Source: http://www.scribd.com/doc/16680037/Sentencia-que-condena-por-publicidad-enganosa-entre-estudiantes-de-criminalistica-y-la-UTEM
Timestamp: 2014-07-13 13:35:51
Document Index: 363695784

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 28', 'artículo 50', 'e contrario', 'artículo28', 'artículo50', 'artículo 14']

P. 1Sentencia que condena por publicidad engañosa entre estudiantes de criminalística y la UTEMSentencia que condena por publicidad engañosa entre estudiantes de criminalística y la UTEMRatings: 4.0 (1)|Views: 4,398|Likes: 6Published by iurisprudentiaSentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Chile, que condena a la Universidad Tecnológica Metropolitana a pagar $411.748.920 de pesos a favor de los alumnos de la carrera de Criminalística.Sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Chile, que condena a la Universidad Tecnológica Metropolitana a pagar $411.748.920 de pesos a favor de los alumnos de la carrera de Criminalística.More info:Categories:Government & PoliticsPublished by: iurisprudentia on Jun 23, 2009Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/16680037/Sentencia-que-condena-por-publicidad-enganosa-entre-estudiantes-de-criminalistica-y-la-UTEM04/04/2013pdftextoriginal Rancagua, veinticinco de mayo de dos mil nueve.Vistos:Se reproduce de la sentencia apelada sólo la fracción de su parte expositiva contenida entre fs. 429 y438, ambas inclusive, sustituyendo en la línea final de esta última foja la inexistente forma verbal"recepcionar" por "recibir".Se elimina todo el resto de lo expositivo y considerativo del señalado fallo.Y teniendo en su lugar y además presente:A.- En cuanto a la excepción de incompetencia.1.- Que la parte querellada y demandada ha reclamado, tanto en lo principal como en el primer otrosí del escrito de fs. 120, que se declare la incompetencia absoluta del Tribunal, sosteniendo, enambos acápites de su escrito, que la infracción prevista en el artículo 23 de la Ley 19.496 no seaplica a los establecimientos educacionales, incluidos los de educación superior. Con todo, esaalegación debe ser desestimada, porque la querella y la demanda lo que imputan no es dichainfracción, sino la prevista en el artículo 28 letras b) y c), claramente aplicable a universidades y, engeneral, centros educativos, como expresamente lo indica el artículo 2° letra d) de la referida ley, alreferirse al párrafo 1° del Título 3°, cuyo primer artículo es justamente el 28 referido en la querella.Que entre las citas legales del libelo se indique también la del artículo 23, no hace que desaparezcael fundamento de derecho literalmente expuesto en la querella y en la demanda, cual es la existenciade una publicidad engañosa respecto de un específico campo laboral de la carrera de que se trata,imputación que, para mayor claridad, se relaciona luego en forma también explícita, con la normadel artículo 28 de la Ley del Ramo. Así pues, la cita posterior del ar tículo 23 podrá resultar superflua o aún errónea, pero ello en nada afecta la competencia del Tribunal para conocer y fallar la infracción específicamente reclamada.B.- En cuanto a la ineptitud del libelo2.- Que la parte querellada y demandada imputan a la querella y demanda ambigüedad, por nodistinguir las situaciones de los diferentes actores, lo que no se sostiene pues si los demandantes nodistinguen ha de entenderse que todos reclaman de la misma situación, siendo cuestión de pruebadeterminar si ello es así o no, pero el caso es que de la lectura del libelo queda claro lo que piden y por qué, de suerte que no se ve modo de que la excepción pueda ser admitida por esa primera razón.3.- Que, en efecto, la demandada repara en que el libelo no indica las fechas de ingreso a la carrerade cada actor, ni el tiempo de permanencia de cada uno en ella. Eso es cierto, pero sí afirma quetodos fueron estudiantes de esa carrera, que todos ingresaron motivados por la publicidad que seestima engañosa, que todos se vieron perjudicados al descubrir que lo que esa publicidad ofrecía o prometía no era efectivo, indicando luego las sumas en que cada cual se siente menoscabado. Ahora bien; establecer la existencia y extensión de ese daño es un ejercicio que requiere la previadeterminación de ciertos parámetros, entre los cuales está el tiempo en que cada demandante estuvoexpuesto a esa publicidad y, por ende (según el libelo), engañado, y el costo que para cada unosignificó ese tiempo, en el orden puramente material, además del daño extrapatrimonial que cadacual sufrió, el que naturalmente será más profundo cuánto más tiempo hubiere permanecido en elsupuesto engaño y por tanto en una carrera que no ofrecía lo que el estudiante suponía. Mas, esos parámetros son materia de prueba, que servirá para determinar no sólo si el perjuicio existiórealmente, sino además si tuvo la extensión que con la sumas pedidas se le quiere atribuir. No setrata, pues, lo que reclama el demandado, de una cuestión esencial para entender la demanda, sino
