Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/oct/20081028-II.html
Timestamp: 2020-08-14 15:27:32
Document Index: 270360566

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 72', 'artículo 72', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 5', 'artículo 134', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'artículo 3', 'Artículo 27', 'artículo 3', 'Artículo 27', 'Artículo 79', 'Artículo 18', 'artículo 72', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 51', 'Artículo 24', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 134', 'artículo 3', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'artículo 23', 'Artículo 34', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 34', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 27', 'artículo 53', 'Artículo 52', 'Artículo 27', 'Artículo 53', 'artículo 134', 'artículo 52', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 27', 'Artículo 56', 'Artículo 27', 'Artículo 57', 'Artículo 27', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 27', 'Artículo 60', 'artículo 6', 'Artículo 27', 'artículo 3', 'Artículo 27', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 73', 'artículo 3', 'Artículo 27', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo 19', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 60']

Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2622-II, martes 28 de octubre de 2008
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2622-II, martes 28 de octubre de 2008.
Del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del PRD, al dictamen de la Comisión de Energía contenido en este anexo.
DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS; SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES, EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Los integrantes de esta Comisión de Energía, correspondiente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracciones X y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e al g y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 57, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:
Primero. En la sesión celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 23 de octubre del 2008, fue aprobado el "Acuerdo de la Mesa Directiva para dar turno y trámite al conjunto de minutas relativas ala reforma energética que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitirá el Senado de la República". Mediante este instrumento se instruyó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, con el apoyo de la Secretaría General, reciba y de inmediato turne a las comisiones competentes las minutas en materia energética que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría remitir la Cámara de Senadores en el curso del mismo día 23 de octubre de 2008.
Segundo. El 23 de octubre de 2008 fue remitida a esta Cámara de Diputados entre otras, la MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS; SE ADICIONAN UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 3°. DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES; UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo referido, en la misma fecha el Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Energía"
II. CONTENIDO Y OBJETO DE LA MINUTA:
La minuta que aquí se analiza se origina por las diversas iniciativas presentadas ante la colegisladora para reformar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Dicha minuta contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos. Destacan los siguientes puntos: 1. El objeto de Petróleos Mexicanos, es decir, la exploración, la explotación y las demás actividades que le corresponden en exclusiva en el área estratégica del petróleo, así como ejercer la conducción central y dirección estratégica de la industria petrolera.
2. La definición sobre los organismos subsidiarios deja de imponerse de manera rígida en la ley, por lo que corresponderá al Consejo de Administración la facultad de determinar su estructura organizacional y, de darse el caso, proponer al Ejecutivo Federal la creación de tales organismos, según las particularidades y necesidades de cada momento.
3. Se mantiene la estructura actual del Consejo de Administración, con 6 representantes del Estado y 5 miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Sin embargo, en congruencia con el establecimiento de un régimen de gobierno corporativo, se adicionan cuatro consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, con ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente.
4. Se busca que los consejeros profesionales se conduzcan con la mayor autonomía, para lo cual se establece que su periodo será de 6 años, con posibilidad de ser designados nuevamente por un periodo igual; así como también, que sólo podrán ser removidos por las causas y conforme al procedimiento establecidos en la ley.
5. Con el fin de dar valor al voto de estos nuevos consejeros, cualquier determinación que adopte el Consejo de Administración requerirá el voto favorable de al menos 2 consejeros profesionales; de lo contrario, el asunto se pospondrá por única ocasión a la siguiente sesión, en la que tendrá que aprobarse por mayoría simple.
6. Se incrementa la competencia sustantiva del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, al cual se le asignan las atribuciones necesarias para ejercer la conducción central y dirección estratégica de la entidad, como por ejemplo, la programación, coordinación y evaluación institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Asimismo, se le otorgan atribuciones en materia de deuda, presupuesto y adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras.
7. La creación de diversos comités permitirá que los consejeros estén directamente vinculados con la operación y toma de decisiones en los asuntos de Petróleos Mexicanos. De forma obligatoria, deberán existir los comités de Auditoría y Evaluación de Desempeño; Estrategia e Inversiones; Remuneraciones; Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Transparencia y Rendición de Cuentas, y Desarrollo e Innovación Tecnológica.
8. Se prevén las funciones que asumirán las diversas instancias de vigilancia y fiscalización, como los son el Órgano Interno de Control, el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño, el Comisario y la Auditoría Superior de la Federación; ello con absoluto apego a las atribuciones que les concede el marco jurídico que los regula.
9. La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control mantienen sus atribuciones legales en materia de verificación del cumplimiento de la normativa aplicable (investigar y sancionar conductas constitutivas de responsabilidad administrativa), en tanto que la revisión del desempeño (cumplimiento de programas, objetivos y metas) corresponderá al citado comité.
10. De suma relevancia es la función que tendrá el Comisario, en el sentido de rendir al Ejecutivo Federal un reporte sobre la información presentada y procesada por el Consejo de Administración, así como la de representar los intereses de los tenedores de bonos ciudadanos.
11. En materia de responsabilidades, se establecen obligaciones específicas a los miembros del Consejo de Administración, acordes con el régimen de gobierno corporativo, conforme las cuales tendrá lugar su responsabilidad administrativa, aplicando el procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No obstante, la remoción de los consejeros (y por consiguiente su destitución o inhabilitación), únicamente podrá tener lugar por las causas y conforme el procedimiento previsto en la propia ley.
12. Adicionalmente, se establece la responsabilidad de todos los consejeros de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados y, en su caso, la remoción, con motivo de las infracciones a su régimen de obligaciones específico.
13. Respecto al régimen de deuda, la colegisladora propone liberar a Petróleos Mexicanos de las autorizaciones intermedias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En cambio, se propone que dicha Secretaría únicamente apruebe lineamientos específicos respecto a las características de su endeudamiento.
A diferencia de lo que acontece actualmente, Petróleos Mexicanos podrá realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y contratar los financiamientos que requiera, sin la autorización de dicha Secretaría, manteniendo solamente la obligación de registrar tales operaciones.
Por excepción, se reserva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de ordenar que no se realice la operación cuando pueda perjudicarse gravemente la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
14. Se establece la posibilidad de que Petróleos Mexicanos pueda emitir bonos ciudadanos, para acercar a los mexicanos, de manera tangible, los beneficios de la riqueza petrolera nacional, permitiéndoles, a la vez, dar seguimiento al desempeño de Petróleos Mexicanos, por lo que constituyen un instrumento de vinculación y transparencia social para el organismo.
A diferencia de los títulos de deuda tradicionales que estipulan un rendimiento a través de determinadas tasas de interés, se busca que el rendimiento de los bonos esté asociado al comportamiento económico y a la eficacia de la entidad paraestatal en las modalidades que determine cada emisión. En ningún caso, otorgarán derechos corporativos sobre Petróleos Mexicanos, sobre sus activos o sobre el dominio y explotación de la industria petrolera estatal.
Los bonos estarán a disposición de la población en general, pero sólo podrán ser adquiridos por personas físicas e intermediarios financieros mexicanos, éstos últimos como formadores de mercado, es decir, con el único objeto de de poner en contacto a oferentes y demandantes. La autoridad competente emitirá las condiciones y los límites necesarios para evitar la concentración o acaparamiento de los mismos.
15. En cuanto al régimen presupuestario, el proyecto aprobado por la colegisladora no hace referencia a la autonomía presupuestaria en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino establece una serie de flexibilidades que llevan al establecimiento de un régimen particular en la materia.
De tal suerte, la colegisladora aprobó que Petróleos Mexicanos disponga de los excedentes de ingresos propios que genere, así como pueda aprobar adecuaciones a su presupuesto, sin necesidad de la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, siempre que cumpla con su meta de balance financiero y no se incremente el presupuesto regularizable de servicios personales.
