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Timestamp: 2013-05-24 02:53:56
Document Index: 353331462

Matched Legal Cases: ['artículo 1167', 'artículo 1422', 'artículo 163', 'artículo 1178', 'artículo 1182', 'artículo 1413', 'artículo 1202', 'artículo 1397', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 881', 'artículo 881', 'artículo 880', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 878', 'artículo 880', 'artículo 878', 'artículo 879', 'artículo 879']

Simulaci�n de los actos jur�dicos Prescripción de la simulación Fallo Plenario
Simulación y Colación - Plenario Arce C�digo Civil
Art. 955.- La simulaci�n tiene lugar cuando se encubre el car�cter jur�dico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cl�usulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por �l se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Nota de V�lez al 955: "L. 40, al fin,Tít. 11, Part. 5� - Chardon en el tomo II de su obra de Dolo y Fraude, trata en capítulos especiales de la simulación por interposición de personas, por falsedad de fechas, o cuando se oculta el verdadero carácter del acto.
El C�d. Romano contiene m�ximas sobre los actos simulados que forman los verdaderos principios de esta materia. Una ley dice Acta simulata ...veritatis substantiam mutare non possunt (L. 2,T�t. 22, Lib. 4, Cód. Romano. Otra ley: Si quis gestum a se fecerit alium egisse scribi, plus actum quam scriptum valet (L. 4, Tít. 22, Lib. 4, Cód. Romano)". Art. 956.- La simulaci�n es absoluta cuando se celebra un acto jur�dico que nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jur�dico una apariencia que oculta su verdadero car�cter. Art. 957.- La simulaci�n no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica ni tiene un fin il�cito. Nota de V�lez al 957: "Toullier, tomo VI, n°s. 176 y 180, trata extensamente este punto.Favard dice as�. La simulaci�n es una causa de nulidad cuando tiene por objeto eludir una incapacidad establecida por la ley, o dar una apariencia legal de un acto prohibido, mas cuando en ella no hay freude hecho a las leyes, a las buenas costumbres, o a los derechos de tercero, la simulaci�n no es causa de nulidad en los actos, porque podr�an hacerlo en la forma que quisieran con tal que no fuera una forma prohibida". Repert., verb. Simulation".
Art. 958.- Cuando en la simulaci�n relativa se descubriese un acto serio, oculto bajo falsas apariencias, no podr� ser �ste anulado desde que no haya en �l la violaci�n de una ley, ni perjuicio a tercero.
Nota de V�lez al 958: "Chardon, tomo II, pag. 112".
Art. 959.- Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acci�n alguna el uno contra el otro, sobre la simulaci�n, salvo que la acci�n tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ning�n beneficio de la anulaci�n.
Nota de V�lez al 959: "Chardon, tomo II, pag. 110 (*)".
Comentario: (*) Chardon cita, a su vez, el artículo 1167 del Cód. Francés y, más adelante, el artículo 1422 de dicho Código.
Art. 960.- Si hubiere sobre la simulaci�n un contradocumento firmado por alguna de las partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando �ste hubiera sido il�cito, o cuando fuere l�cito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer sobre �l y sobre la simulaci�n, si el contradocumento no contuviese algo contra la prohibici�n de las leyes, o contra los derechos de un tercero.
S�lo podr� prescindirse del contradocumento para admitir la acci�n, si mediaran circunstancias que hagan inequ�voca la existencia de la simulaci�n. Simulaci�n absoluta
Simulación relativa Jurisprudencia Nacional
Jurisprudencia Nacional "La simulaci�n es llamada "relativa" cuando se atribuye al acto aparente para encubrir otro verdaderamente existente pero disimulado por el negocio aparente (cuya apariencia es lo simulado). Esta situaci�n es l�gicamente diversa del supuesto de simulaci�n absoluta, configurado cuando el acto aparente carece de veracidad y encubre la subsistencia de la situaci�n patrimonial anterior a esa apariencia".
"El C�digo Civil legisla tres formas diferentes de simulaci�n que s�lo pueden configurarse mediante concurrencia de presupuestos que responden a su propia cualidad: si la simulaci�n es absoluta, ser� preciso que las partes se hayan puesto de acuerdo en crear �nicamente una apariencia de acto, sin contenido alguno; si es relativa, en realizar verdaderamente un acto, pero bajo la apariencia de otro de naturaleza distinta; y si es por interp�sita persona, que en el acto aparente y querido aparezca un sujeto como parte cuando en realidad no tiene este car�cter".
"La simulaci�n es causa de nulidad del acto cuando reviste el car�cter de absoluta, pero no cuando se trata de una simulaci�n relativa, en tanto y en cuanto la declaraci�n de esta �ltima s�lo tiene por efecto cambiar el car�cter del acto o de las designaciones no reales en �l contenidas, para reemplazarlos por el car�cter o las designaciones verdaderas a condici�n de que resulten l�citas. Se trata de una nulidad muy particular, por cuanto no deja sin efectos jur�dicos la parte anulada sino que la transforma en una relaci�n o situaci�n jur�dicas distintas -las del acto oculto- haci�ndole producir los efectos propios de �ste �ltimo". "Se habla de "simulaci�n absoluta" cuando las partes celebran un acto que nada tiene de real, una pura apariencia: "colorem habet substantiam vero nullam", y de "relativa" cuando se emplea para dar a un acto jur�dico una apariencia que oculta su verdadero car�cter: "colorem habet substantiam vero alteram". En esta �ltima hip�tesis, concurren dos actos, uno irreal o ficticio, que es el acto ostensible o simulado, y el otro es el acto serio o real; el acto aparente no es sino una ficci�n que oculta la verdad, es lo que acontece cuando una persona que desea favorecer a uno de sus herederos simula vender una propiedad, cuando en realidad efect�a una donaci�n". "Cuando se encara la interposici�n de persona, pueden darse dos hip�tesis, seg�n que la interposici�n sea ficta o real. Si el enajenante conoce la interposici�n de persona, hay simulaci�n relativa, consistente en la constituci�n o transmisi�n de derecho a favor de "personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten" (art�culo 955, parte final del C�digo Civil). Por el contrario, cuando el "tradens" ignor� la real interposici�n de persona el acto es v�lido y exento de todo vicio, pasando los derechos transmitidos a existir, efectivamente, en cabeza del adquirente que ha contratado con �l. No hay all� simulaci�n alguna, por lo que el mandante oculto que quiera fijar el destino de los bienes o el que por v�a subrogatoria estuviese habilitado para ejercer tales prerrogativas, tendr� que recurrir, no a una acci�n de simulaci�n contra los intervinientes del acto de que se trata, sino a una acci�n de mandato contra el mandatario que se resista a retransmitir el bien adquirido a nombre del verdadero titular (conf. arts. 1904, 1909, 1911, 1929 del C�digo Civil)". "Si bien la c�nyuge no invoc� específicamente el referido conducto legal, debe sin embargo aplicarse dicho encuadre normativo que permite arribar a la reclamada incorporaci�n de los bienes al patrimonio ganancial, desde que el mismo no altera la "causa pretendi", que siempre ser� la pretensi�n (acci�n), individualizada por el hecho y no por la norma abstracta de la ley, por lo que es evidente que conforme a lo acreditado se descubre una relaci�n de mandato oculto entre los antiguos part�cipes de la relaci�n concubinaria, mediante el cual el ex esposo habr�a proporcionado a su concubina los fondos con el designio de que adquiriera determinados inmuebles a su nombre. Ello habilita a la esposa para subrogarse en las inactivas facultades de su ex c�nyuge y ejercer las acciones tendientes a incorporar dichos bienes al patrimonio de dicho mandante, para posibilitar de ese modo la partici�n de la sociedad conyugal que con �l mantuviera" "La acci�n de simulaci�n no exige una prueba directa e irrebatible porque eso es imposible cuando la acci�n es ejercida por un tercero, pero si la concurrencia de un conjunto de indicios y presunciones lo suficientemente graves, precisas y concordantes (artículo 163, C�d. Procesal). Para llevar al animo del juzgador la convicci�n de que se está ante un acuerdo simulatorio, con prop�sito de enga�ar. La prueba generalmente se resuelve en una masiva acumulaci�n de presunciones que deben llevar a la conciencia del juez la convicci�n de la irrealidad del acto sospechado. El demandado no puede limitarse a negar la pretensi�n del actor sino que debe producir la prueba de descargo pertinente, tratando de convencer acerca de la seriedad y honestidad del acto en que intervino". Fraude en los actos jur�dicos Jurisprudencia Provincial Jurisprudencia Juninense
Jurisprudencia Juninense Art. 961. Todo acreedor quirografario puede demandar la revocaci�n de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.
Nota de V�lez al 961: "La acci�n Pauliana que llamaban los romanos, no tiene por objeto ni por resultado hacer reconocer un derecho de propiedad a favor del que la ejerce, ni a favor del deudor, sino s�lo salvar el obst�culo que se oponen a las pretensiones del acreedor sobre los bienes enajenables. Es siempre una acci�n meramente personal.
El art�culo generaliza el principio. No nos reducimos a disponer s�lo sobre la enajenaci�n que hiciera el deudor en fraude de sus acreedores sino sobre todo acto fraudulento en perjuicio de los acreedores. As� ser�an revocables no s�lo los actos traslativos de la propiedad, sino la remisi�n de las deudas, el pago de deudas no vencidas, la hipoteca o prenda de deudas no vencidas, o ya vencidas pero originariamente contra�das sin estas garant�as; los pagos de deudas vencidas por medio de entrega de bienes por un valor menor del que verdaderamente tuvieren. En los arrendamientos una renovaci�n anticipada del contrato, una duraci�n extraordinaria y que no es de uso en el país, el pago anticipado de muchos t�rminos, disminuci�n inmotivada del precio del arrendamiento, etc. etc. (Véase Chardon, tomo II, pag. 358". Art. 962. Para ejercer esta acci�n es preciso:
1� Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume desde que se encuentra fallido;
2� Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente;
3� Que el cr�dito, en virtud del cual se intenta acci�n, sea de una fecha anterior al acto del deudor.
Nota de V�lez al 962: "L. 10, § 1,Tít. 8, Lib. 42 y LL. 15 y 16,Tít. 8, Lib. 42, Digesto - Aubry y Rau, Lib. 4, § 313 - Toullier, tomo VI, n° 341 (*) - Delvincourt, tomo II pág. 526 - Duranton, tomo X, n° 573 - Zachariæ, tomo II, pág, 343. En estos últimos tiempos Mimerel publicó una extensa monografía (Revue critique de la jurisprudence), sosteniendo una sentencia de la Corte Suprema de Casación de Francia, que declaró en 1852 que los acreedores a los cuales perjudicase la conservación de un acto del deudor, tenían derecho a hacerlo revocar cualquiera que fuese la fecha de sus títulos, si fuere fraudulento. El autor dice que ni en el Derecho Romano, ni en el Derecho Francés, hay disposición alguna expresa sobre la materia; que poco importa la fecha de los títulos si el fraude existe, si los derechos de los acreedores hubiesen sido defraudados; que la existencia de la condición necesaria, el fraude del deudor para crear la acción revocatoria, no implica en manera alguna contradicción con la falta de derechos ya existentes al tiempo de la realización del acto del deudor, porque ha podido ser concebido en mira de los acreedores futuros, para evitar las consecuencias de una empresa peligrosa. Encerrar, dice, en un estrecho círculo la aplicación de la ley es disminuir su moralidad. ¿Qué podría decirse de una ley que castigase el fraude instantáneamente organizado y cubriese el fraude preconcebido?
A éstas y otras consideraciones contestan los jurisconsultos Aubry y Rau, diciendo que las dificultades que se exponen, nace de confundir la acción Pauliana con la acción de simulación y que una enajenación simulada puede ser siempre demandada, como que los bienes no han salido del dominio del deudor. Respecto a la sentencia en que se apoya Mimerel, los autores citados le oponen multitud de sentencias que han juzgado lo contrario". Comentario: (*) Ver, sobre todo, Toullier, tomo VI, n° 343.
Art. 963. Except�anse de la condici�n 3� del art�culo anterior, las enajenaciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los da�os y perjuicios que les irrogue el crimen.
Nota de V�lez al 963: "Véase Chardon, tomo II, pag. 367".
Nota de V�lez al 964: "El Derecho Romano no admitía la acción Pauliana cuando el deudor había simplemente dejado de aumentar su fortuna (L. 6,Tít. 9, Lib. 42, Digesto). El acreedor no estar�a, en el caso del artículo, obligado a probar un fraude en el hecho del deudor, porque pod�a no haber sino una negligencia respecto a sus intereses, o una liberalidad hacia sus coherederos; pero un hombre que ha contra�do obligaciones positivas y que no cuida o renuncia los med�os do cumplirlas comete sin duda una falta grave que puede equipararse al dolo. El heredero que renuncia una sucesi�n abdica en verdad un derecho adquirido; pone fuera de su alcance lo que la ley le daba: enajena verdaderamente. Aubry y Rau, Lib. 4, � 313 - Poth�er, De las donaciones entre esposos, número 88 - Chardon, tomo II, p�g. 449. - El C�d. Franc�s, arts. 788 y 2225, conforme con nuestro art�culo.
Art. 965. La revocaci�n de los actos del deudor ser� s�lo pronunciada en el inter�s de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus cr�ditos.
Art. 966. El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede hacer cesar la acci�n de los acreedores, satisfaciendo el cr�dito de los que se hubiesen presentado, o dando fianzas suficientes sobre el pago �ntegro de sus cr�ditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos.
Nota de V�lez al 966: "Aubry y Rau, Lib. 4, � 313 - Duranton, tomo X, n° 573".
Art. 967. Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores fuere a t�tulo gratuito, puede ser revocado a solicitud de �stos, aun cuando aqu�l a quien sus bienes hubiesen pasado, ignorase la insolvencia del deudor.
Nota de V�lez al 967: "El C�d. Franc�s, conforme con el art�culo, como se infiere de los arts. 622, 788, 1053 y 2225. El Derecho Romano s�lo hac�a revocables las enajenaciones a t�tulo gratuito cuando hubiese fraude por parte del deudor (L. 1, Tít. 9, Lib. 42, L. 6, �� 8 y 12 y L. 10,Tít. 9, L. 42, Digesto). Las Leyes de Partida no exigieron que se probase el fraude del deudor en el caso del art�culo, sino que bastaba su insolvencia (L. 7,Tít. 15, Part. 5�). En contra del art�culo, y conforme con el Derecho Romano, Toullier, tomo VI, n° 348 hasta 354 - Zachariae, § 313 con la nota 7. (*) Conforme con el art�culo, Aubry y Rau, Lib. 4, � 313. El fraude del deudor debe presumirse desde que se halle insolvente, o a lo menos una grave culpa en sus efectos igual al dolo. Respecto a los terceros, los actos a t�tulo gratuito no deben depender de la buena fe del deudor, porque los terceros que s�lo tratan de obtener una ganancia se enriquecerían lo mismo, teniendo el deudor mala fe, a costa de los acreedores que s�lo tratan de evitarse un perjuicio".
Comentario: (*) Zachariae, § 313 con la nota 7, corresponde a su original en alemán, o a la versión de Aubry y Rau, � 313, con la nota 7, ya que en la traducción de Massé y Vergé, se lo trata en el tomo III, � 555 y su nota 7.
Art. 968. Si la acci�n de los acreedores es dirigida contra un acto del deudor a t�tulo oneroso, es preciso para la revocaci�n del acto, que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores, y que el tercero con el cual ha contratado, haya sido c�mplice en el fraude.
Nota de V�lez al 968: "L. 7,Tít. 15, Part. 5� - L. 6, � 8,Tít. 9, Lib. 42, Digesto. "Suponed, dice Chardon, que el propietario de un terreno que vale cien mil francos lo vende por sesenta mil, ascendiendo sus deudas a cuarenta mil, sus acreedores no podr�an intentar la revocaci�n del acto sino probando que esa venta a vil precio no hab�a sido hecha por su deudor, mas que para disponer del dinero en perjuicio do ellos. Pero suponed, por el contrario que en el caso de esa venla, las deudas del vendedor ascendieran a ochenta mil, en tal caso la vileza del precio, anida a su insuficiencia para pagar todas sus deudas, dar�a derecho a los acreedores para la acci�n revocatoria, sin estar obligarlos a probar directamente el prop�sito fraudulenta del deudor", (tomo II, n° 205)". Art. 969. El �nimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que les sean perjudiciales, se presume por su estado de insolvencia. La complicidad del tercero en el fraude del deudor, se presume tambi�n si en el momento de tratar con �l conoc�a su estado de insolvencia.
Nota de V�lez al 969: "LL. 15 y 17,Tít. 9,Lib. 42, Digesto - Aubry y Rau, Lib. 4, � 313 - Toullier, tomo VI, n° 349. Respecto de los terceros L. 6, � 8, Tít. 8; L. 10, �� 2 y 8,Tít. 8, Lib. 42, Digesto (*)". Comentario: (*) El Título 8 del Lib. 42 del Digesto, cuenta con solo 5 leyes, por lo tanto, las arriba citadas corresponden al Título 9 del Lib. 42. Goyena, también las cita como del Título 8, así "Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit", pero los textos, como el transcripto, corresponden al Título 9 de las recopilaciones actuales. Aubry y Rau, en nota 1, al § 313 y Toullier, al final del n° 351, ambos citados por Vélez, remiten también al Título 8 del Digesto.
Art. 970. Si la persona a favor de la cual el deudor hubiese otorgado un acto perjudicial a sus acreedores, hubiere transmitido a otro los derechos que de �l hubiese adquirido, la acci�n de los acreedores s�lo ser� admisible, cuando la transmisi�n de los derechos se haya verificado por un t�tulo gratuito. Si fuese por t�tulo oneroso, s�lo en el caso que el adquirente hubiese sido c�mplice en el fraude.
Nota de V�lez al 970: "Aubry y Rau, Lib. 4, � 313 - Proyecto de Goyena, artículo 1178".
Comentario: (*) Goyena cita la L. 6, §§ 8 y 11,Tít. 8, Lib. 42, Digesto y L. 7, Tít. 15, Part. 5�.
Art. 971. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenaciones de propiedades, �stas deben volverse por el que las adquiri� c�mplice en el fraude, con todos sus frutos como poseedor de mala fe.
Nota de V�lez al 971: "Instituta, Lib. 4,Tít. 6, § 6 - L 1, Tít. 9, Lib. 42 y L. 10,Tít. 9, Lib. 42, Digesto". Art. 972. El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de los acreedores, deber� indemnizar a �stos de los da�os y perjuicios, cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido.
Nota de V�lez al 972: "Proyecto de Goyena, artículo 1182 (*)".
Comentario: (*) Goyena aquí refiere: "Los adquirentes con buena fe por título lucrativo sólo quedar�m obligados a restituir in quantum locupletiores facti sunt, segun la equitativa distincion de la Ley Romana" , Acci�n revocatoria Derecho Romano Es aquella que compete a los acreedores para demandar la revocaci�n de los actos celebrados por sus deudores en perjuicio o en fraude de sus derechos.
Contrariamente a lo que muchas veces se dice, la acci�n revocatoria no constituye una acci�n de nulidad. El acto fraudulento es perfectamente v�lido y eficaz, tanto respecto de las partes cuanto respecto de los terceros en general. Solo frente a ciertas personas, los acreedores anteriores del enajenante de los bienes, el acto deja de ser eficaz, pudiendo tales personas prescindir de su realizaci�n como si no hubiera ocurrido.
Este desdoblamiento del acto jur�dico que mantiene su validez y eficacia, salvo respecto de las personas autorizadas para impugnarlo, se reconoce en doctrina con el t�rmino de "inoponibilidad", dici�ndose que el acto fraudulento no es inv�lido sino inoponible a los acreedores del enajenante.
Antecedentes. El antecedente m�s antiguo de la actio Paulina se puede encontrar en el derecho griego. Ya Dem�stenes hizo referencia a ella en sus alegatos, sosteniendo la existencia de un acuerdo fraudulento entre Onstor y Aphobos, para evitar el pago de las indemnizaciones a que este fuera condenado.
Sin embargo es en Roma donde se desarrolla plenamente la instituci�n, a trav�s de una construcci�n pretoriana que, concediendo en un principio a los acreedores el interdicto fraudatorio, completa su evoluci�n con el establecimiento de la actio Paulina, denominada as� en recuerdo del pretor Paulo que la instituy�.
Requisitos en el derecho argentino para poder ejercer la acci�n revocatoria.
Es menester: 1) que el deudor se halle en estado de insolvencia, estado que se presume si se encuentra fallido; 2) que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que �ste fuese antes insolvente; 3) que el cr�dito por el cual se intenta la acci�n sea anterior al acto del deudor; 4) si se impugna un acto a t�tulo oneroso, es tambi�n requisito la complicidad del adquirente. Diccionario Abeledo-Perrot del Derecho en CD. Formas de los actos jur�dicos Doctrina Nacional Subsanaci�n Art. 973. La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formaci�n del acto jur�dico; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano p�blico, o por un oficial p�blico, o con el concurso del juez del lugar.
Nota de V�lez al 973: "Mackeldey, § 165 - Ortolán dice: El n�mero y calidad de las personas auxiliares que deben concurrir al acto jur�dico (como en algunos casos el defensor de menores), el tiempo y el lugar en que debe verificarse, los escritos u otros medios a prop�sito para conservar la memoria. Todos estos elementos se hallan comprendidos en la idea de la forma. Entre los actos jur�dicos, unos tienen una forma rigurosamente establecida, de la que toman su validez, y fuera de la cual no existen. Las prescripciones de la ley pueden recaer sobre tal o cual elemento constitutivo de la forma, o sobre muchos de ellos, o sobre todos a un tiempo. Otros actos no exigen para su existencia, ninguna forma especialmente prescripta, con tal que se hayan verificado y que puedan justificarse. Los progresos de la civilizaci�n, agrega, espiritualizan las instituciones, las desprenden de la materia, y las trasladan al dominio de la inteligencia. Esta tendencia se manifiesta eminentemente cuando se observan los actos jur�dicos. Con tales actos una civilizaci�n adelantada, se asocia inmediata y principalmente a lo que es espiritual, a la voluntad, a la intenci�n; no pide a la materia sino lo que es indispensable para descubrir y asegurar la voluntad. En las sociedades poco adelantadas era preciso impresionar profundamente los sentidos para llegar al esp�ritu. La voluntad, como todo lo que no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece y se modifica en un instante. Para encadenarla, era preciso revestirla de un cuerpo f�sico; pero �cu�les ser�n esos actos exteriores que dar�n a los actos jur�dicos una forma sensible? La analog�a servir�a de regla. Estos actos se hallar�n en una analog�a cualquiera con el objeto que se quiere conseguir, con el derecho que se quiere crear, modificar, transferir o extinguir. De aqu� se lleg� al s�mbolo, porque el s�mbolo no es otra cosa que la analog�a representada en cuerpo y acci�n. As� un terr�n del campo "gleba", la teja arrancada del edificio "tegula", se presentar�an para verificar sobre este s�mbolo del inmueble litigioso, las formalidades prescriptas. Los actos exteriores iban acompa�ados de palabras. En �stas reinaba el mismo esp�ritu. Estas palabras eran f�rmulas consagradas, y en ellas s�lo pod�an usarse la lengua nacional. Muchas veces una expresi�n sustituida a otra, alteraba los efectos del acto, y lo hac�a nulo. Se dirig�an interrogatorios solemnes a las partes, a los testigos y a los que interven�an en el acto, y �stos a su vez deb�an responder solemnemente. Las interrogaciones y las respuestas, y aquellas f�rmulas austeras, precisas y muchas veces inmutables, expresadas en alta voz, no dejaban duda alguna acerca de la voluntad, y grababan profundamente en el �nimo las consecuencias del acto que se hac�a o al cual cooperaban. Tal ha sido hasta los �ltimos tiempos uno de los caracteres del Derecho Civil Romano, en cuanto a las formas de los actos jur�dicos. (Generalización del Derecho Romano, nºs. 54 y 55)".
Art. 974. Cuando por este c�digo, o por las leyes especiales no se designe forma para alg�n acto jur�dico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes.
Nota de V�lez al 974: "L. 1,Tít. 1; Lib. 10, Nov. Rec.".
Art. 975. En los casos en que la expresi�n por escrito fuere exclusivamente ordenada o convenida, no puede ser suplida por ninguna otra prueba, aunque las partes se hayan obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado, y se haya impuesto cualquier pena; el acto y la convenci�n sobre la pena son de ning�n efecto.
Nota de Vélez al 975: "Cód. Sardo, artículo 1413. La Ley Romana dice: Contractus permutationum....quos in scriptis fieri placuit, transactionum etiam, quas instrumento recipi convenit, non aliter vires habere sancimus, nisi instrumenta in mundum recepta subscriptionibusque partium confirmata et, si per tabellionem conscribantur, etiam ab ipso completa et postremo a partibus absoluta sint, ut nulli liceat prius, quam haec ita processerint,...aliquod.... jus vindicare,...vel id quod emptoris interest ei persolvere (L. 17,Tít. 21. Lib. 4, Cód. Romano)".
Art. 976. En los casos en que la forma del instrumento p�blico fuese exclusivamente ordenada, la falta de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba, y tambi�n el acto ser� nulo.
Art. 977. Cuando se hubiere ordenado exclusivamente una clase de instrumento p�blico, la falta de esa especie no puede ser suplida por especie diferente.
Nota de V�lez al 977: "Véase Proyecto de Goyena, artículo 1202 (*)".
Art. 978. La expresi�n por escrito puede tener lugar, o por instrumento p�blico o por instrumentos particulares, salvo los casos en que la forma de instrumento p�blico fuere exclusivamente dispuesta.
Anotaci�n de litis Código Procesal Nacional C�digo Procesal Provincial C�digo Civil Medidas cautelares: Art. 229.- Anotaci�n de litis. Proceder� la anotaci�n de litis cuando se dedujere una pretensi�n que pudiere tener como consecuencia la modificaci�n de una inscripci�n en el registro correspondiente y el derecho fuere veros�mil, cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguir� con la terminaci�n del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida, se mantendr� hasta que la sentencia haya sido cumplida.
Interdicto de adquirir: Art. 609.- Anotaci�n de litis. Presentada la demanda, podr� decretarse la anotaci�n de litis en el registro de la propiedad, si los t�tulos acompa�ados y los antecedentes aportados justificaren esa medida precautoria.
Separaci�n de patrimonios Doctrina C�digo Civil Art. 3433.- Todo acreedor de la sucesi�n, sea privilegiado o hipotecario, a t�rmino, o bajo condici�n, o por renta vitalicia, sea su t�tulo bajo firma privada, o conste de instrumento p�blico, puede demandar contra todo acreedor del heredero, por privilegiado que sea su cr�dito, la formaci�n de inventario, y la separaci�n de los bienes de la herencia de los del heredero, con el fin de hacerse pagar con los bienes de la sucesi�n con preferencia a los acreedores del heredero. El inventario debe ser hecho a costa del acreedor que lo pidiere.
Nota de V�lez al 3433: "C�d. Franc�s, arts. 878 y 2111 - Holandés, 1153 - de Luisiana, artículo 1397 y sgtes. - Demolombe, tomo XVII, n� 106 y sgtes. - Zachariae, § 385 - Chabot, sobre el artículo 878 - Malpel, Sucesiones, n� 217 - Vazeille, sobre el artículo 878. En las Leyes Espa�olas no hay disposici�n alguna sobre la materia. La Ley Romana dice: Quotiens heredis bona solvendo non sunt, non solum creditores testatoris, sed etiam eos, quibus legatum fuerit, impetrare bonorum separationem aequum est - L. 6, T�t. 6, Lib. 42 (*), Digesto. Sobre las razones y conveniencias de la separaci�n de los patrimonios, Chabot, en el lugar citado; Belost-Jolimont, sobre Chabot, observ. 1 a dichos art�culos.
Domat, fundado en la L. 1, � 8,T�t. 6, Lib. 42 (*), Digesto, dice de una manera general que si los bienes de una sucesi�n pasan del heredero a su heredero, y de �ste a los que sucedan, de modo que la primera sucesi�n y las siguientes se encuentren confundidas entre las manos de los herederos a quienes ellas pasan, los acreedores de cada sucesi�n seguir�n los bienes de un heredero al otro y podr�n demandar la separaci�n. - V�ase Vazeille, sobre el artículo 878, n° 4.
La palabra demandar no significa precisamente pedir al juez, sino tambi�n reclamar, invocar, oponer. Basta, pues, que el privilegio, que el derecho de preferencia resultante de la separaci�n de los patrimonios sea reclamado, invocado u opuesto delante del juez que conozca del pago de los cr�ditos, es decir, que puede oponerse como excepci�n, o en una demanda incidente.
Se comprende en la resoluci�n del articulo a los acreedores hipotecarios y privilegiados, entre otras causas, paro que puedan evitar ciertos privilegios superiores al cr�dito de ellos.
Decimos que la demanda de separaci�n de bienes debe intentarse contra los acreedores del heredero y no contra el heredero, porque la separaci�n de patrimonios es una causa de preferencia entre los acreedores de un mismo deudor y precisamente cuando se trata entre los acreedores de causa de preferencia, el deudor com�n no podr�a representar a los unos contra los otros. Pero el heredero puede y debe intervenir en el juicio respecto a la verdad y extensi�n de los cr�ditos.
Suponemos en todo esto que hay acreedores del heredero, pero si no los hubiere, la separaci�n de patrimonio puede pedirse contra el mismo heredero. - Demolombe, tomo XVII, desde el n� 136".
Comentario: (*) Vélez, cita el Título 6, del Libro 42 del Digesto pero, en las nuevas recopilaciones, responde al Título 7 de dicho Libro, por lo que a éste remitimos en todo lo referente a "De Separationibus".
Art. 3434.- Los acreedores de la sucesi�n pueden demandar la separaci�n de los patrimonios, aunque sus cr�ditos no sean actualmente exigibles, o aunque sean eventuales o sometidos a condiciones inciertas; pero los acreedores personales de los herederos pueden ser pagados de los bienes hereditarios, dando fianza de volver lo recibido, si la condici�n se cumple a favor del acreedor de la sucesi�n.
Nota de Vélez al 3434: "L. 4, T�t. 6, Lib. 42, Digesto y Chabot sobre el art�culo 878, n� 4 - Belost-Jolimont, sobre Chabot, observ. 4, sobre dicho art�culo - Vazeille, artículo 878, n� 1". Art. 3435.- El acreedor que s�lo es heredero del difunto, en una parte de la herencia, puede demandar la separaci�n de los patrimonios.
Nota de Vélez al 3435: "Chabot, sobre el artículo 878, nº 5 - Duranton, tomo VII, nº 472 - - Vazeille, sobre el artículo 878, nº 2 - El heredero que es al mismo tiempo acreedor del difunto tiene para el pago de su crédito, deduciendo su porción viril, los mismos derechos que cualquier otro acreedor". Art. 3436.- Los legatarios tienen tambi�n el derecho de demandar la separaci�n de los patrimonios para ser pagados del patrimonio del difunto, antes que los acreedores personales de los herederos.
Nota de Vélez al 3436: "L. 4, T�t. 6, Lib. 42, Digesto - Chabot, sobre el art�culo 878, n° 8 - Vazeille, artículo 878, n° 1". Art. 3437.- Los acreedores del heredero no pueden pedir la separaci�n de los patrimonios contra los acreedores de la sucesi�n.
Nota de Vélez al 3437: "Cód. Francés, artículo 881 - Holandés, 1157 - Napolitano, 801 - L. 1, Tít. 6, Lib. 42 (*), Digesto - Aubry y Rau, § 619 nº 1. ¿Con qué objeto lo harían? La separación de patrimonios no tiene por fin afectar especialmente a cada uno de los patrimonios, a cada una de las dos clases de acreedores; el patrimonio del difunto a los acreedores del difunto, el patrimonio del heredero a los acreedores del heredero. Esta reciprocidad sería contra el derecho, pues que el heredero, aceptando la herencia simplemente, es deudor personal de los acreedores del difunto. Más adelante establecemos que si los acreedores del difunto no alcanzaran a ser pagos con los bienes hereditarios pueden concurrir sobre sobre los bienes del heredero con los acreedores personales de éste. Por consiguiente, no tendrían objeto alguno la pretensión de los acreedores del heredero a pedir la separación de los patrimonios. Si el derecho permite que la pidan los acreedores del difunto es porque ellos deban ser pagados con los bienes de la sucesión, con preferencia a los acreedores del heredero. - Véase Chabot, sobre el artículo 881, y Vazeille, sobre el mismo articulo". Comentario: (*) Goyena cita la L.1, § 5,Tít. 6, Lib. 42, Digesto.
Art. 3438.- La separaci�n de patrimonios puede ser demandada colectivamente contra todos los acreedores del heredero, o individualmente contra alguno o algunos de ellos, o colectivamente contra toda la herencia, o respecto de cada uno de los bienes de que ella se compone.
Nota de Vélez al 3438: "Duranton, tomo VII, nº 467 - Zachariae, § 385 - Demante, tomo III, nº 219 bis. - Demolombe, tomo XVII, nºs. 124, 134 y 135 - Aubry y Rau, § 619, nº 2. - Esta concesión de parte de los acreedores del difunto hacia algunos acreedores del heredero, lejos de ser perjudicial a los otros, no puede al contrario sino aprovecharlos, disminuyendo las sumas de los créditos que debían se pagados con los bienes del heredero". Art. 3439. La separaci�n de patrimonios, se aplica a los frutos naturales y civiles que los bienes hereditarios hubiesen producido despu�s de la muerte del autor de su sucesi�n, con tal que su origen e identidad se encuentren debidamente comprobados.
Nota de Vélez al 3439: "Demolombe, tomo XVII, nº 132. Aubry y Rau, § 619 - Grenier, Des Hypotheques enseña que los acreedores del difunto no deben aprovecharse de los frutos naturales y civiles producidos por los bienes de la sucesión antes de la demanda de separación de bienes de la sucesión. Se funda en un doble motivo: 1º, en que los frutos, desde el instante en que han sido percibidos por el heredero, se han confundido con sus bienes personales; 2º, en que ellos jamás han pertenecido al difunto, pues que han sido percibidos después de abierta la sucesión. Si la primera consideración fuese justa se aplicaría también percibidos por el heredero después de la demanda de separación de bienes. El hecho de la percepción de los frutos, no trae precisamente la confusión, de esos frutos con los bienes personales del heredero. Esa confusión será posible sin duda, y aun muy frecuente, pero entonces no hay sino una cuestión de hecho, y la regla por consiguiente deba ser, al contrario, que los acreedores del difunto pueden demandar la separación de los patrimonios respecto a los frutos percibidos por el heredero, siempre que el origen e identidad puedan ser bien comprobados.
En cuanto al segundo argumento, puede contestarse que la separación de los patrimonios tiene por fin y resultado bajo ciertas relaciones resolver ficticiamente la transmisión de la herencia, y por consiguiente la propiedad del heredero sobre los bienes del difunto se retrotrae al día de la apertura de la sucesión, como si el heredero no hubiese tenido nunca esos bienes, y no ha podido por lo tanto adquirir los frutos de ellos. Este es el caso, al contrario, de aplicar la máxima del Derecho Romano fructus augent haereditatem". Art. 3440. Si el heredero hubiese enajenado los inmuebles o muebles de la sucesión, antes de la demanda de separación de patrimonios, el derecho de demandarlos no puede ser ejercido respecto a los bienes enajenados, cuyo precio ha sido pagado. Pero la separación de patrimonios puede aplicarse al precio de los bienes vendidos por el heredero, cuando aún es debido por el comprador; y a los bienes adquiridos en reemplazo de la sucesión, cuando constase el origen y la identidad.
Nota de Vélez al 3440: "Zachariae § 385, y nota 16. - Chabot, sobre el artículo 880 nºs. 6 y 7. - Toullier, tomo IV, nº 541 - Duranton, tomo VII, nº 490 (Vélez cita a Demante, pero éste lo trata en tomo III, n° 221 bis) - Demolombe, tomo XVII, nº 131. Cuando el precio no está cobrado, no hay confusión con los bienes del heredero.
Por el principio que ha creado a los acreedores de la sucesión a pedir la separación de los patrimonios, la separación se extiende a los fundos cambiados por el heredero con otros fundos recibidos por él, a la acción para rescatar el inmueble vendido por el difunto con el pacto de retroventa, y también al que el heredero hubiese venido bajo esa condición. Vazeille, Sucesiones, nº 5 - Toullier, tomo IV, nº 542" Art. 3441. La separación de los patrimonios no puede aplicarse sino a los bienes que han pertenecido al difunto, y no a los bienes que hubiese dado en vida al heredero, aunque éste debiese colacionarlos en la partición con sus coherederos; ni a los bienes que proviniesen de una acción para reducir una donación entre vivos.
Nota de Vélez al 3441: "Demante, tomo III, nº 219 bis - Chabot, sobre el artículo 878, nº 11 - Marcadé, sobre el mismo artículo. Duranton, tomo VII, nº 493. - Demolombe, tomo XVII, nº 129 - Merlin, Rép., verb. Séparat. des patrim., § 4, nº 2. - Pothier enseñando lo mismo dice: "Las cosas dadas entre vivos por el difunto al heredero, aunque estén sujetas a ser colacionadas, no están comprendidas entre los bienes cuya separación tienen derecho a demandar los acreedores, porque tales cosas no son reputadas bienes de la sucesión sino por una ficción respecto a los coherederos del donatario que debe colacionarlas. Los acreedores de la sucesión no pueden prevalerse de esta ficción que no es hecha para ellos" - Succes., Cap. V, art. 4 - Chabot, nº 11 - Extensamente sobre la materia, Vazeille, artículo 878, nº 6".
Art. 3442. La separación de patrimonios no se aplica a los muebles de la herencia que han sido confundidos con los muebles del heredero, sin que sea posible reconocer y distinguir los unos de los otros.
Nota de Vélez al 3442: "L.1, § 12,Tít. 6, Lib. 42, Digesto - Toullier, tomo IV, n° 559. - Aubry y Rau, § 619 n° 3".
Art. 3443. La separación de patrimonios puede demandarse, mientras los bienes estén en poder del heredero, o del heredero de éste. Los acreedores y legatarios pueden pedir todas las medidas conservatorias de sus derechos, antes de demandar la separación de los patrimonios.
Nota de V�lez al 3443: "Zachariae § 385, y nota 15 - Demolombe, tomo XVII, n° 141".
Art. 3444. La separación de los patrimonios puede ser demandada en todos los casos que convenga al derecho de los acreedores. Estos pueden demandar la separación del patrimonio del deudor, del patrimonio del fiador, cuando el deudor ha heredado al fiador; y si el fiador ha heredado al deudor, los acreedores pueden demandar la separación del patrimonio del deudor del patrimonio del fiador.
Nota de V�lez al 3444: " Cód. Francés, artículo 878 - L. 3,Tít. 6, Lib. 42, Digesto - Duranton, tomo VII, nº 474 - Chabot, art�culo 878, n° 6. - Demolombe, n�s. 149 y 150. - Se dirá que la obligación del fiador o del deudor se ha extinguido por confusión. La respuesta sería que precisamente la separación de los patrimonios es el remedio a ese mal, ya que ella tiene por objeto impedirlo".
Art. 3445. La separación de los patrimonios crea a favor de los acreedores del difunto, un derecho de preferencia en los bienes hereditarios, sobre todo acreedor del heredero de cualquier clase que sea.
Nota de Vélez al 3445: "Demolombe, tomo XVII, n° 208 - L. 1, § 16,Tít. 6, Lib. 42, Digesto". Art. 3446. Los acreedores y legatarios que hubiesen demandado la separación de los patrimonios, conservan el derecho de entrar en concurso sobre los bienes personales del heredero con los acreedores particulares de éste, y aun con preferencia a ellos, en el caso en que la calidad de sus créditos los hiciere preferibles. Y los acreedores del heredero conservan sus derechos sobre lo que reste de los bienes de la sucesión, después de pagados los créditos del difunto.
Nota de V�lez al 3446: "Sobre la disposici�n del art�culo ha habido una cuesti�n que ha dividido a los jurisconsultos Romanos y a los jurisconsultos modernos en tres opiniones diversas. La primera ense�a que los acreedores del difunto no tienen acci�n contra los bienes del heredero, en raz�n de haber dejado de tener al heredero por deudor. Tal era la opini�n de Ulpiano y Paulo, recesserunt a persona heredis, L. 1, § 17, Tít. 6 y L. 5, Tít. 6, Dig., De Separationibus.
Por la segunda, los acreedores del difunto despu�s de haber demandado la separación de los patrimonios pueden, en caso de insuficiencia de los bienes de la sucesi�n, hacerse pagar con los bienes personales del heredero, pero bajo la condici�n de que los acreedores personales del heredero fuesen primero pagados sobre estos bienes. Esta es la opini�n de Papiniano, Si proprii creditores haeredis fuerint dimissi, L. 3, Digesto, y la siguen: Pothier, Succes,, Cap. 5, art. 4. Domat, Loi civile, L. 3, T�t. 2, Secc. 1�, n� 9. - Marcad�, sobre el artículo 880, n� 6. - Maleville, sobre el articulo 878.
La tercera opini�n es la que hemos aceptado, y es la que forma el art�culo. El heredero por su aceptaci�n pura y simple viene a ser deudor personal de los acreedores del difunto, como lo es de sus acreedores personales. Por lo tanto, unos y otros acreedores del difunto, legatarios o acreedores particulares del heredero, pueden venir a concurso sobre los bienes del heredero obligado a unos y a otros. Se invoca la equidad, la reciprocidad; mas la reciprocidad , �qu� otra cosa ser�a sino la p�rdida para los acreedores del difunto del derecho que les da la aceptaci�n pura y simple de la sucesi�n hecha por el heredero, y un privilegio a los acreedores particulares de �ste sobre sus bienes? Demolombe, tomo XVII, desde el n� 220 sostiene perfectamente la resoluci�n que damos, y responde a todas las objeciones. Conforme con el art�culo, Zachariae, § 385, n° 29 - Aubry y Rau, § 619, letra C. - Chabot, sobre el art�culo 878, n° 13 - Toullier, tomo IV, n° 548 - Merlin, Répert., verb. Séparat, § 5, n° 6 - Duranton, tomo VII, n�s. 500 y 501 - Malpel, Success., n� 219 (*). Vazeille, artículo 878, n° 7".
Comentario: (*) Vélez cita a Malpel, Success, n°s. 2 y 18 pero, según Zachariae, Aubry y Rau y Vazeille, citados por el mismo Vélez, corresponde a Malpel n° 219.
Art. 3447. El derecho de los acreedores de la sucesión a demandar la separación de los patrimonios, no puede ser ejercido cuando ellos han aceptado al heredero por deudor, abandonando los títulos conferidos por el difunto.
Nota de Vélez al 3447: "Nuestro art�culo es igual al artículo 879 del C�d. Franc�s, pero le hemos agregado la condici�n, abandonando los t�tulos conferidos por el difunto. Hay inconsecuencia en el art�culo del C�d. franc�s, pues que por una parte hace al heredero deudor, y por la otra hace resultar la novaci�n de la aceptaci�n del heredero por deudor. Esa aceptaci�n no es ni la sustituci�n de una deuda nueva a una deuda antigua, ni sustituci�n del acreedor, ni cambio de deudor, pues que el heredero es el representante del difunto, y por este t�tulo el derecho lo juzga deudor. La novaci�n que impide la separaci�n de los patrimonios, no puede resultar sino del abandono de los t�tulos conferidos por el difunto, es decir, abandonando el acreedor sus antiguos derechos para obtener del heredero una nueva obligaci�n. Este era el caso de la novaci�n por la L. 1, Digesto, De separat.. V�ase Vazeille, artículo 879, n° 1 - Malpel, Success. n° 217 - Toullier, tomo VII, n° 283".
Art. 3448. No porque el acreedor reciba del heredero los intereses vencidos de su crédito, se juzga que por esto ha aceptado al heredero por deudor. Nota de V�lez al 3448: "L. 7,Tít. 6, Lib. 42, Digesto - Chabot sobre el art�culo 879 n° 4".
Todo acreedor de la sucesi�n, sea privilegiado o hipotecario, a t�rmino, o bajo condici�n, o por renta vitalicia, sea su t�tulo bajo firma privada, o conste de instrumento p�blico, puede demandar contra todo acreedor del heredero, por privilegiado que sea su cr�dito, la formaci�n de inventario, y la separaci�n de los bienes de la heencia de los del heredero, con el fin de hacerse pagar con los bienes de la sucesi�n con preferencia a los acreedores del heredero. El inventario debe ser hecho a costa del acreedor que lo pidiere.ue el acreedor reciba del heredero los intereses vencidos de su crédito, se juzga que por esto ha aceptado al heredero por deudor. Utilidad P�blica Expropiaciones Justo precio Jurisprudencia Mercedina
Ley N� 21.499 Art. 1.- La utilidad p�blica que debe servir de fundamento legal a la expropiaci�n, comprende todos los casos en que se procure la satisfacci�n del bien com�n, sea �ste de naturaleza material o espiritual.
Art. 2.- Podr� actuar como expropiante el Estado Nacional; tambi�n podr�n actuar como tales la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades aut�rquicas nacionales, y las empresas del Estado Nacional, en tanto est�n expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes org�nicas o por leyes especiales.
Los particulares, sean personas de existencia visible o jur�dicas, podr�n actuar como expropiantes cuando estuvieren autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.
Art. 3.- La acci�n expropiatoria podr� promoverse contra cualquier clase de personas, de car�cter p�blico o privado.
Art. 4.- Pueden ser objeto de expropiaci�n todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacci�n de la utilidad p�blica, cualquiera sea su naturaleza jur�dica, pertenezcan al dominio p�blico o al dominio privado, sean cosas o no.
Art. 5.- La expropiaci�n se referir� espec�ficamente a bienes determinados. Tambi�n podr� referirse gen�ricamente a los bienes que sean necesarios para la construcci�n de una obra o la ejecuci�n de un plan o proyecto; en tal caso la declaraci�n de utilidad p�blica se har� en base a informes t�cnicos referidos a planos descriptivos, an�lisis de costos u otros elementos que fundamentan los planes y programas a concretarse mediante la expropiaci�n de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculaci�n o conexi�n de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaraci�n gen�rica de utilidad p�blica se refiriese a inmuebles, deber�n determinarse, adem�s, las distintas zonas de modo que a falta de individualizaci�n de cada propiedad queden especificadas las �reas afectadas por la expresada declaraci�n.
Art. 6.- Es susceptible de expropiaci�n el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.
Igualmente son susceptibles de expropiaci�n los inmuebles sometidos al r�gimen de propiedad horizontal.
Art. 7.- La declaraci�n de utilidad p�blica podr� comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino tambi�n todos aquellos cuya razonable utilizaci�n en base a planos y proyectos espec�ficos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas ser�n utilizadas concretamente en la ejecuci�n del programa que motiv� la declaraci�n de utilidad p�blica.
Art. 8.- Si se tratase de la expropiaci�n parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotaci�n racional, el expropiado podr� exigir la expropiaci�n de la totalidad del inmueble.
En los terrenos urbanos se considerar�n sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiaci�n quedaren con frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales.
Trat�ndose de inmuebles rurales, en cada caso ser�n determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta la explotaci�n efectuada por el expropiado.
En el supuesto de avenimiento, las partes de com�n acuerdo determinar�n la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiaci�n dicha superficie ser� establecida por el juez.
Etc. Etc. CEAMSE: Expropiaciones - Legislaci�n Nacional y Provincial