Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S83-05.html
Timestamp: 2016-05-29 11:39:18
Document Index: 292582568

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 120', 'artículo 753', 'artículo 122', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4']

Carlos Alberto López Urquía v. Honduras, Caso 644/00, Informe No. 83/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 83/05
PETICIÓN 644/00
II.TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
1.Los contratos
2.Presuntas presiones para firmar los contratos
9. Alega que el señor López Urquía firmó estos contratos bajo presión y por temor de ir a la bancarrota si no lo hacía. Al efecto presenta declaraciones de personas que constan en actas notariales en las que se hace referencia, entre otros, a la animadversión que existía en el IHSS contra Carlos López Urquía, a la presión que se ejerció por parte de sus autoridades para que aceptara los descuentos y al nombramiento de una comisión de negociación para negociar con él dichos descuentos. 3.Reclamo Administrativo
12.Manifiesta el peticionario que contra esta decisión presentó recurso de apelación ante la Junta Directiva del IHSS, la cual emitió la Resolución 019-JD-96, mediante la cual, en vez de dar lugar a la apelación modificó la naturaleza del acto administrativo convirtiéndolo en “providencia” y declarando sin lugar la apelación. El peticionario alega que esta resolución viola lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establecen que la Administración no puede subsanar un acto nulo, ni convertirlo en otro cuando el peticionario ha presentado recurso o no consintiere en dicha conversión.[6] Esta fue una forma, según el peticionario, de no declarar la nulidad del acto administrativo y no reconocer la obligación del IHSS de pagar lo adeudado, conforme a lo solicitado por el peticionario. Contra esta decisión el peticionario presentó recurso de reposición, el cual fue declarado sin lugar mediante la resolución número 037-JD-96 de la Junta Directiva del IHSS.[7] Alega que las mencionadas resoluciones no pusieron fin al procedimiento administrativo de conformidad con lo que establece el artículo 83[8] de la Ley de Procedimiento Administrativo y que violan los artículos 119, 126 y 127 de dicha ley[9] y el artículo 120 de la Ley General de la Administración Pública que establece la forma que deben adoptar las Resoluciones.
4.Instancias judiciales
21. Agrega que los descuentos del 15% y 20% que figuran en los contratos referidos no eran ilegales porque estaban dentro de las condiciones de las licitaciones y por ello se incluyeron en los mismos. Que por lo tanto estos contratos reunieron los requisitos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto y causa. Que el peticionario en el Reclamo para la Aplicación de la Cláusula Escalatoria por incremento de salario mínimo, costos de administración, insumos e inversión de capital alegó que el Estado no pagó dichos ajustes y no dio cumplimiento a la sentencia de 1º de febrero de 1993 del juzgado de lo Contencioso Administrativo, que ordenó el pago de los incrementos salariales a OHCIR. 22. Alega Honduras a este respecto que el Memorando No. 014-CB, de 12 de febrero de 1993, dirigido al Director Administrativo y Financiero del IHSS por la Comisión que elaboró el “Informe de Ajuste Salarial a OHCIR” prueba que se dio cumplimiento a dicha sentencia; que este informe incluso fue firmado por el peticionario, con lo cual queda desvirtuado lo dicho por el en la denuncia. [15] Del mismo modo, el Informe de Auditoría Interna del IHSS “Sobre Pagos efectuados a OHCIR”, de 9 de noviembre de 1994 y en el que se hacen los cálculos de los ajustes a los salarios mínimos más gastos administrativos conforme a la referida sentencia, establece que el IHSS pagó de más a OHCIR la suma de dos millones doscientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con diecinueve centavos (L.2,250,656.19).
40. A este respecto, la Comisión entiende que existe una diferencia esencial entre el presente caso y otros que han sido analizados y rechazados en virtud de haber sido presentados por personas naturales en reclamos concernientes a las sociedades de las cuales han formado parte. Por ejemplo, en los casos Banco del Perú[22], Tabacalera Boquerón[23] y Mevopal, S.A.[24], la Comisión señaló que no tenía competencia ratione personae para conocer una petición presentada ante la Comisión por una persona jurídica o ideal, por cuanto éstas se encuentran excluidas de los sujetos a quienes la Convención otorga su protección.
41. En otro caso, el del señor Zacarías E. Bendeck[25], éste presentó denuncia por hechos que involucraban contratos entre la sociedad Compañía Hondureña de Inversiones, S.A. (COHDINSA), una persona jurídica de la cual era accionista mayoritario y la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). En dicho caso, los recursos judiciales internos de Honduras fueron presentados y agotados por COHDINSA, que tenía una personalidad jurídica distinta a la de sus accionistas y no por el señor Bendeck, persona natural. A su vez, el señor Bendeck era un contribuyente distinto a COHDINSA[26] y sólo respondía por su aportación social. Además, quien contrató con COHDEFOR fue la persona jurídica denominada COHDINSA y no el señor Bendeck, persona natural. En el citado caso la Comisión estimó, en base a precedentes anteriores, que no tenía competencia ratione personae en virtud de no existir legitimación activa del señor Bendeck.[27]
59. El señor López Urquía también firmó dos adendums y dos ampliaciones que modificaron algunos términos del contrato. El adendum del contrato No. 59-90, que fue suscrito el 27 de julio de 1991, prorrogó por dos años dicho contrato (2 de junio de 1991 a 1 de julio de 1993); una ampliación firmada el 5 de julio de 1993 volvió a prorrogar el contrato desde el 2 de julio al 31 de diciembre de 1993. El adendum al contrato No. 60-90, que se firmó el 27 de junio de 1991, prorrogó también por dos años este contrato (2 de julio de 1991 a 1 de julio de 1993) y una ampliación del mismo, firmada el 2 de julio de 1993, lo prorrogó de nuevo desde el 2 de julio al 31 de diciembre de 1993. La Comisión entiende que si firmó estos nuevos contratos que denomina “adendums” y en los que se establece que durante la vigencia del contrato se seguirán manteniendo los precios contractuales establecidos en el contrato original, también aceptó sus términos. Lo mismo sucedió con la ampliación del contrato 59-90, que se hizo de acuerdo a los mismos valores establecidos en el contrato original y su adendum[37].
60. El peticionario pudo haber demandado la rescisión de los contratos originales conforme al artículo 753 del Código de Comercio de Honduras[38] para eximirse de las condiciones inicuas que, según él, aceptó bajo presión para evitar la bancarrota. Sin embargo, no recurrió a los mecanismos legales disponibles en el ordenamiento jurídico para liberarse y eximirse de tales condiciones durante la vigencia de dichos contratos. Por el contrario, gestionó y obtuvo extensiones en los mismos términos contenidos en los contratos originales con los que dice no estar de acuerdo.
61. La Comisión considera que si hubiera primado la alegada animadversión por parte de algunos funcionarios del IHSS, esta institución no habría aprobado sucesivas extensiones y ampliaciones de los contratos originales ni extendidos la vigencia de los mismos por dos años y medio más. La Comisión observa, por otra parte, que el señor López Urquía sólo vino a presentar sus reclamos administrativos para la devolución de los descuentos y la inclusión de los ajustes inflacionarios dos años más tarde (1995) de la fecha de vencimiento de las ampliaciones de ambos contratos (31 de diciembre de 2003) y cuando ya había recibido el IHSS los servicios y OCHIR el pago de los valores contratados por tales servicios. Es decir, que primero se benefició con los términos contractuales y extensiones que aceptó voluntariamente y sin hacer reserva alguna. Dos años más tarde, el 19 de julio de 1995, sin embargo, cuando ya se habían cumplido los contratos, extensiones y ampliaciones que el IHSS no licitó nuevamente en su beneficio, el señor López Urquía reclamó ante el Instituto aduciendo no estar de acuerdo con dichos términos.
62. La Comisión considera que los hechos antes descritos no tienden a caracterizar una violación de derechos humanos protegidos por la Convención en perjuicio del señor López Urquía. b. La presunta violación de los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana
1.Declarar inadmisible la presente petición en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos protegidos en los artículos 8, 21 y 25 de la Convención Americana.
2.Notificar esta decisión a las partes.
3.Publicar esta decisión e incluirla en su informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
[6] Véase infra nota Nº 9 el texto de los artículos 126 y 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
[11] Véase Acta número 1757-93 de la sesión celebrada por la Junta Directiva del IHSS el día jueves 2 de diciembre de 1993, expediente judicial No. 222-96, Tomo I del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, folios 689, 710 y 711. [12] Véase Denuncia ante el Fiscal General de la República en Anexo No. 14 de la denuncia ante la CIDH.
[15] Véase Memorando No. 014-CB, de 12 de febrero de 1993, dirigido al Director Administrativo y Financiero del IHSS por la Comisión que elaboró el “Informe de Ajuste Salarial a OHCIR”. Anexo al escrito de respuesta del Estado de 2 de abril de 2002, recibido en la CIDH el 11 del mismo mes y año. (CIDH T.1)
[16] El Estado expresa que la nulidad de las actuaciones se declaró a partir del escrito de fecha 9 de octubre de 1995, en que se pidió el nombramiento del perito, hasta la providencia de 3 de noviembre de 1995, dejando subsistentes las actuaciones posteriores, por ser éstas independientes de las anuladas.
[17] Esta resolución está contemplada en lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que corrige el defecto procesal para poder continuar con el procedimiento hasta emitir la resolución definitiva del reclamo, por lo que al quedar firme la misma se devuelve el expediente a la Dirección Ejecutiva para que continúe con el procedimiento legal hasta dictar el fallo definitivo del reclamo.
[29] Según el artículo 2 del Código de Comercio de Honduras, son comerciantes 1) las personas naturales titulares de una empresa mercantil y 2) las sociedades constituidas en forma mercantil. Cabe señalar que en la petición que se analiza el señor López Urquía actuó como una persona natural, como un comerciante individual titular de una empresa mercantil,
[31] Código de Comercio: Artículo 2.- Son comerciantes: I.- Las personas naturales titulares de una empresa mercantil. II.- Las sociedades constituidas en forma mercantil. Se presumirá legalmente que se realizan profesionalmente actos de comercio, o que la sociedad quedó constituida en forma mercantil, cuando de uno o de otro hecho se realice una publicidad suficiente para llevar el convencimiento al ánimo de un comerciante prudente, y cuando se abra un establecimiento al público… Código de Comercio: Artículo 4.- Son cosas mercantiles: I.- Los títulos-valores. II.- Las negociaciones o empresas de carácter lucrativo y sus elementos, especialmente el nombre, los avisos, las marcas y las patentes. III.- Los Buques.
[33] Cabe señalar que en ciertos casos los derecho humanos de los accionistas individuales están protegidos por la Convención Americana. Así, en 1999 la Comisión declaró inadmisible la petición de MEVOPAL, S.A. por no tener competencia ratione personae para conocer una petición presentada por una persona jurídica o ideal. Sin embargo, reconoció tácitamente que en ciertos casos los accionistas podrían gozar de jus standi al expresar que MEVOPAL no había alegado ni probado que los accionistas de dicha empresa, ni ninguna otra persona física, hubieran sido víctimas de violaciones a los derechos humanos ni hubieran alegado que alguna persona física o natural hubiera agotado los recursos de la jurisdicción interna, se hubiera presentado ante las autoridades nacionales como agraviado, ni hubiera manifestado algún impedimento para dejar de hacerlo. CIDH Mevopal vs. Argentina, Informe Nº 39/99, párr. 19. En el mismo sentido, en el Affaire de la Barcelona, la Corte Internacional de Justicia de la Haya dejó establecido que la protección de los accionistas puede plantear problemas de denegación de justicia, cuestión que ha sido contemplada en el sistema de la Convención Europea de Derechos Humanos. Corte Internacional de Justicia, Affaire de la Barcelona-Traction Light and Power Copany Limited, sentencia del 5 de febrero de 1970, párrs. 90 y 91.
[40] Funcionario reitera que funcionarios le propusieron favorecer al Estado, Diario el Nuevo Día, sábado 24 de agosto de 1996, pág. 5 A. Declaró también el señor Orellana en esta ocasión: “He visto en el pasado presidentes del Poder Judicial hacer audiencia en el despacho de la Primera Dama para entregarle un título, pero eso no existe ahora porque es incompatible con la altura moral de los magistrados de la actual CSJ…” Idem.
[41] Alvaro Baragiola vs. Suiza, Petición Nº 17265/90, Anuario de la Convención Europea de Derechos Humanos 1993, págs. 105-106
[48] Véase Marzioni, supra nota 24, párr. 6. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces