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Timestamp: 2019-09-19 17:19:21
Document Index: 195320633

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 467', 'artículo 467', 'artículo 467', 'artículo 467', 'in dubio', 'artículo 467', 'artículo 61']

﻿ SENTENCIA SL1388-2018/56973 DE ABRIL 25 DE 2018
SENTENCIA SL1388-2018 DE 25 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES PENSIONALES EN CONVENCIONES COLECTIVAS. SE EXPLICÓ QUE CUANDO LAS PARTES NO ESTIPULAN EXPRESAMENTE QUE LA PRESTACIÓN PENSIONAL DE ORIGEN CONVENCIONAL PUEDE SER CAUSADA CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO LA ÚNICA LECTURA POSIBLE DE LA CLÁUSULA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, ES QUE EL DERECHO PROCEDE SIEMPRE Y CUANDO SE REÚNAN LOS REQUISITOS, EN ESTE CASO DE EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, MIENTRAS ESTÉ EN VIGOR EL VÍNCULO LABORAL. DE IGUAL FORMA, CABE SEÑALAR QUE EN EL CASO EN CONCRETO, EL CARÁCTER CIERTO E INDISCUTIBLE DEL DERECHO RECLAMADO, ALLÍ ELUCUBRA TEÓRICAMENTE SOBRE EL SIGNIFICADO DE LOS DERECHOS INCIERTOS Y DISCUTIBLES, LOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS, QUE LO LLEVARON A CONCLUIR, QUE: AL MOMENTO DE SUSCRIBIRSE LA CONCILIACIÓN, EL DERECHO A LA PENSIÓN ERA INCIERTO, PERO NO DISCUTIBLE, DADO QUE ÚNICAMENTE RESTABA CUMPLIR LA EDAD EXIGIDA, POR LO QUE NO ERA SUSCEPTIBLE DE RENUNCIA A TRAVÉS DE ESE MEDIO DE CONCERTACIÓN. ADEMÁS, EL TRIBUNAL INCURRIÓ EN UN DESATINO FÁCTICO AL ESTIMAR QUE SE CONCILIÓ EL DERECHO A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN ESTIPULADO EN LA MENCIONADA CONVENCIÓN COLECTIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY LABORAL, ADMINISTRADORA DE PENSIONES, CONVENCIÓN COLECTIVA, PENSIÓN, AJUSTE DE LA PENSIÓN, DERECHOS DEL PENSIONADO
Sentencia SL1388-2018/56973 de abril 25 de 2018
Rad.: 56973
La Corte recuerda que el demandante pretende la pensión de jubilación convencional al tenor de las previsiones consagradas en la Convención Colectiva de Trabajo 1987-1988, sin parar mientes en el acta de conciliación celebrada por las partes el 23 de diciembre de 1998 ante el Ministerio del Trabajo, hecho este que, en realidad, fue puesto de presente por la demandada al contestar el escrito genitor, que estimó que lo reclamado en sede judicial no tenía asidero jurídico en la medida que versaba sobre un aspecto definido en aquella diligencia.
Esa tesis tuvo eco en la sentencia impugnada, cuyo pilar está construido en la valoración de dicha prueba, pues de ella el juzgador infirió que la demandante declaró que su empleadora quedaba a paz y salvo, entre otros, por los siguientes conceptos: “[…] expectativas de pensión sanción o cotización sanción, beneficios convencionales, derechos ciertos e inciertos”, manifestación a partir de la cual concluyó la renuncia a la “expectativa de pensión” que consagra la referida norma convencional, lo que estimó válido en tanto la prestación fundada en sus previsiones es un derecho incierto y discutible, que además era de origen convencional, no legal.
Frente a lo precedente, la censura propone dos problemáticas: i) En el primer y segundo cargo, debate sobre el carácter cierto e indiscutible del derecho reclamado, allí elucubra teóricamente sobre el significado de los derechos inciertos y discutibles, los adquiridos y las expectativas legítimas, que lo llevaron a concluir, que: al momento de suscribirse la conciliación, el derecho a la pensión era incierto, pero no discutible, dado que únicamente restaba cumplir la edad exigida, por lo que no era susceptible de renuncia a través de ese medio de concertación; ii) ya en el ercer cargo, sostuvo que el Tribunal incurrió en un desatino fáctico al estimar que se concilió el derecho a la pensión de jubilación estipulado en la mencionada convención colectiva.
