Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-699554773
Timestamp: 2019-07-16 02:56:52
Document Index: 153379324

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 62', 'artículo 120', 'artículo 211', 'artículo 225', 'artículo 52', 'artículo 14', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 49', 'artículo 225']

STC 127/2017, 13 de Noviembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 699554773
Número de Recurso: 5353-2017
Promovido por los herederos de doña N.A.C., en relación con la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la contraparte en proceso por despido.
Mediante escrito registrado el 25 de septiembre de 2015, la Procuradora de los Tribunales doña Virginia Castillo Rodríguez, actuando en nombre y representación de don FJ.R.DS., y de sus hijos menores don P. y don A.R.A., interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento.
Con fecha 16 de diciembre de 2011 se registró en el Juzgado de lo Social, delegación del Decanato de Madrid, escrito de doña N.A.C. y otra trabajadora, por el que formulaban demanda por “despido improcedente o, subsidiariamente nulo, contra el Ayuntamiento de Parla” (Madrid). De dicha demanda conoció el Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid, autos de despido núm. 1443-2011.
Consta en el hecho declarado probado núm. XXI de la Sentencia que “mediante comunicación de 16 de marzo de 2011 se participó a la actora que se accedía a la solicitud de reducción de jornada laboral en una hora con motivo de su embarazo” y “mediante comunicación de 4 de julio de 2011 se participó a la actora que se accedía a la solicitud de acumulación de horas de lactancia por un permiso retribuido desde el 30 de julio al 30 de agosto, debiendo reincorporarse a su puesto de trabajo el día 31 de agosto de 2011 (documento número 54 de la parte actora). Asimismo, mediante comunicación de 14 de octubre de 2011 la actora solicitó reducción de la jornada laboral de dos horas por cuidado de hijos menores, rectificando posteriormente mediante comunicación de 19 de octubre de 2011 la solicitud concretándola en una hora de reducción ( documentos número 56 y 57 de la parte actora).”
En el hecho declarado probado núm. XXIII de la Sentencia se dice que “mediante comunicación de 21 de octubre de 2011 le fue notificada la extinción de su contrato de trabajo por amortización de la plaza”.
Considera la trabajadora y así lo hizo constar en la demanda inicial, que su contrato era indefinido y que su despido “se ha realizado de forma arbitraria y que se han amortizado puestos de trabajo, eliminándose de la relación de puestos de trabajo (RPT), cuando en realidad se necesitaba personal, lo que acredita que no era necesario amortizar puestos de trabajo y la intencionalidad de prescindir de nosotros como trabajadores de la empresa, por causas arbitrarias y discriminatorias, lo que lleva a la consecuencia jurídica de considerarse nuestros despidos como improcedentes y subsidiariamente nulos con las consecuencias jurídicas en cada caso”.
Asimismo, en el documento número 93 del expediente administrativo consta certificación de la secretaría general del Ayuntamiento de Parla en la que se señala que, por acuerdo del pleno del ayuntamiento de 8 de noviembre de 2011, se acordó “la desestimación del Acuerdo de la Junta de Gobierno extraordinaria de 20 de octubre de 2011 por el que se aprueba el expediente de regulación de personal, dejándolo sin efecto, así como cuantas actuaciones derivadas del mismo pudieran haberse efectuado”.
Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid de 18 de junio de 2012, recaída en procedimiento núm. 1443-2011, se declaró nulo el despido de la recurrente, doña N.A.C., por tener reducida la jornada laboral por cuidado de hijo (fundamento jurídico 5 de la Sentencia), al igual que se declaró improcedente el de la otra trabajadora que figuró como codemandante en el mismo proceso, doña MB.M.P., y condenó al Ayuntamiento de Parla en el caso de la fallecida, ejercitando el amparo sus causahabientes a “readmitir inmediatamente a dicha trabajadora, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la readmisión tenga lugar”.
La Sentencia del Juzgado de lo Social afirma, en su fundamento jurídico III, que los contratos de trabajo de ambas actoras, “acogidos inicialmente a diversas modalidades de contratación temporal (obra o servicio determinado, interinidad) estaban claramente suscritos en fraude de ley, al no cumplirse los presupuestos o requisitos materialmente establecidos por la Ley para la virtualidad de tales contratos temporales”. Por ello, “la relación laboral de ambas actoras era materialmente por tiempo indefinido (aunque no pueda hablarse de fijeza o titularidad de las plazas, puesto que los puestos de las actoras no se habían cubierto a través de procedimiento reglados con observancia de los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, libre concurrencia y publicidad ex arts. 23 y 103 CE)”, y el ayuntamiento debería haber encauzado el cese de los puestos de trabajo por la vía del despido objetivo previsto en los artículos 52 c) o 51 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores. El ayuntamiento “no podía sin más acordar la amortización administrativa de la plaza … pues la amortización administrativa de la plaza no es por sí misma causa extintiva de una relación laboral por tiempo indefinido, no figurando tal amortización en el elenco de causas extintivas del art. 49 ET, sino que la causa extintiva sería la decisión de la Administración, tras haber acordado la amortización, de extinguir por causas objetivas el puesto de trabajo”.
