Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/830159897
Timestamp: 2020-04-05 16:15:09
Document Index: 388623730

Matched Legal Cases: ['artículo 154', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 242', 'artículo 154', 'artículo 13', 'artículo 154', 'artículo 51', 'artículo 154', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 73', 'artículo 154', 'Artículo 370', 'artículo 154', 'artículo 13', 'artículo 369', 'Artículo 150', 'Artículo 150']

Sentencia de Constitucionalidad nº 513/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 830159897
Sentencia de Constitucionalidad nº 513/19 de Corte Constitucional, 29 de Octubre de 2019
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. RECURSOS CONTRA ACTOS QUE RESUELVEN RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Los actores consideran que los apartes acusados desconocen el derecho a la igualdad, al fijar un término de cinco días para interponer recursos en contra de las decisiones de las empresas prestadores de servicios públicos domiciliarios, a pesar de que la Resolución 5111 de 2017 de la CRC, establece un plazo de diez días para los usuarios de los servicios de comunicaciones. La Corte consideró que los plazos previstos por el legislador para interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y presentar reclamaciones contra la facturación no configuran una vulneración del principio de igualdad. Se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas cuestionadas. Recibo Relatoria:
D.A.B.F., D.F.Z.N., K.B.P. y P.E.M.M.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución, los señores D.A.B.F., D.F.Z.N., K.B.P. y P.E.M.M. presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 154 (parcial) de la Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
En Auto del 22 de enero de 2019, el M.S. resolvió admitir la demanda, ordenó su fijación en lista y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. De igual manera, dispuso comunicar la iniciación del presente proceso de constitucionalidad al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), a la Confederación Colombiana de Consumidores, a la Defensoría del Pueblo y a las Facultades de Derecho de las siguientes Universidades: Rosario, S.A., Libre, J.T.L., Externado, del Norte y N., para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran con el propósito de impugnar o defender la disposición acusada.
Una vez recibido el concepto del P. General de la Nación y cumplido el resto de los trámites previstos en el artículo 242 del Texto Superior y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
En criterio de los accionantes, los apartes cuestionados del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 son contrarios al artículo 13 de la Constitución, a partir de dos cargos que se formulan de manera separada. Por tal razón, esta sentencia adelantará el examen de cada uno de ellos siguiendo el mismo esquema de presentación esbozado por los accionantes, incluyendo luego el resumen de las intervenciones y del concepto del P. General de la Nación, para finalizar con las respectivas consideraciones de la Corte.
S. del usuario o suscriptor para que la empresa revise ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato, concretamente la norma menciona: “los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa”
S. del usuario o suscriptor para que la empresa revise ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato, concretamente la norma menciona: “actos de negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, o corte y facturación”
En oficio del 28 de mayo de 2019, el P. y R.L. de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitó declarar la exequibilidad de los apartes acusados del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, toda vez que el legislador actuó de manera razonable al acoger el mismo término previsto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo de la época para la interposición de los recursos en la vía gubernativa[12]. Por lo demás, no cabe referir a la existencia de una inconstitucionalidad por el hecho de que el Congreso adopte plazos diferenciales en leyes especiales, más aún cuando la comparación que se propone es frente a una norma jurídica de inferior jerarquía, como lo es la Resolución 5111 de 2017 de la CRC.
4.1.3. Concepto del P. General de la Nación
El P. General de la Nación solicita a la Corte declarar exequibles los apartes impugnados del artículo 154 de la Ley 142 de 1994. Para comenzar, aclara que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 señala que el régimen de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones será el que fije la regulación que expida la CRC; motivo por el cual, en ejercicio de dicha atribución, se expidió el artículo 2.1.24.5 de la Resolución 5111 de 2017, en el que se fija el término de 10 días para que dichos usuarios puedan interponer recursos de reposición y apelación contra las decisiones del operador.
Para la Vista Fiscal, es claro que, ante tal realidad, lo que se propone es la comparación de dos leyes especiales que desarrollan servicios públicos distintos, a saber: (i) la Ley 142 de 1994 que refiere a los servicios públicos domiciliarios, y (ii) la Ley 1341 de 2009 que dispone el marco de prestación de los servicios de comunicaciones. En criterio del P., no cabe duda de que se trata de regímenes diferentes y específicos, aplicables según el tipo de servicio público que corresponda, tal como lo consagra el artículo 73 de la referida Ley 1341 de 2009 cuando señala que: “A las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994”[15].
Por tal razón, en ejercicio de la libertad de configuración normativa en materia de servicios públicos (CP arts. 150.23, 365 - 370), el legislador definió esquemas distintos de fijación de los términos para que los usuarios interpongan recursos en contra de las decisiones que se adopten por quienes actúan como operadores, siendo razonable el plazo de cinco días previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, en lo que atañe a los servicios públicos domiciliarios, al no afectar las garantías del debido proceso. Incluso, más allá de lo anterior, en este caso, “no cabe deducir la inconstitucionalidad de una norma procesal, a partir de su mera comparación con otro procedimiento de igual jerarquía o inferior, para el que se prevén unas reglas diferentes de trámite.”[16] A juicio del P., en un escenario como el expuesto, alegar “un criterio de igualdad absoluta respecto de los términos para interponer recursos en todas las normas que regulen procedimientos, desconocería las particularidades propias de cada [uno de ellos]”[17], lo que conllevaría negar el margen de configuración del legislador.
Artículo 370. Corresponde al P. de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.”[35]
En oficio del 28 de mayo de 2019, el P. y R.L. de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) solicitó declarar la exequibilidad del precepto demandado. Como primera medida, discrepa de la afirmación de los accionantes según la cual los usuarios de servicios públicos domiciliarios están en igualdad de condiciones respecto de las empresas prestadoras, pues el cobro en cualquier tiempo de los servicios dejados de facturar, en los casos en los que se compruebe dolo del suscriptor, encuentra plena validez y justificación en la protección del interés general y en la finalidad social que tiene la prestación de los servicios públicos.
4.2.3. Concepto del P. General de la Nación
El P. General de la Nación considera que este cargo tampoco está llamado a prosperar y que, por tal razón, la norma acusada debe ser declarada exequible, bajo las siguientes consideraciones:
[9] La distinción que se hace en el presente resumen se debe precisamente a que el interviniente agrupa en su escrito, al mismo tiempo, razones de inhibición como de exequibilidad. Sin ir más lejos, la solicitud que se formula a la Corte es la siguiente: “Respecto al primer cargo se declare inhibida (…) y por ende se declare exequible la norma acusada”. F. 209 del cuaderno principal.
[11] Textualmente, se dijo que: “(…) el término concedido congrega los requisitos de proporcionalidad, respeto al debido proceso y acceso a la justicia para los usuarios, pues su finalidad, precisamente, en la de establecer criterios ciertos para la adecuada defensa y contradicción de las decisiones que profieren las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. // Por otra parte, para determinar si una norma es desventajosa hacia un grupo de personas es necesario determinar, en estricto sentido, el trato que se le da a los destinatarios de la misma y por lo tanto se deberá realizar un examen de rigor, en donde se determine que la norma está basada en criterios sospechosos considerados discriminatorios por raza, sexo, religión, orientación política, etc. No obstante, una vez evaluado el contenido del artículo 154 de la Ley 142 de 1992, podemos advertir con claridad que del contenido de la misma no se hace distinción alguna de personas, razas, religión, orientación política, o sexual; por el contrario, ésta se orienta a dar cumplimiento al mandato constitucional relacionado de manera estrecha con el derecho fundamental al debido proceso y al principio de acceso a la justicia, para que las decisiones en sede empresarial puedan ser controvertidas”. F. 207 del cuaderno principal.
[13] F.s 148 y 149 del cuaderno principal.
[16] F. 220 del cuaderno principal.
[19] F. 221 del cuaderno principal.
[21] M.M.J.C.E..
[22] M.A.M.C..
[24] Sobre el particular, la Corte ha dicho que: “[Si] bien el momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de inconstitucionalidad”. Sentencia C-874 de 2002. M.R.E.G.. En el mismo sentido se pueden consultar las Sentencias C-954 de 2007, C-623 de 2008, C-894 de 2009, C-055 de 2013 y C-281 de 2013. En esta última expresamente se expuso que: “Aun cuando en principio, es en el auto admisorio donde se define si la demanda cumple o no con los requisitos mínimos de procedibilidad, ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acción, llevada a cabo únicamente por cuenta del magistrado ponente, razón por la cual, la misma no compromete ni define la competencia del pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir de fondo sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (CP art. 241-4-5).” M.M.G.C..
[26] Sentencia C-818 de 2010, M.H.A.S.P.. Esta providencia ha sido reiterada en varias oportunidades, como se destaca en las Sentencias C-250 de 2012 y C-743 de 2015.
[28] Sentencia C-093 de 2001, M.A.M.C..
[29] Cabe aclarar que la jurisprudencia ha desarrollado este juicio a partir de tres niveles de intensidad: estricto, intermedio y leve. Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado en el examen de un asunto sometido a revisión, este Tribunal ha fijado una regla y varios criterios. Como se advirtió en la Sentencia C-104 de 2016, M.L.G.G.P., la regla consiste en reconocer que al momento de ejercer el control de constitucionalidad se debe aplicar un test leve, que es el ordinario. Este se limita a establecer la legitimidad del fin y del medio, debiendo ser este último adecuado para lograr el primero, valga decir, verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Este test ha sido aplicado en casos en que se estudian materias económicas, tributarias o de política internacional, o en aquellos en que está de por medio una competencia específica definida en cabeza de un órgano constitucional, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no se aprecia prima facie una amenaza frente al derecho sometido a controversia. La aplicación de un test estricto, como la más significativa excepción a la regla, tiene aplicación cuando está de por medio el uso de un criterio sospechoso, a los cuales alude el artículo 13 de la Constitución, o cuando la medida recae en personas que están en condiciones de debilidad manifiesta, o que pertenecen a grupos marginados o discriminados. También se ha utilizado cuando la diferenciación afecta de manera grave, prima facie, el goce de un derecho fundamental. Este test ha sido categorizado como el más exigente, ya que busca establecer si el fin es legítimo, importante e imperioso y si el medio es legítimo, adecuado, conducente y necesario, es decir, si no puede ser remplazado por otro menos lesivo. Este test incluye un cuarto aspecto de análisis, referente a si los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales. Entre los extremos del test leve y del test estricto, se ha identificado el test intermedio, que se aplica por este Tribunal cuando se puede afectar el goce de un derecho no fundamental, cuando existe un indicio de arbitrariedad que puede afectar la libre competencia económica o en aquellos casos en que la medida podría resultar potencialmente discriminatoria en relación con alguno de los sujetos comparados, lo que incluye el uso de las acciones afirmativas. Este test examina que el fin sea legítimo e importante, porque promueve intereses públicos valorados por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca resolver, y que el medio sea adecuado y efectivamente conducente para alcanzar dicho fin.
[30] M.R.E.G..
[31] Sentencia C-715 de 2006, M.Á.T.G..
[32] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-022 de 1996, M.C.G.D., se expuso que: “Se debe señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas, toda vez que la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales”. Este precedente ha sido reiterado recientemente en las Sentencias C-104 y 179 de 2016.
[33] Sentencia C-207 de 2016, M.A.L.C..
[41] Así, por ejemplo, en la Sentencia C-075 de 2006, M.P, R.E.G., la Corte señaló que: “el Constituyente le confió al legislador el deber de establecer las condiciones que permitan asegurar la efectividad del principio de concurrencia u oposición en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. De suerte que no sólo participe el Estado, directa o indirectamente, sino también las comunidades organizadas, o los particulares (C.P. arts. 365 y 370). Del mismo modo, le asignó la obligación de fijar la naturaleza, extensión y cobertura de los servicios públicos, como las reglas que aseguren su calidad y financiación, señalando en este último caso el correspondiente régimen tarifario y la entidad competente para su establecimiento (C.P. art. 367), previendo anticipadamente que las tarifas por expreso mandato constitucional deben corresponder a los criterios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos (C.P. art. 367.1). En el mismo sentido, el artículo 369 de la Constitución Política somete a estricta reserva legal, la determinación de los derechos y deberes de los usuarios, el régimen de su protección y las formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten los servicios públicos domiciliarios.” Todo este conjunto de atribuciones evidencia, a juicio de la Corte, “que si bien el alcance de la libertad de configuración del legislador en materia de servicios públicos es amplia –pues se desarrolla en todos los aspectos de su prestación, vigilancia y control–, no es ilimitada, porque el ejercicio de dicha atribución debe estar encaminada y orientada a la realización efectiva de los fines, principios y deberes constitucionales que le sirven de fundamento.”
[45] La norma en cita dispone que: “Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.” Énfasis de losa accionantes. F. 22 del cuaderno principal.
[49] F. 27 del cuaderno principal.
[50] F. 199 del cuaderno principal.
[53] F.s 221 y 222 del cuaderno principal.
[54] Nuevamente se transcribe la norma en cita: “Artículo 150. De los cobros inoportunos. Al cabo de cinco meses de haber entregado las facturas, las empresas no podrán cobrar bienes o servicios que no facturaron por error, omisión, o investigación de desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Se exceptúan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor o usuario.” Énfasis de losa accionantes. F. 22 del cuaderno principal.