Source: http://mapuche-nation.org/espanol/html/documentos/doc-65.htm
Timestamp: 2017-03-29 22:50:52
Document Index: 227640827

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 8', 'artículo 260', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 23', 'artículo 46', 'artículo 387', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 47', 'artículo 47', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 47']

Wallmapu: Comisión Interamericana declara admisible denuncia contra el Estado de Chile por caso Poluco Pidenco
Comisión Interamericana declara admisible denuncia contra el Estado de Chile por caso Poluco Pidenco 31 de Julio, 2007 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado el informe de admisibilidad de la denuncia presentada contra el Estado de Chile, por violación de los artículos 8(1), 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el proceso por el caso "Poluco-Pidenco". Suman ya cuatro las denuncias mapuches ante la CIDH admitidas, presentadas contra el estado de Chile. Reproducimos Informe. INFORME Nº 32/07 PETICIÓN 429-05 ADMISIBILIDAD JUAN PATRICIO MARILEO SARAVIA Y OTROS VERSUS CHILE Washington, 2 de mayo de 2007 I. RESUMEN 1. El 13 de abril de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican ("las presuntas víctimas"), en contra del Estado de Chile (en adelante "el Estado" o "el Estado chileno"), en la que se alega la violación de los artículos 8(1), 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención"), durante el juicio criminal seguido en su contra, que resultó en la condena de los 5 peticionarios como autores del delito de incendio terrorista. 2. Con respecto a la admisibilidad los peticionarios argumentan que se agotaron los recursos de jurisdicción interna, con la sentencia que desechó el recurso de nulidad, dictada 13 de octubre de 2004 por la Corte de Apelaciones de Temuco.
3. El Estado controvierte la admisibilidad porque considera que, de conformidad al artículo 47(b) y c de la Convención Americana, la denuncia es infundada pues no contiene hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados en la Convención Americana. Aduce también que la petición fue presentada de manera extemporánea y que lo que los peticionarios pretenden, que la Comisión actué como cuarta instancia. En consecuencia, solicita a la Comisión Interamericana que declare inadmisible la denuncia.
4. Tras el análisis de la petición, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, así como en los artículos 30, 37 y concordantes de su Reglamento, la CIDH declara la admisibilidad de la petición con respecto a las presuntas violaciones de los artículos 8, 9 y 24, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana. La Comisión Interamericana decide igualmente notificar a las partes, publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
5. La petición fue presentada, por los señores Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, mediante comunicación de fecha 13 de abril de 2005.[1] El trámite de la denuncia se inició el 7 de septiembre de 2005, con el envío de la petición al Estado y la solicitud de observaciones en el plazo de dos meses.
6. El 8 de noviembre de 2005, mediante nota OEA Nº 417, el Estado de Chile solicitó a la CIDH un plazo para proporcionar a la Comisión la información requerida, y el 10 de noviembre de 2005, la CIDH otorgó al Estado una prórroga para la presentación de las observaciones hasta el 7 de diciembre de 2005.
7. El 9 de diciembre de 2005, el Estado de Chile nuevamente solicitó una ampliación de plazo para presentar sus alegaciones de forma y fondo y el 14 de diciembre de 2005 la Comisión otorgó al Estado una prórroga adicional por un mes.
8. Mediante Comunicación de fecha 30 de diciembre de 2005, recibida en la CIDH el 5 de enero de 2006, el Estado presentó sus observaciones y el 28 de marzo de 2006, se trasmitieron a los peticionarios para que presentaran sus observaciones.
9. El 8 de mayo de 2006, la Comisión informó al Estado de Chile que, había tomado conocimiento de que los peticionarios en este caso, se encontraban en huelga de hambre desde el 13 de marzo de 2006, como medida de protesta por la aplicación de la ley 18.314 sobre conductas terroristas, en los procesos seguidos en su contra. Asimismo, la CIDH solicitó al Gobierno de Chile que le mantuviera informada sobre las acciones adoptas en esta situación. A la fecha de publicación de este informe, la CIDH no ha recibido información al respecto.
10. La controversia en este asunto gira en torno a un juicio criminal seguido contra Juan Marileo Saravia, Florencio Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Antes de pasar a la posición de las partes, la Comisión Interamericana hará un breve resumen del juicio seguido, en donde los mencionados señores, fueron condenados como autores del delito de incendio terrorista. A la fecha de publicación de este informe, los señores Jaime Marileo Saravia, y Patricia Troncoso se encuentran privados de libertad en cumplimiento de la condena. Los señores José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, tienen una orden detención permanente en su contra a fin de que cumplan la mencionada condena.
11. En relación con el juicio, consta en los antecedentes aportados por las partes que el 22 de agoto de 2004, se realizó el juicio oral en contra de los señores Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, por el delito de incendio terrorista perpetrado el 19 de Diciembre del 2001, en el fundo Poluco Pidenco de la comuna de Ercilla.
12. Los denunciantes interpusieron en contra de la sentencia condenatoria, un recurso de nulidad, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, siendo desechado el 13 de octubre de 2004 quedando la sentencia ejecutoriada.
13. Según la sentencia que desechó el recurso de nulidad "cada uno de los recurrentes fue condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena como autores del delito de incendio terrorista hecho cometido durante el día 19 de diciembre de 2001 en el Fundo Poluco Pidenco de la Comuna de Ercilla y a pagar solidariamente al demandante civil Forestal Mininco S.A. la suma de cuatrocientos veinticuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos ($ 424.964.798), por concepto de daños materiales provocados, más intereses y reajustes legales que se devenguen desde la fecha de ejecutoriada de esta sentencia hasta la fecha de su total y definitivo pago, con costas."[2]
14. Los peticionarios señalan que fueron objeto de un juicio penal por el delito de incendio ocurrido en un predio forestal de propiedad de la empresa Forestal Mininco S.A en la Provincia de Malleco, comuna de Ercilla en la novena región de la Araucania, el 19 de diciembre de 2001. Según los peticionarios, en el juicio fueron acusados por el Ministerio Público, por la Gobernación de Malleco y por la Empresa Forestal Mininco S.A.
15. Los peticionarios expresan que el juicio se llevó a cabo los días 29 de julio y 17 de agosto de 2004 y como resultado del mismo, fueron condenados a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por el delito de Incendio Terrorista en perjuicio de Forestal Mininco S.A. Asimismo, fueron condenados al pago solidario de una indemnización a la empresa, por el valor de $ 424.964.798.
16. Según los peticionarios la sentencia condenatoria que se dictó en su contra es el resultado de una pluralidad de atentados a sus derechos humanos, los cuales se produjeron durante el proceso de investigación y durante el juicio tanto al dictaminar la sentencia condenatoria como en la revisión del fallo ante el Tribunal Superior.
17. Con respecto al artículo 8(2) letras c y f de la Convención, los peticionarios argumentan que, en el juicio se les privó del derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa. Indican que la vulneración de este derecho se produce desde el momento en que la prueba testimonial presentada por el Ministerio Público en su contra durante la investigación difiere sustancialmente de la prueba presentada en el juicio.
18. Expresan los peticionarios, que su defensa discurrió en todo momento sobre la base de los antecedentes entregados por el Ministerio Público y a partir de ellos articuló sus argumentos de defensa y preparó los contra interrogatorios de los testigos a cargo. En este contexto señalan, que el artículo 260 del Código Procesal Penal dispone que deberán ponerse a disposición del acusado los antecedentes acumulados durante la investigación, para efectos de la preparación de la defensa. Según los peticionarios, el Ministerio Público les hizo entrega de los antecedentes acumulados durante la investigación para efectos de la preparación de la defensa, los cuales consistían en prueba testimonial, pericial y documental. En este contexto señalan que, la prueba testimonial llevada al juicio cambió radicalmente, en el sentido de que los testigos depusieron ante el Tribunal, testimonios diferentes a los que constaban en los antecedentes de la investigación, variando circunstancias esenciales de los hechos. Precisan los peticionarios, que todos ellos fueron condenados exclusivamente sobre la base de la prueba testimonial.
19. Indican los peticionarios que, el Tribunal al referirse a las pruebas testimoniales respecto de las cuales no habían preparado interrogatorio, ni estructurado argumentos de defensa, por ser desconocidos expresó: "Los demás argumentos como la no presentación de toda la prueba o que algunos testigos habrían modificado sus declaraciones iniciales, o que los reconocimientos en las audiencias fueron forzados por la revisión previa de fotografías de los imputados o que muchos testigos estuvieron reunidos en una cabaña de la ciudad de Lautaro, donde eran visitados por funcionarios del Ministerio Público y efectivos policiales, no serán considerados por el Tribunal, toda vez que la decisión a la que debe arribar está motivada por toda la información que los jueces reciben durante el desarrollo de la audiencia, lo que no es si no la más clara expresión del principio de la inmediación"[3].
20. Con respecto al artículo 8(2)(f) los peticionarios expresan que, en lo formal, no les fue negado el derecho de presentar pruebas, precisando que tuvieron la oportunidad de presentar testigos, peritos y que además, pudieron acompañar al juicio numerosa prueba documental. Sin embargo, consideran los peticionarios que el tribunal, al resolver el fondo, omitió valorar las pruebas de descargo presentadas por la defensa.
21. Con respecto al artículo 8(2)(h), los peticionarios señalan que fue vulnerado debido a que la defensa recurrió ante la Corte de Apelaciones de Temuco la sentencia condenatoria. No obstante, el Tribunal Superior, se abstuvo de considerar varias de sus alegaciones, haciendo una revisión sólo parcial del fallo, argumentando que otras alegaciones significaban entrar a considerar cuestiones de hecho, lo que estaba vedado al tribunal de alzada, por lo cual según los peticionarios, se vieron impedidos para recurrir la decisión.
22. Con respecto al artículo 8(1) de la Convención, los peticionarios expresan que, fueron privados del derecho a ser juzgados por un Tribunal imparcial, indicando que este derecho se habría violado debido a que el tribunal copió en la sentencia una sentencia anterior dictada en contra de otros comuneros mapuches de la misma zona territorial, la cual según los peticionarios fue dictada dentro del llamado "conflicto mapuche". En este contexto expresan que, en efecto el fallo dictado, en cuanto se refiere a la calificación de terrorista del incendio materia del juicio, es la copia exacta e integra del fallo dictado por el mismo Tribunal, hace mas de un año en contra de los señores Pascual Pichun, Aniceto Norin Catriman y Patricia Roxana Troncoso Robles. Aducen los peticionarios que esto es muestra de que los jueces tenían una opinión preconcebida sobre el fondo de la cuestión sometida a su conocimiento.
23. Según los peticionarios, el Estado de Chile violó el artículo 8(2) de la Convención Americana. Expresan los denunciantes que, la Sentencia dictada incurre constantemente en infracción a este derecho, al hacerlos responsables por hechos ejecutados por personas distintas. Señalan los peticionarios que el Estado razona acerca de su participación en el delito de incendio y su carácter de terrorista en los siguientes términos: "Es de público conocimiento que durante el año 2001 algunas personas vinculadas o pertenecientes a la etnia Mapuche privilegiando el uso de métodos violentos para obtener sus demandas y reivindicaciones territoriales, atentaron contra personas, propiedades instalaciones vehículos y maquinarias de particulares y empresas instaladas en diversos sectores geográficos de la provincia de Malleco, con consecuencias negativas para la seguridad y la tranquilidad publica, para la integridad física de los ciudadanos y para el progreso y el desarrollo de la zona. El incendio del fundo Poluco Podenco se inserta dentro de esta dinámica de conflicto.[4]
24. Según los peticionarios, el considerando décimo noveno de la Sentencia dictada[5] señala que, "el ilícito establecido en la reflexión está inserto en un proceso de recuperación de tierras del pueblo Mapuche, el que se ha llevado a efectos por vía de hecho." "Estas acciones se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas hechas bajo presión por grupos violentistas".[6] Los peticionarios argumentan, que como consecuencia práctica de la aplicación de estos razonamientos, se les ha impuesto una pena superior en 5 años, sobre lo que les correspondería, si se les hubiera condenado aplicándoles la legislación penal común y no la legislación sobre conductas terroristas. Aducen los peticionarios que este atentado al principio de culpabilidad es recurrente en las causas seguidas en contra de Indígenas Mapuches.
25. Con respecto a los artículos 1(1) y 24 de la Convención, los peticionarios señalan que ha sido vulnerado el principio de igualdad y no discriminación que también está consagrado en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile y en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución de la República de Chile.
26. En este sentido argumenta los peticionarios que, el artículo 1(1) y 24 de la Convención se viola, debido a que, en el juicio se utilizaron testigos remunerados por la sola circunstancia de que los imputados eran indígenas Mapuches, haciendo un mal uso de la ley antiterrorista (Ley 18.314) y de diversas medidas de protección a favor de los testigos, que en los hechos no son otra cosa que la forma espuria de obtener declaraciones en su contra. Los peticionarios Sostienen que lo anterior, constituye un atentado al principio de igualdad, debido a que, "todos tenemos derecho a un trato igualitario por parte del Estado y si se trataba de enfrentar una acusación en materia criminal teníamos derecho a que el juicio se realizara en condiciones de normalidad y que no se alteraran esta condiciones atendiendo a nuestro origen racial. " C. Posición del Estado
27. En su respuesta el Estado manifiesta que la denuncia presentada es inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 28, 30, 31, 32, 33, y 34 del Reglamento de la Comisión Interamericana. Indica el Estado que, siete son las causales de inadmisibilidad que se contemplan, las cuales deben ser analizadas por la Comisión antes de entrar a revisar el fondo de un asunto sometido a su conocimiento.[7] El Estado en sus observaciones precisa que, de las causales de inadmisibilidad mencionadas, al menos tres le son aplicables a la queja o denuncia presentada por los peticionarios. Señala el Estado que adicionalmente, existe una cuarta causal de inadmisibilidad, que aunque no se encuentre establecida en la Convención y en el Reglamento de la Comisión, la misma ha sido desarrollada por la Jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana, ésta según el Estado consiste en la formula de la cuarta instancia.
28. Con respecto a la primera causal de inadmisibilidad, el Estado expresa que ésta consiste en que, la queja fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo perentorio de seis meses que exige tanto la Convención como el Reglamento de la Comisión. Según el Estado, el artículo 46 de la Convención exige que, para que una petición o comunicación sea admitida por la Comisión, se requerirá "que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva" [8].
29. Según el Estado de Chile, en este caso concreto los peticionarios obviaron informar en su escrito de presentación de la denuncia, el antecedente fundamental que permite establecer que ésta no fue presentada dentro del plazo de seis meses que exige la Convención y el Reglamento de la Comisión que según el Estado, es la fecha de la última resolución recaída en los recursos de jurisdicción interna agotados.
30. En este contexto el Estado de Chile precisa que, el 1º de septiembre de 2004, los peticionarios interpusieron en el orden interno, en contra de la sentencia condenatoria pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol y ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de nulidad. La vista de la causa quedó fijada para el 23 de septiembre de 2004, oportunidad en la que alegaron los abogados de la Defensoría Penal Pública, en representación de los peticionarios.
31. Según el Estado, la audiencia de lectura de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco que desechó el recurso de nulidad interpuesto se llevó a cabo el 13 de octubre de 2004, quedando ejecutoriada la sentencia condenatoria. "Vale decir, que el plazo de seis meses que exige el articulo 46 de la Convención y el artículo 32 del Reglamento de la Convención venció el 13 de abril de 2005, la denuncia según el Estado, fue presentada en septiembre de 2005 claramente en forma extemporánea".[9]
32. Según el Estado es evidente que, la queja o denuncia fue presentada aproximadamente un año después de la decisión del último recurso de jurisdicción interna interpuesto, es decir, fue presentada fuera del plazo establecido y corresponde a la Comisión declararla inadmisible.
33. Por otro lado, el Estado señala que, los peticionarios no han alegado encontrarse bajo alguna de las excepciones previstas en el artículo 46.2 letras a, b y c de la Convención. No obstante considera, que una alegación de esta naturaleza además de inaceptable, sería del todo improcedente. En efecto señala que no podrían los denunciantes alegar que no existe en la legislación interna del Estado de Chile, la consagración del debido proceso legal; ni que se les haya impedido el acceso a los recursos de jurisdicción interna, ni que haya existido retardo injustificado en la decisión de tales recursos.
34. Asimismo, el Estado argumenta, que la denuncia no expone hechos que caractericen una violación de los derechos protegidos, en los términos señalados en los artículos 47 y 34 de la Convención y del Reglamento de la Comisión, respectivamente. Aduce que de la denuncia presentada no se desprenden hechos que constituyan una vulneración a los derechos establecidos en la Convención. Manifiesta el Estado que, todas y cada una de las supuestas infracciones alegadas por los peticionarios, no tienen un sustento en antecedentes objetivos que pudieran dotarlas de una mínima plausibilidad. Por el contrario son reveladoras de la evidente intención de los peticionarios de revertir resoluciones judiciales adversas, que han sido dictadas en el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, adoptado por el Estado de Chile.
35. Según el Estado, los inculpados no logran esbozar quien y de que manera se les impidió contar con el tiempo necesario para preparar su defensa en juicio, o en que momento se les coartó el derecho a interrogar a sus testigos, o se les conculcó su derecho a ofrecer e incorporar en juicio a sus propios testigos. Expresa el Estado que los peticionarios reconocen en su escrito de denuncia que no les fue negado el derecho de presentar prueba.
36. Otra de las causales de inadmisibilidad, aducida por el Estado, se refiere a que la petición es evidentemente infundada e improcedente. Según el Estado esta causal implica desechar denuncias sin sustento, que solo aparentan supuestas violaciones a los derechos humanos. Señala el Estado que de acuerdo a los antecedentes proporcionados por los denunciantes, las supuestas infracciones a la Convención habrían tenido lugar durante el desarrollo del juicio oral y su consiguiente sentencia que los condenó a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, accesorias y costas, como autores del delito de incendio terrorista acaecidos el 19 de diciembre de 2001 y que afectó el predio denominado Polanco-Podenco, resultando afectada una superficie de 108 hectáreas de pino y eucaliptos, equivalente a 600.000 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. 37. Con respecto a la fórmula de la cuarta instancia, aducida como otra de las causales de inadmisibilidad, el Estado señala que, los peticionarios han recurrido ante la Comisión Interamericana como si ésta fuera una fuente de cuarta instancia, con competencia para conocer de los hechos y del derecho aplicado al caso especifico, sin que existan antecedentes razonables que permitan fundar la existencia de una violación de algún derecho garantizado en la Convención Americana. Según el Estado, tanto la naturaleza complementaria de la Convención, como la exigencia del previo agotamiento de los recursos internos, otorgan el carácter esencialmente subsidiario a los órganos de protección de derechos fundamentales dentro del Sistema Interamericano.
38. Teniendo en cuenta lo anterior, según el Estado, la Comisión y la Corte Interamericana, no tienen competencia para actuar como un tribunal de alzada o cuarta instancia y solo deben limitarse a fallar aquellos casos en que existan presunciones acerca de la violación de algunos de los derechos consagrados en la Convención Americana. Aduce el Estado que los órganos de protección de derechos humanos solo pueden examinar decisiones judiciales internas de un determinado Estado bajo el supuesto de que la petición se fundamentan en una decisión que haya sido dictada al margen del debido proceso o que viole aparentemente cualquier otro derechos consagrado en la Convención, Finalmente el Estado considera que lo que buscan los peticionarios, es una sentencia que enmiende la sentencia condenatoria del Tribunal del Juicio Oral de Angol.
39. El Estado de Chile solicita a la Comisión Interamericana que se acojan sus planteamientos y se declare inadmisible la denuncia interpuesta por los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican.
40. De acuerdo con el artículo 44 de la Convención Americana y el artículo 23 del Reglamento de la CIDH, los peticionarios tienen legitimación para presentar peticiones a la Comisión en relación con presuntas violaciones de los derechos establecidos en dicho tratado. En cuanto al Estado, Chile es parte en la Convención Americana y, por tanto, responde en la esfera internacional por las violaciones de dicho instrumento. Las presuntas víctimas son personas naturales respecto a quienes el Estado se comprometió a garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Con base en todo lo anterior, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia.
41. La CIDH tiene competencia ratione materiae debido a que la petición se refiere a denuncias de violación de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana. Asimismo, goza de competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en dicho tratado ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición, dado que Chile ratificó la Convención Americana el 21 de agosto de 1990. Finalmente, la Comisión Interamericana tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho instrumento.
42. El artículo 46(1)(a) de la Convención establece que uno de los requisitos de admisión de una petición es "que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos".
43. De la información entregada por las partes, la Comisión observa que en la presente petición los recursos internos se encuentran agotados. Efectivamente, el 13 de octubre de 2004, la Corte de apelaciones de Temuco rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican en contra de la sentencia condenatoria dictada el 22 de Agosto del 2004.
44. De acuerdo al artículo 387 del Código Procesal Penal de Chile, la resolución que falla un recurso de nulidad no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme. Tampoco es susceptible de recurso la sentencia que se dicta en el nuevo juicio que se realizara como consecuencia de la resolución que hubiera acogido el recurso de nulidad. No obstante, agrega la norma, si la sentencia fue condenatoria y la que se hubiere anulado hubiese sido absolutoria, procederá el recurso de nulidad en favor del acusado.
45. La Comisión Interamericana verifica que se han agotado los recursos previstos por la legislación chilena para estos casos y en consecuencia determina que la petición analizada cumple el requisito exigido en el artículo 46(1)(a) de la Convención.
46. El artículo 46(1)(b) de la Convención Americana establece que uno de los requisitos de admisión de una petición es que deberá ser "presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva".
47. Al respecto el Estado argumenta que la petición es inadmisible porque fue presentada en septiembre de 2005, es decir, fuera del plazo establecido en los artículos 46(1)(b) y 47(a) de la Convención y 32(1) del Reglamento de la Comisión.
48. Es un hecho no controvertido por lar partes que el 13 de octubre de 2004, la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunció sobre el último recurso interpuesto durante el juicio seguido contra los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. De acuerdo a lo establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención, el plazo para presentar una denuncia ante la CIDH vencía el 13 de abril de 2005. En el presente caso, la petición o comunicación de los peticionarios fue recibida en la CIDH el 13 de abril de 2005.
49. Por lo expuesto, la CIDH desestima el argumento del Estado de Chile respecto de que la petición es inadmisible por haber sido presentada en forma extemporánea. Lo anterior, en atención a que el plazo de seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención, se cuenta desde la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos fue notificado de la decisión definitiva hasta que es presentada ante la CIDH y no hasta que la petición es trasmitida al Estado respectivo.
50. Por lo anterior, la CIDH concluye que la petición cumple con el requisito establecido en el artículo 46(1)(b) de la Convención Americana.
51. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que la denuncia presentada esté pendiente de otro procedimiento internacional. Tampoco hay elementos para considerar que se reproduce una petición anteriormente examinada por la CIDH, por lo que este órgano concluye que se han satisfecho los requisitos de los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención Americana.
4. Caracterización de los hechos 52. En el presente caso, el Estado alegó que los hechos descritos en ella no caracterizan violaciones a derechos protegidos por la Convención, por lo que solicitó a la CIDH que desechara la denuncia en aplicación del artículo 47(b) y c de la Convención Americana.
53. Al respecto, la Comisión considera que no corresponde en esta etapa del procedimiento decidir si se produjeron o no las alegadas violaciones a los derechos a las garantías judiciales y al principio de legalidad de las presuntas víctimas. A efectos de la admisibilidad, la CIDH debe resolver en este momento únicamente si se exponen hechos que, de ser probados, caracterizarían violaciones a la Convención Americana, como lo estipula el artículo 47(b) de la misma, y si la petición es "manifiestamente infundada" o si es "evidente su total improcedencia", según el inciso c del mismo artículo.
54. El criterio para la apreciación de estos extremos es diferente al requerido para pronunciarse sobre los méritos de una denuncia. La CIDH debe realizar una evaluación prima facie y determinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención Americana, mas no establecer la existencia de dicha violación.[10] En la presente etapa corresponde efectuar un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión Interamericana, al establecer una fase de admisibilidad y otra de fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión Interamericana a fin de declarar una petición admisible y la requerida para establecer si se ha cometido una violación imputable al Estado.[11]
55. La jurisprudencia de la Comisión Interamericana establece claramente que no es competente para revisar sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías judiciales. La CIDH no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia. No obstante, dentro de los límites de su mandato de garantizar la observancia de los derechos consagrados en la Convención, la Comisión Interamericana sí es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiera a una sentencia judicial nacional que haya sido dictada al margen del debido proceso, o si se describe una violación de cualquier otro derecho garantizado por la Convención Americana.[12] 56. En particular, respecto del proceso seguido contra los señores Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, la Comisión toma nota que en el presente caso los denunciantes alegan que se ha violado el artículo 24 en relación con el artículo 1.1 de la de la Convención Americana. Los peticionarios también denuncian que en el presente caso se ha vulnerado el artículo 8.2 de la Convención Americana, sobre garantías judiciales, en la medida en que no contaron con los medios adecuados para la preparación de la defensa, según lo establece el artículo citado, en sus letras c y f.
57. En virtud de los argumentos y la documentación aportada por las partes, así como la jurisprudencia interamericana, la Comisión considera que no se evidencia la falta de fundamento o improcedencia en el reclamo presentado. Si bien algunas de las alegaciones manifestadas por los peticionarios no tienden a caracterizar violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la que refiere a que el tribunal al dictar sentencia habría copiado párrafos de otra sentencia, la CIDH en el pronunciamiento sobre el fondo analizará tales alegaciones, en el contexto del argumento relativo al régimen penal especial aplicado a las presuntas víctimas y la definición de la conducta antijurídica o tipo penal utilizado, que podrían llegar a caracterizar prima facie una violación de los derechos garantizados en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1(1) del mismo instrumento, en perjuicio de Juan Patricio Marileo Sanabria, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Roxana Troncoso Robles, José Benicio Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican. Asimismo, en virtud de los alegatos de los peticionarios relativos a la aplicación a las presuntas víctimas de un régimen penal especial más severo que el régimen común, en virtud de su origen étnico, la CIDH considera que los hechos denunciados podrían caracterizar una violación al artículo 24 de la Convención Americana, en concordancia también con el artículo 1(1) del mismo instrumento[13].
58. En consecuencia, la Comisión Interamericana considera satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 47.b y c de la Convención Americana.
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. Declarar admisible el presente caso respecto de las presuntas violaciones de los artículos 8, 9 y 24, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de mayo de 2007. Florentín Meléndez,, Presidente; Paolo G. Carozza, Primer Vicepresidente; Víctor E. Abramovich, Segundo Vicepresidente; Evelio Fernández Arévalos, Clare K. Roberts, Paulo Sérgio Pinheiro y Freddy Gutiérrez Miembros de la Comisión. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Consta en el expediente que la comunicación fue recibida en la Secretaria de la Comisión por correo electrónico el 13 de abril de 2005 y sellada el 14 de abril del mismo año.
[2] Considerando Nº 2 de la sentencia que rechazó el recurso de nulidad, en la página oficial del Poder Judicial de Chile. http://www.poderjudicial.cl [3] Párrafo final del considerando décimo octavo de la Sentencia Pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol. Citado por los peticionarios en comunicación de fecha 13 de abril de 2005.
[4] Considerando Cuarto, de la Sentencia Pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral de Angol. Citada por los peticionarios en comunicación de fecha 13 de abril de 2005.
[5] Citado por los peticionarios en comunicación de fecha 13 de abril de 2005.
[6] Citado por los peticionarios en comunicación de fecha 13 de abril de 2005.
[7] Según el Estado las siguientes son las causales de inadmisibilidad: (i) verificación de los requisitos formales (ii) agotamiento de los requisitos internos (iii) plazo para la presentación de las peticiones (iv)duplicación de procedimientos(v) Verificación de si se exponen o no hechos que caractericen una violación de los derechos protegidos (vi) Análisis de si las peticiones son o no manifiestamente infundadas o improcedentes, según resulte de la exposición del propio o del Estado y (vii) Si existe o no información o prueba sobreviniente que hagan la petición inadmisible o improcedente" [8] Articulo 46.b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Citado por el Estado en nota de de fecha 16 de enero de 2006.
[9] En escrito del Estado de fecha 30 de diciembre de 2005, recibido en la CIDH el 5 de enero de 2006. [10] Ver CIDH, Informe Nº 128/01, Caso Nº 12.367, Herrera y Vargas ("La Nación"), Costa Rica, 3 de diciembre de 2001, párrafo 50. Ver, CIDH, Informe N° 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párrafo 43.
[11] Ver CIDH, Informe N° 31/03, Caso 12.195, Mario Alberto Jara Oñate y otros, Chile, 7 de marzo de 2003, párrafo 41. Ver CIDH, Informe N° 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párrafo 43.
[12] Ver CIDH, Informe Nº 1/03, Caso 12.221, Jorge Omar Gutiérrez, Argentina, 20 de febrero de 2003, párrafo 46, citando Informe Nº 39/96, Caso Nº 11.673, Marzioni, Argentina, 15 de octubre de 1996, párrafos 50-51. Ver, CIDH, Informe Nº 4/04, Petición 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina, 24 de febrero de 2004, párrafo 44.
[13] CIDH, Informe Nº 89/06, Petición 619-03, Admisibilidad, Aniceto Norin Catriman y Pascual Pichun Paillalao, Chile, 21 de Octubre de 2006, Párrafo 65.
http://www.cidh.org/annualrep/2007sp/Chile.42905.sp.htm Subir