Source: https://www.scribd.com/document/363249527/PROCESAL-TRIBUTARIO-OLEA
Timestamp: 2019-03-26 19:20:20
Document Index: 411581081

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 13', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 50', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 102', 'Artículo 159', 'artículo 192', 'Artículo 102']

Marco Legal de la Ley 843.rtf
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Memoria Definitiva v.0 Scrdd 12.04.2013
U N I V E R S I D A D A LA S P E R U A N A S
Asignatura: DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO
Docente: Lorenzo Espinoza Oscanoa
Ciclo: IX Periodo Académico: 2011-II
UDED: BAGUA GRANDE
Apellidos: GARCÍA OLEA
Nombres: FERNANDO YSAÍAS Código: 2008301523
El presente trabajo académico me permito presentarlo a través
de una investigación monográfica respetando las pautas para el
desarrollo del mismo en relación al desarrollo conceptual
doctrinario, jurisprudencial y del derecho comparado, iniciando
con una breve introducción a la tributación y desarrollando Los
ejes temáticos propuestos para su contextualización; los mismos
 Problematización y aplicación del impuesto general a las
ventas, impuesto selectivo al consumo e impuesto predial.
 Problematización y aplicación del impuesto a la renta.
 Problematización del procedimiento administrativo tributario.
 Problematización del proceso contencioso administrativo
tributario, acciones de garantía constitucional en materia
La falta de información apropiada, siempre ha sido una de la principales limitantes en
la difícil labor de la facilitación del conocimiento, esta es una situación que reconocen
prestigiosas instituciones como “ALAS PERUANAS”, de donde podemos recoger
opiniones como las que dio en aquel entonces Caballero Bustamante en la primera
edición de la prestigiosa revista empresarial “El Economista”, editada por la Prensa
Grafica donde sostiene que “La disponibilidad de información puede ser definitiva para
el éxito o fracaso de una empresa o negocio”, Lo anterior pone de manifiesto la
imperativa necesidad de generar al interior de cada institución de educación, espacios
de discusión y laboratorios de pensamiento en donde se confeccionen las soluciones
del futuro, estas soluciones que solo es posible aportar desde una posición consiente
de cada individuo, es decir donde trascendemos de la simple consulta de documentos
a los verdaderos debates de ideas y posiciones.
Como un aporte a esta idea, es que como estudiante de Derecho de la Universidad
Alas Peruanas, en mi afán de mejorar la calidad de la educación que recibos los
alumnos en el curso de Derecho Tributario, estoy requiriendo como una condición de
facilitación el cambio de metodología, de una divulgativa que tradicionalmente suele
suceder en este tipo de cursos, a una mas formativa, que desde luego implica
mayores niveles de compromiso, tanto de parte del facilitador como de los estudiantes.
Es por ello que cumpliendo con el trabajo requerido presento la presente monografía,
teniendo en cuenta los ejes temáticos propuestos para el desarrollo del trabajo
académico que son: Problematización y aplicación del impuesto general a las ventas,
impuesto selectivo al consumo e impuesto predial; Problematización y aplicación del
impuesto a la renta; Problematización del procedimiento administrativo tributario,
Problematización del proceso contencioso administrativo tributario, acciones de
garantía constitucional en materia tributaria; en el cual, se ha compilado información
que emana del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, publicaciones del
Centro Interamericano de Administradores Tributarios y algunos apuntes relativos al
Es imperativo aclarar que en él, encontraran importantes puntos de vista de tributaritas
hispanos que han contribuido al estudio del derecho y que son siempre una verdadera
fuente de consulta para cualquier estudiante del ramo, versando sobre todo temas que
tengan que ver con el desarrollo conceptual, doctrinario, jurisprudencial y del derecho
comparado de los temas vinculados al curso de derecho procesal tributario, pudiendo
estar vinculados a los tópicos desarrollados en las unidades de aprendizaje del curso,
en tanto configuren un desarrollo adicional o complementario.
Espero que sea de provecho para cada uno de los lectores del curso y que los anime a
introducirse en el amplio mundo de información, que se apertura delante nuestro,
sobre todo en estos tiempos que como bien lo dice Roberto Artavia “La capacidad de
innovar, competir y crecer de una empresa dependen hoy más que nunca de su
capacidad de contar con información y conocimientos oportunos”.
Fernando García Olea
DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS:
I.- Problematización y Aplicación del Impuesto General A Las Ventas, Impuesto
Selectivo al Consumo e Impuesto Predial.
Es Importante precisar que la Tributación en el Perú se rige por los
principios de reserva de la ley, el de igualdad, respeto de los derechos
fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad.
La reserva de ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden crear, regular,
modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho imponible, la
base imponible, la tasa etc.
El principio de igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a los
contribuyentes que tienen similar capacidad contributiva.
El respeto a los derechos fundamentales, es un límite al ejercicio de la potestad
tributaria para que esta sea legítima.
La no confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad contributiva del
contribuyente, es decir que defiende el derecho de propiedad, ya que no se puede
utilizar la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes del contribuyente.
Razón por la cual, para una mejor explicación en relación a la Aplicación del
IGV, Impuesto Selectivo al consumo e Impuesto predial, hablaremos lo que la norma
establece para estos casos, agregando otros sub temas que nos permitan esclarecer
la problematización de este eje temático; y son los siguientes:
1. Texto único ordenado de la Ley del IGV e Impuesto selectivo al consumo y
4. De los sujetos del impuesto
8. Ajustes al Impuesto bruto y al Crédito fiscal
9. Declaración y del pago
10. De las exportaciones
11. De los medios de control, de los registros y los comprobantes de pago
12. Empresas ubicadas en la región de la selva
13. Aumento de la tasa del IGV de 18% a 19%
14. Impuesto selectivo al consumo
Los contratos de construcción. La prestación o utilización de servicios en el país. se promulgó el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. La posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor. El monto equivalente al valor CIF. cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con el mismo. se promulgo con el Decreto Legislativo No. e. c. Su Reglamento. b. Para comenzar es importante resaltar que el Impuesto General a las Ventas es un impuesto con el cual todos nos vemos llamados a contribuir en nuestra vida diaria. La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la reorganización de empresas. aún cuando al tiempo de efectuarse la venta se encuentre transitoriamente fuera de él. independientemente del lugar en que se celebre el contrato. es lo referente a las actividades u operaciones. Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y con el Decreto Supremo N° 055-99-EF. Lo primero que se debe tener claro es. Esta Ley se promulgó bajo el Decreto Legislativo Nº 821. La venta en el país de bienes muebles. La transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial. El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles. sean éstos nuevos o usados. Que se realice en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución. como lo llama la Ley. patente o similar haya sido otorgada en el país. cuyo texto fue actualizado al 30/06/03. como lo señala el artículo de la Ley en mención y dos de su Reglamento. Son los siguientes: a. d. gravadas por esta. 5 . ubicados en el territorio nacional o cuya inscripción. 1. TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO Y REGLAMENTO. La importación de bienes. día a día nos vemos afectados por este impuesto. de una u otra manera. siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la Renta. Por el contrario el artículo 2 señala que operaciones no se encuentran grabadas por la presente Ley y son: a. o del lugar en que se realice el pago. d. b. matrícula. publicado el 15 de abril de 1999. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. cuando se demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. en la transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo. c. 775 con el cual se han dictado las normas que regulan el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo y mediante el Decreto Supremo N° 29-94-EF.
de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente. bienes. siempre que cumplan con entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la información que. a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público. La importación de: f. siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT. La atribución. sorteos. l. n. Las regalías que corresponda abonar en virtud de los contratos de licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 26221. o. servicios y contratos de construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común. para la ejecución del negocio u obra en común. Bienes de uso personal y menaje de casa. que cumplan los requisitos para estar exoneradas del Impuesto a la Renta. Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú". tales como loterías. será de aplicación a la asignación de recursos. no está gravada la transferencia de bienes al Estado. Los juegos de azar y apuestas. Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y a los beneficiarios de éstos en el marco del Decreto Ley N° 25897. h. g. Los pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus agentes pastorales. bingos. Bienes. que no lleven contabilidad independiente. efectuada con financiación de donaciones del exterior. objeto del contrato. Bienes donados a entidades religiosas. siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de cooperación técnica. El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica. p. para tal efecto. La asignación de recursos. 3. joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial. derivada de una obligación expresa en el contrato. bienes. de los bienes comunes tangibles e intangibles. de conformidad a disposiciones legales que así lo establezcan. 1. máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos. j. casinos de juego y eventos hípicos. i. con excepción de vehículos. para la realización del objeto del contrato de colaboración empresarial. consorcios. m. que realice el operador de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente. rifas. ésta establezca. en base a la proporción contractual. servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho. en la proporción que 6 . La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito. servicios o contratos de construcción que figuren como obligación expresa. La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios que efectúen las Instituciones Educativas Públicas o Particulares exclusivamente para sus fines propios. efectuada a título gratuito. k. La adjudicación a título exclusivo a cada parte contratante. e. Asimismo. 2.
c. los signos distintivos. VENTA: Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro. socio o titular de la empresa o la empresa misma. q. efectuados de acuerdo a las normas vigentes. independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes. derechos de autor. invenciones. derechos de llave y similares. corresponda a cada parte contratante. En cuanto a las definiciones que usa la ley a lo largo de su normatividad.. 2. de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. La entrega a título gratuito que no implique transferencia de propiedad. las naves y aeronaves. 2. CONSTRUCTOR: Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella. La venta e importación de los medicamentos y/o insumos necesarios para la fabricación nacional de los equivalentes terapéuticos que se importan (mismo principio activo) para tratamiento de enfermedades oncológicas y del VIH/SIDA. incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación a. 2. de bienes que conforman el activo fijo de una empresa vinculada a otra económicamente. SERVICIOS: Las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 7 . d. aún cuando no esté afecto a este último impuesto. los más importantes se encuentran estipulados en el artículo 3 de la Ley y son: 1. Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso. El retiro de bienes que efectúe el propietario. b. incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta. los derechos referentes a los mismos. CONSTRUCCIÓN: e. salvo en los casos señalados en el Reglamento. BIENES MUEBLES: 1. así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.
Según el artículo 3 del Reglamento. la fecha de vencimiento o aquella en la que se haga efectivo un documento de crédito. g. en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien. en la fecha de percepción del ingreso. En la prestación de servicios. f. En los casos de suministro de energía eléctrica. en la fecha en que se solicita su despacho a consumo. En la venta de bienes. se tendrá en cuenta lo siguiente: a. lo que ocurra primero. lo que ocurra primero. derechos de llave y similares. por el monto que se perciba. en la fecha en que se suscribe el correspondiente contrato. d. Según el artículo 4 de la Ley. la obligación tributaria se origina: a. en relación al nacimiento de la obligación tributaria. en la fecha de emisión del comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso. lo que ocurra primero. Fecha en que se percibe un ingreso o retribución: la de pago o puesta a disposición de la contraprestación pactada. Fecha de entrega de un bien: la fecha en que el bien queda a disposición del adquirente. j. en la fecha en que se perciba el ingreso. lo que ocurra primero. en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago. agua potable. OPERACIONES EXONERADAS La exoneración es la situación en la que se encuentran sólo determinadas personas naturales o jurídicas. En los contratos de construcción. en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución. i. c. Tratándose de naves y aeronaves. lo que ocurra primero. invenciones. Tratándose de la venta de signos distintivos. en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la retribución. establecido por ley. sea total o parcial. 3.Antes que nada debemos tener claro que la obligación tributaria es de derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. En la importación de bienes. sea total o parcial o por valorizaciones periódicas. En la primera venta de inmuebles. en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio. h. Fecha de retiro de un bien: la del documento que acredite la salida o consumo del bien. b. derechos de autor. lo que ocurra primero. que tiene por objeto el cumplimiento de la obligación tributaria. aunque cumplan los cuatro 8 . e. sea parcial o total. En el retiro de bienes. siendo exigible coactivamente. y algunas actividades u operaciones. télex y telegráficos. por el monto que se perciba. c. b. o cuando se emita el comprobante de pago. lo que ocurra primero. y servicios finales telefónicos. en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos. lo que ocurra primero. En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.
reparación y carena de buques de alto bordo que efectúan las empresas en el país a naves de bandera extranjera. de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. legumbres. Cooperativas de Ahorro y Crédito y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito. oro en polvo y vehículos regidos por normas especiales.aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria. Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa . derivadas de las operaciones de compraventa de títulos valores y demás papeles comerciales. g. cereales. c. así como por concepto de comisiones e intereses derivados de las operaciones propias de estas empresas. tabaco. domiciliadas o no en el país. circo y folclore nacional. por organismos internacionales o instituciones gubernamentales extranjeras. f. b. Esta Ley sobre el IGV considera como operaciones exoneradas hasta el 31 de diciembre de 2003 las siguientes: APÉNDICE I Venta en el país o importación de los bienes señalados en el apéndice I de esta Ley. siempre que el comprobante de pago sea expedido a favor de personas naturales residentes en el Perú. alteración. calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura. Cajas Municipales de Crédito Popular. por concepto de ganancias de capital. frutas. semillas. café. d. algunos animales como los camélidos. La misma norma legal es la que suspende durante un determinado periodo de tiempo el nacimiento de la obligación tributaria. Espectáculos en vivo de teatro. ballet. APÉNDICE II a. opereta. siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas. en total son muchos los productos cuyas ventas se encuentran exoneradas. así como por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. cacao.EDPYME. Asimismo. así como los espectáculos taurinos. en la mayoría se refiere a verduras. Asimismo. las primas de los seguros de vida a que se refiere este numeral y las primas de los seguros para los afiliados al Sistema Privado 9 . Servicios de expendio de comidas y bebidas prestados en los comedores populares y comedores universitarios. té. etc. siempre que la emisión se efectúe al amparo de la Ley del Mercado de Valores. ópera. los ingresos percibidos por las Empresas Bancarias y Financieras. pescados. Los intereses generados por valores mobiliarios emitidos mediante oferta pública por personas jurídicas constituidas o establecidas en el país. La construcción. conciertos de música clásica. algodón. zarzuela. Las pólizas de seguros de vida emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en el Perú. Servicios de transporte de carga que se realicen desde el país hacia el exterior y los que se realicen desde el exterior hacia el país. los intereses y comisiones provenientes de créditos de fomento otorgados directamente o mediante intermediarios financieros. e. así como los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo dicho transporte. Los Servicios de crédito como.
Sujeto Pasivo: Según el artículo 9 de la Ley. l. representado por el Estado y el Sujeto Pasivo. los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión que: a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos. únicamente respecto a la compensación abonada por las administraciones postales del exterior a la administración postal del Estado Peruano. f) Importen bienes afectos. Los intereses que se perciban. k. Los ingresos que perciba el Fondo MI VIVIENDA por las operaciones de crédito que realice con entidades bancarias y financieras que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. i. Servicio de comisión mercantil prestado a personas no domiciliadas en relación con la venta en el país de productos provenientes del exterior. comisiones e intereses derivados de las operaciones de crédito que realice el Banco de Materiales. patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras. m. son sujetos pasivos de el IGV. sean domiciliadas o no. j. e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles. b) Presten en el país servicios afectos. h. DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO Los sujetos tributarios en general siempre son el Sujeto Activo. las personas naturales. en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución. con ocasión del cobro de la cartera de créditos transferidos por Empresas de Operaciones Múltiples del Sistema Financiero. Los servicios postales destinados a completar el servicio postal originado en el exterior. sucesiones indivisas. La construcción y reparación de las Unidades de las Fuerzas Navales y Establecimiento Naval Terrestre de la Marina de Guerra del Perú que efectúen los Servicios Industriales de la Marina. representado por el Contribuyente. 4. d) Ejecuten contratos de construcción afectos. prestados según las normas de la Unión Postal Universal. 10 . Los ingresos. las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta. sociedades irregulares. serán consideradas como sujetos en tanto sean habituales en dichas operaciones. c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados. las personas jurídicas. siempre que el comisionista actúe como intermediario entre un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea pagada desde el exterior.de Administración de Fondos de Pensiones que hayan sido cedidas a empresas reaseguradoras. Tratándose de personas que no realicen actividad empresarial pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto.
En los casos de importación. este se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal. determinará y pagará el Impuesto correspondiente a estas últimas. por las operaciones que el patrimonio fideicometido realice para el cumplimiento de sus fines. En el artículo 12 diferencia dos tipos de Impuesto Bruto. sobre la determinación del Impuesto. RESPONSABLES SOLIDARIOS Según el artículo 10 de la Ley. 11 . son sujetos del Impuesto en calidad de responsables solidarios: a. las sociedades u otras personas jurídicas. El comprador de los bienes. En cuanto a lo referente a la habitualidad. el que corresponde a cada operación gravada.También son contribuyentes del Impuesto la comunidad de bienes. no se requiere habitualidad para ser sujeto del Impuesto. es la suma de los Impuestos Brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese período. El fiduciario. en este caso. el Reglamento nos menciona que en el caso de operaciones de venta. Los comisionistas. El segundo supuesto corresponde al Impuesto Bruto por cada período tributario. debiendo de evaluarse en este último caso el carácter habitual dependiendo de la frecuencia y/o monto. con la excepción del caso de la importación de bienes donde el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO Como lo indica el Artículo 11 de la Ley. siempre que se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los de carácter comercial. siempre que estén obligados a llevar contabilidad completa según las normas vigentes. se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso. Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de retención o percepción del Impuesto. cuando el vendedor no tenga domicilio en el país. 6. b. d. instituciones y entidades públicas o privadas que sean designadas por Ley. consumo o su venta. martilleros y todos los que vendan o subasten bienes por cuenta de terceros. en la transferencia final de bienes y servicios realizados en Rueda o Mesa de Productos de las Bolsas de Productos. c. 5. los consorcios. no se requiere habitualidad o actividad empresarial para ser sujeto del impuesto. que lleven contabilidad independiente. Asimismo. la empresa que las otras coaseguradoras designen. en el caso del fideicomiso de titulización. En el caso de coaseguros. cada vez que se realice cualquiera de las actividades del artículo 1 de la Ley. e. subastadores. Las personas naturales. Tratándose de servicios. joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial. de acuerdo con las normas que señale el Reglamento. Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible. es decir.
El ingreso percibido. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa. e. en las importaciones. y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) de 2%. b. retribución por servicios. El total de la retribución. valor de construcción o venta del bien inmueble. Según el Reglamento. CRÉDITO FISCAL El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago. El valor de venta. Valor de venta del bien. son la suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien. se entiende por valor de venta la diferencia entre el valor de la transferencia y el valor CIF. Tratándose del retiro de bienes la base imponible será fijada de acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros. en su defecto se aplicará el valor de mercado. usuario del servicio o quien encarga la construcción. hoy modificado al 19% como detallaré más adelante. con exclusión del correspondiente al valor del terreno. se presumirá salvo prueba en contrario. según el caso. que la base imponible es igual al valor de mercado del bien. en los contratos de construcción. que respalde la adquisición de bienes. o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 7. servicio o contrato de construcción. servicios o contratos de construcción que reúnan los requisitos siguientes: a. El valor de construcción. b. En cuanto a la transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo. en caso de no existir comprobante de pago que exprese su importe. integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago. en la prestación o utilización de servicios. El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente. Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes. d. c. la base imponible está constituida por a la cual se le aplicará la Tasa del Impuesto puede ser: a. Tratándose de gastos de representación. más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del Impuesto General a las Ventas. el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. servicios y contratos de construcción. La tasa del Impuesto es de 16% que se destina al tesoro público. en las ventas de bienes. en la venta de inmuebles. Dan un total de 18%. 12 .Según el artículo 13.
las notas de débito. en la proporción que corresponda a la diferencia de precio. 13 . 2. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. maquinarias y equipos. en la nota de débito. antes de transcurrido el plazo de dos (2) años de haber sido puestos en funcionamiento y en un precio menor al de su adquisición. •Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que hayan sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes del Impuesto o los otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen especial no los habilite a ello. que acrediten el pago del Impuesto en la importación de bienes. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. Los bienes de activo fijo. piezas. así como sus partes. 2. materias primas. el Impuesto consignado en comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios. •Venta de bienes depreciables destinados a formar parte del activo fijo. Reintegro del Crédito Fiscal. Que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante de compra del bien. procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento. c. del contrato de construcción. estando obligado a ello o. 3. 4. el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta. Los insumos. 3. hayan sido anotados por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras. servicios y contratos de construcción cuyo uso o consumo sea necesario para la realización de las operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir como gasto o costo de la empresa. Que los comprobantes de pago. dentro del plazo que establezca el Reglamento. Comprobante de Pago •Si en el Comprobante de pago se hubiere omitido consignar separadamente el monto del Impuesto. o de ser el caso. del servicio afecto. se hubiere consignado por un monto equivocado. •No dará derecho al crédito fiscal. tales como inmuebles. bienes intermedios y servicios afectos. utilizados en la elaboración de los bienes que se producen o en los servicios que se presten. Según el Reglamento son: 1. los documentos emitidos por ADUANAS a los que se refiere el inciso a) del presente artículo. repuestos y accesorios. Los bienes adquiridos para ser vendidos. y. Otros bienes. o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por ADUANAS. o el formulario donde conste el pago del Impuesto en la utilización de servicios prestados por no domiciliados. en su caso. La Ley establece en el Artículo 19 ciertos Requisitos Formales para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior y son: 1. Que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de conformidad con las disposiciones sobre la materia. El crédito fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal subsanación.
AJUSTES AL IMPUESTO BRUTO Y AL CRÉDITO FISCAL a) El monto del Impuesto Bruto correspondiente al importe de los descuentos que el sujeto del Impuesto hubiere otorgado con posterioridad a la emisión del comprobante de pago que respalde la operación que los origina. contribuyentes como de responsables. b) El monto del Impuesto Bruto. siempre que el sujeto demuestre que el adquirente no ha utilizado dicho exceso como crédito fiscal. en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual. determina la pérdida del mismo. 9. proporcional a la parte del valor de venta o de la retribución del servicio restituido. destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición generó un crédito fiscal. del crédito fiscal y. en caso de existir variación de la tasa del Impuesto entre la fecha de adquisición del bien y la de su venta. •El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que corresponda al período tributario en que se produce dicha venta. a la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente a la de adquisición. En caso que el monto del reintegro exceda el crédito fiscal del referido período. •Según el Reglamento. Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del Impuesto General a las Ventas y/o del Impuesto de Promoción Municipal. deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario anterior. se deducirán del Impuesto a pagar. así como la de bienes terminados en cuya elaboración se hayan utilizado bienes e insumos cuya adquisición también generó crédito fiscal. 8. el exceso deberá ser deducido en los períodos siguientes hasta agotarlo. •El reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha en que corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo tributario en que se produzcan los hechos que originan el mismo. en su caso. DECLARACIÓN Y DEL PAGO Los sujetos del Impuesto. del Impuesto retenido. DE LAS EXPORTACIONES 14 . determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo período. si correspondiere.•La desaparición. c) El exceso del Impuesto Bruto que por error se hubiere consignado en el comprobante de pago. Para calcular el reintegro a que se refiere el Artículo 22° del Decreto. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante o. 10. tratándose de la anulación total o parcial de ventas de bienes o de prestación de servicios. Las deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito que el vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.
servicios. Dicho saldo a favor se deducirá del Impuesto Bruto. La exportación de bienes o servicios. 12. de los comprobantes de pago y demás documentos contables deberán ser conservados durante el período de prescripción de la acción fiscal. así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior. contratos de construcción y las pólizas de importación. DE LOS REGISTROS Y LOS COMPROBANTES DE PAGO. 11. sin agregar valor al bien. EMPRESAS UBICADAS EN LA REGIÓN DE LA SELVA 15 . Registros Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y otro de Compras en los que anotarán las operaciones que realicen. DE LOS MEDIOS DE CONTROL. no están afectos al Impuesto General a las Ventas. de acuerdo a las normas que señale el Reglamento. los que serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la SUNAT. el usuario del servicio incluyendo a los arrendatarios y subarrendatarios.Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos a clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación. Comprobantes de Pago Los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por las operaciones que realicen. el exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes. en su caso. de cargo del mismo sujeto. siempre que cumplan con las disposiciones establecidas por ADUANAS sobre el particular. El comprador del bien. están obligados a aceptar el traslado del Impuesto. si lo hubiere. Los Registros y los medios de control contendrán la información mínima que se detalla a continuación. Las copias y los originales. De no ser posible esa deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber dicho saldo. dará derecho a un saldo a favor del exportador. o quien encarga la construcción.
de los bienes a que se refiere el inciso anterior. así como de los insumos que se utilicen en ella para la fabricación de dichos bienes. y que existen estudios que demuestran que por cada punto en el que se incrementan los impuestos. c) La venta en la Región para su consumo en la misma.Se consideran parte de la Región Selva los departamentos de Loreto. San Martín. y.8%.5% y que ello afectará el proceso de reactivación en los sectores que no están vinculados a la canasta básica de consumo. d) Los servicios que se presten en la Región. de los bienes que se produzcan en ella. Para el goce de los beneficios. b) Llevar su contabilidad en la misma. y. Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas: a) La importación de bienes que se destinen al consumo de la Región y la importación de los insumos que se utilicen en la Región para la fabricación de dichos bienes. y todos los que realicen operaciones gravadas por el IGV. Amazonas y Madre de Dios. todos los contribuyentes que realicen operaciones de venta de bienes muebles y las operaciones o prestación de servicios. Se estima que el consumo y el PBI deben disminuir en alrededor de 0. mediante Ley Nº 28033 la tasa del Impuesto General a las Ventas se elevará en 1%. A partir del 1 de Agosto del presente año. propios de la Región. Muchos analistas jurídicos y económicos han concluido que este aumento ha sido apresurado y sin sustento técnico. 16 . Ucayali. dicha importación deberá realizarse por transporte terrestre. Los precios se elevarán en 0. b) La venta en la Región. los sujetos del Impuesto deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la Región. fluvial o aéreo de la Región a través de las aduanas habilitadas para el tráfico internacional de mercancías en la Región. de los insumos que se utilizan para fabricar dichos bienes y de los productos naturales. la inversión disminuye en tres puntos. deberán consignar y aplicar la tasa de 19% sobre su valor de venta en sus comprobantes de pago. c) Realizar no menos del 75% de sus operaciones en la Región. Esta tasa de 19% incluirá al 2% del Impuesto de Promoción Municipal. el incremento del IGV sí afecta la capacidad adquisitiva aunque se trate de minimizar su efecto. lo cual hará que sea más difícil para las personas pobres acceder a determinados bienes. cualquiera que sea su estado de transformación. para su consumo en la misma. Por otra parte.
Mediante estos sistemas se obliga al pago del impuesto. tales como loterías. este tributo es de realización inmediata pero se liquida mensualmente. casinos de juego y eventos hípicos. Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es igual o inferior a setecientos y 00/100 nuevos soles (S/. IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico. que es el comprador o usuario. para su posterior entrega al Fisco según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda.202 las empresas designadas como Agentes de Retención por la SUNAT. a la pequeña y mediana industria y perjudicará de nuestra economía ya que el informalismo y sobre todo el contrabando se incrementará considerablemente y esto se constituirá un grave problema para el Gobierno. luego de determinar el impuesto real a pagar. cuya obligación tributaria del IGV nazca a partir del 01 de junio del 2002 y a la fecha son 1. 17 . ajustados por las notas de contabilidad que correspondan. 037-2002/SUNAT. II. pero por la venta futura que realizará su respectivo comprador. Este régimen también fue duramente criticado debido a que muchos contribuyentes realizan el pago del IGV dentro del mes siguiente de realizada la respectiva operación. no supera dicho importe. AUMENTO DE LA TASA DEL IGV DE 18% A 19% Mediante Resolución de Superintendencia No. bingos. Está tipificado en la Ley del Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo.700) y la suma del importe de la operación de los comprobantes involucrados. al propio vendedor. asegurando un nivel de ingreso promedio para el Estado y permitir de esta manera la materialización de los proyectos a favor de la colectividad. antes o juntamente con la realización de la venta o servicio. rifas. Las tasas de este impuesto oscilan entre 0 % y 118 %. 13. Grava la venta en el país a nivel de productos de determinados bienes. como en el caso del sistema de percepción. Al igual que el IGV. La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe total de la operación gravada. Este régimen se aplicará respecto de las operaciones gravadas. o.Esta la medida que eleva el IGV perjudicará a cientos de contribuyentes y afectará. trasladando la responsabilidad del pago a un tercero. máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos. se regula el régimen por el cual. sorteos. la importación de los mismos. la venta en el país de los mismos bienes cuando es realizada por el importador y los juegos de azar y apuestas. Mediante este mecanismo la SUNAT trata de reducir los altos niveles de omisos a la declaración y pago de impuestos. los sujetos designados por la SUNAT como agentes de retención deberán retener parte del impuesto general a las ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores. Decreto Legislativo 821 – Decreto Supremo Nº 055-99-EF y su Reglamento. especialmente. deduciendo sus créditos del mes o de meses anteriores.
más los Derechos de Importación pagados por la operación tratándose de importaciones. por: 1. d) Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas. y. rifas. El valor de venta. 2. en cuanto sean pertinentes. los mismos del numeral anterior. 2. vehículos usados y nuevos. Sujetos del Impuesto . 1. c) Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a éstos en las ventas que realicen en el país de los bienes gravados. las normas establecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las Ventas. licores. c) Al Precio de Venta al Público. b) Las personas que importen los bienes gravados. Base Imponible a) Sistema Al Valor. incluyendo las normas para la transferencia de bienes donados inafectos contenidas en el referido Título. b) Específico. cigarros. gasificadas. tales como hulla. El valor CIF aduanero. c) Los juegos de azar y apuestas. kerosene. para los bienes contenidos en el literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. IV. el literal B del Apéndice IV. a que se refiere el inciso c) del Artículo 50º. Operaciones Gravadas a) La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en los Apéndices III y IV. bingos. 3. 18 . en las ventas realizadas en el país. tales como loterías.Son de aplicación para efecto del Impuesto Selectivo al Consumo. Sistemas de Aplicación del Impuesto a) Al Valor. b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del Apéndice IV. gasolina. determinado conforme a la legislación pertinente. sorteos y eventos hípicos. cervezas. para los bienes contenidos en el Apéndice III. para los bienes contenidos en el Literal C del Apén. con excepción del la cerveza. 4.Contribuyentes a) Los productores o las empresas vinculadas económicamente a éstos. en la venta de bienes. aguas minerales.
incluyendo los terrenos ganados al mar. y el total de premios concedidos en dicho mes. b) Sistema Específico. 5. DEL IMPUESTO PREDIAL El Art 8 del T. inclusive el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas.U. multiplicado por el factor 0. Determinación del Impuesto En el Sistema Al Valor y en el Sistema al Valor según Precio de Venta al Público. SEGUNDO EJE TEMÁTICO II. c) Sistema de Precio de Venta al Público. el que no podrá ser inferior al que compruebe el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). de acuerdo a las condiciones establecidas por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Para efectos del impuesto se considera predios a los terrenos.847. de la ley de tributación municipal establece que el impuesto predial es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos. por: El volumen vendido o importado expresado en las unidades de medida.O. En el Sistema Específico. deteriorar o destruir la edificación. Para efecto de los juegos de azar y apuestas. respectivamente.3. por: La base imponible está constituida por el Precio de Venta al Público sugerido por el productor o el importador. administrativa y fiscalización del impuesto corresponde a la municipalidad distrital donde se encuentra ubicado el predio. 19 . el Impuesto se determinará aplicando un monto fijo por volumen vendido o importado. que no pudieran ser separadas sin alterar. el Impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible la tasa establecida en el Literal A o en el Literal C del Apéndice IV. el Impuesto se aplicará sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y apuestas. a los ríos y a otros espejos de agua. importación y venta de dichos bienes. cuyo valor es el establecido en el Apéndice III y en el literal B del Apéndice IV. así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que constituyan partes integrantes de dichos predios. El precio de venta al público sugerido por el productor o el importador incluye todos los tributos que afectan la producción. PROBLEMATIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. La recaudación.
pero a partir de las dos primeras décadas del presente siglo. sobre todo en los países desarrollados o en vías de desarrollo. como también se ha mencionado. tales como Alemania y Francia. como el de sucesiones y el de aduanas. no definen un criterio que puede emplearse para decidir si determinados conceptos deben o no ser excluidos del impuesto. 20 . etc. en la mayoría de los casos. la discusión con relación al ámbito del Impuesto a la Renta (aspecto material del hecho generador) se centra en la definición del concepto de “renta”. para definir adecuadamente esa actividad a incluir en el ámbito de la imposición a la renta es necesario hacerse previamente preguntas como ¿Qué es renta?. de modo de convertirse en un hecho imponible. La manera más lógica de comenzar sería analizar y valorar la definición legal de la renta pero ocurre que la legislación. APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. por la autonomía conceptual propia del derecho tributario veremos que tanto doctrinariamente como en la legislación comparada existe una diversidad de conceptos relacionados con la obtención de renta. para irse luego modificando para convertir su aplicación al sistema global. aunque dicha normatividad suele proporcionar algunos ejemplos de concepto que deberían considerarse “renta” como sueldos y salarios. El Impuesto Sobre la Renta empezó a regir después de la edad media. Casi siempre empezó bajo las formas del impuesto cedular o del mixto. alquileres. Después se fue extendiendo a otros países de Europa. Sin duda estas definiciones deben permitir establecer en cada caso cuándo un hecho de la realidad puede ser incluirse en la hipótesis de la ley con exactitud. ¿De quién es esa renta? ¿Cuándo es renta? No obstante. cuando se estableció en Inglaterra como un impuesto extraordinario y provisional destinado a cubrir necesidades excepcionales. Como se indicó en el punto anterior. INTRODUCCIÓN. Para analizar la problematización del impuesto a la renta es evidente evaluar que para aplicar un impuesto sobre la renta es imprescindible identificar qué es la “renta”. no establece ninguna definición. 1. PROBLEMATIZACIÓN. Sin embargo. La fórmula generalmente empleada de “sea cual sea la fuente de la que procedan”. en realidad. a fines del siglo XVIII y no antes de dicha era. y a Estados Unidos de Norteamérica y a los países latinoamericanos. Según el Diccionario de la Lengua Española el término “renta” significa el beneficio o utilidad obtenida anualmente producto de una cosa. dividendos. aplicándose no en forma transitoria sino permanente.
pero guarda silencio sobre los sujetos que obtienen dicha renta (aspectos subjetivos). Nuestro legislador recoge algunos casos que se encuentran comprendidos dentro de la teoría flujo de riqueza. Por ejemplo María es ama de casa. a cambio de una retribución mensual de 100.2. El ejemplo puede ser precisamente el caso donde María arrienda un predio de su propiedad. 1. En este sentido la ley peruana tiene que proceder con la descripción de cada uno de estos casos por separado. el tema es más complicado. Pasando al terreno legal peruano. 21 . la ganancia que produce una inversión o la rentabilidad del capital. 1. También puede ser el producto del trabajo bajo relación de dependencia o lo producido por el ejercicio de una profesión liberal. Teoría flujo de riqueza En el campo de la Política Fiscal esta teoría considera renta gravable a todo beneficio económico que fluya hacia un sujeto. 2. Notamos que la ley describe de modo expreso y detallado a la renta gravable (aspecto objetivo). tal como se explica a continuación. 2.1. es decir. El Impuesto Sobre la Renta grava la renta. Persona natural Se trata de la persona física que obtiene una renta gravable. de tal modo que este caso se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. El art. trabajo o la aplicación conjunta de capital y trabajo.a de la ley del Impuesto a la Renta del Perú 2 ha recogido con amplitud los alcances de esta concepción teórica. que es obtenido por una persona natural. entonces somos del parecer que esta clase de sujeto se encuentra comprendido dentro de los alcances del art. No existe un artículo de la LIR que consagre de modo general todos los alcances de la teoría flujo de riqueza. 2. En este caso el aspecto objetivo del hecho generador es el ingreso periódico cuyo monto es 100. mientras que el aspecto subjetivo consiste en la persona natural llamada María. capaces de obtener una renta gravable. propietaria de un predio y un buen día lo arrienda. Teoría renta-producto Para la Política Fiscal esta teoría considera renta gravable al ingreso periódico. a cambio de una retribución mensual de 100. Como estudiante de derecho de la Universidad “Alas Peruanas” he detectado que en la actual legislación peruana sobre el Impuesto a la Renta existen por lo menos tres sujetos diferentes. En la medida que para la Política Fiscal la teoría renta-producto está diseñada para gravar con el Impuesto a la Renta a todos aquellos ingresos corrientes de las personas naturales (entre otros casos). tales como: capital. Seguidamente pasamos a vincular las tres teorías de renta (teoría de la renta- producto. siempre que provenga de la explotación de fuentes permanentes. Aquí nos encontramos ante un ingreso corriente. teoría del flujo de riqueza y teoría del consumo mas incremento patrimonial) con el tema de la persona natural.a de la LIR.
Justificación Vamos a partir de un caso práctico.cuando es realizada por una persona natural. 3.d de la LIR establece que se encuentran sometidas al Impuesto a la Renta las rentas imputadas (atribuidas) que detalla la LIR a lo largo de su texto. entonces cabe la posibilidad que la ley peruana contemple esta clase de sujetos. Por ejemplo el art. En cambio.Por ejemplo el art.b de la LIR (Ley de Impuesto a la renta) señala que la ganancia de capital se encuentra afecta al Impuesto a la Renta. Por regla general la descripción legal de los aspectos objetivos del hecho generador se lleva a cabo de manera expresa. Casi empresa: habitualidad Muchas veces las personas naturales. Uno de estos casos aparece en el art. 2 de la LIR señala que no constituye una ganancia de capital gravable el resultado de la enajenación de la casa- habitación por parte de una persona natural.1. 23. nos da a entender que constituye una renta gravada con el Impuesto a la Renta el resultado de la enajenación de predios tales como una casa de playa –inicialmente adquirida para recreo personal y familiar.d de la LIR. Nuestro legislador recoge solamente algunos casos que están alcanzados por la teoría que venimos examinando En este sentido la LIR contiene la descripción de cada uno de estos casos. la LIR se refiere de modo expreso a la persona natural cuando por ejemplo el último párrafo del art. 2. Definitivamente este dispositivo legal se refiere a la persona natural que cede el indicado predio. etc. a las variaciones del patrimonio de las personas naturales. En la medida que la teoría del consumo más incremento patrimonial apunta a gravar. etc. por excepción. asociaciones civiles sin fines de lucro.3. Una sociedad anónima inscrita en los Registros Públicos del Perú se dedica a la compra-venta de autos usados. Pero. 1. Teoría del consumo más incremento patrimonial Para la Política Fiscal esta teoría entiende que la renta gravable es toda variación del patrimonio. La ley tributaria suele recurrir a la figura de la “habitualidad” para comprender todos estos casos especiales. En este caso la LIR señala de modo expreso el aspecto objetivo del hecho generador (ganancia de capital). Con relación al aspecto subjetivo apreciamos que -por regla general. indirectamente. el propio Estado.la LIR guarda silencio. asociación civil sin fines de lucro. 3. pues nos encontramos ante un sujeto (persona natural. Pasando al campo legal entendemos que no existe un artículo en la LIR que adopte de modo general todos los casos que se encuentran comprendidos por la teoría del consumo más incremento patrimonial. realizan operaciones económicas 3 de venta o prestación de ciertos servicios.) que no es una típica empresa. entre otros casos. 1. En cambio es de notar que la LIR no suele hacer referencia expresa a los aspectos subjetivos del referido hecho generador. Se trata de una situación curiosa. Es verdad que en este caso la LIR se refiere a una renta inafecta. pero va a recibir el tratamiento tributario que corresponde a la empresa. Los ingresos de esta empresa se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta con la tasa del 30%. 22 . a la par que las empresas. según el cual se configura una renta (ficta) cuando el propietario de un predio cede su uso a título gratuito.
3.. Nos encontramos ante una “casi empresa”. es decir que este sujeto 23 . En primer lugar supongamos que una persona física organiza toda una empresa. de tal modo que el ingreso que obtiene la persona física se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta.De modo paralelo.Criterios para determinar la habitualidad Muchas veces existen dificultades para establecer si nos encontramos ante una “casi empresa”. En el año No 7 este sujeto vende el referido auto.. etc. entonces nos encontramos ante una empresa unipersonal. Este caso configura una venta esporádica por parte de este sujeto. que realizan operaciones similares a las llevan a cabo las empresas deben recibir el tratamiento tributario diseñado para éstas.Cobertura del Impuesto a la Renta Con relación al radio de acción del Impuesto a la Renta y el tema específico de la habitualidad. En otras palabras. Por ejemplo una persona natural. 3. que se dedica a la compra-venta de autos usados. de tal modo que los ingresos se encuentran sometidos al régimen de liquidación (cálculo) del Impuesto a la Renta con la tasa del 30% En segundo lugar asumamos que una persona natural es un abogado litigante que. acaba de comprar un auto pequeño e inmediatamente lo vende. etc. En este caso queda descartada la figura de la empresa y de la “casi empresa”. En el campo de la Política Fiscal podemos concluir que -por equidad. que es un destacado abogado litigante.no soportarían la referida carga tributaria. Aquí el sujeto que obtiene ingresos es una “casi empresa”. En este caso el sujeto que obtiene ingresos resulta ser específicamente una empresa. asociaciones civiles. Los agentes económicos especializados (empresas) que se dedican a la compra-venta de autos usados soportan una carga tributaria. En cambio los sujetos no especializados (personas naturales. con la tasa del 30%.la habitualidad es una figura intermedia entre el régimen tributario para empresas y el régimen de inafectación. el indicado ingreso se encuentra libre de carga tributaria. se dedica a la compra-venta de autos usados.la renta obtenida por las personas naturales.) -que también realizan operaciones (esporádicas) de compra-venta de autos usados. que es médico de profesión.2. En tercer lugar imaginemos una persona natural que en el año No 1 compra un auto usado para uso personal y familiar. se genera una desigualdad en el mercado. Los consiguientes ingresos también pasan a soportar la liquidación del Impuesto a la Renta para empresas. de modo muy esporádico. Si no se aplica el Impuesto a la Renta del 30% al ingreso obtenido por la persona natural. una persona natural. Justamente este es uno de los casos que se encuentra comprendido dentro de la figura de la habitualidad.3. conviene distinguir tres situaciones diferentes. hoy compra un predio y mañana lo vende. sin llegar a constituir una persona jurídica. Vamos a tomar como punto de referencia a la persona natural. A manera de conclusión podemos decir que –desde el punto de vista de la cobertura del Impuesto a la Renta.
