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Timestamp: 2017-08-17 10:16:51
Document Index: 164223484

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INFORME FINAL INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SALVADOR. - PDF
INFORME FINAL INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SALVADOR.
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1 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR INFORME FINAL INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL SALVADOR. Responsables Margarita Rivas Hugo E. Figueroa Morán
2 INDICE DE CONTENIDOS Pag. Presentación 3 Introducción 5 Marco Teórico-Conceptual 9 1. Normativa Nacional y de las Instituciones de Educación superior Relativas al Derecho a la Educación Superior e Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad La Constitución Las Leyes. Ley General de Educación 14 Ley de Educación Superior 16 Ley de Equiparación de Oportunidades para las las Personas con Discapacidad 18 Reglamento de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 20 Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y su Reglamento 22 El Derecho al Trabajo en las Instituciones de Educación Superior de las personas discapacitadas Caracterización y Situación de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior Salvadoreña Caracterización de la población laboral (docentes y trabajadores) con discapacidad en las Instituciones de Educación Superior Distribución de la población por edad y sexo Distribución de la población por tipo de discapacidad que presenta Distribución de la población por institución donde labora Distribución de la población por tipo de trabajo y tiempo de servicio Distribución de la población (docentes y administrativos) Por tipo de nombramiento y situación de discapacidad al Momento de la contratación Barreras actitudinales Caracterización de la población estudiantil con discapacidad en las Instituciones de Educación Superior 37
3 2.2.1 Distribución de la población discapacitada por Universidad Distribución de la población por tipo de discapacidad que Presenta Distribución de la población por carrera que estudia Distribución de la población encuestada por género y edad Barreras Físicas Ayudas especiales con las que cuentan las IES para facilitar trabajo a discapacitados y el aprendizaje a los estudiantes Accesibilidad arquitectónica y urbanística en las Instituciones de Educación Superior 51 Facilidades Urbanísticas Pasarelas y aceras Teléfonos Rampas y ascensores Asignación de parqueos para personas en silla de ruedas y señalización Condiciones de los baños Puertas en aulas auditoriums y laboratorios con el espacio suficiente para que ingrese una silla de ruedas o andaderas Salones amplios y con el orden suficiente que permita La circulación tanto en silla de ruedas u otro aditamento como de personas no videntes Ventanilla para atención de personas colocadas a nivel de silla de ruedas 66 Conclusiones y Recomendaciones 68 Bibliografía 69 Anexos 1. Instituciones de Educación Superior. Universidades 2. Directorio de Asociaciones de Personas con Discapacidad
4 Presentación Son varias las conferencias y foros mundiales, investigaciones e informes que sobre el derecho a la educación se han desarrollado. En estos y aquellos se discuten y formulan principios o compromisos tendientes a mejorar la situación de la educación en todos sus niveles, y para todos los sectores. La iniciativa de incorporar a esta tendencia la realización de estudios sobre las personas discapacitadas surge recientemente en el seno del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO). Por otro lado en el país y en las universidades no hay antecedentes de este tipo de informe de manera detallada y completa. Es desde este punto de vista que la elaboración de un informe de esta naturaleza se justifica sobradamente, no solo por la utilidad del mismo, sino porque de manera prospectiva se podría emplear en el ámbito de la educación superior para mejorar las condiciones laborales y académicas en que se desenvuelven las personas discapacitadas. Resulta obvio que el derecho a la educación y al trabajo son derechos que están limitados por múltiples factores económicos y socioculturales principalmente en aquellos países con gran dependencia económica. En la esfera específica de la educación superior, ambos derechos constituyen todavía una realidad por concretar en el caso de las personas que presentan alguna discapacidad física y/o sensorial, así como en otros grupos sociales tradicionalmente marginados. La visibilización de esta lamentable situación se ve limitada debido a que a la fecha no se han elaborado suficientes investigaciones y estudios que permitan tener una idea clara de qué es lo que el Estado y las universidades han realizado a fin de cumplir con la obligación moral y legal que tienen hacia las personas con discapacidad como es el garantizarles un acceso no discriminatorio a la educación y al trabajo en el ámbito de la educación superior. Tal y como lo afirma un documento oficial, 1 en El Salvador no existe un sistema general de información completo y funcional que registre fehacientemente a las personas con discapacidad. Las únicas fuentes de información que se tienen en la actualidad provienen básicamente de instituciones 1 Política Nacional de Equiparación para las personas con Discapacidad. CONAIPD, El Salvador, Marzo Pág. 10
5 estatales de rehabilitación y habilitación. Estos datos son parciales y aislados ya que únicamente registran a sus usuarios. Si esto es así para el conjunto total de la población discapacitada, para la que atiende estudios de educación superior la historia no es diferente; y es que en efecto no existen registros que permitan conocer el porcentaje de personas que hoy ocupan un puesto laboral o estudian alguna de las opciones profesionales que la Educación Superior ofrece. La necesidad de contar con un estudio que devele ésta situación en el país, es por lo tanto innegable. La Universidad de El Salvador en tanto universidad pública puede y debe aportar en la búsqueda de alternativas que permitan transformar la Educación Superior con base en los valores de equidad, igualdad, justicia, respeto a la diversidad e inclusividad. En este sentido, el presente informe preparado conjuntamente por el Centro de Estudios sobre Universidad y Educación Superior (CEUES) y la Facultad de Medicina a través de la Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional-, se plantea como un primer aporte sustancial al conocimiento y concienciación de lo que acontece en el escenario de la educación superior con las personas con discapacidad, ya sea como trabajadores o como estudiantes. Nuestro agradecimiento es particularmente grande para aquellas instituciones de educación superior, las asociaciones de discapacitados, trabajadores y estudiantes de las diferentes universidades que accedieron gustosamente a ofrecernos información, y sugerencias para la elaboración del presente documento. De la misma manera, extendemos nuestra gratitud no sólo al Consejo de Investigaciones Científicas (CIC-UES) de la Universidad de El Salvador, por haber apoyado este trabajo de investigación, sino también al grupo de estudiantes de las Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional (Facultad de Medicina), y Licenciatura en Estadística y Computación (Facultad de Ciencias Naturales y Matemática) que colaboraron en el trabajo de campo y la sistematización de la información respectivamente.
6 Introducción. Un área de investigación educativa fundamental es la que explora esa compleja relación entre la educación superior, la Universidad y el Estado. Y cada día resulta más claro que esa conexión que debería ser más bien una fructífera interrelación- se ve definitivamente influenciada, cuando no condicionada, por el inevitable proceso de globalización, y su manera de comprenderlo sea desde una perspectiva liberal, conservadora o neoconservadora-. Lo que se debe señalar es que En términos educacionales, existe una creciente compresión de que la versión neoliberal de la globalización, particularmente como se ha implementado (e ideológicamente defendido) por organizaciones bilaterales, multilaterales e internacionales, se refleja en una agenda educacional que privilegia, o impone directamente, políticas particulares para la evaluación, financiamiento, distribución de contribuciones, normas, superación para los profesores, currículum, instrucción y pruebas 2. Sin embargo cuando la perspectiva que se adopta para analizar la relación educación-universidad-estado es la de los derechos humanos, la del género o la del medioambiente la imagen se vuelve menos colorida; y mucho más obscura, cuando se analizan casos particulares, como por ejemplo el del acceso a la educación superior de las personas discapacitadas. 3 Cuando se incorpora a este análisis el contexto histórico y social del país, es conveniente resaltar que una de las secuelas más significativas que la sociedad salvadoreña sufre de la guerra, es el número considerable de personas con limitaciones físicas y/o sensoriales. Por otro lado están aquellos y aquellas que debido a circunstancias hereditarias o azarosas desde temprana edad presentan algún tipo de discapacidad. En esa misma línea de análisis se tiene también población discapacitada producto de la situación de violencia social. Las precarias condiciones de vida producto de la pobreza generalizada y la falta de o implementación verdadera de políticas de atención integral dentro de los programas de desarrollo económico son factores que explican un número creciente de personas con alguna discapacidad. Para el año 2003, según los datos del DYGEST, el número de personas con discapacidad en El Salvador era de 99 mil 930. De este número un muy escasísimo porcentaje es el que tiene acceso 2 3 Burbules. Nicholas, Torres, Carlos Alberto y Otros (Mayo 2005) Globalización y Educación Manual Crítico, Editorial Popular, España. Pag. 21 Conviene aclarar que el presente informe no se focaliza exclusivamente en la accesibilidad, sino también toma en cuenta la disponibilidad, aceptabilidad y la adaptabilidad.
7 a la educación superior. Y es que en los países en desarrollo, como es de esperar, la vulnerabilidad y el irrespeto de los derechos humanos siguen siendo una condición y una práctica notoria y expansiva. Cantidad de informes, nacionales e internacionales en esta materia dan cuenta de estas casi diarias violaciones; frente a este estado de cosas, cotidianamente diversidad de movimientos sociales se esfuerzan por cambiar esta tendencia. En El Salvador, entre los sectores sociales particularmente vulnerables se encuentra el conformado por la personas con alguna discapacidad. Este informe, de carácter nacional, presenta el grado de incorporación de estas personas a la educación superior; esto lo realiza determinando las circunstancias que la favorecen o la imposibilitan: si existen o no restricciones legales y socioeconómicas al acceso, permanencia y egreso de las personas con discapacidad a la Educación Superior; determinando si existen o no facilidades arquitectónicas en las diferentes instituciones; si se dan o no las condiciones pedagógicas, curriculares y tecnológicas que hagan posible el goce de éste derecho para este sector de la población, pasando por el análisis de la ideología imperante en la sociedad salvadoreña que avala actitudes de invisibilización y omisión que impiden revertir la discriminación en el acceso a la Educación Superior para las personas con discapacidad. Con la vigencia plena que el discurso sobre los derechos humanos ha cobrado a nivel internacional, la constante y aguda discriminación que la mayoría de personas con discapacidad tienen que enfrentar y soportar constituye una verdadera afrenta a su dignidad inherente, sobre todo si se toma en cuenta que los nuevos enfoques teóricos y prácticos sobre discapacidad la interpretan como una interrelación entre estas personas y el entorno (natural y social) en el que viven y no como tradicionalmente había sido conceptualizada en términos clínicos, algo que padecen las personas y soporta la familia y la sociedad. Los avances que la Educación Superior ha experimentado en materia de organización del conocimiento, su transmisión y aplicación directa en la sociedad son sin duda una muestra de que siempre se puede innovar para más y mejor. Que esto se pueda estar dando en sociedades subdesarrolladas sigue siendo cuestionable. Y es en este sentido que conviene detenerse un momento a reflexionar si los beneficios y ventajas que esto supone han llegado a todos y todas sin distinciones de ninguna índole. La aspiración generalizada del acceso universal a una educación de calidad o a un trabajo digno es
8 truncada en el plano de los hechos concretos cuando a estos ámbitos de realidad no pueden, por circunstancias muy propias de cada contexto o ámbitos de realidad (la educación superior, por ejemplo) tener acceso personas o grupos de personas que presentan alguna discapacidad. El hecho fundamental del que se parte es de que en efecto las universidades y la educación superior no fueron originalmente diseñadas para atender y abarcar al tipo de población discapacitada. Ello ha significado un factor de discriminación constante hacia estas personas. Discriminación que va en general desde el diseño y construcción de edificios o espacios arquitectónicos universitarios carentes de facilidades, y equipamiento (parqueos, rampas, elevadores, baños públicos, etc.), hasta el tipo de discriminación que en materia de educación se concreta en ausencia de programas curriculares adaptados a las necesidades especiales de estudiantes con discapacidad. Los derechos y garantías inherentes a las personas con discapacidad fueron reconocidos legalmente en El Salvador hasta el año 2000, en que se dotó al país de un marco legal e institucional en materia de atención a las personas con discapacidad a través de la Ley de Educación Superior. La pregunta que forzadamente se tiene que formular en este punto es si el gobierno y la sociedad han hecho algo para que el derecho a la educación superior o al trabajo de estas personas no sea restringido o limitado precisamente por su condición de discapacitados.
9 Marco Teórico-Conceptual. Es inusual que en la elaboración de informes que buscan detallar con alguna precisión información y descripción de un determinado estado de cosas, se incorporen consideraciones de índole teórica respecto a lo informado o descrito. Si en este documento se hace alguna disquisición teórica, y de manera bastante sucinta por cierto, es debido a que con la presentación del informe se espera iniciar un proceso de transformación efectiva respecto a los siguientes aspectos: a) una nueva comprensión social sobre lo que no y lo que si significa una discapacidad física o sensorial; b) la adopción de un verdadero compromiso interinstitucional por parte de las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) para mejorar las condiciones de accesibilidad, permanencia y egreso exitoso de la población estudiantil discapacitada; y c) Captar la atención de las diferentes entidades de gobierno que participan en la implementación y desarrollo de la política nacional de atención integral de la persona con discapacidad para que estas políticas sean efectivamente desarrolladas desde la perspectiva más amplia de los derechos humanos y teniendo en cuenta los datos ofrecidos y las necesidades y aspiraciones expresadas por las personas consultadas. Antes que nada, se espera que los derechos humanos (el de la educación superior al que tienen derecho las y los discapacitados) se eleven desde los márgenes al centro mismo de las políticas. 4 Como se menciono más arriba, tradicionalmente la discapacidad se interpretó en términos estrictamente clínico/médicos. En su tipología y tratamiento no se tomaba en cuenta que dicha circunstancia personal acontecía en un entorno social (actitudes, estereotipos, prejuicios, valoraciones, etc.) y físico (espacios urbanísticos) determinados, provocando con ello una falta de atención integral hacia estas personas. Con la implementación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF-CIDDM 2) dicha situación ha ido cambiando poco a poco, de forma que en la actualidad la discapacidad se concibe como una situación o circunstancia que es al mismo tiempo personal y social, y que por lo tanto demanda no sólo atención médica sino también ajustes en el entorno social y físico. Pero tales ajustes sólo se pueden implementar si a la base de las acciones que los ejecutan se tiene un enfoque holístico de lo que significa el ser humano y su entorno. 4 Tomasevski. Catarina, El asalto a la educación. Intermon Oxfam, Barcelona Pág. 17.
