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Timestamp: 2017-02-23 06:32:33
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Matched Legal Cases: ['Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 2', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25']

Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias. TÍTULO II. RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO.
TÍTULO IIRÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO
CAPÍTULO IRÉGIMEN GENERAL DE PRESTACIÓN DE LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS
Sección 1Principios
Libertad de prestación 1. El cabotaje interinsular se rige por la libre prestación de servicios, sin perjuicio de aquellas líneas que, en orden a garantizar la suficiencia de servicios de transporte regular entre las islas, puedan quedar sujetas a obligaciones de servicio público en los términos establecidos por esta ley. 2. Igualmente, la libre prestación de servicios marítimos podrá ser modulada con las medidas que sean necesarias para contribuir a asegurar la protección del ecosistema insular como una zona marítima especialmente sensible. Reglamentariamente, se regularán las medidas y las obligaciones que resulten necesarias dentro del ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma. Artículo 6
Clases de servicios 1. Los servicios de transporte objeto de la presente ley, según su finalidad, se clasificarán en transportes de pasajeros y transportes de mercancías. a) Transportes de pasajeros son los destinados principalmente al transporte de personas y, en su caso, sus equipajes, incluyendo los supuestos en que se incorpora en el contrato de pasaje el transporte de vehículos de uso particular, mediante buques registrados para tal fin. Se entiende que están comprendidos dentro de esta modalidad, entre otras actividades, los cruceros turísticos, el desplazamiento a parajes para realizar prácticas deportivas, así como, en general, cualquier actividad comercial que suponga el traslado de personas en embarcaciones. b) Transportes de mercancías son los destinados principalmente al transporte de bienes de cualquier tipo mediante embarcaciones registradas para esta actividad, sin perjuicio de que también puedan trasladar personas cuando estén autorizadas para ello. c) Transportes mixtos son los destinados al desplazamiento conjunto de personas y mercancías realizados en embarcaciones registradas para esta actividad que realicen el transporte con la debida separación. 2. Los transportes objeto de la presente ley, de acuerdo a las condiciones de prestación, se clasificarán en líneas regulares y líneas no regulares u ocasionales. a) Las líneas regulares son las que están sujetas a itinerarios, frecuencias de escalas, tarifas y demás condiciones de transporte previamente establecidas y que se prestan con periodicidad predeterminada. A estos efectos, tendrán la consideración de líneas regulares aquellas que, sin denominarse de tal modo, se oferten de forma general a los posibles usuarios y se presten en condiciones de regularidad, publicidad y contratación asimilables a los servicios regulares. b) Las líneas no regulares u ocasionales son todas las que no puedan considerarse como regulares. Artículo 7
Buques 1. Las actividades de transporte a las que se refiere la presente ley, con finalidad mercantil, quedan reservadas a buques abanderados en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o perteneciente al Espacio Económico Europeo. 2. Excepcionalmente y según el procedimiento que se establezca reglamentariamente, cuando no existan buques que reúnan el requisito de nacionalidad del anterior apartado, las empresas navieras podrán ser autorizadas, mediante resolución motivada, por la consejería competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para contratar y emplear buques mercantes no comunitarios, siempre que éstos y su tripulación cumplan con los requisitos para ejercer la actividad previstos en la presente ley. Sección 2Régimen de comunicación previa
