Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-387148312
Timestamp: 2020-08-04 13:52:35
Document Index: 201046896

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 25', 'artículo 19', 'artículo 44', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 86', 'artículo 44', 'artículo 7', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 3', 'artículo 5']

Sentencia de Tutela nº 260/12 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 387148312
Sentencia de Tutela nº 260/12 de Corte Constitucional, 29 de Marzo de 2012
Interés superior del menor, habeas data, honra. En el presente caso la acción de tutela la instaura la madre de una menor de cuatro años de edad, a quien el padre le creó un perfil en la red social facebook. A su juicio, el progenitor de la niña incumplió las condiciones señaladas en la red social para el registro y cuentas de seguridad, especialmente aquellas que prescriben que no se puede proporcionar información personal falsa, crear cuentas para otras personas sin autorización y, no usar la red si es menor de trece años. Así mismo asevera que el accionante no sólo suplanta la identidad de su hija, sino que utiliza la página para desprestigiarla a ella como persona y entorpecer la paz familiar. La sala se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º. El interés superior del menor en el estado colombiano. 2º. El derecho fundamental al habeas data. 3º. Los riesgos para los derechos fundamentales, entre otros, la intimidad, la protección de datos y la imagen en las redes sociales. 4º. Recomendaciones establecidas en el memurandum de montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet, en particular de niños, niñas y adolescentes. Se protegen los derechos fundamentales de la menor representada, en el contexto de la creación de una cuenta en una red social de la que ella no es conciente y que se ha utilizado para ventilar una disputa familia. Se ordena al accionado cancelar la precitada cuenta y se le advierte que no puede crear una nueva en la red social digital análoga al facebook, con datos personales y sensibles de su menor hija. Concedida.
Sentencia citada en: 34 sentencias, 12 artículos doctrinales, una noticia
T-260-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-260/12
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal del Municipio de Cartago, V. delC., que negó la tutela impetrada por la señora AA, en representación de su hija menor XX, contra el señor BB.
El pasado tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), la ciudadana AA, en representación de su menor hija XX, interpuso acción de tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales de la niña a la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales, en su opinión, han sido vulnerados por el señor BB.
- Indica la accionante, que en la red social F. aparece una página a nombre de su hija XX, quien en la actualidad cuenta con 4 años de edad.
- Manifiesta que, por la corta edad de la menor ésta no cuenta con la madurez neuronal necesaria para abrir por su propia voluntad una página en las redes sociales.
- Afirma que, por los comentarios dejados en el perfil de la menor y las fotos etiquetadas se puede concluir que el creador del perfil es el padre de la niña, señor BB.
- Señala que el señor BB está utilizando una fecha falsa de nacimiento de la menor para poder crear la página en la red social, toda vez que ella nació el 11 de julio de 2007 y en el perfil aparece como fecha de nacimiento el 11 de julio de 1974.
- Considera que el señor BB incumplió las condiciones señaladas por F. para el registro y cuentas de seguridad, en especial aquella que prescribe no se proporciona ninguna información personal falsa en F., o crear una cuenta para otras personas sin su autorización y la referente a usted no va a usar F. si es menor de 13.
- Así mismo, indica la madre de la menor que con la creación del perfil a su hija XX en F. se incumplió la regla de protección de derechos de otra persona establecida por la red social, pues la página es clara al indicar que no publicaras contenido ni realizaras ninguna acción en F. que infrinja o viole los derechos de otro o que no cumpla la ley.
- Finalmente, señala la señora AA que el padre de menor está suplantando la identidad de XX y utilizando la página para desprestigiarla como persona y entorpecer la paz familiar
- Con fundamento en los hechos narrados, la ciudadana AA solicita la protección de los derechos fundamentales de su menor hija a la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la personalidad. Además, pide que la autoridad en razón de su competencia haga saber al padre biológico de XX que está usando la identidad de la menor para entorpecer la paz familiar.
- En escrito presentado por el señor BB, padre de la menor, indicó lo siguiente:
-En primer lugar, confirmó que su hija XX está en las páginas de F., plenamente identificada solo ante 24 miembros de su familia, entre ellos un miembro de su familia materna. Indicó además que el perfil se encuentra bajo estrictas medidas de privacidad para personas por fuera del círculo familiar.
En tercer lugar, indicó que como padre de la menor decidió hacer un álbum familiar virtual bajo el nombre XX con el solo fin de elaborar de manera responsable una secuencia lógica de la vida y hechos que rodean el crecimiento de su hija, ya que era la única manera efectiva de recibir y descargas fotos de otras páginas de F. en las cuales ella aparece, tal como la página del Jardín Cascabeles de Colores, donde le enteran visualmente otros padres y familiares de niños que ahí estudian, sobre cualquier actividad en la cual estuvo la niña y de la que de otra forma nunca hubiera tenido conocimiento.
Lo anterior, por cuanto pueden trascurrir periodos de hasta un año en los que el puede estar ausente de su hija por las acciones injustas y dolosas de la madre.
En cuarto lugar, señaló que el mismo acto de dejar la fecha de la página da total claridad sobre la naturaleza del hecho, sobre los individuos que la componen y sobre lo que allí se pretende, para que el creador de la página (M.Z.) decida o no si la familia, el propio padre y la misma hija en un futuro tengan un medio virtual de ver fotos, acontecimientos reales, momentos memorables dada la época actual donde podemos crear un álbum fotográfico virtual y no de rollos de película como hace algunos años atrás y que la mejor manera de compartirlo sanamente es por medios mundialmente conocidos como el F. , aclarando que bajo las estrictas medidas de seguridad que se requieren para evitar peligros propios de estos y sin ningún asomo de perfil público o de suplantación de identidad[1].
En relación con el cumplimiento de las reglas señaladas por el F. para poder crear un perfil en dicha red social manifestó lo siguiente:
-XX no es usuaria de F. personalmente, lo hace únicamente el padre en su representación de manera inofensiva, cariñosa y con aspiraciones de bienestar futuro, al asegurar su permanencia en el tiempo ante la posible perdida de información física.
- Afirma no ser delincuente sexual convicto y por petición de la madre ante la acusación de ser un trastornado bipolar me fueron realizados exámenes psicológicos en medicina legal de Pereira[2] .
Indicó además cumplir con el resto de los requisitos señalados por F. para acceder a dicha red social.
Una vez cotejados los cargos esbozados en el escrito introductorio con las pruebas existentes en el plenario, considera el despacho que contrario a lo alegado por la parte actora, los comentarios efectuados por el padre de (XX) hacen alusión al amor que este profesa a su hija, sin que se evidencie mal intención alguna en dichos comentarios, por el contrario en los anexos se puede inferir que el padre de la menor abrió dicha página con ocasión al distanciamiento que ha existido entre el y su hija, lo cual obviamente va en detrimento de la menor de edad, por ello considera el despacho oportuno y prudente hacer un llamado de atención a sus progenitores, para que en aras del bienestar de su hija, procuren limar las asperezas con el fin de sobreponer el interés superior de la niña, quien es la principal afectada por las desavenencias familiares, y como no es posible que todos convivan bajo el mismo techo, procuren que sus actuaciones tengan como único fin contribuir a su desarrollo armónico e integral, teniendo en cuenta que como lo ha establecido la Corte Constitucional, el interés superior del menor no se identifica, necesariamente, con aquello que algunos de los padres, o quien tenga la custodia, pueda considerar bueno o mejor para el niño.
- Impresión de la página de F. donde aparece el perfil de XX.[3]
Registro Civil de XX. [4]
Impresión de la declaración de derechos y responsabilidades en F.. [5]
- Impresión de fotos y comentarios a las fotos que se encuentran publicadas en el perfil de XX[6].
Impresión del listado de amigos de XX en F., con la explicación del parentesco de la menor con cada uno de ellos[7].
- Comentarios realizados en el muro de XX.[8]
- En atención a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si se afecta el interés superior del menor y los derechos fundamentales de la niña XX al habeas data y a la honra, con la creación de una cuenta en F. a su nombre por parte de su padre.
- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) El interés superior del menor en el Estado Colombiano. Reiteración de jurisprudencia, (ii) el derecho fundamental al habeas data  Reiteración de jurisprudencia-, (iii) los riesgos para los derechos fundamentales, entre otros, la intimidad, la protección de datos y la imagen en las redes sociales, (iv) recomendaciones establecidas en Memurandum de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes y; (v) el caso concreto.
En primer lugar encontramos, la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone en su artículo 3-1 que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño; y en el artículo 3-2, establece que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 24-1 que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado, en el mismo sentido que el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, y que el artículo 10-3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ordena: se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.
También el Principio 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad; para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta al momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior de los niños como su principal criterio de orientación. Igualmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de asistencia especiales, y que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
En el ámbito americano, la protección de los derechos de los niños ha sido objeto de un completo análisis por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus sentencias y en especial de la Opinión Consultiva No. OC-17/2002 del 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19[9] (derechos del niño) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados en relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre la materia dentro del marco de la Convención Americana.
El artículo 44 de la Constitución Política es inequívoco al establecer que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, como consecuencia del especial grado de protección que aquellos requieren, dadas sus condiciones de vulnerabilidad e indefensión, y la especial atención con que se debe salvaguardar su proceso de desarrollo y formación. Una de las principales manifestaciones de este precepto constitucional, que se enmarca en el contexto del Estado Social de Derecho y del deber general de solidaridad, es el principio de preservación del interés superior del menor, que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional[10] y consagrada en los artículos 20 y 22 del Código del Menor.[11] Dicho principio refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional,[12] consistente en que al menor se le debe otorgar un trato preferente, acorde con su caracterización jurídica en tanto sujeto de especial protección, de forma tal que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad.
¿Qué significa que los niños sean titulares de derechos prevalecientes e intereses superiores? La respuesta únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular ()
Esta regla no excluye, sin embargo, la existencia de parámetros generales que pueden tomarse en cuenta como criterios orientadores del análisis de casos individuales. En efecto, existen ciertos lineamientos establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar de los niños, tanto a nivel general (en la Constitución, la ley y los tratados e instrumentos internacionales que regulan la situación de los menores de edad) como derivados de la resolución de casos particulares (es decir, de la jurisprudencia nacional e internacional aplicable), que sirven para guiar el estudio del interés superior de menores, en atención a las circunstancias de cada caso[13].
La Corte ha señalado que el interés de los niños debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo[14]; no obstante, ha dicho que igualmente ello no implica que al momento de determinar cuál es la opción más favorable para los niños, las niñas y los adolescentes en particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e intereses de las personas vinculadas con ellos, en especial los de sus padres. Por el contrario, el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes prevalece sobre los intereses de los demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a ellos.
El sentido mismo del verbo prevalecer[15] implica, necesariamente, el establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, los derechos e intereses conexos de los padres y demás personas relevantes se deben tomar en cuenta en función del interés superior del menor. De hecho, sólo así se logra satisfacer plenamente el mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos son titulares del derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de sus relaciones con padres, acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la regla que establece el artículo 3-2 de la Convención sobre Derechos del Niño, según el cual los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley[16].
ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
El artículo 15 de la Constitución de 1991 reconoció explícitamente el () derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas y además dispuso que [e]n la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Estos preceptos leídos en conjunto con la primera parte del mismo artículo 15 sobre el derecho a la intimidad, el artículo 16 que reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad- y el artículo 20 sobre el derecho a la información activo y pasivo y el derecho a la rectificación- de la Carta, han dado lugar al reconocimiento de un derecho fundamental autónomo catalogado como derecho al habeas data, y en algunas oportunidades, como derecho a la autodeterminación informativa o informática.
También surgió al interior de la Corte una segunda línea interpretativa que consideraba el habeas data una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Según esta línea, el habeas data tiene su fundamento último () en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad[18].
Con posterioridad el derecho al Habeas Data es entendido como un derecho autónomo compuesto por la autodeterminación informática y la libertad.[19] Este fue definido en la sentencia T- 729-02 como aquel que otorga la facultad[20] al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en la posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios[21] que informan el proceso de administración de bases de datos personales.
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas contenidos mínimos- que se desprenden de este de este derecho encontramos, por lo menos, las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer acceso- la información que sobre ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos o archivo, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular salvo las excepciones previstas en la normativa.
A pesar de que las redes sociales digitales generalista o de ocio y profesionales- se consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del mundo no virtual, el acceso a la misma acarrea la puesta en riego de derechos fundamentales, pues el hecho de que algunas de ellas se manejen a través de perfiles creados por los usuarios, por medio de los cuales se pueden hacer públicos datos e información personal, puede traer como consecuencia la afectación de derechos como la intimidad, la protección de datos, la imagen, el honor y la honra[23].
- Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, los usuarios hacen completamente públicos datos y características personales que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual y religiosa etc.
-El hecho de que, a través de las condiciones de riesgo aceptadas por los usuarios, estos cedan derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen en la plataforma, de manera que puedan ser explotados económicamente por parte de la red social.[25][26]
La afectación de los derechos fundamentales en redes sociales como el F. puede generarse en el momento en el cual el usuario se registra en la red escogida, durante su participación en la plataforma, e incluso en el momento en que decide dejar de utilizar el servicio.
Los derechos de los usuarios pueden verse afectados además con la publicación de contenidos e información en la plataforma fotos, videos, mensaje, estados, comentarios a publicaciones de amigos-, pues los alcances sobre la privacidad de los mismos pueden tener un alcance mayor al que consideró el usuario en un primer momento, ya que estas plataformas disponen de potentes herramientas de intercambio de información, de capacidad de procesamiento y de análisis de la información facilitada por los usuarios[27].
-La posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta, para contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada. Este hecho puede considerarse como una intromisión en las rutinas del usuario que puede suponer un grave menoscabo de su derecho a la intimidad.[28]
- A pesar de la cancelación de la cuenta, en ocasiones, la información intima del usuario puede continuar publicada y ser accesible desde los perfiles de otros usuarios, además de indexada y almacenada en la caché de los distintos buscadores existentes en internet[29].
iii- Recomendaciones establecidas en el M. de Montevideo sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en internet, en particular de niños, niñas y adolescentes.
Consientes de la necesidad de establecer una garantía de los derechos y una protección ante los riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales, en el M. de Montevideo[31] se señalan una serie de recomendaciones a fin de extender los aspectos positivos de la sociedad de la Información y Conocimiento a los menores y prevenir aquellas prácticas perjudiciales y los impactos negativos que las mismas generan para éstos.
La Corte considera pertinente traer a colación las recomendaciones vertidas en citado M. en tanto que constituyen criterio de orientación doctrinal para el tema.
En el Memorándum se hace la precisión de que Cualquier acercamiento al tema requiere que se consideren dos dimensiones. Por un lado el reconocimiento de que niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los derechos, y por tanto pueden ejercerlos en función de su edad y madurez, además que sus opiniones deben ser consideradas en función de su edad y madurez, por otro, el hecho de que por su particular condición de desarrollo tienen el derecho a una protección especial en aquellas situaciones que pueden resultar perjudiciales para su desarrollo y derechos.
- Los estados y las entidades educativa deben tener en cuenta el rol de los progenitores, o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del internet y las redes sociales digitales. Es tarea del estado y las entidades educativas proveer información y fortalecer capacidades de los progenitores, sobre los eventuales riesgos a que se enfrentan los menores en internet.
Por otro lado, en cuanto a la función que desarrolla el legislador en cada país, el Memorándum establece que la creación, reforma o armonización normativa debe realizarse tomando como consideración primordial el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes que contenga como mínimo los derechos y principios básicos reconocidos internacionalmente y los mecanismos para la efectiva protección de sus datos personales (numerales 6 al 9 del capítulo Recomendaciones para los Estados sobre el Marco Legal)
Además, resalta que los sistemas judiciales tienen un rol muy relevante en el aseguramiento de un buen uso de la Internet y las redes sociales digitales. Señala que las sanciones civiles y penales deben aplicarse no sólo para rectificar los derechos vulnerados sino también para enviar a los ciudadanos y a las empresas reglas claras sobre la interpretación de las leyes y de los principios fundamentales (numerales 10 al 13 del aparte Recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los Estados)
Finalmente, se imprimen una serie de recomendaciones a la Industria empresas que proveen los servicios de acceso a internet, desarrollan las aplicaciones o las redes sociales digitales- a fin de lograr la protección de los menores en la Sociedad de de la Información. Dentro de las que se destacan:
Con las consideraciones hasta aquí expuestas procede la Sala a estudiar el caso concreto de la menor XX en la red social F..
En el presente caso, la ciudadana AA solicita la protección de los derechos fundamentales de su hija de 4 años, XX, los cuales considera vulnerados con la creación de una cuenta en la red social F. por parte del padre de la menor BB. El señor BB creó tal cuenta con el fin de mantener el contacto con su hija, ya que debido a problemas con la accionante, transcurren largas temporadas sin que pueda ver a la niña.
