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Timestamp: 2018-05-20 10:09:29
Document Index: 167862322

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 1']

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV - PDF
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María Elena Ponce Méndez
1 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo 12/06/2014 Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala IV Fecha: 12/06/2014 Partes: Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. c. Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo Cita online: AR/JUR/29134/2014 Hechos El Fisco procedió a determinar de oficio el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias sobre los pagos realizados por una empresa mediante depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de sus proveedores. El Tribunal Fiscal revocó el ajuste, al considerar que dichos depósitos no podían catalogarse como un sistema organizado con la finalidad de reemplazar el uso de las cuentas previstas en el Art. 1 inc. a) de la ley Apelada dicha resolución, la Cámara resolvió revocarla. Sumarios 1. o Jur Vinculada o Voces 1 - El ajuste en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias efectuado sobre los pagos realizados por una empresa mediante depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de sus proveedores, debe confirmarse, pues atento a que la firma lleva a cabo la cancelación de sus obligaciones mediante el empleo habitual y sistemático de dicho mecanismo, y que los depósitos representan un volumen significativo de sus deudas, todo lo cual se vincula de manera directa e inmediata con su actividad normal y habitual, existe un sistema organizado de pago alcanzado por el impuesto. 2. o Jur Vinculada o Voces 2 - A la luz de las disposiciones contenidas en la ley y la Resolución General AFIP N 1135/2001, la conducta del contribuyente que can celaba habitualmente las obligaciones con sus proveedores por medio del depósito de dinero en efectivo en las cuentas de éstos, y por ende omitía utilizar a tales efectos sus cuentas bancarias, resulta alcanzada por el impuesto establecido por el Art. 1 de la ley o Jur Vinculada o Voces 3 - Si bien la Resolución General AFIP N 1135/2001 se refiere a la existencia de un sistema organizado de pagos que permita reemplazar el uso de las cuentas bancarias en los términos del art.1 inc. a) de la ley , no define con precisión los supuestos de hecho
2 comprendidos en esa definición legal y, por ende, no se deduce de su texto, que para tener por verificado un sistema con esas características, se deba acreditar y justificar que constituya el único modo en que el contribuyente cancele las operaciones involucradas. 2ª Instancia.- Buenos Aires, 12 de junio de Considerando: I. Que a fs. 321/327 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación revocó -con costas- las resoluciones dictadas por la División Determinaciones de Oficio A del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva por medio de las cuales se determinó de oficio la obligación frente al impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias por los períodos 4/2003 a 6/2003, con intereses y multa en los términos del art. 45 de la ley Para así resolver, consideró que resultaban aplicables al caso las consideraciones vertidas en las causas La Angostura SRL el 12/02/2010 y M. A., el 23/08/2012. II. Que a fs. 333 y 339/345, la representación fiscal dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara. En ese sentido, expresó que el ajuste practicado se originó en la constatación de que la contribuyente había realizado pagos mediante depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de sus proveedores; proceder que obligaba a tributar el impuesto sobre los débitos y créditos en las cuentas corrientes bancarias. Sostuvo que, acreditada la modalidad de pagos mencionada, el caso se subsumía en el presupuesto legal que define el impuesto y grava la operación, en los términos de la ley y el decreto 380/2001. Cuestionó la resolución de la instancia previa que no realizó una valoración fáctica e interpretativa adecuada, prescindiendo de las constancias de la causa y la normativa que en consecuencia le es aplicable. Citó en apoyo de sus argumentos el fallo de la Sala V de esta Cámara en los autos La Angostura S.R.L. (TF I) y el Dictamen N 15/ 2004 de la Dirección de Asesoría Técnica del Fisco Nacional, y concluyó que los movimientos de fondos en el ejercicio de una actividad económica que sustituían la utilización de la cuenta bancaria, configuran el hecho imponible descripto en el artículo 1, inciso c, de la ley de l Impuesto sobre los Créditos en Cuentas Bancarias y otras Operaciones. Por último, afirmó que, en los términos de la normativa y precedentes administrativos citados, en el presente caso se había configurado el hecho imponible, que determinaba la sujeción de la actora al pago del gravamen por los depósitos en efectivo que efectuados en la cuenta de sus proveedores. III. Que la actora contestó las críticas de su contraria, solicitando que se las rechazara, con costas. IV. Que la resolución 47/2008 (DV DEOA) determinó de oficio la materia imponible y el saldo ajustado del tributo resultante de Supermercados Mayoristas Yaguar S.A. en el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias por los períodos 04/2003 a 06/2003, más intereses y multa. Ello por cuanto se constató la omisión del ingreso del referido gravamen, a través de la existencia de movimientos de fondos entre la actora y sus principales proveedores, dando lugar a un sistema organizado de pagos que habría permitido reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de su actividad económica. En esos términos, la Administración tuvo por acreditado el aspecto objetivo del hecho generador de la obligación tributaria, en orden a lo establecido por el art. 1 de la ley y el artículo 43 de la Resolución General 1135 (AFIP).
