Source: https://hayderecho.com/2013/09/
Timestamp: 2019-05-21 03:05:05
Document Index: 370884670

Matched Legal Cases: ['artículo 118', 'artículo 120', 'artículo 71', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 9', 'artículo 1', 'artículo 135']

septiembre 2013 – Hay Derecho
30 septiembre, 2013 /24 Comentarios/en Crisis de valores, Sociedades /por Rodrigo Tena Arregui
La contratación de Rodrigo Rato como miembro del consejo asesor internacional del Banco de Santander, sumada a la contratación realizada unos meses antes por Telefónica como consejero asesor para Europa e Iberoamérica, ha generado una gran polémica en las redes sociales y en algunos medios digitales (aquí y aquí) aunque muy escasa -era tristemente previsible- en nuestra muy endeudada prensa en papel. Sobre este tema del revolving door en España y de la connivencia entre sus élites políticas, financieras y empresariales, hemos escrito mucho en este blog (aquí y aquí, por ejemplo). Es más, la contratación de Rato por Telefónica ya fue comentada en un post de enero de este año. Sin embargo, hoy no quiero tratar el asunto desde el punto de vista del ciudadano, es decir, analizar la forma en que los políticos chulean a sus representados en su propio beneficio (el “botín para Rato”), sino desde la perspectiva del accionista de Telefónica o del Banco de Santander, es decir, de la forma en que los consejeros de las grandes sociedades se ríen de sus representados en su propio beneficio (el “Botín para rato”). En definitiva, un análisis desde un punto de vista más mercantilista, como corresponde a la vocación jurídica de este blog. Lo que ocurre es que, anticipando un poco la conclusión, al final ambos temas inevitablemente vuelven a confluir, lo que explicaría a la postre el sincrético título escogido para este post: “Botín para Rato”.
Contratar como asesor a una persona cuya deficiente gestión en el mismo ramo de negocio ha costado 20.000 millones de euros al contribuyente, ha arruinado a miles de pequeños inversores, ha supuesto el despido de cientos de trabajadores y le ha valido a él una imputación penal por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos societarios varios… no es normal. Cabe presumir que su asesoramiento será erróneo y técnicamente deficiente, pero aunque fuera tan certero como el de Casandra, se mire como se mire su contratación supone un importante coste de imagen para la compañía. La explicación de que ha sido el mejor ministro de economía de la democracia resulta a estas alturas casi obscena, más o menos al mismo nivel que invocar su imborrable recuerdo en el FMI con dimisión anticipada incluida. Si se preguntase a los accionistas y clientes del Banco de Santander, su respuesta sería evidente: esa contratación les produce vergüenza propia y ajena. Cualquiera de ellos, dentro o fuera de España, podría preguntarse: ¿Qué sentido tiene gastarse miles de millones de euros de los accionistas en la Fórmula 1, cuando esa simple noticia en los medios nacionales e internacionales vuelve a colocar al Banco de Santander, no como el banco moderno, cool y globalizado que aspiraba a ser, sino como el banco rancio y casposo que sospechábamos que era?
Ahora los catedráticos han vuelto a la carga –hay que reconocerles moral, como mínimo- en el actual Proyecto de Código Mercantil. No es que se atrevan tampoco con un trasvase completo y riguroso del CUBG, pero si recogen bastantes de sus proposiciones en forma de limitaciones y prohibiciones. Entre ellas destaca el citado límite de los tres consejos -aunque ya no el límite de edad (a la fuerza ahorcan)-, un régimen mucho más riguroso y serio de los consejeros independientes, expresa previsión estatutaria y mayoría cualificada para la acumulación de cargos, limitaciones a la remuneración, etc.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Rodrigo Tena Arregui https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Rodrigo Tena Arregui2013-09-30 00:50:452013-09-30 09:59:18Botín para Rato
Pactos judiciales con “arrepentidos” y el peligro del estrellato mediático
29 septiembre, 2013 /16 Comentarios/en Administración de Justicia /por Alvaro Delgado Truyols
A nadie se le oculta que estamos viviendo una época especialmente complicada, tanto en las familias y en la sociedad española en general como en la Administración de Justicia en particular. La crisis económica que nos sacude a todos está siendo acompañada, bien como causa o bien como consecuencia -sobre ello tengo serias dudas-, por una situación de crisis de valores y de crispación social desconocida hasta tiempos bien recientes, que está afectando al funcionamiento normal de muchas instituciones, entre ellas, y especialmente, a nuestra propia y delicada Administración de Justicia.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Alvaro Delgado Truyols https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Alvaro Delgado Truyols2013-09-29 00:53:382013-09-28 16:53:56Pactos judiciales con "arrepentidos" y el peligro del estrellato mediático
Entrevista a los editores en Lawyerpress
28 septiembre, 2013 /2 Comentarios/en Editores /por Los editores
El pasado dia 11 de septiembre se publicó en la web Lawyerpress una entrevista efectuada a los editores por el periodista Luis Javier Sánchez, que consideramos interesante y enlazamos a continuación.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Los editores https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Los editores2013-09-28 08:00:292013-09-26 13:22:37Entrevista a los editores en Lawyerpress
Sobre el auto de la juez Alaya imputando a Chaves y Griñán
26 septiembre, 2013 /34 Comentarios/en Administración de Justicia /por María Jesús Moya Martínez
El propósito declarado del presente post es explicar en lenguaje espero que comprensible los aspectos técnicos del auto judicial por el que se “imputa provisionalmente” a los señores Chaves y Griñán en el presunto fraude de los ERES de Andalucía ( su contenido íntegro se puede se puede descargar en este enlace. También se pretende explicar las razones de la discrepancia jurídica que ha expresado la Fiscalía Anticorrupción al interponer recurso de apelación contra la referida resolución, que puede consultarse aquí.
