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Timestamp: 2019-06-16 17:24:06
Document Index: 214348950

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 31', 'artículo 326', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 123', 'artículo 20', 'artículo 43', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 29']

﻿ Sentencia T-278 de 2018 Corte Constitucional - Gestor Normativo Función Pública
Sentencia T-278 de 2018 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 17 de julio de 2018
Cuando se trata de trabajadoras dependientes, para obtener el reconocimiento de la licencia de maternidad, aquéllas deben presentar ante el empleador un certificado médico, en el cual debe constar: a) el estado de embarazo de la trabajadora; b) la indicación del día probable del parto, y c) la indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. Respecto de las trabajadoras independientes, estas deben efectuar el cobro de esta prestación económica directamente ante la EPS y el soporte válido para su otorgamiento es el Registro Civil de Nacimiento. Lo anterior se infiere al aplicar analógicamente lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 1822 de 2017 para la licencia de paternidad, pues ambas prestaciones económicas guardan una estrecha relación respecto de su objetivo y naturaleza
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. El 27 de febrero de 2018, la Sala número 2 de Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión1.
1. La accionante, de 26 años de edad, manifestó que se encuentra vinculada a MEDIMAS EPS en calidad de cotizante independiente2. Señaló que, cuando estaba en el séptimo mes de gestación, por motivos personales realizó un viaje a Nueva York y en esa ciudad, el 21 de abril de 2017, se llevó a cabo el parto de su hija Emily Bedoya Ramírez.
2. Indicó que el 4 de julio de 2017, cuando ya se encontraba en Colombia se dirigió a MEDIMAS EPS para solicitar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad por el nacimiento de su hija. Para tal efecto, entregó ante dicha entidad copia de los siguientes documentos: i) el certificado de nacida viva en el extranjero, apostillado3, ii) el registro civil de nacimiento de la menor de edad expedido en Colombia4, iii) la historia clínica del Hospital “Southampton” traducida al idioma español5 y iv) la historia clínica emitida por MEDIMAS EPS, la cual mostraba su evolución prenatal hasta el séptimo mes de embarazo6.
3. Señaló que a los ocho días hábiles siguientes, MEDIMAS EPS “rechazó” el trámite de la licencia de maternidad, debido a que no presentó una traducción oficial de la historia clínica emitida por el Hospital “Southampton”. Al respecto, la
accionante consideró excesivo el requisito de presentación de la traducción oficial de la referida historia clínica, pues el certificado de nacida viva y el registro civil de nacimiento de su hija Emily Bedoya Ramírez constituyen pruebas idóneas para obtener el reconocimiento de la prestación económica por concepto de licencia de maternidad.
El 21 de septiembre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar a MEDIMAS EPS con el fin de garantizarle el derecho de defensa que le asiste. Vencido el término de tres días, no se obtuvo ningún pronunciamiento de la entidad accionada7.
A. Sentencia adoptada en única instancia8
Mediante sentencia proferida el 11 de octubre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira negó el amparo. Sostuvo que la acción de tutela resultaba procedente para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. No obstante, consideró que la accionante no demostró las razones por las cuales el requisito de traducir oficialmente la historia clínica le resultaba imposible de cumplir. Al respecto, de manera textual, señaló lo siguiente: la actora “no se ocupó en verdad de demostrar, que cumplir con el requisito exigido por la entidad promotora de salud es realmente una barrera, nada indicó acerca del valor de la traducción, o la dificultad de cumplir con el aludido requisito por ejemplo la imposibilidad de conseguir el mentado traductor oficial”9.
MEDIMAS EPS10, únicamente se pronunció para alegar la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que las “prestaciones económicas o derechos económicos que tuvieron como origen la afiliación a CAFESALUD EPS HOY EN REORGANIZACIÓN, debieron y deberán solicitarse directamente al representante legal de esta entidad y NO a MEDIMAS EPS.”
El Ministerio de Salud y Protección Social11 señaló que en la actualidad el régimen legal y reglamentario de la licencia de maternidad está conformado por el artículo 326 de la Ley 1822 del 4 de enero de 201712, el artículo 2.1.13.1 del Decreto 780 del 6 de mayo del 201613 y la Circular Externa 000024 del 19 de julio de 2017, mediante la cual dicho Ministerio señaló directrices para el reconocimiento y pago de las licencias de maternidad y paternidad. Además, precisó que en la actualidad en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud no existe una norma que exija la obligación de presentar la traducción oficial de la historia clínica para el reconocimiento de la licencia de maternidad.
La accionante Yeliza Tatiana Ramírez García envió a esta Corporación una declaración juramentada extrajuicio, efectuada el 30 de abril de 2018, mediante la cual manifestó que no posee bienes inmuebles ni patrimonio económico alguno. Además, resaltó que en la actualidad se encuentra desempleada y no cuenta con los recursos económicos para viajar a la ciudad de Bogotá y realizar el procedimiento de traducción oficial y apostilla de la historia clínica emitida por el hospital de Estados Unidos14.
La Magistrada Cristina Pardo Schlesinger manifestó impedimento para decidir la acción de tutela de la referencia, el cual se declaró infundado por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Gloria Stella Ortiz Delgado en auto del 27 de junio de 201815.
Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, la Sala (i) recordará la finalidad de la licencia de maternidad y los requisitos legales para su reconocimiento, (ii) estudiará brevemente el precedente de esta Corporación relativo a la exigencia de formalidades y requisitos no contemplados en la normativia (sic) vigente para el reconocimiento de un derecho prestacional, como la licencia de maternidad y, por último (iii) resolverá el caso concreto.
4. El artículo 20 del Decreto 2591 de 199116, establece la presunción de veracidad de los hechos presentados en la solicitud de amparo, ante la negligencia u omisión de las entidades accionadas de presentar los informes requeridos por el juez de tutela, en los plazos otorgados por el mismo. En este sentido, la Corte ha manifestado que:
“La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Art. 20 Dec-ley 2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades públicas17. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las de autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.).”18
En esa medida, y dado que no existe otra prueba que logre desvirtuar lo afirmado por la actora en la acción de tutela, en este caso para garantizar sus derechos fundamentales y los de su hija menor edad, opera la presunción de veracidad contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 199119, según la cual, a la luz de los principios de celeridad, inmediatez y buena fe que rigen la actuación judicial, ha de entenderse que si la entidad requerida por el juez no contesta la solicitud de pronunciarse sobre lo expuesto en la demanda, se presumen ciertos los hechos. Por lo tanto, en este caso se presume que a la accionante le fue rechazado el trámite de reconocimiento de la licencia de maternidad por parte de MEDIMAS EPS, debido a que no presentó una traducción oficial de la historia clínica emitida por el Hospital “Southampton”.
De esa manera, existen eventos en los cuales se reconoce legitimidad en la causa por activa en la acción tutela, aunque la persona que promueva el amparo no sea el titular de los derechos. Por ejemplo, cuando la presentación de la acción de tutela se realiza por medio de (i) representantes legales -caso de los menores de edad, los interdictos y las personas jurídicas-, (ii) mediante apoderado judicial, (iii) a través de agente oficioso, y (iv) del Defensor del Pueblo o Personero Municipal.20
Particularmente, en el caso de los menores de edad, los padres pueden promover la acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales afectados o amenazados, debido a que ostentan la representación judicial y extra-judicial de los descendientes mediante la patria potestad21.
6. La legitimación en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso22.
8. Además, cabe destacar que en el trámite de una acción popular interpuesta contra la Superintendencia Nacional de Salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 26 de octubre de 2017 dictó medidas cautelares de emergencia encaminadas a que MEDIMAS EPS cumpliera con la satisfacción plena de todas las obligaciones que recibió de CAFESALUD EPS. Lo anterior, por cuanto el Tribunal referido verificó que MEDIMAS EPS llevó a cabo una serie de acciones y omisiones que le imponían cargas adicionales a los usuarios trasladados, quienes no tenían por qué soportarlas, pues “no tuvieron ningún tipo de participación en el proceso de adquisición de CAFESALUD EPS por parte de MEDIMAS EPS.”23
“(…) es necesario dictar medidas cautelares de urgencia dentro del presente medio de control encaminadas a que MEDIMAS EPS cumpla en el menor tiempo posible y la Superintendencia Nacional de Salud verifique, la satisfacción plena de todas las obligaciones que se recibieron por parte de Cafesalud EPS, a saber, citas, autorizaciones de servicio, entrega de medicamentos, pago de incapacidades y cumplimiento de las acciones de tutela falladas contra CAFESALUD EPS; con el propósito de que cese la amenaza del derecho colectivo de acceso a la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna.” 24 (Negrilla en el texto original).
En efecto, la Corte Constitucional ha considerado que la falta de pago oportuno de la licencia de maternidad, en ocasiones, puede afectar los derechos al mínimo vital y a la vida digna de la madre y de su menor hijo, circunstancias en las que la remisión a las acciones ordinarias para solucionar la controversia puede hacer nugatorio el goce efectivo de tales derechos fundamentales, por lo que se activa la competencia del juez constitucional para conocer de fondo la materia25.
De esta forma, esta Corporación ha reconocido a la acción de tutela como el medio idóneo de defensa para reclamar el pago de una prestación económica como la licencia por maternidad, si se verifican o se tienen en cuenta dos aspectos relevantes: primero, que la acción se interponga dentro del año siguiente al nacimiento y segundo, que se compruebe por cualquier medio la afectación del mínimo vital de la madre y su hijo. Así mismo la Corte ha establecido que la licencia por maternidad hace parte del mínimo vital, la cual está ligada con el derecho fundamental a la subsistencia, por lo que se presume que su no pago vulnera el derecho a la vida digna26.
