Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-01294-de-septiembre-27-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_edacd2029c0d0202e0430a0101510202&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-14 22:14:40
Document Index: 141535542

Matched Legal Cases: ['artículo 300', 'artículo 267', 'artículo 63', 'artículo 2357', 'artículo 2344', 'artículo 2344', 'artículo 2', 'artículo 132']

﻿ Sentencia 1998-01294 de septiembre 27 de 2013
SENTENCIA 1998-01294 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA. NO TODA CONDUCTA ASUMIDA POR LA VÍCTIMA CONSTITUYE FACTOR QUE DESTRUYA EL NEXO DE CAUSALIDAD EXISTENTE ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO, TODA VEZ QUE PARA QUE LA CULPA DE LA VÍCTIMA RELEVE DE RESPONSABILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN, AQUELLA DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1. UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO DE LA VÍCTIMA Y EL DAÑO2. EL HECHO DE LA VÍCTIMA NO DEBE SER IMPUTABLE AL OFENSOR, TODA VEZ QUE SI EL COMPORTAMIENTO DE AQUELLA FUE PROPICIADO O IMPULSADO POR EL ÉSTE, DE MANERA TAL QUE NO LE SEA AJENO, NO PODRÁ EXONERARSE DE RESPONSABILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN. ES TAREA DE LOS ALCALDES VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, HECHO DE TERCERO
Sentencia 1998-01294 de septiembre 27 de 2013
Expediente: 27 372
Rad.: 76001-23-31-000-1998-01294-01
Actor: Martha Liria Ñañez Ortega y otros
Demandado: Empresa de Energía del Pacífico EPSA E.S.P. y otro
Bogotá, D.C. veintisiete de septiembre de dos mil trece
8. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(4).
9. El material probatorio en este caso está integrado por (i) los documentos aportados en copia auténtica por la parte actora que corresponden a los registros civiles de nacimiento de los demandantes y los de defunción de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez; (ii) la diligencia de interrogatorio de parte, los testimonios y la diligencia de inspección judicial practicados por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura en cumplimiento de la comisión impartida por el Tribunal Administrativo del Valle; (iii) los documentos trasladados por la Fiscalía 37 de Buenaventura del proceso radicado con el número 98.574, dentro de los cuales figuran los protocolos de necropsia de los occisos y la resolución inhibitoria proferida por el ente investigador; (iv) el informe escrito presentado por el representante legal de EPSA E.S.P. en cumplimiento de lo ordenado por el a-quo mediante auto de 25 de mayo de 2001; y (v) el acta de la diligencia de inspección judicial practicada como prueba anticipada por el Juzgado 4 Civil Municipal de Buenaventura a la edificación ubicada en la calle 2 Nº 8-55 de ese municipio.
10. En relación con esta prueba pericial, cabe señalar que goza de mérito probatorio en razón a que se practicó con citación de la Empresa de Energía del Pacífico(5), tal como lo exige el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo por disposición del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y fue aportada al proceso por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Buenaventura por solicitud del Tribunal Administrativo del Valle, con constancia expresa de autenticidad (fl. 151 cdno. 2).
11. En lo referente a los testimonios, también debe precisarse que no serán tenidos como sospechosos aquellos que fueron rendidos por los señores Pedro León Hinestroza y Juan Pablo Romero Rentería, pese a que se trata de funcionarios al servicio de la Empresa de Energía del Pacífico. En criterio de la Sala esta circunstancia, por sí sola, no pone en duda la credibilidad de los testigos. Por el contrario, evidencia la pertinencia y utilidad de sus declaraciones para aclarar aspectos de carácter técnico y administrativo que revisten interés en el presente caso. Por ello, los testimonios se tendrán como pruebas válidas, y serán apreciados en conjunto con los demás elementos de convicción obrantes dentro del proceso.
12. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:
12.1. Los señores Luis Carlos Méndez Andén y Rubén Antonio Méndez Ñañez, padre e hijo respectivamente (copia auténtica del registro civil de nacimiento de Rubén Antonio Méndez –fl. 7 cdno. 1–), fallecieron el 12 de junio de 1997 en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) como consecuencia de un shock cardiogénico debido a una arritmia cardiaca y un compromiso multiorgánico causado por electrocución (copia auténtica de los respectivos registros civiles de defunción —fls. 5-6 cdno. 1—; copia auténtica de los respectivos protocolos de necropsia —fls. 177, 178, 184,185 cdno. 2—).
12.2. El hecho anterior se produjo en momentos en que los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez, se encontraban adelantando trabajos de construcción (testimonios de Jhon Fredy Herrera Echavarría y Virginia Góngora Guapi —fls. 58-63 cdno. 2—) en la edificación ubicada en la calle 2 Nº 8-55 del municipio de Buenaventura, la cual se encontraba ubicada a una distancia horizontal de 1,64 metros de una red primaria de energía eléctrica de 13.200 voltios (inspección judicial con intervención de peritos practicada como prueba anticipada —fls. 154-155 cdno. 2—).
12.3. Para la operación segura del servicio de energía eléctrica, las redes primarias de 13.200 voltios deben ubicarse a una distancia mínima de 2,44 metros de las edificaciones, y para el caso de las redes secundarias de 0 a 600 voltios, la distancia mínima exigida es de 0,9 metros (testimonio de Pedro León Hinestroza, técnico electricista al servicio de la Empresa de Energía del Pacífico —fls. 38-41 cdno. 3—; testimonio de Juan Pablo Romero Rentería, funcionario al servicio de la Empresa de Energía del Pacífico —fls. 51-53 cdno. 3—).
12.4. No obstante, la Empresa de Energía del Pacífico, que es la entidad encargada de administrar, operar y mantener las redes de distribución de energía en el municipio de Buenaventura, tiene conocimiento que desde hace varios años, las viviendas ubicadas en la calle La Virgen han sido sometidas por sus propietarios a obras de construcción y ampliación que traspasan las líneas de paramento para la prestación segura del servicio. Así consta en el informe escrito presentado por la representante legal de la entidad demandada al a-quo (fls. 69-70 cdno. 2):
“EPSA E.S.P., como empresa distribuidora de energía y operadora de red en el municipio de Buenaventura, es la encargada de administrar, operar y mantener el sistema eléctrico del municipio en lo que concierne a las redes de distribución, labores que realiza atendiendo a lo dispuesto por la autoridad competente, en este caso, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien mediante Resolución CREG 70/98 expide el Código de Distribución de Energía Eléctrica (...).
EPSA E.S.P. al momento de construir las redes de distribución de energía cumple con todas las normas técnicas aplicables, donde no solamente se respetan los requisitos técnicos sino igualmente se realizan conservando las distancias de seguridad en relación con las edificaciones, solo que al pasar de los años los propietarios de las viviendas proceden a ampliarlas añadiendo pisos que van violando las líneas de paramentos y aproximándose temerariamente a las redes conductoras de energía, así las cosas son estos y no la empresa los que violan las distancias que se guardaron al inicio(6)”.
