Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-309-de-julio-11-de-1996?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920415795f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-07 06:47:21
Document Index: 160181638

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 275', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 279', 'artículo 2', 'artículo 13']

﻿ SENTENCIA C-309 DE JULIO 11 DE 1996
SENTENCIA C-309 DE 11 DE JULIO DE 1996
CONTENIDO:SUSTITUCIÓN PENSIONAL. VIUDAS QUE CONTRAEN NUEVAS NUPCIAS. SE DECLARAN INEXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “O CUANDO LA VIUDA CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS O HAGA VIDA MARITAL” DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 33 DE 1973“O CUANDO CONTRAIGA NUEVAS NUPCIAS O HAGA VIDA MARITAL” DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 12 DE 1975Y “POR PASAR A NUEVAS NUPCIAS O POR INICIAR NUEVA VIDA MARITAL” DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 126 DE 1985. 2. ADICIONALMENTE LAS VIUDAS QUE CON POSTERIORIDAD AL SIETE DE JULIO DE 1991 HUBIEREN CONTRAÍDO NUPCIAS O HECHO VIDA MARITAL Y, POR ESTE MOTIVO, PERDIDO EL DERECHO A LA QUE EN LA ACTUALIDAD SE DENOMINA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PODRÁN, COMO CONSECUENCIA DE ESTE FALLO Y A FIN DE QUE SE VEAN RESTABLECIDOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS, RECLAMAR DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS MESADAS QUE SE CAUSEN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESTA SENTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESTACIONES SOCIALES, MATRIMONIO, SEGUNDO MATRIMONIO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUCIÓN PENSIONAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, DERECHO A LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:297 DE SEPTIEMBRE DE 1996, PÁG.1114
Sentencia C-309 de julio 11 de 1996
Ref.: Expediente D-1158
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º ( parcial) de la Ley 33 de 1973.
Santa Fe de Bogotá, D.C., Julio once de mil novecientos noventa y seis.
En el proceso de constitucionalidad del artículo 2º (parcial) de la Ley 33 de 1973 "por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas".
I. Texto de las normas demandadas:
“LEY 33 DE 1973
ART. 2º—El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior se pierde cuando, por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias o haga vida marital” (se subraya la parte demandada).
1. El Congreso de la República dictó la Ley 33 de 1973, publicada en el Diario Oficial 34012, el día 31 de diciembre de 1973.
2. El ciudadano Clemente Viteri Alvarado, demandó la inconstitucionalidad del artículo 2 (parcial) de la Ley 33 de 1973, el parágrafo 2 del Decreto Reglamentario 690 de 1974 y el artículo 7º del decreto reglamentario 1160 de 1989, normas por medio de la cuales se regula la pensión de viudez, por considerarlas violatorias de los artículos 13 y 16 de la Constitución Nacional. El derecho a la pensión sustituta al que se refiere la disposición demandada es el que consagra el artículo 1º de la misma ley, a cuyo tenor:
"ART. 1º—Fallecido un trabajador pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez , o un empleado trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
PAR. 1º—Los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez o vejez, tendrán derecho a recibir en concurrencia con su cónyuge supérstite la respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus estudios, o al cesar la invalidez. En éste último caso se aplicarán las reglas contempladas en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que lo modificaron y aclararon.
PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro los términos de la presente ley".
5.1 Cargos contra el artículo 2º ( parcial) de la Ley 33 de 1973
5.2. Intervención del Procurador
2. La condición resolutoria del derecho de la viuda a gozar de la pensión que correspondía al trabajador fallecido —actualmente denominada “pensión de sobreviviente”—, consistente en la celebración de nuevas nupcias o la iniciación de nueva vida marital, contenida en el artículo 2º de la Ley 33 de 1973, se encuentra derogada por la Ley 100 de 1993, que no la contempla en las disposiciones que destina a regular dicha materia (arts. 46 a 49 y 73 a 78). De otra parte, distintas leyes, dictadas con posterioridad a la demandada —leyes 12 de 1975, 113 de 1985 y 71 de 1988—, universalizaron la anotada pensión extendiéndola tanto a las viudas como a los viudos y aplicándola también a las relaciones derivadas de las uniones maritales de hecho.
