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Timestamp: 2020-07-13 11:48:54
Document Index: 299722704

Matched Legal Cases: ['artículo 469', 'artículo 218', 'artículo 17', 'artículo 323', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 17']

STS 29 de mayo de 2020. el Sahara occidental no es «territorio nacional» o «España» a los efectos del régimen de la nacionalidad. Voto particular: la demandante era española de origen al haber nacido de padres que en el momento del nacimiento eran españoles (saharauis) – Codigo-civil.net
STS 29 de mayo de 2020. el Sahara occidental no es «territorio nacional» o «España» a los efectos del régimen de la nacionalidad. Voto particular: la demandante era española de origen al haber nacido de padres que en el momento del nacimiento eran españoles (saharauis)
Roj: STS 1240/2020 – ECLI: ES:TS:2020:1240
Id Cendoj: 28079119912020100009
Nº de Recurso: 3226/2017
Nº de Resolución: 207/2020
Resoluciones del caso: SAP IB 1024/2017,
STS 1240/2020
Transcrito por: CVS Nota:
TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Civil PLENO Sentencia núm. 207/2020
Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la Dirección General de los Registros y del Notariado (en la actualidad, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública), bajo la representación y dirección del abogado del Estado, contra la sentencia dictada el 27 de mayo de 2017 por la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Illes Balears en el recurso de apelación n.º 51/2017, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 265/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Palma de Mallorca sobre nacionalidad. Ha sido parte recurrida la demandante D.ª Gloria , representada por la procuradora D.ª Andrea de Dorremochea Guiot bajo la dirección letrada de D. José María Costa Serra, y también ha sido parte el Ministerio Fiscal.
CUARTO.- Recurso de apelación y sentencia de segunda instancia.
«Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Gloria contra la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2016 dictada por la Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Palma, en el procedimiento de juicio ordinario del que trae causa el presente rollo de apelación, revocamos la expresada resolución y en su lugar acordamos que, con estimación de la demanda interpuesta por su representación procesal, procede declarar su nacionalidad española de origen desde la fecha de su nacimiento, el día NUM000 de 1973, ordenando que se libre mandamiento al Registro Central para que se practique la inscripción correspondiente y que le sean expedidos cuantos documentos, oficios o despachos sean necesarios al efecto de que se tenga por eficaz registralmente lo acordado en la presente sentencia.
»No se realiza especial pronunciamiento de las costas devengadas en la presente alzada».
QUINTO.- Interposición de recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
«Al amparo del artículo 469.1.2 LEC: Por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia: en concreto, por infracción del artículo 218.1 LEC, en relación con el art. 24 CE: incongruencia » extra petita» de la sentencia recurrida».
«Por infracción del artículo 17.1 letra c) del Código Civil, en la interpretación dada al mismo por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia del Pleno del Tribunal Supremo n.º 617/1996 de 28 de octubre de 1998 (n.º 617/1996)».
SEXTO.- Admisión de los recursos, oposición de la parte recurrida e informe del Ministerio Fiscal.
SÉPTIMO.- Señalamiento para votación y fallo por el pleno y cambio de ponente.
PRIMERO.- Cuestión de fondo controvertida y antecedentes relevantes para la decisión de los recursos.
1. D.ª Gloria nació el NUM000 de 1973 en Agüenit (o Agwanit), Sahara Occidental (doc. 4 de la demanda),siendo sus padres D. Anton . y D.ª Apolonia , ambos naturales de la localidad saharaui de Bir Ganduz (docs. 7 y 8 de la demanda).
2. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de Eivissa (lugar de su residencia) el 29 de octubre de 2009,la Sra. Gloria promovió expediente gubernativo, con base en los arts. 96.2 de la Ley del Registro Civil y 338 de su Reglamento, solicitando la declaración de su nacionalidad española con valor de simple presunción por haber nacido en territorio del Sahara Occidental antes de 1976, ser hija de españoles y considerar aplicable a su caso la doctrina contenida en la sentencia de esta sala de 28 de octubre de 1998.
3. Por auto de 13 de julio de 2010 la encargada del registro acordó denegar dicha petición por no concurrirlos requisitos previstos en el art. 18 CC para la consolidación de la nacionalidad española y no ser aplicable al caso la doctrina contenida en la citada sentencia.
4. Contra dicha resolución la Sra. Gloria interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y delNotariado (DGRN) alegando que era prácticamente imposible para cualquier saharaui, en las condiciones de aquel momento, ejercer el derecho de opción contemplado en el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara (BOE de 28 de septiembre, en vigor al día siguiente) y mucho más difícil todavía probar actualmente que no se había podido ejercitar dicha opción.
5. Por resolución de 17 de julio de 2014 la DGRN (mencionada en las actuaciones como del día 23) acordó«desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada».
6. Con fecha 28 de mayo de 2015 la Sra. Gloria interpuso la demanda de juicio ordinario del presente litigiocontra la DGRN solicitando se declarase que tenía la nacionalidad española de origen desde su nacimiento (con inscripción de su nacimiento en el Registro Central y expedición de DNI). Fundaba su pretensión en los apdos. a) y b) del art. 17.1 CC, según su redacción a la fecha de su nacimiento, aunque también citaba el art. 14 de la Constitución, por entender que se le había dado diferente trato que a su marido, y diversa normativa internacional.
Alegaba, en síntesis: (i) que era española de origen por haber nacido en 1973 en el Sahara (estando inscrito su nacimiento en el Registro Civil de la denominada Villa Cisneros), entonces territorio español, y porque sus padres eran españoles; (ii) que toda persona nacida en territorio español y bajo la soberanía española, fuera o no colonia, era ciudadano español, siendo paradójico que a su marido -según decía, en las mismas circunstancias que ella-, sí se le hubiera reconocido la nacionalidad española tras instar expediente gubernativo al efecto; y (iii) que no había podido acogerse al RD de 1976, tanto por su minoría de edad como por las dificultades que para hacerlo tuvieron sus representantes legales – al carecer de información por haber tenido que desplazarse a un campamento de refugiados saharaui-, y que, en todo caso, dicha norma no era aplicable por infringir el principio de jerarquía normativa al contravenir lo establecido en el CC vigente al día de su publicación y, posteriormente, la Constitución (en concreto, el art. 14 -principio de igualdad- y el art. 11 improcedencia de privar de nacionalidad a un español de origen-).
7. La DGRN se opuso a la demanda, alegando, en síntesis: (i) que la resolución impugnada confirmó el autorecurrido, denegatorio de la declaración de nacionalidad con valor de simple presunción, por dos razones, a saber, la falta de los requisitos del art. 18 CC y la improcedente aplicación al caso de la sentencia de esta sala de 28 de octubre de 1998; (ii) que la demandante no había ejercitado el derecho especial de opción establecido en el RD de 1976; (iii) que la demandante no acreditaba el estado civil que pretendía inscribir por ninguno de los medios admitidos, pues los documentos aportados no reunían el carácter de auténticos en los términos previstos en el artículo 323 LEC, lo que generaba dudas no sólo acerca del nacimiento y filiación de la demandante sino incluso acerca de su identidad, al existir disparidad en los nombres y apellidos empleados; (iv) que la demandante no acreditaba tampoco ninguna posesión de estado; y (v) que, en consecuencia, no había acreditado ninguno de los elementos contemplados en los arts. 17 y 18 CC para que pudiera accederse a la declaración de su nacionalidad con valor de simple presunción.
8. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda, pero no impuso las costas a ninguna de las partespor apreciar serias dudas de derecho.
9. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante, alegando errónea valoraciónde la prueba (concretamente sobre la nacionalidad de los padres de la demandante), interpretación errónea del concepto España y territorio español, y vulneración del principio constitucional del artículo 14 de la Constitución. La parte demandada y el Ministerio Fiscal se opusieron al recurso.
10. La sentencia de segunda instancia, estimando el recurso de apelación y en consecuencia la demanda,declaró la nacionalidad española de origen de la demandante desde el día de su nacimiento.
Sus razones son, en síntesis las siguientes: (i) la sentencia apelada no valoró erróneamente la prueba al concluir que los padres de la demandante no eran españoles, pues para tenerlos por tales no bastaba el solo hecho de aparecer en el libro de familia un número de identificación personal que no era un DNI y que solo los identificaba como ciudadanos del Sahara Occidental, pero no como nacionales españoles; (ii) también fue correcta la interpretación por la sentencia apelada del concepto de España a los efectos de lo dispuesto en el art. 17 CC, considerando que comprende el Sahara Occidental; (iii) en consecuencia, el hecho de que el art. 17.1 c) CC no se hubiera invocado en la demanda no impedía aplicarlo al caso – iura novit curiarespetando la causa de pedir, pues «independientemente de la bondad de los argumentos o de la disparidad de títulos jurídicos invocados en la demanda, lo que la actora ha afirmado a lo largo del procedimiento, y así ha quedado acreditado, es que nació en el Sahara Occidental en el año 1973, de padres españoles y que carece de nacionalidad alguna, y que lo que interesó en el Suplico de su demanda fue «la declaración de la nacionalidad de origen desde la fecha de su nacimiento»».
