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Timestamp: 2017-04-25 12:45:38
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ScribdBrowseInterestsPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSOCIEDADESUploaded by Cadumc5.0 (7)DownloadEmbedDescription: ApuntesView MoreApuntesCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCapitulo III Primera parteDE LAS SOCIEDADES
Introducción.El fenómeno de la unión de personas para el ejercicio de actividades mercantiles a través de la constitución de sociedades es cada vez más relevante. La importancia que tiene el Derecho de sociedades dentro del Derecho Mercantil es creciente, pues son cada vez más empresarios sociales en lugar de empresarios individuales los que ejercitan la actividad empresarial. Esta realidad es aún más significativa cuando se trata de grandes empresas cuyas dimensiones y exigencias financieras o de organización hacen difícil que su titularidad esté en manos de personas físicas. Las sociedades mercantiles adquieren un extraordinario peso como un instrumento que resalta el más apropiado para la actividad económica, al tiempo que sirve para facilitar la concentración empresarial y del poder económico a través de la constitución de grupos y de uniones de empresas. Las personas se unen para realizar una actividad que les reporte unas ganancias igual que lo hacen con otras finalidades políticas, culturales, deportivas o religiosas. El fenómeno societario queda de esta manera encuadrado en el más amplio fenómeno asociativo. El Código Civil, dentro del capítulo relativo a las personas jurídicas (Título XXXIII del Libro I), incluye a “las sociedades industriales”, señalando que sus derechos y obligaciones son regulados, según su naturaleza, por otros títulos de este Código y por el Código de Comercio. Tanto las sociedades civiles como las mercantiles se caracterizan, frente a las asociaciones estrictas (corporaciones y fundaciones), por su finalidad normalmente lucrativa. El ejercicio de una actividad por medio de la colaboración de los socios y del fondo común que éstos constituyen con la finalidad lucrativa sirve también para distinguir la sociedad de la comunidad que, obedeciendo a una idea más estática, atribuye a los comuneros el uso o disfrute común de la cosa cuya titularidad comparten (art. 2.304 y sgtes. del C.C.). Además, cuando la sociedad adquiere la personalidad jurídica, la titularidad del fondo común deja de ser de los socios y pasa a la sociedad. La sociedad tiene su origen en un acto jurídico, normalmente un contrato, que dará vida a un ente al que, una vez cumplidos los requisitos exigidos, el Ordenamiento le reconoce personalidad jurídica. De ahí el doble aspecto contractual e institucional de la sociedad. La posibilidad de constituir sociedades mercantiles de un solo socio pone de relieve la importancia del aspecto institucional. Lo que importa es que la sociedad mercantil, como ente o institución, con independencia de su origen, contractual o no, se presenta como
un instrumento de derecho privado, útil para la organización de la empresa y para facilitar el logro de diferentes fines. Al margen de las tendencias institucionalistas apuntadas, la distinción entre el acto de constitución de la sociedad, por un lado, y el ente que nace de él, por otro, permite que se pueda seguir afirmando que, en principio, dicho acto, cuando en él participan dos o más personas, tiene naturaleza contractual, aunque se trate de un contrato de características peculiares. Más el origen de la sociedad no siempre tiene naturaleza contractual. El acto fundacional de una sociedad que se constituye con un solo socio, por hipótesis, no es contractual. Se trata de un negocio unilateral que, igual que el contrato, tiene por principal función la de dar vida a un ente y dotarlo de la adecuada estructura y organización. En este caso, el acto de constitución de la sociedad tendrá que cumplir los requisitos esenciales del acto jurídico. Son los que veremos más adelante, referidos al contrato con la diferencia de que, al faltar la pluralidad, no cabe hablar de concurrencia de declaraciones de voluntan. La posibilidad de constituir sociedades con un solo socio se admite, en la legislación comparada, en las anónimas y limitadas. En nuestro Ordenamiento existe algo parecido, denominadas Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, evitando la denominación de sociedad, porque el legislador se inclinó más por la teoría contractualista que la teoría institucionalista.
1.- LA SOCIEDAD. CONCEPTO Y NATURALEZA JURIDICA. La sociedad se encuentra regulado tanto en el Código de Comercio (artículos 348 y siguientes) como en el Código Civil (artículos 2053 y siguientes). El Código Civil solo contiene normas relacionadas con la sociedad colectiva civil. Todo los demás tipos de sociedades se rigen por el Código de Comercio o por leyes complementarias. En efecto, ciertos tipos de sociedades se encuentran regulados en leyes especiales: Ley 18.046 sobre sociedades anónimas y Ley 3.918 sobre sociedades de responsabilidad limitada. Al margen de las tendencias “institucionalistas” modernas apuntadas, cabe afirmar la naturaleza contractual del acto constitutivo de la sociedad en nuestra legislación, y así la define el artículo 2053 del Código Civil: Art. 2053.- “La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provenga”. “La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
El Código concibe a la sociedad como unión de personas que contribuyen a la constitución de un fondo patrimonial y colaboran en el ejercicio de una actividad con el fin de obtener unas ganancias. La afirmación que se hace en los códigos del siglo XIX de la naturaleza contractual del acto constitutivo de la sociedad es objeto en el siglo XX de profundas polémicas. La dificultad de aplicar la teoría y el régimen general de los contratos hace que determinados sectores doctrinales nieguen el carácter contractual del negocio constitutivo de la sociedad y sostengan que se trata de un “acuerdo colectivo” o de un “acto complejo” que no puede calificarse como contrato. Prevalece la tesis del origen contractual de la sociedad, pero hay que señalar que es un contrato con características específicas que lo separan de los contratos sinalagmáticos o de cambio. Consecuencias del especial carácter del contrato son que no juega la exceptio inadimpleti contractus ni la condición resolutoria tácita –el incumplimiento por un socio de sus obligaciones puede llevar a su exclusión- y que los vicios del consentimiento no provocan la nulidad del contrato, sino sólo la del vínculo afectado por el vicio, salvo que la aportación correspondiente fuese esencial, en cuyo caso sería su falta de causa de la resolución. Nos hemos referido a grandes rasgos a la teoría moderna o institucionalista, pero también existen otras teorías que explican la naturaleza jurídica de la sociedad. Teoría contractual o clásica.Siguiendo la tradición romanista y las fuentes francesas que las inspiran, tanto el Código Civil y de Comercio estudian a la sociedad sólo como un contrato, concepción que, además, está de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad que inspira el liberalismo económico. Nadie puede negar que la sociedad efectivamente nace de un acto jurídico que voluntariamente ejecuta el hombre; pero con el curso de los años se ha hecho evidente que la sola perspectiva del contrato es insuficiente para analizar la institución societaria. Teoría del acto constitutivo unilateral y del acto colectivo. Los autores que sostienen esta doctrina critican la tesis contractualista en cuanto considera a la sociedad solo como un contrato, pues éstos solo producen efectos entre las partes que lo celebraron. Dejaría la tesis clásica sin explicación casos de sociedades que se forman previo a un acto de aprobación del poder público, como por ejemplo, los bancos, compañías de seguros, etc. Y, también aquellos casos en que los socios ingresan a la sociedad sin tener participación alguna en el acto de su constitución, como sucede con los accionistas de sociedades anónimas que compran acciones en la bolsa de comercio.
Julios von Gierke, que es el creador de esta doctrina, sostiene que en el acto constitutivo los fundadores de la sociedad, por un acto unilateral de ellos, imponen una normativa contenida en los estatutos, que constituye la ley de la corporación, lo cual traería además como consecuencia la personalidad jurídica. Agrega que la aceptación del carácter colectivo del acto creador de la sociedad puede conciliarse con el concepto de contrato unilateral que le reconoce a la sociedad. Teoría de la institución.Principal sostenedor de esta teoría es el autor francés Maurice Hauriou. Esta tesis sostiene, sin perjuicio de reconocer el origen contractual de la compañía, afirma que del contrato nace la sociedad como una institución, un ser o ente intermedio entre el individuo y el Estado. La sociedad, reconocida como institución, constituye un sujeto de derecho con intereses distintos de aquellos de los socios, que posee una misión propia y permanente para realizar. Las cláusulas estatutarias, de acuerdo a esta doctrina, son simples medios para la consecución del fin social y por ello pueden ser modificadas según cambien las circunstancias. Se agrega que la sociedad, como institución, es un organismo dotado de personalidad jurídica, voluntad propia y un fin social, que es superior al individual de los socios. La primacía del interés social sobre el individual del socio haría ilegítimos actos de la sociedad contrarios a su propio interés. Para los sostenedores de esta teoría, no haya nada extraño en que se formen sociedades con un solo socio. Si la sociedad es una institución que una vez que nace es independiente del acto constitutivo o fundacional, resulta perfectamente lógico que pueda pertenecer a una sola persona. Teoría del contrato de organización o colaboración.Sostienen que la sociedad es un contrato pluripersonal, que se contrapone a los contratos de “cambio”, entendiéndose por tales aquellos bilaterales en que las partes pueden exigirse prestaciones, una a favor de la otra, lo que no ocurriría en los contratos pluripersonales, especialmente en la sociedad, en que cada socio no se encuentra frente a otro socio, sino frente a todos los socios. Además, sostienen que es un contrato de organización que crea una persona jurídica, lo que conlleva las reglas que regulan su funcionamiento posterior. Finalmente, digamos que las disquisiciones acerca de la naturaleza jurídica de alguna institución, tienen trascendencia práctica en los casos que, de adoptarse una u otra teoría, las normas jurídicas aplicables resultaren distintas. Por el contrario, cuando tal discusión no permite la aplicación de la normativa diversa, el estudio sobre la naturaleza jurídica solo satisface inquietudes intelectuales tendientes a una mayor comprensión del fenómeno de que se trata. En el derecho societario chileno, cualquiera sea la tesis que se adopte sobre la naturaleza jurídica de la sociedad, no varían las normas jurídicas
aplicables. De modo que en nuestro sistema el problema de la naturaleza jurídica de la sociedad solo tiene importancia doctrinaria. 3.- REQUISITOS DE LA SOCIEDAD. De acuerdo con la concepción clásica, en la cual se inspira nuestro derecho de sociedades, la sociedad es un contrato y, en consecuencia, ella debe reunir los requisitos relativos a todos los contratos. Pero además la sociedad, aun siendo contrato tiene ciertos elementos particulares o especiales aplicables sólo a ella. Asimismo, no debemos perder de vista que la sociedad no es solamente un contrato, sino que ella origina una persona moral. Veremos separadamente los requisitos generales y los requisitos especiales. A.- REQUISITOS RELATIVOS A TODO CONTRATO. Siendo la sociedad un contrato, es necesario para que ella exista que concurran, en primer término, las condiciones o elementos de todo contrato. Pero además, para que la sociedad sea válida, estos requisitos o condiciones no deben presentar ningún vicio que pueda dar origen a su nulidad. De manera que junto con los elementos esenciales de todo contrato analizaremos aquellos que contribuyen a su validez como acto jurídico. En consecuencia, para que el contrato de sociedad sea válido, es necesario que él reúna las condiciones de validez de todo contrato: Consentimiento de las partes que se obliga; Capacidad para contratar; Un objeto determinado que constituya la materia del compromiso, y Una causa lícita en la obligación.
