Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2009_12_08/773
Timestamp: 2020-02-21 22:13:54
Document Index: 357542344

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 190', 'artículo 190', 'artículo 123', 'artículo 6', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 72', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 189', 'artículo 234', 'artículo 222', 'in fine', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 84', 'artículo 73', 'artículo 85', 'artículo 165', 'artículo 115', 'artículo 192', 'artículo 193', 'artículo 193', 'Artículo 123', 'artículo 27']

Gaceta: LXI/1PPO-66
Oficio con el que remite de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú, copia de un pronunciamiento relacionado con el caso de espionaje contra la seguridad nacional de ese país.
Oficio con el que remite el Informe Semestral de labores correspondiente al período del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2009.
Acuerdo Parlamentario relativo a la visita del Primer Ministro de Turquía.
Una, del Sen. Jorge Mendoza Garza, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional, con la que remite el Informe de trabajo de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Una, de la Comisión de Salud, con la que remite su Informe de trabajo, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Una, del Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite el Informe de actividades de dicha comisión, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Una, del Sen. Sebastián Calderón Centeno, Presidente de la Comisión de Marina, con la que remite el Plan de Trabajo de dicha comisión para la LXI Legislatura.
Una, de los Senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo Noriega, con la que remiten el Informe de sus actividades en la XII Reunión de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del Usuario y el Consumidor del PARLATINO, celebrado los días 10 y 11 de septiembre del año en curso.
Una, del Sen. Felipe González González, con la que remite el Informe de sus actividades en la Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del PARLATINO, celebrado los días 12 y 13 de noviembre del año en curso.
Una, del Sen. Marko A. Cortés Mendoza, Presidente de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la que informa de la conformación de la Mesa Directiva de dicha Comisión.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
INTERVINO EL SEN. SEBASTIÁN CALDERÓN CENTENO, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 78 VOTOS. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
La reforma beneficia a los militares con más de 30 años de servicio, a través de la disminución de los años en el grado requeridos para recibir los estímulos económicos correspondientes al retiro. Crea dos rangos más de tiempo en el servicio: uno para los militares que tengan más de 35 años en servicio, a quienes se les requerirá de 4 años en el grado; y el otro, para los militares que tengan 40 o más años de servicio, a quienes se les requerirá solo de 3 años en el grado.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13 de la Ley General de Salud.
INTERVINO EL SEN. ERNESTO SARO BOARDMAN, PARA FUNDAMENTAR LE DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 83 VOTOS. SE TURNÓ A AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone modificar el esquema de financiamiento del Sistema de Protección Social en Salud para transitar de una cuota familiar a una personal, evitando así la desigualdad en la distribución de recursos, a fin de fortalecer el principio de equidad.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
SILVANO AUREOLES CONEJO, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE ADICIÓN, LA CUAL FUE RECHAZADA.
FUE APROBADO POR 78 VOTOS; 1 EN CONTRA. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El dictamen adiciona un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer que la Procuraduría determinará y aplicará controles de confianza para todo su personal en los términos que establezca el Procurador en los lineamientos correspondientes, en particular a quienes realicen o supervisen labores de verificación y vigilancia establecidas en el capítulo XII de la propia ley, como medida para asegurar su probidad y honestidad.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.
FUE APROBADO POR 67 VOTOS; 3 EN CONTRA; 6 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Las comisiones dictaminadoras concluyen que la adición propuesta a la Ley de la Propiedad Industrial es procedente en los términos remitidos por la Colegisladora, por lo que estiman que la Minuta es de aprobarse. Adicionando los párrafos tercero y cuarto al artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, estableciendo que para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite. Por otra parte señala que si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.
Con la aprobación de las disposiciones contenidas en la minuta, se elimina el requisito de acreditar la personalidad más de una vez, a quien en nombre de una persona física o moral tramite desde la presentación de la solicitud correspondiente y hasta la conclusión del procedimiento, un registro de una marca, una marca colectiva, un aviso comercial y/o la publicación de un nombre comercial, así como la renovaciones, licencias o transmisiones de las mismas.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
De las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se modifican las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
El proyecto de decreto, modifica la fracción III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, estableciendo que son atribuciones de la Comisión en su Nivel Nacional, entre otras el integrar, formular y proponer al Titular del Poder Ejecutivo Federal, el Programa Nacional Hídrico, considerando las características climáticas y geográficas del país, actualizarlo y vigilar su cumplimiento; así como el elaborar programas especiales de carácter interregional e intercuencas en materia de aguas nacionales; que establezcan la coordinación y colaboración de las regiones y cuencas, a fin de mejorar la distribución del recurso hídrico.
De las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 271, y se adiciona un Capítulo IX-Bis al Título Decimosegundo a la Ley General de Salud.
LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES ENTREGARON PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 272 BIS Y 272 BIS 2.
JESÚS GARIBAY GARCÍA, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, LA CUAL SE ACEPTÓ.
EL DICTAMEN ADICIONADO FUE APROBADO POR 65 VOTOS; 5 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN.
Se establece que para la práctica de la cirugía plástica y reconstructiva, así como para la realización de cualquier procedimiento estético, los profesionales requieren de: cédula de especialista en cirugía plástica y reconstructiva, expedido por las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente, o certificado que acredite capacidad y experiencia en la práctica de la cirugía plástica y reconstructiva, expedido por las instituciones de enseñanza superior o las instituciones de salud reconocidas oficialmente, y una colegiación obligatoria.
Las cirugías plásticas y reconstructivas relacionadas con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 20 y se adicionan los artículos 3º y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
De Comisiones Unidas de Salud; de Relaciones Exteriores Organizaciones no Gubernamentales; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Educación y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y con el proyecto de decreto que reforman de la Ley General de Salud y la Ley General de Educación.