Es del caso precisar que el padre de la menor al crearle el perfil, mintió sobre la edad de ésta, pues la niña en la actualidad cuenta con 4 años y las reglas de la red social F. indican que es necesario tener 13 para poder acceder a la misma. A pesar de ello, el accionado realizó una adecuada configuración de privacidad, al aceptar como amigos sólo a aquellas personas que tenían un parentesco o relación cercana con XX.
Una vez expuesto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si se vulnera el interés superior del menor y los derechos fundamentales al habeas data, la honra y el interés superior del menor, con la creación de una cuenta en F. a la menor XX, quien actualmente cuenta con 4 años de edad.
En primer lugar, se debe señalar que la Constitución Política de 1.991 advierte la posibilidad de dirigir acciones de tutela contra particulares cuando en el último inciso del artículo 86 señala: La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
En el caso especifico, procede la acción de tutela contra particulares, bajo el supuesto de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran los menores de edad, que los hace acreedores de la especial protección del Estado y le otorga la posibilidad a cualquier persona de solicitar la protección de sus derechos. Como se señaló, está especial protección deviene del artículo 44 Superior, el cual establece, entre otros aspectos, que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
En tercer lugar, se precisa que la resolución de la situación fáctica puesta en conocimiento de esta Sala se resolverá a partir de las disposiciones constitucionales y de la posible afectación de derechos fundamentales contenidos tanto en el ordenamiento interno como internacional y, no a partir de la regulación establecida por la red social F., pues la vulneración del contenido de un derecho fundamental no depende de la transgresión o acatamiento de éstas.
En lo que respecta a la posible vulneración del derecho fundamental al habeas data, entendido este como la garantía de protección de datos, y en el caso especifico de las redes sociales digitales, de la protección de datos personales[32] y de datos sensibles[33] , no existe mayor normatividad en la legislación nacional que regule lo referente a la protección de los mismos en casos de menores de edad. Sobre el particular, la ley que por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales consagra en su artículo 7 lo siguiente[34]:
Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales, y proveer de conocimiento acerca del uso responsable y seguro por parte de niños, niñas y adolescentes de sus datos personales, su derecho a la privacidad y protección de su información personal y la de los demás. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.
Principio de libertad: el tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento[35].
-Por su edad y madurez entiende la Sala que existe la imposibilidad para emitir un consentimiento previo, expreso e informado que permitiera inferir su deseo de acceder a una red social digital como lo F..
Además, se recuerda que las recomendaciones del M. de Montevideo apuntan a que el proceso inmersión en las redes sociales de niños y niñas se debe dar con el acompañamiento de la persona encargada de su cuidado, lo que tampoco se da este caso, pues el padre creo la cuenta precisamente por estar lejos de la menor. Es decir, en el momento que XX esté en la capacidad de entrar por sí sola a una red social no va a tener los elementos suficientes para manejar la información que ya otra persona colocó de ella en las redes sociales.
Lo anterior, nos permite concluir que en el caso especifico el derecho a la protección de datos se encuentra afectado con la creación de la cuenta en F. sin que XX sea consciente de ello, en especial el principio de libertad en el manejo de la información, máxime tratándose de datos personales de un sujeto especialmente protegido.
Adicional a lo expuesto, encuentra la Sala que la existencia de una cuenta en F. a nombre de XX afecta su derecho a la honra, entendido este como aquel derecho que toma su valoración de conformidad con las actuaciones de cada quien en particular y de conformidad con su manera de ser, su comportamiento en sociedad, el desenvolvimiento en el núcleo social donde vive y con quienes comparte su existencia que hace que los demás se formen un criterio respecto de los valores éticos, morales, sociales de su buen vivir y le valoren su condición de ser social en un plano de igualdad dentro de los criterios objetivos de ponderación de la dignidad humana. El derecho a la honra es un derecho personalísimo porque sólo se predica de los individuos en su condición de seres sociales[36].
- Cuando XX cuente con la edad y la madurez para manejar su cuenta en F. va a encontrar que el mismo ha sido el medio a través del cual se ventilaba la intimidad de la familia, y que esta ha sido conocida por un grupo de amigos que ella no escogió, independientemente de que tenga un vinculo familiar con ellos. Esto atendiendo a que en la actualidad, el padre se adujo la potestad de escoger quienes son los amigos de la menor en la red.
Lo hasta aquí expuesto se convierten en razones suficientes para tutelar los derechos fundamentales de la niña XX al habeas data y a la honra, así como el interés superior del menor, por lo que en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará la cancelación de la cuenta en F. a nombre de la niña.
Se reitera, en este caso se protegen los derechos fundamentales de la menor XX, en el contexto de la creación de una cuenta en una red social de la que ella no es consciente y que se ha utilizado para ventilar una disputa familia. Lo expuesto no implica que los menores no puedan acceder a la Sociedad del Conocimiento y la Tecnología, pero para ello se deben atender las recomendaciones del M. de Montevideo, en lo referente a que tal acceso debe ser paulatino, acompañado de las personas encargadas de su cuidado y acorde a la madurez y desarrollo sicológico que presenten.
Segundo.- Ordenar al señor BB cancelar la cuenta en F. que abrió a nombre de su hija XX, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia.
Tercero.  Advertir al señor BB que no puede crear una cuenta en una red social digital análoga al F. con datos personales y sensibles de su menor hija XX.
[9] El artículo 19 de la Convención Americana de derechos Humanos dispone:  Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
[11] Código del Menor, artículo 20: Las personas y las entidades tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor. || Código del Menor, artículo 22: La interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor.
[12] La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce en su preámbulo que la niñez es acreedora de especial cuidado y asistencia, y dispone en su artículo 3-1 que en todos los asuntos relativos a menores de edad, las autoridades públicas y privadas deben prestar atención prioritaria a los intereses superiores de los niños. A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño establece que los menores, dada su inmadurez física y mental, requieren especiales salvaguardas y cuidado, incluida una adecuada protección legal. Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha aplicado reiteradamente el estándar del interés superior del menor, entre otras en las decisiones de S. vs. Alemania (sentencia del 11 de octubre de 2001, en la cual se restringió el contacto entre un ciudadano alemán y su hija menor de edad, por considerar que dada la animadversión entre él y la madre de la niña, tales contactos irían en detrimento del interés superior de ésta última), L. Vs. Finlandia (sentencia del 30 de marzo de 2000, en la cual se aceptó una medida de protección consistente en separar a un menor de sus padres biológicos por existir acusaciones de abuso sexual y una enfermedad mental de la madre, que hacían presumir que el interés superior del menor sería satisfecho con la separación) y P., C. y S. Vs. Reino Unido (sentencia del 16 de julio de 2002, en la cual se aprobó la colocación de un niño recién nacido y su hermana en un hogar sustituto, dados los antecedentes psiquiátricos de la madre, que constituían un riesgo para su salud y, por ende, contrariaban su interés superior).
[15] De conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, prevalecer significa, en su primera acepción, sobresalir una persona o cosa; tener alguna superioridad o ventaja entre otras.
[16] En igual sentido, el artículo 5 de la Convención sobre Derechos del Niño dispone que los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención.
[22] Tomado del M. de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.
[24] Ejemplo de este supuesto lo constituye la implicación en delitos de estafa on line, como el Phishing Car, donde los estafadores utilizan perfiles de cierto renombre en la Red, para otorgar una mayor entidad y credibilidad al negocio ficticio.
Más información en http:legaltoday.com¨]index.php*actualidad*noticias*phishing-una-alarma-constante.
[25] En este sentido, una de las polémicas más relevantes fue la ocurrida en el año 2006 con el grupo musical artic Monkeys, que estuvo al borde de perder sus canciones, al haberlas alojado en una importante red social para darse a conocer en sus comienzos.
[30] Tomado del M. de Montevideo adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet.
[31] La recomendaciones contempladas en el M. de Montevideo fueron adoptadas en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en internet. (con la participación de Belén Albornoz, F.B., C.B., M.C., J.C., Rosario Duasco, C.G.G., E.M., F.M., E.I., T.T.N. de O., L.O., L.R.P. de Souza, R.P.M., N.R., F.S. y M.J.V.. Realizado en Montevideo los días 27 y 28 de julio de 2009.
[33] Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 25812 de 21 de Febrero de 2006