Source: https://telenti.es/covid-19-modificaciones-de-caracter-contable-mercantil-y-fiscal/
Timestamp: 2020-07-02 10:13:36
Document Index: 304499180

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 6']

COVID-19: modificaciones de carácter contable-mercantil y fiscal – Telenti
El Gobierno ha aprobado algunas modificaciones de carácter contable-mercantil y fiscal con el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19.
Se modifica el artículo 40, apartados 3 y 5, del Real Decreto-ley 08/2020 de la siguiente forma:
Apartado 3: “La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente“.
Apartado 5: “La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales“.
Las sociedades que no habían finalizado a 14 de marzo el plazo de formulación de sus cuentas, podían ya presentar sus libros obligatorios dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del estado de alarma para su legalización, tal y como había explicado en su día la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al Consejo General de Economistas. Ahora, tras la modificación del artículo 40, el Consejo General de Economistas entiende que, “con los mismos argumentos de la Dirección General y siendo prudentes, podríamos entender que el plazo para legalizar los libros será de cuatro meses a contar desde el 1 de junio”.
No se altera el plazo para autoliquidar el impuesto. Por lo tanto, debe realizarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Es decir, del 1 al 25 de julio de 2020 para entidades cuyo período impositivo de 2019 coincida con el año natural. No obstante, si a 25 de julio de 2020, la entidad no tiene aprobadas las cuentas anuales, la declaración se hará con las cuentas anuales disponibles. En el caso de las cotizadas, serán las cuentas auditadas y en el caso de las demás, serán las auditadas o las anuales que estén formuladas por el órgano correspondiente. Si estas tampoco estuvieran, se recurrirá a la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas pertinentes.
Si las cuentas aprobadas fueran diferentes a las utilizadas en la declaración, la entidad deberá presentar una nueva antes del 30 de noviembre de 2020.
Suspensión de la obligación de aportar al fondo de reserva
Mediante la modificación del Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, mediante la cual, se añade la siguiente disposición adicional:
“Debido a los efectos económicos derivados de la pandemia de la COVID-19, las fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 2 no estarán obligadas a realizar dotaciones al fondo de reserva durante el año 2020. El plazo de constitución del fondo de reserva, previsto en el artículo 6 se suspenderá durante el año natural 2020. La suspensión de la aportación durante el año 2020 no será compensada en la aportación del año siguiente. Así las aportaciones restantes hasta alcanzar el importe objetivo establecido en virtud del artículo 4, se distribuirán de forma lineal en el tiempo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 6“.
La nueva prórroga del estado de alarma estará en vigor hasta el próximo 7 de junio, incluido, por lo que resultan de aplicación, con carácter general, las disposiciones recogidas en el decreto de declaración del estado de alarma, el Real Decreto-ley 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, se han establecido algunas disposiciones particulares para los plazos procesales y adminsitrativos:
Desde el 4 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos procesales y queda derogado lo dispuesto en la disposición adicional segunda del decreto de declaración del estado de alarma.
Desde el 1 de junio de 2020, se reanuda el cómputo de los plazos administrativos que habían quedado suspendidos y queda derogada la disposición adicional tercera del decreto de declaración del estado de alarma.
Desde el 4 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones y queda derogada la disposición adicional cuarta del decreto de declaración del estado de alarma.
En todo caso, la superación de las fases de desescalada determinará que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales. Asimismo, se mantiene la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras posteriores ni a lo establecido en este real decreto.
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