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Timestamp: 2017-11-23 23:55:11
Document Index: 205182240

Matched Legal Cases: ['artículo 217', 'artículo 20', 'e contrario', 'artículo 83', 'artículo 1288', 'artículo 5', 'e contrario', 'artículo 316', 'artículo 217', 'artículo 398']

Sentencia A.P. Madrid 479/2013 de 21 de noviembre. Entidades de crédito. Préstamo bancario. Impago - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 479/2013 de 21 de noviembre
Reclamación de cantidad bancaria: En razón de contrato de préstamo bancario para la adquisición de un vehículo a motor, con pacto de interés nominal anual del 6,95% y un interés de demora del 20%. Prueba documental: Suficiencia de la aportación del contrato con la firma de ambos cónyuges, para obligarles a su íntegro cumplimiento. Legitimación pasiva: Requisitos.
N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0002672
Recurso de Apelación 147/2013
O. Judicial Origen: Juzgado Mixto n.º 02 de Aranjuez
Autos de Procedimiento Ordinario 408/2011
APELANTES: D. Santiago
PROCURADOR Dña. MARIA JOSE SANCHEZ PEREZ
Dña. Celsa
PROCURADOR D. JOSE RAMON PEREZ GARCIA
APELADO: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
PROCURADOR Dña. MARIA JESUS GUTIERREZ ACEVES
SENTENCIA N.º 479/2013
Siendo Magistrado Ponente D. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ
En Madrid, a veintiuno de noviembre de dos mil trece.
La Sección Vigesimoquinta de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles sobre reclamación de cantidad, Procedimiento Ordinario 408/2011, seguidos en el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 02 de Aranjuez a instancia de D. Santiago, apelante - demandado, representado ante esta instancia por la Procuradora Dña. MARIA JOSE SANCHEZ PEREZ, y de Dña. Celsa, apelante - demandado, representado ante esta instancia por el Procurador D. JOSE RAMON PEREZ GARCIA contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., apelado - demandante, representado por la Procuradora Dña. MARIA JESUS GUTIERREZ ACEVES; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 27/12/2012.
Primero.—Por Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 02 de Aranjuez se dictó Sentencia de fecha 27/12/2012, cuyo fallo es el tenor siguiente:
"ESTIMO la demanda interpuesta por la procuradora doña Montserrat Ruiz Jiménez en representación de la mercantil BBVA, S.A., contra don Santiago y doña Celsa y les CONDENO SOLIDARIAMENTE a satisfacer la cantidad de 15.021,05 euros, más los intereses de demora desde la fecha del cierre de cuenta.
Se condena en costas a los codemandados."
Segundo.—Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por cada una de las partes demandantes, que fue admitido, oponiéndose al recurso la parte demandante; igualmente la Sra. Celsa se adhirió al recurso de apelación presentado por el codemandado; y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 20 de noviembre del año en curso.
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida:
Primero.—En dicha resolución judicial n.º 108/2012, de 27 de diciembre, dictada en el procedimiento ordinario n.º 408/2011, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Aranjuez, se estimó la demanda de reclamación de cantidad, porque los demandados incumplieron el pago de las cantidades debidas al BBVA, por razón del contrato de préstamo de 2 de abril de 2005, pactándose un interés nominal anual del 6,95%, TAE a nivel informativo del; 8,008 % anual, y un interés de demora del 20%, y habiéndose cerrado la cuenta asociada el 24 de septiembre de 2008, según consta en los documentos n.º 2 y 3 de los adjuntos a la demanda. En el fundamento de derecho tercero de la indicada sentencia se expusieron las razones desestimatorias de las objeciones planteadas por ambos codemandados para efectuar el pago de la deuda reclamada, y que ahora reiteran en ambos recursos de apelación.
Segundo.—Los motivos de apelación de D. Santiago son: Error en la apreciación de la prueba, e infracción de los principios legales sustantivos de los artículos 1255, 1256, 1281, 1285 y 1288 del CC. Los argumentos del recurso de D.ª Celsa, redundan en el supuesto error en la apreciación de la prueba, y en la infracción de los principios legales enumerados en la anterior apelación. La parte apelada se ha opuesto fundadamente a dichos motivos, defendiendo la conformidad jurídica de la sentencia apelada, porque no se debe confundir el pagaré con el contrato de préstamo, siendo correcta la liquidación bancaria al no haberse presentado otra distinta, ni haberse asumido la carga de la prueba conforme al artículo 217.3.º de la LEC por los demandados, acreditativa de las supuestas irregularidades comentadas en ambos recursos.
