Source: http://www.franciscosantana.net/2017/05/admision-de-demanda-por-intereses_24.html
Timestamp: 2020-07-15 02:58:38
Document Index: 113741553

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 68', 'artículo 357', 'artículo 286', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 178', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 178', 'artículo 29', 'artículo 31', 'artículo 178', 'artículo 56', 'artículo 30', 'artículo 153', 'artículo 29', 'artículo 31']

Que “(p)equeños grupos de persona en actitud violenta han trancado las vías de tránsito vehicular nacionales y/o municipales de forma discrecional desde 06 de abril de 2017 hasta la presente fecha arrojando basura, chatarra de todo tipo, troncos, árboles cortados ilegalmente, cauchos, han quitado alcantarillas, ha movido separadores viales, han dispersado aceite en las calles y han dañado el patrimonio municipal realizando grafitis, quemando pasarelas y alterando el orden público impidiendo que las personas que vivimos en estos Municipios podamos entrar o salir de nuestras viviendas, a trabajar, estudiar, hacer compra de alimentos, recibir atención médica o cualquier otra necesidad que requiera el salir de nuestros hogares o nos dirijamos a ellos”.
Que “(l)os daños ocasionados a los bienes patrimoniales nacionales, estadales y municipales, afectan el cotidiano desenvolvimiento de los habitantes del Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, como las pasarelas, semáforos, alumbrado público, separadores viales, asfalto de vías, paradas de transporte público, sin la intervención preventiva de la policía municipal u otros funcionarios municipales que eviten este tipo de actos vandálicos”.
Que “(e)l día 07 abril de 2017 fue un hecho público y notorio que saquearon un conjunto de comercios de alimentos en varias comunidades del municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda, afectando la accesibilidad de los rubros de alimentos, insumos básicos y de primera necesidad, así como la vulneración de los derechos a la propiedad privada de comerciantes establecidos en el municipio, donde no intervino previamente la policía municipal de Carrizal”.
Que “(l)a presente demanda de protección de intereses colectivos y difusos así como la solicitud de amparo constitucional cautelar, se fundamente en el hecho que el Alcalde del Municipio Carrizal, ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, está omitiendo realizar la gestión que le ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 178 de la competencia del Municipio; en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, lo que está ocasionando como consecuencia la violación de los derechos constitucionales de los vecinos de este Municipio al libre tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, a la familia y a la seguridad personal”.
Que “(e)l artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su numeral 2 que es de la competencia de los Alcaldes la vialidad Urbana, circulación y ordenación del tránsito de los vehículos y personas en las vías municipales, servicio de transporte urbano y de pasajeros; en su numeral 4 establece que es su deber la protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección; en su numeral 5 que deben gestionar la salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a la primera y segunda infancia, educación preescolar, servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes; en su numeral 6 que deben gestionar los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado;, en su numeral 7 se establece que deben brindar servicio de prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal”.
Que “(e)l Alcalde demandado no están cumpliendo con sus deberes establecidos por mandato Constitucional, ya que están permitiendo que algunos vecinos tengan en anarquía total el Municipio con tranca de calles que afecta directamente a los habitantes de Carrizal y en consecuencia de todo el eje de los Altos Mirandinos”.
Que “(l)a Constitución consagra en su artículo 68 el derecho a la manifestación, de manera pacífica y sin armas, que no es lo que está ocurriendo en el Municipio Carrizal, no se puede considerar que una manifestación es pacífica cuando se colocan barricadas -en muchas oportunidades con fuego- que impiden que los vecinos puedan ejercer plenamente sus derechos constitucionales al libre tránsito, a llegar a su vivienda con sus familiares, que puedan trabajar, llevar a sus hijos al colegio, y en fin no tener un Municipio en anarquía como está actualmente”.
Que “(e)l Alcalde de Carrizal, ciudadano José Luis Rodríguez Fernández (sic) no ha aplicado acciones correctivas, preventivas o disuasivas hasta la presente fecha, para que los grupos violentos que se apostan en el municipio desistan de las acciones que están afectando el libre desenvolvimiento de quienes habitamos en el municipio”.
Que “(s)e está delante de actos delictivos cometidos de manera flagrante sin que la autoridad municipal actúe”.
Que “(c)ortar y arrojar arboles en las vías públicas constituye delitos tipificados en la Ley Penal del Ambiente, el poner obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte constituye el delito previsto en el artículo 357 del Código Penal, asociarse para cometer estos delitos configura el delito de agavillamiento previsto en el artículo 286 del Código Penal”.
