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Timestamp: 2019-02-16 20:29:57
Document Index: 238949199

Matched Legal Cases: ['artículo 120', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13']

DECRETO 1743 DE 1966 ( Julio 9) Diario oficial No , de 26 de julio de PDF
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Eugenia Alarcón Botella
1 DECRETO 1743 DE 1966 ( Julio 9) Diario oficial No , de 26 de julio de 1966 <NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia completo> MINISTERIO DE TRABAJO Por el cual se reglamenta la Ley 4a. de 1966 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en uso de las facultades que le confiere el numeral 3o. del artículo 120 de la Constitución Nacional, y en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 1o. de la Ley 4a. de 1966, DECRETA: ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado por el artículo 6 del Decreto 3126 de 1966> ARTÍCULO 2o. Todos los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión, aportarán como cuota de afiliación la tercera parte del primer sueldo o salario y la misma proporción de todo aumento e éstos. Por concepto de cuotas periódicas, el aporte es del cinco por ciento (5%) del valor del salario correspondiente a cada mes. Estos aportes se causan a partir del veintitrés (23) de abril de mil novecientos sesenta y seis (1966). Cuando un afiliado a la Caja Nacional de Previsión permanezca separado del servicio público por un lapso superior a tres (3) meses, está obligado a pagar nueva cuota de afiliación. <Inciso NULO>
2 PARÁGRAFO. Los pensionados seguirán cotizando el cinco por ciento (5%) del valor de la pensión que reciban en cada mes y demás, por una sola vez, aportarán una tercera parte del valor del reajuste o aumento de la pensión. ARTÍCULO 3o. La cuota patronal que deberán pagar a la Caja Nacional de Previsión Social, a partir del primero (1o.) de enero de 1966, los establecimientos públicos, institutos descentralizados, empresas descentralizadas y demás entidades de Derecho Público del orden nacional, con patrimonio propio y cuyos trabajadores sean afiliados forzosos de la Caja Nacional de Previsión Social, es equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de sus respectivos presupuestos de funcionamiento, y deberá cancelarse a dicha entidad dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, sin cuya comprobación la Contraloría General de la República, mediante sus Auditores no refrendará las cuentas sobre gastos de funcionamiento de dichas entidades. Es igualmente obligación de los Notarios y Registradores pagar a la Caja Nacional de Previsión, por concepto de cuota patronal, el cinco por ciento (5%) de sus ingresos mensuales, debidamente certificados por la Superintendencia de Notariado y Registro, sin perjuicio de las cuotas de afiliación y periódicas a cargo de los afiliados pertenecientes a esas entidades, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. PARÁGRAFO. Las prestaciones sociales de los Notarios y Registradores solamente podrán tramitarse cuando se acredite ante la Caja Nacional de Previsión, mediante los respectivos paz y salvos, expedidos por la Tesorería de la misma entidad, el cumplimiento sobre cuota patronal y cuotas laborales suyas y de su personal subalterno. ARTÍCULO 4o. La Comisión IV de la honorable Cámara de Representantes devolverá sin su aprobación, al Gobierno Nacional, el proyecto de ley de Presupuesto de Rentas e Ingresos y Ley de Apropiaciones, cuando no se incluyan en él las partidas que como aportes legales debe dar la Nación a la caja Nacional de Previsión Social. PARÁGRAFO. Cuando por cualquier circunstancia, en alguna vigencia fiscal, no exista presupuesto aprobado por el Congreso, el Ejecutivo