a) Consentimiento.- El contrato de sociedad se forma, se perfecciona o nace por el acuerdo de voluntad de las partes, es decir, por su consentimiento, por eso, tal como está concebido en el Derecho Civil, es un contrato consensual. En cambio, en el Código de Comercio, es un contrato solemne, porque requiere para su formalidad escritura pública. Para que el contrato de sociedad sea válido se requiere que los socios hayan dado su consentimiento y, además, que ese consentimiento esté exento de vicios; más precisamente, de los tres vicios clásicos que pueden afectarlo: error, dolo y fuerza. El error es un falso concepto que se tiene de una cosa, de un contrato o de una persona. La incidencia de este vicio del consentimiento no es muy grande en el caso del contrato de sociedad, porque podría presentarse solamente en el caso de que una persona se equivoca sobre la naturaleza del acto o contrato que está celebrando (piensa en asociación y no es sociedad) o bien en la naturaleza o tipo de sociedad (sociedad colectiva, de responsabilidad limitada).
Pero aun así es difícil que se presente; también podría pensarse en la hipótesis del error sobre la realidad de un aporte, en el error en la persona de uno de los socios; este último tendría sólo valor en las sociedades de personas, que se contratan intuito personae. A su vez, el dolo es un engaño o maquinación fraudulenta destinada a inducir a error al contratante y debe ser obra de la otra parte. Por ejemplo, una persona puede hacerse socia de una sociedad anónima, adquiriendo un paquete de acciones inducida por la exhibición de un balance inexacto de dicha compañía. En fin, la fuerza es toda presión ejercida contra la persona para obligarla a contratar. Debe tratarse de una violencia moral, puesto que la violencia física prácticamente elimina la existencia del consentimiento. b) La capacidad.- Para concluir el contrato de sociedad es necesario ser capaz. En nuestro derecho por regla general todos son capaces menos aquellos que la ley considera incapaces, de acuerdo con las normas del derecho común. Es preciso que tengamos en cuenta que puede ser socio o parte de una sociedad otra sociedad, lo que implica desde el punto de vista de la capacidad, que los representantes legales de esta última deben tener personería o capacidad para obligarla legítimamente en la formación de aquella, c) El objeto.- De acuerdo con el Código Civil (art.1460), todo contrato debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Para la debida clarificación de esta materia, creemos que es necesario distinguir entre el objeto de las obligaciones de los socios con la sociedad y entre sí y el objeto de la sociedad. Con respecto al objeto de las obligaciones de los socios entre sí y con la sociedad, pensamos que en cuanto a la licitud del objeto de tales obligaciones rigen en plenitud las reglas generales civiles, que pueden llevar a la invalidación de éstas, y por ende afectar la validez de la sociedad, si se trata de obligaciones con objeto ilícito contraídas en el acto constitutivo. Por tanto, por ejemplo, sería nula la obligación de un socio de aportar una cosa cuya enajenación adolecería de objeto ilícito. El objeto de la sociedad está constituido por las actividades o negociaciones para las cuales se forma, lo que en el lenguaje del derecho societario se denomina “objeto social”. El objeto social debe figurar en los estatutos de la sociedad y éste debe ser lícito, lo que excluye las actividades ilícitas, contrarias al orden público o a las buenas costumbres.
d) La causa.- Es el fin perseguido por la sociedad que en la práctica se confunde con el objeto. La causa debe ser igualmente lícita, no ser contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Sería ilícita, por ejemplo, una sociedad creada para dedicarse al contrabando. e) Solemnidades.- Salvo las sociedades colectivas civiles, todo el resto de las sociedades requieren de algún tipo de solemnidad, partiendo por escritura pública, pasando por su inscripción en el Registro de Comercio, en algunos casos, publicación en el Diario Oficial, hasta llegar en algunos casos de sociedades especiales, a resoluciones del poder público autorizando su existencia. B.- REQUISITOS ESPECIFICOS. Los requisitos propios y específicos del contrato de sociedad, son aquellos que lo distinguen como tal entre otros contratos y son los siguientes: los aportes, los beneficios, contribución a las pérdidas, y la intención de formar la sociedad, expresión que se conoce con la expresión affectio societatis. a) Que cada socio haga un aporte.- Se deduce este requisito literalmente de la definición que de sociedad nos da el artículo 2053 del Código Civil, disposición que deja ver claramente que sin este elemento no hay sociedad: “La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común…”. Se deduce también del artículo 2055 al decir: “No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común…”. Aporte, es lo que cada socio lleva o se compromete a llevar a la masa común. Este aporte puede consistir en bienes de cualquier clase y de cualquiera cantidad y aun, como veremos, puede consistir en el trabajo o industria personal. En resumen, pueden consistir en cualquier cosa apreciable en dinero y que sea de utilidad para la sociedad. Lo único que se exige es que cada socio aporte algo a la masa común, a los fines comunes. Si se permitiera a algún socio formar parte de la sociedad, sin contribuir con aporte alguno, no habría a su respecto contrato de sociedad, habría donación o cualquier otra convención; pero no sociedad. Como decimos, la ley sólo exige que se haga aporte. Pero en lo que respecta a la naturaleza, cuantía y calidad de los aportes la ley ha dado a las partes la más amplia libertad, predomina en toda su amplitud, el principio de la libertad de contratar. No es necesario que los socios contribuyan efectiva e inmediatamente con sus aportes; basta que contraiga la obligación de hacerlos. Esto queda de manifiesto con la redacción del artículo 2053 del Código Civil: “…es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común” b) Que los socios se unan con la mira de obtener un beneficio, y que a todos ellos corresponda alguna participación en este beneficio.- También se deduce este requisito de la definición del artículo 2053 del Código Civil: “La
sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provenga”. Es precisamente este fin de lucro lo que constituye la característica de toda sociedad, sea civil o comercial, y cualquiera que sea su tipo. No basta un fin cualquiera de beneficio que no sea el dinero, y como dice el inciso 3° del artículo 2055, no se entiende por tal el puramente moral, no apreciable en dinero. Sin embargo, no basta solamente que se persiga este fin de lucro pecuniario; es necesario, además, que todos los socios tengan derecho a esas utilidades (art. 2053). Y se recalca todavía más esta idea por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 2055 que dice que “tampoco hay sociedad sin participación en beneficios”. Si un socio aporta algo sin que se le reconozca derecho a tomar parte en las utilidades, no habrá sociedad; podrá haber comisión u otro contrato cualquiera, pero no sociedad. Los socios tienen la más amplia libertad para fijar la distribución de los beneficios. Es preciso dejar establecido, desde luego, que no hay ninguna relación entre los aportes y la cuantía de beneficios; podrá estipularse que los beneficios se repartan a prorrata de los aportes, pero ello no es obligatorio y la ley no pone cortapisa alguna con tal que se respete este principio. Tanto el Código Civil como el Código de Comercio, establecen la proporción de esa participación sólo en caso de silencio de las partes. c) Que todos los socios contribuyan en las pérdidas.- Esto no se encuentra establecido expresamente en la ley y hay que deducirlo de diversos preceptos y de los principios generales. No dice el artículo 2053, ni tampoco el 2055, que todos los socios deban tener participación en las pérdidas, por lo cual podría decirse que éste no es un requisito esencial, sino un requisito de la naturaleza del acto o contrato. Sin embargo, es éste un requisito esencial, la ley no lo consignó expresamente, debido a que en el artículo 2053 se trata de los fines de la sociedad, y lógicamente no podrían considerarse allí las pérdidas, porque nadie se asocia para repartirse las pérdidas, y además porque la contribución en las pérdidas es una consecuencia lógica de la participación en las utilidades. d) Que las partes tengan la intención precisa y determinada de celebrar un contrato de sociedad y no otro.- Es necesario que exista animus contrahendi societatis (Affectio Societatis). La sociedad es un contrato que acarrea consecuencias futuras y que, en muchos casos, parece mezclarse con otros contratos, de los cuales parece que no habría cómo diferenciarlo sin recurrir a la intención precisa que han tenido las partes al contratar.
Para invocar la affectio societatis, no habrá que recurrir sólo a lo que hayan dicho las partes, sino al conjunto de las estipulaciones, a la armonía que necesariamente deberá existir entre todas ellas, a la situación que se le cree a cada una de las partes, al espíritu del contrato, etc. no se encuentra establecido expresamente en la ley y hay que deducirlo de diversos preceptos y de los principios generales. No dice el artículo 2053, ni tampoco el 2055, que todos los socios deban tener participación en las pérdidas, por lo cual podría decirse que éste no es un requisito esencial, sino un requisito de la naturaleza del acto o contrato. Sin embargo, es éste un requisito esencial, la ley no lo consignó expresamente, debido a que en el artículo 2053 se trata de los fines de la sociedad, y lógicamente no podrían considerarse allí las pérdidas, porque nadie se asocia para repartirse las pérdidas, y además porque la participación en las pérdidas es una consecuencia lógica de la participación en las utilidades. 4.- PERSONALIDAD JURIDICA DE LA SOCIEDAD.El inciso 2° del artículo 2053 del Código Civil, dispone: “la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”. a) De este principio se deducen una serie de consecuencias tanto legales como prácticas. Desde luego, esto significa que la sociedad es un ente de derecho, es un ser ficticio que puede adquirir derechos y contraer obligaciones, al mismo tiempo que, al igual que una persona natural cualquiera, es susceptible de ser representada y de actuar por sí en la vida de los negocios. b) Por ser la sociedad una persona jurídica, tiene un patrimonio propio; los bienes que aportan los socios pasan de la propiedad de éstos a la propiedad de este nuevo ser de derecho que nace por el solo hecho de celebrarse la sociedad, y pasan a constituir el patrimonio social. Por lo tanto, esos bienes no están en la situación de comunidad o indivisión con respecto a los socios; ningún socio es codueño de los bienes sociales; en buenas cuentas, no le pertenecen en todo ni en parte: son de la sociedad. Por consiguiente, si el aporte de un socio consiste en un bien raíz, tendrá que hacer tradición de ese aporte inscribiéndolo en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a nombre de la sociedad; y, por lo mismo que los bienes son de la sociedad, ningún socio podrá venderlos o hipotecarlos alegando que tiene una cuota de dominio sobre ellos, a diferencia de lo que ocurre en el caso de comunidad o indivisión donde cada socio puede vender o hipotecar libremente su cuota. Los derechos del socio quedan limitados, durante la vigencia de la sociedad, a recibir una parte de los beneficios sociales, y una vez disuelta la sociedad, a recibir, de lo que quede sobrante, una parte correspondiente al valor nominal del aporte que hizo.
c) Otra consecuencia de la personalidad jurídica de la sociedad, la constituye la circunstancia de que ella tiene siempre un domicilio propio y distinto del que pudiera tener cada uno de los socios y que queda fijado en la escritura social. Por la misma razón, la sociedad tiene un nombre propio y que es diverso según sea el tipo de sociedad. d) Por ser la sociedad una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados, existe la posibilidad de que ella caiga en quiebra en sí misma, sin necesidad de que forzosamente caigan también en quiebra sus asociados. e) Por ser la sociedad una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, puede ella entrar como socio de otra sociedad. f) Por ser la sociedad una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, puede también tener, y tiene, una nacionalidad propia, que por regla general no depende en lo más mínimo de la nacionalidad de los asociados. g) Otra consecuencia de la personalidad jurídica de las sociedades está expresada en el artículo 380 del Código de Comercio, que dice: “Los acreedores personales de un socio no podrán embargar durante la sociedad el aporte que éste hubiere introducido; pero les será permitido solicitar la retención de la parte de interés que en ella tuviere para percibirla al tiempo de la división social. 5.- CLASIFICACION DE LAS LA SOCIEDADES.Las principales clasificaciones de las sociedades en el derecho chileno son las siguientes: a) Sociedades a título universal y sociedades a título singular.- Son sociedades a título universal las que se refieren en general a todos los bienes presentes y futuros de una persona. Todas las demás son sociedades a título singular. Pues bien, el Código Civil, en el artículo 2056 dispone al efecto que “Se prohíbe toda sociedad a título universal, excepto entre cónyuges”. Lo prohibido es que, en términos generales, se aporten todos los bienes de los socios; pero si éstos aportan bienes determinados enumerándolos, la sociedad será a título singular aún cuando abarque la totalidad de los bienes de éstos. Esta es exactamente la idea expresada en el contrato de compraventa, en el cual se prohíben las ventas a título universal (art.1811).
b) Sociedades civiles y comerciales.- El criterio para distinguir una sociedad civil de una sociedad comercial lo encontramos en el artículo 2059 del Código Civil, que dice: “La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son civiles”. En consecuencia, basta que uno de los varios objetivos para los cuales se puede formar una sociedad sea de carácter mercantil para que la sociedad toda tenga dicha característica. Las sociedades que se forman para negocios que no estén calificados de mercantiles son civiles. Entre ambos tipos de sociedades existen diversas diferencias, partiendo por las sociedades comerciales son generalmente solemnes mientras que las civiles son consensuales. La quiebra de las sociedades comerciales es más severa. c) Colectivas, en comandita, anónimas y de responsabilidad limitada. Esta clasificación corresponde literalmente a los tipos que acepta nuestra legislación. Las principales diferencias entre ellas consisten en que la responsabilidad de los socios, que es ilimitada en las sociedades colectivas, por el contrario está limitada al aporte o a la cantidad que se señale en las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. También difieren unas de otras del régimen de administración y cesibilidad de los derechos sociales. d) Sociedades de personas y sociedades de capital.- Las primeras son aquellas en que importa más la persona de los socios que el aporte que ellos hagan, y las sociedades de capital, donde, por el contrario, lo único importante son los aportes y el capital que se forma con ellos, de modo que es indiferente la persona de los socios o accionistas, siendo, por el mismo motivo, libre la cesibilidad de las acciones. Son sociedades de personas la sociedad colectiva, la sociedad en comandita y la sociedad de responsabilidad limitada. Son de capital, las sociedades anónimas. e) La asociación o cuenta en participación.- Desde luego, no puede decirse que sea propiamente una sociedad. Así el artículo 348 del C.de C., dice: “La ley reconoce tres especies de sociedad: 1ª Sociedad Colectiva; 2ª Sociedad Anónima; 3ª Sociedad en comandita Reconoce también la asociación o cuenta en participación”.
Artículo 507: “La participación es un contrato por el cual dos o más comerciantes toman interés en una o muchas operaciones mercantiles, instantáneas o sucesivas, que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, a cargo de rendir cuenta y dividir con sus asociados las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”. Se asemejan en cierto modo a las sociedades, porque en ellas también hay dos o más personas que se unen para hacer un negocio en común, pero se diferencian de ellas en cuanto la asociación o cuenta en participación es esencialmente privada, oculta (art. 509), que no se revela al exterior y que no constituye una persona jurídica como todas las demás sociedades, pues todas las operaciones son efectuadas por uno de los copartícipes en nombre propio, sin indicar que tras él hay otros interesados en el negocio.
I.- LA SOCIEDAD COLECTIVA
1.- DEFINICION Y RASGOS CARACTERISTICOS.El Código de Comercio no da una definición de la sociedad colectiva, y en el artículo 349 comienza refiriéndose de lleno a la capacidad para celebrar este contrato; hay que recurrir con este objeto al Código Civil que da la definición de la sociedad colectiva en el artículo 2061, inciso 2°, que dice: “Es sociedad colectiva aquélla en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo”. La idea expresada en el artículo 2061 del C.C. se encuentra reforzada por el artículo 385 del C. de C., que dice: “La administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños”. Se contiene en esta definición uno de los rasgos esenciales: el que se basa en la administración. Este es un rasgo común a toda sociedad colectiva, sea civil o comercial; pero tratándose de sociedades colectivas comerciales la definición dada puede estimarse incompleta, porque en ella no se alude a la responsabilidad que pesa sobre los socios y que es una de las bases de distinción de los diferentes tipos de sociedades. Es por eso, necesario completar esa definición. La idea expresada en el artículo 2061 del C.C. se encuentra reforzada por el artículo 385 del C. de C., que dice:
“La administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños”. Esto es por lo que se refiere a la administración; ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de los socios, es el artículo 370 del C. de C. el que señala este elemento y dice: “Los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas”. El inciso 2° de este artículo nos está haciendo ver que la solidaridad es uno de los requisitos de la esencia de la sociedad colectiva comercial. No siendo lo mismo en la sociedad colectiva civil y para dar cuenta de ello basta comparar este artículo con el 2095 del Código Civil, que dice: “Si la sociedad colectiva es obligada respecto de terceros, la totalidad de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés social, y la cuota del socio insolvente gravará a los otros. No se entenderá que los socios son obligados solidariamente o de otra manera que a prorrata de su interés social, sino cuando así se exprese en el título de la obligación, y ésta se haya contraído por todos los socios o con poder especial de ellos”. En resumen, tenemos que en toda sociedad colectiva (sea civil o comercial) la responsabilidad de los socios es indefinida, ilimitada, porque no se concreta al valor de lo que el socio haya aportado a la sociedad, sino que éste es responsable con todos sus bienes a los acreedores sociales. En la sociedad colectiva civil esta responsabilidad pesa sobre cada uno de los socios a prorrata de su cuota; pero en la sociedad colectiva comercial, esta responsabilidad a más de ser indefinida, es solidaria y esa solidaridad es uno de los requisitos esenciales. En la sociedad colectiva civil sólo puede haber solidaridad en caso de estipulación expresa de los socios; en cambio, en la sociedad colectiva comercial ello ocurre de pleno derecho. Las sociedades colectivas son sociedades de personas porque se forma “intuito personae”, y se comprende que así sea, porque, por un lado, cada socio tiene la facultad de obligar a la sociedad y a todos sus consocios y, por otro, porque cada socio está expuesto a ver comprometida toda su fortuna en el negocio que se haga; por eso los socios no pueden ceder libremente sus derechos en la sociedad, y de hacerlo sin el consentimiento unánime de sus consocios, ello sería causal suficiente de disolución de la sociedad.
Esto nos está demostrando que las sociedades colectivas comerciales no podrán formarse por un gran número de socios, porque no es fácil que muchas personas tengan entre todas ellas la confianza necesaria para asociarse en estas condiciones; por esto las sociedades colectivas son de un personal reducido (5 a 6 socios, a lo más), muy distinto de lo que ocurre en las sociedades de capitales (anónimas). 2.- DIFERENCIAS ENTRE LA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL Y LA COMERCIAL. 1°. En cuanto a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales.Como ya lo hemos repetido tantas veces, en las colectivas civiles, los socios responden ilimitadamente, pero la deuda se divide entre todos a prorrata de sus aportes (art. 2095 C.C.), mientras que en las comerciales los socios responden ilimitada y solidariamente, no pudiendo renunciar a esta solidaridad que es de la esencia del contrato (art.370 C.de C.). Esto responde a un principio general del Derecho Comercial que tiende siempre a establecer mayores garantías que en el Derecho Civil, de contribuir así a aumentar el crédito social de estas sociedades, el que está estrechamente ligado al crédito individual de cada socio. 2°. En cuanto al perfeccionamiento del contrato.- La sociedad colectiva civil es meramente consensual, es decir, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes; al paso que la colectiva mercantil es solemne (art.350). 3°. En cuanto a la prescripción de las acciones de terceros contra la sociedad.- En las colectivas civiles corren los plazos generales; al paso que en las sociedades colectivas comerciales hay un plazo especial de cuatro años (art. 419). 4°. En cuanto a la forma de liquidación.- La sociedad colectiva civil debe necesariamente liquidarse por árbitros, en cambio la sociedad colectiva comercial se liquida por medio de un liquidador. 3.- CONSTITUCION COMERCIAL.Y PRUEBA DE LA SOCIEDAD COLECTIVA
A) REQUISITOS DE FONDO.-
Respecto de los requisitos de fondo, hay en el artículo 349 del Código de Comercio diversas reglas sobre la capacidad. Se comienza por sentar aquí el principio general de que puede celebrar el contrato de sociedad toda persona que tenga capacidad para obligarse (inciso 1°), pero más adelante se dan reglas especiales.
