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Timestamp: 2020-05-29 20:29:13
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Reduciendo los derechos de los consumidores en tiempo de COVID-19: limitaciones al derecho al reembolso de viajes combinados violando el Derecho de la Unión Europea - Hay Derecho
Reduciendo los derechos de los consumidores en tiempo de COVID-19: limitaciones al derecho al reembolso de viajes combinados violando el Derecho de la Unión Europea
3 abril, 2020 /37 Comentarios/en Blog /por Alicia Agüero Ortíz
Como sabrán, se nos ha vendido que el RD-L 11/2020, de 31 de marzo, ha introducido diversas medidas que, supuestamente, refuerzan la protección de los consumidores ante la crisis sanitaria del COVID-19. Pero la realidad es bien distinta.
Lo que se nos ha vendido como una medida estrella, “¡los consumidores podrán obtener un bono por los viajes que no han podido realizar!”, es una mentira integral. En primer lugar, ni la medida es estrella, pues el consumidor ya tenía derecho al reembolso para el caso de que el viaje combinado no pudiera realizarse por imposibilidad sobrevenida. Ni, en segundo lugar, la medida es de protección a los consumidores, sino a los organizadores y minoristas comercializadores de viajes combinados, pues su único efecto es introducir facilidades para eximirlos o reducir su obligación de reembolsar, como pasamos a analizar en detalle.
¿Qué derechos ostentaba el consumidor antes del RDL 11/2020?
Para analizar los derechos de los consumidores adquirentes de viajes combinados, debemos remitirnos a la Directiva 2015/2302, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, cuya incorporación al ordenamiento jurídico nacional es preceptiva y, en España, se completó por medio del RD-L 23/2018, de 21 de diciembre. En concreto, 12 de la Directiva 2015/2302 establece el régimen y reparto de riesgos aplicables a los distintos supuestos de resolución del contrato de viaje combinado, precepto que ha sido incorporado en el art. 160 del TRLGDCU de forma literal, en virtud de que el contrato sea cancelado por el consumidor o por el operador turístico, ya por voluntad de uno u otro, ya por causas de fuerza mayor, supuesto en el que nos centraremos.
Por un lado, el art. 12.2 Directiva 2015/2302 (y art. 160.2 TRLGDCU) establece que, cuando el consumidor cancele el viaje combinado por la concurrencia de “circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino (…), tendrá derecho a resolver el contrato (…) [y] al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional”. Dicho de otro modo, si la cancelación proviene del consumidor, este tiene derecho al reembolso total del precio sin necesidad de abonar penalización alguna, por el hecho de que la causa de la cancelación sean las circunstancias inevitables y extraordinarias que de llegar a su lugar de destino (de no concurrir imposibilidad sobrevenida, el consumidor vendría obligado a pagar una penalización o perder parte del precio del viaje, arts. 12.1 Directiva 2015/2302 y 160.1 TRLGDCU). Además, este reembolso debería producirse sin demora y, como máximo, en 14 días naturales (arts. 12.4 Directiva 2015/2302 y 160.4 TRLGDCU).
Por otro lado, el art. 12.3. b) Directiva 2015/2302 [y 160.3.b) TRLGDCU], prevé que el organizador pueda poner fin al viaje, en cuyo caso deberá “reembolsar al viajero la totalidad de los pagos, pero no será responsable de ninguna indemnización adicional (…) [si] se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias”. Del mismo modo, en este caso, el reembolso debía producirse como máximo en 14 días naturales (arts. 12.4 Directiva 2015/2302 y 160.4 TRLGDCU). Así pues, si las circunstancias imprevisibles impidieran la ejecución, el organizador también podría resolver el contrato y reembolsar, sin obligación de indemnizar daño alguno al consumidor [que sí habría de abonar de cancelar por otros motivos, cfr. arts. 12.3. a) Directiva 2015/2302 y 160.3.a) TRLGDCU].
Por consiguiente, la obligación solidaria[1] del organizador y el minorista comercializador del viaje, era el reembolso del precio, de forma que en ningún caso el consumidor podía ser obligado a recibir un bono por su valor, si quiera eterno, pues el cumplimiento de las obligaciones ha de ser exacto e idéntico al contenido de la obligación (arts. 1157 y 1166 CC). Así pues, si organizador o minorista impusieran la recepción de un bono, estarían incumpliendo su obligación legal de reembolsar, al imponer la recepción de una cosa distinta a la obligada (dando gato por liebre o, de forma más elegante, aliud pro alio).
En resumen, siempre que se cancelase el viaje por imposibilidad sobrevenida, el consumidor tenía derecho al reembolso del precio en un máximo de 14 días naturales, con irrelevancia de quién solicitara la cancelación.
¿Qué derechos ostenta el consumidor tras el RD-L 11/2020?
El art. 36.4 del RD-L 11/2020 altera por completo el régimen previsto en la Directiva 2015/2302 y en el TRLGDCU.
De conformidad con el art. 36.4.I RDL 11/2020, cuando el viaje fuera cancelado por el operador/minorista ante la imposibilidad de ejecutarlo[2], “podrán entregar al consumidor o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido”. Solo si el consumidor no utiliza el bono en el plazo de un año, deberán reembolsar el precio del viaje al consumidor.
Ahora bien, si fuera el consumidor quien solicitara la cancelación (art. 36.4.II RD 11/2020), se le entregará el bono, pero tendrá derecho al reembolso “siempre que los proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje combinado hubieran procedido a la devolución total del importe correspondiente a sus servicios”. Es decir, que solo tendrán obligación de reembolsar al consumidor si los prestadores del servicio (aerolíneas, hoteles, empresas de excursiones) hubieran reembolsado al organizador o minorista, aunque fuera parcialmente. Además, si los reembolsos que recibieran organizador/minorista fueran parciales o solo algunos prestadores de servicios reembolsaran, el consumidor solo tendrá derecho un reembolso parcial (igual al recibido por el organizador o minorista), importe que se descontará de su bono. Pero ahí no queda el esperpento: el plazo para ir realizando estos reembolsos al consumidor será de 60 días desde la resolución del contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución (es decir, habrá distintos plazos a medida que los prestadores de servicios vayan reembolsando al organizador o minorista).
En síntesis, con carácter general, ahora el consumidor tiene derecho a un bono (no al reembolso) consumible en un año. Pierde, pues, su derecho al reembolso íntegro en 14 días, al que solo tendrá derecho si no usa el bono en un año. Además, tendrá derecho a reembolsos parciales, solo si es él quien solicita la cancelación, que se irán realizando y descontando de su bono a medida que los prestadores de los servicios vayan pagando al organizador o minorista, en el exagerado plazo de 60 días desde la recepción del pago por el organizador.
Las mil razones por la que esta medida es una barbaridad
La media es una barbaridad por innumerables motivos, entre ellos:
los insultantes reembolsos parciales solo podrán ser solicitados si fuera el consumidor quien cancelara, por lo que, cabe esperar que todos los operadores se apresuren a cancelar los contratos;
el consumidor carece de medios probatorios respecto a la recepción o no del reembolso de los prestadores de servicios al organizador/minorista;
se rompe la asignación del riesgo de reembolso por los prestadores del servicio que la Directiva asigna en exclusiva al organizador/minorista, precisamente por lo anterior (art. 13 de la Dir. 2015/2302);
se vulnera el principio de relatividad de los contratos (art. 1257 CC), según el cual, el consumidor solo puede solicitar el reembolso al operador/minorista con quien hubiera contratado, sin que se pueda limitar ni condicionar a la actuación de terceros no contratantes;
en línea con lo anterior, los consumidores no pueden dirigirse directamente contra los prestadores de servicios, véase el propio art. 3 del Reglamento 261/2004 que impide que los consumidores puedan solicitar el reembolso del vuelo cancelado a la aerolínea si el vuelo forma parte de un viaje combinado, ya que en estos casos los únicos obligados son el organizador y/o minorista (art. 8.5 Reglamento 261/2004);
la Directiva obliga a organizadores y minoristas a disponer de un seguro o aval para responder de sus obligaciones con los consumidores; y, en fin,
se obliga a los consumidores a financiar a estos profesionales por plazos de un año o 60 días, ¿por qué habiendo recobrado el organizador/minorista pueden disponer del dinero ajeno durante 60 días y sin pagar intereses moratorios?
Medida nula por vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión Europea
Como es sabido, el Derecho europeo tienen un valor superior a los Derechos nacionales y su primacía alcanza a todos los actos europeos de aplicación obligatoria, como es la Directiva 2015/2302. En consecuencia, el art. 36.4 RDL es nulo de pleno derecho por vulneración de una norma de rango superior, de conformidad con el art. 1.2 del CC, el art. 9.3 CE, y la jurisprudencia reiterada del TJUE desde la sentencia Costa contra Enel de 15/7/1964.
Lo contrario vulneraria el equilibrio en la unidad de mercado, como hace esta norma. Así lo manifiesta la Comisión Europea[3] que pone a disposición de todos los europeos un canal en el que denunciar la vulneración de las autoridades nacionales de la normativa europea[4].
¿Y, entonces, qué pueden hacer los consumidores?
Rechazar el bono y reclamar el reembolso y, ante la oposición del organizador, presentar una reclamación en base a los fundamentos señalados a la autoridad de consumo competente o a la Junta Arbitral de Consumo Nacional[5] para resolver el conflicto extrajudicialmente; o presentar una demanda, ya que los jueces no pueden aplicar normas contrarias a la jerarquía normativa (art. 6 LOPJ).
¿Y aquellos que estuvieran pagando el viaje por haberlo financiado?
Si la financiación para sufragar el viaje fue facilitada por el propio organizador/minorista, ya por concederla, ya por ofrecer y gestionar la financiación con un prestamista, o por constar en el contrato de crédito su finalidad de financiar el viaje, el crédito ostentará la condición de contrato de crédito vinculado (art. 29.1 LCCC)[6]. Dicho precepto, confiere a los consumidores el derecho a oponer al financiador los mismos derechos que se pudieran oponer al prestador de servicios, siempre que: (i) el servicio no hubiera sido prestado en todo o en parte (lo que es equiparable a la imposibilidad de ejecución sobrevenida); y (ii) que el consumidor hubiera reclamado con carácter previo al prestador del servicio (organizador/minorista) sin haber obtenido la satisfacción de su derecho. En este sentido, el TS ha aclarado que el consumidor puede solicitar la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios de forma activa, así como por vía de excepción oponiendo la inexigibilidad del precio por cumplimiento defectuoso[7].
Por lo tanto, tras haber reclamado al organizador/minorista sin obtener reembolso o cancelación de la deuda y reembolso de las cuotas abonadas, el consumidor podrá: como medida inmediata, suspender el pago de las cuotas por no haber obtenido la prestación financiada, a través de la excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus); y, además, solicitar la resolución contractual con restitución de prestaciones (restitución de las cuotas abonadas), todo ello con fundamento en el art. 29 LCCC y 1124 CC.
No desconocemos que los minoristas también están padeciendo los perjuicios de esta crisis y que el turismo es un sector esencial en España. Pero ello no justifica en modo alguno que la responsabilidad pueda ser transferida a los operadores más débiles del mercado: los consumidores. El gobierno deberá adoptar las medidas “para sostener la actividad económica” de estas entidades, como se ha hecho respecto a otras en el propio RDL 11/2020, sancionar con ello a los consumidores.
No se puede trasladar la falta de liquidez de organizadores/minoristas a los consumidores, que carecen de ella. Es incongruente que se permita a los consumidores solicitar el reembolso de los meses de gimnasio que pierdan (imposibilidad sobrevenida no definitiva, que puede cumplirse en el futuro) para que recobren liquidez, y no el contrato de viaje combinado (imposibilidad sobrevenida definitiva) que será más oneroso y, por ende, les permitiría obtener mayor liquidez.
En fin, no se puede autorizar a los operadores a dar gato por liebre (aliud pro alio) como instrumento perverso para imponer moratorias a los consumidores.
[1] De conformidad con el art. 161.1. III TRLGDCU.
[2] En honor a la verdad, el art. 36.4.I RDL 11/2020 no aclara de quién ha de haber cancelado el viaje, pues se limita a señalar que este “haya sido cancelado” con motivo del COVID-19”, pero debe entenderse que se refiere a la cancelación por parte del organizador, pues el párrafo siguiente (art. 36.4.II RDL 11/2020), se dedica a la alteración del régimen para el caso de que sea el consumidor el que cancelase el viaje).
[3] https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_es
[4] https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_es
[5]Puede obtener más información y tramitarlo online en: https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/home.htm
[6] En virtud del art. 3.n de la Directiva 48/2008 (que transpone la LCCC) se considerará que existe una unidad comercial cuando (i) el proveedor del bien o el suministrador del servicio sean los que financien el crédito al consumo o; (ii) cuando sea financiado por un tercero si este se sirve de la intervención del proveedor del bien o el suministrador del servicio en la preparación o celebración del contrato de crédito; o (iii) cuando los bienes específicos o la prestación de un servicio específico vienen expresamente indicados en el contrato de crédito.
[7] STS (1ª), nº 700/2016, de 24-11-2016 (RJ 2016\5652).
Etiquetas: consumidores, Coronavirus, Derecho Civil, Viajes combinados
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3 abril, 2020 en 19:40
Gracias Alicia y bienvenida al blog. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que señalas. Esta reforma es un auténtico atraco a los derechos de los consumidores y me sorprende la escasa atención que parecen estar prestando las asociaciones de consumidores ante una norma que viola el Derecho de la UE. Entiendo que se quiera evitar la quiebra de aerolíneas y agencias de viajes, pero no a costa de la liquidez de los consumidores. Puede ser que la situación económica de los consumidores haya cambiado mucho desde que se contrató el viaje al momento actual y privarles de estos fondos es injusto. No es de recibo que agencias exijan que abones la financiación del viaje y que “ya te lo devolverán” cuando ellas lo cobren. Vergonzoso y sería razonable que esta norma no fuera convalidada. Menos mal que el efecto directo de las normas europeas. Mil gracias por tu atinado análisis.
4 abril, 2020 en 17:49
No, no. Si, en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, se quieren hacer reivindicaciones irrestrictas de los derechos de los consumidores viajeros, nada de hacerlas apelando a la postre, y como siempre, al dinero público. Si, como la autora es perfectamente consciente de que ocurrirá en muchos casos, de llegar a prosperar tales reivindicaciones irrestrictas, los empresarios del ramo van masivamente a la quiebra, que los consumidores viajeros se apunten a cobrar, a prorrata, de la masa de la quiebra. Y que, luego, aquellos que se queden así sin dinero ni sin bono, traten de convencernos de que se lo reembolsemos con dinero público: las risas se van a oír en Disneylandia. El dinero público está para ser solidarios con los pobres, no con las clases medias viajeras.
5 abril, 2020 en 08:02
El elocuente silencio de las Profesoras Agüero y Cuena me invita a pensar que han comprendido que el autor del artículo 36.4 del RDL 11/2020 podría no haber sido tan bárbaro y atracador como ellas han tenido a bien presentarlo: que, tras apresurarse en manifestar su escándalo por escrito a la luz de un flexo y sobre un tapetillo verde, han pensado un poco más, y han llegado a comprender que el referido autor no ha hecho otra cosa que establecer una solución preconcursal para un gravísimo problema preconcursal, en la razonable convicción de que es la solución que mejor protege a la categoría de los consumidores afectados, en lugar de proteger solo a los que más corran en resolver sus contratos y reclamar sus reembolsos.
6 abril, 2020 en 21:05
Disculpe pero no había visto su comentario. No tengo ninguna duda de que con esta medida se ha pretendido proteger a las agencias de una situación de insolvencia. Comprendo el objetivo y puede hacerse sin menoscabo de los derechos de los consumidores. Nada que objetar a que se ofrezca el bono al consumidor quien puede optar por aceptarlo o no. La mayoría probablemente lo harán si tienen pensado volver a viajar en un corto plazo. Ahora bien, los que no puedan y la cantidad de dinero del viaje sea una cantidad importante, tienen que tener derecho a recuperar su dinero sin esperar el tiempo que anuncia la norma. Se trata de proporcionar soluciones equilibradas y no desequilibradas en contra del consumidor. Y no parece razonable distinguir entre consumidor rico y consumidor pobre porque esa distinción no está en la ley. Si el Estado quiere salvar autopistas, bancos, aerolíneas o agencias de viaje, que lo haga de frente y no con recursos de los consumidores afectados.
No hace falta recordar al autor que en el pasado los consumidores no fueron rescatados y miles de familias se fueron a la calle cuando no pudieron devolver los préstamos hipotecarios irresponsablemente concedidos por entidades financieras. Ahí no había interés en rescatar al consumidor.
Probablemente detrás de las siglas del comentarista se oculta alguien acostumbrado a defender al fuerte, que normalmente es el que mejor paga… Muy legítimo. Aquí defendemos el Estado de Derecho y también las normas europeas deben respetarse. No todo vale Sr. JFK. Saludos cordiales
Alicia Agüero Ortiz Dice:
7 abril, 2020 en 11:58
Estimado anónimo/a “JFK”,
El silencio se debe a razones mucho más mundanas, no había visto su segundo post y, respecto al primero, me parecía claro que convenía conmigo en que se convertía a los consumidores en financiadores de las empresas turísticas, lo que Ud. aplaude y yo no. No me parecía que esto mereciera más comentario, honestamente. Ya señalaba en mi entrada que “No desconocemos que los minoristas también están padeciendo los perjuicios de esta crisis y que el turismo es un sector esencial en España. Pero ello no justifica en modo alguno que la responsabilidad pueda ser transferida a los operadores más débiles del mercado: los consumidores. El gobierno deberá adoptar las medidas “para sostener la actividad económica” de estas entidades, como se ha hecho respecto a otras en el propio RDL 11/2020, sancionar con ello a los consumidores”.
En realidad, si las agencias han cumplido sus obligaciones legales, lo que debe haber sido supervisado (por lo que, no lo pongo en duda), los consumidores no harían cola en el concurso para cobrar a prorrata, de haber concurso (que es lo que deben evitar los poderes públicos sin trasladar dicha responsabilidad a los consumidores, más que por su condición de contribuyentes). Esto es así porque los pagos realizados por los consumidores deben estar garantizados por un fondo de garantía, seguro, aval u otra garantía financiera (de constitución preceptiva, art. 17 Dir. 2015/2302 y art. 164 TRLGDCU, titulados “Efectividad y alcance de la protección frente a la insolvencia”), que cubra los pagos realizados directamente por los viajeros, en cuyo caso: “la garantía deberá estar disponible pudiendo el viajero acceder fácilmente a la protección garantizada (…) los reembolsos correspondientes a servicios de viaje no ejecutados se efectuarán sin demora indebida previa solicitud del viajero”.
¿Por qué entendería el autor del art. 36.4 RDL 11/2020 que era necesario establecer una “solución preconcursal” que impidiera a los consumidores recobrar “para protegerlos” (¡), en lugar de dejarlos recobrarse del garante? Sencillamente porque el autor del art. 36.4 RDL 11/2020 no ha establecido una solución preconcursal en beneficio de los consumidores, pues esta ya existía. Lo que ha hecho es trasladar el riesgo del negocio a los consumidores convirtiéndoles en financiadores de aquellas, en lugar de arbitrar medidas de ayuda públicas a estas. “El dinero público está para poder ser solidarios con los pobres”, señala Ud., y podría añadirse, “o para rescatar a la banca” (¿por qué no ahora a las agencias?). Hasta aquí mi respuesta a JFK.
Aprovecho, además, esta entrada para responder a las consultas que he recibido sobre las posibilidades de obtener el reembolso de un billete de avión cancelado. Si los consumidores desean el reembolso de su billete de avión de vuelo cancelado, pueden optar (la decisión es del consumidor) por el reembolso en 7 días naturales (art. 8 Reglamento 261/2004). No podrán, sin embargo, obtener una compensación adicional (art. 7 Reg. 261/2004) ya que la cancelación obedece a circunstancias extraordinarias.
¿Dónde puede reclamar extrajudicialmente, tras haber reclamado a la empresa sin éxito? En relación con aerolíneas, ante AESA:	https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/cancelac_retraso/default.aspx; frente a agencias/intermediarios españoles, ante las OMICs de su zona o la Junta Arbitral Nacional de Consumo:	(https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/sistemaArbitral/organos/juntasArbitrales/nacional.htm); frente a agencias/intermediarios comunitarios, ante el Centro Europeo del Consumidor: (http://www.cec-msssi.es/CEC/web/secciones/Centro_Europeo_Consumidor.htm). Además, si la controversia es transfronteriza y la cuantía no supera 5.000€, note que puede presentar una demanda por el Proceso Europeo de Escasa Cuantía (no necesita abogado ni procurador, se rellena online, y no debe abonar tasas judiciales -solo se incurre en los gastos de envío por correo-): https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-es.do?clang=es; se puede encontrar aquí el juez competente: (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-es.do?clang=es)
7 abril, 2020 en 12:40
Nada que añadir a lo ya escrito en mi último comentario de respuesta a Doña Matilde, salvo una pequeña pregunta: el avalista, ¿puede repetir contra el deudor avalado? Por lo demás, ¿esta Usted de acuerdo en que el dinero público esta para poder ser solidarios con los pobres, o cree Usted que debe servir también para rescatar a la banca y a las agencias de viajes? Porque soy capaz de seguir bien su agudo razonamiento…
7 abril, 2020 en 12:23
1. Comencemos hablando de Derecho: ¿Puede Usted informar a sus lectores sobre si es cierto, o no, que países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Alemania han adoptado medidas legislativas análogas al artículo 36.4 del RDL 11/2020? ¿Supone Usted que lo han hecho sin consultar con el Comisario europeo de Justicia? ¿Calificaría Usted a los legisladores de esos países como “atracadores” de los derechos de los consumidores? ¿No le parece a Usted obvio que, si el estado de necesidad, y uno tan extraordinariamente grave como el que nos ocupa, justifica flexibilizaciones o, incluso, suspensiones temporales de derechos subjetivos, reconocidos por los Derechos nacionales, de tanta importancia como las que estamos conociendo todos estos días terribles, debe justificar igualmente una flexibilización o, si Usted quiere, suspensión de un derecho de igual o menor importancia reconocido a los consumidores por el Derecho europeo? ¿La máxima “Necessitas non habet legem”, entendida en su sentido a todas luces sensato, no puede jugar nunca para el sacrosanto el Derecho europeo?
2. En mi opinión, Usted, que ha demostrado que sabe argumentar bien jurídicamente, no debería haberse rebajado terminando, no ya con tintes de demagogia antibancaria (“muy legítimo”, que diría Usted), sino con un argumento ad hominen y una abusiva imputación, a contrario sensu, de que yo no defiendo el Estado de Derecho. Por lo demás, en este caso estoy defendiendo una norma que proviene de un Gobierno sobre el que se podrán decir muchas cosas -y algunas sencillamente atroces he leído y sigo leyendo con demasiada frecuencia de varios de los comentaristas usuales en este blog-, pero no, que defiende a los fuertes frente a los débiles. ¿O es acaso el Ministro de Consumo de ese Gobierno, don Alberto Garzón, el infiltrado que defiende a los fuertes frente a los débiles, como ya demostró su formación política, Izquierda Unida, defendiendo como defendió, verdad, a las entidades financieras frente a consumidores con préstamos hipotecarios que fueron desahuciados? ¿Le sigue extrañando a Usted que las asociaciones de consumidores no hayan puesto el grito en el cielo ante el “atraco” que Usted ha denunciado?
3. En fin, le agradezco mucho que me ilustre sobre que “la distinción entre consumidor rico y consumidor pobre no esta en la ley”. Y dejando a un lado lo mucho que habría que discutir sobre esa premisa, le recuerdo que yo hice esa distinción ante la sugerencia de la Profesora Agüero, que Usted parece compartir, de que la salvación de la quiebra de los empresarios del sector habría que hacerla, no a costa de los consumidores viajeros, sino a costa de los fondos públicos. Y me parece del todo evidente que, cuando se trata de salvar o rescatar con dinero público, la distinción entre pobres y ricos ha de ser decisiva ¿A Usted no? Termino preguntándoselo directamente: sabiendo que la defensa irrestricta de los derechos de los consumidores viajeros que Usted patrocina provocaría una quiebra masiva de los empresarios del sector, en perjuicio final evidente de esos consumidores contemplados como categoría (salvo de aquellos que corrieran más a resolver su contrato y pedir su reembolso: o sea, de los más listos, que normalmente no son los más necesitados), ¿considera Usted sensato que, con el atroz déficit publico que ya padecemos y que inevitablemente va a escalar mucho más, empleemos fondos públicos para garantizar esa defensa irrestricta que Usted defiende?
7 abril, 2020 en 17:44
Estimado JFK. Gracias de nuevo por su comentario.
Efectivamente, esta es una norma que procede de un Gobierno legítimo y nadie lo duda, pero contraria a la regulación europea tal y como se justifica de forma brillante en el post. Esa es la realidad. Que otros gobiernos hayan hecho lo mismo, no legitima la regulación. Y tampoco creo que el Comisario europeo de Justicia pueda decidir si las leyes se cumplen o no.
Que las asociaciones de consumidores no estén diciendo nada tampoco me extraña. A diferencia de asociaciones de consumidores europeas, en España en temas clave como el préstamo responsable y los ficheros positivos han estado calladas, salvo el caso de ASUFIN. Sus razones tendrán y prefiero no entrar a valorar la actuación de las asociaciones. El que no actúen no legitima la acción del Gobierno…
Empiezo por el final. Parece que la tendencia ahora es hacer política social con dinero privado, haciendo recaer el peso sobre los “consumidores ricos” y los “grandes tenedores”. Esa mayor riqueza no solo se tiene en cuenta en el terreno fiscal, sino también interviniendo los contratos. Así se trata también en este post https://hayderecho.expansion.com/2020/04/06/modificacion-por-decreto-ley-del-contenido-de-los-contratos/ Imagínese que en lugar de emplear dinero público en la crisis financiera de 2008 para rescatar a los bancos, un decreto del Gobierno hubiera autorizado a determinados bancos en dificultades a que no restituyeran los depósitos a los depositantes ricos ¿Le habría parecido bien que le privaran de sus depósitos durante un periodo de tiempo con base en el principio “Necessitas non habet legem”?
Yo no estoy conforme con este planteamiento que creo que es además dudosamente constitucional. Me permito reproducir las palabras del Magistrado del Tribunal Constitucional don Alvaro Rodríguez Bereijo, en su voto particular a la STC de 17 de marzo de 1994 respecto de la inconstitucionalidad de la LAU: “Si el Estado quiere realizar una política de beneficencia en favor de las relaciones privadas de unos particulares, es lógico que la misma se realice con cargo a los fondos públicos, pero no que se haga a costa de otros particulares, los arrendadores, con cargo a su propio patrimonio, con lo que se acentúa aun más la existencia de la discriminación aludida, que es precisamente la situación que se está produciendo con el mantenimiento de esta legislación especial”.
Y sí, tiene usted razón en resaltar el tremendo déficit público que padecemos y -añado yo- el extraordinario nivel de deuda pública que es fruto de una crisis financiera mal resuelta. Una crisis de deuda privada convertida en deuda pública ( https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp2013-37.pdf que se ha “tapado” con inyecciones de liquidez por el BCE que han apalancado todavía más a los Estados que ya no tienen margen para nada. Una crisis financiera fruto de comportamientos irresponsables “conocidos” por los gobiernos (de cualquier color). Aquí hay una crisis de deuda privada y deuda soberana brutal, muy anterior a la crisis sanitaria. Sabe bien como yo que la debacle económica no procede exclusivamente del coronavirus. Este hecho la ha agravado. Pero a lo que voy, el nivel escandaloso de deuda pública y el déficit público que usted utiliza como argumento para que ahora los consumidores rescatemos empresas, vino de un rescate bancario brutal, fruto de una regulación desequilibrada que todavía persiste. El 2008 también se utilizó dinero público, pero no tengo claro si para rescatar al pobre…
No tengo problema en que se rescate a empresas claves para la economía, pero con un marco legal correcto. Yo defiendo posiciones equilibradas y no radicales, y conviene no olvidar cómo hemos llegado hasta aquí. No es demagogia antibancaria, es la realidad, aunque escueza escucharla.
Insisto que defender al fuerte siempre es más fácil. Esta crisis está poniendo de relieve el apalancamiento de las empresas y la pésima gestión en algunas de ellas. Y sí, no hay problema en que las agencias puedan dar bonos a sus clientes, pero no imponerlos. Puede ser que ese consumidor “rico” haya dejado de serlo por culpa de esta crisis. Según usted hay que sacrificarle … Creo que no vamos a llegar a ningún acuerdo y no porque piense que no respeta el Estado de Derecho, sino porque para usted la finalidad de esta norma justifica el medio y para mí no. Y le insisto, para rescatar personas condenadas a la exclusión social el principio “Necessitas non habet legem” no operó. Y sí, sorprende que un Gobierno socialista “preste” a las personas vulnerables para pagar la renta y a las agencias les permita no reembolsar las cantidades que legítimamente le corresponden a los consumidores (ricos y pobres). Es llamativo. No sé qué habría pasado si esto lo hace el PP.
Le agradezco sinceramente el debate. Saludos muy cordiales.
7 abril, 2020 en 19:42
Insiste Usted, doña Matilde, en que “defender al fuerte siempre es más fácil”. ¿Se refiere Usted a los “consumidores ricos” y “los grandes tenedores”? ¿Y a lo que hace el PSOE o lo que hace el PP? Porque ya me pierdo… Pero, a lo que importa, ¿persevera Usted en la idea de que el artículo 36.4 RDL 11/2020 es “un atraco a los derechos de los consumidores”?
Buenas tardes, y buena suerte
7 abril, 2020 en 19:49
Sí, es un atraco a mano armada… Los fuertes son las empresas que usted defiende rescatar con dinero de los consumidores que contrataron con ellas (ricos y pobres). PSOE y PP, para mí son el mismo perro con distinto collar. Yo no juzgo partidos, sino políticas y no me caso con nadie. Buenas tardes y buena suerte!
7 abril, 2020 en 16:01
Estimado JFK,
Contextualizando sus preguntas, partimos de que afirmó Ud. “los consumidores viajeros se apunten a cobrar, a prorrata, de la masa de la quiebra”, a lo que yo respondí que no irían al concurso ya que organizadores y minoristas están obligados a constituir dos garantías para responder de los reembolsos a los consumidores, una de ellas, específicamente ante la falta liquidez. Desmentido que los consumidores vayan a tener que concurrir al concurso como Ud. sostuvo, Ud. consulta ahora “el avalista, ¿puede repetir contra el deudor avalado?”. La respuesta es: sí y ello en nada afecta a la posición de los consumidores -que es de lo que hablamos-. Que el avalista pueda repetir contra la agencia, no suprime ni afecta al derecho de reembolso del consumidor, ello sucederá post-resarcimiento del consumidor. Dicho claro, que el avalista pueda repetir a contra la agencia no comporta que, como Ud. señalaba, el consumidor haya de acudir al concurso. En resumen, no es cierto como Ud. indicaba, que los si los consumidores instan el reembolso, tendrán que ir al concurso a rogar por migajas del pastel. En consecuencia, no es cierto que el art. 36.4 RDL 11/2020 constituya solución alguna preconcursal en defensa de los consumidores, sino que, como reitero, comporta la conversión de los consumidores en financiadores de la actividad comercial de organizadores y minoristas y el traslado de los riesgos del negocio a aquellos.
Respecto a su segunda pregunta, “¿esta Usted de acuerdo en que el dinero público esta para poder ser solidarios con los pobres, o cree Usted que debe servir también para rescatar a la banca y a las agencias de viajes? Porque [no] soy capaz de seguir bien su agudo (¡) razonamiento…” Mi razonamiento es claro: los consumidores no han de financiar ni rescatar a las empresas, ni soportar sus riesgos. No creí que fuera un razonamiento complejo, espero que así se comprenda mejor. Me remito nuevamente a lo que dije en mi entrada: “El gobierno deberá adoptar las medidas “para sostener la actividad económica” de estas entidades, como se ha hecho respecto a otras en el propio RDL 11/2020 ” y no trasladar esta responsabilidad al eslabón más débil de la cadena: los consumidores. Sobre el destino del dinero público, Ud. apeló a aquello, no es materia de discusión en este tema, el gobierno puede arbitrar mecanismos de ayuda (como hace en el RDL 11/2020) comprometiendo o no dinero público. Ahora, que el dinero público “está para ser solidarios con los pobres” es una falacia ad numerum, basta con ver los PGE para advertir a cuántas finalidades se destina el dinero público (que nada tienen que ver con “ser solidarios con los pobres”).
7 abril, 2020 en 18:29
No, no confundamos. El tema central de discusión fue si el artículo 36.4 RDL 11/2020 es una “barbaridad” insultante, como Usted afirmó, o un “atraco a los derechos de los consumidores”, como afirmó la Profesora Cuena, o si, como yo entiendo, es una norma razonablemente ponderada, que impone un sacrificio parcial y temporal de los derechos de un grupo de consumidores (que típicamente no son pobres) para evitar que los empresarios del sector de viajes combinados caigan masivamente en quiebra. Ese era el tema central de discusión, del que luego Usted, muy comprensiblemente, quiso escapar por el agujerillo de la cuestión de las garantías frente a la insolvencia de dichos empresarios. Y lo sigue intentando, pese a no tener más remedio que reconocer que la existencia de esas garantías en manera alguno evitaría la quiebra en masa de los repetidos empresarios: a eso se refería, evidentemente, mi pregunta sobre el regreso del avalista. Claro que se trata, por tanto, de una solución preconcursal a un gravísimo problema preconcursal. Y sigue Usted intentando escapar por ese agujerillo, por cierto, sin explicarle a los amables lectores cuántos de los empresarios del sector de viajes combinados cuentan con los fondos de garantía, seguros o avales a los que se refiere el artículo 164 TRLGDCU, “en los términos –así dice su apartado 1– que determine la Administración competente”.
En el punto 1 de mi respuesta a la réplica a la Profesora Cuena, yo plantée unas preguntas sobre el tema central de discusión, algunas de Derecho comparado: ¿qué Estados europeos ha hecho, y cuáles no, lo que Usted considera una barbaridad? Usted no ha respondido a dichas preguntas, ni las va a responder, ¿verdad? Y habría más: los puestos de trabajo, por ejemplo, de los trabajadores de las agencias de viajes que quebrarían, ¿no merecen el sacrificio limitado y temporal que el artículo 36.4 RDL 11/2020 les pide a los consumidores viajeros?
Volvamos, en fin, al dinero público. Muy gracioso lo de la ¿”falacia ad numerum”?, pero no confundamos. Estamos hablando utilizar dinero público para ayudar a fondo perdido. Y yo afirmo que no se debe utilizar dinero público para ayudar a fondo pedido a las clases medidas ni a las clases altas, sean consumidores o no; sí, en cambio, a aquellos que, por volver al RDL 11/2020, han quedado, a consecuencia de las medidas para combatir la pandemia, en “situación de vulnerabilidad económica”. En su entrada inicial, Usted insinuó con claridad que debía emplearse dinero público para salvar de la quiebra a las empresarios organizadores de viajes combinados, antes que afectar perjudicialmente, de cualquier modo, al derecho de reembolso de los consumidores viajeros. Y fue Usted la que me contestó que ya se había utilizado “para rescatar a la banca”. Así que vuelvo a preguntarle: ¿es Usted, o no, partidaria de un rescate bancario con dinero público a fondo perdido, antes que afectar en modo alguno los derechos de los acreedores de los bancos, sea la que sea la cuantía de sus créditos? ¿Y es Usted, o no, partidaria de utilizar dinero público para rescatar a a fondo perdido a los organizadores de viajes combinados antes que afectar en modo alguno a los derechos de los consumidores viajeros? También yo deseo que mis preguntas no le resulten un razonamiento excesivamente complejo.
7 abril, 2020 en 19:55
No se preocupe, sus preguntas no me resultan complejas. Al contrario, me resultan interesantes, pero irrelevantes para la cuestión debatida. Me atrevería a decir que, incluso, más encaminadas a obtener el “regocijo” de la última palabra (que, por mi parte, es todo suyo).
En síntesis, me da Ud. la razón al convenir conmigo en que, en realidad, se trata de exigir un sacrificio a los consumidores para evitar la quiebra de las agencias (vamos, que los consumidores financien a las agencias). Y no -como decía en sus primer y segundo comentario- que era una medida de protección a los consumidores (“es la solución que mejor protege a la categoría de los consumidores afectados”, decía…) para que no hicieran cola en el concurso y no pudieran ver resarcido su crédito y, evitar también, que luego pidieran que esas pérdidas las sufragara el erario público (argumento que utilizaba para defender esta postura y que ha quedado refutado por el hecho de que los consumidores recobrarían del garante). Esto es de lo que hablo en mi post, de los derechos de los consumidores, y no de la viabilidad económica o mecanismos para salvar a las agencias, creo que ello se desprende del propio título del mismo. La única mención que hago a la viabilidad del negocio es para indiciar que el gobierno debería ofrecer soluciones que no pasen por trasladar los riesgos del negocio a los consumidores.
Así pues, habiendo alcanzado ambos la misma conclusión, a saber, que la medida no es una medida de protección a los consumidores (pese a estar incluida en la sección del RDL 11/2020 titulada “medidas de protección de consumidores”), sino que restringe sus derechos y vulnera frontalmente la Dir. 2015/2302 -que es lo que vengo diciendo, repitiendo, y reiterando incansablemente-, el hecho de que a Ud. le parezca estupendo que se restrinjan los derechos de los consumidores, carece relevancia en un debate jurídico sobre si se vulneran o no sus derechos, pues la cuestión ya ha quedado resuelta conviniendo ambos en que sí se vulneran.
7 abril, 2020 en 22:18
Y, efectivamente, no contesta Usted a ninguna pregunta. Ni siquiera a la de cuántos empresarios organizadores de viajes combinados tenían fondos de garantía, seguros y fianza, y en qué cuantía. Habla Usted por hablar, de lo que sabe y de lo que no sabe. Y se da Usted la razón, incluso en mi nombre, Usted solita, y estupendo. Porque, claro, Usted sabe más y es mucho más lista que todos los legisladores europeos que han establecido medidas semejantes al artículo 36 RDL 11/2020. Descanse.
7 abril, 2020 en 23:15
Lo que se discutía, Sra. Agüero, no era lo que resulta obvio: que el artículo 36.4 RDL 11/2020, limita o flexibiliza los derechos de los consumidores viajeros. Lo que se discutía era si esa limitación o flexibilización es, por mil razones, una barbaridad insultante, que es lo que Usted escribió en su entrada inicial, o es, como yo pienso, una medida razonable. Y sobre eso, como yo esperaba, no contesta Usted ninguna pregunta. Ni siquiera esencial para el terreno donde quiere Usted llevar la discusión: ¿cuántos empresarios organizadores de viajes combinados tenían fondos de garantía, seguros o avales de sus obligaciones de reembolso, y en qué cuantía? Y tampoco, claro, las que yo creo decisivas; ¿Es verdad, o no, que Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia o Alemania Gad dictado normas semejantes al repetido artículo 36.4? Y si la respuesta es afirmativa, ¿por qué han dictado normas tan bárbaras?
8 abril, 2020 en 00:36
Leo que la República Checa acaba de seguir la misma línea, con la sensata matización de que puedan exigir el reembolso inmediato los consumidores especialmente vulnerables. Otros bárbaros, que vulneran sin justificación el Derecho europeo y que, además, para colmo, distinguen entre consumidores vulnerables (pobres) y no vulnerables. Si es que no estudian Derecho de consumo…
8 abril, 2020 en 13:54
Como se ha producido un silencio sepulcral acerca de la cuantía de las garantías que han de prestar los organizadores de viajes combinados para el caso de insolvencia, me permito remitir al lector a una de las normas autonómicas al respecto: véase el artículo 6 del Decreto 191/2019, de 17 de octubre, del Empresas de Intermediación Turística del Gobierno de Asturias. Y pueden contraerse normas iguales, por ejemplo, en el Decreto 60/2018, de 27 de febrero, del Gobierno de Andalucía; en el Decreto 111/2018, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón; o el Decreto 151/2018, de16 de octubre, del Gobierno de Madrid. Léanse esas normas, y se comprenderá perfectamente el referido silencio sepulcral.
Lee Harvey Oswald Dice:
8 abril, 2020 en 22:30
No tengo conocimientos ni talento para terciar en la controversia, pero sí puedo advertir la razón del “silencio sepulcral”. Una soberbia y mala educación patente. La crítica puede ser feroz, ácida e incluso desabrida. No la hace ilícita (lo aprendí de un artículo de Fernando Pantaleón en Derecho privado y Constitución número 10, 1996) pero sí cabe considerarla de sencilla mala educación. No hace falta, creo, para deshacer el argumento contrario menospreciar al adversario. Como me dijo la que fuera mi primera suegra la elegancia no se aprende, se tiene. Espero disculpen mi intromisión. Buenas noches. Y buena suerte.
9 abril, 2020 en 12:20
Muy ocurrente, Lee Harvey, a la par que galante. Espero que la broma se quede en un disparo dialéctico. Usted se permite insultar directamente en su correo; lo que creo que ya excede del terreno de la licitud. No veo ningún insulto en los comentarios de JKF en esta entrada; sí, dureza e incluso impaciencia ante lo que entiende un “perseverare diabolicum” (ya ve que tenemos lecturas comunes). Estoy seguro, por lo demás, que sus interlocutoras en esta entrada, que saben defenderse muy bien solas, no se lo hubieran permitido. En todo caso, si alguna de ellas se hubiera sentido insultada, el que fuera mi primer marido les enviaría, con toda seguridad y toda sinceridad, todas las disculpas que fueran necesarias. Por supuesto, a Usted no, porque parece evidente que actúa con dolo, siquiera eventual. No le preguntaré por qué no tercia Usted en la controversia, pues sin duda Usted no cree que sea porque no tenga conocimientos o talento para ello. En fin, estoy plenamente de acuerdo con la que fuera su primera suegra. ¿Y usted?
Marta Valls Sierra Dice:
9 abril, 2020 en 12:26
Acabo de leer tu artículo. Muy interesante y totalmente de acuerdo contigo. Pero aún tiene más inri el tema.
Creo que el Gobierno ha pasado por alto un tema. Y es que se ha limitado a regular qué pasa con las cancelaciones de viajes combinados con “consumidores” si bien la regulación sobre viajes combinados habla de “viajeros”, concepto más amplio que el de consumidores puesto que quedan englobados los viajes combinados contratados por personas físicas o jurídicas que actúen en el ámbito de su actividad profesional siempre que dicho viaje no hubiese sido contratado en el marco de un convenio para la organización de viajes de negocios. Por lo tanto, con el RDL 11/2020 han quedado desprotegidos los consumidores pero no las personas jurídicas que hubiesen contratado un viaje combinado y que representa que tienen mayor capacidad financiera.
9 abril, 2020 en 12:47
Tiene Ud. toda la razón. Una razón más a añadir a la lista de “por qué esta medida es una barbaridad”. Es verdaderamente lamentable.
Gracias por su relevantísima aportación.
9 abril, 2020 en 12:54
En efecto, como bien ha adivinado Lee Harvey Oswald, mi previamente anunciado silencio responde a la forma irrespetuosa de dirigirse a mí por parte de JFK, aparte del hecho de que el debate existente entre ambos sobre si el art. 36.4 vulnera los derechos de los consumidores y conculca la Directiva sobre viajes combinados, quedó resuelto.
En atención a los lectores, respondo las cuestiones de fondo planteadas por JFK, por última vez.
1.	Sobre el objeto del post: El usuario JFK afirmaba en una de sus últimas intervenciones: “Lo que se discutía, Sra. Agüero, no era lo que resulta obvio: que el artículo 36.4 RDL 11/2020, limita o flexibiliza los derechos de los consumidores viajeros. Lo que se discutía era si esa limitación o flexibilización es, por mil razones, una barbaridad insultante, que es lo que Usted escribió en su entrada inicial, o es, como yo pienso, una medida razonable”. A este respecto les señalo lo que sigue:
a.	si releen mi post, lo que yo digo es que nos han vendido como una mejora de los derechos de los consumidores una medida de protección de las agencias, que comporta una reducción de los derechos de aquellos. JFK se opuso a estas afirmaciones el 5/4/2020 y afirmó “es la solución que mejor protege a la categoría de los consumidores afectados” porque les evitaría ir a cobrar a prorrata al concurso. Respondí aclarando que las agencias venían obligadas a contar con seguros/avales ante la falta de liquidez precisamente pensados en la Directiva de viajes combinados para evitar lo anterior. Es decir, el debate era que a JFK le parecía que sí era una medida de protección a los consumidores. A partir de ahí, JFK pasó a considerar que el debate era si es razonable que los consumidores financien a las agencias.
b.	En ningún momento expreso que la medida sea una barbaridad insultante, digo lo siguiente: “La media es una barbaridad por innumerables motivos, entre ellos: los insultantes reembolsos parciales solo podrán ser solicitados si fuera el consumidor quien cancelara, por lo que, cabe esperar que todos los operadores se apresuren a cancelar los contratos”. Se aprecia claramente que cada adjetivo califica a distintos sustantivos y que lo segundo actúa como una de las numerosas justificaciones de la afirmación primera.
2.	Respecto al número de agencias que tenían o no contratados los seguros/avales/garantías. JFK me pregunta “¿cuántas agencias lo tenían contratado?”. Lo cierto es que ya había respondido con anterioridad: “En realidad, si las agencias han cumplido sus obligaciones legales, lo que debe haber sido supervisado (por lo que, no lo pongo en duda)” (7/4/2020). Comprenderán que debemos actuar sobre la presunción de que las empresas cumplan sus obligaciones. No vamos a cargar a los consumidores con las responsabilidades de estas por incumplimiento de sus obligaciones legales. Al menos esa es mi opinión.
