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Timestamp: 2019-10-18 14:09:37
Document Index: 413908546

Matched Legal Cases: ['artículo 2356', 'artículo 201', 'artículo 250', 'artículo 227', 'artículo 217', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 2356', 'artículo 2341', 'artículo 1036', 'artículo 1046', 'artículo 1047']

﻿ SENTENCIA 4978 DE MAYO 5 DE 1999
SENTENCIA 4978 DE 05 DE MAYO DE 1999
CONTENIDO:TESTIMONIO. VALORACIÓN PROBATORIA. LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS NO SIEMPRE DESTRUYE LA PRESUNCIÓN DE CULPAS. PERJUICIOS MORALES. CUANTIFICACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO, RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, ADMISIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, ACTIVIDAD PELIGROSA, PRESUNCIÓN DE CULPA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:330 DE JUNIO DE 1999, PÁG.981
Sentencia 4978 de mayo 5 de 1999
Rad.: Expediente 4978
Santafé de Bogotá D.C., cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Decide la Corte el recurso de casación propuesto por la demandante Raquel Gutiérrez Salazar, contra la Sentencia del 29 de junio de 1993, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por la recurrente, junto con Jesús María Zanabria Perdomo e Irene Cabrera Penagos, frente a la “cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. —Coomotor—” e Isidro Quintero.
1. Correspondió al juzgado primero civil del circuito de Neiva aprehender el conocimiento del libelo en virtud del cual los demandantes deprecaron que se declarara que los demandados son “solidaria y civilmente responsables” del accidente de tránsito acaecido en esa ciudad el 22 de noviembre de 1986 y por cuya causa fallecieron los señores Luis Alberto Gutiérrez y Jesús Antonio Zanabria Cabrera. Impetraron, subsecuentemente, que se condenara a los encausados a pagarles la totalidad de los perjuicios patrimoniales y de afección que con tal insuceso se les ocasionaron.
2. Fundamentan estos pedimentos en los supuestos tácticos que bien pueden compendiarse así:
El 22 de noviembre de 1986, hacia las 12 del día, el bus de placas VX-1780 de propiedad del demandado Isidro Quintero y conducido por un hijo suyo del mismo nombre, colisionó en la intersección de la avenida “La Toma” con carrera 2ª de Neiva, con la motocicleta marca Honda, modelo XL125S, conducida por quien a la sazón era su poseedor material, señor Luis Alberto Gutiérrez y quien viajaba acompañado por el joven Jesús Antonio Zanabria Cabrera.
El conductor del bus hizo caso omiso de la señal de pare que en ese sitio le correspondía acatar, y debido a la excesiva velocidad a la que conducía, chocó con el bomper del automotor la parte central de la moto, con tal fuerza que y arrojó a sus dos ocupantes “...a una distancia de cinco y ocho metros, aproximadamente y sobre la avenida de ‘La Toma.., mientras que el bus detuvo su marcha en la intersección de esta avenida con la carrera 3ª.
Por razón de la colisión, los dos ocupantes de la moto fallecieron el mismo día del accidente en el Hospital General de Neiva, con un intervalo de seis horas.
Luis Alberto Gutiérrez era un joven de 28 años de edad que laboraba como operador de maquinaria agrícola y que con sus ingresos contribuía al sostenimiento de Raquel Gutiérrez, su madre, persona casi inválida por causa de una penosa enfermedad.
Por su parte Jesús Antonio Zanabria Cabrera, en ese entonces de 21 años de edad, laboraba en la finca de su padre, tarea con la cual contribuía al sostenimiento de sus progenitores, quienes, al igual que la otra demandante, se ven privados del afecto y cooperación de sus hijos, por causa de la impericia del menor de edad que guiaba el bus, la imprudencia del propietario del mismo y la tolerancia del conductor asignado por la empresa, quienes permitieron que el menor, violando las normas de tránsito, lo condujera, factores todos estos que confluyeron en la causación del daño que se alega.
3. Enterada la empresa transportadora de las pretensiones que se le enfrentaron, se opuso a las mismas, afirmando desconocer los hechos que la soportan, llamando en garantía a la sociedad “Colseguros S.A.”, llamamiento que también impetrara el demandado Isidro Quintero quien, además de oponerse a las pretensiones de la demanda, propuso excepciones de fondo.
4. A la primera instancia puso fin la Sentencia del 9 de abril de 1991 por medio de la cual el a quo desestimó las pretensiones de la demanda, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva al despachar la apelación propuesta por la parte actora.
Luego de destacar los antecedentes relevantes del litigio y de señalar que se trata de una acción de responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas, advierte el tribunal que están fuera de discusión, tanto el suceso del accidente, como la defunción de los señores Luis Alberto Gutiérrez y Jesús Antonio Zanabria Cabrera por causa del mismo. De igual modo, encuentra probada la legitimación de la parte demandante con base en los certificados allegados con la demanda y que dan fe de los vínculos parentales en ella aducidos, al paso que del certificado expedido por la oficina de transportes y tránsito del Huila, infiere que el demandado Isidro Quintero era, para la época del percance, el propietario del bus, hecho que, agrega, aceptó al contestar la demanda.
En lo que concierne con la calidad en que fuera citada la cooperativa encausada, afirma el ad quem que ésta quedó establecida en la diligencia de inspección judicial realizada sobre los documentos alusivos a la afiliación del bus, y de los cuales se dejó fotocopia auténtica en el expediente.
Como quiera que los dos vehículos se encontraban en movimiento, prosigue, la presunción de culpabilidad de que trata el artículo 2356 del Código Civil, recae no solo sobre el conductor del bus, sino que también cobija al de la moto, circunstancia por la cual la presunción de culpa no rige exclusivamente para la parte demandada sino que comprende igualmente al demandante.
Cita a continuación jurisprudencia de esta corporación para destacar que en acontecimientos similares, quien pretenda indemnización por dicha causa, deberá demostrar los elementos que estructuran la responsabilidad civil, incluyendo el subjetivo o culpa, para emprender, luego, la búsqueda de la comprobación de este aspecto, asentando para tal efecto, que la única prueba que obra al respecto en el expediente, es la declaración del señor José Edil Bernal, de la cual hace una sinopsis, recalcando los fragmentos que considera más importantes.
Si bien estima que tal testimonio es responsivo en lo referente a que el conductor del bus no hizo el pare pertinente, encuentra que su respuesta no fue ni categórica, ni espontánea porque, en cierta forma, el testigo reproduce la pregunta, amén que de su texto puede inferirse que era una deducción del deponente, como lo sostiene el a quo, o bien que se trata de una simple explicación de su dicho. En todo caso, agrega, debe tenerse en cuenta que el testigo no se encontraba en el sitio de la colisión, sino a una distancia aproximada de 80 mts.
Repara en que si bien es cierto son fundadas la objeciones del apelante en torno a las declaraciones de Ricardo Ramírez y Ricardo Garzón, en cuanto las considera discrepantes entre sí, no es menos cierto que estas testificaciones si tienen la virtualidad de infirmar el dicho del testigo Bernal en lo relativo a la persona que conducía el bus, puesto que Ricardo Ramírez admite que era él quien lo guiaba, aseveración que, según su parecer, no puede desatenderse dada la gravedad de tal reconocimiento.
