Source: http://acj.org.co/conceptos/concep_ord_016-2005.htm
Timestamp: 2014-07-29 04:35:37
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Consulta Ordinaria - Resolución No.016 de 2005 - Conceptos docs - Academia Colombiana de Jurisprudencia
Bogotá, D.C. 28 de enero de 2005
Calle 84 No. 9-32
En días pasados el Senador Carlos Gaviria Díaz, fue designado por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional, ponente del Proyecto de Ley Nro. 156/04 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
Con todo respeto, le solicitamos de ser posible damos a conocer las observaciones y opiniones, que sobre el contenido del mismo considere pertinentes.
Igualmente, y a propósito del tema, me permito enviarle copia del articulado correspondiente a la proposición aprobada por la Comisión Primera, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley sobre Administración de Justicia, del cual también es ponente el Dr. Carlos Gaviria.
Lo anterior, convencidos que es de esta manera como se alimenta una verdadera discusión.
Agradeciéndole de antemano la colaboración que se sirva prestamos.
BEATRIZ ELENA OCAMPO CASTRO
UTL. HS CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Bogotá, agosto 22 de 2005.
En cumplimiento del encargo que nos fuera asignado, por su digno conducto presentamos a consideración de la Academia, algunas observaciones y comentarios sobre el proyecto de ley por medio ?del cual se establece el código disciplinario del Abogado?, a efectos de que si fuesen acogidas por los Señores Académicos, sean remitidas a BEATRIZ HELENA OCAMPO CASTRO, asesora del Senador Ponente, doctor CARLOS GAVIRIA DÍAZ, consultante en el presente caso.
Dado que el proyecto de código consta de 117 artículos y además de una exposición de motivos, solamente nos referiremos a aquellos aspectos que merecen nuestra atención, para lo cual numeraremos una a una nuestras observaciones.
1.- El proyecto no resuelve la morosidad de los litigios en curso en la justicia disciplinaria.
Sea lo primero destacar que el proyecto no introduce una sola norma que resuelva la gigantesca morosidad que acusa la justicia disciplinaria, pues las disposiciones están concebidas para el proceso disciplinario del futuro. En efecto, salvo la fórmula de que los asuntos que estén con auto de de apertura de investigación (Art 116) al entrar en vigor la nueva ley seguirán tramitándose por la ley derogada, no hay una sola disposición que apunte a descongestionar los estrados judiciales, los cuales continuarían irremediablemente atiborrados de miles de expedientes disciplinarios que cursan en los mismos. Obviamente, un proyecto de esta magnitud debería preocuparse además por prever soluciones a este endémico mal, porque de no hacerlo, los asuntos en curso al momento de expedirse el nuevo estatuto quedarían expuestos a la impunidad.
Valdría la pena pensar en la posibilidad de que el nuevo código también se aplicara a los asuntos en curso, si no a aquellos que se encontraren en período probatorio, que es el cuello de botella de esta jurisdicción, al menos en los procesos que la nueva ley encuentre con cargos al momento de entrar en vigencia.
2.- No deben suprimirse las normas que regulan en el decreto 196 de 1971 los conceptos de la función social de la abogacía y la misión del abogado.
El proyecto de ley pretende sustituir el decreto 196 de 1971, para lo cual aunque en buena parte se reproduce la normatividad vigente, se echan de menos algunos artículos que consagra el actual estatuto, los cuales sería conveniente conservar. En efecto, los postulados filosóficos y éticos que inspiran los actuales artículos 2 y 3 del decreto 196 de 1971, los cuales se ocupan de definir la función social de la abogacía y la misión del abogado, no es conveniente que sean suprimidos del nuevo código. Definir la función social de la abogacía y la misión del abogado, es útil en un código de esta naturaleza, en el que principalmente se van a juzgar los actos de quienes ejercen la profesión del derecho, o lo que es lo mismo, se va a definir si el disciplinable traicionó la función social de su profesión o se desvió de su misión como jurista.
Nuestra sugerencia, entonces, apunta a reproducir tales normas del decreto 196 de 1971 en el capítulo I de los principios rectores.
3.- Non bis in idem, artículo 9.
Creemos que en el artículo 9, que consagra el principio nom bis in idem, vale la pena precisar que el mismo operará sin perjuicio de las medidas correccionales que se hubiesen adoptado en el respectivo proceso, y de otros procesos penales o civiles que se deriven de los mismos hechos. Lo anterior, para los fines de que quede absolutamente claro que con base en unos mismos hechos, puede imponerse no sólo sanción disciplinaria, sino también correccional a un abogado, y hasta penal o civil, según el caso.
4.- Función de la sanción disciplinaria, artículo 11.
Nos parece que el señalamiento en el artículo 11 de una función preventiva de la sanción disciplinaria es ajena a la misma. La sanción disciplinaria ejerce la función de sancionar a quien resulte responsable de una falta, y en ningún caso prevenir futuros quebrantos de la ley disciplinaria.
5.- Derecho a la defensa, artículo 12.
La designación de un estudiante de un consultorio jurídico como defensor de oficio del enjuiciado disciplinario que se encuentre ausente, prevista en el artículo 12, nos parece inconveniente, desde el punto de vista del derecho de defensa del abogado investigado. Encomendar la defensa de alguien acusado de incurrir en contravenciones disciplinarias requiere conocimientos y experiencias, elementos de los que obviamente carece el estudiante, quien de ser defensor de oficio de un acusado, no estaría en condiciones de prestar una defensa técnicamente razonable y suficiente. 6.- Ámbito de aplicación, artículo 17.
El ámbito de aplicación del código, restringido según el artículo 17 a ?los destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria, dentro del territorio nacional? dejaría sin sanción ni investigación aquellas faltas cometidas en el extranjero que tengan repercusiones en el país, como, por ejemplo, aquellas actuaciones surtidas en los consulados, o los asesoramientos incompatibles a diferentes personas para que ventilen litigios en Colombia, etc. Se sugiere, entonces, tomar en cuenta esta omisión y remediarla.
7.- Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, artículo 21.
Algunas de las causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, concretamente las de los numerales 3 y 6 del artículo 21, podrían convertirse en fuente de impunidad. En efecto, excluir de responsabilidad a quien incurra en una falta ?en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales? o a quien hubiese actuado ?con la convicción errada e invencible de que conducta no constituye falta disciplinaria? constituyen regulaciones genéricas y ambiguas, detrás de las cuales podrían disfrazarse situaciones comprometedoras o justificarse faltas inclusive graves. 8.- Interrupción del término de prescripción, artículo 24.
La interrupción de la prescripción sólo ?con la formulación de cargos en firme? que prevé el artículo 24, en vez de la iniciación del mismo, actualmente prevista en el artículo 8 del decreto 196 de 1971, nos parece inconveniente, tanto más si el nuevo proceso disciplinario será oral. No se justifica que en un nuevo proceso supuestamente expedito y ágil, la prescripción se interrumpa con una etapa tan posterior, como la firmeza de los cargos, y no con la simple iniciación del proceso, como está regulado en la actualidad, cuando el trámite es más engorroso.
9.- Renuncia a la prescripción, artículo 25.
Igualmente nos parece incompleta la previsión del artículo 25 del proyecto, en cuanto prevé que la prescripción es renunciable ?dentro del término de ejecutoria del auto que la decrete?, pues también debe facilitarse la renuncia aun cuando no se haya dictado tal providencia, con tal que haya transcurrido el término de cinco años en que ella se consuma.
10.- La rehabilitación, artículo 28.
La rehabilitación del abogado ?luego de transcurridos cinco años desde la ejecutoria de la sentencia? (artículo 28) no coincide con los efectos de la sentencia de segunda instancia que imponga una sanción, la cual según el artículo 48 deberá anotarse en el Registro Nacional de Abogados ?fecha a partir de la cual empezará a regir?. En efecto, para rehabilitar al abogado se computa el término a partir de la ejecutoria de la sentencia, sin consideración a su anotación en el registro, pero para que tenga efectos la sentencia de segundo grado, ello sí se condiciona a lo anotación de la misma. Es preciso superar esta incoherencia. 11.- Deberes profesionales del abogado, artículo 29.
En la regulación de los deberes profesionales del abogado, de que trata el artículo 29, merecen comentario los numerales 8 y 12, respectivamente. En efecto, en el numeral 8 se establece la obligación de fijar los honorarios ?atendiendo las normas que se dicten para el efecto?. Creemos que basta elevar a la categoría de deber la fijación de la remuneración ?con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado?, en vez de ceñirse a tarifas de honorarios, que suelen ser desactualizadas, exageradas en lo mínimo y en lo máximo, amén de que no están unificadas en todo el país.
Así mismo, establecer como deber del abogado, su sujeción exclusiva a la ?independencia profesional? excluyendo ?las opiniones políticas propias o ajenas así como las filosóficas o religiosas? es obligarlo a que sea un fugitivo de su tiempo y de sus propias creencias. Para que el abogado pueda ejercer su actividad en forma independiente, ha de permitírsele considerar la conveniencia de asumir o renunciar a un asunto, y tal juicio necesariamente estará precedido de muchas opiniones y circunstancias, entre las cuales bien pueden figurar las políticas, filosóficas o religiosas. Nos parece que este deber del numeral 12 debería suprimirse del articulado, entre otras cosas porque parece coartar el derecho constitucional de opinar libremente.
12.- Incompatibilidades, artículo 30.
En el régimen de incompatibilidades para ejercer la abogacía, previstas en el artículo 30, al prohibirse ejercer a personas detenidas como consecuencia de una resolución acusatoria o una sentencia, advertimos primero, que también deben exceptuarse quienes estén involucrados como responsables de delitos políticos. Además, privar del derecho a ejercer la abogacía a quien no esté condenado así en su contra exista resolución de acusación, es desconocer la presunción de inocencia reconocida constitucionalmente, por lo cual sugerimos modificar también este aparte de la norma.
13.- Faltas contra la dignidad de la profesión, artículo 31.
En el artículo 31, sobre las faltas contra la dignidad de la profesión, sugerimos incluir como tal la conducta consistente en ejercer por interpuesta persona, tanto para eludir una inhabilidad o incompatibilidad, como para mantener en reserva la identidad del verdadero profesional u oficina de abogados a la que realmente se le haya encomendado la representación o asunto.
14.- Faltas contra el decoro profesional, artículo 32.
En el artículo 32, sobre las faltas contra el decoro profesional, sugerimos incluir como tal, la propaganda de datos inexactos acerca de las especialidades o experiencias anunciadas por el abogado, pues es también una forma de publicidad engañosa.
15.- Faltas contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado, artículo 34.
En la previsión de las faltas contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado, de que trata el artículo 34, nos parece que la conducta prevista en el numeral 14, acerca de la falta por omitir la denuncia de delitos que hayan llegado a conocimiento del abogado con ocasión de su ejercicio profesional, distintos a aquellos cuya defensa se le haya encomendado, podría devenir contrario al artículo 74 de la Carta Política, norma que protege el secreto profesional. Exonerar al abogado del deber de denunciar sólo los delitos cuya defensa se le encomiendan, puede por lo demás resultar imposible de definir en la práctica, exponiendo gravemente al profesional del derecho no sólo a la falta sino, lo que es peor, a desatender su deber de reserva, también amparado legalmente en el numeral 5 del artículo 53 del decreto 196 de 1971 (numeral 6 del artículo 35 del proyecto de código). En nuestro criterio debería suprimirse este numeral.
16. Sanciones disciplinarias, artículo 41.
En el régimen de las sanciones enunciadas en el artículo 41 del proyecto, se ha suprimido la sanción de amonestación, que merece la pena conservarla. En efecto, la amonestación si bien es una reconvención privada inicial que suele hacerse a un abogado que por primera vez incurre en una falta disciplinaria, sirve también a manera de advertencia de que en el futuro tal profesional del derecho debe abstenerse de incurrir en conductas violatorias de sus deberes disciplinarios. El sistema que se propone en el proyecto consagra como pena menor la censura, castigo que de suyo es severo en cualquiera de sus manifestaciones y puede resultar excesivo en aquellas situaciones en las que hoy los jueces disciplinarios suelen imponer apenas la amonestación. Amonestar por primera vez a un abogado, puede darle la oportunidad de enmendar su conducta para siempre, sin padecer el rigor del escarnio público que enfrentaría con las demás sanciones, incluida la censura.
Así mismo, en la escala de gravedad de las diferentes sanciones previstas en el mismo artículo 41 del proyecto, en orden ascendente se prevén como posibles penas la censura, la multa, la suspensión y la exclusión, el cual no se ofrece coherente. Si no se incluye la amonestación, entonces la pena menor debería ser la multa, seguida de la censura, para continuar con la suspensión y finalizar con la exclusión. En la escala de valores debe ser más grave para un profesional del derecho, desde todo punto de vista, ser censurado públicamente, a tener que cancelar una multa, no importa el monto de la misma.
17.- Criterios de graduación de la sanción, artículo 46.
