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Timestamp: 2017-05-26 09:07:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 1972', 'artículo 61', 'artículo 91', 'artículo 1969', 'Artículo 64', 'Artículo 1969', 'Artículo 1972', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 1969', 'Artículo 126', 'Artículo 130']

Juan García Vara: LA PRESCRIPCIÓN CUANDO LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE LOGRAN LA INTERRUPCIÓN FUERON ANULADAS POR UNA REPOSICIÓN O POR UNA PERENCIÓN.
LA PRESCRIPCIÓN CUANDO LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE LOGRAN LA INTERRUPCIÓN FUERON ANULADAS POR UNA REPOSICIÓN O POR UNA PERENCIÓN.
LA PRESCRIPCIÓN CUANDO LAS ACTUACIONES JUDICIALES
QUE LOGRAN LA INTERRUPCIÓN FUERON ANULADAS
POR UNA REPOSICIÓN O POR UNA PERENCIÓN. JUAN GARCÍA VARA
Introducción Sumario:
La prescripción como instituto de derecho sustantivo. Posiciones doctrinales y jurisprudenciales en relación con los actos anulados.
La importancia en nuestra disciplina de dar valor a los hechos que interrumpen la prescripción. 3.1 Formas de interrumpir la prescripción de las acciones laborales. 3.2 La demostración de los hechos que interrumpen la prescripción. 3.2.1 Los hechos cuando se declaró el desistimiento. 3.2.2 Los hechos cuando se declaró la reposición. Conclusión
El tema que nos ocupa se relaciona directa y concretamente con la procedencia del alegato de prescripción, esgrimido en un juicio laboral por el demandado, cuando le corresponde contestar la demanda, luego que la causa ha debido reiniciarse desde el comienzo o en un estado del juicio en que anula el o los actos interruptivos de la prescripción. No nos proponemos argumentar en contra de la prescripción y su valor a favor del accionado. Es una institución jurídica muy importante, sólo que no debemos desechar, por artificios o fantasías, algunas causas de interrupción.
Tiene preferente atención la cuestión objeto de este trabajo de colaboración, porque venimos observando –con mucha preocupación- el alegato de esta defensa perentoria, muy socorrida por los demandados, con la única intención de anular las pretensiones de los trabajadores, que luego de sumar largos años de servicio y reclamar el pago de su antigüedad y demás derechos laborales, le son arrebatadas con la afirmación de que “hasta este momento no tenía conocimiento de que el laborante estuviera interesado en reclamar sus derechos”, esto es, que a pesar de haber intervenido en el juicio, e incluso en no pocas veces hasta contestar la demanda, por el sólo hecho de la nulidad de las actuaciones, se le olvido al empleador que el trabajador solicitó oportunamente su pago. El trabajo pretende, como fin, destacar que si bien en los casos de reposición con anulación de las actuaciones del proceso, estas actuaciones no pueden producir efectos jurídicos a los fines de considerar interrumpida una prescripción, no es menos cierto que el demandado, al acudir a alguna de las etapas del proceso –que luego resultaron anuladas- tuvo conocimiento del interés o pretensión del accionante, lo que impide calificar el desinterés o la “inercia del acreedor”.
Se busca ofrecer argumentos para convencer que esa concurrencia del deudor al juicio lo ha puesto en mora frente a su deudor, y que no es la notificación “que luego resultó anulada” o la comparecencia a juicio interviniendo en diferentes fases del mismo “que luego resultaron anuladas” lo que interrumpió la prescripción, sino que el demandado se enteró de que el accionante reclamaba contra él alguna conducta y por el hecho de las anulaciones no puede traerse como ficción jurídica que el demandado ignoraba la pretensión del actor.
Nos proponemos precisar si las actuaciones que cursan al expediente y que fueron o quedaron anuladas –o mejor: los hechos reflejados en las actuaciones anuladas- son suficientes para interrumpir la prescripción evitando que ésta opere, o si, por el contrario, a pesar de estar enterado el demandado por haber sido notificado de la acción en su contra, debemos, por exceso de apego a la letra de la ley, suponer que con el desistimiento o con la perención, ignora un procedimiento en el que se le reclamaba el pago de derechos laborales.
1.- La prescripción como instituto de derecho sustantivo
El instituto de la prescripción es materia del derecho sustantivo –no es tema del derecho adjetivo, en cuyo caso, el texto que rige en materia de prescripción laboral, son las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo.
