Source: https://www.scribd.com/document/133314705/Sala-Constitucional
Timestamp: 2018-12-19 10:54:05
Document Index: 81912948

Matched Legal Cases: ['artículo 445', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 254', 'artículo 60', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 309', 'artículo 26', 'artículo 257', 'artículo 585', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 340', 'artículo 18', 'artículo 26', 'artículo 257', 'artículo 49', 'artículo 355', 'artículo 444', 'artículo 136', 'artículo 336', 'artículo 136', 'artículo 336', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 335', 'artículo 49', 'artículo 18', 'artículo 49', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 60', 'artículo 32', 'artículo 29', 'artículo 35', 'artículo 189', 'artículo 429', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 27', 'artículo 336', 'artículo 27', 'artículo 336', 'artículo 48', 'artículo 27']

En fecha 17 de enero de 2000, los abogados José Amado Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio, titulares de las cédulas de identidad N°s. 3.186.321 y 634.707, respectivamente, actuando en su propio nombre y asistidos por los abogados Henrique Meier Echeverría y Efren José Cisneros Marcano, titulares de las cédulas de identidad N°s. 2.936.805 y 2.093.688 y, los ciudadanos José Luis Lobon López y José Luis Lobon Azcona, titulares de las cédulas de identidad N°s. 1.733.000 y 4.765.644, asistidos por los abogados José Amando Mejía Betancourt, José Sánchez Villavicencio, Henrique Meier Echeverría y Efren José Cisneros Marcano, antes identificados, interpusieron acción de amparo constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Constitución, y 2 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en contra de “los actos lesivos contenidos en: Primero: El acto dictado por el Fiscal Trigésimo Séptimo …(omissis)… de fecha 3 de diciembre de 1999, contentivo de una Acusación contra los accionantes y agraviados… Segundo: el acto dictado por el titular del Juzgado de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas…. de fecha 12 de enero del año 2000, contentivo de un pronunciamiento donde se admite totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público…”, por medio de los cuales se ordenó la apertura de un juicio en contra de los accionantes por la comisión del delito de uso de documento falso en grado de continuidad, respecto a José Luis Lobon López y José Luis Lobon Azcona y, como cómplices necesarios en la comisión de dicho delito en grado de continuidad a los ciudadanos José Amando Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio, “siendo que los hechos que el Ministerio Público y el Juez Penal califican como hechos punibles, fueron realizados por los accionantes y agraviados dentro de un proceso civil y autorizados debidamente mediante auto expreso por el juez de la causa civil”.
Que mediante diligencia de fecha 5 de junio de 1995, la parte agraviada consignó en el expediente la certificación de un acto de la Junta Directiva de la empresa Belfort Glass C.A. mediante la cual se autorizaba al ciudadano Roberto Di Campli para que en su carácter de Vice-Presidente de tal empresa, suscribiera el aval para garantizar el pagaré.
Señalan los apoderados actores que es en torno a tal documento que ha surgido la mayor controversia en el curso del proceso civil, ya que los representantes de la
Indican los apoderados actores que. las entrevistas sostenidas con esa misma persona y la prueba documental que le fuera consignada conjuntamente con la denuncia…”. por lo cual la admitió. en ningún momento sus representados fueron notificados o llamados a declarar en la fase de investigación que adelantó el Ministerio Público “…el cual sólo se limitó a tener como fundamentos de la expresada acusación la denuncia del señor Aldo Di Campli. . el 4 de noviembre de 1999. sus representados promovieron de manera formal la prueba de cotejo. Una vez decididas varias incidencias producidas en el juicio. de conformidad con el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.empresa demandada han sostenido que la firma que aparece suscribiendo la certificación antes mencionada.A:. contra dicho auto no fue interpuesto recurso alguno. actualmente el juicio se encuentra en etapa de evacuación de pruebas. Señalan los apoderados actores que. señalan los apoderados actores que. dio contestación al fondo de la demanda alegando como cuestión previa de fondo la cosa juzgada. señalando que “…la firma contenida en la certificación del acta de la Junta Directiva antes mencionada. fue realizada la experticia y consignada en presencia de la juez titular del tribunal de la causa. y mediante auto de fecha 17 de noviembre de 1999. Actuaciones del Fiscal Trigésimo Séptimo del Ministerio Público. el tribunal a quo consideró que la misma no era ilegal. Igualmente. Señalan igualmente que. fue falsificada. como del señor Gino Di Campli había sido falsificada y ello había sido declarado por el Tribunal superior Quinto en lo Penal… en fecha 18 de diciembre de 1998 y que dicha decisión había quedado firme el 8 de octubre de 1999”. la codemandada Belfort Glass C. visto el desconocimiento de la certificación. El 29 de noviembre de 1999. en el escrito de contestación “…desconoció formalmente en su contenido y firma la certificación…” antes aludida. ni impertinente. 2. De dicha prueba los representantes de la empresa Belfort Glass se opusieron. por lo cual les han sido vulnerados los derechos constitucionales relativos al derecho a la defensa y al debido proceso. Señalan los apoderados actores que.
ciudadana Frinee Saldivia Terán. TERCERO: Se le ordene al Ministerio Público. en fecha 12 de enero de año 2000. Estiman los apoderados actores que el Tribunal trató las excepciones de inconstitucionalidad que habían sido propuestas en la audiencia preliminar de manera ligera. contentivo de una Acusación contra los agraviados en este proceso de amparo. ciudadano Carlos Luis Liendo Angarita. finalmente. el acto dictado por el Fiscal Trigésimo Séptimo de Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (Encargado). y. derecho a ser juzgado por sus jueces naturales (numeral 4 del artículo 49). Contentivo de un pronunciamiento donde se admite totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los agraviados en este proceso de amparo. Es por los hechos anteriormente narrados que los apoderados actores consideran vulnerados los derechos constitucionales relativos a: derecho a la seguridad jurídica (contemplado en los artículos 2 y 3 de la Constitución según consideran los apoderados actores).. que se abstenga en lo sucesivo de intentar una nueva acusación contra los agraviados de este proceso de amparo. y en particular: “PRIMERO: Sea declarado nulo de nulidad absoluta por inconstitucionalidad y sin ningún efecto. y al debido proceso (artículo 49) que se desglosa en los siguientes numerales del artículo que lo consagra: derecho a la presunción de inocencia (numeral 2 del artículo 49). derecho a la defensa (consagrado en el numeral 1 del artículo 49). y en consecuencia. denuncia como conculcados el principio constitucional de la independencia del poder judicial (artículo 254 de la Constitución). solicitan sea declarada con lugar la acción de amparo ejercida y se restablezcan inmediatamente las situaciones jurídicas subjetivas infringidas. respectivamente).Actuaciones del Tribunal de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo. el derecho a la protección del honor y la reputación (artículo 60). y. derecho de que no puede haber delito ni hecho punible que no esté previsto en la ley (numeral 6 del artículo 49). al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva (artículo 26). el derecho al trabajo y al ejercicio de la libertad económica (artículos 87 y 112. SEGUNDO: Sea declarado nulo de nulidad absoluta por inconstitucionalidad y sin ningún efecto el acto dictado por el titular del juzgado de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. que se fundamente en calificar como hecho punible la actuación de los agraviados en el juicio civil antes . por cuanto el único fundamento jurídico para motivar el rechazo a tales excepciones se basó en la concordancia de la actuación del Ministerio Público con lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. en fecha 3 de diciembre de 1999. “así como el orden público violado”.3.
Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas.mencionado ue por cobro de Bolívares se ventila en la jurisdicción mercantil”. porque si bien es cierto que el Juez Constitucional no puede comenzar de oficio un proceso de amparo ni puede modificar el tema decidendum. y en consecuencia. SEGUNDO: Igualmente solicitamos se ordene suspender el juicio Mercantil que cursa por ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil. Por lo tanto. 25. lo que se patentiza en que las formas quedan subordinadas a las cuestiones de fondo. es que lo que se pide como efecto de un amparo puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la acción. Tan ello es así. caso en que lo alegado debe ser recogido en acta. Consecuencia de esta situación. Además de la solicitud de amparo.511…” Establecido lo anterior pasa la Sala a puntualizar lo siguiente: El Estado venezolano es. lo importante para quien accione un amparo es que su petición sea inteligible y pueda precisarse qué quiere. ya que el proceso de amparo no se rige netamente por el principio dispositivo.que esta Sala decrete medida cautelar innominada. lo que hace importante solo lo que se refiere a los hechos esenciales. piden -los apoderados actores. tal como se desprende de los artículos 3 y 334 de la vigente Constitución. quienes piden su aplicación no necesitan ceñirse a formas estrictas y a un ritualismo inútil. Expediente N°. tal como lo denota el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. se suspenda el juicio penal en contra de los agraviados. que el amparo puede interponerse verbalmente. un Estado de derecho y de justicia. y no al revés (artículo 257 de la vigente Constitución). no es menos cierto que como protector de la Constitución y de su aplicación en todos los ámbitos de la vida del país. conforme a la vigente Constitución. existe el interés . de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Esto significa que en materia de cumplimiento de las normas constitucionales. con el objeto de que. mientras dure el proceso de amparo: “PRIMERO: Se suspendan los actos lesivos aquí denunciados por inconstitucionales y se suspenda toda medida dictada por la juez agraviante en contra de los agraviados.
como se dijo. sin desviaciones o minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones. no exige la determinación exacta del objeto de la pretensión. o la norma aplicable. el cual garantiza el cumplimiento de los principios. sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce. lo que se persigue. sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales al ser humano: individual o como ente social. antes que los pedimentos que realice el querellante. Esta siempre fue la idea de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. no puede estar atado por las equivocaciones de los agraviados al calificar el derecho o garantía violado. . Lo que exige el ordinal 4° del citado artículo 18 es que se exprese el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación.constitucional de que quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional reciban efectivamente los beneficios constitucionales. por lo que no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso. es que para el juez del amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales. a su vez de tal principio. ya que entre los requisitos para intentar el amparo. que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo. El proceso de amparo no es. De allí que el pedimento del querellante no vincula necesariamente al Juez del Amparo. es que se restablezca la situación jurídica infringida o la que más se parezca a ella. derechos y deberes consagrados en la Constitución. para quien lo importante es amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. de naturaleza netamente dispositiva. que la jurisprudencia a veces no entendió. y el Juez del amparo es un tutor de la constitucionalidad. ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de derecho y justicia que establece el artículo 2 de la Constitución vigente. Consecuencia. pero que en realidad queda a criterio del tribunal determinarla. Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente nulidades. ni indemnizaciones. que para amparar a quienes se le infringen sus derechos y garantías. que se enlaza con el postulado contenido en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. como si lo hace el ordinal 4° del artículo 340 del Código Procedimiento Civil para el juicio ordinario civil. como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones. el artículo 18 de la citada ley orgánica. la cual puede ser señalada por el querellante.
el Juez del amparo. los cuales se pretenden probar en copias simples que se producen junto con el escrito de amparo. ya que todos ellos son elementos que pueden incidir en un caso concreto sobre la transparencia de la justicia. la cual es un concepto que se proyecta hacia la igualdad en que deben mantenerse a los litigantes. se encuentra el que la justicia sea transparente y sin formalismos. partiendo del caso concreto y en base a máximas de experiencia y reglas de lógica. debe declarar esta Sala que entre las garantías constitucionales que acuerda el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. no deben generar dudas en quienes las conozcan. ponderando el error inexcusable. Por otra parte. sobre los motivos de las mismas. que es un Juez que produce cosas juzgadas formales. analizar si la actitud de los operarios de justicia refleja la voluntad de hacer justicia. La justicia transparente que garantiza el texto constitucional. el perjudicado por tales errores u omisiones (falta de transparencia) puede pedir el restablecimiento de la situación jurídica lesionada. . puede acudir a otra figura jurídica para restaurar la situación violada. Esto significa que ante peticiones de nulidades. El control judicial de la transparencia no puede ser interpretado en el sentido de que el órgano contralor invada la autonomía de juzgar que tienen los jueces. y en el caso que ello sucediere.El Juez del amparo por aplicación del principio iura novit curia puede cambiar la calificación jurídica de los hechos que hizo el accionante. En el marco de estos principios pasa la Sala el analizar los hechos de la querella. y la confianza que en la justicia debe tener la colectividad. principio este último que se repite en el artículo 257 de la vigente Carta Fundamental. la ignorancia y hasta la calidad de los razonamientos del fallo. Por lo que se trata de situaciones casuísticas ligadas a las razones de los actos y sentencias judiciales. donde los errores que ellos pueden contener no puedan ser interpretados como elementos de fraude procesal. y tal como lo señala el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. pero si. significa que las decisiones de los jueces y de los operarios de la justicia. y restaurar la situación jurídica que se alega fue lesionada partiendo de premisas jurídicas diferentes a las señaladas en el amparo. terrorismo judicial o parcialidad.
que han ocurrido los siguientes hechos: Que el Banco Exterior C.. sujetos a que en la forma como luego se señala en este fallo. máximo elemento de convicción. cuando los hechos se verifican con documentos. La demanda fue reformada y su admisión definitiva por el tribunal de la causa ocurrió el 23 de mayo de 1995. . intentó mediante sus apoderados José Amando Mejías y José Sánchez V. Los instrumentos no auténticos solo transmiten verosimilitud. sin formalidades y oral. y los verifican con copias de documentos.A. los accionantes alegan los hechos que se sintetizaron en la motiva de este fallo. donde se autorizaba a una persona a avalar el pagaré a nombre de dicha sociedad.La amplitud en las formalidades no puede significar que la prueba. breve. procediendo además en dicho acto a desconocer formalmente la firma que autorizaba el original de dicha acta. la cual produce sus efectos en un proceso como el de amparo. un pagaré y la copia de un acta de Junta Directiva de Belfort Glass C. que dada la naturaleza de urgencia del amparo permite que dichas copias se tomen en cuenta solo para la admisión. el 4 de noviembre de 1999 adujo que el acta de Junta Directiva de Belfort Glass C.A. la cual fue conocida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la ciudad de Caracas.A. En el caso de autos. y por ello considera esta Sala que si bien pueden aceptarse copias de documentos auténticos que se acompañan a los escritos de amparo. y Belfort Glass C. pueda ser relajada o ignorada. sean agregados a los autos los originales o las copias certificadas.. Señalan los agraviados y conforme a los documentos acompañados luce verosímil. lo que conduce a la inmediación en la recepción de las pruebas. al contestar la demanda. puede decretarse fundada en documentos que carecen de autenticidad. era falsa y en ese sentido produjo una decisión fechada el 18 de diciembre de 1998 emanada de la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. Que el codemandado Belfort Glass C. la cual había quedado firme el 8 de octubre de 1999.A. una acción por cobro de un pagaré contra Metal Belfort C. Que la actora produjo como instrumento junto con la demanda.A. los originales o copias certificadas de dichos documentos deben ser presentados durante el proceso de amparo y que ninguna medida cautelar.A.
A. que al no imputársele a los querellantes la autoría de la falsedad. promovieron la prueba de cotejo dentro de la incidencia de desconocimiento que permitió el Juez Bancario. según la acusación. a pesar que quien insta la incidencia ha consignado cosa juzgada sobre la falsedad de la firma.. calificando el Fiscal la actitud de los querellantes de delictual. el 4 de noviembre de 1999. mientras no se pronunciare el Juez Bancario sobre la definitiva. ya que la acción proveniente del pagaré y del aval aún no se había decidido. y se genera automáticamente la incidencia de desconocimiento que es conocida por el Juez Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional con sede en Caracas. a los imputados en la averiguación previa a la acusación. de dicho delito. pudieran considerarse que conocían la falsedad del documento y sería a partir de esa fecha cuando tal vez su uso podría ser penalizado. sino el uso del documento. quien aduce la falsedad al contestar la demanda. el juzgado de la causa (el citado Noveno Bancario). el Fiscal del Ministerio Público Trigésimo Séptimo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. pero nunca antes. por lo que los actores de ese juicio mercantil por medio de sus apoderados hoy accionantes. pero resulta. la cual declarada con lugar por mandato del artículo 355 del Código Procedimiento Civil. a su vez desconoce el documento conforme al artículo 444 del Código Procedimiento Civil.. se abre una incidencia para discutir ante los Tribunales Civiles. Advierte esta Sala. continuó sustanciando la controversia y se instruyó ante el desconocimiento. sin citar. de todas maneras conducía el proceso a que se contestare la demanda y se instruyere hasta el estado de sentencia. cuando los representantes de los actores del proceso mercantil y sus apoderados. es a partir de la declaratoria de la falsedad del acta y de la incorporación del fallo en la causa mercantil. desconocida en el proceso mercantil. intentó acusación penal contra los querellantes con fecha 3 de diciembre de 1999. por lo que el proceso civil culminaba en su instrucción. que fue resuelta antes de llegar a estado de sentencia.Ante tal desconocimiento. totalmente innecesario al existir un fallo emanado de la jurisdicción penal. lo que cargaba a las partes a actuar en ella. no . suspendiéndola allí hasta que se resolviera la cuestión prejudicial. la cuestión de la autenticidad de la firma del Acta de Junta Directiva. por lo que debido a la actitud e instancia del propio beneficiario de la falsedad. Por el uso del citado documento (copia del acta de Junta Directiva). que declaraba falso el instrumento como emanado de quien lo firmaba. quien tenía que continuar tramitando la causa.A. por uso de documento falso en grado de continuidad. a quien correspondía dictar sentencia en la causa. Luego. siendo víctima. había alegado previamente una cuestión previa por existir una cuestión prejudicial. Es de destacar que Belfort Glass C. todo lo relativo a la prueba de cotejo prevista en los artículos 444 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. según alegan los actores.A. que de manera anómala Belfort Glass C. tanto el Estado Venezolano como la compañía Belfort Glass C. donde las partes están actuando.
Se está ante dos posiciones contrarias ante un mismo hecho. fue cuando los querellantes podían conocer la falsedad del documento. cual es el Poder Judicial. el Tribunal Noveno Bancario recibió y sustanció la petición de cotejo dentro de la incidencia que quedó abierta. la actuación en el proceso civil de los actores es delictiva. dos tribunales distintos. no se trata de una discusión sobre la competencia de ambos Tribunales. ante dos formas antagónicas de la potestad de juzgar. es calificada por el Ministerio Público y la jurisdicción penal como delictiva. ni ante ningún Tribunal pero que si se observan sus consecuencias. fecha en que se presentó en autos la decisión de la Sala número 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. surgiendo así un conflicto entre la actitud del Ministerio Público y la realidad. Encuentra esta Sala que por los hechos señalados podría estarse en presencia de un conflicto en la forma como se ejerce la jurisdicción entre el Juez de Control que admitió la acusación por una parte. al ejercer la función jurisdiccional. ni tampoco una controversia sobre jurisdicción. Por ello resulta extraño que se interponga una acusación penal y se ordene además el juicio penal. contra personas que están obrando en juicio legalmente. es decir. cual es que a partir del 6 de noviembre de 1999. Por una parte en un proceso mercantil se adelanta por orden del juez un trámite procesal en el que intervienen los querellantes y que debía llevarse adelante al no estar decidida esa causa. miembros de una rama del Poder Público. mientras que para otro (el penal). aunque si es claro que hay una situación antagónica entre jueces. usaren en la incidencia del desconocimiento los derechos que le correspondían.A.luce en principio imputable a los actores. limitándole las defensas a las partes en el proceso civil. el que al obrar en el proceso. y por otra parte esa actitud en principio legítima de las partes del juicio mercantil. y el Juez Bancario que siguió sustanciando el juicio donde cursaba el documento falso cuestionado por la vía del desconocimiento. para uno (el civil) la actuación de los particulares es legítima. uno civil y otro penal mantienen posiciones diametralmente opuestas. y por ello les da curso como desarrollo del proceso. existiendo sobre unos mismos hechos una controversia tácita producto de los hechos señalados y probados provisionalmente con los documentos acompañados. debido a que el propio alegante de la falsedad del documento (acta) lo ha desconocido y se ha abierto la incidencia relativa a dicho desconocimiento. Surge así un conflicto que ninguno de los jueces plantea ante el Tribunal Superior en el orden jerárquico. pero que debido al desconocimiento realizado por la misma parte beneficiada por el fallo penal. por la actitud de la demandada: Belfort Glass C. y que afecta a los accionantes . Ante los mismos hechos.
y el Juez Noveno Bancario por otra. de declararse competente. En el caso bajo análisis. siendo el Juez de Control el garante de la constitucionalidad a tenor de los artículos 60 y 517 del Código Orgánico Procesal Penal. puede incurrir en el delito de uso de documento falso al ejercer los derechos procesales que le correspondían en el proceso aún no sentenciado. el que les causa la infracción a los derechos constitucionales supuestamente lesionados. los cuales se denuncian en la querella. Los hechos narrados y sus consecuencias. podrían empañar la transparencia que debe imperar en la administración de justicia. Además. el derecho de defensa que el Código Orgánico Procesal Penal les acuerda en los artículos 122. la cual perjudica a los accionantes. ya que no esta claro cómo una parte que conoce la falsedad de un documento durante el transcurso de un proceso. como se apuntó. no haya tomado medidas. también los querellantes se quejan de que la actitud de los operarios de la justicia penal consiste en un terrorismo judicial. ordinal 1°. sobre el cual no existe en dicha causa decisión alguna y donde además. lo que lesiona las funciones propias de cada una de las ramas del poder público. siendo así la Sala. tal como lo dispone el artículo 136 de la vigente Constitución. que si bien no es cien por ciento un problema de competencia. y 127 que constituiría una violación del debido proceso en la fase de la investigación penal. lo que es competencia de esta Sala dirimir de acuerdo al ordinal 9° del artículo 336 de la vigente Constitución. resulta extraño que el Ministerio Público no haya oído a los imputados y que el Juez de Control ante la reclamación en ese sentido. Igualmente. . aunado a que los demandantes de la protección constitucional aducen que es ese conflicto. surge en el plano de las vías de hecho. de ser cierta tal violación. tampoco es un caso clásico de conflicto jurisdiccional. sin embargo produce un enfrentamiento dentro de un mismo poder. conducen a esta Sala a considerarse competente para conocer de un amparo debido a la acción proveniente del conflicto entre jueces. por lo que puede considerarse que se trata de una controversia de orden constitucional entre órganos del Poder Público. no planteado formalmente. en particular uno como el planteado que sin ser netamente de competencia. un conflicto entre el Juez de Control por una parte. tendría que decretar los correctivos a la misma de acuerdo a la pretensión de los quejosos. Por tanto podría estarse ante una violación de Principios Constitucionales atinentes a la organización y competencias del poder público contemplado en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. que se ve agravado al negarles en la fase de investigación.La posibilidad que tiene esta Sala de dirimir el conflicto entre los jueces. quienes acuden ante esta Sala por medio de una de las vías posibles para remediar su situación. su contraparte desconoce el documento falso. que además infringe derechos y garantías constitucionales de los particulares. cual es el amparo.
el procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral. lo cual como conflicto o como controversia entre ramas del Poder Público es del natural conocimiento de esta Sala. público. conforme al ordinal 9° del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Al no estar incursa la petición de amparo en ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales se debe admitir este amparo. afirma su competencia para conocer este amparo ya que una de las causas de las supuestas violaciones constitucionales. Ahora bien. necesariamente también es competencia de esta Sala. por lo que el amparo fundado en las infracciones a derechos y garantías constitucionales causadas por tal controversia. La aplicación inmediata del artículo 27 de la vigente Constitución. breve. conmina a la Sala a adaptar el procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo . Pero al admitirse este amparo. a la mayor brevedad. para ser decidido conforme a los parámetros procedimentales que se han declarado en este fallo. planteados así los hechos. Procedimiento en el juicio de amparo constitucional Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Sala además. hay que proveerlo de un procedimiento que se adapte al artículo 27 de la Constitución vigente. la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. como luego se señala. sin que las peticiones de los querellantes sobre los efectos del amparo sean vinculantes para esta Sala en lo relativo al derecho a declarase. Son las características de oralidad y ausencia de formalidades que rigen estos procedimientos las que permiten que la autoridad judicial restablezca inmediatamente. es el conflicto entre los jueces. es él quien causa la posible infracción. gratuito y no sujeto a formalidades. es la actitud del Juez de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas quien al calificar de delictual la supuesta actitud legítima de los actores y considerar que el Ministerio Público no violó a ellos garantía alguna. y por ello se excluye al Ministerio Público del objeto de este amparo.
tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse. de la posibilidad. el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos. así sea breve. la Sala Constitucional.sobre Derechos y Garantías Constitucionales a las prescripciones del artículo 27 ejusdem.. con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral. como lo señala dicho artículo. obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem. que impone el debido proceso. oral o escrita. de la siguiente forma: 1. en relación con el procedimiento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. prefiriéndose entre los instrumentos a producir los auténticos. por lo que los elementos que conforman el debido proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo. de disponer del tiempo. para preparar su defensa. Por otra parte. que tienen todas las partes. se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones judiciales. interpreta los citados artículos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia. el agraviante. de establecer interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales. audiovisuales o gráficos. lo que involucra que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo. distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos. no solo la de la oferta de las pruebas omitidas. Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos.Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias. las cuales serán en materia de amparo vinculantes para los tribunales de la República. las pruebas que desea promover. excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1359 y1360 del Código Civil para los documentos públicos y en el artículo . excepto el cautelar. y por esto el procedimiento de las acciones de amparo deberá contener los elementos que conforman el debido proceso. el cual. de contradecir y controlar los medios de prueba ofrecidos por el promovente. valorándose las pruebas por la sana crítica. y por lo tanto las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49. pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud. tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad. todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. sino la de la producción de todos los instrumentos escritos.
La falta de comparencia del presunto agraviado dará por terminado el procedimiento. las partes. al igual que las circunstancias del proceso. telegrama. para lo cual se señalará un lapso. en un lapso breve. así como los medios ofrecidos por él se recogerán en un acta. indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional. La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. la cual tendrá lugar. a menos que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público. admitirán o no el amparo. Admitida la acción. en autos. propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia. o cualquier medio de comunicación interpersonal. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad. ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas. y esta o este decidirá si hay lugar a pruebas. también preclusivo. entre ellos los documentos públicos administrativos. Todo ello conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. bien por el órgano jurisdiccional o bien por el Alguacil del mismo. para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral. correo electrónico. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante. caso en que el presunto agraviante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes. constancia detallada de haberse efectuado la citación o notificación y de sus consecuencias. ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y . por aplicación de los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. la notificación podrá ser practicada mediante boleta. En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública. fax. ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. caso en que podrá inquirir sobre los hechos alegados. se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio Público. o se corrijan los defectos u omisiones de la solicitud. dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada. Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo. oralmente. tanto en su fijación como para su practica.1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan autenticidad. o comunicación telefónica.
como el comprendido en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. también en la misma audiencia. Todas las actuaciones serán públicas. el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. y ordenará. representará al consorcio. mientras que la sentencia se adaptará a lo previsto en el artículo 32 ejusdem. por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea fundamental para decidir el caso. decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias. El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias. las dictará en las audiencias el tribunal que conozca del amparo. a menos que por protección a derechos civiles de rango constitucional. pero siempre con inmediación del tribunal. su evacuación. Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará sujeto a formalidades. de ser admisibles. o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público. En caso de litis consorcios necesarios activos o pasivos. b) Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) horas. . se decida que los actos orales sean a puerta cerrada. si fueran necesarias. los trámites como se desarrollarán las audiencias y la evacuación de las pruebas. El fallo lo comunicará el juez o el presidente del Tribunal colegiado. en la misma audiencia. pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el Presidente del Tribunal Colegiado decida. en cuyo caso expondrá de forma oral los términos del dispositivo del fallo. Una vez concluido el debate oral o las pruebas. siempre manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho de defensa. con inmediación del órgano en cumplimiento del requisito de la oralidad o podrá diferir para el día inmediato posterior la evacuación de las pruebas. el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará individualmente el expediente o deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá: a) decidir inmediatamente. que se realizará en ese mismo día.Garantías Constitucionales. cualquiera de los litis consortes que concurran a los actos. El órgano jurisdiccional.
se grabarán o registrarán las actuaciones. que la sentencia será consultada con el Tribunal Superior respectivo. inmediatamente a su recepción. por la vía de la apelación o consulta. Cuando se trate de causas que cursen ante tribunales cuyas decisiones serán conocidas por otros jueces o por esta Sala. por excepción. de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral. no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. las cuales se verterán en actas que permitan al juez de la Alzada conocer el devenir probatorio. la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que. deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo. a menos que por el volumen de consultas a decidir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribunal de la segunda instancia. La falta de decisión equivaldrá a una denegación de justicia. mas no después. El artículo 189 del Código Procedimiento Civil regirá la confección de las actas.Contra la decisión dictada en primera instancia. a menos que las partes soliciten que los soportes de los actas se envíen al Tribunal Superior.Cuando el amparo sea contra sentencias. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés . Los Jueces Constitucionales siempre podrán interrogar a las partes y a los comparecientes. se levantará un acta que firmarán los intervinientes.. esto es. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. pero ser el fallo susceptible de consulta. en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. en cuanto a las pruebas que se evacuen en las audiencias orales. 2. así como a las partes en su domicilio procesal. caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil. al cual se le remitirá inmediatamente el expediente. De no apelarse. se notificará al juez o encargado del Tribunal. tenga una sola instancia. en la audiencia ante el Tribunal que conozca en primera instancia en que se evacuen estas pruebas de lo actuado. antes y aún dentro de la audiencia pública. a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada. en el proceso de amparo. las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo. Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción. sin necesidad de probar su interés. dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Además.
. ADMITE la acción de amparo y ordena la comparencia de la parte accionada. a fin que intervengan en la audiencia oral. ciudadano René Molina. esta última citación en base al artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que considera al Ministerio Público como unidad indivisible. y en esta oportunidad no considera la Sala necesario notificar a la Defensora del Pueblo. esta Sala en nombre de la República y por autoridad de la ley. En consecuencia. Debido a la naturaleza de la denuncia. y el órgano que conoce del amparo. que solo denotan la posibilidad o verosimilidad de que los hechos hubieren sucedido. de la existencia de este caso. siempre que dicha fecha no coincida con un sábado. La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal. copia regulares. como director del órgano del Poder Ciudadano. no significará aceptación de los hechos. a fin que este Tribunal fije la audiencia oral en los términos aquí señalados. DECISIÓN Por las razones que se refieren en este fallo. domingo o día feriado. ciudadano Javier Elechiguerra. examinará la decisión impugnada. Juez del Juzgado de Control Vigesimosexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. habiendo cumplido los querellantes con las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no estando incursa la querella en las causas del artículo 6 de la citada ley. notifíquese al Inspector General de Tribunales. siendo los documentos consignados por los querellantes. líbrense boletas a ser entregadas en las oficinas a la ciudadana Frinee Saldivia Terán.legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública. siendo esta Sala competente. Sobre las medidas preventivas solicitadas. Igualmente notifíquese al Fiscal General de la República. lo que no implica que pueda hacerse en otras causas. se niegan al no constar los hechos en documentos auténticos que por ser valor probatorio hagan presumir la existencia de los mismos.
Debido a la naturaleza vinculante de este fallo. Emítase las boletas. firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. a los primer días del mes de febrero de dos mil (2000). publíquese además en la Gaceta Oficial Publíquese y regístrese. IVÁN RINCÓN URDANETA El Vice-Presidente . . Dada. JESÚS EDUARDO CABRERA Ponente Los Magistrados. y no obstante que tal carácter lo adquiere la anterior doctrina desde la fecha de publicación de esta sentencia por la Sala. El Presidente. Años: 189° de la Independencia y 140° de la Federación. Cúmplase lo ordenado.
JOSÉ LEONARDO REQUENA C. Magistrado HÉCTOR PEÑA TORRELLES.HÉCTOR PEÑA TORRELLES JOSÉ DELGADO OCANDO MOISÉS TROCONIS El Secretario. salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede. que admitió la acción de amparo . N° 00-0010 Quien suscribe. JEC/av Exp.
y. José Sánchez Villavicencio.interpuesta por los abogados José Amando Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio. por medio de los cuales se ordenó la apertura de un juicio en contra de los accionantes por la comisión del delito de uso de documento falso en grado de continuidad.. son las siguientes: 1. De conformidad con lo establecido en la referida sentencia. esta Sala Constitucional tiene competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional autónomo. se corresponde con los sujetos presuntamente agraviantes en el caso de autos (un Juez de Primera . de fecha 12 de enero del año 2000. caso: Emery Mata Millán. Las razones en las cuales fundamento mi disidencia. en contra de “los actos lesivos contenidos en: Primero: El acto dictado por el Fiscal Trigésimo Séptimo …(omissis)… de fecha 3 de diciembre de 1999. asistidos por los abogados José Amando Mejía Betancourt. como cómplices necesarios en la comisión de dicho delito en grado de continuidad a los ciudadanos José Amando Mejía Betancourt y José Sánchez Villavicencio. respecto a José Luis Lobon López y José Luis Lobon Azcona y. contentivo de un pronunciamiento donde se admite totalmente la acusación presentada por el Ministerio Público…”. los ciudadanos José Luis Lobon López y José Luis Lobon Azcona. contra las actuaciones de los sujetos indicados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. contentivo de una Acusación contra los accionantes y agraviados… Segundo: el acto dictado por el titular del Juzgado de Control Vigésimo Sexto de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas…. Henrique Meier Echeverría y Efren José Cisneros Marcano. se estableció el fuero competencial en materia de amparo constitucional.En la sentencia de esta Sala del 20 de enero del 2000. actuando en su propio nombre y asistidos por los abogados Henrique Meier Echeverría y Efren José Cisneros Marcano. “siendo que los hechos que el Ministerio Público y el Juez Penal califican como hechos punibles. fueron realizados por los accionantes y agraviados dentro de un proceso civil y autorizados debidamente mediante auto expreso por el juez de la causa civil”. lo cual en forma alguna.
ha establecido de forma intencional las competencias de esta Sala en el título de VIII denominado “DE LA PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN”. atribuyéndole la tarea de ser el máximo intérprete de las normas y principios constitucionales y darle carácter vinculante a sus interpretaciones. La mayoría sentenciadora ya había afirmado con anterioridad la competencia de la Sala para conocer de los amparos interpuestos contra actuaciones de cualquier índole (sublegal. respecto a los cuales existen las instancias inferiores correspondientes. que en unos casos se atribuye a una Corte o Tribunal autónomo y en otros sistemas –como el caso de Venezuela. Resulta alarmante que la mayoría sentenciadora entienda a la jurisdicción constitucional como el foro idóneo para resolver asuntos de poca relevancia. que atenten contra la preservación del orden jurídico y el respeto a los derechos fundamentales del individuo. no ya desde su resolución caso por caso. En el primero de los casos.se inserta en el máximo organismo jurisdiccional del país. en efecto. esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La apertura con que se han asumido competencias en materia de amparo constitucional como si se tratara de un . De allí que la primera objeción que habría que hacer al fallo es haber incumplido los parámetros establecidos en recientes decisiones de esta Sala. con la presente decisión pareciera que el ámbito de esta Sala se amplía a cualquier otro funcionario del Estado sin atender al rango de sus actuaciones El precedente jurisprudencial sentado en el fallo del cual disiento desvirtúa en forma flagrante la finalidad a la cual está llamada. Observa el disidente con preocupación que. sino como órgano rector del resto del sistema de justicia. el Constituyente de 1999. legal o constitucional) de los más Altos funcionarios del Estado. por voluntad del Constituyente. que sería el jerárca de la jurisdicción constitucional. los fines de la jurisdicción constitucional a los que se ha hecho referencia precedentemente se diluyan por una mala interpretación en las primeras decisiones de este nuevo órgano. En Venezuela. lo cual constituye una tendencia de avanzada en la doctrina comparada. y el segundo de los supuestos se deja en un órgano especializado. como en la Constitución recientemente aprobada por voluntad popular. las cuales han traído como consecuencia el arribo a esta sede de asuntos que escapan de lo que normalmente se entendería que forma parte de sus atribuciones esenciales. dadas las competencias atribuidas en los artículos 335 y 336 de la misma. en el cual se refleja la alta responsabilidad que le ha sido conferida. Las formas de protección de la Constitución acogidas por los distintos ordenamientos se dividen en un control concreto o difuso y un control abstracto o concentrado. se han consagrado las dos formas de control constitucional.Instancia en lo Penal y un Fiscal del Ministerio Público). de las cuales me aparte en el voto concurrente que presentara en esa oportunidad. La nueva Constitución ha asumido este sistema mixto de control constitucional pero ha dado un paso más al crear la Sala Constitucional. como contralor de la constitucionalidad de los actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de Ley. A partir de allí se ejerce la supremacía constitucional. tanto el ordenamiento jurídico basado en la Constitución de 1961. Es bien sabido que la idea de la justicia constitucional en los Estados de Derecho surge de la necesidad de dar protección a la Constitución frente a las arbitrariedades del Poder Público. Sin embargo. se permite a los distintos jueces ejercer una porción de esta justicia constitucional en los casos particulares que les corresponde decidir. La importancia de la justicia constitucional en la nueva Constitución se revela de forma expresa en su ubicación en el Texto Fundamental.
Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 9.. de alta litigiosidad. Al convertir al máximo órgano de la jurisdicción constitucional en una instancia más de conocimiento de una materia como el amparo. lo cual no sólo producirá el retraso en la solución de éstos. 2. existiendo sobre unos mismos hechos una controversia tácita producto de los hechos señalados y probados provisionalmente con los documentos acompañados. observa el disidente lo forzado que ha sido la determinación de la competencia de esta Sala para conocer del caso concreto.tribunal ordinario de instancia.Directamente relacionado con las consideraciones precedentes. se corre el riesgo de que la Sala Constitucional en lugar de dar soluciones abstractas empiece a sufrir de los males que pretendió corregir el Constituyente. sino que afectará sensiblemente a los recursos de elevada complejidad a través de los cuales se aspira a la depuración del ordenamiento jurídico. De esta forma. que dispone: “Artículo 336. podría revertirse contra la función primordial atribuida por el Constituyente. la sentencia asume la competencia de la Sala cambiando la calificación de las pretensiones del actor. asimilable a la competencia constitucional consagrada en el numeral 9 del artículo 336 de la Constitución. y el Juez Bancario que siguió sustanciando el juicio donde cursaba el documento falso cuestionado por la vía del desconocimiento. han sido remitidas por los tribunales superiores de la República y por el resto de las Salas de este Tribunal Supremo. Ya se observa el enorme volumen de causas que en escaso tiempo de constituida esta Sala. y a la propia estructura de la organización del Estado. (…) . interpretando que en el fondo existe un conflicto entre órganos. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los órganos del Poder Público”. En efecto. quienes en “acatamiento” a las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional han enviado los expedientes a esta Sala. se corre el inevitable peligro de la avalancha de causas de este tipo. ante la evidencia de la incompetencia para conocer de un amparo autónomo contra los sujetos presuntamente agraviantes (un Juez de Primera Instancia y un Fiscal del Ministerio Público). Señala al efecto la sentencia de la cual me aparto: “(…) por los hechos señalados podría estarse en presencia de un conflicto en la forma como se ejerce la jurisdicción entre el Juez de Control que admitió la acusación por una parte.
procedimiento. todo conflicto entre órganos constitucionales (…) es. el Catedrático español E. Por ello mismo. legitimación. etc. al delimitar el objeto que constituye la competencia relativa a la resolución de los conflictos constitucionales atribuidas al Tribunal Constitucional Español. en su obra “La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional” (Editorial Civitas. señala: “Aquí están. donde existe. puede ser órgano adecuado para la resolución de estos conflictos. a la cuidadosa distribución de poder y de correlativas competencias por ella operada. por sí mismo. los atañentes a la organización territorial del Estado. El disidente no comparte el razonamiento de la mayoría que entendió que la competencia antes señalada posibilita a esta Sala a asumir el conocimiento y decisión de un amparo constitucional contra un funcionario cualquiera del Estado. Por lo que atañe al amparo constitucional. atribuye competencia a la Sala Constitucional para decidir las controversias de índole constitucional que se susciten entre los distintos órganos del Poder Público. 149 y 150). basta sólo recordar que éste es un medio de protección de derechos constitucionales.Esta Sala además. es pacífica en entender que esta competencia para resolver conflictos entre entes públicos está referida a la solución de las controversias de índole político-territorial o relativas a las competencias constitucionales entre los órganos previstos en la Constitución. entre éste y las Comunidades Autónomas o por éstas entre sí. un conflicto constitucional. el referido numeral 9 del artículo 336. que pone en cuestión el sistema organizatorio que la Constitución. considero que no existe ninguna relación entre el aludido numeral 9 del artículo 336 y la acción de amparo constitucional consagrada en el artículo 27 de la Constitución. Por el contrario. lo cual como conflicto o como controversia entre ramas del Poder Público es del natural conocimiento de esta Sala. 1985 pp. como una de sus funciones básicas ha establecido. En tal sentido. Al respecto.) están delimitadas en su Ley Orgánica. GARCÍA DE ENTERRÍA. (…) La justificación de esta competencia del Tribunal Constitucional parece clara: como ha notado la doctrina alemana. tanto la jurisprudencia patria como la experiencia del Derecho Comparado. Por su parte. por una parte.” . por lo que el amparo fundado en las infracciones a derechos y garantías constitucionales causadas por tal controversia. conforme al numeral 9 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se han mezclado dos instituciones jurídicas que en forma alguna podrían dar lugar a un mismo juicio. Por otra parte. sólo el Tribunal Constitucional. afirma su competencia para conocer este amparo ya que una de las causas de las supuestas violaciones constitucionales. cuyas pautas procesales (competencia. necesariamente también es competencia de esta Sala”. que afectan a la esencia misma de la Constitución. Madrid. los conflictos entre los principales órganos del Estado. es el conflicto entre los jueces.
es necesario hacer una interpretación de la Constitución. y de la pluralidad de sujetos constitutivos de la forma del Estado. Por esta razón se atribuye a la Corte Constitucional el control de la repartición de los poderes entre los diversos órganos y sujetos constitucionales. a fin de determinar cuál de los órganos en conflicto tiene atribuida una función y cuál estaría eventualmente usurpando funciones de otros entes. señalando –en la mayoría de los casos. G. De allí que. el sistema de competencias toma coherencia ya que. para resolver conflictos constitucionales entre los entes públicos.Por su parte. En el mismo sentido. sobre la base de la arquitectura organizativa compleja delineada en su Constitución. ni entre éstos y los órganos públicos. la decisión que el Tribunal debe adoptar en estos casos tiende a la solución de tales controversias. Por tal razón. para los cuales el ordenamiento jurídico ha establecido distintas vías judiciales. distinguiéndose distintas modalidades de controversias. ZAGREBELSKY (“La giustizia costituzionale”. atribuyéndoselas a la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia. dentro de las que se encuentra la acción de amparo. la legitimación para interponer esta solicitud está restringida a los titulares de los órganos susceptibles de entrar en conflicto. Confunde el fallo la competencia para dirimir conflictos entre órganos del poder público con la acción de amparo. que pueda interpretarse como una norma que permita resolver cualquier asunto donde esté involucrado uno o más entes del Estado. las controversias administrativas se producen con ocasión de la interpretación de las normas de rango infraconstitucional. atendiendo a la naturaleza de la competencia de cada una de estas Salas. p. todo lo cual garantiza un modelo democrático participativo. De esta forma. y en ningún caso ha sido concebida esta vía en la jurisdicción constitucional para dirimir controversias intersubjetivas entre particulares.a cuál de los órganos corresponde un territorio o una competencia constitucionalmente establecida. que por su naturaleza corresponde controlar a los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa y el Constituyente se la ha atribuido a su más alto Tribunal que es la Sala Político-Administrativa. . La idea siempre fue lograr resolver las dificultades en el cumplimiento de las competencias entre los distintos entes políticos u órganos administrativos o la delimitación de los territorios entre los entes político territoriales. que califica de “pluralismo istituzionale. en este casos se le otorgó la competencia a la Sala Constitucional. Otra categoría de conflictos se suscitaba en materia de legitimidad de las autoridades cuando existían varias que se atribuían una misma investidura. 1989. No es esta una competencia que haya nacido con la Constitución de 1999. La Constitución de 1961 y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia contemplaban estas vías jurisdiccionales. La Constitución de 1999 dio un paso de avanzada al distinguir los conflictos de índole constitucional de los conflictos administrativos. cuando los mismos entren en conflicto. partiendo de una errada interpretación de los antecedentes que la jurisprudencia patria ha sentado de forma evolutiva a las distintas vías para dirimir conflictos entre entes públicos. atendiendo en unos casos a los órganos en conflicto y en otros casos al objeto de la controversia. atribuyendo competencias a las Salas Constitucional y Político-Administrativa respectivamente. de lo cual surge una pluralidad de órganos constitutivos de un gobierno central y de gobiernos regionales. el cual deriva de la clásica tripartición de los poderes de origen liberal. 333) justifica la competencia dada a la Corte Constitucional Italiana. Editorial Il Mulino.
considera que tal atribución fue conferida a esta Sala para: a) Resolver controversias entre las entidades político territoriales (República. poner en conocimiento del interesado de la admisión de un amparo interpuesto en su contra. la Sala Constitucional debió acoger el razonamiento que la reiterada jurisprudencia sostuvo en este sentido. lejos de ser una adaptación al artículo 27 de la Constitución vigente se convierte en un procedimiento nuevo y distintos conservando algunos de las fases que establece la Ley. En este punto. Distrito Capital. observa quien disiente que en el mismo se han consagrado aspectos no previstos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. y b) Resolver las controversias que surjan entre los demás órganos de los Poderes Públicos cuyas atribuciones están previstas en la Constitución. sin embargo. En todo caso. no había necesidad de establecer lineamientos al respecto.. que además de no estar previstas en el ordenamiento procesal vigente. considera que el exceso de rigorismo que se ha plasmado en materia probatoria atenta justamente contra la brevedad e informalidad del amparo. En efecto. esto es. el Magistrado disidente se aparta del razonamiento del fallo que permite atribuir competencia a esta Sala Constitucional para resolver un amparo constitucional contra órganos públicos menores con fundamento en el numeral 9 del artículo 336 de la Constitución. considero que el presunto agraviado deberá siempre probar sus alegatos. lo cual. ha debido dejarse al juez que conozca del caso concreto la determinación de la necesidad y forma de tramitación de la fase probatoria. sin necesidad de que tenga que obligatoriamente indicar en la interposición de la acción cuáles medios utilizará a tales fines. por lo que. los . De otra parte. Estados. fax. atenta contraría el principio de seguridad jurídica por cuanto en los casos de notificaciones vía teléfono. correo electrónico “o cualquier medio de notificación interpersonal”. porque la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales permitía acudir de forma supletoria a las normas procesales en vigor (artículo 48). Quien suscribe está de acuerdo con el fallo por lo que se refiere a la necesaria adaptación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a los principios de oralidad e informalidad previstos en el citado artículo 27. por cuanto se están limitando su derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva mediante un mecanismo distinto al previsto en la Constitución.Por lo anterior. de los litisconsortes. Territorios Federales. Dependencias Federales y Municipios). En este aspecto. y de las formas de notificación. 3. asimilándolo a un juicio ordinario civil. violando de esta forma el principio de reserva legal en materia de procedimientos. no se ha establecido la forma en que se dejará constancia en el expediente de que la notificación ha cumplido su finalidad. derivados del sistema federal y descentralizado de gobierno establecido en la Constitución. En cuanto a otras particularidades de los medios probatorios. Observa con preocupación el disidente que en el procedimiento establecido se haya consagrado una amplía gama de formas de notificación a los presuntos agraviantes.Por lo que respecta al procedimiento para tramitar el amparo que se establece en el fallo que antecede. En tal sentido. el disidente considera que no debe realizarse una fase oral en los amparos contra decisiones judiciales. se atenta contra sus derechos constitucionales al fijarse la preclusión de la oportunidad para promover pruebas prevista en el fallo.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente. además. Es por esta razón que se interpretó acertadamente que el informe del juez es meramente potestativo. la convierte en un texto manejable con base en criterios de oportunidad o conveniencia del aplicador judicial. no deberán requerir de otras defensas. En Caracas. IVÁN RINCÓN URDANETA El Vice-Presidente. por lo que se trata de un juicio de estricto derecho. Finalmente. fecha ut-supra. lo que se traduce en su desaparición. HÉCTOR PEÑA TORRELLES Disidente JOSÉ DELGADO OCANDO . la sentencia debe bastarse a sí misma. donde no se analizarán las cuestiones de hecho del juicio donde se produjo la decisión impugnada. JESÚS EDUARDO CABRERA Magistrados. el disidente estima que. lejos de proteger a la Constitución. y las infracciones de derechos constitucionales que puedan derivarse de la misma. que en definitiva causa inseguridad jurídica en un Estado de Derecho.amparos contra decisiones judiciales constituye una excepción al principio de la cosa juzgada. El Presidente. permitir a discreción del juez la alteración de los principios constitucionales en materia procesal desarrollados por la Ley.
MOISÉS TROCONIS El Secretario. JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO .
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