Source: http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/garantias%20sociales/1/AN
Timestamp: 2020-05-28 13:01:02
Document Index: 106102345

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 97', 'artículo 81', 'artículo 37', 'artículo 84', 'artículo 8']

garantias sociales - 1 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
Tema: garantias sociales
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ROJ: SAN 693/2020 - ECLI:ES:AN:2020:693
Resumen: Solicitado el derecho de los trabajadores a disfrutar del permiso por nacimiento de hijo contenido en el artículo 36.b del Convenio colectivo de aplicación una vez finalizado el permiso regulado en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, a lo que se opone la empresa por entender que el permiso ha desaparecido tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, que modifica el art. 37.3.b ET que suprime el permiso por nacimiento de hijo y, por otro lado, es incompatible con la suspensión del contrato regulado en el artículo 48.4 ET. La SAN reiterando el criterio de las SS de 29-11-2019 (proc.221/2019) y 21-2-2020 (proc. 275/2019), declara que tal derogación no implica la derogación de preceptos similares previstos en Convenios colectivos. El permiso es compatible con la suspensión del contrato de trabajo por cuidado de menor de 12 meses del artículo 48.4 ET, debiendo prevalecer cualquier interpretación que garantice un mejor derecho de conciliación. El día de inicio del permiso ha de ser aquel en el que exista una previa obligación de prestar servicios, es decir, una vez concluido el permiso regulado en el artículo 48.4 ET. El concepto de nacimiento en el actual marco legislativo no se circunscribe al momento del parto o alumbramiento, sino que se extiende durante los doce primeros meses de vida del menor a tenor de lo dispuesto en el actual párrafo 1º del art. 48.4 del ET.
ROJ: SAN 559/2020 - ECLI:ES:AN:2020:559
Nº Recurso: 285/2019
Resumen: Pretendiéndose que se declare nula o subsidiariamente injustificada la decisión empresarial, que manifiesta: al amparo de la STS de 14-02-2019, puesta en relación con el vigente XVII Convenio Colectivo de Empresas Consultoras, la empresa está legitimada para compensar y absorber de la mejora voluntaria tanto los incrementos salariales derivados de la aplicación de las tablas del Convenio colectivo como los provenidos de los "saltos de trienio" regulados en el art. 25 del VII Convenio. No obstante, lo anterior, a fin de conjugar el deber de la Dirección de salvaguardar la viabilidad futura de la empresa con su voluntad de mantener unos incrementos salariales lo más equitativamente posibles para toda la plantilla, durante los años 2020 y 2021 los incrementos salariales de los saltos de trienio no se absorberán y compensarán, al objeto de generar el ciclo correspondiente a los trienios generados desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. Por no respetar, según la demanda, el acuerdo suscrito con la RLT en el cual se recoge que la empresa no podrá compensar y absorber el incremento salarial aplicable al complemento de antigüedad. Se aprecia de oficio la falta de acción por cuanto de dicha comunicación no cabe inferir una Modificación sustancial de condiciones de trabajo en los términos planteados en la demanda, sin que exista un conflicto real y actual.
ROJ: STSJ AS 324/2020 - ECLI:ES:TSJAS:2020:324
Nº Recurso: 2619/2019
Resumen: Postulado un grado de discapacidad del 36% o, subsidiariamente, del 33%. Se insiste en la prueba pericial médica practicada a su instancia para fundamentar su pretensión pero también obra en autos el Informe del EVO, que llega a conclusiones distintas a las mantenidas por la parte recurrente, lo que evidencia que la juzgadora no ha incurrido en error alguno, sino que ha valorado la prueba practicada en modo distinto al pretendido por el demandante, ahora recurrente. En principio, corresponde al organismo público efectuar la valoración que como regla general, debe aceptarse. Solo en el caso de que la parte que disienta acredite que las secuelas tienen entidad suficiente para ser graduadas de forma superior a la realizada por el Equipo de Valoración y Orientación, puede propiciarse y admitirse la revocación de la resolución administrativa. Pero la prueba debe ser exhaustiva, no solo en la adveración de la existencia de cada una de las secuelas alegadas en la demanda y su respectiva valoración, sino en relación con los elementos complementarios. En el presente caso el perito de la demandante asigna un mayor valor a las dolencias acreditadas que el dado por el equipo técnico competente, sin exponer las concretas razones por las que resulta más acertada la valoración sostenida en la demanda y no la resultante del expediente administrativo.
ROJ: SAN 149/2020 - ECLI:ES:AN:2020:149
Nº Recurso: 273/2019
Resumen: Solicitada la declaración de nulidad del despido colectivo y subsidiariamente la declaración de no ajustado a derecho. Se declara la caducidad de la acción, cuyo plazo comienza a computarse desde la fecha del acuerdo, al haber quedado acreditado que, el sindicato demandante aunque no formó parte de la comisión negociadora, tuvo conocimiento del acuerdo a principios del mes de octubre y la demanda se presentó el 10 de diciembre. No puede admitirse la alegación de inicio del plazo de caducidad una vez que el sindicato pide copia del acuerdo porque ello supondría dejar al arbitrio de la parte el inicio del plazo de caducidad con la evidente falta de seguridad jurídica que ello conllevaría, pudiendo elegir el "dies a quo" para el cómputo de la caducidad sin ceñirse al plazo establecido legalmente. En cualquier caso, debe estimarse la excepción de falta de legitimación activa del sindicato demandante por carecer de implantación en el ámbito del despido colectivo, ya que no tiene representación alguna en los centros de trabajo afectados por el ERE.
ROJ: SAN 156/2020 - ECLI:ES:AN:2020:156
Nº Recurso: 270/2019
Resumen: Plan de igualdad constituido unilateralmente para todas las empresas del grupo, teniendo en cuenta que solo una de las empresas del grupo estaba obligada a implementar plan de igualdad, el resto no estaban obligadas, sin embargo, en el grupo se opta por implementar un plan único y conjunto para todas las empresas y no sólo para la obligada. La AN, previa desestimación de las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y falta de acción, estima la demanda apreciando que nos encontramos ante un plan de igualdad único diseñado para el grupo de empresas-aunque sólo estuviera obligada una de ellas conforme a la LO 3/2017-resultando de aplicación las reglas de legitimación para negociar convenios de grupo, que no dependen de la existencia de representantes unitarios en los centros de trabajo afectados. Se condena a las demandadas al abono de una indemnización por daños morales, modulada en función de las circunstancias concurrentes.
ROJ: SAN 137/2020 - ECLI:ES:AN:2020:137
Nº Recurso: 23/2018
Resumen: El TS declara la competencia del orden social, rectificando doctrina previa, para conocer de la pretensión formulada consistente en que se declare la obligación de la CRTVE de incluir, en los pliegos de condiciones para la prestación de servicios en la Corporación, de una cláusula que imponga la subrogación de los trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de titularidad de la contrata, anula la SAN precedente dictada en el presente procedimiento. La nueva SAN, previa desestimación de la excepción de cosa juzgada, estima, en parte, la demanda, al resultar probado que, la empresa se comprometió en acuerdo colectivo, cuya vigencia no se ha cuestionado, a incluir en el pliego de condiciones de los concursos públicos o peticiones públicas de ofertas que en el futuro puedan convocarse para la prestación de servicios en la Corporación, la subrogación de trabajadores de las empresas de servicios en el caso de cambio de titularidad de la contrata, y teniendo en cuenta que CRTVE quedó subrogada en la posición jurídica de RTVE que firmó el acuerdo. Se desestima la pretensión consistente en la imposición de una sanción y condena en costas a las que se refiere el artículo 97.3 LRJS.
ROJ: SAN 3/2020 - ECLI:ES:AN:2020:3
Nº Recurso: 275/2019
Resumen: Solicitado el derecho de los trabajadores a disfrutar del permiso retribuido por nacimiento de hijo, adopción o acogimiento reconocido el artículo 81.1.d del Convenio colectivo de aplicación, a lo que se opone la empresa por entender que el permiso ha desaparecido tras la entrada en vigor del RDl 6/2019, de 1 de marzo que modifica el artículo 37.3 ET y suprime el permiso por nacimiento de hijo. La SAN reiterando el criterio de la SAN de 29-11-2019 (proc. 221/2019) declara que tal derogación no implica la derogación de preceptos similares previstos en Convenios colectivos. El permiso es compatible con la suspensión del contrato de trabajo por cuidado de menor de 12 meses del artículo 84.1 del Convenio, debiendo prevalecer cualquier interpretación que garantice un mejor derecho de conciliación .El "dies a quo" de inicio del permiso ha de ser aquel posterior a la fecha de inicio del hecho causante en el que exista una previa obligación de prestar servicios. El concepto nacimiento en el actual marco legislativo no se circunscribe al momento del parto, sino que se extiende durante los doce primeros meses de vida del menor a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º del art. 48.4 del ET.
ROJ: STS 767/2020 - ECLI:ES:TS:2020:767
Nº Recurso: 1114/2018
Resumen: Se suscita la calificación del cese del trabajador al cumplir 65 años, sosteniendo éste que la extinción en aplicación de la Disp. Ad. 4ª Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, constituye un despido nulo por discriminación en razón de la edad. Los tribunales han establecido que la igualdad es violada sólo si la desigualdad está desprovista de justificación objetiva y razonable, lo que debe analizarse llevando a cabo un examen de proporcionalidad entre medios y finalidad perseguida. Tal condicionante se da en este caso; la Ley 9/2010, guarda directa relación con las concretas circunstancias en las que desarrollan su trabajo los controladores aéreos y tiene como finalidad evitar consecuencias negativas derivadas de la incidencia sobre el interés general de factores como el alto nivel de estrés, la rotación de turnos y la extrema responsabilidad sobre las operaciones aéreas. No concurre contradicción con la STJUE 13-9-2011 (C- 447/2009), porque en este caso está en juego el examen de la norma legal cuya adecuación a la Directiva 2000/78 no está en entredicho y, por otra parte, se acomoda a lo que la sentencia del Tribunal de la Unión señala en lo que respecta a la seguridad aérea.
ROJ: STSJ CLM 80/2020 - ECLI:ES:TSJCLM:2020:80
Resumen: Para determinar el porcentaje de minusvalía, han de computarse tanto el porcentaje de discapacidad como el de los factores sociales, que se suman. Para la concreción de la discapacidad, la sentencia que se examina, pondera el adecuado valor o porcentaje que le corresponde, partiendo de un correcto encuadramiento de la patología del demandante en un capítulo de una determinada Tabla del Anexo, ya que la parte recurrente discrepa del llevado a cabo por el EVO. Asimismo, se declara que el reconocimiento de la incapacidad permanente total no significa que deba asignarse automáticamente un porcentaje de discapacidad. Únicamente se valoran a efectos de minusvalías las deficiencias permanentes, que son aquellas alteraciones orgánicas o funcionales no recuperables, es decir, sin posibilidad razonable de restitución o mejoría de la estructura o función del órgano afectado. Y en las normas de aplicación concretas de cada capitulo se fija el tiempo mínimo que ha de transcurrir entre el diagnostico e inicio del tratamiento y el acto de valoración. Por último, los diferentes grados de minusvalías no han de sumarse mecánicamente sino que a los mismos para su determinación final ha de aplicarse la tabla de valores combinados. A ello, se suman los factores social
ROJ: STS 761/2020 - ECLI:ES:TS:2020:761
Resumen: Se trataba en este caso de determinar si se negoció válidamente el V Convenio Colectivo de ámbito estatal de SINTAX LOGISTA, por la sección sindical de UGT constituida en el centro de trabajo que dicha empresa tiene en Barcelona. La sentencia parte de la base de que tal y como establece el artículo 8.2 b) LOLS, las secciones sindicales tienen derecho a la negociación colectiva en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, en este supuesto, en el art. 87.1 de esta ley, pero considera que la referida sección sindical no se constituyó con arreglo a los estatutos del sindicato (art. 72 de los Estatutos de la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT), de acuerdo con lo exigido en el art. 8.1 a) de la LOLS, por las razones que se indican. La sentencia estima el recurso de la UGT y declara la nulidad del convenio colectivo así celebrado.