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Timestamp: 2020-01-22 16:31:32
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Matched Legal Cases: ['artículo 380', 'artículo 381', 'artículo 380', 'e contrario', 'artículo 380', 'artículo 384']

﻿ Sentencia 2010-00801 de octubre 3 de 2012
SENTENCIA 2010-00801 DE 03 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN. LA EXISTENCIA DE FRAUDE O COLUSIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO COMO CAUSAL DE REVISIÓN EXIGE UNA MANIOBRA TRAMPOSA QUE INDUZCA A ERROR AL JUEZ, POR LA DEFORMACIÓN U OCULTACIÓN DE LOS HECHOS. TAL MANIOBRA DEBE RESULTAR DE HECHOS EXTERNOS AL PROCESO, PORQUE SI SE TRATA DE CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS EN ÉL IMPLICARÍA EXAMINAR EL LITIGIO DE NUEVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, PROMESA DE COMPRAVENTA, FRAUDE PROCESAL
Sentencia 2010-00801 de octubre 3 de 2012
Ref.: Expediente 11001 0203 000 2010-00801 00
Bogotá, Distrito Capital, tres de octubre de dos mil trece.
EXTRACTOS: «El recurso extraordinario de revisión
Su promotor lo apuntaló en las causales primera, segunda, tercera y sexta previstas en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las manifestaciones vertidas en el libelo contentivo de la impugnación extraordinaria, así:
En lo referente a la causal primera de revisión, expresó que luego de pronunciada la sentencia de segunda instancia, se encontraron documentos que desvirtúan la versión planteada por los actores y dan razón a lo manifestado por el demandado.
Señaló que en efecto, se hallaron las siguientes probanzas:
a) Un fax enviado por “Libia Astrid a Luis Hernán Quiroga el 3 de mayo de 2004, el cual no fue posible aportar oportunamente en el proceso, en el que, a pesar de que contiene muchas mentiras”, aquella confiesa expresamente que el apartamento de Puente Largo si fue dado por ella a él en parte de pago del inmueble localizado en Santa Ana Oriental, por lo que se tiene que los testimonios en que se fundó la decisión de segunda instancia son falsos. Añadió, que su no aportación oportuna se debió a que el original solo podía encontrarse en poder de la parte demandante, quien nunca lo acompañó “y, a pesar de buscar el fax incesantemente, este se encontraba en poder de un tercero que no fue posible su localización oportuna”.
b) 23 recibos originales cancelados por Luis Hernán Quiroga a la Corporación Conavi, por concepto del pago de las cuotas del crédito hipotecario que pesaba sobre el apartamento 301 del edificio Santamaría.
c) La constancia de pago, que Quiroga Traslaviña realizó del impuesto predial de esa propiedad entre los años 1999 y 2004.
Documentos que acreditan, por una parte, que aquel, “sí tuvo en su poder, con ánimo de señor y dueño, el apartamento 301 y garaje 15 del Edificio Santamaría”, y por otro, que las versiones de los convocantes y la testifical de Darío Quiroga Traslaviña, son falsas, es decir, que resulta cierta la manifestación del demandante Luis Hernán Quiroga consistente en que recibió “el apartamento 301 y garaje 15 del Edificio Santamaría en parte de pago del apartamento 202 de Santa Ana Oriental”.
En lo concerniente a la causal segunda, esgrimió que en la Fiscalía 175, sumario 835102, cursa investigación penal en contra de Gilma Socorro Vanegas, Libia Astrid Quiroga y Edgar Antonio Suárez por los ilícitos de falsedad, estafa y fraude procesal.
Expone que declarada la falsedad del negocio de promesa de compraventa de 16 de enero de 2002 y su “otro sí”, suscrito entre el recurrente y Gilma Socorro Vanegas, deberá “declararse inválida la sentencia objeto del presente recurso”. Y añade que, a pesar de no existir sentencia en firme que declare falsos tales documentos, funda la causal invocada en la previsión del inciso final del artículo 381 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto a la causal número tres, reitera lo que sobre el particular refirió en la primera, relacionado con que la documentación sobreviniente ratifica la “versión de los demandantes”. También se eleva conforme lo establecido por el inciso final del precepto ibídem.
Por último, a propósito de la causal que soporta en el numeral 6º del canon 380, resalta que los documentos aludidos prueban que son falsos los hechos que sirvieron de estribo a la demanda; al igual que las declaraciones de los convocantes y la del testigo que las confirma, por consiguiente lo vertido en la promesa de contrato fue una maniobra fraudulenta que ha generado graves perjuicios a los intereses del demandado Luis Hernán Quiroga Traslaviña.
