Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-38851-de-abril-17-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_df608b26f979010ce0430a010151010c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-28 20:28:06
Document Index: 405056753

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'artículo 94', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 210', 'artículo 97', 'artículo 461', 'artículo 123', 'artículo 125', 'artículo 150', 'artículo 123', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 38', 'artículo 1', 'artículo 339', 'artículo 339', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 94', 'artículo 94', 'artículo 5', 'artículo 18']

﻿ Sentencia 38851 de abril 17 de 2013
CONTENIDO:NO TODOS LOS TRABAJADORES DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SON OFICIALES. SE RE AFIRMO QUE NO TODAS LAS PERSONAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA TIENEN LA CONDICIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES NI DE EMPLEADOS PÚBLICOS, PUES ELLO SOLAMENTE ES POSIBLE EN AQUELLAS QUE TENGAN UNA PARTICIPACIÓN ESTATAL DEL 90% O MÁS, PUESTO QUE LAS DEMÁS SE RIGEN POR EL DERECHO PRIVADO Y SE CONSIDERAN EN CONSECUENCIA TRABAJADORES PARTICULARES, SALVO LAS EXCEPCIONES QUE CONSAGRE LA LEY, COMO LO PREVEÍA EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO 130 DE 1976.
TEMAS ESPECÍFICOS:BANCO HIPOTECARIO, TRABAJADOR OFICIAL, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, PENSIÓN DE VEJEZ, REGLAS DE LA JURISPRUDENCIA
Sentencia 38851 de abril 17 de 2013
Lo interpuso la parte actora, quien al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso, que fue replicado, pretende que se case totalmente la sentencia en cuanto declaró la excepción de cosa juzgada y confirmó la absolución decretada por el juzgado, para que en instancia, se revoque la de primer grado que absolvió y en su lugar, se condene conforme a las pretensiones de la demanda inicial.
Los dos primeros cargos están orientados por la vía directa, denuncian disposiciones similares y plantean alegatos análogos pero adecuándolos a la modalidad de violación escogida; el tercero está conformado únicamente por la proposición jurídica y el cuarto no presenta dicha proposición, por lo que entiende la Sala que estos dos últimos constituyen en realidad un solo cargo y así serán estudiados; por lo tanto, al perseguir todos el mismo objetivo, se decidirán conjuntamente.
Dice que por infracción directa se infringieron los artículos 123 de la Carta Política, 4º del C.S.T., 1º y 3º del Decreto 1848 de 1969, 8º, 25 y 30 del Decreto 1050 de 196838, 1º del Decreto 2822 de 1991, 461 del C. Co., 35 de la Ley 712 de 2003, como medio, 4º, 121, 150-7, 380, 210 de la C.N., 5º-1 de la Ley 57 de 1887, 4º, 467, 468, 476 y 492 del C.S.T., el 1º del Decreto 797 de 1949, el 7º de la Ley 4ª de 1976, 21, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 16, 30 a 33, 47 literal G, 49, 50 del Decreto 2127 de 1945, 4º de la Ley 33 de 1985, 177 del C.P.C., 4º, 121, 150-10, 210, 211 de C.P y 136 del C.C.
En la demostración, luego de enumerar varias de las preceptivas enlistadas en la proposición jurídica, sostiene que desde la demanda inicial se planteó el problema de la naturaleza jurídica del banco y la condición de trabajador oficial del demandante; que no se controvierte que laboró para el banco, así como tampoco los extremos temporales del contrato, su despido por parte del empleador el 13 de marzo de 1996 y que por sentencia judicial se condenó a la entidad bancaria a pagar al actor la pensión compartida con el ISS.
Se refiere a varios artículos de la Carta Política sobre la función administrativa, a la creación del Banco demandado, su estructura y organización y a las entidades descentralizadas, para después afirmar que el ad quem desconoció la naturaleza jurídica del Banco, pues lo que correspondía era declarar que el actor tenía la condición de trabajador oficial, omisión que conlleva a la equivocación jurídica que se le endilga. Que en ese orden, es importante que la Corte cambie su criterio en cuanto a la naturaleza jurídica del banco, de conformidad con los artículos 123 y 210 de la Carta Política y demás normas relacionadas en la proposición jurídica, ya que si bien el Decreto 2822 de diciembre 18 de 1991 le quitó al Banco la calidad de empresa industrial y comercial del Estado, sin embargo la dejó como entidad descentralizada.
Sostiene que por vía directa se aplicaron indebidamente los artículos 8º del Decreto 1050 de 1969, 2º y 3º del Decreto 130 de 1976, 3º del Código Sustantivo del Trabajo, 7º del Decreto 2822 de 1991, 332 y 357 del Código de Procedimiento Civil, 145 del C.P.L. y S.S., lo que condujo a no aplicar los artículos 1º y 3º del Decreto 1848 de 1969, 11 de la Ley 6ª de 1945, 4º, 467, 468, 476 y 492 del C.S.T., 1º del Decreto 797 de 1949, 4º de la Ley 4ª de 1976, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 16, 30 a 33, 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 4º de la Ley 33 de 1985, 464 y 465 del Decreto 410 de 1971, 177 del Código de Procedimiento Civil, 4º, 53, 123 y 150-10 de C.P., 210, 211 y 380 de la Carta, 31 del Decreto 3130 de 1968, 1740 del C.C. y 1502, 1508 y 1525 1515 del Código Civil.
En su desarrollo afirma que el tribunal incurrió en el desatino de no separar la actividad comercial de la actividad administrativa del banco, pues según la primera función, las operaciones activas, las pasivas y las neutras no tiene relación con la operación administrativa, por lo que el sentenciador se equivocó en aplicar la norma privada a un hecho netamente administrativo como es la actividad con sus trabajadores, que se rigen por normas especiales administrativas y no por las de derecho privado. Reitera nuevamente que de acuerdo con los artículos 123 de la Constitución Política y 1º, numerales 1 y 3 del Decreto 1848 de 1969, los trabajadores del banco son primeramente servidores públicos y trabajadores oficiales por ser entidad descentralizada del orden nacional.
Acusa por vía indirecta la aplicación indebida de los artículos 25, 60, 66 A y 145 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 174, 177, 332 y 357 del Código de Procedimiento Civil, como violación de medio, lo que condujo a la violación “fín” 145 de los artículos 1º y 7º del Decreto 1848 de 1969, 11 de la Ley 6ª de 1945, 467, 468, 476 y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º del Decreto 797 de 1949, 4º de la Ley 4ª de 1976, 21, 36 y 141 de la Ley 100 de 1993, 94 del Reglamento Interno de Trabajo, 45 de los estatutos del BCH., 16, 30 a 33, 16, 48 y 49 del Decreto 2127 de 1945, 1º y 4º de la Ley 33 de 1985, 464 del Decreto 410 de 1971, 19 y 20 del Decreto 130 de 1976, 150-10 y 210 de la Carta Política, 31 del Decreto 3130 de 1968 7 17 y 49 de la Ley 6ª de 1945.
En el acápite respectivo no relaciona los medios de prueba que eventualmente fueron examinados equivocadamente por el fallador de la alzada o cuáles elementos de convicción dejó de analizar, como tampoco relaciona los desatinos de hecho en que pudo incurrir el tribunal. Así mismo, no explica en qué pudo consistir la eventual lectura equivocada del material de convicción por parte del ad quem. Sin embargo, en el cuarto cargo presenta la demostración respectiva, por lo que, como antes se dijo, este y el tercero se estimarán como uno solo.
Para el efecto, transcribe pasajes del pronunciamiento C-546 del 25 de noviembre de 1991.
Relaciona los siguientes errores de hecho:
“1. No dar por demostrado, estándolo, que el actor entre el 24 de mayo de 1973 y el 13 de marzo de 1996 es un trabajador oficial del Banco Central Hipotecario folios 37 a 38, 146 a 165, 234 a 236, 347 a 252.
2. No dar por demostrado, estándolo que el actor cumple con los requisitos de la pensión legal de servicios de la ley 33 de 1985, que debe reconocer y pagar el demandado.
3. Dar como probado, no estándolo, que la sentencia 77 (fl. 93 a 98), 036 (f.99 a 108), 042 (fl. 109 a 125) y 12636 del 31 m de marzo de 2000 (fl. 141 a 145) que compendian el proceso 522 de 1996, suerte (sic) los efectos de cosa juzgada con relación al proceso presente 109 de 2002,
4. Dar por demostrado sin estarlo, que hay ausencia de causa petendi, de la revisión de la mesada pensional incoada”.
Sostiene que los documentos de folios 37 a 38, 146 a 165, 234 a 247 y 249 a 252 acreditan el contrato de trabajo entre el actor y el BCH iniciado el 24 de mayo de 1973; se refiere a los artículos 2º y 113 del reglamento interno de trabajo que trascribe; a los documentos que demuestran la terminación de la relación laboral, a la sentencia 12636 sin indicar su fecha, a los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968 y 123 de la Carta, para colegir que el actor siempre estuvo vinculado al BCH como trabajador oficial, por lo que a su juicio salta a la vista la equivocación del tribunal.
Frente al tema de la cosa juzgada, efectuó lo que denominó un “paralelo” entre las sentencias proferidas en los procesos 522 de 1996 y 109 de 2002, luego de lo cual afirma que no ocurrió plenamente el fenómeno referido, en razón a que en el ordinal 3º se absolvió al BCH de los demás cargos formulados en la demanda, y que si se examina detenidamente tal pronunciamiento, nunca se refirió a la cesantía, sus intereses, las primas y las vacaciones, de lo que se concluye que el a quo no absolvió por carencia de motivación, dejando libre para demandar en proceso diferente, que es lo que ocurre con el de 2002.
Aduce que en los folios 2º, 3º y 8º se relacionan las pretensiones 1ª, 2ª, y 3ª que apreció equivocadamente el fallador de segundo grado; que si bien la documental de la sentencia impugnada es compleja, en ella se vulneran los derechos ciertos del actor como trabajador oficial, tratado por el ad quem como de carácter particular, al no aplicarle el beneficio de los Laudos y de los acuerdos convencionales, entre ellos que la pensión del artículo 94 reglamentario es equivalente al 91.222%, lo que arroja una primera mesada de $781.27.70 y no los $568.231.65 reconocidos. Agrega, que la pensión actualizada hoy corresponde a $2.500.413.16.
Discrimina las fechas y los pasos seguidos para la práctica de la inspección judicial, dentro de la cual sostiene que se aportaron entre otros documentos, las liquidaciones de prestaciones sociales, lo que a su juicio desvirtúa la inferencia del fallador de la alzada, consistente en que tal diligencia no se decretó sino que se realizaría si fuera necesario.
Insiste en que el aserto del tribunal de la no existencia de soporte claro de las pretensiones, queda sin piso con los elementos de convicción que se aportaron al expediente, cuyos folios relaciona.
Finalmente, enuncia las pruebas que considera apreció equivocadamente el Tribunal y las que no estimó, y que generaron los errores de hecho que antes se precisaron.
Sostiene que dada la vía escogida para formular los dos primeros cargos, no era procedente referirse al aspecto fáctico, mientras que en la acusación por vía indirecta no explicó en qué pudo consistir el desatino del fallador de la alzada al examinar el material probatorio. Que el tribunal no se equivocó cuando consideró que el actor al momento de su desvinculación tenía la condición de trabajador particular, por lo cual no accedía a la pensión de la Ley 33 de 1985, y que la reliquidación pretendida no era próspera.
Para resolver la controversia relacionada con la pretensión que busca obtener la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, sobre la base de que el actor fue trabajador oficial durante más de veinte (20) años, el tribunal se fundamentó en un pronunciamiento suyo proferido con respaldo en el criterio jurisprudencial de la Corte expuesto en la sentencia del 10 de noviembre de 1998, radicado 10876, en la que examinó el artículo 1º del Decreto 2822 de 1991, para concluir que como esta norma suprimió la parte de la disposición anterior (D. 80/76, art. 38), que disponía que a pesar de ser el BCH una sociedad de economía mixta, el régimen aplicable a sus trabajadores era el de las empresas industriales y comerciales del Estado agregando que a partir de la expedición de dicho texto legal la determinación de la naturaleza jurídica de un trabajador del banco pasaba forzosamente por dilucidar el aporte estatal en determinado momento en atención a lo que establecen los artículo 2º y 3º del Decreto Extraordinario 130 de 1976. Hechas esas precisiones, se puso en la tarea de establecer la composición del banco para el momento en que terminó el contrato de trabajo del actor, encontrando que “según el documento de folio 137 para el año 1997, la composición accionaría (sic) correspondía a capital privado en un 72.43%... siendo esto así el demandante al momento de su desvinculación tenía el carácter de trabajador asimilado en lo laboral a un particular”.
6.2.1. El artículo 210 de la Constitución Política autoriza al legislador para establecer el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. Como dentro de esta categoría se incluyen tanto las sociedades de economía mixta, como las empresas de servicios públicos, debe concluirse que su régimen jurídico es el señalado en la ley. Ahora bien, el señalamiento del tipo de vínculo que une a los trabajadores de las sociedades de economía mixta o de las empresas de servicios públicos con esta clase de entidades descentralizadas es un asunto que forma parte de la definición del régimen jurídico de las mismas, y que por lo tanto debe ser establecido por el legislador. (resaltado fuera del original).
Ahora bien, como se hizo ver ad supra, en ejercicio de esta facultad el legislador estableció en el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 que “las sociedades de economía mixta son organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial y comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley”. (destaca la Corte) Y el Código de Comercio en su artículo 461 dispone que “son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. (destaca la Corte)
6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que "son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". (resalta la Corte) A su turno, el artículo 125 ibídem establece que "los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley". Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales(64). (resaltado no es del original). Estos últimos, como es sabido, no se vinculan a la Administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también ha hecho ver que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes de las mencionadas, para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política(65). Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar distintas categorías jurídicas.
Nótese que allí nada se dijo en relación con las personas que prestaran sus servicios en las sociedades de economía mixta, situación que vino a ser corregida por el Decreto Reglamentario 1848 de 1969, mas en todo caso para efectos del caso que es materia de análisis interesa resaltar que elartículo 8º del Decreto 1050 de 1968 definió las sociedades de economía mixta como “organismos constituidos bajo la forma de sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagre la ley”. (resaltado no es del original), norma que vino a ser complementada por el artículo 3º del Decreto 3130 de 1968, que dispuso:
La interpretación armónica y sistemática de esas disposiciones ha permitido entender que los servidores de las sociedades de economía mixta se regían por el derecho privado, es decir no eran empleados oficiales, “salvo las excepciones que consagre la ley”, como lo dispuso el artículo 8 del Decreto 1050 de 1968, o los que laboraran en aquellas en las que la participación del Estado fuera del 90% o más de su capital social, conforme lo consagró el texto legal que se transcribió líneas arriba.
Lo anterior fue corroborado por los artículos 2 y 3 del Decreto 130 de 1976, cuyo texto, en su orden es el siguiente:
“En efecto, si bien es cierto que antes de la vigencia del Decreto 2822 de diciembre 18 de 1991 era indiferente entrar a determinar la composición accionaria del Banco Central Hipotecario, en virtud a que pese a ser una sociedad de economía mixta el régimen aplicable a sus trabajadores era el de las empresas industriales y comerciales del Estado por expreso mandato del artículo 38 del Decreto 80 de 1976 y 2.4.3.1.1 del Decreto 1730 de 1991, también lo es que con posteridad a la expedición del aludido Decreto 2822 de 1991 que en su artículo 1º suprimió la parte pertinente donde se disponía el sometimiento de la entidad bancaria demandada al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, ya se hace necesario dilucidar el aporte estatal en atención a lo que establecen los artículos 2º y 3º del Decreto Extraordinario 130 de 1976.(Rad. 10876 – nov. 10/98)’.
A ello se agrega que el artículo 339 del Decreto 663 de 1993 no derogó el Decreto 2822 de 1991, pues aquella disposición se limitó a señalar la fecha de vigencia del decreto, que ‘sustituye e incorpora’ otros cuerpos normativos anteriores, entre ellos, el citado Decreto-Ley 2822 de 1991, lo cual no puede interpretarse como una derogación general expresa, pues si bien es posible que algunas disposiciones de las leyes o decretos preexistentes que sean contrarios a la nueva regulación sufran un efecto derogatorio, es posible que otras que se avienen a ésta más bien se entiendan incorporadas a la misma, de suerte que la sola invocación del artículo 339 del Decreto 663 de 1993 no es suficiente para concluir la derogación del artículo 1º del Decreto 2822 de 1991.
De igual modo, la circunstancia de que el Decreto 20 del 12 de enero de 2001 se haya referido al Banco Central Hipotecario como sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, de ninguna manera quiere decir que se produjera la transmutación de la calificación realizada en el Decreto 2822 de 1991, porque es obvio que, tratándose de entidades descentralizadas del orden nacional, la competencia para su creación y la definición de su naturaleza jurídica estaba y está radicada en el Congreso de la República, tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como en la actual, que podía facultar pro tempore al Presidente de la República para que ejerciera esas facultades, y por ello precisamente el artículo 19 de la Ley 45 de 1990 hizo uso de tales facultades para que el citado mandatario determinara la fusión, absorción, escisión, transformación conversión, modificación de la naturaleza jurídica, liquidación y cesión de activos, pasivos y contratos de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria con régimen de empresas industriales y comerciales del Estado o sujetas a este régimen. Y justamente, en desarrollo de esas facultades, fue expedido el Decreto-Ley 2822 de 1991 ya referido, o sea que el acto de cambio de naturaleza jurídica del Banco Central Hipotecario se hizo a través de acto idóneo constitucional y legalmente y por lo mismo su modificación posterior debía ser por medio de acto de la misma jerarquía, requisito que no alcanza el Decreto 20 de 2001, el cual, antes que pretender cambiar la naturaleza jurídica de esa entidad, más bien apuntó a ordenar su disolución y liquidación, de manera que la mención que allí se hace del Banco no tiene la repercusión que aduce el recurrente”. (Sent. Rad. 34582 de 2009)”.
El fallador de la alzada, en lo que respecta a las pretensiones de cesantía, intereses, reajuste de lo liquidado por despido, vacaciones, pago de conceptos cancelados a la universidad, perjuicios morales por el despido, indemnización por beneficios dejados de recibir de la caja de previsión del BCH y pago de los mayores perjuicios materiales por incumplimiento de sus compromisos comerciales, consideró inicialmente que “ninguna de ellas esta (sic) avalada en hechos que soporten las mismas en la demanda”, por lo que se inobservó el artículo 25 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, en cuanto dispone que en la demanda inicial deben enunciarse los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones. Destaca que si bien el hecho séptimo señala que todos los factores de la liquidación final fueron irreales y ello se puede verificar en la inspección judicial, no indicó con claridad cuáles valores dejaron de tenerse en cuenta para la cesantía, cuáles fueron los conceptos pagados por la universidad, “en que (sic) consiste materiales mayores” (sic) y cuáles fueron los valores dejados de percibir por bonificaciones; por lo tanto, concluye “esa falta de claridad, de precisión dichas pretensiones ahora en estudio llevan al fracaso”.
Corresponde agregar que el recurrente entiende que no se produjo la cosa juzgada porque el juzgado y por consiguiente el ad quem no individualizaron las demás pretensiones de la demanda, sino que genéricamente absolvieron de las mismas, pero esto no es motivo que le de razón porque la fórmula utilizada por los juzgadores de instancia, según lo señala el censor, supone implícitamente un pronunciamiento de fondo sobre las mismas. Tampoco está en lo cierto el recurrente, cuando plantea la no ocurrencia de la cosa juzgada con respecto de varias pretensiones de la primera demanda porque no hubo fundamentación ni estudio de las mismas por parte del juzgado, pero es claro que si ello ocurrió así, el demandante ha debido solicitar la adición de la sentencia o apelar de la misma en esos aspectos, pero no hizo una cosa ni la otra, pues si bien en la sentencia de segundo grado del primer proceso (fl. 426), se consignó inicialmente que “El único apelante fue el apoderado del Banco Central Hipotecario S. A., lo que significa que al otra parte estuvo de acuerdo con lo decidido y en la forma en que esto se dio…”, posteriormente se dictó una sentencia complementaria de la que se desprende que sí hubo impugnación del actor, pero únicamente en lo relacionado con la condena en abstracto impuesta por el juzgado con respecto de la pensión, la cuantía de la indemnización por despido y no tener en cuenta como factor de salario unas bonificaciones que recibió —considerando el tribunal que este último punto, relacionado con las bonificaciones, fue hecho nuevo—, de donde podría colegirse que se conformó con las demás decisiones, lo que lleva a afirmar que se configuró la cosa juzgada frente a los demás cuestiones, como el tribunal lo señaló.
Ahora, frente a la compartibilidad de la pensión del artículo 94 reglamentario con la de vejez a cargo del ISS dice la censura que tal compartibilidad no es posible en razón a que la pensión del artículo 94 reglamentaria tiene el carácter de vitalicia y que como el actor fue despedido, la entidad que ocasionó tal medida debe soportar la carga de la prestación. Sin embargo, fuera de que el tribunal no se refirió a ese específico punto, conviene señalar que el mismo lo resolvió esta Sala de la Corte en varios pronunciamientos, entre ellos el 31622 del 3 de febrero de 2009, que define claramente la procedencia de la compartibilidad entre las dos pensiones referidas, con fundamento en el artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985, junto con el artículo 18 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, de donde se colige que las pensiones extralegales concedidas con posterioridad al 17 de octubre de 1985, son compartibles con la de vejez a cargo del ISS. Por último, en dicha cláusula convencional no se dejó a salvo que la pensión no sería compartida con la que eventualmente le otorgara el ISS.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de septiembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior de Cali (Sala de descongestión), en el proceso ordinario que Ciro Alfonso Sierra Carrillole promovió al Banco Central Hipotecario en Liquidación.
(64) Sentencia C-299 de 1994. M.P Antonio Barrera Carbonell.
(65) Cf. Ibídem”.