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Timestamp: 2019-05-21 19:16:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 570', 'artículo 18', 'artículo 62', 'artículo 448', 'artículo 491', 'artículo 13', 'artículo 448', 'artículo 207', 'artículo 448', 'artículo 135', 'artículo 25', 'artículo 450', 'artículo 450', 'artículo 469', 'artículo 24', 'artículo 469', 'artículo 468', 'artículo 477', 'artículo 249', 'artículo 477', 'artículo 249', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 24', 'artículo 249', 'artículo 249', 'artículo 477']

Derecho a los medios de impugnación – El blog del abogado blog
Estudio sobre los diferentes medios de oposición a una resolución judicial
Alberto Infante Caballero y Usue Prieto
1.- Definición de medios de impugnación procesal
2.- Condiciones de los medios de impugnación
3.- Clases de medios de impugnación y características de cada uno de ellos
4.- Tratamiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial
5.- Formas de ejecución de los medios de impugnación judicial
6.- Recurso de apelación, impugnación, reposición, extraordinario por infracción procesal y de casación
1.- Derecho Jurisdiccional II. Proceso Civil. Juan Montero Aroca. Juan Luis Gómez Colomer. Silvia Varona Vilar. María Pía Calderón Cuadrado. Vigésima edición. 2012. Editorial Tirant Lo Blanch.
2.- El proceso Civil. Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución. Juan Montero Aroca. Edición de 2014. Editorial Tirant lo Blanch Tratados.
3.- Derecho procesal Civil. El proceso de declaración. Parte General. Vicente Gimeno Sendra. Editorial Colex. Edición de 2014.
3.- Noticias jurídicas (http://noticias.juridicas.com/).
4.- La Ley digital Doctrina. Recurso electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Burgos.
5.- Aranzadi Digital. Recurso electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Burgos.
6.- Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000.
1.- Definición de los medios de impugnación
Los medios de impugnación son aquellos actos procesales de las partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos.
Los medios de impugnación son los actos procesales de las partes y a los terceros legitimados, debido a que únicamente tanto aquellos como éstos podrán combatir las resoluciones del juez. Porque, aquellos casos en los que el propio juzgador o su superior puedan revisar de oficio sus determinaciones nos encontramos frente a lo que podemos llamar autocontrol.
Los medios de impugnación se encuentran dirigidos a obtener un nuevo examen, este puede ser total o parcial y una nueva decisión acerca de una resolución judicial. El antecedente de estos medios es, por ende, la resolución judicial. El nuevo examen y la nueva decisión recaerán sobre esta resolución judicial impugnada. Los motivos que aduzca el impugnador pueden ser que la resolución judicial combatida no este ajustada a derecho en el fondo o en la forma, o bien que contenga una equivocada fijación de los hechos, por haber apreciado inadecuadamente los medios de prueba practicados en el proceso.
Cuando se habla o escribe sobre los medios de impugnación suele partirse implícitamente de la consideración de que se está procurando evitar el riesgo de que se dicten sentencias injustas, bien porque no se acomodan a la realidad de los hechos tal y como ocurrieron, bien porque se incurre en error en la aplicación del derecho material, aquél con el que se decide sobre la estimación o desestimación de la pretensión.
Es cierto que los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes –y en supuestos excepcionales del Ministerio Fiscal o de otras instituciones que han de perseguir con los mismos un interés público- para intentar la modificación o la anulación de las resoluciones judiciales y que todos esos medios tienen su origen en la posibilidad del error humano, pero ello no es suficiente para definir con precisión ni a los medios de impugnación ni a los recursos.
El paso siguiente radica en distinguir los medios de impugnación en sentido amplio y medios de impugnación en sentido estricto o verdaderos recursos.
Cuando se utiliza la expresión medios de impugnación pueden quedar comprendidos aquellos instrumentos jurídicos por medio de los cuales se pide la rescisión de las sentencias que han alcanzado firmeza, refiriéndose, pues, a procesos que han terminado ya, por lo que la impugnación abre un nuevo proceso.
En sentido estricto los medios de impugnación se refieren a resoluciones que no han alcanzado firmeza, incidiendo así sobre un proceso todavía pendiente y prolongando su pendencia, por lo que impiden que llegue a producirse la llamada cosa juzgada formal. Se trata de los verdaderos recursos, en los que la impugnación se produce en un proceso aún pendiente.
