Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-10-A-72-2.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-21 07:04:31
Document Index: 221222896

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 109', 'artículo 96', 'artículo 2', 'artículo 94', 'artículo 5', 'artículo 102', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 94', 'artículo 17', 'artículo 94', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 94', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 17', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 102', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 35', 'Artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 39', 'artículo 39', 'Artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 44', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 15', 'artículo 94', 'artículo 96', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 110', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 110', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 149', 'artículo 97', 'artículo 9', 'artículo 22', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 43', 'artículo 46', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 52', 'in fine', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 7', 'artículo 40', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 149', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 110', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 93', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 93', 'artículo 96', 'artículo 25', 'artículo 38', 'artículo 96', 'artículo 110', 'artículo 149', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 30', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 135', 'artículo 7']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 72-2, de 17/02/2014
cve: BOCG-10-A-72-2
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, así como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad, de devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Se presenta la enmienda de totalidad de devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales por vulneración de las reglas de distribución de competencias establecidas en el bloque de constitucionalidad.
De lo dicho se deduce que el Estado a la hora de estructurar el proyecto de ley que enmendamos tiene un ámbito específico y un claro límite: el primero se manifiesta en que su competencia sobre "relaciones internacionales" comprende la reserva a favor del Estado de las relaciones de España con otros Estados independientes y soberanos, el aspecto más tradicional de estas relaciones, y con las Organizaciones internacionales gubernamentales. Relaciones que, en todo caso, están regidas por el "Derecho internacional general" a que se refiere el artículo 96.1 CE, y por los tratados y convenios en vigor para España.
Y el límite se refiere a que no puede identificar la materia "relaciones internacionales" con todo tipo de actividad con alcance o proyección exterior, actividades sobre las que la función coordinadora del Estado -que la hay- no puede ser entendida como un presupuesto de aquellas acciones de las comunidades autónomas, sino como un instrumento dirigido a evitar discordancias entre la acción exterior de las comunidades autónomas y la política exterior del Estado.
Pero resulta igualmente criticable la delimitación de los acuerdos internacionales administrativos que el proyecto define como "acuerdo de carácter internacional no constitutivo de tratado que se celebre por órganos, organismos o entes de un sujeto de derecho internacional que sean competentes por razón de la materia, cuya celebración esté prevista en un tratado que ejecuta o concreta y cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica, cualquiera que sea su denominación." Son los denominados por la doctrina como "acuerdos de ejecución" y como tales no siempre están caracterizados como convenios internacionales, de lo que cabe deducir que las comunidades autónomas podrían en ejercicio de sus competencias en materia de acción exterior adoptar dichos acuerdos, sin que la competencia estatal de coordinación pueda ir más allá de requerir información sobre su celebración a las comunidades autónomas y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar o remediar perjuicios sobre la política exterior del Estado; pero sin que con ellas se establezca una dependencia jerárquica respecto del Estado.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2013.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Sentada la necesidad de afrontar la regulación en un marco legislativo de la materia en cuestión -aplazada desde la aprobación de la vigente Constitución- el Proyecto de Ley presentado plantea notorios problemas al abordar la materia objeto de regulación, revela graves deficiencias de técnica legislativa y plantea en su redacción algunas disposiciones manifiestamente contrarias a la Constitución por lo que debe ser rechazado.
Los términos acogidos y las definiciones propuestas en el artículo 2, así como las previsiones contenidas en diferentes disposiciones del texto, difieren en ocasiones de las establecidas en las normas generales del Derecho internacional -particularmente, los Convenios de Viena de 1969 y 1986, a los que nuestro Estado ha manifestado su consentimiento; hallándose el primero de ellos en vigor (1980) y formando desde entonces parte de nuestro ordenamiento interno- constituyendo, como refrenda el propio Proyecto de Ley (art. 32), normas prevalentes sobre las disposiciones internas -excepción hecha de nuestra Constitución- incluidas las del propio Proyecto de Ley. Incluso en alguna de sus disposiciones, el Proyecto llega a desconocer la capacidad para celebrar tratados ("ius ad tractatum") en manos de algunos sujetos de derecho internacional diferentes de los Estados y las organizaciones internacionales -caso de los entes no estatales como p.e. la Santa Sede o la Autoridad Palestina-. Estas divergencias -y las eventuales contradicciones a las que puede dar lugar su interpretación- deberían ser subsanadas.
Las divergencias también aparecen al referirse en diferentes disposiciones del proyecto a las normas de nuestra Constitución, formulándose sus previsiones en términos similares pero no idénticos a los consagrados en nuestra Carta Magna, lo que aconseja también su modificación para ajustarlos a los preceptos constitucionales. Por otra parte, algunas de las disposiciones del Proyecto tratan de acomodarse a la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional en diferentes decisiones dictadas acerca de la acción exterior (art. 23, disposición adicional 4.ª, entre otras), si bien es dudoso que acierten al plasmar el contenido de las afirmaciones realizadas por el Tribunal Constitucional.
La acogida de tipología tratados-acuerdos administrativos-acuerdos no normativos revela una simplificación de las manifestaciones de la acción concertada en el plano internacional poco conforme con las realidades de la acción exterior. En el caso de los acuerdos administrativos supone además la generalización de una categoría desarrollada en la práctica española en materias muy definidas y augura no pocos problemas de orden práctico y técnico-jurídico de cara a su futuro desarrollo. Por lo que respecta a los acuerdos no normativos, la acogida de esta denominación -de origen doctrinal- supone un intento por abordar con carácter omnicomprensivo manifestaciones de muy heterogénea naturaleza, atribuyéndoles una inanidad normativa que el propio Consejo de Estado en su Dictamen sobre el presente texto ha cuestionado. Por otra parte, su aplicación generalizada respecto de toda suerte de actores públicos -incluidas las Universidades- planteará más problemas (consulta previa, asesoría jurídica, registro, etc.) que los que supuestamente la regulación presentada trata de resolver. Por otra parte, el texto desconoce otras manifestaciones (Acuerdos de ejecución, Convenios-marco y sus desarrollos, etc.) de los que está surtida nuestra práctica exterior.
Especialmente grave es la presencia en el texto de disposiciones manifiestamente inconstitucionales como las relativas a la aplicación provisional de los tratados (art. 15.3) donde se da por sentado la admisibilidad de esta práctica respecto de la totalidad de los contemplados en el artículo 94.1 de nuestra Constitución; bien al contrario su aplicación resulta absolutamente inviable respecto de los relativos a los derechos y libertades contemplados en el título I, respecto de los que afecten a la integridad territorial del Estado, respecto de los que supongan modificación o derogación de una Ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.
Por otra parte, el Proyecto asesta un duro golpe a la autonomía en el ámbito de la acción exterior no convencional de la que disfrutan las Comunidades Autónomas, al abordar la regulación de la actividad internacional no normativa de éstas, en contradicción con el margen de acción conferido por los respectivos Estatutos de Autonomía y garantizado por la jurisprudencia constitucional.
Desde una perspectiva sistemática el texto revela la inserción de disposiciones fuera del lugar que les es propio, como la relativa a la Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos (art. 6), más propia de una disposición adicional. Por otra parte, el texto no asegura su concordancia con las previsiones en la materia establecidas en el artículo 5 de la Ley 50/1997 del Gobierno. Asimismo, la regulación farragosa de algunas de sus disposiciones (p.e. competencias de los departamentos ministeriales) casan mal con el propósito de una norma legislativa, siendo más propias de una disposición de contenido reglamentario.
Además, la redacción del proyecto se revela imprecisa y técnicamente desacertada al abordar las incidencias relacionadas con la exigencia de publicación continuada de los tratados -denominadas alteraciones (art. 25.2)-, minimiza el papel crucial -como exponente de la diplomacia pública- asignado al registro de los Tratados ante la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de San Francisco.
Por otra parte, pese a su supuesto afán omnicomprensivo, el Proyecto no contempla la autorización por las Cortes de la suspensión de los tratados, ni la interposición de recursos de inconstitucionalidad contra los mismos, ni las consecuencias aparejadas a una eventual declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales vigentes. Este último aspecto es especialmente relevante dada la responsabilidad internacional en que puede incurrir nuestro Estado de no articular debidamente este proceso con las obligaciones internacionales ("pacta sunt servanda") inherentes a todo tratado internacional en vigor.
Por último, es difícilmente justificable que el artículo 10.2 a) establezca que el Rey no necesitará plenipotencia para negociar, adoptar y autenticar cualquier acto internacional que vincule a España, olvidando que conforme los artículos 56.3 y 64.1 de la CE los actos del Rey deberán ser refrendados por el Gobierno o por los Ministros competentes. Al desaparecer esta exigencia constitucional del Proyecto de Ley se podría dar el caso de que el Rey, que es constitucionalmente irresponsable, pudiera realizar actos que vinculasen al Estado sin dicho refrendo.
