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Timestamp: 2018-12-18 18:10:08
Document Index: 204511649

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 267', 'artículo 62', 'artículo 23', 'artículo 38', 'artículo 254', 'artículo 22', 'e contrario', 'artículo 61', 'artículo 9', 'artículo 58', 'artículo 58']

﻿ Sentencia 2007-00014 de julio 10 de 2014
SENTENCIA 2007-00014 DE 10 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:AVALÚOS COMERCIALES – EXPROPIACIÓN. AUN CUANDO EN EL INFORME TÉCNICO NO SE PRECISEN LAS OPERACIONES O LA FORMA COMO FUERON CALCULADOS LOS VALORES A PARTIR DE LOS CUALES SE OBTUVO EL PRECIO INDEMNIZATORIO, EN LA MEDIDA QUE DICHO PRECIO HACE PARTE DEL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN, SE PRESUME AJUSTADO O CALCULADO CONFORME A LA LEY Y, POR ENDE, CORRESPONDE AL INTERESADO DESVIRTUAR TAL PRESUNCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AVALÚO DEL BIEN INMUEBLE, EXPROPIACIÓN, INDEMNIZACIÓN POR EXPROPIACIÓN, TRÁMITE DE LA EXPROPIACIÓN, AVALÚO COMERCIAL, ELEMENTOS DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓ
Sentencia 2007-00014 de julio 10 de 2014
Radicación: 6300 1233 1000 2007 00014
Actora: María Eugenia Acosta de Farfán
Referencia:Apelación sentencia
VII.1. Planteamiento del problema a resolver
El recurrente, la señora María Eugenia Acosta de Farfán, en su escrito de apelación afirma que el motivo de inconformidad con la sentencia de instancia radica en que i) el precio indemnizatorio reconocido por el ente territorial no se ajusta al valor comercial que tenía el inmueble expropiado, además que ii) el mismo no contempló el daño emergente y lucro cesante.
Corresponde, entonces a la Sala, de acuerdo con las prescripciones del inciso 1º del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, determinar si se infringieron los decretos 1420 de 1998 y la Resolución 762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 388 de 1997, artículos 2º, 23 y 24 del Decreto 1420 de 1998 y resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002.
Por la misma razón, teniendo en cuanta la disposición en comento y atendiendo al derecho fundamental al debido proceso y el principio de congruencia, la Sala no se pronunciará sobre el incumplimiento del trámite del proceso de expropiación consagrado en la Ley 388 de 1997.
VII.2. El caso concreto
I. El precio indemnizatorio reconocido por el ente territorial, en su entender, no se ajusta al valor comercial que tenía el inmueble expropiado.
La recurrente señala que el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío no se ajustó al método y parámetros establecidos en el Decreto 1420 de 1998 y las resoluciones 762 de 1998 y 149 de 2002 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, debido a que como lo precisó con claridad el a quo: “no se actualizaron los linderos del inmueble, no se tuvo en cuenta la proyección económica del inmueble teniendo en cuenta el proyecto vial que iniciaría el municipio, no se aplicó en forma correcta el método o de mercado para la valoración del inmueble, ni se soportó, demostró o probó el costo de reposición aplicado para el avalúo de la construcción, por lo que los predios del mismo sector fueron avaluados por un valor mayor en comparación con el de la demandante”.
Para resolver, la Sala estima pertinente transcribir lo dispuesto por dichas normas en relación con los parámetros y criterios para la elaboración de los avalúos.
ART. 20.—El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal estimación.
ART. 21.—Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta en la determinación del valor comercial:
5. Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se determinarán en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado, el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien, utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
ART. 22.—Para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberán tener en cuenta por lo menos las siguientes características:
A. Para el terreno
1. Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma
2. Clases de suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección
3. Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio
4. Tipo de construcciones en la zona
5. La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de transporte
7. La estratificación socioeconómica del inmueble
1. El área de construcciones existentes autorizadas legalmente
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados
3. Las obras adicionales o complementarias existentes
4. La edad de los materiales
5. El estado de conservación física
7. La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido
1. La densidad del cultivo
2. La vida remanente en concordancia con el ciclo vegetativo del mismo
3. El estado fitosanitario
4. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas donde se encuentre localizado.
ART. 25.—Para la elaboración de los avalúos que se requieran con fundamento en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997, se deberá aplicar uno de los siguientes métodos observando los parámetros y criterios mencionados anteriormente o, si el caso lo amerita varios de ellos: el método de comparación o de mercado, el de renta o capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual. La determinación de las normas metodológicas para la utilización de ellos, será materia de la resolución de que trata el artículo 23 del presente decreto (...).
ART. 26.—Cuando las condiciones del inmueble objeto del análisis permitan la aplicación de uno o más de los métodos enunciados en el artículo anterior, el avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el valor que se determine”.
Por su parte y en lo atinente a los métodos de valoración, esto es, al de comparación o de mercado y el de costo de reposición, la Resolución 762 de 1998, aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de la expedición de los actos, establece:
Derogada por el artículo 38, Resolución del IGAC 620 de 2008
Existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el lineal, el cual se aplicará en el caso de las maquinarias. Para la depreciación de las construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de conservación, tal como el de Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4.
ART. 5º—Clasificación del suelo. La clasificación del suelo en urbano, de expansión urbana, rural, suburbano, y de protección, son categorías jurídicas, por tanto, para determinar si un predio se encuentra dentro de cualquiera de ellas, el único elemento a tener en cuenta es el acuerdo municipal que establece el plan de ordenamiento territorial que define dicha clasificación.
— Localización, dirección clara y suficiente del bien. En los municipios con múltiples nomenclaturas es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de claridad de la identificación.
— Los linderos y colindancias del predio. Para una mejor localización e identificación de los linderos y colindantes el número catastral es de gran ayuda, por lo cual, si en la información suministrada por la entidad peticionaria no está incluido, el perito lo debe conseguir.
— Topografía. Caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio tales como taludes, zonas de encharcamiento, o inundación permanente o periódica del bien.
— Servicios públicos. Investigación de la existencia de redes primarias, secundarias y acometidas a los servicios públicos. Adicionalmente, la calidad de la prestación de los servicios, referidos a factores tales como volumen y temporalidad de la prestación del servicio. En caso que la zona o el predio cuente con servicios complementarios (Teléfono, gas, alumbrado público) estos deben ser tenidos en cuenta.
— En cuanto a las vías públicas, además de establecer la existencia y sus características, es necesario tener en cuenta el estado de las mismas. Como elemento complementario es importante analizar la prestación del servicio de transporte. En el análisis de las vías inmediatas y adyacentes, debe tenerse en cuenta: Tipo de vía, características y el estado en que se encuentran.
Previamente, la Sala estima necesario señalar que comparte lo manifestado por el juez de instancia en cuanto que las memorias del avalúo del inmueble expropiado realizado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío fueron aportadas sin el lleno de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico vigente al momento de la interposición de la demanda, esto es, no se aportaron en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil el cual se refiere al valor probatorio de las copias.
No obstante lo expuesto, en gracias de discusión de la forma como se allegaron al plenario y en prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, la Sala encuentra que las mismas siguieron los parámetros y criterios para la elaboración del avalúo en los aspectos cuestionados por la parte actora.
En efecto, el artículo 22 del Decreto 1420 se refiere que para la determinación del valor comercial de los inmuebles se deberá tener en cuenta, entre otros, las siguientes características del terreno: “Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma”.
Por su parte, la Resolución 762 se refiere a la identificación física del predio, la cual deberá realizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: “En los municipios con múltiples nomenclaturas es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de claridad de la identificación. -Los linderos y colindancias del predio. Para una mejor localización e identificación de los linderos y colindantes el número catastral es de gran ayuda, por lo cual, si en la información suministrada por la entidad peticionaria no está incluido, el perito lo debe conseguir”.
La actora, indica que no se identificó en debida forma el predio, esto es, que no se actualizaron los linderos del inmueble. En este sentido y de una lectura detallada de las memorias y del acto de expropiatorio se encuentra que sí se cumplió con dicha carga, como se observa a continuación:
Avalúo comercial de inmueble urbano
AL-371-2006
Determinación física del bien avaluado
4.1. Lindero: Según escritura pública 521 de fecha 17 de marzo de 1980, Notaría Tercera del Círculo de Armenia
Por el frente: Con la proyectada prolongación de la calle 1ª, hoy 12 de la actual nomenclatura.
Por un costado: Con propiedad de Miguel Arias.
Por el otro costado y el centro: Con propiedad del vendedor Jesús Jaramillo”.
Resolución 1229 de 8 de septiembre de 2006
ART. 1º—Expropiar, por vía administrativa el inmueble que se encuentra identificado así: Predio ubicado en la carrera 12 No. 10-68, Barrio Buenos Aires, de acuerdo con la nomenclatura urbana de Armenia, constate de un área superficiaria de aproximadamente 115.20 metros cuadrados, de lote de terreno y sus construcciones, el cual se encuentra alinderado, según título de adquisición, así por el frente: Con la proyectada prolongación de la carrera primera (1), hoy doce (12) de la actual nomenclatura. Por un costado: Con propiedad del vendedor Miguel Arias. Por el otro costado y el centro: Con propiedad del vendedor Jesús Jaramillo, distinguido con ficha catastral 01-06-0017-0022-000, certificado de tradición expedido por la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia bajo la Matrícula Inmobiliaria 280-21817, de propiedad de Maria Eugenia Acosta de Farfan…”.
Así pues, no se puede predicar quebrantamiento alguno y mucho menos aun cuando en su argumento de inconformidad se limita a enunciar la falta de identificación y actualización del predio, pero sin precisar las razones por las cuales lo afirma y sin que del avalúo y acto expropiatorio se desprenda tal circunstancia.
La misma suerte corre el cargo relativo al aspecto económico del inmueble, lo anterior teniendo en cuenta que se analizó la utilización del mismo, su situación en relación con la actividad edificadora de la zona catalogada como regular – baja y el comportamiento de la oferta y la demanda que se consideró como ninguna. Igualmente, se advierte que contrario a lo afirmado por la actora la proyección económica del bien inmueble en lo atinente al precio indemnizatorio no puede ser determinante en procesos valuatorios por cuanto lo que se evita es la especulación y el alza de precios en la zona, esto en contravía del interés general y la protección del patrimonio público.
Sobre el particular el parágrafo 1º del artículo 61 de la Ley 388 de 1997 dispone que “al valor comercial se le descontará el monto correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, salvo el caso en que el propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución de valorización; según sea del caso”.
De otro lado y coherencia con lo manifestado por el a-quo, la parte actora no aportó lo relacionado con las encuestas realizadas por la Lonja, no obstante y como se lee del artículo 9º de la transcrita Resolución 762, las mismas no tienen el carácter de obligatorias o determinantes del avalúo.
“Cuando para la realización del avalúo se acuda a encuestas es necesario tener en cuenta que éstas son un apoyo al proceso valuatorio, pero no son en sí los determinantes del avalúo”.
Finalmente, y en cuanto a la aplicación de los métodos de comparación o de mercado para la valoración comercial del bien, y de costo de reposición para el avalúo del valor total de la construcción, que según la actora hizo que “los predios del mismo sector fueron avaluados por un valor mayor”, la Sala no encuentra que exista irregularidad en su aplicación toda vez que del plenario no se puede desprender tal conclusión.
Por el contario, la Sala considera que la Lonja cumplió la normativa que regula la materia y observó tanto el derecho a la igualdad de los demás propietarios de la zona como el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. De los siguientes medios probatorios se llega a tal conclusión:
a. Inspección judicial con intervención de perito fechada el día 6 de diciembre de 2006, realizada por el Juzgado Segundo Civil Municipal (fl. 81, cdno. pruebas):
“En el desarrollo del presente dictamen, se tuvo en cuenta todos y c/u de los ítems solicitados por este despacho, se dio solución a todos de una manera técnica y sencilla, tratándose de cumplir el objetivo propuesto o consignado en la inspección Judicial realizada el Miércoles 6 de diciembre del año 2006.
Se recurrió a criterios de otros profesionales para conceptuar y llegar a determinar todos los aspectos que de una u otra forma influyen en un avaluó, se indagó precios actuales acudiéndose o tomando como base ofertas recientes y transacciones hechas en un mercado abierto y permanente en cuanto a la adquisición de bienes inmuebles se refiere.
Se analizó predio a predio, para poder darle un valor tanto al terreno como a la construcción; y fueron sus características como estado, vetustez, ubicación, topografía, etc, las que finalmente llevaron a asignarle a cada predio un valor.
También se tuvo en cuenta la actual oferta y demanda, el valor de los materiales y mano de obra para llegar finalmente a construir o reconstruir una edificación como las que en nuestro caso nos atañe”
b. Aclaración y complementación del dictamen rendido (fls. 102 y 103, cdno. pruebas):
“Se tuvo como referencia del avalúo comercial de los inmuebles, como se especificó en el dictamen anterior, todo lo que afecta a la hora de determinar el mejor valor comercial para el inmueble, es decir se avaluó en la actualidad solamente tres (3) lotes con vivienda construida y los demás se tuvo como referencia toda la documentación aportada al expediente, avalúos anteriores, consultas e indagaciones a personas que realizan este tipo de trabajos. También se tuvo en cuenta al realizar el avaluó para cada lote, de los que era antes de que el municipio realizara por la vía administrativa la expropiación y para ello se tomó como base también la información consignada en las fichas catastrales, cartas catastrales y planos adjuntos al proceso. Eran lotes que antes de la expropiación su valor comercial era muy inferior al dado por el suscrito; y en la actualidad se trató de darle el mejor valor teniendo en cuenta el uso inmediato que se le ha dado al terreno donde hacen parte (los actualmente construidos) y los que estaban construidos antes de la expropiación”.
c. Declaración de la arquitecta Sonia Beltrán Franco y los ingenieros civiles, Octavio Giraldo Ramírez y Cesar Arturo Naranjo Vélez, de las cuales se desprende que se escogió el método que se consideró más apropiado según el sector y el inmueble y6 el cual arrojaría un precio justo (fls. 1 a 15, cdno. pruebas).
En suma, la Sala considera que no le asiste razón a la actora en cuanto a que el precio indemnizatorio reconocido por el ente territorial no se ajusta al valor comercial que tenía el inmueble expropiado.
II. El precio indemnizatorio no contempló el daño emergente y lucro cesante.
Sostiene la recurrente que en el proceso expropiatorio no se tuvo en cuenta para la determinación del precio indemnizatorio el daño emergente ni el lucro cesante.
En relación con el carácter justo y pleno que debe tener las indemnizaciones expropiatorias, esta Sala en sentencia de 26 de julio de 2012, Rad.: 2003 – 0977. Ponencia Dr. Marco Antonio Velilla, se precisó lo siguiente:
“El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, garantiza la intangibilidad de la propiedad privada y de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. En su inciso 4°, modificado por el Acto Legislativo 1 de julio 30 de 1999, se establece sin embargo que, “Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio”.
En esa misma línea de pensamiento, el destacado administrativista argentino Manuel María Díez, señala que “[…] la suma a pagar debe cubrir exactamente el daño que se irrogue al propietario, sin que éste se empobrezca ni enriquezca, en la medida que tal resultado pueda razonablemente alcanzarse.” (negrillas ajenas al texto).
En sintonía con la anterior apreciación, el profesor rafael bielsa comenta que “La reparación integral debe ser justa y razonable” y continúa diciendo, “…«el justiprecio» es el que representa y restablece el equilibrio, no, desde luego, nominalmente, sino realmente, efectivamente.” (negrillas ajenas al texto)
ART. 71.—Proceso contencioso administrativo. Contra la decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual deberá interponerse dentro de los cuatro meses calendario siguientes a la ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se someterá a las siguientes reglas particulares: (subrayado fuera de texto).
6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución Política, en el proceso no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública o de interés social, pero sí lo relativo al precio indemnizatorio (negrilla fuera de texto).
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético, estocástico o contingente no pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento, pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente en plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual. Al fin y al cabo el daño futuro no es sino una modalidad del daño cierto, tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sección Tercera de esta Corporación.
Los anteriores comentarios llevan a señalar que los daños anejos a la pérdida del derecho de dominio, deben ser acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de lesiones ya causadas o de daños que si bien no se han producido todavía, existe un alta probabilidad en torno a su ocurrencia”.
De manera particular, esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de los avalúos comerciales practicados por las entidades legalmente autorizadas, a efectos de fijar el valor de la indemnización en los eventos de expropiación por vía administrativa y ha concluido que, aun cuando en el informe técnico no se precisen las operaciones o la forma como fueron calculados los valores a partir de los cuales se obtuvo el precio indemnizatorio, en la medida que dicho precio hace parte del acto administrativo mediante el cual se dispone la expropiación, se presume ajustado o calculado conforme a la ley y, por ende, corresponde al interesado desvirtuar tal presunción.
Efectivamente, en sentencia de 14 de mayo de 2009 (M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. Nº 2005-03509-01), consideró la Sala:
“Observa esta corporación que si bien en el avalúo elaborado por la Subsecretaría de Catastro Municipal, obrante a folios 66 a 74 del cuaderno principal, se anuncia que el precio del inmueble establecido por la administración se determinó como resultado de la aplicación del “Método comparativo de mercado”, que “Consiste en deducir el precio por comparación de transacciones, oferta y avalúos de inmuebles similares o equiparables, previos ajustes de tiempo, conformación y localización entre otros”, y aunque se asegura que “Se han consultado las estadísticas y avalúos recientes y la de varios miembros afiliados a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín S.A., sobre operaciones y avalúos efectuados recientemente sobre inmuebles similares”, lo cierto es que en ninguno de los apartes de dicho documento ni en sus anexos se señalan cuáles fueron exactamente las operaciones inmobiliarias o los avalúos recientes que se tuvieron en cuenta para hacer la anunciada comparación, lo cual permite concluir que contra el justiprecio realizado por esa dependencia municipal cabrían exactamente las mismas críticas que el apoderado del Municipio demandado formula en su apelación contra el dictamen rendido por la perito, pues ante la ausencia de la mencionada información, el avalúo practicado por la Subsecretaría de Catastro Municipal también estaría desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio.
No obstante lo anterior, al haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”.
En tal sentido, para la Sala es claro que, en el caso de autos, correspondía a la actora probar que el valor comercial del inmueble calculado por la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío, no se encuentra ajustado a los parámetros y criterios expuestos en el Decreto 1420 de 1998 y que, por tanto, no indemnizaba de manera justa y plena los perjuicios causados con la expropiación.
Para que pueda haber restablecimiento del derecho, es esencial que el demandante acredite en el proceso el lucro cesante dejado de percibir y, aquel cuya ocurrencia tenga la viabilidad de presentarse en el futuro. Además, es necesario que el agravio o daño causado por la expropiación, sea cierto y exista un nexo de causalidad entre éste y la decisión administrativa, pues la simple suposición no puede dar lugar a la indemnización solicitada, tal como bien lo argumenta la providencia antes transcrita.
En este orden de ideas, la accionante tenía la carga de demostrar los errores o las incorrecciones del avalúo oficial del inmueble y explicar de manera clara, precisa y detallada las investigaciones y razones de orden técnico o de otro orden que se tuvieron para conceptuar en el sentido en que lo hizo, (CPC, art. 237, num. 6º) de tal manera que el juzgador pudiera valorar la racionalidad y objetividad de las conclusiones emitidas.
En conclusión, la Sala considera que la parte actora no logró desvirtuar en el proceso el avalúo practicado y, por esa misma razón, ha de concluirse que, por este aspecto, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos administrativos demandados que acogieron dicho avalúo. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida por el a quo.
1. CONFÍRMASE la providencia apelada, esto es, la sentencia del 12 de agosto de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva.