Source: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/gl/areas-tematicas/area-internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/articulo-agotamiento-vias
Timestamp: 2019-12-11 08:52:18
Document Index: 76917295

Matched Legal Cases: ['Artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 6']

Artículo 35: Condiciones de admisibilidad - La jurisprudencia del TEDH - Ministerio de Xustiza
Asunto: Camacho Camacho v. España
Sentencia CAMACHO CAMACHO c. España (original en francés) (PDF. 213 KB)
En el presente asunto, el demandante fue condenado a una pena de prisión y al abono de una multa por obstrucción a la justicia, robo con violencia e intimidación y agresión con lesiones. No obstante, tras la vista oral, el demandante fue absuelto de los cargos en primera instancia, lo que fue recurrido por la víctima de la agresión y por el Ministerio Fiscal.
Posteriormente, la Audiencia Provincial anuló la sentencia por error grave en la apreciación de las pruebas, aceptando sólo parcialmente los hechos declarados probados, y poniendo en duda la credibilidad de un testigo. Declaró, sin vista pública, que las pruebas circunstanciales apuntaban a la implicación del demandante en los hechos objeto del proceso.
La Audiencia provincial remitió el asunto al Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, que volvió a absolver al demandante por falta de pruebas. Tras un nuevo recurso del Ministerio Fiscal, la Audiencia Provincial, tras la vista pública correspondiente a la que asistieron el demandante y su abogado, condenó de nuevo al demandante a una pena de prisión, al pago de una multa y a indemnizar a la víctima, por considerar que el demandante había efectivamente agredido a la víctima.
Tras recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, el recurso fue declarado inadmisible por falta de relevancia constitucional.
El demandante reclamó que la Audiencia provincial alteró los hechos declarados probados en primera instancia tras una declaración subjetiva de las pruebas sin respetar los principios de inmediatez y procedimiento contradictorio.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera probado que el demandante y su abogado asistieron a la vista pública celebrada en la Audiencia Provincial, pero observa que el examen directo, personal y contradictorio del demandante y de determinados testigos no tuvo lugar durante la vista. Considera que la Audiencia Provincial realizó una valoración ex novo, tanto objetiva como subjetiva, de los hechos declarados probados en primera instancia, sin que el demandante tuviera la posibilidad de ser oído para poder impugnar, tras un examen contradictorio, la nueva apreciación efectuada por la Audiencia provincial.
A la vista de cuanto antecede, el Tribunal considera que el alcance del interrogatorio realizado por la Audiencia Provincial hacía necesario oír al demandante y a los testigos. En consecuencia, declara la vulneración del art. 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del Convenio, condenando al Estado a indemnizar al demandante por daños morales, así como al pago de las costas y gastos incurridos.
Asunto: Aguirre Lete y otros v. España (nº 29068/17)
Decisión Aguirre Lete y otros v España (PDF. 218 KB)
Los demandantes fueron condenados por juzgados franceses a penas de prisión por delitos relacionados con la organización terrorista ETA (los primeros cuatro demandantes, o con la organización terrorista GRAPO, el quinto demandante). Dichas condenas hacían referencia a hechos cometidos en Francia entre 1993 y 2003. Los demandantes cumplieron sus respectivas penas en Francia, siendo posteriormente condenados en España a penas de prisión tras varios procesos penales seguidos ante la Audiencia Nacional, por delitos cometidos con antelación a aquellos que dieron lugar a las condenas en Francia.
Los demandantes solicitaron que la duración máxima de las penas impuestas por los tribunales franceses y cumplidas en Francia se computase en el periodo máximo de cumplimiento de treinta años fijado en España. No obstante, la Audiencia Nacional, siguiendo el criterio establecido por el Tribunal Supremo en sentencia nº 874/2014 de 27 de enero de 2015, consideró que no procedía tener en cuenta las penas cumplidas por los demandantes en Francia a efectos de su acumulación. Los demandantes recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión de la Audiencia Nacional, y en amparo ante el Tribunal Constitucional, recurso que fue inadmitido por falta de vulneración de derechos fundamentales y de relevancia constitucional.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se remite a los asuntos Picabea c. España (dec.), nº 3083/17, §§ 30-32, de 20 de abril de 2019, y Arrózpide Sarasola y otros c. España, nº 65101/16 y otras 2, §§ 71-89, de 23 de octubre de 2018, por lo que respecta a la legislación y la práctica interna relevantes. Recuerda además que los demandantes fueron condenados por tribunales competentes en el sentido del artículo 5.1 del Convenio, e indica que los interesados no recurrieron la legalidad de sus detenciones como tales. El Tribunal considera asimismo que, cuando se dictaron las condenas de los demandantes, e incluso posteriormente, cuando los interesados solicitaron la acumulación de las penas cumplidas en Francia, la legislación española no preveía de manera razonable que las condenas ya cumplidas en Francia se tuvieran en cuenta a efectos de determinar la duración máxima de prisión de treinta años. Teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas no modificaron el alcance de las penas impuestas en virtud del artículo 7, los periodos de privación de libertad impugnados por los demandantes no pueden calificarse de injustificados o no autorizados por la “ley”, en el sentido del artículo 5.1.
Además, el Tribunal señala la existencia de un nexo causal en el sentido del artículo 5.1.a) del Convenio entre las condenas impuestas contra los cuatro primeros demandantes y su detención continuada tras las fechas indicadas por ellos, resultantes de los pronunciamientos de culpabilidad y de la pena máxima de treinta años de prisión fijada en las decisiones de acumular y/o limitar las penas impuestas en España.
El Tribunal considera que la presente queja debe ser rechazada por estar manifiestamente mal fundada, de conformidad con el artículo 35 § 3 y 4 del Convenio.