La pretensión y la resistencia interpuestas en la demanda y en la contestación son las mismas que se continúan en el recurso; el actor que pidió la condena del demandado, la estimación de la pretensión, si es el que impugna la sentencia de instancia sigue pidiendo en la apelación y en la casación del mismo; el demandado, que pidió su absolución, sigue por medio del recurso pidiendo lo mismo.
Incluso con referencia exclusiva a los recursos cuando se piensa en ellos se está en la mayoría de los casos atendiendo sólo a evitar los posibles errores en que puede incurrirse por la jurisdicción en la aplicación del Derecho material
Para un mejor análisis de los medios de impugnación es útil recurrir a las condiciones del acto procesal. Según Humberto Briseño Sierra, la idea de condicionalidad en el derecho procesal comprende tres aspectos: Los supuestos: condiciones previas, que se caracterizan por anteceder al acto de que se trate; siendo su antecedente necesario. Los requisitos son condiciones actuales y auxilian a la regular aparición del acto, acompañándole en el presente de su manifestación. Los presupuestos son las condiciones inminentes, los cuales son el cúmulo de datos que deben estar previstos normativamente de antemano para que el acto consiga su efectividad.
El supuesto de los medios de impugnación viene a ser la resolución u omisión combatida; los requisitos, las condiciones de tiempo, forma y contenido; y por último, los presupuestos, la competencia del órgano que resuelve la impugnación, el modo de sustanciar y la resolución buscada. Cabe señalar que no solo las sentencias pueden ser objeto de impugnación, sino, en general, todas las resoluciones judiciales siempre y cuando la ley procesal no disponga expresamente que se trate de resoluciones impugnables o irrecurribles.
Por la generalidad o especificidad de los supuestos que se pueden combatir, los medios de impugnación pueden ser:
Ordinarios, son los que se utilizan para combatir la generalidad de las resoluciones judiciales. Ejemplo: la apelación y la revocación.
Especiales, aquellos que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales, mismas que son señaladas en concretopor la ley. Ejemplo: la queja
Excepcionales, aquellos que sirven para atacar resoluciones judiciales que han adquirido la autoridadde la cosa juzgada. Ejemplo: la apelación extraordinaria.
Por la identidad o diversidad del juzgador, desde este punto de vista los medios de impugnación pueden ser:
Verticales, cuando el tribunal que debe de resolver la impugnación ( Tribunal ad quem) es diferente del juzgador que dictó la resolución combatida (Juez a quo). A estos medios de impugnación también se les llama devolutivos. Ejemplo: la apelación y la queja.
Horizontales, los conoce y resuelve el mismo juzgador que dictó la resolución combatida. También se les llama remedios. Ejemplo: revocación.
Por los poderes del tribunal que debe resolver la impugnación, éstos pueden ser:
De anulación, el tribunal que conoce de la impugnación puede decidir sólo sobre la nulidad o la validez de la resolución o del procedimiento En caso de que el tribunal declare la anulación del acto o del procedimiento impugnado, éstos pierden toda eficaciajurídica por lo que el juez a quo deberá emitir una nueva resolución o seguir, a instancia de parte, un nuevo procedimiento. Ejemplo: apelación extraordinaria.
De sustitución, aquellos en los que el tribunal ad quem se coloca en situación similar a la del juez a quo, lo viene a sustituir, por lo que puede confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada. En estos últimos casos, la nueva resolución sustituye, parcial o totalmente, a la resolución combatida. Ejemplo: la apelación.
De control, en éstos, el tribunal se limita a resolver sobre su aplicación; a decidir si dicha resolución debe o no aplicarse, si debe o no quedar subsistente. Ejemplo: la queja.
4.- Tratamiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Los medios de impugnación están regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en sus artículos 501-550.
