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Timestamp: 2020-02-28 22:12:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 30', 'artículo 4', 'artículo 15']

Profesiones jurídicas - Francia
Esta sección ofrece una visión de conjunto de las profesiones jurídicas en Francia.
Las profesiones jurídicas - introducción
En Francia los miembros de la Magistratura (magistrats professionnels) se dividen en jueces (magistrats du siège) y fiscales (magistrats du parquet).
Los primeros resuelven los litigios que se les someten, mientras que los segundos representan a la sociedad y exigen la aplicación de la ley. El estatuto de los jueces y fiscales se rige por la Ordenanza nº 58-1270, de 22 de diciembre de 1958, relativa a la Ley Orgánica del Estatuto de la Magistratura. Según lo dispuesto en ella, cualquier miembro de la Magistratura puede ser llamado a ejercer en el curso de su carrera profesional las funciones de juez o fiscal: rige, pues, el principio de unidad (artículo 1), refrendado por el Consejo Constitucional, en particular, en su Resolución de 11 de agosto de 1993. Los jueces y fiscales forman parte del Poder Judicial (l'autorité judiciaire), garante de las libertades individuales en aplicación del artículo 66 de la Constitución. No obstante, existen ciertas diferencias en su estatuto, ya que los jueces no están sometidos jerárquicamente a una autoridad superior y gozan de garantía de inamovilidad, es decir, no se les puede asignar un nuevo destino sin su consentimiento.
La mayoría de los jueces acceden a la carrera judicial por oposición. Pueden presentarse a la «oposición externa» los estudiantes que estén en posesión de un título que acredite una formación de una duración mínima de cuatro años posterior al bachillerato (= Master). Los candidatos que aprueban esta primera fase de la oposición son nombrados auditores de Justicia (auditeurs de justice) y acceden a un curso de formación en la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM). También existen casos de ingreso directo, sin pasar por la ENM. Tras superar su formación en la ENM, los auditores de Justicia son nombrados mediante decreto miembros titulares de la Magistratura, adscribiéndoseles a un órgano jurisdiccional determinado.
Los Jefes de Jurisdicción (Presidente y Fiscal) y los Jefes de Tribunal (Primer Presidente y Fiscal General), desempeñan, además de sus competencias jurisdiccionales, competencias administrativas (por ejemplo, el reparto de audiencias).
A 1 de enero de 2009, la Magistratura contaba con 8 090 miembros, de los cuales 7 769 ejercían sus funciones en órganos jurisdiccionales.
El régimen del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se recoge en el artículo 65 de la Constitución. La Ley constitucional de 23 de julio de 2008 modificó su composición y competencias (en materia de nombramientos) y previó la posibilidad de que los justiciables puedan someter un asunto a su consideración. Tras esta modificación, el Presidente de la República dejó de ser miembro del CSM.
El CSM se divide en dos salas, la de jueces y la de fiscales. La Sala de Jueces, presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación, está compuesta, además, por cinco jueces y un fiscal, un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado así como por seis personalidades de reconocido prestigio que no pertenecen ni al Parlamento ni a la carrera judicial, ni a la carrera administrativa. El Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado designan, cada uno, a dos de esas personalidades.
La Sala de Fiscales está presidida por el Fiscal General del Tribunal de Casación. Además forman parte de ella, cinco fiscales y un juez, así como el consejero de Estado, el abogado y las seis personalidades de reconocido prestigio mencionadas anteriormente.
La Sala de Jueces formula propuestas para los nombramientos de los jueces del Tribunal de Casación, del Primer Presidente del Tribunal de Apelación y del Presidente del Tribunal de Primera Instancia. Para el nombramiento de los demás jueces es imperativo su dictamen favorable.
La Sala de Jueces actúa como órgano disciplinario de los jueces, en cuyo caso, además de sus miembros habituales, forma parte de ella el juez de la Sala de Fiscales.
La Sala de Fiscales emite un dictamen sobre los nombramientos de fiscales. Asimismo tiene que emitir un dictamen sobre las sanciones disciplinarias relativas a los fiscales; en este caso, además de sus miembros habituales, se integra en ella el fiscal que forma parte de la Sala de Jueces.
El Ministerio Público lo ejercen los fiscales, que se encargan de velar por los intereses de la sociedad, a la que representan, exigiendo que se aplique la ley.
Con la excepción de la Fiscalía General del Tribunal de Casación, que ocupa un lugar aparte, el Ministerio Público francés se caracteriza por su estructura piramidal jerarquizada «bajo la autoridad del Ministro de Justicia». Así, según lo dispuesto en el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, el Ministro de Justicia dirige la política de acción pública decidida por el Gobierno y vela por que se aplique de forma coherente en todo el territorio de la República. Con tal fin, dirige a los fiscales instrucciones generales de actuación.
En cada Tribunal de Primera Instancia, el Fiscal Jefe (procureur de la République) dirige una fiscalía integrada por uno o varios fiscales que dependen jerárquicamente de él. Organiza la fiscalía repartiendo las tareas y servicios entre los fiscales adjuntos, vicefiscales y sustitutos. El Fiscal Jefe actúa a su vez bajo el control y la dirección del Fiscal General.
Aparte de estar jerarquizada, la Fiscalía es indivisible: el sustituto no necesita una delegación de su superior para actuar y cada uno de sus actos obliga a la Fiscalía en su conjunto.
El Ministerio Público tiene esencialmente competencias penales. Dirige las investigaciones y lleva a cabo o hace que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para el enjuiciamiento de las infracciones. Por otra parte, valora el curso que debe darse a los asuntos penales en función del principio de oportunidad de las diligencias (por ejemplo, la apertura de una información judicial, la remisión al órgano jurisdiccional competente o el sobreseimiento). Interviene obligatoriamente en la audiencia exponiendo oralmente las observaciones y conclusiones (sobre los hechos, la personalidad del acusado o la pena que debe imponerse) que considere convenientes para el buen funcionamiento de la justicia. Además, se encarga de que se ejecuten las penas.
También se ocupa de la protección de los menores en peligro y tiene determinadas competencias en materia civil, por ejemplo en lo que respecta al estado de las personas (modificación del estado civil), así como competencias administrativas (por ejemplo, en materia de venta de bebidas, prensa, venta a domicilio, etcétera) y mercantiles (por ejemplo, en materia de procedimiento colectivo).
La función y las competencias de los jueces se detallan en las páginas sobre los órganos jurisdiccionales ordinarios.
Creados por la Ley de Orientación y Justicia de 9 de septiembre de 2002, completada por la Ley nº 2005-47 de 26 de enero de 2005, son nombrados por decreto, previo dictamen conforme del CSM, por un período de siete años no renovable. Con determinadas salvedades, los jueces de proximidad se rigen por la Ordenanza nº 58-1270 de 20 de diciembre de 1958 a la que se ha hecho mención anteriormente.
Ejercen algunas de las funciones de los jueces de los órganos jurisdiccionales. En materia civil, conocen de las acciones personales o mobiliarias cuya cuantía no exceda de 4 000 euros, salvo que por razón de la materia competan a un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. En materia penal, conocen de las infracciones de las cuatro primeras clases, actúan como asesores en los Tribunales Correccionales y validan las acuerdos de conformidad (compositions pénales) con el Ministerio Público.
A 1 de enero de 2013, había 452 jueces de proximidad.
Jueces de los Tribunales de Conciliación (Conseillers prud’hommes)
El mandato de los jueces de los Tribunales de Conciliación es de cinco años. Su elección se efectúa por colegios electorales (empresarios y trabajadores) y secciones (agricultura, industria, comercio, gestión empresarial y actividades varias), mediante un sistema de representación proporcional, sin mezclas entre las distintas listas ni voto preferencial. Los candidatos deben ser de nacionalidad francesa, tener al menos 21 años y estar en plena posesión de sus derechos civiles.
Son electores todos los trabajadores y empresarios de al menos 16 años de edad que ejerzan una actividad profesional, así como aquellas personas que tengan un contrato de aprendizaje o carezcan de empleo por razones ajenas a su voluntad.
Asesores de los Tribunales competentes en cuestiones relativas a la Seguridad Social
Su mandato es de tres años y los nombra el Primer Presidente del Tribunal de Apelación a partir de una lista de candidatos confeccionada, en la circunscripción de cada tribunal, por el Director Regional de Juventud, Deportes y Cohesión Social a propuesta de las organizaciones profesionales más representativas.
Asesores de los Tribunales competentes en materia de incapacidades
Su mandato es de tres años y los nombra el Primer Presidente del Tribunal de Apelación en cuya circunscripción tiene su sede el Tribunal en materia de incapacidades, a partir de una lista de candidatos confeccionada por el Director Regional de Juventud, Deportes y Cohesión Social a propuesta de las organizaciones profesionales más representativas.
Asesores de los Tribunales de Menores
Su mandato es de cuatro años y los nombra el Ministro de Justicia. Son elegidos por cada tribunal de menores a partir de una lista de candidatos, cuya competencia e interés por los temas de la infancia sean manifiestos, por el Primer Presidente del Tribunal de Apelación.
Asesores de los Tribunales paritarios en materia de litigios de arrendamientos rústicos (tribunaux paritaires des baux ruraux)
Arrendadores y arrendatarios son elegidos, en número igual, por sus respectivos grupos a partir de listas electorales elaboradas por los prefectos a propuesta de la comisión encargada de confeccionar las listas electorales.
Jueces de los Tribunales Mercantiles (juges consulaires)
Son comerciantes voluntarios elegidos por otros comerciantes.
Son elegidos mediante un sistema de dos niveles previsto en los artículos L. 723-1 a L. 723-14 y R. 723-1 a R. 723-31 del Código de Comercio.
Los electores son jueces y antiguos jueces y los delegados mercantiles (délégués consulaires). Estos últimos son asimismo comerciantes, elegidos por un período de cinco años, y cuya única función es elegir a los jueces de los tribunales mercantiles.
El mandato inicial de los jueces de los tribunales mercantiles es de dos años. Los siguientes mandatos son de cuatro años. El número de mandatos sucesivos se limita a cuatro. Cumplidos esos cuatro mandatos, debe transcurrir un año antes de que puedan volver a ser elegidos.
Todos los años, durante la primera quincena del mes de octubre, se llevan a cabo elecciones en las demarcaciones jurisdiccionales en las que sea preciso cubrir vacantes de jueces.
El secretario judicial es un técnico del procedimiento. Asiste al juez en los actos de su competencia y se encarga de autentificar y certificar, so pena de nulidad, los actos jurisdiccionales en los casos previstos por la ley.
Colaborador natural del juez, asiste a este último en la instrucción de los expedientes y las búsquedas documentales. También puede desempeñar funciones de acogida e información del público, así como impartir clases en la Escuela Nacional de Secretarios Judiciales.
El secretario judicial desempeña normalmente sus funciones en los distintos servicios de los órganos jurisdiccionales. Dependiendo de la importancia del órgano jurisdiccional y de su organización, el secretario judicial puede asumir responsabilidades de dirección como jefe de la Secretaría, adjunto o jefe de servicio.
Los abogados son auxiliares de la justicia. La abogacía es una profesión liberal e independiente. Su estatuto resulta principalmente de la Ley nº 71-130, de 31 de diciembre de 1971, sobre modificación de determinadas profesiones judiciales y jurídicas, y del Decreto n° 91-1197, de 27 de noviembre de 1991, sobre la organización de la profesión de abogado. La Ley n° 90-1259, de 31 de diciembre de 1990, que modifica la Ley de 1971 y sus decretos de aplicación, crearon la nueva profesión de abogado a partir de la fusión de los abogados y los asesores jurídicos.
En el ejercicio diario de su actividad, el abogado desempeña dos misiones: el asesoramiento y la defensa.
Según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la Ley de 31 de diciembre de 1971, los abogados tienen un cuasi monopolio en materia de asistencia y representación de las partes ante los organismos jurisdiccionales o disciplinares de cualquier naturaleza.
Uno de los rasgos que caracteriza a la profesión es la de no contar con un colegio profesional a escala nacional. Ello se debe al deseo de los abogados de garantizar una justa representación de todos los colegios. Hay 161 colegios de abogados repartidos por la metrópoli y los territorios de ultramar. Cada uno de ellos está «presidido» por un decano (bâtonnier) y es administrado por una Junta de Gobierno, competente para tratar todos los temas que afectan al ejercicio de la profesión y velar por la observancia de los deberes de los abogados, así como por la protección de sus derechos.
El Consejo Nacional de Colegios de Abogados (Conseil national des barreaux - CNB), creado por la Ley de 31 de diciembre de 1990 (artículo 15), es una entidad de utilidad pública dotada de personalidad jurídica, que se encarga de representar a la profesión de abogado ante los poderes públicos así como de velar por la armonización de las normas y usos de la profesión.
El Consejo Nacional de Colegios de Abogados dispone de una página web a través de la cual se puede acceder, libre y gratuitamente, a información sobre la organización de la profesión, temas de actualidad relacionados con la misma y a un anuario de todos los abogados inscritos en los colegios franceses. La mayoría de los colegios importantes disponen de sus propias páginas web, de acceso libre y gratuito, cuyas direcciones figuran en el anuario disponible en la página web del CNB.
Los abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación constituyen una profesión aparte: son funcionarios ministeriales, nombrados mediante una orden del Ministro de Justicia (le Garde des Sceaux) y son los únicos habilitados para actuar ante los órganos jurisdiccionales supremos cuando la asistencia letrada es obligatoria. Su estatuto se rige esencialmente por la Ordenanza de 10 de septiembre de 1817, por la que se crea el Colegio de Abogados ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación; el Decreto nº 91-1125, de 28 de octubre de 1991, relativo a las condiciones de acceso a la profesión; y el Decreto n° 2002-76, de 11 de enero de 2002, relativo a las normas de disciplina aplicables a esta profesión.
La Ordenanza de 10 de julio de 1814 fijó el número de abogados ante el Consejo en sesenta. No obstante, el Decreto de 22 de abril de 2009 autoriza al Ministro de Justicia a crear, mediante decreto, nuevas plazas de abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación, por motivos de buena administración de la justicia, a la vista, en particular, de la evolución de los litigios que se sustancien en esos dos órganos jurisdiccionales.
Los abogados del Consejo y del Tribunal de Casación cuentan con su propio colegio, a cuya cabeza se encuentra un presidente asistido por una junta integrada por once miembros. Este órgano colegial desempeña funciones disciplinarias y se encarga de representar a la profesión.
La página web del Colegio de Abogados del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación recoge esta información.
¿Existe alguna base de datos en este ámbito?
Existe una base de datos gestionada por el Consejo Nacional de Colegios de Abogados a partir de la lista de abogados inscritos en cada colegio de abogados existente en Francia.
¿El acceso a esta información es gratuito?
El acceso a esta base de datos de la página web del Consejo Nacional de Colegios de Abogados es gratuito.
Los notarios son funcionarios públicos y ministeriales, nombrados mediante decreto por el Ministro de Justicia. No obstante, ejercen su profesión en un marco liberal. Su estatuto resulta principalmente de la Ley de 25 de Ventoso del año XI, de la Ordenanza nº 45-2590 de 2 de noviembre de 1945 y el Decreto nº 45-0117 de 19 de diciembre de 1945, relativos a la organización del Notariado; del Decreto nº 73-609, de 5 de julio de 1973, relativo a la formación profesional y las condiciones de acceso al Notariado; y del Decreto nº 78-262, de 8 de marzo de 1978, por el que se establecen las tarifas de los notarios.
La profesión se organiza en colegios departamentales y en consejos regionales, que se encargan de la supervisión y la disciplina de los notarios del ámbito territorial de su competencia. Su órgano de representación ante los poderes públicos a escala nacional es el Consejo Superior del Notariado.
Aparte de su función de representación ante los poderes públicos, el Consejo Superior del Notariado desempeña una misión de prevención y conciliación de los conflictos de carácter profesional entre notarios pertenecientes a distintos consejos regionales. El Consejo Superior del Notariado dispone de una página web gratuita en la que se describen las principales características de la profesión y se incluye un anuario de los notarios y los colegios provinciales y regionales.
Los notarios están facultados para expedir documentos auténticos dotados de fuerza ejecutoria sin que sea necesario recurrir a una resolución judicial.
También desempeñan una misión de asesoramiento a particulares y empresas, asociada o no a la redacción de documentos, y pueden intervenir, de forma accesoria, en la gestión de patrimonios y la negociación inmobiliaria.
Los agentes judiciales son funcionarios públicos y ministeriales nombrados por decreto del Ministro de Justicia. No obstante, ejercen su profesión en un marco liberal. Su estatuto resulta en particular de la Ley de 27 de diciembre de 1923, de la Ordenanza nº 45-2592 de 2 de noviembre de 1945, del Decreto nº 56-222 de 29 de febrero de 1956 y del Decreto nº 75-770 de 14 de agosto de 1975.
Sólo ellos están facultados para notificar los actos procesales y ejecutar las resoluciones judiciales, así como los actos o títulos con fuerza ejecutiva. Además, pueden levantar actas, ya sea por mandato de los tribunales, ya sea a petición de particulares. También tienen la posibilidad de ejercer con carácter accesorio, y previo informe al colegio profesional al que pertenezcan así como al Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de la demarcación territorial en la que tengan su oficina, las actividades de mediador, administrador de inmuebles y agente de seguros.
Los agentes judiciales perciben por los actos desempeñados en el ejercicio de sus funciones en los ámbitos civil y mercantil unos emolumentos fijados con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nº 96-1080 de 12 de diciembre de 1996.
La profesión está representada por colegios provinciales y regionales en todas las demarcaciones territoriales de los Tribunales de Apelación. Además, un colegio nacional representa a toda la profesión ante los poderes públicos y resuelve los conflictos entre colegios y entre agentes judiciales pertenecientes a colegios regionales diferentes. El Colegio Nacional de Agentes Judiciales dispone de una página web gratuita en la que se describen las características principales de la profesión y que contiene un anuario de los profesionales.
Otros auxiliares de la justicia
En los Tribunales Mercantiles desarrollan su labor los secretarios de los Tribunales Mercantiles, que son funcionarios públicos cuyas principal misión consiste en asistir a los miembros del Tribunal en la audiencia y al presidente en todas las tareas administrativas que le son propias. Dirigen los servicios de secretaría y se encargan de llevar el Registro Mercantil y de Sociedades (registre du commerce et des sociétés - RCS), así como los repertorios y expedientes del Tribunal. Expiden copias auténticas y copias, custodian los sellos judiciales y las sumas depositadas en la secretaría, redactan los actos de la secretaría y se ocupan de los trámites de su competencia.
Esta profesión está regulada por los artículos L.741-1 y siguientes a R.741-1 del Código de Comercio.
La profesión está representada ante los poderes públicos por el Consejo Nacional de Secretarios de los Tribunales Mercantiles (CNGTC), entidad de utilidad pública dotada de personalidad jurídica, encargada de defender los intereses colectivos de la profesión. El CNGTC organiza la formación inicial y permanente de los secretarios y del personal de la secretaría y los exámenes de acceso a la profesión, facilita la obtención de cursos de prácticas y se encarga de su seguimiento. La página web del Consejo Nacional de Secretarios de los Tribunales Mercantiles recoge toda esta información.
Asesores jurídicos y abogados de empresa
La profesión de asesor jurídico se fusionó con la de abogado en virtud de la Ley n°90-1259 de 31 de diciembre de 1990.
Los abogados de empresa no están sujetos a una reglamentación profesional específica.