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Timestamp: 2018-12-11 05:43:24
Document Index: 307779967

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 9', 'artículo 23', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 45', 'artículo 291', 'artículo 291', 'artículo 99', 'artículo 1', 'artículo 99', 'artículo 831', 'artículo 99', 'artículo 46', 'artículo 20']

Las problemáticas del entorno continúan su marcha en una sociedad en constante movimiento. Los jueces a través de sus providencias se han convertido en la ruta por excelencia para que las personas afectadas en el disfrute de sus derechos acudan a reclamar y, como contraparte dialéctica, a responder, cuando son vinculados a procesos por incurrir en omisión de sus deberes constitucionales y legales.
La administración de justicia refleja una triada donde la parte demandante planea una tesis, la parte demandada responde con una antítesis y, el Juez, desarrolla una síntesis para resolver un conflicto determinado. En ese desarrollo controversial de las partes, el juzgador pone a prueba toda su capacidad analítica y jurídica para responder de la mejor manera e imparcialidad a los retos planteados y derivados de núcleos problémicos complejos. Es por eso que, para ayudar a comprender los fenómenos sociales, debe incorporarse, junto a otras variables, lo interpretado, argumentado y, decidido por los jueces. Es allí donde el trabajo de las distintas jurisdicciones cobra su mayor valor. El juez interpreta la realidad y le aplica el orden jurídico, contribuyendo a la construcción del Estado social de derecho.
Coadyuvando a tal fin, ponemos a disposición de nuestros distintos lectores: funcionarios y empleados judiciales, litigantes, académicos y, a la comunidad en general, el Boletín Número 03 de Septiembre de 2011, con una recopilación de sentencias expedidas por el Tribunal Administrativo del Cauca en el mes de Agosto de la misma anualidad. Esperamos que el aporte de nuestros juzgadores, siga contribuyendo a la construcción de una sociedad más igualitaria y con mayor conciencia por el respeto a los derechos y a las garantías de los asociados.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011.
1. ACCIÓN POPULAR / Vertimiento de aguas residuales domésticas/ Debilidad probatoria respecto de derechos colectivos/ Saneamiento de la no declaración de la Inspección judicial por parte del Aquo al no ser recurrido por las partes el contenido del auto de pruebas. 20090018701. Octavio Cuenca Falla vs. Municipio de Popayán y otros. MP/ Carmen Amparo Ponce Delgado.
2. ACCIÓN DE TUTELA/ Reconocimiento pensional/ Procedencia excepcional conforme a los precedentes de la Corte Constitucional. 20110040601. DINA EMERITA ALEGRIA PINO vs. CAJANAL. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
3. ACCIÓN DE TUTELA/Internos/ La prolongada asignación de turno para cirugía, violenta la dignidad humana/ Improcedencia de cobros ante el FOSYGA por existir póliza de enfermedades/ No se pueden aducir asuntos económicos para no atender a los pacientes. 20110034001. DAGOBERTO CARO QUICENO vs INPEC. MP/ Carlos Hernando Jaramillo Delegado.
4. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la identidad/ Los inconvenientes técnicos en la expedición de la cédula no son excusa para retardar su entrega/ La Entidad no debe actuar con celeridad exclusivamente con ocasión de la orden de tutela. 20110039400. EDITH HELENA GALLEGO RIVERA vs REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL/ MP. Hilda Calvache Rojas.
5. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ El recobro del 100% por servicios NO POS es un derecho de la EPS de origen legal, no jurisprudencial. 20110040101. María José Velasco Velasco por medio de agente oficioso (Yolima Velasco Velasco) vs Secretaría Departamental de Salud del Cauca y Salud Vida E.P.S. / MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
6. ACCIÓN DE TUTELA/Derecho de petición/La Entidad no está obligada a dar una respuesta afirmativa. 20110035801. MARIA MARLENE OROZCO vs UNIVERSIDAD DEL CAUCA/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
7. ACCIÓN DE TUTELA/Internos/Respuestas de fondo a sus peticiones. 20110041601. CARLOS ARTURO RESTREPO SÁNCHEZ vs INPEC/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
8. ACCIÓN DE TUTELA/Pensiones/ Improcedencia de la acción cuando el actor no pertenece a la tercera edad. 20110038400. JOAQUIN ROMIR JIMENEZ OLARTE vs MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
9. ACCIÓN DE TUTELA/ Pensiones/ Improcedencia de la tutela/ Debe acudirse a un proceso ejecutivo por pretenderse una orden de pago. 20110036800. SAUL QUILINDO CAMPO vs GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL/ MP Hilda Calvache Rojas.
10. ACCIÓN DE TUTELA/Derechos Étnicos y Educativos/Gobernador de Cabildo tiene legitimación por activa/ El servicio educativo debe ejecutarse en la realidad. 20110041400. CABILDO INDÍGENA DE CORINTO - CAUCA vs NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
11. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho de petición/ Pensiones/ Se vulnera por no dar respuesta al peticionario. 20110040501. SONIA AUDIVER GRANADOS vs INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTRO/ MP Hilda Calvache Rojas.
12. ACCIÓN DE TUTELA/ Internos/ Libertad probatoria en procesos disciplinarios/ Los testimonios son pruebas pertinentes y conducentes. 20110039301. Jair Alberto Gómez Guerrero vs INPEC/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. ACCIÓN DE TUTELA/Improcedente/ Pensiones/ Ley 6 de 1992/ Por cuanto la Entidad ya había proyectado los incrementos a que tenía derecho la tutelante. 20110037201. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ ORDÓÑEZ vs DEPARTAMENTO DEL CAUCA/Moisés Rodríguez Pérez.
14. ACCIÓN DE TUTELA/ Pensiones/ Improcedente/ Debe acudirse primero a las vías ordinarias.
20110037801. Reinerio Arturo García Agredo vs CAJANAL/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
15. ACCIÓN DE TUTELA/Hecho superado/La CNSC resolvió reclamación en su web por medio de aplicativo. 20110037600. LUIS GERMAN PALOMINO GARCIA vs COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL/MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
16. ACCIÓN DE TUTELA/ Tercera Edad/Tratamiento Integral/ Recobro al FOSYGA por la totalidad del tratamiento. 20110026401. DANNY TOMAS VIVAS AGENTE OFICIOSO DE HERMINIA GARCÍA DE CÓRDOBA vs CAPRECOM E.P.S - SECRETARÍA DE SALUD DEL CAUCA/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
17. ACCIÓN DE TUTELA /Derecho a la salud/ Celeridad en la entrega de medicamentos no Pos. 201100225 -01. ELSY JIMENA CERTUCHE VILLAQUIRAN vs CAPRECOM – SECRETARÍA DE SALUD DPTAL CAUCA. MP/ Hilda Calvache Rojas.
18. ACCIÓN DE TUTELA/Cosa juzgada Constitucional/ el Juez no puede nuevamente resolver sobre el mismo punto de derecho. 20110032501. EDGARDO FABIÁN MARTÍNEZ vs COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
19. ACCIÓN DE TUTELA/Internos/ Derecho de petición formulado por intermedio de funcionario del INPEC. 20110038501. ANASTASIO RODRÍGUEZ MOSQUERA vs INPEC/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
20. ACCIÓN DE TUTELA/ Vulneración de derechos de los niños/ Legitimación por activa/Derecho a la educación no se puede desmejorar por razones presupuestales/ Conexidad de derechos colectivos con derechos fundamentales. 20110038700. LUIS EMIRO PAJOY vs MUNICIPIO DE PÁEZ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
21. ACCIÓN DE TUTELA/Reajuste pensional/ Cada caso debe examinarse conforme al examen propuesto por la Corte Constitucional. 20110028301. GERARDO ANTONIO IDROBO LEDEZMA vs DEPARTAMENTO DEL CAUCA/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
22. ACCIÓN DE TUTELA/Concursos públicos/Notarios/El aspirante debe acreditar todos los requisitos exigidos. 20110023601. CARLOS IVAN VELASCO vs SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
23. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la salud/ Debido proceso /Militar/Es obligatorio practicar junta médico laboral. 20110042500. JORGE ARISMENDI MAPALLO vs DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
24. ACCIÓN DE TUTELA /Desplazados / Subsidio de vivienda/ Improcedencia de la acción por cuanto la actora no estaba incluida en el RUPD. 20110036500 LUZ DARY RODRÍGUEZ FAJARDO vs FONVIVIENDA/ MP Hilda Calvache Rojas.
25. ACCIÓN DE TUTELA/ Concurso público/ ICBF/ Requisitos convocatoria/ Prevalencia de lo sustancial/ Importa que la funciones estén relacionadas con el cargo al cual se aspira sin considerar la denominación. 20110033600 Patricia Vente Grueso vs Comisión Nacional del Servicio Civil/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
26. ACCIÓN DE TUTELA/ Derecho a la identidad/ No hay vulneración por cuanto el administrado es el que se resiste a recibir la nueva cédula. 20110038500. Sonia Falla Campo vs Registraduría Nacional del Estado Civil/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
27. PÉRDIDA DE INVESTIDURA/Concejal/Sentencia impuesta en el extranjero/ Se constata la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada/La interposición de los recursos extraordinarios de casación y revisión no inhiben la inhabilidad, a menos que el recurso prospere antes de la elección/ La sentencia penal extranjera constituye antecedente así Colombia no tenga actualizadas sus bases de datos. 20110036400. PROCURADURÍA 40 JUDICIAL II EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS vs JOSÉ VICTOR ORDÓÑEZ ROJAS - CONCEJAL DE ROSAS/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
28. PÉRDIDA DE INVESTIDURA/ Concejal/ Tomar posesión del cargo de concejal siendo docente de tiempo completo del mismo municipio, genera incompatibilidad/ La renuncia a los honorarios de concejal no lo exime de la incompatibilidad/ El proceso de pérdida de investidura es independiente del proceso disciplinario. 20110026700. PROCURADURÍA 39 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA vs NILSON POPO VÁSQUEZ – CONCEJAL DE SUÁREZ CAUCA/ MP. Hilda Calvache Rojas.
29. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Impuestos municipales/Procedimientos equivocados aplicados por la Administración Municipal/Debió usar la facultad de corrección (arts. 698 y 701 Estatuto Tributario) y no el procedimiento de liquidación de revisión. 2004211600. CEDELCA vs Municipio de Caloto/MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
30. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Facultad discrecional para retiro del servicio/Policía Nacional/ Nulidad del acto de sanción por no buscar el mejoramiento del servicio. 20050105201. JORGE LUIS DELGADO MUÑOZ vs NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL/MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
31. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Requisitos para cobrar la sanción moratoria de consagrada en la Ley 50 de 1990 /Debilidad probatoria/Jurisdicción administrativa es rogada/ Debe sustentarse el concepto de violación. 20050177300. CARLOS ALIRIO ORDÓÑEZ VÁSQUEZ vs MUNICIPIO DE PURACÉ/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
32. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Pensión gracia/ No aplica para docentes del orden nacional/la carga de la prueba reposa en la parte demandante. 20070037400. LUZ DARY CASTAÑEDA LOPEZ vs CAJANAL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez
33. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Contrato realidad/ Falta de prueba de la subordinación laboral. 20060004700. LILIANA VALENCIA DÍAZ Y OTRO vs MUNICIPIO DEL PATÍA/ MP. Carmen Amparo Ponce Delgado.
34. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Control de legalidad/ Sobre actos administrativos de determinación oficial de impuestos/ La Administración Municipal inició un proceso ejecutivo y libró mandamiento de pago con base en un título que aún no era exigible. 20060111500. ISAGEN S.A. E.S.P vs MUNICIPIO DE CALOTO/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
35. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Prima Técnica/No aplica para el cargo de sustanciador de la Procuraduría General de la Nación/ 20040076701. LUZ MARINA JIMÉNEZ RUEDA vs PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
36. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Docente universitario/ abandono del cargo/Obligaciones por comisión de estudios. 20050121500. JOSÉ FERNÁN MARTÍNEZ vs UNIVERSIDAD DEL CAUCA. MP/Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
37. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Policía Nacional/ Requisitos para el reconocimiento de tiempos dobles de servicio. 20060002301. JUAN ANGULO CORTÉZ vs NACIÓN- MINDEFENSA- POLICÍA NACIONAL/MP. Moisés Rodríguez Pérez.
38. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 100 de 1993/ No aplica favorabilidad por cuanto los hechos del caso ocurrieron antes de que entrara en vigencia la Ley 100 y la Constitución Política de 1991. 20060005801. OSCAR MARINO PEÑA Y MARÍA MERY LUCUMÍ. MP/ Moisés Rodríguez Pérez.
39. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Pensiones/Condiciones para la interrupción de la prescripción. 20070006201. EDDIE AZCARATE vs CAJANAL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
40. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Policía Nacional/ No obra prueba que establezca que el deterioro de la enfermedad del Agente fue producto del ejercicio de sus funciones. 20080020300. CARMEN ROSA MELENJE GUAMANGA vs NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
41. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/Criterios jurisprudenciales aplicables/ El régimen de responsabilidad aplicable es el de falla probada del servicio. 20030036701. BEVERLY ANGIE LAGUNA TRUJILLO y OTROS vs DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA/MP. Moisés Rodríguez Pérez.
42. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/Requisitos del recurso de apelación frente a sentencias/Debe contener fundamentos fácticos y jurídicos que se encaminen hacia la modificación del fallo apelado, no hacia el monto de la indemnización. 20040154501. MANUEL ESTEBAN COTAZO MACA vs INPEC/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
43. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Muerte de Alcalde amenazado por la guerrilla /Régimen Subjetivo de Falla en el servicio/ El Alcalde propició el riesgo. 20050151201. MARÍA EUGENIA BURBANO y OTROS vs NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DEL CAUCA/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
44. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Responsabilidad médica/Diferencias entre la teoría de la carga dinámica de la prueba y la falla presunta del servicio. 20080013400. OLIVER MOSQUERA y OTROS vs HOSPITAL NIVEL I – EL BORDO CAUCA/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado
45. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ No pago cesantías/ Aplica para pagos totales/La acción pertinente es la de restablecimiento del derecho. 20050012560. JOSE TULIO HINESTROZA vs MUNICIPIO DE GUAPI/ MP Moisés Rodríguez Pérez.
46. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/Secuestres/ No se prueba defectuoso funcionamiento de administración de justicia. 20040130500. ALEYDA PERAFAN PAZ Y OTROS vs NACIÓN-RAJA JUDICIAL-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y MUNICIPIO DE POPAYÁN/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
47. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/Llamamiento en garantía/Está supeditado a la prosperidad de las pretensiones del demandante. 20050051700. MIGUEL ÁNGEL TROCHEZ TRÓCHEZ y OTROS vs INVIAS/ MP. MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
48. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Ejército Nacional/Perjuicios morales/No puede condenarse al 100% cuando no hubo muerte. 20050164701. FRANCO YAMID OTAYA CHANCHI Y OTROS vs NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL/ MP. Moisés Rodríguez Pérez.
49. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/ Alteración grave de las condiciones de existencia/ No se limita a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas/Se acredita a través de cualquier medio probatorio. 20080038600. YAQUELINE CHILITO ORDOÑEZ Y OTROS vs NACIÓN/RAMA JUDICIAL/FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y NACIÓN/RAMA JUDICIAL/CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA/MP. Moisés Rodríguez Pérez.
50. RECURSO DE INSISTENCIA /Historia clínica de fallecido/ Se debe especificar las razones para las cuales se requiere. 20110039100. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE vs JUICIOS VARIOS - RECURSO DE INSISTENCIA/ MP. Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Sentencia: veinticinco de agosto de dos mil once.
Expediente: 20090018701
Tema Tratado: Vertimiento de aguas residuales domésticas/ Debilidad probatoria respecto de derechos colectivos/ Saneamiento de la no declaración de la Inspección judicial por parte del A quo al no ser recurrido por las partes el contenido del auto de pruebas.
“En primera medida, es necesario pronunciarse en cuanto a las fotografías aportadas por el actor (fl. 5-7). Se observa que las mismas no contienen referencia alguna sobre el lugar del cual fueron tomadas, ni del autor, ni de la fecha del registro. Conforme a las reglas jurisprudenciales antes citadas y que son acogidas por la Sala, se tiene que las mismas no tienen el mérito probatorio para demostrar los hechos que afirma el accionante. De esta manera se tiene que la única prueba aportada por el actor fue el material fotográfico que ya fue descartado como prueba. En este punto, se halla que el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 dice textualmente: “la carga de la prueba corresponderá al demandante”, lo que significa que es el actor quien debe probar los hechos, acciones u omisiones que considere vulneran los derechos colectivos. No obstante lo anterior, el actor simplemente se limita a afirmar que la comunidad se está viendo afectada, sin embargo no especifica la forma en que tales afectaciones se materializan, y mucho menos, aporta una prueba idónea sobre la vulneración a los derechos colectivos de la comunidad. Ahora bien, en cuanto a las actuaciones adelantadas por el A quo, la sala considera que éste, a pesar de que sólo contaba con las fotografías que no fueron valoradas, no decretó la inspección judicial, solicitada por la Defensoría del Pueblo, sobre el puente de la calle 5 entre carreras 29 y 30; lo cual habría permitido determinar dos aspectos fundamentales: el primero, aclarar la existencia de los puntos de vertimientos; y el segundo, si se realmente se estaban vulnerando los derechos colectivos a la salubridad y al goce de un ambiente sano. No obstante lo anterior, se encuentra que el auto que decretó las pruebas en la primera instancia, no fue recurrido por ninguna de las partes intervinientes en el proceso, y por tanto se saneó tal deficiencia”.
Sentencia: diecisiete de agosto de dos mil once
Expediente: 20110040601
Tema Tratado: Reconocimiento pensional/ Procedencia excepcional conforme a los precedentes de la Corte Constitucional.
“Bajo estas reglas, quien solicite el reconocimiento y/o liquidación de la pensión por vía de tutela, tiene la carga de probar siquiera sumariamente que se encuentra en una situación generadora de un inminente perjuicio irremediable para que el juez de tutela declare la procedencia del mecanismo y pueda continuar con el análisis de fondo de la solicitud invocada. En este orden de ideas, procede la Sala a realizar el estudio de procedencia excepcional, a la luz de los criterios jurisprudenciales ya establecidos por La H. Corte Constitucional. (…) La Sala comparte lo expuesto por el Juzgado de instancia, en el entendido de que estudiados los supuestos fácticos del caso, no se reúnen los requisitos trazados por la jurisprudencia reiterada sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación vitalicia que reclama el accionante, dada la naturaleza litigiosa del asunto de controversia, que no es debatible en instancia de tutela”.
Sentencia: primero de agosto de dos mil once
Expediente: 20110034001
Tema Tratado 1: Internos/ La prolongada asignación de turno para cirugía, violenta la dignidad humana.
“Lo anterior, lleva a la Sala a la convicción de que en el presente caso no se le ha garantizado al actor la continuidad en la prestación del servicio de salud, aduciendo razones administrativas, bajo el argumento de que se están adelantando unos trámites pero sin que se observe una real preocupación por la persona que está viendo menoscabado el derecho a la salud; ahora, si ya se determinó que requiere una cirugía no es de recibo que 10 meses después se le siga diciendo que están esperando la asignación de un turno, desconociendo el respeto y la dignidad que merece el ser humano, aún estando sometido al régimen carcelario. Por lo tanto, considera la Sala que sí ha existido una clara vulneración del derecho fundamental a la salud del señor DAGOBERTO CARO QUICENO en conexidad con la vida digna, por cuanto la cirugía prescrita y ordenada para tratar el problema de várices no se le ha brindado después de un tiempo considerable en el que se le sigue diciendo que todo está en trámite, siendo del caso reiterar que en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la atención en salud debe ser integral e incluye todos los tratamientos y terapias especializadas y en el caso de los internos se hace más exigente la garantía de este derecho, pues los reclusos no tienen la posibilidad de acudir directamente a las entidades de salud para que se les brinden los tratamientos requeridos”.
Tema Tratado 2: Internos/Improcedencia de cobros ante el FOSYGA, por existir póliza de enfermedades/ No se pueden aducir asuntos económicos para no atender a los pacientes.
“Ahora, en cuanto a la facultad de repetir contra el FOSYGA que CAPRECOM EPS-S pretende se le reconozca en la Sentencia de tutela, la Sala observa que a folio 21 del expediente obra el respaldo económico para la cirugía Safenovaricectomía de miembros inferiores que requiere el accionante; respaldo expedido por la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A., donde se lee: “(…) Los servicios No POS-S relacionados serán pagados a través de la póliza de enfermedades 01069 suscrita con la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A., sujeto a auditoría, por lo tanto, ni JLT, ni el INPEC se hacen responsables por el pago de los servicios. (…)” En consecuencia, en el caso concreto los servicios excluidos del POS-S y en particular el que requiere el tutelante ya está garantizado por una póliza, siendo improcedente ordenar un nuevo recobro ante el FOSYGA; máxime cuando la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver controversias meramente legales, pues compete a las entidades agotar los procedimientos administrativos a efectos de adelantar los recobros que como en este caso se amparan con una póliza de seguros. Ahora, la Sala tampoco puede ordenar un recobro por todos los procedimientos que en adelanten se le realicen al actor, dado que las entidades deberán ir determinando los tratamientos que se requieren para garantizar la integralidad del servicio de salud y son ellas quienes deben adelantar los trámites para recobrar cuando haya lugar a ello; lo que se busca con el tratamiento integral es que las entidades demandadas atiendan de manera oportuna e íntegra la patología diagnosticada al señor DAGOBERTO CARO QUICENO, denominada várices en miembro inferior izquierdo, pues ello hace parte del amparo efectivo que se pretende otorgar con esta acción, donde en materia de salud no se pueden aducir asuntos económicos para dejar de atender a los pacientes”.
Sentencia: doce de agosto de dos mil once
Expediente: 20110039400
Tema Tratado: Derecho a la identidad/ Los inconvenientes técnicos en la expedición de la cédula no son excusa para retardar su entrega/ La Entidad no debe actuar con celeridad exclusivamente con ocasión de la orden de tutela.
“Ahora, es importante destacar que la celeridad que impriman las entidades del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones no puede estar supeditado al ejercicio de la acción de amparo, pues como se observa de los elementos aportados por la encartada, la prevalencia en el trámite y la prontitud solo tiene como génesis la presión institucional que genera la acción constitucional de tutela; situación que es totalmente contraria a la misión de las diferentes dependencias del Estado dentro del marco de un Estado Social y Democrático de Derecho cuyo fundamento de existencia gravita en el servicio al ciudadano, en función de garantía de los derechos y libertades de las personas. Conforme a lo anterior, es menester conminar a la entidad tutelada en la medida en que deberá tener cuidado en el diligenciamiento de los documentos de identificación de los ciudadanos, pues el hecho de existir un inconveniente técnico no obsta para que retarde por alrededor de dos años el trámite de cedulación no solo de la actora sino de cualquier ciudadano que se encuentre en analogía fáctica. De este modo, será una obligación de la Registraduría dar la solución de los problemas que se susciten en el curso del trámite, sin que se afecte el derecho de las personas, toda vez que no se pueden atribuir al particular los imprevistos propios del funcionamiento estatal”.
Sentencia: ocho de agosto de dos mil once
Expediente: 20110040101
Tema tratado: Tercera Edad/Derecho a la salud/ El recobro del 100% por servicios NO POS es un derecho de la EPS de origen legal, no jurisprudencial.
“De lo anterior se concluye que quién está a cargo de la prestación de los servicios en salud de la menor MARÍA JOSÉ VELASCO es la EPS-S SALUD VIDA, por cuanto a esta entidad se le están girando los recursos para que suministre la atención a sus afiliados, de los cuales hace parte la accionante, en relación con los servicios y medicamentos incluidos en el POS. Aunado a lo anterior, se observa que en aquellas órdenes impartidas por los médicos tratantes y que se encuentran excluidas del POS, la EPS-S podrá adelantar el recobro. No obstante, en relación con el recobro del 100% del costo de los servicios y medicamentos no POS, queda claro que es un derecho que la EPS-S SALUD VIDA adquiere una vez preste el servicio u otorgue el medicamento no incluido en el POS a la accionante; el cual tiene origen y fundamento en la ley y no en la sentencia, pues no es el objeto de la tutela ordenar el pago de sumas de dinero, por tanto la Sala se abstendrá de dar órdenes en tal sentido. Por tanto, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar el suministro del tratamiento integral de la menor MARÍA JOSÉ VELASCO para todas las enfermedades que padezca actualmente y que pueda llegar a padecer en el futuro a causa del estado alérgico; y además se impartirá la orden a la EPS-S SALUD VIDA y no a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca”.
Sentencia: nueve de agosto de dos mil once
Expediente: 20110035801
Tema Tratado: Derecho de petición/La Entidad no está obligada a dar una respuesta afirmativa.
“Ahora en cuanto a la afectación del derecho al debido proceso administrativo se observa que la Universidad del Cauca dio respuesta a la solicitud de reliquidación de pensión interpuesto por la demandante a través de Resolución No 612 de 8 de septiembre de 2010 dándole el tramite adecuado, esto no obliga a que la entidad demandada dé una respuesta afirmativa a su derecho de petición, solo es responsabilidad de ella proferir una contestación de fondo y oportuna”.
Sentencia: treinta de agosto de dos mil once
Expediente: 20110041601
Tema Tratado: Internos/Respuestas de fondo a sus peticiones.
“Al respecto, la Sala observa que la entidad accionada no ha respondido de manera clara y de fondo la solicitud de traslado, pues de manera escueta se limita a indicar que se niega el traslado “por su situación jurídica” sin explicarle al interno por qué no se accede a su petición; ahora, el Tribunal precisa que si bien no se puede inferir una arbitrariedad al negar el traslado sí se evidencia que el actor aún no ha recibido una respuesta satisfactoria que le permita comprender cuáles son las circunstancias que llevan a adoptar de manera razonada y proporcional la decisión de no autorizar su traslado”.
Sentencia: cinco de agosto de dos mil once.
Tema Tratado: Pensiones/ Improcedencia de la acción cuando el actor no pertenece a la tercera edad.
“De conformidad con la jurisprudencia citada y las consideraciones de esta providencia, se determina que el actor no pertenece a la tercera edad y tampoco se observa algún supuesto de hecho que permita de manera excepcional acudir a una intervención urgente por vía de la tutela, pues actualmente ya está gozando de su pensión, no se determina que sea gravoso acudir al mecanismo judicial ordinario y tampoco de evidencia la violación de algún derecho fundamental. El incumplimiento del requisito de la edad para estudiar en sede de tutela el tema de la reliquidación pensional, es suficiente para que la Sala proceda a declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia”.
Sentencia: dos de agosto de dos mil once
Expediente: 20110036800
Tema tratado: Pensiones/ Improcedencia de la tutela/ Debe acudirse a un proceso ejecutivo por pretenderse una orden de pago.
“La Sala encuentra que, en efecto, las pretensiones incoadas son propias de una acción ejecutiva siendo este el camino idóneo que debe seguir el demandante en cuanto se trata de pretensiones encaminadas al cumplimiento de una orden de pago, situación que únicamente pueden ser evacuada en un proceso ordinario en el cual se otorguen todas las garantías a la parte, las cuales en forma alguna pueden ser resueltas en una acción perentoria y sumaria como es la acción de tutela. En consecuencia, la Sala encuentra que la acción incoada se dirige exclusivamente con el fin de obtener el pago de la sustitución pensional, sin que se acredite perjuicio irremediable alguno, como tampoco que el accionante se encuentre en el rango de las personas de la tercera edad, situación que no se encuentra enmarcada dentro de una violación de derechos fundamentales directa y en consecuencia el estudio de fondo solicitado escapa al ámbito del análisis de una acción de tutela, lo que conlleva necesariamente a su improcedencia”.
Sentencia: veintidós de agosto de dos mil once
Expediente: 20110041400
“Previamente la Sala precisa que en el caso bajo estudio se acredita la legitimación por activa, toda vez que la agenciosa oficiosa del señor JAVIER SOSCUE FISCUE, se ejerce a nombre del Cabildo Indígena de Corinto al que pertenecen los 26 niños relacionados en la tutela y por ende como el agente oficioso acredita su calidad de representante legal del Cabildo puede ejercer esta acción en aras de defender los derechos a la diversidad étnica y cultural, el derecho colectivo a la existencia del pueblo indígena, el derecho colectivo a la identidad cultural, el derecho a una educación étnica diferencial y el derecho a la consulta previa, libre e informada, que estima vulnerados y devienen en fundamentales para las comunidades indígenas”.
Tema Tratado 2: Derechos Étnicos y Educativos/El servicio educativo debe ejecutarse en la realidad.
“Conforme a la normatividad legal y en especial el Decreto 2500 de 2010, por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del Sistema Educativo Indígena Propio SEIP, se establece que el DEPARTAMENTO DEL CAUCA ha celebrado una serie de “CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA”, con el fin de satisfacer el servicio de la educación en los territorios indígenas, entre ellos el Convenio Interadministrativo No. 158 de 2011. Sin embargo, no basta con que se suscriban convenios y se adelanten gestiones administrativas que formalmente indican que se está prestando el servicio educativo pero que en la práctica por desajustes administrativos se pueden estar incumpliendo, es decir que si bien se pueden estar diseñando acciones para atender a la población escolar se requiere que además se vigile el cumplimiento de esas acciones para determinar que el servicio educativo se está prestando correctamente. De esta forma frente a los 26 niños que se refieren en la tutela, si bien formalmente se incluyen en el Convenio Interadministrativo No. 158 de 2011, no se acredita el seguimiento del Convenio que permita controvertir de manera fehaciente que en la realidad los 26 niños cuentan con el docente requerido y que por ello están recibiendo sus clases cabalmente; es deber del ente territorial velar para que realmente se les asegure la prestación del servicio educativo a los menores teniendo en cuenta sus condiciones étnicas, sin que sea suficiente suscribir un convenio para liberarse de la obligación de vigilar que el servicio educativo se está satisfaciendo a cabalidad”.
Sentencia: veinticuatro de agosto de dos mil once
Expediente: 20110040501
Tema tratado: Derecho de petición/ Pensiones/ Se vulnera por no dar respuesta al peticionario.
“Si se revisa con detalle la normatividad contencioso administrativa de cara a la Carta Política, se puede concluir que las peticiones presentadas por los ciudadanos revisten tal importancia que han sido ubicadas como derecho fundamental, fuera de la sanción que conlleva su desatención (articulo 7º C.C.A.), por lo que resulta peculiar para esta Judicatura que la entidad no haya dado solución a la situación planteada por la solicitante, después de un periodo tan extenso desde su presentación. Ahora, si la petición tuviere una respuesta retrasada bien por su complejidad, bien por la falta de la información solicitada, el mismo artículo 9º ídem dispuso que la obligada a responder deberá manifestar al solicitante las causa de la demora y, en todo caso, deberá establecer el periodo que requerirá la emisión de la respuesta; la que de todas formas no podrá extenderse en el tiempo dada la prontitud de que se reviste este derecho, al tenor del artículo 23 constitucional. Para el caso bajo estudio, es manifiesta la violación al derecho de petición de la señora Granados, en la medida en que la actuación desplegada por la demandada fue negligente y omisiva del deber de protección que tiene toda autoridad pública frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo en este asunto en que la respuesta solicitada no es de aquellas que pueda considerarse como de difícil producción, pues han transcurrido casi 10 meses desde la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional sin que la encargada haya hecho pronunciamiento alguno frente a la petición, sin importar si se accede o no al reconocimiento, ya que la solución a la petición no obliga a las entidades a que sea siempre favorable a los administrados como bien lo ha decantado la jurisprudencia constitucional”.
Magistrado Ponente: CARMEN AMPARO PONCE DEGADO
Sentencia: veintitrés de agosto de dos mil once
Expediente: 20110039301
Tema tratado: Internos/ Libertad probatoria en procesos disciplinarios/ Los testimonios son pruebas pertinentes y conducentes.
“A pesar de que el actor afirma que lo dicho por los dragoneantes es falso, y que además ellos quieren tomar represalias en su contra, se tiene que no existe prueba o siquiera indicio que le reste veracidad al informe presentado por ellos el día 3 de mayo de 2011. Ahora bien, como lo anota la Juez de la primera instancia, en el ordenamiento jurídico colombiano existe la libertad probatoria, y por tanto es admisible probar la ocurrencia de unos hechos determinados a través de testigos presenciales. En este caso, la sanción se impuso con base en el informe y el testimonio rendido por los dragoneantes, las cuales en el caso objeto de análisis, se constituyen en pruebas pertinentes y conducentes, según lo ya advertido”.
Sentencia: tres de agosto de dos mil once.
Expediente: 20110037201
Tema Tratado: Improcedente/ Pensiones/ Ley 6 de 1992/ Por cuanto la Entidad ya había proyectado los incrementos a que tenía derecho la tutelante.
“Como se expuso al inicio, la actora solicitó, se le tutelen los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, dignidad humana, igualdad y al mínimo, ante la presunta vulneración por parte del Departamento del Cauca, al desconocer los derechos laborales irrenunciables e imprescriptibles al reajuste de la pensión de jubilación, conforme a la ley 6ª de 1992 y al decreto 2108 de 1992.(…) Frente a esta cuestión la Sala comparte el criterio de la Juez A quo, que a partir de los valores de las mesadas pensionales determinó el monto de los reajustes efectuados, encontrando que para los años 1993, 1994 y 1995 se efectuaron ajustes superiores al IPC y a los porcentajes ordenados en la Ley 6ª de 1992, lo cual permite concluir que no se puede predicar una pérdida del poder adquisitivo de las mesadas pensionales pagadas a la actora, es decir, que no es acertado ordenar por vía de tutela el reajuste pensional consagrado en tal Ley, cuando ya se realizaron las proyecciones que permiten inferir razonablemente que aquellas ya se llevaron a cabo (…) De esta forma, si se efectúa una interpretación teleológica se tiene que los reajustes de la Ley 6ª de 1.992 tienen como objetivo evitar la pérdida adquisitiva del valor de la mesada pensional para aquellas personas que adquirieron su status de pensionadas antes de enero de 1.989 frente a los incrementos del salario mínimo; por lo que en el asunto sub examine no se encuentra, en los términos jurisprudenciales arriba citados, un “desajuste” que haga procedente o necesario el reajuste pensional, mucho menos si los cálculos demuestran que los incrementos sobrepasaron los porcentajes a los que tenía derecho la tutelante. En estos términos, no se observa violación alguna de derechos fundamentales por no efectuar la reliquidación y por ello se comparten los argumentos de la sentencia objeto de impugnación”.
Sentencia: nueve de agosto de dos mil once.
Expediente: 20110037801
Tema Tratado: Pensiones/ Improcedente/ Debe acudirse primero a las vías ordinarias.
“Se tiene entonces que el actor, a efectos de darle procedencia a su demanda, cumple con los requisitos de tener el carácter especial de pensionado, y de haber actuado en sede administrativa, entre tanto solicitó el pago de su reliquidación a la entidad demandada mediante derecho de petición; empero, no acredita haber acudido ante las vías ordinarias para la satisfacción de sus pretensiones, y tampoco demuestra que existan circunstancias materiales que justifiquen su protección por vía especial de tutela. Así las cosas, en el ordenamiento jurídico colombiano se ha previsto una acción que, según las condiciones del señor REINERIO ARTURO GARCÍA, es idónea y eficaz para reclamar los derechos que considere vulnerados por la entidad demandada, cual es el proceso ejecutivo. La tutela, al tener un carácter subsidiario, surge como improcedente para la defensa efectiva de los derechos presuntamente vulnerados por CAJANAL E.I.C.E. en liquidación y PATRIMONIO AUTÓNOMO BUEN FUTURO, pues ésta no tiene como finalidad alguna, pretermitir las vías judiciales ordinarias, y cómo se puede dilucidar en el presente caso, no existen rezones para argumentar que el demandante no se encuentra en la capacidad de soportar la carga de adelantar un proceso ordinario”.
Sentencia: cuatro de agosto de dos mil once
Expediente: 20110037600
Tema Tratado: Hecho superado/La CNSC resolvió reclamación en su web por medio de aplicativo.
“En ese orden de ideas, si bien es cierto se demostró que para la época en que se instauró la presente acción, la reclamación y la solicitud del 18 de mayo de 2011 elevadas por el accionante no habían sido resueltas, en el trámite de la misma la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL allegó prueba de haber atendido los requerimientos del actor al resolver la respectiva reclamación en el aplicativo de la página web www.cnsc.gov.co (fls. 35 Y 36) y contestar su derecho de petición mediante oficio del 2 de agosto de 2011 remitido al correo electrónico suministrado por el actor (fls. 37 a 39), por lo que con fundamento en la jurisprudencia se establece que hay un hecho superado”.
Sentencia: treinta y uno de agosto de dos mil once
Expediente: 20110026401
Tema Tratado: Tercera Edad/Tratamiento Integral/ Recobro al FOSYGA por la totalidad del tratamiento.
“Por lo anterior, la Sala comparte la decisión del Juez de instancia al tutelar los derechos fundamentales de la señora Herminia García de Córdoba; en cuanto a la orden impartida por el Juez de instancia a CAPRECOM EPS-S en el sentido de brindar un tratamiento integral relacionado con el diagnóstico de síndrome mental orgánico y fractura de fémur izquierdo, expidiendo las órdenes de apoyo o autorizaciones que corresponda para garantizar la atención domiciliaria y la atención integral -servicios de enfermería, fisioterapia, médico general y suministro de pañales desechables-, se establece que la orden de tratamiento integral en materia de salud, lejos de ser una violación al derecho de defensa busca lograr el restablecimiento de la salud del paciente, para lo que se requiere adoptar un conjunto de medidas que no son indefinidas pues como en el caso en estudio, son todas aquellas que van a propender a diagnosticar, tratar y rehabilitar las patologías referidas concretamente en esta acción de tutela. En lo que respecta al recobro teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo, se hace necesario modificar el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada puesto que CAPRECOM EPS-S podrá recobrar ante la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca por los servicios y tratamientos integrales tales como procedimientos, exámenes y terapias no incluidos en el POSS, que requiera la señora Herminia García de Córdoba en cumplimiento del fallo de tutela impugnado en cuantía del 100% y no del 50% como lo señala el Juez de instancia”.
Expediente: 20110022501
Tema Tratado: Derecho a la salud/ Celeridad en la entrega de medicamentos No pos.
“En este contexto la Corporación frente al caso concreto, debe concluir que la prestación de el tratamiento integral de la Patología, “MIELOMENINNGOLECELE ROTO CON NECESIDAD DE CORRECCIÓN DE TROMBOCITOPENIA Y TIEMPOS PROLONGADOS” “HIDROCEFALIA OBSTRUCTIVA, VEJIGA NEUROGÉNICA HIDRONEFROSIS VILATERAL” es de cargo de CAPRECOM EPS-S, advirtiendo que cuando se trate de eventos NO POSS, cualquiera sea su naturaleza y denominación, se debe dar trámite en forma oportuna a la prescripción médica dada por el médico tratante, por cuanto dichos requerimientos se convierten en fundamentales para la agenciada en aras de restablecer su salud. En tanto el reembolso de dichos costos se gestionará ante la respectiva Entidad territorial tal como lo establece la Ley 715 de 2001 y de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C-463 de 2008”.
Sentencia: veintiuno de Julio de dos mil once
Expediente: 20110032501
Tema Tratado: Cosa juzgada Constitucional/ el Juez no puede nuevamente resolver sobre el mismo punto de derecho.
“(…) en el presente asunto, habida cuenta que el actor, con idénticas pretensiones interpuso acción de tutela, que fue de conocimiento de la doctora Hilda Calvache Rojas, dentro del expediente 2010000386, en sentencia del 6 de diciembre de 2010, en la que se resolvió en forma negativa para los intereses del actor, este impugnó la decisión, por lo que fue en el Consejo de Estado, sección Cuarta, con ponencia de la Doctora MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA, que en sentencia de Segunda Instancia del 3 de marzo de 2011, de la que se adjunta, y en la que resolvió: “Confirmase la sentencia del 6 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, objeto de impugnación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en el presente asunto existe cosa juzgada, esta Corporación, confirma la Sentencia del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán en todas sus partes. (…) De conformidad con lo expuesto, se tiene que la respuesta al problema jurídico planteado es negativa, toda vez, que existiendo cosa juzgada Constitucional, el Juez no puede nuevamente resolver sobre el mismo punto de derecho”.
Sentencia: veintinueve de agosto de dos mil once
Expediente: 20110038501
Tema Tratado: Internos/ Derecho de petición formulado por intermedio de funcionario del INPEC.
“En el presente caso, la Sala encuentra que no se acredita que el señor ANASTASIO RODRÍGUEZ MOSQUERA haya elevado directamente una petición ante el Establecimiento Penitenciario DE MEDIANA SEGURIDAD y Carcelario de Buga – Valle del Cauca, solicitando algún cómputo por trabajo y estudio, en especial lo referido en la impugnación que es un cómputo de trabajo correspondiente a los meses de junio de 2007 a febrero de 2008. No obstante, se establece que en memorando del 5 de mayo de 2011 una practicante de la Oficina de Atención a Internos del EPAMSCAS de Popayán fue quien solicitó dicha información (fl. 17), por lo que se infiere que el actor presentó una petición que si bien no se formalizó en un escrito sí se hizo a través de dicha practicante que acudió al competente para absolver la inquietud del interno, lo cual es razonable teniendo en cuenta las condiciones de reclusión donde no se puede exigir de manera tan rigurosa que se eleve un escrito personalmente o por medios electrónicos. (…) En consecuencia, la Sala confirmará el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, en el que se niegan las pretensiones de la demanda, pero no por verificar que se carece de una prueba relacionada con la presentación de la solicitud sino en el entendido de que esta se efectuó por intermedio de la practicante, precisando que sí hubo una respuesta conforme al oficio del 13 de mayo de 2011 y se realizaron las anotaciones en la respectiva hoja de vida, antes de la presentación de la tutela”.
Expediente: 20110038700
Tema Tratado 1: Vulneración de derechos de los niños/ Legitimación por activa/Derecho a la educación no se puede desmejorar por razones presupuestales.
“Teniendo en cuenta que cualquier persona que perciba la vulneración de derechos fundamentales de los niños puede ejercer la acción de tutela, se determina que está acreditada la legitimación por activa puesto que el señor LUIS EMIRO PAJOY ejerce la acción de tutela en nombre de su hija y 87 niños más que pertenecen a la comunidad estudiantil del CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN DEL SALADO SEDE EL CANELO; por ello se procede a estudiar el fondo del asunto. Ahora, la Sala constata que la disposición de suspender los servicios sanitarios como una medida de seguridad impartida por la Gobernación del Cauca a través de su Secretaría de Salud Departamental (Fls 79 a 87), evidencia el conocimiento del mal estado en que se encuentran los servicios sanitarios del Centro Educativo El Carmen del Salado Sede El Canelo, ya que no prestan el servicio adecuado para 87 estudiantes y 4 docentes; por ello no se justifica prolongar por más tiempo la consecución de recursos y disponibilidad técnica para adecuar la planta física, pues pese al carácter progresivo del derecho a la educación no se puede detener su mejoramiento por dificultades de tipo presupuestal”.
Tema Tratado 2: Conexidad de derechos colectivos con derechos fundamentales.
“En lo que se refiere a la posibilidad de discutir en sede de tutela la vulneración de un derecho colectivo aplicando los requisitos jurisprudenciales para ello se determina: en el caso concreto existe conexidad entre el derecho a la atención y prevención de desastres previsibles técnicamente (derecho colectivo) y los derechos fundamentales a la educación, la salud e integridad física de los niños, quien interpone la acción de tutela lo hace a nombre de los titulares de los derechos, la amenaza reseñada es real como se evidencia en el material probatorio del cual se ha hecho un recuento en esta providencia y la orden judicial que se va adoptar pretende el restablecimiento de los derechos fundamentales. Las averías sufridas por la edificación en que funciona el CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN DEL SALADO SEDE EL CANELO afectan la dimensión de acceso (o accesibilidad) al derecho a la educación de los menores que pertenecen al centro educativo”.
Expediente: 20110028301
Tema Tratado: Reajuste pensional/ Cada caso debe examinarse conforme al examen propuesto por la Corte Constitucional.
“Aunque el Juzgado de instancia considera que el actor no tiene derecho al reajuste reclamado, analizando las normas y las pruebas aportadas, el Tribunal reitera la obligación de verificar los requisitos jurisprudenciales que se han determinado para establecer la procedencia de la acción de tutela en estas materias, pues si no se supera este examen no es dable estudiar el fondo del asunto en sede de este mecanismo constitucional”.
Sentencia: dieciocho de agosto de dos mil once
Expediente: 20110023601
Tema Tratado: Concursos públicos/Notarios/El aspirante debe acreditar todos los requisitos exigidos.
“De lo analizado, se concluye que el señor CARLOS IVAN VELASCO no demostró el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para ser admitido como aspirante a concursar y ser designado como Notario de tercera categoría, por lo que tutelar el derecho alegado ordenando que se admita a una persona que no cumplió con los requisitos correspondientes, quebrantaría flagrantemente los principios de igualdad de oportunidades e imparcialidad, principios a los cuales se encuentran sometidos todos los participantes en las convocatorias públicas. No se observa que se haya violentado algún derecho fundamental con la exigencia de aportar el certificado de antecedentes especial expedido por la Procuraduría General de la Nación y si bien el actor intentó subsanar el yerro aportando el documento con el recurso de reposición, ese no era el momento oportuno que se había fijado en la convocatoria para acreditar los requisitos señalados para aspirar al cargo de notario. En la convocatoria se establecieron claramente los requisitos que debían acreditar los participantes que quisieran aspirar al cargo mencionado y si el aquí demandante no los acreditó debidamente le era dado a la accionada excluirlo del proceso, pues permitir su permanencia vulneraría los derechos de otros participantes que efectivamente sí cumplieron lo estipulado en el documento de convocatoria. Por tanto, cuando en el proceso de convocatoria se establecen unos requisitos mínimos, estos deben ser cumplidos por parte de los concursantes en su plenitud y presentados en las fechas pactadas para todos los aspirantes”.
Expediente: 20110042500
Tema Tratado: Derecho a la salud/ Debido proceso /Militar/Es obligatorio practicar junta médico laboral.
“De esta forma, la Sala observa que se está surtiendo el trámite de la realización de la Junta Médico Laboral, pero después de su aplazamiento esta no se ha programado nuevamente teniendo en cuenta el concepto médico aportado por el actor, lo que demuestra que se está omitiendo la obligación de la institución militar de practicar la Junta Médico Laboral conforme al Decreto No. 1796 de 2000. Ante esta situación es procedente la acción de tutela debido a que el actor no cuenta con otro mecanismo judicial para lograr que se le programe la Junta Médico Laboral y como su no realización constituye una violación del debido proceso, con el fin de que se establezcan las posibles lesiones sufridas en el servicio y se determine la pérdida de la capacidad laboral por la prestación del mismo, para efectos de determinar si es procedente o no el reconocimiento de alguna prestación se le ordenará al DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia programe fecha y hora para llevar a cabo la Junta Médico Laboral, la cual deberá realizarse dentro de un término máximo de un mes contado a partir de la notificación del fallo, teniendo en cuenta el nuevo concepto médico relacionado en el escrito del 8 de julio de 2011. En caso de que la práctica de la Junta Médica se programe en la ciudad de Bogotá, se deberá suministrar con anterioridad al accionante lo necesario para su desplazamiento”.
Expediente: 20110036500
Tema Tratado: Desplazados / Subsidio de vivienda/ Improcedencia de la acción por cuanto la actora no estaba incluida en el RUPD.
“De esta forma se tiene que la accionante se postuló para optar al subsidio de vivienda, en la convocatoria realizada en el año 2007, dentro del programa de retorno para reubicación conforme a lo manifestado por el Fondo Nacional de Vivienda, quien más adelante señaló que al realizar el cruce de información con Acción Social ésta reportó que el hogar de la señora Luz Dary Rodríguez Fajardo no se encontraba incluida dentro del Registro Único de Población Desplazada, por lo cual se procedió a rechazar dicha postulación. Así las cosas se tiene que en el plenario obra la Resolución No 410 del 10 de julio de 2009, por la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución No 602 de 2008, interpuesto por varios recurrentes que no fueron beneficiados con el subsidio de vivienda, entre ellos la accionante, decidiéndose no reponer el acto administrativo y confirmando el rechazo de la postulación al subsidio familiar de vivienda por no estar reportado en el Registro Único de Población Desplazada RUPD de Acción Social en el estado INCLUIDO. (Fls. 66-68). En este contexto se tiene que, de acuerdo a la Resolución No 410 de 10 de julio de 2010, no se repuso el recurso de reposición contra la Resolución No 602 del 16 de diciembre de 2008, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, mediante la cual se rechazó por no estar reportado en el Registro Único de Población Desplazada, situación que en momento alguno ha sido desvirtuada por la accionante ya que no obra prueba alguna que lleve a la Corporación al convencimiento de su inclusión en el RUPD de la población desplazada por la violencia, por lo cual no se puede entrar a determinar que sea beneficiaria de tal derecho, de conformidad con lo reglado en el Decreto 2190 de 2009”.
Sentencia: veintiséis de agosto de dos mil once
Expediente: 20110033600
Tema Tratado: Concurso público/ICBF/ Requisitos convocatoria/ Prevalencia de lo sustancial/ Importa que la funciones estén relacionadas con el cargo al cual se aspira sin considerar la denominación.
“Dentro de los requisitos exigidos para el cargo denominado Profesional Universitario código 2044, grado 6 del ICBF, se exige que, quién vaya a aspirar al mismo, debe tener quince meses de experiencia profesional relacionada. Para efectos de acreditar el requisito, la demandante aportó una constancia de experiencia laboral (fl. 21), en la cual se indica que la señora PATRICIA VENTE GRUESO ha estado vinculada con la Regional Cauca del ICBF desde el 3 de abril de 2000. En la misma constancia se indica cuales han sido las funciones desempeñadas desde aquel entonces por la actora (fl. 22). Encuentra la Sala que las funciones descritas en la constancia se encuentran directamente relacionadas con el cargo al cual aspira la accionante en la convocatoria 01 de 2005. Y por tanto, si bien es cierto, en la constancia no se dice explícitamente cuál es el cargo que la ahora demandante estaba desempeñando desde el 13 de abril de 2000, si se encuentran que las funciones ejercidas se relacionan con el cargo al cual aspira. Según se deduce, la CNSC considera que la experiencia profesional relacionada, sólo puede acreditarse si se certifica que el cargo desempeñado también era de profesional, situación que no es cierta, por cuanto lo que se pretende es que la persona haya ejercido funciones similares a las del cargo que desea obtener, sin considerar las denominaciones y grados del mismo. Puesto que el cargo de profesional nada indica acerca de la experiencia relacionada, si no se acreditan las funciones que se ejercen”.
Expediente: 20110038500
Tema Tratado: Derecho a la identidad/ No hay vulneración por cuanto el administrado es el que se resiste a recibir la nueva cédula.
“El día 29 de abril de 2011, la demandante envío un derecho de petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 5), solicitando que se le expidiera la cédula de ciudadanía renovada con la fecha de nacimiento corregida. La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante oficio No. 000268-2011 de fecha 6 de mayo de 2011 (fl. 46), dio contestación a la petición de la actora, informándole que la fecha de nacimiento consignada en el documento rechazado por ella, era la misma que tenía desde que expidió su documento de identidad por primera vez, y por tanto, si quería cambiar los datos de su Registro Civil de Nacimiento, debería adelantar un proceso de jurisdicción voluntaria , y posteriormente acercarse con la respectiva sentencia del Juez Civil para poder expedir el respectivo documento. (…) La Sala encuentra entonces que no existe vulneración a los derechos fundamentales por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, particularmente porque ha sido la misma demandante quien se ha opuesto al recibo de la cédula de ciudadanía. No obstante lo anterior, y a pesar de que no se tutelará ningún derecho, se conminará a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que ponga nuevamente a disposición de la señora SONIA FALLA OCAMPO la cédula de ciudadanía que fue rechazada por la actora por cuanto tal documento es necesario para el ejercicio de múltiples derechos. Y en caso de que la demandante se oponga nuevamente a su recibo, se dejará constancia por escrito. En mérito de lo expuesto, la Sala negará el amparo solicitado por la actora”.
Sentencia: veinticinco de agosto de dos mil once
Expediente: 20110036400
Tema Tratado: Concejal/Sentencia impuesta en el extranjero/ Se constata la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada/La interposición de los recursos extraordinarios de casación y revisión no inhibe la inhabilidad, a menos que el recurso prospere antes de la elección./La sentencia penal extranjera constituye antecedente así Colombia no tenga actualizadas sus bases de datos.
“Por lo anterior, goza de mérito probatorio la sentencia de segunda instancia proferida por una autoridad judicial italiana aportada al presente asunto pues basta con su apostillaje ya que tanto Colombia como Italia suscribieron la Convención de la Haya referida; ahora, sobre la necesidad de contar con una copia de las sentencias de primera y segunda instancia, así como de la que resuelve recursos extraordinarios, la Sala establece que ese no es un argumento que goce de sustento jurídico ya que lo que interesa para aplicar la causal de pérdida de investidura es que efectivamente se pueda constatar la existencia de una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, lo cual implica que no se trate de un proceso que esté en curso en contra del demandado y ni siquiera que haya una medida de aseguramiento en su contra o una acusación formal, puntualizando que aún cuando se haya producido la ejecutoria de la sentencia condenatoria, la interposición de los recursos extraordinarios de casación y revisión no inhibe la inhabilidad, a menos que el recurso prospere antes de la elección. Por ende como se observa claramente ante el Tribunal de Roma en fecha 19 de diciembre de 1996 el señor JOSÉ VICTOR ORDOÑEZ ROJAS fue declarado culpable del delito cometido el 6 de noviembre de 1996 por introducir ilegalmente al territorio del Estado una ingente cantidad (1,336 kg brutos) que contienen principio activo suficiente para la preparación de 3.072 dosis, de sustancia contenida en una valija y endosados en los zapatos mas otras 2.798 dosis contenidas en óvulos ingeridos de cocaína y condenado, en concurso de circunstancias atenuantes generales equivalentes a dicho agravante, a la pena de 6 años de reclusión y a una multa por valor de 40.000.000 liras, además de la interdicción perpetua de las oficinas públicas, con orden de confiscación y distribución de la sustancia secuestrada. (fl. 33). A su vez esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Roma II Sección Penal en sentencia del 29 de septiembre de 1997 (fl. 35) y la Corte de Casación Sección IV General en Sentencia del 14 de julio de 1998 rechazó el recurso y condenó al recurrente a los gastos del proceso. (fl. 36). Así se demuestra que se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 43 numeral 1 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 ya que se acredita la condena impuesta mediante sentencia penal ejecutoriada que impone una pena privativa de la libertad por un delito que no es político o culposo, con anterioridad a la inscripción del demandado como aspirante al Concejo Municipal de Rosas (fls. 37 a 39 Cdno. de Pruebas)”
Expediente: 20110026700
Tema Tratado: Concejal/ Tomar posesión del cargo de concejal siendo docente de tiempo completo del mismo municipio, genera incompatibilidad/La renuncia a los honorarios de concejal no lo exime de la incompatibilidad.
