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Timestamp: 2020-07-07 13:30:05
Document Index: 190552086

Matched Legal Cases: ['artículo 353', 'artículo 61', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 5']

Instituto de Colonización: ¿Debilitamiento o certezas jurídicas? - 2019.com.uy
EtiquetasAmanda Della Ventura Carlos Camy Charles Carrera Eduardo Bonomi Guillermo Domenech Gustavo Penadés Instituto Nacional de Colonización LUC Óscar Andrade Sergio Botana
Compartimos el intercambio en la Comisión Especial del Senado que analiza la Ley de Urgente Consideración en referencia a los artículos sobre el Instituto Nacional de Colonización, a cuenta del debate que se producirá la semana entrante en el plenario.
Presidente (Gustavo Penadés): Ingresamos en la sección referida al sector agropecuario.
En consideración el capítulo relativo al Instituto Nacional de Colonización, específicamente el artículo 353, que figura en la hoja 288.
Senadora Amanda Della Ventura (FA): Nos parece que esto es un retroceso para el Instituto Nacional de Colonización.
En realidad, por lo que expresaron quienes nos visitaron, no está bien desafectar esas parcelas ni facilitar a quienes no están residiendo el tener los derechos que aquí se les otorgan.
Tampoco entendemos mucho las causas por las cuales se pretende este cambio. Realmente, no estamos de acuerdo.
Senador Óscar Andrade (FA): Creo que en el debate de la comisión se ha expresado una coincidencia –que quiero resaltar– en el sentido de la preocupación por una tendencia que es universal, pero problemática, respecto a la concentración de la tierra, esa relación concentración–extranjerización, y la necesidad de encontrar caminos, siempre complejos, para una perspectiva que vincule a la población de la campaña con una estrategia de soberanía alimentaria. En esa línea, el Instituto Nacional de Colonización es algo que todos hemos reivindicado. Creo que no cabría decirnos que no se le otorga al instituto un rol importante.
Pero ustedes comprenderán que, aun teniendo en cuenta aspectos que han sido fundados seriamente por parte de la coalición de Gobierno respecto a las disposiciones en la Constitución, no podemos votar este artículo sin tener en cuenta un conjunto de medidas que impliquen preguntarnos adónde van esas tierras y qué medidas de política podemos aplicar a los efectos de que esta disposición no genere condiciones que signifiquen retroceder desde el punto de vista general. Deberíamos permitirnos un tiempo más para un diálogo político y social que pueda poner en línea las decisiones con los resultados que en teoría todos perseguimos. Esto es lo que no nos permite acompañar esta medida.
Por otro lado, no es un cambio menor el que se aplica en el artículo que, dicho sea de paso, había sido sacado en primera instancia y después ubicado. Es más, hubo distintas expresiones políticas –y no sólo de los que hoy estamos en la oposición– contrarias a este cambio; hablo de la residencia y de la necesidad de trabajo directo de los colonos. Además, se niega que esa posibilidad hoy existe cuando está debidamente fundada por parte del directorio. O sea, no es imposible que esa excepción de que el colono no se radique ni trabaje la tierra –que, para nosotros, claramente tiene que ser la excepción– pueda ser atendida. Esto ya existe, entonces, no puede argumentarse la casuística de una excepcionalidad, dado que actualmente el instituto tiene las posibilidades y facultades para otorgarla. Y como parto de la base de la referencia principal, esto es, la necesidad de pensar de manera sostenida en políticas agropecuarias y de tierras que cumplan el objetivo, reitero, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, la posibilidad de la residencia, pensando en la producción familiar y en la pequeña producción –que siempre requieren políticas diferenciales para que sean sustentables–, vamos a reivindicar nuevamente, como Frente Amplio, que estos dos artículos deberían ser desglosados y tratados con mayor profundidad para encontrar consensos sociales y políticos, que parecieran existir en una mirada a largo plazo.
Senador Carlos Camy (PN): Debo confesar que este es el tema en el que más me cuesta cumplir el compromiso que todos asumimos en el sentido de no debatir en profundidad en esta instancia y hacerlo, sí, en el plenario. ¿Por qué? Porque para mí es un tema de enorme importancia y trascendencia.