12.5. El 15 de septiembre de 1998 la Fiscalía 37 adscrita a la Unidad Seccional de Fiscalías de Buenaventura, resolvió inhibirse de iniciar investigación formal por la muerte de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez, tras constatar que tal hecho fue consecuencia de “un lamentable accidente y no el resultado de una empresa criminal o de manos extrañas” (copia de la resolución inhibitoria —fls. 186-188 cdno. 2–).
12.6. Luis Carlos Méndez Andén era hijo de Isaac Méndez Fernández (copia auténtica del respectivo registro civil de nacimiento —fl. 75 cdno. 1—) y hermano de Jaime Méndez Andén, Mariela Méndez Andén, Silvio León Méndez Andén, Alicia Méndez Andén, Álvaro Méndez Andén, Luz Ángela Méndez Polindara, Carmen Elena Méndez Polindara, Abel Méndez Polindara, Rosa Amalia Méndez Polindara, Miguel Ángel Méndez Polindara, Abrahan Méndez Polindara, María Luisa Méndez Polindara y Lino Antonio Méndez Polindara (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 41-50, 74, 79, 80, 81 cdno. 2—)(7).
12.7. Así mismo, Luis Carlos Méndez Andén era padre de Diego Fernando Méndez Ñañez, Martha Lucía Méndez Ñañez, Rubiela Méndez Ñañez y Luz Marina Méndez Ñañez (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 7-10, 75 cdno. 1, fl. 191 cdno. 2—), lo cual indica que estos demandantes son al mismo tiempo hermanos de Rubén Antonio Méndez Ñañez. En cuanto a la señora Martha Liria Ñanez se tiene acreditado que es la madre de Rubén Antonio Méndez Ñañez (copia auténtica del respectivo registro civil de nacimiento –f. 7 c. 1–), y la compañera permanente del señor Luis Carlos Méndez Andén (testimonios de Medardo Antonio Arias Velásquez y de María Rosalba Aguirre —fls. 64-67 cdno. 2—).
13. Debe la Sala determinar, en primer término, si el daño causado a la parte actora es imputable a la Empresa de Energía del Pacífico y/o al municipio de Buenaventura. Para el efecto, es necesario esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de los señores Luis Carlos Méndez Andén y Rubén Antonio Méndez Ñañez, ya que mientras que la parte actora sostiene que este es el resultado de una falla del servicio en la prestación del servicio de energía eléctrica y de la falta de vigilancia en el cumplimiento de las normas urbanísticas, la entidad demandada afirma que las muertes son consecuencia de la conducta de las víctimas, quienes se expusieron imprudentemente al daño, y del constructor de la vivienda, que decidió levantar la edificación sin respetar la distancia mínima que debe existir entre la línea de paramento del inmueble y las redes de transporte de energía. De esta forma, el análisis se enfocará a establecer si se encuentra acreditado el hecho exclusivo de la víctima y de un tercero, como causales eximentes de responsabilidad.
14. La Sala encuentra acreditado el daño pues está probado dentro del expediente que los señores Luis Carlos Méndez y Rubén Antonio Méndez fallecieron el 12 de junio de 1997 en el municipio de Buenaventura como consecuencia de un shock cardiogénico causado por electrocución (ver supra párr. 12.1).
15. Así mismo, la demostración de las relaciones de parentesco existentes entre estas dos personas e Isaac Méndez Fernández, Jaime Méndez Andén, Mariela Méndez Andén, Silvio León Méndez Andén, Alicia Méndez Andén, Álvaro Méndez Andén, Luz Ángela Méndez Polindara, Carmen Elena Méndez Polindara, Abel Méndez Polindara, Rosa Amalia Méndez Polindara, Miguel Ángel Méndez Polindara, Abrahan Méndez Polindara, María Luisa Méndez Polindara, Lino Antonio Méndez Polindara, Diego Fernando Méndez Ñañez, Martha Lucía Méndez Ñañez, Rubiela Méndez Ñañez, Luz Marina Méndez Ñañez y Martha Liria Ñanez, permite inferir que todos ellos sufrieron dolor, pena y aflicción por la muerte de sus familiares. En este punto, cabe reiterar que la prueba del parentesco resulta idónea y suficiente para demostrar el perjuicio moral respecto de los padres, hijos y hermanos como quiera que ella por sí sola es indicativa del afecto que existe entre los miembros de una misma familia y, por consiguiente, del dolor que produce en cada uno de ellos la muerte de sus familiares más cercanos(8).
16. En cuanto a las circunstancias que rodearon la producción del daño se tiene establecido, en primer término, que la muerte de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez se produjo por electrocución en momentos en que adelantaban trabajos de construcción en una vivienda ubicada en la calle La Virgen del municipio de Buenaventura(9). Al respecto el señor Jhon Fredy Herrera Echavarría, único testigo presencial de lo acontecido, manifestó ante el a-quo lo siguiente (fls. 58-61 cdno. 2):
“PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato espontáneo de todo cuanto le conste acerca del fallecimiento de los señores Luis Carlos Méndez Andén y Rubén Antonio Méndez Ñañez y dando la razón de todo cuanto le conste de ello. CONTESTÓ: Yo en ese momento pasaba por la calle La Virgen y ellos estaban armando un andamio con un alambre estaba el señor y el muchacho, cuando vi eso hecho (sic) candela y fue cuando se cayó el señor, cayó a la calle y el muchacho cayó hacia adentro del edificio, cuando el hombre cayó pasó una camioneta y como nadie lo levantaba yo lo levanté con otro señor y lo subimos a una camioneta de una señora, no sé quién era ella, y lo llevamos al hospital, yo lo acompañé y ahí lo acompañé hasta que llegó la familia del señor (...). PREGUNTADO: Indíquele al despacho a qué se dedicaban los fallecidos el día en que ocurrió su muerte. CONTESTÓ: Eso es construcción, allí ellos estaban armando unos andamios para poner la fachada, me parece que la estaban haciendo porque eso estaba en obra negra”.
17. En similar sentido, se pronunció la señora Virginia Góngora Guapi (fls. 62,63 cdno. 2):
“Como decía antes, fui vecina de ellos y por eso me di cuenta que murieron electrocutados con la cuerda de la energía estando ellos en Pueblo Nuevo, no sé la dirección precisa, en donde estaban haciendo una obra, fue allí donde los mató la energía a los dos (...). PREGUNTADO: Precísele al despacho si usted conoció directamente la forma como fallecieron las citadas personas. CONTESTÓ: No, yo estaba en la casa cuando me fueron a avisar que la energía había matado a Luis Carlos Méndez y a Rubén Antonio Méndez Ñañez en la obra que estaba trabajando”.
