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Timestamp: 2020-01-17 19:39:51
Document Index: 350769855

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 90', 'artículo 185', 'artículo 6', 'artículo 177', 'artículo 1', 'artículo 332', 'artículo 54', 'artículo 54']

LEY 678 DE 03 DE AGOSTO DE 2001
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE REGULA LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES Y EX SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LOS PARTICULARES QUE DESEMPEÑEN FUNCIONES PÚBLICAS, A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA O DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1173 DE AGOSTO 30 DE 2001, PG.234
(Para la recuperación del lucro cesante determinado por las contralorías en los fallos que le pongan fin a los procesos de responsabilidad fiscal, se acudirá al procedimiento establecido en la presente ley para el ejercicio de la acción de repetición).*
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-372 de 2002, declara exequible en forma condicionada el presente parágrafo, en el entendido en que sólo puede ser llamado el delegante cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.)
*(Nota: El inciso segundo del parágrafo 1º del presente artículo fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
ART. 4º—Obligatoriedad. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria.
4. Violar (manifiesta e inexcusablemente)* el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal.
*(Nota: Se declara inexequible la expresión “manifiesta e inexcusablemente”, contenida en el presente numeral 4, por la Corte Constitucional en Sentencia C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
(Nota: Se declaran exequibles las expresiones “senadores y representantes”, contenidas en el presente parágrafo 1º, por la Corte Constitucional en Sentencia C-1174 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, en el entendido que dicha acción no cabe para las decisiones amparadas por la inviolabilidad a que se refiere el artículo 185 de la Constitución Política)
ART. 8º—Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un conflicto permitida por la ley.
2. (Modificado).* El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, cuando la perjudicada con el pago sea una entidad pública del orden nacional.
*(Nota: Modificado por la Ley 1474 de 2011 artículo 6°)
PAR. 2º—Si el representante legal de la entidad directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero a que se refiere este artículo no iniciare la acción en el término estipulado, estará incurso en causal de destitución.
ART. 10.—Procedimiento. La acción de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa.
ART. 11.—Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.
PAR.—La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar.
*(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis declaró Exequible el inciso 2º del presente artículo bajo el entendido que la expresión “Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago” contenida en él se somete al mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C-832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del palzo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4º del Código Contencioso Administrativo).
ART. 12.—Conciliación judicial. En los procesos de repetición, de oficio o a solicitud de parte, habrá lugar a una audiencia de conciliación. La entidad citada podrá conciliar sobre fórmulas y plazos para el pago y sobre el capital a pagar siempre y cuando el acuerdo que se logre no sea lesivo para los intereses del Estado. El juez o magistrado deberá aprobar el acuerdo.
ART. 13.—Conciliación extrajudicial. Siempre que no exista proceso judicial y en los mismos términos del artículo anterior, las entidades que tienen el deber de iniciar la acción de repetición podrán conciliar extrajudicialmente ante los agentes del Ministerio Público o autoridad administrativa competente de acuerdo con las reglas vigentes que rigen la materia.
ART. 14.—Cuantificación de la condena. Cuando la autoridad judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía decida que el perjuicio causado al Estado lo fue por el dolo a la culpa grave de uno de sus agentes, aquélla cuantificará el monto de la condena correspondiente atendiendo al grado de participación del agente en la producción del daño, culpa grave o dolo (a sus condiciones personales)* y a la valoración que haga con base en las pruebas aportadas al proceso de repetición.
*(Nota: Declarado Inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
ART. 15.—Ejecución en caso de condenas o conciliaciones judiciales en acción de repetición. En la sentencia de condena en materia de acción de repetición la autoridad respectiva de oficio o a solicitud de parte, deberá establecer un plazo para el cumplimiento de la obligación.
ART. 16.—Ejecución en llamamiento en garantía y conciliación extrajudicial. La sentencia ejecutoriada que declare la responsabilidad civil patrimonial de los agentes estatales, por vía del llamamiento en garantía, o el auto aprobatorio de la conciliación extrajudicial debidamente ejecutoriado, prestará mérito ejecutivo por vía de la jurisdicción coactiva, a partir del momento en que se presente incumplimiento por parte del funcionario.
ART. 17.—(Inexequible).* Desvinculación del servicio, caducidad contractual e inhabilidad sobreviniente. El servidor, ex servidor o el particular que desempeñe funciones públicas, que haya sido condenado en ejercicio de la acción de repetición o del llamamiento en garantía, será desvinculado del servicio, aun si se encuentra desempeñando otro cargo en la misma o en otra entidad estatal, le será declarada la caducidad del o los contratos suscritos y en ejecución con cualquier entidad estatal y quedará inhabilitado por un término de cinco (5) años para el desempeño de cargos públicos y para contratar, directa o indirectamente, con entidades estatales o en las cuales el Estado tenga parte. En todo caso, la inhabilidad persistirá hasta cuando el demandado haya efectuado el pago de la indemnización establecida en la sentencia.
*(Nota: Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional en Sentencia C-233 de Abril 4 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis)
ART. 18.—(Inexequible).* Control y registro de inhabilidades. Para efectos de lo establecido en el parágrafo del artículo 1º de la Ley 190 de 1995, la Procuraduría General de la Nación se encargará de llevar el control y registro actualizado de la inhabilidad contemplada en el artículo anterior.
PAR.—Para efectos estadísticos, se remitirá por parte del juez o magistrado una copia de la comunicación al Ministerio de Justicia y del Derecho - Dirección de Defensa Judicial de la Nación.
PAR.—La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.
ART. 20.—Procedencia del llamamiento. La entidad pública demandada o el Ministerio Público podrán realizar el llamamiento hasta antes de finalizar el período probatorio.
*(Nota: Declarado Inexequible el inciso primero por la Corte Constitucional en Sentencia C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra)
ART. 21.—Conciliación. Cuando en un proceso de responsabilidad estatal se ejercite el llamamiento en garantía y éste termine mediante conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos, el agente estatal llamado podrá en la misma audiencia conciliar las pretensiones en su contra. Si no lo hace, el proceso del llamamiento continuará hasta culminar con sentencia, sin perjuicio de poder intentar una nueva audiencia de conciliación, que deberá ser solicitada de mutuo acuerdo entre las partes.
ART. 22.—Condena. En la sentencia que ponga fin al proceso de responsabilidad en contra del Estado, el juez o magistrado se pronunciará no sólo sobre las pretensiones de la demanda principal sino también sobre la responsabilidad del agente llamado en garantía y la repetición que le corresponda al Estado respecto de aquel.
ART. 23.—Medidas cautelares. En los procesos de acción repetición son procedentes las medidas de embargo y secuestro de bienes sujetos a registro según las reglas del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, se podrá decretar la inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro.
ART. 25.—Embargo y secuestro de bienes sujetos a registro. A solicitud de la entidad que interponga la acción de repetición o que solicite el llamamiento en garantía, la autoridad judicial decretará el embargo de bienes sujetos a registro y librará oficio a las autoridades competentes para que hagan efectiva la medida en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil.
El registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio pero quien los adquiera con posterioridad estará sujeto a lo previsto en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. Si sobre aquéllos se constituyen gravámenes reales o se limita el dominio, tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos correspondientes.
ART. 27.—Embargo y secuestro de bienes no sujetos a registro. El embargo de bienes no sujetos a registro se perfeccionará mediante su secuestro, el cual recaerá sobre los bienes que se denuncien como de propiedad del demandado.
ART. 28.—Recursos. El auto que resuelve sobre cualquiera de las medidas cautelares es susceptible de los recursos de reposición, apelación y queja de acuerdo con las reglas generales del Código Contencioso Administrativo.
ART. 29.—Causales de levantamiento de las medidas cautelares. La petición de levantamiento de medidas cautelares procederá en los siguientes casos:
ART. 30.—Derogatoria del artículo 54 de la Ley 80 de 1993. Deróguese el artículo 54 de la Ley 80 de 1993.
ART. 31.—Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.