10 Ortega y Gasset expresó alguna vez yo soy yo y mis circunstancias. Estas últimas está claro que pueden ser de diversa índole: biológicas, psíquicas, culturales, etc. Una nota común a todas ellas es su carácter aleatorio o su sujeción a lo que podría denominarse principio de incertidumbre; es decir que no se puede establecer con certeza ni el lugar ni la hora en que las circunstancias variaran para el ser humano. Lo que esto indica es que las circunstancias humanas son impredecibles, y aplicado al tema de investigación, resulta que nadie está exento de sufrir un accidente, una enfermedad o circunstancia fortuita que le provoque alguna secuela física y/o sensorial expresada como una deficiencia, discapacidad o minusvalía dificultando con ello su continua interacción con el entorno. En adición se debe tomar en cuenta que tanto las causas como las consecuencias de la discapacidad pueden ser diferentes en función de las variables socioeconómicas, culturales, políticas y de responsabilidad de los estados. De ahí que sea necesario fomentar una clara comprensión social de la vulnerabilidad de todas y todos a sufrir alguna discapacidad, obligando de esa manera a adoptar la perspectiva de aquellos y aquellas que se encuentran en esta circunstancia de vida. Esta consideración empalma adecuadamente con el trabajo teórico filosófico de John Rawls en su obra Teoría de la Justicia en la que se presenta el denominado modelo de la Posición Original, por medio de la cual en teoría se alcanzaría una sociedad justa. En esencia el modelo consiste en imaginar una situación hipotética en la que nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición social o su estatus, ni tampoco sabe cual es su suerte en la distribución de los dones y facultades naturales (su inteligencia, su fuerza, capacidades y/o discapacidades). Detrás de este desconocimiento, la gente deberá estar obligada a considerar todos los aspectos relativos a la vida individual, comunitaria o social, pues en principio todas y todos tendrían que gozar o padecer de igual manera por las decisiones y medidas acordadas. Adaptando este modelo a la esfera de la educación y los ámbitos universitarios, se tendría que imaginar cuidadosamente las condiciones para diseñar, por ejemplo, un complejo de aulas, el diseño de los programas, la curricula, las condiciones en las que labora el personal administrativo o docente, o el estudiantado, a la par que se tendría que trabajar en la transformación de muchas actitudes que riñen con una convivencia social más solidaria y equitativa hacia este grupo o sector discapacitado de la población. Siguiendo a Rawls, el modelo de la posición original haría que las personas racionales adoptarán
11 medidas necesarias para establecer un acceso justo y equitativo a los futuros integrantes de la comunidad universitaria. Este ejercicio mental es el modo que él tiene para presionar a las personas a que abandonen su propia situación en la sociedad y consideren de una manera desapasionada el significado de la justicia y la forma en que se implantaría; traducido al tema en cuestión, la posición original constituiría una magnifica oportunidad de pensar la universidad y la educación superior desde todos los flancos e intereses posibles a fin de alcanzar la educación superior para todas y todos, en términos de accesibilidad, adaptabilidad, disponibilidad y aceptabilidad. En otro orden de análisis teórico, se encuentra el referido a los Derechos Humanos que constituyen el horizonte desde el cual se ponderan la justeza de las políticas gubernamentales, leyes, reglamentos y su estricto cumplimiento, para garantizar una convivencia justa e igualitaria. El derecho humano marco en este informe es el derecho a la igualdad, el cual recubre el derecho al trabajo y a la educación superior. La Constitución de la República, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados, y las demás leyes nacionales e Institucionales, deben ser garantía para el acceso igualitario al ejercicio de los Derechos Humanos de la población sin exclusión alguna. Los mismos, quedan en letra muerta si no se tienen políticas y acciones de orden práctico que los viabilicen. En la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobado según Decreto Legislativo No 888 por la Asamblea Legislativa y publicada en el Diario Oficial No 226, del 1 de diciembre de 2000, en su capítulo IV sobre Educación y V sobre Integración Laboral, contempla ampliamente la responsabilidad del Estado y sus Instituciones de facilitar en condiciones de igualdad, la integración de la población con alguna discapacidad. Así mismo, está contemplada en la Línea de Acción No la Medida de la Política 3, el Promover que las Universidades destinen recursos de investigación y enriquezcan sus cátedras en el ámbito de la atención de personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Es oportuno entonces evaluar si en la Ley de Educación Superior que rige a las Instituciones de Educación Superior; la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, así como otras normativas propias de cada institución se contemplan acciones concretas para llevar a la práctica la integración de las personas con discapacidad a la Educación Superior del país. Para saber ubicarse dentro de la temática que se va a abordar es necesario tomar en cuenta que existen, en materia de educación en general y de educación superior especialmente, compromisos internacionales adoptados por el gobierno de El Salvador.
12 Entre estos destaca el de hacer de la educación superior un derecho al que todas y todos puedan tener acceso sin mayores obstáculos. El presente informe nacional, integra tres apartados. El primero es un análisis de los diferentes cuerpos legales que enmarcan el derecho a la educación superior y al trabajo de las personas con discapacidad; el segundo apartado presenta una caracterización general tanto del sector estudiantil como del laboral de las diferentes Instituciones de Educación Superior (en adelante IES); el tercer apartado expone el grado de cumplimiento que las IES presentan respecto a las facilidades arquitectónicas orientadas a facilitar un entorno amigable a las personas con discapacidad, sean estudiantes, trabajadoras o trabajadores. Finalmente, y en un solo apartado proponemos una serie de conclusiones y recomendaciones con la esperanza de que se tomen en cuenta para la discusión y posterior implementación.
13 1. NORMATIVA NACIONAL Y DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR RELATIVAS AL DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR E INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 1.1 La Constitución El Salvador reconoce en su Constitución, vigente a partir de 1982, que el origen y fin de toda la actividad del estado es la persona humana (Art.1) y que es el Estado el garante de asegurar a todas y todos los habitantes el goce de la libertad, la cultura, la salud, etc.; acorde con este postulado, la Carta Magna inmediatamente pasa a reconocer los derechos y garantías fundamentales inherentes de la persona (Título II), los cuales podrán ser ejercidos independientemente de sus circunstancias sociales, económicas, físicas o mentales. Lo que esto significa es que independientemente de la persona que se trate, para el ejercicio y defensa de estos derechos el individuo cuenta con el reconocimiento y seguridad del estado. El derecho a la educación (su conservación, fomento y difusión) se reconoce en el Título II, Capítulo II, Sección III donde además se menciona la ciencia y la cultura. Por otra parte, desde la lectura del artículo 55, resulta palpable la conexión que la carta magna establece entre educación y desarrollo social: La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano No obstante el artículo 55 mezcla indistintamente fines y metas de la educación, vale la pena observar que durante las últimas décadas se ha experimentado una suerte de giro respecto a la percepción de la educación y su rol central en el desarrollo más que social, económico, hasta llegar finalmente a la fase de su mercantilización, volviéndose de este modo un factor más de exclusión y discriminación en el sentido de que ya no todas ni todos pueden culminar, por razones estrictamente económicas, su proceso educativo en todos los niveles en los que este se organiza. Es significativo, por tanto, que el artículo 58 mencione el principio de no discriminación al establecer que ningún establecimiento de educación (público o privado y de cualquier nivel educativo) podrá
14 negarse a admitir estudiantes por motivos de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas. El texto constitucional en este punto se refiere de manera general a la educación sin hacer distingos de tal o cual nivel. Así el principio de no discriminación funciona tanto para el nivel primario como para el superior. Además en cuanto a los motivos o factores de discriminación, la Constitución no pretende ser exhaustiva, por lo que debe entenderse además que dicha discriminación tampoco puede operar por razones o circunstancias relativas a las condiciones físicas o sensoriales (discapacidades) de las y los ciudadanos. Si bien puede establecerse que en el nivel más alto de la jerarquía nacional normativa no aparecen restricciones de tipo legal al ejercicio del derecho a la educación superior para grupos especiales, como podría ser el conformado por las personas con discapacidad, debe también abandonarse todo optimismo acrítico al pensar que este sólo hecho y la consiguiente mención a la no discriminación en la Constitución, es suficiente garantía de que en la práctica tales preceptos se cumplen a cabalidad. Y es que este derecho a la no discriminación, que viene a ser una expresión del derecho a la igualdad frente a la ley, es en El Salvador violentado de múltiples maneras en materia educativa Por lo menos en El Salvador, en lo que al derecho a la educación se refiere siguen aconteciendo violaciones de toda índole, las cuales se registran desde los niveles más básicos del proceso educativo hasta su culminación en los estudios universitarios. Los problemas muchas veces suelen ser comunes entre un nivel y otro: por ejemplo, los que se refieren a su accesibilidad, repitencia, deserción, calidad, pertinencia, permanencia, egreso, financiamiento, etc. Para el presente informe, esto se ve claro en las pocas alternativas educativas que tienen las personas con discapacidad 5, ya sea porque el estado no hace lo suficiente para garantizar a estas personas el acceso a la educación en cuanto a infraestructura adecuada, opciones académicas, y adecuación de planes de estudio a sus propias necesidades, o bien porque, indirectamente, el estado no favorece las condiciones económicas y sociales- para que las instituciones educativas puedan por su cuenta implementar acciones y programas contra este tipo de discriminación. En adición, si bien es cierto que la Constitución reconoce el derecho a la educación sin discriminación 5 La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2003 indicó que la población discapacitada presenta una tasa de analfabetismo del 44.8% en mayores de 10 años de edad. Por su parte la encuesta OMS-GTZ, indicó que % de la población discapacitada no sabe leer ni escribir; de ese total estudió de 1º a 3º grado; 7.96 de 4º a 6º y el 2.46% se graduó de la universidad. (tomado de Mujer y Mercado Laboral, ORMUSA, FUNDE, ES 2006, pág. 173)
15 a las y los salvadoreños en general, esta no hace mención específica de las personas con discapacidad, tal y como lo hace por ejemplo en referencia a las personas que reciben educación especial; pues bien, al no explicitar dicha condición se opera un cierto nivel de invisibilización no solo de este grupo poblacional sino de otros vulnerables a discriminación. Respecto a la Educación Superior, la Carta Magna en su Art. 61 expresa que se regirá por una ley especial Las leyes Ley General de Educación (en adelante LGE) La primera de las leyes a considerar en torno al tema de este informe es la Ley General de Educación, emitida por el Decreto Nº 917 y proveído el 21 de diciembre de Analizada a través del tamiz del principio de no discriminación, la LGE no establece ninguna restricción en cuanto al acceso a la educación por parte de las personas discapacitadas; de hecho en su artículo 1 conceptúa la educación como un proceso fundado en una concepción integral del ser humano 6 ; y más adelante, al desarrollar los objetivos generales de la educación, señala en su artículo 3 literal (a) que no existirán límites para nadie en el desarrollo de su potencial y la búsqueda de la excelencia. 7 Este principio de no discriminación se termina de enfatizar mucho más en el capítulo IV relativo a las políticas de acceso a la educación. En dicho apartado, artículo 4, razona la LGE que El Estado fomentará el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Dicha estrategia incluirá el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes. No obstante lo expresado, todos estos criterios son de difícil o casi imposible realización cuando se trata de concretar una educación superior para personas con necesidades especiales y aunque no es el objeto de este informe los niveles de educación inicial, básico y medio lo cierto es que la atención a las personas con discapacidad sigue siendo precaria. En tanto ley general, este marco legal aplica también para el nivel de educación superior; en este sentido, y puesto que se habla de pleno acceso de la población para una 6 Art. 1.- La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 7 Art. 3.- La Educación Nacional tiene los objetivos generales siguientes: a) Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia
16 democratización de la educación (se debe por tanto, incluir a las personas discapacitadas), se infiere que en principio todas las IES deben contar con infraestructura adecuada, personal competente e instrumentos curriculares pertinentes, y todos esto adaptable y disponible para todas y todos. Si bien como queda establecido más arriba, el principio de no discriminación constituye un eje articulador importante dentro de las políticas educativas, la LGE no desarrolla un apartado que podría identificarse como específico para la población estudiantil discapacitada, independientemente del nivel educativo del que se trate, tal y como lo hace con relación a la Educación Especial el cual es desarrollado en el Capítulo VII, y a propósito del cual se pueden hacer las siguientes observaciones dado que están estrechamente vinculados con el tema objeto de investigación. 1. El concepto de Educación Especial manejado en la ley es meramente descriptivo con relación a las personas que eventualmente podrían ser incluidos en este concepto; parece estar sesgado hacia la educación a personas mentalmente disminuidas y/o aptitudes sobresalientes Como consecuencia de la anterior concepción, se deja fuera lo de especial que comprende la educación para personas con discapacidades físicas y/o sensoriales. 3. El concepto de Educación Especial parece únicamente girar en torno a los niveles educativos iniciales, no así al superior. 4. A pesar de que en el Art. 34 inciso segundo, se establece que la educación de personas con necesidades educativas especiales se ofrecerá en instituciones especializadas y en centros educativos regulares, de acuerdo con las necesidades del educando, con la atención de un especialista o maestros capacitados, la experiencia y los hechos demuestran que en los centros regulares de educación de los diferentes niveles no se prevén las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de especialistas o maestros capacitados para atender esta clase de estudiantes de manera suficiente. 8 Art La Educación Especial tiene los objetivos siguientes: a) Contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas con necesidades educativas especiales por limitaciones o por aptitud sobresaliente;
17 Finalmente, la LGE en su artículo 27 remite lo propio de la educación superior a una ley especial, y señala ahí mismo los objetivos de la misma. Ley de Educación Superior (en adelante LES) La Ley de Educación Superior vigente surge por Decreto Legislativo número 468, proveído en octubre del año Esta ley viene a derogar la anterior Ley de Educación Superior de 1995 en cuyo Considerando IV se establecía claramente que la educación superior perseguía de manera general el desarrollo integral de la persona humana en su dimensión intelectual, cultural, espiritual, moral y social. La ley de 2004, no obstante, constituir una reorganización del articulado de la ley anterior (Considerando IV), entiende e interpreta la finalidad de la educación superior en el marco de las actuales condiciones de la globalización y los avances tecnológicos (considerando III), en el que se requiere, fundamentalmente, profesionales aptos para competir; según parece, la prosecución de una formación humana en todos los ordenes de la vida (cultural, intelectual, espiritual y social), pasa a segundo plano. Esta ley clasifica las instituciones de Educación Superior en Institutos Tecnológicos, Institutos Especializados de Nivel Superior y Universidades. El sistema de educación superior comprende 25 universidades privadas y 1 universidad pública, 1 instituto estatal especializado, y 4 institutos especializados privados, 5 institutos tecnológicos estatales y 4 institutos tecnológicos privados. Como logra apreciarse las opciones de formación académica y tecnológica superior son numerosas y variadas en el país; no obstante, lograr el acceso a este nivel educativo representa para una parte significativa de la población joven un sueño o aspiración que debe postergarse o abandonarse por razones de diversa índole, siendo las económicas las de mayor frecuencia. Al evaluar si la educación superior es accesible para todas y todos los salvadoreños, se puede decir que no existen mayores restricciones formales para que las personas puedan iniciar estudios dentro de este nivel ya que la LES establece únicamente como requisitos haberse recibido de bachiller y cumplir los requisitos de admisión de la IES. 9 9 Art Son requisitos de ingreso para iniciar estudios de educación superior: a) Haber obtenido el título de bachiller o poseer un grado equivalente obtenido en el extranjero y reconocido legalmente en el país; y,
18 Lo que salta a la vista en la Ley de Educación Superior es que se echa de menos una referencia al derecho a la educación superior que tienen las personas con discapacidad, algo que por ejemplo no sucede con respecto a los estudiantes de escasos recursos económicos (un grupo estudiantil bastante numeroso por cierto en El Salvador) quienes podrán gozar de programas de ayuda financiera previstos por cada institución o por el Estado. 10 El inciso tercero del artículo 40 es explicito al señalar que a ningún estudiante se le negará la admisión por motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión, naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, económicas o políticas. La lista de posibles motivos por los cuales una persona no podrá ser discriminada en su acceso a la educación superior no es cerrada, a pesar de que pudo haberse incluido una frase que indicará que tampoco podrá negárseles el acceso a la educación a las personas con discapacidad. Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El instrumento jurídico en cuestión corresponde al decreto legislativo número 888 proveído el veintisiete de abril de dos mil, con el nombre de Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad Es conveniente hacer notar el conjunto de conceptos fundamentales empleados en la articulación de la ley. Entre estos podemos mencionar: equiparación de oportunidades, Atención Integral, no discriminación. Y así, cuando se habla de equiparación de oportunidades realmente lo que esta en juego es el libre ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en un plano de no discriminación y equidad; si este ejercicio pleno de los derechos es ya de por sí un enorme problema para la ciudadanía en general, ya no se diga para grupos sociales que anteriormente ni siquiera eran tomados en cuenta por la legislación. Por otro lado, el concepto de Atención Integral queda desvirtuado en el mismo seno de la Ley, pues si se pone un poco de cuidado al Considerando III de esta ley, se notará que dicho instrumento ha sido b) Cumplir con los requisitos de admisión establecidos por la institución de educación superior en la que se solicite ingresar. 10 Artículo 40 inciso segundo