18. A juicio de la Sala, estos testimonios gozan de credibilidad en la medida en que sus relatos lucen espontáneos, coherentes y coincidentes entre sí. Al margen de que la señora Virginia Góngora Guapi no haya sido testigo presencial de los acontecimientos, lo cierto es que su declaración concuerda en lo sustancial con la del señor Jhon Fredy Herrera Echavarría, por lo cual puede reconocérsele eficacia probatoria(10). Además, existe correspondencia entre la narración hecha por los testigos y la información consignada en la resolución inhibitoria proferida por la Fiscalía General de la Nación acerca de la forma en que ocurrieron los hechos (fl. 187 cdno. 2):
“En las sendas actas de inspección de los cadáveres por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía General de la Nación seccional Buenaventura, se dejó constancia que los mencionados ciudadanos resultaron muertos en razón a que el padre cayó de un andamio en el cual laboraba con su hijo, y en su descenso tocó un cable de alta tensión eléctrica y cuando su hijo bajó por sus propios medios a prestarle ayuda también fue alcanzado por la descarga eléctrica con iguales resultados”.
19. En segundo término, está establecido que el lugar en que se produjo el daño estaba separado por una distancia horizontal inferior a la distancia mínima requerida para la prestación segura de servicio, cual es de 2,40 metros, según los testimonios del ingeniero Pedro León Hinestroza y del supervisor de mantenimiento de las redes eléctricas, Juan Pablo Romero Rentería (fls. 38-41 cdno. 3). Así, en el acta de la diligencia de inspección judicial con intervención de peritos practicada como prueba anticipada por el juez cuarto civil municipal de Buenaventura al lugar donde ocurrió el accidente, consta que:
“Se trata de un edificio de tres pisos con altillo y terraza en el tercer piso. A una altura aproximada de 10 metros se observan los cables de alta tensión tendidos en forma horizontal y a una distancia de aproximada de dos metros hacia la pared de la edificación. Existe también a distancia aproximada de setenta centímetros (70 centímetros) un cable de baja tensión. Se aclara, existen cables de baja tensión, en su totalidad cuatro (4), que al concepto de los peritos van en forma entorchada, dos (2) desnudos y dos (2) aislados o cubiertos, estos cables se encuentran a una distancia aproximada de setenta (70) centímetros de la edificación”.
20. A su turno, los peritos ingenieros designados por el juzgado rindieron un informe en el que manifestaron lo siguiente (fls. 154-156 cdno. 2):
“Existen redes de conducción eléctrica a 13.200 voltios instaladas cerca del inmueble. Estas redes están construidas en cables de aluminio desnudo reforzadas en acero y apoyadas en postes de ferroconcreto.
La distancia horizontal más próxima es de un metro con sesenta y cuatro centímetros (1,64 metros) desde la red eléctrica al inmueble como lo muestra el plano anexo.
La distancia mínima horizontal entre conductores a 13.200 voltios y edificio, balcones o ventanas es de dos metros con cuarenta y cuatro centímetros (2,44 metros); para el caso del edificio de la inspección judicial la distancia horizontal entre el conductor a 13.200 voltios y la edificación es de un metro con sesenta y cuatro centímetros (1,64 metros)”.
21. De lo anterior se concluye que los cables de energía eléctrica que provocaron la electrocución de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez estaban instalados demasiado cerca de la línea de paramento del inmueble en el cual estos desempeñaban sus labores. Esta circunstancia era conocida de tiempo atrás por la Empresa de Energía del Pacífico que, sin embargo, omitió adoptar medidas efectivas y sostenidas en el tiempo para remediarla y para conjurar los riesgos asociados a ella.
22. Prueba de ello es que en la diligencia de inspección judicial practicada el 12 de diciembre de 2001 al inmueble donde ocurrieron los hechos que motivan esta demanda, el juez civil del circuito de Buenaventura pudo constatar que los cables de la energía seguían traspasando la distancia mínima requerida para la prestación segura del servicio (fls. 43 cdno. 3):
“(...) en la calle 2 y carreras 8 y 8a (sic) el despacho pudo constatar la existencia de la casa demarcada con el Nº 8-63. No fue posible encontrar la casa distinguida con el Nº 8-42. Es de anotar que al ser interrogado (sic) a varias personas que se encontraban en el lugar, indicaron que donde ocurrió el fallecimiento por electrocutación (sic) no lo fue en la casa distinguida con el Nº 8-63 sino en el edificio demarcado con el Nº 8-45. El despacho pudo constatar que entre la casa demarcada con el Nº 8-45 y la 8-61 estas edificaciones se adentran buscando los postes de energía, por lo cual se procede a dejar las siguientes medidas, teniendo en cuenta la primera edificación y la última antes descritas. Al frente de la edificación de la calle 2 Nº 8-45 existe un poste de energía cuya distancia de este poste al frente de la primera planta o entrada principal es de 1.91 mts. De este mismo poste a la pared vertical de la segunda planta es de 0.51 mts. En este mismo poste se encuentra en la parte superior tres líneas que son las primarias y dan del poste hacia la calle segunda, y tiene una proyección hacia la calle de 2.29 mts. (...). Al observar el inmueble de nomenclatura 8-45 vemos que su segunda, tercera y cuarta planta violan completamente la línea de paramento (...)”.
23. Este hecho fue puesto en evidencia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura en el interrogatorio que le formuló al testigo Juan Pablo Romero Rentería, quien inicialmente adujo que EPSA sí había tomado medidas para corregir las anomalías detectadas y prevenir accidentes, pero luego no pudo explicar de forma convincente por qué razón, transcurridos varios años desde el fallecimiento de los señores Méndez, las líneas de conducción de energía seguían estado demasiado cerca del inmueble donde ello ocurrió (fls. 51-52 cdno. 3):
“PREGUNTADO: Indíquele al despacho desde que fecha EPSA Buenaventura es conocedora de que los propietarios de la calle La Virgen se adentran en sus construcciones a las redes eléctricas tanto primarias como secundarias. CONTESTÓ: La fecha exacta no podría decírsela, pero una vez tenemos conocimiento de las violación de las distancias de seguridad, procedemos a interactuar con el propietario y a corregir la anomalía, situación que ha sucedido en el mismo sector en dos o tres ocasiones donde hubo la necesidad de construir redes subterráneas. PREGUNTADO: Si ello es así, cómo explica usted que en la diligencia de inspección judicial practicada por este despacho al sitio donde ocurrió el siniestro objeto de este proceso, todavía se encuentras las redes eléctricas aéreas e incluso tocando las construcciones de la calle La Virgen. CONTESTÓ: Esto se explica por el tipo de construcciones inconsultas y sin llevar el respeto de la línea de paramento, siendo esto una responsabilidad de planeación municipal”.
24. Se tiene así acreditado que la Empresa de Energía del Pacífico incurrió en una falla del servicio pues, aunque tenía conocimiento de que en el municipio de Buenaventura, particularmente, en la calle La Virgen, se venían adelantado obras de manera irregular, no dispuso el traslado de las redes de conducción de energía ni solicitó la intervención de las autoridades municipales para corregir tal situación —al menos no existe constancia de ello—. A juicio de la Sala, no era potestativo de la entidad adoptar medidas para conjurar los riesgos derivados de la transgresión por parte de los propietarios de los inmuebles de las líneas de paramento, dado que la Ley 142 de 1994, le impone la obligación, no solo de prestar un servicio de buena calidad (art. 136), lo cual implica operar las redes de forma segura y eficiente, sino también de colaborar con las autoridades, en casos de emergencia, para impedir perjuicios graves a los usuarios del servicio público de energía (art. 11).
25. Por las razones anotadas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad administrativa de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA E.S.P. por la muerte de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez, ocurrida el 12 de junio de 1997 en el municipio de Buenaventura.
26. Cabe señalar que aunque los actores insistieron a lo largo del proceso, con fundamento en el concepto rendido por los peritos (ver supra párr. 20) en que se configuró una falla del servicio porque los cables de energía eléctrica no estaban recubiertos de material aislante, dando a entender con ello que no estaban en condiciones óptimas de funcionamiento, no existe evidencia dentro del expediente de que tal circunstancia contraría las disposiciones técnicas exigidas para la prestación adecuada del servicio. Al contrario, los funcionarios de EPSA que comparecieron al proceso en calidad de testigos, fueron contestes en afirmar que el revestimiento de los cables no es exigencia contemplada por la normatividad que regula el tema. A continuación, lo dicho por el señor Juan Pablo Romero Rentería, supervisor de mantenimiento de las redes eléctricas (fls. 51-52 cdno. 3):
“PREGUNTADO: Manifiesta la parte demandante que los materiales utilizados para las redes no son de buena calidad y consistencia, y carecen de aislante y estas redes se hacen sin las medidas de prevención y precaución requeridas. Indíquenos lo que sepa al respecto. CONTESTÓ. La norma de construcciones de redes eléctricas aéreas no plantea ni exige que la red primaria y secundaria sea aislada e (sic) específica los tipos de materiales que se deben utilizar en su construcción, fundamentalmente en aluminio (ACSR). El cubrimiento de la red primaria y secundaria obedece a casos muy especiales y de redes subterráneas, por lo tanto, cualquier actividad próxima a estas redes de conducción eléctrica tiene que ser notificada a la empresa operadora del servicio, en este caso a EPSA Buenaventura”.
27. En los similares términos, se pronunció el ingeniero Pedro León Hinestroza (fls. 38-41 cdno. 3):
“PREGUNTADO. Indíquele al despacho si tanto las líneas primarias o secundarias de energía en esta ciudad tienen algún cubrimiento para evitar accidentes en con las mismas. CONTESTÓ. No porque la norma de construcción de redes no lo exige a las empresas prestadoras del servicio”.
28. En relación con la responsabilidad del municipio de Buenaventura, cuyo fundamento descansa, según lo dicho por los demandantes, en la falta de control sobre las construcciones que se adelantan en el municipio, lo cual contribuye a que estas irrespeten las líneas de paramento de los inmuebles, se tiene acreditado que, efectivamente, es tarea de los alcaldes vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas.
29. En efecto, el artículo 63 de la Ley 9ª de 1989, vigente al momento de los hechos establece que “[P]ara adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, sub-urbanas, y rurales de los municipios, se requiere permiso o licencia expedido por los municipios, áreas metropolitanas, del Distrito Especial de Bogotá o de la Intendencia de San Andrés y Providencia”. Así mismo, dispone que las infracciones urbanísticas deben ser sancionadas por los alcaldes “quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta” (modificado por la L. 388/69, art. 66), para lo cual podrán imponer multas sucesivas y ordenar la demolición total o parcial de las obras desarrolladas sin licencia o de la parte de las mismas “no autorizada o ejecutada en contravención a la licencia”.
30. En el municipio de Buenaventura, ocurre, sin embargo, con frecuencia, que las obras de construcción y ampliación de las edificaciones se adelantan sin respetar las líneas de paramento(11), lo cual ha contribuido a que estas se acerquen peligrosamente a las redes de conducción de energía eléctrica. Al respecto, en el informe escrito presentado por EPSA a consideración del a-quo se lee que (fls. 69-70 cdno. 2):
“EPSA E.S.P. al momento de construir las redes de distribución de energía cumple con todas las normas técnicas aplicables, donde no solamente se respetan los requisitos técnicos sino igualmente se realizan conservando las distancias de seguridad en relación con las edificaciones, solo que al pasar de los años los propietarios de las viviendas proceden a ampliarlas añadiendo pisos que van violando las líneas de paramentos y aproximándose temerariamente a las redes conductoras de energía, así las cosas son estos y no la empresa los que violan las distancias que se guardaron al inicio”.
31. El mismo planteamiento, fue expuesto por el testigo Juan Pablo Romero Rentería (fls. 51-52 cdno. 3):
“PREGUNTADO. Indíquenos, si lo sabe, a qué distancia aproximada de las redes se pueden construir los inmuebles. CONTESTÓ. Las construcciones de inmuebles deben ir mínimo a 2,40 mts (sic) de la red primaria y a 90 cm de la red secundaria, eso lo dice la norma. Normalmente en Buenaventura y en ese sector de la calle La Virgen los propietarios han invadido el espacio de los servicios públicos sin previa consulta con la complacencia de planeación municipal. (...) PREGUNTADO. Indíquele al despacho desde qué fecha EPSA Buenaventura es conocedora de que los propietarios de la calle La Virgen se adentran en sus construcciones a las redes eléctricas tanto primaria como secundaria. CONTESTÓ. La fecha exacta no podría decírsela pero una vez tenemos conocimiento de la violación de las distancias de seguridad procedemos a interactuar con el propietario y a corregir la anomalía, situación que ya ha sucedido en el mismo sector en dos o tres ocasiones donde hubo la necesidad de construir redes mediante canalizaciones subterráneas. PREGUNTADO. Si ello es así cómo explica usted que en diligencia de inspección judicial practicada al sitio donde ocurrió el siniestro objeto de este proceso todavía se encuentren las redes eléctricas aéreas e incluso tocando las construcciones de la calle La Virgen. CONTESTÓ. Esto se explica por el tipo de construcciones inconsultas y sin llevar el respeto de la línea de paramento, siendo esto una responsabilidad de planeación municipal”.
32. Lo anterior pone en evidencia que el municipio de Buenaventura sí ha sido negligente y descuidado en la observancia de las funciones que la ley le atribuye para la vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas, y que tal conducta ha contribuido a que los propietarios de las viviendas, especialmente en la calle La Virgen, que es la misma en la que ocurrieron los hechos que sirven de fundamento a esta demanda, traspasen las líneas de paramento acercando peligrosamente sus construcciones a las redes de conducción del servicio eléctrico.
33. De esta forma, la Sala concluye que el municipio de Buenaventura es responsable solidariamente del daño aducido en la demanda porque está demostrado que su conducta omisiva y negligente también contribuyó causalmente al fallecimiento de los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez en tanto los expuso al riesgo de sufrir afectaciones a su vida y su integridad personal al tener que trabajar en una edificación que se construyó infringiendo las disposiciones urbanísticas y que, en virtud de tal circunstancia, traspasaba la distancia mínima permitida respecto de los cables de la energía.
34. Por lo tanto, es justo y equitativo que las entidades condenadas contribuyan a la reparación del daño causado en la siguiente proporción: 50% a cargo del municipio de Buenaventura y el 50% restante a cargo de la Empresa de Energía del Pacífico EPSA E.S.P., sin perjuicio de que la parte actora pueda reclamar la totalidad de la condena que se llegue a imponer a cualquiera de ellas, a su elección (Código Civil, art. 1571).
35. De acuerdo con lo planteado por EPSA en el escrito de contestación de la demanda, la conducta asumida por las víctimas, quienes a pesar de la cercanía de los cables de conducción de energía eléctrica, siguieron ejecutando las labores de construcción, exponiéndose imprudentemente al daño, exonera a la entidad de la responsabilidad deprecada.
36. Entonces, es necesario examinar si ese comportamiento fue causa única o concausa en la producción del daño, o si, por el contrario, tal actividad no fue relevante en el acaecimiento de este. En efecto, la culpa exclusiva de las víctimas, entendida como la violación por parte de estas de las obligaciones a las cuales están sujetos los administrados, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y grado de participación de los afectados en la producción del daño.
37. Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:
37.1. Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Empero, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.
37.2. El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el este, de manera tal que no le sea ajeno, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración.
38. En el caso bajo estudio, no está demostrado que el daño cuya indemnización se solicita se haya producido por el hecho exclusivo de las víctimas. Los distintos elementos de prueba aportados al proceso no dan cuenta de la forma exacta como ocurrieron los acontecimientos y, por tanto, son insuficientes para romper el nexo de causalidad que existe entre el ejercicio de la actividad de conducción de energía eléctrica por parte de EPSA y el fallecimiento de los señores Luis Carlos Méndez Andén y Rubén Antonio Méndez Ñañez, ya que lo único que se conoce es que la muerte de estas dos personas se produjo cuando hicieron contacto con las líneas de la energía en momentos en que desempeñaban labores propias de obreros de construcción en un edificio situado en la calle La Virgen del municipio de Buenaventura.
39. No obstante, lo que sí está demostrado es que los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez no utilizaban ningún elemento de protección para el desempeño de sus labores. Así lo manifestó la señora Martha Liria Ñañez Ortega en diligencia de interrogatorio de parte practicada ante el Tribunal a-quo (fl. 37 cdno. 3):
“PREGUNTA DÉCIMA: Indíquenos, si lo sabe, cuáles eran las herramientas y utensilios que los occisos usaban para protegerse, por ejemplo, de los riesgos que genera una línea de alta tensión, cuando estaban realizando sus labores. CONTESTÓ: Yo creo que no, no me doy cuenta que usaban ellos para protegerse”.
40. A juicio de la Sala, lo anterior pone en evidencia que las víctimas sí asumieron una conducta imprudente porque, por el tipo de actividades que desarrollaban (construcción), las víctimas debían utilizar andamios y realizar tareas (limpieza y arreglo de fachadas, entre otras) que los ponían en constante cercanía con las líneas de conducción de energía eléctrica, lo cual, sin duda alguna, representaba una amenaza para su propia vida e integridad personal. Además, dada la corta distancia existente entre el inmueble y las líneas de conducción eléctrica, se considera que los occisos podían prever lo que ocurriría si no usaban ningún elemento de protección. Le asiste razón, por tanto, al tribunal a-quo, cuando señala que los señores Luis Carlos y Rubén Antonio Méndez contribuyeron causalmente al daño porque no tomaron las precauciones necesarias para desarrollar sus labores de forma segura, sino que, por el contrario, se expusieron imprudentemente al contacto con los cables de la energía. Por lo anterior, se efectuará una reducción del 50% del valor de la condena, teniendo en cuenta lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso de similares características al que ahora se debate:
“Por lo tanto, resulta evidente que en el presente caso, los señores José del Carmen Acuña y Luis Eduardo Galeano contribuyeron a la ocurrencia del accidente en el cual fallecieron, porque a juicio de la Sala, el proceder de las víctimas fue imprudente, como quiera que se trataba de una actividad que revestía amenaza para su propia integridad, como era la de obreros de la construcción dedicados a pintar fachadas de las edificaciones, en constante relación con las líneas eléctricas. Sin embargo, no puede considerarse como voluntaria la conducta descuidada que desarrollaron dichos trabajadores el 7 de noviembre de 1989, como fue el exponerse a las redes de energía mientras trasladaban el andamio metálico, la cual permita tenerla como la única causa generadora del daño, y, en consecuencia, exonerar de responsabilidad a la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, tal como concluyó el tribunal en la providencia recurrida.
Por el contrario, en razón a que la entidad demandada, en el ejercicio de una actividad peligrosa como se trata de la conducción de redes de energía, expuso a las víctimas a un riesgo de carácter excepcional que no tenían el deber de soportar, el cual se materializó con la ocurrencia de la tragedia en la cual perdieron la vida, resulta procedente declarar la responsabilidad de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá por tales hechos, sin embargo, como la actividad de las víctimas incidió en buena parte en la generación del resultado dañoso, para la Sala es claro que se debe reducir la condena en un cincuenta por ciento (50%). En estas condiciones, habrá de negarse la excepción de inexistencia de la obligación, formulada por la entidad demandada y, en consecuencia, se revocará la sentencia apelada(12)”.
41. Finalmente, dado que la entidad demandada insistió a lo largo del proceso en que la conducta del propietario del inmueble en que ocurrió el accidente operó como causa exclusiva u determinante del daño al aumentar la altura del mismo sin solicitar previamente la reubicación de los cables de la energía, es procedente analizar si se configura el hecho del tercero como causal eximente de responsabilidad.
42. En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que para que tenga la entidad suficiente para exonerar de responsabilidad a la administración demandada, el hecho del tercero debe cumplir con los siguientes requisitos:
42.1. Que sea la causa exclusiva del daño. Si tanto el tercero como la entidad estatal concurrieron en la producción del daño, el resultado no sería la exoneración de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de estos frente al perjudicado, en los términos del artículo 2344 del Código Civil, lo cual le daría derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables la totalidad de la indemnización, aunque quien paga se subrogue en los derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolución de lo que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervención(13).
42.2. Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se encuentre dentro de su esfera jurídica y, además, que la actuación de ese tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuación u omisión de la entidad demandada, dicha actuación será la verdadera causa del daño y, por ende, el hecho del tercero no será ajeno al demandado(14).
42.3. Que la actuación del tercero sea imprevisible e irresistible a la entidad; porque, de lo contrario, el daño le sería imputable a esta a título de falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de hacerlo, no previno o resistió el suceso. Como lo advierte la doctrina, “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor”(15).
43. En el caso concreto, encuentra la Sala que pese a la existencia de los cables de conducción de energía eléctrica en las inmediaciones del predio en el cual se desarrollaba la construcción, esto es, en la calle 2 Nº 8-65 del municipio de Buenaventura, el propietario de la obra omitió solicitar, en conducta que se considera francamente negligente, la reubicación de las redes de energía eléctrica, tal como se desprende del testimonio del supervisor de mantenimiento de EPSA, Juan Pablo Romero Rentería (fl. 52 cdno. 3):
“PREGUNTADO: En diligencia de inspección judicial practicada por este despacho al sitio donde presumiblemente ocurrieron los hechos, encontramos edificaciones que se adentran buscando los postes de energía. Sabe usted si existió alguna solicitud por parte del propietario del inmueble para obtener concepto técnico del operador de redes cuando se levantó dicha edificación para efectos de reubicación de la red. CONTESTÓ: No hubo solicitud de reubicación de la red por parte del propietario del predio donde supuestamente ocurrieron los hechos. Normalmente a una solicitud de esta índole se le da una respuesta escrita dentro de los cinco días hábiles siguientes en la cual de le explica(sic) al cliente o solicitante los requerimientos y si es el caso se le anexa el presupuesto que conllevará la reubicación de la red si hubiese razón para el cobro”.
44. Esta omisión, si bien puede tenerse como concausa del daño, en tanto el propietario de la obra podía advertir el peligro que generaba la cercanía de la edificación a las redes de conducción de energía, no exime totalmente de responsabilidad a la administración, porque, como bien lo señaló el Tribunal Administrativo del Valle, EPSA tenía conocimiento de que en el municipio de Buenaventura se venían adelantado obras de manera irregular y, aún así, no dispuso el traslado de las redes de conducción de energía. Así, en el informe escrito presentado por la representante legal de la entidad demandada al a-quo se lee que:
“EPSA E.S.P., como empresa distribuidora de energía y operadora de la red en el municipio de Buenaventura es la encargada de administrar, operar y mantener el sistema eléctrico del municipio en los que concierne a las redes de distribución, labores que realiza atendiendo a lo dispuesto por la autoridad competente, en este caso, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien mediante Resolución CREG 70/98 expide el Código de Distribución de Energía (...).
EPSA E.S.P. al momento de construir las redes de distribución de energía cumple con todas las normas técnicas aplicables, donde no solamente se respetan los requisitos técnicos sino igualmente se realizan conservando las distancias de seguridad en relación con las edificaciones, solo que al pasar de los años los propietarios de las viviendas proceden a ampliarlas añadiendo pisos que van violando las líneas de paramentos y aproximándose temerariamente a las redes conductoras de energía, así las cosas son estos y no la empresa los que violan las distancias que se guardaron al inicio.
Igualmente, es el municipio el encargado de velar por la conservación del espacio público que incluye, entre otras, la provisión de espacio público para la prestación de los servicios públicos atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/89 modificada por la Ley 388/97”.
45. En similar sentido, se pronunció el ingeniero Pedro León Hinestroza, en testimonio rendido ante el Tribunal (fls. 38-42 cdno. 2):
“PREGUNTADO. Indíquele al despacho, atendiendo sus conocimientos, cuáles son las precauciones que se debe tener con las personas que pretenden edificar en esta ciudad cerca de las líneas de energía. CONTESTÓ. Primero, antes de entrar a construir cualquier inmueble que esté cercano a las redes eléctricas debe solicitar por escrito un concepto técnico del operador de redes del sitio donde se pretende edificar, el caso de Buenaventura sería EPSA, donde la empresa le solicitará un certificado expedido por planeación municipal donde se fijan las líneas de paramentos de la edificación o del terreno y una vez presentado ese documento, la empresa tomará la decisión de reubicar la red en caso de que esta viole las distancias mínimas exigidas entre las redes eléctricas y las edificaciones esta reubicación viene acompañada de suspensión de servicios en el sector, y solo hasta tanto la empresa realice las labores de reubicación autorizamos al solicitante paraqué inicie la construcción. PREGUNTADO. Indíquele al despacho si todo lo por usted narrado se realiza por la empresa las construcciones que se efectúan en esta ciudad. CONTESTÓ. La empresa procede de la manera que lo manifesté anteriormente en los casos en que el propietario del inmueble nos lo hace saber ya sea por medio escrito o verbal, desafortunadamente en el municipio de Buenaventura un 60% de las personas que construyen omiten este procedimiento y no consultan a la empresa sobre los peligros que conllevan las construcciones cercanas a la red eléctrica”.
46. En tales condiciones, el hecho del tercero constituye concausa en el daño, por lo que se presenta una responsabilidad solidaria, a términos del artículo 2344 del Código Civil. Sin embargo, dado que el propietario del inmueble donde ocurrió el accidente no fue legalmente vinculado a esta actuación, no es posible emitir ninguna decisión en su contra.
47. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del proceso.
48. La demanda solicitó que el valor de la condena por perjuicios morales se fijara en gramos de oro. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena, se procederá a determinar el quantum de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana, partiendo de la base que esta corporación ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(16), como ocurre en los casos en el que se demanda indemnización por la muerte de un familiar.
49. El Tribunal Administrativo del Valle redujo en un 40% el valor de las condenas porque consideró que las víctimas habían contribuido causalmente a la producción el daño. De esta forma reconoció lo equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del padre, la compañera y los hijos del señor Luis Carlos Méndez Andén y de treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de sus hermanos menores de edad.
50. La Sala modificará este aspecto de la decisión dado que el porcentaje a aplicar en este caso es del 50%, según se expuso previamente. De esta forma fijará en cincuenta (50) salarios mínimos legales vigentes las indemnizaciones debidas al padre y los hijos de Luis Carlos Méndez Andén: Isaac Méndez Fernández, Martha Lucía, Rubiela, Luz Marina y Diego Fernando Méndez Ñañez; y en veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes las que corresponden a sus hermanos menores: Luz Ángela, Rosa Amalia y Abel Méndez Polindara.
51. En relación con los hermanos mayores del señor Luis Carlos Méndez Andén, la Sala también les reconocerá una indemnización equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes teniendo que no existe ninguna razón jurídicamente válida para establecer diferenciaciones entre los hermanos en consideración a su edad, tal como lo hizo el tribunal a-quo, de manera que también respecto de ellos es posible presumir el dolor moral a partir de la prueba del parentesco. Los beneficiarios con esta determinación son los siguientes demandantes: Carmen Helena Méndez Polindara, Miguel Ángel Méndez Polindara, Abrahan Méndez Polindara, María Luisa Méndez Polindara, Lino Méndez Polindara, Jaime Méndez Andén, Mariela Méndez Andén, Silvio Méndez Andén, Álvaro Méndez Andén y Alicia Méndez Andén.
52. Finalmente, en cuanto a la señora Martha Liria Ñañez Ortega se tiene acreditado que era la compañera permanente de Luis Carlos Méndez Andén y la madre de Rubén Antonio Méndez Ñañez, lo cual indica que sufrió un doble perjuicio por los mismos hechos. Teniendo en cuenta esta circunstancia y que la demanda solicitó expresamente que la misma fuera analizada para efectos de fijar el monto de los perjuicios morales a esta demandante (fl. 24 cdno. 1), se considera procedente incrementar la indemnización que en condiciones normales se le reconocería, la cual tendría que ser igual a la que ya se reconoció a favor de los hijos y padre de Luis Carlos Méndez Andén (50 smlv).
53. Al respecto, cabe señalar que la Sala ha admitido que se acumulen las indemnizaciones por perjuicios morales en cabeza de un mismo demandante, cuando se trata de personas afectadas por la muerte o lesiones de dos o más familiares cercanos, como el cónyuge, los padres, los hijos, los abuelos o los hermanos, o de quienes acrediten debidamente su afectación moral, “en razón a que no puede desconocerse que el impacto sentimental o emocional es mayor cuando son varias las víctimas que cuando se trata de una sola persona, pero dicho incremento no puede obedecer a una suma matemática de estos perjuicios por cada una de ellas”(17).
54. Con fundamento en lo anterior, reconocerá a favor de la señora Martha Liria Ñañez ortega, en su doble condición de compañera permanente y madre de las víctimas, una indemnización equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
55. La Sala no accederá al reconocimiento de daño emergente por cuanto no se encuentra acreditado en el proceso. En relación con el lucro cesante, se tiene establecido que al momento de su muerte el señor Luis Carlos Méndez Andén realizaba una labor productiva de la cual derivaba su propio sustento y el de su familia(18).
56. El cálculo de la indemnización se hará con base en el salario mínimo actualmente vigente ($ 589 500), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 736 875), dado que en el expediente no aparece acreditado el valor de los ingresos mensualmente devengados por el occiso. Esta suma será reducida en un 25%, correspondiente al valor aproximado que el señor Méndez Andén debía destinar a su propia manutención, quedando la base de liquidación en $ 552 656. Este porcentaje se fija atendiendo el criterio expuesto por la corporación en oportunidades anteriores(19), debido a que no existe prueba que permita establecer con certeza a cuánto ascendían sus gastos personales y familiares. Finalmente, se aplicará una reducción del 50% por el hecho de la víctima, de manera que el ingreso base de liquidación para el cálculo del lucro cesante es de $ 276 328.
57. El 50% de este valor ($ 138 164) se tendrá en cuenta como suma base para el cálculo de la indemnización correspondiente a la compañera de la víctima, Martha Liria Ñañez Ortega, mientras que el 50% se dividirá en partes iguales ($ 46 055) entre los tres hijos que eran menores de 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos: Diego Fernando, nacido el 25 de agosto de 1979, Martha Lucía, nacida el 13 de junio de 1972 y Luz Marina, nacida el 26 de abril de 1975.
58. Como límite temporal se tendrá en cuenta que, al momento de su muerte, Luis Carlos Méndez Andén tenía 53 años —así se desprende del registro civil de nacimiento (fl. 75, cdno. 1)— y, por lo tanto, una vida probable 25,12 años (301,44 meses), según la tabla de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria (Res. 497/97). Adicionalmente, su compañera, menor que él, en la fecha de los hechos tenía 51 años de edad(20), esto es, una vida probable de 28,34 años (340,08 meses), de acuerdo con la tabla citada—, por lo que se tomará en cuenta la vida probable de él.
59. Respecto de los hijos, se tendrá en cuenta la fecha en la que estos cumplirían 25 años de edad, en tanto que, en ausencia de prueba en contrario, es posible inferir que ellos habrían recibido ayuda económica de su padre hasta el momento en que cesa completamente la obligación legal de prestarles alimentos.
60. La indemnización a que tienen derecho la señora Martha Liria Ñañez Ortega y los hijos del occiso comprende dos periodos, uno vencido o consolidado, que se cuenta desde el momento en que ocurrieron los hechos (jun. 12/97) hasta el presente (198,36 meses), o hasta el momento en que cada uno de los hijos hubiere alcanzado los 25 años; y el otro futuro o anticipado, que corre desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable del mayor de los compañeros y el momento en que cada uno de los hijos alcanza los 25 años.
2.1. Para la señora Martha Liria Ñañez Ortega
Ra = Renta actualizada, es decir $138 164
n = Número de meses transcurridos desde el daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 198,36 meses.
N = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta el fin de la vida probable del occiso, previa deducción del periodo ya indemnizado (103,08 meses)
61. Sumados los valores de la indemnización consolidada y futura, por concepto de lucro cesante, se obtiene para la señora Martha Liria Ñañez Ortega un valor total de cincuenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos ($ 57 156 641).
2.2. Para Diego Fernando, Luz Marina y Martha Lucía Méndez Ñañez.
- Indemnización debida o consolidada:
Ra = Renta actualizada, es decir $46 055
62. En atención a que estos tres demandantes cumplieron los 25 años de edad antes de que se profiriera la presente sentencia, no hay lugar a liquidar a su favor lucro cesante futuro; en consecuencia, el monto total por concepto de lucro cesante que le corresponde a cada uno de ellos es de quince millones trescientos veintisiete mil ciento cincuenta y nueve pesos ($ 15 327 159).
63. En relación con el señor Rubén Antonio Méndez Ñañez, si bien se tiene establecido que al momento de su muerte ejercía una actividad productiva, no está demostrado que alguno de los demandantes dependía económicamente de él, por lo que no procede el reconocimiento del lucro cesante. Por lo demás, debe señalarse que varios de los testimonios que reposan en plenario dan cuenta de que el occiso, si bien vivía en casa de sus padres, tenía su propio hogar pues hacía vida marital con una persona ajena al proceso, con quien además tenía tres hijos, ninguno de los cuales figura como demandante(21). En estas condiciones no procede el reconocimiento del lucro cesante solicitado por la muerte del señor Rubén Antonio Méndez.
MODIFICAR la sentencia de 4 de abril de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará así:
1. DECLARAR a la Empresa de Energía del Pacífico S.A.-E.S.P. y al municipio de Buenaventura solidariamente responsables por la muerte de Luis Carlos Méndez Andén y Rubén Antonio Méndez Ñañez, ocurrida el 12 de junio de 1997 en el municipio de Buenaventura (Valle).
2. CONDENAR solidariamente a la Empresa de Energía del Pacífico S.A.-ESP y al municipio de Buenaventura a pagar las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:
— A favor de Martha Liria Ñañez Ortega ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
— A favor de Isaac Méndez Fernández, Martha Lucía Méndez Ñañez, Rubiela Méndez Ñañez, Luz Marina Méndez Ñañez y Diego Fernando Méndez Ñañez cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.
— A favor de Luz Ángela Méndez Polindara, Rosa Amalia Méndez Polindara, Abel Méndez Polindara, Carmen Helena Méndez Polindara, Miguel Ángel Méndez Polindara, Abrahan Méndez Polindara, María Luisa Méndez Polindara, Lino Méndez Polindara, Jaime Méndez Andén, Mariela Méndez Andén, Silvio León Méndez Andén, Álvaro Méndez Andén y Alicia Méndez Andén veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos.
3. CONDENAR solidariamente a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. y al municipio de Buenaventura a pagar las siguientes indemnizaciones, por concepto de lucro cesante:
— A favor de la señora Martha Liria Ñañez Ortega, la suma de cincuenta y siete millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y un pesos ($ 57 156 641).
— A favor de Diego Fernando Méndez Ñañez, Luz Marina Méndez Ñañez y Martha Lucía Méndez Ñañez quince millones trescientos veintisiete mil ciento cincuenta y nueve pesos ($ 15 327 159).
4. La entidad pública condenada que pague la totalidad de la indemnización, puede repetir contra la otra entidad de conformidad con la siguiente tasación: 50% de la condena a cargo del municipio de Buenaventura y el 50% restante a cargo de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.P.S.
(4) En el capítulo relativo a la estimación razonada de la cuantía, los demandantes estimaron que la pretensión mayor ascendía $ 106 836 320, por concepto de perjuicios materiales a favor de la señora Martha Liria Ñañez Ortega. Esta suma supera la cuantía mínima exigida para que un proceso iniciado en 1998 fuera de doble instancia ($ 18 850 000). Se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
(5) En el acta de la diligencia consta que “a la presente diligencia no compareció el representante legal o quien haga sus veces de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.P.S.A. no obstante haber sido notificados con antelación” (fl. 152 cdno. 2).
(6) En similar sentido se pronunció el testigo Juan Pablo Romero (fl. 52 cdno. 3).
(7) Los respectivos registros civiles de nacimiento demuestran que Luis Carlos Méndez Andén, Jaime Méndez Andén, Mariela Méndez Andén, Silvio Méndez Andén, Luz Ángela Méndez Polindara, Carmen Elena Méndez Polindara, Abel Méndez Polindara, Rosa Amelia Méndez Polindara, Miguel Ángel Méndez Polindara y Abraham Méndez Polindara son hijos del mismo padre, el señor Isacc Méndez Fernández.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 12 de julio de 2001, Exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 21 de septiembre de 2000, Exp. 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 2 de octubre de 1997, Exp. 11027, C.P. Juan de Dios Montes, entre otras.
(9) En la diligencia de inspección judicial practicada como prueba anticipada por el Juzgado 4 Civil Municipal de Buenaventura se precisó que los hechos ocurrieron exactamente en el inmueble ubicado en la calle 2 Nº 8-55 de ese municipio (fl. 152 cdno. 2).
(10) Cabe señalar, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, que aunque el testimonio de oídas, también llamado testimonio directo, no puede desecharse o desestimarse por el solo hecho de que la versión que rinda el declarante haya llegado a su conocimiento por la transmisión que de la misma le hubiere realizado otra persona y no por la percepción directa de los hechos respectivos, sí está sometido a una valoración mucho más rigurosa con el fin de establecer si, visto en conjunto con otros medios de prueba válidamente aportados al proceso, ofrece respaldo empírico al conjunto de hechos que sirven de fundamento jurídico a la pretensión. Al respecto, puede consultarse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 7 de octubre de 2009, Exp. 17.629, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de abril de 2010, Exp. 18646, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y 26 de abril de 2012, Exp. 18166, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(11) De acuerdo con lo dicho por el testigo Pedro León Hinestroza, la línea de paramento “es la distancia que le da planeación municipal hasta donde usted puede construir, es decir, es la línea vertical o el lindero de su casa” (fl. 40 cdno. 3).
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2001, Exp. 11.365. La misma determinación se adoptó en la sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 13.262, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, que reiteró la anterior y que tuvo como concausa del daño, en porcentaje del 50%, la conducta asumida por dos ciudadanos que murieron electrocutados en momentos en se disponían a instalar una cercha en el tercer piso de una edificación que estaba ubicada muy cerca de las redes de conducción de energía eléctrica a cargo de las Empresas Públicas de Pereira.
(13) Véase la sentencia de 18 de mayo de 1992, Exp. 2466, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En la sentencia de 22 de junio de 2001, Exp. 13.233, C.P. María Elena Giraldo, dijo la Sala: “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño (Código Civil, arts. 2.344 y 1568). Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño”.
(14) Consejo de Estado, sentencia de 13 de febrero de 2013, Exp. 18.148A, C.P. Hernán Andrade Rincón. En el mismo sentido, véase la sentencia de 23 de agosto de 2010, Exp. 18.891, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(15) Luis Josserand, Derecho Civil, Tomo II, Vol. I; Ed. Bosh y cia, Buenos Aires, 1950, pág. 341, citado por Consejo de Estado, sentencia de 13 de febrero de 2013, Exp. 18.148A, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2000, Exp. 12.788, C.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 31 de octubre de 1997, Exp. 10.696, C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 26 de febrero de 1996, Exp. 10.438, C.P. Daniel Suárez Hernández, y de 14 de junio de 2012, Exp. 24.157, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(18) Así lo manifestaron los testigos Virginia Góngora y Medardo Arias (fls. 64-67 cdno. 3).
(19) Sección Tercera, sentencia de julio 6 de 2005, Exp. 13.406, C.P. Alier Eduardo Hernández, entre otras.
(20) Consta dentro del expediente que la señora Martha Liria Ñañez Ortega nació el 11 de agosto de 1946 (fl. 174 cdno. 2).
(21) En tal sentido, la testigo Virginia Góngora Guapi señaló: “El vivía allí y el hijo Rubén Antonio Méndez ya tenía también hogar pero vivía allí donde los padres, dejando tres niños antes de morir José Luis de 12 años, Maryuri tiene 7 años a esta época, Jhon Jairo tiene 4 añitos ya que está pequeñito (...) igualmente Rubén Antonio tenía su señora ahí en la casa” (fl. 62 cdno. 2). En similar sentido se pronunció la testigo María Rosalba Aguirre (fls. 64-65 cdno. 2).