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Timestamp: 2018-12-12 05:25:30
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Durante el predominio del peronismo, se intentó imponer en el ámbito educativo la doctrina justicialista, consagrada en la reforma constitucional de 1949 como la doctrina nacional. Consecuentemente, en el Segundo Plan Quinquenal, previsto para el período 1952-1957, se estableció, en materia de educación, que el objetivo fundamental era “realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad”.
Restablecimiento y nueva supresión de la enseñanza religiosa
Producida la revolución militar de 1943, por iniciativa de Gustavo Martínez Zuviría, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de facto, que presidía el general Pedro Pablo Ramírez, se restableció la enseñanza religiosa en todos los establecimientos educativos del Estado, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 18.411, del 31 de diciembre de ese año. En los considerandos del decreto se afirmaba que la ley 1.420 “no ha abolido la enseñanza religiosa en las escuelas, pero al fijarle un horario inconveniente la ha hecho imposible y ha dado pie a interpretaciones tendenciosas, que han acabado por hacer de la escuela argentina una escuela prácticamente atea”. En consecuencia, se dispuso que: “En todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, post-primaria, secundaria y especial, la enseñanza de la religión católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio”. Quedaban excluidos “aquellos educandos cuyos padres manifiesten expresa oposición por pertenecer a otra religión, respetándose así la libertad de conciencia. A esos alumnos se les dará instrucción moral”.
Protector de las escuelas primarias y secundarias
Acorde con el espíritu de restauración de la enseñanza religiosa, el 30 de setiembre de 1949 se sancionó la ley 13.633, en virtud de la cual se declaró y reconoció “al fundador y maestro de pedagogos, San José de Calasanz, como Protector de las Escuelas Primarias y Secundarias del Estado y establecimientos de enseñanza incorporados”. Consecuentemente, se estableció que el día 25 de agosto de cada niño, “fecha en que se rememora la muerte de este ilustre precursor, se realizarán actos en las escuelas precitadas, con la presencia del alumnado, en los que se pongan de relieve la obra pedagógica realizada por este fundador y los beneficios sociales alcanzados con la instrucción y educación, como consecuencia de su iniciativa, creando escuelas gratuitas al alcance del pueblo”. Por el mismo texto legal, se dispuso que debía darse el nombre de este ilustre precursor de la pedagogía al Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y a una calle pública de la ciudad de Buenos Aires.
La Escuela Superior del Magisterio
El interventor en el Consejo Nacional de Educación, José Ignacio Olmedo, creó en el año 1944 la Escuela Superior del Magisterio y le encomendó su dirección a Jordán Bruno Genta, un destacado profesor de filosofía, de militancia católica y nacionalista, que había sido interventor en la Universidad Nacional del Litoral. En el acto de inauguración de esta Escuela, efectuado el 1� de agosto de ese año, Genta sostuvo que “la escuela que adoptamos en el 80 para formar a las presentes y futuras generaciones de la Patria, es imagen y semejanza de un mercado de transacciones libres. La pedagogía extranjera que la estructura y le da sentido, es una pedagogía para uso de coloniales”. [...] “Se trata ―agregó más adelante― de reemplazar la historia falsificada de los doctores liberales, antitradicional, antiheroica, que reniega de nuestros egregios orígenes hispánicos y que se fundamenta en un explícito o implícito materialismo histórico, por una historia verdadera, tradicional, heroica, orgullosa de sus orígenes y animada por la vocación de grandeza nacional con que entramos en la existencia soberana.”4.
Por decreto 26.944, del 4 de septiembre de 1947, suscripto por el presidente Perón, se estableció: “Que hasta tanto se dicten las leyes que unifiquen nuestra enseñanza pública, conviene adoptar principios normativos que impriman a la acción docente un sentido valioso en defensa de los más altos intereses de la nacionalidad”. Por lo cual, se dispuso que: “La enseñanza pública nacional se propondrá formar el hombre argentino con plena conciencia de su linaje, auténtica visión de los grandes destinos de la nacionalidad y ferviente voluntad histórica para servir a su patria y a la humanidad”.
Desaparición y restablecimiento del Consejo Nacional de Educación
Durante la vigencia del gobierno de facto se suprimió el Consejo Nacional de Educación y, en su lugar, se creó la Dirección General de Enseñanza Primaria. Esta decisión fue ratificada por la ley 13.548, sancionada el 11 de agosto de 1948, en el transcurso de la primera presidencia de Perón.
Por decreto-ley del 7 de mayo de 1956, suscripto por el presidente del nuevo gobierno de facto, general Pedro Eugenio Aramburu, fue restablecido el Consejo Nacional de Educación. En el artículo 10� de dicho decreto, se dispuso que: “El Consejo Nacional de Educación coordinará sus funciones con las autoridades escolares de cada provincia en todo cuanto concierna a la instalación, desarrollo y funcionamiento de las escuelas nacionales existentes en su territorio, por medio de convenios [...]”. Asimismo, en el artículo 11� se estableció que el Consejo Nacional de Educación podría transferir a las provincias “todas o algunas de las escuelas nacionales en las condiciones que establezcan los convenios”. Y en el artículo 12� se previo que las escuelas que el Consejo Nacional de Educación creara en adelante en las provincias, “solamente podrán instalarse en lugares apartados de las ciudades cuidando de que reúnan las condiciones pedagógicas adecuadas a las exigencias y modalidades de la zona y de su población”.
Creación de la Secretaría de Estado y del Ministerio de Educación
Por decreto del presidente Perón, del 14 de febrero de 1948, se creó una nueva secretaría de Estado, que se denominó Secretaría de Educación de la Nación. De esta manera se separaron los ramos de Justicia e Instrucción Pública, que hasta entonces habían estado integrados en un solo ministerio. En los fundamentos de dicho decreto se afirmaba : “Que el despacho de los negocios de la Nación en los ramos de la justicia y de la instrucción pública y cultura por un departamento ministerial común, si bien consultó conveniencias y necesidades de la época en que se estructuraron los respectivos servicios, en la actualidad la creciente complejidad y extensión de los problemas que afectan a la enseñanza y la cultura públicas requieren la formación de un despacho especial que facilite su gobierno, sin las interferencias de preocupaciones extrañas a los cometidos propios y específicos de su particular jurisdicción”.
La educación en la Constitución Nacional de 1949 y en el Segundo Plan Quinquenal
En la reforma constitucional de 1949 se introdujo, entre otras modificaciones, un extenso capítulo, con un artículo único (37�), dedicado a los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura. Con referencia a este último aspecto, se estableció que: “La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundarias, técnico-profesionales, universidades y academias”. A esto se agregó que: “La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado”.Y que: “La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad”. También se determinaba que “Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento”.
Los programas de “desenvolvimiento”
A partir de 1950 se comenzaron a aplicar en la enseñanza primaria los nuevos programas de desenvolvimiento, estructurados de acuerdo con la reforma proyectada por el subsecretario de Educación, Jorge Pedro Arizaga, en 1947, según los preceptos emanados del Primer Plan Quinquenal de gobierno. Arizaga, nacido en Bragado, Provincia de Buenos Aires, en 1903, tuvo una dilatada actuación en la educación argentina. En 1949 publicó un libro titulado Hacia una educación nacional argentina.
Para facilitar la tarea de los maestros, la Agremiación del Docente Argentino, entidad gremial que agrupaba a los maestros adictos al gobierno peronista, publicó desde 1951, en su revista ADA, dirigida por Domingo R. Ianantuoni, el desarrollo de dichos programas, de manera semejante a lo que venía haciéndolo la revista La Obra, de antiguo arraigo en la docencia argentina. En sus páginas se incluyeron, además, consejos gremiales y colaboraciones de distinguidos escritores, como Aurelio García Elorrio, Vicente D. Sierra y Ana María Galileano. Por otra parte, desde mayo de 1948, el Consejo Nacional de Educación, cuyo interventor era entonces Federico A. Daus, venía publicando, con la dirección de Vicente Fidel López, la revista Guión, que había reemplazado a El Monitor de la Educación Común. En cuanto a la revista ADA, cambió su denominación por la de UDA, cuando el gremio que la publicaba pasó a llamarse Unión del Docente Argentino.
En 1954, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, suscripto por el general Perón y refrendado por el ministro Méndez San Martín, de fecha 14 de setiembre, se estableció el Estatuto Profesional del Docente del General Perón. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1�, se considerarían docentes y tendrían estado docente “las personas que orientan, fiscalizan, dirigen, imparten o mantienen directamente, con sujeción a normas pedagógicas, la educación general o la enseñanza sistematizada, teórica o práctica, en reparticiones, organismos o establecimientos educacionales oficiales dependientes del Ministerio de Educación de la Nación”. Según el artículo 3�, el estado docente se perdía por renuncia, cesantía o exoneración. Serían deberes del docente: “Formar en sus alumnos una conciencia patriótica de respeto a la Constitución y a la Ley, sobre la base de la Doctrina Nacional Peronista [...]” (art. 4�). Entre los derechos, se reconocía el ejercicio de los derechos políticos, el derecho de agremiarse y el derecho a la estabilidad en el desempeño de sus funciones (art. 5�). Los ascensos a los diversos cargos jerárquicos se conferirían “al personal que haya satisfecho las condiciones de idoneidad profesional, cursos o exámenes de perfeccionamiento que establezca la reglamentación y antig�edad de la docencia y en el cargo, lo que, para cada caso particular, será apreciado por la Junta de Calificación” (art. 13�). La Junta estaría integrada por los directores generales de Enseñanza y un representante de los docentes por cada una de las ramas, designados por dos años por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Educación (art. 14�). Por el artículo 25� se establecía que: “El personal docente que se encuentre en el desempeño de su cargo, tendrá derecho a solicitar traslado después de dos años consecutivos de actuación en el mismo establecimiento o en la misma localidad”.
Con la revolución militar de 1955, este Estatuto quedó sin efecto, pero al año siguiente, el gobierno de facto sancionó, por decreto 16.767, proyectado por una comisión presidida por el destacado educador Próspero Alemandri, otro Estatuto que, con algunas modificaciones, fue ratificado por la ley 14.473, en 1958, completada por el decreto reglamentario 8.188 del mismo año. “Este Estatuto ―como observan los profesores Mariano Brotto y Eduardo Naddeo― constituye una de las más elocuentes conquistas legales de la docencia argentina [...], aunque su espíritu y su letra no siempre se cumplieron, por incomprensiones legales o por intereses personales”5.
En el Título I, por el artículo 1�: “Se considera docente [...], a quien imparte, dirige, supervisa u orienta la educación general y la enseñanza sistematizada, así como a quien colabora directamente en esas funciones, [...]”.
En el artículo 3� se establece que “El personal docente adquiere los deberes y derechos establecidos [...] desde el momento en que se hace cargo de la función para la que es designado [...]”. Y en el artículo 4� se dispone que: “Los deberes y derechos del personal docente se extinguen: a) Por renuncia aceptada, salvo en el caso en que ésta sea presentada para acogerse a los beneficios de la jubilación; b) Por cesantía; c) Por exoneración”. En cuanto a los deberes y derechos del docente, en el artículo 5� se enumeran los deberes, “sin perjuicio de los que establezcan las leyes y decretos generales para el personal civil de la Nación”. Y en el artículo 6� se establecen los derechos, también sin perjuicio de los que reconozcan las leyes y decretos generales para el personal civil de la Nación.
La Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
Por decreto 14.538 del Gobierno de facto, el 3 de junio de 1944 se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, con carácter autárquico, y cuyas relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional se establecerían por intermedio de la Secretaría de Trabajo y Previsión (actual Ministerio de Trabajo). Bajo la dependencia de la Comisión, se creó también la Dirección General de Aprendizaje y Trabajo de los Menores, la que tendría a su cargo la dirección, inspección y contralor de todos los servicios establecidos. Anexo a esta Dirección, se creó, asimismo, un Instituto de Psicotecnia y Orientación Profesional para asistir a los menores.
Al año siguiente, por otro decreto N� 6.648, de fecha 24 de marzo, a pedido de la Unión Industrial Argentina, se modificaron algunas disposiciones del decreto anterior, contemplándose la posibilidad de organizar cursos similares de aprendizaje “para obreros adultos que deseen perfeccionar su cultura general o sus conocimientos técnicos o artesanales”. Se estableció, además, la creación de un Fondo para Aprendizaje, que sería administrado directamente por la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y la aplicación de un impuesto para aprendizaje, sobre el total de remuneraciones pagadas al personal de establecimientos industriales. Posteriormente, con la restauración del estado de derecho, la existencia de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional fue ratificada por ley 12.921, sancionada el 21 de diciembre de 1946.
Las misiones monotécnicas y de extensión cultural
Por otra parte, las misiones monotécnicas y de extensión cultural, creadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 17 de julio de 1947, tenían por objeto la capacitación técnica y cultural en el primer grado de la artesanía rural. El ciclo se cumplía en dos años y la residencia en cada población se extendía por períodos de igual término renovables. El plan de estudios comprendía un ciclo de materias técnicas y de trabajo de taller en relación con la especialidad de cada misión y un grupo de materias humanísticas obligatorias, comunes a todas las especialidades. El director de cada misión sería, a la vez, el maestro de taller.
El Consejo Nacional de Educación Técnica
En 1956 se proyectó la creación de un Consejo Nacional de Enseñanza Técnica “como entidad descentralizada, dependiente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con plena autarquía en el orden funcional, administrativo y económico-financiero”, pero esta iniciativa recién pudo concretarse años más tarde, con la sanción de la ley 15.240, del 15 de noviembre de 1959, modificada por ley 19.206, del 2 de setiembre de 1971, por la cual se creó el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), como organismo autárquico, dependiente directamente del ministro de Educación, a cuyo cargo se puso la dirección, supervisión y organización de la educación técnica y de la formación profesional.
El Instituto del Profesorado Técnico
Para la formación docente de los profesionales que requerían las escuelas del CONET, se creó, por decreto 15.858, del 26 de noviembre de 1959, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, complementado luego por el decreto 910, del 9 de febrero de 1965. El Instituto comenzó a funcionar en 1964, con la dirección de Leonardo Cozza, que fue designado rector organizador y permaneció en el cargo hasta 1972.
Los objetivos institucionales de este nuevo establecimiento educativo, fueron, entre otros: “Formar personal docente para las distintas ramas y niveles de la educación técnica y vocacional, de acuerdo con las necesidades y exigencias de recursos humanos previsibles”. “Asegurar la formación general, científica y técnico-docente en el más alto grado de acuerdo con los objetivos de nivel de cada carrera.” “Procurar el perfeccionamiento del personal docente en ejercicio en las distintas funciones y niveles que se requieran.” “Actuar como Escuela Superior de Perfeccionamiento, Conducción y Supervisión Docente.”
Los títulos otorgados por este Instituto fueron: a) Profesor en disciplinas industriales. b) Profesor de enseñanza práctica, c) Maestro de enseñanza práctica. Además se otorgaron certificados de capacitación docente, de instructor y de especialización o perfeccionamiento.
