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Timestamp: 2018-08-21 04:08:22
Document Index: 404563392

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 509', 'artículo 510', 'artículo 145', 'artículo 48', 'artículo 510', 'artículo 32', 'artículo 77', 'artículo 32', 'artículo 107', 'artículo 32', 'artículo 140', 'artículo 32', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA T-350 DE ABRIL 17 DE 2008
SENTENCIA T-350 DE 17 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:DERECHO AL DEBIDO PROCESO. ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS Y LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO RESPECTO A LA NULIDAD INSANEABLE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SANEAMIENTO DE LA NULIDAD
Sentencia T-350 de abril 17 de 2008
Sentencia T-350 de 2008
Ref.: Expediente T-1.756.768
Peticionario: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Procedencia: Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia
en la revisión del fallo adoptado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de tutela iniciado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en contra del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
2. A Héctor Tercero Merlano Garrido se le inició proceso disciplinario. Durante el trámite del proceso se lo suspendió provisionalmente del cargo.
5. Héctor Merlano presentó demanda ejecutiva contra la DIAN, demanda que fue admitida por el Juzgado 5º Laboral del Circuito de Cartagena, que se abstuvo de emitir mandamiento de pago por falta de título ejecutivo. La decisión fue confirmada el 11 de agosto de 2004 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala Laboral.
6. En octubre de 2004 Héctor Merlano presentó nueva demanda ante el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Cartagena, que libró mandamiento de pago en contra de la DIAN, ordenando el reintegro inmediato del demandante.
10. Mediante auto del 21 de junio de 2007, el Juzgado 6º Laboral del Circuito aprobó la liquidación del crédito en cuantía total de $ 1.779.014.357.
La DIAN solicita que el juez de tutela la anulación de las decisiones judiciales atacadas, concretamente del auto del 11 de noviembre de 2004, expedido por el juez 6º Laboral del Circuito de Cartagena, mediante el cual se profirió mandamiento de pago en contra de la entidad, y del auto (audiencia de decisión) del 14 de marzo de 2007, por el cual la Sala Laboral del Tribunal confirmó la decisión de primera instancia.
3. Razones jurídicas de la petición.
Sostiene que en auto del 11 de noviembre de 2004, el juez laboral asumió que al trabajador se le informó sobre la eliminación de la regional caribe de la DIAN en comunicación del 1º de abril de 2003, cuando en verdad dicha comunicación se produjo en respuesta a un derecho de petición elevado por el peticionario y que la eliminación del cargo, por supresión de la entidad, no debió comunicarse porque operó por mandato de la ley (D. 1071/99, art. 43). A pesar de lo anterior, al demandante en el proceso laboral sí se le informó acera de la supresión de la Regional Caribe y de la no reincorporación a la nueva planta de personal en oficio 7100001-0045 del 3 de agosto de 1999.
Argumenta que la prueba de que no existía título ejecutivo, era que un año antes el Juzgado 5º Laboral del Circuito y el propio Tribunal Superior de Distrito Judicial habían concluido que la obligación contenida en el fallo disciplinario no era clara, expresa ni exigible. Se sorprende la DIAN que precisamente sea el mismo tribunal el que ahora, en un nuevo proceso, acepte la existencia de un título ejecutivo, cuando en la providencia de un año antes (mar. 11/2004) esgrimió argumentos totalmente contrarios para apoyar la tesis de la inexistencia.
En memorial del 8 de agosto de 2007, el actual juez 6º Laboral del Circuito de Cartagena manifestó al juez de tutela que no estaba en ejercicio del cargo cuando se produjo la providencia objeto de censura, pero que se acoge a lo que se decida en sede de tutela. Sostiene que su actuación se limitó a la liquidación del crédito, no siendo el mismo objeto de reparo o impugnación.
Dice la Sala que el Juzgado 6º Laboral del Circuito decidió ordenar el reintegro del demandante ejecutivo a un cargo equivalente a cuyo reintegro fue ordenado por la Procuraduría Provincial de Cartagena y el pago de prestaciones laborales y sociales hasta cuando el actor sea realmente reintegrado, obligaciones que no estaban contenidas en esos precisos términos.
Por ello deja sin efectos el auto del 13 de abril de 2005 proferido por el juez Sexto Laboral del Circuito en lo que concierne a lo resuelto sobre las excepciones propuestas por la entidad accionada, lo que trae como consecuencia que se invalide la actuación que de allí en adelante dependa de ese evento procesal, debiéndose rehacer la actuación judicial.
b) Folios 41 y siguientes del cuaderno 4, auto del 11 de noviembre de 2004 mediante el cual el Juzgado 6º Laboral del Circuito dictó mandamiento de pago contra la DIAN;
f) Auto del 13 de abril de 2005 mediante el cual el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Cartagena resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto que libró mandamiento de pago (fls. 62 y ss.), y
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, circunstancias genéricas y causales específicas de procedencia.
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (C.P., art. 86 y D. 2591/91, art. 8º). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”. (Sent. C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
“... la jurisprudencia posterior evidenció que muchas providencias de los jueces constituían solo en apariencia decisiones jurisdiccionales pues, más allá de posibles divergencias de interpretación de normas jurídicas, encubrían órdenes arbitrarias, desposeídas de fundamento legal o manifiestamente incompatibles con la normativa vigente. La Corle Constitucional, prevalida precisamente de la tesis del Consejo de Estado sobre las vías de hecho, acogió y aplicó el concepto en relación con aquellas providencias que siendo aparentemente jurídicas, velaban una decisión claramente opuesta al régimen jurídico”. (Sent. T-233/2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
Durante años la Corte Constitucional admitió que las providencias judiciales podían revocarse si se comprobaba que el funcionario judicial había incurrido en vía de hecho. Por ese camino, dijo la Corte, la corporación no pretendía “desvirtuar la regla general de la improcedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino dotarla de límites razonables, sujetos no solo a la necesidad de garantizar la vigencia de la cosa juzgada, sino la realización efectiva de los derechos fundamentales, cuando los mismos fueran violentados por decisiones aparentemente legítimas, que en realidad eran fruto del capricho o la ignorancia del juez ordinario” (1) .
“a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones (3) . En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes;
“b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundumental irremediable (4) . De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última;
“c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un termino razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (5) . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos;
“d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (6) . No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio;
“e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración, en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (7) . Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos, y
“f) Que no se trate de sentencias de tutela (8) . Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan dormitivas”. (Sent. C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
“d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (9) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”. (Sent. C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
4. Procedencia de la tutela en el caso concreto.
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia.
La demanda cumple con el requisito de la inmediatez porque la acción de tutela fue incoada el 19 de julio de 2007, es decir, pocos meses después de la fecha del auto que desató el recurso de apelación contra el auto del 13 de abril de 2005 del Juzgado 6º Laboral del Circuito, que fue el 14 de marzo de 2007. La Sala estima que el lapso transcurrido entre la providencia que puso fin a este debate y la fecha de iniciación de la tutela es prudencial.
4.2. Argumentos de la Corte Suprema de Justicia. Impacto de la decisión del juez laboral en los derechos fundamentales de la entidad tutelante.
El requisito que debe estudiarse en este punto es, entonces, el de la relevancia iusfundamental del error de procedimiento. Debe verificarse si —como lo dice la Corte Suprema de Justicia— la supuesta irregularidad procesal en que habría incurrido la jurisdicción laboral produjo la vulneración de los derechos a la defensa y al debido proceso de la entidad. La Corte Constitucional sostiene que para que la tutela sea procedente por incurrir el juez en vicio procedimental se requiere que este tenga un “efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora” (11)(12) . Así entonces, no cualquier error de procedimiento podría dar lugar a la anulación del fallo judicial, sino solo los que por su magnitud tuvieron la capacidad de afectar la integridad de un derecho fundamental.
b) Es de anotar que días antes, el 11 de agosto de 2004, el Tribunal Superior de Cartagena había confirmado el auto de primera instancia del Juzgado 5º Laboral del Circuito de la misma ciudad, mediante el cual, por el mismo concepto, el despacho se negó librar mandamiento de pago contra la DIAN en la primera demanda ejecutiva incoada por el actor, al juzgar dichas autoridades judiciales que el título ejecutivo no se encontraba adecuadamente configurado;
c) La segunda demanda fue radicada ante el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Cartagena que sí decidió librar mandamiento ejecutivo al considerar que el título ejecutivo era un título complejo —compuesto por varios actos y documentos, expedidos por diversas autoridades— cuyo contenido permitía entender que la obligación de reintegro de Héctor Tercero Merlano era clara, expresa y exigible. La providencia es de fecha 11 de noviembre de 2004;