“De conformidad con las normas trascritas se tiene que el señor Nilson Popo Vásquez al haber tomado posesión del cargo de concejal del municipio de Suárez, ostentando la calidad de docente en el mismo municipio y ejerciendo como tal en su calidad de profesor de tiempo completo ha quedado incurso en la incompatibilidad contemplada en el artículo 45 numeral 1º del la Ley 136 de 1994, y por ende ha violado el artículo 291 de la Constitución Nacional que expresamente prohíbe a los miembros de las corporaciones públicas aceptar y/o desempeñar cargos en la administración pública so pena de incurrir en pérdida de la investidura. (…) El actor manifiesta haber renunciado a sus honorarios como concejal a efectos de poder percibir la remuneración como docente, sin embargo, no debe perderse de vista lo prescrito por el artículo 291 de la Constitución, el cual impide a los miembros de la Corporaciones públicas el ejercicio de otros cargos dentro de la administración pública. Bajo estas circunstancias, el hecho que el señor Popo Vásquez haya renunciado a sus honorarios como concejal no lo exonera de la incursión en la causal de incompatibilidad deprecada, en tanto que la prohibición contenida en la exposición arriba comentada no solo abarca el factor económico que implica el ejercicio de cargos públicos sino también su naturaleza intrínseca, esto, dado que el ejercicio como docente de tiempo completo evidentemente perturba el desarrollo de las obligaciones propias como concejal”.
Expediente: 2004211600
Tema Tratado: Impuestos municipales/ Procedimientos equivocados aplicados por la Administración Municipal/Debió usar la facultad de corrección (arts. 698 y 701 Estatuto Tributario) y no el procedimiento de liquidación de revisión.
“En el caso analizado, si bien no se acompañaron las declaraciones privadas de los ejercicios fiscales de los años l999 a 2002, es lo cierto que de los actos administrativos cuestionados se infiere que la administración equivocó el procedimiento, toda vez que no ha debido aplicar la liquidación de revisión, porque según los considerandos de tales actos administrativos no había inconsistencias en las declaraciones, o por lo menos, éstas fueron aceptadas por la administración, sino que conforme con el punto 5 del requerimiento especial, que equivale al punto 6 de la liquidación de revisión de fecha 5 de marzo del 2004, la electrificadora omitió incluir en las mismas las sanciones y los interés de mora por el no pago de las mismas. Lo anterior quiere significar que la administración Municipal equivocó el procedimiento porque si estaba de acuerdo con las declaraciones privadas, no había inconsistencias en los datos allí presentados, ha debido hacer uso de la facultad de corrección y de la facultad de corrección de sanciones, es decir aplicar en concreto los artículos 698 y 701 del estatuto tributario y no seguir el procedimiento de la liquidación de revisión. Así las cosas, observa la Sala que al no desarrollarse el trámite acorde con la situación fáctica planteada se ha afectado el debido proceso y de contera la posibilidad de la defensa del contribuyente que fue sorprendido con el elenco de sanciones que se le impusieron, cuando la administración en el fondo no tenía ningún tipo de reparo frente a las declaraciones privadas presentadas por la electrificadora. La Sala no entiende cómo si en el presente caso el contribuyente presentó su declaración privada mal podía la Administración aplicarle una sanción por no declarar, tal como la contenida en la liquidación de revisión lo cual implica a todas luces que no podía darse aplicación en ningún caso a la sanción contemplada en el art. 643 del Estatuto Tributario. De igual manera, no comprende la Sala por qué razón si se afirma en los actos cuestionados que el contribuyente presentó su declaración de manera extemporánea, lo cual contradice la evidencia, no se entiende cuáles son los supuestos fácticos para derivar esta sanción en contra del contribuyente. Por lo anterior se anularán los actos cuestionados, esto es, la liquidación de revisión contenida en la resolución No. 002 del cinco de marzo del 2004, lo mismo que la resolución que resolvió el recurso de reconsideración contenida en la resolución No. 003 del 28 de junio del 2004”.
Expediente: 20050105201
Tema Tratado: Facultad discrecional para retiro del servicio/Policía Nacional/ Nulidad del acto de sanción por no buscar el mejoramiento del servicio.
“Así las cosas, del acervo probatorio enlistado se constata que existió concomitancia entre el inicio de la investigación disciplinaria en contra del actor (05 de mayo de 2005) y el retiro en aplicación de la facultad discrecional otorgada por la ley a la administración (11 de mayo de 2005), siendo este un indicio que aunado a los hechos que rodearon el supuesto actuar indebido del demandante, llevan a concluir a la Sala que lo pretendido por la institución demandada al retirar al señor SI. Jorge Luis Delgado Muñoz no fue el mejoramiento del servicio, sino sancionarlo por la supuesta falta disciplinaria de la cual se le acusaba, razón por la cual se desvirtuó la presunción de legalidad del acto demandado, debiéndose que declarar su nulidad tal como lo consideró el juzgado de primera instancia”.
Expediente: 20050177300
Tema Tratado 1: Requisitos para cobrar la sanción moratoria de consagrada en la Ley 50 de 1990 / Debilidad probatoria.
“El H. Consejo de Estado ha señalado en reiteradas sentencias, posición que fue acogida por esta Corporación en Sentencia del 23 de marzo de 2010, que para que el empleado tenga derecho a cobrar la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 en su artículo 99, por remisión del artículo 1° del Decreto 1582 de 1998, es presupuesto indispensable que aparezca demostrado en el plenario, que el empleado se afilió a un fondo privado de cesantías y que, llegados los plazos de ley, el empleador, a pesar de estar enterado de esta novedad de personal, actuó con negligencia en el cumplimiento de la obligación de ordenar la consignación que le exige la ley en esos casos. No obstante lo anterior, observa la Sala que, de las pruebas que reposan en el expediente, no existe documento alguno que permita corroborar que el demandante se encuentra dentro de algunos de los supuestos señalados en el párrafo anterior, ya que no se demostró ni su intención manifiesta ni su afiliación voluntaria a un fondo privado de cesantías, tal como lo establece el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, circunstancia que, de acuerdo con la posición jurisprudencial expuesta, la cual es acogida por la Sala, no da lugar a la configuración de la sanción moratoria solicitada. Es preciso reiterar que el actor se vinculó con el MUNICIPIO DE PURACÉ, a partir del 31 de julio de 1992, por lo que el régimen aplicable para su caso era el de la retroactividad de las cesantías y no existe prueba sobre su petición de traslado al nuevo régimen o que haya manifestado esa voluntad expresamente y por escrito ante la Administración y que ésta haya hecho caso omiso dicha petición, por lo tanto, no puede el actor beneficiarse de la sanción moratoria pretendida”.
Tema Tratado 2: Jurisdicción administrativa es rogada/ Debe sustentarse el concepto de violación.
“En su escrito de demanda, el actor también solicita le sean canceladas las sumas de dinero correspondientes a las horas extras diurnas y nocturnas y demás emolumentos dejados de pagar y que son inherentes al cargo que desempeñó. Sin embargo, en el acápite de las disposiciones normativas violadas, tan solo se remite a citar un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, sin que precise en qué forma el acto atacado está vulnerando las normas que refiere violadas. Luego entonces, resulta imposible para la Sala despachar favorablemente esta pretensión puesto que, como se sabe, la jurisdicción administrativa es eminentemente rogada y el marco para juzgar la legalidad de los actos sometidos a su examen es el que fije el demandante de manera concreta y específica en su demanda; para esto, no basta con citar los artículos constitucionales y legales que consagran cada uno de los derechos supuestamente vulnerados, sino que ante todo es indispensable precisar y demostrar de qué manera éstos fueron transgredidos con la expedición de los actos que reconocieron y ordenaron el pago de las prestaciones sociales definitivas al señor ORDÓÑEZ VÁSQUEZ, situación que evidentemente no se da en el caso estudiado, por lo que también debe negarse esta pretensión”.
Expediente: 20070037400
Tema Tratado: Pensión gracia/ No aplica para docentes del orden nacional/La carga de la prueba reposa en la parte demandante.
“De acuerdo con las normas y línea jurisprudencial citadas, es claro que tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, que tengan el carácter de planteles municipales, distritales o departamentales y no tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional. Como queda visto, la actora laboró en el servicio docente, pero su vinculación se efectuó por el Ministerio de Educación Nacional y así permaneció en el tiempo, motivo por el cual al no haberse desempeñado como docente del orden territorial no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, además era carga de la actora probar que no había laborado en un colegio del orden nacional, lo que no aconteció y por el contrario lo que se demuestra es que la docencia fue ejercida en una institución de dicho orden, por lo cual deben negarse las pretensiones”.
Sentencia: once de agosto de dos mil once
Expediente: 20060004700
Tema Tratado: Contrato realidad/ Falta de prueba de la subordinación laboral.
“El actor debió probar que su labor era dependiente y subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público y, que las órdenes y los contratos de prestación de servicios fueron una simulación para ocultar una relación laboral, pruebas éstas que el Tribunal echa de menos en este asunto”.
Expediente: 2006011500
Tema Tratado: Control de legalidad/ Sobre actos administrativos de determinación oficial de impuestos/ La Administración Municipal inició un proceso ejecutivo y libró mandamiento de pago con base en un título que aún no era exigible.
“Contrario a lo que afirma la Tesorería, los contribuyentes pueden acudir al contencioso administrativo para solicitar el control de legalidad tanto de los actos administrativos de determinación oficial de impuestos, como del proceso administrativo de cobro. Por tanto es válido que la sociedad haya ejercido por una parte la acción de nulidad y restablecimiento frente a la liquidación de aforo y el acto que la confirmó, por una parte, y por otra, ante la inobservancia de la Tesorería de las normas dispuestas en los artículo 831 y 833 E.T. solicitar el control de legalidad del acto que desestimo la excepción (art. 835 E.T.). Por las anteriores consideraciones, la Sala concluye que la Tesorería del Municipio de Caloto inicio un proceso ejecutivo y libró mandamiento de pago con base en un título que aún no era exigible, y adicionalmente desconoció una excepción establecida expresamente en la norma tributaria, hechos que determinan que los actos demandados están viciados de nulidad y por tanto, así lo declarará en la parte resolutiva”.