En el evento de que se resolviera, por el contrario, entrar en el fondo, desde ahora, la Corte advierte que deberá conformarse unidad normativa con la frase “por pasar a nuevas nupcias o por iniciar nueva vida marital”, que contiene el artículo 2º de la Ley 126 de 1985, disposición ésta que continúa vigente en estos términos en virtud de lo ordenado en el artículo 279, parágrafo 3º, de la Ley 100 de 1993. La norma a la que se extendería, de producirse, el fallo de inexequibilidad, se refiere al derecho a la pensión vitalicia en favor del cónyuge supérstite, compañera o compañero permanente, de los funcionarios o empleados que murieron como consecuencia del asalto al Palacio de Justicia el día 6 de noviembre de 1985, sin haber cumplido el tiempo requerido para adquirir el derecho a la pensión de jubilación. De igual manera, la unidad normativa debería extenderse a la siguiente frase del artículo 2º de la Ley 12 de 1975 “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”.
No obstante que el examen de constitucionalidad es posterior a la decisión sobre la procedencia de la acción, la particularidad del asunto que se plantea a la Corte obliga a reconocer previamente el trato inconstitucional pretérito como factor de lesividad, que se hace patente cuando el nuevo régimen elimina la condición y automáticamente hace surgir un grupo de personas quienes se ponen a salvo de la disciplina inconstitucional, la que deja de operar hacia el futuro. En otras palabras, no es posible anticipar, como lo pretende el procurador, una declaración inhibitoria, sin antes verificar si la ley derogada ha consagrado un requisito inconstitucional y si ésta es la causa de una situación que se revela en el momento presente como generadora de una desigualdad de trato, lo que demostraría que la norma bajo la forma de una perpetuación de un daño injurídico sigue produciendo efectos y debe, por lo tanto, declararse inexequible. Por el contrario, si la norma derogada, prima facie no es inconstitucional y, además, no es la causa de un tratamiento inequitativo o desigual en el presente, la sustracción de materia es evidente.
No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P., arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquélla como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas. Sobre este particular, la doctrina reiterada de la Corte ha sido la siguiente:
“Toda persona, en ejercicio de su libertad, debe poder optar sin coacciones y de manera ajena a estímulos establecidos por el legislador, entre contraer matrimonio y permanecer en la soltería. No cabe duda de que en esta materia el precepto impugnado sí discrimina, pues consagra un privilegio de la mujer soltera sobre la casada y de la unión de hecho sobre el matrimonio; más aún, se le reconocen los beneficios a condición de nunca haberlo contraído. Esto representa una flagrante violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta e implica el desconocimiento que garantiza a todo individuo el libre desarrollo de la personalidad” (Sent. C-588/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
La Corte encuentra que la norma derogada se revela en la actualidad como causa de un tratamiento inequitativo con respecto a las personas que, durante su vigencia, perdieron el derecho a la pensión sustitutiva y que, por consiguiente, no podrían acogerse al nuevo régimen legal. Desde este punto de vista, no cabe duda de que la norma derogada sigue produciendo efectos frente a las personas afectadas durante su vigencia, aunque éstos sean de signo negativo y sólo se revelen al contrastar su situación de pérdida del derecho a la pensión con la de las personas que pueden acogerse al nuevo régimen legal. En efecto, se toma mayor conciencia del daño y adquiere éste connotación actual a través de la comparación de la situación que enfrenta la persona privada de la pensión por haber contraído nuevas nupcias o haberse unido a otra con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la persona que habiendo realizado la misma conducta, con posterioridad a dicha norma, adquiere o sigue gozando del mencionado derecho.
5. Comprobada la inequidad de trato, originada en la comparación de los dos regímenes, que se traduce en subestimar a las personas destinatarias del primero, que ha sido derogado, estigma que trasciende al presente y permanece luego de la eliminación de la norma —producida seguramente por su abierta inconstitucionalidad—, la Corte no tiene alternativa distinta a la de entrar en el fondo y declarar, por los motivos expresados, la inexequibilidad del precepto acusado, pues lo contrario equivaldría a aceptar que la arbitrariedad tiene derecho a subsistir a perpetuidad. La seguridad jurídica en ocasiones obliga, en aras de la pacífica convivencia, a convenir en la consolidación de ciertas situaciones, así se tema que ello implique el sacrificio de algunas pretensiones de justicia. Sin embargo, dicha seguridad arriesga ver pervertido su sentido si a ella se apela para cubrir bajo su manto el resultado manifiestamente inicuo de una disposición derogada que, pese a ello, impide a las personas afectadas aspirar a la nueva disciplina legal que hacia el futuro suprime la afrenta a los derechos fundamentales. Si la nueva norma no comprende a las víctimas del sistema anterior o no resuelve específicamente su problema, dado que la tacha se remonta a la disposición anterior y ésta es la directamente responsable del tratamiento injusto que se proyecta hasta el presente, esta última deberá ser declarada inexequible.
A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar las mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia.
Magistrados: Carlos Gaviria Díaz—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Vladimiro Naranjo Mesa—Julio Cesar Ortiz Gutiérrez.