entonces nos encontramos ante una operación habitual. de tal modo que la consiguiente renta se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Es el caso de una persona natural que se dedica al ejercicio de la profesión de abogado y que realiza ventas esporádicas de autos usados. el monto de venta. en virtud de los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley. etc. Universo A continuación exponemos los principales casos de habitualidad contemplados en nuestra LIR.4. En cambio si la persona natural compra un bien para su posterior enajenación. los resultados de la venta habitual de bienes (muebles) se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Entonces: ¿Cómo distinguir las operaciones que son o no son similares a las actividades empresariales? Es necesario tomar en cuenta una serie de aspectos que rodean a la operación que genera la renta. 3. O sea que en este caso no se advierte la realización de una operación similar a la que llevan a cabo las empresas que se dedican a la comercialización de bienes raíces. por un valor de venta de 100. Entre los criterios cuantitativos tenemos la cantidad de ventas que lleva a cabo esta persona natural. Los criterios cualitativos tienen que ver con la finalidad de la adquisición del bien (que posteriormente va a ser vendido) por parte del comprador. 3. Venta 4 de bienes muebles De conformidad con el art. lo vende. de tal manera que este ingreso se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Ahora bien a partir de estos casos extremos es posible proyectar una gama de casos intermedios hasta que se encuentren en cierta línea fronteriza que suele ser borrosa. El consiguiente ingreso no debe soportar un Impuesto a la Renta. entonces la ulterior enajenación de este bien por un valor de venta de 100 no califica como una operación habitual.3 de la LIR. etc. En consecuencia corresponde la aplicación del Impuesto a la Renta establecido para las empresas. Algunos podrían pensar que. debiéndose aplicar las reglas que se encuentran establecidas para las empresas. Criterios para determinar la habitualidad En la Política Fiscal existen criterios cualitativos y cuantitativos para determinar la existencia de habitualidad. de tal modo que no existe la figura de la “casi empresa”. Estos aspectos tienen que ver con el período de tenencia del bien.1. la LIR debería regular con cierto nivel de detalle los criterios cualitativos 24 .realiza una operación similar a la que realizan las empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria.4. frecuencia de las operaciones de venta. Se trata de una operación excepcional a lo largo de su vida. luego de treinta años. 3. Si el adquirente es una persona natural. Los consiguientes ingresos se encuentran dentro del ámbito del Impuesto a la Renta. 1. que compra un bien para su uso personal.1.1. Es verdad que en estos casos extremos es relativamente fácil distinguir entre operaciones similares a las empresariales y operaciones que no guardan esta similitud. etc. Por otra parte una persona natural compra un predio para ser utilizado como casa- habitación por parte de su familia (esposa e hijos) y.4.
etc. venta o reventa.3 de la LIR. de tal modo que los ingresos de esta clase de vendedores estarían fuera del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. es muy difícil que la ley pueda fijar con cierto detalle los indicados criterios. sobretodo porque en nuestra economía existen altos índices de informalidad tributaria. toda vez que suelen superar con facilidad el tope legal de diez dólares. cuyo valor de venta muchas veces es menor a 10 dólares por unidad. consumo.1 del Reglamento del Impuesto General a las Ventas . Nosotros consideramos pertinente realizar una interpretación sistemática. se debe considerar el motivo de las adquisiciones. toda vez que se pueden generar situaciones de inequidad en la economía. debiendo evaluarse en los dos últimos casos el carácter habitual. llevando a cabo las concordancias entre el art.y cuantitativos que se deben de tomar en cuenta para que el contribuyente y la Administración Tributaria puedan determinar con certeza la presencia de la habitualidad y consiguiente aplicación del Impuesto a la Renta. Por tanto los consecuentes ingresos se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Luis Hernández Berenguel entiende que.4.RIGV. en cada caso concreto. 4. al existir una casuística casi infinita. dependiendo de la naturaleza y/o monto. art. pequeños juguetes de plástico.2.se deberían aplicar los criterios cualitativos y cuantitativos que establece la legislación del IGV. por un valor que supera los diez dólares por unidad de mercancía. 3. Por ejemplo asumamos que la ley llega a señalar que la operación de venta que realiza la persona natural. 9. tales como joyas de fantasía. Esta regla ciertamente genera una desigualdad. etc. 1. toda vez que las empresas que se dedican a la venta de los referidos artículos menores soportan una carga tributaria. de tal modo que –en materia de venta de bienes muebles capaces de generar ingresos afectos al Impuesto a la Renta. no califica como habitual. se considera habitual. en todo caso. Queda claro que las ventas esporádicas de autos usados que realizan las personas naturales pasan a constituir operaciones habituales. mientras que las “casi empresas” se encontrarían liberadas de la referida carga. ofrece algunos factores de referencia que de alguna manera pueden ayudar para determinar la presencia de una “casi empresa” en cada caso concreto. entre otros elementos.1 del RIGV señala que se tiene que determinar si la adquisición de bienes tuvo por objeto su uso. Seguramente el legislador ha querido dejar un amplio margen de acción y criterio a la Administración Tributaria. Sin embargo. Es verdad que la legislación del IGV tampoco ofrece criterios suficientemente precisos para determinar la habitualidad de una operación pero.3 de la LIR guarda silencio sobre los criterios precisos que se debe tener en cuenta para determinar la habitualidad de una operación. 4. 1. el destino de los bienes adquiridos. Enajenación de predios 25 . debiéndose aplicar el Impuesto a la Renta para empresas. Por esta razón el art.2.ii de la Ley del Impuesto General a las Ventas – LIGV 6 y segundo párrafo del art. Al respecto el segundo párrafo del art.. Por otra parte resulta que las ventas esporádicas por parte de las personas naturales de artículos menores.
j de la LIR considera que los ingresos correspondientes a las dos primeras enajenaciones de predios realizadas por Francisco constituyen rentas de segunda categoría. Francisco es un contador independiente que en el año No 1 compra una casa de playa ubicada en Lima. de conformidad con el art. pues solo de este modo se encontrará en condiciones de aplicar el impuesto. pero con las reglas del Impuesto a la Renta diseñadas para las personas naturales. También hay que tomar en cuenta que -En virtud del principio de capacidad contributiva. 1. corresponde a la Administración Tributaria la carga de la prueba acerca de la habitualidad de la operación. Presunción A lo largo del presente trabajo observamos que en la mayoría de los supuestos legales sobre el tema de la habitualidad la respectiva norma no recurre a la figura de la presunción. Por ejemplo si una persona natural que se dedica al ejercicio de la profesión médica realiza de modo esporádico una compra-venta de un vehículo usado. 24.d de la LIR. Por otra parte.se configura una operación habitual (propio de la “casi empresa”). 28.entonces el ingreso se encuentra afecto al Impuesto a la Renta. que guarda mayor similitud con las operaciones que realizan las empresas que se dedican a la comercialización de predios. En cambio la tercera venta que realiza esta persona física pasa a ser considerada una operación atípica. 3. Se trata de un criterio de tipo cuantitativo. 26 .1. de tal modo que el ingreso que obtiene la persona natural vendedora debe soportar el Impuesto a la Renta aplicable para las empresas. de tal manera que se aplica el Impuesto a la Renta para las empresas. pues recién a partir de la tercera enajenación de un predio –dentro de un mismo ejercicio gravable. La finalidad de estas adquisiciones es el esparcimiento personal y familiar. el legislador ha establecido un criterio preciso para determinar la habitualidad de la operación. de tal modo que corresponde la aplicación del régimen del Impuesto a la Renta para las empresas. Es interesante resaltar que en el caso específico de la enajenación de predios por parte de una persona natural. el art. el art.Vamos a partir de un ejemplo. Pasando al campo jurídico. también adquiere una casa de playa ubicada en Máncora (norte del Perú) y por último compra una casa de campo ubicada en el Cusco. que se encuentra vigente desde el 01-01-04. el ingreso que obtiene Francisco por la enajenación del tercer predio 9 califica como renta de tercera categoría. Aquí no existe una actividad similar a la que realizan las empresas que se dedican a la compra-venta de bienes raíces.4.corresponde la aplicación de una carga tributaria sobre los ingresos. si el contribuyente no liquidó y pagó el Impuesto a la Renta. En este caso. Para la Política Fiscal del Perú el flujo de dos compras y dos ventas de esta clase de predios es normal dentro del patrón de vida típico de las familias que tienen ingresos medios y altos. de tal modo que se encuentran sometidas al régimen de Impuesto a la Renta para las personas naturales.3 de la LIR establece que –si se trata de una operación habitual. En el año No 9 Francisco vende estos tres predios por un valor de 100 cada uno.2. por tanto la carga de la prueba concerniente a la habitualidad corresponde a la Administración Tributaria. según el actual esquema legal del Perú.
Se trata de un criterio de tipo objetivo que reduce de modo considerable las posibilidades de discusión entre la Administración Tributaria y el contribuyente.) para fines recreativos de la familia del contribuyente (persona natural) que –posteriormente. por excepción. etc. 4 de la LIR establece una presunción de habitualidad que no acepta la posibilidad de la prueba en contrario (presunción 27 . pero -hasta que se concrete la referida venta. la Administración Tributaria queda liberada de la carga de la prueba.”¿Por qué en este caso específico el legislador optó por recurrir a la figura de la presunción? Se advierte un crecimiento de la actividad que consiste en adquirir predios (casas de playa. para dejar establecido que sólo las enajenaciones similares a las operaciones mercantiles merecerán el tratamiento del Impuesto a la Renta reservado para las empresas (cuya carga tributaria es más alta que el Impuesto a la Renta para las personas naturales). El primer párrafo del art. Una desventaja de la figura de la habitualidad es que para hacerla operativa se debería recurrir a diversos criterios cualitativos y cuantitativos que son susceptibles de generar controversias entre la posición de la Administración Tributaria y el contribuyente. existe al menos un supuesto legal sobre la habitualidad donde la respectiva norma legal utiliza la figura de la presunción.resulta que el propietario aprovechó la oportunidad y permitió que su familia disfrute del inmueble. que se produzca en el ejercicio gravable. Por ejemplo es difícil dilucidar si la adquisición de una casa de playa por parte de una persona natural ha sido con el ánimo de ofrecer un lugar de esparcimiento para su familia o si la persona natural adquirió este predio para vender. 4 de la LIR comienza estableciendo que: “Se presumirá que existe habitualidad en la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural…a partir de la tercera enajenación. inclusive. de modo transitorio. en la medida que el art. De este modo. En este caso la Administración Tributaria queda liberada de la carga de la prueba respecto de algún otro criterio objetivo o subjetivo para determinar la habitualidad. Para implementar esta alternativa. En tercer lugar observamos que el legislador utiliza la figura de la presunción (de habitualidad). de tal modo que aumenta el interés fiscal por la posibilidad de un incremento de los ingresos tributarios del Estado. el legislador ha considerado conveniente recurrir a toda una estrategia normativa. casas de campo.son enajenados. para que ya se encuentre en condiciones de proceder con la determinación y recaudación de un Impuesto a la Renta de nivel empresarial. Por ejemplo a la Administración Tributaria le basta probar que el contribuyente (persona natural) realizó más de dos enajenaciones de la clase de predios que venimos analizando. Por otra parte. En segundo lugar nótese que el legislador recurre al criterio cuantitativo. seguramente para excluir cualquier otro criterio objetivo o subjetivo que podría haber entrado a jugar para determinar la existencia de la habitualidad en cada uno de los casos concretos. dentro de un mismo ejercicio gravable.Por otra parte advertimos que. pues señala que solo a partir de la tercera enajenación de esta clase de predios. se considera una operación habitual. En primer lugar se instaura en la ley la figura de la habitualidad. dentro de un mismo ejercicio gravable.
Precisamente el art. por interpretación sistemática. entonces el contribuyente no puede discutir la figura de la habitualidad en base a los restantes criterios objetivos y subjetivos. también a cambio de un determinado precio. 3. En efecto si indagamos por la finalidad de la ley. es decir concordando las diversas normas de la LIR sobre el particular. entonces habría que pensar que la referida presunción es más bien relativa y.absoluta). 1. ¿Cómo podemos reconocer si una presunción es absoluta o relativa? Nosotros pensamos que. Servicios Llama la atención que el art. que todo préstamo en dinero…devenga un interés…” En segundo lugar. etc. si el legislador implanta una presunción absoluta. desarrolla una perspectiva de enfoque diferente. los servicios que son similares a los de carácter comercial también se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta.3 de la LIR se refiera a la habitualidad solamente para los casos de venta de bienes. pues en el primer párrafo del citado dispositivo se establece que: “Se presumirá que existe habitualidad en la enajenación de inmuebles…. a título de actividad habitual? Nosotros pensamos que. salvo prueba en contrario constituida por los libros de contabilidad del deudor. es decir que admite la prueba en contrario. el contribuyente podría probar que la tercera enajenación del predio que venimos analizando no constituye una operación habitual. 1. Señala que nos encontramos ante una presunción absoluta solamente cuando así lo señala de modo expreso la LIR. Este dispositivo legal no se refiere de modo expreso a las prestaciones de servicios que son efectuadas por personas naturales. entonces lo señala de modo expreso. En primer lugar. etc. cuando el legislador recurre a la presunción relativa. su objeto social consiste en la prestación de servicios legales. En la medida que el art. 4 no señala de modo expreso que contiene una presunción de tipo absoluta. a cambio de cierto precio ¿Qué sucede si una asociación civil sin fines de lucro presta estos mismos servicios legales. en el sentido que las actividades mercantiles (que realizan las empresas) 28 . vale decir que no admite la prueba en contrario. de tal modo que se entabla una competencia en el mercado? ¿Los ingresos que obtiene la asociación civil se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. recurriendo a fórmulas tales como: “se presume de pleno derecho”. 26 de la LIR establece que “Para los efectos del impuesto se presume. simplemente hace aparecer en la norma el término “presunción” y no hace referencia a la posibilidad de la prueba en contrario. por tanto. En la vida real existen importantes casos de “casi empresa” que prestan servicios. desde luego. en virtud de una interpretación lógica del art. asociaciones civiles.” Hernández Berenguel.3. “se presume juris et de jure”. queda claro que se trata de establecer equidad en la economía. Por ejemplo un Estudio de abogados es organizado como sociedad anónima y. existen dos alternativas de tratamiento.3 de la LIR.4. 4 de la LIR sigue esta técnica legislativa. Por ejemplo el art.
Además pensamos que. del mimo modo que las empresas privadas.4. se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta y se debe aplicar el régimen de liquidación reservado para las empresas. la riqueza (unidades vehiculares) se encuentra dentro de la esfera patrimonial del propio Estado.1 del RIGV establece que. en materia de servicios. Por ejemplo el Gobierno Nacional. El Estado. etc.3 de la LIR se refiere a la habitualidad. vende sus unidades vehiculares (activo fijo).2. Los ingresos son derivados si la riqueza está en el sector privado. los ingresos que obtienen estos agentes de la economía más bien se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. por tanto. Sobre el particular el tercer párrafo del art. de tal modo que no tiene cabida la posibilidad de pensar que los ingresos que en estos casos obtiene el fisco provienen de operaciones similares a las de carácter comercial. Actividad del Estado Muchas veces el Estado efectúa operaciones similares a las que realizan las empresas. de tal modo que parte de ésta se transfiere al fisco mediante el pago de impuestos. En el caso que venimos analizando. 1. también entendemos que estos ingresos se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. explica que si el Estado actúa a través de empresas públicas. Eduardo Sotelo Castañeda. en virtud de la interpretación sistemática.3 de la LIR con el art. 29 . 4. que son llevadas a cabo por las “casi empresas” 3. es posible concordar el art. ¿Este ingreso se encuentra afecto al Impuesto a la Renta? Conviene recordar que para la Política Fiscal los ingresos estatales se clasifican en originarios y derivados. no obedece a criterios de mercado. a cambio de una retribución de 100.4. señala que los ingresos son originarios cuando la riqueza se encuentra en el propio Estado y su aprovechamiento económico genera ingresos al fisco. Por tanto los ingresos por venta de activos que realiza el Estado se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. a través de uno de sus Ministerios. 4. A manera de conclusión pensamos que el art. desde el punto de vista jurídico. debemos recordar que el objetivo de las reglas tributarias sobre la habitualidad consiste en establecer la equidad entre las operaciones que realizan las empresas y las actividades similares a éstas que llevan a cabo las “casi empresas”. 9.y las actividades similares a las mercantiles (que llevan a cabo las “casi empresas”) deben soportar la misma carga tributaria. de tal modo que no tiene cabida la figura del pago de impuestos (transferencia de riqueza hacia el propio fisco). cuando dispone de su patrimonio (compuesto por activos.1 del RIGV.ii de la LIGV y tercer párrafo del art. 1. se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares a los de carácter comercial. como en las prestaciones de servicios. tanto en las operaciones donde se advierte la enajenación de bienes. Pasando a las consideraciones de Derecho.). Entonces los ingresos que obtiene la referida asociación civil. vehículos desgastados. Jorge Bravo Cucci. por provenir de actividades similares a las operaciones mercantiles. luego de varios años de uso. con la finalidad que exista igualdad en el mercado.
1.5.4.esta clase de actividades se encuentran dentro de la figura de la “casi empresa”. 1. Este criterio cualitativo tiene que ver con la implantación por parte de la persona natural del sistema de urbanización o lotización para enajenar terrenos. la liquidación del tributo se debe llevar a cabo con las reglas del Impuesto a la Renta para las empresas. ha querido establecer criterios precisos para determinar las operaciones (casi empresariales) que en el campo de la construcción y comercio inmobiliario pasan a generar ingresos afectos al Impuesto a la Renta propio de las empresas. Universo El art. 3. En tercer lugar se puede tratar de una persona natural que construye un predio para vender y lo enajena de inmediato. tales como el número de operaciones de venta. Persona natural: actividad inmobiliaria En este caso nos encontramos ante una persona natural que realiza ciertas operaciones industriales o comerciales en el campo inmobiliario. cuando se realiza por el sistema de urbanización o lotización.2.4. Adquisición o construcción de inmuebles 30 .2 de la LIR.4.5.2. En segundo lugar cabe pensar en la persona natural que compra un predio (casa) para vender y lo enajena de inmediato. Se nota la presencia de un criterio cualitativo para determinar si la operación genera un ingreso afecto al Impuesto a la Renta. 3. 3. por ser similares a las operaciones que realizan las empresas. En primer lugar tenemos a la persona natural que compra un terreno y luego lo enajena. 1. En consecuencia desde la primera enajenación de esta clase de terrenos por parte de una persona natural se genera un ingreso que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Entonces el legislador. 1. de tal modo que las actividades de construcción y comercio por parte de las personas naturales devienen en significativas desde el punto de vista recaudatorio.3. sin llegar a conformar una empresa.3. en el art.4.4.5. 3. Terrenos El art.5. Justificación Pensamos que –en esencia.i de la LIR establece que se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta el resultado de la enajenación de terrenos. rústicos o urbanos. Desde luego en estos tres casos el ingreso que asciende a 100 se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Teniendo en cuenta que los hechos (urbanización o lotización) demuestran que la persona natural compró el terreno con una finalidad comercial. etc. No interesan criterios cuantitativos.5.2 de la LIR contempla por lo menos 3 casos. ¿Por qué la LIR del Perú confiere un tratamiento por separado cuando se trata de personas naturales que realizan actividad industrial o comercial en el sector inmobiliario? Quizás la explicación tiene que ver con la incesante expansión de las ciudades.4.
ii de la LIR.2. O sea en la tarea para determinar si un caso se encuentra bajo los alcances del art. consideró que en este caso se advierte un período corto entre la fecha de la compra y la fecha de la venta.ii de la LIR.4. cuando hubiere sido adquirido o edificado “para efectos de la enajenación” 13. mediante la Resolución No 8753-3-01 del 31-10-01. A veces nuestra LIR se refiere de modo expreso a este aspecto subjetivo del hecho generador de la obligación tributaria.2.2. El Tribunal Fiscal.4. 1. de tal modo que el ingreso de 700.000 dólares. 1. 3 de la 31 . toda vez que la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra arrojaba una ganancia bastante considerable. Si Pedro.En los casos regulados por el art.2. la consiguiente retribución (100) se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. 4. siempre que se encuentren directamente relacionados con la referida operación de compra. 3. Por ejemplo el penúltimo párrafo del art.ii de la LIR. a cambio de un retribución de 100.ii de la LIR es importante analizar el objetivo que tuvo la persona natural en el momento que procedió con la compra o construcción de aquel predio que posteriormente es enajenado. Aquí se advierte la presencia de un criterio cualitativo para determinar si la operación genera un ingreso que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta. Apréciese que no interesan consideraciones de tipo cuantitativo como por ejemplo la cantidad de ventas de casas de playa que realice el contribuyente. Estas unidades de producción y distribución pueden estar organizadas como personas jurídicas o no.ii de la LIR. 1. Por todas estas razones el Tribunal Fiscal entendió que la finalidad de la compra del predio era de carácter comercial. Determinación de la finalidad de la compra o construcción del predio Es cierto que resulta difícil saber con total certeza el objetivo (mental) que puede tener una persona natural cuando compra o construye cierto predio. Para esta clase de evaluación es recomendable tomar en consideración determinados hechos o circunstancias. contador independiente.2.5. El 23-11- 98 una persona natural adquirió un predio por 350. Empresa Las empresas son unidades de explotación de capital y trabajo con finalidad lucrativa (distribución de utilidades entre sus inversionistas).1. En la medida que los hechos evidencian que Pedro compró este predio con una finalidad comercial.000 dólares. A partir de estas consideraciones objetivas se puede inferir la finalidad más razonable que tuvo en cuenta el comprador del predio. entonces este caso se encuentra comprendido dentro de los alcances del art. compra una casa de playa y de inmediato la vende. Además el Tribunal Fiscal tomó en cuenta el margen de utilidad. Posteriormente el 07- 12-98 este sujeto vendió el predio por la suma de 700. Por tanto desde la primera enajenación de esta clase de inmuebles por parte de la persona natural. Hace un tiempo ocurrió un caso práctico donde se discutía si correspondía la aplicación del texto que actualmente se encuentra en el art. se establece que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la Renta el resultado de la enajenación de un inmueble. 1. 1.000 dólares se encontraba dentro del marco legal que hoy se encuentra en el art. se debe aplicar el Impuesto a la Renta que corresponde a las empresas.
elasticidad y equidad. pero el más general y productivo..a de la LIR. nos parece que el principio de la empresa como fuente podría tener mayor cabida dentro de la teoría flujo de riqueza. sino también por su generalidad. y realiza operaciones económicas esporádicas. Creemos que esta situación no debe ser confundida con aquellos casos donde una persona natural se dedica al ejercicio de una profesión. y por ello. creciente. etc. En todo caso. siempre que sean obtenidos por las empresas. las personas jurídicas y otras entidades económicas. o sea. comercial (por ejemplo la compra- venta de vehículos usados) o de servicios. 1. por ello es el impuesto más justo y ecuánime. la riqueza ganada o renta. el impuesto sobre la renta. De conformidad con esta idea se sostiene que la renta proviene del factor empresa y no de la acumulación de los factores capital y trabajo. entonces nos encontramos ante una empresa unipersonal que –como toda empresa- los ingresos que obtenga se encuentran dentro de los alcances del penúltimo párrafo del art. Así pasa con el art. En este sentido no importa si el ingreso proviene o no de las actividades normales de la empresa. Obviamente. 1. pues la teoría renta-producto considera gravables solamente a los ingresos periódicos.1 Empresa como fuente Roque García Mullín. el sujeto que lleva a cabo esta clase de explotación es la empresa. 3 de la LIR. mientras que el principio de la empresa como fuente entiende que son tributables todo tipo de ingresos.3 de la LIR. periódicos o no.LIR se inspira en la teoría flujo de riqueza y establece que constituye renta gravada de las “empresas” cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. pues aquí nos encontramos ante una “casi empresa” que se encuentra dentro de los alcances del art. cuando consagra la teoría renta-producto y establece que constituye renta gravada el ingreso periódico que proviene de la explotación conjunta del capital y trabajo. El efecto práctico de esta idea es que la renta será gravable en la medida que provenga de una fuente durable: la empresa. La forma más directa. Por otra parte en el caso específico de una persona natural que organiza toda una empresa especializada en cierto rubro industrial. objeto y base de cálculo los ingresos netos percibidos por las personas naturales. tales como la compra-venta de vehículos usados. 4. Otras veces la LIR no se refiere expresamente al aspecto subjetivo del hecho generador. constituye el tributo más utilizado en los nuevos sistemas tributarios. no sólo por su mayor productividad. el mejor impuesto directo. general y segura de medir tal capacidad de pago. 32 . sin llegar a constituir una persona jurídica. etc. CONCLUSIÓN El Impuesto sobre la Renta tiene como fuente. Nos parece que existe cierta incoherencia. pues grava un signo cierto y seguro de riqueza. indica que algunos autores han señalado que al interior de la teoría renta-producto existe el principio de la empresa como fuente.
Las diferencias se presentan en aquellos que se inician ante las administraciones tributarias que tienen órganos sometidos a jerarquía. TERCER EJE TEMÁTICO III. PROBLEMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO. Impuesto General a las Ventas. así como la Ley de Tributación Municipal.. REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO En lo que se refiere a la normatividad que gobierna el procedimiento contencioso tributario. tiene que pronunciarse en segunda instancia antes que el Tribunal Fiscal asuma jurisdicción. Impuestos a los juegos. así como los derechos y tasas municipales tales como licencias. en razón de que parte de los pagos fiscales de tal actividad.El Impuesto Sobre la Renta no solamente es el impuesto de mayor suficiencia financiera. 33 . cuales son las Instituciones encargadas de administrativo tributos. sino que arroja mayores ingresos fiscales que otros tributos o ingresos públicos del Estado. simplemente dilatoria y. cuyo fisco obtiene importantes ingresos derivados de la industria petrolera. existe un recurso previo a la apelación ante el Tribunal Fiscal. de manera que el órgano superior. . arbitrios y derechos. Impuesto Selectivo al Consumo. •Los Gobiernos Locales (Municipalidades) : Administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna tales como el Impuesto Predial. INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ADMINISTRAR LOS TRIBUTOS •La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria . los dispositivos legales pueden agruparse en generales y especiales.(*) Mediante la Ley Nº 27334 se amplió las funciones de la SUNAT a efectos de que administre las aportaciones a EsSALUD y a la ONP. 1. alcabala.SUNAT : administra los tributos internos tales como el Impuesto a la Renta. como ya he señalado. mientras que entre las disposiciones específicas puedo mencionar el Decreto Supremo No 018-78-TR que regula los procedimientos para las controversias que se suscitan ante IPSS. donde luego de haberse emitido pronunciamiento en el nivel de la reclamación. se hacen principalmente por el canal impositivo del impuesto sobre la renta. Régimen Único Simplificado. etc. procesalmente hablando. Son normas de carácter general el Código Tributario y la Ley General de Procedimientos Administrativos. aún después de nacionalizada en nuestro país la citada industria. El Código Tributario es la norma general principal y se aplica finalmente a todos los procedimientos contencioso tributarios. y esto sucede hasta en Venezuela. Esta instancia intermedia es sui generis y. Impuesto al patrimonio automotriz. Es decir que en algunos casos estamos ante un recurso de apelación que es resuelto por la misma Administración Tributaria que expidió la resolución o acto impugnado. Considero importante conocer. en términos generales.
es definido por Dromi. ya que casi siempre el superior en la segunda instancia confirma la a quo. que también es de aplicación general pero sólo supletoriamente. perjudicial en ocasiones para la propia Administración. Esta remisión supletoria responde a la identidad del acto o resolución que expide la Administración Tributaria y que el contribuyente impugna. La Reclamación El recurso de reclamación. si reúne las características de rapidez. considero que el carácter facultativo que se le otorga al recurso de reclamación o reconsideración en otras legislaciones. como se 34 . no pierde su naturaleza administrativa. Por esta razón. salvo la llamada apelación de puro derecho. modifique o lo sustituya por contrario imperio. es válido afirmar que el contencioso tributario. reposición. vale decir.por tanto. presentar directamente el recurso jerárquico ante el órgano superior. toda vez que la reclamación obligatoria implica. cumple también una función tutelar muy importante erigiéndose en un contrapeso al poder superior de la Administración. En este sentido. permitiéndole la persecución coactiva y sumaria de sus acreencias. Por consiguiente. quien es el afectado por el acto o resolución de la Administración. 2. economía e independencia. resulta conveniente para el contribuyente. que los órganos resolutivos pueden acudir a ella sólo en la medida que el Código Tributario no hubiese previsto algún mecanismo respecto a cualquier parte del procedimiento contencioso tributario. el acceso a un tribunal independiente debería ser expeditivo a fin que intervenga y rectifique en su caso la actuación de la Administración que puede haber lesionado sus legítimos intereses o derechos. Después del Código Tributario es preciso que me refiera a la Ley General de Procedimientos Administrativos. con el fin que resuelva la contienda. pues si bien es cierto que la resolución tributaria tiene algunas particularidades que la distinguen en el universo de actos administrativos. En el Perú no existe el recurso jerárquico directo. resulta obligatorio en la mayor parte de las impugnaciones formular la reclamación para iniciar el procedimiento contencioso. permitiéndosele acudir directamente ante la instancia superior e independiente. que se manifiesta por ejemplo en la facultad de autotutela que le concede la ley. Vale la pena recordar en este punto que Giuliani Founrouge. si lo prefiere. pierde confianza en los órganos resolutivos ante la carencia de independencia en la emisión de los fallos. como aquel que se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto para que lo revoque. Sobre el particular. revocación o reconsideración. que procede cuando el asunto materia de controversia consiste únicamente en la aplicación o inaplicación de una ley determinada o su interpretación y no hay hechos que probar. ha destacado acertadamente que la efectiva independencia de los tribunales resolutorios es una condición primordial de la jurisdiccionalidad administrativa. En algunos países este recurso tiene carácter optativo. pudiendo el administrado. Pero también puede resultar desalentadora para el contribuyente. conocido también como de oposición. por lo que resulta apropiado cubrir las omisiones que pudiesen existir en el procedimiento recurriendo precisamente a otras normas de carácter procesal administrativo.
lo cual contribuye a la dilación muchas veces innecesaria y al incremento del costo del proceso. pues transcurrido el plazo de ley sin que la Administración expida pronunciamiento respecto a la petición formulada. puede demandar a la Administración directamente ante un órgano de resolución especializado e independiente. además. que la resolución ficta es la denominación jurídica del silencio administrativo que en la materia contencioso tributaria tiene una connotación negativa. Es cierto que en otras naciones se exige que el contribuyente afiance la deuda para interponer la demanda directamente ante el Tribunal Administrativo. de un convenio de pago fraccionado. por causa atribuible al contribuyente. 2. fiscalizar y determinar la obligación tributaria. ésta se considera denegada. En tales casos lo que está en juego es la aplicación del solve et repete para reclamar. como puede ser la resolución por la que se declara la anulación. De modo que la Orden de Pago es el requerimiento de una obligación cierta. Ahora bien. pero si la controversia es técnicamente compleja y estima que una solución favorable es imprevisible. Así.2. puede decirse que participa de las características de la de determinación. pero se diferencia de ésta porque se dirige a sancionar la comisión de la infracción de un deber formal. mientras que la determinación es simplemente la liquidación e imputación de una deuda que puede ser discutida por el contribuyente en cuanto a su veracidad y cuantía. en uso de dichas atribuciones la Administración puede expedir órdenes de pago. emite liquidaciones y multas. aunque también puede reclamarse la resolución ficta recaída sobre asuntos no contenciosos y otros actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Cabe precisar. Por otra parte. el IPSS como órgano administrador de las contribuciones para la seguridad social. en lo que respecta a su impugnación. resoluciones de determinación y resoluciones de multa. Estas tres clases de actos administrativos son susceptibles de reclamación.1. Plazo para interponer el recurso de reclamación 35 . El Código Tributario en el título II del libro segundo establece las facultades de la Administración para recaudar. el contribuyente podrá reclamar si tiene razones fundadas para lograr un resultado positivo en la primera instancia administrativa. Frecuentemente se suscita la cuestión sobre si una orden de pago es en realidad una resolución de determinación. pero ese requisito no afecta el beneficio que significa la posibilidad de optar entre las dos vías. lo cual sólo procede respecto de dicha orden. cuyo procedimiento contencioso se rige por normas específicas. a diferencia de la resolución de determinación que se origina en una auditoría o fiscalización.ha dicho. 5. En cuanto a la resolución de multa. Actos reclamables. la revisión del acto por el mismo órgano que lo expidió. La primera nace de la constatación de una obligación exigible y tiene como materia una deuda de cuya cuantía hay certeza.
3. primeramente. Aquí debo señalar que existe un porcentaje significativo de expedientes que llegan al Tribunal por aplicación del silencio administrativo negativo. previa al inicio del contencioso. 2. lo que dificulta su labor. es decir que no son exclusivos de una u otra. Conforme al mencionado principio. actualizada hasta la fecha de pago. Otra característica peculiar del contencioso tributario peruano consiste en la admisibilidad en razón del tiempo de los medios probatorios. En segundo lugar. Plazo para resolver la reclamación La Administración cuenta con 6 meses para emitir pronunciamiento. pues opera sólo a efectos que el contribuyente pueda reclamar sin necesidad de la exigencia del pago previo. es decir que a partir de ese momento. no hubieran sido 36 . Esto obedece a un problema de larga data en el sistema judicial peruano. para reclamar debe previamente pagarse la deuda que se pretende impugnar. que concede escasa significación a dichas pruebas aunque la ley procesal común las contempla. contrariamente a lo que sucede en otras legislaciones. que las pruebas que se admiten son solamente la documentaria. posteriormente. En el nuevo Código Tributario la modificación introducida permite que la actualización llegue hasta la fecha en que el contribuyente pague la deuda y que. sin el costo adicional que significaría el pago de la suma actualizada a la fecha de presentación del recurso. en la práctica. que es una peculiaridad propia del contencioso tributario ya que. que su actuación opera tanto en la etapa de reclamación como en la apelación. Las pruebas Al hacer referencia a los medios probatorios hay que resaltar. como regla general. puede considerar desestimada la reclamación y acudir en apelación al Tribunal Fiscal. Sobre dicha actualización es necesario señalar que anteriormente la ley requería que se realizara hasta la fecha en que se interponía el recurso. si en el plazo de 6 meses el contribuyente no obtiene una respuesta del órgano encargado de resolver. como se ha dicho.4. el denominado silencio administrativo negativo.De acuerdo a lo previsto en el Código Tributario. el plazo para reclamar es de 20 días hábiles y se cuenta desde el día siguiente al de la notificación de la resolución o acto reclamable. 2. En efecto. o sea en la etapa inquisitiva. Este plazo no constituye uno de caducidad. el Código Tributario establece la prohibición de ofrecer y actuar pruebas documentarias que habiendo sido requeridas por la Administración durante la verificación o fiscalización. pueda formular el reclamo dentro del plazo de prescripción que es de 4 años. la confesión y el testimonio no se aceptan como medios de prueba en el procedimiento contencioso tributario. la pericial y la inspección de la entidad encargada de resolver y que. Una vez transcurrido este plazo funciona. pues la revisión de dichas causas tiene que ser efectuada asumiendo. Es en virtud de esa realidad que la normatividad procesal tributaria las ha eliminado de plano en lo que concierne al procedimiento contencioso. las funciones del órgano de primera instancia. por lo que una vez transcurrido se aplica el principio de solve et repete. en los procedimientos administrativos opera el silencio positivo.
toda vez que no está previsto en forma suficientemente clara si se extiende a la fase judicial. el Tribunal. es importante que me refiera a lo que Dromi llama la investigación de la verdad material(8) que es consecuencia jurídica del principio del impulso de oficio. Se trata. La restricción tiene como finalidad evitar que el reclamante "fabrique" pruebas o actualice sus registros con posterioridad a la intervención fiscal. o aún que sostenga posteriormente la pérdida de aquellos como razón para la falta de presentación. Sin embargo. La búsqueda de la verdad material permite al órgano resolutivo administrativo desligarse de las pruebas aportadas por el contribuyente y ajustarse a los hechos. probados o no. Por estar íntimamente vinculado al tema de la prueba. no sin antes mencionar que el énfasis en el lado objetivo de la carga de la prueba asemeja el contencioso tributario al proceso penal donde el juez tiene una participación cardinal en la dilucidación de los hechos. Al respecto. es decir concentrarse en destacar los hechos que hay que probar independientemente de quien los prueba. como se verá más adelante. tema al que me referiré enseguida. en lo general. es a quien corresponde la carga de la prueba. uno de los que tipifica la especialidad del procedimiento contencioso administrativo vis a vis los procesos judiciales. Con el mismo propósito. En tal virtud. mediante la facultad de reexamen que le concede la ley. en el sentido que tampoco se puede actuar medios probatorios que no hubieran sido ofrecidos en primera instancia. salvo que el contribuyente demuestre que la omisión no se produjo por su causa o que pague la deuda reclamada. salvo que la a quo haya incorporado aspectos que no se discutieron durante la reclamación. También es del caso resaltar la importancia de apreciar la carga de la prueba en su aspecto objetivo. Pero con algunas variantes debido a la dificultad de demostrar los hechos negados. en el contencioso tributario porque el accionante. cuenta con una herramienta que le permite equilibrar la limitación descrita. 37 . En estas circunstancias. de una norma restrictiva y pro-fisco y se aplica en todas las instancias del procedimiento. funciona. el Tribunal Fiscal se encuentra insoslayablemente limitado en su accionar.presentadas oportunamente. vale decir. es frecuente que el Tribunal Fiscal requiera a la Administración la probanza de los reparos que ha imputado al contribuyente. lo que evidentemente conspira contra la aplicación plena de la tutela impositiva como principio básico del procedimiento contencioso tributario. como se puede ver. el contribuyente que impugna el acto administrativo. aún no hay pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el particular. y sustenta la facultad de reexamen con que cuenta tanto la Administración en la etapa de la reclamación como el Tribunal Fiscal en la de apelación y a cuyo amparo pueden realizar nuevas investigaciones de todos los extremos del asunto controvertido. por lo menos en su fase administrativa. la citada restricción tiene un agregado aplicable sólo en la segunda instancia del contencioso que se ventila ante el Tribunal Fiscal. lo cual posibilita al Tribunal la búsqueda de la verdad material. En lo que concierne a la carga de la prueba puedo decir que el principio que sostiene que el que alega un hecho debe probarlo. de manera similar a lo que sucede con las presunciones legales en favor de la Administración.
por un lado. y a pesar de sus ventajas. por el otro. es preciso mencionar que los problemas procesales se han ido solucionando mediante pronunciamientos del Tribunal Fiscal que han sido publicados para que sean de observancia obligatoria por la Administración Aduanera. Es a partir de 1996 cuando entró en vigencia la nueva Ley General de Aduanas. La apelación (2da Instancia) 38 . * La demanda contencioso administrativa. ya sea la Administración o el propio contribuyente. * El comiso administrativo que ha sido perfeccionado en cuanto al trámite impugnatorio. 2. * La cuantía mínima para apelar que ha sido eliminada. encontrado ciertas dificultades para adaptarse a las normas procesales del Código Tributario. que se dispuso la unificación procedimental de las impugnaciones de ambas clases de gravámenes.aunque no hayan sido planteados por el interesado. la referida unificación procesal y resolutiva (porque el antiguo Tribunal de Aduanas quedó incorporado al Tribunal Fiscal). debido a que éstas habían sido diseñadas en lo fundamental para el contencioso relativo a tributos internos. la que gobernaba la Administración de los llamados tributos internos y el procedimiento contencioso en este campo. Sin embargo. es interesante destacar las diferencias procesales que existían hasta hace poco en virtud de las diferentes normatividades que regulaban. * El recurso de reconsideración que ha quedado eliminado de la instancia de reclamación. que ha sustituido al recurso de revisión y cuyo plazo de interposición y procedimiento admisorio han quedado asimilados a los correspondientes a los tributos internos. en la medida que el Tribunal Fiscal tiene así la capacidad necesaria para llegar a la verdad y resolver la controversia independientemente de lo alegado por las partes. se han producido en los siguientes temas: * Apelación de las multas que impone la Administración Aduanera. ha originado también algunos problemas derivados principalmente de la forma y oportunidad en que se efectivizó legislativamente la fusión. La instancia de reclamación en materia aduanera En lo referente a los derechos de importación. * El recurso de queja ante el Tribunal Fiscal que también ha quedado asimilado al trámite y al alcance del aplicable a los tributos internos. tanto la Administración Aduanera como el procedimiento para la impugnación de sus actos y. Asimismo. 3. los órganos de resolución en primera instancia administrativa aduanera. al haber. Esto resulta particularmente importante en la segunda instancia.5. Para efectos de este trabajo basta decir que las principales modificaciones procesales en el procedimiento contencioso aduanero. extendiéndose la aplicación del Código Tributario al procedimiento aduanero. aunque las actividades de recaudación y administración sigue a cargo de instituciones distintas. cuyo trámite se ha perfeccionado y aclarado.
1. tienen que ser conocidos en vía de apelación por una instancia previa e intermedia. En el Perú la especificidad del contencioso tributario impone normas especiales en cuanto a los referidos requisitos. Nótese. pero. ya que no hay forma expresa que lo prohíba. si dicho término está aún vigente.3 Apelación ante el órgano sometido a jerarquía. a fin de lograr de reivindicación de su derecho. etc. como señala Dromi. la revisión por el órgano inmediato superior al emisor del acto impugnado. 3. 3. finalmente. al plazo para interponer la apelación. existiendo.El recurso de apelación en el contexto general administrativo busca. por tanto. en la apelación la ley ha introducido una característica particular: el referido plazo de 6 meses. Se trata de un recurso optativo que se interpone usualmente ante este último. El recurso de apelación debe formularse dentro de los 15 días siguientes de aquel en que se practicó la notificación de la resolución apelada. precedentes de la Corte Suprema que ha interpretado el precepto en el sentido que se trata de una recomendación legislativa y que el Tribunal Fiscal puede demorar su pronunciamiento si tiene causa justificada y resolver una vez vencido dicho plazo. a diferencia de lo que ocurre en la primera instancia administrativa. 39 . de caducidad ya que una vez cumplido. Antes de recurrir al Tribunal Fiscal las resoluciones expedidas por algunos organismos públicos en la instancia de reclamación. que el Código Tributario consagra el plazo de prescripción de 4 años a fin que el contribuyente accione para solicitar la devolución de tributos pagados en exceso o indebidamente. Plazo de interponer la apelación. más bien. por otra vía. ya bajo el principio de solve et repete.2 Plazo para resolver la apelación. Debo señalar. Tampoco es éste un plazo de caducidad. el contribuyente. puede interponer apelación ante el Tribunal Fiscal. no habrá inconveniente para que. Tal es el caso de las resoluciones de las municipalidades distritales que son apelables ante los municipios provinciales y de las resoluciones que expiden las sub-gerencias del IPSS que deben ser conocidas por las gerencias departamentales de la misma institución. Una vez emitido el pronunciamiento en este nivel. para la remisión de los actuados al superior. sin embargo. la resolución de primera instancia quedaría firme. que respecto a la reclamación. 3. debe elevar los autos en el plazo legalmente establecido. el que se cuenta desde que efectuó el pago. quien después de verificar los requisitos procesales aplicables. el cual sí sería. si no se encuentra conforme con el fallo. en ésta no hay silencio administrativo negativo. previo pago de la deuda actualizada y hasta 6 meses después de la indicada notificación. empero. pues la apelación se puede admitir una vez vencido. La ley le concede también al Tribunal Fiscal un plazo de 6 meses para resolver. aquel inicie otro procedimiento.
en cierta forma al recurso de reconsideración pero en dos niveles. La ley tributaria. el cumplimiento que acredita la titularidad y el destino de la mercadería. con la diferencia que en vez de ser soslayable. De manera que se pretende generalizar el entendimiento de que el incumplimiento de las obligaciones formales puede originar la imposición de la sanción en un plazo breve. pero a la vez educativa e incentivadora del cumplimiento de determinadas obligaciones formales. La ley de procedimientos administrativos ha establecido. siendo indispensable el pronunciamiento de la municipalidad provincial antes de someter a consideración del Tribunal Fiscal el recurso de apelación. aunque sin perjudicar el derecho del contribuyente a la correspondiente impugnación.Como indiqué anteriormente. tratándose de asuntos de esta 40 . etc. la apelación ante el órgano superior jerárquico como requisito previo para acudir al Tribunal Fiscal se cumple en forma similar. tiene carácter obligatorio. dilatándose innecesariamente. el internamiento temporal de vehículos y el comiso de bienes.4 Apelación como instancia única Existe otra clase de actos cuya impugnación se tramita directamente en apelación ante el Tribunal Fiscal. el transporte de bienes con la documentación que acredita la titularidad y el destino de la mercadería. cada una de ellas constituye una administración tributaria autónoma e independiente. la resolución de los casos que se ventilan ante estas administraciones. 7. al citado recurso jerárquico o. el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para que los documentos sustentatorios permitan acreditar la fehaciencia de las operaciones realizadas. en el caso de las municipalidades distritales y provinciales el sometimiento jerárquico es sólo procesal. lo que la acerca asimismo. 3. un mecanismo de defensa para los administrados en general que se consideran perjudicados por actos de la Administración Pública que retrasan el trámite de los expedientes impugnatorios. pero con la diferencia que dicho órgano superior forma parte de la misma Administración Tributaria. mediante la queja administrativa. tales como la entrega del comprobante de pago en la venta de un producto o por la prestación de un servicio. porque política. teniendo en cuenta su finalidad correctiva. como sucede en algunos países. En realidad esta instancia intermedia opera como el llamado recurso jerárquico. En el Perú es ineludible en la jurisdicción municipal. uno ante la dependencia que emitió el acto o resolución y el otro ante el superior jerárquico de dicha dependencia. Estos casos constituyen procedimientos excepcionales previstos para la impugnación de actos administrativos específicos que imponen sanciones por infracciones a deberes formales y que tienen por objeto acelerar la solución de la controversia evitándose la excesiva dilatación del proceso mediante el reclamo previo que podría convertir en ineficaz la sanción. administrativa y financieramente. en mi criterio. En lo que respecta a las aportaciones al IPSS. como es el caso de la clausura de establecimientos comerciales y de oficinas de profesionales. El recurso de queja. respetándose el debido proceso.
Sin embargo.naturaleza y con el mismo propósito. LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. cabe señalar que la sentencia en tales casos no tiene efectos erga omnes. Antes de analizar la fase judicial del contencioso tributario que se inicia con la demanda contencioso administrativa. considero necesario explicar brevemente como opera en el Perú el control de la Constitución. salvo que se requiera información o pronunciamiento previo de la Administración Tributaria. consiguiéndose que su pronunciamiento sea expeditivo para que constituya realmente un freno y una solución al abuso o a la conducta de la Administración que afecta injustamente al contribuyente. siendo las más comunes el inicio de la cobranza coactiva a pesar de existir reclamación en trámite.1. mientras que en el segundo descalifica normas o actos contrarios a la Constitución. contempla un recurso especial de garantía que el contribuyente puede interponer cuando se presentan. El control constitucional en el sistema judicial peruano. debiendo ser resuelto por el Tribunal en 20 días. puede prescindir de él. prefiriendo la norma constitucional. 4. en virtud del control difuso cualquier juez puede cuestionar dentro de un proceso la legitimidad de una ley válidamente promulgada. En el primer caso el órgano jurisdiccional interpreta normas constitucionales o infra constitucionales. En tales circunstancias. Por tanto. Este informe previo es necesario en las quejas en que el contribuyente no aporta prueba documental de la arbitrariedad. cuando el Tribunal estima que cuenta con todos los elementos para resolver la queja. TERCER EJE TEMÁTICO IV. en cuyo caso se puede producir alguna demora. pero no es obligatorio. están facultados a formular queja directamente ante el Tribunal Fiscal.1. la aplicación de sanciones administrativas no previstas en la ley tributaria. la mora de la Administración en elevar los autos ante un recurso de apelación. En virtud de tratarse de un recurso de garantía para el contribuyente. La queja persigue contrarrestar las arbitrariedades en que puede incurrir la Administración Tributaria en la sustanciación de las reclamaciones. PROBLEMATIZACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4. actuaciones que contravienen las disposiciones procesales del Código Tributario. cuando dicha facultad puede ser ejercida por cualquier órgano jurisdiccional.1. etc. limitándose la inaplicación de la ley al caso concreto pero sin efectar su vigencia. según el cual por un lado. Como afirma Bidard Campos citado por Spisso. por parte del fisco. En el Perú rige un régimen mixto. El control constitucional negativo a su vez puede clasificarse en concentrado si es que es exclusivo de un Tribunal creado especialmente para dicha función o difuso. el trámite de la queja en sumario. pues su derogación efectiva solamente puede obtenerse mediante la acción de inconstitucionalidad conforme se 41 . el control constitucional puede ser positivo o negativo.
El derecho al ejercicio de dicha acción es restringido. toda vez que éste es aplicado tácitamente cuando el Tribunal Fiscal expide pronunciamientos que encierran una interpretación de las leyes respaldándose en la Constitución. Este análisis ayuda a entender los efectos de la sentencia que se expide como consecuencia de la interposición de una demanda contencioso administrativa. coexiste la acción de inconstitucionalidad propiamente dicha que es característica del control concentrado de la Constitución. se discute si esta facultad se extiende a los tribunales administrativos o si es exclusivo de los órganos del Poder Judicial. el 25% del número legal de congresistas. atribución que se agregaría a la que ya viene ejercitando sobre el control constitucional positivo que no ha sido hasta ahora materia de discusión. habría que concluir que el artículo 102º del Código Tributario debería interpretarse con un criterio restrictivo hasta el límite de preferir las leyes a los reglamentos. Es decir que las consecuencias de la sentencia son interpartes y el juez no puede anular o abrogar la norma que infringe el precepto constitucional.000 ciudadanos. por lo que una vez agotada la fase administrativa 42 . los artículos 138o de la Constitución y 14o de la Ley Orgánica del Poder Judicial se han interpretado en el sentido que impedirían al Tribunal Fiscal practicar el control de la constitucionalidad en su modalidad negativa porque se sostiene que han reservado su ejercicio a los jueces y tribunales del ámbito judicial. el Defensor del Pueblo. semejantes a los que se producirían con la nulidad del dispositivo pero de aplicación a un caso concreto. anteponer cualquier norma que. entendiendo que los tribunales administrativos no ejercen una labor jurisdiccional a plenitud. habría que admitir su capacidad para practicar el control difuso y nada impediría que el Tribunal Fiscal pudiese inaplicar la norma de menor jerarquía y preferir la Constitución. Procedencia de la acción contencioso administrativa. 4. Por otro lado.verá enseguida. El efecto de la sentencia.2. de cuya operatividad me ocuparé a continuación. si se reconoce la legitimidad del ejercicio jurisdiccional de los tribunales administrativos. Sin embargo. sea de mayor jerarquía que otra que se le opone. los colegios profesionales en materias de su especialidad y los presidentes de las regiones. 5. de resultar fundada. de competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. es abrogatorio de la norma y opera ex nunc. efectivizando así el control constitucional difuso. en el Perú los jueces deben preferir la Constitución a la ley. sin tener rango constitucional. el Fiscal de la Nación. Esta disquisición es importante porque el Código Tributario obliga al Tribunal Fiscal a preferir la norma de mayor jerarquía (11) al momento de resolver. a diferencia de lo que ocurre con el control difuso donde los efectos de la sentencia son ex tunc. Toda vez que sólo puede plantearla el Presidente de la República. La demanda contencioso administrativa procede contra las resoluciones administrativas que causan estado. Conforme afirma Spisso. existiendo divergencia de opiniones respecto a los alcances de este precepto. o dicho de otro modo. Por consiguiente. Si bien como dije anteriormente.
Como mencionara anteriormente. a los contribuyentes. salvo casos excepcionales. Adicionalmente.del procedimiento contencioso tributario con la resolución del Tribunal Fiscal. Por esta razón. no debería concederse de manera ilimitada a la Administración. Recuérdese que la rapidez del contencioso tributario es una condición necesaria para evitar la obstaculización de la actuación de la Administración e impedir el incremento injusto de la deuda del contribuyente. que el proceso en su fase judicial debería estar reservado. es decir que el 64. es decir. el derecho de acudir en demanda al Poder Judicial para cuestionar los fallos del Tribunal Fiscal.5% de las impugnaciones provienen del fisco. debo expresar. impide que las resoluciones del Tribunal causen estado y contribuye a una sensación de inseguridad jurídica en los contribuyentes que tienen causas pendientes en el Tribunal Fiscal similares a las demandas. Creo. aquellas con las que termina la instancia administrativa. 4. el Poder Judicial no cuenta con especialistas en Derecho Tributario. a fin que se pronuncie sobre el asunto que fue previamente objeto de reclamación y de apelación administrativa. se propone restringir la facultad de la Administración Tributaria para interponer demanda contencioso administrativa contra resoluciones del Tribunal. resulta pertinente mencionar que desde enero hasta agosto del año en curso de las 127 demandas contencioso administrativas recibidas por el Tribunal. 4. otro problema porque. mi desacuerdo con la facultad amplia que tiene el fisco para accionar en este aspecto. en general. Si bien los vocales supremos son profesionales de reconocida trayectoria. las resoluciones administrativas que causan estado. el contribuyente puede todavía recurrir al Poder Judicial. Esta acción reviste condiciones y características especiales que merecen ser analizadas en detalle. excepto cuando existe evidencia de lesión grave del interés público y previa autorización expresa. lo que dificulta su labor motivando que las causas tributarias no se resuelvan con la celeridad que requieren los problemas de esta naturaleza. como ahora ocurre. más bien. entre otros aspectos. pues.4 Resoluciones susceptibles de revisión en el Poder Judicial. Sujetos que pueden recurrir al Poder Judicial De acuerdo a lo normatividad vigente pueden interponer demanda contencioso administrativa los contribuyentes y la Administración Tributaria. como en anteriores oportunidades. Esta impugnación se realiza 43 . La judicialización de los procedimientos tributarios origina.3. debido a que el Estado actúa ejerciendo su facultad de ius imperium. 82 procedían de la Administración Tributaria. A modo informativo. porque ellos en la contienda con la Administración están enfrentados a un adversario superior donde no existe equiparidad de posiciones. Sobre el particular. dilatándose la solución final de la controversia. Ante la situación existente el Tribunal Fiscal ha preparado un proyecto de ley por el cual. además. es preciso manifestar que el ejercicio irrestricto de esta facultad por parte de la Administración. pese a que es posible que lleguen a obtener un fallo favorable que agota la vía administrativa pueden verse obligados a esperar el pronunciamiento del Poder Judicial. pueden ser impugnadas ante la corte Suprema de la República.
Las condiciones establecidas en el Código Tributario que son las que el Tribunal Fiscal tiene que considerar para la admisión a trámite de la demanda consisten. debiendo la Administración resolver nuevamente. Infortunadamente. pues no cuenta con la infraestructura que le permita hacerlo directamente. la ley ha establecido una vía procedimental especial para impugnar judicialmente las resoluciones del Tribunal Fiscal. 4. subsanando el vicio procesal. en el plazo y en la presentación de garantías. más bien. vía que se aparta del Código Procesal Civil en varios extremos con el objeto de preservar la celeridad del procedimiento. que son el plazo y la garantía (o el pago) condiciones que explicaré de inmediato. tales como quejas o nulidades. de manera que la Corte Suprema se encarga de dirimir no sólo cuestiones de fondo sino temas de carácter procesal resueltos por el Tribunal Fiscal. y precisamente al examinar los requisitos que tiene que reunir la demanda para su admisión se pueden apreciar estas diferencias. Asimismo. El cómputo del plazo se realiza a partir de la notificación de la resolución al contribuyente. el Tribunal está obligado a admitir las demandas formuladas contra esta clase de resoluciones y aún contra las que solucionan asuntos de mero trámite como las quejas. en la práctica termina beneficiando al fisco que. es conveniente destacar que no hay restricciones en lo concerniente a la naturaleza de las resoluciones impugnables. Sin embargo. y la segunda en dicha Corte Suprema que impone requisitos de admisibilidad adicionales conforme a las reglas del Código Procesal Civil. lo que permite que cualquier resolución que expide el Tribunal Fiscal pueda ser objeto de revisión en el Poder Judicial.mediante la denominada acción contencioso administrativa prevista en el Código Procesal Civil. porque muchos pronunciamientos del Tribunal Fiscal que declaran la insubsistencia de la a quo no cierran la fase administrativa sino que. si es que cumplen con los requisitos taxativamente señalados en el Código Tributario. en la primera ante el Tribunal Fiscal que recibe y califica la demanda antes de elevar el expediente a la Corte Suprema. Esto quiere decir que las resoluciones del Tribunal Fiscal no son las únicas susceptibles de demanda a través del ejercicio de esta acción. como esta circunstancia no está prevista en la ley. He indicado anteriormente que la participación de la Administración y de los contribuyentes en la acción del rubro no se realiza en igualdad de condiciones. Dichos requisitos en la acción contencioso administrativa en materia tributaria son exigibles en dos instancias. sólo tienen el efecto de retrotraer la contienda a la primera instancia. fundamentalmente. teniendo en cuenta la especialidad del contencioso tributario.5 Requisitos de admisibilidad de la demanda contencioso administrativa. mediante la demora en la notificación se auto- 44 . Pero como normalmente el Tribunal Fiscal remite sus resoluciones y los expedientes a la Administración Tributaria para su posterior notificación. sino que puede ser objeto de aquella cualquier resolución emitida por alguno de los órganos de resolución en última instancia administrativa existentes en el país. La amplitud de esta facultad colisiona con el principio según el cual son impugnables judicialmente las resoluciones administrativas que causan estado. a) Plazo para interponer la demanda.
El recurso impugnatorio descrito no constituye el único medio con que cuenta el contribuyente para hacer valer su pretensión. aunque es usual que en la práctica por la presentación de la fianza el fisco se abstenga de la ejecución mientras se ventila el litigio. En la actualidad no son pocos los contribuyentes que acuden a esta acción de garantía como un medio eficaz para lograr la suspensión o paralización de la facultad de autotutela de la que goza la Administración Tributaria para el cobro de la deuda. ACCIONES DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA. esto es cuando se trata de resoluciones recaídas en recursos de queja. en el Perú no interesa la suma involucrada en la resolución del Tribunal Fiscal.concede más tiempo para preparar la fundamentación de su demanda. responde al ejercicio de la autotutela ejecutiva que. que vulnere o amenace los demás derechos reconocidos por la Carta Magna. existen excepciones al pago previo de la deuda que resultan de la naturaleza de la resolución impugnada. debo mencionar que a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones. que son apelados al Tribunal Fiscal. como está sucediendo con el denominado Impuesto a la Renta. dicho requisito no opera cuando la Administración es quien ejerce la acción. clausura de establecimientos y en los asuntos no contenciosos relacionados con la determinación de la deuda tributaria. cualquier resolución de este organismo. como ya se ha indicado. siendo impugnable. 5. 5. como es obvio. Por eso en la actualidad el Tribunal está implementando mecanismos que le permitirán suplir esta deficiencia con el fin de notificar al contribuyente oportunamente. Por el contrario. donde el Poder Judicial ha respaldado numerosas 45 . En tal virtud. queda en evidencia la falta de igualdad de condiciones entre las partes en conflicto. conspira contra el principio de la tutela judicial efectiva (13). El amparo La acción de amparo persigue la protección de los derechos constitucionales distintos a la libertad corporal protegida por el habeas corpus. la ley ha previsto otros conductos procesales que los ciudadanos tienen a su disposición para la protección de sus derechos contra los embates de la Administración Pública y que coexisten con el procedimiento especialmente diseñado para la controversia tributaria analizado en el acápite anterior. funcionario o persona. De estas vías alternas merecen destacarse la acción de amparo y la impugnación de resolución Administrativa. donde se exige una cuantía mínima para presentarse al Poder Judicial. Sin embargo.1. ya sea de trámite o de fondo. b) Presentación de garantías Para interponer la demanda el contribuyente debe acreditar el pago de la deuda tributaria materia de impugnación o acompañar una fianza bancaria por el monto actualizado de ésta. y procede contra la acción u omisión de cualquier autoridad. La exigencia del pago previo o el afianzamiento de la presunta deuda como requisito de la demanda. como señala Spisso. Por último. unida al precepto legal según el cual la presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria.
señalan que la sentencia en el amparo no es vinculante porque es obligatoria solamente en el caso concreto. incluyendo los Tribunales Administrativos. a fin de que el Tribunal Jurisdiccional declare su invalidez e ineficacia y está disponible para impugnar cualquier resolución 46 . no constituye el asunto convertido propiamente en el amparo. y se sustenta en que estos Tribunales no ejercer función jurisdiccional plena. se plantean dos interrogantes: en primer lugar si es que el Tribunal está facultado para resolver el expediente administrativo mientras que se encuentra en trámite la acción de amparo en el fuero común y. Aquí los jueces han considerado que dicho cobro vulneraría el derecho de propiedad y el principio de no confiscatoriedad consagrados en la Constitución y que todo gravamen debe respetar. otros sostienen que en la acción de amparo el asunto en litigio es la supuesta violación del derecho constitucionalmente protegido. En este asunto la discusión también permanece abierta. si es que éste tiene o no carácter vinculante para el Tribunal Fiscal. El ejercicio del amparo en casos como el señalado está ocasionando algunos problemas en el Tribunal Fiscal. también hay opiniones discrepantes. el Tribunal Fiscal no puede avocarse al conocimiento del expediente administrativo. vale decir el derecho de propiedad u otro alegado por el demandante. 5. La demanda se interpone contra cualquier resolución de la Administración Pública que cause estado. hay que reconocer que en materia tributaria el ejercicio de esta acción constituye un claro ejemplo del control constitucional negativo o difuso. puesto que en los expedientes administrativos impugnatorios de resoluciones de cobro del citado impuesto que se encuentran pendientes de pronunciamiento. en el caso que se produzca un fallo judicial favorable para el amparista. Además. pudiendo el Tribunal Fiscal pronunciarse sobre un problema que es de su competencia sin que ello vulnere la ley o algún principio constitucional. Pero la cobranza de la deuda tributaria. por contribuyentes a los que se les ha pretendido cobrar este tributo. por tanto. que tiene un objeto diferente al del procedimiento contencioso tributario. si bien guarda relación con dicho tema. encontrándose obligados a aplicar la ley con prescindencia de su inconstitucionalidad supuesta o declarada por un fallo judicial. La controversia aún no ha sido resuelta. En el primer tema los criterios están divididos. Hay quienes opinan que en tal circunstancia la validez y la cobranza de la deuda tributaria son asuntos que se encuentran cuestionados y pendientes de resolución en el Poder Judicial y que. mientras que la posición contraria también tiene defensores. En cuanto a la vinculación del fallo que puede recaer en el amparo. potestad de la que en el Perú gozan los jueces y no los Tribunales Administrativos. en segundo término.acciones de amparo presentadas en paralelo a la reclamación administrativa. Algunos sostienen que la obligación de acatar y cumplir las decisiones judiciales alcanza a todas las autoridades del Estado. Sin embargo.2 La impugnación de resolución administrativa Esta acción se encuentra normada en el Código Procesal Civil dentro del llamado proceso abreviado. Al margen de los problemas expuestos.
Como una de las pocas características favorables a la utilización de esta acción puede citarse la mayor extensión del plazo para interponerla. a pesar de algunos inconveniente procesales que pueden convertirla en poco atractiva. la instancia competente para conocer esta acción es la Corte Suprema. mandará que se disponga la suspensión del cobro. los efectos del proceso abreviado que se ventila conforme al Código Procesal Civil serían similares a los de la demanda contencioso administrativa que se tramita bajo la regulación del Código Tributario. pero es poco utilizada en materia tributaria como medio impugnatorio de las resoluciones del Tribunal Fiscal. con las 47 . Sin embargo. en esta clase de procesos resulta de principal importancia que el contribuyente solicite. Como se aprecia.b). el afianzamiento de la deuda tributaria cuando se interpone demanda contencioso administrativa contra una resolución del Tribunal Fiscal.5. todas las diligencias de un proceso común. la expedición de una medida cautelar (provisional) para que la Corte ordene la suspensión del Tribunal Fiscal. En efecto. accesoriamente a su demanda. orales. incluyendo por supuesto las del Tribunal Fiscal. origina que la Administración se inhiba de ejecutarla mientras dure el juicio. Si el órgano jurisdiccional considera que es atendible el pedido. sólo si se presentan estas condiciones.. etc. informes. aunque se aplican en rigor. 5. debido a la coexistencia de la demanda contenciosa explicada en el acápite 8 que constituye una vía específica y aún más breve que la aquí descrita. Al igual que en la demanda contencioso administrativa. alegatos. Se le llama proceso abreviado porque tiene plazos reducidos y su sustanciación es sumaria. El proceso de conocimiento. aunque en términos perentorios. el fisco podrá materializar las medidas de ejecución necesarias sin ninguna restricción. salvo que éste la hubiera solicitado en su demanda como una pretensión accesoria. tales como el ofrecimiento y actuación de pruebas. computado a partir de la referida notificación. no puede negarse que ésta es una vía procedimental alterna al alcance de los contribuyentes. puede aún recurrir a la acción del rubro que en el léxico procesal corresponde. como para formular demanda en la vía del proceso abreviado no es necesario garantizar la deuda. Esta circunstancia tornaría esta instancia en un simple juicio de anulación y el contribuyente se vería obligado a iniciar otro procedimiento administrativo para recuperar el pago indebido. mientras que el correspondiente a la demanda contencioso administrativa es de quince.3.de última instancia administrativa. Cuando el contribuyente se ve imposibilitado de usar alguna de las vías procedimentales analizadas más arriba debido al vencimiento de los plazos. Por esta razón. En cambio. y el actor corre el riesgo que la Administración en vía de ejecución haga efectiva la resolución del Tribunal Fiscal a través del procedimiento coactivo. tal como señalé en el acápite 4. con el agravante que la sentencia favorable al justiciable no podría ordenar la devolución. que es de tres meses desde que se notifica la resolución del Tribunal Fiscal.
.. Artículo 159º 5. volumen III. 7.Berliri Antonio. 91 48 . 503. Pág. Buenos Aires. Obra citada. de una controversia de derecho. En este sentido. A manera de apostilla puedo indicar que no obstante que en asuntos tributarios las opciones procesales pueden beneficiar al contribuyente en el ejercicio de su derecho de defensa. Pág.Berliri Antonio. 21. Obra citada. 1981. Depalmpa. Pero el proceso de conocimiento tiene serias desventajas para la pretensión del actor.Hipótesis de Incidencia Tributaria. 11. 2. entre otros. Geraldo. el proceso de conocimiento sólo le sería útil al contribuyente para mantener viva su pretensión a fin de que.Constitución Política del Perú: artículo 192º 6. 266.Código Tributario. se suscitan graves discrepancias en cuanto a la competencia y su capacidad de resolución de controversias cuando los interesados tienen procedimientos tramitándose simultáneamente en el fuero común.. Obra citada. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Principios de Derecho Tributario. Madrid.. Pág.Código Tributario. Pág.. al antiguo juicio ordinario. la expedición de las sentencias y la labor de los jueces y del Tribunal Fiscal.. en el caso de obtener un fallo favorable. 1978. además. Pág. Procedimiento Tributario. Ediciones Depalma. 13. 14.Spisso Rodolfo. Artículo 102º 12. como en estas circunstancias es probable que el fisco haya ya ejecutado la deuda mediante la acción coactiva. pueda iniciar un procedimiento no contencioso ante la Administración Tributaria para alcanzar la devolución del tributo.Kruse Heinrich. Ediciones. 80. 3. Pág.Spisso Rodolfo.Spisso Rodolfo. 509..Dromi Roberto.4 Observación final..diferencias del caso.Dromi Roberto. toda vez que. Tutela judicial efectiva en materia tributaria. BIBLIOGRAFÍA 1.Giuliani Founrouge Carlos y Navarrini Susana.Ataliba.. 128.. Derecho Tributario. Ediciones Ciudad Argentina. Pág. Buenos Aires. Por otra parte. principalmente por su duración ya que se interpone ante el juez de primera instancia y por los supuestos restrictivos de la pretensión. 20. la diversidad y la yuxtaposición de vías complica el panorama procesal.-Dromi Roberto. Buenos Aires. el juez puede desestimarla de plano si tiene en cuenta que la impugnación de las resoluciones del Tribunal Fiscal tiene vía especial y si estima que no se dan las circunstancias para que ésta se soslaye. pues. 9. 8. 1996.. pág. Madrid. Editorial de Derecho Financiero. como se ha visto. 441. Pág. 4. Pág. 1996. Editorial de Derecho Financiero. sólo es pertinente cuando la cuestión debatida no cuenta con vía propia y se trata. Obra citada. 1987. Pág. 1973.. El Procedimiento Administrativo.. 5.. Lima. 10. 261. 437. Obra citada.
Luis.. 19. aprobado por el Decreto Supremo No 179-2004-EF del 08-12-04 16.. diciembre del 2007. 1978. aprobado por el Decreto Supremo No 055-99-EF del 15-04-99 18. Revista VECTIGALIA. Lima. No 3.“Acerca de las regalías mineras”.“La Presunción de Habitualidad Aplicable a las Personas Naturales en el Impuesto a la Renta”.Bravo Cucci. 308 22...15.. págs. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. año No 3.. Teoría y Técnica del Impuesto.. 245 21. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima.Según el Texto Único Ordenado – TUO..Fundamentos de Derecho Tributario.Impuesto sobre la Renta. 36. Grijley. Lima. Luis.Las Presunciones Legales en el Sistema Tributario Peruano.. pág. No 9. 2009. diciembre de 1985. 17. Jorge. FERNANDO YSAÍAS GARCÍA OLEA ESTUDIANTE DE DERECHO 49 . 37 y 46 20.. Roque.. pág. Centro Interamericano de Estudios Tributarios. Buenos Aires.Hernández Berenguel. tercera edición.. Lima. 25. No 10. Luis.Según el Texto Único Ordenado – TUO. pág. aprobado por el Decreto Supremo No 136-96-EF del 31-12-96. junio de 1986..García Mullín.Según el Texto Único Ordenado – TUO.Hernández Berenguel. pág. Lic.Sotelo Castañeda.
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