Sentencia Otegi Mondragón y otros v España (PDF. 463 KB)
El TEDH considera sucintamente, sin embargo, que todavía no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la admisibilidad y fondo de la demanda en lo referente a la queja sobre la falta de imparcialidad de la Sala enjuiciadora de la Audiencia Nacional. Decide, en consecuencia, comunicar la demanda a España para que aporte datos adicionales que permitan decidir en su día.
Esta es un Decisión parcial de inadmisión que da lugar con posterioridad a la siguiente Sentencia de fecha 6/11/2018 sobre este mismo asunto:
Asunto: Otegi Mondragón y otros c. España (4184/15, 4317/15, 4323/15, 5028/15 y 5053/15)
Sentencia Otegi Mondragón y otros c. España (PDF. 744 KB)
Asunto: Martínez Arregi y otros v. España
Decisión Martínez Agirre y otros v España (PDF. 364 KB)
El caso se refiere a la negativa del Ministerio del Interior, confirmada por la Audiencia Nacional, a que se otorgara a los demandantes complementos de indemnización por razón de la muerte de sus familiares en atentados terroristas sucedidos fuera de España, en la medida en que las víctimas pertenecían a una organización terrorista, aunque no hubieran sido condenados penalmente por dicha pertenencia. Se trata de la relevancia que pueda tener en el derecho interno la mención que la Ley española Art 3.2 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre) hace al art 8.2 del Convenio del Consejo de Europa sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos de 24 de noviembre de 1983 y si ello supone o no una quiebra del derecho a la presunción de inocencia.
Según informes oficiales los familiares de los demandantes eran miembros de la organización terrorista ETA. De conformidad con los informes del Ministerio del Interior, los familiares fueron a su vez asesinados entre 1979 y 1985 por parte de varios grupos terroristas mientras residían en Francia. En calidad de familiares de víctimas de terrorismo, la mayoría de los demandantes fueron indemnizados con arreglo a la legislación española de 1999, mientras a uno de ellos se le concedió además un subsidio vitalicio en virtud de un Real Decreto.
Los demandantes solicitaron una nueva indemnización en 2012 en virtud de una nueva ley de 2011 sobre indemnización para víctimas del terrorismo. No obstante, la Administración se negó a abonarles una cantidad adicional, citando una disposición de la ley de 2011 y el Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, que les permitía denegar la indemnización por el asesinato de personas que hubieran estado a su vez involucradas en terrorismo.
Las resoluciones de la Administración fueron ratificadas por la Audiencia Nacional (Sala de lo contencioso-administrativo) que declaró que el artículo 8.2 del Convenio Europeo sobre indemnización a víctimas de delitos violentos, en vigor desde 2002, permite al Estado reducir o suprimir la indemnización si la víctima participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos.
La Audiencia Nacional citó informes policiales como prueba de la pertenencia a ETA de los familiares de los demandantes. Éstos a su vez recogían diversas pruebas de la pertenencia a la banda terrorista ETA de los familiares de los demandantes.
Los demandantes reclaman que las autoridades nacionales se negaron a indemnizarles por motivos que vulneran el derecho de sus familiares a la presunción de inocencia tras determinarse que habían pertenecido a ETA, lo que se considera delito con arreglo a la legislación española. Se basaron en el artículo 6.2 del Convenio Europeo (presunción de inocencia).
VALORACIÓN DEL TRIBUNAL Y FALLO
La primera cuestión que analiza sobre el fondo el Tribunal es si los demandantes poseen legitimación activa para presentar la demanda, considerando que en general los demandantes pueden tener interés en que no se atribuya ninguna culpabilidad a sus familiares fallecidos o a que les atribuya una indemnización resultante de su asesinato, por lo que considera que sí poseen legitimación para presentar la demanda.
En cuanto a la alegación de que se podría vulnerar la presunción de inocencia, reconocida en el art 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal señala que la misma opera en el ámbito penal respecto de aquellas personas a la que se imputa un concreto delito, surgiendo desde el momento en que las autoridades dirigen una sospecha concreta en contra de aquellas. Si no existe un procedimiento criminal en curso, tal presunción no es aplicable. Fuera de dicho ámbito la atribución a una persona de un hecho delictivo sólo podría, en su caso, estar protegida por el derecho a la vida privada y familiar del art 8 del Convenio, pero no por el art 6.
Dentro del ámbito que le es propio, la presunción de inocencia opera no sólo mientras se sigue el procedimiento criminal ( carga de la prueba, presunciones legales sobre los hechos, derecho a no declararse culpable, secreto de las investigaciones judiciales, o expresiones que prejuzguen la culpabilidad del acusado por parte de órganos judiciales o administrativos, entre otros) sino también una vez concluido el mismo, de manera que las autoridades no pueden adoptar ninguna actitud respecto de la persona que no ha llegado a resultar formalmente condenada basándose en sospecha sobre la misma. Para que este segundo aspecto de la presunción de inocencia se aplique es necesario que se pruebe que existe una relación de causalidad con el procedimiento penal previo.
En todos estos casos no existe la mencionada relación de causalidad de acuerdo con el Tribunal. Por lo tanto las demandas son incompatibles por razón de la materia con el ámbito de aplicación del Convenio y son declaradas inadmisibles.
Las decisiones son firmes
Asunto: Larrañaga Arando y otros v. España
Decisión Larrañaga Arando y otros v España (PDF. 255 KB)
En todos estos casos no existe la mencionada relación de causalidad de acuerdo con el Tribunal. Por lo tanto las demandas son incompatibles por razón de la materia con el ámbito de aplicación del Convenio y son declaradas inadmisibles. Las decisiones son firmes.