Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-125-de-marzo-2-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a76d8423e914017ae0430a010151017a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 17:40:52
Document Index: 357595941

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 63', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 157', 'artículo 3', 'artículo 330', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 63', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 63', 'artículo 6', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 204', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 4']

﻿ Sentencia C-125 de marzo 2 de 2011
SENTENCIA C-125 DE 02 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE, NO PUEDE ESTAR SUJETA A LA PRESCRIPCIÓN O CADUCIDAD DE LAS ACCIONES JUDICIALES PERTINENTES. SE DECLARAN EXEQUIBLES LA LEY 1304 DEL 03 DE JUNIO DE 2009 Y EL “CONVENIO UNIDROIT SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE”, FIRMADO EN ROMA EL 24 DE JUNIO DE 1995 Y APROBADO MEDIANTE ESTA LEY, BAJO EL ENTENDIDO DE QUE POR EXISTIR UN CONCEPTO DE DERECHO INTERNO MÁS FAVORABLE PARA LA RESTITUCIÓN DE BIENES ROBADOS O ILÍCITAMENTE EXPORTADOS, COMO LO ES EL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, SEGÚN EL CUAL “LOS BIENES DE USO PÚBLICO, LOS PARQUES NATURALES, LAS TIERRAS COMUNALES DE GRUPOS ÉTNICOS, LAS TIERRAS DE RESGUARDO, EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA NACIÓN Y LOS DEMÁS BIENES QUE DETERMINE LA LEY, SON INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES E INEMBARGABLES”, ÉSTE SE APLICARÁ DE PREFERENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BIEN CULTURAL, CONVENIO INTERNACIONAL
Sentencia C-125 de marzo 2 de 2011
Ref.: Expediente LAT-347
Revisión de constitucionalidad del “Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente” y de la Ley Aprobatoria 1304 de 2009.
Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil once.
EXTRACTOS: «II. Texto del convenio y de su ley aprobatoria
Diario Oficial 47.369 de 3 de junio de 2009
(Roma, jun. 24/95)
Campo de aplicación y definición.
Restitución de los bienes culturales robados.
Devolución de los bienes culturales exportados ilícitamente.
b) El bien se haya exportado en vida de la persona que lo creó o durante un periodo de cincuenta años después del fallecimiento de esa persona.
1) Se podrá presentar una demanda fundada en los capítulos II o III ante los tribunales o ante cualesquiera otras autoridades competentes del Estado contratante en el que se encuentre el bien cultural, así como ante los tribunales u otras autoridades competentes que puedan conocer del litigio en virtud de las normas en vigor en los Estados contratantes.
a) Del territorio de un Estado contratante en el artículo 1º se refiere al territorio de una unidad territorial de ese Estado;
c) Del Estado contratante en el que se encuentra el bien cultural a que se alude en el párrafo 1 del artículo 8º se refiere a la unidad territorial del Estado en el que se encuentre el bien;
d) De la ley del Estado contratante en el que se encuentre el bien a que se alude en el párrafo 3 del artículo 8º se refiere a la ley de la unidad territorial de ese Estado donde se encuentre el bien; y,
e) De un Estado contratante a que se alude en el artículo 9º se refiere a una unidad territorial de ese Estado.
1) Todo Estado contratante deberá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que las demandas de devolución o restitución de bienes culturales presentadas por un Estado en virtud del artículo 8º podrán sometérsele según uno o varios de los procedimientos siguientes:
2) Una denuncia surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario. Cuando en el instrumento de denuncia se indique un periodo más largo para que la denuncia surta efecto, esta surtirá efecto a la expiración del periodo indicado después del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario.
Bogotá, D.C., 25 de julio de 2007
ART. 1º—Apruébase el ‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el ‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ART. 1º—Apruébase el ‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
ART. 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el ‘Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente’, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente y de su ley aprobatoria, atendiendo a lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 superior.
