Source: http://legislacion.derecho.com/ley-10-2003-de-medidas-tributarias-y-administrativas-70541
Timestamp: 2016-12-06 16:13:48
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Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 33', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 11', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 132', 'artículo 141', 'artículo 343', 'artículo 86', 'Artículo 261', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 86', 'artículo 94', 'Artículo 70', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 67', 'artículo 65', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 22', 'artículo 59', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 147', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 22', 'Artículo 22', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 8']

LEY 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas	LEY 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas Mis Leyes
LEY 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas Estado	:
CAPÍTULO I. TRIBUTOS CEDIDOS.
Artículo 4. Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 5. Cuestiones de competencia y otras normas de gestión en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Artículo 6. Gestión censal y pago mediante recibo de la tasa fiscal sobre el juego.
Artículo 7. Pago telemático preceptivo de determinados tributos.
Artículo 9. Órganos competentes para la gestión recaudatoria.
Artículo 10. Recaudador titular.
Artículo 11. Personal colaborador del recaudador titular.
CAPÍTULO I. NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.
Artículo 12. Modificación de determinados aspectos de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
CAPÍTULO II. NORMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 13. Modificación de determinados aspectos de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 14. Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones.
CAPÍTULO III. DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALUD.
Artículo 15. Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de salud de las Illes Balears.
CAPÍTULO IV. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR.
Artículo 16. Modificación de determinados aspectos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears.
CAPÍTULO V. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA.
Artículo 17. Modificación de determinados aspectos de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears.
CAPÍTULO VI. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CARRETERAS.
Artículo 18. Modificación del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
CAPÍTULO VII. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES, CAZA Y PESCA FLUVIAL.
Artículo 19. Normas en materia de protección de animales que viven en el entorno humano.
Artículo 20. Normas en materia de caza.
Artículo 21. Normas en materia de pesca fluvial.
CAPÍTULO VIII. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGUAS.
Artículo 22. Normas en materia de aguas.
CAPÍTULO IX. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS.
Artículo 23. Modificación del artículo 11 de la Ley 2/1998, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias en las Illes Balears.
CAPÍTULO X. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MONTES.
Artículo 24. Normas en materia de montes.
CAPÍTULO XI. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RADIOTELEVISIÓN.
Artículo 25. Modificación de determinados aspectos de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears.
CAPÍTULO XII. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA AGRÍCOLA.
Artículo 26. Disolución de las cámaras agrarias locales.
Artículo 27. Control de ayudas y subvenciones derivadas de la Sección Garantía del FEOGA.
Artículo 28. Consejos reguladores y otros entes de gestión y control de denominación de calidad.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas .
Esta Ley se enmarca dentro de las conocidas como leyes de acompañamiento de los presupuestos generales. La justificación de estas leyes reside en las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional con relación al alcance de las leyes de presupuestos, atendiendo a la singularidad de estas últimas. En este sentido, las citadas leyes de acompañamiento pretenden complementar la Ley de presupuestos y constituir, con ésta, una unidad de acción racional para cumplir los objetivos de política económica, razón que justifica que se tramiten simultáneamente con las leyes de presupuestos generales. La presente ley responde a esta finalidad y, en este sentido, recoge básicamente aspectos de carácter tributario y de acción administrativa.
Por lo que se refiere al capítulo I (artículos 1 a 3), se modifican, en primer lugar, las cuantías de determinadas bases imponibles, reducciones y deducciones autonómicas en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas (artículo 1), y en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones (artículo 2.1), redondeándose, con la intención de normalizar el uso del euro. En segundo lugar, se aumentan algunos de los beneficios fiscales actualmente existentes en las Illes Balears, con una atención especial a la problemática del acceso a la vivienda para los jóvenes residentes en las Illes Balears. Así, se incrementa de un 5 % a un 6,5 % la deducción existente para la adquisición o la rehabilitación de la vivienda habitual en lo que concierne a los jóvenes menores de 36 años (artículo 1.3). En este mismo sentido, se crea una bonificación del 99% en la cuota tributaria del Impuesto sobre sucesiones y donaciones por lo que se refiere a las sucesiones que afecten a los sujetos pasivos comprendidos en el grupo I, eso es, a los descendientes y adoptados menores de 21 años, sin perjuicio de la reducción establecida para este grupo en el artículo 20.2.a de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, reguladora del impuesto (artículo 2.3), y se introduce una deducción del 85% en la cuota tributaria del impuesto en el caso de donaciones de dinero de padres a hijos que, con los requisitos que se establecen en esta misma ley, se destinen a financiar la adquisición de la primera vivienda que tenga que constituir la residencia habitual de los hijos menores de 36 años (artículo 2.4).