Comunicación previa 1. Los interesados en realizar cualquiera de las actividades de transporte a que se refiere el artículo 2.1 de esta ley deberán, con una antelación mínima de quince días al inicio de la actividad, notificarlo fehacientemente a la consejería competente de la Administración Pública autonómica, acreditando el cumplimiento de los requisitos legales preceptivos para ejercer la actividad. 2. En la comunicación previa deberá determinarse la clase de servicio que se pretende prestar, indicando la zona o zonas donde se prevea realizar el transporte, los puntos de partida y llegada y la previsión de escalas. Además, cuando se pretenda prestar servicios de línea regular de cabotaje marítimo, también se deberá indicar el itinerario o itinerarios que se van a realizar, los puntos de partida y llegada, los lugares donde se realizarán las escalas y el puerto base y, en su caso, el tipo de pasaje en relación con la clase de transporte que se realice, si es de pasajeros, de mercancías o mixto. 3. Los navieros deberán realizar ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma cada cuatro años, contados desde la notificación inicial, su intención de continuar la actividad, acompañada de una declaración responsable del mantenimiento de las condiciones exigidas para su ejercicio. 4. La cesación en la prestación del servicio regular deberá ser comunicada con quince días de antelación al órgano autonómico competente. 5. La comunicación de inicio de actividades lo es sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones que sean precisas de acuerdo con la legislación vigente, en particular las que afectan a la seguridad de las embarcaciones y a la tripulación. Artículo 9
Requisitos para ejercer la actividad 1. Quienes pretendan realizar servicios de transporte marítimo en las islas deberán cumplir, de conformidad con la normativa vigente que le sea de aplicación, los siguientes requisitos: a) Tener la condición de empresa naviera española o de armador comunitario. b) Acreditar que la embarcación o embarcaciones que se destinan al transporte cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para poder navegar y los requerimientos técnicos y de seguridad en función de las características del transporte a realizar. c) Disponer de los seguros de responsabilidad civil por daños a terceros con ocasión del transporte exigidos por la legislación mercantil vigente. d) Cualquier otro requisito referente al buque, a su tripulación o a la actividad de transporte que se pretende desarrollar que sea legalmente exigible. e)
Letra e) del número 1 del artículo 9 suprimida por el apartado uno del artículo único de Ley [CANARIAS] 1/2009, 10 febrero, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («B.O.I.C.» 19 febrero).Vigencia: 20 febrero 2009
2. La prestación de servicios de línea regular de cabotaje marítimo requiere acreditar, de conformidad con la normativa vigente que le sea de aplicación, además de los señalados en el anterior apartado, el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Contar con documento fehaciente que acredite el título de propiedad, arrendamiento o fletamento por tiempo que asegure la disponibilidad sobre el conjunto unitario de los buques que sean destinados a la línea. b) Cumplir los requisitos de nacionalidad, edad, seguridad y navegabilidad previstos por las normas vigentes para los buques empleados en la línea. c) Prestar servicios cuyo período operativo no sea inferior al año natural, cuando su itinerario afecte a una línea regular ya existente. d) Comunicar los cuadros de precios previstos. A estos efectos, se entenderá que una línea afecta a otra cuando los itinerarios de ambas contengan dos puertos coincidentes o bien dos puertos situados en la misma isla. 3. La acreditación de los requisitos para ejercer la actividad podrán realizarse también mediante las oportunas certificaciones de las administraciones o empresas competentes. Artículo 10
Incumplimiento de los requisitos En el caso de que la Administración competente en materia de transporte marítimo constate que la comunicación previa no incorpora todos o alguno de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anterior artículo y hubiera transcurrido el plazo legal de subsanación otorgado al efecto, dictará resolución motivada ordenando la inmediata paralización del servicio o la prohibición de su inicio hasta tanto sea corregida la omisión, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar. Artículo 11