FUE APROBADO POR 70 VOTOS; 1 EN CONTRA.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El dictamen desecha la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público presentada el pasado 22 de febrero por la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, del PVEM, en virtud de que el pasado 5 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a saber, se adicionó un segundo párrafo a la fracción III del artículo 22 y en el artículo 27 se reformó el primer párrafo y se adicionó un segundo párrafo. El alcance de ese decreto contiene medidas similares, alcances y propósitos que los que se indican en la Iniciativa sujeta a este dictamen.
La iniciativa proponía establecer en la Ley que en las licitaciones llevadas a cabo por el sector público se establezca como requisito la evaluación del impacto ambiental que puedan ocasionar los productos o servicios sujetos a la licitación, dando preferencia en la adquisición a las empresas, productos y servicios que tengan un menor impacto y cumplan con la normatividad ambiental vigente. Por otra parte plantea que en los programas de adquisiciones de las dependencias y entidades se prevea la utilización y consumo de papel reciclado y de muebles y productos de madera certificada y que sus comités de adquisiciones establezcan criterios para dar preferencia a los insumos de menos impacto ambiental.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, consideran dictaminar en sentido negativo y desechar la iniciativa con proyecto de decreto. Las dictaminadoras concluyen que en las disposiciones de la ley vigente, dentro de la fracción III del artículo 25 de la Ley, ya se encuentra considerada la propuesta contenida en la iniciativa de mérito.
La iniciativa pretende modificar el alcance de los apercibimientos que se aplican a los proveedores de bienes y servicios por parte de la autoridad, buscando que sean más enérgicos, con la finalidad de que cumplan con la obligación contraída ante el consumidor. De manera concreta, la propuesta busca que las medidas de apremio puedan consistir en una multa o en la clausura hasta por tres días de un establecimiento comercial, en caso de que el proveedor no se presente a una segunda audiencia o no rinda informe relacionado con los hechos.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Se desecha, la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El contenido de la minuta, propone dotar de la facultad de promover el consumo inteligente para proveedores y consumidores a la PROFECO, para responder a los cambios en las relaciones de consumo e intereses de los consumidores, específicamente a establecer mecanismos para la formación de una cultura del consumo en la ciudadanía. Las comisiones dictaminadoras, consideran que la Minuta en referencia no contribuye a reforzar efectivamente los derechos de los consumidores, ya que al no estar debidamente definida y en consecuencia ser poco clara la expresión propuesta “promover el consumo inteligente para proveedores y consumidores” no adicionaría novedad alguna a las facultades que en este sentido ya tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que se considera innecesaria.
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Las comisiones dictaminadoras aprueban en sus términos el Punto de Acuerdo de la Cámara de Diputados aprobado el 1 de abril de 2009 que desecha la Minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 23 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Con lo cual se coincide con la colegisladora en rechazar el contenido de la propuesta de establecer, en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, nuevos criterios y principios en el proceso de asignación del presupuesto público a las instituciones de educación superior públicas. La propuesta original establecía la posibilidad de que en dicho proceso se tomaran en cuenta los acuerdos adoptados en los espacios de reunión y confluencia de la instituciones de educación superior en acuerdo con la autoridad educativa federal y con base en criterios de institucionalización, suficiencia, equidad, transparencia corresponsabilidad, reconocimiento al desempeño institucional, calidad y competitividad de instituciones.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la Elaboración de Tequila y Mezcal.
Los integrantes de las comisiones dictaminadoras resuelven emitir dictamen por el cual se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea la Ley de Fomento a la Producción de Agave para la elaboración de Tequila y Mezcal, por concluir que sus contenidos se encuentran regulados en diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; y Estudios Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura.
Las comisiones dictaminadoras presentan al Pleno del Senado dictamen por el que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, por concluir que su contenido está regulado en diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La iniciativa propone fomentar el pago de los servicios ambientales generados por las plantaciones comerciales agrosilvícolas como el hule, cacao, café, coco, pimienta, palma de aceite, cítricos, mango, aguacate, nogal y demás plantaciones arboladas industriales o frutícolas.
Las Comisiones Dictaminadoras consideran dar por concluido el trámite de la iniciativa, en razón de que en el artículo 190 fracción I de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se contempla como previsión presupuestal el otorgamiento de apoyos para el desarrollo forestal y de plantaciones, abarcando dentro de este concepto las plantaciones frutícolas, industriales y forestales.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se expide la Ley que crea el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado.
La iniciativa materia del dictamen, fue presentada el 7 de diciembre de 2004, por lo que, las Comisiones Dictaminadores deducen que esta desactualizado, más aún cuando el 27 de junio de 2006 fue publicada la vigente Ley de Vivienda y el 31 de marzo de 2007, la nueva Ley del ISSSTE.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que expide la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico.
El dictamen da por concluido el procedimiento legislativo de la Iniciativa en virtud de que han quedado contenidas en el Decreto que expide la Ley de Petróleos Mexicanos, el cual contiene dentro del Capítulo IV, “Régimen especial de operación de Petróleos Mexicanos” una Sección Quinta denominada “Disposiciones relativas a la producción de fertilizantes”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día el 28 de noviembre de 2008.
La iniciativa proponía expedir la Ley de Fertilizantes Nitrogenados y Captura de Anhídrido Carbónico, teniendo por objeto coadyuvar al desarrollo agropecuario y forestal del país estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendentes al acceso a los fertilizantes químicos como insumos básicos de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la captura de cantidades significativas de anhídrido carbónico como parte de la Estrategia Nacional de Acciones contra el Cambio Climático.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reforma la Ley de Energía para el Campo.
La iniciativa pretende reformar diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, con la finalidad de dar mayor certeza jurídica a los apoyos que en la materia se dan al sector pesquero –precios y tarifas de estímulo y cuotas energéticas, entre otros-haciendo extensivos los beneficios establecidos en dicha ley que se otorgan a la pesca ribereña y a la pesca en general.
Las Comisiones Dictaminadoras consideran que la Iniciativa transgrede las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ello, es jurídicamente inviable.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene punto de acuerdo por el que se aprueba el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Eduardo Sojo Garza Aldape, como miembro Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el periodo cuyo vencimiento corresponde al 31 de diciembre de 2015.
EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE LAS COMISIONES ENTREGARON UNA FE DE ERRATAS AL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 70 VOTOS EN PRO; 11 EN CONTRA; 3 ABSTENCIONES. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano José Rafael Cervantes Villarreal, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en el Estado Plurinacional de Bolivia.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Ernesto Campos Tenorio, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República del Ecuador.
FUE APROBADO POR 83 VOTOS. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Carlos Pujalte Piñeiro, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Bolivariana de Venezuela.
FUE APROBADO POR 95 VOTOS. EL FUNCIONARIO RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor de la Ciudadana Martha María Guadalupe Ortiz de Rosas Gómez, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Corea y, en forma concurrente, sujeta a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia.
FUE APROBADO POR 94 VOTOS. LA FUNCIONARIA RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
De la Comisión de Derechos Humanos, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa al Doctor Rafael Estrada Michel y se ratifica para un segundo periodo a la Doctora Patricia Kurczyn Villalobos, como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
FUE APROBADO POR 84 VOTOS; 17 EN CONTRA; 2 ABSTENCIONES. EL PRESIDENTE INFORMÓ QUE SE CITARÁ A LOS CONSEJEROS EN SESIÓN PRÓXIMA PARA SU TOMA DE PROTESTA.
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 6º y el segundo párrafo del artículo 20 bis de la Ley de Expropiación.
FUE APROBADO POR 95 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
En lo relacionado con el bien o derecho expropiado y la indemnización, propone modificar el término “recurso” por el de “procedimiento”.
Además, propone que la declaratoria que realice el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación de los derechos de dominio, se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
ERNESTO SARO BOARDMAN, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 94 VOTOS; 1 EN CONTRA; 2 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone eliminar la obligación de crear zonas exclusivamente para fumar en aquellos lugares con acceso al público o en áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, incluidas las universidades e instituciones de educación superior. Quedando como opcional.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; y Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Agrícolas.
INTERVINO EL SEN. RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ, PRD. FUE APROBADO POR 91 VOTOS. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
El dictamen reforma los artículos: 2º y 5º y adiciona una fracción VIII al artículo 3º y un segundo párrafo al artículo 12, todos de la Ley de Asociaciones Agrícolas.
Las dictaminadoras comparten la propuesta de la colegisladora en impulsar mediante normas secundarias la participación de la mujer en el desarrollo económico del sector rural; en este sentido, el papel de la mujer en la sociedad de conducir y organizar la producción primaria que data desde los orígenes de la historia, la conducta femenina fue pautada para cada momento y situación.
La reforma al artículo, establece que las Asociaciones Agrícolas, para ello deberán constituirse con apego al primer párrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La adición al artículo 3º, establece una finalidad adicional que deberán cumplir las Asociaciones Agrícolas y es la de impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico, a través de la organización de cadenas productivas y comercializadoras de productos agrícolas, constituidas por mujeres; o en igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Por su parte la reforma al artículo 5º, define como productores especializados a las mujeres y hombres cuya actividad predominante se dedique a un cultivo o a una rama especial de la economía rural.
En tanto que la adición de un segundo párrafo al artículo 12, establece que las Uniones Regionales Agrícolas también podrán acreditar ante esta Confederación la participación de delegadas propietarias y suplentes, para que en ella se encuentren representadas las Asociaciones Agrícolas conformadas por mujeres.
Finalmente en el régimen transitorio, el dictamen establece que las Uniones Regionales Agrícolas deberán acreditar en un plazo de noventa días posteriores a la fecha de su constitución, a las delegadas propietarias y suplentes, ante la Confederación Nacional de Productores Agrícolas, y las ya existentes, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
De las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman los incisos a), d) y e) del artículo 189 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
FUE APROBADO POR 94 VOTOS; 1 EN CONTRA.
La iniciativa propone regular el uso de los distintos medios de realizar la propaganda electoral, de manera que ésta no afecte al medio ambiente y a la salud e integridad física de las personas.
Las Comisiones Dictaminadoras consideran atendida la propuesta, toda vez que fue recogida al expedir el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal y como se puede desprender del contenido del artículo 234 del decreto de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural; de Recursos Hidráulicos; de Reforma Agraria; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con dos proyectos de reforma a la Ley de Capitalización del PROCAMPO.
Las dictaminadoras concluyen que el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Capitalización del PROCAMPO, establece que el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO, tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008; en las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación vigentes, está regulado el PROCAMPO, en virtud de lo anterior, las iniciativas propuestas quedan sin materia.
La primera iniciativa proponía establecer las facultades para que la SAGARPA, evaluara y depurara periódicamente el padrón de beneficiarios del PROCAMPO, debiendo la Secretaría, informar los resultados del programa a fin de realizar procedimientos de revocación y así mantener actualizado el Sistema de Información.
En la segunda iniciativa, los legisladores expresaban su motivación hacia el PROCAMPO que apoya a los productores que siembran la superficie elegible, o alguna otra actividad. Para esto, la SAGARPA en coordinación con Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), adjudican los apoyos del programa, el objetivo central de este esquema es la transferencia del apoyo a los productores y sus familias.
De las Comisiones Unidas de Salud; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con dos proyectos de decreto por los que se reforma la Ley General de Salud.
FUE APROBADOS POR 94 VOTOS; 1 EN CONTRA.
Las dictaminadoras consideran atendidas las iniciativas, en razón de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2009 del Decreto por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud, en materia de medicamentos biotecnológicos.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, África, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que el Senado de la República reprueba la detención de la defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui Aminatou Haidar.
