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Timestamp: 2019-10-19 00:17:50
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﻿ SENTENCIA 20003 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2005
SENTENCIA 20003 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD. APLICACIÓN AL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE, RECURSO DE CASACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:408 DE DICIEMBRE DE 2005, PG.1742
Sentencia 20003 de septiembre 15 de 2005
Aprobado Acta 068
Sobre el cargo por nulidad
Aunque el libelista mezcló indebidamente motivos de nulidad en los dos cargos, la redacción del libelo no impidió, sin embargo, que la demanda se declarara ajustada a las exigencias del recurso extraordinario.
Por tanto, en acatamiento al principio de prioridad que orienta la casación, la Sala abordará al inicio la fuente de invalidez que eventualmente tenga mayor incidencia o produzca mayores efectos procesales. Después, si a ello hubiere lugar, se estudiarán los restantes motivos de nulidad y lo concerniente a los cargos por violación directa e indirecta.
1. La Sala de Casación Penal en jurisprudencia reiterada difundió la idea según la cual el tercero civilmente responsable tenía restringido el acceso a la casación, supeditando ese interés jurídico a la cuantía del agravio y a las causales establecidas en la legislación civil. De ahí que tampoco se admitía la casación excepcional, cuando el monto del agravio no alcanzaba la cifra señalada legalmente como cuantía.
Sin embargo, el replanteamiento del tema desde la perspectiva constitucional permitió atemperar la postura anterior, en los términos de la sentencia de casación del 23 de agosto de 2005, con ponencia del honorable magistrado Sigifredo Espinosa Pérez, (rad. 23718) donde esta Sala expresó:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal igualmente afirmaba que el tercero civilmente responsable no tenía interés jurídico para cuestionar aspectos atinentes a la responsabilidad penal del procesado, bajo el entendido que al tercero solo competía desvirtuar su responsabilidad civil o extracontractual. En esta materia igualmente se produjo cambio, hasta formular un planteamiento esencialmente distinto, según el cual, en algunos casos el tercero civilmente responsable sí está habilitado para controvertir tópicos inherentes a la responsabilidad penal, cuando dichos tópicos tienen incidencia en la responsabilidad civil:
“Sin embargo, la Corte encuentra necesario matizar este último criterio.
De conformidad con el artículo 57 de la Ley 600 de 2000, que se ocupa de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria, “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.
Luego es posible que el tercero civilmente responsable discuta la responsabilidad del enjuiciado declarada en la sentencia condenatoria, ya sea porque a pesar de que en su contexto se reconoció que la conducta causante del perjuicio no se realizó o no la cometió el sindicado, se le declaró responsable de la misma o, mejor, se dejó de aplicarla normal jurídica pertinente por errarse en cuanto a su existencia o validez en el tiempo y en el espacio, o porque se estimó que los supuestos condicionantes del precepto no coincidían con los presupuestos fácticos establecidos procesalmente, o porque se le dio un alcance jurídico diferente o se le asignaron consecuencias que no se derivan de la misma (violación directa); o también porque a causa de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas se quebrantó la normativa en cualquiera de esas formas (violación indirecta).
En virtud de lo anterior, entonces, se puede concluir que el tercero civilmente responsable podrá acudir en casación por las causales penales contra la sentencia de segunda instancia que le es adversa, si estima que un error en la fijación de la responsabilidad penal del sujeto agente por no percibirse o no declararse en el fallo alguno de los tópicos señalados en el citado artículo 57, incidió en la condena en su contra”. (Sala de Casación Penal, auto del 7 de septiembre de 2005, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez; radicación 23925).
El asunto sub examine se asumirá, pues, desde la nueva perspectiva jurisprudencial.
2. La protesta central del libelista radica en que el 24 de marzo de 1996, cuando se produjo el accidente de tránsito, se encontraba vigente el numeral 5º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 81 de 1993, que era del siguiente tenor:
“5. Exclusión del tercero civilmente responsable. Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 ó 37A de esté código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil del tercero”.
Por tanto, dice, como en el presente caso el procesado se sometió a la sentencia anticipada, los jueces de instancia han debido aplicar por favorabilidad esa norma y, por tanto, el fallo no podía pronunciarse sobre la responsabilidad del vinculado en calidad de tercero civilmente responsable.