de una necesaria para resolverla, que es cosa distinta. En el primer caso habría un problema propiode la exposición de hechos y por ende susceptible de ser atacado mediante la excepción de ineptituddel libelo, pero en el segundo lo que hay es una cuestión de fondo, relativa a si se probó o no el perjuicio y su extensión, lo cual escapa ya a la dilatoria intentada.4.- Que, siempre en el ámbito de la ineptitud del libelo, la demandada señala que no se sabe si sereclama de una publicidad engañosa o de un incumplimiento contractual. La verdad es que sí sesabe, y perfectamente, porque los demandantes lo dicen de modo expreso: reclaman por los perjuicios que les ocasionó una publicidad que estiman engañosa, como ya se dijo al resolver lorelativo a la competencia. Por lo demás el dilema es falso, porque la responsabilidad por publicidadengañosa es precisamente de orden contractual, como la misma ley del ramo lo indica.5.- Que luego el demandado entra en una serie de alegaciones de fondo, ajenas a la ineptitud dellibelo que pretende, y concluye sosteniendo que no se han citado las normas civiles que sustentaríanla pretensión indemnizatoria. Al respecto los actores han citado de modo expreso, por referencia alas disposiciones mencionadas en su querella, las normas de la Ley 19.496, la cual en su artículo 50,indicado a fs. 6 del libelo, concede las acciones indemnizatorias que naturalmente son las de ordencontractual, como que la misma disposición indica que para determinar las indemnizaciones esnecesario acreditar, además del daño, el vínculo contractual correspondiente. Es bastante obvio quese aplican además las normas del Código Civil sobre responsabilidad contractual, en lo nomodificado por la ley especial, pero no es preciso que la demanda enuncie todas las normas legalesen que pueda basarse, bastando que tenga un fundamento de derecho que la haga inteligible y permita la adecuada defensa de contrario, lo que se cumple si los actores han indicado queestudiaron la carrera de técnico de nivel superior en ciencias criminalísticas en la UniversidadTecnológica Metropolitana, sede San Fernando, que es la carrera que habría sido engañosamente promovida, con lo cual alegan un vínculo contractual con la demandada, citan además el artículo28, que es el que establece la infracción sobre la que se basa la demanda y, por fin, citan el artículo50 de la ley, que ya vimos es el que concede acción para reclamar en este procedimiento lasindemnizaciones por responsabilidad contractual, que sean procedentes.024C.- En cuanto a la tacha de testigos.6.- Que la parte demandante ha tachado, a fs. 239, al testigo Lorenzo Medina Leal, por ser dependiente de la parte que lo presenta. Sin embargo no estamos aquí en el ámbito de la pruebatasada, sino en el de la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica de los medios probatorios, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 18.287, de suerte que no puedehaber testigos inhábiles a priori, sin perjuicio del análisis que en el fondo quepa hacer sobre lacredibilidad del mismo, si es que se entiende que esa dependencia laboral afectó realmente suimparcialidad, lo que por lo demás aquí no parece ser el caso. Por estas razones, la tacha no puede prosperar.D.- En cuanto a la objeción de documentos.7.- Que la demandada y querellada ha objetado a fs. 214 una serie de documentos presentados por lacontraria; pero, aparte de lo recién expuesto sobre el sistema probatorio que rige en este procedimiento, todas sus alegaciones dicen relación con cuestiones de fondo, ajenas a las causalesde objeción que son solamente la falsedad y la falta de integridad de los instrumentos de que setrate. Que los acompañados por la actora sean fotocopias no significa que sean falsos, ni tampoco lademandada imputa tal cosa, limitándose a decir que no le consta su veracidad. Que no le constetampoco a la demandada para qué se haya utilizado un crédito de consumo, nada tiene que ver con
