Source: https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
Timestamp: 2020-04-09 23:56:26
Document Index: 19166991

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 65', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 38', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 76', 'artículo 34', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 7', 'Artículo 30', 'artículo 63', 'Artículo 31', 'artículo 69', 'Artículo 32', 'Artículo 33']

Artículo 1°.- Declárase el estado de emergencia social, económica, productiva, y energética en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, como así también la prestación de los servicios y la ejecución de los contratos a cargo del sector público provincial, centralizado, descentralizado, organismos autónomos, autárquicos, de la Constitución, aun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieran una inclusión expresa para su aplicación.
Artículo 2°.- Prorróguese las emergencias en materia de seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, declaradas por las Leyes 14.806, 14.812 y 14.815, respectivamente, prorrogadas por el Decreto 52-E/17 y por las Leyes 14.866, 15.101 y 15.022.
Las Leyes 14.806, 14.812 y 14.815, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, junto con la presente Ley y las normas que se dicten en consecuencia, deberán interpretarse y aplicarse como un marco normativo único y común de la emergencia provincial, en especial en materia de contratación de obras, bienes y servicios. A tales fines, los entes incluidos en la declaración de emergencia, los Ministerios, Secretarías, órganos con rango equivalente, órganos de la Constitución y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, además de lo dispuesto en el Capítulo II y normas complementarias de la presente y lo previsto en las leyes anteriormente citadas, podrán utilizar las normas de excepción previstas en el Decreto Ley 7.764/71 y modificatorias -de Contabilidad- y en las Leyes 10.397 y modificatorias -Código Fiscal-, Ley 13.981 -Ley de Compras y Contrataciones- y/o las que en el futuro las reemplacen, y sus respectivos Decretos Reglamentarios; pudiendo además eximirse del cumplimiento de las prescripciones del Decreto-Ley 7.543/69 -Orgánica de Fiscalía de Estado-, artículos 34 a 41 de la Ley 15.164 y modificatoria -Asesoría General de Gobierno-. Decreto-Ley 9.853/82 -del Consejo de Obras Públicas- en la legislación vigente, de acuerdo con las prescripciones que surgen de las Leyes 14.806. 14.812 y 14.815, y la presente Ley; todo ello, teniendo presente los principios de regularidad financiera, legalidad, economía, transparencia, publicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.
Ejecutadas las obras y/o acciones encaradas, se deberá dar cuenta de su actuación a los Organismos de la Constitución, que no hayan intervenido previamente, conforme a la legislación vigente.
Artículo 3°.- El estado de emergencia a los que refieren los artículos 1° y 2° tendrá vigencia por un (1) año a partir de la promulgación de la presente Ley, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por única vez y por el mismo plazo. En consecuencia, quedan unificados los plazos de las emergencias declaradas por las Leyes 14.806, 14.812 y 14.815, y sus prórrogas, con el aquí establecido.
Artículo 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a los entes incluidos en la emergencia. Ministerios, Secretarías, órganos con rango equivalente, órganos de la Constitución y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, de acuerdo a las prescripciones específicas que se disponen en los siguientes artículos, a disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras, bienes y servicios que generen obligaciones a cargo del Estado Provincial existentes a la fecha de entrada en vigor de la presente y según se establezca por vía de reglamentación.
Artículo 5°.- En materia de contratos de obra pública regidos por la Ley 6021, será de aplicación, cualquiera sea la repartición contratante, para la rescisión o renegociación de los contratos, lo previsto en los artículos 7° y 8° de la Ley 14.812. A tal fin, se establecen las siguientes normas aclaratorias:
Artículo 6°.- Cuando por razones de oportunidad, mérito o conveniencia se revocare un contrato del sector público provincial, cualquiera sea su naturaleza, la indemnización que corresponda abonar al co-contratante sólo comprenderá el pago del rubro correspondiente al daño emergente.
A esos efectos, se considerará configurada la causal prevista en el artículo 65 de la Ley de Obras Públicas N° 6.021 y modificatorias y su decreto reglamentario, cualquiera fuera la naturaleza del contrato que se trate.
Artículo 7°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a llevar adelante las gestiones y actos necesarios para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.
Artículo 8°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, por vía de reglamentación, la creación de un programa de emergencia dirigido para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Pequeños y Medianos Productores, Cooperativas y Comercios, que fomente el mantenimiento y la generación de empleo.
Artículo 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer, a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y por un plazo que no podrá exceder el 31 de marzo de 2020, un régimen de regularización de deudas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (cfr. Ley Nacional 24.467, modif. y reg.). Pequeños y Medianos Productores, Cooperativas y Comercios por obligaciones fiscales vencidas al 31 diciembre de 2019. Se Invita a los Municipios a disponer un régimen similar en el ámbito de sus autonomías y territorios.
Artículo 10.- El régimen previsto en el artículo anterior comprenderá las deudas fiscales que registren Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Pequeños y Medianos Productores, Cooperativas y Comercios, intimadas o no, provenientes de regímenes de regularización respecto de los cuales se haya producido o no su caducidad, las verificadas en proceso concursal, en proceso de determinación, en discusión administrativa o judicial, recurridas en cualquiera de las instancias o sometidas ajuicio de apremio, en cualquiera de sus etapas procesales, aun cuando hubiere mediado sentencia de trance y remate, proveniente de tributos, anticipos, pagos a cuenta, accesorios por mora, intereses punitorios y cualquier otra sanción por infracciones relacionadas con los conceptos mencionados.
Artículo 11.- El acogimiento al régimen de regularización implicará:
3.- La obligación de mantener la cantidad de personal en relación de dependencia durante la vigencia del régimen, declarada al momento de formalizar su adhesión. En caso de reducción o disminución de personal por despidos con justa causa y/o renuncia y/o por acogimientos al régimen jubilatorio, deberá reemplazarlos contratando nuevos trabajadores bajo relación de dependencia que asegure mantener la misma cantidad de personal declarada al momento de la adhesión.
Artículo 13.- Los pagos efectuados con anterioridad al acogimiento al presente régimen de regularización por conceptos que resulten condonados, reducidos o remitidos, se considerarán firmes, careciendo los interesados del derecho a repetirlos.
Artículo 14- El Poder Ejecutivo podrá contemplar para los supuestos excluidos del régimen, las condiciones en base a la cuales los contribuyentes que se encuentren incluidos en otros regímenes de regularización puedan acogerse a los beneficios de la presente, fecha de vencimiento para la presentación diferenciada por gravámenes o sectores de contribuyentes, criterio a adoptar en caso de transferencia de bienes de constitución de gravámenes, modalidad de documentación de la deuda y a dictar todas las normas complementarias a los fines de la implementación de lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 15.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a llevar adelante las acciones necesarias para articular con el Estado Nacional la efectiva implementación en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y sus Municipios de los programas dictados en el marco de la Emergencia Alimentaria Nacional, declarada por el Decreto Nacional 108/2002 y prorrogada por Ley Nacional 27.519.
Artículo 16.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación el "Programa Especial de Emergencia Educativa" (PEED), destinado al financiamiento de obras de urgencia en materia de infraestructura educativa y gastos derivados para el funcionamiento y mantenimiento de establecimientos educativos de gestión estatal, incluyendo la adquisición y contrataciones de obras, bienes y servicios que resulten esenciales.
b) Ejecutar acciones tendientes al suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios a dichos establecimientos
d) Realizar actividades orientadas a la satisfacción de la demanda de escolarización, mediante la construcción de nuevas aulas en establecimientos existentes
Artículo 17.- El gasto que demande el cumplimiento del Programa se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General de Cultura y Educación, de conformidad a los montos que fijen las respectivas leyes de presupuesto y/o reasigne el Poder Ejecutivo.
A tales efectos, se faculta al Poder Ejecutivo para proceder a la reasignación de fondos de los montos establecidos presupuestariamente, debiendo dar cuenta de ello a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia creada por la presente Ley.
Artículo 18- Las acciones ejecutadas en el marco del "Programa Especial de Emergencia Educativa" (PEED) se distribuirán entre los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires de gestión estatal, de acuerdo a las pautas objetivas que establezca la reglamentación priorizando la atención de la emergencia en infraestructura escolar.
A tales fines, la Dirección General de Cultura y Educación podrá celebrar Convenios de Colaboración con los Municipios, en los cuales también se deberán definir de manera coordinada la aplicación del Fondo Educativo (artículo 7° de la Ley Nacional 26.075), para atender de manera más efectiva la emergencia en infraestructura educativa, manteniendo la vigencia de los porcentajes mínimos fijados por el artículo 38 de la Ley 15.078 o los que eventualmente se establezcan en las sucesivas Leyes de Presupuesto.
Artículo 19.- La Dirección General de Cultura y Educación, será la autoridad de aplicación del Programa, quedando autorizada, según lo establezca la reglamentación, a dictar las normas complementarias.
Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, a adoptar todas las medidas necesarias durante la emergencia, que garanticen el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria, unidades y centros de atención pertenecientes a la Provincia y los Municipios, como así también y en especial, con relación a los insumos básicos necesarios a los fines de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud.
q) Ejecutar acciones tendientes a mejorar el funcionamiento de los Centros Provinciales de Salud Mental y Consumos Problemáticos, de los centros asistenciales que no funcionen en establecimientos propios, como así también respecto a las personas externadas en el marco de la Ley N° 26.657.
Artículo 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la suspensión de todos los aumentos tarifarios a partir del 1° de enero de 2020, en materia de servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción provincial y/o municipal, por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables mientras se mantenga el estado de emergencia energética.
Artículo 22.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo al análisis y revisión integral del marco regulatorio en materia de transporte y distribución de energía eléctrica, aprobado por Ley 11.769, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias, como así también de los términos y alcances de las actuales concesiones otorgadas por el Gobierno Provincial, Municipal y/o transferidas por el Estado Nacional.
Artículo 23.- El Poder Ejecutivo dictará los reglamentos de ejecución necesarios para la efectiva instrumentación de las disposiciones de la presente Ley. En tal sentido, deberá proceder, dentro del plazo máximo de ciento ochenta (180) días, a unificar en un texto único las reglamentaciones de las Leyes 14.806, 14.812 y 14.815 y de la presente Ley.
Artículo 24.- Prorróguese la vigencia para el Ejercicio 2020 del Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social) aprobado por Ley 15.078, en el marco de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 13.767, hasta el quince (15) de abril de 2020 (plazo prorrogable para el caso de que la Provincia no cuente con las referencias macrofiscales del Presupuesto Nacional que permitan la elaboración del presupuesto provincial) o hasta tanto sea sancionada la Ley de Presupuesto General de la Administración Provincial (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de Previsión Social) para el Ejercicio 2020.
Durante la vigencia señalada precedentemente se renovarán todos los importes para las sumas detalladas en los artículos 1° a 13 de la Ley 15.078 y sus planillas anexas, teniendo en cuenta los créditos vigentes y los recursos ingresados al 31 de diciembre de 2019, así como todas las autorizaciones y delegaciones previstas en el marco de la misma norma. .
Articulo 25.- Autorízase a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro en los términos del artículo 76 de la Ley 13.767 por hasta la suma de PESOS OCHO MIL MILLONES ($ 8.000.000.000), o su equivalente en otras monedas. De superar su reembolso el ejercido financiero de emisión, deberá darse cumplimiento a los requisitos que establece el Título III de la Ley mencionada.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Finanzas estará facultado a ejercer las autorizaciones establecidas en el artículo incorporado a la Ley 10.189 –Complementaria Permanente de Presupuesto (T.O. Decreto 4502/98 y sus modificatorias, o normas que la reemplacen) por el artículo 34 de la Ley 13.403 cuando las condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir así lo requieran.
Artículo 26.- Autorízase al Poder Ejecutivo a endeudarse por un monto equivalente a las deudas de interés y capital contraídas en ejercicios anteriores que tienen vencimiento durante el primer cuatrimestre del Ejercicio 2020 y se encuentran registradas al 11 de diciembre de 2019. Dicho monto asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL setecientos OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 66.786.339.000), o su equivalente en otras monedas, y tendrá como objeto financiar el pago de los citados vencimientos en caso de ser necesario.
Artículo 27.- Créase para el Ejercicio Fiscal 2020 el Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura, por la suma de PESOS DOS MIL MILLONES ($ 2.000.000.000).
La integración del mencionado Fondo será garantizada con recursos de Rentas Generales y la distribución del monto total asignado a cada municipio será realizada conforme al Coeficiente Único de Distribución Ley N° 10.559 (texto ordenado según Decreto 1069/95). Se garantizará la integración del fondo al 31 de marzo de 2020 y su ejecución presupuestaria durante el ejercicio 2020.
Artículo 28. Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Estará integrada por tres (3) diputadas/os y tres (3) senadoras/es designadas/os por las/os presidentes de las respectivas Cámaras, ratificados por los respectivos cuerpos legislativos y debiendo contemplarse la participación de las minorías, como así también la presencia en sus reuniones de la Defensoría del Pueblo, Asociaciones de Usuarios y Consumidores con sede en la Provincia, Universidades, organizaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil.
Artículo 29.- Modifícase el inciso b) del artículo 7° de la Ley 13.981, durante el período de vigencia de la emergencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"La facultad de aumentar o disminuir hasta un treinta y cinco por ciento (35%) del objeto del contrato, por única vez y antes de la finalización del término contractual, en las condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos si correspondiere. Reglamentariamente podrá establecerse un porcentaje mayor, el cual no deberá superar el cien por ciento (100 %), en función de las causales que expresamente prevean los Pliegos de Bases y Condiciones. En este último caso se considerará el monto total resultante para establecer la competencia del funcionario que apruebe el aumento de la contratación."
Artículo 30.- Amplíase, durante el período de vigencia de la emergencia, a seis (6) meses el plazo establecido en el inciso a) artículo 63 de la Ley 6021.
Artículo 31.- Incorpórese como inciso 23 del artículo 69 de la Ley 13.767, el siguiente texto:
"23. Registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos, títulos y valores originados en la ejecución de Programas Nacionales destinados a Municipios, informando a su efectos al Ministerio de Hacienda y Finanzas, sin que ello signifique demora alguna en la remisión de fondos a los municipios".
Artículo 32.- La presente ley es de orden público y entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto.
Artículo 33.- Invítase a los Municipios, a través de sus Honorables Concejos Deliberantes, a adherirse a los términos de la presente Ley.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.