Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-032-03.htm
Timestamp: 2018-12-10 09:31:45
Document Index: 319715403

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 29', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 89', 'artículo 88', 'artículo 29', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 45', 'artículo 56']

C-032-03
Cuando obre prueba de que el ofendido ha promovido independientemente la acción civil, el funcionario se abstendrá condenar al pago de perjuicios. En caso de hacerlo, será ineficaz la condena impuesta”.
Los actores consideran que la expresión acusada viola los artículos 29 y 88 de la Constitución. Según su parecer, las acciones populares, conforme a la regulación constitucional, a la Ley 472 de 1998 que las desarrolla, y tal y como lo han señalado las sentencias T-528 de 1992 y SU-067 de 1993, no tiene una finalidad indemnizatoria sino preventiva, pues busca evitar el daño o cesar el peligro que amenaza un derecho o interés colectivo. Por consiguiente, argumentan los demandantes, no es posible que la ley establezca que el juez penal deberá condenar en perjuicios cuando prospere una acción popular, pues ésta no tiene vocación indemnizatoria o reparadora sino preventiva. Esto significa, según los actores, que si prospera la acción popular “los perjuicios no se han causado y por lo tanto es improcedente condenar a una persona por un daño inexistente”. Y por ello concluyen que la expresión demandada viola el artículo 88 de la Carta, pues desnaturaliza las acciones populares, así como el artículo 29 superior, pues permite una condena en perjuicios frente a un daño que no se ha ocasionado.
El ciudadano comienza por analizar el alcance de las acciones popular y de grupo previstas en el artículo 88 de la Carta y concluye que la acción popular es en principio de “competencia extrapenal”, no obstante lo cual, la Corte, en la sentencia T-536 de 1994, admitió en un proceso penal la constitución de una parte civil popular. Posteriormente el interviniente resalta que el artículo 89 superior permite que la ley señale otras acciones para la protección de derechos colectivos o de grupo. Igualmente el ciudadano estudia la regulación que el estatuto procesal penal trae sobre parte civil y destaca que ese código distingue entre acción civil individual y popular, y concluye que el aparte acusado no viola el artículo 88 de la Carta, ya que representa un desarrollo del artículo 89 de la misma, en la medida en que el Legislador estableció una acción civil popular indemnizatoria, que es distinta de la acción popular preventiva, prevista por el artículo 88 constitucional. Y esto, según su parecer, es suficiente para concluir que tampoco existe vulneración del artículo 29 de la Carta pues se entiende que “en la producción de las consecuencias procesales en el Proceso Penal, se estará a las resultas probatorias sobre el daño y el monto de los perjuicios.”
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en concepto No 2988, recibido el 30 de agosto de 2002, solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del aparte acusado. Según su parecer, es necesario diferenciar entre las acciones populares y de grupo, reguladas por la Ley 472 de 1998, y el actor popular que se constituye como parte civil, que es la figura establecida en el inciso demandado. La Vista Fiscal considera entonces que si bien la acción popular prevista por el inciso primero del artículo 88 superior, y desarrollada por la Ley 472 de 1998 es preventiva, y no es idónea para obtener un resarcimiento, lo cierto es que esa disposición constitucional atribuyó a la ley la facultad de regular las acciones destinadas a proteger intereses colectivos. Por consiguiente, según su parecer, la Ley 472 de 1998 no agotó el ámbito de esas acciones populares para la protección de intereses colectivos. En esas circunstancias, agrega el Procurador, teniendo en cuenta que el Código Penal prevé tipos penales que vulneran intereses colectivos, como la salud pública, se justifica “el establecimiento de la acción popular como parte civil en el proceso penal, para que la comunidad afectada pueda obtener el restablecimiento del derecho o su reparación”.Y por ello, explica la Vista Fiscal, el estatuto procesal reconoce dos tipos de acción civil: la individual y la colectiva, ésta última cuando el hecho punible afecte bienes jurídicos colectivos susceptibles de resarcimiento pecuniario, pudiendo esta acción ser interpuesta por el Ministerio Público o por el actor popular. Concluye entonces la Vista Fiscal:
“Desde la óptica constitucional existen mecanismos de protección de intereses colectivos que no pueden mirarse de forma restrictiva, teniendo en cuenta que los intereses colectivos en materia penal deben ser analizados siempre con relación al bien jurídico protegido en cada uno de los tipos penales, a su titular y a la materialización de los perjuicios que ha sufrido el perjudicado.
De lo anterior, se colige que el pronunciamiento por parte del juez penal en la sentencia condenatoria sobre los perjuicios ocasionados con el hecho punible, no solamente se ajusta al artículo 88 de la Carta Política, sino que desarrolla cabalmente uno de los principios fundantes del Estado social Derecho, cual es la prevalencia del interés general.”
Finalmente, hay que observar que estas acciones tienen una estructura especial que la diferencia de los demás procesos litigiosos, en cuanto no son en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos, sino que se trata de un mecanismo de protección de los derechos colectivos prexistentes radicados para efectos del reclamo judicial en cabeza de quien actúa a nombre de la sociedad, pero que igualmente están en cada uno de los miembros que forman la parte demandante de la acción judicial”.
5. Los demandantes aciertan entonces en señalar que la acción popular prevista por el artículo 88 de la carta tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria, a diferencia de la acción de grupo, que tiene, ella sí, una vocación indemnizatoria, pues pretende la reparación de un daño consumado. Por ello esta Corte ha señalado que “la diferencia sustancial entre la acción popular y la de grupo es que la primera pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, mientras que la segunda persigue la reparación de un perjuicio por un daño común ocasionado a un número plural de personas.[2]”
6. Para entender la referencia del inciso acusado a la acción popular, es necesario no analizar ese aparte aisladamente. Ahora bien, ese inciso hace parte del artículo 56 del C de PP, que regula la liquidación de los perjuicios en la sentencia condenatoria en los procesos penales. El primer inciso de ese artículo 56 ordena entonces que si en el proceso ha sido demostrada la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el juez deberá liquidarlos de acuerdo a lo acreditado, y en la sentencia condenará al responsable. Por su parte el segundo inciso, que es el acusado, precisa que si ha sido intentada la acción popular y ésta prospera, entonces el juez en la sentencia condenatoria deberá señalar el monto de los perjuicios colectivos ocasionados por la conducta punible. A su vez el artículo 45 de ese mismo estatuto, establece que la acción civil puede ejercerse en el proceso penal y puede ser “individual o popular” y busca “el resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible”.
“No se requiere de una regulación expresa de la ley, diferente a la contenida en el art. 88 de la Constitución Política y en las normas del Código de Procedimiento Penal que se han mencionado, para legitimar una acción popular tendiente a obtener el pago de los perjuicios presuntamente sufridos por los usuarios del servicio de energía eléctrica, con ocasión de los hechos ilícitos a que alude Fundepúblico. En efecto, la acción popular en este caso se ha instaurado con fines resarcitorios y en beneficio de los referidos usuarios, como lo autoriza la ley procesal. Por lo tanto, aquélla se identifica, en principio, como una acción de grupo o de clase[3]”.
Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo acusado del artículo 56 de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal, que literalmente dice: “Cuando se haya intentado la acción popular y ésta prospere, el juez en la sentencia condenatoria deberá señalar el monto de los perjuicios colectivos ocasionados por la conducta punible.”