falsedad o falta de integridad. El sentido o poder probatorio que tenga o deje de tener un aviso decobranza tampoco es tema propio de una objeción. Que un documento sea redundante es igualmenteajeno al tema que interesa ahora. Que un instrumento sea más o menos legible es también unacuestión de fondo en cuanto a qué se pueda probar con él, y no un problema de objeción. Quecertificados de diagnóstico de algunos actores puedan o no probar su padecer y la conexión de esasdolencias con los hechos narrados en el libelo, es también cuestión netamente de fondo. Finalmente,que determinados documentos emanen de terceros ajenos al juicio que no los ratificaron comotestigos, es también cuestión de fondo que no inhabilita formalmente a esa prueba y que, en unsistema de apreciación mediante la sana crítica, tampoco p er se impide que dichos instrumentosformen convicción.E.- En cuanto al fondo de lo infraccional.8.- Que los querellantes alegan haber sido víctimas de publicidad engañosa emanada de laquerellada, la que los indujo a estudiar la carrera de técnicos en criminalística que la UniversidadTecnológica Metropolitana (en adelante, UTEM) impartía en San Fernando. Esa publicidad, nosdicen, expresaba que el Estado de Chile había encomendado a la Universidad formar expertos paraapoyar la reforma procesal penal, agregando en material publicitario que los titulados de dichacarrera podrían asesorar directamente al Ministerio Público e indirectamente a la Defensoría PenalPública, además de trabajar en Carabineros e Investigaciones, todo lo cual resultó falso.9.-Que obra en cuaderno de documentos acompañados al comparendo de fs. 193, una serie deelementos que permiten apreciar que se desplegó, por parte de la UTEM una publicidad que motivóa los actores a estudiar la carrera, impartida por esa universidad en San Fernando, de Técnico de Nivel Superior en Ciencias Criminalísticas; propaganda que presenta algunas características que, para lo que ahora se resuelve, resultan centrales. Así, a fs. 19 de ese cuaderno se lee un folletoeditado por la querellada en que, respecto del perfil del titulado, se dice que los Técnicos que seformarán en esa casa de estudios tendrán como misión, entre otras, otorgar un apoyo determinante"a quienes dirigen las investigaciones en el marco de la Fiscalía nacional". El mismo folletocomienza con algunos párrafos que dan cuenta de la reforma que ha sufrido el sistema procesal penal chileno, indicando que el Ministerio Público dirige en forma exclusiva la investigación de losdelitos, asistido por organismos auxiliares como son las policías, el Servicio Médico Legal, elGabinete de Identificación, Gendarmería y otros, para posteriormente señalar que los diversosactores de este nuevo sistema deberán poseer conocimientos de las técnicas de investigacióncriminal. Si unimos esta primera parte del folleto con la posterior, que señalamos antes, pareceevidente que se anuncia allí un campo profesional específico para los futuros técnicos, cual es eldesempeñarse tanto en las Fiscalías del Ministerio Público, como en los organismos auxiliares de suactividad.10.- Que en el mismo cuaderno corren folletos en formato de periódico, en que se promueven profusamente las bondades de las carreras de perito y técnico criminalístico, asociando siempre elejercicio profesional que para ellos se espera, con la reforma procesal penal y con sus actores, enforma explícita. En esos folletos llama la atención, además, que se publicitan convenios conGendarmería y reuniones protocolares con Carabineros, la Asociación de Magistrados eInvestigaciones. A fs. 38 rola fotocopia de otra revista de la UTEM que ya en su editorial vinculaestrechamente la creación de las carreras ahora cuestionadas, con la reforma procesal penal, yseñala que esas carreras que la Universidad implementa, históricamente eran impartidas por lasinstituciones policiales.11.- Que si nos detenemos para analizar nada más lo que hasta ahora hemos visto en materia de propaganda para la carrera técnica que motiva la querella, tenemos que la UTEM ofrecióclaramente un campo laboral específico, cual es el trabajo en la Fiscalía y en organismos auxiliares,
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