1. La Corte, en reiteradas oportunidades, ha resaltado que la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada es un fundamento esencial del orden jurídico y soporte de los derechos de los asociados, al instituirse como principio medular el de la cosa juzgada, dimanante de la seguridad jurídica; empero, el anotado postulado no es absoluto por cuanto, la entronización de la garantía de la justicia y del derecho de defensa conducen a exceptuar de él los fallos proferidos en aquellos procesos en los que esos presupuestos hubieren sido conculcados, en aras de permitir su restablecimiento. Así, con la finalidad de remediar esa situación fue concebido el recurso de revisión, el cual está encaminado a romper la fuerza de la cosa juzgada en los específicos y taxativos casos autorizados por el precepto 380 de la legislación de enjuiciamiento civil, en orden a resguardar las garantías procesales en el evento de haber sido vulneradas.
La naturaleza extraordinaria del aludido medio impugnativo impone no sólo que los motivos que lo autorizan sean definidos, sino que, por regla general, deben originarse en circunstancias exógenas, externas al proceso dentro del cual se dictó el fallo opugnado, constituyendo, en esencia, situaciones novedosas que, de haberse conocido, habrían llevado a arribar a conclusión diferente. Pero, a más de estructurarse la revisión por causas extrañas a las partes, ha dicho la Corte que, ante la necesidad de eliminar en sus efectos una sentencia inicua, dictada en desmedro de la verdad real de los hechos debatidos en juicio, la providencia proferida ha debido ser el producto de “de medios ilícitos, o dictada (...) con violación del derecho de defensa o de la misma cosa juzgada, (...) y no puede ser medio reemplazante de otras formas de impugnación, ni instrumento propicio para debatir de nuevo la cuestión litigiosa —como si se tratase de una instancia más del proceso— o para combatir los razonamientos que para decidir hayan sido considerados por los juzgadores de instancia o de casación (CSJ, Sent., ene. 27/95 Exp. 4506).
En ese orden de ideas, con la nombrada protesta excepcional no es factible controvertir, en línea de principio, los fundamentos que sustentan la sentencia impugnada, o discutir los problemas debatidos en la actuación, o propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos, ni mucho menos mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia, circunstancia que es justamente la proscrita. Y es que la interposición de la misma presupone una relación procesal ya finalizada, de ahí la imposibilidad de replantear el conflicto.
2. Bajo los supuestos jurídicos anteriores es procedente estudiar las causales de revisión invocadas, siguiendo el orden en que fueron planteadas. En el recurso objeto de decisión, se tiene que los motivos invocados son los establecidos en los numerales 1º, 2º, 3º y 6º del artículo 380 del estatuto procesal civil, esto es, (i) aparición de documentos “que habrían variado la decisión”; (ii) declaración de la justicia penal de falsedad de documentos incidentes; (iii) condena por falso testimonio y (iv) existencia de fraude o colusión.
2.1. La inicial acusación está consagrada en los términos que se reproducen como sigue: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Sobre el mismo tiene sentado la corporación que, dada “la finalidad propia del recurso, no se trata... de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae... a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto’”, puesto que no “es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla”, ya que, de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada.
De allí que desde este punto de vista “la prueba de eficacia en revisión... debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción”, de donde si no constituye “esa pieza documental —bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia— una auténtica e incontestable novedad frente al material... recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido”; debe, por tanto, “tratarse de una prueba específica, la documental, que preexista en las oportunidades probatorias, no después, solo que el recurrente no pudo aducirla por causas ajenas a su voluntad. El medio... ‘debió existir desde el momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas, no siendo admisible, en consecuencia, la que se encuentre o configure después de pronunciada la sentencia’ (Sent., jun. 12/87, sin publicar). ... el hecho de que con posterioridad al fallo, se encuentre un documento que hubiera podido hacer variar la decisión combatida, no es suficiente para sustentar el recurso extraordinario de revisión” (Sent., jun. 25/2009, Exp. 2005-00251-01).
En torno a dicha causal resulta conveniente recordar que, conforme lo ha decantado la jurisprudencia, el censor para el buen suceso de la misma debe acreditar todos los presupuestos que la estructuran, a saber: (i) Que la nueva prueba encontrada sea de índole documental; (ii) Que ese documento por preexistir, hubiera podido allegarse al proceso; (iii) Que no se pudo aportar, por fuerza mayor o caso fortuito o por obra (dolo) de la parte contraria; (iv) Que el hallazgo del mismo ocurrió después de haberse proferido el fallo; y (v) Que la presencia de dicho documento en el litigio habría variado la resolución opugnada (Sent., jul. 28/97).