La transgresión que el recurrente le endosa al Tribunal en el segundo cargo —que por metodología se aborda en primer lugar—, y de entrada vale decir, para responderle a la réplica, que en modo alguno constituye un hecho nuevo en casación, pues quedó visto que fue precisamente traído a la palestra por la demandada al proponer su defensa; por lo demás, al respecto no se discutirá su validez, sino el alcance probatorio que le dio el ad quem en perspectiva a la definición del juicio, con miras a decidir si existió un desafuero protuberante, capaz de configurar un error de hecho en casación.
Aclarado lo anterior, recuerda la Corte que en decisión CSJ SL645-2013, se reiteró lo asentado en providencia CSJ SL, jun. 20/2012, rad. 48043, en cuanto a la importancia que tiene el derecho a la pensión de jubilación para el derecho del trabajo y de la seguridad social, “[…] no sólo por su incidencia económica, sino también por tratarse de un derecho eventualmente vitalicio y además sustituible”, marco bajo el cual, expuso la Sala:
En ese horizonte, se exhibe necesario y riguroso que en los eventos en que un trabajador opte por conciliar “la expectativa” pensional que tuviere, así deberá decirse claramente en el cuerpo mismo del acta, de donde fluye que no es válido pretender incluir vocablos generales en el acuerdo que verse sobre tal punto, debiendo, entonces, tenerse que el convenio suscrito en tal sentido debe ser expreso, valga decir, que no genere duda sobre la intención de los comparecientes.
Justamente, en providencia del 10 de noviembre de 1995, radicación 7695, traída a colación en las del 22 de septiembre de 1998, radicación 10805 y 19 de octubre de 2005, radicación 26266, la Corte, enseñó:
“Conviene ante todo precisar que si bien un trabajador puede conciliar su expectativa de pensión jubilatoria que le reconocería directamente su empleadora, cuando no se ha consolidado al momento de la diligencia un derecho cierto en su favor, esa voluntad de ambas partes debe quedar plasmada de manera inequívoca en el texto del acuerdo conciliatorio, de suerte que no es dable inferirla de expresiones genéricas, vagas o imprecisas, en las que no se evidencie de manera meridiana que fue esa y no otra la verdadera intención de los conciliantes. Y además debe el funcionario que apruebe dicho arreglo amigable prestar especial atención a los convenios de esa clase para prevenir que con ellos se lesionen derechos indiscutibles de los trabajadores.
Al revisar el acta de conciliación suscrita el 23 de diciembre de 1998, visible a folios 93 a 95, observa la Sala que las primeras manifestaciones de los suscribientes se relacionaron con la intención de dar por terminado, por mutuo acuerdo, el contrato que los vinculaba, y como consecuencia de lo anterior:
[…] la empresa procedió a efectuar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, la que se realizó de acuerdo al tiempo de servicios, salario promedio de $ 708.140,08 […] y teniendo en cuenta las normas que regulan la materia, la que dio como resultado un saldo líquido a pagar de $ 88.469.603,33 […], incluido dentro de este valor la suma de conciliación que más adelante se indicará y previos los descuentos que en la misma aparecen, las cuales autoriza el compareciente.
Acto seguido, se precisó:
No obstante lo anterior surgieron discrepancias relacionadas con pagos extralegales que en un momento dado tendrían el carácter salarial, como es el caso de viáticos, gastos especiales, el suministro en especie de alojamiento y alimentación, gastos y auxilio de transporte y en general todo lo que pueda ser considerado como salario en especie. Igualmente consideró el ex trabajador que las primas extralegales recibidas, y otra serie de pagos de esta naturaleza eran salario y que de haber sido tenidas en cuenta en su totalidad hubieren generado una suma superior de liquidación. Así mismo, el ex trabajador manifiesta que se le pueden estar adeudando algunas sumas de dinero por concepto de horas extras, recargos nocturnos, trabajos dominicales, festivos y descansos compensatorios no disfrutados, así como su incidencia en la liquidación y pago de las prestaciones.
Frente a esas posturas, enseguida replicó el empleador:
Por su parte la empresa afirma no estar de acuerdo con el ex trabajador, ya que los pagos que la misma consideró como salario, de conformidad a los preceptos legales y convencionales, fueron tenidos en cuenta en su liquidación definitiva, en cambio otros no los consideró como salario, pues no reúnen las características exigidas por la ley, ya que eran pagos ocasionales y por mera liberalidad o se trató de sumas o especies entregadas para un mejor cumplimiento del servicio, más (sic) nunca como retribución ordinaria del mismo, o se le daban para el cabal cumplimiento de sus funciones, pero no como retribución de los mismos.
De otra parte, en cuanto hace relación a los posibles recargos salariales estos se liquidaron y pagaron de acuerdo a la ley de la convención colectiva y a los contratos existentes en la empresa sobre el particular, en los eventos en que hubiere lugar. En consecuencia la empresa afirma que no está obligada a reconocer y pagar las reclamaciones que hace el trabajador.
Con absoluta claridad se advierte que las materias objeto de conciliación no se sujetaron, de ninguna manera, a la expectativa pensional que pudiese tener la trabajadora al tenor de las previsiones convencionales, sino a dos puntos concretos: 1. La incidencia salarial de determinados conceptos y 2. El reclamo de un supuesto impago por trabajo suplementario y otros recargos, aspectos que en el siguiente renglón, la autoridad administrativa estimó que configuraban “[…] unos posibles derechos inciertos y discutibles que permiten una conciliación sobre los mismos, a la cual después de varias conversaciones, se ha llegado por la suma de única de $ 86.010.240,80”.
Para la Sala es diáfano que cuando Leira García expresó que aceptaba “[…] los planteamientos, discrepancias, cuantías y demás puntos contenidos en esta acta”, claramente hacía referencia a los referidos puntos que le generaban controversia a las partes, y no sobre su expectativa pensional, independientemente de que fuera una mera o legítima expectativa.
Ahora bien, en lo que hace a que en el párrafo que siguió, la compareciente agregó que la empresa quedaba “[…] a paz y salvo por todos los conceptos anotados, especialmente […] expectativas de pensión sanción o cotización sanción, beneficios convencionales, derechos ciertos e inciertos, sin quedar a mi favor derecho alguno para reclamar con posterioridad a este acto a ningún título”, la Corte tiene dicho que tal finiquito o paz y salvo no restringe al trabajador para que reclame judicialmente el derecho que fue objeto de esa declaración. Al respecto, son vigentes las enseñanzas asentadas por el otrora Tribunal Supremo del Trabajo, que en decisión CSJ SL, abr. 16/1956, GJ XCV, 772, Nº 136-138, vol. XXIII, pág. 152, anotó:
El valor de los finiquitos que expida el trabajador es siempre relativo y no absoluto, y ellos sirven para demostrar el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones en la cuantía en que aparezcan detallados, pero la declaración de “paz y salvo” no anula el derecho del trabajador a reclamar judicialmente cualquier otro valor que el patrono haya quedado debiéndole por estos conceptos.
Criterio que ahora reitera la Corte y conlleva colegir que esa manifestación, no impedía el reclamo de la trabajadora en sede judicial, aunque, en todo caso, quedó visto que la suma única pactada y sobre la cual adquiere sentido el finiquito o paz y salvo, se estipuló para demostrar el pago de los dos puntos atrás referenciados, y no sobre la expectativa pensional.
Lo expuesto permite inferir que el Tribunal cometió la transgresión que se le endilga al valorar la indicada acta de conciliación, lo cual releva a la Sala de analizar la otra problemática planteada por la censura, concerniente a la viabilidad jurídica de conciliar el derecho pensional reclamado, pues quedó explicado que, de cualquier forma, no fue el objeto de esa diligencia.
