Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2011/07/
Timestamp: 2018-02-21 04:54:02
Document Index: 91077962

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 205', 'artículo 205', 'artículo 72', 'artículo 66', 'artículo 242']

DR. GUSTAVO ARAMBURU: julio 2011
EMBARGO DE BIENES - FALLO
En tal sentido hicieron referencia al hecho de que “tal como se desprende de las impresiones de la página web correspondiente al ejecutado (www.glecer.comhttp://www.glecer.com) –las que se glosan en forma precedente y forman parte de la presente-, una inmobiliaria que presta servicios de 'asesoramiento legal y notarial', 'servicios de refacciones y pintura'; 'administración de alquileres', 'inversiones inmobiliarias' y 'otorgamiento de créditos hipotecarios', se vea impedida de desarrollar su giro empresario ante la falta de un monitor y una impresora”.
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RESOLUCION DE CONFLICTOS- MEDIACION COMUNITARIA Y DEFENSOR DEL PUEBLO
Como una forma alternativa practica de resolver conflictos, la Mediación es un instrumento que consiste en la negociación a través de un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un resultado mutuamente aceptable. Todos resultan ganadores puesto que se arriba a una solución consensuada.
En el ámbito de las relaciones personales existen varias maneras de dirimir conflictos. Históricamente la primera, la violencia. Tal vez la “civilización” comenzó cuando dos personas enfrentadas por algún motivo, hayan delegado su solución en un tercero, y derivó con el tiempo en la Justicia como institución del Estado
Desde entonces un conflicto civil llevado a la Justicia se conoce como “proceso”, y una de sus características primordiales es la controversialidad- el actor debe afirmar y probar – sin perdonar detalle – todo lo que reclama y el demandado debe negar todo, o allanarse. El proceso no reconoce concesiones, si las pruebas me condenan las niego, si los peritajes me son adversos, los impugno; más aún si la sentencia me condena, la apelo ante un Tribunal superior. Todo esto hecho en términos categóricos muy duros. Son reglas de procedimiento que vienen de muy antiguo y que configuran los fundamentos en base a los cuales el juez dictará una sentencia con arreglo a la ley.
Hay una tercera forma de dirimir los conflictos, esta vez en forma no adversarial. Es decir que no la guía todo ese rito de confrontación que expresa el proceso ordinario. Este instrumentos o mecanismo es llamado Mediación y consiste en la negociación a través de un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un resultado mutuamente aceptable. Según la mejor doctrina, “... en la mediación todas las partes resultan ganadoras puesto que se arriba a una solución consensuada... No hay aquí obligación, sino libre voluntad... es propio de la mediación que las partes nada tengan que perder, pues en un intento frustrado, si los contendientes no llegan a un acuerdo, les asisten todos sus derechos... y pueden utilizar otras opciones como el arbitraje o el litigio”.[1]
La Mediación para resolver conflictos, se ha ido abriendo paso como una forma alternativa práctica de solucionar problemas.
Es verdad que un proceso judicial es lento, costoso, incómodo y que su complejidad hace que más de un derecho quede desmantelado en su recorrido y con la Mediación se puede evitar; pero esta interpretación reduccionista no es la correcta.
Es igualmente cierto que muchas veces, a través de una Mediación se llega a un resultado meramente transaccional en el que se acuerde algo para no perderlo todo. Pero la Mediación es mucho más.
a) La Mediación parte del presupuesto de ser una negociación que puede satisfacer las expectativas y las necesidades de cada parte plenamente. Por eso su primera regla metodológica es la de precisar los intereses de cada una de las partes y no sus posiciones. Esto es medular, porque aislando los intereses de las partes, se define la medida real del conflicto. Las posiciones van cargadas de las subjetividades que el conflicto provoca. Se encontrará de esa forma que muchos intereses no son antagónicos sino compatibles.
b) Otro elemento a tomar en cuenta es que en el proceso civil vale el principio de la verdad formal, esto es que se la tiene por tal cuando se la acredita formal y oportunamente. La Mediación es informal, y por ende su resultado no estará atado a las formas y esto es decisivo porque en su desarrollo nunca se hará mérito de ellas para negociar un acuerdo. Una persona puede lograr a través de una mediación lo que a través de un proceso ordinario tal vez no podría siquiera intentar. Entonces, cuando una persona acude al mecanismo de la Mediación, no necesariamente está reduciendo una porción de justicia que por derecho le corresponde, sino apelando a una forma alternativa de obtenerla, porque el instrumento judicial puede resultarle inviable.
c) La buena relación entre las partes es un fin en si mismo. En el proceso adversarial es muy difícil mantener una buena relación con la parte contraria. En la Mediación el éxito de las partes se corona, muchas veces, con el restablecimiento de un viejo vínculo de vecindad o de convivencia.
Desde su institución en 1999 muchos vecinos acudieron a la oficina del Defensor del Pueblo para solucionar problemas que tenían con particulares. La Misión mediadora del Ombudsman está concebida para acercar a los ciudadanos y sus demandas al Estado, pero la realidad verifica que en determinados casos y por múltiples circunstancias gran número personas están privadas del servicio de Justicia, uno de los mas elementales derechos humanos; ó preferían hallar por una vía no adversarial solución a algún conflicto particular. Lo cierto es que el servicio de mediación fue el producto de un requerimiento de la sociedad. Para satisfacer esa exigencia se creó el Centro de Mediación Comunitaria, integrado por vecinos. La capacitación de estos mediadores está a cargo de profesionales de muy reconocida versación en la formación de mediadores. Sus servicios son honorarios y no reciben ningún tipo de remuneración económica. Del Centro de Mediación forman parte también arquitectos mediadores que son convocados en los casos que las cuestiones sometidas a mediación, requieran un asesoramiento técnico por la naturaleza del conflicto.
La Mediación Comunitaria es, como se ve, un instrumento de cooperación en manos de vecinos que ayudan solidariamente, a resolver problemas y conflictos en forma totalmente gratuita.
La Mediación Comunitaria no se propone reemplazar ninguno de los mecanismos institucionales establecidos para actuar en el ámbito de la justicia. Es una forma que, anticipadamente, puede solucionar controversias y, fundamentalmente ser coadyuvante en el desarrollo de la cultura de la paz, sin la cual no habrá democracia, ni derecho, ni justicia.
También recordó que del análisis global de los antecedentes médicos surge que la cirugía permitiría el cese de los dolores de cabeza y los problemas de masticación que padece la afiliada, considerando que la cuestión estética señalada por la empresa, aparece como secundaria "ante la evidente y necesaria intervención quirúrgica".
Dicha decisión fue apelada por la actora, quien alegó que el Código Civil establece en relación a los derechos y obligaciones de los curadores de incapaces “un régimen legal idéntico con el de la tutela de los menores, conforme el art. 475 " (cfr. 35, in fine), por lo que “hay una identidad en las obligaciones y derechos que tienen padres e hijos menores con las resultantes entre el curador acordado por autoridad judicial, y el discapacitado o incapaz” (cfr. fs. 35 vta., 2 pár).
En base a ello, la recurrente determinó que “su hermano gozaría de los beneficios de la ley 23.660, "puesto que si bien no es mi hijo, es una persona incapacitada, mayor de veintiún años, a mi cargo por sentencia judicial" (cfr. fs.35 vta.) y que ella "se hará cargo del plus económico que tuviere el plan familiar adherido" (cfr. fs. 36 vta. in fine)”.
En tal sentido, los magistrados entendieron que “si se interpreta dicha norma armónicamente con el art. 475 del Código Civil que establece que "los declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su persona y sus bienes, las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curadoría de incapaces" conjuntamente con el art. 413 que establece que "el tutor debe administrar los intereses del menor como un buen padre de familia"”, concluyeron que la actora “en su calidad de curadora legal de su hermano discapacitado y a su cargo, tiene derecho a afiliarlo como adherente en la misma obra social de la cual ella es titular (OSDE), abonando los aportes correspondientes”.
