Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-279-14.htm
Timestamp: 2019-03-23 16:37:52
Document Index: 9071331

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 243', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 6', 'artículo 84', 'artículo 6', 'Artículo 5', 'Artículo 84', 'artículo 338', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 338', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 84', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 84', 'artículo 338', 'artículo 363', 'artículo 4', 'artículo 338', 'artículo 363', 'artículo 363', 'artículo 243', 'artículo 84', 'ARTÍCULO 84', 'artículo 85', 'artículo 2']

C-279-14
La cosa juzgada constitucional -además de ser un principio jurídico incorporado al debido proceso- persigue dos propósitos esenciales. Primero, en armonía con el artículo 4º Superior, otorga eficacia al principio de supremacía constitucional, pues (i) evita que después de una decisión de la Corte Constitucional sobre la incompatibilidad de una norma con la Constitución, esta pueda regresar al orden jurídico, (ii) desarrolla la interpretación autorizada de los mandatos constitucionales, dotándolos de precisión, y (iii) previene sobre interpretaciones abiertamente incompatibles con la Carta, evitando que sean asumidas por el Legislador al momento de concretar los mandatos superiores. Segundo, garantiza la seguridad jurídica, pues las decisiones de la Corte son definitivas y vinculantes para todos (efectos erga omnes), y su sentido no puede ser alterado por sentencias posteriores. Por lo tanto, el examen de un asunto previamente resuelto solo es posible si se modifican las normas superiores concretas que sirvieron de parámetro de control. De esa manera, se excluye la procedencia de nuevas demandas basadas en los mismos motivos, se mantiene la estabilidad del ordenamiento jurídico, y se establece una garantía de auto restricción al activismo judicial, pues las sentencias previas determinan la adopción de una decisión idéntica, en caso de que el asunto sea puesto en conocimiento de la Corte una vez más.
En primer lugar la decisión queda en firme, es decir, que no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad. En segundo lugar, se convierte en una decisión obligatoria para todos los habitantes del territorio. Como lo ha reconocido la jurisprudencia, la figura de la cosa juzgada constitucional promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales.
La cosa juzgada formal recae sobre disposiciones o enunciados normativos, mientras que la cosa juzgada material se estructura en relación con las normas, o los contenidos normativos de cada disposición. En consecuencia, la cosa juzgada formal se configura cuando se presenta una demanda contra una disposición sobre cuya constitucionalidad la Corte se había pronunciado previamente, mientras que la cosa juzgada material se produce cuando, a pesar de demandarse una disposición distinta, el Tribunal constitucional constata que su contenido normativo coincide con el que ya había analizado. Por ejemplo, cuando un artículo de una ley formula de manera distinta un contenido normativo previamente estudiado por la Corte Constitucional. Los efectos de la cosa juzgada, expresados en el citado artículo 243 de la Constitución Política, se producen tanto cuando se configura desde la perspectiva formal, como cuando lo hace desde la concepción material, pues el citado precepto no hace diferenciación alguna al respecto, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional poseen fuerza vinculante erga omnes, en lo que hace al sentido de la decisión y en lo concerniente a la interpretación que sienta sobre los mandatos constitucionales.
ARANCEL JUDICIAL-Naturaleza
PRUEBA DE PAGO DEL ARANCEL JUDICIAL COMO ANEXO DE LA DEMANDA EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Inhibición para decidir sobre la constitucionalidad del numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012
La norma contenida en el numeral 4º del artículo 84 del Código General del Proceso no prevé por sí sola las consecuencias jurídicas que plantea el actor, lo que desvirtúa la certeza de la demanda. Además, las consideraciones que la Corte sentó en la decisión C-169 de 2014 sobre la potencial validez de contribuciones parafiscales previa la iniciación de un proceso judicial generaban la necesidad de una argumentación suficiente para cuestionar el inciso 4º del artículo 84 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), carga que no se satisfizo en la demanda y que, por lo tanto, comporta el incumplimiento de uno de los requisitos para que la demanda provoque un pronunciamiento de fondo, por lo tanto, la Corte se declara inhibida para decidir sobre la constitucionalidad de la expresión cuestionada.
