Source: http://blog.ernestocedeno.com/2014/11/
Timestamp: 2018-09-20 20:05:30
Document Index: 415595918

Matched Legal Cases: ['artículo 143', 'artículo 143', 'artículo 116', 'Artículo 13', 'Artículo\n13', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 11']

noviembre 2014 – Ernesto Cedeño Alvarado
La gente decente de Panamá, está
en contra de la corrupción, en todas sus facetas dentro de la sociedad.
Los diversos órganos del Estado,
debieran tomar medidas inmediatas para mitigar, este flagelo que azota nuestro país.
Ordenando a los ministro de Estado y a todos los
directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada
de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
Restructurando o cerrando de inmediato el PAN
Que modifique la ley 35 de 2013 que redujo los términos
de prescripción para el enriquecimiento injustificado, peculado y los delitos
patrimoniales contra cualquier entidad pública.
Que modifique la ley 59 de 1999 para que permita
la fiscalización ciudadana, de las declaraciones jurada de bienes patrimoniales,
de todos los funcionarios con mando y
Que elimine las licencias con sueldo, otorgadas
a algunos de sus diputados.
Que le exija a todos los diputados, la rendición
de cuenta al país, sobre el uso de las partidas circuitales. Nadie conoce a
ciencia cierta en que se gastaron.
Que por transparencia, suba a la web, la
cantidad de los expedientes que estén en los despachos de los magistrados de la
Corte Suprema, así como el tiempo en que están allí.
Que inicie investigaciones sobre posible
enriquecimiento injustificado y peculado, a los ex funcionarios, de todos los gobiernos, respetando
los diversos términos de prescripción, la presunción de inocencia y el debido
La competencia de la Sala Tercera en los procesos electorales
Comentan los medios, que Miembros del
Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la tarde del 19 de noviembre de los
corrientes, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sala Tercera, una demanda contenciosa administrativa de
protección de derechos humanos, con el propósito de que se declare nulo “por
ilegal” el decreto 25 del 11 de noviembre de 2014 del Tribunal Electoral (TE),
que deja por fuera en las nuevas elecciones en ese circuito a los candidatos del
colectivo Denis Arce Morales y Gladys Novoa.
No obstante, esta acción invocada, a lo legal, no debiera ni siquiera
admitirse, a mi juicio, debido a que el único ente que
puede desvirtuar una decisión electoral tomada por el Tribunal Electoral, es el
Pleno de la Corte que lo integran nueve magistrados.
Jurisprudencia. (Caso de Panamá Avanza): Fallo del doce (12) de noviembre
de dos mil trece (2013). Sala Tercera
“En el sentido apuntado, la jurisprudencia reiterada y
sostenida del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación de lo
previsto en el artículo 143 de la Constitución Política de la República de
Panamá, ha señalado, tal como hemos indicado en párrafos anteriores que las decisiones
emitidas por el Tribunal Electoral en materia electoral, sólo son impugnables a
través de la acción de inconstitucionalidad (V. Fallo de 19 de enero de 2009).
… Luego de lo
expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, en Pleno, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa
de Protección de Derechos Humanos presentada por el licenciado Teofanes López,
actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN PANAMÁ AVANZA, para que se
declare nula, por ilegal, la Resolución S/N de fecha 8 de octubre de 2013, emitida
Sala Unitaria por el Magistrado Erasmo Pinilla, Presidente del Tribunal Electoral…”
Inferir, que una decisión de tres magistrados (Sala Tercera) puede invadir el
terreno electoral, por pretender defender un derecho humano, es delicado y
peligroso, pues se estaría trastocando el artículo 143 final de la Constitución.
Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente son
recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, serán
definitivas, irrevocables y obligatorias.
Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de
Adicional, en sentencia del Pleno de la Corte del 31 de diciembre de 1993 se
exteriorizó que las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son
recurribles ante él mismo, excepto lo referente al recurso de
inconstitucionalidad…”
de luchar, por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte
el cuello porque hay barro afuera. Nicolae Iorga
ir mitigando cada día más, el flagelo de la corrupción, pudiéramos hacer lo que sigue, en mi
mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando y
ideal política de transparencia en el uso de los fondos públicos y divulgación
de esa información al ciudadano.
mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de
fondos y bienes públicos.
mejor política jurídica en cuanto a las adquisiciones de bienes y
adecuada estrategia de información, sobre la necesidad de cultivar los valores,
política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal
núcleo en la sociedad.
en mejor medida a la sociedad, a que participe en calidad propositiva, en las
al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad y a las empresas
particulares a crearlo.
