Source: https://blog.ernestocedeno.com/2017/02/
Timestamp: 2020-06-03 16:03:16
Document Index: 9067864

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 37', 'Artículo 159', 'artículo 161', 'artículo 163']

febrero 2017 – Ernesto Cedeño Alvarado
Archive en febrero 2017
A la víctima se le restringe de la oportunidad de oponerse al Acuerdo que haga el Ministerio Público con el imputado.
No puede celebrarse sino después de la imputación de cargos.
Los jueces deberán aprobar los acuerdos que haga el Ministerio Público con el imputado, salvo que graviten solo pequeñas excepciones.
Podría debilitar la certeza del castigo en una causa.
Los beneficios de la colaboración eficaz en Panamá, deberán ponderarse en un futuro cercano, en base a resultados tangibles, que fortalezcan nuestro estado de derecho.
Perú en su envidiable lucha contra la corrupción
Perú: Pedro Pablo Kuczynski anunció un plan de cinco puntos para “vencer a la corrupción y a los corruptos.
Panamá: Juan Carlos Varela hasta el momento no ha anunciado un plan nacional sobre el tema.
Perú: Se promueve el proyecto de ley de Muerte Civil para los corruptos, para impedir que los sentenciados por casos de corrupción, puedan volver a trabajar en el Estado.
Panamá: El concepto antes descrito, no se ha conjugado, ni se vislumbra su aprobación.
Perú: Pedro Pablo Kuczynski dijo que convocaría al Consejo de Estado, compuesto por presidentes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para diseñar un plan conjunto contra la corrupción.
Panamá: Juan Carlos Varela no ha hecho convocatoria conocida sobre el tema.
Perú: Pedro Pablo Kuczynski anuncio la creación de la Comisión Presidencial de Integridad, que reportará directamente ante él, y tendrá que proponer en un plazo de un mes y medio un conjunto de medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción.
Panamá: Juan Carlos Varela no ha tenido a bien hacer algún tipo de convocatoria, referente al tema anticorrupción.
A mi juicio, todos los países deberían adoptar medidas contra la Corrupción.
Sugerencias sobre el tema en Panamá:
Una certera fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos. Iniciando con auditorias de oficio, de todos los contratos del Grupo Odebrecht que hizo con el gobierno nacional y auditorias de las llamadas partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior. Se administraron B/ 403, 496,332.00.
Permitir que la sociedad, en mejor medida, participe en calidad
propositiva en las políticas de Estado.
Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares, a promoverlos.
Hacer que la ley electoral permita a la ciudadanía conocer quiénes son los donantes privados, en las campañas electorales y se establezca un tope en las mismas.
La inconstitucionalidad del Proyecto de Ley 245
Se aprobó el tercer debate, el Proyecto de Ley 245 que posibilita, entre otras cosas, la figura del acuerdo de penas y la delación premiada.
A mi juicio, algunos párrafos tienen visos de inconstitucionalidad.
Artículo 24. El Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de penas o colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria, relacionados con: 1. La aceptación del imputado de los hechos de la resolución de indagatoria, o parte de ellos, así como la pena a imponer. 2. La colaboración eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar que continúe su ejecución o que se realicen otros delitos, o el aporte de información esencial para descubrir a sus autores o partícipes.
Realizado el acuerdo, el fiscal deberá presentarlo ante el juez de la causa mediante acto de audiencia oral, quien únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o venalidad.
Aprobado el acuerdo, en el caso del numeral 1, el juez de la causa procederá a dictar sentencia, y de ser condenado el imputado se impondrá la pena que no podrá ser mayor de la acordada ni podrá ser inferior a una tercera parte de la que le correspondería por el delito. En el caso del numeral 2, según las circunstancias, se podrá acordar una rebaja de la pena o se mantendrá en suspenso la solicitud de apertura a causa criminal hasta que se concreten las condiciones del acuerdo, decretándose la ruptura de la unidad procesal, respecto al colaborador eficaz. En este último supuesto se procederá al archivo de la causa por parte del tribunal competente.
No obstante lo anterior, si el imputado debe comparecer como testigo principal de cargo, la apertura a causa criminal quedará en suspenso hasta que cumpla con su compromiso de rendir testimonio. Si el imputado cumple con lo acordado, se procederá a la suspensión de la apertura a causa criminal; en caso contrario, se procederá a verificar lo relativo a su acusación.
Esta norma aplicará solamente para aquellos procesos que se sigan por hechos delictivos cometidos antes del 2 de septiembre de 2016.
Lo subrayado es inconstitucional.
La normativa en cita, flagela directamente por comisión el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en rango constitucional, por el Bloque de la Constitucionalidad, debido a que la víctima del delito, no se le oye en el acuerdo que posibilita el archivo de la causa, al actor de una acción típica, anti jurídica y culpable en su contra. La víctima no es oída en este acuerdo. Lo atacado debilita la certeza del castigo en una causa, además.
Adicional, se vulnera la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 37.
Note la diferencia, en un análisis sistemático de interpretación de la norma. En el numeral 2 ut supra, el acusado que coopera, puede aspirar a que se le mitigue su pena. Es decir, tiene que ser condenado, pero con una pena baja.
No obstante, en el numeral 3, la inmunidad judicial del proceso es para la persona que coopera, pero no ha sido acusada. No se puede interpretar el numeral 3 Ibídem, ignorando lo que dice el 2, como lo hace el Proyecto de Ley 245.
O sea, en nuestro caso, el Proyecto de Ley 245, le da una inmunidad judicial al acusado de un delito, cuando no debía hacerlo.
El reto del Contralor
La Contraloría General de la República, por definición, es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión principal es la fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos.
Hay situaciones en el país hoy, que necesita del trabajo de este ente, para contribuir con la paz social en el país y el esclarecimiento de varios casos; por lo tanto, urge:
Las auditorias de oficio, de todos los contratos del Grupo Odebrecht que hizo con el gobierno nacional.
Las auditorias de oficio, de la situación patrimonial de todos aquellos funcionarios y exfuncionarios que ejecutaron y/o firmaron, contratos con el Grupo Odebrecht, en nombre del estado panameño.
Las auditorias de las llamadas partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior. Se administraron B/ 403, 496,332.00.
Las auditorias que requiere tano el Ministerio Público como la Fiscalía General Electoral para acelerar sus casos.
No es ocioso afirmar que, en sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la administración pública, son las que hace la Contraloría.
Los Diputados y sus privilegios
Utilizan el logo de la Asamblea para asuntos personales y no les pasa nada. El funcionario de Sinaproc en Colón hizo lo propio y lo destituyeron.
Todos los diputados tienen la posibilidad de apoyar a las personas como antes se hacía con las llamadas partidas circuitales, a través de Donativos y Subsidios.
Cada miembro de la Asamblea Nacional tiene acceso a nombrar personal por contratos, hasta por 30 mil dólares mensuales.
Nadie los investiga hoy, por supuestos delitos electorales.
El Contralor General no audita las partidas circuitales que administraron los señores diputados en el quinquenio anterior. Se administraron B/ 403, 496,332.00.
Algunos diputados no asisten a sus sesiones, pero no se les descuenta el sueldo por eso.
Los Acuerdos en el Proyecto de Ley 245
Los Acuerdos dentro del proceso penal, están consagrados en el código procesal penal y son funcionales. En otros países han funcionado también.
No obstante, en el Proyecto de Ley 245, se posibilita la corrupción premiada, por lo que debe modificarse para ser viable.
Mi criterio es que la figura del Acuerdo es procedente, en el proyecto de ley de marras, pero debe adecuarse con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
O sea, al acusado de corrupción, que colabore efectivamente en un proceso, se le puede mitigar la pena, pero que no se le exonere de cargos.
No obstante, en el numeral 3, la inmunidad judicial del proceso es para la persona que coopera, pero no ha sido acusada. No se puede interpretar el numeral 3 Ibídem, ignorando lo que dice el 2.
La extradición del expresidente Ricardo Martinelli
Por lo antes expuesto, si el expresidente Martinelli es extraditado “mañana” por el caso de los pinchazos, no podría ser procesado por las otras 8 causas que tiene en su contra.
Para cada causa, a lo legal, se le debe imprimir el trámite correspondiente de extradición, si corresponde; de allí lo ágil que debe ser la Corte en ventilar los casos contra los diputados, sobre todo si alguno está ausente el país.
El clientelismo de los Diputados
El clientelismo de los Diputados, que no es nada más que un proselitismo político descarado con los fondos públicos, sigue sin parar en la presente administración, conforme se desprende de la respuesta que me ha dado el Ministro de Economía y Finanzas, en Nota del 30 de enero de 2017.
Según los datos oficiales del MEF, los montos en balboas en concepto de pagos en Donativos a personas y Subsidios que otorga la Asamblea Nacional van creciendo, conforme nos acercamos al periodo electoral del 2019.
Cifras reales pagadas.
2014= 37,696.00
2015= 3, 908,810.
2016= 8, 475,912.
Esto hay que pararlo de inmediato, debido a que la función principal de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).
Dentro de la demanda de inconstitucionalidad que interpuse contra el Decreto N° 441-2016-DMySC de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República, por el cual se aprueba el documento titulado “Requisitos y Controles para otorgar Apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (Donativos y Subsidios)”, publicada en la Gaceta Oficial N° 28151-A de 25 de octubre de 2016, la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÖN, con la Vista N° 36 opina que es inconstitucional lo demandado por el suscrito.
La Procuradora dice:
“La naturaleza jurídica de dicho Órgano del Estado panameño (Asamblea Nacional), según se extrae del contenido y estudio de las normas constitucionales relativas a su existencia, revelan que no está destinada a tal actividad, sino más bien hacia la labor legislativa (expedir leyes judiciales); judicial, cuando le corresponda juzgar al Presidente de la República o a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y administrativa (artículo 161). Más aún, le está vedado inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de otros Órganos del Estado (numeral 2 del artículo 163 de la Constitución Política).