Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/sc284_16.html
Timestamp: 2019-08-19 05:26:43
Document Index: 278574958

Matched Legal Cases: ['artículo 67', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 55', 'artículo 167', 'artículo 84', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 166', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 65', 'artículo 48', 'artículo 37', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 127', 'artículo 48', 'artículo 86', 'artículo 67', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 67', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 141', 'artículo 251', 'artículo 253', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 5', 'artículo 29', 'artículo 167', 'artículo 67', 'artículo 29', 'artículo 48', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 48', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 9', 'Artículo 67', 'artículo 47']

Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [C-284_2016]
Artículo _endnote_31
Sentencia C-284/16
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves/OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Configuración del silencio administrativo positivo
Analizadas las dos objeciones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolución, de entre aquellas que en su momento propuso el Gobierno Nacional en relación con el proyecto de nuevo Código General Disciplinario, remitido por el Congreso de la República para su sanción, la Corte ha determinado lo siguiente: Que la primera objeción, relacionada con el artículo 67 de este proyecto, que establece la prevalencia de las reglas que califiquen una determinada conducta sancionable como falta gravísima, resulta infundada en razón al incorrecto entendimiento que en este caso se hizo del principio de favorabilidad, que por tal razón resulta improcedente frente a esta norma, mientras que el principio de especialidad, que la regla objetada pretende aplicar, resulta plenamente acorde con la preceptiva constitucional. Que la segunda objeción, atinente a la calificación como falta gravísima de diez distintas conductas listadas en los artículos 55 a 58 de este proyecto resulta también infundada frente a siete de ellas, pues no se observa que tales tipos disciplinarios resulten contrarios a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y por tanto, no existen razones de peso que permitan descalificar las decisiones que al respecto ha aprobado el órgano legislativo, en ejercicio de su autonomía de configuración normativa. Al mismo tiempo, la Corte encontró fundada esta segunda objeción respecto de tres de las conductas que han sido definidas como falta gravísima, específicamente las contenidas en los numerales 1° del artículo 55 y del artículo 58, y respecto de un aparte del numeral 3º del mismo artículo 55. En el primer caso, relacionado con la configuración del silencio administrativo positivo, al no distinguir sobre las diversas circunstancias en que tal resultado puede presentarse. En el segundo, concerniente a una posible omisión de los Comités de Conciliación, por la parcial indeterminación del texto objetado, y por la falta de necesidad estricta de la sanción frente a esta conducta, lo que a su turno repercute en la proporcionalidad de la misma, que fue la razón de la objeción formulada por el Gobierno Nacional. Y en el último, en relación con el consumo en lugares públicos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia, al omitir tomar en cuenta un condicionamiento planteado de tiempo atrás por esta Corte, en torno a la posibilidad de sancionar tal conducta, únicamente en caso de que ella incida sobre la prestación del servicio público a cargo del infractor. En consecuencia, la Corte tomará las decisiones relativas a cuáles de estas objeciones resultan fundadas y cuáles no, y teniendo en cuenta lo previsto en el último inciso del artículo 167 superior, devolverá este proyecto de ley al Senado de la República, cámara legislativa en la que tuvo origen, para que una vez oído el ministro del ramo correspondiente, el Congreso rehaga el texto de este proyecto en términos concordante con esta decisión y lo envíe nuevamente a la Corte para fallo definitivo.
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Objeción por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia
CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia para pronunciarse sobre objeciones por inconveniencia
GOBIERNO NACIONAL-Atribución para presentar objeciones a proyectos de ley para sanción/OBJECIONES A PROYECTOS DE LEY-Aceptación o no por el Congreso de la República
Debe la Corte precisar que la presentación de objeciones frente al contenido de los proyectos de ley enviados al Gobierno Nacional para su sanción, es una atribución constitucional propia de éste, que de suyo supone desacuerdo frente a lo aprobado por el órgano legislativo, y que además de los temas de posible inconstitucionalidad, puede versar incluso (aun cuando la Corte carezca de competencia para decidir al respecto) sobre aspectos de mera conveniencia, esto es, incluir juicios eminentemente subjetivos, sin que en ningún caso ello pueda ser catalogado como invasivo o desconocedor de la autonomía legislativa. Cosa distinta, y también de la esencia del trámite de las objeciones, es que éstas sean aceptadas o no por el Congreso de la República, el que como órgano legislativo, y conforme a los mecanismos establecidos en los artículos 165 a 168 del texto superior, tiene la posibilidad de hacer prevalecer su criterio sobre el del Gobierno Nacional, con la única excepción de cuando, tratándose de puntos de eventual inconstitucionalidad, este tribunal en desarrollo de sus funciones, encuentra fundados los cuestionamientos del Ejecutivo. En todo caso, precisamente al existir tales mecanismos, y al margen del posible desacierto del Gobierno, resulta un absoluto despropósito el solo planteamiento de que al objetar los proyectos enviados para su sanción, el Ejecutivo invade o vacía la órbita de competencia del legislador.
OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Improcedencia de decisiones de exequibilidad
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Procedencia cuando contenido sea verdaderamente ininteligible
Sobre esta posibilidad, y si bien es cierto que ocasionalmente este tribunal ha adoptado decisiones inhibitorias en estos escenarios, es importante advertir que ello solo resulta factible en situaciones extremas, en las que el contenido de la objeción aparezca verdaderamente ininteligible, pues en caso contrario, la Corte terminaría interfiriendo en el legítimo ejercicio de una atribución que es propia y discrecional del Presidente de la República, y que conforme se deriva del texto superior, no se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos especiales. En el presente caso no se presenta esa situación extrema, pues aunque es cierto que los cuestionamientos del Gobierno que la Corte decidirá podrían ser catalogados como superficiales, resulta posible aprehender su sentido y resolver sobre ellos.
OBJECIONES GUBERNAMENTALES Y COSA JUZGADA MATERIAL-Conductas calificadas tienen una misma connotación en la normativa vigente
La Sala precisa que es acertada la consideración del Gobierno Nacional en el sentido de que esta circunstancia de ninguna forma inhibe la posibilidad de que esos mismos contenidos sean materia de objeción por parte del Gobierno, como ciertamente podrían ser también objeto de la acción pública de inconstitucionalidad, en cualquier tiempo. En tal escenario, la única situación que debería este tribunal tomar en cuenta, sería la ocurrencia de la llamada cosa juzgada material, esto es, la existencia de decisiones anteriores frente a un contenido normativo materialmente idéntico al que en la actualidad se cuestiona, y frente a la misma posible causa de inconstitucionalidad, evento que en caso de presentarse, sería reconocido por esta Sala. Pero sin duda, el solo hecho de la larga vigencia de un contenido equivalente al cuestionado, sin que sobre él haya recaído decisión alguna, de ninguna manera impide el libre ejercicio de la función gubernamental de objetar las leyes que el Congreso remita para su sanción.