La Ley de Enjuiciamiento Civil regula en el título V del libro III (Ejecución Forzosa y de las Medidas Cautelares) la ejecución de condenas no dinerarias. Se entiende por ejecución no dineraria aquella que procede cuando la condena impuesta por el juez no consiste en entregar dinero. Puede consistir en entregar cosas, pero también comprende las obligaciones de hacer o no hacer2. Esta institución está regulada en forma muy completa, si se la compara con la establecida en ley española de enjuiciamiento del año 1881. Sin duda que el legislador dispuso en forma exhaustiva todo lo referente a la ejecución no dineraria o no pecuniaria, estableciendo diversos mecanismos que permiten al ejecutante obtener una efectiva tutela jurídica. Como bien dispone la LEC, en su artículo 570, en general para toda ejecución se pretende obtenerla completa satisfacción del acreedor ejecutante. Sin embargo en algunas ocasiones no existirá la posibilidad de obtener la ejecución en sus propios términos como lo indica el artículo 18.2 de la LOPJ. Pero en estos casos la “satisfacción” del ejecutante se transformará en una indemnización de perjuicios declarada por el juez ejecutor. Sin perjuicio de lo anterior no todo ha sido regulado por el legislador, pues es imposible para éste, poder precisar las distintas situaciones que pueden ocurrir en este tipo de ejecución. En este trabajo pretendemos analizar y dilucidar las diversas situaciones que en materia de impugnaciones se pueden dar en un proceso de ejecución de condena no dineraria.
En este apartado se va a hablar, en primer lugar, de procedencia y admisibilidad, y, en segundo lugar, del desistimiento de los recursos.
En cuanto a la procedencia y admisibilidad, hay que decir que, prevista en la Ley la existencia de un recurso, su procedencia está supeditada a que concurran determinadas condiciones que son necesarias no sólo para que aquéllos se admitan a trámite y sustancien, sino para que el órgano competente pueda llegar a resolver la cuestión suscitada en los mismos. Ello obliga a distinguir entre procedencia, admisibilidad y prosperabilidad.
La procedencia del recurso se hace depender de la concurrencia de presupuestos procesales.
La admisibilidad hace referencia a la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para que pueda sustanciarse un recurso procedente, de modo que la falta de éstos hace que el órgano competente no pueda llegar a entrar a examinar la cuestión suscitada por el recurrente.
La prosperabilidad se refiere precisamente al fondo del recurso y determina la estimación o desestimación del mismo.
Ahora se va a hablar de los presupuestos de procedencia. Hay que decir que los presupuestos generales para el ejercicio del derecho a recurrir se pueden clasificar de la siguiente manera:
Subjetivos: se refieren a los sujetos del proceso, que son el órgano jurisdiccional por un lado y por otro las partes.
Competencia: la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del recurso forma parte de la llamada competencia funcional, y la misma se fija atendiendo, bien al tipo de recurso (devolutivo o no), bien al órgano que conoció de la anterior instancia, bien a los motivos del recurso. Al ser una norma de competencia funcional, ésta es controlable de oficio (artículo 62 LEC).
Legitimación: todo lo relativo a la capacidad y a la postulación se rige por las normas comunes, pero la legitimación tiene alguna especialidad. En principio, la legitimación para recurrir se reconoce a las partes del proceso (artículo 448.1 LEC), con alguna excepción, como puede ser el artículo 491 LEC, en que se reconoce a algunas instituciones públicas. Unida la legitimación a la condición de parte, la ley se la reconoce también a todos los intervinientes (artículo 13.3.III LEC).
Objetivos: atienden, por un lado, a la recurribilidad de la resolución, esto es, a que la ley conceda recurso contra la misma, y, por otro, a que se haya causado gravamen en esa resolución a alguna de las partes.
Recurribilidad de la resolución: la admisión del recurso sólo es posible si la resolución recurrida por la parte es susceptible de impugnación y precisamente por el recurso que la parte interpone.
Gravamen: es menester, además, que la resolución haya producido un perjuicio a la parte que la impugna, es decir, que le sea total o parcialmente desfavorable, o, lo que es igual, que le suponga un gravamen. Por gravamen suele entenderse cualquier diferencia en menos entre lo pretendido, o recurrido por la parte, y lo concedido en la resolución, aunque afecte a cuestiones accesorias, como las costas. No hay gravamen, ni recurso posible, si la resolución es del todo favorable, y tampoco lo hay cuando la divergencia se produce entre la argumentación de la parte y la motivación de la resolución, ya que lo impugnable es la parte dispositiva de la misma. Este presupuesto se concreta en el artículo 448 LEC en el hecho de que la resolución afecte desfavorablemente a las partes. Entendido el gravamen como perjuicio, la interpretación del mismo depende del tipo de resolución y de la clase de recurso:
En las resoluciones materiales: en las resoluciones que se han pronunciado sobre la pretensión o el fondo del asunto, el gravamen sí implicará normalmente una diferencia entre lo pedido y lo concedido, pero puede suponer en algún caso un perjuicio derivado de las razones por las que se concede. En general, pudiera decirse que, tratándose del demandante el gravamen supone una diferencia entre lo pedido y lo concedido, por lo que se determina comparando la petición de la demanda y el fallo de la sentencia, pero cuando se trata del demandado puede exigir gravamen referido, no a su petición de absolución, sino a la razón de porqué es absuelto; es decir, para el demandado el gravamen puede consistir en un perjuicio de su posición jurídica material.
En las resoluciones procesales: es muy dudoso que el gravamen sea presupuesto directo de la procedencia del recurso, debiendo bastar el que la resolución, de cualquier modo, incluso directamente, pueda afectar desfavorablemente a la parte, lo que tiene especial incidencia en el caso de las resoluciones nulas de pleno derecho.
También es conveniente, dentro de este apartado, hablar de los requisitos de la admisibilidad. Aquí hay que decir que, así como la procedencia del recurso hace referencia a la concurrencia de los presupuestos procesales, la admisibilidad atiende a la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para que pueda sustanciarse un recurso procedente.
Plazo: para que el recurso puede admitirse a trámite debe interponerse dentro del plazo establecido por la ley. Si así no se hace, la resolución deviene firme ipso iure, produciendo los efectos propios de la cosa juzgada formal sin necesidad de declaración expresa sobre ello (artículo 207.4 LEC). El plazo para recurrir (entendiendo por ello interponer el de reposición y preparar los de apelación, extraordinario por infracción procesal y de casación, así como el de queja) se unifica y fija en cinco días para todos los recursos. El dies a quo para el cómputo del plazo será el siguiente al de la notificación de la resolución de que se trate o, en su caso, al de la notificación de su aclaración o de la denegación de ésta (artículo 448.2), pero debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 135.
Depósito: la interposición de los recursos precisa la constitución de un depósito, que se detalla en la disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según esta norma, todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignarán como depósito: a) 30 euros en recursos de queja; b) 50 euros en recursos de apelación o de sentencia firme a instancia del rebelde; c) 50 euros en recursos extraordinarios de infracción procesal; d) 50 euros en recursos de casación; e) 50 euros si fuera revisión. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo. La admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo si se trata de resoluciones interlocutorias, a la presentación del recurso de queja, al presentar la demanda de rescisión de sentencia firme en la rebeldía y revisión, se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzgado o Tribunal, la cantidad objeto de depósito. No se admitirá ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Si hubiere error, omisión o defecto, se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto.
Tasa judicial: la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, reintrodujo la tasa judicial, aunque con carácter limitado, especialmente atendidas las exenciones subjetivas, pero cabe que el recurrente deba presentarse el modelo de ingreso de la tasa. Si existe la obligación, el importe de la tasa asciende a 300 euros en el recurso de apelación y de 600 euros en los de casación e infracción procesal.
Forma y fundamentación: los requisitos de forma deben referirse, en primer lugar, al escrito de interposición del recurso de reposición y, luego, al escrito de preparación de cualquiera de los recursos devolutivos. En todos los casos, uno u otro escrito debe estar firmado por abogado y procurador cuando su intervención sea preceptiva.
Ahora se va a proceder a tratar el punto del desistimiento de los recursos. Hay que decir que el desistimiento, con relación a la primera instancia, era una forma anormal de terminación de la misma consistente en un acto procesal del demandante por el que declara su voluntad de abandonar el proceso pendiente iniciado por él, sin que llegue a dictarse un pronunciamiento sobre la pretensión interpuesta, de modo que, al quedar imprejuzgada, es posible la incoación de un proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto, y ahora hay que decir que el llamado desistimiento de los recursos es una institución muy distinta, tanto que hubiera sido conveniente no utilizar la misma palabra para designar los dos fenómenos procesales. Aquí hay que distinguir varios puntos:
Concepto: el desistimiento de un recurso es un acto procesal del recurrente (sea éste el demandante o no) por el que se pide que se ponga fin a un recurso por él interpuesto, con lo que se produce el efecto de que queda firme la resolución impugnada, y, por tanto, si se desiste de un recurso contra sentencia, no podrá iniciarse un proceso posterior entre las mismas partes y con el mismo objeto.