Todas estas razones justifican sobradamente la enmienda de totalidad de devolución del presente Proyecto de Ley.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En el Título del Proyecto se propone la supresión del inciso "y otros acuerdos internacionales".
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando en su caso para un posterior desarrollo reglamentario otras manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos- y excluyendo en absoluto toda tentativa de regulación de otros exponentes de la concertación en el ámbito exterior carentes de eficacia jurídico-internacional -los denominados Acuerdos No Normativos.
Se propone la modificación del artículo 1, que quedaría redactado como sigue:
"La presente ley tiene por objeto regular la celebración por España de los tratados internacionales."
Al artículo 2, apartado a)
Se propone la modificación del apartado a) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
"a) "tratado internacional": acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de derecho internacional, y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación."
Acomodar la definición a la establecida por los Convenios de Viena de 1969 y 1986, excluyendo una particularización (bilateralidad o multilateralidad del tratado) innecesaria a efectos conceptuales y redundante al hallarse implícita en la mención a "otro u otros sujetos".
Al artículo 2, apartado b)
Se propone la supresión del apartado b) del artículo 2.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando para un posterior desarrollo reglamentario manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos.
Al artículo 2, apartado c)
Se propone la supresión del apartado c) del artículo 2.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, excluyendo la regulación de desarrollos carentes de eficacia jurídico-internacional -los denominados Acuerdos No Normativos.
Al artículo 2, apartado d)
Se propone la modificación del apartado d) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
""sujeto de Derecho internacional": un Estado, una organización internacional u otros entes que gocen de capacidad jurídica para celebrar tratados internacionales."
La redacción propuesta sustituye la equívoca expresión "institución internacional" susceptible de una interpretación restrictiva y se adecúa a la pluralidad de sujetos existentes en el derecho internacional e investidos de la capacidad para celebrar tratados.
Al artículo 2, apartado e)
Se propone la modificación del apartado e) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
""plenipotencia" o "plenos poderes": documento que emana del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y por el que se designa a una o varias personas para representar a España en la negociación, adopción o autenticación del texto de un tratado internacional, para expresar el consentimiento en obligarse por este o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado."
Al artículo 2, apartado r)
Se propone la modificación del apartado r) del artículo 2 que quedaría redactado como sigue:
"r) "reserva": declaración unilateral realizada por España al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado internacional o al adherirse a él, para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a España, cualquiera que sea su enunciado o denominación."
Se aligera el texto de la definición suprimiendo la perífrasis.
Al artículo 2, apartado s)
Se propone la modificación del apartado s) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
"s) "objeción a una reserva": declaración unilateral por la que España expresa su disconformidad en relación con la reserva formulada previamente por otro sujeto de derecho internacional."
Al artículo 12, apartado t)
Se propone la modificación del apartado t) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
"t) "declaración interpretativa": manifestación de voluntad realizada unilateralmente por España al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado internacional o al adherirse a él, para precisar o aclarar el sentido o alcance que atribuye al tratado internacional o a alguna de sus disposiciones, cualquiera que sea su enunciado o denominación."
Se corrige la redacción de la definición, suprimiendo la perífrasis y precisando el momento de su formulación, de conformidad con el derecho y la práctica internacionales.
Al artículo 2, apartado u)
Se propone la modificación del apartado u) del artículo 2, que quedaría redactado como sigue:
"u) "denuncia": acto por el que España hace constar su consentimiento para terminar un tratado internacional o retirarse de él."
Se completa la definición con la referencia a la denuncia individual formulada en el contexto de los tratados internacionales de carácter multilateral, de conformidad con las disposiciones de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986.
Se propone la modificación del enunciado del capítulo II, que quedaría redactado como sigue:
"Competencias en materia de tratados"
Se propone la modificación del artículo 3, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 3. Competencias del Consejo de Ministros.
e) Acordará la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante un tratado internacional."
Se armoniza la redacción del artículo con las disposiciones de la Constitución en materia de tratados, se alinea el texto con otras disposiciones del proyecto y se enfatiza el tenor restrictivo de las competencias reconocidas en materia de aplicación provisional. Asimismo, se suprimen las referencias a otros acuerdos internacionales en coherencia con la finalidad estricta asignada a la Ley.
Al artículo 4, párrafo b), apartado 1
Se propone la modificación del párrafo b), apartado 1 del artículo 4, que quedaría redactado como sigue:
"b) Prestará asistencia técnica, como Departamento especializado en materia de derecho internacional, a los órganos y entes intervinientes en la celebración de tratados y les asesorará en dicha materia de conformidad con lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas."
Se suprime la referencia a otros acuerdos en coherencia con las limitaciones materiales -exclusiva regulación de los tratados internacionales- impresas al objeto de la Ley.
Se propone la modificación del artículo 5, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 5. Competencias de los departamentos ministeriales.
e) La propuesta al Consejo de Ministros, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de los acuerdos de autorización o aprobación en relación con la autenticación."
En coherencia con el marco restringido de la regulación -ceñida a los tratados internacionales- se suprimen las referencias a otros acuerdos contenidas en los sucesivos apartados del artículo. Asimismo se revisa la redacción del apartado e) en consonancia con las previsiones del artículo 14 del proyecto.
Se propone la modificación del artículo 7, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 7. Competencias de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán participar en la celebración de tratados internacionales en el marco de las competencias que les otorgan la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título V de esta ley."
Se propone la modificación del artículo 8, que quedaría redactado como sigue:
"La denominación oficial del Estado español en los tratados internacionales será "España"."
Al artículo 10, párrafo a), apartado 2
Se propone la modificación del párrafo a), apartado 2 del artículo 10, que quedaría redactado como sigue:
"2. No necesitarán plenipotencia para representar a España:
a) El Rey, en los términos prescritos por la Constitución, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación."
Se propone la modificación del artículo 12, que quedaría redactado como sigue:
"Corresponderá a los negociadores adoptar el texto de un tratado internacional. En el supuesto de un texto elaborado por una Conferencia internacional, o en el seno de una Organización internacional, la adopción se realizará de conformidad con el Reglamento de dicha conferencia, las reglas de la organización y, en su defecto, de acuerdo con las normas generales de derecho internacional."
Se simplifica la redacción del artículo, suprimiendo por innecesarias las referencias a los órganos de las organizaciones internacionales, acomodándolo a las disposiciones del Convenio de Viena de 1986 en lo relativo a los tratados adoptados en el seno de organizaciones internacionales.
Al artículo 15, apartado 2
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 15, que quedaría redactado como sigue:
"2. La aplicación provisional no podrá autorizarse respecto de los tratados internacionales a que se refiere el artículo 93 de la Constitución española ni en relación con los contemplados en los apartados c) y e) del artículo 94.1."
Al artículo 15, apartado 3
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 15, que quedaría redactado como sigue:
"3. En los restantes supuestos comprendidos en el artículo 94.1 de la Constitución española, si las Cortes Generales no concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación notificará de inmediato a los otros contratantes, entre los que el tratado se aplica provisionalmente, la intención de España de no llegar a ser parte en el mismo, terminando en ese momento su aplicación provisional."
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 17, que quedaría redactado como sigue:
"1. La manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado internacional de los previstos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución española requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los términos establecidos en dichos preceptos."
Se inserta la referencia al apartado 1 del artículo 94 en coherencia con el resto de las disposiciones del proyecto.
Se propone la modificación del artículo 18, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 18. Información a las Cortes Generales.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Constitución española, el Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las reservas y declaraciones que España haya formulado.
2. Respecto de todo tratado, las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los presidentes de aquellas, la información y colaboración que precisen del Gobierno y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla."
Se agrupan en un artículo las disposiciones del proyecto relacionadas con la información a las Cortes Generales en materia de tratados y se revisa su redacción, explicitando su objeto y ajustándolo a las disposiciones de la Constitución.
Se simplifica la redacción del proyecto, suprimiendo el artículo 19 cuyo contenido pasa a integrar el nuevo apartado 2 del artículo 18, dada la afinidad de la materia.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 22, que quedaría redactado como sigue:
"2. En el caso de tratados internacionales que precisen de la autorización parlamentaria a que se refiere el artículo 17, la manifestación del consentimiento irá acompañada de las reservas y declaraciones en los términos en que hayan sido autorizadas por las Cortes Generales."
De conformidad con el carácter integral de la intervención parlamentaria prestada impuesto por la Constitución, se revisa la redacción del apartado, excluyendo una eventual autonomía del Gobierno para revisar el contenido de las reservas y declaraciones autorizadas por las Cámaras.
Al artículo 22, apartado 3
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 del artículo 22, que quedaría redactado como sigue:
"3. El Gobierno informará las Cortes Generales respecto de las aceptaciones u objeciones que haya formulado a las reservas emitidas por las Partes contratantes en los tratados internacionales previamente autorizados por las Cámaras."
Dada la incidencia de la dinámica relacionada con las reservas sobre el contenido efectivo de los compromisos derivados de los tratados internacionales objeto de autorización parlamentaria, se impone al Gobierno una obligación de información a las Cámaras.
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 25, que quedaría redactado como sigue:
"2. Asimismo, se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", cuando se produzcan, todas las incidencias que puedan influir en la aplicación de un tratado internacional."
Se sustituye el término "alteraciones" recogido en el Proyecto por un término más neutro para referir los actos sobrevenidos en relación con la aplicación de un tratado internacional en vigor.
Al artículo 26, apartado 1
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 26, que quedaría redactado como sigue:
"1. De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas los tratados bilaterales en los que España sea parte, así como los tratados multilaterales de los que España sea depositaria. Medidas semejantes se adoptarán en cualquier otra Organización internacional que proceda."
Se revisa el contenido del artículo resaltando la importancia de las obligaciones en materia de registro impuestas por la Carta de las Naciones Unidas respecto de las derivadas de otras organizaciones internacionales.
Al artículo 26, apartado 2
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 26, que quedaría redactado como sigue:
"2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, y a cualquier otra Organización internacional que proceda, todo acto ulterior realizado por España que modifique o suspenda dichos tratados internacionales, o que ponga término a su aplicación."
Se revisa la redacción del artículo en atención a razones de estilo y sintaxis.
Al artículo 34, párrafo c) del apartado 1
Se propone la modificación del párrafo c) del apartado 1 del artículo 34, que quedaría redactado como sigue:
"c) El ámbito de aplicación territorial del tratado."
El texto del Proyecto limita la consideración de la aplicación territorial de los tratados a la hipótesis de las modificaciones territoriales que afecten a un Estado. La práctica internacional, en cambio, revela que la aplicación en el espacio interesa a otras muchas situaciones. Por ello, se simplifica la redacción de la disposición para acoger otras hipótesis.
Al artículo 34, apartado 3
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 34, que quedaría redactado como sigue:
"3. Cuando España sea parte en dos o más tratados internacionales sucesivos relativos a la misma materia, la determinación de las disposiciones que hayan de prevalecer se efectuará en la forma prevista en dichos tratados y, en su defecto, de acuerdo con las normas generales de derecho internacional."
Se sustituye la preposición "de" por "en" de conformidad con la redacción del texto establecida en los Convenios de Viena de 1969 y 1986.
Se propone la modificación del artículo 35, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 35. Efectos jurídicos de actos relacionados con los tratados internacionales.
Los actos que persigan producir algún efecto jurídico respecto de un tratado internacional del que España sea parte requerirán el previo pronunciamiento del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del titular del departamento ministerial que sea competente por razón de la materia."
Se revisa la redacción del artículo por razones de estilo.
Al artículo 37, apartado 3
Se propone la modificación del apartado 3 del artículo 37, que quedaría redactado como sigue:
"3. Las disposiciones de tratados internacionales afectadas por declaraciones formuladas por España se interpretarán conforme al sentido conferido en ellas."
Se revisa la redacción del apartado.
Al artículo 39
Se propone la modificación del artículo 39, que quedaría redactado como sigue:
"Artículo 39. Denuncia y suspensión.
1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, acordará la denuncia o la suspensión de la aplicación de un tratado internacional conforme a las normas del propio tratado o las normas generales de Derecho internacional.
2. Los tratados internacionales comprendidos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución española sólo podrán ser denunciados o suspendidos previa autorización de las Cortes Generales.
3. A salvo lo dispuesto en el apartado anterior, por razones de urgencia, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, podrá decidir la suspensión de la aplicación de un tratado, y recabará con carácter inmediato la aprobación del Consejo de Ministros. La decisión se adoptará en todo caso con respeto a las normas internacionales aplicables.
4. El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la denuncia o de la suspensión de la aplicación de todo tratado internacional."
En la nueva redacción se impone el respeto de las normas del derecho internacional al acordar los procedimientos de denuncia y suspensión de los tratados. Además, en coherencia con las competencias de control conferidas a las Cámaras, se amplía la participación de las Cortes Generales en los casos de suspensión de los tratados contemplados en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución y se delimitan los tratados susceptibles de suspensión por el procedimiento de urgencia. Finalmente, se establece el carácter omnicomprensivo de la obligación de información parlamentaria respecto de la denuncia y suspensión que es objeto de regulación en un nuevo apartado específico.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando en su caso para un posterior desarrollo reglamentario otras manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos-.
Se suprime el artículo 40.
Se suprime el artículo 42.
Se suprime el artículo 44.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, excluyendo en absoluto toda tentativa de regulación de otros exponentes de la concertación en el ámbito exterior carentes de eficacia jurídico-internacional -los denominados Acuerdos No Normativos-.
Se suprime el artículo 46.
Se suprime el artículo 47.
Al artículo 52, apartado 3
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 52, que quedaría redactado como sigue:
"3. Las Comunidades Autónomas serán informadas de los tratados concluidos por España y que afecten a sus competencias, sean de su específico interés o incidan de manera especial en su ámbito territorial."
El texto propuesto colma la laguna presente en el proyecto en relación con el deber de información a las Comunidades Autónomas respecto de los tratados ya concluidos, en coherencia con las previsiones establecidas en los Estatutos de Autonomía.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando en su caso para un posterior desarrollo reglamentario otras manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos- y excluyendo en absoluto toda tentativa de regulación de otros exponentes de la concertación en el ámbito exterior carentes de eficacia jurídico-internacional -los denominados Acuerdos No Normativos-.
Se suprime el artículo 54.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando, en su caso, para un posterior desarrollo reglamentario otras manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos-.
Se suprime el artículo 55.
La Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, excluyendo en absoluto toda tentativa de regulación de otros exponentes de la concertación en el ámbito exterior carentes de eficacia jurídico-internacional -Ios denominados Acuerdos No Normativos-.
Se propone la modificación de la disposición adicional primera, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición adicional primera. Comunicación a otros sujetos de derecho internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la presente Ley a todos los sujetos de derecho internacional con los que España mantiene relaciones, incluidas las organizaciones internacionales de las que es miembro."
Se revisa el texto introduciendo correcciones de estilo y precisando los destinatarios de la información transmitida.
Se propone la modificación de la disposición adicional tercera, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición adicional tercera. Sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria.
De conformidad con el artículo 135 de la Constitución española y, en particular, con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales que vayan a celebrarse deberán supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en el expediente relativo a aquellos tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos."
Se suprimen las referencias a acuerdos distintos de los tratados, dado que la Ley debe limitarse a regular los tratados internacionales, dejando, en su caso, para un posterior desarrollo reglamentario otras manifestaciones derivadas de aquellos -los denominados Acuerdos Administrativos- y excluyendo en absoluto toda tentativa de regulación de otros exponentes de la concertación en el ámbito exterior carentes de eficacia jurídico-internacional -los denominados Acuerdos No Normativos-.
Se propone la modificación de la disposición adicional cuarta, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición adicional cuarta. Contribuciones o aportaciones que realice la Administración General del Estado así como los organismos públicos dependientes de ella no previstas en Tratados Internacionales.
La suscripción o formalización de instrumentos jurídicos distintos de los definidos en el artículo 2 de la presente Ley, a través de los que la Administración General del Estado o los organismos públicos dependientes de ella se comprometan a realizar contribuciones o aportaciones a organismos o programas internacionales, públicos o privados, aun cuando no se sujeten al derecho internacional, deberá ser autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento competente, previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre su adecuación a los fines, directrices y objetivos de la política exterior y sobre su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación jurídica. El expediente que se eleve al Consejo de Ministros, deberá ir acompañado necesariamente del informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas."
Se propone la modificación de la disposición adicional quinta, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición adicional quinta. Actos de aplicación de tratados internacionales para evitar la doble imposición y acuerdos sobre precios de transferencia.
No quedan sujetos a las disposiciones de la presente Ley los actos de aplicación de los tratados internacionales para evitar la doble imposición, en particular, los acuerdos amistosos de resolución de los conflictos en la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. Tampoco quedan sujetos los acuerdos entre administraciones tributarias para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas."
En coherencia con la terminología acogida en el proyecto, que emplea exclusivamente la denominación de tratados, se suprime la referencia sinónima "y convenios" recogida en el texto.
Se propone la modificación de la disposición final tercera, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición final tercera. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de lo establecido en la presente Ley."
Se sustituye la expresión "dispuesto" por resultar redundante con el texto.
Se propone la adición de una nueva disposición adicional sexta, que quedaría redactada como sigue:
"Disposición adicional sexta. Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados.
Dicha Comisión establecerá la forma de hacer efectiva la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla con finalidad informativa, y hacer efectiva su participación en el cumplimiento de los compromisos internacionales formalizados por España."
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de diciembre de 2013.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
"La aplicación provisional no podrá autorizarse respecto de los tratados internacionales a que se refiere el artículo 93 comprendidos en los supuestos de los artículos 93 y 94.1 c) y e) de la Constitución española."
Puede considerarse de difícil encaje en el sistema de garantías democráticas que establece nuestra Carta Magna, que materias sobre las que la Constitución española preceptúa su regulación mediante reserva de ley, puedan ser objeto sin embargo de regulación convencional y por tanto desplegar efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico español con rango supralegal, por la vía de la aplicación provisional de los tratados, sin haberse llevado a cabo la preceptiva previa autorización parlamentaria de las Cortes Españolas. Es por ello que conviene que tanto con relación al supuesto previsto en el artículo 93, como con relación a los supuestos contemplados en el artículo 94.1 c) y e) se prohíba la aplicación provisional de tratados internacionales sobre estas materias, sin la previa autorización de las Cortes Generales.
Al artículo 15.3
"En el supuesto de que se trate de un tratado internacional comprendido en alguno de los supuestos del artículo 94.1 a), b) y d) de la Constitución española, si las Cortes Generales no concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación notificará de inmediato a los otros contratantes, entre los que el tratado se aplica provisionalmente, la intención de España de no llegar a ser parte en el mismo, terminando en ese momento su aplicación provisional".
"El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las reservas formuladas por los negociadores y las declaraciones que España haya formulado realizado."
"Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar a través de los presidentes de aquellas, toda la información y ayuda que precisen del Gobierno y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla."
"Asimismo, se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado", cuando se produzcan, las alteraciones que puedan influir en la aplicación de un tratado internacional. todos los actos
posteriores que afecten a la situación de las partes o al contenido del tratado, como las nuevas adhesiones, la formulación, objeción o retirada de reservas, o cualquier acto relativo a la enmienda, modificación, retirada, suspensión o terminación del tratado."
La referencia a las "alteraciones" que puedan influir en la aplicación de un tratado internacional resulta muy indeterminada y desde el punto de vista técnico jurídico poco rigurosa.
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, y a cualquier otra organización internacional que proceda, todo acto español posterior a dichos tratados internacionales que los modifique o suspenda, o que ponga término a su aplicación. todos los actos posteriores de España que afecten a la situación de las partes o al contenido de dichos tratados, como las nuevas adhesiones; la formulación, objeción o retirada de reservas, o cualquier acto relativo a la enmienda, modificación, retirada, suspensión o terminación del tratado."
"Todos los poderes, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte. El Gobierno velará y deberán velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados."
"1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, acordará la denuncia o la suspensión de la aplicación de un tratado internacional. El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la denuncia o de la suspensión de la aplicación de un tratado internacional.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los tratados internacionales comprendidos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución Española sólo podrán ser denunciados o suspendidos previa autorización de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Constitución Española.
3. Por razones de urgencia debidamente justificadas, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, podrá decidir la suspensión de la aplicación de un tratado., y En este supuesto, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará con carácter inmediato la aprobación del Consejo de Ministros; . El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la denuncia o de la suspensión de la aplicación de un tratado internacional asimismo, en el caso de los tratados internacionales comprendidos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución española, el Gobierno deberá solicitar con carácter inmediato la autorización de las Cortes Generales."
Tanto en el caso de la suspensión en la aplicación de un tratado como en el de la denuncia, conviene salvaguardar la participación de las Cortes Generales a lo largo de todo el proceso de celebración, suspensión y terminación de los tratados internacionales previstos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución Española. Sin perjuicio de que por razones de urgencia debidamente justificadas el Gobierno pueda llevar a cabo la suspensión en la aplicación de un tratado sin la previa autorización de las Cortes Generales; autorización que no obstante deberá ser inmediatamente recabada.
"1. Los órganos, organismos y entes de las Administraciones públicas podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando el propio tratado así lo prevea.
4. En los acuerdos internacionales administrativos regulados por la presente Ley se incluirá, en todo caso, la referencia a "Reino de España" junto con la mención del órgano, organismo o ente que los celebre."
"1. Todos los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe vinculante por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional no normativo. Asimismo, antes de su firma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aquellos que conlleven compromisos financieros para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender tales compromisos.
2. El plazo para la emisión de los informes de la Asesoría Jurídica Internacional y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será de diez veinte días, respectivamente."
"Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán informados remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional por el Servicio Jurídico respectivo del órgano u organismo público que los celebre acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Asimismo, informará sobre la competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias. . Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de veinte días. En el expediente relativo a acuerdos no normativos que impliquen obligaciones financieras se acreditará la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos mediante informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas."
"49. Mención expresa del Estado y de la lengua oficial.
En los acuerdos internacionales no normativos se incluirá, en todo caso, la referencia a "Reino de España" junto con la mención del signatario. Deberán ser redactados en castellano como lengua oficial del Estado, sin perjuicio de su posible redacción en otras lenguas cooficiales de las comunidades autónomas."
Al capítulo II, artículos 54 y 55
1. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía y con sujeción a lo que disponga el propio tratado internacional. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades Autónomas y las Entidades Locales.
3. Los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días.
1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia y en los términos previstos en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos en las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales.
3. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días."
En el capítulo II se reitera de forma explícita para las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales lo que ya figura regulado en los títulos III y IV en los que explícitamente se incluye a estas Administraciones Públicas.
Al artículo 54.3
"3. Los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe vinculante por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez veinte días."
Al artículo 55.3
"3. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe vinculante por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez veinte días."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La presente Ley tiene por objeto regular la celebración y aplicación por España de los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos definidos en el artículo 2."
Al artículo 2. d)
"d) "Sujeto de Derecho internacional": un Estado, una organización internacional u otro ente internacional que goce de capacidad jurídica para celebrar tratados internacionales."
Al artículo 2. s)
El texto que se propone quedará redactado corno sigue:
"s) "Objeción a una reserva": acto por el que España realiza una declaración unilateral para objetar a la reserva formulada previamente por otro sujeto de derecho internacional."
Al artículo 5. e)
"e) La propuesta del Consejo de Ministros, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de los acuerdos de autorización de rúbrica, firma, canje de instrumentos o firma "ad referéndum", a los efectos de autenticación, así como la propuesta de la aplicación provisionar."
2. En el caso de tratados internacionales que precisen de la autorización parlamentaria a que se refiere el artículo 17, la manifestación del consentimiento irá acompañada, en su caso, de las reservas y declaraciones que hayan sido autorizadas por las Cortes Generales."
"2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, y a cualquier otra organización internacional que proceda, todo acto español posterior a dichos tratados internacionales que los modifique o suspenda, o que ponga término a su aplicación, así como cualquier otro acto relacionado con el tratado."
"1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de derecho internacional, en particular las de los artículos 31 a 33 de las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados, así como los criterios contenidos en el propio tratado."
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Al artículo 3. f)
Se propone la modificación del apartado 3. f), del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que queda redactado de la siguiente forma:
"f) Conocerá de los acuerdos internacionales administrativos."
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 4, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"2. En relación con las restantes Administraciones Públicas, el Ministerio... y las demás funciones que se le atribuyen en esta Ley, con el objeto de evitar o remediar eventuales perjuicios sobre la dirección y puesta en ejecución de la política exterior del Gobierno."
Un recto y leal entendimiento tanto de las políticas autonómicas como de la estatal para el establecimiento de la política exterior nos conduce a sostener que aquellas tienen un ámbito libre de actuación para la más adecuada satisfacción de los intereses a los que subviene la propia existencia de cada una de las Comunidades Autónomas, salvo que con dicha actividad incidan, perturben, condicionen a la política exterior establecida en cada momento por el Gobierno, ex artículo 149.1.3, en relación con el artículo 97, ambos de la C.E. En este sentido se pronuncia la jurisprudencia constitucional (SSTC 31/2010 y 80/2012, reiterando doctrina anterior). Por ello las tareas de asesoramiento, coordinación y cualquier
otra que quiera ejercer el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las Comunidades Autónomas deben condicionarse a la matización introducida mediante la enmienda propuesta.
Se propone la modificación del artículo 9, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. que queda redactado de la siguiente forma:
"9. El Ministro..., a propuesta del Ministerio o Ministerios competentes por razón de la materia, y de, en su caso, las Comunidades Autónomas, nombrará (resto igual)."
Se propone la adición de un nuevo apartado 3, al artículo 22, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, con la siguiente redacción:
"3. En todo tratado internacional susceptible de ejecución o concreción mediante un Acuerdo Internacional Administrativo se preverá que la futura firma de este último lo será por las Administraciones Públicas competentes por razón de la materia."
Al artícuo 31.2
Se propone la modificación del apartado 2, del artículo 31, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución de un tratado internacional."
Se propone la supresión de la parte del precepto que prevé la posibilidad que las Cortes puedan delegar en el Gobierno la elaboración de una ley en ejecución de un tratado internacional. Se trata de una circunstancia ya prevista en la propia Constitución y por tanto resulta improcedente que una ley ordinaria reproduzca algo ya previsto en la CE.
Se propone la supresión del apartado 2, del artículo 42, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
En coherencia con la enmienda al apartado f) del artículo 3
Se propone la modificación del artículo 43, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. Los acuerdos internacionales administrativos se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente a la Administración pública que los firme con indicación de la fecha de su entrada en vigor.
3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado uno anterior, y a efectos de publicidad, todos los acuerdos internacionales administrativos se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado"."
Mejora técnica y adecuación al ámbito competencial correspondiente, sin perjuicio de la máxima difusión posible de los acuerdos internacionales administrativos firmados por los distintos sujetos públicos competentes del Estado.
Se propone la modificación del artículo 46, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"El Gobierno... con órganos, organismos, entes, Administraciones y personificaciones de otros sujetos de derecho internacional en el ejercicio de sus respectivas competencias."
Se propone la supresión de la expresión "de naturaleza equivalente" pues supone una limitación arbitraria al ejercicio competencial de los titulares "ratione materiae". ¿Qué impedimento legítimo existe a la firma de un acuerdo no normativo entre una universidad pública y el ayuntamiento de Nueva York?
Al artículo 48.2
Se propone la supresión del apartado 2, del artículo 48, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Se propone la modificación del artículo 51, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
"1. Los acuerdos internacionales no normativos se registrarán en el registro correspondiente a la Administración pública o sujeto de derecho público que los suscriba.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado uno anterior, todos los registros de acuerdos internacionales no normativos se conectarán entre sí."
Se propone la modificación del artículo 51, del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"Las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Gobierno... la celebración de tratados internacionales que tengan por objeto materias de su competencia o interés específico, o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial. El Gobierno... (resto igual)."
No parece razonable que el derecho regulado en este artículo (algo que pudiera asemejarse al derecho de petición) tenga una densidad inferior al derecho de información regulado en el artículo siguiente, estando el Gobierno mucho menos vinculado por el primero que por el segundo, como es lógico por otra parte.
Al artículo 52.1
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 52 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. El Gobierno, a través del Ministerio..., de aquellos tratados internacionales que tengan por objeto materias de su competencia o interés específico, o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial. El Gobierno resolverá motivadamente... (resto igual)."
El dictamen del Consejo de Estado puso de manifiesto respecto a este artículo que la mención al "interés" de la Comunidad Autónoma demandante de información sobre la negociación de un tratado (tal y como, a secas, constaba en el anteproyecto informado) debiera cualificarse de alguna manera, sugiriendo la expresión "interés específico" o "mediante requerimiento de que afecte de manera especial a su respectivo ámbito territorial". Pues bien, el texto ahora enmendado introduce la sugerencia del Consejo de Estado al incorporar la expresión "por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial". Sin embargo, respecto a la original expresión "interés" no sólo la matiza, como se le sugería, con la palabra "específico" (interés específico), sino que al añadirle, a continuación, la frase "definido por las competencias que tengan atribuidas por el ordenamiento jurídico" desvirtúa aquel posible ámbito definido por el interés específico al hacerlo coincidir con las materias de su competencia, siendo además redundante con otro de los supuestos que ampara el derecho de la respectiva Comunidad Autónoma a recibir información cual es que el tratado en negociación afecte a materias de competencia de aquella.
Al artículo 52.2
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 52 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir... La decisión adoptada sobre las observaciones que estimen convenientes deberá ser motivada y comunicada a las Comunidades Autónomas."
Se introduce la exigencia de motivación por parte del Gobierno respecto de la decisión adoptada sobre las observaciones que las Comunidades autónomas le remitan durante la negociación de un tratado.
No parece razonable que el derecho de información-opinión regulado en este artículo fuera menos garantista para las Comunidades Autónomas que la regulación del artículo anterior (algo que pudiera asemejarse al derecho de petición), estando el Gobierno mucho menos vinculado constitucionalmente por el derecho de iniciativa autonómico para la suscripción de un tratado que por la obligación de atender o,
en su caso, desatender motivadamente las observaciones que se le remitan durante la tramitación de un tratado que afecte al acervo competencial autonómico.
Procede, por ello, unificar las redacciones de ambos preceptos incorporándose en este último, al igual que en el anterior, la exigencia de motivación.
Al artículo 53.1
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 53 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. Las Comunidades Autónomas... podrán solicitar... que tenga por objeto materias de su competencia o interés específico, o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial."
Similar a la justificación de la enmienda correspondiente al artículo 52.1.
Por su parte, se propone la supresión de la expresión in fine "y en los términos previstos en sus Estatutos de Autonomía" ya que si se refiere al acervo competencia-interés específico o al respectivo ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, simplemente es redundante de lo ya dicho con anterioridad en el mismo precepto. Y si se refiriera a que tal petición de participación en la delegación española se soporta en una previsión estatutaria en tal sentido, simplemente sería inconstitucional; ello supondría considerar ese derecho a solicitar la participación como una materia en sí misma considerada (¿y qué materia sería ésta: relaciones internacionales?) y no como una facultad inherente al acervo competencia-interés específico o a la afección especial al respectivo ámbito territorial.
Al artículo 54.1
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 54 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos...cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia y con sujeción a lo que disponga el propio tratado internacional... (resto igual)"
Coherencia con lo regulado en el artículo 7 y en el artículo 40.2 del proyecto.
Par evitar futuras dudas interpretativas si se quiere decir lo mismo en el artículo 7 y en el artículo 40.2 que en el artículo 54.1, debe decirse de la misma manera.
También se propone la supresión de la expresión "y en los términos previstos en sus Estatutos de Autonomía" ya que si se refiere al acervo competencial de una Comunidad Autónoma, simplemente es redundante a lo ya dicho con anterioridad en el mismo precepto. Y si se refiriera a que tal facultad se soporta en una previsión estatutaria en tal sentido simplemente sería inconstitucional; ello supondría considerar ese derecho a firmar acuerdos normativos como una materia en sí misma considerada (¿y qué materia sería ésta: relaciones internacionales?) y no como una facultad inherente al acervo competencial.
Al artículo 54.2
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 54 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"2. Los requisitos, tramitación interna, publicación y entrada en vigor de estos acuerdos internacionales administrativos, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado tres siguiente, se regirán por lo dispuesto en el Título III de la presente Ley."
El Título III regula, respecto de los acuerdos internacionales administrativos, los requisitos (art. 40), la tramitación interna (art. 42), y la publicación y entrada en vigor (art. 43). A estas cuestiones son a las que se debe remitir el apartado 2 del artículo 54.
La mención a la "calificación" de los acuerdos internacionales administrativos, respecto a la cual se propone su supresión, ha de entenderse contemplada en el apartado tres siguiente de este artículo ahora enmendado (que sería un trasunto para las CC.AA. del art. 41) cuando establece que aquellos deberán someterse, antes de su firma, a informe del Ministerio de Exteriores acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional y a cuantos otros este juzgue necesarios.
Al artículo 55.2 y 3
Se propone la supresión de los apartados 2 y 3 del artículo 55 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
En el proyecto de ley de tratados y otros acuerdos internacionales el Estado ejerce su competencia de coordinación con vocación centralizadora y extendiendo su competencia del artículo 149.1.3 más allá de las facultades de coordinación que en esta materia le viene reconociendo la doctrina del Tribunal
Constitucional. Por ello, resulta objetable la regulación de los acuerdos internacionales no normativos por la injerencia que supone en el ámbito propio de, entre otros, las Comunidades Autónomas que, toda vez que su naturaleza no es la de sujetos de Derecho Internacional, sus relaciones no pueden ser englobadas dentro de la materia de relaciones internacionales, estricto sensu.
Al artículo 55.1
Se propone la modificación del apartado 1 del artículo 55 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no normativos en las materias que sean propias de su competencia. Asimismo... y las Entidades Locales."
Coherencia con lo regulado en el artículo 7 y en el artículo 46 del proyecto.
Par evitar futuras dudas interpretativas si se quiere decir lo mismo en el artículo 7 y en el artículo 46 que en el artículo 55.1, debe decirse de la misma manera.
También se propone la supresión de la expresión "y en los términos previstos en sus Estatutos de Autonomía" ya que si se refiere al acervo competencial de una Comunidad Autónoma, simplemente es redundante a lo ya dicho con anterioridad en el mismo precepto. Y si se refiriera a que tal facultad se soporta en una previsión estatutaria en tal sentido, simplemente sería inconstitucional; ello supondría considerar ese derecho a establecer acuerdos no normativos como una materia en sí misma considerada (¿y qué materia sería ésta: relaciones internacionales?) y no como una facultad inherente al acervo competencial.
Al artículo 55.2
Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 55 del Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"2. La tramitación interna y registro de estos acuerdos internacionales no normativos, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado tres siguiente, se regirán por lo dispuesto en el Título IV de la presente Ley."
La mención a la "calificación" y al "informe" de los acuerdos internacionales no normativos, respecto a los cuales se propone su supresión, ha de entenderse contemplada en el apartado tres siguiente de este artículo ahora enmendado (que sería un trasunto para las CCAA del art. 47) cuando establece que aquellos deberán someterse, antes de su firma, a informe del Ministerio de Exteriores acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el derecho internacional y a cuantos otros este juzgue necesarios.
A la nueva disposición adicional sexta
Se propone la adición de una nueva disposición adicional sexta al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, quedando redactado de la siguiente forma:
"Disposición adicional sexta. Régimen foral vasco.
Las Instituciones competentes del País Vasco participarán en la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito derechos históricos tanto si su actualización general ha sido llevada a cabo por el Estatuto de Autonomía como en aquellos otros casos cuya actualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en el marco de la disposición adicional primera de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía para el País Vasco."
El más adecuado amparo y tutela de los derechos históricos en razón de su garantía constitucional, reconocida por la disposición adicional primera de la Constitución, y debidamente actualizados tanto a través del Estatuto de Autonomía como a través del legislador ordinario (STC 214/1989, FJ 26,) demanda un tratamiento normativo propio de ese régimen foral consistente en que las instituciones competentes del País Vasco participen en la delegación española que negocie un tratado que vaya a afectarlos.
A la nueva disposición adicional séptima
Se propone la adición de una nueva disposición adicional séptima al Proyecto, que quedaría redactado de la siguiente forma:
"Disposición adicional séptima. Régimen específico de la Comunidad Foral de Navarra.
Las instituciones competentes de Navarra podrán participar en la delegación española que negocie un Tratado Internacional bajo los mismos términos y condiciones dispuestos en la disposición adicional sexta."
"El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinentes para que los registros administrativos a los que se refiere el artículo 50 de la presente Ley se configuren de manera homogénea y se conecten entre sí."
En coherencia con la enmienda al artículo 50.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 febrero de 2014.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Se propone la supresión de la referencia "y los acuerdos internacionales no normativos".
Suprimir la frase "y que se rige por el Derecho internacional" en la cuarta y quinta líneas. Y suprimir el inciso final "No constituye acuerdo internacional administrativo el celebrado por estos mismos órganos, organismos o entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno".
Estas referencias excluyen del concepto de "acuerdos internacionales administrativos" los más frecuentes en la práctica: aquellos que no se rigen por el Derecho internacional sino por el propio Acuerdo marco del que traen causa.
Se propone la supresión de este epígrafe c) del artículo 2.
Al artículo 2, apartado o)
Se propone la modificación del apartado o) del artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:
"o) "aceptación" y "aprobación": denominaciones del acto, con idénticos efectos, por el que España hace constar su consentimiento en obligarse por un Tratado internacional; se haya firmado o no el texto del Tratado.
o bis) "notificación": denominación del acto por el que España hace constar su consentimiento en obligarse por un Tratado internacional y del cumplimiento de los requisitos constitucionales."
Donde dice: "para terminar un tratado".
Debe decir: "para dar por finalizadas respecto a sí mismo las obligaciones derivadas de un tratado".
Al artículo 3, párrafo inicial
1. Corresponde al Consejo de Ministros:"
Al artículo 3, epígrafe d)
"d) Aprobar y acordar la remisión a las Cortes Generales de los proyectos de ley orgánica previstos en el artículo 93 de la Constitución.
Precisar más correctamente la referencia a la remisión de los tratados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la Constitución. Además, en relación con la remisión a las Cortes de los tratados para su autorización (artículo 94.1 CE) o información (artículo 94.2 CE), se sustituye la expresión "remitir" por "disponer la remisión", más adecuada a la realidad, por cuanto dicha remisión se realiza ordinariamente mediante oficio del Ministerio de la Presidencia. Además se incluyen todos los tratados y acuerdos, incluso los administrativos, en la obligación de remisión a las Cortes
Al artículo 3, epígrafe f)
Al artículo 15, apartado 1
Añadir después de "su entrada en vigor.", el siguiente texto:
"La aplicación provisional se acordará por un plazo determinado, que no podrá exceder de seis meses."
Donde dice: "el artículo 93".
Debe decir: "los artículos 93, 94.1.c) y 94.1.d)".
Se propone la modificación de la primera frase en el siguiente sentido: "En el resto de los supuestos, si las Cortes Generales no concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado...".
Sustituir el inicio del apartado por el siguiente texto:
"2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visto el informe de la Asesoría Jurídica Internacional acerca de la tramitación del tratado y en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia, elevará al Consejo de Estado,..."
Resulta conveniente que la Ley incluya una referencia expresa al informe de la Asesoría Jurídica Internacional.
"... y con los informes y dictámenes recabados."
Incluir la documentación necesaria para la información al Parlamento.
La referencia al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es innecesaria y, por otra parte, la remisión a lo dispuesto en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado es incorrecta, puesto que lo regulado en los mismos no es estrictamente la tramitación de ese
control previo sino, como es lógico, el procedimiento para que las Cámaras ejerzan la iniciativa, que por otra parte también puede ejercitar el gobierno.
Supone una transcripción de lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución.
Al artículo 25, apartado 1
"1. La publicación de un tratado internacional en el "Boletín, Oficial del Estado" incluirá el texto íntegro del tratado junto a cualesquiera instrumentos y documentos anejos o complementarios, así como las aceptaciones, objeciones y retiradas, tanto de las reservas como de las objeciones a las mismas, y las declaraciones interpretativas. Además, se publicará la fecha de entrada en vigor del tratado y, en su caso, la de aplicación provisional y su terminación."
"2. Asimismo, se publicará en el "Boletín, Oficial del Estado", cuando se produzca, la enmienda, modificación, nulidad, terminación, suspensión, denuncia o retirada de un tratado o de parte del mismo que pueda influir en la aplicación de un tratado internacional."
"2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de las Naciones Unidas, y a cualquier otra Organización internacional que proceda, cualquier enmienda, modificación, nulidad, terminación, suspensión, denuncia o retirada de un tratado en el que sea parte España."
La referencia a "los actos que persigan producir algún efecto jurídico respecto de un tratado internacional" es un concepto demasiado amplio y difuso para configurar la necesidad de un pronunciamiento previo del Consejo de Ministros.
A la rúbrica del capítulo V
"Enmienda, modificación, nulidad, terminación, suspensión, denuncia y retirada".
Al artículo 38.2
"2. Cuando durante la vigencia de un tratado se lleve a cabo alguna enmienda tácita de sus disposiciones, será precisa su aceptación por el Consejo de Ministros para que se produzca la manifestación del consentimiento de España".
"3. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de autorización previa en los casos previstos en la Constitución y, en todo caso, de su comunicación a las Cortes Generales."
Evitar enmiendas "tácitamente aceptadas" que no cumplan con las previsiones constitucionales sobre autorización de convenios y tratados.
1. El Consejo de Ministros podrá acordar la denuncia o la suspensión de la aplicación de un tratado internacional, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado.
2. Por razones de urgencia, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y en su caso, en coordinación con el Ministerio competente por razón de la materia objeto del tratado, podrá decidir la suspensión de la aplicación de un tratado, y recabará con carácter inmediato la aprobación del Consejo de Ministros.
3. El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la denuncia o de la suspensión de la aplicación de un tratado internacional.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tratados internacionales comprendidos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución Española sólo podrán ser denunciados previa autorización de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.2 de la Constitución Española.
5. Cuando se acuerde la suspensión de la aplicación de un tratado internacional cuya autorización haya sido aprobada por las Cortes Generales, el Gobierno solicitará con carácter inmediato la ratificación de la suspensión por éstas. Si las Cortes Generales no aprobaran esta ratificación, el Gobierno revocará el acuerdo de suspensión de la aplicación del tratado."
Se mejora la redacción del artículo y se atribuye a las Cortes Generales la facultad de ratificar la suspensión de la aplicación cuando se trate de tratados que fueron autorizados por el Parlamento.
Sustituir "para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho internacional"
"para que por la Asesoría Jurídica Internacional se emita informe preceptivo acerca de su naturaleza y formalización."
Dotar de carácter preceptivo el informe de la Asesoría Jurídica Internacional y precisar el objeto de este informe.
En coherencia con enmiendas anteriores que postulan el conocimiento por el Consejo de Ministros y la remisión al Parlamento de estos acuerdos para su conocimiento.
Suprimir el inciso inicial: "De conformidad con la legislación en vigor,... "
No se justifica a qué responde la inclusión de la cita a la legislación vigente.
"Los acuerdos internacionales administrativos válidamente celebrados una vez publicados en el BOE formarán parte del ordenamiento interno."
Prever la incorporación al ordenamiento jurídico de estos acuerdos.
Al título IV y los artículos que contiene
A la rúbrica del capítulo II del título V
"Celebración de acuerdos internacionales administrativos por las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales"
"para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza y formalización."
Se propone la supresión del artículo referido a los acuerdos internacionales no normativos por no estar justificada la inclusión de este tipo de acuerdos en el proyecto de ley
"Disposición adicional. Accesibilidad en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La publicación de colecciones de tratados y acuerdos en vigor prevista en los artículos 28 y 44 será accesible a través de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación."
Facilitar la transparencia y la publicidad de los tratados y sus recopilaciones.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de Tratados y otros Convenios Internacionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de modificación del apartado II de la exposición de motivos, segundo párrafo del referido texto:
"En segundo término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, lo cual ha dado origen a nuevas formas de acuerdos y nuevos problemas de aplicación. En este sentido, el Derecho interno de un Estado puede establecer la distinción entre tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, posibilidad que contemplan expresamente las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 en sus respectivos artículos 2.2. Así, en relación con las nuevas formas de acuerdos, cabe citar los acuerdos de ejecución de tratados internacionales, normalmente denominados en la práctica española acuerdos internacionales administrativos y la celebración de "otros acuerdos de carácter internacional no constitutivos de tratados ni de acuerdos internacionales administrativos que no son fuente de obligaciones internacionales ni se rigen por el derecho internacional frecuentemente denominados Memorandos de Entendimiento o identificados mediante las siglas MOU derivadas de la denominación inglesa Memoranda of Understanding que instrumentan la asunción de compromisos políticos, categoría ésta última, que no es objeto de regulación por esta Ley"."
Se propone mantener una referencia a la clasificación tripartita de los instrumentos de acuerdos de carácter internacional en la exposición de motivos pero suprimir la referencia a la denominación de "acuerdos internacionales no normativos" y substituirla por una referencia genérica a las características
que definen esta tipología de acuerdos, puesto que se trata de una denominación imprecisa, que introduce un grado de confusión considerable y que además diluye el carácter de pacto o vínculo generado con su celebración.
A los efectos de modificación del apartado II de la exposición de motivos, cuarto párrafo del referido texto:
"Asimismo, el diseño territorial del Estado realizado tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 ha significado el reconocimiento a las Comunidades Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de relevantes competencias en materia de acción exterior. De esta forma, como consecuencia de lo previsto en el apartado tercero del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado posee una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales que, con base en una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluye en su núcleo duro precisamente la capacidad de celebrar tratados internacionales, el llamado ius ad tractatum. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencia para desplegar ciertas actividades de acción exterior entre las que cabe, por ejemplo, la celebración de acuerdos de carácter internacional, no regidos por el derecho internacional. También disponen de competencia para celebrar acuerdos internacionales administrativos, en concreción o ejecución de un tratado. Gozan, además, de competencias en otros aspectos de la acción exterior que también tienen consecuencias en la propia política exterior del Estado en materia de celebración de tratados internacionales y que deben ser objeto de regulación para garantizar su adecuada inserción dentro de la competencia exclusiva del Estado derivada de los artículos 97 y 149.1.3 de la Constitución Española. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de las Comunidades Autónomas a proponer la apertura de negociaciones para la celebración de tratados sobre materias respecto de las que acrediten un interés justificado, el derecho a ser informadas de la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias b el derecho a solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional que afecte a competencias de las Comunidades Autónomas."
A los efectos de modificación del apartado III de la exposición de motivos, último párrafo del referido texto:
"Así las cosas, el contenido de esta Ley de tratados y otros acuerdos internacionales se articula en torno a cinco grandes títulos. El punto de partida lo configuran las disposiciones generales del
título I que precisan el alcance material de la ley e incluyen definiciones de los principales conceptos manejados en la ley. A continuación, como núcleo fundamental de la misma, se regula en el título II todo lo relativo a la competencia para la celebración y la celebración misma de los tratados internacionales, diferenciando, de la misma forma que hace el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, entre la representación internacional de España, el proceso de celebración, la publicación y registro, la ejecución y observancia y la enmienda, suspensión y denuncia. A partir de ahí, la Ley dedica el título siguiente a la regulación de una modalidad de acuerdos internacionales de relevancia creciente en la práctica internacional que, sin embargo, no goza de la naturaleza de los tratados internacionales, a saber, los acuerdos internacionales administrativos. Esta modalidad precisa una regulación de los aspectos propios de su naturaleza, calificación, tramitación y publicación. Por último, en razón de la naturaleza de nuestro Estado autonómico y las competencias asumidas en materia de acción exterior por las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, la Ley presta particular atención a la participación de estas Comunidades Autónomas, título IV, tanto en la celebración de tratados internacionales como de acuerdos' internacionales administrativos y acuerdos no normativos. Finalmente, la Ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales, derogatoria y finales."
Se propone mantener una referencia a la clasificación tripartita de los instrumentos de acuerdos de carácter internacional en la exposición de motivos pero suprimir la referencia a la denominación de "acuerdos internacionales no normativos" y substituirla por una referencia genérica a las características que definen esta tipología de acuerdos, puesto que se trata de una denominación imprecisa, que introduce un grado de confusión considerable y que además diluye el carácter de pacto o vínculo generado con su celebración.
A los efectos de supresión de un inciso en el artículo 1 del referido texto:
"La presente ley tiene por objeto regular la celebración por España de los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos internacionales no normativos definidos en el artículo 2."
La referencia a la denominación de "acuerdos internacionales no normativos" y substituirla por una referencia genérica a las características que definen esta tipología de acuerdos, puesto que se trata de una denominación imprecisa, que introduce un grado de confusión considerable y que además diluye el carácter de pacto o vínculo generado con su celebración.
A los efectos de supresión del epígrafe C del artículo 2 del referido texto:
A los efectos de modificación del epígrafe F del artículo 3 del referido texto:
"f) Conocerá de los acuerdos internacionales administrativos y de los no normativos cuya importancia así lo aconseje."
A los efectos de modificación del artículo 6 del referido texto:
"Artículo 6. Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuerdos internacionales.
Dicha Comisión establecerá la forma de hacer efectiva la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla con finalidad informativa, y hacer efectiva su participación en la Comisión y en el cumplimiento de los compromisos internacionales formalizados por España."
A los efectos de modificación del artículo 7 del referido texto:
"Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados internacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales podrán establecer acuerdos internacionales administrativos y otros acuerdos de carácter internacional no regidos por el derecho internacional, en el marco de las competencias que les otorgan la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título IV de esta ley, cuando resulte de aplicación."
"Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados internacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales podrán establecer otros acuerdos internacionales en el marco de las competencias que les otorgan los tratados internacionales, la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos en el título V de esta ley."
Esta propuesta se hace pensando en la posibilidad de que entidades de carácter no estatal participen en las actividades de Organismos Internacionales como es el caso conocido de la UNESCO, extendiéndolo también en Tratados de cooperación transfronteriza que contemplaran la participación de las CCAA.
A los efectos de modificación del artículo 30 del referido texto:
"Todos los poderes, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte. El Gobierno velará por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.
El incumplimiento por parte de los poderes públicos de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales podrá ser objeto de denuncia ante los tribunales españoles e internacionales de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos y las normas generales de Derecho internacional."
A los efectos de modificación del artículo 31 del referido texto:
"1. Los tratados internacionales serán directamente aplicables de aplicación directa y preferente, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.
2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran para la ejecución de un tratado internacional. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno o en las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias la potestad de dictar tales normas dentro de los límites y con los requisitos establecidos en los artículos 82 a 85 de la Constitución Española.
3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adoptarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que España sea parte en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias."
La aplicabilidad de los tratados internacionales como derecho interno de aplicación directa y preferente es aceptada generalmente, y refuerza su valor. El artículo 32 habla de "prevalencia" que es un concepto complementario. La incorporación de esta expresión se une con las modificaciones propuestas al artículo 30.
A los efectos de supresión del título IV del referido texto:
A los efectos de modificación del apartado 1 del artículo 52 del referido texto:
"1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, informará las Comunidades Autónomas, previamente al inicio de las negociaciones y durante toda la fase de la negociación de aquellos tratados internacionales que tengan por ámbito materias que sean de su competencia o interés específico, definido por las competencias que tengan atribuidas por el ordenamiento jurídico o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial."
A los efectos de modificación del apartado 2 del artículo 53 del referido texto:
"2. El Gobierno aceptará la participación solicitada salvo que decida, motivadamente, a propuesta conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la materia, la improcedencia de dicha participación. La decisión adoptada sobre la solicitud deberá ser comunicada a las Comunidades y Ciudades Autónomas."
A los efectos de modificación del título del capítulo II del título V del referido texto:
A los efectos de modificar el apartado 3 del artículo 54 del referido texto:
"3. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán remitidos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del informe será de diez días."
A los efectos de supresión del artículo 55 del referido texto:
A los efectos de modificación de la disposición adicional tercera del referido texto:
De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española y, en particular, con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales, acuerdos internacionales administrativos y no normativos que vayan a celebrarse deberán supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en el expediente relativo a aquellos tratados o acuerdos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos."
"De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española y, en particular, con lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales, acuerdos internacionales administrativos y no normativos que vayan a celebrarse deberán supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en el expediente relativo a aquellos tratados o acuerdos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos.
El Proyecto de Ley anual de Presupuestos Generales del Estado incorporará la información correspondiente al detalle de todas las obligaciones financieras para la Hacienda Pública que se deriven de la aplicación de un tratado internacional, agrupadas por Tratado y Ministerio, al objeto de facilitar la visualización y control global de los gastos comprometidos."
Para la plena transparencia y calidad democrática, los ciudadanos así como las Cortes Generales deben de estar informados de los gastos ocasionados por el pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales.
A los efectos de adición de una nueva disposición adicional al referido texto:
"Nueva disposición adicional.
La comunicación previa a la Administración General del Estado y publicación oficial de los convenios de cooperación transfronteriza de Comunidades Autónomas y Entidades locales con entidades territoriales extranjeras, prevista en el Real Decreto 1317/1997, de 1 de agosto, considerará que los convenios de cooperación transfronteriza serán subsumibles en la categoría de los acuerdos internacionales administrativos regulada en esta Ley."
A los efectos de modificación de la disposición final tercera del referido texto:
"Se autoriza al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales y a las comunidades autónomas, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones que resulten necesarias para el adecuado desarrollo de lo dispuesto en la presente ley."
- Enmienda núm. 146, del G.P. Catalán (CiU), apartado II.
- Enmienda núm. 147, del G.P. Catalán (CiU), apartado II.
- Enmienda núm. 148, del G.P. Catalán (CiU), apartado III.
- Enmienda núm. 149, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 4, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 77, del G.P. Popular.
- Enmienda núm. 107, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 5, del G.P. La Izquierda Plural, letra a).
- Enmienda núm. 6, del G.P. La Izquierda Plural, letra b).
- Enmienda núm. 108, del G.P. Socialista, letra b).
- Enmienda núm. 7, del G.P. La Izquierda Plural, letra c).
- Enmienda núm. 150, del G.P. Catalán (CiU), letra c).
- Enmienda núm. 109, del G.P. Socialista, letra c).
- Enmienda núm. 8, del G.P. La Izquierda Plural, letra d).
- Enmienda núm. 78, del G.P. Popular, letra d).
- Enmienda núm. 9, del G.P. La Izquierda Plural, letra e).
- Enmienda núm. 110, del G.P. Socialista, letras o) y o) bis (nueva).
- Enmienda núm. 10, del G.P. La Izquierda Plural, letra r).
- Enmienda núm. 11, del G.P. La Izquierda Plural, letra s).
- Enmienda núm. 79, del G.P. Popular, letra s).
- Enmienda núm. 12, del G.P. La Izquierda Plural, letra t).
- Enmienda núm. 13, del G.P. La Izquierda Plural, letra u).
- Enmienda núm. 111, del G.P. Socialista, letra u).
- Enmienda núm. 14, del G.P. La Izquierda Plural, a la rúbrica.
- Enmienda núm. 15, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 112, del G.P. Socialista, párrafo inicial.
- Enmienda núm. 113, del G.P. Socialista, letra d).
- Enmienda núm. 84, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), letra f).
- Enmienda núm. 114, del G.P. Socialista, letra f).
- Enmienda núm. 151, del G.P. Catalán (CiU), letra f).
- Enmienda núm. 16, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1, letra b).
- Enmienda núm. 85, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 17, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 80, del G.P. Popular, apartado e).
- Enmienda núm. 18, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 152, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 153, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 154, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 86, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 21, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2, letra a).
- Enmienda núm. 115, del G.P. Socialista, apartado 1.
- Enmienda núm. 62, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 2.
- Enmienda núm. 116, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 24, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3.
- Enmienda núm. 63, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 3.
- Enmienda núm. 117, del G.P. Socialista, apartado 3.
- Enmienda núm. 118, del G.P. Socialista, apartado 4.
- Enmienda núm. 25, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1.
- Enmienda núm. 119, del G.P. Socialista, apartado 1.
- Enmienda núm. 120, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 64, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 121, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 65, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 122, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 28, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2.
- Enmienda núm. 29, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 87, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 123, del G.P. Socialista, apartado 3.
- Enmienda núm. 124, del G.P. Socialista, apartado 1.
- Enmienda núm. 30, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2.
- Enmienda núm. 66, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 2.
- Enmienda núm. 125, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 32, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 2.
- Enmienda núm. 67, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 2.
- Enmienda núm. 82, del G.P. Popular, apartado 2.
- Enmienda núm. 126, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 127, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 128, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 68, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 155, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 88, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 156, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 33, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 1, letra c).
- Enmienda núm. 34, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3.
- Enmienda núm. 130, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 35, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 83, del G.P. Popular, apartado 1.
- Enmienda núm. 36, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3.
- Enmienda núm. 131, del G.P. Socialista, a la rúbrica.
- Enmienda núm. 132, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 133, del G.P. Socialista, apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 37, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 69, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 134, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 38, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 39, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 70, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 40, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 71, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 135, del G.P. Socialista, apartado 1.
- Enmienda núm. 136, del G.P. Socialista, apartado 2.
- Enmienda núm. 89, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 137, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 90, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 138, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 139, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 157, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 91, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 72, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 92, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 73, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 93, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 94, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 95, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
- Enmienda núm. 158, del G.P. Catalán (CiU), apartado 1.
- Enmienda núm. 96, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 51, del G.P. La Izquierda Plural, apartado 3 (nuevo).
- Enmienda núm. 97, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
- Enmienda núm. 159, del G.P. Catalán (CiU), apartado 2.
- Enmienda núm. 52, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 140, del G.P. Socialista, a la rúbrica.
- Enmienda núm. 160, del G.P. Catalán (CiU), a la rúbrica.
- Enmienda núm. 53, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 74, del G.P. Unión Progreso y Democracia.
- Enmienda núm. 98, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
- Enmienda núm. 99, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 75, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 3.
- Enmienda núm. 141, del G.P. Socialista, apartado 3.
- Enmienda núm. 161, del G.P. Catalán (CiU), apartado 3.
- Enmienda núm. 54, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 142, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 162, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 101, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 1.
- Enmienda núm. 100, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartados 2 y 3.
- Enmienda núm. 102, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), apartado 2.
- Enmienda núm. 76, del G.P. Unión Progreso y Democracia, apartado 3.
- Enmienda núm. 55, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 143, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 56, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 163, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 164, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 57, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 58, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 61, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 103, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 104, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 144, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 165, del G.P. Catalán (CiU).
- Enmienda núm. 59, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 105, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 145, del G.P. Socialista.
- Enmienda núm. 106, del G.P. Vasco (EAJ-PNV).
- Enmienda núm. 60, del G.P. La Izquierda Plural.
- Enmienda núm. 166, del G.P. Catalán (CiU).