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Timestamp: 2018-02-21 09:25:39
Document Index: 166264831

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 22', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 81', 'artículo 136', 'artículo 6', 'artículo 175', 'artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 31', 'artículo 6']

Ejemplo de trabajo de la asignatura de Organització Constitucional de l'Estat de 1º de Derecho [125163] | Organització Constitucional de l'Estat (UAB) | Unybook
Ejemplo de trabajo de la asignatura de Organització Constitucional de l'Estat de 1º de Derecho (2016)
Ejemplo de trabajo de la asignatura de Organització Constitucional de l'Estat de 1º de Derecho
Ejemplo de trabajo sobre la financiación de los partidos políticos, de la asignatura de Organització Constitucional de l'Estat de 1º de Derecho
(no se permite la utilización del trabajo ni su uso académico)
Organización constitucional del Estado Prof. Dr. José Carlos Remotti 2016 La financiación constitucional La financiación de los partidos políticos y su adecuación al marco constitucional Pol Viedma Márquez DNI: 53644736-L 1458890 1º en Grado de Derecho y Ciencias políticas y gestión pública Grupo 2 20/12/2016 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Resumen: España es el país que más dinero de las arcas públicas del Estado da en subvenciones a los partidos políticos para sus actividades, un 85%. Según datos del Tribunal de Cuentas de 2013, el total que recibieron entre todas las formaciones políticas que superaron el millón de euros en subvenciones fue de casi 200 millones de euros. ¿Es ético aumentar la partida otorgada a los partidos políticos mientras se reduce el porcentaje para las pensiones? ¿Por qué parte de mis impuestos financia a partidos o fundaciones con ideología fascista? ¿Qué partidos reciben más y cuáles menos? ¿Quién controla que la financiación a estos partidos políticos sea lícita? ¿Qué pasaría si no hubiese subvenciones por parte del Estado? ¿Se debería liberalizar la financiación de los partidos? ¿Es efectiva la regulación penal sobre la financiación ilegal? Este documento está destinado a resolver todas estas dudas y poner la financiación pública y privada de los partidos políticos en el punto de mira del encaje constitucional para analizar el funcionamiento del aparato del Estado en la regulación económica de los protagonistas de este.
Abstract: Spain is the country that more money of the public coffers of the State gives in subsidies to the political parties for its activities, 85%. According to data from the Court of Auditors of 2013, the total received among all political formations that exceeded one million euros in subsidies was almost 200 million euros. Is it ethical to increase the share given to political parties while reducing the percentage for pensions? Why do some of my taxes finance parties or foundations with fascist ideology? Which parties receive more and which less? Who controls that funding to these political parties is lawful? What would happen if there were no subsidies from the state? Should the funding of parties be liberalized? Is the penal regulation on illegal financing effective? This document is intended to resolve all these doubts and put the public and private financing of political parties in the focus of the constitutional reserve to analyze the functioning of the state apparatus in the economic regulation of the protagonists of this.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 1 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Lista de abreviaturas utilizadas CCAA: Comunidades Autónomas CE: Constitución Española CiU: Convergencia i Unió LOE: Ley Orgánica del Estado LOREG: Ley Orgánica de Régimen Electoral General ONG: Organización No Gubernamental PNV: Partido Nacionalista Vasco PP: Partido Popular PSOE: Partido Socialista Obrero Español PSV: Promoción Social de Viviendas PYME: Pequeñas Y Medianas Empresas SA: Sociedad Anónima STC: Sentencia del Tribunal Constitucional STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos TC: Tribunal Constitucional TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos UE: Unión Europea UPyD: Unión Progreso y Democracia Organización constitucional del Estado 20/12/2016 2 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Índice 1. Introducción 2. Los partidos políticos 2.1. Legalización 2.2. Marco constitucional 2.2.1. Reconocimiento en la Constitución Española 2.2.2. Reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 2.2.3. Reconocimiento en la Constitución Europea 2.2.4. Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos 2.2.5. Tribunal Constitucional 2.2.6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3. Financiación 3.1. Historia de la financiación 3.1.1. Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos 3.1.2. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos 3.1.3. Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos 3.1.4. Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
3.2. Desarrollo legislativo de la financiación 3.2.1. Régimen Electoral General 3.2.2. Ley de Tribunal de Cuentas 3.2.3. Ley de Partidos Políticos 3.2.4. Ley sobre financiación de los partidos políticos 3.3. Características del sistema de financiación de los Partidos Políticos 3.3.1. Sistema de financiación pública 3.3.2. Modelo cerrado 3.3.3. Fragmentación del sistema de financiación 4. Desarrollo doctrinal 5. Análisis 5.1. Desigual reparto de subvenciones públicas 5.2. Escasa transparencia 6. Conclusiones 7. Bibliografía 7.1. Bibliografía citada 7.2. Otros materiales y libros utilizados Organización constitucional del Estado 20/12/2016 3 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez 1. Introducción Los sistemas políticos occidentales han fundamentado su carácter democrático en el pluralismo ideológico que se derivaba de estos, a través de la existencia de diversas y diferentes opciones políticas para permitir el juego democrático. Estas personas jurídicas, como asociaciones privadas, sufragan unos gastos administrativos mediante, generalmente, las cuotas que las personas militantes deben pagar para poder participar de la vida política de su partido. Aun así, los costes que suponen el mantenimiento de locales y seguridad para estos, contratación de personal administrativo, alquiler de espacios públicos, papeleo y demás, son demasiado elevados.
Es por eso que el Estado prevé unas subvenciones estatales para “ayudar económicamente” a los partidos que consiguen representación parlamentaria en el Congreso o el Senado ya que, como expresión de la voluntad popular y sustento de la democracia, es necesario garantizar su supervivencia.
Cada vez que se acercan nuevos comicios electorales, el debate sobre la financiación pública, privada o mixta de las entidades políticas se vuelve el tema central de las conversaciones habituales entre la ciudadanía. Una ciudadanía que, mayormente en épocas económicamente difíciles, cuestiona la necesidad de destinar recursos estatales (que proceden directamente de sus impuestos) a formaciones políticas cuando, quizá, no se ven representadas por ninguna de ellas.