19 formulado bajo una concepción de la discapacidad como una circunstancia negativa para quienes la presentan: que por diversas circunstancias, adquiridas o congénitas, la persona humana es susceptible a la disminución de sus capacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, lo que crea una condición de desventaja con sus semejantes que les dificulta su integración plena a la vida social Si esta concepción de la discapacidad se relaciona con lo advertido en el párrafo anterior esta claro que una de las mayores desventajas que una persona con discapacidad podría tener al integrarse a la sociedad y a la educación superior, más que su misma discapacidad, es verse bloqueada por las estructuras legales, sociales, culturales y urbanísticas a realizar los derechos que le son inherentes. El artículo 1 establece el objeto y alcance de la ley en los términos siguientes: la presente Ley tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya sean congénitas o adquiridas La ley, entonces, se ha encargado de clasificar los tipos de discapacidad y en su inciso segundo estipula la entidad que se ha de encargar de formular la política nacional de atención integral, siendo este el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD, por sus siglas en español), el cual viene funcionando en el país desde En todo caso, los puntos claves para el presente informe tienen que ver con el reconocimiento de los derechos que estas personas tienen, entre los cuales se encuentran, de acuerdo con el artículo 2: - el derecho a recibir una educación con metodología adecuada que facilite su aprendizaje, (numeral 2) - el derecho a facilidades arquitectónicas de movilidad vial y acceso a los establecimientos públicos y privados con afluencia de público (numeral 3) - el derecho a una formación, rehabilitación laboral y profesional (numeral 4) - el derecho a obtener un empleo idóneo en su rehabilitación integral (numeral 5) - y por último, el derecho a a tener acceso a sistemas de becas (numeral 7) De la lectura del numeral 2 del artículo en comento, se puede inferir que el legislador al hablar del derecho a la educación no lo restringe a un nivel específico de estudio. Por tanto, las personas con discapacidad tienen igual derecho que el resto de personas a recibir una educación superior con metodología a fin a sus necesidades educativas especiales.
20 Como una de las maneras objetivas de limitar o vulnerar la equidad que debe operar en el libre ejercicio del derecho a la educación superior por parte de las personas discapacitadas radica en la existencia de barreras arquitectónicas, resulta pertinente analizar el numeral 3 a la luz del interés del presente informe y hacer las siguientes observaciones. Este numeral hace referencia a establecimientos públicos o privados así que dentro de esta denominación caen las instalaciones educativas universitarias, las cuales deben contar con, por lo menos, el tres por ciento de espacios destinados expresamente para estacionar vehículos, espacios que deben estar ubicados cerca de los accesos de las edificaciones; las universidades e institutos tecnológicos están obligados, por el artículo 15, a procurar la facilidad arquitectónica de ascensores con facilidades de acceso, manejo y señalización visual, auditiva o táctil y con mecanismos de emergencia de fácil manejo para estas personas. El capítulo IV desarrolla específicamente en cinco artículos el derecho de las personas con discapacidad a la educación en todos los niveles que el sistema educativo dispone. El artículo 18 establece que El estado debe reconocer los principios de igualdad de oportunidades de educación en todos los niveles educativos para la población con discapacidad, y velará porque la educación de estas personas constituya un parte integrante del sistema de enseñanza. El comentario pertinente en este artículo es que a nivel de estadísticas dichas personas son invisibilizadas en los informes nacionales, y privados pues no se registran datos al respecto, ni en los centros educativos de educación básica y primaria, ni en el nivel superior en las universidades privadas. Por otro lado si ha de ser parte integrante de la enseñanza muy poco se sabe o se divulga de los programas especiales que haya desarrollado el MINED, y su respectiva Dirección de Educación Superior, para cumplir con esta normativa en el nivel superior de la educación. El artículo 19 establece que las personas con discapacidades, previa evaluación, podrán integrarse a los sistemas regulares de enseñanza los cuales deberán contar con los servicios de apoyo apropiados y accesibilidad. Sobre este artículo cabe hacer algunas interrogantes. En primer lugar cuando se habla de previa evaluación la ley no específica el tipo de evaluación a practicar si es relativa a las capacidades académicas o física-sensoriales. Que no se especifique resulta un tanto problemático pues la ley de educación superior solo ha puesto como requisito para ingresar en un centro de estudios superiores poseer un título de bachiller y cumplir los requisitos administrativos de ingreso. En segundo lugar, la
21 ley solo menciona que los centros de educación deberán contar con servicios de apoyo apropiados y accesibilidad, pero no establece quién o qué entidades velaran por el cumplimiento de dichas normativas e implementación de tales servicios, ni mucho menos quién los financiara. Para decirlo de otra manera, realmente este artículo deja más dudas que el anterior, pues no se específica si la evaluación de que se habla es concerniente a las necesidades especiales del estudiante con discapacidad o a la capacidad de la institución educativa de aceptar tales personas. El término evaluación resulta en este contexto demasiado vago por no decir carente de contenido. Por otro lado, cuando menciona los servicios de apoyo apropiados no dice apropiados para qué o quiénes. El artículo 20 señala que el estado fomentará la formación de recursos humanos para brindar formación a personas con necesidades educativas especiales. El problema es que ahí mismo no se establece con suficiente claridad si la formación (que tampoco aclara si es de tipo académica, técnica o de otro tipo) de dicho personal es para desarrollar tales tareas en las instituciones educativas y en todos los niveles, o solo en centros de atención especializados. Si es lo primero, entonces no se ha cumplido, pues las IES privadas y la universidad pública no cuentan con este personal, y tampoco lo forman; si es lo segundo, estos centros de atención atienden diversidad de discapacidades que tendría que especificarse nuevamente si la formación a la que se refieren es académica, técnica o laboral. En cuanto al acceso a la educación de las personas con discapacidad el artículo 21 establece que tal acceso deberá facilitarse en el centro educativo más cercano al lugar de residencia de éstas y que además cuente con recursos especiales. El artículo más que servir de garantía al derecho a la educación en general y a la superior en particular, lo restringe pues condiciona dicho ejercicio: primero, equiparando acceso al mero ingreso a la institución de educación; segundo, restringiendo a circunstancias de conveniencia geográfica que escapan a la voluntad de las y los estudiantes con discapacidad; y, tercero, limitándolo a aquellos centros que cuenten con esos recursos especiales, que si se trata de centros públicos difícilmente contarán con ellos, pues a penas alcanzan infraestructura adecuada, sobre todo los que se encuentran en zonas rurales alejadas. Por último, la redacción del artículo 22 sugiere que su contenido es privativo para el caso de la educación primaria y secundaria no así para la universitaria, donde obviamente se da por descontado la participación de los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad en cuanto a la organización y evaluación de los servicios educativos que las instituciones de educación superior
22 ofrecen, pues tal evaluación corresponde al Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley de Equiparaciones de Oportunidades para la Personas con Discapacidad. El otro instrumento jurídico que se debe exponer es el Reglamento de la ley ya referida. El reglamento de esta ley entra en vigencia 8 meses después de la ley (diciembre de 2000). Lo que sigue es una referencia al articulado de este cuerpo normativo en lo pertinente al tema de que trata este informe. En primer lugar están los principios que informan tanto la ley como el reglamento: el de integración de las personas con discapacidad la equiparación de oportunidades la eliminación de barreras la promoción de autonomía y participación. En el Capítulo III, el Reglamento desarrolla el derecho a la Educación. El artículo 34 habla sobre el derecho a la educación y reafirma el principio de no discriminación para el libre ejercicio de este derecho: para efectos de interpretación de la Ley y del presente reglamento, se entiende por igualdad de oportunidades en educación, la atención a toda la población, sin discriminación por razón de sus necesidades especiales, proporcionándole el acceso y los apoyos especiales Como logra apreciarse, el concepto de educación se utiliza en su sentido amplio, y no se refiere, por lo tanto, a uno de los niveles correspondientes del sistema educativo nacional; finalmente, es el literal (f) del artículo 35 donde se asegura la accesibilidad a la educación superior a las personas con discapacidad: se garantizará el acceso e integración al sistema educativo formal dando todas las facilidades para que las personas adultas con discapacidad puedan recibir una educación universitaria formal, sin restricciones, mediante un proceso de acreditación a través de un examen de suficiencia La última línea del artículo resulta un tanto confusa pues menciona un proceso de acreditación y un examen de suficiencia; en el uso normal de los términos esta claro que los exámenes de suficiencia se practican a las y los estudiantes, sin embargo llama la atención que el artículo en comento lo establezca
23 como un requisito para ingresar a la universidad, si ya la Ley de Educación Superior estableció los requisitos de ingreso; en la misma línea se plantea el concepto de acreditación, pues se entiende que este es un proceso aplicado a las universidades para garantizar la calidad de sus servicios educativos. Una última consideración que es conveniente plantear en el análisis del reglamento de la ley de equiparaciones es concerniente al apartado donde se establecen las estrategias de atención educativas y que se desarrollan en el artículo 36. De todas las estrategias establecidas en ninguna hay una referencia explicita a las instituciones de educación superior, limitando su aplicación o ejecución al nivel primario y secundario del sistema educativo. Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y su Reglamento. La educación superior en El Salvador se imparte en instituciones públicas y privadas. Dentro del sistema nacional público, la educación superior se difunde en escuelas especializadas, institutos tecnológicos estatales, institutos especializados de nivel superior, y en la Universidad de El Salvador que es la única universidad pública con la que cuenta el país. Y si ésta última se rige por su propia Ley orgánica es por que así lo establece el artículo 76 de la Ley de Educación Superior: Art.- 76 La Universidad de El Salvador, se regirá por su ley orgánica y demás disposiciones internas en todo lo que no contraríe la presente ley La Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador fue proveída por decreto legislativo Nº 597 de fecha 29 de abril de En su artículo 44 consagra el principio de no discriminación al establecer que la Universidad no podrá negarse a admitir alumnos por diferencias sociales, de nacionalidad, religiosas, raciales, políticas, de condición económica, sexo, ni por la naturaleza de la unión de sus progenitores, tutores o guardadores Formalmente, entonces la ley orgánica de la UES no establece restricciones legales a las personas con discapacidad para ser admitidas o admitidos en la universidad. En el Reglamento Universitario, se establece en el artículo 67 los requisitos de ingreso a la universidad: todo aspirante para tener derecho a ingresar y a matricularse por primera vez como estudiante en la Universidad deberá cumplir con los requisitos siguientes: a) Presentar certificación de partida de nacimiento; b) Presentar cédula de identidad personal o documento equivalente o en su defecto carné de minoridad, licencia de conducir, pasaporte o carné electoral; c) Comprobar su calidad de Bachiller con el título expedido válidamente, en la República o en
24 su defecto con el diploma de graduación o constancia extendida por el Director de la institución, condicionado a presentar el título una vez lo hay obtenido; d) En el caso de personas con estudios en el extranjero equivalentes a bachillerato, comprobar ésta calidad con el diploma correspondiente y con las constancias respectivas firmadas por el director de la institución y autenticadas por los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores. e) Certificado de salud y compatibilidad psíquica y física para los estudios universitarios de su elección extendida por la clínica autorizada por el CSU; f) Rendir las pruebas que el CSU determine; y g) Todos los demás requisitos que establezcan los reglamentos especiales. A primera vista podría parecer que el literal e constituye una restricción a las personas con discapacidad, sin embargo el mismo reglamento aclara en el inciso siguiente del mismo artículo que los exámenes a que se refiere el literal e estarán dirigidos a orientar las aptitudes y habilidades de la persona, y en ningún caso, se deberá tomar como limitantes para el ingreso. En conclusión, ni la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, ni su respectivo Reglamento exigen requisitos que limiten el ingreso a la educación superior de estudiantes con alguna discapacidad. Además de profesar en su ley y reglamento medidas no discriminatorias, la Universidad de El Salvador, en el artículo 62 de su Reglamento, se compromete en general con la comunidad universitaria, para este caso con las y los estudiantes, a organizar servicios técnicos y de orientación especializados que sean necesarios con el objeto de contribuir a la solución de los problemas de orden médico, psicológico, social y económico que puedan interferir en el normal rendimiento de los estudiantes En otras palabras, las y los estudiantes con discapacidad que eventualmente fueran admitidos por la UES, podrán disponer de estos servicios dado el caso que necesitarán apoyo en algunas de las áreas que el bienestar universitario cubre. El derecho al trabajo en las Instituciones de Educación Superior de las personas discapacitadas Con relación a la integración laboral en las instituciones de educación superior de las personas con discapacidad, se puede establecer que la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad ha establecido la ley marco que regula esta realidad. El artículo en cuestión es el 23 que
25 literalmente afirma El sector público y la empresa privada facilitarán la integración laboral a las personas con discapacidad Aquí deben entenderse abarcadas por esta normativa las IES públicas y privadas, las cuales están obligadas por esta ley a cumplir las disposiciones relativas a la contratación de una persona discapacitada por cada 25 trabajadores (artículo 24); a cumplir con las disposiciones relativas a la eliminación de barreras arquitectónicas y de infraestructura en general que dificulte el normal y efectivo desempeño laboral de las personas con discapacidad (artículos 12 al 17). Para evaluar el grado de cumplimiento que las IES le están dando a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley arriba mencionada, se diseñaron una serie de entrevistas para ser aplicada a diferentes autoridades y funcionarios de las instituciones de educación superior tales como Vicerrectores Académicos y Jefes de Recursos Humanos. (ver modelo en anexos). Su aplicación no brindo toda la información que se esperaba obtener debido a que no todas las oficinas de recursos humanos estuvieron prestas a aceptarla. Los nombres de las únicas instituciones entrevistadas son las siguientes: Sub Gerencia de Personal de la UES. Escuela Superior de Economía y negocios. Escuela Militar Cáp. Gral. Gerardo Barrios. Universidad Centro Americana José Simeón Cañas. Determinar el número total de personas con discapacidad que laboran en estas instituciones resulta siempre problemático pues no siempre se cuenta con esta información o registros. De todas maneras, al consultarles a las y los jefes de personal sobre el desempeño laboral de las personas con discapacidad, la respuesta fue siempre de satisfacción con su rendimiento laboral. Algunos de estos trabajadores tienen más de 10 años de laborar en este sector. A pesar de ello, y de acuerdo a lo expresado por las personas entrevistadas, las y los trabajadores docentes y administrativos- deben enfrentar como mayor obstáculo siempre restricciones relacionadas con la infraestructura del lugar en que labora. Y aunque el número de personas entrevistas fue pequeño, si llama la atención que en tales instituciones se menciona que en las normas institucionales y políticas de personal se contemplan acciones especiales para facilitar la permanencia y desempeño del personal con discapacidad. En teoría las o los funcionarios a cargo de oficinas de recursos humanos deberían conocer la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad y su respectivo reglamento. El 60% de estas personas entrevistadas manifestó desconocer tal normativa, otro 20% dijo conocerla poco, y el 20% restante respondió que si conocía tal cuerpo de leyes. Las respuestas resultan curiosas pues al
26 consultárseles respecto al cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades, la totalidad de los entrevistados respondió que tal artículo no se cumplía. Resulta ingenuo pensar que el solo hecho de conocer la Ley de Equiparación de Oportunidades basta para que tal normativa se cumpla por parte de las instituciones de educación superior. Por otro lado, es verdaderamente lamentable que a pesar de la existencia de dicha ley las y los empleadores en esta área de trabajo no tomen cuenta que es su deber acatar lo que la ley ha establecido.