Debo aclarar también en esta ocasión, que mis palabras no deberán identificarse con la opinión oficial de la Fiscalía. Tampoco deberán interpretarse como una valoración jurídica de la referida resolución, ya que dicha misión corresponde en exclusiva a la Audiencia Provincial de Sevilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto
Para comprender adecuadamente el tema es importante precisar algunos conceptos:
El imputado: Es la persona que aparece como “inculpado” o “ sospechoso” durante la fase de investigación del proceso. La condición de imputado se adquiere en virtud de un auto judicial que formalice dicha imputación y debe expresar cuales son los indicios racionales de criminalidad que justifican esta imputación
Esta resolución sirve para comunicar la existencia del procedimiento a este “ sospechoso” y para citarle a declarar ante el Juez y para que este sospechoso pueda constituirse en parte del proceso y ejercer su derecho constitucional de defensa. Por ello la comunicación de la existencia del proceso que le afecta debe realizarse cuanto antes, la ley dice que desde que la admisión de denuncia o de querella, o del atestado, resulten indicios racionales de criminalidad contra determinada persona
Este inalienable derecho de defensa se concreta y desarrolla en una serie de derechos procesales contenidos en el artículo 118 L.E.Crim y son : el derecho a conocer la acusación que se formula contra el mismo, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo, a guardar silencio y a no confesarse culpable durante el interrogatorio: a ser asistido de abogado que le defienda. Además, al adquirir la condición de parte procesal podrá interponer recursos contra las decisiones judiciales que le sean desfavorables, así como solicitar la práctica de diligencias de investigación.
Por otro lado, la condición de imputado es esencialmente provisional. Si los indicios racionales de criminalidad se consolidan al final de la instrucción , entonces el “ imputado” pasa a ser “ acusado” en la fase de enjuiciamiento. Si durante el juicio oral se acredita la culpabilidad del acusado, entonces éste pasa a ser “ condenado” en sentencia y la presunción de inocencia sólo cesa a partir de la sentencia condenatoria firme
El imputado goza de la presunción de inocencia , por ello, la publicidad de esta fase del procedimiento está limitada a las partes procesales. Es posteriormente en la fase de enjuiciamiento, cuando opera la garantía constitucional de publicidad general de las actuaciones judiciales ( artículo 120 Constitución) . En virtud de este principio de publicidad, cualquier ciudadano puede presenciar un juicio oral y así comprobar que la ley se aplica correctamente y a todos los ciudadanos por igual, con independencia de su condición , y que se respetan los derechos fundamentales de todos los justiciables sin abuso de poder
La imputación de los aforados presenta no obstante las siguientes particularidades:
a) La competencia para formalizar la imputación Si los durante la fase de instrucción se descubren indicios racionales de criminalidad contra, por ejemplo, un parlamentario o un consejero autonómico, entonces la imputación formal debe realizarla un juez instructor designado en el seno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
Si se trata de un parlamentario nacional, entonces la formalización de esta imputación le corresponde a un instructor designado en el seno del Tribunal Supremo.
El juez instructor ordinario debe limitarse a las primeras diligencias y debe elevar las actuaciones al juez del fuero competente, así como una exposición razonada del resultado de la investigación, explicando los motivos por los que el aforado debe ser imputado por el juez competente , expresando qué datos y qué diligencias de investigación practicadas fundamentan estos indicios racionales de criminalidad.
Además si el aforado es parlamentario de las Cortes Generales, este Juez instructor especial del Tribunal Supremo deberá solicitar de la Cámara legislativa correspondiente, el “ suplicatorio” . Este trámite es una autorización formal para proceder que se solicita del órgano legislativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.2 de nuestra Constitución y en los Reglamentos del Congreso y del Senado
Hasta que entró en vigor el artículo 118 bis LECrim introducido por la L.O 5/2002 de 5 de julio, las consecuencias procesales para los aforados eran las siguientes:
a) Se demoraba el momento procesal en que estos aforados podían intervenir en el procedimiento penal para defender su inocencia
b) Además debido a que los aforados ejercen funciones públicas, resultainevitable que la noticia de la existencia de este proceso penal transcienda a los medios informativos para satisfacer esta demanda de control social sobre el funcionamiento de la justicia. Esta “ publicidad” de la fase de instrucción, le perjudicaba en su fama y en su derecho a la presunción de inocencia, porque no podía comparecer para defenderse hasta un momento procesal muy posterior.
El artículo 118 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la L.O 5/2002 de 5 de julio pretende evitar estas desagradables consecuencias y reforzar los derechos de defensa de los aforados . Este artículo impone al Juzgado instructor la obligación de comunicar la existencia del proceso penal al aforado desde el momento mismo en que de la admisión de una denuncia, querella o del resultado de una actuación procesal resulten indicios de criminalidad en su contra
Según establece expresamente este artículo 118 bis L.E.Crim desde esta comunicación , estos aforados gozarán de los mismos derechos que los formalmente imputados, incluso puede comparecer voluntariamente ante este Juez instructor ordinario y prestar declaracion , porque, como señaló el Tribunal Supremo en su auto de 2 de octubre de 2012, el juez instructor de la causa principal tiene la obligacion de agotar la investigación criminal
Pues bien, el auto que ha dictado la juez Ayala respecto de Chaves, Griñán y otros aforados no tiene otra misión que cumplir con lo establecido en este artículo 118 bis LECrim y anunciarles que la investigación que dirige arroja indicios de criminalidad contra ellos.
El recurso de apelación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en que la lectura del auto, a juicio de la Fiscalía, no permite conocer de forma clara y concreta qué hechos criminales se imputan a los aforados y cuáles son las diligencias de investigación que arrojan indicios racionales de criminalidad contra ellos, porque según se recoge en el escrito del Fiscal, ni las querellas presentadas ni los atestados policiales mencionan a los siete aforados como presuntos responsables de un delito ni tampoco, a juicio de la Fiscalía, estos indicios mencionados permiten lógicamente fundamentar una inculpación
En suma, el argumento del recurso es que una “inculpación “ formulada en términos genéricos o imprecativos resulta kafkiana porque impide la defensa de los afectados.
El contenido de este artículo 118 bis LECrim y su aplicación, tanto en este caso de los ERES como en cualquier otro, me plantea el interrogante sobre la subsistencia de la instrucción especial para causas criminales contra aforados
El legislador del año 2002 pretendía favorecer el derecho de defensa de los aforados en el proceso penal, y amplió las competencias del juez instructor ordinario respecto de éstos, asimilándolas con las que ostentan respecto de cualquier otro justiciable. Quizás el legislador debería replantearse la subsistencia del instructor especial del Tribunal de aforamiento y suprimirlo para evitar dilaciones innecesarias del procedimiento.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 María Jesús Moya Martínez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png María Jesús Moya Martínez2013-09-26 00:01:252013-09-25 13:05:04Sobre el auto de la juez Alaya imputando a Chaves y Griñán
Tales tiempos, tales verdades: energías renovables y arbitrariedad.