El sistema de educación dual
En 1980, por iniciativa de Carlos Burundarena ―que se desempeñaba como su presidente― se introdujo en el CONET una nueva e interesante experiencia educativa, el Sistema de Enseñanza Técnica Dual (escuela-empresa), “para la formación de personal calificado en el desempeño de diversos oficios y ocupaciones típicas de los sectores industriales y de servicios”. Este nuevo Sistema de enseñanza escuela-empresa, incluyó, en una primera etapa piloto, la participación de 500 alumnos de la Capital Federal y de las provincias de Córdoba, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires, con la colaboración de 45 establecimientos industriales. Para acceder al Sistema Dual se estableció que los aspirantes debían tener aprobado el ciclo básico común de tres años de las escuelas de educación técnica o hasta el segundo año, si a la fecha de su ingreso hubieran cumplido 16 años de edad. Este Sistema, que debía cumplirse durante dos años, imponía a sus alumnos 36 horas de clase semanales distribuidas en 12 horas de aprendizaje teórico en la escuela y 24 horas de práctica laboral en la empresa asignada. La asistencia debía cumplirse dos días de 6 horas de clases en la escuela, durante nueve meses, y tres días, de 8 horas de actividad en la empresa, durante once meses. Al finalizar este ciclo, el estudiante egresaría como auxiliar técnico en su especialidad, que se podía completar con un ciclo superior de dos años y alcanzar el título de técnico en la especialidad elegida.
Por ley 13.229, del 19 de agosto de 1948, se habían creado los cursos de perfeccionamiento técnico en las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, previéndose para los egresados de dicho ciclo, de cuatro años de duración, el título de técnico de fábrica o de técnico industrial, otorgado este último por las escuelas industriales.
En virtud del mismo instrumento legal, en 1953 se creó la Universidad Obrera Nacional, para “la formación integral de profesionales de origen obrero”, cuyos egresados obtendrían el título de ingeniero de fábrica. Para ingresar en la Universidad se requería poseer el título de técnico de fábrica o de técnico industrial
En 1959, por ley 14.885 se cambió el nombre de esta casa de estudios por el de Universidad Tecnológica Nacional, que ostenta en la actualidad, y se le otorgó autarquía. De acuerdo con sus estatutos, su fin específico es el de crear, preservar y transmitir la cultura superior en el campo de la tecnología, para lo cual debe formar profesionales “dotados de una adecuada formación técnica, cultural y humanística y un espíritu de solidaridad social, que los haga aptos para satisfacer las necesidades de la industria y para desenvolverse en los planos directivos de la industria y de la comunidad”. Esta Universidad se caracteriza, además, por tener una sede central en la ciudad de Buenos Aires, donde funciona el rectorado, y treinta facultades regionales diseminadas en toda la extensión del país. En Buenos Aires se cursan carreras especializadas en ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica, metalurgia, naval, química, textil y construcciones. En el interior del país, las especialidades que se cursan en las facultades regionales responden a las necesidades de su zona de influencia.
El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza y de servicio de todos los establecimientos privados de enseñanza tendría derecho: a la estabilidad, al sueldo y salario mínimo, a la bonificación por antig�edad y a la inamovilidad en la localidad donde prestara servicios. Además, se dispuso que el personal directivo y docente tendría los mismos deberes, se ajustaría a las mismas incompatibilidades y gozaría de los mismos derechos establecidos para el personal de los establecimientos oficiales; los servicios prestados en institutos privados serían computables para optar a aquellos cargos y categorías de la enseñanza oficial que requirieran antig�edad en la docencia; y sólo podía ser removido, sin derecho a preaviso ni indemnización, por causa de inconducta, mal desempeño de sus deberes o incapacidad física o mental, previa sustanciación del sumario correspondiente.
“¿Influyó la ley 13.047 en el boom de la enseñanza privada, característica de las décadas del 50 y 60 y parte de la del 70? ―se preguntaba el Hno. Septimio Walsh cuarenta años después―. Contestaríamos afirmativamente sobre todo en el florecimiento de los institutos incorporados gratuitos. Poblaciones reducidas del interior, o aisladas de los grandes centros urbanos, fueron posibles y nacieron gracias a esa ley. Ni pensar en ellos hubiera sido posible sin ella. Hay que decir, por tanto, que la ley 13.047 y la institucionalización, por su conducto, de la subvención estatal, deben ser consideradas como muy inteligentes medidas del Estado argentino y de sus legisladores del momento, en orden a la promoción del bien común y de la igualdad de oportunidades”
El Hermano Septimio, cuyo nombre civil era Tomás A. Walsh, fue uno de los más grandes propulsores de la enseñanza privada en nuestro país. Nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, el 5 de abril de 1914 y a temprana edad ingresó en el Seminario Marista de Lujan. En 1936 hizo su profesión religiosa perpetua y desde entonces se dedicó, sin descanso, a la tarea educativa. Actuó primero en varios colegios de Lujan, Morón y Marcos Juárez; fue luego profesor en la Escuela Normal Superior Marcelino Champagnat, de Lujan; y se integró más tarde en la comunidad marista de la ciudad de Buenos Aires. Continuó entonces sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la que obtuvo el título de profesor en Letras en 1947. Cinco años después fue designado secretario del Consejo Superior de Educación Católica, cargo que ejerció con extraordinaria eficacia y competencia hasta su muerte. Fue, además, desde 1952, rector del Instituto del Profesorado de dicho Consejo y en 1963 fundó el periódico Consudec, del que fue director, en ambos casos también hasta su deceso, ocurrido en Buenos Aires el 2 de julio de 1990. “El Hno. Septimio ―como lo subraya el Hno. Roberto González, que lo acompañó eficazmente en gran parte de su trayectoria―, estaba dotado de una inteligencia brillante, ágil y profunda; de una memoria privilegiada, excepcional; de una voluntad firme, calibrada, y de una constancia sin desmayos en la prosecución de sus ideales apostólicos docentes; de un corazón generoso, que latía en permanente entrega a las necesidades y preocupaciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos de toda clase y condición social; [...]”7.
Por la misma ley 13.047 [art. 27� ] se creó el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, integrado por cuatro representantes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (actual Ministerio de Cultura y Educación); dos de la Secretaría de Trabajo y Previsión (actual Ministerio de Trabajo); dos patronales (uno por los establecimientos religiosos y uno por los laicos); un representante patronal de los establecimientos no fiscalizados y tres representantes del personal (uno por los profesores, uno por los maestros y uno por el restante personal). El presidente sería designado por el Poder Ejecutivo.
En 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se creó, en jurisdicción del Ministerio de Educación, la Dirección General de Enseñanza Privada, a los efectos de establecer un servicio ordenado para el tratamiento de los asuntos inherentes a la enseñanza privada en sus relaciones con el Estado. Como primer director fue nombrado Octavio L. Prud'homme, que se desempeñaba como segundo jefe del Despacho General del Ministerio y acumulaba una gran experiencia jurídico-administrativa. Un año después, debido a la insuficiencia de la estructura de dicha Dirección, por decreto 9.247, se transformó en el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada (SNEP) ―cuyo primer jefe y verdadero organizador fue el profesor Alfredo Manuel van Gelderen―, con el objeto de reunir en un solo organismo la supervisión de todos los establecimientos de ese carácter; hasta que en 1968 cambió su denominación por la de Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada, que conservó hasta su extinción en 1995.
De acuerdo con el decreto de creación, integraban el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada, en su estructura superior, las siguientes dependencias: 1. El Consejo Consultivo Nacional. 2. El Servicio Técnico. 3. El Servicio Pedagógico. 4. La Secretaría de Despacho. 5. El Consejo Gremial de la Enseñanza Privada.
Posteriormente, el decreto 15, del 2 de enero de 1964, reglamentó la contribución del Estado para el pago de sueldos al personal docente de los institutos privados. De acuerdo con el régimen establecido, los institutos se clasificarían en dos grupos: a) Los establecimientos que percibían aranceles, en cuyo caso la contribución podría alcanzar los siguientes límites máximos: Categoría A, hasta el 80%; Categoría B, hasta el 60%; Categoría C, hasta el 40%. Para fijar las categorías el Ministerio de Educación debía tener en cuenta las características económicas de la zona y de la población escolar, el tipo de enseñanza impartida y las necesidades del establecimiento como unidad escolar en su zona de influencia, b) Los establecimientos que no percibían aranceles, ni ningún otro pago por enseñanza o servicios adicionales docentes, en cuyo caso la contribución podía alcanzar el 100%.
La Conferencia de Ministros de Educación de 1957
Convocada por el Ministerio de Educación de la Nación, tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, en 1957, la Conferencia de Ministros de Educación de las Provincias, especialmente referida a la enseñanza primaria. El temario incluyó tres puntos fundamentales: 1) El cumplimiento de la ley 2.737, de subvención nacional a las provincias para el fomento de la enseñanza primaria. 2) La transferencia de las escuelas nacionales a las provincias. 3) La adecuación de los planes y programas de enseñanza a los requerimientos locales.
En lo que se refiere al primer aspecto, se consideró necesaria la modificación del régimen de subvenciones a las provincias para extender sus beneficios a las nuevas provincias constituidas y adecuar la ayuda a las necesidades reales de cada provincia. Las subvenciones estarían destinadas a la construcción, refección y habilitación de edificios escolares; adquisición de libros, útiles y material escolar y retribución al personal docente. Con respecto a la transferencia de escuelas nacionales a las provincias, se resolvió que, hasta tanto se estudiara un régimen adecuado de coparticipación impositiva, la Nación debía entregar a las provincias los recursos para el mantenimiento de las escuelas transferidas, según los índices de costo e incremento de sus actividades. Finalmente, en relación a la federalización de los planes y programas de enseñanza, se señaló la necesidad de la sanción de una ley nacional de educación y se estableció que las provincias podrían fijar los contenidos de los programas de estudio, de acuerdo con sus valores, su tradición y sus modalidades.
El Instituto de Humanidades de Salta
El 3 de mayo de 1948, por iniciativa del arzobispo de Salta, monseñor Roberto José Tavella, se fundó el primer bachillerato humanista argentino en la ciudad capital de esa provincia. De acuerdo con el decreto de erección, el fin principal del instituto sería el “de proporcionar a la juventud saltona la formación intelectual dentro de la tradición del humanismo cristiano y de la cultura hispánica”. Su creación era absolutamente original, pues en el país no funcionaba ningún otro establecimiento semejante.
El plan de estudios comprendía siete años de estudios, divididos en dos ciclos: un curso de gimnasio, de cinco años; seguido de uno de liceo, de dos años. En todos los años se incluía latín y griego. Podían ingresar quienes hubieran aprobado el 5� grado de la escuela primaria. De esta manera, pese a los siete años de estudios, la duración total resultaba igual a la del bachillerato enciclopedista oficial.
El Consejo Superior de Educación Católica
El Consejo Superior Católico de Educación ―así se denominó inicialmente―, fue fundado en 1922, con el objeto de agrupar a todos los colegios católicos del país y defender sus derechos, entonces discutidos por los sectores progresistas, entusiasmados por el triunfo de la revolución socialista en Rusia y la posibilidad de su expansión inmediata al resto del mundo. La primera mesa directiva estuvo integrada por Tomás Cullen, como presidente y Mario Gorostarzu, como secretario. El Pbro. Fernando Lafitte se desempeñó como asesor eclesiástico. En 1925 el Episcopado designó una comisión integrada por el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Mons. Juan Agustín Boneo, el obispo de La Plata, Mons. Francisco Alberti y el obispo de Paraná, Mons. Abel Bazán, a la que le encomendó la redacción de los Estatutos. El primer Consejo desapareció hacia 1935 y se reconstituyó en 1939, con motivo del proyecto de ley de educación de ese año, con la presidencia del sacerdote jesuita Andrés Doglia ―rector del Colegio del Salvador― y la secretaría del hermano lasallano Ambrosio ―rector del Colegio de La Salle―. Su actividad posterior se fue diluyendo, hasta 1949 en que tomó su forma definitiva con el nombre actual de Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC). Desde entonces, en su presidencia se sucedieron distinguidas personalidades del clero argentino, como el padre Ernesto Dann Obregón, el padre Luis Abate, el padre Juan Kemerer, el padre Jorge A Fourcade, el padre Horacio Gutiérrez, el Hno. Daniel Múgica, la Hna. Lidia Goicoa y el padre Mario Iantorno; pero su secretaría fue ejercida, con ejemplaridad y fervorosa dedicación, en forma ininterrumpida, durante casi cuatro décadas, por el hermano marista Septimio Walsh quien, como ya consignamos, en 1950 fundó el Instituto del Profesorado y en 1963, el periódico quincenal Consudec, destinado a proporcionar información actualizada a los colegios católicos.
El Instituto del Profesorado del Consudec
El proyecto de creación de un instituto de formación docente para sacerdotes y religiosos, que les permitiera acceder al título de profesores para ejercer la docencia en el nivel secundario en los colegios de las parroquias y congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, fue concebido entre los años 1947 y 1948, por un grupo de hermanos maristas integrado por el Hno. Septimio, el Hno. Onésimo O'Gorman y el Hno. Roberto González. La iniciativa fue propuesta al Consejo Superior de Educación Católica en agosto de 1948, donde obtuvo una entusiasta aceptación, por lo cual, el 20 de abril de 1949 se iniciaron las clases en las aulas del Colegio Santa Rosa de las Misioneras del Sagrado Corazón, de la ciudad de Buenos Aires, con dos secciones o departamentos: de Ciencias Naturales y de Matemática, Física y Química. Al año siguiente el Instituto fue reconocido oficialmente por el decreto 5.933, suscripto por el presidente de la Nación, general Perón y refrendado por su ministro de Educación, Oscar Ivanissevich. El primer rector del Instituto fue el padre Dann Obregón, a quien acompañó el Hno. Septimio como secretario; el cual, a partir del 1� de marzo de 1952 asumió el cargo de rector, que desempeñó por el lapso de 38 años, en tanto que la secretaría fue ocupada por el Hno. Roberto González. A la muerte del Hno. Septimio, en 1990, le sucedió interinamente el Hno. Daniel Múgicay, desde el 1� de marzo de 1991, el Hno. Silvestre Jacob.
La revista y el Equipo Docente Cátedra y Vida
A partir de la caída del gobierno peronista, durante cuya gestión se había producido un notable incremento cuantitativo de la enseñanza media, tanto en el ámbito oficial como en el privado, se generó entre los docentes una gran preocupación por la superación cualitativa de los establecimientos de ese nivel. Como una de las expresiones de esta inquietud, con la dirección de Myrta I. Pérez Colman se inició, en septiembre de 1956, la publicación de Cátedra y Vida, con el objeto “de mejorar, elevar y renovar la escuela secundaria”.
En principio, esta publicación adoptó la forma de fichas, “para facilitar la conservación y circulación de los artículos que más interesen”, pero a partir del N� 20 apareció en forma de revista. Poco después se hizo cargo de la dirección Luis J. Zanotti y más tarde le sucedió Germán Orduna, que luego fue asistido por un Consejo de Redacción integrado por Matilde Keegan, Zanotti y Sylvia Zuleta. Posteriormente Zanotti retornó a la dirección y el Consejo estuvo compuesto por Keegan, Enrique M. Mayochi, Carlos E.Olivera Labore y Alfredo M. van Gelderen. Tiempo después asumió la dirección Mayochi e ingresó en el Consejo Roberto Burton Meis. Volvió luego Zanotti y se incorporaron al Consejo Antonio Mario Durand y Reynaldo C. Ocerín.