11. Contra la sentencia de segunda instancia la DGRN interpuso recurso extraordinario por infracción procesaly recurso de casación por interés casacional en su modalidad de oposición a la doctrina jurisprudencial de esta sala.
12. La demandante-recurrida se ha opuesto a los recursos tanto por considerarlos inadmisibles como porrazones de fondo, interesando en cualquier caso la confirmación de la sentencia impugnada con imposición de costas a la parte recurrente.
13. El Ministerio Fiscal ha impugnado el recurso extraordinario por infracción procesal, pero se ha mostradoconforme con el recurso de casación, interesando que se case la sentencia recurrida y se desestime la demanda.
SEGUNDO.- Examen y decisión sobre la alegada inadmisibilidad del recurso de casación .
TERCERO.- Motivo único: infracción del art. 218 LEC en relación con el art. 24CE . Planteamiento y posición de las partes.
CUARTO.- Decisión de la sala: desestimación del motivo por ajustarse la sentencia recurrida a lo pedido y a la causa de pedir.
QUINTO.- Motivo único: infracción del art. 17.1.c) CC , «en la interpretación dada al mismo por la Sala Primera del Tribunal Supremo en Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo n.º 617/1996 de 28 de octubre de 1998 (N.º de Recurso 617/1996 )» [en realidad sentencia 1026/1998 , y no de Pleno]. Planteamiento de la recurrente y posición de las partes.
SEXTO.- Decisión de la sala: estimación del motivo por no formar parte de España el Sáhara Occidental a los efectos del art. 17.1c) CC .
1.ª) Es cierto que algunas consideraciones de la sentencia de esta sala 1026/1998, de 28 de octubre, especialmente las relativas a la «provincialización» del Sáhara, parecen apoyar la tesis de la demandante, y lo mismo sucede con la sentencia de esta sala de 22 de febrero de 1977 en cuanto consideró que El Aiún era España en el año 1972, pero la primera no versa sobre la nacionalidad de origen, sino sobre la posesión de estado de nacional español y su utilización continuada durante al menos diez años ( art. 18 CC), y la segunda trató del inicio del plazo de caducidad de la acción de impugnación de la filiación conforme al párrafo segundo del art. 113 CC en su redacción originaria.
2.ª) En cambio, la sentencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1999, aun siendo cierto que tampoco trata del art. 17 CC sino de su art. 22, distingue entre territorio español y territorio nacional para concluir, aunque la demandante invoque esta sentencia a su favor transcribiendo incluso un pasaje que más bien le perjudica, que «Guinea, Ifni y Sáhara eran territorios españoles que no formaban parte del territorio nacional», de modo que su «provincialización» habría constituido «un perfeccionamiento del Régimen colonial».
3.ª) A la anterior distinción cabría ciertamente oponer que dentro del propio art. 17 CC, como se argumenta en la sentencia de primera instancia, la expresión «territorio español» aparece como equivalente a «España».
4.ª) Existiendo, pues, argumentos normativos y jurisprudenciales a favor de una u otra tesis, lo mismo que respetables opiniones doctrinales en uno u otro sentido, el camino más seguro para llegar a la interpretación más correcta es, como propone el Ministerio Fiscal, atenerse a la normativa española más específica sobre la materia, constituida por la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara, y el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, sobre opción de la nacionalidad española por parte de los naturales del Sahara.
5.ª) En consecuencia, cualquiera que sea la opinión que merezca esa normativa específica y cualquiera que sea la opinión sobre la actuación de España como potencia colonizadora a lo largo de toda su presencia en el Sahara Occidental, lo indiscutible es que se reconoce la condición colonial del Sahara -algo por demás difícilmente cuestionable incluso durante la etapa de «provincialización»- y que, por tanto, el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad de origen contemplada en el art. 17.1c) CC. En otras palabras, no son nacidos en España quienes nacieron en un territorio durante la etapa en que fue colonia española.
6.ª) La anterior interpretación, además, es armónica con la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo que a partir de las sentencias de 20 de noviembre de 2007 y 18 de julio de 2008 viene reconociendo el estado de apátridas a las personas nacidas en el Sahara Occidental antes de su descolonización y cuyas circunstancias son similares a las de la demandante del presente litigio.
SÉPTIMO.- Casación de la sentencia recurrida y de desestimación de la demanda.
OCTAVO.- Conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC, las costas del recurso extraordinario por infracción procesal deben imponerse a la parte recurrente, dada su desestimación.
1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la sentencia dictada el 27 de marzo de 2017 por la sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Illes Balears en el recurso de apelación n.º 51/2007.
2.º- Estimar el recurso de casación interpuesto por dicha parte contra la misma sentencia.
3.º- Casar la sentencia recurrida, dejándola sin efecto, para, en su lugar, desestimar íntegramente la demanda.
4.º- Imponer a la parte recurrente las costas del recurso por infracción procesal.
5.º- Y no imponer a ninguna de las partes las costas del recurso de casación ni las de las instancias.
SEGUNDO.- Razones por las que debió estimarse la demanda de acuerdo con sus propios fundamentos
1.- La demandante solicitó que se declarase que era española de origen de acuerdo con la redacción del art. 17 CC vigente en el momento en que nació (año 1973), por ser hija de españoles que habían nacido, al igual que ella, en territorio español. Razonó que no podía ser privada de su nacionalidad y que el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto, era inaplicable, tanto porque preveía una causa de pérdida de nacionalidad que no estaba prevista en una norma con rango de ley, como por ser contrario al art. 11.2 de la Constitución.
2.- La demanda debió ser estimada por las razones que se explican a continuación.
a) La exigencia de que el territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tenga, en virtud de la Cartade las Naciones Unidas, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo administra [Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970], permitió calificar a posteriori la anterior política de «provincialización» de los territorios administrados como «funcional», como sistema de promoción de estos territorios con vistas a su ulterior descolonización. También permitió justificar la decisión de poner fin a la presencia española en el Sahara después de los «Acuerdos de Madrid» de 15 de noviembre de 1975 y de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre de 1975, sobre descolonización del Sahara.
b) Pero una cosa es que, por exigencias del orden internacional, el territorio de las colonias sea un espaciodiferenciado del propiamente nacional y que la asimilación colectiva e independiente de la voluntad de sus habitantes sea contraria a los intereses de los pueblos de tales territorios y a la Carta de Naciones Unidas, y otra bien diferente que pueda privarse de los derechos reconocidos individualmente a sus ciudadanos y que estos voluntariamente han adquirido, que es lo que pretendió el Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto.
c) El Real Decreto 2258/1976, en definitiva, pretendió ser una prolongación en el ámbito de la nacionalidad de lapolítica seguida respecto del territorio. Para ello, quiso poner fin a la asimilación a los españoles de la condición personal de la población saharaui a la que, por ejemplo, se había garantizado el derecho de representación en Cortes, votó en el referéndum sobre la ley orgánica del Estado de 1966, poseía documentación tan significativa como el documento nacional de identidad y podía acceder a la condición de funcionario de la administración pública española, algo reservado a los nacionales españoles.
d) En consecuencia, en el presente caso, debió estimarse la demanda y declarar que, a la vista de los hechosprobados, la demandante era española porque nació de padres españoles, saharauis nacidos a su vez en el Sahara Occidental y a quienes el Estado español había dotado de la documentación que solo otorgaba a los españoles (documento nacional de identidad, libro de familia expedido por el Registro Civil).
3.- Debe descartarse que la demandante perdiera su nacionalidad española por aplicación del mencionado Decreto de 1976. Ya en el momento de su promulgación, el Decreto de 1976 comportaba la aplicación de una causa de privación de la nacionalidad no prevista en el Código civil vigente en ese momento (que, en virtud de la redacción por la ley de 15 de julio de 1954 contemplaba únicamente la pérdida por adquisición voluntaria de otra, la pérdida por sanción y la pérdida basada en la unidad familiar en sede de nacionalidad). Pero, sobre todo, la aplicación del citado Decreto de 1976 sería, además, contraria al art. 11.2 CE, conforme al cual, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
4.- Soy consciente de que mantener esta interpretación, que considero ajustada a Derecho, supondría una innovación jurisprudencial que se aleja de lo que mantuvo esta sala en la sentencia 1026/1998, de 28 de octubre. En esta sentencia, hay que recordar, la sala, tras declarar expresamente que no consideraba preciso pronunciarse sobre la inconstitucionalidad sobrevenida del Decreto de 1976, en lugar de la nacionalidad de origen solicitada por el demandante, declaró su nacionalidad al amparo del art. 18 CC.
TERCERO.- Razones por las que, aun de entender que la demandante no era hija de españoles, debería desestimarse el recurso de casación de la Dirección General
1.- La sentencia recurrida descartó que pudiera tenerse a la demandante como española por ser hija de españoles, pero razonó que, sin apartarse de la causa de pedir, y a la vista de los hechos probados, procedía declarar la nacionalidad española de origen de la demandante desde la fecha de su nacimiento por aplicación de lo dispuesto en el art. 17.1.c) CC.
A estos efectos, la sentencia de primera instancia se apoyó fundamentalmente en la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. De una parte, en la sentencia de 20 de noviembre de 2007, que declaró la situación de apátrida de un saharaui. De otra parte, en la sentencia de la misma sala de 7 de noviembre de 1999 que, a los efectos del art. 22 número 1.º CC del párrafo tercero, en la redacción dada por la Ley 51/1982, de 13 de julio [actual art. 22.2.a) CC], consideró que el Sahara Occidental era territorio español. La sentencia de primera instancia citó también la Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado de 18 de julio de 2005 que, a los efectos del 20.1.b) CC (derecho de optar reconocido a aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y «nacido en España»), en un caso en el que la madre del solicitante nació en el Sahara, consideró que era aplicable la misma doctrina de la sentencia de 7 de noviembre de 1999 «sin que a ello estorbe el hecho de que el precepto aquí aplicado hable de «España» y no de «territorio español»».
2.- Recurre la Dirección General, que interpone recurso por infracción procesal (en el que denuncia incongruencia «extra petita») y recurso de casación por la vía del interés casacional, alegando que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Literalmente, el recurso de casación se funda en la «infracción del artículo 17.1 letra c) del Código Civil, en la interpretación dada al mismo por la Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia del Pleno del Tribunal Supremo n.º 617/1996 de 28 de octubre de 1998 (n.º 617/1996) [en realidad es la sentencia, no de Pleno, 1026/1988]» que, según dice, «puede sintetizarse como sigue: «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sáhara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca -recalcaba- ha formado parte del territorio nacional». Resoluciones de la DGRN de 18 de octubre de 2006 y 5 de febrero de 2008».
«La Audiencia Provincial de Palma estima la concurrencia de los requisitos del artículo 17 del CC en su apartado primero letra c) obviando que el Alto Tribunal ha distinguido entre territorio nacional y territorio español, y que los nacidos en el Sáhara Occidental NO podían considerarse nacidos en España a efectos de reconocerles el acceso a la nacionalidad española por cualquiera de las vías que exigen cumplir el criterio del «ius soli». (…) Por lo tanto, parece claro que lo que hace la Audiencia Provincial de Palma es inaplicar la doctrina del Tribunal Supremo, y considerar que a efectos de acceso por cualquiera de las vías que exigen «nacimiento en territorio español» también, el Sahara fue en su momento territorio español y por ende, equiparable el status de un saharaui al de un nacional español de origen nacido en territorio peninsular, sin tener en cuenta la consideración del Sahara como potencia colonizada y que quedó liberada tras el correspondiente proceso descolonizador».
3.- Una vez desestimado el recurso por infracción procesal, como acertadamente hace la sentencia de la mayoría, creo que el recurso de casación, así formulado, debería ser desestimado.
a) En primer lugar, la sentencia recurrida no puede infringir la doctrina de la Sala Primera contenida en la sentencia 1026/1998, de 28 de octubre, porque esta sentencia no se pronunció sobre el art. 17.1.c) CC ni tampoco sobre si, a efectos de la regulación interna sobre nacionalidad, deben considerarse equivalentes las expresiones «nacido en territorio español» y «nacido en España».
«El Código Civil, establece en el artículo 18, el concepto de consolidación de la nacionalidad, por la posesión y utilización continuada de ésta, de acuerdo con el cumplimiento de determinados requisitos (Ley 18/1990, de 17 diciembre). Responde tal precepto a consideraciones que enlazan con la «posesión de estado» que pertenece a la parte general del Derecho civil, especialmente, en relación con el derecho de las personas. Exige tal precepto un «título inscrito en el Registro Civil», no obstante su posterior anulación.
Tal título, en el caso que nos ocupa, es la condición de «español indígena», nacido en territorio, a la sazón, considerado español, conforme resulta del artículo 17.1.d) del Código Civil, de acuerdo con una interpretación que está en la raíz del precepto, favorecedor del «ius soli», para concluir con los sistemas de apatridia. Si el territorio de marras, calificado como español, fue luego considerado no español, según las disposiciones que se dejaron mencionadas, ello no significa que al amparo de la calificación, bajo la que se desarrollaron o tuvieron ocurrencia los hechos determinantes del título, no se produjera una apariencia legitimadora, pese a la anulación posterior de la razón jurídica sustentadora. Como afirma la doctrina, «si se llega a demostrar que quien estaba beneficiándose de la nacionalidad española «iure sanguinis o iure soli», no era, en realidad español» (en este caso supondría que no tenía la plena nacionalidad), al ser nulo el título de atribución respectivo, no parece justo que la eficacia retroactiva de la nulidad (recogida «expresis verbis» en la Ley Descolonizadora), se lleve a sus últimas consecuencias en materia de nacionalidad».
Con anterioridad, en el f.j. quinto, la misma sentencia 1026/1998 afirma que, «en cualquier caso de lo que no cabe duda, con referencia a la «nacionalidad» de los saharauis, durante el plazo de la tutela de nuestro Estado sobre el territorio del Sahara Occidental, es que ésta fue la española».
b) Por lo que interesa a efectos de dar respuesta a la cuestión planteada en el recurso de casación, convienedestacar que ha sido la Sala Tercera del Tribunal Supremo la que, de manera contundente, ha venido corrigiendo las resoluciones del Ministerio de Justicia que denegaban las solicitudes de reconocimiento de nacionalidad española por residencia de un año por haber nacido en territorio español a quienes habían nacido en el Sahara cuando este se hallaba bajo autoridad española. El Ministerio basaba su decisión en la afirmación de que el Sahara «nunca ha formado parte del territorio español», lo que fundamentaba en la afirmación contenida en este sentido en la exposición de motivos de la Ley 40/1975, de 19 de noviembre, sobre descolonización del Sahara.
c) Sentado lo anterior, debe añadirse que, en atención a la finalidad de la norma, resulta razonable considerarque la interpretación de la Sala Tercera es igualmente aplicable al art. 17.1.c) CC.
d) Es comúnmente aceptado que, en atención a su finalidad, la norma contenida en el art. 17.1.d) CC (que seintrodujo en 1982 en el art. 17.3 CC) es aplicable a las personas nacidas con anterioridad a su promulgación, con el fin de evitar situaciones de apatridia originaria. Tampoco debe desconocerse que España se adhirió por Instrumento de 24 abril 1997 a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, que el art. 7.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño reconoce el derecho a adquirir una nacionalidad desde el nacimiento, en el mismo sentido que el art. 24.3 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y en coherencia con el art. 15.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
e) La aplicación del art. 17.1.c) CC al presente caso sería consecuencia de la concurrencia de una serie decircunstancias en el momento del nacimiento de la demandante: de haber nacido en el Sahara Occidental, en una época en la que ese territorio se encontraba bajo la autoridad española, del no reconocimiento de la nacionalidad española (la sentencia recurrida niega que lo sea por ser hija de españoles, y dada la ausencia de gravamen la demandante no ha impugnado la sentencia) y del hecho de carecer de otra nacionalidad (se niega que fueran españoles los padres, nacidos también en el Sahara, territorio que no tenía organización estatal propia y, por tanto, no confería ninguna nacionalidad).
f) En aras de dar cumplida respuesta a los argumentos de la recurrente debe señalarse que la estimación de la demanda en el presente caso no resulta contradictoria con la existencia de sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaran la situación de apatridia de saharauis (desde la sentencia de 20 de noviembre de 2007, rec. 10503/2003, se han sucedido varias; la sentencia de 4 de abril de 2014, rec. 4734/2011, contiene la cita de otras anteriores y sus razones).
g) Tampoco convence el argumento de la recurrente cuando señala que la aplicación del art. 17.1.c) CC, quetiene entre sus presupuestos la apatridia de la persona interesada, es incompatible con la afirmación de la demandante de ser española por ser hija de españoles.
1.º- Desestimamos los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación de la Dirección General de los Registros y del Notariado contra la sentencia de 26 de mayo de 2017 dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 3.ª), en el rollo de apelación n.º 51/2017, dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 265/2016 del Juzgado de Primera instancia n.º 14 de Palma de Mallorca
2.º- Confirmamos el fallo de dicha sentencia.
3.º- Imponemos a la recurrente las costas de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.