Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-04679-de-mayo-7-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0203b8e41eac01dae0530a01015101da&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 13:51:53
Document Index: 289979955

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 112', 'artículo 59', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 256', 'artículo 28', 'artículo 40', 'artículo 33', 'artículo 45', 'Artículo 44', 'artículo 256', 'artículo 33', 'artículo 33']

﻿ Sentencia 2010-04679 de mayo 7 de 2014
SENTENCIA 2010-04679 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO- ACTOS FRAUDULENTOS EN DETRIMENTO DE INTERESES AJENOS. REALIZAR ACTOS FRAUDULENTOS EN DETRIMENTO DE INTERESES AJENOS ES UN TIPO DISCIPLINARIO DE MERA CONDUCTA, ES DECIR, NO REQUIERE QUE SE PRODUZCAN EFECTOS NOCIVOS. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE CONFIRMÓ LA SANCIÓN DE EXCLUSIÓN IMPUESTA A UNA ABOGADA RESPONSABLE DE LA FALTA DISCIPLINARIA DEL NUMERAL 9º DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DEL 2007 (ACONSEJAR, PATROCINAR O INTERVENIR EN ACTOS FRAUDULENTOS EN DETRIMENTO DE INTERESES AJENOS, DEL ESTADO O DE LA COMUNIDAD). LA PROFESIONAL DEL DERECHO SE CONFABULÓ PARA HACER CREER A SU VÍCTIMA SOBRE LA EXISTENCIA DE UN VEHÍCULO EN COMODATO Y VENDERLE ALGO INEXISTENTE, DESCONOCIENDO SUS DEBERES PROFESIONALES COMO LITIGANTE Y ESPECIALMENTE EL NUMERAL 6º DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 1123 DEL 2007 (COLABORAR LEAL Y LEGALMENTE EN LA RECTA Y CUMPLIDA REALIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS FINES DEL ESTADO).
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, DELITO DE MERA CONDUCTA, ESTAFA, TARJETA PROFESIONAL, ABOGADO, ESTAFA AGRAVADA
Sentencia 2010-04679 de mayo 7 de 2014
Rad.: 110011102000201004679 01
Denunciada: Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca
Quejoso: Jaime Valdés Gómez
Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 - Ley Estatutaria de la Justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejo seccionales de la Judicatura” y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
Asunto a resolver. Atendiendo a los fines de la consulta, en el asunto bajo escrutinio de la Sala no se evidencian actuaciones irregulares que afecten la legalidad de la misma, ni de la sentencia. Se adelantó la causa con audiencia de los sujetos procesales según lo previsto en la ley procedimental, se cumplieron los principios de publicidad y contradicción, se corrieron los traslados; se notificaron las providencias correspondientes, se practicaron las pruebas solicitadas y en la forma señalada en las normas instrumentales, se garantizaron los derechos de defensa, de contradicción y la oportunidad de interponer recursos para acceder a la doble instancia, procede la Sala Jurisdiccional a pronunciarse en grado jurisdiccional de consulta sobre el fallo proferido el 16 de septiembre de 2013, por medio del cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sancionó con exclusión en el ejercicio de la profesión a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
Descripción típica de la falta imputada. En el caso bajo examen, la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, fue sancionada por la comisión de la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 que establece lo siguiente:
Frente a las autoridades disciplinarias, para los efectos de entrar a definir el título de imputación o determinar la existencia de la conducta fraudulenta, estas no requiere entrar a establecer la posible ocurrencia de un delito, sino limitarse a verificar la descripción típica prevista en la norma acusada con todos sus elementos. En este sentido, la competencia del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales está circunscrita únicamente a establecer si el abogado investigado disciplinariamente aconsejó, patrocinó o intervino en “actos fraudulentos” en perjuicio de otro, cumpliendo así con la función constitucional y legal que les ha sido asignada. Conforme a las consideraciones precedentes, la Corte encuentra que el numeral 2º del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 no es contrario al artículo 256-3 de la Carta ni afecta el principio del non bis in idem”(4) (resalta la Sala)
Así analizados los hechos bajo los principios de la sana crítica, conlleva a colegir sin vacilación alguna que la profesional del derecho Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, efectivamente, procedió en forma desleal con su poderdante y su actuación denota una maniobra fraudulenta desplegada en contubernio con la Aixa Valdelamar, quien para el quejoso Jaime Valdés Gómez, se presentó como hermana de la togada.
Para llegar a tal conclusión, esta superioridad al igual que el a quo, solo le bastó remitirse al acervo probatorio obrante en el infolio, donde se tiene entre otros elementos no solo el escrito de queja, su ratificación bajo la gravedad de juramento del señor Jaime Valdés Gómez, sino los testimonios de los señores Jaime Lizarazo, quien dio fe de la celebración verbal del contrato, cuando lo acompañó a aquel a entregarle el primer abono, el 29 de julio de 2009 y también al Banco Davivienda - Centro Comercial Plaza Estación, para retirar $ 12.000.000, de los cuales aseveró en su declaración haberle dado $ 5.000.000 a la litigante encartada, en su presencia, como parte para el remate de un taxi, con el compromiso de entregarle tal automotor en horas posteriores - en la noche y de José Orlando Rincón Rodríguez, quien presenció una segunda entrega de dinero por $ 6.000.000, sin que la abogada le expidiera un recibo, por cuanto según su dicho no era necesario.
Nótese como la profesional del derecho, armó todo una trama para convencer a su desprevenido cliente de la venta de un taxi que supuestamente tenía en comodato y que según su decir, más la exhibición de su tarjeta profesional, el primer paso para llegar a ese acto engañoso y fraudulento fue hacer llegar este mensaje a través de quien decía ser su hermana Aixa Valdelamar; luego pedirle un abono de $ 5.000.000 expidiéndole como acto de buena fe y garantía un recibo, del cual en la parte posterior se lee: “... vueltas de comodato de taxi, tiempo 15 días para cierre de negocio, recibí Ingrid Valdelamar (sic) y en la parte interior dice: “Recibo 001 por cinco millones de pesos, Bogotá 29 de julio de 2009, yo Ingrid Valdelamar recibí de Jaime Valdés Gómez la suma de cinco millones de pesos moneda legal, abono trámite de comodato taxi Atos HY” (fl. 9, c.o. —sic—), suscrito con su puño, letra y cédula de El Espinal, Tolima. Luego en dos oportunidades más, recogió dineros y no expidió recibos, el primero directamente y el segundo por intermedio de su hermana Aixa Valdelamar, adquiriendo los dineros y luego desaparecer y de lo cual dieron cuenta como se advirtió, los señores José Orlando Rincón Rodríguez y Jaime Lizarazo.
Pero más allá de cualquiera otra consideración, hay que ver como el mismo quejoso Jaime Valdés Gómez, inició acciones penales contra la togada ante la Fiscalía General de la Nación, por el delito de estafa y donde aquella, conforme al acta de conciliación 201000113 ante la Fiscalía Seccional 2008 de Bogotá, adelantada el 29 de junio de 2011, se comprometió a pagar $ 9.100.000 en cuatro cuotas, admitiendo el denunciante el haber recibido como devolución $ 3.000.000 y donde la profesional manifestó: “Estoy de acuerdo con los plazos que me concede el querellante para cancelar $ 9.100.000 y me comprometo a cancelarlos de acuerdo a las fechas estipuladas...” (fls. 78-79, c.o), lo que prueba en grado de certeza, una vez más, de la existencia de la conducta.
Entonces, en ese orden de ideas, sin mayores disquisiciones, la disciplinada aparentó vender un automotor que en iguales circunstancias dijo tener en comodato, por lo que vistos todos los elementos de hecho y de derecho en su conjunto, a más de los apartes jurisprudenciales, para esta Sala, la anterior actuación de la profesional, no tenía otro propósito que menguar el patrimonio del quejoso, lo cual fue logrado gracias su accionar conjunto con quien decía ser su hermana Aixa Valdelamar, configurándose en todo su contexto el acto fraudulento.
Es indudable entonces, que la profesional del derecho Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, con la incursión de la falta endilgada, evidenció un desconocimiento de sus deberes profesionales como litigante, a los cuales está obligado a cumplir todo abogado, compilados entonces en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y de manera particularísima el numeral 6º que enseña: “(...) 6. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado”, se confabuló para hacer creer a su víctima sobre la existencia de un vehículo en comodato. Es decir vendió algo inexistente.