3 V. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación destacó que, a la luz de la normativa involucrada, las normas citadas precedentemente y la Nota Externa n 01/2001, debían observarse dos conceptos esenciales que coadyuvaban a la interpretación razonable: el de la actividad económica que circunscribe el ámbito de operaciones gravadas por movimientos de fondos; y el de sistema de pagos organizados, que según el a quo, permite afirmar -a contrario sensu- que está fuera del objeto del impuesto todo pago que no responda a un sistema organizado. Siguiendo ese razonamiento, la resolución apelada sostuvo que, de una razonable interpretación de la ley y su reglamentación, solamente quienes hubieran tenido un Sistema de Pago Organizado, tendiente a impedir la bancarización de las operaciones, estarían obligados de manera directa a percibir y pagar este impuesto. Concluyó que, en atención a las constancias de la causa, no podía catalogarse a los eventuales pagos efectuados por medio del depósito en la cuenta del proveedor como un sistema organizado que tuviera la finalidad de reemplazar el uso de las cuentas previstas en el art. 1, inc. a, de la ley , de modo que, dec idió revocar la resolución apelada. VI. Que en este contexto, corresponde precisar que de las constancias de la causa surge que las formas de pago utilizadas por la contribuyente, son depósitos en efectivo en las cuentas corrientes de sus proveedores, así como cancelaciones con cheques propios o de terceros (ver punto 3 prueba pericial producida ante el Tribunal Fiscal). A su vez, resulta de la compulsa de las actuaciones administrativas, que la contribuyente ha elegido como uno de los modos habituales para cancelar las facturas de algunos de sus proveedores más importantes, el depósito en efectivo en las cuentas de éste, utilizando los servicios de una empresa transportadora de caudales, de modo que a través de tal mecanismo, el pago se efectuaba sin que la actora utilizara sus propias cuentas bancarias. VII. Que, ello sentado, corresponde recordar que el art. 1 de la Ley , en lo que aquí importa establece un impuesto...cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del seis por mil (6 ) que se aplicará sobre: a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica, c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito. En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos. A su turno el artículo 2 del Decreto n 380/01, re glamentario de la ley citada, establece: [a] los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1 de la ley, se co nsideran gravados:...b) [t] odos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros -aun en efectivo-, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito. En relación al supuesto mencionado en el párrafo que antecede el artículo 43 de la Resolución General AFIP N 1135/2001 (abrogada por la Resoluci ón General 2111/2006) establece: [l]os
4 movimientos o entrega de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 2 del Anexo del Decreto N 380/01 y sus modificaciones, son aquéllo s que se efectúan a través de sistemas de pago organizados -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-, reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 1, inciso a) de la Ley N y su mod ificatoria. Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación, siempre que dichos movimientos o entrega de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas... VIII. Que del contexto normativo descripto surge que la Administración ha ido precisando el alcance del tributo creado por la ley , introduciendo a partir de la Resolución General 1135/2001 el concepto de sistema organizado de pagos que permita reemplazar el uso de cuentas bancarias en el ejercicio de una actividad económica, en el que se sustenta el criterio del Tribunal a quo para revocar la resolución impugnada. Debe advertirse que en la medida en que la autoridad administrativa fue delimitando el concepto en estudio a la luz de la resolución referida, una interpretación integral y armónica de las normas involucradas no puede omitir considerar lo expresado al respecto por la Dirección de Asesoría Técnica de la DGI en el Dictamen N 15/ 2004 citado por la recurrente y que, en relación a un supuesto fáctico análogo al presente, expresó que corresponde considerar la mecánica implementada (depósito en efectivo en las cuentas del proveedor) sujeta al impuesto de marras. IX. Que, asimismo, la determinación del alcance de la normativa debe necesariamente considerar la finalidad de la legislación, pues tiene dicho la Corte que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973) y respecto de las leyes tributarias en particular, ha establecido el criterio de que Las normas impositivas no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, de donde resulta que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (Fallos:296:253, entre otros). A esos efectos, resulta relevante señalar que la Sala V de esta Cámara, en oportunidad de pronunciarse en autos La Angostura S.R.L. (TF I) c. DGI Expte. N /2011, sentencia del día 22 de noviembre de 2011, destacó las especiales circunstancias del país en el momento del dictado de la ley sancionada en el año y las referencias contenidas en el debate parlamentario en relación al clima de total desconfianza de la población hacia las entidades financieras, de modo que uno de los propósitos más importantes de esa ley era corregir la evasión fiscal y aumentar la