Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Mexico1175.03sp.htm
Timestamp: 2017-07-21 14:40:25
Document Index: 62436002

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 44']

peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Asimismo alegan que los siguientes derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos humanos (en adelante Convención) han sido conculcados: derecho a la vida (artículo 4), derecho a la integridad personal (artículo 5), garantías judiciales (artículo 8), protección judicial (artículo 25), así como los derechos del niño (artículo 19), y la igual protección de la ley (artículo 24). Alegan que con respecto a Norma Ledezma (madre de la presunta víctima) y su familia se configuran las violaciones al derecho de integridad personal (artículo 5), el derecho a la protección de la familia (artículo 17), el derecho de igualdad ante la ley (artículo 24), y el derecho a la protección judicial (artículo 25) todo ello en violación al deber genérico del Estado reconocido en el artículo 1.1 de la Convención. Por su parte, el Estado mexicano sostiene que las diligencias efectuadas demuestran su voluntad de garantizar el respeto de los derechos humanos de toda persona, y que no se han agotado los recursos internos. En consecuencia, el Estado solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la petición.
7. Los peticionarios señalan que el cuerpo de la adolescente fue encontrado el 29 de marzo de 2002 en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama. El cuerpo se hallaba a unos 800 metros de la carretera, en avanzado estado de putrefacción[2]. El dictamen pericial concluye, entre otras cosas, que se investiga una muerte violenta con características de homicidio doloso. Asimismo, afirman que al efectuar la necropsia, el médico legalista encontró contusiones equimóticas localizadas en la cara antero-externa del hemotórax izquierdo, y en la región dorsal del hemotórax derecho; luxación cervical a nivel C2 y C3, y concluyó que la causa de la muerte fue una luxación en la columna vertebral. Destacan que al momento del levantamiento del cadáver las prendas íntimas de Paloma Angélica Escobar estaban mal colocadas “la parte que corresponde a la cintura se encontró vestida en la pierna izquierda, la de la pierna izquierda en la pierna derecha y la pierna derecha en la cintura”, lo cual les lleva a presumir que además de la agresión física, la menor sufrió agresión sexual. 8. Los peticionarios traen a la atención de la CIDH parte de la información recopilada en los testimonios y diligencias efectuadas en torno al caso. Al respecto, manifiestan su extrañeza en cuanto a que sólo unas semanas antes de su desaparición, el Director de la escuela de computación informó a Paloma Angélica Escobar Ledezma que el horario de clases se cambiaría de la mañana a la tarde (de 4:00 a 8:00 p.m.), debido a arreglos que iban a ser efectuados en la escuela. Sin embargo, de un total de 15 alumnos, sólo fue cambiado el horario de la presunta víctima y el de otras tres personas. El día de los hechos, Paloma Escobar asistió normalmente a las clases de computación. Según los peticionarios, entre los testimonios de personas que vieron a Paloma Escobar ese día después de sus clases, hay uno que refiere haberla visto en un vehículo en compañía de algunos promotores del centro de computación, y que se la veía semidormida. Otra persona habría testificado que vio a Paloma el domingo 10 de marzo a las 4:30 p.m. desde la planta de arriba de su casa, en compañía de dos personas jóvenes, y un tercero que pasaba los 30 años. Según esta persona, los jóvenes traían una camiseta con el logotipo de la escuela de computación y tendrían alrededor de 20 años. Los peticionarios alegan que las autoridades contaban con la información mencionada, pero que únicamente dieron trámite “mecánico” a esta denuncia. 9. Indican que si bien a partir del hallazgo del cuerpo de Paloma Angélica Escobar Ledezma se iniciaron las diligencias de investigación con el fin de identificar y sancionar a los responsables, hasta la fecha no se han obtenido resultados concretos. Por esta razón a un año y medio de no observar avances interpusieron la presente denuncia ante la Comisión. Señalan que transcurridos casi 4 años, la averiguación previa continúa sin una línea clara de investigación, de manera tal que aún no se habría procedido a la consignación de un juez. Señalan además que las investigaciones han excedido el plazo considerado razonable, y que ello es evidente a partir de los criterios de complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de las autoridades. Afirman que dicho retraso en la investigación se generó por obstáculos imputables a las autoridades estatales.