El menor adulto y la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes necesitan autorización especial para celebrar una sociedad colectiva. La autorización del menor será conferida por la justicia ordinaria, y la de la mujer por su marido. La situación de la mujer casada, en cuanto a la posibilidad de su ingreso voluntario a una sociedad, ha variado a partir de la dictación de la ley 18.802, publicada en el D. Of. 9 de junio de 1989. La mujer casada no separada de bienes antes de la ley 18.802, solo podía ingresar a una sociedad actuando representada o autorizada por su marido. Esta ley varió substancialmente la situación de la mujer casada. En efecto, en virtud de esta ley, la mujer dejó de ser incapaz, cualquiera sea el régimen que rija su matrimonio, y por consiguiente, puede ingresar, sin necesidad de autorización de ninguna especie, a una sociedad de cualquier tipo. Los problemas que al respecto subsisten en la actualidad no son propiamente de falta de capacidad de la mujer, sino aquellos relacionados con la posibilidad de cumplimiento por ella de la obligación legal de aportar y del derecho esencial de tener la facultad de acceder directamente a los beneficios sociales, que podría carecer la mujer, en caso de aporte de sus bienes propios (recordemos que el usufructo legal de los bienes propios de la mujer lo tiene el marido). Se ha debatido el tema de la sociedad entre cónyuges, algunos sostienen que la celebración de una sociedad exclusivamente entre cónyuges, podría constituir una forma ilícita de sustituir los regímenes patrimoniales establecidos en el Código Civil. Para otros, al no existir un texto legal que prohíba la sociedad entre cónyuges, ellos pueden pactarla. En la práctica bancaria, no aceptan este tipo de sociedades.
B) REQUISITOS DE FORMA. Artículo 354
Respecto de los requisitos de forma, podemos decir que el contrato de sociedad colectiva es un contrato solemne. Ello fluye del artículo 350, inciso 1° del Código de Comercio que dice: “La sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública inscrita en los términos del artículo 354”. Se comprenden aquí dos órdenes de formalidades que hay que estudiar separadamente: a) escritura pública, y b) formalidades de publicidad.
1°) ESCRITURA PUBLICA.-
La escritura pública se exige aquí como solemnidad y también como prueba (ad solemnitatem y ad probandum), y su otorgamiento es de rigor para la formación de la sociedad y para su modificación.
Artículo 351: “El contrato consignado en un instrumento privado no producirá otro efecto entre los socios que el de obligarlos a otorgar la escritura pública antes que la sociedad dé principio a sus operaciones”. Artículo 353: “No se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350 ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ellas”. Es decir, no se admite prueba fuera ni en contra de la escritura social, lo cual es perfectamente lógico, porque equivaldría a destruir esa solemnidad el permitir que después de otorgado el contrato pudiera modificárselo por escrituras privadas. Menciones que debe contener la escritura pública: Artículo 352. “La escritura pública deberá expresar” Conviene dejar bien establecido que aun cuando este artículo comienza en términos imperativos, contiene muchas menciones que non esenciales ni obligatorias. Además, esta enumeración no es taxativa y las partes pueden agregar todas las menciones que deseen y que no estén contenidas en la ley, puesto que para ello lo autoriza la disposición del N° 12 de este artículo que dice que la escritura pública deberá expresar: “los demás pactos que acordaren los socios”. Veamos cuáles son estas menciones: 1° Los nombres, apellidos y domicilios de los socios. Se trata de una mención esencial; 2° La razón o firma social. También es una mención esencial. Generalmente la sociedad lleva el nombre de todos los socios o sólo el de alguno de ellos más las palabras “y compañía” (art. 365); 3° Los socios encargados de la administración y el uso de la razón social. Esta mención no es de ninguna manera esencial, porque si nada se ha dicho en el contrato, se aplica la regla del artículo 386, que suple a este respecto el silencio de las partes. Artículo 386: “Cuando el contrato social no designa la persona del administrador, se entiende que los socios se confieren recíprocamente la facultad de administrar y la de obligar solidariamente la responsabilidad de todos sin su noticia y consentimiento”. Artículo 371: “Sólo puede usar la razón social el socio o socios a quienes se haya conferido tal facultad por la escritura respectiva.
En defecto de una delegación expresa, todos los socios podrán usar de la firma social”. Sólo cuando las partes quieran derogar este principio general y delegar la facultad de administrar en uno de los socios o en otra persona, sólo entonces deberá designarse en la escritura social la persona del administrador. El N°3 contiene un error, porque dice: “socios encargados… etc.”, siendo que bien puede nombrarse administrador a un tercero extraño que no sea miembro de la sociedad. Artículo 372: “El uso de la razón social puede ser conferido a una persona extraña a la sociedad”. 4° El capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en dinero, en créditos o en cualquiera otra clase de bienes; el valor que se asigne a los aportes que consistan en muebles o en inmuebles, y la forma en que deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes en caso que no se les haya asignado valor alguno”. Esta mención es esencial, pues se refiere a algo que es de la esencia en toda sociedad; sin embargo, no es de la esencia valorizar el aporte o establecer la forma del justiprecio. 5° Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad”. Esta es otra mención esencial. La sociedad es una persona jurídica para los efectos a que obedece su creación y sin ellos la sociedad no existe. Además sirve para caracterizar la sociedad de civil o comercial. 6° La parte de los beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista o industrial”. Este número no es esencial, porque los artículos 382 y 383, suplen su omisión. 7° La época en que la sociedad debe principiar y disolverse”. Tampoco es una mención esencial y el artículo 2065 del C.C. suple a este respecto la voluntad de las partes en caso de silencio de ellas. 8° La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares”. Esta mención tampoco es esencial; puede no decirse nada sobre esto en el contrato social. 9° La forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber social”. Esta mención tampoco es esencial y el artículo 409 determina la forma de proceder al nombramiento de liquidador cuando nada se ha dicho en la escritura social. 10° Si las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no sometidas a la resolución de arbitradores, y en el primer caso, la forma en que deba hacerse el nombramiento”. Esta mención tampoco es esencial y el artículo 415 suple el silencio.
11° El domicilio de la sociedad”. Esta es de gran importancia. Así, una consecuencia de la personalidad jurídica de la sociedad es que ésta tenga un domicilio propio, que puede ser distinto del de los socios individualmente considerados. También tiene importancia para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente al domicilio de la sociedad. No se trata de una mención esencial, porque está suplida por el artículo 355 (modificado por la Ley 19.499), que expresa: “Si en la escritura social se hubiere o0mitido el domicilio social se entenderá domiciliada la sociedad en el lugar de otorgamiento de aquélla”. 12° Los demás pactos que acordaren los socios”. Esta mención no es esencial y nos demuestra que la enumeración no es taxativa.
2°) INSCRIPCION DEL EXTRACTO DE LA ESCRITURA SOCIAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO.-
Artículo 354: “Un extracto de la escritura social deberá inscribirse en el registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. El extracto contendrá las indicaciones expresadas en los números 1°, 2°, 3°, 4° y 7° del artículo 352, la fecha de las respectivas escrituras, y la indicación del nombre y domicilio del escribano que las hubiera otorgado. La inscripción deberá hacerse antes de expirar los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura social”. Las modificaciones que con posterioridad a la celebración del contrato y otorgamiento de la escritura social se introduzcan en las cláusulas deberán someterse a las mismas formalidades que se han debido llenar para la celebración del contrato mismo, dice el artículo 350, inciso 2°.
MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
Además debe inscribirse de igual forma y en el mismo plazo. 4.- INCUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES.La Ley N° 19.499, publicada en el Diario Oficial de 11 de abril de 1997, sobre saneamiento de vicios de nulidad de las sociedades, contiene un procedimiento que permite sanear la nulidad de la constitución o modificación de sociedades, causadas por vicios de carácter formal, con efecto retroactivo. Antes de la dictación de la Ley N° 19.499, según el antiguo artículo 357 del Código de Comercio, si en la constitución de la sociedad colectiva comercial se omitían ambas formalidades, o sea, escritura pública e inscripción, la sociedad era nula, de nulidad absoluta entre los socios. La nueva ley permite sanear las sociedades por vicios formales y con efecto retroactivo.
Esta materia la veremos, una vez que terminemos el estudio de las sociedades, porque el régimen de saneamiento se le aplica a todo tipo de sociedad comercial. 5.- FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. Hay que considerar en este punto dos órdenes de relaciones: relaciones de los socios con terceros y relaciones de los socios entre sí. A.- LA RAZON SOCIAL.- La razón social es el distintivo externo que tiene la sociedad y el medio de que dispone para entrar en relaciones de derecho o de negocios con terceras personas. Según el artículo 365 “la razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, con la agregación de estas palabras: “y compañía” (estas palabras comprenden genéricamente a los socios cuyos nombres no se han incluido en la razón social). Sólo los nombres de los socios pueden figurar en la razón social; de ningún modo podrá incluirse en ella el nombre de un tercero, porque ello podría inducir a error a otras personas, quienes podrían considerar como socio a ese tercero que efectivamente no lo es y que no responde de las deudas sociales. Al respecto los artículos 366 y 368 disponen: Artículo 366: “Sólo los nombres de los socios colectivos pueden entrar en la composición de la razón social. El nombre del socio que ha muerto o se ha separado de la sociedad será suprimido de la firma social”. Artículo 368: “El que tolera la inserción de su nombre en la razón de comercio de una sociedad extraña, queda responsable a favor de las personas que hubieren contratado con ella”. Si se viola esta prohibición, pueden derivarse consecuencias tanto para los socios como para terceros. Si su nombre se ha incluido sin su conocimiento, es evidente que no tiene responsabilidad alguna; pero si ha tolerado esa situación, es responsable de las deudas sociales, en la misma forma que cualquier otro socio. Artículo 367: “El uso que se haga de la razón social después de disuelta la sociedad, constituye un delito de falsedad, y la inclusión en aquélla del nombre de una persona extraña es una estafa. La falsedad y la estafa serán castigadas con arreglo al Código Penal”.