27 2. CARACTERIZACION Y SITUACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR SALVADOREÑA El Sistema de Educación Superior Salvadoreño como en muchas regiones del mundo presenta dos modalidades, la pública y la privada. Este apartado presenta un análisis primordialmente estadístico de la situación de este sector de la población laboral y estudiantil en ambas modalidades. Para la recolección de estos datos se contó con la participación y colaboración de por lo menos 30 estudiantes de la Universidad de El Salvador, todas y todos de la carrera de Licenciatura en Fisioterapia y Terapia Ocupacional con quienes se validaron los siguientes instrumentos: Entrevista Rectores, Vicerrectores Administrativos y Académicos de cada una de las Instituciones de Educación Superior. Encuesta a Docentes y Trabajadores con discapacidad que laboran en las Instituciones de Educación Superior. Entrevista a encargados de oficina de Recursos Humanos, de cada Institución. Guía de Observación para la Accesibilidad Arquitectónica y Urbanística de las Instituciones de Educación Superior. Entrevista a Estudiantes con Discapacidad de las Instituciones de Educación superior del País. El Universo para la aplicación de estos instrumentos lo constituye la totalidad de Instituciones de Educación Superior 11 : Universidad de El Salvador como única Universidad Pública en el país, Universidades Privadas, Institutos Tecnológicos y Escuelas Superiores existentes y debidamente acreditadas ante el Ministerio de Educación. Sin embargo una de las limitantes que se tuvo que enfrentar es que no en todos los casos la aplicación o utilización de estos instrumentos fue posible bien por falta de tiempo de las y los entrevistados, o porque simplemente manifestaron una animadversión a la realización de este tipo de investigaciones, llegando en algunos casos hasta admitir que esto era una pérdida de tiempo. Otros instrumentos que también resultaron muy útiles en la elaboración de este informe fueron los 11 Listado de la totalidad de instituciones estudiadas se encuentra en los documentos anexos.
28 siguientes. Entrevista a la Dirección del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad CONAIPD Entrevista a Lideres de las Asociaciones de Discapacitados Con el objetivo de obtener la mayor información posible y desde la perspectiva de las personas con discapacidad sobre el acceso a la Educación Superior, se entrevistaron entonces las y los lideres de las siguientes Asociaciones: - Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) - Asociación de Discapacitados de Guerra (ASALDIG) - Asociación de Personas No videntes (ACOPASANTAL) - Asociación Salvadoreña de Deporte en Silla de ruedas (ASADESIR) - Asociación Cooperativa del Grupo Independiente Pro-rehabilitación Integral (ACOGIPRI) - Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños (ANCIESAL) - Asociación de Lisiados de las Fuerza Armada de El Salvador (ALFAES) - Asociación de Limitados Medulares de El Salvador (ALMES) - Casa de la Cultura de ciegos (ASCES) - Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador, (PODES) - Asociación Salvadoreña de Sordos (ASS) - Asociación de Ciegos Buen Futuro La situación de discriminación (tácita o implícita) que pueden experimentar las personas discapacitadas en cuanto a su acceso a la educación superior aparece sugerida como una constante social que de hecho es señalada por los líderes de asociaciones de discapacitados. Esto se pudo constatar en las afirmaciones vertidas por estas personas. De acuerdo con lo que dijeron, la mayoría de sus asociados son personas que han cursado estudios de primaria, secundaria y bachillerato; además tres de las asociaciones reportaron tener personas analfabetas y un mínimo de profesionales entre sus asociados (16 en total entre profesionales graduados y personas que actualmente estudian o han cursado algún nivel universitario); de acuerdo a sus versiones,
29 2.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION LABORAL (Docentes y Trabajadores) CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Distribución de la población por edad y sexo Entre la población de docentes y trabajadores con discapacidad que laboran en las instituciones de Educación del País, el 40% lo representan adultos mayores arriba de los 50 años de edad, lo que indica que éste sector está próximo a su retiro o jubilación, consecuentemente esto trae consigo el problema de prever y garantizar por parte de las instituciones del estado dicho derecho a fin de que la falta de atención o cobertura de las necesidades especiales que su discapacidad plantea no se convierta en una vulneración a su dignidad y otros derechos inherentes. El número de trabajadores y docentes Distribución de la población por edad. con discapacidad que laboran en las años años 51 años O MAS IES, es en términos absolutos, relativamente pequeño comparado con la población total 12. Si la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad establece en su Capítulo V artículos 23 y 24 que tanto el sector público y la empresa privada facilitará la integración laboral a las personas con discapacidad en una relación que tiene como mínimo una persona con discapacidad y formación profesional por cada 25 trabajadores. Cabe preguntar si las IES tanto pública como privadas de El Salvador están cumpliendo la Ley antes mencionada, o conviene también preguntarse si existe una oferta laboral suficiente y calificada por parte del sector de personas con discapacidad que cumpla con la calificación que exigen las IES; siguiendo esta línea de concatenaciones, entonces también es necesario preguntar si la falta de una 12 Como punto de referencia, tómese en cuenta que el número de empleados y empleadas de la UES entre docentes y trabajadores ronda aproximadamente los 3,700.
30 oferta laboral suficiente se debe a la falta de oportunidades que las personas con discapacidad han tenido para calificarse. Con seguridad es pertinente considerar las observaciones que algunos dirigentes o lideres de asociaciones de personas discapacitadas hacen respecto a las posibilidades de que sus afiliadas o afiliados alcancen un grado de calificación profesional que les permita conseguir un empleo o mejorar su situación en el que ya tienen. De acuerdo con lo expresado por los líderes de las asociaciones entrevistadas, las IES no proporcionan ningún incentivo para estudiantes que posean alguna discapacidad, solamente se señaló el pago de intérpretes para estudiantes sordos por la UES y por el CONAIPD para estudiantes de alguna otra institución superior, así como la gestión que realizan algunas asociaciones con ONGs para ayuda económica para el estudio superior de sus asociados. De lo cual se puede inferir que las posibilidades reales que una persona discapacitada tiene de acceder a estudios superiores para calificarse profesionalmente son muy mínimas, resultando esto en una limitación a las oportunidades de empleo para estas personas. Masculino 21 Femenino Femenino Masculino Serie En adición, estudios de género siguen demostrando que en el mundo laboral la mujer continúa siendo discriminada en materia de oportunidades de empleo, salario, víctima de violencia, al acceso en la toma de decisiones, etc., y si a ello se le agrega el componente de discapacidad, el dato estadístico ofrecido por este cuadro no debe resultar sorprendente. Lo que en su lugar sorprende es la carencia de estudios que exploren dicha variable en el mundo laboral para mejorar la situación de las mujeres en general y en especial a las que son objeto de una doble o triple discriminación por su condición de discapacidad.
31 2.1.2 Distribución de la población por tipo de discapacidad que presenta. PARAPLEJIA 3 AMPUTACION 2 MONOPLEJIA 1 PROBLEMA DE AUDICION. 3 HEMIPLEJIA 1 SORDERA 4 DIFICULTAD DE DEAMBULACION. (EQUINOVARO) 3 AMPUTACION MIEMBRO INFERIOR. 1 SECUELA DE POLIOMIELITIS. 1 SINDROME DEL NIÑO DE CRISTAL. 4 SECUELA DE FRACTURA DE CADERA. 1 ACORTAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR 2 La mayoría de las discapacidades que presentan los y las trabajadoras y docentes que laboran en las IES según el cuadro anterior, afectan de alguna manera la movilidad, relacionadas la mayoría con el desplazamiento físico lo cual viene a plantear un verdadero reto a las instituciones donde estas personas laboran, en el sentido de proveerles facilidades arquitectónicas adaptadas y adaptables a su condición. Pero no sólo de facilidades arquitectónicas se trata, pues resta establecer sí existen en las IES alguna política, programa, directriz o estudio que sirva para determinar los trabajos o funciones que más adecuadamente puedan ser realizadas en función de la discapacidad presentada y que esto no redunde en mayores gastos para la institución sin menoscabo de dar la oportunidad de empleo a dichas personas. En otras palabras, se estaría hablando de una especie de evaluación funcional por parte de la institución que ayude a determinar la mejor ubicación de las personas con discapacidad en el escenario laboral.
