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Timestamp: 2020-08-14 23:28:17
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Sexualidades minoritarias y derechos humanos: El caso de las sociedades de convivencia en el Distrito Federal
Sexualidades minoritarias y derechos humanos. El caso de las sociedades de convivencia en el Distrito Federal
Marta Torres Falcón1
1 Profesora-investigadora del Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Correo electrónico: mtfalcon2003@yahoo.com.mx
Fecha de recepción 05/03/09,
Fecha de aceptación 08/06/09
El artículo ofrece un panorama general de la trayectoria del movimiento lésbico-gay por el reconocimiento de sus derechos. Se hace un recorrido por las diferentes demandas en materia penal (supresión de las prácticas homosexuales como agravante del delito de corrupción de menores); laboral (seguridad social); y familiar (reconocimiento de la unión, sucesiones); y se analizan algunos aspectos de la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal: fuerza simbólica, similitud con el matrimonio y el concubinato, derechos de las/los convivientes, terminación de la sociedad. Finalmente, se anotan algunas tareas pendientes en la construcción de la igualdad jurídica.
Palabras clave: derechos humanos, igualdad jurídica, diversidad sexual, movimiento lésbico-gay, género.
This article offers a general overview of the history of the lesbian-gay movement for the recognition of their rights. It traces the movement's different demands about criminal law (the suppression of homosexual practices as an aggravating factor in child abuse); labor law (social security and public health care); and family law (recognition of civil unions, inheritance). It also analyzes some aspects of the Mexico City Federal District Law of Cohabitation Partnerships: its symbolic importance, its similarity with marriage and common-law marriage, partners' rights, and termination of the partnership. Finally, it notes certain tasks remaining for the construction of legal equality.
Key words: human rights, legal equality, sexual diversity, lesbian-gay movement, gender.
Desde sus inicios, el movimiento de liberación lésbico-gay planteó la igualdad de derechos como una de sus demandas fundamentales. Ya en 1979, cuando se realizó una primera -temerosa y temeraria- marcha en la ciudad de México, los grupos convocantes subrayaban la necesidad de que se reconocieran y garantizaran ciertos derechos específicos. Al principio el foco de atención eran las razzias. En lugares públicos como bares, centros nocturnos o cervecerías de pronto llegaba un operativo de la policía y detenía, literalmente, a la población gay que se encontraba en el lugar. Estas detenciones ilegales de homosexuales y lesbianas tenían el propósito de extorsionar e intimidar. Por ello, una de las primeras acciones del movimiento lésbico-gay mexicano fue la insistencia en dar la cara; lesbianas y homosexuales afirmaban estar orgullosas/os de su condición. Los principales grupos militantes en México en los albores de los ochenta, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR), el Grupo Lambda de Liberación Homosexual (Lambda) y el Grupo Autónomo de Lesbianas Oika-bet (Oikabet) subrayaban, en diversos folletos y volantes de invitación a participar en las marchas, el peso del orgullo. Con ello se quitaba fuerza a la extorsión. Paralelamente, se denunciaban de diversas formas -en los medios de comunicación y en documentos dirigidos expresamente a funcionarios específicos- los actos de detención ilegal que se verificaban en varios lugares del país. Dos de las primeras demandas fueron, entonces, el respeto a la libertad de tránsito y al derecho de reunión. Una de las consignas que se escuchaba de manera reiterada en las marchas iniciales era precisamente: "Erradicación de razzias".
Después se insistió en las prestaciones laborales y en las prerrogativas inherentes a la seguridad social. Se planteaba la necesidad de reconocer la posibilidad legal de que la pareja lésbica o gay recibiera alguna pensión por muerte derivada de un accidente de trabajo y, de manera más inmediata, de que pudiera tener acceso a los servicios de la seguridad social. En otro momento se aludió a las herencias y sucesiones; desde luego, siempre existía la posibilidad de elaborar un testamento, pero si no existía ese documento la pareja quedaba muy desprotegida. La pandemia del sida trajo consigo, entre otras cosas, la inseguridad jurídica; con ello, la necesidad de impulsar algunas acciones ocupó un sitio central.
A principios de los noventa se hablaba ya del "matrimonio gay", con la demanda correlativa de protección legal a las parejas homoeróticas en los mismos términos en que se brindaba a las heterosexuales. El debate generó gran interés no sólo en el interior del propio movimiento de liberación gay, sino también en las filas del feminismo, en las organizaciones de defensa de los derechos humanos e, incluso, en algunos partidos políticos. Entre los opositores, además de los grupos vinculados con la derecha que sostenían que cualquier reconocimiento en ese sentido sería una incitación a la homosexualidad y las malas costumbres -Serrano Limón, del Grupo Pro Vida, en varias ocasiones se manifestó en ese sentido- podía encontrarse a algunos juristas destacados, que si bien no expresaban un rechazo contundente a las parejas del mismo sexo, sí subrayaban la inutilidad de una figura equivalente al matrimonio si no existía la capacidad de procrear. No parecían plantearse la posibilidad de que la pareja tuviera bajo su cuidado al hijo o hija de alguno/a de sus integrantes, ni mucho menos que tuvieran el derecho de adoptar.
El objetivo de este artículo es ofrecer un panorama general sobre la trayectoria de la discusión y el activismo por los derechos humanos de la comunidad lésbico-gay, que culmina con la promulgación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal. Este ordenamiento se analiza con cierto detalle, con el propósito de evaluar los avances logrados en materia de protección y reconocimiento legal.
Para la elaboración de este artículo se consultaron revistas, periódicos, folletos informativos, trípticos, e incluso volantes elaborados por los grupos que desde 1978 han conformado el movimiento de liberación lésbico-gay en México. Además, se toman en cuenta testimonios de y entrevistas a militantes y dirigentes. Algunas consignas de las diversas marchas del orgullo gay se utilizan para dar nombre a los diferentes incisos. Con ello se pretende conocer y recrear algunas de las demandas concretas del movimiento. La secuencia de tales demandas es también la que guía la exposición.
¡LIBERACIÓN HOMOSEXUAL!