Lo anterior, agrega, sin perjuicio de que mediante la sentencia C-277 de 1998 (jun. 3), la Corte Constitucional (2) declaró inexequible el numeral 5º del mencionado artículo 37B.
En dicho fallo la Corte Constitucional señaló:
“La norma acusada, al relevar al juez penal de la obligación de pronunciarse sobre la responsabilidad civil, en los casos de sentencia anticipada, está desconociendo los derechos y principios constitucionales que en materia de igualdad y justicia tiene la víctima o el perjudicado con el delito. Desconocimiento que resulta aun más evidente cuando el juez penal, a pesar de haber encontrado probados los perjuicios ocasionados por el delito, no puede pronunciarse sobre ellos, por la circunstancia de haberse acogido el sindicado, durante la etapa instructiva o de la causa, a la figura de la sentencia anticipada en cualquiera de sus modalidades. La norma acusada, entraña entonces una medida desproporcionada e irrazonable por cuanto en el afán de proteger a ultranza el interés colectivo, sacrifica sin prudencia el interés particular del afectado que también es objeto de protección constitucional”.
Es claro, entonces, que el numeral 5º del artículo 37B adicionado por la Ley 81 de 1993 al Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991, fue retirado del ordenamiento jurídico; y que a partir de la sentencia C-277 del 3 de junio de 1998, tanto en la sentencia ordinaria como en la sentencia anticipada los funcionarios judiciales tienen el deber de pronunciarse sobre los perjuicios que encontraren demostrados; pero ello, como se verá, sin perjuicio de las situaciones de favorabilidad que pudiesen presentarse en casos concretos.
3. El problema jurídico consiste, entonces, en determinar si se vulneró el debido proceso del señor Ricardo Hurtado Naranjo, vinculado como tercero civilmente responsable, porque habiendo ocurrido los hechos cuando existía prohibición expresa de pronunciarse sobre la responsabilidad del tercero en la sentencia anticipada, sin embargo, el fallo anticipado de este caso resolvió sobre ese tópico.
Como se hizo constar en el extracto de la actuación procesal, en la revisión del expediente se constatan las siguientes fechas importantes:
— Los hechos ocurrieron el 24 de mayo de 1996.
— La vinculación del tercero civilmente responsable se produjo con resolución del 3 de enero de 1997, junto con la admisión de la demanda de constitución en parte civil.
— La resolución acusatoria de segunda instancia fue proferida el 10 de octubre de 2000.
— Mientras se adelantaba la etapa de la causa, ya realizada la audiencia preparatoria, pero antes de llevarse a cabo la vista pública, con memorial radicado el 16 de mayo de 2001, el procesado Jorge Iván Carmona Marín expresó su interés de acogerse a la terminación anticipada del proceso.
— El 29 de mayo de 2001, el Juez Penal del Circuito de Villeta (Cundinamarca) emitió la sentencia de primer grado, adoptando, entre otras, la decisión de condenar al tercero civilmente responsable.
— Con fallo de segundo grado del 15 de abril de 2002, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la anterior decisión.
Así, se verifica que el tercero civilmente responsable fue vinculado tempranamente en la etapa investigativa, porque ninguna norma impedía hacerlo, en tanto no podía imaginarse o pronosticarse que a futuro el implicado iba a solicitar sentencia anticipada; y que toda la instrucción y buena parte del juicio se adelantaron por el rito normal, ya que solo después de la audiencia preparatoria fue que el conductor de la buseta comprometida en el accidente de tránsito se sometió a la justicia.
De tal suerte, ni la vinculación del tercero civilmente responsable, ni las actuaciones con su intervención adolecen de ilicitud generadora de nulidad, máxime que este sujeto procesal fue protagonista activo a lo largo del trámite, contestó la demanda, solicitó pruebas, impugnó las decisiones adversas, objetó el dictamen pericial, presentó consideraciones precalificatorias, y apeló el fallo; con lo cual se demuestra que desde el primer momento se le garantizaron el acceso a la administración de justicia y los derechos a postular, controvertir e impugnar.
4. Entonces, si la presunta fuente de la irregularidad que denuncia el casacionista no se encuentra en la vinculación del tercero civilmente responsable, ni el trámite con su presencia, queda por explorar una vía.
También la propone el libelista y radica en determinar si el fallo anticipado es ilegal por haber definido sobre la responsabilidad civil del tercero civilmente responsable, pese a que los hechos sucedieron cuando existía prohibición legal de pronunciarse sobre la responsabilidad civil del tercero en la sentencia anticipada.
Dicho de otra manera, el censor reclama la aplicación por favorabilidad de la norma vigente al tiempo de los hechos, esto es el numeral 5º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2791 de 1991, adicionado por la Ley 81 de 1993, que prohibía resolver sobre la responsabilidad civil del tercero; y aspira a que su pretensión sea válida, con independencia de la declaratoria de inexequibilidad de esa norma, a través de la sentencia C-277 de 1998.
5. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso es exigible en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; y “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio”.
Es claro que cuando se vincula a un tercero civilmente responsable al proceso penal, es porque se va a juzgar sobre su culpa civil y sobre su responsabilidad civil extracontractual; por ello, solo puede ser condenado a indemnizar los perjuicios bajo la condición de ser oído y vencido en un juicio, con la plenitud de las garantías, en plano de igualdad con todos los sujetos procesales.
Así que, para salvaguardar el debido proceso, el tercero civilmente responsable también tiene que ser juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas del juicio.
El acto que se imputa al tercero civilmente responsable se enmarca en circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar; y coincide con los factores que originan su culpa (in eligendo o in vigilando) de naturaleza civil, generalmente por infracción al deber de cuidado respecto de la fuente de riesgo que está obligado a controlar.
Si ello es así, bien puede el tercero civilmente responsable abrigar la pretensión jurídica de que su responsabilidad sea juzgada con arreglo a las normas con efectos sustanciales que se encontraban vigentes en la fecha de los hechos, siempre y cuando estas sean más favorables que otras posteriores; o con arreglo a estas si le reportan algún beneficio mayor.
6. Se ha entendido generalmente que la favorabilidad aplica exclusivamente en materia penal para el imputado, sindicado, o procesado, cuando quiera que en ejercicio del ius puniendi el Estado ausculte la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de su conducta.
Tal comprensión podría dimanar del propio artículo 29 de la Carta, que dispone:
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva de (sic) desfavorable”.
Sin embargo, la favorabilidad no puede predicarse en exclusiva del imputado, sindicado o procesado, sino de cada uno de los sujetos procesales en términos concretos, porque dicha institución —la favorabilidad— trascendió del procesalismo penal, para ubicarse en el amplio espectro de las garantías constitucionales, donde alcanzó la categoría de un principio general del derecho, que irradia todas las actuaciones judiciales.
De aquel modo, la noción debido proceso no se limita a la corrección de las formas procesales, ni a las garantías enlistadas en el canon 29 superior, sino que se nutre de los valores, reglas y principios constitucionales, y de los principios generales del derecho, entre ellos, los de igualdad y de favorabilidad.
De ahí que, cuando al interior del proceso penal se establezca la responsabilidad civil, el tercero civilmente responsable, como sujeto procesal que es (en la L. 600/2000), no tiene impedimento alguno para solicitar la aplicación por favorabilidad (retroactiva o ultractiva) de leyes sustanciales, o procesales con efectos sustanciales, que en algún momento de la actuación hayan regido, o condicionen su situación jurídico material.
7. El Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, trata el tema aludido dentro del principio de legalidad, en el artículo 6º, que prevé:
“Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de cada juicio”.
8. En la sentencia del 16 de febrero de 2005, con ponencia del honorable magistrado Alfredo Gómez Quintero (rad. 23006), la Sala de Casación Penal modificó su jurisprudencia anterior, según la cual el acceso a ciertas instituciones jurídicas dependía de la normatividad vigente al tiempo de concretarse la situación procesal que le abría paso, doctrina difundida con el nombre de “teoría del hecho relevante”, para afirmar, en la nueva postura, que todas las consecuencias jurídicas del delito quedaban signadas por las normas vigentes el día en que se cometió la conducta punible, salvo que un precepto posterior resultare más favorable.
De este modo lo expresó la Corte:
“De ese contexto positivo bien pueden desbrozarse las distintas especies de normas que han de regir un proceso penal, al igual que el alcance de cada una de ellas, así: i) las sustanciales, cuyas permanencia —aún previa a la ejecución del delito— y aplicación —ya al interior de la actuación— perduran inclusive hasta el agotamiento de la fase de ejecución de la sentencia (C.P., art. 6º), a menos que una norma de similar naturaleza la reemplace para que sea aplicada esta última bajo la condición de ser más favorable. ii) las simplemente instrumentales, que igualmente antecedentes al hecho, deben gobernar el proceso, aunque sujetas a ser desestimadas en su aplicación cuando se expida una norma de su mismo carácter, tal como lo señala el artículo 40 de la Ley 153 de 1886, sin que de ellas —dada su neutralidad— sea demandable la favorabilidad. iii) las procesales de efectos sustanciales, cuyo manejo —desde luego al interior de la actuación— se asimila a las materiales, conforme lo señala el dispositivo últimamente trascrito”.
“Así, refulge que cometido un delito, toda la normatividad que lo regula en su descripción típica, en su sanción y en las normas procesales de efectos sustanciales, acompañan ad infinitum a ese comportamiento y a su autor, salvo que con posterioridad surja norma nueva que favorablemente modifique tales atributos para que esta sea aplicada retroactivamente, tal como lo autoriza la norma superior, lo precisa la Ley 600 de 2000 y lo reitera para el futuro el nuevo código de procedimiento (L. 906/2004). En cambio, lo que sí choca contra aquella —y aún con el sentido común— es que se aplique retroactivamente una nueva normatividad con efectos desfavorables. A su turno, lo que atañe a las disposiciones legales simplemente instrumentales, así como al cambio del juez (por razones de competencia) por otro igualmente existente antes de la comisión del delito, son de aplicación inmediata, sin que de su mutación —como se dijo— pueda reclamarse ingrediente alguno de favorabilidad”.
Como se observa ese hito jurisprudencial se concibió para el sujeto activo de la conducta punible, respecto del cual se predica la favorabilidad en el amplio ámbito constitucional.
Con todo, no se vislumbra ninguna razón para que los demás sujetos procesales, entre ellos, el tercero civilmente responsable de la parte civil, invoque las reglas con efectos sustanciales más favorables según sus intereses y, por ejemplo, puedan interponer la demanda de casación con arreglo a las normas que resultaren más benignas, comparando las aplicables el día en que se realizó la conducta punible con otras posteriores.
9. No se desconoce que en algún caso concreto podría generarse conflicto de intereses entre distintos sujetos procesales, cuando reclame cada uno para sí la favorabilidad desde su punto de vista. Sin duda de presentaría una tensión entre el derecho a la favorabilidad de cada quien.
La Sala es conciente de tal eventualidad, pero esa prospección no podría anteponerse como obstáculo para reconocer que cada uno de los sujetos procesales, desde su posición, tiene derecho a la favorabilidad.
De presentarse un caso difícil de esa naturaleza, el funcionario judical deberá resolverlo con argumentos de razonabilidad, acudiendo, si fuere preciso, a la equidad y los principio generales del derecho.
10. Se precisa ahora determinar si el numeral 5º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, adicionado por la Ley 81 de 1993, era un precepto meramente instrumental, procesal con efectos sustanciales, o por entero sustancial.
Con el fin de hacer claridad, se reitera su tenor literal:
“5. Exclusión del tercero civilmente responsable. Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 ó 37A de este código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil del tercero”.
Como ese precepto buscaba evitar que los llamados a responder civilmente en calidad de terceros fueran afectados por un fallo emitido sin demostrarse procesalmente su responsabilidad, puesto que al ser anticipada la sentencia no se adelanta completamente el juicio, y por ende aquellos podrían verse agraviados por una decisión proferida sin ser oídos ni vencidos en un debido proceso, es evidente que la exclusión del tercero civilmente responsable así concebida es una norma procesal con efectos sustanciales.
11. En las voces del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, como fue modificado por la Ley 81 de 1993, existía prohibición legal de definir sobre la responsabilidad del tercero en la sentencia anticipada. Ese precepto se encontraba vigente para el 24 de marzo de 1996, cuando se produjo el accidente de tránsito.
