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Timestamp: 2020-01-21 02:26:10
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STS 956/1998, 16 de Octubre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 17745542
STS 956/1998, 16 de Octubre de 1998
Ponente: D. ALFONSO BARCALA TRILLO-FIGUEROA
Número de Recurso: 2165/1994
Número de Resolución: 956/1998
Fecha de Resolución: 16 de Octubre de 1998
"RESPONSABILIDAD CIVIL. MALA PRAXIS. CENTRO DE SALUD. CARGA DE LA PRUEBA. Se presenta demanda de daños y perjuicios en virtud de mala praxis contra el centro de salud. Entrando a examinar la infracción alegada en torno a la inversión de la carga de la prueba, pues, en opinión de la entidad recurrente, correspondía a la actora la probanza acerca del particular relativo a la ausencia de información, es de decir, previamente, que es uniforme y constante la jurisprudencia al señlar que el artículo 1.214 no contiene norma valorativa de prueba y sólo puede ser considerada su infracción en casación si el Juzgador hubiese alterado indebidamete el ""onus probandi"", sin que pueda entenderse que concurre la alteración del principio distributivo cuando se realiza una apreciación de la prueba aportada por cada parte y luego se valora en conjunto su resultado. Indudablemente, la obligación de informar correspondía a los profesionales que practicaron la prueba médica, pero no cabe desvincular al Centro hospitalario de toda obligación al respecto, al incumbirle, en el aspecto y estructura organizativos, un deber ""in vigilando"" e ""in eligendo"", especialmente, en casos concretos como el de autos, en el que la prueba a efectuar podía ofrecer la existencia de un riesgo no imprevisible, con resultado de consecuencias daÃ±osas incalculables, y, desde luego, estaba en condiciones, por la vía documental pertinente, de demostrar que había sido cumplido el ineludible deber informativo, el que, en razón a los graves riesgos que la prueba de diagnóstico comportaba - como así, desgraciadamente, quedó evidenciado -, exigía que la información hubiera sido exhaustiva para permitir a la paciente tener total conocimiento del alcance de las alternativas de que disponía y su pleno consentimiento, sin vicio alguno, a la prueba. Así pues, la prueba de la información, desde el punto de vista de su carga, puede ser entendida como hecho negativo o, también, positivo, sin que en dicho punto quepa entender que el ""Tribunal a quo"" hubiera desconocido el principio distributivo respecto a su carga, lo que origina la imposibilidad de haber vulnerado el artículo 1.214 del Código Civil. Instancia estima mla demanda. La alzada desestima el recurso de apelación. Se desestima el recurso de casación."
Sentencia citada en: 63 sentencias, 8 artículos doctrinales
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.
VISTO por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de aplicación por la Sección Decimoquinta de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número TREINTA Y SIETE de dicha capital, sobre reclamación de cantidad, cuyo recurso fue interpuesto por el "INSTITUTO CATALAN DE LA SALUD", representado por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en el que son recurridos DOÑA Alicia, representada por el Procurador de los Tribunales Don Emilio Alvarez Zancada y el "HOSPITAL DE SAN PABLO", representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Concepción Hoyos Moliner. ANTECEDENTES DE HECHO
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y Siete de Barcelona, fueron vistos los autos de menor cuantía número 99/90, seguidos a instancia de Doña Alicia, contra los doctores Don Jose Luis, Don Rafael, Don Joaquín, Don Francoy Don Eduardo, todos ellos con la misma representación procesal, y contra el Hospital Santa Creu y San Pablo, el Dr. Donatoy contra el Hospital Bellvitge "Príncipes de España y el Instituto Catalán de la Salud.
Por la representación de la parte actora se formuló demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... se sirva dictar sentencia condenando a los demandados solidariamente a pagar la suma de treinta millones de pesetas, más los intereses, con imposición de las costas de este juicio en caso de temeraria oposición". Asimismo solicitaba el recibimiento del pleito a prueba.
Por la representación de Don Joaquín, Don Franco, Don Rafael, Don Jose Luis, Don Eduardoy Don Donato, se contestó a la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando prescripción de la acción, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... y previos los trámites pertinentes, dicte sentencia, por la que estimando la excepción propuesta desestime la demanda, sin entrar a examinar el fondo del asunto, o en caso de admitirla, dicte sentencia, por la que desestimando la demanda se absuelva de la misma a mis mandantes, y siempre conteniendo una expresa condena en costas de la parte actora".
Por la representación del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando la excepción de prescripción, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... dictar sentencia por la que se de lugar a la excepción de prescripción formulada declarando, sin entrar en el fondo del asunto que la acción está prescrita por transcurso de término legal, y en caso de no prosperar la referida excepción, entrando en el fondo del asunto, se dicte sentencia por la que se rechace totalmente la demanda formulada por la parte actora, y se absuelva de la misma al Hospital que represento, por no existir responsabilidad por parte de los demandados, al no existir relación de causa a efecto entre la situación de la enferma, y la actuación de los médicos demandados y el Hospital que represento, todo ello con expresa imposición de las costas del juicio a ala parte demandante". Asimismo interesaba el recibimiento a prueba del procedimiento.
Por la representación del Instituto Catalán de la Salud, y éste a su vez representando al Hospital de Bellvitge, por depender este último del primero, se contestó la demanda, en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de aplicación, alegando falta de reclamación previa y prescripción de la acción, para terminar suplicando al Juzgado lo que sigue: "... por formuladas excepciones de falta de reclamación previa y prescripción de la acción ejercitada por la actora, y para el imprevisible supuesto de que estas no prosperaran se tenga a esta parte por opuesta a la demanda en cuanto a su fondo, y previa la realización de la prueba que en su día se interese y los demás trámites legales, se sirva dictar sentencia absolutoria para mi representado, por no existir responsabilidad alguna en la actuación del Instituto Catalán de la Salud, con expresa condena en costas a la actora conforme a la normativa vigente". Asimismo interesaba el recibimiento del pleito a prueba.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 25 de Enero de 1.992, cuyo fallo es como sigue: "FALLO.- Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por Doña Aliciacontra Don Jose Luis, Don Rafael, Don Joaquín, Don Franco, Don Donato, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau e "Institut Catala de la Salut", debo condenar y condeno al "Institut Catala de la Salut" a que pague, en concepto de daños y perjuicios, a Doña Alicia, la cantidad de treinta millones de pesetas y sus intereses legales en contar desde la interpelación judicial; y debo absolver y absuelvo a los restantes demandados de las pretensiones en su contra deducidas. Sin expresa condena en costas".
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada, la Sección Decimoquinta de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia en fecha 22 de Abril de 1.994, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS.- Que desestimando los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de Doña Aliciay el Intitut Catala de la Salut, contra la sentencia dictada en fecha 25 de Enero de 1.993, (sic), por el Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, sin imposición de las costas de la apelación".
Por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en nombre y representación del Instituto Catalán de la Salud, se formalizó recurso de casación que fundó en el siguiente motivo:
Unico.- "Alegado y que se apoya en lo dispuesto en el ordinal 4 del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate".
Admitido el recurso y evacuado el traslado de instrucción, por los Procuradores Sra. Hoyos Moliner y Sr. Alvarez Zancada, en las representaciones que ostentaban de los recurridos, se presentaron escritos impugnando el mismo.
No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo del presente recurso, el día SEIS de OCTUBRE, a las 10,30 horas, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA
Doña Aliciapromovió juicio declarativo de menor cuantía contra los Drs. Don Jose Luis, Don Rafael, Don Joaquín, Don Franco, Don Eduardoy Don Donato, así como contra los Hospitales Santa Cruz y San Pablo y Príncipes de España y el Instituto Catalán de la Salud, pretendiendo que la sentencia a dictar condenase solidariamente a los mencionados doctores a pagar a la actora la suma de treinta millones de pesetas, más los intereses legales, y condenase, asimismo, al Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y al Instituto Catalán de la Salud al pago de dicha cantidad, como responsables civiles subsidiarios, cuya pretensión indemnizatoria fue estimada parcialmente por el Juzgado de Primera Instancia número Treinta y Siete de Barcelona en sentencia de 25 de Enero de 1.992, al condenar al referido Instituto a pagar, en concepto de daños y perjuicios, a Doña Alicia, la cantidad objeto de reclamación y sus intereses legales a contar desde la interpelación judicial, absolviendo a los restantes demandados de los pedimentos contra ellos deducidos, que fué confirmada íntegramente por la dictada, en 22 de Abril de 1.994, por la Sección Décimoquinta de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona. En ambas resoluciones se vinieron a estimar como acreditados, entre otros, los siguientes hechos: - En Enero de 1.983, la Sra. Alicia, que padecía crisis convulsivas tónico-clónicas desde hacía siete años, controladas con medicación anticomicial, presentó una crisis generalizada -, - Practicado scanner cerebral en el Hospital "Príncipes de España", de Bellvitge, se diagnosticó un probable angioma cavernoso frontal derecho, para cuya exacta comprobación se precisaba un estudio angiográfico -, - Ante la imposibilidad de llevar a cabo la prueba en el indicado Hospital, se remitió a la enferma al de la Santa Cruz y San Pablo, donde ingresó el 14 de Junio de 1.983 -, - En este centro se practicaron pruebas de exploración neurológica, analítica y radiológica de tórax, dando resultados normales -, - Dos días después, el 16, cuando se procedía a la exploración angiográfica, mediante cateterización de arteria femoral bajo anestesia local, la paciente sufrió una complicación diagnosticada como espasmo en territorio vertebro-basilar -, - Tratada de aquella complicación, el 5 de Diciembre de 1.983 fue ingresada en el Instituto Guttman aquejada de tetraparesia con plejía izquierda y trastornos de la fonación - y - No se suministró al marido de la paciente, ni a ella misma, la debida y suficiente información respecto a los riesgos que podrían derivarse de la exploración angiográfica, al ser informados, únicamente, de la existencia de un cierto riesgo "pero pequeño" -.
El recurso de casación fué interpuesto por el Instituto Catalán de la Salud, basándose en un único motivo, y en él se estiman infringidos los artículos 1, en sus ordinales 1 y 2, 2, en su ordinal 3, y 1.214 del Código Civil, así como la doctrina jurisprudencial que los interpreta, argumentándose, además, que el Tribunal "a quo" establece en su sentencia que la acción ejercitada era de naturaleza contractual, lo que no se corresponde con la demanda. Entrando a examinar la infracción alegada en torno a la inversión de la carga de la prueba, pues, en opinión de la entidad recurrente, correspondía a la actora la probanza acerca del particular relativo a la ausencia de información, es de decir, previamente, que es uniforme y constante la jurisprudencia al señalar que el artículo 1.214 no contiene norma valorativa de prueba y sólo puede ser considerada su infracción en casación si el Juzgador hubiese alterado indebidamente el "onus probandi", sin que pueda entenderse que concurre la alteración del principio distributivo cuando se realiza una apreciación de la prueba aportada por cada parte y luego se valora en conjunto su resultado. Indudablemente, la obligación de informar correspondía a los profesionales que practicaron la prueba médica, pero no cabe desvincular al Centro hospitalario de toda obligación al respecto, al incumbirle, en el aspecto y estructura organizativos, un deber "in vigilando" e "in eligendo", especialmente, en casos concretos como el de autos, en el que la prueba a efectuar podía ofrecer la existencia de un riesgo no imprevisible, con resultado de consecuencias dañosas incalculables, y, desde luego, estaba en condiciones, por la vía documental pertinente, de demostrar que había sido cumplido el ineludible deber informativo, el que, en razón a los graves riesgos que la prueba de diagnóstico comportaba - como así, desgraciadamente, quedó evidenciado -, exigía que la información hubiera sido exhaustiva para permitir a la paciente tener total conocimiento del alcance de las alternativas de que disponía y su pleno consentimiento, sin vicio alguno, a la prueba. Así pues, la prueba de la información, desde el punto de vista de su carga, puede ser entendida como hecho negativo o, también, positivo, sin que en dicho punto quepa entender que el "Tribunal a quo" hubiera desconocido el principio distributivo respecto a su carga, lo que origina la imposibilidad de haber vulnerado el artículo 1.214 del Código Civil.
En lo que respecta a la denunciada infracción del artículo 2.3 del Código Civil, es cierto que la Ley 26/1.984, de 19 de Julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, entró en vigor con posterioridad al acontecimiento del caso de autos, pero no lo es menos que la sentencia recurrida no desconoció la fecha de su entrada en vigor, expresándolo así, explícitamente, y su mención y remisión a dicha Ley se hizo tan sólo en el aspecto de utilizar sus criterios interpretativos - no como norma aplicable -. Ahora bien, por aquel entonces regía, como se dice en el motivo del recurso, el Reglamento de Régimen, Gobierno y Servicio de las Instituciones, aprobado por Orden de 7 de Junio de 1.972, del cual, se desprende el derecho del enfermo de ser informado de las posibles consecuencias de las intervenciones quirúrgicas, y, por otro lado, resulta incuestionable que el deber informativo forma parte de las normas deontológicas de los Colegios Médicos y su observancia, además, es una elemental aplicación derivada de principios lógicos, morales y éticos indiscutibles, sin que, por tanto, la obligación informativa quepa reducirla al rango de una costumbre usual existente en el ámbito médico-hopitalario. Las precedentes reflexiones imposibilitan la imputación de infracción en relación con los artículos 1, apartados 1 y 2, y 2, apartado 3, del Código Civil y jurisprudencia interpretativa.
Por último, resta por analizar otra cuestión planteada en el motivo, cual es, la variación de la acción ejercitada en que se incurre en la sentencia, pues mientras que el objeto de la reclamación actora se situó en el marco de la responsabilidad extracontractual, aquella, - en su fundamento jurídico noveno - estableció que la acción tenía naturaleza contractual. A la afirmación que se hace en la sentencia no es dable concederla una significación absoluta, pues, en realidad, lo que manifestó fue que la cita del artículo 1.902 por la parte, no desvirtúa la relación subyacente que cabe calificar de contractual, y prueba de ello es que más adelante - en su fundamento décimocuarto - hace referencia a "una responsabilidad que surge de las propias deficiencias de la organización - en este caso la ausencia de información -"; Es de tener en cuenta, asimismo, que en la demanda se menciona, junto al artículo 1.902, el 1.101 y alude a determinadas sentencias sobre la obligación contractual o extracontractual del médico y personal sanitario, e, igualmente, que la doctrina de la Sala admite la compatibilidad de las culpas contractual y extracontractual y la posibilidad de optar entre una u otra, que aparece recogida, en las sentencias que se citan en el fundamento jurídico noveno de la recurrida y en la de fecha 22 de Mayo de 1.995, la que establece que las responsabilidades contractual y extracontractual producen el efecto común del deber indiscutible de reparar las consecuencias dañosas originadas. Las precedentes consideraciones llevan a concluir que a la sentencia objeto de impugnación no es posible tacharla de incongruente en ningún sentido, y que la cuestión analizada no revela presencia de infracción alguna otra. Y la inexistencia de cuantas infracciones han sido denunciadas en el único motivo del recurso de casación interpuesto por el organismo gestor Instituto Catalán de la Salud, es determinante de la consecuente declaración de no haber lugar al mismo, con la obligada imposición de las costas a la parte recurrente, artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Francisco Velaso Muñoz-Cuellar, en nombre y representación del organismo "Instituto Catalán de la Salud", contra la sentencia de fecha veintidós de Abril de mil novecientos noventa y cuatro, que dictó la Sección Décimoquinta de la Iltma. Audiencia Provincial de Barcelona, y condenar, como condenamos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- J. L. ALBACAR LOPEZ.- L. MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ.- A. BARCALA Y TRILLO-FIGUEROA.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Barcala y Trillo-Figueroa, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
En concurrencia con culpa extracontractual
SAP Sevilla 337/2010, 21 de Julio de 2010
STS 752/2015, 30 de Diciembre de 2015