Por la representación de la parte actora se solicitó aclaración de la Sentencia de 18 de junio de 2012. El Juzgado dictó Auto de 10 de julio de 2012 aclarando los hechos probados XXIII y XXIV en el sentido de especificar que las comunicaciones de fecha 21 de octubre de 2011, por las que se participó a la demandante su inclusión en la amortización de puestos de trabajo, así como la extinción de su contrato, en concreto la de doña N.A.C., se notificó a dicha actora el día 24 de octubre de 2011, siendo ésta la fecha de efectos del despido.
Se anunciaba por las actoras recurso de suplicación contra la Sentencia, siendo formalizado exclusivamente en relación a doña N.A.C. el día 7 de agosto de 2012.
Previo anuncio del recurso de suplicación, puesto a disposición los autos, el 18 de octubre de 2012, el abogado del Ayuntamiento de Parla, actuando en nombre y representación de este, formalizó escrito de interposición del recurso de suplicación contra la Sentencia dictada. El recurso se dirigió a atacar los pronunciamientos referidos, a la naturaleza del contrato laboral de la actora y al procedimiento necesario para su despido, si bien puntualizó en uno de los párrafos del motivo primero, que “la Junta de Gobierno Local, que ostenta según el art. 126 LBRL las funciones ejecutivas como municipio de gran población, acuerda la amortización de puesto de trabajo, adoptándose el acuerdo con los informes previos y tramitación pertinente con intervención de los sindicatos, todo ello según consta en el expediente administrativo”. Considera el Ayuntamiento de Parla que “si la amortización se ajusta al procedimiento establecido, la acuerda el órgano competente, se publica en el ‘BOCM’ y se notifica al interesado, conlleva la extinción del contrato laboral indefinido no fijo, asimilado al interino por vacante por encajar con la causa establecida en el art. 49.1 b) en relación con el art. 4 del Real Decreto 2720/1988”.
Con respecto al del ayuntamiento, se dio traslado a las actoras, la que, a través de su letrada, presentaron el día 5 de noviembre de 2012 escrito de impugnación del recurso de suplicación.
En congruencia con lo planteado por el ayuntamiento, dicho escrito se dedicó a defender la conformidad a Derecho de los razonamientos de la Sentencia del Juzgado a quo , que habían sido cuestionados.
Por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2013 fue desestimado el recurso de suplicación interpuesto, tanto por el Ayuntamiento de Parla, como de la codemandada, doña N.A.C.
Señala la Sala en su fundamento jurídico tercero, con respecto al recurso presentado por el ayuntamiento recurrente, que no pueden tener favorable acogida, “de una parte, porque el propio Ayuntamiento admite, que en el momento de la extinción de la relación, las actoras eran trabajadoras de carácter indefinido no fijo (dado el fraude en la contratación temporal precedente como se reconoce), y de otra, porque no cabe su equiparación con los trabajadores interinos a los efectos de la extinción de la relación por amortización de la plaza eludiendo el cauce del despido objetivo, tal como se desprende de las SSTS de 3-2-2011 (R. 142/10) y de 16-9-2009 (R. 2570/2008) y 26-4-2010, conforme al criterio ya mantenido por esta Sala en anteriores Sentencias (por todas la de 2 de noviembre de 2012, R. 4018/12)”. Y con respecto al recurso interpuesto por la representación procesal de doña N.A.C., demandante en el procedimiento inicial, en el que interesaba la modificación de la cuantía reconocida como salario, que “no se accede porque aun cuando del ordinal vigésimo se desprende que en el último de los contratos figuraba como categoría la de auxiliar administrativo y así se admite de contrario en el acto del juicio, a falta de tablas salariales del convenio, el documento invocado, sin firma alguna y no ratificado en juicio, no puede acreditar el salario correspondiente a esta categoría.”
Por la representación letrada de la trabajadora fallecida, doña N.A.C., y de la otra compañera se presentó escrito el día 9 de agosto de 2013, que impugnó el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla.