Registro Canario de Navieros 1. El Registro Canario de Navieros es un registro de carácter administrativo, de ámbito autonómico, de acceso público, cuya gestión corresponde a la consejería competente en materia de transportes marítimos. 2. El Registro Canario de Navieros tiene por objeto la inscripción de las personas que hayan realizado la comunicación previa de prestación de servicios de transporte marítimo, los servicios que presten, sus modificaciones y cuantos otros se determinen reglamentariamente. 3. La inscripción a que se refiere el anterior apartado lo es a efectos meramente informativos. 4. Las autorizaciones y los contratos de obligación de servicio público se inscribirán en este Registro de acuerdo con lo previsto en los artículos 18.8 y 19.6 de esta ley. Artículo 12
Obligaciones de información 1. Todas las empresas inscritas en el Registro Canario de Navieros quedan obligadas a suministrar la información sobre la actividad de transporte que realizan que le requiera la Administración competente en orden al adecuado ejercicio de sus competencias, en particular en cuanto a la garantía de las líneas regulares básicas para las comunicaciones entre las islas. Los requerimientos de información deben ser motivados y proporcionados al fin público perseguido. 2. En particular, los transportistas deberán remitir, semestralmente, a la Administración competente información sobre el buque o buques empleados, los viajes realizados, el número de pasajeros, la cantidad y clase de carga transportada, el porcentaje de ocupación de cada buque, los precios medios aplicados, las incidencias relacionadas con el medio marino, especialmente con la fauna marina, y aquellos otros datos que se precisen mediante reglamento. 3. La Administración competente garantizará la confidencialidad de la información suministrada por las empresas que pueda afectar al secreto comercial e industrial, y a las materias reguladas por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Artículo 13
Modificación de los servicios prestados 1. La modificación de cualquiera de las condiciones de prestación de los servicios de transporte, con carácter general, debe ser comunicada a la Administración competente en la materia. 2. Los interesados no podrán hacer efectivas las modificaciones hasta que hayan transcurrido al menos 10 días desde la comunicación, salvo que, por razones de interés general, sean autorizadas de forma expresa antes de que ese plazo haya concluido. 3. En los casos de emergencia o fuerza mayor el armador podrá hacer efectivas las modificaciones que permitan garantizar la prestación de servicio en las mejores condiciones posibles hasta la normalización del mismo. Estas modificaciones serán comunicadas en el plazo de 24 horas a la Administración competente en la materia. Artículo 14
Cese de la actividad 1. Las siguientes causas determinarán la imposibilidad legal de continuar realizando la actividad de transporte marítimo: a) El cese de la actividad del transportista tras su notificación a la Administración competente. b) La extinción de la personalidad del transportista. c) Por sanción administrativa firme. d) Por falta de notificación preceptiva de la intención de seguir realizando la actividad y mantenimiento de las condiciones. 2. Cuando el cese de la actividad se produzca a instancia de la Administración Pública competente, se acordará mediante resolución, tras la tramitación del procedimiento en el que se dé audiencia al transportista afectado. Sección 3Consejos de usuarios
Consejos de usuarios 1. Los usuarios de los servicios de líneas regulares podrán agruparse en consejos de usuarios con objeto de defender sus intereses, especialmente, en cuanto a precios, calidad y regularidad de los servicios, y ofrecer a sus miembros asesoramiento y consulta de fletes y servicios marítimos. 2. Reglamentariamente se desarrollará su constitución con carácter insular y regional, así como su régimen de funcionamiento y competencias. CAPÍTULO IIRÉGIMEN ESPECIAL DE PRESTACIÓN DE TRANSPORTES MARÍTIMOS REGULARES
Sección 1Necesidades básicas de cabotaje interinsular
Determinación de necesidades básicas 1. El Gobierno de Canarias determinará las líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que satisfagan las necesidades básicas de comunicación entre puertos o puntos del litoral de Canarias, fijando las condiciones de continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio, que se consideran mínimo indispensable para garantizar una atención suficiente, con especial atención a los costes derivados de la doble insularidad, e incluso de la triple, en el caso de la isla de La Graciosa.