En 1968 el grupo se constituyó como Equipo Docente, cuyo director general fue Van Gelderen. La revista desapareció en 1970, con el N� 83, dedicado al índice general de los trabajos publicados. Entre los colaboradores de las distintas épocas, cabe citar a: José C. Astolfi, Coriolano Fernández, Nelly Castillo de Hiriart, Alberto E. J. Fesquet, Antonio F. Salonia, Luis Ricardo Silva y Carlos J. Biedma. La revista tuvo amplia circulación y constituyó, durante más de una década, un eficaz medio de orientación docente. En cuanto al Equipo, varios de sus integrantes fueron convocados para desempeñarse como funcionarios del Ministerio de Educación de la Nación o tuvieron una activa participación en la política educativa de la época.
En abril de 1957, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en virtud de un acuerdo celebrado con los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, creó la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el objeto de formar especialistas de posgrado y promover la investigación y la cooperación técnica en el área de las ciencias sociales. Por iniciativa de los gobiernos de Chile y Brasil, la secretaría general estuvo primeramente instalada en la ciudad de Santiago de Chile. Debido al golpe de Estado ocurrido en ese país en 1973, pasó a Buenos Aires, pero desde 1979 se trasladó a San José de Costa Rica. En la actualidad, la FLACSO posee filiales en nuestro país, Brasil, Chile, México, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Desde 1992, el sociólogo Daniel Filmus es el director de la sede argentina.
El Consejo Nacional del Menor y la Familia
Desde 1884 se planteó la necesidad de fundar colonias para menores abandonados. En 1892 se sancionó la ley 2.904 que dispuso la creación de la Casa Correccional, que recién fue habilitada en 1898. Esta iniciativa se completó en 1905 con el establecimiento del Reformatorio de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, para menores varones abandonados, rebeldes y delincuentes. El 21 de octubre de 1919, por inspiración del diputado Luis Agote, se dictó la ley 19.903, sobre patronato de menores, en la que se dispuso la construcción de escuelas especiales para menores expuestos o abandonados y de reformatorios para los menores delincuentes.
Posteriormente, el gobierno de facto instalado en el poder en septiembre de 1930, creó, el 24 de enero del año siguiente, el Patronato Nacional de Menores y atribuyó a una comisión honoraria la superintendencia, organización y gobierno de los establecimientos para menores delincuentes o abandonados. Varios años después, por decreto-ley 5.285, de mayo de 1957, se estableció el Consejo Nacional del Menor; y por ley 15.244, sancionada el 15 de noviembre de 1959, se creó el Consejo Nacional de Protección de Menores, con el objeto de centralizar la acción desarrollada por el gobierno nacional y asegurar la protección integral del menor, propendiendo a la formación moral, intelectual y física de los abandonados, inadaptados, delincuentes o víctimas de un delito, y de aquéllos cuyos padres, tutores, encargados o tenedores, se encontraran imposibilitados de proveer a su mantenimiento y educación. Los menores con deficiencias psíquicas o físicas, serían ubicados en institutos especiales para su rehabilitación. El Consejo Nacional de Protección de Menores, debía procurar la reintegración del menor a su familia o su adopción. Sólo en el caso de que no se lograra ninguna de estas dos alternativas, el Consejo seguiría manteniendo al menor a su cuidado. Finalmente, por decreto 1.606, del 12 de agosto de 1990, se creó el Consejo Nacional del Menor y la Familia, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social y bajo dependencia directa del ministro del área, conforme con el espíritu que informa la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el gobierno argentino, de acuerdo con la ley 23.849.
El Congreso Internacional de Enseñanza Media
En 1957, del 6 al 13 de julio, tuvo lugar en Córdoba, el Congreso Internacional de Enseñanza Media. La Comisión Organizadora fue presidida por el padre Dionisio Cueva y como secretaria se desempeñó Rosa Porfilio. Además de los representantes nacionales, concurrieron delegaciones de la República Federal Alemana, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras y Uruguay Presidente del Congreso fue elegido ángel Bianchi Lischetti y secretario el padre Cueva. Entre los vocales, cabe citar al Hno. Septimio Walsh y a los sacerdotes Luis Abate y Juan Moglia.
Los temas considerados fueron: 1. La enseñanza media orientada hacia la formación integral de todo el hombre, en el joven. 2. La enseñanza media: ¿uniforme o diferenciada en ciclos o etapas? 3. La enseñanza media: encrucijada de las opciones y las decisiones vocacionales. 4. La imprescindible revisión y reforma de los planes y programas de estudio. 5. El problema de los educadores: primera solución del problema escolar. 6. La educación, tarea común y convergente de los ambientes sociales: escuela, familia y organismos educacionales del Estado. 7. Bases para la implantación de un régimen de efectiva libertad de enseñanza. 8. ¿Cómo ha sido hasta ahora la enseñanza media argentina? ¿Cómo promover su progreso técnico y pedagógico, sin quebrar su mejor tradición espiritual?
Entre las numerosas e importantes conclusiones a que arribó el Congreso, merece destacarse la relativa a la libertad de enseñanza, concebida en los siguientes términos: “El Congreso Internacional de Enseñanza Media resuelve dirigirse al Superior Gobierno de la Nación para reclamarle la inmediata vigencia del punto 3 del Art. 26� de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, que dice: ‘Los padres tienen por prioridad el derecho de escoger el género de educación que se dará a sus hijos’, y al cual se opone el sistema de monopolio estatal vigente en la Argentina”.
Las Jornadas de Educación Media
Desde el 27 de septiembre al 4 de octubre de 1958 se realizaron en Buenos Aires las Jornadas de Educación Media, que fueron presididas por el académico de Letras ángel J. Battistessa. La Comisión Promotora estuvo integrada por inspectores, rectores, directores y profesores de establecimientos oficiales y privados de enseñanza media; y en la Secretaría Técnica se desempeñaron: Daniel J. Ruiz, Alma V R. de Iriarte, Carlos J. Biedma, Rubén Pérez Madrid, Oscar Bressa y Carlos E. Olivera Labore. En el transcurso de las sesiones, de las que participaron más de mil profesores de todo el país, se consideró el siguiente temario: 1. Fines de la educación media. Educación integral. 2. El adolescente argentino. 3. Estructura de la educación media. 4. Problemas del profesorado. 5. La familia y la escuela media.
El Seminario Nacional de Educación de 1960
Del 4 al 14 de marzo de 1960, se llevó a cabo en Embalse del Río Tercero, Provincia de Córdoba, el Seminario Nacional de Educación que, convocado por el Ministerio del ramo ―desempeñado entonces por Luis Mac Kay y cuyo subsecretario era Antonio F. Salonia― estuvo dedicado a considerar la acuciante problemática de la enseñanza media. Este Seminario estuvo precedido, como hemos visto, por el Congreso Internacional de Enseñanza Media, efectuado en Córdoba en 1957 y las Jornadas de Educación Media, realizadas en Buenos Aires en 1958, y fue la culminación de dos instancias anteriores, cumplidas durante el año 1959, constituidas por los Seminarios Escolares, realizados en cada unidad educativa, y los Seminarios Regionales, comprensivos de siete áreas en que fue dividido el país.
