Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-agosto-2017/
Timestamp: 2017-11-23 00:03:12
Document Index: 219839244

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'in fine', 'in fine', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 52', 'artículo 77']

Boletín – 2da Quincena de Agosto :: Quantum
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la segunda quincena de agosto de 2017.
1.- Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica – PLAME
A través de la Resolución de Superintendencia No. 223-2017/SUNAT, publicada con fecha 31.08.2017, se aprueba la nueva versión del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual No. 0601 y se adecúan otras disposiciones a la conclusión del Convenio Interinstitucional celebrado entre la SUNAT y la ONP para la recaudación y transferencia de información vinculada al seguro “Asegura tu pensión”.
La nueva versión del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario Virtual No. 0601 – Versión 3.2, será utilizada por los sujetos a que se refiere el artículo 4º de la Resolución de Superintendencia No. 183-2011/SUNAT, obligados a cumplir con la presentación de la PLAME y la declaración de los conceptos referidos en la mencionada resolución, a partir del periodo agosto de 2017. También la utilizarán aquellos sujetos que se encontraran omisos a la presentación de la PLAME y a la declaración de los conceptos de la resolución señalada por los períodos tributarios de noviembre de 2011 a julio de 2017, o los que deseen rectificar la información correspondiente a dichos períodos.
El PDT en mención estará a disposición de los interesados a partir del 1 de setiembre de 2017 y será de uso obligatorio a partir de dicha fecha.
Asimismo, se modificaron los artículos 11º de la Resolución de Superintendencia No. 183-2011/SUNAT, los artículos 3º, 5º y 10º de la Resolución de Superintendencia No. 204-2007/SUNAT, y el artículo 4º de la Resolución de Superintendencia No. 093-2012/SUNAT.
La norma bajo comentario entra en vigor el 1.09.2017.
2.- Modifican la materia y montos para la emisión de valores y diversas resoluciones de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y sus unidades orgánicas independientes
Mediante la Resolución de Superintendencia No. 219-2017/SUNAT, publicada el 27.08.2017, se modifica la Resolución de Superintendencia No. 140-2014/SUNAT que fija la materia y montos para la emisión de valores y diversas resoluciones de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y sus unidades orgánicas dependientes (Gerencia de Reclamaciones, División de Reclamaciones I y II).
La norma bajo comentario entra en vigor el 28.08.2017.
3.- Oficializan versión 2017 de diversas Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC)
Mediante Resolución del Consejo Normativo de Contabilidad No. 003-2017-EF/30 (25.08.2017) se ha oficializado la versión 2017 de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC, CINIIF, SIC), así como el Marco Conceptual para la Información Financiera.
4.- Institutos (IES) y Escuelas de Educación Superior (EES). Regulación del crédito tributario por reinversión e infracciones vinculadas al incumplimiento de requisitos para el goce de los beneficios tributarios.
Mediante Decreto Supremo 010-2017-MINEDU (25.08.2017) se aprueba el Reglamento de la Ley No. 30512 (“Ley de institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de Docentes”), Ley ésta última que estableció un régimen tributario especial para los Institutos y Escuelas de Educación Superior. El Decreto Supremo referido ha precisado que las disposiciones relativas al crédito tributario por reinversión de excedentes y utilidades previstas en la citada ley, deben ser reglamentadas mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Además, ha previsto las infracciones ante el incumplimiento de requisitos relacionados a los beneficios tributarios aprobados por Ley 30512, calificando como graves y muy graves las siguientes conductas:
Utilizar los recursos directamente recaudados por las actividades de los IES y EES públicos que les sean transferidos para fines distintos al funcionamiento y mantenimiento de las citadas instituciones educativas.
Grave Usar los bienes de los IES y EES públicos para fines distintos a los educativos.
No presentar oportunamente al Minedu el informe anual de ejecución del programa de reinversión aprobado
Distribuir directa o indirectamente las rentas generadas por los IES o EES privados sin fines de lucro.
Reinvertir los excedentes generados en conceptos distintos a la mejora de la calidad de la educación en el caso de los IES y EES privados sin fines de lucro.
La norma bajo comentario entra en vigor el 26.08.2017.
5.- Notificaciones Vía SOL – Régimen de Buenos Contribuyentes
Mediante Resolución de Superintendencia No. 217-2017/SUNAT (23.08.2017) se ha incorporado en el listado de actos administrativos que pueden ser notificados por medios electrónicos (Notificaciones SOL) a la Resolución de Intendencia u Oficina Zonal que dispone la incorporación, exclusión o reincorporación de los deudores tributarios al Régimen General de Buenos Contribuyentes.
La norma bajo comentario entra en vigor el 24.08.2017.
6.- Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo
Mediante Ley 30641 (17.08.2017) se ha modificado la Ley del IGV en lo concerniente a las operaciones de exportación de servicios, a fin de fomentar la competitividad de las exportaciones y eliminar distorsiones en su aplicación. La ley comentada entrará en vigor el 1.09.2017 y será de aplicación a las operaciones que se realicen a partir de su vigencia.
El dispositivo comentado ha previsto, entre otros aspectos, la derogación del apéndice V de la LIGV, que contenía una lista taxativa de los servicios que podían ser considerados como exportación de servicios. De esta forma, se considerarán exportados todos los servicios que cumplan con las condiciones que prevé la LIGV a esos efectos, siempre que, además, el exportador se hubiere inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.
Además, se efectúan precisiones sobre el requisito del uso, explotación o aprovechamiento del servicio que tiene lugar en el extranjero y se incorporan otros servicios de turismo que deben ser considerados como exportación. Asimismo, se han incorporado otros servicios prestados en territorio nacional (zona primaria de aduanas, ZED o prestados parcialmente en el país) que también deben ser considerados como exportación de servicios y se ha reducido el plazo para ser considerado como turista para efectos de la devolución del IGV que grave los bienes adquiridos por éstos.
A continuación damos cuenta de los aspectos más relevantes del dispositivo en mención:
Derogación del Apéndice V de la LIGV: Para efectos de la exportación de servicios ya no se considera sólo a los servicios del Apéndice V de la LIGV, sino a todos los servicios que cumplan con las condiciones que prevé la LIGV para ser considerados exportados.
Requisito del uso, explotación o aprovechamiento que tenga lugar en el extranjero: Como es sabido, uno de los requisitos que se deben cumplir para que el servicio se considere exportado es que el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tenga lugar en el extranjero. Al respecto, el dispositivo aprobado ha precisado que se deben evaluar las condiciones contractuales en cada caso en particular, a fin de determinar donde se llevó a cabo el primer acto de disposición del servicio, entendiéndose por tal al beneficio económico inmediato que el servicio genere al usuario no domiciliado.
Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT: El exportador de servicios debe estar inscrito de forma previa en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT.
Servicios de turismo considerados como exportación de servicios: Se han incorporado nuevos servicios, como son los servicios de alimentación tipo catering, traslados, espectáculos deportivos declarados de interés nacional, museos, eventos gastronómicos, mediación u organización de servicios turísticos, servicios de traducción, turismo de aventura y otras actividades de turismo convencional (turismo vivencial, social y rural comunitario) que conforman el paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país, a favor de agencias, operadores turísticos o personas naturales, no domiciliadas en el país, en todos los casos.
Además, se ha eliminado lo referente al cumplimiento de las condiciones, registros, requisitos y procedimientos establecidos en el reglamento aprobado por el MEF.
Asimismo, se prevé que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante Decreto Supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, podrá incorporar otros servicios que conforman el paquete turístico.
-Otros servicios considerados como exportación de servicios: Se han incorporado a los siguientes servicios:
– Servicios complementarios al transporte de carga que se realicen desde el país hacia el exterior siempre que se realicen en zona primaria de aduanas y que se presten a sujetos no domiciliados en el país que tengan titularidad de la carga de acuerdo­ con la documentación aduanera de tránsito internacional.
