Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp1848-2014-42959-de-febrero-19-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_10e1e3e8561101c4e0530a01015101c4&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 13:24:16
Document Index: 376702474

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 404', 'artículo 404', 'artículo 404', 'artículo 117', 'artículo 113', 'artículo 52', 'artículo 59', 'artículo 59']

SENTENCIA SP1848-2014 DE 19 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:TRASCENDENCIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN MATERIA PENAL. SE PRECISA QUE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA COMPORTA UNA TRIPLE ARISTA: FÁCTICA (QUE DICE RELACIÓN CON LOS HECHOS O COMPORTAMIENTO ATRIBUIDO A LA PERSONA), PERSONAL (REFERIDA A LA IDENTIDAD ENTRE LA PERSONA ACUSADA Y LA CONDENADA) Y JURÍDICA (ATINENTE A LA DENOMINACIÓN TÍPICA O UBICACIÓN CONCRETA DEL HECHO DENTRO DE LA NORMA PENAL QUE LO REGULA), RELEVANDO QUE LOS DOS PRIMEROS ASPECTOS SON, EN TODOS LOS CASOS, INAMOVIBLES, AL TANTO QUE EL TERCERO PUEDE SER OBJETO DE VARIACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN UNOS MÍNIMOS PRESUPUESTOS ENCAMINADOS A PERMITIR EL CONOCIMIENTO Y CONSECUENTE POSIBILIDAD DE DEFENSA POR PARTE DEL ACUSADO, COMO OCURRE CON EL TRÁMITE CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 404 DE LA LEY 600 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, DEMANDA DE CASACIÓN, LESIÓN PERSONAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PERJUICIO MATERIAL
Sentencia SP1848-2014/42959 de febrero 19 de 2014
Rad. 42959.
La Sala advierte desde un comienzo elemental la resolución del tema objeto de debate, pues, como así lo sostuvieron el demandante en casación y la procuradora judicial en su concepto, la decisión de las instancias de condenar al pago de perjuicios morales en favor de quien no se entendió víctima, o mejor, jamás se relacionó en los hechos como afectado por el accidente de tránsito, representa ostensible vulneración del principio de congruencia que, de paso, afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes obligadas a pagar solidariamente lo dispuesto por los falladores.
En este sentido, ya suficientemente decantado se tiene, porque así lo referenciaron el casacionista y la representación del Ministerio Público, que nunca en las diferentes decisiones tomadas por la fiscalía o en sus intervenciones como parte durante el trámite del juicio, se entendió o siquiera de forma adjetiva propuso, la existencia de afectados distintos a Carlos Alberto Moreno y Sandra Patricia Lasso.
Es así como en el auto de llamamiento a juicio, en el acápite de hechos expresamente fue reseñado que producto de la colisión emergieron lesionados “CARLOS ALBERTO BUCURÚ (sic) y SANDRA PATRICIA LASSO VIVAS”.
A renglón seguido, cuando se busca determinar la materialidad del delito de lesiones personales culposas, ello se limita a los reconocimientos médico legales de Carlos Alberto Moreno Bucurú y Sandra Patricia Lasso, sin que jamás se relacione un tercer lesionado.
Al definirse la calificación jurídica provisional de la conducta atribuida al acusado, en concreto se especifica ejecutado el delito de lesiones personales respecto de Carlos Alberto Moreno Bucurú y Sandra Patricia Lasso Vivas, en quienes se relacionan las correspondientes incapacidades y secuelas.
En curso de la audiencia pública de juzgamiento, al tomar la palabra para presentar sus alegaciones finales, el fiscal parte por referir los hechos, advirtiendo que se corresponden con el accidente de tránsito sucedido el 18 de junio de 2006, “resultando lesionados los señores CARLOS ALBERTO BUCURÚ (sic) y SANDRA PATRICIA LASSO VIVAS”.
A continuación, el representante del ente investigador sostiene, en punto de tipicidad, que el hecho arrojó como lesionados apenas a los ocupantes del automotor citados en el párrafo precedente, reiterando después que por esta conducta, que arrojó dos víctimas, debe ser condenado el acusado.
El escrito presentado por la fiscalía para ampliar su concepto, ratifica que los hechos condujeron al doble lesionamiento tantas veces citado aquí.
El defensor del acusado y de los terceros civilmente responsables, en su alegación final se refiere a los hechos tomados en consideración por la fiscalía, delimitando en dos las víctimas del accidente, a partir de lo cual presenta su tesis defensiva.
Por último, en el fallo de primer grado se parte por significar de forma expresa que el cometido de la decisión es proferir sentencia en el asunto seguido Yamid Mina Serrano, “por el delito de lesiones personales culposas, siendo ofendidos Carlos Alberto Moreno y Sandra Patricia Lasso”.
Y, consecuente con ello, en la parte motiva de la sentencia se detalló que los afectados corresponden a los mencionados en precedencia, limitándose la decisión a registrar como soporte de los efectos de la colisión, los dictámenes médico legales de estos. Así se refirió al momento de determinarse la tipicidad del hecho y se ratificó cuando fue despejada su antijuridicidad.
Ya en punto de responsabilidad penal, se concluyó: “No existe duda alguna que quien conducía el taxi que impactó con el vehículo de placas VBB-387, piloteado por Juan Carlos Moreno Bucurú causándole lesiones a Carlos Alberto Moreno Bucurú y Sandra Patricia Lasso Vivas no fue otro que el procesado Yamid Mina Serrano”.
Sin embargo, ya cuando estudió el acápite correspondiente a la indemnización de perjuicios, el despacho A quo se refirió a tres personas que resultaron lesionadas, incluyendo a Juan Carlos Moreno Bucurú, en cuyo favor dispuso, también en la parte resolutiva de la sentencia, el pago de diez salarios mínimos legales mensuales por concepto de daño moral, después rebajado por el Ad quem a dos salarios mínimos legales mensuales.
El recorrido procesal realizado por la Corte evidencia incontrastable que efectivamente siempre, durante la instrucción y el juicio, se tomó como cierto que la colisión solo produjo dos víctimas, dentro de las cuales nunca se incluyó al conductor del automotor, Juan Carlos Moreno Bucurú.
Así, expresamente, lo consideró la Fiscalía en la resolución de acusación, como quiera que en el acápite de hechos y en la subsecuente motivación del auto, partió de la base fáctica referida a que el accidente arrojó dos víctimas y el llamamiento a juicio, en lo que corresponde al delito de lesiones personales, se formulaba por virtud del doble lesionamiento, en manifestación concreta reiterada durante el alegato final propio de la audiencia pública de juzgamiento.
Ya de manera pacífica y reiterada la Corte, en seguimiento de claros preceptos constitucionales y legales que, además, obedecen a estándares internacionales, ha sostenido cómo la determinación fáctica definida en la resolución de acusación se erige en inmodificable, pues, la posibilidad de variación consignada en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, únicamente opera con respecto a la denominación jurídica del hecho.
Ello, en atención a que el principio de congruencia, erigido en garantía para el procesado y su defensa dado que materializa el debido proceso y posibilita el derecho de defensa, obliga que el juicio se afronte con el conocimiento cabal de cuál, específicamente, es la conducta que se atribuye al acusado.
De esta manera, el fallo es congruente si consulta lo consignado en la acusación.
También ha significado la Sala que el principio de congruencia comporta una triple arista: fáctica (que dice relación con los hechos o comportamiento atribuido a la persona), personal (referida a la identidad entre la persona acusada y la condenada) y jurídica (atinente a la denominación típica o ubicación concreta del hecho dentro de la norma penal que lo regula), relevando que los dos primeros aspectos son, en todos los casos, inamovibles, al tanto que el tercero puede ser objeto de variación siempre y cuando se cumplan unos mínimos presupuestos encaminados a permitir el conocimiento y consecuente posibilidad de defensa por parte del acusado, como ocurre con el trámite contemplado en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000.
Para el caso concreto, efectivamente el fallador de primer grado, prohijado en ello por el Ad quem, introdujo una circunstancia trascendente novedosa en el apartado fáctico del delito atribuido al acusado, en tanto, incluyó como afectado del accidente a Juan Carlos Moreno Bucurú, pese a que siempre, desde la acusación, la Fiscalía advirtió lesionados únicamente a Sandra Patricia Lasso y Carlos Alberto Moreno Bucurú.
Esa modificación fáctica, además, produjo efectos dañosos concretos, pues, si bien, cual anota la representante del Ministerio Público, en nada incidió respecto de la fijación de la pena, sí condujo a que se ordenara el pago de perjuicios morales a favor de Juan Carlos Moreno.
Desde luego, la afectación al debido proceso y el derecho de defensa asoma igualmente trascendente, como quiera que los alegatos de la representación judicial del acusado y los terceros civilmente responsables, expresamente remitieron al hecho despejado desde la resolución de acusación referido a que fueron dos los lesionados en el accidente, y por ello nada alegó en punto de los daños materiales o morales que pudieron causarse a ese tercero expurgado desde un comienzo de la definición de lo ocurrido y sus efectos tanto penales como civiles.
Para la Sala emerge obvio, como lo sostienen de consuno el demandante y la representación del Ministerio Público, que esa postrera inclusión de un tercer lesionado en la definición de lo ocurrido y sus efectos, sí sorprendió a la defensa, independientemente de que al interior del expediente —como lo sostiene el Ad quem para negar lo solicitado por el apelante— existan registros del lesionamiento.
Debe quedar claro que las pruebas y argumentaciones consignadas en el acervo procesal no tienen valor por sí mismas, sino en virtud de la apropiación que de unas y otros haga el funcionario judicial, condensada, para el caso, en la resolución de acusación, que es precisamente el hito jurídico básico de los cargos atribuidos a la persona y bajo cuya férula se gobierna el enjuiciamiento, al punto de atar al fiscal con la definición fáctica de lo ocurrido, aunque permitiendo en determinadas circunstancias la variación de su denominación jurídica.
Sobra anotar que las solicitudes probatorias planteadas en la audiencia preparatoria, así como las alegaciones que cierran la audiencia pública de juzgamiento, tienen como norte necesario esa precisa formulación de cargos realizada en la resolución de acusación y no cualesquiera lucubraciones particulares que puedan surgir de los acopiado probatoriamente en la instrucción.
Dígase, además, que en el asunto examinado lo resuelto por los falladores de instancia comporta un contrasentido jurídico que desconoce la necesaria vinculación que existe entre la condena en perjuicios civiles y la determinación de responsabilidad penal, en jerarquía vertical de lo principal hacia lo accesorio.
Vale decir, la posibilidad de ordenar el pago de perjuicios directos de cualquier tipo a la víctima del delito de lesiones personales culposas, implica indispensable demostrar la responsabilidad penal que le sirve de sustento, cuando menos en lo que corresponde al proceso penal.
Entonces, si se advierte inconcuso que el fallo penal únicamente tuvo en cuenta, para la definición de este tipo de responsabilidad y consecuente dosificación punitiva, el lesionamiento de dos personas, a cuya consecuencia también fue ordenado en su favor el pago de perjuicios materiales y morales, de ninguna manera puede extenderse este último efecto civil a un tercero, simplemente porque no cuenta con el soporte básico —condena penal— que así lo faculta.
No sobra mencionar, eso sí, que la confusión pudo originarse por ocasión de la indebida calificación que de los hechos hicieron tanto el fiscal acusador como los jueces, quienes entendieron que el doble lesionamiento, por derivar del mismo accidente, comportan un solo delito, pasando por alto la evidente existencia de un concurso de ilicitudes.
En este sentido, en la resolución de acusación jamás se precisa la existencia de un número plural de ilicitudes, pese a significarse desde un comienzo que de la colisión emergieron dos lesionados, limitándose el instructor a señalar que esos hechos se compadecen con el delito de lesiones personales culposas.
Con similar criterio, el fallador A quo únicamente tasó la pena de un delito, en inadecuada lectura de lo consignado por el artículo 117 de la Ley 599 de 2000, que contempla el principio de unidad punitiva.
Pasó por alto el juez de primera instancia, que la norma en cuestión impone escoger el daño más grave, para efectos punitivos, pero solo respecto de aquellos que se causan a una misma persona, pues, en razón a la naturaleza personalísima del bien tutelado, cuando son varios los lesionados necesariamente ha de acudirse al instituto del concurso de conductas punibles en la tasación de la pena.
No puede la Sala, sin embargo, modificar esa tasación punitiva para adecuarla con la legalidad, en respeto del principio no reformatio in pejus, visto que la demanda de casación fue instaurada por la parte defensiva.
Acorde con lo anotado y como quiera que el cargo presentado en la demanda de casación prospera, la Sala casará parcialmente el fallo a efectos de revocar la condena en perjuicios morales a favor de Juan Carlos Moreno Bucurú.
Observa la Sala que en la tasación de la pena el fallador de primer grado incurrió en varios errores objetivos que no fueron considerados por el Ad quem y por ello obligan de la intervención oficiosa de la Sala dentro de su obligación de velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes e intervinientes en el proceso penal.
1. En la tasación de la pena de prisión.
El A quo erró al momento de dosificar la pena de prisión, pues, una vez definida la lesión más grave —deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente—, que sirve de base a la misma y establecido que la sanción oscila entre 24 y 112 meses de prisión, en lugar de aplicar a este mínimo y máximo el porcentaje de reducción por tratarse de un ilícito culposo —de las cuatro quintas a las tres cuartas partes—, dado que se trata de una circunstancia modificadora de límites, determinó aplicar el monto inferior de la sanción consagrada en el artículo 113 de la Ley 599 de 2000, y a ello redujo las cuatro quintas partes de la pena, hasta derivar en sanción que en la parte motiva estableció en “cinco meses de prisión”, pero ya en la resolutiva plasmó en “cinco (5) meses veinticuatro (24) días de prisión”.
Huelga referir que el yerro deriva no solo de la inadecuada forma de dosificación, sino de la evidente contrariedad entre lo manifestado en la parte motiva del fallo y lo finalmente dispuesto en la resolutiva.
Acerca de lo primero, como es claro que el fallador tuvo la intención de partir de imponer el mínimo contemplado en la ley, no existe mayor dificultad en el hecho de no haber utilizado el porcentaje de reducción por tratarse de delito culposo, como sustento modificador de límites punitivos, en tanto, al mínimo del delito, 12 meses, perfectamente puede reducírsele el máximo porcentaje de reducción, cuatro quintas partes.
Sucede, sin embargo, que la operación aritmética realizada por el A quo se reputa errada, sea que se atienda a lo señalado en la parte motiva, o se tome en cuenta lo consignado en la resolutiva, como quiera que nunca el resultado arroja cinco meses, ni tampoco cinco meses y veinticuatro días.
En estricto rigor matemático, si a 24 meses se le restan las cuatro quintas partes, esto es 19 meses y seis días, el resultado, vale decir, la pena a imponer, se fija en 4 meses y 24 días de prisión.
Visto que la sanción ordenada es superior, la sentencia se casará a efectos de reducir la pena de prisión a cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días.
En este mismo lapso se determina la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
En la imposición de la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos y motocicletas.
En la sentencia de primer grado el A quo dispuso imponer “(…) como pena accesoria a la principal, la de inhabilitación para el ejercicio de la conducción, derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena principal, (art. 52 inc. 3º)”
Dejando de lado que ya en la parte resolutiva del fallo sin mayores consideraciones advirtió que accesoriamente se condenaba “a la privación del derecho a conducir vehículos automotores por el mismo término de dos años” (esto es, no un periodo igual al de la pena principal, como anunció anteladamente), es lo cierto que nunca en la providencia se explica por qué se impone dicha sanción —que, debe relevarse, no surge automática con la pena de prisión, como sucede con la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas—, con lo cual se viola el principio de legalidad, entendido en su acepción de argumentación suficiente que la justifique.
Al respecto, importa destacar cómo el inciso segundo del artículo 52 del Código Penal, estatuye: “En la imposición de las penas accesorias se observará estrictamente lo dispuesto en el artículo 59”.
El artículo 59 citado, dispone: “Motivación del proceso de individualización de la pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.
Mayor claridad no puede pedirse y, en consecuencia, como el fallador jamás dilucidó, así fuese de forma adjetiva, las razones que condujeron a privar del derecho de conducir vehículos automotores al acusado, ni mucho menos los motivos que imperaron en la fijación de los dos años contemplados en la parte resolutiva del fallo, la Corte oficiosamente casará la sentencia para eliminar de la misma dicha sanción.
1. CASAR la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada, de oficio y en relación con el cargo propuesto por el defensor del procesado.
2. En consecuencia, MODIFICAR la pena principal de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuestas al acusado Yamid Mina Serrano, que se rebajan a cuatro (4) meses y 24 días.
Así mismo, REVOCAR la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos automotores y la condena al pago de perjuicios morales en favor de Juan Carlos Moreno Bucurú.
A continuación expreso las razones que me llevaron a salvar parcialmente voto en el presente caso. Mi respetuosa discrepancia con la providencia adoptada por la Sala en este proceso se concreta al aspecto donde se hace prevalecer el principio de la no reformatio in pejus sobre el principio de legalidad para abstenerse de enmendar el error cometido por el juzgador al no imponer a los procesados la pena que correspondía por razón del concurso de hechos punibles.
(8) Aprobado mediante 16 de 1972.
(9) En la Sentencia C-028 de 2006 señaló que no hay derechos absolutos.
(11) “(…) la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los derechos, que estos sean orientados a su restablecimiento integral y ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos, a lo menos”. Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2002.