Que “(l)a Policía Municipal no actúan en estos casos donde evidentemente se está cometiendo un delito flagrantemente y esto es por la orden dada por el Alcalde del Municipios Carrizal. Dicha omisión de la Policía Municipal de no detener a las personas que están cometiendo delitos en el Municipio, es consecuencia directa de la inconstitucional actuación del Alcalde del Carrizal que no están cumpliendo con su deber”.
Que “(…) la falta de cumplimiento de los deberes por parte del Alcalde demandado mantiene la posibilidad de que se ocasionen enfrentamientos entre los vecinos del Municipio que gobiernan, en razón de las disputas que se ocasionan entre quienes colocan las barricadas y quienes desean llegar a sus hogares lo que hace posible un desenlace fatal al ocasionarse enfrentamientos entre ciudadanos por falta de una autoridad que resguarde la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en este Municipio”.
Que “(l)os hechos denunciados son públicos, notorios y comunicacionales y a todo evento consigno en este acto documentos de medios de circulación local en los cuales se aprecia que en el Municipio Carrizal se han realizado de manera consecutiva tranca de calles con ilegales barricadas permitidas por el Alcalde en cuestión, en los cuales se evidencia la violación de los derechos constitucionales arriba mencionados y la participación de funcionarios de la Alcadía de Carrizal y de la Cámara Municipal de Carrizal”.
En tal sentido, denuncian que “(v)isto el incumplimiento del ejercicio de las Funciones por parte del ciudadano José Luis Rodríguez (sic) en su condición de Alcalde del Municipio Carrizal, hoy demandado, se están vulnerando los derechos constitucionales de los habitantes de los Municipio, consagrados en los artículos 50, 55, 75,78, 80, 83, 87, 102, 111, 112,127, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
En tal sentido, los accionantes pidieron a esta Sala Constitucional:
“1. Se declare competente para conocer la presente Demanda de Protección de Intereses Colectivos y Difusos;
2. Admita le presente demanda, en cuanto ha lugar en derecho y la declare con lugar en la definitiva;
3. Acuerde el amparo constitucional cautelar solicitado con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en tal sentido, conforme al criterio vinculante de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostenido en sentencias Nros. 135 y 137 de fecha 12 y 17 de marzo de dos mil catorce (2014), expediente Nro. 14-0194, se ordene al Alcalde del Municipio Carrizal, ciudadano José Luis Rodríguez, dentro del municipio en el cul ejerce sus competencias lo siguiente:
i. Realice todas las acciones y utilice los recursos materiales y humanos necesarios, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en las vías públicas que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos; se proceda a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes de éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana;
ii. Cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas el Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda.
iii. velar por la protección del ambiente y saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario;
iv. Girar las instrucciones necesarias en su cuerpo de policía Municipal, a fin de dar cumplimiento efectivo a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; y , en este sentido,
v. Desplegar las actividades preventivas y de control del delito, así como, en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de su espacio territorial, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley”.
En este sentido, afirmaron que “(e)s necesario se acuerde este amparo constitucional cautelar a la brevedad para que los vecinos del Municipio Carrizal puedan llevar a sus hijos al colegio, puedan salir a trabajar, puedan ver a sus familiares, puedan hacer mercado y comprar los alimentos necesarios para vivir, puedan acudir libremente en caso que lo necesiten a un centro de salud, puedan recrearse ir a los centros comerciales de este Municipio, los cuales producto de las llamadas Guarimbas han tenido que cerrar más temprano o no han abierto sus puertas como es el caso del Centro Comercial La Cascada y el Centro Comercial Las Colinas, el primero ubicado en el kilómetro 20 de la Carretera Panamericana y el segundo ubicado en el Sector Montañaalta”.
Para ello argumentaron que “(t)rancar u obstaculizar una calle y prohibir el paso de los vehículos en este Municipio, es prácticamente someter a la persona a que se quede en su casa, el transporte público no puede circular, por lo que se ocasiona un caos en la vida diaria de la persona que vive o necesita acudir a Carrizal. Además, señalo que el amparo constitucional cautelar peticionado es necesaria para salvaguardar los derechos al libre tránsito, la salud, educación, recreación, familia, trabajo, entre otros, así como para garantizar la vida de los habitantes de este Municipio, ya que de continuar la anarquía que vivimos por falta de los Alcaldes demandado de ejercer las funciones que le ordena la Constitución, está la posibilidad de enfrentamientos entre los vecinos que habitamos en estos Municipios entre quienes colocan las barricadas y quienes desean salir o llegar a sus viviendas que por falta de intervención del Gobierno Municipal deben hacer valer sus derechos por su propia cuenta y al tratar de retirar las barricadas son agredidos y deben defenderse pudiendo ocasionarse un desenlace fatal por ello urge se acuerde la medida solicitada”.
