Source: https://derechoycomunicacion.wordpress.com/2014/10/17/legislacion-tecnologias-y-consumos-desafios-y-tensiones/
Timestamp: 2018-07-20 12:32:27
Document Index: 170651103

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 75', 'artículo 41', 'artículo 45', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 65', 'artículo 161']

Legislación, tecnologías y consumos. Desafíos y tensiones | DERECHO Y COMUNICACIÓN 2.0
Consecuencias de la ley de miedos
Hasta la sanción de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (en adelante, LSCA), en octubre de 2009, pasaron casi 40 años de intentos fallidos por resolver aquellos problemas legales de matriz autoritaria que subsumieron un sinfín de proyectos democratizadores nacidos, primero, con la primavera alfonsinista -de los que debe destacarse la actuación del Consejo por una Consolidación Democrática (COCODE)- y, luego, en decenas de iniciativas legislativas que terminaron en las memorias y archivos de los trámites parlamentarios.
Se trata, pues, de una situación resultante del fuerte anclaje de aquellos gobiernos autoritarios que supieron anular los mecanismos políticos de participación ciudadana y de búsqueda de consensos, con su punto esplendor en el eficiente uso de la fuerza y la aplicación concreta de un plan sistemático de desaparición de personas, que para 1976 ya había asegurado un proyecto político militar acorde a un modelo económico que se consolidaría en la década de los noventa[1].
Es un período breve. Pero, dada la acelerada convergencia de servicios, formatos y plataformas comunicacionales, en cuanto a desarrollo e innovación tecnológica, una etapa clave de reconversión industrial, de cambio en las relaciones sociales de producción y en la configuración o recuperación de identidades y de capital simbólico, obturados por ese modelo comunicacional unidireccional, que sirvió como telón de fondo con tendencia a la homogeneización cultural.
No se trata de un hecho menor. La segunda mitad del siglo XX fue la época de explosión de las industrias culturales masivas. Hasta la llegada de la digitalización, las corporaciones, dominantes en todo el proceso de producción y distribución de contenidos, operaron en soportes monomedia con un sistema de empresas de escasa complejidad, cuyos dueños tuvieron (y mantienen) gran capacidad de lobby.
No obstante, el actual contexto de rupturas permite trazar nuevos vectores para reconocer si la tendencia hacia la concentración de medios, que caracterizó la modernización cultural en ese período (y a las industrias culturales basadas en las economías de escala), se traslada y coincide con los modelos de negocios propios de las plataformas de Internet, con cualidades multicausales, observables, por ejemplo, en los dispositivos móviles.
Existen dos paradojas que surgen de los contrastes con aquella normativa.
Las reformas de los años ‘90 muestran una concurrencia a la concentración, mayor que la propiciada por la última dictadura, con menor pluralidad de voces y numerosas concesiones; primero, de hecho y, luego, de derecho hacia capitales extranjeros[2].
En la actualidad, dada la potencialidad de las tecnologías tendientes a la convergencia de sub-especies mediáticas sobre una plataforma única de contenidos, vuelve a estar en el centro del debate la discusión respecto a las ventajas y desventajas de tener dos leyes que distinguen por género radiodifusión y telecomunicaciones.
En 2004, un conjunto de actores sociales -entre los que se destacan las carreras de Comunicación Social y Periodismo de las Universidades Nacionales- conformaron la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una iniciativa ciudadana de la cual surgieron 21 Puntos comunes sobre los cuales se inspiró la actual LSCA.
Frente a la sanción de la LSCA se presentaron seis amparos judiciales que cuestionaron tanto el procedimiento legislativo de sanción de la norma[3] como el articulado de la misma[4].
Del análisis de los cuestionamientos surgen dos conclusiones: algunos fueron motorizados por afanes políticos de legisladores no afines al gobierno de turno y otros por afanes de empresarios que, con la nueva ley, vieron afectada su ecuación económico-financiera, entre ellos: el Grupo Vila y el Grupo Clarín.
Esta presentación de carácter académico no busca tomar parte en la resolución de los mentados conflictos, sino dar cuenta del estado de la cuestión en pos de reflexionar prospectivamente sobre los desafíos que obligan a repensar (sin hacer futurología) cuál es el rumbo a seguir una vez agotados los fuegos de artificio y las batallas públicas, que tienen un tope máximo en 2013[5].
No obstante, tal apertura es sólo un comienzo.
Dado el inexorable cambio tecnológico y la apropiación por parte del Estado de la conducción y diseño de políticas públicas afines a promocionar el afianzamiento de una Sociedad de la Información con fuerte injerencia sobre la inclusión social por vía de la inteligencia aplicada al desarrollo del conocimiento, el actual panorama comunicacional debe ser pensado, en tres vías simultáneas:
En relación con la implementación de una Agenda Digital de carácter nacional que contemple el desarrollo conjunto de la radiodifusión y las telecomunicaciones, entre otras cuestiones de relevancia.
La adecuación a los códigos procedimentales que reconozcan las implicancias de los entornos tecnológicos digitalizados.
Un Estado que aún debe modernizarse -tanto en la preparación cultural de los funcionarios públicos como en la emergencia de toda una generación obligada a utilizar TIC-, donde el principal desafío es la inclusión digital de las nuevas generaciones.
En esta etapa de transición, existen aún algunos cortocircuitos entre los llamados nativos digitales, inmigrantes digitales y analfabetos digitales[6]. Una cuestión que debiera quedar saldada al corto o mediano plazo.
A diferencia de lo que sucedió con el procedimiento llevado a cabo para la sanción de la LSCA[7]; la Agenda Digital Argentina sufrió otro derrotero, puesto que desde sus inicios no pasó las reuniones de Comisión en el Parlamento.
A tales efectos, el PEN, por Decreto Nº 512, del 7 de mayo de 2009, aprobó el Documento Base de Estrategia Digital Argentina y creó el Grupo de Trabajo Multisectorial, con el objeto de desarrollar un plan nacional para la inclusión y apropiación -por parte del gobierno, las instituciones y las personas- de los beneficios de la Sociedad del Conocimiento, mediante el uso intensivo y estratégico de las TIC.
Tomando como punto de partida la noción de Agenda Digital en los términos esbozados por la Declaración de Principios de la Primera Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), Ginebra, 2003[8], el gobierno instrumentó un conjunto de planes programas y proyectos destinados a promover, de manera inmediata, iniciativas que vinculan la participación ciudadana en todo este complejo universo para promover distintas acciones, entre las cuales tienen plena vigencia, hasta la fecha de presentación:
el Plan Estratégico del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (en adelante, SATDV) y el Plan Operativo de Acceso al Equipamiento para la Recepción de la Televisión Digital Abierta “Mi TV Digital”. A partir de la creación del SATDV por el Decreto Nº 1148, del 31 de agosto de 2009, comenzaron a implementarse diversos planes con el objetivo de garantizar el acceso universal a una televisión de alta calidad e interactiva, reduciendo la brecha digital y fomentando la inclusión social;
el Programa Conectar Igualdad, creado por el Decreto Nº 459, del 6 de abril de 2010. Una iniciativa que forma parte del Plan Nacional de Inclusión Educativa -que busca dar solución a los diversos problemas que surgen en los procesos de enseñanza/aprendizaje- y tiene como objetivo incorporar, mediante modelos educativos del tipo 1 a 1, a los más jóvenes en el uso de nuevas tecnologías;
el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, creado por el Decreto Nº 1552, del 21 de octubre de 2010. Este plan tiene como fin proveer, desde el Estado nacional, una red pública de servicios de interconexión en pos de fortalecer la inclusión digital en el país (para lograrlo, hace hincapié en los siguientes ejes estratégicos de acción: inclusión digital, optimización del uso del espectro radioeléctrico, desarrollo del servicio universal, producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones, capacitación e investigación en TIC; infraestructura y conectividad, y fomento a la competencia); y,
la Política de Software Público Argentino. Una iniciativa recientemente anunciada por la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se enmarca en el contexto de implementación del Proyecto de Software Público Internacional y propicia la creación de una red colaborativa de software libre y abierto, en sintonía con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico, aprobados por el Decreto Nº 378, del 27 de abril de 2005.
En este sentido, resulta trascendente volver al artículo 4º de la LSCA, que contempla a la comunicación audiovisual como una “actividad cultural” y reconoce a las redes de comunicación electrónicas -sean fijas o móviles, con independencia del soporte- como un elemento de vanguardia que contempla aquellas experiencias aún en proceso de desarrollo.
De la masificación del acceso a las redes comunicacionales y al conocimiento se destacan la presencia cada vez más marcada de los medios digitales y los nuevos formatos para micro-medios[9], que aún merecen un apartado especial en su reconocimiento normativo.
De la puesta en práctica de esta macro política pública -donde se interrelacionan un conjunto de iniciativas activas para el desarrollo educativo y cultural, mediante dispositivos dedicados a informar, entretener y educar-, se evidencia la presencia de un Estado que retoma del espacio perdido en la década del ’90 su rol tutelar en la efectivización de tales derechos reconocidos en aquellos principios planteados por Joseph Stiglitz de no exclusión y no rivalidad propios de la noción básica de “bien público”[10].