6.- RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- A este respecto el artículo 370 formula la regla general y dice: “Los socios colectivos indicados en la escritura social son responsables solidariamente de todas las obligaciones legalmente contraídas bajo la razón social. En ningún caso podrán los socios derogar por pacto la solidaridad en las sociedades colectivas”. La responsabilidad solidaria es una de las características esenciales de la sociedad colectiva comercial y uno de los hechos que las distingue de la sociedad colectiva civil, en la cual es necesario que se estipule expresamente la solidaridad. Tratándose de sociedad colectiva comercial no hay necesidad de que ello se diga en la escritura social. La responsabilidad solidaria es de la esencia de la sociedad colectiva. La solidaridad de los socios está establecida a favor de los terceros y es solidaridad pasiva (de deudores y no de acreedores). No es solidaridad activa y, en consecuencia, los socios no tienen derecho cada uno de ellos para cobrar a los deudores de la sociedad los créditos que tengan contra ellos. Además, del hecho de que la solidaridad esté establecida a favor de terceros y no de los socios significa que el socio que haya pagado, tiene acción para pedir la restitución del exceso a sus demás consocios. ¿Los acreedores sociales deben dirigirse primero contra la sociedad y después contra los socios? La cuestión es de gran importancia práctica. Los socios son solidariamente responsables entre sí y no contra la sociedad, de manera que los acreedores sociales necesariamente tienen que dirigirse primero contra la sociedad y sólo en caso que ésta no pague podrán dirigirse contra los socios. 7.- COMPOSICION DEL FONDO SOCIAL.- El fondo social está compuesto por los aportes que todos los socios entregan o prometen entregar a la sociedad. Es de la esencia de la sociedad colectiva la existencia de aporte de los socios; no es indispensable que se haga entrega efectiva de ellos, basta la obligación de entregarlos (artículo 375 y 376). Puede ser objeto del aporte cualquiera cosa apreciable en dinero. Los aportes pueden ser en propiedad o en usufructo. Si sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuaria disuelve la sociedad, a menos que el socio aportante la reponga a satisfacción de los consocios. Si el aporte se ha hecho en dominio, la sociedad no está obligada a restituir la cosa misma que ha sido objeto del aporte; la sociedad ha pasado a ser dueña del objeto de ese aporte y el derecho del socio queda limitado a una cantidad, a la suma numérica en que fue estimado ese aporte. En cambio, cuando se aporta un objeto cualquiera sólo en usufructo, el socio ha conservado la nuda propiedad, y al disolverse la sociedad habrá que restituirle precisamente el objeto mismo de su aporte.
Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho para dar la sociedad disuelta (artículo 2.101 C.C.). Además del derecho de pedir la disolución de la sociedad, también pueden pedir la exclusión del socio o el cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 379 del Código de Comercio: “El retardo en la entrega del aporte, sea cual fuere la causa que lo produzca, autoriza a los asociados para excluir de la sociedad al socio moroso o proceder ejecutivamente contra su persona y bienes para compelerle al cumplimiento de su obligación. En uno y otro caso el socio moroso responderá de los daños y perjuicios que la tardanza ocasionare a la sociedad”. Se dice aquí que se puede dirigir contra “su persona y bienes”. La primera expresión no tiene hoy explicación, porque desde el año 1868, se suprimió la ejecución sobre la persona del deudor, no se admite entre nosotros los prisión por deuda como medio compulsivo de pago de las obligaciones, ahora sólo puede procederse contra los bienes del deudor. 8.- DISTRIBUCION DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS.- a este respecto existe amplia libertad de las partes, las disposiciones sobre la materia tienen un valor supletorio. Artículo 382: “Los socios capitalistas dividirán entre sí las ganancias y las pérdidas en la forma que hubieren estipulado. A falta de estipulación se dividirán a prorrata de sus respectivos aportes”. Respecto del socio industrial, el artículo 383 dice: “En cuanto a las ganancias y pérdidas correspondientes al socio industrial, se estará a lo que hubiere estipulado en el contrato; y no habiendo estipulación, el socio industrial llevará en las ganancias una cuota igual a la que corresponda al aporte más módico, sin soportar parte alguna en las pérdidas”. Parece esto una contradicción del principio fundamental de toda sociedad en que todos los socios deben tener participación en las ganancias y en las pérdidas; pero en realidad, no es así, porque el socio industrial contribuye en las pérdidas, perdiendo su trabajo que había sido su aporte a la sociedad. 9.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA.En las sociedades colectivas la administración corresponde de derecho a todos los socios; pero éstos pueden, si quieren, encomendar la administración a uno o varios socios o a uno o más terceros. a) Administración por todos los socios.
Artículo 384: “El régimen de la sociedad colectiva se ajusta a los pactos que contenga la escritura social, y en lo que no se hubiere previsto en ellos, a las reglas que a continuación se expresan”. Artículo 385: “La administración corresponde de derecho a todos y cada uno de los socios, y éstos pueden desempeñarla por sí mismos o por sus delegados, sean socios o extraños”. Cuando la administración de la sociedad la ejercen todos los socios, cada uno de ellos administra independientemente de los demás, sin necesidad de que cuente con su acuerdo previo y aun sin su noticia (art.386). En virtud del mandato legal, cada uno de los socios puede hacer válidamente todos los actos y contratos comprendidos en el giro ordinario de la sociedad o que sean necesarios o conducentes a la consecución de los fines que ésta se hubiere propuesto (art.387). Como todos los socios pueden administrar, en el hecho resulta que fácilmente pueden suscitarse conflictos y divergencias entre ellos, puede un socio estimar que no es conveniente a los intereses de la sociedad o de los socios un acto que pretende celebrar alguno de ellos. El Código de Comercio, ha reglamentado esta situación. Cada socio tiene lo que se llama el derecho de oposición, puede oponerse a los actos o contratos proyectados por otro (art. 388). Este derecho de oposición sólo puede ejercerse, respecto de actos y contratos proyectados, y si un contrato ya ha sido celebrado no podría mediante este derecho dejárselo sin efecto, porque entonces ya habría producido consecuencias respecto de terceros. La oposición suspende provisoriamente la ejecución del acto o contrato proyectado hasta que la mayoría numérica de los socios califique su conveniencia o inconveniencia (art.389). La mayoría está llamada a calificar sólo la conveniencia o inconveniencia de la operación, y la cuestión que a ella se somete es puramente mercantil, económica, muy distinta sería la situación si la divergencia de los socios versare sobre si esa operación corresponde o no corresponde al giro social, porque, si así fuere, la cuestión suscitada sería una cuestión de carácter jurídico que versaría sobre interpretación del contrato y que no podría ser resuelta por mayoría, sino que debería ser sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia o de un árbitro, si así lo hubieren estipulado las partes en el contrato social. Si la mayoría declara inconveniente la operación, ésta no puede llevarse a efecto; pero si, por el contrario, la reputa ventajosa, el acto se celebra.
Si a pesar de la oposición se verifica el acto o contrato con terceros de buena fe, los socios quedarán obligados solidariamente a cumplirlo, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizados por el socio que lo hubiera ejecutado (art. 391). Si el tercero está de mala fe, el acto no obligará a la sociedad ni a los socios; pero, como la buena fe se presume, será siempre la sociedad quien tendrá que probar el conocimiento que ese tercero tenía de la resolución de la mayoría. b) Delegación de la administración en uno o más socios o en uno o más terceros.Estas delegaciones de facultades; en otros términos, el nombramiento de uno o más gerentes, puede hacerse en la escritura social o por acto posterior, y tiene importancia determinar ese momento por las distintas consecuencias que se producen. Si el nombramiento se hace en la escritura social y allí mismo se designa la persona que ha de tener la administración, se considera que la designación de esa persona constituye una de las bases de la sociedad, una de las condiciones que los socios han tenido en vista al contratar, de modo que no puede ser modificada por simple mayoría sino por acuerdo unánime de todos los socios. Artículo 2072: “El socio a quien se ha confiado la administración por acto constitutivo de la sociedad, no puede renunciar a su cargo, sino por causa prevista en el acto constitutivo o unánimemente aceptada por los consocios. Hay aquí, una particularidad con referencia a las reglas generales del mandato. En principio, todo mandato puede ser renunciado y puede también ser revocado por el mandante, a su voluntad, pero hay casos excepcionales en que el mandato deja de ser revocable y no puede renunciarse, como ocurre en este caso. Cuando el nombramiento del administrador se hace por acto posterior, los efectos son completamente distintos. Si en la escritura social se dice que la administración corresponderá a uno o más socios, el administrador será nombrado más tarde, ya sea por acuerdo unánime o por mayoría, si así se hubiere estipulado expresamente, se someterá a las reglas del mandato (art.2072 a 2075 del C.C.). El socio a quien se haya conferido la administración obliga a los socios y a la sociedad y los demás quedan inhibidos, privados de la facultad de contratar a nombre de la sociedad. Los administradores delegados pueden realizar todos los actos comprendidos dentro del giro (art.387). Pero si no estuvieren investidos de un poder especial, no podrán vender ni hipotecar los bienes inmuebles, salvo que sean del giro, por su naturaleza o destino, ni alterar su forma, ni transigir ni comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren. (art.395).
