Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl7910-2014-de-junio-18-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fdd88b8729af03c8e0430a01015103c8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 02:50:18
Document Index: 138226521

Matched Legal Cases: ['artículo 194', 'artículo 195', 'artículo 24', 'artículo 467', 'artículo 18', 'artículo 98']

﻿ Sentencia 43110 de junio 18 de 2014
CONTENIDO:NO SEÑALAR EN CASACIÓN LAS NORMAS QUE RECONOCEN VALIDEZ A LOS ACUERDOS CONVENCIONALES ES UN ERROR INSUBSANABLE DE OFICIO. SE REITERÓ QUE EN LA DEMANDA DE CASACIÓN EN LA QUE SE DISCUTA UN DERECHO DE ORIGEN CONVENCIONAL SE DEBE SEÑALAR COMO VIOLADOS LOS ARTÍCULOS 467 Y 476 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, PUES SON LAS NORMAS QUE RECONOCEN LA VALIDEZ A ESTE TIPO DE ACUERDOS CONVENCIONALES. ASÍ, OMITIR INCLUIRLAS ES UN ERROR NO SUBSANABLE DE MANERA OFICIOSA, ESTA TESIS HA SIDO REITERADA EN DECISIONES RECIENTES DE LA CORPORACIÓN JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, CONVENCIÓN COLECTIVA, NORMAS CONVENCIONALES
Sentencia 43110 de junio 18 de 2014
Pretenden las recurrentes que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque la proferida por el a quo, y en su lugar se condene a la demandada a las pretensiones incoadas en su contra.
Con tal propósito formuló un solo cargo, por la causal primera de casación, que no mereció réplica por la parte demandada.
Textualmente reza que “La sentencia es violatoria de la ley sustancial del orden nacional, por la vía indirecta, como consecuencia de manifiestos errores de hecho en que incurrió el ad quem debido a la apreciación errónea y a la falta de apreciación de documentos auténticos y a la falta de apreciación de la confesión ficta o presunta de la demandada, lo cual lo llevó a la aplicación indebida [de] los artículos 53 de la C.P. y 21 del CST, en relación con los artículos 60, 61 y 145 del CPTSS, y 210 del C. de P.C. (según doctrina de esa Sala, en los cargos por la vía indirecta, la falta de aplicación se asimila a la aplicación indebida)”.
Señaló como errores de hecho en que incurrió el tribunal, los siguientes:
1. No dar por demostrado, estándolo, que la CLÁUSULA QUINTA, de las convenciones que obran a folios 337 a 356 y 328 a 332, contienen estipulaciones relacionadas con los cambios de horario, pero también con la jornada máxima aplicable en la entidad demanda.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que las demandantes solicitan el pago de horas extras.
3. No dar por demostrado, estándolo, que lo pactado, respecto de la jornada máximo legal, en las convenciones citadas en el primer error, obligaba a la empleadora a tomarlo en cuenta para liquidar los recargos por trabajo en jornada nocturna dominical o festiva.
4. No dar por demostrado, estándolo que la demandada, liquida y paga los recargos por trabajo en jornada nocturna, dominical y festiva, por un valor inferior al que tienen derecho conforme a las convenciones colectivas suscritas para los años 1993 y 1994 y 1996 y 1997.
5. No dar por demostrado, estándolo, que el pago inferior a las demandantes se produce porque la demandada para establecer el valor de una hora de trabajo, no tuvo en cuenta que la jornada máxima legal establecida en su entidad era de 196 al mes para los años 1993 a 1995, y de 162 horas mensuales para los años subsiguientes, cifras que debió aplicar para dicho fin en su lugar de dividir por 240.
6. No dar por demostrado, estándolo, que al liquidar los recargos por trabajo en jornada nocturna, dominical o festiva, en la forma indicada en el error anterior, pagó los demás factores salariales citados en las pretensiones de la demanda por un valor inferior al que tenían derecho las demandantes.
7. No dar por demostrado, estándolo, que las demandantes eran trabajadoras particulares, dada su vinculación a una entidad particular.
8. No dar por demostrado estándolo, que en su condición de trabajadoras particulares eran beneficiarias de la convención colectiva de trabajo suscrita y vigente en la entidad demandada.
Acusó como pruebas erróneamente apreciadas las convenciones colectivas vigentes para 1993-1994 (fls. 337 a 356), y para 1996-1997 (fls. 328 a 332), y como pruebas no apreciadas,
— [El] certificado de la DIAN donde consta el NIT otorgado a la demandada como contribuyente (fls. 129).