2. Alcance del control de constitucionalidad sobre los convenios internacionales y sus leyes aprobatorias.
2.1. El control de constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado(1), así como en el trámite legislativo desarrollado(2) y la sanción presidencial del proyecto de ley. Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento de una ley ordinaria por no disponer lo contrario la Carta Política y así señalarlo la Ley Orgánica del Congreso(3), salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la República, por referir a las relaciones internacionales (art. 154 superior), y a la remisión oportuna por el Gobierno del tratado y la ley aprobatoria a la Corte (art. 241, num. 10 superior).
De esta manera, la Corte ha manifestado que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso (C.P., art. 157), v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (C.P., art. 157), vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara (C.P., art. 160), , vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la votación (C.P., art. 160).
2.3. Por último, la Corte recuerda que los aspectos de conveniencia, oportunidad, efectividad y utilidad de los tratados internacionales, son materias ajenas a las funciones jurídicas que le han sido asignadas a la Corte Constitucional, como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución (art. 241-10 superior). Su valoración, entonces, corresponde constitucionalmente al Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones internacionales (art. 189-2 de la Carta) y al Congreso de la República al disponer la aprobación o improbación de los tratados (C.P., art. 150-16).
3. Constitucionalidad formal del Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente y de su ley aprobatoria.
La Ley 1304 que aprueba el “Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995, fue expedida el 3 de junio de 2009, siendo recibida fotocopia auténtica en la Corte Constitucional(4), el día 11 de junio de 2009, proveniente de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Es decir, el Gobierno remitió el texto de la ley junto con el tratado internacional, dentro del término de seis (6) días previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Oficio OAJCAT 38296 del 16 de julio de 2009, suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica, certificó que a la fecha “No hay evidencia de que Colombia haya firmado el respectivo instrumento internacional, en este entendido no hubo plenos poderes” (fl. 46 del cdno. ppal.).
El 25 de julio de 2007, el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe Vélez, impartió aprobación al instrumento internacional, conforme al artículo 8º de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados (fl. 14 del cdno. ppal.).
Como lo ha sostenido la Corte, la confirmación del Presidente de la República tiene como efecto jurídico la manifestación de la intención y el interés del ejecutivo, responsable de la dirección de las relaciones internacionales (C.P., art. 189, num. 2º), en adherir a este convenio multilateral a cuya suscripción no concurrió el Estado colombiano(5).
3.3. Revisión formal de la Ley 1304 del 3 de junio de 2009, aprobatoria del Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente.
Conforme con la documentación que reposa en el expediente, se observa que el trámite dado al proyecto de ley 147 de 2007 Senado y 323 de 2008 Cámara, el cual culminó con la expedición de la Ley 1304 de 2009, fue el siguiente:
El texto original del proyecto de ley y del instrumento internacional, junto con la exposición de motivos elaborada por el Gobierno, fueron publicados en la Gaceta del Congreso 469 del 24 de septiembre de 2007 Senado(6).
Posteriormente, la Presidencia del Senado asignó el proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente. Según constancia del secretario general de la Comisión Segunda, el 1º de octubre de 2007 fue recibido en ese despacho el proyecto de ley 147/07 Senado, e inmediatamente lo pasó a la mesa directiva de la comisión para asignar ponente(7).
El 3 de octubre de 2007, la mesa directiva designó como ponente al senador Jairo Clopatofsky Ghisays; el día 5 de octubre fueron enviados los documentos al mencionado parlamentario, entre ellos una copia del proyecto de ley, informándole que debería rendir ponencia dentro de los diez días siguientes. La documentación fue recibida en el despacho del ponente el día 9 del mismo mes(8).
3.3.1.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el senador Jairo Clopatofsky Ghisays. Según certificación expedida por el secretario general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República(9), doctor Felipe Ortiz Marulanda, la ponencia para primer debate del proyecto de ley 147/07 Senado, fue publicada en la Gaceta del Congreso 607 del jueves 29 de noviembre de 2007.
Como se dijo anteriormente, la vista fiscal considera que el Congreso de la República incurrió en un vicio de trámite al publicar el texto del proyecto después de iniciar el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado. Considera la Sala que esta situación no se presentó, teniendo en cuenta que el primer debate al proyecto de ley 147/07 Senado, tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, mientras que la inserción del texto en la Gaceta del Congreso o publicación del mismo, se llevó a cabo el día 29 de noviembre de 2007.