El Seminario Nacional de Educación fue presidido por el eminente filósofo Alberto Caturelli y contó con la participación de un selecto grupo de educadores, entre los que se destacaron: Vicente Fidel López, José O'Gorman, Francisco Ruiz Sánchez, Nelly C. Muzzio, Pedro Rodríguez Varas, José María Fragueiro, Sara Colombres, Carlos Laguinge, Julio Torres, Hugo A. Fourcade, Ricardo E Bruera, Oscar E. Sarrulle y César H. Casiva. Algunos de los mencionados llegaron luego a ocupar prominentes cargos en la conducción educativa provincial o nacional. El autor de este trabajo también estuvo presente en su transcurso y fue relator de la Comisión N� 30.
El Congreso Nacional de Enseñanza Pública
En el mes de septiembre del mismo año 1964, la Confederación Argentina de Maestros y Profesores, el Centro de Profesores Diplomados de Enseñanza Secundaria y el Movimiento Educativo del Profesorado, convocaron a un Congreso Nacional de Enseñanza Pública, en oposición a la Convención Nacional de Enseñanza Privada reunida anteriormente, para afirmar la necesidad de que el Estado recuperara el control riguroso de la enseñanza pública de iniciativa privada y procediera a la reducción paulatina de los subsidios y a la supresión de las escuelas e institutos privados de formación docente, que se pretendía fuera patrimonio exclusivo del Estado. Estas iniciativas no encontraron eco en la conducción educativa.
El intento de reforma educativa de 1968
Durante la gestión del secretario de Estado de Educación Mariano César Astigueta, se elaboró un Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación que fue dado a conocer en noviembre de 1968, en el que se ratificaba el carácter supletorio del Estado con respecto a la responsabilidad de la educación y se propiciaba la reducción de la escuela primaria a cinco grados, que debía complementarse con una escuela intermedia de cuatro años, sin carácter obligatorio. Debido a la reacción negativa suscitada en el gremio docente y en un sector de la opinión pública, en febrero del año siguiente el proyecto fue modificado, estableciéndose que la escuela intermedia sería gradualmente obligatoria, según lo permitiera la disponibilidad de recursos económicos. El proyecto finalmente no fue aprobado.
La Comisión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar
La Comisión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar, fue creada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N� 8.722, del 30 de octubre de 1964, con dependencia directa de la Presidencia de la Nación, ejercida entonces por Arturo U. Illia. Como presidente se desempeñó el ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburú y como vocales: el secretario de Estado de Guerra, general Ignacio Avales; el secretario general de la Presidencia, Ricardo Illia; el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Blanco; el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Héctor Félix Bravo; el subsecretario de Educación, Mariano Durand; la presidenta del Consejo Nacional de Educación, Luz Vieira Méndez y el presidente del Consejo Nacional de Educación Técnica, Pedro Echarte.
La Dirección Nacional de Educación del Adulto
Durante la vigencia del gobierno de facto instalado en 1966, como consecuencia de la reestructuración ministerial realizada dos años después y respondiendo a una tendencia universal que por esa época le otorgaba mayor importancia a la educación de adultos, se creó la Dirección Nacional de Educación del Adulto, nuevo organismo que asumió la actividad que venía desarrollando la Dirección Nacional de la Campaña de Alfabetización la que, a su vez, había resultado de la transformación de la Comisión Nacional de Alfabetización y Edificación Escolar; y sumó al año siguiente la tarea que desde muy antiguo tenía a su cargo la Inspección Técnica General de Escuelas para Adultos y Militares dependiente del Consejo Nacional de Educación. Como primera directora de este nuevo organismo, se desempeñó, durante el lapso de un año, Adriana Bo.
El Sistema Nacional de Educación del Adulto
En efecto, el decreto 8.757, del 13 de diciembre de 1972, estableció el Sistema Nacional de Educación del Adulto, que tenía por finalidad coordinar integralmente los planes y programas de educación del adulto. El Sistema se integraba con los siguientes organismos: a) Dirección Nacional de Educación del Adulto, b) Dirección Nacional de Investigación y Perfeccionamiento Educativo, c) Consejo Nacional de Educación, d) Consejo Nacional de Educación Técnica, e) Dirección Nacional de Educación Artística, f) Dirección Nacional de Educación Media y Superior, g) Dirección Nacional de Educación Agrícola, h) Dirección Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación, i) Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada. Todos ellos, y sus unidades de organización con competencia en el tema, independientemente de su jurisdicción, naturaleza jurídica y carácter presupuestario, serían componentes del Sistema.
La dirección del Sistema se encomendaba a la Dirección Nacional de Educación del Adulto, la que debía elevar a la Subsecretaría de Educación los cursos de acción a seguir para la puesta en marcha del Sistema y los proyectos que lo integraran, indicando la participación que le compitiera a cada integrante del mismo. A tal efecto, se facultaba a dicha Dirección a establecer el proceso de información y de control de gestión del Sistema, en coordinación con el Servicio de Organización y Métodos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Por otra parte, se establecía que los otros organismos integrantes del Sistema tendrían con referencia al mismo las siguientes funciones: la Dirección Nacional de Investigación y Perfeccionamiento Educativo, asistir a la Dirección del Sistema en la coordinación de los programas de educación del adulto con los restantes planes y programas educativos. El resto de los integrantes del Sistema, someter a la consideración de la Dirección del Sistema todo proyecto de implantación, modificación y/o aplicación de planes, programas y directivas que tuvieran relación directa o indirecta con la educación del adulto, a los efectos de garantizar su eficaz compatibilización
En los fundamentos del decreto se sostenía que “la persistencia de un esquema no integrado ni coordinado que imposibilita la concurrencia de las acciones y el óptimo empleo de los recursos disponibles” agudizaba la complejidad del sistema educativo, “dado que el mismo es dirigido, sostenido y administrado, simultáneamente, por diversas autoridades y organismos en las distintas jurisdicciones del país”; situación que se tornaba crítica en el área de la educación del adulto.
El Comité Asesor de Educación del Adulto
A su vez, por el decreto 8.772, de la misma fecha, se creaba el Comité Asesor de Educación del Adulto, que tendría por finalidad asesorar al director nacional de Educación del Adulto en la formulación de proyectos de planes y programas en el área de su competencia. La presidencia del Comité sería ejercida por dicho funcionario y estaría integrado por un representante de cada uno de los siguientes organismos: Ministerio de Bienestar Social (Subsecretaría de Asistencia y Promoción de la Comunidad), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Ganadería (INTA), Consejo de Rectores de las Universidades Nacionales y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El Centro Multinacional de Educación de Adultos
El Centro Multinacional de Educación de Adultos (CEMUL) fue inaugurado el 18 de junio de 1971, en virtud de un convenio celebrado entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el objeto de mejorar los niveles de eficiencia y funcionalidad operativa en la educación de adultos del país y cumplir actividades del Plan Multinacional de Educación de Adultos, dentro del Programa Regional de Desarrollo Educativo.
En cuanto a la actividad realizada por el CEMUL en el campo internacional, se llevó a cabo con la participación de investigadores asociados de distintos países del continente, logrando una eficaz interacción con los técnicos y docentes argentinos.
Con el cambio de gobierno operado en 1973, el CEMUL declinó en sus actividades, hasta su desaparición, en 1985.
