Source: https://es.scribd.com/doc/62041044/CONFLICTO-Y-MEDIACION-ENTRE-LAS-COMUNIDADES-INDIGENAS
Timestamp: 2018-06-18 10:02:00
Document Index: 40125905

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 260', 'artículo 119', 'artículo 258', 'artículo 2', 'artículo 119', 'artículo 50', 'artículo 119', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 127', 'artículo 126', 'artículo 128', 'artículo 260', 'artículo 266', 'artículo 128', 'artículo 37', 'artículo 42', 'artículo 376', 'artículo 40', 'artículo 258', 'artículo 40', 'artículo 136', 'artículo 126', 'artículo 111', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 266', 'artículo 335', 'artículo 15', 'artículo 125', 'artículo 171']

De los 26 millones de habitantes del país, un 2,2% de la población nacional es indígena. La Constitución de 1999 reconoció por primera vez el carácter multiétnico y pluricultural del país, incluye un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abrió espacios de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. En el año 2001 entró en vigor la Ley Orgánica de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas; en el 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT ; en el 2005 la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas desarrolló y consolidó ampliamente este marco de derechos. El reconocimiento de la justicia indígena en el contexto constitucional está en perfecta armonía con el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas aprobado por unanimidad en la Subcomisión de Prevención y Protección de las Minorías, Comisión de Derechos Humanos, que en su artículo 33 expresa: “Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas característicos, de conformidad con las normas de derechos humanos Internacionalmente reconocidas”. De la lectura del precepto constitucional comentado queda claro que en los casos de conflictos internos menos graves que produzcan un daño social leve, es decir, en hechos criminosos como lesiones, hurtos, etc., ocurridos en un hábitat determinado y donde intervengan miembros de un mismo grupo étnico, no existiría ninguna dificultad en la aplicación del derecho indígena, pues la competencia territorial estaría determinada por el espacio territorial del pueblo o comunidad indígena donde se ocurra el hecho, una vez
que hayan sido demarcados por la ley especial. en los cuales estén involucrados indígenas (integrados o no) y ciudadanos no indígenas. sino también el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. Tal elemento ha sido reconocido expresamente como un derecho colectivo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. y así lo ha entendido la doctrina. capaz además de dirimir conflictos reales. robos a mano armada. Por su parte. asentamiento. tal como lo ordena el referido artículo 260 constitucional. Por otra parte. en sentencia del 20 de diciembre de 2000: En cuanto a los pueblos indígenas. 3. El espacio territorial.29 el hábitat indígena se define como: “…la totalidad del espacio ocupado y utilizado por los pueblos y comunidades indígenas. en el cual se desarrolla su vida física. promueve el arbitraje. La nueva Carta Magna consagró de manera expresa en el artículo 119 el derecho a la propiedad colectiva de las tierras que ancestral y tradicionalmente han ocupado. recolección. entre los cuales podemos perfectamente incluir el derecho consuetudinario indígena. cultural. la nueva constitución en su artículo 258. caminos tradicionales. los caños y vías fluviales. De allí que urge la necesidad de iniciar y acelerar el proceso de compatibilidad y/o coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. El problema se podría suscitar cuando se presenten hechos graves y complejos (homicidios. pastoreo. violación y otros). que no sólo las agencias estatales de los Poderes Legislativo. hoy conocidos como hábitat. de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas. la conciliación. social. pesca fluvial y marítima. Ejecutivo y Judicial son fuentes legítimas y legales de producción de normas. es necesario reconocer además la existencia de un vínculo . lugares sagrados e históricos y otras necesarias para garantizar y desarrollar sus formas específicas de vida”. la jurisdicción indígena lo constituye el espacio territorial donde se desarrollan culturalmente los pueblos y comunidades indígenas. espiritual. económica y política. que comprende las áreas de cultivo. con el subsiguiente derecho del aprovechamiento de los recursos naturales existentes en los hábitat donde se desarrollan como pueblos y/o comunidades. Todo esto significa. . la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos. persona y del territorio con los tribunales ordinarios. que pudieran originar conflictos de competencia por razón de la materia.
mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas definen. de conformidad con la disposición prevista en el artículo 119 constitucional. usos y costumbres. ejecutan. pues los jueces ordinarios se consideran competentes para conocer de los casos que se suscitan entre indígenas dentro de sus tierras ancestrales. del 08 de junio de 2005.204. El artículo 50 de la Ley dispone: “El Municipio indígena es la organización del régimen de gobierno y administración local. el Estado deba reconocer el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas. aún no exista un acuerdo entre los entes oficiales involucrados en este proceso y los distintos pueblos indígenas para delimitar físicamente tales espacios. lo cual incide negativamente en la aplicación del derecho consuetudinario indígena. la cual pudiéramos llamar “relación procesal”. cultural. bajo el pretexto de no existir tal demarcación. llama la atención que luego de cinco años de la promulgación de esta ley especial. Competencia de la jurisdicción indígena Los problemas y demás conflictos que se susciten dentro del espacio territorial en el cual habitan los indígenas constituyen hechos y situaciones reales concretas. que deberán ser resueltos dentro de un marco procedimental establecido según las costumbres de cada pueblo o comunidad. tomando en cuenta la organización social. así como su contribución al equilibrio ecológico y su interés en la conservación del ambiente. De allí que. El mismo artículo 119 del Texto Fundamental ordena delimitar tales áreas de tierras. mediante un proceso nacional de demarcación a cargo del Ejecutivo Nacional. Se trata de un vínculo que forma parte de la cultura misma de los citados pueblos. controlan y evalúan la gestión pública de acuerdo a los planes previstos en su jurisdicción territorial. idiomas tradicionalmente ocupan. necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. 38. Sin embargo. política y económica. tal como lo prevé el artículo 8 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras antes mencionada.antiguo y esencial entre dichos pueblos y las tierras que tradicionalmente han habitado. con la consulta previa y participación directa de los pueblos y comunidades indígenas. así como sus derechos originarios sobre las tierras que ancestral y 2005] Revista IIDH 103 30 Publicada en Gaceta Oficial No. .
es decir. los crímenes internacionales como son el genocidio. La jurisdicción indígena tiene competencia dentro del ámbito local territorial de cada pueblo o comunidad indígena. por razones de seguridad de Estado. ilícitos aduaneros. desde el punto de vista jurídico. De igual modo. Competencia territorial. la jurisdicción indígena puede pedir la colaboración a la jurisdicción ordinaria y a la fuerza pública en los casos que considere necesario. dentro del hábitat. delitos cometidos con el concierto o concurrencia de manera organizada de varias personas y. tal como lo manifestaran algunos representantes del pueblo Barí en el Seminario sobre Derecho Consuetudinario Indígena. La Organización municipal de los municipios indígenas será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local”. Competencia Material.Así. la ley especial excluye de esta competencia material. a fin de establecer una administración municipal que garantice la participación protagónica en el marco de su desarrollo socio cultural. previa solicitud de los pueblos y comunidades u organizaciones indígenas. a saber: 1. Por supuesto. cuando las mismas sean entre indígenas que no revistan carácter penal y que no afecten derechos de terceros noindígenas. realizado en mayo de 2005 y organizado por la Universidad del Zulia. usos y costumbres indígenas. civil o penal. independientemente del monto o la gravedad de los hechos que se susciten dentro de su ámbito o espacio territorial. tienen la capacidad de administrar justicia. Respecto de controversias surgidas fuera del ámbito territorial indígena. de acuerdo a su derecho consuetudinario y cuando la misma decida asumir. En este último caso deberá resolverse conforme a las normas. También se prevé la competencia extra-territorial y religiones. y siempre que la jurisdicción indígena decida asumir dichas controversias. las autoridades indígenas tienen la plena facultad de aplicar el derecho consuetudinario dentro de un espacio territorial (competencia): es decir. tráfico ilícito de armas de fuego. que pudiera estar conformado como un municipio o parroquia indígena de acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En este orden de ideas. tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. el artículo 127 del Proyecto LOPCI-2005 considera tres tipos de competencias. a los delitos contra la seguridad e integridad de la Nación. Esto último implica que las autoridades indígenas pueden acordar remitir el asunto a la jurisdicción ordinaria. delitos de corrupción o contra el patrimonio público. La jurisdicción indígena tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos. .