El objetivo de este trabajo es mostrar al lector de dónde históricamente procede, cómo se articula y los fundamentos teóricos dentro del marco constitucional para la financiación de los partidos políticos mediante la búsqueda legislativa y doctrinal de las bases que justifiquen que los ciudadanos y ciudadanas, en última instancia, sufraguen esos gastos que los partidos políticos necesitan, tanto para tramitar sus operaciones como para darse publicidad en las campañas electorales. En las siguientes páginas mostraremos desde cuándo empiezan a financiarse los partidos políticos y su reconocimiento en la legislación vigente; las diferentes regulaciones de su financiación, tanto por parte del Estado como mediante donaciones privadas; la financiación ilegal, cómo y cuándo se ha dado; y la visión de expertos juristas y protagonistas políticos que fundamente y argumente sus posiciones respecto a la compatibilidad constitucional con el tema a tratar, así como posibilidades, alternativas y propuestas de reforma del sistema actual.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 4 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez 2. Los partidos políticos 2.1. Legalización Decía Antonio Gramsci que los partidos políticos no son sino, grandes masas encuadradas, los cambios de opinión que se producen en las cuales son interpretadas por los partidos políticos. En España, tras 40 años de una dictadura fascista que erradicó el Estado constitucional, se inició un proceso de cambio político pacífico y dilatado que permitió recuperar las libertades políticas y sindicales y la división de poderes. Así pues, la transición hizo posible que todos los partidos políticos anteriormente ilegalizados, pudieran volver a la vida política independientemente de cual fuera su ideología o posicionamiento respecto al Estado Social y Democrático de Derecho que se estaba reconstruyendo. Mediante la ley 21/1976 sobre el Derecho de Asociación política del 14 de junio, se reconocía y declaraba el libre y efectivo ejercicio de la participación activa, libre e institucionalizada en la actividad política. Esta primera legislación democrática al respecto, ya hacía mención sobre la posible financiación pública y/o privada de los partidos políticos en el punto cinco del artículo cuarto sobre patrimonio y régimen económico. Incidía en la transparencia y la limpieza del régimen económico de estas asociaciones a fin de que no se convirtiesen en instrumentos de grupos económicos y sirviesen, de verdad, a los intereses de la comunidad política española.
(Cortés, 2008) Meses más tarde, dada la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la proximidad de las elecciones generales que iban a celebrarse, se aprobó el Real Decreto-Ley 12/1977 de 8 de febrero sobre el derecho de asociación política que reconsideraba lo expuesto en la anterior ley y concedía una mayor garantía judicial para los partidos que decidiesen concurrir en los comicios venideros. Proceso que culminó con la legalización del Partido Comunista durante la Semana Santa de 1977.
Legalizados los partidos políticos, el 18 de marzo se aprobó el Real Decreto-Ley 20/1977 sobre Normas electorales para reglamentar el proceso electoral que se daría en las elecciones al Congreso y Senado del 15 de junio. En estas normas electorales, se incluyeron las reglas económicas básicas para financiar las elecciones que suponía el primer modelo de financiación electoral. Esta ley, a parte de la regulación del censo, mesas y junta electoral, presentación de candidatos y programas electorales y demás, en los artículos 44 al 48, del Capítulo II sobre Gastos electorales del Título V de la Campaña electoral, estipulaba las cantidades monetarias que correspondía otorgar por Organización constitucional del Estado 20/12/2016 5 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez parte del Estado a los partidos para subvencionar los costes en los que incurrían de sus actividades electorales.
El pleno reconocimiento de los partidos y de su financiación no se hizo efectivo hasta la aprobación de la Ley de partidos del 1978 con la cual se consagraba un sistema de financiación estatal de carácter permanente para los partidos políticos.
Así pues, tras la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre, los partidos políticos quedaban plenamente y estrictamente reconocidos en el artículo 6 CE.
2.2. Marco constitucional  2.2.1. Reconocimiento en la Constitución Española Como acabamos de señalar, la Constitución Española reconoció expresamente las asociaciones políticas para poder garantizar los derechos y libertades políticas y garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático que se acababa de consolidar. Esto se articula mediante los artículos 1 y 6CE del Título Preliminar; los artículos 22 y 23 del Capítulo II sobre Derechos y Libertades, sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, del Título Primero de los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española; y las sentencias del Tribunal Constitucional de las que hablaremos más adelante (ver supra página 9).
El artículo 1 de la Constitución reconoce a España como un Estado social y democrático de Derecho con diversos valores, entre ellos, el del pluralismo político; así como reconoce la soberanía nacional en el pueblo español. Este artículo sintetiza y subraya las características principales del régimen español que justifican la existencia de partidos políticos que emanan del juego democrático que mencionamos previamente.
El artículo 6 está referido expresamente a los partidos políticos y su libertad democrática en cuando “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Así pues, son característica existencial del pluralismo político, como este de la democracia.
El artículo 22 y 23 reconocen el derecho íntegro a formar una asociación política, así como concurrir en las elecciones siempre que sean con fines lícitos y no sean secretas o paramilitares. Así pues, se reconoce el derecho de los ciudadanos y Organización constitucional del Estado 20/12/2016 6 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez ciudadanas a participar en la vida política directamente o mediante representantes a través del sufragio universal.
 2.2.2. Reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos El Convenio Europeo de Derechos Humanos y su entrada en vigor el 1 de junio de 2010 reconoce en el artículo 11 la libertad de reunión y de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos. El artículo no prohíbe que se impongan restricciones al ejercicio de estos derechos siempre y cuando sean adoptadas para la seguridad pública, democrática y nacional del Estado.
 2.2.3. Reconocimiento en la Constitución Europea De la misma forma, la Constitución Europea refrendada y adoptada en 2005 reconoce en el artículo I-46 del Título VI de la vida democrática en la unión de la Parte I, la democracia representativa para el buen funcionamiento de la Unión, así como a los partidos políticos de dimensión europea como expresión de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas.
De igual forma, en el artículo II-72.2 del Título II de la Parte II sobre Libertades, se reconoce la libertad de reunión y asociación en el ámbito político, sindical y cívico.
Esta Constitución también prevé y señala la subvención por parte de la UE de los partidos políticos a nivel europeo para sus actividades electorales y parlamentarias.
No destacaremos nada más al respecto porque no es nuestro objeto de estudio en cuestión.
 2.2.4. Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos Actualmente en el Estado español, los partidos políticos están regulados por la ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos políticos, modificada en el 2012 y posteriormente en 2015. La presente ley concreta la función de estos y reconoce su papel esencial en el sistema democrático vigente del Estado, así como parte fundamental de la Constitución para el entendimiento y permanencia de los principios y valores democráticos. De esta forma, según el artículo 1 de la citada norma, los ciudadanos europeos (texto modificado en 2015 en el que anteriormente señalaba “ciudadanos españoles”) gozan del derecho fundamental de creación y afiliación de partidos políticos.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 7 La financiación constitucional  Pol Viedma Márquez 2.2.5. Tribunal Constitucional La diferenciación entre Constitución formal y materia1 también ha incidido en la caracterización de los partidos políticos jurídicamente. A ojos del Tribunal Constitucional, parte esencial de esa Constitución material, el papel de los partidos se ha podido especificar a lo largo de la jurisprudencia.
En cuanto a su naturaleza jurídico-asociativa se refiere para determinar su régimen jurídico, en la STC 3/1981 el TC señaló que un partido es una forma particular de asociación y el artículo 22 no excluye las asociaciones que tengan una finalidad política, ni hay base alguna en él para deducir tal exclusión. De igual forma, en la STC, de 21 de febrero, insistió en el carácter asociativo de los partidos políticos: “son, como expresamente declara el art. 6º, creaciones libres, producto como tales del ejercicio de la libertad de asociación que consagra el art. 22”.
En relación con el papel que han de jugar los partidos en la relación representativa, el TC señaló que, por ejemplo, “la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de Derecho, y no de la voluntad de un partido político”. Así pues, afirmaba la relación estricta entre electores y elegidos mediante la sentencia citada al expresar que “el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos”.
De igual forma, el TC recalcó la fricción que se producía entre la exigencia constitucional de democracia interna en los partidos políticos y los derechos de estos como asociaciones privadas a una autonomía respecto a su regulación interna. En la STC 56/1995 señalaba que “la democracia interna se plasma, pues, en la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y su funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los 1 Constitución formal: El texto formalizado y escrito. Constitución material: Normas secundarias que tienen que ver con el cómo hacemos derecho (ej: código civil). No esta físicamente en el texto de la Constitución, pero hace referencia a cosas de ella, y forma parte del concepto de Constitución. Opera como fuente de derecho. Las sentencias del TC, al ser establecidas a partir de la Constitución, también se puede considerar Fuente de Derecho.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 8 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez órganos de gobierno". Así pues, en los partidos políticos se produciría un conflicto de intereses por su naturaleza jurídica expuesta anteriormente y su papel en el desarrollo del correcto funcionamiento del Estado democrático. (Méndez, 1998)  2.2.6. Tribunal Europeo de Derechos Humanos El TEDH también tiene una amplia doctrina sobre partidos políticos, en concreto, sobre la incompatibilidad entre el derecho de los Estados a ilegalizarlos y los DDHH.
El TEDH señala que el pluralismo constituye uno de las bases de la democracia, razón por la cual “el margen de apreciación del Estado a la hora de disolver un partido político debería ser estrecho, dado que el pluralismo de ideas y de partidos resulta inherente a la democracia”. Estipulado así por el artículo 11 del CEDH. Según la STEDH, de 7 de diciembre de 1976, sostiene que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de los hombres”.
Dicho esto, el TEDH reconoce de igual forma que, las limitaciones al ejercicio del derecho de asociación contenidas en el apartado segundo del citado artículo son esenciales. Y, por ello, el Tribunal sostiene que como mecanismo excepcional de defensa de la democracia, se puede prohibir y disolver un partido que ponga a aquella en peligro. Por ejemplo, en la STEDH de 11 de enero de 2000, establece que la difusión de ideas fascistas no está amparada por el artículo 10 del CEDH. (Tejada, 2008) 3. Financiación 3.1 Historia financiación democracia A lo largo de la instauración nuevamente en España de la democracia constitucional en 1978, ha habido diferentes regulaciones, mediante leyes orgánicas, de la financiación de los partidos políticos. Estas, han sido derogadas por nuevas legislaciones posteriores o modificadas.
 3.1.1. Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos Organización constitucional del Estado 20/12/2016 9 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Esta fue la primera ley que reguló las subvenciones privadas y públicas a las organizaciones políticas en España. Hasta entonces, no existía en nuestro ordenamiento jurídico una regulación homogénea y completa de un aspecto tan importante para el normal funcionamiento de los partidos políticos como es su financiación. Tal y como señala en el texto de la citada ley el Rey Juan Carlos I, “La actual legislación contempla únicamente aspectos aislados y fragmentarios sin regular, en general, los recursos económicos de todo tipo de los partidos políticos (…) La presente Ley tiene así como objetivo fundamental el establecer el marco normativo básico que discipline, con arreglo a principios de suficiencia y publicidad, dicha actividad”.2  3.1.2. Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos 20 años después, se aprobó una nueva Ley Orgánica sobre la materia tratada. Ya hacía casi 30 años de la instauración de la democracia y el cambio estructural del sistema democrático español era tan evidente como el cambio de siglo. De igual manera, la exposición de motivos de esta ley señalaba la entrada en la Unión Europea y su respectivo cambio monetario como motivos para dar pie a nueva regulación: “(…) la sociedad ha experimentado muchos cambios políticos y económicos como la rápida incorporación de las nuevas tecnologías, la incorporación del Estado español a la Unión Económica y Monetaria y la misma consolidación del sistema democrático que en el momento de la aprobación de la actual ley de financiación sólo tenía diez años”.
A esto se suma la aparición de escándalos de corrupción por financiación ilegal como el caso Flick, el caso Filesa, el caso Casinos, el caso Naseiro, el caso PSV, el caso Zamora o el caso Pallerols, entre otros, que como se señala “Junto a estos cambios cabe añadir la aparición ante la opinión pública de posibles irregularidades vinculadas en algunos casos a la financiación de los partidos políticos”, influyó para adoptar medidas más restrictivas en materia tributaria, fiscalización y auditoría para controlar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema mixto de financiación.
 3.1.3. Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos 2 Antes de la derogación de dicha ley y aprobación de la posterior, se modificó en 2003 por la LOE 1/2003 de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales, el artículo 3, se reenumeraron determinados preceptos y se añadió un artículo 4.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 10 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Con la entrada de nuevo en el gobierno del Partido Popular en el 2011 y con una mayoría absoluta, decidieron modificar mediante Ley Orgánica la última LOE dictada sobre materia de financiación. Esta modificación obligo a los partidos a hacer públicas sus cuentas y balances, se establecía como órgano sancionador respecto al incumplimiento de la ley al Tribunal de Cuentas, dar cuenta al Tribunal de Cuentas y Banco de España de los acuerdos adoptados respecto las condiciones de deuda que estipulen con entidades bancarias, notificar sobre donaciones superiores a 50.000 euros y de bienes inmuebles en un plazo no mayor a 3 meses, y el igual control y fiscalización de fundaciones y/o asociaciones que mantengan vínculos con partidos políticos, así como su igual adaptación al régimen sancionador que los partidos políticos.
Así hablaba la abogada Rosario Rodríguez Guerrero en un artículo de opinión para DiarioJurídico.com sobre dicha reforma: “esta ley introduce una mayor transparencia en materia de financiación y pretende acabar con abusos como la condonación de deudas a los partidos políticos por las entidades financieras. Así impide que las entidades de crédito condonen más de 100.000 euros al año de la deuda que tiene contraída un partido político, cantidad que incluye tanto el principal como los intereses pactados”.
 3.1.4. Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Esta nueva y última modificación (hasta ahora) se llevó a cabo por petición de una gran parte de la cámara parlamentaria del Congreso. Así pues, gracias a los votos a favor de PP, CiU y PNV (con abstención de PSOE, Izquierda Plural y UPyD) en la Comisión Constitucional del Congreso que examinó la ley, se pudo llevar a debate al Congreso para su aprobación, en la que se ratificó. Las medidas expuestas en la ley fueron negociadas por los grupos parlamentarios que se posicionaron a favor.
Esta nueva norma se divide en 3 partes (por artículos): En la primera se introdujeron nuevos aspectos respecto al régimen de financiación de partidos políticos, en la segunda modificaron algunos preceptos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y en la tercera se impusieron novedades en la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 11 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Esta nueva modificación (y vigente) fue muy criticada por la poca eficacia que tenían las novedosas medidas adoptadas, así como la variedad de excepciones que permitirían a los partidos políticos “bordear” la ley de manera legal. Si bien es cierto que en dichos momentos de tramitación de la ley afloraban una inmensa cantidad de casos de corrupción que exigían por demanda social un mayor control, ésta, dejaba demasiados “agujeros sin tapar”. Así criticaba Víctor Gómez Frías, profesor titular en ParisTech y miembro del consejo de administración de la empresa Nohacefaltapapel SA, sociedad editora del diario El Español, la modificación de ley: “Pese a los escándalos y la amplísima demanda social de más transparencia y rendición de cuentas para atajar la corrupción, los partidos han optado por una insatisfactoria reforma que dificultaría la financiación ilícita solo en parte de los supuestos (...) Los diputados han optado por un umbral bajo de modificaciones, que deja demasiados agujeros sin tapar.
Por ejemplo, se introducen ciertas normas que aparentemente impiden la opacidad en las donaciones a los partidos (...) pero a la vez, se mantienen las suficientes excepciones (...) A esto se añade el escaso control al que se seguirían sometiendo las cuentas de los partidos. En lugar de una auditoría externa como en el caso de cualquier organización (...) los partidos realizan auditorías internas y envían documentos muy resumidos al Tribunal de Cuentas que –aunque tenga la facultad de requerir información adicional– dispone de muy escasos elementos para detectar irregularidades y "tirar del hilo"”.
3.2. Desarrollo legislativo de la financiación Gracias a la Constitución de 1978 y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (ver infra página 9), hemos podido ir definiendo las funciones de los partidos políticos con más exactitud como hemos visto anteriormente. En este punto, analizaremos las diversas normas jurídicas a las que están sujetos los partidos políticos en materia de financiación:  3.2.1. Régimen Electoral General Esta ley pretendía configurar el marco estable para que las decisiones políticas en las que se reflejaba el derecho de sufragio se realizasen en plena libertad, tal y como se recoge en el artículo 23CE. Además, el artículo 81 de la Constitución establece la necesidad de que las Cortes Generales aprobasen una Ley que regulara el régimen electoral general. En materia del tema que estamos tratando, se recoge la definición de Organización constitucional del Estado 20/12/2016 12 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez gastos electorales, así como la regulación para que estos sean sufragados por parte del Estado en el Capítulo VII del Título I, Capítulo VI del Título II, Capítulo VII del Título III, Capítulo VII del Título VI y en la VIII disposición transitoria, de la ley citada.
 3.2.2. Ley del Tribunal de Cuentas El Tribunal de Cuentas fue el órgano que se creó a disposición del artículo 136CE que lo declaraba como “el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”. Además, según el 153 también ejercerá el control de la actividad de los órganos de las CCAA. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos políticos, encomienda al Tribunal de Cuentas la fiscalización de la actividad económico-financiera y la contabilidad ordinaria de las formaciones políticas, así como la anterior ley citada sobre Régimen Electoral General, que atribuye al Tribunal la competencia para fiscalizar la contabilidad electoral de los partidos políticos. (Tribunal de Cuentas). El control y la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, realizados por el Tribunal de Cuentas, contribuyen a mejorar la confianza en el sistema de partidos en su conjunto. (Crespo, 2014)  3.2.3. Ley de Partidos Políticos Como anteriormente hemos comentado (ver infra apartado 2.2.4), la Ley de Partidos es la norma vigente que regula las agrupaciones políticas en su totalidad considerándolas como partes inexorables del Estado español en cuando a “semiórganos” que permiten la existencia de la democracia occidental representativa de la cual gozamos. Así pues, el reconocimiento de los partidos por esta ley se adecua al marco constitucional que hemos visto anteriormente en los artículos 1, 6, 22 y 23 de la Constitución Española.
 3.2.4. Ley sobre la financiación de los Partidos Políticos Y, por último, la norma que específicamente regula la financiación pública y privada de los partidos políticos, como hemos visto anteriormente, es la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.3 Esta ley se adecua al marco constitucional en la medida en la que los partidos políticos fueron considerados como instrumentos imprescindibles para la permanencia, ejercicio, correcto funcionamiento y 3 Reformada por diversas leyes como se ha visto anteriormente.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 13 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez legitimación de la democracia. Al reconocerse esta diferenciación de cualquier otra asociación privada, como hemos comentado, se reconoce que el Estado debe procurar su existencia y, en última instancia, mantenerlas o como mínimo sufragar los gastos en los que concurran por desarrollar actividades para ese juego democrático. La financiación pública recibida por los partidos se establece en función de la representatividad de los mismos en las instituciones públicas. (Crespo, 2014) 3.3. Características del sistema de financiación de los Partidos Políticos4  3.3.1. Sistema de financiación pública Esto se dio para que se pudiera permitir una verdadera separación de los poderes públicos respecto los económicos. Existen 4 principales vías de financiación pública: Las subvenciones ordinarias para el funcionamiento de los partidos, las subvenciones por gastos electorales, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las subvenciones a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos.
 3.3.2. Modelo cerrado Por modelo cerrado se entiende que el anterior mencionado sistema de subvenciones va de la mano al sistema electoral. Así pues, estas subvenciones están restringidamente vinculadas a las agrupaciones políticas que consigan representación parlamentaria.
 3.3.3. Fragmentación del sistema de financiación El sistema de financiación se divide en diversas y múltiples categorías: según la procedencia de la financiación, según el motivo de la subvención, según el ámbito territorial y según la manera de acceder a estas.5 4. Desarrollo doctrinal Una vez vistas las características generales del sistema de financiación podríamos destacar algunos aspectos que también caracterizarían a este pero de manera negativa, y que pondrían en tela de juicio los principios por los cuales se da. El sistema de financiación de partidos muestra una clara evidencia de que su regulación fue hecha 4 Extraído del documento citado bibliográficamente de José Luis Mateos Crespo.
No se analizan al detalle las especificidades de la ley en cuestión por la limitación de extensión del trabajo, por la escasa relevancia que adquieren en la cuestión constitucional y porque se verán analizadas en el desarrollo doctrinal por parte de los diversos autores.
5 Organización constitucional del Estado 20/12/2016 14 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez por y para el disfrute de aquellos que la articulaban. Como señala José Luis Mateos Crespo, se realizó una especie de sistema “autocompensatorio” para ellos mismos. Esta idea colisiona con la finalidad manifiesta de la necesidad de adoptar una regulación. Así pues, de igual manera, la existencia de tantos y diversos tipos distintos de subvenciones para los partidos y la incapacidad manifiesta de saber de dónde proceden y para qué están destinadas las subvenciones privadas, dificultan mucho el trabajo del Tribunal de Cuentas.
Si bien es cierto que la Constitución se limita a declarar el derecho manifiesto a asociarse, crear partidos políticos, concurrir en las elecciones, participar en partidos políticos y a ser partícipe, como ciudadano, de las decisiones de la esfera pública, esta serie de derechos deberían interpretarse de la mano del derecho a la igualdad de la ciudadanía en general porque, sino, esta parte de la Constitución sería papel mojado. Es más, que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, solo se entiende en relación a la igualdad mencionada. Porque si verdaderamente expresan “el pluralismo político, concurren a la (…) manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”6, deben tener igualdad de oportunidades tal y como expresa José Luis Mateos Crespo en su análisis jurídicoconstitucional de la financiación de los partidos políticos en 2014: “La igualdad de oportunidades es un principio básico que debe estar presente en todo sistema democrático, impidiendo la existencia de situaciones que favorezcan la desigualdad e impidan el acceso a los medios públicos de personas o colectivos” En este sentido los diversos autores se expresan críticos con el funcionamiento de la actual regulación que restringe la atribución de fondos públicos a aquellos que consiguen representación parlamentaria, es decir, deja a merced del sistema electoral la atribución de recursos, y le da más al que consigue más representación, perpetuando en el poder a estos, ya que tendrán más recursos para financiar sus próximas candidaturas.
“En el lado de los ingresos, la financiación pública establecida bajo los criterios de escaños y votos, favorece a aquellos partidos que ya forman parte del sistema representativo, que son quienes establecen los criterios y la legislación para acceder a esa financiación”. (Crespo, 2014) Los buenos resultados de los partidos tradicionales han permitido desarrollar norma tras norma sobre la financiación que favoreciera sus 6 Citas del artículo 6 de la Constitución Española Organización constitucional del Estado 20/12/2016 15 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez posiciones. Y es que la legislación actual no favorece la entrada de nuevos partidos al escenario actual porque solo beneficia a los que consiguen representación. Y es que “El dinero no asegura el triunfo (de las fuerzas políticas), del mismo modo que no trae la felicidad, pero ayuda, en ocasiones de modo decisivo, a conseguirlo”. (Morodo & Murillo de la Cueva, 2001) De igual manera, otra de las características existenciales de la financiación de los partidos políticos en España es su falta de transparencia. La financiación ilegal constituye una de las principales fuentes de corrupción política. Esto produce una doble consecuencia negativa: Por una parte, sucede que los ciudadanos ven cada vez más la esfera pública como un ente por encima de ellos y alejado. Las instituciones políticas como productoras de poder político y los ciudadanos como consumidores de este. (Offe, 2012). Por otra, deslegitima a los partidos políticos para su actuación, ya que si la Constitución y el Tribunal Constitucional establecen que estos tienen la función de representar la democracia y hacer virtud de esa calidad democrática, las subvenciones que se les dan para poder concurrir en esto estarían siendo totalmente inútiles, y, al estar representando el sistema de democracia representativa español, este representaría, de facto, un sistema corrupto.
Si bien es cierto que el rechazo de la ciudadanía a los partidos políticos ha suscitado una mayor adopción de medidas para controlar la financiación, éstas han sido insuficientes. Las últimas regulaciones pretendían mejorar el control de la adecuación de los ingresos y gastos de los partidos políticos al ordenamiento jurídico y robustecer la calidad del sistema democrático. En cambio, la realidad es que la efectividad de dicha voluntad se refleja en, por ejemplo, la mencionada no extensión a las fundaciones de la prohibición de que empresas que están contratadas por las administraciones no puedan donar dinero a los partidos de gobierno. Además, esa prohibición para los partidos sólo se refiere al período durante el cual tiene vigor el contrato, por lo que, implícitamente, la norma está generando incentivos para que el intercambio de favores entre partido y empresa se extienda a lo largo del tiempo, sorteando la limitación legal. (Real Dato & Rodríguez Teruel, 2012) Además como ya hemos comentado (ver infra apartado 3.1.4), en la última reforma adoptada, se mantuvo el escaso control al que se seguirían sometiendo las cuentas de los partidos, ya que en vez de realizarse una auditoría externa como a Organización constitucional del Estado 20/12/2016 16 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez cualquier ONG o PYME, los partidos la realizan internamente y envían un documento resumido al Tribunal de Cuentas. De este modo, el control de los gastos electorales (entre otros) resulta insuficiente porque los partidos pueden sencillamente firmar como gastos ordinarios del partido, lo gastado en campaña. Asimismo, no se declara compromiso alguno de dotar de medios adicionales a los órganos encargados de controlar la corrupción, lo cual es fundamental para que las leyes logren aplicarse.
(Frías, 2015) Cabe destacar también el sistema de aplicación de sanciones en esta materia, sobre el cual los diferentes autores también se han manifestado bastante escépticos.
Borja Carbajosa Pérez, letrado del Tribunal de Cuentas señala que aunque la LOREG no contiene un régimen sancionador propiamente dicho sí establece ciertas previsiones para los supuestos en que el Tribunal de Cuentas aprecie irregularidades en la contabilidad electoral de los partidos políticos o violaciones de las restricciones establecidas en materia de ingresos y gastos electorales. Así pues añade que el estudio del régimen sancionador en materia de financiación ordinaria y electoral de los partidos políticos constata los muchos problemas que dificultan su efectividad. “Tanto la Ley electoral como la Ley de financiación adolecen de imprecisiones y lagunas y no regulan un régimen sancionador completo y desarrollado en todas sus fases, puesto que carecen de una tipificación clara de las infracciones y de una graduación de las sanciones, plantean dudas respecto a la naturaleza de la actuación del órgano sancionador, prevén un procedimiento sancionador con insuficiencias y no contemplan la infracción del deber de colaboración.” (Pérez) En definitiva, los diversos autores, letrados y demás reconocidas personalidades del ámbito jurídico tanto en materia de financiación como en materia constitucional, han manifestado la poca rigidez que muestra la legislación sobre partidos políticos en materia de financiación debido a la flexibilidad que han mostrado los legisladores en su momento para establecerla, ya que perjudicaba a sus intereses. Esto es debido que a lo largo de una gran parte de la historia de la democracia en el Estado español, los únicos partidos que han estado en el poder y que, por tanto, son los únicos que han implementado y reformado las leyes sobre financiación, han tenido en el seno de sus organizaciones diversos y abundantes escándalos de corrupción política y financiación ilegal en general. Por tanto, la legitimidad que estos han podido adquirir en unas elecciones que constituyen parte de esa finalidad democrática del sistema representativo Organización constitucional del Estado 20/12/2016 17 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez español, cojea por la parte de que la financiación que han recibido no ha sido de manera igual que a los otros partidos políticos, por lo cual han tenido una mayor ventaja a la hora de publicitarse, y en diversas ocasiones el presupuesto que han utilizado para su campaña ha sido adquirido de forma ilícita, que colisionaría con el valor constitucional y democrático que junto a las elecciones configura la esencia de los partidos como parte de esa garantía de democracia en el sistema representativo español.
5. Análisis Como ya hemos comentado, actualmente la financiación de los partidos políticos tanto en materia privada como pública se regula mediante la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, con sus diversas modificaciones posteriores, principalmente. Así pues, hemos podido encontrar diversos problemas manifiestos en relación a la financiación de los partidos políticos: Por un lado tenemos el desigual reparto de subvenciones a los partidos, que se articula a través del criterio por el cual se restringen estas subvenciones a los partidos que obtienen representación parlamentaria, y de mayor a menos cantidad según la mayor o menor representación política que tengan en las diferentes cámaras legislativas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.
Por otro lado, se ha señalado una escasa transparencia de los partidos políticos respecto a la regulación interna sobre aportaciones económicas, sobre la cual la ley se muestra claramente blanda y flexible a la hora de coaccionar, sancionar o prohibir la financiación irregular de los mismos. Seguidamente analizaremos los dos problemas presentados, las posibles incompatibilidades constitucionales que presentan y las alternativas que pueden existir para solucionarlas.
5.1. Desigual reparto de subvenciones públicas Como ya hemos visto, la financiación pública de las campañas electorales constituye la principal fuente de financiación para los partidos, la cual podemos dividir entre financiación pública directa (gastos electorales) e indirecta. Por lo que concierne a la directa, esta se da, una vez más, en función de la representación obtenida para sufragar los gastos electorales y en función de si dichos resultados corresponden a Elecciones Generales, Municipales, etc. según lo estipulado en la Ley Orgánica de Organización constitucional del Estado 20/12/2016 18 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez Régimen Electoral General. De igual forma, el Tribunal de Cuentas es el encargado de someter a fiscalización a los partidos, como ya hemos comentado, para controlar que no superen el límite fijado por el artículo 175.2 de la LOREG de 0,37 euros por habitante de la población de la circunscripción donde se presente, lo que supone una clara desigualdad respecto a la fiscalización de los partidos en unas regiones del Estado español u otras. Además, en función del número de votos y representación obtenida en las pasadas elecciones, los partidos pueden pedir un adelanto de un 30% (máximo) de la subvención que se les concedió como agrupación política en las pasadas elecciones del mismo rango, equivalentes. A esto se suma límites en la distribución de propaganda electoral, por ejemplo. Y por si fuera poco, también se premia a los partidos que consiguen formar un grupo parlamentario en las dos cámaras del Congreso.
Y por parte de la financiación pública indirecta, se conceden espacios para actos electorales y otro tipo de servicios a los partidos políticos para publicitarse en tiempo de campaña. La distribución de estos medios se establece en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por el que se conceden según los votos conseguidos en las anteriores elecciones. Como por ejemplo, los espacios publicitarios en televisión.
Esto supone una gran barrera electoral a la hora de presentarse en futuros comicios para los partidos que se presentan a las elecciones y gastan una gran cantidad económica pero no consiguen representación parlamentaria. Así, como comentábamos, esta ley sigue beneficiando a los partidos que hacen este tipo de leyes y les perpetúan en el poder. A esto hay que añadir la articulación de nuestro sistema de votaciones en el Estado español que se articula mediante el Sistema d’Hondt, que claramente beneficia a los partidos con mayores resultados en las anteriores elecciones, por lo que de una doble forma se aseguran la victoria y un oligopolio de poder político. El problema irradiaría de articulación política si se limitara a la redacción de esas leyes por parte de los partidos que se benefician, y no tuviese consecuencias o una problemática jurídica. Pero estas normas jurídicas no pueden desprenderse del marco constitucional en el que son articuladas, que les dota de legitimidad y funciones para su desarrollo y les indica su finalidad.
Así pues, tanto la distribución de fondos públicos para sufragar gastos electorales como la distribución de medios de comunicación para publicitar a las formaciones Organización constitucional del Estado 20/12/2016 19 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez políticas en campaña electoral, deben responder a los principios constitucionales que establecen la necesidad de un pluralismo político y social, así como la igualdad, la proporcionalidad y la neutralidad informativa. (Crespo, 2014) La igualdad de oportunidades a la hora de concurrir en las elecciones como principio básico de todo sistema democrático y de nuestra Constitución vigente, debería impedir estas situaciones fácticas que favorecen a unos partidos políticos respecto a otros e impiden la libre e igual participación política en las elecciones, así como suponen una barrera electoral para las nuevas formaciones políticas que deseen reformar, reestructurar o cambiar la política de las agrupaciones existentes. Además, este principio también se articula a través de los políticos, y en consecuencia, de los partidos, que deberían ser la vía para conducir este pluralismo. Si por el contrario, estos son los que perpetúan esta situación, encontraríamos una gran incompatibilidad constitucional en el funcionamiento la financiación electoral de los partidos políticos.
Para dar solución y alternativa a estos problemas manifiestos tanto autores en materia jurídica como los propios partidos políticos en sus programas electorales han ofrecido posibilidades para acabar con esta situación de desigualdad política: José Mateos propone un análisis previo de los nuevos partidos que concurren a las elecciones: “Se debe realizar de manera conjunta desde la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, un análisis profundo sobre los gastos de los partidos establecidos (…) Tras ello, se debería establecer una cantidad de recursos mínima necesaria que toda formación política requiere para competir electoralmente, pero no se puede tratar a todas las opciones políticas por igual. Para ver qué opciones políticas pueden tener acceso a financiación pública aun sin tener representación, habrá que tomar los datos publicados en encuestas fiables por diferentes medios de comunicación o, en su caso, tomar los datos de las encuestas realizadas por organismos oficiales. De estos datos se pueden extraer conclusiones sobre las opciones políticas que pudieran obtener representación, aunque ello puede conllevar un cierto margen de error a asumir; pero para reforzar la representatividad de la formación no sería descartable la exigencia de un número mínimo de firmas –por ejemplo, el 5%- de los electores de la circunscripción a la que concurre el partido. En todo caso, la formación política debería comprometerse a que, en caso de no obtener representación, deberá devolver la financiación pública recibida, para lo cual se establecerían plazos flexibles”.
(Crespo, 2014) Organización constitucional del Estado 20/12/2016 20 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez De igual forma, los partidos políticos también proponen cambios: Unidos Podemos, en su programa electoral, propone “Elaborar un plan estratégico sobre el modelo de financiación de los partidos políticos en España, y reformar los sistemas de financiación electoral y ordinaria de los partidos conforme a principios más democráticos e inclusivos.”. (Podemos, 2016) El PSOE por su parte, propone reformar la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre Financiación de los Partidos Políticos en una sola Ley de Partidos para vincular la financiación que los partidos reciben del Estado además de al resultado electoral en número de escaños y de votos, "a elementos de democracia interna de los partidos, como la celebración de primarias, la limitación de mandatos o la paridad en las listas electorales. (Ortín, 2015). El PP o Ciudadanos, en cambio, no proponen específicamente un cambio normativo en esta materia.
El emérito profesor del Departamento de Ciencias Políticas y sociales del Instituto Universitario Europeo Philippe C. Schmitter, también preocupado por la pérdida de confianza de los ciudadanos por los partidos políticos, realizó un buen número de propuestas para reforzar la participación de los ciudadanos desde la democracia directa, como el establecimiento de una pequeña cantidad prefijada procedente de la carga fiscal anual de cada ciudadano que destinase para el partido político que este ciudadano eligiese. (Crouch, 2004).
5.2. Escasa transparencia de los partidos políticos La escasa transparencia que azota la fiscalización y financiación tanto pública como privada de los partidos es otro de los problemas que difícilmente encontraría un encaje constitucional. Si recurrimos al mismo artículo 6 de la Constitución Española, veremos que el ejercicio y funcionamiento de los partidos son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Es decir, que si no se cumplieran uno de estos supuestos, el del ejercicio o funcionamiento, y no estuviesen dándose dentro del respeto a la ley, el fin para el que se dota de medios económicos (entre otros) a los partidos para desarrollar sus actividades no estaría siendo el adecuado, por lo que dotarles de esos medios sería no procedería.
Como ya hemos comentado, pese a las grandes dificultades, el Tribunal de Cuentas realiza un riguroso papel de filtro en sus actuaciones respecto a las donaciones. A pesar de todo, la normativa española de transparencia sigue presentando numerosos aspectos mejorables que no impiden la elusión o esquivo de la ley por parte de los partidos. Esto Organización constitucional del Estado 20/12/2016 21 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez es debido a que, como antes comentábamos, las formaciones políticas, a pesar de ser asociaciones privadas, en cuanto a “semi-órganos” del Estado, tienen más libertad y privilegios que otra persona jurídica cualquiera.
Sobre este aspecto, ha habidos muchas propuestas y alternativas por parte de juristas y de propios partidos políticos: José Mateos Crespo propone tipificar la financiación ilegal de partidos como delito, así como castigar al mismo partido con la disolución para casos flagrantes de financiación ilegal continuada en el tiempo. A su vez, también plantea la posibilidad de crear, dentro del cuerpo funcionarial, una figura con funciones específicas de inspección de cuentas de los partidos en cualquier momento, a imagen y semejanza de los inspectores de Hacienda. (Crespo, 2014) Otra alternativa sería la prohibición de que empresas que están contratadas por las administraciones no puedan donar dinero a los partidos de gobierno (Real Dato & Rodríguez Teruel, 2012) o publicar un registro público, gratuito y de fácil acceso a los ciudadanos, similar al portal de Internet, con la contabilidad de los partidos y por iniciativa del Tribunal de Cuentas. (Pérez) En una línea similar, otra alternativa sería prohibir la posibilidad de donar anónimamente a un partido. (Morodo & Murillo de la Cueva, 2001) En el programa de Unidos Podemos, es posible encontrar medidas como “Prohibir donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite legalmente establecido para las donaciones monetarias”, “Prohibir el endeudamiento bancario o limitar severamente dicho endeudamiento”, “Establecer sistemas de tratamiento y publicación de datos en formatos reutilizables, que permitan identificar posibles relaciones entre donaciones políticas y contratos públicos, o entre partidos políticos y paraísos fiscales”, “Aumentar el plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley y aclarar los casos de duplicidad de sanciones” o “Desarrollar de manera específica la norma expresada en el artículo 31 bis del Código Penal, destinada a regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas en general”, entre otras. (Podemos, 2016) Por su parte, una de las propuestas de Ciudadanos sería “la aprobación de las cuentas por los órganos de dirección del partido y no sólo por el Tesorero”. (Ortín, 2015) Así pues, tanto la financiación ilegal como la falta de igualdad de oportunidades son objeto de estudio tanto por juristas como por las propias formaciones políticas.
Organización constitucional del Estado 20/12/2016 22 La financiación constitucional Pol Viedma Márquez 6. Conclusiones Como hemos podido observar, la financiación de los partidos políticos, tanto pública como privada, es un tema lo suficientemente complejo jurídicamente, que exige un riguroso estudio. El sistema de subvenciones ha estado regulado estrictamente desde principios de la democracia actual española y ha sido modificado varias veces por los diferentes partidos que han accedido al gobierno. Tal y como ha quedado en este trabajo, son varias leyes orgánicas específicas las que regulan los diversos y complejos aspectos de la financiación, a parte de la ley que regula el sistema en general. La rigidez y concreción del sistema en todos los supuestos ha permitido configurar un mecanismo que atendiese al artículo 6 de la Constitución y a los valores y principios por los cuales debían regirse tanto el funcionamiento, como el ejercicio de los partidos.
Aun así, la adecuación plena al marco constitucional de este sistema de financiación presenta lagunas e incompatibilidades manifiestas con el estricto cumplimiento del mandato constitucional. Un sistema “autocompensatorio” que premia a los partidos que consiguen representación en las instituciones y margina a los que no aparta fácticamente de la posibilidad económica y publicitaria a los demás partidos. El principio de igualdad de oportunidades a la hora de concurrir en las elecciones debe ir de la mano de la necesidad de establecer un sistema mixto de financiación. Es necesario un sistema que permita a las agrupaciones políticas nuevas poder cubrir sus gastos electorales aunque no hayan podido obtener representación política y establezca criterios distintos a los actuales para poder repartir fondos públicos para sus actividades.
Del mismo modo, un sistema el cual no ha podido controlar tantos y numerosos casos financiación ilegal, por culpa de una ley que no establece procesos ni mecanismos de control lo suficientemente específicos y concretos como para evitar esto, es un sistema que no puede adecuarse plenamente al marco constitucional que tipifica los valores democráticos como esenciales para poder ejercer las funciones plenas de los partidos. Es necesario un sistema que prohíba a los partidos establecer vínculos plenamente económicos mediante favores con individuos o entidades privadas. Del mismo modo, es necesario un sistema que ponga a disposición y conocimiento de la ciudadanía los gastos, subvenciones (públicas y privadas) que tienen los partidos.
Solo de este modo será posible que los partidos políticos que llenan sus discursos con una defensa férrea de nuestra Constitución, económicamente la respeten.
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