La Campaña de Reactivación Educativa de Adultos
Al producirse el cambio de régimen político, con la instalación del estado de derecho, en mayo de 1973, las nuevas autoridades de la DINEA no llevaron a cabo la aplicación del Sistema Nacional de Educación del Adulto. En cambio, se puso en marcha la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR), contemplada en el Plan Trienal de Gobierno. El 8 de setiembre de 1973, Día Internacional de la Alfabetización, el ministro de Educación, Jorge Alberto Taiana, inauguró oficialmente la Campaña. Cabe señalar que para esta época el porcentaje de analfabetismo en todo el país, había descendido al 6,04%. La CREAR tuvo una marcada connotación política y estuvo influida por la ideología del pedagogo brasileño Paulo Freiré, que visitó el país en aquel momento, especialmente invitado por el nuevo director nacional de Educación del Adulto, Carlos Alfredo Grosso. En un documento titulado Bases para una política educativa del adulto, editado por la DINEA, se reflejaba claramente esta orientación, de carácter subversivo, que suscitó una gran preocupación. Con palabras de la investigadora Lidia Rodríguez, la denominada pedagogía de la liberación, inspirada en el pensamiento de Freiré: “Logró articularse como totalidad discursiva en el campo de la educación de adultos, y en la Dirección Nacional de esa modalidad (DINEA) del 73-74 alcanzó su grado más alto de hegemonía, su culminación y su cierre”10.
El Seminario Nacional sobre Educación Permanente
El primer Seminario Nacional sobre Educación Permanente, celebrado en Buenos Aires entre el 20 y 26 de junio de 1970 en adhesión al Año Internacional de la Educación, fue patrocinado por el Ministerio de Cultura y Educación, por intermedio de la Dirección Nacional de Educación del Adulto, y contó con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), representadas, respectivamente, por Juan Pedro Bertrán y Miguel Soler Roca.
La mesa directiva del Seminario estuvo integrada por: presidente, Jorge María Ramallo; vicepresidente 1�, Alberto Fregosi; vicepresidente 2�, Juan Carlos García Santillán; secretario general, Pascual C. Castronuovo y relator general, Rodolfo A. Angulo. Y la comisión coordinadora fue presidida por Mario Salvador Sarubbi, a quien acompañaron José Oscar Azerrat como coordinador y Margarita Morel Quirno y Eduardo R. Fritzsche, como vocales.
El intento de reforma educativa de 1970
También en 1970, durante la gestión ministerial de Dardo Pérez Guilhou y la inmediata posterior de José Luis Cantini, se llevó a cabo, por impulso del subsecretario de Educación de ambos, Emilio F. Mignone, un nuevo intento de reforma general del sistema educativo, mediante la introducción de la escuela intermedia. Esta iniciativa ―como ya hemos dicho― tenía un antecedente en el proyecto del ministro Saavedra Lamas, de 1916, elaborado por Víctor Mercante, que sólo tuvo un año de vigencia, y en el proyecto del secretario Astigueta, de 1968.
En la reforma también se contemplaba la modificación del plan de estudios para la carrera de profesor de nivel elemental y de la estructura y organización de los institutos superiores de formación docente. El plan de estudios estaría integrado por doce asignaturas obligatorias con duración de un año académico cada una, agrupadas en tres núcleos básicos: 1) Fundamentos del proceso educativo. 2) Desarrollo del currículo. 3) Organización y administración escolar. A lo que se agregaban cinco actividades optativas, de las cuales el alumno estaría obligado a cursar dos como mínimo.
El Consejo Federal de Cultura y Educación
A partir de 1969, durante el ministerio de Pérez Guilhou y subsecretaría de Mignone, comenzaron a realizarse reuniones periódicas de ministros de educación provinciales, las que, finalmente, se institucionalizaron con la sanción de la ley 19.682, de 1972, que creó el Consejo Federal de Educación. Siete años después, siendo entonces ministro José R. Llerena Amadeo, la ley 22.047, del 3 de agosto de 1979, fusionó dicho organismo con el Consejo Federal de Cultura y dio lugar a la constitución del Consejo Federal de Cultura y Educación, cuya misión sería la de planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos de la política cultural y educativa que requiriera el país y que comprometiera la acción conjunta de la Nación, las Provincias, el entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ello “para afirmar el desarrollo educativo y asegurar la vigencia de la cultura nacional, su proyección en el mundo y la consolidación de los valores éticos cristianos enraizados en la tradición del país”.
La descentralización del sistema educativo
Desde la presidencia de Frondizi y ministerio de Mac Kay, quedó planteada la descentralización del sistema educativo argentino con la transferencia a las provincias de los servicios hasta entonces a cargo de la Nación La transferencia de las escuelas primarias a las provincias se inició con la sanción del decreto 495, de 1961, en cuyo artículo 1� se dispuso que: “Desde el comienzo del ciclo lectivo del año 1962 todos los establecimientos de educación primaria dependientes del Consejo Nacional de Educación ubicados en jurisdicción provincial, cuya transferencia no se haya concretado hasta entonces, pasarán a las respectivas provincias donde se encuentren”. Sin embargo, debido a la resistencia de las provincias y de los docentes afectados, esta disposición fue derogada en 1964 por el decreto 78, que estableció que las escuelas nacionales instaladas en las provincias seguirían dependiendo del Consejo Nacional de Educación, con excepción de las provincias cuyas legislaturas hubieran ratificado los convenios de transferencia, como era el caso de Santa Cruz, Neuquén y San Luis, aunque poco después estas provincias devolvieron las escuelas primarias a la jurisdicción nacional.
Posteriormente, durante el gobierno de la Revolución Argentina, por las leyes 17.878, de 1968; y 18.586, de 1970, se dispuso nuevamente la transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias que, sin embargo, no llegó a completarse. En 1973, con el retorno al estado de derecho, el proceso quedó interrumpido, hasta que, instalado el nuevo gobierno militar, en 1978, durante la gestión ministerial de Juan José Catalán, siendo secretario de Estado Gustavo Perramón Pearson y subsecretario el autor de esta obra, con la sanción de las leyes 21.809 y 21.810, se completó la transferencia de las escuelas primarias dependientes del Consejo Nacional de Educación a las provincias, a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con lo que se dio plena vigencia al federalismo escolar consagrado en el artículo 5� de la Constitución Nacional desde 1853.
Escuelas de zonas y áreas de frontera
En 1972, por ley 19.524, se estableció el régimen de Escuelas de zonas y áreas de frontera, que reservó al Ministerio de Cultura y Educación la formulación y coordinación de los planes de política educativa en zonas y áreas de frontera. Asimismo, se dispuso que la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, por medio de sus organismos competentes, asesoraría respecto de los planes de política educativa, en todo cuanto se relacionara con la seguridad, para lo cual, el Ministerio de Cultura y Educación, los gobiernos provinciales y las universidades, en sus respectivas jurisdicciones, con intervención de dicha Secretaría, determinarían los establecimientos que correspondieran.
El reconocimiento de las universidades privadas
En 1955, durante la vigencia del gobierno de facto, instalado en el poder luego de la revolución militar del 16 de setiembre de ese año, por iniciativa del ministro de Educación Atilio Dell'Oro Maini, se sancionó el decreto 6.403, en cuyo artículo 28 se autorizó el funcionamiento de las universidades privadas. Tres años después, con el advenimiento del gobierno constitucional, se propició su ratificación por el Congreso, lo que dio lugar a un debate que trascendió el recinto de las Cámaras y se convirtió en un gran cotejo nacional, en el que se enfrentaron los partidarios de la enseñanza libre y los defensores del monopolio estatal de la enseñanza, que no escatimaron denuestos contra los católicos. Con tal motivo, el episcopado argentino, con fecha 11 de septiembre de 1958, dio a conocer una declaración, suscripta por el cardenal Antonio Caggiano, en la que, una vez más, se recordó que el monopolio estatal de la enseñanza era incompatible con el artículo 14� de la Constitución Nacional y con el artículo 26�, inciso 3� de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La idea de la creación de una universidad católica ―que, como vimos, estaba latente desde fines del siglo XIX y tuvo un principio de concreción a principios del siglo XX, que fracasó por el imperio de la tendencia estatista vigente en aquella época―, recién fue posible llevarla a cabo con la coyuntura de la caída del régimen peronista que, sucesivamente había reinstalado y vuelto a suprimir la enseñanza religiosa, y la revolución militar de 1955 que, en lugar de restablecer la enseñanza religiosa ―resistida por los sectores de izquierda que habían acompañado el pronunciamiento―, otorgó la enseñanza libre.
La Universidad del Salvador reconoce su origen en el Instituto Superior de Filosofía de la Compañía de Jesús, creado por iniciativa del padre Enrique Pita el 8 de junio de 1944. Una década después, el padre Ismael Quiles, que le sucedió en el decanato, transformó el Instituto en Facultad. Al niño siguiente se fundó el Instituto de Psicología, con la dirección del padre Ernesto Dann, y al subsiguiente se inauguraron, sucesivamente, los Institutos de Psicopedagogía, a cargo del padre Ubén Arancibia; y de Historia y Letras, dirigido por el padre Avelino I. Gómez Ferreyra. En ese mismo año 1956, el 2 de mayo, se fundó la Universidad del Salvador, con lo cual los Institutos pasaron a ser Facultades. A los Institutos mencionados se agregó el de Ciencias Políticas y Sociales, con la dirección de Juan Pichón Riviere. En el acto fundacional, el R.P Provincial de la Compañía de Jesús en la Argentina, estuvo representado por el padre José Antonio Sojo, rector del Colegio del Salvador.
Según los términos del acta de fundación: “El propósito esencial que anima, bajo la inspiración de Dios y para su mayor gloria, a la fundación [...] es el de promover, en el más elevado nivel posible, los estudios de las disciplinas científicas y humanistas, de desarrollar en forma armónica e integral, dentro del concepto humanista cristiano, la personalidad del estudiante [...]”.
Las universidades nacionales en esta etapa
En 1947, durante la primera presidencia de Perón, por la ley 13.031, se estableció el régimen orgánico para las universidades nacionales, por el cual, según el art. 4�, “no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria [...]”. De acuerdo con el art. 84�, los estudiantes tendrían representación en los consejos directivos por intermedio de un delegado por cada escuela, que sería sorteado entre los diez alumnos del último año de la carrera, que hubieran obtenido las más altas calificaciones. En 1949, por decreto 29.337 se acordó suspender el cobro de aranceles universitarios y en 1950, por decreto 6.401, se consagró la gratuidad de la enseñanza universitaria, con excepción de los derechos por el otorgamiento de diploma y repetición de materia.
Posteriormente, por la ley 14.297, de 1953, se modificó el régimen orgánico y se estableció, por el art. 1� que: “Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social [...]”; y por el art. 2�, se dispuso que: “Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución”. Con respecto a los estudiantes, se admitía, por el art. 59�, que tendrían una representación en los consejos directivos por medio de un delegado que debía ser alumno regular de uno de los tres últimos años de estudio y proveniente de una entidad gremial reconocida. Tendría voto solamente en las cuestiones que afectaran a los intereses estudiantiles. En 1955, después del derrocamiento de Perón, durante la vigencia del gobierno de facto, por el decreto-ley 477, se restableció la vigencia de la ley Avellaneda. Ese mismo año, por decreto-ley 4.361 se dispuso la intervención de las universidades nacionales y se modificó el régimen administrativo y contable.
El 21 de abril de 1967, durante el nuevo gobierno de facto, del general Juan Carlos Onganía, siendo ministro del Interior Guillermo A. Borda y secretario de estado de Educación Carlos María Gelly y Obes, se sancionó la ley 17.245, en virtud de la cual se reconoció que las universidades nacionales eran instituciones de derecho público, cuyos fines esenciales eran: “a) La formación plena del hombre a través de la universalidad del saber y del desarrollo armonioso de su personalidad; b) La formación de universitarios capaces de actuar con responsabilidad y patriotismo al servicio de la Nación; c) La investigación de la verdad y el acrecentamiento del saber; d) La preparación de profesionales, técnicos e investigadores necesarios para el país; e) La preservación, difusión y transmisión de la cultura y en especial del patrimonio común de valores espirituales de la nacionalidad”. Para el cumplimiento de sus fines, según reza el artículo 5�, “el Estado confiere a las universidades autonomía académica y autarquía financiera y administrativa”. Y por el artículo 10� se prohibía “en los recintos universitarios toda actividad que asuma formas de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter político”. La enseñanza sería gratuita, salvo en los cursos para graduados (art. 92�). Se disponía, además, que los alumnos elegirían un delegado estudiantil que tendría voz en las sesiones de los consejos académicos de cada facultad (art. 94�). Para ser electo se requería tener aprobado el equivalente de las dos terceras partes del respectivo plan de estudios y tener un promedio general equivalente a bueno (art. 96�). Los alumnos no podrían realizar dentro de las casas de estudios, ninguna clase de actividad política (art. 98�). De acuerdo con esta ley, las universidades nacionales podrían ser intervenidas por el Poder Ejecutivo Nacional por tiempo determinado. Serían causales de intervención: a) Conflicto insoluble dentro de la propia universidad, b) Manifiesto incumplimiento de los fines, c) Alteración grave del orden público o subversión contra los poderes de la Nación (art. 116�).
Con el cambio de régimen político, al restablecerse el estado de derecho, la ley 17.245 fue reemplazada por la ley 20.654, sancionada por el Congreso de la Nación el 14 de marzo de 1974. Según el artículo 1�: “Las universidades nacionales son comunidades de trabajo que integran el sistema nacional de educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza, realizar investigación, promover la cultura nacional, producir bienes y prestar servicios con proyección social y, haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional, contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos”. Y de acuerdo con el artículo 3�: “las Universidades nacionales son personas jurídicas de derecho público, organizadas dentro del régimen de autonomía académica y docente y de autarquía administrativa, económica financiera [...]. La enseñanza que impartan será gratuita”. Sobre la participación de los alumnos en el gobierno de la universidad, se dispuso por el artículo 42�, que éstos elegirían, por voto obligatorio y secreto los delegados estudiantiles, los que tendrían voz y voto en las sesiones de los Consejos Superior y Directivo. En el artículo 51� se estableció que: “Las Universidades pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo, por tiempo determinado y por las siguientes causales: a) Manifiesto incumplimiento de la presente ley; b) Alteración grave del orden público; c) Conflicto insoluble dentro de la Universidad; d) Subversión contra los poderes de la Nación o conflicto grave de competencia con otros organismos públicos”.
Dos años después, en 1976, al producirse una nueva rebelión militar, que inició el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el 29 de marzo se sancionó la ley 21.276, que derogó parcialmente a la ley 20.654, en todo aquello que tuviera una connotación política partidaria. Por el artículo 2� se dispuso que: “Las autoridades universitarias arbitrarán de inmediato las medidas necesarias para que las universidades nacionales cumplan efectivamente su finalidad de preservar, incrementar y transmitir la cultura”. Según el artículo 3�, el Ministerio de Cultura y Educación quedó a cargo del gobierno y administración de las universidades. Y por el artículo 7� quedó prohibida en el ámbito de las universidades nacionales “toda actividad que asuma formas de adoctrinamiento, propaganda, proselitismo o agitación de carácter político o gremial, docente, estudiantil y no docente”.
La ley 17.778, del 12 de junio de 1968, estableció las normas referidas al funcionamiento de las universidades o institutos de enseñanza superior universitaria provinciales.
Como en el caso de las demás universidades, los profesores debían poseer título universitario y los alumnos haber cursado los estudios secundarios. Además, se estableció que el Consejo de Rectores de las Universidades Provinciales era el órgano de consulta en lo concerniente al régimen legal de enseñanza universitaria impartida por establecimientos provinciales, a la aplicación de éste y al planeamiento educativo de dicho sector.