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Trámite de objeciones gubernamentales
EXEQUIBILIDAD DE PROYECTOS OBJETADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL-Competencia sustancial y procesal
OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Término para devolver proyecto son días hábiles y no calendario
OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Anuncio previo de votación
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE DE OBJECIONES GUBERNAMENTALES-Requisitos
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Anuncio previo de votación
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Calificación de faltas gravísimas
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Principio de especialidad frente a tipificación de faltas gravísimas/OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Principio non bis in ídem frente a tipificación de faltas gravísimas
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Improcedencia del principio de favorabilidad frente a tipificación de faltas gravísimas
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-No se transgrede el debido proceso frente a tipificación de faltas gravísimas
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Principio de igualdad frente a calificación de faltas gravísimas
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA EN MATERIA DE REGIMEN DISCIPLINARIO-Parámetros de control
LEGISLADOR-Determinación del régimen disciplinario de servidores públicos
REGIMEN DISCIPLINARIO-Amplio margen de autonomía legislativa
LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA EN MATERIA DE REGIMEN DISCIPLINARIO-Limites
JUEZ CONSTITUCIONAL-Balance entre autonomía legislativa y principio democrático y defensa de valores constitucionales relevantes
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Faltas gravísimas
FALTA DISCIPLINARIA-Implicaciones de la definición como falta gravísima
FALTAS GRAVISIMAS-Consecuencias jurídicas de la definición en el nuevo Código Disciplinario
FALTAS GRAVISIMAS-Concepto
FALTAS GRAVISIMAS-Taxativamente señaladas por la ley
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Faltas graves y leves
FALTAS GRAVISIMAS-Precedentes jurisprudenciales en materia normativa
AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL LEGISLADOR-Primacía del principio de conservación del derecho
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Totalidad de disposiciones objetadas por inconstitucionalidad se encuentran vigentes en la Ley 734 de 2002
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Definición de faltas gravísimas en normativa vigente no da lugar a una misma sanción
FALTAS GRAVISIMAS EN EL SERVICIO O FUNCION PUBLICA-No contrarían criterios de proporcionalidad y razonabilidad
CONFIGURACION DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO-Proporcionalidad de calificación como falta gravísima depende de circunstancias en que llegare a presentarse
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO-Implica la constitución de un derecho
La figura del silencio administrativo positivo, regulada por el artículo 84 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo (Ley 1437 de 2011), implica la constitución de un derecho, o al menos la aceptación de lo pedido por el solicitante. Sin embargo, no en todos los casos ello ha de considerarse negativo o perjudicial a los intereses de la administración, pues como es sabido, en algunas situaciones esta figura se utiliza como mecanismo de eficiencia administrativa que evita el desgaste de dar respuestas individuales a solicitudes que sin duda serían aprobadas por la administración, hipótesis en la cual no podría considerarse que se ha cometido falta alguna por parte del funcionario responsable. Contrario sensu, es claro que en algunos otros eventos, la consolidación del derecho solicitado sí será resultado de una actuación negligente del servidor público, que omitió expedir oportunamente la decisión que negaría u objetaría lo pretendido, caso en el cual la calificación propuesta por la norma objetada podría resultar adecuada y proporcional.
CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS POR SERVIDOR PUBLICO-Cosa juzgada material
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2009 SOBRE PENALIZACION AL PORTE DE DOSIS PERSONAL DE DROGAS-Jurisprudencia constitucional
FALTA GRAVISIMA-Consumo de sustancias prohibidas en el lugar de trabajo/CONSUMO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EN LUGAR PUBLICO-Resulta desproporcionado imponer la misma sanción
La Corte encuentra que mantienen vigencia las conclusiones a que ella misma llegó al analizar en la sentencia C-252 de 2003 una norma legal de idéntico contenido a la que ahora ha sido objetada. Es decir, que resulta conforme a la Constitución que se sancione como falta gravísima el consumo de sustancias prohibidas en el lugar de trabajo, o el hecho de acudir a éste bajo los efectos de tales sustancias o en estado de embriaguez, por los efectos que ello necesariamente ocasiona en el cumplimiento de las funciones de tal servidor público. Pero también, que resulta desproporcionado que se imponga la misma sanción por el simple consumo de tales sustancias en un lugar público, en los casos en que ello no incida en el correcto ejercicio de tales funciones públicas.
FALTA GRAVISIMA-Prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría de servidor público en funciones propias del cargo
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Faltas gravísimas en materia presupuestal y hacienda pública
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Faltas gravísimas en relación con la acción de repetición
ACCION DE REPETICION-Desproporción de la sanción al no prever claramente término del Comité de Conciliación para decidir la procedencia
Objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario".
Bogotá, D. C., primero (1º) de junio de dos mil dieciséis (2016)
Mediante oficio recibido el 18 de diciembre de 2015 en la Secretaría General de la Corte Constitucional, el Secretario General del Senado de la República remitió el proyecto de ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario", algunos de cuyos artículos fueron objetados por el Ejecutivo por razones tanto de inconstitucionalidad como de inconveniencia, asunto que fue radicado como expediente OG-149.
Habiéndose aceptado por esta Sala Plena el impedimento presentado en este caso por el Procurador General de la Nación, el 10 de febrero de 2016 se recibió el concepto de rigor, emitido por la señora Viceprocuradora General, en el que solicita a esta corporación declarar infundadas la mayoría de las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional, y adoptar distintas decisiones respecto de las demás, en un caso la de declarar fundada la objeción y condicionalmente exequibles las disposiciones cuestionadas, en otro la de declararse inhibida para conocer de la objeción, y en el último, atenerse a lo decidido por el Congreso de la República, que en su oportunidad resolvió acoger algunas de esas objeciones.
En auto A-085 de febrero 24 del corriente año, y teniendo en cuenta que durante el plazo correspondiente no se recibió la totalidad de la información necesaria para resolver frente a un caso de esta naturaleza, la Sala Plena de este tribunal dispuso abstenerse de decidir sobre las objeciones gubernamentales al proyecto de ley de la referencia y ordenó informar sobre el particular a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, así como apremiar a los respectivos secretarios generales para que remitieran la información faltante al despacho del Magistrado sustanciador.
Con posterioridad a la notificación de esta última providencia se recibió de los secretarios generales de las cámaras legislativas la información solicitada. Así las cosas, una vez cumplido el trámite correspondiente y visto el concepto que sobre el tema presentó la Viceprocuradora General de la Nación, procede entonces la Corte a pronunciarse sobre el asunto de la referencia.
"LEY ________
(...)	(...)	(...)	(...)
En este caso, con la liquidación de la nómina del periodo en el cual la entidad realice el pago de la remuneración dejada de percibir, se pagarán los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social integral sobre este valor, sin que haya lugar al pago de intereses ni multas por extemporaneidad."
iii) la regla especial contenida en el parágrafo 1º del artículo 141 de este proyecto, en torno a la legitimación para solicitar la revocatoria directa del fallo absolutorio cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, es contraria a los artículos 13, 29 y 93 de la Constitución Política, por cuanto impide que la solicitud de revocatoria sea elevada por las víctimas de tales hechos que no tengan la calidad de quejosos, lo que implica un grave sacrificio de sus derechos fundamentales. En este sentido invoca y transcribe apartes de la sentencia C-014 de 2004, que en relación con normas semejantes del Código Disciplinario Único vigente, consideró que todas las víctimas de estos hechos, en orden a la plena garantía de sus derechos, deben tener la posibilidad de impugnar y solicitar la revocación de tales decisiones.
El informe presenta además las razones por las cuales, los miembros de la comisión designada para el efecto, decidieron recomendar la aceptación de otras dos objeciones por inconstitucionalidad, lo mismo que la posición por ellos asumida en torno a las varias objeciones fundadas en factores de inconveniencia. Sin embargo, teniendo en cuenta que no corresponde a la Corte pronunciarse sobre estos extremos, la Sala se abstendrá de relatar esas consideraciones.
5.1. Del ciudadano Gustavo Adolfo Castro Capera
Este ciudadano, quien en adición a tal calidad invocó la de miembro de la Comisión Interinstitucional de Reforma al Poder Disciplinario en Colombia, que dio lugar a la elaboración del proyecto de ley ahora objetado, intervino desde antes de efectuarse el reparto al Magistrado sustanciador, con el propósito de respaldar las respuestas dadas por el Congreso de la República a las dos primeras objeciones por inconstitucionalidad, y en consecuencia, solicitar a la Corte declararlas infundadas. Este interviniente abordó también la quinta objeción, correspondiente a asuntos de supuesta inconveniencia, así mismo rechazada por el Congreso, al considerar que tal análisis constituye un ejercicio ilustrativo del equivocado criterio del Gobierno Nacional sobre el contenido de este proyecto.
En la misma línea, y de manera reiterada, advirtió el ciudadano Castro Capera que el contenido de estas objeciones implica, por parte del Gobierno, un desconocimiento a la libertad de configuración normativa que es propia del órgano legislativo, e incluso una usurpación y vaciamiento de tales facultades, razón por la que también insistió en su carácter infundado.
De otro lado, presentó una extensa reflexión sobre la teoría del concurso de hechos punibles y sus distintas modalidades, apoyada en doctrina especializada y en jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, a partir de la cual concluyó que en el caso previsto en esta norma no existe concurso, sino apenas la llana aplicación del principio de especialidad. A partir de ello, y resaltando además la pobre sustentación del cuestionamiento planteado, concluyó solicitando a la Corte declarar infundada esta objeción.