Creo que todos coincidiremos –algunos partidos porque tienen una vinculación muy fuerte con la Ley n.º 11029 y otros porque tenemos la convicción en ese sentido– en que incluso antes de 1948, con lo que fue aquel congreso que hizo la Comisión Nacional de Fomento Rural en el teatro Larrañaga de Paysandú, en 1945, y aún antes, en la ciudad de Minas, se comenzó a pergeñar una concepción sobre el tema de la tierra en Uruguay. No vacilo en afirmar y reafirmar que ello permitió que este país, como ningún otro de la región, pudiera procesar sin estridencia una reforma agraria. Se hizo en el marco de una realidad muy distinta a la de hoy, lo que hay que tener muy claro. Y esa ley constituye una pieza de enorme valor legislativo, tal vez, la de más alto valor en el país.
Cuando habla de residencia y otras veces de radicación, cuando se analiza el artículo 61 en su profundidad o los dos primeros artículos de la ley, se advierte que hay conceptos mucho más profundos que los que manejamos a veces, sin intención, con cierta ligereza. No tengo dudas, me animo a decir que todos tenemos una misma concepción de la trascendencia e importancia del tema –ni hablar–, así como de la necesidad de potenciar, preservar e impulsar a la luz de la nueva demanda y realidad mundial y nacional que se vive en el siglo XXI, el Instituto Nacional de Colonización. No tengo dudas de ello.
Del tema de la tierra hay que hablar –y así lo haré en el plenario, estamos totalmente de acuerdo–, de la Ley n.º 11029 y las leyes modificativas –de la que yo fui redactor y que fue votada por unanimidad en el Senado–, de la ley de repoblamiento de la campaña y de las modificaciones que tuvo después en la Cámara de Representantes que generaron, a su vez, una nueva modificación, con acuerdos políticos de los cuales fuimos protagonistas. Es un tema muy profundo y que debe ser analizado, efectivamente, en el plenario.
Ahora bien, con mucho respeto, me parece que este artículo se está evaluando en el marco de consideraciones que no tienen que ver con lo que él establece. Concretamente, en el artículo 353 que figura en la hoja 288 se agregan las promesas en venta; las suma a las enajenaciones de la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, que es de 1923, que tiene el antecedente de 1903 y que –como también hablaremos en el plenario– tiene antecedentes institucionales en la segunda mitad del siglo XIX. Y hoy tiene nombre propio, para los que conocen de verdad el interior del país y les importa esto. Es hablar de la Colonia San Javier –en las proximidades de San Javier, departamento de Río Negro–, que es de 1913, o de Santa Kilda y Santa Blanca, en las orillas del Chapicuy en Paysandú, que sé que hay gente que conoce estas zonas. Es hablar de la migración alemana, de la Colonia Kennedy o de la Colonia Gartental en las proximidades de Young, de las colonias privadas también alemanas y helvéticas de la primera colonización del suroeste del Uruguay. ¡Es un tema bien importante!
Entonces, lo que no voy a aceptar –y lo digo con profundo respeto– es que se diga que esto es contra colonización. Advierto que no lo voy a aceptar porque no es contra colonización. ¡Esto no es contra el Instituto Nacional de Colonización! Esto es una modificación legal de un organismo, que tanto no perjudica al INC, que el instituto, en el proceso desde el 12 de enero de 1948 cuando se sancionó la Ley n.° 11029 hasta hoy, ha tenido tres grandes olas de inversión en tierra, de crecimiento de tierra, de capitalización del organismo, de poner en manos estatales y de ese organismo más tierra y capital para que sea más activo. Uno de esos ha sido el amparo de normas que hemos votado muchos y se han sancionado en los gobiernos de los últimos tres períodos del Frente Amplio. Como ocurrió anteriormente en el gobierno del presidente de Pacheco Areco y como ocurrió en el proceso fundacional. Es muy interesante leer las versiones taquigráficas porque seguramente sea una de las piezas legislativas, en materia de discusión de una ley, más profundas e importantes.
En Uruguay nacieron grandes e importantes estancias de mucha población que trabajaba esa tierra que no era de su propiedad y ahí empieza la explicación de por qué a veces se separa, en la propia ley, residencia de radicación, que es muy diferente a lo de hoy. Me parece que en algunas opiniones que se vierten –no en todas–, se habla –no quiero adjetivar hoy, pero lo voy a hacer en el plenario– con liviandad cuando se dice que esto perjudica al Instituto Nacional de Colonización.
El Instituto Nacional de Colonización está mucho más capitalizado. Miren: dejé de ser vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización en el año 2004. Cuando me fui había –permítanme apelar a mi memoria, puedo errar– 193 colonias, hoy hay muchas más. Creo que había 5100 colonos, hoy hay casi 7000. Las 16.000 hectáreas que, creo, había en 12 campos de recría, hoy son muchas más. Esto no va a afectar negativamente en nada al Instituto Nacional de Colonización.
¿Cómo afectará esto, en todo caso?
Va a consolidar la seguridad jurídica en el Uruguay y va a afectar a propietarios, y tal vez a algún promitente comprador, a los que les vamos a asegurar la validez y la titularidad de lo suyo, que viene de antes de 1948.
¡Prueba de esto es que hay sentencias de inconstitucionalidad! Entonces, francamente, en todo caso esto es dar certezas e incorporar a propietarios, más allá de los que no han cumplido antes de 1948 –puede haber algún caso–, es darles certeza de que compraron lo que hicieron, sin estar al amparo de un sistema que no existía antes de 1948 cuando ellos adquirieron la propiedad de la tierra.
También tenemos que hablar de la tierra. Hay otro artículo que vamos a tener que desglosar –veremos– que también tiene que ver con la tierra, con la tenencia de la tierra y la explotación agropecuaria. En Uruguay, desde 1967 cuando se sancionó la Ley n.° 13608, después se modificó en el gobierno del doctor Batlle en 1999 y se sancionó la Ley n.° 17124 y, luego, en el gobierno del presidente Mujica se sancionó la Ley n.° 18092, fue variando una concepción que hay que discutir en profundidad porque, ¡para eso es el Parlamento! Esa es mi impresión. ¡Ahí hay cambios y concepciones que seguramente van a ser distintos! También tenemos sancionada –y tenemos que reconocerlo– posteriormente a la ley de 2007 que está vigente, la Ley n.° 19484, que la conoce muy bien el señor senador Bergara. Es la ley que registra en el Banco Central del Uruguay e identifica la titularidad de los tenedores de tierra hasta el último, más allá de las personas jurídicas propietarias.
Entonces, estamos en un tiempo histórico en el que las definiciones legales que tomemos en torno al tema de la tierra –que a veces es un titular que los políticos manejamos con amplitud– van a depender de definiciones que deben estar ajustadas a estos tiempos.
Mi estimado amigo, el señor senador Carrera, recién hablaba de la unidad de compras que se había planteado en el gobierno del presidente Lacalle Herrera, señalando que la veía como algo bueno pero tal vez desajustado a los tiempos y que debíamos tener el desafío de analizar en los tiempos nuevos.
Si hay algo que tenemos que analizar a la luz de los nuevos tiempos es el tema de la tierra, de su tenencia, de su propiedad, y de todas esas definiciones que hoy no tienen la misma concepción que en el siglo pasado.
Por lo tanto, el tema del artículo 353 lo vamos a discutir en el plenario con mucha convicción. Esto da certeza jurídica, corrige en la misma dirección de las inconstitucionalidades –todas han sido a favor de esta línea– y no tiene absolutamente nada que ver –y lo vamos a debatir– con debilitar al Instituto Nacional de Colonización; insisto, no tiene absolutamente nada que ver.
Della Ventura: Voy a formular una pregunta. El Instituto Nacional de Colonización, una vez que esto se apruebe ¿va a tener más, o menos tierras? Lo concreto es eso: va a tener menos tierra. Para mí –será chiquito o será que ahora tiene mucha tierra–, de alguna forma lo va a debilitar. Así lo creo yo; capaz que no es así.
Senador Camy: El Instituto Nacional de Colonización no es propietario de ninguna de estas tierras afectadas.
Senador Sergio Botana (PN): Creo que el Frente Amplio quiere comprender estos artículos porque no quiere debilitar al instituto y, seguramente, tampoco que todos los colonos que hoy están esperando para acceder a un crédito del Banco de la República, para poder trabajar, sigan en esta situación de indefinición, ya que para poder pedir el crédito tienen que pedir autorización al directorio del banco, que demora varios meses.
En el artículo siguiente se da una situación similar que es bueno que la discutamos con serenidad para tratar de entendernos entre todos. Por lo tanto, vamos a pedir el desglose de los artículos para ver si podemos mantener una política de Estado en este sentido.
Concretamente, solicito el desglose de los artículos 353 y 353 bis.
Presidente Penadés (PN): A solicitud del señor senador Botana quedan desglosados los artículos 353 y 353 bis, del capítulo «Instituto Nacional de Colonización».
Senador Eduardo Bonomi (FA): Si bien ya fue desglosado, quiero hacer algunas consideraciones en el entendido de que antes ya se dieron opiniones.
Me voy a referir al artículo 353, que es lo que se está debatiendo.
Creo que en esta norma se desafectan tierras –algunas, como se dijo, de hace muchísimo tiempo–, pero se saca del régimen de colonización a gente que accedió a esa tierra con determinados criterios y beneficios, y luego quedan como propietarios individuales que pueden hacer con la tierra lo que quieran. Entonces, puede ser que no afecte al instituto, pero sí a sus objetivos, que es el poblamiento de la campaña.
En distintas ocasiones, varias veces, diferentes senadores han hablado de la extranjerización de la tierra y han acusado al Gobierno anterior de favorecer esa extranjerización. De alguna manera, la extranjerización se ha dado por distintas causas como la concentración económica en determinados procesos y no por la voluntad del Gobierno. Ahora bien, liberar productores –que accedieron a la tierra con determinados criterios y beneficios– a que puedan hacer lo que quieran con sus tierras, de alguna manera es favorecer esa extranjerización. Ese es el elemento central del artículo 353, y no si habitan o no la tierra; eso viene después. Nosotros también contradecimos eso. Aunque creo que, luego del debate, hubo alguna respuesta en este sentido. Sin embargo, en este artículo no hubo respuesta.
Nosotros estamos dispuestos a votar en contra de este artículo; veremos qué pasa con el desglose.
Anuncio también que estamos dispuestos a discutir, fuera de la LUC, cualquier iniciativa que vaya contra la extranjerización y consolidación de la tierra en nuestro país.
Reitero el anuncio de que estamos dispuestos a discutir el tema, pero este artículo lo vamos a votar en contra.
Senador Guillermo Domenech (CA): En reiteradas ocasiones hemos declarado que estamos absolutamente consustanciados con los pequeños productores rurales.
Estas tierras a las que alude la Ley n.º 18756 no fueron enajenadas en el régimen de colonización, sino que estaban a libre disposición de las personas que las adquirieron.
Es cierto que la adquisición se hizo por un régimen especial, pero no estaban incluidas en el régimen de colonización. Y la Suprema Corte de Justicia ha declarado reiteradamente –como lo dijo el señor senador Camy– que esta ley es inconstitucional, porque es una norma retroactiva que afecta las posibilidades de pequeños productores rurales, que ahora se ven apretados en una pinza, porque le hemos permitido a dueños de grandes extensiones vender tierras a multinacionales; de esta manera, ponemos en una situación de desventaja a estos pequeños productores que, a veces por razones de edad, deben desprenderse de la tierra, y prácticamente la tienen que regalar, dado que nadie quiere comprar algo que esté bajo el régimen de colonización.
Le concedo una interrupción al señor senador Carrera.
Senador Carrera (FA): Quiero dejar la siguiente constancia.
Tengo en mi poder un conjunto de sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre este tema y no veo una posición firme, sino que hay discordias. No es un tema en que haya unanimidad de los cinco ministros del organismo; hay miradas diferentes al respecto. Por eso nos parece bien la propuesta del señor senador Botana, en el sentido de que esto sea desglosado.
En cuanto a lo propuesto por el senador Camy, entiendo que esto habría que mirarlo en un proyecto de ley aparte; es decir, si nos proponemos actualizar la Ley del Instituto Nacional de Colonización, estamos de acuerdo, ¡ese es el camino!
Quiero dejar sentado que se van a desafectar entre 92.000 y 122.000 hectáreas del Instituto Nacional de Colonización y ello tendrá un impacto muy grande.
Hay que tener plena conciencia de lo que estamos haciendo.
Senador Domenech (CA): Quiero decir que votaré con la más absoluta tranquilidad. Estoy dispuesto a conversar sobre este artículo y el siguiente –que, como viene, tenemos alguna discrepancia– y apoyar el desglose.
Senador Camy (PN): Brevemente, porque el compromiso es no polemizar aquí.
En referencia a lo que expresado por el señor senador Bonomi, creo concordar con él sobre la visión del instituto, en el sentido de defenderlo y preservarlo; no tengo dudas en afirmarlo. Seguramente tenemos –o no– diferencias en cuanto a si la situación ideal de tenencia, dentro del amparo y la afectación de la Ley n.º 11029, es el régimen de propiedad o de arrendamiento del Estado, pero en cuanto a la defensa del organismo y a la afectación de tierras, establecida en dicha ley, yo estoy de acuerdo y lo voy a defender. Lo quiero dejar planteado, porque seguramente pueda ser lo que se dé en la discusión futura y haya algunos librepensadores enancados en la defensa de la libertad que quieran llevarse por delante la Ley n.º 11029. ¡Yo no estoy en eso! El tema aquí es distinto. Es verdad que una parcela se puede desafectar de la ley por disposición de cuatro votos en cinco del directorio del Instituto Nacional de Colonización, o una colonia entera por cinco votos en cinco, pero acá no está hablando de desafectar de colonización cosas que sean de colonización. Si leemos el artículo 5, se podrá apreciar que no figura el instituto, pues dice: «las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay». Es decir que la enajenación o la promesa en venta no la hizo el Instituto Nacional de Colonización. ¿Por qué? Porque no existía el instituto; esto fue antes de la creación del Instituto Nacional de Colonización. Cuando nació se incorporó lo que venía de ahí, y sí supone un vínculo; pero la tenencia, el compromiso y el vínculo jurídico del tenedor con ese bien no fue con el instituto de colonización porque, repito, no existía.
Me parece que ese es el concepto y por eso lo quiero reafirmar: siempre van a encontrar –por lo menos con quien habla, no tengan dudas– coincidencias en la defensa de colonización –¡siempre!– y de la ley, como seguramente en la reforma que debemos hacer, aunque tal vez tengamos ese es tipo de diferencias.
Recuerdo con mucho cariño las largas charlas que tuve con el exsenador Agazzi, con quien no siempre estuve de acuerdo, sobre todo en la posición filosófica respecto a la tenencia de la tierra por parte de privados. Los dos somos defensores del organismo. ¡Por algo la ley de Repoblamiento de la Campaña se votó por unanimidad!, independientemente de las posteriores modificaciones que tuvo.
¡¿Y por qué hoy el instituto de colonización compró más tierras?! ¿Por qué hoy el Frente Amplio puede decir –sería muy simple decirlo así, pero es cierto que sucedió su gobierno– que durante su mandato se acrecentó el capital de tierras en colonización? ¡Porque el ITP –que lo propusimos nosotros– a la intervención en la compra-venta de campos de tierra pasó de rentas generales a colonización! ¡Después, se cambió y el ejecutivo le dio el ficto, el equivalente a lo que generaba el ITP! Entonces, hoy colonización recibe más plata en forma directa. ¡Capaz que esto, dentro de poco, se cuestiona! ¡Aviso a los navegantes! ¡Y ahí sí vamos a ver quién defiende a colonización y quién no! Pero, ¿esto? ¡Esto no es contra colonización! ¡Y no es contra colonización! Insisto: ¡esto no es contra colonización! ¡Y lo vamos a defender con esa convicción, respetando al que piensa distinto! ¡Pero no es contra colonización!
Senador Andrade (FA): Entiendo el enfoque del señor senador Camy, pero creo que no comprende nuestra preocupación.
Lo que decimos es que parece existir un consenso político importante en profundizar las políticas diferenciales que atienden a la producción familiar. La producción familiar no llega al millón y medio de hectáreas de los dieciséis millones.
Hay una discusión acerca de que las medidas que estamos tomando pueden abarcar –prima facie del estudio que hacen las actuales autoridades de colonización– setenta mil hectáreas, y hay valoraciones que pueden abarcar ciento veinte mil hectáreas.
Aun en la hipótesis de que el resultado final sea la desafectación, generar la desafectación sin crear al mismo tiempo un conjunto de políticas que prevean qué va a pasar con esas tierras si se vuelcan al mercado, sin considerar los instrumentos que permitan profundizar esta primera definición política en la que parece que hay consenso, en apoyar una estrategia que tenga como centro la producción familiar, profundizando las políticas diferenciales y fortaleciendo al instituto de colonización como instrumento privilegiado –aquí estuvieron representantes de la producción familiar que se manifestaron fuertemente en esa dirección– nos parece que no es correcto.
En principio, comparto el planteo del señor senador Botana de discutir el tema aparte. En definitiva para tomar una decisión pensando en que no va a afectar directamente, cuando en teoría todos estamos en contra –no adjudico intencionalidades a priori– de que la tendencia sea la mayor concentración y la extranjerización, deberíamos darnos un tiempo, y desglosar este artículo y el que viene para discutirlos. A la vez damos señales de fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que tenemos y de la institucionalidad para potenciar que el resultado no sea la mayor concentración de la tierra. Esa es nuestra posición y queremos dejarla expresada.
Si no lo hacemos, nuestra pregunta es: ¡¿a dónde van a ir a parar las tierras que estamos desafectando del régimen de colonización?! ¡¿Cuál es el resultado más probable?! El resultado será que empeore una situación que ya es compleja. Hoy lo alertamos. Y que después cuando discutamos, lo hagamos en una situación peor que la que tenemos ahora, aunque el resultado sea el de la desafectación. Creo que si consideramos el tema ahora y solo, el resultado será contrario a los propósitos que decimos defender.