32 2.1.3 Distribución de la población por institución donde labora. La mayoría de las personas con discapacidad que laboran en las IES, son de la Universidad de El Salvador, diecisiete en total; y de las universidades privadas, la Univer- sidad Centroameri- cana José Simeón Cañas, reportó en total tres personas en su planta laboral y la Universidad de Oriente dos. El resto de universidades sólo cuentan con una persona. Las cifras anteriores constatan una vez más lo antes mencionado sobre el incumplimiento por parte de las instituciones de educación superior a los artículos 23 y 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad. UNIVO (Univ. De (Oriente 7% Distribución de la población por Institución adonde labora. UCA 11% Universidad Luterana de El Salvador 4% UES San Miguel 11% Escuela Militar Gral. Gerardo Barrios 4% Universidad Isaac Newton 4% Universidad Albert Einstein 4% UCAD 4% Universidad de El salvador 51% Universidad de El salvador 17 UCAD 1 Universidad Isaac Newton 1 Universidad Luterana de El Salvador 1 UNIVO (Univ. De Oriente) 2 Universidad Centroamericana 3 Esc. Militar Gral. Gerardo Barrios 1 Universidad Albert Einstein 1
33 2.1.4 Distribución de la población por tipo de trabajo y tiempo de servicio. Distribución de la población por tipo de trabajo. En el escenario laboral de las IES, la pregunta formulada en uno de los apartados anteriores, relativos a la formación y calificación profesional de las personas con Docente 32% discapacidad, encuentra en la información proporcionada por estos dos cuadros Trabajador 68% estadísticos un punto más a favor de la tesis de que para las y los trabajadores no docentes y con aspiraciones de ascender en el escalafón institucional puede resultar difícil o inaccesible. En muchos casos esta imposibilidad se debe a qué los horarios de trabajo y de clases son coincidentes, o bien porque no hay en las IES políticas o programas de ayudas para que su personal pueda calificarse, en especial tratándose de las y los trabajadores discapacitados. Como logra apreciarse, más del 50% de este personal desempeña funciones no docentes y, por los datos proporcionados en las encuestas se infiere que este porcentaje representa el grupo de trabajadoras y trabajadores que tienen entre uno y veinte años de laborar para estas instituciones. Si se toma este dato como punto de referencia, es lógico pensar que dicho personal debe ( o debió?) haber contado con suficientes oportunidades de formación, capacitación y/o calificación, tratándose como se trata de instituciones de educación superior, a fin de incrementar sus posibilidades de ascenso laboral. En todo caso, tendría que revisarse el conjunto de Distribución de la población por tiempo que tienen de trabajar en la Institución años años años 31 o mas 7 3 oportunidades y posibilidades reales de formación que estas personas tienen al interior del centro educativo en el que laboran. Los datos, no obstante, reflejan un porcentaje muy reducido de personal que se dedica a labores docentes: un 32%, apenas entre siete u ocho personas de las 26 en total tienen
34 una calificación académica que les permite trabajar en el área de la docencia. El cuadro de la siguiente página resume las funciones o actividades desempeñadas y las asignaturas impartidas según se trate de trabajadoras, trabajadoress o docentes respectivamente. Sector laboral no docente Sector laboral docente Función trabajadores Asignatura Docentes Técnico en asesoramiento 1 Informática Educativa 1 Depto. de circulación (Biblioteca 1 Sociología rural 1 Ctral.) Secretaria 1 Seminario de Investigación 1 Técnico Agrícola 1 Derecho Penal 1 Ordenanza 4 Ingeniería Industrial 1 Registro académico 1 Fisioterapia 1 Limpieza material óseo, preparación 1 Ecología Gral, Manejo de recursos naturales, 1 de cadáveres Método de Invest. Biológica Custodio 1 Administración de empresas 1 Coordinador de instructores 1 Estadística y Computación 1 Auxiliar de biblioteca 1 Área jurídica 1 Por otro lado, resulta curioso observar que ninguna y ninguno de los docentes entrevistados manifestaron realizar actividades relacionadas con la investigación en cada una de sus respectivas áreas de trabajo Distribución de la población (docentes y administrativos) por tipo de Nombramiento y situación de discapacidad al momento de contratación. Distribución de la población por tipo de nombramiento. Contrato 60% H/Clase 4% Ley de salario 36% El clima laboral en El Salvador continúa siendo, para el grueso de la clase trabajadora, de creciente inestabilidad laboral que en la realidad económico-social se verifica por el crecimiento exponencial del sector informal. Debido a esto, y para sondear la estabilidad laboral de las personas discapacitadas que laboran en las IES, se investigó sobre el tipo de nombramiento que poseen, resultando que menos del 40% se encuentra en la modalidad de Ley de Salario, la que según la mayoría percibe, ofrece la mayor estabilidad laboral, desde luego aunque no en términos absolutos. En contraste, la modalidad de relación laboral bajo contrato es la predominante, la cual presenta el inconveniente de ofrecer una
35 menor estabilidad laboral a los y las empleadas. En este punto, es necesario llamar la atención de lo establecido por la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad, que en su Capítulo I, Art. 2 Numeral 5 establece que la persona con discapacidad tiene derecho a obtener empleo y a no ser despedido en razón de su discapacidad. No obstante la normativa citada, llama la atención que en el Capítulo 5 de la respectiva Ley referido a la integración laboral, no mencione ni desarrolle el derecho de estabilidad laboral, el cual tampoco desarrolla el Reglamento de dicha Ley. Presentaba su discapacidad en el tiempo que fue contratado? SI 70% NO 30% Esta circunstancia no es concordante con lo establecido por las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas en donde se exige a los Estados vigilar que las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no discriminen contra las personas con discapacidad ni interpongan obstáculos a su empleo; así mismo se les llama a apoyar la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral, apoyo que, entre otras formas, se podría verificar con la supervisión de los contratos 13. Existe en el país suficiente prueba empírica para poder establecer que la relación laboral entre patrono y trabajador establecida por la modalidad de contrato no brinda las suficientes garantías ni derechos a las y los trabajadores, vulneración que puede en el caso de las personas con discapacidad verificarse con mayor frecuencia o facilidad, especialmente si se trata de discapacidades que sobrevinieron a la o el trabajador durante su contratación. De las 26 personas encuestadas 19 si presentaban algún tipo de discapacidad al momento de su contratación, mientras que a 8 les sobrevino después de su contratación. Partiendo de esto se hace necesario establecer qué tanto ha sido el cumplimiento de las IES en lo relativo, no sólo a instaurar políticas institucionales, o medidas de prevención tendientes a evitar daños o deterioros físicos, sensoriales, o intelectuales que puedan eventualmente sobrevenir en algún tipo de discapacidad, sino también en cuanto a facilitar al personal con discapacidad tener acceso a diversos programas de rehabilitación. 13 Asamblea General de las Naciones Unidas, 48ª Sesión, Resolución 48/96. Art. 7, Num. 1 y 2. Dic /93.
36 2.1.6 Barreras actitudinales Cómo califica el trato que ha recibido en la institución con respecto a otros u otras docentes y trabajadores que no presentan alguna discapacidad?. 8 7 Mal Bueno Igual Excelente 8 4 Contrario a la situación anterior con respecto a los obstáculos físicos que las personas deben salvar en sus espacios laborales, el cuadro siguiente manifiesta un entorno actitudinal dispar en el sentido que solamente ocho personas manifiestan percibir un mal trato en razón de su discapacidad en su entorno laboral. Si se analizan las respuestas ofrecidas por las y los entrevistados, se podría considerar que categorías como trato igual y excelente trato conllevan a otra forma de discriminación, porque no puede tratarse igual a una persona con discapacidad que a una que no la presente sin tomar en cuenta sus condiciones para el desarrollo óptimo de su trabajo y relaciones. En esta misma línea puede señalarse que el excelente trato puede significar comúnmente sobreprotección que limita el desarrollo óptimo de capacidades.
37 2.2 CARACTERIZACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. De acuerdo a un Informe Nacional de Educación Superior para el año 2001 la matricula total en este nivel de educación era aproximadamente de 109, 946 estudiantes de cuyo total 28, 286 asistían a la universidad estatal y 74, 209 a la universidad privada, el resto de población se distribuía en los diferentes institutos tecnológicos del país. 14 Para el año 2003 la población estudiantil de la Universidad de El Salvador era de 34, 937, para el 2004, de 37, 104 estudiantes, para el 2005, la cifra ascendió a 44, En ninguna de los documentos consultados aparece información desagregada sobre porcentajes de población estudiantil discapacitada. La evolución de la matricula en la educación superior de El Salvador sigue la tendencia de la expansión y la masificación que se da en Latinoamérica. Obviamente esto plantea nuevos retos tales como el de lograr la equiparación entre masificación y calidad educativa. Que este fenómeno de la masificación de la educación sirva para ilustrar el tema sobre la accesibilidad a la educación superior o la universalización de la misma, no conlleva de suyo el aspecto concerniente a su calidad, pertinencia, y disponibilidad. Por otro lado, siempre que se habla de acceso a la educación superior se parte del presupuesto de una población estudiantil homogénea en lo que a capacidades físicas y sensoriales se refiere; muy difícilmente se toma en cuenta las circunstancias especiales que rodean a las personas con discapacidad y que en último termino vuelven dicho acceso dificultoso, sin mencionar por supuesto, las barreras arquitectónicas y sociales u obstáculos posteriores que este grupo deberá sortear en su recorrido académico formativo. El presente apartado, expone una caracterización de la población estudiantil que esta en la educación superior. La Política nacional de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, conceptúa a estas últimas como personas que presentan restricciones permanentes o transitorias para la realización de una actividad psicológica, fisiológica o social ocasionada por una deficiencia motora, sensorial, intelectual o mixta. Si la discapacidad no es diagnosticada y/o tratada oportuna y adecuadamente, puede resultar en una desventaja, que limitaría su participación en la vida personal, familiar, social y Informe Nacional sobre Educación Superior de El Salvador, UNESCO, IESALC Memorias de Labores 2003, 2004 y Universidad de El Salvador.
38 cultural; y que es influida o puede ser agravada por el entorno físico o social. De hecho lo que sucede es que esta posibilidad deviene en realidad en muchos recintos universitarios, donde el primer agravante lo constituye su persistente invisibilización, y posteriormente un entorno físico adverso, sumado a patrones actitudinales faltos de comprensión, solidaridad y concienciación. 16 Por su parte la Convención contra todas las formas de discriminación de las personas discapacitadas define en su artículo 1 la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Esta claro que esta definición se construye desde un no discapacitado, pues en consultas y conversaciones sostenidas con personas discapacitadas, estas no opinan, piensan o sienten que se trate de una deficiencia, sino de una circunstancia que puede ser adversa o no según sea el entorno social y cultural en que la persona se desenvuelve. El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, apoyándose en la experiencia de la Organización Mundial de la Salud, distingue la discapacidad de la minusvalía y la deficiencia definiendo a aquella como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano Esta definición, no siendo mejor que las anteriores, se orienta por los resultados finales de una acción y no por las circunstancias favorables o desfavorables que facilitan la realización de estas últimas. Más allá de las definiciones y tipologías de las discapacidades, no cabe duda que siempre resulta conveniente contar con información que indique aspectos importantes sobre este sector de población estudiantil, tales como cantidad de personas, y fundamentalmente el tipo de discapacidad que presentan. No obstante, caracterizar a nivel nacional la población estudiantil con discapacidad que se encuentra activa en alguna de las instituciones de educación superior, como se planteo en uno de los apartados de este documento, resulta problemático por una serie de razones. 16 Baste citar como ejemplo emblemático de estos obstáculos las palabras expresadas por un catedrático universitario, miembro del Consejo Superior Universitario de la UES, en su calidad de miembro de la Comisión Administrativo Financiero de dicha entidad, a propósito del financiamiento que la UES proporciona para el pago de los interpretes de lenguaje de señas para las y los estudiantes sordos, quien en una de muchas sesiones refiriéndose a dichos fondos dijo que la Universidad es una institución de personas normales, no es signataria de los Tratados Internacionales y por lo tanto debe exigir al gobierno erogue fondos expresos para tal fin si quiere recibir personas con discapacidad. Lo expresado demuestra que es necesaria la sensibilización y educación en Derechos Humanos y el fomento de actitudes de no discriminación. (Tomado de Memoria de Labores 2006, Secretaría General de la Universidad de El Salvador, Págs )
39 En primer lugar, porque difícilmente se encuentra en los registros institucionales información tan detallada sobre el tipo de población estudiantil que se matricula. La mayoría de estos bancos de información se limitan a colectar información tan básica como edad, lugar de procedencia, capacidad económica familiar, institución académica donde cursó bachillerato, etc. En tales cuestionarios o formularios de aplicación nunca o casi nunca se solicita información a las y los estudiantes relativas a sus capacidades físicas o sensoriales. Esta situación de desconocimiento o falta de datos sobre este segmento de la población estudiantil resultaría en un incumplimiento del artículo 34 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad según el cual: El Estado a través de sus diferentes instituciones, deberá apoyar al ente rector o coordinador, para que lleve un registro a nivel nacional, de las personas con discapacidad Si bien se trata de un registro nacional, el mismo podría elaborarse tomando en cuenta bases de datos más completas y fiables de los diversos centros de educación superior, algo que no se ha hecho todavía. En segundo lugar resulta difícil cuantificar este grupo estudiantil porque a pesar de haberse visitado las diferentes IES del país para aplicar la encuesta diseñada para estudiantes, no fue posible establecer un censo definitivo pues no siempre se encontró a todas y todos los estudiantes con discapacidad; debido a esta circunstancia es que se aplicó posteriormente un modo diferente al de la encuesta. Este consistió en el contacto directo con algunas y algunos estudiantes universitarios discapacitados que mostraron interés en la investigación, por lo que se comprometieron a poner al equipo investigador en comunicación (telefónica o vía correo electrónico) con otras y otros estudiantes universitarios discapacitados de las y los que tuvieran conocimiento. Así el equipo investigador juzgó conveniente ir construyendo un censo inicial con las personas encuestadas personalmente, por teléfono o por correo electrónico. A la fecha el censo da cuenta de 43 personas con discapacidad. Con mucha seguridad, el censo elaborado no comprende al universo total de este sector estudiantil. Hay ciertamente en el resto de IES más estudiantes con discapacidad que los localizados y entrevistados; sin embargo constituye un buen punto de partida para que otras y otros estudiantes discapacitados puedan irse integrando al mismo. Lo importante es evidenciar su presencia y visibilizarlos ante la comunidad universitaria, por reducido o poco representativo que sea su número, pues a la hora de garantizar cualquiera de los derechos humanos consagrados constitucionalmente no se debe reparar en la cantidad de personas, sino en su dignidad inherente.
40 2.2.1 Distribución de la población discapacitada por Universidad. UNIVERSIDAD SIGLAS ESTUD. Universidad Don Bosco UDB 3 Universidad de El Salvador UES 24 Univ. Cristiana Asambleas de Dios UCAD 1 Universidad Isaac Newton UIN 1 Univ. Autónoma de Santa Ana UNASA 1 Universidad Católica de Occidente UNICO 2 Universidad Dr. Andrés Bello UAB 2 Universidad Francisco Gavidia UFG 8 Universidad Tecnológica UTEC 12 Una de las primeras observaciones que se obtienen del cuadro Nº 1 es que el mayor número de estudiantes con discapacidad que se encuentra en este nivel educativo se concentra en la capital. Y en un mayor porcentaje en la Universidad de El Salvador, seguida por la Universidad Tecnológica y luego por la Universidad Francisco Gavidia. De la zona oriental del país solamente la Universidad Capitán General Gerardo Barrios (San Miguel) reporta un mayor número de estudiantes. Univ. Pedagógica de El Salvador UPES 3 Universidad de Oriente UNIVO 2 Univ. Cap, Gral. Gerardo Barrios UCGB 7 Total 66 Cuadro 1 En el caso de la Universidad de El Salvador, el dato antes referido se explica no sólo porque lógicamente es la universidad más grande del país y con la mayor oferta académica, sino también porque desde el año 2004, la universidad nacional viene implementado un programa especial que atiende un grupo de estudiantes sordos 17. Esto obviamente no quiere decir que es el único tipo de discapacidad que presentan los estudiantes, pues la encuesta aplicada descubrió que hay otros estudiantes en la UES con otro tipo de discapacidad, bien sea por ceguera o por alguna discapacidad motora. La otra universidad que evidencia un mayor porcentaje de estudiantes discapacitados es la Universidad Tecnológica. De las consultas formuladas a las y los estudiantes de dicha institución, las razones aducidas para estudiar aquí tenían que ver con aspectos tales como factibililidad de horarios, oferta académica, requisitos y proceso de ingreso, ubicación céntrica de la institución, precios de la matricula y mensualidades, entre otros. Es importante destacar este aspecto, pues llama la atención que estos 17 La garantía de ejecución y continuidad de este programa no es definitiva a la fecha, pues esta sujeta a disposiciones políticas en cuanto al manejo del presupuesto de la institución. Ver Acuerdos Nº y Nº de 18 de mayo de 2006 y 25 de enero de 2007 respectivamente, del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador.
