Source: http://www.minpublicociudadbolivar.com/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5taW5wdWJsaWNvY2l1ZGFkYm9saXZhci5jb20vaW5kZXgucGhwL21lbnVjb3J0ZXN1cHJlbWEvNDI4LTIwMTktMDItMTEtMjItMDgtMzA%3D
Timestamp: 2020-06-02 04:33:19
Document Index: 272535585

Matched Legal Cases: ['artículo 246', 'artículo 340', 'artículo 132', 'artículo 307', 'artículo 1', 'artículo 307']

Ministerio Publico Ciudad Bolivar
Todo lo que un abogado debe saber sobre la justicia especial indígena
Escrito por Edilberto Alvarez
Jueves, 16 de Enero de 2020 16:47
Tomado de ambitojuridico.com
"...La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la acción de tutela es procedente contra las decisiones adoptadas por las autoridades de los pueblos indígenas en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales autónomas.
Y es que respecto de las decisiones adoptadas por autoridades propias de una comunidad o pueblo indígena, los afectados carecen de mecanismos efectivos de protección o instancias superiores a las cuales recurrir, así como de medios ordinarios de defensa judicial para controvertir los actos que consideren lesivos de sus derechos fundamentales.
Entonces, en los casos en que los miembros de las comunidades o pueblos indígenas se encuentran en situación de indefensión frente a dichas decisiones, la Corte Suprema de Justicia recordó que dentro de los límites que demanda el respeto a la diversidad étnica y cultural de la Nación, la tutela resulta procedente para invalidar las decisiones de las autoridades indígenas.
En pocas palabras, es posible acudir a la acción de tutela para reprochar una decisión emitida por las autoridades indígenas.
La jurisdicción indígena
Justamente, el artículo 246 de la Constitución Política establece taxativamente: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
Con fundamento en esta norma, los pueblos indígenas están autorizados para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios al ordenamiento jurídico. Esa autonomía también fue reconocida en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que integra el bloque de constitucionalidad.
Lo anterior implica que estos pueblos tienen la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios y respecto de sus miembros, lo que a su vez entraña la potestad de fijar sus propias normas sustanciales y, en armonía con sus usos y costumbres, reglamentar sus procedimientos de juzgamiento.
Sin embargo, y según se desprende de la Carta Política de 1991, la facultad de ejercer funciones jurisdiccionales de la que gozan los pueblos indígenas no es irrestricta. La jurisprudencia actual ha reconocido una serie de límites al desarrollo de la jurisdicción especial indígena y ha concluido que esta autonomía deberá ceder ante:
Los derechos fundamentales y el núcleo duro de los derechos humanos.
La Constitución y la ley, en especial el debido proceso y el derecho de defensa.
Lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre constituidos por el derecho a la vida, por las prohibiciones de la tortura y la esclavitud y por la legalidad del procedimiento, de los delitos y de las penas.
Actos arbitrarios que lesionen gravemente la dignidad humana.
En materia penal, las comunidades indígenas podrán fijar sus propios procedimientos de investigación, juzgamiento e imposición de las penas que ellos mismos conciban de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, siempre y cuando se respete el debido proceso, el derecho de defensa, los principios de legalidad de los delitos y las penas, así como la prohibición de imponer sanciones que atenten contra la dignidad humana y, en general, los derechos humanos.
El fuero indígena
Ahora bien, se ha dicho que el fuero indígena es el derecho de que gozan los miembros de las comunidades indígenas, por el hecho de pertenecer a ellas, a ser juzgados por las autoridades indígenas, de acuerdo con sus normas y procedimientos, es decir, por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida de la comunidad.
Su razón de ser es la preservación de las normas, costumbres, valores e instituciones de los grupos indígenas dentro de la órbita del territorio que habitan, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico superior.
Así, pues, el fuero penal indígena comprende cuatro elementos:
Personal: exige que el acusado de un hecho punible pertenezca a una comunidad indígena y que culturalmente se encuentre involucrado con ella, sus usos y costumbres.
Territorial: la comunidad podrá aplicar sus usos y costumbres dentro de su ámbito territorial, que también se encuentra comprendido por el espacio en el que la comunidad indígena despliega su cultura.
Institucional u orgánico: la comunidad indígena tendrá un derecho propio que está conformado por los usos, costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad.
Objetivo: se refiere a la naturaleza del bien jurídico tutelado, es decir, que se trate de un valor de la comunidad indígena.
Ahora bien, la Sala Penal concluyó que por ningún motivo la competencia de las autoridades indígenas podrá ser sustituida o desconocida para investigar y juzgar los delitos que cometan los miembros de su comunidad, pues así el indígena renuncie a su condición de tal, permanecen vigentes los principios del juez natural y tribunal preexistente.
Además, el derecho de las autoridades indígenas a ejercer su propia jurisdicción sobre los miembros de esa colectividad constitucionalmente reconocida no puede relativizarse ni hacerse depender de la voluntad del comunero que decida apartarse de su comunidad tras cometer un crimen, en tanto esa determinación no puede admitirse como una circunstancia válida para modificar la competencia.
En esas condiciones, finaliza el pronunciamiento, el indígena que comete un delito o incurre en una conducta socialmente reprochable dentro del ámbito en donde las autoridades del cabildo ejercen jurisdicción, deberá ser investigado y juzgado por ellas, ya que el fuero es una condición que permanece arraigadamente (M. P. Luis Antonio Hernández).
Corte Suprema de Justicia, Sentencia STP-149542019, Oct. 29/19..."
Última actualización el Jueves, 16 de Enero de 2020 16:49
Audiencia de acusación no es la única instancia procesal para que la víctima pueda intervenir
Jueves, 16 de Enero de 2020 16:45
"...La Corte Suprema de Justicia, a partir de un análisis armónico y sistemático del ordenamiento jurídico procesal y de pronunciamientos jurisprudenciales emitidos en relación con la oportunidad para que la víctima materialice su derecho a participar en el proceso penal, aclaró que si bien en la audiencia de acusación, siendo fiel al contenido a la norma, es donde se formaliza la intervención de la víctima mediante la determinación de su condición y el reconocimiento de su representación legal, también es cierto que ese estadio procesal no es el único para que intervenga, como tampoco el primero, ni mucho menos el último.
Inicialmente, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-651 del 2011, reiteró lo dicho en su Sentencia C-516 del 2007 indicando que para acreditar la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea su naturaleza, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia.
Demostrada tal calidad, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, está legitimada para constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial.
En lo relacionado con la oportunidad procesal para que la víctima concurra a ser reconocida en el proceso, el artículo 340 de la Ley 906 del 2004 prescribe que es en la audiencia de formulación de acusación en la que «se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral».
La misma Corte ha precisado que esto podría llevar a sostener que solo a partir de la audiencia de acusación la víctima accederá a la administración de justicia; sin embargo, esta interpretación quedó desechada por completo con la sentencia de constitucionalidad del año 2007.
“La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Sala ha exigido que las normas que regulan la participación de las víctimas en el proceso penal tomen en cuenta sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, así como la existencia de mecanismos idóneos para asegurar su protección efectiva”, concluye el fallo (M. P. José Francisco Acuña).
Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia STP-143352019 (107041), Oct. 15/19...."
Última actualización el Jueves, 16 de Enero de 2020 16:46
Casuística explica cómo jueces deben ponderar derechos fundamentales en redes sociales
Jueves, 16 de Enero de 2020 16:32
Tomado de ámbitojuridico.com
"...Un alcalde municipal interpuso una tutela en contra de un ciudadano por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, pues este publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se lo señalaba de “corrupto”.
Esto, presuntamente, por las supuestas irregularidades presentadas en el nombramiento de una serie funcionarios que actúan como autoridades de tránsito municipal.
Ahora bien, y en sede de revisión, la Corte Constitucional determinó que en este tipo de casos, en los que se advierte una tensión entre los derechos a la libertad de expresión y los derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad de terceras personas, el juez debe realizar un correcto ejercicio de ponderación.
Dicho ejercicio debe tener en cuenta la presunción de primacía de la libertad de expresión y las particularidades de cada caso, a fin de determinar el equilibrio entre los derechos y la manera más adecuada de garantizarlos.
Para este propósito se aplicaron los parámetros o las reglas desarrollados por la jurisprudencia constitucional, con el objetivo de demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y balancear adecuadamente los derechos en tensión.
Estos parámetros, agrega el pronunciamiento judicial, se refieren a:
Quién comunica.
De qué o de quién se comunica.
A quién se comunica.
Cómo se comunica y
Por qué medio se comunica.
Así, la corporación indicó que, en este puntual caso, la libertad de expresión del accionado gozaba de una amplia protección, debido a que sus opiniones se enmarcaban dentro de un tipo de discurso especialmente protegido.
Se consideró también que en las afirmaciones realizadas por el ciudadano en el video objeto de la acción constitucional constituían opiniones fundadas en hechos, a través de las cuales se vinculaba al tutelante en la comisión de conductas punibles.
La Sala concluyó que dichas afirmaciones estaban soportadas en normas legales y en la respuesta al derecho de petición brindada por la respectiva alcaldía, lo que le otorgaba un mínimo sustento razonable a su dicho.
Igualmente, se dijo que si bien las expresiones habían sido difundidas a través de una red social mediante una publicación con un alto grado de comunicabilidad, circunstancias que implicaron que el mensaje llegara a un número indeterminado de receptores de manera ágil y durante un término indefinido, el accionante era un funcionario público con un amplio poder político e influencia en la opinión pública local.
“El mandatario podía acceder de manera fácil e inmediata a diversos medios de comunicación para opinar e informar a la opinión pública sobre su gestión, además de controvertir y defenderse de los señalamientos que le hicieran los ciudadanos o las autoridades públicas”, agregó la providencia.
En consecuencia, el alto tribunal resolvió que no se vulneraron los derechos fundamentales del funcionario por las expresiones realizadas por el ciudadano en un video publicado en sus redes sociales (M. P. Diana Fajardo Rivera).
Corte Constitucional, Sentencia T-578, Dic. 2/19...."
Última actualización el Jueves, 16 de Enero de 2020 16:34
Estas son las funciones de los jueces de control de garantías en materia de detención preventiva
Jueves, 16 de Enero de 2020 16:35
"....La Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo de tutela, mostró su preocupación porque las autoridades responsables de remediar el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria no se encuentran adelantando con la debida diligencia los planes y programas efectivos para su resolución y hace más de seis años no se observan resultados efectivos.
Ello, dice el fallo, dado que el problema de hacinamiento se mantiene en los establecimientos de reclusión y se trasladó a los centros de detención transitoria, “donde la situación es todavía mucho más dramática”.
La Sala Penal reiteró que si bien los jueces de control de garantías se vienen sujetando con rigor a la ley y a la Constitución no sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en un régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más cuando se ordena esta medida en un establecimiento de reclusión.
Lo anterior teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial y, mucho menos, retributivos o de resocialización.
Para ese efecto, es importante traer a colación el parágrafo 2º del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1760 del 2015, según el cual quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Dicho ejercicio, vale decir, debe llevarse a cabo en aplicación del principio de proporcionalidad, en cuyo desarrollo la limitación al derecho fundamental solo es legítima en tanto se demuestre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida restrictiva.
Estos fines, que sirven de sustento a la medida de aseguramiento, no pueden ser otros que los de:
Evitar la obstrucción de la justicia (riesgo de alteración de la prueba).
Asegurar la comparecencia del imputado al juicio (riesgo de fuga) y
La protección de la comunidad y de las víctimas (riesgo de reiteración).
Serán estos fines, en conflicto con el derecho fundamental a la libertad del individuo, los únicos que podrán ser tenidos en cuenta por el juez de control de garantías en el juicio de proporcionalidad que debe ejercitar para imponer una medida de aseguramiento, la que, en todo caso, debe:
Ser idónea para lograr esos cometidos.
Responder a su necesidad (principio de gradualidad), imponiéndose la menos gravosa para alcanzar el fin propuesto.
Sin que ello implique un sacrificio desmedido para la garantía que es objeto de limitación (proporcionalidad en sentido estricto) y
No puede perderse vista la ponderación de las condiciones materiales actuales en que los detenidos son privados de su libertad como factor importante para determinar la procedencia de la restricción (M. P. Patricia Salazar).
Corte Suprema de Justicia Sala Penal, Sentencia STP-142832019 (104983), Oct. 15/19...."
Última actualización el Jueves, 16 de Enero de 2020 16:45
Estos son los tres sustentos de la medida de aseguramiento
Jueves, 16 de Enero de 2020 16:29
Tomado de ambitojuridico.com .
La Corte Suprema de Justicia reiteró que si bien los jueces de control de garantías se vienen sujetando con rigor a la ley y a la Constitución no sobra recordar el carácter procesal, excepcional y preventivo que gobierna en un régimen democrático la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva, más cuando se ordena esta medida en un establecimiento de reclusión.
Lo anterior teniendo en cuenta su calidad provisoria y no sancionatoria, además que no puede perseguir fines de prevención general ni especial, mucho menos retributivos o de resocialización.
Para ese efecto, es importante traer a colación el parágrafo 2º del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, según el cual quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad tiene la carga de probar que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Evitar la obstrucción de la justicia;
La protección de la comunidad y de las víctimas (M. P. Patricia Salazar).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 70001233300020140018601, 03/10/19.
Última actualización el Jueves, 16 de Enero de 2020 16:31
Declaración del menor víctima de abusos sexuales es altamente confiable
DEBE DEMOSTRARSE AGRAVANTE ART. 229 CP VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MUJER
FAVORABILIDAD LEY 1826 CSJ
FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA NECESIDAD MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Página 1 de 82