De igual forma, a fin de facilitar la ejecución de los proyectos de infraestructura de Petróleos Mexicanos, se establece un trámite simplificado y expedito para el registro de sus proyectos de inversión.
16. Respecto del régimen de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, la Cámara de Senadores aprobó un régimen dual. Por lo que se refiere a las actividades sustantivas de la industria petrolera (perforación de pozos, mantenimiento de plataformas petroleras, extracción, etcétera) se crea un régimen particular en el proyecto de ley que se dictamina, con base en lo que establece el artículo 134 constitucional.
Bajo dicho esquema, Petróleos Mexicanos se sujetará a su ley, a su reglamento y a las disposiciones que emita para tal efecto el Consejo de Administración, con apego a la regla de que las contrataciones se realicen mediante el procedimiento de licitación pública y, sólo por excepción, mediante otros procedimientos cuando la licitación no garantice a Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios las mejores condiciones de contratación, tales como la adjudicación directa e invitación restringida.
En cambio, las demás actividades (compras de material de oficina, construcción de edificios administrativos, etcétera) serán objeto de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
17. De los aspectos más importantes que aprobó la Cámara de Senadores, son las modalidades de contratación de obras y servicios, en las que específica qué está prohibido y qué está permitido.
Por ejemplo, se prohíben los contratos que otorgan a particulares la propiedad de los hidrocarburos o de las reservas petroleras, así como aquéllos que impliquen compartir porcentajes de la producción o del valor de sus ventas. Por otra parte, se permiten los contratos que compensan o incentivan al proveedor o contratista que tenga mejores resultados, en beneficio de Petróleos Mexicanos.
18. En transparencia y rendición de cuentas, Petróleos Mexicanos deberá presentar un informe anual específico ante el Congreso de la Unión, que incluya información sobre la marcha de la para estatal y sus organismos subsidiarios, la explicación y declaración de las principales políticas y criterios contables, entre otros aspectos, que deberá difundirse en la página de Internet de la paraestatal.
Asimismo, se presentarán informes trimestrales al Congreso de la Unión que permitan conocer, por línea o rama de negocios, los resultados de la paraestatal, con base en indicadores o parámetros aceptados a nivel internacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá recibir otro informe sobre el uso del endeudamiento. Por su parte, el comisario también rendirá un informe sobre la situación del organismo y las recomendaciones que haya formulado.
19. Para impulsar la proveeduría nacional de adquisiciones, obras y servicios para la industria petrolera, se contempla una estrategia integral que incluye que, en sus contrataciones, Petróleos Mexicanos deberá requerir porcentajes mínimos de contenido nacional, así como establecer preferencias a favor de las propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional. Igualmente, se constituirá un fondo en Nacional Financiera para promover el desarrollo de proveedores y contratistas; para 2009, los recursos del fondo serán de 5 mil millones de pesos.
20. Con el objeto de ofrecer fertilizantes a precios accesibles a los productores agropecuarios, Petróleos Mexicanos ofrecerá a la industria nacional de fertilizantes un suministro estable de insumos y contratos a largo plazo que contemplen precios fijos para éstos. Para evitar ineficiencias y desvíos, se establecen mecanismos para que únicamente los productores de fertilizantes agropecuarios se beneficien de tales medidas.
21. Petróleos Mexicanos elaborará un estudio para ajustar las fórmulas de precios de los bienes que produce y comercializa entre sus organismos subsidiarios, para estar en condiciones de de contar con referencias reales sobre las operaciones que realizan entre sí y, en consecuencia, se conozca mejor su desempeño operativo.
22. Conforme el régimen transitorio del decreto de la presente ley, ésta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo, entre otras, el régimen corporativo y las nuevas disposiciones en materia de contratación. De dicho régimen destaca la aplicación gradual de las disposiciones en materia de deuda y presupuesto.
23. Finalmente, es importante señalar, antes de iniciar el análisis de la minuta que aquí nos ocupa, que las materias contenidas en la misma han sido del interés de diputados de la presente legislatura, por lo que ha sido su preocupación introducir diferentes propuestas de reforma. Entre dichos legisladores se encuentran los diputados Alberto Amador Leal, Alejandro Sánchez Camacho, Raúl Cervantes Andrade, Miguel Ángel González Salum, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Luis Alonso Mejía García e Íñigo Laviada Hernández. III. CONSIDERACIONES
"Los legisladores integrantes de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos coincidieron plenamente en la necesidad y conveniencia de revisar la legislación que regula la organización de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
En este sentido, se considera pertinente que el organismo público descentralizado cuente con un nuevo marco normativo cuyo objetivo fundamental es otorgarle mayor autonomía en sus formas de organización y procesos de toma de decisión para atender de la forma más adecuada las responsabilidades que debe asumir como resultado de lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las comisiones valoran la importancia que Petróleos Mexicanos tiene para el desarrollo y la soberanía nacionales. Por ello, desean manifestar en el presente dictamen un amplio reconocimiento a sus trabajadores y la aportación determinante que PEMEX hace de manera sistemática como palanca del desarrollo, como el organismo responsable de garantizar el acceso a los hidrocarburos y como base fundamental de las finanzas públicas.
De ahí que exista consenso ene la necesidad de que Petróleos Mexicanos sea concebido como una institución del Estado mexicano que debe ser fortalecida, bajo su actual forma jurídica de organismo público descentralizado. No obstante, los integrantes de estas dictaminadoras encuentran que la legislación actual que regula las actividades de PEMEX es, en algunos casos, anacrónica y, en otros, su estructura y el alcance de las diversas disposiciones que contiene le impiden cumplir de manera eficaz y transparente con sus responsabilidades.
La actualización de la Ley de Petróleos Mexicanos implica necesariamente mantener el apego estricto a la letra y espíritu de los que establece en materia de hidrocarburos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es resultado del proceso histórico de expropiación petrolera promovida con patriotismo y auténtica visión de Estado, en 1938, por el entonces Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río.
Se considera procedente expedir una nueva Ley que le otorgue a PEMEX mayor capacidad para participar en el sector petrolero y seguir siendo no sólo un organismo del que los mexicanos se sientan orgullosos, sino que también continúe siendo útil para fomentar el desarrollo, fortalecer el ejercicio de la soberanía nacional y facilitar el acceso a mejores condiciones de vida a todos los mexicanos.
Las iniciativas de ley que se dictaminan, fueron denominadas "Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos", sin embargo, éstas incorporan diversos artículos que distan de regular sólo aspectos orgánicos. Los elementos de deuda pública, adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y responsabilidades, y de evaluación, presentadas en las diversas iniciativas, pueden considerarse como disposiciones que no son, en realidad, materia jurídica meramente orgánica.
Por lo anterior, a efecto de evitar interpretaciones restrictivas en cuanto al contenido y tipo de ley que con el presente se dictamina, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos estiman adecuado cambiar la denominación de la ley para que únicamente se denomine "Ley de Petróleos Mexicanos".
Los integrantes de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos hacen suya las afirmaciones vertidas en las exposiciones de motivos de las diversas iniciativas, los comentarios expresados durante los foros de debate de la Reforma Energética, organizados por el Senado de la República, así como los pronunciamientos de diversos líderes políticos y sociales, en el sentido de que PEMEX es y de be seguir siendo patrimonio exclusivo de los mexicanos y, en consecuencia, también debe mantenerse como el único organismo encargado de llevar a cabo las actividades estratégicas que le corresponden por mandato constitucional.
Se comparte la decisión de no transferir a particulares ninguna de las actividades que hasta el día de hoy realiza Petróleos Mexicanos. Sin embargo, no por ello se deja de reconocer que el organismo enfrenta una situación crítica en diversos aspectos que le ha llevado a perder competitividad en el contexto internacional, por lo que resulta indispensable modernizar a PEMEX sin privatizarlo.