Los administradores tienen la representan judicial (como demandante o como demandada) y extrajudicialmente a la sociedad. El administrador nombrado por una cláusula especial de la escritura social, puede ejecutar, a pesar de la oposición de sus consocios excluidos de la administración, todos los actos y contratos a que se extienda su mandato, con tal que lo verifique sin fraude (art.400, inc.1°). Pero si las gestiones del administrador produjeren perjuicios manifiestos a la masa común, la mayoría de los socios podrá nombrarle un co-administrador o solicitar la disolución de la sociedad (art.400, inc.2°). 10.- PROHIBICIONES A QUE ESTAN AFECTOS LOS SOCIOS.El artículo 404: Se prohíbe a los socios en particular: 1°) Extraer del fondo común mayor cantidad que la asignada para sus gastos particulares. Si lo hiciere, deberá reintegrar dicha cantidad. 2°) Aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en éstos la firma social. El socio que hubiere violado esta prohibición llevará a la masa común las ganancias, y cargará él solo con las pérdidas del negocio en que invierta los fondos distraídos, sin perjuicio de restituirlos a la sociedad e indemnizar los daños que ésta hubiere sufrido. Podrá también ser excluido de la sociedad por sus consocios. 3°) Ceder a cualquier título su interés en la sociedad y hacerse substituir en el desempeño de las funciones que le correspondan en la administración. Esta cesión o substitución sin previa autorización de todos los socios es nula. Los actos relacionados con la administración son personalísimos. Si bien es la regla general que cada persona pueda ceder libremente los derechos que forman parte de su patrimonio, se hace aquí una excepción a ese principio por causas derivadas de la naturaleza de la sociedad colectiva, y la cesión que uno de los socios quisiera hacer a otra persona deberá ser autorizada por los demás socios. Esto, porque afecta a los socios en razón de la responsabilidad solidaria e indefinida a que están sujetos. Esta cesión importa una modificación de los estatutos, y por consiguiente, debe hacerse por escritura pública e inscribirse el extracto en el Registro de Comercio. 4°) Explotar por cuenta propia el ramo de industria en que opere la sociedad. Los socios que contravengan esta prohibición serán obligados a llevar al acervo común las ganancias y a soportar individualmente las pérdidas que les resultaren. Se quiere evitar una competencia desleal. 11.- DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. -
El artículo 407: “La sociedad se disuelve por los modos que determina el Código Civil”. Este cuerpo legal trata la materia en los artículos 2098 y siguientes. 1°) La expiración del plazo convenido o el evento de la condición que se ha fijado para que tenga fin (art.2098). La disolución opera aquí de pleno derecho y para que la sociedad pueda prorrogarse es necesario el consentimiento unánime de todos los socios. Una particularidad que se olvida con frecuencia en la práctica, es la de que la prórroga debe acordarse antes que expire el plazo, porque una vez vencido éste puede considerarse que la sociedad ha muerto y como no puede prorrogarse algo que ya no existe, resultaría que ya no quedaría otra cosa que cumplir con todas las formalidades necesarias para constituir una nueva sociedad. Es frecuente la cláusula de la “prórroga automática”. Así se dice “la sociedad durará cinco años a contar desde esta fecha; pero si dos meses antes del vencimiento del plazo ninguno de los socios manifiesta su intención de retirarse, se entenderá prorrogada la sociedad por un período igual”. Si bien hay muchos que sostienen que esta cláusula no tiene nada de irregular, a juicio del señor Gabriel Palma, son peligrosas, porque, según él, si se ha fijado un término quiere decir que vencido este plazo debe terminar la sociedad, y como la prórroga no se hace cumpliendo con las formalidades legales, resulta que se deja a los terceros en una completa incertidumbre. 2°) Finalización del negocio para que fue contraída la sociedad (art.2099). Es ésta una causal de muy poca aplicación, porque generalmente estas sociedades no se constituyen para explotar un negocio determinado. 3°) Insolvencia de la sociedad (art.2.100). Es corriente que se crea que insolvencia y quiebra son términos sinónimos. Sin embargo, no es así: insolvencia es el estado en que se halla una persona cuyo pasivo es mayor que su activo; y quiebra es el estado declarado judicialmente. Lo que induce a error es que frecuentemente la quiebra es motivada por la insolvencia, pero también puede tener lugar por otras causas. 4°) La destrucción total del objeto de la sociedad (art.2.100). Así, por ejemplo, se forma una sociedad con el objeto de explotar una fábrica y ésta se destruye completamente. La pérdida de capital no está señalada por la ley como una causal de disolución. 5°) La falta por hecho o culpa del socio a la promesa del aporte (art.2.101). Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contrato, los otros tendrán derecho a dar la sociedad por disuelta.
6°) La pérdida de la cosa aportada en usufructo o en propiedad; en este último caso, cuando sin ella no puede la sociedad seguir funcionando útilmente. Se refiere a esta causal el art.2.102 que dice: Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar útilmente. Si sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuaria disuelve la sociedad, a menos que el socio aportante la reponga a satisfacción de los consocios, o que éstos determinen continuar la sociedad sin ella. 7°) La muerte de cualquiera de los socios (Art.2.103). Se disuelve la sociedad por la muerte de cualquiera de los socios, salvo que por disposición de la ley o por el acto constitutivo haya de continuar entre los socios sobrevivientes con los herederos del difunto o sin ellos. Pero aún fuera de este caso se entenderá continuar la sociedad mientras los socios administradores no reciban noticia de la muerte. La sociedad colectiva es una sociedad de personas y puede que los socios no tengan en los herederos del fallido la misma confianza que en éste tenían; por eso, la muerte de cualquiera de los socios produce ipso jure, de pleno derecho, la disolución de la sociedad. Sin embargo, no hay ningún inconveniente para que los socios estipulen expresamente que la sociedad no se disolverá por el fallecimiento de uno de ellos. Esta estipulación podrá hacerse de dos maneras. En primer lugar, estableciendo que la sociedad continúe con los herederos del fallido; en este caso, no hay cuestión, y si el socio fallecido es uno de los administradores, no se transmite a éstos la facultad administrativa que a su causante le correspondía. Artículo 401: “La facultad de administrar es intransmisible a los herederos del gestor, aún cuando se haya estipulado que la sociedad haya de continuar entre los socios sobrevivientes y los herederos del difunto”. Y en segundo lugar, estipulando que en caso de fallecimiento de uno de los socios la sociedad continuará con los sobrevivientes con exclusión de los herederos del socio fallecido. En este caso, se les entregará a los herederos la parte que le correspondía al socio fallecido. 8°) La incapacidad sobreviviente o la insolvencia de uno de los socios. Es una causal de disolución inspirada en las mismas ideas que acabamos de exponer. Artículo 2106: “Expira asimismo la sociedad por la incapacidad sobreviviente o la insolvencia de uno de los socios.
Podrá, con todo, continuar la sociedad con el incapaz o el fallido, y en tal caso el curador o los acreedores ejercerán sus derechos en las operaciones sociales”. No se trata aquí de una incapacidad que constituya una causal de nulidad, porque no se refiere la ley a la incapacidad que existió en el momento de celebrar la sociedad; se trata de una incapacidad sobreviviente que no obra retroactivamente para viciar en su origen el contrato. Ya advertimos que la insolvencia no es lo mismo que la quiebra, que la primera puede llevar a ésta, pero no necesariamente. Pues bien, en caso de quiebra de uno de los socios se disuelve la sociedad de pleno derecho, pues ello implica el desasimiento de los bienes del asociado y éste pierde la facultad de administrador. 9°) El consentimiento unánime de los socios (art.2107). Esta causal no es sino una manifestación de la autonomía de la voluntad de los asociados, que son libres de poner término a las relaciones que ellos han creado. 10°) La renuncia de uno de los socios. La sociedad puede expirar también por la renuncia de uno de los socios. Sin embargo, cuando la sociedad se ha contratado por tiempo fijo, no tendrá efecto la renuncia, si por el contrato de sociedad no se hubiere dado la facultad de hacerla, o si no hubiere grave motivo, como el mal estado de los negocios por circunstancias imprevistas, u otros de igual importancia. De esta disposición se desprende que la disolución por la voluntad de uno solo de los socios o renuncia, sólo puede tener cabida en las sociedades de duración ilimitada y cuando se ha estipulado expresamente en el contrato. 11°) Causal de disolución de la sociedad colectiva basada en graves motivos. La sociedad puede expirar también por graves motivos, como por ejemplo, la inejecución de las obligaciones del otro socio, la pérdida de un administrador inteligente que no pueda reemplazarse entre los socios, mal estado de los negocios por circunstancias imprevistas, u otros de igual importancia (art.2.108 C.C.). 11.- FORMALIDADES DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y SUS EFECTOS.La disolución anticipada de la sociedad antes de vencer el término estipulado, la prórroga de éste, debe reducirse a escritura pública y el extracto inscribirse en el Registro de Comercio. No es necesario cumplir con estas formalidades, cuando la disolución de la sociedad se debe al vencimiento del plazo (Artículo 350).
La disolución produce efectos entre los socios desde que ella tiene lugar o desde cuando se declare la ocurrencia de la causal que le pone término, según el caso. Respecto de terceros la disolución no produce mientras no se cumplan las formalidades (escritura pública e inscripción en el Registro de Comercio, arts.350 y 354). En caso contrario, los terceros tienen derecho a considerar la sociedad como si estuviera vigente. Disuelta la sociedad procederá a la liquidación por la persona que al efecto haya sido nombrada en la escritura social o en la escritura de disolución. Producida la disolución social, se originan los siguientes efectos: Comienza el período de liquidación; La personalidad jurídica de la sociedad subsiste para los efectos de su liquidación; Los administradores dejan de actuar como tales y pierden la facultad de obligar a la sociedad y a los socios.
