Source: https://www.udesa.edu.ar/revista/revista-juridica-de-la-universidad-san-andres-nro-4/articulo/fabricas-recuperadas-propiedad
Timestamp: 2020-02-27 11:04:42
Document Index: 188172558

Matched Legal Cases: ['artículo 190', 'artículo 48', 'artículo 190', 'artículo 48', 'artículo 205', 'artículo 190', 'artículo 48', 'artículo 262', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 177', 'artículo 189', 'artículo 191', 'artículo 177', 'artículo 190', 'artículo 244', 'artículo 64', 'artículo 190', 'artículo 181', 'artículo 190', 'de lege ferenda', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 1909', 'artículo 17', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 189', 'artículo 190', 'artículo 211', 'artículo 48', 'artículo 262', 'artículo 101', 'artículo 177', 'artículo 190', 'artículo 191', 'de lege ferenda', 'artículo 191']

Fabricas recuperadas, propiedad y estado de derecho: Un estudio de caso del proceso de recuperación de la empresa textil Alcoyana a la luz de las teorías de la propiedad progresiva | Universidad de San Andrés
Número 4 | 2017
Fabricas recuperadas, propiedad y estado de derecho: Un estudio de caso del proceso de recuperación de la empresa textil Alcoyana a la luz de las teorías de la propiedad progresiva 1
Leopoldo Pérez Obregón * 2
“Yo no sé si acá hubo o no fraude, si se llevaron la plata, no lo puedo decir porque no tengo pruebas. Pero lo que sí te aseguro es que acá hubo una violación inmensa de la Constitución Nacional”
Oscar Saldaño, trabajador de la empresa textil Alcoyana, en diálogo con el autor en las instalaciones de la fábrica.
El presente estudio de caso busca arrojar evidencia empírica cualitativa sobre cómo se desarrolla la práctica de un proceso de recuperación fabril por manos de sus trabajadores, poniendo especial énfasis en los aspectos jurídicos del proceso. El objetivo será reconstruir en un caso particular de qué manera la regulación y el accionar de los diferentes poderes del Estado favorecieron, o no favorecieron, el interés de los trabajadores de recuperar una empresa quebrada para preservar sus fuentes de trabajo. Asimismo, se realizará un análisis valorativo respecto de cómo estas intervenciones balancearon el interés de los trabajadores con los derechos de los restantes acreedores de la quiebra, y con la preservación del estado de derecho de manera más amplia.
El fenómeno de las empresas recuperadas en la Argentina apareció durante los años noventa, y tuvo su auge en períodos cercanos a la crisis del año 2001. Distintos estudios sociológicos han tratado de explicar qué factores posibilitaron que el recurso de las recuperaciones empresarias por manos de sus trabajadores alcanzara su plenitud en esa crisis en particular y no durante las anteriores, y que posteriormente se convierta en una herramienta estable del repertorio de los actores asalariados para preservar sus fuentes de trabajo 3
Al respecto, se ha destacado la centralidad que tuvo el aprendizaje recabado en la década de los noventa sobre las dinámicas estructurales del desempleo, y la precarización del trabajo asalariado en la Argentina: el aprendizaje de que la desvinculación del mundo del empleo puede tornarse algo permanente. Asimismo, mientras algunos autores pusieron el énfasis de su explicación en el rol de las organizaciones promotoras de las recuperaciones 4 como ser el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (en adelante, el MNFRT), otros identifican como central el sentimiento de “injusticia y traición” generado por la percepción de la violación a un acuerdo social por parte de los empleadores para con los trabajadores. Estas injusticias generaron mucha fuerza al reclamo de los afectados por el desempleo, y motivó que construyeran lazos de solidaridad y redes internas para procurar resolver la situación de manera colectiva 5 6.
Más allá de cuál de las explicaciones anteriores creamos más representativa, lo cierto es que sabemos muy poco respecto de cómo, y en qué medida, la legislación de concursos y quiebras impacta en los incentivos y las estrategias de los trabajadores a la hora de aventurarse a un proceso de recuperación. El objetivo de este trabajo es contribuir modestamente a generar información en este sentido, a través de la reconstrucción y el análisis de un caso de recuperación fabril, de sus inicios hasta su finalización, con especial énfasis en cómo los trabajadores operaron los recursos legales y políticos que tenían disponibles. El desarrollo tendrá lugar en dos dimensiones. Una más descriptiva, donde reconstruiremos en qué medida y de qué manera la ley y el accionar estatal y judicial dificultaron o favorecieron la consecución de los intereses de los trabajadores en su lucha por la recuperación; y otra dimensión más normativa, donde indagaremos qué manera estos factores y herramientas jurídicas podrían, de ser posible o necesario, mejorarse para hacerlas más compatibles con nuestros compromisos constitucionales y con una visión respetuosa del estado de derecho.
El aporte de carácter exploratorio que esta investigación pretende llevar a cabo se realizará a partir de reconstruir el proceso de recuperación de la fábrica textil Alcoyana, tanto a través del análisis del expediente judicial donde tramitó su quiebra, como de entrevistas con los diferentes protagonistas del proceso. Esto por la simple razón de que cuanta mayor comprensión tengamos acerca de la forma en que se concretan y explican las recuperaciones fabriles exitosas en la práctica, estaremos en mejores condiciones de discutir qué tratamiento legal merece el fenómeno, y de pensar incluso si es que queremos establecer o no regulación alguna del fenómeno, que sería también una forma de respuesta.
Una cuestión importante a tener en cuenta para entender la práctica de las recuperaciones es que “no existe tal cosa como una recuperación fabril ‘típica’, porque muchas de las cooperativas persiguieron diferentes vías en su lucha por el control.” 7 De esta manera, existen numerosas variables que pueden impactar en el devenir de una recuperación fabril. La forma en que se presentan estos múltiples factores provee singularidades a cada empresa recuperada y resulta imposible reducir los mecanismos de recuperación a un manual de “mejores prácticas”.
En relación a la pregunta sobre la conveniencia de regular las recuperaciones fabriles por manos de cooperativas de trabajadores como una salida posible a crisis empresarias, vale aclarar como nota metodológica que de la misma manera en que se vuelve difícil hacer una valoración general negativa de la herramienta a partir de unos pocos casos patológicos, tampoco podemos basarnos sólo en un caso exitoso para hacer generalizaciones a la inversa.
En línea con el tópico propuesto, este trabajo se desarrollará en base a la siguiente metodología. En primer lugar, la investigación empírica estará basada en distintas entrevistas realizadas a diversos actores clave: el Dr. Luis Alberto Caro, abogado defensor de los trabajadores y presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores (MNFRT); un delegado sindical del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) que era uno de los dos gremios que representaban a los trabajadores de la planta; el interventor judicial durante el salvataje; una de las funcionarias que llevó adelante el caso en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MtySS), y el Presidente de la cooperativa y otros trabajadores de la planta. 8 Asimismo, se analizó el expediente judicial de la quiebra. 9 El orden de exposición será el siguiente: a partir del punto 2) desarrollaré de manera muy sintética algunas características salientes de cómo se encuentra regulada la participación de las cooperativas de trabajo que pretenden recuperar empresas en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras (en adelante, la “LCQ”), para así poner al tanto al lector sobre los aspectos normativos principales del proceso. En el punto 3) desarrollaré las características del caso bajo análisis, abordando el desenvolvimiento de la fábrica durante el período de intervención judicial previo a la quiebra, el desarrollo que llevó a la ruptura de la relación con los sindicatos, y finalmente cómo los trabajadores pusieron nuevamente la empresa en marcha. Reseñaremos también la intervención del Estado a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MtySS) como una de las piezas claves en el éxito de la recuperación fabril.
Bajo el punto 4) se encontrará la parte más normativa de este estudio, donde haremos un análisis de las dificultades legales y teóricas involucradas en los momentos donde podemos interpretar que la recuperación fue posibilitada (al menos parcialmente) a partir de los diferentes poderes del Estado, a saber: a) la asistencia económica a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante, el “MTySS”); b) la forma en que se instrumentó el permiso judicial para que los trabajadores explotaran los bienes de la compañía; y c) la ley expropiatoria de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
La regulación de las cooperativas de trabajo en la quiebra
El instituto de la continuidad del giro de la empresa quebrada no es ninguna novedad en nuestro ordenamiento jurídico 10 Sin embargo, recién en mayo de 2002 la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) en su artículo 190 incorporaría por primera la previsión explícita de que los jueces, a los efectos de decidir sobre la continuación de la empresa quebrada, deberán tomar “en consideración el pedido formal de los trabajadores […] bajo la forma de una cooperativa de trabajo”. 11 Previo a esta reforma, la posibilidad de que los trabajadores adquirieran los activos de la fallida formando una cooperativa –ya sea a través del proceso de salvataje del artículo 48, o compitiendo con terceros en la venta de los activos luego de la quiebra– no se encontraba vedada, pero tampoco se observaban indicios de una preferencia del legislador por facilitar necesariamente esta alternativa.
En su redacción original, conforme Ley 24.522, la LCQ contemplaba la continuación de las empresas quebradas con el único propósito de posibilitar su liquidación como empresas en marcha, y así obtener un mejor valor. La protección de las fuentes laborales era vista como una preocupación que debía encontrar tratamiento en algún otro lugar por fuera de los procesos de quiebra. Esta visión comenzó a mutar al calor de la crisis del año 2001, donde las Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT) tuvieron su auge en tanto fenómeno de hecho, y encontró un quiebre con la reforma de la LCQ del año 2011 mediante ley 26.684.
La reforma del año 2002 aportó una modesta contribución a este proceso al modificar el texto del artículo 190 de la LCQ, obligando al juez a que tomara en consideración los intereses de los trabajadores formados en cooperativa como especiales interesados en el destino de la compañía quebrada. No obstante, esto fue percibido como insuficiente por parte de la doctrina concursal, con motivo de que la continuación y adquisición de la empresa quebrada por parte de la cooperativa, encontraba severas limitaciones al menos en otros tres diferentes aspectos de la LCQ 12 , a saber: a) que el permiso de continuación de la actividad de una empresa quebrada de acuerdo al texto de la LCQ –versión Ley 25.589– estaba pensado como un mecanismo estrictamente excepcional; b) que aun cuando los trabajadores obtuvieran permiso para continuar la actividad de la empresa quebrada, la compañía podía ser adquirida por un tercero mediante el proceso de salvataje regulado en el artículo 48, quien podría adquirir “la empresa libre de vínculos laborales, si así lo prefiere” 13 ; y c) si acaso los trabajadores pudieran sobreponerse a estos dos escollos, aun debían contar con dinero en efectivo para poder integrar el precio por compra directa, toda vez que no les estaba permitido compensar sus créditos para ello. 14
Estas “trampas” fueron desarmadas con –tal vez demasiado– entusiasmo por la reforma del año 2011. Por un lado, se flexibilizaron los requisitos para que el juez haga lugar al pedido de continuidad de la actividad de la empresa quebrada, y por otro lado se facultó explícitamente a los trabajadores organizados en una cooperativa a “hacer valer” (es decir, compensar) sus créditos contra la quiebra para afrontar el pago de los activos de la compañía. 15 Adicionalmente, al modificar el procedimiento de enajenación de la empresa del artículo 205 LCQ, la ley 26.684 tuvo como nota distintiva “favorecer la adjudicación de la oferta de venta de activos concursales […] a aquellas ofertas que aseguren el mantenimiento de la fuente de trabajo, aún cuando económicamente no constituyan la mejor oferta” 16. Así, resultó eliminado el inciso 7) del citado artículo, que decía que “la adjudicación debe recaer en la oferta que ofrezca el precio más alto”, siendo reemplazado por el siguiente texto: “A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de la continuidad de la explotación empresaria”.
La reforma de la LCQ enfrentó tanto críticas en relación a lo procedimental (idoneidad de la herramienta para que los trabajadores adquieran los activos de la empresa), como de fondo (idoneidad de la regulación de la participación de las cooperativas de trabajo en los procesos de quiebra en tanto política pública contra el desempleo). Me atrevería a decir sin demasiado margen de equivocación que la gran mayoría de la doctrina concursalista local coincidiría, cuanto menos en líneas generales, en la opinión de Rivera, Casadío Martínez, Di Tulio, Graziable y Ribera sobre la inconveniencia de ser demasiado permisivos en la continuación de empresas quebradas en manos de cooperativas de trabajo. Cuando, por ejemplo, Julio C. Rivera comenta el texto del artículo 190 de la LCQ – que obliga al juez a tomar en “consideración el pedido formal” de continuación de los trabajadores conformados en cooperativa –, sostiene: “Es un ejemplo de las soluciones mágicas, nacidas al amparo del voluntarismo que cree en la supervivencia de las empresas sin crédito ni tecnología ni gerenciamiento, y que han sido largamente denunciadas por la doctrina. Decíamos al comentar esta reforma que estábamos persuadidos que esto funcionará solamente en casos marginales, de pequeños talleres que no tendrán mayor relevancia económica, aunque seguramente causarán daño a los acreedores que verán postergadas sus expectativas de cobro” 17
Esta última idea que acabamos de exponer también servirá como hipótesis a ser interpelada a través de nuestra evidencia empírica cualitativa. Es decir, podremos observar en un caso particular que dista de ser un pequeño taller, de qué manera se equilibró el interés de los trabajadores de preservar su fuente laboral, con el derecho de los restantes acreedores de percibir sus créditos en tiempo y forma.
El caso bajo análisis
La empresa Textil Alcoyana fue creada en el año 1991. Desde sus inicios funcionó en un predio que fue adjudicado el 28 de diciembre de 1990 a la sociedad Productos Textiles S.A en la quiebra de otra empresa textil, llamada Productex S.A, que en ese momento se encontraba cerrada y desmantelada 18. El principal accionista de la sociedad era Santiago Abad Verdú, un español cuya principal iniciativa fue la reestructuración y complejización de la fábrica para que esta ampliara su actividad más allá de la tejeduría y la venta de tela por rollos, que eran las actividades que conformaban el objeto central de la actividad de Productex S.A. 19.
En su mejor momento, Productex S.A llegó a tener muchos más trabajadores que la textil Alcoyana. Esta última, que en su esplendor empleaba cerca de 600 obreros, 20 sólo contaba con 350 dependientes en el momento previo a entrar en concurso preventivo de acreedores 21 En el tiempo en que se decretó la quiebra permanecían un poco más de 200, y actualmente la cooperativa cuenta con 133 socios. El promedio de edad de los socios es de 49 años. La población femenina dentro del personal conforma aproximadamente 24% del total de trabajadores. El universo de trabajadores que se dedican solo a tareas administrativas ronda aproximadamente el 10% 22
Durante la gestión de Abad Verdú, el grupo empresario Alcoyana contaba con otra planta textil en el sur de Argentina, y varios locales de venta directa al público, que eran explotados por otra sociedad distinta a Productos Textiles S.A 23 Para el momento del concurso preventivo, el pasivo ascendía a $39.374.991, de acuerdo al informe general del síndico. 24
El sector textil conforma el 7,63% del universo total de empresas recuperadas. 25. Las empresas de más de 100 trabajadores, como es nuestro caso, sólo conforman el 10% del universo total de empresas. 26. Respecto a la variable de antigüedad, de acuerdo con una muestra realizada sobre 72 casos ubicados en todo el país en el año 2005, sólo el 12% pertenecía al parque industrial fundado desde 1990 en adelante. 27. Es decir, cuanto más antigua resulta la infraestructura de la planta, es más susceptible a procesos de crisis empresarial.
Este panorama nos ayuda a saber de qué forma el caso que elegimos para esta investigación se ubica dentro del universo de ERT. Claramente la cooperativa Alcoyana no es representativa de las características de una cooperativa promedio, pero definitivamente está lejos de ser un pequeño taller cuyo valor económico carezca de importancia. En consecuencia, resulta un caso apropiado para testear la hipótesis del Dr. Rivera reseñada previamente, donde sostiene que la continuidad de la actividad empresarial por cooperativas de trabajo sólo puede ser una alternativa viable frente a casos de crisis de pequeños talleres, u otro tipo de emprendimientos de mano de obra intensiva.
a. El comienzo de las dificultades económicas
A pesar de que las políticas macroeconómicas de los años 90 no fueron favorables para el sector industrial textil, 28. Alcoyana creció en forma constante, hasta que “[e]n 2001, con la profundización de la crisis económica, el sector sufrió una baja generalizada en las ventas, y por primera vez la empresa debió recurrir a líneas de crédito bancarias” 29. En este contexto, la estrategia de los accionistas fue la búsqueda de un socio estratégico que capitalice la compañía, pero al no encontrarlo, “la principal consecuencia de la situación descripta fue la falta de capital de trabajo, lo que obligó a alquilar la planta a uno de sus clientes a fin de garantizar la producción y la operatividad de la misma.” 30.
A pesar de los múltiples esfuerzos por alcanzar un acuerdo, la compañía no logró juntar las adhesiones necesarias para exteriorizar una propuesta que pueda ser razonablemente homologada en el juzgado, por lo que se dio curso al procedimiento de salvataje regulado en el artículo 48. Es decir, se abrió la posibilidad de que se presenten terceros a ofertar por la compra de la compañía, designando al síndico como coadministrador de la compañía mientras dure el procedimiento.
El síndico manifestó su imposibilidad para desempeñar esta tarea por exceder su incumbencia y los conocimientos necesarios para la actividad, alegando también que el cumplimiento simultáneo del rol de síndico y coadministrador suponía un conflicto de interés insubsanable. Esto en razón de que los deberes de contralor de la sindicatura garantizan la posibilidad de algún balance entre los intereses en conflicto, y no resulta aconsejable para ello que los roles de gestión y control de la gestión sean asumidos en una sola persona. 31 Teniendo en cuenta el pedido de la sindicatura, la jueza designa en fecha 19 de octubre de 2007 al contador Juan Marcelo Villoldo como interventor judicial. Fundamentando también la decisión en el hecho de que las gerencias y jefes de las distintas áreas de la compañía habían informado al síndico que desde octubre de 2008 la empresa carecía de la presencia del directorio. 32
b. El salvataje y la intervención judicial
Una de las primeras tareas que la jueza encomendó al interventor fue que gestionara una tasación alternativa a la que habían presentado los evaluadores designados en los términos del artículo 262 de la LCQ. 33 Ello porque dicha tasación estuvo muy por encima del precio arrojado en el informe general del síndico que databa de dos años atrás (Art. 39 LCQ). La preservación de la razonabilidad del precio era fundamental para no desalentar a potenciales interesados. 34
La tasación de los evaluadores había arrojado una suma de $102.454.962, calculada en función de un escenario en el cual existiría “un flujo de fondos provenientes de operaciones futuras para un período de cinco años (2011/2015)”. 35 El problema de esta valuación es que se había estructurado a partir de un flujo incierto. Contemplando esta situación, la jueza redujo el precio de la empresa a $50.440.000 (menos de la mitad de la valuación anterior); sin embargo, los esfuerzos por atraer al inversionista que salvara la empresa fracasaron. Así fue como el día 5 de mayo del año 2010 la magistrada debió decretar la quiebra de Productos Textiles S.A.
Recién entonces los trabajadores deciden ponerse en contacto con Luis Alberto Caro, quien presidía el MNFRT, y para ese entonces ya contaba con un buen nombre como abogado defensor de trabajadores frente a procesos de insolvencia empresarial. Tras ser consultado de forma particular por un par de operarios de la fábrica, Caro propuso acercarse a la planta para realizar una asamblea con todos los trabajadores, y explicarles las distintas alternativas legales que tenían a mano. Esta es la única condición que Luis Alberto Caro solicita siempre para proveer asesoramiento en este tipo de conflictos: que la decisión se tome mediante una asamblea abierta. Asimismo, no pide honorarios fijos para iniciar su patrocinio legal, puesto que los trabajadores que se encuentran en este tipo de situaciones generalmente no cuentan con capital suficiente para afrontar ese costo. 36
El lunes 10 de mayo del año 2010 llevaron adelante la reunión donde los trabajadores votaron a favor de armar una cooperativa y recuperar la fábrica con el asesoramiento del Dr. Caro a sabiendas de que sería sólo el primer paso de una lucha que iba a desenvolverse en múltiples frentes: el terreno judicial, la política, y los obstáculos propios de la gestión empresarial para reinsertar la marca en el mercado. Eran perfectamente conscientes de que el punto que pretendían hacer frente al derecho –a saber, que su derecho a trabajar tenía prioridad frente a las expectativas de cobro inmediatas de los restantes acreedores– era de un voltaje suficiente como para trascender lo meramente argumental. Tal vez llegaría el momento en que para prevalecer necesitarían algo más que la razón: debían estar predispuestos a resistir y ejercer la violencia. Pero lo que estaba en juego era mucho y ninguno esperaba que el sacrificio fuera poco.
Sin embargo, el hecho de que la cooperativa se haya formado cinco días después de la declarada la quiebra es un indicador muy elocuente acerca de las expectativas de los trabajadores. Todos los actores involucrados en el proceso cooperaron de manera notable para conseguir una alternativa a la crisis a través de algún acuerdo. Los trabajadores en aquel momento querían continuar siendo trabajadores, y los empresarios, empresarios. Al día siguiente de conformar la cooperativa, los trabajadores modificaron su estrategia judicial y solicitaron su primer pedido de continuación, de acuerdo al texto del artículo 190 (en aquel momento, en su versión conforme Ley 25.589). A partir de ese momento la historia había cambiado.
c. La relación con los sindicatos
Durante el período del salvataje, previo a que se decretara la quiebra, la relación entre los trabajadores y los sindicalistas adoptó su tonalidad más conflictiva. La percepción de los trabajadores de falta de representatividad de los intereses de base en el obrar del sindicato, decantó progresivamente en el abandono de la estructura sindical como canalizadora de las demandas laborales.
En la empresa Alcoyana convivían dos gremios: SETIA, que representaba al sector administrativo, y Asociación Obrera Textil (AOT), que representaba a los obreros. Un momento clave en el quiebre de la relación entre las bases y sus sindicatos ocurrió en oportunidad de una reunión con los gremios en la cual uno de los trabajadores, Diego Sosa, discutió en asamblea con el Secretario General de zona norte de AOT. 37 Este evento resultó determinante en la consolidación del liderazgo del proceso. Diego Sosa no contaba con experiencia sindical previa, pero la solvencia que había demostrado públicamente para reivindicar los intereses de sus compañeros lo convirtió en candidato natural para ser el primer presidente de la cooperativa. “En ese momento en particular [la discusión surgió] porque ya veíamos que no había muchas respuestas con lo que estaba pasando. […] Yo sabía que el problema estaba en el juzgado, en el tema del concurso, cosa que los gremios nunca se metieron, entonces yo le plantee al [Secretario] de AOT qué estaba haciendo la AOT en el concurso, o sus abogados. Porque si el concurso no se resolvía la empresa quebraba, y me decían que en eso no se metían porque era algo comercial. Entonces nos agarramos: ¿Cómo no te va a interesar lo que pasa en el concurso de acreedores si puede terminar en una quiebra y no vas a tener nada más que defender? Ahí hubo un quiebre porque consideramos que no estaban haciendo bien las cosas.” 38
Si quisiéramos rastrear los momentos incipientes de la idea de conformar una cooperativa, la iniciativa aparece antes entre los sindicalistas de SETIA que entre los trabajadores, pero se gesta a espaldas de los mismos. Durante el lapso de la intervención, un abogado se aproxima al contador Villoldo, notificándole que estaban en vías de armar una cooperativa, y que uno de los delegados gremiales sería el presidente. Entonces el interventor decide averiguar, preguntando a los trabajadores, qué nivel de consenso encuentra la iniciativa. La respuesta daba cuenta de un escaso nivel de consenso. 39
Fernando Ruarte, ex delegado de SETIA, afirma que su gremio era más abierto a la posibilidad de la conformación de una cooperativa de trabajo, mientras que AOT buscaba la liquidación expedita de los bienes. Ruarte asevera que la intención de SETIA era demostrar que a través del sindicalismo se podía armar cooperativas que recuperan empresas, y hasta en su momento se había pensado proveer a los trabajadores de cobertura sanitaria bajo el mismo paraguas de las obras sociales sindicales. Los sindicalistas contaban con el asesoramiento y la experiencia de los trabajadores de la cooperativa de Los Constituyentes, que fue otro caso paradigmático de recuperación fabril, que se gestó con la ayuda de alianzas diferentes al MNFRT. Pero según cuenta Fernando Ruarte, SETIA no accedió a plegarse al proyecto promovido por Luis Alberto Caro, puesto que este tenía una forma demasiado “empresarial” de plantear el cooperativismo y la gestión fabril, cosa con la el sindicato no estaba de acuerdo. 40
De manera consistente con lo anterior, Luis Alberto Caro cuenta que al hacerse presente por primera vez en las instalaciones de Alcoyana recordó haber sido contactado previamente por otros trabajadores de la misma fábrica –los delegados sindicales–, quienes le manifestaron su voluntad de conformar una cooperativa. En aquella oportunidad, el Dr. Caro desaconsejó perseguir dicha alternativa. Les sugirió, por el contrario, optar en principio por las medidas del repertorio sindical tradicional. Se transcribe a continuación la entrevista mantenida en esa oportunidad por el autor con el mencionado profesional.
- “LAC: Yo en esos casos, lo que recomiendo es que se constituyan en huelga, en reclamo de los salarios, que frenen este desangrado por parte de los trabajadores que a veces duran años. […] ‘Pero no tenemos el consenso, la AOT no nos va a acompañar’, y bueno, busquen el consenso les decía yo, explíquenle a los compañeros que esto va a seguir desgastándose hasta que cierren la fábrica.
- LPO: O sea, la idea de SETIA era la cooperativa, pero sugeriste que no ¿Por qué razón?
- LAC: porque la cooperativa surge en abandono total del empresario, o cuando hay quiebra, en otras circunstancias la cooperativa es la demostración de que vos te querés adueñar del territorio. […] No hay que enamorarse con hacer la cooperativa o recuperar la fábrica nosotros. Entonces, si los empresarios pagan o se ponen en compromiso de pagar en tiempo y forma o hacen un plan de pago, yo estoy recontra a disposición.” 41
La verdadera semilla de la autogestión, entonces, se remonta a un día cualquiera en que Walter Sorato, quien más adelante sería tesorero de la cooperativa durante varios períodos 42, caminaba rumbo al trabajo aquejado por las circunstancias de crisis de la fábrica. A diario pasaba frente a una ERT de la rama metalúrgica, llamada FADIP. En una de esas oportunidades tomó la iniciativa de ingresar a la planta y preguntar a sus operarios cómo hicieron para preservar sus fuentes de trabajo. Los trabajadores de FADIP le ofrecieron contención, le relataron su experiencia, y le sugirieron contactar al Dr. Luis Alberto Caro, quien los había asesorado legalmente en el proceso de recuperación. Llegado el momento crítico, los trabajadores apelarían a esta experiencia. 43
El hecho de que los sindicalistas no estuvieran de acuerdo con contratar a Luis Caro no impidió que los delegados de SETIA participaran de aquella asamblea inicial donde los trabajadores evaluaron en conjunto, por primera vez, la posibilidad de conformar una cooperativa. En esa oportunidad, Caro vino acompañado de algunos trabajadores de FADIP, que compartieron su experiencia con los ex dependientes de Alcoyana. Acto seguido explicó a los trabajadores los aspectos legales del caso, y las implicancias de aventurarse a un proceso de recuperación. Finalizada la asamblea, en un gesto de conciliación y apertura, los trabajadores votan por mayoría nombrar a dos delegados de SETIA en la dirección de la cooperativa: un ex trabajador de apellido Pereyra fue nombrado como miembro del Consejo Administrador, y otro ex trabajador y también delegado sindical, de apellido Ferreira como vocal titular. 44
Al día siguiente presentarían a la cooperativa en el proceso judicial, para así solicitar la continuación de la actividad conforme el artículo 190 LCQ. Pero llegado el momento ninguno de ambos ex delegados de SETIA se hizo presente en la fábrica para firmar los papeles correspondientes. Luego de varias horas sus compañeros logran comunicarse con Pereyra, que pide que retransmitan a los demás miembros de la cooperativa que no formará parte de la iniciativa, alegando incompatibilidades con su cargo sindical. 45
d. Gestión y puesta en marcha de la fábrica
Esa misma tarde del 10 de mayo de 2010 en que los trabajadores se reunieron por primera vez con Luis Caro, se organizó una reunión con varias otras cooperativas del MNFRT. Allí las otras empresas del movimiento se solidarizaron con Alcoyana para que empezara su propio proceso de recuperación. Les aportaron dinero para subsistir algunos días, y para cancelar las deudas de gas y electricidad cuyo suministro había sido interrumpido. En algunos casos varias cooperativas también proveyeron otro tipo de bienes de producción propia. 46
A la brevedad pusieron en marcha los dos únicos telares que estaban cargados con materia prima. Una vez colocado en el mercado este primer producto, el dinero producido fue reinvertido en la compra de más materia prima, sin repartir casi nada del mismo entre los trabajadores. 47
Al contrario de lo que uno podría creer, los cooperativistas no encontraron dificultad alguna en colocar sus productos en el mercado. Los principales compradores fueron los viejos clientes de Alcoyana, que fueron contactados por los propios trabajadores telefónicamente. La realidad es que, de acuerdo con el testimonio de Diego Sosa, la facilidad con la que los productos fueron colocados se explicaba, en parte, porque “la empresa hace un montón que venía mal y había muchísima demanda atrasada que no se entregaba e incluso muchos que creían que no estaba más en plaza la empresa, entonces cuando llamamos, interés en comprar había, obviamente”. 48
Puesto que los trabajadores no contaron con capacidad de facturación hasta tanto la AFIP no los inscribió en agosto del 2010, Alcoyana vendía sus productos contra facturas que eran prestadas por otras cooperativas del MNFRT. Sin embargo, esta situación de irregularidad no significó un impedimento para la colocación de sus productos, pues gran parte de las transacciones iniciales fueron respaldadas por relaciones de confianza con los clientes. Al respecto, se transcribe a continuación un fragmento de una de las entrevistas realizadas con Diego Sosa en la planta de Alcoyana:
- L: ¿Los primeros clientes fueron uno o varios?
- D: No, hubo varios, pero hubo uno [del] que siempre me acuerdo, de Tierra del Fuego. Uno de los primeros que nos compró, aparte nosotros no teníamos cuenta bancaria como cooperativa y no había forma de que nos depositaran los giros o nos enviaran [el dinero]. Entonces esos primeros clientes nos depositaban a nombre personal. Hacían giros a nombre de nosotros tres, los principales cargos, entonces cobrábamos a cuenta personal y traíamos el dinero a la fábrica. Los primeros clientes mandaban la plata a nombre de nosotros y teníamos que mandar la mercadería.
- L: Ah… Mucha confianza
- D: Sí, loco o confianzudo. Por ahí algunos conocían a Matías que era quien los llamaba. En realidad si vamos al caso, te estoy mandando plata a nombre de un desconocido que no sé si me va a mandar la mercadería. Ellos también se la jugaron. 49
En este caso, como sucedió con otras cooperativas 50, la compra de materia prima resultó una dificultad, puesto que los principales insumos con los que Alcoyana trabaja – algodón y poliéster –, son producidos por empresas oligopólicas, que no venden materia prima en pequeñas cantidades. 51 Esto los obligó a recurrir a pequeños proveedores, que vendían con precios menos competitivos, puesto que son revendedores de los grandes. Así, Diego Sosa nos cuenta que uno de sus proveedores iniciales, que encontraron en la localidad de San Martín, en determinado momento no los pudo abastecer por las cantidades que la cooperativa comenzaba a necesitar. Así fue como, luego de un tiempo, acumularon capital y lograron comprar a uno de los proveedores grandes en las cantidades que estos exigían. 52
Más que los problemas de informalidad legal, uno de los escollos más importantes para la reactivación de la productividad fue la desinversión heredada. La mayoría de las máquinas, según el presidente de la cooperativa, cuentan con más de 20 años de antigüedad. Aún peor: en aquel momento regían en la Argentina numerosas restricciones cambiarias y aduaneras, que volvían prácticamente imposible conseguir repuestos para reparar las que dejaron de funcionar.
Alcoyana cuenta hoy con cerca de 70 telares. En los mejores momentos del proceso de recuperación llegaron a tener en funcionamiento por encima de 50, y al día de hoy la reducción de la demanda y la contracción económica puso el número en 25, es decir, un poco menos de la mitad de su capacidad instalada. La mayoría de los que no están aptos para la producción son los telares que se utilizan para la producción de frazadas. Esto tiene que ver con que este producto es más caro y las veces que se elaboró fue muy difícil de colocar en el mercado. De allí que la inversión en reactivar estos telares no haya sido una prioridad. En cuanto a la infraestructura, una de las herramientas principales para la actividad son las calderas. Alcoyana cuenta con dos, pero una de ellas no está apta para funcionar. Si bien la planta logra producir con una sola caldera, la infraestructura no daría a basto si quisieran poner a funcionar la planta al máximo de su potencial productivo. 53
e. El rol del Estado
Si bien el capital inicial con el que los trabajadores contaron para poner en marcha la producción partió fundamentalmente de otras empresas del MNFRT, y de la poca materia prima y máquinas aptas para producir, el MTySS fue un actor importante para inyectar capital en la cooperativa. Ello fue gracias a la política de Modalidad de Pago Único de las Prestaciones por Desempleo (el “Pago Único”), cuyas características desarrollaré a continuación.
En Argentina, la ley 24.013 – Ley de Empleo– 54 establece en su título IV ciertas protecciones para los dependientes desempleados. Entre ellas un sistema integral de prestaciones para todos los trabajadores cuyo contrato se rija por la Ley de Contrato de Trabajo. Para acceder a las prestaciones por desempleo, el trabajador deberá haber tributado a la seguridad social, como mínimo, durante un período de 6 meses en los últimos 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo. La cantidad de meses durante los cuales se percibirá el beneficio se calcula de acuerdo al tiempo que se haya tributado al Fondo de Desempleo. El máximo será de 12 meses cuando el empleador hubiere ingresado aportes durante 26 meses. 55 Estas remuneraciones mensuales pueden ser percibidas de manera simultánea bajo la modalidad de Pago Único cuando los beneficiarios se constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajo existentes, a crear, u alguna otra forma de trabajo asociado”. 56
La modalidad de cobro del Pago Único tuvo su primera reglamentación a través del decreto 739 del año 1992. 57 El proceso para acceder al beneficio se encuentra enmarcado en el Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales (el “Programa de Empleo Independiente”), cuyo reglamento fue aprobado mediante Resolución 1862/2011 de la Secretaría de Empleo (y sus modificatorias). 58
En nuestro caso, los trabajadores optaron por recurrir al Pago Único para inyectar capital y lograr una expansión más rápida. No obstante, como esto implicaba que los importes de las prestaciones por desempleo se dejarían de percibir mes a mes hasta el momento en que el pago se apruebe 59, decidieron en asamblea que aquellos que optaran por tramitar el pago único para invertirlo en la fábrica tendrían un porcentaje mayor de retiros mensuales que aquellos que no lo hicieran. Asimismo, quienes quisieran con posterioridad igualar los retiros de sus compañeros podían hacerlo en cualquier momento integrando el mismo monto que los demás, en cuotas o al contado. 60
Así fue como de los 120 socios, cerca de 70 optaron por hacer la inversión en el momento inicial, y hoy quedan pocos de aquella época que no la han hecho.
Los retiros semanales de los trabajadores que invirtieron el monto del Pago Único en la cooperativa, en 2011 equivalían a $4600 pesos mensuales, mientras que para aquellos que no optaron por esta alternativa la suma ascendía a $3800 pesos. Al día de hoy, los retiros equivalentes a estas categorías ascienden a $10.000 y $8.500 pesos, respectivamente, y se adicionó una tercera categoría para aquellos trabajadores que deseen asociarse a la cooperativa sin pertenecer al grupo fundador. Los retiros de esta tercera categoría equivalen a $7.000 pesos. 61
Al momento que se condujo la primera versión de este estudio (año 2012), los socios que tenían retiros mayores se encontraban superando en un 100% el monto establecido como Salario Mínimo Vital y Móvil 62, mientras que los demás lo superan por cerca de un 65%. Esta tendencia positiva en los ingresos de los trabajadores, sin embargo, fue revertida durante los últimos años. Al día de hoy, los retiros de los trabajadores de la categoría más alta sólo superan el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil al mes de junio de 2017 en un 12,86%, y los de la categoría inmediatamente inferior, no logran alcanzar ese monto por muy poco.
En lo que hace a la preservación de las fuentes de trabajo y la creación de nuevos puestos, al momento de conducir el primer trabajo de campo, Alcoyana contaba con 125 operarios (13 de los cuales se encontraban en período de prueba). 63 Al día de hoy el número de socios asciende a 133. 64 En este aspecto, de manera coincidente con los resultados arrojados por otros estudios 65, observamos que la recuperación no se mostró sólo como una forma de preservación de los puestos de trabajo ya existentes, sino que también generó nuevos puestos. En lo que hace a la pérdida de poder adquisitivo de los retiros de los operarios, si bien es un dato desalentador, debe ser interpretado a la luz de los datos macroeconómicos de la Argentina actual. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios por la inflación ha sido un fenómeno generalizado del mercado laboral de los últimos tiempos, aunque no contamos con datos contundentes en relación a si esta tendencia fue más o menos acentuada en cuanto a las cooperativas.
f. Organización del poder en la fábrica
Alcoyana tiene reuniones de asamblea con todos los socios de forma mensual. Sin embargo, durante el último período de 2016 y principios de 2017 estas adquirieron carácter semanal con motivo de que se renovó el Consejo Administrador, y la gestión saliente dejó atrás una condición financiera muy precaria. Esto motivó que la nueva administración tuviera que recortar los retiros mensuales en un 25%. Este tipo de decisiones tan delicadas son tomadas en asamblea, e implican mucha deliberación. Eso explica el aumento en la cantidad de asambleas durante el último período. Las decisiones respecto de qué destino dar a las utilidades de la compañía, de acuerdo a los testimonios de Walter Soreti y Diego Sosa, también son tomadas en asamblea. 66
Los cargos del Consejo de Administración son reemplazados cada tres años. Desde que se formó la cooperativa han pasado tres distintas comisiones y cuatro presidentes. La razón por la cual han pasado más presidentes que comisiones tiene que ver con que durante la gestión 2013/2016, se propuso aumentar el reparto de las ganancias de un 33% de la ganancia neta, a un 38%. La nueva dirección había asumido con esta premisa, pero al poco tiempo de avanzar con la gestión los restantes miembros del Consejo de Administración advirtieron que este incremento no era sustentable. De esta manera, el presidente optó por renunciar, motivado en que no podría llevar adelante la iniciativa por la cual había sido elegido. 67
El tiempo dio la razón a aquellas voces que se oponían al incremento. Cuando se realizaron nuevas elecciones para renovar el Consejo de Administración en el año 2016, reeligieron a varios de los miembros de la comisión directiva original. El actual presidente, Cristian Pucheta, Diego Sosa como Síndico, y nuevamente a Walter Soreti como tesorero. Esta nueva gestión se encontró con que habían heredado una deuda impositiva con el Estado, puesto que los incrementos en los retiros se habían sustentado mediante la suspensión del pago del IVA. 68 El camino elegido para recuperarse de esta situación (reducción del 25% en los retiros de todos los miembros) es elocuente en relación a la capacidad de los trabajadores autogestionados para corregir el rumbo frente a comportamientos predatorios de la administración.
Otro de los puntos que desvelan a la doctrina local es la posibilidad de que la gestión cooperativa de las empresas resulte en un trato discriminatorio para el resto los acreedores laborales que no deciden conformar la cooperativa. En nuestro caso en particular, la convocatoria a conformar la cooperativa fue amplia, y transmitida a todos los trabajadores por igual, incluso los delegados sindicales, como se reseñó anteriormente. Este criterio de admisión fue modificado luego de que pasados tres meses de puesta en marcha de la planta, se acercara un ex dependiente de la fábrica a pedir incorporarse al proyecto. Esto generó un debate fuerte entre los socios de la cooperativa, puesto que este ex compañero, que ya era un hombre entrado en años, había sido muy cercano a los sindicalistas, y en alguna oportunidad se manifestó públicamente en contra de la iniciativa del resto de sus compañeros por recuperar la empresa.
Finalmente la asamblea decidió incorporar a este compañero, porque sus miembros entendieron que “era una buena persona que simplemente se había equivocado” 69, pero con ello se abrió otro debate: ¿Qué hacer con quienes quieran incorporarse en adelante? Tras mucha deliberación decidieron dar dos meses más de tiempo para que todos aquellos que no quisieron arrancar con el proyecto tengan la oportunidad de sumarse sin condicionamientos. En ese lapso aprovecharon para llamar por teléfono a todos los que pudieron, pero fueron muy pocos quienes se interesaron por avanzar con la continuación. Pasado este tiempo, “el que venga de ahora en más vamos a evaluar muy bien, ya va a ser distinto [dijeron los trabajadores] porque no es lo mismo querer sumarte en los primeros dos meses que estamos en veremos, que vengas un año después, ocho meses después cuando está todo encaminado.” 70
g. El intento de desalojo
El día 5 de mayo de 2010, al declarar la quiebra de la empresa, la jueza Ciruli ordenó al síndico a realizar la clausura, incautación e inventario los bienes existentes en la empresa, y de ser necesario, recurrir al auxilio de la fuerza pública para allanar el domicilio en caso de encontrarse con “resistencia indebida”. 71
Nueve días después de decretada la quiebra, en fecha 14 de mayo de 2010 la jueza volvió a insistir en el cumplimiento de la orden anterior, con motivo de un informe presentado por la sindicatura, en el cual se ponía en conocimiento a la magistrada una denuncia presentada por los sindicatos.
La denuncia sostenía que el Dr. Caro habría entrado a la fábrica con “grupos de choque” del MNFRT, que habían tomado por la fuerza las instalaciones y que se encontraban “vendiendo al público en el local de la tienda del frente del edificio la mercadería que es garantía de los salarios e indemnizaciones de los trabajadores”. 72 El síndico manifestó haberse hecho presente en la planta y corroborado “la veracidad de los hechos expuestos”. 73
Esta denuncia fue desmentida diez días después en el juzgado por los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa Alcoyana. La propia jueza manifestó su estupor frente la denuncia, puesto que en el primer pedido de continuidad que los trabajadores presentaron bajo el patrocinio del Dr. Caro dos de los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa en formación eran ex delegados sindicales de SETIA. Estos delegados habían consentido ocupar dichos cargos en la asamblea general acaecida dos días atrás de efectuada esta denuncia, tal como describí anteriormente en este trabajo.
Independientemente de la veracidad o no de lo expuesto, la jueza pidió que se cumpliera con lo establecido por el artículo 177 de la LCQ, y se proceda a desocupar y clausurar la planta de manera previa a que el tribunal se pronuncie sobre la solicitud de continuidad presentada por la cooperativa. A pesar de la claridad de la ley y del mandamiento, el intento de desalojo no se consumó hasta cuatro meses después, un día 7 de septiembre, a las 18 hs, momento de la tarde en el que casi todos los trabajadores habían abandonado las instalaciones luego de finalizada su jornada de trabajo. 74
El síndico se presentó junto con efectivos policiales, obligando a los obreros a que se retiraran de la planta para poder hacer el inventario correspondiente. Frente a esto, los trabajadores desalojados llamaron a los que volvieron a sus casas, y a su abogado. Este último a su vez anotició a otros trabajadores de otras fábricas recuperadas pertenecientes al MNFRT para que se solidarizaran con los compañeros que se estaban disponiendo a resistir el desalojo.
El Dr. Caro llegó a las instalaciones de la planta cerca de las 19:30 horas. Afuera de la fábrica había una enorme cantidad de trabajadores tanto de la propia fábrica como de otras empresas recuperadas pertenecientes al MNFRT. Muchos de quienes estaban allí habían pasado por otros intentos de desalojo. El temor a perder sus fuentes de trabajo y desinsertarse para siempre del sistema económico había convertido a esos hombres y mujeres laboriosos en soldados del pan de sus hogares. Sin nada que perder, amedrentaban mucho más de lo que podían ser amedrentados por la empuñadura del bastón y los escudos policiales.
Antes de ingresar al predio a negociar con el síndico, el abogado de los trabajadores apaciguó los ánimos afuera de la planta. Al igual y a diferencia que Francisco Narciso de Laprida 75, Luis Alberto Caro –un hombre de las leyes y los cánones– se había situado con solvencia en numerosas oportunidades tras las líneas del peligro; un defensor con todas las letras, capaz de convertirse en un desalojado más si las circunstancias llegaran a ameritarlo. El letrado llamó a la calma, dejó algunas indicaciones para que quienes nunca habían vivido un desalojo pudieran protegerse y preservarse de una eventual embestida policial, e ingresó a la fábrica. 76
El síndico Martinetti se encontraba en las oficinas de administración con los funcionarios judiciales que se habían apersonado a cumplir la diligencia. Los ánimos afuera de la planta estaban caldeados, por lo que el síndico manifestó su voluntad de poner cierre al conflicto de inmediato. 77 Cerca de las 22 hs, Martinetti, accedió a nombrar depositarios judiciales al Dr. Luis Alberto Caro y a otro abogado de los trabajadores de apellido Fernández –de acuerdo a las facultades que le otorga el art. 177 inc 3 LCQ–, y procedió a suspender la confección del inventario para el día siguiente. Cosa que nunca sucedió.
Por fuera de la posibilidad de otorgar la continuación inmediata del giro empresario de acuerdo al artículo 189 LCQ, y el permiso judicial regulado en el artículo 191 LCQ, el síndico cuenta con una facultad genérica de contratar –previa autorización del juez– sobre los bienes de la quebrada con el fin de obtener frutos –art. 186 LCQ–. No obstante, esta prerrogativa encuentra su límite en el caso que el contrato implique una disposición total o parcial del bien. Dadas las circunstancias en que se negoció el permiso para permanecer en la fábrica, no hubo tiempo a negociar el pago de un canon. Por ello, la única alternativa posible para solucionar rápidamente el problema fue recurrir del artículo 177 inc 3, del Capítulo IV (“Incautación, conservación y administración de los bienes”) de la LCQ, que habilita al síndico a designar como depositarios judiciales a terceras personas en posesión de los bienes del deudor, “si fueran personas de notoria responsabilidad”.
Los funcionarios del tribunal firmaron la diligencia temblando al ritmo de los tambores y las bombas de estruendo. Los cristales temblaban como los hombres y afuera de la oficina había la noche. Previo a retirarse de la planta pidieron al Dr. Caro que indicara a los trabajadores del MNFRT que se retiraran hasta la esquina para garantizar su seguridad. Así se hizo. Los funcionarios y auxiliares de la justicia cruzaron el portón de ingreso y se alejaron no sin antes atravesarlo con la faja de plástico que indicaba su clausura, como mandaba la orden judicial.
h. La resolución del conflicto
Luego de fracasado el desalojo, el Dr. Caro insistió nuevamente con el pedido de continuación de la actividad empresarial conforme al artículo 190 LCQ. 78 Pasaron los meses sin que el juzgado se pronunciara, hasta que en fecha 30 de marzo de 2011 se llama a mejorar la oferta de compra realizada por Tiferet 26 S.A. Esta circunstancia tomó por sorpresa a la cooperativa, e hizo que los trabajadores de la fábrica se movilizaran a protestar hacia las puertas del juzgado, y que el abogado de los trabajadores presentara un pedido de recusación de la magistrada interviniente. 79 A partir de estas repercusiones, la jueza dio marcha atrás con el llamado a mejora de oferta, y Luis Alberto Caro retiró su pedido de recusación. Este conflicto, sin embargo, importó un aprendizaje para los involucrados en el proceso: cualquier oferta con aspiraciones de prosperar debía ser conversada con los trabajadores de la cooperativa como especial actor interesado.
Un mes más tarde, la legislatura de la PBA sanciona una ley de expropiación de los bienes de la cooperativa. 80 Las implicancias jurídicas de la introducción de esta variable serán tratadas más adelante.Apenas después la LCQ sufre su última reforma. Luis Alberto Caro entonces aprovecha la oportunidad para presentar un tercer pedido de autorización de la continuación en el juzgado. 81 Con la cooperativa debidamente inscripta en el INAES, una ley expropiatoria a su favor, y el nuevo texto de la LCQ (a todas luces más favorable a las cooperativas de trabajo), todo invitaría a pensar que el juzgado no contaba demasiado margen para denegar la solicitud. No obstante, el pedido de continuidad conforme el nuevo texto del art. 190 LCQ nunca fue resuelto, y la cooperativa continuó explotando la fábrica desde la informalidad mientras se mantenían las conversaciones para dar salida al conflicto. 82
Luego de rechazada la oferta de Tiferet 26 S.A., los empresarios ofertantes se aproximaron a los trabajadores para comenzar un arduo proceso de negociación, y cerrar un acuerdo que pudiera ser homologado en la quiebra sin dificultades. Así fue como en fecha 16 de abril de 2014 (cerca de tres años después) se presentó una nueva propuesta de oferta, realizada por el mismo grupo empresario, pero bajo una compañía denominada Galopenim S.A.
La propuesta, en cuanto a su sustancia, consistía en: (i) el pago de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) por la adquisición de la totalidad de los bienes de la compañía; (ii) el compromiso de donar una fracción del predio (28.117,17 m2) y las maquinarias a la cooperativa; (iii) “asumir las gestiones administrativas, procesales, registrales y toda otra índoles que resulten necesarias para efectivizar la transferencia del dominio de inmuebles y soportar los costos de trámites, sellados y escrituras pertinentes” 83; (iv) brindar asistencia productiva a la cooperativa mediante un contrato de provisión de mercaderías por el término de ocho meses, hasta la suma de $8.000.000; y finalmente (iv) el compromiso de ceder a la cooperativa en comodato la parte del inmueble que no había sido donada (41.911,91 m2) por el plazo de diez años a partir de la suscripción del contrato.
Esta última cláusula requiere un comentario aparte. De la mera lectura formal del expediente no es posible inferir la complejidad de las negociaciones que culminaron en la formulación y aceptación de esta propuesta. El acercamiento entre el oferente y los trabajadores de la cooperativa no sólo implicó una conversación entre los abogados de una parte y el Consejo de Administración de la cooperativa, sino que la oferta debía resultar aceptada por los trabajadores mediante votación en asamblea. A pesar de que los trabajadores eran perfectamente conscientes de que el predio de la fábrica se encontraba sub-explotado, conforme relata Diego Sosa, la decisión de resignar una parte de la fábrica fue muy difícil de asimilar para muchos compañeros:
“Pero había que entender, esa era la idea entre todos, de que esta era una forma de que termináramos siendo propietarios de una parte del predio, mientras que de otra manera no teníamos nada: Estábamos acá explotando la fábrica sin autorización judicial y sin ser los dueños, dependiendo de una ley de expropiación que nunca se paga, que si se vencía en 2016 había que renovarla. Si no, teníamos que comprar todo el predio en la quiebra.” 84
Tanto los trabajadores como los nuevos ofertantes de la quiebra sabían que una vez formulada la propuesta en el expediente judicial, el procedimiento legal exigiría hacer un llamado público a mejora de oferta. El escenario de un tercero pujando por la compra sin haber asumido los elevados costos de negociar la estructura del acuerdo era más que inquietante para el oferente. Para los trabajadores resultaba igual de inquietante la posibilidad de una cara nueva en un delicado equilibrio que presuponía confiar en la buena fe de la contraparte. La solución fue la incorporación al acuerdo marco de una cláusula en la que el ofertante se comprometía a ceder en comodato su parte del predio a la cooperativa por un plazo de diez años, y el compromiso de los trabajadores a que llegado el momento de instrumentar el comodato consentirían a una cláusula de rescisión anticipada. Esta cláusula establecería que el comodante pagaría a la cooperativa cuatro millones de pesos ($4.000.000) si retiraban toda la maquinaria de la parte que no era de su propiedad en un plazo de pocos meses.
Finalmente, el costo de movilizar la maquinaria más las adaptaciones edilicias para trasladar la actividad a otro sector del predio significó una inversión por encima de los trece millones ($13.000.000) de pesos por parte de la cooperativa. 85 A pesar de ello, los trabajadores cumplieron con su parte, la planta quedó a disposición de quienes ofertaron, y los fondos producidos por la venta de la compañía se repartieron de la siguiente manera:
Dado que los dieciocho millones de pesos fueron ingresados en un plazo fijo, al momento del pago la suma a repartirse ascendió a $21.009.956,98. De este total, un 12,44% fue repartido en honorarios de los profesionales intervinientes considerados gastos de conservación y justicia según el artículo 244 LCQ, otro 33% a los trabajadores, y lo que quedó se distribuyó entre los restantes acreedores (principalmente servicios públicos e impuestos). Los acreedores quirografarios no percibieron prácticamente nada. 86
1) Las intervenciones del Estado
Este apartado abordará un análisis de las dificultades legales involucradas en tres intervenciones del Estado que contribuyeron al éxito de la recuperación de Alcoyana, a saber: a) la asistencia económica a través del MTySS; b) los mecanismos jurídicos utilizados para habilitar a la cooperativa a continuar la explotación de la fábrica luego de la quiebra; y c) la ley expropiatoria de la PBA.
A. El MTySS y la aprobación del Pago Único
El artículo 64 inc. 4 de la resolución del MTySS 1862/11 – que regula los aspectos operativos necesarios para acceder al Pago Único de la prestación por desempleo – establece que los proyectos de explotación presentados deberán atravesar un examen de viabilidad normativa. 87 Como es evidente, ello no significó un impedimento para que los trabajadores de Alcoyana accedieran al beneficio, aun cuando no contaban con permiso judicial, ni tampoco con ley expropiatoria alguna que los habilitara a estar en posesión de la planta.
El otorgamiento del visto bueno por parte del MTySS para que los trabajadores accedan a esta política pública, a fin de capitalizar un emprendimiento cimentado en la informalidad, puede ser explicado, al menos, a partir de tres escenarios diferentes:
El hecho de que Alcoyana haya pasado el test de viabilidad normativa no tuvo nada que ver con el resultado de un análisis de legalidad o no del emprendimiento, sino con un problema de incapacidad estatal. Este sería el caso por ejemplo si en realidad los análisis de viabilidad normativa fueran muy laxos, o inexistentes, por falta de recursos para mirar detenidamente cada solicitud particular.
El MTySS en realidad no cuenta una posición respecto a la legalidad o no de la ocupación, pero cree que si esta es “ilegal” de acuerdo al derecho positivo, no obstante es moralmente justa y por ello debe ser asistida por el Estado más allá de lo que digan las normas. Este escenario, de un Estado con dificultades para dirigir y controlar a sus burocracias resulta tributario de un rasgo característico del derecho en Latinoamérica: su alto grado de anomia e informalidad. 88
Una tercera opción es que la inclusión de Alcoyana como beneficiaria del Pago Único de la prestación por desempleo se haya decidido a partir de una interpretación genuina del derecho, independientemente de lo que resultara del procedimiento judicial.
Voy a desarrollar las implicancias jurídicas involucradas en el segundo y tercer escenario, puesto que el diagnóstico y las soluciones que involucran la primera posibilidad escapan a las limitaciones de tiempo, recursos y espacio de este trabajo.
ii. Segunda posibilidad: La anomia de la administración
En primer lugar, las razones por las que el estado decide intervenir –y de qué manera– en un conflicto, no siempre se explican a partir de distinciones entre los ámbitos de lo público y lo privado. Como plantean Villegas y Rodríguez, “por el contrario, suelen ser razones técnicas, coyunturales y con frecuencia políticas las que explican esta distribución entre intervención y no intervención, es decir, esta selección de los ámbitos de aplicación. La relación entre normas generales y abstractas y aquellos espacios sociales a los cuales están destinadas tales normas está interrumpida por innumerables obstáculos que bloquean, distorsionan, intensifican u opacan el postulado normativo” 89
Imaginemos por un minuto que la cooperativa Alcoyana aprobó el test de viabilidad normativa porque la administración consideró que la afectación eventualmente ilegal de los derechos de propiedad de los interesados en el proceso de quiebra podía ser desatendida de modo excepcional, con la finalidad de evitar el desempleo de los trabajadores. Es decir, por razones políticas antes que jurídicas. Esta práctica, tributaria de la idea de que el desempleo se soluciona con normativa para que las empresas no desaparezcan, es lo que algunos doctrinarios critican como el “voluntarismo jurídico” 90 que rodea la regulación de las cooperativas en la quiebra; es decir, el intento de solucionar una crisis económica reformando la ley de quiebras. Este recurso sería un género dentro de la especie de la normativa de excepción a la que usualmente echa mano el estado argentino para afrontar los ciclos negativos de su economía. Esta manifestación de la anomia (el exceso retórico) puede ser al mismo tiempo una de las causas de la fragilidad económica de las economías de la periferia, puesto que la anomia resulta en “sí misma generadora de los bajos grados de eficiencia y productividad social que subyacen a situaciones de subdesarrollo” 91.
García Villegas y Rodríguez postulan que la debilidad endémica de los Estados latinoamericanos y su escasa capacidad de maniobra para resolver eficientemente problemas sociales, explica en gran parte tanto la profusión normativa que predomina en la región, como la excepcionalidad a la hora del cumplimiento de estas normas. Esto porque el derecho es utilizado como un sucedáneo imperfecto de las intervenciones concretas y efectivas de la política. Es decir, antes que una herramienta para resolver problemas, el derecho es utilizado como un mecanismo de comunicación entre el estado y los ciudadanos, donde las dimensiones pragmáticas y operacionales de las normas pierden terreno frente a sus dimensiones simbólicas. De esta forma, para contrarrestar esta profusión normativa, aparece la excepcionalidad como recurso constante para evitar consecuencias catastróficas y contradictorias. 92
La excepcionalidad dentro de las regulaciones concernientes al desenvolvimiento de la economía y los mercados locales merecerían un capítulo aparte dentro de la discusión sobre anomia e informalidad. Retomemos el punto de vista de García Villegas y Rodríguez en este aspecto:
“La tendencia a la utilización de la legislación y los poderes constitucionales de excepción es reforzada por la necesidad del Estado de responder a las fluctuaciones económicas dramáticas a las que están sujetas periódicamente las economías semiperiféricas y periféricas. Dado que una de las consecuencias esenciales de la ubicación subordinada de un país en la periferia o semiperiferia es su imposibilidad de controlar el ritmo y las condiciones de la evolución de la economía global, los Estados en estas regiones deben afrontar permanentemente las consecuencias de la volatilidad del sistema capitalista mundial, que agrava la inestabilidad interna que los caracteriza. […] En estas condiciones, las medidas económicas tomadas por los gobiernos latinoamericanos tienden a ser remedios temporales y abruptos frente a las crisis periódicas.” 93
En este contexto, me atrevería a decir que la provisión de beneficios por parte del MTySS para el fomento de la recuperación tal vez conserva la lógica de los procesos decisorios de crisis, traspasados por la excepcionalidad. A fin de evitar criterios inconsistentes para aprobar el acceso al Pago Único de la prestación por desempleo, el análisis de viabilidad normativa podría regularse al día de hoy con más detalle, aprovechando los aprendizajes de tantos años de experiencia en materia de ERT. De lo contrario, el acceso al beneficio podría estar sujeto a la voluntad impredecible del funcionario al que le toca el trámite.
Debo aclarar, en esta instancia, que “regular” no quiere decir prohibir el otorgamiento del Pago Único de la prestación por desempleo cuando el requirente pretenda invertir en una empresa en vías de recuperación. Al contrario, regular requiere entender el proceso en la práctica, sintetizar el aprendizaje, y generar procesos adecuados para explicitar qué variables se deben observar a la hora hacer juicios de valor sobre los aspectos normativos que rodean a este tipo de emprendimientos.
Este último ejercicio no presupone como condición necesaria esperar a que exista un pronunciamiento judicial otorgando un permiso explícito a los trabajadores para permanecer en la fábrica. Por los argumentos que expondré a continuación, existen buenos motivos para pensar que la discusión no tiene por qué comenzar y terminar exclusivamente en el ámbito del poder judicial.
iii. Tercer posibilidad: una genuina interpretación normativa
La tercera explicación que puede surgir es que la cooperativa Alcoyana pasó el test de “viabilidad normativa” para acceder al Pago Único gracias a un entendimiento por parte del MTySS de que la solicitud tenía “humo de buen derecho”, más allá de no contar con un pronunciamiento judicial al respecto. 94 La pregunta, aquí, surge naturalmente: ¿el MTySS obró correcta o incorrectamente al pronunciarse sobre este punto sin que mediara autorización judicial? Adelanto que la respuesta dependerá del lugar que creamos que ocupa la supremacía judicial dentro de nuestro orden constitucional.
La supremacía judicial, por oposición a la visión departamentalista del poder –que promueve que cada una de las ramas del gobierno ostenta una capacidad independiente para interpretar la constitución–, descansa en la idea de que los jueces tienen la última palabra a la hora de interpretar la constitución, y en consecuencia, lo que digan las Cortes Supremas debe instaurarse como el significado de la constitución para todos. 95
Las teorías del constitucionalismo popular, en cambio, proponen un sistema en el cual el ejercicio del poder democrático “no está confinado a actos ocasionales de fundacionalismo constitucional, sino que incluye un control activo y constante sobre la interpretación y aplicación de la ley constitucional.” 96 Esto, más allá de presentarse como un postulado teórico, es también una realidad empírica. Ninguna interpretación constitucional, por más clara y homogénea que pueda resultar dentro de los miembros de una Corte Suprema, puede resistir frente a la oposición movilizada de la población, o de las otras ramas del poder –al menos por razones meramente estratégicas, de preservación de capital institucional, o por incapacidad para sobreponerse a nomas socialmente muy arraigadas. Es por esto que Larry Kramer observa con acierto que el constitucionalismo popular es, en cierta medida, “inevitable e ineludible” 97 .
A la inversa, si entendemos que la democracia exige algo más que la mera agregación de preferencias, entonces cierto grado de supremacía judicial no necesariamente excluye la posibilidad del constitucionalismo popular, sino que en ciertos casos puede constituirse como condición necesaria para su desarrollo. El caso paradigmático: cuando los mecanismos contramayoritarios defienden las precondiciones estructurales para que los ciudadanos se involucren en la formación discursiva de la voluntad popular sobre la cual la democracia sienta sus bases. 98 Parece razonable entonces concluir que “la diferencia entre los amigos y detractores de la autoridad judicial es en última instancia una cuestión de grado” 99.
La imposibilidad de arribar a una respuesta concreta sobre dónde trazar los límites de la supremacía judicial no es algo que debería angustiarnos de por sí. La relación entre la Constitución entendida como las creencias fundamentales de un pueblo, y los equilibrios alcanzados en su derecho constitucional –entendido como ley dura utilizada para litigar y saldar disputas– no es unidireccional, sino dialéctica. “La práctica de nuestro orden constitucional refleja disenso continuo acerca de la naturaleza de estos límites. La deferencia debida a las opiniones judiciales y sentencias es trabajada, caso por caso, a través del tiempo, con distintos puntos de equilibrio alcanzados y removidos en disputas sustantivas sobre cuestiones controversiales de gobernanza constitucional. Los límites entre la Constitución [entendida como una forma característica de vida asociada al carácter nacional del pueblo] y el derecho constitucional se construyen a partir de una compleja negociación entre deferencia y desacuerdo”. 100
Los actores no judiciales, a diferencia de aquellos que sí lo son, no se encuentran limitados por el lenguaje del derecho constitucional a la hora de promover sus visiones sobre cómo dar sentido concreto a los valores fundamentales que informan nuestras decisiones públicas. Esto implica que en circunstancias donde los actores no judiciales entienden que se afectan valores constitucionales fundamentales, resulta legítimo que detenten la opción de actuar desafiando la interpretación del derecho vigente. 101 Lo que diferencia esta actitud de un mero caso de anomia, es que quien desafía el equilibrio vigente de un acuerdo constitucional se percibe a sí mismo mejorando la práctica constitucional, antes que desobedeciéndola sólo porque puede.
Desde este punto de vista, encuentro fuertes razones que sugieren que la intervención del MTySS en nuestro caso concreto fortaleció, antes que empeoró, nuestra práctica constitucional al hacer su propia interpretación de las cuestiones normativas en juego por fuera de los resultados del pronunciamiento judicial.
Resulta difícil discutir que el MTySS tiene muchas menos posibilidades que el juez de la quiebra de contar con información acerca de la situación de los restantes acreedores interesados. En este aspecto los tribunales muestran ventaja al tener un cuerpo sustancial de auxiliares técnicos e información provista por los propios interesados en el proceso. 102 Pero aun en el caso que el tribunal no concediera a la cooperativa el derecho a continuar la empresa, la inyección de capital en la fallida en principio no mejora ni empeora demasiado la situación del resto de los acreedores en lo que respecta a la disminución del valor de los activos que constituyen la prenda común.
En el peor de los casos podría suceder que el aporte de capital propio de los cooperativistas impacte en el plano motivacional, dándoles mayores incentivos para resistir en sus pretensiones. Sin embargo, como contracara de esto, contar con un capital inicial habilita a la empresa a participar del análisis de viabilidad del principal fuero en el que presentará su caso, a saber: el mercado.
Más allá de los beneficios evidentes de lo anterior, para buena parte de los teóricos de la propiedad, y en particular para los libertarios, no resulta nada claro por qué la posibilidad de participar en la dialéctica del mercado debe promoverse a expensas de la facultad de excluir a terceros del acceso a bienes privados. De acuerdo a las visiones más conservadoras de la propiedad, la posibilidad de excluir a terceros aparece como el elemento central del vínculo entre libertad y propiedad. El argumento es que nuestra libertad individual se encuentra garantizada a través de nuestra propiedad, sólo en tanto y en cuanto nos posibilita aislarnos de los demás.
Esa concepción de la propiedad como una forma de escape se encuentra asociada a una visión de la libertad caracterizada por la ausencia de compulsión externa o interferencia gubernamental, donde el humano es visto como un individuo separado de los demás y que está solo en el mundo. Esta visión es disputada por enfoques alternativos que entienden que la autonomía de los individuos sólo es posibilitada a través de su desarrollo en sociedad. Bajo este punto de vista, la facultad de exclusión como principal aspecto a proteger en los derechos de propiedad se encuentra atenuada, y se hace foco en la capacidad de la propiedad para garantizar el ingreso de los individuos a alguna comunidad en particular 103 ; lo que aseguraría su florecimiento individual como seres humanos, y por ende su autonomía. 104
B. La continuación de la actividad de la empresa quebrada
En este estudio de caso hemos podido observar el comportamiento del tribunal frente a tres pedidos de continuación de conformidad con el artículo 190 LCQ, el tercero de los cuales fue llevado adelante bajo la ley reformada. La reforma significó requisitos mucho menos exigentes para conceder este permiso. No obstante, este cambio de régimen no se tradujo – al menos en nuestro caso – en un resultado concreto favorable a los trabajadores en el desarrollo del proceso judicial. Los tres pedidos de continuación no obtuvieron pronunciamiento alguno. 105 ¿Existen, entonces, mejores alternativas que las existentes para regular el permiso de continuación de la actividad empresarial por parte de cooperativas de trabajo? ¿O estamos frente a un simple caso de usurpación, donde se debe aplicar la ley penal y “resolver” el problema?
Es fácil aventurar razones por las cuales los operadores judiciales son reacios a permitir a las cooperativas continuar la actividad de una empresa quebrada a pesar de que la normativa se los permita, e incluso los aliente a hacerlo. Si el emprendimiento quebró previamente ¿qué cambiaría si resurgiera en manos de una cooperativa carente de management profesionalizado? Aun otorgando el permiso de continuación ¿Algo invita a pensar que juntarán capital suficiente en un plazo razonable para comprar los activos en la quiebra de manera tal que el resto de los acreedores no enfrenten un trato discriminatorio? Después de todo, el permiso para continuar la actividad es solo el primer paso en el proceso de recuperación, como bien observó Lorente, 106 puesto que una vez otorgada la continuación los trabajadores todavía afrontan la posibilidad de que un tercero adquiera la empresa durante el salvataje, y si no, todavía deben acumular capital para ofertar por compra directa una vez declarada la quiebra.
Pero por algún lado se empieza. La estrategia habitual de los trabajadores para iniciar la recuperación tiende a ser la más intuitiva: quedarse dentro de la fábrica pase lo que pase. Sucede, entonces, lo esperable: el juzgado ordena desalojos, muchas veces sin éxito, hasta que finalmente la cooperativa logra la obtención del permiso o una ley expropiatoria, o ambas. La reiteración de esta trama es entendible. Los trabajadores que atraviesan una quiebra generalmente vienen de sufrir el cobro de salarios atrasados o montos parciales, con alto riesgo de convertirse en desocupados permanentes. Esto explica que la vía usual por la que persiguen sus intereses no sea el litigio y la espera pasiva del resultado, sino la desobediencia al derecho sumada al litigio, pues “casi por definición, el quebrantamiento intencional de la ley como mecanismo de cambio legal es una estrategia utilizada por aquellos que no pueden soportar el costo de litigios civiles […]. En otras palabras, el quebrantamiento intencional de la ley es típicamente (aunque no siempre) una herramienta de los que no tienen [a tool of the have nots]” 107
No obstante, de lo anterior no se sigue que este tipo de conflictividad sea patológica, necesariamente perjudicial y digna de ser sofocada sin ningún tipo de contemplación por el derecho penal. Peñalver y Katyal, en su libro “Property Outlaws: how squatters, pirates and protesters improve the law of ownership” argumentan que la estabilidad que requieren los derechos de propiedad para cumplir su función –generar transacciones entre propietarios y terceros– se debe tanto al rol del derecho penal como mecanismo para asegurar la titularidad de las distribuciones alcanzadas, como también en parte al rol de quienes desafían estos acuerdos. Esto con motivo de que quienes quebrantan la ley, por el camino fuerzan reformas importantes que evitan la osificación de nuestros sistemas de propiedad, y lo vuelven a dotar de dinamismo y funcionalidad. 108
No obstante, Peñalver y Katyal reconocen que no toda desobediencia a los derechos de propiedad persigue fines nobles, y que de hecho la mayoría de las formas de desobedencia son improductivas. Por ello, antes que una defensa de la práctica, estos autores buscan pensar formas específicas de estructurar las respuestas estatales frente a la desobediencia, a fin de que los ciudadanos no sean reprimidos excesivamente por desafiar los regímenes vigentes de propiedad. En este sentido, proponen dos categorías de valores que surgen a partir de este fenómeno. En primer lugar, cuando la decisión de un individuo de apropiarse de la propiedad de un tercero tiene un impacto redistributivo que es en sí mismo defendible, estos autores hablan del “valor redistributivo de la desobediencia”. En segundo lugar, cuando enfrentamos casos de desobediencia persistente y generalizada, este comportamiento puede generarnos información útil como sociedad “indicando que alguna parte de nuestro derecho de propiedad, o alguna dimensión de la utilización de la propiedad por parte de los propietarios, podría ser injusta o estar desactualizada. Nos referimos a esta función señaladora provista por la conducta desobediente como el ‘valor informacional’. Si la desobediencia a los derechos de propiedad fuera perfectamente reprimida [como sugieren algunas teorías preventivas de la pena], ya sea a través de penalidades draconianas o un alto grado de enforcement, cada una de estas categorías de valor potencial sería susceptible de eliminación.” 109
Las respuestas legales que imaginemos para abordar la desobediencia a los derechos de propiedad tendrán que ver en gran medida con la forma en que nos posicionemos en relación a las teorías que justifican la pena dentro del espectro de las teorías preventivas o retributivas. Asimismo, a los fines analíticos, los autores proponen categorizar a los actos de desobediencia dentro de un rango que oscila entre violaciones a los derechos de propiedad autointeresadas que se orientan a la apropiación de los bienes, por un lado, y aquellas con un enfoque altruista orientadas finalidades expresivas asimilables a actos de desobediencia civil. 110 El primer tipo de desobediencia se denominará “adquisitiva”, y el segundo “expresiva”. 111
En nuestro caso de análisis nos encontramos frente a un caso de desobediencia adquisitiva, puesto que si bien la toma de la fábrica genera cierto valor informacional sobre posibles distribuciones injustas de la propiedad, la conducta no apunta principalmente a señalar la injusticia de la LCQ como tal, e incluso procura valerse al menos parcialmente de las herramientas que esta le provee.
Desde el enfoque prospectivo de las teorías preventivas toda transferencia involuntaria es –en principio– sospechosa de ser ineficiente y por lo tanto indigna de contemplaciones frente al castigo. No obstante, existen buenas razones también de orden consecuencialista para desestimar esta postura cuando quien se apropia los bienes de un tercero los valora más que su poseedor legítimo. El problema es que quienes se ubican del lado de los infractores usualmente cuentan pocos medios para expresar el valor de mercado que asignarían a una determinada propiedad, como en el supuesto de los trabajadores de nuestro caso de estudio. La dificultad, entonces, consiste como advierten Peñalver y Katyal, en identificar en qué situaciones el infractor valora más el bien que el propietario, por un lado, y el posible impacto a largo plazo respecto de la eficiencia de permitir violaciones ocasionales a la regla por default contra la desposesión, por otro lado. 112
En la dialéctica de esta tensión, la persistencia de actos de desobediencia adquisitiva puede estar señalando distribuciones ineficientes de los derechos de propiedad, aunque tenemos buenas razones para dudar de la calidad de la información dada la naturaleza autointeresada de la conducta. Este hecho, según Peñalver y Katyal, se encuentra balanceado por dos afirmaciones de orden empírico que nos invitan a reforzar nuestra confianza en la dimensión informacional de la desobediencia adquisitiva: en primer lugar, la inclinación natural de los ciudadanos a obedecer la ley, que es aún más pronunciada cuando la norma refleja fielmente valores ampliamente compartidos 113 ; y en segundo lugar porque “como demuestran los hallazgos de los economistas conductuales las personas están mucho menos dispuestas a perseguir la propiedad de un tercero que a conservar algo que ya poseen.” 114 Estas dos circunstancias indican que la persistencia en el quebrantamiento del derecho orientada a modificar la titularidad de los derechos de propiedad por fuera del status quo responde por lo general a incentivos u objeciones poderosas que podrían sugerir alguna suerte de falla de mercado, o una injusticia ampliamente percibida. 115
No obstante, aún si consideráramos con alta estima el valor informacional y redistributivo de la desobediencia, es válido preguntarse de qué manera se justifica, desde un punto de vista moral, que los costos de estas categorías de valor potencial deban ser soportados por los propietarios en general, o por algún propietario en particular. Después de todo, desde el punto de vista de las visiones más clásicas del libre mercado, la característica más saliente de un derecho de propiedad es la facultad de ejercer el dominio último (o despótico inclusive, conforme la conocida definición de “propiedad” propuesta por William Blackstone 116 ) sobre la disposición de una cosa o un conjunto de recursos, con exclusión de idéntico derecho frente a cualquier otra persona del mundo.
Sin embargo, la postura de que los trabajadores deben irse de la planta por no ser los dueños de la cosa es la conclusión, antes que la pregunta, y es un hecho que no nos provee razones para alocar los recursos de una manera particular entre los dueños de la compañía, los trabajadores y los restantes acreedores. Esto último es, en realidad, el centro de la disputa. Como bien postula Joseph William Singer, primero decidimos quien gana la disputa en base a cuestiones políticas y morales, y luego llamamos a esa persona el “propietario”, y no al revés. 117
Joseph William Singer, en un trabajo seminal sobre el tema, desarrolla la importancia de que los derechos de propiedad no sólo sirvan como un mecanismo para proteger las promesas acordadas entre propietarios y no propietarios, sino también para atender adecuadamente las relaciones de confianza y dependencia que los humanos generamos a través de la forma en que distribuimos, reproducimos y administramos nuestros recursos. 118 Esta forma relacional de entender los derechos de propiedad los vincula más a una serie de deberes y obligaciones que se modifican en el tiempo durante una relación de largo plazo y en respuesta a eventos imprevisibles, antes que a un conjunto estable y sagrado de prerrogativas que surgen de una distribución inicial, y que sólo pueden ser legítimamente redistribuidas a partir de transferencias voluntarias. De allí que Singer propone un principio moral que llama el “interés de la confiabilidad (reliance) en la propiedad”, que implica entre otras cosas que “cuando la gente construye relaciones de dependencia mutua involucrando esfuerzos conjuntos, y la relación finaliza, los derechos de propiedad […] deben ser redistribuidos (compartidos o relocalizados) entre las partes para proteger el interés legítimo de las personas más vulnerables” 119 Este objetivo de proteger las expectativas generadas en la parte vulnerable de las relaciones de poder manifestadas a través de la propiedad, desde el punto de vista de Singer , resulta un interés “legítimo y deseable como un objetivo propio de la vida social, y como merecedor de protección legal.” 120
Estas ideas encontraron desarrollos posteriores en la escuela de la propiedad progresiva, que cuenta entre sus principales exponentes al profesor Gregory Alexander, quien en un importante trabajo titulado “The Social-Obligation Norm in American Property Law”, argumenta que los derechos de propiedad en el sistema norteamericano traen implícitas obligaciones sociales que no han sido reconocidas expresamente, ni tampoco desarrolladas de forma sistemática por los operadores jurídicos. De esta forma, Gregory Alexander postula que los derechos de propiedad como institución social encuentran su justificación, y también su límite, en la medida en que contribuyan o dificulten, respectivamente, el florecimiento humano. De manera consistente con lo anterior, Gregory Alexander concluye que “el estado no quita nada cuando se abstiene de reivindicar legalmente reclamos sobre recursos que son inconsistentes con el florecimiento humano.” 121
Por fuera de estos cuestionamientos, ratificar el impacto redistributivo de determinadas transferencias forzadas también tiene sus problemas desde el plano consecuencialista. Principalmente serían tres: a) que los propietarios recurran a la violencia para preservar su propiedad; b) que se termine erosionando el efecto preventivo de la ley penal, dando lugar a conductas oportunistas; o c) que la ratificación termine horadando el respeto por la ley y el estado de derecho. Este sería el caso si los efectos positivos de ratificar determinadas transferencias forzadas se vieran contrarrestados por una percepción de desorden generalizado que redunde a su vez en un aumento de las conductas criminales, conforme postula la teoría de las ventanas rotas. 122 Pero las dificultades que postula esta pregunta empírica, que exceden por completo al presente trabajo, tampoco permiten descartar la posibilidad de que la ratificación de las transferencias forzadas termine siendo una solución que a la larga termine reforzando, antes que debilitando el estado de derecho, como señalan Peñalver y Katyal. 123 Ello porque público se mostraría más dispuesto a proteger el nuevo orden, gracias a las modificaciones incorporadas a partir de la conducta desestabilizante, que contribuyeron a la creación de un orden más justo, y percibido como más legítimo también.
Más allá de que los equilibrios alcanzados a largo plazo puedan resultar positivos, el carácter ilegal de la conducta no deja de ser una causa de preocupación, dado que si dejamos las reformas legales en manos de la acción individual de quienes quebrantan la ley, los costos de quienes deben soportar la conducta podrían ser distribuidos de manera inequitativa. 124
En consideración de las cargas injustas que la desobediencia genera tanto para el lado de los propietarios como de los infractores, Peñalver y Katyal sugieren alternativas para los encargados de hacer las leyes (policymakers), que nos pueden servir para evaluar el acierto de la regulación actual de la continuación de la actividad empresarial en nuestra LCQ. En este sentido, en respuesta al valor distributivo de la desobediencia, proponen o bien (i) ratificar selectivamente ciertas transferencias forzadas o (ii) incrementar sistemas gubernamentalmente patrocinados de redistribución de los bienes. Y en respuesta al valor informacional de los ilícitos, el Estado podría: (i) incorporar la información generada por el comportamiento ilegal en el proceso político sin despenalizar la conducta ex ante, y despenalizandolá ex post en caso de corresponder. De esta manera, los resultados de la adjudicación individual atraerán (esperamos) la atención correspondiente sobre el problema. O (ii) incrementar subsidios para diferentes substitutos legales de la desobediencia expresiva, de manera tal que los potenciales desobedientes puedan hacerse escuchar en la esfera pública sin tener que recurrir al quebrantamiento de la ley. 125
En lo concerniente a las recuperaciones, la concesión por vía judicial del permiso de continuación ex post a la ocupación de hecho de la planta funciona como un mecanismo de ratificación parcial de una transferencia. Digo parcial porque no implica transferencia de la titularidad de los bienes, sino el derecho a continuar explotando la planta hasta que ocurra su venta definitiva. No obstante, uno de los mitos que conviene desterrar es aquel que sostiene que la única fuente a partir de la cual se informa sobre la eficiencia o no de esta ratificación es del informe del síndico del art 189 LCQ, o del análisis que el juez pueda hacer de los datos que se le presentan a través del expediente. Es aquí donde juega un papel importante el rol informacional de la desobediencia a la propiedad antes mencionado.
Conviene, sin embargo, hacer la salvedad de que la forma en que se ratifiquen estas transferencias (ex ante o ex post de haber ocurrido la toma de la planta) impacta en el valor de la información comunicada. Cuanto más incierta y menos severa es la posibilidad de castigo, o mayor la probabilidad de tener éxito en conseguir beneficios a través de la desobediencia, más incrementa la posibilidad de que se respete menos la ley. Asimismo, excusar ex ante, ciertas conductas generaría una ventana de oportunidad para el comportamiento estratégico de parte de quienes rompen la ley, cosa que podría bien desdibujar los límites que distinguen el comportamiento justificado del injustificado. 126
Desposeer a otro de un inmueble, total o parcialmente, configura el delito de usurpación tipificado por el artículo 181 del Código Penal argentino. Cualquier ocupación de una planta fabril sin obtener autorización judicial, violaría esta prohibición. De esta manera, la pregunta central es si podemos interpretar que la redacción actual de nuestra LCQ, tan favorable a las recuperaciones fabriles, podría ser percibida como una legitimación ex ante de una conducta claramente delictiva como ser la toma de una fábrica por vías de hecho.
En un contexto en el cual el mercado no provee información sobre cuán ventajosa sería la recuperación de un emprendimiento quebrado – dado que la producción casi nunca reinicia en sus condiciones óptimas –, ni tampoco sabemos de antemano nada sobre la capacidad de gestionar colectivamente que pueda tener el grupo de trabajadores en cuestión, el hecho de que los ex dependientes estén dispuestos a asumir un castigo penal nos da una pauta de la magnitud de la injusticia conforme ellos la perciben, y cierta información sobre la viabilidad del proyecto. 127 Esta información podría perderse si ocupar la fábrica tuviera costo cero; si la toma del predio fuera la alternativa susceptible de éxito en cualquier circunstancia, dando lugar a que prevalezcan recuperaciones aventureras deslegitimando aquellas con sustento razonable.
Este posible impacto negativo de la aceptación ex ante de algunas categorías de desobediencia amerita mirar con cautela un régimen en el cual la continuación de la actividad empresarial sea la regla. Por otro lado, no deja de ser cierto que si bien la nueva LCQ relaja sensiblemente los requisitos que deben satisfacerse a los efectos de la continuación, en ningún lugar dice que el permiso del artículo 190 será otorgado en todos los casos – sin ir más lejos basta observar lo sucedido en nuestro caso bajo análisis –. A esta altura resulta claro que necesitaríamos evidencia empírica más fuerte para saber si esta nueva redacción de los artículos 189, 190 y concordantes de la LCQ significan o no una legitimación ex ante de cualquier ocupación fabril.
No debemos olvidar, por último, que así como la conflictividad puede generar información, el operar al margen de la ley también genera costos –informalidad– que en numerosos aspectos obstan a la posibilidad de un desarrollo eficiente. 128 Por ello, resulta irrazonable la cantidad de tiempo donde no hubo pronunciamiento judicial sobre la solicitud de los trabajadores de continuar la actividad de la compañía, y se ve claramente la necesidad de establecer, de lege ferenda, alguna previsión para los casos donde el juzgado omita decidir sobre este pedido.
C. La expropiación
El orden de exposición de esta sección se orientará a partir de dos grandes preguntas. La primera de ellas versa sobre la validez o no de la ley de expropiación de nuestro caso en particular, y la segunda, sobre qué efectos genera esta ley en el desenvolvimiento de un proceso de quiebra en curso.
La validez de la expropiación
Para tomar postura sobre la validez de una ley expropiatoria en el sistema jurídico argentino, el primer texto que debemos mirar es la Constitución Nacional. No obstante, como señala Marienhoff: “Si bien la ‘expropiación’ es un instituto de base constitucional, el procedimiento expropiatorio, propiamente dicho, no está regulado por la Constitución, ni surge de ésta. De modo que al respecto la legislación tiene amplio campo, pudiendo adoptar y seguir cualquier criterio, en tanto éste respete los correlativos principios básicos contenidos en la Ley Suprema: calificación de la utilidad pública por ley formal e indemnización previa (Constitución, artículo 17), y acatamiento a las exigencias del ‘debido proceso legal’ (Constitución, artículo 18) (541).” 129
En la Provincia de Buenos Aires (PBA) las expropiaciones se rigen por la ley 5708 (en adelante, la “Ley de Expropiaciones de la PBA”), 130 pero a nivel federal las leyes expropiatorias no suelen diferir demasiado de la regulación de las expropiaciones del Estado nacional de la ley 21.499, y esta no es la excepción.
Al igual que con el resto las expropiaciones empresarias en beneficio de cooperativas de trabajo sancionadas por la PBA, la dificultad más grande para la validez de la expropiación de Alcoyana es que la indemnización no fue pagada de manera previa, como establece el artículo 17 de la Constitución Nacional. 131
Sin embargo, de acuerdo a la opinión del Dr. Caro –basada en la doctrina de Marienhoff–, la ventaja de contar con una ley expropiatoria es que el juez no puede desalojar a los trabajadores durante su vigencia. 132 Al respecto, Marienhoff sostiene que:
“La indemnización ‘previa’ debe serlo con relación a la transferencia del dominio a favor del expropiante. La propia Constitución Nacional así lo da a entender, pues dice que la ‘expropiación’, o sea la pérdida de la propiedad, debe ser previamente indemnizada. La mera ‘desposesión’ no requiere imperativamente que, al llevársela a cabo, el expropiante haya depositado el monto total de la indemnización que correspondiere: basta con un depósito de adecuado monto razonable, que después sería actualizado en la forma correspondiente, antes del traspaso o transferencia de la propiedad del bien o cosa expropiado.” 133
En este confuso párrafo, Marienhoff parece querer establecer una distinción entre propiedad, entendida como titularidad de un bien, y posesión, entendida como derecho real. Marienhoff hace esta interpretación bajo el entendimiento de que el artículo 17, cuando habla de “propiedad”, se está refiriendo al primer aspecto – la titularidad del bien –, y por lo tanto el requisito de indemnización previa no es aplicable para otorgar al expropiante o al tercero beneficiario el derecho real de poseer la cosa.
Esto resulta desconcertante, pues hay posesión de una cosa, de acuerdo al artículo 1909 del Código Civil y Comercial, “cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”. En este sentido la doctrina y la ley son muy consistentes en sostener que la calidad de poseedor no tiene como condición necesaria el derecho a poseer, pero este sí se desprende de la condición de propietario de la cosa.
Lo cierto es que la anterior interpretación del concepto de “propiedad” desvirtúa totalmente la funcionalidad del derecho en cuestión. El Dr. Marienhoff pretende desproveer al artículo 17 de la Constitución Nacional de su razón de ser, que comprende el aseguramiento de un ejercicio de dominio respecto de los individuos para con las cosas de las que son propietarios. Adicionalmente, esta lectura de la norma tampoco fue receptada en nuestra tradición jurisprudencial, conforme el criterio sentado por la CSJN en el caso Servicio Nacional de Parques Nacionales c. Franzini. 134 Este caso trataba sobre una ley nacional que, motivada en un contexto de emergencia y crisis, restringía temporalmente la percepción íntegra de los montos adeudados, entre otros conceptos, por indemnizaciones expropiatorias. Este régimen de cobro fue declarado inconstitucional por la CSJN, con la disidencia del juez Fayt. En palabras de la Corte:
“La facultad del Estado de apoderarse de los bienes particulares cuando la necesidad pública lo exija tiene como barrera el instituto expropiatorio, que establece una triple limitación: el objeto público de progreso y bienestar de la comunidad, la calificación por ley de utilidad pública y la previa indemnización. […] Si se efectuara un pago parcial, el saldo de la indemnización eventualmente resultante no cambiaría de naturaleza jurídica y continuaría sometido a la exigencia constitucional del previo pago.” 135
La Corte enfatiza esta idea en el considerando 13, donde afirma que “nunca una ‘indemnización previa’ podrá entenderse como ‘crédito a cobrar por expropiación’”, y que la aprobación de una ley expropiatoria no produce “simplemente la transformación de un derecho real de propiedad en un derecho de crédito a favor del expropiado” 136 , y continúa, en el considerando 16, sentando como criterio general que todo sistema de cobro que implique una demora en la percepción del monto indemnizatorio “es inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al expropiado y, por tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 de la ley fundamental.”
Lo anterior no obsta a que el síndico de la quiebra de Alcoyana pueda iniciar un juicio de expropiación inversa al Estado. De acuerdo al criterio establecido por la CSJN en el caso Dos Américas I.C.F c. Territorio Nacional de Tierra del Fuego, la desposesión por parte del Estado por “la ocupación material de la cosa, o por la afectación en cualquier grado de su derecho en la posesión, uso o goce de ella en razón del ejercicio del poder de expropiación, faculta al propietario a reclamar la expropiación inversa (Fallos: 312: 1725). Ella encuentra su fundamento en el art. 17 de la Constitución Nacional y supone la existencia de ley de declaración de utilidad pública.” 137 En la misma línea, el artículo 41 de la Ley de Expropiaciones de la PBA, faculta a los particulares a iniciar juicios de expropiación inversa también “Cuando la autoridad provincial o municipal turbe o restrinja, por acción u omisión, los derechos del propietario.” 138
A pesar de la claridad de la norma, al enfrentar este tipo de demandas la Fiscalía de Estado de la PBA se defendió, principalmente, con dos argumentos. El primero de ellos consiste en la alegación del carácter facultativo de la voluntad expropiatoria por parte del poder ejecutivo, y el segundo en que la desposesión efectuada por la cooperativa no resulta imputable al Estado. 139
La pretensión de que el ejercicio de la voluntad expropiatoria resulta facultativo no puede tener lugar. Dado que el Poder Legislativo asignó democráticamente un recurso a un particular, el Poder Ejecutivo no puede, luego de haber promulgado dicha ley, negarse a ejecutarla y abandonar la expropiación sin buenos motivos que justifiquen esta decisión. Esto por la simple razón de que la facultad de no implementar una ley no puede ser ejercida por el Estado de manera arbitraria, discriminatoria o de mala fe, sin violar con ello el principio de legalidad y de igualdad ante la ley. De lo contrario no se estaría tomando en serio el estado de derecho. 140
La segunda defensa esgrimida usualmente por la Fiscalía de Estado consiste en alegar que el desapoderamiento efectuado por un tercero (una cooperativa registrada no puede asimilarse directa o indirectamente a la desposesión a cargo del Fisco, situación frente a la cual los particulares cuentan con las herramientas tradicionales del derecho penal. Este entendimiento no resiste ni siquiera el análisis más superficial, y solo confirma la mala fe con la que la PBA ejerce su prerrogativa de abandono de la expropiación. Pues resulta por demás claro que la sanción de la ley se llevó adelante a los fines de que los trabajadores puedan ocupar la planta de la empresa quebrada.
A pesar de lo evidente de este razonamiento, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires decidió intervenir en este debate en el precedente “San Justo S.A.I.C c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa”, de fecha 11 de marzo de 2015. 141 La discusión versaba acerca de si en el caso podía considerarse que la omisión del Estado de pagar la indemnización previa de una ley expropiatoria de una fábrica podía asimilarse a un acto que turba o restrinja los derechos del propietario. Con la implicancia normativa de que esto habilitaría la acción de expropiación inversa conforme el artículo 41 inciso C) de la Ley de Expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires. La pretensión defensiva de la Fiscalía de Estado había sido acogida favorablemente en Cámara en razón del argumento reseñado en el párrafo anterior. La SCPBA dio vuelta este criterio, con la disidencia del juez Pettigiani. 142
Pasemos ahora a otro punto controvertido respecto de las leyes de expropiación de empresas en quiebra, que tiene que ver con la utilidad pública ¿Existe utilidad pública cuando se quita un bien del patrimonio de un particular en beneficio de otro particular? De acuerdo a la postura del Dr. Rivera, la respuesta a este interrogante claramente es por la negativa. 143. En refuerzo de su postura cita un fallo de la CSJN, “Fisco Nacional c/ Ferrario Jorge J.”, en el que el tribunal establece que el incumplimiento del requisito de utilidad pública “acontece […] cuando resulta claro y manifiesto que el Estado, so color del ejercicio expropiatorio, lo que realmente hace es quitar a una persona la cosa de que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo provecho patrimonial, como dádiva, es decir, sin beneficio público alguno.” 144. No obstante, este criterio fue sentado en un caso de circunstancias muy diferentes a las que conciernen a las empresas recuperadas beneficiarias de una ley expropiatoria. Repasemos los hechos del caso Ferrario como constan en la sentencia.
Jorge Ferrario, el demandado, formó parte del grupo de corredores de la Cuarta Carrera Panamericana, que se había disputado en México en el año 1953. A su regreso, al pretender ingresar el automóvil a la Argentina, no logró hacerlo, puesto que el Estado alegaba la insuficiencia la documentación para conseguir el permiso de ingreso. Esto mismo sucedió con otros participantes de la carrera. De los participantes que regresaron de la carrera, hubo 56 que sí obtuvieron los respectivos permisos del Banco Central, pero hubo otros 15, entre ellos Jorge Ferrario, a los cuales se les expropiaron sus automóviles sin demasiada motivación para fundar este desigual tratamiento. El bien expropiado fue dado en adjudicación al señor Armando Núñez, y la única razón que la segunda instancia encontró para explicar dicha asignación de recursos era una carta que obraba en el expediente judicial, en la cual el entonces Presidente de la República, Juan Domingo Perón, solicitaba al Ministro de Comercio que por recomendación suya se le adjudicara dicho bien al señor Núñez.
Lo burdo de los hechos del caso no deja lugar a dudas respecto de la inexistencia de utilidad pública alguna en la provisión de favores oficiales motivados en el nepotismo o la amistad con algún particular. Es imposible frente a este escenario no estar de acuerdo con el criterio de la CSJN cuando afirma que la utilidad pública no aparece “cuando lo único que concurre es el don o la gracia que los poderes políticos quieren practicar en provecho de quienes les son adictos” 145.
No obstante, aún con el más fuerte de nuestros esfuerzos argumentales resulta muy difícil asimilar una ley de expropiación otorgada a un grupo de trabajadores que han puesto en marcha una empresa tras un año entero de lucha, trabajo y sacrificio, a una prebenda otorgada en razón de la amistad o la afiliación política. Pero aun si quisiéramos intentar ese esfuerzo, y asimilar la expropiación de Alcoyana a un acto de gracia de los poderes políticos para captar más votantes, ello no resultaría suficiente para alterar la causa de utilidad pública de la expropiación.
Las políticas públicas por lo general persiguen votos, al mismo tiempo que por su propia naturaleza no pueden satisfacer los intereses de todos por igual. Así, la regla es que algunos se beneficien mientras otros se vean perjudicados por ciertas políticas, y esto no las invalida como tales ni las convierte necesariamente en arbitrarias o discriminatorias – extremos que operan como límites al ejercicio del poder expropiatorio estatal a partir del requisito de utilidad pública. 146. Resultaría bastante extraño pensar que un beneficio pueda ser calificado por discriminatorio solo por no alcanzar a todo el mundo ¿Podríamos impugnar un plan de viviendas por discriminatorio si este no provee habitación a toda la gente sin vivienda de Argentina? Entiendo que no.
Para finalizar, es cierto que nada se ha dicho aquí sobre la línea jurisprudencial de la CSJN respecto de si la declaración de utilidad pública es o no revisable por parte de los jueces. Considero que esa discusión es un género dentro de la especie de la profusa tradición de los debates acerca del ejercicio de control de constitucionalidad; por ello no voy a profundizar en este debate. 147. No podremos, sin embargo, evadir las cuestiones concernientes a nuestros compromisos democráticos a la hora de determinar si la utilidad pública puede configurarse cuando se quita un bien del patrimonio de un particular para pasarlo de otro particular. Si quisiéramos trazar la línea divisoria entre lo que es utilidad pública y lo que no lo es, en función de si la expropiación es a favor de un grupo de individuos o de la “comunidad toda”, nos meteríamos en más problemas de los que pretenderíamos resolver, pues siempre que se expropia algún bien para someterlo a un uso de utilidad pública, algunos grupos se verán más favorecidos que otros.
Esta dificultad en determinar qué fines son de utilidad o interés público, y qué fines son de interés o beneficio particular, nos obliga a ser muy deferentes con la determinación que se haga de los mismos a partir de los mecanismos democráticos de participación designados a tales efectos.
Veamos cómo administró la SCPBA las tensiones involucradas en la validez de la determinación de utilidad pública y los derechos de propiedad.En el año 2009 la SCPBA decidió el caso O'Connor Alberto Marcos y otro s/ Inconstitucionalidad ley provincial 11959. 148. Los demandantes, los Sres. O'Connor y Falco, eran propietarios de unos terrenos ubicados en el partido de San Isidro, cuyo destino iba a ser la construcción de un barrio residencial. Tiempo después, tres calles que lindaban con el predio fueron ocupadas por varias familias, razón por la cual los propietarios formularon una denuncia en la municipalidad, que no derivó en la solución del problema ni el desalojo de los ocupantes. En junio de 1997, la legislatura declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de los actores, disponiendo que los mismos serán adjudicados en propiedad a titulo oneroso a sus ocupantes con cargo de construir una vivienda propia y bajo la previa condición de haber ocupado el predio por un período no inferior a dos años antes de la sanción de la ley.
La SCPBA debía pronunciarse sobre si existía o no una genuina causa de utilidad pública en la expropiación. El voto del juez Soria aclara en el considerando 1.c, que no resulta suficiente que los demandantes fundamenten “su pretensión en el tradicional pensamiento que reputa inválido expropiar a unos para darle a otros […] planteo que, sin otro aditamento, seguramente habría devenido insuficiente para privar de validez a la norma legislativa”. En consecuencia, la SPCBA hace una distinción entre aquellos casos en que la utilidad pública se logra de manera “directa”, y aquellos en los que esta aparece solo indirectamente. La diferencia es que en los primeros la utilidad pública es lograda al “incrementarse el dominio público o el patrimonio estatal merced a la incorporación de la cosa expropiada y procurarse con ello un beneficio tangible para una universalidad más o menos indeterminada de personas (vgr. Construcción de caminos, represas, canales, hogares de ancianos, por citar algunos ejemplos)”, 149 y en el segundo tipo de casos, en cambio, la utilidad pública se logra “mediante la provisión de concretos beneficios a un número limitado y determinable de individuos, incardinada en el marco de políticas sociales, económicas o de otro tipo.” 150. En el segundo tipo de casos, la SCPBA asevera, retomando razonamientos de la Corte norteamericana, que nuestra deferencia por el criterio parlamentario debe ser menos rotunda, en cuyo caso “la satisfacción de la utilidad pública demandará evidencia más perceptible sobre a] el correlato entre las razones que sustentaron la determinación legislativa y las circunstancias fácticas que se alegaron como determinantes para echar mano del instrumento expropiatorio [S.C. U.S.A., Cincinnati v. Vester, 281 U.S. 439 (1930)] y; b] la vinculación entre la decisión expropiatoria y un plan gubernamental en la materia racionalmente evaluado [doct. Kelo v. City of New London, sent. de 23-VI-2005).” 151.
En este estándar, que llamaremos estándar de la “razonabilidad de la utilidad pública”, el primer requisito significa nada menos que a la hora de expropiar algo en nombre de la satisfacción de algún derecho en particular, las circunstancias fácticas alegadas para hacerlo deben estar relacionadas con la satisfacción de ese derecho. Es decir, no sería legal expropiar terrenos bien ubicados de ciudadanos particulares para que los miembros del Congreso vivan en mejores casas, alegando que queremos proteger la libertad de expresión, puesto que las circunstancias fácticas alegadas (los legisladores quieren vivir en casas elegantes) nada tienen que ver con las razones por las cuales se expropia (robustecimiento de la libertad de expresión).
Respecto del segundo ítem, el desafío interpretativo aparece en la vinculación del recurso expropiatorio con un plan gubernamental “racionalmente evaluado”. ¿Esto quiere decir el plan más eficiente? ¿O simplemente uno de los planes posibles que traiga consigo cierta proporcionalidad? La CSJN, a la hora de evaluar la necesidad de las medidas implementadas, siempre se ha resistido a pronunciarse acerca de los méritos del medio elegido por los poderes políticos, optando por la segunda opción interpretativa. 152. Desde otra óptica, el estándar adoptado por la CIDH pone la vara más alta al establecer que para conseguir un fin determinado “entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido”. 153. Es decir, no basta que la restricción obedezca a razones de oportunidad mérito y conveniencia sino que es necesario un interés estatal imperioso en la adopción de la medida, y que esa medida sea la menos restrictiva de todas.
En el acotado espacio de este trabajo no vamos a poder saldar discusiones tan amplias sobre el mérito de cada uno de los diferentes criterios a la hora de determinar posibles alcances del principio de razonabilidad. No obstante, sí voy a analizar algunos elementos fácticos de la expropiación de Alcoyana, para ver hasta qué punto encajan con el estándar de razonabilidad de la utilidad pública de la SCBPA.
En cuanto al primer requisito del estándar de razonabilidad de la utilidad pública adoptado por la SCPBA (la adecuación de la medida para abordar el derecho que dice proteger), basta con decir que los ex operarios de Alcoyana estaban trabajando gracias, en parte, a la aprobación de la ley expropiatoria. Es decir, por un lado el fin que se intenta proteger es legítimo en términos constitucionales – derecho a trabajar –, y por otro, la medida expropiatoria, de verse completamente perfeccionada, impactaría sobre el objetivo esperado. Desde luego que podríamos contraargumentar lo anterior diciendo que estas medidas esporádicas de contención de la fuente laboral de un grupo particular de trabajadores no resuelven los problemas del desempleo como fenómeno sistémico, sino sólo el de esos trabajadores azarosamente beneficiados por la expropiación. Pareciera difícil rebatir esta postura. No obstante dos cosas me impiden persuadirme de la inadecuación de la medida por estos argumentos En primer lugar, como afirma Cianciardo, para acreditar que existe razonabilidad en la medida adoptada “no cabe exigir la realización total del fin buscado: basta una aptitud o posibilidad de cumplimento parciales”, 154 en segundo lugar, nada impide que esta medida, sin dejar de ser un “parche” al problema, contribuya a disminuirlo por lo menos a lo que respecta a estos trabajadores en particular. Y como los tribunales no pueden convertirse en jueces últimos del mérito de las decisiones políticas, ante la duda debe estarse por la idoneidad de la medida, como en el caso aquí presente.
El segundo ítem del estándar de la SCPBA nos presenta mayores complicaciones para la validez de la norma bajo análisis. Por un lado, la SPCBA se refiere a la existencia de “un plan gubernamental en la materia racionalmente evaluado”, pero nada nos dice acerca de si dicho plan tiene que ser el más eficaz, el menos restrictivo de derechos, o simplemente algún plan que resulte medianamente proporcional, además de adecuado. A partir del hecho de que la SPCBA generó estándares diferenciados según los beneficios de las expropiaciones sean de carácter directo, o indirecto, podríamos sospechar que el rigor con el que debemos analizar ambos casos es sustancialmente diferente. El segundo tipo de casos, debido a la naturaleza ad hoc de la ley bajo análisis, nos compele a robustecer mucho más los requisitos necesarios para calificar a la medida como razonable.
La descripción realizada en párrafos anteriores sobre la conducta demagógica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se podía advertir a través de su negativa a integrar de las indemnizaciones nos permite sospechar sobre la existencia de un plan racionalmente evaluado, y más bien nos hace pensar que se trata de una solución de cortísimo plazo. Una solución que implica costos que los funcionarios del poder ejecutivo no parecen dispuestos a tomarse en serio.
Así, el recurso de la ley expropiatoria, de acuerdo a mi opinión, podría salir airoso de este examen de razonabilidad de utilidad pública si el gobierno redefiniera su intervención en el marco de alguna estrategia macro que evaluara la viabilidad de los emprendimientos a expropiar, y luego sometiera la expropiación al repago del precio y la conservación del carácter autogestivo del emprendimiento. Desde luego, cualquier variante de esta propuesta que presente un mínimo de racionalidad y planificación podría funcionar.
Una cuestión que aún no ha sido abordada es que a lo largo del análisis presumí que los miembros del cuerpo legislativo provincial contaban con información acerca de la viabilidad de la cooperativa Alcoyana. No podemos saber el nivel de detalle con que cada uno de los legisladores que votó a favor de la expropiación estaba interiorizado con el caso, pero sí que los trabajadores tuvieron un intenso nivel de actividad convenciendo a diferentes diputados acerca del mérito de su proyecto de autogestión empresaria. 155. De esta manera, la información que tuvieron los legisladores sobre el giro de la empresa y sus posibilidades de éxito bajo control obrero se generó por fuera de la órbita interna de los propios poderes del Estado – es decir, de las agencias del poder ejecutivo para con los legisladores–.
Juan Marcelo Villoldo funda parte de su crítica a las leyes expropiatorias de empresas en que la LCQ dice que es el juez quien debe decidir sobre la posibilidad de continuación de la actividad empresarial. “Esta facultad que le otorga al magistrado el legislador nacional, quien, sobre la base del informe sindical del art. 190 debe tomar una decisión crucial en interés de los acreedores, de los trabajadores y de la sociedad, le está siendo arrebatada a través de las leyes de expropiación que se vienen dictando desde hace un tiempo por diversas legislaturas provinciales, no permitiendo que se efectúe un análisis tan importante como el de determinar, entre otras cosas, si la empresa es viable o no para continuar sus actividades.” 156. Aquí surgen varias preguntas ¿Por qué suponemos que los únicos legitimados para analizar la viabilidad del emprendimiento son los jueces? ¿Por qué razones creemos que son quienes mejor pueden hacerlo, incluso por encima de los cuadros técnicos con los que pueda contar el Estado? ¿Acaso la empresa sólo es viable si lo dice un juez? ¿No puede haber otras instancias a partir de las cuales se pueda generar información valiosa sobre el giro empresario? El lector podrá darse sus propias respuestas.
ii. Los efectos de la expropiación en la quiebra
Descartada la tesis de Marienhoff que propone que la expropiación genera ipso facto derecho a poseer el bien, resta saber si existen algunos otros efectos que la ley expropiatoria podría tener sobre el proceso de quiebra. La pregunta es fácil si hablamos de una expropiación debidamente perfeccionada de acuerdo a los estándares constitucionales; calificación de utilidad pública por ley formal y previa e íntegra indemnización. En ese caso, nada cuesta coincidir con la opinión de Juan Marcelo Villoldo, que afirma que “la expropiación excluirá la figura de la quiebra con continuidad, reduciendo el proceso a un caso más de quiebra liquidativa, en el cual se repartirá el importe que ingrese a la masa en concepto de indemnización.”157.
Si bien una expropiación no perfeccionada no cambia la titularidad de los bienes de la fallida, como me he encargado de mostrar en el título anterior, su sanción genera otro importante efecto jurídico, que es el del artículo 15 de la ley de expropiaciones 5708 de la Provincia de Buenos Aires, que establece que “no se considerarán válidos respecto al expropiante, los contratos celebrados por el expropiado con posterioridad al acto que declaró afectado el bien, y que impliquen la constitución de algún derecho sobre el mismo a su respecto.” Desde luego que dicha disposición está pensada para proteger la finalidad buscada por la ley expropiatoria, esto es, que no se vuelva de imposible realización a causa de la disposición del bien por parte del sujeto expropiado. Esta prohibición no es aplicable a los contratos que el juzgado quiera celebrar con la cooperativa durante el proceso de quiebra, puesto que esta situación escapa a las que el legislador quiso prevenir con la sanción de esta norma. Lo que se intenta resguardar allí es la eficacia de la ley.
Lo anterior, sin embargo, no implica que la limitación para contratar o disponer del bien del artículo 15 de la Ley de Expropiaciones de la Provincia de Buenos Aires pueda ser utilizada de mala fe por parte de la cooperativa. La jurisprudencia se ha pronunciado con nitidez respecto del alcance de las leyes expropiatorias, llegado el caso de que dificultaran o interfirieran indebidamente en el desenvolvimiento del proceso falencial. A pesar de la eficacia simbólica que representan estas leyes expropiatorias no perfeccionadas, las mismas no han tenido un alcance demasiado amplio en los tribunales cuando comienzan a colisionar con el curso normal del proceso.
Un caso paradigmático en esta línea es el de Frigorífico Yaguané S.A s/ quiebra 158. Este frigorífico comenzó a gestionarse bajo control obrero en el año 1996. De acuerdo a Francisco Junyent Bas 159 –y esta información coincide con lo mencionado en la sentencia 160– los trabajadores explotaban las instalaciones en virtud de una locación de fondo de comercio en el marco del concurso preventivo del frigorífico, contrato que fue declarado ineficaz una vez decretada la quiebra. Ello con motivo de que la locación del fondo de comercio no había sido aprobada conforme los procedimientos correspondientes del artículo 16 LCQ.
La quiebra de la compañía, conforme al texto de la sentencia, se decreta en marzo del año 2003. Entonces el presidente de Frigorífico Yaguané S.A informa que la fallida no realizaba actividad comercial alguna en la planta, y que el giro comercial se encontraba en cabeza de la cooperativa Tra.Fri.Ya Ltda. Frente a este panorama, en función de las prerrogativas del artículo 189 LCQ, el síndico permite a la cooperativa continuar “las actividades de la planta de la fallida, designándola depositario judicial del inmueble y los bienes que allí se encontraban.” 161. Más adelante, la sindicatura aconseja suscribir un contrato de uso y goce de la planta en los términos del artículo 190 y 185 LCQ, disponiendo el pago de un canon mensual por parte de la cooperativa. Pero esta última solicita que se le mantenga el precio del canon locativo que venía pagando en función del anterior contrato hecho con Frigorífico Yaguané S.A, y que había sido declarado inoponible a la quiebra.
Mientras la cámara resolvía esta solicitud, el síndico intima a la cooperativa a que pague, como mínimo, los importes acordados en el viejo contrato. Frente al incumplimiento de esta obligación, la sindicatura pide al juez que revoque la autorización para explotar el establecimiento por parte de la cooperativa. Promediando este conflicto, la cooperativa Tra.Fri.Ya. Ltda entra a su vez en concurso preventivo de acreedores.
Como componente adicional, la cooperativa contaba con una ley de expropiación de la Provincia de Buenos Aires. 162. Esta fue la herramienta utilizada por el síndico del concurso de la cooperativa para argumentar en la quiebra del frigorífico que el juzgado no podía disponer de los bienes de la fallida, “pues estos se encuentran sujetos a expropiación y donación a favor de la cooperativa”, razón por la cual no correspondía que estos integraran un canon.
Los trabajadores concurrieron en la misma línea argumental que el síndico del concurso de la cooperativa, diciendo que desde el momento en que el síndico de la quiebra principal inició el juicio de expropiación inversa “se desentendió de los bienes expropiados [y que] que al reclamar el cobro de la indemnización correspondiente a la expropiación no puede pretender que se le abone además, el canon locativo perseguido” 163.
Frente a estos argumentos, tanto el dictamen de la fiscal general Alejandra Gils Carbó, como la sentencia judicial, fueron contundentes en la respuesta: “la existencia de una ley de expropiación no modifica la obligación de la cooperativa de pagar cánones locativos hasta tanto la expropiación no sea perfeccionada”, 164 y “el hecho de que el bien en cuestión se encuentre sometido a expropiación por parte de la Provincia de Buenos Aires […] no impide al Juez del proceso falencial reclamar el pago del canon en cuestión, pues en tanto la expropiación no se concrete, el bien fructúa para la quiebra” 165.
En un sentido similar resolvieron los magistrados de la sala C de la Cámara Nacional en lo Comercial cuando tuvieron que pronunciarse en los autos Polimec S.A s/ quiebra s/ incidente de venta. Este expediente, proveniente del mismo juzgado en el que tramita la quiebra de Alcoyana, pertenecía a la quiebra de la Cooperativa de Trabajo Felipe Vallese Ltda. En esta oportunidad la magistrada de primera instancia se negó a resolver sobre una oferta de compra presentada por la cooperativa, puesto que se había iniciado un “trámite administrativo a los fines de efectivizar la ley de expropiación del inmueble y bienes muebles de la fallida, conforme lo denunciara la referida cooperativa.” 166.
La respuesta de la Sala C vez fue nuevamente muy clara: “si bien no se encuentra vencido el plazo dispuesto en el art. 7 de la ley [de expropiación] 14056, el trámite expropiatorio no ha concluido, permaneciendo los bienes en cabeza de la sociedad fallida debiendo en consecuencia la magistrado de grado instar su liquidación y resolver las cuestiones atinentes a ese estado del procedimiento.” 167 Lo decidido por el tribunal era más que razonable, dado que esta era la tercera ley expropiatoria que se dictaba sobre la planta de Polimec S.A. En este contexto, que el juzgado deniegue a los trabajadores la posibilidad de hacer una oferta directa, basado en la esperanza de la indemnización expropiatoria no parecía compatible con una protección correcta de los derechos de propiedad afectados.
La misma salvedad hecha en la introducción de este trabajo, correspondiente a la representatividad de este estudio de caso, amerita ser enfatizada nuevamente en esta instancia. De esta manera, la recuperación exitosa de Alcoyana no nos dice casi nada sobre la posibilidad en general de las empresas recuperadas de ser viables en el mercado, ni de la conveniencia de acoger favorablemente a nivel normativo su incorporación como herramienta frente a las crisis empresarias.
Si bien en este caso se observa que la conformación de la cooperativa era percibida por los trabajadores como la última opción dentro de las diferentes salidas posibilitadas por el contexto, tampoco podemos hacer reclamos generalizados sobre el tipo de impacto que podría tener la última reforma de la LCQ en los incentivos de cooperación de los trabajadores frente a procesos de crisis empresaria. La pregunta que podríamos plantearnos, que no encuentra respuesta a partir de lo observado en este trabajo, sería la siguiente: la facilitación por vía legislativa de los mecanismos a partir de los cuales los trabajadores agrupados en cooperativa pueden quedarse con los activos de la empresa ¿impacta de alguna manera en los incentivos que estos tengan para cooperar con la resolución de las crisis empresarias bajo la gestión de los empresarios?
Mi intuición, que parte de haberme interiorizado con la casuística a lo largo de este trabajo, me sugiere que no tiene demasiado que ver la adversidad o el visto bueno de la legislación, puesto que la decisión de emprender la recuperación es relatada por los trabajadores como una opción drástica que se atraviesa con dramatismo. Un camino angustioso que los trabajadores preferirían no transitar, independientemente de las consideraciones normativas. Los trabajadores de Alcoyana hasta los minutos finales previos a la declaración de quiebra albergaron la esperanza de que la empresa fuera rescatada por un gran inversionista, para continuar así trabajando bajo una relación de dependencia pura y simple.
La hipótesis de que una LCQ que otorgue voz y participación a las cooperativas de trabajo en el marco de una quiebra podría funcionar como un obstáculo para la cooperación de los trabajadores tampoco mostró gran protagonismo en nuestro caso, considerando la forma en que los trabajadores mantuvieron conversaciones, cooperaron y finalmente llegaron a un acuerdo con el grupo empresario interesado en adquirir el predio donde se encontraban trabajando. Asimismo, esta actitud razonable también operó puertas adentro del emprendimiento, cuando los propios miembros de la cooperativa votaron cambiar la conducción de la empresa y corregir el curso de los negocios apenas se advirtieron comportamientos predatorios por parte de la administración.
No obstante, hacer una generalización postulando que esta es la manera en que se conducen los trabajadores en todas las fábricas recuperadas no deja de ser una conjetura, una mera hipótesis que para verse revestida de representatividad necesitaría contar con estudios empíricos que la avalen seriamente.
Respecto de la situación crediticia de la empresa, hemos visto que Alcoyana no contó para su recuperación con recursos del sistema financiero formal. Sin embargo, esto nada nos dice sobre en qué medida esta falta de acceso al crédito se muestra como patología propia de las empresas recuperadas, o de la empresa argentina en general.
Por otro lado, si bien Alcoyana no contó con el favor del mercado financiero, sí contó con la solidaridad de otras fábricas del MNFRT que proveyeron a los trabajadores del capital mínimo y necesario para restablecer paulatinamente la productividad con recursos de sus propias arcas. También se advierte la presencia de capital provisto desde el Poder Ejecutivo, pero no exclusivamente subsidios, y en esto es paradigmático el Pago Único como elemento clave en la capitalización de la cooperativa. Si bien el cobro del Pago Único fue gestionado a través de una agencia estatal, este dinero era respaldado por aportes que los trabajadores habían realizado al seguro del fondo de desempleo cuando trabajaban bajo relación de dependencia, aportando recursos genuinos al sistema de la seguridad social.
Por otra parte, hemos advertido en este trabajo cierta insuficiencia regulatoria en relación al tratamiento que merecen aquellas solicitudes de cobro del Pago Único para invertir dicho monto en emprendimientos que están en vías de recuperación y no cuentan aún con permiso judicial. Sobre este punto, advertimos que una regulación que habilite a otorgar el Pago Único a emprendimientos que no cuenten con autorización judicial podría resultar favorable por dos razones: en primer lugar, porque la inyección de capital en principio no sería susceptible de impactar en el valor de los activos de la empresa, que es prenda común de sus acreedores; y en segundo lugar porque los tribunales no son organismos omniscientes cuya palabra se constituya en verdad absoluta respecto del futuro del emprendimiento. En este sentido, este capital inicial otorgado a las empresas recuperadas por parte del MTySS habilita la provisión de información al sistema jurídico sobre la viabilidad de la empresa a través de uno de los mecanismos más eficientes y descentralizados: la competencia en el mercado.
Es cierto también que la recuperación de Alcoyana dentro de la misma actividad en la que anteriormente había quebrado se explica, por un lado, por la eliminación de los sueldos gerenciales, y por otro lado porque las cooperativas gozan de un tratamiento tributario más favorable que otros tipos societarios, pues no pagan impuesto a las ganancias, y en muchas provincias tampoco pagan ingresos brutos. Esta menor presión tributaria podría ser entendida como una forma de subsidio – es difícil pensar lo contrario –, pero su tratamiento diferenciado no es arbitrario pues a diferencia de los emprendimientos capitalistas tradicionales, en las cooperativas esperaríamos una distribución equitativa del ingreso entre los socios. Esta resulta de por sí una buena razón para justificar un tratamiento tributario diferenciado para los emprendimientos gestionados bajo el cooperativismo. Desde este punto de vista, la afirmación de que las cooperativas son llamadas por el legislador a “competir deslealmente en el mercado”, 168 al decir de Rubín, resulta problemática considerando que el tratamiento diferenciado se motiva en el favorecimiento de un tipo particular de organización de la producción que tiene un impacto redistributivo directo.
Esta circunstancia podría verse contrarrestada por una de las objeciones más clásicas que se hacen al cooperativismo, consistente en su dificultad para no verse cooptado por las dinámicas de la competencia y el capitalismo tradicional. La crítica consiste en que “si las cooperativas tienen éxito, degeneran en empresas capitalistas, y si no desaparecen.” 169 Esta necesidad de inserción en el mercado, de acuerdo a algunos autores, conlleva el riesgo de que las fábricas recuperadas generen condiciones de autoexplotación, 170 relajando los pisos mínimos de las condiciones laborales esperables para un trabajador promedio. Ello nos enfrentaría a “una redefinición de los lazos sociales en dirección a una mayor degradación de los derechos políticos y sociales”, que deberíamos discutir si estamos dispuestos a aceptar. 171
Asimismo, hemos analizado los riesgos que podría traer consigo una regulación demasiado amplia de la procedencia de la continuidad en la quiebra en términos del valor informativo que nos provee la desobediencia al derecho a través de las ocupaciones fabriles, abriendo la posibilidad de incentivar recuperaciones aventureras por sobre aquellas que tengan una base razonable. No obstante, hemos aclarado que sin evidencia empírica sobre el funcionamiento práctico de la disposición legislativa es difícil saber si esta nueva regulación del permiso de continuidad, conforme a la última reforma de la LCQ, importa una legitimación ex ante de cualquier ocupación con fines de recuperar la empresa, o tan solo incrementa su capacidad de éxito en poca medida dejando cierto margen de incertidumbre al respecto.
En cuanto al mecanismo expropiatorio, hemos advertido las serias limitaciones jurídicas que presenta este recurso cuando se incumple el requisito de indemnización previa. Para revertir esta tendencia, hemos argumentado que el énfasis debe ser puesto en que la justicia no permita una utilización abusiva o de mala fe de la facultad de abandono de la expropiación por parte del Poder Ejecutivo de la PBA, y de la misma manera es importante que se dé curso favorable a los juicios de expropiación inversa cuando los trabajadores están explotando la fábrica, conforme al criterio adoptado por la CSJN y la SCPBA para la procedencia de dicha acción. Esto es importante, pues si bien las leyes expropiatorias no otorgan, de acuerdo a nuestro análisis, derecho a poseer la cosa hasta tanto no se haya indemnizado a los restantes acreedores, tampoco son inocuas en lo que respecta a las limitaciones que afectan a los funcionarios judiciales a la hora de hacer contratos con terceros distintos a la cooperativa.
Por otro lado, en lo que hace al cumplimiento del requisito de la razonabilidad en la utilidad pública en las expropiaciones conforme el estándar adoptado por la SCPBA, el mismo no puede considerarse satisfecho de acuerdo a la forma en que el gobierno de la PBA ha recurrido a las leyes expropiatorias de empresas para ser otorgadas a cooperativas. Me refiero al hecho de promulgar leyes expropiatorias sin comprometerse de manera seria al pago de las indemnizaciones, y al solo efecto de desplazar el problema a los juzgados y los acreedores de la quiebra. Este escollo podría superarse si se acreditara que la expropiación de empresas se da en el marco de un plan racionalmente evaluado. Por ejemplo, que se expropien empresas previa evaluación de viabilidad, contra la obligación de repagar el precio al Estado, y bajo condición de que la gestión de la compañía preserve su carácter autogestivo. Por supuesto, cualquier otra variante de este plan podría ser aceptada siempre que cuente con algún tipo de planificación racionalmente establecida.
Por último, respecto de la hipótesis testeada en esta investigación – tomada del trabajo de Rivera et al., y expuesta al final del punto 3)–, acerca del tipo de emprendimientos en los cuales es esperable que la continuación de la actividad de la fallida tenga resultados positivos (pequeños talleres cuyo capital sea la mano de obra intensiva), en este caso no se ha mostrado del todo verdadera. Naturalmente, esta afirmación dependerá de cómo definamos nuestras expectativas respecto de la performance las empresas recuperadas. En este sentido, la categoría de “empresa viable” puede ser dotada de contenido con el fin de delinear un estándar de eficiencia esperable a la hora de evaluar la procedencia de la continuación de empresas quebradas por parte de cooperativas de trabajo. Dicho estándar podría incorporar, como mínimo, la generación de un ingreso razonable para sus asociados sin generar pasivos que no puedan ser afrontados y con la posibilidad de acumular capital para eventualmente integrar un precio por los activos, de manera tal que los restantes acreedores también puedan tener la esperanza de recuperar sus acreencias. Probablemente no esperemos de las cooperativas que se conviertan en rentables multinacionales, pero sí que ocupen un lugar en la preservación del empleo y la economía autosustentable.
A modo de cierre quisiera destacar que así como la ley de quiebras puede ser vista como un mecanismo para distribuir los riesgos del sistema capitalista, también podemos imaginarla como una ocasión para el perdón. Como señala Martha Minow, “…los mecanismos legales involucrados en la resolución de deudas financieras implementa la idea del perdón al permitir a individuos y compañías declarar su insolvencia, sanear sus pasivos, y obtener inmunidad de los litigios sobre esas deudas a cambio de alcanzar determinados requerimientos.” 172
Tanto para los individuos como para las compañías, esta chance de empezar de nuevo sin una deuda punitiva, es sin duda algo poderoso y digno de ser protegido por el derecho. En este sentido, la posibilidad de perdonar una deuda –en ocasiones contraída de manera irresponsable por los mandos gerenciales– a una compañía para que renazca por manos de sus trabajadores puede encuadrarse como una demanda legítima de justicia sobre la cual el derecho podría decir muchas cosas. Dar lugar al perdón dentro del orden legal también puede ser un recurso valioso para responder a un daño. 173
Esta propuesta, desde luego, acarrea sus propios bemoles. Como señala Martha Minow, “puede poner en peligro la predictibilidad, la confiabilidad, y el igual tratamiento ante la ley que persigue el estado de derecho. Los esfuerzos por amplificar las ocasiones para el perdón a través del derecho podrían sin embargo preservar el estado de derecho y promover la justicia al prestar atención a singularidades específicas de problemas particulares.” 174 A lo largo de este trabajo hemos observado en detalle cómo operó la regulación de la LCQ en un caso particular, y los diferentes recursos con que contaron sus trabajadores para recuperar un emprendimiento quebrado, prestando especial atención a cómo estos se articulan, hacen sentido, o generan disrupciones con el estado de derecho y nuestros entendimientos de la constitución y la democracia. En este sentido, en línea con lo que propone Martha Minow, “[l]os detalles de estas sugerencias son menos importantes que las posibilidades que nos señalan para diseñar normas legales y prácticas que apoyen el perdón, sin resignar la equidad (fairness).” 175
Blackstone, William, Commentaries on the Laws of England (Oxford: Clarendon Press, 1765-1769), Book 2, Chapter 1, http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp (consultado por última vez en 29/7/2017).
Cianciardo, J. El principio de razonabilidad: del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad. Ciudad de Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004
Cole, Adam David. “You Say You Want a Revolution: Argentina's Recovered Factory Movement" Hastings International & Comparative Law. Review 30 (2006-2007): 211-230.
Dávolos, Patricia y Marcela Perelman. “Acción colectiva y representaciones sociales: los trabajadores de empresas recuperadas”. Labour Again Publications disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/documents/davolos_perelman.pdf (consultado por última vez en 30/07/2012)
De Soto, Hernando. The other path: the invisible revolution in the Third World. New York: Harper & Row, 1989.
Escandell, José. “Las cooperativas de trabajo en la ley de quiebras. Visión crítica de la reforma proyectada”. El Derecho, 212-771
Facultad Abierta. Las empresas recuperadas en la Argentina. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2005
Facultad Abierta. Informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas. Las empresas recuperadas en Argentina 2010. Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2010.
Facultad Abierta. Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri. 2016. Disponible en http://www.recuperadasdoc.com.ar/informe-mayo-2016.pdf (consultado por última vez en 30/06/2017)
Fajn, Gabriel, Natalia Bauni, et al. Fábricas y empresas recuperadas: protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación: Ediciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2003.
García Villegas, Mauricio y César. A. Rodríguez Garavito. Derecho y sociedad en América Latina: un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2003.
González, Joaquín Victor, Alfredo L. Palacios y Ricardo Levene. Obras completas de Joaquín V. González. Buenos Aires: Imprenta Mercatali, 1935.
Gracia, M. A. (2011). Fábricas de resistencia y recuperación social: experiencias de autogestión del trabajo y la producción en Argentina. México D.F., El Colegio de México.
Gregory, Alexander S. “The Social-Obligation Norm in American Property Law”, Cornell Law Review 94 (2009): 745-820.
Gracia, María Amalia y Sandra Cavalliere, “Repertorios en fábrica. La experiencia de la recuperación fabril en Argentina, 2000-2006”, Labour Again Publications, disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/documents/gracia-cavaliere.pdf (Consultado por última vez el 30/07/2017)
Itzigsohn, José. “La gestión democrática del trabajo” Osera, 1er semestre 2009, disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/ItzigsohnEEUU.pdf (consultado por última vez en 30/07/2012)
Junyent Bas, Francisco. “Las cooperativas de trabajo en el proceso concursal. Sobre espejos de colores y argucias legales: la necesidad de una interpretación solidaria”. La Ley 2003-E, 1046 (2003)
Kramer, Larry. D. The people themselves: popular constitutionalism and judicial review. New York, Oxford University Press, 2004.
Kramer, Larry D. "Popular Constitutionalism, circa 2004". California Law Review 92 (2004): 959-1011.
Lavaca. Sin patrón: fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores. Buenos Aires, Lavaca, 2007.
Lorente, Javier Armando. “La continuación de la explotación de la empresa fallida por una cooperativa de trabajadores: las tres trampas ocultas para la operatividad del art. 190”
Lorente, Javier Armando. “Ley 26.684: una trampa mortal para la eficiencia del sistema concursal”. Revista de derecho comercial y de las obligaciones nº 252, enero-febrero 2012
Martínez, Oscar y Federico Vocos. “Las empresas recuperadas por los trabajadores y el movimiento obrero”, en Produciendo Realidad. Las empresas comunitarias (Buenos Aires, Ed. Topía-LaMaza, 2002), editado por Enrique Enrique Carpintero y Mario Hernández,
Marienhoff, Miguel S. Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1965.
Maqueda, Santiago. “La ‘utilidad pública’ en la expropiación argentina y el public use en los takings norteamericanos. Comparación de su alcance y estándares de revisión en la jurisprudencia”. El Derecho, 18/05/2011
Movimiento de Fábricas Recuperadas por los trabajadores, “Rechazo al negociado por 101.000.000”, disponible en http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/5Octubre2010.php (consultado por última vez en 29/07/2012)
Nino, Carlos Santiago. Un país al margen de la ley: estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino. Buenos Aires: Ariel, 2014.
Peñalver, Eduardo Moises. y Sonia K. Katyal. Property outlaws: how squatters, pirates, and protesters improve the law of ownership. New Haven, Conn.,: Yale University Press, 2010.
Pitkin, Hanna Fenichel. "The Idea of a Constitution" J. Legal Educ. 37(1987): 167
Post, Robert y Reva Siegel. “Popular Constitutionalism, Departamentalism, and Judicial Supremacy”. California Law Review 92 (July 2004): 1027-1043
Rivera, Julio César, Claudio Alfredo Casadío Martínez, José Antonio Di Tullio, Darío J. Graziable, Carlos Enrique Ribera. Derecho Concursal (Buenos Aires: La Ley, 2010)
Rubín. “Las reformas de la ley de Concursos y Quiebras del año 2011 y el fenómeno de las cooperativas de trabajo”
Rebón, Julián. La empresa de la autonomía: trabajadores recuperando la producción. Buenos Aires, Colectivo Ediciones: Picaso, 2007.
Rivera, Julio César. “La des-protección del crédito”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 67 (2007): 19-37
Ross, Alf. Tû-tû. Genaro Carrió, Traductor. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1976.
Rouillon, Adolfo A. N. Régimen de Concursos y Quiebras. Buenos Aires, Astrea, 2010.
Ruggeri, Andrés. Informe del IV relevamiento de Empresas Recuperadas en la Argentina. 2014: las empresas recuperadas en el período 2010-2013. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Cooperativa Chilavert Artes Gráficas. 2014.
Salvia, Agustín. “Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la marginalidad económica. Un campo abierto a la investigación social y al debate político”, en Sombras de una marginalidad fragmentada, comps., Agustín Salvia y Eduardo Chávez Molina. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007
Tropeano, Darío. “Cooperativa de trabajo y quiebra: su armonización en un fallo ejemplar”, La Ley Córdoba, 2003 (noviembre), 1185 (2003)
Turner, Edgardo N. “La expropiación de empresas”. La Ley 2003-D, 1208
Villoldo, Juan Marcelo. “La compensación como medio para la adquisición de la empresa por parte de los trabajadores”. Trabajo presentado en la VI Jornada de Derecho Concursal, Mendoza, Argentina, septiembre de 2004
Villoldo, Juan Marcelo. “La expropiación en la quiebra ¿Un fenómeno sin límites?”. Jurisprudencia Argentina 2003-IV-1490
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6º Secretaría 11, “Polimec S.A s/ quiebra”, 19/04/2011, Considerando 1º
Juzgado Nº 6 Secretaría 11. Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite.
CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané S/ Quiebra, 06/11/2008
CNcom., Sala C, Fadip Fábrica Argentina de Instrumentos de Precisión S.A y otros S/ quiebra, 17/08/2011
CSJN, “Gobierno Nacional c. Ferrario, Jorge”, Fallos 251:246
CSJN, “Servicio Nacional de Parques c. Franzini”, 04/05/1995, Fallos 318:445
CSJN, “Dos Américas I.C. y F. c. Territorio Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”, 10/10/1996, Fallos 319:2108
Productos Textiles S.A s/ Quiebra (Expte Nº. 058363) en trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, “La colegiación obligatoria de periodistas”
Decreto 739/1992. Reglamentación de la Ley de Empleo. B.O 05/05/1992
Decreto 267/2006. Reglamentación de la modalidad de liquidación del pago único de la indemnización por desempleo. B.O 13/03/2006
Ley 20.337. Régimen de cooperativas y sus modificatorias. B.O. 15/05/1973
Ley 20.744. Ley de contrato de trabajo y sus modificatorias. B.O. 29/09/1974
Ley 24452, de concursos y quiebras, y sus modificatorias. B.O. 09/08/1995
Ley 24013. Ley de empleo y sus modificatorias. B.O 17/12/1991
Ley 25.589. Ley de reforma de la ley de quiebras. B.O 16/05/2002
Ley de la Provincia de Buenos Aires 5708 y sus modificatorias, ley general de expropiaciones, B.O 28/11/1952
Ley de la Provincia de Buenos Aires 14254, de expropiación de Alcoyana, B.O 29/04/201
rjudesa_-_perez_obregon.pdf
1. El presente trabajo es una versión adaptada y actualizada de la tesis de graduación del autor en la Universidad de San Andrés. Este estudio empírico fue conducido en dos etapas. La primera parte del trabajo de campo se llevó adelante entre fines de 2011 y principios de 2012, y nuevamente entre marzo y mayo de 2017, con el proceso de recuperación de la fábrica textil Alcoyana finalizado.
Abogado por la Universidad de San Andrés (2012). Posgrado en Derecho penal por la Universidad de Palermo (2016). Trabajó como abogado en el área de derecho bancario y mercado de capitales en el estudio Tanoira Cassagne Abogados, y actualmente forma parte del equipo de abogados de la subgerencia de Fondos Comunes de Inversión de la Comisión Nacional de Valores. Profesor asistente en la Universidad de Palermo y en la Universidad Torcuato Di Tella.
2. Agradezco especialmente por su generosidad y por sus agudas observaciones para actualizar y publicar este trabajo a quien fuera mi mentor de tesis, el profesor Adrián Goldín. También a Luis Alberto Caro por su atenta predisposición. Este trabajo tampoco hubiera sido posible sin la apertura de los trabajadores de Alcoyana, y de Diego Sosa en particular, quien dedicó mucho tiempo a contestar mis consultas. Agradezco también a Paola Bergallo por sus aportes en los aspectos metodológicos del trabajo, a Julio César Rivera y a Carlos Ribera por las conversaciones sobre derecho concursal, a Martín Böhmer por los comentarios sobre desobediencia, y a Sebastián Elías por orientarme en las discusiones sobre regímenes expropiatorios y teorías de la propiedad.
3. El hecho de que post crisis del año dos mil uno, sigan naciendo nuevas fábricas recuperadas, ha llevado a algunos autores a sostener que “la formación de cooperativas o empresas autogestionarias como forma de preservar el trabajo por parte de los antiguos asalariados se ha convertido en una herramienta de lucha incorporada firmemente a las posibilidades de acción de los trabajadores frente a conflictos que anteriormente aparecían como [insolubles].” Ruggeri, Andrés. Las empresas recuperadas en la Argentina, 2010: informe del tercer relevamiento de empresas recuperadas por sus trabajadores. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones de la Cooperativa Chilavert, 2011), 13.
4. Véase Rebón, La empresa… Sobre este punto, en cambio, María Amalia Gracia entiende al MNFRT como el “resultado temporal de una serie de estrategias que fueron ensayando y aprendiendo los trabajadores. Como tal, es necesario considerar al MNFRT como parte de un acervo de experiencias que han ido modelando otro tipo de prácticas y subjetividades entre los trabajadores que las protagonizaron”. María Amalia Gracia, Fábricas de resistencia y recuperación social: experiencias de autogestión del trabajo y la producción en Argentina. (México D.F., El Colegio de México), 218
5. Gracia, Fábricas de recuperación…, 216
6. “La desaparición de las compensaciones legales establecidas por el despida y la falta de pago de los salarios adeudados son elementos clave en la gestación del proceso. La vulneración de derechos adquiridos de los asalariados facilita que estos se consideren con derecho a apropiarse de la empresa. En cambio, en aquellos casos donde los trabajadores cobraron la indemnización correspondiente, la recuperación encuentra obstáculos para su desarrollo” Rebón, Julián. La empresa de la autonomía: trabajadores recuperando la producción. (Buenos Aires, Colectivo Ediciones: Picaso, 2007), 49. En el mismo sentido ver María Amalia Gracia y Sandra Cavalliere, “Repertorios en fábrica. La experiencia de la recuperación fabril en Argentina, 2000-2006”, Labour Again Publications, disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/documents/gracia-cavaliere.pdf (Consultado por última vez el 30/07/2017); y Patricia Dávolos y Marcela Perelman, “Acción colectiva y representaciones sociales: los trabajadores de empresas recuperadas”, Labour Again Publications, disponible en http://www.iisg.nl/labouragain/documents/davolos_perelman.pdf (consultado por última vez en 30/07/2017)
7. Adam David Cole, “You Say You Want a Revolution: Argentina's Recovered Factory Movement”, Hastings International & Comparative Law Review 30 (2006-2007): 211-230. Todas las traducciones pertenecen al autor, excepto que se indique lo contrario.
8. El síndico de esta quiebra, Eduardo Tomás Martinetti, socio del estudio Iglesias, Martinetti y Asociados, se negó a participar de la investigación a partir de una entrevista, razón por la cual la información sobre su visión del caso sólo será reconstruída a partir de lo que se pueda inferir de los hechos que surjan del expediente, o del relato del resto de los entrevistados.
9. El acceso al expediente físico sólo me fue posible en una oportunidad, dado que al momento de realizar el grueso de reconstrucción de los hechos judiciales, el mismo se encontraba en pase a la Cámara de Apelaciones, donde me permitieron interiorizarme con la documentación de manera muy breve. Sin embargo, el expediente puede ser consultado en formato digital en la página www.scw.pjn.gov.ar. Jurisdicción: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Número de expediente: 46163/2007. La versión digital del expediente no indica número de foja a la que corresponden los archivos, de allí se explica la omisión de este dato, contemplando sólo la fecha de la providencia, en caso de contar con la información. Cabe aclarar también que la versión digital del expediente no cuenta con todo lo que obra en el documento físico.
10. Según Francisco Junyent Bas “…los primeros antecedentes de la conservación de la empresa se pueden encontrar en la ley 11.719 (Adla, 1920-1940, 325), ya que las normas del Código de Comercio y de la ley 4156 (Adla, 1989-1919, 546) sólo hacían referencia a la posibilidad excepcional de continuar el giro del deudor, pero no se lo distinguía de la realidad empresaria propiamente dicha” (Francisco Junyent Bas, “Las cooperativas de trabajo en el proceso concursal. Sobre espejos de colores y argucias legales: la necesidad de una interpretación solidaria”. La Ley 2003-E, 1046 (2003), 1)
11. Art 190 segundo párrafo, ley 25.589, de reforma a la ley de quiebras. B.O. 16/05/2002. Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/74331/norma.htm (consultado por última vez el 09/05/2017)
12. Javier A. Llorente, “Ley 26.684: Una trampa mortal para la eficiencia del sistema concursal”, Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones – N° 252 (2012)
13. Junyent Bas, “Las cooperativas de trabajo…” pag 6
14. Algunos autores, sin embargo, opinan que durante la vigencia de la ley anterior, el artículo 211 -que permitía a los acreedores con garantía real compensar sus créditos para adquirir los bienes gravados- se aplicaba de manera analógica a las cooperativas de trabajo, habilitándolas para utilizar los créditos de los que eran titulares sus asociados, hasta la concurrencia del importe de sus dividendos concursales para adquirir los activos contra la quiebra. Véase Juan Marcelo Villoldo, “La compensación como medio para la adquisición de la empresa por parte de los trabajadores” (trabajo presentado en la VI Jornada de Derecho Concursal, Mendoza, Argentina, septiembre de 2004). Véase también Francisco Junyent Bas y Fernando M. Flores, Las relaciones laborales ante el concurso y la quiebra (Buenos Aires, Abaco, 2004) pag 457, citado en Villoldo, “La compensación como...”, 5. Darío Tropeano, “Cooperativa de trabajo y quiebra: su armonización en un fallo ejemplar”, La Ley Córdoba, 2003 (noviembre), 1185 (2003), comentando el leading case “Comercio y Justicia”, de la provincia de Córdoba, en el que se aplicó la compensación de créditos con garantía especial en la compra directa de la empresa quebrada. Tropeano aquí se pronuncia a favor de la inconstitucionalidad de prohibir la compensación a los ex dependientes, por entender dicha prohibición como un trato discriminatorio en relación al que se da a los acreedores con garantía real.
15. De acuerdo a la opinión del Dr. Caro, la expresión “hacer valer” significa que los trabajadores pueden compensar sus créditos hasta la concurrencia con el monto que estos deberían recibir si se integrara el precio estipulado para la compra de la empresa, no estando habilitados a hacerlo por la totalidad de sus créditos sin límite alguno. Tercera entrevista de Luis Alberto Caro con el autor el día 15/06/2012 en su estudio en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. En el mismo sentido, ver José Escandell, “Las cooperativas de trabajo en la ley de quiebras. Visión crítica de la reforma proyectada”, El Derecho, 212-771, citado en Miguel Eduardo Rubín. “Las reformas a la Ley de Concursos y Quiebras del año 2011 y el fenómeno de las cooperativas de trabajo Comprobando que más difícil que sacar al genio de la lámpara es volver a meterlo en ella.”, El Derecho, (01/08/2011, nro 12.803), 243; Otro autor que hace un buen tratamiento de esta discusión es Lorente, “Ley26.684: una trampa…”
16. Lorente, “Ley 26684: una trampa…”, 13.
17. Julio César Rivera et al., Derecho Concursal (Buenos Aires: La Ley, 2010), 243 Vol. I
18. Sentencia de apertura de concurso preventivo. Productos Textiles S.A s/ Quiebra, en trámite en el Juzgado Nº 6 Secretaría 11.
19. Diego Sosa en primera entrevista con el autor en las instalaciones de la Textil Alcoyana.
20. Entrevista con Diego Sosa. De acuerdo al escrito en el que se peticiona la Apertura del Concurso Preventivo que figura en el expediente, durante los 90 en Alcoyana había “más de 500 empleados”.
21. Petición de apertura de concurso preventivo Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
22. Datos obtenidos vía mail con Diego Sosa en fecha 15 de mayo de 2017.
23. Juan Marcelo Villoldo, interventor judicial de la compañía durante el salvataje, en entrevista con el autor en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires en 15/05/2012
24. Informe general de la sindicatura, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
25. [1] Programa Faculta Abierta, Centro de Documentación de Empresas Recuperadas. “Las empresas recuperadas por los trabajadores en los comienzos del gobierno de Mauricio Macri.”, disponible en http://www.recuperadasdoc.com.ar/informe-mayo-2016.pdf , 7
26. Estos datos son tomados de Gracia, Fábricas de resistencia…, 33-35. La muestra no incluye la cooperativa bajo análisis, por haber comenzado su actividad en 2010
27. Programa Facultad Abierta, Centro de Documentación de Empresas Recuperadas. Las empresas recuperadas en la Argentina. (Buenos Aires. 2005), disponible en http://www.recuperadasdoc.com.ar/Informes%20relevamientos/Empresas%20Recuperadas%202005.pdf (consultado por última vez en 30/07/2017), pag 38
28. Gracia, Repertorios en fábrica…, 33. Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
29. Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
30. Petición de apertura de concurso preventivo, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
31. Entrevista con Juan Marcelo Villoldo.
32. Productos Textiles S.A. s/ Quiebra…
33. Según el artículo 48 de la LCQ, conforme su vigencia en ese momento, si existieran inscriptos para el salvataje, el juez debía designar un evaluador de acuerdo con el procedimiento del artículo 262 LCQ a fin de establecer el valor de mercado de la compañía.
34. Entrevista con Juan Marcelo Villoldo.
35. Resolución de valuación de las cuotas sociales de la empresa, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
36. Se transcribe a continuación lo declarado por el Dr. Caro en entrevista con el autor: “Lo único que les digo a los muchachos es que después cuando ellos anden bien, se acuerden del Dr. Caro, que tiene varios hijos, y los compañeros después suelen ser muy generosos con lo que a uno le devuelven.”
37. Entrevista con Diego Sosa.
38. Entrevista con Diego Sosa.
39. Entrevista con Juan Marcelo Villoldo.
40. Entrevista telefónica con Fernando Ruarte. Estas declaraciones de Ruarte coinciden con la idea que los miembros del MNFRT tienen del rol de las cooperativas en la economía. Luis Alberto Caro promueve la idea de que las fábricas deben competir en el mercado para conservar el trabajo, sin promover fines ideológicos o políticos, ni oponerse al “sistema jurídico represor”. Es decir, no se busca fomentar la idea de una economía alternativa o solidaria, sino de insertar a las fábricas recuperadas en las propias dinámicas de competencia del mercado. Véase Gracia, Fábricas de resistencia…, 212.
41. Luis Alberto Caro en segunda entrevista con el autor, el martes 10 de abril de 2012 en su estudio jurídico en la localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
42. Última entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta en mayo de 2017.
43. Entrevista con Diego Sosa.
44. Entrevista con Diego Sosa.
45. Productos Textiles S.A s/ Quiebra… “Rechaza falsas denuncias- presenta constitución definitiva de cooperativa- se nombre depositarios judiciales” y entrevista con Diego Sosa.
46. Incluso colaboraron aportando bienes comestibles para paliar las dificultades microeconómicas de cada hogar. Por ejemplo, la cooperativa Avícola Moreno contribuyó aportando pollos de su producción propia, conforme lo declarado por Diego Sosa en entrevista con el autor.
47. Entrevista con Diego Sosa.
48. Diego Sosa en segunda entrevista con el autor el día 11/06/2012 en las instalaciones de la Textil Alcoyana.
49. Entrevista con Diego Sosa.
50. Véase Gracia, fábricas de resistencia…, 324, donde se hace una descripción del caso de la Cooperativa Los Constituyentes.
51. Con el agravante en este caso particular, que la proveedora de algodón de la región fue una de las compañías que intentó comprar la empresa durante el proceso de salvataje.
52. Entrevista con Diego Sosa.
53. Entrevista con Diego Sosa.
54. Ley de empleo 24013 y sus modificatorias, B.O 17/12/1991. Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/412/texact.htm (consultado por última vez el 26/07/2012).
55. Los montos a percibir en los primeros cuatro meses se calculan tomando un porcentaje del mejor salario percibido en los últimos 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo. En los subsiguientes se toma un porcentaje de esta suma.
56. Art. 127 Ley de Empleo.
57. 739/1992, Decreto reglamentario de la Ley de Empleo, B.O 05/05/1992, disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/5000-9999/8767/norma.htm (consultado por última vez el 26/07/2012).
58. B.O. 06/10/2011 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/187881/texact.htm (consultado por última vez en 16/05/2017).
59. Resolución MTySS, 857/2002, art 1º inc b. Disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/80987/norma.htm (consultado por última vez en 31/07/2017). Vale aclarar que hasta que el trámite obtuvo curso exitoso, pasaron cerca de siete meses hasta que los trabajadores que optaron por esta modalidad de liquidación recibieron el dinero, sin percibir en el medio ninguna suma del Seguro de Desempleo.
60. Entrevista con Diego Sosa.
61. A estos retiros, al día de hoy habría que sumarle las sumas que se encuentran percibiendo por la asistencia de la línea I del Programa de Trabajo Autogestionado, que asciende a $4.000 pesos. De este monto, los trabajadores acordaron dejar 2.000 en la cooperativa para su reinversión, y retirar otros 2.000 mensuales. Entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
62. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Resolución 2/11 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/186091/texact.htm. Establecido actualmente en $8.060 mediante Resolución 2/2016 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261591/norma.htm
63. Entre las empresas recuperadas suele encontrarse bastante reticencia a la hora de incorporar nuevos socios por parte de los que vivieron las asperezas del proceso de recuperación. No obstante, la Resolución INAC 360/1975 prohíbe a las cooperativas contar con trabajadores en relación de dependencia, salvo por razones muy específicas y plazos acotados. Una vez excedidos los plazos previstos, la cooperativa deberá incorporar a los trabajadores como asociados de la cooperativa, o serán pasibles de sanciones de acuerdo al artículo 101, de la Ley de Cooperativas 20.337.
64. El número actual de socios que conforman la cooperativa fue provisto al autor por Diego Sosa vía mail en fecha 15/05/2017.
65. Gracia, Fábricas de resistencia…, 293–295, haciendo un análisis de la capacidad generadora de nuevos puestos de trabajo sobre 36 empresas recuperadas pertenecientes al MNFRT.
66. Segunda entrevista con Sosa, en la que intervino algunos minutos Walter Soreti.
67. Entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
68. Entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
69. Segunda entrevista con Sosa.
70. Segunda entrevista con Sosa.
71. Todo ello conforme lo dispuesto por el artículo 177 LCQ. Véase resolución donde se decreta la quiebra, Productos Textiles S.A s/ Quiebra…
72. Productos Textiles S.A s/ Quiebra… “Sindicatura informa sucesos”.
73. Sindicatura informa sucesos, Productos Textiles…
74. Entrevista con Diego Sosa.
75. La referencia alude a un evento de la historia argentina inmortalizado por la pluma de Jorge Luis Borges en el Poema Conjetural. Este párrafo dialoga con una lectura del Poema Conjetural donde se refleja a la ley como el canon que hay que atacar para ejercer venganza. De esta manera, el entendimiento de la ley como un gesto de rigidez formalista donde las voces de los gauchos quedan fuera, es sólo el inicio de un espiral de violencia donde los letrados y el Estado de derecho encuentran la muerte a manos de los gauchos. Para una discusión sobre de la literatura de Borges y la construcción de autoridad, véase Martín Böhmer, “Préstamos y adquisiciones. La utilización del derecho extranjero como una estrategia de creación de autoridad democrática y constitucional”. En Teoría y crítica del derecho constitucional. Editado por Gargarella, Roberto, Lucas Arrimada, Federico Orlando, and Nadia Rzonscinsky. Buenos Aires: Abeledo-Perrot (2009).
76. Entrevista con Luis Alberto Caro.
77. Los trabajadores de Alcoyana por sí solos llegaban a 120 personas. Casi de inmediato se sumaron todos los trabajadores de FADIP, la fábrica metalúrgica que se encuentra a pocas cuadras de Alcoyana. La cantidad de trabajadores miembros del MNFRT que se acercaron a solidarizarse con sus compañeros, de acuerdo a las entrevistas, ascendió a un número cercano a 500 personas, conforme lo declarado por Diego Sosa en entrevista con el autor en las instalaciones de la fábrica.
78. Productos Textiles S.A s/ Quiebra…, Escrito de fecha 14/09/2010, “Cooperativa de trabajo Alcoyana pide tenencia provisoria”.
79. Entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
80. Ley Provincial de la Provincia de Buenos Aires 14254, de expropiación de Alcoyana, B.O 29/04/2011, disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14254.html (consultado por última vez en 29/05/2017).
81. Ley 26.684, B.O. 30/06/2011, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183856. (consultado por última vez en 30/07/2017).
82. Conforme el artículo 190 de la LCQ, una vez decretada la quiebra el síndico cuenta con 20 días para informar al juez si cree conveniente la posibilidad de continuar la actividad de la empresa quebrada. El 19 de mayo, 14 días después de decretada la quiebra la sindicatura dio cumplimiento a este artículo, pronunciándose en contra de la continuación. A partir de ese momento, el artículo 191 obliga al juez a pronunciarse dentro de los siguientes 10 días, pero no aclara qué sucede en caso de que no lo haga. Esto en parte explica que el juzgado nunca haya resuelto ninguno de los pedidos de continuación que realizó la cooperativa a lo largo del proceso.
83. Productos Textiles S.A s/ Quiebra… Auto de llamado a mejora de oferta de fecha 30 de junio de 2014. Punto 3 inciso d).
84. Entrevista con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
85. Entrevista Con Diego Sosa y Cristian Pucheta.
86. Del informe de distribución del síndico.
87. En este sentido, la disposición aludida establece: “se valorará la capacidad de los emprendedores de cumplir con las normativas regulatorias de la actividad económica en la que se encuadra el emprendimiento productivo.”
88. Nino, Carlos Santiago. Un país al margen de la ley: estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino. (Buenos Aires: Ariel. 2014).
89. Mauricio García Villegas, y César A. Rodríguez Garavito, Derecho y sociedad en América Latina : un debate sobre los estudios jurídicos críticos (Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos : Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2003), 52
90. En este sentido ver Lorente, “Ley 26684: una trampa…”, Rivera et al., Concursos y quiebras…, 218-239 tomo III, y Rubín, “Las reformas…”
91. Nino, Un País…, 28.
92. Villegas y Rodríguez, Derecho y Sociedad…, 41
93. Villegas y Rodríguez, Derecho y Sociedad… 54
94. Este escenario es sustancialmente distinto del planteado anteriormente, pues en la posibilidad anterior, la administración otorga los beneficios de una política pública a un emprendimiento más allá de cualquier visión acerca de si las condiciones de su ocupación se dan conforme a derecho, y lo hace con fundamento en que, axiológicamente, está bien que los ex dependientes conserven su fuente de trabajo.
95. Larry Kramer, The people themselves: popular constitutionalism and judicial review, (New York: Oxford University Press, 2004), 125
96. Larry D. Kramer, “Popular Constitutionalism, Circa 2004”. California Law Review 92 (2004): 959-1011, 959
97. Kramer, Popular Constutionalism… 973,
98. Robert Post and Reva Siegel. "Popular Constitutionalism, Departmentalism, and Judicial Supremacy”. California Law Review 92, no. 4 (2004): 1027-043.
99. Kramer, Popular Constitutionalism…, 50
100. Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”,16.
101. Post y Siegel, “Popular Constitutionalism…”, 14
102. En el mejor de los casos, el MTySS podría llegar a contar con los recursos y los datos necesarios para hacer un examen de viabilidad más de tipo económico-empresarial del emprendimiento en cuestión, pero parece difícil prima facie que se encuentre en condiciones de determinar cuál es la solución del conflicto que mejor balancea todos los derechos involucrados.
103. Cabe aclarar que la idea de los derechos de propiedad como medio para el desarrollo de los humanos en sociedad no supone necesariamente adscribir a teorías comunitaristas de la justicia. Basta con que el rol de la propiedad en una sociedad democrática contemple en su diseño el compromiso con la igualdad de trato y respeto frente a uno de los individuos que la componen. Véase Singer, Joseph William. "Democratic Estates: Property Law in a Free and Democratic Society." 94.4 Cornell L. Rev. 1009, 1062 (2009)
104. Eduardo M. Peñalver, "Property as Entrance." Virginia Law Review 91, no. 8 (2005): 1889-972.
105. En consideración a lo observado, de lege ferenda, sería aconsejable incorporar una previsión sobre qué consecuencias jurídicas se derivan que el juez no se pronuncie sobre el permiso de continuidad de la actividad empresarial dentro de los plazos establecidos por el artículo 191 LCQ. Esto permite evitar las dificultades que pueden surgir de situaciones como las que aparecen en este caso de estudio. Una solución posible podría consistir en que el permiso de continuación se efectivice de pleno derecho cuando se exceda el plazo legal.
106. Lorente, “Ley 26.684: una trampa…”
107. Eduardo Moisés Peñalver y Katyal Sonia K, Property outlaws: how squatters, pirates, and protesters improve the law of ownership, (New Haven, Conn: Yale University Press, 2010), 14
108. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 11
109. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 18/19
110. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 16/17
111. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 17
112. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 128
113. Si bien los autores reconocen que la evidencia empírica que soporta este reclamo no es pacífica, al menos resulta plausible y ha sido adoptada por numerosos académicos de renombre. Véase Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 130
114. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 131
115. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 131
116. William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Book2, Chapter 1; First Edition Oxford: Printed at the Clarendon Press, 1765-1769, disponible en: http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp (consultado por última vez en 29/7/2917).
117. En este sentido, Singer señala: “Antes que preguntarnos quien es el dueño de la cosa, deberíamos preguntarnos quien tiene derecho a decir algo sobre el uso o disposición de la propiedad. Si formulamos esta pregunta, resultará que en cada caso identificaremos más de una persona porque los derechos de propiedad en emprendimientos corporativos son siempre compartidos. Dado este hecho, la pregunta normativa apropiada es, entonces, cómo alocar poder entre las personas con intereses legalmente protegidos en esa propiedad.” Joseph William Singer. "The Reliance Interest in Property." 40.3 Stan. L. Rev. 611, 752 (1988), 641.
118. Véase Singer, The Reliance Interest …
119. Singer, The Reliance Interest…, 699.
120. Singer, The Reliance Interest… 700
121. Gregory S. Alexander, “The Social-Obligation Norm in American Property Law”, 94 Cornell L. Rev. 745, 820 (2009), 749, 750
122. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 132
123. Argumentan los autores citados que: “Más aún, si la presión para el tipo particular de transferencia forzada dentro de una comunidad es lo suficientemente amplia, legalizar la transferencia podría incrementar el orden y el respeto por el estado de derecho y los derechos de propiedad al acercar al derecho oficial a un lugar más acorde con el sentido de justicia y equidad de la gente.” Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 132
124. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 132
125. Naturalmente, la existencia de mecanismos eficientes redistribución de la riqueza y de seguridad social provistos por el Estado restan fuerza a la necesidad de ratificar transferencias forzadas, de la misma forma en que la existencia de válvulas de escape alternativas para expresar la disconformidad con el régimen existente a través de mecanismos políticos legalmente reconocidos – como ser la promoción de discursos contrarios al statu quo – reduce la legitimación de los actos de desobediencia expresiva. A la vez que estas formas de respuesta no son mutuamente excluyentes. Véase Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 147.
126. Peñalver y Katyal, Property outlaws…, 159
127. Esto porque los trabajadores conocen las industrias en las que sus unidades productivas se insertan, y cuentan con información para nada despreciable sobre cuán utópica o no podría ser la recuperación.
128. Uno de los trabajos empíricos más influyentes sobre los costos de la informalidad ha sido el de Hernando de Soto sobre la distribución de las tierras en Lima, Perú. Hernando de Soto, The other path: the invisible revolution in the Third World (New York: Harper & Row, 1989)
129. Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho administrativo (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1965), 117
130. Ley de la Provincia de Buenos Aires 5708 y sus modificatorias, ley general de expropiaciones, B.O 28/11/1952 disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-5708.html (consultado por última vez en 28/07/2012)
131. Sólo una cooperativa de toda la PBA se vio beneficiada por la integración de la indemnización previa al momento en que Alcoyana había obtenido su ley expropiatoria, que fue la Cooperativa Los Constituyentes, expropiación sobre la cual asoman serias sospechas de corrupción. Ver Movimiento de Fábricas Recuperadas por los trabajadores, “Rechazo al negociado por 101.000.000”, disponible en http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/5Octubre2010.php (consultado por última vez en 29/07/2012)
132. Segunda entrevista con Luis Alberto Caro
133. Miguel S. Marienhoff, Tratado de derecho administrativo, 113
134. CSJN, “Servicio Nacional de Parques c. Franzini”, 04/05/1995, Fallos 318:445
135. CSJN, “Servicio Nacional de Parques…”, Considerando 11 del voto de la mayoría, citando a Joaquín Víctor González et al., Obras completas de Joaquín V. González. (Buenos Aires, Imprenta Mercatali, 1935), Vol II 208
136. CSJN, “Servicio Nacional de Parques…”, considerando 14 del voto de la mayoría
137. CSJN, “Dos Américas I.C. y F. c. Territorio Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”, 10/10/1996, Fallos 319:2108, considerando 14
138. Ley 5708, art. 41 inciso c)
139. Véase Movimiento de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, “Rechazo al negociado…”
140. La conducta reiterada del gobierno de la PBA de promulgar leyes pero nunca ejecutarlas indica que el recurso al instituto de la expropiación aspira a una eficacia restringida al plano meramente simbólico, sin pretender operar desde lo instrumental. De esta forma, el gobierno de la PBA busca legitimar su intervención en un conflicto donde se solicita su presencia con apremio, pero no necesariamente aparece para solucionar el problema. Para un desarrollo de este rasgo característico de los sistemas legales latinoamericanos, véase César Rodríguez, Derecho y Sociedad…
141. Posteriormente, volvió a decidir en el mismo sentido en el precedente “Lavadero de Lanas el Triunfo S.A.C.I.F.I. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa”, decidido en fecha 29 de abril de 2015. La única diferencia con el precedente San Justo S.A.I.C era que la tenencia de los bienes expropiados había sido otorgada a la cooperativa a título oneroso.
142. El voto del juez Genoud, sostuvo al respecto que “atento a las constancias habidas en autos (las mismas leyes […] que declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles propiedad de la empresa ‘Cristalería San Justo S.A.I.C.’, para ser adjudicados en propiedad y a título gratuito a una cooperativa […]), entiendo que en gran parte la autoridad pública ha, cuanto menos, coadyuvado para que el dueño de los referidos bienes haya padecido la turbación y restricción en sus legítimos derechos.”
143. Véase Julio César Rivera, “La des-protección del crédito”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 67 (2007): 19-37
144. CSJN, “Gobierno Nacional c. Ferrario, Jorge”, Fallos 251:246, considerando 7º del voto de la mayoría
145. CSJN, “Gobierno Nacional c. Ferrario…”, considerando 9º c) del fallo de la mayoría.
146. Véase CSJN, “Servicio Nacional de Parques…” considerando 11
147. Véase al respecto Santiago Maqueda, “La ‘utilidad pública’ en la expropiación argentina y el public use en los takings norteamericanos. Comparación de su alcance y estándares de revisión en la jurisprudencia”, El Derecho, 18/05/2011"
148. SCPBA, “O'Connor Alberto Marcos y otro s/ Inconstitucionalidad ley provincial 11959”, causa I2107
149. SCPBA, “O'Connor…”, considerando 2.a
150. SCPBA, “O'Connor…” considerando 2.b
151. SCPBA “­O’Connor…” considerando 2.b. Sólo a título ilustrativo, el resultado del pleito fue favorable a los actores, puesto que los terrenos que eran mencionados en la ley expropiatoria ni siquiera estaban usurpados por nadie, dejando sin expropiar aquellos que sí lo estaban.
152. Véase Juan Francisco Linares, Razonabilidad de las leyes (Buenos Aires: Astrea, 1989), citado en Cianciardo, El principio de razonabilidad…, 84
153. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, “La colegiación obligatoria de periodistas”, considerando 46
154. Cianciardo, El principio de razonabilidad…,78
155. Tercer entrevista de Luis Alberto Caro con el autor el día y segunda entrevista con Sosa. Este dato es coincidente con los resultados arrojados en una investigación basada en una muestra de otros 36 casos pertenecientes al MNFRT, estudiados por María Amalia Gracia en su libro Fábricas de resistencia y recuperación social: “Para obtener las leyes de expropiación los trabajadores fueron aprendiendo las reglas y regularidades de las instituciones legislativas. Supieron de la importancia de los espacios informales en los ámbitos legislativos y de que muchas de las cuestiones fundamentales se dirimen en los ‘pasillos’ Se aprendieron los contenidos y números de las leyes y los nombres de pila de cada legislador. Estuvieron allí para ‘hablar con todos’. Supieron de horarios, ritmos y gestos, de la competencia de las comisiones y del funcionamiento y conexión (o desconexión) entre ellas, de las alianzas y divisiones en los bloques políticos que integran los partidos […]
De las encuestas realizadas se observa que el 72% de los trabajadores participó en alguna de las acciones desplegadas para obtener las leyes de expropiación y, de ellos, casi la mitad fue a hablar con los diputados o senadores. La centralidad de Luis Caro en el movimiento no sólo es explicable a partir de la eficacia en su actuación jurídica sino también porque pudo transmitirles a los trabajadores este “saber hacer” necesario en los espacios jurídico-políticos donde se dirimen las leyes”, 248-249
156. Villoldo, Juan Marcelo. “La expropiación en la quiebra ¿Un fenómeno sin límites?”. Jurisprudencia Argentina 2003-IV-1490, 4-5
157. Villoldo, “La expropiación en la quiebra…”, 3
158. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané S/ Quiebra, 06/11/2008
159. Francisco Junyent Bas, “El dificultoso camino de la continuación empresaria y en especial por las cooperativas de trabajo”, La Ley 2009-C, 104
160. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 3
161. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 3.1
162. Ley de la Provincia de Buenos Aires 12.688, de expropiación del frigorífico Yaguané, B.O. 08/06/2001, disponible en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12688.html (consultado por última vez en 30/07/2012)
163. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 2
164. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, considerando 5º del dictamen de la Fiscal General
165. CNcom, Sala A, Frigorífico Yaguané…, 8º de la sentencia
166. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6º Secretaría 11, “Polimec S.A s/ quiebra”, 19/04/2011, Considerando 1º
167. Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 6º Secretaría 11, “Polimec S.A…”, considerando 2º
168. Rubín, “Las reformas…”, 16
169. José Itzigsohn, “La gestión democrática del trabajo” Osera, 1er semestre 2009, disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/ItzigsohnEEUU.pdf (consultado por última vez en 30/07/2012)
170. Véase Oscar Martínez y Federico Vocos, “Las empresas recuperadas por los trabajadores y el movimiento obrero”, en Produciendo Realidad. Las empresas comunitarias (Buenos Aires, Ed. Topía-LaMaza, 2002), editado por Enrique Enrique Carpintero y Mario Hernández, citado en Gracia, Fábricas de resistencia…, 52
171. Gracia, Fábricas de Resistencia, 52, parafraseando a Agustín Salvia, “Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la marginalidad económica. Un campo abierto a la investigación social y al debate político”, en Sombras de una marginalidad fragmentada, comps., Agustín Salvia y Eduardo Chávez Molina (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007)
172. Martha Minow, “Forgiveness, Law and Justice”. California Law Review 103 Issue 6 (2015): 1638
173. Idem
174. Martha Minow, “Forgiveness…”, pag 1615.
175. Martha Minow, “Forgiveness…”, 1645