Durante los foros de debate de la reforma energética existió prácticamente consenso en el sentido de que los contratos mediante los cuales se comparte la producción de hidrocarburos están prohibidos constitucionalmente al cederse la explotación de los recursos; sin embargo, hubo diversas posiciones sobre cuál es el alcance concreto de la prohibición constitucional para la celebración de contratos y si los contratos de desempeño entran en este marco de restricciones.
Otros participantes expusieron que puede permitirse que Petróleos Mexicanos celebre contratos donde la compensación estaría sujeta a los resultados obtenidos por el contratista, siempre y cuando mantenga en todo momento el control sobre las actividades y la exploración y el desarrollo de los recursos petroleros.
El nuevo sistema contractual y régimen de contratación de Petróleos Mexicanos y los organismos subsidiarios se sustenta con pleno respeto a las prohibiciones constitucionales, por lo que se lista lo que se puede y lo que no se puede hacer, con la mayor precisión posible, considerando el buen desempeño de los proveedores y contratistas. Y, de igual modo, las plenas convencionales que lleguen a determinarse tienen que ver con el incumplimiento del contrato y no con el objetivo del mismo.
Se considera importante que la regulación en materia de contratos que estas comisiones proponen en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, no debe desvincularse del artículo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, toda vez que dicho precepto marca la pauta de regulación que se desarrolla en la ley orgánica de dicho organismo.
En este sentido, los cambios al citado artículo a la letra señalan: "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se concederán por los servicios que se presten y las obras que se ejecuten propiedad sobre los hidrocarburos, ni se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante.
Petróleos Mexicanos no se someterá, en ningún caso, a jurisdicciones extranjeras tratándose de controversias referidas a contratos de obra y prestación de servicios en territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía, jurisdicción o competencia. Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internaciones de los que México sea parte".
En este contexto, con la regulación propuesta no existe duda alguna de que, bajo ninguna forma, en la celebración y pago de los contratos se podrá pactar un porcentaje de los productos, el valor de la producción o de las utilidades de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios; características que se prohibieron en la reforma constitucional de 1960.
No se pretende crear un sistema sobreregulado ex ante que lo único que lo único que produce es menor valor agregado para la Nación por lo costoso que resulta cumplir con las trabas y los procedimientos burocráticos.
Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos han encontrado adecuado ser claros respecto a la capacidad de Petróleos Mexicanos de celebrar toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del estado sobre los hidrocarburos.
Respecto a las modalidades de contratación los senadores de estas dictaminadoras coinciden en proponer lo siguiente:
Que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, con las restricciones y en los términos del artículo 6° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. La celebración de estos contratos se sujetará a lo siguiente: I. Se mantendrá, en todo momento, el dominio directo de la Nación sobre hidrocarburos;
III. Se mantendrá, en todo momento, el control y la dirección de la industria petrolera a que se refiere el artículo 3° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;
IV. Las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante, observando para dicho efecto lo dispuesto en el artículo siguiente.
V. No se otorgarán derechos de preferencia de ningún tipo para la adquisición del petróleo o sus derivados, o para influir en la venta a terceras personas.
VI. No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la Nación señaladas en el artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Asimismo, los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos por la incorporación de avances tecnológicos; por la variación de precios de mercado de los in sumos o equipos utilizados en las obras, o por la adquisición de nueva información obtenida durante la ejecución de las obras u otras que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto.
Respecto a las remuneraciones de los contratos de obras y prestación de servicios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán sujetarse a las siguientes condiciones: I. Deberán pactarse siempre en efectivo, ser razonables en términos de los estándares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;
II. Serán establecidas a través de esquemas fijos o fórmulas predeterminadas con las que se obtenga un precio cierto, de conformidad con la legislación civil. De lo que se trata es de que tal fórmula no sea determinable o incierta, sino que los elementos, antes definidos, deben contabilizarse en la formación de la contraprestación.
b) El contratante se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías proveídas por el contratista. En este sentido, es de destacarse que esta disposición tiene como propósito que PEMEX pueda acceder a nueva tecnología, así como que el contratista capacite al personal de Petróleos Mexicanos, lo que permitirá fortalecer la capacidad de ejecución y la autonomía de PEMEX.
c) Concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Petróleos Mexicanos y en un mejor resultado de la obra o servicio, y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la producción de hidrocarburos. Las posibles compensaciones deberán establecerse expresamente a la firma del contrato. Los contratos que no observen las disposiciones de tales disposiciones serán nulos de pleno derecho.
Se estima pertinente que en los contratos que celebre Petróleos Mexicanos se establezcan con claridad su duración. En este sentido, hay coincidencia en que es necesario fortalecer la capacidad de ejecución de PEMEX, más aun para que esté en condiciones de hacer frente a los desafíos de los retos futuros tanto en las áreas marinas como en el territorio. No debe quedar ninguna duda sobre el control que PEMEX debe mantener sobre la explotación de los hidrocarburos del país.
Se considera adecuado que la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la función Pública puedan revisar los contratos antes mencionados.
Para ello, se propone que: "La Auditoría Superior de la Federación cumplirá sus atribuciones de fiscalización, conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley, para practicar auditorias a Petróleos Mexicanos, las cuales podrán ser indistintamente de gestión financiera o sobre el desempeño para revisar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a su cargo, debiendo proporcionar Petróleos Mexicanos la información y documentación que se requiera.
La Auditoría Superior de la Federación pondrá requerir, en cualquier tiempo, a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios informe para efectos de revisión de auditoría, derivado de denuncia, en los términos del Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Es importante destacar que la intención es que esa revisión tenga lugar en el ejercicio de las facultades que al día de hoy tienen la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, conforme a la normativa y procedimientos vigentes.
En ese sentido, el registro de los contratos tendría lugar en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, instancia a la cual le corresponde la atribución de llevar y actualizar el registro. En todo caso, es claro que el texto dictaminado especifica que los contratos se encuentran disponibles, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, para la Auditoría Superior de la Federación y para la Secretaría de la Función Pública.
La información contenido en los contratos, como cualquier otra que se genera o recibe por las instancias de gobierno, debe estar debidamente clasificada en términos de las legislaciones aplicables.
Con la regulación de los contratos que se propone de ninguna forma se transferirá la propiedad del recurso ni tampoco las decisiones soberanas sobre el conjunto de actividades que conforman su explotación. Desde luego, tampoco se permiten formas de asociación en las que se comparten las utilidades de la explotación petrolera, sin importar su forma o denominación.
Fuera de los supuestos que se ha comentado, es claro que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios pueden celebrar cualquier tipo de contrato de obra o prestación de servicios, adquisiciones o arrendamientos, para la mejor realización de las actividades que conforman la industria petrolera.
Sin duda, entre los Senadores, un de los principales temas de debate fue el esquema de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las actividades productivas sustantivas de Petróleos mexicanos.
Se consideró especialmente importante alcanzar un consenso sobre la posibilidad de que el Consejo de Administración emita la normativa aplicable de acuerdo con los criterios que pudiesen establecerse en el capítulo específico propuesto> en la Ley de Petróleos Mexicanos.
En este sentido, existieron coincidencias respecto a que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en algunos aspectos son inapropiadas para Petróleos Mexicanos; sin embargo, debe cuidarse qué se está planteando como régimen específico para la paraestatal, en las actividades que son estratégicas y, en particular, que no se abandonen los mecanismos de licitación pública o no abusar en los supuestos en los que éste no es idónea.
