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Timestamp: 2020-03-28 21:07:03
Document Index: 102815009

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DS. Senado, Comisiones, núm. 483, de 01/07/2015
Sesión celebrada el miércoles, 1 de julio de 2015
Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d, constituida en el seno de la Comisión de Economía y Competitividad. 543/000002 competitividad; gestión de conocimientos; investigación y desarrollo; pequeña y mediana empresa; política económica; responsabilidad social de la empresa COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. 621/000127 auditoría; control financiero GOBIERNO
Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 621/000125 Derecho de los seguros; compañía de seguros GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Gracias a todos por su presencia esta mañana. Comenzamos la sesión de la comisión.
En primer lugar, vamos a aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de junio de 2015. ¿Hay alguna modificación o enmienda? (Denegaciones).
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento y unanimidad? (Asentimiento).
Muchas gracias, queda aprobada.
PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. 543/000002 COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación del informe elaborado por la Ponencia de estudios sobre medidas de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y promoción de un código de valores en el marco de la I+D+i+d.
Dicho informe, con su redacción actual, ha quedado aprobado por la ponencia en la reunión celebrada en el día de hoy. Dado el consenso que ha existido en cuanto a dicho texto, se propone por esta Presidencia abrir un único turno para la intervención de los portavoces de todos los grupos parlamentarios por el orden habitual, esto es, de menor a mayor. A continuación, someteremos a votación dicho texto.
Sin más dilación, doy la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Senador Iglesias, tiene usted la palabra.
No habiendo formado parte de los trabajos de la ponencia por haberme incorporado a la comisión recientemente, lo único que puedo hacer es felicitar el trabajo que se ha hecho y adherirme al respaldo y apoyo a sus conclusiones.
La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.
También quiero expresar mi felicitación, pero además deseo hacer una valoración. La sensación que tengo es que ha llevado mucho tiempo, quizá porque yo me incorporé a la ponencia sin haber podido escuchar a ningún compareciente, ya que fue justo cuando tomé posesión como senadora, y es casi ya al final de la legislatura cuando vamos a aprobarlo. En cualquier caso, si la prolongación en el tiempo ha servido para que haya un consenso y para que las recomendaciones que se trasladen sean para bien porque verdaderamente puedan tener su fruto, bienvenida sea. Como digo, no he tenido la oportunidad de escuchar en directo a los comparecientes, pero quiero trasladarles mi agradecimiento. Como en todas las ocasiones en las que en este Senado se crea una ponencia —he participado en alguna—, creo que es una fórmula y un recurso positivo porque nos aporta la posibilidad de escuchar desde vertientes diferentes a expertos que nos ilustran en la tarea que posteriormente nosotros debemos hacer, en este caso trasladar al Gobierno recomendaciones en el ámbito de I+D+i+d.
También quiero agradecer el trato entre los ponentes que hemos formado parte de la ponencia. Me sumo al deseo de que en futuras ocasiones podamos seguir haciendo este tipo de tareas.
A continuación, tiene la palabra el senador Sabaté, en representación del Grupo Parlamentario de la Entesa.
Intervengo también con brevedad en la medida en que tampoco he formado parte personalmente de la ponencia y dado que hoy participo en la comisión sustituyendo al senador Montilla. Anuncio que compartimos el resultado de los trabajos de la ponencia y, por tanto, nuestro voto será favorable.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
Quiero expresar también el agradecimiento y felicitación a los distintos grupos por el trabajo realizado. Por las circunstancias de mi incorporación a la Comisión de Economía en sustitución del senador Vilajoana, evidentemente tampoco pude disfrutar de las comparecencias que se han realizado pero al leerlas veo que hay aspectos que merecen la pena y son muy interesantes. Creo que las conclusiones recogen muy bien el común denominador, es decir, la necesidad de las aportaciones en I+D+i, más d, como le gusta decir al senador Alarcó. Evidentemente, creo que los Gobiernos deberían hacer caso de ellas dada la importancia que todo ello tiene. Las conclusiones reflejan muy bien el trabajo realizado a través de las distintas aportaciones. Es un trabajo muy importante, del que vale la pena hacer la difusión correspondiente para que se conozca. Agradezco a todos los grupos el trabajo realizado y también a la letrada y letrados que han participado.
En la misma línea que el resto de portavoces, quiero poner de manifiesto fundamentalmente el clima de entendimiento que ha habido desde el principio en esta ponencia. Lo digo yo, que en otros momentos he dicho todo lo contrario, pero en este caso hay que reconocer que ha habido un clima de entendimiento desde el principio, porque además esta ponencia nació a partir de una moción del Grupo Popular que solamente se refería a la responsabilidad social corporativa y al mecenazgo, y posteriormente, con una enmienda nuestra que se aprobó por unanimidad, fue creciendo e incorporando cosas que están muy alejadas del core inicial. Tal vez por eso la lentitud, que es cierto que ha sido un detalle que podríamos haber mejorado. En cualquier caso, el alcance de la ponencia, la cantidad de propuestas que hay y la cantidad y altura de los intervinientes justifican que hayamos tardado toda la legislatura en aclararlo. Por tanto, quiero agradecer a los miembros de la comisión esa voluntad de acuerdo, especialmente al senador Alarcó, que ha sido el portavoz del Grupo Popular en este tema, pero también al senador Mateu, a la senadora Torme y a la vicepresidenta de la comisión, que también tuvo un papel determinante desde el inicio de la ponencia presidiendo todas las sesiones.
Yo me atrevería, después de haberlo hablado con el portavoz del Grupo Popular, a hacer una propuesta a la comisión para que incluyamos en la aprobación del informe la solicitud a la Mesa del Senado de que el inicio de la edición del libro de la ponencia no se posponga hasta que se apruebe en Pleno, porque previsiblemente no podrá tratarse hasta el primer Pleno de septiembre y eso haría que, en caso de una disolución de las Cámaras a finales de ese mes o principios de octubre, no podríamos disponer de esa edición ni difundirla. Por tanto, yo me atrevería a pedir que la comisión aprobara no solamente el informe de la ponencia sino el añadido al informe y, dado que es por unanimidad y que no habrá ningún voto discordante en el Pleno, se podría dar por supuesto que en el Pleno no va a haber ningún problema y por tanto a lo mejor estaría bien que los servicios de la Cámara empezaran la edición del libro antes de que llegue el Pleno de primeros de septiembre. Simplemente esta es mi intervención, y repito, y que conste en acta, la tremenda capacidad de trabajo de todos los grupos y de voluntad de acuerdo, ya incluso al elaborar la lista de comparecientes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.
Esta Presidencia, cuando se proponga la votación, incorporará también dicha propuesta para que la comisión la ratifique.
Senador Alarcó, su turno y su palabra.
El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias. Buenos días.
En primer lugar, efectivamente, yo creo que estas conclusiones de la ponencia son un ejemplo de lo que debemos hacer los políticos. Es un trabajo serio y riguroso de todos que emana de una moción que se aprobó por unanimidad, que emana de una ley que se aprobó por unanimidad en este Senado como Cámara de la ciencia, y lo digo muy despacio, Cámara de la ciencia, que es el Senado español, con diferencia por la actitud y responsabilidades que está tomando.
Debo recordar obligatoriamente, aunque en el Pleno lo haré otra vez, en primer lugar al presidente de esta comisión que ya no está con nosotros, el señor Atarés, que por circunstancias muy injustas, lo digo de verdad, y prematuramente nos tuvo que abandonar de este mundo duro en el que vivimos debido a una enfermedad, y yo lo quiero recordar, y creo que todos, y también lo recordaré en el Pleno. También quiero referirme a la vicepresidenta, Isabel Jiménez, que no solamente es una magnífica senadora sino que es una amiga y que tomó la batuta ante las circunstancias personales de nuestro presidente, y quiero que conste en acta.
En segundo lugar, hay que reconocer que se ha tardado pero creo que las últimas conclusiones son muy importantes. Nos hemos reunido 34 veces, 17 senadores de todos los grupos, con 60 autoridades de gran nivel, elegidas por todos. Si hay algo importante en esta comisión, lo debo decir y quiero que conste en acta, es que he aprendido mucho de todos, el clima no solo ha sido excepcional, sino entrañable. Desde luego, una ideología nunca me ha separado de una persona, y creo que en este caso se han dado cuenta todos.
Con respecto a la «d» pequeña, es verdad. El senador Alturo y yo de vez en cuando bromeamos y no solamente en la Cámara sino por los pasillos, donde me llama I+D+i+d y la unidad de tiempo. Pues sí, la «d» pequeña de divulgación la aprobamos todos y me encanta pasar esta legislatura con estos dos principios, no tengo ningún reparo en que se me recuerde por la «d» pequeña y por la unidad de medida de tiempo en una legislatura; para mí sería estupendo ese recuerdo. Se aprobó por todos una ley magnífica de la ciencia que sustituyó a otra ley también magnífica que duró veinte años, la Ley Maragall, que fue muy buena y que salió por consenso, y que ha sido motivo de esta ponencia.
Debo aprovechar esta intervención también —porque no he podido en otro momento aunque lo he hecho personalmente pero quiero que conste en acta, y lo haré también en el Pleno— para agradecer la clase que ha tenido por su continuidad como senador, el señor Iglesias, creo que ha demostrado mucho con su actitud, su forma de trabajar y su inteligencia emocional, y a mí personalmente me ha dado una clase superior permanente y quiero recordárselo aquí en público porque yo no he conocido otro caso parecido, lo digo de verdad, y es cierto que llevo en política trece años, que no es mucho, hay gente que lleva más tiempo, pero me llevo otro gratísimo recuerdo de haber conocido a alguien como él que aunque ideológicamente no tenemos casi nada en común sí creemos en la libertad, y el señor Iglesias lo ha cumplido con creces y yo me siento emocionado de poder decirlo.
Con respecto a lo que ha dicho el senador Antonio Manchado, los dos tenemos desde siempre mucha inquietud por el tema de I+D+i+d, por nuestras carreras y nuestro proyecto vital. Ha sacado a relucir un tema con el que estoy de acuerdo, y lo habíamos hablado antes: intentar por todos los medios que se plasme esto lo antes posible, hablando con el presidente de la Cámara, porque las circunstancias de esta legislatura son muy peculiares y tenemos que intentar entre todos que esto tenga la trascendencia de una publicación correcta y digna y hacérsela llegar a los sesenta intervinientes que vinieron y que tienen un peso específico muy importante.
En definitiva, quiero dar las gracias —y lo haré largo y tendido— a la letrada, María Teresa, y a su grupo, porque da gusto trabajar con ustedes ya que todo han sido facilidades, y el resumen que han hecho con respecto a lo que hemos hablado aquí yo creo que es magnífico y que será el libro que saldrá publicado; sin duda un autor material final será la letrada y su grupo.
Por la vehemencia en sus explicaciones y el convencimiento que tiene de lo que han hecho, esta Presidencia se hace eco de las felicitaciones trasladadas por todos los portavoces y de los agradecimientos reseñados. Insisto también en el agradecimiento a quien fuera mi amigo y anterior presidente, José Atarés, a la vicepresidenta Jiménez, a todos los ponentes, a todas las personas que han intervenido en la ponencia y a los servicios jurídicos, encabezados por Maite, que tan bien han prestado su asesoramiento y su función para llevar adelante esta ponencia, que es un ejemplo de lo que debe ser la acción política de esta Cámara.
Deduzco, por tanto, de las intervenciones de todos los portavoces, que esta Presidencia puede pedir por asentimiento la aprobación del informe e incorporar en cualquier caso en ese informe la solicitud que han hecho algunos portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular para que se autorice por la Mesa de la Cámara la publicación del libro con la mayor urgencia posible y que no tengamos que esperar a la configuración de Plenos posteriores.
Llegado a este punto también intuyo —pero lo pregunto a los portavoces— que se solicita que se traslade el debate y se sustancie en el Pleno de la Cámara. Por tanto, con esas incorporaciones: la autorización de la publicación del libro y la propuesta de que se sustancie en el Pleno de la Cámara, entiendo aprobado por asentimiento este informe.
Enhorabuena a todos y continuamos con el siguiente punto del orden del día.
PROYECTO DE LEY DE AUDITORÍA DE CUENTAS. 621/000127 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Dictamen del proyecto de ley de auditoría de cuentas. La ponencia designada para estudiar el proyecto de ley de auditoría de cuentas, integrada por los senadores don Jesús Alique, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Alturo, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; don Juan Antonio de la Heras, del Grupo Parlamentario Popular; don Jesús Enrique Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto; doña María Eugenia Iparraguirre, del Grupo Parlamentario Vasco; don Juan Manuel Juncal, del Grupo Parlamentario Popular; don José Antonio Manchado, del Grupo Parlamentario Socialista, y don José Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa por el Progreso de Cataluña, han elevado a la Comisión de Economía y Competitividad el siguiente informe: la ponencia, por mayoría y con el voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, acuerda en su reunión del día de hoy aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Este es pues el informe de la ponencia.
A este proyecto de ley se han presentado, como todas sus señorías conocen, 137 enmiendas que se distribuyen de la siguiente forma: enmiendas 1 a 5, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 6 a 12, de los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Unamunzaga Osoro y la senadora Mendizabal Azurmendi, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 38 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco; enmiendas 13 a 26, del Grupo Parlamentario de la Entesa; enmiendas 81 a 137, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió; y enmiendas 27 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5 tiene la palabra el senador Iglesias.
Efectivamente, son solo cinco enmiendas en las que se plantea fundamentalmente reforzar la proscripción de la opción de simultanear funciones propias de la abogacía, de asesoramiento jurídico como abogado y de auditoría, y una propuesta de una nueva disposición adicional para que en el plazo de dos meses el Gobierno presente las reformas legales necesarias que extiendan a las agencias de calificación que actúan en España las exigencias contenidas en este proyecto de ley en relación con las auditorías de cuentas.
¿Para la defensa de las enmiendas 6 a 12 va a intervenir algún senador?
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas. Todas las enmiendas del Grupo Mixto las doy por defendidas.
Pasamos, por tanto, a las enmiendas números 38 a 80, del Grupo Parlamentario Vasco. La senadora Iparragirre tiene la palabra.
Intervengo para dar por defendidas las enmiendas que presenta mi grupo, las números 38 a 80, y me reservo su justificación y argumentación para el Pleno.
Para la defensa de las enmiendas 13 a 26, senador Sabaté, tiene la palabra.
Intervengo también para dar por defendidas las enmiendas presentadas por nuestro grupo.
Para la defensa de las enmiendas 81 a 137, de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.
También, simplemente, para dar las enmiendas por defendidas. En el Pleno haremos la argumentación correspondiente.
Para la defensa de las enmiendas 27 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.
Nosotros hemos presentado once enmiendas que fundamentalmente tienen que ver con tres aspectos de la ley. El primero es la declaración de las obligaciones de las entidades de interés público. Es una ley tan amplia que no tiene nada que ver con el contexto europeo, con lo que pasa en Europa, ya que el 40 % de las entidades de interés público europeas son españolas, con lo cual, algo no está bien en esta ley. El segundo tipo de enmiendas que hemos presentado tiene que ver con los requisitos que se imponen a las empresas pequeñas de auditorías en comparación con las grandes; ahí se producen agravios comparativos entre este tipo de empresas. Y el tercero tiene que ver con las funciones de control y regulación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas que, por otro lado, ha sido —parece ser— el redactor de esta ley, lo cual ha sido en sí mismo un foco de discrepancias.
Doy las once enmiendas por defendidas con esta intervención.
Senador Juncal, es su tiempo.
Sencillamente, para manifestar que el Grupo Popular rechaza las enmiendas presentadas. Las explicaciones o los argumentos también tendremos ocasión de debatirlos en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Juncal.
Entiendo, por la manera de sustanciar el debate, que no van a utilizar el turno de portavoces. (El señor Manchado Lozano: Yo sí lo voy a utilizar). ¿Algún otro portavoz? (Asentimiento del señor De las Heras Muela).
En turno de portavoces, señor Manchado, tiene usted la palabra.
El señor MANCHADO LOZANO: Quiero utilizar el turno de portavoces muy brevemente, en primer lugar, para poner de manifiesto la disconformidad con este calendario de locura —y quiero que conste en acta— al que nos somete el Grupo Parlamentario Popular en las Cámaras en este mes y medio o dos meses. Esta manera de hacer las cosas —ya lo he dicho repetidas veces— hace que sea físicamente imposible dialogar o consensuar cualquier cosa; y al ser físicamente imposible, cualquier voluntad de diálogo que pudiera haber no se produce; por tanto, me gustaría que constara en acta, no solo por esta ley sino por todas las que van a venir durante este mes y, además, aviso que lo voy a repetir cada vez que intervenga en cada una de las leyes.
Esta ley lo que hace es trasponer una directiva que modifica una ley que a su vez se modificó en el año 2010, y esa modificación del año 2010 se hizo por consenso de todos los grupos. Este proyecto de ley que traen ustedes no tiene ningún consenso, ni previo ni posterior, ni durante el trámite del Congreso ni en el trámite del Senado, obviamente por lo que hemos visto hace un rato. Y tampoco tiene consenso con los profesionales de la auditoría, ni con los pequeños, ni con los grandes, ni con los colegios de auditores ni con los colegios de economistas. Hemos recibido quejas de todos los profesionales que se dedican a este mundo. Además, es un proyecto de ley que desaprovecha una oportunidad en momentos en que hay un resquemor o una desconfianza en la ciudadanía por la situación de las administraciones públicas y de las entidades públicas —no solamente de las administraciones—, por tanto, hubiera sido un buen momento para que esta ley hubiera aprovechado a introducir mecanismos de lucha contra la corrupción más potentes que los que está utilizando.
Por estas razones, vamos a oponernos al dictamen de la ley y, evidentemente, salvo que en el trámite de aquí hasta el Pleno hubiera algún avance o alguna negociación, nos vamos a oponer a la ley y vamos a votar en contra.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador De las Heras.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Evidentemente, después de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular tiene opinión.
Respecto al calendario de locura, señorías, señor Manchado, dejaron tanto por hacer que ahora toca legislar, que, por otro lado, es para lo que fuimos elegidos los que estamos aquí, todos, incluso los designados.
Respecto al Proyecto de Ley de auditoría de cuentas, simplemente quiero manifestar que tiene cuatro objetivos muy claros que demuestran, en opinión de mi grupo, que están conseguidos. Primero, incrementar el grado de transparencia en las actuaciones de los auditores; segundo, reforzar la independencia de este sector, de los auditores; tercero, garantizar la competencia de la autoridad supervisora con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y cuarto, dinamizar el mercado auditor promoviendo su expansión que, por otra parte, vendrá bien para todos. Es decir, una mejora global de la calidad auditora con la que se alcance un elevado nivel de confianza, puesto que hoy, cada día más, el nivel de las calidades de las auditorías es fundamental a la hora de tomar en cuenta la información económica. Con eso, además, evitamos también un conflicto de intereses.