Seguidamente, se refirió a algunas de las conductas cuya calificación como faltas gravísimas ha objetado el Gobierno, entre ellas las relacionadas con la producción del silencio administrativo positivo, con actos de evasión tributaria, o con la falta de oportuno ejercicio de la acción de repetición, para destacar las razones por las cuales, a la luz de los indicados criterios, resulta justificada la atribución de este carácter. Respecto de estas conductas, criticó también que el Gobierno pretenda la exclusión por supuesta inconstitucionalidad de algunas normas cuyo texto es idéntico al de disposiciones que integran el actual Código Disciplinario Único, y que en tal medida han estado vigentes por casi catorce años, circunstancia que en su sentir contribuye a desvirtuar la alegada contrariedad constitucional.
Este interviniente presentó a consideración de la Corte un escrito en el que, si bien no hace una específica solicitud respecto de la decisión que debe tomarse, ofrece razones claramente encaminadas a la prosperidad de las dos primeras objeciones de inconstitucionalidad, únicas que en este caso estudiará la Sala.
En razón al impedimento reconocido en cabeza del Procurador General de la Nación, por ser él el autor del proyecto que una vez tramitado y aprobado dio lugar a estas objeciones, la señora Viceprocuradora General presentó en la Secretaría de este tribunal el concepto recibido el 19 de enero de 2016, en el que solicitó a la Sala Plena adoptar distintas decisiones sobre las objeciones formuladas, como más atrás se precisó.
De otro lado, señaló que en caso de acogerse el planteamiento del Gobierno en relación con este punto, ello implicaría que en la práctica ninguna conducta de las previstas en el proyecto de nuevo Código Disciplinario podría ser sancionada como falta gravísima, ya que dado que todas ellas implican el incumplimiento de un deber, el quebrantamiento de un derecho o la incursión en una conducta prohibida, en todos los casos se presentaría la situación que, por la supuesta aplicación del principio de favorabilidad, llevaría a hacer una consideración más benigna de la falta cometida.
Frente a la segunda objeción, relacionada precisamente con la calificación como faltas gravísimas de diez distintas conductas que podrían realizar los servidores públicos, el concepto fiscal se refirió a cada una de ellas, encontrando que los cuestionamientos por violación a la igualdad y al principio de proporcionalidad carecen de fundamento, lo que conduciría a la exequibilidad de tales reglas, e incluso que algunos de ellos no llenan los requisitos necesarios para dar lugar a una decisión de fondo, por incumplimiento de los criterios de claridad y certeza, razón por la cual, la Sala debería inhibirse de resolver sobre ellos.
El concepto fiscal se pronunció también sobre la tercera objeción por inconstitucionalidad, relativa a un aparte del artículo 141 de este proyecto, frente a la cual propuso a la Corte adoptar una decisión de exequibilidad condicionada. Sin embargo, dado que el Congreso de la República aceptó este cuestionamiento, es claro que la Sala carece de competencia para pronunciarse al respecto.
En primer término, uno de los ciudadanos que plantearon su opinión frente al tema, criticó severamente lo que considera "...la usurpación y vaciamiento de la función legislativa por parte del Ejecutivo so pretexto de cumplir con el mandato del artículo 166 de la Carta Política" (negrillas son del texto original), términos en los que el referido ciudadano expresa su profunda discrepancia con el contenido de los cuestionamientos formulados.
Sobre esta posibilidad, y si bien es cierto que ocasionalmente este tribunal ha adoptado decisiones inhibitorias en estos escenarios[6], es importante advertir que ello solo resulta factible en situaciones extremas, en las que el contenido de la objeción aparezca verdaderamente ininteligible, pues en caso contrario, la Corte terminaría interfiriendo en el legítimo ejercicio de una atribución que es propia y discrecional del Presidente de la República, y que conforme se deriva del texto superior, no se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos especiales. En el presente caso no se presenta esa situación extrema, pues aunque es cierto que los cuestionamientos del Gobierno que la Corte decidirá podrían ser catalogados como superficiales, resulta posible aprehender su sentido y resolver sobre ellos.
A este respecto, la Sala precisa que es acertada la consideración del Gobierno Nacional en el sentido de que esta circunstancia de ninguna forma inhibe la posibilidad de que esos mismos contenidos sean materia de objeción por parte del Gobierno, como ciertamente podrían ser también objeto de la acción pública de inconstitucionalidad, en cualquier tiempo. En tal escenario, la única situación que debería este tribunal tomar en cuenta, sería la ocurrencia de la llamada cosa juzgada material, esto es, la existencia de decisiones anteriores frente a un contenido normativo materialmente idéntico al que en la actualidad se cuestiona, y frente a la misma posible causa de inconstitucionalidad[7], evento que en caso de presentarse, sería reconocido por esta Sala. Pero sin duda, el solo hecho de la larga vigencia de un contenido equivalente al cuestionado, sin que sobre él haya recaído decisión alguna, de ninguna manera impide el libre ejercicio de la función gubernamental de objetar las leyes que el Congreso remita para su sanción.
3. Surtido el correspondiente estudio, el 10 de noviembre de 2015, el Senado de la República en sesión plenaria[10], mediante votación nominal y decisión unánime de los asistentes[11] aprobó el informe presentado por los miembros de la Comisión Accidental (publicado en la Gaceta 876 de 4 de noviembre de 2015, páginas 6 a 16), en el que se recomendó declarar infundadas las dos primeras objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional y aceptar las otras dos, así como declarar fundadas dos de las objeciones basadas en la supuesta inconveniencia de estas normas y rechazar las dos restantes.
4. El anuncio previo a la votación del informe que recomendó el rechazo de las objeciones presidenciales se realizó, en el caso del Senado de la República el día 4 de noviembre de 2015 y en la Cámara de Representantes el 25 de noviembre de 2015, según consta en las correspondientes actas de esas reuniones[13].
Para examinar la validez de los referidos anuncios, la Corte debe tener en cuenta su jurisprudencia sobre los alcances de la exigencia prevista en el artículo 160 superior[14], la cual debe observar los siguientes requisitos:
- No existe una fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para efectuar el aviso, siendo válida cualquier expresión que en forma inequívoca cumpla el objetivo de este precepto constitucional. Así por ejemplo, el uso de la expresión "anuncio", para referirse a los avisos de proyectos que serán "considerados" o "debatidos" en otras sesiones, se entiende como revelador de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional.
Respecto de los términos de ese anuncio, según se observa en la referida acta 27, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos identificadores en el primer lugar de la lista de proyectos anunciados en la sesión del día 4 de noviembre de 2015, siendo el único que se encontraba en esta situación (con informe de objeciones), relación leída al inicio de esa sesión legislativa, antes de lo cual el Secretario General del Senado informó que: "Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión:", reiterándose una vez leída aquella que "Están hechos los anuncios, señora Presidenta".
De otra parte, agotado el orden del día de la correspondiente sesión, se informó que "Siendo las 5:34 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 10 de noviembre de 2015, a las 3:00 p. m.". Como antes se indicó, la votación de este informe de objeciones tuvo lugar en la sesión de ese día, martes 10, en los mismos términos que fueron anunciados.
En efecto, al promediar la sesión, durante la cual se realizaba un debate de control político, se surtió el anuncio respectivo, el cual estuvo precedido de la siguiente fórmula: "Se anuncia (sic) proyectos de ley para la próxima sesión 1º de diciembre o para la siguiente cuando se debatan proyectos de ley o actos legislativos, son los siguientes:" Inmediatamente a continuación, en segundo lugar dentro de una larga lista de casi 30 proyectos, se expresó: "Informe de Objeciones: Proyecto de ley número 195 de 2014 Cámara, 055 de 2014 Senado". Según puede comprobarse entonces, el referido anuncio cumplió a cabalidad los requisitos que más atrás quedaron expuestos.
El escrito de objeciones señala también que "El proyecto incorpora los principios de especialidad y subsidiariedad en relación con la tipicidad disciplinaria, en el sentido de acudir a los tipos de la ley penal siempre y cuando la conducta no se adecúe especialmente a las faltas disciplinarias...".
Frente a esta objeción la Sala encuentra, en primer lugar, que la regla en comento, contenida en el artículo 67 del proyecto de ley parcialmente objetado, ciertamente acude a la aplicación del principio de especialidad, al momento de realizar la adecuación típica de los hechos investigados, técnica que desde antaño ha sido de común aplicación, tanto en el campo del derecho penal como también en el disciplinario, y que en ningún caso se ha considerado contraria al debido proceso, ni a ninguna otra de las garantías constitucionales[16].
