Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00063-de-noviembre-28-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f145d5ae4fd10054e0430a0101510054&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 20:41:31
Document Index: 38560309

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 88', 'artículo 29', 'artículo 169', 'artículo 3', 'artículo 330', 'artículo 7', 'artículo 76', 'artículo 211', 'artículo 102', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 281', 'artículo 112', 'artículo 112', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 243', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2010-00063 de noviembre 28 de 2013
SENTENCIA 2010-00063 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN POPULAR. SE DEBEN EVALUAR, ANTES Y DESPUÉS, LAS CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO PARA DETERMINAR LA INTERRUPCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA POSIBLE AFECTACIÓN DE LAS ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES. SE DEBE IMPLEMENTAR MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN QUE NO ALTEREN LAS CONDICIONES DE LA DINÁMICA FLUVIAL Y NO GENEREN PROCESOS EROSIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, LICENCIA AMBIENTAL, CONTRATO DE CONCESIÓN, DERECHOS COLECTIVOS, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
REVISTA TUTELA N°:174 DE JUNIO DE 2014, PÁG.1032
Sentencia 2010-00063 de noviembre 28 de 2013
Ref.: Expediente AP 2010-00063-01
Actor: Aníbal Chávez Ibagon
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Defensoría del Pueblo —Regional del Arauca— y el señor Aníbal Chaves Ibagon, contra la sentencia del 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
I.1. El señor Aníbal Chávez Ibagon interpuso acción popular contra el municipio de Tame (Arauca), el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía —Corporinoquía— y la Fundación del Oriente Colombiano —Fundeoriente—, por considerar vulnerados los siguientes derechos colectivos: a) Al goce de un ambiente sano; b) A la moralidad administrativa; c) A la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de vital importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas; y, demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
Expresó que el 13 de diciembre de 2007, la entidad Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, tramitó, adquirió y celebró con el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, contrato de concesión IFR-15191X para la exploración y explotación de un yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas, gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para la construcción de arcillas y demás minerales concesibles.
Sostuvo que mediante Resolución 200-41-08-1053 de 12 de septiembre de 2008, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, otorgó una licencia ambiental a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área establecida en el contrato de concesión minero IFR-15191X, que se ubica sobre el cauce del Río Cravo Norte, en la Vereda Caño Rojo Jurisdicción del municipio Tame, departamento de Arauca.
Agregó que durante el tiempo de la explotación, beneficio y transporte interno de materiales en el área objeto de la acción, se han venido presentando una serie de situaciones de diferente índole que han afectado enormemente el ambiente, el equilibrio ecológico, los ecosistemas situados en el área de influencia de explotación, la conservación del medio ambiente y se ha interrumpido el desarrollo sostenible de las especies animales y vegetales.
Precisó que los lugares que se encuentran lesionados son las siguientes veredas: Caño Rojo, Cravo Regilia, Cravo Corozo, Santa Inés, Rincón Hondo, Mata de Topocho, Mata Rala, Morichal de Bochalema, Casiabo, El Bucare, Las Canoas, Algarrobo, Cifalú, entre otras, de la jurisdicción del municipio de Tame (Arauca).
Señaló que en virtud de lo anterior, la comunidad ha denunciado la inapropiada explotación de los recursos naturales, iniciándose en consecuencia, por parte de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, procedimientos sancionatorios ambientales; sin embargo, tales actuaciones no han llegado a concluir con acciones que permitan “cortar” definitivamente con la suspensión, cierre y resarcimiento de los daños por la explotación, beneficio y transporte inadecuado e indebido de materiales de construcción.
Indicó que ha podido constatar que existen situaciones que atentan contra la comunidad residente en el área de influencia, ubicada en jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), pues se han visto afectados en la calidad de las aguas a raíz de la explotación de materiales por parte de Fundeoriente.
Afirmó que la población afectada, manifiesta no haber sido consultada ni puesta en conocimiento del proyecto de explotación de materiales sobre el Río Cravo Norte, por lo tanto no fue tenida en cuenta para el trámite de la concesión minera ni para el otorgamiento de la licencia ambiental.
Adujo que a efectos de la limpieza, descapote y manejo del suelo, a través de retroexcavadora, se ha trasladado la capa orgánica hacia los costados donde se encuentra la vegetación natural, entre ellos, humedales, rastrojos de tipo arbustivo y plantas superiores en estado de desarrollo sin la debida precaución de almacenamiento para evitar su compactación y sin el cubrimiento con plástico negro que la proteja de la luz mientras germina el prado para evitar la erosión y la pérdida de nutrientes.
Agregó que con el material desgarrado del descapote, se están afectando los bosques de galería, cuerpos de agua de nacederos paralelos al río, el hábitat para especies animales y la pérdida de regulación de las crecientes o inundaciones por daño en la estructura del suelo y toda la función ecológica que el bosque realiza.
Manifestó que en lo referente al abastecimiento del agua, no se han establecido tanques de almacenamiento que garanticen el suministro permanente, pues no se ha instalado el medidor de flujo debidamente calibrado en el sistema de capacitación y no se llevan registros continuos de los volúmenes del agua captada.
Explicó que no se han efectuado los tratamientos adecuados para las aguas servidas, generándose contaminación en el lecho o cauce del río, las cuales son aprovechadas para el consumo humano, agrícola y pecuario en las poblaciones y áreas aguas abajo, siendo afectadas directamente más de 80 familias aproximadamente y un número indeterminado de familias de forma indirecta. Similiar situación se presenta en el lavado de equipos pesados, maquinaria y herramienta que se hace a la orilla o sobre el cauce del río, pues vierten combustibles, lubricantes, ácidos y demás partículas contaminantes a las fuentes de agua del Río Cravo Norte.
Expresó que en las excavaciones que adelanta la empresa explotadora de materiales del Río Cravo Norte, no se tienen en cuenta los parámetros establecidos por la ley y que autoriza la licencia ambiental, pues la retroexcavadora opera desde las orillas teniendo contacto directo con el agua y desde esta posición desgarra el material y lo descarga sobre las volquetas de doble tracción que se encuentran a una mínima distancia de la corriente del río, incluso cruzando sobre la corriente de agua.
Precisó que la extracción de materiales debe hacerse en playones, como lo determina la normatividad sobre la extracción de materiales, en la actualidad se adelanta directamente sobre la corriente o cauce de agua, con lo que automáticamente lavan el material, quedando sobre la corriente materiales orgánicos en suspensión, que generan turbidez y sedimentación en el trayecto al correr aguas abajo. Todo esto, ha ocasionado la pérdida de la calidad del agua para el consumo humano, agrícola y pecuario, y a su vez, ha generado la destrucción de las especies acuáticas.
Agregó que, en la parte alta del Río Cravo Norte, antes del paso del puente sobre el río del mismo nombre, se bifurca la corriente de las aguas, con o sin intervención de la mano del hombre, en donde se deja pasar una mínima cantidad de caudal reducida al mínimo en temporada de verano por el área de explotación de materiales de construcción, en la que al excavar directamente sobre el lecho del río quedan vacíos o cavidades de gran tamaño que retienen o almacenan grandes volúmenes de agua, que al mantenerse en depósito se fermentan y eutrofizan generando cambios bruscos y sistemáticos a los ecosistemas una vez estas aguas retoman su cauce o recirculan en su curso. Este hecho de interrupción de las corrientes de agua, motivado por las excavaciones antes indicadas, provoca desabastecimiento del líquido hacia las comunidades y territorios “aguas abajo”.
Indicó que la distancia que ronda hasta el sitio de trituración y mezcla asfáltica, no cuenta con la distancia entre el cauce del río y la planta asfáltica, ni con las condiciones e instalaciones adecuadas para prevenir los arrastres de materiales contaminantes por escorrentía e infiltración de estos a las aguas subterráneas.
Agregó que la planta trituradora tampoco cuenta con las especificaciones y sistemas adecuados exigidos tanto por la licencia ambiental expedida por Corporinoquía, como por el Decreto 2 de 1982 y el Decreto 948 de 1995, toda vez que las emisiones de gases contaminantes al parecer “están por encima de los parámetros NOX, SOX, CO y material particulado”.
Afirmó que en lo referente a los niveles de ruido, la planta de trituración así como la asfáltica está ocasionando contaminación sonora trayendo como consecuencia lesiones auditivas y estrés a las familias habitantes adyacentes a la zona de explotación, así como el desplazamiento de especies animales silvestres asociados a los ecosistemas acuáticos, hecho que se irriga en un radio de acción superior a los 2 kilómetros aproximadamente.
Sostuvo que al parecer no se ha cumplido la obligación de reforestar en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, toda vez que los programas que se han ejecutado han sido establecidos por el municipio y la gobernación en conjunto con los propietarios de bienes inmuebles del área sin la presencia de Fundeoriente.
Adujo que el concesionario no ha adelantado la instalación o implementación de las barreras vivas ordenadas por la licencia ambiental, las cuales tienen la finalidad de disminuir los impactos visuales de carácter negativo.
Señaló que el municipio de Tame estaría incurriendo en omisión al no dar cumplimiento a la ley, al dejar que se actúe en contravía del derecho minero, lo cual se constituye en una infracción en materia de moralidad administrativa (fls. 1 a 6 del expediente).
1. Solicitó que se declare que el Instituto Colombiano de Geología y Minería —Ingeominas—, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía —Corporinoquía— y el municipio de Tame son responsables de las acciones u omisiones que han causado el deterioro y daño ambiental y ecológico como consecuencia de la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área que se ubica sobre el cauce del Río Cravo Norte.
2. Que se ordene a las entidades demandadas declarar, según sus respectivas competencias, la caducidad de la licencia ambiental expedida por —Corporinoquía—; la caducidad de la concesión expedida por Ingeominas y el cierre definitivo de la explotación, beneficios y transporte de materiales originados en el cauce del Río Cravo Norte, jurisdicción del municipio de Tame (Arauca).
3. Que en virtud de la orden anterior, se ordene el cumplimiento de la póliza minero ambiental, firmada entre Ingeominas y Fundeoriente, a que se refiere la cláusula décima segunda del contrato de concesión IFR-15191X.
4. Que se ordene a las entidades responsables, previo avalúo que presenten los peritos, lo siguiente: a) la compensación del daño ambiental; b) el resarcimiento y reparación de los daños ocasionados con motivo de la destrucción indiscriminada del medio ambiente, el equilibrio ecológico, la interrupción del desarrollo sostenible y de las especies animales y vegetales, la afectación de los intereses de la comunidad relacionada con la preservación y conservación del medio ambiente; c) la restauración, volviendo al estado en que se encontraba el medio físico intervenido con motivo de la explotación; y d) las demás que se consideren de vital importancia y necesidad para subsanar el daño ocasionado presente y futuro.
5. Que las entidades demandadas, acaten inmediatamente la orden que se imparta, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, y, se ordene el incentivo de 150 salarios mínimos mensuales (fls. 7 y 8 del expediente).
I.4.1. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, actuando por conducto de apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, explicó que su actuación frente a los hechos, se circunscribe a su naturaleza jurídica, objeto y funciones, para lo cual hizo un recuento de la normativa que la rige así como su evolución legislativa.
Afirmó que no ha vulnerado los derechos colectivos aducidos por el actor, pues ha dado total cumplimiento a sus funciones en su calidad de máxima autoridad ambiental y protectora del medio ambiente.
Propuso la excepción de “Falta de legitimación por pasiva”, por cuanto considera que no es responsable del objeto de la acción incoada, además de que no ha violado ningún derecho colectivo. (fls. 99 a 107 del expediente).
I.4.2. El Instituto Colombiano de Geología y Minería —Ingeominas—, actuando por conducto de apoderada, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, adujo, lo siguiente:
Que con el fin de establecer de manera clara su actuación de frente a los hechos del libelo introductorio, es pertinente que se tenga en cuenta su naturaleza jurídica, objeto y funciones, para lo cual hizo un recuento de la legislación que la regula y su desarrollo legislativo.
Expresó que el contrato de concesión IFR-15191X corresponde a la exploración y explotación de un yacimiento de arenas y gravas naturales y síliceas, arenas y gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para construcción, arcilla y demás minerales concesibles en un área localizada en la jurisdicción del municipio de Tame.
