Source: https://es.scribd.com/doc/161665924/8-El-Espejo-nos-Habla-pdf
Timestamp: 2019-02-24 02:40:55
Document Index: 127209854

Matched Legal Cases: ['Artículo 55', 'artículo 119', 'artículo 4', 'artículo 77', 'artículo 7', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

8.El Espejo nos Habla.pdf
No basta con proteger y servir, volvamos las caras y profundicemos los sentimientos que se anteponen a las impresiones de la razón.
Colección Baquía Reglas mínimas de estandarización para los cuerpos policiales BAQUíA: Nombre de la colección. Significa conocimiento práctico para no perderse en caminos, trochas, ríos y parajes desconocidos. 8. El espejo nos habla Practiguía para la Atención a la Víctima Caracas, abril de 2010 Primera edición Producción: Consejo General de Policía Miembros del Consejo General de Policía Tareck El Aissami, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia Edgar Barrientos, viceministro del Sistema Integrado de Policía Rafael Isea, gobernador del estado Aragua José Luis Rodríguez, alcalde del municipio Carrizal Mercedes Prieto, representante del Ministerio Público Larry Devoe, representante de la Defensoría del Pueblo Pedro Tang, en representación de los cuerpos de policía municipales y estadales José Enrique González, en representación de los cuerpos de policía municipales y estadales Soraya El Achkar, en representación de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía
Responsables: Pablo Fernández Blanco y Diana González Revisión y validación: Yamileth Rodríguez Esly López Liderly Montero Claudia Cova Diseño gráfico: Helena Maso Fotos: Raúl Corredor Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Edición y correcciones: Helena González Impresión: 100.000 ejemplares Hecho depósito de ley Depósito Legal: lf58220103701154
Prólogo	Presentación	El nuevo modelo policial: un reto de país	Introducción	Desarrollo de las Obligaciones	Obligación N° 1	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 2	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 3	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 4	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 5	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 6	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación
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Obligación N° 7	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 8	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 9	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Obligación N° 10	Situación en los cuerpos policiales	Recomendaciones para cumplir con la Obligación	Referencias bibliográficas	Anexo	RESOLUCIÓN Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.390 del 19 de marzo de 2009
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Buena parte de la población venezolana, como resultado de procesos históricos estructurales, ha vivido sometida a una realidad signada por la exclusión social, la impunidad, la violencia sociopolítica y la inseguridad ciudadana, situaciones que la colocan en un escenario de grave vulnerabilidad fundamentada en la sistemática violación a los derechos humanos. Los informes que producen tanto los organismos del Estado venezolano (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, entre otros) como las organizaciones de derechos humanos en Venezuela dan cuenta de esta situación; las cifras oficiales así como las recogidas y documentadas por organizaciones sociales que han hecho acompañamiento a víctimas y sus familiares permiten revelar la grave situación de inseguridad ciudadana y de violación de derechos humanos que se vive en Venezuela. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, en su informe titulado “2000-2005. Impunidad en Venezuela” (2006), reporta haber recibido trescientas (300) denuncias de abusos policiales y militares; de ellas, “ciento cuarenta y nueve (149) fueron víctimas a las cuales se les vulneró el derecho a la vida, cifra que representa el 50%, la mitad del total de casos atendidos por la organización en los cinco años de estudio. La otra mitad está distribuida entre el derecho a la integridad personal, el segundo derecho más vulnerado, con ciento dieciocho (118) casos (39% del total), seguido de catorce (14) casos (5%) en los que se atentó contra el derecho a la libertad personal, once (11) situaciones (4%) en las que se vulneró el derecho a la inviolabilidad del hogar y ocho (8) ocasiones (3%) en las que las personas denunciaron haber sido víctimas de violación al derecho a la seguridad personal”. Por otra parte, según informe publicado por Provea (2009), en el período comprendido entre octubre 2008 y septiembre 2009, 205 personas fueron víctimas de violación del derecho a la vida por parte de diferentes cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En relación con la vulneración de la integridad personal, esta organización registró un total de 150 denuncias, con un saldo de 509 víctimas. Un último dato que se desprende del informe da cuenta de
que durante el período en estudio funcionarios de 44 cuerpos de seguridad se vieron involucrados en la victimización de al menos una persona. El Ministerio Público, a través de información suministrada por la Fiscal General de la República en fecha 22/05/2009, da cuenta de haber atendido en el período 2008-marzo 2009 un total de 10.858 casos de funcionarios policiales presuntamente involucrados en delitos contra los derechos humanos. De ese total, los delitos correspondientes a lesiones, abuso de autoridad, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, tortura, desaparición forzada, acoso u hostigamiento, 10.103 corresponden a las categorías mencionadas. Del total de actuaciones fiscales (5.641 casos) sólo 22 llegaron a sentencia condenatoria. Estos datos, si bien son genéricos y no discriminados por delito, dan cuenta del alto nivel de victimización que sufre la población venezolana a raíz de actuaciones policiales desviadas. En el año 2009 el informe de la organización Provea registró que la tasa de homicidios pasó de 48 homicidios por cada cien mil habitantes (hpcmh) en 2007 a 52 hpcmh en 2008, período en el que se registraron 14.467 homicidios en todo el país. Dentro de la categoría homicidios existen los denominados “fallecimientos por resistencia a la autoridad”. Como resistencia a la autoridad se entienden fallecimientos de civiles en supuestos enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. Según el informe de la misma organización, este tipo de víctimas ha aumentado progresivamente en los últimos cuatro años, siendo la cifra registrada en 2009 un total de 1.993 casos. La actuación letal de los cuerpos policiales logró su máximo en el año 2003 llegando a 2.305 casos. Dichos datos pudieran alcanzar un subregistro aproximado de 30% tomando en cuenta las limitaciones técnicas que presentan los organismos de investigación criminal en esta materia. La probabilidad de morir en un enfrentamiento siendo un civil es de 94,07% mientras que para los funcionarios policiales es de 5,93%.
Destacan de igual forma algunos datos revelados en la encuesta de victimización realizada en el año 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que comprendió una muestra representativa de 5.496 hogares. Este instrumento, entre otras cosas, aportó la siguiente información: “(...) Los delitos con mayor incidencia fueron robo, hurto, corrupción, lesiones personales, amenazas y estafa (...) La victimización comprende fundamentalmente al sexo masculino (62,3%), al grupo de los adultos entre 25 y 44 años (...) La Policía y la Guardia Nacional representan el 13% de los victimarios. Las armas de fuego se utilizan en el 76,7% de los casos” (Conarepol, 2007). La información recogida obliga a considerar el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentra la ciudadanía venezolana de ser sometida a hechos delictivos y abusos policiales. Nadie está exenta o exento en nuestro país de ser víctimas de estas situaciones. Las víctimas de delitos y del abuso de poder constituyen una población vulnerable que presenta múltiples secuelas físicas, psicológicas, sociales y de otra índole que afectan de manera radical su vida cotidiana y dificultan sus expectativas de desarrollo personal integral. Los efectos producidos por los hechos de delito o de abuso de poder hacen que las víctimas requieran de apoyo, seguridad, asistencia y trato digno y justo. De acuerdo a la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder de la Organización de Naciones Unidas (1985), las víctimas son aquellas “personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder” (ONU, 1985). Las víctimas deben ser tratadas con respeto a su dignidad. Los Estados están obligados a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar sus derechos.