2.2. El impugnante sustenta la comentada causal en que “fueron encontrados” unos documentos, mismos que se relacionaron en líneas precedentes, sin embargo, prima facie, recuérdese que el basamento para no allegarlo en oportunidad fue que, tratándose del Fax enviado por Libia Astrid a Luis Hernán Quiroga, su original solo podría encontrarse en poder de la parte demandante, quien no lo allegó “y, a pesar de buscar el fax incesantemente, este se encontraba en poder de un tercero que no fue posible su localización oportuna”, lo que revela el distanciamiento frente a lo dispuesto por la norma procesal civil en cuanto a la estructuración del motivo de revisión y, respecto del entendimiento que a aquel le ha dispensado esta corporación.
De igual manera, obsérvese que el revisionista alude a unas documentales que dan cuenta de unas constancias de pago que él, Luis Hernán Quiroga hizo y que acreditan (i) que sí tuvo en su poder, con ánimo de señor y dueño, el apartamento 301 y garaje 15 del edificio Santamaría; (ii) la falsedad de unos testimonios y (iii) que si fue cierta su versión “de haber recibido el apartamento” señalado, “en parte de pago del apartamento 202 de Santa Ana Oriental”, los cuales no pudieron arrimarse a las diligencias por idéntica razón a la esgrimida con relación al fax remitido por la hermana del recurrente Libia Astrid Quiroga Traslaviña.
Empero, esos instrumentos que sirven de soporte a su embestida, no aluden a aquellos conocidos como “documentos nuevos o recobrados”, sencillamente existían con anterioridad; por otro lado, no está acreditada la trascendencia exigible para que el sentenciador hubiere arribado a conclusión distinta, y más importante aún, respecto de la imposibilidad de aportación oportuna, ayuno está de demostración que la no entrega en los momentos procesales debidos de las piezas en que se finca esta causal de revisión, se hubiera hecho por una cualquiera de las dos únicas razones que autoriza la normativa de enjuiciamiento: la fuerza mayor o el caso fortuito y la obra de la parte contraria, última condición que implica un actuar doloso.
Debe recordarse que, el móvil de revisión, en manera alguna busca mejorar la prueba no allegada o aducida deficientemente al proceso en el que fue emitida la sentencia cuyo aniquilamiento se persigue, y mucho menos producir otra después de dirimido el litigio.
Desde esa perspectiva, lo que se vislumbra es que la analizada opugnación ha sido formulada para corregir las omisiones en que se incurrió; de suerte, pues, que la queja resulta contraria a la teleología del recurso, respecto al cual la Sala ha asentado, que aquel “ (...) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es el camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, (...) el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003, reiterada en el fallo de 28 de abril de 2008, Exp. 2003 00097 01).
Por consiguiente, la causal de revisión expuesta no prospera.
3. Sobre el segundo de los mencionados motivos de revisión contemplado en el numeral 2º de la norma en cita, relativo a “Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida”, debe decirse que para su configuración “es menester que se trate de una prueba documental que, habiendo obrado en el proceso cuya sentencia se pretende sea revisada, haya sido determinante en la decisión adoptada en dicho proveído”, de lo cual se desprende, sin dubitación alguna, que la revisión por el aspecto que se comenta no lo estructura la falsedad de un escrito cualquiera, “pues que solamente posee dicha virtualidad la que recae sobre el documento en que precisamente el sentenciador edificó su fallo, de suerte tal que constituya la única razón o fundamento de la decisión, y, sin la cual, por tanto, esta hubiese sido ciertamente diversa” (Sent. 342, oct. 5/90, no publicada); criterio que reiteró en el fallo 022 de 5 de marzo de 2007, Expediente 2001-00212-01.
Conforme al último pronunciamiento referido en el párrafo antecedente, “para la cabal estructuración de esta causal se requiere... que concurran los siguientes presupuestos: a) que se trate de un documento, ya público ora privado; b) que el mismo sea indiscutiblemente falso, esto es, que llegue a la causa de revisión como verdad probada por así haberlo declarado las autoridades penales; c) que ese documento haya formado parte del proceso anterior; d) que la declaración judicial de falsedad se hubiera producido con posterioridad a la sentencia o que, si lo fue con anterioridad, hubiese sido ignorada por el demandante en revisión; y, e) que se trate de documento decisivo, vale decir, que el sentido de la decisión objetada ostente como soporte fundamental el documento declarado falso”.
En el caso de autos sostiene el revisionista que, la fiscalía actualmente investiga penalmente a Gilma Socorro Vanegas, Libia Astrid Quiroga y Edgar Antonio Suárez por las conductas punibles de falsedad, estafa y fraude procesal, circunstancia que se halla acreditada. En efecto, obran en los autos los cuatro cuadernos que remitió la Fiscalía General de la Nación según se desprende del oficio 673 de 5 de octubre de 2011 (fl. 236 del cdno. de la Corte), luego de que mediante auto de 13 de septiembre de esa misma anualidad (fl. 215), el despacho requiriera a la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, en orden a que se expidiera copia de toda la actuación penal seguida contra aquellos.
Hasta el envío de esa documentación, luego de su concienzudo miramiento no existía pronunciamiento en el que la justicia penal hubiere declarado como falsos documentos decisivos para la adopción de la sentencia opugnada, ni de ninguna otra clase de documentales. Es más, en ese entonces dentro del trámite, ni siquiera se había resuelto sobre la situación jurídica de los implicados, siendo la última actuación el cierre de instrucción, según lo revela la providencia de 23 de septiembre de 2011 (fl. 122 cdno. de copias 4).
No obstante y pese a que la suscrita magistrada sustanciadora por auto de 11 de julio de 2012 (fls. 375, 376), dispuso la suspensión del proceso de revisión según lo prevén los cánones 170, 171 y 381 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la Fiscalía General de la Nación allegó unos documentos con base en los cuales los señores Gilma Vanegas, Libia Quiroga y Edgar Suárez “fueron afectados con resolución de acusación por el ente punitivo, en la medida en que allí, en un comienzo, se encontraron estructurados los delitos de falso testimonio, estafa y fraude procesal, con respecto a hechos, testimonios y escritos validados” por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, lo cierto es que lo consignado en dicha resolución de acusación fue dejado sin efecto por la fiscalía sesenta y uno delegada mediante proveído de 18 de julio de 2012 (fls. 383-420).
Contempló la providencia que desató el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los ahí procesados contra la resolución de acusación de 17 de febrero de 2011: “PRIMERO: REVOCAR la resolución (...) como presuntos coautores de los punibles de estafa agravada, fraude procesal y falso testimonio (...).
SEGUNDO: PRECLUIR la investigación a los sindicados Libia Astrid Quiroga Traslaviña, Edgar Antonio Suárez Gaitán y Gilma Socorro Vanegas”.
El anotado pronunciamiento, no solo hace caer al vacío la argumentación del recurrente en lo que atañe a la causal segunda de revisión, sino que además, pone en evidencia la ligereza con que obró el revisionista y denunciante dentro de la causa penal.
Por lo dicho, este motivo tampoco prospera, como así se dispondrá.
4. En cuanto hace a la tercera censura, señala en lo pertinente el estatuto de los ritos civiles “haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas”.
A propósito de este otro motivo en que se hizo consistir el ataque por el cauce del recurso extraordinario, obsérvese que se basó, fundamentalmente, en que “los documentos sobrevinientes demuestran que las declaraciones que afirman la versión de los demandantes, son falsas; que el demandado Luis Hernán Quiroga sí está diciendo la verdad” y añadió que esa causal, como la segunda, la edificaba en lo establecido por el último inciso del plurimencionado canon 380 de enjuiciamiento civil.
En verdad, y muy a pesar de que no es cierto como lo esgrimiera la procuradora judicial de las demandadas en el sentido que la causal está desprovista de soporte probatorio por cuanto, según su dicho, no existe prueba de que se haya promovido acción penal por el posible ilícito de falso testimonio, las piezas obrantes en los autos revelan por el contrario, que la acción punitiva si se ventiló, pero, acorde como se explicó en la causal antecedente, culminó con decisión de preclusión por los delitos de “estafa agravada, fraude procesal y falso testimonio” en relación con los sindicados Libia Astrid Quiroga Traslaviña, Edgar Antonio Suárez Gaitán y Gilma Socorro Vanegas”.
Así las cosas, se desestimará el éxito de la causal analizada, por razones idénticas a las expuestas frente al segundo motivo de revisión.
5. La cuarta de las citadas causales, consignada en el numeral sexto del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, consiste en “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.
Sobre las maniobras tramposas tiene dicho la Sala que deben comportar “una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia” (providencias de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV, pág. 45).
Una conducta así se caracteriza porque sus “elementos esenciales son, de acuerdo con las abundantes precisiones de la jurisprudencia...: una conducta fraudulenta, unilateral o colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho, que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (Sent. 243, dic. 7/2000, Exp. 007643). Conclusión que la Corte reafirmó, entre otros, en el fallo de 21 de abril de 2010, Expediente 2007-00773-00.
A las condiciones descritas se suma el que añadió la corporación cuando expreso que también es “requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión..., que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio” (Sent. 208, dic. 18 2006, Exp. 2003-00159-01).
Afirma el impugnante, en síntesis, que hubo estratagemas engañosas tendientes a inducir en error al tribunal respecto del entendimiento del haz probativo, pero todas basadas en circunstancias planteadas dentro del espectro de las otras causales.
Con todo, a las claras lo que resulta diamantino, es que lejos de estructurarse la referida causa del recurso excepcional, lo que se vislumbra es un nuevo intento por resucitar el debate probatorio que, con tino incontestable, se realizó en ambas instancias, esto es ante el juez del circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Respecto a la posibilidad del engaño dentro de la actuación que en esta sede controvierte el recurrente, a más de hallarse huérfana de prueba, nótese que esa inexistencia de fraude unilateral, colusivo o con terceros, fue incluso analizada por la justicia penal en la decisión que precluyó investigación a la que se refirió la Sala en líneas precedentes. En efecto, tal resolución de 18 de julio de 2012 (fl. 414), advirtió: “Ahora no puede afirmar la primera instancia que el contrato bilateral, de la promesa de compraventa y su otro si celebrado entre el denunciante Luis Hernando Quiroga Traslaviña y Gilma Socorro Vanegas, no son válidos por ser producto de un engaño, toda vez que la jurisdicción civil en sus dos instancias, los consideraron válidos al reunir los elementos de su esencia para producir derechos y obligaciones entre las partes y por ende no se encontraban viciados de nulidad, (...)”.
No existe en la fundamentación de la causal, basamento distinto para sustentarla, que afirmaciones desprovistas íntegramente de medios de prueba, de suerte que la conducta de las partes, evaluada tanto en la jurisdicción civil como en la penal, obligan a tener tales comportamientos amparados por la presunción de licitud y buena fe.
Únicamente se sustentó el motivo de revisión que se analiza luego de exponer: “1. Los documentos sobrevinientes prueban que son falsos: los hechos en que los demandantes fundaron su demanda; sus propias declaraciones; la del testigo que la corrobora; que lo consignado en la promesa de venta es falso (...) 2. Demuestran además, que Luis Hernán Quiroga, si dijo la verdad. 3. En consecuencia, existió maniobra ilícita o fraudulenta por parte de los demandantes en el proceso. 4. Con esas maniobras los demandantes obtuvieron la sentencia que causa perjuicios y lesiona gravemente los intereses del demandado”.
Todo lo cual supone, a lo mucho, una mera critica a la valoración probatoria que confirió el tribunal a las pruebas aportadas en las oportunidades legales para hacerlo.
Adicionalmente, para la prosperidad de la citada causal sexta de revisión, tiene dicho la Sala por una parte, que las maniobras o actuaciones fraudulentas han debido conocerse con posterioridad a la sentencia impugnada, circunstancia diferente a la acontecida en el trámite auscultado, debido a que las mismas situaciones de la que se duele el censor se discutieron y debatieron en el juicio civil de resolución de contrato. Así, recordó la corporación sobre el tópico que, tales maniobras debieron conocerse con posterioridad al pronunciamiento del fallo acusado “toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habría permitido la utilización de los medios de impugnación ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisión” (Sent. 182 de 29 de octubre de 2004, Exp. 3001, reiterada en providencia de 31 de agosto de 2011, Exp. 2006-2041-00).
Por otro lado, tampoco se acreditó la existencia de algún efecto dañoso en perjuicio del recurrente, pues este, sobre esa exigencia, en rebeldía absoluta de su carga, guardó completo silencio.
En suma, siendo ostensible la ausencia de razones jurídicas valederas o al menos fundamentadas, capaces de tornar revisable la sentencia cuestionada mediante la opugnación extraordinaria, emerge imperioso el despacho desfavorable de la misma.
1. Declarar infundado el recurso de revisión interpuesto por el demandante en revisión Luis Hernán Quiroga Traslaviña, respecto de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 9 de mayo de 2008, dentro del proceso ordinario (resolución de contrato) promovido contra él por Gilma Socorro Vanegas Romero.
2. Costas y perjuicios a cargo de la parte recurrente. Estos se liquidarán por el trámite previsto en el artículo 384 del Código de P. Civil y aquellas serán tasadas por la secretaría de esta corporación, para lo cual se incluirán como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).
3. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, excepto el cuaderno del recurso de revisión, aunque se deberá anexar a aquél copia de este fallo.