Alegan en aquél que el ayuntamiento habría modificado el sentido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurrida, porque en la misma no se había discutido, ni la competencia de la Jurisdicción Social en relación al artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ni la competencia de la Junta de Gobierno para adoptar la decisión de amortizar los puestos de trabajo. Además, añaden que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entró a analizar congruentemente los dos únicos motivos de suplicación opuestos por el ayuntamiento, que eran la vulneración de los artículos 23 y 103 CE, en relación al artículo 15.3; y la de los artículos 51, 52 y 53 LET. A pesar de lo que había alegado el ayuntamiento recurrente, no se daba la sustancial identidad ente las sentencia comparadas, y que “el acto de amortización adoptado por la Junta de Gobierno en el supuesto que nos ocupa no ha de considerarse válido y eficaz, siendo el Pleno de la Corporación el que tiene la competencia, al tratarse de la amortización de más de 50 plazas, afectando a la plantilla y al presupuesto”.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación para la unificación de la doctrina mediante Sentencia de 21 de julio de 2014, con la siguiente parte dispositiva:
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2013 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (rollo 223/2013) …. ; y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, estimamos el recurso de tal clase interpuesto por el Ayuntamiento demandado, desestimando la demanda y declarando la procedencia de la extinción contractual de las demandantes efectuada por dicho empleador en fechas 25—octubre—2011 y 24—octubre—2011, respectivamente, con derecho a recibir a cargo del Ayuntamiento una indemnización de cuantía de ocho días de salario por año trabajado, a cuyo abono se le condena, y se entenderá a las actoras en situación de desempleo por causas a ellas no imputable. Sin imposición de costas en ambos recursos.
PRIMERO.- En el procedimiento del que trae causa el presente recurso de casación unificadora no se ha cuestionado en la sentencia de instancia ni en la de suplicación impugnada, a diferencia de otros asuntos derivados de la misma decisión extintiva conocidos por esta Sala, la problemática de la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la decisión administrativa de amortización de puestos de trabajo ni la de si el órgano administrativo competente para adoptar tal decisión era la Junta de Gobierno Local o el Pleno del Ayuntamiento; pero, a pesar de ello, por posible error del Ayuntamiento recurrente, relatando unos antecedentes distintos a los que son objeto del presente procedimiento, plantea como los dos primeros motivos de su recurso de casación unificadora cuestiones (incompetencia jurisdicción social y órgano municipal competente para amortización) que no fueron objeto de debate ni en instancia ni en suplicación, lo que hace improcedente el planteamiento de dichos dos primeros motivos en este recurso extraordinario, lo que comporta su inadmisión …
SEGUNDO. 1- En consecuencia, únicamente cabe examinar el tercer motivo del recurso, por lo que la única cuestión que válidamente se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar, — partiendo de la existencia de un no cuestionado acuerdo administrativo, formalmente válido, de amortización de plazas—, determinar los requisitos laboralmente exigibles para proceder a la amortización puestos de trabajo desempeñados por trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración pública municipal empleadora y las derivadas consecuencias.
Luego de reproducir los razonamientos contenidos en la jurisprudencia que refiere, la Sentencia aquí recurrida resuelve en el fundamento quinto el derecho de la recurrente a la indemnización por su despido, declarada “la procedencia de la decisión extintiva empresarial”. Concluye la Sala en el fundamento sexto con la deducción de los efectos de la estimación del recurso, que luego traslada al fallo, cuyos términos han sido ya recogidos con anterioridad.
En fecha 5 de septiembre de 2014, por la representación de las trabajadoras se presentó escrito de aclaración, subsanación y/o complemento de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014, que no fue acogido por la Sala, dado que, por virtud de Auto de 22 de diciembre siguiente, acordó no acceder a la aclaración, rectificación o subsanación pretendida.
Por escrito presentado el día 27 de febrero de 2015 la representación procesal de la aquí recurrente en amparo y de doña MB.M.P. (quienes actuaron bajo la misma defensa en la instancia) se promovió incidente extraordinario de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ).
Por otro lado, afirmaba que la desigualdad era evidente, puesto que era el propio Tribunal Supremo el que había resuelto los recursos interpuestos “no por los hechos, sino dependiendo del número de motivos articulados por el Ayuntamiento, provocando que despidos que devienen de un mismo acto que no es válido, se hayan declarado en unos casos nulos y en otro no” en función del planteamiento que haya hecho del recurso el ayuntamiento.
Tras la tramitación del incidente extraordinario de nulidad, el día 20 de julio de 2015 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó Auto desestimando la nulidad solicitada.