SALOMÓN JARA CRUZ, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
Por el que el Senado de la República condena enérgicamente la práctica de forzar a los llamados niños y niñas soldado a participar en los distintos conflictos armados en Uganda, Sudán y la República Democrática del Congo.
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública el establecimiento de talleres, foros y espacios de discusión, así como la formación de comités de ayuda, orientación y denuncia en los centros escolares para atender y evitar la violencia en el noviazgo, hostigamiento y abuso sexual en las escuelas.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir los programas de prevención y control del cáncer de mama entre la población adolescente adscrita al sistema educativo nacional a fin de fomentar una cultura de prevención a su salud.
Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los beneficios del proyecto de ampliación de los horarios escolares.
Por el que se solicita a la autoridad educativa federal realice un estudio que permita identificar a la población con discapacidad auditiva que demande servicios educativos a nivel medio superior y sus posibilidades reales de incorporación al sistema.
Por el que se exhorta a la legislatura del estado de Quintana Roo a revisar puntualmente los estudios y dictámenes correspondientes, así como los términos de la concesión autorizada por el Ayuntamiento de Benito Juárez de diversos lotes de la Playa Recreativa Marlín, otorgada a la empresa denominada “Corporación lntegradora de Servicios Turísticos, S.A.”
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a diseñar e implementar un plan integral emergente de reactivación, fomento y promoción turística para el estado de Oaxaca.
Por el que se conforma el grupo de trabajo en la comisión de Turismo del Senado para que estudie la legislación en materia de desarrollo urbano, protección del medio ambiente y recursos naturales, culturales e históricos de la nación; y por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal remitir un informe sobre sus actividades y disposiciones para detener el crecimiento inmobiliario desordenado de los desarrollos urbanísticos, habitacionales, hoteleros y de cualquier índole, que afecta el hábitat, el equilibrio ecológico y los recursos naturales, culturales e históricos de la nación.
Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a remitir un balance del estado que guardan las inversiones privadas en los principales destinos turísticos del país.
Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo redoblen los esfuerzos institucionales para preservar el estado de derecho y la seguridad pública, con el objeto de garantizar condiciones para la inversión en el ramo turístico.
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a elaborar un programa emergente de apoyo a la industria turística.
Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar las razones y fundamentos que posibilitaron la supuesta venta de playas a privados en la zona de los Cabo, Baja California Sur.
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a firmar un convenio de colaboración con los municipios de Unión Juárez, Cacahuatán y Tapachula en el Estado de Chiapas, a fin de instrumentar campañas de promoción turística que resalten las bellezas naturales que rodean la Reserva de la Biosfera del Volcán Tacaná.
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar una intensa campaña en la región del Oriente Medio a fin de promocionar los diversos destinos con los que México cuenta.
Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar un plan estratégico e integral de promoción turística en los estados que conforman la región sur-sureste de nuestro país y a remitir un informe del porqué se canceló el “Programa Mundo Maya”.
Respecto a la desaparición de la Secretaría de Turismo.
En torno al exhorto a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a convenir en imponer una cuota para los turistas que procedan de países exentos de visa al ingresar al territorio mexicano.
Del Sen. Santiago Creel Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tiene por objeto facilitar el acceso a quienes estén interesados en conocer todo lo relativo al manejo de recursos y a las principales decisiones internas de los partidos políticos. Este acceso que se plantea sería directo por parte de las personas al partido político sin que el Instituto Federal Electoral funja como intermediario para proporcionar esa información.
Se obliga a los partidos políticos a que sean directamente los obligados de proporcionar información a quien lo solicite. Además, aparte del catálogo de aquello que deben de informar, se propone: cualquier información relativa a la entrega, aplicación, uso y destino de los recursos utilizados para actividades ordinarias, de precampaña y campaña; los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas; el listado de aportantes ordinarios y de precampaña y campaña electoral, ya sea en especie o en efectivo; los procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular; los informes que los partidos políticos tengan que rendir con motivo de sus obligaciones estatutarias; los convenios de participación que los partidos políticos celebren con las organizaciones de la sociedad civil; los acuerdos y resoluciones que emitan los órganos de dirección de los partidos políticos, a nivel nacional, local y municipal; los nombres de los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos, así como los responsables de enlace y comités de información; y, el listado de las organizaciones sociales que cada partido declare como adherentes o similares, así como el listado de sus dirigentes.
Del Sen. Carlos Sotelo García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone que dicha Ley es de orden público y de jurisdicción federal, y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones y los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión. Define a las telecomunicaciones como actividades prioritarias para el desarrollo nacional, y en ellas quedan comprendidas las redes cableadas e inalámbricas, que transportan servicios, aplicaciones, información y contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión así como de otros subsectores de las comunicaciones electrónicas a distancia que surjan en el futuro como producto de la evolución tecnológica.
Señala que corresponde al Estado la rectoría en materia de telecomunicaciones, a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, debiendo en todo momento mantener el Estado el dominio del espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas al país. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible, por lo que el Estado podrá permitir su uso, aprovechamiento y explotación bajo las modalidades que establece esta ley.
Define a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general que el Estado deberá proteger y vigilar para asegurar, tanto la eficacia en su prestación, como su utilización social, así como para evitar fenómenos de concentración que contraríen el interés público. En referencia a las telecomunicaciones, particularmente los servicios de radio y televisión, les asigna la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, promover el mejoramiento de las formas de convivencia humana, así como fomentar un régimen democrático y de respeto de los derechos humanos, tendente al fortalecimiento de nuestro país como nación plural y multiétnica. La ley dispone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión, (integrado por siete comisionados, incluyendo a su presidente) como órgano constitucional autónomo encargado de regular, promover, vigilar y supervisar el desarrollo eficiente, la cobertura social amplia y fomentar la competencia efectiva en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, así como regular y vigilar los contenidos audiovisuales del servicio de radio y televisión que se transmitan por redes públicas de telecomunicaciones, y tendrá autonomía plena para dictar sus resoluciones.
Se establecen los procedimientos de consulta pública que establezcan las disposiciones reglamentarias, en la expedición de disposiciones administrativas de carácter general para normar a los operadores de redes, prestadores de servicios de telecomunicaciones y proveedores de contenidos del servicio de radio y televisión. Puntualizando que tratándose de reglas y planes técnicos fundamentales, el procedimiento de consulta pública será obligatorio.
Dispone que los comisionados sean elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada, a través de una amplia auscultación representativa de los distintos sectores de la sociedad. Serán electos por periodos de siete años, renovables por un solo periodo y podrán ser removidos por el ejecutivo federal por causa grave debidamente justificada. El presidente del instituto lo será por un período de tres años renovable por una sola ocasión.
Se estatuye que para la adecuada planeación, administración y control del espectro radioeléctrico, los servicios de telecomunicaciones que se podrán prestar a través de frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico concesionadas serán aquellos que establezca el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, con base al interés público y atendiendo a los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Clasifica el uso de las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico como de: Uso comercial; Uso social; Uso público; Uso protegido; Uso libre; y, Uso reservado. El Instituto expedirá dentro de los primeros 30 días naturales de cada año un programa anual de frecuencias con las frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles, que podrán ser objeto de licitación pública o asignación directa.
Señala que las concesiones a que se refiere esta ley se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Prohíbe a las instituciones religiosas, ministros de culto, partidos políticos y sus directivos, ser titulares de concesiones para redes y servicios de telecomunicaciones de forma directa o indirecta, ni participar en el régimen societario de personas morales que sean o pretendan ser titulares de dichos derechos. Extiende dicha prohibición a participar en empresas tenedoras, filiales o subsidiarias de la titular, así como en empresas administradoras o comercializadoras de frecuencias. En materia de telecomunicaciones, la participación de la inversión extranjera se deberá ajustar a los porcentajes establecidos en los convenios de reciprocidad del país de origen de la inversión. La participación de inversión extranjera deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias para uso comercial se otorgarán mediante licitación pública. Las concesiones de frecuencias o bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión se otorgarán por un periodo de hasta 10 años y aquellas atribuidas a los demás servicios de telecomunicaciones por un periodo de hasta 15 años. Se señala que el gobierno federal deberá recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.
Las asignaciones sobre bandas de frecuencias para uso público sin fines de lucro se otorgarán a petición de parte y con base en el Programa Anual de Frecuencias, pudiendo obtenerlas el gobierno federal, los órganos constitucionales autónomos, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como las instituciones públicas de educación superior.
Se establece que el Estado deberá garantizar la existencia de al menos, una red de uso público de radio abierta y una red de uso público de televisión abierta, en ambos casos con cobertura nacional. Los operadores de servicios de radio y televisión de uso público, deberán poner a disposición de sus audiencias los mecanismos que permitan el ejercicio de sus derechos. Al efecto, sus Órganos de Gobierno nombrarán un Defensor de las audiencias y emitirán Códigos de Ética con parámetros mínimos de conducta a que deberán sujetarse para garantizar el derecho a la información.
Las concesiones sobre bandas de frecuencias para uso social sin fines de lucro se otorgarán hasta por diez años y podrán ser prorrogadas mediante nueva convocatoria. Para los pueblos y las comunidades indígenas, las concesiones se otorgarán a petición de parte con base en la disponibilidad de frecuencias y previo cumplimiento de los diversos requisitos.
Las concesiones para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales, obtenidas por el país mediante asignación directa a través de Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se otorgarán mediante el procedimiento de licitación pública; el Gobierno Federal podrá requerir una contraprestación económica por el otorgamiento de dichas concesiones. Tratándose de dependencias y entidades de la administración pública federal, el Instituto otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo que no exceda de 30 años y podrán ser prorrogadas, a juicio de la Secretaría, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 15 años
Las concesiones sobre los derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional se otorgarán hasta por un plazo de 20 años y podrán ser prorrogadas, a juicio del Instituto, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 15 años.
En la ley de establece que se requiere permiso del Instituto para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones alámbrica; así como Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras. Los permisos se otorgarán por un plazo de hasta 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos. De igual modo se establece que se requiere permiso del Instituto para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones. La duración de los permisos no excederá de 20 años y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales a los originalmente establecidos.
Para los efectos de esta ley, se entiende por operación del mercado secundario de espectro radioeléctrico, el arrendamiento de canales o bandas de frecuencias de espectro que le hayan sido asignadas a un concesionario de redes públicas de telecomunicaciones, a otro concesionario para la prestación de servicios autorizados en los títulos de concesión de ambos concesionarios.
Al término de la concesión o de las prórrogas que se hubieren otorgado, se restituirán a la Nación las bandas de frecuencias y las posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales que hubieren sido afectas a los servicios previstos en la concesión.
El Instituto podrá cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada cuando lo exija el interés público; por razones de seguridad nacional; para la introducción de nuevos servicios no contemplados originalmente en su título de concesión o asignación directa o el uso libre; para la introducción de nuevas tecnologías; para solucionar problemas de interferencia perjudicial; para dar cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el Gobierno; y, por no usar, aprovechar o explotar totalmente la capacidad de la frecuencia o banda de frecuencias concesionadas.
En caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno Federal solicitará al Instituto hacer la requisa de las vías generales de comunicación a que se refiere esta Ley y de los bienes muebles e inmuebles necesarios para operar dichas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente.
Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones deberán interconectar sus redes, y a tal efecto suscribirán un convenio. Dicho convenio deberá observar las condiciones técnicas indispensables y las tarifas máximas que determine el Instituto. Se determina que los concesionarios y permisionarios fijarán libremente las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
Los prestadores del servicio de radiodifusión deberán poner a disposición del Estado, por cada frecuencia operada y en forma gratuita, 60 minutos diarios distribuidos proporcionalmente entre las 6:00 y las 24:00 horas, para la difusión de mensajes de interés público, temas educativos, culturales, de orientación social, información de interés público, fines electorales, de promoción y defensa de los derechos del consumidor.