Corresponde a la Sala determinar su competencia para el conocimiento de la presente demanda intentada por los ciudadanos Keilyn Yoelis Gómez Infante, Milagros Coromoto Rodríguez de Leen, Frank Armando Hernández Briceño, Natalia Martinho Santos, Jhorman Eduardo Vargas Ramos, Dorelys Adriana Moreno Franco, Luis Alberto Moreno Santos, Yenderth Josué Alcalá Alayon, Yasmín Esmeralda Hernández Giménez, Héctor José Dulcey Chávez, Norlibeth Dayana Toloza Peña, Naylet Dillary Toloza Villegas, Carlos Alberto Albarracín Álvarez, Ana Dolores Gandica Fernández, Frangely Yoharavi Chiquinquirá Rangel Salgado y María Teodolinda Guía Sánchez, en la que invoca la protección de intereses colectivos y difusos respecto al alcalde del municipio Carrizal del estado Miranda, ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, y por la cual denuncia el incumplimiento por parte de los mencionados alcaldes del artículo 178 de la Constitución y la violación de los derechos contenidos en los artículos 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112 y 127 eiusdem.
En ese sentido, se observa que los hechos relatados en el escrito presentado y que motivan la presente demanda consisten en el supuesto incumplimiento por parte del Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda del artículo 178, numerales 2, 4, 5 y 7 de la Constitución, al aparentemente permitir que vecinos de esas localidades coloquen obstáculos en la vía pública y quemen objetos, lo cual, según se denuncia, atenta contra los derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a la educación, a la salud, al medio ambiente y a la seguridad personal.
En este sentido, se observa que si bien la presente demanda ha sido intentada por un grupo de habitantes del municipio ya indicado, los hechos que relata y su pretensión –tanto cautelar como de fondo– afecta a un sector poblacional determinado e identificable como son las personas que habitan, laboran o circulan por el municipio Carrizal del estado Miranda. Por tanto, con base a tales características la presente demanda debe calificarse como aquellas dirigidas a la protección de intereses colectivos y, así se declara.
Corresponde a la Sala decidir sobre el amparo cautelar pedido por la parte demandante, se observa que dicha medida está prevista en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la cual es aplicable a procesos como el de autos conforme a la doctrina sentada por esta Sala, entre otras, en la decisión n.° 1084 del 13 de julio de 2011, caso: José Rafael García García.
Significa entonces, que cualquier pretensión ejercitable ante esta Sala, puede ser acompañada de un amparo cautelar a los fines de la salvaguarda de los derechos fundamentales que pudieran encontrarse comprometidos por la actuación u omisión que se denuncia como lesiva, y la procedencia de éste se encontrará determinada, como en cualquier amparo constitucional, por los efectos dañosos sobre el derecho cuya tutela se invoca. (Negrillas de la presente decisión).
En efecto, el carácter provisional de este amparo como medida cautelar permite la salvaguarda de la efectividad de la tutela judicial, conforme lo dispone el artículo 26 constitucional.
De allí que el fundamento de la medida cautelar no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, en el cual deben ponderarse las circunstancias concomitantes del caso así como los intereses públicos en conflicto.
1) http://albaciudad.org/2017/05/mirandinos-denuncian-a-alcalde-de-carrizal-ante-tsj-por-apoyar-hechos-violentos-video/: “Un grupo de habitantes del municipio Carrizal, estado Miranda, al centro norte del país, acudió este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para denunciar la inacción y omisión del alcalde de esta jurisdicción, José Luis Rodríguez, ante los actos terroristas perpetrados en las últimas semanas por grupos violentos aupados por la derecha. Los vecinos responsabilizaron a Rodríguez, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo (derecha), por los actos de violencia que se han perpetrado en el municipio mirandino, donde se han registrado saqueos a comercios, obstaculización del libre tránsito, alteración del orden público y deterioro de los espacios comunes.
2) http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/nombre-los-detenidos-saqueo-supermercado-carrizal/: “ÚN.- Esta es la lista de las 27 personas detenidas por su participación en el saqueo del supermercado Fresco Market, en el sector Corralito de la carretera Panamericana, municipio Carrizal, estado Miranda.
Los hechos ocurrieron como parte de protestas callejeras violentas convocadas por pequeños grupos de la oposición.
En el control de la violencia actuó el destacamento 441 de la GNB con 150 efectivos de seguridad, reseñó La Tabla.
Los aprehendidos están a la orden de la Fiscalía Superior del estado Miranda, aquí sus nombres: …Omissis…”
3) https://www.aporrea.org/ddhh/n308645.html: 18/05/2017.- Un nuevo episodio de terror vivieron durante este miércoles las madres parturientas juntos a sus bebés recluidos en la Maternidad de Carrizal, estado Miranda; cuando se reportaron desde la mañana violentos disturbios en las cercanías del referido centro de salud. Dichas acciones violentas se prolongaron hasta pasadas las 10:00PM. En donde nuevamente actuaron bandas de encapuchados ultraderechistas. La situación llegó a tal extremo que un grupo de habitantes del municipio Carrizal, estado Miranda, región del centro norte del país; cansados de los constantes ataques al centro de salud maternal, acudieron este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para formalizar su denuncia a la inacción y omisión del alcalde de esta jurisdicción, José Luis Rodríguez, que ante los actos violentos y de terror perpetrados en las últimas semanas por grupos vandálicos dirigidos por partidos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se ha mantenido en completo silencio.
Atendiendo a ello, dado el amplio poder cautelar de esta Sala en protección de los derechos y garantías constitucionales y de los bienes jurídicos que especialmente ellos resguardan y atendiendo a la situación fáctica planteada por los demandantes como al hecho notorio comunicacional, del cual tiene conocimiento esta Sala, así como atendiendo a la competencia constitucional que tienen los Alcaldes, en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desarrolladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, así como a los derechos constitucionales denunciados como lesionados 50, 55, 75, 78, 80, 83, 87, 102, 111, 112, 127, entre otros, se acuerda amparo constitucional cautelar, con fundamento en lo previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, se ordena al Alcalde del Municipio Carrizal, ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, que dentro del Municipio en el cual debe ejercer la competencia atribuida en el artículo 178 constitucional:
Asimismo, se le recuerda que conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda, ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem. Asimismo, visto que dicho mandamiento se sustenta en la conducta omisiva referida a la falta de cumplimiento por parte de la citada autoridad municipal de lo previsto en el artículo 178, numerales 2, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Constitución, en concordancia con el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ordena la ejecución inmediata e incondicional de lo ordenado en el presente fallo., con fundamento en el artículo 30 ibídem.
Por las razones que se expusieron, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, se declara COMPETENTE para conocer la demanda ejercida por los ciudadanos KEILYN YOELIS GÓMEZ INFANTE, MILAGROS COROMOTO RODRÍGUEZ DE LEEN, FRANK ARMANDO HERNÁNDEZ BRICEÑO, NATALIA MARTINHO SANTOS, JHORMAN EDUARDO VARGAS RAMOS, DORELYS ADRIANA MORENO FRANCO, LUIS ALBERTO MORENO SANTOS, YENDERTH JOSUÉ ALCALÁ ALAYON, YASMÍN ESMERALDA HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, HÉCTOR JOSÉ DULCEY CHÁVEZ, NORLIBETH DAYANA TOLOZA PEÑA, NAYLET DILLARY TOLOZA VILLEGAS, CARLOS ALBERTO ALBARRACÍN ÁLVAREZ, ANA DOLORES GANDICA FERNÁNDEZ, FRANGELY YOHARAVI CHIQUINQUIRÁ RANGEL SALGADO y MARÍA TEODOLINDA GUÍA SÁNCHEZ, asistidos por la abogada MARÍA GABRIELA MORILLO PÉREZ, la cual se ADMITE.
Se remite el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que practique la citación, por cualquier medio, al ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda; notifique a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público y emplace por cartel a los interesados o interesadas, todo conforme a lo previsto en el artículo 153 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Se acuerda amparo constitucional cautelar y, en tal sentido, se ORDENA al ciudadano José Luis Rodríguez Fernández, Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda, que dentro del municipio en el cual ejerce sus competencias:
5.- Ejerza la protección a los niños, a las niñas, y a los adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 178, numeral 5 de la Constitución, 56 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 4 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el presente mandamiento de amparo constitucional cautelar debe ser acatado por el Alcalde del Municipio Carrizal del Estado Miranda, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad y exponerse a la sanción prevista en el artículo 31 eiusdem.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/199164-366-24517-2017-2017-511.HTML