En esta línea, resulta preciso destacar que la Constitución Nacional, en su artículo 75º, inciso 19; considera el desarrollo sociocultural de la población como un derecho humano inalienable acorde a la salvaguarda del derecho a la información, los valores esenciales que protegen la libertad de expresión, entre los que se destacan: expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.
Según indican Becerra y Mastrini, el régimen de exclusividad en las licencias y la “ausencia de intervención estatal para garantizar la concurrencia de otros operadores”[11] dejó un mercado estático con 8 millones de líneas, dividido en dos, y una presencia, en 2004, superior al 55% en telefonía celular, constituyendo la facturación de ambos el 62% de la sumatoria de todas las industrias infocomunicacionales[12].
Un encrucijada que debe resolver la tensión entre aquellos principios humanitarios sobre los cuales de formuló la LSCA, que entra en situación de doble estándar jurídico cuando se observa que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), desde 2006[13], colabora con la OMC en la elaboración de un conjunto de herramientas para reglamentar las TIC bajo la órbita de organismos de crédito globales como el Banco Mundial.
[1] ASPIAZU, Daniel y BASUALDO, Eduardo. Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales. FLACSO, Buenos Aires, 2004. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/flacso/azpiazu.pdf
[2] En colaboración con doce especialistas, Guillermo Mastrini y Martín Becerra coordinaron un estudio de campo por diez países del Cono Sur que resume en Periodistas y magnates (2006) un mapa sobre la concentración de las industrias culturales en la región. A diferencia de la habitual tarea ensayística de la teoría crítica, los autores introducen datos empíricos, con indicadores que son contrastados en una fase posterior en Los dueños de la palabra (2009). Estas dos publicaciones en serie -con relevamientos en 2000 y 2004- permiten observar una tendencia marcada hacia la concentración en los sectores infocomunicacionales.
[3] Por considerar que se registraron vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional, especialmente, durante el debate en las comisiones de Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados.
[4] A saber: transferencia de licencias (artículo 41º), límites a la multiplicidad de licencias (artículo 45º), autorización de redes (artículo 62º), vinculación de emisoras (artículo 63º), contenidos (artículo 65º) y adecuación -también llamada “cláusula de desinversión”- (artículo 161º), entre otros menos trascendentes.
[5] Según indica el plazo máximo de dos años para la vigencia de la medida de no innovar otorgado por el voto unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Juez Edmundo Carbone para que éste resuelva el fondo de la cuestión en la causa Nº 8836/09 iniciada por el Grupo Clarín y otros S.A. ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1.
[6] PISCITELLI, Alejandro. Análisis de redes sociales y el proyecto Facebook. La eterna tensión entre hacer y pensar. Ponencia desarrollada en la Universidad Internacional de Andalucía, España, 2008. Video disponible en: http://www.channels.com/episodes/show/5837847/Alejandro-Piscitelli-Analisis-de-redes-sociales-y-el-proyecto-Facebook
[7] Fue sometida a un proceso de elaboración participativa de normas poco habitual en la práctica legislativa; presentó conflictos cruzados en ambas Cámaras del Congreso de la Nación, donde se realizaron más de cien modificaciones al proyecto elevado por el PEN; y, finalmente, tuvo su aprobación y promulgación efectivas.
[8] Se entiende el concepto de Agenda Digital como la “consecuencia de un esfuerzo conjunto de un grupo de trabajo multisectorial resultante en un acuerdo público-privado sobre una estrategia país, que contempla diferentes iniciativas con el objeto de contribuir al desarrollo por medio del uso de TICs”.
[9] De acuerdo con Montagu, Pimentel y Groisman, “el mundo de los nuevos medios parece moverse sólo en una dirección: más de todo. (…) A pesar de la continua evolución de la computadora y las tecnologías telecomunicacionales, el micro-medio es notablemente estable. Sólo se mantiene moviéndose de plataforma a plataforma, desde una tecnología a otra. (…) Los micro-medios parecen estar ganando más terreno que nunca. Éstos no competirán exitosamente con los macro-medios pero pueden apoderarse de popularidad”. MONTAGU, Arturo; PIMENTEL, Diego y GROISMAN, Martín. Cultura Digital. Comunicación y sociedad. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2004. Págs. 140 y 141.
[10] STIGLITZ, Joseph. E. La economía del sector público. Editorial Antonini Bosch, Barcelona, 1992. Pág. 756.
[11] BECERRA, Martín y MASTRINI, Guillermo (2009). Op. Cit. Pág. 71.
[12] Dividida por los autores en Telefonía Básica (35 %); Telefonía móvil (27%); Televisión paga (14%); publicidad en TV (7%); Publicidad en prensa (6%); Cine (5%); Libro (3%); Disco (2%) y Radio (1%)
[13] ACUERDO DE MARRAKECH. Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Título 6: Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats_02_s.htm#anntel6
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