d) La DIAN interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto del 11 de noviembre de 2004. En el memorial, que es de fecha 28 de febrero de 2005, sostuvo que la demanda es improcedente porque i) existe cosa juzgada, en tanto que el Juzgado 5º Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Cartagena habían llegado a la conclusión de que no existía título ejecutivo y esa decisión producía efectos de cosa juzgada; ii) porque la Nación no puede ser ejecutada, sino en virtud de una sentencia judicial y no administrativa; iii) porque la tutela es la vía para hacer efectiva una orden de reintegro laboral y no el proceso ejecutivo; iv) porque el demandante era un funcionario de libre nombramiento y remoción, que podía ser desvinculado en cualquier momento, cosa que ocurrió por voluntad de la ley al reestructurarse la DIAN y ser suprimido el cargo que venía ocupando; v) porque la orden de reintegro en imposible de cumplir al haber desaparecido el cargo y porque no había nexo causal entre la desaparición del cargo y la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría; vi) porque la investigación disciplinaria no afora al trabajador, lo cual implica que puede ser desvinculado por razones distintas;
f) Un día después, el 8 de marzo de 2005, la DIAN presentó ante el despacho judicial el memorial de excepciones contra el mandamiento de pago. Los argumentos de dicho memorial son similares a los expuestos como fundamento del recurso de reposición: i) que hay cosa juzgada de la decisión anterior adoptada por el Juzgado 5º Laboral del Circuito y confirmada por el Tribunal de Cartagena; ii) que es imposible ejecutar a la Nación; iii) que el mecanismo para hacer efectivo el reintegro es la acción de tutela; iv) que no existe un título ejecutivo contra la DIAN; v) que el demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción por lo que podía ser desvinculado en cualquier momento, cosa que ocurrió con la supresión del cargo por reestructuración de la entidad; vi) que no hay nexo de causalidad entre la investigación de la Procuraduría y el retiro del demandante, y que vii) la investigación disciplinaria no aforaba al demandante, lo que permitía que se lo desvinculara por reestructuración de la DIAN. En suma, los argumentos del memorial de excepciones fueron los mismos que sustentaron el recurso de reposición;
h) Los argumentos del juzgado fueron los siguientes: “... ajustándose a lo dispuesto en el artículo 509 del CPTSS, en esta oportunidad procesal en los términos del artículo 510 del CPC, aplicable por analogía consagrado en el artículo 145 CPTSS, sería del caso dar traslado de dichas excepciones, pero como se observa, por la denominación y soporte legales y argumentos expuestos, que son los mismos que sirven de soporte a la alegada por vía de reposición, sobre el cual igualmente se pronunció el demandante al descorrer el traslado de la reposición, el juzgado en aras al (sic) principio de economía y celeridad, procesal, y fundamentado en los deberes y responsabilidades del juez, consagrados en el artículo 48 del CPTSS, ambas situaciones de reposición y excepciones, al haberse surtido el objeto de la ley en su artículo 510 CPC, como es que la parte contraria tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, lo cual hizo, en consecuencia el juzgado diserta sobre la solicitud de reposición y excepciones y leído detenidamente los escritos en los cuales se fundamentan, tanto de la parte demandada como de la demandante, procedemos así” (fl. 85, cdno. 3);
k) En providencia del 14 de marzo de 2007 el Tribunal Superior de Cartagena desató el recurso de apelación interpuesto por la DIAN. En la providencia el tribunal analizó los argumentos i) de la cosa juzgada; ii) de que la Nación no puede ser ejecutada y do que el proceso ejecutivo no es idóneo para obtener el reintegro de un trabajador; iii) de la imposibilidad de cumplir la orden de reintegro, y iv) de que el proceso disciplinario no afora al trabajador y confirmó el auto del 11 de noviembre de 2004, expedido por el Juzgado 6º Laboral del Circuito;
l) Contra las providencias del tribunal y del Juzgado 6º la DIAN presentó demanda de tutela;
m) En primera instancia, en sentencia del 8 de agosto de 2007, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concedió el amparo. El fallo aduce que el Juzgado 6º Laboral del Circuito no podía resolver en la misma providencia el recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y el escrito de excepciones, pues, respecto de la primera, quedaba pendiente el recurso de apelación y, de la segunda, podía ser apelada en su oportunidad. Dice que la ley impone resolver las excepciones de mérito en la sentencia, que en el proceso laboral se da en la audiencia que resuelve las excepciones, trámite que debió darse después de resolverse el recurso de reposición. A su juicio, resolver en el mismo auto las dos oposiciones despojó a la DIAN de la posibilidad de apelar la decisión sobre las excepciones, y
Hecho el recuento del aparte procesal pertinente, esta Sala evidencia que, en efecto, el Juez 6º Laboral del Circuito de Cartagena, en la providencia del 13 de abril de 2005, analizó simultáneamente el recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento de pago y el memorial de excepciones contra la demanda ejecutiva presentada por Héctor Merlano. El auto fue confirmado por la segunda instancia.
“ART. 509.—Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 269. Modificado. L. 794/2003, art. 50. Excepciones que pueden proponerse. En el proceso ejecutivo pueden proponerse las siguientes excepciones:
Adicionalmente, el artículo 32 del CPTSS dispone que podrán presentarse excepciones previas y excepciones de mérito y que las primeras serán resueltas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, tal como lo indica el artículo 77 del CPTSS, y las segundas en la sentencia (13) .
Ahora bien, a pesar de que el artículo 32 está destinado a regular la figura en los procesos ordinarios (CPTSS, Cap. XIV), lo que haría pensar que no es aplicable al proceso ejecutivo, la declaración de inexequibilidad del artículo 107 del CPTSS, que en su época regulaba íntegramente el tema de las excepciones en el proceso ejecutivo, condujo a que la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de tribunal de casación, señalara que dicho artículo 32 es aplicable a este tipo de procesos, sin que proceda la remisión a las normas del procedimiento civil (14) .
Las excepciones previas o dilatorias son aquellas dirigidas a perfeccionar el proceso, mientras que las excepciones de mérito van encaminadas a negar el derecho que se reclama. La Corte Suprema ha dicho que “si la excepción tiende a mejorar la forma o a demorar el trámite, perfeccionándolo, es dilatoria ...; y si la excepción tiende a desconocer el derecho reclamado, a enervar la acción o a obtener que se declare extinguida, es perentoria y ataca el fondo de lo planteado por el demandante” (auto de feb. 10/83, reiterado en sent. de sep. 20/85, Sala Cas. Laboral).
“Las primeras están encaminadas a corregir el procedimiento y sanear las fallas formales iniciales (de jurisdicción, competencia, confirmación sobre la existencia y capacidad para actuar de demandante y demandado, lleno de los requisitos legales de la demanda, citación y notificaciones del caso, cosa juzgada, transacción y caducidad) (15) de manera que, una vez subsanadas las irregularidades, el proceso se pueda llevar a cabo de acuerdo con las normas propias según la ley.
“Las excepciones de mérito en cambio, no se dirigen a atacar aspectos formales de la demanda; buscan desvirtuar las pretensiones del demandante, y el Juez se pronuncia sobre ellas en la sentencia” (16) (Sent. C-1335/2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
En el caso de la referencia, la DIAN, en su calidad de parte demandada, presentó ciertas excepciones en el escrito de contestación de la demanda que fueron resueltas por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Cartagena mediante auto del 13 de abril de 2005. En dicha providencia, el juez laboral resolvió, entre otros asuntos, el recurso de reposición presentado en contra del auto que libró mandamiento de pago y se pronunció sobre las excepciones propuestas por la demandada. El juez procedió de esta manera porque, percatándose de que los argumentos del recurso de reposición eran similares a los del memorial de excepciones, no se justificaba, a su juicio, en aplicación del principio de economía procesal, resolverlos en providencias distintas.
En efecto, en su memorial de formulación de excepciones (mar. 8/2005), que repite lo consignado en el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, la DIAN señaló que no era procedente librar mandamiento de pago en contra de la entidad en virtud de que: i) existía cosa juzgada en la decisión del Juzgado 5º Laboral del Circuito, confirmada por el Tribunal Superior de Cartagena, según la cual no existía título ejecutivo; ii) porque la Nación no puede ser ejecutada; iii) porque el mecanismo para hacer efectivo el reintegro es la acción de tutela; iv) porque no existe un título ejecutivo contra la DIAN; v) porque el demandante ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, razón que permitía su desvinculación en cualquier momento, cosa que ocurrió con la supresión del cargo por reestructuración de la entidad; vi) porque no hay nexo de causalidad entre la investigación de la Procuraduría y el retiro del demandante y, porque vii) la investigación disciplinaria no aforaba al demandante, circunstancia que permitía desvincularlo en cualquier momento.
Para esta Sala, la resolución de las excepciones previas en el mismo auto que resuelve el recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago no es una simple irregularidad procesal, sino que constituye una verdadera supresión del trámite que en segunda instancia obligaría el estudio independiente de las razones que sustentaron la imposibilidad de dar por cumplida la orden de reintegro. Por ello, a juicio de la Sala, la nulidad detectada por la Corte Suprema no es subsanable, según lo prescribe el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por lo que resulta innecesario exigir que la entidad demandante la hubiera alegado oportunamente en el proceso.
En consecuencia de lo dicho, esta Sala de Revisión considera que el proceso ejecutivo adelantado por Héctor Tercero Merlano Garrido en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es nulo a partir del auto del 13 de abril de 2005 proferido por el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Cartagena. La Sala confirmará en todas sus partes el fallo de segunda instancia.
Magistrados: Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla, (con aclaración de voto)—Humberto Antonio Sierra Porto.
(2) Cfr., Sentencia T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(10) Cfr. Sentencias T-462 de 2003, SU-1184/01, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001.
(12) Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(13) El artículo 32 fue modificado por el artículo 1º de LA Ley 1149 de 2007, pero dicha norma no estaba vigente para la fecha en que se dictó el auto ahora enjuiciado.