En 1979, un contingente de varios centenares de mujeres y hombres, jóvenes en su gran mayoría, decidieron tomar las calles del centro de la capital del país con un grito que condensaba una demanda suprema y ofrecía un reflejo -mustio y pálido, pero reflejo al fin- de un sentimiento de angustia e incomprensión: ¡Liberación homosexual!
El movimiento de lesbianas y homosexuales, que en México empezó a gestarse a fines de los años setenta, había decidido irrumpir en la arena pública con el objetivo primordial de hacerse visible. Era necesario que la homosexualidad, recién eliminada de los manuales de psiquiatría (Castañeda, 1999), fuera desterrada también de ese imaginario social que la asociaba inevitablemente con la depravación, el vicio, las conductas antisociales y, en el mejor de los casos, la sordidez de lo inconfesable. En este terreno se plantearon dos tácticas primordiales: "salir del clóset" y "dar la cara". La primera implicaba una apropiación sucesiva de los espacios: las marchas, las calles, los sitios de reunión pública (restaurantes, cafés, cines y teatros) y, lo más difícil, los espacios de interacción cotidiana, tales como los lugares de trabajo, las escuelas y, de manera destacada, la familia. Lesbianas y homosexuales intentaban así mostrarse ante la sociedad como eran, con sus defectos y virtudes; sus aciertos y errores; sus trabajos más o menos creativos; sus actividades diversas y sus declaraciones de impuestos. No había nada que ocultar. Entre la población gay, como entre la población heterosexual y como en cualquier grupo humano, se registraba tal diversidad que por sí sola desafiaba cualquier intento de encasillarla en una definición o, más claramente, en un estigma.
La segunda táctica era complementaria. No sólo había que salir del clóset sino además hacerlo de frente, mirando a los ojos a cualquier posible interlocutor y con el ánimo siempre dispuesto a contestar cualquier pregunta. Huelga decir que esta labor de concientización fue ardua y difícil. Como es fácil suponerlo, la primera pregunta solía ser: ¿cómo fue que te volviste homosexual? Se daba por hecho que toda la gente nacía con el chip de la heterosexualidad y que en algún momento se atrofiaba por problemas personales, familiares o del entorno. No es el propósito de este artículo profundizar en tales prejuicios, a veces incluso disfrazados de posturas científicas, pero sí conviene señalar, aunque suene perogrullesco, que había un sinfín de explicaciones para la homosexualidad masculina, en tanto que las lesbianas parecían perderse en la invisibilidad y la ignorancia. En el imaginario social persistían las explicaciones que aludían a la información genética, a la estructura y composición de la familia (pasarían varias décadas antes de que se pluralizara el término) y, desde luego, a los desórdenes en la personalidad.
Sin duda alguna, resultaba difícil dar la cara en un clima que oscilaba entre la resistencia y el franco rechazo, pasando por la burla, el desprecio y otras actitudes similares. Sin embargo, esa era la única manera de ir limando las múltiples aristas de la homofobia. La sociedad tenía que reconocer a ese sector de la población, sin duda minoritario, y dejar de definirlo -terrible metonimia- a partir del ejercicio de la sexualidad, así como respetar sus derechos humanos. Largo el viaje.
La primera marcha fue recibida, por los medios de comunicación y por algunos sectores de la población, con desconfianza y recelo. Entre los grupos convocantes existía la conciencia de que era necesario tomar las calles y manifestarse públicamente, pero esa certeza coexistía con un temor inefable. Militancia se escribía con eme de miedo. Por ello, es todavía más significativa esa primera salida a la vía pública; las organizaciones demostraron que, pese a sus dudas, contaban con la determinación de expresarse y de exigir respeto a su condición y a sus derechos. Las miradas de desaprobación se mezclaban con otras, menos evidentes, de apoyo, complicidad y aun de alivio. Algunos relatos posteriores confirmaron que muchas lesbianas y homosexuales, que durante años habían vivido en la reclusión imaginaria de un clóset de angustia y terror, al escuchar los gritos de la marcha habían sentido el efecto inmediato de una liberación posible. La policía desvió esa primera marcha de su ruta original y el mitin se realizó en un parque de la colonia Condesa. No fue un acto multitudinario; ni siquiera puede decirse que estuvo nutrido. De hecho, el contingente fue disminuyendo en la medida en que se acercaba el mitin. La experiencia fue más bien una prueba de valentía y de resistencia. La decisión que insuflaba la llama de esa rebeldía habría de alimentar fuegos futuros, cuya magnitud no se alcanzaba aún a columbrar.
¡LESBIANAS Y HOMOSEXUALES, ESTAMOS EN TODAS PARTES!
Junio de 1980. Paseo de la Reforma vio desfilar a más de cinco mil personas, según las cifras conservadoras de algunos diarios que dieron cobertura al acontecimiento. Novedades reportaba casi seis mil; El Día sólo hablaba de una multitud; Uno más Uno refirió varios miles. Los grupos que habían convocado a la marcha apuntaban la presencia de casi diez mil personas. Sin duda era un acto multitudinario. Miles y miles de gays y lesbianas se aglutinaron frente al Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central para escuchar los discursos de sus líderes en la Segunda Marcha del Orgullo Homosexual. El contenido de los mensajes era claramente político. En primer lugar, se demandaba un alto a la represión. Era común que en los bares y centros de reunión de homosexuales llegaran policías a detener indiscriminadamente a todos los asistentes; en ocasiones ello sucedía en fiestas privadas, a petición de los vecinos. Se sabía que las razzias eran ilegales, pero estaban avaladas por la sociedad y las autoridades; por ello se reclamaba su erradicación. En un segundo momento, se insistía en la necesidad de reconocer y garantizar los derechos de la población gay y, finalmente, en términos más generales se pedía un programa amplio e incluyente de educación sexual para todos, en el que figurara la homosexualidad como una más de las opciones posibles.