Expediente: 20040076701
Tema Tratado: Prima Técnica/No aplica para el cargo de sustanciador de la Procuraduría General de la Nación.
“El desarrollo normativo que ha tenido la Prima Técnica, indica que el Legislador la contempló para el nivel Directivo y Asesor perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público, siendo extensiva posteriormente para los cargos equivalentes en los demás Órganos y Ramas del Poder. La Procuraduría General de la Nación, por tener la calidad de Órgano del Estado, ha establecido la prerrogativa sobre los lineamientos dados por el ordenamiento, es por ello, que se ha reconocido tal prestación para algunos cargos, no siendo así para la demandante. Actualmente, conforme a la normatividad en cita, observa la Sala que no gozan del derecho al reconocimiento de la Prima Técnica, los empleados que pertenecen al cargo de Sustanciador de la Procuraduría General de la Nación, por no existir norma que así lo establezca”.
Expediente: 20050121500
Tema Tratado: Docente universitario/ abandono del cargo/ Obligaciones por comisión de estudios.
“Con base en las pruebas obrantes en el expediente, la Sala comparte las manifestaciones de la Universidad, en el sentido que fue nula la voluntad del señor Martínez Ortega de contraprestar los servicios a los que se había comprometido en razón de la comisión de estudios que se le otorgó, de lo cual dan fe las diferentes manifestaciones de éste, sus propuestas de cambio de contraprestación de servicios y propuestas de pago, e inclusive la renuncia, no aceptada, que presentara a su vinculación docente, todas, fundadas en la imposibilidad, a su juicio, de presentarse en el Alma Mater. Ello contraría la solidaridad que debió primar en él, al haber sido beneficiado con la comisión, durante la cual, cabe agregar, la Universidad le conservó sus derechos salariales y prestacionales. (…) No se declarará la nulidad de la resolución 079 de 21 de septiembre de 2004, en la que se declaró la vacancia del cargo de profesor de tiempo completo, por abandono injustificado de su titular JOSÉ FERNÁN MARTÍNEZ ORTEGA, pues éste no se presentó a su lugar de trabajo dentro de los tres días siguientes a la fecha cuando debió hacerlo, y no demostró justa causa para ello; con el agregado que la renuncia que presentó a su cargo, y que habría eterminado la cesación definitiva en el ejercicio de sus funciones, no le fue aceptada”.
Expediente: 20060002301
Tema Tratado: Policía Nacional/ Requisitos para el reconocimiento de tiempos dobles de servicio.
“Concluye la Sala que para que proceda el reconocimiento de los períodos solicitados, no bastaba la simple declaratoria del estado de sitio, sino que además es indispensable que en la demanda se señalaran los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, en los que se especificaban las zonas en las cuales se aplicaría dicho beneficio, pues reitera esta Corporación, el reconocimiento de los tiempos dobles de servicio no opera de manera general ni automática para todo el personal de la Policía Nacional sino para aquellos miembros que prestaron sus servicios en las zonas que a juicio del Gobierno y de acuerdo a condiciones especiales, ameritaban su reconocimiento (…) Así las cosas, los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación quedan sin sustento jurídico válido, toda vez que el Decreto 1213 de 1.990 en su parágrafo 1°, que tiene plena vigencia , se retrotrae a lo expuesto en el artículo 99 del Decreto 2340 de 1.971 y disposiciones legales anteriores sobre la misma materia, que como ya se explicó por esta Corporación, exigen para la prosperidad de las pretensiones, que el demandante señale los Decretos del Gobierno que expresamente autorizaban reconocer como dobles los períodos reclamados. En este orden de ideas, revisado el expediente, la Sala no encuentra que la parte demandante haya acreditado que durante los períodos que solicita se le reconozcan como dobles, hubiere prestado sus servicios en zona calificada por el Gobierno, previo concepto del Consejo de Ministros, como zona de orden público que ameritara el estímulo objeto de la presente demanda”.
Expediente: 20060005801
Tema Tratado: Ley 100 de 1993/ No aplica favorabilidad por cuanto los hechos del caso ocurrieron antes de que entrara en vigencia la Ley 100 y la Constitución Política de 1991.
“Así las cosas, y sin entrar a mayores consideraciones, para esta Corporación no existe duda que frente a la aplicación que por principio de favorabilidad se pretende realizar del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993 en sustitución de lo establecido en el Decreto 1213 de 1.990, la misma no puede operar en el presente caso, toda vez que si bien el estatuto general comporta una condición más beneficiosa para los padres del señor agente GERSAIN PEÑA LUCUMÍ Q.E.P.D., bajo el principio de la irretroactividad de la ley, los hechos generadores de la prestación social objeto de la demanda ocurrieron el 4 de marzo de 1.991, tiempo en el cual la Ley 100 de 1.993 no había entrado en vigencia; además para la fecha en que ocurre el deceso del señor PEÑA LUCUMI, ni siquiera había entrado en vigencia la Constitución de 1991, ya que ella entró a regir el 5 de julio de 1991 y el señor PEÑA LUCUMI falleció el 4 de marzo del mismo año, es decir, 4 meses antes; por lo que no podría aplicarse tampoco el principio constitucional de favorabilidad”.
Expediente: 20070006201
Tema Tratado: Pensiones/Condiciones para la interrupción de la prescripción.
“(…) se precisa que la interrupción de la prescripción opera desde el momento en que se hace la petición ante la entidad competente para acceder al reconocimiento de su pensión, desde el instante en que se hace exigible el derecho, en el caso particular la petición relevante se hizo el 7 de marzo de 1994 y solo hasta el año 2006 se resuelve dicha petición, sin embargo como solo se desvinculó definitivamente del servicio el 23 de enero de 1998, desde ese momento se puede acceder al pago de la pensión, por lo que se considera que no prescribieron las mesadas pensiónales del actor. De acuerdo a lo anterior la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto se considera que no se presenta el fenómeno de la prescripción de las mesadas pensiónales del actor”.
Expediente: 20080020300
Tema Tratado: Policía Nacional/ No obra prueba que establezca que el deterioro de la enfermedad del Agente fue producto del ejercicio de sus funciones.
“Comparte la Sala la apreciación del Jefe de Sanidad del Departamento de Policía Cauca en la imposibilidad de realizar la Junta Médico Laboral por cuanto el Agente FERNANEZ FERNANDO ha fallecido, pues el artículo 20 del Decreto 1796 de 2000 establece que la Junta Medico Laboral se efectúa en presencia del interesado. Otra cosa es que ante la falta de asistencia a dos citaciones, es posible realizarla sin su presencia y con base en los documentos existentes, siendo ésta la única posibilidad que hubiese podido agotarse en el presente caso, pero en vida del señor FERNANDO FERNANDEZ CERON (…) De conformidad con lo planteado, la respuesta al problema jurídico es negativa, toda vez que es materialmente imposible la asistencia del Agente FERNANDEZ FERNANDO a la Junta de Calificación de Invalidez. Por otra parte, se llegaría a la conclusión que su deceso no es atribuible a la Institución Policial, por cuanto no obra prueba alguna que establezca que el deterioro de la enfermedad del Agente FERNANDEZ FERNANDO, fue producto del ejercicio de sus funciones”.
Expediente: 20030036701
Tema Tratado: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA/Responsabilidad médica/ Criterios jurisprudenciales aplicables/ El régimen de responsabilidad aplicable es el de falla probada del servicio.
“El H. Consejo de Estado, inicialmente desarrolló a través de su jurisprudencia la responsabilidad estatal por responsabilidad médica bajo un régimen subjetivo de falla probada del servicio. A partir del segundo semestre del año de 1992, dicha Corporación acogió el criterio según el cual los casos de responsabilidad por la prestación del servicio médico se juzgarían de manera general bajo un régimen subjetivo pero con presunción de falla del servicio. Con la expedición de la sentencia 10 de febrero de 2000 se acepta el régimen de carga dinámica de la prueba y el régimen de falla del servicio presunta deja de ser el régimen general de responsabilidad por la actividad médica hospitalaria, hasta que mediante providencia del 31 de agosto de 2006 se abandonó completamente tal criterio para volver al régimen general de falla probada del servicio (…) De conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado el régimen de responsabilidad aplicable al presente caso será el de falla probada del servicio y en consecuencia, procede la Sala a verificar si con las pruebas obrantes en el expediente se encuentra probado que existió falla en el servicio médico por parte de la hoy liquidada Dirección Departamental de Salud del Cauca y el Hospital Universitario San José con ocasión del la HISTERECTOMIA que se le realizó a la señora BEVERLY ANGIE LAGUNA TRUJILLO, toda vez que dicho procedimiento se realizó luego de presentar las complicaciones de Inversión Uterina y Atonía Uterina”.
Expediente: 20040154501
Tema Tratado: Requisitos del recurso de apelación frente a sentencias/Debe contener fundamentos fácticos y jurídicos que se encaminen hacia la modificación del fallo apelado, no hacia el monto de la indemnización.
“El núcleo del fallo proferido, en la causa de la referencia, el 11 de diciembre de 2009, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán, fue la configuración de la culpa exclusiva de la víctima. Recuérdese que, en contravía a tal decisión, se esgrimió por la parte demandante que la indemnización resultaba demasiado baja en relación con el daño sufrido, cuya gravedad e incapacidad estaban probadas, y frente al cual, no se brindó tratamiento alguno ni se inició investigación disciplinaria. La alzada de la parte demandante principia, entonces, de manera errónea contra el fallo cuestionado, pues parte del supuesto que éste le ha sido, en cuanto a la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada, favorable, y centra su inconformidad en el monto de la indemnización reconocida, para lo cual resalta la gravedad del daño y la incapacidad laboral que le significó al señor Cotazo Maca, a lo que agrega la ausencia de tratamiento médico y de investigación disciplinaria. Ello es, a juicio de la Sala, un incumplimiento al requisito de la sustentación del recurso de apelación, pues no contiene unos fundamentos fácticos y jurídicos que se encaminen hacia la modificación del fallo apelado –considerando 2.2.1.-. Nótese que éste, al igual que el recurso, coincide en la existencia de un daño y en la merma de capacidad laboral, y en el no adelantamiento de investigación disciplinaria por los hechos ocurridos; sin embargo, la parte resolutiva y la parte motiva fuerte de la decisión del juez, es la culpa exclusiva de la víctima, contra la cual no se erige ningún cargo en la alzada”.
Expediente: 20050151201
Tema Tratado: Muerte de Alcalde amenazado por la guerrilla /Régimen Subjetivo de Falla en el servicio/ El Alcalde propició el riesgo.
“La muerte de Orlando Hoyos Méndez no se produjo en el marco del desarrollo de una actividad legítima de la administración. Tampoco fue sometido a una carga superior a la de los demás ciudadanos. Y el asunto se encuadra en el régimen subjetivo de responsabilidad de la falla en el servicio. Todo lo cual significa, la no aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, daño especial, alegado por el apelante. (…) La calidad de alcalde que al momento de la muerte lucía el señor Hoyos Méndez, si bien conllevaba un alto reconocimiento social y lo erguía como representante del municipio de Bolívar, Cauca, no fue determinante en su deceso. Pues, como se vio, su muerte ocurrió en medio de una situación de riesgo propiciada por él mismo, por su actuar desesperado y sorpresivo al verse frente a frente con miembros de grupos al margen de la ley. Bajo tales consideraciones, tampoco es de recibo el cargo del recurso, en cuanto a que la calidad de Alcalde municipal de Bolívar, Cauca, del señor Orlando Hoyos Méndez, fue la que lo condujo a su muerte. Por demás, observa la Sala que a pesar de las medidas de seguridad tomadas para con Hoyos Méndez, a raíz de las amenazas de las que había sido víctima, él decidió no adoptarlas el día de los fatídicos acontecimientos, por lo que mal puede calificarse un defectuoso funcionamiento, o la ineficacia de estas, ante la exposición que por su propia cuenta hizo, al riesgo de ser víctima del actuar subversivo. El expediente da cuenta que al señor Hoyos Méndez se le asignó un escolta armado y que se puso en conocimiento de los alcaldes, por parte de la Policía Nacional, el Manual de Medidas de Seguridad -Fls. 245, 254 y 446 C. de pruebas 1 y 2-. Además, la demanda acepta, y así aparece demostrado, que se autorizó a los burgomaestres, ejercer sus funciones desde la ciudad de Popayán. Todo ello fue corroborado, además, por los testigos. Finalmente, la Sala descalifica que la reunión sostenida por algunos de los alcaldes del Departamento del Cauca, con miembros de la guerrilla, tenga los rasgos de una actividad humanitaria. En sentido estricto-jurídico, la asistencia humanitaria se refiere a una variedad de actividades internacionales, incluyendo la ayuda a las víctimas de conflictos e intervenciones armadas para reinstaurar la democracia. En sentido amplio, podría entenderse como aquello que propende por la protección y conservación del ser humano”.
Expediente: 20080013400
Tema Tratado: Responsabilidad médica/Diferencias entre la teoría de la carga dinámica de la prueba y la falla presunta del servicio.
“La carga de la prueba es, entonces, una regla de juicio, consistente en que las partes deben probar los supuestos fácticos fundamento de sus pretensiones, o de sus excepciones, a través de los medios legalmente dispuestos, sin que baste su mera enunciación, para obtener un fallo a su favor. Aplicando lo anterior al sub judice, se impone reprochar la actividad de la parte demandante, que evidentemente incumplió con su carga probatoria y por lo cual obtendrá un fallo desestimatorio de sus pretensiones. Debe aclarar la Sala que no es de recibo para el asunto de la referencia, la alusión que a la carga dinámica de la prueba contiene la demanda, en su acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO”. De los apartes jurisprudenciales allí mismo esgrimidos, se desprende que la teoría de la carga dinámica de la prueba es diferente a la falla presunta del servicio; que ella consiste en que los hechos materia del litigio sean probados por quien esté en mejores condiciones para hacerlo, pero nunca en una inversión eterna de la carga de la prueba, como ocurre en la falla presunta. Lo que permite sostener que la carga dinámica de la prueba no suple en ningún momento el deber probatorio de las partes. Ahora bien, no se aprecia que en el asunto de la referencia los supuestos fácticos de los cuales se ha debido llevar conocimiento ante el juez, hayan implicado unos conocimientos científicos o técnicos predicables únicamente a cargo de la demandada. Lo que ha ocurrido aquí es simplemente el evidente desconocimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el pronunciamiento del juez a favor de los intereses de la parte demandante -particularmente, en lo atinente a la prueba del sustento fáctico de las pretensiones-, sin los cuales, so pena de vulnerar las formas propias de cada juicio, no es posible reprochar conducta u omisión alguna a la parte demandada”.
Expediente: 200500125601
Tema Tratado: No pago cesantías/ Aplica para pagos totales/La acción pertinente es la de restablecimiento del derecho.
“Respecto del primer problema jurídico planteado, encuentra la Sala que la respuesta al mismo es negativa, habida cuenta de que en presente caso el pago de la sanción moratoria se encuentra enmarcada en los preceptos de la Ley 244 de 1.995, es decir, que solo aplicaba para el incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas mas no así de las parciales. La respuesta al segundo problema jurídico es negativa pues la acción pertinente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa, con la salvedad que los procesos promovidos a través de la acción de reparación directa, antes del cambio jurisprudencial, debían continuar con el trámite iniciado hasta su culminación, conforme a las respectivas tesis jurisprudenciales. Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que la acción impetrada es la de reparación directa, el demandante debía demostrar los elementos de la responsabilidad, y en el presente caso, sólo demuestra que mediante Decreto 006 de 13 de enero de 2.004 fue declarado insubsistente, pero no demuestra en qué fecha le fueron canceladas las cesantías, elemento indispensable para establecer que efectivamente se cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995 para establecer que procedía las sanción moratoria, por lo que tampoco por este aspecto la Sala podría considerar acceder a las pretensiones de la demanda”.
Expediente: 20040130500
Tema Tratado: Secuestres/No se prueba defectuoso funcionamiento de administración de justicia.
“(…) la demandante no probó el embargo con la copia auténtica de la diligencia, simplemente se probó la pérdida de los bienes con la denuncia que hace el secuestre, no se probó que haya una orden debidamente ejecutoriada del Juez Primero Civil Municipal de Popayán hoy, donde ordene la entrega de dichos bienes a la señora ALEYDA PERAFÁN, ni los elementos de responsabilidad para atribuir una falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que pretende atribuir a la Nación-Rama Judicial -Consejo Superior de la Judicatura y de ninguna manera logró demostrar falla en el servicio atribuible al Municipio de Popayán ni al llamado en garantía, toda vez que ni siquiera logró probar los hechos en que funda sus pretensiones y menos aun la causación de daño antijurídico alguno”.
Expediente: 20050051700
Tema Tratado: Llamamiento en garantía/Está supeditado a la prosperidad de las pretensiones del demandante.
“Se reitera, a efectos de claridad, que el llamamiento consiste en obtener de un tercero la indemnización de perjuicios o el reembolso total o parcial del pago, impuesto (s) en una sentencia judicial en contra de una las partes del proceso, en razón a una relación sustancial, -con fundamento en un derecho legal o contractual-, que así lo posibilite entre la parte condenada y el tercero llamado en garantía. En el sub judice, no se cumple con el requisito sine qua non, del éxito de las pretensiones del demandante, contra el inicial demandado, para que cobre vigencia cualquier tipo de pretensión a ser resuelta frente al llamado en garantía. En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y, por sustracción de materia, no se pronunciará frente al llamado en garantía, Ministerio de Transporte”.
Expediente: 20050164701
Tema Tratado: Ejército Nacional/Perjuicios morales/No puede condenarse al 100% cuando no hubo muerte.
“Esta Corporación en virtud de lo solicitado en la apelación por la entidad demandada de ajustar las condenas a la jurisprudencia vigente, considera que le asiste razón por cuanto se le han señalado perjuicios morales por la suma de 100 salarios mínimos al afectado sin que sobre él se haya producido un daño irreparable ya que su lesión solo produjo una incapacidad de 13,65% y ésta condena se da cuando hay muerte, como lo ha señalado el Consejo de Estado. Por ello, se dará proporcional la condena a la disminución sufrida”.
Expediente: 20080038600
Tema Tratado: Alteración grave de las condiciones de existencia/ No se limita a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas/Se acredita a través de cualquier medio probatorio.
“Tal como se analizó anteriormente, la Sala ha considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a aquella que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran las condiciones habituales o de existencia de las personas. (…) Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso en algunos casos puntuales puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida cotidiana en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en su ámbito placentero o de otra índole. En el sub judice, la Sala no encuentra prueba alguna que acredite tal perjuicio, por cuanto en las pruebas testimoniales no dan cuenta del daño a la vida de relación hoy denominada alteración grave de las condiciones de existencia, sino, en la mayoría de las veces, dan fe de otros perjuicios y no existen otros medios de prueba que den cuenta de tales perjuicios. En consecuencia, se negará la pretensión referida a este perjuicio”.
Acción: Recurso de Insistencia
Expediente: 20110039100
Tema Tratado: Historia clínica de fallecido/ Se debe especificar las razones para las cuales se requiere.
Sentencia: siete de abril de dos mil once
Expediente: 25000-23-25-000-2010-00152-01(1495-2010)
Tema tratado: ACTO DE EJECUCION – Ordena el cumplimiento de una sentencia. Acto no demandable / ACTO DE EJECUCION – No cumple con lo ordenado en la sentencia es un nuevo acto administrativo / ACTO ADMINISTRATIVO – Nace a la vida jurídica un nuevo acto si no es de simple ejecución / NUEVO ACTO ADMINISTRATIVO – Es susceptible de contradicción ante la jurisdicción / ACTO ADMINISTRATIVO - Genera un nuevo hecho no decidido en la sentencia.
“La resolución trascrita (2894 del 14 de septiembre de 2009) que ordenó el reintegro del actor fue expedida para dar cumplimiento a una sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional, es decir, que en principio es un acto de ejecución, tal como lo calificó el Tribunal, pues jurídicamente todo acto que se limite a ordenar el cumplimiento de una sentencia tiene tal connotación. No obstante lo anterior, esta corporación ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que para el caso seria aparte del reintegro, el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir desde el retiro hasta su reintegro, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica un nuevo acto administrativo que sería a todas luces controvertible ante la jurisdicción. Lo anterior conlleva a concluir que con la expedición del acto administrativo demandado se genera un hecho nuevo no decidido en la sentencia a la que se esta dando cumplimiento, es decir, existe una situación jurídica nueva no discutida ni definida en el fallo. Entonces, como lo que motivó la nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, fue el no pronunciamiento sobre la referida pretensión que en últimas es el objeto del acto acusado, se observa que ello comprende un hecho nuevo que amerita control jurisdiccional”.
Consejero Ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO
Sentencia: once de mayo de dos mil once
Expediente: 08001-23-31-000-1999-02324-01 (22322)
Tema tratado: RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDAD JURISDICCIONAL-Evolución jurisprudencial/ Constitución de 1991/ Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia/ Evolución jurisprudencial/ ERROR JUDICIAL-Concepto / ERROR JUDICIAL Responsabilidad del Estado. Exigencias / RESPONSABILIDAD POR ERROR JUDICIAL-Exigencias. Constitución de 1991.
“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme. (…) Consideró la Sala además, que el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reduce a la “vía de hecho”, ni se identifica con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”: esto es, un defecto sustantivo, orgánico o procedimental, un defecto fáctico, un error inducido, una decisión sin motivación, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, que el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial que de manera normal o anormal ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales”