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Timestamp: 2014-12-19 15:46:39
Document Index: 129617180

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 435', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5']

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N° 58.070 Fecha:21-IX-2012
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicita unpronunciamiento que determine si, para el cumplimiento de susfunciones y en virtud de lo previsto en el artículo 4°, inciso segundo,de la ley N° 20.405, conforme al cual esa corporación podrácomisionar a los personeros que indica, para ingresar a recintospúblicos, en los cuales se encuentren o puedan encontrarse personasprivadas de libertad, resultaría procedente acceder a los vehículospoliciales.Lo anterior, a juicio del peticionario, se ajustaría a derecho y al efectoaduce, en síntesis, los antecedentes de la historia fidedigna delestablecimiento del citado texto legal, el concepto amplio con que elDiccionario de la Real Academia Española define el término recintoque utiliza el precepto antes mencionado, el artículo 435 del Códigode Justicia Militar que entiende por recinto militar o policial, entreotros, todo vehículo en el cual ejerce sus funciones específicas unaautoridad de esos ámbitos, y que, de acuerdo con la ConstituciónPolítica, si en un vehículo policial se encuentran personas retenidassin existir orden judicial, solo puede tratarse de un delito flagrante, yen tal caso los afectados se encuentran igualmente privados delibertad. Asimismo, expone que según los tratados, convenciones y principiosinternacionales que señala, la legislación interna aplicable a losorganismos encargados de promover y proteger los derechoshumanos debe otorgarles atribuciones que permitan el desempeñoeficaz de su misión; que la mayoría de las denuncias que ha recibidoacerca de la actuación policial inciden en el uso de furgones ovehículos, y, finalmente, invoca la regla de interpretación pro homineque informa la preceptiva internacional de los derechos humanos, encuya virtud tales normas deben interpretarse extensivamente, demanera que en toda circunstancia se apliquen las reglas más
03/06/13www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionCompleto?OpenForm&UNID=3BB7E56C75E51CB984257A840051F0A3www.contraloria.cl/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf/FormImpresionCompleto?OpenForm&UNID=3BB7E56C75E51CB984257A840051F0A32/5
favorables a las personas privadas de libertad.Requerido su informe, Carabineros de Chile expresa que el Institutorecurrente es una entidad pública y como tal está sujeta al principio de juridicidad contemplado en los artículos 6° y 7° de la CartaFundamental, y, por ende, para la constatación de la situación de laspersonas privadas de libertad en la especie debe necesariamenteajustarse a ciertas condicionantes legales que son propias delprocedimiento policial y su objetivo, para dar cumplimiento a loordenado en el Código Procesal Penal, las cuales se relacionan conla seguridad del imputado, el deber de informar al Ministerio Público yotros que por su naturaleza no admiten la intervención de terceros, yque la expresión “recinto público” que emplea el artículo 4° de la ley N° 20.405 no comprende los vehículos policiales, sino inmueblescercados o delimitados.También ha informado a petición de esta Contraloría General, elMinisterio del Interior y Seguridad Pública, exponiendo que losvehículos en cuestión no son lugares o recintos públicos; que lafacultad de comisionar que contempla el precitado artículo 4°, serelaciona con la prerrogativa del Instituto de actuar procesalmente endefensa del privado de libertad, y que al ingresar a los recintos dedetención ese organismo debe sujetarse a las reglas generales querigen la materia, añadiendo que en la tesis del recurrente éste tendríamayores atribuciones que las que al respecto tienen los órganos queejercen jurisdicción y poseen imperio, además de desconocer lasobligaciones de custodia y seguridad de las policías.En relación con el asunto planteado debe anotarse que al tenor de loprevisto en los artículos 1° y 2° de la ley N° 20.405, el INDH es unacorporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica ypatrimonio propio, que tiene por objeto la promoción y protección delos derechos humanos de las personas que habiten en el territorio deChile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en lostratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país, asícomo los emanados de los principios generales del derecho,reconocidos por la comunidad internacional.Conforme al artículo 3° del mismo texto legal, le corresponde a eseInstituto, entre otras funciones, elaborar un informe anual sobre susactividades y la situación nacional en materia de derechos humanos;comunicar al gobierno y a los órganos del Estado su opinión acerca
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de cuestiones que ocurran en relación con tales derechos; promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales searmonicen con los tratados internacionales, a fin de que su aplicaciónsea efectiva; deducir acciones legales ante los tribunales de justicia;colaborar en la elaboración de los informes que el Estado debapresentar ante los organismos internacionales; colaborar con éstos enla promoción y protección de los derechos en referencia; difundir suconocimiento, y prestar asesoría a organismos públicos y privados.Por su parte, el artículo 4°, inciso primero, de esa ley establece que“Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto podrá solicitar lacolaboración de los distintos órganos del Estado. Podrá asimismo,recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones ydocumentos necesarios para el examen de las situacionescomprendidas en el ámbito de su competencia.”. Añade el inciso segundo de ese artículo que “De igual modo, podrácomisionar a uno o más consejeros, al Director o a su personal paraingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.”. Ahora bien para dilucidar la cuestión consultada corresponde tener encuenta que, según aparece de su texto, la norma antes transcritacontempla la posibilidad de disponer las comisiones aludidas, comoun medio para el ejercicio de las facultades que la ley entrega al INDHy, por tanto, dicha regla está comprendida en la esfera delcumplimiento de los objetivos del Instituto los cuales, según lo previstoen la preceptiva reseñada, conciernen directamente a la protección delos derechos humanos de los habitantes del territorio chileno. Asimismo, es importante considerar que el cometido de esa entidad serelaciona por su contenido con las regulaciones sobre tales derechosque el Estado chileno ha reconocido y aceptado a través de losacuerdos internacionales, las cuales pueden servir para interpretar elalcance de las disposiciones legales de carácter orgánico que rigen alINDH.En este orden de ideas cabe recordar que el inciso segundo delartículo 5° de la Carta Fundamental, preceptúa que constituye undeber de los órganos del Estado respetar y promover los derechosesenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por laConstitución Política y por los tratados ratificados por Chile.
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