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Timestamp: 2018-11-21 14:29:36
Document Index: 110714700

Matched Legal Cases: ['artículo 141', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 1317', 'artículo 145', 'artículo 39', 'artículo 210', 'artículo 1317', 'artículo 77', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 65']

﻿ Sentencia SL1849-2016 de febrero 17 de 2016
SENTENCIA SL1849-2016 DE 17 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PRESUNCIÓN DE CONFESIÓN EN PROCESO LABORAL TIENE QUE SER DECLARADA EN PRIMERA INSTANCIA. LA JURISPRUDENCIA DE MANERA REITERADA Y CONSTANTE DE HA DETERMINADO QUE ESA FUNCIÓN CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, ANTE QUIEN SE CELEBRAN LAS RESPECTIVAS AUDIENCIAS PREVISTAS POR LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, SITUACIÓN QUE LA CASACIÓN NO PUEDE SUBSANAR.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA DE CONFESIÓN, CLASES DE RECURSO DE CASACIÓN, ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, APLICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, COMPETENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN, CONCESIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, CONFESIÓN, CLASES DE CONFESIÓN, INFORMACIÓN DE CONFESIÓN, REQUISITOS DE LA CONFESIÓN, CONFESIÓN JUDICIAL, AUDIENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓ, VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN JUDICIAL, CONFESIÓN CALIFICADA
Sentencia SL1849-2016 de febrero 17 de 2016
SL1849-2016
Rad. 44632
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 30 de marzo de 2005 (fls. 258- 270 del c. p.), dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR como en efecto se declarará el contrato de trabajo en vigor entre N... Q... R... y ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN y ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP desde el 31 de octubre de 1970 hasta el 31 de marzo de 2000.
SEGUNDO: CONDENAR al demandado ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, por medio de apoderado judicial a pagar por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. EN LIQUIDACIÓN, conforme al anexo 22 del convenio de sustitución patronal que entro (sic) en vigencia el 16 de agosto de 1998 (fl. 199), el 90% de los valores de las siguientes prestaciones tal como se discriminan:
PRIMAS de 1997 por un monto global por la suma de $ 260.100; las primas de 1998 por el primer semestre de $ 130.050.
COMPENSACIÓN DE VACACIONES causadas a 1997 por un monto global de $ 130.050.
El 10% restante de los valores anteriormente discriminados corren por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, sin que ambos porcentajes sobrepasen el monto global establecido.
TERCERO: CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP a pagar su cuenta (sic) la totalidad de la prima del segundo semestre de 1998 por la suma de $ 130.050; por la totalidad de las primas de 1999 por un monto global de $ 260.100; por la totalidad de la prima proporcional del primer semestre de 2000 por la suma de $ 53.350.
CUARTO: CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP a pagar por su cuenta la compensación de las vacaciones causadas en 1998 por un monto global de $ 130.050; por la compensación de las vacaciones causadas a 1999 por un monto global de $ 130.050 y las vacaciones proporcionales de 2000, por un monto global de $ 66.687.50.
QUINTO: CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP a pagar por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN el 90% por concepto de cesantía por todo el tiempo laborado, establecido en esta sentencia a la suma de $ 7.911.375 por intereses de cesantías 949.365.
El 10% restante lo cubrirá ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP por su cuenta sin que ambos porcentajes sobrepasen el monto global señalado.
Todos los anteriores valores deberán ser satisfechos por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A.ESP, quien podrá repetir a su vez si la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN no concurre a efectuar los pagos por los cuales está obligada a cancelar en conformidad con las cláusulas 3, 4ª, 5ª y 10ª del anexo 22 Convenio de Sustitución Patronal entre ELECTRICARIBE y ELECTRANTA.
SEXTO: CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP reconocer y pagar a la señora N... Q... R..., por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN la pensión plena de jubilación, a partir del 31 de marzo de 2000 si para ese entonces acredita tener por cumplidos los cincuenta (50) años de edad que se deberá acreditar con la partida de bautismo, con un valor no inferior al salario mínimo legal mensual actual, obligación que deberá pagar ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP, por cuenta de ELECTRANTA conforme a lo establecido en la cláusula 3ª, 4ª y 10ª del anexo 22 del convenio de sustitución patronal entre ELECTRANTA y ELECTRICARIBE (fl. 97).
SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP a indexar por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN y por cuenta propia conforme a los porcentajes establecidos, todos los valores adeudados por concepto de primas vacaciones y cesantías desde la desvinculación, 31 de marzo de 2000 y hasta la fecha en que se ejecutorié esta providencia y a partir del día siguiente a la ejecutoria de no pagarse los valores adeudados se producirán dicha sanción moratoria a razón de $ 8.670 diarios y hasta cuando ELECTRIFICADORA DEL CARIBE cubra los pagos por cesantías.