violación y otros). robos a mano armada. serán resueltos por sus propias autoridades conforme a su derecho consuetudinario. toda persona no indígena incorporada por nexos familiares o por cualquier otro vinculo a la comunidad indígena. con hijos totalmente integrados a esa cultura. En principio. El parágrafo único del artículo 126 de LOPCI–2005 establece que “… se entenderá por integrante. persona y del territorio. crímenes de guerra y crímenes de agresión. pero ¿qué sucedería con los no indígenas que se encuentren vinculados por lazos personales a miembros indígenas en ese mismo espacio territorial. También se considera como integrante. En el artículo 128 del proyecto LOPCI–2005 se encuentran previstas las siguientes situaciones: Conflictos entre colectividades indígenas Está claro que los conflictos y controversias que se originen dentro del ámbito territorial de los pueblos y comunidades indígenas. una vez que hayan sido demarcados dichos territorios por ley especial. es decir. siempre que no se violenten los derechos . El problema aparece cuando se presentan hechos graves y complejos (homicidios. Competencia Personal. las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas pueden aplicar el derecho consuetudinario a todos los “integrantes” que se encuentren dentro del hábitat. el mestizo que tiene 20 años conviviendo con una mujer indígena. Proceso de coordinación entre la jurisdicción indígena y la nacional En los procesos de coordinación o compatibilidad de sistemas se han encontrado dos niveles de conflictos de competencia. 3.crímenes de lesa humanidad. compartiendo las costumbres de ese pueblo o comunidad? Por ejemplo. el derecho consuetudinario indígena sólo sería aplicable a las personas indígenas que se encuentren en el respectivo hábitat delimitado. y que pudieran originar conflictos de competencia con la jurisdicción ordinaria por razón de la materia. en los cuales estén involucrados indígenas (integrados o no) y no indígenas. toda persona indígena que forme parte de un pueblo y comunidad indígena. siempre que resida en la misma”. A la luz del artículo 260 constitucional. el Constituyente no hizo distinción entre indígenas y no indígenas.
en los tratados. Igualmente. en este punto conviene revisar las pautas que . De acuerdo a la jurisprudencia colombiana. La fuerza pública está obligada a brindar el apoyo requerido por la jurisdicción indígena para la investigación. de acuerdo a lo pautado en el numeral 7º del artículo 266 del mismo Texto Fundamental. Conflictos fuera de la colectividad indígena En un segundo plano. pactos convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República”. A nuestro juicio. entre los “derechos mínimos aceptables” se encuentran: el derecho a la vida. es decir. los cuales –en principio– son conocidos por las autoridades estatales competentes. La jurisdicción indígena puede establecer relaciones de coordinación y colaboración con la jurisdicción ordinaria cuando lo considere necesario. por tratarse de derechos fundamentales (individuales y colectivos) en juego. nos encontramos los conflictos individuales de los indígenas con los no indígenas ocurridos fuera de su ámbito territorial. Relaciones de coordinación. juzgamiento o ejecución de sus decisiones. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia siempre debería conocer de los conflictos planteados entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. en todo caso. dentro de esta esfera se pueden manejar los siguientes principios: decisiones tomadas por las autoridades indígenas no son revisables por la jurisdicción ordinaria. la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. Las decisiones tomadas por la jurisdicción ordinaria en casos que competan a la jurisdicción indígena son nulas y generan responsabilidad. someterlas a conocimiento de la jurisdicción especial indígena.fundamentales de la persona humana. salvo que atenten contra “… los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios que se manejan en este tipo de Conflictos Conforme al artículo 128 del Proyecto LOPCI–2005. debiendo. debiendo devolverse el caso a la jurisdicción indígena. la jurisdicción ordinaria no tiene competencia para recibir causas referidas a hechos realizados dentro del ámbito territorial del hábitat indígena.