Finalizo, señor presidente. Con este proyecto de ley tendremos una ley de auditoría de cuentas que proporcionará información veraz, capacidad de análisis, formación adecuada de los auditores, independencia —base fundamental de la función auditora— y sobre todo transparencia.
Evidentemente, rechazaremos todas las enmiendas, como hemos hecho en ponencia y, salvo que haya alguna sorpresa de última hora, ese será el sentido de nuestro voto en el Pleno.
Antes de comprobar las asistencias, aprovecho para agradecer la presencia del letrado, señor Rastrollo. ¿Comprobamos asistencias, señor letrado? (El señor letrado, Rastrollo Ripollés: Ya están comprobadas).
De conformidad con el artículo 116.2 del Reglamento del Senado, sometemos a votación la propuesta que se ha formulado por la ponencia.
Como les he indicado al principio del debate, la ponencia, por mayoría, con el voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, acuerda en su reunión del día de hoy aprobar como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, que es el que sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 9; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda dictaminado el Proyecto de Ley de auditoría de cuentas. El plazo para la presentación de votos particulares será, como saben, no más tarde de mañana. Hay que designar quién presentará el dictamen ante el Pleno del Senado. (Varios señores senadores: El señor presidente). Entonces, si no hay ningún inconveniente, esta Presidencia así lo sustanciará.
PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS. 621/000125 GOBIERNO
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: aprobación con competencia legislativa delegada del Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
A este proyecto de ley se han presentado un total de 37 enmiendas, de las cuales han sido retiradas las números 14, 19 y 21, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
Pasamos a enumerar las enmiendas presentadas, por orden de menor a mayor: enmiendas 1 y 2, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 22 y 23, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas 24 a 31, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 3 a 13, 15 a 18 y 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, y enmiendas 32 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista.
Advierto, como todas sus señorías conocen, que no ha habido ponencia y no hay ningún informe, por tanto, sustanciaremos la votación individualizada de cada una de las enmiendas.
Pasamos a la defensa de las enmiendas. El senador Iglesias Fernández ha presentado las enmiendas 1 y 2.
Tiene la palabra el senador Iglesias Fernández.
Es cierto que este proyecto no ha desatado el furor enmendante de los grupos de la oposición. Por nuestra parte, exclusivamente hemos formulado dos enmiendas. La primera —acogiendo una de las recomendaciones del informe del Consejo de Estado— plantea la supresión del primer párrafo del artículo 7, por entender que resulta superfluo o redundante, incluso que genera confusión en relación con el párrafo segundo.
La segunda enmienda plantea una modificación del artículo 17, concretamente de su párrafo 5, estableciendo una declaración expresa de la autonomía funcional de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que cuenta como garantía fundamental el reconocimiento de que sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y que no cabe recurso ante el ministro, como plantea el proyecto que estamos debatiendo.
Para la defensa de las enmiendas 22 y 23, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Iparragirre.
El número de enmiendas presentadas por mi grupo es pequeño, pero no por ello dejan de tener importancia. Es cierto que, desde el punto de vista técnico el proyecto de ley no nos planteaba problemas, pero sí en lo que respecta al ámbito competencial, al que hacen referencia las dos enmiendas que ha presentado mi grupo.
En la enmienda número 22 planteamos que la redacción del proyecto, a nuestro entender, supone reducir a las comunidades autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones han de ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica. También hemos enmendado la limitación del ámbito competencial de las comunidades autónomas cuando se den los puntos de conexión relativos a la actividad de seguros de vida. Asimismo, se ha suprimido la limitación de la actividad ejecutiva de las comunidades autónomas que supone la reserva al Estado de las competencias en cuanto al otorgamiento de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora y su revocación.
En la enmienda número 23 planteamos una modificación del apartado c) de la disposición final decimocuarta, relativa al título competencial y al artículo 168, en la que se mantiene la atribución competencial sobre la base de los mismos títulos que fundamentan el actual texto refundido, ya que las materias son las mismas y no se entiende que su naturaleza haya mutado de tal forma que pueda provocar un cambio de título competencial. Por tanto, desde nuestro punto de vista, se trata de una manipulación del ordenamiento por parte del Gobierno estatal, extrayendo regulaciones propias de la materia constitucional estatutaria de seguros para hurtar la competencia autonómica en el desarrollo y ejecución de las bases estatales; todo ello, a nuestro entender, dentro de un proceso centralizador desconocido hasta la fecha, modificando la naturaleza de las materias como recogía la ley actual.
Al igual que ha señalado anteriormente el senador Manchado en el sentido de que mantendría su opinión, mi grupo parlamentario vuelve a insistir en nuestro convencimiento del empeño centralizador del Gobierno.
Por otra parte, quiero recordar que esta operación ha sido denunciada por colectivos de notarios y registradores, al albur de algunos anteproyectos de modificación del Código Mercantil, en los que se recogía la única finalidad de atraer al área mercantil figuras e institutos propios del derecho civil, de tal forma que fueran inalcanzables para la legislación civil especial autonómica.
Como decía, mi grupo solo ha presentado dos enmiendas a este proyecto, pero el número no disminuye su importancia. También es cierto que el grupo mayoritario habla reiteradamente de nuestra obsesión por un ataque centralizador. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de ello y reiteramos nuestra sensación de invasión de competencias en esta vorágine frenética de aprobación de leyes en tiempo récord.
Por tanto, consideramos que las dos enmiendas que hemos presentado deberían ser aceptadas para que nosotros pudiéramos apoyar esta ley.
Para la defensa de las enmiendas 24 a 31, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.
Señorías, nuestro grupo, Entesa pel Progrés de Catalunya, ha presentado un conjunto de ocho enmiendas, seis de las cuales —de la 24 a la 29— corresponden a los senadores socialistas del grupo, y las otras dos —las números 30 y 31— a los senadores Guillot y Saura. En mi breve intervención defenderé las seis primeras, explicaré las razones que nos han inducido a su presentación y daré por defendidas las dos enmiendas de los senadores Guillot y Saura.
En primer lugar, la enmienda número 24 propone la modificación del apartado 4 del artículo 96 del proyecto de ley, con el fin de reforzar los derechos del asegurado a disponer de la información por escrito que habrá de facilitar la entidad aseguradora sobre los criterios a aplicar para la renovación de la póliza y actualización de las primas en periodos sucesivos, así como establecer limitaciones a las reducciones de cobertura y de prestaciones al asegurado transcurridos tres años desde la primera contratación.
En segundo lugar, la enmienda número 25 propone una disposición adicional nueva, mandatando al Gobierno a que presente, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley de creación de la comisión nacional de servicios financieros, mediante la transformación de la actual Comisión Nacional del Mercado de Valores, teniendo la nueva institución competencias en materia de supervisión de la prestación a clientes de servicios financieros como los seguros, así como en materia de conducta de mercado, transparencia informativa, buenas prácticas, información a los consumidores y resolución de conflictos.
En tercer lugar, la enmienda número 26 plantea igualmente la adición de una nueva disposición adicional. Su objeto se refiere a los seguros vinculados a préstamos. Se mandata al Gobierno a que en el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley, adopte las medidas necesarias con el objetivo de garantizar una mayor protección de los consumidores de servicios financieros, imponiendo determinadas condiciones y obligaciones a los asegurados, especialmente en temas relacionados con la información, la transparencia y las buenas prácticas.
En cuarto lugar, la enmienda número 27 propone la inclusión de una disposición transitoria nueva, planteando la necesidad de que las comisiones de control de los planes de empleo ajusten su composición a lo previsto en la disposición final que modifica el Real Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, en el plazo de tres meses, en coherencia con nuestra enmienda número 29, que incorpora el derecho de los partícipes en suspenso a formar parte de la comisión de control del plan de pensiones de los sistemas de empleo.
En quinto lugar, la enmienda número 28 propone suprimir el punto dos de la disposición final décima, ya que consideramos que la figura del colaborador externo que esta regula supone un retroceso en la transparencia de la comercialización de seguros y en la protección de los clientes, yendo además a contracorriente de la legislación comunitaria.
Por último, en sexto lugar, en nuestra enmienda número 29 proponemos la adición de una disposición final nueva. Como comenté anteriormente, su objeto es modificar el Real Decreto Legislativo 1/2002, en concreto su artículo 7, regulando un nuevo diseño institucional del derecho a formar parte de la comisión de control de los planes de pensiones del sistema de empleo que contemple a todos los colectivos implicados y respete el principio de igualdad, incluyendo el derecho de los partícipes en suspenso a formar parte de la comisión de control del plan.
Estas son nuestras enmiendas, razonadas y razonables, que esperamos puedan merecer su consideración.
Para la defensa de las enmiendas 3 a 13, 15 a 18 y 20, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene palabra el senador Alturo.
Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por mi grupo, la mayoría de las cuales hacen referencia a cuestiones de ámbito competencial. Sin embargo, me gustaría destacar las cuatro más significativas e importantes para nosotros.
En la enmienda número 3 proponemos añadir un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 19. El apartado 1 de dicho artículo señala: las comunidades autónomas que con arreglo a sus Estatutos de Autonomía hayan asumido competencias en la ordenación de entidades aseguradoras y reaseguradoras, las tendrán con respecto de aquellas entidades, cuyo domicilio social, ámbito de operaciones y localización de los riesgos —en el caso de seguros distintos del de vida— o asunción de los compromisos —en el supuesto de seguros de vida—, se circunscriban al territorio de la respectiva comunidad autónoma. Nosotros entendemos que aquí hace falta precisar qué se entiende por actividad de una entidad aseguradora o reaseguradora. Por tanto, proponemos añadir un párrafo en el que se especifique que se circunscribe al territorio de una comunidad autónoma, cuando el número de contratos realizados dentro del ámbito territorial de dicha comunidad represente un porcentaje superior al 60 % del total de la cartera de la entidad de forma continuada, entendiéndose por tal el mantenimiento de dicho porcentaje durante un periodo mínimo de cinco años consecutivos. El mantenimiento de la redacción tal y como se establece en el proyecto de ley supone reducir a las comunidades autónomas a la condición de gestoras de fenómenos estrictamente locales e intereses particularistas, en lugar de reconocerles el carácter de copartícipes en la gestión de asuntos de dimensión y de relieve general, por lo que el domicilio social y el ámbito principal de operaciones se postulan a ser los únicos criterios a considerar como delimitadores de competencias, sin perjuicio de la competencia estatal para el establecimiento de la normativa básica. Entendemos que esta modificación es importante en lo que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas.
La número 4 es una enmienda de modificación al artículo 40 por considerar que, de conformidad con las actuales competencias de la Generalitat de Catalunya, se produce una extralimitación de las atribuciones estatales al conferir a este precepto un carácter mercantil y, por tanto, materia exclusiva reservada al Estado. Nada impide que legalmente, incluso invocando la normativa sobre unidad de mercado, cada registro administrativo esté gestionado por cada organismo supervisor y custodie los datos de las entidades, etcétera, que supervisa a efectos de publicidad; dándose además la circunstancia de que, técnicamente, resulta posible establecer un punto único informativo que sería constantemente actualizado con los datos de los registros a cargo de los diversos supervisores competentes. Dicha posibilidad constituye hoy en día una realidad en el caso de los mediadores de seguros, por lo que no existe ningún obstáculo para que se dé también en el ámbito de las entidades.
La número 15 es una enmienda de adición a la disposición final décima que, en definitiva, lo que hace es definir el concepto de mediación, puesto que entendemos que la definición, tal y como se plantea, engloba tanto a aquellas operaciones o actividades que finalmente concluyan en la celebración de un contrato de seguro como aquellas operaciones que no concluyan en contrato pero que impliquen la realización de algunas de las actividades señaladas por el artículo 2 de la Ley de mediación de seguros y reaseguros privados. Por lo tanto, la actividad realizada a través de comparadores de seguros implicaría, en todo caso, la realización de una actividad de mediación de seguros independientemente de que a través de ello se pueda concluir o no el contrato.
Por consiguiente, los mediadores de seguros pueden actuar mediante presencia física —por oficinas— o a través de medios telemáticos —por la utilización de comparadores web— y, en este segundo caso, se entiende que en ocasiones resultaría aplicable la Ley 22/2007, al estar los mediadores de seguros prestando a distancia su servicio financiero. Por otro lado, resulta fundamental, en aras de proteger al consumidor, que el comparador del seguro sea considerado como un mediador de seguros con el fin de cumplir con la normativa de mediación de seguros, al igual que el resto de mediadores de seguros que realizan su labor de manera presencial.
Finalmente, la número 17 es una enmienda de modificación que afecta a la disposición final decimocuarta, título competencial, por considerar que el artículo 13 vulnera lo previsto en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que atribuye competencia exclusiva a la Generalitat en materia de estructura, organización y funcionamiento de las mutualidades de previsión social. Por su parte, los artículos 172, 173, 175, 179, 180, 181 y 182, además de vulnerar también la competencia atribuida por el citado precepto del Estatuto de Autonomía, colisionan con la competencia que tiene atribuida la Generalitat en materia de derecho civil. Así, el Código Civil de Cataluña, en su libro relativo a las personas jurídicas, regula la disolución, liquidación y funciones de los liquidadores de las mutualidades de previsión social. Por ello, es preciso que dichos preceptos del proyecto de ley dejen de tener atribuido el carácter de materia mercantil, debiéndose mantener la atribución competencial sobre la base de los mismos títulos que fundamentan el actual texto refundido vigente en las mismas materias, y no se entiende que su naturaleza haya mutado de tal forma que pueda provocar un cambio en el título competencial.
Estas son algunas de las enmiendas que hemos presentado que hacen referencia a aspectos competenciales, que consideramos muy importantes a la hora de poder dar nuestro apoyo a este proyecto de ley, y que esperamos que acepte el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas 32 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista solo ha presentado seis enmiendas que han sido calificadas con los números 32 a 37.
La enmienda número 32 se centra en contemplar las circunstancias por las cuales, en la actualidad, las aseguradoras con muchísima frecuencia modifican las primas de renovación de los seguros individuales en función de la siniestralidad de cada asegurado o grupo familiar, calculadas de forma individual y no sobre el conjunto de la cartera de asegurados de la compañía. Las tarifas de las aseguradoras se basan, entre otros conceptos, en un cálculo del comportamiento siniestral de su cartera en términos globales. La práctica diferenciadora, a nuestro juicio, pervierte la idea del seguro en cuanto a su función mutualizadora, y permite además a las compañías seleccionar riesgos con posterioridad, a base de incrementar las primas con tal fin. Esta situación se agrava cuando el asegurado va teniendo más edad; de ahí la propuesta muy concreta que hacemos de que, una vez transcurridos los tres años desde la primera contratación, la aseguradora no pueda ejercitar este derecho. Parece lógico que, excepto en casos de fraude, dolo o similar la aseguradora, transcurrido este período, no pueda proceder a una anulación individual y unilateral, aunque sea de manera inducida. Todo lo anteriormente expuesto intenta mantener un equilibrio —además necesario— entre la solvencia de la aseguradora y la protección del asegurado.
La enmienda número 33 apuesta por un modelo de supervisión de doble vértice o supervisión funcional. El propósito de esta enmienda es que la CNMV se transforme en una comisión nacional de servicios financieros que supervise también la prestación a clientes de otros servicios financieros como, por ejemplo —y en este caso así nos referimos— a seguros. Por otro lado, el Banco de España se convertiría en el supervisor de la solvencia no solo de las entidades de créditos sino también de las sociedades y agencias de valores, y de las compañías de seguros. Con este nuevo diseño institucional, el Banco de España pasaría a verificar los requerimientos de capital de las aseguradoras, mientras que la comisión nacional de servicios financieros sería la encargada de vigilar el correcto comportamiento de las compañías en su relación con los asegurados.
La enmienda número 34 responde a las exigencias que han venido imponiendo las entidades de crédito como requisito para la concesión de un préstamo hipotecario o personal la suscripción de un seguro de vida y de desempleo con sus propias compañías aseguradoras. El problema surge cuando se produce el riesgo y se niegan las prestaciones por múltiples motivos, en especial el desempleo. Es evidente que no hay una información clara y transparente por la falta de interés de las aseguradoras de las entidades de crédito. Por ello, en muchos casos procede la anulación de la póliza y la devolución de las primas abonadas; petición que generalmente es rechazada. El propio Defensor del Pueblo considera que estos productos no han tenido un carácter voluntario para los clientes, sino que han supuesto una exigencia para la concesión de la hipoteca.
Las entidades de crédito han incrementado sus ingresos a través de sus aseguradoras imponiendo seguros de amortización de préstamos que no garantizan el pago del préstamo por imponer en sus cláusulas limitativas numerosos inconvenientes para desplegar la cobertura, tanto por desempleo como por incapacidad. La anterior situación debería, a nuestro juicio, ser corregida con carácter inmediato, y ahora existe esa una oportunidad con este proyecto de ley, que es lo que pretendemos con la enmienda que hemos presentado.
Con la enmienda número 36 se pretende suprimir la nueva redacción por la que se regula la figura del colaborador externo, ya que, a nuestro juicio, supone un retroceso en la transparencia de la comercialización de seguros y en la protección de los clientes de seguros. No debería abordarse ninguna reforma de la legislación de comercialización de seguros que, como esta, menoscabe los derechos de los consumidores, máxime cuando en un breve período va a tener que volver a modificarse por imperativo comunitario.
Respecto a las enmiendas números 37 y 35, consideramos que es necesario un nuevo diseño institucional del derecho a formar parte de la comisión de control de los planes de pensiones del sistema de empleo que contemple a todos los colectivos implicados, incluyendo el derecho de los partícipes en suspenso a formar parte de la citada comisión.
En el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, señor presidente.
El senador Vallines y yo mismo, antes como ponentes y ahora como portavoces del Grupo Popular, hemos estudiado una a una las 37 enmiendas presentadas, luego 35. Si las analizamos, y es la primera reflexión que hago, vemos que en una ley de 200 artículos y cerca de 150 páginas, estas 35 enmiendas se quedarían en alrededor de 20, una vez descontadas aquellas que se repiten, como las de Entesa, etcétera. Por tanto, hay un cierto grado de consenso en relación con esta ley. Además, algunas de esas 20 enmiendas son relativas a cuestiones exclusivamente competenciales, y no voy a entrar ahora en su importancia porque para los grupos proponentes sin duda la tienen, pero haré una reflexión en el sentido de que estamos hablando de una ley que, en definitiva, es la trasposición de la Directiva Solvencia II, para la protección al asegurado, lo que es básico en la ley; la garantía de que este ciudadano recibirá en el futuro su contraprestación, sin que existan problemas económicos con los capitales garantizados y con las compañías aseguradoras. Todo ello con plena transparencia y control en todo el ámbito comunitario. Esta es la esencia, este es el objetivo de la ley y no otros temas que, aunque tengan importancia, no se refieren a la ley en sí.
Voy a tratar de responder rápidamente a cada una de las enmiendas, por el orden en que se presentaron o por el orden de los artículos, tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial del Senado. Al artículo 7 se presentan 2 enmiendas: una del Grupo Mixto, la número 3; y otra de la Entesa, la número 30. Ambas tienen el mismo texto y aluden a una posible redundancia al referirse a la autoridad de supervisión nacional, la Dirección Nacional de Seguros y Fondos de Pensiones, pidiendo la supresión del primer párrafo. Hemos de decir que aunque para España el segundo párrafo puede parecer suficiente, es importante la definición del primero para identificar a las que lo sean de otros Estados miembro. En consecuencia, tenemos que rechazarlas.
Al artículo 17 se presentan igualmente dos enmiendas con el mismo texto: la 2, del Grupo Mixto; y la número 31, de la Entesa. La Entesa presenta dos iguales al Grupo Mixto y otras seis iguales al Grupo Socialista. Ambas piden eliminar el recurso de alzada existente ante el Ministerio de Economía sobre las decisiones que tome la autoridad española de supervisión: la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Las rechazamos por las mismas razones: acabar ahí la vía administrativa, como se pretende, es incompatible con el encaje estructural que tiene ahora la Dirección General de Seguros. Además, la posibilidad de recurrir es siempre una garantía adicional para el administrado.
Con el artículo 19 entramos en temas competenciales por lo que, lógicamente, coinciden el Grupo Vasco, con la número 22 y, CiU, con la número 3. Se trata de que las comunidades autónomas asuman todas las competencias, ampliando lo actualmente legislado, para entender que es el propio ámbito autonómico, cuando el campo de la compañía local no sea total, sino solo en una parte. En este sentido, una enmienda habla de la mayoría y, la otra, de más del 60 %. Tenemos que rechazar estas enmiendas porque el sistema que recoge la ley es el mismo que actualmente rige, refrendado además por la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2005. Además, lo que lo que se pretende, en definitiva, no lo admite el derecho europeo y, por tanto, no se puede hacer. Además, en relación con este punto competencial no deberíamos olvidar lo sucedido y aclarado en el debate en el Congreso, que estimo no se ha tenido suficientemente en cuenta al llegar al Senado, porque CiU, al igual que el resto de los grupos, ha presentado las mismas enmiendas en su totalidad en el Senado. Precisamente por eso ha tenido que retirar las enmiendas números 19 y 2, que ya habían sido aprobadas en el Congreso con los números 40 y 42. Por otro lado, la enmienda 14, que fue aprobada con la 73 del Grupo Popular, era exactamente igual y ya se aprobó. Sin embargo, senador Alturo, no entendemos que no se haya retirado también la número 4 al artículo 40, que fue objeto de una transaccional, la número 3, sobre su equivalente en el Congreso, la número 23, que aclara en su punto cuarto expresamente que: las comunidades autónomas que tengan competencias de ordenación y supervisión, conforme al artículo 19.1, llevarán el correspondiente registro administrativo. Cada inscripción que se practique en dicho registro se comunicará de forma telemática a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Por tanto, está claro que lo mismo que con estas otras cuatro enmiendas que se transaccionaron de CiU, y las otras cinco que se aprobaron directamente en el Congreso, de lo que se trataba era de aclarar, si existía alguna duda, que para mí no existe en este texto legislativo. En este sentido, como dice el artículo 17, si una comunidad que tiene competencias cuenta con todo el fondo de ese seguro —es decir, el acto del seguro— la compañía aseguradora y el asegurado, en su territorio, lo llevará todo; y, si no, lo tendrá que llevar, como es lógico, el Estado español. Esta es una directiva comunitaria, es decir, entre entidades de ámbito nacional y no entre entidades de ámbito regional o autonómico. No se trata de que en Alemania o en Austria lo lleven los länder, sino de que lo lleven los Estados miembro y el registro general sirve para todos los Estados miembro de la Comunidad Europea, pero también para el resto de Estados; es decir, que esta es una ley europea, insisto, con competencia de los Estados. Lo que dice la modificación al artículo 40 es que, en las comunidades autónomas en las que tengan competencia, ustedes llevarán un registro, pero darán cuenta a ese registro general para que el resto de las naciones puedan tener conocimiento.
Por esta misma razón también rechazamos las enmiendas 7 y 8 de CiU al artículo 19, en relación con las agencias de suscripción, a efectos de su supervisión en el ámbito autonómico, que también fue objeto de una modificación transaccional; así como las enmiendas 9, 10, 11 y 12 de CiU a los artículos 56, 60, 61, 63 y 109.
Al artículo 96 se han presentado 3 enmiendas, una de CiU, la número 13, otra del Grupo Socialista, la 32, y la tercera de la Entesa, la 24, por la que se blindan los seguros de decesos y enfermedad después de tres años. Estimamos, aunque pueda parecer de alguna manera razonable, que estos temas deberían plantearse dentro de la reforma del derecho mercantil y, en consecuencia, se rechazan. Por tanto, nos remitimos a esa reforma, cuando se realice.
A las disposiciones adicionales el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió presenta una enmienda, la 13, por la que se solicita, mediante una nueva disposición adicional, que los partícipes en suspenso estén presentes en la comisión de control. Aunque podríamos reconocer que esta enmienda también pudiera tener aspectos positivos, estimamos fundamental que este asunto se consensue previamente con los sindicatos. En consecuencia, se rechaza.
El Grupo Socialista presenta la enmienda número 33, coincidente con la 25 de Entesa, por la que se solicita que en el plazo de tres meses se cree la comisión nacional de servicios financieros. Aquí podríamos aplicar el viejo aforismo español de que cuando algo funciona bien, lo mejor es no tocarlo. No tiene nada que ver esto con la máxima de San Ignacio de que en tiempos turbulentos no conviene hacer mudanzas. Precisamente el Grupo Popular, y de ahí viene esa crítica, entre comillas, de algunos miembros de la oposición, de la vorágine de leyes, ha demostrado su espíritu profundamente reformista, pero en todo lo que se estima que hay que mejorar, no en lo que funciona bien, y este no es el caso. Al contrario, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuyas características y competencias se detallan en el capítulo I del proyecto de ley, ha ejercido su función de reguladora en España de una forma ejemplar y, en consecuencia, no vemos la razón para cambiar ahora al modelo Twin Peaks de dualidad, cambiando su tradicional identidad y trasladando al Banco de España y a la entidad de nueva creación sus competencias. Por tanto, rechazamos también esta enmienda.
Igualmente, el Grupo Socialista también ha presentado una disposición adicional a través de la enmienda número 34, coincidente con la 26 de Entesa, en la que solicita una mayor protección y control con respecto a los seguros vinculados a los préstamos hipotecarios, así como unas nuevas normas en el plazo de tres meses. Hemos de rechazarla porque esta materia ya está regulada en otras normas sectoriales; por ejemplo, la EHA/2899/2011, de 28 de octubre y la circular 5/2001 del Banco de España. Además, todos los préstamos hipotecarios deben realizarse en el marco de la trasposición de la Directiva Europea 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y la 2013/36/UE y el Reglamento UE número 109/2010, que regula expresamente esta cuestión.
El Grupo Socialista también solicita una disposición transitoria nueva a través de la enmienda número 35, coincidente con la 27 de Entesa, que en su esencia coincide también con la 37, exacta a la 29 de Entesa, por la que se solicita una nueva disposición cuarta. En ambas se propone dar entrada en las comisiones de control de los planes de pensiones a los partícipes en suspenso. Sin dejar de apreciar aspectos positivos en esta propuesta, se considera fundamental negociarlo previamente con los sindicatos, por lo que ahora debemos rechazarlas.
CiU solicita una disposición adicional nueva, aunque la llamen la primera, mediante dos enmiendas: las números 18 y 20, mediante las cuales pide la modificación de la Ley 50/1980 de contrato de seguro. Una pide modificar su artículo 3, que se refiere a las condiciones del contrato, solicitando que se consideren aceptadas si transcurridos dos meses desde el pago de la prima no dijo nada el tomador, alegando, entre otras cosas, que así figura en el anteproyecto de código mercantil. La otra, con similares razonamientos, solicita modificar el artículo 20 de la misma ley, suprimiendo lo referente al 20 % como intereses de demora. Aunque en parte consideramos razonables estas enmiendas, no podemos aceptarlas a estas alturas del trámite legislativo, que está en fase de aprobación en el Senado, pero sin duda pueden ser temas a plantear cuando se tramite la aludida reforma del Código Mercantil.
La enmienda número 15 de CiU propone regular los comparadores web. Hemos de rechazarla porque esta cuestión será abordada por la directiva de distribución, actualmente en negociación, y lo lógico es esperarla.
La número 16 del mismo grupo también se rechaza porque la modificación ahora planteada por el proyecto de ley rescata la formulación neutra de la directiva, además de que la mayor parte del sector de la mediación habría solicitado ya esta medida.
La enmienda 36 del Grupo Socialista, coincidente con la 28 de Entesa, propone suprimir la nueva regulación del colaborador externo por entender que menoscaba derechos de consumidores, pero precisamente, al unificar la figura de asesores y auxiliares externos en la de colaboradores externos, se deslegaliza la figura para que sean los propios mediadores los que fijen las condiciones de sus colaboradores y, en su caso, los registren internamente; es decir, que con ello se suprimen cargas innecesarias.
Finalmente se presentan como disposición final decimocuarta las enmiendas 17 de CiU y 23 del Grupo Vasco, que deberíamos haber tratado con el grupo de temas competenciales anteriormente aludido, y que se rechazan, no porque a través de una transaccional en el Congreso ya se aclarara el carácter civil o mercantil de algunas materias, entiendo que suficientemente bien, sino porque, además, todo lo expresamente solicitado, especialmente por el Grupo Vasco, mediante la eliminación de determinados artículos tiene una clara naturaleza mercantil. Y no lo voy a enumerar todo, pero según la definición de operaciones mercantiles, coaseguro comunitario, grandes riesgos, sistema de gobierno de las entidades, naturaleza, forma y denominación, aspectos societarios de las entidades aseguradoras, valoradores de activos, pasivos, garantías financieras e inversiones, obligaciones contables y operaciones societarias, todo ello sin duda alguna tiene una clara naturaleza mercantil.
Por todo lo expuesto, y tras el esfuerzo de aclaración y consenso que realizó el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mi grupo no puede admitir ninguna de las enmiendas que han sido nuevamente presentadas en el Senado, esperando, no obstante, contar con el voto favorable de los diferentes grupos a este proyecto de ley, técnico y completo para la regulación del seguro, que traslada a nuestro ordenamiento, adaptándolo a ella, una norma europea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.
Agotado el turno en contra, pasamos al turno de portavoces.
Senador Iglesias, ¿desea intervenir? (Denegaciones.)
Tiene la palabra la senadora Iparragirre.
En el turno de defensa de las enmiendas ya he hecho una valoración general de lo que mi grupo parlamentario opina sobre el proyecto de ley que se presenta. Decía que podríamos estar a favor con el contenido técnico, pero es cierto que a la hora de ahondar en el ámbito competencial consideramos que se produce una invasión respecto de las competencias de las comunidades autónomas.
Escuchando la respuesta que nos daba el portavoz del Grupo Popular sobre las enmiendas presentadas, me gustaría hacer alguna matización. En varias ocasiones se hace alusión al paso del proyecto por el Congreso y a las enmiendas que los distintos grupos presentamos, tanto en el Congreso como en el Senado, y ello es la justificación para la no aceptación de dichas enmiendas. Se ha llegado a decir que a estas alturas del trámite parlamentario no se pueden aceptar determinadas enmiendas, y no concretamente las de mi grupo. Dentro del respeto parlamentario hacia lo que se realiza en esta Cámara, es verdad que yo agradezco la exhaustiva explicación que nos ha dado en relación con las enmiendas presentadas por mi grupo, pero no por ello se nos tiene que convencer, porque en algún momento se hace alusión a que en el Congreso ya se ha hecho un exhaustivo esfuerzo de aclaración y consenso, y ni eso tiene por qué conllevar necesariamente la aceptación de nuestras enmiendas por su parte, ni tampoco de su explicación por la nuestra. Y es que tras un esfuerzo exhaustivo de consenso se puede llegar a un acuerdo o no; y eso ocurre tanto en el Congreso como en el Senado, porque, de lo contrario, estaríamos obviando el trámite que en este momento estamos realizando.
Asimismo hacía usted alusión a que se vuelven a traer las mismas enmiendas sin modificar en el sentido de que no se escuchaba la explicación. Creo que fue en la última Comisión de Economía celebrada aquí mismo en la que el Grupo Popular no introdujo sus propias enmiendas en ponencia porque no tenía muy claro cómo iba a ser el devenir del debate hasta el trámite del Pleno, y según dijeron ustedes mismos, quizá necesitaran tener algunas en las que poder introducir necesidades propias, y no para llegar a acuerdos con nosotros. Con ello quiero decir que el trámite parlamentario en el Senado tiene su curso y que cada grupo plantea las enmiendas que considera oportunas, más allá de que ya en el trámite parlamentario en el Congreso se nos haya dado exhaustiva explicación, a pesar de la cual en ocasiones no vamos a llegar a un acuerdo. Y es que en concreto mi grupo plantea dos enmiendas de ámbito competencial, y aquí su punto de vista y el nuestro no es el mismo, y no solo por ir al artículo 149.1 de la Constitución nos vamos a poner de acuerdo por más explicaciones que nos dé. Entiendo que nuestra obligación es la de presentar las enmiendas que consideremos oportunas y la de ustedes respondernos, en el Congreso y también en el Senado. Y repito que agradezco la exhaustiva explicación que nos ha dado en concreto sobre alguna de las de mi grupo.
Decía también que en tiempos turbulentos no conviene hacer mudanza. Yo no sé si ustedes valoran estos tiempos como turbulentos o si esta vorágine de leyes es una mudanza. En cualquier caso, me sumo a la valoración hecha por el senador Manchado y yo seguiré reiterando mis argumentos de aquí a que finalice esta frenética entrada de leyes que nos obliga a trabajar de esta manera; entenderán que van a tener que escuchar hasta el final lo que pensamos sobre ello, porque no sé hasta qué punto es ejemplarizante, ni en cuanto a la forma, pues lo tenemos que tramitar corriendo y sin tiempo, ni en cuanto al contenido, porque ya vamos visualizando lo que se nos viene, que es la no aceptación de las enmiendas presentadas, que en algunas ocasiones se llevan al Pleno y en otras, como en esta, se debaten en comisión con competencia legislativa plena.
También decía usted que no movamos lo que funciona bien, pero les ha debido de costar mucho darse cuenta de lo que funciona bien, porque en este momento final es cuando quieren hacer los cambios. Y también le decían al Grupo Socialista —me lo han puesto en bandeja, pues todas son frases que ustedes han empleado en esta misma comisión— que les dejaron tanto por hacer que ahora toca legislar. Señorías, no estamos al comienzo de la legislatura; es decir, que han tenido tiempo para darse cuenta de que no funcionaba y de que lo tenían que cambiar, sin llegar a este final que se nos viene encima.
Como ven, señorías, una vez más —y ya hablo de mi grupo— la presentación de nuestras enmiendas no ha obtenido el resultado esperado para que ustedes hubieran podido aceptarlas. Es cierto que en este caso eran exclusivamente competenciales, y por tanto, existe una mayor dificultad para llegar a acuerdos, pero repito que en todas las ocasiones que tenga oportunidad reiteraré el desacuerdo con la forma de legislar esta vorágine de leyes que tenemos por delante.
Por el Grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Sabaté.
Señorías, la crisis financiera ha obligado a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales a poner en marcha reformas. Una parte de ese sistema financiero afectado por la crisis es lo que representa a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En nuestro país teníamos, además, pendiente de trasposición la Directiva 2009/138, conocida como Solvencia II, y referida a este sector. La trasposición se efectúa parcial y tardíamente con este proyecto de ley, ya que el plazo para su trasposición a nuestro ordenamiento interno finalizó el pasado 1 de marzo. Igualmente se traspone otra directiva que afecta al sector, la 2014/51.
Señorías, el retraso en la trasposición a nuestro ordenamiento del derecho comunitario viene siendo una constante a lo largo de esta legislatura. Una segunda cuestión que también viene siendo un clásico en la tramitación de los proyectos de ley en esta legislatura es la falta de informes que son pertinentes para su tramitación. Ni el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que afecta al derecho concursal, ni el Consejo Económico y Social ni las comunidades autónomas han sido consultados en cuanto al texto de la ley que regula la distribución de competencias en la materia entre los diferentes niveles de Administración; si bien es verdad que el informe, este sí, del Consejo de Estado reconoce que el proyecto de ley respeta las competencias de las comunidades autónomas. A pesar de todo, esta es una mala praxis legislativa, señorías.
Hechas estas observaciones, me gustaría poner de relieve los objetivos fundamentales de la ley. En primer lugar, como mencionaba al inicio de mi intervención, la incorporación de la directiva comunitaria conocida como Solvencia II articula una nueva concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras con reglas uniformes, con la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo, completada con los desarrollos normativos y medidas de ejecución derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo por la Unión Europea.
En segundo lugar, refuerza la transparencia y los requisitos de las empresas que operan en el sector, tanto en lo que se refiere a su acceso a la actividad como a su ejercicio.
En tercer lugar, regula los aspectos referidos a la supervisión, tanto de las entidades como de los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras, los distintos niveles de la supervisión y la colaboración de las diferentes autoridades supervisoras. Hemos de tener presente que uno de los elementos que posibilitaron la crisis financiera fue precisamente la ausencia de regulación y de intervención de los organismos reguladores. Por ello, creemos acertado el enfoque que recoge la ley, básicamente derivado de la legislación comunitaria.
En cuarto lugar, al igual que en la ley que afecta al sector bancario aprobada en junio del pasado año, el proyecto de ley regula las situaciones de deterioro financiero y las medidas de control especial, así como la revocación, disolución y liquidación de entidades, junto con la regulación de las infracciones y sanciones.
Señorías, nosotros votaremos a favor del proyecto de ley porque compartimos, en líneas generales, sus ejes principales, y no solo porque el derecho comunitario nos obliga a caminar en este sentido, sino porque es necesario para disponer de un subsector financiero, como es el de los seguros y reaseguros, que sea solvente, transparente y al servicio del crecimiento económico y de la mayoría de la población. Ello no quiere decir que no pensemos que es mejorable, lo es; por ello hemos presentado el conjunto de enmiendas que he defendido en mi primera intervención. Su inclusión total o parcial mejoraría el actual proyecto, no tengan ninguna duda.
Por el Grupo Catalán en el Senado, tiene la palabra el senador Alturo.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley empezó bien en el Congreso de los Diputados, pero aquí termina fatal, y me voy a explicar. Empezó bien en el sentido de que presentamos una enmienda a la totalidad, un veto en el Congreso de los Diputados, como ustedes saben, y se iniciaron una serie de negociaciones. Como muestra de buena voluntad y con el fin de avanzar en la aceptación de enmiendas y propuestas que presentó mi grupo, retiramos el veto correspondiente. En el Congreso de los Diputados se dijo que este proyecto de ley tenía que continuar su tramitación en el Senado. Pues la sorpresa es que llega al Senado y ha terminado mal porque no aceptan ninguna de las enmiendas. Además, desde nuestro punto de vista, priman la urgencia, la rapidez y la falta de reflexión y debate. En definitiva, como esta comisión tiene competencias legislativas plenas, es evidente que lo que pretende el Congreso de los Diputados es que se haga el mínimo ruido posible, y de aquí nos vamos al BOE sin pasar por el Pleno.
Creo que están haciendo un flaco favor a esta Cámara. Con su actitud, están desprestigiando a esta Cámara. Esta Cámara es de reflexión, de segunda lectura, ¿o no? Repito, es una Cámara de segunda lectura; por tanto, impiden el debate en el Pleno, con lo cual lo que prima es la urgencia, como estamos viendo. No aceptan enmiendas, de ahí nuestro disgusto, y estamos en contra de cómo se están realizando las cosas. Ya lo han dicho otros portavoces y me sumo a ello; es decir, su actitud en tantas leyes tramitadas por el sistema de urgencia y que no se pueda llevar a cabo el debate pone en evidencia que hay otros intereses, como es la publicación, que marcan su perfil. Supongo que les interesan poco las opiniones de los otros grupos parlamentarios. En definitiva, estamos en contra de cómo están llevando a cabo este procedimiento. Esta es la realidad.
El señor Muñoz ha leído muy bien el informe que tenía. No voy a entrar en cómo se ha realizado ni en quién lo ha realizado y quién ha participado. Lo ha leído bien, pero discrepamos en muchas cosas. Por ejemplo, se dice: enmiendas presentadas en el Congreso y en el Senado. Es que lo normal es que aquellas enmiendas que no han sido aceptadas en el Congreso y que nosotros entendemos que son importantes las presentemos otra vez aquí porque, si no, nos dirían: ustedes renuncian a las enmiendas que han presentado. ¿Qué valor estaríamos dando a las enmiendas que presentamos si luego, en el trámite en el Senado, no las tenemos en consideración? Supongo que se entiende que tiene que ser así. Ahora bien, es cierto que en nuestro caso se ha producido un error en tres enmiendas. Evidentemente, en la tramitación se pueden producir errores. Pues rectificamos y las retiramos. ¡Faltaría más!
Por lo tanto, en nuestra opinión, ustedes están haciendo un flaco favor. Esta es una ley importante desde el punto de vista económico por el peso que tiene el sector asegurador en la economía. Estamos hablando de la trasposición de la Directiva Solvencia II y estamos de acuerdo en los principales planteamientos que se están realizando. Hay aspectos muy importantes de las aseguradoras en cuanto a los objetivos de solvencia que tienen que conseguir de cara al asegurado, todo esto es positivo, pero es una lástima que en el ámbito competencial, teniendo las competencias exclusivas las comunidades autónomas —en este caso hablo por la Generalitat de Catalunya—, ustedes hagan caso omiso.
Por tanto, nuestra decepción por el esfuerzo que hizo mi grupo retirando el veto con el fin de que terminara bien la negociación. No ha sido posible, por lo que no estamos de acuerdo con esta invasión competencial que se está produciendo, en cómo se tramita. Este portavoz reiterará donde pueda la manera nefasta de tramitar los proyectos de ley, sin dar la lectura correspondiente, la reflexión correspondiente, como debiera ser, en el Pleno. Lógicamente, hay otro aspecto importante, el aspecto mediático. En definitiva, creo que les interesa que esto tenga poco ruido y que de aquí vaya directamente al BOE.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.
El portavoz del Grupo Popular nos ha dicho dos cosas que comparto absolutamente por ser, desde mi punto de vista, ciertas. Una es que el contenido de la ley es ampliamente compartido. Eso es así, al menos desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista; tan es así, que solamente hemos presentado seis enmiendas. Otra cuestión que también compartimos por ser cierta, insisto, es que esta ley viene enmarcada en el contexto de la normativa europea, fruto de la crisis de las entidades financieras, que atañe también a las entidades de seguros. A este respecto, se ha decidido regular esta cuestión en el marco de la normativa europea para que se armonice la normativa y tengamos todos más garantías. Todo eso es cierto, pero también lo es que, a pesar de todo, tienen poca disposición para escuchar las mínimas modificaciones que a veces se plantean. Solamente hemos propuesto seis modificaciones y nos sorprende que no haya ninguna disposición para tomar en consideración alguna de las propuestas que hacemos con argumentos, desde nuestro punto de vista, a veces muy poco sólidos, porque decir que aquello que funciona bien no conviene modificarlo… Estamos de acuerdo. El problema es que hay cosas que consideramos que no funcionan bien. Por eso creemos que habría que modificarlas y presentamos enmiendas. En la primera premisa estamos de acuerdo: lo que funciona bien no hay que modificarlo. Si proponemos una modificación de algo es porque consideramos que no funciona bien, porque, si no, no haríamos esa propuesta. Y luego, ponen en la mesa toda una serie de argumentos para tratar de justificar la enmienda que hemos propuesto en relación con los seguros que se suscriben en las hipotecas. Pues bien, he de decirle que todos los argumentos que nos traslada a nosotros, los podría trasladar también a la oficina de la defensora del pueblo, que coincide con nosotros en esa crítica y en la necesidad de modificar esos aspectos. Es verdad que ha argumentado toda una serie de instrumentos que entiende que resuelven ese problema; pues ni la oficina de la defensora del pueblo ni nosotros estamos de acuerdo en que esos aspectos están garantizados.
Quizá el portavoz del Grupo Popular, o el Grupo Popular en su conjunto —al final, los portavoces son meros transmisores de una posición—, debería ser un poco más sólido al menos en algunas justificaciones, porque lo que vale para una cosa vale para la otra. Si se nos dice que algunas modificaciones no deberían incluirse ahora en este trámite porque dentro de muy poco quizá la normativa europea nos obligue a una nueva corrección, ese es precisamente el argumento que le damos nosotros a ustedes para que no modifiquen y no se inventen la figura del colaborador externo, porque dentro de muy poco quizás habrá que someterse a una normativa europea que nos impida seguir con lo que vamos a legislar hoy y tengamos que modificarlo. Es decir, sin darle más gravedad al asunto del que tiene, sobre todo en el contexto apoteósico legislativo final en el que nos movemos, creemos sinceramente que el Grupo Popular debería haber tenido una mayor disposición a algunas modificaciones que sinceramente hubieran enriquecido la ley.
En cualquiera de los casos y para concluir, señor presidente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos ratificamos en la actitud que venimos manteniendo, que es una actitud coherente, consecuente y responsable, y es que, a pesar de la falta de sensibilidad del Partido Popular a la hora de atender los argumentos ajenos, a pesar de eso, como globalmente compartimos el contenido de la ley, insisto, entre otras razones porque es una política compartida en el marco de la Unión Europea, volveremos a hacer aquí lo que hicimos ya en el Congreso de los Diputados —es verdad que malogrando esta segunda oportunidad que tenemos—: dar nuestro voto favorable a la ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ortiz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Muñoz.
El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
Consumo también este turno de portavoces en nombre del Grupo Popular por deferencia de mi partido y especialmente de mi compañero y también designado para este cometido, el senador Vallines, que me ha permitido generosamente este abuso, entiendo que probablemente por dos razones: una, porque posiblemente también sea esta la última ley —tras tres legislaturas—
en la que ejerza de ponente o de portavoz tras haberlo hecho en varias durante las anteriores legislaturas —la Ley del juego, la Ley de morosidad en operaciones mercantiles, etcétera—. En este momento, a mí se me ocurre decirles, tanto al portavoz del Grupo Socialista como a los demás portavoces, que no conseguí nunca que me admitiesen ninguna enmienda, a pesar de ser razonables y razonadas; lo cual quiere decir que, en fin, en todas partes cuecen habas, por utilizar un viejo aforismo, y entonces nos quejábamos de que no se veían leyes, que eran muy lentas, que no había nada, y ahora nos quejamos de que trabajamos mucho; es que estamos aquí para ello. O sea, que tampoco es grave. Por tanto, este es el primer motivo por el que probablemente el senador Vallines me ha autorizado a ejercer de portavoz. Y el segundo —pienso que también es importante— es un respeto a la senectud o a la ancianidad, lo cual también tiene su valor (Risas), especialmente ahora que no se valora tanto. Ayer mismo, en el homenaje que dio el Senado a don Antonio Jiménez Blanco —un excelente parlamentario, lógicamente de la UCD—, el que fuera presidente de esta Casa —otro personaje importante—, Juanjo Laborda, decía que a toda esa generación que tuvo algo que ver con la Constitución de 1978, o que lo vivió, quizá se la denostaba por un motivo muy claro: que ahora se miraba más la demoscopia que la historia, lo cual es triste, pero es una realidad. Por tanto, le expreso mi doble agradecimiento al senador Vallines.
Paso al tema de la ley que nos atañe. Ante todo quiero decir que el trámite de una ley, tanto se debata en el Pleno como en una comisión, tiene la misma importancia; es más, normalmente, senador Alturo, en el Congreso se utiliza mucho la capacidad legislativa plena y aquí también se ha utilizado; creo que en la anterior legislatura yo participé en una ley con capacidad legislativa plena en el Senado y hasta ahora, en esta legislatura, solo en ésta. Pero insisto en que tiene la misma importancia. Por tanto, el debate que hacemos aquí es el mismo que se hace en el Pleno, a no ser que tenga usted interés en que le saquen una foto y que se publique diciendo que defiende las competencias. Pero no es ese el caso. Lo importante es el fondo de la ley.
En el tema de las competencias —siempre nos enfrentamos, entre comillas, sobre las mismas cosas—, conviene recordar lo que antes le he dicho: el Reglamento del Senado, en su artículo 103, dice que conviene ir a la cuestión; es decir, ¿qué es lo importante de esta ley? Lo importante de la ley es el asegurado y el seguro. Lo otro, los temas competenciales tienen importancia dentro del marco competencial. Pero, además, he dado argumentos suficientes y lo he explicado sobradamente tanto a la senadora Iparragirre como al senador Alturo: he explicado sus enmiendas, he intentado dar contenido a mis argumentos, y he dicho, sobre todo, algo que es importante —de alguna manera el senador Sabaté también lo ha dicho antes—, que se mantienen las competencias, no se tocan las competencias de las comunidades autónomas. Ustedes a veces, por desgracia, en las sombras chinescas ven monstruos, pero no es así. Precisamente, en el trámite del Congreso lo que se hizo fue aclarar, por si existía alguna duda, cuáles son las competencias que se mantienen y cuáles son las que no es que no se mantengan, porque lógicamente la entidad del Estado español tiene que mantener una serie de requisitos que son los que mantienen todos los Estados miembros, porque es una directiva europea. Por tanto, no se infringe ninguna competencia de las comunidades autónomas, lo que se hace es canalizar la directiva europea.
Señorías, los seguros o las leyes relativas a la regulación de los seguros, tienen un carácter básicamente técnico, profesional, al margen de las características, programas y matizaciones políticas. Por eso mismo, en nuestro país, todas las regulaciones sobre la materia han sido siempre aprobadas con la práctica unanimidad de todos los grupos; si vemos la trayectoria de esta ley en el Congreso, también se veía esa tendencia a la sumisión de la ley en su totalidad, como también se ha visto, salvo los matices competenciales, en el Senado.
El seguro, en definitiva, consiste en el pago de una cantidad, presente y cierta, a cambio de que en el futuro se me entregue la contraprestación, para cuyo fin he venido pagando, si se dan las circunstancias protegidas. Esto quiere decir que lo importante en una ley de seguros es el asegurado —lo primero—, que debe tener la mayor protección, y la garantía de que cobre o reciba las prestaciones aseguradas, si se dan las circunstancias requeridas para ello.
En consecuencia, la Directiva Solvencia II y el proyecto de ley que la traspone a nuestro ordenamiento se basa en tres pilares: un requerimiento de capital suficiente a las aseguradoras, un sistema de supervisión y una exigencia de información y trasparencia ante todo el mundo; es decir, que se tenga la seguridad económica de que las compañías respaldan los contratos sin problema alguno y que exista un sistema de control superior sobre estas entidades para garantizar esa solvencia, y con la suficiente información y trasparencia ante el ciudadano sobre todo ello.
En España el seguro, las empresas aseguradoras y, en definitiva, el sistema asegurador español históricamente han funcionado razonablemente bien, y ahí diría que su fiscalizador también. Por tanto, no conviene cambiarlo cuando —por ahí se decía— ha funcionado bien. Esto a nivel europeo es lo que trata la directiva que ahora trasponemos a nuestro ordenamiento con este Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Esta ley, como indica su preámbulo en el apartado III, consta de un título preliminar y ocho títulos, estructurados en 213 artículos, veinte disposiciones adicionales, trece transitorias, una derogatoria, veintiuna finales y un anexo. Un volumen de 148 páginas, a través de las cuales se traslada a nuestro ordenamiento la Directiva 2009/138 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad del seguro y de reaseguro y su ejercicio —en adelante todos la conocemos ya por la Directiva Solvencia II—, que fue modificada por la Directiva 2014/51 Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, en lo referente a los poderes de la autoridad europea de supervisión —Autoridad europea de seguros y pensiones de jubilación— y de la autoridad europea de supervisión —Autoridad europea de valores y mercados—, la Directiva ómnibus II.
Precisamente, estas directivas inciden directamente en nuestro texto normativo actual sobre la materia: el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, que integró de forma ordenada en un solo texto las disposiciones contenidas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados y las reformas posteriores.
Este texto es pues un compendio y armonización, con la legislación europea, de la normativa sobre seguros en España, que se complementará con un posterior reglamento, como expresamente se indica en el final del preámbulo I, lo mismo que lo hará la legislación europea.
Con respecto a la crítica de que se traslada tarde a nuestro ordenamiento, yo me remitiría a la Comisión Mixta para la Unión Europea que en su reunión del 11 de diciembre del 2013 dice: Se establece el 1 de enero de 2015 para la trasposición —vamos un poco retrasados— y el 1 de enero del 2016 para su aplicación. La disposición final vigesimoprimera dice: La entrada en vigor será el 1 de enero de 2016. No obstante, la disposición transitoria decimotercera, la disposición tal, tal — una serie de aclaraciones— unas entrarán en vigor a su publicación y otras el 1 de septiembre de 2015, y la disposición final novena, el 1 de julio de 2016. Por tanto, estamos absolutamente a tiempo de aprobar esta norma europea. Y me remito a la memoria histórica: yo he aprobado en este Senado en anteriores legislaturas normas europeas con bastante mayor retraso todavía que esta. Por tanto, críticas, las justas.
Queda, por consiguiente, el trámite reglamentario, como he dicho anteriormente, en el que sin duda podrán matizarse más y aclararse algunos asuntos de esta ley —insisto, en términos generales es muy difícil poder contentar al cien por cien a todos los colectivos— que cuenta con el beneplácito de todos los implicados, y expresamente de la Unespa —la unión general de seguros—.
Espero, para seguir esta tradición de aplicar criterios técnicos de seguros y no políticos, o circunstancialmente de discusiones sobre competencias, que una materia de enorme importancia para los ciudadanos y para la vida económica del país como es esta ley cuente con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz, por su intervención.
Esta Presidencia querría dejar constancia en todo caso —sin ánimo de entrar en ningún debate, que no corresponde— de que durante los últimos tres años y medio han sido casi 30 los proyectos de ley que han pasado por esta comisión, siendo éste el primero que se tramita para su aprobación con competencia legislativa delegada. Lo digo simplemente para que quede constancia en el Diario de Sesiones.
Pasamos a la votación de las enmiendas siguiendo el orden del debate.
Dos apreciaciones. Una: ¿algún portavoz desea votación separada? Y, dos, ruego a todas sus señorías que no se ausenten de la sala durante la votación de las enmiendas.
¿Hay alguna modificación con respecto a la votación? (Pausa).
Hacemos un receso de dos minutos. (Pausa).
Señorías, continuamos la sesión. Aunque por un criterio de eficiencia se ha pretendido agrupar las enmiendas para su votación, quizá sea más sencillo proceder a votar una por una, teniendo en cuenta que son 34.
Por tanto, iniciamos la votación de las enmiendas una por una.
Votamos la enmienda número 1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Votamos la enmienda número 2, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Votamos la enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Votamos la enmienda número 23, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Votamos la enmienda número 24, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos la enmienda número 26, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos las enmiendas números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 2.
Votamos las enmiendas números 30 y 31, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
A continuación votamos la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a votar la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a votar la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Votamos la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
A continuación votamos la enmienda número 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Pasamos a la votación de la enmienda número 15, del Grupo Parlamentario Catalán.
Pasamos a la votación de la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Enmienda número 18, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Enmienda número 20, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
A continuación, enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos la enmienda número 32, del Grupo Parlamentario Socialista.
Senador Alturo, ¿podemos votar de la enmienda 33 a 37, del Grupo Parlamentario Socialista, de manera unívoca?
El señor ALTURO LLOAN: De la 33 a la 35.
Sometemos a votación las enmiendas números 33, 34 y 35, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometemos a votación las enmiendas números 36 y 37, del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos a continuación a la votación del texto remitido por el Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubieran sido aprobadas.
Por tanto, al haber sido aprobado el texto tal y como venía del Congreso de los Diputados, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
Aprovecho antes de levantar la sesión para desear al senador Iglesias éxito en su futuro profesional y para agradecerle su trabajo en esta Cámara y su dedicación durante estos años.