Se debe finalizar precisando, que estos tipos disciplinarios, llamados de mera conducta, no requieren que se produzca efecto nocivo o querido por el sujeto agente, sino que con su mero comportamiento se cometen. Así voluntaria y conscientemente, la profesional del derecho orientó su comportamiento a la producción de un resultado adverso al correcto ejercicio de su profesión, sin que opere a su favor causal que la exonere de responsabilidad, soslayando además sus deberes profesionales.
De la sanción. En relación con la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma se halla acorde y consulta los parámetros establecidos en el artículo 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes y el antecedente disciplinario de la infractor, para imponerla, por lo que considera la Sala que se debe mantener en su integridad la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, impuesta a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la comisión de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, sumándose a ello los criterios de agravación previstos en los numerales 5º y 7º del literal c del artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo indicó la Sala a quo.
A manera de información y sin que se tome como motivo determinante para la conformación de la sanción impuesta, nótese como la Fiscalía General de la Nación informó que contra la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, registraba los siguientes procesos penales: “11001600050201109752 - estafa - activo; 1100160004920121028236 - estafa - activo; 110016000122001005297 - estafa - activo; 11001600050201021617 - estafa - activo; 11001600050200913313 - estafa - activo; 11001600050201204166 - estafa - inactivo 11001600049201103584 - estafa - inactivo; 11001600050201102030 - estafa - inactivo; 110016000252201001375 - estafa - inactivo; 11001600027201000113 - estafa - inactivo 110016000502001008470 - estafa - inactivo; 110016000050201012635 - estafa - activo” (fl. 98, c.o.).
Lo anterior para significar que tanto las investigaciones penales como las disciplinarias, llevan incita el común comportamiento que hoy se investiga y que si bien, no ha sido vencida en juicio en algunas oportunidades, sí se denota proclividad de la profesional del derecho a la comisión de ese tipo de faltas.
De la exclusión del ejercicio profesional. Artículo 44 de la Ley 1123 de 2007. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía. La Corte Constitucional sobre el particular precisó: “Abogado - sanción de exclusión. La sanción de exclusión de los abogados debe ser adoptada, de conformidad con el artículo 256 numeral 3º de la Carta Política, a través del proceso correspondiente por parte del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso, de acuerdo con la el grado de competencia consagrado en la ley, teniendo en cuenta las normas que garantizan el debido proceso y en la instancia que señala la ley para los profesionales del derecho en ejercicio de su profesión. Cabe advertir que al abogado sancionado con la exclusión de la profesión por haber quebrantado, a juicio de las autoridades jurisdiccionales competentes, el estatuto del ejercicio de la abogacía tal como la define la norma en cuestión, en ningún momento por ese solo hecho se le impide escoger libremente otra actividad laboral mientras se rehabilita, ya que la sanción solo se predica de las faltas a la ética cometidas por el profesional en desarrollo de la actividad mencionada y no opera frente a otras ocupaciones que pueda realizar la persona sancionada”(5).
Por lo anterior, esta Sala confirmará el fallo del 16 de septiembre de 2013(7), proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través del cual sancionó con exclusión a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.
1. CONFIRMAR el fallo consultado, proferido del 16 de septiembre de 2013(8), proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través del cual sancionó con EXCLUSIÓN a la abogada Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, tras hallarla responsable de la falta descrita en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
4. Por secretaría judicial, líbrense las comunicaciones a que haya lugar.
(2) Comentarios al Nuevo Código Disciplinario - Luis Enrique Restrepo Méndez 1ª edición 2008, págs. 132-133
(3) Radicado 8979C sentencia del 23 de abril de 1998. M.P. Edgardo José Maya Villazón, publicada en el Régimen disciplinario de los abogados, 1998, tomo 1, pág. 119.
(4) Sentencia C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(5) C-190 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(6) M.P. Amelia Mantilla Villegas, sentencia del 7 de octubre de 1993, radicado 1161, Consejo Superior de la Judicatura.
(7) M.P. Paulina Canosa Suárez, Sala con la magistrada Luz Helena Cristancho Acosta.
(8) M.P. Paulina Canosa Suárez, Sala con la magistrada Luz Helena Cristancho Acosta.