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Timestamp: 2020-01-25 08:55:40
Document Index: 291871901

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 28', 'artículo 368', 'artículo 23', 'artículo 233', 'artículo 191', 'artículo 23', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 235', 'artículo 1742', 'artículo 1742', 'artículo 1502', 'artículo 1742', 'artículo 2', 'artículo 23']

Concepto 220-207128 de 17-11-2016
Concepto 220-207128
Ref: Facultades jurisdiccionales-nulidad absoluta-objeto y causa ilícito-prescripción y otros aspectos
Esta Oficina recibió sus escritos radicados con los Nos. 2016-01-505011 y 2016-01-505013, mediante los cuales formula el siguiente cuestionario:
1. Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades en uso de sus facultades jurisdiccionales puede decretar la nulidad absoluta de los actos y contratos viciados por objeto y causa ilícita:
a). ¿Sobre qué tipo de actos y contratos es competente la Superintendencia de Sociedades?
b). ¿Es competente para decretar la nulidad de actos o contratos viciados por conflicto de interés?
c) ¿Qué término de prescripción tiene la Superintendencia para referirse de estos contratos de objeto y causa ilícita (conflicto de intereses)?
d) ¿Puede la Superintendencia declarar la nulidad de actos y contratos viciados por conflicto de intereses que tengan una antigüedad superior a 5 años?, ¿a pesar de que estos actos o contratos todavía se ejecutan y todavía están viciados?
e) ¿En caso de declararse la nulidad absoluta de actos o contratos celebrados con más de 5 años de anterioridad, es factible solicitar que se retrotraigan los efectos de los últimos 5 años?
f) ¿Cuándo inicia el término de prescripción en los contratos de tracto sucesivo viciados de objeto y causa ilícita?
2. ¿Cuándo inicia el término de prescripción en los contratos de tracto sucesivo viciados de objeto y causa ilícita?
3. ¿Cuál es el término de prescripción para solicitar la nulidad de actos o contratos societarios ante la Superintendencia de Sociedades; especialmente actos y/o contratos irregulares por violar el régimen de conflicto de intereses?
4. Respecto de los actos y contratos de ejecución sucesiva, ¿Cuál es el término de prescripción para solicitar la nulidad de actos o contratos societarios ante la Superintendencia de Sociedades; especialmente actos y/o contratos irregulares por violar el régimen de conflicto de intereses?
5. Puede la Superintendencia de Sociedades, en uso de sus facultades jurisdiccionales, y en el marco de procesos jurisdiccionales por conflictos societarios, decretar de oficio la nulidad de actos o contratos societarios por estar estos viciados de objeto y causa ilícita, a pesar de no haber sido expresamente solicitado en las pretensiones de la demanda?
Aunque es sabido, se debe precisar que al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1023 de 2012, esta oficina absuelve las consultas formuladas por los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y particulares, de conformidad con las normas que rigen los servicios y funciones de la Superintendencia, en desarrollo de lo cual emite un concepto u opinión de carácter general y abstracto sobre las materias a su cargo, cuyo alcance tendrá los efectos previstos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, lo que determina que sus respuestas en esta instancia no son vinculantes, ni comprometen su responsabilidad.
Por su parte, en cuanto dice relación con la facultad específica de esta entidad para pronunciarse sobre la nulidad de los actos y contratos a que hubiere lugar, se debe tener en cuenta que las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Superintendencia, se desarrollan con base en los principios de independencia, autónoma, transparencia, e imparcialidad, lo que entre otros implica que la misma no puede vía consulta, emitir ningún pronunciamiento, ni opinar siquiera sobre asuntos o decisiones que esté llamada a conocer como juez, ni mucho menos asesorar a las partes interesadas.
Bajo los presupuestos anteriores, a título meramente informativo procede efectuar las siguientes consideraciones generales de orden normativo, doctrinal y jurisprudencial, sin perjuicio, se reitera, de las consideraciones que estime conducentes el Juez Mercantil, por lo cual, el contenido de este Oficio no supone más que simples aproximaciones al tema, que no son vinculantes ni comprometen el criterio de aquél.