Los tiempos de Estado en radio y televisión serán utilizados en forma proporcional, y descentralizada por los poderes de la unión y los órganos constitucionales autónomos. Con excepción de lo dispuesto en otros ordenamientos para la asignación y uso de los tiempos para fines electorales, los tiempos de estado se distribuirán de acuerdo a lo siguiente: Al Poder Ejecutivo Federal le corresponderá el 40 por ciento; en emisoras de radiodifusión de carácter local, la mitad de ese tiempo se compartirá con los gobiernos de los estados, distribuidos a su vez de manera proporcional entre los poderes locales; Al Poder Legislativo le corresponderá el 30 por ciento, tiempo que se distribuirán en partes iguales entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; Al Poder Judicial Federal, el 10 por ciento, y a los órganos constitucionales autónomos el 20 por ciento. Finalmente en su Título XII, desarrolla lo referente a las Infracciones y Sanciones.
Las reformas a los artículos 27, fracción XXI; 36, fracción III y 38, fracción XXX bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, asigna nuevas atribuciones a la SEGOB y a la SEP en la vigilancia de aspectos relativos a la materia.
En tanto que se deroga del artículo 9°, la fracción III de la Ley de Vías Generales de Comunicación, (Las estaciones radiodifusoras culturales, las de experimentación científica y las de aficionados, no necesitaran concesión, solo permiso de SEGOB) quedando incluidas en la ley que se expide con el presente decreto.
Nota: La iniciativa no expresa las reformas correspondientes a la Ley Federal del Derecho de Autor.
Del Sen. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales.
Esta Ley propone mecanismos jurídicos que permitan regular la protección a los datos personales y consecuentemente, garantizar el derecho de las personas a gozar de su intimidad.
Esta Ley se encuentra dividida en seis capítulos, los cuales contienen disposiciones generales, reglas aplicables al tratamiento de datos personales, los derechos de los interesados como titulares de dichos datos; disposiciones que protegen la secrecía y seguridad de los datos personales; las atribuciones conferidas a la autoridad encargada de aplicar la ley y las aplicables para sanciones y medios de defensa.
Atribuye al Instituto Federal de Acceso a la Información la facultad de ser la principal autoridad encargada de la protección de datos personales y la de emitir los criterios aplicables en esta materia.
Se disponen normas de protección de la intimidad, no se permitirá que las instituciones y organismos o las personas que tienen a su cargo el tratamiento de datos divulguen información que revele el origen racial o étnico, las tendencias políticas, las creencias religiosas o filosóficas o las historia clínica, médica o de salud, o la vida sexual de una persona.
De los Senadores Jesús Garibay García y Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley del Banco de México, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y la Ley de Instituciones de Crédito.
Propone establecer el concepto de remesas familiares, como aquellas transferencias monetarias unilaterales de cuenta corriente de un residente en el extranjero a un residente en México, que tenga por objeto contribuir en la manutención de éste último, o generar un ahorro familiar.
Se establece la obligación de cualquier intermediario financiero con capacidad jurídica para la transferencia internacional de valores, de expedir un comprobante de las transferencias o envíos monetarios que se hagan efectivos en cualquiera de sus establecimientos.
Dicho comprobante se entregará por la persona física a la institución bancaria ante la que éste tenga su cuenta, e independientemente de que consigne una cantidad mayor, amparara la que se deposite, hasta un máximo de diez mil pesos, con lo que al menos para este sector, se mantendría en veinticinco mil pesos, no obligada a pagar el Impuesto a los Depósitos en Efectivo.
Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29 y 419 de la Ley General de Salud.
Propone que las dependencias y entidades de la Administración Pública del sector salud, tanto federal como local, deban realizar la compra de los insumos y medicamentos directamente y de manera exclusiva con los productores, salvo en contingencia o situación que requiera su suministro urgente.
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma las fracciones VIII y IX del artículo 84 de la Ley del Seguro Social.
Propone incluir dentro de los amparados por el seguro social al padre y la madre del asegurado, aunque no vivan con el, así como el padre y la madre del pensionado.
De los Senadores Rosalinda López Hernández, José Luis Máximo García Zalvidea y Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone dotar a la Cámara de Diputados de la facultad de aprobar los tratados internacionales suscritos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, particularmente aquellos que versen sobre materias vinculadas a las facultades otorgadas a la Cámara de Diputados por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y compartir con la Cámara de Senadores la facultad de aprobar las convenciones diplomáticas, tomando en cuenta el impacto que el derecho internacional contemporáneo ha adquirido sobre nuestra legislación secundaria.
De esta manera propone reformar la Constitución para establecer que el Congreso de la Unión tendrá facultad para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
Suprime esa facultad como exclusiva del Senado y establece como obligación del Presidente el someter a la aprobación del Congreso la celebración de tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
Del Sen. Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Propone establecer que en ningún caso la autoridad electoral podrá sancionar a un partido político por revisiones derivadas de la fiscalización, que tengan más de un año contados a partir de la emisión del dictamen por parte del área encargada de la fiscalización.
Del Sen. Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de que se fomente el acceso a los financiamientos para las MIPYMES que estén constituidas principalmente por jóvenes, estableciendo como uno de los objetivos de la Ley el fomentar el acceso al financiamiento para las MIPYMES que estén constituidas principalmente por jóvenes. También propone que el titular del Instituto Mexicano de la Juventud, forme parte del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que este importante segmento de la población tenga representación en la citada instancia.
En complemento propone como atribución de la Secretaría de Economía, que elabore un programa especial que fomente y facilite la creación, desarrollo y crecimiento de MIPYMES, que estén constituidas principalmente por jóvenes.
Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 165 de la Ley Federal del Trabajo.
Propone establecer que se sancionará la no contratación y el despido por motivo de embarazo, maternidad o estado civil.
Del Sen. Eduardo T. Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que en ningún caso las contribuciones que se establezcan a favor de los municipios, sea inferior al costo de la prestación del servicio.
Con ello, pretende fortalecer a los municipios y la calidad de los servicios que prestan, al garantizar que las legislaturas locales establezcan las contribuciones a favor de los municipios que cubran como mínimo la prestación de los servicios que establece la Constitución, para fortalecer de manera directa el principio de sustentabilidad del recurso, previendo contribuciones que permitan la autosuficiencia en la prestación del servicio.
Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 192 y se reforma el artículo 193 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone establecer que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, será obligatoria para el Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas, fijando en la ley que la inobservancia dolosa de la jurisprudencia declarada obligatoria, se castigará con la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público hasta por 10 años, y si sólo ha procedido con notoria ineptitud se castigará con la pérdida de empleo, cargo o comisión.
En el artículo 193, se incluye al Ministerio Público de la Federación y de las entidades federativas, como instancias que deberán observar en forma obligatoria la jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
Propone que ya no se permita al patrón la retención de las cuotas sindicales del trabajador; que la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales se revisen año con año con la participación de todos los sindicalizados; que el trabajador conozca y acepte por escrito, desde el momento de su afiliación al sindicato, la forma de pago y el monto de las cuotas sindicales que liquidará.
Asimismo, se pretende que como parte de la rendición de cuentas que la directiva hace sobre la administración del patrimonio sindical, se entregue un resumen de esa información a cada uno de los sindicalizados casi inmediatamente; que la información que se presente, sea revisada por un auditor externo que designe la asamblea; que, cualquier sindicalizado pueda solicitar, en cualquier momento, a la directiva del sindicato, la información que requiera sobre la administración del patrimonio sindical, debiendo tener rápidamente respuesta a su solicitud; y que en caso de que la directiva del sindicato incumpla con lo establecido en materia de transparencia y rendición de cuentas, sea destituida y posteriormente se elija otra con nuevos integrantes conforme a sus estatutos.
Del Sen. Javier Castelo Parada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Propone que los trabajadores deban tener en todo momento la posibilidad de ejercer sus legítimos derechos, pero al mismo tiempo, pretende incorporar alternativas de solución que eviten procesos largos y complicados para todos los actores, de manera que los diferendos se resuelvan a favor de ambas partes de la mejor manera y más rápido, evitando el desgaste físico, emocional y económico que supone la duración prolongada de los litigios.
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Aguas Nacionales.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE RECURSOS HIDRÁULICOS; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone el fortalecimiento de la Comisión Nacional del Agua previendo que tenga una mayor vinculación con las demás dependencias federales y estatales, municipales, del Distrito Federal y sus delegaciones para que tenga una real y verdadera gestión integral y sustentable de los recursos hídricos.
Determina que la SEGOB, coordinará conjuntamente con la autoridad del agua, las acciones pertinentes para su atención inmediata, oportuna y eficaz, cuando los requerimientos de protección civil sean derivados de factores hidrológicos. Señala que corresponderá la intervención de la SER, en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales, así como el usufructo de los acuíferos trasnacionales conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, y condiciona la concesión a los extranjeros de licencias y autorizaciones que requieran conforme a las Leyes para adquirir el dominio de las Tierras, aguas y sus accesiones en la República Mexicana, debiendo siempre anteponer siempre las necesidades y requerimientos del país y la población en los recursos hídricos por su prioridad, seguridad nacional y su disponibilidad para servicio humano directo.
Asigna a la Secretaría de Marina, la obligación de vigilar conjuntamente con la autoridad del agua definida en los términos de la legislación vigente, la aplicación de los indicadores de sustentabilidad hídrica establecidos por esta dependencia; así como la ejecutar conjuntamente los trabajos hidrográficos de las costas, islas, puertos y vías navegables, así como organizar el archivo de cartas marítimas y las estadísticas relativas.
Indica que a la SAGARPA le corresponderán las tareas de desarrollar y establecer conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, demás dependencias federales, estatales y municipales así como con particulares, humedales productivos de uso múltiple incluso con aguas residuales y promover en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos hídricos de manera integral y sustentable.
A la Comisión Nacional del Agua la faculta para fungir como la Autoridad en materia de gestión hídrica integral y sustentable, ejerciendo las atribuciones que por Ley le corresponden dentro del ámbito de la competencia federal, por lo que la mandata administrar y custodiar las aguas nacionales y los bienes nacionales a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales, y preservar y controlar la calidad de las mismas, con base a indicadores y normas específicas. La faculta también a formular la política hídrica nacional, considerando que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que las aguas nacionales son patrimonio de la nación y por ende es un recurso que no se privatiza. Y la encomienda de participar con las demás dependencias federales y los Gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal, en las políticas nacionales y acciones contra el cambio climático global y todas las formas de contaminación hídrica, para proteger, restaurar y conservar los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales hidrológicos, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo integral y sustentable.
Con base en la normatividad específica, le conmina a ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, otorgando contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos según corresponda, en materia de aguas y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en concordancia con las disposiciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Alimentación y Pesca, y con la Secretaría de Marina. Asimismo la faculta a fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados y de los municipios, así como con el Distrito Federal.
Con la finalidad de establecer políticas públicas orientadas al cuidado de los recursos, la iniciativa propone que la CNA, desarrolle y promueva metodologías y procedimientos de valuación económica de los recursos hídricos y de los bienes y servicios ambientales que éstos prestan, y cooperar con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad hídrica y económica; así como promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de la política hídrica, y concertar acciones e inversiones con los sectores social y privado para la protección y restauración de los recursos hídricos.
De la Sen. Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que crea la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada.
