Source: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000100004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2020-01-19 13:35:00
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http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002010000100004
Estudios Constitucionales Año 8, Nº 1, 2010, pp. 79 - 116. ISSN 0718-0195
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN CHILE: ANALISIS Y REFLEXIONES JURIDICAS1
The judgment of the Constitutional Court in Chile: analysis and legal Considerations
Humberto Nogueira Alcalá2,
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Talca, nogueira@utalca.cl
Resumen: Este artículo analiza desde una perspectiva procesal constitucional la sentencia del Tribunal Constitucional chileno dictada en control abstracto y reparador de normas jurídicas vigentes a la luz del artículo 94 de la Constitución y de la LOC del Tribunal Constitucional modifcada en 2009. Dicho análisis se acompaña de algunas consideraciones comparativas respecto de otras legislaciones sobre la materia principalmente de América latina.
Palabras clave: Sentencia del Tribunal Constitucional. Cosa juzgada. Nulidad. Efectos de la sentencia.
Abstract: This article analyzes the constitutional procedural perspective of the Chilean Constitutional Court decision rendered in abstract review and repairer of legal norms in the light of Article 94 of the Constitution and the Constitutional Court LOC amended in 2009. This analysis is accompanied by some comparative considerations on other legislation on the subject mainly from Latin America.
Keywords: Constitutional Court decision. Res judicata. Nullity. Judgment effects.
La reforma constitucional chilena de 2005 en materia de jurisdicción constitucional ha cambiado el modelo de control de constitucionalidad vigente a ese momento, estableciendo un sistema jurisdiccional concentrado de control de constitucionalidad de normas jurídicas en un solo órgano: el Tribunal Constitucional. desaparece el control reparador de constitucionalidad en manos de la Corte Suprema de justicia a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contemplado hasta entonces en el artículo 80 de la Constitución, competencia que pasa al Tribunal Constitucional con algunas modifcaciones signifcativas.
La reforma constitucional establece al Tribunal Constitucional como el intérprete jurisdiccional fnal de la Constitución en materia de control de constitucionalidad de preceptos legales, asumiendo el control reparador a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad como un control concreto con efectos inter partes (artículo 93 Nº 6), además de establecer la acción de inconstitucionalidad de preceptos legales, de carácter abstracto y efectos ex nunc (artículo 93 Nº 7), eliminando la competencia de la Corte Suprema para determinar la inaplicabilidad de preceptos legales regulado anteriormente a la reforma en el artículo 80 de la Carta fundamental.
El presente trabajo realizará un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional en este nuevo contexto jurídico, limitándose solamente a la sentencia de inconstitucionalidad en control reparador abstracto de enunciados jurídicos (auto acordados, art. 93 Nº 2; decretos con fuerza de ley, art. 93 Nº 4 y leyes, art. 93 Nº 7), todo ello teniendo en consideración el artículo 94 de la Constitución que establece las regulaciones jurídicas básicas y la LoC del Tribunal Constitucional que contempla las regulaciones jurídicas complementarias.
En tales casos, como recordaba Raúl Bocanegra, "la decisión sobre la naturaleza y el alcance de la vinculación de las decisiones constitucionales no supone otra cosa, en la práctica, que decidir, en una medida enormemente signifcativa, sobre la distribución de poderes entre los más altos órganos constitucionales, y decidir, en consecuencia, sobre un elemento esencial de la estructura constitucional, en cuanto que un grado mayor o menor de fjación o de vinculatoriedad de las resoluciones de un Tribunal de esta naturaleza –y frente a lo que ocurre en el proceso ordinario– despliega efectos cuya trascendencia vital sobre los demás órganos constitucionales y sobre la propia Constitución fácilmente se alcanza"3.
No debemos olvidar que la tarea de un Tribunal Constitucional además de la resolución de un conficto coyuntural o concreto, es la de establecer criterios pacifcadores hacia el futuro e impedir la sucesiva repetición de controversias, dotando de protección a la Carta fundamental, a través de una adecuada interpretación de ella.
1. DISTINCIONES ENTRE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, EFECTOS DE LA SENTENCIA Y FUERZA VINCULANTE DE LA SENTENCIA
La cosa juzgada constitucional se refere a la incompetencia de la Corte Constitucional para "conocer de nuevo de un cargo de inconstitucionalidad contra una norma, ya decidido favorable o desfavorablemente por ella."4.
La fuerza vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional es una cosa distinta de la cosa juzgada constitucional .
Los efectos de la sentencia constitucional se referen a la modifcación en el ordenamiento jurídico producto de la nulidad (expulsión de la norma jurídica inconstitucional del ordenamiento) y en las situaciones de los destinatarios que produce la parte resolutiva de las sentencias que determina la inconstitucionalidad y nulidad del precepto jurídico hasta entones efcaz (efectos erga omnes o inter partes y efectos ex nunc o ex tunc).
La fuerza vinculante de una sentencia se refere a la fuerza horizontal y vertical que despliega esencialmente la parte motiva o considerativa del fallo en que se establecen los principios y fundamentos inescindibles de la parte resolutiva, donde se encuentra la "ratio decidendi" del fallo del Tribunal Constitucional.
2. LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONALLA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
En los países que tienen una jurisdicción constitucional concentrada de normas jurídicas infraconstitucionales, la sentencia del Tribunal o Corte Constitucional adopta el carácter de cosa juzgada formal y material o sustancial, salvo los casos en que ella sea revisable, mediante algún procedimiento o trámite por el propio Tribunal Constitucional, o cuando el Estado ha reconocido jurisdicción en la materia a un Tribunal supra o transnacional a cuyas sentencias se le ha reconocido carácter jurídico vinculante y el Estado tiene una obligación de resultado de ejecutar la sentencia.
2.1. La cosa juzgada formal y material
Es normal que en los diferentes países el Poder judicial cuente con variados grados e instancias, en cada uno de los cuales el fallo del respectivo tribunal o corte tendrá valor de cosa juzgada formal, al existir recursos que permiten impugnar dicha sentencia ante tribunales o cortes superiores. Así, sólo la sentencia del tribunal o corte superior del respectivo ordenamiento jurídico tendrá valor de cosa juzgada formal, salvo el caso que existan instancias supranacionales en la materia, como son por ejemplo el Tribunal Penal Internacional o Cortes de derechos Humanos a las cuales se les ha reconocido a sus fallos carácter vinculante por el respectivo Estado. obviamente, una sentencia de un tribunal de un grado o instancia inferior podrá tener carácter de cosa juzgada formal, si ella no es impugnada dentro de los plazos contemplados en el ordenamiento jurídico ante una instancia superior.
En el caso de la jurisdicción constitucional concentrada siempre el fallo del Tribunal o Corte Constitucional produce cosa juzgada formal, ya que ella no puede ser revisada por otro órgano jurisdiccional nacional.
En el caso del Tribunal Constitucional Chileno, el artículo 94 de la Constitución establece que "Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectifcar los errores de hecho en que hubiere incurrido".
El texto constitucional chileno no hace alusión explícita a la cosa juzgada (res iudicata) de la sentencia del Tribunal Constitucional, como lo hacen a modo ejemplar otras constituciones y leyes latinoamericanas, como son las de Colombia, Costa rica o del Perú:
La Constitución Colombiana en su artículo 243 determina que
Los fallos que la Corte (Constitucional) dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
A su vez, el decreto 2067 de 1991 que regula el procedimiento de inconstitucionalidad en Colombia, en su artículo 21, precisa que " Las sentencias que profera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares", todo ello en armonía con el artículo 45 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. El parágrafo 2º del artículo 21 en consideración agrega que "La declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios de forma no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo". El artículo 23 del decreto 2067 añade que "La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modifcada por ésta, será criterio auxiliar para las autoridades y corrige la jurisprudencia", todo ello en armonía con el artículo 48 de la Ley Estatutaria 270.
El Código Procesal Constitucional del Perú , Ley Nº 28.237 de 2004, vigente desde diciembre de 2004, precisa en su artículo 82 que " Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad que queden frmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación". (Lo destacado es nuestro).
El artículo 88 de la L ey de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica determina que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncian la anulación consecutiva de la norma " producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento jurídico".
Es curioso que ni la Constitución ni la LoC del Tribunal Constitucional se pronuncien sobre la materia en forma explícita, en una materia de tanta trascendencia jurídica.
La cosa juzgada material implica la inmutabilidad del fallo ad extra, vale decir, la imposibilidad de reabrir el debate sobre el contenido de lo fallado a través de otro proceso o procedimiento, por ejemplo la determinación de la constitucionalidad de un determinado enunciado legal. Esta cosa juzgada material se produce cuando la resolución del juez constitucional resuelve el fondo del asunto suscitado por el contenido normativo de un precepto, imposibilitando replantear el asunto ya defnido, produciendo la intangibilidad del fallo.
Hay casos en que producido un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional a requerimiento de un órgano estatal, en el cual se determina la constitucionalidad del enunciado legal impugnado, puede volverse a impugnar la constitucionalidad del mismo enunciado normativo por otro órgano o persona legitimado activamente para ello, pudiendo la Corte Constitucional, en este segundo caso, determinar la inconstitucionalidad de dicho enunciado normativo, eliminándolo del ordenamiento jurídico, eventualmente con efectos ex tunc (retroactivos). En dicha hipótesis no podría señalarse que el primer fallo tuvo efectos de cosa juzgada constitucional material, ya que éste fue enervado por la segunda sentencia en que el mismo Tribunal cambió de criterio. Esto puede ocurrir por ejemplo, en el caso de Costa rica, donde las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema son vinculantes para todos los tribunales de la república, salvo para la propia Sala Constitucional señalada, así lo establece la Ley de jurisdicción Constitucional 7135, en su artículo 87, el cual determina que " las resoluciones o sentencias que denieguen la inconstitucionalidad únicamente surtirán efectos entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados constitucionales y en casos o procesos distintos". A través de este tipo de regulaciones se posibilita la revisión de criterios del juez constitucional en casos anteriores.