Sin embargo, aunque el cargo es fundado, lo cierto es que la acusación no prosperará, puesto que en sede de instancia la Corte, como el Tribunal, ratificaría la conclusión absolutoria de primer grado, solo que con otros argumentos.
En efecto, al revisar la Convención Colectiva de Trabajo vigente en 1987 y en la que la accionante funda su pedimento, se observa que su cláusula duodécima consagra:
Pensión de jubilación: La empresa podrá reconocer y conceder la pensión plena de jubilación al trabajador sindicalizado o no sindicalizado que se beneficie de la presente convención, que el día primero (1º) de enero de 1987 tuviere diez (10) años o más de servicio a la empresa cuando cumpla 20 años de servicio, cualquiera que sea su edad.
Para los trabajadores que el 1º de enero de 1987 tuvieren menos de diez años de servicio a la empresa, tendrán derecho a solicitar la pensión al cumplir 20 años de servicio y 50 años de edad si fueren hombres, o 48 años si fuere mujer, caso en el cual la empresa la reconocerá.
Para los trabajadores que ingresen al servicio de la empresa a partir de la vigencia de la presente convención, se les reconocerá la pensión de jubilación de acuerdo con los requisitos exigidos por la ley.
Es indiscutido que la accionante ingresó a laborar para Electromag S.A. ESP el 24 de abril de 1977, es decir que para el 1º de enero de 1987 tenía menos de 10 años al servicio de la empresa, de manera que su situación debe estudiarse conforme a lo previsto en el apartado segundo, que, a juicio de la Sala, no admite lectura distinta a que los requisitos allí contemplados, estos son 20 años de servicio y 48 años de edad, debían cumplirse durante la vigencia del contrato de trabajo (CST, art. 467), que en este evento y en esto tampoco hay disentimiento, perduró hasta el 31 de diciembre de 1998, cuando la promotora apenas contaba 38 años de edad, según se infiere del registro civil obrante a folio 72.
Nótese que la cláusula no contempla ese beneficio para los ex trabajadores o trabajadores que hubiesen desempeñado labores durante el tiempo allí enunciado, lo cual hubiera generado un contexto disímil que permitiría otro tipo de razonamiento, como que quienes laboraron por más de 20 años tienen la posibilidad de acceder al derecho pensional una vez satisfecha la edad requerida, incluso luego de la ruptura de la relación laboral; sin embargo, no eso lo que aquí sucede, puesto que la transcripción es precisa al referir a los trabajadores, sean sindicalizados o no, luego es patente que se trata de los que tengan la condición de activos y, por ese potísimo motivo, era completamente necesario satisfacer el requisito de edad en vigencia de la relación laboral, lo cual no cumplió la demandante.
Deviene útil recordar que esta Corte tiene sentado que la convención colectiva de trabajo solo produce efectos jurídicos mientras la relación laboral esté vigente, salvo que las partes convengan expresamente su extensión a situaciones acaecidas con posterioridad al fenecimiento de los contratos de trabajo, teniendo en cuenta el imperativo legal y categórico del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. En esa perspectiva, según quedó explicado en sentencia CSJ SL, ene. 23/2008, rad. 32009, reiterada en decisiones CSJ SL8655-2015 y CSJ SL609-2017:
[…] cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto se precisa la doctrina de la Corporación sobre el tema (destacado no es original).