La presunta incongruencia o defecto de motivación —y, por ende, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 CE— derivaría, según las recurrentes de un hecho del que en absoluto puede derivarse el significado que ella pretende. Dicho hecho consiste en que en la sentencia de suplicación ... que se revocó por la que ahora se pretende anular se dice que ‘...una vez se parte de la premisa de la inexistencia de la válida amortización de la plaza...’. De ahí deduce la ahora recurrente que esa expresión ‘se refiere, obviamente, a la validez y regularidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno’. Pero no hay tal. Esa frase, como la propia recurrente reconoce, solo aparece por vía de remisión de esa sentencia del TSJ de Madrid ... a otra del mismo TSJ de Madrid de ... que, a su vez, se remite a dos más del mismo TSJ de ... Pues bien, en dicha sentencia remitida es cierto que se dice que ‘una vez que se parte de la premisa de inexistencia de válida amortización de la plaza, la aplicación de la normativa laboral a la relación de los trabajadores con la Administración Pública viene impuesta por el artículo 1.1 y 2 de la ET ... (por lo que) hay que concluir en la aplicación del art. 51 de la ET’. Se trata de una frase poco comprensible, habida cuenta que la aplicación de la normativa laboral a ese tipo de relaciones no depende en absoluto de que el acto administrativo de amortización de la plaza sea o no válido, añade que: ‘Pero, en cualquier caso, lo que no se puede pretender, como hace el recurrente de nulidad, es que esa frase ‘se refiere, obviamente, a la validez y regularidad del Acuerdo de la Junta de Gobierno’. Tan esto no es así, que basta seguir leyendo la invocada y remitida Sentencia del TSJ de Madrid de 5/11/2012 para constatar que en su FD Segundo dice: ‘Prescindiendo de los aspectos atinentes al problema de la competencia de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla, que no se han planteado ni en la sentencia de instancia ni en esta fase de alzada...’. Por lo tanto, es claro que en dicha sentencia no hay pronunciamiento alguno sobre ‘la validez y regularidad de la Junta de Gobierno’. Y, desde luego, está meridianamente claro que en la sentencia remitente, la del TSJ de Madrid de 13/3/2013 (Rec. Sup. 4564-2012 ), que fue la confirmada por la STS cuya nulidad se pretende, no hay la más mínima alusión al tema de la posible falta de competencia de la Junta de Gobierno Local para adoptar el acuerdo de amortización de plazas que adoptó (es más, ni siquiera se menciona que posteriormente dicho acuerdo fue revocado por el Pleno del Ayuntamiento) razón por la cual hay que entender que, en realidad, la ‘inexistencia del acuerdo válido’ a que se refiere (por vía de remisión a la otra sentencia) se basa, exclusivamente, en que se adoptó sin someterse al procedimiento del art. 51 ET y no a que se adoptó por órgano incompetente, aunque la redacción —al hablar de una premisa que, en realidad, es una consecuencia— no sea muy afortunada ’ y que. ‘Por lo tanto, es manifiesto que la sentencia cuya nulidad se pretende en absoluto ha incurrido en la incongruencia omisiva ni, por ende y derivadamente, en la falta de motivación que se le imputa. El motivo debe ser rechazado y así lo hacemos’. Añade, por otra parte, que ‘Si dicha imputación es manifiestamente carente de fundamento igual sucede con la segunda imputación: violación del art. 14 CE al haber incurrido —se dice— en ‘infracción del derecho de igualdad ante la ley y el derecho a no obtener resoluciones contradictorias en los pronunciamientos judiciales sobre un mismo hecho, en este caso, la validez del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2011’. Pero, como hemos dicho, la sentencia cuya nulidad se pretende no entra para nada en si tal Acuerdo era o no válido por razones formales sino que atiende exclusivamente al planteamiento del único motivo del recurso de casación unificadora, a saber, la nulidad de los despidos acordados por no haberse seguido el procedimiento del art. 51 ET . Y, siguiendo la doctrina de la Sala en aquel momento vigente, concluye —exactamente igual que todas nuestras sentencias del que hemos denominado ‘segundo grupo’— que no era necesario seguir ese procedimiento estatutario en los casos de amortización de plazas por AAPP
La demanda de amparo se articula en cuatro motivos:
Vulneración del derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 CE, en su precepto de no discriminación por razón de sexo y la prohibición de discriminación a mujeres embarazadas. La Sentencia de instancia contemplaba la nulidad del despido realizado por el Ayuntamiento de Parla, al considerar que el mismo había sido discriminatorio por razón de sexo y ejercer los derechos de maternidad legal y convencionalmente establecidos. En la Sentencia del Tribunal Supremo que da origen a la solicitud de amparo no se hace mención alguna a la discriminación y vulneración de un derecho fundamental acreditado en las resoluciones anteriores.