En la sentencia del 27 de diciembre de 2010, los magistrados concluyeron que “la denegatoria de OSDE a admitir la afiliación del Sr. M. B., sin atender las circunstancias particulares que rodean al caso restringe irrazonablemente el derecho a la salud invocado por la actora (art. 42 de la Constitución Nacional), habida cuenta que no es el espíritu o finalidad de las normas de jerarquía superior excluir al familiar del titular -en este caso, hermano mayor de edad, discapacitado, a cargo de ella como curadora legal- de los beneficios de la seguridad social (conf. arg. art. 28 de la Constitución nacional y CSJN , doctrina de Fallos:318:1707 y 322:752 y 1318 )”.
COOPERATIVAS DE TRABAJO - QUIEBRAS
El Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.684 que introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de concursos y quiebras contemplado en la Ley 24.522 y sus modificatorias.
Esta reforma se hizo eco de dicho discurso no sólo en su contenido sustancial, sino también en su sintaxis, ya que su redacción se encuentra plagada de términos y expresiones más propias de la retórica política que de un lenguaje técnico jurídico, y que la llevan al extremo de perjudicar en cierto punto al sector que la norma pretendió proteger, es decir, a los propios trabajadores.
En lo fundamental, la Ley 26.684 innova en diversas cuestiones, tales como:
La obligación por parte de la concursada de denunciar la nómina de empleados en su presentación en concurso (que antes no existía).
El reemplazo del comité de acreedores por un denominado "comité de control", que será integrado también por un representante de los trabajadores de la concursada.
El aumento del 1 al 3% de la facturación bruta de la concursada destinado al pago de los créditos de pronto pago.
La consagración normativa de la continuidad en el devengamiento de intereses de los créditos laborales.
La supresión de la disposición que suspendía los efectos de los convenios colectivos de trabajo, entre otras.
No obstante, las modificaciones más importantes que prevé la Ley 26.684 giran en torno a la introducción de una especie de "cramdown laboral" y a la reforma al régimen de liquidación de bienes.
En efecto, la reforma modifica el inciso 1 del artículo 48 de la Ley 24.522 e introduce el artículo 48 bis. Estas normas prevén la posibilidad de que los trabajadores, reunidos en cooperativa de trabajo, se inscriban en el registro de interesados en adquirir las acciones o cuotas de capital de la concursada cuando ésta no obtenga las mayorías para homologar el acuerdo y regulan el trámite por medio del cual dicha cooperativa puede constituirse en adquirente de dicha empresa.
Lo preocupante de este nuevo artículo es que, inscripta la cooperativa en el registro del artículo 48, el síndico debe liquidar los créditos que corresponderían a los trabajadores que la integran en caso de que fueran despedidos a fin de que la cooperativa pueda "hacerlos valer" en el marco del procedimiento de cramdown.
Es decir, la ley prevé la posibilidad de inventar créditos sin ninguna causa, ya que los despidos jamás existieron.
Existe fuerte controversia sobre el alcance de la poco técnica expresión "hacer valer". Mientras unos sostienen que esto significa que la cooperativa podrá usar esos créditos como base de cálculo del cómputo de mayorías al momento de votar su propia propuesta, otros sostienen que la intención ha sido otorgar a la cooperativa la posibilidad de compensarlos para adquirir las acciones o cuotas sociales de la concursada, en caso de que exista valor positivo.
En el primer caso, tal proceder implicaría una seria alteración del régimen de mayorías, por cuanto se utilizarían créditos inventados que licuarían el pasivo concursal admitido por el juez con la consecuente imposición a los acreedores verificados de los términos del acuerdo ofrecido por la cooperativa.
En el segundo, se compensarían créditos inexistentes contra quienes no son deudores de los trabajadores (los socios de la concursada) y que son personas distintas de la sociedad que integran. Por lo tanto, dicha compensación implicaría una lisa y llana confiscación de sus acciones o cuotas sociales.
Por otra parte, el artículo 48 bis impone a la cooperativa la asunción de todas las obligaciones que surjan de las conformidades prestadas a su propuesta.
He aquí un salvavidas de plomo otorgado a los trabajadores, ya que les endilga una responsabilidad que ningún otro "cramdista" asumiría en caso de obtener el acuerdo y adjudicarse el capital de la concursada. Cuenta en esto lo dicho al principio sobre el pobre lenguaje técnico de la reforma que perjudica así a sus principales beneficiarios.
Asimismo, la Ley 26.684 innova en orden al mecanismo de liquidación de bienes. Con relación a esto, se destacan los artículos 203 bis y 205, incisos 1 y 2.
El 203 bis plantea la posibilidad de que los trabajadores reunidos en cooperativa puedan compensar sus créditos -tanto los que gozan de privilegio especial como general- para adquirir uno o más establecimientos de la empresa.
Por su parte, el inciso 1 del artículo 205 prevé que debe darse vista a la cooperativa de la tasación de los bienes, mientras que el inciso 2 dispone que ésta podrá solicitar la adjudicación de tales bienes por el precio de la tasación.
En primer lugar, la norma no sólo afecta a los acreedores quirografarios que pueden aspirar a una distribución como consecuencia de la liquidación de bienes, sino también a los trabajadores que no forman parte de la cooperativa, ya que éstos perderían hasta los bienes que son asiento de su privilegio (maquinarias, materias primas y mercaderías).
En segundo lugar, la adjudicación por el precio que figura en la base tasada contraría el principio de venta al mejor postor que aún rige en el resto del artículo 205, lo que también perjudica a los demás acreedores en el mismo sentido comentado más arriba.
Sin adentrarse en ningún tipo de análisis ideológico ni político de la reforma comentada, la Ley 26.684 adolece de vicios de tal magnitud que implican un cambio de paradigma en materia concursal.
En efecto, bajo la nueva regulación no parece que la quiebra continúe siendo un proceso cuya finalidad es la realización del activo para cancelar el pasivo, sino más bien un mecanismo para permitir que las cooperativas obreras excluyan a los empresarios de la posibilidad de adquirir empresas fallidas.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 6:41 No hay comentarios:
USUCAPION - IMPORTANTE FALLO
A pesar de haberse demostrado la posesión exclusiva durante veinte años de una baulera, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió que no se puede pretender haber adquirido el dominio por usucapión al no configurarse una posesión animus domini, ya que reconoce que el depósito utilizado en forma exclusiva es un bien propiedad común del consorcio.
En los autos caratulados “De Luca Norberto Francisco c/ Venticinque Rosa Nélida s/ acción confesoria”, la sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción confesoria promovida, y condenó a la demandada a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la cláusula cuarta del Reglamento de Copropiedad y Administración en cuanto al uso exclusivo de la planta alta del pasillo de circulación, un depósito y dos balcones de uso exclusivo en las unidades nueve y diez del edificio.
Para decidir en tal sentido, el juez de grado rechazó la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por la accionada.
La demandada apeló dicha resolución al entender que el actor carece de acción confesoria debido a que nunca se hizo la tradición de la baulera cuyo uso se reclama, y que la acción prescribió, en todo caso, al año de la perturbación o despojo y que no se ha valorado que el propio actor reconoce que la demandada poseyó la baulera por más de veinticinco años.
Al analizar el presente caso, los jueces de la Sala M determinaron que “si bien se probó la posesión exclusiva durante veinte años y que la demandada intervirtió su título de coposeedora conjunta con el titular de la unidad nº 9, a poseedora exclusiva, sin embargo no se configura en el caso una posesión "animus domini" que permita adquirir el dominio de la cosa, en tanto la consorcista reconoce que el depósito que utiliza en forma exclusiva es un bien de propiedad común del consorcio”.
Los jueces explicaron que “no puede la consorcista que ha hecho uso exclusivo de una baulera de propiedad común pretender que ha adquirido su dominio por usucapión cuando reconoce que sólo es titular de un derecho exclusivo de uso, que no es lo mismo que decir que ha ejercido una posesión a título de dueña”, agregando que “no debe soslayarse que la titularidad de una unidad en propiedad horizontal implica, además del dominio exclusivo sobre ella, un condominio forzoso sobre las partes comunes del edificio”.
En la sentencia del 29 de marzo pasado, los jueces concluyeron que “mal puede la accionada pretender haber adquirido el dominio del depósito por usucapión cuando reconoce que se trata de un bien de propiedad común de todos los consorcistas, quienes le asignaron su uso exclusivo conjunto con la unidad 9 al constituirse el consorcio, disposición que luego pretendió modificar mediante el acuerdo con el anterior titular de la referida unidad, refrendado por los entonces copropietarios, que nunca se tradujo en una modificación reglamentaria que le acordara oponibilidad frente a los nuevos adquirentes de unidades funcionales”, por lo que confirmaron el fallo apelado.
ARBA - CLAUSURAS
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) efectivizó la clausura temporal de 1.000 comercios en todo el territorio provincial en el transcurso del último año y medio.
Las sanciones tuvieron su origen en procesos judiciales que fueron motivados por diversas infracciones previstas en el Código Fiscal.
Entre los rubros con mayor número de clausuras se encuentran el de venta y confección de indumentaria, el gastronómico, el de comercialización de telefonía celular y el farmacéutico. También fueron sancionados con cierres temporarios supermercados, peluquerías e, incluso, ciertas empresas de transporte de pasajeros que evidenciaron incumplimientos fiscales.
En ese sentido, el director de ARBA explicó que "la clausura es la última instancia prevista por la legislación para sancionar a los contribuyentes que se encuentran en situación irregular, a pesar de que fueron notificados de su incumplimiento". Di Bella destacó que "en la Provincia somos inflexibles con aquellos ciudadanos que especulan o eluden sus obligaciones fiscales. Todos debemos cumplir la ley, y hay normas legales que establecen sanciones para los contribuyentes incumplidores".
El titular de la Agencia de Recaudación recordó además que "el pago de impuestos implica un acto de solidaridad y responsabilidad ciudadana, ya que son esos tributos los que permiten sostener los servicios que el Estado presta al conjunto de la sociedad. Nuestra tarea es defender los intereses de todos los vecinos de la Provincia".
Di Bella, enfatizó que "hacer cumplir las normas, nos permite fortalecer los recursos genuinos para implementar políticas públicas que este gobierno lleva adelante. Quien cumple con sus obligaciones fiscales contribuye con la construcción de escuelas, con el mejoramiento de los servicios de salud, con la puesta en marcha de nueva infraestructura vial y el desarrollo de las políticas de inclusión social que promueve el gobierno de Daniel Scioli", remarcó.
El artículo 72 del Código Fiscal le otorga a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires la facultad para clausurar, por un lapso de tiempo que puede alcanzar hasta los 10 días, a establecimientos que cometan alguna de las siguientes infracciones: no emitir facturas o tickets de sus ventas; no encontrarse debidamente inscriptos como contribuyentes; no poseer el certificado de domicilio expedido por la Autoridad de Aplicación; no exhibir, en un plazo de 5 días, los recibos de pago de Ingresos Brutos que le fueran requeridos; no tener el comprobante de la presentación de declaración jurada, entre otros.
Consideran Configurada Desjerarquización de Funciones del Trabajador A Pesar de Mantener la Misma Categoría Profesional
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tuvo por acreditado el ejercicio abusivo del ius variandi de la empleadora ante la modificación en las condiciones de la prestación laboral, al considerar que el trabajador aun cuando mantuvo su nivel escalafonario, sufrió una desjerarquización en sus funciones, especialmente al ver recortadas sus facultades y responsabilidades, así como dejar de poseer personal a cargo y una oficina propia.
En los autos caratulados “Quinteiro Luis Alberto c/ Telam S.E. s/ juicio sumarísimo”, la demandada apeló la resolución de primera instancia que hizo lugar a la acción sumarísima iniciada en los términos del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo con el fin de que se deje sin efecto la modificación dispuesta en las condiciones de trabajo del actor en octubre de 2008 y, consecuentemente, se lo reponga en el cargo y función que revestía con anterioridad y en las mismas condiciones de contratación vigentes a dicha fecha.
En su apelación, la recurrente alegó que en su nuevo destino el actor mantuvo la categoría de Jefe de Departamento A y que la modificación se debió a una reestructuración en el esquema organizativo de la empresa que, a su juicio, permitía un mejor aprovechamiento de los recursos, a la vez que se agravió porque la sentencia de grado especificó que debía reintegrarse al actor en las funciones y posición jerárquica correspondiente al Gerente de Recursos Humanos, por cuanto, según manifiesta el actor no ocupó ese cargo sino el de Jefe de Personal.
Ante el recurso presentado, los jueces de la Sala II señalaron que la propia demandada reconoció que “el actor se desempeñaba como Jefe de Personal dentro del Área de Recursos Humanos, que ocupaba un despacho privado, tenía personal a cargo (entre 10 y 15 personas) y cobraba un adicional por "ejecución de cargo de mayor jerarquía", circunstancias todas estas que se vieron alteradas al ser enviado a prestar servicios en el área de Presupuesto dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, sector en el que carecía de tareas específicas que, a su vez, no () resultaban adecuadas a la capacitación y trayectoria adquirida a lo largo de más de 15 años en el área de administración de personal”.
Sentado lo anterior, los camaristas consideraron que “aun cuando a nivel escalafonario se le hubiere reconocido al actor la misma categoría profesional”, el actor “ha sufrido una evidente desjerarquización en sus funciones no sólo en cuanto a la índole de las tareas (ajenas a su área de incumbencias como encargado del área de personal), sino especialmente al ver recortadas sus facultades y responsabilidades, dejar de poseer personal a cargo y de una oficina propia”.
En tal sentido, los magistrados concluyeron que “dado que la alteración efectuada no constituyó un ejercicio razonable de las facultades de dirección, corresponde considerar que se ha incurrido en un ejercicio abusivo del ius variandi que justifica la condena recaída sin que las alegaciones efectuadas por la accionada en cuanto a la estructura organizativa de la empresa logren conmover el argumento medular del fallo vinculado a aspectos esenciales de la relación mantenida que, en sí, no han sido adecuadamente rebatido”.
En la sentencia del 20 de mayo pasado, los jueces decidieron confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la acción y ordena restituir al actor en el puesto de trabajo, categoría, área, funciones y condiciones remuneratorias vigentes al mes de octubre de 2008.
SECUESTRO MERCADERIAS - ARBA
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) estableció pautas para secuestrar mercadería transportada sin la documentación respaldatoria correspondiente.
Complementariamente, en menos de un mes, entra en vigencia el control sobre el transporte de mercaderías.
Las nuevas condiciones se dieron a conocer a través de la resolución 26 publicada en el sitio web de ARBA.
Como primer gran cambio, el código de transporte deberá ser obtenido con carácter previo al traslado de la mercadería. En efecto, los sujetos obligados podrán tramitarlo hasta dentro de los 30 minutos de iniciado el traslado de la mercadería.
Complementariamente, la reformulada resolución vigente establece que, junto con el tipo de producto y cantidad transportada, se debe informar el valor total de los artículos en cuestión.
El contribuyente deberá justificar el transporte o traslado de bienes, con carácter previo, mediante la remisión de la información a través del remito electrónico.
Respecto a la obligación de informar, la norma deja en claro que debe tramitarse el COT cuando se transporten o trasladen por tierra mercadería cuyo valor arranque en $30.000 o cuyo peso sea igual o superior a 4.500 kilos.
En igual sentido, el marco legal actualizado, deroga la exclusión de solicitud de COT, en el caso del primer transporte o traslado de granos y semillas a granel.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 7:33 No hay comentarios:
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que para que proceda la indemnización por daño moral en caso de despido, resulta necesario que la conducta del empleador pueda ser calificada de ilícita cuando, con dolo o culpa, daña voluntariamente al trabajador a través de expresiones que van más allá del mero incumplimiento contractual.
En la causa “Mussi José Alejandro c/ Cencosud S.A. y otro s/despido”, los jueces de la Sala I decidieron revocar la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda del actor, y condenaron a la empleadora tras considerar que el despido del trabajador había sido injustificado.
Contrariamente a lo resuelto por el juez de grado, quien había considerado ajustado a derecho el despido del actor por pérdida de confianza, luego de que éste pretendiera retirar elementos de su lugar de trabajo, los camaristas consideraron que no se habían acreditado los incumplimientos imputados al actor, ya que si el actor había adquirido tales elementos, “las circunstancias que se invoca de pretender retirarlos sin orden ni autorización alguna no justificaría el despido con justa causa”, ya que “no se precisa que orden ni autorización era menester tener para retirarlos conforme normativas de esa empresa”.
