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Timestamp: 2019-09-23 10:13:01
Document Index: 415252051

Matched Legal Cases: ['artículo 478', 'artículo 405', 'artículo 398', 'artículo 477', 'artículo 399', 'artículo 468']

Acuerdo y Sentencia 374/2003 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 374/03
Acuerdo y Sentencia Nº 1.453/03 - Expediente: "Sergio Darío Spezzini s/ Lesión culposa y otro".
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 374/03
EXPEDIENTE: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOG. WALTER MENDOZA ORUÉ EN LOS AUTOS: “SERGIO DARIO SPEZZINI ORUÉ S/ LESIÓN CULPOSA Y OTRO”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de marzo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, los Doctores WILDO RIENZI GALEANO, JERÓNIMO IRALA BURGOS y FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN interpuesto por el Abg. Walter Mendoza Orué en los autos: “SERGIO DARIO SPEZZINI ORUÉ s/ lesión culposa y otro”, a fin de resolver el recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 19 de junio de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala.
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: El abogado Walter Raúl Mendoza Orué, en representación de su defendido Sergio Darío Spezzini Orué, plantea Recurso Extraordinario de Casación (fs. 175/9) contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 26 de abril de 2002 y, el Acuerdo y Sentencia N° 23 (bis), de fecha 19 de junio de 2002, dictados por el Tribunal de Apelación en lo criminal, Cuarta Sala, Capital. En virtud de las referidas resoluciones, el citado órgano jurisdiccional resolvió: “Declarar la inadmisibilidad del Recurso interpuesto por el recurrente...” y “Hacer lugar, a la aclaratoria interpuesta por el Abogado Felipe R. Marecos Torres, contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 26 de abril de 2002, y en consecuencia, Imponer las costas procesales a la parte perdidosa”, respectivamente.
Fundamenta su planteamiento el recurrente, en lo dispuesto en el artículo 478 inciso 3° del Código Procesal Penal, y señala que los fallos atacados son notoria y manifiestamente infundados. Agrega además, que el voto en mayoría que sirvió de base a los Acuerdos recurridos por la presente vía, no se adecuan a las constancias del expediente, al no haberse considerado la fecha en que se dio íntegra lectura de la sentencia de primera instancia y se firmó el Acta del Juicio. Expresa también, que existe un gravísimo error de interpretación del artículo 405 del Código Procesal Penal, por lo que la opinión en mayoría de los Miembros del Tribunal de Alzada, carece de fundamento para sustentar una resolución judicial. Señala asimismo, que resulta contradictorio el criterio en mayoría expuesto, dado que, si bien la firma de la defensa aparece al pie del Acta de Juicio, esto se debió a que se presentó en fecha 28 de noviembre de 2001 a hacerlo, tal como lo dispuso el Presidente del Tribunal Unipersonal. Agrega, que mal puede computarse el plazo para la interposición del recurso desde la fecha del juicio, cuando que el acta aún no fue preparada íntegramente, y que fue leída recién en fecha 28 de noviembre de 2001. Apunta asimismo, que en el Juicio Oral solo se dio explicación de la sentencia y lectura parcial de la parte resolutiva, por lo que los fundamentos en toda su extensión solo pudieron ser conocidos cuando se dio íntegra lectura del Acta y se entregó a la defensa una copia del acta. Finaliza su presentación, solicitando se anulen los Acuerdos y Sentencia recurridos y que una composición distinta de miembros del Tribunal de Apelación, emita una nueva resolución (sic).
Al Recurso de Casación interpuesto se le dio el trámite de ley, según providencia de fecha 22 de julio de 2002 (fojas 181 y vlto.), corriéndose traslado a la querella por todo el plazo legal.
A fojas 182/5 de autos, obra la contestación del traslado, presentada por los abogados Felipe Marecos Torres y Egidio R. Jara, representantes convencionales del querellante autónomo Roberto Antonio Molas Torres. Señalan en su escrito, que los fundamentos de los agravios del recurrente carecen de verosimilitud, saltando a simple vista que la sentencia de primera instancia recurrida reúne todos y cada uno de los requisitos formales establecidos por el artículo 398 del Código Procesal Penal. Señalan asimismo, respecto al plazo dentro del cual debe ser interpuesto el Recurso de Apelación Especial de sentencia; que la Sentencia N° 09, de fecha 26 de noviembre de 2001, fue leída en su parte resolutiva en forma íntegra al final del Juicio Oral y Público. Agregan, además, que el acta con la misma fecha fue suscrita por las partes, según constancia obrante a fojas 130 de autos. Finalmente, solicitan se rechace la casación interpuesta por la defensa, con costas.
Definidos los argumentos expuestos por las partes intervinientes en la presente causa, seguidamente corresponde determinar si se hallan configurados los requisitos necesarios, de carácter previo y formal, para que esta Sala Penal pueda pronunciarse sobre el fondo de la impugnación. En otros términos, si el Recurso de Casación planteado es admisible.
En ese orden de ideas, se advierten los siguientes aspectos: a) existencia del derecho impugnaticio: La resolución recurrida es impugnable objetivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 477 del Código Procesal Penal, y el recurrente se halla debidamente legitimado para el efecto. Y b) concurrencia de los requisitos formales: la casación planteada, reúne las condiciones de interposición que debe revestir el recurso como acto procesal, y que hacen relación al modo, lugar y tiempo, determinados en los artículos 468 y 480 del Código Procesal Penal. En resumen: el Recurso de Casación interpuesto, reúne las condiciones de admisibilidad, que hacen viable el estudio del fondo de la impugnación.
El fundamento del Tribunal de Alzada, para declarar la inadmisibilidad del Recurso de Apelación Especial interpuesto por la defensa, por extemporáneo, es el siguiente (fs. 143/4): “la pretensión recursiva debe cumplir con otros supuestos, como a) presentación en tiempo apto; b) cumplimiento de los requisitos formales y c) ... La determinación del juzgador primario contra la cual se recurrió, data del 26 de noviembre de 2001 –S.D. N° 09- (fs. 121 al 124). De la misma se notificó el defensor técnico al pie del acta –fs. 130- deduciendo Apelación Especial en fecha 12 de diciembre del mismo año –fs. 134-. Es decir, a los 12 días hábiles a partir de la notificación. El plazo para interponer Recurso de Apelación Especial es de diez días, luego de notificada, por lo que la pretensión recursiva fue presentada extemporáneamente, circunstancia que torna innecesario el estudio de los puntos b) y c). ...”.
Examinadas las constancias del expediente principal, específicamente el Acta del Juicio Oral, se advierte que el Presidente del Tribunal Unipersonal dispuso que la lectura íntegra de la sentencia definitiva se verificaría en fecha 28 de noviembre, a las 12:00 horas, dos días después de llevarse a cabo el Juicio Oral y público (26 de noviembre de 2001). En efecto, a fojas 128 de autos, específicamente en el último párrafo del acta, se dejó constancia de cuanto sigue: “... el Presidente del Tribunal Unipersonal se constituye de nuevo en la sala de Juicios Orales siendo las trece horas, estando las partes presentes y procede a la explicación de la sentencia, quedando así la lectura íntegra de la resolución con la presencia de las partes para el día veinte y ocho de noviembre a las doce horas en este mismo local. Seguidamente se procede a la lectura parcial de la sentencia quedando establecida como sigue: ...”.
El artículo 399 del Código Procesal Penal, que legisla sobre la redacción y lectura de la Sentencia en el Juicio Oral y Público, establece claramente que: “La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la deliberación.... Excepcionalmente, cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora sea necesario diferir la redacción íntegra de la sentencia, en dicha oportunidad se redactará, firmará y leerá tan sólo su parte dispositiva y uno de los jueces relatará al público, sintéticamente, los fundamentos que motivaron la decisión; asimismo, anunciará día y hora de la audiencia para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el plazo máximo de los cinco días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia quedará notificada con la lectura integral y las partes recibirán copia de ella”.
A la luz de lo expuesto en el artículo trascripto precedentemente, resulta claro que el plazo para interponer el Recurso de Apelación Especial, se debe computar a partir del día siguiente de la lectura integral que se haga de la sentencia, que en el presente caso, debió calcularse a partir del día 29 de noviembre de 2001, y no a partir del día siguiente de la fecha del Acta de la audiencia oral y de la Sentencia Definitiva (26 de noviembre de 2001), como lo hiciera erróneamente el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala.
De esta manera, observada la fecha de interposición del Recurso de Apelación Especial (12 de diciembre de 2001, fs. 134), y efectuado el cómputo del plazo correspondiente, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, que se verificó –se reitera- con la lectura íntegra de la sentencia (28 de noviembre de 2001), se advierte que el Recurso de Apelación Especial interpuesto por la defensa, se ha verificado dentro del plazo legal, establecido en el artículo 468 del Código Procesal Penal, dentro de los diez días hábiles.
Calificada doctrina sostiene que, el presupuesto de una casación eficaz es, invariablemente, el poder reprocharle al Tribunal inferior una lesión de la Ley (Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, página 470), y una ley puede ser lesionada, cuando ella es aplicada erróneamente. En el presente caso, el Tribunal de Alzada, no aplicó las normas legales de orden procesal, conforme a un justo criterio de adecuación, siendo por consiguiente, una decisión arbitraria.
Analizada la presentación del recurrente, a la luz de la doctrina y las normas procesales aplicables, se puede afirmar sin temor a equívocos, que la decisión del Tribunal de Alzada es infundada, dado que las razones jurídicas que sustentan a la misma, fueron erróneamente interpretadas, configurándose de esta manera los presupuestos para la procedencia del Recurso Extraordinario de Casación.
De conformidad a lo expuesto precedentemente, y con sustento en los artículos 399, 468 y 478 inciso 3° del Código Procesal Penal, corresponde hacer lugar al Recurso de Casación planteado por el Abogado Walter Raúl Mendoza Orué contra el Acuerdo y Sentencia N° 23, de fecha 26 de abril de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala, Capital, y en consecuencia, la sentencia recurrida debe ser anulada, debiendo devolverse estos autos para que un nuevo Tribunal estudie el Recurso de Apelación Especial. En cuanto al Acuerdo y Sentencia N° 23 (bis), de fecha 19 de junio de 2002, debe señalarse que dicha resolución, al ser parte integrante del principal, dado que resuelve una cuestión accesoria respecto a la imposición de costas, sigue la misma suerte de la resolución a la cual se integra. Es mi Voto.
A su turno los Doctores IRALA BURGOS y RIENZI GALEANO, manifestaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante, Doctor PAREDES, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 374
Asunción, 18 de marzo de 2003.
HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto por el Abogado Walter Raúl Mendoza Orué contra el Acuerdo y Sentencia N° 23, de fecha 26 de abril de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Cuarta Sala, Capital, y en consecuencia, DEVOLVER estos autos a un nuevo Tribunal a fin de que se estudie el Recurso de Apelación Especial.