Source: https://crimeandlawblog.com/2017/04/12/la-proteccion-penal-del-medio-ambiente/
Timestamp: 2018-12-14 23:49:36
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La Protección Penal del Medio Ambiente | Crime & Law
12 abril, 2017 · de Alejandro Calvo Schwarzwälder	· en Artículos.	·
Foto original por Jcomp / Freepik
Desde que a mediados del siglo XX se adoptara el primer acuerdo internacional de carácter ambiental, la conocida como Declaración de Estocolmo de 1972, la protección del medio ambiente se ha convertido en una cuestión primordial para las sociedades contemporáneas. No hay más que ver el vasto entramado de normas internacionales que se ha desarrollado al respecto, que comprende cientos de tratados, declaraciones y resoluciones. Es un fiel reflejo de la creciente preocupación que existe por evitar la degradación del medio ambiente y asegurar una adecuada utilización de los recursos naturales.
Dicha preocupación también se ha trasladado al ámbito nacional y en el caso de España se ve reflejada en el artículo 45 de la Constitución. Proclama el derecho de todos “a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, debiendo de velar los poderes públicos por “la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Concluye con una advertencia para quienes violen las anteriores disposiciones, señalando que “se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
Las sanciones penales a las que se hacen referencia se encuentran reguladas en los Capítulos III y IV del Título XVI del Libro II del Código Penal (CP). El Capítulo III lleva la rúbrica “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente“, mientras que el Capítulo IV se titula “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. Resulta curioso que el legislador haya decidido separar de la protección del medio ambiente a dos factores -flora y fauna- que, sin duda alguna, se encuentran comprendidos dentro de aquel. En cualquier caso, ambos capítulos pueden reconducirse a un mismo bien jurídico, constituido, según la doctrina penal española, por “el mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como la fauna y la flora y las condiciones ambientales de desarrollo de las especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales”.
Son muchos los delitos que tutelan este bien jurídico, pero aquí solo nos vamos a centrar en los delitos genéricos del artículo 325 CP, que se desdobla en dos apartados: el primero de ellos contiene el tipo básico, comúnmente denominado “delito ecológico”; mientras que en el segundo se establecen dos tipos cualificados de aquel. A continuación analizaremos, en líneas generales, los principales elementos de estas figuras delictivas.
Tipo básico (artículo 325.1 CP)
“Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.”
Se trata de un delito común, lo que significa que cualquier persona puede cometerlo. Debe tenerse en cuenta que, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, nuestro derecho penal acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo que estas también pueden asumir la posición de sujeto activo. El sujeto pasivo, por su parte, está constituido por la sociedad en su conjunto, ya que es la que padece las consecuencias de los daños al medio ambiente.
Los elementos que configuran la estructura del tipo son los siguientes:
a) La conducta contaminante (elemento objetivo). Consiste en provocar o realizar, directa o indirectamente, emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como en la realización de captaciones de aguas.
Esta descripción es deliberadamente amplia para englobar así a todos los fenómenos contaminantes que pudieran tener algún efecto negativo sobre el medio ambiente. Se trata, por tanto, de evitar cualquier tipo de laguna de punibilidad. En la práctica, esto supone que nos encontramos ante una multitud de infracciones -no es lo mismo, por ejemplo, la contaminación acuífera que la contaminación acústica-, cada una de ellas con unos parámetros para probar distintos.
El uso de los verbos “provocar” y “realizar” implica que no solo responderá quien haya realizado materialmente el acto contaminante, sino también cualquiera que con su intervención haya facilitado, incitado o promovido su consecución (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 96/2002, de 30 de enero). Por otra parte, dentro de la provocación también encuentran cabida, indirectamente, conductas meramente omisivas como consentir, tolerar o permitir (Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1828/2002, de 25 de octubre).
b) La infracción de una norma extrapenal (elemento normativo). El acto contaminante debe efectuarse contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente. Dicha protección corresponde en primer lugar al derecho administrativo, que se encarga de regular las actividades que pudieran tener algún impacto sobre el medio ambiente. El derecho penal debe tener en cuenta esa normativa al delimitar el supuesto de hecho típico, por lo que se remite a la misma mediante la técnica legislativa de la norma penal en blanco.
c) La creación de una situación de peligro grave (elemento valorativo). El acto contaminante, por sí mismo o conjuntamente con otro, debe ser apto o idóneo para causar un daño “sustancial” a los distintos recursos naturales (aire, suelo, agua, flora y fauna), no siendo preciso que se produzca un daño efectivo. El calificativo “sustancial” es de difícil concreción, aunque la jurisprudencia parece identificarlo con el término “grave” y afirma que, para determinar la gravedad exigida por el tipo, habrá que acudir a la medida en que son puestos en peligro los recursos naturales (entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 289/2010, de 19 de abril; o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca núm. 55/2010, de 1 de junio). De no alcanzar el nivel de gravedad exigido, el acto solo podrá dar lugar a una reacción sancionadora administrativa.
d) La concurrencia de dolo o imprudencia grave (elemento subjetivo). El sujeto activo debe de actuar con dolo, esto es, debe conocer la contravención de la normativa extrapenal, la peligrosidad generada por su acción y no adoptar ninguna medida para evitar la realización del tipo. En virtud del artículo 331 CP, también se castigan aquellas conductas contaminantes que se hayan cometido por imprudencia grave, consistente en el descuido y olvido de las más elementales normas de prudencia.
Se establece una pena de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. El artículo 328 CP prevé una pena de multa de seis meses a dos años para los casos en que el delito haya sido cometido por una persona jurídica, además de otras penas de carácter potestativo mediante una remisión al artículo 33.7, entre las que se incluyen la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, o la clausura de sus locales y establecimientos.
Tipos cualificados (artículo 325.2 CP)
“Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Los tipos cualificados tienen la misma estructura del tipo básico, a la que se añaden otros elementos. El artículo 325.2 establece, en su primer párrafo, una pena más elevada (prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años) si la conducta contaminante pudiera “perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”. La única diferencia entre ambos tipos reside en la gravedad de la situación de peligro: el tipo cualificado exige un riesgo para los recursos naturales más grave que el exigido por el tipo básico. Esta distinción, sin embargo, resulta muy difícil de realizar en la práctica, lo que conlleva una gran inseguridad jurídica.
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 325.2 contiene un tipo cualificado para aquellos casos en que el riesgo de grave perjuicio sea para “la salud de las personas”, pudiéndose entonces imponer la pena de prisión del artículo 325.1 en su mitad superior (un año y tres meses a dos años) o, incluso, la pena superior en grado (prisión de dos a tres años). La agravación de la pena se fundamenta en el mayor alcance de la situación de peligro, que ya no solo afecta a los recursos naturales, sino que también llega a comprometer la vida de las personas.
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Etiquetas: Derecho penal, Medio ambiente
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