10. Los peticionarios alegan que no hay debido proceso legal en el estado de Chihuahua para realizar una investigación, seria, imparcial y eficaz a efectos de esclarecer este tipo de actos de violencia. Alegan, la ausencia de un recurso judicial idóneo y efectivo que permita sancionar a los responsables, y que se ha observado un retardo injustificado en la sustanciación de las diligencias legales destinadas a determinar las circunstancias en que Paloma Escobar perdió la vida. Aducen, asimismo, negligencia por parte de las autoridades del Estado, y destacan además que el patrón generalizado de violencia relatado en esta denuncia ha sido reconocido por diversos organismos no gubernamentales. 11. Los peticionarios consideran que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida en perjuicio de Paloma Escobar se configura de la siguiente forma: a) todos los indicios disponibles apuntan a que el presente caso se circunscribe a un patrón sistemático, tolerado por agentes del Estado, que nulifica la posibilidad de revolver el caso con los recursos judiciales del orden interno; b) el Estado faltó a su deber de adoptar medidas adecuadas para prevenir estos asesinatos al no proteger a las víctimas en vista de las graves amenazas y los tangibles avisos de riesgo de repetición; y c) el Estado no ha respondido al asesinato con la debida seriedad, celeridad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables, lo cual paralelamente afecta el derecho a la verdad de los familiares de la víctima y de la sociedad en general. Añaden que el Estado omitió su deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de los niños bajo su jurisdicción, a pesar de conocer el contexto de violencia que venía siendo denunciado en Chihuahua durante diez años. Asimismo, los peticionarios sostienen que dicho patrón sistemático permite imputar responsabilidad al Estado, toda vez que éste ha tolerado que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente. En particular, afirman que el Estado no ha tomado las medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos que tenía Paloma Angélica Escobar Ledezma en su carácter de menor de edad.
13. Asimismo, afirman que a la fecha de presentación de su denuncia ante la Comisión Interamericana (30 de diciembre de 2003) no había persona alguna detenida por la muerte de Paloma, y que se habría permitido salir de Chihuahua a uno de los probables responsables. Otro aspecto destacado por los peticionarios es el del entorpecimiento de la justicia por la labor de una agente de la Procuraduría que habría sembrado evidencias para inculpar a una persona como posible responsables, al presuntamente haber sido novio de Paloma Escobar
23. El Estado alega que los recursos de la jurisdicción interna no han agotado. En este sentido, resalta que los peticionarios tendrían la posibilidad de “promover un amparo por el no ejercicio de la acción penal, que de tener resultado favorable para el promovente, obligaría a la autoridad a consignar a quien se probara como responsable.”[7] IV. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD
24. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a Paloma Angélica Escobar Ledezma y Norma Ledezma, personas individuales respecto a quienes México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, México es parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Lo mismo sucede con la Convención de Belém do Pará de la cual México es parte desde el 12 de noviembre de 1998. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. 25. La CIDH tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas que habrían tenido lugar dentro del territorio de México, Estado parte en dicho tratado.
[6] Comunicación del Estado de 19 de agosto de 2005. [7] Comunicación del Estado mexicano de 27 de septiembre de 2004.
[10] CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrs. 96 y 97. Ver igualmente CIDH, Informe N° 55/97, párr. 392. [11]
Articulo 1. El procedimiento en materia penal tiene cuatro periodos: I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que comprende las diligencias legalmente necesarias para que el ministerio público pueda resolver si ejercita la acción penal;
II. El preprocesal, que comprende las diligencias practicadas ante los tribunales con el fin de que estos resuelvan la situación jurídica de los indiciados; III. El de instrucción, que comprende las diligencias practicadas ante los tribunales con el fin de averiguar la existencia de los delitos, las circunstancias en que hubieren sido cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los procesados; IV. El de juicio, durante el cual el ministerio publico precisa su acusación y el acusado su defensa ante los tribunales y estos valoran las pruebas y pronuncian sentencia definitiva. [12] Ver CIDH, Informe No 16/05, Petición 281/02, Admisibilidad, Claudia Ivette González, México, 2005, Párr. 32. Informe No 17/05, Petición 282/02, Admisibilidad, Esmeralda Herrera Monreal, México, 2005, Párr. 32. Informe No 18/05, Petición 283/02, Admisibilidad, Laura Berenice Ramos Monarrez, México, 2005, Párr. 31.