12.- LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA.De acuerdo con el artículo 408 del Código de Comercio, producida la disolución de la sociedad, se producirá su liquidación. Por liquidación debe entenderse el conjunto de operaciones que tienen por objeto: 1° Concluir los asuntos ya iniciados; 2° Reunir y realizar los bienes que integran el activo de la sociedad; 3° Pagar a los acreedores de la sociedad; 4° Distribuir el activo neto entre los asociados de acuerdo con su cuota de interés en la sociedad. ¿Quién practica la liquidación? En las sociedades colectivas civiles, esta liquidación se practica en la misma forma en que se haría la liquidación de una comunidad o una herencia, o sea, por árbitros (C.O.T.). En cambio, en las sociedades colectivas comerciales, la liquidación se efectúa por medio de “liquidadores”, que son representantes de los socios y que se encarga de llevar a cabo este conjunto de operaciones constitutivas de la liquidación; sólo en caso de que se produzcan dificultades entre los socios y nada hayan estipulado o nada digan al respecto el contrato social, podrán someterse estas divergencias al conocimiento de un compromisario. Subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad.- Uno de los efectos de la disolución es la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad. Aplicando la ley en todo su rigor tendríamos que llegar a la conclusión de que la personalidad jurídica termina ipso facto, por el solo hecho de la disolución de la sociedad. De ser así, se producirían importantes consecuencias, como por ejemplo, se crearía entre los socios un estado de comunidad, y esto traería, a su vez, como consecuencia que los acreedores sociales perderían su privilegio para pagarse
sobre el patrimonio social y quedarían pospuestos a los acreedores particulares de los socios. Por otra parte, los acreedores personales de los socios podrían embargar los bienes de éstos en la sociedad. En vista de todos estos inconvenientes, la doctrina y la jurisprudencia han admitido que la sociedad disuelta continúe subsistiendo como persona jurídica mientras dura la liquidación, pero sólo para los efectos de ella. Si bien es cierto que este principio no está consagrado expresamente se desprende de varias disposiciones. Así, el artículo 410 refiriéndose al liquidador, declara que es un mandatario de la sociedad, con lo cual da por sentada la subsistencia de la personalidad jurídica de ésta. Pero la disposición que en mayor grado supone ese principio es el artículo 413 N° 6, que dice que el liquidador está obligado a vender las mercaderías y los muebles e inmuebles de la sociedad aún cuando haya algún menor entre los socios. Esto nos está probando que durante la liquidación, esos bienes no pertenecen a los socios, ni en todo ni en parte, sino que pertenecen a la sociedad, a la persona jurídica, y por eso que el liquidador puede venderlos sin necesidad de cumplir formalidad ninguna. ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA SUBSISTENCIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACION.LA
Algunas consecuencias que derivan del principio de la subsistencia de la personalidad jurídica de la sociedad en liquidación: 1) 2) el domicilio social no sufre modificación y las acciones judiciales podrán entablarse en contra de la sociedad ante el tribunal competente de ese domicilio; El patrimonio social sigue perteneciendo a la sociedad en liquidación, y la situación de los acreedores sociales permanece también inalterable, con lo cual continúan gozando del derecho al pago de sus créditos con preferencia a los acreedores personales de los socios, y estos últimos sólo podrán embargar lo que al término de la liquidación corresponda a cada uno como parte líquida suya por su cuota social; La sociedad conserva la propiedad sobre su patrimonio y los socios no tienen derecho alguno sobre él; el liquidador es el mandatario de la sociedad y la representa a ella y no a los socios, que carecen de todo derecho para actuar en su nombre, el liquidador podrá vender libremente, sin formalidades habilitantes, los inmuebles sociales, aun cuando haya entre los socios haya algún menor de edad; y ello porque los inmuebles no pertenecen a los socios sino a esa persona jurídica distinta; La sociedad en liquidación puede ser declarada en quiebra, pues subsiste como sujeto de derecho, como persona moral.
Nombramiento del liquidador.- Artículo 408: “Disuelta la sociedad, se procederá a la liquidación por la persona que al efecto haya sido nombrada en la escritura social o en la disolución”. Si no ha sido nombrada en ninguna de estas dos escrituras, el liquidador es designado: de común acuerdo por todos los socios, o, por el juez, en caso de desacuerdo. La designación puede recaer en un socio o en un tercero extraño y la persona nombrada tiene respecto de la sociedad el carácter de mandatario (art.409 inc.2°). Facultades del liquidador. Los poderes del liquidador se encuentran detallados en el acto jurídico de su nominación (escritura social o escritura de disolución), quien deberá conformarse estrictamente a las facultades que le han sido conferidas. Ahora bien, si el acto de su nombramiento no determina sus facultades, de acuerdo con lo previsto en el artículo 411, “no podrá ejecutar otros actos y contratos que los que tiendan directamente al cumplimiento de su encargo”. Como se dijo, la misión de liquidador es concluir las operaciones ya iniciadas, realizar el activo, solucionar el pasivo y reparar, los excedentes, si los hay. Las obligaciones de liquidador están señaladas en el artículo 413 del Código de Comercio. 13.- PRESCRIPCION DE ACCIONES CONTRA LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS Y ENTRE ESTOS ENTRE SI.Las acciones que emanan del contrato de sociedad, entre la sociedad y los socios y entre éstos entre sí, prescriben en cuatro años desde que pudieren entablarse. Así se infiere de lo establecido en el artículo 822 del Código de Comercio. La prescripción de las acciones de terceros contra la sociedad se rige por las reglas propias de la acción de que se trate. Puede haber entonces responsabilidad contractual civil o penal, provenientes de acciones de nulidad, rescisión, revocación, etc., las cuales tienen diversas reglas de prescripción. 14.- PRESCRIPCION DE ACCIONES DE TERCEROS CONTRA LOS SOCIOS.Los artículos 419 a 423 reglamentan un régimen especial de prescripción aplicable a las acciones de terceros en que se hace valer la responsabilidad solidaria de los socios por las obligaciones sociales. Distinguen estas normas entre acciones que se ejercen contra los socios liquidadores de aquellas que se deducen contra los no liquidadores. Respecto de las primeras, dispone el artículo 423 la aplicación de las reglas generales de prescripción del Código Civil, las que contemplan diversos plazos para que opere la prescripción, según
sea la naturaleza de la acción deducida, contándose siempre el plazo de prescripción desde que la obligación se hizo exigible. Con respecto de las acciones de los socios no liquidadores el plazo de prescripción es de cuatro años contados desde la disolución.
1.- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS.La sociedad de responsabilidad limitada es aquella en que todos los socios administran por sí o por mandatarios elegidos de común acuerdo y en que la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes o a la suma que a más de éstos se determina en los estatutos sociales. Las características de la sociedad de responsabilidad limitada son las siguientes: a) Existencia de un capital determinado como garantía para los acreedores; b) Reducida cantidad de asociados (50 máximo) c) El capital está representado por partes o cuotas sociables que no son negociables y cuya transferencia se somete a restricciones; d) No podrán dedicarse a negocios bancarios y sociedades financieras; compañías de seguros; administradoras de fondos mutuos; isapres, administradoras de fondos de pensiones, sociedades securitizadoras y otras contenidas en leyes especiales. e) Solemnidades en su constitución: escritura pública, inscripción en el Registro de Comercio y publicación en el Diario Oficial. Estas sociedades se rigen por la Ley 3.918, publicada en el Diario Oficial de 14 de marzo de 1923, y en lo no previsto en ellas se estará a las disposiciones estatutarias y, a falta de una y otras, a lo que dispongan las leyes sobre sociedades colectivas (art.4° de la Ley 3.918). Si la sociedad de responsabilidad limitada es civil, se le aplicarán supletoriamente las reglas de las sociedades colectivas civiles, si es comercial, las de las colectivas comerciales.
2.- CONSTITUCION.-
Se trata de un contrato solemne que está sujeto a las siguientes formalidades en cuanto a su constitución: escritura pública; Inscripción en extracto de la escritura en el Registro de Comercio, y publicación en el Diario Oficial 1) Escritura pública.- Por disposición del artículo 2° de la Ley N° 3.918, ella debe contener las enumeraciones que expresa el artículo 352 del Código de Comercio. La escritura pública debe además contener “la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes o a la suma que a más de éstos se indique”. Nada se expresa para el caso de que se omita hacer esta declaración. Los autores estiman que en tal caso debe tenerse a la sociedad como colectiva aunque en la razón social (que debe estimarse falsa) se cumpla con la exigencia de agregar la palabra limitada conforme al artículo 4°, pues la responsabilidad de los socios emana de sus declaraciones explícitas formuladas en el pacto social y no del cumplimiento de formalidades exteriores o publicísticas de las que pueda entenderse una sustitución de aquéllas. 2) Inscripción en extracto de la escritura en el Registro de Comercio.- El extracto debe contener las menciones del artículo 354 del Código de Comercio, e inscribirse en el Registro de Comercio que corresponda al domicilio social, dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura social. 3) Publicación del extracto.- El extracto de la escritura, autorizado por el notario que la extendió y con las menciones legales, será publicado “por una sola vez” en el Diario Oficial dentro del plazo de 60 días contado desde la fecha de la escritura social. Sanción al incumplimiento de las formalidades.A las sociedades de responsabilidad limitada se les aplica el régimen sancionatorio previsto en el la Ley N° 19.499, de 1997. En efecto, de acuerdo con el nuevo texto del artículo 3° de la Ley 3.918, a este tipo de sociedades se les aplican los artículos 353, 355, 355ª, 356, 357 inciso 1°, 358, 359, 360 y 361 del Código de Comercio. De manera que si esta sociedad no consta de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de instrumento protocolizado, es nula de pleno derecho, con el mismo alcance que esta sanción tiene en el caso de las sociedades colectivas comerciales. Cuando este tipo societario está afecto a un vicio de nulidad saneable, en los mismos casos que esta sanción se produce para las sociedades colectivas comerciales, a los que debemos agregar la omisión de la cláusula esencial de limitación de responsabilidad y la falta de publicación o publicación tardía del
extracto en el Diario Oficial, si se declara su nulidad por resolución judicial, los socios fundadores no responden solidariamente de las obligaciones contraídas en nombre e interés de la sociedad, porque el artículo 3° de la Ley N° 3.918 hace aplicable a ellas sólo el inciso 1° del artículo 357 del Código de Comercio y no el inciso 2°, del aludido precepto, donde se establece dicha responsabilidad. El hecho que los fundadores no respondan solidariamente se condice con la naturaleza de esta sociedad, en la cual los socios responden de las deudas sociales sólo hasta la concurrencia de sus aportes o por la suma que sobre ellos se indique en los estatutos, circunstancia que se supone conocida por terceros, dado que la razón social lleva la palabra limitada. Por último, el cumplimiento oportuno de la solemnidad de inscripción y de publicación del extracto se retrotrae a la fecha de la escritura constitutiva de la sociedad, lo que implica que la sociedad nace a la vida jurídica en un solo instante, esto es, el día del otorgamiento de la escritura pública fundacional. Capacidad para celebrar este contrato.- Como lo hemos expresado, se aplican a estas sociedades las reglas sobre capacidad de los socios dadas a las sociedades colectivas civiles o comerciales, según sea la naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada de que se trate. En consecuencia, si un menor adulto desea ingresar como socio a una sociedad de responsabilidad autorización judicial a que se refiere el artículo 349 del C. de C. Sin embargo, con respecto a las mujeres casadas, el artículo 4° de la Ley 3.918 señala: “La mujer casada y separada parcialmente de bienes, siempre que la separación sea convencional, y la que ejerza un empleo, oficio, profesión o industria con arreglo al artículo 150 del Código Civil, no requerirán autorización especial de que trata el artículo 349 del Código de Comercio del C. de C. para celebrar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con relación al patrimonio que separadamente administren. Razón social.- La razón o firma social podrá contener el nombre de uno o más de los socios, o una referencia al objeto de la sociedad. En todo caso deberá terminar con la palabra “limitada”, sin lo cual todos los socios serán solidariamente responsables de las obligaciones sociales (art.4° inciso 1° de la Ley N° 3.918). Limitación de la responsabilidad.Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada son totalmente irresponsable por las deudas sociales. Sólo arriesgan en la empresa social los bienes aportados. Si la empresa tiene pérdidas, pierden todo o parte de esos aportes, pero nunca son responsables frente a terceros.
Administración de la sociedad de la responsabilidad.- En nuestro medio, frente a la ausencia de disposiciones precisas y convenientes, se ha planteado el problema de saber si la sociedad de responsabilidad limitada podría ser administrada por un directorio. Los autores no ven inconvenientes para adoptar este sistema. En la práctica comercial se usa mucho esta forma de administración. Disolución y liquidación.- La Ley 3.918, no contiene normas especiales sobre estos dos aspectos, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 4° inciso 2° de la misma, este tipo social se disuelve en los mismos casos que la sociedad colectiva. La novedad que se presenta en esta materia es la aplicación del artículo 2104 del Código Civil, según el cual en caso de muerte de uno de los socios, la sociedad no se disuelve, sino que continúa con los herederos del socio fallecido. Para que la sociedad se disuelva anticipadamente se requiere acuerdo unánime de los socios en escritura pública otorgada con ese fin, cuyo extracto debe inscribirse en el Registro de Comercio y publicarse en el Diario Oficial, ambas formalidades dentro del plazo de 60 días contados desde la escritura pública. En nuestro medio, frente a la ausencia de disposiciones precisas y convenientes, se ha planteado el problema de saber si la sociedad de responsabilidad limitada podría ser administrada por un directorio. Los autores no ven inconvenientes para adoptar este sistema. En la práctica comercial se usa mucho esta forma de administración.
1.- CONCEPTO, CARACTERISTICAS Y CLASIFICACION.Este tipo de sociedad tiene muy poca aplicación en la práctica, de modo que solo veremos los aspectos más generales. Se encuentran reglamentadas en los artículos 470 al 506 del Código de Comercio. 1.- Concepto.De acuerdo con los artículos 470 del Código de Comercio y 2061 inciso 3° del Código Civil son en comanditas aquellas sociedades que se celebran entre una o más personas que comprometen a llevar a la caja común un determinado aporte, obligándose sólo hasta concurrencia de él, y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad, por sí o sus delegados y en su nombre particular. 2.- Generalidades del contrato.- En las sociedades en comanditas existen dos categorías de socios: los colectivos o gestores que aportan trabajo y
administran la sociedad y los anónimos o comanditarios que aportan solamente capital y no pueden participar en la administración. Los gestores responden solidaria e ilimitadamente de todas las obligaciones de la sociedad de acuerdo con el artículo 483 del Código de Comercio y en conformidad a la misma disposición los comanditarios sólo responden de ellas hata concurrencia de sus aportes prometidos o entregados. Como es natural, los gestores son pocos en número; pero su gestión es de gran importancia. 3.- Clase de sociedades.- En conformidad con el artículo 471, existen dos tipos, la comandita simple y la comandita por acciones, siendo la primera aquella en que el capital se forma con los aportes de los socios comanditarios o por éstos y los gestores a la vez, y la segunda, aquella en que el capital se divide en acciones o cupones de acción suministrados por los socios comanditarios. Ambas especies se diferencian: a) en la forma en que está constituido el capital social; y b) en las formalidades de constitución y de funcionamiento que tienen características peculiares para cada una de dichas sociedades. Están reglamentadas en el Código de Comercio, artículos 470 a 506 inclusive. A.- SOCIEDAD EN COMANDIDA SIMPLE.1) Constitución.- El artículo 472 dice que “la comandita simple se forma por la reunión de un fondo suministrado en su totalidad por uno o más socios comanditarios, o por éstos y los socios gestores a la vez”. Por su parte el artículo 474 establece que “la comandita simple se forma y prueba como la sociedad colectiva comercial”, es decir, por escritura pública y extracto de la misma que debe inscribirse en el Registro de Comercio. La única diferencia con las sociedades colectivas es la que establece el artículo 475, es decir, que el nombre de los socios comanditarios no figura en el extracto. Sin embargo debe advertirse de que no hay sanción indicada por la ley para el caso de contravención. 2) La razón social.- Según el artículo 476, la razón social está formada únicamente por los nombres de los socios gestores y no comprende ni debe comprender el de los socios comanditarios. La sanción para este caso de infracción es grave, pues el comanditario que “permite o tolera la inserción de su nombre en la razón social se constituye responsable de todas las obligaciones y pérdidas de la sociedad en los mismos términos que el socios gestor”. Sin embargo le da derecho la ley a repetir contra los socios gestores (art.486). 3) Capital social.- Si bien los gestores pueden llevar a la sociedad en tal carácter su capacidad, crédito e industria personal, el comanditario no puede hacerlo, de acuerdo con el art. 478 pues dicha actividad es incompatible con el carácter pasivo que su calidad de comanditario le asigna.
Sin embargo, el comanditario puede aportar la comunicación de un secreto de arte o de ciencia, con tal que no lo aplique por sí mismo ni coopere diariamente a su aplicación (art.478). 4) Administración.La administran la sociedad corresponde por derecho propio solo los socios gestores. Si los comanditarios intervienen en la administración, pasan a responder de las deudas sociales con su propio patrimonio. B.- SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.1.- Concepto.- Art. 473: “La comandita por acciones se constituye por la reunión de un capital dividido en acciones o cupones de acción y suministrados por socios cuyo nombre no figura en la escritura social”. Por su parte, el artículo 491 establece que las reglas dadas para la sociedad en comandita simple se aplican a este tipo de sociedades en cuanto no estén en contradicción con las particulares que sobre ellas da la ley. 2.- Junta de Vigilancia.- En las comanditas por acciones existe, además, una junta de vigilancia, cuyas funciones son examinar la constitución de la sociedad y sus libros, lo que importa una facultad de fiscalización, y proponer dividendos. CESIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES.Los socios gestores no pueden ceder sus derechos sociales salvo consentimiento unánime de sus consocios, en tanto que los comanditarios si pueden hacerlo sin este requisito, pero el cesionario carecerá del derecho de examinar los libros de la sociedad mientras esté vigente. En el resto, las sociedades en comanditas se rigen, en lo sustancial, por las mismas normas que las sociedades colectivas.
Quinta Parte LA ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION
1.- CARÁCTER Y DENOMINACION.No es una verdadera sociedad. Antiguamente, en Francia, se llamaba ésta, sociedad anónima, por no tener un nombre determinado. Se le ha denominado también con los calificativos de transitoria, momentánea, oculta, etc. En cuanto a su carácter distintivo, se ha discutido entre nosotros acerca del timbre esencial, fundamental de este contrato. Para algunos es la
singularización, la individualización de las operaciones lo que la caracteriza; de manera que cumplidas éstas, termina la asociación. Sin embargo, no es éste el verdadero rasgo que la caracteriza, a pesar de que sea frecuente que estas operaciones sean determinadas, momentáneas, de corta vida, porque hay asociaciones que se dedican a una serie de negocios. Para otros la característica de la asociación es el carácter privado, oculto que tiene. Y en realidad, en nuestro concepto, ésta es la opinión que debe aceptarse y que confirman los artículos 507: “…que debe ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal…” y 509: “La participación es esencialmente privada…”. Es muy importante que los partícipes no den a conocer la asociación, porque, de lo contrario, podrían los terceros creer que se trata de una sociedad colectiva de hecho, y la responsabilidad en este caso, como sabemos, es muy distinta. No se revelan, pues, al exterior; se ejecutan las operaciones por el socio gestor, pero sin expresar que obra a nombre de la cuenta en participación; los terceros ignoran completamente la existencia de ésta: ellos sólo contratan con el partícipe gestor, sin tomar para nada en cuenta a los otros partícipes, a quienes no conocen 2.- NO SOLO LOS COMERCIANTES PUEDEN PACTAR LA ASOCIACION.El artículo 507, definiéndola, dice: “La participación es un contrato por el cual dos o más comerciantes…”. Esto es un error, porque no hay ningún inconveniente para que dos personas que no sean comerciantes celebren un contrato en esta forma. 3.- ES UN CONTRATO MERAMENTE CONSENSUAL.No es necesario para su formación la concurrencia de solemnidades, como ocurre en los otros contratos mercantiles (art. 508). 4.- PRUEBA DEL CONTRATO.Tampoco hay requisitos especiales para la prueba de haberse celebrado. Para los terceros no se presenta el caso de probar la existencia de la asociación, ya que para ellos no tiene importancia; ella sólo existe entre los socios (art.509, inciso 2°) 5.- LA ASOCIACION NO CONSTITUYE UNA PERSONA JURIDICA.Consecuencia de esto es que el partícipe gestor no representa a una persona jurídica, sino que obra para con los terceros en su propio nombre (art.509); y que además, no hay un patrimonio diverso del de los socios y no habiendo patrimonio social, no hay acreedores sociales, habrá solamente acreedores personales. Como no existen acreedores sociales, la asociación no puede declararse en quiebra; pero esto no se opone a que el que contrató pueda serlo.
6.- ACCION DE TERCEROS.El artículo 510 establece el principio que debe regir las relaciones de los terceros con el partícipe administrador: no tiene acción sino contra él, considerando no como administrador, sino como deudor personal de los terceros. No hay un vínculo jurídico entre los terceros que han contratado y los partícipes inactivos, puesto que ellos han contratado con el administrador. No podrían los terceros entablar acción de in rem verso so pretexto de que los partícipes inactivos se hubieran enriquecido con el contrato. Según el artículo 2.094 del Código Civil, “el socio que contrata a su propio nombre y no en el de la sociedad, no la obliga respecto de terceros, ni aun en razón del beneficio que ella reporte del contrato…”. Si esto ocurre en la sociedad, con mayor razón debe existir en la participación, la que no tiene existencia legal. 7.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPES.El artículo 511 se remite en este punto a las reglas de la sociedad, salvo las modificaciones resultantes de la naturaleza de la participación. Así, se aplican esas reglas a las cuestiones relativas a la distribución de las ganancias y pérdidas, y a la administración, etc.
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