Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-878-05.htm
Timestamp: 2019-06-24 13:42:31
Document Index: 403158890

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C-878-05
JUSTICIA ARBITRAL-Carácter excepcional
JUSTICIA ARBITRAL-Carácter temporal
CLAUSULA COMPROMISORIA Y COMPROMISO-Diferencias
JUSTICIA ARBITRAL-Amparo de pobreza
CLAUSULA COMPROMISORIA EN MATERIA LABORAL-Deber de constar en convención o pacto colectivo
Para el demandante, la expresión demandada que dice que “la cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, significa que un trabajador no sindicalizado o que no se acoge a un pacto colectivo no puede acudir al arbitramento para solucionar sus conflictos. Es decir, desconoce el derecho a la autonomía de la voluntad, los artículos 4, 13, 38, 39, 53, 93 y 116 de la Carta y los artículos 1 y 4 del Convenio 98 de la OIT. Además, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el trabajador no sindicalizado no puede acudir a la misma. Para la Corte. No sólo no se viola ninguna de las disposiciones constitucionales a las que se refiere el demandante con la restricción acusada, sino que se trata de una intervención legítima del legislador y justificada en la Constitución, con el fin de proteger al trabajador, para que no renuncie a la justicia ordinaria al suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si ésta consta en convención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción de que su inclusión fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por parte del sindicato o de los representantes de los trabajadores, según el caso. Finalmente, no es cierto que al trabajador no sindicalizado o que no lo cobije un pacto colectivo no pueda acceder a la justicia arbitral, pues el propio artículo 51, en la parte no acusada, establece que a través del compromiso, se puede acceder a la justicia en mención.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 51, parcial, de la Ley 712 de 2001 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Juan David Villa Jaramillo demandó parcialmente el artículo 51 de la Ley 712 de 2001 “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
Artículo 51. El artículo 131 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
Artículo 131. Cláusula compromisoria y compromiso. La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia
El demandante señala que la disposición, en lo acusado, desconoce los artículos 4, 13, 38, 39, 53 - incisos 1, 2, 5 y 6-, 93, 116 - incisos 2 y 3, y el 229 de la Constitución. Así mismo, los artículos 1 a 4 del Convenio 98 de la OIT “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ratificado por Colombia mediante la Ley 27 de 1976, que hace parte del ordenamiento jurídico, de acuerdo con los artículos 53 y 93 de la Carta. Manifiesta que se violan también disposiciones legales (art. 130 del Código Procesal del Trabajo y el Decreto 2158 de 1948).
El concepto de violación tratará de resumirse así :
1. Violación del principio fundamental del derecho del trabajo, igualdad de oportunidades contenidos en los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución.
Después de transcribir apartes de las disposiciones constitucionales y el artículo 26 de la Carta, señala que el legislador, en la parte acusada, restringe el derecho del trabajador no sindicalizado de acudir al arbitramento para solucionar sus conflictos. Lo que significa que “un trabajador que no esté beneficiado por una convención colectiva ni por un pacto colectivo no puede acceder al arbitramento simplemente porque una ley de manera tácita se lo impide y debe acudir a la rama judicial para pedir justicia.” (fl. 6)
2. Violación del derecho fundamental a la igualdad, artículo 13 de la Constitución.
El demandante se refiere al concepto de igualdad en la doctrina y la jurisprudencia. Señala que idénticas consecuencias jurídicas deben darse entre iguales. Por consiguiente, el hecho de que un trabajador no se beneficie con una convención o pacto colectivo no es razón suficiente para impedirle el acceso al arbitramento. El hecho de estar sindicalizado no hace a un trabajador diferente del que no lo está, ni más fuerte, ni menos vulnerable. Es decir, la disposición acusada está creando un superprivilegio para sólo un 5% de la población económica laboral que es la que tiene negociación colectiva.
Cita la sentencia C-330 de la Corte. Considera que la norma en lo acusado debió quedar como estaba consagrada anteriormente, en los siguientes términos : “La cláusula compromisoria deberá hacerse constar siempre por escrito, bien en el contrato sindical, en la convención colectiva, o en cualquier otro documento otorgado posteriormente”, es decir, que el trabajador siempre podía solucionar sus controversias por medio de un tribunal de arbitramento.
Si bien la clase trabajadora ha logrado ganar muchas batallas en la búsqueda de condiciones más justas, y la convención colectiva y el pacto colectivo son acuerdos escritos por los cuales han conseguido beneficios y derechos laborales, ello no implica que existan otros trabajadores para quienes no es conveniente beneficiarse de la convención o pacto, puesto que se trata de beneficios adquiridos por convenio directo con el empleador. Es el caso de los gerentes, presidentes, asesores, consultores.
