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Timestamp: 2020-03-29 19:23:44
Document Index: 71129996

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 79', 'artículo 28', 'artículo 4']

DECRETO 195/2016, de 23 de diciembre, del Consell, por el que se regulan las indemnizaciones por el ejercicio de la función arbitral en órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, de las juntas arbitrales de consumo constituidas en la Comunitat Valenciana.
Publicado en DOCV núm. 7951 de 04 de Enero de 2017
Vigencia desde 05 de Enero de 2017
Artículo 1 Indemnización por el ejercicio de la función arbitral
Artículo 2 Perfeccionamiento del derecho a indemnización
Artículo 3 Requisitos para la percepción de indemnizaciones
Artículo 4 Incompatibilidad de indemnizaciones
Artículo 5 Adeudo de las indemnizaciones
Artículo 6 Procedimiento de justificación
Artículo 7 Cuantía de las indemnizaciones
Primera Actualización de las cuantías
Primera Régimen transitorio de la participación con anterioridad en órganos arbitrales de consumo
Segunda Supuestos contemplados en la Orden 5/2015, de 27 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo
El Real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, y otras leyes complementarias remiten la organización, gestión y administración del Sistema Arbitral de Consumo a desarrollo reglamentario. Igualmente, en el ámbito de las competencias de la Generalitat, la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, dispone que el funcionamiento de las juntas arbitrales de consumo constituidas en la Comunitat Valenciana podrán ser objeto de desarrollo reglamentario.
El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre las personas consumidoras y usuarias y las empresas, a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias. Las juntas arbitrales de consumo, previstas en el artículo 12 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana, son órganos administrativos creados mediante convenio entre la Administración General del Estado y las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana competentes en materia de consumo, a través de los cuales se articula y gestiona el arbitraje institucional de consumo, prestando servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría.
En este sentido, el apartado 2 del mencionado artículo 12, introducido por el artículo 79 de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, habilita para que el ejercicio de la función arbitral por personas ajenas a la Administración de la Generalitat otorgue derecho a indemnización, una vez finalizado el ejercicio de esa función con la formalización y firma del laudo, en los términos y cuantía a que establezca la normativa reglamentaria correspondiente.
Los órganos arbitrales, unipersonales o colegiados, son los competentes para decidir sobre la solución de los conflictos y estarán integrados por representantes de los sectores empresariales interesados, de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y de las administraciones públicas. Actuarán como árbitros en los procedimientos arbitrales que se sustancian en las juntas arbitrales de consumo las personas propuestas por la Administración, entre personal a su servicio; las propuestas por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios o que reúnan los requisitos exigidos por la normativa autonómica que les sea de aplicación, así como las que propongan las organizaciones empresariales o profesionales legalmente constituidas, y, en su caso, las cámaras de comercio.
El procedimiento arbitral de consumo se debe ajustar a los principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad, de manera que por el ejercicio de la función arbitral no se perciben emolumentos de las personas reclamantes, ni se incluyen en el laudo arbitral los honorarios y gastos de los y las miembros del órgano arbitral. Sin embargo, esta circunstancia no significa que los y las miembros del mencionado órgano ajenos a la Administración pública no puedan percibir una contraprestación por el servicio público prestado.
El carácter específico y singular de la participación en los órganos que ejercen la función arbitral comporta una labor técnica y de decisión ante los asuntos de la ciudadanía sometidos a arbitraje de consumo, la cual comporta un acto de responsabilidad, ya que con respecto al asunto sometido a su decisión no cabe ni tan siquiera segunda instancia.
Esta participación en la función arbitral ha sido objeto de distintas regulaciones en su tramitación administrativa, pero sin llegar a articular un sistema de compensaciones económicas dentro del sistema arbitral que reconozca que la función arbitral comporta una labor técnica y de decisión.
Asimismo, de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, se aborda un régimen transitorio que haga frente y resuelva, con efectos retroactivos, una eventual paralización de la tramitación de expedientes del sistema arbitral.
Por todo ello, a propuesta del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, según lo establecido en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, el Consell, previa deliberación, en la reunión del día 23 de diciembre de 2016,
La asistencia y participación de personas ajenas a la Administración de la Generalitat para ejercer la función arbitral en órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, dará derecho a indemnización, tanto en los casos de arbitraje con arreglo a equidad como en derecho.
El derecho al cobro de la indemnización se generará una vez finalizado el ejercicio de la función arbitral, en relación con el procedimiento correspondiente, con la formalización y firma del laudo arbitral.
En todo caso, será exigible para la percepción de indemnizaciones por el concepto de ejercicio de la función arbitral:
a) Ostentar la condición de árbitro de acuerdo con la normativa que sea aplicable.
b) Que exista la correspondiente convocatoria para la asistencia al órgano arbitral, colegiado o unipersonal, y se acredite mediante la oportuna certificación.
La percepción de esta indemnización es incompatible con la percepción de cualquier otra dieta, gasto de desplazamiento o cualquier otra indemnización prevista en el presente decreto, en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones extraordinarias, o en cualquier otra norma o convocatoria de ayudas por el mismo concepto, no pudiendo devengarse más de una indemnización por persona que ejerza la función arbitral y procedimiento arbitral aunque se dictan varios laudos en un mismo procedimiento.
Las indemnizaciones por participación en órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, serán abonadas por la conselleria de la que dependa o a la que esté adscrito el órgano arbitral.
1. La justificación de las asistencias a los órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, se realizará mediante certificación acreditativa de la asistencia al órgano y de la formalización y firma del correspondiente laudo arbitral, expresando si ha sido dictado de acuerdo a equidad o en derecho, e indicando el expediente a que este se refiere.
2. La certificación será expedida por la persona titular de la secretaría de la Junta Arbitral de Consumo, una vez finalizado el ejercicio de la función arbitral del procedimiento correspondiente. En la certificación se podrán acumular, en relación con la misma persona integrante del órgano arbitral, la justificación referida a varios procedimientos arbitrales, con la finalidad de la liquidación y pago conjunto de varias asistencias.
El importe de la indemnización por participación como árbitro en los órganos arbitrales de consumo, colegiados o unipersonales, será de 25 euros en los procedimientos en que se actúe con arreglo a equidad y de 40 euros en el caso de los procedimientos en que se actúe de acuerdo a derecho.
Las cuantías de las indemnizaciones previstas en el presente decreto se actualizarán de conformidad con lo dispuesto en las leyes de presupuestos de la Generalitat, mediante resolución de la persona titular de la conselleria competente en materia de consumo.
La implementación y desarrollo de este decreto no podrá tener ningún incidencia en la dotación de los capítulos de gasto asignadas en la conselleria competente en materia de consumo, y, en todo caso, deberán ser alcanzados con los medios personales y materiales de la mencionada conselleria.
1. La participación en los órganos arbitrales de consumo por alguna asistencia de las previstas en este decreto realizada con anterioridad a su entrada en vigor y que no haya sido objeto de pago de ninguna cantidad por cualquier concepto, podrá ser objeto del adeudo siempre que se trate de indemnizaciones correspondientes a los laudos emitidos desde enero de 2015, generándose el derecho al cobro de las mismas una vez finalizado el ejercicio de la función arbitral, en relación con el procedimiento correspondiente, con la formalización y firma del laudo arbitral.
2. Para su liquidación se emitirá la correspondiente certificación por la persona titular de la secretaría de la Junta Arbitral de Consumo, en la que se hará constar que tal asistencia se ha prestado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto y que no ha sido objeto del pago de ninguna cantidad, por cualquier concepto, por el ejercicio de la participación en el órgano arbitral de consumo con relación al expediente a que se refiera.
Excepcionalmente, las indemnizaciones previstas en este decreto podrán ser liquidadas a nombre de las entidades que hayan solicitado las ayudas previstas en la Orden 5/2015, de 27 de abril, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, para el supuesto contemplado en la base quinta, 1, d, de la mencionada orden.
En este supuesto los laudos emitidos por las y los árbitros propuestos por las mencionadas entidades deberán haber sido dictados en las fechas previstas en la base quinta, 2, de la mencionada orden.
En los procedimientos arbitrales en que conste una certificación emitida de acuerdo con este supuesto, se aplicarán las reglas de incompatibilidad previstas en el artículo 4 de este decreto.
Se faculta a la persona titular de la conselleria competente en materia de consumo para dictar las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo que dispone este decreto.