La figura de la prescripción no está contemplada en los textos de procedimiento, porque no es una norma procediental, no es el método o forma para solicitar o ejecutar algo, sino una defensa que se opone conjuntamente con las otras defensas, si las hubiere, en el escrito contentivo de la contestación de la demanda. En Venezuela, por ejemplo, en la disciplina laboral no la encontramos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo –texto adjetivo-, sino en el Ley Orgánica del Trabajo –texto sustantivo-; en materia civil, no está en el Código de Procedimiento Civil –texto adjetivo-, sino en el Código Civil –texto sustantivo-; en la jurisdicción penal, salvo alguna excepción, está en el Código Penal –texto sustantivo- y no en el Código Orgánico Procesal Penal –texto adjetivo.
De esta manera consideramos a la prescripción –extintiva, no a la adquisitiva (usucapión)-, como cualquier defensa de fondo, que se interpone como perentoria, con el objeto de dejar sin efecto la pretensión del accionante. En este sentido pudiera compararse, en sus consecuencias, con el pago, la cosa juzgada, prohibición de admitir la acción propuesta, la caducidad, entre otras.
2.- Posiciones doctrinales y jurisprudenciales en relación con los actos anulados
La doctrina ha abordado el tema, así tenemos que el autor Francisco Ricci ha señalado: “La citación hecha ante un Juez incompetente es valida en cuanto a su forma, y es acto jurídico que vale para revelar la intención del propietario o del acreedor de ejercitar su derecho; por el contrario, el acto nulo por incompetencia del funcionario o por defecto de forma, no es eficaz para revelar la intención de quien ha procedido al mismo para reclamar el derecho que le compete, porque debiendo considerarse como jurídicamente no existente, no puede lógicamente estimarse como manifestación de una voluntad determinada. Por esta razón, el primero que existe jurídicamente interrumpe la prescripción, mientras el segundo no produce tal efecto.” [1]
No participamos de ese criterio por varias razones, entre las que podemos destacar, que en los procedimientos del trabajo el accionante regularmente es el trabajador que reclama sus derechos laborales, que el bien tutelado en los juicios del trabajo es otro distinto al puramente civil, que hay actuaciones que resultan anuladas por vicios del procedimiento atribuibles al tribunal no siendo justo –de justicia- que el accionante corra con las consecuencias, que aplicando ese criterio se ignoran muchos de los principios que orientan la doctrina que inspiró a la Constitución vigente, en los derechos sociales.
Por su parte, el tratadista Florencio Ramírez ha expuesto: “(…) quien intenta una demanda está manifestando sin lugar a dudas su voluntad de no abandonar lo que le pertenece”; pero, continúa este autor señalando, que al desistirse de la demanda o por haber perención de la instancia “se advierte en el actor un propósito contrario al que lo indujo a intentar la acción”,[2] criterio que evidentemente tampoco compartimos, porque, entre otras razones, de aceptarlo se traduciría en admitir la aplicación del ordinal 1º del artículo 1972 del Código Civil, lo que equivaldría a que sostuviéramos que el reclamado no sabía o no estaba enterado de la causa incoada en su contra. También en la judicatura se ha considerado el tema. Hay una decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia que avala la idea de que la nulidad de los actos no puede materializar la interrupción de la prescripción, por el principio de que un acto nulo no puede producir consecuencias jurídicas. En tal sentido se ha pronunciado la mencionada Sala del Tribunal Supremo de Justicia, por sentencia de fecha 11 de marzo de 2004. [3] 3.- La importancia en nuestra disciplina de dar valor a los hechos que interrumpen la prescripción
Como bien entendemos, a la luz de la norma sustantiva vigente –artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo- las acciones provenientes de la relación de trabajo, prescriben al año de finalizada la relación de trabajo; además, las acciones para reclamar indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales –o como se propone denominar a estas últimas en el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo: enfermedades ocupacionales-, prescriben a los dos años a partir de la fecha del accidente o de la constatación de la enfermedad; las acciones para reclamar cantidades en concepto de participación en los beneficios –también llamadas utilidades-, prescriben al año computable a partir de la exigibilidad del beneficio, esto es, vencidos los dos meses siguientes al cierre del ejercicio económico del patrono; las acciones para reclamar el otorgamiento de una jubilación, prescriben a los tres años, contados a partir de la finalización de la relación de trabajo; las acciones contra el patrono sustituido por los derechos nacidos antes de la sustitución, prescriben al año después de la sustitución, siempre que se cumpla lo prescrito en el artículo 91 eiusdem, para mencionar las más importantes. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –1999- establece, en la Disposición Transitoria Cuarta. 3, la carga para el legislativo de aprobar, mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, un lapso de prescripción de 10 años; no ha sido promulgada la reforma, no es derecho positivo en nuestra disciplina. Considerando, por doctrina, legislación y jurisprudencia, que la declaratoria de prescripción se traduce –como efecto o consecuencia jurídica-, en la pérdida del derecho a reclamar una determinada indemnización, o el cumplimiento de una precisa conducta, resulta en nuestra materia –laboral- de vital importancia su consideración, de manera que su aplicación esté referida a los casos en que evidentemente, y sin duda alguna, el actor no haya demostrado, oportunamente, su interés concreto en mantener el reclamo sobre el derecho que exige. La prescripción extingue un derecho que no fue ejercido en el período hábil para ello (…) el tiempo (de la inercia) es el factor que afecta la existencia del derecho.[4], o como señalara la doctrina de casación “La prescripción extintiva o liberatoria es un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas por la ley. La prescripción supone la inercia del acreedor para exigir el cumplimiento del crédito por parte del deudor.”[5]. El accionar tiene como finalidad mantener el derecho laboral, quien demanda manifiesta su intención de hacer valer su derecho, no de rendirlo.
3.1 formas de interrumpir la prescripción de las acciones laborales. A través del tiempo, los procesalistas han mantenido una aplicación estricta de este instituto, con poca o ninguna flexibilidad, apegados a la normativa sobre el tema, sin posibilidad de interpretaciones distintas a la precisa, recta, exacta, letra de la ley; sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la caducidad, se han previsto varias formas de interrupción, de manera que el acreedor de un derecho pueda en un momento dado disponer de un mayor tiempo para ejercer una acción determinada.
La extinta Corte Federal, por sentencia de fecha 19 de mayo de 1952, refiriéndose al artículo 1969 del Código Civil, señaló:
“La mens legis del texto que se analiza aparece claramente determinada en él y en los demás artículos que integran el rubro del Código Civil que los comprende: ‘De las causas que interrumpen la prescripción’; y ella no es otra cosa que la constitución en mora de cumplir la obligación a la persona respecto de la cual se requiere impedir el curso de la prescripción, lo que resulta de la notificación que se le haga el cumplimiento que se reclama”[6]. La suprimida Corte de Casación, en fallo de fecha 08 de noviembre de 1955, sentó :
“Los actos a que la ley atribuye el efecto de interrumpir la prescripción, ya sean judiciales o no, tienen la característica común de consistir en un reclamo directo al deudor obligado, antes de consumarse la prescripción, que releve la intención del acreedor de obtener el reconocimiento o la ejecución del derecho en litigio”[7].
Pero en oportunidades –no pocas- se advierte que la prescripción pareciera ser un aliado muy fuerte para el accionado, cuando ocurren casos de reposición o de perención, y la decisión del juez, por aplicación de la ley, se traduce o pudiera interpretarse como la nulidad de todas aquellas actuaciones que lograron interrumpir la prescripción, en cuyo caso, la futura actuación del demandado va a consistir en alegar como defensa perentoria la prescripción de la acción, por el transcurso del tiempo, estimulado porque las actuaciones que impidieron que operara la prescripción fueron invalidadas, perdieron valor.
En materia del trabajo esta situación se hace más grave, habida cuenta que todas o casi todas las acciones laborales son incoadas por los laborantes, en reclamo de sus derechos por la prestación de servicios personales, sumado a las disposiciones novedosas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Primero hay que determinar las formas de interrumpir y luego los efectos de la declaratoria de nulidad de la forma utilizada para interrumpir la prescripción. La interrupción de la prescripción es una figura de vieja data, prevista en nuestro derecho, tanto en doctrina, como en la jurisprudencia. De esta forma, la prescripción de las acciones provenientes de la prestación de servicios se puede interrumpir por la introducción de la demanda laboral, siempre que se interponga la acción antes del vencimiento del lapso de prescripción y se notifique al demandado dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del lapso de prescripción; por la reclamación intentada ante el organismo ejecutivo, siempre que se trate de demandas contra la República o entes públicos; por la reclamación ante la autoridad administrativa del trabajo, siempre que se introduzca antes de la expiración del lapso de prescripción y que la notificación del empleador se lleve a cabo dentro de los dos meses siguientes al lapso de prescripción; por el registro de la demanda en una Oficina Subalterna de Registro, siempre que se haga antes de expirar el lapso de prescripción; por la notificación de un decreto o acto de embargo, siempre que se haga a la persona del demandado; por cualquier acto que constituya al deudor en mora de su obligación; por el cobro extrajudicial.
En nuestro ordenamiento jurídico laboral, como se expresara supra, está prevista la figura de la prescripción, y también se contempla la de la interrupción de la prescripción[8], sólo que sobre la interrupción también surge como texto supletorio el Código Civil [9], en cuyo contenido se lee, para los efectos del tema objeto de este trabajo, que se interrumpe la prescripción en virtud de cualquier acto que constituya al deudor en mora de cumplir la obligación[10] y, en caso de créditos, es suficiente el cobro extrajudicial.
En correspondencia con lo expuesto, hay actuaciones que interrumpen la prescripción de las acciones y hay actuaciones que impiden que la prescripción de la acción se conforme, se materialice. La interrupción no impide que la acción posteriormente prescriba, porque con la interrupción lo que se logró fue que se iniciara un nuevo lapso de prescripción, que pudiera, eventualmente, agotarse para declararse prescrita la acción.
En cualquiera de los casos –se interrumpe el lapso de la prescripción o se realizó el acto que impide opere la prescripción- la carga de demostrar la interrupción de la prescripción o el cumplimiento del acto que impide se consuma la prescripción, es siempre del accionante, mediante cualquier prueba; pero antes, como se expusiera, debe ser opuesta esta defensa por el demandado, en la oportunidad legal para ello, no procediendo de oficio.
Pero también de manera contundente, el legislador, en el Código Civil consideró que no se causaría interrupción de la prescripción en los casos de desistimiento de la demanda o cuando se dejare extinguir la instancia[11]. Como se dijera supra, la prescripción se interrumpe de varias maneras. ¿Qué pasa cuando esa “manera” quedó anulada por una decisión jurisdiccional? ¿Qué valor tiene entonces un acto que luego resulta anulado? ¿Qué pasa con la reposición que anula el acto que interrumpió la prescripción?
3.2 La demostración de los hechos que interrumpen la prescripción
En la Ley orgánica Procesal del Trabajo se establecen varias situaciones que, dados los supuestos contemplados en la misma, pudieran traer como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento. Veamos.
En el nuevo texto adjetivo se contempla la celebración de una audiencia preliminar para mediar el pleito, con la imposición, para las partes, de comparecer; así como las consecuencias procesales en caso de no concurrir oportunamente.[12] Si no comparece el accionante “se considerará desistido el procedimiento, terminado el proceso” pudiendo demandar nuevamente –ex novo-, transcurridos como sean noventa días continuos[13], con nuevo libelo, aperturándose también nuevo expediente. En efecto, la Ley adjetiva mencionada en precedencia obliga al demandante a concurrir puntualmente a la audiencia preliminar, luego de efectuadas las gestiones de notificación que ponen al demandado a derecho en la causa, con la consecuencia jurídica que de no acudir oportunamente, se entiende “desistido el procedimiento”[14] Cuando opera la interrupción de la prescripción, el tiempo transcurrido queda sin efecto –borrado literalmente expresado-, para iniciar un nuevo lapso o período que debe interrumpirse de nuevo para evitar la prescripción, o lograr la notificación (en civil citación) para que aquella no opere. Ahora bien, para que un acto resulte interruptivo de la prescripción se requiere que lo reclamado se haga del conocimiento de la parte a quien se reclama, para lo cual ha de cumplirse con algunos requisitos. No cualquier acto –administrativo o judicial- es suficiente para interrumpir el lapso de prescripción. En el administrativo se exige notificar al representante legal, o, por jurisprudencia, a la persona encargada de recibir las notificaciones, mientras que en el judicial, si se trata del registro, debe incluirse con la demanda la orden de emplazamiento, con la providencia que acordó la expedición de las copias certificadas para su registro; también la notificación efectuada conforme pauta la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, impide que se cause la prescripción. Cuando el acto que interrumpió la prescripción es anulado, ¿Puede considerarse el hecho que originó tal acto como “cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación o un acto[15] o puede asimilarse para los efectos interruptivos a un cobro extrajudicial?[16]
Para dar una opinión sobre el punto, debemos considerar dos supuestos: uno, el actor no concurre a la audiencia preliminar –al inicio o alguna de sus prolongaciones-, deberá esperar noventa días consecutivos o continuos para intentar de nuevo su acción, resultando inadmisible pro tempore si lo hace antes del vencimiento de dicho lapso; el otro, el propio tribunal de la causa o la alzada acuerdan una reposición para un momento o estado anterior a la notificación, por razones de un vicio o error que requiere una corrección.