Demandas de inconstitucionalidad presentadas por (1) Manuel Antonio Ballesteros Romero contra la Ley 1653 de 2013 “por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones” y el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.” (D-9866) y (2) por Nicolás Henao Bernal contra el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013 por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras” (D-9872)
1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el señor Manuel Antonio Ballesteros Romero presentó demanda contra la totalidad de la Ley 1653 de 2013 “por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones” y el numeral 4° del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012 “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por el presunto desconocimiento de los artículos 13, 150, 338, 341, 359 y 363 de la Constitución Política. Esta demanda corresponde al proceso D-9866. A su turno, el señor Nicolás Henao Bernal presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013 “por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”, por presunto desconocimiento de los artículos 13, 29, 116, y 229 de la norma superior. Esta demanda corresponde al proceso D-9872. Dichos procesos fueron acumulados por la Sala Plena de esta Corporación en sesión del 28 de agosto de 2013.
Artículo 5o. Excepciones. No podrá cobrarse arancel en los procedimientos arbitrales, de carácter penal, laboral, contencioso, laboral, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción voluntaria, ni en los juicios de control constitucional o derivados del ejercicio de acciones de tutela, populares, de grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucionales. No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector financiero o que sean vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica y los colectores de activos públicos señalados como tales en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones dinerarias de alguna entidad del sector financiero.
Parágrafo 2o. Cuando la demanda no fuere tramitada por rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar nuevamente la demanda”.
Artículo 84. Anexos de la demanda. A la demanda debe acompañarse:
Considera el actor que la norma desconoce el principio de certidumbre tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución, al disponer que el arancel judicial “se genera en todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias”. En su criterio, invierte la estructura lógica de fijación del tributo, de acuerdo con la cual “el hecho generador es causa determinante de la base gravable, la precede en el tiempo, y a su vez la base gravable es causa determinante de la tarifa, la procede el tiempo y la determina”, pues en la norma analizada el pago del tributo precede al hecho generador del mismo: la admisión de una demanda judicial que contenga pretensiones dinerarias.
1.2.1. En concepto del actor la expresión “arbitrales” utilizada en el artículo para exceptuar el arbitramento del arancel, viola el derecho y principio de igualdad porque en estos existen pretensiones dinerarias, de manera que no existen razones constitucionales para que el Legislador les dé un trato distinto en materia de arancel.
1.2.2. La expresión “no podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas de derecho público” contenida en el artículo 5º de la Ley 1653 de 2013 vulnera los principios de igualdad (art. 13 C.P.), equidad y progresividad (art. 363 C.P.) en los tributos. Al exceptuar a las personas de derecho público del pago del arancel judicial, se crea un desequilibrio en perjuicio de las personas de derecho privado (por ejemplo las EPS y las terminales de transportes), perdiendo de vista la finalidad de la norma, que es generar recursos para solucionar los problemas de congestión judicial e implementar los procedimientos orales, aspectos que repercuten en todos los usuarios de la administración de justicia.
1.2.3. A juicio del ciudadano, el apartado normativo según el cual “en caso de que prosperen total o parcialmente las pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que ponga fin al proceso la devolución, total o parcial, del arancel judicial y dará aplicación al parágrafo 1° del artículo 8° de la esta ley,” “la base gravable serán las condenas económicas decretadas en la sentencia” y “en los procesos contencioso administrativos diferentes al contencioso laboral cuando el demandante sea un particular, se aplicará la misma regla prevista en el inciso anterior para las personas que no están legalmente obligadas a declarar renta” desconoce los artículos 13, 338 y 363 de la norma superior. La norma, para el actor, viola entonces los principios de eficiencia, equidad, progresividad, así como el artículo 338 de la Carta pues el gravamen no tiene estructura de tributo sino de caución.
1.2.4. Sobre el apartado “cuando se demanda ante una autoridad administrativa en ejercicio de la función jurisdiccional en aquellos asuntos en lo que ésta y el juez tengan competencia a prevención para conocer de la actuación, el arancel se causará a favor de la autoridad administrativa respectiva” del mismo artículo, estima el demandante que desconoce el artículo 2º de la Carta, al destinar el arancel a una autoridad administrativa, pues su finalidad es financiar los gastos de la administración de justicia, y no asumir costos de los órganos de la administración pública.
1.2.5. Al cuestionar el artículo 6° (parcial) de la Ley 1653 de 2013 y numeral 4° del artículo 84 de la Ley 1564 de 2012, el accionante sostuvo que las normas acusadas disponen varias situaciones que a su juicio son inconstitucionales: (i) que el arancel se pague antes de presentar la demanda; (ii) que si no se paga, la demanda sea inadmitida; (iii) que uno de los elementos que determinan la admisión de la demanda es la constancia de pago del arancel judicial; y (iv) que el juez dé un plazo perentorio para pagar el arancel o de lo contrario, deba declarar desistimiento tácito, perención o cualquier “otra forma de terminación anormal del proceso”, circunstancias que desconocen los artículos 338 y 363 de la Constitución.
1.2.6. Finalmente, el artículo 8º de la Ley 1653 de 2013 es inconstitucional, de acuerdo con la demanda, pues al establecer un tope máximo de 200 SMLMV, como cuantía a pagar por concepto del arancel judicial. La norma es regresiva pues permite que en los procesos con pretensiones más altas, se “congele” el costo del arancel. Viola el principio de igualdad porque si el arancel debe pagarse, lo justo es que todas las personas lo cancelen en la misma proporción y no que se cree un límite exclusivamente para los procesos guiados por mayores aspiraciones económicas.
“Artículo 6°. Sujeto pasivo. El arancel judicial está a cargo del demandante inicial, del demandante en reconvención o de quien presenta una demanda acumulada en procesos con pretensiones dinerarias. De la misma manera, estará a cargo del llamante en garantía, del denunciante del pleito, del ad excludendum, del que inicie un incidente de liquidación de perjuicios cuando no se trate del mismo demandante que pagó el arancel al presentar la demanda y de todo aquel que ejerza una pretensión dineraria.
Parágrafo 2°. Si en cualquier etapa del proceso se establece que no se ha pagado total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizará el requerimiento respectivo para que se cancele en el término de cinco (5) días, so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento tácito, la perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, según el estatuto procesal aplicable”.
En cuanto al momento del pago del arancel, señaló que el inciso 2º del artículo 6º de la Ley 1653, dispone que deberá cancelarse antes de presentar la demanda y acompañar a la misma el comprobante de pago, mientras que en la Ley 1394 de 2010se establecía que el arancel se cancelaba a la terminación del proceso. Para el Instituto “obligar al demandante, en todo proceso, sin consideración de la cuantía de las pretensiones, a cancelar el arancel judicial antes de la presentación de la demanda, viola el principio de ‘libre acceso a la administración de justicia’, y en algunos casos -para demandantes con mínima capacidad económica- también se viola el ‘principio de gratuidad de la administración de justicia’”. La Corte consideró, en sentencia C-368 de 2011 que el arancel no violaba el acceso a la justicia porque su cobro se efectuaba al final del proceso y no antes de la admisión de la demanda.
Por otra parte, el Instituto concluyó aduciendo que el artículo 4º de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, debe declararse inexequible, si prospera la solicitud de inexequibilidad del inciso 2º del artículo 6º de la ley 1653 de 2013, en tanto obliga acompañar a la demanda la copia del pago del arancel, estableciendo un obstáculo al acceso a la administración de justicia.
Para el Ministerio, las normas demandadas no violan los principios de equidad, progresividad y eficiencia, toda vez que “la progresividad (…) como expresión particularizada del principio de equidad, compensa el principio de proporcionalidad del sistema tributario, dado que no es suficiente mantener la relación porcentual entre la capacidad económica y el monto de los impuestos, sino que resulta necesario disponer que quienes tiene (sic) mayor patrimonio o perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción a aumentar los ingresos tributarios”. En su parecer, el artículo 5º demandado sí obliga a que paguen más quienes tengan mayores recursos, y establece dos excepciones para evitar que sea cancelado por los que no pueden asumirlo, que el demandante no haya declarado renta o que haya solicitado el amparo de pobreza.