El segundo motivo de la demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), por vulneración del artículo 62 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Señala que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo tenía conocimiento del acuerdo del pleno del ayuntamiento de 8 de noviembre de 2011, por el que se había dejado sin efecto el expediente de regulación de personal acordado por la Junta de gobierno local el día 20 de octubre de 2011, por otros procedimientos judiciales derivados del mismo decreto de la Junta de gobierno local, en los que sí se había revisado de oficio la competencia de la Junta de gobierno para acordar la amortización de los puestos de trabajo.
El tercer motivo de la demanda de amparo denuncia la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); también, en relación al artículo 120.3 CE, por falta de motivación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014 y del Auto que desestima el incidente de nulidad de 20 de julio de 2015. Señala la recurrente que, frente al recurso de casación instado por el Ayuntamiento de Parla, la parte había presentado escrito de impugnación, en el que se alegó la inadmisión del recurso por defectos insubsanables, tanto en la preparación como en la interposición del mismo, por incumplimiento de los requisitos procesales para recurrir y por falta de contenido casacional, a tenor del artículo 211.2 de la Ley de procedimiento laboral, como por cuestión de fondo. Sin embargo, en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014, afirma que no se hace pronunciamiento alguno sobre esta cuestión alegada, ni en los antecedentes de hecho, ni tampoco en los fundamentos de derecho. No se motiva la admisión del recurso suficientemente, ya que decir que concurre el presupuesto de la contradicción no es suficiente para viabilizar el recurso de casación para unificación de doctrina cuando concurren otros presupuestos formales básicos que no se han cuestionado.
Por último, en el cuarto motivo se alega nuevamente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) por infracción del artículo 225.4 de la Ley reguladora de la jurisdicción social (LJS), al haber sido admitido a trámite el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, concurriendo defectos insubsanables en la preparación y en la interposición del mismo. A juicio de la recurrente, en el recurso de casación del ayuntamiento se produce una falta de correspondencia entre la preparación de dicho recurso y la interposición posterior, tanto por el hecho de que en la preparación se han definido tres motivos de contradicción, para los cuales se ha fijado una sentencia referencial, mientras que en la interposición del mismo se ha enmascarado un punto más de contradicción, al subsumirlo en uno de los tres motivos que, en principio, se establecieron en la preparación, como por el hecho de que, a la hora de fundamentar un motivo de los señalados en el escrito de preparación, se han señalado dos sentencias referenciales, sin concretar cuál de ellas es la verdaderamente de contraste.
La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el día 30 de septiembre de 2015, por la que se acordó conceder a la procuradora doña Virginia Sánchez de León un plazo de diez días para que otorgara apoderamiento apud acta doña N.A.C., con apercibimiento de no admitir el recurso en caso de no atender a este requerimiento.
Con fecha 14 de abril de 2016, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, “apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009 , FJ 2 a)]”. Asimismo, acordó dirigir atenta comunicación a las Salas, de lo Social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de casación para unificación de doctrina 2099-2013, y al recurso de suplicación 223-2013, respectivamente. Se acordó también dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento 1443-2011, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseaban, en el recurso de amparo a quiénes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo. Este último requerimiento era reiterado al Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid, en diligencia de siete de junio de dos mil dieciséis. Consta su cumplimentación y remisión de actuaciones.
Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de este Tribunal de 19 de julio de 2016, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo común de 20 días, dentro de los cuales podían presentar las alegaciones que estimaren pertinentes, conforme determina el artículo 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).
El día 23 de septiembre de 2016 la representación procesal de la comunidad hereditaria recurrente en amparo, presentó escrito en el que se ratificó en su integridad en el contenido del recurso de amparo que da origen al presente procedimiento, sin más alegaciones.
Como primer motivo, se alega vulneración del derecho fundamental de igualdad del artículo 14 CE en su precepto de no discriminación por razón de sexo y la prohibición de discriminación a mujeres embarazadas. Con respecto a ello, después de aludir a los argumentos esgrimidos por la demandante y citar doctrina constitucional al respecto, manifiesta que comparte la doctrina que se expone en la demanda, y que se recuerda, SSTC 66/2015 , FJ 3, y 3/2007 FJ 2. Sin embargo, esta doctrina jurisprudencial no ha sido de aplicación en el presente caso por lo que la Sentencia de casación cuestionada no ha incurrido en la omisión que se alega.
En relación con el segundo de los motivos en los que se basa el presente recurso de amparo, se alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), por infracción del artículo 62 de la Ley 30/1992. Señala el Ministerio Fiscal que la demandante no esgrimió en la demanda rectora del proceso la nulidad de las extinciones contractuales habidas, por vulneración del citado artículo 62 de la Ley 30/1992, a pesar de mencionar al pleno del ayuntamiento celebrado el 8 de noviembre de 2011. Por otra parte, en la sentencia de instancia, de 18 de junio de 2012, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid, en su fundamento jurídico III, se relativizó la importancia de la amortización de la plaza en el ámbito laboral, al ser un expediente de índole administrativa sin efectos directos e inmediatos en el ámbito laboral, no siendo la amortización administrativa de la plaza causa extintiva de la relación laboral por tiempo indefinido, no figurando en el elenco de causas extintivas del artículo 49 LET.