9. Fortalecer
las vías, para que los medios de comunicación social, puedan seguir divulgando,
sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y
a las empresas a que premien, cada cierto tiempo, la bondad y la honradez de sus
El PAN es el Programa de
Ayuda Nacional, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el
Decreto Ejecutivo No. 690 de 2010, con el propósito de:
· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades
socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr
descender el nivel de pobreza,
· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que carecen
de los servicios básicos,
· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y
marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,
· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía
y de los grupos más necesitados,
· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y
· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No
Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva,
cultural y económica,
· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las
agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de
atender las necesidades de su población,
· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas
sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la
· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en
las comunidades estimulando su organización y participación, y
Otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la
punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.
No obstante, lo antes dicho, esta institución si hay que hacerle algunos
ajustes, para eliminarle lo que yo denomino “los hallazgos históricos del
1. Ha servido para que algunas instituciones con el fin de eludir la ley de
contratación pública, hagan convenios de administración con el PAN, para que
este último, desarrolle sus proyectos.
2. Tiene un régimen de adquisición de bienes poco transparente, en donde se
puede contratar, vía invitación directa, inclusive.
3. Sus adquisiciones no suben a “Panamá Compra” como el resto de las
4. No se puede demandar la nulidad de las adquisiciones ante el Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas, como los demás entes de Estado.
5. Se ha utilizado en los procesos electorales, afectando su esencia normativa.
6. Se ha transformado en
algunos periodos, como el bastión de la corrupción.
El PAN hay que adecuarlo, al derrotero
de la transparencia y uniformidad, en mi concepto.
Recientes fallos del Tribunal Electoral me hacen pensar que el Tribunal Electoral como que ha perdido el norte, a lo mejor por asuntos filosóficos o por exceso de trabajo y es necesario que haga la reingeniería de rigor, por el bien de la democracia.
1. Sentencia del 15 de noviembre de 2014. (Caso de Ana Giselle Rosas de Vallarino).
El TE sanciona como falta el clientelismo, cuando el código electoral no dice esto.
“Con base a los hechos denunciados y comprobados, se viola la libertad del sufragio cuando un candidato, precandidato o donante político le entrega a electores durante la celebración de las elecciones, bienes o recursos para atender sus necesidades personales y/o familiares de cara a un proceso electoral o dentro de él.
Ello es así, por cuanto que los bienes y recursos recibidos, condicionan al elector a tener que retribuir con su voto a la persona que les entregó los bienes o materiales, lo que no es necesario acreditar, porque precisamente lo que busca y pretende el donante es comprometer al receptor con un pago en votos el día de las elecciones.
Por ello, la entrega de bienes y/o recursos de manera selectiva y discrecional a electores en la campaña electoral, atenta contra la libertad del sufragio popular, dado que de una manera u otra condiciona esa voluntad del elector que se ve comprometida y que siente que debe retribuir con su voto, particularmente en aquellos corregimientos donde prevalecen muchas necesidades entre la población.”
Esta tesis no se compadece con nuestra historia electoral ni con la cultura política del electorado panameño, que en tiempos de elecciones, recibe lo que le regalan pero vota por quien desea.
El clientelismo político, si bien es un anti-valor, no está tipificado como falta ni delito, en el código electoral panameño.
Por otro lado, no todo el que regaló algo en campaña, ha salido triunfador en el torneo electoral acaecido.
2. Decreto 25 de 11 noviembre de 2014, que convoca para el domingo 14 de diciembre de 2014 la celebración de las elecciones parciales de diputados en el circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.
Según el documento, el Partido Revolucionario Democrático no puede participar con candidatos porque mediante un incidente de exclusión, se resolvió jurídicamente asignarle una curul al colectivo debido a que el 4 de mayo alcanzó el cociente, al obtener un total de 30,080 votos.
El TE les está violando el derecho político a los otros candidatos del PRD, protegido por la Convención Americana de los Derechos Humanos, en rango constitucional, de ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.
penal, había establecido en su artículo 116, un término amplio para la
prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y
delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública; por aquello del combate
La acción penal otrora
prescribía, al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley.
la Ley No. 35 de 2013, la Asamblea Nacional de Diputados anterior, modifico el
plazo antes descrito, reduciendo el plazo de prescripción, antes citado, a la
Hoy la acción penal
prescribe, en un plazo igual al
máximo de la pena de prisión prevista en la ley, para los delitos antes
Esta Ley No. 35
beneficia, sin lugar a dudas, al funcionario “ladrón” y por lo tanto, debe
adecuarse de manera inmediata al término amplio, que antes existía.
1. No se debe afectar la protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas. (Artículo 13 de la Convención Americana de los
2. No se debe irrespetar los derechos o a la reputación de los demás. (Artículo
13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos).
3. No se debe promover la guerra. (Artículo 20 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).
4. No se debe hacer una apología al odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
(Artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
5. No se debe atacar de manera abusiva, la vida privada y familiar de un
individuo. (Artículo V de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y el Artículo 11 de la Convención Americana de
6. No se debe atacar la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia de
un niño. (Artículos 15 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
El que afecte las disposiciones transcritas, podría afrontar, las consecuencias
ulteriores de sus decisiones, ante los tribunales pertinentes.