Respecto de la prueba anterior, la EPS demandada nada controvirtió cuando se le corrió traslado de la misma27. Ante esta circunstancia, opera la presunción de afectación del mínimo vital de la accionante y su hija, razón por la que esta Sala estima procedente el amparo de los derechos fundamentales de la accionante, pues el pago de la prestación económica por licencia de maternidad se torna indispensable para suplir los ingresos que con motivo del nacimiento dejaron de percibirse. Adicionalmente, la Corte considera que la falta de pago de dicha prestación incide negativamente en el mínimo vital y la vida digna de la actora y de su hija, en atención a que los ingresos que recibía como trabajadora independiente, cuya percepción se interrumpió, constituían su única fuente económica de sostenimiento.
En esta medida, someter a la accionante a un proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la Superintendencia Nacional de Salud28, sería desconocer la protección reforzada y la garantía del derecho fundamental al mínimo vital, del que es titular ella y su hija menor de edad.
12. El artículo 43 de la Constitución Política dispone que durante el embarazo y después del parto la mujer gozará de especial asistencia y protección del Estado. Esta protección especial a la maternidad se materializa en una serie de medidas de orden legal y reglamentario dentro de las que se destacan los descansos remunerados en épocas del parto29.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el descanso remunerado que se otorga a la mujer en la época posterior al parto realiza, entre otros, los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, el amparo a la familia como institución básica de la sociedad, y los derechos de la madre y del recién nacido a la vida digna y al mínimo vital30.
La licencia de maternidad es, entonces, una medida de protección a favor de la madre del menor recién nacido y de la institución familiar, que se hace efectiva, de un lado, a través del reconocimiento de un período destinado a la recuperación física de la madre y al cuidado del niño y, de otro, mediante el pago de una prestación económica dirigida a reemplazar los ingresos que percibía la madre con el fin de garantizar la continuidad en la cobertura de sus necesidades vitales y las del recién nacido31.
En esa medida, esta prestación cobija no sólo a personas vinculadas mediante contrato de trabajo sino a todas aquellas madres trabajadoras (dependientes e independientes) que, con motivo del nacimiento, interrumpen sus actividades productivas y cesan en la percepción de los recursos con los que habitualmente atendían sus necesidades vitales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos legalmente para su reconocimiento32.
13. Estos requisitos, según el artículo 1º de la Ley 1822 del 4 de enero de 201733 son los siguientes:
14. Además, el artículo 2.1.13.1 del Decreto 780 del 6 de mayo del 201634 dispone, en relación con el reconocimiento de la licencia de maternidad, lo siguiente:
15. Asimismo, a través de la Circular Externa 000024 del 19 de julio de 2017, el Ministerio de Salud y Protección Social reiteró los requisitos señalados en la Ley 1822 de 2017 y el Decreto 780 de 2016 para el reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad35.
Por otra parte, cuando se trata de trabajadoras independientes, estas deben efectuar el cobro de esta prestación económica directamente ante la EPS y el soporte válido para su otorgamiento es el Registro Civil de Nacimiento. Lo anterior se infiere al aplicar analógicamente lo preceptuado en el parágrafo segundo del artículo 1º de la Ley 1822 de 2017 para la licencia de paternidad, pues ambas prestaciones económicas guardan una estrecha relación respecto de su objetivo y naturaleza36.
18. Ahora bien, el artículo 84 de la Constitución Política precisa que cuando un derecho es reglamentado de manera general, las autoridades no pueden establecer ni exigir requisitos adicionales para su ejercicio. A su vez, el artículo 29 Superior dispone que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones”, y que para resolver el alcance de los derechos de los ciudadanos deben observarse “las leyes preexistentes”y “la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Es precisamente este el fundamento del principio de legalidad, el cual protege a los ciudadanos de decisiones arbitrarias que se aparten de la voluntad del Legislador democráticamente elegido.
Posteriormente, el 4 de julio de 2017, cuando ya se encontraba en Colombia, se dirigió a MEDIMAS EPS para solicitar el reconocimiento de la licencia de maternidad por el nacimiento de su hija. Para tal efecto, entregó ante dicha entidad copia de los siguientes documentos: i) certificado de nacida viva en el extranjero apostillado37, ii) registro civil de nacimiento de la menor de edad expedido en Colombia38, iii) la historia clínica del Hospital “Southampton” traducida al idioma español39 y iv) la historia clínica emitida por MEDIMAS EPS40.
Además, existe certeza respecto del derecho que le asiste a la accionante en relación con el reconocimiento de la prestación económica por licencia de maternidad, puesto que en el expediente obran copias de las cotizaciones realizadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en las cuales se evidencia que la señora Yeliza Tatiana Ramírez García cotizó ininterrumpidamente como independiente durante todo su periodo de gestación, esto es, nueve meses contados desde agosto de 2016 hasta abril de 2017, cuando nació su hija Emily Bedoya Ramírez41.
2 Yeliza Tatiana Ramírez García registra afiliaciones a MEDIMAS EPS como cotizante independiente (antes CAFESALUD y SALUDCOOP) desde noviembre de 2013 hasta octubre de 2017. Folios 54 y 55 del cd. Corte.