Como preámbulo, ilustran los apartes del Oficio 220-074713 del 3 de mayo de 2016, referente al tema de las facultades jurisdiccionales a cargo de la Entidad:
Así las cosas, para establecer cuáles son las reglas procesales que le resultan aplicables a un determinado conflicto societario, deberán consultarse, en primer término, las normas especiales antes enunciadas. Es decir, que esta Superintendencia ejerce las competencias descritas a continuación mediante el procedimiento señalado en las normas societarias especiales vigentes, esto es, el proceso verbal sumario, de única instancia, a través de los Grupos de Jurisdicción Societaria I y II, adscritos a la Delegatura para Procedimientos Mercantiles, según Resolución 500- 000214 del 20 de enero de 2015, así:
Como se puede apreciar los procesos antes señalados, se tramitan ante los Grupos de Jurisdicción Societaria I y II adscritos a la Delegatura de Procedimientos Mercantiles a través del proceso verbal sumario de única instancia, salvo los dos últimos relacionados, es decir, los de los literales o) y p) que se tramitan por el proceso verbal regulado en el artículo 368 del Código General del Proceso (antes proceso abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil), que prevé que se sujetarán al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial, lo cual significa que dichos procesos son de doble instancia, y por consiguiente, son susceptibles del recurso de apelación ante el mismo funcionario que profirió la decisión quien deberá remitirlo al superior jerárquico, en este caso, al Tribunal Superior de Bogotá…”
Por su parte, en cuanto hace a la nulidad absoluta de actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores, dentro de los que está el conflicto de interés, el decreto 1925 de 2009i establece:
El proceso judicial para obtener la declaratoria de nulidad absoluta de los actos ejecutados en contra de los deberes de los administradores consagrados en el numeral 7° del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, se adelantará mediante el proceso legalmente establecido, de conformidad con el artículo 233 de la Ley 222 de 1995; sin perjuicio de otros mecanismos de solución de conflictos establecidos en los estatutos. Salvo los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe, declarada la nulidad, se restituirán las cosas a su estado anterior, lo que podría incluir, entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realización de la conducta sancionada, sin perjuicio de las acciones de impugnación de las decisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 y siguientes del Código de Comercio.
Efectuadas las aproximaciones anteriores, resultan oportunas las referencias al concepto de la nulidad absoluta, sus efectos, y la prescripción, aclarando que la facultad de esta entidad para decretar la misma, no se circunscribe sólo a actos viciados por objeto y causa ilícita, pues puede devenir de otras causales como se ha advertido.
a. DE LA NULIDAD ABSOLUTA
Los artículos 1741 y 1742 del Código Civil, establecen lo siguiente:
ARTICULO 1741. NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA
ARTICULO 1742. OBLIGACION DE DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA
Subrogado por el art. 2º, Ley 50 de 1936. El nuevo texto es el siguiente: La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede así mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.
Nótese como la nulidad absoluta ocurre cuando existe: 1. objeto ilícito, 2. Causa ilícita, 3. falta de solemnidades o requisitos esenciales para la validez del acto o contrato de acuerdo con su naturaleza, y 4. incapacidad absoluta.
Al respecto y, sin perjuicio de las consideraciones y análisis que corresponden al Juez Mercantil en instancia judicial, se advierte que la declaratoria de nulidad absoluta no siempre deviene de un objeto o causa ilícito, pues a manera de ejemplo, cuando se incurre en conflicto de interés, el Juez sanciona la conducta por haberse omitido el requisito que exige someter a consideración del máximo órgano social toda la información que sea relevante para la toma de la decisión, como lo establece el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.
Dicha nulidad puede ser puede solicitarla cualquier persona que tenga algún interés legítimo y el Ministerio Público, en este último caso, únicamente en aras de proteger la moral y la ley. No obstante, la nulidad también debe ser declarada de oficio por el juez del conocimiento, cuando "aparezca de manifiesto" en el acto o contrato, esto es, cuando es ostensible, notoria o evidente.
b. DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA
A ese respecto el artículo 1746 del Código Civil preceptúa:
“ARTICULO 1746. EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD
Así, la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida por el 17 de abril de 1975, indicó:
“Como la sentencia que declara la nulidad de un acto produce efectos ex tunc, ha dicho la Corte- se supone que tal acto o contrato no tuvo existencia legal y, entonces, por imperativa de lógica, hay que restaurar las cosas al estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiera celebrado.
Si pues, por virtud del efecto retroactivo de la declaración judicial de toda nulidad sustancial, excepto tratándose del matrimonio, las cosas deben regresar al estado en que se encontraban antes del otorgamiento del acto o contrato nulo, la sentencia que haga tal declaración, así lo sea oficiosamente, y no regule a la vez las prestaciones mutuas de los contratantes, infringe la inaplicación del artículo 1746 del Código Civil…”
c. PRESCRIPCIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA
El artículo 235 del Código de Comercio, establece que: “Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa.”
Atendiendo el tenor de la disposición invocada, la Superintendencia ha entendido que tanto en instancia administrativa como jurisdiccional, el término para conocer de las acciones atribuibles a esta entidad es de 5 años.
Sin embargo hay que tener en cuenta la Sentencia C-597 de 1998 de la Corte Constitucional, que al analizar la demanda de inconstitucionalidad contra algunos apartes del artículo 1742 del Código Civil, desarrolló el tema de la prescripción de la acción de nulidad absoluta, y efectuó las distinciones a que hubo lugar cuando aquélla se origine en un objeto o causa ilícito:
La nulidad puede ser absoluta o relativa. La primera se dirige a proteger el interés público o general de la sociedad, pues está destinada a castigar lo ilícito, es decir, lo contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público. La segunda protege el interés privado o particular. Sin embargo, es posible encontrar casos en los que los dos intereses -privado y público- se encuentran comprometidos, vr.gr. cuando se trata de la defensa de los incapaces.
6. La disposición acusada
El artículo 1742 del Código Civil, parcialmente demandado, además de señalar los sujetos que pueden pedir la declaración de nulidad absoluta y facultar al juez para hacerlo de oficio cuando ésta sea manifiesta, establece en la parte final: "Cuando no sea generada (la nulidad absoluta) por objeto o causa ilícitos ésta podrá ser saneada por ratificación y en todo caso por prescripción extraordinaria", siendo la expresión subrayada la acusada, porque en criterio de la actora la causa ilícita no puede ser saneada nunca, por atentar contra la moral social.
"….la ley ha tenido que decidir qué es más conveniente para la salvaguardia de los intereses generales: si permitir destruir una situación ya establecida, aún después de 15 años, o dejarla subsistente, considerándola saneada del vicio que la afectaba. Desde todo punto de vista es más justo y conveniente para los intereses de todos esta última solución, porque son mayores los trastornos que se producirían al anular un acto jurídico pasados 15 años de su celebración, que considerarlo saneado y válido después de ese plazo, aun cuando en él se contengan disposiciones contrarias al orden público, a la moral o a la ley misma.
Por tal motivo, y a pesar de su repugnancia para estimar consolidada una situación anormal, el Código Civil ha tenido que reconocer que pasado el plazo de 15 años, la situación ilícita, anormal o ilegal ha perdido mucho de su vicio reprochable, máxime si se considera que durante ese tiempo no se ha solicitado la declaración de nulidad absoluta por ninguna de las muchas personas que tienen derecho a hacerlo. En consecuencia, tanto para consolidar una situación anormal que se ha mantenido durante tanto tiempo, como para sancionar la negligencia de las personas que están facultadas para pedir la nulidad absoluta, el Código Civil prohíbe que pasado el plazo de 15 años se la pueda alegar. Jurídicamente se trata de una prescripción extintiva de la acción de nulidad….."1
1 Alessandri Arturo, La nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil. Tomo I.
Sobre este mismo punto dijo la Corte en pronunciamiento anterior, que hoy reitera:
"Todo cuanto concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con claridad de los artículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros. Por supuesto, es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y
circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo
relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas
procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse."2
El objeto y la causa lícitos han sido consagrados por el legislador como requisitos necesarios para la validez de los actos o contratos, como se lee en el artículo 1502 del Código Civil, que establece: "Para que una persona se obligue a otro por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; 4. Que tenga una causa lícita……."
La prescripción extraordinaria de la nulidad absoluta generada por objeto o causa ilícitos, no es nueva en nuestro ordenamiento, pues el artículo 1742 del Código Civil tal como aparecía antes de expedirse la ley 50 de 1936, que lo modificó, la autorizaba a los treinta (30) años. Con la ley 50 de 1936 -artículo 2o. Parcialmente acusado-, se autoriza el saneamiento de la nulidad absoluta cuando no es generada en objeto o causa ilícita por ratificación de las partes y, en ambos casos por prescripción extraordinaria, la que fija en 20 años (art. 1o. ibidem), como se expresó en párrafos anteriores.
La prescripción extraordinaria de la acción de nulidad absoluta por el transcurso de 20 años, como ya se dijo, impide que después de vencido ese plazo, las personas que tenían interés legítimo para incoarla lo puedan hacer, quedando de esta manera saneado el vicio de que adolecía el acto o contrato, así éste sea ilícito.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los efectos previstos en el art. 28 del C.C.A. no sin antes señalar que en la P. Web
2 Sent. C-217/96 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
i Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, y demás normas concordantes, en lo relativo a conflicto de interés y competencia con la sociedad por parte de los puede consultar la normatividad, los conceptos que la Entidad emite, la Circular Básica Jurídica y la guía del litigio, entre otros.
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