Tercero.—La Sala entiende que el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada es suficiente para motivar conforme a Derecho la estimación de la demanda, porque no se debe confundir la declaración judicial de la nulidad del pagaré, por haber sido extendido en blanco, según las sentencias relativas al juicio cambiario de 2 de noviembre de 2009 y 2 de febrero de 2011, adjuntas a la contestación de la demanda de D.ª Celsa, estando declarado en rebeldía el otro demandado en Acta de 22 de mayo de 2012, en que se suspendió la Audiencia Previa. con el enjuiciamiento de todo el contrato de préstamo, al tratarse de realidades jurídicas distintas, que merecen diferentes tratamientos procesales. Nos encontramos en este litigio ante el supuesto de hecho de un vencimiento anticipado del préstamo personal concertado entre los litigantes para la adquisición de un vehículo de motor. La interrupción de la amortización de las cuotas convenidas en el mes de julio de 2008 determinó que se produjera el cierre de la cuenta y la liquidación correspondiente, sin que fuera preciso la intervención de fedatario público, al no estar prevista en el contrato a los efectos pretendidos en la demanda, ni tratarse de un juicio ejecutivo, si no que estamos en un procedimiento declarativo ordinario, en que dicha formalidad jurídica no resulta exigible. Las cláusulas del contrato no son anulables porque no se ha argumentado y probado a su debido tiempo y en la forma debida, causas anulatorias, y sin que se haya aportado los elementos de juicio suficientes para desvirtuar la eficacia jurídica de dicho préstamo personal. La estimación de la demanda concuerda con una extensa doctrina, de la que son exponentes, entre otras, las siguientes sentencias: Audiencia Provincial de Zaragoza, sec. 5.ª, de 9-11-2010, n.º 673/2010, rec. 669/2010, en que se considera que el tipo de interés no tiene carácter desproporcionado y abusivo al haberse pactado para el caso de demora, en este caso -el 20%-, y no habiendo anulación de la cláusula de vencimiento anticipado. Por lo que respecta al carácter usurario que el apelante atribuye a los intereses de demora, tal pretensión no puede merecer favorable acogida, pues como viene reiterando la jurisprudencia tal carácter no es atribuible a los intereses de demora dada la naturaleza de los mismos, sino sólo a los remuneratorios; y así la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2009 dispone que: "En cuanto a los intereses moratorios, éstos, como recuerda la sentencia de 2 de octubre de 2001 , "no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objeto de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadrarlos en la ley de 23 de julio de 1908". Por lo demás el carácter habitual del tipo de interés aplicado como de demora es reconocido por la totalidad de la sentencias dictadas sobre este particular, y así merecen citarse las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de diciembre de 2002 y 11 de junio de 2006, en las que se dice: "Como quiera que el interés remuneratorio (o TAE a nivel informativo) pactado en la póliza de autos fue del; 8,008 % anual en este caso, (que debe distinguirse del nominal anual del 6,95%); habrá que concluir que los intereses moratorios al 20% no exceden de 2,5 veces el TAE interés remuneratorio, por lo que no resultan abusivos, teniendo en cuenta, además, que era un tipo de interés habitual en la época en que se suscribió la póliza, como se desprende de la numerosa jurisprudencia relativa a contratos en los que se pactó dicho interés; habitualidad que contempla expresamente la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16, de 22 de noviembre de 2000 , indicando que en 1995 estaba muy extendida la práctica de fijar un tipo del 29 por ciento como interés de demora". Asimismo la sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 2.ª) de 10 de marzo de 2005 al decir; "los intereses previstos en la póliza en cuestión se fijan al nominal del 15 por ciento y de demora del 29 por ciento anual, que no pueden considerarse como manifiestamente desproporcionados o abusivos dada la legalidad vigente en ese momento y el proceso liberalizador de los tipos de interés expresado en la Orden Ministerial de Economía y Comercio de 17 de enero de1981 (liberalización de tipos de interés y dividendos bancarios) y la práctica y los usos mercantiles a la sazón". En el mismo sentido se pronuncian otras muchas sentencias, entre ellas, las dictadas por la Audiencia Provincial de Cantabria (Sección 3.ª) de 21 de junio de 2002, y la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 12.ª) de 21 de marzo de 2002. Por lo demás, es preciso recordar que también incluso legalmente se establecen intereses también de notoria importancia, como son los del 20 % anual, del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, temática atendida en la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles de esta Audiencia en su reunión de 27 de septiembre de 2013, y en las resoluciones de esta Sala, recaídas sobre dicho particular.
Cuarto.—Respecto del motivo del recurso, correspondiente al error apreciativo de la prueba, no consta que la firma de la apelante fuera falsa, pues declarar que no recuerda si firmó no le exime de la responsabilidad derivada de lo documentado en autos, que no ha sido desvirtuado de contrario. El lugar donde se celebró el contrato, y donde se formalizó el mismo, con las firmas de las partes, tampoco es impedimento para la exigibilidad del contenido del contrato, ni resulta que su cláusula octava sea óbice para la presente reclamación de cantidad, porque no nos encontramos en un juicio ejecutivo, sino en un declarativo ordinario, en que tales formalidades no tienen los mismos efectos. Lo cual entronca con la desestimación de la supuesta nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, por cuanto abusiva, según el artículo 83 del R.D. Legislativo 1/2007, se debe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de abril de 2000 -Referencia "El Derecho" 18.764- cuando expone que: "Las cláusulas de vencimiento anticipado resultan válidas y son admisibles, al amparo del principio de la autonomía de la voluntad - art. 1255 CC - siempre que no sean contrarias a la Ley, moral u orden público ni se deje su cumplimiento al arbitrio de uno de los contratantes -art. 1256-, para lo cual la decisión de vencimiento anticipado por voluntad unilateral de la Entidad actora tendrá que fundarse en una causa justa y objetiva, como por ejemplo, aquellas derivadas de una insolvencia sobrevenida del deudor o con claro peligro de no poder atender a la debida prestación como son la incoación de un procedimiento concursal, liquidación de la persona jurídica..., en consonancia con lo dispuesto en el art. 1129 C.C ., sin que tampoco pueda considerarse que estas cláusulas de contenido objetivo y convencionalmente suscritas atentan contra la Ley 26/1984, de 19 de julio de protección de los consumidores, puesto que bajo su amparo y cobijo no quedan cubiertas conductas civilmente ilícitas o antijurídicas...", añadiendo la Sentencia de la Audiencia de la misma ciudad de 1 de septiembre de 2008 -363.299- que: "La "ratio" que subyace en la declaración de vencimiento anticipado de la deuda no es otra que la pérdida del beneficio del plazo que resulta ser en beneficio del acreedor o deudor o de éste último como establece el art. 1127 CC . En dicho sentido, cuando existe un riesgo cierto y determinado que la deuda no va a ser hecha efectiva por el deudor a su normal vencimiento y quedan disminuidas las legítimas expectativas de cobro del débito es justo y equitativo, conforme a lo dispuesto en el art. 1129 CC -que también encuentra una específica aplicación en los arts. 1915 CC . y 883 C.com .-, se pierda dicho beneficio del plazo o también denominado caducidad del derecho a utilizar el plazo. Ahora bien, para que ello se encuentre legitimado es preciso tenga su amparo en alguna de las reglas del art. 1129 CC , aun cuando lo sean mediante modalidades que no expresamente recogidas en la norma puedan quedar siempre subsumidas en alguno de los tres citados supuestos. Las partes al amparo de la libertad de contratación - art. 1255 CC - pueden pactar cláusulas de vencimiento anticipado, si bien las mismas...". La Sentencia de la Audiencia Provincial también de Barcelona de 31 de octubre de 2007 -263.806- establece que: "La doctrina mayoritaria considera que es abusiva la cláusula de vencimiento anticipado inserta en contratos de la naturaleza del de autos cuando se establece con carácter discrecional, pero no cuando va anudada al incumplimiento manifiesto de la contraparte, como ocurre aquí, en que el apelante no ha abonado más que cuatro plazos del préstamo". La cláusula de vencimiento anticipado supone, en efecto, una pérdida del beneficio del plazo dispuesto a favor del deudor, pero tiene como condicionamiento previo una causa justa, libremente pactada por las partes en el contrato, como es su incumplimiento de pago en el caso presente relativo a una serie de cuotas de periodicidad mensual, habiéndole requerido puntualmente para regularizar el pago, sin que el aviso surtiera efecto alguno, operando tal cláusula como una resolución contractual anticipada por incumplimiento de los deudores, inserta en un contrato de larga duración, como es el de préstamo, en el que ese incumplimiento primero de cada deudor denota a las claras la falta de voluntad de cumplirlo en los términos establecidos en el contrato. No siendo aceptable la alegación acerca del artículo 1288 del CC, porque no apreciamos oscuridad evidente en la redacción de las estipulaciones contractuales controvertidas, cuyo texto debe ser transcrito literalmente como hace la apelada para disipar la confusión pretendida por la parte apelante. Tampoco cabe la no exigibilidad de la totalidad de la deuda y de los intereses concedidos en la sentencia, ya que no vulnera el contrato enjuiciado lo establecido en los artículos 5 y 7 de la Ley 1/98. El artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación regula los requisitos de incorporación al contrato de las cláusulas generales predispuestas, ello con la finalidad de garantizar el consentimiento del adherente a las mismas. No se han vulnerado en la sentencia apelada los principios legales sustantivos de los artículos 1255, 1256, 1281, 1285 y 1288 del CC, porque dicha regulación legal parte del principio básico en derecho de obligaciones, de que solo puede consentirse aquello que se conoce, de ahí que en el citado principio se imponga a la actora predisponente de las mismas la carga de procurar la información a la parte demandada. Ahora bien, en los contratos concertados por escrito como es el analizado se somete la eficacia vinculante de tales condiciones generales al cumplimiento por el predisponente de tres requisitos: El deber de hacer referencia expresa en el contrato a las condiciones generales que se pretendan incorporar, el de facilitar un ejemplar de las mismas al adherente afectado por dicha unión y por último, la necesidad de que la aceptación de las mismas la exteriorice este último con su firma. De ello deriva que no puede imputarse a la otra parte la negligencia que implica firmar un contrato sin leer sus cláusulas una vez tiene ocasión de hacerlo, según la sentencia de la Audiencia Provincial de León, sec. 2.ª, de 14-4-2005, n.º 102/2005, rec. 77/2005: " En este caso tales requisitos deben estimarse cumplidos en el documento contractual que sirve de base a la reclamación, ya que en el anverso del mismo que es dónde figura la firma se remite en varias ocasiones al condicionado posterior, por lo que no resulta creíble que no hubieran visto que este existía y que no aceptaban tales condiciones al firmar el préstamo, ya que una elemental prudencia tanto en el prestatario como en los fiadores exige la lectura de aquello que se está aceptando con la firma. No se ha acreditado ni invocado la no entrega de las condiciones del contrato por lo que debe concluirse que el condicionado general forma parte del contrato suscrito entre las partes al cumplirse, frente a lo manifestado de contrario con lo dispuesto en los artículos citados". Y, bien entendido que, con ocasión del recurso de apelación no se pueden suscitar cuestiones ni efectuar alegaciones correspondientes a momentos ya transcurridos y a oportunidades no aprovechadas. Las mismas, de realizarse, no podrían tener sino la consideración de cuestiones nuevas y, por lo mismo, resultar inatendibles, según la doctrina fijada por la Sección 10.ª, de esta Audiencia, entre otras, en sentencias de 18 de septiembre de 1999 (Rollo núm. 1180/1996); 9 de octubre de 1999 (Rollo núm. 708/1998); 27 de noviembre de 1999 (Rollo núm. 590/1998); 18 de diciembre de 1999 (Rollo núm. 698/1998); 4 de marzo de 2000 (Rollo núm. 899/1998); 11 de marzo de 2000 (Rollo núm. 938/1998); 10 de marzo de 2001 (Rollo núm. 1116/1999); 16 de junio de 2001 (Rollo núm. 1170/1998); 23 de junio de 2001 (Rollo núm. 65/2000); 30 de junio de 2001 (Rollo núm. 756/1999); 14 de julio de 2001 (Rollo núm. 1336/1998), en puridad técnico-jurídica, el examen de cuestiones de fondo atinentes a la "res in iudicio deducta", integradas no por la contraprueba de los hechos constitutivos invocados por la actora, sino por hechos impeditivos, modificativos, extintivos o excluyentes, en la medida en que no fueron invocados oportuna, formal y tempestivamente en el escrito alegatorio de contestación a la demanda presentado el 15 de marzo de 2012, folios 105 a 107 de autos, al haber dejado transcurrir el plazo conferido para su formulación. En él hubiera debido exponer dicha parte demandada todas las cuestiones que considerase de relevancia para la resolución del litigio. El principio de preclusión impide que puedan ser introducidas con posterioridad temas nuevos, no suscitados en el momento procesal oportuno, por impedirlo tanto el principio de seguridad jurídica como el que proscribe toda indefensión (arts. 9.3 y 24.1 CE).
