Source: https://www.scribd.com/document/64723065/Regimen-de-Insolvencia-Empresarial-colombiano
Timestamp: 2018-10-16 20:29:47
Document Index: 102641752

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'e contrario', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'e contrario', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 1428', 'Artículo 26']

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Acto Juridico I Unidad
Régimen de Insolvencia Empresarial colombiano, admirado en otros países Publicado: 30 de julio de 2009
Los ojos de otros países están puestos en Colombia a la hora de hablar de reestructuración de empresas en crisis. La Ley 1116 de 2006 ha dado muy buenos resultados.
A mediados de este mes, Hernando Ruiz López, Superintendente de Sociedades, fue invitado por el Banco Mundial, para que explicara los avances que ha tenido Colombia en cuanto a la reestructuración de empresas en crisis. El Régimen de Insolvencia Empresarial colombiano ha sido el mejor camino para lograrlo colombiano, desde que entró en vigencia en Junio de 2007 por medio de la Ley 1116 de 2006. Cabe recordar que con esta Ley se busca proteger el crédito, la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Eso sí, tenga en cuenta que las personas naturales y jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo son las que están sometidas a este régimen, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto, siempre y cuando tengan la calidad de comerciante o desarrollen actividades empresariales, independiente de que dicha actividad la realicen a través de establecimientos de comercio y las sucursales de sociedades extranjeras. Para el economista Esteban Garrido el Régimen de Insolvencia colombiano tiene aspectos positivos como… “Se pueden vincular bienes continuos en el exterior lo que le permite a Colombia estar al nivel de legislaciones como las de Japón, Estados Unidos y Reino Unido. Una ventaja que presenta es que una empresa que entra en proceso de liquidación podría regresar al proceso de reorganización en el momento que se llegue a un acuerdo por parte de los deudores y acreedores”. Algunas características
Tiene una doble finalidad, la protección del crédito y la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo
Dirigido al sistema empresarial, no aplica a la persona natural no comerciante. Lo administran judicialmente la Superintendencia de Sociedades como organismo administrativo con facultades jurisdiccionales de manera excepcional y los jueces civiles del circuito.
¿Qué pasó con la normativad anterior? La Ley 550 de 1999 y la Ley 222 de 1995 antecedieron al Régimen de Insolvencia Nacional. Para Ruiz López, la Ley 222 de 1995, contenía en su título segundo la regulación de la liquidación obligatoria como proceso de carácter judicial, el cual era largo e inoperante, por las múltiples etapas que contenía y la Ley 550 de 1999, introdujo el acuerdo de reestructuración como un sistema de carácter netamente contractual, en la cual no existía juez sino múltiples autoridades de carácter administrativas como Superintendencias, Cámaras de Comercio y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales no aprobaban el acuerdo, pues el pacto al que llegaban no tenía ninguna clase de revisión legal, colocándose en un inminente riesgo a la empresa y acreedores vinculados al acuerdo. Tomando de aquí y de allá A la hora de elaborar la Ley de Insolvencia Empresarial se tomaron items del modelo norteamericano y europeo. Del primero se tomó la figura de la confirmación del acuerdo por parte del juez y la posibilidad de que el deudor busque la renegociación con los acreedores por contratos de tracto sucesivo, como las entidades de leasing y contratos de arriendo en general. Por otra parte, del modelo europeo se miró hacia la posibilidad que el juez cuenta con un auxiliar de la justicia para apoyar su gestión en la administración de los procesos, ya que los procesos se descongestiona y los procedimientos se optimizan. Todo con el propósito de proteger a la empresa. Algunas cifras…
Durante la vigencia de la Ley 550 fueron admitidas 1.301 empresas para firmar el acuerdo de reestructuración, las cuales involucraban 91.560 empleados.
A partir de la Ley 1116, 81 empresas han iniciado proceso de reorganización empresarial, con cerca de 6.000 empleados, activos superiores a un billón de pesos y pasivos alrededor de 800.000 millones.
Este año, 160 empresas se han vinculado a Liquidación Judicial, con activos de $497.037.670, pasivos de $645.545.971 y un total de 1.661 empleados
Ley de Insolvencia empresarial El Gobierno está trabajando en una serie de modificaciones para la Ley 1116 de 2006 porque los resultados no han sido los esperados. Expertos dicen que se deben acelerar los procesos de liquidación de empresas. Como lo publica la revista Dinero entre junio de 2007 y lo que va de 2010, la ley 1116 de insolvencia empresarial, logró que 170 empresas reestructuraran sus pasivos, salvaran decenas de empleos y se
alejaran de la quiebra. Una cifra baja si se compara con las 1.300 empresas que entre 2000 y mediados de 2007 se acogieron a la Ley 550. ¿Por qué ha sucedido esto? Para Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades, la Ley 1116 está bien hecha y ha funcionado para algunas cosas. “Sin embargo, hemos detectado que la ley tiene algunos problemas, esencialmente en lo relativo a reorganización empresarial, no con liquidaciones. Es relativamente complicado acceder a la ley. Entrar al proceso de insolvencia es muy difícil, porque hay una serie de talanqueras que se le ponen al empresario que está en problemas”, como lo expresa en El país. Para el ex superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, a las empresas se les exige estar al día en pago de impuestos, parafiscales, acreencias laborales, tener aprobado el cálculo actuarial, no estar en causal de disolución y estar al día en el registro mercantil, como lo explica en Dinero. “Estas exigencias son para empresas que no necesitan reestructurar sus deudas”, sostiene. Y señala que la reforma debe contemplar estímulos positivos para ponerse al día en sus pagos. ¿Fracaso? Las circunstancias del país son diferentes hoy frente a las del 2000. Pero hay sectores que están tremendamente afectados por la revaluación, como el de los exportadores, aunque en general la economía marcha bien. Esos sectores en la actual coyuntura podrían ser los que más fácilmente deberían acceder a un proceso de reorganización empresarial rápido y efectivo. Y además, que lleve a la solución de sus problemas, ya sea mediante la reestructuración de la sociedad mediante acuerdos con los acreedores y una viabilidad de la misma hacia el futuro. O hacia una liquidación. ¿Adoptar el modelo de quiebra de Estados Unidos? Para Vélez, como lo asegura en entrevista con El País, el proceso nuestro es muy parecido al de bancarrotas en Estados Unidos. Lo que pasa es que en el Congreso de la República se le introdujeron a la Ley 1116 del 2006 unas modificaciones que son una especie de llaves a la entrada que evitan que las empresas puedan acceder de manera más expedita al proceso de reorganización. Es decir, tenemos una ley que en teoría es muy buena, pero en la práctica no lo es porque no se puede entrar. La idea es abrir esas puertas para que con una reforma a la ley se puedan salvar más empresas. Además, no tiene porque haber un estigma alrededor de eso. Aquí lo importante es no solo rescatar a las empresas, sino el empleo de muchos colombianos. El caso más reciente de aplicación del Capítulo 11 en Estados Unidos es el de Blockbuster, y recordemos que bajo ese proceso estuvo Avianca, y se salvó, y ahora es una de las aerolíneas más importantes de América Latina. También estuvieron Texaco, United Airlines, General Motors, Chrysler y Continental. Allá esos procesos no tuvieron ni tienen un estigma asociado a un proceso de reorganización empresarial, y tampoco lo debería haber en Colombia. Pensando en reformas Luis Guillermo Vélez tiene claro qué reformas tendrán que aplicar a la Ley 116. Primero, reducir y hacer más razonables los requisitos para las empresas en dificultades. Segundo, establecer plazos ágiles a estos procesos de reestructuración. Tercero, reducir la burocracia creada alrededor de los procesos, que además de onerosa resulta poco práctica para solucionar los problemas. La reforma a la ley de sociedades tiene que acelerar los procesos de liquidación de empresas, las cuales toman varios años. Así como se han facilitado los trámites para crear empresas, cada vez debe ser más fácil liquidar las compañías cuando no son viables. Los cambios no se presentarán como una nueva ley sino que harán parte de proyectos ya presentados en el Congreso cuyo trámite está por iniciar.
La Competencia desleal en Colombia.
Por José Elías Del Hierro Hoyos © Parra, Rodríguez & Cavelier, 2002. En el año de 1.996, mediante la expedición de la ley 256, se desarrolló en Colombia la nueva reglamentación sobre competencia desleal, tomando como base garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado. Es importante tener en cuenta que estas disposiciones se le aplicarán no solamente a aquellas personas que tengan la calidad de comerciante, sino también a cualquier participante en el mercado colombiano. Los actos de competencia desleal consagrados en la legislación Colombiana se presentan como una lista enumerativa y no taxativa, sobre la base de una prohibición general.
La ley dispone que quedan prohibidos los actos de competencia desleal, y en consecuencia , los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Posteriormente y en concordancia con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de Paris, se señala como competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador, o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado. En este orden de ideas, los actos de competencia desleal expresamente consagrados en la ley 256 de 1.996 son los siguientes: 1. Actos de desviación de la clientela. 2. Actos de desorganización interna de las empresas. 3. Actos de confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. 4. Actos de engaños o inducción al públicoa error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. 5. Actos de descrédito mediante la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas, y cualquier otro tipo de práctica. 6. Actos de comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con el de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. También es desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean analogos, ni comparables. 7. Actos de imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales. 8. Actos de explotación de la reputación ajena. 9. Actos de divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos indistriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente. 10. Actos de inducción a ruptura contractual. 11. Actos que conlleven a la efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una norma jurídico.
12. Pactos desleales de exclusividad por medio de los cuales se restrinja el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios. PREAMBULO
I. La competencia desleal, aun constituyendo una pieza legislativa de importancia capital dentro del sistema del Derecho Mercantil, ha sido un sector del que tradicionalmente ha estado ausente el legislador. Esta circunstancia, parcialmente remediada por la reciente aprobación de las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, había propiciado la formación de una disciplina discontinua y fragmentaria que muy pronto habría de revelarse obsoleta y de quedar, en la realidad de los hechos, desprovista de fuerza. En efecto, las normas que tradicionalmente han nutrido dicha disciplina se encontraban dispersas en leyes de distinta edad y procedencia: contemplaban únicamente aspectos parciales de esa vasta realidad que es la competencia desleal; respondían a modelos de regulación desfasados, que en la actualidad según ha mostrado nuestra más reciente y atenta doctrina- carecen de parangón en el Derecho comparado e incluso de anclaje en la evolución general del propio; y, en fin, eran normas que ni siquiera dentro de sus limitaciones podían considerarse eficaces, debido a la escasa calidad y flexibilidad de su aparato sancionador. El régimen de la competencia desleal se había convertido así en un escenario normativo languideciente, al amparo del cual pudieron proliferar prácticas concurrenciales incorrectas, que en no pocas ocasiones han ocasionado un grave deterioro de nuestro tráfico mercantil. II. La presente Ley, completando y, en ocasiones, refundiendo los esfuerzos de la racionalización sectoriales iniciados por las ya recordadas leyes de Marcas y Publicidad, aspira a poner término a la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector, creando un marco jurídico cierto y efectivo, que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial. Varias circunstancias hacían inexcusable esta iniciativa. La primera viene dada por la creciente demanda social que al respecto se ha dejado sentir en los últimos tiempos. La apertura de nuevos mercados, la emancipación de nuestra vida mercantil de vínculos corporativos y proteccionistas y una mayor sensibilidad de nuestros hombres de empresa hacia la innovación de las estrategias comerciales han abierto nuevas perspectivas a nuestra economía, pero al propio tiempo han puesto de manifiesto el peligro de que la libre iniciativa empresarial sea objeto de abusos, que con frecuencia se revelan gravemente nocivos para el conjunto de los intereses que confluyen en el sector: El interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado. La Ley responde, en segundo lugar, a la necesidad de homologar, en el plano internacional, nuestro ordenamiento concurrencial. España ha omitido esta equiparación en ocasiones anteriores. Pero en el momento presente, esa situación ya no podía prolongarse por más tiempo sin grave inconveniente. El ingreso en la Comunidad Económica Europea exigía, en efecto, la introducción en el entramado de nuestro Derecho mercantil y económico de una disciplina de la competencia desleal que estableciese condiciones concurrenciales similares a las que reinan o imperan en el conjunto de los demás Estados miembros. Desde esta perspectiva, la presente Ley se propone dar un paso más en la dirección iniciada por la reciente Ley de Marcas, por medio de la cual se ha tratado de materializar el compromiso contraído en los artículos 10 bis y 10 ter del Convenio de La Unión de París. Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978, hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de li de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado. Esta exigencia constitucional se complementa y refuerza por la derivada del principio de protección del consumidor, en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado, acogido por el artículo 51 del texto constitucional. Esta nueva vertiente del problema, en general desconocida por nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal, ha constituido un estímulo adicional de la máxima importancia para la emanación de la nueva legislación. III. Las circunstancias antes señaladas, al tiempo que ponen de manifiesto la oportunidad de la Ley, dan razón de los criterios y objetivos que han presidido su elaboración; a saber: Generalidad, modernidad e institucionalidad. El propósito que ha guiado al legislador ha sido, en efecto, el de elaborar una Ley general, capaz de satisfacer la heterogénea demanda social que registra el sector desde la perspectiva unitaria del fenómeno concurrencial; una Ley moderna, inspirada en los
modelos de regulación más avanzados y susceptible de situar a nuestro ordenamiento de la competencia en la órbita del Derecho europeo del momento; una Ley, en fin, de corte institucional, apta para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica. El resultado no podía ser otro que una profunda renovación de nuestro vigente Derecho de la competencia desleal. Dicha renovación se advierte, cuando menos, en el triple plano de la orientación, de la configuración y de la realización de la disciplina. 1. Por lo que se refiere al principio de los planos mencionados, la Ley introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado. La institución de la competencia pasa a ser así el objeto directo de protección. Significativo a este respecto es, entre otros muchos, el artículo 1. También, y muy especialmente, el artículo 5 en el que, implícitamente al menos, se consagra la noción de abuso de la competencia. Esta nueva orientación de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habían escapado a la atención del legislador mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta ampliación y reordenación de los intereses protegidos está presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley. Particularmente ilustrativo resulta el artículo 19, que atribuye legitimación activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores. 2. En lo que atañe a la configuración sustantiva de la disciplina, las novedades no son menos importantes. A este respecto resultan especialmente destacables los dos primeros capítulos de la Ley, en los que, respectivamente, se incardinan la parte general y la parte especial de la disciplina. En el Capítulo I, y específicamente en los artículos 2 y 3, se establecen los elementos generales del ilícito concurrencial. A la hora de perfilar tales elementos o presupuestos de aplicación de la disciplina se ha seguido por imperativo de la orientación institucional y social de la Ley, un criterio marcadamente restrictivo. Para que exista acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2: Que el acto se «realice en el mercado» y que se lleve a cabo con «fines concurrenciales». Si dichas circunstancias concurren, el acto podrá ser perseguido en el marco de la nueva Ley. No es necesaria ninguna otra condición ulterior; y concretamente -según se encarga de precisar el artículo 3- no es necesario que los sujetos -agente y paciente- del acto sean empresarios, ni se exige tampoco que entre ellos medie una relación de competencia. En este punto, y por exigencia de sus propios puntos de partida, la Ley ha incorporado las orientaciones más avanzadas del Derecho comparado, desvinculando la persecución del acto del tradicional requisito de la relación de competencia, que sólo tiene acomodo en el seno de una concepción profesional y corporativa de la disciplina. Las disposiciones generales del Capítulo I se cierran con una norma unilateral de Derecho internacional privado que establece un criterio de conexión -el mercado afectado por el acto de competencia desleal- en plena armonía con la inspiración institucional de la Ley. El núcleo dispositivo de la Ley se halla ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. El capítulo se abre con una generosa cláusula general de la que en buena medida va a depender -como muestra la experiencia del Derecho comparado- el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. El aspecto tal vez más significativo de la cláusula general radica en los criterios seleccionados para evaluar la deslealtad del acto. Se ha optado por establecer un criterio de obrar, como es la «buena fe», de alcance general, con lo cual, implícitamente, se han rechazado los más tradicionales, todos ellos sectoriales y de inequívoco sabor corporativo. Pero la amplitud de la cláusula general no ha sido óbice para una igualmente generosa tipificación de los actos concretos de competencia desleal, con la cual se aspira a dotar de mayor certeza a la disciplina. El catálogo incluye, junto a las más tradicionales prácticas de confusión, denigración y explotación de la reputación ajena, los supuestos de engaño, de violación de secretos, de inducción a la infracción contractual y otros que sólo han cobrado un perfil nítido y riguroso en la evolución europea de las últimas décadas, tales como la venta con primas y obsequios, la violación de normas, la discriminación y la venta a pérdida. De acuerdo con la finalidad de la Ley, que en definitiva se cifra en el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos, la redacción de los preceptos anteriormente citados ha estado presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad. Significativos a este respecto son los
artículos 10 y 11, relativos a la publicidad comparativa y a los actos de imitación e incluso los ya citados artículos 16 y 17 en materia de discriminación y venta a pérdida. 3. La Ley se esfuerza, finalmente, por establecer mecanismos sustantivos y procesales suficientemente eficaces para una adecuada realización de la disciplina. Al respecto resultan relevantes los Capítulos III y IV. En el primero de ellos se regulan con detalle las acciones derivadas del acto de competencia desleal. Los extremos más significativos se hallan contemplados por los artículos 18 y 19. El artículo 18 realiza un censo completo de tales acciones, poniendo a disposición de los interesados un amplio abanico de posibilidades para una eficaz persecución del ilícito concurrencial. El artículo 19 disciplina en términos muy avanzados la legitimación activa para el ejercicio de las acciones anteriormente mencionadas. La novedad reside en la previsión, junto a la tradicional legitimación privada, de una legitimación colectiva. De este modo se pretende armonizar este sector de la normativa con la orientación general de la Ley y al mismo tiempo multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción. El Capítulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creído oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantías, un mayor rigor, y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva resultan particularmente elocuentes los artículos 24 y 25. El primero de ellos prevé un generoso catálogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos mencionados, el artículo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal. El capítulo -y con él la Ley- se cierra con una disposición inspirada por la Directiva CEE en materia de publicidad engañosa. Se trata del artículo 26, que contempla la posibilidad de que el juez invierta, en beneficio del demandante, la carga de la prueba relativa a la falsedad e inexactitud de las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas en una causa de competencia desleal. Ciertamente, la norma se halla ya recogida en la Ley General de Publicidad. No está de más, sin embargo, que se reitere en el ámbito de la legislación general, debido a su más amplia proyección. IV. Finalmente ha de hacerse una referencia a la oportunidad de la presente Ley desde el punto de vista de la distribución territorial de competencias. La premisa de la que se ha partido es que la «competencia desleal» constituye una materia reservada a la competencia del Estado. Esta es, en efecto, la conclusión a la que se arriba en aplicación del artículo 149 número 1 de la Constitución, tanto en sus apartados 6 y 8 que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil» y las «bases de las obligaciones contractuales» como, en cierto modo, en su apartado 13, que reserva al Estado las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». Este punto de vista se refuerza apelando a la doctrina del Tribunal Constitucional a tenor de la cual el límite implícito de la competencia autonómica ha de situarse en la necesidad de garantizar la «unidad de mercado» en el territorio nacional. El legislador es consciente, ciertamente, de que la materia de la «competencia desleal» se halla muy práxima a las materias de «comercio interior» y de «tutela del consumidor» respecto de las cuales las Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias. Precisamente por ello ha tratado de ser especialmente escrupuloso a la hora de delimitar el objeto y el campo de su regulación. La cuestión es clara con relación al título competencial de «comercio interior», cuyas materias quedan perfectamente excluidas de la presente Ley. Más dudas puede suscitar, a primera vista, el título relativo a la «protección del consumidor». Un examen atento de la normativa aprobada enseguida muestra, sin embargo, que tampoco por este lado se han mezclado o confundido órdenes materiales y competenciales distintas. La Ley, en efecto, disciplina directa e inmediatamente la actividad concurrencial. El hecho de que a la hora de establecer el cauce jurídico de esa actividad haya tenido en cuenta, muy especialmente por cierto, los intereses de los consumidores no significa que haya invadido terrenos que no son propios de su regulación; significa simplemente que, en el trance de reglamentar los comportamientos de los operadores del mercado, se ha guiado -de acuerdo con los criterios consolidados en la evolución actual del Derecho comparado y por imperativo de la propia Carta Constitucional- por la necesidad de reforzar la posición del consumidor como parte débil de las relaciones típicas del mercado. CAPITULO PRIMERO Disposiciones generales Artículo 1. Finalidad. La presente Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal.
Artículo 2. Ambito objetivo. 1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. 2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Artículo 3. Ambito subjetivo. 1. La Ley será de aplicación a los empresarios y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado. 2. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal. Artículo 4. Ambito territorial. La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español. CAPITULO II Actos de competencia desleal Artículo 5. Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Artículo 6. Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Artículo 7. Actos de engaño. Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas. Artículo 8. Obsequios, primas y supuestos análogos. 1. La entrega de obsequios con fines publicitarios y prácticas comerciales análogas se reputarán desleales cuando, por las circunstancias en que se realicen, pongan al consumidor en el compromiso de contratar la prestación principal. 2. La oferta de cualquier clase de ventaja o prima para el caso de que se contrate la prestación principal se reputará desleal cuando induzca o pueda inducir al consumidor a error acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, o cuando le dificulte gravemente la apreciación del valor efectivo de la oferta o su comparación con ofertas alternativas. Estas últimas circunstancias se presumirán verificadas cuando el coste efectivo de la ventaja exceda del quince por ciento del precio de la prestación principal. 3. La subordinación de la conclusión de un contrato a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto de tal contrato se reputará desleal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior. Artículo 9. Actos de denigración. Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. Artículo 10. Actos de comparación.
1. Se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando aquélla se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. 2. Se reputa también desleal la comparación que contravenga lo establecido por los artículos 7 y 9 en materia de prácticas engañosas y denigrantes. Artículo 11. Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado. Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares. Artículo 13. Violación de secretos. 1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. Artículo 14. Inducción a la infracción contractual. 1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas. Artículo 15. Violación de normas. 1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa. 2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Artículo 16. Discriminación. 1. El tratamiento discriminatorio del consumidor en materia de precios y demás condiciones de venta se reputará desleal, a no ser que medie causa justificada.
2. Asimismo se reputa desleal la explotación por parte de una empresa de la situación de dependencia económica en que puedan encontrarse sus empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad. Artículo 17. Venta a pérdida. 1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre. 2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos. c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. CAPITULO III Acciones derivadas de la competencia desleal Artículo 18. Acciones. Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1.º Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste. 2.º Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctiva. 3.º Acción de remoción de los efectos producidos por el acto. 4.º Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.º Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia. 6.º Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico. Artículo 19. Legitimación activa. 1. Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros números del artículo anterior. La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada. 2. Las acciones contempladas en los números 1.º a 4.º del artículo anterior podrán ejercitarse además por las siguientes entidades: a) Las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros. b) Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses de los consumidores. Artículo 20. Legitimación pasiva. 1. Las acciones previstas en el artículo 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento. 2. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en los números 1.º y 4.º del artículo 18 deberán dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho civil. Artículo 21. Prescripción. Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal: y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto. CAPITULO IV Disposiciones procesales
Artículo 22. Tramitación del proceso. Los procesos en materia de competencia desleal se tramitarán en todo caso con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio de menor cuantía. Artículo 23. Competencia territorial. 1. En los juicios en materia de competencia desleal será competente el juez del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio. En el supuesto de que el demandado carezca de establecimiento y domicilio en el territorio nacional, será competente el juez del lugar de su residencia habitual. 2. A elección del demandante, también será competente el juez del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o el de aquel en que se produzcan sus efectos. Artículo 24. Diligencias preliminares. 1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal podrá solicitar del Juez la práctica de diligencias para la comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para preparar el juicio. 2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa. Artículo 25. Medidas cautelares. 1. Cuando existieren indicios de la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia del mismo, el juez, a instancia de persona legitimada y bajo la responsabilidad de ésta, podrá ordenar la cesación provisional de dicho acto y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes. 2. Las medidas previstas en el apartado anterior serán de tramitación preferente. En caso de peligro grave e inminente podrán adoptarse sin oír a la parte contraria y deberán ser dictadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. 3. Si las medidas se solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será competente para adoptarlas el juez del lugar donde el acto de competencia desleal produzca o pueda producir sus efectos. No obstante, una vez presentada la demanda principal, el juez que conozca de ella será el único competente en todo lo relativo a las medidas adoptadas. 4. Las medidas cautelares, en lo no previsto por este artículo, se regirán por lo establecido en el artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 26. Especialidad en materia probatoria. En las controversias originadas por la infracción de los artículos 7, 9 ó 10, el juez, en el momento de decidir el recibimiento a prueba, podrá requerir de oficio al demandado para que aporte las pruebas relativas a la exactitud y veracidad de las indicaciones o manifestaciones realizadas. Cuando dicha prueba no sea aportada, el juez podrá estimar que las indicaciones o manifestaciones enjuiciadas son inexactas o falsas.
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