Encuentra el tribunal otras inconsistencias en el testimonio de Bernal, como aquella de no recordar el nombre de una de las personas que hablaron con él momentos antes del accidente, no obstante dejar entrever que con ellas iba a realizar un negocio, motivo por el cual no ve en su dicho la prueba de la culpabilidad del conductor del bus.
Le resta importancia a la inasistencia del gerente de “Coomotor” a la diligencia de interrogatorio de parte a la que fuera citado, porque en este caso, dice, la validez de la confesión del representante legal se condiciona a que éste tenga facultades para “imponer al representado la obligación que surja del hecho confesado”, facultad que no se encuentra acreditada en el proceso.
Además, añade, la supuesta confesión resultarla infirmada por la declaración de Ricardo Ramírez, y que el indicio de que trata el artículo 201 (sic) ejusdem carece de eficacia demostrativa por no tratarse de un indicio necesario, amén de estar desprovisto del requisito de la pluralidad, según así lo establece el artículo 250 ibídem.
En ese orden de ideas, concluye el fallador, como quiera que no se puede prescindir del elemento subjetivo de la responsabilidad, incumbía a los demandantes acreditar la culpa de los demandados, carga probatoria que no fue debidamente atendida por aquellos.
Como ya se dijera el recurso de casación propuesto por la parte actora, solamente fue admitido en relación con la codemandante Raquel Gutiérrez, habida cuenta que el interpuesto en favor de los otros demandantes fue inadmitido por razón de la cuantía. De los dos cargos que en la demanda se plantean contra el fallo impugnado, fundados ambos en la causal primera de casación, despachará la Corte únicamente el segundo por estar llamado a prosperar.
Se denuncia en él la sentencia recurrida de haber violado, de modo indirecto, los artículos 2341, 2344-1, 2343-1 y 1626 del Código Civil, por falta de aplicación, como consecuencia del manifiesto error de hecho en que incurriera el Tribunal Superior de Neiva en la apreciación de la prueba, a consecuencia del falso entendimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil.
Para sustentar sus imputaciones, la censura transcribe aspectos del fallo del tribunal, apuntando que éste malinterpretó algunos pasajes del testimonio de José Edil Bernal Andrade, quizás por estar preocupado en calificar si una de las respuestas era o no categórica, o si utilizó el mismo lenguaje del interrogador o, en fin, acusándolo de falta de originalidad; en consecuencia, le hace decir lo que no ha afirmado, atribuyéndole “incongruencia” por incurrir en contradicciones con otros testigos, a los cuales ha descalificado por las múltiples inconsistencias que presentan sus versiones.
Añade el impugnante, que Bernal Andrade reseña lo que constituye el meollo del asunto, es decir, la señal de pare y su omisión por parte del conductor del autobús, cuando dice “que después de hablar con los jóvenes, en su casa de habitación, situada a unos ochenta metros de la intersección de la avenida La Toma con carrera segunda de Neiva —lugar del accidente— ellos arrancaron ‘...y yo también iba de salida, yo había andado unos veinte metros cuando el bus que venía por la avenida La Toma (sic) subiendo hacia el occidente, se los llevó por delante, los mató (fl. 63 v., c. 2,); que allí…existe una señal de transito (sic) marcada en el piso que indica el pare de los vehículos que transitan por la avenida La Toma en ambos sentidos1 (fl. 65) y que el bus no atendió ninguna señal de pare’...”.
Critica el tribunal este testimonio porque, agrega, el declarante utiliza un lenguaje similar al de los interrogadores, tildándolo, entonces, de falto de originalidad y espontaneidad, además de estar infirmado por el dicho de y Ricardo Ramírez en lo relativo a la persona del conductor del bus, no obstante que éste y Ricardo Garzón son testigos que a los ojos del sentenciador, denotan discrepancias y desacuerdos en torno a las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores del accidente, que les mengua credibilidad.
Sobre la violación del “pare” precisa que no fue una sola la respuesta del testigo, sino que éste, a lo largo de su declaración, concreta el alcance de su dicho, por lo que es completa. Advierte el deponente “que... ‘el bus venía por la avenida La Toma (sic) subiendo hacia el occidente, se los llevó por delante’, lo cual denota espontaneidad y una tácita explicación del siniestro: no hizo pare alguno en la intersección”. Esta respuesta no carece de espontaneidad, sino que es responsiva, exacta y completa. El declarante da cuenta de la razón por la cual se percató del hecho fatal: “conocimiento personal de las víctimas, conversación última con ellos sostenida, proximidad del lugar de donde partieron al lugar del accidente, inmediatez, vecino del sector”. A lo anterior se suma que hizo un relato completo sobre el sentido en que se desplazaba cada vehículo, la prevalencia de la vía, la forma del impacto que coincide con las fotografías aportadas por el propietario del autobús; hay exactitud en las circunstancias de modo, tiempo y lugar; es coherente, no incurre en contradicción consigo mismo. Sus respuestas no llaman a duda; son breves pero claras.
No existe, pues, la falta de originalidad que le imputa el tribunal porque con anterioridad había puntualizado el testigo que “el bus se los llevó”, reiterándolo poco después al decir que “... ‘El bus no (sic) atendió ninguna señal de pare’. (fl. 65 c. 2)”, contestación que no puede tacharse de falta de originalidad, razón por la cual el sentenciador incurrió en evidente error de hecho cuando, de manera tangencial y en punto al análisis de la anotada pregunta doce, asevera “que también acontece en la respuesta final del interrogatorio”.
El deponente, acota el impugnante, al narrar las circunstancias concomitantes del siniestro, precisa que el autobús colisionó “totalmente de frente, bien de frente, los cogió de lleno, no hubo nada que hacer” (fl. 64 c. 2), reiterando lo ya por él expresado al inicio: “se los llevó por delante”; que, luego con seguridad y sin dubitación repite: “El bus no (sic) atendió ninguna señal de pare” (fl. 65)”, respuestas que, de ninguna manera constituyen simples juicios de valoración, ni carecen de originalidad, como lo asevera el tribunal.
La normatividad procesal que rige la evaluación de la declaración del testigo (CPC, arts. 227 y 228), se ocupa, dice, de tres aspectos para efectos de su credibilidad: que sea responsiva, exacta y completa. El tribunal encontró satisfechos el primero y el último, no así el segundo que opera “cuando la respuesta no deja lugar a incertidumbre”. Empero, la “falta de originalidad” reprochada al testigo, no significa inexactitud o incertidumbre. No ser exacto, en materia de prueba testimonial, asevera, es dejar campo a la dubitación, a que pueda tenerse como probable o no verificable el hecho. Un ‘tal vez” de lo narrado, o un “quién sabe”. “Lo que la sentencia confunde, en verdad, es la pregunta sugestiva con la incertidumbre en la respuesta. Puede darse aquella y no éste; o de modo inverso; o una y otra”.