Requisitos: los subjetivos se refieren sólo a la exigencia de poder especial en el procurador (artículo 25.2, 1º LEC), sin que quepa exigir a la parte una capacidad distinta de la de la actuación procesal. En el caso de que haya recurrido más de una parte y sólo alguna o algunas de ellas desistan, la resolución recurrida no se convierte en firme en virtud del desistimiento, aunque se tendrá por abandonada la impugnación que se exclusiva de quienes hayan desistido (artículo 450.2 LEC). Los requisitos de impugnación han de referirse a:
El desistimiento puede realizarse en cualquier momento antes de que recaiga resolución sobre el recurso (artículo 450.1 LEC).
Tiene que ser expreso, lo que supone una declaración de voluntad inequívoca.
Siendo la tramitación de los recursos básicamente escrita, el desistimiento debe presentarse por escrito, acompañado del poder especial, aunque puede desistir el procurador sin poder especial con ratificación posterior por la propia parte.
Efectos: el desistimiento del recurrente llevará al tribunal a dictar simplemente un auto teniéndolo por desistido, declarando que la resolución recurrida se ha convertido en firme. Ello supondrá la terminación del proceso, si el recurso se refirió a sentencia o auto definitivo, pero no cuando se trate de un recurso contra resolución interlocutoria.
1.- Recurso de apelación: Menéndez y Pidal manifestaba que la apelación “es un recurso ordinario en virtud del cual la parte que no se conforma con la decisión de un juez, puede llevar el litigio, o cienos puntos concretos de mismo, a la resolución de otro juzgador”.
El recurso de apelación es concedido a cualquiera de las partes que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior.
En cuanto que un juicio reiterado hace, ya por sí, posible la corrección de los errores
En cuanto a que los dos juicios se confían a jueces distintos
En cuanto que el segundo juez aparece con más autoridad que el primero (el pretor, respecto del conciliador; el Tribunal, respecto del pretor; el Tribunal de Apelación respecto del Tribunal de Primera Instancia).
En virtud de la apelación, la causa fallada por el juez inferior es traída al juez superior. Este tiene el mismo conocimiento pleno del negocio que el primer juez; esto es, examina la causa bajo todos los aspectos que pudieran ser objeto de examen por parte del primero. El conocimiento del segundo juez tiene por objeto, aparente e inmediatamente, la sentencia de primer grado, que deberá ser declarada justa o injusta en hecho y en derecho; pero en realidad tiene por objeto la relación decidida, sobre la cual el segundo juez ha de resolver ex novo, basándose en el material reunido ahora y antes. La apelación, tradicionalmente hablando, tiene dos efectos: el suspensivo y el devolutivo.
Fundamento del Recurso de Apelación.
Algunos jurisconsultos consideran inadecuada la existencia de la múltiple instancia (planteando la única instancia), otros por el contrario entienden que la múltiple instancia es necesaria.
Los que admiten la existencia de la doble o múltiple instancia sientan base o se fundan:
La múltiple instancia tiende a corregir los errores de la imperfección humana. El juez en su calidad de ser humano, se encuentra tendiente a cometer errores.
La múltiple instancia tiende a asegurar la aplicación de la buena justicia, corrigiendo las posibles imperfecciones cometidas por el juez.
La múltiple instancia presupone la existencia de un tribunal superior que generalmente es colegiado, generando de esta manera seguridad a las partes, debido a la intervención de dicho tribunal.
La existencia del tribunal superior el cual cuenta con mayor experiencia limita las posibilidades de error.
La única instancia evita las dilaciones de mala fe.
La única instancia consta de mayor celeridad.
La única instancia al ser rápida no genera gastos económicos.
La única instancia evita el descrédito para la justicia de ahí que prevé evitar las contradicciones entre jueces.