Al revisar el contenido de la Gaceta del Congreso 607 del jueves 29 de noviembre, la Sala encuentra que en sus páginas 15 y 16 aparece el texto de la “Ponencia para primer debate al proyecto de ley 147 de 2007 Senado”, documento suscrito por el senador Jairo Clopatofsky Ghisays. El primer debate en la comisión se adelantó el martes 4 de diciembre de 2007, según consta en el Acta 15 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 de 2008, páginas 7 y 8.
ART. 157. Iniciación del debate. La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo”.
Concluye la Sala, entonces, precisando que el primer debate en la comisión respectiva tuvo lugar después de haber sido publicado el texto de la ponencia en la Gaceta del Congreso(10), cumpliéndose lo establecido en el ordenamiento constitucional y orgánico.
En sesión de la fecha, la Comisión Segunda del Senado de la República, discutió y aprobó en primer debate la proposición final con la cual termina el informe de ponencia correspondiente al proyecto de ley 147/07 Senado “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente”, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”.
Fecha de anuncio de discusión y votación: sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado el día 28 de noviembre de 2007, según consta en el Acta 14 de esa fecha.
Fecha de aprobación: sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República el día 04 de diciembre de diciembre de 2007, según consta en el Acta 15 de esa fecha”(11).
3.3.1.4. El anuncio para discusión y votación del proyecto de ley 147/07 en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, se llevó a cabo el día 28 de noviembre. Según el Acta 14 del 28 de noviembre de 2007, publicada en la Gaceta del Congreso 176 del 28 de abril de 2008, página 28:
Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley por orden del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, para la próxima sesión, según el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003:
Proyecto de ley 147 de 2007, Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Individual sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de julio de 1995”.
El señor presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, cita para mañana 29 de noviembre a las 9:00 a.m....”.
El día 29 de noviembre no hubo sesión como lo demuestra el orden consecutivo de actas. La “próxima sesión” tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007, como consta en el Acta 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 177 del 24 de abril de 2008. Es decir, el proyecto fue anunciado para discusión y votación el 28 de noviembre y la siguiente sesión se celebró el día 4 de diciembre de 2007, tal como lo demuestra el consecutivo de actas 14 y 15, siendo sometida la iniciativa legislativa a discusión y votación sin transgresión a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003. El proyecto obtuvo la aprobación de 10 de los 13 senadores que integran la comisión(12).
3.3.2. La ponencia para dar segundo debate en la Plenaria del Senado de la República, presentada por el senador Jairo Clopatofsky Ghisays, fue publicada en la Gaceta del Congreso 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado(13).
Conforme al Acta 49 del martes 27 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del miércoles 30 de julio de 2008, Senado(14), en dicha sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
Proyecto de ley 147 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de
Siendo las 10:40 p.m. la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 28 de mayo de 2008, a las 3:00 p.m.”.
Según el Acta 50 del 28 de mayo de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 482 del miércoles 30 de julio de 2008, Senado(15), en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 147 de 2007, Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 92 de los 102 senadores que conforman esa plenaria(16).
El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso 324 del jueves 5 de junio de 2008, Senado(17).
3.4. Trámite en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 323 de 2008 Cámara y 147 de 2007 Senado.
3.4.1. La ponencia para dar primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Luis Felipe Barrios, siendo publicada en la Gaceta del Congreso 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara(18).
Conforme al Acta 6 del 10 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 41 del lunes 16 de febrero de 2009, Cámara(19), en dicha sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Anuncio de proyectos de ley para aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. Proyectos de ley para aprobación en próxima sesión de comisión de acuerdo con lo ordenado por usted señor presidente:
2. Proyecto de ley 323 Cámara, 147 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados y Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”.
Se cita a la comisión para el próximo martes a las 10:00 de la mañana” (pág. 24, Gaceta 41 de 2009)”.