Quinto.—Por lo que respecta a las alegaciones formuladas en su recurso por la representación procesal del codemandado declarado en rebeldía en la primera instancia, ha de indicarse que, si bien el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza al órgano «ad quem» a resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados oportuna, formal y tempestivamente en la primera instancia, dado que a ello se opone el principio «pendente apellatione nihil innovetur»; SS.T.S. de 6 de marzo y 23 de junio de 1984, 20 de mayo de 1986, 21 de abril y 4 de junio de 1993, entre otras, y que aparecen como cuestiones nuevas cuyo examen se encuentra vedado al Tribunal revisor o de segundo grado. Esta circunstancia impide considerar atendibles cualesquiera alegaciones que se formulasen por la parte demandada fuera del trámite de contestación a la demanda. Ni la audiencia previa ni el acto del juicio son momentos procesales idóneos para efectuar alegaciones cuyo objeto o contenido se oriente a redargüir las efectuadas en el escrito de demanda. Y lo mismo sucede cuando tales alegaciones se realizan en el escrito de interposición de recurso de apelación. En cuanto a la valoración de la prueba hemos de recordar que la ley sólo establece la valoración tasada en la prueba de documentos públicos (artículos 319 a 323 de la Ley del Enjuiciamiento Civil y 1.218, 1.º y 2.º, 1.221, 1.º, 2.º y 3.º del Código Civil), documentos privados (artículos 326 de la L.E.C. y 1.225, 1.227, 1.228,. 1.229 y 1.230 del C.C.), e interrogatorio de las partes (artículo 316.1 de la L.E.C.), dejando libertad en la valoración al Juez en las pruebas de peritos, testigos y reconocimiento judicial. En cualquier caso, el que la valoración de la prueba sea libre no significa que sea arbitraria ni que por ello no existan reglas de valoración sino que estas no están contenidas en la ley. No obstante el Tribunal Supremo viene desarrollando una jurisprudencia que tiende fundamentalmente a implantar la libre valoración de la prueba, tendencia que se aprecia en primer término en la consagración de la llamada valoración conjunta de la prueba y en segundo lugar en la afirmación de que ninguno de los medios de prueba admitidos por la ley goza de preeminencia o tiene rango superior a los demás, serán las circunstancias que concurran en cada caso las que determinen la fuerza de convicción de un medio sobre otro conforme a las normas aplicables a cada uno. Las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba o de prueba insuficiente han de recaer en quien tenga la carga de la misma, entrando en juego ésta sólo cuando se produce alguna de dichas situaciones, pero no cuando hay existencia de prueba, cualquiera que sea la parte que la ha aportado, al regir en la materia el principio de adquisición procesal - sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2008, 13 de julio y 1 de octubre de 2009 y 3 de marzo de 2010 -.
Finalmente, hemos de rechazar la infracción que se dice cometida de lo dispuesto en los artículos 1255, 1256, 1281, 1285 y 1288 del CC, con relación al apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que de un modo genérico se hace alusión en la titulación de la alegación segunda, pues en este caso las partes litigantes se hallan en un plano de igualdad respecto al deber de acreditar cada una, según lo dispuesto en la regla o apartado 2 del mismo artículo, con relación a la parte actora, y en apartado 3 respecto del deber probatorio de los demandados, el cumplimiento del contrato o la existencia de hechos extintivos o impeditivos (defectuosa o tardía ejecución) que hagan inatendible total o parcialmente la pretensión ejercitada, sin que se haya precisado, ni menos acreditado, con relación a que hechos o circunstancias se disponía de una mayor facilidad probatoria, cuya falta o insuficiente práctica deba verse sancionada valorativamente por el órgano judicial. En definitiva, con arreglo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 13.ª, de 10-7-2012, n.º 354/2012, rec. 41/2012, estimamos acertada la argumentación contenida en la sentencia de primera instancia y a ella nos remitimos conforme autoriza la doctrina de la motivación contenida, entre otras, en las Sentencias del Tribunal Constitucional, Sala 2.ª 107/1998, 18 de mayo; Sala 2.ª 154/1998, 13 de julio; Sala 2.ª 108/2001, 23 de abril; Sala 1.ª 5 / 2002, 14 de enero; Sala 2.ª 21 / 2004, 23 de febrero; Sala 2.ª 70 /2004, 18 de abril; que se resume por la Sentencia de Tribunal Constitucional de la Sala 1.ª 111/2004, de 12 de julio, en el sentido de que cabe tal forma de motivar mediante la remisión, entre otros casos, a las resoluciones precedentes del mismo órgano judicial o a las del órgano judicial que dictó la sentencia que se revisa, siempre que el Tribunal haya tomado en cuenta los argumentos de los recurrentes y que la resolución a la que se refiera la motivación resuelva, a su vez, fundadamente la cuestión planteada, (Sentencias del Tribunal Constitucional 174/1987, 11/1995, de 16 de enero; 24/1996, 115/1996 y 116/1998 de 2 de junio) y del Tribunal Supremo de cinco de octubre de 1.998, diecinueve de octubre de 1.999, tres de febrero y cinco de marzo de 2000, dos de noviembre y veintinueve de diciembre de 2.001, veintiuno de enero y veinticinco de noviembre de 2.002, dos de julio de 2.004, dieciocho de febrero y veintisiete de septiembre de 2.005 y dieciséis de noviembre de 2.006 y Auto de treinta de octubre de 2.007.
Sexto.—Los demás motivos de ambos recursos, en lo que no se hayan separado de las alegaciones esgrimidas en la primera instancia, tampoco pueden prosperar porque constante matrimonio la póliza de préstamo de 7 de abril de 2005 fue suscrita por los demandados, constando al folio 15 de autos las firmas de ambos prestatarios, que no se ha acreditado que fuesen falsas, por lo que es prueba documental suficiente la aportación de dicho contrato con la firma de ambos cónyuges, para obligarles a su íntegro cumplimiento, al adquirirse el automóvil financiado con el préstamo personal en beneficio de la sociedad de gananciales, teniendo legitimación pasiva ambos demandados, según la doctrina expuesta por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 10.ª, de 27-9-2005, n.º 588/2005, rec. 55/2005, dictada en un supuesto fáctico similar, teniendo en cuenta lo declarado en otros casos precedentes (SAP 4.ª de A Coruña de 24-7-1998 y 5-3-1999, 21-7-2000, 5-2-2001, citadas por las sec. 4.ª, en sentencia de 27-5-2010, n.º 249/2010, rec. 246/2010, entre otras) sobre el apartado 29 de la nueva Disposición Adicional Primera de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, tras la reforma de la Ley 7/1998, (actual art. 89.7 del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16-11), no pudiéndose considerar abusivas las cláusulas de la póliza de préstamo personal enjuiciada, por lo que no se está incluyendo el supuesto de hecho del presente litigio en dicha calificación jurídica, por lo que el cierre de la cuenta no puede tener el efecto pretendido en el primer motivo del recurso de apelación, pues la desestimación tácita de alguna alegación subsidiaria de la contestación a la demanda, no equivale a incongruencia alguna, al resultar procedente la íntegra estimación de la demanda, con arreglo al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19.