Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2328
Timestamp: 2018-01-22 04:17:49
Document Index: 40203466

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 43', 'artículo 45', 'artículo 13', 'artículo 44', 'artículo 180', 'artículo 151', 'artículo 180', 'artículo 151', 'artículo 2', 'artículo 150', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13']

Sentencia C-317 de 1996 Corte Constitucional
"Las donaciones que reciba esta Unidad Administrativa Especial, no requieren de insinuación judicial y se podrán aceptar sin procedimiento especial, a juicio del Procurador General de la Nación."
Según el viceprocurador, la expresión "universitaria" que está consignada en las normas demandadas, involucra una clara y manifiesta vulneración del principio constitucional de la igualdad, porque con disposiciones semejantes se promueven discriminaciones entre quienes se desempeñan como funcionarios públicos y ejercen cargos docentes en los centros educativos "normales", y quienes lo hacen en los centros universitarios. Según su apreciación, el legislador no puede crear condiciones desiguales cuando se encuentra con circunstancias fácticas idénticas, sin vulnerar el derecho fundamental a la igualdad.
Tal como se expresó en el acápite correspondiente a los fundamentos de la demanda, el actor considera que la palabra "universitaria" contenida en las normas demandadas vulnera el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues establece una discriminación de trato a favor de los funcionarios públicos que ejercen labores de docencia en las universidades, en contra de aquellos que desempeñan la misma labor pero en otros niveles educativos.
De conformidad con los argumentos expuestos, cuando en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 se otorga un beneficio especial a los servidores públicos que adelantan tareas de docencia universitaria, excluyendo de igual privilegio a los demás que ejercen la docencia a otros niveles, se configura de manera clara e inobjetable una manifiesta violación a la prohibición de consagrar discriminaciones entre personas, pues se están otorgando prerrogativas a un sector de docentes en perjuicio de otros sin justificación alguna. La misma situación se presenta en relación con el artículo 6° de la ley 201 de 1995, cuando se establece igual privilegio para el ejercicio del cargo de Procurador General de la Nación, cual es el de dictar cátedra "universitaria."
Ya esta Corporación había tenido oportunidad de referirse al tema cuando se demandó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la ley 136 de 1994, en las cuales se estableció una excepción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los concejales en el ejercicio de sus cargos, consistente en permitirles a estos servidores públicos el desarrollo de labores docentes en instituciones "universitarias o de educación superior". En esa oportunidad consideró la Corte que se vulneraba en forma ostensible el ordenamiento constitucional en lo que hace al principio de igualdad, pues se otorgaba un privilegio injustificado en favor de un sector de docentes -universitarios- frente a otros que se desempeñaban en niveles diferentes de educación.
"Para la Corte entonces, resulta evidente que, al consagrarse en la Ley 136 de 1994 un beneficio en favor de los docentes de Educación Superior -artículo 43-3- y de cátedra universitaria -artículo 45 parágrafo 1o-, consistente en que a aquellos se los exceptúa de una de las inhabilidades previstas para ser concejal, mientras a estos del régimen de incompatibilidades de los concejales, excluyendo del mismo privilegio a los demás docentes, se configura una clara y manifiesta violación a la prohibición constitucional de consagrar discriminaciones entre personas, otorgando prerrogativas a un sector de docentes en detrimento de otros.
"En este sentido, concluye la Corte que la excepción al régimen de inhabilidades e incompatiblidades consagrada en la norma legal que se examina, debe aplicarse sin discriminación alguna a quienes ejerzan o bien, funciones docentes, o bien la cátedra, según el caso, y por consiguiente, dichas normas resultan inconstitucionales por vulnerar el artículo 13 de la Carta Política, razón por la cual se declarará la inconstitucionalidad de las expresiones "de Educación Superior" contenida en el numeral 3° del artículo 43, así como la palabra "universitaria" que aparece en el parágrafo 1° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994." (Sentencia C-231 de 1995, Magistrado Ponente, doctor Hernando Herrera Vergara).
Así entonces, encuentra la Corte, con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, que la excepción al régimen de deberes e incompatibilidades contenida en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 del mismo año, debe aplicarse sin discriminación alguna a aquellos servidores públicos que ejerzan la docencia, independientemente del nivel educativo en el que la desarrollen, razón por la cual se procederá en la parte resolutiva del presente fallo, a declarar inexequible la palabra "universitaria" contenida en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 del mismo año.
Por lo demás, en torno a las normas demandadas de la Ley 200 de 1995 es necesario precisar que el numeral 2o. del artículo 44 -que por una deficiente enumeración pareciera como disposición aislada del contexto del numeral 1o.- se refiere específicamente a éste; es decir, que "las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de la docencia universitaria hasta por ocho (8) horas semanales dentro de la jornada laboral" de que habla el numeral 2o., se refieren a los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales, es decir a los funcionarios que aparecen mencionados en el numeral 1o.
Por otra parte, resulta también pertinente señalar que en el caso de los congresistas -que no es objeto de la demanda bajo examen- es la propia Constitución Política la que, en su artículo 180, parágrafo primero, exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria, y que, por otra parte, la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, revisada por esta Corte, (Sentencia C-037 de febrero 5 de 1996) en su artículo 151, parágrafo segundo, señala como excepción a las incompatibilidades para ejercer cargos en la Rama Judicial, la de ejercer "la docencia universitaria en materias jurídicas". En este caso la norma fija un límite de hasta cinco (5) horas semanales, que, según la Sentencia de la Corte Constitucional, deben entenderse como horas hábiles. Obviamente estas dos normas, la del artículo 180 parágrafo primero de la Constitución y la del artículo 151, parágrafo segundo de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se mantienen en vigor.
Es así como, acorde con la facultad establecida en la norma constitucional citada, el legislador profirió la Ley 80 de 1993, "por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública", cuyo objetivo, descrito en el artículo art. 1°, es disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales, y para ello define en su artículo 2°, las entidades, servidores y servicios públicos a quienes cobija la ley, encontrándose incluidos la Procuraduría General y las unidades administrativas especiales.
Pero además, porque en atención a la necesidad de procurar un mejor funcionamiento de la administración pública, es razonable que la ley admita excepciones o modificaciones posteriores, que la hagan más adecuada a los cambios socioeconómicos y políticos de la época y que respondan mejor al ideal de justicia que debe regir el Estado Social de Derecho. Sobre todo cuando, desde el punto de vista normativo, la ley definitoria de la contratación administrativa expedida con base en el artículo 150 de la Carta, adolece de las características especiales predicables de algunas otras leyes -orgánicas o estatutarias-, y que le imponen al Congreso limitaciones específicas o condicionan con su normatividad la actuación administrativa y la expedición o aplicación de otras leyes referidas a la materia.
Frente al caso concreto, se trata de una ley con temática específica -la contratación administrativa-, pero evidentemente ordinaria, susceptible desde todo punto de vista, de admitir excepciones a su aplicación o de ser modificada por norma posterior de igual categoría. Otra situación se plantea cuando el propio estatuto de contratación deroga expresa o tácitamente disposiciones que le sean contrarias.
En lo que hace relación a las normas sobre ciencia y tecnología, cabe agregar que mediante el Decreto 591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 11 de la ley 29 de 1990 -ley de ciencia y tecnología-, se regularon "las modalidades específicas de contratos que celebren la nación y sus entidades descentralizadas para el fomento de actividades científicas y tecnológicas", disposiciones a las cuales hace alusión la norma acusada.
PRIMERO: Declarar INEXEQUIBLE la palabra "universitaria" contenida en los artículos 40 ordinal 11 (parcial), y 44 ordinal segundo (parcial) de la ley 200 de 1995, y en el artículo 6° (parcial) de la Ley 201 de 1995.
SERVIDOR PUBLICO-Excepciones al régimen de deberes e incompatibilidades/ ACTIVIDAD DOCENTE-Alcance de la excepción
No se encuentra razón constitucional o legal alguna que justifique dicha diferencia, pues si la finalidad de la excepción es la de que los servidores públicos puedan ejercer labores de docencia, no resulta razonable el que la medida limite su aplicación sólo al nivel universitario. Así pues, excluir sólo a los docentes universitarios del régimen de deberes e incompatibilidades de los servidores públicos, y no a los demás que adelantan labores de docencia según el Estatuto Docente, es un claro desconocimiento del artículo 13 de la Carta Política, que propende por el derecho que tienen las personas a que no se consagren excepciones, privilegios o tratos especiales que sean arbitrarios y que por tanto los excluyan de los beneficios que a otros se conceden bajo las mismas circunstancias. Así entonces, encuentra la Corte, con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, que la excepción al régimen de deberes e incompatibilidades contenida en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 del mismo año, debe aplicarse sin discriminación alguna a aquellos servidores públicos que .jerzan la docencia, independientemente del nivel educativo en el que la desarrollen, razón por la cual se procederá en la parte resolutiva del presente fallo, a declarar inexequible la palabra "universitaria".