tales como: el principio de oportunidad (artículo 37). el nuevo sistema acusatorio introdujo los mecanismos alternos a la prosecución del proceso que promueven soluciones adecuadas a las necesidades de las partes involucradas en el litigio. la suspensión condicional del proceso (artículo 42) y el procedimiento especial de la admisión de los hechos (artículo 376). con lo cual también se limitará el principio de compensación utilizado por la mayoría de las comunidades indígenas en la resolución de sus conflictos. Juzgamiento de los indígenas en la jurisdicción penal ordinaria El vigente Código Orgánico Procesal Penal (COPP)32. aumentando además la tasa de cumplimiento voluntario. Resultaría interesante incluir una disposición en el código procesal penal que exprese que en los casos de delitos que afecten bienes jurídicos propios de los pueblos y comunidades indígenas o bienes personales de algunos de sus miembros. no dió cabida dentro de sus normas al derecho consuetudinario indígena como mecanismo alterno reconocido constitucionalmente. fiscal. tal como se sugirió en su oportunidad. las partes –imputado . defensor) al momento de juzgar a un indígena. los acuerdos reparatorios (artículo 40). Tampoco previó disposiciones procesales para dirimir los posibles conflictos de competencia que pudieran suscitarse entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción especial indígena. aumentando la tasa de cumplimiento voluntario. En armonía con el artículo 258 constitucional. ni estableció procedimiento alguno de tratamiento especial para indígenas involucrados en hechos punibles. En este sentido. el código penal adjetivo establece mecanismos alternos de resolución de conflictos que permiten reducir los costos administrativos de la justicia y el retardo procesal. promoviendo soluciones adecuadas a las necesidades de las partes involucradas en el proceso. pues se prohibió la celebración de acuerdos reparatorios en los casos de homicidios culposos.debe considerar el operador de la justicia ordinaria (juez. Sin embargo. de acuerdo a los principios constitucionales y normas procesales que rigen para el resto de los ciudadanos no indígenas. la última reforma que sufriera el código procesal penal en noviembre de 2001 constituyó un retroceso.
en principio. Por su parte. en cada caso concreto. tienen el deber de determinar si el sujeto agresor entendía. pero como se encuentran ante un individuo de otra comunidad cultural. y que por su particular cosmovisión. estará determinada por el sistema jurídico nacional. siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados. la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional del Tribunal Supremo de Colombia ha sido ejemplo del reconocimiento del derecho indígena. la sanción. trayendo como consecuencia la declaratoria de la extinción de la acción penal por parte del órgano jurisdiccional competente. enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el carácter perjudicial del hecho. En este orden de ideas. En el primer caso. las autoridades nacionales pueden encontrarse ante un indígena que de manera incidental entró en relación con una persona de otra comunidad. Así expresó: a. en Argentina. en aras de preservar su especial conciencia étnica. Así tenemos: 1. cuando en su cultura y Derecho estos actos sean permitidos. el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural. tal como lo prevé el artículo 40 del Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén. es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. “No se perseguirá penalmente a indígenas por hechos tipificados como delitos. pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República”. al momento de cometer el ilícito. el intérprete . por el contrario. o. el artículo 136 del proyecto LOPCI-2005 prevé tres reglas fundamentales que deben ser consideradas al momento de juzgar a un indígena dentro de un proceso penal ordinario. dictando pautas de coordinación ante los posibles conflictos de competencia en materia penal que pudieran suscitarse entre la jurisdicción indígena y el derecho nacional.y víctima– puedan resolver su conflicto de acuerdo al derecho consuetudinario. la Corte Constitucional insiste en tomar en cuenta tanto el fuero personal como el territorial. en el segundo. para efectos de reconocerle o no. que su conducta era realmente negativa. b. los jueces de la República son los competentes para conocer el caso. el derecho al fuero. Al respecto. no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable. Sin embargo. en principio. En estos casos. Cuando la conducta del indígena sólo es sancionada por el ordenamiento nacional. sin excluir los casos de homicidios dolosos34. En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos.
deberán considerar las condiciones socioeconómicas y culturales de los indígenas y. La autoridad indígena estará representada por la persona (hombre o mujer).). las autoridades indígenas aplican principios generales o normas de control social de acuerdo a su contexto cultural. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT. En este sentido. 2. las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía . a los fines de declarar o no la competencia al fuero especial. Para ejercer la potestad jurisdiccional. En todo caso. de acuerdo al artículo 126 del proyecto LOPCI-2005. la facultad de aplicar justicia a los miembros de su comunidad. La autoridad indígena.deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece. quien deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del autor del hecho y el grado de aislamiento o integración del indígena sometido a proceso. a modo de ejemplo. El artículo 111 del Proyecto de LOPCI-2001 usaba la siguiente definición: “Se considera autoridades indígenas legítimas a las personas. decidir conforme a los principios de justicia y equidad. instancias colectivas o instituciones que cada pueblo o comunidad indígena establece y designa según sus propias reglas y para las funciones que dichos pueblos definen. Las autoridades indígenas tienen competencia para tomar decisiones sobre actos jurídicos y controversias de todo tipo”. es decir. que suponen pruebas y argumentos. grupo o asamblea que designe el pueblo o comunidad indígena conforme a sus usos y costumbres: el Cacique para los Yukpas y Barí. el Pütchipü´ü o “palabrero guajiro” para los Wayuu. el Capitán para los Kariñas y el pueblo Pemon. cuyo fin es dar una respuesta satisfactoria –razonable y definida internamente– a las partes en conflicto o administrados21. 4137. éstos procurarán establecer penas distintas al encarcelamiento que permitan la reinserción del indígena a su medio sociocultural”. con relación a la cultura dominante. tiene varias normas que reconocen 1. “Los jueces al momento de dictar sentencia definitiva o cualquier medida preventiva. Por lo tanto. para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado por sus propias autoridades. conocido hoy en Venezuela como la Ley No. esta emblemática sentencia puede servir de marco de referencia para el operador de justicia en su función de interpretar las situaciones fácticas que se le presentan. de acuerdo a sus miembros y procedimientos.
En el artículo 3 del Proyecto de Ley Indígena de Ecuador se establece que las decisiones tomadas por las autoridades indígenas tienen carácter obligatorio para las partes que intervengan en los procesos (indígenas y no indígenas. En igual sentido. máximo organismo jurisdiccional de la República a quien le compete la interpretación de la Constitución.conciliatoria. basta que sea miembro (a) respetado de un pueblo o comunidad integrado a sus costumbres. en los asuntos sometidos a su competencia y. decidir y ejecutar las decisiones. Todo ello parece muy acertado y digno de incorporar a nuestro proyecto. a través de la autoridad Judicial más cercana a la comunidad realizará el control de las violaciones a los derechos fundamentales y las garantías individuales en la aplicación del derecho consuetudinario”. el diálogo. investigar. garantizador además de la supremacía de los derechos. con el fin de reestablecer el orden social dentro de su comunidad. De similar redacción es el artículo 5 del Proyecto de la Ley sobre Administración de Justicia para Pueblos Indígenas del Perú. se debe resaltar que para asumir las funciones de autoridad indígena no se requiere ser abogado o un especialista indigenista. lengua y con los perfiles de . causando incluso cosa juzgada. la mediación. la compensación y la reparación del daño. de acuerdo a lo pautado en el numeral 7º del artículo 266 del mismo Texto Fundamental. salvo los casos de violación de derechos humanos que serán conocidos por el Tribunal Constitucional. es decir. personas naturales o colectivas). la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos”. el Tribunal Supremo deberá conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. tienen la misma fuerza obligatoria que las adoptadas por los demás órganos judiciales. por estar en plena consonancia con la facultad otorgada en el artículo 335 de la Carta Política a la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. sin poder ser revisadas por otro órgano público. Por último. De igual forma. el artículo 15 del Anteproyecto de Ley de Justicia de los Pueblos Indígenas de Bolivia establece: “El Tribunal Constitucional. teniendo las facultades expresas de “…conocer. garantías y demás principios constitucionales.
El uso del derecho consuetudinario indígena. costumbre jurídica o simplemente derecho indígena para otros. . que les permite regular la vida social y política. resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno”. antropología jurídica. o bien. haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio y. que no es más que el conjunto de normas de tipo tradicional con valor cultural. principios. establecer derechos y deberes.líder natural capaz de solventar con equidad los problemas planteados por los demás miembros. usos y costumbres. autogobernarse. sería conveniente que en las universidades nacionales se promovieran programas sobre derechos humanos. para los efectos de la representación indígena en los órganos legislativos. Indudablemente que también se le debería exigir a este representante una conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural. tal como lo estableció el Constituyente en la Séptima Disposición Transitoria de la actual Constitución. prácticas. Es tan esencial a los mismos que si se destierra se pierde su identidad como pueblo. no escritas ni codificadas. nación o comunidad…”. pluralismo jurídico dirigidos a indígenas y no indígenas. instituciones. Las prácticas sociales más significativas que conforman la cultura de los pueblos indígenas son las costumbres jurídicas propias: “… el derecho consuetudinario es considerado generalmente como una parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo… junto con la lengua. Sin embargo. A diferencia del derecho positivo. mientras que las normas del derecho positivo emanan de una autoridad política constituida y son ejecutadas por órganos del Estado24. que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los miembros de una comunidad para luego ser reconocidas y compartidas por el grupo social. a los fines de fomentar la comunicación intercultural y coadyuvar en la consolidación de los derechos indígenas 2. valores. el derecho (consuetudinario o no) constituyen un elemento básico de la identidad étnica de un pueblo. organizar y garantizar el orden público interno. como es el caso de los pueblos indígenas. El segundo componente esencial de la jurisdicción indígena lo constituye el uso del derecho consuetudinario indígena. el derecho consuetudinario opera sin Estado. El artículo 125 del proyecto LOPCI–2005 define el derecho indígena como: “El Derecho Indígena está constituido por el conjunto de normas. llamado también derecho tradicional.
d) distribución de los recursos naturales (agua.Si hacemos una retrospectiva histórico–cultural. S e podrían enumerar algunos de los asuntos que forman parte del derecho consuetudinario y que podrían ser material de esa competencia. c) definición de los derechos y obligaciones de los miembros. bosques. con la respectiva sanción. f)definición de los hechos que puedan ser considerados como delitos. La ley guajira se respeta y se cumple a cabalidad sin necesidad de existir tribunales ni cárceles. cuyos principios se desarrollan de la siguiente manera: con la producción de un conflicto de tipo criminógeno (pütchi) que cause un daño material a una víctima (asiruu). faltas. entre las cuales tenemos: a)Normas de comportamiento público.). etc. tiene unos dignos representantes de una verdadera justicia de paz: los pütchipü’ü (o “palabreros guajiros”) de los diferentes grupos o clanes. Se trata de la ley wayüu (o Ley Guajira) y su concepción de justicia criminal. mediante una ley de compensación y cuya resolución pacífica se deja generalmente en manos de intermediarios. nace el pago de una indemnización (m a ü n n a a). y que con su sabiduría han contribuido calladamente al restablecimiento del orden y la paz social de dicho pueblo. podemos encontrar que el pueblo Wayuu. b) mantenimiento del orden interno. evitando actos de venganza inmediata. que afecten a los individuos o bien a la comunidad. que son grandes conocedores de sus costumbres y ritos. en ella no existe individualización de la pena y la sanción sólo tiene una repercusión patrimonial. Este pueblo tiene su propio derecho consuetudinario reconocido históricamente y que viene a ser un conjunto de normas de tipo tradicional. no escritas ni codificadas que han sido transmitidas oralmente en el tiempo por los miembros de esta comunidad para luego ser compartidas y aplicadas por el grupo social. tierras. ubicado en la Península Guajira y que constituye el grupo étnico más numeroso del Venezuela. . e) transmisión e intercambio de bienes y servicios.
medios de grabación y demás trámites administrativos Por último. las cuales no requieren de papeles. h) definición de los cargos y las funciones de la autoridad indígena. puesto que se atentaría justamente con el carácter oral. sometido a ciertos cambios por su carácter dinámico. con lo que puede constituir un precedente legislativo para considerar con el mismo carácter a las normas consuetudinarias indígenas en el orden interno venezolano. es importante señalar que en el artículo 171 de la Constitución Política de Bolivia se reconoce el derecho consuetudinario indígena como una fuente formal de su derecho interno. complejo e histórico. . Durand Alcántara clasifica el contenido del derecho indígena en los siguientes asuntos: a) Las que surgen de las relaciones de propiedad. d) las concernientes al acatamiento de las órdenes de las autoridades tradicionales y.g) manejo y control de la forma de solución de los conflictos y. e) las que se relacionan en la experiencia de gobierno indígena. Se trata pues. No se debe pretender el establecimiento de un único procedimiento para resolver los conflictos entre indígenas. Por su parte. y que se mantiene en el tiempo por la práctica reiterada de los miembros de una comunidad28. c) las de tradición oral relativas a la socialización del grupo. de un derecho múltiple. b) las que se refieren al parentesco. dinámico y flexible de las diversas prácticas indígenas. siguiendo a Durand Alcántara.