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Timestamp: 2019-11-17 10:47:11
Document Index: 49951779

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 11', 'artículo 209', 'artículo 210', 'ARTÍCULO 7']

INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE CONCESIONES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA DEROGAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE CONCESIONES DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO PARA DEROGAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA
12 meses ago Comunicación Social GPPRI
DIPUTADA LORENA DEL CARMEN ALFARO GARCÍA
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUANAJUATO
Los suscritos, integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, con fundamento en lo que disponen los artículos 56, fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Guanajuato, por su amable conducto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 y deroga el Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:
La esencia del Estado de Derecho que deriva de nuestro orden constitucional radica en el hecho de que el ejercicio del poder público debe estar sujeto al imperio de la Ley, no debe existir, por tanto, ningún servidor público que tenga libertad irrestricta para ejercer sus funciones, las cuales deben estar perfectamente definidas por normas jurídicas.
No obstante, en virtud de que las actividades que desempeña la administración pública son muy variadas, la ley no siempre logra establecer de manera determinante los límites precisos dentro de los cuales debe actuar ésta en sus múltiples tareas, por lo cual, el ordenamiento jurídico atribuye a la autoridad dos tipos de facultades administrativas: las regladas y las discrecionales.
La primera es aquella que se encuentra debidamente delimitada por el ordenamiento jurídico; y por lo tanto, es la propia ley la que define cuál es órgano competente; y cuáles son las circunstancias concretas de modo, tiempo, forma y procedimiento conforme a lasque debe ejercer la facultad, sin margen alguno para la subjetividad.
Por su parte, la facultad discrecional concede a la autoridad un cierto espacio de subjetividad para que a su criterio pueda optar por varias alternativas en el ejercicio de su función, aunque ese margen de libertad que se confiere a la administración no debe ser absoluto ni caprichoso.
La finalidad de que se hayan fijado este tipo de facultades, es el proporcionar a la autoridad administrativa los instrumentos necesarios para que pueda resolver con celeridad, situaciones de falta de claridad que puedan lesionar el estatuto jurídico del administrado,pero no para que abuse de las mismas en beneficio del Estado y mucho menos para favorecer ilícitamente a ciertos particulares.
Por ello es que este tipo de atribuciones de las que eventualmente goza la administración pública, deben de estar sujetas a control ya sea por parte de la propia administración o por medio de la función jurisdiccional para que no se conviertan en patente de corso de algunos funcionarios deshonestos.
Dentro de ese marco de control de dichas facultades, éstas deben de cumplir con los requisitos de competencia del órgano que las ejerce, fundamentación legal, motivación; y dentro de ésta, la indispensable expresión del interés público que se persigue.
Procediendo, «[…] en forma objetiva,técnica y razonada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad; de ahí que las facultades discrecionales deben estar enmarcadas y constreñidas a satisfacer ciertos fines y conforme a referentes elementales […]» tal como lo establece la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia administrativa especializado en Competencia Económica, al distinguir entre ambos tipos de competencias.
¿Por qué tanta exigencia en el ejercicio de las facultades discrecionales si se distinguen por la posibilidad de que la autoridad ejerza su criterio de manera libre?
Por la sencilla razón de que la discrecionalidad suele estar emparentada con el ejercicio caprichoso y patrimonialista del poder y puede conducir a la disposición arbitraria y abusiva del dinero del pueblo.
Y es que ante posibilidad de actuar sin ciertas restricciones, los servidores públicos deshonestos, en su patrimonialista manera de pensar, pueden asumir que si están en posibilidad de disponer libremente del erario, éste forma parte de su patrimonio personal, o en su lógica perversa, pueden creer que caprichosamente pueden ceder a sus favoritos los bienes que pertenecen a todos los guanajuatenses.
En un plano estrictamente preventivo dela corrupción, de la que desafortunadamente no hemos podido deshacernos, es deseable reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad en el ejercicio dela administración pública.
Queremos terminar con cualquier vestigio de una especie de subcultura que ha venido privando en nuestra entidad, según la cual, las concesiones eran una especie de dádivas graciosas que distribuía el Ejecutivo de manera incontrolada a sus compadres,favorecedores y quien dice si no, hasta a sus presta nombres.
Es del dominio público, que en fecha 29 de marzo de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto mediante el cual el Ejecutivo estatal, sin licitación alguna,concesiona un grupo constructor privado la construcción del libramiento que conectará la carretera Silao- San Felipe y el Eje Metropolitano con la carretera Silao- León.
Fue un hecho notorio que dicho acto administrativo concitó la repulsa generalizada de la población guanajuatense, porque si bien su emisión formalmente se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, materialmente pugna con la moral social por el muy elevado monto de la operación y porque el procedimiento se realizó de una manera en extremo sigilosa y por lo tanto, más que opaca, completamente oscura.
Varios juristas han opinado que el articulado que autoriza al Ejecutivo estatal a concesionar obras de infraestructura mediante el procedimiento de la adjudicación directa mediante la simple presentación de un proyecto, pugna con el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, en fecha 24 de mayo de 2018, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, resolvió recomendar a este Poder Legislativo “analizar, revisar y modificar, en su caso,la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, adecuándola y actualizándola a los estándares de contrataciones abiertas y transparencia.”
En mérito de todo lo anterior, es claro que para el caso de las concesiones que en otorgue el Gobierno del Estado de Guanajuato en materia de infraestructura, se deben de observar los lineamientos generales establecidos por el referido artículo 134 constitucional, y por lo tanto, someterse a licitación pública; que son las que se han establecido también para el caso de que la concesión tenga por objeto un servicio público.
Así las cosas, resultaría ocioso conservar el Capítulo III del Título Segundo de dicho ordenamiento pues en su integridad, compuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley a reformar, se refieren a la figura de la Adjudicación directa; y por lo tanto procede, en este caso, la derogación del Título en su integridad.
Además, el artículo 11 de la Ley de Concesiones, en donde actualmente se vienen estableciendo las modalidades de procedimiento para otorgar las concesiones de infraestructura pública, de manera consecuente debe ajustarse a señalar que la modalidad única será la licitación pública.
Con esta reforma buscamos que los procedimientos relacionados con las concesiones que conceda el Poder Ejecutivo se realicen dentro de un marco de buen gobierno, que tenga como única finalidad el servicio a la gente y que se destierre cualquier signo de corrupción y ejercicio abusivo, deshonesto y patrimonialista del poder.
A fin de sujetarnos a lo previsto por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos enunciar una somera evaluación de los siguientes impactos.
I.JURIDICO.-
La reforma que se propone, al aplicarse, conseguirá, sin duda, que en lo futuro el otorgamiento de las concesiones en materia de infraestructura se encuentre sujeto a la norma constitucional y que la Ley mantenga un irrestricto respeto a la supremacía dela misma para la preservación del Estado de Derecho.
Se evitará, asimismo, el abuso del formalismo legal y la tendenciosa e inadecuada interpretación del principio de legalidad al servicio de la obscena prevaricación de servidores públicos deshonestos.
II. ADMINISTRATIVO.-
El procedimiento administrativo que se debe observar para el otorgamiento de las concesiones se beneficiará de manera considerable, si se tiene en cuenta que el otorgante de la concesión no tendrá necesidad de aplicar criterios subjetivos, lo cual redundará en la consecución de procesos transparentes.
La supresión de la facultad discrecional redundará en la realización de procesos administrativos cuya pulcritud tenga menos posibilidades de cuestionamiento por parte de los administrados.
III. PRESUPUESTARIO.-
En la especie no está previsto, hasta el momento, impacto presupuestario alguno, pues para el caso de futuras concesiones, las secretarías involucradas en el proceso, podrán atenderlas sin necesidad de que se les dote de recursos presupuestarios adicionales a los que ya tienen asignados o que se les vayan a asignar en el Presupuesto para el ejercicio de 2019.
IV. SOCIAL.–
Es evidente que con esta reforma se atiende a la evaluación ex post facto a que se refiere el artículo 210 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Guanajuato, en este caso efectuada por la sociedad, que después de la concesión del Libramiento, se pronunció en contra del desleal aprovechamiento de la coyuntura que les proporcionaba la asignación directa cuya derogación proponemos.
En virtud de lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que nos confieren los preceptos citados en el proemio,sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el Proyecto de Decreto que ha sido entregado previamente a la Presidencia.E
Guanajuato, Gto., a 22 días del mes de noviembre del año 2018.
Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno
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