Por otra parte, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, puede darse el caso que los fallos del Tribunal o Corte Constitucional que determinen la constitucionalidad de un enunciado legal afrmado en un control preventivo abstracto de control de constitucionalidad, pueda ser nuevamente analizado en un proceso diferente de control reparador concreto de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, determinando que dicho enunciado legal declarado constitucional en abstracto en su aplicación en la gestión judicial específca pueda generar un efecto incons­ titucional y así declararlo el Tribunal Constitucional, si lo estima pertinente, lo que puede perfectamente ocurrir en Chile, considerando en la primera hipótesis la aplicación de los artículos 93 Nº 1º o 3º y en la segunda hipótesis la aplicación del artículo 93 Nº 6º. En todo caso, como señala el artículo 45 bis de la LoC del Tribunal constitucional, la inaplicabilidad no podrá ser declarada por el mismo vicio materia del proceso en el control preventivo de constitucionalidad.
Así, puede sostenerse que la sentencia del Tribunal Constitucional produce cosa juzgada formal, en la medida que no existe posibilidad de revisar dicha sentencia en el plano de nuestro ordenamiento jurídico interno. La cosa juzgada material es evidente en el caso de declaración de inconstitucionalidad por los efectos del fallo que prevé los incisos 2º y siguientes del artículo 94 de la Constitución. Sin embargo, en el caso de la declaración de constitucionalidad de un precepto legal en control preventivo no impide el cuestionamiento de las normas emanadas del precepto legal en control reparador concreto a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del precepto legal, por vicios diferentes de los que se haya pronunciado expresamente el Tribunal Constitucional en el control preventivo.
2.2. La cosa juzgada absoluta, la relativa y la aparente
Si el Tribunal Constitucional se pronuncia determinando que un enunciado legal sometido a su análisis es constitucional, es preciso que dicho estudio se haya efectuado sobre todos los aspectos en que puede incidir el enunciado normativo respectivo, eliminando eventuales otras posibles razones de inconstitucionalidad que no fueron planteadas por el requirente. Si ello no fuera así, los efectos de cosa juzgada de dicha sentencia no son absolutos y sólo tendrán el carácter de cosa juzgada relativa.
La existencia de una cosa juzgada relativa existirá en el caso en que el Tribunal Constitucional, en el momento de hacer su análisis, no haya tenido en consideración determinadas hipótesis posibles de inconstitucionalidad del enunciado normativo, lo que puede reconocerse de dos maneras posibles.
La primera, cuando el propio Tribunal Constitucional en el fallo señala que su análisis sólo consideró los aspectos impugnados por la parte demandante, en cuyo caso los efectos de cosa juzgada son relativos únicamente a esa dimensión del análisis, pudiendo presentarse nuevas demandas de inconstitucionalidad del enunciado normativo basado en cuestiones distintas no consideradas en el fallo inicial.
La segunda forma posible de reconocer una realidad de cosa juzgada relativa, es cuando el Tribunal Constitucional nada dice en la sentencia de haber examinado el enunciado normativo sólo desde determinados ángulos, por lo cual podría pre­ sumirse que lo hizo desde todos los enfoques posibles, en tal caso, la cosa juzgada sería absoluta; sin embargo, ello no sería así si del análisis de los fundamentos del fallo en que se resolvió el caso no existe elemento alguno que permita considerar razonablemente que se tuvo en consideración el nuevo problema constitucional planteado en la nueva demanda, en esta última hipótesis puede sostenerse con fundamento sufciente que el primer fallo tiene sólo efectos de cosa juzgada relativa.
Además de distinguir entre cosa juzgada absoluta y relativa, es necesario tener presente la situación de cosa juzgada aparente . Esta situación ocurre cuando al sustentar una decisión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no ha establecido los fundamentos racionales y jurídicos de la decisión en que se declara uno entre otros textos jurídicos como constitucionales. En tal caso, sólo existe cosa juzgada aparente ya que no se ha examinado fundadamente si el texto normativo específco en confrontación con la Carta fundamental es constitucional o inconstitucional. No debe olvidarse que una sentencia de un órgano que ejerce jurisdicción debe ser motivada, fundada en las fuentes del derecho vigente, y congruente. No existe fallo ni cosa juzgada sin adecuado sustento jurídico de la decisión, ya que sería una sentencia írrita o arbitraria, una situación de hecho y no una verdadera sentencia. No olvidemos que en esta materia, la Corte Interamericana de derechos Humanos ha declarado varias sentencias de tribunales superiores como írritas o como vías de hecho revestidas de formalidades jurídicas, determinando su nulidad por violación de derechos humanos, relativizando la res iudicata y el non bis in idem, obligando a desarrollar nuevos procesos, en el caso chileno puede mencionarse a manera ejemplar el caso Almonacid Arellano contra Chile.
La cosa juzgada aparente ha sido reconocida hidalgamente por algunos tribunales constitucionales, a modo de ejemplo, señalaremos a la Corte Constitucional Colombiana. En efecto, la Corte debió analizar la constitucionalidad del decreto Nº 663 de 1993, Estatuto orgánico del Sistema financiero, que contenía normas que confguraban el sistema de fnanciamiento de viviendas a largo plazo. La Corte encontró que dicha normativa era inconstitucional, pero surgió en el Pleno la objeción acerca de la posible cosa juzgada que existía en la materia, ya que la Corte Constitucional, desde 1994, había dictado una sentencia que había sostenido que todo el decreto 663, del cual hacían parte las disposiciones actualmente impugnadas, era constitucional. La Corte Constitucional examinó minuciosamente la sentencia que ella había dictado en 1994, en la que constató que había omitido todo análisis del decreto Nº 663 de 1993, el cual aparecía declarado constitucional entre muchas otras disposiciones que en dicha oportunidad habían sido demandadas de inconstitucionalidad, apareciendo la referencia al decreto Nº 663 en la parte resolutiva del fallo, no teniendo la parte motiva o los considerandos del mismo la más mínima referencia al contenido de dicho decreto y a su confrontación con la Constitución. Así, la sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 1999, debió reconocer que respecto de dicha disposición normativa en la sentencia de 1994 había sólo una apariencia de cosa juzgada.
La afrmación de jackson sobre la Corte Suprema norteamericana de que es infalible porque tiene la última palabra, ya no puede formularse con tanta claridad en estos inicios del siglo xxI en nuestros países, donde operan jurisdicciones supranacionales en materia de derechos humanos, o Cortes Penales Internacionales, como asimismo, cuando se encuentran consolidados procesos de integración supranacional, instituciones todas que obligan a fexibilizar la perspectiva señalada.
Así, en materia de derechos fundamentales o humanos, los tribunales constitucionales no son la última palabra en la materia, esta es la Corte Interamericana de derechos Humanos5, en nuestro ámbito regional.
Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Cons­ titución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios en que Perú es parte.
El Código Procesal Constitucional peruano, en su artículo 115, se refere a la materia precisando que
"Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya sometido expresamente el Estado peruano no requieren, para su validez y efcacia, de reconocimiento, revisión, ni examen previo alguno. Dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción interna y dispone su ejecución por el juez competente, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 27.775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales".
L a Constitución venezolana de 1999 , en su artículo 31, determina que
Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y conven­ ciones de derechos humanos ratifcados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fnes, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.
A su vez, puede sostenerse en esta materia que una institución que tiene como fnalidad una certeza formal como es la institución de la cosa juzgada, no puede prevalecer sobre la protección efectiva y constante de los derechos humanos, los que, además, en parte importante del derecho sudamericano son parte del bloque constitucional de derechos por haberse incorporado a la Constitución material y en algunos casos, a la Constitución formal, los tratados sobre derechos humanos (Argentina, Ecuador, Venezuela, Costa rica, Guatemala, a modo ejemplar), y en Chile, los derechos en cuanto atributos de la persona humana, independientemente de su envase normonológico (Constitución o derecho Internacional) constituyen límites a la potestad estatal, como lo establece perentoriamente el artículo 5º inciso segundo de la Constitución y lo ha concretado el Tribunal Constitucional en sus fallos6.
3. LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS O DESESTIMATORIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Desde una perspectiva elemental cuando se considera una sentencia de un Tribunal Constitucional que pone término a una confrontación entre una norma jurídica infraconstitucional y la Carta Fundamental, la sentencia puede ser estimatoria de la pretensión de inconstitucionalidad planteada por el requirente o demandante, este tipo de sentencia puede darse también en los casos en que el orden jurídico establece que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse de ofcio u obligatoriamente. A su vez, la sentencia puede ser desestimatoria si el Tribunal Constitucional confrontando la Constitución con la norma jurídica infraconstitucional impugnada por quienes tienen legitimación activa para ello, determina que la primera no tiene vicios de inconstitucionalidad.
Al confrontar la Constitución con la norma infraconstitucional, el Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia total o parcialmente estimatoria o desestimatoria. Algunos de estos fallos constituyen sentencias atípicas, tanto por sus implicancias jurídicas como por su trascendencia política, como son las sentencias interpretativas en conformidad con la Constitución, las sentencias exhortativas, las sentencias sustitutivas, Las sentencias reductivas, las sentencias aditivas, las sentencias prospectivas o de efectos diferidos, entre otras7.
A través del desarrollo de sentencias atípicas o intermedias, la magistratura constitucional pondera los valores y principios constitucionales en juego, optando por aquellas soluciones que causen menos daño al ordenamiento jurídico y sean compatibles con la fuerza normativa de la Constitución y los derechos fundamentales, como asimismo, evitando el vacío normativo.
De esta ponderación de valores y principios constitucionales surgen las sentencias atípicas, sobre las cuales es posible establecer una cierta tipología, la cual no es aún un punto pacífco en la doctrina, como asimismo, no se está exento del riesgo de las difcultades de dicha caracterización. Estas sentencias surgen de las experiencias de los tribunales constitucionales europeos (Alemania, Austria, Italia, España) como de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica8, que otorgan en determinadas situaciones específcas, efectos y alcances especiales a sus sentencias, las cuales están siendo utilizadas también, en la actualidad, por los tribunales constitucionales de Sudamérica9.
La justifcación doctrinal de las sentencias atípicas tiene por base el principio de conservación de las normas legislativas que fundamenta la posibilidad de una intervención positiva y no sólo negativa del Tribunal Constitucional, posibilitando el salvar la norma legislativa, otorgando además certeza jurídica y aplicación uniforme del derecho, aplicando principios constitucionales y una interpretación sistemática y finalista. Por otra parte, a los tribunales constitucionales corresponde la tarea de realizar el principio de legitimidad constitucional que exige de los tribunales una cada vez mayor conformidad del sistema normativo a los valores y principios constitucionales, los cuales debe tender a concretar a través de sus funciones jurisdiccionales, especialmente en aquellos ordenamientos como el chileno, donde existe el mandato constitucional imperativo no sólo de asegurar sino de promover los derechos fundamentales (artículo 5º inciso 2º), lo que otorga a la jurisdicción constitucional una visión fexible del binomio constitucionalidad-inconstitucionalidad, admitiendo modulaciones, grados y ponderaciones, siendo al Tribunal Constitucional a quien corresponde, con prudencia, elegir en cada caso, dentro de los distintos grados de conformidad del ordenamiento jurídico a la Constitución. Aquí es posible encontrar las sentencias interpretativas de conformidad con la Constitución, las cuales excluyen las interpretaciones inconstitucionales de un precepto legal, determinando el sentido en que éste es constitucional, siendo el único en que puede ser interpretada la disposición legal.
Las sentencias atípicas de los tribunales constitucionales son creaciones instrumentales para hacer más operativos los valores y principios constitucionales, explicitando su fuerza normativa y garantizando la mayor adecuación del ordenamiento infraconstitucional a la Constitución, especialmente cuando se vulneran derechos fundamentales o para evitar situaciones de mayor inconstitucionalidad a través de las simples sentencias estimatorias de inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional tiene el deber de hacer efectiva la fuerza normativa de la Constitución en su actividad jurisdiccional, superando la concepción de contralor negativo, ya que tiene también la función de realizar los valores y principios constitucionales, dentro de los límites de su función contralora que no sustituye la función activa y operativa de los demás órganos constitucionales, debiendo respetar el principio de corrección funcional, debiendo evitarse el uso que encubre el supuesto de una creación "ex novo" de enunciados normativos por el Tribunal Constitucional, lo que en un Estado constitucional democrático corresponde al Parlamento o al constituyente (el Tribunal Constitucional no es legislador ni poder constituyente instituido).
Asimismo, la judicatura constitucional no puede dejar de considerar las consecuencias de sus decisiones, lo que explica algunos casos de modulación de las sentencias en el tiempo, como es el de las sentencias prospectivas, que no expulsan inmediatamente a una norma considerada inconstitucional, otorgando un lapso al operador jurídico respectivo para establecer una norma constitucional, impidiendo así el vacío que provocaría la eliminación del enunciado normativo, el cual puede ser más perjudicial para el orden jurídico y sus destinatarios.
4. LAS CONSECUENCIAS VINCULADAS A LA INCONSTITUCIONALIDAD: INCONSTITUCIONALIDAD Y EFICACIA
La inconstitucionalidad de un enunciado jurídico determina un vicio de este último, que determina su invalidez que se desprende de sus defectos que implican el quebrantamiento de la Carta Fundamental. Una vez declarada la inconstitucionalidad por el juez constitucional éste debe determinar las consecuencias anudadas a la primera decisión, la nulidad de la norma inconstitucional.
Ello implica establecer claramente la diferenciación entre validez y eficacia del enunciado jurídico cuestionado. La validez explicita la conformidad del precepto jurídico con la Constitución, a diferencia de la efcacia que determina la capacidad del precepto jurídico para producir efectos. Por regla general, la validez no es condición indispensable para que el precepto jurídico produzca efectos jurídicos, ya que dicho precepto jurídico inválido es efcaz y se aplica antes de que se dicte la sentencia que determina su inconstitucionalidad.
La sentencia constitucional no produce la invalidez del enunciado jurídico afectado sino que sólo la declara, ya que ella preexiste a la sentencia y es independiente de la determinación del juez constitucional. Este último en la sentencia determinará la nulidad de la norma inconstitucional, decretando su expulsión del ordenamiento jurídico del precepto jurídico, con ello realiza un pronunciamiento constitutivo que determina la cesación de eficacia del precepto jurídico inválido que hasta dicho momento gozaba de eficacia.
Así, la invalidez está determinada por la inconstitucionalidad del enunciado jurídico cuestionado, mientras que la ineficacia está determinada por la nulidad que dictamina el Tribunal Constitucional. La determinación de nulidad adoptada por el juez constitucional implica la cesación de eficacia del precepto jurídico cuestionado.
En esta perspectiva vale la pena citar la Ley sobre el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, cuyo artículo 78 determina:
Si el Tribunal Constitucional Federal llega a la convicción que el derecho federal es incompatible con la Ley Fundamental o el derecho del Estado, u otro derecho federal, entonces declara la nulidad de la ley. Si otras disposiciones de la misma ley son incompatibles con la Ley Fundamental u otro derecho federal, entonces el Tribunal Constitucional Federal igualmente podrá declararlas nulas.
Así, cuando la Corte de Karlsruhe encuentra que una norma es contraria a la Constitución declara su nulidad, lo que signifca que es expulsada del ordenamiento jurídico.
En el caso chileno, el artículo 94 de la Constitución se pronuncia determinando que la sentencia de inconstitucionalidad de un precepto jurídico vigente, en los casos de los numerales 2, 4 ó 7 del artículo 93, una vez que el Tribunal Constitucional determina la inconstitucionalidad, se entiende "derogado desde la publicación en el Diario Ofcial de la sentencia que acoja el reclamo".
En esta materia cabe comentar que la Carta fundamental utiliza una expresión jurídica "derogado" que no es propia de un órgano jurisdiccional sino de un órgano legislativo, y de los efectos de la sucesión en el tiempo de las normas legislativas; en el ámbito de los órganos de jurisdicción constitucional las denominación jurídico técnica correcta es la de nulidad. La nulidad produce la expulsión del precepto del ordenamiento jurídico. Así, para efectos jurídico técnicos derogación equivale a nulidad, la que produce efectos desde que la sentencia se publica in extenso en el diario ofcial (art. 31, bis, inciso 2º de la LoCTC), la que debe concretarse dentro de los tres días siguientes a su dictación en el caso de sentencias referentes a auto acordados (de la LoCTC), decretos o normas legales (art. 37 g; art. 46 d; y art. 47 w, en armonía con el art. 31 bis LoCTC).
La vinculación directa e inmediata de la inconstitucionalidad con la nulidad (derogación) que implica expulsión de la norma cuestionada del ordenamiento jurídico genera problemas sobre los cuales el constituyente no refexionó al establecer el artículo 94 de la Constitución.
El constituyente no se planteo si la nulidad es, en todos los casos, la consecuencia única e indispensable de la inconstitucionalidad, o si se puede reparar la inconstitucionalidad por vías distintas de la nulidad.
En esta perspectiva, consideramos que debe sostenerse que la nulidad únicamente es utilizable cuando "la expulsión resulte medio idóneo para el restablecimiento de la juridicidad conculcada"10.
Cabe preguntarse a continuación si hay situaciones en que la nulidad no contribuye a reparar la inconstitucionalidad y carece de capacidad para restablecer el ordenamiento jurídico quebrantado, más aún situaciones en que la nulidad puede producir situaciones de inconstitucionalidad aún mayores y más graves. Si tales hipótesis existen, no es adecuado ni lógico el empleo de la nulidad, debiendo escindirse la relación inconstitucionalidad-nulidad, dejando abierta la posibilidad de que el juez constitucional dicte resoluciones distintas de la inconstitucionalidad- nulidad o de constitucionalidad simple11.
Así, es posible sostener que la aplicación de la nulidad es innecesaria cuando el juez constitucional se pronuncia sobre leyes derogadas o sobre leyes vigentes que han agotado todos sus efectos jurídicos, o cuando la inconstitucionalidad versa sobre omisiones de la ley, ya que en tales casos la nulidad y expulsión del precepto inconstitucional no genera el efecto de agregar a la ley lo que le falta para ser constitucional y, en el último caso, puede generar un vacío mas peligroso que el mantenimiento de la norma en el ordenamiento jurídico.
En los casos de inconstitucionalidad por omisión discriminatoria originada en la ley, con vulneración del principio de igualdad, que excluyen a ciertos grupos del benefcio otorgado a otros, siendo que merecen un mismo trato a los que la ley contempla en su regulación, la determinación de la nulidad como consecuencia de la determinación de inconstitucionalidad del precepto legal acarrearía un perjuicio mayor, por lo cual junto con determinar la inconstitucionalidad, la sentencia en vez de declarar la nulidad exhortará al legislador a que repare la discriminación inconstitucional constituida por el privilegio de un grupo o el gravamen del otro, que contiene la ley.
En este plano se sitúan también las sentencias interpretativas de conformidad con la Constitución, donde también opera la inconstitucionalidad sin nulidad, ya que el juez constitucional opera sobre el contenido del precepto legal, descartando sus signifcados contrarios a la Constitución, pero sin afectar la efcacia del precepto legal que se mantiene en el ordenamiento jurídico en su signifcado ajustado a la Constitución determinado por el Tribunal Constitucional12 , sentencias que son practicadas por todas las jurisdicciones constitucionales. Estas sentencias sólo son posibles si a su vez se distinguen el enunciado legal y las normas que emanan del mismo, ya que lo que se anulan son algunas normas emanadas del enunciado legal sin afectar la validez del mismo y de las normas que emanan de él en conformidad con la Constitución de acuerdo a lo resuelto por el juez constitucional.
En otros casos se hace necesario dictar sentencias prospectivas, ya que la expulsión inmediata del ordenamiento jurídico de la norma considerada inconstitucional puede producir muchos más daños que benefcios, en cuyos casos los tribunales constitucionales modulan los efectos de la nulidad en el tiempo buscando la solución considerada más justa, determinando la sentencia el momento desde el cual la nulidad producirá efectos, posibilitando al legislador actuar antes y ade­ cuar el ordenamiento jurídico a la Constitución, así la nulidad determinada por la sentencia, vale decir, la pérdida de efcacia de la norma inconstitucional por su expulsión del ordenamiento jurídico, queda diferida en el tiempo, evitando los efectos más perniciosos que podría producir la eliminación inmediata del precepto del ordenamiento jurídico13.
En esta perspectiva, la Corte Constitucional de Alemania ha desarrollado las sentencias prospectivas, seguida por diversos otros tribunales constitucionales, entre ellos, la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional de Bolivia, entre otros.
La Corte Constitucional de Colombia en sentencia C-221 de 1997 justifcó las sentencias prospectivas señalando que "la aparente paradoja de que la Corte constate la inconstitucionalidad material de una norma pero decida mantener su vigencia, ya que en estos casos resulta todavía más inconstitucional la expulsión de la disposición acusada del ordenamiento por los graves efectos que ella acarrea sobre otros principios constitucionales".
Ellas también han sido utilizadas por el Tribunal Constitucional de Bolivia, el cual en la sentencia Nº 082/2000, refriéndose a las normas impugnadas de inconstitucionalidad en recurso incidental por el Tribunal Agrario Nacional, señaló:
Si las declara constitucionales de manera pura y simple estaría convalidado actos inconstitucionales, pero por otro lado, si las declara inconstitucionales con un efecto inmediato que signifque su expulsión del ordenamiento jurídico estaría generando un peligroso vacío jurídico, cuyo efecto sería más negativo que el anterior, máxime si se toma en cuenta que en este período de transición democrática aún existen en vigencia muchas disposiciones legales que han sido aprobadas mediante Decreto Ley, resolvien­ do declarar la inconstitucionalidad, con vigencia temporal de dos años a partir de la dictación de la sentencia, de las disposiciones legales impugnadas, exhortando además al Poder Legislativo, para que en un plazo máximo de dos años subsanen los vicios de origen de las disposiciones legales bajo conminatoria que ellas quedarán retiradas del ordenamiento jurídico nacional en caso de incumplimiento (Rivera, José Antonio. 2001. p. 115).
Dichas sentencias responden al temor de los tribunales constitucionales de crear a través de la sentencia estimativa de inconstitucionalidad un grave vacío normativo, junto a la realidad de no poder emitir una sentencia aditiva en la materia, ya que no existe una única regla que puede deducirse de la Constitución, por lo que la solución de la materia queda entregada a la función legislativa, la que tiene el deber de optar por una de las soluciones alternativas posibles de confguración de la ley.
Estas sentencias constitucionales evalúan los perjuicios mayores que puede producir la sentencia estimatoria de inconstitucionalidad con efectos inmediatos, la cual puede producir un mal mayor que el que se busca evitar, de esta manera se otorga un plazo razonable al legislador para que desarrolle su tarea de confgurar el ordenamiento jurídico en conformidad con la Constitución, superando los vicios actualmente existentes, dando así plena fuerza normativa a la Constitución. La redacción del artículo 94 inciso 3º impide al Tribunal Constitucional chileno utilizar esta modalidad de sentencia constitucional, ya que establece un lazo inescindible entre inconstitucionalidad-nulidad (derogación).
5. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD EN EL TIEMPO
Otro aspecto independiente de los anteriores es que sucede con los actos jurídicos realizados bajo el imperio eficaz del precepto jurídico declarado inconstitucional y nulo por el juez constitucional y, por tanto, separado o expulsado del ordenamiento jurídico.
En el caso chileno, el texto de la reforma constitucional de 2005 aprobado inicialmente por el Congreso Nacional chileno no hacía referencia a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en el tiempo, lo que posibilitaba la modulación de ellas por el juez constitucional. Dicha perspectiva cambió con el veto presidencial a la reforma constitucional el cual fue aprobado por el Congreso Nacional, quedando precisado en el texto constitucional los efectos del fallo del Tribunal Constitucional en materia de control de preceptos jurídicos (Leyes, decretos y auto acordados).
El texto del inciso 3º, frase fnal del artículo 94 de la Constitución, quedó en la Carta fundamental en los siguientes términos:
"No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del Artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Ofcial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efectos retroactivos".14
Así, queda expresamente consagrado en el texto constitucional que las sentencias del Tribunal Constitucional producen efectos ex nunc desde su publicación en el diario ofcial. Así, ni el legislador orgánico constitucional ni el Tribunal Constitucional podrán dar efecto retroactivo a las sentencias del juez constitucional que expulsen preceptos jurídicos de nuestro ordenamiento jurídico por inconstitucionales.
La Constitución no asume la hipótesis de desvincular la decisión de separar el precepto jurídico inconstitucional del ordenamiento jurídico de la determinación de qué pasa con los actos jurídicos desarrollados mientras el precepto expulsado del ordenamiento tuvo vigencia.
Los efectos del precepto jurídico determinado como inconstitucional es un problema empírico que no se encuentra resuelto por la decisión de inconstitucionalidad y tampoco por la resolución que priva de efcacia al precepto inconstitucional hacia el futuro, lo que signifca un pronunciamiento sobre borrar o validar los efectos cumplidos en el pasado, lo que debe ser decidido por el juez constitucional, ya que la sentencia constitucional ocupa el lugar dejado por el precepto jurídico inconstitucional y nulo.
La tesis asumida por el artículo 94 de la Constitución que hace depender siempre los efectos de las sentencias del objeto del control que es el precepto jurídico inconstitucional introducen una rigidez sobre las situaciones acontecidas durante la vigencia del enunciado jurídico inválido, lo que resta al juez constitucional margen para determinarlos atendiendo a la realidad de las situaciones. En el fondo, el artículo 94 de la Constitución considera que siendo el precepto jurídico el objeto del control de constitucionalidad, del mismo debe obtenerse una solución al problema de las actuaciones en el ordenamiento jurídico mientras fue efcaz. En nuestra opinión esta rigidez es altamente inconveniente, ya que impide al Tribunal Constitucional modular los efectos de la sentencia constitucional en el tiempo.
Al efecto, la Constitución de Austria, en su artículo 140.5 precisa,
El fallo del Tribunal Constitucional por el que se anule una ley como anticonstitucional, obliga al Canciller Federal o al Gobernador Regional competente a publicar sin demora la derogación. Se aplicará este precepto por analogía al caso de las acciones interpuestas al amparo del párrafo 4. La anulación entrará en vigor el día de la promulgación, si el Tribunal Constitucional no hubiere fjado un plazo para la expiración de la vigencia. Dicho plazo no podrá exceder de un año.
Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el Tribunal Constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y órganos adminis­trativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión a las situaciones de hecho consumadas antes de la anulación, excepto aquella que haya dado origen al fallo, si el Tribunal Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en su fallo derogatorio. Si el Tribunal Constitucional hubiese fjado en dicho fallo un plazo conforme a lo previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos que se consumen antes a que expire el plazo, con excepción precisamente del caso que dio origen a la sentencia.
El Tribunal Austríaco, inspirado en el modelo kelseniano, de acuerdo con las normas constitucionales citadas, al determinar la nulidad de la norma inconstitucional los efectos de ella son que dicha nulidad no tiene efectos sobre los actos desarrollados durante la efcacia de la norma inconstitucional en el pasado, sino sólo efectos ex nunc o pro futuro por regla general, sin perjuicio de posibilitar que el propio Tribunal module sus sentencias en el tiempo dentro de ciertos límites, los efectos pueden ser inmediatos o prospectivos en el tiempo hasta un máximo de un año. Schäfer en su estudio sobre la materia, señala que, pese a la rigidez del sistema, en algunos casos el Tribunal Constitucional ha dado efectos retroactivos a sus fallos, como ocurrió en 1996, en un caso de saneamiento presupuestal, el Tribunal Constitucional consideró que dicho gravamen era desproporcionado e inconstitucional, como se trataba de un procedimiento especial (Anlabfälle), donde se habían presentado cerca de once mil recursos, el Tribunal tomó la determinación que los efectos del fallo que había favorecido a algunos contribuyentes, se extendiera a todos los casos decididos según la norma objeto de control, concediendo claros efectos retroactivos al fallo en virtud del principio de igualdad, anulando la carga impositiva de forma general y con efectos ex tunc15.
De la innecesaria rigidez aprendida de la experiencia de los tribunales constitucionales europeos, las constituciones y legislaciones sudamericanas han extraído la necesaria fexibilidad que debe ser dejada al juez constitucional para modular los efectos de la nulidad en el tiempo.
La Ley 1.836 del Tribunal Constitucional Boliviano de abril de 1998, en su artículo 48 referente a la forma y contenido del fallo, en su párrafo 4 precisa que el Tribunal Constitucional determinará, en la parte resolutiva en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del recurso o demanda, la forma prevista para cada caso, su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto, la condenatoria en costas si procediere y las comunicaciones pertinentes para su ejecutoria".
El artículo 27 de la Ley Nº 9.868 brasileña de 1999, que regula la acción directa de inconstitucionalidad, determina que:
"al declarar la inconstitucionalidad de la ley o acto normativo, y teniendo en vista razones de seguridad jurídica o de excepcional interés social, podrá el Supremo Tribunal Federal, por mayoría de dos tercios de sus miembros, restringir los efectos de dicha declaración o decidir que ella sólo tenga efcacia a partir de su tránsito en juzgado o de otro momento que venga a ser fjado", lo que rompe con la regla de la eficacia ex tunc de la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad.
Así, el artículo 27 permite que, a pesar de la declaración de inconstitucionalidad, como señala Ana Paula Ávila, "un acto mantenga todos los efectos producidos hasta esta declaración (ex nunc), o que mantenga parte de esos efectos (ex tunc restringido), o que, además de mantener todos los efectos producidos, tenga una producción de efectos pro futuro, hasta el momento que la decisión fja para que tales efectos cesen (ex nunc con término inicial diferido). Para la mantención de esos efectos, es necesario el acuerdo de, por lo menos, ocho ministros, y que la mantención de estos efectos esté albergada en el texto de la Constitución" (áVILA, Ana Paula. 2009, p. 171).
El artículo 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia determina que las sentencias que profera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control "tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario", norma que fue declarada exequible, vale decir, conforme con la Constitución, por la Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996.
La ley 1.836 del Tribunal Constitucional , en su artículo 48.4, determina que la parte resolutiva en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del asunto, en la forma prevista para cada caso, fjará su dimensionamiento en el tiempo y los efectos de lo resuelto; y el artículo 51 de la misma ley determina que la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad, no permite revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya aplicado la ley inconstitucional . Sobre la materia hay diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, así en sentencia C-113/93 declaró que los fallos de la Corte tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución.
A su vez, en sentencia C-037/96 la Corte Constitucional Colombiana fjó algunos criterios de modulación de los fallos en el tiempo, precisando que "Los efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremacía de la Constitución –que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es, retroactivos– y el respeto a la seguridad jurídica –que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc , esto es únicamente hacia el futuro–." .
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana hay diversas sentencias que han determinado efectos ex tunc, así ocurrió con el fallo C-149 de 1993, en que la ley 6 de 1992, había establecido un impuesto retroactivo, el que fue declarado inconstitucional, pero como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la devolución inmediata de las sumas canceladas. Asimismo, en fallo C-619 de 2003, se determinó que el efecto del fallo que resolvió la inconstitucionalidad del decreto Legislativo 900 de 2003, que había sido dictado por el gobierno en virtud de un Estado de Excepción Constitucional prorrogado declarado inconstitucional por el propio Tribunal en sentencia C-327 de 29 de abril de 2003, tenía el carácter de determinar la pérdida de vigencia del mismo desde el momento de su expedición16.
En otros casos, la Corte Constitucional ha declarado la inexequibilidad del decreto con fuerza de ley desde el momento mismo en que se había declarado la inexequibilidad del decreto que había establecido el respectivo Estado de Excepción de Emergencia, como es el caso de la Sentencia C-187 de 1997.
A su vez, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Venezuela de 2004 , establece en su artículo 21, párrafo 18º, que en el fallo defnitivo en que se pronuncia sobre la nulidad por inconstitucionalidad de normas o actos impugnados de inconstitucionalidad, una vez examinados los motivos en que se funda la demanda, "determinará, en su caso, los efectos de la decisión en el tiempo".
La jurisprudencia de la Sala Constitucional es variada, sólo a manera ejemplar pueden citarse los siguientes fallos:
En sentencia del caso Mollegas Puerta y Mollegas Viamonte, la Sala Constitucional determinó "Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley orgánica de la Corte Suprema de justicia, se debe determinar los efectos en el tiempo de las decisiones anulatorias de normas. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de justicia ha indicado que, en tales casos, debe entenderse que produce sus efectos ex tunc, es decir, hacia el pasado.
Así, en sentencia del año 2000 con ocasión de decidir la solicitud de ejecución de un fallo que no había fjado los efectos en el tiempo de una sentencia anulatoria, se indicó:
Ha sido señalado precedentemente que la sentencia anulatoria extinguió la norma por considerarla viciada, sin limitar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los efectos de la anulación en el tiempo, en razón de lo cual, este efecto es ex tunc, es decir, hacia el pasado; opera desde el momento mismo en que la norma fue dictada. (Sentencia de la Sala Político administrativa del 11 de noviembre de 1999, caso Policarpo rodríguez)17.
La misma Sala Constitucional en caso Armando Contreras Díaz, determina:
En tal sentido, la doctrina patria ha señalado erradamente que es característica exclusiva del control difuso la extensión de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad hacia el pasado, esto es, producir efectos ab initio del acto impugnado o con efectos ex nunc. En efecto, tal exclusividad en el control difuso carece de fundamento científco, no existe dentro de las características propias del control difuso un elemento que enclave dicha característica a ese control, ya que el control concentrado, si bien tiene efecto constitutivo, se ejerce sobre actos que, precisamente, por gozar de una presunción de legalidad, producen efectos jurídicos desde sus inicios, los cuales, en razón de la trascendencia de los derechos constitucionales transgredidos más el carácter de los efectos jurídicos que ella pudo haber realizado, algunas veces se hace necesario declarar la nulidad ab initio de la Ley impugnada para garantizar el Estado de Derecho.
Otra no puede ser la consecuencia de la norma contenida en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que señala la potestad de esta Sala para indi­ car cuáles serán los efectos que ella le atribuye a su fallo, por lo tanto, siendo que sí existe una normativa legal que le otorga a esta Sala la potestad de atribuirle efectos ex nunc o ex tunc a sus fallos, esta Sala desecha el alegato expuesto por la parte opositora de que las sentencias de nulidad deben ser siempre con efectos ex nunc18.
En el caso chileno, el artículo 94 de la Constitución genera una rigidez de los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad de un enunciado jurídico innecesario en nuestra opinión, lo que nos lleva a sostener la necesidad de fexibilizar la modulación de los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, dándole mayor libertad al juez constitucional que conoce mejor el problema suscitado por el caso específco en que dicta la sentencia de inconstitucionalidad. Señalemos un solo ejemplo en esta materia, ocurrido con anterioridad a la reforma constitucional de 2005, el problema se suscita respecto de un decreto con fuerza de ley dictado por el gobierno en virtud de una ley delegatoria o habilitante, en el caso que excedan el marco de habilitación o cuando invaden el ámbito del legislador ordinario o del legislador de quórum califcado o vulneran derechos constitucionales; en el caso específco considerado, el Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de Ley Nº 21, de 2003, del Ministerio de Hacienda, la sentencia considera que el gobierno sobrepasó los límites de la ley delegatoria, resultando en consecuencia inconstitucional por vulnerar los artículos 61, inciso 4º; 7º y 60 de la Carta fundamental (numeración constitucional anterior a reforma de 2005), invadiendo el campo que es propio y exclusivo del legislador. Dicha sentencia en su parte resolutiva declara la inconstitucionalidad del decreto con fuerza de ley19, el que se produce con efectos ex tunc implícitos, debiendo el gobierno dejar sin efecto las modifcaciones que había concretado al directorio de una corporación en virtud de dicho decreto con fuerza de Ley, modifcación que se había realizado antes de la dictación del fallo. ¿Podría haberse dictado dicha sentencia con la norma constitucional actual? ¿Cómo se podría anular actualmente el nombramiento de los miembros del directorio de dicha institución, con la norma actual del art. 94 de la Constitución?
6. CONSIDERACIÓN ES SOBRE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO PERSONAL
En lo referente a los efectos del fallo respecto de las personas, la sentencia de los tribunales constitucionales pueden tener efectos inter partes, el fallo determina la inaplicación del precepto legal considerado contrario a la Constitución para el caso concreto, afectando la sentencia sólo a las partes que han actuado en el respectivo contencioso; o pueden tener efectos erga omnes, si la decisión es vinculante respecto de todos, lo que otorga a la sentencia una fuerza similar a la que detenta el Poder Legislativo, pero de carácter inverso, al eliminar el precepto normativo del ordenamiento jurídico, que es la regla general en el caso de las acciones abstractas de inconstitucionalidad que se concretan cuando el precepto impugnado ya forma parte del ordenamiento jurídico (control represivo o reparador).
En el contexto sudamericano, los tribunales constitucionales por regla general establecen como efectos temporales los efectos erga omnes. Así ocurre con las sentencias de los tribunales constitucionales de Bolivia respecto de las sentencias en recurso directo y abstracto de inconstitucionalidad20; de Colombia, las sentencias sobre acciones, revisión previa y control automático y obligatorio de constitucionalidad de preceptos legales21; Ecuador, respecto de las acciones de carácter directo y abstracto22; Perú, respecto de las acciones abstractas y directas23; y de las acciones directas y abstractas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela24.
6.1. Los efectos de la sentencia constitucional chilena en el ámbito personal
El artículo 94 de la Constitución en su inciso 2º dispuso que "Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate".
Por tanto, el proyecto de norma jurídica morirá antes de ser tal, no ingresando al ordenamiento jurídico y, por tanto, sin tener posibilidad alguna de ser aplicada por los tribunales o la administración.
Por otra parte, en el inciso 3º precisa que, "el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del artículo 93, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Ofcial de la sentencia que acoja el reclamo,.".
En este caso, la norma jurídica vigente es expulsada del ordenamiento jurídico, perdiendo toda posibilidad de aplicación y de producir efectos jurídicos, por tanto sus efectos son erga omnes.
En el caso de la resolución que determine la inaplicabilidad de un precepto legal por inconstitucionalidad en control concreto incidental produce sólo efectos inter partes.
7. LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE PRECEDENTE Y DE FUERZA VINCULANTE DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La superioridad de la Constitución lleva a la superioridad del intérprete de la Constitución que es el Tribunal Constitucional, el que se constituye en el órgano de cierre del ordenamiento jurídico por sobre la ley, la cual es objeto de enjuiciamiento sobre su constitucionalidad. Todo ello, sin perjuicio de reconocer que no es el único interprete jurisdiccional de la Constitución, ya que los jueces ordinarios deben siempre realizar interpretación constitucional al aplicar el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución en una interpretación conforme a la Constitución. A su vez, no puede dejar de desconocerse que las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de justicia son jurisdicciones constitucionales al conocer de amparos y protecciones; como también la Corte Suprema de justicia es juez constitucional a través del recurso de nulidad por violación de derechos en materia procesal penal. Todo ello sin perjuicio de otros casos específcos.
La declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional que produce cosa juzgada es la parte resolutiva de la sentencia, aun cuando ella se explica por los argumentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de la sentencia; en nuestro ordenamiento jurídico chileno la sentencia del Tribunal Constitucional no produce precedente, ya que este último consiste en el respeto de los criterios conformadores de la doctrina elaborada por el juez constitucional en la ratio decidendi del fallo. Puede sostenerse que lo que trasciende la cosa juzgada del caso es la eventual fuerza del precedente y la eventual fuerza vinculante de éste, como los eventuales efectos erga omnes del fallo.
En la materia, en el caso chileno, es necesario constatar la evolución sufrida por el texto de la Ley adecuatoria de la LoC del Tribunal Constitucional.
El Mensaje Presidencial que encabezó la reforma adecuatoria de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional Chileno a la reforma constitucional de 2005, precisaba:
"6. Sentencias.
Después de casi 25 años de funcionamiento del Tribunal y de la reciente reforma constitucional, el país está en condiciones de asumir que todos los órganos del Estado queden obligados por lo que el Tribunal resuelva. Con ello se confere a sus sentencias una fuerza mayor a la que tienen las emanadas de un tribunal normal".
El artículo 31 del proyecto de Ley orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, en su texto original, señalaba en uno de sus incisos que "Los órganos del Estado están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal resuelva". En otras palabras, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se estimaba vinculante. Este deber de obediencia se refería al destinatario que, en este caso, se precisaba que eran todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales de justicia. Esta regla fue posteriormente eliminada en el proceso legislativo de la ley adecuatoria de la LoC del Tribunal.
La Cámara de diputados consideró que ello no era necesario explicitarlo en el texto de la Ley orgánica Constitucional del Tribunal y lo eliminó del proyecto, considerando que ello resultaba redundante respecto de los principios en que se sustenta el derecho público chileno.
Esta decisión de la Cámara de diputados nos parece errónea, ya que la explicitación de la fuerza vinculante del fallo constitucional no es parte integrante del derecho público chileno, aun si lo fuera, su explicitación normonológica otorgaba seguridad jurídica y reforzaba el derecho a la igualdad ante la ley, además de constituir un elemento de la cultura jurídica nacional el de explicitar las potestades de los órganos estatales, de acuerdo al principio establecido en el artículo 7º inciso 2º de nuestra Carta fundamental.
A su vez, el legislador también dejó constancia durante la tramitación de la Ley adecuatoria de la LoC del Tribunal Constitucional que este último es un intérprete entre otros de la Constitución. En efecto, en el Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y justicia del Senado, se señala "todos los jueces interpretan y aplican la Constitución, no sólo el Tribunal Constitucional. Apartarse de este criterio implicaría otorgar a las sentencias de este último un poder vinculante que no tienen, salvo el caso excepcionalísimo de la declaración de inconstitucionalidad del número 7º del artículo 93, ya que la regla general es que los fallos judiciales sólo surtan efectos entre las partes en contienda".
Puede sostenerse así que las sentencias del Tribunal Constitucional chileno, a diferencia de la regla general en el derecho comparado, no establecen vinculatoriedad más allá de lo resuelto para el caso concreto ni existe obligación de los órganos judiciales de seguir el precedente.
Es necesario señalar, aunque parezca obvio decirlo, que, donde existe un Tribunal Constitucional, se establezca o no expresamente, cuando éste dicta una sentencia en el ámbito de su competencia, ésta es, en la práctica, el producto jurídico del guardián último de la Constitución respecto de normas infraconstitucionales.
A diferencia del caso chileno, la regla general en el derecho constitucional comparado europeo y latinoamericano es que el efecto de la sentencia constitucional mas allá de lo determinado en la parte resolutiva del fallo para el conficto específco, se comprende si se asume que la función de un Tribunal Constitucional es determinar la norma que emana del enunciado constitucional para hipótesis específcas y su utilización uniforme por los diferentes órganos constitucionales, vinculando así la conducta futura de órganos y personas, evitando que comportamientos declarados inconstitucionales vuelvan a repetirse o que se interpreten normas de una manera diferente a la declarada por el Tribunal Constitucional, otorgando una cierta seguridad jurídica de los caminos por los cuales los órganos y personas pueden transitar en el marco de la Carta fundamental.
Una sentencia de un Tribunal Constitucional tiene un alcance más pleno cuando de ella se deriva, además de su carácter declarativo que permite eliminar el vicio constitucional en el caso específco, la fuerza vinculante que establece el deber de los demás órganos estatales de seguir, de buena fe, en casos idénticos o de la misma clase los principios determinados por el Tribunal Constitucional. Tales principios se encuentran en la parte considerativa o motiva del fallo constitucional, constituyendo la "ratio decidendi" del mismo, pasando a tener una fuerza jurídica similar a la norma jurídica interpretada25 .
En la materia Castillo Córdova en Perú, sobre la materia ha afrmado que "todas las razones sufcientes o ratio decidendi en una sentencia constitucional, en particular las que en ella son formuladas como precedentes vinculantes, son normas constitucionales implícitas o adscritas a la norma constitucional directamente estatuida, objeto de interpretación y en relación a la cual se ha formulado el precedente vinculante"26.
En contraste con la norma chilena pueden verse, a modo ejemplar, sólo algunas normas en países que siguen el sistema jurídico romano germánico:
"1. Las decisiones del Tribunal Constitucional Federal vinculan a los órganos constitucionales de la Federación y de los Estados así como a los tribunales y autoridades. "2. En los casos del 13 números 6, 11, 12 y 14, la decisión del Tribunal Constitucional federal tiene fuerza de ley. Esto se aplica también en los casos del 13º| 8 (sobre recursos de amparo), cuando el Tribunal Constitucional Federal declara la compatibilidad o incompatibilidad y la nulidad de una ley. En tanto que una ley sea declarada compatible o incompatible con la Ley Fundamental o con el derecho federal, o sea declarada nula, la decisión deberá ser publicada por el Ministerio Federal de Justicia en el Boletín Ofcial Federal, lo mismo se aplica para las decisiones dictadas en los casos del 13 números 12 y 14".
Comentando esta norma de la Ley de la Corte Constitucional Alemana, Raúl Bocanegra, determina que "mientras la noción de vinculación a las sentencias constitucionales extiende sus efectos a todos los órganos constitucionales, autoridades y tribunales, la fuerza de ley se extendería no sólo como aquella al Estado y a sus órganos, sino, mas allá, también a todos, personas físicas y jurídicas que podrían invocar a su favor estas decisiones y a todos obligarían produciendo directamente para todos los derechos y obligaciones, puesto que todos están obligados por las leyes, no solamente las partes intervinientes en el proceso, como ocurre con la cosa juzgada o los órganos del Estado, como sucede con los efectos de vinculación"27.
La Ley orgánica del Tribunal Constitucional español, en su artículo 40.2. determina:
"La jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad".
A su vez, la Ley orgánica del Poder judicial de España 6 de 1985 de 1º de julio, señala en su artículo 5.1. precisa:
El Supremo Tribunal federal de brasil, según el artículo 28 de la Ley 9868/99, en su párrafo único, determina que las declaraciones de constitucionalidad, inclusive la interpretación conforme a la Constitución, tienen eficacia contra todos, y efecto vinculante en relación a los órganos del Poder judicial y a la administración pública federal, estadual y municipal28.
El Código Procesal Constitucional del Perú, en su artículo VI, inciso 3º, señala que
"Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma de rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional".
La Ley del Tribunal Constitucional de bolivia, Ley Nº 1.836, aún vigente, en proceso de reemplazo, para adaptarse al nuevo texto constitucional de 2009, en su artículo 4.1. referente a interpretación constitucional determina: "Los Tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional". A su vez, el artículo 44, en su literal I, el cual precisa . "Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional son obligatorios y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y Tribunales ".
El Tribunal Constitucional, en su sentencia SC 058/2002, de 8 de julio, interpretando la norma prevista por el art. 44.I de la Ley 1.836, en armonía con el art. 121 de la Constitución, precisó que "la vinculatoriedad de las Sentencias del Tribunal Constitucional, implica que los poderes públicos que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la manera de cómo los preceptos y principios de la Constitución, han sido interpretados por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, por la efcacia vinculante de dicha interpretación, los poderes públicos están obligados a seguir la doctrina constitucional que ha resultado de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos constitucionales (...)".
En el caso colombiano, el artículo 48 de la Ley 270 Estatutaria de la Administración de justicia de 1996 de conformidad con el artículo 230 de la Constitución, establece algunas regulaciones en la materia, determina expresamente que "sólo será de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes la parte resolutiva de los fallos. La parte motiva constituye sólo criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general". El artículo 23 del decreto 2067 de Colombia señala que "La doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modifcada por ésta, será criterio auxiliar para las autoridades y corrige la jurisprudencia".
La doctrina de la Corte Constitucional Colombiana ha establecido el carácter vinculante de sus interpretaciones, utilizando para ello la técnica del precedente, distinguiendo entre la argumentación que guarda relación directa y necesaria con la parte resolutiva del fallo de aquella que sólo es tangencial29.
La Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-447 de 1997, precisa:
" Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica –pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles– sino también del respeto del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Por eso, algunos sectores de la doctrina consideran que el respeto al precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos, y que efectivamente lo hace. Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones"30.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en base al artículo 335 de la Constitución de 1999, establece la obligatoriedad de las interpretaciones constitucionales determinadas por la Sala Constitucional con motivo de la resolución de controversias o de una solicitud de interpretación. La Sala Constitucional ha resuelto que la norma general producida por la interpretación abstracta genera efectos erga omnes , " constituyendo una verdadera jurisdatio, una interpretación cuasiauténtica o para constituyente, que profere el contenido constitucionalmente declarado por el texto fundamental"31.
"A lo ya dicho conviene agregar que la doctrina que se derive de la interpretación de los preceptos constitucionales, sea que la conclusión a que arribe la Sala no resuelva un caso concreto (solicitud de interpretación), sea que aproveche a la solución de una concreta controversia en tanto contenga el modo en que los valores, principios y reglas constitucio­ nales exigen que se tome una decisión en un sentido determinado, tiene en ambos casos efecto vinculante. Ta l aclaratoria desea resolver alguna duda que pudiera surgir en cuanto al alcance de la vinculación de la función interpretativa que toca desplegar a esta Sala conforme al citado artículo 335 de la Carta Fundamental, la cual, puede que llegue a asociarse, erróneamente, a la desnuda interpretación de un precepto constitucional"32.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de Venezuela en materia de ratio decidendi ha determinado:
"Las interpretaciones de esta Sala Constitucional, en general, o las dictadas en vía de recurso interpretativo, se entenderán vinculantes respecto del núcleo del caso estudiado, todo ello en un sentido de límite mínimo, y no de frontera intraspasable por una jurisprudencia de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del universo de los tribunales de instancia
"Los pronunciamientos que, sin referirse al núcleo central del debate objeto de la decisión, afectan a un tema colateral relevante para la misma, normalmente vinculados con los razonamientos jurídicos esbozados para afncar la solución al caso, no serán por lógica, vinculantes, ni en este ni en otro sentido"33.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ha establecido expresamente el carácter vinculante de la ratio decidendi de sus fallos, al efecto ha señalado:
"Finalmente, debido a la relevancia de las consideraciones emitidas en el fallo bajo examen y, además, por haber refexionado la Sala sobre el alcance de principios elementales de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, como lo son el derecho a la libertad y la garantía de presunción de inocencia, declara vinculante la ratio decidendi que condujo a la decisión defnitiva del presente fallo" 34.
La regla de la vinculatoriedad de los fallos es común en el derecho y en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de nuestro círculo de cultura jurídica. Esta perspectiva implica que basta que el Tribunal Constitucional o el órgano de jurisdicción constitucional centralizado o concentrado competente dicte una resolución o sentencia sobre el alcance de cualquier norma infraconstitucional, para que, cualquier interpretación divergente de los tribunales ordinarios y especiales para casos análogos se vuelva imposible, de acuerdo con las normativas legales precisadas, si no hay una razón fuerte que demuestre la existencia de elementos del caso que lo hagan diferente a lo ya resuelto o que no se hayan tenido en consideración argumentos nuevos que desarrolla en la nueva sentencia el respectivo tribunal.
Asimismo, ello obliga a distinguir los tres sectores o elementos estructurales del cuerpo de la sentencia o fallo, el denominado holding o ratio decidendi, el dictum u oviter dicta o simplemente dicta, y el rationale35.
La distinción entre la ratio decidendi y el oviter dicta o dictum, está dada por que el primero de estos conceptos, es la parte del fallo que fundamenta directa e inmediatamente el precedente, estableciendo la regla o principio que defne el tribunal al resolver el problema o caso sometido a su consideración, mientras que el segundo concepto, el oviter dicta o dictum , se refere a los razonamientos marginales periféricos o circunstanciales, los cuales carecen de valor vinculante con efecto erga omnes.
En todo caso consideramos necesario introducir un matiz, en virtud del principio de independencia judicial también reconocida constitucionalmente, estableciendo que, excepcionalmente, los jueces en el ejercicio de su autonomía judicial podrían apartarse del precedente, motivando sufciente y adecuadamente las razones de la separación de la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Constitucional, de lo contrario estarían infringiendo el derecho de las personas a la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica.
El problema más signifcativo en esta materia se presenta cuando los tribunales ordinarios en un caso concreto consideren la inaplicación del precedente del Tribunal Constitucional en el caso que están conociendo, por considerar que las propiedades del mismo son diferentes (distinguish), vale decir, cuando el juez o tribunal ordinario, consideren que existen diferencias relevantes que median entre el caso resuelto mediante el precedente y el caso que debe resolver actualmente el juez ordinario, por lo que la ratio decidendi del primer caso no puede aplicarse al segundo, exigiendo este último una solución diferente, como asimismo, cuando el precedente no responda adecuadamente a un cambio social posterior por variación de las circunstancias; o cuando se modifca el precedente (overruling) al considerarlo erróneo desde una perspectiva axiológica, al ser contrario a los valores, principios y derechos en que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En nuestro país, en una cultura jurídica donde campea una concepción legalista de cuño continental superada por el constitucionalismo contemporáneo y la fuerza normativa directa e inmediata de la Carta fundamental, los fallos del Tribunal Constitucional tienen únicamente fuerza persuasiva para los demás órganos estatales en la medida que los últimos consideren pertinentes los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional al resolver la materia específca. Las sentencias del Tribunal Constitucional carecen de imperio, lo que no es un problema menor, ya que sitúa a las sentencias del tribunal Constitucional en una situación de mayor debilidad institucional que las sentencias de los tribunales ordinarios de justicia, a las que el propio texto constitucional dota de tal imperio (art. 76).
El criterio adoptado por nuestro ordenamiento jurídico genera una debilidad crónica y una rigidez de las sentencias del Tribunal Constitucional que no se dan en el derecho constitucional comparado. Ello no posibilita la superación de la existencia de distintos cánones o parámetros de interpretación y aplicación de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional y los tribunales ordinarios de justicia, todo lo cual afecta la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico.
7.1. La fuerza vinculante del fallo del Tribunal Constitucional para si mismo
En materia de consistencia del Tribunal Constitucional con sus propios precedentes, el máximo intérprete de la Constitución se manifestó explícitamente, por primera vez sobre el punto, en el fallo "juzgados de Policía Local" en 1993, donde determinó: "debe también tenerse en consideración para resolver acerca de la conveniencia de mantener la razón decisoria contemplada en fallos anteriores del Tribunal Constitucional en relación a una materia determinada, que ello crea certeza y seguridad jurídica necesarias para todos aquellos a quienes pueda interesar y/o afectar lo que éste resuelva sobre el punto. Los cambios de doctrina jurídica por lo general deben producirse siempre que existan motivos o razones fundamentales que los justifquen"36.
Sobre esta materia nada señala la ley adecuatoria de la LoC del Tribunal Constitucional, ello impide una seguridad jurídica relativa que ofrece el respeto a los precedentes emanados de la sentencia constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Su justifcación se encuentra en un principio de universalización que ordena tratar de igual modo las situaciones iguales, la resolución judicial debe ser suscrita por el Tribunal en otro caso que presente caracteres análogos.
Ello asegura la no discriminación en la aplicación del derecho, otorga estabilidad a las relaciones jurídicas y las hace previsibles, además del "respeto del principio de la confanza recíproca"37.
Como lo expresa el fallo del Tribunal Constitucional chileno, en el caso "juzgados de Policía Local" en 1993, el respeto al precedente no signifca desconocer la posibilidad de cambio de circunstancias o de valoraciones que justifquen un apartarse de la doctrina asentada por el precedente, lo que es legítimo mediante un razonamiento que explique los motivos del cambio de criterio38, principio que habría sido adecuado positivarlo en la Ley orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional chileno. Ello no fosiliza las sentencias constitucionales, pero obliga a que el cambio de doctrina siempre deba justifcarse, lo contrario constituye una evidente violación de la igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico, una vulneración de la prohibición de actos arbitrarios e inconsistentes, como asimismo, afecta gravemente la seguridad jurídica propia de todo Estado Constitucional de derecho.
El juez constitucional, junto con seguir los principios de la dogmática constitucional, si quiere apartarse de los precedentes está obligado a desarrollar la fundamentación o argumentación de la posición incorrecta del precedente en la situación actual o ante un nuevo contexto, ya que la evolución jurisprudencial debe ser explícita y razonada, prudente y equilibrada, con el objeto de no generar un grado inadecuado de inseguridad jurídica o incertidumbre.
En este ámbito es necesario comentar que la dosis de fexibilidad antes señalada es razonable cuando estamos ante la jurisdicción constitucional, ya que el texto constitucional debe irse adaptando a una realidad dinámica y cambiante. La excesiva rigidización difcultaría gravemente la tarea del Tribunal Constitucional e, incluso, podría poner en grave peligro la vida institucional de la sociedad política.
Una rigidez absoluta de la jurisprudencia impediría al Tribunal Constitucional superar aquellas decisiones anteriores que se considerarán erróneas, situación que nunca puede excluirse, especialmente cuando hay posiciones fuertemente encontradas que prácticamente dividen al Tribunal en dos partes de peso equivalente.
Sin perjuicio de esta necesaria fexibilización, la regla general debiera ser la fjación relativa de las sentencias constitucionales, lo que es necesario, ya que de lo contrario, se incumplirían las funciones propias del Tribunal, de eliminar ámbitos de conficto y garantizar la paz y seguridad jurídica propia de un Estado Constitucional.
El sistema constitucional debe construir un adecuado equilibrio que garantice la fjación y vinculatoriedad de la sentencia constitucional y la capacidad de apertura al cambio, siempre que no afecte ni ponga en peligro la función pacifcadora del Tribunal Constitucional y su carácter de intérprete último o fnal de la Constitución dentro del ámbito de sus competencias.
8. LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL
El artículo 94 de la Constitución determina en su inciso fnal que "Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado, en su caso, se publicarán en el diario ofcial dentro de los tres días siguientes a su dictación".
La LOC del Tribunal Constitucional, en su artículo 31 bis, nuevo, prescribe:
"Las sentencias del Tribunal se publicarán íntegramente en su página web, o en otro medio electrónico análogo, sin perjuicio de las publicaciones que ordenan la Constitución y esta Ley en el Diario Ofcial. El envío de ambas publicaciones debe ser simultáneo".
de acuerdo con esta disposición de la LoC del Tribunal, se establece una forma adicional de publicación de las sentencias, ya que además de su publicación en el diario ofcial se publican en la página web del Tribunal o en otro medio electrónico análogo. En la práctica se publican en la página web del Tribunal Constitucional.
El inciso 3º del artículo 31 bis nuevo determina que "también se publicarán en la página web del Tribunal, al menos, las resoluciones que pongan término al proceso o hagan imposible su prosecución, el listado de causas ingresadas y fecha de ingreso, las tablas de las salas y el pleno, la designación de relator, de la sala que debe resolver sobre la admisibilidad del requerimiento y de ministro redactor y las actas y sesiones y los acuerdos del pleno ".
La LoC del Tribunal en su artículo 31 bis nuevo, en su inciso 2º, determina que " Las sentencias recaídas en las cuestiones de constitucionalidad promovidas en virtud de los números 2º, 4º, 7º y 16º del artículo 93 de la Constitución se publicarán en el Diario Ofcial in extenso. Las restantes que deben publicarse lo serán en extracto, que contendrá a lo menos la parte resolutiva del fallo" .
finalmente, el inciso fnal del artículo 31 bis nuevo, ordena que la publicación de resoluciones en el diario ofcial deberá practicarse dentro de los tres días siguientes a su dictación.
El nuevo rol que juega la sentencia constitucional en nuestro sistema jurídico implica a los operadores jurisdiccionales ordinarios y especiales, un cambio de mentalidad signifcativo, el que requerirá de una adaptación y a un cambio de paradigma jurídico de los operadores jurídicos, de la concepción positivista formalista y meros aplicadores de la ley a intérpretes del derecho considerando todas sus fuentes y considerando los principios que emanan de las sentencias del Tribunal Constitucional.
Queremos cerrar estas refexiones, precisando la importancia que reviste la sentencia del Tribunal Constitucional en nuestro sistema jurídico en el nuevo modelo de jurisdicción constitucional implementado en nuestro país, ello requiere de la mayor conciencia de los jueces constitucionales y de mayor esfuerzo por desarrollar sus capacidades al máximo y dictar sentencias de calidad y fundadas en las fuentes del derecho vigente; apoyándonos en Cappelletti, podemos sostener que el buen juez constitucional es aquel que, consciente de las grandezas y de las debilidades de la función que desempeña, es capaz de discernir si las circunstancias del caso aconsejan ser cauteloso o audaz, desplegando, en consecuencia, de manera convincente, los argumentos jurídicos que procedan en cada caso39.
Consideramos adecuado reevaluar la rigidez del artículo 94 de la Constitución, con el objeto de establecer claramente la cosa juzgada en los fallos y el imperio de éstos dentro del ordenamiento jurídico. respecto de los efectos de los fallos, posibilitando una mayor libertad del Tribunal Constitucional en el manejo de esta variante de acuerdo a los casos concretos en que debe fallar, ya que está en mejor posición para determinar los efectos del fallo.
En nuestra opinión, para posibilitar un cambio de la cultura extremadamente formalista chilena, sin causar graves desajustes en el sistema jurídico, consideramos adecuado plantear que la Ley orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en el futuro próximo pueda regular una fuerza relativa del precedente, que la "ratio decidendi" del fallo que constituye la argumentación relevante que lo fundamenta y determina la parte resolutiva, vale decir, aquellos principios o razonamientos que no podrían ser alterados o modifcados sin que la sentencia fuere modifcada, constituyen criterio auxiliar para todos los órganos del Estado cuando así lo decida el Tribunal Constitucional por 4/5 de sus miembros en ejercicio, mientras dichos criterios no sean modifcados por el propio Tribunal Constitucional, distinguiéndolos de los obiter dicta o dicta que son afrmaciones tangenciales o complementarias emitidas en la resolución judicial que no tienen el mismo carácter, ni deben ser seguidos como antecedentes por los tribunales de justicia y otros órganos estatales.
Ello se verá favorecido si la comunidad jurídica a la cual le corresponde evaluar y controlar críticamente la fundamentación de las sentencias constitucionales, las razones y el mérito de los argumentos empleados por los jueces constitucionales, constata una mayor calidad argumentativa de los fallos constitucionales. A la jurisdicción constitucional debemos exigirle, como intérprete superior y último de la Carta Fundamental, que ofrezca sus mejores argumentos al fundar las sentencias.
Con Tribe, se debe señalar que la jurisdicción constitucional debe desarrollar un discurso constitucional que fundamente y aporte razones que sustenten sus puntos de vista sobre el comportamiento de las otras potestades estatales, mediante un diálogo con quienes leen la misma Constitución, aun cuando sostengan diferencias de criterio40.
A su vez, con dworkin, es necesario precisar que "la comunidad jurídica debe evaluar a los jueces con criterios intelectuales. Insistiremos que elaboren los mejores argumentos que les sea posible, y luego nos preguntaremos si sus argumentos son lo sufcientemente buenos. Por supuesto, no hay fórmula que garantice que los jueces no serán infuidos por los malos argumentos Todo lo que podemos hacer ante esas malas decisiones es señalar cómo y dónde los argumentos eran malos o las convicciones inaceptables"41. Esa es una de las tareas de los juristas de derecho público, especialmente los del mundo académico universitario.
1recibido el 25 de noviembre de 2007 y aprobado el 23 de diciembre de 2009.
2 El autor es abogado, doctor en derecho por la Universidad Católica de Lovaina La Nueva, bélgica. director del Centro de Estudios Constitucionales y del Magíster en derecho Constitucional de la Universidad de Talca, Campus Santiago. Presidente de la Asociación Chilena de derecho Constitucional. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de derecho Procesal Constitucional, Miembro Asociado de la Academia Internacional de derecho Comparado.
3Bocanegra, Raúl (1981), p. 238.
4Bernal, Carlos (2005), p. 150.
5A modo de ejemplo, en el Caso: Castillo Petruzzi y otros con Perú, la Corte Interamericana anuló el fallo del órgano judicial máximo de la jurisdicción militar peruana y ordenó al Estado peruano realizar un nuevo juicio a los afectados respetando las normas de un tribunal independiente e imparcial y un procedimiento que cumpliera con las normas del debido proceso, lo que fue acatado por el Estado peruano, anulando la sentencia anterior y realizándose el nuevo procedimiento ajustado a las reglas del debido proceso por un tribunal ordinario preestablecido de carácter independiente e imparcial. En el caso Almonacid Arellano con Chile determinó reabrir el caso por un juez natural competente, dejando sin efecto las resoluciones judiciales de sobreseimiento defnitivo por amnistía por la judicatura militar y 7 la resolución de la Corte Suprema de justicia que trasladaba la competencia del juez ordinario a la justicia militar.
6Ver Sentencia del Tribunal Constitucional, rol Nº 1340-09, de 29 de septiembre de 2009.
7Sobre la materia, Nogueira, Humberto (2005), pp. 295-354.
8Ver Pegoraro, Lucio (1998), pp. 86-98; Fernández Rodríguez , José Julio (2002), pp. 118-133.
9Ver Sánchez, Abraham (2005).
10Jiménez, Javier (1998), p. 123.
11 Sobre la materia, biglino, Paloma (2000), pp. 321 y ss.
12Sobre las sentencias interpretativas ver el excelente libro de Sánchez, Abraham (2005). Ver también González, Markus (2000), pp. 54 y ss.
13Tejedor, Julio (1999), pp. 120 y ss.
14En el caso de Tribunales Constitucionales sudamericanos sólo la Constitución del Perú, en su artículo 204, establece la rigidez igual a la chilena, en relación a los efectos en el tiempo de los fallos del juez constitucional.
15Schäfer, Heinz (1998), pp. 37-38
16Ver sentencia C-619 de 2003 en Revista Electrónica Foro Constitucional Iberoamericano Nº 3, Universidad Carlos III, Madrid. Página. http://77www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCIrevista-03-jur-col5.htm
17Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Nº 450, de fecha 23-05-2000 en Rincón Urdaneta, Iván y otros (2002), p. 142. Los artículos 119 y 131 citados de la derogada Ley orgánica de la Corte Suprema de justicia se corresponden con el artículo 21, párrafo 18º de la Ley orgánica del Tribunal Supremo de 2004.
18Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia Nº 819, de fecha 24-04-2002 en Rincón Urdaneta, Iván y otros (2002), p. 143.
19Sentencia del Tribunal Constitucional roles 392, 393 y 394, acumulados, de fecha 18 de noviembre de 2003, publicada en el Diario Ofcial del viernes 21 de noviembre de 2003, pp. 1 a 4.
20Artículo 58 de la Ley del Tribunal Constitucional.
21Artículo 47 de la Ley Estatutaria de la Administración de justicia (Ley Nº 270 de 1996) y 21 del decreto Nº 2.067 de 1991.
22Artículo 22 de la Ley de Control Constitucional de 1997.
23Artículo 204 de la Constitución peruana de 1993.
24Artículo 336 de la Constitución venezolana de 1999.
25Ver sobre la materia Tupayachi, Jhonny (coord). (2009).
26Castillo, Luis (2009). p. 653.
27Bocanegra, Raúl (1981), pp. 267 - 268.
28Afonso da Silva, Virgilio (2004), p. 21. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/17/ard/ard1.htm
29López Medina, Diego (2000), pp. 14 y ss.
30Bernal Pulido, Carlos (2005). p. 162.
31Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de fecha 19 de julio de 2001, Nº 1309, Caso Hermann Escarrá.
32Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de fecha 5 de octubre de 2001, Nº 1860, Caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas .
33Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de fecha 9 de noviembre de 2000, Nº 1347. Caso: Ricardo Combellas .
34Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia de fecha 27 de noviembre de 2001, Nº 2426, Caso: Víctor Giovanny Díaz Barón .
35Sobre la materia puede consultarse, Magaloni Kerpel, Ana Laura (2001). Asimismo, Escovar León, Ramón (2005).
36Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, rol Nº 171, de fecha 22 de julio de 1993.
37Bernal, Carlos (2005). p. 200.
38Würtenberger, Thomas (2005), p. 1385.
39Cappelletti, Mauro (1984), p. 82.
40Tribe, Lorence (1988). p. 15.
41Dworkin, R. (1994), pp. 191-192.
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24-04-2002, caso Armando Contreras Díaz.
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