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Timestamp: 2020-02-24 01:09:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 6', 'artículo 23', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 6', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 57', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 4', 'artículo 51', 'artículo 57']

﻿ Sentencia 2002-00662 de enero 29 de 2009
SENTENCIA 2002-00662 DE 29 DE ENERO DE 2009
CONTENIDO:POSTULACIÓN COLECTIVA DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA. LEGITIMACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
Sentencia 2002-00662 de enero 29 de 2009
Expediente 44001 2331 000 2002 00662 01
Actora: Limos Ltda.
Sea lo primero precisar que comoquiera que lo único que decidió el Inurbe mediante el acto acusado fue rechazar por falta de legitimación por activa en la causa la reclamación presentada por la actora contra las asignaciones del subsidio familiar de vivienda efectuadas por dicha entidad y contenidas en las resoluciones 683, 768 y 769 de 2001, la Sala circunscribirá su análisis a dicha decisión.
El fundamento legal de la decisión apelada fue el artículo 57 del Decreto 2620 de 2000, que preceptúa:
“ART. 57.—Los postulantes no beneficiados en la respectiva asignación, que se sientan afectados en relación con la calificación y el orden secuencial, tendrán un plazo de quince (15) días calendario desde la fecha de la publicación, a que se refiere el artículo anterior, para presentar por escrito ante la entidad otorgante, las observaciones y reclamos que le merece dicha asignación. Transcurrido dicho plazo no se atenderán reclamaciones. Solo serán atendidos los errores fundados en errores de hecho, no imputables a los postulantes, de acuerdo con el procedimiento que para el efecto establezca por resolución el Ministerio de Desarrollo Económico...”.
Pues bien, el artículo 6º del Decreto 2620 de 2000 dispone que podrán ser postulantes para la asignación del subsidio familiar de vivienda los hogares que carecen de recursos suficientes para obtener o mejorar una única solución de vivienda de interés social, cuyos ingresos totales mensuales no sean superiores al equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales y cumplan con los requisitos que señalan la Ley 3ª de 1991 y el mencionado decreto.
Por su parte, el artículo 23 del Decreto 2620 de 2000, modificado por el artículo 4º del Decreto 1585 de 2001, establece:
“ART. 23.—Modalidades de la postulación. La solicitud de asignación de los subsidios familiares de vivienda se hará mediante postulación, dado el cumplimiento de las condiciones de ahorro previo, bajo las modalidades de ahorro programado y realización de aportes periódicos en las entidades captadoras de recursos indicadas en el inciso siguiente, y la financiación complementaria para la obtención de la solución de vivienda.
“La postulación al subsidio familiar de vivienda podrá ser individual o colectiva. Se denomina postulación individual aquella en la cual un hogar, en forma independiente, solicita el subsidio para la adquisición de vivienda. Se denomina postulación colectiva aquella en la cual un grupo de hogares solicita el subsidio, para su aplicación a soluciones de vivienda que conforman un proyecto en el que participan los postulantes”.
A su turno, el artículo 24 ibídem, con la modificación introducida por el artículo 6º del Decreto 1585 de 2001, preceptúa que las postulaciones colectivas se realizan a través de las organizaciones populares de vivienda, las organizaciones no gubernamentales, las cajas de compensación familiar, los constructores, las unidades administrativas, dependencias, entidades, entes u oficinas que cumplan con las funciones de implantar las políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, los fondos departamentales de vivienda, las entidades territoriales u otras entidades con personería jurídica vigente que tengan incluido en su objeto social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda de interés social para sus asociados, afiliados o vinculados, que hayan definido conjuntamente un proyecto de vivienda al cual aplicarán el subsidio, el cual podrá ser de mejoramiento, adquisición o construcción de vivienda, de conformidad con los planes establecidos en el presente decreto. La financiación de tales postulaciones se hará a través de aportes económicos solidarios y su ejecución se realizará por sistemas de autogestión o participación comunitaria, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 9ª de 1989 y del Decreto 2391 de 1989.
Para la Sala, la anterior normativa debe entenderse de manera armónica y no aislada, pues si bien es cierto que los postulantes son, en últimas, los hogares que aspiran a que se les otorgue un subsidio de vivienda, cuyos ingresos de sus integrantes, sumados, no son superiores a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a los cuales autoriza el artículo 6º del decreto para reclamar contra las asignaciones en las que no fueron beneficiados con el subsidio de vivienda, también lo es que existen dos modalidades de postulaciones, la individual, que como su nombre lo indica, la hace por sí y ante sí un hogar, y la colectiva, la cual está integrada por varios hogares quienes actúan por conducto, entre otras, de cajas de compensación familiar, de constructoras, de organizaciones populares de vivienda, constructoras, etc.
En este caso, se encuentra demostrado que mediante las resoluciones 171 de 2000 y 129 de 2001, en su orden, el Inurbe declaró elegible una oferta de vivienda de interés social tipo 3 y renovó una oferta de vivienda de interés social tipo 3 y 4 a la unión temporal Limos Ltda. - Corporación Grancolombiana para la Integración, Mejoramiento, Adecuación y Reforma de la Vivienda “Grimar” - Instituto Departamental de Vivienda y Reforma Urbana “Idevi”, unión temporal que representó a cada uno de los hogares postulantes que actuaron, precisamente, por su conducto.
Ahora bien, la Sala pone de presente que quien efectuó la reclamación ante el Inurbe y ejerció la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue Limos Ltda., integrante de la mencionada unión temporal y, por tanto, la interpretación que del artículo 57 hicieron tanto el Inurbe como el Tribunal Administrativo de la Guajira desconoce la facultad que en su calidad de integrante de la oferente constructora le otorga la ley para presentar propuestas colectivas y, además, el mandato implícito de representación otorgado por los hogares que pretenden ser beneficiarios de un subsidio de vivienda y que para lograrlo se postulan de manera colectiva, postulación que en manera alguna implica que a todos y cada uno de los hogares les tenga que ser asignado dicho subsidio, pues el artículo 24 del Decreto 2620 de 2001 es claro en disponer que en la postulación colectiva las condiciones de ahorro previo y crédito se evaluarán individualmente y que de igual forma se otorgarán los subsidios a cada socio, miembro o afiliado postulante.
Adicionalmente, la Sala observa que pretender que cada uno de los hogares que actuaron, bien mediante una caja de compensación familiar, organización popular de vivienda, constructora o cualquiera otra de las citadas en la ley para el efecto efectúen sus reclamaciones de manera individual pese a haber presentado una postulación colectiva, definida como aquella en la cual un grupo de hogares solicita el subsidio para su aplicación a soluciones de vivienda que conforman un proyecto en el que participan los postulantes, deja de lado el particular interés que tiene el ente que promueve el referido proyecto en la asignación de los subsidios a los postulantes que lo conforman, en cuanto de acuerdo con el artículo 24, numeral 5º del Decreto 2620 de 2000, con la modificación introducida por el artículo 4º del Decreto 1585 de 2001, los afiliados beneficiados solo podrán aplicar sus subsidios al pago del precio de adquisición, construcción o mejoramiento de una vivienda incluida en el proyecto presentado y declarado elegible, y máxime cuando el artículo 51 del Decreto 2620 establece que en el caso de las postulaciones colectivas el puntaje de cada uno de sus miembros será el promedio del grupo, obtenido mediante la suma de los puntos de cada uno de los integrantes postulantes dividida por el número de postulantes miembros del grupo.
Concluye esta corporación que la actora desvirtuó la legalidad de la resolución acusada y, en consecuencia, declarará su nulidad; a título de restablecimiento del derecho, declarará que aquella tiene legitimación en la causa por activa para presentar la reclamación contra las asignaciones llevada a cabo en las resoluciones 683 de 24 de diciembre de 2001 y 768 y 769 de 28 de diciembre del mismo año y ordenará dar curso a la citada reclamación, siempre y cuando se haya presentado dentro del término legalmente establecido para el efecto.
Ahora bien, advierte la Sala que una vez revisado el expediente no obra prueba alguna que acredite la ocurrencia de los perjuicios que dice el demandante haber causado la ejecución del acto administrativo censurado, razón por la que deberá negarse la pretensión indemnizatoria, tal y como se efectuará en la parte resolutiva de esta providencia.
REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 29 de septiembre de 2005 y, en su lugar,
1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución 373 del 24 de mayo de 2002, mediante la cual el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, rechazó, por falta de legitimación en la causa por activa, la reclamación presentada por Mónica Patricia Rosales Mendoza en su calidad de representante legal de Limos Ltda., oferente del proyecto Urbanización Villa Sharin, contra las asignaciones contenidas en las resoluciones 683 de 24 de diciembre de 2001 y 768 y 769 de 28 de diciembre del mismo año.
2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la actora tiene legitimación en la causa por activa para efectuar la reclamación prevista en el artículo 57 del Decreto 2620 de 2000, referente a los postulantes no beneficiados en la asignación contenida en las resoluciones 683, 768 y 769 de diciembre de 2001 y, en consecuencia, ORDÉNASE al Inurbe dar curso a la citada reclamación, siempre y cuando se haya presentado dentro del término legalmente establecido para el efecto.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 29 de enero de 2009».