En tal sentido, sostuvieron que “en atención a la antigüedad del actor y falta de antecedentes disciplinarios, la inobservancia alegada, sobre objeto de su propiedad, no justifican la máxima sanción”.
Con relación al reclamo por daño moral presentado por el actor, los camaristas explicaron que “para que el agravio moral inherente al despido sea susceptible de una reparación adicional a la tarifada, se exige que la conducta del empleador pueda ser calificada de ilícita cuando, con dolo o culpa, daña voluntariamente al trabajador a través de expresiones que van más allá del mero incumplimiento contractual, concretándose en imputaciones que permitan llegar a la ilicitud delictual o cuasidelictual que es la que comprende el art.1078 del Código Civil”.
En la sentencia del 3 de mayo del corriente año, al rechazar dicho agravio, los magistrados consideraron que en el presente caso no se advierte “la configuración de actos ilegítimos cometidos por el empleador contemporáneamente con el despido que deban repararse separadamente de las indemnizaciones tarifadas”.
RECLAMOS JUDICIALES DE MENOR CUANTIA
Con el fin de analizar un proyecto de ley que busca establecer un procedimiento judicial simplificado para resolver cuestiones patrimoniales sencillas y de escaso monto económico, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados realizó una jornada pública en la que jueces y abonados se pronunciaron a favor de la iniciativa.
El procedimiento que busca crearse por medio de esta iniciativa, consiste en dos audiencias, no pudiendo extenderse por más de 60 días, mientras que el rol del juez en estos procesos será el de un mediador que acerque a las partes
La iniciativa presentada por el diputado Gustavo Ferrari pretende “instaura un proceso judicial simplificado para casos de menor cuantía, aplicable a demandas civiles y comerciales de conocimiento y contenido patrimonial y a las vinculadas a las relaciones de consumo reguladas por la ley de defensa del consumidor”.
Uno de los puntos controvertidos, se encuentra vinculado a la posibilidad de que las personas puedan presentarse sin abogado.
El juez Ricardo Recondo, camarista del fuero Civil y Comercial e integrante de la Magistratura, señaló que “no es conveniente el patrocinio letrado”, a la vez que señaló que se busca descomprimir el Poder Judicial y que la Justicia vaya a los barrios, con horarios flexibles para la gente que trabajo.
Por su parte, Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que a su juicio “debe ser obligatorio el patrocinio letrado”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:10 No hay comentarios:
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COSAS CAIDAS DESDE SU BALCON
La Justicia Civil condenó al locatario de un departamento a indemnizar a un transeúnte que había sido lesionado por el impacto de una plancha de cocina metálica que cayó desde la ventana de un quinto piso, al determinar la responsabilidad del dueño del objeto dañoso.
En la causa “Betros Miguel Alejandro c/ Cabrera Viviana Roxana s/ daños y perjuicios“ el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 75 determinó que “el siniestro aparece como producto de que el asa se desprendió de la plancha; esto es, el objeto defectuoso cayó a raíz de su estado, las evidencias colectadas conducen entonces a concluir que la caída del objeto contundente debió producirse a raíz del desperfecto que presentó su mango”.
En tal sentido, la juez sostuvo que “en virtud de lo establecido por el art. 2412 del Código Civil puede considerarse a ARIAS dueño del objeto dañoso que equipaba su hogar”, por lo que “debe responder en los términos del art. 1113 de la ley de fondo por las consecuencias derivadas del vicio de esa cosa que produjo daño por hallarse averiada”.
A su vez, remarcó que “será alcanzado por la responsabilidad si se lo considerase guardián de la plancha churrasquera, ya que al tratarse de una cosa que integra el ajuar de su casa, se hallaba sujeto a su uso y control”, y “al no haberse demostrado la existencia de alguna eximente legal corresponde atribuir responsabilidad a ARIAS”.
Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad del consorcio, en la sentencia del 3 de junio pasado, el mencionado juzgado determinó que “la ausencia de rejas o vallas de cualquier tipo en la ventana en cuestión no constituye el incumplimiento de normativa alguna, por lo que “al no mediar obligatoriedad respecto de la colocación de protecciones, la falta de ellas no constituye por sí una omisión reprochable en virtud de lo establecido por el art. 19 de la Constitución Nacional.”.
Por último, la sentencia que aún no se encuentra firme, concluyó que “las pruebas producidas no permiten tener por demostrado que el hecho dañoso se produjera por acción ni omisión imputable al titular del inmueble ni al Consorcio que el mismo integra, y con ello no se halla configurado el supuesto fáctico que acuerde virtualidad a un factor de atribución de responsabilidad”.
DESPIDO - LE REVISARON SU E MAIL
Al finalizar la investigación, la compañía decidió despedirlo alegando pérdida de confianza porque el dependiente habría difundido información confidencial.
"El daño psíquico, no siempre es consecuencia de hechos traumáticos anteriores, sino que las propias tareas laborales, pueden ser causa de afecciones autónomas de este tipo de dolencias", explicaron los camaristas.
En este escenario y en base a este criterio, confirmaron lo resuelto en la instancia anterior. Los jueces consideraron que el reclamo al que se hizo lugar, tenía que ver con el sufrimiento y padecimiento al que fue sometido el dependiente al ser señalado como "autor de hechos inapropiados", punto que en nada se relacionaba con la responsabilidad de la ART que remarcó la empresa.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 15:45 No hay comentarios:
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinó que la pérdida de confianza no es por sí sola una injuria que impida la prosecución del vínculo laboral, sino en la medida que derive de un hecho objetivo con entidad injuriante en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En la causa “Paz Clara Gisele c/ Residencia Juncal S.A. s/ despido”, la actora apeló la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda presentada, quejándose la recurrente por la decisión adoptada respecto del despido dispuesto por la demandada.
El juez de grado, al desestimar la demanda, consideró acreditada la pérdida de confianza por un hecho objetivo que es el incumplimiento de la actora de los deberes de buena fe y fidelidad propios que debe observar un trabajador.
Los jueces de la Sala IX explicaron al analizar le presente caso que “la pérdida de confianza no es por sí sola una injuria que impida la prosecución del vínculo laboral, sino en la medida que derive de un hecho objetivo con entidad injuriante en los términos del art. 242 LCT”.
En tal sentido explicaron que “el empleador debe ajustar su conducta a los efectos de ejercer su poder disciplinario a las disposiciones emanadas del art.67 LCT, debiendo sancionar al trabajador en forma proporcional a la falta cometida y teniendo como última alternativa la sanción del despido”.
Los jueces remarcaron que “la actora era una trabajadora que contaba con poco más de dos años de antigüedad como dependiente de la empresa, por lo que ante algún eventual incumplimiento la demandada pudo ejercer su poder disciplinario tendiente a corregir la actitud de la misma, antes de disponer la pena más grave”.
Si bien los magistrados consideraron que no se discute el hecho de que la actora tocara la cámara de seguridad en cuestión, entendieron de acuerdo a lo expuesto por los testigos, que “la actora movió la cámara para enderezarla, no verificánose intención de sustraerse del foco del elemento de vigilancia. Por ello considero que la actora no realizó un acto que pueda ser injuriante, ni con entidad para justificar su despido”.
En base a ello, en la sentencia del 12 de mayo pasado, los camaristas resolvieron que resultó injustificado el despido dispuesto por la empleadora.
PRAPAGAS - NORMATIVA
• El tratamiento de los casos de afiliados con enfermedades preexistentes.
• La consideración de la edad, a los efectos de acceder y usar la cobertura de salud, como así también a los fines de definir cuánto corresponde pagar.
• La posibilidad de aplicar aumentos de cuotas.
El asesor legal de Swiss Medical y colaborador de elDial.com, Andrés Aznar, señaló que, hasta el momento, no se iniciaron acciones judiciales directas, es decir, que tiendan a solicitar un pronunciamiento específico relacionado con la nueva norma.
De esta manera, "se equiparan entonces las empresas de medicina prepaga a las obras sociales en cuanto al nivel de prestaciones mínimas... Entonces las leyes 24.754 y la ley 26.682 son imperativas y de orden público", concluyeron los camaristas