“En primer lugar la decisión queda en firme, es decir, que no puede ser revocada ni por la Corte ni por ninguna otra autoridad. En segundo lugar, se convierte en una decisión obligatoria para todos los habitantes del territorio. Como lo ha reconocido la jurisprudencia, la figura de la cosa juzgada constitucional promueve la seguridad jurídica, la estabilidad del derecho y la confianza y la certeza de las personas respecto de los efectos de las decisiones judiciales[5]”.
Ahora bien, el sentido de la decisión previa determina también la forma en que la Corte debe pronunciarse ante una demanda que propone repetir un examen resuelto ya por un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada. Ante la reproducción de un contenido normativo declarado inconstitucional por razones de fondo, debe declararse la inconstitucionalidad de la norma objeto de análisis, mientras que si la decisión previa fue de exequibilidad, la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia previa “a menos que se presenten circunstancias excepcionales que enerven los efectos de la cosa juzgada, como ocurre, por ejemplo, (i) cuando se presentan reformas constitucionales que varían los parámetros de comparación; (ii) cuando así lo demanda el carácter dinámico del Texto Superior; (iii) o cuando se presenta la necesidad de realizar una nueva ponderación de valores o principios constitucionales a partir del cambio de contexto en que se inscribe la disposición acusada”.[9]
11. De esa forma, las personas verían aumentar el costo del arancel a medida que sus pretensiones dinerarias se incrementarán, pero, una vez las pretensiones llegaran a sumas muy elevadas de dinero, el arancel ya no representaría el 1.5% de sus pretensiones, debido al tope máximo o “techo” previsto por el Legislador, en claro desconocimiento de la equidad y progresividad del tributo.
13. En relación con el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, la Sala precisó que, a diferencia de lo que ocurría en la Ley 1394 de 2010, “por la cual se regula un arancel judicial”, ordenamiento que exigía el pago del arancel al finalizar el proceso, en la Ley 1653 de 2013, “por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”, se previó el pago del arancel antes de iniciarse el proceso. Así, la Ley 1653, citada, exigía acompañar prueba del pago a la demanda y ordena al juez su inadmisión (o la adopción de otras formas de terminación anticipada del proceso) en caso de no haberse sufragado.
Ineptitud del cargo contra el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 1564 de 2013
En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes; esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”. [15]
En el aparte 2.4 de la demanda se propone que los artículos 6º de la Ley 1653 de 2013 y 84 (numeral 4º) de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) vulneran los artículos 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia, pues “i) viola[n] la necesidad de determinación de los elementos esenciales de la obligación tributaria consagrados en el artículo 338 de la Norma Superior y específicamente … determinación (y existencia) del hecho generador; ii) viola[n] los principios de equidad y progresividad de la obligación tributaria consagrados en el artículo 363 de la Norma Superior”.
La inconstitucionalidad de ambas disposiciones radica en que “i) el actor debe pagar antes de demandar; ii) si no paga la demanda no se será admitida; iii) uno de los elementos del auto admisorio de la demanda es la constancia del control del pago [del arancel] por el Juez, y iv) El caso de que el proceso (sic) se esté adelantando sin [ese pago], el juez dará un término perentorio para pagar o […] aplicar, desistimiento tácito, perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso”.
También se constata el desconocimiento de la Carta debido a que el pago “precede al hecho generador, que según el artículo 4º de la ley, es el proceso, y no el conflicto, la demanda ni las pretensiones. El sujeto pasivo del tributo no está obligado a pagar el tributo antes de la ocurrencia (existencia) del hecho generador, porque sin hecho generador no hay tributo. Por eso esta norma viola el artículo 338 de la Carta Política que establece el hecho generador como uno de los elementos esenciales del tributo (…)”.
En relación con la violación del artículo 363 propone el demandante: “el proceso con pretensiones dinerarias tiene, por regla general, como presupuesto la existencia de un desequilibrio que soporta el actor frente al demandado y lo que busca el demandante es que el proceso restablezca el equilibrio que considera se rompió por el incumplimiento o trasgresión de una norma (…) y que no pudo restablecer antes de llegar al proceso (…) Para restablecer ese desequilibrio (sic), el actor debe aumentar ese desequilibrio asumiendo las cargas y los costos que conducen al proceso (…) Si a ese desequilibrio connatural al conflicto (…) se le suma el pago del arancel judicial como condición de la admisión de la demanda o como causa de desistimiento tácito o perención, la Ley (…) se convierte en un gran factor de inequidad procesal.
c) En tercer lugar, señala el demandante, que la norma viola los principios de equidad y progresividad consagrados en el artículo 363 de la Norma Superior. Ello porque: “[…] el principio de progresividad presupone una equivalencia entre el tributo y lo gravado con el tributo; pero al gravarse las pretensiones e imponerse ese pago de manera previa a la prosperidad de esas pretensiones y al pago de las condenas (…) se genera un empobrecimiento del actor (…) Cobrar un tributo bajo la expectativa de que en un futuro “cierto” (…) ocurra un hecho incierto (…) que eventualmente signifique ingreso de dinero al demandante es, inequitativo y regresivo (…)”.
[3] Constitución Política, artículo 243: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional || Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
[8] La diferenciación entre disposición y norma se relaciona también con las decisiones en que se adoptan efectos modulados y, especialmente, con las sentencias que declaran la exequibilidad condicionada de una norma. Cuando la Corte dicta una sentencia de esa naturaleza, lo que ocurre es que el demandante razonablemente demuestra que existe una interpretación de un texto legal que resultaría incompatible con la Constitución Política, pero la Corte evidencia que también existe una interpretación razonable del enunciado, que no afecta la supremacía de la Carta. || En otros términos, el texto permite potencialmente derivar dos normas jurídicas distintas, y la Corte preserva la que se ajusta a la Constitución, maximizando a la vez el principio democrático, mediante la conservación de las normas dictadas por el Legislador. Al respecto, la Corte ha explicado: “hay lugar a declarar la existencia de la cosa juzgada formal, en aquellos eventos en los que existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional. Así mismo, la jurisprudencia ha sido enfática en manifestar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se aplique comporte un cambio sustancial en su alcance y significación”. Al respecto, ver sentencias C-427 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-774 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-1064 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-310 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Una consecuencia adicional de asumir la distinción entre disposición y norma jurídica es la posibilidad excepcional de asumir el estudio de constitucionalidad sobre interpretaciones específicas de los textos jurídicos, siempre que el demandante demuestra que esas interpretaciones han sido asumidas como ciertas por los operadores jurídicos y, especialmente, por los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones. Ese trabajo argumentativo consiste en indicar que, con independencia de la formulación de las normas “en el papel”, existe un derecho viviente que las concibe de una manera determinada, y otorga consecuencias normativas en los distintos procesos a esa concepción. (Al respecto, ver la sentencia C-557 de 2001. MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[16] Este es el texto del artículo 84, Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso): “ARTÍCULO 84. ANEXOS DE LA DEMANDA. A la demanda debe acompañarse: || 1. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.|| 2. La prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso, en los términos del artículo 85.|| 3. Las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretenda hacer valer y se encuentren en poder del demandante.|| 4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando hubiere lugar.|| 5. Los demás que la ley exija.
[17] Se utiliza la palabra cierto en el sentido del requisito de certeza, tal como lo definió la Corte en sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), ya reiterada: “Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.
[19] Según la sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), previamente reiterada, “la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”
[20] Así se expresa en la demanda: “Como se dijo anteriormente la inconstitucionalidad se ubica concretamente en los apartes subrayados, que coinciden en lo mismo: i) El actor debe pagar antes de demandar; ii) si no paga la demanda no será admitida; iii) uno de los elementos del auto admisorio de la demanda es la constancia del control del pago por el juez; y iv) el caso (sic) de que el proceso se esté adelantando sin el pago total o parcial del arancel, el juez dará un término perentorio para pagar o de lo contrario deberá aplicar, desistimiento tácito, perención, o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso”.