Igualmente, conviene destacar que esta línea de pensamiento fue la que marcó un cambio de criterio que recientemente adoptó la Corte en providencia CSJ SL11917-2017 al resolver un caso similar al que ahora concita la atención de la Sala. En efecto, en esa ocasión también se reflexionó sobre una cláusula que se pretendía tener como fuente jurídica de una pensión de jubilación convencional en favor de una persona que, habiendo cumplido en vigencia de la relación laboral el tiempo de servicio allá exigido, satisfizo la edad con posterioridad a la terminación del contrato. Se esbozó en esa oportunidad:
Lo anterior significa, que al verificarse que las partes en la convención colectiva en el sub lite, no entronizaron la previsión pensional dejando expresamente consagrada la voluntad de que el derecho pensional fuera reconocido en favor de los “ex trabajadores”, permitiendo así el cumplimiento del requisito de la edad después de extinguida la relación laboral, hecho que no se discute dada la orientación jurídica del ataque, el Tribunal no podía conceder la prerrogativa deprecada tratando de desentrañar la intención de los contratantes ni apelando a “la filosofía y finalidad de la prestación pretendida”, pues con esa conducta transgrediría el recto entendimiento que debe darse al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, de acuerdo con el cual se itera, la vocación legal de los acuerdos colectivos es regular las relaciones laborales mientras ellas perduren, salvo que las partes expresamente en el ejercicio de la autonomía de la voluntad dentro del marco legal prevean otra cosa. Tampoco era viable la aplicación del principio in dubio pro operario, pues por regla general éste sólo “opera frente a un conflicto real en las fuentes de derecho, que no ante una incertidumbre fáctica” (CSJ SL, nov. 4/2009, rad. 5818, tesis reiterada en la CSJ SL7807-2016).
En esta línea de pensamiento, al tratar la Sala el tema de la extensión de beneficios convencionales a ex trabajadores precisó en las sentencias SL609 del 25 de enero de 2017 y SL2478 del 22 de febrero del mismo año lo siguiente:
“[…] cuando las partes no estipulen expresamente que la prestación pensional de origen convencional puede ser causada con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo, la única lectura posible de la cláusula, de conformidad con el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, es que el derecho procede siempre y cuando se reúnan los requisitos en este caso, de edad y tiempo de servicios, mientras esté en vigor el vínculo laboral, y en ese punto se precisa la doctrina de la Corporación sobre el tema”.
“[…] Por otra parte, pasando por alto lo anterior, para la Sala, en todo caso, el Tribunal no incurrió en algún error de hecho manifiesto al analizar la convención colectiva de trabajo y concluir que no era necesario cumplir la edad en vigencia de la relación laboral, para acceder a la pensión de jubilación”.
“En efecto, lo primero que resulta pertinente recordar es que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera pacífica que, en la lógica del recurso extraordinario de casación, la convención colectiva debe ser asumida como uno de los elementos de prueba y no como una norma legal sustancial de alcance nacional, respecto de la cual sea dable discutir su contenido, sentido y alcances. Por ello mismo, ha insistido en que la interpretación de las disposiciones de dichos acuerdos corresponde a los jueces de instancia, quienes en su ejercicio se encuentran amparados por los principios que informan la sana crítica y por la libre formación del convencimiento establecida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
“Bajo las anteriores premisas, ha adoctrinado la Corte que el alcance que pueda otorgarle el juez del trabajo a una determinada cláusula convencional, de entre las diferentes interpretaciones igualmente razonables, no resulta susceptible de corrección en el ámbito del recurso extraordinario de casación, salvo que, ha precisado, tal exégesis resulte totalmente contraria a la razón, al texto naturalmente entendido y a la intención de los contratantes allí concretada, de forma tal que se incurra en un error de hecho evidente, ostensible y manifiesto.
“En el mismo sentido, la Corte ha descartado la configuración de un error de hecho palmario, en aquellos casos en los cuales el juzgador adopta una de las interpretaciones que plausiblemente se derivan del texto de una determinada disposición convencional, pues es su deber respetar la valoración que de las pruebas se realiza en las instancias, salvo, como ya se dijo, la existencia de una inferencia descabellada.
“En este caso, la cláusula de la convención colectiva analizada por el Tribunal (fl. 604) establece el derecho a la pensión de jubilación en los siguientes términos:
“A partir de la vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo, la empresa jubilará a sus trabajadores de acuerdo a la ley, es decir, veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos y cincuenta y cinco (55) años de edad.
“En dicho texto, en realidad, no se incluye expresamente la limitación de que el servidor deba cumplir la edad de 55 años en vigencia de la relación laboral, para poder acceder a la pensión de jubilación, de manera que no puede tildarse de irracional o absurda la conclusión del Tribunal con arreglo a la cual “…en la convención colectiva no se hizo ninguna restricción para que, quienes hubieren sido desvinculados de la empresa de energía, pudieran disfrutar de este beneficio. Por lo que resulta lógico que no pueda haber más restricciones que los que fija la misma norma”.
“Y el simple hecho de que la cláusula se refiera a trabajadores no torna irracional la lectura del Tribunal, pues, además de que dicho acuerdo no restringe expresamente su aplicación a trabajadores en retiro, bien puede entenderse que, en esta clase de prestaciones, “[e]s posible entender que por ser la prestación de servicios la causa eficiente de la pensión pactada en la convención, en tanto que la edad la causa final de la misma, es dable admitir la interpretación dada por el Tribunal a la aludida disposición contractual, en cuanto afirmó que la disposición convencional no restringe el beneficio a quienes únicamente forman parte activa del contingente laboral, menos, cuando quiera que la terminación de la vinculación no es imputable al trabajador, pues aceptar tal tesis conduciría a aprobar la potestad de la entidad responsable de la prestación de eludir unilateralmente el reconocimiento del derecho dando simplemente lugar a la terminación anticipada de la vinculación laboral” (CSJ SL, mar. 15/2011, rad. 35647).
“Lo anterior cobra mayor sentido si se tiene en cuenta que, como lo destacó el Tribunal, la cláusula convencional contiene una remisión a la ley, cuando dispone que el reconocimiento de la pensión se debe conceder “…de acuerdo a la ley…”, y que ninguna de las disposiciones legales relativas a los trabajadores oficiales, que regulan el reconocimiento de pensiones de jubilación, impone una limitación como la defendida por la censura, de que la edad deba cumplirse en vigencia de la relación laboral. Por lo demás, como ya se dijo, este argumento no fue atacado siquiera someramente por la censura.
Tiempo de servicio Pensión de jubilación
21 años 75.5%
22 años 76.0%
23 76.5%
Conforme al texto reproducido, se puede observar como la cláusula convencional establece, puntualmente, como beneficiarios generales de aplicación a “sus trabajadores” sin realizar distinción alguna; entre tanto, como regla excepcional dirige un beneficio mayor hacia “los trabajadores de la empresa que desempeñen” unas labores especiales, lo cual inequívocamente da lugar a entender, que quienes no se encuentren en la condición de trabajadores activos, ni mucho menos se encuentren desempeñando las labores indicadas en la excepción, pese a haber prestado sus servicios por más de 20 años, puedan acceder al derecho pensional aquí contemplado luego de haber mediado una terminación o ruptura de la relación laboral. Resulta claro entonces que el texto convencional no incorporó las expresiones “ex trabajadores” o “trabajadores que hubiesen desempeñado” lo cual hubiera permitido realizar otro tipo de inferencia.
Queda obviamente a salvo de este criterio lo establecido jurisprudencialmente tratándose de las pensiones restringidas o proporcionales de jubilación de origen convencional, pues en esos casos si se impone concluir que al establecerse como requisito el haberse producido el retiro del trabajador, que por regla general debe ser diferente al despido por justa causa, sitúa al cumplimiento de la edad en una mera condición para exigibilidad del derecho pensional (En este sentido ver sentencias CSJ, SL2733-2015, rad. 44597; CSJ, SL5334-2015, rad. 40439; SL8178-2016, rad. 43453 y la SL8184-2016, rad. 44600) (resaltados y subrayas son originales).
En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias CSJ, SL551-2018 y SL727-2018.
En suma, la accionante no tiene derecho a la prestación reclamada, de manera que, se reitera, aunque el cargo es fundado, lo cierto es que no lograría derrumbar la decisión del Tribunal, pues de todos modos esta Corte, al constituirse en instancia, llegaría a idéntica conclusión absolutoria.
Sin costas en el recurso extraordinario, porque los cargos fueron fundados, aunque no victoriosos.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012), en el proceso ordinario adelantado por Myrian del Socorro Leira García contra Electricaribe S.A. ESP.