Precisó que tal contrato se celebró el 12 de diciembre de 2007 entre Ingeominas y Fundeoriente y que su término de ejecución se pactó por 30 años contados a partir de la inscripción del mismo en el registro minero nacional, lo cual tuvo lugar, el 12 de febrero de 2008.
Transcribió apartes del clausulado del referido contrato de concesión y explicó que en virtud de este, se aportó, mediante escrito de 18 de diciembre de 2007, póliza minero ambiental y se solicitó la reducción del área otorgada en el contrato de concesión.
Después de un extenso recuento de los actos administrativos expedidos por virtud del pluricitado contrato de concesión, manifestó que la autoridad minera, en su labor de entidad fiscalizadora del recurso minero, ha realizado todas las actividades tendientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas del referido contrato IFR-15191X, pues elaboró los informes técnicos emitidos por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— y practicó las visitas en el área de trabajos, asimismo efectuó los requerimientos respectivos en aras de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del título minero.
Agregó que dentro de un estricto seguimiento y control del título minero, cumplió sus funciones enmarcadas dentro de las exigencias legales allí contempladas, propendiendo, entre otros aspectos, por el manejo adecuado de los recursos mineros frente a la integridad y disfrute del ambiente así como la preservación del equilibrio ecológico.
Reiteró que la autoridad minera ha efectuado visitas de control y seguimiento en el área concedida, estableciendo en sus informes una serie de recomendaciones, conclusiones y requerimientos al titular minero, con el objeto de que este dé cumplimiento a las obligaciones emanadas del contrato de concesión.
Manifestó que ha realizado un seguimiento estricto, pormenorizado y detallado de cada una de sus obligaciones, exigiendo a los titulares del referido contrato IFR-15191X su cumplimiento, con lo cual se demuestra que la entidad ha sido diligente en el ejercicio de sus funciones, su tarea de seguimiento y control según lo establece la ley.
Resaltó que en su función fiscalizadora siempre ha estado vigilante en que Fundeoriente, como titular del contrato de concesión, tenga amparado su título a través de la póliza minero ambiental y la respectiva licencia ambiental.
Afirmó que una vez hechos los requerimientos del caso, el grupo de trabajo —Regional Cúcuta—, en su labor de fiscalización y ordenamiento minero, aprueba la póliza minero ambiental procediéndose a declarar, el 26 de mayo de 2010, el inicio de la etapa de explotación, con la cual se reafirma que se ha dado cumplimiento a la Ley 685 de 2001 de Código de Minas.
Señaló las siguientes etapas constitutivas de un título minero, así:
— Trabajo de exploración. Precisó que según las disposiciones contractuales determinadas dentro del contrato de concesión, el titular minero se comprometió a dar cumplimiento a las guías minero ambientales expedidas por el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
— Construcción y montaje minero. Explicó que en esta etapa es necesario presentar programas de trabajos, obras de exploración, el estudio de factibilidad ambiental aprobado y la licencia ambiental, y, que en el sub examine se han cumplido tales requisitos.
— Obras y trabajos de explotación. Precisó que el período de explotación comercial se inicia formalmente al vencimiento del período de construcción y montaje, incluyendo sus prórrogas, por lo que en esta etapa se deben cumplir las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, las cuales deben ser verificadas y controladas por la autoridad competente.
Manifestó que el contrato de concesión IFR-15191X ha estado investido con el principio de la legalidad por haber tenido su fundamento en la Ley 685 de 2001, por lo tanto todas las actuaciones y actos administrativos expedidos se ajustan a las disposiciones contenidas en el Código de Minas y demás normas complementarias.
Resalta que en el pluricitado contrato de concesión existen 12 títulos mineros y en los hechos de la demanda el actor solo hace referencia a uno de ellos, lo que da lugar a pensar que el sub lite se trata de una situación de enfrentamiento o pugna entre el actor popular y el titular minero, no siendo este el mecanismo para ventilar tales asuntos (fls. 380 a 398 del expediente).
I.4.3. El municipio de Tame, actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda, se opuso a sus pretensiones y propuso la excepción de “Falta de legitimación por pasiva”, la cual hizo consistir en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1333 de 2009, la entidad territorial tiene una competencia preventiva, función que ha cumplido.
Precisó que en caso de presentase alguna infracción al régimen ambiental, son las corporaciones autónomas regionales, en este caso la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía- la entidad encargada de velar por su debida protección (fls. 601 a 603 del expediente).
I.4.4. La Fundación del Oriente de Colombia, Fundeoriente,actuando por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. En esencia, adujo lo siguiente:
Que la acción popular fue diseñada como un instrumento procesal para la defensa de los derechos colectivos. Al respecto, el Consejo de Estado(1) ha señalado que:
“Las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política reglamentada por la Ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Cabe señalar que tales derechos e intereses colectivos, no son únicamente relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente (...).
Ahora bien, aunque este mecanismo de defensa judicial busque la protección de los derechos e intereses colectivos, no quiere decir que pueda ejercerse para la reparación, bien sea individual o plural del daño que ocasione la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, por cuanto para ello el constituyente y el legislador han previsto otro tipo de acciones, como por ejemplo las acciones de grupo o de otra clase...”.
Precisó que no es posible acceder a la segunda pretensión de la demanda, dado que ha cumplido con lo legalmente establecido para adquirir la concesión y la licencia.
Aclaró que si bien es cierto que se le sancionó por una infracción cometida, también lo es que esta ya se cumplió y que además, a la luz de la Ley 1333 de 2009, para que sea declarada la caducidad de la licencia ambiental, tendría que ser objeto de una investigación ambiental, que conlleve a que la sanción de aplicar “la revocatoria de la licencia o la caducidad de la misma” (fls. 608 a 616 del expediente).
El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia de 20 de octubre de 2011, negó las súplicas de la demanda. En esencia adujo lo siguiente:
Que después de efectuar un análisis del acervo probatorio, Fundeoriente obtuvo de manera legal, tanto el contrato de concesión, como la licencia ambiental, previo un procedimiento administrativo en cuyas etapas, se hicieron visitas, se diseñaron planes de manejo, se detectaron los impactos ambientales, se fijaron los parámetros físicos para la explotación, se hicieron inspecciones oculares para el estudio de los recursos naturales en la zona pretendida y las comunidades asentadas en el área.
Señaló que de este modo, el contrato de concesión y la licencia ambiental contienen todos los antecedentes administrativos que determinaron un número considerable de obligaciones que buscan a toda costa disminuir en lo posible los impactos ambientales y el daño que necesariamente se produce para lograr la debida restauración.
Indicó que conforme a lo anterior, Fundeoriente tiene las autorizaciones y permisos necesarios y exigibles para ejercer y ejecutar el contrato de concesión, desde luego, bajo ciertos parámetros, puesto que el principio del desarrollo sostenible permite, por un lado, la explotación de los recursos naturales, para el avance económico de los pueblos, y, por el otro, exige la reparación de los daños o la mitigación y la conservación, de manera tal que el equilibrio ayude al beneficio para las generaciones futuras.
Afirmó que Corporinoquía el 23 de septiembre de 2011, realizó una inspección ocular en aras de “verificar el estado actual de las actividades licenciadas a la Vereda Cravo Regilia, municipio de Tame, departamento de Arauca, y en tal virtud emitió un Concepto Técnico 700.10.1.11-321 del 26 de septiembre de 2011”.
Argumentó que dicha inspección y desde luego el informe y acto administrativo consiguiente, son fundamentales, porque permiten establecer el estado actual de la explotación de materiales de construcción.
Sin embargo, precisa que de las demás pruebas analizadas no se pudo concluir que las aguas del Río Cravo Norte en las veredas del municipio de Tame, determinadas por el actor, estuvieran siendo contaminadas al punto de que las mismas no pudiesen ser utilizadas por las comunidades, o que se estén deteriorando los ecosistemas o que existiera eminente erosión o que la extracción del material se realizara aguas adentro. Al contrario, se pudo evidenciar, de manera categórica, el cumplimiento de la ley, los permisos, autorizaciones y las licencias otorgadas.
Adujo que de las pruebas documentales se pudo colegir que:
• No es cierto, que para suscribir el contrato de concesión, Ingeominas, se hubiese abstenido de realizar previamente estudios jurídicos, técnicos y de factibilidad.
• No es cierto, que para otorgar los permisos, autorizaciones y licencia ambiental, Corporinoquía hubiere omitido los estudios ambientales, el plan de manejo ambiental propuesto, las condiciones exigidas en torno a la realidad del principio de desarrollo sostenible, y la imposición de obligaciones.
• No es cierto, que dentro de los estudios hechos por las dos entidades, no se hubieran tenido en cuenta las comunidades vulnerables, étnicas u otro sector que por su especial conservación debió ser objeto de tratamiento legal.
• No es cierto, que las entidades desplegaran conductas omisivas a fin de evitar desastres ecológicos; por el contrario, se han hecho investigaciones con frecuencia, atendiendo quejas, impuesto multas, suspendiendo obras, modificaciones a la licencia ambiental, autorización para desarrollar obras como son la construcción de muros de contención o aluviones para evitar la erosión, la aprobación del programa de reforestación, el seguimiento del plan de manejo ambiental, y el monitoreo del agua del Río Cravo Norte, entre otras.
Explicó que es cierto que cualquier explotación de recursos naturales, renovables o no renovables, lleva consigo, tanto los impactos al medio ambiente como a los recursos naturales, pero en igual sentido, es absolutamente real que las medidas de mitigación van de la mano con las autorizaciones legales. En este caso, la explotación del material de arrastre, construcción y puesta en funcionamiento de una máquina de trituración a una distancia autorizada, está dentro de los parámetros de la vigilancia, control y normas sobre la disminución de dichos impactos.
Agregó que bajo este contexto, la prueba documental allegada demuestra que las entidades administrativas demandadas han realizado desde el año 2008, visitas anuales permanentes a la actividad del concesionario por parte de Ingeominas y varias veces al año por parte de Corporinoquía.
Argumentó que las entidades accionadas han cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales, pues tales deberes no fueron omitidos y, lo más importante, que de la vigilancia y el control se puede establecer que tampoco existe vulneración de los derechos colectivos que acusa el actor popular, pues los conceptos técnicos demuestran lo contrario, incluyendo la queja mayor “la contaminación del Río Cravo Norte”.
Resaltó que siendo la carga de la prueba del resorte del actor popular, su labor fue deficiente para lograr el objetivo de demostrar los grandes desastres que enumera en los hechos de la demanda, habida cuenta de que tenía el deber de probar los comportamientos que atribuye a las demandadas, pues solo allegó unos testimonios que si bien arguyen la contaminación, principalmente del río, no son suficientes para darle el valor de ley, ya que los análisis físico químicos elaborados por Corporinoquía constituyen una prueba de laboratorio que ostentan mayor peso que las afirmaciones, pues demuestran que la supuesta contaminación en los niveles de riesgo, no es cierta.
Concluyó, que en términos generales, las pruebas aportadas por el actor popular no fueron suficientes y valederas para definir alguna conducta anómala de Ingeominas y Corporinoquía, pues por el contrario, al estudiar la totalidad del acervo probatorio allegado a la actuación, se pudo determinar que las demandadas han obrado con diligencia y cuidado (fls. 738 y 757 del expediente).
III.1. El apoderado de la Defensoría del Pueblo —Regional de Arauca—, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. En esencia, adujo lo siguiente:
Que no fue practicado el dictamen pericial pedido por el actor relativo a la prueba científica que determinaría si existe o no contaminación del medio ambiente y, básicamente del Río Cravo Norte.
Explicó que la prueba de laboratorio que se haga sobre las muestras tomadas del Río Cravo Norte es la que permite determinar con seguridad si existe o no la contaminación aducida.
Precisó que en el presente asunto la controversia gira en torno de un recurso hídrico, el cual no solo sirve para el consumo de animales, sino también para un número grueso de habitantes del municipio de Tame, lo que amerita ser más que prudentes, cuidadosos y celosos con dicho recurso, dado que de verificarse los niveles de contaminación estaríamos ad portas de una imprescindible catástrofe.
En virtud de lo anterior, solicitó que en segunda instancia se decrete la práctica de la prueba en mención, a fin de salvaguardar la salud de los moradores de las veredas reseñadas por el actor popular, máxime cuando son varios los testigos que han reiterado la contaminación de la mencionada afluente.