Venezuela contempla en su marco normativo disposiciones que garantizan la protección, asistencia y resarcimiento a la víctima. De acuerdo a nuestra legislación todos tenemos acceso al Sistema de Administración de Justicia, incluyendo a la víctima de delitos comunes y de violación de derechos humanos, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en sus artículos 26, 49 (numeral 3) y 51. Es responsabilidad del Estado dar protección y asistencia a las víctimas y procurar que los culpables reparen los daños causados (CRBV, Artículo 55). El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo están encargados de cumplir con esta misión y los cuerpos de seguridad del Estado deben colaborar con estas instituciones. Para ello el Ministerio Público cuenta con la Unidad de Atención a la Víctima. La oficina de atención a las víctimas prestará los servicios de protección, asesoría, apoyo, información y educación de sus derechos para garantizar su correcta y oportuna intervención. Otro derecho fundamental que tiene la víctima es el relativo al resarcimiento y la compensación. Cuando se le causa un daño a la víctima la reparación es uno de los principales objetivos del proceso penal y corresponde a los jueces o juezas garantizar tal derecho. La víctima de abuso del poder tiene el derecho de ser indemnizado por el Estado, mientras que las víctimas de delitos comunes tienen el derecho de obtener su reparación económica. Los cuerpos de policía, al igual que las otras instituciones del sistema de administración de justicia, tienen obligaciones claras y precisas en materia de atención a las víctimas del delito y/o abuso del poder. Estas obligaciones están establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2008) y en la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009). A partir de estas leyes, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia emitió recientemente una resolución que recoge las obligaciones que deben cumplir los cuerpos de policía en dicha materia. La Guía que se expone a continuación está orientada a brindar a los Cuerpos de Policía información precisa sobre las pautas de acción que permitirán
operativizar de forma adecuada las obligaciones establecidas en la resolución emitida por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia sobre las Normas y Principios para la Atención a las Víctimas del delito y/o abuso del poder policial, así como la creación de la Oficina de Atención a la Víctima dependiente de los Cuerpos de Policía. A partir de una revisión detallada del articulado de la mencionada resolución, se pretende brindar orientaciones pertinentes y vinculantes para el cumplimiento de las obligaciones destinadas a adecuar la práctica policial en materia de atención a la víctima así como el correcto funcionamiento de la Oficina de Atención a la Víctima. La presente guía está estructurada alrededor de tres grandes aspectos: el primero desarrolla enunciativamente las obligaciones referidas a Atención a Víctimas que establece la resolución ministerial sobre esta materia. En segundo lugar, se hace referencia a la situación identificada en los cuerpos de policía con relación a este tema. Finalmente, el tercer elemento desarrolla recomendaciones sobre aspectos prácticos o procedimentales relacionados con la aplicación efectiva de las distintas obligaciones aquí enunciadas.
No es un secreto para nadie que los cuerpos de seguridad cuentan con funcionarios poco preparados, gatillos alegres, vinculados a los negocios ilegales como robo de vehículos o tráfico de drogas. Para nadie es un secreto que muchos de los que hoy son policías, ayer fueron delincuentes.
Activistas de Derechos Humanos y Policías en diálogo, 2004.
“Se crea la Oficina de Atención a la Víctima en los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, la cual tendrá entre sus atribuciones la recepción, trámite, registro, evaluación, asistencia y protección de la víctima en los casos de delitos y/o abuso policial; asimismo, desempeñará sus funciones conforme a mecanismos que garanticen un tratamiento digno y respetuoso, protegiendo la intimidad y seguridad de las víctimas, sus familiares, testigos y demás sujetos procesales, contra todo acto de intimidación y/o represalia. La Oficina de Atención a la Víctima, deberá estar ubicada en un establecimiento independiente o separado de las instalaciones policiales y estará conformada por un equipo interdisciplinario, con la formación adecuada para garantizar una atención oportuna y eficaz”.
La Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), constituida en el año 2006, se conformó para –entre otras cosas– realizar un diagnóstico integral del sistema actual de policía en Venezuela con el propósito de poder detectar déficit, elaborar propuestas y recomendaciones al Estado en la construcción de un nuevo modelo policial. En materia de Atención a la Víctima, la Conarepol –en su consulta a sectores específicos– obtuvo comentarios relevantes que permiten caracterizar la situación. Los participantes señalaron las carencias y las necesidades a ser cubiertas. La principal afirmación en donde coincidieron varios sectores consultados fue la inexistencia de una adecuada atención a la víctima como consecuencia de: f	Ausencia de personal capacitado y multidisciplinario así como de disposiciones requeridas para esta tarea (recursos, espacios, etc.). f	Falta de oficinas de atención al ciudadano y recepción de denuncias en las sedes policiales.
“La principal afirmación en donde coincidieron varios sectores consultados fue la inexistencia de una adecuada atención a la víctima”.
Tal como se señala en los documentos elaborados por esta comisión, “nuestra cultura en materia de respuesta a las víctimas de delitos contra los derechos humanos y de violaciones de derechos humanos es muy rica en casos pero muy pobre en respuestas adecuadas, respetuosas y ciertas para las víctimas. Es por eso que es preciso minimizarle a la víctima los inconvenientes y daños que pudieran derivarse de su necesidad de encontrar asistencia, luego de su victimización primaria (derivada del delito o del abuso del poder), con la idea de evitarle sufrir una victimización secundaria (la que se deriva de la falta de apoyo a sus necesidades provenientes de la victimización primaria)” (Ferrer, en Conarepol, 2007). Por esta razón se hace necesaria la constitución de instancias especializadas dentro de los cuerpos de policía, para la atención de las personas en esta situación.
Los cuerpos de policía deben crear y poner en funcionamiento la Oficina de Atención a la Víctima, garantizando las mejores condiciones de atención para las ciudadanas y los ciudadanos. Para el cumplimiento de esta obligación se recomienda lo siguiente: 1.	Sede. Cada organismo policial debe contar con una unidad ubicada fuera de las sedes policiales, la cual servirá exclusivamente como Oficina de Atención a la Víctima. Dicha edificación debería contar al menos con las siguientes características de infraestructura: f	Sala de entrada para la recepción de las víctimas, acondicionada para la espera sin visibilidad desde el exterior del edificio. f	Oficina para receptores de denuncia con módulos individuales de atención acondicionados y equipados con computador, extensión telefónica e impresora.
f	Oficina para la atención psicológica, acondicionada de manera acoge-
dora, iluminada y fresca para una consulta terapéutica, si así lo amerita. f	Oficina para la prestación de atención médica primaria con los insumos necesarios, en las sedes más concurridas. f	Oficina para la organización y el desenvolvimiento del equipo de trabajadores sociales. f	Sala de reunión para el equipo multidisciplinario. f	Oficina del coordinador / jefe de la Oficina. f	Depósito de resguardo de documentación con acceso restringido. f	Central telefónica f	Iluminación y ventilación adecuada. f	Mobiliario en buenas condiciones (mesas, sillas, archivos, etc.) 2.	Accesibilidad. Se debe cuidar la facilidad de acceso (vías y medios de transporte) a dicha sede para toda persona que recurra a formular una denuncia. Tomar en cuenta la movilidad de personas con discapacidad motora para poder acceder a dichos centros de denuncia. 3.	Difusión. Colocar en todas las sedes afiches de no menos de medio pliego con la identificación del cuerpo policial respectivo, información relativa a los servicios prestados por la Oficina de Atención a la Víctima, su ubicación y formas de contacto (dirección, teléfono, fax, correo electrónico, línea 800, etc.). 4.	Atención. Por otra parte, la Oficina de Atención a la víctima deberá trabajar de la mano con una plantilla profesional multidisciplinaria (Abogados, Psicólogos, Médicos y Trabajadores Sociales), que permita brindar una atención óptima y adecuada.
