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Timestamp: 2018-08-20 12:01:02
Document Index: 19825630

Matched Legal Cases: ['Artículo 59', 'artículo 57', 'Artículo 60', 'artículo 57', 'Artículo 62', 'artículo 57', 'artículo 60', 'artículo 61', 'artículo 57', 'artículo 62']

En la tarifa 36 de la modalidad administrativo-facultativa, relacionada en el anexo 2:
Máquinas tipo C: 187,05 € .
02 Permiso de apertura: 373,96 € .
Especie Tipo de gravamen
- Vacunos pesados (más de 24 meses) 5 €
- Vacunos jóvenes (de 24 meses o menos) 2 €
Solípedos-équidos 3 €
- Animales de 25 o más kg de peso por canal 1 €
- Animales de menos de 25 kg de peso por canal 0,5 €
Carne de ovino, caprino y otros rumiantes:
- Animales de 12 kg ou máis de peso por canal 0,25 €
- Animales de menos de 12 kg de peso por canal 0,15 €
- Ratites 5 €
- Aves del género "Gallus" y pintadas 0,005 €
- Patos y gansos 0,01 €
- Pavos 0,025 €
- Conejo de granja 0,005 €
Vacuno, solípedos-équidos, porcino, ovino, caprino y otros rumiantes 2 €
Aves y conejos de granja 1,5 €
Caza silvestre y de cría:
- Caza menor de pluma y pelo 1,5 €
- Ratites (avestruz, emú, ñandú) 3 €
- Verracos y rumiantes 2 €
Caza menor de pluma 0,005 €
Caza menor de pelo 0,01 €
Ratites 0,5 €
- Verracos 1,5 €
- Rumiantes 0,5 €
entre euros Tipo aplicable
Entre 0 y 1.644.321 22
Entre 1.644.321,01 y 2.720.604 38
Entre 2.720.604,01 y 5.426.263 49
Más de 5.426.263 60
Máquinas tipo A especial.
Máquinas tipo C o de azar.
Cuota anual: 5.340 euros.
Artículo 59. Comprobación de valores. Norma general.
Para efectuar la comprobación de valores a los efectos de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la Administración tributaria podrá utilizar, indistintamente, cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, general tributaria.
Artículo 60. Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal en los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio establecido en el artículo 57.1.b de la Ley 58/2003, general tributaria, la Administración tributaria podrá bien aplicar coeficientes multiplicadores a los valores contenidos en el registro del catastro inmobiliario o bien referirse directamente a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal. En este último caso, la Administración tributaria podrá declarar el reconocimiento como registro oficial de carácter fiscal cualquier registro elaborado o asumido como oficial por la Xunta de Galicia que incluya valores de inmuebles, siempre que se aprueben y publiquen mediante orden de la Consellería de Economía y Hacienda. En la aplicación de los valores procedentes de estos registros, podrá procederse a su actualización mediante los índices de variación de precios inmobiliarios publicados por las distintas administraciones públicas o por instituciones especializadas en estadística inmobiliaria.
Artículo 62. Dictamen de peritos de la administración.
En las comprobaciones de valor de inmuebles por el medio establecido en el artículo 57.1.e de la Ley 58/2003, general tributaria, éstas podrán tomar como referencia, a los efectos de motivación suficiente, los valores contenidos en los registros oficiales de carácter fiscal del artículo 60 de la presente Ley o los valores básicos y precios medios de mercado a que alude la normativa técnica mencionada en el artículo 61 de la presente Ley.
El órgano competente trasladará a los interesados la valoración motivada que figure en el expediente referida al bien objeto de la tasación, cualquiera que haya sido el medio de comprobación utilizado de entre los señalados en el artículo 57 de la Ley 58/2003, general tributaria, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan proceder al nombramiento de un perito, que habrá de tener título adecuado a la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Designado el perito por el contribuyente, se le entregará la relación de bienes y derechos para que en un nuevo plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la recepción de la relación, emita dictamen debidamente motivado.
Transcurrido el plazo de diez días sin hacer la designación de perito, o transcurrido el plazo de un mes sin emitir el dictamen pericial, se considerará que desiste de su derecho a promover la tasación pericial contradictoria, se dará por finalizado el procedimiento y se entenderá la conformidad del interesado con el valor comprobado. En este caso, se confirmará la liquidación inicial, con los correspondientes intereses de mora, no pudiendo promoverse una nueva tasación pericial contradictoria.
Cada delegado territorial de la Consellería de Economía y Hacienda solicitará en el mes de enero de cada año a los distintos colegios, asociaciones o corporaciones profesionales legalmente reconocidos el envío de una lista de colegiados o asociados que tengan centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus actividades en el ámbito territorial de la delegación de la Consellería de Economía y Hacienda correspondiente, y que estén dispuestos a actuar como peritos terceros, que se agruparán por orden alfabético en diferentes listas teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y derechos a valorar. Elegido por sorteo público uno de cada lista, las designaciones se efectuarán por orden correlativo. Cuando no exista colegio, asociación o corporación profesional competente por la naturaleza de los bienes o derechos a valorar o profesionales dispuestos a actuar como peritos terceros, podrá solicitarse al Banco de España la designación de una sociedad de tasación inscrita en el correspondiente registro oficial.
Será necesaria la aceptación expresa por el perito elegido por sorteo, en un plazo de cinco días desde la comunicación de su propuesta de designación. La Administración tributaria competente podrá establecer honorarios estandarizados para los peritos terceros que hayan de ser designados. Dicha aceptación determinará, asimismo, la aceptación de los honorarios aprobados por la Administración.
Realizada la designación, se remitirá a la persona o entidad designada la relación de bienes y derechos a valorar y copia tanto de la valoración de la Administración como de la efectuada por el perito designado por el obligado tributario, para que en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de la entrega, proceda a confirmar alguna de ellas o realice una nueva valoración, que será definitiva.
En caso de que el perito tercero no emita la valoración en el plazo establecido en el párrafo anterior, se podrá dejar sin efecto su designación, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten exigibles por la falta de emisión del dictamen en plazo. En caso de que se deje sin efecto la designación, habrá de notificarse esta circunstancia al perito tercero y al obligado tributario, procediéndose, en su caso, a la liberación de los depósitos de sus honorarios y al nombramiento de otro perito tercero por orden correlativo.
En caso de que la valoración realizada por el perito tercero adolezca de defectos de motivación, y tal circunstancia sea apreciada en vía de recurso por un órgano administrativo o judicial, la Administración tributaria procederá o bien a la remisión de la documentación para la realización de una nueva valoración al mismo perito o bien al nombramiento de uno nuevo, de acuerdo con el procedimiento y plazos señalados en este artículo. En el primer supuesto no procederá la realización de nuevo depósito ni nuevo pago de honorarios. En el segundo caso procederá la devolución por el perito de los honorarios satisfechos.
Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado, considerada en valores absolutos, supere el 20 % del valor declarado, los gastos del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los gastos ocasionados por el depósito a que se refiere el párrafo siguiente.
El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga provisión de importe de sus honorarios mediante depósito en la Caja de Depósitos de la Delegación Territorial de la Consellería de Economía y Hacienda en la que se tramite la tasación pericial contradictoria, en el plazo de diez días. La falta de depósito por cualquiera de las partes supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito de la otra, cualquiera que fuese la diferencia entre ambas valoraciones, dándose por finalizado el procedimiento. La liquidación que se dicte tomará la valoración que corresponda, no pudiendo promoverse nuevamente la tasación pericial contradictoria por parte del obligado tributario o, en su caso, no pudiendo efectuar una nueva comprobación de valor la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.
Entregada en la Administración tributaria competente la valoración por el perito tercero, se comunicará al obligado tributario, concediéndosele un plazo de quince días para justificar el pago de los honorarios a su cargo. En su caso, se autorizará la disposición de la provisión de los honorarios depositados.
Una vez finalizado el procedimiento, la Administración tributaria competente notificará en el plazo de un mes la liquidación que corresponda a la valoración que haya de tomarse como base en cada caso, así como la de los intereses de mora que correspondan.
El incumplimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior determinará que no se exijan intereses de mora desde que se produzca dicho incumplimiento.
Con la notificación de la liquidación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, para que el ingreso sea efectuado, así como el cómputo del plazo para interponer el recurso o reclamación económico-administrativa contra la liquidación en caso de que dicho plazo fuera suspendido por la presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Propuestas normativas que impliquen ampliación del sector público.
Las propuestas normativas de la Xunta de Galicia que contemplen la creación de organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes que formen parte del sector público de la Comunidad Autónoma establecerán necesariamente el régimen que les afecta en materia de personal, patrimonio y contratación, así como la naturaleza de los recursos económicos con que se dotan para el cumplimiento de su finalidad.
Los proyectos normativos habrán de ir acompañados de una propuesta de estatuto, en su caso, así como de una memoria justificativa sobre la oportunidad de su creación con las ventajas sobre la situación anterior. Tendrán el contenido que reglamentariamente establezca el Consello de la Xunta a propuesta de la Consellería de Economía y Hacienda.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Modificación de las plantillas de personal del Servicio Gallego de Salud.
Vigente hasta el 1 de enero de 2009, fecha de entrada en vigor de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Aut�noma de Galicia para el a�o 2009.