Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/48129/sentencia-ts-sala-1-de-19-de-febrero-de-1992-contrato-mercantil-incumplimiento-danos-y-perjui
Timestamp: 2017-10-19 23:43:11
Document Index: 415155961

Matched Legal Cases: ['artículo 1692', 'artículo 1692', 'artículo1216', 'artículo 1692', 'artículo 563', 'artículo 1692', 'artículo 563', 'artículo 694', 'artículo 504', 'artículo 1216', 'artículo 506', 'artículo 1693', 'artículo 1216', 'artículo 506', 'artículo 1715']

Sentencia T.S. (Sala 1) de 19 de febrero de 1992. Contrato mercantil. Incumplimiento. Daños y perjuicios. Prueba. Documentos - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Contrato mercantil: Cesión y distribución de película. Incumplimiento. Envío de informe de cuentas. Daños y perjuicios. Procedimiento: Documentos aportados con posterioridad a la demanda. Error en la valoración de las pruebas. Falta de autentificación de documental.
Primero.-Ante el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid, fueron vistos los autos de juicio declarativo de menor cuantía, a instancias de «Jet Anslat» (empresa mercantil extranjera), contra «Suevia Films Cesáreo González, S. A.», sobre incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, en cuantía indeterminada.
Por la parte actora se formuló demanda en base a cuantos hechos y fundamentos de Derecho estimó de aplicación, para terminar suplicando al Juzgado que en su día y previos los trámites legales oportunos, dictase sentencia declarando los siguientes extremos: A) La cancelación del contrato existente entre «Suevia Films» y el demandante. B) Que «Suevia Films» debería proceder al rendimiento jurado de cuentas que comprendiese desde la fecha del estreno de la película en España hasta el último día de su explotación, en el plazo que a dicho efecto señalase el Juzgado. C) Que «Suevia 153 Films» debería pagar a la parte actora la cantidad que resulta de aplicación el 70% a los intereses brutos obtenidos por «Suevia Films», en la explotación de la película, deduciendo de dicho resultado únicamente «los gastos del contrato». D) Que «Suevia Films» debería pagar a la parte actora los intereses devengados en la cuantía acordada por las partes cuyo porcentaje variaba entre el 20% si el descubierto se mantenía por menos de 15 días, 24% si hasta un mes y 26% para el resto. E) Que «Suevia Films» debería pagar a la demandante las liquidaciones en dólares USA al cambio de la fecha en que debieran practicarse dichas liquidaciones. F) Que «Suevia Films» debería pagar a la actora la cantidad total obtenida por la explotación de la película durante el período de tiempo que «Suevia Films» la había explotado sin derecho alguno por no estar vigente el contrato como quedó expuesto. G) Que «Suevia Films» debería devolver a la parte actora cuantas copias y «trailers» de la película se encontrasen en su poder o en caso que hubieren sido destruidos, procediera en conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6 del contrato.
Por el Juzgado se dictó sentencia en fecha 16 de julio de 1987, cuyo fallo es como sigue: Fallo. Que rechazando la excepción dilatoria opuesta, y estimando en parte la demanda interpuesta por el Procurador don Ignacio Corujo Pita, en nombre y representación de la empresa mercantil extranjera «Jet Anstalt», contra la demandada «Suevia Films Cesáreo González, S.A.», debo declarar y declaro: 1) La vigencia y extinción del término del contrato suscrito entre las partes con fecha 14 de marzo de 1977 sobre la exclusiva distribución y exhibición en España de la película «El gato caliente»; 2) Que la demanda deberá proceder a la rendición de cuentas desde la fecha del estreno del film en España hasta el último día de su explotacióin, lo que practicará en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de esta resolución; 3) Que como consecuencia de dicha liquidación deberá abonar a la actora el 70% de los ingresos brutos obtenidos en la explotación, deducidos únicamente los gastos a que se refiere la cláusula 3.a) del contrato, más los intereses legales de las cantidades resultantes desde el siguiente día en que las liquidaciones respectivas debieron practicarse y abonarse su resultado según los términos del contrato y descontando finalmente la garantía prestada; y 4) Que la demandada deberá devolver a la actora cuantas copias y «trailers» de la película se encuentren en su poder, o si hubiesen sido destruidas cumpla lo previsto en la cláusula 6.a del referido contrato; absoliviéndola de las demás peticiones contenidas en la demanda; todo ello sin hacer expresa condena de las costas del juicio.
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y sustanciada la alzada, la Sección Octava de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia en fecha 22 de julio de 1989, cuya parte dispositiva es como sigue: Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del demandado «Suevia Films Cesáreo González, S.A.», contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid, en los autos de menor cuantía seguidos a instancias de la empresa mercantil extranjera «Jet Anstalt» debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente.
Tercero.-Por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Rico Cadenas, en nombre y representación de «Suevia Films Cesáreo González, S.A.», se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: Primero. Por error en la apreciación de la prueba basando en documentos que obren en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Error en la apreciación de la prueba.
Segundo. Por Infracción de las normas del Ordenamiento jurídico, o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate al amparo del artículo 1692.5 de la Ley de Enjuciamiento Civil . Por infracción del artículo1216 del Código Civil en relación con los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infringidos por el concepto de violación por inaplicación.
Primero.-En el juicio declarativo de menor cuantía promovido por la empresa mercantil extranjera «Jet Anslat» contra la Compañía mercantil «Suevia Films Cesáreo González, S. A.», sobre incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios, las pretensiones de la sociedad actora se basaban en las alegaciones fácticas que, en síntesis, se exponen a continuación: 1.ª El 14 de marzo de 1977 se suscribió entre las entidades expresadas, un contrato por el que «Jet Anstalt» cedía a «Suevia Films», en exclusiva, los derechos de distribución y exhibición en España de la película «Fritz the cat», denominada en castellano «El gato caliente». 2.ª La cláusula 3 del contrato, determinaba que los ingresos brutos se repartirían así: 70% para la actora y 30% para la demandada, en concepto de retribución por su distribución, y se establecía, también, que del indicado 70% se deducirían los «gastos normales y necesarios de distribución que solamente incluyen los costes de laboratorio, de copias y "trailers", y los costes de envío, almacenaje, seguros, reparación o proyección de copias, tasas de censura y gastos de propaganda y publicidad en relación con la explotación de la película», denominados «los gastos del contrato». 3.ª El contrato establecía en su cláusula 5, la obligación de «Suevia Films» de enviar a la actora, mensualmente por un período de doce meses desde el estreno de la película y luego trimestralmente (hasta que llegara el término del contrato, a los cinco años de haberse presentado la película ante las autoridades españolas para su censura) un extracto de facturación o cobros, ingresos y facturas emitidos, y cada uno de estos extractos debería enviarse dentro de los treinta días a partir de la fecha de cierre del informe correspondiente y a ellos, se acompañaría el envío de cualquier cantidad debida. En este sentido, «Suevia Films» incumplió sus obligaciones por cuanto sólo enció tres informes o extractos fechados el día 31 de mayo de 1978, 29 de febrero de 1979 y 6 de junio de 1980, sin que ninguno de dichos informes fuese correcto, al cometerse irregularidades de elaboración que infringían las cláusulas contractuales. 4.ª Ha sido inclumplida la obligación de enviar a la actora cualquier cantidad que le correspondiera en la explotación de la película. 5.ª«Suevia Films» fue requerida al cumplimiento de sus obligaciones en repetidas ocasiones, sin resultado positivo alguno. 6.ª«Jet Anstalt» desconocía el importe recaudado en la explotación de la película, pero a tenor de certificación de la Dirección General de Cinematografía, la recaudación bruta obtenida ascendía a 59.277.734 de pesetas, cifra que difería bastante de la señalada en los extractos enviados, deduciéndose de la certificación que «Suevia Films» explotó la película por un período de tiempo superior al de cinco años de duración que estableció el contrato. 7.ª En cumplimiento de la cláusula 4 del contrato, la demandada venía obligada a pagar en dólares de los Estados Unidos de América. 8.ª Las partes contratantes acordaron verbalmente en el «Hotel Du Cap» el devengo de intereses sobre las cantidades adeudadas, fijándose el porcentaje a aplicar en el «normal utilizado por los Bancos». La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número dieciséis de Madrid, de 16 de julio de 1987, cuyos pronunciamientos quedaron recogidos en los antecedentes de hecho, fue confimada íntegramente por la dictada, en 22 de julio de 1989, por la Sección Octava de la Iltma. Audiencia Provincial de Madrid, que es la recurrida en casación por la Compañía mercantil anónima «Suevia Films Cesáreo González, S. A.».