Expresó que la prueba documental aportada por Corporinoquía, en la que se basó el tribunal para proferir la sentencia, además de no ser objetiva por provenir de una de las demandadas, tampoco fue objeto de traslado a las partes para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, vulnerándose en efecto, el debido proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución Política, por lo que considera que es nula.
Manifestó que el hecho de que Corporinoquía hubiese sancionado a Fundeoriente, precisamente por extralimitarse en sus funciones, cuestión que advierte el fallo materia de debate, constituye un indicio y un argumento válido para afianzar la solicitud de revocatoria de la sentencia recurrida, para en su lugar y previa la práctica del dictamen pericial referido, conforme a lo que arroje el resultado, se proceda a acceder a las súplicas de la demanda (fls. 760 a 763 del expediente).
III.2. El señor Aníbal Chávez Ibagon interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca. En esencia, adujo lo siguiente:
Que el a quo mediante auto de 1º de abril de 2011, decretó pruebas teniendo en cuenta las documentales aportadas por las entidades demandadas y decretando las testimoniales; no obstante, negó la inspección judicial solicitada en la demanda, relativa al nombramiento de peritos avaluadores y las demás que oficiosamente se consideraran útiles para los fines del proceso.
Manifestó que la comunidad del área de influencia, objeto de explotación, acudió a la justicia a fin de que se resolviera la situación que está atentando contra el medio ambiente, los ecosistemas y los medios de subsistencia agropecuaria, para los cuales el despacho aplicó el procedimiento de una acción ordinaria y no el de una popular.
Precisó que a partir del auto de pruebas, se puede apreciar que la actuación del a quo no se orientó en forma equitativa, toda vez que las pruebas por él allegadas no se tuvieron en cuenta de la misma forma que los documentos arrimados por las demandadas.
Señaló que con las pruebas solicitadas y aportadas se pretendía demostrar que no se contó con el permiso por parte de la comunidad, grupos étnicos y que no se efectuó la socialización del proyecto de explotación.
Alegó que el a quo no concretó mediante peritos y visitas, la veracidad de la información aportada mediante declaraciones, dándole solo credibilidad a los documentos allegados por las demandadas, sin la respectiva corroboración.
Sostuvo que deja mucho que decir el hecho de que no se hubiese corroborado la prueba de laboratorio que asevera Corporinoquía fue tomada por ellos, a través de Aquialin, a tal punto que los daños en las aguas están originando problemas al consumo humano y de animales y está dejando sedimentaciones en el cauce de las aguas como producto de la explotación, que constituyen el pleno reflejo de la contaminación.
Indicó que se debió ahondar en todos aquellos aspectos probatorios considerados útiles en el proceso e ir mucho más allá, a fin de que el fallo fuere acorde con la realidad existente, pues se está sacrificando la vida de los habitantes de la región, las condiciones físico ambientales, ecológicas y la supervivencia de todos los seres humanos a cambio de una explotación y ganancia mercantil, lesionando los derechos colectivos (fls. 764 a 767 del expediente).
El procurador delegado para la conciliación administrativa, señaló que del material probatorio allegado al expediente no se pudo determinar si se presentó o no la vulneración de los derechos colectivos invocados por el actor, por lo que solicitó que en virtud del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, se proceda a decretar las pruebas pertinentes. Adujo en esencia, lo siguiente:
Que el actor popular actuó en la medida de sus posibilidades, pues presentó las pruebas documentales que estuvieron a su disposición; solicitó testimonios, documentos y conceptos periciales que, a su juicio, consideró conducentes dada la dimensión y las implicaciones del daño ambiental.
Agregó que, por su parte, el fallador de primera instancia, también estimó que la prueba técnica es el medio más eficaz para resolver el problema planteado y por ende, tuvo en cuenta la necesidad de contar con el mismo, para lo cual, en efecto, al momento de proferir decisión valoró como pruebas las aportadas al proceso por las demandadas.
Precisó que las pruebas aportadas a la actuación constituyen un referente importante para que el administrador de justicia establezca la solución al problema planteado; sin embargo, de la valoración del conjunto de las arrimadas, se determinó que no resultan suficientes para resolver la totalidad del asunto en su integridad.
Resaltó que el operador de justicia puede impartir las órdenes necesarias para suplir la deficiencia probatoria (fls. 797 a 805 del expediente).
En el presente caso, el señor Aníbal Chávez Ibagon considera que el municipio de Tame (Arauca), el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquía, y la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de vital importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas; y, demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.
Estima que la violación de los derechos colectivos antes mencionados, se originó por virtud de la expedición de la Resolución 200-41-08-1053 de 12 de septiembre de 2008, por la que la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, otorgó una licencia ambiental a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área establecida en el contrato de concesión minero IFR-15191X que se ubica sobre el cauce del Río Cravo Norte, en la Vereda Caño Rojo, jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca.
No obstante, Corporinoquía considera que en el sub examine no se han vulnerado los derechos colectivos aducidos por el actor y en cuanto a la solicitud de caducidad de la licencia en cuestión, señaló que no es posible hacer tal declaratoria, de conformidad con los presupuestos consagrados en la Ley 1333 de 2009.
Igualmente, Ingeominas estima que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados en el libelo demandatorio, pues en su calidad de autoridad minera, ha efectuado una actividad fiscalizadora respecto de todas las actividades derivadas del contrato de concesión IFR-15191X; se elaboraron informes técnicos, se practicaron visitas en el área de trabajos y se elevaron requerimientos con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del título minero concedido.
Por su parte, Fundeoriente señaló que ha cumplido con los presupuestos legales para el otorgamiento de la concesión y la licencia; y, respecto de la caducidad de la resolución que otorgó la citada licencia ambiental, precisó que ello solo es procedente, previa investigación que determine tal sanción.
Finalmente, tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio Público, resaltaron la necesidad de que en segunda instancia se realice la prueba solicitada por el actor y que no fue practicada por el a quo, a fin de determinar si existe o no la contaminación por él alegada. Asimismo, la Defensoría del Pueblo solicitó que se declare la nulidad de las documentales allegadas por Corporinoquía, por estimar que carecen de objetividad y no haberse corrido traslado de las mismas a las partes.
Al respecto, resalta la Sala, que tales pruebas gozan de total valor probatorio, por cuanto fueron allegadas dentro del término legal pertinente y por ende, las partes tuvieron la oportunidad de controvertirlas.
En cuanto a la prueba dejada de practicar por el a quo, se precisa aclarar que, contrario a lo manifestado por la Defensoría del Pueblo en el recurso de apelación, aquella no hacía referencia a un análisis de laboratorio sino a una inspección judicial; así pues, teniendo en cuenta que los apelantes alegaron la presunta contaminación acuífera y la carencia de la referida prueba pericial, el despacho sustanciador, mediante auto para mejor proveer de 17 de septiembre de 2012, solicitó a la Corporación Autónoma de la Orinoquia, Corporinoquía, el resultado del análisis físico químico efectuado por la empresa Aqualin sobre las aguas del Río Cravo Norte.
Sin embargo, al allegarse tal análisis, se observó que resultó inconcluso, por lo que a través de los proveídos de 11 de marzo y 2 de mayo de 2013, se requirió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para que rindiera un informe técnico con el fin de que determinara si con ocasión de la licencia ambiental otorgada por Corporinoquía a Fundeoriente se afectó el equilibrio ecológico, los ecosistemas y el desarrollo de las especies animales y vegetales del Río Cravo Norte y demás áreas colindantes.
Así las cosas, entra la Sala a establecer si por virtud de la citada licencia y concesión se ha afectado el equilibrio ecológico, los ecosistemas y el desarrollo de las especies animales y vegetales de la zona y de ser así, si es procedente declarar la caducidad de la licencia ambiental y la concesión otorgada a favor de la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente.
Para resolver tales cuestionamientos, se precisa analizar el material probatorio allegado al expediente, así:
De la actuación surtida ante la Corporación Regional de la Orinoquía, Corporinoquía, se allegaron las siguientes:
— Copia del oficio OFI06-31227-DET-1000 de 19 de diciembre de 2006, suscrito por el profesional universitario de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, dirigido al señor Luis Antonio Uribe Cruz, representante legal de Fundeoriente, por medio del cual se le informó lo siguiente:
“Revisadas las bases de datos institucionales del DANE, asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales y los reconocimientos emanados de estas dirección sobre comunidades indígenas no se registran comunidades indígenas en zonas no tituladas en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
De acuerdo a la información de constitución de resguardos indígenas reportada por el Incora (hoy Incoder), se registran resguardos indígenas en el municipio de Tame, departamento de Arauca, por lo que se debe solicitar la certificación de existencia de territorio legalmente constituido al Incoder, de acuerdo al artículo 3º del Decreto 1320 de 1998.
Revisada la información existente en esta dirección sobre comunidades negras no registran comunidades negras en el municipio de Tame, departamento de Arauca.
Sin embargo, si al adelantar las actividades se establece que existe alguna comunidad indígena y/o negra, es necesario dar aviso por escrito a esta dirección para dar cumplimiento a la realización del proceso de consulta previa de que trata el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7º de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Código Minero” (destacado fuera de texto) (fl. 129 del expediente).
— Copia del contrato de concesión suscrito el 12 de diciembre de 2007, por el director del Servicio Minero y el representante legal de Fundeoriente relativo a “la exploración y explotación de un yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas, arenas y gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para construcción, arcillas y demás minerales concesibles IFR-15191X celebrado entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería Ingeominas y la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación del Oriente Colombiano Fundeoriente” (fls. 13 a 23 del expediente).
— Copia de la certificación de 15 de abril de 2008, por medio de la cual la Secretaría de Obras Públicas y Planeación acredita que de conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial aprobado para el sector de la cuenca del Río Cravo Norte la actividad que desarrolla, es compatible (fl. 128 del expediente).
— Copia del Auto 500.5.7.08-0482 de 28 de mayo de 2008, expedido por el profesional especializado con funciones de subdirector de control y calidad ambiental de Corporinoquía, mediante el cual se inicia el trámite para otorgar licencia ambiental a Fundeoriente para la explotación y beneficio de materiales de construcción (fls. 133 a 135 del expediente).
— Copia del Concepto 1000098 de 11 de septiembre de 2008, expedido por los contratistas de apoyo de control y calidad ambiental Maricela Pulido Díaz y Arnulfo Antonio Muñoz Moreno, por medio del cual se acreditó la realización de una evaluación de la solicitud de la licencia ambiental para el proyecto de explotación, transporte y beneficio de materiales de construcción del Cauce Río Cravo Norte, según visita realizada el 6 de junio de 2008. Se extraen las siguientes consideraciones generales:
“• Dentro de los permisos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales no contempla el permiso de ocupación de cauce, ni el aprovechamiento forestal, ya que el desarrollo del proyecto no los requiere.
• Cualquier cambio o modificación en el desarrollo de las actividades de extracción de material de arrastre o de los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales otorgados, deberá ser previamente informada a Corporinoquía para su respectiva evaluación.
• La fundación Fundeoriente debe presentar semestralmente a Corporinoquía un informe de Interventoría Ambiental, donde se encuentre la información relativa a: estado de desarrollo y del proceso de explotación de material de construcción en el Río Cravo Norte, información detallada sobre las reservas y los recursos que quedan in situ, actualización topográfica de los depósitos aluviales cada dos (2) años, según cambios morfológicos de los mismos, resultados de monitoreo de calidad del aire y niveles de ruido y en general, el análisis del estado de avance en la implementación y nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de las obligaciones impuestas por Corporinoquía.
• Como compensación por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, La fundación Fundeoriente debe ejecutar un programa de reforestación según las medidas de compensación establecidas en la Resolución 200.15.04-0679 de 2004, el cual será concertado con Corporinoquía dentro de los veinte (20) días de notificado el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y se llevará a cabo bajo los lineamientos técnicos establecidos en las resoluciones 659 de 2000 y 200.15.04-0678 del 2004; de igual forma, puede optarse por invertir el monto de la reforestación de 3 hectáreas en otra actividad (teniendo en cuenta el valor promedio por hectárea de bosque plantado establecido por Corporinoquía mediante Resolución 200.15.07-0197 de marzo 5 de 2007), que genere beneficio ambiental al área de influencia directa o indirecta del proyecto.
• La fundación Fundeoriente, será responsable por cualquier daño o deterioro causado al medio ambiente en el desarrollo del proyecto, para lo cual deberá implementar las medidas correctivas e informar de inmediato a Corporinoquía” (fls. 141 a 166 del expediente).
— Copia de la Resolución 200-41-08-1053 de fecha 12 de septiembre de 2008, “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área establecida en el Contrato de Concesión Minero IFR-15191X, que se ubica sobre el cauce del Río Cravo Norte, en la Vereda Caño Rojo, jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca” (fls. 24 a 51 del expediente).
— Copia del Auto 700.57.08-436 de 22 de diciembre de 2008, expedido por la directora territorial de Corporinoquía, mediante el cual se ordenó a la Oficina de Control y Calidad Ambiental practicar una visita de inspección para el respectivo control y seguimiento del lugar donde se genera cada queja o trámite para que se rinda el respectivo informe técnico (fls. 208 y 209 del expediente).
— Copia del Auto 700.567.09-423 de 11 de agosto de 2009, expedido por Corporinoquía, por medio del cual su directora territorial (E) solicitó a la Oficina de Control y Calidad Ambiental practicar una visita de inspección del lugar donde se genera el trámite (fls. 210 y 211 del expediente).
— Copia del Concepto 700.10.1.09.239 de 28 de agosto de 2009, expedido por el profesional universitario y con visto bueno de la directora territorial de Corporinoquía, por medio del cual efectuaron un control y seguimiento a la cantera de Fundeoriente, según visita de 28 de agosto de 2009. Se extraen las siguientes nociones:
“1. Amojonamiento del área licenciada: (...) se debe mejorar de manera inmediata el área involucrada dentro del contrato de concesión minera IFR-15191X...
2. Explotación del material de cantera: el material acopiado deberá ser utilizado como alternativa, antes de abrir nuevas fuentes de explotación y continuar con la siembra de la vegetación que sirva como barrera viva que minimice la emisión de material particulado y aislamiento del patio de extracción de material pétreo.
3. Manejo de combustibles: actualmente no se almacena combustible de ningún tipo en el área de la cantera; en caso de que esto suceda se debe adecuar un área adecuando los 30 metros mínimos de la ronda del río cubierta e impermeabilizada con placa en concreto, sistema de control de volumen máximo de combustible a almacenar...
4. Manejo de residuos sólidos: localizar un lugar estratégico con cubierta para instalación del sistema de recolección de residuos que se generen, con sus respectivas canecas con tapa, señalizados con código de colores de acuerdo al tipo de residuo.
Manejo de residuos líquidos: se recomienda previo al inicio de las actividades de explotación construir un tanque séptico con su respectivo campo de infiltración, el cual debe estar a 30 metros de la ronda del río.
5. Señalización: previo al inicio de la etapa de explotación se debe instalar señales informativas que indiquen la entrada y salidas de volquetas desde 200 metros con separaciones cada 50 metros en ambos sentidos, es necesario implementar el programa de señalización interna de precaución, información, etc.
Mantenimiento de las vías de acceso: a pesar de que la carretera se encuentra en buen estado debido a los mantenimientos realizados por parte de Fundeoriente se recomienda que estos se hagan de forma periódica con el fin de la vía mantenga en buenas condiciones para su transitabilidad.
6. Transporte de material aluvial: axigir el adecuado carpado de las volquetas antes de retirarse de la zona de extracción, con el fin de reducir la emisión de material particulado y caída del material en la vía.
7. Medida de compensación: se debe continuar con la reforestación de tres (3) hectáreas como lo estipula la Resolución 200.41-08-1053 emanada por Corporinoquía para el otorgamiento de la licencia ambiental con el establecimiento de especies en el área perimetral, con el fin de que sirva de barrera visual además continuar con la siembra en un lugar específico presentando un plan de reforestación elaborado por un profesional idóneo, donde se determine especies a utilizar, distancias y densidades de siembra a emplear, considerando los aspectos técnicos establecidos en las resoluciones 659 el 17 de noviembre de 2000 y 200.15.04-0678 del 14 de diciembre de 2004 de Corporinoquía, como también las actividades de mantenimiento por dos (2) años, una vez terminado el primer año de establecimiento de la plantación. Las actividades de reforestación se establecerán al inicio del periodo actual de lluvias, haciéndose necesario la verificación de los sitios a plantar y coordinación con Corporinoquía, quien realizará la verificación de las actividades correspondientes. El plan de reforestación evaluado y aprobado por parte de Corporinoquía; este deberá presentarse en un término no mayor a treinta (30) días calendario después de notificado el presente acto administrativo. Las plantas deben ser adquiridas mediante viveros que se encuentren certificados ante Corporinoquía para lo cual deberán allegar las respectivas facturas de compra.
8. Seguridad industrial: continuar con las capacitaciones de educación ambiental y seguridad industrial. Instalar extintores, botiquín de primeros auxilios siendo de inmediata implementación.
El incumplimiento de los requerimientos dispuestos, dará lugar a la suspensión de la licencia ambiental otorgada, con arreglo de la legislación ambiental vigente y sin perjuicio de que se inicie las correspondientes actuaciones administrativas a que haya lugar.
La autoridad ambiental podrá revocar la licencia ambiental para todas o para algunas fases de la operación minera por el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones ambientales del explotador de acuerdo con los procedimientos previstos en la normatividad ambiental vigente, teniendo en cuenta el artículo 211 de la Ley 685/01.
(...)” (destacado fuera del texto) (fls. 212 a 219 del expediente).
• Copia del Auto 700.57.09.969 de 31 de diciembre de 2009, expedido por la directora territorial de Corporinoquía por medio del cual se da a conocer un concepto técnico y se hacen unos requerimientos:
Artículo segundo: el señor César Emiro Lozano Salazar, representante legal de la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, debe amojonar de manera inmediata el área involucrada dentro del contrato de Concesión Minera IFR-15191X...
Artículo tercero: ... en caso de almacenar combustible, este debe adecuar un área respetando los 30 metros mínimos de la ronda del río, cubierta e impermeabilizada con placas en concreto...
Artículo cuarto: ... debe tener un lugar estratégico con cubierta para la instalación del sistema de recolección de residuos que se generen, con sus respectivas canecas con tapa, señalizadas con código de colores de acuerdo al tipo de residuo.
Artículo quinto: ... previo al inicio de la etapa de explotación se deben instalar señales informativas que indiquen la entrada y salida de volquetas desde 200 metros...
Artículo séptimo: ... debe continuar con la reforestación de tres (3) hectáreas como lo estipula la Resolución 200.41-08-1053 emanada por Corporinoquía para el otorgamiento de la licencia ambiental, con el establecimiento de especies en el área perimetral de la cantera, con el fin de que sirvan de barrera visual además de continuar con la siembra en un lugar específico presentando un plan de reforestación elaborado por un profesional idóneo, donde se determine especies a utilizar, distancias y densidades de siembra a emplear, considerando los aspectos técnicos establecidos en las resoluciones 659 del 17 de noviembre de 2000 y 200.15.04-0678 de 14 de diciembre de 2004 de Corporinoquía, como también las actividades de mantenimiento por dos (2) años, una vez terminado el primer año de establecimiento de la plantación. Las actividades de reforestación se establecerán al inicio del periodo anual de lluvias, haciéndose necesario la verificación de los sitios a plantar y coordinación con Corporinoquía, quien realizará la verificación de las actividades correspondientes. El plan de reforestación evaluado y aprobado por parte de Corporinoquía; este deberá presentarse en un término no mayor a treinta (30) días calendario después de notificado el presente acto administrativo...
(...)” (fls. 220 a 224 del expediente).
— Copia del Auto 700.57.10-311 de 13 de abril de 2010, expedido por la directora territorial de Corporinoquía, por medio del cual se impone a los señores Rodrigo Roa y Luis Sepúlveda y al consorcio Desarrollo VIAL 2008, la siguiente medida preventiva:
“Suspensión inmediata de extracción de material arcilloso, la construcción de un gavión y la desviación de un cauce por no continuar con licencia ambiental y los permisos requeridos para ejecutar este tipo de actividades, hasta tanto esta dirección territorial califique la actuación y establezca el grado de responsabilidad del presunto infractor de la normatividad ambiental (fls. 269 a 271 del expediente).
— Copia del Concepto Técnico 700.10.1.10.205 de 20 de abril de 2010, expedido por el profesional de apoyo de Corporinoquía y la directora territorial de dicha entidad, por medio del cual, entre otras, señalan:
IV. Concepto:
• Se verificó que la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente... cuenta con la respectiva licencia ambiental para el Proyecto “Explotación, beneficio, y transporte interno de materiales de construcción del cauce del Río Cravo Norte, Vereda Cañón Rojo, jurisdicción del municipio de TAME, departamento de Arauca”, otorgada mediante Resolución 200.41.08-1053 del 12 de septiembre de 2008; por lo tanto se recomienda a la oficina jurídica de esta subsede el levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante Auto 700.57.10.311 de fecha 13 de abril de 2010.
• La Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, lleva a cabo actualmente la construcción del área del beneficio para la instalación de una planta trituradora y la implementación de una planta asfáltica para lo cual estaba extrayendo material de arrastre del Río Cravo Norte, dentro del polígono concesionado a través de maquinaria y volquetas en la mitad del cauce de este cuerpo hídrico, sin embargo el modo de explotación del material antes mencionado no cumple con lo estipulado en el artículo décimo séptimo de la Resolución 200.41.08-1053 del 12 de septiembre de 2008 el cual no contempla el permiso de ocupación del cauce.
• Se verificó la construcción de gaviones que se encuentran fuera del cauce del Río Cravo Norte con el fin de adecuarse y ajustarse como sistemas de protección contra inundaciones y desbordamientos en épocas de lluvias debido al aumento del caudal de este cuerpo hídrico, para lo cual la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, realizó la construcción de dicho sistema sin contar con el respectivo permiso de obra de defensa por parte de Corporinoquía, por lo tanto se recomienda a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, iniciar de manera inmediata el trámite correspondiente para la obtención de dicho permiso.
• La Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, no podrá explotar material de arrastre del Río Cravo Norte para su comercialización como tampoco para llevar a cabo procesos de triturado ni producción de asfalto hasta tanto no se pruebe mediante resolución el programa de Trabajo y Obras (PTO) por parte de la autoridad minera Ingeominas” (fls. 314 a 320 del expediente).
— Copia del escrito de 23 de abril de 2010, por el cual la directora territorial de Corporinoquía da respuesta a la profesional grupo asesor SINA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respecto de unos requerimientos, así:
“... que el día 6 de abril el señor Pedro Aldana radicó bajo el número 0831 queja por extracción ilegal de material sobre el río antes mencionado en contra de los señores Rodrigo Roa y Luis Sepúlveda, de la cual se procedió a abrir el expediente con el 700.38.10-106 y se realizó por parte de la oficina de control y calidad ambiental subsede Arauca la respectiva visita de inspección ocular el día 8 de abril de 2010, donde se pudo apreciar la extracción de material por no contar con la respectiva licencia ambiental la cual fue afirmada mediante Auto 0864 de fecha de 9 de abril de 2010 el señor Luis Antonio Uribe Cruz socio de Fundeoriente, allega copia del contrato de concesión IFR-15191X otorgado por Ingeominas y de la licencia ambiental otorgada por Corporinoquía mediante Resolución 200.41.08-1053 de 12 de septiembre de 2008, por medio de la cual se otorga licencia ambiental a la Fundación Oriente Colombiano, Fundeoriente, para la explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área establecida en el contrato de concesión minero IFR-1519X.
Revisada esta documentación se procede al levantamiento de la medida preventiva mediante Auto 700.57.10-342 de fecha 22 de abril debido a que el material que se utiliza es con el fin de conformar el área de beneficio en donde se lleva a cabo la instalación de una trituradora y la implementación de una planta asfáltica como lo estipula el parágrafo del artículo primero de la resolución antes en mención, sin embargo cabe resaltar que el proceso de investigación sigue su curso debido a que durante la visita se verificó algunas contravenciones ambientales con la forma de explotación que se está manejando” (fl. 57 del expediente).
— Copia del Auto 700.57.10-452 de 11 de mayo de 2010, expedido por la Corporación Autónoma de la Orinoquía, Corporinoquía, mediante el cual su directora territorial dispuso levantar la medida preventiva impuesta a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente (fls. 321 a 327 del expediente).
— Copia del Auto 700.57.10-524 de 3 de junio de 2010 expedido por la directora territorial de Corporinoquía, por medio del cual, entre otras, se ordenó el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental y se formulan cargos en contra de Fundeoriente, en síntesis, se dispuso lo siguiente:
Cargo único: construir un gavión sobre la margen izquierda (aguas abajo) del Río Cravo Norte a la altura de la vereda Cravo Regilia en el municipio de Tame, departamento de Arauca sin el permiso de ocupación de cauce exigido por la normatividad de este obras, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 102, 123 y 132 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 30 y 104 del Decreto 1541 de 1978.
(...)” (fls. 66-74 del expediente).
— Copia del Auto 700.57.10-510 de 31 de mayo de 2010, expedido por la directora territorial de Corporinoquía, por medio del cual se dio inició al trámite de ocupación de cauce y un modificatorio de la Licencia Ambiental 200.41.08-1053 de 12 de septiembre de 2008 a nombre de Fundeoriente, de conformidad con solicitud de 3 de mayo de 2010 (fls. 240 y 241 del expediente).
— Copia del Concepto Técnico 700.10.1.10.399 de 21 de junio de 2010, relativo a la modificación de la licencia ambiental otorgada a Fundeoriente, según visita realizada el día 8 del mes y año mencionado. Se efectuó el siguiente concepto:
“• Se recomienda a la oficina jurídica de esta subsede, modificar el parágrafo del artículo primero de la Resolución 200.41.08-1053 de fecha 12 de septiembre de 2008, y establecer el área proyectada para realizar actividades de beneficio dentro del polígono con las siguientes coordenadas origen 3 grados Este: (...).
• Otorgar permiso de ocupación de cauce (obra de defensa) consistente en la construcción de gaviones los cuales se ubican sobre el margen de río Cravo en el predio Haz de Oro, municipio de Tame, adyacente al área de beneficio y cuya finalidad es evitar erosiones, transporte de materiales y derrumbamientos de márgenes. (fls. 242 a x del expediente)
— Copia de la Resolución 700.41.10-148 de 27 de septiembre de 2010, expedida por la directora territorial de Corporinoquía, por medio de la cual se otorga una ocupación de cauce y se hace una modificación del parágrafo único del artículo primero de la Resolución 200.41.08-1053 de 12 de septiembre de 2008 en cuanto a ubicación de coordenadas norte y este (fls. 251 a 256 del expediente).
— Copia de la Resolución 700.41.10.174 de 25 de noviembre de 2010, “Por medio de la cual se profiere un fallo sancionatorio de un proceso investigativo en contra del señor Fundeoriente NIT 700.41.10.174”, con base en lo siguiente:
“De la sanción imponible:
Que la Ley 1333 de 2009, estipula en el artículo 18 que: El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Concuerda lo establecido en el artículo anterior con el contenido del artículo 22 ibídem, al expresar “La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios”. Circunstancias a las cuales se le dio cumplimiento.
Dentro de la Resolución 200.41.09.0670 de 17 de junio de 2009, mediante la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación, control y seguimiento de proyectos, obras y/o actividades que requieren licencia ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones, otros instrumentos de manejo y control, la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, NIT. 830500712-2, debió cancelar para el permiso de ocupación de cause la suma de $ 1.030.000, de acuerdo a la tarifa grupo III. Actividad - permiso y autorizaciones, categoría IV, área y/o sector: infraestructura.
Para el caso de dosificación de la sanción, se tiene, que al infractor de las normas sobre protección ambiental, se le podrá imponer entre otras medidas sancionatorias, multas diarias hasta por una suma equivalente a cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución, aplicando el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009, que para el caso que nos ocupa la sanción será acorde con la gravedad de la infracción cometida, teniendo en cuenta que por no existir daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud humana, es aplicable el atenuante tipificado en el numeral 3º del artículo 6º de la Ley 1333 de 2009.
En consecuencia, esta subsede teniendo en cuenta que existe suficiente mérito para declarar responsable a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, NIT..., como infractora de las normas sobre protección ambiental.
Teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1º en su artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, esta subsede le impone como sanción a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, NIT ..., una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes iguales o equivalentes a dos millones quinientos setenta y cinco mil pesos ($ 2.575.000), m/c...” (destacado fuera del texto) (fls. 354 a 366 del expediente)
— Copia del Auto 700.57.11-044 de 27 de enero de 2011, por medio del cual directora territorial de Corporinoquía dispone archivar el Expediente Sancionatorio 700.38.10-106, con base en las siguientes consideraciones:
“Que partiendo de los antecedentes antes citados, la Resolución 700.41.010-174 del 25 de noviembre de 2010...
Que a folio 113 reposa dentro del expediente constancia de pago de la sanción impuesta por esta corporación a Fundeoriente NIT 830.500.712-2, lo que demuestra el pago cumplimiento total de la obligación.
(...)” (fls. 372 a 374 del expediente).
— Auto 700.57.11-800 de 27 de septiembre de 2011, expedido por la directora territorial de Corporinoquía, mediante el cual se estableció: que las actividades de extracción de material de arrastre efectuadas por Fundeoriente en el Río Cravo a una distancia de 600 metros aproximadamente, está dando cumplimiento al numeral 2º del artículo 5º de la Resolución 200.41.08-1053 de 2008; que tales actividades se han realizado dentro del área autorizada en el artículo 1º de resolución mencionada; que Fundeoriente cuenta con un área para el almacenamiento de combustibles con su respectiva placa de concreto, cubierta y “control de gracias”, dando cumplimiento al numeral 5º del artículo 5º de la resolución ibídem; que cuenta con la respectiva señalización en el área de influencia del proyecto; que cuenta con la respectiva concesión de aguas inmersa dentro de la licencia ambiental otorgada, dando cumplimiento al numeral 1º del artículo 7º de la Resolución 200.41.08-1053 de 2008; que cuenta con el respectivo permiso de vertimientos para la disposición de aguas residuales domesticas; que cuenta con planta de mezcla asfáltica la cual tiene una chimenea cuya altura corresponde a unos 16 metros, dando cumplimiento al numeral 1º del artículo 11 de la resolución mencionada; llevó a cabo el establecimiento de limoncillo (swinglea glutinosa), dando cumplimiento al numeral 1º del artículo 10 de la resolución ibídem; que dentro del área de beneficio cuenta con un sistema de recipientes identificados con código de colores y señalizados respectivamente de acuerdo con el tipo de residuos sólidos generados, dando parcialmente cumplimiento al artículo 13 de la pluricitada Resolución 200.41.08-1053 de 2008; que mediante Radicado Interno 2372 se allegó resultado de los análisis físico químicos de las aguas del Río Cravo Norte en el área de influencia directa del proyecto, los cuales fueron efectuados por la empresa Aqualin acreditada por el Ideam, mediante Resolución 590 de 19 de marzo de 2010, los cuales indican que se está cumpliendo con los parámetros permitidos en el Decreto 3930 de 2010; que Fundeoriente estableció la medida compensatoria consagrada en la Resolución 200.41.08-1053 de 2008; entre otros (fls. 731 a 735 del expediente).
De la actuación surtida ante el Instituto Colombiano de Geología y Minería, se allegaron las siguientes:
— Copia del Auto 2381 de 28 de octubre de 2007, expedido por el coordinador del Grupo de Contratación y Titulación Minera de Ingeominas, por medio del cual se requirió a Fundeoriente para que suscribiera el correspondiente contrato de concesión, so pena de entender desistida su voluntad de continuar con el trámite de la solicitud de contrato de concesión (fl. 418 del expediente).
— Copia de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales, vigente desde el 17 de diciembre de 2007 hasta el 17 de diciembre de 2008, tomada por la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, a favor de —Ingeominas—, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de multa y la caducidad del contrato IFR-15191X durante el primer año de exploración del yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas, arenas y gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para la construcción, arcillas y demás minerales concesibles, localizado en la jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca (fl. 428 del expediente).
— Copia del certificado de registro minero, expedido por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, mediante el cual se acredita que se le otorgó a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, título minero IFR-15191X, cuya vigencia data desde el 12 de febrero de 2008 hasta el 11 de febrero de 2038 (fl. 274 del expediente).
— Copia del Auto GTRCT-0084 de 27 de marzo de 2008, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero Grupo de Trabajo Regional de Cúcuta, mediante el cual se hicieron los siguientes requerimientos:
“Que teniendo en cuenta el incumplimiento por parte del concesionario del contrato de la referencia, de no cancelar el canon superficiario correspondiente al primer año de exploración, es del caso informarle que se encuentra incurso en la causal de caducidad, conforme lo estipula la cláusula décima séptima del contrato, numeral 17.4 que establece: ‘El pago no oportuno y completo de las contraprestaciones económicas’.
Por lo anterior, se concede un término de quince (15) días para subsanar la falta que se le imputa o formule su defensa respaldadas con las pruebas correspondientes, contados a partir de la notificación del presente auto.
Solicitar a la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, para que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación por estado jurídico del presente auto alleguen la ampliación de la vigencia y reajuste del valor asegurado de la póliza de cumplimiento 300008945 expedida por Seguros Cóndor.
Finalmente, se le recuerda al concesionario que no podrá realizar labores de exploración, construcción y montaje y explotación hasta tanto no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 281 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), esto es la aprobación del Programa de Trabajo y Obras y la obtención de la respectiva licencia ambiental” (fls. 433 a 436 del expediente).
— Copia del Auto GTRCT-0201 de 26 de junio de 2008, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero Grupo de Trabajo Regional Cúcuta de —Ingeominas—, por medio del cual, entre otros, aprobó la Póliza de Cumplimiento 300008945, expedida por Seguros Cóndor el día 13 de mayo de 2008, a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, y, otorgó un término de un mes para que se diera cumplimiento a la obligación contractual del pago del canon superficiario del primer año de la etapa de exploración del contrato (fls. 444 a 446 del expediente).
— Copia de la Resolución GTRCT-0005 de 15 de septiembre de 2008, expedida por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas por medio de la cual se declaró que Fundeoriente adeuda al Ingeominas, por concepto de contraprestaciones y obligaciones económicas respecto al canon superficiario correspondiente al primer año de la de la etapa de exploración, comprendido entre el 12 de enero de 2008 al 11 de enero de 2009, derivado del contrato de concesión IFR-15191X, la suma de $ 30.490.839, más los intereses que se causen hasta el momento en que se haga efectivo el pago (fls. 449 y 450 del expediente).
— Copia del Auto GTRCT de 16 de septiembre de 2008, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, por medio del cual se declaró el desistimiento del trámite de reducción de áreas del contrato IFR-15191X, solicitado mediante oficio de 20 de diciembre de 2007 con número de Radicación 2007-14-4401, y, aclaró que, el referido trámite de reducción no exime a la concesionaria de la obligación económica del pago del canon superficiario ya causado (fls. 451 a 453 del expediente).
— Copia del Concepto Técnico GTRCT-186 de 19 de diciembre de 2008, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, según visita realizada en la vereda Caño Rojo del municipio de Tame, el 21 de noviembre de 2008. En síntesis, dicho concepto arrojó las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“• En el momento de la visita, no se encontró ningún tipo de labor de exploración minera.
• Los datos tomados en campo y referenciados con geoposicionador satelital corresponde al contrato IFR-15191X, cuyo titular es la Fundación del Oriente Colombiano.
• Se debe programar y realizar visita de verificación para determinar el cumplimiento por parte del titular de las labores de explotación a que está obligado contractualmente.
• Ingeominas, como autoridad minera, cuando lo estime necesario, llevará a cabo visitas de seguimiento y control para comprobar el estado de los trabajos, así como de las obligaciones contratadas” (fls. 457 a 459 del expediente).
— Copia de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales, vigente desde el 10 de marzo de 2009 hasta el 10 de marzo de 2010, tomada por la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, a favor de Ingeominas, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de multa y la caducidad del contrato IFR-15191X durante el segundo año de exploración del yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas, arenas y gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para la construcción, arcillas y demás minerales concesibles, localizado en la jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca (fl. 470 del expediente).