Propone expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cebada, en el marco de los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto normar las actividades asociadas a la agricultura y a la integración sustentable de la cebada, de los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la cebada, así como sus productos, subproductos y derivados.
Las líneas de política para la Agroindustria de la Cebada deberán ser consideradas y previstas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Cebada elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Establece en referencia de las Autoridades y de los Órganos en Materia de la Agroindustria de la Cebada, que la Secretaría en coordinación con las dependencias y entidades competentes de los Gobiernos Federal, estatales y del Distrito Federal, así como de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones dicte las políticas públicas en la materia, establezca programas para el fomento y el desarrollo de la Agroindustria, gestione los recursos que demande la ejecución de los programas, formule los programas de apoyo y financiamiento dirigidos a la producción y a la Agroindustria, establezca en coordinación con la Secretaría de Economía, las medidas para procurar el abasto nacional suficiente de cerveza, cereal y de alimento balanceado y fomente la exportación de productos, subproductos y derivados de la cebada.
Se constituye el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Cebada como un Órgano Consultivo de la Secretaría, cuyo objeto será emitir opiniones con relación a las actividades relacionadas con la producción, comercialización y transformación de la Agroindustria de la Cebada; siendo su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Define la integración del Comité Nacional con el Titular de la Secretaría, quien será su presidente, así como la participación de la SHCP, la SE, la SEMARNAT, la STPS, dos representantes de la Cámara Cebadera; un representante de las Organizaciones Nacionales, Regionales y Locales de Productores de Cebada; dos representantes de Organizaciones Sociales y Asociaciones Nacionales y Estatales que deberán contar con un mínimo de 400 representados de productores de cebada debidamente registrados notarialmente, y un representante del Consejo Sistema Producto de la Cebada, que se alternarán en cada reunión representantes de los estados que lo constituyen.
Determina que en el ámbito territorial en el que quede comprendida cada una de las regiones que determine la Secretaria de acuerdo a Ley, se promoverá la creación de los Comités Regionales, para que, en concordancia con los programas estatales y municipales del ramo, coadyuven en el ámbito regional a la planeación, organización, producción, comercialización, transformación, competitividad y rentabilidad, con base en la multifuncionalidad de las Regiones cebaderas, circunscribiendo su actuación al ámbito regional y estatal que corresponda, en los términos de la propia Ley. Por otra parte señala que en cada Centro de Acopio se constituirá un Comité para tratar todo lo relativo a la recepción y comercialización, los cuales se integrarán con los representantes de los Centros de Acopio y los representantes de los Abastecedores de Cebada que correspondan.
Refiere que los Abastecedores de Cebada de los Centros de Acopio podrán constituir Organizaciones o asociaciones locales y nacionales de productores de cebada para la mejor representación y defensa de sus intereses, las cuales deberán constituirse o estar constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley Agraria o en las Leyes Federales, estatales y del Distrito Federal vigentes, cualquiera que sea su materia.
Para la mejor atención y defensa de los intereses de sus agremiados las Organizaciones o asociaciones locales de Productores y Abastecedores de Cebada podrán constituirse en organizaciones cebaderas nacionales en los términos de la presente Ley. El Padrón Nacional estará conformado por el listado de Productores de cebada del país, especificando los Centros de Acopio con los que tengan celebrado un convenio y la Organización local y/o nacional a la que pertenezcan, así como los datos que permitan su plena identificación.
Para los efectos de mejorar la productividad y la eficiencia del cultivo de la Cebada, se dispondrá de los Centros de Investigación y Desarrollo de la Secretaría, con el propósito de orientar los proyectos de investigación y desarrollo para otorgarle más competitividad y rentabilidad a la producción y transformación de la cebada. Define como controversias cebaderas las que, con motivo del incumplimiento en la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley, el Convenio y disposiciones derivadas, se susciten entre los abastecedores de Cebada e Industriales; los abastecedores de Cebada; los industriales, y cualquiera de los sujetos anteriores y los Comités.
Del Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a analizar se les condonen los adeudos pendientes a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur.
Del Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal un Informe con respecto al status y manifestaciones de impacto económico y regulatorio que guarda el “Anteproyecto de Reglamento de Paquetería y Mensajería”.
De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, Antonio Mejía Haro, José Luis García Zalvidea y Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo relativo a los Centros de Rehabilitación Social para las Adicciones.
De los Senadores Luís Alberto Coppola Joffroy y Santiago Creel Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer la práctica en la República Mexicana de “La Charrería” y las cabalgatas en los Estados de la República.
De la Sen. María del Socorro García Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones realizadas en materia de supervisión y vigilancia de aquellas instituciones de asistencia social dedicadas a la atención de personas que padecen alcoholismo o farmacodependencia.
De los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Sebastián Calderón Centeno y Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explicar el decreto publicado el 17 de noviembre del 2009 en el que se indica el cambio de topónimo de “Isla Cerralvo” por “Isla Jacques Cousteau”.
Del Sen. Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas a transparentar y garantizar la impartición de justicia y el apego a la legalidad en el caso de diversas personas pertenecientes al municipio de Oxchuc, Chiapas.
Del Sen. Ricardo Torres Origel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a no incluir a la industria del calzado en la negociación de un eventual Tratado de Libre Comercio con la República Federativa de Brasil.
Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar los hechos de agresión ocurridos en contra de un grupo de extranjeros cubanos asegurados en la delegación migratoria del estado de Querétaro.
De la Sen. Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar medidas inmediatas de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en zonas de alta vulnerabilidad, en particular en la región costera e insular del estado de Campeche.
http://www.senado.gob.mx/diario.php?ver=diario&legislatura=LXI&a=I&diario=31&periodo=Primer%20Periodo%20Ordinario&fecha=Dic%208%2C%202009
http://www.senado.gob.mx/servicios_parlamentarios.php?ver=estenografia&tipo=O&a=2009&m=12&d=8