Había tres grupos principales que promovían el desarrollo de las marchas y otras actividades de militancia: Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR); Grupo Lambda de Liberación Homosexual; y Grupo Autónomo de Lesbianas Oikabet. Las mismas denominaciones dan cuenta de las posturas del movimiento lésbico-gay a inicios de los ochenta. El beligerante FHAR insistía en las acciones revolucionarias; era el grupo con mayor capacidad de convocatoria, que daba cobijo principalmente a hombres de clase media y a sectores populares. Había también algunas mujeres fharinas, pero su presencia en el grupo era claramente minoritaria. Lambda, por otra parte, sostenía que el movimiento tenía que ser liberacionista y encauzaba sus energías a la lucha contra la homofobia, que se extendía implacable hasta en la propia comunidad gay. Lambda era un grupo mixto que, además, se asumía como feminista y de izquierda. Formaba parte del Frente Nacional contra la Represión, que agrupaba a partidos políticos y sindicatos de izquierda, denunciaba desapariciones inadmisibles y demandaba enfáticamente la liberación de los presos políticos; así como del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer, donde se daban cita los grupos feministas de la capital del país. Finalmente, Oikabet sostenía el estandarte de la autonomía; era un grupo de lesbianas feministas interesadas en la reflexión de sus propias vivencias y en la concienciación de la legitimidad de la lucha contra cualquier forma de opresión.
Sin duda alguna, entre los grupos podían existir discrepancias de forma, pero en la definición de los ejes de lucha y la formulación de estrategias había clara coincidencia. Así, los primeros años de la década de los ochenta vieron surgir la preocupación y la reflexión sistemática en torno a los derechos de lesbianas y homosexuales.
¡NI ENFERMOS NI CRIMINALES, SIMPLEMENTE HOMOSEXUALES!
Corría el último cuarto del siglo XX y aún estaba vigente la creencia de que la homosexualidad era una enfermedad; o por lo menos una condición inevitable que traía consigo múltiples padecimientos (Castañeda, 1999). Ser homosexual significaba tener una serie de alteraciones de distinta índole -neurológicas, hormonales, conductuales-, cuya curación era costosa y no existía garantía de éxito. Relatos de militantes del movimiento gay en los ochenta revelan el interés de las familias de llevarlos con médicos especialistas (es decir, neurólogos y psiquiatras) que les devolvieran la normalidad perdida. En un caso, la pudiente familia de un brillante estudiante universitario había decidido llevarlo a Alemania, donde un connotado neurocirujano realizaría una lobotomía al joven desviado. Afortunadamente, ese joven descubrió el plan y logró evitar la mutilación, pero su familia jamás volvió a dirigirle la palabra (Nuevo ambiente, junio de 1982: 6).
En la ciudad de México, ya a punto de finalizar el siglo, un "especialista" ofrecía sus servicios para curar la homosexualidad a base de golpes. El especialista en cuestión, que se decía homeópata, psiquiatra y acupunturista, utilizaba técnicas variadas como la aplicación de gasoterapia, la inyección de xilocaína en la próstata y sesiones de hipnoterapia en las que insultaba al paciente para "volverlo hombre" (Del otro lado, 1992). Esa noción de enfermedad traía aparejada una connotación de peligro. Los homosexuales no eran enfermos que despertaran compasión o empatía, sino que tenían impulsos de destrucción ilimitados que debían controlarse de una u otra forma. Parece una caricatura, pero el estigma que se colocaba sobre los varones homosexuales era el de asesinos. Se decía entonces que eran celosos, posesivos, controladores hasta el extremo, sanguinarios y, finalmente, homicidas. Pasaron muchos años antes de que los crímenes contra homosexuales se definieran como crímenes de odio y se colocara el acento en esa aversión irracional, y desde luego injustificada, que es la homofobia. Todavía en la actualidad es común escuchar la narración de un delito cuyo corolario es que se trataba de un "crimen de homosexuales", como si la condición o preferencia sexual de la víctima indicara también la preferencia del victimario sin un margen de error.
La comunidad gay conocía muchos casos de jóvenes asesinados por la policía y otros cuerpos represivos. Si a plena luz del día y en el centro de la ciudad desviaban una marcha con actitudes de prepotencia y arrogancia no era difícil imaginar los excesos a los que podían llegar en espacios de mayor impunidad. Por ello, la consigna adquiría una clara lucidez: "gobierno de chacales que mata homosexuales".
La demanda que se formulaba tenía, en consecuencia, una doble vertiente: en primer lugar, se reclamaba un alto a la violencia contra los hombres gay y, en segundo sitio, un alto a las injustificadas imputaciones de criminalidad. Sobre este último aspecto conviene señalar que la legislación penal establecía como agravante del delito de corrupción de menores la incitación a las prácticas homosexuales. La pena correspondiente se aumentaba en una mitad. En otras palabras, si un joven de veinte años tenía una relación sexual con uno de 17 podía ser acusado de corrupción de menores y purgar la condena resultante. El primer reclamo del movimiento gay en materia de derechos fue la supresión del artículo mencionado del Código Penal. Incluso llegó a plantearse, como hipótesis, qué pasaría si el menor en cuestión fuera gay y el adulto corruptor lo incitara a sostener relaciones heterosexuales.
Paralelamente, los jóvenes homosexuales sufrían persecución de la policía, e incluso detenciones arbitrarias, con base en una interpretación tendenciosa del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Aquí el problema no estaba en la ley sino en la mentalidad de los policías y de los jueces calificadores. El reglamento en cuestión establecía como falta administrativa "invitar a otro al comercio carnal", y señalaba una sanción pecuniaria y el arresto hasta por 36 horas. Los policías consideraban que si era una falta la prostitución (ni remotamente se hablaba de sexo servicio) y tenían que detener a las mujeres que vendían sus encantos en la vía pública, con mayor razón había que limpiar las banquetas de homosexuales. Como puede apreciarse, existe un conflicto entre la normatividad legal, que sanciona el lucro, es decir, la venta o el alquiler de un cuerpo, y la normatividad cultural, que censura y excluye una determinada forma de sexualidad que se ejerce sin intercambio económico de por medio. Muchos hombres homosexuales pasaron más de una noche en reclusión a consecuencia de una detención a todas luces ilegal y claramente impune. Era indudable que junto con las reformas a la ley tendría que capacitarse a los funcionarios encargados de su aplicación.
En síntesis, en ese primer momento, que ubicamos a principios de los ochenta, los reclamos del movimiento gay giraron en torno a la represión: razzias, acusaciones injustificadas de comercio carnal y corrupción de menores.
¡A LUCHAR, A LUCHAR POR LA LIBERTAD DE AMAR!
La legislación penal es, sin duda, la más represiva y la que produce los efectos más visibles. Sin embargo, sólo se aplica en situaciones excepcionales: la comisión de un delito. Otros ámbitos de la vida cotidiana reclamaban atención. Ya en los ochenta diversas preguntas nutrían el debate sobre los derechos humanos de gays y lesbianas. ¿Había algún fundamento legal para los despidos laborales?; ¿era válido invocar, como lo hacían muchos empleadores, que se ofendía "la moral pública"?; y de ser así, ¿qué leyes tendrían que modificarse para incluir a la homosexualidad en el catálogo de conductas inocuas?; ¿cómo interpretar las expulsiones escolares -sobre todo en preparatorias privadas- de adolescentes abiertamente homosexuales? Estos aspectos eran sumamente difíciles de denunciar, porque no se señalaba la causa de la expulsión o del rechazo. En los talleres, círculos de estudio y otras actividades organizadas por los grupos era frecuente escuchar historias de rechazo familiar y escolar, que muchas veces terminaban con la expulsión. Las familias lo decían abiertamente; las escuelas no. Se hablaba de mala conducta; y se sabía -por lo menos los jóvenes expulsados no tenían duda alguna- en qué consistía ésta, pero no era posible denunciarla (Nuevo ambiente, abril de 1982).
La comunidad lésbico-gay había, durante muchos años, vivido recluida, imaginariamente, en dos espacios muy acotados: el clóset y el gueto. Con la formación de grupos liberacionistas articulados en un nuevo movimiento social y la información que llegaba de otros países, la primera interrogante apuntaba al análisis de la legalidad. ¿Era ilegal -y por lo tanto susceptible de castigarse- cualquier expresión homoerótica?; ¿en dónde estaban los límites de la legalidad y de la intolerancia?; ¿había que cambiar las leyes o el problema se reducía a su interpretación? Ninguna de esas preguntas era trivial. De ellas dependía la formulación de estrategias. Algunos integrantes del movimiento elaboraron un documento de análisis sobre la condición jurídica de gays y lesbianas en varias esferas, al que denominaron Código Gay.
TRABAJO Y PRESTACIONES LABORALES
Como rezaba una consigna reiterada en mítines y marchas, las "lesbianas y homosexuales estaban en todas partes". En algunos espacios laborales su presencia era notoria porque alcanzaba un 25%; tal era el caso de algunos grupos teatrales y otros espacios artísticos como el Taller Coreográfico de la UNAM . La gente gay que trabajaba en esos lugares era también militante y, por ello, se sabía que estaban ganando espacios. Por lo demás, todavía no se hablaba de acciones afirmativas, ni siquiera para otros grupos sociales. Las reformas electorales que planteaban una cuota para mujeres, nunca superior al 30%, empezaron a debatirse ya en la década de los noventa. Un esquema similar para la población gay, aun en espacios laborales y no políticos, era sencillamente impensable.
En la mayoría de los lugares, tanto gubernamentales como privados, lesbianas y homosexuales vivían en el clóset: cuidaban su forma de vestir, de hablar, de comportarse y, sobre todo, no decían una palabra de su vida sentimental. Las estrategias mencionadas en páginas anteriores: "Dar la cara" y "Salir del clóset" enfrentaban una primera dificultad. La Ley Federal del Trabajo establecía como causal de despido sin responsabilidad para el patrón "la falta de probidad". Paralelamente, la definición de probidad era tan amplia y ambigua que casi cualquier cosa podía caber en ella. Era importante, entonces, analizar el texto legal y revisar los casos, pero sobre todo desmentir, en la práctica, la inevitabilidad de la ecuación homosexualidad = falta de probidad. Las y los militantes que decidieron dar la batalla en el espacio laboral empezaron por trabajar con eficiencia, obtener reconocimiento por el desempeño profesional y crear, con ello, un clima de seguridad y estabilidad laborales. En ese nuevo terreno se podía "dar la cara" con mayor seguridad.
La permanencia en el empleo dependía no sólo del buen desempeño sino también de la mentalidad del (o la) jefe/a y del ambiente laboral. De manera nada sorprendente, los empleadores siguieron despidiendo injustificadamente a gays y lesbianas, creándoles trampas que les permitieran invocar otras causales. A veces generaban un ambiente de tal hostilidad que la gente prefería irse. La intolerancia, como se sabe, encuentra muchas máscaras y reductos.
El siguiente problema se refería, en materia laboral, a las prestaciones. Gays y lesbianas no podían hacer extensivos los derechos de la seguridad social -pertenencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- a la pareja homosexual; tampoco podían designarla como beneficiaria de sus pensiones. Si ocurría un accidente de trabajo de índole fatal, la pareja gay quedaba totalmente desprotegida. Incluso las compañías de seguros ponían muchos obstáculos para aceptar como beneficiaria a cualquier persona que no tuviera un vínculo de parentesco o de matrimonio; en este caso, la homofobia se articulaba con una fuerte exaltación de la familia.
En síntesis, lesbianas y homosexuales encontraban dificultades para obtener empleos y permanecer en ellos. La "falta de probidad" y los "atentados a la moral pública" eran causales de despido que frecuentemente se asociaban con la homosexualidad. Finalmente, la pareja gay o lésbica no podía disfrutar de los beneficios de la seguridad social ni recibir pensiones de jubilación o por accidente laboral.
La familia ha sido siempre un ámbito particularmente difícil para "salir del clóset", ya no digamos para "dar la cara". Muchos jóvenes gays y lesbianas prefirieron salir de la casa antes que del clóset y, a veces, con la seguridad que pudo darles esa distancia, se atrevieron a hablar de sus amores y sus afectos. Muchos otros fueron expulsados sin miramientos y aun con violencia. En los pequeños círculos de reflexión que organizaban los grupos abundaban los testimonios de jóvenes golpeados con diferentes intensidades por los hermanos mayores o por el padre, y otros/as que habían salido de su hogar en medio de un marasmo de insultos y agresiones.
En ese terreno no había mucho que analizar desde la óptica legal. El conjunto de obligaciones que padres y madres tienen para con sus hijos/as termina cuando éstos/as alcanzan la mayoría de edad. El reclamo distaba mucho de formularse en términos legales; se buscaba el afecto, la comprensión o el mínimo respeto. En ese orden. Y muchas veces no se conseguía, por más que se bajara el nivel de la petición y el umbral de la conformidad.
Sin embargo, había otro aspecto de las relaciones familiares que solía ventilarse, muchas veces en un clima de animadversión y profundo dolor, en juzgados de primera instancia. Algunas mujeres separadas o divorciadas, que habían decidido establecer una relación amorosa con otra mujer, tuvieron que pelear a pulso la custodia de sus hijos/as.
A pesar de que el Código Civil establecía como regla general que los menores de siete años debían permanecer bajo la custodia de la madre, los jueces -y también las juezas- de lo familiar solían atender los argumentos de los padres de las criaturas, que inevitablemente giraban en torno del daño moral -irreversible, solía agregarse- que se ocasionaría a un niño que atestiguara, cotidianamente, que su madre amaba a otra mujer. Si era una niña, se decía que inevitablemente se volvería lesbiana; si era un varón, vivir con dos mujeres lo volvería homosexual. Desde luego, los argumentos no mostraban precisamente una articulación lógica, pero tampoco se necesitaba para convencer a los jueces, que ya tenían una decisión tomada. El prejuicio y la ignorancia son siempre una mala combinación; en el terreno de la impartición de justicia los efectos pueden ser muy dañinos. Los jueces/zas de lo familiar tienen, más que en otras materias, amplias facultades para valorar las condiciones específicas de cada caso; las leyes subrayan "el interés superior del menor" y encomiendan a los jueces a velar siempre por él, utilizando "su prudente arbitrio". En las controversias familiares, que en nuestro sistema jurídico se consideran de interés público, interviene también el Ministerio Público, en su carácter de representante social.
El cuadro, como puede verse, plantea diversos ángulos de complejidad y dificultades. A la ambigüedad de la ley se agregaban los criterios generalmente estrechos de jueces y agentes del Ministerio Público. El padre se presentaba como víctima de un engaño inadmisible, ahora preocupado por salvar la integridad moral de su vástago. El pacto patriarcal se verificaba casi sin palabras.
Para resumir, en materia familiar se requería llenar esa laguna de la ley, a efecto de que las madres lesbianas pudieran ejercer sus derechos con libertad, y sensibilizar al personal de procuración e impartición de justicia. La lista de pendientes en el activismo por los derechos humanos de lesbianas y homosexuales seguía aumentando.
En los noventa el movimiento de liberación lésbico-gay creció y se diversificó. Las marchas siguieron realizándose cada año el último sábado de junio. Cada vez había más gente y el ambiente era en cada ocasión más festivo. Los discursos políticos de los inicios y las consignas que enfatizaban el derecho a la libertad y el orgullo de ser gay paulatinamente dieron paso a la alegría, las canciones y el júbilo desbordante. Ya no se reclamaban espacios, porque a distintos ritmos se habían ido conquistando. Ya no se subrayaban los derechos, no porque se hubieran conseguido, sino porque la sola visibilidad situaba al movimiento en otro lugar. Por ejemplo, en un espacio de interacción con la Comisión de Derechos Humanos del D. F. se había elaborado una Cartilla de derechos humanos de lesbianas y homosexuales;no se habían modificado las leyes, pero se avanzaba en el nivel declarativo. Además, existían otras prioridades. Un activista desde los inicios lo planteaba con claridad: "el movimiento se ha sidificado" (Bravo, 1992).
La enfermedad trajo consigo múltiples consecuencias para la organización y definición de estrategias. Era urgente luchar contra la enfermedad y, de manera destacada, contra el estigma que implicaba. En el marco de los derechos humanos se planteaban nuevas necesidades: acceso a los servicios de salud, permanencia laboral, seguridad social. Además, de manera frontal y sin miramientos, las parejas gay enfrentaron una nueva adversidad: las herencias.
Muchos hombres relativamente jóvenes (en su mayoría alrededor de los treinta años) recibieron, junto con el impacto de un análisis de sangre que había resultado positivo en la identificación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el despido laboral y, con ello, el cese de las prestaciones médicas. Se sabía que el acto era injustificado y, por lo tanto, ilegal, pero no había la energía suficiente para demandar la reinstalación en un ambiente que se sabía hostil. La urgencia era otra: sobrevivir. En la actualidad, las personas se-ropositivas tienen acceso real a servicios médicos y tratamientos eficaces, que les permiten continuar con sus actividades y vivir durante varias décadas, una vez que han incorporado la enfermedad a su cotidianidad y la controlan con medicamentos. En los primeros años de la pandemia el resultado positivo equivalía literalmente a una sentencia de muerte. Era raro que alguien viviera con el virus más de dos años. Algunas familias respondieron al llamado de los hijos y les brindaron solidaridad y apoyo en los últimos meses. Otras acogieron al enfermo, pero cerraron las puertas a los amigos y a la pareja. Otras más no quisieron saber ni del enfermo. Y todavía otras llegaron al extremo de despojar al compañero -nadie diría el viudo- de las pertenencias del difunto.
El SIDA trajo consigo, entre muchas otras enseñanzas, la necesidad de testar. En este terreno, la primera posibilidad consiste precisamente en dejar constancia, por escrito y ante notario público, de la última voluntad sobre el reparto de bienes. Esta opción ha estado siempre abierta. Cualquier persona, independientemente de su preferencia sexual, puede heredar sus pertenencias a quien le plazca. En México, desafortunadamente no tenemos la cultura del testamento y es muy poca la gente que expresa así su voluntad patrimonial.
La segunda opción es la denominada sucesión intestamentaria. Las leyes civiles prevén la forma de repartir una herencia a falta de testamento; el orden de prelación se establece de acuerdo con los vínculos de matrimonio y parentesco, lo que significa que heredan el (o la) cónyuge, los hijos e hijas, el padre, la madre, las y los hermanos. Nuestros códigos civiles reconocen derechos a las personas que viven en concubinato, es decir, a la unión libre entre un hombre y una mujer que podrían casarse si quisieran, puesto que no existe impedimento alguno. La pareja gay, una vez más, quedaba totalmente desprotegida.
En materia de sucesiones se requería promover la inclusión de las parejas lésbicas y gays en la regulación de las sucesiones intestamentarias y, paralelamente, promover en el interior de la comunidad gay la elaboración y firma de testamentos. Aquí se presenta una multiplicidad de situaciones posibles. Quienes tenían la propiedad de un bien raíz (terreno, departamento o casa) muchas veces habían redactado testamento; y quienes tenían un crédito hipotecario o de índole similar habían nombrado beneficiario(s). El problema era fundamentalmente de quienes sólo tenían bienes muebles; por ejemplo, libros, discos, ropa, cuadros y, en general, objetos personales con un valor subjetivo para la pareja. Ese valor fue el que pretendió pulverizar la familia, acaso víctima de su propia homofobia.
"NO,SEÑOR, YO NO ME CASARÉ..."
En el ambiente alegre y festivo de las marchas solía escucharse esa canción: "Yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al juez. Ay, no, no, no, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero de un hombre gay". Las lesbianas incorporaban una variante: "Estoy enamorada, pero de otra mujer". Con un ritmo pegajoso y una letra divertida se pretendía dejar constancia de la preferencia homoerótica; quedaba claro que se rechazaba el matrimonio heterosexual y, en cierta medida, se desafiaban las presiones de la familia y de la sociedad por "sentar cabeza" y establecer ese vínculo.
A mediados de la década de los noventa apareció el tema del denominado "matrimonio gay". Sin duda alguna, el movimiento había adquirido solidez y el tema se discutía desde distintos ángulos. Ya existían experiencias en otros países -de manera destacada en Noruega, Holanda y Bélgica- y el debate de las uniones de hecho se había instalado en el movimiento gay y en el movimiento por los derechos humanos. En 1996, por primera vez una ley mexicana reconoció la existencia de las uniones de hecho. No las definía. Sólo las nombraba y tal vez el escenario no era el mejor posible. En efecto, la Ley de Asistencia de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito Federal reconocía que el maltrato podía producirse entre integrantes de una unión de hecho. Eso era todo. Gays y lesbianas entraron en la legislación de una manera oblicua y con el clóset a cuestas, puesto que ni siquiera se les nombraba. No adquirían derechos; eran tan sólo posibles protagonistas de una relación de violencia. Aun así era importante ese primer paso que buscaba la visibilidad.
Quienes defendían el llamado matrimonio gay esgrimían dos argumentos básicos: la fuerza simbólica del reconocimiento de las uniones y la conquista de los derechos fundamentales. La visibilidad se había buscado de muy distintas formas en la militancia y el activismo: el reconocimiento legal daría una fuerza tal que potenciaría los logros obtenidos. Entre los derechos a conquistar figuraban los laborales, familiares, fiscales, sucesorios y de inmigración. Las parejas lésbicas y homosexuales tendrían los mismos derechos que las parejas heterosexuales: prestaciones laborales extensivas al compañero; seguro médico; bienestar social; custodia de hijos/as; ciertas deducciones de impuestos; estancia legal de la pareja extranjera; y posibilidad de heredar. Parecía un sueño. Y para lograr que cristalizara se trabajó arduamente durante más de una década. En el siguiente inciso veremos cuánto de ese sueño logró concretarse en una norma jurídica y cuánto se fue diluyendo en el cabildeo y en las discusiones parlamentarias.
Antes de entrar en ese análisis conviene señalar que sólo un puñado de países han homologado la unión entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual: Bélgica, Canadá, España, Noruega, los Países Bajos, Sudáfrica y Suecia. En Estados Unidos, Massachusetts y Connecticut han hecho lo propio, aunque con efectos limitados a la demarcación estatal.
Otros países han reconocido las uniones civiles, que implican el reconocimiento de ciertos derechos, pero no las equiparan totalmente con el matrimonio. En Europa puede citarse a Alemania, Andorra, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suiza. En América Latina encontramos ejemplos en México (D. F. y Coahuila), Colombia, Uruguay, Argentina (Buenos Aires, Río Negro y Villa Carlos Paz) y en algunas provincias de Brasil.
En otros países, principalmente en África y en Asia, la homosexualidad se sanciona penalmente, incluso con cadena perpetua (por ejemplo en la India) o con la muerte (por ejemplo en Somalia, Arabia Saudí, Irán y Mauritania).
¡NO QUEREMOS TOLERANCIA, QUEREMOS LIBERACIÓN!
El 16 de noviembre de 2006 se publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Decreto de Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal. Es importante mencionar que este logro se debió, fundamentalmente, al crecimiento y solidez que había conseguido el movimiento lésbico-gay, que ahora contaba con una presencia decidida en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Enoé Uranga era diputada titular y Arturo Díaz era suplente.
La promulgación de la ley fue celebrada por los activistas del movimiento gay, las feministas y los defensores/as de derechos humanos. Fue también atacada por grupos conservadores, partidos políticos y organizaciones de derecha. Los medios de comunicación difundieron la noticia de tal forma que en el imaginario social quedó inscrito que se había aprobado el matrimonio gay. De nuevo la normatividad cultural se impone sobre la legal. Esta vez para bien.
La Ley consta de cuatro capítulos, que a su vez contienen 24 artículos, más tres transitorios. Es un documento breve y conciso. Veamos si también es sustancioso.
LA FUERZA SIMBÓLICA
El artículo 2° de la Ley define a la sociedad de convivencia como "un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua".
Es fácil advertir que los medios de comunicación dieron a las sociedades de convivencia una fuerza simbólica que el propio texto de la ley no les confería. Al señalar "de diferente o del mismo sexo" se vuelve a invisibilizar la especificidad de las relaciones homoeróticas. Y entonces, a propósito justamente de este enunciado, surgen muchas preguntas: ¿qué objeto podría perseguir una pareja heterosexual para constituir una sociedad de convivencia, si existe la opción de formar un matrimonio con mucha mayor protección de las leyes y las instituciones?; ¿por qué se habla sólo de permanencia y ayuda mutua?; ¿por qué no se menciona expresamente que se intenta regular las relaciones de pareja?; ¿qué futuro puede augurarse a una ley que desde sus primeras definiciones registra tal carga de ambigüedad?
De hecho, no se ha registrado una sola sociedad de convivencia por personas de diferente sexo. Han sido parejas homosexuales y lésbicas todas las que han acudido a imprimir a sus uniones ese sello simbólico que la ley pretendía por lo menos obnubilar.
El artículo 3° señala que las sociedades registradas surten efectos frente a terceros. Y aquí sí puede estar la fuerza simbólica. Cuando una pareja gay registra su sociedad y le da publicidad en la familia, en los espacios laborales o en cualquier otro, la salida del clóset es contundente. Casi treinta años después de esa primera marcha en la que empezaron a definirse estrategias, la ley abre una puerta -con timidez y en tinieblas- para concretar el propósito de "salir del clóset" y "dar la cara".
En su artículo 5° la propia ley establece que la sociedad de convivencia se regirá por las reglas del concubinato. Como se dijo en páginas anteriores, el concubinato es la unión libre heterosexual; aunque las leyes no lo establezcan con claridad, existe una jerarquía entre matrimonio y concubinato. Es más, muchos códigos civiles no cuentan con un apartado específico para esta unión y hay que buscar con lupa las disposiciones relativas. En muchas ocasiones, la concubina queda desprotegida precisamente por esta falta de claridad en las definiciones y por esta jerarquía implícita.
Las parejas que viven en concubinato tienen la obligación recíproca de darse alimentos; además, pueden recibir pensiones de diversa índole y tienen derechos sucesorios. Todas estas prerrogativas son ahora extensivas a quienes forman sociedades de convivencia.
El matrimonio ofrece una ventaja que no es aplicable a concubinos ni a convivientes: el o la cónyuge extranjero/a tiene legal estancia en México por el solo hecho del matrimonio y puede optar después por la nacionalización. Ciertamente, las políticas de inmigración en México, al igual que en otros países, se han flexibilizado. Existen diversas formas de permanecer en el país y de adquirir la nacionalidad mexicana. Una de ellas es el matrimonio. También aquí se aprecia la jerarquía con respecto al concubinato y a las sociedades de convivencia.
La sociedad de convivencia debe registrarse ante una autoridad administrativa para surtir efectos. El concubinato no requiere, por ser una situación de hecho, registro ni solemnidad alguna. Bastan el solo transcurso del tiempo y la publicidad de la relación. La temporalidad varía sensiblemente en los estados de la República. La mayoría exige cinco años. Si hay un hijo, el tiempo se vuelve irrelevante y a partir de su nacimiento se generan efectos legales. La pareja heterosexual tiene protección legal sólo por existir con cierta permanencia; la pareja gay requiere un registro. En este punto sí se asemeja al matrimonio, acto solemne que debe cumplir requisitos puntuales. Hay otro aspecto en común: el establecimiento de un régimen patrimonial. Al constituir una sociedad, la pareja debe optar por la comunidad o por la separación de bienes. Si no lo hacen, se entiende que cada quien conserva lo suyo. Además, en cualquier momento se pueden modificar las relaciones patrimoniales.
DERECHOS DE LAS/OS CONVIVIENTES
En siete artículos se regulan tres derechos básicos: alimentos, sucesiones, tutela. Ya se mencionó el deber -y el derecho- recíproco de dar y recibir alimentos. En caso de fallecimiento, el compañero o compañera tiene derecho a heredar, "aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre concubinos" (artículo 14). Si alguno/a de los/as convivientes es declarado/a en estado de interdicción, su compañero/a puede desempeñar la tutela legítima. Es curioso que sea esta hipótesis, justamente cuando se trata de curar a una persona enferma, incapaz de valerse por sí misma y de tomar cualquier decisión, la única que equipara a la sociedad de convivencia con el matrimonio, al señalar que se aplicarán "las reglas en materia de tutela legítima entre cónyuges".
El artículo 20 regula las formas para terminar una sociedad de convivencia:
I. Por la voluntad de ambos o de cualquiera de las o los convivientes. Sin duda alguna, es un acierto subrayar la voluntad. Tanto para unirse como para permanecer unidos/as se requiere del deseo de ambos/as convivientes. Con uno que falte es suficiente para la disolución. Este es un punto radicalmente distinto a la regulación del divorcio, para el cual hasta hace muy poco tiempo se necesitaba acreditar fehacientemente una causal establecida en el Código y la consecuente imposibilidad para continuar la vida en común. En 2008 se modificó el Código Civil para el Distrito Federal a efecto de hacer del divorcio un acto voluntario; si antes se requería demostrar que no era posible continuar viviendo bajo el mismo techo, ahora basta con la voluntad de cualquiera de los cónyuges. Estas reformas fueron también muy criticadas por los grupos conservadores, que sostenían que al facilitarse los procesos de divorcio se abría la puerta para la desintegración familiar.
II. Abandono del hogar por más de tres meses. Al existir la primera causal, cifrada en la voluntad, cualquier otra resulta innecesaria. Sin embargo, llama la atención que para deshacer el vínculo heterosexual se requieran, en la mayoría de los estados del país, y en el Distrito Federal hasta el año pasado, seis meses. No es que una cosa sea mejor que la otra. Sólo se comenta la diferencia en el trato.
III. Que alguno de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de concubinato. Con esta hipótesis, queda claro que haber constituido, con todas las formalidades exigidas, una sociedad de convivencia sólo es impedimento para registrar otra posterior, pero no para contraer matrimonio ni para establecer una relación de concubinato. Con ello se rompe el principio general de "primero en tiempo, primero en derecho". Es irrelevante si el matrimonio se celebra antes, durante o después de la sociedad de convivencia, pues siempre tendrá mayor reconocimiento y protección legal. La jerarquía entre las diferentes formas de unión queda claramente establecida. Cualquier interpretación que invoque la homofobia como motivo de tales asimetrías se inscribe en el catálogo de las obviedades.