— [El] Diario oficial donde se publicó el reconocimiento de personería jurídica a la demandada (fl. 269).
— [La] Resolución 10661 aprobatoria de los estatutos del hospital demandado (fl. 270).
— [Los] estatutos del hospital demandado (fls. 271 a 284).
— [La] constancia expedida por la gobernación la Secretaría de Salud Departamental de Boyacá indicando que la entidad demandada no se ha liquidado (fl. 285).
— [las] resoluciones de vinculación de las demandantes (fls. 24 a 32).
— [Los] certificados de tiempos de servicios de las demandantes (fls. 134 a 142).
— [La] certificación de afiliación al sindicato de las demandantes (fl. 846).
— [La] certificación sobre trabajadores a quienes se les efectúa descuento para los años 1993 a 2000 y 2001 (fls. 133 y 664).
— [Las] planillas de los salarios devengados durante los años 1993 a 2000 (fls. 152 a 224).
— [Los] intereses a las cesantías acumulados de 1993 a 1999 (fls. 225 a 258).
— [Los] cuadros de horarios de trabajo de las actoras entre enero de 1994 a noviembre de 2001 (fls. 466 a 488 y 498 a 663).
— [El] anexo 1 convenciones usadas en los cuadros de horarios de las actoras, horas trabajadas, valor de los dominicales y nocturnos (fl. 465).
— [La] confesión ficta o presunta en que incurrió la demandada por no acudir al interrogatorio de parte (fls. 88 y 89).
Sobre el primero de los errores señalados, indicó que el contenido de la cláusula 5 de las convenciones colectivas de trabajo, permite concluir, a diferencia de lo estimado por el ad quem, que dicha norma solo se refiere a la posibilidad de pactar un cambio de horario de trabajo; que en ella se hace referencia a la duración máxima de la jornada laboral vigente en la empresa, la cual para la primera convención de trabajo se determinó que no pasará de 48 horas a la semana y de 192 horas al mes, y en el segundo acuerdo colectivo sería máximo de 44 horas semanales para 176 horas mensuales, jornada que aplica la demandada, según se puede constatar en los cuadros de horario, folios 465 a 488 y 498 a 663 no apreciados, de manera que la norma convencional debió interpretarse teniendo en cuenta el principio de la realidad.
Sobre el segundo de los errores, señaló que el ad quem se equivocó al estimar que en la demanda se pidió el reconocimiento de horas extras, cuando en realidad se solicitó la reliquidación de unos emolumentos salariales y prestacionales.
Referente al tercer error endilgado, precisó que al señalar la cláusula convencional una jornada máxima legal semanal y mensual, ello obligaba a la demandada a tomar ese número de horas mensuales laborables para establecer el valor de la hora de trabajo en un mes, y a partir del costo de esta, liquidar los recargos; sin embargo, por la errada interpretación que hizo el juez colegiado de la norma respectiva del acuerdo convencional, esto no fue posible.
Respecto a los errores cuarto, quinto y sexto, informó que fueron producto de la misma equivocación del tribunal al interpretar la cláusula convencional sobre la jornada de trabajo, y por eso entendió que lo que se reclamaba era el pago de horas extras, lo que conllevó no solo a liquidar erradamente los tiempos laborados por las demandantes dominicales, feriados y horas nocturnas, sino además, las prestaciones legales y convencionales que se derivan de la inclusión de los citados factores salariales en la base de cálculo.
En lo tocante a los errores séptimo y octavo, acusó la sentencia de segundo grado por no referirse a la calidad de trabajadores particulares de las demandantes, y de beneficiarias de las convenciones colectivas de trabajo, conclusiones a las que habría llegado si hubiese apreciado en conjunto las pruebas documentales a que se hizo referencia como no valoradas, las que permiten establecer el carácter particular de la entidad demandada, y la no liquidación de la misma, siendo incuestionable su condición de empleadora de las demandantes.
Insistió en que también obra en el proceso constancia de que el representante legal de la demandada no acudió a responder el interrogatorio de parte que se le formularía, y que el apoderado de las demandantes adjuntó por escrito, circunstancia que de haber sido apreciada le hubiera permitido al ad quem, a través de la confesión ficta o presunta, confirmar cada una de las conclusiones expresadas en la demostración del cargo formulado, y con ello revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de la demanda.
1) La cláusula número 5, de las convenciones citadas, contienen por una parte la posibilidad de acordar modificaciones de horarios y contiene por otra la determinación explícita de que la jornada máxima aplicable en la entidad es la que allí se indica.
2) La demanda no hace referencia a pretensiones sobre horas extras.
3) La demanda busca que se re-liquiden los conceptos salariales mencionados en las pretensiones, partiendo de la base de que se liquidaron por un valor inferior al que tenían derecho debido a que la demandada al liquidar los recargos por trabajo en jornadas nocturnas, dominicales y festivas, dividió el salario por 240 horas, en lugar de dividirlo por 192 y 176, conforme a la jornada máxima establecida en las convenciones (…) y al hacer la división de esa forma de pago [arrojó] un valor inferior al que convencionalmente correspondía, circunstancia que a su vez hizo que se pagara menos por los demás conceptos salariales mencionados en las pretensiones de la demanda.
En segundo lugar, debe concluirse que al apreciar erróneamente tanto las convenciones citadas como el texto de la demanda, se dejaron de apreciar una serie de documentos relacionados con la naturaleza particular de la entidad demandada, la condición de empleadora de las demandantes para las épocas señaladas en la demanda, quienes a su vez tienen la calidad de trabajadores particulares y son beneficiarias de la convención colectiva de trabajo dado su carácter de afiliadas y aportantes al sindicato, lo cual ameritaba el reconocimiento de las pretensiones reclamadas en la demanda (resaltado en el texto original).
Conforme al artículo 194 de la Ley 100 de 1993, la prestación de los servicios de salud en forma directa por la Nación o por sus entidades territoriales, se hará principalmente a través de empresas sociales del Estado, ESE, las que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada. De acuerdo con el artículo 195 numeral 5º de la misma ley, las personas vinculadas a dichas entidades tendrán el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del capítulo IV de la Ley 10 de 1990. Dicho aparte de esta última ley señala en lo que interesa al recurso extraordinario, que en las entidades descentralizadas de orden territorial, son trabajadores oficiales aquellas personas que desempeñen cargos no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales en las mismas instituciones de salud, mientras que los demás son empleados públicos, unos de libre nombramiento y remoción y otros de carrera.
En el caso particular del Hospital Regional de Garagoa, es decir del Hospital Regional “San Antonio de Padua” de Garagoa, si bien se fundó a finales del siglo XIX, y en su devenir fue una entidad sin ánimo de lucro, luego un establecimiento público del orden departamental, cuyo personal tenía la naturaleza de empleados públicos, mediante la Ordenanza departamental de Boyacá Nº 026 del 17 de agosto de 1999 [fls. 102 a 127], se le redefinió su naturaleza jurídica otorgándole la condición de empresa social del Estado, dotada de personería jurídica, descentralizada, de categoría especial del orden departamental, sometida al régimen jurídico de los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que en su artículo 24 expresa que sus funcionarios son por regla general empleados públicos y por excepción trabajadores oficiales, en los términos del capítulo IV de la Ley 10 de 1990, precisando que serán trabajadores oficiales “quienes desempeñen cargo no directivos destinados al mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales”.
En el escrito introductorio de este proceso, las accionantes manifestaron que desempeñaban el cargo de auxiliar de enfermería en la entidad accionada [hecho 2], lo que se corrobora en cada uno de los actos de nombramiento, posesión, y certificaciones de trabajo expedidas por la llamada a juicio [fls. 24 a 32, 134 a 142, y 143 a 151], cargo este que no tiene relación alguna con actividades de mantenimiento de la planta física hospitalaria o de servicios generales, por lo que las recurrentes ostentan la calidad de empleadas públicas.
En este orden de ideas, y dada su categoría de empleadas públicas, las demandantes no podían estar cobijadas legalmente por convenciones colectivas de trabajo celebradas por la accionada con o para sus trabajadores oficiales. En efecto, las prerrogativas laborales derivadas de acuerdos colectivos de trabajo cuyos beneficiarios sean trabajadores oficiales, no se pueden hacer extensivas al personal de empleados públicos de las empresas sociales del Estado, dada las limitaciones que el derecho colectivo del trabajo ha impuesto; y además, porque desde el punto de vista constitucional, el Congreso es el que tiene la facultad de regular el sistema salarial y prestacional de los empleados públicos de cualquier orden, estando proscrito sobre este aspecto cualquier régimen que adopten las autoridades territoriales (art. 150-19-e de la Constitución Política). En este mismo sentido se pronunció la Sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, Rad. 35399:
Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los ‘contratos de trabajo’; se colige que los empleados públicos de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o re liquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litas en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.