Source: https://es.scribd.com/doc/49739141/Sentencia-T-568-de-1999
Timestamp: 2016-12-05 17:19:41
Document Index: 183797286

Matched Legal Cases: ['artículo 430', 'artículo 65', 'artículo 53', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 86', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 56', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 4', 'artículo 93', 'artículo 65', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 36', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 46', 'Artículo 26', 'Artículo 8', 'artículo 230', 'artículo 3', 'artículo 23']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArticlesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseSentencia T-568 de agosto 10 de 1999 CORTE CONSTITUCIONAL SALA CUARTA DE REVISIÓN Ref.: Exp. Nº 206.360 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz Actor: Sindicato de las Empresas Varias de Medellín (EEVVM) ESP. Acción de Tutela contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Alcaldía Municipal de Medellín y las Empresas Varias de Medellín por una presunta violación de los derechos al trabajo, a la organización sindical, a la asociación, la huelga, y el debido proceso. Temas: — Procedencia de la tutela para proteger el derecho a la huelga. — Huelga en los servicios públicos. — Servicios públicos, servicios públicos esenciales, servicios públicos domiciliarios. — Expedición de normas de derecho interno contrarias a los tratados internacionales vinculantes para el Estado. — Hecho cumplido. — Aplicación de una ley contraria a la Constitución. — Declaración de ilegalidad de una huelga por parte de autoridad administrativa. — Bloque de constitucionalidad. — Jerarquía de los derechos laborales de los colombianos, contenidos en instrumentos internacionales ratificados por el Estado. — El agotamiento de los recursos internos como presupuesto para acudir a las instancias internacionales y la cosa juzgada. — Poder vinculante de las recomendaciones de los órganos de control de las organizaciones internacionales. — Diferencia entre las recomendaciones de la OIT y las de sus órganos de control. Santafé de Bogotá, D.C., diez de agosto de mil novecientos noventa y nueve.
La Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Álvaro Tafur Galvis, y Carlos Gaviria Díaz, este último en calidad de ponente, entra a revisar el proceso de tutela adelantado por el Sindicato de las Empresas Varias de Medellín ESP, contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el municipio de Medellín y las Empresas Varias de Medellín ESP, conforme a la competencia que le ha sido asignada por los artículos 86 inciso 2º, y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. Antecedentes El sindicato de las Empresas Varias de Medellín EPS, EEVVM, solicitó a través de la tutela, la protección de sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad sindical (asociación, organización y huelga) y al debido proceso, supuestamente vulnerados por las actuaciones y omisiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el municipio de Medellín y las Empresas Varias de Medellín. I. Hechos. A finales de 1992, el sindicato de las Empresas Varias Municipales de Medellín, EEVVMM, denunció la convención colectiva que regía las relaciones entre los empleados afiliados y la empresa. En enero de 1993 las partes iniciaron la etapa de arreglo directo y no se llegó a un acuerdo; por tanto, los trabajadores resolvieron declararse en asamblea permanente. A partir del día 16 de febrero y hasta el 22 de ese mismo mes dejaron de laborar, y sesionaron ininterrumpidamente. El representante legal de las EEVVMM solicitó al Ministerio de Trabajo constatar el cese de actividades, desde el primer día. Así lo hizo y, por medio de una actuación administrativa, ese despacho declaró ilegal la asamblea. Para justificar su decisión, invocó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe la huelga en los servicios públicos, y el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que califica como ilegal la suspensión colectiva del trabajo en los servicios públicos. Según el sindicato, con esta actuación se vulneró su derecho al debido proceso, pues durante la visita y elaboración de lista de ausentes, por parte del ministerio, no se les permitió a sus afiliados intervenir, ni se tuvo en cuenta si quienes no se encontraban en su puesto estaban en asamblea, si les correspondía un turno, o si estaban de vacaciones o incapacitados. Como consecuencia de la declaración de ilegalidad del paro, 209 trabajadores, todos pertenecientes al sindicato(1), fueron despedidos. Entonces, la asociación sindical impugnó ante el Consejo de Estado la resolución, y algunos de los trabajadores iniciaron acciones ordinarias; en ninguno de los casos se decidió a su favor pues, sin excepción, los jueces confrontaron el caso con las citadas normas que prohíben la huelga en los servicios públicos, y por tanto, encontraron acertada la decisión del ministerio.
Por todo lo anterior, los demandantes en esta tutela interpusieron una queja ante la Oficina Internacional del Trabajo, invocando la protección que a su juicio les asiste, ya que Colombia ratificó varios convenios de trabajo y sindicalización en donde ella fue consagrada. Pidieron
y tiene ahora distinta naturaleza y otra planta de personal. lamentó que el gobierno colombiano hubiera hecho caso omiso de la solicitud que se le había elevado de informar sobre el caso y(2). y el artículo 53 de la Carta Política. para justificar la falta de legitimación por pasiva. aún si fuera una verdadera recomendación. que se les indemnice de manera completa. pide al gobierno que tome medidas para modificar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que prohíben la huelga en una amplia gama de servicios que no pueden ser considerados esenciales en el sentido estricto del término (en particular arts. Añaden que el agotamiento de los recursos internos se dio. y denunciaron la injerencia indebida del Estado en las actividades de su organización. — El municipio de Medellín sostiene que las recomendaciones del comité no son obligatorias.
. pues su lenguaje mismo es “no imperativo”. afirma que. no sería obligatoria para Colombia de acuerdo con la Carta de la OIT y con la jurisprudencia de esta Corte(3). el comité pide al gobierno que tome medidas para que en el futuro. y esgrime de nuevo el argumento de la transformación de las empresas. — El Ministerio de Relaciones Exteriores asume el documento del comité de libertad sindical como una invitación al consejo de administración para que apruebe sus recomendaciones. 430 y 450)”. así como la violación del debido proceso. el comité invita al consejo de administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: el comité urge al gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales. Los accionantes consideran que tal recomendación es obligatoria para Colombia. pero las entidades encargadas de cumplirla tienen opinión distinta: — Las EEVVM rehúsan acatarla por dos razones: primero.entonces el amparo de su derecho a la libertad sindical. el comité de libertad sindical de la OIT. en su informe Nº 309. y que se encontró ajustada a derecho la declaración de ilegalidad de la huelga. mas no como una orden directa al gobierno colombiano. al igual que la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. la imposibilidad de cumplir la orden: la empresa se transformó. Segundo. la calificación de las huelgas sea realizada por un órgano independiente y no por la autoridad administrativa. no menciona este tipo de manifestaciones de las organizaciones internacionales. consignó la siguiente recomendación: “Recomendaciones del comité “En vista de las conclusiones que preceden. Como resultado de esta actuación. habiendo evaluado los hechos. Así mismo. y el comité. sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado en una huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales de Medellín y si ello no es posible. consideran que las recomendaciones no son vinculantes. que integra a la legislación nacional los convenios. El comité pide al gobierno que le mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido.
la Constitución Política. cita la norma laboral y la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado que avalan el procedimiento que se siguió en este caso. 53 (los convenios internacionales en materia de derecho al trabajo pertenecen a la legislación interna). pide se dé la orden a los demandados de hacer efectivo el reintegro de los empleados despedidos al puesto que ocupaban antes de que ocurriera su despido. 142/94). por tanto. de sugerencia que hace ese ente para diligenciar el asunto que se le encomendó. Los argumentos principales que esgrimen en su escrito son los siguientes: — El aseo no es un servicio público esencial. como afectado directo por la falta de acción de las autoridades nacionales. la declaración de que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio. y de los convenios 87 y 98 sobre sindicalización. solicitó la tutela de sus derechos al trabajo. — Según el derecho internacional del trabajo. pues desestabiliza la organización. — Las recomendaciones de la OIT son obligatorias para el gobierno por dos razones: primera. Por último. Adicionalmente.— El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aduce haber actuado conforme a derecho. y la ley prohíbe la huelga en las empresas que prestan este tipo de servicio. de súplica. recibe las recomendaciones del comité a manera de consejo. a la asociación. y el objetivo. artículos 39. Tribunal Administrativo de Antioquia La sección primera del tribunal administrativo de Antioquia rechazó por improcedente la tutela por dos razones:
. acude a la tutela. no se puede limitar la posibilidad de huelga en las empresas que lo prestan. para justificar el hecho de no haber solicitado la intervención del sindicato. Frente a esta situación. II. y con ella. pues el aseo es un servicio público esencial (L. (derecho de asociación sindical) 56 (derecho de huelga). pues con su suspensión no se ponen en riesgo la vida y salud de las personas. la huelga. el sindicato. debido a su impotencia para obligar al Estado a respetar los derechos humanos laborales de los empleados despedidos. y el debido proceso. y el reconocimiento de los sindicalistas como afiliados activos durante todo el tiempo que estuvieron despedidos. — El despido masivo de sindicalistas afecta el orden subjetivo de libertad sindical de los afiliados. con la correspondiente cotización por parte del empleador. El demandante. y “ante la falta de voluntad política del gobierno colombiano para cumplir sus obligaciones” en cuanto hace a la adopción de la recomendación(4). es inadmisible una injerencia del Estado en las actividades sindicales. Segunda. todo dentro de un plazo perentorio. 19). y 93 (prevalencia de los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia). todos ratificados por el Estado. en virtud de la Constitución de la OIT (art. a la organización sindical. Decisiones de instancia 1.
Los convenios son normas de derecho internacional que vinculan jurídicamente a los Estados y que están sujetas a su ratificación. se constituye sólo en una exhortación o insinuación que se le hace al mismo. (F. Los trabajadores despedidos ya agotaron la vía ordinaria y obtuvieron sentencias desfavorables. con resultados negativos. 217). Las recomendaciones son sólo instrumentos que se limitan a señalar pautas para orientar la legislación y la práctica jurídica nacional. de acuerdo con los artículos 86 y 241 de la Carta Política. adquiriendo así compromisos internacionales. (F. este organismo se pronuncia a través de convenios internacionales o de recomendaciones. y para representar los intereses de los trabajadores despedidos. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos en el trámite de este proceso. corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la sentencia respectiva. no constituyendo derecho vigente ni existiendo por lo mismo acciones para hacer aplicables las simples recomendaciones. Competencia. la recomendación de esa organización no tiene jerarquía alguna en la legislación nacional. “No puede aceptarse que. Legitimación por activa La legitimación del sindicato de las Empresas Varias de Medellín ESP no fue cuestionada en este proceso. 196) 2. según el reglamento interno y el auto de la sala de selección número cuatro el 26 de abril de 1999. y por tanto. (…) Así las cosas. Si no se adoptan por medio de un tratado. los actos de la OIT no ingresan al ordenamiento jurídico colombiano. — La falta de obligatoriedad de las recomendaciones de la OIT: “De conformidad con el artículo 19 de la constitución de la OIT. no tiene en ninguna manera carácter vinculante y obligacional para el Gobierno Nacional. puesto que todos ellos eran sus miembros activos cuando ocurrieron los hechos materia de este proceso(5). con relación a las medidas que debería tomar respecto de tales trabajadores”. Procedencia de la acción de tutela A. 3. la recomendación señalada por el sindicato de trabajadores de empresas varias. II.— El sindicato ya agotó todas las instancias ordinarias ante el Consejo de Estado y los jueces laborales para lograr el reintegro de los empleados. 2. No es posible adicionar ese trámite con una acción de tutela. Consideraciones de la Corte I. siendo diferentes los unos de las otras. y es claro que esa asociación tiene capacidad para reclamar sus propios derechos. fuere precisamente la tutela el medio idóneo para exigir el cumplimiento de ellas”. por tres razones: 1. Consejo de Estado La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo confirmó la decisión de primera instancia.
queda sin piso el argumento aducido por las empresas varias y el municipio de Medellín. por lo que no es procedente esta acción. en su existencia como persona jurídica. por falta de legitimación por pasiva. 1. en su opinión. y si ella no es apta para crear obligaciones. por tanto. ni para efectos patrimoniales. adujeron que la primera de esas entidades no puede ser vinculada a este proceso como demandado. la procedencia de la acción de tutela en este caso. ni los correspondientes deberes en cabeza de su empleador —la empresa demandada o el municipio al que pertenece—. de actividad. ¿Quién es responsable por las obligaciones de origen laboral ya causadas. no son de recibo las razones aducidas por las entidades demandadas para cuestionar. porque los hechos que originaron esta tutela ocurrieron antes de su transformación en empresa industrial y comercial del Estado. tal mutación la libera de toda responsabilidad por lo que tuvo lugar antes de que cambiara su naturaleza jurídica. de servicio público. Así. no son la misma cosa —aunque el
. En conclusión. porque hay diferencia entre los derechos individuales de los trabajadores despedidos y los del sindicato que incoó esta acción. no tienen derecho alguno que reclamar. Legitimación por pasiva Las Empresas Varias ESP y el municipio de Medellín. puesto que la recomendación en que basan sus pretensiones no es una norma jurídica. esta Sala considera: a) un cambio como el que se realizó en las Empresas Varias de Medellín.B. c) sí hay normas vigentes y aplicables al caso. Al respecto debe anotarse que los derechos individuales de los trabajadores expulsados sobre los cuales se pronunciaron los jueces laborales. tampoco puede originar los derechos correspondientes en cabeza de hipotéticos beneficiarios de ellas. pues desde un principio debió rechazarse la solicitud por improcedente. Hecho cumplido Todos los entes demandados adujeron que en este caso se trata de hechos cumplidos y. ni en los derechos y obligaciones causadas con anterioridad al acto. Al respecto. También afirmaron las entidades demandadas que. ella produjo un daño consumado. si bien los trabajadores pueden tener interés en este proceso. y es claro que sí se la podía vincular a este proceso como parte demandada. no hace que desaparezcan los derechos de los trabajadores vinculados a esa entidad. luego de la transformación de las empresas varias? Las Empresas Varias Municipales de Medellín se transformaron en Empresas Varias de Medellín ESP mediante el Acuerdo 001 de 1998. y los derechos del sindicato que se reclaman por vía de tutela en este proceso. es un hecho cumplido y juzgado por todas las instancias posibles en las jurisdicciones ordinarias laboral y contencioso administrativa. b) no se trata de un hecho cumplido. 2. Finalmente. señalaron que la actuación administrativa que sirve de base a las pretensiones del sindicato. d) la resolución del comité de libertad sindical es un hecho nuevo y significativo. El artículo 11 de esa norma expresamente estableció que no hay solución de continuidad por efecto del cambio introducido a esa entidad. si existió violación de los derechos reclamados. no sólo es improcedente la tutela en este caso.
la decisión de las instancias internacionales competentes para controlar la aplicación de los tratados y convenios. En consecuencia. la Corte se ocupará de dos asuntos fundamentales: primero. De acuerdo con la conclusión anterior. 1. ni el gobierno pueden escudarse en la cosa juzgada para ignorar una orden proveniente de un tribunal internacional o un órgano de control. ni las autoridades administrativas. pues no es sobre éstos que el juez de tutela debe pronunciarse. agotados ya. La Sala no puede entonces. En segundo lugar. por tanto. acoger el argumento expuesto por los demandados y adoptado por los jueces de instancia. con el objeto de subsanar las actuaciones de las autoridades nacionales. Por tanto.amparo de estos últimos pueda redundar en la efectividad de aquéllos—. III. derecho de participación. sobre el agotamiento de las vías ordinarias como excusa para la improcedencia del mecanismo internacional. la Corte evaluará los derechos que asistían a los actores. y luego. Examen del caso concreto Ahora. (subraya fuera del texto). por tanto. es un presupuesto para acudir a las instancias internacionales. en caso de encontrar irregularidades. sólo puede ser posterior a las decisiones administrativas internas. de esta acción. en esta ocasión. el proceder de los demandados y. y el texto del artículo 86 de la Carta Política. por ende. cualquier pronunciamiento de esas instancias. tomará los correctivos necesarios. Derechos constitucionales del sindicato Primero. y derecho de defensa.. pues el hecho de haber llegado hasta allí solamente denota que los recursos internos.. que claramente estableció que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. administración y jueces y si.”. De lo contrario. El agotamiento de los recursos internos para la defensa de los derechos conculcados. en principio. consagrado en los instrumentos internacionales ratificados por Colombia(6) y en varios pronunciamientos del máximo tribunal de asuntos internacionales(7). deberá determinar si los derechos constitucionales del sindicato fueron vulnerados por las actuaciones del gobierno. Con ello. no fueron efectivos. necesariamente constituye un hecho nuevo. y de la fuerza vinculante de la recomendación de un órgano internacional de control. desconocería lo dispuesto por el artículo 93 superior. la solicitud de tutela debió tramitarse en lugar de ser rechazada. y a las sentencias nacionales sobre la legalidad de ellas.
. deberá aclarar el alcance de las recomendaciones del comité de libertad sindical de la OIT en el orden interno. contradiría la jurisprudencia reiterada de esta corporación. A. Por todo lo anterior. Debido proceso administrativo. se trata de los derechos fundamentales del ente colectivo. no pueden oponerse a esta tutela incoada por la organización de los trabajadores. los fallos de los jueces ordinarios sobre los derechos individuales de sus afiliados. procede el amparo. estaría haciendo nugatorio el mecanismo garantista de la queja ante el organismo internacional de protección y.
2º). art. incluyendo los miembros en ejercicio y anteriores de la junta directiva. ni las garantías para el respectivo trámite. fueron instituidas para realizar un fin esencial del Estado. a) La verificación del cese de actividades. Nada autoriza al ente administrador o a funcionario judicial alguno a interpretar el ordenamiento jurídico de forma que haga nugatoria la garantía constitucional que existe para toda persona. constitutivas de una auténtica vía de hecho en la que incurrieron. y considera que tal comportamiento es inadmisible por varias razones: constituye una vía de hecho. El sindicato reclamó en su solicitud de tutela que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Empresas Varias de Medellín. Respecto a la falta de participación del sindicato en el procedimiento. y en el despido de los afiliados al sindicato. y en la falta de desarrollo legal de los artículos 2º y 40 de la Constitución Política. y que fue adelantada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la participación del empleador. A más de ese reconocimiento. Consta en el expediente que efectivamente se marginó al sindicato de la actuación que verificó el cese de actividades en las Empresas Varias de Medellín. en su respuesta a la tutela manifestó haber actuado de acuerdo con la ley en este caso. mas no la de los trabajadores. si no cuenta con acción para reclamar su efectividad. en cuanto hace a este tipo de actuación administrativa. completamente opuesto a las actuaciones unilaterales excluyentes. ya que basta para decidir sobre el despido de 209 de sus afiliados. Ese despacho justificó su proceder respaldado en normas del Código Sustantivo del Trabajo. así como los convenios 87 y 98 de la OIT. en consecuencia. las personas jurídicas son titulares del derecho fundamental al debido proceso. viola el derecho a la participación de los trabajadores que representa —en virtud de la Constitución y la ley —. de participar en la producción de las decisiones que la afectan (C.P. En el caso bajo examen. en jurisprudencia del Consejo de Estado. pues esas son etapas o fases de una indudable actuación administrativa. condición sin la cual no pueden radicarse derechos en cabeza del ente colectivo. el ministerio y las demás autoridades. tal actuación es violatoria del derecho de participación de los trabajadores afiliados al sindicato —tanto de los que participaron del cese como de los que no lo hicieron—. y el del sindicato a representarlos en eventos como éste. b) La declaración de ilegalidad de la huelga. es sabido que la Carta extendió el alcance del derecho fundamental al debido proceso a toda actuación administrativa y. por expresa disposición de los artículos 14 y 39 de la Carta Política de 1991: “su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución”. al proferir la declaratoria de
. no tiene sentido afirmar que alguien tiene un derecho. El Ministerio de Trabajo. pues respecto de la Constitución actual. expresó: “no existió por parte de este ministerio violación al debido proceso. adelantaron la verificación del cese de actividades sin permitir su participación en defensa de los derechos de sus asociados y de los de la organización. en la calificación de ilegalidad de ese cese.Es claro que una asociación como el sindicato de las empresas varias tiene el derecho fundamental al reconocimiento de su personería jurídica. que hacen parte del bloque de constitucionalidad. y del sindicato actor. Además. tal derecho debió respetarse en la verificación del cese de actividades en las Empresas Varias de Medellín.
respuesta del Ministerio de Trabajo al juez a quo). i. “— El derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos esenciales. puesto que para su ejercicio requiere de reglamentación legal.b) Huelga en los servicios públicos esenciales. Como se verá luego.a) El Código Sustantivo del Trabajo y la Constitución Política. se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-450/95. La vía de hecho en la que incurrieron el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las Empresas Varias de Medellín en la verificación del cese de actividades. o los señalados
. i) Aplicación de una norma incompatible con la Constitución. también constituye vía de hecho. Las directrices que se derivan de esta doctrina pueden sintetizarse de la siguiente manera:
“— El derecho a la huelga no es un derecho fundamental. y esta conducta irregular es atribuible al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sobre lo que constituye un servicio público esencial y su relación con la prohibición de la huelga. i. aunque sería suficiente para otorgar la tutela de los derechos fundamentales reclamados por el sindicato actor frente a esas dos entidades. simplemente basta que se compruebe que los ceses se han realizado” (folio 153. derechos que sí ostentan el carácter de fundamentales. ni es la única que se produjo en el trámite administrativo de este asunto. en los siguientes términos: “En repetidas ocasiones se ha pronunciado la Corte sobre el alcance que tiene esta disposición. se evaluarán dos aspectos fundamentales de esta actuación: la aplicación de una norma incompatible con la Constitución y el hecho de que la calificación de ilegalidad se lleve a cabo por una autoridad administrativa.ilegalidad de los referidos ceses por cuanto no existe procedimiento previo que obligue a esta entidad a darle conocimiento al sindicato. ni es imputable a las otras instituciones demandadas. y se vulneraron sus derechos consagrados en los artículos 53. “— Sólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador. Además. el gobierno faltó a sus obligaciones procesales en el trámite de la queja ante el comité de libertad sindical. pues con ella se desconoció el alcance del derecho de huelga. cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador. a más de que se violaron los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora. la organización accionante adujo que la calificación del cese de actividades como ilegal. 55 y 56 de la Carta Política. si se interpreta bajo la óptica de los principios constitucionales. “— El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentra en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical.
entre ellos el aseo. según la Constitución. de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. y consideró que el servicio público de aseo tenía carácter esencial. por ese solo hecho. “b) En los demás casos. el derecho de huelga dejaría de ser un verdadero derecho. “En el caso de los servicios públicos esenciales. “Estas facultades limitadoras que se delegan de manera exclusiva en el órgano legislativo. puede afirmarse que.P. M. sin embargo. el legislador está limitado por el contenido del núcleo esencial del derecho”. el legislador colombiano ha definido como esenciales. Alejandro Martínez Caballero). se enuncian los “servicios públicos domiciliarios”. correspondiera al concepto al que ha querido referirse el constituyente. y las actividades directamente relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. el servicio de seguridad social. “— El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás(9). Si bien es cierto que el legislador ya se pronunció. de que trata la presente ley. pues se desvanecería el derecho si todo lo que el legislador calificara de esta forma. no pueden ser desarrolladas de manera arbitraria. se considerarán servicios públicos esenciales”. la Corte puede entrar a revisar la reglamentación a la que se encuentra sometido el derecho. y el artículo 4º de esa ley textualmente dice: “Servicios públicos esenciales. Por esta razón. “En cuanto a la fijación de los derroteros que determinan la posibilidad de ejercer el derecho en los demás casos. C-473/94. obviamente en los señalados como tales por el constituyente.como tales por el constituyente. todos los servicios públicos. “De acuerdo con estos parámetros. ya la Corte ha indicado que la potestad del legislador está circunscrita por la determinación material del concepto mismo de “servicio público esencial” (sent. “— El derecho a la huelga también puede ser restringido por el legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público. para determinar si ésta corresponde a los principios que informan la Constitución. de lo contrario. Durante la vigencia de la actual Carta Política. en la Ley 142 de 1994. Además. de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el legislador. en lo que corresponde al sistema general de seguridad social en salud. Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia. es necesario poner de presente que al momento de la ocurrencia de los hechos y de la declaración de ilegalidad de la huelga. la situación era bien distinta: aún no existía una ley
. el servicio que presta la banca central. el derecho de huelga está restringido de dos formas: “a) Está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y.
La Sala concluye entonces. pues así son reconocidos universalmente(10). Por tanto. Esa deducción lleva a la Sala a tutelar los derechos de esas personas y ordenar a las autoridades responsables lo que corresponde en cada caso. 2º). se deberá indicar qué organismo independiente de las partes tendrá la competencia para calificar los ceses de actividades que se presenten en los servicios públicos no esenciales. Por eso. las normas del pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno a través de los medios adecuados. económicos y culturales (art. o de recurso. no puede ser dirimido por las partes. no implica que los esfuerzos puedan ser mínimos: “esta flexibilidad coexiste con la obligación de cada Estado parte de utilizar todos los medios de que disponga para hacer efectivos los derechos reconocidos en el pacto. por tanto. una iniciativa legislativa en este sentido. Pero el hecho de que esta afirmación sea abierta. 2. Ante todo. no era posible restringir el ejercicio de la huelga en las empresas que lo prestaren. En ella. y vulneró los derechos de 209 trabajadores. que sea un órgano gubernamental el que haga la calificación de la ilegalidad de la huelga. que fueron despedidos por el hecho de manifestarse de una forma que no les estaba vedada. cuándo el conflicto entre ellos y su empleador sobre la conformidad de la huelga con su regulación legal. y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar la responsabilidad de los gobiernos”(12). a) La obligatoriedad de los derechos laborales en el orden interno. Si el Estado es el empleador. (. es necesario aclarar que los derechos laborales son derechos humanos.. la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. hay que tener presentes las prescripciones de la legislación internacional sobre derechos humanos. la Corte ordenará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que presente al Congreso de la República. resulta contrario al principio de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia al ratificar los convenios 87 y 98 de la OIT. cada Estado parte se compromete: “a adoptar medidas. a la luz de la Constitución. inclusive en particular la adopción de medidas legislativas. pues de esa manera se priva a los trabajadores de una garantía: la de tener acceso a un tercero imparcial que decida. ii) Declaración de ilegalidad de una huelga por parte de autoridad administrativa. para lograr progresivamente por todos los medios apropiados. La naturaleza de estos derechos es progresiva:(11) de acuerdo con el Pacto internacional de derechos sociales. Los derechos laborales son tutelables.
. las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de medios adecuados de reparación. que la actuación de los funcionarios de las empresas varias y los del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se ajustó a las normas constitucionales vigentes.que definiera este servicio como esencial y. y los medios utilizables por parte de los Estados laxos.) especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga. A este respecto..
dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la convención”(15). En lo que hace a los derechos laborales. sus sistemas normativos y la forma que hayan designado para asumir los convenios internacionales en su legislación. la OIT ha dicho que. si bien los derechos no deben ser traducidos literalmente a leyes internas. el cumplir de buena fe las obligaciones internacionales adquiridas por los Estados. ni en los convenios se aconsejan procedimientos determinados para invocarlos en los sistemas domésticos. la única forma aceptable en que un Estado puede deshacerse de sus
. está el hecho de que. aunque tales normas son de carácter universal. Se supone entonces. de acuerdo con los avances de la legislación y jurisprudencia internacionales. En este tema. la posibilidad de diseñar mecanismos propios. de buena fe (principio pacta sunt servanda) y el 27 prohíbe a las partes invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de sus obligaciones internacionales. por supuesto. ni simultáneamente. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto: “Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional (. circunscrito al caso de América Latina. La mayoría de instrumentos internacionales de derechos humanos no indica la forma precisa en la que han de ser incorporados a los ordenamientos internos. el que un Estado legisle internamente a su antojo. Puede hacerlo. La característica esencial de todo el enfoque moderno del desarrollo económico es que los objetivos sociales sean parte inseparable del progreso y que la política social se desarrolle a la par de la política económica”(14) (subraya fuera del texto). Como refuerzo de esta obligación. Pero los programas sociales no debieran concebirse como segunda etapa que sólo habrá de iniciarse algo (sic) después que el desarrollo económico haya elevado sensiblemente el ingreso nacional. pero sí debe insistirse en que su aplicación debe ser armónica con la evolución económica y social de los pueblos(13). El desarrollo económico es un requisito previo indispensable de un mayor bienestar. En todo caso. según su organización. el derecho internacional ha dejado a los Estados. Segundo. pues no tiene efectos en el poder vinculante de un tratado. no tienen que ser aplicadas en todos los Estados de igual forma. consiste en ampliar en lo posible el espectro de protección de los derechos de los trabajadores en el orden interno.Respecto a los derechos laborales. en contra de las obligaciones internacionales que adquirió —menos aun si las nuevas leyes son un retroceso en materia de derechos humanos—.). omitiendo dictar las normas a que está obligado [por el tratado]. por ejemplo. que los Estados deben abstenerse de legislar internamente en contra de los tratados ratificados sobre la materia. el Estado debe asegurarse de que la organización o la legislación locales prevean mecanismos efectivos de protección de los derechos consagrados en los instrumentos. obviamente... También. los Estados que los ratifican deben tener en cuenta dos asuntos fundamentales: primero. la regla jurídica ley posterior deroga ley anterior no opera en este caso. el director general de la organización manifestó: “La idea directriz de esta conferencia ha sido la de que el desarrollo de los países de la región requiere que se armonicen la política económica y la social. el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados obliga a los Estados a cumplir las disposiciones de los acuerdos que concluyan.
En segundo término. es necesario entonces. en todos los casos. y citaron nuevamente las disposiciones de derecho interno (preconstitucional. pueden —como en este caso lo hicieron— reclamar ante estamentos internacionales la efectividad de los derechos que están “en el papel”. y se faculta al empleador para que. es que los trabajadores. modificado de
. en el ámbito internacional. y en especial. como se explicó anteriormente. la obligación de no menoscabar los derechos que había concedido y.compromisos internacionales. aduciendo que este caso debe solucionarlo la administración local. en los tribunales nacionales. con el aval de una autoridad administrativa que declare ilegal la actuación. es utilizando los mecanismos dispuestos por el derecho internacional: la terminación o la denuncia del tratado(16). y la situación no involucra al Gobierno Nacional. los trabajadores agotaron todas las vías posibles para reivindicar sus derechos. y él es responsable por el cumplimiento del tratado en todo el territorio. habiendo demostrado su voluntad de asumir políticas institucionales para la protección y el progreso de los derechos de los trabajadores colombianos. Los artículos 430 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo de 1961 y 65 de la Ley 50 de 1990 son un flaco ejemplo de este intento: allí se prohíben los ceses de actividades en los servicios públicos. los tribunales desdeñaron las normas internacionales que les reconocen derechos a los demandantes. En este caso. En contravía del artículo 27 de la Convención de Viena. y los jueces de instancia no se pronunciaron al respecto. Colombia es miembro de un gran número de organizaciones internacionales que buscan la protección y garantía de los derechos humanos —entre ellas. que Colombia tomara una posición seria respecto a los compromisos adquiridos. la segunda. al ratificar la constitución de la OIT y los posteriores convenios sobre libertad sindical. pues es autónoma. En cada una de las oportunidades en que se presentaron ante los jueces. los Estados y. la OIT—. aún más. de implementar los que mediante esos instrumentos se comprometía a llevar a cabo. lo más importante. mediante una queja. hacer una precisión. sin excepción. en su orden interno. con una descripción bastante genérica de éstos. se arrogue la facultad de despedir a los huelguistas. peticiones de informes y recomendaciones de instancias internacionales. contradiga el propósito y fin de los acuerdos internacionales. con dos consecuencias graves: la primera. de los sindicalizados) adquirió. invocaron las normas de derecho constitucional y las de derecho internacional que les asisten. El gobierno colombiano. los actores denunciaron en su escrito de tutela. es que cualquier Estado podría exigir. Ninguno de los demandados contestó a este reclamo. El siguiente aspecto a tratar es la existencia de recursos efectivos y eficaces en el ordenamiento interno para invocar los derechos laborales. (es decir. y de los convenios sobre condiciones de trabajo en especial. las obligaciones que ha contraído en ese ámbito son exigibles por partida triple: pueden reclamarlas organizaciones como tales (en virtud del tratado constitutivo). el gobierno colombiano aplicó en este caso normas internas opuestas a sus compromisos internacionales adquiridos. que la administración central ha pretendido evadir las comunicaciones. directos beneficiarios de los tratados de derechos humanos en general. los individuos. En cualquiera de los casos es el Estado el llamado a corregir lo que.
y optar. Con menor razón aun podrán los Estados invocar el derecho interno para incumplir normas de ius cogens como las del derecho internacional humanitario. y por ende. por ser estos convenios normas de ius cogens. puede condensarse citando las consideraciones de la sentencia C-225 de 1995:(19) “Ahora bien. Todo esto implica que las actuaciones de la empresa. conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. “.P. Esta Corte ha precisado que para que opere la prevalencia de tales tratados en el orden interno. por la decisión más ajustada a la Constitución. Comparada con la legislación anterior. es necesario examinar ahora el efecto de las actuaciones de jueces y gobierno en lo concerniente a los derechos constitucionales de los afiliados al sindicato. de una parte.. que indica la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. con la ley aprobatoria de tratado internacional. una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción”(20). ingresan al ordenamiento interno con jerarquía superior.. el de huelga mantuvo su rango constitucional. 53).manera importante por la nueva Carta) como fundamento para negar sus peticiones. las disposiciones de los convenios sobre derechos humanos que el Estado ratifica —el texto. 230) (17). los convenios de derecho internacional humanitario prevalecen en el orden interno. y con ello.. Esto puede ser válido desde la perspectiva del derecho internacional puesto que. La jurisprudencia reiterada de esta Corte sobre el bloque de constitucionalidad(18). Este último artículo resuelve cualquier inquietud sobre monismo y dualismo en el tema: simplemente. los jueces de la República adquirieron la obligación de tenerlos en cuenta y aplicarlos cuando sea pertinente (C. Pero. han debido estudiar toda la legislación aplicable. Además. del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “es necesario que se den los dos supuestos a la vez. la Constitución de 1991 significó un notorio avance en cuanto a la concesión y garantía de las prerrogativas laborales. y se limitó su ejercicio únicamente para los servicios públicos esenciales. desde
. Las autoridades colombianas incumplieron. El derecho de asociación y el de sindicalización se reconocen. entonces. se estableció que los convenios en materia laboral forman parte de la legislación interna (art. el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Estudiadas las implicaciones en el ámbito internacional. el reconocimiento de un derecho humano. y posteriormente. luego de un examen crítico. art. de los jueces de la República. El corolario de estas disposiciones se encuentra en el artículo 93 de la Constitución. las dos obligaciones básicas en materia de implementación de tratados sobre derechos humanos. ¿cuál es el alcance de esta prevalencia? Algunos doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la han entendido como una verdadera supraconstitucionalidad. b) El bloque de constitucionalidad y los derechos laborales. Sin embargo. en el orden interno. el compromiso internacional—.
P. el consejo constitucional anuló una disposición legislativa por ser contraria a uno de los ‘principios fundamentales de la República’ a que hace referencia el preámbulo de 1946. 93). 93 y 214 num. esto es. son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. art. Con tal criterio. con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia. proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado(21)..P. por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. de suerte que la infracción por una ley de las normas incluidas en el bloque de constitucionalidad comporta la inexequibilidad de la disposición legal controlada. 53. el cual considera que. “Como vemos. el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que. pues en esas
. en la decisión del 16 de julio de 1971. permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta. con el artículo 4º que establece la supremacía no de los tratados sino de la Constitución? “La Corte considera que la noción de ‘bloque de constitucionalidad’.. sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional.P. 5º. a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional stricto sensu. Según la doctrina francesa. 4º). ¿Cómo armonizar entonces el mandato del artículo 93. que confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos contenidos de los convenios de derechos humanos. como norma de normas (C. 56 y 93 de ese estatuto superior. cuyo respeto se impone a la ley. por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución. con el fin de potenciar la realización material de tales valores”. esos textos son también normas y principios de valor constitucional que condicionan la validez de las leyes. En efecto. “Como es obvio..P. es claro que el bloque de constitucionalidad debe construirse a partir del preámbulo de la Carta Política. art. que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción (C. esta interpretación debe ser matizada. En este orden de ideas. estos textos forman entonces un bloque con el articulado de la Constitución. 4º). 2º) es que éstos forman con el resto del texto constitucional un “bloque de constitucionalidad”. “Este concepto tiene su origen en la práctica del consejo constitucional francés. e incluir los artículos 1º.. “En tales circunstancias. como el preámbulo de la Constitución de ese país hace referencia al preámbulo de la Constitución derogada de 1946 y a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. para la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso. la Corte Constitucional coincide con la vista fiscal en que el único sentido razonable que se puede conferir a la noción de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (C. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional. puesto que la Constitución es norma de normas (C.la perspectiva del derecho constitucional colombiano. 39. arts. de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución. la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario. son normas situadas en el nivel constitucional. art.
las providencias bajo revisión. claro está. que consagra el deber de los Estados parte de garantizar el derecho de toda persona de formar y afiliarse a sindicatos. c) Alcance del bloque de constitucionalidad en este caso. que incorporó a la Carta Americana el deber de las partes de garantizar “a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección. Afianzando este compromiso y con el consenso de la comunidad internacional. Derecho de huelga: es una consecuencia del derecho de sindicalización.
. sin intervención del Estado. los derechos laborales de los empleados que resultaron vulnerados con el trámite irregular que se llevó a cabo fueron el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aun bajo los estados de excepción). para la protección y promoción de sus intereses”. subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990 (“casos de ilegalidad y sanciones”). puesto que en ellos se basaron el despido. Además. y el protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos sociales. y. Más tarde. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones siguientes”. Se confrontarán con ellos los artículos 430 y el 450 del Código Laboral. la Constitución de la OIT en su preámbulo. y el protocolo adicional a la Convención americana(25)— lo garantiza. Teniendo en cuenta todo lo anterior. la evaluación de su alcance ha debido tener en cuenta por lo menos. el pacto internacional de derechos económicos. las siguientes consideraciones: Derecho de asociación y sindicalización: en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución Política. Concretamente. los fallos de los jueces ordinarios y. y lo prohíbe únicamente en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. en el cual se dice expresamente: “artículo 1º. se suscribió el Convenio 87 (1948).normas están consagrados los derechos que reclama el sindicato actor como violados. y la Convención americana de derechos humanos. 1988) artículo 8º. La Constitución Política — en consonancia con su compromiso internacional adquirido en el Pidesc. Sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación. la recomendación del comité de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo. artículo 23. los artículos pertinentes de la Declaración Universal de los derechos humanos. económicos y culturales (protocolo de San Salvador. propone mejorar las condiciones de los trabajadores —entre otros aspectos— en lo que atañe a la libertad sindical. Se confirma el derecho de los trabajadores de constituir sindicatos autónomos.4(22). como uno de los propósitos de la organización de luchar contra la injusticia social. el pacto internacional de derechos sociales. además. Tal facultad está en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). también procede incluir la Constitución de la OIT y los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical (tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso. el artículo 39 establece el derecho de los trabajadores (y los empleadores) a constituir sindicatos. y la obligación de no injerencia externa(24). y se advierte a las autoridades públicas que “deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”(23). en parte. económicos y culturales (1966) artículo 8º. sociales y culturales. el convenio 98 reiteró este derecho.
Es el centro de registro y distribución de los documentos sobre la reglamentación del trabajo y las condiciones laborales en todo el mundo. tomar las medidas necesarias para retrotraer los efectos. La Corte deberá entonces. Obligatoriedad de las recomendaciones del comité de libertad sindical de la OIT 1. para así lograr políticas concertadas entre todos los actores. Colombia ha ratificado más de 50 convenios de la OIT(26). Su función principal consiste en discutir y adoptar instrumentos normativos de carácter internacional (convenios y recomendaciones) y someterlos a consideración de los Estados.Si. en conjunto con las demás normas enunciadas.
. y entre sus funciones están las de realizar investigaciones y publicaciones y absolver consultas. y “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna” (art. y controlar el cumplimiento de los convenios ya ratificados. inc. y diseñar programas que apunten al objetivo esencial de la organización: conseguir que los Estados adopten regímenes de trabajo “realmente humanos”. B. Estructura interna de la OIT. debe consistir en la integración de las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados sobre la materia: el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga deben ser respetados. estatales o judiciales). el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los jueces de la República) cometieron un grave error: ignoraron el derecho aplicable. entre ellos. y solamente se debe limitar cuando se trate de servicios públicos esenciales. las autoridades nacionales de todos los órdenes (el gerente de las Empresas Varias. la interpretación y aplicación de los derechos laborales en Colombia. 53. y ella integra a su texto los tratados internacionales sobre la materia. su ejercicio no se puede perturbar con la injerencia externa (empleadores. Son ellos: — La Conferencia Internacional del Trabajo: es el órgano supremo. contrarias a la Constitución y a los deberes internacionales que el Estado se comprometió a cumplir. Los derechos de asociación. 4º). los convenios 87 y 98 y se comprometió a cumplirlos de buena fe. Cada uno está integrado por delegaciones tripartitas: representantes de los gobiernos. y de los empleadores. autoridades administrativas. los derechos y deberes allí consagrados deben ser interpretados “de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia” (art. y buscar la justicia social. como se explicó anteriormente. son el marco que se debe tener en cuenta al aproximarse a estos derechos. — La Oficina Internacional del Trabajo: es el secretariado permanente de la organización. sindicalización y huelga. en lo posible. Tres órganos principales componen la OIT. de los trabajadores. 93). o reparar el daño causado por la errónea o deficiente consideración de los derechos laborales de los demandantes. Por tanto. en su lugar. como lo ordena la Constitución. forman parte de la normatividad constitucional por una razón doble: están expresamente consignados en la Carta. escogieron normas desfavorables a los trabajadores.
darle traslado a la comisión para un examen más detenido o señalar a los gobiernos las anomalías encontradas y su posible solución. 26). En este evento. la comisión de investigación y de conciliación.
. — Luego de examinar el caso. determinar que no hubo violación a la libertad sindical o. entre otras atribuciones y funciones. empleados o sindicatos que obstruyan la actividad sindical. periódicamente se solicita al gobierno un informe sobre el curso dado a las recomendaciones(29). y el caso queda en suspenso(28). — Existen dos clases de quejas: las que tratan de casos urgentes. la queja es notificada al gobierno para que aclare sus actuaciones o se manifieste al respecto. el comité lo incluye en su informe al consejo de administración. y pueden estar dirigidas contra gobiernos. y el comité de libertad sindical. y en él puede recomendar: la inadmisibilidad de la queja. para que amplíe ciertos puntos. que no se estudie por ser un tema ajeno al de la competencia del comité. Es una instancia previa a la comisión de investigación y conciliación. el director general puede insistir. “Sus recomendaciones están dirigidas al consejo de administración. El comité de libertad sindical es el organismo especializado de la OIT que examina las quejas que se reciben sobre violaciones a la libertad sindical. y las dos restantes fueron creadas en desarrollo de las funciones del consejo. negociación y huelgas. c) el comité puede presentar unas recomendaciones preliminares con el objeto de proteger a los interesados. y se resuelven rápidamente para presentar el informe al consejo. En el primer evento. — Si el informe presentado por el gobierno es poco claro o insuficiente. nombra al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Las primeras están previstas en la constitución de la OIT (art. y en ese proceso estudia las legislaciones domésticas sobre sindicalización. y las de casos menos urgentes. se llama la atención al gobierno sobre la gravedad del asunto y se le pide responder con urgencia. en el caso contrario. Los principales órganos de control y aplicación de los procedimientos son tres: las comisiones de encuesta. se toman las siguientes medidas: a) cuando se notifica la queja. e invitarlo a que tome los correctivos necesarios.— El consejo de administración: es el órgano ejecutivo de la organización. El trámite de las quejas es el siguiente: Únicamente los gobiernos y organizaciones de empleadores o de trabajadores pueden presentarlas. en relación con los derechos sindicales y su ejercicio dentro de un contexto necesario de respeto de los derechos humanos”(27). Fija el orden del día de la conferencia. indicar al gobierno demandado las irregularidades encontradas. y examina las medidas de hecho que se tomen en los Estados contra estas libertades. b) Estos casos tienen prioridad en el comité. a fin de que éste pueda decidir el rechazo de una queja. y constituye e integra las comisiones y comités que considera necesarios. — Una vez recibida en la OIT. elabora el programa y presupuesto de la organización.
el comité invitó al consejo de administración a que aprobara las recomendaciones que se citaron al comienzo de esta providencia: que se reintegre a los trabajadores despedidos por haber participado en la huelga y. Diferencia entre las recomendaciones de la OIT y las recomendaciones de sus órganos de control. formula recomendaciones y las somete al consejo de administración(35). que en el futuro. podrá la comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria. Como se enunció anteriormente. por ejemplo. por tanto. y encontró que el asunto no requería mayor investigación(36).. siguiendo los lineamientos de la Carta de la OIT. Luego de admitida. en
. de las que profiere la Comisión interamericana de derechos humanos: “La comisión es competente. luego. los incorporó a las actas de la reunión. y al no encontrar respuestas serias por parte del gobierno colombiano(34). Colombia está obligada. ni modificó los textos que se le presentaron. El sindicato de las EEVVM presentó una queja ante la Oficina Internacional del Trabajo. El caso que se estudia ahora corresponde al segundo tipo: es una recomendación emitida por un órgano de control de una organización internacional. y los publicó como parte de su informe oficial de esa sesión a la comunidad de Estados miembros(37).”(32). Por último. Como se explicó atrás.) siendo por tanto el Estado (. en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la convención. la Constitución de la OIT y los convenios sobre libertad sindical). en ocasiones son vinculantes. En este caso. los órganos de control también emiten recomendaciones y..2. “todos los órganos de los Estados partes tienen la obligación de cumplir de buena fe las recomendaciones emitidas por la comisión. los asumió. que a diferencia de los convenios. Como consecuencia de esta calificación. antes bien. con las normas internacionales aplicables según los tratados ratificados por los Estados involucrados (en este caso. la calificación del carácter de una huelga no se realice por parte de una autoridad administrativa. según el artículo 19 de su Constitución. La Corte Constitucional ha reiterado. ya que éste es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter vinculante según las normas que rigen la organización.. pide al gobierno que modifique las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que prohíben la huelga en varios servicios que no tienen el carácter de “esenciales”. el comité de libertad sindical es un órgano de control de la OIT. La OIT se manifiesta a través de convenios y recomendaciones. “39. por último.. sino meras directrices. para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella”(31). guías o lineamientos que deben seguir los Estados partes en busca de condiciones dignas en el ámbito laboral de sus países(30). las recomendaciones no son normas creadoras de obligaciones internacionales. Es el caso. confronta las situaciones de hecho que se le presentan o las normas internas de los Estados. esta recomendación constituye una orden expresa vinculante para el gobierno colombiano. sino por un órgano independiente.) el que debe determinar la forma de cumplir con las mismas”(33). de no ser posible... el consejo recibió el informe del comité y sus recomendaciones. no pudiendo ésta establecer el modo de ejecutarlas a nivel interno (. que se les indemnice de manera completa.
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. invocando para este caso el artículo 19 de la Constitución de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.). la posición que todas asumieron puede ejemplificarse con lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “pero más aún: si en gracia de discusión se aceptara que el informe rendido por el comité de libertad sindical de la OIT ante la bicentésima septuagésima primera (271) reunión del consejo de administración realizada en marzo del año en curso en Ginebra. Decisión En mérito de las consideraciones que anteceden. Dado que el Estado colombiano se obligó para con los otros miembros de la OIT a garantizar los derechos de los trabajadores. erróneamente. o de las acciones consagradas en el ordenamiento interno. Si ésta fuera la doctrina aplicable. igual tendríamos que concluir que éstas no tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano.. Sin embargo. Esta Sala encuentra entonces que la posición asumida por las entidades demandadas es contraria al ordenamiento jurídico colombiano —en el que se incluyeron los convenios 87 y 98 de la OIT—. la Corte no sólo está protegiendo derechos constitucionales. RESUELVE:
. sino que está llamando la atención al gobierno sobre el deber de cumplir en el orden interno los compromisos que libremente adquirió en el plano de las relaciones internacionales. no puede ser fuente de derechos para la administración. la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. debe restablecerse el imperio de la Constitución. y en lugar de hacerlo los violó. aunque no sean vinculantes directamente. 2) servir de base para la presentación de proyectos legislativos. generan una triple obligación en cabeza de los Estados: deben 1) ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas. 24 y ss. La desidia del gobierno frente a las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia. puesto que para ellas ni siquiera las recomendaciones del consejo de administración tienen fuerza vinculante. 141). para que los derechos de las personas consignados en los tratados no queden como meras buenas intenciones manifestadas externamente y desdichas en el país. y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ése y los casos que sean similares. ni causal de extinción de los derechos de los trabajadores. las entidades demandadas manifestaron al fallador a quo que la diferencia anotada entre recomendaciones de la OIT y las emitidas por sus órganos de control es intrascendente. y a los compromisos asumidos por nuestro Estado en el plano internacional. Al amparar los derechos invocados por los accionantes.virtud de su calidad de Estado parte del tratado constitutivo de la OIT. a acatar las recomendaciones del consejo de administración (arts.. no pueden ser ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 superior. y nunca alguno de ellos haría parte de la legislación interna como lo prevé el artículo 53 de la Carta Política. por lo que debe insistir en resaltar que las recomendaciones de los órganos de control y vigilancia de la OIT.” (fl. ninguno de los derechos consagrados en los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados podrían exigirse a través del mecanismo de la queja. pudiera constituir una verdadera ‘recomendación’.
(1) Entre los 209 empleados despedidos están incluidos todos los miembros de la junta directiva del sindicato. notifíquese. Exhortar al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a que proceda a presentar a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley para desarrollar como mínimo. 7. para los fines previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. al municipio de Medellín y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. a la organización sindical. Comunicar esta sentencia de revisión al Tribunal Administrativo de Antioquia. y el debido proceso del Sindicato de las Empresas Varias de Medellín ESP. a reintegrar a los 209 trabajadores despedidos por los hechos que originaron esta acción. 2. so pena de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. En caso de resultar imposible reintegrar a alguno de ellos. Comuníquese. 3. so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato. previa la calificación de esa imposibilidad por el Tribunal Administrativo de Antioquia.1. en su lugar. a un organismo independiente de las partes enfrentadas en esos conflictos colectivos. tutelar los derechos al trabajo. cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. a la asociación. esa corporación determinará la indemnización que las Empresas Varias de Medellín deberá pagar a quienes no asuman de nuevo sus puestos por esta causa. por el otro lado. la huelga. entendiéndose para todos los efectos que no ha habido solución de continuidad en su relación laboral con esa empresa. la regulación del ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos no esenciales. por los perjuicios que le causó con las vías de hecho en que incurrió al verificar el cese de actividades y despedir a 209 de sus afiliados y dirigentes. Condenar in genere a las Empresas Varias de Medellín ESP a pagar al sindicato actor una indemnización. Ordenar a las Empresas Varias de Medellín ESP que proceda. los integrantes de la comisión negociadora. Revocar las sentencias proferidas en el trámite de este proceso por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado —Sección Tercera—. Prevenir a las Empresas Varias de Medellín ESP. y la adscripción de la competencia para calificar la legalidad de los ceses de actividades que se presenten en los servicios públicos no esenciales. El Tribunal Administrativo de Antioquia adelantará el incidente requerido para liquidar el monto de esa indemnización. por un lado. para que se abstengan de comportamientos como los que dieron origen a esta acción. 5. integrantes de las tres juntas directivas anteriores. 6. y a reconocerles los salarios y prestaciones que dejaron de percibir. y numerosos afiliados de base. Prevenir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que evite la desatención del trámite de las quejas que los nacionales presenten ante los órganos de control establecidos en los tratados o convenios ratificados por Colombia.
. dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de este fallo de revisión. 4. los integrantes de la comisión de reclamos.
ver por ejemplo las sentencias C-096 y T-550/93. T-474. Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias. (4) Demanda de tutela. T-201 y T-304/96. M. inclusive anteriores a los hechos alegados en el presente caso) que no han sido objeto de los alegatos. marzo de 1998. Protocolo facultativo anexo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos. tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. artículo 15. Bélgica. 1969). T-681 y SU717/98. folio 46 del cuaderno original. T-136 y SU342/95. y que pese a ello.” 309 Informe del comité de libertad sindical.Derechos económicos. párrafo 99. Oficina Internacional del Trabajo. (5) Al respecto. sociales y culturales: “Desarrollo progresivo. en materia de derechos económicos. artículo 2º Otros instrumentos internacionales que enuncian la misma regla son la Convención europea de derechos humanos. artículo XIV. (6) Convención americana de derechos humanos (San José de Costa Rica. 1959). especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad
. (8) M. sino que se refiere a otros problemas (violaciones a ciertas disposiciones de la convención colectiva por parte del empleador. y a diferencia de ellas. y en el caso de Elettronica Siccula (Estados Unidos c. en las que se dijo que los convenios crean obligaciones para los Estados partes de la OIT. Pacto internacional de derechos económicos. Italia. y siguiendo esta doctrina. (10) Los derechos laborales se encuentran en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos: Declaración universal de derechos humanos (1948). Declaración americana de los derechos y deberes del hombre (1948). Antonio Barrera Carbonell. y T-170/99. T-094/94. la Convención americana de derechos humanos de 1969 dice en su capítulo III .(2) “El comité lamenta observar que en su respuesta el Gobierno no se refiere específicamente a los despidos ocurridos como consecuencia de la declaración de ilegalidad de la huelga. T-324. sociales y culturales (1966).P. Ginebra. C-147/84 y C-468/97. T-005. artículo 26. José Gregorio Hernández Galindo. las recomendaciones son meras directrices o guías para las acciones de los gobiernos en su orden interno. T-322. (11) A este respecto. artículo 6º. Protocolo adicional a la Convención americana de derechos humanos. T-133. Carta africana de los derechos humanos y de los pueblos (1981). artículo 46. la Corte Internacional de Justicia se pronunció en el mismo sentido en el asunto Interhandel (Suiza c. T-502. (7) La Corte Permanente Internacional de Justicia aplicó esta regla en el asunto de los fosfatos de Marruecos (1936). en el asunto de la Barcelona Traction Light and Power Co. sociales y culturales (1988). (España c. (3) Cita las sentencias C-562/92. 1989). artículos 7º y 8º. (9) Sentencia T-443/92.P. artículos 23 y 25. 1969). Estados Unidos. T-345. aún no se han recibido. T-230 y T-330/97. El comité observa que el 10 de julio de 1997 la oficina solicitó informaciones precisas al Gobierno sobre las cuestiones planteadas por la organización querellante. Artículo 26. y el Proyecto de la comisión de derecho internacional de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad internacional de los Estados.
sociales y culturales). Carlos Gaviria Díaz. (25) Artículo 8º de ambos instrumentos. Naciones Unidas. en sus providencias.P. M. M.) en la medida de los recursos disponibles. C-327/97. (24) Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Alejandro Martínez Caballero. 45 reunión.
. Serie A Nº 14. sociales y sobre educación (. pág. 38. (20) Sentencia C-295/93. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. la terminación de los tratados puede darse: si está comprendida en las cláusulas del tratado (art. y C-467/97. 1949. von Potobsky y Héctor G.de los derechos que se derivan de las normas económicas. (21) Sobre esta noción. Antonio Barrera Carbonell. (18) Véanse por ejemplo. Opinión consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993.) 4. ver Louis Favoreu “El bloque de constitucionalidad” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. M. La Organización Internacional del Trabajo. Nº 5 pp 46 y ss. 1996. documentos oficiales 1999 Suplemento Nº 2.P. Actas de la conferencia internacional del trabajo. Jorge Arango Mejía.P. 1961..2. Consejo económico y social. Santafé de Bogotá. (12) Observación general Nº 9 (1998).P. sociales y culturales. Bartolomei de la Cruz.P.P. 1990. C-135/96. sólo están sometidos al imperio de la ley”. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.P. (23) Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. “artículo 230. (16) Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. (26) Convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia. Editorial Astrea. pp 115 y ss.Oficina de Asuntos Internacionales. Geraldo W.. por consentimiento de las partes (art. artículo 3. párrafo 26. Opinión consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. M. 153. Alejandro Martínez Caballero. por vía legislativa y otros medios apropiados”. C-040/97. Los jueces. 54 b)) o mediante el procedimiento de denuncia (art. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social . M. pág. Nueva York y Ginebra 1999. El consejo constitucional francés. 56 y 65).. (22) Esta norma dice: “artículo 23 (. informe sobre los períodos de sesiones 18 y 19.. 1990. La aplicación interna del pacto (Internacional de derechos económicos. Comité de derechos económicos. Fabio Morón Díaz. Fabio Morón Díaz. 54 a)). (17) Constitución Política de Colombia. (15) Ciertas atribuciones de la Comisión interamericana de derechos humanos. y Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención. Serie A Nº 13. M. las sentencias C-423/95. (19) M. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. Buenos Aires. (13) Cfr. (14) Séptima conferencia de los Estados de América miembros de la OIT. párrafo 37. Igualmente Javier Pardo Falcón.
Oficina Internacional del Trabajo. Alejandro Martínez Caballero. (37) 309 Informe del comité de libertad sindical. núm. Oficina Internacional del Trabajo. pp. cuando es necesario aclarar los hechos o investigar el manejo de las normas internas de un Estado. LXXXI. ciertas atribuciones de la Comisión interamericana de derechos humanos. 1998. 15 de octubre de 1996. 309 Informe del comité de libertad sindical. párrafo 39. LXXXI. se pasan los casos a las comisiones de encuesta que se crean para este efecto. supra 15.(27) Geraldo W. párrafo 102. Vol. Jaime Sanín Greiffestein. 1. Vol. Vol. Jorge Arango Mejía. M. von Potobsky y Héctor G. Boletín Oficial.P. Boletín Oficial. pp. 1998. México. C-147/94.430. supra 15. von Potobsky y Héctor G. Serie B. M. op. y C468/97.
. párrafo 23. (36) En algunas ocasiones. Serie B. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención. Bartolomei de la Cruz. (28) El caso que se estudia fue clasificado por el comité de libertad sindical como uno de los “graves y urgentes sobre los que el comité llama de manera particular la atención del consejo de administración”. Supra 29. (32) CIDH.P. pág. LXXXI. 1996. CIDH. Bartolomei de la Cruz. (34) 309 Informe del comité de libertad sindical. núm. (31) Comisión interamericana de derechos humanos. (29) Geraldo W. 1 (35) Cfr. núm. op.142. Boletín Oficial. 2. Oficina Internacional del Trabajo. cit.P. Serie B. M. Informe anual de la Comisión interamericana de derechos humanos. Caso 11. (33) CIDH. cit. (30) Sentencias C-562/92. 1998. 1.121-135.
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