Source: https://indymedia-venezuela.contrapoder.org/spip.php?article1519&lang=pt
Timestamp: 2020-04-08 20:51:52
Document Index: 184740711

Matched Legal Cases: ['artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 129', 'artículo 43', 'artículo 54', 'artículo 56']

Centro de Medios Independientes de Venezuela - Minería en el Cerro La Vieja. El Capital contra los Derechos Humanos del Pueblo de Simón Planas
Fotografía: Marcelo Volpe
El Cerro “La Vieja” está ubicado al frente de Sarare, Municipio Simón Planas del Edo. Lara. Tiene una superficie 524 hectáreas y 683 m2, de gran valor histórico, cultural, agrícola y ecoturístico. Del cerro se alimentan, en sus bordes, el Río Sarare y la Quebrada La Cimarrona. Ha vivido varios intentos de explotación minera (el primero de ellos, en los 90), que han sido derrotados por la movilización popular. En la actualidad, el cerro está viviendo un nuevo intento de explotación por una alianza Estado-Capital Privado, impulsada por la Gobernación del Estado Lara; con un grave impacto para los derechos humanos de la población del municipio.
Violación de los derechos a la información, a la consulta previa y al protagonismo popular
“Nosotros mandamos obedeciendo al pueblo, no mandar mandando, no mandar triturando a los pueblos; así es que mandan los capitalistas, así es que mandan los tiranos” (Hugo Chávez[1])
El artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala que es “…de la competencia exclusiva de los estados: … 5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional…”. La Gobernación del Estado Lara cuenta con un “Plan Estratégico para el Desarrollo Minero No Metálico del Estado Lara”[2], que implica una asociación Estado-Capital Privado, en el que se enmarca la explotación de piedra caliza en el Cerro La Vieja. Cuenta la Gobernación, además, con la “Empresa de Minerales No Metálicos Jacinto Lara”, que se define como “ente rector del manejo de los minerales no metálicos del estado”[3]. La misma es presidida por el Médico Veterinario Yoel Morales. Hasta ahí la información disponible.
El pueblo de Simón Planas no ha sido ni informado ni consultado por la Gobernación sobre el actual proceso de explotación minera, del que se sabe informalmente que existe una licencia entregada; se han escuchado detonaciones y se pueden constatar la construcción de una carretera, la deforestación de un sector a las faldas del cerro y el movimiento de maquinaria del Estado (de las empresas CAVIM y Pedro Camejo). También se sabe, que en nombre de esa empresa actúa un abogado de nombre Jorge Alberto Rodríguez Morán, que ha dirigido agresiones y amenazas contra campesinos del sector y que ha sido imputado de varios delitos, incluyendo la estafa y la violencia de género.
El pueblo de Simón Planas desconoce el nombre de la empresa que avanza la explotación, el alcance temporal y espacial de la licencia o si pretende explotar otros minerales distintos a la caliza. Ese mismo pueblo que no ha sido ni informado ni consultado, se ha movilizado expresamente, tanto en el pasado como en la actualidad, para condenar la explotación de su cerro. A mediados de la década pasada, una movilización popular logró que el Municipio declarara al Cerro como «Parque Municipal y Patrimonio Ambiental y Ecológico del Municipio Simón Planas«[4]. El Decreto, en su artículo 2, “prohíbe…el aprovechamiento de la piedra caliza; ya que las explosiones en las cuevas del Cerro La Vieja, pueden ocasionar derrumbes y destruyen el patrimonio natural y ambiental del Municipio”[5].
En un reciente foro, realizado el 16.05.19, en Barquisimeto, por la Empresa de Minerales No Metálicos Jacinto Lara, su presidente, Yoel Morales, atribuyó el malestar del pueblo de Simón Planas, a “disputas políticas internas” del Municipio. Sin embargo, en la marcha que ocurrió el sábado 18.05.19 desde Sarare hasta el Cerro La Vieja, se observó un interesantísimo espíritu de unidad en la diversidad en torno a la defensa del Cerro. Aunque el sector del PSUV que dirige la Alcaldía guarda silencio sobre la explotación minera en el cerro, tampoco ha salido a defenderla, lo que sugiere que está obedeciendo una línea “de arriba” con la que no tiene pleno acuerdo. Por su parte, el chavismo de base y militantes de todos los partidos del GPP están abiertamente en contra de la explotación del cerro. Resulta muy interesante, además, que esa lucha mueve un pluralismo de la sociedad civil plebeya. A ella se han sumado escaladores deportivos que usan el cerro de manera permanente, pequeños productores que se benefician de sus aguas, comuneros de El Maizal, sectores religiosos que usan sus cuevas para celebrar cultos espiritistas, sectores de la iglesia católica local y muchos pobladores no organizados, que tienen un vínculo físico y cultural muy fuerte con su cerro y que acudieron al llamado del “Comité Pro Defensa del Parque Municipal Cerro La Vieja”.
Todo parece indicar que la opacidad en la información y la falta de consulta, apuntan, a desconocer y a obstaculizar la expresión del protagonismo del pueblo de Simón Planas, que desde hace más de dos décadas se está oponiendo a la destrucción de su cerro. A la Gobernadora Carmen Meléndez le tocará evaluar, entonces, si revierte su decisión actual para “mandar obedeciendo” o si ratifica su alianza con el capital para explotar el cerro y entonces “mandar triturando”, que es como “mandan los capitalistas […] los tiranos”, como recordaba Chávez.
Violación de derechos culturales
“Todas las manifestaciones culturales contenidas en este Catálogo…son poseedoras de valores tales –sean históricos, culturales, plásticos o ambientales– que el Instituto del Patrimonio Cultural las declara Bien de Interés Cultural, según la Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero del 2005” (Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano[6])
La Cueva de La Vieja, que está dentro del Cerro, forma parte del Catálogo citado, con lo cual es oficialmente un Bien de Interés Cultural objeto de protección. El Catálogo cita hallazgos arqueológicos como lozas con jeroglíficos, piezas de cerámicas, cocos labrados, vasijas gigantes, osamentas y huesos sueltos, que sugieren una densa historia de uso del cerro y que explican su rol en la generación de la cultura local. “Existe la creencia –señala el Catálogo- que esta cueva se comunica con las Minas de Buría y que fue allí donde el Negro Miguel escondió el famoso tesoro que nunca apareció”[7]. La rebelión del Negro Miguel contra la opresión española y su paso por el cerro, es motivo de orgullo de los pobladores de Simón Planas. Otra de las Cuevas del Cerro se llama Estefanía, en honor a una de las hijas del Negro Miguel. Esa cueva es lugar de culto del espiritismo venezolano o Marialoncero y en su interior se pueden observar más de 500 objetos de culto de las distintas Cortes de esta religión venezolana; además de impresionantes estalagmitas y estalactitas, de hasta 5 metros.
Violación al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado
“No le importa al capitalismo acabar los bosques, acabar las aguas y acabar la vida […] El capitalismo es un modelo que destroza la vida. El capitalismo destroza […] tanto a la naturaleza como al hombre que es parte de la naturaleza”
(Hugo Chávez[8])
El artículo 129 de la CRBV, señala que “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural”. No se ha realizado ningún estudio previo a la explotación en curso en el cerro La Vieja. La sola inexistencia de estos estudios implica la ilegalidad de la explotación, hace nula la licencia entregada por la Gobernación y obliga al Estado (al Poder ejecutivo municipal, estadal y nacional; al Poder Judicial o a la Defensoría del Pueblo si alguien acciona ante ella) a corregir de inmediato la vulneración en curso. De hecho, los funcionarios que entregaron las autorizaciones sin el estudio de impacto ambiental deben ser sancionados “…con arresto de tres meses a un año [e] inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos hasta por dos años después de cumplida la pena principal”, según señala el artículo 43 de la Ley Penal del Ambiente.
Por otra parte, la empresa modificó el curso del Río Sarare y construyó una carretera a menos de 20 metros del Río, pese a que la Ley de Aguas señala explícitamente, en su artículo 54, que son “…zonas protectoras de cuerpos de agua: …1.- La superficie definida por la circunferencia de trescientos metros de radio en proyección horizontal con centro en la naciente de cualquier cuerpo de agua. 2.- La superficie definida por una franja de trescientos metros a ambas márgenes de los ríos…”. Esta acción de la empresa, realizada con maquinaria estatal, constituye además un delito ambiental, tipificado en la Ley Penal del Ambiente (artículo 56) y sancionado “…con prisión de uno a cinco años…”.
La lucha en contra de la explotación del cerro La Vieja condensa una de las contradicciones centrales de nuestro tiempo. De un lado se encuentra la apuesta rentista, con su promesa de extraer minerales para ser convertidos en una riqueza que se supone será distribuida. El “bien” que generaría esta operación (la distribución de la riqueza) justificaría los daños inevitables (vulneración de derechos) en el ambiente, la cultura, la producción agrícola y la vida de la población. De ese lado está la Gobernación de Lara y empresarios que tienen formalmente el 49% de las acciones del proyecto, pero que utilizan a las instituciones (cuerpos de seguridad, gobernación, INTI, Fiscalía) como extensiones de sí mismos. Del otro lado hay una apuesta productiva agrícola, que incluye formas comuneras junto a decenas de pequeños productores que trabajan en las faldas del cerro para producir alimentos (en momentos en los que el bloqueo de EEUU amenaza con generar una hambruna en el país); así como una diversidad de actores que defienden su cerro, liderados por movimientos del chavismo de base y popular, que han aprendido en 20 años de Revolución Bolivariana a movilizarse para la defensa y exigibilidad de sus derechos. Es un pueblo que sabe que “… El capitalismo es un modelo que destroza la vida” (Hugo Chávez) y que no duda en plantar cara a quienes hablando en nombre de la Revolución se convierten en meros instrumentos del Capital.
Violación del derecho a la tierra, del derecho a la integridad personal y a la libertad de la población campesina
“»Hay que poner orden a la propiedad de la tierra, tierra para los campesinos, para el que la trabaje» (Hugo Chávez)
Movilización popular y alianza amplia para la reinvención del campo popular
Este caso es apenas uno de los 17 proyectos que la Gobernación pretende desarrollar en el Municipio y uno de los 130 que pretende desarrollar en el estado[9]. El eslogan con el que acompaña el Plan es: “Un Plan de Desarrollo Estratégico Productivo Post-rentista”. Es difícil comprender como puede presentarse la apuesta minera como “postrentista”, pero fácil evidenciar que la alianza Estado-Capital Privado está atentando contra los derechos humanos de la población del Municipio Simón Planas.
Una alianza amplia se conformó dentro del Municipio para enfrentar este nuevo intento de explotación. Rápidamente se fueron movilizando otros sectores del estado y del país para acompañarla y apoyarla. Y es que la lucha digna que impulsan los pobladores de Simón Planas se emparenta con los diagnósticos, sentimientos y líneas de acción de militantes populares de todo el país: hay que desvelar las alianzas entre el Estado y el Capital; hay que denunciar a quienes tienen la indignidad de hablar en nombre del pueblo y actuar en función de sus propios interese; hay que interpelar el cortoplacismo e inviabilidad de la lógica rentista. Y hay que hacerlo desde la experiencia vivida en estos años, de una alianza entre el Estado y el Poder Popular; desde el protagonismo popular que nos ha garantizado tantos logros en materia de inclusión, justicia social y disfrute de derechos y; desde un modelo de producción comunalizado que ahí en donde es fuerte, ha demostrado eficacia a la hora de garantizar dignamente la vida material y espiritual de la población.
publicado el 26 de Maio de 2019 par Antonio J. González Plessmann – Surgentes. Colectivo de DDHH
dsc1_7332.jpg