Puntualiza la censura que la Corte ha admitido cierta sugestividad e insinuación en el interrogatorio al testigo, aserto que apuntala citando el texto pertinente, amén de que “no demerita la credibilidad del testimonio que se examina el que la explicación que acompaña a la respuesta doce, por no estar ‘dada en forma suficientemente categórica y explícita’, pueda tenerse como una deducción del deponente”. La contestación es explícita y reiterada en el sentido que el conductor del bus no hizo el pare, además que las tres preguntas atinentes a ese hecho no están formuladas de modo tal que el testigo no hubiera tenido otra respuesta que dar o alternativa distinta para responden sin que, de otro lado, sea imposible evitar que el testigo dé opiniones, conceptos, juicios, que complementen su narración, juicios que, por lo demás, no están proscritos del régimen probatorio colombiano, según se desprende de la parte final del inciso 3º del artículo 227 del Código de Procedimiento Civil que, contrario sensu, tolera las respuestas a preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante, cuando éstos son necesarios para precisar o aclarar sus percepciones.
“Por ende, advierte el censor, la respuesta dada por el testigo a pregunta sugestiva no demerita, por sí misma, la credibilidad del testimonio, menos aún cuando en la declaración de las circunstancias modales del hecho son reiteradas, exactas y coherentes. Esto último —la reiteración y la coherencia—, es lo que el tribunal no quiso ver, o si vio, no otorgó relevancia en la ponderación del único medio probatorio; amén de haber considerado, por falso entendimiento de las normas procesales citadas en el cargo, que toda pregunta sugestiva torna en inexacto el testimonio, creando, para proscribir, una relación de equivalencia pregunta sugestiva = respuesta inexacta, incurriendo, por tales razones, en manifiesto error facti in iudicando”.
El error del fallador cobra mayor entidad, prosigue el impugnante, cuando el juzgador ad quem, trae el testimonio de Ricardo Ramírez, al que había descalificado, para resaltar que el testigo único falla en “lo relativo a la persona del conductor del bus”, sin poner atención en que ese testigo oculta la presencia del joven al decir: “que yo me acuerde venía con el ayudante del bus de nombre Ricardo”, incurriendo en contradicción con Ricardo Garzón, quien asevera que con ellos iba “un mucho (sic) o el hijo del dueño del bus…” Si carece de valor probatorio cierto testimonio, peca de manera grave, el juzgador que lo tiene como base para confrontarlo con el dicho de otro testigo único. Es incongruente el raciocinio lógico jurídico que toma como premisa un testimonio descalificado para inferir de él la infirmación de otro; es decir, que no puede fundarse el análisis o valoración de una prueba en otra que carece de mérito o poder de convicción. “Es el principio de tercera excluido (sic) que, en materia probatoria, lleva a la conclusión de que uno de los dos testimonios (o grupo coincidente de testimonios) debe tener mérito probatorio. Es un axioma ontológico: Premisa mayor: el testimonio de X no prueba el hecho; premisa menor; el testimonio de Y es contrario; conclusión de modo necesario: éste —el de la premisa menor— debe probarlo, como que no pueden ser contradictorias las dos premisas (principio lógico de no contradicción). Para el sub judice, razónase así: los testimonios de Ricardo Ramírez y Ricardo Garzón no prueban el hecho (fl. 28 c. 5); el testimonio de José Edil Bernal A., testigo único (fl. 35 c. 5), se opone a los de Ricardo Ramírez y Ricardo Garzón en el mismo hecho; luego el testimonio de José Edil Bernal A., prueba el hecho”.
Finalmente, destaca la censura cómo el tribunal encontró otras inconsistencias en el testimonio de Bernal que contribuyeron a restarle credibilidad, como aquella de no recordar el nombre de uno de los jóvenes que hablaron con él; no obstante, deja entrever que con ambos tenía un negocio en cuanto a la preparación de un terreno, e igualmente la de sostener que el joven, cuyo nombre no recuerda, era el dueño de la motocicleta, para manifestar, a renglón seguido, no conocer este vehículo. Sin embargo, el testigo no aseveró haber mantenido amistad con las víctimas, luego no tendría porque exigírsele el recordar los nombres; supone el sentenciador que la eventual celebración de un negocio debe comportar, de modo ineludible, mantener en la memoria los nombres de tales personas.
Así mismo, sí afirmó que el dueño de la motocicleta era aquél cuyo nombre no recordaba; jamás aseveró no conocerlo. El tribunal, en donde le preguntaban al testigo si “Conduce ud., motocicleta”, a lo cual éste contestó que no, entendió que si “conoce” en lugar de “conduce”, incurriendo en evidente error de hecho.
1. Entre los diversos aspectos a cuyo análisis “debe dedicarse el juez para ponderar la eficacia probatoria del testimonio, se encuentran algunos de naturaleza subjetiva que le permiten establecer la idoneidad del testigo para rendir declaración judicial, aptitud que debe enjuiciarse, entonces, desde dos ópticas claramente definidas por el legislador: de un lado, la habilidad fisiológica del declarante para percibir los hechos sin equivocarse, requerimiento este que habrá de conducirlo a rechazar ab initio el testimonio de las personas previstas en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil, amén que lo impulsará a cerciorarse de las condiciones sensoriales de los deponentes; y, de otro lado, a determinar su Idoneidad moral, particularidad que debe apremiarlo a examinar con mayor celo el dicho de quienes se encuentren en cualquier situación que los torne proclives a engañar o mentir, circunstancias estas que, valga la pena anotarlo, pueden ser, según lo prevé el artículo 217 ejusdem, de muy variada índole.
Otras condiciones por el contrario, apuntan a la forma como se produce la declaración, esto es, al modo y la oportunidad de la misma, aspecto que conducirá al juzgador a establecer, entre otros, el adecuado discernimiento del lenguaje utilizado por el testigo y a preocuparse por advertir si éste recurrió a un estilo artificioso o afectado, lo que de ordinario denota un premeditado esfuerzo mental por engañar.
De igual modo, cuando algunas expresiones y precisiones se repiten mecánicamente en varios testimonios, podrá colegir el juzgador cierto afán de los deponentes por narrar un libreto preestablecido, ocurrencia que les podría restar crédito habida cuenta que esa “identidad de inspiración” o concordancia entre los testigos es, en verdad, inusitada. También estará atento a las vacilaciones o turbaciones del declarante, pues ellas suelen obedecer al temor a ser descubierto, a no contradecirse, nada de lo cual suele acontecer cuando se dice con la verdad.
Asimismo, deberá establecer si la respuesta del atestiguante no fue sugerida por el interrogador, análisis que lo pondrá de cara a uno de los aspectos más controversiales de la prueba testifical porque, si bien lo ideal en el punto pareciera ser que el declarante deba ser sometido a un examen abierto que le permitiera la libre exposición de los hechos por él conocidos, librado subsecuentemente de cualquier influencia malsana de quien interroga, tal método que garantizaría la espontaneidad y sinceridad de su versión, podría aparejar, empero, la vaguedad y falta de colorido de su deposición, la cual se caracterizaría, entonces, por la poca concreción del testigo y la ausencia de pormenores que enriquezcan su testificación. De ahí que sea admitida la técnica de la declaración provocada, que, por supuesto, favorece un testimonio más concreto y acaso más preciso, pero que trae consigo la eventual sugestión a que pueda ser sometido el deponente, amén de que la espontaneidad de su dicho flaquearía en provecho de la concreción del mismo.
Para salir al paso a estos inconvenientes, el Código de Procedimiento Civil prohija una técnica mixta en virtud de la cual el juez debe apremiar al declarante para que realice una narración abierta de los hechos, interrogándolo, en seguida, en procura de «precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener del testigo un informe espontáneo sobre ellos” (CPC, art. 228), esforzándose porque el testimonio sea “exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ‘ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 226” (art. 228 ejusdem), todo ello, obviamente, con el fin de recoger una atestiguación espontánea y sincera que se erija en un valladar frente a las eventuales preguntas insinuantes de las partes, las cuales, como se sabe, también están facultadas para examinar al deponente, sujetándose, empero, a lo previsto en los artículos 226, 227 y 228 ibídem.
En lo pertinente, el artículo 226 impele al juez a rechazar las preguntas que sugieran la contestación, como acontece con todas aquellas que exigen del testigo una respuesta afirmativa o negativa, generándole lagunas en la memoria que aquél pretenderá colmar de la manera más fácil y convincente posible, o, primordialmente, con aquellas otras en las cuales se enuncia la respuesta que se espera; si no obstante las precauciones que el juez adopte en el transcurso del interrogatorio para impedir la formulación de esa especie de preguntas, estas se plantearen, el fallador deberá examinar con especial celo el testimonio, con miras a establecer si la respuesta del deponente es en verdad el fruto de la pregunta sugestiva.
Mas tal afán del juzgador no debe trocarse en desmesurada severidad, toda vez que, si bien es deseable que la prueba testimonial se ciña ajustadamente a las reglas legales prescritas en los preceptos mencionados, no lo es menos que esa labor no puede ejecutarse con “...desmedido rigor, puesto que es común que los declarantes, por su escasa cultura, su poca locuacidad, su misma discreción, mesura o prudencia, sus limitantes sicológicos, el tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y el momento en que declara, tenga que ser inquirido sobre el conocimiento de los hechos, en lugar de que éste inicialmente haga un relato de los mismos. Por estas circunstancias, se debe tolerar cierto margen sugestivo o insinuante en el interrogatorio, como hoy lo acepta la doctrina, máxime cuando es verbal, que, como norma general, no es calculado ni viene hábilmente dirigido. En este mismo orden de ideas y como se presentan declarantes que no son expresivos, o porque su impreparación los limita, o porque solo les consta lo que contiene la pregunta, sus respuestas son igualmente cortas, pero no del todo inexpresivas. De suerte que si el juez no dispuso que el testigo hiciera un relato de los hechos objeto de su declaración, pero por otra parte en el interrogatorio y contrainterrogatorio que le formulan las partes ha expuesto los hechos por él conocidos, atinentes al litigio, con precisión y claridad, aquella omisión no puede conducir a restarle toda eficacia probatoria a tal prueba. Como tampoco cuando dentro de un aceptable margen de tolerancia se formulan preguntas sugestivas al declarante, o este responde en pocas palabras lo que le consta, pero de manera clara y correcta’. (Cas. Civ. de 30 de julio de 1980, 6 de julio de 1987 y 25 de julio de 1990)” (Sentencia del 30 de mayo de 1996).
En consecuencia, para efectos de aquilatar el testimonio, incumbirá al juzgador distinguir las preguntas abiertamente sugestivas o sugerentes en las que el “hecho real o supuesto que el interrogador espera y desea ver confirmado con la respuesta, se indica al interrogado mediante la pregunta”, de aquellas interrogaciones meramente determinativas que se imponen cuando por causa de la divagación, inexactitud o parquedad del declarante, el interrogador se ve competido a inquirirlo para que precise su respuesta, interrogación que suele caracterizarse porque parte, la mayoría de las veces, de conceptos que el mismo testigo ha esbozado con anterioridad o a dejado apenas bosquejados en su deposición.
Finalmente, cabe destacar aquí que el sentenciador debe reparar en las condiciones que atañen con el contenido de la declaración y que le imponen el escrutinio de aspectos intrínsecos de la misma, como su verosimilitud o inverosimilitud, la índole asertiva o dubitativa de la misma, la determinación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su percepción, etc., o extrínsecos, como las contradicciones en que hubiere incurrido con otros testimonios considerados más fiables.
2. De la mano de las precedentes consideraciones, puede palparse, en el caso que ocupa la atención de la Corte, cómo el tribunal, al abordar el examen de la prueba testimonial, más concretamente la declaración rendida por José Edil Bernal A., incurrió en los errores de hecho que te atribuye la censura, especialmente en lo concerniente al punto medular de su declaración, vale decir, lo relativo a si el conductor del bus habla realizado el pare a que por los reglamentos del tránsito vehicular estaba obligado. Al respecto asentó el fallador lo siguiente: “... El texto de la respuesta en comento y de la pregunta que la originó son del siguiente tenor: ‘Preguntado: Presenció usted si el..., autobús hizo el pare correspondiente para dar prelación a los que transitan por la carrera segunda’, Contestó: ‘El no hizo el pare, porque desde que hubiera hecho el pare le había dado prelación a los de la moto que iban por la carretera segunda’.
“La respuesta así dada, según lo sentenciara el ad quem, acusa falta de originalidad y de espontaneidad, ya que guarda identidad con el lenguaje empleado en la pregunta lo que también acontece en la respuesta final del interrogatorio, reproduciéndose ésta en cierto modo, en cuanto dice relación con la explicación que suministra el testigo; y en cuanto al yerro que en la apreciación de su contenido le endilga el censor al juzgado, la Sala no lo advierte; porque si bien es cierto que el análisis que al respecto hace aquél es más sutil y severo que el del a quo, los términos en que aparece consignada dan lugar a entenderla en el sentido que uno y otro le asignan; bien como una conclusión o deducción del deponente, o bien como una explicación con la cual afirma su dicho, precisamente porque tal explicación no es dada en forma suficientemente categórica y explícita, a lo que debe agregarse un hecho que no puede pasar desapercibido, cual es el de que el testigo no se encontraba en el lugar donde según él debió hacerse el pare, sino a una distancia aproximada de 80 mts., de este sitio, circunstancia que pudo ser la que indujo a declarar en la forma en que lo hizo”.
Es diáfano, en primer lugar, que el sentenciador no apreció en su contexto la declaración del mencionado testigo, pues de haberlo hecho habría llegado a la conclusión opuesta. En efecto, es menester recordar cómo el señalado declarante fue previamente interrogado así: “Sírvase manifestar si usted recuerda de un accidente de tránsito ocurrido en noviembre de 1986, ocurrido en la carrera 2ª y avenida La Toma de Neiva, entre un bus y una motocicleta. En caso afirmativo narre las circunstancias en que tal hecho ocurrió”. A lo cual aquél contestó: “Si señor, fui (sic) testigo palpable de! accidente, es decir, yo estaba parado frente a! apartamento de mi propiedad, cargando un ladrillo cuando los dos muchachos arrimaron a! píe (sic) de mi camioneta a preguntarme cuando (sic) iba yo a prepararle el terreno, los muchachos era (sic) José Zana, se corrige (sic), Jesús Zanabria (sic), el otro no recuerdo el nombre; yo les manifesté que todavía no sabía porque no había hablado con Aldemar Quintero cual (sic) era. el precio del terreno a como (sic) iba a preparar por hectárea, ellos me dijo en (sic) nos vemos en el Juncal, ellos arrancaron y yo también iba de salida, ellos corrijo, yo habían andado unos veinte metros cuando el bus que venía por la avenida La Toma subiendo hacia el occidente, se los llevó por delante, los mató, yo arrimé donde estaba la moto, él (sic) uno quedó retirado del otro, y arrimó otro señor y dijeron ya están muertos; el señor (sic) bus intentó huir, el chofer quien iba totalmente sólito, y arrimaron otros señores y le dijeron que no se fuera porque ya había hecho el accidente, luego llegó la policía y se llevaron los muertos y el carro, de ahí en adelante no se más, se los llevaron me imagino que para el hospital” (se resalta).
A partir de esta explanación del deponente, el apoderado de la parte demandante procedió a inquirirlo por cuestiones más precisas sobre los hechos narrados. De ahí que le hubiese preguntado sobre si “Zanabria (sic) y su compañero de él al salir hacia el Juncal, desde su apartamento, se fueron en contravía, o por el contrario, observaron el sentido de la vía”. A lo que el testigo respondió que: “De ninguna manera, incluso conservaron su vía porque todavía tienen la vía los que van por la carrera segunda hacia el puente Pastrana, o sea, que ellos llevan la vía, el que sube por la avenida La Toma tiene que parar” (se destaca).
Si, pues, como queda claro, el deponente, de manera espontánea, esto es, sin sugestión de ninguna índole, ante la invitación de manifestar lo que sabía sobre el referido accidente, ya había advertido que el bus “se los llevó por delante” y había puntualizado que quien “sube” por la avenida La Toma, vía por donde se desplazaba el autobús, debe “parar” en la intersección con la carrera segunda, no puede calificarse de sugestiva la siguiente pregunta que le hiciera al testigo así: “presenció usted si el automo, se corrige, autobús hizo el pare correspondiente para dar prelación a los que transitan por la carrera segunda?”; y no es posible, se decía, tildarla de insinuante, porque, como se ha afirmado, la pregunta sugestiva es aquella que envuelve en sí misma la respuesta, o sea, tiende a “sustituir la percepción” del testigo ofreciéndole la respuesta deseada lo que no acontece en este caso en el que la interrogación no involucra la respuesta, amén de que, no era fácil concebir otra forma de invitar al deponente a que puntualizara si el aludido conductor respetó la señal de “pare” cuya existencia, el testigo había mencionado antes. Por el contrario, se trata de una pregunta de carácter eminentemente determinativo encaminada, por ende, a que el declarante especificara un hecho al cual ya se había referido anteriormente, con imprecisión y vaguedad, quizás, pero en todo caso latente ahí, en su testificación, sin que la contestación hubiese sido puesta en boca del mismo por el interrogador.
En todo caso, de haber quedado alguna duda al respecto, el tribunal no advirtió que el testigo, al ser interrogado nuevamente por el apoderado de la empresa llamada en garantía sobre tales aspectos, reiteró en forma clara y contundente, su versión acerca de la existencia de la señal de pare la que, valga la pena destacarlo, nadie discute en el proceso y su infracción por el conductor del bus.
No hay, pues, razón valedera alguna que sirva de fundamento serio para invalidar la respuesta concreta, específica y unívoca asentada por el testigo en ese punto que era medular en el litigio.
3. De otro lado, todo indica que el tribunal confunde el, interrogatorio sugestivo que, como se ha explicado reiteradamente, contiene dentro de sí la respuesta esperada del testigo, con la semejanza terminológica que pueda presentarse entre la pregunta y la respuesta, confusión que lo llevó a decir que “...La respuesta así dada acusa falta de originalidad y de espontaneidad, ya que guarda identidad con el lenguaje empleado en la pregunta -lo que también acontece en la respuesta final del interrogatorio, reproduciéndose ésta en cierto modo, en cuanto dice relación con la explicación que suministra el testigo”.
El error del juzgador radica, entonces, en no distinguir que la inclinación del testigo por ceñirse con alguna fidelidad al texto de la pregunta, ora por su escasa locuacidad, bien por timidez o ya para evitar confusiones, no conduce a la invalidación de la respuesta, si aquella, la interrogación, no es sugestiva.
Así, pues, de la semejanza idiomática entre la interrogación y la respuesta, no es dable inferir insinuación en aquella, ni carencia de espontaneidad en esta otra. Igual acontece en el asunto de esta especie en donde, como se dijo, el testigo simplemente utilizó en su contestación ciertas voces contenidas en la pregunta, tales como “pare”, “prelación”, etc. debido, quizás, a que son de uso común y generalizado, o a que no encontró otros términos similares en su léxico para responder fidedignamente lo que se le inquiría, nada de lo cual conduce a descalificar su respuesta, como lo hiciera el tribunal, pues, como viene de decirse, tal interrogación no podía tildarse de sugerente.
4. También se equivocó notoriamente el fallador, en cuanto coligió que el testigo se encontraba a 80 metros del lugar del accidente, que es la distancia existente entre su apartamento y el sitio de la colisión, pues éste había puntualizado con anterioridad que”... yo estaba parado frente sub judice al apartamento de mi propiedad, cargando un ladrillo cuando los dos muchachos arrimaron al pie de mi camioneta a preguntarme cuando iba yo a prepararle el terreno, los muchachos era (sic) José Sana, se corrige Jesús Zanabria (sic), el otro no recuerdo el nombre; yo les manifesté que todavía (sic) no sabía porque no había hablado con Aldemar Quintero cuál era el precio del terreno a como (sic) iba a preparar por hectárea, ellos me dijeron nos vemos en el Juncal, ellos arrancaron y yo también iba de salida, ellos corrijo, yo había andado unos 20 metros cuando el bus que venía por la avenida la roma (sic) subiendo hacia el occidente se los llevó por delante, los mató, yo arrimé hasta donde estaba la moto...” (se destaca); y no existe, ciertamente, argumento alguno que conduzca a desmerecer la percepción del testigo por causa de la distancia a la que ‘se encontraba, máxime cuando su deposición se ofrece como espontánea, vivida y verosímil.
5. En el asunto, se valió el tribunal de la supuesta discrepancia que existe entre la testificación de José Edil Bernal y Ricardo Ramírez respecto de la persona del conductor del autobús, para restarle peso probatorio a la primera de ellas, sin reparar en que tal circunstancia es apenas trivial en relación con el tema verdaderamente relevante del testimonio de aquel, esto es, la existencia y omisión del pare por parte del chofer del mencionado vehículo, amén que, como es patente en su deposición, el susodicho testigo se encontraba a unos metros del accidente, luego su percepción es trascendente en lo relativo a la colisión y la forma como ella se produjo, no en lo relativo a la persona del conductor, máxime cuando el mismo deponente agrega que tan pronto acaeció el infortunio se acercó a auxiliar a los pasajeros de la moto y no a indagar por la persona del chofer del automotor que los arrolló, percepción esta última sobre la cual, desafortunadamente, no fue interrogado para establecer las condiciones en que pudo observar su fisonomía y establecer su calidad. Además, no es comprensible que el fallador, luego de haber desdeñado los testimonios de Ricardo Garzón y Ricardo Ramírez por encontrar en ellos “discrepancias y desacuerdos en torno a las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores al accidente”, los adopte como parámetro para valorar el testimonio de aquél.
6. Finalmente, también erró notoriamente el fallador ad quem, al desechar la citada declaración porque el testigo no recordó “el nombre de los jóvenes que hablaron con él momentos antes del accidente, no obstante dejar entrever que con ambos tenía un negocio o proyecto de negocio, consistente en la preparación de un terreno, e igualmente la de sostener que el joven cuyo nombre no recuerda era el dueño de la motocicleta, y manifestar a renglón seguido no conocer ese vehículo”. Se equivocó el tribunal, se decía, porque “No se puede perder de vista que dado el tiempo que ha corrido desde la ocurrencia de los hechos a que aluden los testigos, no cabe exigir que el recuerdo de éstos se vierta en autos con rígida precisión” (casación del 19 de abril de 1979, sin publicar aún), mayormente si de lo que se trata es del olvido del nombre de una persona que apenas se conoce, amén que esta clase de lagunas u olvidos del testigo en torno a cuestiones tan secundarias, en lugar de restarle credibilidad a su versión, puede acrecentársela cuando, como aquí acontece, permite inferir sinceridad y espontaneidad en su relato; por supuesto que las declaraciones prolijas en detalles y demás pormenores insubstanciales suelen indicar, inversamente, el adoctrinamiento previo del testigo, tergiversó, asimismo, la aludida deposición, pues es palpable que el testigo, al ser interrogado sobre si “conducía” motos, contestó que “No”; empero, el tribunal entendió allí que el atestiguante había negado “conocer” la moto accidentada, cuestión, obviamente distinta.
7. Comoquiera, pues, que el juzgador incurrió en los ostensibles errores de hecho que se le imputan, relativos a la apreciación de la testificación de José Edil Bernal, y que éstos ciertamente son trascendentes, habida cuenta que de no haberlos cometido habría encontrado suficientemente acreditada la culpa del conductor del autobús, habrá de casarse la sentencia recurrida.
1. Ha puntualizado la Corte, que la regla del artículo 2356 del Código Civil apareja una presunción de culpa en contra de quien causa perjuicios con ocasión del ejercicio de aquellas actividades cuya ejecución entraña peligros o riesgos para las personas del entorno, responsabilidad de la cual solamente se exonera en cuanto acredite que el daño sólo pudo tener por fuente cualquier suceso extraño, como la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la de un tercero. Esto es, que todas las actividades de esa especie, llamadas peligrosas, aparejan “la existencia de una obligación legal de resultado consistente en vigilar esa actividad e impedir que ella, por su propio dinamismo o debido a circunstancias anormales que la rodearon en un momento dado, escape al control de quien de la aludida actividad se sirve o reporta beneficio; luego si en la realización de un daño se demuestra que tuvo influencia causal caracterizada, un hecho de la índole de los que viene haciéndose mérito en estas consideraciones, ello, en términos de ley, es suficiente para tener por probada, por vía de una presunción contenida en aquella disposición, la infracción de la obligación de guarda recién aludida. La causalidad basta para tener por establecida la culpa en aquellos casos en que, atendidas la naturaleza propia de la actividad y las circunstancias precisas en que el hecho dañoso se realizó, la razón natural permite imputar este último a la incuria o imprudencia de la persona de quien se demanda la reparación, e inútil será por lo tanto, que este último, guardián de la actividad demandado en el proceso, intente establecer que observó la diligencia debida; su defensa, entonces, no puede plantearse con éxito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de la causa extraña del perjuicio, originada en el caso fortuito o en la fuerza mayor, en el hecho de la víctima o en el hecho de un tercero” (G.J. CCXXXIV, pág. 260).
Reduciendo, pues, lo dicho a su ultima esencia para ponerlo en términos concluyentes, habría que puntualizar que gravita sobre quien realiza actividades de esa especie, la presunción de ser responsable del daño causado con ocasión de su ejercicio.
Otra cosa debe concluirse, empero, cuando demandante y demandado concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas, vale decir, cuando el daño alegado encuentra su venero en la convergencia de sendas actividades peligrosas, pues, en tal supuesto, las respectivas presunciones de culpa que cobijan a los implicados, pueden aniquilare mutuamente, forzando al demandante a demostrar la culpa del encausado; por supuesto que, como lo tiene dicho esta corporación: “Varias son las soluciones que la doctrina propone para solucionar el enfrentamiento de las presunciones de culpa, pero el problema prácticamente desaparece cuando solo una de las partes reclama daño, demostrando culpa exclusiva del demandado. Esa prueba de culpa hace desaparecer el interés de las presunciones en juego.
“Así lo entendió... la Corte, cuando en fallo de 25 de febrero de 1987, dictado dentro del proceso ordinario de Lisandro Sánchez contra Darío Maya Botero, dijo: ‘Como ambos automotores se hallaban transitando, ambas partes están bajo la presunción de culpa que determina el ejercicio de actividades peligrosas frente al daño causado. Siendo esto así, se hallan demandante y demandado en idénticas condiciones, es decir, ambas fueron causa por culpa del daño sufrido mientras no se demuestre otra cosa. Dicho de otra manera, se vuelve a la situación inicial o sea, que quien pretende indemnización debe demostrar los cuatro elementos dichos, incluyendo el subjetivo o culpa’...” (sentencia de casación civil de 12 de abril de 1991).
Sin embargo, dicho sea de paso pero sin desandar la marcha, tal regla no puede formularse en los términos tan genéricos e indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que está inspirada, puede llegar a constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando de ese modo los cimientos cardinales de la responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que cuando un daño se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la víctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilación de la presunción de culpa que favorece al damnificado, el juez deberá establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboración deberá tomar en consideración la peligrosidad deja más, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad dañina de la una frente a lastra. Más exactamente, la aniquilación de la i presunción de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generación de un daño, presupone que el juez advierta, previamente, que en las específicas circunstancias en las que se produjo el accidente, existía cierta equivalencia en la potencialidad dañina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitará siempre en favor de la víctima la presunción de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya, reparación demanda.
En todo caso, nada impide, no obstante la convergencia de las dos actividades peligrosas en la producción del daño, que el actor, siguiendo las reglas generales trazadas por el artículo 2341 del Código Civil, demuestre la culpa del demandado, como aquí acontece. En efecto, ya se dijo al despachar el cargo de la demanda de casación que resultó victorioso, que de la declaración de José Edil Bernal se colige la culpa del conductor del autobús en la producción del daño cuya reparación reclama la demandante, culpa derivada de la desatención de la señal de “pare” que lo obligaba a detener la velocidad de su automotor en el cruce de la avenida La Toma con carrera segunda de la ciudad de Neiva, para darle prelación a quienes se desplazaban por dicha vía y cuya inobservancia causó la muerte de Luis Alberto Gutiérrez y Jesús Antonio Sanabria Cabrera. Y es que, complementando lo ya precisado respecto de tal testificación, la misma resulta altamente verosímil habida cuenta, que ella explica la violencia del impacto y las fatales consecuencias que de él se derivaron, lo que de no ser así resultaría francamente incomprensible, pues no puede perderse de vista que el testigo relató que la moto acababa de arrancar cuando se produjo el accidente, motivo por el cual es poco probable que en tan poco tiempo hubiese alcanzado una velocidad tal que al chocar con el vehículo estacionado fuera lanzada tan lejos, produciendo las funestas secuelas ya conocidas, amén que el autobús, como lo anotan tanto el mencionado declarante, como su conductor Ricardo Ramírez Galeano, e inclusive ello se observa en las fotos allegadas al expediente por uno de los demandados, golpeó con su parte delantera, es decir, frontalmente, la moto en la que transitaban las víctimas, suceso que sólo puede explicarse en la medida en que se piense que aquél no respetó la señal de tránsito que le ordenaba detenerse y avanzó con la velocidad a la que se desplazaba hasta arrollar la motocicleta.
2. De otro lado, es pertinente recordar que la jurisprudencia de la Corte, a la hora de inquirir por las personas que deben ser llamadas a responder por las secuelas de un daño ocasionado por el ejercicio de una actividad peligrosa, ha acudido a la noción del “guardián” de la misma, o sea, todas aquellas de quienes pueda predicarse potestad de mando y control de la misma en cuanto detentan “un poder efectivo de uso, control y aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza aquella actividad” (casación del 13 de octubre de 1998, no publicada aún). Tal condición se presume, como reiteradamente se ha dicho, en el propietario de esas cosas sobre quien recae, subsecuentemente, la prueba del hecho contrario.
A este respecto, obra en el expediente constancia no refutada, expedida por el director departamental de transportes y tránsito del Huila, según la cual el señor Isidro Quintero Polanía era, para la época del incidente, el propietario del autobús que lo ocasionó. De igual manera, la señalada certificación alude a que el referido vehículo se encontraba afiliado a la empresa demandada “Coomotor Ltda.”, circunstancia que, por lo demás, fue corroborada por el juzgador a quo en las diligencias de inspección judicial que al efecto practicó y en las que constató la existencia de un contrato de administración suscrito entre el dueño del bus y la mentada empresa, la cual, en todo caso, asumió, también, un control directo y remunerado por la actividad transportadora, particularidad que la hace igualmente responsable de los perjuicios aquí reclamados.
3. Para la estimación de los daños cuya reparación incumbe a los encausados, debe tomarse en cuenta, primeramente, que dado que la admisión del recurso de casación” que resultó prospero, sólo cobijó, como oportunamente se anotara, a la demandante Raquel Gutiérrez, a la tasación de los perjuicios por ella reclamados se dedicará exclusivamente la Corte.
Al respecto es oportuno acotar que está demostrado en el proceso, con el documento que obra al folio 5 del cuaderno principal, que la mencionada señora es la madre del fallecido Luis Alberto Gutiérrez, condición esta aducida, entre otras cosas, para exigir la indemnización del daño a ella causado con el fallecimiento del hijo quien, según lo afirma, contribuía a su sostenimiento. Empero, no aparecen probados en el proceso los elementos definidores de tal pretensión, concretamente, que el occiso estuviese dedicado de manera habitual a una ocupación remunerada, pues al respecto sólo obran algunas declaraciones que aluden al punto de manera vaga, imprecisa y tangencial sin que de ellas sea posible inferir con certeza que las actividades a las cuales el difunto consagraba su tiempo, fuesen retribuidas pecuniariamente y en tal caso, de qué modo.
Tampoco hay fundamento para proferir condena alguna por el daño emergente sufrido por la mencionada demandante a raíz de las erogaciones que hubiese tenido que atender por razón de los gastos hospitalarios o funerarios ocasionados por el hecho ilícito de los encausados, toda vez que, con relación a los primeros, no hay prueba de que se hubiesen causado, ni mucho menos que ella los hubiere pagado; y respecto de los otros, reposa al folio 12 del cuaderno principal, que el costo de los servicios funerarios fue asumido por el señor Aldemar Quintero Bautista, lo mismo que la adquisición del ataúd, quien, dicho sea de paso, no compareció al proceso a reclamar su reparación.
4. Si bien, pues, no hay lugar a condenar a los demandados a indemnizar a la actora ningún daño patrimonial por las razones apuntadas, no acontece lo mismo con el perjuicio moral que sufriera la citada reclamante en su calidad de madre del fallecido Luis Alberto Gutiérrez. Tal perjuicio, como se sabe, es una especie de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece, circunstancia que, si bien dificulta su determinación, no puede aparejar el dejar de lado la empresa de tasarlos, tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. “Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada ...’ (G.J. Tomo LX, pág. 290)” (Sentencia del 10 de marzo de 1994).
De ahí que, atendiendo todas estas dificultades, algunos digan que la indemnización del daño moral, más que ostentar un carácter resarcitorio propiamente dicho, cumple una función “satisfactoria”, como quiera que, dada su naturaleza, aquél no puede ser íntegramente reparado, lo que no obsta, empero, para que la víctima reciba una compensación suficiente a fin de procurarle una satisfacción que guardando alguna proporción con su aflicción, la haga más llevadera; razón por la cual su cuantificación no puede quedar librada, al sólo capricho del juzgador; por el contrario, la estimación de esa especie de perjuicio debe atender criterios concretos como la magnitud o gravedad de la ofensa, el carácter de la víctima y las secuelas que en ella hubiese dejado el evento dañoso e, inclusive, en algunos casos, porque no, la misma identidad del ofensor, habida cuenta que ciertos sucesos se tornan más dolorosos dependiendo de la persona que los ha causado.
Quiérese destacar, entonces, y con particular énfasis, que la cuantificación del perjuicio moral no es asunto que la ley hubiese atribuido al antojo judicial, como algunos erróneamente han querido verlo, equivocación que lamentablemente ha desembocado en una injustificada mengua de su importancia, habida cuenta que al pretender asentarlo sobre la veleidad del juez, se le despoja de su carácter técnico y acaba teniéndose como una merced ligada a criterios extrajurídicos como la compasión o la lástima. Por el contrario, en la medida en que la indemnización del perjuicio moral sea examinada en su verdadera entidad y se advierta en ella la satisfacción de un daño real y cierto, podrá el sentenciador calcular adecuadamente su monto.
“En” relación con la prueba (del daño moral), ha dicho esta corporación, se ha de anotar que es, quizá, el tema en el que mayor confusión se advierte, como que suele entreverarse con la legitimación cuando se mira respecto de los parientes cercanos a la víctima desaparecida, para decir que ellos, por el hecho de ser tales, están exonerados de demostrarlos, hay allí un gran equivoco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al término presunción. Ya ... se anotó que, conforme viene planteado el cargo, este vocablo se toma acá como un eximente de prueba, es decir, como si se estuviera en frente de una presunción iuris tantum.
“Sin embargo, no es tal la manera como la cuestión debe ser contemplada ya que allí no existe una presunción establecida, por la ley. Es cierto que en determinadas hipótesis, por demás excepcionales, la ley presume —o permite que se presuma— la existencia de perjuicios. Más no es tal cosa lo que sucede en el supuesto de los perjuicios morales subjetivos.
“Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunción, ha querido decir que esta es judicial o de hombre. O sea, que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de ese razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por su padres, hijos, hermanos o cónyuge.
“Sin embargo, para salirle al paso a un eventual desbordamiento o distorsión que en el punto pueda aflorar, conviene añadir que esas regias o máximas de la experiencia —como todo lo que tiene que ver con la conducta humana— no son de carácter absoluto. De ahí que sería necio negar que hay casos en los que el cariño o el amor no existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma intensidad que otra, o con respecto a alguno o algunos de los integrantes del núcleo. Mas cuando esto suceda, la prueba que tienda a establecerlo, o, por lo menos, a cuestionar las bases factuales sobre las que el sentimiento al que se alude suele desarrollarse y, por consiguiente, a desvirtuar la inferencia que de otra manera llevaría a cabo el juez, no sería difícil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberanía, la evaluará y decidirá si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunción, o si, por el contrario, ésta ha quedado desvanecida.
“De todo lo anterior se sigue, en conclusión, que no obstante que sean tales, los perjuicios morales subjetivos están sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnización es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más de las veces, puede residir en una presunción judicial. Y que nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a indemnizar poniéndole de presente al fallador datos que, en su sentir, evidencia una falta o una menor inclinación entre los parientes” (Sentencia del 28 de febrero de 1990).
La Corte, teniendo en cuenta los anteriores derroteros jurisprudenciales y adoptando para el caso esas reglas antropológicas, sociales, sicológicas y de experiencia, que a las claras indican que normalmente la muerte de un hijo de por sí, produce indecible dolor, desolación y angustia en sus padres, habrá de hacer una reconsideración en el cuantum de la tasación indemnizatoria del perjuicio moral, puesto que en este caso esas vivencias emocionales cobran mayor dimensión, pues como lo registran Simeón y Arnulfo Fierro Pinha, médicos que atendieron a la demandante Raquel Gutiérrez, por la época en que sucedieron los trágicos hechos, ésta como secuela de la muerte de su hijo, sufrió un alto grado de depresión que afectó su salud genera! hasta el punto de producir “un deterioro considerable (sic) de sus funciones vitales como fueron alteraciones nutricionales, alteraciones en el sistema nervioso, alteraciones de orden sicológico, estado de ansiedad (sic) y depresión...”, y “complicaciones somáticas”. De modo que la sumatoria de estas circunstancias probadas en el proceso, ameritan quedara que la indemnización del perjuicio moral cumpla la función satisfactoria que le es propia, la Corte proceda a señalar la suma de diez millones de pesos, cantidad que se ofrece como justa para paliar de alguna forma, el dolor por ella sufrido, lo cual significa que la corporación incremente los valores pecuniarios que de tiempo atrás aplicaba en el punto, atendiendo entre otros factores, además, la inflación que, hecho notorio viene padeciendo la economía del país.
5. Ahora bien, en lo concerniente a las excepciones denominadas “culpa exclusiva de la víctima” y “concurrencia de culpas” propuestas por el demandado Isidro Quintero Polanía, es preciso señalar, en relación con la primera, que dada la prosperidad de las pretensiones de la demandante, justamente fundadas en la culpabilidad de los demandados, no hay lugar a su prosperidad, inferencia cuya motivación corresponde a lo que oportunamente se dijo en Tomo a la infracción de la señal de pare por parte del conductor del autobús de propiedad del excepcionante. Más exactamente, como quiera que está probada en el proceso la culpa de los demandados, no puede abrirse paso aquella excepción por medio de la cual pretenden éstos exculparse descargando la culpabilidad del accidente en las víctimas.
En cuanto al otro medio exceptivo, es patente que en el expediente no obra prueba de ninguna especie que permita inferir que los ocupantes de la moto se desplazaban en contravía, pues el único testimonio que alude al tema, vale decir, el del señor Ricardo Ramírez quien conducía el bus, además de sospechoso, precisamente por tal razón se limitó a divagar en el punto y a suponer que así habían sucedido las cosas por no encontrarles otra explicación. Luego la excepción no prospera.
6. Resta por examinar lo relativo al llamamiento en garantía que los demandados “Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. —Coomotor—” e Isidro Quintero hicieron a la aseguradora “Colseguros S.A.”, citación en relación con la cual es menester precisar, en primer lugar, que para la época de celebración de ese contrato, y para aquella en la que el ad quem profirió su sentencia, no había sido expedida aún la Ley 389 de 1997) motivo por el cual, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1036 del Código de Comercio en concordancia con lo prescrito por el artículo 1046 ejusdem, el contrato de seguro se perfeccionaba y probaba únicamente con la póliza respectiva.
Sin embargo, y no obstante la vigencia señalada, los demandados se abstuvieron de aportar al expediente las pólizas de seguros con base en las cuales pretendían deducir responsabilidad a la aseguradora “Colseguros S.A.” por ellos citada. En efecto, el demandado Isidoro Quintero simplemente adjuntó una “Certificación” expedida por aquella (fl. 46 del cuaderno principal), que en cuanto tal no podía, para ese momento, sustituir la póliza 384612 a que aluden los convocadores en su llamamiento, amén de carecer de la mayoría de los requisitos prescritos por el artículo 1047 del Código de Comercio, toda vez que no se alude en ella, a la persona del tomador del seguro, ni al valor de la prima o el modo de calcularla, ni menos la fecha en que se perfeccionó el contrato.
La sociedad “Coomotor Ltda.”, aportó, por su parte fotocopias “informarles” de un anexo modificatorio de la referida póliza 384612, pero sin allegar ésta, anexo cuya vigencia, de todas formas, comenzaba el 16 de julio de 1985 y vencía el 16 de julio de 1986, es decir que expiró con anterioridad al accidente que, como quedara establecido, acaeció el 22 de noviembre de 1986.
Subsecuentemente, el llamamiento en garantía no se abre paso.
En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia del 29 de junio de 1993, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario promovido por Raquel Gutiérrez Salazar, Jesús María Zanabria Perdomo E Irene Cabrera Penagos, frente a la “Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. —Coomotor—” e Isidro Quintero, y en lo pertinente dispone:
1. Revócase parcialmente el numeral primero de la sentencia apelada, es decir, la proferida el 9 de abril de 1991 por el juzgado primero civil del circuito de Neiva, en cuanto denegó las pretensiones de la demandante Raquel Gutiérrez de Salazar.
2. En su lugar, CONDÉNASE a los demandados “Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. —Coomotor—” e Isidro Quintero a pagar solidariamente a la demandante Raquel Gutiérrez de Salazar, la suma de diez millones de pesos m. cte. ($ 10.000.000) por concepto de perjuicios morales causados a raíz de la muerte de su hijo Luis Alberto Gutiérrez.
3.: REVÓCASE el numeral segundo de la mencionada sentencia esto es, la del 9 de abril de 1991, proferida por el juzgado primero civil del circuito de Neiva.
4. DECLARARSE infundadas las excepciones de mérito propuestas por el demandado Isidro Quintero.
5. ABSUÉLVASE a la aseguradora “Colseguros S.A.” de los pedimentos del llamamiento en garantía relacionados con la pretensión que prosperó.
6. CONDÉNASE a los demandados a pagar a la demandante las costas del proceso en ambas instancias.
7. CONFÍRMASE la sentencia apelada en todo lo demás.
Magistrados: Jorge Antonio Castillo Rugeles—Nicolás Bechara Simancas—Carlos Esteban Jaramillo Schloss—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Rafael Romero Sierra—Jorge Santos Ballesteros—Pedro Lafont Pianetta.