“A los efectos de esta Resolución, se consideran víctimas del delito las siguientes: 1. Las personas directamente ofendidas por el delito; 2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a los herederos, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido; y, en todo caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad. 3. Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; 4. Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Se consideran víctimas de abuso policial, aquellas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por un funcionario o funcionaria policial con ocasión del ejercicio de sus funciones”.
“Se lo llevaron vivo, toda la comunidad lo vio y cuando lo fui a buscar a la policía, me lo entregaron muerto”.
Señor Dugarte, padre de Freddy Dugarte, víctima de abuso policial. Activistas de Derechos Humanos y Policías en diálogo, 2004.
En cuanto a esta obligación, los cuerpos policiales se rigen por lo normado, no existiendo margen de discrecionalidad para la no consideración de determinadas personas dentro de la categoría víctimas. A pesar de lo anterior, distintos estudios destacan que en las prácticas policiales se suele detectar la discriminación de determinados sectores vulnerables a la hora de considerar sus denuncias (por ejemplo: discriminación a mujeres, por orientación sexual, por posición económica, entre otras). Burin (2003) citado por Gutiérrez (2008) expresa que “algunos funcionarios policiales muestran el arraigo a falsos mitos y creencias que tienden a perpetuar la violencia contra la mujer como un asunto que se debe resolver en el interior
“Distintos estudios destacan que en las prácticas policiales se suele detectar la discriminación de determinados sectores vulnerables a la hora de considerar sus denuncias”.
de los hogares, e incluso se justifican los incidentes violentos como algo necesario”. Así mismo, Riveros (2004) afirma que “existe mayor disposición policial hacia los individuos de bajo estatus social que ante los individuos de alto estatus social. Sin embargo, existe mayor disposición policial hacia individuos con alto nivel de instrucción, frente a individuos con bajo nivel de instrucción”. En la consulta elaborada por la Conarepol en el año 2006, los grupos de víctimas y familiares del abuso policial indicaron que “las denuncias no son debidamente atendidas y no se les da respuesta a largo plazo. Por el contrario, el policía ve al denunciante como un enemigo y lo criminaliza” (Conarepol, 2006). Adicionalmente, se mencionó que “la atención de la denuncia depende del estatus de quien la hace y los policías se parcializan claramente: si el denunciante es pudiente, le dan curso a la denuncia; si no lo es, la descartan, botan los expedientes y dan fin al caso” (ibíd.).
Con el propósito de garantizar una atención adecuada a todas las víctimas del delito y del abuso policial, sin distingo de su situación económica y social, género, religión, etnia, orientación sexual u otra condición, se recomienda lo siguiente: 1.	Información. Se debe colocar en la entrada de toda sede policial una cartelera informativa, visible, clara y completa relativa a la definición de víctimas de abuso de poder policial que establece la Resolución sobre Atención a las Víctimas, así como el contenido del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal o, en su defecto, en caso de modificación de dicho instrumento legal, del artículo que haga referencia a la definición de quiénes se consideran víctimas de delito según el ordenamiento legal vigente. 2.	Difusión. Toda dependencia policial debe contar con material orientativo impreso (desplegables) sobre atención a la víctima en el cual se transcriba la definición de víctima establecida en el ordenamiento legal vigente, sus
derechos reconocidos en la Resolución sobre “Normas y Principios para la Atención a las Víctimas de delito y/o abuso del poder policial”, así como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y Abusos de Poder de la Organización de las Naciones Unidas, y las instancias oficiales a las cuales pueden recurrir para denunciar. Dicho material deberá presentar los servicios que presta la Oficina de Atención a la Víctima de la dependencia policial (atención jurídica, médica, psicológica, social). 3.	Confidencialidad. Establecer mecanismos para la denuncia anónima para reservar, resguardar y proteger la identidad del denunciante (crear un correo electrónico, línea telefónica, buzón de denuncias, etc.)
Juan Antonio Rodríguez, 26 años de edad, incapacitado de los dos brazos. Causa: torturas en la policía.
“Los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, deben adoptar las normas y principios necesarios para la protección de los derechos e intereses de las víctimas de delito y/o abuso policial; y además, deben establecer medidas de protección, considerando su competencia, modalidades y procedimiento”.
Encuestas de victimización en Venezuela señalan que uno de los aspectos que más interesa a la población victimizada es la garantía de su integridad física y moral, ya que la “protección contra retaliaciones”, si bien se considera una acción esencial en materia de atención a la víctima, resulta inexistente o inaplicable. En el Informe Provea Octubre 2008-Septiembre 2009 (Provea, 2009), se hace mención a datos expuestos del año 2008 por la Defensoría del Pueblo, donde se informa que “se contabilizó en el lapso de un año un aumento de 10,34% en el número de casos de personas que sufrieron malos tratos a manos de uniformados”. Una de las constantes peticiones por parte de los ciudadanos es la exigencia de un “trato digno y respetuoso” que implicaría asistencia adecuada, protección a su intimidad y garantía de su seguridad. Por otra parte, consultas realizadas en sectores específicos afirmaron que existe una falta de resguardo de la información aportada por las víctimas a la hora de denunciar, vulnerando el principio de “confidencialidad de la denuncia”. Los resultados de la encuesta de victimización aplicada en 2006 expuestos por Gabaldón (2006) corroboran lo mencionado anteriormente “entre las razones para no denunciar, resaltan [que] no harían nada con la denuncia (38,5%), no tomarían la denuncia (15,6%), el hecho fue de escasa importancia, no hubo pérdida (13,9%) y por miedo a represalias por parte de los responsables del hecho”. Ello produce que la ciudadanía se inhiba de formular denuncias por temor a recibir represalias. No hay entonces un adecuado sistema de
“Una de las constantes peticiones por parte de los ciudadanos es la exigencia de ‘un trato digno y respetuoso’ que implicaría asistencia adecuada, protección a su intimidad y garantía de su seguridad”
protección a la víctima, a familiares de la misma, a testigos ni al denunciante por parte de la policía. Finalmente, una importante proporción de la ciudadanía expresa que existen debilidades en cuanto a la difusión en las comunidades de los medios de contacto para recibir orientaciones, asesorías y asistencia por parte de las policías y viceversa. Riveros (2004) afirma que “la actividad policial ha empleado estrategias para combatir el crimen, partiendo de datos estadísticos que indican el número de delitos y respuestas policiales, pero ha abandonado la comunicación con la comunidad [para] conocer acerca de sus expectativas y opiniones sobre la institución. Justamente es esta comunicación la que permite al policía percatarse de los aspectos susceptibles a cambios, permitiéndole estar informado de la pluralidad de pensamientos, costumbres y necesidades de los actores de la colectividad en general”. De igual forma, las comunidades no cuentan con información disponible sobre dónde acudir para formular denuncias. Si existiera un sistema de difusión, las personas tendrían la posibilidad de informar de manera expedita sobre situaciones que los afectan.
A fin de cumplir con esta obligación y brindar la debida protección a las víctimas del delito y del abuso policial, es necesario lo siguiente: 1.	Normas claras. En todo cuerpo policial deben existir normas internas claras y de público conocimiento que establezcan que las actuaciones referidas a atención de víctimas se rigen por lo siguiente: f	La ejecución de acciones planificadas y organizadas que prevengan posibles riesgos a la integridad física de las personas víctimas, así como la coordinación de funciones con otros cuerpos de seguridad o instituciones del Estado para garantizar este derecho a las víctimas.
f	La ejecución de actividades de investigación en las cercanías de la re-
sidencia o trabajo de la víctima, con la finalidad de prevenir y evitar el agravamiento de las situaciones o en caso de que existan amenazas. f	La coordinación con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, así como con los diversos ministerios del Poder Popular según su área de competencia, para la canalización de las necesidades de protección requeridas por las víctimas. f	La notificación a los investigadores principales en los casos que atienden cualquier novedad que pueda afectar real o potencialmente a las víctimas, su integridad física, la de sus familiares o testigos. f	El adecuado trato a la víctima, atendiendo los siguientes aspectos: - Brindar una asistencia respetuosa y solidaria. - Dar carácter de confidencialidad a la información suministrada. -	No emitir prejuicios acerca de las víctimas ni de sus familiares, ya que afectaría la comunicación entre el cuerpo policial y el denunciante. -	Permitir que las víctimas expresen libremente sus sentimientos, respetando su tiempo y sus silencios. -	No presionar ni obligar a las víctimas a hablar si no lo desean. -	No restarle importancia o, por el contrario, maximizar la información proporcionada por las víctimas. -	Tratar de persuadir a las víctimas y sus familiares para que denuncien las violaciones de sus derechos humanos ante los órganos competentes. El funcionario debe emplear técnicas psicológicas que le permitan convencer a la víctima y a los familiares que lo más idóneo es realizar la denuncia. -	En la medida de lo posible, tratar de proteger a las víctimas contra cualquier represalia. -	Utilizar un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, para facilitar que la víctima o sus familiares entiendan cómo es el proceso de búsqueda de justicia.
2.	Interés por la víctima. Crear vínculos de confianza con la víctima, y así demostrar sensibilidad e interés ante el o los problemas que lo aquejan. Cuidar el lenguaje corporal a la hora de hablar con las víctimas, evitando colocarse en posiciones de superioridad frente a ellas: si la víctima está sentada, el funcionario o funcionaria también debe estarlo. No hablar con ellas estando parados a su lado. Se sugiere evitar la colocación de mesas o escritorios entre la víctima y la persona que les atiende, o en su defecto colocar mesas redondas. 3.	Rapidez de respuesta. Cada organismo policial y su respectiva Oficina de Atención a la Víctima debe poseer un sistema de normas y procedimientos que brinde a las víctimas asesoría y protección expedita ante los delitos y/o abusos de poder policial según la gravedad de la situación que les afecta.
“Nunca pensé que podía ir a la Policía Metropolitana de Caracas a dar mi testimonio. Un funcionario de esa policía mató a mi hijo... pero fue muy bueno darme cuenta que no todos son iguales.”
Ketty Herrera, familiar de víctima de abuso policial. Activistas de Derechos Humanos y Policías en diálogo, 2004.
“Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus diferentes ámbitos político territoriales, desde el momento en el que tienen contacto con una víctima del delito y/o abuso de poder policial, deben observar los siguientes principios: I. Acceso a la justicia. Garantizar a las víctimas de delito y/o abuso policial, el acceso a los mecanismos de justicia, informando de manera inmediata a los interesados sobre el procedimiento a seguir para acceder a los mismos según sea el caso. Utilizar, cuando proceda, estrategias y técnicas para la solución alternativa de conflictos, tales como: la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. II. Trato justo. Las víctimas de delitos y/o abuso policial, serán tratadas con consideración, respeto, equidad y sin discriminación alguna. Los Cuerpos de Policía velarán porque los funcionarios y funcionarias policiales cuenten con la formación adecuada, fomentando la receptividad y comprensión de las necesidades de las víctimas y promoviendo directrices que garanticen la debida atención. III. Asistencia. Los Cuerpos de Policía brindarán la asistencia necesaria a la víctima según cada caso particular, atendiendo a las recomendaciones de un equipo interdisciplinario. IV. Celeridad. Los miembros de la Oficina de Atención a la Víctima, evitarán demoras innecesarias en las actuaciones, agilizando los procesos y la asistencia integral de las víctimas. V. Información. Las víctimas de delitos y/o de abuso policial, tendrán acceso a la información sobre las implicaciones que para ellas tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión que se haya tomado respecto a la misma”.
Otro elemento importante que señalaron los grupos consultados por Conarepol fue la acción limitada de los cuerpos de policía de remitir las denuncias al Ministerio Público, sin hacer el seguimiento posterior al proceso para
poder informar a las víctimas sobre el resultado y el estado de la denuncia. No existen mecanismos eficientes de coordinación entre los cuerpos de policía y esa institución. De la consulta realizada al grupo constituido por funcionarios policiales, resaltan algunos datos y opiniones: (...) En general, señalaron que el Estado o la administración a la cual corresponda, no brindan los recursos, la infraestructura, los mecanismos y los materiales de apoyo necesarios para dispensar un trato digno y justo a la víctima. Tampoco existen espacios adecuados para brindarles una atención discreta y confidencial” (Conarepol, 2007b, p. 173), “Algunos funcionarios señalaron la doble victimización producida por la mala atención policial, luego de cometida la primera lesión; esta vez el agresor es el mismo órgano de seguridad” (Conarepol, 2007b, p. 174). Por su parte, los funcionarios de la Guardia Nacional, señalaron: “Los cuerpos policiales y el Estado en general carecen de mecanismos de divulgación que den a conocer los servicios que se prestan a víctimas de delitos, las instancias a las cuales acudir y sus diferentes competencias. Como ejemplo, un grupo de participantes, en Táchira, señaló que dentro de los organismos de seguridad, incluyendo la policía, existe una Oficina de Atención a la Víctima, pero la mayor parte de la ciudadanía desconoce su existencia” (Conarepol, 2007b, p. 230). El grupo conformado por las comunidades, refirió lo siguiente: “Los funcionarios y las funcionarias tampoco respetan la confidencialidad de las denuncias. Los presuntos delincuentes inmediatamente se enteran de quién y por qué los denunciaron. Esto puede ser por falta de oficina privada, ya que –el entorno se entera de lo que sucede–, dijo un vecino de Guásimos” (Conarepol, 2007b, p. 290). Finalmente, un gran número de personas participantes en la consulta (29,17%), señaló la necesidad de que a la víctima se le brinde un “trato digno y
“Algunos funcionarios señalaron la doble victimización producida por la mala atención policial, luego de cometida la primera lesión; esta vez el agresor es el mismo órgano de seguridad”.
respetuoso” que implicaría asistencia adecuada, protección a su intimidad y garantía de su seguridad (Conarepol, 2007b).
Para el cumplimiento de los principios anteriormente expresados en las actividades de atención a víctimas adelantadas por los cuerpos de policía se plantea lo siguiente: 1.	Tramitación. En un primer contacto el personal correspondiente se encargará de la recepción, trámite, registro y evaluación de los casos de delitos y/o abuso del Poder Policial. 2.	Información sobre procedimientos. El personal asignado a la sala de recepción en la Oficina de Atención a las Víctimas, desde el primer contacto con las mismas, deberá proveerles de información clara, precisa y completa sobre los procedimientos a seguir con la formulación de la denuncia, así como los servicios con que cuenta la unidad. 3.	Sistemas de registro. Los datos de las personas denunciantes serán registrados por los receptores de denuncias en los formatos establecidos para tal fin y solicitando la información correspondiente. Dicha información debe ser codificada e ingresada a la base de datos policial de la Oficina de Atención a la Víctima por el receptor de denuncia, con su clave asignada. 4.	Formación continua. La institución policial debe propiciar la formación continua en el área de atención a víctimas a todo el personal asignado a esta tarea, facilitando su participación en actividades académicas que fortalezcan los conocimientos y experiencias en el área. 5.	Solución de conflictos. Como parte del perfil y la formación integral del personal de la Oficina de Atención a la Víctima, es esencial el manejo de estrategias y técnicas para la solución alternativa de conflictos, tales como: la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación, los cuales pueden ser utilizados en casos de maltrato familiar, riñas de vecinos, conflictos
originados por dinero o negocios, entre otros, siempre y cuando exista un daño físico o psicológico en la víctima. 6.	Formación especializada. El personal que integre las Oficinas de Atención a la Víctima debe contar con preparación comprobada para la atención particularizada según la población destinataria, en especial si se trata de poblaciones vulnerables tales como mujeres, indígenas, niños, niñas y adolescentes, ancianos, indigentes, población Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT), trabajadoras sexuales, entre otras. 7.	Evaluación de casos. Como parte de la atención integral a las víctimas, el equipo multidisciplinario debe aplicar estrategias internas de evaluación y análisis de casos para articular y definir las técnicas que faciliten el abordaje conjunto. Dichas técnicas deberán constar en el historial de cada caso atendido. 8.	Celeridad en el procesamiento. La Oficina de Atención a la Víctima deberá contar con procedimientos formales simples y sencillos que faciliten y optimicen la tramitación de las denuncias y que la celeridad sea la premisa fundamental. Las víctimas deberán tener conocimiento en todas las fases del proceso del estatus de su denuncia, las acciones adelantadas por los investigadores y los lapsos estimados de respuesta.
Fernando Arcángel, 27 años de edad, murió. Causa: desangrado mientras la policía lo ruleteaba por toda la ciudad, después de haberlo herido….
“Las Oficinas de Atención a la Víctima, garantizarán el procesamiento inmediato y adecuado de la denuncia o requerimiento de las víctimas de delitos, manteniendo un registro de estos casos. Cuando la víctima del delito acuda a una de las Oficinas de Atención a la Víctima, luego de haber denunciado el hecho, se atenderá el caso conforme a los principios establecidos en el artículo 4 de la presente Resolución, coordinando las acciones de asistencia especializada pertinentes con los órganos del Estado competentes, sea esta asistencia material, legal, médica, psicológica, social, incluyendo intérpretes cuando sea necesario”.
En la realidad policial venezolana es común observar que las personas pasan por varios procesos de victimización, comenzando por el delito cometido en su contra y continuando por la denuncia, donde una serie de situaciones burocráticas y señaladoras hacen que prefiera salir pronto y no denunciar, desistiendo de pasar por trámites engorrosos, tratos injustos y degradantes. La asistencia a la víctima es fundamental. Por lo general, el primer contacto de la víctima es con el cuerpo de policía y de allí la importancia de recibir la asistencia adecuada. “Se puede entender por asistencia ofrecer socorro, favor o ayuda a una persona que se encuentra en necesidad para que pueda encontrar satisfacción de la misma, preferiblemente desde su propio poder. Según el caso, puede implicar desde una ayuda logística (por ejemplo, información sobre qué hacer, cambio de cerraduras), médica (por ejemplo, casos de lesiones o violación), psicológica, o simplemente ser escuchada sin ningún tipo de expectativa ni culpa” (Ferrer, en Conarepol, 2007). Conarepol expresa que los ciudadanos no acuden a la policía sino cuando se trata de hechos graves que ocurren en el espacio público. Factores como el tipo de delito y la relación con el victimario influyen en la probabilidad de
“La asistencia a la víctima es fundamental. Por lo general, el primer contacto de la víctima es con el cuerpo de policía y de allí la importancia de recibir la asistencia adecuada”.
acudir a la policía. Igualmente, el estatus socio-económico pesa en la decisión de invocar a la policía: los ciudadanos de clase baja tienden a demandar la actuación policial con mayor frecuencia que los de estatus alto. En la actualidad, muchos son los estados del país donde no existen o no son suficientes este tipo de oficinas, por lo tanto la recepción de denuncias y la atención justa y respetuosa al ciudadano se torna algo inalcanzable. Es posible que esta situación atienda a la falta de recursos presupuestarios y de personal capacitado, lo que trae como consecuencia funcionarios y funcionarias sin vocación de servicio, no preparados para la atención de víctimas ni para el procesamiento de la información y denuncias.
Para el adecuado cumplimiento de la obligación anteriormente planteada y la garantía de una atención expedita y adecuada a las víctimas, se proponen las siguientes recomendaciones: 1.	Base de datos con acceso codificado. En toda Oficina de Atención a la Víctima se debe contar con acceso a una base centralizada de información digital sobre denuncias. Cada receptor de denuncias, supervisor o jefe de oficina contará con claves personalizadas de acceso al sistema, las cuales serán de diferente nivel de seguridad tecnológica y de carácter intransferible, según la jerarquía del funcionario y funcionaria que la utilice. Dichas claves permiten minimizar el grado de manipulación de las denuncias por parte de los funcionarios de menor jerarquía, además servirán para dejar constancia de los ingresos o egresos de información, modificaciones realizadas a los historiales de cada denuncia y todo movimiento de información en la base de datos. 2.	Conocimiento de idiomas. En las principales Oficinas de Atención a la Víctima se debe contar con personal bilingüe, o contactos de apoyo, esto para tomar en consideración los casos y denuncias relacionadas con per37
sonas extranjeras que hablen otro idioma. En el caso de cuerpos de policía ubicados en localidades donde resida población indígena, es obligatorio contar con personas que puedan comunicarse con las potenciales víctimas en su lengua nativa. 3.	Transporte para las víctimas. La oficina de Atención a la Víctima debe contar con un medio de transporte adecuado para el trasladado de las víctimas a refugios, hospitales o a las distintas instituciones como Medicatura Forense, Ministerio Público, entre otros, o para ir hasta el lugar donde se encuentren las mismas, en caso de imposibilidad de movilización hasta la zona policial.
“Las Oficinas de Atención a la Víctima, cuando reciban denuncias por abuso policial, deben remitirlas a la Oficina de Control de Actuación Policial del cuerpo policial correspondiente, a fin que se investiguen los hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. La Oficina de Control de Actuación Policial mantendrá informada a la Oficina de Atención a la Víctima sobre el estado de la investigación y la decisión que se tome, garantizando su disponibilidad en caso de que la víctima la requiera”.
Sin dudas el policía nace y existe en el ámbito de la pobrecía, trabaja en un círculo de pobreza, renegando sin cesar de su clase original, contra ella se revela, contra ella emprende su resentimiento, contra toda significación de pobreza.
Raquel Aristimuño, madre de Ramón Ernesto Parra Aristimuño, víctima de abuso policial. El crimen de pobreza, 2004.
En la actualidad son pocas las denuncias que se realizan contra un funcionario policial, puesto que las víctimas presumen que ésta viene acompañada de cierta fuga de información, desvío de responsabilidades y, por ende, miedo de sufrir represalias. Por ello se observa cierto grado de impunidad que se presenta como la principal característica a favor del abuso de poder policial. Las víctimas y familiares de abuso policial consultados por la Conarepol en el año 2006 señalaban en este sentido que “por no tener influencias no se les da credibilidad ni respuesta a las víctimas. Además, las víctimas de abuso policial son objeto de persecución, acoso y hostigamiento por parte de los funcionarios policiales” (Conarepol, 2006). Dada la estructura actual de las unidades que atienden a víctimas en los cuerpos policiales, no se cuenta con una diferenciación tan específica como la que plantea esta Resolución, por lo cual se hace pertinente el mandato de dicha Obligación N°6.
“Son pocas las denuncias que se realizan contra un funcionario policial, puesto que las víctimas presumen que ésta viene acompañada de cierta fuga de información y desvío de responsabilidades”.
1.	Información compartida. Toda Oficina de Atención a la Víctima debe articular sus acciones con las Oficinas de Control de Actuación Policial. El manejo de la información entre ambas instancias deberá preservar la confidencialidad absoluta, incurriendo en responsabilidades administrativas y disciplinarias quien violente el sigilo debido.
“Cuando los funcionarios y funcionarias policiales en sus actuaciones transgredan las leyes y tratados por abuso de poder, la Oficina de Atención a la Víctima preparará un informe sobre recomendaciones de apoyo y reparación a ser remitido a la Dirección del Cuerpo Policial para su consideración y decisión”.
María Eugenia, 8 años edad, muerta. Causa: una bala de un policía que perseguía a un delincuente.
En la actualidad esta práctica definida por la Obligación N° 7 no se constata en los organismos policiales venezolanos. La situación común es que los ciudadanos consideren que al ser víctimas de un abuso de poder por parte de un funcionario policial, el hecho no tendrá importancia para ningún ente, situación que los hace sentir desprotegidos. Son muy pocos los funcionarios denunciados por abuso de poder policial, por lo que Conarepol informa que enfrentamos “una inexistencia de datos confiables y válidos. No existe un registro oficial unificado de este tipo de hechos, y las cifras difieren según la agencia que la reporte”. A este problema se le suma que las instituciones policiales no cuentan con personal capacitado y dispuesto a brindar la información y orientación necesaria para que la victima utilice los recursos disponibles en el ejercicio de sus derechos. Por otra parte, se ha observado que no se tiene claro que el funcionario o funcionaria, al momento de la atención, sólo indicará los pasos a seguir, ya que los mecanismos reparatorios quedan generalmente por cuenta del sistema de justicia.
Con relación al abuso del poder policial, “enfrentamos una inexistencia de datos confiables y válidos. No existe un registro oficial unificado de este tipo de hechos”.
Con el fin de poner en práctica lo establecido en el artículo aludido, se recomiendan las siguientes acciones: 1.	Reparación a las víctimas. Toda Oficina de Atención a la Victima, en los casos en que se compromete la actuación policial por abuso de poder, remitirá un pliego de recomendaciones, validado por el equipo interdisciplinario, con consideraciones relativas a los procesos de apoyo y reparación a seguir con las víctimas. Se debería establecer un formato para tal fin, numerado, que permita sistematizar las recomendaciones que se vayan formulando en los diversos casos. 2.	El pliego de recomendaciones, debe constar de varios aspectos donde cada especialista haga su recomendación, por ejemplo: f	Área Legal y Criminológica: Indicar las condiciones del hecho, los pasos a seguir para la realización de la denuncia, pruebas a consignar y mecanismos para solicitar protección o cauciones en caso de necesitarlo. De igual forma asesorar en la toma de medidas para la prevención de futuras victimizaciones. f	Área Psico-Social: Explicar las condiciones que presentaba la víctima al momento en que fue atendida, exponer los posibles efectos que conlleva el haber sido víctima del abuso de poder policial, investigar el motivo del abuso de poder policial y orientar sobre las posibles decisiones que se deben tomar en estos casos. f	Área Médica: Generar informe donde se abarquen aspectos como, primeras atenciones, gravedad de las lesiones en caso de tenerlas, necesidad de recurrir a instancias especializadas entre otras. La Dirección de todo cuerpo policial está en la obligación de recibir y procesar a la brevedad las recomendaciones remitidas por la Oficina de Atención a la Víctima, para su cumplimiento efectivo o la proposición de alternativas.
“Las Oficinas de Atención a la Víctima remitirán mensualmente a la Dirección del Cuerpo Policial correspondiente un informe detallado de la cantidad y tipología de delitos o faltas cometidas por los funcionarios y funcionarias policiales, con la finalidad de adoptar los correctivos necesarios”.
¿De quién es la responsabilidad de cambiar esta historia?
No hay una estandarización nacional sobre el manejo de estadísticas vinculadas con atención a víctimas de delitos o abusos de poder. Se desconoce la existencia de registros específicos en este tema en los cuerpos policiales, aunque se supone que las actuales Inspectorías de Policía deben mantener esos registros a disposición de la superioridad. La ausencia de este tipo de información constituye una limitación importante para la generación de políticas específicas dentro de los cuerpos de policía en la materia y de políticas públicas a escala general (Ferrer, en Conarepol, 2007).
“No hay una estandarización nacional sobre manejo de estadísticas vinculadas con atención a la víctimas de delitos o abusos de poder”.
Para poder cumplir con el requerimiento de la entrega mensual al director del cuerpo de policía del informe de los casos atendidos: 1.	Estadística de actuaciones. Toda Oficina de Atención a la Víctima tiene la obligación de llevar un control estadístico de actuaciones realizadas, actualizado, digital y disponible, con cruces de variables que permitan un análisis científico de la información para la toma de decisiones. 2.	Indicadores. El registro estadístico debe considerar, en todos los casos, al menos la siguiente información1: a) Cantidad de casos atendidos semanalmente.
1 El órgano Rector, a través de los mecanismos de evaluación del desempeño de los cuerpos de policía podría exigir a los cuerpos de policía alguna otra información relacionada con la materia.
b) Clasificación de casos atendidos según se trate de delitos o abusos de poder. De esto se deriva: b.1) Clasificación de casos por tipo de delito. b.2) Clasificación de casos por tipo de abuso de poder. b.2.1) Clasificación de casos por jerarquía del funcionario o funcionaria involucrado en el abuso de poder. c) Clasificación de casos atendidos por zona geográfica de ocurrencia (municipio, parroquia y cualquier otra distinción de acuerdo a la sectorización de las operaciones policiales). d) Clasificación de casos por grupos etarios afectados. e) Clasificación de casos por número de víctimas afectadas. f) Clasificación de casos por sexo de las víctimas. g) Clasificación de casos por su estatus de resolución. Se refiere a si el caso ha sido resuelto o no. Es recomendable que se especifiquen la fase o momento en el que se encuentra el caso, si éste aún no ha sido resuelto.
“La Oficina de Atención a la Víctima debe contar con un sistema de información que le permita a la víctima conocer las implicaciones que tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión, garantizando en todo momento la confidencialidad de la misma. Este sistema contendrá información sencilla sobre características y modalidades de los delitos, la investigación y desarrollo del proceso penal, programas de protección de víctimas y testigos; así como indemnización y resarcimiento, entre otras, a fin de garantizar la transparencia, promoviendo las buenas prácticas policiales”.
Aunque tu cuerpo se fue No te puedo olvidar y al pasar el tiempo te quiero más Recordar “Nunca Más”.
Eugenia Ramírez, madre de Anderson Alexis Ramírez víctima de abuso policial. Tres historias un camino reparador, 2005.
En general los cuerpos policiales aportan poca información a las víctimas sobre las implicaciones que tienen los procesos tanto disciplinarios como penales. Una consideración que resalta en el estudio de Conarepol especialmente, en lo referido a los informes de las organizaciones de derechos humanos (por ejemplo Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz) pero que también es dado por hecho en los estudios académicos, es la baja tasa de respuesta en los mecanismos de control y rendición de cuentas, sean los referidos al proceso penal o al régimen disciplinario, por lo que un número insignificante de casos son efectivamente procesados mientras la mayor parte queda impune (Antillano, 2007). Por ello se hace necesario el suministro de información no sólo a las víctimas sino a la comunidad en general acerca de los temas legales relacionados directamente con los cuerpos policiales, tomando en consideración los delitos y su clasificación, las leyes, las normas, reglamentos y ordenanzas, así como los procedimientos que los funcionarios policiales deben seguir para ejecutar cualquier acción.
“Los cuerpos policiales aportan poca información a las víctimas sobre las implicaciones que tienen los procesos tanto disciplinarios como penales”
Para dar cumplimiento a la obligación señalada y poder ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas una base de información adecuada en materia de Atención a la Víctima: 1.	Producción de información. Todo cuerpo policial debe producir y editar material informativo dirigido al público en general y a las o los usuarios de la Oficina de Atención a la Víctima, que contengan los siguientes elementos: f	Características y modalidades de los delitos. f	Sobre la investigación y desarrollo del proceso penal. f	Programas de protección de víctimas y testigos existentes en el municipio. f	Sanciones administrativas y penales aplicables a las o los autores de delitos y abusos de poder. f	Información sobre mecanismos de indemnización y resarcimiento a víctimas en el Sistema de Justicia, a través de demandas civiles, tal como lo establece el artículo número 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“La Oficina de Atención a la Víctima, dependiente de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, deberán planificar, coordinar e implementar programas de orientación y asistencia en materia de atención a la víctima dirigidos hacia la comunidad”.
Corresponde a las instituciones de policías no permitir prácticas arbitrarias, a la ciudadanía denunciar los atropellos y participar en el diseño de políticas; a la Asamblea, legislar sobre el asunto.
Hasta los momentos el tema de Atención a la Victima había resultado un asunto poco trabajado por el Estado y, por ende, sus alcances e importancia son casi desconocidos. En el marco de la participación ciudadana y la relevancia que se le está dando al trabajo mancomunado, se muestra imperante la preparación de los protagonistas sociales en los temas relacionados con el acceso a la justicia, siendo este caso el de las Oficinas de Atención a la Víctima, ya que muchas veces las personas –por desconocer sus derechos y garantías– le restan importancia a situaciones donde las malas prácticas policiales han estado presentes, sin saber que pueden contar con organismos que garantizarán su protección y el ejercicio de la ley. Para nadie es un secreto que las cifras delictivas relacionadas con abusos policiales muestran un panorama poco favorable para la denuncia, haciendo que los vicios organizacionales se fortalezcan y crezca la incredulidad sobre la función policial; por ello que se tienen comunidades desorientadas y desasistidas que no ven al funcionario como un orientador o aliado. Hidalgo y Monsalve (2003) afirman que “los agentes piensan que reciben poco apoyo en sus labores de parte de los miembros de la comunidad”.
“Muchas veces las personas –por desconocer sus derechos y garantías– le restan importancia a situaciones donde las malas prácticas policiales han estado presentes”
La posibilidad de incorporar a la comunidad en el tema de Atención a la Víctima se considera un aspecto obligante para los cuerpos de policía. Por ello: 1.	Planificación de actividades. Todo cuerpo policial debe planificar, coordinar, ejecutar y cuidar las adecuadas actividades de articulación del servicio de la Oficina de Atención a la Víctima (y el servicio de policía comunal si existe). 2.	Material divulgativo. El personal de la Oficina de Atención a Víctimas proveerá a los funcionarios y funcionarias del servicio de policía comunal de material divulgativo para que sea difundido oportuna y masivamente en las comunidades atendidas. 3.	Formación periódica. El personal del equipo multidisciplinario organizará actividades formativas periódicas dirigidas al personal del servicio de policía comunal con el objeto de aportarles elementos pertinentes para el acercamiento a las comunidades y la difusión de los servicios que esta Oficina presta. 4.	Comunicación con la comunidad. Los responsables de la Oficina de Atención a la Víctima deben diseñar, planificar y organizar actividades que permitan comunicar a las comunidades a través de carteleras, publicidad, pendones, cuñas de radio, entre otros, toda la información sencilla del Servicio de Atención a la Víctima.
Antillano, Andrés (2007) “Estudios sobre la policía en Venezuela”, en Gabaldón y Antillano, Andrés (editores). Conarepol-Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006) Relatoría consulta nacional con víctimas y familiares del abuso policial. Caracas. Conarepol-Comisión Nacional para la Reforma Policial (2007) “La consulta nacional. Sobre la reforma policial en Venezuela. Una propuesta para el diálogo y el consenso”. Caracas. Conarepol-Comisión para la Reforma Policial (2007) Informes e investigaciones varias. Caracas. Díaz, Yolima; Peña, María y Ramírez, María E. (2005) “Tres historias y un camino reparador. Relatos suelos de tres mujeres que reconstruyeron nociones, experiencias y emociones desde el dolor por la muerte injusta de sus hijos”. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Caracas. Gabaldón, Luis Gerardo y Antillano, Andrés (editores) (2007) La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio, 2 Tomos. Comisión para la Reforma Policial-Conarepol, Caracas. Ferrer, María Josefina (2007) “La asistencia a la víctima por parte de la Policía”, en Gabaldón y Antillano, Andrés (editores). Gabaldón, L. (2006) Criminalidad, reacción social y política criminal: una visión en el contexto de la reforma policial venezolana. Documento en línea extraído el día 16/02/2010 de la página: http://servicio.cid.uc.edu. ve/derecho/revista/relcrim15/art4.pdf Gutiérrez, L. (2008) Formación del funcionario de la Policía Regional del estado Mérida para atender a la mujer víctima de violencia doméstica. Universidad de Los Andes-ULA. Mérida.
Hidalgo, R y Monsalve, Y. (2003) “Percepción del policía de su rol en la comunidad”, Capítulo Criminológico Vol. 31, Nº 2, Abril-Junio 2003: 79 – 100. Ministerio Público (2009): http://www.fiscalia.gob.ve/prensa/a2009/prensamayo2009.asp. ONU-Organización de Naciones Unidas (1985) Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. PROVEA-Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (2009) “Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual Octubre 2008/Septiembre 2009”. Caracas. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2004) “El crimen de pobreza. Escritos sobre la criminalización de los pobres”. Caracas. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006) “2000-2005. Impunidad en Venezuela. Investigación documental sobre patrones de violaciones a los derechos humanos y los mecanismos de impunidad”. Caracas. Riveros, C. (2004) Disposición de actuar de los funcionarios policiales hacia los denunciantes: un estudio exploratorio en la ciudad de Barinas. Universidad de Los Andes-ULA, Mérida. Ruiz de Mujica, Ileana y El Achkar, Soraya (2004) “Serie de cuadernos pensar en derechos humanos Nº 8”. Activistas de Derechos Humanos y Policías en Diálogo. Crónica del encuentro para un mutuo aprendizaje”. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Caracas.
RESOLUCIÓN Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.390 del 19 de marzo de 2009 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA DESPACHO DEL MINISTRO 199° y 151° No. 86 FECHA: 19 de marzo de 2010
RESOLUCIÓN El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, designado según Decreto Nº 6.398 de fecha 9 de Septiembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.012 de la misma fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en los numerales 2, 12 y 19 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; en concordancia con lo previsto en los artículos 18, numerales 1, 4, 8 y 17; 77 y 82 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; y conforme a lo establecido en el artículo 7, numerales 2 y 3 del Decreto Sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, CONSIDERANDO Que es deber del Estado Venezolano garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, en los distintos ámbitos políticos territoriales, mediante la formulación de políticas públicas, estrategias y directrices, a fin de regular y coordinar la actuación del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policía estadales y municipales,
CONSIDERANDO Que las víctimas de delitos y/o del abuso policial, al igual que sus familias, testigos y demás sujetos procesales, frecuentemente están expuestos injustamente a pérdidas, daños o perjuicios; a sufrir dificultades cuando comparecen en el enjuiciamiento de los delincuentes; y a no obtener respuesta por parte de las Instituciones, ocurriendo así una doble victimización, CONSIDERANDO Que los Cuerpos de Policía en sus ámbitos políticos territoriales, no cuentan con una Oficina de Atención a la Víctima, que permita brindar de manera oportuna y eficaz, asistencia a las víctimas de delitos y de abuso policial, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, conformado por profesionales a los fines de asistir a las víctimas en lo material, legal, médico, psicológico y social, con un trato digno y respetuoso, CONSIDERANDO Que los Cuerpos de Policía en sus ámbitos político territoriales, no cuentan con un Sistema de Información que le permita a la víctima conocer las implicaciones que tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión; garantizando en todo momento la confidencialidad de la misma, CONSIDERANDO Que la ausencia de procesos de información, relativas a la cantidad de violaciones a los derechos humanos, de género, grupos vulnerables; sus indicadores y registros estadísticos; trae como consecuencia la pérdida de datos que permitan sustanciar, sustentar y fortalecer la correcta ejecución de la Política Pública Nacional de Atención a la Víctima; además que dificulta la adecuación de los procedimientos según las características de cada caso,
Anexo. RESOLUCIÓN Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.390 del 19 de marzo de 2009
CONSIDERANDO Que los tratados, pactos y convenciones internacionales relativos a Derechos Humanos, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, obligando al Estado a adecuarse a ellos, a través del establecimiento de normas sobre su goce y ejercicio; y que, además, todos los funcionarios y funcionarias públicos deben someterse entre otros instrumentos normativos, a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución, 40/34 del 29 de Noviembre de 1985; al Manual de Justicia sobre el Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder de la ONU del año 2000; a las Directrices de Políticas Públicas para la Aplicación de la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder de la ONU del año 1999; y a las Directrices Sobre la Justicia en asuntos concernientes a los Niños Víctimas y Testigos del Delito de la ONU, del 22 de julio de 2005, RESUELVE Dictar las siguientes: Normas y principios para la Atención a las víctimas del delito y/o abuso policial; así como, la creación de la Oficina de Atención a la Víctima en los Cuerpos de Policía, en sus diferentes ámbitos político territoriales Artículo 1: Se crea la Oficina de Atención a la Víctima en los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, la cual tendrá entre sus atribuciones la recepción, trámite, registro, evaluación, asistencia y protección de la víctima en los casos de delitos y/o abuso policial; asimismo, desempeñará
sus funciones conforme a mecanismos que garanticen un tratamiento digno y respetuoso, protegiendo la intimidad y seguridad de las víctimas, sus familiares, testigos y demás sujetos procesales, contra todo acto de intimidación y/o represalia. La Oficina de Atención a la Víctima, deberá estar ubicada en un establecimiento independiente o separado de las instalaciones policiales y estará conformada por un equipo interdisciplinario, con la formación adecuada para garantizar una atención oportuna y eficaz. Artículo 2: A los efectos de esta Resolución, se consideran víctimas del delito las siguientes: 1. Las personas directamente ofendidas por el delito; 2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y a los herederos, en los delitos cuyo resultado sea la incapacidad o la muerte del ofendido; y, en todo caso, cuando el delito sea cometido en perjuicio de un incapaz o de un menor de edad. 3. Los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan; 4. Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito. Se consideran víctimas de abuso policial, aquellas que han sido objeto de algún delito, actos arbitrarios o abusos cometidos por un funcionario o funcionaria policial con ocasión del ejercicio de sus funciones. Artículo 3: Los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, deben adoptar las normas y principios necesarios para la protección de
los derechos e intereses de las víctimas de delito y/o abuso policial; y además, deben establecer medidas de protección, considerando su competencia, modalidades y procedimiento. Artículo 4: Los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos de Policía en sus diferentes ámbitos político territoriales, desde el momento en el que tienen contacto con una víctima del delito y/o abuso de poder policial, deben observar los siguientes principios: I. Acceso a la justicia. Garantizar a las víctimas de delito y/o abuso policial, el acceso a los mecanismos de justicia, informando de manera inmediata a los interesados sobre el procedimiento a seguir para acceder a los mismos según sea el caso. Utilizar, cuando proceda, estrategias y técnicas para la solución alternativa de conflictos, tales como: la conciliación, la mediación, el arbitraje y la negociación. II. Trato justo. Las víctimas de delitos y/o abuso policial, serán tratadas con consideración, respeto, equidad y sin discriminación alguna. Los Cuerpos de Policía velarán porque los funcionarios y funcionarias policiales cuenten con la formación adecuada, fomentando la receptividad y comprensión de las necesidades de las víctimas y promoviendo directrices que garanticen la debida atención. III. Asistencia. Los Cuerpos de Policía brindarán la asistencia necesaria a la víctima según cada caso particular, atendiendo a las recomendaciones de un equipo interdisciplinario. IV. Celeridad. Los miembros de la Oficina de Atención a la Víctima, evitarán demoras innecesarias en las actuaciones, agilizando los procesos y la asistencia integral de las víctimas. V. Información. Las víctimas de delitos y/o de abuso policial, tendrán acceso a la información sobre las implicaciones que para ellas tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión que se haya tomado respecto a la misma.
Artículo 5: Las Oficinas de Atención a la Víctima, garantizarán el procesamiento inmediato y adecuado de la denuncia o requerimiento de las víctimas de delitos, manteniendo un registro de estos casos. Cuando la víctima del delito acuda a una de las Oficinas de Atención a la Víctima, luego de haber denunciado el hecho, se atenderá el caso conforme a los principios establecidos en el artículo 4 de la presente Resolución, coordinando las acciones de asistencia especializada pertinentes con los órganos del Estado competentes, sea esta asistencia material, legal, médica, psicológica, social, incluyendo intérpretes cuando sea necesario. Artículo 6: Las Oficinas de Atención a la Víctima, cuando reciban denuncias por abuso policial, deben remitirlas a la Oficina de Control de Actuación Policial del cuerpo policial correspondiente, a fin que se investiguen los hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar. La Oficina de Control de Actuación Policial mantendrá informada a la Oficina de Atención a la Víctima sobre el estado de la investigación y la decisión que se tome, garantizando su disponibilidad en caso de que la víctima la requiera. Artículo 7: Cuando los funcionarios y funcionarias policiales en sus actuaciones transgredan las leyes y tratados por abuso de poder, la Oficina de Atención a la Víctima preparará un informe sobre recomendaciones de apoyo y reparación a ser remitido a la Dirección del Cuerpo Policial para su consideración y decisión. Artículo 8: Las Oficinas de Atención a la Víctima remitirán mensualmente a la Dirección del Cuerpo Policial correspondiente, un informe detallado de la cantidad y tipología de delitos o faltas cometidas por los funcionarios y funcionarias policiales, con la finalidad de adoptar los correctivos necesarios.
Artículo 9: La Oficina de Atención a la Víctima debe contar con un sistema de información que le permita a la víctima conocer las implicaciones que tienen los procedimientos policiales o judiciales, las actuaciones, el estado de su causa y la decisión; garantizando en todo momento la confidencialidad de la misma. Este sistema contendrá información sencilla sobre características y modalidades de los delitos, la investigación y desarrollo del proceso penal, programas de protección de víctimas y testigos; así como, indemnización y resarcimiento, entre otras, a fin de garantizar la transparencia, promoviendo las buenas prácticas policiales. Artículo 10: La Oficina de Atención a la Víctima, dependiente de los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales, deberán planificar, coordinar e implementar programas de orientación y asistencia en materia de atención a la víctima dirigidos hacia la comunidad. Artículo 11: Con la entrada en vigencia de la presente Resolución, todos los Cuerpos de Policía en sus diferentes ámbitos político territoriales, deberán crear la correspondiente Oficina de Atención a las Víctimas, adecuando su estructura, organización y funcionamiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Artículo 12: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y Publíquese.
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