De otra parte, la Corte encuentra que le asiste razón al Congreso de la República, a uno de los ciudadanos intervinientes y a la Viceprocuradora General, al estimar improcedente la invocación del principio de favorabilidad frente al caso planteado, pues en efecto, lo que aquél regula es el caso en el que existe un conflicto de normas en el tiempo, lo que implica un explícito cambio de la voluntad legislativa que se ha manifestado en dos distintos momentos, en torno a la gravedad de una falta o la específica forma de sancionarla, que es el único escenario en el que debe siempre preferirse la norma más benigna[18].
Por último, debe anotarse que no se entiende la mención que el escrito de objeciones hace con respecto a "...acudir a los tipos de la ley penal siempre y cuando la conducta no se adecúe especialmente a las faltas disciplinarias...", pues el artículo 67 objetado no contiene ninguna referencia en ese sentido. A este respecto, la Sala observa que sí existe una remisión de este tipo en el artículo 65 de este mismo proyecto, que bajo determinadas circunstancias clasifica como falta gravísima la realización de conductas previstas en la ley penal como delito sancionable. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta norma no fue transcrita ni mencionada en forma alguna en el escrito de objeciones, y por esa misma razón tampoco fue objeto de insistencia por parte del Congreso, no resultaría posible que la Corte, dentro del ámbito del trámite que se adelanta, entrara a decidir sobre su posible inconstitucionalidad.
La validez del reproche de constitucionalidad que en este caso formula el Gobierno Nacional frente a la calificación que este proyecto de ley hace de las diez conductas objetadas, depende de las implicaciones que la definición de tales comportamientos como faltas gravísimas trae consigo. Por esta razón, más allá de lo que intuitivamente representa esta denominación, es necesario detenerse para precisar las consecuencias jurídicas que ella tiene dentro del marco del nuevo Código Disciplinario contenido en el proyecto parcialmente objetado, que por lo demás, en relación con este tema, sigue líneas semejantes a las que pueden reconocerse en el Código hoy vigente (Ley 734 de 2002).
Así por ejemplo, a poco de entrar en vigencia el actual Código Disciplinario Único[23], la Corte resolvió sobre una demanda en la que, entre otros asuntos, se cuestionó la creación de una falta gravísima consistente en haber sido sancionado disciplinariamente con anterioridad, en tres o más ocasiones dentro de los cinco años precedentes. En la sentencia C-1076 de 2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), este tribunal determinó que esta regla resultaba contraria a la Constitución Política, pues al establecerla, el legislador excedió el margen de configuración normativa del que legítimamente puede hacer uso. De manera particular, consideró esta Corte que el señalamiento de esta circunstancia como constitutiva de una nueva falta, además con el carácter de gravísima, y con las severas consecuencias que ello implica, resultaba desproporcionado, al no distinguir siquiera sobre las circunstancias de las faltas anteriores, haciendo posible, por ejemplo, que se sancionara como autor de una falta gravísima a quien hubiere cometido en el pasado varias faltas, apenas catalogadas como leves. Por esa razón, el parágrafo 2° del artículo 48 de ese código fue declarado inexequible.
Años después, la sentencia C-545 de 2007 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) declaró conforme a la Constitución la frase "aquella que constituya causal de mala conducta", contenida en el artículo 37 de la Ley 1015 de 2006 (Régimen Disciplinario de la Policía Nacional), por la cual se determinó que tales comportamientos configuran falta gravísima, regla que había sido cuestionada por su presunta ausencia de proporcionalidad, también al no distinguir las diversas situaciones que pueden presentarse a partir del hecho de que algunas de las acciones que constituyen causal de mala conducta pueden ser cometidas con culpa grave o leve. Sin embargo, la Corte encontró que esta regla era un válido ejercicio de la libertad de configuración del legislador, que para este caso consideró pertinente la equiparación entre las causales de mala conducta y la comisión de una falta gravísima, además de lo cual, otras normas del mismo Estatuto permiten plantear la diferencia de culpas que el actor echaba de menos.
En la sentencia C-030 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de la falta gravísima definida en el numeral 45 del artículo 48 del mismo Código Disciplinario Único, consistente en ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que el infractor presta sus servicios. En este caso, la Corte declaró inexequible la frase "el buen nombre y prestigio de" y conforme al texto superior el resto de esa disposición. Para ello explicó, que si bien resulta razonable sancionar de esta severa forma la actuación del servidor público que emprende actividades lucrativas ajenas e incompatibles con el quehacer de la institución pública en la que trabaja, la referencia al buen nombre y prestigio de aquélla resulta tan vaga e imprecisa, que da espacio a la arbitrariedad del operador jurídico, y por ello resulta desproporcionada frente a la magnitud de las consecuencias que implica.
Más recientemente, el fallo C-794 de 2014 (M. P. Mauricio González Cuervo) declaró exequible un aparte del numeral 39 de ese mismo artículo 48, que tipifica como falta gravísima el hecho de utilizar el cargo público para participar en controversias políticas. Para llegar a esta conclusión, la Corte partió de las reglas generales contenidas en el artículo 127 superior[24], que restringen, para la mayor parte de los servidores públicos, la posibilidad de participar en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, precisando que tal restricción se refiere solo a la posibilidad de intervenir en las campañas y actividades electorales, sin perjuicio de ejercer libremente, no solo el derecho al sufragio, sino el de participar en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general. Esta corporación explicó que la calificación de falta gravísima que se hace de esta situación tiene un claro respaldo constitucional en la necesidad de preservar el principio de imparcialidad de la función pública, asegurar la prevalencia del interés general sobre el particular, garantizar la igualdad de los ciudadanos y organizaciones políticas, proteger la libertad política del elector y del ciudadano y defender la moralidad pública, finalidades todas presentes en el texto constitucional.
Poco después, la sentencia C-951 de 2014 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez), por la cual se realizó la revisión automática de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre derecho de petición[25], declaró inexequible la expresión gravísima, y con ella la calificación que en tal sentido se daba a la falta disciplinaria que comete el servidor público que realizara una de varias conductas, entre ellas, la desatención a los términos para resolver peticiones, la contravención a las prohibiciones, y el desconocimiento de los derechos de que trata la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo[26]. En este caso, además de otros aspectos relevantes, encontró la Corte que la norma estudiada imponía una sanción desproporcionada al no distinguir la gran diversidad de situaciones que podrían encuadrarse en las tres hipótesis en ella contempladas, las que a simple vista resultaban de muy desigual implicación, por ejemplo la de no dar respuesta a las peticiones y la de dar respuesta tardía, además de lo cual, todas esas infracciones estarían sometidas a la misma sanción aplicable a todas las demás situaciones previstas en el artículo 48 del Código Disciplinario Único, muchas de ellas de mayor calado e impacto para el servicio público. Así las cosas, concluyó la Corte, esta calificación no podía encuadrarse como un válido ejercicio de la libertad de configuración legislativa.
Finalmente, mediante sentencia C-721 de 2015 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), y en sentido semejante al de la decisión anterior, esta Corte declaró inconstitucional la expresión gravísima, contenida en el inciso final del artículo 86 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo[27], que impone tal connotación a la falta consistente en no resolver oportunamente los recursos interpuestos contra las decisiones administrativas. En este caso, y después de un extenso análisis sobre los alcances de la libertad de configuración normativa que en estos casos tiene el legislador, y de realizar un test de proporcionalidad sobre esta medida, concluyó la Corte que la sanción a imponer por este hecho era demasiado gravosa frente a la entidad de la falta cometida (demora en los tiempos de respuesta), no parecía necesaria para el logro del objetivo propuesto (lograr la oportuna resolución de los recursos interpuestos), y resultaba desproporcionada, en sentido estricto, en cuanto podría conducir a la destitución y a una prolongada inhabilidad del servidor público responsable, como consecuencia de una falta de comparativa menor implicación. En este caso, y en razón a la similitud de circunstancias, la Corte dijo seguir el precedente contenido en el fallo C-951 de 2014, referido en el punto anterior.
En esta perspectiva, seguidamente es necesario destacar que el proyecto de nuevo Código Disciplinario que en este caso ha sido parcialmente objetado, si bien incorpora muchos contenidos ya existentes en la normativa vigente, plantea un nuevo sistema en relación con la definición de las faltas gravísimas, hasta ahora enumeradas en una sola disposición legal[28]. Con propósitos de sistematización, y con el ánimo de destacar y hacer explícitos los valores y objetivos que en cada caso son lesionados, el futuro nuevo código propone ahora listar tales conductas en varios artículos sucesivos[29], en los que tales faltas han sido clasificadas a partir de los intereses o bienes jurídicos que en cada caso son afectados, a la manera en que tradicionalmente lo ha hecho el Código Penal.
A partir de estas consideraciones, y dado que el numeral 1° objetado omite por completo cualquier precisión o salvedad sobre las circunstancias en que se hubiere configurado el silencio administrativo positivo, se observa que ello permitiría la aplicación de esta norma, severamente sancionatoria, incluso a situaciones en las que ciertamente no se justifique tal rigor. Así las cosas, concluye la Sala que esta norma, bajo su actual texto, efectivamente resulta contraria al texto constitucional, por lo cual declarará fundada esta objeción.
Teniendo en cuenta que la norma objetada omite cualquier precisión en tal sentido, con lo cual podría ser sancionado como falta gravísima el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, aun cuando ello no genere impacto alguno en el servicio público, la Corte declarará fundada la objeción en relación con la frase "o en lugares públicos", e infundada en lo que atañe al resto del numeral tercero en comento.
Primero.- Declarar INFUNDADA la PRIMERA de las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 55 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario", y por lo tanto, declarar la constitucionalidad del artículo 67 de dicho proyecto, en relación con el aspecto analizado.
Tercero.- Declarar parcialmente INFUNDADA la SEGUNDA objeción por inconstitucionalidad formulada por el Gobierno Nacional, en relación con el numeral 3° del artículo 55 del mismo proyecto de ley. En consecuencia, declarar la constitucionalidad parcial del texto reproducido en el numeral 3º del artículo 55 de este proyecto de ley, y parcialmente FUNDADA esta objeción, en lo relativo a la expresión "o en lugares públicos", en los términos de la sentencia C-252 de 2003.
Con aclaración de voto	Ausente en comisión
A LA SENTENCIA C-284/16
PROYECTOS DE LEY OBJETADOS POR EL GOBIERNO-Técnica de modulación de los fallos no es necesaria en el control constitucional (Aclaración de voto)/EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Decisiones se justifican cuando hay evidencia de inconstitucionalidad (Aclaración de voto)/PRINCIPIOS DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL Y CONSERVACION OPTIMA DEL DERECHO LEGISLADO-Se armonizan con la devolución a las Cámaras del proyecto de ley declarado parcialmente inexequible (Aclaración de voto)
PROYECTO DE LEY QUE TIPIFICA COMO FALTA DISCIPLINARIA EL CONSUMO EN LUGARES PUBLICOS DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS QUE PRODUZCAN DEPENDENCIA FISICA O SIQUICA-Inconstitucionalidad en la medida en que no hace depender su configuración a la comprobación de una afectación cierta de la función pública (Aclaración de voto)
1. Suscribo esta decisión, pero aclaro el voto para precisar el sentido de mi apoyo a la inexequibilidad del numeral 3º artículo 55 del Proyecto de ley, que tipifica como falta disciplinaria el consumo, en lugares públicos, de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica. Como lo señala la presente providencia, una descripción normativa jurídicamente igual a esta fue controlada, en lo pertinente, por la sentencia C-252 de 2003.[31] En esa ocasión, la Corte sostuvo que una falta disciplinaria por ese comportamiento solo se ajustaba a la Constitución, si se configuraba una afectación cierta a la función pública (y no en otros contextos, en los cuales el individuo se desarrolla conforme a su libertad personal). De tal suerte, en este caso, por reproducirse lo que la Corte condicionó, se debía tomar una decisión que ajustara la disposición al ordenamiento constitucional. No obstante, la Corte fue de la opinión que no cabía tomar la misma resolución de la sentencia C-252 de 2003, por cuanto en esa ocasión se trataba del control de una ley ya promulgada, que fue objeto de una acción pública de inconstitucionalidad, contexto en el cual es generalmente viable un pronunciamiento de exequibilidad condicionada. Entre tanto, en este caso, la Corporación revisaba un proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, escenario en el cual por principio son improcedentes las decisiones de exequibilidad condicionada.
2. Si bien comparto, parcialmente, el razonamiento que condujo a la Sala a no seguir mecánicamente la resolución que al respecto se adoptó en la sentencia C-252 de 2003, debo hacer las siguientes dos aclaraciones.
2.1. En primer lugar, ciertamente la jurisprudencia ha observado una tendencia regular hacia no adoptar decisiones de exequibilidad condicionada al resolver objeciones gubernamentales, sino a decidir pura y simplemente sobre su exequibilidad o inexequibilidad, parciales o totales. Esta no ha sido una tendencia absoluta, pues en ciertos eventos ha adoptado también decisiones de exequibilidad condicionada.[32] Coincido, sin embargo, con la orientación jurisprudencial dominante, en que esa técnica de modulación de los fallos no es en principio necesaria en el control constitucional de proyectos de ley objetados por el Gobierno. Las decisiones de exequibilidad condicionada se justifican cuando hay evidencia de una inconstitucionalidad, pero se advierte que con un condicionamiento la disposición legislativa puede conservarse como derecho. En últimas, como se observa, los condicionamientos están animados por la necesidad de armonizar los principios de supremacía constitucional y conservación óptima del derecho legislado. Pues bien, esa armonización ya es posible, en general, en el control por objeciones gracias a una institución diferente a los condicionamientos, aunque propia de ese contexto procesal, cual es la devolución a las Cámaras del proyecto de ley declarado "parcialmente inexequible", con el fin de que se rehaga la previsión en términos concordantes con el dictamen de la Corte (CP art 167). En esos casos no es entonces necesario condicionar la disposición revisada, en la parte resolutiva del fallo, toda vez que se puede declarar inexequible y fijar las condiciones de su constitucionalidad en la parte motiva, para que sean tenidas en cuenta en la refacción parlamentaria del proyecto de ley, y se preserve en la medida de lo posible la previsión.
No obstante, incluso en el contexto procesal del control constitucional de proyectos de ley objetados por el Gobierno quedan ciertas hipótesis, probablemente excepcionales, en las cuales no podría descartarse la apelación a un condicionamiento. En efecto, cuando la inconstitucionalidad es material, por ejemplo, y se predica de la totalidad del proyecto de ley y no solo de algunas de sus previsiones, no hay lugar ni a declarar su exequibilidad, pues es contrario a la Constitución, ni su inexequibilidad parcial, ya que la inconstitucionalidad afecta todo el proyecto de ley. Quedaría entonces la posibilidad teórica de una declaratoria de inexequibilidad total pura y simple, caso en el cual no habría devolución del asunto al Congreso, pues la Constitución prevé que en ese evento "se archivará el proyecto de ley" (CP art 167). Esto último es quizás legítimo si no hay alternativas judiciales para preservar el fruto de la labor legislativa, pero resulta injustificado si un condicionamiento permite conservarlo como derecho. Si efectivamente es posible conservar el proyecto de ley con un fallo modulado, debe condicionarse su exequibilidad, sin que esto por sí mimo suponga desbordar las competencias ordinarias de la Corte Constitucional.
2.2. En segundo lugar, precisamente por lo anterior, en el presente caso la decisión de inexequibilidad del numeral 3º artículo 55 del Proyecto de ley, en sentido pragmático y dado el contexto, es equivalente a lo que haría en otro escenario procesal una resolución de exequibilidad condicionada, pues busca armonizar los principios de supremacía constitucional y de conservación del derecho legislado. Lo cual significa que la determinación adoptada en la presente sentencia no puede entonces interpretarse en el sentido de que está tajantemente prohibido por la Constitución tipificar como falta disciplinaria el consumo, en lugares públicos, de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica. Lo que reconocen tanto la sentencia C-252 de 2003 como el presente fallo es que esa opción legislativa resulta inconstitucional, solo en la medida en que no hace depender su configuración a la comprobación de una afectación cierta de la función pública. Sin embargo, si el legislador ajusta la regulación para supeditar ese tipo disciplinario a que se demuestre una afectación de la función pública, entonces la disposición sería conforme a las normas constitucionales que han servido para controlar su validez. En estos términos dejo, entonces, expuestas las razones por las cuales aclaré el voto.
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, QUE DECLARÓ INFUNDADAS LAS OBJECIONES FORMULADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL SALVO LA FUNDADA EN LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Desacuerdo con la decisión de inconstitucionalidad de los numerales 1° de los artículos 55 y 58 del proyecto de ley objetado, pues el Gobierno no expuso argumentos ciertos y suficientes para sustentar su objeción por inconstitucionalidad en razón de su presunta falta de proporcionalidad (Salvamento de voto)
TEST DE PROPORCIONALIDAD-Elementos esenciales (Salvamento de voto)
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-La Corte ha debido inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los numerales 1° de los artículos 55 y 58 del proyecto de Ley (Salvamento de voto)
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Tal como señala la ponencia, el entendimiento de la objeción gubernamental sobre el principio de favorabilidad es absolutamente equivocado pues lo confunde con el principio pro homine (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Aplicación (Aclaración de voto)/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Alcance (Aclaración de voto)/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD-Concepto (Aclaración de voto)
PRINCIPIO PRO HOMINE-Alcance (Aclaración de voto)/PRINCIPIO PRO HOMINE-Concepto (Aclaración de voto)/PRINCIPIO PRO PERSONA-Concepto (Aclaración de voto)/PRINCIPIO PRO PERSONA-Alcance (Aclaración de voto)
PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-El entendimiento de la objeción sobre el principio de favorabilidad corresponde realmente al principio pro homine (Aclaración de voto)
Referencia: expediente OG- 149
Problemas jurídicos planteados en la sentencia: vulneran los artículos 55, 56, 57, 58, 67, 141, 251 y 253 del Proyecto de Código General Disciplinario los principios de favorabilidad y proporcionalidad.
Motivo del Salvamento: no debió analizarse la objeción sobre la infracción del principio de proporcionalidad.
Motivo de la aclaración: la interpretación dada en la objeción al principio de favorabilidad es equivocada.
Salvo el voto en la Sentencia C - 284 de 2016, por cuanto considero que la argumentación de la objeción sobre la infracción del principio de proporcionalidad no era suficiente y aclaro en voto en relación con el entendimiento otorgado por la objeción gubernamental al principio de favorabilidad.
1. ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA C - 284 DE 2016
El Gobierno Nacional formuló ocho distintas objeciones, las primeras cuatro por motivos de inconstitucionalidad y las cuatro restantes por razones de inconveniencia, en relación con las antes transcritas disposiciones del proyecto de ley enviado para su sanción. Las objeciones por inconstitucionalidad, únicas sobre las cuales es competente para decidir este tribunal, se sustentan en las siguientes razones:
"i) la regla establecida en la parte final del primer inciso del artículo 67 del proyecto viola el artículo 29 superior, que garantiza el derecho al debido proceso en toda actuación judicial o administrativa, pues su aplicación conduce a que la posible divergencia de dos o más normas en torno a la calificación de una determinada falta como leve, grave, o gravísima se traduzca en considerarla siempre como gravísima, lo que impide la vigencia y aplicación de los principios de legalidad y favorabilidad, que hacen parte de la referida garantía;
los apartes impugnados de los artículos 55, 56, 57y 58 desconocen el derecho a la igualdad de que trata el artículo 13 de ta Constitución, pues al considerar las distintas faltas allí tipificadas, todas sometidas a similar sanción, se observa una notoria desproporción entre ellas al tratarse de conductas que lesionan bienes jurídicos de muy disímil importancia y gravedad[2]. En apoyo de este planteamiento, el Gobierno invocó las reflexiones y la decisión que sobre un tema análogo tomó esta Corte en la sentencia C-951 de 2014.
la regla especial contenida en el parágrafo 1o del artículo 141 de este proyecto, en torno a la legitimación para solicitar la revocatoria directa del fallo absolutorio cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, es contraria a los artículos 13, 29 y 93 de la Constitución Política, por cuanto impide que la solicitud de revocatoria sea elevada por las víctimas de tales hechos que no tengan la calidad de quejosos, lo que implica un grave sacrificio de sus derechos fundamentales. En este sentido invoca y transcribe apartes de la sentencia C-014 de 2004, que en relación con normas semejantes del Código Disciplinario Único vigente, consideró que todas las víctimas de estos hechos, en orden a la plena garantía de sus derechos, deben tener la posibilidad de impugnar y solicitar la revocación de tales decisiones.
los mandatos contenidos en el artículo 251 y el inciso 2 o del artículo 253 del proyecto, que harían parte del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial, lesionan el derecho a la igualdad. La primera de esas normas regula el tiempo durante el cual deberá adelantarse la investigación disciplinaria, que es inferior al que otro artículo del mismo proyecto determina para los demás posibles sujetos pasivos de estas investigaciones, mientras que la segunda traza una regla en torno al pago de aportes parafiscales y de seguridad social de quienes en diversas circunstancias fueren reintegrados después de haber sido suspendidos, así mismo diferente al aplicable en el mismo escenario a otros servidores públicos ".
La Corte declaró INFUNDADAS las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional respecto de varias normas del nuevo Código General Disciplinario, en cuanto no vulneran el principio de favorabilidad y encajan dentro del ámbito de configuración del legislador del régimen disciplinario para calificar la gravedad de las faltas. En cuanto a tres de las conductas sancionadas, se encontró FUNDADA la objeción sustentada en la falta de proporcionalidad.
2. FUNDAMENTO DEL SALVAMENTO Y DE LA ACLARACIÓN
2.1. Fundamento del salvamento
No estoy de acuerdo con la decisión de inconstitucionalidad de los numerales 1o de los artículos 55 y 58 del proyecto de ley objetado, pues el Gobierno no expuso argumentos ciertos y suficientes para sustentar su objeción por inconstitucionalidad en razón de su presunta falta de proporcionalidad.
Al respecto, el Gobierno simplemente se limitó a considerar que algunas de las conductas contenidas en los numerales objetados, entre ellas las relacionadas con dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo (55-1) y no decidir la procedencia de la acción de repetición, para quienes hagan parte del Comité de Conciliación (58-1) no parecen proporcionadas al sancionar con igual severidad que las que implican violaciones a los derechos humanos, o los actos que afecten la libertad y/u otros derechos fundamentales.
Sin embargo, en estos casos además era necesario al menos formular los elementos del juicio de proporcionalidad
"3.1.1. El primer elemento del test de proporcionalidad es, como bien se sabe, el relativo a la finalidad de la medida de que se trata. En este tipo de análisis el propósito que el precepto cuestionado persigue y los intereses que busca favorecer resultan relevantes, en cuanto si la medida implica alguna restricción o sacrificio de otros derechos o intereses, como a primera vista ocurre en este caso, la validez constitucional de esa limitación depende, entre otros criterios, de la importancia que el texto superior le reconozca al objetivo que la norma pretende alcanzar. La jurisprudencia ha señalado que en los casos en que se aplica un test de proporcionalidad de intensidad intermedia, el propósito que se busca debe ser importante, a la luz del texto constitucional[33].
3.1.2 El segundo elemento por analizar con miras a determinar la proporcionalidad de la medida que se estudia es su idoneidad para alcanzar la finalidad propuesta, esto es, contribuir a reducir los niveles de congestión de los despachos judiciales. Dado que en este caso se aplica un juicio intermedio de proporcionalidad, la medida ha de ser adecuada o conducente para el logro del fin propuesto, por lo cual deberá existir un importante grado de probabilidad de que a través de ella pueda lograrse el objetivo buscado.
3.1.3. En tercer lugar debe mirarse lo relativo a la necesidad de la medida, esto es, si la misma resulta indispensable para el logro del objetivo propuesto, aspecto que normalmente se determina examinando la posibilidad de que se implemente otra medida menos gravosa, pero igualmente conducente al propósito esperado.
3.1.4 Por último, debe analizarse también si esta medida resulta proporcionada en sentido estricto, para lo cual se requiere establecer el balance existente entre los beneficios que su aplicación podría reportar y los costos o dificultades que ello ocasionaría. Sin embargo, surge una primera dificultad al tratar de apreciar esa relación, pues al haberse constatada la alta indeterminación del beneficio que esta nueva regla sobre competencia territorial de los jueces laborales puede generar, al menos frente al objetivo de contribuir a la descongestión judicial, queda entonces en un plano puramente especulativo evaluar la relación costo-beneficio que al respecto pudiera plantearse y, a partir de allí, deducir si se está quebrantando el principio de proporcionalidad.
De esta manera, no era posible analizar la demanda si esta no señalaba de manera detallada los elementos de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, sino que simplemente señaló que hay varias faltas que tienen la misma consecuencia.
Por tanto, la Corte ha debido de inhibirse de emitir una decisión de fondo.
2.2. Fundamento de la aclaración
Igualmente, debo señalar que tal como señala la ponencia el entendimiento de la objeción gubernamental sobre el principio de favorabilidad es absolutamente equivocado pues lo confunde con el principio pro homine.
El principio de favorabilidad es aplicable cuando "una situación de hecho puede someterse a la regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los mismos hechos "[34]
Este axioma implica una serie de directrices dentro de las cuales queda claro que solo se aplica en relación con la vigencia de la ley en el tiempo y con 2 normas que sean vigentes simultáneamente:
"a.- El principio de favorabilidad penal constituye un elemento fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional e implica que en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Esta cláusula se encuentra incluida en tratados internacionales de derechos humanos, a partir de los cuales en asuntos punitivos debe preferirse la ley benigna frente a la desfavorable como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[35] y la Convención Americana de Derechos Humanos.
b.- El principio de favorabilidad penal es una excepción al principio de irretroactividad de la ley penal. Lo anterior, por cuanto en situaciones de tránsito legislativo, la autoridad judicial debe evaluar los efectos de la ley en el caso y aplicar la norma que resulte más benigna aun cuando la norma sea posterior a la conducta que es objeto de juzgamiento[37].
c- Dado que el Texto Constitucional regula toda aplicación de la normatividad penal, el principio de favorabilidad opera frente a normas procesales y de contenido sustancial[38].
d.	- La Ley 906 de 2004 puede aplicarse de manera favorable en relación con conductas que fueron juzgadas bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000. Así mismo, esta aplicación benéfica de la Ley 906 de 2004 puede presentarse en distritos judiciales donde la misma no ha entrado en vigencia, lo cual es compatible con el principio de igualdad constitucional[39].
De esta manera, el principio de favorabilidad es aplicable en relación con procesos concluidos y por ello, no es posible restringir la aplicación de la cláusula constitucional frente a personas que ya cuentan con sentencia condenatoria[40].
e.	- Las autoridades judiciales en su labor de interpretación deben establecer en el caso concreto cuál es la norma más favorable a los intereses del procesado o sentenciado. En virtud de lo anterior, el principio de favorabilidad atañe al examen de situaciones concretas.
f - El principio de favorabilidad se encuentra supeditado a situaciones análogas reguladas de manera diferente en la normatividad. Por tanto, en caso de evidenciarse la existencia de una norma más favorable en el nuevo sistema relacionada con instituciones que guardan la misma identidad debe aplicarse la norma más benéfica[41] ".
Por su parte, el principio pro homine implica que en algunos casos se debe procurar la interpretación más favorable a la persona:
"El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana (artículo 1o de la Constitución) y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2o), tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia "principio de interpretación pro homine " o "pro persona ". A este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos: "El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional". Este es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1o y 2o de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que "sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental[43].
"Sentencia C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
De esta manera, el entendimiento de la objeción sobre el principio de favorabilidad corresponde realmente al principio pro homine.
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Dentro de las consideraciones, se debió señalar que en la adecuación típica disciplinaria siempre prevalece la que sea más favorable al investigado (Aclaración de voto)
OBJECIONES GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO Y DEROGA DISPOSICIONES DEL DERECHO DISCIPLINARIO-Son improcedentes las decisiones de exequibilidad condicionada, por tratarse de un proyecto de norma que aún no ha nacido a la vida jurídica (Aclaración de voto)
Si bien comparto el sentido y las consideraciones expuestas en la Sentencia C-284 de 2016 que, en su mayor medida, declararon infundadas las objeciones propuestas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario", a continuación expreso los motivos de mi respetuosa aclaración.
Conviene recordar que el 16 de diciembre de 2015, en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 167 de la Constitución Política, el Secretario General del Senado de la República envió a esta Corporación el expediente legislativo correspondiente al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado – 195 de 2014 Cámara, cuyo contenido fue parcialmente objetado por el Presidente de la República, tanto por razones de inconveniencia como de inconstitucionalidad. El Gobierno Nacional objetó el proyecto de ley por ocho razones, cuatro por inconstitucionalidad y cuatro por inconveniencia.
En la sentencia objeto de aclaración, la Corte se pronunció en torno a dos objeciones por inconstitucionalidad, habida cuenta de su incompetencia para manifestarse frente a los asuntos de inconveniencia y la aceptación por parte del Congreso de la República de dos de las objeciones presentadas por razones de inconstitucionalidad.
Puntualmente, el ejecutivo objetó el artículo 67[44] del proyecto de ley, con fundamento en que al incorporarse los principios de especialidad y subsidiariedad en relación con la tipicidad disciplinaria, se le dio tratamiento de normas especiales, cuestión que a juicio del Gobierno desconoce el parámetro de favorabilidad consagrado en el artículo 29 Superior, puesto que conduce al operador disciplinario a apartarse de la norma más beneficiosa y, consecuentemente, aplicar la de mayor identidad sancionatoria.
Por virtud de la Sentencia C-284 de 2016 se declaró infundada esta objeción porque la configuración de la tipicidad disciplinaria se estructura bajo el sistema numerus apertus, conforme a la cual es imposible establecer un catálogo cerrado de los comportamientos constitutivos de transgresión del ordenamiento jurídico, así como clasificarlos de menor a mayor entidad. En ese sentido, si los comportamientos no están taxativamente previstos como falta gravísima, el juicio de adecuación típica se hace a partir de otros preceptos que eventualmente determinan en un caso concreto si se está ante una falta grave o leve, de acuerdo con las distintas posibilidades descritas en el artículo 48 del estatuto disciplinario. En palabras de la Corte:
"Que la segunda objeción, atinente a la calificación como falta gravísima de diez distintas conductas listadas en los artículos 55 a 58 de este proyecto resulta también infundada frente a siete de ellas, pues no se observa que tales tipos disciplinarios resulten contrarios a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y por tanto, no existen razones de peso que permitan descalificar las decisiones que al respecto ha aprobado el órgano legislativo, en ejercicio de su autonomía de configuración normativa."
Al respecto, considero que la descripción típica de faltas disciplinarias en modalidad leve, grave o gravísima, siempre conduce a diversas interpretaciones por parte del operador disciplinario, ya sea que al realizar el juicio de adecuación típica, opte por: (i) salvaguardar los principios de legalidad y especialidad, propios del derecho sancionador y, por tanto, se le dé eficacia a la función disciplinaria adecuando el comportamiento a la falta de mayor gravedad; o (ii) se aplique la norma más favorable al investigado, de tal manera que al definir la tipificación de la conducta se adecue a la falta de menor entidad.
Ante esta dualidad de interpretaciones posibles, aclaro mi voto con el fin de precisar que dentro de las consideraciones de la sentencia C-284 de 2016, se debió señalar que en la adecuación típica disciplinaria siempre prevalece la que sea más favorable al investigado, pues de lo contrario se estaría desconociendo el principio pro homine y los tratados internacionales de derechos humanos que tratan sobre el derecho al trabajo y el acceso a cargos públicos.
En segundo lugar, se objetaron algunos numerales contenidos en los artículos 55, 56, 57 y 58, todos relativos a la configuración de faltas gravísimas. La Corte encontró parcialmente fundada esta segunda objeción respecto de tres de las conductas definidas como falta gravísima, específicamente las contenidas en los numerales 1° del artículo 55, 1º del artículo 58 y de una expresión del numeral 3º del mismo artículo 55. En el primer caso, relacionado con la configuración del silencio administrativo positivo, al no distinguir entre las diversas circunstancias en que tal resultado puede presentarse. En el segundo, concerniente a una posible omisión de los comités de conciliación, por la parcial indeterminación del texto objetado, y por la falta de necesidad estricta de la sanción frente a esta conducta, lo que repercute en la proporcionalidad de la misma. Y en el último, en relación con el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, al omitir tener en cuenta el condicionamiento efectuado por esta Corte, en torno a la posibilidad de sancionar tal conducta, únicamente en caso de que incida sobre la prestación del servicio público a cargo del infractor.
En particular, frente al numeral 3º del artículo 55 que tipifica como falta disciplinaria el consumo de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica en lugares públicos, quiero resaltar que mi apoyo a la inexequibilidad de la expresión "o en lugares públicos" del numeral 3º del artículo 55 del Proyecto de Ley, se debe a que una medida de tal naturaleza, solo se ajusta a la Constitución, si configura una afectación cierta a la función pública.
En efecto, desde la Sentencia C-252 de 2003, esta Corporación precisó que una falta disciplinaria por ese comportamiento solo se ajustaba a la Carta Política en la medida en que implicara una afectación cierta a la función pública, y no operara frente a casos en los cuales las personas actúan conforme a su libre desarrollo. Con fundamento en ello, la Corte declaró exequible el numeral 48 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que la expresión "en lugares públicos", contenida en el inciso primero, es exequible en cuanto la conducta descrita afecte el ejercicio de la función pública.
Si bien no se podía replicar la decisión adoptada en la sentencia C-252 de 2003, ya que en esa ocasión el control recayó sobre una ley promulgada que fue objeto de acción pública de inconstitucionalidad, y en dicho contexto procede un pronunciamiento de exequibilidad condicionada; en el presente caso, la Corporación revisó un proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional por razones de inconstitucionalidad, escenario en el cual son improcedentes las decisiones de exequibilidad condicionada, por tratarse de un proyecto de norma que aún no ha nacido a la vida jurídica.
Sobre este aspecto, debo aclarar que en el control por objeciones existe una institución diferente a los condicionamientos, consistente en la devolución a las cámaras del proyecto de ley declarado inexequible, con el fin de que se enmiende en términos conformes a la Constitución y, de esta manera, se preserve el fruto de la tarea legislativa. En esos casos no es entonces necesario condicionar el proyecto de la disposición revisada, toda vez que se puede declarar inexequible y fijar las condiciones de su constitucionalidad en la parte motiva, para que sean tenidas en cuenta en la enmienda legislativa.
[4] La Corte se ha referido a la improcedencia de las decisiones de exequibilidad condicionada al decidir sobre objeciones gubernamentales en las sentencias C-321 de 2009, C-766 de 2010, C-821 de 2011 (M. P. en todas estas Humberto Antonio Sierra Porto) y C-233 de 2014 (M. P. Alberto Rojas Ríos), entre otras.
[6] Cfr. en este sentido, entre otros, los fallos C-321 de 2009 (M. P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-662 de 2009 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-239 de 2010 (M. P. Mauricio González Cuervo) y C-398 de 2010 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[7] Sobre el concepto de cosa juzgada material, ver, entre muchas otras, las sentencias C-311 de 2002 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-1038 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-969 de 2012 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-829 de 2014 (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[8] Cfr., entre otros, los fallos C-923 de 2000 (M. P. José Gregorio Hernández), C-1249 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-070 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), C-887 de 2007 y C-741 de 2012 (en ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-290 de 2009 y C-398 de 2010 (M. P. Gabriel E. Mendoza Martelo).
[9] Cfr. entre otras las sentencias C-268 y C-380 de 1995 (en ambas M P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-292 de 1996 (M. P. Julio César Ortiz Gutiérrez y C-028 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
[12] Según se observa en el acta 107 (páginas 22 a 27 de la Gaceta 27 de 2016), el Informe de Objeciones fue aprobado mediante el voto nominal y público de 93 Representantes y el voto negativo, así mismo nominal y público de otro más, lo que también en este caso implica la existencia de quórum decisorio. Esta acta fue aprobada por la plenaria de la Cámara durante la sesión del día 19 de abril de 2016, según lo certificó el Secretario General de esa corporación el día 11 de mayo de 2016 (folio 237 del cuaderno original del expediente).
[14] El último inciso del artículo 160 constitucional, introducido por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone: "Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación."
[15] Ver sobre este tema, entre muchos otros, el auto A-311 de 2006 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y las sentencias C-741 de 2012 (M. P. Nilson Pinilla Pinilla), C-305 de 2010 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-032 y C-930 de 2014 (en ambas M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[16] Sobre el uso de este mecanismo en el más exigente campo del Derecho Penal, ver entre otras, las sentencias C-133 de 1999 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-121 de 2012 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-464 de 2014 (M. P. Alberto Rojas Ríos), en las que este principio ha sido ampliamente explicado, sin generar en ningún caso reproche alguno de constitucionalidad.
[17] De hecho el actual Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002), aun cuando no contiene una regla expresa semejante a la ahora cuestionada, en el fondo emplea el mismo sistema, pues en su artículo 43 establece que las faltas gravísimas se encuentran taxativamente señaladas en ese código, a partir de lo cual se entiende que cualquiera otra que no haya sido definida de esa manera se considerará falta grave o leve. Ver también, en sentido semejante los artículos 25 y siguientes del anterior código (Ley 200 de 1995).
[21] Ver a este respecto, entre muchas otras importantes decisiones, las sentencias C-095 de 1998 (M. P. Hernando Herrera Vergara), C-181 de 2002 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1076 de 2002 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), C-252 de 2003 y C-819 de 2006 M. P. Jaime Córdoba Triviño), C-500 de 2014 (M. P. Mauricio González Cuervo), C-315 de 2012 y C-532 de 2015 (M. P. María Victoria Calle Correa).
[31] Decía el artículo 48, numeral 2, del Código Disciplinario entonces controlado: "Son faltas gravísimas las siguientes: [...] 2. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes". Como se observa, su configuración legislativa es igual en lo relevante a del proyecto de ley objetado y revisado en la presente oportunidad.
[32] Por ejemplo, en la sentencia C-089 de 2001 (MP Alejandro Martínez Caballero. Unánime), al resolver unas objeciones gubernamentales, la Corte adoptó la siguiente resolución: "Segundo.- Declarar infundada la segunda objeción formulada al proyecto de ley No.07/99 Senado 97/98 Cámara "Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas -50 años", bajo el entendido de que el artículo 8º del proyecto autoriza a la Contraloría Distrital a ejercer únicamente el control posterior y selectivo del recaudo, del traslado y de la distribución de los recursos obtenidos" (énfasis añadido). Del mismo modo, en la sentencia C-1040 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte resolvió unas objeciones del siguiente modo: "PRIMERO.- Declarar FUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 8º del proyecto de ley No. 105/06 Senado, 176/06 Cámara "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre el concurso público de acceso a la carrera de notario y se hacen algunas modificaciones a la Ley 588 de 2000" y, en consecuencia, declarar INEXEQUIBLE el artículo 8º del mismo proyecto de ley. Así mismo, declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 9º, en el entendido que esta ley no es aplicable al concurso que se está realizando en cumplimiento de la Sentencia C-421 de 2006" (énfasis añadido).
[33] 'Cfr. sobre este aspecto, entre muchas otras, las sentencias C-740 de 2003. C-316 de 2008 y C-354 de 2009.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional C-181 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] Aprobado mediante Ley 74 de 1968 artículo 15-1 que "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello".
[36] Aprobada mediante Ley 16 de 1972. El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala "Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
[37] Cfr. sentencias C-619 de 2001, C-200 de 2002, T-015 de 2007
[38] Sentencia C-252 de 2001, C-922 de 2001, C-200 de 2002, C-207 de 2003, C-272 de 2005, T-291 de 2006.
[39] Ver sentencias C-592 de 2005 y T-1211 de 2005
[40] Ver sentencia T-091 de 2006
[41] Consultar sentencias T-091 de 2006, T-015 de 2007
[42] '"Sentencia de la Corte Constitucional T-434 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] Sentencia C-438 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[44] "Artículo 67. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la incursión al régimen de prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 47 de este código."