Source: https://es.scribd.com/doc/60031948/Ensayo-Accion-de-Inconstitucionalidad-Revocacion-de-Mandato
Timestamp: 2016-05-05 03:54:38
Document Index: 256158471

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 27', 'artículo 133', 'artículo 109', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 57', 'artículo 387', 'artículo 115', 'artículo 105', 'artículo 124', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 115']

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³Acción de Inconstitucionalidad Revocación de Mandato´
INTRODUCCIÓN En este ensayo se analiza la resolución recaída a la acción de inconstitucionalidad en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deja sin efectos la figura de la Revocación de Mandato establecida por la legislatura del Estado de Chihuahua, y el cómo afecto al desarrollo de la democracia participativa y directa. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO La Constitución Política del Estado de Chihuahua, contempla desde el año de 1997, en su artículo 21, como uno de los derechos de los Ciudadanos (principio constitucional), el de participar en los procesos de revocación de mandato, derecho que se reglamento al reformar en el año de 2009 el artículo 27, (regla) del mismo ordenamiento legal, en al establecer a quien se le puede revocar el mandato y los requisitos para hacerlo, también esta Constitución en el párrafo cuarto del artículo 37, da competencia al Tribunal Estatal Electoral para resolver en forma definitiva e inatacable entre otras cosas sobre la revocación de mandato, esta figura se reglamenta en los artículos 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, los artículos Constitucionales dada su trascendencia se transcriben a continuación:
³ARTICULO 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses: I. Votar en las elecciones populares del Estado, así como participar en los procesos plebiscitarios, de referéndum y de revocación de mandato; [Fracción reformada mediante Decreto 603-97 II D.P. publicado en el P.O.E. No. 71 del 3 de septiembre de 1997] II a la VI.- («) ARTÍCULO 27. La Soberanía del Estado, reside originariamente en el pueblo, y en nombre de éste la ejercen los Poderes establecidos en esta Constitución. («) Es revocable el mandato de los servidores públicos electos mediante el voto. La solicitud de revocación del mandato deberá ser suscrita cuando menos por el 10% de los ciudadanos del Estado, municipio o distrito, según sea el caso y podrá presentarse una vez transcurrido una tercera parte del período para el cual fue electo el funcionario, para estos efectos quedan comprendidos en la categoría de servidores públicos revocables de mandato, el Gobernador, los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos. La ley establecerá las bases y procedimientos para la revocación, así como los medios de impugnación. [Artículo reformado mediante Decreto No. 577-08 I P.O. publicado en el P.O.E. No. 12 del 11 de febrero de 2009] ARTICULO 37. («) Corresponde al Tribunal Estatal Electoral resolver en forma definitiva e inatacable. Las impugnaciones que se presenten en materia electoral, de referéndum, plebiscito y revocación de mandato, así como las que se interpongan contra las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y de asignación. («)´
Sin embargo en una lamentable y retrograda resolución dictada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, se atenta en contra de la Democracia, el Federalismo y de la autonomía de los municipios, al determinar la inaplicación de los artículos 27 y 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como la invalidez de los artículos 386 a 390 la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, eliminado con ello la figura de la ³Revocación de Mandato´ en nuestro estado, tal y como se puede observar en el resolutivo CUARTO y QUINTO de la referida resolución, los cuales a letra dicen:
³CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 14, 96, fracción XXXIII, en la porción normativa que indica ³previa autorización del Congreso del Estado´, 143 párrafo segundo, en la porción normativa que indica, ³las
tendientes a incentivar el pago de impuestos, las de promoción turística, las relativas a licitaciones públicas, o las de beneficencia´, 210, numerales 15 y 16 y 386 a 390 de la Ley Electoral mencionada, en las porciones normativas precisadas y en los términos de los considerandos décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto de esta ejecutoria. QUINTO. En consecuencia y en atención a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se determina la inaplicación de los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua: 27, párrafo último, que indica ³Es revocable el mandato de los servidores públicos electos mediante el voto. La solicitud de revocación del mandado deberá se suscrita cuando menos por el 10% de los ciudadanos del Estado, municipio o distrito, según sea el caso y podrá presentarse una vez transcurrido una tercera parte del período para el cual fue electo el funcionario, para estos efectos quedan comprendidos en la categoría de servidores públicos revocables de mandato, el Gobernador, los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos. La ley establecerá las bases y procedimientos para la revocación, así como los medios de impugnación´; 37, párrafo cuarto en la porción normativa que indica ³revocación de mandado´; y 40, párrafos tercero, en la porción normativa que indica ³Ningún partido político podrá contar con más de 20 diputados por ambos principios´; y párrafo último, que señala ³la aprobación de la delimitación de los distritos electorales uninominales se hará mediante votación, de por lo menos las dos terceras partes de los diputados presentes.´