Número 1 del artículo 16 redactado por el apartado dos del artículo único de Ley [CANARIAS] 1/2009, 10 febrero, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («B.O.I.C.» 19 febrero).Vigencia: 20 febrero 2009
2. Queda excluido de la anterior determinación: a) El transporte de viajeros con islas sin núcleo de población residente estable o islotes. b) Todos aquellos transportes que, aun desarrollándose en condiciones de regularidad, tengan una finalidad turística, recreativa o de ocio, educativa o de instrucción. 3. La determinación de las líneas que atienden necesidades básicas de transporte marítimo regular interinsular no supone por sí misma cambio alguno del régimen de libertad de prestación, como tampoco la imposición de obligaciones de servicio público en esos trayectos ni sobre los prestadores. 4. Con carácter excepcional y con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Gobierno de Canarias podrá establecer obligaciones específicas singulares a las empresas navieras que realicen servicios de cabotaje interinsular a los que se refiere esta ley, estrictamente por motivos de protección medioambiental, salvamento marítimo, u otras causas graves de utilidad pública o interés social que sean competencia de la Comunidad Autónoma. Esta exigencia podrá dar lugar a compensaciones económicas por los costes adicionales especiales en que hubieran incurrido. Sección 2Obligaciones de servicio público y autorización previa
Obligaciones de servicio público 1. Mediante reglamento se concretarán las obligaciones de servicio público a que pueden someterse las líneas de transporte regular interinsular, que atiendan necesidades básicas de comunicación, que el mercado o las navieras no asumirían o no lo harían en la misma medida ni en las mismas condiciones, si consideraran su propio interés comercial. Dichas obligaciones se limitarán a requisitos de regularidad, continuidad, frecuencia, puertos a los que se deba prestar el servicio, capacidad de prestación, política tarifaria y tripulación. Los requisitos de regularidad y tarifas podrán venir motivados por la coordinación con otros modos de transporte. 2. La imposición de obligaciones de servicio público habrá de hacerse de un modo objetivo, transparente, no discriminatorio y conocido de antemano por los interesados con el fin de garantizar que el servicio se preste en condiciones de libre y leal competencia, y teniendo presente, en todo caso, la realidad socioeconómica afectada por la misma, todo ello en orden a lograr unos servicios de transporte eficientes y que obtengan el óptimo social conjugando las calidades de las naves y de explotación con la limitación de mantener unas tarifas razonables. 3. El cumplimiento de los requisitos de regularidad y frecuencia impuestos sobre una ruta determinada podrá ser cumplido de modo colectivo y no individualmente, a instancia de los transportistas marítimos autorizados y previa aprobación por la Administración competente, de acuerdo con la normativa comunitaria aplicable. 4. El régimen de autorización previa con imposición de obligaciones de servicio público será revisado periódicamente, y, como mínimo, cada tres años, con el fin de verificar si subsisten las condiciones de insuficiencia que justificaron su establecimiento o si, por el contrario, procede volver al régimen de libre prestación con comunicación previa. Artículo 18
Régimen de autorización previa 1. Las necesidades básicas de comunicación de transporte marítimo regular interinsular, que pudieran no ser asumidas o no en la misma medida por el mercado y las navieras, si consideraran exclusivamente su interés comercial, legitiman el sometimiento de su prestación a un régimen de autorización previa, imponiendo aquellas condiciones mínimas como obligaciones de servicio público, con el fin de garantizar la suficiencia del transporte regular en relación con aquellas necesidades básicas. La estimación de la insuficiencia del mercado se realizará mediante análisis conjunto y adicional de las prestaciones que los distintos prestadores estarían dispuestos a realizar. El sometimiento a autorización se decidirá previa audiencia de los interesados, incluidos los consejos de usuarios de las islas afectadas y, una vez adoptada, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de las notificaciones individuales que procedan. La eficacia del régimen de autorización previa podrá demorarse el tiempo necesario para permitir a los interesados formular la solicitud de autorización previa sin afectar a la continuidad de los servicios que vinieran prestándose. 