41 factores señalados por las personas discapacitadas que atienden este centro educativo, no reparen, por ejemplo, en su poca accesibilidad arquitectónica, o si lo hacen valoren otra serie de aspectos que seguramente no encuentran en el resto de instituciones de educación superior. La Universidad Francisco Gavidia por su parte atiende a una población estudiantil discapacitada que, según lo informado por la Oficina de Proyección Social, es predominantemente sorda y no vidente. Lo interesante es que esta universidad viene trabajando desde 1990 en la atención de estas y estos estudiantes, sobre todo a nivel de procesos de capacitación (lenguaje de señas) y sensibilización a personal docente, administrativo y estudiantil.
42 2.2.2 Distribución de la población por tipo de Discapacidad que presenta. Univ. Discapacidades senso-perceptivas Ceguera total o parcial Sordera total o parcial La CYDIM 2 desarrolla una clasificación extensivamente completa sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías. No obstante, para efectos de este informe, y debido a los datos y la información obtenida por la encuesta aplicada a estudiantes, la clasificación de la población estudiantil objeto de este informe se efectuó con base en el tipo de discapacidades más recurrentes en los recintos universitarios, así se estableció una categorización de discapacidades según estas fueran de origen senso-perceptivas, o de las que impactan en la deambulación. Discapacidades con impacto en la deambulación Amputaciones Silla de ruedas Problemas deambulación por diversos diagnósticos UES UTEC UNICO 1 1 UNASA 1 UIN 1 UAB 1 1 UDB 3 UPES UFG UCAD 1 UNIVO 1 1 UCGB Totales Cuadro 2 De todas las encuestas realizadas a estudiantes de las IES, los tipos de discapacidades más frecuentes fueron las que se tomaron en cuenta para construir el cuadro Nº 2, en el que aparecen contabilizados por institución el número de discapacitadas y discapacitados. La primera observación que se puede realizar del cuadro Nº 2 es que en el caso de la Universidad de El Salvador, el grupo más numeroso de estudiantes son los de discapacidades senso-perceptiva; en total la universidad pública debe atender 18 estudiantes, entre sordos y no videntes. Esta cantidad de estudiantes sumada a la que se encuentra dispersa en otras universidades totaliza 28 personas. La sola presencia de estas personas en los centros de educación donde fueron formalmente admitidas y admitidos debería llevar a las autoridades universitarias en general a plantearse seriamente invertir en recursos tecnológicos, pedagógicos y
43 arquitectónicos a fin de que las personas con estas discapacidades puedan desarrollarse académicamente de manera normal y efectiva. Si el grupo mayoritario de estudiantes con discapacidad en la UES era el de los no videntes y sordos, el grupo mayoritario del universo total esta conformado por aquellas y aquellos con discapacidades músculo-esqueléticas con algún impacto en la deambulación, alcanzando una población de 38. El mayor porcentaje de este tipo de población se focaliza en la Universidad Tecnológica, y resulta paradójico pues la UTEC (como se demostrará en el apartado 3) es una de las IES con menos accesibilidad arquitectónica para personas con este tipo de discapacidad; es importante señalar este hecho pues para las personas con dificultades o problemas de deambulación, su esfuerzo para moverse de un espacio académico a otro se ve exponencialmente ampliado por lo concurrido de los pasillos, entradas a salones de clase o laboratorios de computación, escaleras, aceras, parqueos, cafeterías, etc. Es fácil deducir que mucho del trabajo que las instituciones educativas deben realizar a fin de garantizar a sus estudiantes discapacitados la equidad en todos los aspectos que la educación superior supone, tiene que ver fundamentalmente con la superación de las barreras físicas y actitudinales. Al observar las discapacidades de tipo sensoriales, el número de personas totaliza 28; mientras que al observar las discapacidades con impacto en la deambulación el número que se obtiene es de 38; no obstante debe recordarse que este número es aproximativo y solo toma en cuenta a las y los estudiantes que el equipo de investigadores logro contactar, el dato por tanto es inexacto con relación a la realidad, pues con toda seguridad el número de discapacitados es mayor. Visualizar las necesidades y dificultades de estos 58 estudiantes que efectivamente asisten a alguna de las IES mencionadas puede resultar en muchos casos difícil, sobre todo porque casi siempre se parte del supuesto contrario. Es decir, de la suposición que nadie presenta necesidades especiales. En relación con esta idea, varios comentarios vertidos por algunas y algunos estudiantes discapacitados denotaban que tal consideración hacia sus necesidades eran incluso ignoradas por las administraciones académicas, sobre todo en aspectos tan sencillos como programar clases en aulas de fácil acceso, -tratándose de personas con dificultades para la deambulación-, o permitir a las y los interpretes de señas acompañar a las y los estudiantes sordos durante sesiones de evaluación. (Laboratorios,
44 exámenes, exposiciones, etc.) Distribución de la población por carrera que estudia. Indagar en el tipo de carreras que cada una de las personas discapacitadas y encuestadas estudian en las IES implica listar una oferta académica dispersa y extensa, dadas las especializaciones de las universidades y demás centros de enseñanza superior; además no siempre las denominaciones de las carreras son similares, ni mucho menos lo son sus respectivos pensum. Por ejemplo en la Universidad de El Salvador, existen al menos dos carreras relacionadas con Idiomas: la Licenciatura en Idioma Inglés, opción enseñanza, y la Licenciatura en Lenguas Modernas, especialidad en francés e inglés. Por su parte, la Universidad de Oriente, en San Miguel imparte la Licenciatura en Inglés. Debido a este hecho, se decidió caracterizar la población discapacitada en función del tipo de grado básico en el que se encuentra estudiando; las categorías de clasificación son entonces las de doctorado, licenciaturas, ingenierías, arquitectura, técnicos y profesorados. La caracterización de la población estudiantil en este indicador no toma en cuenta el postgrado, sencillamente porque del universo total de estudiantes ninguno se encontraba realizando este tipo de estudios. Nivel de Carrera Doctarado (como estudio básico; no considerado como postgrado) Estudiantes 1 Licenciaturas 47 Ingeniería 3 Arquitectura 2 Técnicos 7 Profesorados 6 Total 66 Cuadro 3 Al observar los datos obtenidos se aprecia que la mayoría de discapacitados y discapacitadas se encuentran cursando estudios de licenciatura, son en total 39 las y los estudiantes en este nivel de estudio; mientras que hay una distribución más o menos pareja entre los niveles de estudios técnicos y de profesorado. Si bien el cuadro no lo muestra, las encuestas arrojan el dato que en el nivel de estudios
45 de licenciaturas, no hay una preferencia generalizad por alguna carrera en particular; no obstante, el área donde más estudiantes con discapacidad se encuentran son el de las carreras relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales Distribución de la población encuestada por género y edad. GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN POR GENERO EDAD Masculino Femenino Subtotal TOTAL 66 Cuadro 4 Es importante conocer las características generales de la población estudiantil universitaria con discapacidad pues este conocimiento permite a las autoridades académicas como administrativas adoptar medidas para minimizar los obstáculos y ubicar a estas personas en pie de igualdad con respecto a sus oportunidades y posibilidades frente a los no discapacitados. Como se sabe, Las personas con discapacidad no forman un grupo homogéneo. Por ejemplo, las personas con enfermedades o deficiencias mentales, visuales, auditivas o del habla, las que tienen movilidad restringida o las llamadas deficiencias médicas: todas ellas se enfrentan a barreras diferentes, de índole diferente y que han de superarse de maneras diferentes 18. Cada IES esta en la obligación moral y legal de garantizar un acceso igual y equitativo a la totalidad de su conjunto estudiantil; es típico en muchos centros educativos de nivel superior privilegiar el otorgamiento de recursos financieros, infraestructurales, logísticos, y de otra índole a aquellas facultades o carreras que literalmente reportan mayores ventajas; prevalece en este sentido una lógica de mercado que en muy poco beneficia o contribuye con la situación de las personas con discapacidad, cuyas necesidades no son consideradas relevantes en el esquema de rendimiento y ventajas competitivas que impera en algunos de estos centros; lo irónico de todo esto es que estas necesidades especiales no siempre demandan grandes cantidades de inversión, pues en muchos casos los obstáculos pequeños se hacen enormes debido a la discriminación de que son objeto estos éstos estudiantes. 18 Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad. Resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Documento A/37/51), art. 8
46 Los datos obtenidos de la encuesta estudiantil arrojan que el género que prevalece en el nivel de estudios superiores es el masculino, pues discapacitados en total son 36 y discapacitadas 23. En un contexto social y cultural de corte machista y patriarcal como es el salvadoreño, este dato podría indicar que en el caso de las mujeres se podría estar operando una suerte de doble discriminación: una por el lado de la discapacidad que presenta y por el otro por el hecho de ser mujer. Si bien no se puede decir que tal discriminación acontece por parte de las IES, es presumible que tal discriminación provenga del mismo seno familiar o social, que podrían considerar contraproducente por las condiciones nacionales generalizadas de inseguridad que una mujer con discapacidad asista a un centro educativo. Las variables pueden ser diversas: entre ellas podemos mencionar la condición económica, el grado de escolaridad de los padres, la zona geográfica donde se reside (urbana o rural), etc.
47 3. BARRERAS FÍSICAS El ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales por parte de una persona con discapacidad, requiere salvar todo tipo de obstáculos no únicamente legales y actitudinales sino también físicos. Estas barreras provocan un impacto negativo profundo en las personas y su entorno. La responsabilidad social de las instituciones en materia laboral y educativa, no sólo significa tomar en cuenta el acondicionamiento del entorno físico, sino también promover un cambio de actitudes sociales y culturales hacia las personas con discapacidad, que les permita el desarrollo pleno de sus capacidades en el campo en que se desarrollan. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad, obliga a los estados y sus instituciones a sensibilizar a la población a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad; partiendo de estas consideraciones es que el informe incorpora la visión u opinión de los y las entrevistadas con respecto a su entorno físico laboral y académico a fin de visibilizar los avances de las instituciones de educación superior en este aspecto. Al indagar con las y los líderes de las asociaciones de discapacitados sobre las barreras que han encontrado las personas que cursan estudios superiores en las instituciones, las respuestas de los líderes fueron en orden de importancia. - Barreras Arquitectónicas - Barreras Sociales, actitudinales, falta de sensibilidad de los compañeros. - Falta de apoyos económicos - No en todas las universidades los aceptan. La UCA y la UNICO no aceptan a personas no videntes, expresaron que en la UES se acepta a personas no videntes pero sólo en aquellas carreras relacionadas con las Humanidades en el resto de carreras no son aceptados por razón a su discapacidad cuando se trata de ceguera. - Las Administraciones Académicas y Oficinas de ingreso no facilitan los trámites. - Falta de intérpretes en lengua de señas debidamente capacitados en la mayoría de las IES.
48 3.1 Ayudas especiales con las que cuentan las IES para facilitar trabajo a discapacitados y el aprendizaje a los estudiantes. Por ayudas especiales se entiende todas aquellas facilidades, dispositivos tecnológicos, o aquellas circunstancias que contribuyan a eliminar las barreras físicas y metodológicas a las que con frecuencia las personas con discapacidad se enfrentan; o como lo define la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad y de la Salud, todas aquellas ayudas para el buen Funcionamiento sea éste en cuanto a función corporal, actividad o participación. Entre estas facilidades se pueden mencionar las arquitectónicas y urbanísticas, adaptaciones funcionales, comunicaciones y transporte, facilidades técnicas, u otras que contribuyan a que la discapacidad no sea una barrera real para el desempeño normal del trabajo o el aprendizaje Opinion que la población entrevistada tiene sobre si la Institución cuenta con ayudas para facilitar el trabajo que desempeñan. 5 0 NO 16 SI 11 Llama la atención que del total de las personas entrevistadas para fines de este informe, tanto estudiantes como trabajadores y trabajadoras, la mayoría opinan que las instituciones donde laboran o estudian, no cuentan con las ayudas o facilidades antes mencionadas. La reflexión obligada en cuanto al ámbito laboral es que el acceso a un empleo digno, no se agota con el solo hecho de ser contratado, sino que además incluye la obligación del patrono de proveer al trabajador o trabajadora, las condiciones necesarias que le permitan en este caso dar lo mejor de sí. La carencia de estas ayudas puede redundar en la ineficiencia en su desempeño laboral, volviéndose ello un argumento más a favor de la discriminación en el plano de la contratación laboral. Idealmente en las IES deberían darse las condiciones adecuadas para que tanto su planta laboral docente y administrativa encuentre un clima laboral favorable al desarrollo personal. La ironía de la realidad es que las pocas personas con discapacidad (27 en total encuestadas) que logran acceder a un empleo en las IES, se encuentran con más obstáculos que facilidades. Muchas podrían ser las razones que expliquen esta adversa situación. En la lógica actual de las así llamadas reingenierías de personal en aras de un mejor rendimiento, no resulta descabellado pensar que las facilidades y/o ayudas
49 especiales a las que se ha hecho referencia en párrafos precedentes, no se encuentran porque, probablemente, las Instituciones consideran dichas facilidades una inversión muy alta en contraposición al número de personas beneficiarias. A pesar de ello, la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en su Capítulo V, Art. 29 establece que El Estado a través del Ministerio de Trabajo y otras instituciones especializadas en Rehabilitación Profesional para personas con Discapacidad dará asesoramiento técnico, a los empleadores para que puedan adaptar el empleo y el entorno a las condiciones y necesidades que permitan desarrollar el trabajo. Interpretando el espíritu de la Ley, lo que se persigue es la garantía de un derecho, independientemente del número de personas que ostentan ese derecho. Entre los obstáculos más señalados por las y los entrevistados resaltan: Problemas de infraestructura (pocos accesos) No hay respeto a los recursos que son propios de los discapacitados (daños a los baños quitando las barras de apoyo, dañando puertas de acceso a silla de ruedas y otros). No hay señalizaciones. Equipo que les facilite su trabajo, por ejemplo para mover cosas pesadas. No capta algunas órdenes (por problemas de sordera). Dificultades al subir escaleras. 19 Dificultad para limpiar gradas y levantar cosas pesadas. 20 No hay consideraciones para hacer colas en trámites o prestaciones de servicios. Tiene que estar de pie mucho tiempo y caminar largas distancias que le ocasionan malestar. Conviene resaltar que entre las dificultades señaladas, las más significativas no tienen que ver con el diseño de la infraestructura arquitectónica y/o urbanística, necesariamente. Muchas de las barreras establecidas y perpetuadas tienen que ver con aspectos actitudinales, los cuales podrían ser sistemáticamente superables con una efectiva promoción educativa a fin de alcanzar una concienzación que evite dichas prácticas discriminatorias o incluir en la planificación de las actividades 19 La persona que manifiesta tener dificultad para subir escaleras es porque tiene equinovaro bilateral y debe subir escaleras para archivar registros. 20 La persona con dificultad para limpiar, subir gradas y levantar cosas pesadas manifiesta secuela de fractura de cadera.
50 administrativo-académicas de las IES alguna reglamentación que las supere. Tal es el ejemplo cuando se señala que no hay consideraciones para hacer colas en trámites o prestaciones de servicio o No hay respeto a los recursos que son propios de los discapacitados (daños a los baños quitando las barras de apoyo, dañando puertas de acceso a silla de ruedas y otros). El hecho que la infraestructura física no contemple la accesibilidad necesaria, es también una actitud discriminatoria de las y los que planifican y toman las decisiones. Lo anteriormente expuesto también aplica para el ejercicio pleno del derecho a la educación; las y los estudiantes con discapacidad que logran salvar todos los obstáculos en su formación básica y media, si deciden continuar su formación académica en alguna universidad, instituto o centro de especialización, tendrán que enfrentarse con las mismas barreras mencionadas por las y los trabajadores y las propias de su ámbito académico específico. La base que permite hacer esta aseveración descansa en las respuestas que las y los estudiantes entrevistados brindaron sobre las barreras que tienen que salvar día a día. En la mayoría de las instituciones no se dispone de estas ayudas y en aquellas en las que sí se dispone, dichas ayudas no son suficientes ni abarcan el espectro de necesidades de las diferentes discapacidades. A penas y se puede contar en la universidad pública, con la contratación del servicio de intérpretes en lengua de señas para estudiantes sordos. Dificutades que han encontrado los estudiantes discapacitados en la institucion para desarrollar sus actividades academicas. M aestros no capacitados 6% Poco material didactico 6% Ninguna dificultad 44% Falta de apoyo de los compañeros 6% Barreras arquitectonica s 19% Dificultad para entender 19% En lo que al derecho a la educación se refiere, el entorno físico accesible y dispuesto para la educación debe incorporar además medios que faciliten la comunicación y difusión de los procesos de enseñanza aprendizaje, por ejemplo, sistemas especiales, PC de Brayle hablado, procesadores de aplicación, calculadoras con teclado Brayle,
51 interpretes en lenguaje de señas y otras de acuerdo a cada necesidad especial. De acuerdo a los datos que este cuadro presenta, se infiere que las y los estudiantes necesitan efectivamente además de la adecuación física de sus espacios, las ayudas especiales que les faciliten los procesos de comunicación y comprensión, docentes lo suficientemente sensibilizados para buscar y utilizar metodologías especiales en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, suficiente y adecuado material didáctico y bibliográfico. Por otro lado, las IES deberían incluir en sus formularios o solicitudes de ingreso, ítems que les permita conocer el número de estudiantes con y su tipo de discapacidad a fin de poder implementar programas especiales destinados a este grupo, adecuaciones desde los procesos de selección de sus aspirantes hasta la programación de horarios, aulas y otras disposiciones que hagan menos incómodo o discriminatoria la integración de sus estudiantes a la vida universitaria. 3.2 Accesibilidad arquitectónica y urbanística en las Instituciones de Educación Superior. El acceso físico al entorno educativo en El Salvador apenas alcanza a ser realizado en el plano formal, (leyes y reglamentos para el diseño de espacios arquitectónicos adecuados a diferentes necesidades de la población discapacitada), no así en la esfera de la vida práctica, ya que a pesar de que la población con discapacidad, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2003, ronda los 99,958 personas, los espacios construidos y los sistemas de transporte, apenas y son transformados tomando en cuenta a dichas personas, y tiene que esperarse la libre gestión de estas últimas para incorporar modificaciones que faciliten su desenvolvimiento laboral, académico y social en general. El análisis de este apartado, puesto que tiene que ver con la accesibilidad del espacio físico de las Instituciones de educación superior, se hace con base en las Normas Técnicas de Accesibilidad Arquitectónica, Urbanística, Transporte y Comunicación. Para determinar la adecuación del espacio físico se elaboró una guía de observación (ver anexos) que se aplicó a las siguientes Instituciones de Educación Superior: 1. Escuela Técnica para la Salud. 2. ESEN (Escuela Superior de Economía y negocios). 3. Instituto Tecnológico Americano. 4. Universidad Dr. José Matías Delgado. 5. Instituto Tecnológico Centro Americano. 6. Escuela Militar Cáp. Gral. Gerardo Barrios. 7. Instituto Técnico de Chalatenango (ITCHA).
52 8. Universidad Centro Americana José Simeón Cañas. 9. Universidad Don Bosco. 10.Universidad Politécnica de El Salvador. 11. Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. 12.Universidad Nueva San Salvador. 13.Universidad Pedagógica de El Salvador. 14.Universidad Panamericana. 15.Universidad Luterana Salvadoreña. 16.Universidad Leonardo Da Vinci. 17.Universidad Evangélica de El Salvador. 18.Universidad Francisco Gavidia. 19. Universidad Católica de Occidente. 20.UNIVO (Universidad de Oriente) 21.Universidad Gerardo Barrios San Miguel. 22.Universidad Tecnológica de El Salvador. 23. Universidad Dr. Andrés Bello. 24.Universidad de El Salvador. 25.Universidad Albert Einstein 26.UCAD. (Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios). Una primera aproximación que se puede hacer es tomar en cuenta las mayores dificultades que las personas discapacitadas señalan para su traslado al lugar de estudios. Si bien la mayoría de personas encuestadas advirtió que no tiene mayor problema para trasladarse a su lugar de estudios, esto no debe llamar a engaño respecto al hecho de que el sistema de transporte público no es una opción viable, disponible y segura para aquellas personas que por razones económicas no pueden desplazarse en vehículo propio. Lo que esta información corrobora es que, tratándose de la accesibilidad del transporte, de manera casi exclusiva solamente aquellas personas discapacitadas con suficiente solvencia económica pueden sacar adelante sus estudios superiores, puesto que para el resto de discapacitados/as, dadas las condiciones del transporte público, tal posibilidad esta vedada, por razón de su imposibilidad de trasladarse a su centro de estudios. Esto es particularmente cierto para el conjunto de personas que utilizan silla de ruedas, muletas u otro dispositivo ortopédico. Dificultades para trasladarse al lugar de estudios 1. No existe ningún tipo de consideraciónes en el trans. publico. Cant 2. No hay problema porque vive cerca de la universidad Familia o amistades ayudan en el traslado 2 4. Transporte propio Pago diario de taxi Tiene que abordar dos buses, porque vive lejos 1 2
53 Facilidades Urbanísticas 1. Pasarelas y aceras. Se debe comprenderse que no existe en todo el país un diseño urbano planificado de acuerdo a un modelo o política preestablecidos, y más bien lo que logra constatarse es un caos urbanístico. Por eso resulta difícil en el contexto salvadoreño hablar de facilidades urbanísticas para personas con discapacidad; mas bien habría que enfatizar en lo poco amigable que la urbe es para cualquier persona discapacitada. Un primer ejemplo de esa hostilidad hacia las personas con discapacidad, es el sistema de transporte público, que no solamente carece de los accesorios necesarios como para transportar personas en silla de ruedas, sino que además su utilización constituye, en El Salvador, un riesgo en sí mismo. Otro ejemplo de adversidad arquitectónica para las personas discapacitadas tiene que ver con las aceras y pasarelas, que si bien son condiciones indispensables para la seguridad peatonal (concientes del hecho que las ciudades cada vez se ven más afectadas con un creciente congestionamiento vehicular) hay que decir que la poca o nula educación vial convierte estos espacios arquitectónicos en inseguros y hasta peligrosos. No es suficiente con que éstas facilidades urbanísticas se sitúen en tramos estratégicos de la ciudad, por ejemplo centros educativos de los cuales las IES son parte importante, además es necesario que las autoridades municipales o estatales vigilen que se encuentren en buen estado y su funcionalidad se adapte a las necesidades de diversos sectores de la población, la discapacitada especialmente. Esto supondría, a guisa de ejemplo, que las aceras y pasarelas se construyeran siguiendo especificaciones técnicas pensadas especialmente para este tipo de población (dispositivos, medidas métricas específicas, señalizaciones adecuadas, etc.). De este modo, en referencia a las construcciones modernas y a las normas internacionales, las especificaciones técnicas para dichas construcciones aceras y pasarelas- deberían tomar en cuenta que la plataforma de las pasarelas correspondería estar a nivel de la acera con su mecanismo de acción bajo ésta (subterráneo); que los botones de acción del mecanismo de las plataformas horizontales en las pasarelas, deben estar visibles y a una altura no mayor de 0.90 mts.; que la plataforma horizontal de acceso a la pasarela obligaría a tener un área mínima de 1.50 x 1.50 mts. de tal forma que pueda
54 acceder a ella una persona en silla de ruedas. Para evitar daños a las personas no videntes, debería ubicarse una señalización al nivel de la acera con un pavimento especial al inicio de las rampas, escaleras y pasarelas y al final de las mismas. Las pasarelas deben ubicarse fuera de la sección curva del cordón, su diseño correspondería ofrecer a las personas usuarias, seguridad, visibilidad, protección, accesibilidad, comodidad, funcionalidad, etc. Si no se pueden establecer ninguna de las alternativas anteriores, puede ubicarse en su defecto un semáforo con botonera, para que la persona con discapacidad pueda accionar el encendido de la señal y pasar sin dificultad de una acera a la otra. NO SI 79,23% APPFI Pasarelas y aceras. 81,81% AARDI 72,72% 40 27,28% 20 18,19% 20,77% 0 AARAI SI NO APPFI: Acceso a pasarelas peatonales fuera de la Institución. AARDI: Aceras accesibles y con rampas dentro de la Institución. AARAI: Aceras accesibles y con rampas alrededor de la Institución Al verificar la existencia o ausencia de pasarelas y aceras en los alrededores de la IES por medio de la guía de observación, se pudo constatar que el 79.23% de ellas no cuentan con acceso a pasarelas peatonales fuera de la institución, el 81.81% no cuenta con aceras accesibles y con rampas fuera de la institución y el 72.72% no cuenta con aceras accesibles y con rampas alrededor de la Institución. Las especificaciones citadas que se exigen en las normas internacionales tampoco están tomadas en cuenta en los diseños de las pocas que se encontraron 12. Teléfonos: Las cabinas y hornacinas telefónicas así como otros elementos urbanos de uso público como lo son bustos, monumentos, basureros, bancas, mesas y otros análogos según las normas internacionales, deben colocarse con el diseño y dimensiones que hagan posible su acceso, circulación y uso a las personas en silla de ruedas y personas no videntes. En el caso que estos elementos sean colocados en
55 aceras, la señalización necesaria incluirá que se enmarquen con una franca con diferente textura alrededor de su perímetro exterior que posibilite la identificación de los mismos por las personas no videntes. Telefonos ,4% 94,8% 92,2% 98,7% 66% 20 34% 0 5,2% 7,8% TPNSR UATP NSTP SATP TPDD NO SI TPNSR: Teléfonos públicos colocados a nivel de silla de ruedas. UATP: Ubicación adecuada de los teléfonos públicos. NSTP: Número suficiente de teléfonos públicos. SATP: Señalización adecuada de teléfonos públicos. TPDD: Teléfonos públicos difíciles de detectar con bastón y colocados en lugares que sean barreras para personas no videntes. Al evaluar en la guía de observación si los teléfonos públicos en los alrededores y al interior de las IES cumplen con estas normas, queda evidenciado que su accesibilidad para las personas con discapacidad prácticamente es nula. Pues más del 90% no tienen teléfonos públicos como se señala en la parte superior de las gráficas y los que se encontraron no están en número suficiente para cubrir la demanda de la población usuaria en general, los pocos encontrados no están colocados al nivel para posibilitar su uso por parte de las personas en silla de ruedas, no cuentan con la ubicación ni con la señalización adecuada para su uso por las personas no videntes Rampas y ascensores. Año con año la matrícula para los estudios superiores va en aumento, las universidades se encuentran en una dicotomía, por un lado enfrentan la responsabilidad de atender una matrícula en constante expansión, y por el otro no cuentan con una infraestructura lo suficientemente adecuada que les permita contar con los espacios suficientes para interactuar académicamente.