ª, fijado en su sentencia de 8-7-2010, n.º 365/2010, rec. 92/2010, también en cuanto se refiere a que no se ha propuesto liquidación alternativa alguna, fundada en la necesaria contraprueba para desvirtuar la practicada por el Banco apelado con referencia a la cantidad que se reclama, atendiendo a la doctrina jurisprudencial de las SSTS de 15 diciembre 2009 que la regla in illiquidis non fit mora representa en realidad excepción a la jurisprudencia actual que, ya en sentencias de 21-12-98 y 13-10-97, esta última con cita de las de 5-4-92, 18-2-94 y 21-3-94, tenía por revisada dicha regla y que en la actualidad aplica como regla general la de condenar al pago del interés legal de la cantidad resultante de la liquidación del contrato para, así, dejar indemne al contratante acreedor (SSTS 29-4-04, 15-6-04, 15-12-04, 16-12-04, 15-4-05, 9-2-07 y 11-9-08), siendo particularmente expresivas al respecto las SSTS 25-2-00, 13-12-01 y 9-2-07 en cuanto versan sobre liquidación de contratos; siendo de citar igualmente la STS Sala 1.ª de 15 julio 2009 en cuanto se remite a lo que tiene declarado, en sentencia de 16 de noviembre de 2007: "Ciertamente, durante mucho tiempo, la doctrina jurisprudencial, a través de la exigencia de liquidez y con apoyo en el principio (en realidad regla, o aforismo) de in illiquidis non fit mora (sin base histórica ni de derecho positivo), vino manteniendo un criterio muy riguroso al requerir, prácticamente y de modo general, coincidencia de la suma concedida con la suplicada para que pudiera condenarse al pago de los intereses legales desde la interpelación judicial. La exigencia fue atenuada a partir de la sentencia de 5 de marzo de 1992 , seguida por las de 17 y 18 de febrero y 21 de marzo de 1994 ; 19 de junio , 20 de julio y 30 de diciembre de 1995 , y otras muchas posteriores, que sustituye la coincidencia matemática por la sustancial, de modo que una diferencia no desproporcionada de lo concedido con lo pedido no resulta obstáculo al otorgamiento de intereses. A partir del Acuerdo de esta Sala 1.ª de 20 de diciembre de 2005 se consolida una nueva orientación, que se plasma en sentencias, entre otras, de 4 de junio de 2006 , 9 de febrero , 14 de junio y 2 de julio de 2007 , que, prescindiendo del alcance dado a la regla "in illiquidis non fit mora", atiende al canon de la razonabilidad en la oposición para decidir la procedencia para condenar o no al pago de intereses y concreción del "dies a quo" del devengo. Este moderno criterio, que da mejor respuesta a la naturaleza de la obligación y al justo equilibrio de los intereses en juego, y en definitiva de la tutela judicial, toma como pautas de la razonabilidad el fundamento de la reclamación, las razones de la oposición, la conducta de la parte demandada en orden a la liquidación y pago de lo adeudado, y demás circunstancias concurrentes, por lo que la solución exige una especial contemplación del caso enjuiciado". Asimismo, la STS de 2 de julio de 2007 integra el razonamiento que se dice a continuación: "A la luz de esa jurisprudencia procede desestimar el motivo y mantener la condena a pagar a los demandantes los intereses moratorios a que ha sido condenada en la sentencia recurrida, puesto que, la falta de disposición de cada recurrente a liquidarla, priva de justificación al retraso en el pago de lo que la demandante tiene derecho a recibir".
Séptimo.—Al desestimarse cada recurso de apelación, sus costas respectivas se deben imponer a quienes los han interpuesto, por imperativo del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento, y con pérdida de los depósitos para recurrir.
Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la respectiva representación procesal de D. Santiago y de D.ª Celsa, contra la sentencia n.º 108/2012, de 27 de diciembre, dictada en el procedimiento ordinario n.º 408/2011, del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Aranjuez, y la confirmamos íntegramente, imponiendo a los recurrentes las costas de esta alzada, con pérdida de los depósitos para recurrir, en cada caso.
Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas y remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banesto Oficina N.º 1036 sita en la calle Ferraz n.º 43, 28008 Madrid, con el número de cuenta 3390-0000-00-0147-13, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.