El diálogo parlamentario permitió alcanzar un acuerdo para el establecimiento de un régimen específico, más no excepcional, en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las actividades estratégicas que realiza Petróleos Mexicanos, que se adecue a la actividad productiva e industrial en materia de hidrocarburos, incluida la petroquímica secundaria.
Hay conciencia en que PEMEX sea un apoyo importante para mejorar la competitividad de la economía nacional, mediante el abasto oportuno, suficiente y de calidad de los hidrocarburos que se requieren.
Se reconoce que a partir de los diversos diagnósticos presentados por los funcionarios responsables de la política energética del país y de la conducción de PEMEX que plantean una situación crítica en el organismo, es necesario emitir un nuevo marco jurídico para fortalecerlo.
En consecuencia, la nueva Ley debe permitir la modernización del sector, al tiempo de impedir cualquier atisbo de privatización o la celebración de contratos considerados de riesgo, pero si debe facilitar al organismo su participación en el ámbito económico interno y externo.
Es acertada la afirmación de que mediante una nueva Ley de Petróleos Mexicanos se transforme en una entidad eficiente y funcional y, por ello, resulta esencial otorgarle autonomía de gestión financiera, presupuestal, administrativa y operativa. De modo que esté sujeta a menores restricciones en su operación cotidiana, sin que, por ello, se desechen los mecanismos de control presupuestario general, evaluación y rendición de cuentas.
Convertir a PEMEX en una entidad productiva competitiva, moderna y de clase mundial, que siga siendo pilar del desarrollo económico y social, significa dotarlo de recursos financieros suficientes; reducir el periodo para que PEMEX pueda ejercer la plena autonomía presupuestal, con metas de balance financiero adecuadas a sus requerimientos de inversión.
Entre otras consideraciones, los Senadores han visto oportuno dotar de mayores facilidades administrativas y de gestión para que Petróleos Mexicanos pueda manejar su deuda, más no que se sustraiga de los techos de endeudamiento o bases que aprueba el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.
Estas dictaminadoras asumen que es conveniente una nueva Ley para PEMEX que favorezca la operación más eficiente con una estructura acorde con los tiempos actuales y los desafíos de una actividad que a nivel internacional, pero particularmente para México cada vez son más inciertos; que fortalezca especialmente al Consejo de Administración como órgano superior de gobierno y que haga más transparente las operaciones y actividades de Petróleos Mexicanos.
Por ello, se considera que las funciones de los órganos de gobierno deben quedar planteadas en forma clara. Dándole además, un carácter de Estado, mediante la participación de cuatro Consejeros Profesionales, en cuya designación participará el Congreso de la Unión mediante ratificación del Senado, tras su propuesta por el Titular del Ejecutivo, para un período de seis años.
Se discutieron los aspectos constitucionales sobre las responsabilidades a que deberán sujetarse los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Al respecto, se considera la inclusión de responsabilidades administrativos para los consejeros profesionales. Asegurándose en su designación su profesionalismo, independencia, la ausencia de cualquier conflicto de interés.
En virtud de que se propone un nuevo esquema de control y vigilancia de Petróleos Mexicanos, se discutió que no pueden transferirse las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en esta materia a los comités de Auditoría y Evaluación del Desempeño o al de Transparencia y Rendición de Cuentas. Sin embargo, los Senadores han considerado que el funcionamiento de dichos comités será fundamental para mejorar el desempeño de Petróleos Mexicanos en los aspectos financiero y operativo general, y el ejercicio de la rendición de cuentas ante la sociedad. En el mismo sentido, los informes específicos definidos por la Ley deben ser sumamente destacables, sin que por ello se olvide que Petróleos Mexicanos seguirá estando sujeto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Así, se plantea que: "La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control tendrán las funciones que los ordenamientos jurídicos les otorguen; sin embargo, no podrán evaluar el desempeño del organismo. Los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios resolverán las inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas.
Si en el ejercicio de sus funciones la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control detectan situaciones que impacten en el desempeño o en el cumplimiento de las metas, objetivos y programas del organismo, lo harán del conocimiento del Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño, a efecto de que determine el inicio,o continuación de las auditorías correspondientes.
Los titulares de los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios serán nombrados por el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública. Los órganos internos de control de los organismos subsidiarios, dependerán jerárquicamente y funcionalmente del Titular del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, al cual deberán rendir informes de las actividades que realicen.
El Órgano Interno de Control deberá coordinarse con el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño para la ejecución de sus funciones y programas".
Dada su novedad, la propuesta de bonos ciudadanos también fue materia de las intervenciones de los expertos, quienes se pronunciaron sobre las características de los títulos, la constitucionalidad de su emisión por parte de Petróleos Mexicanos y los beneficios que otorgan, así como la regulación a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual deberán sujetarse. Siendo relevante, además, que su emisión no otorguen derecho alguno a particular en la toma de decisiones de Petróleos Mexicanos o respecto de los hidrocarburos e incluso la industria petrolera.
Los bonos únicamente concederán a sus tenedores el derecho a percibir el importe que en ellos se consigne, así como un rendimiento en función del desempeño de Petróleos Mexicanos como si fuera un subyacente, no una participación en las utilidades.
En este sentido, la emisión de dichos bonos juega un papel importante porque crea un sector de la sociedad muy interesado en el análisis de la información sobre el desempeño de la entidad paraestatal, y el que se pueda prever para el futuro.
Adicionalmente, por lo que toca a los fertilizantes, estas comisiones reconocen que el gas natural es la materia prima para la síntesis del amoníaco por lo que existe una correlación directa en el precio de ambos productos.
A su vez, los precios del amoníaco repercuten directamente en el incremento de los costos de producción de todos los fertilizantes nitrogenados y por ello, prácticamente, la única producción nacional que ha prevalecido es la del sulfato de amonio que es el producto nitrogenado que requiere proporcionalmente menos amoníaco para su elaboración.
La pérdida de rentabilidad que sufrió durante más de una década (1992-2002) la industria de los fertilizantes nitrogenados en México, derivada de los altos precios del amoniaco, ocasionó que la infraestructura nacional para la fabricación de estos productos se redujera en un 25% de su capacidad instalada.
Por lo tanto, el amoniaco y los fertilizantes nitrogenados constituyen insumos básicos para la productividad de las actividades agropecuarias e influyen en forma significativa en los costos de producción de los productos de este mismo sector y, en consecuencia, en la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria nacional.
Actualmente los altos costos de importación y distribución de fertilizantes nitrogenados, han ocasionado una grave disminución en su aplicación con la consecuente merma en los rendimientos, productividad, rentabilidad y competitividad de la agricultura mexicana.
En este sentido, con el fin de que los productores agropecuarios mexicanos cuenten con fertilizantes a precios competitivos, se propone un esquema en el que el Gobierno Federal garantice el abasto de insumos a precios estables a los productores de fertilizantes, por medio de contratos a mediano plazo.
Debido a que el objetivo es atender a los productores agropecuarios y consumidores finales, el esquema que se propone sólo incluirá a los productores de fertilizantes nitrogenados que participen en el Programa que implemente el Gobierno Federal.
Es importante destacar que a efecto de que el beneficio llegue a la población que se pretende beneficiar con la medida, en este caso los productores agropecuarios, el acceso al programa debe estar limitado a aquellas empresas productoras de fertilizantes que se comprometan a trasladar el beneficio.
Por último, en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su Artículo 18, estas dictaminadoras han realizado una valoración sobre el impacto presupuestal de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y, en ese sentido, manifiestan que, el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados, en el Presupuesto que se autorice para. Dicho organismo principalmente deberán preverse los recursos necesarios que se deriven de las nuevas formas de organización, de la incorporación de los nuevos consejeros profesionales, así como de la integración de los comités del Consejo de Administración que se establecen en este ordenamiento.
Asimismo, se manifiesta que las demás disposiciones legales que contiene el Presente Decreto no tienen impacto presupuestario, en virtud de que se trata, en esencia de incorporar un modelo normativo distinto, particularmente, en materia de contratos, obras y adquisiciones que lleven a cabo Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Con base en todo lo anterior y como resultado de intensos procesos de debate parlamentario y diálogo social, estas comisiones dictaminadoras coinciden en la conveniencia y necesidad de abrogar la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y en el mismo decreto expedir un nuevo marco jurídico para el organismo público, denominando simplemente "Ley de Petróleos Mexicanos", en la que se establecen formas de organización, procedimientos para la toma decisión y mecanismos específicos para su funcionamiento."
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y para efectos de lo dispuesto en el artículo 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Comisión de Energía correspondiente a la LX Legislatura, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS; SE ADICIONAN EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES; EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
II. Un Director General nombrado por el Ejecutivo Federal. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración y el Director General buscarán en todo momento la creación de valor económico, en beneficio de la sociedad mexicana, con responsabilidad ambiental, manteniendo el control y la conducción de la industria y procurando fortalecer la soberanía y la seguridad energética, el mejoramiento de la productividad, la adecuada restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de hidrocarburos, la satisfacción de las necesidades energéticas, el ahorro y uso eficiente de la energía, la mayor ejecución directa de las actividades estratégicas a su cargo cuando así convenga al país, el impulso de la ingeniería mexicana y el apoyo a la investigación y al desarrollo tecnológico.
III. Cuatro consejeros profesionales designados por el Ejecutivo Federal, mismos que representarán al Estado y serán servidores públicos. Para nombrar a los consejeros profesionales, el Presidente de la República someterá sus designaciones a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, para su ratificación por mayoría absoluta.
Artículo 10. La remuneración de los consejeros profesionales será la señalada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 11. Los consejeros profesionales deberán reunir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadanos mexicanos, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
III. Haberse desempeñado, durante al menos diez años en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones del Consejo de Administración;
IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno, ni de elección popular, en los últimos tres años anteriores al día de la designación; y La Secretaría de la Función Pública emitirá lineamientos sobre la compatibilidad para ocupar otros empleos, cargos o comisiones, con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses.
Artículo 12. Son causas de remoción de los consejeros las siguientes: I. La incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;
X. Haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; y
XI. Adquirir otra nacionalidad. Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo Federal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana podrán sustituir libremente a sus representantes en el Consejo de Administración, con excepción de los consejeros profesionales.
Artículo 15. El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos deliberará en forma colegiada y decidirá sus asuntos por mayoría de votos de los miembros presentes en las sesiones. En caso de que esta mayoría no se logre con el voto de por lo menos dos consejeros profesionales, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple de votos de los consejeros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado.
Artículo 18. Cada uno de los organismos subsidiarios será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y un Director General designado y removido por el Ejecutivo Federal, a propuesta del Director General de Petróleos Mexicanos:
Los consejos de administración de los organismos subsidiarios se integrarán con: I. El Director General de Petróleos Mexicanos, quien los presidirá;
III. Al menos dos consejeros profesionales, designados por el Ejecutivo Federal, que representarán al Estado. El número de éstos consejeros será siempre menor a los consejeros designados conforme a la fracción II; Los miembros propietarios de los consejos designarán a sus respectivos suplentes, excepto en el caso de los consejeros profesionales que no podrán ser suplidos.
Artículo 19. El Consejo de Administración tendrá las atribuciones siguientes: I. La conducción central y la dirección estratégica de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, para lo cual:
c) Velará que los intereses de los organismos subsidiarios y de sus filiales sean congruentes con los de Petróleos Mexicanos;
d) Dictará las reglas para la consolidación anual contable; y financiera de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.
No requerirán aprobación del Consejo de Administración las operaciones que a continuación se señalan, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al efecto apruebe el Consejo: 1. Las operaciones que en razón de su cuantía carezcan de relevancia para Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, y
2. Las operaciones que se realicen entre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o entre cualesquiera de éstos, siempre que sean del giro ordinario o habitual del negocio y se consideren hechas a precios de mercado, se realicen de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes, o estén soportadas en valuaciones realizadas por agentes externos especialistas. b) La remuneración del Director General y de los funcionarios de los tres niveles jerárquicos inferiores al mismo.
j) Las disposiciones aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para la contratación de obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios. en los términos de lo dispuesto por el artículo 51 de la presente ley.
XIV. Aprobar los criterios y lineamientos para el otorgamiento de pagos extraordinarios de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios, con sujeción a las disposiciones aplicables, así como de donativos y donaciones, en efectivo o en especie ;
XX. Aprobar normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de Petróleos Mexicanos cuando fuere notoria la inviablilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XXI. Aprobar el Estatuto Orgánico, que incluirá la estructura, bases de organización y las funciones que correspondan a las distintas áreas que integran Petróleos Mexicanos, así como las reglas internas del propio Consejo de Administración; y
XXII. Las demás que establezca el Estatuto Orgánico, así como otros ordenamientos jurídicos aplicables. Las funciones a que se refiere este artículo serán indelegables, salvo las previstas en la fracción I, inciso c) de este artículo, las cuales podrán ser delegadas, previo acuerdo que al efecto expida el Consejo de Administración.
En todo caso, Petróleos Mexicanos contará con los comités de: I. Auditoría y Evaluación del Desempeño;
VII. Desarrollo e Investigación Tecnológica. El Consejo de Administración designará de entre los consejeros representantes del Estado a los integrantes de los Comités, salvo mención expresa en esta Ley. El Presidente propondrá las designaciones. Los comités se integrarán con un mínimo de tres consejeros.
Dicho comité se encargará de: I. Dar seguimiento a la gestión de Petróleos Mexicanos, revisar la documentación concerniente y evaluar el desempeño financiero y operativo -general y por funciones- del organismo. Asimismo, deberá presentar al Consejo de Administración los informes relacionados con cada uno de estos temas;
XVI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 24. El Comité de Estrategia e Inversiones estará presidido por un consejero profesional y tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan de negocios y el portafolio de inversiones de dicho descentralizado y sus organismos subsidiarios. Asimismo, llevará el seguimiento de las inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas.
Artículo 26. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios será presidido por un consejero profesional. A las sesiones del Comité asistirá un representante de la Secretaría de la Función Pública, como invitado permanente, con voz pero sin voto.
En cuanto hace a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de obras y servicios, tratándose exclusivamente de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4º. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, dicho comité tendrá, respecto a Petróleos Mexicanos, las siguientes atribuciones: I. Revisar, evaluar, dar seguimiento y formular las recomendaciones conducentes sobre los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, los cuales deberán ajustarse a los objetivos establecidos en el Plan de Negocios;
VI. Las demás que se establezcan en la presente Ley, su reglamento, el estatuto orgánico de Petróleos Mexicanos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, corresponderá a dicho comité proponer al Consejo de Administración, con apego al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como interpretar para efectos administrativos, las disposiciones en materia de adquisición de bienes, arrendamientos, contratación de servicios y obras y enajenación de bienes, aplicables a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, relacionadas exclusivamente con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica.
Los comités de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios tendrán además de las atribuciones a que se refieren las fracciones I a VI del artículo anterior, las siguientes: I. Emitir sus políticas, bases, lineamientos y reglas de operación;
III. Revisar la congruencia de los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, con la conducción central y la dirección estratégica de las actividades que abarca la industria petrolera estatal. Artículo 28. El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tendrá por objeto coadyuvar a la inserción de Petróleos Mexicanos en el cumplimiento de las políticas de preservación del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable.
El Comité tendrá las siguientes funciones: I. Elaborar los programas de prevención de derrames de hidrocarburos, tanto en zonas terrestres como marítimas;
VII. Entregar un informe anual al Consejo de Administración sobre las acciones realizadas. Artículo 29. El Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas será presidido por un consejero profesional y tendrá las funciones siguientes: I. Proponer al Consejo de Administración, siguiendo las mejores prácticas en la materia, los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como las normas y, en su caso, recomendaciones para su divulgación;
VII. Proponer los mecanismos para atender las solicitudes de acceso a la información y divulgación de la misma ;
IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 30. El Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica tendrá por objeto proponer al Consejo de Administración acciones de investigación y desarrollo de tecnología en los distintos campos propios y relacionados con las actividades de la industria petrolera.
Artículo 31. En adición a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Director General de Petróleos Mexicanos tendrá las siguientes atribuciones: I. Administrar y representar legalmente al Organismo;
XIV: Dar a conocer al público en general, en los términos que establezca el Consejo de Administración, los estados financieros a nivel de organismos subsidiarios y empresas filiales controladas por Petróleos Mexicanos, y
XV. Las demás que se prevean en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y otros ordenamientos jurídicos aplicables. El Director General de Petróleos Mexicanos ejercerá sus facultades de manera eficaz, articulada y congruente, conforme a la planeación estratégica de la industria petrolera y los programas respectivos.
Artículo 33. La vigilancia interna y externa de Petróleos Mexicanos se realizará por: I. El Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño a que se refiere el artículo 23 de esta Ley;
II. Un Comisario, y
III. El Órgano Interno de Control.
V. El Auditor Externo Artículo 34. El Comisario será designado por el Ejecutivo Federal y tendrá las siguientes funciones: I. Rendir al Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia coordinadora de sector, un informe anual respecto de la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la información presentada y procesada por el Consejo de Administración;
V. Las demás que se establezcan en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. La Auditoria Superior de la Federación cumplirá sus atribuciones de fiscalización, conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley, para practicar auditorias a Petróleos Mexicanos, las cuales podrán ser indistintamente de gestión financiera o sobre el desempeño para revisar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales a su cargo, debiendo proporcionar Petróleos Mexicanos la información y documentación que se requiera.
La Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios tendrán las funciones que los ordenamientos jurídicos les otorguen; sin embargo, no podrán evaluar el desempeño del organismo. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios resolverán las inconformidades que se presenten en los procedimientos para llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras, así como los procedimientos de conciliación promovidos en estas materias, en términos de lo dispuesto por las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas.
Artículo 37. Los miembros del Consejo de Administración faltarán al deber de diligencia, por cualquiera de los siguientes supuestos: I. Abstenerse de asistir a las sesiones del Consejo de Administración sin causa justificada a juicio de éste, así como a los comités de los que formen parte;
III. Incumplan los deberes que les impone esta Ley o las demás disposiciones aplicables. Artículo 38. Los miembros del Consejo de Administración incumplirán su deber de lealtad en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Cuando, sin causa legítima, por virtud de sus funciones como consejeros, obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor de terceros;
XI. Hagan uso indebido de información relativa a Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o personas morales que controle o en las que tenga influencia significativa. Artículo 39. Los consejeros serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido en el cargo, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido si, conociéndolas, no las comunicaren por escrito al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño.
Artículo 40.- a responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con motivo de los actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los artículos 37 y 38 de esta Ley, será solidaria entre las personas que hayan adoptado la decisión.
Artículo 42. Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegaren a ocasionar a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, derivados de los actos u omisiones que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando actuando de buena fe se actualice cualquiera de los supuestos siguientes: I. Cumplan con los requisitos para la aprobación de los asuntos que competa conocer al Consejo de Administración o, en su caso, a los comités de los que formen parte;
III. Hayan seleccionado la alternativa más adecuada, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles; en ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión. Artículo 43. Petróleos Mexicanos podrá contratar los seguros, fianzas o cauciones que considere necesarios, a efecto de garantizar la recuperación de los recursos y bienes o resarcimiento de los daños y perjuicios que se le llegaren a causar a dicho organismo y sus organismos subsidiarios.
Artículo 44. Petróleos Mexicanos se sujetará en el manejo de sus obligaciones constitutivas de deuda pública a lo siguiente: I. Enviará sus propuestas de financiamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en el Programa Financiero elaborado conforme a la Ley General de Deuda Pública, con sujeción al techo global anual de financiamiento que apruebe el Congreso de la Unión;
IV. Registrará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las operaciones de crédito. Las obligaciones que sean constitutivas de deuda pública por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos sobre la propiedad, control o patrimonio de Petróleos Mexicanos, o bien sobre el dominio y la explotación de la industria petrolera estatal.
Sólo podrán ser titulares de los bonos ciudadanos las personas físicas de nacionalidad mexicana y las siguientes personas morales mexicanas: a) Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro;
d) Otros intermediarios financieros que funjan como formadores de mercado. Las instituciones del sistema financiero que representen a los tenedores respectivos u operen sus cuentas serán responsables de que se cumpla con las medidas para evitar el acaparamiento de los bonos ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en este artículo y las disposiciones que se emitan de conformidad con el mismo.
Entre otros aspectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través de disposiciones de carácter general: I. Las formas en que las personas físicas mexicanas podrán adquirir los bonos al momento de su emisión y colocación inicial, con la participación que corresponda a las instituciones del sistema financiero, así como los medios que se afectarán para la comprobación de los requisitos a que se refiere este artículo;
Las instituciones financieras, en su carácter de intermediarios al realizar operaciones con bonos ciudadanos, que actualicen los supuestos de infracción referidos en la Ley del Mercado de Valores, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de acuerdo con lo dispuesto en dicho ordenamiento. Artículo 48. Es derecho de los tenedores de bonos ciudadanos contar con la información oportuna sobre la veracidad, suficiencia y racionabilidad de la documentación presentada ante el Consejo de Administración o procesada por el mismo, así como de las políticas y resultados de Petróleos Mexicanos.
Artículo 49. En el manejo de sus presupuestos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se sujetarán a las reglas siguientes: I. Petróleos Mexicanos enviará anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría de Energía, un escenario indicativo de sus metas de balance financiero para los siguientes cinco años;
Por lo que se refiere a lo previsto en las fracciones II y III del artículo 34 de la citada ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará obligada a dar respuesta a las evaluaciones costo y beneficio que se le presenten dentro de un plazo no mayor a 20 días hábiles; en caso contario el registro se entenderá otorgado en forma automática.
Únicamente en los proyectos de gran magnitud y alta prioridad, el Comité de Estrategia e Inversiones, previsto en esta Ley, deberá contar con el dictamen costo y beneficio de un tercero experto independiente, conforme a las disposiciones que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Artículo 50. Conforme a los principios de eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público, Petróleos Mexicanos tomará las medidas necesarias para incrementar la participación de proveedores y contratistas nacionales en las obras, bienes y servicios que requiere la industria petrolera, de una forma competitiva y sustentable, atendiendo para tal efecto las características, complejidad y magnitud de sus proyectos, con base en las políticas y los programas que en esta materia establezca el Gobierno Federal.
Artículo 51. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionados con las mismas que requieran contratar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tratándose exclusivamente de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, se regirán conforme a lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que emita el Consejo de Administración, en términos del artículo 53 de esta Ley. Lo anterior, salvo mención expresa establecida en esta ley.
Artículo 52. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como sus reglamentos y disposiciones que deriven de esos ordenamientos, se aplicarán en sus términos, según corresponda, para las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que no formen parte de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica.
Artículo 53. En términos del artículo 134 constitucional, las disposiciones administrativas que emita el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y observar las siguientes bases: I. Las contrataciones que se realicen se publicarán en la página electrónica del organismo de que se trate, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
IX. En los procedimientos de contratación deberá privilegiarse los principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad, sencillez y que sean expeditos
X. En los procedimientos de contratación, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán requerir porcentajes mínimos de contenido nacional para permitir la participación en los mismos, así como establecer preferencias en la calificación y selección, a favor de las propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional, de conformidad con los lineamientos que emita el Consejo de Administración
En las licitaciones nacionales, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán adjudicar, en igualdad de circunstancias, a favor de las pequeñas y medianas empresas, con el propósito de fomentar su desarrollo y participación.
XVII. Los demás aspectos que establezca el Reglamento de la presente Ley. Artículo 54. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como las obras y servicios relacionadas con las mismas se efectuarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, previa convocatoria pública, para que se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto en sesión pública, a fin de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Artículo 55. En las licitaciones públicas de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, se tomará en cuenta al menos lo siguiente: I. L as licitaciones podrán ser nacionales o internacionales. En este último caso, deberá indicarse si se realizarán en modalidad abierta o bajo la aplicación de un tratado internacional. En el caso de licitaciones internacionales abiertas, se podrá limitar la participación de personas nacionales de aquellos países que no otorguen reciprocidad;
IV. Se podrán incluir etapas de negociación de precios, con sujeción a las reglas generales aprobadas por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Estas reglas deberán asegurar una adjudicación imparcial, honesta, transparente y los mejores resultados. Artículo 56. En todo momento se cuidará que en los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa, tratándose de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, se invite a personas con posibilidad de respuesta adecuada; que cuenten con la capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a los contratos; que sus actividades estén relacionadas con los bienes, servicios u obras objeto de los contratos, así como también que cuenten con experiencia en dichas actividades.
Artículo 57. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, bajo su responsabilidad y previo dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios que justifique que el procedimiento de licitación pública no satisface las mejores condiciones sobre precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, con independencia de que se trate de las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, en los casos siguientes:
A) Por adjudicación directa: I. Los vinculados directamente con la remediación de derrames, emisión de gases tóxicos o peligrosos, vertimiento irregular de hidrocarburos o cualquier otro incidente que ponga en riesgo a los trabajadores, a la población, el medio ambiente o las instalaciones utilizadas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, que sean consecuencia de accidentes, sabotajes, robo, otros actos dolosos u otros eventos que requieran de atención inmediata;
III. En el caso de refaccionamiento o servicios relacionados con la instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales del fabricante original del equipo o maquinaria, a fin de mantener la garantía técnica del mismo; B) Por invitación restringida a por lo menos tres personas: I. Las contrataciones con el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;
II. Servicios de estudios de ingeniería, servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación, y Lo anterior, sin perjuicio de los supuestos previstos en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 58. Los procedimientos de invitación restringida cumplirán, entre otros aspectos, con lo siguiente: I. Po drán ser nacionales o internacionales. En este caso, deberá indicarse si se realizarán en modalidad abierta o con la aplicación de un tratado internacional;
VI. El fallo se dará a conocer por los mismos medios que la invitación. En caso de que un procedimiento se declare desierto, el contrato se podrá adjudicar en forma directa, previa justificación que para tale efecto presente el área requirente al Comité, el cual deberá emitir el dictamen correspondiente.
Artículo 59. Con motivo de las adquisiciones, y contrataciones relacionadas con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, la Secretaría de la Función Pública o los órganos internos de control competentes, podrán inhabilitar temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
V. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación. La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años y se extenderá a los procedimientos de contratación de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 60. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, con las restricciones y en los términos del artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. La celebración de estos contratos se sujetará a lo siguiente: I. Se mantendrá, en todo momento, el dominio directo de la Nación sobre los hidrocarburos;
VI. No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la Nación señaladas en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. Los contratos podrán contemplar cláusulas donde se permita a las partes realizar modificaciones a los proyectos por la incorporación de avances tecnológicos; por la variación de precios de mercado de los insumos o equipos utilizados en las obras, o por la adquisición de nueva información obtenida durante la ejecución de las obras u otras que contribuyan a mejorar la eficiencia del proyecto.
Artículo 61. Las remuneraciones de los contratos de obras y prestación de servicios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán sujetarse a las siguientes condiciones: I. Deberán pactarse siempre en efectivo, ser razonables en términos de los estándares o usos de la industria y estar comprendidas en el Presupuesto autorizado de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;
c) Concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Petróleos Mexicanos y en un mejor resultado de la obra o servicio, y siempre que no se comprometan porcentajes sobre el valor de las ventas o sobre la producción de hidrocarburos. Las posibles compensaciones deberán establecerse expresamente a la firma del contrato. Los contratos que no observen las disposiciones de este artículo y del artículo anterior serán nulos de pleno derecho.
Artículo 62. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios instrumentarán un esquema para ofrecer a la industria nacional de fertilizantes y a los distribuidores de amoniaco de aplicación directa como insumo en la producción agropecuaria un suministro estable y contratos a largo plazo, que contemplen precios fijos para los insumos de esta industria.
Artículo 63. Conforme a los lineamientos que apruebe el Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Estrategia e Inversiones, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios procurarán el uso de tecnologías eficientes en la producción de amoniaco.
Artículo 64. Para dar certeza a los participantes en el mercado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, conforme a los lineamientos que al respecto aprueben sus Órganos de Gobierno, ofrecerán este esquema a los mejores plazos y condiciones disponibles en los mercados de coberturas. El esquema deberá contemplar la posibilidad para los participantes de renovar periódicamente sus contratos conforme se presenten los vencimientos de los mismos.
Artículo 65. Para el caso particular de la oferta de azufre como insumo para la fabricación nacional de fertilizantes nitrogenados, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados a publicar los volúmenes anuales de azufre ofertado para ese propósito, las condiciones de los contratos de compraventa respectivos, incluyendo el mecanismo de determinación de los precios y las presentaciones del producto, los lugares y tiempos de contratación y de entrega y todos los demás datos pertinentes. En las ventas de azufre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberá dar prioridad a la demanda nacional por parte de los fabricantes de fertilizantes nitrogenados.
Artículo 66. A este esquema únicamente podrán acceder aquellos productores de fertilizantes o consumidores de amoniaco destinado a la producción agropecuaria que se adhieran a los lineamientos de operación que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Artículo 67. Son infracciones a las disposiciones contenidas en esta sección: I. El desvío de los volúmenes de amoniaco de aplicación directa, de amoniaco para fertilizantes nitrogenados y fertilizantes nitrogenados para fines distintos a los establecidos en el artículo anterior;
III. No trasladar los beneficios obtenidos por la aplicación del Programa al siguiente eslabón de la cadena productiva incluyendo a los usuarios finales,y
IV. La presentación ante las autoridades de documentación falsa con el objeto de obtener los beneficios a que se refiere esta sección. Artículo 68 Las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán con la exclusión de los beneficios del esquema.
Artículo 69. La evaluación de los resultados del Programa estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación considerando la opinión del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable.
Artículo 70. Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al Congreso de la Unión, un informe que contenga como mínimo lo siguiente: I. Un reporte del Director General sobre la marcha de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes. Dicho reporte deberá realizarse por línea o rama de negocios, además de emplear indicadores o parámetros usuales a nivel internacional para la correcta y puntual medición de los resultados de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios;
El informe a que se refiere este artículo deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Artículo 71. El Director General de Petróleos Mexicanos enviará informes trimestrales respecto de la operación y gestión de la entidad paraestatal a la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta a las cámaras del Congreso de la Unión.