56 Para la libre circulación de la población estudiantil, esta circunstancia genera gran dificultad pues aunque el edificio de aulas sea de dos o tres pisos, no todos cuentan con ascensores y las gradas son saturadas por los estudiantes en los cambios de salón para ingresar a la siguiente clase. Para un estudiante discapacitado que se desplaza en silla de ruedas, es hemipléjico, o no vidente, el acceso al salón de clase puede y de hecho resulta difícil si no se cuenta con pasillos amplios para la circulación y con rampas y ascensores ubicados de manera estratégica y señalización adecuada. En la guía de observación diseñada para evaluar este aspecto de la accesibilidad arquitectónica se indagó si la estructura de los diferentes edificios en las IES cuenta con estas facilidades. Se puede decir sin temor a equivocarse que si bien algunos edificios cuentan con rampas, el número de las mismas son insuficientes, no porque la población con discapacidad sea numerosa, sino porque a veces las rampas no se encuentran en todos los accesos a edificios. Rampas % 44% 33% 22% 8 PMP: Con pendiente muy pronunciada. PA: Con pendiente adecuada. SL: Con superficie lisa % 55% 67% 77% 100% SI NO SA: Con superficie adecuada. PS: Con pasamanos PMP PA SL SA PS Las reglas técnicas indican que el ancho de una rampa debe ser de 1.20 mts., la cual se señalizará con un pavimento especial (con textura diferente) en su comienzo y su final, a fin de que la persona no vidente o la que se moviliza en silla de ruedas tenga conocimiento de su existencia al circular por ese tramo. Se especifica además que se deberá rebajar el cordón con una pendiente que tenga como máximo el 10 %. La aplicación de la Guía de Observación determinó que no todas las universidades cuentan con edificios con rampas. En las que se encontraron edificios con rampas, la mayoría de éstas no cuentan con pendiente adecuada ya que se registra solo un 44% de ellas con las especificaciones técnicas en cuanto a pendiente se refiere y un 22% con superficie adecuada. Rampas con pasamanos se registra el
57 8%, hay un 33% de las rampas encontradas con superficie lisa y 22% con pendiente muy pronunciada. Si el acceso a los edificios administrativos o al de los salones de clase en un primer nivel resulta difícil para un estudiante discapacitado, ingresar a un salón de clase ubicado en un segundo nivel resulta todo un sacrificio, ya no se diga si el edificio consta de tres o más niveles. El caso es que en todas las instituciones de educación superior en que la guía se aplicó se encontró que los edificios no cuentan con ascensores. En el ascensor debe haber suficiente espacio para permitir el acceso y movimiento de personas con sillas de ruedas. Las señales y los mandos del ascensor se deben colocar de forma tal que sean fáciles de alcanzar, utilizar e interpretar a una altura de 0.90 mts. del nivel del piso. De las 28 IES que fueron evaluadas con la Guía de Observación para la accesibilidad arquitectónica y urbanística, 25 que corresponde al número de IES privadas, no cuentan con ascensores. Y de las 3 IES públicas, sólo la Universidad de El Salvador cuenta únicamente con dos edificios equipados con esta facilidad; en el edificio de Rectoría y en el Edificio de la Facultad de Medicina, no obstante ninguno de los dos cumple con las especificaciones técnicas apropiadas para personas en silla de ruedas en cuanto a espacio y el ubicado en el edificio de la Facultad de Medicina no tiene sistema Brayle de información, además carecen del mantenimiento adecuado una de las razones por las cuales la mayoría del tiempo están fuera de funcionamiento. De acuerdo con las especificaciones técnicas antes mencionadas el ascensor o los ascensores se deben colocar cerca de la entrada principal de los edificios y su ubicación debe estar señalada claramente Asignación de parqueos para personas en sillas de ruedas y señalización. Las normas técnicas de accesibilidad arquitectónica establecen con relación a la asignación de estacionamientos para personas con discapacidad, que estos espacios dispondrán de un área lateral adicional de un metro de ancho para que la persona en silla de ruedas pueda acceder sin ningún problema; el área en cuestión deberá tener una pendiente máxima de 8% en dirección al edificio o acceso principal, y en ella se colocará la placa de señalización, la cual será construida con materiales de tráfico especificadas por el V.M.T. (logo internacional de accesibilidad) en forma vertical, a una altura de 2.20 mts.
58 Asignación de parqueos para personas en silla de ruedas. SI 10,14% NO 89,86% También debe tomarse en cuenta, accesorios que impidan el paso vehicular, los hitos o mojones que se coloquen en los accesos peatonales de las urbanizaciones habitacionales y alrededores de parqueos para impedir el paso de vehículos, tendrán una luz mínima de 1.00 mts. para permitir de este modo el paso de una silla de ruedas. Perpendicularmente a la alineación de los mojones, con las mismas losetas especiales que para los pasos de peatones se construirá una franja de 0.80 mts. de ancho por 2.00 mts. de longitud, para advertir a las personas no videntes la proximidad de un obstáculo. En la actualidad es muy común encontrar en la mayoría de establecimientos comerciales y edificios espacios de parqueo designados con la señal internacional de accesibilidad para personas que se desplazan en silla de ruedas. Es lamentable que esta medida no se haya puesto en práctica en todas las instituciones de educación superior. Por lo menos eso es lo que se deduce de la información obtenida con la guía de observación de accesibilidad arquitectónica. Se observa que el 89.86% no cuenta con asignación de parqueos para personas en sillas de ruedas. Este es un indicio que conduce a pensar que en las IES todavía no hay suficiente trabajo de sensibilización hacia las necesidades especiales de las personas con discapacidad. De acuerdo a la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, los edificios Comerciales, Industriales y de Servicios Públicos y Privados, los que exhiben espectáculos artísticos, culturales o deportivos que cuenten con estacionamiento de vehículos, deberán reservar un Señalización de parqueos. 88,31% ,69% NO SI 3% de espacios destinados, expresamente para estacionar vehículos conducidos o que transporten
59 personas con discapacidad. Esto obviamente aplica para las IES. Pero en el caso de estas últimas, ese 3% debería interpretarse como un mínimo pues las actividades y el trabajo realizado en dichas instituciones demanda la posibilidad de ampliar más ese porcentaje, sobre todo en aquellos institutos, o universidades que cuentan con una población estudiantil numerosa, como podría ser el caso de la universidad pública que sólo en su sede central atiende a más de 35 mil estudiantes de cuyo universo es posible encontrar alguna población discapacitada. Así también en las IES, no solo se realizan actividades académicas intracurriculares sino que dada su naturaleza deben cumplir con la finalidad de difundir el arte y la cultura realizándose en ellas una cantidad de actividades que están de hecho abiertas a todas las personas interesadas pertenezcan o no a la institución, por lo que aumenta la posibilidad que personas con discapacidad puedan formar parte de la población que las visite. Es claro además, que no sólo basta con tener asignados los parqueos para este tipo de población, sino que además, estos estacionamientos deberán estar señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad y su uso indebido debe ser sancionado, sobre todo en una sociedad poco sensibilizada que utiliza incluso estos espacios reservados. La información que se obtuvo de la guía de observación es que si el 89.86% de las IES no cuenta con asignación de parqueos para personas en sillas de ruedas se agrega a esta pobre asignación, que el 88.31% de las IES en los que se encontró dicha asignación, los espacios reservados no cuentan con señalización, con esta información es fácil advertir la dificultad que las personas con discapacidad tienen para llegar a su salón de clases o lugar de trabajo en las Instituciones de Educación Superior de El Salvador.
60 3.2.3 Pasillos, gradas y corredores. Pasillos amplios y sin objetos que puedan ser obstaculos para personas no videntes. Las posibilidades de desplazamiento de aquellas personas con alguna discapacidad física por la cual utilice silla de ruedas o cualquier otro aditamento funcional para la marcha (muletas, bastones, andaderas) o que presente algún tipo de debilidad, deformidad o dolor, necesita de un entorno físico que facilite su desplazamiento; nos referimos a aspectos como: amplitud en los espacios de circulación; colocación de pasamanos en paredes con la altura que señala la especificación técnica de 0.70 a 0.90 mts. desde la altura del suelo y de un ancho o diámetro no mayor de 0.05 metros para facilidad de asiento de la mano que proporcione un buen agarre; si los pasamanos están diseñados con materiales metálicos y expuestos a la intemperie deberán estar protegidos de manera que se garantice poco incremento de su temperatura cuando están bajo el sol; para ayudar a la identificación deben pintarse estos pasamanos con color que contraste con el de la pared. SI 43% NO 57% Las personas no videntes, pueden detectar obstáculos colocados a nivel del suelo con el uso del bastón, pero muchos obstáculos como casetas telefónicas, balcones de ventanas salientes, objetos colgantes, u otros colocados en zonas de acceso peatonal, pueden ser realmente peligrosos en el sentido de ocasionar lesiones para estas personas al ser imposible su detección por medio del bastón. Pasillos amplios y con apoya manos para personas con dificultad en la deambulación. SI 5% NO 95% Estos aspectos mencionados, fueron objeto de observación en las IES visitadas, encontrándose de acuerdo a las gráficas que el 57% de los edificios de estas instituciones, no cuenta con amplitud suficiente en los espacios de circulación, ni el espacio libre de objetos para que personas discapacitadas y no discapacitadas transiten fácilmente.
61 También nos ilustra que el 95% no cuenta con la facilidad del pasamanos colocado en la pared de en los pasillos. Cabe hacer la pregunta si en la formación de las y los ingenieros y arquitectos, se contempla el conocimientos de las normas internacionales que toman en cuenta en sus diseños estas situaciones y la suficiente sensibilización en el sentido que la población discapacitada física y/o sensorial es parte de la población usuaria de los edificios. Es claro en el recorrido del análisis sobre facilidades arquitectónicas y urbanísticas, los esquemas de discriminación hacia la población discapacitada que imperan en los diseños y las construcciones en las IES. Gradas con descansos. SI 42 NO Siguiendo en las propuestas de las normas sobre facilidades arquitectónicas, en cualquier escalera y en particular en los pasos a desnivel idealmente se deben disponerse otros itinerarios con rampas de pendientes máxima del 8% y una anchura mínima libre 1.30 mts. para permitir el paso de sillas de ruedas. Siempre que sea posible establecer una pendiente máxima del 8% las escaleras se complementarán con una rampa adjunta a ellas con las características arriba mencionadas. Cada 9.00 mts. se dispondrá de tramos horizontales de descanso con una medida de 1.50 mts. de longitud. Cuando sea posible, el ancho de la rampa o descanso será superior a 1.80 mts. para permitir el cruce de dos sillas de ruedas. La pendiente transversal de las rampas será inferior al 2%. En las escaleras se evitarán los resaltos de la huella para lo que es aconsejable que el ancho de la grada sea de 0.32 mts. y hacer peldaños huecos para evitar caídas de las personas en cualquier circunstancia. El ancho mínimo aconsejable de una escalera será de 1.80 mts. libres, salvo justificación y aprobación de otras dimensiones. La superficie tiene que ser antideslizante. Los descansos en las gradas y rampas son facilidades necesarias para las personas en general y más aún
62 para aquellas con dificultades en la marcha. En las IES visitadas sólo el 42% de las escaleras encontradas cuentan con ellos a pesar de no cumplir las normas técnicas ya mencionadas Condiciones de los baños. BAÑOS. PA: Con piso antideslizante ,79% 9,21% 69,8% 30,2% 67,10% 32,89% 6,57% 93,42% SI NO LNIA: Lavamanos a nivel adecuado para personas en sillas de ruedas. APOB: Ausencia de pared u objetos que puedan ser barreras para personas no videntes. BAF: Baños con aditamentos funcionales para traslado y sostén. 0 PA LNIA APOB BAF De los espacios más básicos que requieren adaptación para las personas que se trasladan en silla de ruedas, son de particular importancia los baños, cuya invaluable funcionabilidad y adaptabilidad forman parte del conjunto arquitectónico de una edificación moderna. Acorde con las normas establecidas, los baños en todos los edificios públicos deben contar con la amplitud suficiente para que la persona en silla de ruedas pueda entrar sin problemas maniobrando la silla, tanto en la puerta principal como en la puerta del servicio sanitario; el piso no debe ser de textura muy lisa; debe existir un servicio sanitario con adaptaciones funcionales o barras fuertes colocadas a la altura adecuada para servir de soporte en el traslado de la persona entre la silla y el sanitario. Los bañor para personas con discapacidad deben contar con al menos un lavamanos con la altura adecuada para que la persona sentada pueda alcanzarlo. Al Evaluar la accesibilidad en los baños de las IES visitadas se pudo constatar claramente que es mínimo el porcentaje de IES que cuentan con estas adaptaciones. Las instituciones que cuentan con ellas son: la Universidad Pedagógica de El Salvador y la sede central de la Universidad de El Salvador y en ella las adaptaciones se encuentran solamente en el edificio del Centro de Investigación en Salud
63 CENSALUD y en el Complejo Deportivo que no son precisamente espacios donde se encuentran aulas y la distancia entre estos edificios y los de las aulas en las diferentes facultades resulta ser considerable para que estudiantes con discapacidad puedan tener acceso a ellos. Las adaptaciones para la accesibilidad que con mayor frecuencia se encontraron son la adecuación del nivel del lavamanos para que una persona sentada pueda alcanzarlo, y el hecho que el espacio en los baños esté libre de objetos que puedan ser obstáculo para las personas no videntes. Solamente se encontró un 9.21% de baños que cuentan con superficies antideslizantes, lo que no solamente constituye una adaptación funcional para personas con discapacidad sino que debería ser una norma en el sentido de prevención. A penas un 6.5% de los baños cuentan con los aditamentos funcionales para traslado y sostén para personas es silla de ruedas, que son las barras laterales en los sanitarios Puertas en aulas, auditoriums y laboratorios con el espacio suficiente para que ingrese una silla de ruedas o andaderas Puertas en aulas y baños con el espacio suficiente para que ingrese una silla de ruedas o andaderas. 72,72% 27.28% Auditorium 48% 52% Salones de clase 32,46% 67,54% 18,18% 81,82% 33,76% 66,24% Bibliotecas Cafeterias Oficinas admin. SI NO Los espacios en los cuales se llevan a cabo en su mayoría las actividades académicas, también fueron objeto de evaluación en la guía de observación que se aplicó a las IES en cuanto al ancho que deben tener las puertas para dar acceso a una persona en silla de ruedas. Se encontró como lo muestra la gráfica sobre este ítem que solamente las puertas de las aulas son suficientemente amplias para el ingreso de una o un estudiante en silla de ruedas, del resto de edificios y lugares académicos se pudo observar que no cuentan con esta característica. Se pudo por tanto constatar una vez más la dificultad real para la interacción de las personas con discapacidad en los diferentes espacios físicos en los que acontece la educación superior, sobre todo tratándose del caso particular de las personas que se movilizan en silla de ruedas.
64 3.2.6 Salones amplios y con el orden suficiente que permita la circulación tanto de silla de ruedas u otro aditamento como de personas no videntes. Como se ha apuntado en párrafos anteriores, la población universitaria ha ido en aumento a tal grado que la capacidad física de las instituciones, especialmente en la Universidad Pública, ya no es suficiente; las aulas, laboratorios, bibliotecas y otras instalaciones donde se llevan a cabo las principales actividades académicas se ven cotidianamente abarrotadas de estudiantes. Los salones de clase por lo general, utilizan al máximo los espacios con los pupitres o asientos para albergar a la mayor cantidad de estudiantes en las clases mayor demandadas que son usualmente durante los primeros años de las carreras universitarias. Salones amplios y con el orden suficiente que permita la circulación tanto de silla de ruedas u otro aditamento como de persona no videntes. SI 38% NO 62% Al evaluar con la guía de observación, si los espacios dentro de aulas o salones de clase contaban con el orden suficiente para permitir la circulación en silla de ruedas y libre de obstáculos para personas no videntes, se pudo establecer que la mayoría de estas (65%) no contaban con el suficiente espacio para la circulación interna de una persona en silla de ruedas. Esta debería ser una condición mínima, que por motivos de seguridad, todo edificio debería presentar, sobre todo porque el país experimenta recurrentemente movimientos telúricos y una mala organización o disposición de su espacio interior podría dificultar eventualmente las vías de evacuación.