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Timestamp: 2017-09-22 15:25:04
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Sentencia A.N. de 16 de diciembre de 2013. Suspensión de acto de derivación de responsabilidad tributaria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.N. de 16 de diciembre de 2013
Suspensión de actos recurridos en vía económico administrativa. Procedencia: Solicitud de suspensión de acto de derivación de responsabilidad solidaria por sanciones. Naturaleza sancionadora del acto: Suspensión procedente.
Madrid, a dieciseis de diciembre de dos mil trece.
Visto el recurso contencioso administrativo número 441/2012, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido don Nazario, representado por la Procuradora doña María del Naranco Sevilla Iglesias, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 4 de octubre de 2012, R.G. 3854/12 por la cual declara inadmisible la petición de suspensión de la eficacia del acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 7 de junio de 2012 por el cual se declaraba a la recurrente responsable solidaria del pago de las deudas tributarias y sanciones impuestas a la entidad RECIPAL DE L'EBRE S.L. por importe de 972.855,78 € correspondientes a los Impuestos sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2007 a 2009 y sanciones; se ha personado la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado, sobre suspensión en procedimiento de devolución de cantidades. Siendo ponente el señor don JOSE LUIS LOPEZ-MUÑIZ GOÑI Presidente de esta Sección.
Primero.—Se interpuso recurso contencioso administrativo ante esta Sección en fecha 29 de octubre de 2012.
Admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo por medio de escrito presentado en fecha 20 de mayo de 2013, en el que después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente terminó suplicando que se dictase sentencia por la que se anule la resolución recurrida dictada por el TEAC en fecha 4 de octubre de 2012, la cual deberá ser sustituida por otra en la que admita a trámite la suspensión deducida contra la resolución de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT de 7 de julio de 2012, por la que se declara a don Nazario responsable solidario por duda de Recipal L'Ebre S.L., por los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido por importe de 972.855.78 €.
Segundo.—Presentada la demanda se dio traslado de la misma al Abogado del Estado, con entrega del expediente administrativo, para que la contestara y, formalizada dicha contestación, solicitó en el suplico que se desestimaran las pretensiones de la parte recurrente, y que se confirmaran los actos impugnados por ser conformes a Derecho.
Tercero.—Contestada la demanda, no se recibió a prueba el recurso; evacuándose por las partes sus escritos de conclusiones, y quedaron los autos conclusos para sentencia, señalándose para votación y fallo el 12 de diciembre de 2013, en el que, efectivamente, se votó y falló.
Primero.—La resolución recurrida es la del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 4 de octubre de 2012, R.G. 3854/12 por la cual declara inadmisible la petición de suspensión de la eficacia del acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 7 de junio de 2012 por el cual se declaraba a la recurrente responsable solidaria del pago de las deudas tributarias y sanciones impuestas a la entidad RECIPAL DE L'EBRE S.L. por importe de 972.855,78 € correspondientes a los Impuestos sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2007 a 2009 y sanciones.
En fecha 29 de junio de 2012, la parte actora, interpuso ante el TEAC reclamación económico administrativa contra la resolución de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ya referenciada.
Mediante escrito separado presentado en igual fecha, se solicitó la suspensión automática del acuerdo de declaración de responsabilidad dada la naturaleza sancionatoria del mismo tal y como tiene declarado la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2008, todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley 58/2003, razonando que debería procederse a la suspensión automática del acuerdo declarando la responsabilidad solidaria dada la naturaleza sancionatoria que tiene dicha declaración efectuada en base a lo dispuesto en el artículo 42.1.a) de la citada Ley General Tributaria, puesto que se basa en la colaboración para la comisión de una infracción tributaria, de conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sentencias de 26 de abril de 1990 y 27 de marzo de 2006.
La resolución impugnada, fundamenta la declaración de inadmisión de la petición en que la suspensión del TEAC ha de ajustarse a lo previsto en el artículo 46 del Reglamento aprobado por el R.D. 520/2005, y en que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2008, no ha sido reiterada por otras sentencia posteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6 del Código Civil, no puede entenderse que constituya doctrina jurisprudencia.
Por su parte del apartado 4 del citado artículo 46, se deduce que para la admisión a trámite de la suspensión regulada en dicho artículo, es requisito necesario que se alegue y se justifique de forma especial que la ejecución del acto impugnado ocasionaría perjuicios de imposible o difícil reparación, adjuntando los documentos y medios de prueba que así lo justifiquen. En el caso que nos ocupa, la reclamante pretende que se extienda el régimen de suspensión automática previsto para las sanciones tributarias a las liquidaciones objeto de declaración de responsabilidad invocando para ello lo dicho por el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de diciembre de 2008. En relación con la cuestión planteada debe señalarse que de acuerdo con lo expuesto en el fundamento de derecho anterior, el Tribunal solo puede otorgar la suspensión del acto impugnado en reclamación económico administrativa cuando de su ejecución se deriven perjuicios de difícil o imposible reparación o cuando se aprecie la existencia de error aritmético material o de hecho. Por tanto no habiéndose efectuado por la reclamante alegación alguna sobre los perjuicios de imposible o difícil reparación que de la ejecución del acto impugnado pudieran derivarse, procede declarar inadmisible la solicitud formulada a tenor de los establecido en el apartado 4 del artículo 46 anteriormente trascrito siendo además este un defecto u omisión no subsanable de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifestada en sus sentencias de 19 de mayo de 2011 y 18 de julio de 2011.
En su demanda la parte actora, insiste en su argumentación, y se apoya en otra sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de noviembre de 2010 y otra del Tribunal Constitucional 37/2012.
Por su parte el Abogado del Estado rebate los anteriores argumentos alegando la exigencia de prestación de garantía conforme determina el artículo 233 de la Ley 58/2003.
Segundo.—La suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa se encuentra regulada en el art. 233 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y en la Sección 4.ª ("Suspensión de la ejecución del acto impugnado en la vía económico- administrativa") del Capítulo I ("Disposiciones Generales") del Título IV ("Reclamaciones Económico- Administrativas"), del Reglamento general de desarrollo de la citada Ley (Real Decreto 520/2005).
Bajo la rúbrica de "Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa", el art. 233 de la Ley 58/2003, dispone:
«1. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que pudieran proceder, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley ».
«12. Reglamentariamente se regularán los requisitos, órganos competentes y procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión».
Y el Reglamento aprobado por Real Decreto 520/2005, dispone:
«Artículo 39. Supuestos de suspensión. 1. La mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se haya interpuesto previamente un recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa.
3. Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de reclamación, su ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.
«Artículo 46. Suspensión por el tribunal económico-administrativo. 1. El tribunal económico-administrativo que conozca de la reclamación contra el acto cuya suspensión se solicita será competente para tramitar y resolver las peticiones de suspensión con dispensa total o parcial de garantías que se fundamenten en perjuicios de difícil o imposible reparación, tanto para los supuestos de deuda tributaria o cantidad líquida como en aquellos otros supuestos de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida. También será competente para tramitar y resolver la petición de suspensión que se fundamente en error aritmético, material o de hecho....
Tercero.—Fijada la legislación de aplicación se hace necesario determinar los supuestos de hecho que darían lugar a la estimación o a la desestimación del recurso que nos ocupa.
Cuarto.—Conforme a lo establecido en el artículo 233.1 párrafo segundo, si la impugnación afectase a una sanción tributaria, la ejecución de la misma quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de esta Ley.
Por su parte el artículo 39.1 dice que la mera interposición de una reclamación económico-administrativa no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que se haya interpuesto previamente un recurso de reposición en el que se haya acordado la suspensión con aportación de garantías cuyos efectos alcancen a la vía económico-administrativa.
Pero en su número 3, se establece una excepción: Tratándose de sanciones que hayan sido objeto de reclamación, su ejecución quedará automáticamente suspendida en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que sean firmes en vía administrativa.
Por tanto se hace necesario determinar si la declaración de responsabilidad solidaria basada en el supuesto prevenido en el artículo 42.1.a) de a Ley 58/2003, tiene una naturaleza sancionadora o no.
La parte actora así lo sostiene, en tanto que el Abogado del Estado se opone a tal precisión.
A la vista de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2008, y la del Tribunal Constitucional en Pleno de 26 de abril de 1990, n.º 76/90, debe llegarse a la conclusión que goza de tal naturaleza sancionadora, no obstante los criterios mantenidos hasta el momento por esta Sección en supuestos semejantes.
Así la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de diciembre de 2008, dice:, "dado que el Tribunal Constitucional establece un paralelismo claro entre los artículos 38, (actual 42.1.a) y 77.1 de la LGT , hay que reconocer que vino a admitir que la responsabilidad tenía una finalidad sancionadora."
"Esta doctrina ha sido respaldada con respecto a la responsabilidad tributaria de los administradores por las sanciones impuestas a la sociedad en la sentencia 85/2006, de 27 de marzo , al reconocer que la responsabilidad del antiguo art. 40 de la LGT de 1963 , deriva no de actos de otros, sino de un comportamiento propio, al no haber realizado como administradores de la sociedad los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas por la entidad, haber consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependían o haber adoptado los acuerdos que hicieron posibles tales infracciones, por lo que necesariamente hay que partir de la naturaleza sancionadora del supuesto que ahora examinamos, y que defendió el Informe 2001 sobre la Ley General Tributaria, al sugerir la eliminación de la regulación del art. 38 para llevarla al ámbito de la responsabilidad por infracción tributaria, aunque la opción final del legislador de 2003 haya sido dejar la regulación sustantiva al párrafo a) del art. 42.1, pero recogiendo, en el capítulo dedicado a infracciones y sanciones, en concreto, en su art. 182.1 , la responsabilidad solidaria de las sanciones."
"Podría argumentarse que esta última sentencia no resulta decisiva, porque el supuesto de hecho estaba referido exclusivamente a la derivación a los administradores de las sanciones correspondientes a las personas jurídicas, y porque como en el supuesto del art. 38.1 la responsabilidad se extiende también a la cuota que correspondía al obligado principal."
"Sin embargo debemos reconocer que la derivación de la cuota al responsable, con independencia del régimen aplicable a la derivación de la sanción, cumple una mera función indemnizatoria del daño producido por el comportamiento imputable al responsable, por lo que en estos casos hay que reconocer que lo que prima es la naturaleza sancionadora de la responsabilidad exigida."
"En efecto, en el marco del antiguo art. 38 se producían dos consecuencias, por un lado, se trasladaba al responsable la obligación de responder por la sanción, que era lo fundamental y, por otro, se imponía al responsable la obligación de hacer frente a los daños causados por su acción antijurídica, que era la consecuencia de la infracción."
"Si todo ello es así, no cabe diferenciar a efectos de suspensión, como hizo el Tribunal Central y confirma la Sala entre sanción y cuota, ya que ambos conceptos deben seguir la misma suerte, pues si se declara que el responsable no puede ser merecedor de la sanción en estos casos la consecuencia inmediata debe ser la imposibilidad de exigir la cuota al mismo."
Quinto.—Determinada así la naturaleza sancionadora de la declaración de responsabilidad, solidaria, en nuestro caso, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 233.1 párrafo segundo, de la Ley 58/2003 y por el artículo 39.1 del R.D. 520/2005.
La resolución de fecha 7 de junio de 2012 que declara la responsabilidad solidaria del hoy actor, declara que "acreditada la participación directa y/o la colaboración activa de don Nazario, en la comisión de las infracciones tributarias anteriormente indicadas,..."
Continúa la resolución diciendo que "Por su parte el artículo 41.3 de la Ley 58/2003, establece que la responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda tributaria exigida en período voluntario al deudor principal, sin perjuicio de que, si el responsable no efectúa el pago en período voluntario se exigirán los recargos e intereses que procedan..."
Termina declarando "la responsabilidad solidaria (del hoy actor), de las deudas y sanciones tributarias de Recipal L'Ebre S.L., como causante o colaborador en la comisión de las correspondientes infracciones tributarias..."
Por tanto, al derivarse en la responsabilidad solidaria del supuesto prevenido en el artículo 42.1.a) de la Ley 58/2003, la infracción tributaria se ha cometido por el recurrente o se ha colaborado a su comisión, por ello, el importe de la sanción se le deriva por haber causado o colaborado activamente en la realización de una infracción tributaria, y el importe de la cuota, de la que también responsable de forma solidaria goza de la naturaleza de la indemnización por el daños cometidos a la Hacienda Pública.
Por ello, es de aplicación lo dispuesto en los artículos indicados, y la petición de suspensión de la eficacia del acto declarando la responsabilidad solidaria, tanto respecto del importe de la sanción, como del importe de la cuota derivadas, conllevará sin más la suspensión de su eficacia, pues nos hallamos en vía económica administrativa, y la suspensión no se basa en los daños o perjuicios irreparables que puedan derivarse de la inmediata ejecución del acuerdo, si no del hecho de solicitarse la suspensión de una sanción lo que conlleva la suspensión automática de su eficacia, artículos 233.1 y 39 ya referenciadas.
Por todo ello, procede estimar en todas sus partes el recurso, sin que proceda la imposición de costas a la Administración demandada, al existir verdaderas dudas de naturaleza jurídica en la interpretación y aplicación de las normas aplicables al caso concreto, en base a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/98 según la redacción dada por la Ley 37/2011.
Que debemos estimar y estimamos el presente recurso número a que se contrae la demanda, por ser la misma contraria a Derecho, por lo que se anula y deja sin efecto, 441/2012, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido don Nazario, representado por la Procuradora doña María del Naranco Sevilla Iglesias, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 4 de octubre de 2012, R.G. 3854/12 por la cual declara inadmisible la petición de suspensión de la eficacia del acuerdo del Jefe de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 7 de junio de 2012 por el cual se declaraba a la recurrente responsable solidaria del pago de las deudas tributarias y sanciones impuestas a la entidad RECIPAL DE L'EBRE S.L., a que la demanda se refiere, y en consecuencia, se acuerda:
1.- Se anula la resolución objeto de este recurso por ser contraria al ordenamiento jurídico.
2.- Procede se admita a a trámite la suspensión deducida contra la resolución de la Delegación Especial de Cataluña de la AEAT de 7 de julio de 2012, por la que se declara a don Nazario responsable solidario por las deudas tributarias de Recipal L'Ebre S.L., por los Impuestos sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido por importe de 972.855.78 €.
3.- No se hace expresa imposición en cuanto al pago de as costas causadas en esta instancia.
4.- Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles la indicación que contra la misma puede prepararse recurso de casación ante esta Sección, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su notificación y para ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Previamente deberá constituirse un depósito por importe de 50 euros que ingresará en la cuenta de esta Sección 7.ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, abierta en BANESTO número 2856 0000 24, e indicando en los siguientes dígitos el número y año del presente procedimiento. Se aportará el correspondiente resguardo en el momento de su preparación de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial. Una vez firme devuélvase el expediente al órgano de procedencia con testimonio de la misma.