2. La estimación de la suficiencia de la oferta, el establecimiento del régimen de autorización previa y, en su caso, la tramitación y otorgamiento de este título administrativo corresponde a la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de transporte marítimo, de acuerdo con esta ley. 3. Para obtener la autorización, el transportista deberá acreditar los requisitos generales de prestación del artículo 9 de la presente ley, el cumplimiento de las condiciones que, como obligaciones de servicio público, sean fijadas reglamentariamente y, además, los siguientes requisitos particulares: a) Aportar un programa detallado de los servicios a prestar. b) Cumplir los requisitos de solvencia económica que se fijen reglamentariamente, en particular, constituir la garantía económica que se establezca para el cumplimiento de las obligaciones asumidas. c) No tener deuda alguna con la Comunidad Autónoma de Canarias y estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Igualmente, en caso de arrendamiento o fletamento por tiempo, acreditar que la empresa propietaria o fletante está al corriente del pago de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. d) Cualquier otro requisito que sea necesario para asegurar la suficiencia de los servicios de transporte marítimo a realizar. 4. La autorización previa recogerá las obligaciones de servicio público de las delimitadas reglamentariamente que deben ser cumplidas en la realización del servicio de transporte a que se refiera. El incumplimiento de estas obligaciones es causa de revocación de la autorización. 5. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de otorgamiento y revocación de este título administrativo y, en su caso, los informes que sean preceptivos. 6. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses, entendiéndose estimada en caso de que transcurra ese plazo sin resolver. Formulada la solicitud, el órgano competente podrá conceder una autorización provisional para la prestación del servicio cuando sea necesario para asegurar la continuidad y regularidad de la línea marítima. 7. La autorización previa no otorga exclusividad en la línea de transporte a que afecte. 8. Las autorizaciones previas serán inscritas en el Registro Canario de Navieros. 9. Los titulares de autorizaciones administrativas deben cumplir con las obligaciones de información contempladas en el artículo 12 de la presente ley. Igualmente, tienen la obligación de reajustar la cuantía de la garantía económica cuando se reduzca por aplicación a alguno de sus fines legales, en los plazos y condiciones que se fijen por reglamento. Asimismo, tienen el deber de colaborar con las autoridades en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 10. Las autorizaciones previas son transmisibles a terceros operadores que cumplan los mismos requisitos exigidos para obtenerlas, previa autorización de la Administración competente, sin que este traspaso determine la extinción de las obligaciones y responsabilidades personales en que hubiera incurrido el transmitente. 11. La renuncia a la autorización deberá ser comunicada a la Administración competente con tres meses de antelación a la interrupción del servicio, sin que, en ningún caso, sea admisible mientras no haya transcurrido un año desde su concesión. Sección 3Contratos de obligación de servicio público
Contratos de obligación de servicio público 1. Como excepción al régimen de autorización administrativa, la consejería de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencias en materia de transporte marítimo podrá someter a contratación de obligación de servicio público aquellas líneas que atiendan necesidades básicas de transporte marítimo regular interinsular que no sean servidas por ninguna empresa en aplicación del régimen previsto en dichos artículos. 2. Dichos contratos se celebrarán de acuerdo con los principios de concurrencia y publicidad y serán adjudicados por concurso público en la forma prevista en la legislación vigente en materia de contratación de las Administraciones Públicas, pudiendo acudirse al procedimiento negociado en los supuestos contemplados en dicha normativa para los contratos de gestión de servicios públicos. Con carácter general, la licitación será objeto de publicidad comunitaria. 3. Los contratos de obligación de servicio público podrán comprender, entre otros, los siguientes servicios: a) servicios de transporte que cumplan normas sobre continuidad, regularidad, capacidad y calidad; b) servicios de transporte complementarios; c) servicios de transporte a precios y condiciones específicas, en especial para determinadas categorías de viajeros o para determinadas conexiones; d) adaptaciones de los servicios prestados a las necesidades reales. 4. Los contratos de obligación de servicio público podrán incorporar una compensación económica, no tendrán una duración superior a seis años, incluidas las prórrogas, y sólo podrá adjudicarse uno por cada línea declarada de interés público. La adjudicación de estos contratos determinará la suspensión del régimen de autorización previa hasta su extinción. No obstante, la vigencia del contrato no impedirá la prestación de servicios de transporte por otras empresas en tramos parcialmente coincidentes con el recorrido del servicio de transporte objeto del contrato. 5. En particular, en cuanto a la compensación económica que pudiera acompañar al contrato de obligación de servicio público, los parámetros para su concesión deben ser fijados con anterioridad a la convocatoria pública, y su cuantía no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos, los gastos y un beneficio razonable por la ejecución de esas obligaciones, de acuerdo con el ordenamiento comunitario. 6. Los transportistas que resulten adjudicatarios de estos contratos tendrán las mismas obligaciones que las impuestas sobre los titulares de autorizaciones administrativas, en particular las de información y colaboración con la Administración competente. Igualmente, los contratos de obligación de servicio público serán inscritos en el Registro Canario de Navieros. 7. Estos contratos tendrán naturaleza administrativa especial, rigiéndose por la normativa comunitaria, la presente ley, las normas que la desarrollen y por la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 8. Con carácter excepcional, cuando la falta de servicio en una línea determine la incomunicación por vía marítima de una isla, la consejería competente en materia de transporte marítimo podrá acordar la concesión de una compensación económica al armador que, mediante una autorización provisional, se comprometa a restablecer la comunicación en las condiciones mínimas hasta la adjudicación del contrato de obligación de servicio público. En el caso de que sean varios los operadores dispuestos a realizar ese servicio, la autorización deberá ser accesible a todos ellos, sin discriminación, sin perjuicio de que, en este caso, el naviero beneficiario pueda ser seleccionado de conformidad con los procedimientos establecidos por la legislación de contratos para los supuestos de urgencia.
Número 8 del artículo 19 introducido por el artículo único de la L [CANARIAS] 8/2009, 9 julio, de modificación de la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias («B.O.I.C.» 23 julio).Vigencia: 12 agosto 2009
CAPÍTULO IIIRÉGIMEN PARTICULAR DE LOS TRANSPORTES MARÍTIMOS CON FINALIDAD TURÍSTICA, RECREATIVA, EDUCATIVA O SIMILAR
Exigencia de comunicación previa 1. El transporte marítimo de pasajeros de carácter turístico, recreativo o de ocio, educativo o de instrucción es aquel que se presta conjuntamente, de acuerdo con la normativa vigente en materia turística, con servicios complementarios de la naturaleza señalada, a los que sirve de soporte, a cambio de una contraprestación económica, con independencia de si lo es con reiteración o no de itinerario, calendario y horario, y de la modalidad de contratación. 2. El transporte marítimo de pasajeros a que se refiere este precepto queda sometido al régimen de comunicación previa a que se refiere este capítulo. 3. Los transportes regulados en este capítulo deben realizarse en condiciones diferenciadas en relación con los transportes regulares que resulten, total o parcialmente, coincidentes con el itinerario. 4. Mediante reglamento se establecerán las distintas modalidades de prestación de estos transportes, las particularidades del régimen de comunicación previa, en particular la simplificación de sus requisitos en atención a la clase de transporte a realizar, y la necesaria coordinación entre las Administraciones y departamentos que por razón de materia turística, educativa, medioambiental o de pesca puedan resultar afectados. 5. La comunicación a efectos de la realización del transporte marítimo a que se refiere este capítulo lo será sin perjuicio de la previa obtención de cuantas autorizaciones, licencias o permisos sean necesarias para realizar la actividad turística, recreativa, de ocio, de enseñanza o de instrucción, que se pretenda desarrollar. 6. La modificación de cualquiera de las condiciones de prestación de los servicios deberá ser comunicada a la Administración competente correspondiente con una antelación de diez días a su efectividad, para su conocimiento y, en su caso, control, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente. 7. La actividad de observación de cetáceos será objeto de una regulación específica. Artículo 21
Alquiler de embarcaciones 1. El ejercicio de las actividades de arrendamiento de embarcaciones de recreo, con o sin tripulación; motos o artefactos acuáticos con capacidad motora está sometido a comunicación previa. 2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y exigencias técnicos y administrativos de aplicación. Artículo 22
Requisitos particulares 1. La comunicación previa regulada en el presente capítulo se condiciona al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Capítulo I del Título II de esta ley, si bien, reglamentariamente, el Gobierno podrá adaptar aquellas exigencias a las características de cada uno de estos transportes, en particular aquellos que sean no regulares. 2. Además de los anteriores requisitos, las empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones sin patrón deberán garantizar, de acuerdo con las previsiones que se establezcan reglamentariamente, la formación adecuada de los usuarios de sus servicios. A tales efectos, las empresas deben solicitar a la Administración competente la oportuna autorización para poder entregar a los usuarios la correspondiente tarjeta de recreo. CAPÍTULO IVDERECHOS Y DEBERES DE LOS PASAJEROS
Definición Son pasajeros las personas físicas que demanden o utilicen cualquier clase de servicios de transporte marítimo, de pasajeros o mixtos, sean regulares u ocasionales, y cualquiera que sea la modalidad de contratación. Artículo 24
Derechos 1. Los pasajeros tienen los siguientes derechos: a) Disponer de unos servicios de transporte marítimo seguros, asequibles, y de calidad. b) Recibir en todo momento información completa y detallada sobre los servicios ofertados por las empresas navieras y sus condiciones de prestación, incluyendo precios, trayectos, horarios, buques a utilizar y tiempo estimado. c) Disponer de unos servicios accesibles y adaptados a las necesidades de las personas de movilidad reducida de acuerdo con la legislación aplicable y su normativa de desarrollo, recibiendo gratuitamente la debida asistencia. d) Disponer de información detallada sobre las incidencias que puedan afectar a los servicios contratados, en particular, en caso de retraso sobre el horario previsto, suspensión o cancelación, y denegación de embarque, y sobre los derechos que les asisten en estas situaciones. e) Ser atendidos, de manera gratuita, en los casos de retraso, suspensión o cancelación, y denegación de embarque, con comida y refrescos suficientes en función del tiempo de espera, y en los casos en que sea preciso pernoctar, alojamiento en un establecimiento hotelero, además de transporte entre el puerto y el lugar de alojamiento, salvo causa de fuerza mayor. f) Obtener el reembolso del billete o, en su caso, acceder a un transporte alternativo, lo más rápido posible y de calidad análoga, en los supuestos de retraso de una hora, suspensión, cancelación o denegación de embarque, que hagan inútil para el pasajero el desplazamiento, salvo causa de fuerza mayor. g) Recibir una compensación económica equivalente al precio del billete por cualquier retraso o similar superior a dos horas sobre el horario oficial de salida, salvo causa de fuerza mayor. Esta compensación lo será con independencia del resto de derechos. h) Reclamar contra las navieras que presten los servicios en el caso de deficiencias apreciadas en dicha prestación. i) Ser indemnizados de los daños materiales y, en su caso, personales y morales, que puedan sufrir con ocasión de la prestación del servicio de acuerdo con la legislación vigente. j) Cualquier otro derecho que les otorguen las leyes y los reglamentos. 2. Los derechos descritos lo son sin menoscabo de los que adicionalmente les confiere la legislación de consumidores y usuarios. 3. Las reclamaciones que formulen los pasajeros de estos servicios se someten a lo establecido por la legislación de consumidores y usuarios, sin perjuicio de las especialidades que establezca el reglamento de desarrollo de la presente ley. 4. Los daños que pudieran sufrir los viajeros deberán estar cubiertos por un seguro en los términos que establezca la legislación específica sobre la materia. Artículo 25
Deberes Los pasajeros tienen los siguientes deberes: a) Disponer de billete adecuado para el trayecto y condiciones de prestación que esté utilizando. b) Viajar en los lugares habilitados al efecto en cada buque. c) Atender las indicaciones de la tripulación sobre la correcta prestación del servicio y las condiciones de seguridad que deban ser observadas durante el mismo. ');