Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/contencioso-administrativo/sentencia-tribunal-supremo-num-69652010-30-07-2013
Timestamp: 2017-02-28 10:15:46
Document Index: 342334127

Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 131', 'artículo 20', 'artículo 9', 'artículo\n20', 'artículo 131', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 88', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo\n3', 'artículo\n10', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 74', 'artículo 4', 'artículo 74', 'artículo 4', 'artículo 131', 'artículo 4', 'artículo\n20', 'artículo 131', 'artículo 20', 'artículo 139']

Sentencia Tribunal Supremo num. 6965/2010 30-07-2013
28 de febrero de 2017 | 11:15
Portada > Información Jurídica > Jurisprudencia > Contencioso-administrativo El Tribunal Supremo confirma una multa de medio millón de euros a telecinco por publicidad encubierta.
El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de Telecinco contra la sanción de 530.331 euros que le impuso el Ministerio de Industria por la emisión en 2007 de publicidad encubierta en el programa ‘Escenas de matrimonio'.
Marginal: PROV\2013\295443
Recurso de casación núm. 6965/2010
EXPEDIENTE SANCIONADOR TELECOMUNICACIONES (AE/S/TV 21/2007) POR INFRACCIONES GRAVES POR PUBLICIDAD ENCUBIERTA DE BEBIDAS Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TERCEROS CON PROPÓSITO PUBLICITARIO (arts. 10.1 y 9.2 Ley 25/94, de 12-7). Escenas de matrimonio.
SENTENCIA En la Villa de Madrid, a treinta de Julio de dos mil trece.
constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el
recurso de casación número 6.965/2.010, interpuesto por GESTEVISIÓN TELECINCO,
S.A., representada por el Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y
González-Carvajal, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en fecha 25 de
octubre de 2.010 en el recurso contencioso-administrativo número 698/2.008 ,
sobre expediente sancionador en materia de telecomunicaciones (expte. AE/S/TV
21/2007). Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el
Sr. Abogado del Estado.
PRIMERO .- En el proceso contencioso-administrativo antes referido,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) de la Audiencia
Nacional dictó sentencia de fecha 25 de octubre de 2.009 , desestimatoria del
recurso promovido por Gestevisión Telecinco, S.A. contra la resolución del
de 9 de junio de 2.008, por la que se resolvía el expediente sancionador
AE/S/TV 21/2007. En dicha resolución se declaraba a la demandante responsable
de la comisión de seis infracciones administrativas graves, dos por publicidad
indirecta de bebidas con graduación alcohólica superior a veinte grados
centesimales y cuatro por la presentación de productos y servicios de terceros
con propósito publicitario en dos capítulos de la serie "Escenas de matrimonio",
emitidos los días 2 y 17 de octubre de 2.007, imponiéndosele por ello seis
multas por un importe total de 530.331 euros. SEGUNDO .- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante
presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por
preparado en diligencia de ordenación del Secretario de la Sala de instancia de
fecha 30 de noviembre de 2.010, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones
al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. TERCERO .- Emplazadas las partes, la representación procesal de
Gestevisión Telecinco, S.A. ha comparecido en forma en fecha 21 de enero de
2.011, mediante escrito interponiendo su recurso de casación al amparo del
apartado 1.d) del artículo 88RCL 1998\1741
de la Ley 29/1998, de 13 de julio ( RCL 1998\1741
) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, formulando un
único motivo por infracción del artículo 131.3RCL
1992\2512 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992\2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen
Común , del artículo 20.3RCL 1994\1999
de la Ley 25/1994, de 12 de julio ( RCL 1994\1999
) , por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades
de radiodifusión televisiva, así como de la jurisprudencia. Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case la
recurrida, al no ser ajustada a derecho la sanción impuesta por resultar
desproporcionada en relación a la infracción supuestamente cometida, con
expresa imposición de costas a la Administración.
El recurso de casación ha sido admitido exclusivamente respecto de una de
las sanciones, aquella cuyo importe es de 158.666 euros, por auto de la Sala de
fecha 2 de febrero de 2.012 . CUARTO .- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de
oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que
sea desestimado el mismo, con imposición de las costas a la mercantil
recurrente por ser preceptivas. QUINTO .- Por providencia de fecha 25 de abril de 2.013 se ha
señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 17 de julio
de 2.013, en que han tenido lugar dichos actos. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la
PRIMERO .- Objeto y planteamiento del recurso. La entidad mercantil Gestevisión Telecinco, S.A., recurre en casación la
Sentencia dictada el 25 de octubre de 2.010 en materia de sanciones por
publicidad televisiva. La citada Sentencia desestimó el recurso contencioso
administrativo entablado contra la resolución del Secretario de Estado de las
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 9 de junio de 2.008,
por la que se declaraba a la mercantil recurrente responsable de seis
infracciones administrativas graves y se le imponían otras tantas multas por
diversos importes. El recurso de casación fue inadmitido por Auto de 2 de febrero de 2.012 de
esta Sala en cuanto a las multas de cuantía inferior a 150.000 euros, por lo
que ha quedado limitado a la impugnación de la desestimación del recurso a
quo respecto a la multa de 158.666 euros impuesta por la infracción
consistente en la publicidad encubierta de una marca de anís, prohibida por el
artículo 9.2RCL 1994\1999 de la Ley
25/1994, de 12 de julio ( RCL 1994\1999
de radiodifusión televisiva. La Ley 25/1994 fue modificada por la Ley 22/1999,
de 7 de junio ( RCL 1999\1526 ) , y
luego derogada por la vigente Ley General de Comunicación Audiovisual -Ley
7/2010, de 31 de marzo ( RCL 2010\957 )
-; la referida modificación efectuada en 1.999 tenía por objeto incorporar al
ordenamiento jurídico español la Directiva 97/36/CE, de 30 de junio, del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modificaba la citada Directiva
89/552/CE. En lo que respecta a esta sanción, la resolución administrativa dice:
"Declarar a GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A., con domicilio en Ctra. de
Irún, Km. 11,700, 28049 Madrid, responsable de la comisión de seis
infracciones administrativas , [...] y cuatro infracciones por la
presentación de productos y servicios de terceros (Anís La Castellana, [...]),
con propósito publicitarios, en dos capítulos de la serie "Escenas de
matrimonio", emitidos los días 2 [...] de octubre de 2007, en las
condiciones que se concretan en los fundamentos jurídicos de esta Propuesta,
pudiendo estos hechos constituir publicidad encubierta, lo que supone una vulneración
de lo dispuesto en los artículos 10.1 y 9.2d e la Ley 25/1994 , de julio,
modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio. Al ser dichas infracciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
20.2 de la citada Ley 25/1994 , susceptibles de ser calificadas como de
carácter grave, se estima pertinente, atendiendo a los criterios de graduación
establecidos en el artículo 131.3RCL 1992\2512
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre ( RCL
1992\2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero ( RCL 1999\114 y 329) , así
como los específicamente indicados en el artículo 20.3RCL 1994\1999 de la Ley 25/1994, de 12 de julio ,
modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio, imponer seis (6) multas por un
importe de 530.331,00 € (quinientos treinta mil trescientos treinta y un euros)
, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 de la citada Ley ,
según detalle que se muestra a continuación: FECHA 02/10/2007
SANCIÓN 158.666,00 €"
El recurso se articula mediante un motivo acogido a la letra 1.d) del
artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción , pero que en realidad se subdivide en
cinco apartados que han de ser considerados como motivos o submotivos
autónomos, pues se refieren a infracciones normativas perfectamente
diferenciables. En el primero de estos submotivos se aduce la infracción del
principio de tipicidad. En el segundo, la del principio de proporcionalidad. El
tercero se funda en la errónea aplicación de los criterios de graduación de la
cuantía de las sanciones. En el cuarto se aduce la infracción de la
jurisprudencia de esta Sala sobre el principio de proporcionalidad y de los
criterios de graduación de las sanciones. Finalmente, el quinto motivo se funda
en la infracción de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional en supuestos
similares. SEGUNDO .- Sobre el principio de tipicidad. En el primer submotivo la mercantil recurrente afirma que se ha infringido
el principio de tipicidad ya que en la conducta sancionada no se cumplen dos
elementos del tipo infractor, la intención del operador de televisión de un
propósito publicitario y la existencia de una remuneración a cambio de la
emisión, cualquiera que sea la naturaleza de dicha remuneración.
La Sala se pronuncia sobre la efectiva comisión de las infracciones
sancionadas por la Administración en los siguientes términos:
" TERCERO: Sostiene la entidad actora en su demanda que los
hechos que dan lugar a las sanciones no constituyen un supuesto de publicidad
encubierta, pues no concurre el presupuesto de un propósito publicitario por
parte del operador de televisión ya que para que pueda presumirse tal propósito
es preciso que la presentación del producto se haga por cuenta de tercero y
responda a la finalidad de promover su contratación, lo que no sucede en el
presente caso, pues no cabe pensar que voluntariamente se haga publicidad de un
producto en televisión si no es a cambio de una contraprestación económica,
siendo, por el contrario, el único objeto de los guionistas de la serie
reflejar una escena cotidiana. Alegación que conecta con los razonamientos en los que se fundamenta la denuncia
de falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas, entendiendo que no se
han aplicado correctamente los criterios de graduación de las sanciones, al no
haberse tenido en cuenta que los hechos carecen de repercusión social, no han
reportado beneficio a la entidad recurrente y que no concurren circunstancia
que permita sostener la gravedad del incumplimiento, y, por otra parte, de
haberse producido las infracciones apreciadas, serían dos y no seis.
En el expediente administrativo se especifica y concreta los días y horas de
emisión del programa en cuestión, detallando en cada acta de visionado el
contenido, en relación con los hechos sancionados, consistente en la
presentación dentro del programa a "Escenas de matrimonio", en los
capítulos emitidos los días 2 y 17 de octubre de 2007, de marcas, productos y
servicios de terceros, entre dichos productos dos de ellos eran bebidas
alcohólicas con una graduación superior a 20°.
1) En el acta de visionado del programa emitido el 2 de octubre de 2007, se
consigna que en la franja horaria de 21:33:45 a 21:34:59, en ocho secuencias
distintas uno de los personajes, Pepa, presenta una botella de anís marca
"Castellana", que primero tiene en la mano y pone encima de la mesa,
después se sitúa al lado de la mesa donde está la botella, la coge, se le
acerca a la asistenta, que le quita el tapón, se presentan primeros planos de
la botella haciendo visible la etiqueta con la marca del producto.
2) En el acta de visionado del programa emitido el 17 de octubre de 2007, se
hace constar que en la franja horaria de las 22:10:17 a 22:10:45 el novio de
Sonia entra en la casa llevando puesta una camiseta en la que pone
"SUPERSALIDOS", y a continuación aparecen imágenes de Sonia y su
novio hablando, durante las cuales se puede leer la palabra
"SUPERSALIDOS" en la camiseta de él. En la siguiente franja, de siete
segundos, Sonia le pregunta a su novio por el significado de la leyenda de la
camiseta, a lo que él responde que "es el título de una peli, lo último de
lo último". En la siguiente escena, de 22:10:55 a 22:11:27, entra un amigo
que les dice "(...) Lo mejor de lo mejor del descojone en cine (...)
Supersalidos (...) Y con esta peli se te quita esa cara de vinagre para
siempre". En la secuencia de 22:28:07 a 22:28:26 aparece un spot de la
película "Supersalidos", escenas de unos chicos jóvenes en distintas
situaciones y la impresión: "Estreno el 19 de octubre sólo en cines
SUPERSALIDOS".
En la Propuesta de Resolución se razona que en la emisión del día 2 de
octubre la botella de anís "Castellana" es perfectamente visible
desde las 21:33:43 horas, momento en el que Pepa porta la botella hasta la
mesa, quedando visible, ya entera ocupando el centro de la escena, ya
parcialmente ocupado ángulos de la imagen, hasta las 21:35:13 horas. Asimismo,
se precisa que en el capítulo del día 17 de octubre, tras un nuevo visionado de
la grabación, se comprobó que en una de las escenas aparecía un ordenador
portátil con su marca visible "Toshiba" en primer plano, aquí en 21
ocasiones seguidas, durante sesentas segundos, lo que puede constituir un nuevo
supuesto de publicidad encubierta. También en este capítulo, en otra escena que
se desarrolla en la cocina del matrimonio más joven, aparece en cuatro
ocasiones una botella de whisky marca "JB", perfectamente
identificable, situada sobre la encimera de la cocina, hechos que pueden
definir un nuevo supuesto de publicidad encubierta, además de prohibida, por
referirse a un producto, de más de 20° de graduación alcohólica.
En consecuencia, en la Propuesta de Resolución se imputa a la entidad
GESTEVISIÓN TELECINCO, SA, la comisión de seis infracciones administrativas,
dos por publicidad indirecta de bebidas con graduación alcohólica superior a
20° y cuatro por la presentación de productos y servicios de terceros con
propósito publicitario, en los dos capítulos referidos de la serie de
"Escenas de matrimonio".
CUARTO El art. 9.2RCL 1994\1999
de la Ley 25/1994 ( RCL 1994\1999 )
prohíbe de manera expresa " la publicidad y la televenta encubiertas
". Y el artículo 10.1 de la Ley establece que " queda prohibida
cualquier forma directa o indirecta de publicidad y de televenta de bebidas con
graduación alcohólica superior a veinte grados centesimales ." Por su parte el art. 20.2 señala que " Se considerará infracción grave,
la contravención de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los
artículos 5 , 6 , 8 a 16 , 17.2 y 3 ,
18 , 19.3 y en la disposición adicional quinta de esta Ley ". El concepto de publicidad encubierta viene dado por el art. 3.d de la citada
ley , que de manera clara define la publicidad encubierta como << aquélla
forma de publicidad que suponga la presentación verbal, visual o sonora, dentro
de los programas, de los bienes, los servicios, el nombre, la marca, la
actividad o los elementos comerciales propios de un empresario que ofrezca
bienes y servicios y que tenga, por intención del operador de televisión,
propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a su
En particular, la presentación de los bienes, los servicios, el nombre,
la marca, las actividades o los elementos comerciales propios de un tercero se
considerará intencionada y, por consiguiente, tendrá el carácter de publicidad
encubierta, si se hiciese a cambio de una remuneración, cualquiera que sea la
naturaleza de ésta.
No tendrá esta consideración, la presentación que se haga en
acontecimientos abiertos al público organizados por terceras personas y cuyos
derechos de emisión televisiva se hayan cedido a un operador de televisión, cuando
la participación de este último se limite a la mera retransmisión del evento y
sin que se produzca una desviación intencionada para realzar el carácter
publicitario .>> Frente a tales conductas, el artículo 11 establece las pautas normativas
sobre identificación y colocación de la publicidad y los anuncios de televenta,
al disponer:
" 1. La publicidad y la televenta deberán ser fácilmente
identificables y diferenciarse claramente de los programas, a través de medios
ópticos o acústicos.
2. Los anuncios publicitarios y de televenta se emitirán de forma
agrupada. Sólo excepcionalmente se emitirán anuncios publicitarios y de
televenta aislados.
3. La publicidad televisiva y los anuncios de televenta deberán
insertarse entre los programas.
No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente, también
podrá insertarse publicidad y anuncios de televenta interrumpiendo los
programas, siempre que no se perjudique su unidad ni se desmerezca el valor o
la calidad de éstos y las interrupciones se realicen teniendo en cuenta las
propias pausas naturales del programa, su duración y su naturaleza, y de modo
que, en ningún caso, se perjudiquen los derechos de los titulares de los
programas dentro de cuya emisión se produzcan.
4. En la emisión de publirreportajes, telepromociones y, en general, de
aquellas formas de publicidad distintas de los anuncios televisivos que, por
las características de su emisión, podrían confundir al espectador sobre su
carácter publicitario, deberá superponerse, permanentemente y de forma
claramente legible, una transparencia con la indicación publicidad.
5. En las emisiones deportivas, podrán insertarse mensajes publicitarios
y de televenta, utilizando transparencias o cualquier otro tratamiento de la
imagen, únicamente en aquellos momentos en que el desarrollo del acontecimiento
retransmitido se encuentre detenido y siempre que no se perturbe la visión del
acontecimiento ni se empleen transparencias que ocupen más de una sexta parte
Estos mensajes consistirán, exclusivamente, en textos escritos y no
podrán contener otras imágenes reales ni de animación que el logotipo estático
de la marca. " La mera descripción de las conductas sancionadas, arriba detallada,
evidencia que se realizó una exhibición o presentación visual de determinados
bienes, identificables por su marca comercial y título -en el caso de la
película cinematográfica- dentro de dos capítulos del programa "Escenas de
matrimonio", con claro propósito publicitario, sin superponer,
permanentemente y de forma claramente legible, una transparencia con la
indicación "publicidad", tal como impone el apartado 4 del art. 11,
antes transcrito.
La Sala entiende que queda evidenciada la concurrencia de finalidad
promocional, que constituye el elemento subjetivo de la conducta infractora,
atendidas las circunstancias y modo en que ésta se produjo, pues dado el
contenido y temática del programa la presentación de un ordenador portátil y de
una película que se iba a estrenar en los cines dos días después de la emisión,
consignando en una de las presentaciones la fecha del estreno, no puede
considerarse de forma alguna justificada como parte decorativa o de atrezzo
propia del programa, de manera que no cabe apreciar la existencia de un mero
"asentamiento de producto" o "product placement", figura
contemplada por la Directiva 2007/65 / CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modificó la Directiva
89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados Miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, no regulada
en nuestro Derecho interno en la fecha en que se produjeron los hechos
En cuanto a la botella de anís, presentada la emisión del día 2 de octubre,
y a la botella de whisky, que aparece en la emisión del día 17 de octubre, si
de lo que se trataba era de representar una escena cotidiana, como alega la
parte recurrente, ninguna necesidad había de exhibir la etiqueta con la marca
de dichas bebidas, exhibición que en el caso de la emisión del día 2 de octubre
fue reiterada.
Por otra parte, el hecho de que no conste acreditación precisa de que haya
habido remuneración por tal presentación publicitaria no excluye la existencia
de publicidad encubierta, pues la previsión específica contenida en el artículo
3RCL 1994\1999 de la Ley 25/94 sobre la
consideración en todo caso de intencionada y, por consiguiente, constitutiva de
un supuesto de publicidad encubierta, cuando la presentación se hiciese a
cambio de una remuneración, cualquiera que sea la naturaleza de ésta, no
implica que sólo se produzca esa forma de publicidad mediando remuneración,
como resulta claro, por otra parte, de la literalidad de los preceptos citados.
La publicidad encubierta, por su propia mecánica, implica una promoción
comercial no explícita o clara, sino que se hace de forma subliminar con
ocultación de la finalidad publicitaria, por lo que se crea un indudable riesgo
de provocar error en los consumidores, invitándoles o inclinándoles de forma
subrepticia, no consciente, al consumo del producto exhibido o presentado.
En consecuencia, las conductas analizadas integran tanto desde el aspecto
objetivo como subjetivo la figura de la publicidad encubierta, por lo que
vulneran la prohibición contenida en el precitado art. 9.2, y, asimismo, la
presentación de dos bebidas alcohólicas distintas, ambas de graduación superior
a 20°, en dos emisiones, vulnera la prohibición establecida en el artículo
10.1, y, por ende, constituyen infracción grave, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 20.2.
En cuanto al título imputación a la entidad ahora recurrente, establece el
artículo 19.1RCL 1994\1999 de la Ley
25/1994 , en la redacción dada por la Ley 22/1999, dentro del Capítulo VI
"DEL RÉGIMEN SANCIONADOR", que " el régimen sancionador
establecido en este capítulo, será de aplicación a los operadores públicos o
privados de televisión a los que se refieren los apartados 1 , 2 y
3 del artículo 2 de la presente Ley . " Y el citado artículo 2 establece:
" Esta Ley se aplica a las emisiones de televisión realizadas por
los operadores de televisión establecidos en España o que, no estando bajo la
jurisdicción de ningún país miembro de la Unión Europea, se encuentren en
alguno de los supuestos contemplados en el apartado tercero.
2. Se consideran establecidos en España los operadores de televisión que
cumplan alguna de las condiciones siguientes:
a. Que tengan su sede principal en España y las decisiones editoriales
sobre la programación se adopten en territorio español o trabaje en él una
parte significativa de su personal.
b. Que, teniendo su sede principal en otro país miembro de la Unión
Europea, sin que trabaje en él, sino en España, una parte significativa de su
personal, las decisiones editoriales sobre programación se adopten en este
c. Que, teniendo su sede principal en España y adoptándose las decisiones
editoriales sobre programación en otro país miembro de la Unión Europea, o
viceversa, y no trabajando en España ni ese otro país una parte significativa
de su personal, hayan comenzado a emitir por primera vez desde España y
mantengan un vínculo estable y efectivo con la economía española.
d. Que teniendo su sede principal en un país no miembro de la Unión
Europea, las decisiones editoriales sobre programación se adopten en España y
en este país trabaje una parte significativa de su personal.
Para la aplicación de las previsiones contenidas en los precedentes
apartados, sólo se considerará el personal del operador que específicamente se
dedique a actividades de televisión, tal como se encuentran definidas éstas en
la letra a) del artículo 3.
3. A efectos de esta Ley, se consideran bajo jurisdicción española las
emisiones de televisión realizadas por operadores de televisión establecidos en
un país no miembro de la Unión Europea, en los siguientes supuestos:
(...) ." (fundamentos de derecho tercero y cuarto) El motivo no puede prosperar. El artículo 9.2RCL
1994\1999 de la Ley 25/1994 prohíbe en términos absolutos y sin
ningún condicionamiento la publicidad y la televenta encubiertas. Pues bien, en
la infracción sancionada (publicidad encubierta) no son elementos del tipo las
dos circunstancias indicadas por la entidad recurrente. En efecto, en el caso de la publicidad encubierta, el elemento subjetivo del
tipo para el supuesto de una operadora televisiva no requiere en todo caso la
existencia de intención publicitaria, como cree la recurrente, sino la voluntad
y la decisión de emitir un programa que contiene dicha publicidad encubierta.
Así, el referido precepto legal no presupone que la operadora haya de tener en
todo caso la voluntad de emitir la publicidad encubierta -en el caso de autos,
la publicidad de la marca de anís exhibida-, sino la de emitir el programa en
el que se insertaba dicha publicidad. Una operadora de televisión es, en
efecto, responsable de todas sus emisiones y tiene, en consecuencia, la
obligación de controlar que las mismas no infringen los límites y prohibiciones
legales de cualquier tipo, obligación incumplida en el supuesto enjuiciado. En
el caso de autos, la recurrente debió comprobar la existencia de la publicidad
encubierta e indirecta que contenían los programas y, en consecuencia, no
emitirla. No hay, por tanto, infracción del principio de tipicidad por no
quedar acreditada una voluntad publicitaria específica relativa al producto
En cuanto a la existencia de remuneración, tampoco constituye un elemento
del tipo infractor.
Es verdad que el apartado c) del artículo 3RCL
1994\1999 de la Ley 25/1994 define la publicidad por televisión con
referencia a la existencia de contraprestación. Así, dicho apartado dice así: "c) Publicidad por televisión: cualquier forma de mensaje televisado
emitido, mediante contraprestación y por encargo de una persona física o
jurídica, pública o privada, en relación con una actividad comercial,
industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover la contratación de
bienes muebles o inmuebles o de servicios de cualquier tipo.
Los mensajes dedicados a la autopromoción tendrán, a efectos de esta Ley, la
consideración de publicidad.
También se considerará publicidad, cualquier forma de mensaje emitido por
cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre
los telespectadores."
Y también es cierto que, tal como hemos indicado en jurisprudencia anterior,
la emisión de espacios publicitarios está vinculada de forma natural a una
contraprestación económica ( STS de 8 de abril de 2.011, RC 1.987/2.008 ,
fundamento de derecho séptimo). Sin embargo, la definición que se hace de la publicidad encubierta (letra
d), conducta por la que se impone la sanción, y de la publicidad indirecta
(letra e), evidencia que en estos casos la existencia de contraprestación no es
un requisito constitutivo de las conductas sancionadas. Tales preceptos dicen
"Artículo 3. Definiciones . A los efectos de esta ley, se entenderá por: [...]
d) Publicidad encubierta: aquella forma de publicidad que suponga la presentación
verbal, visual o sonora, dentro de los programas, de los bienes, los servicios,
el nombre, la marca, la actividad o los elementos comerciales propios de un
empresario que ofrezca bienes y servicios y que tenga, por intención del
operador de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a
error en cuanto a su naturaleza.
En particular, la presentación de los bienes, los servicios, el nombre, la
marca, las actividades o los elementos comerciales propios de un tercero se
No tendrá esta consideración, la presentación que se haga en acontecimientos
abiertos al público organizados por terceras personas y cuyos derechos de
emisión televisiva se hayan cedido a un operador de televisión, cuando la
participación de este último se limite a la mera retransmisión del evento y sin
que se produzca una desviación intencionada para realzar el carácter
e) «Publicidad indirecta», aquélla que sin mencionar directamente los
productos, utilice marcas, símbolos u otros rasgos distintivos de tales
productos o de empresas cuyas actividades principales o conocidas incluyan su
producción o comercialización."
En efecto, el párrafo segundo del apartado dedicado a la publicidad
encubierta indica que la presentación de las imágenes que se indican "se
naturaleza de ésta". Quiere esto decir que la remuneración opera como una
circunstancia que confirma ex lege la intencionalidad publicitaria y,
consiguientemente, que la emisión de tales imágenes es publicidad encubierta.
Pero esto mismo implica, tal como señala la Sala de instancia en el fundamento
jurídico cuarto, que puede haber publicidad encubierta sin que exista el
elemento intencional respecto a la propia publicidad o la contraprestación. Del
mismo modo, la definición de publicidad indirecta no incorpora ya en ningún
sentido la existencia de contraprestación. Y tampoco existe ninguna referencia
a la contraprestación en las respectivas prohibiciones de la publicidad encubierta
e indirecta contenidas en los artículos 9.2 y 10.1 de la Ley ("quedan
prohibidas la publicidad y la televenta encubiertas" y "queda
prohibida cualquier forma directa o indirecta de publicidad y de televenta de
bebidas con graduación alcohólica superior a veinte grados centesimales").
Así pues, aunque sea cierto que, por regla general, la emisión de publicidad
supone la existencia de una contraprestación, ello no lo hace un elemento
necesario de la publicidad encubierta e indirecta. Tal prohibición, en el caso
de ambos tipos de publicidad, como sucede en el supuesto litigioso con la
encubierta, implica un deber de control respecto a las emisiones por parte del
responsable de las mismas -la operadora del medio televisivo- para evitar dicha
publicidad, con independencia de que dicho responsable reciba o no remuneración
o cualquier otra contraprestación o posea cualquier tipo de interés en su
TERCERO .- Sobre el principio de proporcionalidad y los criterios de
graduación de las sanciones. El segundo y tercer motivos pueden ser examinados conjuntamente pues, en
definitiva, ambos se basan en la imputación de que la Sentencia impugnada, al
avalar la legalidad de la actuación sancionadora, no ha respetado la adecuada
correspondencia entre la relevancia de la infracción y la sanción impuesta.
Pues bien, la Sala de instancia justifica la adecuación a la ley de las
sanciones impuestas en el siguiente fundamento de derecho:
" QUINTO: No cabe tampoco apreciar la denunciada vulneración del
principio de proporcionalidad, pues, como hemos dicho en supuestos similares,
la presentación no clara y directa sino encubierta del producto, lejos de
restar importancia a las infracciones, por minorar el daño a los consumidores,
tiene el efecto de acendrarlo pues colabora de manera decisiva a que esa forma
oculta de presentación del producto sea idónea para producir error en los
mismos. Por otra parte, es claro que la inclusión de publicidad encubierta en
el programa revela una relación con las empresas titulares o distribuidoras de
la marca de los bienes presentados, que de alguna manera hubo de reportar
beneficio a la productora del programa, cualquiera que fuera la forma de
obtenerlo, pues se hizo exhibición de productos claramente reconocibles y
susceptibles de ser adquiridos por los telespectadores, y en el caso de la
película "Supersalidos" se añadieron comentarios elogiosos que
invitaban a ver dicha película. En todo caso, revistiendo los hechos especial gravedad en cuanto a la
afectación que esa modalidad de publicidad implica de los derechos
fundamentales de los telespectadores, tales como el de información correcta de
los productos publicitados y de recibir información publicitaria claramente
diferenciada de los programas, sin que, en ningún caso, dicha publicidad pueda
ser recibida en contra de la voluntad del interesado, y siendo todas las
sanciones impuestas muy inferiores a la cuantía máxima legalmente prevista para
las infracciones graves (art. 20.3), la adecuada proporción entre la acción y
la respuesta sancionadora no admite reproche alguno.
En todo caso, la valoración de las sanciones impuestas, desde la perspectiva
de la debida observancia del principio de proporcionalidad, exige tener en
cuenta que la exhibición de anís La Castellana, en la emisión del día 2 de
octubre se realizó en reiterados planos, con una duración de 87 segundos,
siendo la sanción impuesta de 158.660 €, por lo que se sitúa a en la franja
media de la posible sanción a imponer con arreglo al art. 20.3 citado (hasta
300.000 €); la publicidad encubierta de la película "SUPERSALIDOS" se
realizó en varias secuencias, con una duración de 67 segundos, siendo la
sanción impuesta inferior a la mitad del máximo previsto para las infracciones
graves (129.777 €); la presentación del ordenador Toshiba se realizó durante
sesenta segundos, hecho por el que se impone una sanción inferior a la anterior
(119.666 €), y lo mismo sucede con la presentación del whisky "JB",
que con una duración de catorce segundos ha sido sancionada con 53.222 €. Lo
que evidencia que se ha tenido en cuenta la reiteración y la duración de la
presentación de cada producto objeto de publicidad encubierta.
En cuanto a las dos infracciones por la publicidad indirecta del anís y el
whisky, los días 2 y 17 de octubre, las sanciones impuestas son de 36.000 y
33.000 €, respectivamente, por lo que se sitúan en la franja inferior de la
posible sanción a imponer
Por lo que respecta a la alegación de que, en su caso, habría de apreciarse
la existencia de dos infracciones continuadas, en lugar de las seis
infracciones sancionadas, se ha de recordar que el art. 4.6, párrafo segundo
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (RD
1398/1993 ( RCL 1993\2402 ) ), señala:
" Asimismo, será sancionable, como infracción continuada, la
realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o
semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión ." Sobre esta figura ha tenido la Sala oportunidad de pronunciarse (St.
23/3/09) en un recurso interpuesto por la misma entidad ahora recurrente (rec.
1500/07 ), en la que se hacían las siguientes consideraciones: <<1º.- Que la institución de la infracción continuada es introducida
"ex novo" en nuestro ordenamiento jurídico administrativo a través
del indicado Real Decreto, esto es, por el cauce de una norma de naturaleza
2º.- Que la Ley 30/1992 ( RCL 1992\2512
, 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, norma que contiene los principios
básicos de la potestad sancionadora y los preceptos también básicos de régimen
jurídico sancionador, guarda silencio sobre ella.
3º.- Pese a tal silencio, el precepto reglamentario alberga un contenido que
trasciende notoriamente lo puramente procedimental y que regula, sin previa
interlocución de ley, aspectos sustantivos del régimen jurídico punitivo
(tipicidad y respuesta sancionadora).
4º.- Es cierto, por otra parte, que el precepto incorpora al ordenamiento
administrativo sancionador una institución de larga trayectoria en el seno del
Derecho Penal, que fue fruto de inicial creación jurisprudencial y que se
refleja, en el actual Código, en su artículo 74.
5º.- Ello no obstante, pese a tal incorporación de una institución
largamente conocida y aplicada en el Derecho Penal, su traslación al Derecho
Administrativo sancionador se produce de manera meramente parcial o
fragmentaria pues en el reglamento administrativo no se contiene la agravación
de la sanción, natural consecuencia de la mayor gravedad del conjunto, que sí
se recoge, por el contrario, en el Código Penal ( RCL
1995\3170 y RCL 1996, 777) («con la pena señalada para la infracción
más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la mitad
inferior de la pena superior en grado»).
Con relación a tal inexistencia de agravación, el artículo 4.4 del
Reglamento no resulta aplicable al caso ya que se refiere a una técnica
jurídica bien distinta, como es el llamado "concurso ideal"; de modo
que, es preciso insistir, el reglamento carece de elementos correctores de
adecuación proporcional de la respuesta punitiva a los supuestos de infracción
Aunque con lo dicho hasta aquí sería suficiente para desestimar la
alegación, tampoco sería descabellado pensar, a juicio de la Sala, en la
traslación al caso del elemento limitante previsto en el artículo 74RCL 1995\3170 del Código Penal para «las ofensas
a bienes eminentemente personales»; previsión que pudiera resultar de
aplicación a un eventual efecto reductor de la libertad de consumo por efecto
de la publicidad encubierta. Ambos factores, presentes en el Derecho Penal y que sin embargo no se han
incorporado a la norma reglamentaria (agravación de la pena y exclusión de su
aplicabilidad en caso de lesión de bienes eminentemente personales) incorporan
verdaderos correctivos de proporcionalidad y de justicia, como valor superior,
sin cuya conjugación la institución puede dar lugar a iniquidades y fomentar,
acaso, la realización de conductas ilícitas, en lugar de poner en
funcionamiento los principios de prevención general y especial que son
inherentes al derecho punitivo.
6º.- Buena prueba de esto que se dice -y sobre lo que luego se volverá- son
precisamente las infracciones por publicidad encubierta; ya que la sanción,
como una única infracción, de un conjunto de actos de promoción publicitaria
produciría un directo incremento, exponencial si se quiere, de la utilidad
económica que tiene su comisión para la empresa de que se trate, al tiempo que
producirá una gradual y paralela reducción de sus costes (sancionadores).
Con ello, al obtener mayor beneficio las empresas cuantos más actos de
inserción publicitaria produzcan y, al tiempo, al minimizar sus costes sancionadores
de modo correlativo, la aplicación de la norma en la manera que la recurrente
pretende serviría para fomento de la infracción en lugar de cauce de
Y todo ello, además, elevando los daños para los ciudadanos, para su
información objetiva y para su libertad de consumo, que son precisamente los
bienes jurídicos que la norma pretende tutelar.
7º.- El Tribunal estima, con fundamento en los razonamientos antecedentes,
que la ausencia de explícita cobertura legal de la institución contenida en el
artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto , por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora,
no obliga a la inaplicación de la norma reglamentaria y, por tanto, a la
formulación de cuestión de ilegalidad para con ella ( artículos 26 y 26 de la
Ley Jurisdiccional ) siempre y cuando: a) se considere la institución como
emanación de ciertos principios generales del derecho punitivo, preexistentes,
que fueron objeto de recepción jurisprudencial; b) se entienda complementada
con las cautelas y limitaciones previstas para la institución en el Código
Penal y que son inherentes a su cualidad de decantación de ciertos principios
punitivos; c) aun cuando lo que se dirá incida parcialmente sobre la misma
cuestión aludida en la letra antecedente, la infracción continuada será
incorporable al Derecho Administrativo sancionador siempre y cuando se admita
su corrección -o sencillamente exclusión- en aplicación del principio de
proporcionalidad que necesariamente ha de mediar entre la infracción y la
respuesta ( artículo 131RCL 1992\2512 de
la Ley 30/1992 ). 8º.- Como conclusión el Tribunal estima inaplicable, al presente caso, el
artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993 porque comportaría contravención de la
necesaria proporcionalidad entre la infracción y la sanción; porque, por la
singular naturaleza económica de la actividad, iría en fomento de la infracción
en lugar de operar el principio de prevención (general y especial); y porque
incluso, en los casos límite, pueden verse afectados bienes de carácter
personal como la libertad referida a los actos de consumo.>> Todo lo expuesto impone la desestimación del presente recurso."
(fundamento de derecho quinto)
En lo que respecta a la alegación del principio de proporcionalidad ( art.
131.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -Ley 30/1992, de 26 de noviembre -) y a la
invocación de determinados criterios de graduación expresados en el artículo
20.3RCL 1994\1999 de la Ley 25/1994 ( RCL 1994\1999 ) -submotivos segundo y tercero-,
tampoco pueden prosperar. La Sala hace primero una valoración de la gravedad y
consecuencias de las infracciones (dos primeros párrafos del fundamento
transcrito) y luego señala, en lo que respecta a la infracción contemplada en
casación, la prolongada exhibición del anís y la cuantía media de la sanción
efectivamente impuesta en relación con la que pudiera imponerse, todo lo cual
constituye una valoración motivada y razonable de la adecuación de la sanción
que no puede calificarse de contraria al principio de proporcionalidad. En
consecuencia, la afirmación de la parte respecto a que no se han valorado
determinados criterios expresados en el artículo 131.3RCL 1992\2512 de la Ley 30/1992 (intencionalidad,
perjuicios causados y reincidencia) y en el citado artículo 20.3RCL 1994\1999 de la Ley 25/1994 (repercusión
social de la infracción, beneficios reportados por la infracción y gravedad del
incumplimiento) no pasa de ser una discrepancia valorativa que no acredita las
infracciones denunciadas. Finalmente, los submotivos cuarto y quinto, referidos a la jurisprudencia,
han de ser rechazados a limine . El submotivo cuarto, relativo a la
jurisprudencia de esta Sala sobre los mismos principio de proporcionalidad y
criterios de graduación de la sanción planteados en los dos anteriores motivos,
porque la parte se limita a enumerar una serie de sentencias sin justificar en
ningún caso la coincidencia substancial de supuestos que permita invocar dicha
jurisprudencia. En cuanto al submotivo quinto, referido a diversa
jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre supuestos similares, porque las
resoluciones de dicho alto Tribunal no constituyen jurisprudencia invocable
ante esta Sala; al margen de que, tal como ocurre en el submotivo anterior,
tampoco se justifica la semejanza de supuestos. CUARTO .- Conclusión y costas. Las razones expuestas en los anteriores fundamentos de derechos conducen al
rechazo de todos los motivos en que se basa el recurso y a la desestimación de
éste. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 y 3 de la Ley de la
Jurisdicción , se impone a la parte que ha sostenido el recurso el pago de las
costas causadas, hasta un máximo de 4.000 euros por todos los conceptos
legales. En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad
jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación
interpuesto por Gestevisión Telecinco, S.A. contra la sentencia de 25 de
octubre de 2.010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Octava) de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo
698/2.008 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente conforme
a lo expresado en el fundamento de derecho cuarto. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General
del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal
Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Pedro
Jose Yague Gil.-Rafael Fernandez Montalvo.-Manuel Campos
Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres
Sanchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior
sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D.
Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo
que, como Secretario, certifico.-Firmado.-