— Copia del Concepto Jurídico GTRCT-0128 de 28 de julio de 2009, por medio del cual la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, adoptó las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“Teniendo en cuenta el incumplimiento contractual por parte de la empresa Fundación del Oriente Colombiano, con relación al pago del canon superficiario correspondiente al primer año de exploración, se recomienda proceder a declarar la caducidad del contrato de concesión IFR-15191X, conforme a lo estipulado en el artículo 112 de la Ley 685 de 2001 Literal d) y la cláusula décima séptima numeral 17.4 del contrato en referencia.
Finalmente, visto lo anterior y teniendo en cuenta que la competencia para atender y resolver sobre el particular conforme lo establece la Resolución 546 del 18 de diciembre de 2007 la asume la Dirección del Servicio Minero de Ingeominas, se recomienda enviar el expediente contentivo del contrato IFR-15191X a dicha dependencia, con el fin de que se surtan las acciones pertinentes a la declaratoria de caducidad del contrato en comento, toda vez que la empresa concesionaria a la fecha no ha cumplido con la obligación contractual citada” (fls. 484 a 486 del expediente).
— Copia del Auto GTRCT-0244 de 10 de mayo de 2010, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, por medio del cual dispuso no aprobar programas de trabajos y obras hasta ser subsanados, corregidos y/o modificados por los titulares del contrato los requerimientos allí relacionados; puso en conocimiento de Fundeoriente que se encontraba incurso en las causales de caducidad señaladas en el literal f) del artículo 112 de la Ley 685 de 2001 y la cláusula 17 del contrato de concesión IFR-15191X; y, aprobó el valor consignado del canon superficiario correspondiente a la segunda anualidad de la etapa de exploración del contrato de concesión mencionado, entre otras (fls. 555 a 559 del expediente).
— Copia de la Resolución GTRCT-0058 de 10 de mayo de 2010, expedida por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, por medio de la cual se declaró que Fundeoriente adeuda a Ingeominas por concepto de canon superficiario correspondiente a la tercera anualidad de exploración, comprendida entre el 12 de febrero de 2010 y el 11 de febrero de 2011 (fls. 561 y 562 del expediente).
— Copia de la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales, vigente desde el 21 de mayo de 2010 hasta el 21 de mayo de 2011, tomada por la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, a favor de Ingeominas, que garantiza el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales, el pago de multa y la caducidad del contrato IFR-15191X durante el segundo año de exploración del yacimiento de arenas y gravas naturales y silíceas, arenas y gravas silíceas elaboradas, arenas industriales, otras rocas o piedras trituradas para la construcción, arcillas y demás minerales concesibles, localizado en la jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca (fl. 568 del expediente).
— Copia del Concepto Jurídico GTRCT-81 de 26 de mayo de 2010, por medio del cual la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, adoptó las siguientes conclusiones:
“Considerando que se efectuaron todas las correcciones requeridas al Programa de Trabajos y Obras, mediante Auto GTRCT-0244 del día 10 de mayo de 2010, allegada en escrito radicado 2010-7-755 del día 21 de mayo de 2010, por tanto se recomienda aprobar el citado informe a desarrollar en el área del contrato IFR-15191X” (fls. 570 a 573 del expediente).
— Copia del Auto GTRC-264 el 26 de mayo de 2010, expedido por la Subdirección de Fiscalización y Ordenamiento Minero —Grupo de Trabajo Regional Cúcuta— de Ingeominas, por medio del cual se aprobó: el Plan de Trabajos (PTO); la etapa de construcción y montaje, por lo que se estableció pasar a la etapa de explotación; la póliza de cumplimiento 300053628 para el tercer año de exploración. Se requirió al concesionario allegar reposición de la póliza única de cumplimiento de acuerdo con las nuevas exigencias contractuales. Se incitó a Fundeoriente realizar programas de seguridad e higiene minera y salud ocupacional de la empresa al momento de iniciar la explotación (fls. 574 a 577 del expediente).
— Copia del acuerdo de pago 75 de 29 de noviembre de 2010, suscrito entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, Secretaría General —Grupo de Jurisdicción Coactiva— y la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, mediante el cual convinieron celebrar pacto de pago con el objeto de garantizar el cumplimiento del canon superficiario de la tercera anualidad de la etapa de explotación, por la suma de $ 34.850.242 más los intereses generados por el plazo concedido (fls. 583 a 585 del expediente).
— Copia del Auto 12 de 7 de febrero de 2011, expedido por el funcionario ejecutor de Ingeominas, mediante el cual se declara terminado y cumplido el acuerdo de pago 075 de 29 de noviembre de 2010 (fls. 592 y 593 del expediente).
Ante el municipio de Tame se elevó un derecho de petición, cuya respuesta se dio mediante el siguiente:
— Oficio 05092 de 12 de agosto de 2010, suscrito por el alcalde municipal de Tame con destino al señor Pedro Enrique Aldana, mediante el cual da respuesta a la petición de fecha 22 de julio de 2010, así:
“La presente es para informarle que la administración municipal ha venido desarrollando una serie de actividades de control sobre todos los problemas ambientales que se vienen presentando en el municipio, por tal razón en él:
Caso 1... Sin embargo, esta administración no tiene conocimiento si Fundeoriente tiene contrato alguno con el Consorcio Vial 2008 para la explotación del material.
Caso 2. En lo relacionado con la ladrillera Coprosan ubicada en la vereda San Antonio Río Tame Sector Caño Zorro, me permito informarle que la administración municipal procedió a realizar una visita de inspección ocular para verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta por Corporinoquía mediante Auto 700.57.10-284 con el fin de determinar que el lugar posee título minero y la licencia ambiental se encuentra en trámite, además no se encontró evidencia de actividad en el proceso de explotación de material arcilloso como consta en el acta de visita técnica.
Caso 3. En la parte de vencimiento de las aguas servidas de las piscinas de oxidación al Caño Gualabao le comunico que se viene realizando un trabajo permanente en monitoreo, análisis de laboratorio y otras en el control de este proceso por parte de Caribabare Esp, como es de su conocimiento usted realizó una visita con el Ing. Wilder Martínez de Corporinoquía el 23 de julio de 2010 donde se firmó un acta de concertación y donde se explicó cuál era el problema real de las lagunas y se llegó a la conclusión que han mejorado mucho su funcionamiento” (fls. 64 y 65 del expediente).
Igualmente, la parte actora solicitó y allegó las siguientes:
— Audiencia de testimonios de los señores José Bayardo Barrera Sepulveda, Orlando Arias Sepúlveda, Fernando Torres Churco, Libardo Upegui Goyeneche y José Rodrigo Toloza, cuyas declaraciones obran a folios 695 a 704 del expediente.
— Declaración extra proceso juramentada de los señores Balvino Estupiñán Fuenmayor, Mauro Henry Cordero Riveros, José Laurencio García Vásquez, Luis Alfonso Ramírez, José Antonio Torca Anave, Julio Armando Jaimes Churco, María Edid Caicedo Rodríguez, Luz Nelvi Cordero Vanegas, Orlando Arias Sepúlveda, José Bayardo Barrera Rodríguez y Nelly Susana Sarmiento Parra (fls. 709 a 719 del expediente).
— Mediante auto para mejor proveer de 17 de septiembre de 2012, se solicitó a la Corporación Autónoma de la Orinoquía, Corporinoquía, el resultado del análisis físico químico efectuado por la empresa Aqualin (laboratorio autorizado por el Ministerio de Protección Social mediante Resolución 1426 de 2008), sobre las aguas del Río Cravo Norte de la jurisdicción del municipio de Tame (Arauca)(2), del cual se extrae lo siguiente:
“Informe de muestreo y análisis de agua superficial en el Río Cravo Regilia
El siguiente informe describe la caracterización de las muestras de agua tomadas sobre el Río Cravo Regilia el 26 de julio de 2011.
— Analizar parámetros fisicoquímicos a las muestras de agua superficial tomadas sobre el Río Cravo Regilia en el municipio de Tame.
— Presentar el procedimiento de toma de muestras utilizado en fuentes de superficial
El trabajo de y toma de muestras fue realizado el día 26 de julio de 2011 considerando los siguientes aspectos:
Elaboración del plan de muestreo
Plan de muestreo: 96-11
Tipo de muestra: simple
Hora de toma de muestra: 10:20 a.m. - 11:57 a.m.
Lugar de toma de muestras:
• Punto frente a la planta de triturado.
• Aguas arriba de beneficio proyecto de minería.
• Aguas abajo de beneficio proyecto de minería.
Aqualin, garantiza la utilización del material adecuado según los lineamientos establecidos en el Standard Methods para el análisis de aguas en su edición 21 del año 2005, con el fin de ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad.
De acuerdo a lo contemplado en el artículo 7º(3) del Decreto 3930 de 2010 se indican los parámetros mínimos a analizar para determinar incidencia sobre cuerpos de aguas pero no se establecen valores máximos permisibles para tomarlos como referencia y compararlos con los datos obtenidos de los análisis de las muestras recolectadas en la zona posiblemente vulnerable” (fls. 818 a 832 del expediente).
• Comoquiera que el informe anterior fue inconcluso, el despacho sustanciador mediante proveídos de 11 de marzo y 2 de mayo de 2013, requirió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para que rindiera un informe técnico con el fin de que determinara si con ocasión de la licencia ambiental otorgada por Corporinoquía a Fundeoriente se afectó el equilibrio ecológico, los ecosistemas y el desarrollo de las especies animales y vegetales del Río Cravo Norte y la zona que se ubica en la Vereda Caño Rojo, Jurisdicción del Municipio Tame (Arauca). Al respecto allegó el siguiente informe:
No le consta a la ANLA el hecho descrito. Respecto a las afectaciones causadas con relación al equilibrio ecológico, la interrupción del desarrollo sostenible, el desarrollo de las especies animales y vegetales y la afectación de los ecosistemas; dichas situaciones no se pueden comprobar técnicamente a partir de la simple observación realizada en visita de campo; ya que para poder conceptuar sobre la afectación y pérdida de ecosistemas de especies; e interrupción en el desarrollo sostenible; se requiere de un estudio exhaustivo en el que se puedan evaluar las condiciones del medio ambiente del proyecto y después del mismo, particularizando el estudio de cada uno de las especies y de los ecosistemas presentes en el área licenciada y en el área de influencia del proyecto, así como también se deben evaluar las demás intervenciones antrópicas que pueden contribuir en el estado actual de los recursos.
En cuanto a las comunidades Caño Rojo, Cravo Rejilla, Cravo Corozo, Santa Inés, Rincón Hondo, Mata de Topocho, Mata Rala, Morichal de Bochalema, Casiavo, El Bucare, las Canoas, Algarrobo y Cifalú, es necesario aclarar cuáles de ellas hacen parte del área de influencia del proyecto para poder establecer si son o no objeto de afectación. Inicialmente, el estudio de impacto ambiental, presenta como área de influencia directa del proyecto para las labores de extracción y acopio de materiales, a la vereda Caño Rojo; sin embargo y según la información recopilada en campo, la planta trituradora se encuentra ubicada en la vereda Santa Inés, razón por la cual, esta debería ser considerada como área de influencia directa del proyecto.
Las demás mencionadas por el accionante como Cravo Corozo, Casiavo, Las Canoas, Algarrobo y Sifalú podrían considerarse como áreas de influencia indirecta (AII), dada su proximidad y dependiendo del alcance de los impactos evaluados dentro de la EIA. Las demás como Rincón Hondo, Mata de Topocho, Mata Rala, y Las Canoas se encuentran muy distantes del área impactada por el proyecto, para que puedan considerarse como comunidades afectadas por el mismo.
De manera complementaria y según lo observado en la visita se pudo establecer que, las veredas Santa Inés y Caño Rojo, son áreas minoritariamente pobladas y con construcciones de vivienda distribuidas en forma dispersa, lo que no permite calcular un número de viviendas o familias afectadas por el proyecto. Según datos tomados del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, los centros considerados como poblados son Botalón, Filipinas, Flor Amarillo, La Arenosa, Holanda, Malvinas, Puerto Jordán, Mapoy, Puerto Gaitán, Puerto Nidia, Santo Domingo, Puerto Salvador y Pueblo Seco.
De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es muy difícil determinar qué tipo de afectaciones se presentan sobre los recursos, el ambiente y la comunidad, en razón a que estas no son plenamente identificadas y justificadas por el denunciante.
Ahora bien, el Grupo Técnico de la ANLA con el objeto de conocer de primera mano la percepción que existe sobre el proyecto en las comunidades aledañas al mismo, el grupo técnico intentó trasladarse a cada una de las diferentes veredas, sin embargo por problemática del orden público esta labor no pudo llevarse a cabo como se había previsto, solamente se pudo recopilar información por parte de la propietaria de la casa aledaña a la planta trituradora, (no accedió a dar su nombre) quien no manifestó ningún inconformismo con la actividad que allí se realiza.
... Sin embargo, de la revisión del expediente contentivo de la licencia ambiental otorgada por Corporinoquía, con respecto a la presencia de las comunidades indígenas y negritudes en un área de 12 kilómetros, se encontró que la empresa en el marco de la solicitud de la licencia ambiental presentó en su momento a Corporinoquía, el certificado expedido por el Ministerio del Interior, de fecha 19 de diciembre de 2006, en el que se afirma que dentro del área concesionada no hay presencia de comunidades indígenas y/o negritudes que puedan verse afectadas con el proyecto.
No le consta a la ANLA. En todo caso de manera coherente con lo manifestado en el hecho anterior, obra en el expediente de Corporinoquía el certificado expedido por el Ministerio del Interior, de fecha 19 de diciembre de 2006, en el que se afirma que no hay presencia de comunidades indígenas ni afrodescendientes, en el área de influencia del proyecto. Por otro lado, respecto a comunidades afrodescendientes, el Plan de Desarrollo 2012-2015 menciona que las comunidades afrodescendientes que llegaron a Tame se ubicaron en el casco urbano del municipio. Finalmente, dentro de los documentos que obran dentro del expediente no se observó certificación del Incoder, sobre la existencia o no de territorios legalmente titulados a resguardos indígenas o títulos colectivos pertenecientes a comunidades afrocolombianas.
De otra parte, de acuerdo con la línea descrita en el estudio de impacto ambiental (EIA), el área donde se desarrolla el proyecto de la empresa Fundeoriente corresponde a la zona de vida Bosque Húmedo Tropical (bn-T). La vegetación natural de la zona ha sido ampliamente intervenida por la acción antrópica, por lo que la cobertura vegetal natural se circunscribe a una serie de parches con vegetación de tipo arbóreo y arbustivo, junto con unidades de origen antrópico principalmente, resultante de la intervención. Esta situación fue evidenciada por el grupo técnico durante la visita, proyecto, caracterizado por una matriz de pastizales que son utilizados principalmente para ganadería, y varios fragmentos y parches de cobertura arbórea natural y sembrada, ubicadas de forma dispersa por el territorio y sobre los linderos de los predios.
... En el EIA no se identifican ecosistemas acuáticos de tipo lentico como los humedales que se describen en el escrito de la demanda, hecho que fue corroborado durante el recorrido realizado al interior del proyecto minero.
... durante el recorrido realizado al interior del proyecto minero, se observaron las siguientes zonas asociadas al proyecto: vías externas e internas; áreas de explotación y trabajo; patios de almacenamiento de material, y patios de maniobras.
Para las vías externas, según como se encuentre indicado en el EIA, estas ya existían antes del inicio del proyecto, por cuanto en su debido momento no fue necesaria la limpieza y descapote del suelo, y por consiguiente las únicas actividades que se realizaron fueron las de su adecuación y mantenimiento permanente para su uso.
De igual forma para las zonas de explotación que corresponden a siete (7) depósitos y/o playas definidas de acuerdo con el diseño minero y localizadas al interior del mismo cauce Río Cravo Norte,en donde por la misma dinámica del río y composición del material presente (gravas), es baja la probabilidad de que sobre estos sectores de explotación que exista crecimiento de vegetación que requiera ser retirada continuamente, por lo cual para las actividades de explotación de material en las zonas definidas para dicha actividad, no sería necesario la limpieza y descapote del suelo.
De otra parte, las actividades de explotación no están relacionadas con las altas o bajas precipitaciones que puedan generar en una forma determinada, por lo tanto no es probable que las labores que se llevan a cabo en el Río Cravo Norte por parte de la empresa, esté afectando o cambiando las condiciones climatológicas. Así mismo, al retirar el material que se encuentra en el cauce del río disminuye la posibilidad de inundaciones, sin embargo, para ello es necesario la implementación de métodos de explotación que no altere las condiciones de la dinámica fluvial del río y no generen procesos erosivos y fenómenos de carcavamiento.
... Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, durante la visita ejecutada a la zona del proyecto, no se estaban realizando actividades de explotación, por lo tanto no fueron evidentes los sectores donde se hace la extracción del material de río, por ende no se observaron sobre el caudal existente materiales orgánicos en suspensión.
De otra parte, las condiciones físicas del agua, aparentemente se encontraron transparentes, sin turbidez alguna (...).
No obstante lo anterior, no se evidenciaron monitoreos adicionales al mencionado anteriormente y de acuerdo a lo propuesto por la empresa, estos se deben realizar cada seis meses. Por lo tanto, en condiciones actuales, no es posible determinar las condiciones físico químicas del agua en el Río Cravo Norte.
... se encontró que en el estudio de impacto ambiental no se contempló una caracterización hidrobiológica del Río Cravo Norte, que permitiera conocer la existencia de biodiversidad biológica en cuanto a perifitón, plancton, macrófitas, bentos, macroinvertebrados y fauna íctica y las especies catalogadas con algún grado de amenaza y/o vulnerabilidad que pudieran verse afectados por el desarrollo del proyecto de explotación en su etapa de operación; de igual forma no se contempló los correspondientes monitoreos que permitieran identificar si con el desarrollo del proyecto se pudieran estar afectando las diferentes poblaciones hidrobiológicas.
Durante la visita realizada al proyecto de explotación se observó un flujo normal del agua por el cuerpo hídrico y no fueron evidentes los vacíos o cavidades de gran tamaño de donde se extrae el material. Hay que señalar que al momento de la visita las actividades de explotación se encontraban suspendidas. De otra parte, la bifurcación del Río Cravo Norte antes del paso del puente sobre el río del mismo nombre, se presenta a causa de varios factores dentro de los cuales se mencionan: las altas precipitaciones generando incrementos en los sedimentos sobre el canal; construcción de presas; alteración de laderas; usos agrícolas; remoción de vegetación; explotación de minerales, entre otros.
Sin embargo, en cuanto a las actividades de explotación que se vienen desarrollando desde mayo de 2010, por parte de la empresa Fundeoriente, esta se hace aguas debajo de la mencionada bifurcación, por lo tanto es probable que no existe una relación directa entre las labores mineras y la mencionada bifurcación.
En cuanto a la eutrofización hay que señalar que es un proceso que puede ser de origen natural o antrópico, provocado básicamente por el aumento de la concentración de nutrientes (nitratos y fosfatos) en los ecosistemas acuáticos generalmente de tipo lenticos como los lagos, lagunas y humedales. Este proceso ocasiona un aumento de la biomasa y por ende la pérdida de transparencia del agua, disminuyendo la fotosíntesis por la falta de luz y aumentando la composición de la materia orgánica, lo que conlleva a una disminución de la concentración de oxígeno (O2) y por ende un empobrecimiento de la biodiversidad por muerte de los organismos aeróbicos; así mismo ante la ausencia de oxígeno aumentan las fermentaciones desprendiéndose gases como el metano (CH4) y el amoníaco (NH3).
En este sentido, para el proyecto de la empresa Fundeoriente en donde el sistema de explotación autoriza que los canales donde se extrae el material alcancen una profundidad de hasta un metro de profundidad y teniendo en cuenta la dinámica que tiene el Río Cravo Norte conforme con los períodos hidrológicos (precipitación bimodal, invierno-verano), se considera técnicamente complejo que se den las condiciones propicias para la generación de procesos de eutrofización, ya que en periodos de pluviosidad alta (entre los meses de abril y noviembre alcanzando valores de 292.5 mm medios mensuales en junio de acuerdo con el EIA) el nivel de las aguas del río ascienden cubriendo los playones y/o depósitos de explotación, oxigenando los posibles depósitos de agua que pudieran permanecer, simultaneo al proceso de recarga de material de las cavidades por el mismo sedimento que arrastra el río desde las partes altas.
Ahora bien, de acuerdo a lo observado en el recorrido realizado por el área del proyecto no se evidenciaron procesos de eutrofización sobre el Río Cravo Norte en áreas circundantes al proyecto, y por el contrario se evidenciaron que las propiedades físicas del agua (inodora y transparente) permitían la penetración de luz.
De acuerdo con el registro de coordenadas tomadas durante la visita al interior del proyecto, se encontró que la distancia existente entre la ribera del río en su margen izquierda hasta la zona donde se localizan la planta de asfalto y la planta de trituración es aproximadamente de 36,5 metros. Si bien estas infraestructuras se encuentran fuera de la ronda de protección establecida por la normatividad ambiental (30 m) se observó que está ocupada por varias vías internas y patios de maniobras. En la foto 12 se observan algunas distancias registradas como puntos de referencia.
En términos generales en las diferentes áreas operativas del proyecto no se cuentan con obras de drenaje como canales perimetrales para el manejo de las aguas superficiales y de escorrentía ni lagunas de sedimentación para el tratamiento de sedimentos.
... Pero debe decirse en relación con la zona destinada para los tanques de almacenamiento para combustible, que se encontraron ubicados sobre un dique en concreto, debidamente cubierta, el cual evita de esta manera la contaminación de los suelos y su desplazamiento hasta el Río Cravo Norte. Sin embargo, no se apreciaron las cunetas perimetrales las cuales recogen los derrames de los combustibles, grasas y aceites que puedan presentarse hacia una trampa de gases. En las fotos 13 y 14 se observa la zona para el almacenamiento de combustible.
Teniendo en cuenta la situación de orden público que se ha venido citando a lo largo de este documento solamente se entrevistó a una vecina de la casa que se encuentra al lado de la trituradora, (más o menos a 10 metros de distancia de la planta) quien al ser entrevistada frente al ruido producido por la planta manifestó que se escucha a veces ya que la planta no funciona todo el tiempo, pero que no le genera ninguna afectación y que no tiene problemas con ese impacto.
De acuerdo con el seguimiento realizado por Corporinoquía en el mes de septiembre de 2011 (Auto 700.57.11.800, sep. 27/2011), dicha entidad solo estableció que la reforestación se realizó en nacederos que se ubican en la vereda Cravo Regilia y recomendó a la empresa Fundeoriente continuar con el respectivo mantenimiento durante dos años, no obstante lo anterior, no se describe aspectos tales como: si las áreas reforestadas corresponden a las concertadas mediante el Acta; cuáles fueron las especies utilizadas; cuál es el estado de desarrollo de las plántulas sembradas y su estado fitosanitario; cuál fue el sistema de densidad de siembra, cuál fue el manejo silvicultural y si las áreas reforestadas se encuentran con cerramiento perimetral.
Durante la visita no se pudo verificar las áreas donde se implementó la reforestación ni tampoco su estado de desarrollo ni condición de los individuos sembrados, ya que por parte del personal de la empresa Fundeoriente había total desconocimiento respecto a su ejecución y sobre la localización de las áreas donde se había realizado las siembras. Adicional a lo anterior hay que mencionar que la situación de orden público en la región no permitió el desplazamiento del grupo técnico sobre zonas lejanas a las vías de orden nacional.
... En cuanto a la implementación de barreras vivas, el numeral 4º, artículo 11 de la Resolución 200-41-08-1053 del 12 de septiembre de 2008 estableció la siguiente obligación:
Como parte de los seguimientos ambientales realizados por Corporinoquía durante el año 2011 (Auto 700.57.11.329 de mayo 27/ 2011 y Auto 700.57.11.800 de sep. 27/2011) se registró que la empresa Fundeoriente había llevado cabo sobre los linderos del área de beneficio el establecimientos de individuos de limoncillo (swinglea glutinosa) como cercas vivas, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 4º del artículo 11 de la Resolución 200.41.08-1053.
Durante el recorrido realizado por parte del grupo técnico de esta autoridad, se evidenció la presencia de barreras vivas en diferentes zonas dentro del área de influencia de proyecto tales como los en vía Tame- Saravena, vía de ingreso al proyecto, vías internas y puerta de ingreso, linderos de área de beneficio sobre los patios maniobras. 8fotos(sic) Nº 15, 16, 17, 18, 19 y 20).