3 en ningún caso dejará de hacer las apropiaciones para pagar a la Caja Nacional de Previsión los aportes legales a que se refiere este artículo. ARTÍCULO 5o. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 2025 de El nuevo texto es el siguiente:> A partir del veintitrés de abril (23) de 1966 inclusive, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o unas entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el setenta y cinco (75%) del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del servicio público. ARTÍCULO 6o. A partir del veintitrés (23) de octubre de 1966, se aumentarán las pensiones de jubilación o de invalidez reconocidas por una o más entidades de Derecho Público con anterioridad a la vigencia de la Ley 4a. del mismo año, por una sola vez y hasta llegar al setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación actual, o sea la correspondiente en veintitrés (23) de abril de 1966, del cargo o cargos que sirvieron de base para su liquidación. Este aumento o reajuste, para efectos de su liquidación y pago solamente operará seis (6) meses después de la vigencia de la citada Ley 4a. de <Inciso 2o. NULO> PARÁGRAFO. Cuando haya desaparecido el cargo o cargos que sirvieron de base para la liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez o se haya cambiado su primitiva denominación, corresponde al Servicio Civil (Departamento Administrativo y Comisión Nacional), determinar sus equivalentes, pero la Caja Nacional de Previsión podrá objetar o rechazar tales clasificaciones dando los fundamentos que tenga para ello, a efecto de que el Servicio Civil las reconsidere o confirme. Para este efecto, se tendrá en cuenta que las funciones sean idénticas y que las calidades exigidas para desempeñar el cargo actual sean las mismas. ARTÍCULO 7o. En ningún caso la pensión de jubilación o de invalidez podrá ser inferior a quinientos pesos ($ ) mensuales moneda legal.
4 ARTÍCULO 8o. A partir del veintitrés de abril de 1966, quedan suspendidos los descuentos por concepto de cesantías ya pagadas, por cuanto desde esa fecha es compatible esta prestación con la pensión jubilatoria, pero los descuentos hechos o causados antes de la vigencia de la Ley 4a. de 1966, no son reembolsables. ARTÍCULO 9o. Los beneficiarios de una pensión de jubilación o de invalidez, oficial o semioficial, tienen derecho a ser considerados en los planes de crédito, préstamos, becas para sus hijos, planes de vivienda en igualdad de condiciones a los trabajadores en actividad. El Instituto de Crédito Territorial determinará anualmente, el cupo de vivienda para estos ex -servidores públicos. ARTÍCULO 10. Los gastos de sepelio de los pensionados a que se refiere le Ley 4a. de 1966, serán sufragados o reembolsados por la respectiva entidad u organismo oficial, hasta por la suma de mil pesos ($ ) moneda legal, de acuerdo con los comprobantes debidamente legalizados. ARTÍCULO 11. Para los efectos de la liquidación y pago de las pensiones de jubilación o invalidez correspondientes a los Embajadores de carácter permanente en el Exterior, se tomará como base las asignaciones señaladas a los Ministros del Despacho. Este reajuste solamente tiene operancia a partir del veintitrés (23) de octubre de mil novecientos sesenta y seis (1966). ARTÍCULO 12. Todos los empleados y obreros de la Nación, tendrán derecho a una Prima de Navidad o bonificación, equivalente a un 81) mes de sueldo, tomando como base el devengado en treinta (30) de noviembre del respectivo año, cuando se haya trabajado hasta esa fecha. En caso contrario, la Prima de Navidad será proporcional al tiempo servido y se tomará como base para su liquidación el sueldo finalmente devengado. El pago correspondiente se hará en la primera quincena del mes de diciembre. PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para que con el objeto de pagar la Prima de Navidad correspondiente al año de 1966, abra en el Presupuesto de tal vigencia los créditos indispensables. Así como para hacer los traslados que sean necesarios para el mismo objeto, sin sujeción a las normas ordinarias y con el único requisito de la
5 expedición del Certificado sobre Disponibilidades expedido por el contralor General de la República. ARTÍCULO 13. Es obligación de la contraloría General de la República vigilar el estricto cumplimiento de la Ley 4a. de 1966 y de este Decreto. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Dado en Bogotá, D.E., a 9 de julio de GUILLERMO LEÓN VALENCIA El Ministro de Hacienda y Crédito Público, JOAQUÍN VALLEJO ARBELÁEZ El Ministro del Trabajo, CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA