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Timestamp: 2019-01-22 19:36:42
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Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 87', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 71', 'artículo 87', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 44']

﻿ SENTENCIA T-387 DE MAYO 28 DE 2009
SENTENCIA T-387 DE 28 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:DIFERENCIAS ENTRE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR OBJETO ILÍCITO Y LA FACULTAD LEGAL DE QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE UN CONTRATO ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ABSOLUTA, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
REVISTA TUTELA N°:118 DE OCTUBRE DE 2009, PÁG.1671
Sentencia T-387 de mayo 28 de 2009
Sentencia T-387 de 2009
Ref.: Expediente T-2.146.854
Demandado: Alcaldía Distrital de Barranquilla
“1. En virtud de autorización conferida por el Concejo Distrital de Barranquilla, mediante Acuerdo 002 del 31 de mayo de 2000, se suscribió por la Alcaldía Mayor del Distrito de Barranquilla y la Sociedad Inversiones Los Ángeles Ltda., el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, cuyo objeto era la prestación de servicios de asesoría técnica para la modernización de la gestión de recaudo de los tributos distritales, “sin que ello implique conforme se expresa en el parágrafo de la cláusula primera de dicho contrato “La delegación de funciones administrativas, ni del ejercicio integral de la gestión tributaria, ni de la recaudación, ni de la fiscalización, ni de la terminación, ni de la discusión, ni de la devolución, ni del cobro, ni la administración de los tributos distritales”, por cuanto “todas estas funciones son de competencia exclusiva del Distrito”.
2. Asegura que, luego de algunas discrepancias surgidas entre la alcaldía y la mencionada sociedad, “que dieron origen a una acción de tutela transitoria y a un proceso contractual instaurado por dicha sociedad ante el Tribunal Administrativo del Atlántico”, en el cual se solicitaba la declaratoria de nulidad de las resoluciones 0118 y 0132 de 2001, proferidas por la Alcaldía Mayor de Barranquilla, a efectos de decretar la terminación unilateral del contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, por supuesto objeto ilícito, así como aquella de la Resolución 0237 del 8 de mayo de 2001, en la que se dispuso iniciar y tramitar una actuación administrativa con esa finalidad, la alcaldía, mediante comunicación de 6 de diciembre de 2001, notificó a Inversiones Los Ángeles Ltda.., la Resolución 0675 del 4 de diciembre de 2001, mediante la cual se autorizó la cesión del contrato aludido a la Unión Temporal Métodos y Sistemas.
3. Explica el accionante que, el día 19 de diciembre de 2001, la Alcaldía Mayor de Barranquilla y la Sociedad Inversiones Los Ángeles Ltda. y la Unión Temporal Métodos y Sistemas, acogieron la suspensión temporal de las resoluciones mencionadas, decretada por el Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 12 de diciembre de 2001, “y pusieron fin a la controversia contractual a través del contrato de transacción SIP-CONS-001-2001, el cual fue objeto de un acta aclaratoria de 15 de febrero de 2002 suscrita por las partes, como interpretación contractual proveniente de ellas y que se integra en consecuencia al contrato interpretado”.
4. Afirma que el contrato de transacción fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de 16 de mayo de 2002, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, comoquiera que el Consejo de Estado declaró bien denegado el recurso de apelación que contra la decisión aprobatoria de la transacción se había interpuesto.
6. La Alcaldía de Barranquilla, mediante Resolución 1669 de 2002, previa solicitud para el efecto, autorizó a la Unión Temporal Métodos y Sistemas, la cesión a la sociedad anónima Métodos y Sistemas S.A., creada por aquella, del contrato de consultoría GP-CN-CONS-001-2000, que había sido objeto de transacción entre las partes, aprobada judicialmente.
7. Comenta que, la Contraloría General de la República, luego de practicar una visita de auditoría que culminó con el informe final distinguido con el número 8811 de 2005, expresamente manifestó “no encontrar ninguna irregularidad dentro de la órbita de su competencia, y sugirió la elaboración de un documento único que se denominó “Estructura integral que regirá el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000 de 29 de noviembre de 2000, contrato de transacción SIP-CONS-001-2001 del 19 de diciembre de 2001 y el acta aclaratoria del contrato de transacción del 15 de febrero de 2002, donde se compilan, modifican y aclaran las disposiciones contenidas en las cláusulas de estos actos”.
8. Explica igualmente que, ante el Tribunal Administrativo del Atlántico se inició una acción popular encaminada a dar por terminado el contrato vigente entre la alcaldía y la Sociedad Métodos y Sistemas. El tribunal, de oficio, declaró probada la excepción de cosa juzgada, comoquiera que en providencia del 16 de mayo de 2002, la misma corporación había impartido su aprobación al contrato, de transacción celebrado entre la alcaldía, Inversiones Los Ángeles Ltda. y la Unión Temporal Métodos y Sistemas (posteriormente, Sociedad Métodos y Sistemas S.A.).
9. La Alcaldía de Barranquilla, mediante demanda incoada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el 19 de agosto de 2003, impetró la declaración judicial de la nulidad ''absoluta del contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, la del contrato de transacción SIP-CONS-001-2001 y la del acta aclaratoria del 15 de febrero de 2002, “proceso que se encuentra radicado bajo el Nº 2003-1953-00-D, y que está todavía en curso”.
10. Encontrándose en curso el proceso contencioso administrativo, en el que se pretende la nulidad del contrato, el Alcalde de Barranquilla expidió la Resolución 0085 del 21 de mayo de 2008, por medio de la cual se dispuso la iniciación de una actuación administrativa tendiente a dar por terminado el contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000 y del contrato de transacción SIP-CONS-01-2001.
11. La Alcaldía de Barranquilla expidió la Resolución 0111 del 15 de junio de 2008, por medio de la cual se decidió “Terminar unilateralmente el contrato GP-CM-CONS-001-2000 celebrado el 29 de noviembre de 2000 entre el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla y la Sociedad Inversiones Los Ángeles Ltda., posteriormente cedido por esta a la Unión Temporal Métodos y Sistemas y últimamente cedido por esta a la Sociedad Métodos y Sistemas S.A.”, resolución en cuya motivación se expresa que se expide luego de agotado el procedimiento señalado para ese efecto en la Resolución 0085 de 21 de mayo de 2008 y por la existencia de un objeto ilícito en ese contrato.
12. Asegura que la Resolución 0111 de 15 de junio de 2008 fue notificada por edicto y a la fecha de desfijación del mismo (jul.11/2008), en virtud de la negativa de la alcaldía a entregar copia de la misma al apoderado especial de la Sociedad Métodos y Sistemas S.A., este dejó constancia expresa en esa fecha de que no le fue entregado ese acto administrativo para el ejercicio del derecho de defensa, “constancia esta a la cual se dio respuesta en Oficio 0217 de 14 de julio de 2008 aduciendo que los particulares pueden solicitar documentos no amparados por reserva legal sujetándose al procedimiento que el derecho de petición establece la Ley 57 de 1985, al cual debería haberse sometido esa sociedad por cuanto la resolución había sido notificada por edicto”. Interpuesto el recurso de reposición contra la Resolución 0111 de junio 15 de 2008, la alcaldía la confirmó mediante Resolución 0131 del 21 de julio de 2008.
13. Sostiene que la Alcaldía de Barranquilla incurrió en una ostensible violación del derecho fundamental al debido proceso administrativo con la expedición de la Resolución 0111 de 15 de junio de 2008, confirmada mediante la Resolución 0131 de 21 de julio de ese año. Lo anterior, por cuanto el contrato se había venido ejecutando durante siete años y “en una actuación sorpresiva, la Alcaldía Mayor de Barranquilla decidió anticiparse a la decisión del proceso contractual por ella misma iniciado el 19 de agosto de 2003, y sin esperar la decisión judicial, decidió terminar de manera unilateral el contrato de consultoría, cuya nulidad había impetrado ante la jurisdicción”.
14. Más adelante agrega “la protuberante irregularidad administrativa violatoria del debido proceso, quiso revestirse de una legalidad aparente, invocando para el efecto el supuesto “cumplimiento del procedimiento establecido mediante sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barranquilla de fecha 4 de mayo de 2001”, es decir, que a esa acción de tutela se le estaría dando cumplimiento siete años después, por una parte; y, por otra parte, la Alcaldía Mayor de Barranquilla que como sujeto pasivo de esa acción de tutela no podía ser ignorarlo (sic), así lo hizo pese a que ella fue concedida como mecanismo transitorio a favor de la firma Inversiones Los Ángeles Ltda. para que ella demandara si así lo quería durante el término de cuatro meses las resoluciones 0118 y 0132 de 2001, so pena de que “si no instaura cesarán los efectos de este” mecanismo transitorio de tutela. Así procedió Inversiones Los Ángeles Ltda., se decretó la suspensión provisional de esas resoluciones y además de la Resolución 0269 de 17 de mayo de 2001 y, por último, el proceso culminó mediante providencia de diciembre 12 de 2001... providencia a favor de la parte actora que quedó ejecutoriada como lo advirtió el Consejo de Estado, y luego de la cual se celebró un contrato de transacción”.
En este orden de ideas, el accionante solicita al juez de amparo declare sin valor ni efecto la Resolución 0111 de 15 de junio de 2008, “por medio de la cual se da por terminado un contrato”, al igual que la Resolución 0131 de 21 de julio de 2008, mediante la cual aquella fue confirmada.
En relación con el décimo hecho, aclara que el proceso contencioso es independiente y autónomo de la actuación administrativa que adelantó el Alcalde Distrital, más cuando lo hace por expresa obligación legal (L. 80/93, arts. 44 y 45), y ninguna de las dos actuaciones es causa o consecuencia de la otra.
Finalmente, en cuanto al duodécimo hecho, precisa que la Resolución 111 de 2008 fue notificada por edicto, fijándose el día 24 de junio y siendo desfijada el día 8 de julio de 2008, como lo ordena el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. Así, al momento de solicitar la notificación personal, el apoderado de Métodos y Sistemas S.A., “la notificación ya se había surtido por el mecanismo de la notificación por edicto”.
En cuanto a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, sostiene que, al tratarse de una controversia de carácter contractual, el mecanismo ordinario idóneo es el establecido en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, y no la acción de tutela.
Por otra parte, respecto a la terminación unilateral del contrato, indica que el alcalde contaba con la competencia para ello por cuanto, de conformidad con el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, por una parte está en cabeza de la jurisdicción administrativa la competencia para determinar si el contrato es nulo o no, mientras que existe la obligación, en cabeza del representante legal de la entidad contratante, de dar por terminado un contrato estatal en el evento en que se evidencia la presencia de alguna causal de nulidad absoluta de las previstas en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
Luego de transcribir los artículos 87 del Código Contencioso Administrativo y 45 de la Ley 80 de 1993, concluye que, en el presente caso, a la Sociedad Métodos y Sistemas S.A. no se le vulneró su derecho al debido proceso administrativo, ni tampoco se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
De igual manera, si bien el libelista admite que los actos proferidos por la alcaldía pueden ser demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, también lo es ,que “basta observar que en caso de que fuesen demandados de manera simultánea estarían cursando ante la administración de justicia el proceso interpuesto por la Alcaldía Mayor de Barranquilla para que se declare la nulidad del contrato celebrado con la Sociedad Métodos y Sistemas S.A. y un proceso ante la misma jurisdicción para que se declare la nulidad de una resolución que declaró unilateralmente la nulidad de ese contrato, lo cual solamente genera confusión, caos, inseguridad jurídica, y pone de manifiesto la arbitrariedad de la administración y el desprecio por el Estado de derecho, lo cual solo resulta evitable en este caso con el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que no puede eludirse acudiendo al socorrido expediente de la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio judicial”.
Armonizando la cláusula general de competencia funcional en materia de debido proceso con el principio del non bis in ídem, arriba a la siguiente interpretación jurídica a fortiori: “si nuestra Constitución Política no permite que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo hecho, mucho menos, se permite que nadie puede ser juzgado por separado dos veces, al tiempo, en procesos distintos, por el mismo hecho, con fines iguales en cada uno de esos juicios y por autoridades con distintas competencias funcionales”. De allí que “habiendo sido asumido legalmente el conocimiento del asunto por parte del juez natural del mismo, es este el único competente para resolverla para evitar así que se escinda la continencia de la causa y se expidan decisiones contradictorias”.
Luego de citar el contenido del artículo 71 del Código Contencioso Administrativo, referente a la oportunidad para revocar directamente un acto administrativo, indicó que cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos y estas corporaciones hayan dictado auto admisorio de la demanda, los funcionarios que produjeron el acto cuestionado, pierde competencia para revocarlo directamente.
Aunado a lo anterior, el juzgado consideró que la administración había desconocido los efectos jurídicos de la transacción que aprobó el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante auto del 16 de mayo de 2002, lo cual constituye una vía de hecho, “violentándose en consecuencia los principios del non bis in ídem, seguridad jurídica y cosa juzgada, y en consecuencia el derecho fundamental al debido proceso por cuanto las resoluciones 0085 del 21 de mayo, 0111 de junio 15 y 0131 de julio 21 de 2008, que ordenan la terminación del contrato, constituyen una nueva decisión sobre unos actos que cesaron en sus efectos, al haberse suspendido los efectos de estas, por providencia del tribunal contencioso de diciembre 12 de 2001”.
“Para poder responder al primer interrogante planteado, este despacho llega a la conclusión de que si no se ha declarado por parte del juez contencioso administrativo la nulidad absoluta del contrato por la causal de objeto ilícito que presentó el Distrito en la demanda de nulidad del 19 de agosto de 2003... al no existir pronunciamiento judicial expectante al accionante y al accionado, no puede el Distrito con las resoluciones de marras objeto de censura por parte del accionante tomar una decisión en vía gubernativa contraria al ordenamiento jurídico y mantener los efectos de la actuación administrativa causante de la acción de tutela, razón por la cual este despacho ordenará dejar sin efecto las resoluciones 0085 de mayo 21, 0111 de junio 15 y 0131 de julio 21 de 2008, hasta tanto la jurisdicción contenciosa administrativa resuelva mediante sentencia debidamente ejecutoriada la demanda de nulidad absoluta, que hoy se encuentra en curso en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
— Copia simple de la Resolución 0111 del 15 de junio de 2008.
Al respecto, el juez constitucional ha estimado que deben concurrir unas especiales condiciones que harían procedente el amparo transitorio, como son (i) que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir no exista forma de reparar el daño producido al mismo; (iii) que su ocurrencia sea inminente; (iv) que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) que la gravedad de los hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales (1) .
Ahora bien, entre los derechos susceptibles de amparo mediante este instrumento constitucional se encuentra el derecho al debido proceso administrativo, entendido como “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones, (ii) (sic) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados” (2) .
Ahora bien, en materia de contratación estatal, los anteriores presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela se aplican, cuando quiera que se susciten controversias relacionadas con actos administrativos derivados de la celebración, ejecución o terminación de los contratos estatales, “pues los mismos forman parte de la órbita competencial ordinariamente establecida al juez del respectivo contrato, resultando ajena a la de los jueces de tutela, en razón a la naturaleza del conflicto, en tanto que el mismo es de orden legal” (3) . De tal suerte que “La procedencia de la acción de tutela se daría, entonces, solamente en el preciso evento de que la controversia contractual comprendiera la vulneración o amenaza de un derecho fundamental y en los casos exceptuados antes establecidos. De lo contrario, dicha acción se convertiría en una imposición abusiva de una jurisdicción excepcional, subsidiaria y residual sobre las demás jurisdicciones ordinarias, contraviniendo claramente la voluntad de los Constituyentes de 1991 al diseñar este amparo” (4) .
“ART. 44.—De las causales de nulidad absoluta.
“ART. 45.—De la nulidad absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificación.
En los casos previstos en los numerales 1º 2º y 4º del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre”.
A su vez, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo consagra la acción mediante la cual se puede solicitar la declaratoria de nulidad de un contrato estatal, en los siguientes términos:
“ART. 87.—Las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.
El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de ofició cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.
Las normas legales anteriormente transcritas regulan dos figuras diferentes: la declaratoria judicial de la nulidad absoluta del contrato estatal y la terminación administrativa unilateral del mismo, cuando quiera que se presenten determinadas causales de nulidad absoluta. De tal suerte que si bien algunas de las causales legales de nulidad absoluta, previstas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, constituyen fundamento a su vez para que la administración dé por terminado unilateralmente, ambos institutos presentan profundas diferencias, así compartan por causa algunas hipótesis normativas.
Así las cosas, la terminación unilateral del contrato, entendida como un mecanismo de autotutela de la administración, no tiene por objetivo deshacer todo lo realizado durante la ejecución de aquel por las partes, sino finalizarlo antes de lo previsto; por el contrario, la nulidad absoluta implica la constatación judicial de un vicio grave que afecta la validez del contrato por cuanto al momento de su celebración se desconocieron disposiciones de orden público. De allí que, por regla general, la declaratoria de nulidad busca devolver las cosas al estado “en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo” (C.C., art. 1746).
Una segunda diferencia entre la terminación unilateral del contrato y la declaratoria de nulidad, consiste en que mientras que esta puede ser adoptada con posterioridad a la terminación del contrato, por cuanto pretende desaparecer todos los efectos jurídicos producidos, aquella solo es procedente en cuanto el contrato estatal se encuentre vigente.
“En firme la decisión administrativa de terminación unilateral del contrato, adoptada por la entidad contratante, es claro que la misma únicamente produce efectos hacia el futuro, “ex nunc”, mientras que la declaratoria judicial de nulidad absoluta, como ya se indicó, tiene como efecto retrotraer las cosas al momento de la celebración del contrato, como si este en realidad nunca hubiere existido, es decir, que está llamada a generar efectos “ex tunc” (5) .
La segunda hipótesis se presenta cuando la administración, en ejercicio de su potestad-deber, constata la existencia de una causal de nulidad absoluta, de aquellas consagradas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que afecta un contrato que actualmente se está ejecutando, procediendo a darlo por terminado. En tal caso, nada impide que la propia administración, un agente del Ministerio Público, cualquier persona e incluso de oficio, soliciten la declaratoria judicial de la nulidad absoluta del contrato. De tal suerte que, en definitiva, el acto administrativo mediante el cual se da por terminado unilateralmente un contrato estatal no invade la órbita competencial del juez del contrato.
La tercera hipótesis tiene lugar cuando el juez del contrato ha asumido competencia de un proceso en el cual se demanda la declaratoria de nulidad del contrato, y posteriormente, la administración ejerce su potestad-deber de darlo unilateralmente por terminado, invocando alguna de las causales previstas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En tal situación, la actuación de la administración es perfectamente legítima por cuanto, como se ha explicado, se trata de dos procedimientos de naturaleza diferente; es más, el jefe o representante legal de la entidad que actúe de dicha manera estará propendiendo por la defensa del interés general por cuanto empleó todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacerle frente a serias irregularidades que se han presentado al momento de celebrar un contrato estatal. De hecho, carecería de sentido que un funcionario continuara ejecutando un contrato estatal frente al cual tiene la convicción acerca de su nulidad; tanto es así que decidió controvertir su validez ante el juez del contrato.
En el caso concreto, la Sociedad Métodos y Sistemas S.A. alega que la Alcaldía de Barranquilla incurrió en una ostensible violación del derecho fundamental al debido proceso administrativo con la expedición de la Resolución 0111 de 15 de junio de 2008, confirmada mediante la Resolución 0131 de 21 de julio de ese año, actos administrativos mediante los cuales se dio por terminado un contrato de consultoría que vinculaba a la administración con la accionante.
En otras palabras, la supuesta vulneración al derecho al debido proceso administrativo se presentaría por cuanto, una vez iniciado por la administración un proceso judicial mediante el cual se pretende la declaratoria de nulidad absoluta de un contrato de consultoría por objeto ilícito, a aquella le estaría vedado ejercer la potestad-deber de dar por terminado unilateralmente el citado contrato, es decir, que en su concepto, la administración se encontraba obligada a esperar las resultas del proceso contractual, y por ende, debía seguir ejecutando un contrato que considera viciado de nulidad absoluta.
“1. Declárese la nulidad absoluta del contrato de consultoría GP-CM-CONS-001-2000, celebrado el 29 de noviembre de 2000, entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla e Inversiones Los Ángeles Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
3. Declárese la nulidad absoluta del contrato de transacción SIP-CONS-001-2001 de 19 de diciembre de 2001.
En este orden de ideas, la Sala Octava de Revisión considera que el fallo de tutela de segunda instancia deberá ser revocado, y en su lugar, confirmará aquel del a quo, por las siguientes razones.
Solo de manera excepcional procede la acción de amparo a efectos de controvertir actos administrativos adoptados con ocasión de la celebración, ejecución o terminación de un contrato estatal. Se precisa demostrar la ineficacia de la vía judicial ordinaria o la existencia de un perjuicio irremediable. Revisadas las pruebas obrantes en el expediente, no se evidencia prueba alguna que demuestre la concurrencia de tales presupuestos de procedencia del amparo.
Aunado a lo anterior, como se ha explicado, la declaratoria judicial de nulidad absoluta de un contrató estatal y la terminación administrativa unilateral del mismo, son institutos completamente diferentes y autónomos, cuya procedencia no depende el uno del otro, aunque, vale precisar, apuntan a la consecución de un mismo objetivo cual es la salvaguarda del interés general.
2. REVOCAR la sentencia de amparo proferida el 14 de noviembre de 2008 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, y en su lugar confirmar aquel emitido el 12 de septiembre de ese mismo año por el Juzgado 19 Civil Municipal de Barranquilla, mediante el cual se negó el amparo solicitado.
(1) Ver sentencias T-771 de 2004, T-600 de 2002 y SU-086 de 1999.
(2) Ver Sentencia T- 214 de 2004.
(3) Vid. sentencias T-605 y T-613 de 1995, T-307 y T-340 de 1997, T-643 de 1998, y T-1386 de 2000 y T- 1341 de 2001, entre muchas otras.
(5) Por ser pertinente, se transcribe el siguiente extracto de la sentencia proferida el 29 de agosto de 2007 por la Sección Tercera del Consejo de Estado:
“Diferencias entre la terminación unilateral del contrato y la declaratoria de nulidad absoluta
Si bien algunas de las causales legales de nulidad absoluta de los contratos estatales, esto es las previstas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80, constituyen a la vez razón para que deba disponerse, por parte de la entidad estatal contratante, la terminación unilateral del respectivo contrato estatal, ello no puede servir de fundamento para confundir esas figuras, puesto que son muchas y muy profundas las diferencias que pueden establecerse entre la nulidad absoluta y la terminación unilateral, así esta tenga por causa la misma hipótesis normativa de aquella.
La terminación unilateral solo tiene como propósito y efecto la finalización anticipada de un determinado contrato estatal, sin que ello signifique ni pretenda desconocer y mucho menos deshacer todo lo que hasta ese momento se hubiere ejecutado con base en dicho contrato, amén de que tal decisión de terminación anticipada tampoco comporta reproche alguno para las partes o al menos para una de ellas, así sea implícito, respecto de los elementos existentes al momento del perfeccionamiento del respectivo contrato.
Es por ello que la declaratoria de nulidad absoluta se fundamenta en un examen detallado acerca de las condiciones, los requisitos y los elementos de validez existentes al momento de la celebración del contrato; su propósito principal es el de eliminar o expulsar, del mundo jurídico, el contrato estatal que hubiere surgido en contra del ordenamiento al cual debe ajustarse, con el fin de privarlo de la totalidad de sus efectos, sin importar lo que en desarrollo del mismo se hubiere ejecutado y, por eso mismo, por regla general, busca devolver las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el contrato nulo (C.C., art. 1746).
Esas diferencias permiten advertir también que mientras la terminación unilateral del contrato estatal, incluso con fundamento en alguna de las causales de nulidad absoluta de los contratos contempladas en los numerales 1º, 2º o 4º del artículo 44 de la Ley 80, únicamente resulta procedente o viable en cuanto el respectivo contrato se encuentre vigente, por la sencilla pero potísima razón de que no es posible dar por terminado un contrato que previamente ya ha finalizado; por el contrario, la declaratoria judicial de nulidad absoluta de un contrato estatal perfectamente puede adoptarse —e incluso solicitarse—, con posterioridad a la terminación del mismo.
Además, la declaratoria de terminación unilateral del contrato estatal, por parte de la entidad contratante, en razón a la configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta consagradas en los numerales 1º, 2º o 4º del artículo 44 de la Ley 80, no excluye, en modo alguno, la posibilidad de que cualquiera de los titulares de la acción contractual pueda demandar, simultánea o sucesivamente, la declaratoria judicial de nulidad absoluta de ese mismo contrato; por el contrario, de ninguna manera podría concebirse, siquiera, la posibilidad de que un contrato que hubiere sido declarado judicialmente nulo, con posterioridad a tal decisión judicial pudiere ser objeto de terminación unilateral por parte de la entidad estatal contratante.
Lo anterior permite poner de presente que si bien al declarar la terminación unilateral del respectivo contrato estatal, el jefe o representante legal de la entidad contratante examina y verifica la existencia de los mismos elementos fácticos que dan lugar a la configuración de las causales de nulidad absoluta previstas en alguno de los numerales 1º, 2º o 4º del artículo 44 de la Ley 80, lo cierto es que él no realiza un examen acerca de la validez del contrato ni su pronunciamiento tiene alcances o efectos sobre esos aspectos reservados al juez del contrato.
Como ha quedado ampliamente señalado, la terminación unilateral de que trata el artículo 45 de la Ley 80, únicamente podría abrirse camino en cuanto se hubiere configurado una cualquiera de las causales de nulidad absoluta consagradas en los numerales 1º, 2º y 4º del citado artículo 44 de la misma Ley 80, al paso que la declaratoria judicial de nulidad absoluta de un contrato estatal, podría encontrar fundamento en cualquiera de las causales de nulidad absoluta consagradas en el derecho común (C.C., art. 1742), o en cualquiera de las causales de nulidad absoluta consagradas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del aludido artículo 44 del estatuto de contratación estatal.
En firme la decisión administrativa de terminación unilateral del contrato, adoptada por la entidad contratante, es claro que la misma únicamente produce efectos hacia el futuro, “ex nunc”, mientras que la declaratoria judicial de nulidad absoluta, como ya se indicó, tiene como efecto retrotraer las cosas al momento de la celebración del contrato, como si este en realidad nunca hubiere existido, es decir que está llamada a generar efectos “ex tunc”.