Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=646549
Timestamp: 2019-05-21 06:03:53
Document Index: 315264867

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 9', 'artículo 9', 'artículo 387', 'artículo 174', 'artículo 19', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 200', 'artículo 6', 'artículo 173', 'artículo 133', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 89
CONCLUSIONES DE SEMINARIO DE OCDE SOBRE TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO DE CAPITALES
IRRENUNCIABILIDAD PARA EXCEDENTES DE COTIZACIONES DE SALUD EN ISAPRES.
FACILITACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS MEDIANTE CONTRATO DE FACTORING
INTERVENCIÓN : Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech
ENMIENDAS A LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE
VOLUNTAD MAYORITARIA DE PUEBLO MAPUCHE DE VIVIR EN PAZ E INTEGRADO Y SANCIÓN DE CONDUCTAS TERRORISTAS. PROYECTO DE ACUERDO.
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PARTICIPANTES. EN PROGRAMAS GENERALES DE EMPLEO. PROYECTO DE ACUERDO
ELIMINACIÓN DE LÍMITE A PENSIÓN DE ARTÍCULO 9º DE LEY Nº 19.200. PROYECTO DE ACUERDO
HOMENAJE EN MEMORIA DE PERIODISTA SEÑORA PATRICIA VERDUGO AGUIRRE
HOMENAJE : Soledad Alvear Valenzuela
HOMENAJE : Jaime Naranjo Ortiz
HOMENAJE : Nelson Jaime Avila Contreras
PETICIÓN DE OFICIO : Victor Perez Varela
INCIDENTE FRONTERIZO ENTRE COLOMBIA Y ECUADOR
IRREGULARIDAD DE EMPRESA TRANSBORDADORA EN CARRETERA AUSTRAL. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Gazmuri Mujica
EFECTOS DE CONFLICTO COLOMBIANO-ECUATORIANO EN RELACIONES LATINOAMERICANAS
URGENCIA PARA AMPLIACIÓN DE PLANTAS EN GENDARMERÍA. OFICIO
PROBLEMA AMBIENTAL POR EXPLOTACIÓN DE CANTERA EN SECTOR DE RÍO ANDALIÉN Y VALLE NONGUÉN. OFICIOS
PARTICIPACIÓN DE CONSEJEROS DE LA CONADI EN PROCESO DE APROBACIÓN DE CONVENIO Nº 169 DE LA OIT. OFICIO
Sesión 89ª, en miércoles 5 de marzo de 2008
(De 16:19 a 18:56)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, PRESIDENTE,
Y CARLOS OMINAMI PASCUAL, VICEPRESIDENTE SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
Conclusiones de Seminario de OCDE sobre Tendencias Recientes del Mercado de Capitales¿¿¿
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que da carácter de irrenunciables a excedentes de cotizaciones de salud en isapres (4423-11) (se aprueba en particular)¿¿¿¿
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.983 y el DL. Nº 825, con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios (4928-26) (vuelve a Comisión de Economía)¿¿¿¿¿..
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (3286-12) (se aprueba en particular)¿¿¿
Voluntad mayoritaria de pueblo mapuche de vivir en paz e integrado y sanción de conductas terroristas. Proyecto de acuerdo (S 1038-12) (se aprueba)¿¿¿..
Prestaciones de seguridad social para participantes en programas generales de empleo (S 1010-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿..
Eliminación de límite a pensión de artículo 9ª de ley Nº 19.200. Proyecto de acuerdo (S 1012-12) (se aprueba)¿¿¿¿¿¿..
Homenaje en memoria de periodista señora Patricia Verdugo Aguirre (se rinde)¿¿¿¿
Incidente fronterizo entre Colombia y Ecuador (intervención del Senador señor Arancibia)¿¿¿¿¿¿.
Irregularidad de empresa transbordadora en carretera austral. Oficio (observaciones del señor Gazmuri)¿¿¿¿¿
Efectos de conflicto colombiano-ecuatoriano en relaciones latinoamericanas (observaciones del señor Navarro)¿¿.
Urgencia para ampliación de plantas en Gendarmería (observaciones del señor Navarro)¿¿.
Problema ambiental por explotación de cantera en sector de río Andalién y valle Nonguén. Oficios (observaciones del señor Navarro)¿¿.
Participación de Consejeros de la CONADI en proceso de aprobación de Convenio Nº 169 de la OIT. Oficio (observaciones del señor Navarro)¿¿.
Concurrieró, además, el señor Ministro Secretario General de la Presidencia , don José Antonio Viera-Gallo Quesney.
Actuó de Secretario el señor Carlos Hoffmann Contreras, y de Prosecretario , el señor José Luis Alliende Leiva.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 85ª, ordinaria, en 22 de enero; 86ª, especial, y 87ª, ordinaria, ambas en 23 de enero, todas del año en curso, que no han sido observadas.
(Véanse en los Anexos las Actas aprobadas).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual comunica que se ausentará del territorio nacional entre los días 6 y 8 del mes en curso con el fin de asistir a la Vigésima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, que se efectuará en Santo Domingo , República Dominicana.	Informa, además, que durante su ausencia será subrogada, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , don Edmundo Pérez Yoma.	--Se toma conocimiento.	De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que aprobó el proyecto de ley sobre comercio ilegal, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 5.069-03).	--Pasa a la Comisión de Economía.	Siete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:	Con los cuatro primeros remite copia autorizada de las sentencias dictadas en relación con los siguientes proyectos de ley: el relativo a pesca recreativa (boletín N° 3.424-21); el que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías (boletín N° 4.321-07); el que enmienda la ley N° 20.022 y otros cuerpos legales con el objeto de reforzar la judicatura laboral (boletín N° 5.316-07), y el que crea el Sistema de Pensiones Solidarias, modifica la institucionalidad para tal efecto, incorpora cambios al régimen de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, y materias relacionadas (boletín N° 4.742-13).	--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.	Con el quinto envía copia de la sentencia recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulada en contra del inciso segundo del artículo 387 del Código Procesal Penal.	--Se toma conocimiento.	Con los dos últimos remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los siguientes preceptos: artículo 174 del Código Sanitario; artículos 6°, letra b), N° 6, y 115 del Código Tributario, y artículo 19, letra b), de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, de 1980.	--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.	De la señora Contralora General de la República subrogante, mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Bianchi, referido a la aplicación de la Ley de Subcontratación en la Duodécima Región.	Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el que contesta cinco oficios cursados en nombre del Senador señor Espina, acerca de información estadística relativa a diversos delitos ocurridos en el país en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2007.	Del señor Presidente del Tribunal Calificador de Elecciones subrogante, mediante el cual comunica la designación de nuevos integrantes de aquel por el período que indica.	Del señor Ministro del Interior , por el cual remite información semestral sobre políticas públicas y programas vinculados a la seguridad ciudadana en el país.	Del señor Ministro de Relaciones Exteriores , por el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, con referencia al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.	Del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, tocante a las medidas adoptadas para proteger la plataforma continental chilena.	Del señor Ministro de Defensa Nacional , mediante el cual responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Horvath, concerniente a la factibilidad de aumentar la dotación de personal de Carabineros de Chile en la Undécima Región.	Dos del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía:	Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Senador señor Horvath, sobre los altos costos de la energía en comunas y localidades de la Undécima Región.	Con el segundo contesta un oficio cursado en nombre del Senador señor Larraín, relativo a la instalación de una planta termoeléctrica en la comuna de Constitución, en la Región del Maule.	Del señor Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía subrogante, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Frei, tocante al decreto que fijó los precios de nudo para los suministros de electricidad.	Cuatro del señor Subsecretario de Transportes subrogante , a través de los cuales da respuesta a igual número de oficios remitidos en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la adquisición de barcazas y catamaranes destinados a resolver el problema de conectividad marítima entre las Regiones de Aisén y de Los Lagos; a los procedimientos para obtener certificados de homologación de los vehículos pesados que indica; al uso de luces diurnas en caminos, y a las medidas para solucionar la situación que afecta al sistema de transporte de trolebuses en la ciudad de Valparaíso.	Dos de la señora Directora del Servicio Electoral subrogante , con los que informa sobre la creación de nuevas juntas inscriptoras temporales en las comunas que indica.	Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) subrogante, mediante el cual remite nómina de convenios aprobados durante el año 2007 con las instituciones de educación superior que señala.	Del señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), por el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Navarro, con relación a los resultados de la aplicación de instrumentos de atracción de inversiones en las ciudades de Coronel, Arauco y Lota.	Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, atinente al pago del seguro obligatorio de accidentes de tránsito cuando un conductor atropella a un peatón y se da a la fuga. Del señor Ministro Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago , por el que comunica la designación del Ministro señor Haroldo Brito Cruz como Presidente de dicho Tribunal para el período comprendido entre el 1º de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009, e informa acerca de la instalación de las Salas correspondientes al año judicial 2008.	Del señor Ministro Presidente de la Corte Marcial de la Armada de Valparaíso , mediante el cual da a conocer la integración de ese Tribunal para el período que indica.	Del señor Alcalde de Puerto Montt y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Navarro, acerca de los problemas que afectan a los trabajadores de las empresas recolectoras de basura.	Del señor Presidente Nacional de Bomberos de Chile , mediante el cual responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, relativo a la construcción del cuartel de la Tercera Compañía de Chiguayante.	--Quedan a disposición de los señores Senadores.	De la señora Subsecretaria de Marina , con el que remite el octavo informe sobre la situación de las tropas chilenas que se encuentran en misión de paz en Haití.	--Pasa a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señores Espina, Horvath, Romero y Viera-Gallo, que modifica los artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental con el objeto de consagrar el sufragio como un derecho de los ciudadanos y su inscripción automática en los Registros Electorales, con urgencia calificada de "simple" (boletín N° 3.544-07).	De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de licencias de conducir entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Corea, suscrito en Seúl el 3 de mayo de 2007 (boletín N° 5.452-10).	--Quedan para tabla.	De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señores Navarro, Ávila, Girardi, Naranjo, Vásquez y Zaldívar para solicitar a la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que adopte un conjunto de medidas destinadas a fomentar el reciclaje de desechos electrónicos (boletín N° S 1.040-12).	--Queda para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.	De la Comisión de Obras Públicas, referido al viaje realizado por este órgano los días 10, 11 y 12 de enero de 2008 a Chaitén, Décima Región.
Moción del Senador señor Bianchi mediante la cual inicia un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el fin de otorgar el derecho a indemnización por años de servicios a los familiares de un trabajador fallecido.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en los números 4° y 6° del inciso cuarto del artículo 65 de la Carta Fundamental.
Moción del Senador señor Bianchi con la que inicia un proyecto de ley que destina recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional al financiamiento de proyectos de energías renovables no convencionales.
--Se declara inadmisible por corresponder a una materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República , de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución.
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la que solicita al Senado reabrir, hasta las 17 del día 11 del mes en curso, el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones (boletín Nº 3.975-13).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la Cuenta.
El señor CANTERO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.- Señor Presidente , le pido recabar el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discuta en general y particular durante el primer informe el proyecto de ley que consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet. Ello, atendido que dicho órgano técnico cuenta con un amplio acuerdo al respecto y, en concurso con el Gobierno, concordó un cuerpo de indicaciones que permitirán despachar la iniciativa en forma bastante expedita.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en los términos solicitados.
El señor BIANCHI.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, señor Senador.
Señor Presidente , respecto de dos mociones que presenté y que fueron declaradas inadmisibles durante la Cuenta de esta sesión, pido que se oficie a la Presidenta de la República para solicitarle que las patrocine.
Se enviará el oficio correspondiente.
Por acuerdo unánime de Comités, el Honorable señor Ominami expondrá acerca de las conclusiones del Seminario sobre Tendencias Financieras Recientes organizado por la OCDE.
Señor Presidente , quiero informar a la Sala que, en representación del Senado de Chile, concurrí al Seminario Parlamentario de Alto Nivel sobre Tendencias Recientes del Mercado de Capitales , organizado por la OCDE y realizado el 21 de febrero último en la ciudad de París, Francia.
Como esta Corporación se halla informada, Chile está realizando todas las gestiones necesarias para ser parte de esa organización de cooperación, que es, lejos, la más prestigiosa del mundo. En ella participan todos los países desarrollados. De América Latina, solo México es miembro pleno. Chile, junto con Brasil, buscan formalizar su ingreso.
A dicho Seminario acudieron más de cuarenta parlamentarios de naciones como Bélgica, Canadá , España , Finlandia, Francia, Grecia , Reino Unido, Corea , Estados Unidos, y, asimismo, de varios países de Europa del Este, como República Checa, Polonia y Rumania.
La copia del registro de participantes queda a disposición de la Secretaría de esta Corporación.
Tuve oportunidad de participar en un conjunto de debates, a partir de las introducciones que se hicieron acerca de las siguientes materias: aproximación general a los desarrollos financieros recientes; presentación muy específica sobre la crisis de los subprimes, que ha generado un gran debate a nivel internacional; estudio en cuanto a la necesidad de educación financiera de la ciudadanía; exposiciones respecto de los fondos soberanos (la forma como operan hoy día internacionalmente) y de las consecuencias del gran auge de los fondos de inversión, particularmente de países emergentes, y desafíos que esto plantea a los Poderes Públicos.
La gran conclusión del referido Seminario , señor Presidente , resulta de la existencia de la impresión mayoritaria en el mundo de los especialistas en cuanto a que estamos ante una crisis financiera que no es un episodio menor cuyas consecuencias vayan a desaparecer en forma rápida y a que, por el contrario, más bien hay que prepararse para un ciclo, que puede ser relativamente largo, de inestabilidad financiera a nivel internacional.
Tal crisis, que tiene su epicentro en la economía norteamericana, se ha ido ramificando hacia los otros centros de la economía mundial. Una expresión de ello es la corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento de prácticamente todos los países desarrollados.
Eso, como es natural, provocará un impacto en América Latina, y sobre todo en una economía tan abierta al mundo como la chilena.
La crisis tuvo un efecto particularmente fuerte en el sistema bancario. Un dato que para estos efectos resulta revelador -fue entregado por un experto durante el Seminario en comento- es el que señala -creo del caso tomar nota, señor Presidente - que los diez principales bancos del mundo perdieron solo en ese episodio alrededor de un tercio de su patrimonio. Como ejemplos, se pueden citar las pérdidas declarada por el Banco Merrill Lynch, de 22 mil 500 millones de dólares, y las del Citygroup, de 18 mil 100 millones, únicamente -reitero- en dicho episodio.
Hay que resaltar que son muchos los analistas que consideran que el conjunto del mercado crediticio norteamericano ha sido contagiado por la crisis de los subprimes. En este sentido -y también me parece un punto importante de destacar-, se levantaron muchas voces para criticar a las llamadas "agencias clasificadoras de riesgos", que construyen los mecanismos de rating internacional, las cuales son básicamente tres a nivel mundial. Estas no tuvieron capacidad de prever la crisis y mostraron una gran dosis de complacencia frente a prácticas que estaban poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
Aquí hay muchas personas que creen que existe una gran brecha entre la rigurosidad con que tales clasificadoras de riesgos analizan la situación financiera de los países en desarrollo y la complacencia que demuestran al examinar los niveles de riesgo de las grandes instituciones financieras, en especial los grandes bancos, como fue el caso en esta ocasión.
El escenario para los próximos años se anticipó volátil y con alto nivel de incertidumbre, donde un elemento fundamental será el comportamiento de la economía china. Esta, como se sabe, sigue generando altísimos niveles de ahorro que permiten el financiamiento de los déficits que genera la economía norteamericana; empero, existen serias dudas en torno a que este proceso pueda continuar de modo indefinido.
Desde ese punto de vista, se plantean como conclusiones especialmente relevantes para los Poderes Públicos, y en particular para los Parlamentos, las siguientes:
1.- Necesidad de continuar mejorando los mecanismos de fiscalización en el ámbito financiero.
2.- Necesidad de mejorar y afinar las políticas macroeconómicas. En este sentido, ha sido muy interesante y novedoso el llamado hecho por el nuevo Director Gerente del Fondo Monetario Internacional, quien, contradiciendo cierta tendencia conservadora muy propia del FMI, ha realizado un llamado para que todos los países que puedan hacerlo por la vía de la expansión fiscal ayuden a neutralizar la contracción monetaria que se está viviendo en el mundo.
3.- Ampliación de los niveles de competencia entre las agencias de rating, en forma de evitar los fenómenos de eventuales colusiones entre los bancos y aquellas, que, según ha quedado demostrado, no realizan siempre las auditorías y fiscalizaciones con la indispensable y suficiente profundidad.
4.- Por último, sigue fuertemente planteada la necesidad de que las naciones avancen en un tema clásico pero plenamente vigente, cual es la generación de una nueva arquitectura financiera internacional, sin la cual será muy difícil evitar la recurrencia de estos ciclos de crecimiento y expansión financiera seguidos, como está ocurriendo en la actualidad, de fuertes fases de volatilidad e inestabilidad.
En el Seminario en comento, junto con destacarse el imperativo de generar normas que les den a los países y a las instituciones financieras mayor capacidad de anticipación, se expuso la necesidad de que la preceptiva pertinente sea suficientemente equilibrada y flexible, de manera de no asfixiar la libre iniciativa y los procesos de innovación en este ámbito, que han sido particularmente dinámicos durante los últimos años.
Señor Presidente , me ha parecido del caso informar al Senado sobre las conclusiones de esa significativa jornada de trabajo organizada para los parlamentarios de los países pertenecientes a la OCDE en un área tan relevante como la de las tendencias financieras que operan hoy día en la economía internacional.
Proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, en primer trámite constitucional, que da el carácter de irrenunciables a los excedentes de cotizaciones de salud en las isapres, con nuevo segundo informe de la Comisión de Salud.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4423-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de la Senadora señora Alvear).
En primer trámite, sesión 44ª, en 16 de agosto de 2006.
Salud, sesión 44ª, en 28 de agosto de 2007.
Salud (segundo), sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
Salud (nuevo segundo), sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
Sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007 (se aprueba en general).
Este proyecto, que fue aprobado en general durante la sesión de 4 de septiembre de 2007, cuenta ahora con un nuevo segundo informe de la Comisión de Salud, donde se transcriben las constancias reglamentarias pertinentes.
Las enmiendas efectuadas por dicho órgano técnico al texto aprobado en general fueron acordadas por unanimidad, con excepción de la correspondiente a la indicación número 3, que sustituyó el artículo único, la cual resultó aprobada por tres votos a favor y dos abstenciones. Esta modificación será puesta en discusión y votación oportunamente por el señor Presidente .
Cabe consignar que las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión deben ser votadas sin debate, salvo que existan indicaciones renovadas o que algún señor Senador desee impugnar lo acordado por el órgano técnico.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan la norma legal que se modifica, el proyecto aprobado en general, las enmiendas propuestas por la Comisión y el texto final que resultaría de ser estas acogidas.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las modificaciones acordadas por unanimidad en la Comisión.
Corresponde ocuparse en las enmiendas efectuadas a través de la indicación número 3, que fueron resueltas por tres votos a favor, de los Honorables señora Alvear y señores Girardi y Ominami , y dos abstenciones, de los Senadores señora Matthei y señor Kuschel .
Cabe hacer presente que algunas partes de la indicación contaron con unanimidad. En tal caso se encuentra la siguiente frase: "El afiliado sólo podrá renunciar a ellos para destinarlos a financiar los beneficios adicionales tanto de los contratos que se celebren conforme al artículo 200 de esta ley, como de los contratos individuales compensados y de aquellos otros contratos que señale la Superintendencia de Salud mediante norma de carácter general".
También fue aprobado por unanimidad el siguiente texto: "En el inciso séptimo, que pasa a ser sexto, sustitúyese la frase `y devengarán el interés corriente para operaciones reajustables en moneda nacional a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 18.010... por la frase `y devengarán el interés promedio pagado por los bancos en operaciones reajustables de no más de un año, según lo informado por el Banco Central de Chile en el respectivo período...".
Como ya señalé, el resto de la indicación fue aprobado por tres votos a favor y dos abstenciones.
En la discusión particular, tiene la palabra la Honorable señora Alvear.
La señora ALVEAR .-
Señor Presidente , haré una breve reseña sobre el proyecto, para su adecuada comprensión.
Se trata de una iniciativa relacionada con los excedentes de las cotizaciones en las isapres. Regresó a la Comisión de Salud con el objeto de que se analizaran las indicaciones correspondientes, en relación con las cuales hubo un amplio acuerdo para aprobarlas.
La Honorable señora Matthei expresó que su abstención se debió a que quería tener mayor tiempo para una evaluación definitiva.
Todos los Senadores fuimos construyendo en conjunto la indicación que aparece en el texto, donde fueron recogidas cada una de las observaciones formuladas en la discusión particular.
Se modifican los artículos 188 y 203 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, con la finalidad de establecer que, toda vez que se produzcan excedentes en la cotización legal, con relación al precio de las garantías explícitas en salud y al del plan convenido, ellos serán de propiedad del afiliado, inembargables e incrementarán una cuenta corriente individual que la institución deberá abrirle, junto con aumentar la masa hereditaria en el evento de fallecimiento.
También se recogió en las indicaciones que el afiliado solo puede renunciar a los excedentes para destinarlos a financiar los beneficios adicionales, ya sea de los contratos colectivos o de los individuales compensados (los matrimoniales). Cualquier estipulación en contrario establecida en el contrato de salud previsional se tendrá por no escrita.
Los excedentes se cuentan ahora después de descontado lo correspondiente al AUGE. Así se expresa en el pago de esa prima, de manera que queden cubiertas las patologías si ellos existen.
Dentro del uso que se puede dar a la cuenta de excedentes, se agregó el pago de cuotas de los préstamos de salud que la isapre le hubiere otorgado al afiliado.
Además, se dispuso que si en las sucesivas adecuaciones anuales de los planes el monto de los excedentes por destinar a la cuenta corriente individual superare 10 por ciento del plan, la isapre estará obligada a ofrecer al afiliado uno alternativo cuyo precio se aproxime más al actualmente convenido.
Por otra parte, se reguló que, en caso de fallecimiento del cotizante, solo los herederos pueden disponer de los recursos existentes en la cuenta.
A la vez, se estableció un artículo transitorio que dispone un plazo de vacancia de 60 días para la ley y un mecanismo para afrontar la transición.
Con las indicaciones se deja en claro que los excedentes se producen después de pagar las garantías explícitas en salud, y no antes, como sucede en la actualidad.
Por otro lado, se mantiene la autorización de renuncia a ellos en los planes colectivos, porque en estos opera el principio de solidaridad entre los cotizantes.
También se propuso en las indicaciones ampliar los usos posibles de los excedentes. Así, se incluye, por ejemplo, el pago de préstamos de salud, el más importante de los cuales es el relativo a las prestaciones de urgencia, regulado en el artículo 173, inciso octavo y siguientes.
Otra indicación aclara lo relativo al cambio del plan. Se mantiene la regla del 10 por ciento, la cual señala que si el excedente sobrepasa ese porcentaje del plan en un período determinado, debe procederse al cambio.
Todas las indicaciones atinentes al nuevo segundo informe fueron aprobadas por unanimidad, lo que refleja el gran acuerdo registrado en la Comisión. Luego de la revisión de las presentadas por los señores Senadores se llegó a la redacción que se consigna. Y solo medió la abstención de la Honorable señora Matthei -repito- al objeto de darle una mirada definitiva al texto y de pronunciarse en la Sala.
Termino señalando que estamos frente a un gran proyecto, donde recogimos las observaciones y las sugerencias de la Superintendencia, además de escuchar a las isapres. Y se ha llegado, fruto del trabajo en la Comisión de Salud -aprovecho de agradecerlo, por cuanto no formo parte de ella-, a un consenso en torno a la iniciativa en análisis.
Señor Presidente , lo que ha expresado la Honorable señora Alvear es exactamente una descripción de lo que pretende el proyecto.
Se trabajó, en efecto, entre todos los miembros de la Comisión. Estábamos todos de acuerdo con la idea inicial de que las isapres no pueden quedarse ni con un peso de los excedentes, porque ello no corresponde.
Al principio había algunas discrepancias en cuanto a la forma, a los plazos, a qué se podían dedicar los recursos, etcétera. Pero, al final, todas esas diferencias fueron trabajadas de manera conjunta.
Por mi parte, tenía dudas respecto de una indicación y me abstuve, de manera de contar con un poco más de tiempo para estudiarla.
Sin embargo, ahora voy a votar a favor. Por lo tanto, estamos de acuerdo acerca de todo el proyecto, tal cual viene.
Señor Presidente , el proyecto perfecciona el sistema de salud privada y ayuda a establecer mayores garantías para los usuarios. Porque, en efecto, había recursos que les pertenecían y que no se estaban invirtiendo en ellos.
Creo que se debe valorar la iniciativa de la Honorable señora Alvear, que fue trabajada con mucha acuciosidad por el Ministerio, por la Comisión, por los distintos actores que participaron en el debate.
Considero que aún quedan temas pendientes. Todavía las isapres, por la vía del rechazo injustificado de licencias, capturan más de 10 mil millones de pesos correspondientes a los usuarios y a su derecho al reposo médico, el cual muchas veces se transforma en algo tan relevante como podría serlo una cirugía o un tratamiento.
Pero no tengo ninguna duda de que el proyecto avanza en cuanto a generar transparencia, restablecer derechos, reponer garantías y, en lo principal, mejorar la salud de las personas que han optado por ser beneficiarios del sistema de isapres.
Si le parece a la Sala, se acogerá el texto en examen.
--Se aprueba en particular el proyecto, quedando despachado en este trámite.
Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.983 y el decreto ley Nº 825, con el objeto de facilitar la factorización de facturas por pequeños y medianos empresarios, con segundo informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4928-26) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Economía, sesión 62ª, en 6 de noviembre de 2007.
Economía (segundo), sesión 84ª, en 16 de enero de 2008.
Sesión 64ª, en 13 de noviembre de 2007 (se aprueba en general).
Señores Senadores, la idea de legislar fue aprobada en sesión de 13 de noviembre pasado.
La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los números 3 y 4 del artículo único no fueron objeto de indicaciones ni de enmiendas, disposiciones que conservan el mismo texto aprobado en general, por lo que deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de los presentes, solicite someterlas a discusión y votación.
El número 3 reviste el carácter de norma orgánica constitucional y requiere para su aprobación los votos de 22 señores Senadores.
--Se dan por aprobados los números 3 y 4 del artículo único, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 22 señores Senadores se pronuncian a favor.
Todas las modificaciones efectuadas por la Comisión al proyecto aprobado en general se acordaron por unanimidad, de modo que, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador objete lo resuelto por dicho órgano técnico.
La letra b) del número 2 del artículo único también presenta el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 22 votos conformes.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado de cuatro columnas, que registran las normas legales pertinentes; el proyecto tal como se aprobó en general; las modificaciones introducidas en el segundo informe, y el texto final que resultaría de aprobarse lo propuesto por la Comisión.
Señor Presidente , el tema de fondo planteado en el proyecto es bastante complejo y fundamental: se trata del acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas.
No tuve ocasión de seguir en detalle el análisis de la iniciativa en la Comisión de Economía, pero considero que aparece como muy técnica y que, al final, resulta de mucha significación.
Y sobre eso quiero emitir un juicio.
En la actualidad nos encontramos con que el mercado formal y la todavía limitada "bancarización" -es decir, la posibilidad de que las empresas obtengan recursos directamente a través de los bancos- determinan que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a financiar sus operaciones, cuando les resulta posible, a través de mecanismos que, en la escala de prioridades, van bajando en jerarquía. Las que se hallan en mejor condición pueden hacerlo a través de las instituciones bancarias; luego existen algunas que recurren a los factorings de bancos; otras, a los factorings no bancarios, y las últimas, a los conocidos y viejos prestamistas.
De esta manera, el riesgo de transformarse, a la corta o a la larga, en una empresa inviable va en franco aumento, haciéndose prácticamente imposible superar las etapas de crecimiento a las entidades obligadas a acudir a factorings no bancarios o a prestamistas. Dadas las altas tasas de interés que estos cobran, se produce al final algo bien conocido y que varios señores Senadores han seguido en la Sala muy de cerca: la irreversibilidad de la insolvencia de las personas o empresas que llegan a tal situación.
Muchas de ellas, además de su reducida disponibilidad de recursos, de sus dificultades para generar información financiera, de su poca antigüedad, etcétera, no son sujetos de crédito en la banca tradicional, por lo que tienen que recurrir necesariamente al sistema financiero de segundo nivel, e incluso, al informal.
Lo que deseo exponer, señor Presidente , es que los mecanismos de factoring no bancario generan altísimos costos financieros. Desde mi punto de vista, junto con obligar a las empresas prácticamente a generar recursos para solventar sus propias deudas, en la actualidad operan dentro de una suerte de gran vacío legal.
Como dije al principio, no tuve ocasión de seguir en detalle el debate de la moción en la Comisión de Economía. Creo que está bien inspirada, al igual que la iniciativa que discutimos ayer respecto del cobro de intereses -tienen que ver con temas semejantes-, pero me parece que puede ser mejorada, básicamente, en tres aspectos.
En primer término, se requiere revisar la oportunidad de pago de las grandes empresas a sus clientes, obligándolas a asumir el costo financiero con tasas penales que deben pagar las pymes por el retraso en el cumplimiento a sus acreedores.
En segundo lugar, se debe aumentar la simetría de los mercados, igualando normas entre los factorings regulados y los no regulados.
Por último, estimo muy importante aumentar la transparencia en los mercados más informales, obligándolos a entregar liquidaciones con toda la información de los cobros y retenciones en el origen y en la liquidación de las respectivas operaciones, a fin de poder detectar la real tasa de interés que cobran, porque existe bastante evidencia de que, por distintos resquicios legales, los factorings no bancarios terminan violando, a veces de manera flagrante, la tasa de interés máximo convencional.
No sé, señor Presidente , si será posible darse un tiempo para perfeccionar el proyecto.
Señor Presidente , creo que no es necesario darse un tiempo. Y voy a explicar por qué.
En 2004 se dictó la ley Nº 19.983. ¿Qué establece ese cuerpo legal? Dos conceptos fundamentales. Señala que quienes están obligados a dar facturas deben entregar una copia para dos efectos: la transferencia y el mérito ejecutivo.
La finalidad de esos dos mecanismos es precisamente dar liquidez a los pequeños empresarios que carecen de acceso al sistema financiero.
¿Qué hace la iniciativa? Les otorga mayor certeza tanto a la transferencia del crédito como al mérito ejecutivo. Y la consecuencia de contar con mayor certeza jurídica dice relación a que el costo del instrumento será mucho más bajo que el actual.
Entremos al detalle.
La primera modificación se efectúa al artículo 3º de la ley Nº 19.983. ¿Qué preceptúa dicha norma? Que la copia de la factura, la cual es cedible, se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando cumple determinadas condiciones. Una de ellas es el transcurso de un plazo determinado si no media una objeción o tiene lugar una devolución.
Y transcurridos ocho o treinta días, según corresponda, si no se objeta la factura, queda irrevocablemente aceptada. Por lo tanto, no presenta ningún riesgo.
Pero ¿cuál es el que sí puede correr? Uno que la ley no previó: que se opongan excepciones personales al cesionario respecto del cedente, con lo cual la cesión siempre tendrá un margen de incerteza.
¿Qué hace el inciso que se propone agregar al artículo 3º? Otorga certeza a la copia, que es cedible. Señala: "Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma.". En consecuencia, la cesión será absolutamente segura.
Por otra parte, se introduce una modificación al artículo 4º de la ley en cuestión.
Dicho precepto dice: "La copia de la factura señalada en el artículo 1º, quedará apta para su cesión al reunir las siguientes condiciones:". Y, en seguida, fija dos requisitos. El segundo de ellos es la letra b), que expresa: "Que en la misma conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, rol único tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe, más la firma de este último.".
Pero muchas veces no es posible efectuar la cesión porque en la copia de la factura no figuran todos esos antecedentes. Para evitar tal inconveniente, la iniciativa propone agregar, al final de la letra b) del artículo 4º, la siguiente norma: "En el evento que se omitiere consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol único tributario o domicilio del comprador o beneficiario del servicio, se presumirá que son los que se consignan en la factura.". De esta forma, se otorga también absoluta certeza a la transferencia.
Pero eso no es todo, señor Presidente.
Además, se reemplaza el inciso final del artículo 4º, que señala que se tendrán por no escritas -serían nulas- todas las cláusulas que establezcan limitación a la transferencia. El nuevo párrafo es mucho más radical, pues consagra un procedimiento ante los juzgados de policía local; fija sanciones adicionales, y permite algo muy importante para los pequeños empresarios: que las asociaciones gremiales que cuenten con personalidad jurídica interpongan acciones judiciales. De este modo, no solo se otorga mayor certeza jurídica, sino que, adicionalmente, se brinda la posibilidad de que los pequeños empresarios se organicen y demanden en forma colectiva.
Por último, el artículo 5º, que establece el mérito ejecutivo de la copia de las facturas, también fue objeto de modificaciones importantes.
En síntesis, señor Presidente , habrá mayor certeza jurídica tanto de la cesión de la copia de la factura como del mérito ejecutivo de ella. Por lo tanto, se ha elaborado un instrumento que resulta mucho más barato y de mejor acceso.
Eso ha permitido que se desarrolle el factoring no bancario, que ha sido ampliamente pedido por las bolsas de productos agrícolas de manera urgente, lo cual resulta muy importante, en particular, para el sector agrario.
En consecuencia, al revés de lo señalado acá, yo despacharía de inmediato este proyecto, porque en nada obstaculiza, en nada debilita la aplicación de la ley Nº 19.983, sino que otorga mayor certeza jurídica tanto a la transferencia como al mérito ejecutivo de la copia de la factura.
Por eso, soy partidario de aprobar la iniciativa ahora, sin perjuicio de las modificaciones que en el futuro se puedan introducir.
Señor Presidente , en la línea de lo planteado por el Senador señor Orpis , quiero manifestar el respaldo de la bancada de Renovación Nacional a la normativa que nos ocupa.
Cuando dimos mérito ejecutivo a las facturas, lamentablemente nos fuimos encontrando con distintas situaciones que al final terminaban entorpeciendo e, incluso, evitando que ello ocurriera. A modo de ejemplo, se establecía como condición para la compra que el instrumento no fuera cedible. De lo contrario, no se compraba.
Tampoco se indicaban, ex profeso, todos los datos. Y si ellos no figuraban, entonces la factura no cumplía con los requisitos para ser cedible y, por tanto, resultaba imposible recuperar en un tiempo menor los dineros por la vía del factoring.
En definitiva, se buscaba una y otra argucia para evitar que los pequeños empresarios, pequeños agricultores que entregan verduras y frutas a determinados supermercados, contaran con su plata a la brevedad posible mediante el factoring. Y muchas veces han debido esperar hasta 120 días para recibir aquel pago, fruto de su trabajo, de su esfuerzo.
Por eso, quiero resaltar la norma que reemplaza el inciso final del artículo 4º, que dice: "Se prohíbe todo acuerdo, convenio, estipulación o actuación de cualquier naturaleza que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura.". Esto significa que toda factura correctamente emitida podrá ser aceptada por un factoring y reconocida como elemento de crédito. Así, los pequeños y medianos empresarios dispondrán de financiamiento mucho antes.
Agrega dicha disposición: "Asimismo, queda prohibida la retención, destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia cedible de la factura, así como la no entrega del recibo señalado en la letra c) del artículo 5º.", que es la recepción de las mercaderías. "En caso de infracción, el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del infractor aplicará una indemnización en favor del requirente, por el monto equivalente a dos y hasta cinco veces el valor de la o las facturas objeto de la infracción.".
Y sigue algo muy importante, como lo destacó el Senador señor Orpis : "El propio afectado, cualquier interesado, y las asociaciones gremiales u otras que representen a empresarios de cualquier tipo, siempre que gocen de personalidad jurídica, podrán incoar la acción judicial tendiente a la aplicación de esta sanción...". Ello, porque muchas veces un pequeño agricultor, un pequeño artesano o un pequeño comerciante no se atreve a presentar una denuncia en contra de grandes empresas ante el juzgado de policía local. Pero sí podrá hacerlo a través de la cámara de comercio correspondiente, de la asociación de productores respectiva, de la asociación de comerciantes de ferias libres pertinente, etcétera.
En consecuencia, el hecho de que se entregue la facultad para llevar adelante acciones judiciales no solo al propio afectado, sino también a asociaciones gremiales o a cualquier otra organización que lo apoye y que goce de personalidad jurídica, a mi juicio, constituye otro avance muy importante para que las facturas sean lo que verdaderamente representan: dinero contante y sonante.
¡Eso es lo que queremos para la pequeña y mediana empresa! Por ello, expresamos nuestro apoyo a esta iniciativa.
Señor Presidente , gran parte de lo manifestado por los Senadores señores Orpis y García refleja exactamente lo ocurrido en la Comisión de Economía.
La verdad sea dicha, en este proyecto existe una tendencia a hacer autónomo el contrato de provisión, compra, venta o prestación de servicios celebrado entre las partes respecto del instrumento que representa la necesidad de pago de dicha compra o prestación de servicios.
En la iniciativa se expresa fundamentalmente la visión que tuvo la Comisión de Economía: que la factura se transforme en un título autónomo, que tenga libre circulación, que posea pleno valor y, cumpliendo los requisitos correspondientes, que goce de mérito ejecutivo.
El señor ORPIS. -
¡La copia de la factura!
Me aclaran que se trata de la copia. Pero yo entiendo la factura como un documento global, cualesquiera que sean sus ejemplares. Es una norma similar a la que existía en la Ley sobre Letras de Cambio y Pagarés.
El proyecto en debate, señor Presidente , fue presentado a raíz de que las grandes empresas adquirentes recurren a distintos mecanismos -fundamentalmente, impedir que se otorgue la copia cesible o que se completen los términos o cláusulas pertinentes- para evitar la factorización o la cesión de las facturas. Con ello incurren en incumplimiento del plazo comprometido en el documento, el cual muchas veces se encuentra establecido en la orden de compra o en la de colocación o venta. De este modo, en definitiva, los pequeños terminan financiando a los grandes.
En consecuencia, el sentido de las modificaciones propuestas es que las facturas cumplan efectivamente con dos objetivos principales: uno, respetar los plazos y las convenciones que nacen del acto original, en monto y en tiempo, y dos, constituir una especie de título de comercio, aunque no alcancen esta naturaleza, por la especial circunstancia de ser emitidas no por quien debe la suma de dinero contenida en ella, sino por el acreedor. Por tanto, las facturas se acercan a los títulos de crédito, pero no alcanzan exactamente su nivel.
Tuvimos largas discusiones acerca de qué convenía más o qué convenía menos. Yo era partidario de ir más allá. El propio Ministerio de Economía sugirió, a propósito de lo indicado por empresas de factoring y la Bolsa de Productos Agropecuarios, que fuéramos más lentos en el proceso de cambio. Pero, en definitiva, hubo acuerdo en la necesidad de introducir las modificaciones contempladas en la iniciativa, para que efectivamente los pequeños y medianos productores, comerciantes y proveedores fueran los verdaderos favorecidos con esta enmienda legal.
De ahí que incluso se pensó en la posibilidad de incorporar una acción colectiva -bien se refirió a ella el Senador señor García - similar a la establecida en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para los efectos de cobrar lo adeudado, a fin de evitar los abusos personalizados que los grandes efectúan respecto de los medianos y los chicos.
Por ello, señor Presidente , aprobaré el texto tal como lo despachó la Comisión y solicito que la Sala haga lo mismo.
Señor Presidente , un sector muy importante de la actividad económica chilena se halla impedido de ser sujeto de crédito. Se trata de los pequeños y medianos empresarios, particularmente del sector agrícola. Desde esa perspectiva, no me cabe la menor duda de que nosotros debemos buscar, de un modo directo y claro, la fórmula para que esas personas tengan la posibilidad de conseguir un crédito. Porque, cuando van a un banco, siempre reciben la misma respuesta: "Usted no reúne las garantías necesarias para obtener crédito".
Y esa es una realidad del porte de una catedral.
Por eso, la Bolsa de Productos Agropecuarios, que tuve el honor de iniciar a través de un proyecto, está cumpliendo plenamente el objetivo de que tales sectores puedan, en definitiva -y estoy hablando de los pequeños y medianos productores, en general-, conseguir ser sujetos de crédito.
En otros países, como Italia y Francia, existe una suerte de subsidio de parte del Estado a través de la creación de bancas especializadas para ayudar a los pequeños y medianos agricultores. Y siempre hay una que cumple con la especificidad requerida.
En nuestro caso, la Bolsa de Productos Agropecuarios permite que quienes desarrollan una pequeña o mediana actividad hagan líquidos sus recursos mediante la negociación de sus letras de crédito, las cuales operan sobre la base de lo que nosotros gestamos en el Senado a propósito de la iniciativa referente a dicha Bolsa.
Por consiguiente, refrendamos lo manifestado por el Honorable señor García , quien está a cargo de este tema en la Comisión de Economía, en cuanto a que el proyecto en discusión cuenta con todo nuestro respaldo.
Señor Presidente , tengo la impresión de que todos estamos contestes en que esta es una muy buena iniciativa, que en lo esencial da carácter ejecutivo a la factura y, por tanto, permite mayor acceso a la industria de la factorización, básicamente, a sectores de la pequeña y mediana empresa que no se hallan vinculados al sistema bancario formal.
Por tanto, ese punto queda despejado.
Sin embargo, me hace peso el planteamiento del Honorable señor Ominami en el sentido de que el proyecto puede ser mejorado, no en los aspectos que aborda directamente, sino mediante la incorporación de normas que perfeccionen el factoring.
La ley sobre factoring -me tocó participar activamente en su discusión en la Comisión de Economía- representó un avance respecto de las normas que existían sobre la materia. Pero ya ha pasado algún tiempo desde su dictación y resulta evidente que la regulación todavía es insuficiente.
En particular, urge abordar un punto indicado por el Senador señor Ominami que me parece de la máxima importancia: exigir mayor transparencia en el costo del factoring, cuestión que muchas veces queda completamente oscurecida. Tengo la impresión de que, técnicamente, ese no debería ser un asunto difícil de resolver. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que los empresarios que usan el factoring a lo menos tienen derecho a que haya efectiva transparencia respecto de cuál es el interés que están pagando por utilizar ese vehículo de financiamiento.
Por lo tanto, tal vez sería conveniente dar un plazo corto -para ello se requeriría el acuerdo de la Sala- para que la Comisión de Economía proponga alguna mejoría, consensuada y razonable, en cuanto a la regulación general del factoring.
Ello se podría concretar en otro proyecto, pero tomaría un tiempo mucho más largo. Entonces, ya que existe gran acuerdo acerca de la iniciativa en debate, pido que se recabe el asentimiento de la Sala para que aquella vuelva a la Comisión con el objeto de que en un plazo breve, si hay consenso, introduzca modificaciones que mejoren la legislación sobre factoring. De lo contrario, cabría despachar el proyecto tal cual está, por cuanto todos coincidimos en que constituye un avance en las materias que aborda.
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Sí, con la venia de la Mesa.
Puede hacer uso de la palabra, señor Senador.
Señor Presidente , complementando lo expresado por el Senador señor Gazmuri , si hubiera disposición en la Sala, se podría fijar un plazo de no más allá de dos semanas.
El tema de fondo es el siguiente.
Creo que todos estamos de acuerdo con el mérito ejecutivo de la factura y todo eso. Es un perfeccionamiento del sistema. No hay ninguna duda al respecto.
La inquietud que estamos planteando es que el factoring no bancario presenta muchos vacíos y que, por mucho que perfeccionemos el sistema en otros aspectos, no vamos a hacernos cargo de la cuestión de fondo, que es la gran diferencia que existe en los costos financieros -y es la afirmación que quiero hacer- para las empresas de factoring bancario respecto de aquellas pertenecientes al factoring no bancario.
Y las empresas que entran en el sistema de factoring no bancario -porque no cuentan con otra alternativa- tienen una altísima probabilidad de terminar trabajando para pagar sus deudas.
Entonces, no nos engañemos.
Lo del mérito ejecutivo de las facturas está bien. Es un perfeccionamiento, al igual que lo indicado aquí respecto de las Bolsas de Productos Agropecuarios.
Pero, si estamos legislando sobre la materia; si ayer despachamos un proyecto iniciado en una antigua moción del entonces Senador señor Bombal , que busca poner límite a la usura en materia de cobro de intereses; si estamos abordando aquí otros mecanismos de financiamiento, tratemos de hacerlo bien.
A mi juicio, hay bastante evidencia, señor Presidente , que muestra que el factoring no bancario todavía opera en condiciones de vacío, lo cual efectivamente lo pone en una categoría muy distinta de la del financiamiento bancario o del factoring bancario. Las condiciones en que opera se parecen más a aquellas donde realizan sus actividades financieras los prestamistas que a las condiciones formales en que se desenvuelven los bancos.
Por eso, planteo que nos demos un par de semanas para ver la posibilidad de mejorar el proyecto en tal ámbito. Por de pronto, ya indiqué tres líneas a través de las cuales pudiera realizarse, Creo que con ello esta iniciativa ganaría en profundidad y en contundencia, sin sacrificar el loable esfuerzo de la Comisión de Economía.
Reitero la petición de darnos un par de semanas a objeto de mejorar este proyecto. Creo que estamos en condiciones de hacerlo.
Señor Presidente, quiero hacer un comentario relacionado con el número 2, letra a) del proyecto, que dice: "En el evento que se omitiere consignar en el acto de recibo el nombre completo, rol único tributario o domicilio del comprador o beneficiario del servicio, se presumirá que son los que se consignan en la factura. Si se omitiere consignar el recinto de entrega, se presumirá entregado en el domicilio del comprador o beneficiario del servicio señalado en la factura.".
¿Cuál es la explicación de estas presunciones? El hecho de que, aparentemente, ciertos adquirentes usan el artilugio de no poner sus datos completos en la factura. Y eso implicaría, dado el formalismo de nuestro sistema, que ella no sea aceptada para el factoring.
Entonces, frente a la actuación torcida de algunos, el legislador dice: "Vamos a corregir este asunto, y nos pondremos en todos los casos".
Yo pregunto, ¿qué va a pasar cuando la actuación torcida o fraudulenta corresponda a quien emite la factura, y, por ejemplo, le diga a un fulano cualquiera: "Oye, ponme aquí Juan Pérez ; recibido"? Y como no aparece RUT ni otro dato que permita identificar al comprador o beneficiario, la ley presume que este recibió la mercadería en su domicilio. Sin embargo, el del comprador puede corresponder a una oficina en el duodécimo piso de un edificio y lo que se está entregando son 10 mil toneladas de trigo.
¡Pero la ley presume!
En nuestro país tenemos el defecto de pensar que todos los casos los podemos solucionar mediante una norma legal, en circunstancias de que la mala fe hay que atacarla de otra manera. Si algún comprador usa deliberadamente el artilugio de escribir mal su RUT u omitir algún dato exigido por la ley, debiera ser sancionado por actuar de manera torcida,
Pero no creamos que solucionaremos el problema estableciendo presunciones, porque a lo mejor vamos a brindar la posibilidad de que otros hagan el fraude.
Mañana nos podremos encontrar con que se acaba el mercado del factoring. Porque puede ser tal la cantidad de facturas circulando -debido a que alguien se dedicó a fabricarlas y a ponerles un timbre de recepción sin consignar todos los datos, presumiéndose la veracidad de los que figuran en la factura- que al final mataremos a la gallina de los huevos de oro, con lo que nadie confiará en nada.
Por eso, cuando entramos en este tipo de reglamentación debemos prever las consecuencias que pueden producirse. Porque yo creo que empezar con presunciones de esta índole, podría dificultar el factoring más que facilitarlo.
Señor Presidente , quiero recordar que nosotros aprobamos la ley Nº 19.983, publicada el 15 de diciembre de 2004, relativa precisamente a factorización y a cómo comercializar las facturas. Pero la normativa ha operado para las empresas grandes y no para las pequeñas.
Por eso, diez señores Diputados, de todos los partidos políticos, presentaron esta iniciativa, cuyo objetivo es la adecuación de la citada ley para que beneficie a las pequeñas empresas. Y se corrigen todas las dificultades que impedían hacerla operativa.
Como señaló el Senador señor Romero , muchos pequeños agricultores venden sus productos a grandes empresas, como Líder, por ejemplo. Pero como les pagan a 60, 90 ó 120 días, quedan sin capital y a brazos cruzados.
Entonces, con la copia de la factura que emiten pueden hacer plata en forma más expedita, sin los requisitos que la ley venía aplicando.
¡"Más o menos no más", acota el Senador señor Ominami!
Esa es la finalidad del proyecto. En ese aspecto, nosotros estamos llanos a aprobarlo como está concebido. Pero también acogemos la sugerencia de perfeccionamiento hecha por los Senadores señores Ominami y Gazmuri .
Estamos totalmente dispuestos a dar un nuevo plazo para su despacho, y evitar así la promulgación de una nueva ley que venga a perfeccionar esta. Porque la presente iniciativa ya significa una rectificación de una anterior.
No importa si nos demoramos 15 días más. Lo esencial es que despachemos una buena ley que beneficie a los pequeños y medianos productores.
Adhiero, señor Presidente , a la petición formulada.
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
Señor Presidente , en mi opinión, con este proyecto corremos el riesgo de otorgar patente de legalidad a muchos prestamistas que abusan de la falta de regulación en que se desenvuelven, aunque ahora con un nombre más glamoroso: "factoring no bancario".
¡Pero son los mismos prestamistas de siempre!
De ahí que considero razonable sacar del estado de neurosis en que se encuentra al Senador señor Orpis para aprobar aceleradamente la iniciativa, y conceder un plazo razonable, dado que el Honorable señor Ominami ha ofrecido estudiar una indicación, a fin de mejorar algunos aspectos del proyecto.
Ojalá ese acuerdo pudiera ser posible, porque muchos de los agricultores mencionados aquí y también pequeños industriales que se relacionan con las grandes cadenas del retail han pasado a ser, en la práctica, esclavos de las arbitrariedades que se cometen en ese sector cada vez más concentrado de nuestra economía.
Y naturalmente esa clase de abusos también debe ser abordada desde un punto de vista legislativo. Entiendo que en la Comisión de Economía -no sé si de la Cámara de Diputados o del Senado- estaría en estudio una iniciativa para limitar los plazos de pago -hoy muy abusivos- por parte de esos sectores del retail. Si así fuere, sería algo alentador y habría que propiciar un rápido trámite de un proyecto de esa naturaleza.
Volviendo al que nos ocupa, quiero solicitar a los Honorables colegas que han abogado por su rápido trámite que acojamos la propuesta hecha por el Senador señor Ominami y después de eso volvamos a discutir el asunto.
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
Señor Presidente , recogiendo lo expresado por los señores Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, no me cabe duda de que quienes han solicitado que este proyecto sea votado hoy lo hacen con la más sana intención de dar urgente solución a la dificultad señalada.
Entonces, ¿por qué no acoger lo sugerido por el Senador señor Ominami en orden a perfeccionarlo mucho más? ¿Cuál es el problema de esperar un par de días para un mejor resultado de lo realizado en esta importante iniciativa?
Llamo a aceptar lo propuesto ojalá unánimemente para poder formular las indicaciones respectivas, las cuales no tienen otro objetivo que optimizar aún más la normativa en debate con el objeto de entregar una mejor solución a quienes atraviesan por la difícil situación planteada.
El Honorable señor Ávila dijo aquí que muchas personas a veces deben negociar el pago de su factura a 90 días. Pero el problema -más allá del plazo de cancelación- se encuentra en las 89 noches que tienen que pensar en cómo pagar lo que adeudan, porque los días pasan rápido y las noches, más lentas. En efecto, la mayoría de esos pequeños emprendedores se ven con muchísimas dificultades para enfrentar el día a día económico debido a que las grandes cadenas comerciales hacen uso y abuso de las circunstancias descritas.
Por lo tanto, señor Presidente , yo apruebo todo lo que apunte a perfeccionar el proyecto. Me gustaría que lo sugerido -ojalá- se acoja por unanimidad.
¿Existe acuerdo en la Sala sobre el particular?
Entonces, habría que pronunciarse sobre la proposición.
Señor Presidente, quiero hacer uso de la palabra.
Su Señoría ya ocupó su tiempo.
No queda más que votar.
Señor Presidente , ¿puedo intervenir y conceder una interrupción al Senador señor Orpis?
Puede hacer uso de ella, señora senadora.
Señor Presidente , por su intermedio, le concedo una interrupción al Senador señor Orpis.
Señor Presidente , tengo el mejor ánimo para perfeccionar el proyecto en todo lo que sea necesario. Pero no estoy de acuerdo en la línea planteada por el Senador señor Ominami , porque todo lo relativo al factoring tiene una normativa distinta de la que nos ocupa, que se refiere a la transferencia y mérito ejecutivo de las facturas.
De tal manera que si se desea mejorar esto último, bien; pero otra cosa distinta es entrar a analizar el costo de las empresas de factoring, lo cual es materia de otro cuerpo legal radicalmente diferente.
Por lo tanto, el asunto se va a alargar y atrasar indefinidamente, porque se trata de normativas disímiles. En cambio, si se quiere depurar el tema de la transferencia y del mérito ejecutivo de la factura -que es el objetivo de la ley Nº 19.983, y lo que nosotros hemos estudiado-, yo no tengo ningún inconveniente. Pero examinar la legislación sobre empresas de factoring -que es completamente aparte-, a mi juicio carece de sentido.
En concreto, señor Presidente , si se va a perfeccionar esta iniciativa, no tengo problema alguno en conceder un plazo adicional para formular indicaciones. Sin embargo, no estoy de acuerdo en otorgarlo para estudiar otros cuerpos legales.
Señor Presidente, deseo retomar el uso de la palabra.
Puede hacerlo, señora Senadora.
Señor Presidente , a mi juicio no hay nadie en la Sala que no esté consciente de la falta de capital de los pequeños proveedores y, además, de su muy difícil acceso al crédito. Por lo tanto, el factoring, en la medida en que sea justo, es una solución para ellos. Y de ahí que todos deseamos que la iniciativa en debate funcione bien.
Ahora, si efectivamente se presentan problemas con las facturas, deberá estudiarse la situación. Pero hoy día se han presentado algunas dudas en cuanto a si a lo mejor la trampa pensada en un sentido podría transformarse finalmente en otra distinta, lo que no es la idea.
Entonces, lo más lógico es que se perfeccione todo esto en el entendido de que es el ánimo existente en general, y no se trata de demorarse meses y años por incluir más cosas en la normativa. Lo que interesa es que resulte positiva.
Así es que por lo menos yo estaría de acuerdo en la idea de conceder un plazo adicional.
Habría acuerdo, señor Presidente , pero acotado en los términos mencionados.
Si le parece a la Sala, el proyecto volvería a la Comisión de Economía, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el 17 de marzo, a las 12, en la Secretaría de dicho organismo.
Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Horvath y Prokurica y del entonces Senador señor Viera-Gallo, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente .
--Los antecedentes sobre el proyecto (3286-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley: (moción de los Senadores señores Horvath y Prokurica y del ex Senador señor Viera-Gallo).
En primer trámite, sesión 10ª, en 9 de julio de 2003.
Medio Ambiente y B. Nacionales, sesión 55ª, en 3 de enero de 2005.
Medio Ambiente y B. Nacionales (segundo), sesión 88ª, en 4 de marzo de 2008.
Sesión 56ª, en 4 de enero de 2006 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general en sesión de 4 de enero de 2006 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que consigna, en su primera página, las pertinentes constancias reglamentarias.
La modificación efectuada por aquella al texto de la iniciativa aprobada en general consiste en agregar una nueva materia que deberán tener en cuenta los estudios de impacto ambiental, cual es una descripción circunstanciada de la forma en que el proyecto o actividad considerados para su calificación, se compatibiliza con las políticas o estrategias de planificación territorial, incluyendo las de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero dictadas o sancionadas por los órganos de la Administración del Estado competentes.
Tal enmienda fue acordada por unanimidad, por lo que debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador objete lo aprobado por la Comisión o haya una indicación renovada.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben los artículos pertinentes de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el proyecto aprobado en general; la modificación efectuada en el segundo informe, y el texto final que resultaría de aprobarse dicha enmienda.
Señor Presidente, pido la palabra para una cuestión reglamentaria.
Señor Presidente , solicito que respecto del numeral 2) -que figura en la última columna de la página 5 del boletín comparado- la última frase sea objeto de discusión y votación separada.
¿A qué frase se refiere Su Señoría?
A la final que dice: "quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación.".
Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la enmienda acogida por unanimidad en la Comisión, con excepción de la frase final del artículo 15, respecto de la cual el Senador señor Allamand ha pedido debate y pronunciamiento separado.
La Comisión propone en el número 2 agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 15 -ya estaba aprobado así en general-, que dice: "Los funcionarios integrantes de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, deben fundar sus actuaciones y votos como miembros de dichas comisiones exclusivamente en los antecedentes y procedimientos establecidos en la presente ley, quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación.".
Respecto de esta frase final, el Honorable señor Allamand ha solicitado votación separada.
Pido la palabra para referirme a un punto anterior.
Señor Presidente , hay una serie de casos en los que es evidente que la autoridad jerárquica superior influye o pretende influir en la resolución que tome un integrante de la Comisión Regional del Medio Ambiente sobre un proyecto sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental.
Por ejemplo, en la Quinta Región, un Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales se opuso a un proyecto en que se iba a utilizar petcoke, neumáticos usados, por el grado de contaminación que produciría en una planta. Y ese voto en contra, sencillamente, significó que el Ministro del ramo le pidiera la renuncia.
A nuestro juicio, al igual que en el Poder Judicial , aquí hay una instancia regional y otra nacional. Un Ministro de Estado , como miembro titular de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, a través del Consejo Directivo, tiene la posibilidad de fundamentar su posición en esta instancia, pero sin interferir con la del nivel regional.
Ahora bien, esto se entiende al margen de que los cargos regionales son de confianza de los Ministros y de que debe existir una buena relación entre ambos. Sin embargo, cada ente regional tiene que actuar dentro de los ámbitos de su competencia, sobre todo cuando se refiere a un tema medioambiental. Tanto es así, que si Sus Señorías revisan el informe pertinente, verán que la señora Ministra emitió un instructivo el 14 de marzo 2007, indicando justamente que los integrantes de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente deben fundamentar sus votos y regirse por las atribuciones que les son propias. Por lo tanto, se entiende que no pueden ser objeto de presiones o de órdenes de sus superiores jerárquicos al respecto.
Sin embargo, pienso que ello no tiene que quedar solo en una instrucción de carácter administrativo, sino que ha de estar reflejado en la ley.
Por eso, respaldo la frase que se ha pedido votar separadamente.
El señor VIERA-GALLO ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , este tema es extremadamente complejo, y me tocó discutirlo en su momento, cuando fui miembro de la Comisión.
La verdad es que ahora el Gobierno está preparando un nuevo proyecto sobre la institucionalidad medioambiental, el que esperamos enviar al Parlamento en junio próximo.
Cuando se dictó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, no se logró consagrar una forma imparcial y completamente técnica de evaluación de los estudios de impacto ambiental. En todo caso, los problemas surgidos durante estos años han sido menores. Si nos atenemos a la cifra entregada en su minuto y que está en el informe -al parecer se dice que son 70 millones de dólares-, solo respecto del 3 por ciento ha habido inconvenientes o discrepancias.	Y esos inconvenientes han sido, a veces, de gran trascendencia pública.
Dentro del actual sistema, es bastante difícil que el Seremi, quien debe decidir a nivel local, lo haga con plena y total autonomía de su superior jerárquico. Porque si se coloca la frase "quedando prohibido a sus superiores impartirles órdenes de votación", no cabe la menor duda de que por ser un funcionario de confianza, la autoridad superior tendrá la legítima atribución para destituirlo si estima que el criterio empleado por aquel en determinadas circunstancias no es el adecuado.
Es muy difícil establecer legalmente un ámbito de autonomía, cuando en el Estatuto Administrativo y en la norma del Estado el funcionario es de la absoluta confianza del superior. O sea, el propósito es loable, pero dentro del actual sistema es muy difícil de alcanzar, aun cuando se incluya la citada frase.
Es probable que el Ministro respectivo, quien está muy convencido de la importancia de aprobar una obra, tal vez por un interés de bien público, no dé una instrucción de voto, sino que haga presente la relevancia del proyecto, haciendo presente algún requerimiento urgente.
Distinguir entre orden de voto y el hecho de decir al funcionario de rango inferior cuál es la necesidad del país, es muy difícil de precisar. Por tanto, esta norma puede llegar a ser completamente inaplicable.
De ahí que planteamos un cambio completo del sistema de estudio de impacto ambiental. La idea en el nuevo diseño es crear el Ministerio del Medio Ambiente con un carácter normativo. Asimismo, se establecen dos servicios ejecutivos: uno, que se va a ocupar única y exclusivamente del estudio del impacto ambiental y, otro, encargado de la administración de las áreas silvestres protegidas. También habrá una Superintendencia que tendrá facultades fiscalizadoras, especialmente del cumplimiento de las normas que dicte el Ministerio. Esa arquitectura se someterá a discusión del Congreso, y estoy seguro de que se formulará más de alguna observación. Porque lo lógico sería que en la decisión final sobre los estudios de impacto ambiental no interviniera la autoridad política, sino otra, que podría ser un tribunal contencioso administrativo, o una distinta, independiente del Gobierno.
Deseo repetir algo que sostuve cuando era Diputado y se discutió la ley en cuestión, impulsada por el entonces Ministro Boeninger : si el Gobierno decide hacer una obra portuaria o una autopista o una represa, es absurdo que sea el propio Gobierno quien decida al final el estudio de impacto ambiental.
Para quienes no sepan lo que pasó en la República Popular China con la famosa represa Las Tres Gargantas, les recuerdo que, cuando las autoridades de ese país optaron por construirla y trasladaron a 3 millones de personas, simplemente tomaron la decisión.
No es una nación a la cual queremos imitar en los procedimientos, pero no cabe la menor duda de que si un Gobierno determina ejecutar una obra, es muy difícil que después se autolimite en su decisión so pretexto de un estudio técnico. Por lo tanto, quien tenga que decidir al final ha de ser una autoridad independiente de la gubernamental.
Ahora bien, esa será la gran discusión que se llevará a cabo en su momento cuando llegue aquí -así lo espero- el proyecto de creación del citado Ministerio y la nueva institucionalidad, tal como lo ha pedido la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Por eso, el hecho de que esa frase esté o no en el proyecto es, en definitiva, algo que no reviste mayor implicancia práctica.
Señor Presidente , el proyecto en debate es muy importante. Y aunque estamos en el segundo punto, deseo referirme al primero. Por eso había pedido la palabra con antelación.
Simplemente, quiero hacer la siguiente reflexión.
¿De qué sirve establecer la obligación de que haya una descripción detallada de la forma en que el proyecto o actividad considerado para su calificación se compatibiliza con las políticas o estrategias de planificación territorial, incluyendo las de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero, si en la gran mayoría de las Regiones no existe un ordenamiento territorial ni una zonificación? ¿Qué tipo de actividades económicas se pueden realizar en un lugar o en otro?
Me parece buena la intención. Pero con el Senador señor Chadwick -está presente también en la Sala el Diputado señor Bauer - sabemos que en nuestra Región ha habido constantes conflictos entre distintas actividades económicas.
Cuando se quieren desarrollar ciertos proyectos que atentan contra la actividad exportadora, especialmente en zonas frutícolas, como la construcción de centrales termoeléctricas, nos encontramos con que no existe ordenamiento territorial, no se cuenta con dichos instrumentos. Los gobiernos regionales no tienen obligación al respecto.	Estimo que el proyecto, en el papel, es bien intencionado, pero en términos reales no afecta mayormente las cosas que se hacen.
En todo caso, deseo referirme al inciso final nuevo del artículo 15, que también constituye una buena intención.
Lo que ocurrió en la Quinta Región -situación a la que aludió el Senador señor Horvath - es un juego de niños comparado con lo que aconteció con el proyecto "La Candelaria" en la Sexta Región, donde se torció la ley y se obligó a una Seremi a votar en cierto sentido. Y después se mintió al organismo regional y se le impuso un proceso de toma de decisiones para autorizar una central termoeléctrica, la cual -según se dijo- iba a utilizar determinado combustible, que no se usó porque estaba fuera de norma al tratarse de una zona de latencia, y se aplicó otra norma.
El proyecto está bien intencionado y representa un avance; pero soy partidario de modificar la institucionalidad. Siento que deberíamos esperar antes de progresar en su estudio y que el Ejecutivo se comprometa a entregar la propuesta en el plazo -según entiendo- de un mes como máximo.
Por ello, no tiene mucho sentido proseguir con el análisis de la iniciativa si existe el compromiso de cambiar la institucionalidad en determinada fecha. Porque, en verdad, un Seremi tiene dos almas: depende del Ministro y posee una opinión técnica debido a que conoce la Región. Por lo tanto, si se va a mantener la actual institucionalidad, aunque aprobemos el proyecto no se resolverá el problema.
No me gusta que desde Santiago o desde un Ministerio se ordene a un Seremi cómo votar. Si hubiera una materia que revistiera mucho interés, existen otros mecanismos para resolver en contra de lo que se piensa en la Región. Sin embargo, -reitero-, lo principal es modificar la institucionalidad.
Señor Presidente , si no hay una opinión en contrario, propongo suspender el tratamiento de la iniciativa hasta que el Ejecutivo ...
Así es, pero aquí vamos a aprobar algo que no tiene ningún sentido si no se cambia la institucionalidad, que es la cuestión de fondo.
Considero un error proseguir con el análisis del proyecto. Si se desea enviar una señal, lo comparto, pero debemos innovar en materia de evaluación de los estudios de impacto ambiental. Hemos realizado un gran avance en los últimos 15 años: se partió desde cero y hoy tenemos un sistema. Pero soy partidario de avanzar hacia uno de segunda generación, en vez de estar haciendo arreglos de parche.
Antes de continuar otorgando la palabra, debo hacer presente que el proyecto está aprobado en general, cuenta con un segundo informe, y en la discusión particular solamente se debe votar una frase de un inciso, nada más.
Por lo tanto, lo único que cabe es aplicar el Reglamento.
Señor Presidente , resulta extraordinariamente difícil legislar en materia medioambiental. La Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente comenzó a debatirse en 1993 y entró en vigencia en 1997. Por lo tanto, han transcurrido once años y, al igual que otras normativas que hemos aprobado y que le hemos introducido modificaciones, obviamente presenta dificultades. La institucionalidad en materia medioambiental que hoy rige en Chile sirvió en su momento: reguló, compiló más de mil leyes, pero actualmente resulta insuficiente.
Cuando discutimos acerca de la forma de avanzar en algunos aspectos de la institucionalidad en la Comisión de Medio Ambiente, junto con el Senador señor Horvath manifestamos que a lo menos es necesario dar señales respecto de las modificaciones que el Gobierno va a presentar en junio. Desearía equivocarme, pero tengo la certeza de que dicha propuesta no saldrá durante la actual Administración.
Porque, si de verdad queremos hacer un debate profundo, los aspectos a cambiar dicen relación a que el 97 por ciento de los proyectos que hoy se realizan en Chile y que requieren consulta a la CONAMA corresponden a declaraciones de impacto ambiental.
O sea, no se le pregunta a la ciudadanía nada, cero. El 3 por ciento tiene estudios de impacto ambiental. ¿Hay participación ciudadana?
Cuando incluimos lo relacionado con los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero se señaló que las decisiones que hoy están tomando las salmoneras en la Región de Los Lagos o en la de Aisén deben contemplar que la localización de sus plantas estará afecta a la legislación. Porque están trasladándolas ante las dificultades experimentadas con el virus que las ha invadido, el cual está provocando serios estragos en la producción.
La Región del Biobío, cuya zona costera represento, cuenta con un plan de ordenamiento territorial, con una Comisión que trabaja firmemente con la Armada y otras instituciones internacionales y nacionales. Lo que debemos hacer es avanzar, si no, se repetirá lo ocurrido con el Código de Aguas, la Ley Indígena, la Ley de Pesca, y el Convenio 169: transcurrirán doce, catorce o dieciocho años.
Estimo que el debate por la institucionalidad será largo, duro, tedioso, porque existe una profunda contradicción de intereses. Por lo tanto, si en algo podemos avanzar, ello será bienvenido, porque lo que hacemos es orientar un proceso que hoy es tremendamente disperso y perjudicial.
Reparar un error producto de que no hemos dado señales -como se acostumbra decir- al sector privado acerca de cuáles serán las reglas del juego es lo peor que nos puede suceder.
Yo estoy por un país que tenga reglas del juego claras en materia de legislación ambiental y donde, en consecuencia, los inversionistas nacionales e internacionales sepan exactamente qué terrenos pisan al momento de decidir emprender determinada actividad. Por ello, el proyecto señala que, efectivamente, cuando haya un plan de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero en todo el país -que posee cerca de 4 mil 500 kilómetros de costa-, lo cual no se va a realizar ni en un mes, ni en un año, ni en cinco, deberá considerarse que puede haber una normativa que afecte sus intereses.
En tal sentido, la iniciativa avanza decididamente a incorporar un elemento que tendrá que ser ratificado con la nueva institucionalidad que esperamos que el Gobierno proponga en junio.
Al respecto, quiero hacer presente al Ministro señor Viera-Gallo que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales -que presido-, concordó con la Ministra señora Ana Lya Uriarte la presentación de indicaciones respecto de cuatro o cinco proyectos, las que van a estar a fines de marzo. Sin embargo, dicho Secretario de Estado dio la fecha de junio para lo relativo a la institucionalidad y, por cierto, vamos a tener que conversar con la señora Ministra , con quien estamos trabajando en materia de modificaciones a la ley, particularmente en lo que respecta a estudios de impacto ambiental, que es lo más urgente, y donde efectivamente se registra el mayor número de disputas y contradicciones.
Tenemos un Ministerio. ¡En buena hora! Pero no va a estar operando ni el 2008 ni el 2009. Se trata de un largo proceso como el que han vivido Noruega , Finlandia, Dinamarca . Todos los países desarrollados que han logrado crear Ministerios en esta área han generado un proceso de transición y lo mismo ocurrirá en nuestro caso.
Es decir, para que pueda ponerse en funcionamiento una nueva institucionalidad, esta debe contener la advertencia necesaria de manera de no entorpecer el crecimiento productivo. En tal sentido, las indicaciones, y particularmente los artículos que modifican la ley vigente, que incorporen los planes de ordenamiento territorial y de zonificación del borde costero, contienen conceptos esenciales que van a estar definidos y respaldados por la nueva institucionalidad que esperamos aprobar cuanto antes. La iniciativa en comento recién se enviará en junio y, por cierto, nos demoraremos algún tiempo en estudiarla. Por eso, pido a Sus Señorías que aprueben la iniciativa.
Señor Presidente , aparentemente la discusión que ha generado el proyecto servirá como ejercicio previo al debate que suscitará lo relacionado con la nueva institucionalidad. Sin embargo, pese a ello, la iniciativa va a pasar las diversas instancias y al final se convertirá en ley.
En esa misma medida, resulta útil consignar que se agrega un nuevo inciso al artículo 15 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Me refiero a la prohibición que se impone a los superiores del ámbito respectivo de impartir órdenes de votación a los funcionarios de las Comisiones Regionales.
Eso permitirá, al menos en lo formal, dotar de una mínima autonomía a las instancias regionales, y que sus integrantes sientan que por ley no pueden recibir orientaciones acerca de cómo votar. Estos deben decidir conforme al mérito de los antecedentes que les son presentados. Por lo tanto, tienen que poner todo su esfuerzo en sancionar los asuntos de acuerdo con el interés regional que están llamados a cautelar.
El Ministro Viera-Gallo, con ese maravilloso pragmatismo que lo caracteriza, decía que a veces es útil que un Ministro de Estado, por ejemplo, le recuerde al Seremi el interés nacional.
Entonces, la reflexión que cabe es la de que en los nombramientos hay que tener particular cuidado de que los funcionarios de ese nivel también lleven puesta la camiseta de todos y no solo se dediquen a la práctica irrestricta del interés regional; es decir, que posean asimismo una visión del interés de Chile. Y quizás se pueda dictar un curso al respecto.
En todo caso, sigue siendo válido el hecho de que se consigne en este proyecto la disposición que nos ocupa, porque a lo menos servirá como una especie de placebo para el funcionario en cuanto a que sentirá una autonomía difícil de conseguir en rigor estricto pero que, a los efectos de analizar un caso específico, significará un mínimo resguardo legal.
En tal sentido, y dado que la iniciativa se halla en su fase final e inexorablemente se convertirá en ley, sumaré mi voto positivo.
Recuerdo que el proyecto está en primer trámite constitucional.
Señor Presidente, haré dos aclaraciones antes de entrar al fondo de la materia.
En primer lugar, como señaló el Ministro Viera-Gallo , no estamos frente a un asunto que revista gran premura, ya que de alguna manera la disposición en debate y los demás temas involucrados en esta iniciativa debieran subsumirse, durante el presente año, en una proposición de ley modificatoria de la institucionalidad ambiental, donde tendrán que resolverse precisamente los márgenes -llamémoslos así- de autonomía respecto del poder político conforme a los cuales habrán de aprobarse, desde el punto de vista técnico, los proyectos que entren al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tal proposición deberá resolver un asunto que ya hemos planteado en otras oportunidades, porque alguien podría considerar que la idea de que exista un Ministerio del Medio Ambiente es conceptualmente contradictoria con el hecho de que las decisiones se adopten al margen de los criterios políticos.
Pero ese será un debate que realizaremos más adelante, señor Presidente.
Ahora bien, considero que debemos hacer transparencia en torno a la norma en discusión y no seguir presentándola, tal cual lo han hecho algunos colegas, como una suerte de intervención forzada, errónea, equívoca respecto de la materia.
Mis preguntas son muy simples: ¿qué de malo tiene, por ejemplo, que el Ministro de Obras Públicas le haga presente a un Seremi del ramo la opinión de la Cartera a su cargo acerca de un proyecto que requiere estudio de impacto ambiental?, ¿dónde está lo oculto?, ¿dónde la presión indebida?
Lo que ocurre hoy día es que aquello no se transparenta.
Entonces, parece razonable que, cuando los proyectos son de poca envergadura, el Ministro del ramo no esté al tanto de su detalle. Pero si tienen gran relevancia, es perfectamente legítimo que dicho personero le dé a conocer al subordinado el criterio que sustenta la autoridad sobre la materia pertinente.
El Ministro Viera-Gallo fue suficientemente elocuente al elaborar su hipótesis acerca de lo que ocurriría si el funcionario subalterno no se atuviera a dicho criterio. Muy simple: sería despedido de su cargo antes o después de que adoptara su resolución.
Por lo tanto, con un mínimo de sentido común, debemos caminar en dirección inversa a la que señala la disposición en comento. Hay que exigirles a los Seremis que expresen -así lo dispone la primera parte del inciso final que se propone agregar al artículo 15 de la ley que se modifica- cuáles son los fundamentos de su resolución, que deben basarse -como diría un abogado- "en el mérito del proceso". Pero no se puede impedir al superior jerárquico que dé a conocer la opinión del Ejecutivo desde un punto de vista técnico o desde la perspectiva de las políticas públicas generales. No veo ningún problema para que lo haga. Más aún, me parece aconsejable transparentar al respecto, porque hoy día -digamos las cosas como son- existe una maraña de llamados telefónicos mediante los cuales se presiona a algunos funcionarios.
Si surge una controversia entre un Seremi y la autoridad superior, me parece mucho más transparente que ella se resuelva a través de un documento, de una instrucción, de un fundamento donde la autoridad ministerial exprese claramente su punto de vista.
¿Qué es más transparente: que se siga operando mediante telefonazos, de mensajes o -como sucede hoy día- de instrucciones (por denominarlas de algún modo) subrepticias impartidas a través de los gobernadores o los intendentes, o que, por el contrario, los Ministros despejen por la otra vía aquel tipo de controversias con sus subordinados?
En consecuencia, pienso que corresponde eliminar -y por eso solicité votación separada- la última frase del inciso final propuesto para el artículo 15 de la ley N° 19.300, pues genera un conjunto de problemas.
¿Qué ocurrirá -vuelvo a plantear el punto- cuando un Seremi entre en controversia completa con el Ministro del ramo? ¿Por dónde se va a cortar el hilo? Obviamente, va a cortarse a posteriori del proceso de calificación ambiental, y eventualmente en el Consejo de Ministros, por donde corresponde.
Por tanto, se trata de algo que no contribuye a la transparencia y que, desde el punto de vista de la gestión de los proyectos ambientales, lejos de favorecerlos, va a terminar perjudicando su clara y expedita tramitación.
Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
Señor Presidente, el tema que nos ocupa es muy interesante.
Lamentablemente, estamos llegando al ocaso de una era bastante dramática para el medio ambiente.
Considero bastante razonable la similitud que quiso hacer el Ministro Viera-Gallo entre Chile y China.
No obstante, creo que nuestra situación es bastante peor que la de ese país asiático, porque allí violan el medio ambiente de manera abierta, sin ninguna contemplación; hacen tabla rasa de toda norma ética ambiental y de las disposiciones en materia de salud. Pero, por desgracia, en Chile eso se esconde detrás de una verdadera farsa: la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que es una vergüenza. Y por eso hay que cambiarla, pues ya no da para más.
Cuando fui Director del SESMA , antes de que se dictara dicho cuerpo legal, había bastantes más impedimentos y regulaciones que en la actualidad.
La referida Ley ha significado un verdadero retroceso en materia ambiental.
Pongo un solo ejemplo: bastaba que un ente técnico expresara rechazo por razones de esta índole -me refiero particularmente al Servicio Agrícola y Ganadero y al Ministerio de Salud- para que no se pudiera llevar a cabo el proyecto presentado.
Hoy día, con esta invención, con esta verdadera entelequia que es la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se ha retrocedido.
Antes de ella, los rechazos de ciertos organismos significaban un impedimento y obligaban a las empresas a modificar sus proyectos para cumplir las exigencias técnicas.
Por eso, Senador Allamand , lo que se plantea es muy importante.
En la actualidad el nivel de desprotección en materia ambiental es enorme. Y lo quiero ilustrar con un solo ejemplo.
Se acaba de aprobar un proyecto de ampliación de la mina Cerro Colorado. Salud sostiene que se viola una norma (es como si respecto de una carretera el proyecto dijera que se debe transitar a 200 kilómetros por hora, en circunstancias de que el máximo permitido en Chile es de 120). El Ministerio del ramo -los criterios de Salud son objetivos; los de otros organismos, a lo mejor no- sostiene que se sobrepasa el nivel PM-10, máximo tolerable para trabajadores. Tal fue la evaluación hecha por el Seremi de Salud en función del informe de impacto ambiental. Y el propio estudio dice que se va a sobrepasar el nivel PM-10 o el límite de cianuro en el río, cuyas aguas después riegan.
Entonces, ¿qué hace la COREMA?
Antiguamente, el informe de Salud era dirimente: si el proyecto era negativo, no se podía llevar a cabo. En la actualidad, el asunto llega a un cuerpo político.
La COREMA es un tribunal de primera instancia. Recuerden Sus Señorías que el Consejo de Ministros es un tribunal de segunda instancia.
Ya es malo, entonces, que el ente revisor pueda incidir sobre la primera instancia, que debe resolver -se supone- sobre la base de los méritos del proyecto. Pero además se halla la posibilidad de que esa primera instancia, teniendo a la vista el informe del Ministerio de Salud -este no es subjetivo, sino objetivo, porque se hace en función de normas-, vote a favor del proyecto a pesar de la recomendación en contrario de aquella Secretaría de Estado.
Es como si se expresara: "No tome esa agua porque, según el Ministerio de Salud, produce cáncer", pero luego una instancia colegiada, en conocimiento de esa advertencia, pudiera decir: "No, tómela no más; obvie lo señalado en el informe de Salud".
Entonces, ¿qué ocurre acá?
Muchas veces ha habido seremis -pocos, pero han existido- decentes, correctos, que han hecho caso a los informes técnicos.
En la Quinta Región , por ejemplo, en una cementera se quería utilizar neumáticos como combustible (estos, al ser quemados, producen dioxina, la sustancia más cancerígena que el ser humano ha creado). ¿Qué hizo el Seremi del ramo? Dijo: "Yo voy a acoger el informe técnico". ¿Qué señalaba este? "Salud rechaza la quema de neumáticos en esa cementera". Pues bien, el Ministro lo llamó para decirle: "Su juicio es el que corresponde. Y es el que se debieran haber formado todos los demás seremis".
Yo pregunto: ¿Qué argumento pudieron tener el de Economía y el de Obras Públicas, por ejemplo, quienes resolvieron que sí se podía quemar neumáticos? ¿Cuál era la información con que contaban? ¿Sobre qué base científica hicieron caso omiso de ese informe, lo que hoy día no conlleva ninguna responsabilidad ni sanción alguna?
En ningún país del mundo se aprueban los proyectos de esa manera. En todas partes se deben cumplir las exigencias técnicas.
Y no hay incidencia política por aquel concepto, señor Presidente. Esta es ex post. Cuando el proyecto cumple tales exigencias puede producirse, evidentemente, un efecto político. Pero primero tiene que mediar el cumplimiento de aquellas.
Acá se permite eso. Y por ello es tan importante que no exista intervención, pues esta se ejerce sobre los pocos seremis que se atreven a tomar en serio los informes técnicos.
Señor Presidente , lamento que no podamos abordar en este debate cuestiones más de fondo que dicen relación al medioambiente. De modo que solo quiero hacer un comentario en cuanto al tipo de influencias que se ejercen sobre quienes tienen la responsabilidad de tomar en sus Regiones o en el país decisiones a veces extraordinariamente trascendentes respecto de esta materia.
No es admisible seguir aceptando, por ejemplo, situaciones como la ocurrida hace poco en Atacama, donde, a raíz de un estudio de impacto ambiental, una empresa térmica tenía la obligación de implementar una tecnología altamente compatible con el medioambiente en una zona que ya está saturada desde este punto de vista y, por una suerte de resolución, en virtud de una declaración de impacto ambiental radicada en la COREMA correspondiente, cambió esa tecnología y, sencillamente, impuso una distinta, más atrasada, que no tiene nada que ver con la que había comprometido. En definitiva, los únicos afectados serán los ciudadanos, quienes, producto de tal decisión, deberán respirar un aire malsano.
Aquí hay algo absolutamente absurdo. Y espero que la iniciativa de ley que nos prometió el señor Ministro llegue pronto. Porque sucede que el estudio de impacto ambiental fue hecho por los Ministros -ellos, supuestamente, tienen la responsabilidad de velar por el conjunto de la política medioambiental-, mientras los seremis pueden adoptar la decisión de afectar a determinada Región.
Por consiguiente, me preocupa el punto.
En segundo término, convengo en que sobre esta materia no puede haber instrucción política ninguna. Me parecería francamente lamentable que generáramos las condiciones para que los superiores -entre comillas- obligaran a sus subordinados a adoptar cierta conducta.
En esta materia deben primar criterios estrictamente técnicos, pero que no solo obliguen a la autoridad, sino también a las empresas, que normalmente son las que afectan el medioambiente.
Eso es lo que ocurre en minería, donde, dado el precio del cobre en el mercado internacional, hoy no existe nadie que se oponga a la posibilidad de implementar proyectos, porque imponer algún criterio distinto desde el punto de vista medioambiental significa lisa y llanamente decirle a una Región que no va a tener inversiones en uno de los factores más importantes para su desarrollo económico.
Por tanto, hemos de ser extraordinariamente consecuentes y equilibrados para los efectos de que no suceda lo uno ni lo otro: ni que un funcionario público imponga determinado criterio, ni que tengan vía libre aquellos que pretenden que cualquier actividad en sí misma, por el solo hecho de generar riqueza, deba ser aceptada desde el punto de vista medioambiental.
Eso no ha estado presente en la discusión planteada aquí, y creo que tenemos que analizarlo, aunque sea muy brevemente.
Por tales razones, sin perjuicio de votar a favor de la eliminación de la frase cuestionada, creo que estamos dando un paso muy pequeño en relación con el desafío que enfrentamos en esta materia.
El señor ARANCIBIA.-
Señor Presidente , cuando estudié el artículo pertinente, me pareció que la frase era rara y casi ofendía al proyecto -por así decirlo- al prohibir al superior darle órdenes al subalterno para que resuelva de determinada manera. Lo encuentro extraordinariamente agresivo.
Distinto sería que en una conversación natural uno le planteara al otro su visión, sus espacios, en fin.
Yo concuerdo con todos los que aquí han defendido la posición de que la decisión final tiene que contar con un respaldo técnico muy nítido, muy claro. No se puede, por razones políticas, vulnerar una norma técnica que recomienda proceder de cierta manera. Y eso -lo sabemos- conlleva un costo.
Cuando leí el proyecto -reitero-, me pareció extraño que existiera la frase cuestionada. Y mi primera reacción fue participar en su eliminación. Sin embargo, creo que es una señal que se está dando. Y, pese a que ello no me gusta, quiero profundizar al respecto.
La prohibición de la orden del superior es brutal. Va en la línea del concepto que tengo de que no debieran existir ni la orden de partido ni ninguna indicación de ese tipo, porque la libertad de criterio de la persona llamada a resolver sobre una materia porque la normativa así lo establece debiera ser sacrosanta.
Así lo pienso, y soy consecuente con eso aquí, allá y más allá, dondequiera que me pongan el tema.
Por consiguiente, subrayando que la frase es brutal y que casi ofende al proyecto, la considero una buena señal política en la línea de decir: "Las órdenes están prohibidas, sean de partidos, sean de autoridades, en fin. Dejemos que los criterios de la persona que ha de resolver sean los que primen, sobre la base de consideraciones técnicas".
En tal sentido, estoy de acuerdo con el Senador señor Girardi.
El señor OMINAMI ( Vicepresidente ).-
Corresponde pronunciarse respecto de la frase que el Honorable señor Allamand pidió votar separadamente, contenida al final del número 2) del último inciso que se propone para el artículo 15 de la ley N° 19.300.
Votar que sí equivale a mantener la frase tal como la propone la Comisión; votar que no, a eliminarla.
--Se aprueba la última frase del inciso final, nuevo, del artículo 15 (19 votos contra 6).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Gazmuri, Girardi, Horvath, Larraín, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Vásquez.
Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores señores Allamand, Espina, García, Novoa y Romero.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-
Proyecto de acuerdo propuesto por los Honorables señores Allamand, Arancibia, Cantero, Coloma, Espina, García, Kuschel, Horvath, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero, con el propósito de manifestar el reconocimiento del Senado a la voluntad mayoritaria del pueblo mapuche de vivir en paz e integrarse a la sociedad como actor y protagonista de su desarrollo; solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruya a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional y a la Agencia Nacional de Inteligencia en orden a reunir información sobre la vinculación de agrupaciones y participantes en los distintos hechos de violencia acaecidos en la Región de La Araucanía y en Santiago con entidades del extranjero, e instar para la designación de un fiscal especial que investigue e instruya un proceso a fin de aclarar y sancionar los hechos de violencia aludidos. El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1038-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 80ª, en 9 de enero de 2008.
Oficio de Comisión:
Gobierno, sesión 87ª, en 23 de enero de 2008.
La Comisión analizó el proyecto de acuerdo desde el punto de vista de su idoneidad constitucional, concluyendo, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag), que en su texto nada se opone al ordenamiento jurídico ni invade competencias o facultades atribuidas a otras autoridades.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (15 votos contra 5 y una abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Larraín, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Gazmuri, Girardi, Navarro y Núñez.
Se abstuvo el señor Ominami.
Proyecto de acuerdo presentado por los Honorables señores Bianchi, Gómez, Horvath, Muñoz Barra, Prokurica y Zaldívar, con el objeto de solicitar a Su Excelencia la Presidenta de la República la incorporación de quienes participan en los Programas Generales de Empleo al sistema de prestaciones de seguridad social, así como otorgarles bonificaciones y otras gratificaciones que considera la legislación laboral.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1010-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 47ª, en 4 de septiembre de 2007.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Bianchi, Ávila, Pérez Varela, Prokurica y Zaldívar, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República el envío a tramitación legislativa de un proyecto de ley que elimine el límite al valor de la pensión a que se refiere el artículo 9º de la ley Nº 19.200.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1012-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2007.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
El Honorable señor Sabag ha anunciado que los Senadores de la Democracia Cristiana rendirán homenaje en memoria de la periodista señora Patricia Verdugo Aguirre, recientemente fallecida.
Señor Presidente , en nombre de la Democracia Cristiana, considero un privilegio destacar en esta Sala, en donde se debate sobre los asuntos más importantes que interesan a nuestra nación, la figura de una mujer extraordinaria, de una periodista excepcional, de una escritora reconocida mundialmente, de una luchadora de primera línea por los derechos humanos y de una chilena comprometida a concho con el devenir de su patria.
Hablo, por cierto, de la gran Patricia Verdugo Aguirre .
Me refiero a ella con una emoción que proviene de lo más profundo de mi ser, porque fue una amiga ejemplar, con quien compartí conversaciones desde las más intelectuales hasta las más triviales, y una asesora y consejera notable en materias de bien común.
Lo hago con orgullo, porque fue mi camarada democratacristiana. Fue no solo una militante comprometida con los principios y valores del humanismo cristiano, sino también una falangista exigente del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades políticas de sus dirigentes. Desde su convencida afiliación concertacionista resaltó siempre aquellas acciones destinadas a sacar a la gente de la pobreza y a defender sus derechos políticos, económicos y sociales. Y, con el mismo entusiasmo, no trepidó nunca en hacernos ver, con pasión, que habíamos errado el camino, cuando así lo consideraba, ya fuera desde la ética o desde la estética.
Lo hago, señor Presidente , con admiración, porque su trabajo profesional en distintos medios de comunicación, sus libros y sus artículos o sus planteamientos académicos siempre tuvieron como objetivo hacer un aporte a la construcción de un país mejor. Fue, sin duda, una servidora pública en la más amplia expresión del concepto.
Lo hago con la solemnidad que corresponde, para resaltar la contribución a nuestra historia de una investigadora acuciosa, valiente e implacable en develar los acontecimientos que han marcado nuestra vida reciente.
Desde aquel decidor "Detenidos-desaparecidos: Una herida abierta", escrito junto con Claudio Orrego en 1979, pasando por "Los Zarpazos del Puma", en 1989, que nos alertó sobre la siniestra Caravana de la Muerte, y por "Bucarest 187", en 1999, que nos estremeció con su propio sufrimiento y el crimen de su padre, hasta "Allende: Cómo la Casa Blanca provocó su Muerte ", en 2003, hay una línea editorial que constituye una colección insuperable de piezas que todo chileno y chilena deberían tener la posibilidad de revisar para comprender por qué ella clamó repetidamente por justicia como una base esencial para la construcción de la nueva sociedad chilena.
Sus textos necesariamente deben estar en todas las bibliotecas públicas del país y algunos de ellos ser lectura obligatoria de nuestros estudiantes de enseñanza media, como lo hemos planteado en un proyecto de acuerdo, junto con otros señores Senadores, en esta Cámara Alta.
Lo hago también con la alegría que produce el apreciar que los numerosos testimonios que se han conocido desde ese domingo 13 de enero, cuando ya no pudo más ante el cáncer que enfrentó, durante meses, con una firmeza conmovedora, ratifican que hoy recordamos a una profesional de excepción.
Patricia Verdugo obtuvo en 1993 el Premio María Moors Cabot , el mayor galardón que se otorga en los Estados Unidos a un periodista extranjero; en 1996, el Premio de la Academia Chilena de la Lengua ; en 1997, el Premio Nacional de Periodismo; y en el año 2000, el premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA ( Latin American Studies Association ). En 2004 fue nominada por un movimiento de chilenas para el Premio Nobel de la Paz, en una iniciativa mundial que incluyó a mil mujeres.
Patricia Verdugo se ganó esos reconocimientos y muchos más. Pero, seguramente, lo que más satisfacción le habría dado sería saber que gozaba del respeto y cariño de cientos y cientos de chilenos, como ha quedado registrado en los diversos mensajes expresados en foros de los medios de comunicación interactivos.
Los democratacristianos estimamos que nuestra camarada debe estar por siempre en la memoria partidaria. Por ello, desde el 23 de enero de 2008, la sala de prensa de nuestra sede nacional, donde expresamos nuestra voz en la búsqueda de una patria más justa para todos, lleva el nombre de Patricia Verdugo Aguirre.
Y así como me complace hoy poder dedicar estas palabras, en el Senado de la República, a una persona excepcional, deseo manifestar que me alegra mucho que la Cámara de Diputados, con la participación de todas las bancadas, le haya rendido en la mañana un sentido homenaje.
Señor Presidente, estimados colegas:
Patricia Verdugo fue una mujer encantadora, que se caracterizaba, como señaló en la despedida su amiga-hermana Odette Magnet , por "una risa contagiosa que nacía desde abajo, subterránea, y subía en borbotones alegres en una cascada de agua fresca.
"Pero que nadie se llame a engaño" -rememoraba Odette- "porque bajo esa apariencia menuda y frágil latía una guerrera, la más fiera y valiente que hayamos conocido nunca. Tu voz era suave, tu trato gentil; pero cuando abrías la boca para afirmar, para preguntar, para denunciar, para aclarar y advertir, había que ponerse el cinturón de seguridad. Porque sin pedir permiso, ni previo aviso, se abría paso la samurái, empeñada en librar la batalla, todas las batallas, la tuya y las de los otros, hasta el final, hasta la muerte, si era necesario.". Estos y otros testimonios, como los de sus colegas María Olivia Mönckeberg , Faride Zerán, José Miguel Vargas , Susana Kuncar , María Inés Bussi , me he tomado la libertad de acuñarlos para entregarlos en el Senado. Y quiero hacerlo por cuanto contribuyen a que podamos conocer más a esta inolvidable y versátil figura contemporánea.
En este marco, permítanme señalar, con toda humildad, que en lo personal jamás dejaré de agradecer que Patricia Verdugo se haya empeñado en editar un libro -el último que escribió- al cual dedicó horas y horas de labor y que salió a la luz en el primer semestre de 2005, destinado a destacar las políticas públicas que hemos estado impulsando desde la perspectiva del liderazgo femenino, uno de sus temas predilectos.
Ello fue posible -y tengo el honor de decirlo- luego de muchos y muchos diálogos. Y me honro de haber trabajado con ella en esas horas de conversación, para que finalmente se publicara la obra que, generosamente, tituló: "Alvear, revelaciones de una mujer de Estado".
Concluyo señalando que la imagen imborrable de Patricia Verdugo Aguirre , con su cabello completamente blanco y su sonrisa llena de esperanza en el futuro de su patria, será siempre un aliciente para trabajar de verdad y sin vacilaciones a favor de las familias chilenas y para que en el "Nunca más" que hemos querido que se instale en nuestro país como una realidad se tenga siempre presente a esa gran mujer, que fue la valiente capaz de decir: "Trabajemos", de modo que jamás volvamos a vivir los dolores de aquellos años duros de nuestra patria.
¡ Patricia Verdugo , querida amiga, descansa en paz!
Señor Presidente , en representación de la bancada del Partido Socialista y como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , me corresponde rendir un sentido homenaje a una de las más valientes y mejores mujeres de nuestro país. Me refiero a Patricia Verdugo , quien falleció hace algunas semanas después de una larga y penosa enfermedad.
Ella sufrió y fue víctima de los horrores de la dictadura de Pinochet, ya que en 1975 su padre, Sergio Verdugo , militante democratacristiano y presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales , murió asesinado debido a las torturas que le aplicaron agentes de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, quienes fueron a tirar posteriormente su cuerpo al río Mapocho para intentar esconder su crimen.
Esa dolorosa pérdida solo vino a reafirmar el compromiso de Patricia con los perseguidos, el que se había manifestado desde el mismo 11 de septiembre de 1973. En efecto, no se dejó amedrentar, sino que, muy por el contrario, se transformó en una luchadora inclaudicable por los derechos humanos y el respeto a la vida.
Quienes tuvimos la suerte de conocerla y compartir con ella en los momentos más difíciles de nuestra historia reciente pudimos comprobar, no solo su enorme humanidad, sino también su gran valentía.
A pesar de las continuas amenazas, de los seguimientos por parte de la DINA y la CNI, nunca dejó de denunciar los excesos que cometían los agentes del Estado.
Desde casi el mismo 11 de septiembre de 1973, a través de su participación en la revista Ercilla, buscará la forma de hacer llegar la verdad a la gente.
Como la misma Patricia señaló, había que vulnerar la censura, había que hallar la manera de que personas con un profundo compromiso democrático pudieran expresar parte de sus ideas. Fue así como logró entrevistar a Tucapel Jiménez , quien, aunque no estaba proscrito, se encontraba marginado de poder opinar. De esa forma, desde los albores del régimen militar, sus escritos se transformaron en la voz de los que no tenían voz.
Sus experiencias mientras trabajaba en la revista Hoy, y muy especialmente su contacto con los familiares de los detenidos desaparecidos del Gobierno militar, la llevarán a escribir en 1979 su primer libro, de una enorme trascendencia: "Detenidos desaparecidos: Una herida abierta". Y lo digo porque a través de sus páginas denunció numerosos casos.
Fue justamente a través de esa obra que los "presuntos" detenidos desaparecidos, como señalaban en aquella época la prensa y otros medios de comunicación del Gobierno militar, pasaron a ser efectivos y a convertirse en una realidad que nunca más alguien pudo desconocer.
De la misma forma, su libro "Los zarpazos del puma", no obstante estar prohibido, fue uno de los más leídos en la historia editorial de nuestro país -así lo indican todas las estadísticas-, por cuanto fue la primera en denunciar los excesos de la "Caravana de la Muerte", situación que los tribunales de justicia tardaron años en reconocer.
No es posible ignorar que sus libros y artículos en las revistas Ercilla, Hoy y Apsi sirvieron para que generaciones de chilenos tomaran conciencia de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.
Cuando muchos callaban, Patricia alzó su voz con fuerza y decisión. Dijo las cosas por su nombre, como aquí se ha expresado. Como ella misma contó, lloró un largo tiempo cuando la Corte Suprema absolvió a Pinochet de los crímenes cometidos por la "Caravana de la Muerte". Pero después, como siempre, juntó fuerzas para seguir adelante.
Señor Presidente , Chile ha perdido a una de sus mejores mujeres, a una de esas personas que son imprescindibles. Mas su legado seguirá vivo a través de sus libros, que son un relato fiel y vivo de nuestra trágica historia reciente.
En nombre de los Senadores del Partido Socialista de Chile, te digo: "Gracias, Patricia , por tu coraje. Sin lugar a dudas, tu compromiso de vida fue un aliciente para muchos de nosotros". Querida Patricia, los chilenos nunca podremos saber cuántos te deben la vida, ya que tus libros y denuncias sirvieron para acorralar al Régimen militar e inhibir sus acciones represivas.
Querida Patricia, quienes han hecho de la causa de los derechos humanos una opción de vida nunca te olvidarán, ya que tu ejemplo estará presente permanentemente en nuestras luchas y en nuestros corazones.
Hasta siempre, querida camarada y compañera.
Señor Presidente , los Senadores del Partido Radical también adherimos a este merecido homenaje.
Si hubiere que definir a Patricia Verdugo en dos palabras, yo diría que se trató de una luchadora inclaudicable.
Ella fue la primera que hizo justicia a las víctimas de la Caravana de la Muerte. A través de un libro que ha de figurar en los ránquines nacionales como el más leído, el más divulgado y el más solicitado, desnudó a todos los criminales y los puso en la memoria colectiva de Chile con nombres y apellidos.
Mucho tiempo después -¡demasiado!, diría yo-, los tribunales realizaron su trabajo, lentamente, como acostumbran hacerlo.
Patricia Verdugo utilizó su pluma de manera magistral. Fue la única arma que no incautaron los esbirros de la DINA y de la CNI. No pudieron ahogar la expresión de su lucha, su afán por hacer del dolor de tantos chilenos un elemento de combate respecto de la tan ansiada libertad.
Una mujer que sufrió la muerte tan horrenda de su padre podría haber anidado un odio incontenible. Sin embargo, lo que la movió fue el amor a la libertad, a la justicia, a las víctimas, a todos los que cayeron en la lucha contra la dictadura.
Cuando se escriba la historia de esos años, el nombre de Patricia Verdugo figurará entre los más señeros. Hizo un aporte invaluable a la lucha que emprendió todo el pueblo chileno. Su pluma -insisto- nos aportó luces en el momento de mayor oscuridad y también nos estimuló a seguir adelante, a no claudicar jamás.
Por eso, esta tarde, en que el Senado de la República se hace eco del sentimiento que suscita Patricia Verdugo, le decimos: "¡Hasta siempre!".
Ha concluido el homenaje.
A la señora Ministra de Salud , remitiéndole nota del señor Alcalde de Lago Ranco atinente a REPOSTULACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR EN RIÑINAHUE (Décima Región).
Al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Agricultura , solicitándoles EVALUACIÓN DE CONDICIÓN DE EMERGENCIA DE UNDÉCIMA REGIÓN PARA RESGUARDO DE PRODUCCIONES AGRÍCOLA Y GANADERA.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad , requiriéndoles efectuar DECLARACIÓN DE CAMINO PÚBLICO A FRANJAS FISCALES EN MELIMOYU PARA SU HABILITACIÓN Y POSTERIOR MANTENCIÓN.
A la señora Ministra de Agricultura , pidiéndole información acerca de MEDIOS DISPONIBLES POR PARTE DE CONAF PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, y en cuanto a OCUPACIÓN DE RECURSOS PROPIOS Y CONTRATADOS.
A los señores Subsecretario de Pesca y Director Nacional de Pesca, dándoles a conocer SITUACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE PUERTO MELINKA DERIVADA DE COBRO ANTICIPADO DE PATENTE.
Del señor PÉREZ VARELA:
Al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que entregue información sobre FECHA DE EJECUCIÓN Y SITUACION ACTUAL DE PROYECTO DE EMBALSE AGUAS "PUNILLA", EN RÍO ÑUBLE (Octava Región).
Al señor Ministro de Obras Públicas , pidiéndole INSTALACIÓN DE MALLA MEDIANERA EN RUTA 5 NORTE, ALTURA VIVEROS HIJUELAS, e INFORMACIÓN DE FECHA DE REPAVIMENTACIÓN DE TRONCAL LA CALERA-LA CRUZ-QUILLOTA.
A la señora Ministra de Salud , requiriéndole AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN DE PACIENTES AUGE EN CLÍNICA RENAL DE VILLA ALEMANA, y
Al señor Ministro de Minería , solicitándole información sobre SISTEMA DE TARIFADO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS, FIJACIÓN DE TONELAJE Y MEDICIÓN DE CALIDAD DE MUESTRAS MINERAS, y requiriéndole REPOSICIÓN DE SEREMÍA EN CABILDO Y REVISIÓN DE OFICINA DE SERNAGEOMIN EN QUILPUÉ (Quinta Región).
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Unión Demócrata Independiente.
Señor Presidente , hace algunos días, las Fuerzas Armadas y policiales colombianas desarrollaron un operativo tendiente a enfrentar el accionar guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una zona limítrofe con la República del Ecuador y a eliminar al segundo hombre de esa organización terrorista, conocido por su seudónimo de " Raúl Reyes ".
Como es costumbre, los grupos guerrilleros establecen sus campamentos próximos a la frontera de algún país vecino, no siendo extraño que cuenten con una suerte de santuarios, es decir, de minicampamentos en territorio de dicha nación, para eludir a las fuerzas regulares encargadas de enfrentar el accionar subversivo.
En ese escenario se dio la confrontación en comento.
Habiéndose detectado la presencia de Raúl Reyes un poco al sur del río Putumayo, las tropas colombianas desarrollaron un bombardeo que dejó herido al jefe terrorista; y, luego de su traslado, lo enfrentaron con una acción terrestre, en la cual fue dado de baja.
Es indiscutible que esa operación militar efectuada en territorio de un país amigo viola la soberanía de este y, por tanto, genera las condiciones para que la reacción del ofendido pueda escalar hasta llegar a una crisis cuyo desenlace resulta difícil prever.
Por ello, los otros miembros de la comunidad internacional latinoamericana, en este caso, más que emitir declaraciones condenatorias, debieran orientarse a intermediar para encontrar una solución pacífica a la controversia originada.
Con tal finalidad, se hace imprescindible tratar de formarse una visión equilibrada del problema planteado, una visión que debiera partir de la base de que Colombia cuenta con un Gobierno democrático, legítimamente elegido y respaldado en forma mayoritaria en su labor para combatir el flagelo de la actividad guerrillera, que no trepida en perpetrar todo tipo de actos terroristas, secuestros de personas y operaciones en connivencia con el narcotráfico.
En consecuencia, terrorismo, secuestro de personas, mantención de rehenes y narcotráfico son aspectos que, más allá de su actividad guerrillera, que atenta contra la estabilidad de una auténtica democracia, deslegitiman a las FARC, haciéndolas merecedoras del repudio y la sanción internacionales.
Desde este punto de vista, si bien es objetable que la operación militar haya afectado territorio ecuatoriano, también lo es que Ecuador, a sabiendas de la actividad guerrillera limítrofe de las FARC que estaba afectando sus espacios soberanos, no haya tomado los resguardos necesarios para evitar que el accionar terrorista se asentara en su territorio. Si así lo hubiera hecho, tendría mucho más fuerza su actual reacción.
Lo que escapa a cualquier consideración seria y lógica es la destemplada reacción del Presidente venezolano , quien, aunque nos tiene acostumbrados a sus exabruptos e intervencionismos grotescos, en esta oportunidad sobrepasó todos los límites al romper relaciones con Colombia, cerrar las fronteras y movilizar un contingente importante de sus tropas. ¿Por qué? ¿Porque en la operación murió el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes ? ¿Porque algún territorio o ciudadano venezolano se ha visto afectado por esta acción?
La verdad es que tratar de entender la actuación del actual gobernante bolivariano entra más bien en los espacios de la medicina que en los del análisis político. De modo que el haber hecho referencia a él solo tiene el propósito de destacarlo como un factor a considerar cuando se pretenda encontrar caminos de solución al conflicto.
Afortunadamente, el accionar de nuestra Cancillería en el sentido de acoplarse a la posición brasileña de ofrecerse para buscar una salida al conflicto viene a compensar en parte la poco afortunada intervención radial de nuestra Primera Mandataria , donde dejó ver una primera reacción personal únicamente contra el proceder colombiano, sin considerar -como he tratado de exponer en este sucinto análisis- las complejidades de la situación y la dualidad de nuestra Izquierda política frente al accionar guerrillero y terrorista de sus simpatías.
Los Comités Renovación Nacional e Independientes no harán uso de sus respectivos tiempos.
En el turno del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
Señor Presidente , solicito que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que regularice una situación que me tocó vivir este verano en la carretera austral y que, a mi juicio, contraviene completamente el significado que debe tener esa vía de uso público, que hemos construido con tanto esfuerzo.
Como se sabe, dicha carretera nace en la provincia de Puerto Montt y comprende un tramo donde es indispensable efectuar transbordo marítimo; o sea, una parte del trayecto no va por tierra. Dicha función la cumple una empresa que cuenta con subsidio estatal. Sin embargo, está ignorando en forma grave un elemento central que existe en otros caminos nacionales de uso público donde se realiza algún tipo de transbordo: la disponibilidad para ofrecer este servicio de manera permanente.
Dicha empresa ha privatizado un bien público. Hoy día se exige hacer reservas de cupos para los transbordadores y pagar por adelantado, ya sea de forma directa, en las pocas oficinas disponibles en la Región, o por medios electrónicos. Por lo tanto, este servicio, que debería ser público, se encuentra operando como lo haría una empresa de turismo particular.
Eso es inaceptable y le resta a esa carretera la calidad de pública.
A mi juicio, tal situación es irregular tratándose de un servicio que, además, es objeto de subsidio estatal.
En consecuencia, junto con protestar por el problema expuesto, que sin duda acentúa las condiciones de aislamiento en que históricamente ha vivido Aisén y limita el efecto beneficioso que genera el tremendo esfuerzo nacional que implicó construir la referida carretera, que además posee un potencial turístico extraordinario, pido que se oficie al Ministro de Obras Públicas para que se haga cargo de la situación y la resuelva en el plazo más breve posible.
Señor Presidente , me referiré a diversas materias.
Con respecto a la opinión que hemos escuchado en cuanto a la situación de Colombia y, en particular, al bombardeo de territorio ecuatoriano, va a existir necesariamente una reflexión mucho más profunda en materia de evaluación de los procesos de integración de Latinoamérica.
Lo que se ha vivido puede ser el inicio de una nueva dimensión de las relaciones en América Latina.
El principio del ataque sobre la base de la preeminencia de la extraterritorialidad quedó claro cuando Estados Unidos invadió y atacó a Irak, lo cual fue rechazado por Naciones Unidas. Creo que la consecuencia de la aplicación de ese principio por Colombia, que tiene una estrecha relación política y económica con el país del Norte, integrado a América Latina -en este caso con Ecuador-, es un precedente extraordinariamente peligroso para la paz, para la seguridad nacional y para las sanas relaciones de la región.
La prensa nacional ha respondido de manera casi caricaturesca.
"El Mercurio", en su edición del lunes último, con la foto de Correa, dice "El Reclamo"; con la de Chávez, "El Ataque", y con la de Uribe, "La Actitud".
|	¡Si el que atacó fue Colombia! ¡Si quien ordenó el bombardeo fue el Presidente Uribe!
Sin embargo, la prensa nacional coloca en primera plana la foto del Presidente Chávez, y abajo, el titular "El Ataque".
La deformación de la noticia y la censura de que ha sido objeto ese grave hecho no han dejado ver lo que el Presidente Rafael Correa , quien visitará Chile en los próximos días, ha sostenido en forma reiterada y firme.
Raúl Reyes se encontraba en un proceso de negociación para la liberación de doce rehenes, en el que participaban los Gobiernos de Venezuela y Ecuador. Y Raúl Reyes , como lo afirmó el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia , era el pilar fundamental para llevar adelante la negociación.
Esa circunstancia, determinante a la hora de saber, concluir, proyectar el porqué del ataque, es clave.
Señor Presidente , anoche, mientras estaba viendo un canal de televisión a la hora en que el Presidente Correa daba esa explicación, caía una cortina y se cortaba la transmisión. Yo llamé a la estación televisiva para preguntar si existía un problema técnico que impedía dejar en el aire al Mandatario ecuatoriano. ¡No hubo respuesta!
Por consiguiente, sostengo que la posición de Chile me parece adecuada. La Presidenta y el país deben respaldar al Gobierno de Ecuador y rechazar toda agresión, como asimismo todo acto de violencia terrorista contra las personas.
Ese caso no puede ser un precedente para que América Latina acepte la extraterritorialidad como una política de agresión, cualesquiera que sean los motivos.
Señor Presidente, pido que se oficie al Ministro de Justicia para que informe sobre el proyecto de ampliación de las plantas de Gendarmería.
Desde el año 2003 se viene postergando esa legítima aspiración de los funcionarios de ese Servicio, quienes laboran en turnos de hasta 15 días continuos.
El déficit es impresionante: en Puerto Montt llega a 100 funcionarios; en el Centro de Justicia situado al lado de las cárceles del Grupo III, a 380, en fin. En total, en el país faltan cinco mil plazas.
Por lo tanto, el régimen de trabajo a que se somete al personal es intenso.
Los grados económicos a que se hallan sujetos son precarios.
¡La situación de Gendarmería es explosiva, señor Presidente ! Lo he dicho dos, tres, cuatro veces.
Lo señalo por quinta vez en esta Sala: ¡la realidad de Gendarmería y la política penitenciaria en Chile son explosivas! En cualquier minuto vamos a tener un grave problema no solo por las cárceles concesionadas -han sido un fracaso y costarán centenares de millones de dólares al país, y particularmente al Ministerio de Obras Públicas-, sino también por la situación de sus funcionarios.
Ahí están trabajando la ADIPGEN, la ANFUP y la ANOP, que agrupan a 12 mil funcionarios, en una tarea de diálogo constructivo.
¡Todavía no tenemos respuesta, señor Presidente!
En consecuencia, pido al Ministro de Justicia , don Carlos Maldonado , que precise cuándo va a ingresar al Parlamento el proyecto de ampliación y reactualización de plantas en Gendarmería, y cuándo podremos contar con una política funcionaria que permita dar condiciones de mayor dignidad al personal.
En otro ámbito, solicito que se oficie a Sernageomin, a la Ilustre Municipalidad de Concepción , a la CONAMA de la Octava Región, al Gobierno Regional del Biobío y al Ministerio de Obras Públicas para darles a conocer la gravísima situación que afecta a los vecinos del río Andalién y de toda la zona del valle Nonguén .
Se ha autorizado la extracción de material de cantera en un sector aledaño al lugar donde el Gobierno ha invertido más de 8 mil millones de pesos, hasta llegar a una inversión total aproximada de 20 mil millones, para posibilitar la evacuación adecuada del río Andalién, del estero Nonguén y de todos los afluentes cercanos. Al autorizarse esta extracción de cantera, en particular rocas, se ha dañado gravemente la calidad de vida de la gente. El agua lleva mucho limo, lo que está inhabilitando y volviendo a cero toda la obra que ha hecho el Gobierno.
Solicito que la CONAMA exija un estudio de impacto ambiental y nos dé cuenta de qué organismos han autorizado tal extracción. Los vecinos han reclamado de manera sostenida y airada, y se encuentran a punto de iniciar acciones de movilización. Creo que una vez más se está obligando a las personas a tener que movilizarse a fin de defender sus derechos y su calidad de vida.
También deseo que se oficie a la Dirección de Obras Hidráulicas respecto de la extracción de 2,5 millones de metros cúbicos de material entre el sector Las Princesas y el puente Las Ballenas . Queremos saber adónde van a ir a parar. Porque, si se ha sacado material del río a objeto de dar mayor rapidez a la evacuación de las aguas, es necesario conocer el destino de esos desechos, de manera que se pueda cumplir con la ley sin provocar nuevos y mayores daños.
Por último, señor Presidente , pido que se oficie a la CONADI para que nos informe de manera detallada acerca del rol que ella ha desempeñado particularmente durante el debate en el Congreso del Convenio Nº 169.
Pregunto, de modo puntual, si los consejeros nacionales indígenas se encontraban debidamente enterados respecto del proceso llevado adelante por el Gobierno para el despacho de dicho instrumento internacional. Interesa saber cuándo se les informó, en qué fechas, en qué condiciones y cuál ha sido el papel cumplido por dicho Consejo en esta materia.
Los Comités Demócrata Cristiano y Mixto no intervendrán.
--Se levantó a las 18:56.