recaudación tributaria. Ello, con la finalidad de recomponer la situación fiscal, preservar el crédito público y la recuperación de la competitividad de la economía (v. Antecedentes Parlamentarios, La Ley, t A, parágrafo 25 y 30, págs. 1049/1050). Desde esa perspectiva, el Tribunal expresó que el legislador entendió que era necesario desalentar los pagos en efectivo, para que la mayor cantidad de operaciones negociables se efectuaran normalmente mediante instrumentos bancarios o tarjetas de crédito, con lo cual, su registro sería instantáneo con el medio de pago. Tal alcance de la norma surge de las disposiciones contenidas, entre otros, en el inciso c) del artículo 1 de la Ley N donde se decidió gravar los movimientos aun en efectivo- y el artículo 9 de dicha ley que reduce de $ a $1.000 el monto del artículo 1 de la Ley N , que estipula la suma a partir de la cual es obligatoria la utilización de procedimientos bancarizados para realizar operaciones (confr. Sala V sentencia citada, considerando V.2 último párrafo). X. Que, a la luz de los textos normativos referidos, la adopción de una línea hermenéutica que procure otorgar sentido a todas las disposiciones involucradas y que a la vez atienda al espíritu de las normas en juego, lleva a concluir que la conducta de la contribuyente que cancelaba habitualmente las obligaciones con sus proveedores principales por medio del depósito de dinero en efectivo en las cuentas de éstos, y por ende, omitía utilizar a tales efectos sus cuentas bancarias, resulta alcanzada por el impuesto establecido por el artículo 1 de la ley
5 A ello debe añadirse que no resulta óbice a la conclusión expuesta en el párrafo que antecede la circunstancia de que la modalidad referida (depósito en efectivo en las cuentas de los proveedores) no fuera la única elegida por ésta para el pago de las deudas a los restantes proveedores. Ello es así, en la medida en que la norma invocada por el contribuyente, y por el Tribunal Fiscal, para considerar improcedente el ajuste fiscal en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Resolución General N 1135/2001 al refer irse a la existencia de un sistema organizado de pagos, no define con precisión los supuestos de hecho comprendidos en ese concepto legal, y por ende, no se deduce de su texto, y como se ha dicho, tampoco de la interpretación adecuada del plexo normativo aplicable, que para tener por verificado un sistema con esas características, deba acreditarse y justificar que constituya el único modo en que el contribuyente cancela las operaciones involucradas. Debe advertirse que, tratándose de la interpretación de una norma reglamentaria referida a la verificación de un hecho imponible, su estudio debe hacerse de manera que se guarde adecuadamente el principio de legalidad que rige en materia tributaria y que, por ende, impida adoptar una conclusión que importe hacer decir a la reglamentación algo que altere sustancialmente el supuesto fáctico descripto por el legislador, en este caso, en la ley Ello sentado, habida cuenta que la noción sistema de pagos organizados previsto en la reglamentación referida, resulta ser de los denominados conceptos jurídicos indeterminados, corresponde al juzgador evaluar si a la luz de las circunstancias concretas que se someten a su conocimiento, en un caso dado, se presentan las condiciones que permiten aplicarlo, las que, de conformidad con el supuesto fáctico descripto en el considerando VI de la presente, aparecen configuradas en autos. Y en este orden es apropiado recordar que, cuando las normas emplean conceptos jurídicos indeterminados, lo que se pretende, cualquiera sea el grado de indeterminación, es que siempre exista la posibilidad de que los tribunales controlen la corrección de la decisión, en la búsqueda de la solución justa (en ese sentido la Sala II del fuero, in re Expte /2011 Máxima Energía S.R.L. (TF I) c. DGI, sent. del 23/02/2012). XI. Que, desde esta perspectiva y computando que según resulta de las comprobaciones efectuadas en sede administrativa, la firma actora lleva a cabo la cancelación de sus obligaciones mediante el empleo habitual y sistemático de depósitos en efectivo, y que ellos representan un volumen significativo de sus deudas, todo lo cual se vincula de manera directa e inmediata con su actividad normal y habitual, es válido concluir en el caso en la existencia de un sistema organizado de pagos por parte del contribuyente que se encuentra, de tal modo, captado por el régimen tributario descripto. En atención a lo expuesto, deben admitirse los agravios expuestos por la recurrente y, en consecuencia, revocar la resolución apelada. En atención al modo en que se decide, corresponde confirmar la resolución 47/08 (DV DEOA), en tanto determinó de oficio el impuesto omitido, con más intereses, y la resolución 51/2010 (DV DEOA) en tanto aplicó multa en los términos del art. 45 de la ley XII. Que en cuanto a las costas de ambas instancias, corresponde que se distribuyen por su orden, en atención a lo novedoso del asunto y a los argumentos tenidos en cuenta para adoptar la decisión (art. 68 segundo párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: Hacer lugar a la apelación del Fisco Nacional; revocar la resolución apelada obrante a fs. 217/219 y confirmar la resolución 89/2008 (DV RRLP), con costas de ambas instancias por su orden (art. 68 segundo párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Marcelo D. Duffy. Jorge E. Morán.