Con relación a la tasa fiscal sobre el juego (artículo 3), como aspectos más destacados, se mantiene el tipo impositivo en el juego del bingo en el 31 %, se deflacta la escala de gravamen correspondiente al juego en casinos con la finalidad de compensar a los sujetos pasivos de los incrementos meramente nominales de la base imponible derivados de la inflación, y se normalizan las cuantías en euros de la exención correspondiente a las asociaciones sin finalidad de lucro en la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, regulada en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.
El título II (Normas de gestión y acción administrativa) se divide en doce capítulos, referentes a la gestión económico-administrativa (artículo 12), a la gestión administrativa (artículos 13 y 14), y a la acción administrativa en materia de salud (artículo 15), en materia de comercio interior (artículo 16), en materia de ordenación farmacéutica (artículo 17), en materia de carreteras (artículo 18), en materia de protección de animales, caza y pesca fluvial (artículos 19, 20 y 21), en materia de aguas (artículo 22), en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos (artículo 23), en materia de montes (artículo 24), en materia de radiotelevisión (artículo 25), y en materia agrícola y concesional (artículos 26, 27, 28 y 29). La parte final se completa con veintiséis disposiciones adicionales, a efectos de recoger la creación, modificación y extinción de determinados entes públicos instrumentales, entre otras determinaciones normativas que, por razones de técnica legislativa, no tienen cabida a lo largo del articulado de la ley, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Artículo 1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Artículo 2. Impuesto sobre sucesiones y donaciones. Artículo 3. Tasa fiscal sobre el juego. CAPÍTULO II.
TASA PARA AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA, ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS DEL TRANSPORTE Y EXPEDICIÓN DE TARJETAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL MECANISMO DE CONTROL EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR CARRETERA.
Asimismo, constituye el hecho imponible de esta tasa la primera y las posteriores solicitudes de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control del transporte por carretera a que se refiere el Reglamento CEE 1360/2002, de 24 de septiembre, de modificación del Reglamento CEE 3821/1985.
C1. Cuota fija por solicitud, renovación o duplicado de la tarjeta: 22,00 euros.
2.3. AIA Simplificada: 176,98 euros.
2. Quedan exentos del pago de esta tasa los sujetos pasivos que acrediten la condición de jubilado o mayor de 65 años.
Artículo 132. Cuantía y bonificaciones.
Se aplicará una bonificación del 50% de la tasa correspondiente a la licencia de caza a los solicitantes que acrediten la condición de miembros de la Federación Balear de Caza.
TASA POR AUTORIZACIONES EN LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN REGULADA EN LA LEGISLACIÓN DE COSTAS.
10. Se modifica la forma de determinación de la cuantía de la tasa, t, a que se refiere la letra a del artículo 141 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
t = (K*p2/3) / 5,5 11. Se modifica el apartado 3 del artículo 343 bis de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
La tasa por inscripción a INLABAG será de 70,00 euros por muestra.
3. Autorizaciones y ampliaciones. Inscripción de nuevas industrias, ampliaciones y traslados. Sustituciones de maquinaria. Centrales, subestaciones, líneas de alta tensión. Estaciones transformadoras. Aparatos elevadores. Instalaciones de baja tensión. Instalaciones de combustible, aparatos a presión, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Instalaciones frigoríficas. Almacenajes de productos químicos, gases combustibles, receptores de gas. Producción de energía eléctrica en régimen especial (energías fotovoltaicas o eólicas de cogeneración). Contra-incendios.
3.16. Comunicación de datos no confidenciales.
14. Se suprime la tasa por la prestación de servicios docentes por parte de los conservatorios profesionales de música y danza de las Illes Balears correspondiente a la convocatoria extraordinaria del Plan de 1966 contenido en la letra A del artículo 86 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
15. Se añade un artículo al capítulo XXXII -Tasa G-3: Mercancías y pasajeros de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
Artículo 261 bis. Bonificaciones al tráfico marítimo interinsular.