Pero no debemos olvidarnos que los recurso entre ellos el de apelación permiten o consagran la más poderosa arma a favor de la defensa en juicio, pues se afirman las posibilidades del individuo, proteger al individuo contra cualquier agravio otorgando una mayor seguridad a la justicia y generar confianza en el conglomerado social (sentido político).
En el caso de nuestra legislación, se basa en el sistema de la múltiple instancia, la estructura procedimental es la del juez unipersonal en primera instancia, cuya sentencia debe ser revisado por un tribunal colegiado en segunda instancia, contra el que a su vez pueden interponerse recursos extraordinarios ante un tribunal superior que cumple funciones casatorias, limitadas al control de la correcta aplicación e la norma legal.
Naturaleza del Recurso de Apelación.
En la doctrina existen diferentes posiciones sobre la apelación unos, configuran a la apelación como un nuevo proceso distinto al de primera instancia, mas conocida esta posición como la tesis Renovadora; la apelación desde esta perspectiva consta de un carácter autónomo, independiente, especial y autentico; toda vez que la alzada constituye un proceso aparte y de ahí que se autorice a titulo de ejemplo el ofrecimiento de nuevas pruebas en la apelación, entendiendo tal situación a que el grado de autonomía lo hace factible de nuevas pruebas.
Otros por el contrario manifiestan que se trata del mismo proceso, el cual se encuentra dividido en distintos grados, conocida tal posición como la tesis Revisora; la apelación tiene como meta o finalidad revisar y depurara el material litigioso y el pronunciamiento definitivo de primera instancia, de modo que con el no se procura reiterar el juzgamiento de origen sino controlar lo ya decidido o resuelto, ya que no se reiteran los tramites del proceso principal sino que se siguen otros diferentes distintos a los primeros teniendo por objeto comprobar la exactitud o no de los resultados obtenidos en el proceso originario.
Al margen de lo mencionado no debemos olvidar que la apelación supone la vigencia del sistema doble de la instancia ella no implica un nuevo juicio en el sentido de que en la sustanciación de recurso, el juez o tribunal de alzada se halla habilitado para practicar las pruebas arrimadas en la primera instancia, como para producir nuevas pruebas; la apelación consiste y constituye un procedimiento cuyo objeto consiste en verificar sobre la base de la resolución impugnada al error o al acierto de la primera instancia.
Objeto de la Apelación.
El objeto de la apelación es el agravio y su necesidad de reparación por acto del tribunal o juez superior, el acto provoca torio del apelante no supone que la sentencia sea verdaderamente injusta, vasta que el apelante le otorgue tal consideración, para que el recurso le sea otorgado y surja la segunda instancia, en inferencia el objeto de la apelación es la operación de revisión a cargo del superior sobre la justicia o injusticia de la sentencia apelada.
Procede únicamente interponerla de forma escrita y dentro de un mes si la notificación es expresa y de tres meses si es presunta. Debe ser fundada. Así, este tipo de recursos se erigen como el medio de impugnación que la ley establece en favor de una parte agraviada por un auto o decreto y, excepcionalmente, por una sentencia interlocutoria, a objeto de que el mismo tribunal que ha dictado esta resolución proceda a dejarla sin efecto o modificarla. Es el recurso que, por excelencia, se interpone en contra de aquellas resoluciones con este carácter.
3.- Recurso extraordinario por infracción procesal: con el objetivo de salvaguardar el ius litigatoris, y en menor medida el ius constitutionis referido aquí a la defensa del ordenamiento jurídico procesal, el legislador establece un mecanismo de impugnación que excluye la firmeza de la sentencia dictada en apelación y que permite a la parte gravada por una inobservancia de las normas que rigen el proceso acudir a un tribunal superior para que depure las infracciones cometidas. Este recurso se regula principalmente en la Disposición Adicional 16ª y en el Capítulo IV del Título IV del Libro II de la LEC (es decir, en los artículos 468 a 476). Es un medio de impugnación de sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en grado de apelación, por virtud del cual se solicita del tribunal competente, con fundamento en los motivos fijados taxativamente por la Ley, que examine la aplicación de las normas procesales realizada por el tribunal a quo y determine la observancia, por parte del mismo, de las normas que rigen los actos y garantías del proceso.
Esto es, estamos ante un recurso extraordinario por el que se controlan las cuestiones procesales. Sus notas esenciales son:
Se trata de un recurso extraordinario que sólo se puede interponer contra determinadas resoluciones: las sentencias dictadas en segunda instancia que sean recurribles en casación (Disposición Final 16ª, apartado 1º, primer párrafo) y por motivos tasados (los del artículo 469 LEC).
No constituye una nueva instancia capaz de provocar otro examen del asunto.
La jurisdicción que se ejerce por el órgano ad quem debería ser sólo negativa; si el recurso se estima se casa la sentencia recurrida (se anulan las actuaciones) y se devuelven al tribunal de instancia para que tramite correctamente el proceso y dicte nueva sentencia.
Su interposición constituye requisito previo para poder acudir al amparo constitucional cuando se entienda cometida la violación de un derecho procesal fundamental de los reconocidos en el artículo 24 CE.
En el sistema lógico de la LEC se concibió como un medio de impugnación incompatible con el recurso de casación, por entender el legislador que no cabía pretender, a un mismo tiempo, la anulación de la sentencia recurrido con reenvío a la instancia y, a la vez, subsidiariamente, la sustitución de la sentencia de instancia por no ser conforme al Derecho sustantivo.
Las cosas no son así en el régimen provisional de la Disposición Final 16ª LEC, en el que se pueden interponer al mismo tiempo los dos recursos, si bien la nueva lógica impone un orden de decisión sucesiva de ambos recursos.
Con la definición antes dada, queda claro que nos hallamos en un proceso pendiente y ante una nueva fase procesal del mismo. También que dicha etapa, precisamente por la índole extraordinaria del recurso, no puede caracterizarse como tercera instancia.
En cuanto al órgano competente, la atribución del conocimiento de este recurso se hace a favor de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Ahora bien, cuando, por razón de la materia la competencia para conocer del recurso contra la sentencia de segunda instancia correspondiera a la sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en tales supuestos, las resoluciones que sean recurribles en casación ante esas sales podrán impugnarse también por infracción procesal por los motivos previstos en el artículo 469 LEC.
En cuanto a las resoluciones recurribles, en la actualidad debe estarse, no al artículo 468 LEC, sino a la Disposición Final 16ª.1 LEC, de modo que sólo son recurribles las sentencias, no los autos. Esto es, sólo son recurribles por infracción procesal las sentencias dictadas en segunda instancia que sean recurribles en casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477 (D.F. 16ª.1). Las sentencias recurribles sólo serán aquellas dictadas por las Audiencias en la segunda instancia de un procedimiento.
Además, y tratándose de sentencias que pongan fin a la segunda instancia, solamente podrá presentarse el recurso extraordinario por infracción procesal de forma autónoma, esto es, sin formular al mismo tiempo recurso de casación.
En cuanto a otras resoluciones recurribles, no cabe infracción procesal contra los autos, ni siquiera cuando se trata realmente de que existió un verdadero proceso en dos instancias.
Hay que tener en cuenta una serie de criterios de recurribilidad. Partiendo de las disposiciones anteriores, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en su Acuerdo de 31 de diciembre de 2011, estimó que:
Juicio ordinario: procede en los casos previstos en el artículo 249 LEC y respecto de ellos se distingue en atención a los tres números del artículo 477.2.
Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en grado de apelación en el juicio ordinario para la tutela civil de los derechos fundamentales.
También lo serán las dictadas en el juicio ordinario determinado por la cuantía siempre que dicha cuantía supere los 600.000.
En los casos en que el juicio ordinario venga determinado por razón de la materia conforme al artículo 249.1 LEC (excepto el de tutela civil de los derechos fundamentales), no podrá interponerse aisladamente el recurso extraordinario por infracción procesal.
Juicio verbal: debe estarse únicamente al artículo 477.2.3º, de modo que cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, la sentencia de apelación será recurrible siempre que la resolución del recurso presente interés casacional.
En cuanto a los motivos del recurso, si estamos ante un recurso extraordinario es porque el mismo sólo puede interponerse atendiendo a los motivos tasados que la ley determina.
4.- Recurso de casación: la casación es también un recurso extraordinario cuya interposición y admisión impide la firmeza de la resolución impugnada. Pero, aunque complementario del de infracción procesal, no es un recurso nuevo. Viene acompañando a todas nuestras viejas leyes de enjuiciamiento y, pese a contar con numerosas reformas en su haber, nunca ha perdido los que son sus rasgos esenciales (carácter público, acceso restringido, ámbito objetivo confinado y legalmente limitado, etc.).
La actual regulación de la casación presenta tres notas características adicionales que interesa destacar con carácter previo: la primera, su objetivo último y principal que se centra en la unificación y creación de jurisprudencia para satisfacer los derechos de las partes; la segunda, la motivación para recurrir que se contrae a la infracción de las normas materiales aplicables en la resolución objeto del proceso; y la tercera, la posibilidad de distinguir, atendida la naturaleza de la ley sustantiva y a efectos prácticos primordialmente, entre una casación común y otra autonómica por los Derechos forales.
Se encuentra regulado en los artículos 477 a 489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un medio de impugnación en sentido estricto, de naturaleza devolutiva y extraordinaria que se dirige frente a sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en grado de apelación y que tiene por propósito revisar la aplicación de la norma material realizada por el juzgador de la segunda instancia. La competencia se atribuye al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Civil. No obstante, cuando la norma infringida sea de Derecho civil, foral o especial, de una Comunidad Autónoma y no se trate de una sentencia dictada en proceso para la tutela de los derechos fundamentales, órgano funcionalmente competente será el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Civil y Penal.
En cuanto a las sentencias recurribles, un doble elemento sirve para concretar este presupuesto que no lo es tanto del derecho a recurrir en casación como en infracción procesal (artículo 477.2 LEC). Por un lado, las únicas resoluciones recurribles son las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales, y con una excepción a favor de los autos dictados en apelación en el ámbito de solicitudes de exequátur de decisiones judiciales procedentes de la Unión Europea. Fuera de esta salvedad, deben entenderse irrecurribles tanto las resoluciones que no revistan la forma de sentencia (autos que decidan cuestiones procesales o de fondo y que siempre esa tipología no sea producto de una equivocación), como aquellas otras que conformadas como tales no procedan de dicho órgano provincial o/y se dicten en primer y único grado.
Por otra parte, y acumuladamente a la disposición anterior, se exige que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia lo haya sido en uno de los supuestos siguientes:
En procesos para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 CE, y que fueran tramitados por el cauce del artículo 249.1.2º LEC. Una vez más se trataría de tutelar por la vía ordinaria derechos fundamentales.
En procesos determinados en función de la cuantía cuando ésta excediera de 600.000 euros. Juicios ordinarios, por tanto, ex artículo 249.2 LEC.
En procesos tramitados por razón de la materia o de la cuantía cuando no sobrepasara de aquella cantidad y siempre que la resolución del recurso presente interés casacional. Para la individualización de este requisito de recurribilidad claramente relacionado con la función uniformadora y creadora de la jurisprudencia, el legislador acude a tres reglas:
Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Cuando resuelva puntos y cuestiones sobre los que concurra jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Cuando aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor y que no sean de igual o similar contenido.
En cuanto al motivo del recurso y a las consecuencias de su estimación, la casación actual se basa en un único motivo referido a la infracción de las normas aplicables para resolver el proceso (artículo 477.1 LEC). Tras eta determinación legal sólo cabe confirmar que nos hallamos ante un recurso extraordinario que, restringido a la quaestio iuris, nunca podrá convertirse en una tercera instancia.
Como ha quedado dicho, el motivo se refiere a la infracción de las normas jurídicas, que lo han de ser concretas y no referidas a preceptos de carácter general. En lo que respecta a la infracción procesal, ésta ha de entenderse en sentido amplio, luego más allá del originario quebranto expreso del texto de la Ley. En cuanto a la norma aplicable, y pueden denunciarse varias, se tratará de preceptos constitucionales o legales y asimilados, de reglas consuetudinarias existentes e incluso de principios generales del Derecho. En cualquier caso, han de tener naturaleza sustantiva, pertenecer al derecho privado (civil o mercantil) y ser aplicables
Si se estima la existencia de infracción alegada, la Sala casará la resolución recurrida, en todo o en parte, entrando a decidir sobre la cuestión litigiosa sometida a impugnación y, en su caso, fijando el criterio jurisprudencial sobre la discrepancia, contradicción o ausencia producida.
USUE PRIETO GUERRERO.