Segundo.-El recurso se interpone a través de dos motivos al amparo de los ordinales 4.° y 5.° del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estructurándose el primero de ellos, por error en la apreciación de la prueba, en cinco apartados. En el primer apartado, la sociedad recurrente relaciona el error con el documento que la contraparte aportó a los autos en virtud de lo dispuesto en el artículo 563 del texto procesal, consistente en una licencia de importación número 7.640.041, suscrita por la empresa «Suevia Films», como importadora y en la que figura «Jet Anstalt», como proveedor (exportador), y relativa a la película en cuestión, argumentándose «que fue aportado por el procedimiento con un escrito de ampliación de la parte actora, jurando ésta no haber tenido conocimiento del mismo antes, que no fue, por tanto, aportado con la demanda previamente, a pesar de consistir el reseñado documento en una licencia de exportación depositada en un archivo público, en la Dirección General de Política Arancelaria de Importación, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda y, por ello, haber podido designar el actor el archivo y haber podido pedir y obtener copia fehaciente de la licencia con anterioridad al momento procesal en que lo lo hizo», lo que, en opinión de la recurrente, originó indefensión. Atendiendo a la transcrita formulación, resulta evidente su notoria improcedencia dentro del marco del ordinal 4.°, al no guardar relación alguna con los supuestos de error al que se refiere, siendo no menos evidente que lo que se está denunciando es un presunto «quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales», cuya incardinación correspondería al ordinal 3° del artículo 1692, circunstancia que, por sí sola, origina el fracaso del meritado apartado. Además, el documento en cuestión fue objeto de autenticación dentro del trámite probatorio, y en su aportación a la litis encuentra apoyo en la disposición del artículo 563 de la Ley procesal, máxime, cuando el 680 de la misma previene el acomodo del juicio de menor cuantía a las reglas establecidas para el ordinario de mayor cuantía, en cuanto no se oponga la tramitación especial que se ordena en los artículos siguientes; por otro lado, el artículo 694 permite la presentación de documentos a que se refiere el 506, hasta la citación para la sentencia, y entre los casos que se comprenden en este último precepto se hallan aquellos documentos anteriores a la demanda y contestación, acerca de los cuales se jure por la parte no haber tenido antes conocimiento de su existencia, lo que significa, por supuesto, que para tales documentos no rige la norma restrictiva del artículo 504, así pues, las consideraciones que anteceden reafirman la inviabilidad del apartado objeto de estudio, debiendo rechazarse, sin género de duda, la alegación de haber sufrido indefensión la recurrente por la incorporación del tan repetido documento.
Tercero.-En los apartados segundo, tercero y cuarto del motivo que se realiza, se invoca error en la apreciación de la prueba de los documentos presentados con el escrito de contestación a la demanda, de números 2 y 2 bis, 3 y 3 bis y 4 y 4 bis, por haber sido omitidos y estar en contradicción con el adjuntado, como número 1 a la demanda, o sea, el contrato de 14 de marzo de 1977. Estos apartados merecen correr igual suerte que el anterior, su iniviabilidad, en primer lugar, porque la doctrina de la Sala viene exigiendo para los supuestos de error que «el documento ha de ser contundente e indubitado, "per se", sin necesidsd de interpretación, evidenciando cosa contraria a lo afirmado o negado en la sentencia recurrida», circunstancia que no concurre aquí, toda vez que en uno de los documentos, el 4-4 bis, se menciona a «Jet Anstalt» en los siguiente términos: «Tenemos que pagar ahora 25.000$ y espero recibir un cheque suyo por 12.500$ extendido a la orden de "Jet Anstalt'k, con lo cual, se desprende una relación entre la sociedad actora y las personas y sociedades que figuran en tales documentos, sin que de ellos pueda deducirse de manera inequívoca la significación de esa relación a los efectos de la propiedad y distribución de la película; y en segundo término, y esto es lo más importante, el ordinal 4.° exige que los documentos con que se pretende demostrar la equivocación del Juzgador, no resulten contradichos por otros elementos probatorios, exigencia que no tiene lugar en el caso de autos, en cuanto que el contrato de fecha 14 de marzo de 1977, reconocido en su autenticidad y plena vigencia, desvirtúa por completo la eficacia de los citados documentos a efectos casacionales, y es determinante de la correcta reclamación ejercitada por la entidad actora, actual recurrida, e igualmente, quedaría desvirtuada por el elemento probatorio constituido por la licencia de importación a que se hizo referencia.
Cuarto.-Por lo que respecta al quinto apartado, último del motivo primero, su contenido responde al siguiente tenor: «error en la apreciación del documento aportado por la actora con el número 7 (folios 18, 19 y 20 de autos), por omisión de la valoración de la prueba al no haberse apreciado que las cifras que allí se contemplan son recaudaciones brutas y no cantidades reales a percibir por el distribuidor por lo que el error en la apreciación del tal documento, ha significado error en la cifra total a calcular en sentencia». Con independencia de la confusión en que se incurre en el apartado acabado de transcribir, ya que el documento número 7 de la demanda, obra a los folios 24 y 25, y los folios 18, 19 y 20 se corresponden con los documentos 2 y 3, también de la demanda, resulta difícil de comprender el error que se denuncia, pues de la lectura de la sentencia de primera y segunda instancia no se desprende constancia de razonamiento alguno acerca de una posible contraposición o confusión entre recaudaciones brutas y cantidades reales, por lo que sin necesidad de ninguna otra consideración, procede tener por claudicado ese último apartado del motivo, y, consecuentemente, inviable la totalidad del mismo.
Quinto.-El segundo motivo de casación se acogía, como se dijo, al ordinal 5.°, por infracción de las normas del Ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables, y, concretamente, las alegadas como infringidas son las del artículo 1216 del Código Civil, en relación con los artículos 504 y 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, citándose las sentencias de 27 de noviembre de 1914,10 de junio de 1929, 17 de febrero de 1828, 17 de enero de 1911, 12 de junio de 1915, 11 de julio de 1947, 4 de abril de 1942 y 4 de abril de 1954. La tesis argumental del motivo gira en torno al documento que la sociedad actora aportó con su escrito de ampliación, esto es, la licencia de importación correspondiente a la película, para combatir su admisión en los autos, cuando, a juicio de la recurrente, semejante documento tenía que haber sido acompañado a la demanda, con designación de archivo, en su caso, especialmente, cuando el mismo existió con anterioridad y la parte pudo y tenía que haberle conocido, por lo que no cabía su inclusión en los supuestos referidos en el artículo 506, reflexiones las indicadas que tenían su reflejo jurisprudencial en las sentencias ya reseñadas. En realidad, la argumentación, si bien ahora en extenso, hecha valer en el motivo es coincidente con la del apartado primero del motivo anterior, y de ello, que cuanto se razonó para dicho apartado puede ser de aplicación aquí, sobre todo, porque lo verdaderamente acusado por la recurrente es, igual que entonces, un presunto «quebrantamiento de las normas que rigen los actos y garantías procesales», cuya inmediata consecuencia es la defectuosa incardinación del motivo, que debería haberse reconducido por la vía del ordinal 3.° La insistente alegación de una situación de indefensión ocasionada por la administración del documento, no es acorde con la falta de protesta que debió formularse en la segunda instancia, cosa que no aconteció, como se desprende del fundamento primero de la sentencia de alzada, al decirse en él que «en el recurso de la compañía demandada recurrente ha basado la impugnación de la sentencia en razones de fondo...», sin que se observara, pues, la prescripción del artículo 1693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Aparte lo dicho, la mención del artículo 1216 del Código, por su peculiar contenido, es intranscendente en el ámbito casacional, y respecto a los rituarios artículos 504 y 506, no ofrece duda que a la demanda deberá acompañarse el documento en que la parte interesada funde su derecho, pero resa regla no fue desconocida por la actora ya que el fundamental y esencial para su pretensión fue el contrato de 14 de marzo de 1977, y, tampoco, la ofrece que la exigencia de la designación de archivo no reza, como es natural, para aquellos documentos comprendidos en el número 2° del artículo 506, sin que respecto al juramento prestado por la parte, exista constancia en autos de que no respondiera a la realidad o se debiera el desconocimiento a una conducta negligente, extremos a que se refieren ciertas sentencias de las citadas en el motivo, y, por último, no cabe olvidar que el documento fue autenticado en el período probatorio, como ya se dijo en el fundamento segundo de la presente, del que deberán darse por reproducidas las reflexiones que en él se hicieron acerca de los artículos 653, 680 y 694 de la Ley procesal . Por consiguiente, cuanto ha quedado razonado conduce al perecimiento del segundo motivo del recurso, dada la imposibilidad de imputar al Tribunal «a quo» las infracciones denunciadas en el mismo.
Sexto.-La desestimación de los motivos del recurso de casación formalizado por la Compañía Mercantil Anónima «Suevia Films Cesáreo González, S.A.», lleva consigo, por disponerlo así el último párrafo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la declaración de no haber lugar al mismo, con imposición de las costas a la sociedad recurrente, y la pérdida del depósito constituido.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la Compañía Mercantil Anónima «Sue-via Films Cesáreo González, S.A.», contra la sentencia de fecha veintidós de julio de mil novecientos ochenta y nueve, que dictó la Sección Octava de la lima. Audiencia Provincial de Madrid, y condenar, como condenammos, a dicha parte recurrente al pago de las costas de este recurso, y a la pérdida del depósito constituido al que se dará el destino legal correspondiente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con remisión de los autos y rollo de apelación recibidos.