2. Se faculta al Gobierno para que fije porcentualmente las exenciones y bonificaciones fiscales de la tasa G-3 hasta un máximo de un 100 por cien, de manera que se adapten a la regulación estatal que apruebe el régimen económico específico y de prestación de servicios en los puertos insulares de interés general en lo que se refiere al tráfico marítimo interinsular.
Cuando el órgano o la oficina liquidadora donde se presente la declaración o autoliquidación de los impuestos a que se refiere el párrafo anterior de este artículo se considere incompetente, dicho órgano u oficina deberá remitir la documentación correspondiente al órgano u oficina que considere competente.
La remisión se hará de oficio y sin necesidad de notificación personal al presentador de los documentos.
1. La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar realizados a través de las máquinas recreativas se realizará a partir del censo anual comprensivo de las máquinas tipo B o con premio y tipo C de azar que hayan sido autorizadas en años anteriores, así como de los sujetos pasivos y de las cuotas exigibles. Asimismo, se incluirá en dicho censo anual, en su caso, el juego de promoción del trote. El procedimiento relativo a la gestión censal de esta tasa se desarrollará por orden del consejero competente en materia de hacienda.
Artículo 7. Pago telemático preceptivo de determinados tributos. CAPÍTULO IV.
Artículo 8. De la gestión recaudatoria. 1. La recaudación de los recursos cuya titularidad corresponda a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, a sus entidades autónomas o a los organismos o a las entidades de derecho público dependientes, deberá ejercerse por los órganos competentes en cada caso, bajo la coordinación superior del consejero competente en materia de hacienda.
En todo caso, las modificaciones en la estructura de las consejerías o la creación, la modificación o la supresión de entidades instrumentales dependientes de la Administración de la comunidad autónoma que determinen alteraciones en la competencia para la gestión de actuaciones o actividades que den lugar a recursos de derecho público establecidos por ley o reglamento, implican la transferencia en la titularidad de estos recursos y, en su caso, en la competencia para la gestión recaudatoria en periodo voluntario de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.
4. La diferencia entre el remanente líquido de tesorería y las incorporaciones de crédito del ejercicio podrá utilizarse como fuente de financiación para incorporar a los créditos del presupuesto de gastos que el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos determine. Estas incorporaciones no estarán afectadas por la limitación contenida en el párrafo segundo del punto 3 de este artículo.
De acuerdo con lo anterior y dentro del límite de los importes totales de las dotaciones para gastos corrientes, por una parte, y de las dotaciones para gastos de capital, por otra, el importe de cada una de las dotaciones tendrá carácter estimativo, excepto en lo referido a gastos de personal.
La función interventora tiene por objeto controlar los actos, documentos y expedientes a que se refiere el párrafo anterior, con la finalidad de asegurar que la Administración de la comunidad autónoma se ajusta a las disposiciones que resulten de aplicación en cada caso.
5. Se modifica la letra a del artículo 86 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
La fiscalización previa de todos los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir obligaciones de contenido económico o movimientos de fondos y valores, cuyo importe unitario sea superior al fijado reglamentariamente para cada tipo de gasto.
Por otra parte, la fiscalización previa podrá sustituirse por el control posterior en los casos en que así se determine reglamentariamente.
6. Se añade una nueva letra, la letra e, al artículo 94 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
La definición de los procedimientos en materia económico-financiera en lo que afecte al ejercicio de sus competencias en materia de control interno y contabilidad pública.
NORMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
En el caso de que la norma de creación o los estatutos de los entes instrumentales no establezcan los órganos competentes para resolver, deberá aplicarse lo establecido en el apartado 1 de este artículo de acuerdo con la consejería de adscripción.
Artículo 70. La Abogacía de la comunidad autónoma.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la dirección de la Abogacía, podrá fijar la estructura orgánica y las funciones de los servicios jurídicos de las consejerías a efectos de conseguir la efectiva coordinación de los mencionados servicios.
1. La representación y la defensa en juicio de la Administración de la comunidad autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde al abogado titular de la dirección de la Abogacía y a los abogados de la Administración de la comunidad autónoma.
Artículo 14. Modificación de determinados aspectos de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones. CAPÍTULO III.
DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SALUD.
El director general o el órgano de dirección que se determine según lo dispuesto en este artículo.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno y a propuesta del consejero competente en materia de salud se materializará la opción por la existencia del mencionado órgano directivo. En dicho acuerdo se harán constar las diferentes características del nuevo órgano directivo y, en particular, aquéllas que tengan que constar, si procede, en la relación de puestos de trabajo.
Este acuerdo determinará la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo, de acuerdo con el procedimiento específico regulado en la legislación de función pública.
Una vez vigente la modificación de la relación de puestos de trabajo, el consejero competente en materia de función pública, a propuesta del consejero competente en materia de salud, hará el nombramiento correspondiente.
5. El secretario general será nombrado por el consejero competente en materia de salud, a propuesta del director general o del órgano directivo de la entidad.
Los actos del Consejo General agotan la vía administrativa.
Contra los actos del director general o del órgano de dirección del Servicio de Salud puede interponerse recurso de alzada ante el Consejo General, con excepción de las resoluciones dictadas en materia de responsabilidad patrimonial que se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo que dispone la disposición transitoria cuarta de esta Ley.
Contra los actos dictados por otros órganos podrá interponerse recurso de alzada ante el director general o el órgano de dirección del Servicio de Salud.
Hasta que se aprueben los estatutos a que se refiere el artículo 70.2 de la presente Ley, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial del Servicio de Salud de las Illes Balears corresponderá al secretario general y la resolución de éstos, que pondrá fin a la vía administrativa, al director general o al órgano de dirección del Servicio de Salud.
1. La consejería competente en materia de salud deberá nombrar un farmacéutico sustituto, después de solicitarlo el titular de la farmacia, en los supuestos en que concurran en el farmacéutico titular o regente circunstancias de carácter excepcional y limitadas en el tiempo, tales como baja por maternidad, enfermedades que no determinen la incapacidad absoluta del titular o regente, ocupación de cargo público o de los órganos de gobierno de la corporación colegial farmacéutica, estudios de especialización o de formación continua relacionados directamente con la profesión farmacéutica, inhabilitación temporal, o vacaciones por un periodo no superior a un mes al año.
2. Se modifica la letra c del artículo 21 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
El 30 % de las viviendas construidas de segunda residencia, donde se computen cuatro habitantes por cada vivienda, justificado mediante certificaciones relativas a cada uno de los municipios integrados en la zona farmacéutica de la cual se trate emitidas por el secretario del ayuntamiento o por el Instituto Nacional de Estadística.
1. La consejería competente en materia de salud podrá autorizar la existencia de un servicio de farmacia en los centros socio-sanitarios y penitenciarios. Este servicio tendrá por objeto adquirir, custodiar, conservar y dispensar medicamentos y productos sanitarios únicamente a residentes o internos en el correspondiente centro o centros pertenecientes a una misma institución, y deberá estar bajo la responsabilidad de un farmacéutico.
3. Las entidades o agrupaciones ganaderas y los establecimientos detallistas autorizados para la dispensación de medicamentos de uso veterinario deberán contar con un farmacéutico responsable en los términos que se señalen reglamentariamente. Asimismo, deberán reunir los requisitos y las condiciones establecidas en la legislación que les sea de aplicación.
5. Se modifica la letra c del artículo 67 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
La prestación del ejercicio profesional en más de una oficina de farmacia o en más de un establecimiento y/o servicio de los regulados en esta Ley, y en los que figure como responsable. Se exceptúan de esta incompatibilidad los establecimientos dispensadores de medicamentos de uso veterinario previstos en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CARRETERAS.
Se modifica la letra e del apartado 3 del artículo 33 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
Las conducciones eléctricas, hidráulicas y similares de interés público enterradas podrán autorizarse a una distancia no inferior a los tres (3) metros de la arista de explanación de la carretera, fuera de la zona de dominio público. Bajo la calzada, los cruces deberán realizarse por la solera de las obras de fábrica existentes, en galerías o tubos dispuestos previamente a este objeto o construidas con medios que no alteren el firme; excepcionalmente, podrán autorizarse rasas en la calzada por razones de extrema urgencia o necesidad, o previamente a una obra de renovación del firme existente. En las travesías, las conducciones deberán ir debajo de las aceras o las zonas con dicho destino siempre que sea posible.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Administración titular de la carretera podrá autorizar, excepcionalmente y en función de las exigencias del sistema viario, la ocupación del subsuelo de la zona de dominio público, preferentemente a una franja de un (1) metro situada en la parte más exterior de dicha zona, para la implantación o la construcción de las infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios esenciales de interés público. La Administración actuante determinará las condiciones a las que deberán sujetarse estas autorizaciones a precario, los derechos y las obligaciones que asume el sujeto autorizado, el plazo de duración de la autorización, si procede, el canon de ocupación que, en su caso, se fije, y los supuestos de revocación.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE ANIMALES, CAZA Y PESCA FLUVIAL.
1. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, que pasa a tener la siguiente redacción:
La celebración de competiciones de tiro al pichón o de codorniz, siempre y cuando sean promovidas por sociedades de tiro, bajo el control de la respectiva federación, y cuenten con la autorización de la consejería competente en materia de caza. En ningún caso se permitirán las replazas ni otra práctica que suponga tiros adicionales a los dos que corresponden al competidor.
2. Se añade una nueva letra, la letra d, al apartado 2 del artículo 4 de la Ley 1/1992, de 8 de abril, de protección de los animales que viven en el entorno humano, con la siguiente redacción:
Las tiradas y los campeonatos de tiro de codornices lanzadas a máquina, siempre que sean promovidas y controladas por la Federación Balear de Caza y cuenten con la autorización de la consejería competente en materia de caza.
Este deporte se regirá por el Reglamento de campeonatos de codornices lanzadas a máquina de la Federación Española de Caza.
La consejería competente en materia de caza autorizará la expedición de licencias, después de la tramitación del correspondiente expediente. La renovación de estas licencias será anual. No obstante y a petición del cazador, podrán expedirse licencias de hasta tres años de validez, haciéndose constar en la misma cartulina.
La acción para denunciar y perseguir a los infractores de esta Ley de pesca fluvial es pública. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años, las menos graves al año y las leves a los seis meses, a contar a partir del día en que las infracciones se hayan producido.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas menos graves y leves al año.
Las faltas leves serán sancionadas con multa de 100,00 a 500,00 euros.
Las faltas muy graves serán sancionadas con multa de 5.000,01 a 15.000,00 euros.
Artículo 22. Normas en materia de aguas. 1. 2. 3. 4. Normas relativas a la gestión de la demanda de agua.
4.1 El Gobierno de las Illes Balears, mediante decreto, deberá establecer medidas para la gestión de la demanda del agua y, como mínimo, las siguientes:
Un programa obligatorio de instalación de contadores individuales de agua, así como instalaciones de fontanería de bajo consumo y ahorradora de agua en todas las viviendas, establecimientos turísticos, industriales, comerciales y agrícolas e instalaciones urbanas de nueva construcción que requieran suministro de agua.
Un plan de gestión de la demanda de agua, entendido como un conjunto de actuaciones y actividades que permitan reducir la demanda, mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos disponibles en el futuro, que tendrá que incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:
Extracciones y facturación existente, análisis de su evolución en el tiempo y previsiones de crecimiento.
Universalización de la instalación de contadores individuales.
Universalización de fontanería y sanitarios de bajo consumo.
Medidas de detección y reducción de fugas.
Sustitución de redes y sectorialización adecuada.
Reutilización de aguas residuales tratadas para riego de zonas verdes.
Establecimiento de tarifas progresivas que graven los consumos suntuarios y abusivos.
Campañas de concienciación ciudadana y asesoramiento al usuario.
Cuantificación detallada, con indicación de los plazos de ejecución y sistemas de financiación.
4.2 La elaboración y la ejecución de los programas y planes a que se refiere este artículo corresponderán a los ayuntamientos, a los consejos insulares y al Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con el orden de distribución de competencias establecido en la legislación vigente.
4.3 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, en los núcleos urbanos legalmente constituidos que no dispongan de otra fuente alternativa de agua para su abastecimiento, la Administración hidráulica, después de hacer los estudios adecuados, podrá otorgar nuevas concesiones para abastecerlos, a petición razonada del ayuntamiento al cual pertenezca el núcleo, la cual tendrá que ir acompañada del plan de gestión de la demanda de agua a que se refieren los apartados anteriores de este artículo.
5.1 Se declara servicio público de carácter autonómico, en régimen de concurrencia con los particulares, el abastecimiento de agua en alta a favor de los ayuntamientos para consumo doméstico.
5.2 El citado servicio público podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente.
5.3 Reglamentariamente se fijarán las condiciones de prestación del citado servicio público, así como su contraprestación pecuniaria, que tendrá la consideración de precio público.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RADIOTELEVISIÓN.
La elección para cada lugar en el Consejo de Administración lo será de titular y de suplente, el cual deberá ocupar el cargo de manera automática ante una eventual vacante.
4. La condición de miembro del Consejo de Administración será incompatible con cualquier clase de vinculación, ya sea directa o indirecta, con empresas publicitarias, empresas de producción o distribución de películas cinematográficas o de programas filmados o gravados en magnetoscopio o radiofónicos, discográficas, cintas magnetofónicas o similares, así como las dedicadas a la provisión o dotación de programas o de material a RTVE, a la Compañía y a cualquier otra sociedad de radio o televisión. También será incompatible con todo tipo de prestación de servicios o relación laboral en activo con la Compañía, con RTVE o con las sociedades de ambos entes, así como con cualquier otra entidad pública o privada.
2. Si en el decurso de la legislatura es necesario proceder a la sustitución de cualquier consejero, su suplente ocupará, a los efectos del turno rotatorio en la presidencia, el lugar que corresponda al sustituido.
3. El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria como mínimo una vez al mes y también, en caso de urgencia, cuando lo solicite la mayoría absoluta de sus miembros. La convocatoria se efectuará por escrito y deberá incluir, en todo caso, el orden del día.
4. Se pueden tratar otros asuntos diferentes de los incluidos en el orden del día siempre que estén presentes todos los miembros y se declare la urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría.
2. Estos acuerdos deberán adoptarse por mayoría simple, excepto los incluidos en los apartados b, d, f, g, h y k, que se adoptarán por mayoría de dos tercios. Con respecto al apartado b, si no se alcanza la mayoría mencionada, se entiende que el Consejo de Administración se abstiene de emitir su opinión sobre este nombramiento y que el trámite se considera cumplido. Con relación a los apartados d, f y g, será suficiente la mayoría absoluta de los miembros del Consejo de Administración, una vez que haya transcurrido un mes sin recaer acuerdo por mayoría cualificada de dos tercios.
Por lo que se refiere al apartado h, y para el caso de que no se llegue a ningún acuerdo por mayoría de dos tercios, el anteproyecto de presupuestos se remitirá al Gobierno en el plazo legal, haciendo constar el sentido del voto de cada uno de los miembros del Consejo de Administración.
7. Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 9 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
Tres vocales designados uno por cada consejo insular.
3. El cargo de director general es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público y está sujeto al régimen de incompatibilidades de altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears y al que se indica para los miembros del Consejo de Administración.
9. Se modifica la letra d del apartado 1 del artículo 12 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
Incurrir en causa de incompatibilidad.
2. No obstante, el Gobierno podrá disponer el cese del director general, a propuesta del Consejo de Administración, fundamentándose en alguno de los supuestos anteriores y adoptando el acuerdo por mayoría de dos tercios.
El presupuesto y la contabilidad de la Compañía de Radiotelevisión de las Illes Balears y de sus sociedades tienen que ajustarse a lo previsto en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en la normativa reglamentaria de desarrollo.
2. La fiscalización de la actividad económicofinanciera del ente público y de sus empresas públicas y filiales será ejercida por la Intervención General de la comunidad autónoma, de conformidad con lo previsto en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Asimismo, dicha actividad se somete al control de la Sindicatura de Cuentas en los términos previstos en su ley reguladora, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder al Tribunal de Cuentas.
2. Las sociedades gestoras y las filiales se financiarán a través de transferencias y aportaciones públicas consignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, a través de la comercialización y la venta de sus productos, y mediante una participación en el mercado de la publicidad.
3. Por decreto del Consejo de Gobierno de las Illes Balears se establecerá la adscripción administrativa del ente público de Radiotelevisión de las Illes Balears.
Mientras no se lleve a término la constitución del Consejo de Administración y del Consejo Asesor regulados en esta ley, sus funciones serán ejercidas por el Consejo Asesor de Radio y Televisión Española en las Illes Balears.
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA AGRÍCOLA.
La asunción efectiva de los servicios por parte de la Administración portuaria.
El otorgamiento de un nuevo título concesional.
El transcurso de un año desde el vencimiento de la concesión, siempre que el titular haya manifestado con una antelación de cuatro meses su intención de abandonar los espacios afectos a la concesión.
Se modifica la letra b de la disposición adicional sexta de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción:
Empresa pública, constituida como sociedad mercantil, cuyo objeto es la gestión y la prestación de servicios a los sectores agrario y pesquero.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública de las tipificadas como entidad de derecho público que debe someter su actividad al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de turismo, cuya finalidad institucional será el fomento de la calidad turística, la promoción de la investigación y de las tecnologías turísticas, y la aplicación de las inversiones para la mejora del entorno turístico.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.a de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 46 de la Ley 2/1989, de 5 de febrero, de función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se crea la Escuela Balear de Administración Pública como entidad autónoma de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, adscrita a la consejería competente en materia de función pública.
Los cargos directivos de la Escuela Balear de Administración Pública con competencia general que no se asimilen en rango al de director general pueden ser ocupados por funcionarios públicos o bien por personal laboral contratado al amparo de la relación especial de alta dirección.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. 1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública con forma de entidad de derecho público que ha de someter su actuación al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, cuya finalidad institucional será la gestión de los parques y otras figuras de especial protección al amparo de Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública de las tipificadas como entidad de derecho público que ha de someter su actividad al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de educación y cultura, la cual debe ejercer el control de eficacia de su actividad.
Atendidas las características especiales del personal laboral que presta servicios en los centros del Instituto Balear de Asuntos Sociales, se mantiene la vigencia de los bolsines de personal laboral no permanente para cubrir bajas y contrataciones urgentes de determinadas categorías de personal de los centros que no hayan sido objeto de transferencia a los consejos insulares.
4. Se facultan los consejeros competentes en materia de servicios sociales, hacienda y presupuestos y función pública para que, en cada caso, dicten las disposiciones oportunas y adopten las medidas que sean necesarias para la asignación y redistribución efectiva de los recursos humanos y materiales al efecto de ejecutar todo lo establecido en la presente disposición.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA.
Se declara de interés general la línea eléctrica de 66 kV de alimentación en la estación de bombeo del transvase de agua de Sa Costera, a la que no será de aplicación lo dispuesto en el decreto de aprobación del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears en relación con el soterramiento de las líneas de alta tensión.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA.
Regadío con aguas regeneradas de la EDAR de sa Pobla, en el término municipal de sa Pobla (Mallorca).
Acondicionamiento de la acequia de la Font de la Mare de Déu de Biniaraix, en los términos municipales de Fornalutx y Sóller (Mallorca).
Acondicionamiento de la red de acequias de la comunidad de regantes del Vall de la Nou, en el término municipal de Manacor (Mallorca).
Mejora de la red de acequias de la Font de s'Ull de S'Aigo de Estellencs, en el término municipal de Estellencs (Mallorca).
Mejora del regadío de la Font de la Vila de Banyalbufar, en el término municipal de Banyalbufar (Mallorca).
Regadío con aguas regeneradas de la EDAR de Santa María, en el término municipal de Santa María (Mallorca).
Industria Transform. Agraria
2. Condicionado según establece el Plan Territorial Insular.
2-3. Prohibido con las excepciones que establece el Plan Territorial Insular (3).
1. Los usos ubicados en las reas de prevención de riesgos sólo se podrán autorizar previo informe de la Administración competente en materia de medio ambiente.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, en las áreas de prevención de riesgos de incendios, cuando se destinen a usos o actividades que supongan viviendas e incorporen medidas de seguridad vial para garantizar el acceso de personas y vehículos, depósitos de aguas para una primera situación de emergencia, así como actuaciones a la vegetación en un radio de 30 metros alrededor de las edificaciones para reducir la carga de combustible, se les aplicará el régimen de usos previstos a la categoría de suelo que se correspondería en ausencia de este riesgo de incendio.
2. A los efectos de la aplicación transitoria de esta Matriz, en relación al sector primario, se entienden incluidos los usos a que se refiere la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, aunque no estén previstos en los instrumentos de planeamiento general.
3. La utilización de vivienda unifamiliar aislada dentro de ANEI sólo se podrá permitir en las islas de Eivissa y Formentera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA.
2. Lo establecido en el apartado segundo del arculo 30 de la Ley 20/2001, de 21 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, se hace extensivo, con efectos desde primero de enero de 2004, al personal laboral fijo de las empresas públicas a que se refiere el punto 1 de la letra b del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOPRIMERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOSEGUNDA.
Se añaden tres nuevos párrafos al final de la letra b del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:
Se añade un nuevo párrafo al final de la letra f del número 1 del artículo 10, con la siguiente redacción:
El acuerdo en el que se disponga el nuevo periodo de información pública deberá revisar el alcance y los efectos de la suspensión a que se refiere la letra b, debiendo incorporar a tal efecto un nuevo informe favorable de la Comisión de Coordinación de Política Territorial.
Se modifican las letras a y b del número 2 del artículo 13, que quedan redactadas de la siguiente manera:
La iniciación del procedimiento corresponde a la consejería competente en la materia objeto de ordenación.
La aprobación inicial corresponde a la consejería competente en la materia objeto del plan.
Se añade un nuevo número 4 al artículo 13, pasando a ser el punto 4 actual el punto 5, con la siguiente redacción:
Se modifica el número 1 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:
Se modifica la letra c del número 2 del artículo 17, que queda redactada de la siguiente manera:
Una vez estudiados las alegaciones y los informes emitidos, el mismo órgano que aprobó inicialmente la norma territorial cautelar la aprobará definitivamente en el plazo máximo de seis meses, contadores desde la aprobación inicial, transcurridos los cuales la aprobación no producirá ningún efecto.
Se modifica el número 5 del artículo 17, que queda redactado de la siguiente manera:
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.d de la Ley 16/2001, la tramitación de los expedientes de expropiación, incluido su pago, atendiendo a las obras citadas, corresponderá al consejo insular respectivo.
2. El Gobierno de las Illes Balears está facultado para llevar a cabo la licitación, la contratación y el pago de las obras previstas en el Convenio de carreteras firmado con la Administración del Estado, bajo cualquier forma de financiación legalmente prevista para ello, incluida la relativa al contrato de concesión de obra pública regulado en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, o la relativa al contrato bajo la modalidad de abono total del precio previsto en el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOCUARTA. DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGESIMOQUINTA.
La Consejería de Medio Ambiente podrá denegar las solicitudes de autorizaciones de los centros de tratamiento de vehículos fuera de uso señalados en el artículo 2.g del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil, incluidas las que están pendientes de resolución a la entrada en vigor de esta Ley, cuando concurran las siguientes circunstancias:
Que a la vista de las autorizaciones ya concedidas, su ubicación territorial y la demanda previsible de baja de vehículos, se considere que están suficientemente cubiertas las necesidades de los citados centros en el conjunto de la comunidad autónoma o en una parte determinada de su territorio.
Que la utilización de nuevas instalaciones constituyera un impedimento para poder cumplir de forma adecuada los objetivos previstos en el citado real decreto, en el Plan nacional de vehículos al final de su vida útil y, en su caso, en la planificación autonómica.
Palma, 22 de diciembre de 2003.
Consejero de Economía, Hacienda e Innovación.
Disposiciones adicional tercera (apdo. 1) y adicional vigesimotercera (apdo. 2):
Redacción según Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. Artículo 8 (apdo. 2 segundo párrafo) :
Añadido por Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012 Artículo 22 (apdo. 1):
Artículo 22 (apdo. 1):
Derogado por Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible Artículos 1, 2, 3, 7 y 22 (apdos. 2 y 3):
Derogado por Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. Disposición adicional decimoséptima:
Derogada por Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO).
Artículo 8; Disposición adicional cuarta:
Redacción según Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículo 14:
Derogado por Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.
Disposiciones adicional décima y adicional duodécima:
Derogada por Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears. Artículo 8 (apdo. 2):
Redacción según Ley 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. Artículos 8 (apdos. 2, 3 y 4), 10 (apdo. 1) y 11 (apdo.1):
Redacción según Ley 3/2008 de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. Disposiciones adicional decimoctava, vigésimo primera y vigésimo cuarta :
Derogados por Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears. Anexos omitidos. Pueden consultarse en el Boletín Oficial del Estado número 26, de 30 de enero de 2004.
LEY 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación TerritorialLEY 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes BalearsREAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de AguasLEY 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de Servicios Sociales y Seguridad SocialLEY 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y AdministrativasLEY 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsLEY 5/2003 de 4 de abril, de Salud de las Illes BalearsLey 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función públicaLEY 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO)LEY 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Islas BalearesLEY 12/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2006LEY 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativasLEY 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Illes BalearsLEY 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y DonacionesLEY 25/2006, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativasLEY 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativasLEY 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Illes BalearsLEY 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes BalearsLEY 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears	Cerrar PDF
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