Según el Acta 7 del 16 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso 40 del lunes 16 de febrero de 2009, Cámara(20), en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 17 de los 19 representantes que conforman esa comisión(21). Se designó como ponente para segundo debate ante la plenaria de la Cámara, nuevamente al representante Luis Felipe Barrios.
3.4.2. La ponencia para dar segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, presentada por Luis Felipe Barrios, fue publicada en la Gaceta del Congreso 931 del jueves 11 de diciembre de 2008, Cámara(22).
Conforme al Acta 162 del 18 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta 245 del 24 de abril de 2009, Cámara(23), en esa sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera: el secretario general de la Cámara mencionó los proyectos, entre ellos el 323 de 2008 Cámara, 147 de 2007 Senado(24), concluyendo:
“Señor presidente, están leídos los proyectos de ley, de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003 para la próxima sesión donde se debatan proyectos de ley...
... o de acto legislativo. Señor presidente, la secretaría le informa que están anunciados los proyectos”.
“Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Fabio Raúl Amín Saleme:
A usted representante Obando, muchísimas gracias.
Se levanta la sesión, y se convoca para el próximo martes 24 a las 3:00 de la tarde”(25).
3.4.3. Según el Acta de Plenaria 163 del martes 24 de marzo de 2009, publicada en la Gaceta del Congreso 265 del miércoles 29 de abril de 2009, el proyecto de ley fue discutido y aprobado(26) con la presencia de 148 de los 166 representantes a la Cámara. El texto definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso 201 Cámara(27) del martes 14 de abril de 2009.
— Inició su trámite en el Senado de la República (C.P., art. 154).
— Se cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre los debates (C.P., art. 160), ya que i) en el Senado el primer debate en comisión tuvo lugar el 4 de diciembre de 2007 y el segundo debate en la plenaria del Senado el 28 de mayo de 2008, y ii) en la Cámara el primer debate en comisión tuvo lugar el 16 de septiembre de 2008 y la aprobación en la plenaria de la Cámara el 24 de marzo de 2009. Además, entre la aprobación del proyecto en el Senado (mayo 28/2008) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (sep. 16/2008), transcurrió un término no inferior a los quince días previstos en el artículo 160 de la Carta Política.
— Se efectuaron las publicaciones oficiales conforme al numeral 1º del artículo 157 de la Carta, por cuanto: i) se publicó el texto original del proyecto junto con la exposición de motivos en la Gaceta 469 del 24 de septiembre de 2007 Senado(28), ii) en el Senado se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso 607 del jueves 29 de noviembre de 2007 y para segundo debate en la Gaceta del Congreso 099 del jueves 3 de abril de 2008, Senado(29), y iii) en la Cámara se publicó la ponencia para primer debate según Gaceta del Congreso 543 del lunes 25 de agosto de 2008, Cámara(30) y para segundo debate en la Gaceta del Congreso 931 del jueves 11 de diciembre de 2008, Cámara(31).
— Se cumplió con el quórum y las mayorías requeridas según certificaciones de los secretarios de Senado y Cámara (C.P., art. 146).
3.6. Consulta previa a comunidades indígenas.
E artículo 3º, numeral 8º del convenio, establece que “ ...la demanda de restitución de un bien cultural sagrado o que revista una importancia colectiva perteneciente a una comunidad autóctona o tribal y utilizado por ella en un Estado contratante para uso tradicional o ritual de esa comunidad estará sometida al plazo de prescripción aplicable a las colecciones públicas(32)“ (negrillas no originales). Por tratarse de bienes pertenecientes a comunidades autóctonas o tribales, podría pensarse que el trámite de la ley aprobatoria del convenio requería de la consulta previa regulada en el parágrafo del artículo 330 de la Carta Política que establece:
3.6.2. A lo anterior se agrega que la consulta previa, en los términos señalados en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, no resulta aplicable en el presente caso, toda vez que las medidas relacionadas con la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente contempladas en el convenio, son de carácter general y aplicables respecto de toda la comunidad colombiana; por ende, no afectan directa ni exclusivamente a las colectividades indígenas.
La Corte había precisado en la Sentencia C-175 de 2009, que sirvió para resolver sobre la exequibilidad de la Ley 1152 de 2007 (por la cual se dicta el estatuto de desarrollo rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones), que la consulta previa a comunidades indígenas es un derecho fundamental que afecta el contenido de la medida legislativa adoptada por el Congreso de la República, pero que ella no procede en todos los casos en los cuales estén comprometidos los derechos de los miembros de estas colectividades. La consulta previa, según lo explicado en la citada providencia, solo tendrá lugar cuando la medida legislativa afecte directamente los intereses y los derechos de la comunidad indígena respectiva. En esta sentencia la Corte expuso:
“(...) la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la preservación de la identidad diferenciada de los pueblos indígenas y tribales y, de esta manera, la eficacia del mandato superior de reconocimiento y protección de la diversidad étnica, se logra a través de, entre otros mecanismos, la consulta previa. Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica solo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de afectar directamente los intereses de las comunidades. Por lo tanto, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, no están prima facie sujetas al deber de consulta, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses. Debe aclararse, por supuesto, que en los casos en que la medida legislativa no afecte directamente a las comunidades indígenas y tribales, la participación de las mismas no se ve restringida, sino que se conduce a través de los mecanismos generales de participación a los que se hizo alusión en el fundamento jurídico 11 de esta sentencia”.
“... el literal a. del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT establece que el Gobierno de cada Estado debe realizarla cuando se quieran implementar medidas —legales o administrativas— que afecten de forma directa a una o varias de las comunidades indígenas que habitan dentro de su territorio.
Pero cuando de lo que se trata es de adoptar el marco general de la política petrolera del Estado no hay una afectación directa de las comunidades indígenas o tribales, ni la medida se inscribe en el ámbito de aplicación del convenio, porque no está orientada a regular de manera específica la situación de esos pueblos, y lo que cabe es aplicar la previsión del literal b) del artículo 6º conforme a la cual debe garantizarse la participación de las comunidades interesadas en igualdad de condiciones, a menos que, en el texto de la ley se incorporasen medidas específicamente dirigidas a la explotación del recursos en los territorios de esas comunidades, o que se pudiese establecer una omisión legislativa por la falta de una previsión específica.
(...) De este modo, cabe señalar que la obligación de consulta prevista en el literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT no puede interpretarse con el alcance de que toda la regulación del Estado, en cuanto que sea susceptible de afectar a las comunidades indígenas y tribales, deba someterse a un proceso de consulta previa con dichas comunidades, por fuera de los escenarios ordinarios de participación y deliberación democrática, y que dicho deber solo se predica de aquellas medidas que, en el ámbito de la aplicación del convenio, sean susceptibles de afectar directamente a tales comunidades’” (las subrayas no corresponden al texto original).
3.6.3. Para la Sala, el convenio y su ley aprobatoria son aplicables de manera general, abstracta e impersonal a los nacionales colombianos, entre los cuales se cuenta a los miembros de las comunidades autóctonas y tribales, sin que la medida legislativa allí prevista implique afectación directa o exclusiva para un determinado grupo o comunidad étnica. El instrumento internacional fue concebido para beneficio de toda la comunidad nacional con el propósito de repatriar aquellos bienes que siendo parte del patrimonio cultural de la nación, fueron robados o exportados ilícitamente.
3.7. De esta forma, la Corte puede concluir que la Ley 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”, cumplió debidamente los requisitos formales exigidos por la Carta Política.
4. Examen material del convenio.
4.1. Ámbito de aplicación del instrumento. Para precisar el ámbito de aplicación del convenio, la Sala considera pertinente explicar que este refiere a bienes culturales robados o exportados ilícitamente, mientras la Constitución Política, en su artículo 63, alude a patrimonio arqueológico, siendo estos dos conceptos distintos de acuerdo con lo establecido en la Ley 397 de 1997. Así, según el artículo 4º de esta ley:
“El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico(33), lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico”.
Como se observa, los bienes a los que se les atribuye especial interés en el ámbito arqueológico, hacen parte del patrimonio cultural de la Nación(34). En concordancia con esta explicación, el artículo 2º del convenio establece:
Es claro, entonces, que el instrumento emplea el concepto de bien cultural, el cual resulta más amplio que el de patrimonio arqueológico utilizado en el artículo 63 de la Constitución Política.
4.2. La Nación colombiana cuenta con una inmensa riqueza cultural conformada con bienes tangibles e intangibles, entre los que se cuenta piezas elaboradas por nuestros ancestros, elementos que deben ser protegidos de actividades delictuales o de transferencias ilícitas empleadas en desmedro de un patrimonio que hace parte integral de nuestra identidad(35). El convenio sometido a revisión de la Corte hace parte de la estrategia seguida por el Estado colombiano(36) para prevenir e impedir el saqueo de los bienes culturales respecto del robo o de su exportación ilícita; al mismo tiempo, este instrumento constituye un mecanismo jurídico para repatriar los artículos mencionados.
El convenio que se examina comparte los objetivos de otros acuerdos internacionales similares suscritos por Colombia, tales como la Convención de la Unesco de 1970, sobre las “Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales”, suscrita en París en noviembre de 1970 y aprobada por la Ley 63 de 1986; el “Convenio entre Colombia y Perú para la Protección, Conservación y Recuperación de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales” aprobado mediante la Ley 16 de 1992(37); el “Convenio entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador para la Recuperación y Devolución de Bienes Culturales Robados”, firmado en Bogotá, el 17 de diciembre de 1996 y aprobado por la Ley 587 de 2000(38); y el Convenio suscrito entre la República de Colombia y la de Bolivia, para la Recuperación de Bienes Culturales y Otros Específicos Hurtados, Importados o Exportados Ilícitamente, suscrito en La Paz el 20 de agosto de 2001 y aprobado mediante la Ley 896 de 2004(39), instrumentos que tienen en común el propósito de evitar la transferencia ilícita de la propiedad cultural y el comercio ilegal de estos bienes, y facilitar la cooperación recíproca entre los países firmantes para su recuperación y repatriación(40).
4.4. El ámbito jurídico del instrumento que se revisa está vinculado con las materias reguladas en los artículos 2º, 8º, 9º, 63, 70, 71 y 72(41) de la Constitución Política, en cuanto después de la adhesión el convenio permitirá al Estado colombiano contar con un nuevo mecanismo para realizar los mandatos constitucionales relacionados con la preservación y protección del patrimonio cultural de la Nación. Con este convenio Colombia podrá reclamar los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, sin necesidad de cumplir con la rigurosa obligación establecida en el Convenio Unesco de 1970, consistente en tener registrada la fecha del hurto de la pieza o determinar la fecha exacta de salida de la misma.
— La posibilidad de que los poseedores de bienes culturales robados o exportados ilícitamente tengan derecho al pago de una indemnización económica por parte del Estado requirente de los bienes;
— Los plazos para la presentación de demandas de restitución de bienes robados o exportados, los cuales aparecen ligados a los tiempos de prescripción para las demandas o reclamaciones;
— La posibilidad de que el poseedor que deba devolver el bien cultural al territorio del Estado requirente que ha sido exportado ilícitamente, opte por seguir siendo propietario del bien o por transferir su propiedad a la persona que elija, siempre que esta resida en territorio del Estado requirente. Sobre esta posibilidad es importante considerar que el artículo 6º del convenio establece que esta opción solo procederá si el Estado requirente lo consiente.
Por lo anterior, la Corte dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia que el Presidente de la República, al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el convenio que se examina, deberá formular una declaración interpretativa en el sentido que el Gobierno de Colombia entiende que por existir un precepto de derecho interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el artículo 63 de la Carta Política, este se aplicará de preferencia en relación con los términos de prescripción consagrados en el instrumento internacional.
1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1304 del 03 de junio de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995”.
2. Declarar EXEQUIBLE el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, firmado en Roma el 24 de junio de 1995.
3. DISPONER que el Presidente de la República al manifestar el consentimiento internacional para obligar al Estado colombiano por el presente convenio, formule una declaración interpretativa en el sentido que el Gobierno de Colombia entiende que por existir un precepto de derecho interno más favorable para la restitución de bienes robados o ilícitamente exportados, como lo es el artículo 63 de la Carta Política, según el cual “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”, este se aplicará de preferencia en relación con los términos de prescripción consagrados en el instrumento internacional.
(1) El artículo 189, numeral 2º de la Constitución, señala: “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: ...2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso”.
(2) El artículo 150, numeral 14 de la Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional”.
(3) Ley 5ª de 1992, artículo 204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente reglamento”.
(4) Cfr. folio 1 de cuaderno principal.
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-638 de 2009.
(6) Páginas 32 a 39.
(7) Cfr. folio 75 del cuaderno de pruebas 2 Senado.
(8) Cfr. folio 76 del cuaderno de pruebas 2 Senado.
(9) Cfr. cuaderno de pruebas 1 Senado de la República, páginas 2 y 3.
(10) Situación similar se presentó en el asunto resuelto mediante la Sentencia C-721 de 2007. Es esa oportunidad la Corte expresó:
“Por lo anterior, considera la Corte Constitucional que al haber anunciado la votación del proyecto antes de la publicación de la ponencia, no se incurrió en ningún vicio de trámite, comoquiera que (i) el proyecto junto con su exposición de motivos fue publicado en el medio de difusión oficial del Congreso; (ii) la ponencia fue publicada después del anuncio que establece el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, pero antes de la iniciación del debate...”.
(11) Folio 92, cuaderno de pruebas Senado.
(12) Cfr. certificación a folio 1 de cuaderno de pruebas Senado, Comisión Segunda.
(13) Páginas 11 y 12.
(14) Página 47.
(15) Páginas 5, 26 y 27.
(16) Páginas 1 y 2.
(17) Página 15.
(18) Páginas 18 a 22.
(19) Página 2.
(20) Páginas 13 y 14.
(21) Páginas 1 y 2.
(22) Páginas 17 a 25.
(23) Página 3.
(24) Página 31.
(25) Página 38.
(26) Página 37.
(27) Página 20.
(28) Páginas 32 a 39.
(29) Páginas 11 y 12.
(30) Páginas 18 a 22.
(31) Páginas 17 a 25.
(32) Este término de prescripción está señalado en el artículo 3º, numeral 5º del convenio, cuyo texto es el siguiente:
“(...) todo Estado contratante podrá declarar que una demanda prescribe en un plazo de 75 años o en un plazo más largo previsto en su derecho. Una demanda presentada en otro Estado contratante, de restitución de un bien cultural desplazado de un monumento de un lugar arqueológico o de una colección pública situada en un Estado contratante que haya hecho esa declaración, prescribirá en el mismo plazo”.
(33) Los bienes que conforman el patrimonio arqueológico están mencionados en el artículo 6º de la Ley 397 de 1997. Según este precepto:
(34) La Corte ha abordado el tema del patrimonio cultural de la Nación en varias sentencias, entre ellas la C-088 de 1994, C-474 de 2003, C-742 de 2006 y la C-434 de 2010.
(35) Acerca de la cultura como fundamento de la nacionalidad colombiana, la Ley 397 de 1997, dispone en los numerales 1º y 2º del artículo 1º:
(36) Entre los objetivos del Estado en relación con el patrimonio cultural, la Ley 397 de 1997, artículo 4º, numeral 1º, señala:
(37) Corte Constitucional, Sentencia C-204 de 1993.
(38) Corte Constitucional, Sentencia C-091 de 2001.
(39) Corte Constitucional, Sentencia C-863 de 2006.
(40) A su vez, la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, suscrita en París el 16 de noviembre de 1972, aprobada por Ley 45 de 1983, compromete a los Estados a identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el legado del patrimonio cultural situado en su territorio, así como a adoptar medidas para la protección del respectivo patrimonio nacional y a combatir la importación, exportación y transferencia ilícitas de los bienes culturales. La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954, en vigor para Colombia desde el 18 de septiembre de 1998, también tiene este propósito.
(41) Mediante la Ley 397 de 1997 el Congreso de la República desarrolló lo dispuesto en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política, especialmente en lo relacionado con patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura.