Source: https://www.iberley.es/legislacion/ley-3-2003-3-mar-c-rioja-organizacion-sector-publico-139822
Timestamp: 2017-08-21 19:21:13
Document Index: 154927359

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 48', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 23']

Ley 3/2003 de 3 de Mar C.A. La Rioja (Organización del Sector Público) | Iberley
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja - Boletín Oficial de La Rioja de 15-03-2003
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 02 de Abril de 2017
Boletín: Boletín Oficial de La Rioja Número 32
Fecha de Publicación: 15/03/2003
En efecto, el capítulo II del título V de la Ley diseñaba un esquema organizativo de la Administración basado en la estructuración en Consejerías, y éstas a su vez en la Secretaría General Técnica y en Direcciones Generales. Por su parte el artículo 58 contenía algunas previsiones relativas a los órganos colegiados.
Así pues, el ámbito de la norma abarca tres grandes grupos de personificaciones jurídicas, que con independencia de su sometimiento al régimen jurídico público o privado quedan encuadrados dentro del concepto genérico de sector público. El primero de los grupos se refiere a la Administración General de la Comunidad Autónoma, administración territorial con personalidad jurídica única, y que integra el núcleo tradicional de la Administración Pública. El segundo grupo, recoge los organismos públicos, en cuya definición genérica se integran los entes en los que tradicionalmente se ha centrado el proceso de la descentralización funcional de la actuación administrativa, recoge en consecuencia los entes que podríamos encuadrar dentro de Administración Institucional como concepto diferenciado de la Administración General. Por último, un tercer grupo, en el que se integran otras personificaciones que han ido surgiendo en la realidad organizativa de las Administraciones Públicas actuales, caracterizadas por la singularidad de su régimen jurídico, pese a lo cual parece necesario que queden sujetas a algunos principios básicos propios del Derecho Público que deben ser respetados dado el carácter instrumental de estos entes.
Por lo que respecta a la segunda de las finalidades apuntadas anteriormente, referida a la regulación de los entes instrumentales de la Administración, la presente Ley cuida de que la transformación del sector público existente se efectúe bajo los principios de eficacia, economía y participación. Esta norma no introduce criterios restrictivos, sino que al contrario procura que la creación de los mismos se produzca cuando los fines específicos que se pretendan conseguir, o la necesaria participación de los administrados en la gestión de servicios públicos, haga necesario un determinado nivel de descentralización funcional que no pueda ser satisfecho dentro del marco de la Administración General. En este sentido se pretende que la creación y existencia de cada uno de los tipos de entes regulados responda a necesidades efectivas derivadas de las exigencias propias de las funciones encomendadas evitando que su creación o tipología responda al interés por eludir la aplicación íntegra del Derecho Público.
Los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma para el desarrollo de su actividad.
Otros entes instrumentales.
TÍTULO I. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
Artículo 3. Personalidad jurídica y competencia.
Artículo 4. Principios y normas de organización.
Artículo 7. Unidades administrativas.
Los órganos podrán estructurarse de forma jerárquica en servicios, áreas, secciones y negociados o unidades administrativas asimiladas.
Artículo 8. Creación de órganos y unidades.
Determinación de su forma de integración en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su dependencia jerárquica.
CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.
Artículo 9. Los Secretarios Generales Técnicos.
Representar a la Consejería, por delegación del Consejero, y ejercer, bajo su dirección, las funciones que éste le delegue.
Coordinar, bajo la dirección del Consejero, los programas y actuaciones de las diferentes Direcciones Generales y organismos adscritos a la Consejería.
Elaborar el anteproyecto de presupuesto y la memoria anual de actividades de la Consejería en coordinación con los Directores Generales.
Elaborar programas de necesidades generales de la Consejería.
El seguimiento de la ejecución del presupuesto, la tramitación de los expedientes de gastos y de contratación, así como la gestión de los medios materiales de los servicios generales adscritos a la Consejería.
Velar por la organización, simplificación y racionalización de la actividad administrativa, proponiendo las modificaciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios.
Ejercer la jefatura superior del personal de la Consejería y resolver los asuntos que afectan al mismo, salvo que expresamente estén reservados al Consejero u otro órgano específico.
Tramitar, informar y, en su caso, elaborar los proyectos de disposiciones generales correspondientes a su Consejería.
Tramitar los recursos que se interpongan ante el Consejero.
Las restantes funciones que le encomiende el Consejero o se le asignen por disposición legal o reglamentaria.
Artículo 10. Los Directores Generales.
Dirigir y gestionar los servicios y organizar las dependencias a su cargo.
Resolver los asuntos que le correspondan por razón de la materia, salvo que expresamente estén atribuidos al Consejero u otro órgano.
Informar al Consejero de todos los asuntos atribuidos al centro directivo de su competencia.
Elaborar el proyecto de presupuesto y la memoria anual de funcionamiento de su centro directivo.
Formular propuestas sobre organización y funcionamiento de los servicios a su cargo para implantar sistemas de mejora de la calidad.
Ejercer las demás funciones que le encomiende el Consejero o se le asignen por disposición legal o reglamentaria.
Artículo 11. Los Subdirectores Generales.
Artículo 12. Régimen de incompatibilidades.
CAPÍTULO III. DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
Artículo 13. Los Servicios.
Artículo 15. Las Secciones.
Artículo 16. Los Negociados.
Los Negociados son unidades administrativas, dependientes de algunas de las enumeradas en los artículos anteriores, a las que se les atribuyen las funciones de tramitación, inventario, si procede, y archivo de los asuntos que tengan asignados.
Artículo 17. Concepto y Régimen Jurídico.
Su integración administrativa, y en su caso, dependencia jerárquica.
Artículo 18. Creación, modificación y supresión.
TÍTULO II. ORGANISMOS PÚBLICOS.
Artículo 20. Personalidad jurídica y potestades.
Artículo 21. Clasificación y adscripción de los organismos públicos.
Artículo 22. Aplicación de los principios generales de la Administración Pública.
Los organismos autónomos se atendrán a los criterios dispuestos para la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja en la normativa reguladora del régimen jurídico del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Las entidades públicas empresariales se regirán igualmente por los criterios establecidos en la normativa referida en el párrafo anterior, sin perjuicio de las peculiaridades contempladas en el Capítulo III de este Título en consideración a la naturaleza de sus actividades.
Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio.
Las transferencias, corrientes o de capital, que tuvieren asignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Las subvenciones, corrientes o de capital, que procedan de las Administraciones o entidades públicas.
Artículo 24. Creación.
El tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales.
El órgano de la Consejería u organismo autónomo al que quedan adscritos.
En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, económico-financiero y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley, con respeto de las prescripciones previstas en esta Ley.
La determinación del presidente y de los restantes órganos de dirección del organismo, ya sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con indicación de aquellos cuyos actos y resoluciones agoten la vía administrativa.
La determinación, en su caso, de los órganos de participación.
La determinación de los órganos de contratación.
Artículo 25. Estatutos.
La configuración de los órganos colegiados con las determinaciones siguientes:
Las funciones y competencias del Organismo, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar, y la distribución de las competencias entre los órganos de dirección, así como el rango administrativo de los mismos en el caso de los organismos autónomos. En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también determinarán los órganos a los que se confieran el ejercicio de potestades administrativas.
El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya definanciar el Organismo.
La facultad de creación o participación en sociedades mercantiles cuando ello coadyuve a la consecución de los fines asignados.
Cualquier otro extremo que se considere necesario para el correcto funcionamiento y organización del organismo público.
Artículo 26. Plan de actuación inicial.
Declaración expresa de la misión del organismo.
Memoria acreditativa de la conveniencia de su creación.
Previsiones sobre recursos humanos necesarios para su funcionamiento.
Previsiones sobre recursos de tecnologías de la información necesarios para su funcionamiento.
Artículo 27. Modificación y refundición.
Artículo 28. Extinción y Liquidación.
Por Decreto del Gobierno, a propuesta de la Consejería de adscripción, y previo informe de las Consejerías competentes en materia de Administraciones Públicas y de Hacienda, en los casos siguientes:
Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
Porque sus fines y objetivos hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público.
Artículo 29. Órganos de dirección de los organismos públicos.
El Presidente o titular del organismo.
Artículo 30. Retribuciones del personal directivo.
Artículo 31. Concepto y Régimen general.
Artículo 32. Personal al servicio de los organismos autónomos.
Artículo 33. Régimen de incentivos.
La fijación en su plan de gestión de los objetivos a alcanzar durante el período al que extienda su vigencia en todas o en alguna de las líneas de actuación del organismo.
La determinación de los indicadores necesarios para la evaluación de los resultados obtenidos.
La previsión de instrumentos de supervisión y control tanto por parte de la Consejería a la que estén adscritos, como por parte de las competentes en materia de Función Pública y de Hacienda que garanticen una información permanente sobre la marcha de la gestión.
Una memoria del grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio en los presupuestos generales.
Un detalle de las retribuciones brutas e incentivos anuales devengados por su personal, con el nivel de desglose que se determine.
Artículo 34. Patrimonio de los organismos autónomos.
Artículo 35. Régimen de contratación.
3. En el Organismo autónomo existirá una mesa de contratación constituida por un presidente, un mínimo de cuatro vocales y secretario, designados todos ellos por el órgano de contratación entre funcionarios del mismo. Entre los vocales deberá figurar necesariamente un Letrado de los Servicios Jurídicos y un Interventor.
Artículo 36. Régimen presupuestario.
2. A efectos de un efectivo desarrollo del control al que se refiere el apartado anterior, el organismo autónomo elaborará un plan anual de actuaciones que recogerá, dentro del marco definido en el plan de actuación inicial, los objetivos establecidos para el ejercicio, sus indicadores, las líneas de actuación necesarias para su consecución, un plan económico y financiero y las previsiones relativas a recursos humanos y tecnologías de la información. Dicho plan será aprobado y remitido, antes del 1 de diciembre del ejercicio anterior, al titular de la Consejería de adscripción, quién dará cuenta de su contenido al Gobierno con anterioridad al inicio del ejercicio al que se refiere.
Artículo 38. Actos y resoluciones.
Artículo 39. Impugnación y reclamaciones contra los actos de los organismos autónomos.
Artículo 40. Concepto y Régimen general.
Artículo 41. Ejercicio de potestades administrativas.
Artículo 42. Personal de las entidades públicas empresariales.
El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será nombrado libremente por el Gobierno de La Rioja, entre personas que reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica, que en cada caso sean necesarios para el desarrollo de la función.
El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de oposición o concurso-oposición.
Artículo 43. Patrimonio de las entidades públicas empresariales.
Artículo 44. Régimen de contratación.
Artículo 45. Régimen Presupuestario.
Artículo 46. Control de eficacia.
Artículo 47. Impugnación y reclamación contra los actos de las entidades públicas empresariales.
1. Los actos y resoluciones de las entidades públicas empresariales que se dicten en el ejercicio de potestades administrativas serán impugnables de conformidad a lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
TÍTULO III. OTROS ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR PÚBLICO.
CAPÍTULO I. SOCIEDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Artículo 48. Concepto y Régimen General.
1. Son sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, directa o indirectamente, por el Gobierno de La Rioja, o cuyo control efectivo corresponda,directa o indirectamente, al Gobierno de La Rioja o a un organismo público dependiente del mismo.
Las obligaciones que se deriven de la normativa aplicable en materia presupuestaria, contable y de control vigente en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
En materia de contratación se ajustarán en su actividad contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con estos principios.
Artículo 49. Creación, modificación y extinción.
Artículo 50. Estatutos.
4. El informe anterior, en los casos de aumento o reducción de capital que no supongan alteración de posición jurídica del Gobierno de La Rioja en virtud de lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, comprenderá únicamente los aspectos patrimoniales, siendo emitido por el órgano competente en materia de patrimonio.
Artículo 50 bis. Aportaciones dinerarias.
Las aportaciones dinerarias que se realicen con la finalidad de fortalecer o sanear el sector público empresarial requerirán con carácter previo a su acuerdo por la consejería interesada informes de las consejerías con competencias en materia de Patrimonio y de Control Presupuestario. Estas aportaciones deberán de comunicarse para su registro en la contabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma y en el Inventario General de Bienes y Derechos de la misma.
Artículo 51. Miembros de la Junta General.
Artículo 51 bis. Consejos de Administración.
Artículo 52. Personal directivo.
CAPÍTULO II. FUNDACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Artículo 53. Concepto y Régimen General.
Artículo 54. Creación, modificación y extinción.
Artículo 55. Estatutos.
Artículo 56. Personal directivo.
CAPÍTULO III. CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
Artículo 57. Concepto y Régimen General.
1. Son consorcios de la Comunidad Autónoma de La Rioja aquellos en los que la posición mayoritaria en la Junta de Gobierno corresponda, directa o indirectamente, al Gobierno de La Rioja.
2. Los consorcios de la Comunidad Autónoma de La Rioja son entes públicos sometidos al Derecho Público.
3. Quedan fuera del ámbito de esta Ley los consorcios constituidos por la Comunidad Autónoma de La Rioja con otras Administraciones Públicas en los que no concurran la circunstancia prevista en el apartado primero.
Artículo 58. Creación, modificación y extinción.
1. La creación, modificación y extinción de los consorcios de la Comunidad Autónoma de La Rioja requerirán acuerdo previo del Gobierno. El acuerdo se adoptará a propuesta de la Consejería afectada, y previo informe de las Consejerías con competencias en Administraciones Públicas y de Hacienda.
Artículo 59. Estatutos.
Denominación del consorcio.
Finalidad para la que se constituye.
Relación de sus miembros y criterio de representación utilizado.
Condiciones de separación y admisión de los consorciados.
Domicilio del consorcio.
La composición y los criterios para la designación de sus miembros.
Las funciones y competencias del consorcio, con indicación de las potestades administrativas generales que éste puede ejercitar, y la distribución de las competencias entre los órganos de dirección.
El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el consorcio.
El régimen presupuestario, de contabilidad, control y tesorería del consorcio.
Artículo 60. Órganos de gobierno.
Artículo 61. Personal directivo.
Artículo 62. Control de eficacia.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Fin de la vía administrativa.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Revisión de oficio, declaración de lesividad y revocación de actos en los organismos públicos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Se da nueva redacción al apartado k del artículo 23 de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que quedará redactado como sigue:
Nombrar y cesar a los cargos de la Administración Autonómica, con categoría de Viceconsejero, Director General, Subdirector General o asimilados, a propuesta del Consejero correspondiente.
Los actos dictados en el ejercicio de sus competencias por los Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales y asimilados adoptarán la forma de Resolución.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Régimen del Consejo Consultivo y Consejo Económico y Social.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Adaptación de los entes que integran el sector público a las previsiones de esta Ley.
Adecuación del actual Servicio Riojano de Salud al tipo de organismo autónomo previsto en esta Ley.
Adecuación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja al tipo de entidad pública empresarial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Novación y rescisión de contratos.
Capítulo II del título V. Organización.
Título VI. De los organismos autónomos y empresas públicas.
En Logroño, a 3 de marzo de 2003.
LEY 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autonoma de La Rioja.
02/04/2017 Redacción Vigente
desde 23/10/2014 hasta 02/04/2017
desde 01/01/2011 hasta 23/10/2014
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