OCTAVO: CONDENAR a ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP por cuenta de ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN, a cubrir los intereses mora (sic) respecto de las mesadas causadas a partir del 1 de abril de 2000 si se acredita haber cumplido para entonces los cincuenta (50) años de edad, conforme a lo que se establece en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
NOVENO: IMPÚTESE (sic) las obligaciones a ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN por los pagos hechos por ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP por cuenta de ésta sentencia y que conforme a las cláusulas 3ª, 4ª, 5ª y 10ª del anexo 22 del convenio de Sustitución Patronal entre ELECTRANTA S.A. ESP EN LIQUIDACIÓN y ELECRICARIBE S.A. ESP deba hacer esta entidad con cargo a aquella, quien podrá repetir en caso de que no concurra con el pago, desde que ésta efectivamente los satisfaga al demandante.
Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo de 30 de octubre de 2009 (fls. 293-304 del c. p.), confirmó la decisión de primer grado.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró que correspondía definir en segunda instancia si efectivamente había existido una relación de trabajo entre las partes y, en consecuencia, si procedía el pago de las acreencias laborales pretendidas en la demanda o si, por el contrario, el vínculo que las había atado constituía un contrato de agencia comercial, tal como lo alegaban las entidades convocadas a juicio.
A la luz de los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señaló que el contrato de trabajo no requería fórmulas específicas o sacramentales que lo identificaran, pues bastaba con que se acreditaran los elementos constitutivos para que se tornara existente y las partes quedaran sometidas a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, de modo tal que no importaba la forma que adoptara o la denominación que se le diera a la vinculación, por cuanto lo relevante era la prestación permanente del trabajo y su carácter subordinado.
Indicó que el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo disponía la presunción legal de que toda relación de trabajo personal se encontraba regida por un contrato, de donde se entendía que, cuando se discutía la existencia de una relación laboral, en principio correspondía a la parte actora probar los elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, en caso de que el demandado manifestara que no era un contrato de trabajo, la carga de la prueba se invertía, tal como lo había advertido esta corporación en la Sentencia CSJ SL, 8 abril 1970 de la cual no indicó el radicado.
Ante el argumento de las entidades de que en el caso la demandante se había vinculado mediante un contrato de agencia comercial, estimó que esta contratación implicaba la autonomía de las partes, pues el artículo 1317 del Código de Comercio disponía que el agente ejecutaba su encargo de manera autónoma, bajo el entendido de que esta relación jurídica particular se celebraba entre empresarios mercantiles independientes.
Advirtió que, en el caso de autos no se encontraba acreditada la calidad de comerciante de la actora o su independencia, ni la inscripción del contrato de agencia en el registro comercial y que, por el contrario, los testimonios de O... J... M... R... y A... A... C... daban cuenta de la prestación personal del servicio de la demandante para las accionadas, desde el mes de octubre de 1970 hasta marzo de 2000, de modo tal que, en la realidad, se había dado un contrato laboral, que desvirtuaba la agencia comercial alegada por la Electrificadora del Atlántico S.A., quien dejó de probar la calidad de comerciante de la actora, la independencia de ésta y la inscripción del mencionado contrato.
En cuanto al argumento de la entidad apelante de no haber existido la subordinación de la demandante, subrayó que este elemento se presumía, tal como lo había advertido esta corporación en sentencias de 16 de diciembre de 1959 y 21 de febrero de 1984, de las cuales no indicó el radicado y concluyó:
Es importante resaltar, que al no haberse probado el contrato de agencia comercial que alega la demandada Electrificadora del Atlántico S.A. en Liquidación, debe fijarse que el contrato laboral que se dio entre esta y la demandante, fue del 1 de octubre de 1970, hasta que ocurrió el fenómeno de sustitución patronal con Electrificadora del Caribe S.A., que lo fue el 4 de agosto de 1998; por lo que esta (sic) última asumió dicho vínculo contractual, por el fenómeno de la sustitución patronal; máxime si al contestar la demanda Electricaribe S.A. (fl. 200) acepta que entre las partes existió un contrato de naturaleza comercial; contrato este último que nunca se arrimó, ni se enunció, cuál de los tantos contratos comerciales era. Al no existir ruptura del contrato inicial, se pregona una relación laboral, única y sin solución de continuidad desde el 1 de octubre de 1970 hasta el 31 de marzo de 2000.
Corolario de lo anterior, y siendo que el objeto de apelación gravitó en la declaración de la existencia del contrato de trabajo declarado por el juez de primera instancia, resuelta este (sic), no queda mas (sic) que confirmar el fallo de primera instancia.
Interpuesto por la Electrificadora del Caribe S.A. ESP, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende la recurrente que la Corte case totalmente la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y declare probadas las excepciones propuestas.
Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados por la demandante y, enseguida, se estudian.
Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 34, 65, 186, 187, 189, 192, 249, 253, 260 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo y 1320 del Código de Comercio, infracción que se dio como consecuencia de la falta de aplicación de los artículos 210 y 330 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la remisión analógica del artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de los artículos 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social y 39 de la Ley 712 de 2001.
Afirma que la anterior violación fue producto de los siguientes errores de hecho:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que entre la demandante y las demandadas existió un contrato de trabajo.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el servicio prestado por la demandante a las demandadas fue realizado por ésta en calidad de contratista independiente”.
Señala que estos errores de hecho se cometieron por la falta de apreciación de los escritos de contestación a la demanda, en los cuales se solicitó el interrogatorio de parte (fls. 198-203 y 212- 218), el acta de la audiencia de conciliación y primera de trámite, en la cual se decretó la mencionada prueba (fls. 226), el acta de la cuarta audiencia de trámite, en la cual consta la ausencia de la actora al interrogatorio de parte (fl. 257) y los testimonios de S... J... M... y O... C... G... (fls. 249- 251).
En la fundamentación del ataque, alega la censura que contrasta la fragilidad probatoria de la sentencia impugnada, con la confesión ficta de la parte demandante, obrante dentro del proceso, pues claramente el tribunal no observó que, en la primera audiencia de trámite, realizada en vigencia del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, la demandante no estuvo presente y, por tanto, debían presumirse ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en las contestaciones a la demanda, además que tampoco percibió que, en la cuarta audiencia de trámite, la actora llamó al despacho judicial para presentar excusas ante su inasistencia a la diligencia de interrogatorio de parte, siendo que, en ese entonces, las entidades solicitaron dar aplicación al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad de que se dieran por ciertos los hechos de las contestaciones a la demanda susceptibles de confesión.
Agrega que si el ad quem hubiese percibido las dos circunstancias constitutivas de confesión ficta dentro del juicio, habría concluido que existía prueba suficiente de lo aducido por las demandadas en los escritos de contestación, en cuanto a que no existió un contrato de trabajo entre las partes, inferencia que aparece igualmente confirmada por las declaraciones de los testigos S... M... R..., O... C... G... y J... C... S... G..., quienes, de manera unánime, acreditaron que la demandante era una contratista independiente de la Electrificadora del Caribe S.A. ESP.
Manifiesta que, contrario a lo aducido por la censura, lo que emerge de las contestaciones a la demanda, es que la demandante estuvo vinculada mediante contrato de trabajo durante el tiempo que prestó sus servicios personales como recaudadora y administradora en Cascajal, municipio de Sabanalarga, máxime que en el juicio no se acreditó la existencia del contrato de agencia comercial, en desconocimiento del artículo 1317 del Código de Comercio, ni, menos, se dio la declaratoria de confesa de la demandante en el momento procesal oportuno.
No encuentra la Sala en la sentencia impugnada configurado ningún error fáctico, en cuanto a la presunta omisión de la confesión ficta de la demandante, al no haber asistido a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, y al no haberse presentado a la diligencia del interrogatorio de parte, toda vez que lo acreditado por las diligencias es que el juez de primera instancia no fijó en ningún momento dicha consecuencia procesal, en los términos de los artículos 77 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social y 210 del Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de la parte demandante a las mencionadas audiencias.
En efecto, si bien se observa que la demandante no asistió a la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, celebrada el 26 de agosto de 2002, el fallador de primer grado no estableció la confesión prevista en el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, ante la inasistencia, y las entidades demandadas guardaron silencio frente a esta decisión (fl. 226 del c. p.), de modo tal que se equivoca la censura, al endilgarle al ad quem la falta de apreciación de una confesión que no existe dentro del plenario.
Tampoco se observa que el sentenciador de primera instancia haya declarado la confesión ficta prevista en el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, ante la inasistencia de la demandante a la diligencia de interrogatorio de parte, en el sentido de haber fijado como ciertos los hechos contenidos en las contestaciones a la demanda, susceptibles de confesión, tal como consta en el acta de folio 257 del cuaderno principal. Allí se encuentra que, a pesar de que las entidades demandadas alegaron la aplicación de los efectos del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, el juez omitió pronunciarse frente a esta solicitud, sin que aquéllas manifestaran inconformidad alguna, utilizando para tal efecto el mecanismo procesal idóneo.
Y es que lo pretendido por la censura, en últimas, es que esta corporación, por vía del recurso extraordinario de casación, declare la confesión ficta ante la inasistencia de la demandante a la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas y saneamiento y fijación del litigio, y a la diligencia de interrogatorio de parte, en desconocimiento de la jurisprudencia reiterada y constante de esta Sala, según la cual esta función corresponde exclusivamente al juez de primera instancia, ante quien se celebran las respectivas audiencias previstas por la ley procesal del trabajo y de la seguridad social, por lo que, ante la ausencia de declaratoria de la confesión o el incumplimiento de las condiciones jurisprudenciales (ver Sents. SL7145- 2015 y CSJ SL, 22 jun. 2007, rad. 30560, reiterada más recientemente en la providencia SL1560-2014), no puede la Corte entrar a subsanar este aspecto.
Finalmente, al no haber prosperado un error de hecho sobre los medios calificados denunciados por la censura, no puede esta Sala adentrarse en el análisis de los testimonios de S... M... R..., O... C... G... y J... C... S... G..., tal como lo pretende la censura, pues el estudio de los medios no calificados procede en sede del recurso extraordinario solamente en caso de prosperar un yerro sobre los que sí tienen tal carácter, a saber, el documento auténtico, la inspección judicial y la confesión, lo cual, como se vio, no sucedió en este caso.
Por los anteriores motivos, el cargo no prospera.
Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 22, 23, 24 y 34 de la misma codificación.
En la fundamentación del cargo, arguye la censura que el cuestionamiento es independiente de cualquier consideración probatoria y que se plantea, para que, en caso de que se acepte la existencia de una relación contractual de trabajo, se exonere de la sanción moratoria, toda vez que el fallador desconoció la jurisprudencia de esta Corte en la materia, en cuanto a que no se demostró una conducta torticera por parte de las demandadas y que, además, la sola discusión de la relación laboral excluye de entrada un comportamiento constitutivo de mala fe patronal, siendo que, entonces, no están dadas las condiciones para imponer la indemnización moratoria, sobre la cual se ha insistido no es de aplicación automática.
Indica que sobre las exigencias de la procedencia de la sanción moratoria, esta corporación se ha pronunciado en múltiples oportunidades, como en la Sentencia CSJ SL, 23 feb. 2010, rad. 36506, en la cual se impuso la condena, no obstante haberse controvertido por el demandado la existencia del vínculo laboral entre las partes.
Debe advertirse que el tribunal en el presente asunto no efectuó consideración alguna respecto de la sanción moratoria impuesta por el fallador de primer grado, pues el análisis de la decisión estuvo enfocado exclusivamente a la existencia y verificación de un contrato de agencia comercial entre las partes, que, junto a la improcedencia de la condena por pensión de jubilación, fueron las únicas temáticas objeto de reproche en el recurso de apelación presentado por la Electrificadora del Caribe S.A. ESP (fls. 271-275 del c. p.).
En efecto, en la Sentencia SL5642-2014, sobre esta temática particular, se afirmó:
En efecto, este tema fue objeto de pronunciamiento por parte de esta corporación, en sentencia de 8 de mayo de 2012, radicación 39186, donde se dejaron las siguientes enseñanzas:
Es que si el juzgador exonera del pago de la sanción moratoria al dador del laborío únicamentesobre la base de la mencionada creencia, sin más miramientos y análisis, como sucedió en el asunto bajo examen, la verdad crea una regla general que conduce a un yerro jurídico, por la potísima razón de que aplica la norma de manera automática o maquinal, cuando su deber, conforme a la ley, estriba, se reitera, en realizar un estudio serio en torno a la conducta asumida por el deudor, esto es, en relación a los actos y comportamientos del empleador moroso que permitan descalificar o no su proceder.
‘Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro. En ese sentido se pronunció igualmente la Corporación en providencia del 30 de mayo de 1994, con radicación 6666, en la cual dejó consignado que: ‘Los jueces laborales deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria...’.
Vistas así las cosas, el ad quem no pudo incurrir en el yerro jurídico que le acusa la censura y, en consecuencia, el cargo no prospera.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente y a favor de N... Q... R.... Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000).
I(sic). DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de octubre de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por N... Q... R... contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP y la ELECTRIFICADORA DEL ATLÁNTICO S.A. ESP.
Las costas en el recurso extraordinario están a cargo de la recurrente y a favor de N... Q... R.... Como agencias en derecho se fija la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000).