25 septiembre, 2013 /11 Comentarios/en Sector energético /por Juan Castro-Gil Amigo
Mi madre, por herencia de mi abuelo Balbino, cuando asumía que las circunstancias de la vida no le eran demasiado propicias, siempre decía con una sonrisa amarga “tales tiempos, tales verdades”. Así, de un plumazo, pasaba página a un revés de difícil digestión, con una asunción tácita de la nueva situación. Sin embargo, este espartano método de sobrevivir, no le impedía luchar hasta la extenuación por los suyos y de una manera o de otra, salir adelante.
Pues bien, será la genética o será el callo de sufrir a tanto Ministro poco competente, me parece una buena forma de luchar con la cabeza fría contra la nueva oleada legislativa del actual gobierno, que demuestra a las claras que en Derecho, son tiempos para verdades oscuras.
Desde esta evidencia desagradable, pretendo reflejar con objetividad en estas líneas (y en otras que espero las continúen) todas y cada una de las violaciones constitucionales que encuentro en el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. La explicación de cada una de ellas será sucinta, pues el espacio es reducido, sin embargo espero sea suficientemente descriptiva de una realidad incuestionable: la reforma eléctrica es jurídicamente un atropello.
La primera de las violaciones constitucionales que abordaré se refiere a la consideracion de nuestra Carta Magna de la interdicción de la arbitrariedad.
El artículo 9.3 de la Constitución establece con claridad que “La Constitución garantiza (entre otros) la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”. El significado de esta prohibición, es de contemplación serena por nuestros tribunales. Éstos, impedirán que la Administración sostenga interpretaciones arbitrarias de las normas o resoluciones abiertamente discriminatorias. Asimismo, dice expresivamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 151/1986, “a la luz de lo indicado ha de concluirse que … los ciudadanos han sido objeto, de un trato desigual respecto a otros en situación similar, sin que se haya razonado o justificado el por qué de esa desigualdad … no resulta admisible que la Administración elija libremente a quiénes aplicar y a quiénes no aplicar la normativa vigente”. Tratándose del enjuiciamiento de una norma con rango legal, como es el caso, según el Tribunal Constitucional, la misma será arbitraria cuando engendre una discriminación. Así, en su Auto 123/2009, de 30 de abril, el Tribunal Constitucional señala que “la calificación de “arbitraria” dada a una Ley exige una cierta prudencia, toda vez que es la “expresión de la voluntad popular”, por lo que su control de constitucionalidad debe ejercerse centrándose “en verificar si el precepto cuestionado establece una discriminación que entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad “. “El poder público habrá de justificar en cada momento su propia actuación» Tribunal Constitucional de 17 de abril de 1990).
Pues bien, a la vista de esto, nos encontramos con dos conceptos fundamentales para evaluar si el ejecutivo legislador está siendo arbitrario: El actuar de forma distinta ante situaciones idénticas y el que sus actuaciones entrañen discriminaciones no razonadas adecuadamente.
Desde la primera perspectiva, conviene recordar que la Disposición Transitoria Sexta de la Ley del Sector Eléctrico, en el año 1997, reconoció a las empresas de generación convencional la cantidad de 1,9 billones de las antiguas pesetas por los llamados Costes de Transición a la Competencia, que suponían una compensación a aquéllas empresas por lo que se entendía un cambio de sistema regulatorio que les perjudicaba gravemente. Ya por aquel entonces aparecieron publicaciones técnico jurídicas que definían aquella situación. Me parece de interés recordar el trabajo COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA (Sector Eléctrico) de Gaspar Ariño Ortiz y otros. Entro otras cosas señalaba:
Los cambios de sistema basados en una planificación estatal vinculante … provocarán la aparición de costes varados, donde operadores tuvieron que realizar una serie inversiones realizadas en el pasado (costes hundidos), que fueron aprobadas por el estado … a través de planes sectoriales (Plan Energético Nacional, …) con objeto de satisfacer ciertas necesidades con visos de continuidad. Así, los CTC se tratan de un principio básico aceptado en el ámbito internacional, previsto en el ámbito comunitario, acordado con las empresas eléctricas y exigido por el Derecho español. En el caso español, dicha compensación de CTCs fue un elemento clave en la negociación del protocolo de 1996 para que el cambio de modelo regulatorio fuera aceptado por las empresas eléctricas integradas en UNESA. Y sobre todo, dicha compensación fue una consecuencia de las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Recordemos que el art. 139 de la LRJAP y PAC exige que la responsabilidad patrimonial del Estado legislador se precise en las Leyes que imponen un cambio regulatorio y esto es lo que la LSE vino a hacer.
Parece fácil de interpretar. El RDL 9/2013 cambia de plano el modelo retributivo de las instalaciones renovables, haciendo desparecer incluso el régimen especial. (Dice el propio preámbulo: “se habilita al Gobierno para un nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos”). Pues en ese caso nos habremos de encontrar en la misma situación que se encontraron las empresas generadoras de energía convencional con el anterior cambio de modelo en el año 1997. Sin embargo, lejos de actuar el Estado con las mismas pautas, ante una situación idéntica, prefiere olvidarse de que los productores del régimen especial en general y muy en particular los inversores en tecnología solar (en manos de ciudadanos con menor capacidad de influencia que sus predecesores) también tienen unos costes hundidos que debieran de ser resarcidos si se pretende modificar tan drásticamente el mecanismo retributivo. Con éstos, ni se ha negociado, ni se les ha preguntado, ni se les da otra salida diferente a la desaparición. A todas luces, ante la misma situación, el Estado actúa de forma diametralmente diferente, lo cual incide de forma radical en la interdicción de la arbitrariedad prohibida por nuestra Constitución.
En segundo lugar, como decíamos, nuestro Tribunal Constitucional reconoce la existencia de arbitrariedad en el legislador cuando sus posibles discriminaciones no son razonadas adecuadamente. Si uno se lee la Exposición de motivos del RDL 9/2013, comprende que la única cantinela que se han aprendido los últimos responsables de este negociado ministerial es que la causa del déficit de tarifa son las energías renovables. Es más, incluso se permiten manifestar: “De entre las partidas de costes que han contribuido en mayor medida a dicho incremento destacan las primas del régimen especial y las anualidades de déficits acumulados, partidas que se han multiplicado por seis y por nueve respectivamente en dicho periodo”. Cabe preguntarse cómo es posible que si desde el año 2010, las únicas medidas radicalmente severas se han tomado contra las energías renovables, hasta el punto de la prohibición de su instalación, el déficit de tarifa no ha dejado de crecer; o cómo es posible que si regímenes tarifarios existen en toda Europa, el déficit de tarifa únicamente lo encontramos en nuestro país; o cómo es posible que en ninguna de las exposiciones de motivos de las normas modificativas del sector eléctrico se haga referencia al Informe de la Comisión Europea de 30 de mayo de 2011 que asegura que aquéllas no son las responsables del déficit de tarifa, o a las continuas indicaciones de la Comisión Nacional de la Energía sobre las situaciones que provocan el déficit, o a la preexistencia de éste al boom renovable.
Decía el Profesor Tomás Ramón Fernández “la interdicción de la arbitrariedad exige que las razones justificativas aducidas por el legislador sean «susceptibles de explicar satisfactoriamente la adecuación a los objetivos pretendidos, de los medios y las técnicas puestas en juego, su potencial aptitud por lo tanto, para servir a los fines perseguidos, así como su capacidad para alcanzarlos sin imponer sacrificios innecesarios por excesivos”. Parece claro que en el caso que nos ocupa, el Ejecutivo legislador no sabe/no quiere/no puede justificar las medidas adoptadas y pretende escurrir el bulto con un simple “corta y pega” de los argumentos fallidos de anteriores medidas, pero desde la perspectiva Constitucional, dicha actitud no es admisible en modo alguno y confío en que pronto lleguen los tiempos, en que las verdades sean otras.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Juan Castro-Gil Amigo https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Juan Castro-Gil Amigo2013-09-25 00:46:412013-09-25 16:15:58Tales tiempos, tales verdades: energías renovables y arbitrariedad.
Los Estados y el sistema financiero: un idilio a costa del contribuyente.
24 septiembre, 2013 /7 Comentarios/en Sistema financiero /por José María López Jiménez
Los Estados, desde que comenzaron a decantarse allá por el siglo XV, siempre han precisado financiarse, pues habitualmente sus necesidades han ido muy por delante de sus medios. Su configuración, como la entendemos hoy día, no sería la que es sin el apoyo recibido de los grandes banqueros históricos: los Fugger, los Medici, los Welser, los Spínola…
La apuesta inicial de estos financiadores por el Estado de los monarcas absolutos, no carente de riesgos dado el abierto enfrentamiento con el papado y los municipios, incluso con el islam, fue a caballo ganador, pues aquél se erigiría en modelo predominante de organización política y monopolizador, dentro de sus fronteras, del uso legítimo de la violencia (aunque el sistema de Estados, en las relaciones interestatales, siguió —y sigue— rigiéndose por la yuxtaposición de fuerzas).
Desde el principio, los Estados acapararon y aglutinaron el aparato monetario y fiscal aunque atribuyeron un importante privilegio a los banqueros, consistente en la facultad de conceder operaciones de préstamo con cargo a los fondos recabados de los depositantes, siendo suficiente con que conservaran en efectivo (o en activos fácilmente transformables en efectivo) una reducida fracción de los fondos depositados, con fundamento en la ley de los grandes números. De esta forma se fraguó el sistema de reserva fraccionaria, cuestionado constantemente cada vez que hay una crisis bancaria, por mucho que exista un prestamista de última instancia (el Banco Central) que debe cerrar el sistema y darle consistencia.
Este privilegio de los banqueros, del que queda rastro en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, implicaba —e implica— la facultad de crear dinero: el dinero bancario o escriturario. De hecho, para cuantificar el dinero existente, el Eurosistema ha definido tres agregados monetarios para la zona del euro, llamados M1, M2 y M3, respectivamente. El agregado M1 se compone de los billetes y monedas en circulación y de los depósitos a la vista en entidades bancarias.
Sin embargo, no fue hasta la Gran Depresión, en el marco del New Deal de Roosevelt, cuando se creó un fondo de garantía en beneficio de los depositantes, que sirvió como marco de referencia para otras jurisdicciones.
Así fue, a grandes trazos, como se forjó una estrecha relación entre los Estados y los bancos. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, los Estados ampliaron sus funciones y fines dando lugar a los Estados del Bienestar, y los bancos extendieron su actividad a los mercados de valores, y de seguros y fondos de pensiones, conformando los actuales sistemas financieros en torno al pilar bancario.
En el proceso de formación de la Unión Europea esta estructura meramente nacional está siendo replicada (y superada en ocasiones, pensemos en el supervisor bancario único que debería iniciar su actividad en 2014) por otras superestructuras de ámbito europeo, tanto monetarias como financieras (aunque algún día, si se pretende que Europa avance de veras, habrá que afrontar la creación de un Tesoro único, no sin antes reducir las disparidades económicas entre los Estados miembros).
En los primeros años de la actual crisis financiera y económica los Estados tuvieron que socorrer, a veces con soporte externo —con recurso a los fondos soberanos, por ejemplo—, a las entidades bancarias sacudidas por la inversión en activos amparados por las “hipotecas basura” norteamericanas. En los Estados Unidos se puso en marcha el denominado “Plan Paulson”, en España se crearon el Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en Europa se pusieron en funcionamiento la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad… En total, billones de dólares o euros puestos sobre la mesa, salidos en una parte sustancial del bolsillo del contribuyente, para paliar o minimizar los daños derivados del desastre.
Nos podemos preguntar por qué no se dejó quebrar a las entidades financieras mal gobernadas, al modo de Lehman Brothers. La respuesta la brinda el imprescindible preámbulo de la Ley 9/2012: es preferible proceder a la “resolución” de una entidad, en aras de la estabilidad financiera y por su menor coste para el contribuyente, que abrir un procedimiento concursal por el que se liquide y disuelva la empresa en cuestión.
Debemos sobreentender que en la estabilidad financiera queda comprendida la confianza de los depositantes, pues de faltar esta confianza, sobre todo en un sistema de reserva fraccionaria, todo el entramado resultaría seriamente estremecido.
Además, habría que añadir que, en este bucle e imbricación de lo público y lo privado, tan perjudicial sería que los Estados no “ayudaran” a los bancos, como que éstos no pudieran suscribir, o renovar, deuda pública.
Durante los últimos 500 años nadie, ni dentro ni fuera de sus fronteras, ha sido capaz de cuestionar la preeminencia estatal, aunque, curiosamente, los tenedores de deuda soberana impagada (o en trance de serlo con carácter inminente), ahora gozan de amplios medios para cobrar o garantizar la percepción de lo que se les debe, poniendo en entredicho al leviatán estatal y a las inmunidades de jurisdicción y ejecución y, de paso, el delicado equilibrio histórico tan penosamente alcanzado. Ahí tenemos, por ejemplo, el continuo atosigamiento al Estado argentino de los tenedores —fondos de inversión— de deuda impagada no reestructurada a raíz del default de 2001. Los mercados financieros no entienden de soberanía ni de territorios.
Que los financiadores/acreedores tratan a los Estados sin complejos, de tú a tú y sosteniendo la mirada, también lo hemos experimentado bien cerca. De un lado, con la sorpresiva reforma en verano de 2011 del artículo 135 de la Constitución para asegurar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas (en consonancia con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal) y para reforzar el pago prioritario a los tenedores de deuda pública española, tanto del capital como de los intereses. Y, de otro, con el Memorando de Entendimiento firmado en julio de 2012 por el Gobierno con la “Troika”, que pretende poner orden en el sistema financiero y en la estructura estatal para evitar perjuicios a los acreedores de ambos (apostillamos que se parece olvidar que las inversiones implican riesgo, y que unos días se gana y otros se pierde; estos inversores ganan siempre).
En los primeros días de septiembre de 2013 el Banco de España ha difundido la cuantía total de las ayudas públicas comprometidas para la recapitalización del sistema bancario español. Los cálculos incluyen las aportaciones en diversas formas de capital, desde mayo de 2009 hasta el momento presente, sin computar elementos tales como los avales concedidos a las emisiones de las entidades en los mercados de capitales, los esquemas de protección de carteras de activos (EPA) o la participación pública en el “banco malo” (Sareb).
El resultado es que en este período no ha quebrado, en sentido estricto, ninguna entidad bancaria, pero la factura por el “idilio” entre el Estado y el sistema bancario español asciende a 61.366 millones de euros (en torno a un 6% del PIB), sin que aún podamos conocer qué importe se recuperará en el porvenir por la venta de las diversas entidades y cuál será asumido por los confiados ciudadanos.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 José María López Jiménez https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png José María López Jiménez2013-09-24 07:00:032013-09-23 10:35:38Los Estados y el sistema financiero: un idilio a costa del contribuyente.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Andres Herzog https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Andres Herzog2013-09-23 00:24:262013-09-23 12:30:51La inminente imputación del Partido Popular
Frente a la mentira, democracia: las elecciones alternativas de la Justicia española
22 septiembre, 2013 /12 Comentarios/en Administración de Justicia /por Jesús Villegas
Un piloto de fórmula uno conduciendo una apisonadora. Ese es nuestro Ministro de Justicia. Al volante de su mayoría absoluta, se ha resuelto a laminar todos y cada uno de los obstáculos que se interponen en su carrera, ya sea nuestro proceso criminal o la planta judicial.
¿Y qué tiene que decir el Poder Judicial al respecto? En realidad, nadie lo sabe. El programa electoral ha sido violado, de tal suerte que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, será escogido en su totalidad por los grupos políticos. Así lo impone la última reforma de la LOPJ. Curiosa situación esa en que el representante carece de mandato de sus representados. Pero hay más: la aludida reforma de la ley de Planta prevé la supresión de los partidos judiciales y con ellos, de los decanos, hasta ahora elegidos democráticamente por los propios jueces. Serán reemplazados por unos presidentes designados por el propio Consejo.
Metódicamente se van aplastando las estructuras representativas que permitían a los jueces expresarse democráticamente como colectivo unitario. Pero no son sólo los miembros de la carrera judicial los afectados. Un Poder Judicial débil deja inermes a los ciudadanos frente los abusos de la casta política: no olvidemos que ese CGPJ politizado el que determina la composición del Tribunal Supremo, corte de casación en nuestro país, última palabra en los asuntos más importantes, los que afectan a la vida, hacienda y libertad de cada uno de nosotros.
Especial cuidado se pone en que no exista ningún cauce para que los jueces hagan saber su opinión en su conjunto, de tal suerte que sean siempre otros los que hablen por ellos: el Ministerio, el Consejo, los grupos parlamentarios…cualquier con tal de que el cuerpo judicial permanezca desmembrado, comprimido y oprimido bajo el peso aplastante del poder político.
El pueblo español tiene derecho a saber quiénes son sus jueces. No debe mirar a esos políticos-togados que adeudan su cargo al generoso dedo del mandamás de turno, como tampoco a los gustosamente que van allanando el camino a la máquina trituradora del absolutismo parlamentario. Antes bien, sus componentes más representativos son los que trabajan día a día en sus juzgados, al margen de las componendas de los poderosos, lidiando codo a codo con abogados, secretarios, procuradores…Gran sorpresa sería saber qué piensan todos ellos, debatiendo libremente mediante un simple principio: un juez/un voto.
El nuevo Consejo General del Poder Judicial nacerá de una mentira originaria, del incumplimiento del programa electoral. Frente a esta farsa, ha surgido una iniciativa entre más de trescientos cincuenta jueces que, comunicados entre sí por el correo electrónico, han decidido organizar unas elecciones simbólicas para elegir a doce representantes alternativos. Es sólo un gesto sin valor legal, pero que salva la dignidad de la Justicia ante una ciudadanía harta de la mentira sistemática de aquellos que infringen el pacto social convirtiendo en papel mojado el programa electoral.
Es un movimiento espontáneo, desvinculado de cualquier partido político, sindicato, grupo empresarial, periodístico, asociación o cualesquiera intereses ideológicos o económicos. En noviembre de 2012 y febrero de 2013 promovió la creación de una “Asamblea General de Jueces”, un espacio donde expresarse democráticamente, según el elemental principio de “un juez/un voto”. El siguiente paso son las elecciones alternativas, un proceso que comenzó el 16 de septiembre de ese año y que culmina el próximo 16 de octubre con la proclamación de los candidatos más votados en los comicios virtuales.
Es un acto de protesta pero, sobre todo, una llamada de auxilio de unos jueces que han tomado partido, no por los poderosos, sino por su pueblo, el pueblo de una España cansada de tanta mentira.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Jesús Villegas https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Jesús Villegas2013-09-22 00:44:132013-09-22 20:06:55Frente a la mentira, democracia: las elecciones alternativas de la Justicia española
Verdad y Regeneración: Artículo de nuestro colaborador Ignacio García de Leaniz Caprile en “El Mundo”
21 septiembre, 2013 /4 Comentarios/en Crisis política e institucional /por Ignacio García de Leániz Caprile
El descubrimiento de K. es desde luego el fin de la política en su uso mínimamente democrático que siempre implica un «afán de verdad». No es de extrañar que, al poco, la concepción totalitaria anidase en el corazón de Europa y tras los Urales, llegando a ser el propio partido quien fabrique la verdad –esto es, lo tenido por real– hasta el punto de acabar, como decía Hannah Arendt, «mintiendo la verdad misma».
Imaginemos ahora que el ciudadano K. nos visitara como testigo en ese otro proceso de degradación que está sufriendo nuestro país en relación con la mentira y la derrota de la veracidad. Creo que volvería a sentir esa misma «perversión epistemológica» que le oprimía durante el relato kafkiano, al contemplar cómo la mentira –no el error, sino la voluntad de mentir– ha ido tejiendo por los repliegues de nuestra política nacional, autonómica y local las mismas telarañas que carcomían el olmo machadiano. Tanto que al director de este periódico no le ha quedado otro remedio que pedir formalmente una Comisión para la Verdad y la Regeneración. Y a una colaboradora como Elisa de la Nuez, proponer una Comisión Nolan en el Parlamento.
Y es que esta frecuencia tan intensa del mentir en nuestra vida política, ya irrespirable, no significa otra cosa que los dos grandes partidos nacionales han reavivado aquella fórmula que hace años acuñó Julián Marías: «Vivir contra la verdad». En tanto que los partidos nacionalistas parecen desde su origen mismo instalados en ella. Basta atender al casoBárcenas como al caso EREAndalucía y la embestida prevista en Cataluña ante el tricentenario de la Diada para hacernos cargo del amplio espectro del engaño, bien por ocultamiento, bien por falsificación y falso testimonio, bien- en la forma más refinada de mendacidad- por determinados «silencios elocuentes».
Hubo dos experiencias previas que catalizaron el descaro de la mentira en que nos hallamos. Una fue la negación de la crisis económica y la campaña electoral de 2007 del PSOE cuyo slogan fue «por el pleno empleo», –lo que era rigurosamente mentira–, y, por otro, la réplica posterior de la campaña del PP en 2011, basada en promesas fiscales y económicas que también se sabían escrupulosamente falsas. Habrá que estudiar un día la formalización metódica y refinada del mentir que ambos comicios supusieron en la historia política española.
Ahora bien, el elemento a mi juicio más novedoso de la exaltación de la mentira en nuestra política ha sido sin duda la abdicación de la veracidad por parte de nuestro partido conservador, como revelan los ejemplos Gürtel-Bárcenas y la campaña del 2011. Para ello hay que tener presente que, por un lado, la mentira propia de nuestro partido socialista tiene su explicación en el concepto de realidad que anima la ideología misma de la izquierda. Su falta de respeto a la verdad viene dada en origen por su discrepancia con el concepto clásico de esta como «adecuación a la realidad». La acción política no será tanto supeditarse a lo real como transformarlo. De ahí su carácter mesiánico y utópico. La verdad no es ya propiedad de la inteligencia sino de la imaginación: la acción política genuina –«verdadera»– consiste, al fin y al cabo, en transformación. Por eso hablaba muy en serio Rodríguez Zapatero cuando declaró siendo presidente que «la verdad no nos hacía libres, sino que la libertad nos hacía verdaderos». La veracidad quedaba desplazaba por la autenticidad y la mentira no era ya una cuestión moral y mucho menos una de las más grandes cuestiones, personal y colectivamente.
Contrariamente a ello, el pensamiento liberal-conservador descansaba a modo de dique en un ajuste a lo real, a lo verdadero en su sentido clásico. La inteligencia política suponía un gran dosis del orteguiano «estar a las cosas», a ras de tierra, donde el mentir no estaba bien considerado.
Precisamente porque en el ámbito de lo irreal todo es posible, incluso la revolución o el aniquilamiento de la democracia, fomentar la irrealidad era ciertamente irresponsable. En cierta manera, ser conservador o liberal es poner un cierto freno a la imaginación, en pro del ser de las cosas. Además, si la realidad se inventa –o se desprecia u oculta– sobreviene en la vida colectiva algo francamente peligroso: la desafección de la democracia, precisamente por «no democrática». Por eso una de las motivaciones centrales del votante clásico de nuestro centroderecha era precisamente ese refugio en la presunta veracidad de su partido frente a la mendacidad más o menos connatural del partido socialista.
Y es a esta tradición a lo que renunció el Partido Popular en el 2011, en una decisión ciertamente histórica. La tentación era bien grande, difícilmente resistible: combatir la entonces vigente impostura del partido socialista con otra campaña igualmente falaz, por grave razón de estado. O dicho con otras palabras: refutar la mentira, mintiendo. Borges diría aquello de terminar con los caníbales comiéndonoslos. Además, ya se había sentado un precedente fatal años atrás con el casoGürtel que alentaba el camino de lo falso del poema de Parménides. (Y Gürtel, no lo olvidemos, está íntimamente ligado al casoNoos.)
Pero caer en aquella tentación tuvo un precio siniestro: una vez que se ha mentido tan a sabiendas, tan deliberada y fríamente el dios de la mentira –que es tremendamente celoso– te atrapa exigiéndote cada día mayores sacrificios de la verdad. Tanto la actitud del partido ante el juez Ruz –y los casos que se avecinan– como los ocultamientos e imposturas continuas del Ejecutivo no son sino hitos de ese «vivir contra la verdad» de que hablábamos.
Y esta revolución copernicana sucedida en el PP –no atenerse a la verdad, sino crearla– es lo que ha acabado de sumir la vida política nuestra en una situación bien crítica, manca ya de una reserva de lo veraz. Y provocado en un gran número de sus votantes –especialmente en la franja de edad superior a los 60 años– una amarga decepción, como es siempre el despertar de una falsa ilusión. En este caso que «nosotros también mentimos». Pero los despertares de una ilusión son ciertamente crueles como Freud sabía muy bien: especialmente para quienes la hayan inducido, y si no al tiempo, tanto de las elecciones como de los jueces.
En 1931 Ortega impulsó la Agrupación al Servicio de la República. Uno se conformaría hoy –al hilo de la propuesta del director–con que hubiera una Agrupación al Servicio de la Verdad, que seguro no quedaría huérfana de votos. Y no encuentro mejor lema para ella que aquella bella expresión de Camus, ya centenario, de la cual tanto hablaba y vivía: la «verdad transparente».
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Ignacio García de Leániz Caprile https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Ignacio García de Leániz Caprile2013-09-21 00:43:232013-09-21 10:36:48Verdad y Regeneración: Artículo de nuestro colaborador Ignacio García de Leaniz Caprile en "El Mundo"
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Lexuri Olabarriaga Díaz https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Lexuri Olabarriaga Díaz2013-09-20 00:23:512013-10-10 20:42:20Por qué no soy nacionalista
18 septiembre, 2013 /12 Comentarios/en In memoriam /por Rodrigo Tena Arregui
El pasado lunes 16 de septiembre falleció en Madrid Eduardo García de Enterría, sin lugar a dudas unos de los más grandes juristas españoles del siglo XX.
Merecer ese calificativo no es fácil, pero lo cierto es que Enterría reunía todos los requisitos para ello. En primer lugar revolucionó, casi diríamos construyó, la moderna ciencia del Derecho Administrativo español, convirtiéndose así en maestro indiscutible de generaciones de publicistas españoles. Ya sólo esto hubiera sido suficiente. Pero es que, además, a estas alturas del siglo XXI, podemos decir que lo hizo sobre los principios correctos y con arreglo al método adecuado.
Del mismo modo que un gran filósofo tiene que habérselas con el “ser”, bien pertrechado de la técnica desarrollada a tal fin por sus predecesores, para ser un gran jurista hay que habérselas de idéntica forma con el “poder”, que al fin y al cabo es el negativo del Derecho. La dramática experiencia del siglo XX europeo demostró hasta qué punto éste era un tema por domesticar, especialmente en el ámbito del poder público, pese a todas las ingenuas promesas de la precedente época revolucionaria. Había que proporcionar los instrumentos técnicos jurídicos para facilitar en este ámbito el anhelo social de lucha por el Derecho que caracteriza la época moderna, pero al que tantos obstáculos se le oponían bajo el disfraz de una política mal entendida. Lamentablemente, la realidad del siglo XXI demuestra que haberlo hecho en la teoría científica con la brillantez de Eduardo García de Enterría no nos ha garantizado en la práctica política la victoria contra las persistentes inmunidades del poder.
Pero si no lo ha hecho no ha sido, desde luego, por su culpa. Leer hoy su teoría sobre el control de los actos discrecionales causa pena y tristeza. Pena y tristeza por nosotros, claro. Que la jurisprudencia de los años sesenta y setenta, gracias a su ayuda, sacase tanto jugo en ese sentido a la ley franquista de la jurisdicción contenciosa de 1956, nos debería llenar por comparación de vergüenza y sonrojo. Citando a Hans Huber, nuestro autor nos advertía de que el poder discrecional es el verdadero caballo de Troya, en el seno del Derecho Administrativo, de un Estado de Derecho. Si democracia y Estado de Derecho son términos prácticamente sinónimos -como es necesario convenir- no se entiende que en esta época democrática se pretenda justificar, en base al poder discrecional del Gobierno (sólo pongo un ejemplo entre muchos), nombrar a los amigos incompetentes para desempeñar ningún cargo, pero menos aún en las instituciones supuestamente independientes y en los organismos de vigilancia control, como hemos denunciado aquí en tantas ocasiones. ¿Acaso ahora no hay elementos reglados suficientes como para no justificarse de ninguna manera una abdicación total del control sobre esas decisiones? Al contrario, la ley se llena hoy de requisitos y exigencias (hay que quedar bien en la tribuna) pero luego nadie las cumple…. y no pasa nada.
Qué bonito suena eso que nos decía don Eduardo de que el acto discrecional que se ha desviado de su fin -del fin en vista del cual el Ordenamiento otorgó el poder- “ha cegado la fuente de su legitimidad”. Pero espanta saber que los juristas y los jueces necesitamos más valor en una democracia para deducir sus implicaciones del que tuvieron nuestros predecesores en una dictadura. ¿Quizás es precisamente eso, que vivimos en una democracia y que toda cacicada realizada por un político sancionado por las urnas tiene un aura casi sagrada? Si es así, todavía no hemos comprendido nada. ¿Es que acaso un poder que se ha desviado de su fin sigue siendo un poder democrático? Don Eduardo nos explicaba claramente que no, y por eso le deberemos siempre eterno agradecimiento.
Pero en mi condición de privatista, no quisiera terminar este recuerdo sin alabar su profunda comprensión de las virtudes de la técnica jurídica como instrumento fundamental en la búsqueda de la Justicia, que en fondo es un lógico corolario de todo lo anterior. Toda su obra lo demuestra, pero quizás en ningún lugar habló sobre ello de forma tan expresa como en su prólogo al clásico de Theodor Viehweg, Tópica y Jurisprudencia. El Derecho (la Justicia) no es un sistema dado de una vez por todas, sino que es algo que, en cada tiempo y lugar, debe ser “buscado” y “descubierto” utilizando los recursos y procedimientos técnicos puestos de manifiesto a su vez por siglos de experiencia jurídica. Como expresamente afirmaba al alabar la obra de Viehweg, no es poca cosa librar al Derecho como ciencia de esa suerte de complejo de inferioridad que ha venido padeciendo desde que el mundo moderno perfeccionó las ciencias físicas o axiomáticas. Otro es nuestro camino y por tanto nuestra dignidad. Tener plena conciencia de ello es el mejor tributo que puede prestarse a las posibilidades reales de la Justicia. “Entidad misteriosa e indefinible ésta, pero cuya realización histórica efectiva es siempre el resultado de técnicas jurídicas concretas y no de grandes afirmaciones o de declaraciones generales”.
Es difícil, pero aspiremos, al menos, a estar a la altura, como sin duda lo estuvo él.
Lo que tienen en común Bell y Alcalá de Henares
16 septiembre, 2013 /5 Comentarios/en Administraciones Públicas /por Ramón Marcos Allo
La pequeña y humilde ciudad de Bell (cuya historia se cuenta en el interesantísimo libro de Bueno de Mesquita y Alastair Smith, el manual del dictador (Siruela, 2013) de menos de 40.000 habitantes, en el estado de California, tuvo un administrador hasta el 2010 que con la complicidad del alcalde y del resto de la Corporación construyó un entramado institucional que posibilitó que todos ellos percibieran salarios muy elevados -su administrador Rizzo cobraba más que el presidente de Estados Unidos- y pudieran mantenerse en el poder durante quinquenios a pesar de esquilmar el presupuesto y tener unos impuestos muy altos.
La ciudad de Alcalá de Henares de unos 200.000 habitantes tiene, y ha tenido, un alcalde que cobra por encima de los cien mil euros -más que el Presidente del Gobierno-, unos concejales con sueldos disparados y unos empleados municipales con específicos y productividades irregulares cuyos salarios son muy superiores a los normales en la Administración Pública; más de cien de ellos a percibir cantidades por encima de los 100.000 euros.
California, en el año 2005, aprobó una Ley para limitar el salario de los regidores municipales y controlar mejor su gestión presupuestaria. Esa Ley se aplicaba a todas las ciudades que tenían un régimen general. El administrador de Bell, Rizzo, para evitar su aplicación logró cambiar el régimen de su ciudad y hacerla “aforada”. De esta forma podía sortear los controles externos sobre los salarios y el presupuesto municipal. Para justificar ese régimen aseguró a sus ciudadanos que nadie mejor que las autoridades locales podían saber lo que convenía a su comunidad, y que había que evitar que políticos alejados decidieran por la localidad. Para ello convoco unas elecciones, cuando más le convenía, a fin de asegurar una baja participación: votaron menos de 400 personas y logró 336 votos a favor. Algo lógico, ya que era un tema abstruso, que a nadie interesaba, salvo a los pocos que estaban en la pomada y vivían fenomenal del presupuesto municipal por la decisiones de Rizzo y compañía.
El ayuntamiento de Alcalá de Henares tampoco está sometido al régimen municipal general, es un municipio de “gran población”, al haberlo acordado así la Asamblea de Madrid en noviembre de 2004, con el apoyo del PP y PSOE, según lo previsto en la Ley de Grandes Ciudades de 2003. Este acuerdo se adoptó en teoría para aumentar la participación ciudadana y mejorar el gobierno local. Esto dijeron, aunque la realidad ha sido otra, como en el caso de la cuidad de Bell. Basta echar un breve vistazo a las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid de 31 de enero de este año sobre la gestión municipal durante el ejercicio 2010.
En ese informe se recoge la existencia de múltiples y graves irregularidades: estados contables falseados por importes cercanos a 25 millones de euros, contrayéndose obligaciones sin los correspondientes contratos y realizándose luego reconocimientos extrajudiciales de crédito; falseamiento del inventariado del ayuntamiento por 67 millones de euros; dejar de cobrarse irregularmente 6 millones de euros de impuestos; no contabilizarse 12 millones de euros de deuda con el Consorcio de Transportes; modificaciones del presupuesto que no se corresponde con la realidad del gasto; no elaborarse el informe trimestral sobre cumplimiento de plazos de pagos que exige la Ley de lucha contra la morosidad; fraccionamientos indebidos de los contratos, muchos de los cuales sirvieron para colocar publicidad en medios locales afines por valor superior a 1.300.000 euros; contratación realizada irregularmente de forma directa y verbal; la existencia de 19 cuentas del ayuntamiento, que no figuran en los registros de tesorería, abiertas por personas no habilitadas y de las que pueden disponer personas no autorizadas para ello; pagos a los empleados públicos en concepto de productividad que sobrepasan en 1.200.000 euros los autorizados; inexistencia de una relación de puestos de trabajo con una adecuada definición de complementos específicos, que además se están pagando por encima de lo legalmente permitido; irregularidades en la empresa municipal de la vivienda y en el ente Alcalá Desarrollo, desde donde se drenaba dinero a sindicatos y organizaciones empresariales, y que además servía para hacer encuestas de opinión y colocar a gente amiga; y todo esto, entre otras cosas.
Habrá quien se pregunte, cómo ha sido posible este manifiesto falseamiento de las cuentas. Por muchas razones, pero entre otras porque la intervención municipal no ha funcionado. La interventora de ese ejercicio cobraba un salario superior a 140.000 euros y además era la copropietaria de un piso que fue alquilado por el ayuntamiento desde 2003, cuando ya ejercía ese cargo, por mas de 112.000 euros. Esa funcionaria municipal hizo constar que el ayuntamiento tenía un superávit de 8.883.350 euros en el año 2010, cuando debería haber fijado un resultado negativo por importe de 14.237.574 euros y toleró que se desvirtuara completamente el remanente de tesorería y la partida de deudores presupuestarios. Gracias a su aquiescencia ficticiamente pudo la corporación transmitir que se cumplía con la estabilidad presupuestaria y evitar los controles que hubiera conllevado un plan de reequilibrio financiero a las puertas del proceso electoral del 2011.
Esta realidad contable muestra un alcalde y un equipo de Gobierno que han gestionado desastrosamente y que se han beneficiado del presupuesto público para cobrar más de lo aceptable, regar a su clientela local, tapar sus errores de gestión y de esa forma conseguir apoyos para ganar las elecciones. Como en la ciudad de Bell. Pero si han podido hacerlo tan impunemente, es porque ha hay fallos institucionales. La Ley de Grandes Ciudades permitió el nombramiento por libre designación del interventor; la ampliación de la estructura organizativa municipal; la posibilidad de colocar más cargos de confianza; y menos límites en la gestión, incluido el presupuesto, del alcalde y su equipo de gobierno, frente al antiguo control del pleno.
Y también porque los diputados del PP y PSOE de la Asamblea de Madrid sabían que con esa Ley (Madrid es una de las Comunidades que más ha usado el tramite parlamentario para crear grandes ciudades) se podría colocar más gente del partido y usar el presupusto en su interés y en el del control político de la sociedad civil de esos municipios. La corporación de Alcalá no tuvo que manipular la fecha de la votación para que, como en Bell unos pocos electores interesados la convirtieran en Gran Ciudad, le bastó el apoyo de sus conmilitones de partido.
En el siguiente post trataré la respuesta institucional que han merecido estas graves irregularidades y qué pasa ahora en Alcalá de Henares. Pero, para empezar un botón: mientras los regidores y el administrador de la ciudad de Bell acabaron en la carcel por cobrar por falsas asistencias a reuniones de entes muncipales paralelos, el que era alcalde de Alcalá y presidente de la Federación de Municipios de la Comuidad de Madrid, Bartolome Gonzalez, a esa fecha sigue de diputado en la Asamblea de Madrid y como alto cargo regional del PP.
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Ramón Marcos Allo https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Ramón Marcos Allo2013-09-16 00:45:272013-09-16 12:56:12Lo que tienen en común Bell y Alcalá de Henares