En los criterios de graduación de la sanción, definidos en el artículo 46 del proyecto, se incluyen indiscriminadamente los que han de tenerse en cuenta tanto para agravar como para atenuar la sanción al infractor. En efecto, se señala como criterio para graduación de la sanción, el hecho de que el infractor haya ?procurado por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado? lo que en nuestro concepto es un elemento de atenuación y no de agravación de la pena, lo mismo que ?la confesión de la falta antes de la formulación de cargos?. Tales criterios favorables para el encartado, conviven con los que el juez disciplinario ha de tener presente para imponer penas severas, como sucede con la mayoría de los demás eventos previstos en el artículo 46. A nuestro juicio, deben separarse los criterios de atenuación de los de agravación, de manera que se sepa legalmente con claridad cuales pertenecen a cada uno. Del modo como los presenta el proyecto, unos y otros se confunden, lo que puede resultar perjudicial. Valdría la pena dividir el artículo en dos secciones, una para las circunstancias de atenuación y otra para las de agravación, y si ello no fuese posible, crear un nuevo artículo, haciendo las denominaciones con toda claridad del contenido en cada caso.
18.- Ejecución y registro de la sanción, artículo 48.
En el artículo 48 del proyecto, el cual regula lo relativo a la ejecución y registro de la sanción, de manera que ésta sólo rige a partir de la anotación en el Registro Nacional de Abogados, punto sobre el que antes hicimos referencia, valdría la pena establecer una sanción para los funcionarios que omitan o retarden la anotación de la sentencia disciplinaria. Con ello se aseguraría el eficaz e inmediato cumplimiento del fallo disciplinario.
19.- Facultades, artículo 68.
El parágrafo del artículo 68 del proyecto, que prevé las facultades y derechos del quejoso en el proceso disciplinario, definitivamente ha de revisarse su redacción que se ofrece confusa. En efecto, en la disposición se indica que el quejoso podrá ?impugnar las decisiones que pongan fin a la actuación, distintas a la sentencia. Para este efecto podrá conocerla en la Secretaría de la Sala respectiva?. Tal parece que el quejoso puede impugnar cualquier decisión que decrete la terminación de la actuación, salvo la sentencia, lo que obviamente no tiene ninguna lógica; adicionalmente, tampoco se sabe con certeza si lo que puede conocer el quejoso en la secretaría respectiva es la actuación o la sentencia. Sugerimos se adopte una redacción más clara, que además consagre el derecho del quejoso de impugnar cualquier determinación que le ponga fin al proceso disciplinario, incluyendo por supuesto el fallo mismo.
20.- Notificación personal, artículo 73. La exigencia de la notificación personal a los intervinientes en el proceso disciplinario, de la sentencia, del auto que deniega una apelación y del que decide sobre la rehabilitación, prevista en el artículo 73 del proyecto, se constituye en un requisito tan engorroso como innecesario. Ninguna de tales providencias amerita notificación personal a los sujetos que intervienen en el proceso disciplinario, de manera que establecer este requisito puede ser una traba al curso del trámite.
21.- Ejecutoria, artículo 84.
La figura de la ejecutoria prevista en el artículo 84 del proyecto, tiene inconsistencias. En efecto, allí se dice que cualquier decisión proferida en audiencia o diligencia, si no fuere impugnada, quedará en firme al finalizar la audiencia o diligencia ?exceptuando la que decreta la terminación del procedimiento?. Lo que no dice la norma es cuándo quedará en firme la providencia que decreta la terminación del procedimiento, si ella es proferida en audiencia, aspecto que debe quedar claro.
Igualmente, el inciso 2 del artículo 21 del proyecto, dispone que las decisiones dictadas por fuera de audiencia, quedarán en firme ?tres días después de su última notificación, si no fueren impugnadas?. Tal parece que una providencia dictada por fuera de audiencia pudiera tener notificaciones en diferentes días, y que de ser así, surtida la última notificación, cualquier interesado puede impugnarla no obstante que en su caso hayan ya transcurrido los tres días hábiles para proponer la impugnación. Lo primero que es preciso revisar es si en verdad una providencia dictada por fuera de audiencia tiene diferentes momentos de notificación a los distintos sujetos procesales. Lo siguiente que es preciso aclarar es que si eso fuese así, cada quien deberá expresar si impugna la providencia dentro del preciso término de los tres días siguientes a su notificación, en vez de hacerlo dentro de los tres días siguientes a la notificación del último sujeto notificado.
22.- Terminación anormal, artículo 104.
Nos parece inconveniente la terminación anormal de la actuación disciplinaria, prevista en el artículo 104 del proyecto, tanto más si se tiene en cuenta que el proceso disciplinario del futuro va a ser oral, y por lo mismo supuestamente expedito y ágil.
En efecto, el citado artículo prevé una terminación anormal del proceso, sin sentencia, cuando quiera que en el curso del proceso se establezca que ?el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse?. A nuestro juicio, una vez iniciada la actuación disciplinaria, ella debe terminar con sentencia, en vez de exponer al funcionario a que adopte una decisión de terminación con base en una cualquiera de las causales antes mencionadas, además mediante una providencia ?brevemente motivada?, como lo pretende el citado artículo 104 del proyecto. Esta regulación podría generar decisiones ilegales o prestarse a toda clase de intrigas por parte de disciplinables interesados en evitar la conclusión normal de los procesos en su contra.
A nuestro juicio, pues, debería suprimirse tal forma de terminación anormal, y en el peor de los casos, prever que de darse las hipótesis allí previstas se prescinda de cualquier actuación pendiente y de plano se dicte la sentencia a que hubiere lugar.
23.- Incidente de regulación de perjuicios, artículos 109 a 113.
El Título IV, Disposiciones Complementarias, Capítulo I, Del incidente de regulación de perjuicios, definitivamente nos parece que debe suprimirse.
En efecto, a semejanza de la nueva regulación del proceso penal acusatorio, en los artículos 109 a 113 del proyecto, se prevé el trámite de un incidente de regulación de perjuicios, a continuación del fallo que declare disciplinariamente responsable al enjuiciado. En otros términos, el proyecto asume que siempre que un abogado es sancionado disciplinariamente, ello le hace responsable de los daños y perjuicios, o lo que es lo mismo, se estaría creando una especie de responsabilidad civil objetiva, consistente en que todo aquel abogado que sea sancionado disciplinariamente ha de pagar condena patrimonial.
La posibilidad de que en materia penal quien resulte condenado sea expuesto al trámite incidental de los perjuicios causados con el hecho punible, deviene de la circunstancia de que el artículo 2341 del código civil establece la responsabilidad civil derivada también de conductas penales. Esa situación no es idéntica cuando se declara la responsabilidad disciplinaria, porque no siempre el hecho que la genera es causante de perjuicios de naturaleza civil que deba indemnizar el abogado.
La regulación que se propone en el proyecto tendría además un efecto nocivo en términos patrimoniales, puesto que el abogado que verdaderamente cause perjuicio patrimonial, sólo podría ser demandado civilmente de llegar a resultar vencido en un juicio disciplinario. O lo que es lo mismo, el proceso disciplinario podría convertirse en prejudicial del de la eventual reparación patrimonial, lo que sencillamente es perjudicial desde todo punto de vista. El afectado con una falta contra la ética del abogado, debe tener a salvo más que la opción, el derecho a demandar patrimonialmente a ese profesional del derecho, con independencia de que sea juzgado o condenado disciplinariamente.
En nuestro concepto, debe suprimirse del proyecto lo relativo a este tema del incidente de regulación de los perjuicios derivados del hecho sancionado disciplinariamente.
24.- Vigencia, artículo 117.
La vigencia de la ley postergada por el artículo 117 del proyecto para el sexto mes después de expedida la ley, puede resultar un período insuficiente. Sugerimos que se consagre al menos un año, y que se disponga que el Consejo Superior de la Judicatura adelante campañas de promoción y divulgación de la nueva ley.
25.- Cátedra de ética del abogado.
Sugerimos que se cree en las facultades de derecho la cátedra de la ética del abogado, dentro de la cual se estudie la ley que ha de expedirse, bien como materia autónoma o como un apéndice de la cátedra de derecho penal general, o de otra semejante, como condición previa para que el estudiante pueda cursar la asignatura del consultorio jurídico.
26.- Comentarios finales. Importancia del proyecto y redacción del mismo.
El país sí requiere un nuevo código y un proceso moderno disciplinario, que garantice una justicia pronta en estas materias, lo cual hoy es una simple quimera. Desde ese punto de vista el proyecto es importante, pero requiere trascendentales ajustes no sólo jurídicos, sino de redacción, la cual en muchos de sus apartes está comprometida.
A lo anterior se agrega la necesidad de prever la consecución de los recursos humanos y materiales que permitan surtir el proceso disciplinario en forma oral, como es la pretensión del proyecto. De no adoptarse esta precaución, puede ocurrir que a pesar de la reforma, ella resulte imposible de aplicarse por ausencia de los elementos idóneos para ponerla en funcionamiento.
En los anteriores términos, dejamos cumplido el encargo que nos fuera asignado por la plenaria de la Academia, quedando a su disposición para lo que se considere conveniente.
CESÁREO ROCHA OCHOA RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Resolución No 016 de 2005 (Septiembre 26)Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.