Por lo que se refiere a la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías, por falta de motivación de ambas resoluciones, señala el Fiscal que la Sala de casación examinó la concurrencia de los requisitos formales y materiales a que se supedita la admisión de los motivos de casación unificadora y así lo ha hecho constar en sus resoluciones. En la sentencia de casación se analizó la concurrencia de los requisitos legales para la admisión del recurso y así se recoge, también, en los Autos del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2014 y 20 de julio de 2015.
Por último, en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no padecer indefensión en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías por vulneración del artículo 225.4 LJS, por la admisión del recurso de casación en unificación de doctrina concurriendo defectos insubsanables en la preparación y en la interposición del mismo, afirma el Ministerio Fiscal que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo admitió el motivo del recurso haciendo una interpretación flexibilizadora de la necesidad de que en el escrito del recurso se contuviera, no una genérica denuncia de no contradicción, sino una relación precisa y circunstanciada de la contradicción. La contradicción existía, pues la sentencia recurrida se apartaba de la jurisprudencia de aplicación, lo que se acomoda a la regulación legal y así lo expone en los fundamentos de Derecho tercero y cuarto, y tal modo de razonar no puede ser tildado, ni de arbitrario ni de irrazonable.
Por providencia de 8 de noviembre de 2017, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 13 del mismo mes y año.
Se interpone el presente recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014, que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, contra la Sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmatoria de otra anterior, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Madrid, la cual, a su vez estimaba la demanda presentada declarando la nulidad del despido de la trabajadora fallecida, que había sido acordado por decreto del delegado del área de personal y régimen interior de aquella corporación local, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la junta de gobierno de 20 de octubre de 2011, sobre amortización de 56 plazas de trabajadores a su servicio.
Antes de entrar en el análisis de fondo, hemos de pronunciarnos sobre el óbice procesal alegado por el Ministerio Fiscal relativo a la insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional en la demanda de amparo, adelantándose que el mismo debe ser rechazado.
Por otro lado, este Tribunal ya ha señalado con reiteración que el requisito de la especial trascendencia constitucional opera en la fase de admisión del recurso (SSTC 126/2013 , de 3 de junio, FJ 2; 170/2013 , de 7 de octubre, FJ 2, y 191/2013 , de 18 de noviembre, FJ 2), y en este caso el recurso de amparo se admitió, como consta en el antecedente 5, con el fin de sentar doctrina en torno a un problema o faceta nueva del derecho fundamental invocado.
Pues bien, el propio Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones reconoce que este Tribunal ha dictado la STC 147/2016 , de 19 de septiembre (a la que se añade la reciente STC 115/2017 , de 19 de octubre, del Pleno), donde se plantea la misma problemática de la presente demanda de amparo (a la que más adelante haremos referencia), la cual afecta a un grupo de trabajadores individualizados del Ayuntamiento de Parla, entre quiénes se encuentran, tanto la parte actora, que lo fue del recurso de amparo número 5750-2014, enjuiciado por la antedicha STC 147/2016 , como también la causante de los recurrentes, herederos abintestato. Esto evidencia, al margen de la discrepancia del Fiscal respecto a si ha de otorgarse la misma solución a este caso que al dado en la Sentencia que él mismo trae a colación, que en este último este Tribunal sí que apreció que concurría el presupuesto de la especial trascendencia constitucional para la admisión del recurso, como era la fijación de doctrina en torno a si se produce o no la negación del derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho al recurso, cuando la Sala competente (en este caso la Sala de lo Social del Tribunal Supremo) ha omitido responder a las pretensiones de la parte recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina laboral promovido por la contraria, pese a existir una serie de pronunciamientos de la misma Sala en los que ya se había otorgado la tutela solicitada. Por ello, no cabe apreciar el óbice que se aduce.
Los recurrentes consideran vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque la Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocía que el acuerdo de la junta de gobierno local de 20 de octubre de 2011, por el que se acordó la amortización de 56 puestos de trabajo, había sido dejado sin efecto por acuerdo del pleno del ayuntamiento de 8 de noviembre de 2011, y mientras que en otros procedimientos, derivados del mismo acuerdo de la junta de gobierno local, había revisado de oficio la competencia de la Junta de Gobierno para acordar la amortización de los puestos de trabajo, en la Sentencia recurrida no aborda esta cuestión porque entiende que no ha sido objeto de debate, ni en la instancia, ni en el trámite de suplicación.
Conforme a lo señalado en la STC 147/2016 , de 19 de septiembre, FJ 3, “este tipo de respuesta por la que el órgano judicial motiva el por qué no va a resolver sobre un punto planteado por una de las partes, no afecta al derecho a una resolución congruente, sino en realidad a otra faceta del mismo derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la del derecho al recurso, entendido como derecho a obtener una resolución de fondo sobre las pretensiones deducidas en el mismo. Así, en la STC 30/2003 , de 13 de febrero, FJ 2, razonamos que ‘no nos hallamos ante un caso de incongruencia omisiva en estricto sentido, pues la Sentencia de apelación no ha dejado de considerar el objeto procesal planteado por los apelantes … sino que ha considerado dicho objeto procesal y le ha dado expresa respuesta, tal como la contenida en el fundamento jurídico primero de la Sentencia, si bien aquella ha consistido en calificar dicha pretensión subsidiaria como una mera solicitud de aclaración o rectificación de la Sentencia apelada, para la que, aparte de considerarla extemporánea, se declaraba incompetente el Tribunal de apelación, dejándola así imprejuzgada en cuanto a su fondo o contenido’. En este supuesto, cabe añadir, el canon de control que nos corresponde aplicar es el de la resolución arbitraria, irrazonable o incursa en error patente [SSTC 92/2008 , de 21 de julio, FJ 6; 35/2011 , de 28 de marzo, FJ 3, y 7/2015 , de 22 de enero, FJ 2 A a), todas ellas en relación con resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en casación]”.
Resuelto el óbice, antes de entrar en el estudio de los motivos de la demanda, debemos precisar, en cuanto al orden de enjuiciamiento de las quejas, que es doctrina reiterada de este Tribunal que ha de conocerse primero aquella cuya estimación acarrearía la retroacción de las actuaciones, haciendo innecesario el estudio de las demás vulneraciones cuya reparación no precise de semejante medida [SSTC 156/2006 , de 22 de mayo, FJ 2; 25/2008 , de 11 de febrero, FJ 2, y 167/2014 , de 22 de octubre, FJ 3]. En este caso, sin embargo, la doctrina de referencia no resulta determinante, porque la estimación de cualesquiera de las cuatro quejas planteadas por la demanda obligaría a retrotraer las actuaciones a idéntico momento procesal, el inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia de casación para la unificación de doctrina impugnada.
En cambio, como cuestión previa a la censura del propio juicio de fondo aparece la queja relativa a la indebida exclusión de uno de los temas objeto de debate, esto es, la que se corresponde con el tercer motivo de la demanda por presunta incongruencia omisiva de la Sentencia de casación, el cual de este modo resultaría lógico abordar en primer término. Su eventual estimación, además, puede comportar —no nos toca determinar con qué resultado— una modificación de la propia decisión de fondo que deba dictarse, lo que dejaría sin efecto a su vez aquellas otras quejas. Por lo expuesto, iniciaremos nuestro análisis por el motivo segundo de la demanda.
Entrando ya en el estudio de la queja, hay que recordar que, como hemos recogido en los antecedentes, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014, recurrida en este amparo, afirma en su fundamento jurídico primero que nos encontramos ante un asunto que ya ha sido resuelto por ella anteriormente en otros recursos de casación afectantes a compañeros de las recurrentes despedidos por el mismo acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Parla; pero con la diferencia, observa, de que en el actual recurso no se ha planteado el problema de la competencia del órgano administrativo para la adopción del acuerdo, por lo que no procede entrar en consideración de fondo alguna al respecto, pese a que el propio ayuntamiento, por error, lo plantea como motivo de su recurso.
En la demanda ante el Juzgado de lo Social la recurrente puso de manifiesto que el día 8 de noviembre se celebró un pleno en el ayuntamiento en el que el grupo municipal de Izquierda unida-Los Verdes (IU-LV) propuso la readmisión de los trabajadores despedidos. Todos los grupos de la oposición votaron a favor de la propuesta, que obtuvo así la mayoría absoluta para alcanzar aquella finalidad. Entre la prueba documental de la parte actora consta (documento núm. 93) certificación de la secretaría general del Ayuntamiento de Parla que acredita que el acuerdo adoptado el 8 de noviembre de 2011 por el pleno del ayuntamiento fue adoptado en el siguiente sentido: “acordar la desestimación del acuerdo de la Junta de Gobierno extraordinaria de 20 de octubre de 2011 por el que se aprueba el expediente de regulación de personal, dejándolo sin efecto, así como cuantas actuaciones derivadas del mismo pudieran haberse efectuado”.
Por lo que se refiere a la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de mayo de 2013, resolutoria del recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, se remite a otra suya de 2 de noviembre de 2012, en la que, de modo expreso, fue examinado el problema de la nulidad del acuerdo de la junta de gobierno local. Por lo tanto, se puede entender que al hacer una remisión a dicha Sentencia, sin exclusión de ninguno de sus pronunciamientos, también se hace a esa parte de la misma que declaraba nulo el acuerdo, pues en caso contrario así lo habría advertido la Sala.
El Ayuntamiento de Parla decidió reproducir este tema en el debate del recurso de casación para la unificación de la doctrina, en los términos que se recogen en su escrito y a los que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada. De hecho, el informe del Ministerio Fiscal señala que una de las vertientes de la cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora, a partir de lo alegado por la entidad recurrente, es determinar si corresponde a la junta de gobierno o al pleno del ayuntamiento la decisión de amortización de puestos de trabajo de personal indefinido no fijo.
En consecuencia, no cabe duda de que la Sala contaba con los elementos de juicio necesarios para resolver el recurso de casación, desde la perspectiva planteada también por la parte recurrida, sin que existiera impedimento alguno para integrar este tema dentro del objeto de debate del recurso. La solución que alcanza la Sala resulta por tanto contraria al canon de resolución jurídicamente fundada (SSTC 214/1999 , de 29 de noviembre, FJ 4; 164/2002 , de 17 de septiembre, FJ 4; 59/2006 , de 27 de febrero, FFJJ 3 y 4, o 183/2011 , de 21 de noviembre, FFJJ 5 y 7).
Quedaría por determinar, tal y como ya analizamos en la STC 147/2016 , de 19 de septiembre, FJ 5, si existía algún impedimento, “en atención a la peculiar naturaleza y objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina”, para que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo pudiera tener en cuenta la nulidad del acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Parla de 20 de octubre de 2011. Señalamos entonces, que la Sala, había adoptado ya varias Sentencias que desestimaban recursos de casación unificadora interpuestos por la misma corporación local, en relación al despido de otros trabajadores afectados por aquel acuerdo. Y en relación a este punto, declaramos que dichas Sentencias:
[P]resentan importancia por cuanto, además de haber sido dictadas por idéntico órgano judicial que la aquí impugnada (ya que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no actúa dividida en Secciones, en fase de sentencia), resolvieron recursos de casación para la unificación de doctrina instados por la misma corporación local, y respecto del mismo asunto jurídico planteado por las trabajadoras, y que se trae en amparo.
Como señalan las SSTC 147/2016 , de 19 de septiembre, FJ 5, y 115/2017 , de 19 de octubre, FJ 4, “constituye jurisprudencia reiterada de la misma Sala de lo Social del Tribunal Supremo aquella en cuya virtud, al resolver el recurso de casación para la unificación de doctrina: ‘pese a que hayamos de limitarnos al examen de las infracciones legales denunciadas, cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina que entendemos correcta, pues ‘superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas’, sino que ‘debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido’ … solución que no incurre en incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina: ‘Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores’, siempre que resuelva ‘el debate planteado en suplicación’ (STC 172/1994 , de 7 de junio, FJ 3)’ [STS núm. 356/2016, de 28 de abril de 2016, recurso núm. 552-2015]”.
Una vez apreciada la concurrencia de los presupuestos del recurso, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo debió dictar “una decisión de fondo sin prescindir de sus propios pronunciamientos recaídos en los recursos de casación para la unificación de doctrina promovidos por la misma corporación local, en los cuales sí se dio contestación a este punto”. Todo ello “a fin de evitar que se produzcan situaciones de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores, afectados por idéntico acuerdo administrativo” (STC 147/2016 , de 19 de septiembre, FJ 5). Al no haber obrado de esta manera, una de las pretensiones deducidas por la parte recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, sucedida procesalmente en amparo por sus causahabientes quedó sin una respuesta de fondo.
Ha de concluirse, por tanto, que la Sentencia impugnada en este amparo, dictada en fecha 21 de julio de 2014, para resolver el recurso de casación para la unificación de doctrina, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la recurrente, en su vertiente de derecho al recurso, entendido como derecho a una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones planteadas por ambas partes; lesión que no fue reparada por dicha Sala en el trámite de incidente de nulidad de actuaciones, manteniendo su criterio en el Auto de 20 de julio de 2015.
Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2014 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 2099-2013), así como también la nulidad del Auto de la misma Sala de 20 de julio de 2015, desestimatorio del incidente extraordinario de nulidad promovido contra dicha Sentencia.
Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al del dictado de la Sentencia en el recurso de casación mencionado, para que la Sala dicte nueva resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental que ha sido declarado.