta también con esta posibilidad durante la audiencia preparatoria que, como se sabe, se celebra con posterioridad a la acusación.
Conforme a lo dicho, si la solicitud de conexidad es formulada en la audiencia preparatoria por parte de la defensa o de la víctima y decretada por el juez de conocimiento, deberá este último tomar las decisiones necesarias para garantizar los derechos y competencias de todos los participantes en el proceso, conforme lo ordena el artículo 138.2 de la Ley 906 de 2004 al señalar que le corresponde a los servidores judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. Cabe advertir además que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 prescribe que durante dicha audiencia —la preparatoria— el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. En consecuencia, de decretarse la conexidad procesal y sin perjuicio de otras determinaciones que pudiera adoptar el juez en atención a los efectos que se derivan de ella, las partes cuentan con la posibilidad de formular las peticiones probatorias bajo la condición de que sean pertinentes y admisibles.
La Corte señaló que impedir a la víctima presentar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria —tal y como ello se establecía en el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal que lo permitía únicamente a las partes y excepcionalmente al Ministerio Público— constituía una omisión legislativa relativa. La decisión de la Corte sostuvo (i) que el derecho a probar se encontraba en una relación directa con los tres derechos básicos reconocidos a todas las víctimas, (ii) que el derecho a aportar y solicitar pruebas relativas al delito constituye “un presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente a la justicia”, (iii) que la naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva “impone que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a las que se reconocen al imputado o acusado”(18). Luego de ello advirtió (iv) que no existía una razón que pudiera justificar el trato diferente. Finalmente resaltó (v) que el legislador había incumplido el deber constitucional de configurar una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal, tal y como ello se encuentra exigido por los artículos 29, 229 y 250.6 de la Constitución. Así las cosas, este Tribunal en sentencia aditiva dispuso declarar la constitucionalidad del artículo 357 de la Ley 906 de 2004 en el entendido que los representantes de las víctimas, pueden hacer solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la Fiscalía.
Este Tribunal declaró que el artículo 344 de la Ley 906 de 2004, al impedir que en la audiencia de formulación de acusación las víctimas solicitaran el descubrimiento de pruebas, constituía una omisión legislativa. A fin de fundamentar tal conclusión indicó (i) que no existía una razón objetiva para la exclusión de la víctima dado que “su participación en esta etapa solo tiene como finalidad el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de evidencia física específica que pretendan hacer valer en juicio, pero no su contradicción, por lo cual esta facultad no conlleva una modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, no altera la igualdad de armas, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido”, (ii) que la omisión detectada daba lugar a una desigualdad injustificada entre los participantes del proceso, impidiéndole a la víctima asegurar el esclarecimiento de la verdad y (iii) que tal omisión suponía el incumplimiento del deber del legislador de adoptar normas que aseguren la participación efectiva de la víctima en el proceso penal a efectos de proteger el derecho a la verdad.
viii) Sentencia C-782 de 2012: omisión legislativa relativa por impedir a las victimas solicitar la adición de una sentencia o su decisión equivalente, cuando no ha existido un pronunciamiento sobre los bienes con fines de comiso
Este Tribunal consideró que al aprobar la regla del artículo 90 de la Ley 906, que no permitía a la víctima solicitar al juez la adición de la sentencia o su decisión equivalente cuando no se hubiere pronunciado sobre los bienes con fines de comiso, el legislador había omitido la inclusión de las víctimas como intervinientes habilitados para ello, sin que existiera razón constitucional alguna que pudiera justificarlo. Para la Corte, la regulación cuestionada “entraña una omisión legislativa relativa, comoquiera que dicha exclusión se produce frente a un sujeto que se encuentra en una posición jurídica asimilable a aquellos que si fueron considerados, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, derivando dicho trato en discriminatorio respecto de la víctima, lo cual se proyecta en un desmedro de la garantía de acceso pleno y efectivo a la justicia, en procura de una reparación integral del daño inferido con el delito”. En consideración a ello, declaró la exequibilidad de la disposición, en el entendido de que la víctima —al igual que el fiscal, el Ministerio Público o la defensa— podrían elevar tal petición.
Igualmente la Corte encuentra que permitir a las victimas presentar esta solicitud no afecta en modo alguno la igualdad de armas(19) ni da lugar a un desequilibrio de las partes en la etapa del juicio oral. No se trata en este caso de una medida que acentúe el poder de la defensa o de la Fiscalía en relación con sus posibilidades de actuar en la etapa del juicio. Tampoco comporta un cambio en la naturaleza de la víctima como interviniente especial puesto que la facultad de solicitar la conexidad procesal no representa una atribución que, por su naturaleza, sea exclusiva de las partes, sino que, por el contrario, permite que el juez de conocimiento evalué si se reúnen las condiciones para declararla y, de ser el caso, proceda a decretarla a fin de alcanzar los importantes objetivos que a ella se vinculan.
Examen de afectación de los derechos de las víctimas.
La solicitud para que el juez determine si procede declarar la conexidad procesal no es entonces indiferente para las victimas quienes, a pesar de poderla requerir de la Fiscalía durante la etapa de investigación, pueden no encontrar una decisión favorable. Teniendo en cuenta que los intereses de la Fiscalía y de las víctimas no necesariamente coinciden —como en el pasado lo ha dicho este Tribunal— el reconocimiento de esta facultad constituye un instrumento para optimizar la realización de sus derechos. Se trata, además, de un instrumento de protección del derecho a ser oído por el juez de conocimiento.
Examen de infracción de un deber constitucional específico.
21. La relación instrumental pero estrecha entre la solicitud de conexidad procesal y los derechos a la verdad y a la reparación, conduce a concluir que al adoptar la regulación acusada el legislador incumplió el deber constitucional de asegurar la participación efectiva de las víctimas en el proceso penal. Este deber —cuyo fundamento se encuentra en disposiciones de la Constitución y en tratados de derechos humanos— implica que, a menos que existan intereses constitucionales de particular importancia, el legislador tiene la obligación de permitir a la víctima intervenir en los diversos momentos procesales. En el juicio realizado por la Corte no se identificó razón alguna que pueda demostrar que el derecho de las víctimas a elevar una petición de conexidad procesal resulte incompatible con la Carta. De hecho existen argumentos constitucionales y precedentes de este Tribunal que demuestran precisamente lo contrario.
G. Decisión a adoptar.
Una primera alternativa consistiría en expulsar —tal y como lo solicita uno de los demandantes— el inciso primero y el parágrafo del artículo 51. Esta posibilidad, sin embargo, generaría incertidumbre acerca del momento en que se podría presentar una petición en tal dirección, lo que afectaría la realización de los importantes propósitos que se anudan a ella. Adicionalmente, supondría un impacto en el principio democrático y el mandato de conservación del derecho si se tiene en cuenta que la facultad otorgada a la Fiscalía y a la defensa no es en sí misma problemática. Lo es, en cuanto no está prevista la posibilidad de que la víctima proceda en un sentido análogo.
Encuentra la Corte que existe una tercera alternativa que armoniza plenamente los principios que se encuentran en juego, cuando debe adoptarse una sentencia modulada a raíz de la identificación de una omisión legislativa relativa. Considerando (i) que los dos momentos en los que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii) que la formulación de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que en la audiencia preparatoria se ha previsto la participación de diferentes sujetos —incluyendo a las víctimas según lo ha decidido la Corte en el pasado—, la forma de corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de una parte, en declarar la constitucionalidad simple del inciso primero del artículo 51 y, de otra, en declarar la constitucionalidad del parágrafo de dicha disposición en el entendido que además de la defensa, las victimas podrán solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal.
23. Le correspondió a la Corte determinar si la actuación del legislador, al adoptar el artículo 51 de la Ley 906 de 2004 y no prever que la víctima pueda solicitar al juez la declaratoria de conexidad procesal —lo que sí resulta posible para la Fiscalía al formular la acusación y para la defensa en la audiencia preparatoria— configuró una omisión legislativa relativa.
La última de tales restricciones a la obligación legislativa, tiene lugar cuando el reconocimiento de una facultad o derecho a la víctima supone (c.1) la modificación de los rasgos estructurales del sistema penal con tendencia acusatoria, (c.2) la alteración de la igualdad de armas, o (c.3) la variación de la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido. Para efectos de determinar la incompatibilidad con la estructura constitucional del proceso penal (c.4) deberá considerarse la etapa procesal de la que se trata —no son equivalentes las etapas previas al juicio, que el juicio mismo—, el tipo de intervención debatida —no es equiparable hacer una solicitud probatoria que presentar la teoría del caso— así como el grado de interferencia que puede tener en las funciones o facultades de los otros sujetos procesales —es diferente solicitar al juez ser oído al momento de aprobar un acuerdo, a pretender sustituir al fiscal en la formulación de la acusación—.
26. Considerando (i) que los dos momentos en los que procede la solicitud de conexidad procesal ante el juez son la formulación de la acusación y la audiencia preparatoria y (ii) que la formulación de acusación es una competencia exclusiva del Fiscal, al paso que en la audiencia preparatoria se ha previsto la participación de diferentes sujetos —incluyendo a las víctimas según lo ha decidido la Corte en el pasado—, la forma de corregir el déficit regulatorio detectado consiste, de una parte, en declarar la constitucionalidad simple del inciso primero del artículo 51 y, de otra, en declarar la constitucionalidad del parágrafo de dicha disposición en el entendido que además de la defensa, las victimas podrán solicitar en la audiencia preparatoria que se decrete la conexidad procesal.
1. Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 51 de la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado.
2. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, el parágrafo del artículo 51 de la Ley 906 de 2004 en el entendido que además de la defensa, en la audiencia preparatoria las victimas podrán solicitar que se decrete la conexidad procesal.
2 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de fecha 21 de marzo de 2002. Numero de proceso 33101.
3 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto AP3835-2015 de fecha 8 de julio de 2015. Numero de proceso 46288.
4 Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto interlocutorio. Auto AP917-2015 de fecha 25 de febrero de 2015. Numero de proceso 45402. En esa misma dirección se encuentra, entre muchas otras, la sentencia de fecha 24 de noviembre de 2010 correspondiente al proceso 34482.
5 Sentencia C-873 de 2003.
6 Sentencia C-595 de 2005.
7 Sentencia C-595 de 2005.
8 En tal sentido se encuentra, por ejemplo, la sentencia C-595 de 2005.
9 Sentencia C-595 de 2005.
10 Este Tribunal declaró que resultaba inexequible una norma contenida en el Decreto 2700 de 1991 que no establecía un término para adelantar la investigación previa por la comisión de un delito. Dijo la Corte: “De ahí que solo por conducto del proceso —y a través de sus diferentes y sucesivas etapas— pueda el Estado perseguir el delito. Puede así mismo sostenerse que las personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa. Este derecho de estirpe constitucional se niega cuando, desvirtuando su función, se prolonga irrazonablemente la etapa pre-procesal de la investigación previa, pese a la existencia de imputado y a la conflictividad actual o potencial de su relación con el Estado. Se vulnera ese derecho también frente a la persona investigada a quien no se le comunica oportunamente esa situación. Estas violaciones pueden darse como consecuencia de la indefinida dilación temporal de la investigación previa. Dado que es en el proceso donde con mayor intensidad y plenitud de garantías puede participar el imputado, la investigación previa debe tener un período razonablemente breve, circunscribirse a asegurar las fuentes de prueba y a verificar el cumplimiento de los presupuestos mínimos que se requieran para ejercer la acción penal, que es precisamente lo que se echa de menos en la disposición acusada”.
11 Sentencia T-275 de 1994.
12 Con fundamento en ello, la Corte dispuso remitir copias del proceso de tutela con destino a la Fiscalía Seccional de Bolívar, para que, si a ello había lugar, luego del análisis de la situación relatada en el presente proceso, abra la respectiva investigación penal.
13 Antonio Barrera Carbonell, Alejandro Martínez Caballero, Eduardo Cifuentes Muñoz y Fabio Morón Díaz.
14 En el año 2005 la Corte adoptó las sentencias C-1154 y C-1177 en las que este Tribunal se ocupó de analizar diferentes disposiciones de la Ley 906 de 2004. En la primera decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de 2004 —que establecía la competencia de la Fiscalía para disponer el archivo de las diligencias— en el entendido que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones. Indicó además que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad objetiva. En la segunda, al analizar una regla del artículo 69 de la Ley 906 de 2004 conforme a la cual las denuncias sin fundamento deberían inadmitirse, la Corte declaró su exequibilidad en el entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión, debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al denunciante y al Ministerio Público.
15 Arts. 348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004
16 Ello no impide que la víctima, en su condición de interviniente del proceso, solicite a la Fiscalía que durante la etapa de investigación proceda de conformidad con el principio de unidad procesal y, en esa medida, adelante la investigación respecto de todos los partícipes de un delito o de todos los delitos conexos.
17 Bernal Cuellar y Montealegre Lynnet indican lo siguiente: “El reconocimiento de la unidad procesal, como ya se dijo, no requiere pronunciamiento judicial, porque se estructura en virtud de consideraciones materiales, procesales o por aplicación de la Carta Política. Debe admitirse sin embargo, que el juez de conocimiento debe determinar la existencia de la unidad procesal, cuando recibe y estudia acusaciones plurales que estén amparadas o cumplan los requisitos exigidos para mantener la institución mencionada (unidad procesal)”. Bernal Cuellar Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. El proceso penal. Tomo II. Estructura y garantías procesales. Universidad Externado de Colombia, sexta edición. Bogotá, 2013. Pág. 602.
18 Al explicar esta afirmación señaló: “No pretende desconocer la Corte las especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación integral de la víctima (art. 250.6 CP), sin embargo ellas no tienen la virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta ( a través de su representante) sus intereses dentro del proceso penal”.
19 En la sentencia 1194 de 2005 la Corte caracterizó el principio de igualdad de armas: “Así entonces, el principio de igualdad de armas constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”. En el mismo sentido las sentencias C-536 de 2008 y C-616 de 2014.