3.	Sobre que se hayan aplicado medidas similares en otros países. La diferencia es notable: en ellos las medidas se anuncian como medidas para proteger a las agencias y salvar al sector turismo, no para proteger a los consumidores como en España. Les recuerdo el título de la sección en la que se integra el artículo 36 “Medidas de protección de consumidores”. Aparte de que en ocasiones se exija que se acredite que la agencia no recibe los reembolsos de los prestadores de servicios -lo que no hace nuestro art. 36-, o se limite a no consumidores, o a consumidores no vulnerables -tampoco existe excepción alguna en nuestro art. 36-, etc. (ojo, que la Directiva no solo aplica a viajeros consumidores sino también a profesionales y empresas, pero a estos el art. 36 RDL no les restringe el derecho a solicitar el reembolso -no les convierte en financiadores de las agencias., se reserva esta gran medida a los consumidores…, como excelentemente apunta Marta Valls). Además, estos países están promoviendo que se suspenda la eficacia de la Directiva por lo que, mientras esto no suceda, conculcan, sí, todos ellos dicha Directiva. Y no, no es que no sepan Derecho, por ello solicitan que se suspenda aquella -lo que nuestro gobierno no ha hecho, igual sus asesores pensaron que el principio de jerarquía normativa no era tan importante-. Por tanto, hoy por hoy, reitero: la norma se opone a la Directiva, vulnera el principio de jerarquía normativa, hasta en tanto no se suspenda (si se hace), esto seguirá siendo así. Por lo pronto, en materia de cancelaciones de transportes, la Comisión sigue defendiendo el derecho de reembolso, como indica en sus directrices en relación con el COVID-19:	https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
4.	Sobre el importe de las garantías que señala JFK en su último post. Tienen tres opciones (tomo el ejemplo de Madrid): aval/garantía/seguro por importe mínimo de 100.000€ o 5% del volumen de negocios del año anterior con un mínimo de 100.000€, que han de recargar en 15 días desde su uso; garantía colectiva; o seguro por cada viaje (medida más protectora, en mi opinión, pero depende de la agencia cuán cubierta desea estar). Y “En el momento en que el viajero efectúe el primer pago a cuenta del precio del viaje combinado, se le facilitará un certificado que acredite el derecho a reclamar directamente al que sea garante en caso de insolvencia, el nombre de la entidad garante y sus datos de contacto”. Deduzco que se pretende resaltar que esas garantías son pequeñas, ya que el usuario actúa sobre la creencia de que los consumidores-viajeros son ricos y sus viajes carísimos, que las agencias de viajes son todas grandes y que, son además irresponsables y han contratado los seguros mínimos incluso teniendo facturaciones superiores…. El riesgo de racanear al asegurar su negocio es propio y, nuevamente, no trasladable al consumidor -que, insisto, es de lo que hablo en mi post-. Asimismo, creo que debería desecharse la idea de que los viajes combinados son aquellos que hacen los ricos. Viaje combinado es aquel en el que se contratan conjuntamente dos o más elementos de viaje (ej. vuelo y alojamiento; vuelo y coche de alquiler; coche de alquiler y billete de tren, etc.), así pues, es viaje combinado el contratado por unos jóvenes que contratan un vuelo low-cost Madrid-Valencia y alojamiento en un B&B para disfrutar de las Fallas un fin de semana. Decir en este siglo (de las low cost y los B&B) que viajar es de ricos, no se ajusta a la realidad.
En conclusión, el art. 36.4 vulnera los derechos de los consumidores y conculca la Directiva de viajes combinados. Por tanto, hasta que no se suspenda la Directiva (si es que se hace), el art. 36.4 RDL 11/2020 carece de validez de conformidad con el art. 1.2 del CC, por lo que, si un consumidor prefiere o necesita el reembolso, tiene derecho a obtenerlo en el plazo máximo de 14 días naturales. Para evitar la quiebra de las agencias (lo que me parece loable) considero, a diferencia del usuario JFK -y creo que tengo derecho a tener una opinión propia y distinta a la suya (solo faltaba)-, no debe imponerse el traslado de este riesgo a los consumidores ni convertirlos en financiadores de estas empresas.
9 abril, 2020 en 14:30
Si he resultado irrespetuoso con la Profesora Agüero, le envío mis disculpas; y no me hace falta ninguna suya. De todas formas no ha debido ser muy grave, porque aquí está ella de nuevo, y sin necesidad, obviamente, de un tercero defensor. Ahora bien, que no vuelva a cambar de tercio –dentro de un torrente de palabras sobre lo que dice ella, que dije yo, que ella dijo– para tratar otra vez de confundir. Supongo que Ustedes ya se han dado cuenta de que, con las garantías del insolvencia que, incluso cumpliendo la normativa dictada por “la Administración competente”, deberían tener los organizadores de viajes combinados, la Profesora Agüero se equivocó radicalmente, no sólo en lo esencial, sino también en el ingenioso agujerillo de escape que trató de buscarse. El artículo 36.4 RDL 11/2020 protege, no sólo a las empresas organizadoras de viajes combinados (incluidos, en muy primera línea, sus trabajadores), sino también a los consumidores viajeros como categoría. Y esto, porque que, salvo aquellos que corrieran más a resolver sus contratos y reclamar sus reembolsos (que normalmente no serían los más pobres), la inmensa mayoría de ellos tendrían que (no) cobrar de las masas de las quiebras. Lo que ha quedado, pues, perfectamente claro no es que la Profesora Agüero tuviera razón –ni en lo principal, ni en lo accesorio–, sino que tiene una admirable habilidad para tratar de oscurecer lo que fue, en mi respetuosa opinión, una opinión general disparatada sobre el repetido artículo 36.4. Y parece evidente que, cabalmente porque es una medida que también protege a los consumidores viajeros como categoría, es por lo que todos los Estados importantes de Europa, con Gobiernos de todos los colores (y el español con un Ministro de Consumo de Izquierda Unida) han adoptado medidas equivalentes. Hago la merced de no decir nada sobre la “notable diferencia” que señala la Profesora Agüero.
Yo tengo la plena convicción de que los Estados miembros de la Unión Europea, en situaciones de necesidad extrema como el que nos ocupa, pueden poner en vigor medidas que, como la que aquí nos ocupa, excepcionan moderadamente normas del Derecho Europeo, sin necesidad de una previa intervención del Legislador de la Unión. Pero ese es un nuevo tema, sobre el que no es este comentario la sede oportuna.
En fin, espero que nadie haya sacado la conclusión de que yo niego a la Profesora Agüado su derecho a tener una opinión distinta, no ya de la mía, sino incluso del criterio de los legisladores de los Estados europeos que cuentan con los mejores juristas. En efecto, sólo faltaría.
9 abril, 2020 en 16:51
Estimados lectores, unas breves observaciones que había olvidado:
(i) Lean personalmente, si tienen interés, los Decretos autonómicos sobre la garantía de insolvencia que les dejé citados. Por ejemplo, el 5% del “volumen de negocios de año anterior”, que dice la Profesora Agüero, es el 5% del “volumen de negocios derivado de los ingresos por venta de viajes combinados”; o sea, el 95% de este volumen no se halla cubierto por esa garantía. Les invito a ver también cuál es el importe de la garantía colectiva, que la citada Profesora no ha tenido a bien mencionar. En fin, háganse la pregunta de cómo podría recargar en 15 de días la referida garantía una compañía en quiebra. Y lleguen a su propia conclusión: la medida del artículo 36.4 RDL 11/2020, ¿protege, o no, también a los consumidores viajeros como categoría?
(ii) Supongo que no hace falta que les diga que, si la crítica que las Profesoras Agüero y Cuena hubieran hecho al repetido artículo 36.4 hubiese sido la de no mantener el reembolso inmediato para los consumidores viajeros pobres, o si prefieren una terminología más de este siglo, especialmente vulnerables, habrían encontrado el mejor de mis acuerdos. Pero creo recordar que no fue así, ¿verdad? Tampoco habría tenido ninguna objeción a que se aclarase que el artículo 36.4 fuera –como debería interpretarse ya que es– aplicable también, incluso a minore ad maius, al viajero empresario que contempla la relevantísima y excelente aportación de la Sra. Valls.
(iii) He olvidado agradecer a la Profesora Agüero que, por fin, haya aclarado que prefiere que las compañías organizadoras de viajes combinado sean salvadas de la quiebra con fondos públicos (con los fondos con los que habría que seguir financiando la sanidad y la educación públicas o, por ejemplo, las prestaciones de dependencia), a que dichas compañías sean salvadas con el moderado sacrificio o flexibilización que el artículo 36.4 RDL 11/2020 impone a los consumidores viajeros en un tiempo terrible de sacrificios generales mucho mayores impuestos a tantos otros colectivos. Hay que agradecérselo, porque así todos Ustedes saben, a la postre, dónde está cada cuál en algo distinto al juego de la jerarquía entre Derecho europeo y Derechos nacionales en una situación de extrema y urgente necesidad.
(iv) En fin, y para que vean que sé llegar a consensos, estoy de acuerdo con la Profesora Agüero en que no sólo viajan los ricos. Pero yo no he escrito que sólo los ricos viajan, ¿verdad?, sino que viajan muchísimo más las clases medias y las clases altas. A las que, por cierto, los organizadores de viajes combinados también tienen que entregar el bono de sustitución.
12 abril, 2020 en 17:22
No soy profesional en leyes pero me dedico al turismo, y como un obrero más que está sufriendo esta crisis,también económica, yo soy también consumidor de un viaje pagado para mayo y como tal siento los mismos derechos a que me devuelvan el dinero pagado por no poder viajar.
Pero sinceramente lo que más me duele es la opinión de muchos de”la agencia” se queda, “la agencia” se beneficia,es culpa de “la agencia”..No señor…las agencias de viajes son empresas con un margen de beneficio mínimo…y detrás hay personas que aún sin saber si mañana mantendrán su puesto de trabajo , llevan un mes dejándose la piel en traer a gente a su casa…Creo que no es momento de seguir apuntándonos con el dedo,porque somos los “grandes olvidados”.En muchas ocasiones pagamos a los proveedores cuando el cliente aún no nos ha pagado el servicio y las condicciones de devolución a través de bonos no son inventos de las agencias…son condicciones que las aerolíneas y otros proveedores están inplantando. ¿También queréis que devolvamos al cliente un servicio que nosotros hemos pagado y no nos han pagado?
Sólo pido un poco de solidaridad y empatía con nuestro sector y con todos mis compañeros. Se pueden defender los derechos del consumidor sin señalar siempre a los mismos…en un viaje hay más intermediarios que el cliente y la agencia.
Xavier Hilari Serra Dice:
13 abril, 2020 en 11:32
Totalmente de acuerdo!! Como siempre, recibiendo por todas partes.
13 abril, 2020 en 12:12
Le comprendo y le pido disculpas si ha sentido que mi post ataca a las agencias, pues no era la intención en absoluto (mi crítica se dirige al art. 36.4 del RDL 11/2020 y a sus hacedores, no a las agencias).
Por el contrario, lo que defiendo es que se arbitren medidas de ayuda a las agencias que no comporten una reducción de derechos de los consumidores convirtiéndolos en prestamistas ya que, en muchos casos, se enfrentarán también a problemas de falta de liquidez (entre otras cuestiones como la incertidumbre respecto a la posibilidad de viajar en un corto-medio plazo -por lo menos-, la incertidumbre respecto a los precios si la oferta cae, etc.).
13 abril, 2020 en 11:30
Soy agente de viajes autónomo y freelance de servicios turísticos. Yo no soy ningún experto en leyes ni decretos pero si conozco y estoy viviendo cancelaciones a causa de esta pandemia que estamos viviendo.
Estoy de acuerdo en que el consumidor debe estar protegido y seguramente el bono para usar en un año no es la solución perfecta para el 100% de los pasajeros; y confiando en sus conocimientos seguramente va en contra de sus derechos. Lo que si quiero decirle es que las agencias de viajes; ni grandes ni pequeñas, no podemos asumir el reembolso de los viajes o depósitos pagados si los principales proveedores (hoteles, compañías aéreas, compañías autobuses,…) no nos abonan a nosotros estos depósitos. Es imposible!!
Ustedes pueden imaginar lo que supone para mi, un autónomo que vive al día, empezar una denuncia contra una compañía aérea o cadena hotelera? Ustedes saben lo que supone para mi reembolsar 6.000 € (100 € depósito x 60 personas de 1 grupo)?? Imaginan que tenga que hacerlo de dos o tres grupos?
Les puedo asegurar que cierro de inmediato el negocio. Pero no creo que para una persona que estaba dispuesta a gastar 500 € por un viaje le suponga un dilema tan grande bloquear 100 € durante un tiempo para poder volverlo a utilizar en un futuro próximo.
Yo he vivido los dos casos. Cuando me han reembolsado el 100%, yo he reembolsado el 100%… Y cuando no me han reembolsado el depósito lo he explicado al cliente y de momento no me han puesto problemas… Han entendido la situación.
En situaciones límite como la que estamos viviendo hay que ser solidarios e intentar buscar soluciones que sean las mejores para el mayor número de personas. En ocasiones no es posible el bono pero les puedo asegurar que en la gran mayoría de ocasiones es la mejor solución para TODOS, porque todos somos personas. No olvidemos que en las grandes empresas también hay personas.
Aprovecho la ocasión de estar hablando con expertos en leyes y me gustaría preguntarles si el seguro de responsabilidad civil y el seguro de caución que estamos pagando las agencias de viajes puede servir para reembolsar a los consumidores cuando las compañías aéreas u hoteles no nos abonen los depósitos pagados?
Mañana voy a llamar a mi seguro para informarme pero quizás ustedes pueden darme su versión.
Ánimos y colaboración entre todos!!
Respecto a lo primero, me remito a lo que comenté a LF. Por lo que afecta al seguro de caución, salvo error por mi parte, y desconociendo el clausulado específico del suyo y la Comunidad Autónoma cuya normativa resulta aplicable, en principio la posibilidad de reclamar directamente al garante se abre en caso de insolvencia. En el certificado que se ha de entregar a los viajeros debería poder observar en qué casos pueden reclamar directamente.
13 abril, 2020 en 11:42
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado que los viajeros tienen derecho al reembolso en plazo de 14 días y que, se puede ofrecer el bono sustitutivo, pero la aceptación o no del mismo depende del consumidor. https://cadenaser.com/ser/2020/04/12/internacional/1586707440_951177.html
En el mismo sentido, la nota informativa no vinculante de la Comisión Europea (los viajeros tienen derecho al reembolso pero pueden valorar aceptar aplazar el viaje, lo que puede hacerse a través de la entrega de un bono, siempre que quepa reembolso si no utilizan el bono y que dicho bono cuente con un seguro frente a la insolvencia del emisor): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf
13 abril, 2020 en 14:09
Lean Ustedes mismos, si tienen interés en este nuevo intento de confusión, las noticias de los links. En la primera, tras recordar la resolución del Gobierno alemán, la Sra. Von der Leyden “muestra cierto escepticismo por esa medida”, para recordar a continuación lo que nadie discute: lo que la Directiva europea dispone al respecto. No dice, por supuesto, que la resolución alemana sea una barbaridad; ni tampoco que el Derecho europeo no pudiera admitir una solución como la alemana en una situación de tan excepcional necesidad, porque eso es competencia del Tribunal de Justicia. La segunda tiene fecha 19.3.2020. Expresa al final de cada página: “This document is not legally binding and provides only guidance. It has not been formally adopted or endorsed by the European Commission and cannot be regarded as an official position of the European Commission. It only reflects the views of the Commission’s Directorate-General for Justice and Consumers. The authoritative interpretation of Union law remains within the sole remit of the Court of Justice of the European Union”. Expone lo que, repito, nadie discute: lo que la Directiva dispone al respecto. Y termina diciendo: “Having regard to the strains on liquidity of tour operators because of missing new bookings coupled with reimbursement claims, travellers should consider accepting that their package tour is postponed to a later point in time. Having regard to the current uncertainty to make travel plans, that could be done by means of a credit note (so-called “voucher”). However, the traveller should have the possibility to ask for a full refund if, eventually, he or she does not make use of the voucher. Moreover, it should be ensured that the voucher is covered by appropriate insolvency protection”.
13 abril, 2020 en 16:16
El comisario europeo de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, también insiste en que deben respetarse los derechos de los consumidores y que, la decisión de aceptar o no el bono, depende de los consumidores (“cuando fuera posible, los consumidores deberían considerar aceptar un bono…”) -aceptar o no, conservando la autonomía de su voluntad-. Según la noticia, disponible en: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=674033 :
El comisario europeo de Justicia y Consumidores, Didier Reynders, reitera su llamamiento a los EEMM, a los organizadores de viajes y a todos los actores involucrados para encontrar soluciones pragmáticas y flexibles que respeten los derechos de los viajeros titulares de viajes combinados cancelados ante el COVID-19.
“Los viajeros tienen derecho a obtener un reembolso completo si se cancela su viaje. Sin embargo, cuando sea posible, los consumidores deberían considerar aceptar un bono que les permita posponer sus vacaciones a un momento posterior, bajo ciertas condiciones. Dicho bono debe ser reembolsable si no se utilizase y estar asegurado contra una posible insolvencia del operador. Al mismo tiempo, los Estados miembros también deberían considerar la posibilidad de proporcionar apoyo de liquidez al negocio de viajes que les permita resolver las solicitudes de reembolso de los viajeros, de conformidad con las normas estatales asistenciales”.
El Comisario Reynders, en nombre de la Comisión Europea, escribió una carta a todos los Estados miembros y está en contacto con las asociaciones empresariales y de consumidores para garantizar que se tomen las medidas adecuadas a nivel nacional que logren el equilibrio adecuado entre la protección del consumidor y el apoyo a las empresas de viajes y turismo. En este contexto [se utiliza como norma amplificativa de estas medidas alternativas que no vulneren los derechos de los consumidores], Dinamarca ha realizado un préstamo estatal en apoyo del fondo del garantía de viajes, que fue aprobado por la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_576) como medida asistencial estatal que asegura que la liquidez de los organizadores de viajes, al tiempo que les permite liquidar de manera rápida y eficiente las solicitudes de reembolso de los viajeros.
“Commissioner Didier Reynders repeats today his call on Member States, travel organisers and all involved actors to find pragmatic and flexible solutions that respect travellers’ rights for cancelled package travel holidays in the current situation of COVID-19 outbreak. As regards cancelled holidays, the traveller’s right to be reimbursed in accordance with the EU Package Travel Directive also applies in case of “unavoidable and extraordinary” circumstances such as those caused by the COVID-19 outbreak. Nevertheless, in light of the unprecedented situation, Didier Reynders, Commissioner for Justice and Consumers, calls for pragmatic solutions:
Commissioner Reynders, on behalf of the European Commission, wrote a letter to all Member States and is liaising with business and consumer associations to ensure that appropriate actions are taken at national level that strike the right balance between consumer protection and support to travel and tourism businesses. In this context, the Danish State loan facility in support of the Travel Guarantee Fund that the European Commission approved on 3 April 2020 under State aid rules ensures that liquidity remains available to travel organizers, while allowing them to settle quickly and efficiently travelers’ refund claims. Last month, the European Commission published an advisory guidance on EU package travel rules in the context of COVID-19.”
Por su parte, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) aplaude el llamamiento de Didier Reynders a que los EEMM encuentren otras soluciones que no vulneren los derechos de los consumidores: http://www.beuc.eu/publications/beuc-welcomes-european-commission%E2%80%99s-call-member-states-work-solution-help-travel/html
“BEUC Director General, Monique Goyens, said:
Vouchers could be an attractive alternative for consumers but only if they are insolvency protected and valid for at least two years. The choice to accept vouchers instead of a refund must remain the consumers in line with EU law”.
Y es que, esta misma organización alegaba que los consumidores no deberían verse obligados a financiar el rescate a la industria de viajes: http://www.beuc.eu/publications/consumers-should-not-be-forced-foot-bill-bailing-out-travel-industry/html :
“Consumers should not be forced to foot the bill of bailing out the travel industry
Consumers are facing enormous economic difficulties due to the COVID-19 health crisis. They are under increasing pressure due to job losses and are worrying about how they will pay their bills. At the same time, BEUC members across Europe are being inundated with consumer complaints about their travel rights being undermined.
At the top of many people’s concerns are several misleading practices in the travel industry. These practices are particularly noticeable due to the actions of several European airlines.
Some European Member States are now introducing measures to force consumers to accept vouchers for their cancelled travel, instead of allowing people to claim a direct reimbursement.
EU rules on this are clear: consumers have a right to a reimbursement if their package travel, flight, or train journey are cancelled due to no fault of their own. Times of crisis should be when consumers are most protected, not an opportunity to get rid of consumer rights and leave people out of pocket.
Consumer groups are aware of the huge financial strain put on the travel industry due to the COVID-19 crisis, yet in order to support the travel industry and consumers, the European Commission and countries should work together to find solutions that are balanced and fair for both. We call for a European travel emergency fund that would cover reimbursement claims and protect consumers in case of insolvency of a travel operator.
Monique Goyens, Director General of BEUC, commented
“It is unacceptable that consumers are being forced to accept vouchers instead of a monetary refund. Vouchers, even if insolvency protected, are often not suitable because people cannot travel any more. Neither is postponing reimbursement a good solution, because a few months’ delay will not be enough to help the travel industry nor should consumers have to provide the industry with interest-free loans when they need money the most. We need solutions to ensure that both consumers and industry can cope with the crisis. As such, we urge the European Commission and the Member States to set up travel funds that can cover insolvency due to COVID-19 plus cover reimbursement claims of consumers. State aid measures to this effect like in Denmark are particularly effective”.
13 abril, 2020 en 17:34
En efecto; y el Comisario Reynders no aconsejaría a los consumidores aceptar una barbaridad insultante para ellos, ¿verdad? En fin, que la Asociación Europea de Consumidores prefiera que se utilice dinero público (repito: el que hace falta para financiar la sanidad y la educación públicas y las prestaciones de dependencia) para salvar de la quiebra a las empresas organizadoras de viajes combinados, antes de tocar ni un pelo a los sacrosantos derechos de sus asociados, sólo hace verdad la máxima de que las grandes crisis sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos.
14 abril, 2020 en 09:08
Tengo que volverme junto a Jackie, así que me despido ya. La próxima vez que alguien les diga que se dedica al Derecho del Consumo como si fuera la Madre Teresa de Calcuta, recuerden que, cuando se estaba cayendo el mundo, con especial gravedad sobre las espaldas de los más pobres (en eso las cosas no han cambiado), vieron a doña Monique Goyens, Directora General de la Asociación Europea de Consumidores, exigiendo que se emplease dinero público para que los consumidores viajeros pudieran recuperar de inmediato y hasta el último euro del dinero privado con el que habían pagado anticipadamente sus viajes combinados. A mí eso me parece una enorme obscenidad; pero la Sra. Goyens es seguramente una persona encantadora, De hecho, su biografía en la web de la Comisión Europea termina con unos detalles personales entrañables: “Apart from championing consumer’s rights, Monique’s passions are her family, cooking for friends and long walks with her golden retriever”. Le deseo fervientemente que pueda volver pronto a disfrutar de sus pasiones. En fin, le ruego a la Profesora Agüero que continúe enseñándonos desde las páginas de CESCO, en las que tantos consumidores han aprendido tanto en defensa de sus derechos, aunque a veces no hayan sabido verlo con claridad.
15 abril, 2020 en 11:18
También opino que la norma es nula, que es lo peor que se puede decir de una norma. Se ve que afirmando eso la autora ha tocado la fibra sensible de algunos usuarios, acaso porque sus dictámenes o asesoramientos han devenido cuestionables. Ya saben cómo funciona esto. Debería apelarse a la solidaridad como comentaban otros usuarios y que, quién pueda prescindir del reembolso, lo haga voluntariamente. Así lo están haciendo propietarios e inquilinos, empleadores y trabajadores/as del hogar, gimnasios y sus usuarios, etc.
17 abril, 2020 en 15:13
No soy experto en derecho de consumo. Pese a ello, considero de gran interés el post. Serían tan amables JFK, Alicia o alguien conocedor de la materia, de explicar la diferencia entre un viaje combinado y una sola reserva de hotel a través de plataformas como booking, airnb? El hecho de contratar una reserva de hotel a través de estas plataformas, podemos llegar a la conclusión que se trata de un viaje combinado, dónde los derechos de los consumidores están mayormente protegidos? En caso contrario, dispone el consumidor ( no viaje combinado) de previsiones legales ( Directiva, CE, ley consumidores y usuarios) en caso de cancelación de una reserva de hotel? Tan solo ofrecen bonos a utilizar en los próximos meses. Gracias de antemano.
19 abril, 2020 en 23:27
En primer lugar y tras leer los comentarios de esta entrada, tengo que felicitar a la autora por la valentía que ha demostrado en su artículo.
Nadie duda de que la situación que vivimos actualmente sea una situación muy delicada que amenaza la continuidad de muchas empresas, entre ellas, las agencias de viaje. No obstante, este artículo está redactado desde un punto de vista jurídico. Desde ese punto de vista jurídico, coincido en que es, cuanto menos, sorprendente que se diga que el RD-L 11/2020 refuerza la protección de los consumidores y me crea dudas en este sentido. Cualquier lector podría albergar estas dudas tras una breve lectura de la exposición de motivos, por no hablar de su contenido.
No se puede defender que la norma protege al consumidor vulnerable, cuando al mismo tiempo, le niega derechos que han sido adquiridos a través de otras normas. Todo ello a pesar de que esta sea una situación transitoria. Creo que el blog no trata asuntos desde un punto de vista socio-político o económico, sino desde un punto de vista jurídico.
Desde este punto de vista jurídico, parece que al usuario JFK le ha molestado la expresión ‘’atraco al consumidor’’ que sinceramente puede sonar un tanto abrupto, pero lo cierto es que si se acude al significado literal de la palabra, un atraco es la acción de atracar y atracar hace referencia según la RAE a ”asaltar con propósito de robo” y robar, significa ‘’tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea’’. Al margen de una utilización literaria del término, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sin entrar a valorar la necesidad o las medidas adoptadas en términos políticos o económicos, que son discutibles u opinables.
Coincido con JFK en que es necesaria una protección de las empresas y creo que nadie defiende aquí lo contrario, pero volviendo a ese punto de vista jurídico, aunque no se pueda negar que otros países de nuestro entorno, miembros de la UE, han tomado medidas similares, no ha podido estar más acertada Matilde cuando ha señalado que aunque varios estados violen el Derecho de la Unión, ello no hace que tal violación sea menos antijurídica. Imagino que sabrán todos los que han comentado en este blog que el 13 de mayo cumpliremos el cincuenta y siete aniversario de una sentencia clave para la jurisprudencia del TJUE. Esta Sentencia se dictó en el asunto ‘’Van Gend en Loos’’, en el que ya se estableció que el principio de primacía garantiza la superioridad del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales, principio que no está recogido en los tratados, pero que ha sido objeto de construcción jurisprudencial y consagración en la sentencia que nos ha traído a colación el artículo. (Costa v Enel).
Así las cosas, coincido completamente en que la suspensión de la eficacia de la Directiva europea que afecta a esta cuestión, habría sido una de las opciones posibles para evitar este problema. Mientras tanto, todos esos países a los que se ha traído a colación, están infringiendo el Derecho europeo con las consecuencias que todos conocemos y que empezarán a ser visibles en los tribunales. Cosa distinta, es quién va a pagar estos ‘’errores jurídicos’’ y si no habría sido más adecuado por parte del legislador y los medios, reconocer más claramente que la normativa es pro-empresarial, sin ningún género de dudas y por necesidades del momento. Quizás la falta de atrevimiento y sinceridad que han tenido el legislador y los medios intentando vender un falso buenismo social, le ha sobrado a la autora, máxime en un blog en el que se habla de Derecho.
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