En consecuencia, el cargo tiene vocación de prosperidad, al ser legítima la pretensión del casacionista al reclamar que por favorabilidad se aplique ese precepto, dado que si a la fecha de los hechos existía prohibición legal de resolver sobre la responsabilidad civil del tercero en la sentencia anticipada, esa era la norma preexistente que ha debido acatarse al ser evidentes sus efectos sustanciales.
Visto de otro modo, pese a que la vinculación del tercero civilmente responsable fue legítima, cuando el juez de primer instancia aceptó la emisión del fallo anticipado perdió competencia para definir sobre la responsabilidad civil del tercero, porque en ese instante procesal se activó la favorabilidad ultractiva para este sujeto procesal, según viene de explicarse.
Por consiguiente, el cargo prospera, pues el fallo, integrado por las sentencias convergentes de primero y segundo grado, es parcialmente nulo, porque los juzgadores resolvieron, sin tener ya competencia, sobre la responsabilidad del tercero.
Como la censura sale avante, se casará parcialmente el fallo materia de impugnación, exclusivamente en el sentido de declarar la nulidad de la condena a indemnizar perjuicios proferida en contra del señor Ricardo Hurtado Naranjo, vinculado como tercero civilmente responsable.
12. Acorde con la decisión a adoptar, la Sala se abstendrá, por sustracción de materia, de revisar la legalidad de la sentencia de segundo grado al tenor de los otros cargos formulados por el casacionista.
1. CASAR parcialmente el fallo materia de impugnación, exclusivamente en el sentido de declarar la nulidad de la condena a indemnizar perjuicios proferida contra el señor Ricardo Hurtado Naranjo, vinculado como tercero civilmente responsable.
2. En todos los demás aspectos el fallo materia del recurso extraordinario permanece incólume».
3. Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.
Comparto las determinaciones del fallo de casación en cuanto resuelve casar parcialmente la sentencia objeto del recurso extraordinario y, en consecuencia, declarar la nulidad de la condena a indemnizar perjuicios proferida contra el señor Ricardo Hurtado Naranjo, vinculado como tercero civilmente responsable, dejando incólume en todos los demás aspectos la providencia ameritada.
El motivo que me anima a aclarar el voto, radica solamente en considerar que desde mi particular punto de vista no se observa nítido el fundamento que tuvo la Sala para optar por la aplicación del principio de favorabilidad penal respecto de una disposición procesal destinada a regular el trámite de una pretensión de contenido eminentemente económico.
Soy del criterio que la decisión de declarar la ineficacia de lo actuado en relación con la condena pecuniaria impuesta al tercero civilmente responsable vinculado legítimamente al trámite, ha debido abordarse frente a las garantías que se derivan del debido proceso constitucional previsto por el artículo 29 de la Carta Política, especialmente los derechos de contradicción, defensa y acceso a la segunda instancia, los cuales, a mi modo de ver, resultaron conculcados para dicho sujeto procesal cuando se produjo un abrupto cambio en el trámite ordinario, a raíz de la decisión del procesado de acogerse a la figura de la sentencia anticipada.
Al proceder de dicho modo, materialmente en el trámite se dejó al tercero civilmente responsable sin posibilidades de acceder a la segunda instancia en relación con sus pretensiones probatorias durante la fase de juzgamiento, con lo cual resulta evidente que en tales circunstancias una decisión en contra de sus intereses patrimoniales deviene ilegítima, como finalmente fue resuelto por la Sala, solo que a partir de reconocer la ultraactividad de una disposición vigente al momento de los hechos, que prohibía resolver lo referente a la responsabilidad civil del tercero y posteriormente declarada contraria al ordenamiento jurídico superior.
Por razón de lo expuesto, insisto en mi criterio en el sentido de que la solución del caso ha debido abordarse con fundamento en que la sentencia en contra del tercero civilmente responsable fue proferida con violación del debido proceso y no en razón a que los juzgadores hubieren resuelto sin tener competencia para pronunciarse sobre la responsabilidad de dicho sujeto procesal, pues, como la Sala lo reconoce, “a partir de la sentencia C-277 del 3 de junio de 1998, tanto en la sentencia ordinaria como en la sentencia anticipada los funcionarios judiciales tienen el deber de pronunciarse sobre los perjuicios que encontraren demostrados”, en perfecta armonía con lo previsto por el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, según el cual “en la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de los perjuicios ocasionados”.