En la resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, los promoventes fueron los Diputados Integrantes de la Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, Partido del Trabajo y Procurador General de la Republica, la misma puede ser consultada en la siguiente URL: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/.../168inconst_29ene10.doc, de la que podemos observar que los conceptos de inconformidad vertidos por el Procurador General de la Republica son totalmente erróneos y mas desertada es la resolución de la Corte pues le concede la razón atentando en contra de la Soberanía del Estado de Chihuahua al eliminar un mecanismo de democracia participativa y directa, como lo es la revocación de mandato. Cabe aclarar que quien expresa agravios en contra de la revocación de mandato es el Procurador General de la Republica, el cual considero aun y cuando está facultado para promover una acción de inconstitucionalidad, invade esferas de competencia al entrometerse en los actos legislativos del estado de Chihuahua, pues a mi punto de vista los artículos que regulan la revocación de mandato esta apegados a derecho y no contrarían a la Constitución Federal, punto que ahondare en las conclusiones de este ensayo, los conceptos de invalidez argüidos son al tenor de lo siguiente:
³Tercer concepto de invalidez. Los artículos 386 a 390, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua son inconstitucionales, en tanto que contrarían lo dispuesto en los artículos 14, 109 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen la revocación del mandato popular, a efecto de destituir a los servidores públicos electos mediante el voto, que incurran en algunas de las causas de responsabilidad política previstas en la legislación correspondiente, todo ello sin la debida observancia a la garantía de audiencia; esto es, se establece la figura de la revocación de mandato popular, misma que será solicitada a petición de la ciudadanía al manifestar su voluntad por escrito ante el Instituto Estatal Electoral, con un porcentaje del diez por ciento de la población del Estado, municipio o distrito, según sea el caso, para el efecto de destituir del cargo al servidor público electo mediante el voto que haya incurrido en alguna o algunas de las causas de responsabilidad política previstas tratándose del Gobernador y de los diputados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua, y tratándose de presidentes, síndicos y regidores municipales, en el Código Municipal de la Entidad. Además de que dichos preceptos establecen un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional, puesto que el artículo 109 de la Carta Magna sólo contempla tres, a saber: la administrativa, la penal y la política, lo que implica que con la figura introducida por el legislador local se contempla la hipótesis para que un servidor público sea sancionado por la misma conducta, a través de dos procedimientos distintos, puesto que procede la revocación del mandato por las mismas causas que para el juicio político.
Asimismo aduce que la norma impugnada violenta flagrantemente el artículo 115 constitucional, puesto que pretende que por consulta pública, la ciudadanía revoque el mandato de las autoridades municipales, cuando esa norma constitucional prevé que ello solamente lo puede llevar a cabo la legislatura local, es decir, del artículo 115 de la Carta Magna se advierte claramente que el único ente constitucionalmente facultado para revocar el mandato de un miembro del cabildo, es precisamente el Congreso local, por las causas que al efecto se determinen, y siempre que se conceda al miembro la garantía de audiencia y debido proceso.´
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Resuelve, a mi parecer de una manera burda y totalmente contraria a derecho, pues interpreta erróneamente los artículos 109 y 115 Constitucionales, además de aplicar incorrectamente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y Código Municipal en relación con tales preceptos constitucionales, pues la revocación de mandato contemplada en el artículo 115 de la Constitución Federal, refiere a una revocación de mandato hecha por las Legislaturas de los Estados, y no por los ciudadanos quien es a los que les corresponde el ejercicio de este medio de participación ciudadana, además atendiendo al pacto federal a quien le corresponde legislar en materia de derechos políticos es a las Entidades federativas, ya que estas facultades no están concedidas a los órganos de la federación, entendiéndose por tanto reservadas a los estados, a continuación se transcribe la parte conducente de la resolución en comento:
³DECIMO SEXTO. Revocación del mandato popular. Finalmente, también es parcialmente fundado el concepto de invalidez en el que el Procurador General de la República señala que deben declararse inconstitucionales los artículos 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, porque contemplan la figura de la revocación del mandato popular, en términos que resultan violatorios de los artículos 14, 109 y 115 de la Constitución Federal. Como se apuntó, los artículos transcritos prevén entre otras cuestiones, la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante voto; los requisitos que debe tener la solicitud respectiva, la cual se tramitará ante el Instituto Electoral de la Entidad; que en relación con la causa o causas por virtud de las cuales se inicia el proceso de revocación, en el caso de Gobernador y diputados, se debe estar a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua para la procedencia del juicio político, y al Código Municipal de la misma Entidad, tratándose de presidentes municipales, síndicos y regidores; así como la forma en que se llevará a cabo la consulta y los efectos que tendrá la misma. De los ordenamientos que a su vez se mencionan en las disposiciones de los artículos 6, 7 y 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y 57 del Código Municipal de la misma Entidad, se prevén las causas para la procedencia del juicio político y para la revocación a que se refiere el artículo 115 constitucional. Ahora bien, el accionante en el concepto de invalidez afirma que las disposiciones combatidas violan el artículo 109 de la Constitución Federal, el cual establece las bases a las que deberán ajustarse el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, al expedir las leyes sobre responsabilidades de los servidores públicos, deslindando las diversas clases que de la misma se permiten, esto es, las de carácter político, penales y administrativas, las cuales según ordena la propia disposición, se sustancian a través de procedimientos autónomos y previendo sanciones de diversa naturaleza, así como que se distinguen por los órganos que las harán efectivas. También es importante destacar de esa disposición la regla en el sentido de que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza, lo que no significa para que una conducta origine dos o más tipos de responsabilidades, es decir, se puede dar el caso de que una misma conducta provoque la aplicación tanto de una sanción penal, como de una administrativa. Como ya se anunció, de conformidad con los preceptos que integran el Título Cuarto de la Constitución Federal, esto es, los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114, se obtiene que existen tres tipos de responsabilidad en las que pueden incurrir los funcionarios o servidores públicos; dichas responsabilidades, a saber, son las siguientes: La responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad política, y la responsabilidad civil Con base en lo expuesto se determina que las disposiciones combatidas son violatorias de la Constitución Federal, ya que prevén la revocación del mandato cuando la propia Carta Magna prevé otros medios para establecer
responsabilidades de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. En efecto, de acuerdo con lo razonado en los párrafos que anteceden, se tiene que la Constitución General de la República sólo prevé la responsabilidad civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de mandato popular a que aluden las disposiciones combatidas, lo que implica que las disposiciones combatidas establecen un nuevo sistema de responsabilidad que no tiene sustento constitucional; es decir, las normas reclamadas introducen la revocación del mandato de los funcionarios públicos electos mediante el voto, a través de un procedimiento en el que los ciudadanos del Estado manifiestan su voluntad de destituirlos del cargo, empero, el legislador local no advirtió que si bien la Constitución Federal prevé la figura de la destitución, también lo es que sólo autoriza su aplicación a través de los medios que la propia Carta Magna prevé, ya que de la lectura integral al Título Cuarto de la Constitución Federal, del que forma parte el artículo 109, se advierte que el sistema determinado por el Constituyente Permanente en materia de responsabilidades de los servidores públicos es claro en precisar cuatro vertientes de responsabilidad, la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se advierta la posibilidad de contemplar una figura diversa, de ahí la inconstitucionalidad del sistema que contempla la Ley Electoral combatida. Asimismo, es importante resaltar que la consecuencia que en su caso persiguen las normas impugnadas, que es la de la destitución de los servidores electos mediante el voto, se puede obtener a través de los tipos de responsabilidad aludidos y por las mismas causas, que la propia legislación estatal regula; esto es, los artículos reclamados concretamente el numeral 387, señalan que para la revocación de Gobernador y diputados se deberán invocar como causa o causas por las que se puede iniciar el proceso de revocación, las contempladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, para la procedencia del juicio político, ordenamiento que a su vez, en sus artículos 6 y 7 regula los actos u omisiones de los servidores públicos que redundan en perjuicio de los intereses públicos y, por su parte, el diverso 11 prevé que si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se aplicarán entre otras sanciones la de destitución del servidor público, lo que significa que las normas combatidas prevén un nuevo procedimiento de responsabilidad que finalmente descansa en las mismas causas que dan lugar al juicio político y a la misma sanción, es decir, a la destitución del funcionario electo mediante voto, lo que confirma la inconstitucionalidad que se aduce, pues se está ante una figura que no tiene sustento en la Constitución Federal y cuyo objetivo final, que es el de la destitución, se puede obtener mediante el diverso procedimiento denominado juicio político, tan es así, que se insiste, el legislador local en las normas combatidas, para el inicio del procedimiento de revocación remite a las causas que dan lugar al juicio político, el cual a su vez se sanciona con la destitución. Por ende, si bien la pretensión del legislador fue la de crear un instrumento de democracia participativa por el que se pudiera remover a servidores públicos electos popularmente porque su desempeño no ha sido satisfactorio, también lo es que no tomó en cuenta que ese objetivo se puede obtener sólo mediante los procedimientos fijó el Constituyente Permanente en el Título Cuarto de la Constitución Federal, que a su vez se regulan en la legislación de la Entidad, en el caso, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Chihuahua, de ahí la inconstitucionalidad de la figura que ahora se analiza. Lo mismo ocurre en relación con la revocación de mandato de los presidentes municipales, síndicos y regidores, pues la revocación de mandato de éstos se deberá llevar a cabo en términos de lo previsto en el artículo 115 constitucional. En efecto, el párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal prevé que las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y alegatos que a su juicio convengan. A su vez, el artículo 57 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, enumera los supuestos en que podrán ser suspendidos definitivamente, los miembros de los ayuntamientos, precisando que en estos casos, se aplicará en lo conducente, lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. Por su parte, el artículo 387 de las disposiciones impugnadas ordena que para iniciar el proceso de revocación de presidentes municipales, síndicos y regidores, se deberá estar a la causa o causas contenidas en el Código Municipal de la Entidad.
De lo descrito se evidencia la inconstitucionalidad de la normativa impugnada, toda vez que el artículo 115 constitucional que permite la revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento, es claro en establecer que para ello se deberá estar a la ley local, por lo que si en el caso, es el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el que ya regula la figura de la revocación tratándose de los integrantes de los ayuntamiento, resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante voto. En consecuencia, debe declararse la invalidez de las normas legales impugnadas, saber, de los artículos 386, 387, 388, 389 y 390, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en cuanto prevén la figura de la revocación del mandato popular.´
CONCLUSIONES Considero que la acción de inconstitucionalidad debió ser declarada improcedente o bien creo que la Legislatura del Estado de Chihuahua pudo haber presentado una controversia constitucional por la intromisión de la federación a través del Procurador General de la Republica, en los actos legislativos del Estado de Chihuahua, o se pudo haber hecho valer algún medio de inconformidad para que llegara a la corte interamericana. De acuerdo al artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Acción de Inconstitucionalidad procede cuando se considera que una norma general (ley o tratado internacional), no respeta lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar que la Constitución Federal sea cumplida. En la resolución se comete un error al declarar la inaplicación de la figura de la Revocación de mandato, pues a mi punto de vista lo dispuesto por los artículos 27 y 37 de la Constitución de Chihuahua, y los artículos 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua es acorde a lo establecido en la Constitución Federal, en virtud de los siguientes argumentos: De acuerdo al pacto federal contenido en el artículo 124 constitucional, todas las facultades que no le están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados, ahora bien si en los artículos 73, al 77, de la constitución no se les concede la facultad de legislar en materia de mecanismos de representación ciudadana, esta facultad se entiende reservada a los estados, por tanto es incorrecto que mediante una acción de inconstitucionalidad deje sin efectos esta figura de democracia directa, pues la Suprema Corte está avalando el estableciendo un estado autoritario. Atendiendo a lo anterior podemos decir que la facultad de legislar en materia correspondía a la Legislatura del Estado de Chihuahua en uso de su soberanía, y por tanto no es contraria a la constitución, sin embargo la Suprema Corte hace una incorrecta interpretación de algunos preceptos Constitucionales. La pretensión del legislador de Chihuahua fue la de crear un instrumento de democracia participativa por el que se pudiera remover a servidores públicos electos popularmente porque su desempeño no ha sido satisfactorio, sin que este sea contrario a los procedimientos fijados por el Constituyente Permanente en el Título Cuarto de la Constitución Federal, regulados en la legislación de la Entidad, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Chihuahua. Así pues si la revocación de mandato es definida por la propia Corte: como un procedimiento mediante el cual la comunidad electoral, o una parte significativa de ella, puede promover la destitución de los representantes electos antes de que concluyan su periodo, a través de comicios especiales donde se les confirme o destituya. Es evidente que la propia corte incurre en un error al considerar que este es un nuevo medio de responsabilidad, el cual no puede considerarse como tal pues revocación de mandato no es una sanción, si no la manifestación de la voluntad soberana del pueblo por considerar que el mandatario publico ha incumplido con su deber que le encomendaron mediante el voto, en cuanto que la responsabilidades a que refiere la Constitución federal son de orden civil, penal, administrativa y la política, pero no contempla la figura de la revocación de mandato por tanto no puede considerarse esta una sanción pues la misma emana de la voluntad del
pueblo en tanto que las otras las aplica una autoridad como consecuencia de una conducta que es punible, a mi puto de vista la revocación de mandato no es una sanción si no un medio de democracia de participación directa. Y si Corte en su resolución nos dice que no se contempla en la Constitución la figura de la revocación de mandato, ¿Cómo pueden los artículos de la Constitución de Chihuahua ir en contra de una figura que la constitución no regula? Me resulta ilógico el cómo nuestro supremo órgano de impartición de justicia frene el establecimiento de nuevas figuras de participación ciudadana mediante la violación flagrante del pacto federal emitiendo sentencias con una fundamentación y motivación deficiente. Es una aberración que la corte resuelva que si el artículo 115 constitucional permite la revocación de mandato de los miembros del ayuntamiento y si lo regula el Código Municipal para el Estado de Chihuahua considera que con esto ya se regula la revocación de mandato tratándose de tratándose de los integrantes de los ayuntamiento y que por tanto resultaba innecesario introducir un nuevo procedimiento que finalmente tiene el mismo objetivo, a saber, la destitución del servidor público electo mediante voto, Sin embargo para tomar esta determinación no considero el hecho de que la Revocación de mandato a que refiere la Constitución de Chihuahua, es promovida por el pueblo es decir un mecanismo de democracia directa en la que tienen la oportunidad de destituir a los mandatarios que no cumplan con sus atribuciones, en tanto que la revocación de mandato a que refiere el artículo 115 de la Constitución Federal es una manifestación de un acto de un estado autoritario, en la que las Legislaturas de los Estados pueden revocar un mandato. Es evidente que las figuras antes citadas son totalmente diferentes pues debemos determinar que quien designa a los miembros del Ayuntamiento es el pueblo mediante el ejercicio de un sufragio, por tanto quien está legitimado para revocarles el mandato es el pueblo quien es su mandatario, resultando un acto ominoso el hecho de que una Legislatura que es un órgano de la Entidad Federativa, tenga injerencia en el municipio que es un nivel de gobierno autónomo, por ejemplo cuando se ha sabido que un juez revoque un mandato. Es inconcebible pues a quien le corresponde revocar un mandato es al mandatario, por lo que aquí encontramos que a quien le corresponde legítimamente revocar el mandato de sus gobernantes es al pueblo quien puede hacerlo de plano, en tanto que en la figura prevista por el artículo 115 Constitucional, violando el principio de autonomía de los municipios prevé que lo hacen las legislaturas de los Estados como origen de una infracción a las que refiere el Título Cuarto de la Constitución Federal, y más en especifico la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Chihuahua y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, otra diferencia entre esta dos figuras es lo antes mencionado pues mientras que una es consecuencia de la voluntad del pueblo la otra es consecuencia de una infracción hecha por otro órgano de gobierno. Entonces al ser diferentes estas figuras no podemos estar hablando de que existe contradicción entre la Constitución del Estado de Chihuahua y la Federal. Ahora bien atendiendo al pacto federal y a la soberanía de los estados para legislar en lo que no le este reservado a la federación, considero que el procurador general de la republica no tiene ni debe intervenir en las decisiones Legislativas de las Entidades Federativas pues violenta su Soberanía, y el órgano competente del estado de Chihuahua pudo haber planteado una controversia constitucional por considerar que la federación invadió su esfera de competencia atreves del procurador general de la republica Es lamentable encontrar este tipo de resoluciones en las que se limita el desarrollo de los medios de participación ciudadana, Chihuahua era el único estado que la contemplaba y ahora gracias a nuestros egregios Ministros ha quedado sin aplicación.
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Ensayo Accion de Inconstitucionalidad Revocacion de Mandato by paulmoriel438 viewsEmbedDownloadCategories: Types, School WorkRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less