En ambos casos, cuando se inicia de nuevo el proceso, la demandada opone la defensa de prescripción. ¿Puede considerarse interrumpida la prescripción con las actuaciones cumplidas en el expediente?
Se declara el desistimiento porque el actor no acudió al inicio o a la prolongación de la audiencia preliminar, pero estuvo el demandado en el inicio de dicha audiencia preliminar, al haberse notificado del juicio incoado en su contra, disponiendo ante éste de por lo menos 10 días hábiles para estudiar la petición. Cuándo se demanda de nuevo, ¿puede oponerse la prescripción por la accionada, aduciendo que no se le reclamó anteriormente y que se entera de la pretensión por esta nueva demanda? o ¿por estar anulado el acto que interrumpió la prescripción puede ahora el accionado sostener que ignoraba que el actor pretendía o reclamaba un derecho?
El asunto a resolver estriba en precisar ¿qué pasa cuando se anula el acto que interrumpió o evitó –según se trate- la prescripción?
3.2.1 Los hechos cuando se declaró el desistimiento.
Cuando la anulación de las actas proviene de la declaratoria del desistimiento del procedimiento por incomparecencia del accionante.
Cuando el demandado acudió a la audiencia preliminar fue porque estaba notificado de acuerdo con la disposición legal correspondiente[17], cuando acudió a la o las prolongaciones de la audiencia preliminar fue porque estaba acordado en el acta que suscribió al efecto. Si el demandado no cumple compareciendo al inicio o a la prolongación de la audiencia preliminar, a tenor de la disposición adjetiva[18], el Juez tiene que declarar desistido el procedimiento.
Como consecuencia de la declaratoria de desistimiento del procedimiento, el actor, de mantener su voluntad de reclamar lo que consideran le corresponde por la prestación de sus servicios laborales, debe incoar de nuevo una acción, quedando sin valor jurídico las actuaciones cursantes al expediente contentivo de la causa que se declaró desistida.
Ahora bien, ¿puede el accionado, en el nuevo juicio, oponer la defensa perentoria de prescripción, por haber transcurrido más del tiempo establecido para prescribir, sin que la notificación efectuada en el primer juicio sirva para interrumpir el lapso de prescripción?
3.2.2 Los hechos cuando se declaró la reposición.
Cuando la anulación de las actas proviene de la declaratoria de reposición, para corregir un error o vicio en el procedimiento.
Aquí hay que distinguir si la reposición se acordó para un momento en el cual no se había notificado, ni efectuado ningún acto capaz de interrumpir el lapso de prescripción, o si por el contrario, se acuerda la reposición luego de haberse efectuado actos interruptivos, pero la reposición los deja sin efecto al acordar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al momento o al estado que se acordó la reposición. Este último supuesto es el que nos interesa a los efectos de la interrupción.
Si se había cumplido algún acto capaz de interrumpir la prescripción, porque con el mismo se enteró al demandado de la cusa que fue intentada en su contra, pero luego –aquel acto- quedó anulado ¿pudiera el accionado, en la oportunidad de la continuación del juicio, concretamente en la contestación de la demanda, oponer la defensa perentoria de prescripción, por haber transcurrido más del tiempo establecido para prescribir, sin que la notificación anulada, efectuada en el juicio, sirva para interrumpir el lapso de prescripción?
Cualquiera de los casos de que se trate –desistimiento o reposición- ciertamente al quedar anulado el acto jurídico-procesal que interrumpió la prescripción, éste –el acto- no puede producir los efectos como si estuviera con plena fuerza; pero resulta contrario a la realidad de los hechos, si el demandado acudió al Tribunal para la realización de la audiencia preliminar, sostener que por la anulación del acto, el demandado se olvidó o quedó, por una ficción, sin conocimiento del reclamo, no enterado, desinformado, no instruido de la acción, no impuesto, ni advertido y que, por tanto, no se interrumpió la prescripción, cuando claramente establece el legislador que se interrumpe por haber puesto en mora –al patrono en este caso- de cumplir su obligación.
Si el empleador no tenía conocimiento del interés del laborante en reclamarle sus derechos, entonces, ¿por qué acudió para iniciar la audiencia preliminar, si no estaba enterado que se le había demandado? ¿por qué acudió a las prolongaciones de la audiencia preliminar si no conocía de la acción interpuesta en su contra por quien se dice trabajador de él? ¿las actos, aunque anulados, no lo enteraron del reclamo, pudiendo esa forma constituir un acto de poner en mora al obligado?
Somos del criterio, por múltiples razones –justicia, interpretación en favor del trabajador, que resulta ser el débil económico y otras expuestas en precedencia- que es posible considerar interrumpido el lapso de prescripción, al haberse declarado el desistimiento del procedimiento o la reposición de la causa, cuando el obligado (empleador) fue enterado, de alguna forma, –entre las que se cuentan aquellos que lo hicieron concurrir al Tribunal para la realización del acto-, del interés del accionante (trabajador) en reclamar lo que le corresponde por la prestación de servicios laborales. Si el cobro extrajudicial interrumpe la prescripción, con mayor razón cuando el obligado se entera por la actuación de un tribunal, que lo emplaza a defenderse.
La prescripción surge para castigar de alguna manera al titular de un derecho en contra de su deudor, que lo mantiene –el derecho- en expectativa indefinidamente en el tiempo, haciendo incómodo e indeterminada la situación del obligado, por lo que compartimos la aplicación de la institución de la prescripción; en estos casos estamos completamente de acuerdo. Pero no cuando ese titular del derecho ha demostrado su interés en reclamarlo, pero que por razones distintas a ese interés, en algunas oportunidades, debe intentar nuevamente o reiniciar su reclamo; ha demostrado indubitablemente su interés al poner en mora a su deudor.
*Universidad Central de Venezuela, Abogado, Ampliación de estudios en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Magíster Scientiarum en Derecho del Trabajo, Doctorado en Derecho (pendiente presentación de tesis), Profesor en Postgrado. Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Juez Titular por Concurso de Oposición. Instituto Venezolano de Derecho Social, Miembro de Número. Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, Miembro Titular. Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo, Miembro de Número, Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Miembro de Número. Autos de varias publicaciones y ensayos. Expositor en congresos, jornadas y talleres en materia laboral.
[1] Ricci, Francisco La Prescripción. Caracas, Ediciones Fabretón, 1982, p. 419.
[2] Ramírez, Florencio. La Prescripción. Caracas, Editorial Fabreton, 1982, p. 139
[3] “(…) al haber quedado definitivamente firma la decisión que declaró la nulidad de todas las actuaciones realizadas en el juicio, ordenando su reposición al momento de interponer nuevamente la demanda, dentro de las cuales –obviamente- se encontraba la comparecencia del abogado apoderado de la demandada, éstas eran inexistentes, por lo que no se puede interrumpir la prescripción con una actuación inexistente (…)” (Expediente N° AA20-C-2002-000984, Sentencia 00182).
[4] Alfonso-Guzmán, Rafael J. Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Editorial Melvin, 12ª edic., 2001, p. 546.
[5] Sala de Casación Social, 09 de agosto de 2000,sentencia 376, expediente 99-640.
[6] Tomo XI de la primera etapa, pp. 305 a 307.
[7] Tomo X de la segunda etapa, p. 77.
[8] Artículo 64 de la LOT.
[9] Artículo 1969.
[10] “(…) para interrumpir la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo basta que el trabajador realice, dentro del lapso previsto en la ley, un acto capaz deponer en mora al patrono, exigiéndole el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes laborales.” Sentencia Nº 376 del 09 de agosto de 2000, expediente 99-640.
[11] Artículo 1972, ordinal 1º. [12] Artículo 130 de la LOPT.
[13] Artículo 130, Parágrafo Primero de la LOPT.
[14] Cuando se habla de desistimiento, estamos aludiendo al del proceso no al de la acción; porque si se trata de éste, ante una futura demanda lo que hay que oponer –lejos de la prescripción- es la cosa juzgada.
[15] Por razones de precisión se colocó la palabra “acto” repetidamente en un mismo párrafo.
[16] Artículo 1969 del Código Civil.
[17] Artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
[18] Artículo 130 eiusdem.
Abogado UCV. Ampliación de Estudios en Derecho del Trabajo y Seguridad Social UCV. Magister Scientiarum UCV. Escolaridad completa en Estudios de Doctorado UCV. Gerencia del Conflicto: Negociación, Mediación y Arbitraje IESA. Profesor de Postgrado UCV (Agregado) y UCAB. Juez Superior Titular del Trabajo por concurso de oposición abierto (Jubilado). Miembro de Número del Instituto Venezolano de Derecho Social. Miembro Titular del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo. Miembro de Número de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo. Miembro de Número de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Miembro Mayor de la Federación Interamericana de Abogados.