Artículo 73. Petróleos Mexicanos deberá elaborar y actualizar cada año un estudio para revisar y ajustar las fórmulas de precios de los bienes que produce y comercializa entre sus organismos subsidiarios. Dichas fórmulas deberán considerar las referencias de precio internacional y, en su caso, realizar los ajustes por calidad cuando ésta sea diferente a la considerada en la referencia internacional. El estudio deberá ser enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación a más tardar el 15 de julio del año en que se elabore o actualice. Los ajustes que resulten tendrán efecto a partir del primero de septiembre del año que corresponda
Mientras tanto continuarán vigentes los artículos 3º, 11, y 15 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992, únicamente por lo que se refiere a dichos descentralizados y a su operación, en lo que no se opongan a la presente Ley.
En tanto se instalan los comités a que se refiere la presente Ley, continuarán en operación los existentes a la entrada en vigor de la misma, de acuerdo con las disposiciones jurídicas correspondientes,
Séptimo. Desde la entrada en vigor de la presente Ley, Petróleos Mexicanos gozará de las facilidades siguientes, por lo que podrá: I. Llevar a cabo las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refiere el artículo 3° y 4° de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como de la petroquímica distinta de la básica, conforme a lo señalado en la presente Ley, en cuanto el Consejo de Administración emita las disposiciones a que se refiere el artículo 19, fracción IV, inciso j), de la Ley. Mientras tanto, continuarán sujetos a las regulaciones vigentes en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, sin perjuicio de que aplique lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de esta Ley
IV. Aplicar lo dispuesto en el artículo 49, fracción VI de esta Ley, una vez que esté en funcionamiento el comité de estrategia e inversiones. Disposición Transitoria en Materia de Deuda
Octavo. Petróleos Mexicanos podrá realizar, sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, negociaciones, gestiones informales o exploratorias sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales; contratar los financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extranjera, así como contratar obligaciones constitutivas de deuda, cuando: I. Los montos a contratar formen parte del endeudamiento neto autorizado por el Congreso de la Unión;
III. Estén en funcionamiento los comités de Auditoría y Evaluación del Desempeño; Estrategia e Inversiones y Remuneraciones. La determinación respecto del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de negocios se realizará por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en un dictamen externo. Dicho plan se revisará anualmente de manera conjunta por dichas dependencias y Petróleos Mexicanos.
Noveno. Petróleos Mexicanos realizará el manejo de su presupuesto, de conformidad con las modalidades progresivas siguientes: I. Podrá emplear hasta el 35% de sus excedentes de ingresos propios o hasta 11,000 millones de pesos, lo que resulte mayor, para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación.
Al año siguiente de que se aplique lo dispuesto en la fracción IV anterior, podrá emplear hasta el 87.5% de sus excedentes de ingresos propios o hasta 15,000 millones de pesos, lo que resulte mayor, para incrementar su gasto de inversión, mantenimiento y operación, siempre que no se afecte el presupuesto regularizable de servicios personales.
Lo anterior siempre que cumpla, a juicio del Ejecutivo Federal, las metas establecidas en el plan de negocios a que se refiere el artículo 19, fracción III, de la Ley, para el siguiente año a que se cumpla el supuesto previsto en los incisos a) y b) de la fracción IV anterior. La determinación respecto del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de negocios se realizará por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, con base en un dictamen externo. Dicho plan se revisará anualmente de manera conjunta por dichas dependencias y Petróleos Mexicanos.
Asimismo, para coadyuvar al cumplimiento de lo previsto en el presente artículo, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios se apoyarán en un área especializada de promoción e incorporación de nuevos contratistas y proveedores nacionales. Esta área tendrá a su cargo las funciones siguientes: I. Publicar y promover la estrategia a que se refiere este artículo;
VII. Las demás se establezcan en las disposiciones aplicables. El Director General comunicará semestralmente al Congreso de la Unión sobre los avances de las metas cuantitativas de esta estrategia.
Décimo Cuarto. Con el fin de coadyuvar en la instrumentación de la estrategia a que se refiere el artículo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituirá un fondo en Nacional Financiera SNC, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente ordenamiento.
Para complementar el fondo, Nacional Financiera S. N. C. gestionará créditos ante los organismos financieros internacionales que corresponda, con el fin de promover financiamiento y otros apoyos, en los mejores términos y condiciones, a los proveedores y contratistas nacionales de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como para detonar el desarrollo de la ingeniería mexicana.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un cuarto párrafo al artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue:
Artículo 3 ...
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y se recorren los restantes párrafos en su orden para quedar como sigue:
Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3° y 4° de la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las actividades sustantivas de carácter productivo a que se refieren los artículos 3° y 4° de la Ley Reglamentaría del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley, salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.
Segundo. Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2008
Diputados: David Maldonado González (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González (rúbrica), Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica), Juan Enrique Barrios Rodríguez, Dolores de María Manuell-Gómez Angulo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica), José Antonio Almazán González, Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Joaquín Humberto Vela González.
DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA CONTENIDO EN ESTE ANEXO
Asistimos a un día legislativo que podemos llamar histórico. La aprobación de estas iniciativas para reformar nuestro sector petrolero nos van a poner en la mira de la historia nacional y de la responsabilidad que nos dieron cada uno de nuestros representados.
Por eso, compañeras y compañeros legisladores, debemos tomarnos este asunto con toda la seriedad y responsabilidad republicanas posibles para que nuestros votos vayan en el sentido que reclama el país y su desarrollo como Nación, libre, soberana y prospera.
Nuestro país está apunto de cumplir 200 años de independencia. La independencia tiene como concepto la libertad y capacidad de decidir sobre el rumbo que sea desea. Para una Nación esto es fundamental para lograr una estabilidad, seguridad y crecimiento nacionales.
Uno de los temas que han marcado nuestra historia ha sido la defensa de nuestros bienes nacionales y nuestra independencia. Durante este tiempo nuestra República ha sido víctima del ataque por parte de fuerzas extranjeras para apoderarse de sus riquezas. Y de ahí las constantes invasiones y despojos que vivimos durante décadas. El saldo de estos conflictos ha sido no sólo la pérdida de nuestras riquezas sino más de la mitad de nuestro territorio y soberanía nacionales durante mucho tiempo.
El petróleo es una riqueza nacional. De la que somos privilegiados. Que ha sido símbolo de orgullo porque en el primer tercio del siglo pasado los mexicanos se unieron para defender nuestra independencia a través del rescate petrolero. La movilización fue intensa y muy ejemplar. Aunque hubo voces que atacaron esa postura y quisieron crear un clima de opinión para descalificar ese movimiento de nacionalización del petróleo.
Hoy gracias a ese valor y capacidad que encabezó el Gral. Lázaro Cárdenas y millones de compatriotas celebramos ese día histórico por sus consecuencias positivas para el país.
Sería impensable vislumbrar a nuestro país sin el aporte que ha tenido en muchos sentidos el petróleo en nuestra vida nacional.
Por eso solicitamos para que nuestro papel como legisladores no desencante con las necesidades actuales y con la trayectoria de defensa nacional.
Modificar la ley de PEMEX en su artículo 60 para prevenir cualquier rendija de posibilidad de privatización.
"...Asegurarse de que el nuevo marco legal para Pemex se aplique sin desviaciones y contribuya lo más posible a combatir la corrupción.
"Vigilar las formas y modalidades que se determinen para la exploración y desarrollo de los yacimientos de Chicontepec, donde se requiere una auditoría ciudadana de lo que hasta ahora se ha hecho.
"...Asegurar que el aprovechamiento de las nuevas provincias petroleras en el Golfo de México no se realice de manera precipitada e irracional, para alimentar una exportación excesiva de crudo, sino cuidando un recurso que pertenece sobre todo a los mexicanos de la segunda mitad de este siglo.
"...(Urgir a) la pronta reactivación de la petroquímica, larga y costosamente abandonada en los últimos decenios..."
Palacio Legislativo a, 27 de octubre 2008.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica)