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Timestamp: 2020-07-12 15:01:50
Document Index: 316078973

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 241']

Sentencia de Constitucionalidad nº 184/99 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43676308
Sentencia de Constitucionalidad nº 184/99 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 1999
Ley aprobatoria y tratado: ley 449/98. Convencion interamericana sobre obligaciones alimentarias.
II. TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE REVISION
III. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBLICAS
1. REVISION FORMAL
2. REVISION MATERIAL
N. Revisada:
El Magistrado Sustanciador, asumió el conocimiento de la revisión constitucional y dispuso, por auto del 24 de agosto de 1998, la práctica de pruebas, la fijación del negocio en lista y el traslado al señor P. General de la Nación, para efectos de emitir el concepto de su competencia.
Visto el texto de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias" hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), que a la letra dice:
El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos.
Si el J. o autoridad responsable del aseguramiento o de la ejecución de la sentencia adopta medidas provisionales, o dispone la ejecución por un monto inferior al solicitado, quedarán a salvo los derechos del acreedor.
Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido competencia en esfera internacional de conformidad con los artículos 8° y 9° de esta Convención para conocer y juzgar el asunto;
Que tengan el carácter de firme en el Estado en que fueron dictadas. En caso de que existiere apelación de la sentencia ésta no tendrá efecto suspensivo."
Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los incisos e) y f) del artículo 11, y
Copia auténtica del auto que declare que la sentencia tiene el carácter de firme o que haya sido apelada.
El suscrito J. de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores
El J. de la Oficina Jurídica,
H.A.S.V..
(Fdo.) M.E.M.V..
Artículo 1°. Apruébase la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias", hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989).
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7° de 1944, la "Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias", hecha en Montevideo, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), que por el artículo 1° de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
E. previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
A.R.L..
La ciudadana C.E.T.G., Subdirectora de Protección del Ministerio de Salud, actuando a nombre de esa entidad, solicitó declarar la exequibilidad de la Ley en revisión, por ser una herramienta valiosa para hacer efectiva las providencias que decreten alimentos cuando los obligados, que sin justa causa se sustraigan de ellos, residen fuera del país donde se profirió la sentencia, por lo que se hace necesaria la cooperación interestatal para la exigibilidad de la cuota alimentaria decretada, además de facilitar la labor del Defensor de Familia y de los Jueces en la defensa de los derechos de los niños.
El señor P. General de la Nación rindió su concepto sobre la Convención objeto de revisión y su ley aprobatoria y solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de ambos instrumentos jurídicos, por considerar que éstos se ajustan a los preceptos constitucionales.
Desde el aspecto material, estima el P. que la Convención respeta los principios constitucionales y la soberanía de cada una de las Partes, permitiendo que se adicionen o se restrinjan las obligaciones en relación con los acreedores y se determine las autoridades competentes en cada caso particular.
El 4 de julio de 1989 le fueron otorgados plenos poderes para suscribir la presente Convención al doctor M.G.M.C., Embajador en misión especial y jefe de la Delegación de Colombia en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-IV), quien actuó a nombre del Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional le dio su aprobación al Convenio, mediante determinación ejecutiva adoptada el 18 de septiembre de 1997 por el señor P. de la República y la Ministra de Relaciones Exteriores, y se dispuso además someterlo a consideración del Congreso de la República.
- El Proyecto de Ley aprobatoria de la Convención fue presentado el 18 de septiembre de 1998 al Senado por la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora M.E.M.V., y fue radicado bajo el número 085/97.
- La ponencia para primer debate fue presentada el 3 de diciembre de 1997 ante la Comisión Segunda del Senado por el Senador S.S.L.S., y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 479 el 14 de noviembre de 1997.
- El Proyecto fue aprobado por unanimidad, en primer debate, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13 miembros de la Comisión Segunda del Senado, según consta en la certificación expedida por el S. General del Senado el 1° de septiembre de 1998.
- El proyecto se aprobó, en segundo debate, con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, según se desprende del Acta 23 de la sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 1997 y de la constancia expedida por el S. General del Senado de la República de fecha 14 de septiembre de 1998.
- Presentó ponencia para primer debate la R.G.O. de M., documento que fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 55 del 29 de mayo de 1998.
- El Proyecto fue aprobado en primer debate y por unanimidad en la Comisión Segunda de la Cámara el 13 de mayo de 1998, según consta en la certificación del 31 de agosto de 1998 expedida por el S. General de la Cámara de Representantes
- La ponencia para segundo debate estuvo a cargo del R.G.M.Z. y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 94 del 8 de junio de 1998.
- El Proyecto de Ley fue finalmente aprobado por unanimidad por los Representante que asistieron a la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes el 9 de junio de 1998, según consta en la certificación suscrita por el S. General de la Cámara.
La eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras que reconocen las obligaciones alimentarias en los Estados Partes, bajo ciertas condiciones, como son, entre otras, las relativas a la competencia de la autoridad, la traducción de aquéllas y de los documentos anexos al respectivo idioma oficial y su legalización en el Estado en donde deban surtir efecto, la debida comparecencia al proceso del obligado y su exigibilidad. Se anota que la interposición del recurso de reposición no tiene efecto suspensivo.
Los documentos que comprueben la existencia y la exigibilidad de la sentencia. El control de los requisitos mencionados corresponde directamente al juez que deba conocer de la ejecución, quien actuará en forma sumaria con citación de la parte obligada y citación del ministerio público pero sin entrar en la revisión de fondo del asunto.
Se prohibe exigir caución al acreedor para que pueda hacer efectiva la obligación alimentaria. El amparo de pobreza se reconoce tanto para la reclamación como para la ejecución en cualquiera de los Estados Partes. Estos además se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a quienes gocen de dicho beneficio.
Se establecen reglas precisas a las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes para atender las medidas provisionales destinadas a asegurar una reclamación de alimentos pendiente o por instaurarse, siendo suficiente que el bien o los ingresos objeto de la medida se encuentren dentro del territorio donde se promueve la misma.
El otorgamiento de medidas cautelares por un Estado Parte, "no implicará el reconocimiento de la competencia en la esfera internacional del órgano jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer o de proceder a la ejecución de la sentencia que se dictare".
Se reitera que las resoluciones o medidas provisionales en materia de alimentos, aun las dictadas en procesos de nulidad, divorcio y separación de cuerpos u otras de similar naturaleza sean ejecutadas por la autoridad competente aun cuando aquéllas estuvieren sujetas a recursos.
Finalmente se advierte, que los Estados Partes al suscribir ratificar o adherir a la Convención pueden declarar que será su derecho procesal el que regule tanto la competencia de los tribunales, como el proceso de reconocimiento de la sentencia extranjera.
La Convención está abierta a la firma de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, y esta sujeta a ratificación; para efectos de ésta los instrumentos respectivos se depositarán en la Secretaría General de dicha Organización. Cualquier otro Estado podrá adherirse a la Convención, y los instrumentos de adhesión se deben depositar en dicha secretaría.
Cada Estado tiene el derecho de formular reservas, siempre que éstas versen sobre una o mas disposiciones concretas y no atente contra su objeto o fines fundamentales. Igualmente se prevé la situación de los Estados que "tengan dos o mas unidades territoriales en la que rijan distintos sistemas jurídicos" relacionados con las cuestiones tratadas en la Convención para que declaren en que condiciones se aplican las regulaciones de ésta.
Se reconoce la preeminencia de la presente Convención en los Estados Miembros de la OEA, aun cuando éstos hubieren adherido a las Convenciones de la Haya sobre reconocimiento y eficacia de las sentencias relacionadas con obligaciones alimentarias para menores y sobre la ley aplicable a obligaciones alimentarias. Sin embargo, los Estados Partes podrán convenir entre ellos la forma de dar aplicación prioritaria a los instrumentos de la Haya.
Por último, se establecen reglas en relación con la fecha en que entrará en vigor la Convención, a su duración, que será indefinida, a la posibilidad de su denuncia y a la fecha en que ésta queda perfeccionada.
Tercero: Ordenar que se comunique la presente decisión a la Presidencia de la República, al P. del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.