Algunos sectores cuentan con barreras vivas conformadas por especies nativas que se han establecido naturalmente y en otros sectores como los son el lindero de área de beneficio y la puerta de ingreso al proyecto, donde se han sembrado individuos de las especie swinglea glutinosa (limoncillos) los cuales han sido establecidos por la empresa para el control de ruido y emisiones atmosféricas. Los individuos sembrados presentan en la actualidad alturas entre los 3 y 4 metros aproximadamente conformando una barrera densa y poblada. Los individuos presentan buen desarrollo y estado fitosanitario.
De acuerdo con el recorrido realizado sobre el Río Cravo Norte aguas arriba y debajo de la zona de operaciones, no se evidenciaron desviaciones del río, ni obras civiles que identifiquen una desviación del cuerpo hídrico que hubieran provocado el descapote del suelo, la destrucción del bosque de galería, la intervención del ecosistema y la destrucción de hábitats” (destacado fuera del texto).
Se resalta que, frente al informe técnico transcrito, el actor consideró que a través del mismo se podía estar desviando información, manipulando pruebas, obstruyendo la justicia, etc., por lo que solicitó, mediante memorial de 6 de agosto del año en curso, que se le corriera traslado del mencionado informe “a fin de adelantar las objeciones e impugnaciones a que haya lugar”.
De conformidad con el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el despacho sustanciador, por auto de 30 de septiembre de 2013, corrió traslado del referido informe con el objeto de que las partes, si lo consideraban pertinente, solicitaran complementación o aclaración. Sin embargo, las entidades demandadas guardaron silencio y el actor no acreditó ni fundamentó sus razones de inconformidad ni solicitó la aclaración o complementación del informe en mención, por lo que para la Sala el mismo ofrece credibilidad.
Ahora bien, teniendo en cuenta la totalidad del material probatorio a que se ha hecho alusión, concluye la Sala que dentro de sus respectivas competencias, tanto Corporinoquía como Ingeominas han estado atentos a las labores realizadas por Fundeoriente en el lugar de exploración y explotación de los recursos del Río Cravo Norte de la jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), pues como quedó evidenciado, cada entidad se encargó de efectuar las visitas pertinentes, se expidieron los conceptos del caso y se tomaron las decisiones respectivas, tan así es que a Fundeoriente se le impusieron multas que fueron canceladas en su debido momento y cumplió con los requerimientos ordenados, tal como quedó visto en el recuento probatorio.
Finalmente, de acuerdo con el informe técnico allegado por el ANLA, se observa que no se pudo demostrar que por virtud de la licencia ambiental y de la concesión otorgada a favor de la Fundación del Oriente Colombiano, Fundeoriente, se hubiese afectado el equilibrio ecológico, la interrupción del desarrollo sostenible, el desarrollo de las especies animales y vegetales, pues para determinar tal aspecto, se debieron evaluar las condiciones del ambiente antes y después del proyecto cuestionado por el demandante.
Asimismo, se pudo establecer que no todas las áreas mencionadas por el actor se encontraban en la zona de influencia del mencionado proyecto, pues tales áreas solo corresponden a las ubicadas en la Vereda Santa Inés y Caño Rojo, las cuales se encuentran minoritariamente pobladas, en forma dispersa.
Según el informe, tal situación y el hecho de que el actor no hubiese identificado con precisión qué comunidades consideraba perturbadas, no permitió determinar las presuntas afectaciones alegadas en la demanda de la referencia. Sin embargo, los funcionarios que inspeccionaron la zona, en aras de determinar la concepción de la población frente al referido proyecto, intentaron trasladarse a cada una de las diferentes veredas, empero no pudieron llevar a cabo tal labor, debido a la problemática de orden público. No obstante, comoquiera que en el área aledaña a la planta trituradora, se encontraba asentada una vivienda, se le preguntó a la propietaria de la misma acerca de su percepción del proyecto, quien manifestó no tener inconveniente alguno.
En cuanto a la existencia de poblaciones indígenas y negras, el informe del ANLA se basó en el expediente administrativo de Corporinoquía que también obra en el proceso, en el cual se pudo observar que mediante Oficio OFI06-31227-DET-1000 de 19 de diciembre de 2006, visible a folio 129 del expediente, el profesional universitario de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia certificó la no presencia de estas comunidades en el área del proyecto, por ende, no se demostró que a dicha población se le estuviesen vulnerando los derechos colectivos invocados en el líbelo demandatorio.
Además de lo anterior, de la visita efectuada por el ANLA, quedó demostrado que la vegetación de la zona donde se desarrolla el proyecto presenta parches con vegetación de tipo arbóreo y arbustivo, pero no por el funcionamiento de la planta trituradora sino debido a la acción antrópica de sus pobladores, quienes han usado dichos terrenos para ganadería.
Se probó igualmente, que en la zona no se presentan ecosistemas acuáticos de tipo lentico[sic] como los humedales que se describen en el escrito de la demanda. Además, se llegó a la conclusión de que es muy baja la probabilidad de que para la zona de explotación, localizada al interior del cauce del Río Cravo Norte se estén cambiando las condiciones climatográficas y las condiciones del agua, pues según observaron los funcionarios que practicaron la visita, tales aguas aparentemente se encontraron transparentes, sin turbidez alguna y se vislumbró un flujo normal de la misma por el cuerpo hídrico, además, no fueron evidentes vacíos o cavidades de gran tamaño de donde se extrae el material.
Adicional a lo anterior, no se evidenciaron procesos de eutrofización(4) sobre el Río Cravo Norte en áreas circundantes al proyecto, por el contrario se evidenciaron que las propiedades físicas del agua (inodora y transparente) permitían la penetración de luz.
Se encontró igualmente, que la distancia existente entre la orilla del río en su margen izquierda hasta la zona donde se localizan la planta de asfalto y la planta de trituración, es aproximadamente de 36,5 metros, es decir, por fuera de la ronda de protección, que es de 30 metros.
Así mismo, no se evidenciaron desviaciones del río, ni obras civiles que identifiquen una desviación del cuerpo hídrico que hubieran provocado el descapote del suelo; la destrucción del bosque de galería; la intervención del ecosistema y la destrucción de hábitats.
Se pudo establecer, además, que existen tanques de almacenamiento para combustible, ubicados sobre un dique en concreto, lo cual evita la contaminación de los suelos y su desplazamiento hasta el Río Cravo Norte.
En este orden de ideas, es claro para la Sala, que la licencia y concesión otorgada a Fundeoriente para la exploración y explotación, beneficio y transporte interno de materiales de construcción en el área establecida en el contrato de concesión minero IFR-15191X, que se ubica sobre el cauce del Río Cravo Norte, no ha vulnerado los derechos colectivos invocados por el actor.
Sin embargo, en virtud de que en el pluricitado informe, el ANLA observó algunos vacíos, se considera del caso exhortar a Fundeoriente, para que tome las siguientes medidas preventivas, las cuales deberán ser verificadas por Corporinoquía:
Implementar métodos de explotación que no alteren las condiciones de la dinámica fluvial del Río Cravo Norte y no generen procesos erosivos y fenómenos de carcavamiento.
Efectuar una caracterización hidrobiológica del Río Cravo Norte, que permita conocer la existencia de biodiversidad biológica en cuanto a perifitón, plancton, macrófitas, bentos, macroinvertebrados y fauna íctica y las especies catalogadas con algún grado de amenaza y/o vulnerabilidad que pudieran verse afectadas por el desarrollo del proyecto de explotación en su etapa de operación; así como los correspondientes monitoreos que permitan identificar si con el desarrollo del proyecto se pueden estar afectando las diferentes poblaciones hidrobiológicas; y de ser así tomar las medidas del caso, de conformidad con lo que para el efecto disponga Corporinoquía.
Realizar en las diferentes áreas operativas, obras de drenaje como canales perimetrales para el manejo de las aguas superficiales y de escorrentía, así como lagunas de sedimentación para el tratamiento de sedimentos.
En la zona destinada para los tanques de almacenamiento de combustible, deben implantarse cunetas perimetrales, con la finalidad de que recojan los derrames de los combustibles, grasas y aceites que puedan presentarse hacia una trampa de gases.
Finalmente, Fundeoriente debe complementar el informe ordenado por Corporinoquía, mediante Auto 700.57.11.800 del 27 de septiembre de 2011, en el sentido de indicarle “si las áreas reforestadas corresponden a las concertadas mediante el acta; cuáles fueron las especies utilizadas; cuál es el estado de desarrollo de las plántulas sembradas y su estado fitosanitario; cuál fue el sistema de densidad de siembra, cuál fue el manejo silvicultural y si las áreas reforestadas se encuentran con cerramiento perimetral”.
Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero por las razones aquí expuestas, así mismo, se exhortará a Fundeoriente, para que realice las tareas antes mencionadas, las cuales deben ser verificadas por Corporinoquía, quien deberá allegar informe al a quo al respecto, dentro de los 30 días siguientes al regreso del expediente al tribunal de origen.
1. CONFÍRMASE la sentencia 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. EXHÓRTASE a la Fundación del Oriente Colombiano, Fuendeoriente, para que tome las siguientes medidas preventivas, las cuales deberán ser verificadas por Corporinoquía:
a) Implementar métodos de explotación que no alteren las condiciones de la dinámica fluvial del Río Cravo Norte y no generen procesos erosivos y fenómenos de carcavamiento.
b) Efectuar una caracterización hidrobiológica del Río Cravo Norte, que permita conocer la existencia de biodiversidad biológica en cuanto a perifitón, plancton, macrófitas, bentos, macroinvertebrados y fauna íctica y las especies catalogadas con algún grado de amenaza y/o vulnerabilidad que pudieran verse afectadas por el desarrollo del proyecto de explotación en su etapa de operación; así como los correspondientes monitoreos que permitan identificar si con el desarrollo del proyecto se pueden estar afectando las diferentes poblaciones hidrobiológicas; y de ser así, tomar las medidas del caso, de conformidad con lo que para el efecto disponga Corporinoquía.
c) Realizar en las diferentes áreas operativas, obras de drenaje como canales perimetrales para el manejo de las aguas superficiales y de escorrentía, así como lagunas de sedimentación para el tratamiento de sedimentos.
d) En la zona destinada para los tanques de almacenamiento de combustible, deben implantarse cunetas perimetrales, con la finalidad de que recojan los derrames de los combustibles, grasas y aceites que puedan presentarse hacia una trampa de gases; y
e) Fundeoriente deberá complementar el informe ordenado por Corporinoquía, mediante Auto 700.57.11.800 del 27 de septiembre de 2011, en el sentido de indicarle “si las áreas reforestadas corresponden a las concertadas mediante el Acta; cuáles fueron las especies utilizadas; cuál es el estado de desarrollo de las plántulas sembradas y su estado fitosanitario; cuál fue el sistema de densidad de siembra, cuál fue el manejo silvicultural y si las áreas reforestadas se encuentran con cerramiento perimetral”.
3. Corporinoquía deberá allegar informe al a quo acerca del cumplimiento de las medidas antes mencionadas, dentro de los 30 días siguientes al regreso del expediente al tribunal de origen.
4. Reconócese como apoderada del municipio de Tame (Arauca) a la abogada Nancy del Consuelo Yepes Zapata, de conformidad con el poder y documentos soportes allegados a folios 811 a 814 del expediente.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en sesión de 28 de noviembre de 2013.
(1) Sentencia AP-099, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
(2) Estudio referido en el artículo 9º del Auto 70.57.11-800 de 27 de septiembre de 2011, expedido por la directora territorial de dicha corporación ambiental, con la indicación de que se estaban cumpliendo con los parámetros establecidos en el Decreto 3930 de 2010.
(3) ART. 7º—De los modelos simulación de la calidad del recurso hídrico. Para efectos del Ordenamiento del Recurso Hídrico, previsto en el artículo anterior y para la aplicación de modelos de simulación de la calidad del recurso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá dentro de los ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico, con base en los insumos que aporte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
4. pH: potencial del ion hidronio, H+.
(4) En ecología el término eutrofización designa el enriquecimiento en nutrientes de un ecosistema. El uso más extendido se refiere específicamente al aporte más o menos masivo de nutrientes inorgánicos en un ecosistema acuático. Eutrofizado es aquel ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia anormalmente alta de nutrientes (www.wikipedia.org).