3. Violación al derecho de la libre asociación sindical consagrado en los artículos 38 y 39 de la Carta, entendiendo este derecho también en sentido negativo y el principio de la autonomía de la voluntad.
El artículo 38 garantiza el derecho de libre asociación. Es decir, no se puede obligar a nadie a asociarse. Es la garantía de la autonomía de la voluntad. Sobre la facultad de los trabajadores de fundar sindicatos, afirmó:
“Entonces hay que observar que no se puede obligar al trabajador a pertenecer a un sindicato si este no lo desea y mucho menos ser discriminado por esta decisión. Es por eso que el artículo 51 de la Ley 712 de 2001 contradice los derechos fundamentales del trabajo, cuando limita la autonomía de la voluntad individual lo condiciona al uso del arbitramento, que es una figura actualmente con bastante éxito, siempre y cuando en la convención o en el pacto colectivo se halle pactado la cláusula compromisoria. El legislador al parecer le quiere decir a este trabajador que si entre él y el empleador surge una controversia, la única forma de solucionarla es acudiendo a la rama judicial, mientras que a otro sector del mundo laboral, como por ejemplo los que pertenecen al sindicato de determinada empresa, si pueden escoger entre la justicia ordinaria y el tribunal de arbitramento. Olvida este de nuevo que todos tenemos los mismos derechos de acceder a la justicia.” (fls. 16 y 17)
4. Violación del artículo 93 de la Constitución Política y del artículo 4 del Convenio 98 de la OIT, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Afirma que el artículo 93 de la Carta constituye no sólo una nueva fuente de derechos fundamentales tutelables, sino que establece una jerarquía en el ordenamiento jurídico colombiano, pues, además de incorporar al derecho interno los tratados internaciones de derechos humanos, el artículo 93 les otorga prevalencia en el orden interno, es decir, capacidad para sobreponerse a otras normas, modificándolas o dejándolas sin vigencia. Como el convenio tiene jerarquía superior, prevalece sobre la legislación que se adopte con posterioridad a la ratificación.
El artículo 4 del Convenio 98 contempla el uso de los procedimientos de negociación voluntaria. Sin embargo, la disposición acusada está restringiendo la existencia de la cláusula compromisoria al contrato individual.
5. Violación del principio procesal del libre acceso a la administración de justicia, consagrado en los artículos 2, 13, 116, incisos 2 y 3, y 229 de la Carta.
El artículo 229 de la Constitución consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Para tal efecto, cita la aclaración de voto de la sentencia C-893 de 2001 de la Corte.
Después de aludir a las características de los árbitros, de los conciliadores, de la justicia arbitral, etc., afirma que el arbitramento es una de las instituciones más sólidas establecidas en el derecho. Además, tiene evidentes ventajas prácticas en quienes lo utilizan.
Finalmente, el actor manifiesta que se violan algunas disposiciones legales, a las que no se aludirá porque la competencia de la Corte se ciñe a confrontar la ley con la Constitución y no con otras normas legales de igual jerarquía.
IV. INTERVENCION.
En este proceso intervino la ciudadana Gloria Cecilia Valbuena Torres, en representación del Ministerio de la Protección Social con el fin de oponerse a esta demanda. Las razones de constitucionalidad de la norma acusada se resumen así :
No hay violación del artículo 13 de la Carta, pues, precisamente en su aplicación, las leyes laborales consagraron el derecho de asociación sindical, tanto en sentido positivo como negativo. Lo que implica un trato tanto igual como diferenciado cuando se justifica su aplicación. Por ello, el legislador, en sentido positivo, y en esa medida puede verse en condiciones de debilidad manifiesta el trabajador ante el empleador, ha restringido la posibilidad de pactar una cláusula compromisoria en el contrato individual de trabajo, ya que el trabajador, en especial bajo las circunstancias económicas que se viven, lo que hace es aceptar las condiciones que le propone el empleador. Podría, entonces, el empleador hacer uso de la cláusula compromisoria cuando realmente el trabajador, en caso de conflicto, hubiese preferido acudir a la justicia ordinaria.
Manifiesta que la cláusula compromisoria tiene como finalidad determinar de común acuerdo entre los contratantes que las controversias que surjan de la relación laboral sean dirimidas no ante la justicia ordinaria, sino de los árbitros, sin perjuicio de que posteriormente puedan hacerlo ante la justicia laboral. Además, la misma norma establece la posibilidad de acudir al arbitramento, por medio del compromiso una vez surgido el conflicto.
Por otra parte, el haberse establecido la validez de la cláusula compromisoria sólo cuando conste convención o pacto colectivo de trabajo, lo que hace es reafirmar la importancia dada por el legislador al derecho de libre asociación, no encontrándose la vulneración del mismo, ya que la norma acusada no impone la obligación de ejercer el derecho de asociación.
Concluye diciendo que “no solo a través de la cláusula compromisoria es posible acceder a la justicia arbitral, existe la figura del compromiso que está igualmente consagrada en este mismo artículo, razón por la cual haciendo una interpretación armónica y completa de la norma, se ve como el trabajador no tiene necesariamente que ostentar las calidades de sindicalizado o favorecido con la convención colectiva para acceder a ella, sino que una vez surgida la controversia podrá pactar con el empleador un compromiso y acudir a la justicia arbitral; de manera que si existe la decisión de las partes, tanto trabajador como empleador, el primero sin necesidad de calidad especial alguna tienen la posibilidad de someter sus controversias a la justicia arbitral.” (fl. 41)
El ciudadano Humberto Jairo Jaramillo presentó el 15 de abril de 2005 escrito coadyuvando esta demanda. Sin embargo, como el término de fijación en lista venció el 18 de marzo de 2005, este escrito es extemporáneo y no se considerará.
El señor Procurador General de la Nación, en concepto Nro. 3801 de fecha 12 de abril de 2005, le solicitó a la Corte declarar exequible la expresión acusada, únicamente por los cargos estudiados.
El Ministerio Público analizó, en primer lugar, si dado el cargo presentado, se estaba ante una presunta omisión legislativa, que vulnera el derecho de igualdad de trato entre un trabajador sindicalizado y uno que no lo es.
En el presente caso, el criterio relevante lo constituye la capacidad de negociación de las partes en asuntos laborales. Para tal efecto, hay que remitirse a los orígenes del derecho laboral y a las luchas sociales. La realidad laboral indicaba que existía exceso de oferta de trabajo, lo que implicaba que debía someterse a las condiciones que impusiera la demanda. De allí que el derecho laboral se estructurara en el reconocimiento de que las relaciones laborales son desiguales, regidas por la subordinación y desequilibradas desde el punto de la negociación. Por consiguiente, el derecho laboral responde a un tipo de intervención económica del Estado, encaminada a mantener el equilibrio de las relaciones patronales de las empresas con sus trabajadores, como se expuso en la sentencia C-893 de 2001.
En el medio colombiano, el contrato de trabajo es por esencia desigual, y se constituye en contrato de adhesión, donde la capacidad de negociación por parte del aspirante es casi nula. Por ello, está intervenida por el legislador para proteger en su celebración, ejecución y terminación los intereses del trabajador, como medio para mantener el equilibrio e impedir la explotación del asalariado. Asunto explicado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 24 de enero de 1977.
Al contrario de lo que sucede con los contratos individuales de trabajo, que son simples generadores de obligaciones, las convenciones colectivas son fuentes de derecho de contenido normativo, punto al que se refirió en la sentencia SU-1185 de 2001 la Corte Constitucional. Lo propio ocurre con los pactos colectivos.
En cuanto a las diferencias entre la cláusula compromisoria y el compromiso, se remite a los artículos 116 y 117 de la Ley 446 de 1998.
Es decir, señala el Ministerio Público que la diferencia entre ambas figuras radica en el momento en el cual se pactan. Significa, además, que es el resultado de de la libre manifestación de los contratantes y no un mecanismo de presión. Cita la sentencia C-330 de 2000.
Señala que el trabajador inmerso en un conflicto tiene a su favor el acceso a la administración de justicia. En cambio, la conformación de un tribunal de arbitramento, por los elevados costos económicos en que deben incurrir las partes, genera para el trabajador una barrera de acceso a la administración de justicia, si se tiene en cuenta que una vez pactada la cláusula compromisoria o el compromiso, ésta es de obligatorio cumplimiento e impide acudir a la justicia estatal, que es de carácter gratuito y en donde opera el amparo de pobreza.
Transcribe el artículo 4 del Convenio Internacional del Trabajo, para llegar a la conclusión de que esta norma dice todo lo contrario a lo afirmado por el demandante.
Finalmente, considera que no se vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, pues el trabajador puede escoger libremente si acude al juez laboral o al tribunal de arbitramento. El trabajador, si está sindicalizado o sin estarlo pero se acoge el pacto colectivo, puede pactar la cláusula compromisoria y por esta vía acceder al arbitraje. Si no está sindicalizado o no participa de los pactos colectivos, puede acceder al arbitramento firmando el compromiso.
2.1 Para el demandante, la expresión demandada que dice que “la cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, significa que un trabajador no sindicalizado o que no se acoge a un pacto colectivo no puede acudir al arbitramento para solucionar sus conflictos. Es decir, lo acusado desconoce el derecho a la autonomía de la voluntad, pues, no se puede obligar a un trabajador a pertenecer a un sindicato si no lo desea y menos discriminarlo por ello, lo que viola numerosas disposiciones de la Constitución, entre ellas, los artículos 4, 13, 38, 39, 53, 93 y 116 de la Carta y los artículos 1 y 4 del Convenio 98 de la OIT. Además, considera que se viola el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, contenido en el artículo 229 de la Constitución, porque dadas las bondades de la justicia arbitral, el trabajador no sindicalizado no puede acudir a la misma.
2.2 Quienes intervinieron en esta acción pública se opusieron a la misma.
Para la interviniente del Ministerio de la Protección Social, no sólo es posible acceder a la justicia arbitral a través de la cláusula compromisoria, en razón de que existe la figura del compromiso que está igualmente consagrada en el mismo artículo. Lo significa que el trabajador no sindicalizado o favorecido con la convención colectiva, una vez surgida la controversia, pude pactar el acudir a la justicia arbitral.
2.3 Planteado así el objeto de la presente acción, se examinará si se está ante la vulneración que aduce el demandante.
El tema de la relación desigual en el contrato de trabajo ha sido ampliamente examinado por la Corte Constitucional, por consiguiente, ahora sólo se aludirá brevemente a la jurisprudencia respectiva, pues el propósito de esta demanda radica en que se declare inexequible la restricción establecida en la disposición demandada, que contiene una limitación para la suscripción de la cláusula compromisoria, al establecer que sólo tenga validez cuando conste en convención o pacto colectivo. Lo que implica que la cláusula no puede estar contenida ni en el contrato de trabajo, ni en ningún otro documento otorgado posteriormente, salvo que esté prevista como lo ordena la ley : en convención o pacto colectivo.
Para la Corte, esta razón justifica ampliamente que el legislador hubiere introducido la restricción acusada en el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo. Pues, una de las características esenciales de las relaciones empleador – trabajador es “la excepción al principio romano de igualdad contractual en beneficio de la protección especial de los intereses de los trabajadores.” (sentencia T-230 de 1994)
En efecto, la Corte ha explicado otras características de la relación laboral, tales como porqué, de ordinario, el contrato de trabajo es un contrato por adhesión “en el cual el trabajador se ve avocado a un dilema : aceptar las cláusulas del contrato o no acceder al empleo” (sentencia C-330 de 2000), que la desigualdad de las relaciones laborales es estructural e intrínseca, de donde surge la obligación del Estado de proteger el derecho al trabajo en su distintas modalidades. Ha dicho la Corte :
“4. La desigualdad estructural de las relaciones laborales
Cuando la Constitución se refiere al trabajo como objetivo y fundamento esencial de la organización política, proclamando su doble condición de derecho fundamental y de obligación social, imponiéndole al Estado el compromiso de protegerlo de manera especial en sus distintas modalidades, no está haciendo otra cosa que reconocer la desigualdad intrínseca en las relaciones laborales, derivada no sólo del papel que juegan el capital y el trabajo en el sistema económico sino, en concreto, del rol que en dichas relaciones asumen empleadores y trabajadores. [1]
En fin, es sobre la base de la realidad incontrastable que supone la desigualdad en las relaciones entre empleadores y trabajadores que el legislador ha configurado un sistema jurídico de naturaleza garantista y proteccionista acorde con los principios rectores constitucionalizados en el canon 53 de la Carta Política, en el cual la plena autonomía de la voluntad y la completa libertad contractual no son posibles, precisamente, en razón a la situación del trabajador dentro de la relación laboral.” (sentencia C-1110 de 2001, MP, doctora Clara Inés Vargas Hernández)
Desde ya, la Sala debe dejar en claro que el examen y la decisión que se adoptará en esta demanda, no desconocen la importancia de la justicia arbitral como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, incluidos los conflictos laborales, siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas para su funcionamiento, por tratarse de una institución establecida en la Carta, en el artículo 116. Es más, en varias oportunidades la Corte ha avalado el derecho de las partes de acudir a ella, pero entendiendo siempre que es excepcional la habilitación de particulares para solucionar conflictos; que es temporal, es decir, que esta justicia no puede desplazar la ordinaria; y, que recurrir al arbitraje es una decisión voluntaria de las partes. En la sentencia C-672 de 1999, se dijo :
La institución de la justicia arbitral, que es onerosa, no puede expandirse a tal extremo que implique el reemplazo de la administración de justicia gratuita a cargo del Estado. Debe buscarse, por el contrario, el fortalecimiento de ésta para que ella sea la preferida y utilizada por las personas para solucionar sus conflictos, de tal suerte que a la justicia arbitral sólo se acuda excepcionalmente y como una mera opción. Ello es así, porque robustecer en extremo la justicia arbitral en desmedro de la justicia a cargo del Estado, puede significar, en muchos casos, que se imponga a la parte débil en una relación jurídica, por la vía del arbitramento, la solución de un conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la renuncia a sus derechos e intereses.”
El artículo 130 del CST, dice “Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por árbitros.”
Sobre las consecuencias de esta decisión, el artículo 115 de la Ley 446 de 1998, señaló : “Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” (se subraya)
Ahora, la Ley 446 de 1998, define cláusula compromisoria y el compromiso así :
En el caso sub exámine consideró el legislador que se equilibraban las partes en este aspecto, bajo la presunción de que si la cláusula compromisoria consta en convención o pacto colectivo, querría decir que tal decisión había sido producto de una amplia discusión previa, en la que participaron el sindicato o los representantes de los trabajadores, y, por consiguiente, se adoptaba libre de presiones. De esta manera se limita la posibilidad de que tal renuncia sea producto de una aparente decisión individual del trabajador, quien para no poner en juego su contrato de trabajo, se vería obligado a firmar cláusulas con las que ni esté de acuerdo o que ni siquiera hubiere podido controvertir.
En efecto, este interrogante que se ha planteado en la doctrina y en la jurisprudencia fue examinado por la Corte en la sentencia C-330 de 2000. Allí se señaló que por aplicación de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en materias laborales que no hayan sido expresamente tratadas en el Código Procesal del Trabajo, en lo que toca con el amparo de pobreza, debe aplicarse la regulación establecida en las disposiciones del Procedimiento Civil : artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil. Señaló la Corte :
“El Código de Procedimiento Civil, cuya aplicación a materias laborales que no hayan sido expresamente tratadas por el Código Procesal del Trabajo está expresamente autorizada[2], se encarga de regular lo atinente al amparo de pobreza (Artículos 160 a 167 C.P.C.), institución que busca que la persona que no se encuentra en capacidad de atender los gastos de un proceso pueda, no obstante, hacer valer un derecho litigioso. Dichas normas, que han de aplicarse a eventos análogos en las relaciones laborales, establecen la procedencia (artículo 160); oportunidad, competencia y requisitos (artículo 161) ; trámite (artículo 162) y efectos del amparo (artículo 163).
c. Los efectos económicos que se derivan del arbitramento en materia laboral deben producirse teniendo en cuenta la capacidad económica de las partes enfrentadas, pues el arbitraje no es un mecanismo eficaz cuando su utilización se convierte en una forma de desconocer la desigualdad material entre trabajador y empleador, creando costos insuperables para una de las partes, que se convierten en un obstáculo para obtener justicia efectiva. En consecuencia, la persona que no se encuentre en capacidad de atender los gastos de un proceso debe tener la opción de invocar el amparo de pobreza.” (sentencia C-330 de 2000, MP, doctor Carlos Gaviria Díaz)
Por consiguiente, como conclusión se tiene : no sólo no se viola ninguna de las disposiciones constitucionales a las que se refiere el demandante con la restricción acusada, sino que se trata de una intervención legítima del legislador y justificada en la Constitución, con el fin de proteger al trabajador, para que no renuncie a la justicia ordinaria al suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si ésta consta en convención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción de que su inclusión fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por parte del sindicato o de los representantes de los trabajadores, según el caso.
Declarar exequible la expresión “La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, contenida en el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”.
[1] La jurisprudencia constitucional ha dicho al respecto: “La Constitución Colombiana, por su parte, no sólo consagra todos los postulados esenciales del Estado social de derecho, sino que de manera específica, define al trabajo como uno de los fundamentos del Estado (C.P. art. 1) y contempla plenas garantías laborales para la consecución de los fines propuestos (C.P. Arts. 53, 54, 55, 56 y 57). Como características esenciales de esta nueva concepción de las relaciones obrero-patronales sobresalen las siguientes: 1) percepción dialéctica y conflictiva de los intereses que confluyen; 2) carácter funcional de los conflictos como impulsadores de una sociedad pluralista, solidaria y justa y 3) excepción al principio del derecho romano de igualdad contractual en beneficio de la protección especial de los intereses de los trabajadores”. Sentencia T-230 de 1994. Se resalta
[2] Cfr. Artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.