Suministro de energía eléctrica a favor de los sujetos domiciliados en las zonas especiales de desarrollo (ZED).
Servicios que se realicen parcialmente en el extranjero por sujetos generadores de rentas de tercera categoría a favor de un no domiciliado, siempre que su uso, explotación o aprovechamiento tenga lugar en el extranjero.
-Devolución de impuestos a turistas: Se ha reducido el plazo para ser considerado como turista para efectos de la devolución del IGV que grave la venta de bienes adquiridos por éstos, previéndose que el periodo mínimo es de 2 días calendario (antes era 5 días).
1.- Consultas diversas respecto del Régimen Temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración y repatriación de rentas no declaradas, establecido por el Decreto Legislativo 1264 (en adelante, el Régimen)
El inciso c, del artículo 11° del Decreto Legislativo No. 1264 (11.12.2016) establece que no podrán acogerse al Régimen las personas naturales que a partir del año 2009 hayan tenido o que al momento del acogimiento al Régimen tengan la calidad de funcionario público; siendo que también están excluidos el cónyuge, concubino(a) o pariente hasta el primer grado de consanguinidad y primer grado de afinidad. ¿La citada exclusión alcanza a quienes sean embajadores u otros miembros del servicio diplomático, o lo hayan sido durante el 2009?
Si un contribuyente fallece con posterioridad al 31.12.2015, ¿puede acogerse la sucesión indivisa por las rentas generadas por el causante?
¿Los herederos y demás sucesores a título gratuito, pueden acogerse al Régimen por la renta no declarada del causante?
SUNAT, mediante INFORME No. 006-2017-SUNAT/7T0000, concluye como sigue:
Respecto a la primera consulta, la exclusión del Régimen prevista en el inciso c), del artículo 11 del Decreto Legislativo 1264 no alcanza a quienes sean embajadores u otros miembros del servicio diplomático, o lo hayan sido durante el 2009, salvo que estén o hayan estado comprendidos, según corresponda, en la clasificación específica a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Servicio Civil (Ley 30057, publicada 4.07.2013).
Respecto a la segunda consulta, si un contribuyente fallece con posterioridad al 31.12.2015, la sucesión indivisa puede acogerse al Régimen por la renta no declarada de su causante, que era domiciliado en el país, generada hasta el ejercicio gravable 2015.
Respecto a la tercera consulta, los herederos y demás sucesores a título gratuito pueden acogerse al Régimen por la renta no declarada del causante.
2.- ¿Una sucursal (domiciliada en Perú) de una empresa constituida en el extranjero puede inscribirse en el Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos regulado por la Resolución de Superintendencia 199-2015/SUNAT?
SUNAT, mediante INFORME No. 086-2017-SUNAT/5D0000, analiza y concluye como sigue:
Una de las condiciones para la inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos reposa en que el sujeto que pretenda hacerlo deberá contar con un capital o con activos netos por un valor igual o mayor a 150 UIT, siendo que se considerará como capital a aquel monto que figura como tal en el Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos (SUNARP).
A título de conclusión cabe afirmar que, no existe impedimento legal para que una sucursal en el Perú de una sociedad constituida y con domicilio en el extranjero cumpla con la condición arriba referida teniendo en cuenta que para tal efecto se deberá considerar el capital asignado a la sucursal que figura en la Escritura Pública inscrita en el Registro de Personas Jurídicas a cargo de SUNARP.
3.- ¿Los “documentos autorizados” que se expidan por los servicios prestados con ocasión de brindar el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros, tales como, proporcionar oxígeno durante el vuelo, acompañar menores que viajan solos, transportar mascotas acompañadas por un pasajero, por exceso de equipaje, por dietas especiales y similares, pueden ser emitidos de manera manual, computarizada, o por mecanismos electrónicos?
SUNAT, mediante INFORME N° 087-2017-SUNAT/5D0000, concluye como sigue:
Los documentos autorizados que expidan las compañías de aviación por los servicios de: proporcionar oxígeno durante el vuelo, acompañar menores que viajan solos, transportar mascotas acompañadas por un pasajero, por exceso de equipaje, por dietas especiales y similares, pueden ser emitidos de manera manual, computarizada o por mecanismos electrónicos utilizando sistemas internos de las citadas compañías, constituyendo comprobantes de pago que permitan sustentar costo o gasto para efecto tributario y/o ejercer el derecho al crédito fiscal, siempre que se identifique al usuario y se discrimine el impuesto.
1.- Las Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa así como Órdenes de Pago ¿deben consignar la base legal que fija el interés moratorio?
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 06387-5-2017 (15.08.2017) ha señalado el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“En el caso de las resoluciones de determinación, órdenes de pago y resoluciones de multa no es necesario consignar la base legal mediante la que se ha fijado la tasa de interés moratorio.”
Fluye de los fundamentos del Tribunal Fiscal lo siguiente:
Uno de los requisitos de validez del acto administrativo (entre los “actos administrativos” considérese a la Resolución de Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago) lo constituye el “deber de motivación”, el cual a su vez comprende a la “fundamentación de los aspectos jurídicos” lo que implica la cita expresa de la fuente normativa pertinente, la síntesis de la interpretación jurídica que se le da al precepto y la expresión del sentido y manera en que se estima que el precepto aplica al caso sometido a conocimiento.
De lo anterior se advierte la estrecha relación que ha de existir entre el deber de motivación del acto administrativo y el derecho de defensa del administrado.
El interés moratorio es una prestación accesoria a la obligación principal (tributo o multa) siendo que su cálculo responde a una operación matemática que debe efectuarse a partir de la obligación consignada en el valor (entiéndase por “valor” a la Resolución de Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago, indistintamente).
El hecho de no consignar expresamente en el valor emitido la norma mediante la que se fijó la tasa de interés moratorio no implica una transgresión al deber de motivar ni es impedimento para que el deudor tributario ejerza su derecho de defensa, toda vez que, motivar no implica consignarse todas y cada una de las posibles normas que sirven de sustento al acto administrativo, menos aún si éstas se encuentran relacionadas con un concepto accesorio que se encuentra fijado normativamente.
Empero, lo anterior no es impedimento para que el deudor tributario alegue la corrección de la liquidación de los intereses, la inexistencia de la norma, si vigencia o su falta de validez o eficacia, según corresponda.
Nota: En la Jurisprudencia bajo comentario se citan los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales:
–RTF 12988-1-2009 (jurisprudencia que constituye precedente de observancia obligatoria) la cual define el deber de declarar (la obligación tributaria) y el deber de determinar (la obligación tributaria)
–Sentencia recaída en el expediente 4123-2011-AA/TC; en virtud de la cual se hace mención a la garantía constitucional del “deber de motivación” del acto administrativo.
–Sentencia recaída en el expediente 04293-2012-PA/TC; en virtud de la cual el Tribunal Fiscal no puede ejercer control difuso, por lo que no está facultado a inaplicar una ordenanza municipal debidamente publicada. En tal sentido, su validez y posibilidad de su inaplicación deberá ser discutida desde el ámbito constitucional.
1.- Ley que regula el descanso físico por exposición a la radiación para trabajadores del sector salud
Mediante la Ley No. 30646, publicada con fecha 17 de agosto de 2017, se estableció el derecho del personal de la salud a gozar de descanso físico adicional semestral de diez días calendario por exposición a radiaciones ionizantes o sustancias radioactivas.
Según la ley, el descanso es adicional al periodo de vacaciones y no es acumulable ni disponible. Se precisa que durante el periodo del descanso el personal beneficiado está prohibido de laborar en el ámbito público o privado.
2.- Régimen laboral aplicable para el Congreso de la República, Banco Central de Reserva y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
A través de la Ley No. 30647, publicada con fecha 17 de agosto del 2017, se estableció que el Congreso de la República, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no están comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan la gestión de recursos humanos del Servicio Civil.
Se precisa que estas entidades a través de sus órganos internos (Consejo Directivo, Directorio, etc.) aprueban las políticas de gestión de recursos humanos que comprende su planificación, organización interna, régimen disciplinario, así como la gestión del empleo, rendimiento, compensaciones, capacitación y relaciones humanas en el marco de las normas del régimen laboral de la actividad privada
Cabe mencionar que, con anterioridad, mediante sentencia emitida en el proceso de inconstitucionalidad de la Ley del Servicio Civil, Ley 30057 (Exps. 0025-2013-PI/TC; 0003-2014-PI/TC, 0008-2014-PI/TC, 0017-2014-PI/TC), el Tribunal Constitucional señaló, entre otros aspectos, que la exclusión de dichas entidades del régimen del Servicio Civil resultaba arbitraria e irrazonable, toda vez que no existía una justificación válida o base objetiva que la sustentara.
3.- Modificación del Tupa de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
Mediante Resolución Ministerial 295-2017-EF/10, publicada con fecha 25 de agosto de 2017, se ha modificado el TUPA de la ONP (aprobado por Decreto Supremo 120-2015-EF) con el objeto de adecuarlo a los cambios dispuestos por el Decreto Supremo 051-2017-PCM (información para la implementación progresiva de la interoperabilidad en beneficio del ciudadano) y el Decreto Legislativo 1246 (Medidas de simplificación administrativa), el Decreto Legislativo No. 1310 (Medidas adicionales de simplificación administrativa) y Decreto Legislativo No. 1256 (Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas).
El texto del TUPA con las modificaciones deberá ser publicado en los siguientes portales web: www.elperuano.com.pe (El Peruano), www.onp.gob.pe (ONP) y www.serviciosalciudadano.gob.pe (Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE).
4.- Modificación de Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Minero
Mediante Decreto Supremo No. 023-2017-EM, publicado con fecha 18 de agosto de 2017, se modificaron diversos artículos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (aprobado por Decreto Supremo 024-2016-EM).
Entre otros aspectos, se estableció que los trabajadores que sufran accidentes que generen incapacidad temporal o permanente tendrán derecho a ser transferidos a otro puesto de trabajo que implique menor riesgo para su seguridad. Asimismo, se dispuso que la supervisión de las viviendas que se proporcionen a los trabajadores es de cargo de las empresas contratistas.
La norma señala que los supervisores de seguridad o representantes de los comités de seguridad y salud ocupacional de las empresas contratistas podrán participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud del titular de la actividad minera, con voz pero sin voto.
Se precisó también que la convocatoria del examen médico de retiro es de responsabilidad del empleador, sea éste el titular de la actividad minera o el contratista. Con relación a la obligación del empleador (titular de la actividad minera) de brindar atención odontológica y oftalmológica a los trabajadores, se ha dispuesto que la atención deberá ser anual como mínimo. Antes de la modificación, la atención odontológica debía ser trimestral como mínimo.
Finalmente, se establece que el informe de incidentes peligrosos o situaciones de emergencia debe ser remitido por el titular de la actividad minera a la SUNAFIL.
1.- Desnaturalización del Contrato de Trabajo por servicio específico por mención genérica de las funciones del trabajador
Mediante sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida en el Expediente No. 8024-2013-PA/TC de fecha 25 de enero de 2017, se da cuenta del caso de un trabajador que interpuso demanda de amparo solicitando la reposición a su puesto de trabajo (asistente judicial). El trabajador alegó que el contrato para servicio específico había sido desnaturalizado, porque las funciones asignadas eran de naturaleza permanente.
El fallo del TC señaló que de la revisión del contrato de trabajo se constató que el empleador omitió señalar la causa objetiva de contratación. De manera genérica, consignó que la labor del trabajador era de auxiliar judicial, sin precisar cuáles eran específicamente las labores temporales a realizar en el cargo. En consecuencia, al no haberse especificado la causa objetiva de contratación el contrato se encontraba desnaturalizado, al amparo del inciso d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo 728 (simulación o fraude); por lo que, debía ser considerado como de plazo indeterminado.
El TC se sustentó en que las cláusulas del contrato consignaban lo siguiente:“El empleador, en mérito a la resolución administrativa Nº…que crea el juzgado de paz letrado…y siendo necesario dotar del personal idóneo para brindar un eficiente servicio de Administración de Justicia, requiere contratar temporalmente a una persona que reúna los requisitos exigidos en el perfil del puesto generado…para el logro del objeto, materia de la cláusula anterior, El Poder Judicial, contrata al trabajador para que realice labores auxiliar judicial, el mismo que deben someterse al cumplimiento estricto de las funciones”.
2.- Desproporción del despido no puede ser considerado como despido fraudulento
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 3765-2016-Lima de fecha 29 de agosto de 2016, se resolvió un caso en el que un trabajador exigía se declare la nulidad de su despido, a la que reputaba de despido fraudulento por desproporcional. El trabajador reconoció la existencia de un cruce de palabras intrascendentes, negando toda posibilidad de violencia física.
Al respecto, la Corte Suprema resaltó que la singularidad del despido fraudulento respecto a otros despidos se encuentra relacionada a la presencia de la conducta pérfida del empleador como base del despido. Así, el despido fraudulento se distingue del despido arbitrario en la medida que para la configuración de aquel no basta verificar la injusticia del despido, sino que, además de ello, se requiere que se acredite la existencia del ánimo perverso con el cual ha actuado el empleador; en este sentido, debe demostrarse la inexistencia o falsedad de la imputación que hará patente el ánimo desleal que ha motivado la actuación de aquel.
En el caso concreto, la Corte Suprema concluyó que se había configurado un despido contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por tanto, un ejercicio irrazonable y desproporcionado en el ejercicio de la facultad sancionadora. Así, la Corte Suprema concluyó en dicho caso que el despido del trabajador no se basó en un hecho inexistente o inventado por la empresa demandada, no habiéndose acreditado que esta última haya actuado de forma pérfida. Así, la Corte Suprema delimitó la diferenciación entre despido fraudulento y despido arbitrario, concluyendo que la desproporción del despido no puede reputarse como fraudulento.
3.- Trabajador deberá probar que no gozó de descanso efectivo para acceder a indemnización vacacional
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 17691-2015-Lima, la Corte Suprema estableció el criterio por el cual si el trabajador solicita el reconocimiento de una indemnización vacacional, alegando que no gozó de descanso efectivo en su período vacacional, corresponde a este probar que desarrolló labor efectiva, a fin de desvirtuar el mérito probatorio de las planillas y boletas de pago que, formalmente, afirman que si hubo descanso vacacional.
De igual modo, la Corte Suprema precisó que no puede presumirse que la omisión de la firma en las boletas den lugar a entender que hubo desarrollo efectivo.
4.- Asignación por vivienda pagada a un trabajador extranjero califica como condición de trabajo y no es remuneración computable
Mediante Sentencia de Casación Laboral No. 14043-2016-Lima, la Segunda Sala de Derecho constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República asumió el criterio por el cual el monto otorgado a un trabajador extranjero por concepto de asignación por vivienda califica como condición de trabajo y no es remuneracion computable.
La discusión en dicho proceso se centró en determinar si el concepto de asignación por vivienda otorgada a un trabajador extranjero constituía o no condición de trabajo y, como tal, si tenía carácter remunerativo. Así, la Corte Suprema optó por considerar a dicho concepto como una condición de trabajo, por lo que no forma base del cálculo para pago de beneficios sociales y no se encuentra afecto a los aportes de la seguridad social ni a los fondos de pensiones; como tal, no genera un costo laboral.