IV. Que alguna/o de las o los convivientes haya actuado dolosamente. La mala fe es una posibilidad siempre presente en cualquier acto jurídico y las sociedades de convivencia no son la excepción. Desde luego, es un acierto prever esta hipótesis, pero no se señala un procedimiento específico a seguir. Tendría que acudirse con el juez de primera instancia, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley.
V. Por defunción de alguno de las o los convivientes. Esta es una causa contundente, en el más literal de los sentidos.
Realmente la Ley de Sociedad de Convivencia refleja muy poco avance en materia de derechos humanos de las lesbianas y los homosexuales. El único aspecto concreto que merece subrayarse es el relativo a los derechos sucesorios. Los alimentos y la tutela son actividades que durante decenios se han realizado sin necesidad de un mandato legal. Quedan aún grandes lagunas que reclaman atención.
La Ley de Sociedad de Convivencia tiene carácter local, lo que significa que sólo es aplicable en el Distrito Federal. De las 31 entidades restantes, únicamente Coahuila ha introducido reformas legislativas relativas en su Código Civil. En 2007, se incorporó el Título Primero bis, denominado "Del pacto civil de solidaridad", que en términos generales reproduce el sentido de las sociedades de convivencia. Se trata de un contrato entre dos personas mayores de edad, de igual o diferente sexo, para brindarse ayuda mutua en aras de un interés común. Hay que señalar, además, las virtudes y los defectos de ese pacto civil. Por un lado, se menciona expresamente el derecho de los y de las compañeros/as civiles a elaborar disposiciones testamentarias, de pensiones o de otras prestaciones sociales. El beneficio no se produce de manera automática; se requiere un señalamiento previo que, por lo menos en el caso de las disposiciones testamentarias, ya existía. Puede formularse sin necesidad de celebrar antes un pacto de convivencia.
Por otra parte, el código de Coahuila prohíbe claramente que la pareja realice adopciones e, incluso, que comparta la guarda y custodia de un/a menor. Ello significa que el prejuicio que hace veinte años empezaba a anidarse en las mentalidades de jueces y agentes del Ministerio Público, y que se pensaba que se iría diluyendo, acabó por incrustarse en la legislación.
El viaje sigue siendo largo. Sin duda hay avances, pero no queda claro que sean proporcionales a la energía invertida. Es incuantificable la pólvora que se ha invertido en infiernillos legales.
A MODO DE CONCLUSIÓN: ¡DERECHOS IGUALES A LOS HOMOSEXUALES!
La demanda de obtener derechos iguales, formulada por el movimiento gay desde sus inicios hace más de tres décadas sigue siendo, hoy en día, una meta por alcanzar. Se han realizado numerosas marchas; se ha conseguido una notoria visibilidad para las sexualidades homoeróticas, que aun siendo minoritarias cada vez tienen un mayor reconocimiento en el imaginario social y en la cultura. Las marchas, desde hace algunos años denominadas LGBTT (lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero), son ahora auténticas fiestas, donde impera la alegría, el júbilo y variadas formas de comportamiento libre y desinhibido. Paralelamente, existe cada vez un mayor margen de aceptación social de la condición homosexual. Algo que puede apreciarse en la apertura de algunas figuras públicas del medio artístico, del deportivo, e incluso del político, así como en la libertad que hoy existe en las formas de vestir, caminar o hablar y, en síntesis, en que ahora la homosexualidad se vive de otra manera. Los jóvenes gays y las jóvenes lesbianas pueden asumir esta parte de su identidad sin los conflictos y temores que marcaban la salida del clóset hace algunas décadas.
Sin embargo, en materia de derechos legales los avances no han seguido el mismo ritmo de la transformación social. A lo largo de este artículo, por ejemplo, hemos visto diversos aspectos de la legislación que contienen preceptos discriminatorios:
a) En materia penal, la agravante del delito de corrupción de menores que aludía a las prácticas homosexuales se eliminó en el Código Penal del Distrito Federal hasta 2002. Otras entidades han hecho lo propio, eliminando las cuatro primeras letras y dejando la condena a la sexualidad de una manera más amplia. En otros estados -por ejemplo, Nuevo León- se habla de "trastornos sexuales" y otros más -por ejemplo, Campeche o Chihuahua- siguen mencionando la homosexualidad.
b) En materia de seguridad social, las leyes del ISSSTE y del IMSS continúan siendo omisas en relación con las parejas gay.
c) En materia familiar permanecen las dificultades para conservar la guarda y custodia de los menores. En Coahuila, el triunfo aparente del pacto civil trajo consigo la prohibición expresa de adoptar y de compartir la custodia.
Finalmente, en relación con las sucesiones, el Decreto de Ley de Sociedad de Convivencia abrió la puerta a la sucesión legítima. Aun si el difunto/a no dejó testamento, el o la compañera puede heredar si la sociedad fue registrada. Este es el único logro concreto. Parece una ironía que ese triunfo aislado esté signado por la muerte.
La igualdad jurídica es un imperativo de los derechos humanos. Al igual que otras formas de discriminación, la homofobia tiene múltiples manifestaciones que suelen estar naturalizadas. La cultura patriarcal las invisibiliza, minimiza o encubre. Por ello, la in-equidad en el reconocimiento de ciertos derechos -como las prestaciones laborales, las pensiones por muerte en accidente de trabajo, los beneficios de la seguridad social- ni siquiera se advierte como tal. En un Estado de derecho es fundamental no sólo el reconocimiento de tales derechos sino la creación de mecanismos de garantía y de exigibilidad. El movimiento lésbico-gay, las organizaciones feministas, los grupos de defensa de los derechos humanos, entre otros actores directamente implicados, tendrían que elaborar una agenda puntual para reclamar reformas legislativas precisas. La Ley de Sociedad de Convivencia es un primer paso, fundamentalmente para la visibilidad de las uniones homosexuales; ahora se requieren acciones más precisas para modificar otros ordenamientos legales: leyes laborales, civiles, familiares. A este proceso de armonización legislativa deben sumarse acciones sindicales que cristalicen en la incorporación, en los reglamentos internos y en los contratos colectivos de trabajo, de prestaciones iguales para todas las parejas. Sólo de esta manera podrán sentarse las bases de una cultura de auténtico respeto a los derechos humanos.
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