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Timestamp: 2019-02-16 04:01:31
Document Index: 101006985

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 13', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 326', 'artículo 12', 'artículo 21', 'artículo 1']

BOE.es - Documento BOE-A-2018-6332
Documento BOE-A-2018-6332
«BOE» núm. 115, de 11 de mayo de 2018, páginas 49725 a 49738 (14 págs.)
BOE-A-2018-6332
2. A efectos de fijar el objeto del presente expediente, cabe señalar que de la anterior relación de antecedentes fácticos se desprende que la calificación objeto de impugnación en el presente recurso es la emitida por el registrador con fecha 5 de diciembre de 2017, en la que mantiene los defectos señalados en la calificación anterior de fecha 26 de septiembre de 2017 al no estimarlos subsanados mediante la presentación, junto con la comunicación y certificación inicial, de la Orden Ministerial de aprobación del deslinde de 27 de octubre de 2010, y que el objeto de la calificación es no sólo la documentación presentada inicialmente (comunicación y certificación del jefe de la Demarcación de Costas en Valencia sobre afección de la finca registral por la legislación de costas y su pertenencia íntegra al dominio público marítimo-terrestre), sino también la Orden Ministerial de aprobación del deslinde acompañada con ocasión de la segunda presentación referida.
3. Entrando en el fondo de los defectos señalados por el registrador, se resumen en esencia en dos: la imposibilidad de inmatricular nuevamente una finca previamente inmatriculada, y la falta de intervención en el procedimiento del deslinde del actual titular registral del dominio de la finca y del titular de sendos derechos reales de hipoteca inscritas sobre la misma. En cuanto al primer defecto, entiende el registrador que se solicita la citada inmatriculación de la finca a la vista del tenor literal de la comunicación de la Demarcación de Costas de fecha 26 de mayo de 2017 en la que se indica que la misma se hace «a los efectos prevenidos en el art. 31.4 del Reglamento General de Costas», siendo así que este precepto prevé que «para la inmatriculación de bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad se estará a lo previsto en la legislación hipotecaria, siendo la resolución aprobatoria del deslinde, acompañada del correspondiente plano individualizado de la finca, título suficiente para practicarla, sin necesidad de ningún trámite adicional posterior».
4. El punto de partida para dilucidar esta cuestión es la determinación de la norma aplicable por razón del momento de aprobación del deslinde del concreto tramo de costa en que se encuentra la finca registral objeto de este expediente, aprobación que, como se ha dicho, tuvo lugar por Resolución de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar de 27 de octubre de 2010, es decir, en fecha anterior a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. El dato es determinante a los efectos indicados pues el propio artículo 31.2 del Reglamento General de Costas vigente al tiempo de la calificación, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, norma que regula el procedimiento de rectificación de situaciones registrales contradictorias con el deslinde al que se remite el artículo 13.2 de la Ley de Costas, actúa funcionalmente como una disposición transitoria en esta materia al prever su aplicación exclusivamente respecto de las rectificaciones «de las inscripciones registrales contradictorias sobre bienes y derechos afectados por un deslinde aprobado tras la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y cuyos titulares hayan sido incluidos en el expediente y notificados del mismo o bien hayan adquirido con posterioridad a la nota marginal de expedición de certificación del dominio y cargas de las fincas inscritas a que se refiere el artículo 21 de este reglamento».
5. Es en el marco de esta regulación en la que se inscriben las comunicaciones de la Demarcación de Costas en Valencia dirigidas al Registro de la Propiedad de Cullera entre los años 1995 y 2011 a que se refiere el escrito del recurso, y entre ellas las comunicaciones de 1995 y 2004 con la relación de titulares afectados por el deslinde, de acuerdo con el transcrito artículo 22.2.c) del Reglamento de 1989, las comunicaciones de 1996 y 2009 sobre solicitud de anotación preventiva de incoación del expediente de deslinde, y finalmente la de fecha 11 de febrero de 2011 en que se remite la propia Resolución de aprobación del deslinde, con objeto de proceder a la rectificación de las situaciones jurídico-registrales contradictorias con el deslinde, rectificaciones que, sin embargo, que no tuvieron lugar.
6. En este sentido hay que recordar una vez más, que esta Dirección General no puede pronunciarse en relación con la documentación que se ha aportado al interponer el recurso contra la calificación. Dispone el artículo 326 de la Ley Hipotecaria lo siguiente: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».
7. Otro tanto cabe decir respecto del reproche que se hace en el escrito del recurso respecto del hecho de que la inscripción 5.ª de la finca registral practicada en 2005, por la que se inscribe el título de dominio de la actual titular registral no comparecida ni notificada en el expediente de deslinde, inscripción que se practicó sin solicitar para ello certificación de no invasión del dominio público. En este sentido es igualmente reiterada la doctrina de este Centro Directivo (vid. por todas, Resolución de 23 de enero de 2017) que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para acordar la cancelación de asientos ya practicados.
8. Con ello llegamos a la cuestión medular de este expediente, esto es, la no intervención de los actuales titulares registrales del dominio de la finca y del titular de los derechos de hipoteca constituidos sobre la misma («Banco de Sabadell, S.A.»), en el expediente de deslinde tramitado, que adquirieron ya sus respectivos derechos con posterioridad al inicio del procedimiento de deslinde (como tampoco consta la intervención ni notificación a los transmitentes de los actuales titulares dominicales que adquirieron, a su vez, el dominio en base a un título de donación de 1988, anterior al inicio del procedimiento), que no fueron notificados ni llamados al expediente a fin de poder ejercitar su derecho de audiencia y defensa, conforme a lo que preveía el entonces vigente artículo 12.2 de la Ley de Costas de 1988, según el cual «en el procedimiento [de deslinde] serán oídos los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de interesados». Sin que la falta de tal notificación haya quedado suplida por la publicidad registral derivada de la anotación preventiva de incoación del expediente de deslinde que preveía el apartado 4 del mismo artículo (ni por la nota marginal prevista ahora en el artículo 21.3 del Reglamento de Costas de 10 de octubre de 2014 para los expedientes de deslinde que entran en su ámbito temporal de aplicación).
9. Los preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y la doctrina de esta Dirección General relativos a la rectificación del Registro parten del principio esencial de que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad-, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho.