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Timestamp: 2018-12-19 05:41:54
Document Index: 370330232

Matched Legal Cases: ['artículo 884', 'Artículo 35', 'artículo 446', 'Artículo 110', 'Artículo 7', 'artículo 446', 'Artículo 446', 'Artículo 884', 'artículo 111', 'artículo 19', 'artículo 180', 'Artículo 35']

Tema: liquidación del crédito / intereses de mora por trimestre / “
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EXPEDIENTE No.2013-00307-01
Tema: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / INTERESES DE MORA POR TRIMESTRE / “A partir de las premisas jurídicas acotadas, al rompe se advierte la confirmación de la decisión recurrida, pues, tal como lo hiciera el juzgado de conocimiento, para la liquidación del crédito y con respecto a los intereses de mora, debe aplicarse la tasa fija certificada por la Superfinanciera, por cada periodo de retraso del deudor (trimestre por trimestre), y no puede emplearse para todo el periodo de atraso, la última tasa certificada, como erradamente lo hiciera el apelante.”
SALA UNITARIA CIVIL– FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
D E P A R T A M E N T O D E L R I S A R A L D A
Asunto : Apelación de auto interlocutorio
Tipo de proceso : Ejecutivo con pretensión personal
Ejecutante : Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Ejecutado : Cooperativa de Caficultores de Marsella en Liquidación
Procedencia : Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira
Radicación : 2013-00307-01
Temas : Liquidación de crédito- Pautas para el interés de mora
Mag. Sustanciador : Duberney Grisales Herrera
Pereira, R., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).
EL ASUNTO POR DECIDIR
La impugnación que presentó, en el proceso referenciado ya, el apoderado judicial de la parte actora, contra el auto que modificó la liquidación de crédito allegada, de acuerdo a las apreciaciones jurídicas, que a continuación se expondrán.
Emitida el día 18-03-2016, cambió la mencionada liquidación, pues encontró que la aportada tuvo como base para calcular los intereses, la tasa nominal anual, cuando debía usarse la correspondiente a la mora efectiva anual fluctuante, certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que aplicada a los créditos objeto de la ejecución, dan como resultado un valor inferior al indicado por la ejecutante y así fue aprobada (Folio 19, cuaderno de copias auténticas).
LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN
Pide la revocatoria de la providencia cuestionada, para que en su lugar se apruebe la liquidación acercada, pues expone que fue practicada acorde con los parámetros del artículo 884 del CCo y reconoce la fluctuación de la tasa de interés emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos que indicó la decisión cuestionada (Folio 20, cuaderno de copias auténticas).
LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR
La facultad jurídica para desatar la litis, radica en esta Colegiatura por el factor funcional (Artículo 35, CGP), como superiora jerárquica del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta localidad, donde cursa el asunto.
Los presupuestos de viabilidad
Lo primero es advertir que en materia de impugnaciones, si bien la regulación en el CGP modificó algunos tópicos, lo atinente a los supuestos de viabilidad del recurso y específicamente para los autos, no tuvo un cambio sustancial respecto de lo estatuido para este aspecto en el CPC, de tal suerte que la jurisprudencia y la doctrina que se han encargado de estudiar el tema con arreglo al CPC, son aplicables para el nuevo estatuto y en lo tocante a la revisión de la alzada.
En ese contexto, hay que decir que siempre es indispensable la revisión de esos presupuestos que permiten desatar el recurso, según lo rotula la doctrina procesal nacional1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación, puesto que se dice que son ellos una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y aseguran su decisión. Y como anota el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”3. Y lo explica el profesor Rojas Gómez4 en su obra: “(…) para que la impugnación pueda ser tramitada hasta establecer si debe prosperar han de cumplirse unos precisos requisitos. En ausencia de ellos no debe dársele curso a la impugnación, o el trámite queda trunco, si ya se inició.”.
Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la impugnación. Para este caso, son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; todos debidamente satisfechos.
El problema jurídico para resolver
¿Debe variarse, confirmarse o revocarse el auto del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, que modificó y aprobó la liquidación de crédito arrimada, según los argumentos de la apelación formulada por la parte actora?
La resolución del problema jurídico
La liquidación del crédito
Hace parte de los montos, a cargo del deudor, que han de concretarse a través de la liquidación, luego de ejecutoriada la orden de seguir adelante con la ejecución, que es la providencia definitoria de los rubros que constituyen la obligación insoluta.
El procedimiento para obtenerla esta reglado en el artículo 446 del CGP (Antes 521 del CPC) e inicialmente faculta a cualquiera de las partes para presentarla, con los respectivos soportes, especificaciones de capital e intereses causados o conversiones cuando la obligación fue pactada en moneda extranjera, todo ello, conforme el mandamiento de pago o la orden de continuar la ejecución, si lo modificó.
Luego de presentada, se correrá traslado a la contraparte por fijación en lista (Artículo 110, CGP) y para su objeción habrá de allegarse una nueva liquidación, so pena de desecharse el reproche. Finalmente, el juez decidirá, bajo el principio de legalidad (Artículo 7º, CGP) como un acto soberano de su función, sobre su aprobación y podrá modificarla aunque la arrimada no haya sido cuestionada, pues así lo impone perentoriamente el artículo 446-3º, CGP, que reza: “(…) el juez decidirá sí aprueba o modifica la liquidación (…)”. Idéntico proceder se seguirá para la actualización, solo que se partirá del valor de la liquidación aprobada (Artículo 446-4º, CGP).
Constituyen una sanción por concepto de perjuicios ya que remuneran el daño por la mora. En palabras del profesor Velásquez Gómez5: “(…) la estimación legal de los perjuicios se concreta en el señalamiento de intereses moratorios cuando el objeto de la obligación es dinero (art.1617)”.
Según la normativa aplicable (Artículo 884 del CCo modificado por el artículo 111 de la Ley 510) corresponden al monto de una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera (Decreto 2555 de 2010) y fijado para periodos trimestrales, según lo reseñó esa entidad en la Resolución No.1715 del 29-09-2006.
Respecto a la forma en que se aplican las tasas de interés moratorio, puede decirse que el cálculo debe remitirse a cada periodo de tiempo certificado, tal como lo comentó la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia Financiera entendida también como Superfinanciera) en concepto No.97016525-2 de 17-06-1997:
… como el interés que se toma como referencia para establecer el valor de los intereses moratorios es el bancario corriente certificado por esta entidad, cuando se verifica la figura de la mora en el pago de varios instalamentos a través del tiempo, los intereses moratorios deben calcularse con base en el interés bancario corriente vigente para cada período de retraso del deudor.
Esto es, para determinar el monto de los intereses moratorios a cobrar, debe estarse a la tasa del interés bancario corriente certificado para cada mes de atraso de tal suerte que la posibilidad de aplicar una tasa de interés de manera retroactiva no resulta de recibo bajo ningún punto de vista. (Sublínea fuera de texto).
En el mismo sentido, lo expresó el profesor Velásquez Gómez6, cuando refiere que entre los documentos que debían apoyar las liquidaciones de crédito, estaban las certificaciones de la Superintendencia Bancaría aplicables: “(…) a los diferentes períodos de liquidación (…)”, aunque es menester recordar que, ya es innecesario acercar esa constancia, pues el artículo 19 de la Ley 794 modificó las normas que lo exigían como prueba, ya que estableció como “hecho notorio” todos los indicadores económicos y en la misma forma lo ratificó el artículo 180 del CGP.
También, de igual criterio e incluso más contundente si se quiere, el tratadista Becerra León7, expone: “(…) la certificación de las tasas de interés que expide la Superintendencia Bancaria alude a tiempos específicos, por medio de resoluciones que tienen una vigencia determinada, lo cual implica que la liquidación de intereses debe ajustarse, para cada período, a la correspondiente resolución vigente, y no es de recibo, como ocurre en los estrados judiciales, que la última resolución se aplique a períodos anteriores a ella, por cuanto las resoluciones, como las leyes, de manera general, no son retroactivas. (…)”. (Subrayas de la Sala).
Es así como, certificada por la Superfinanciera la tasa de interés bancario corriente, se debe tomar trimestralmente y rige para el respectivo periodo (Trimestral), no es retroactiva.
A partir de las premisas jurídicas acotadas, al rompe se advierte la confirmación de la decisión recurrida, pues, tal como lo hiciera el juzgado de conocimiento, para la liquidación del crédito y con respecto a los intereses de mora, debe aplicarse la tasa fija certificada por la Superfinanciera, por cada periodo de retraso del deudor (trimestre por trimestre), y no puede emplearse para todo el periodo de atraso, la última tasa certificada, como erradamente lo hiciera el apelante.
Sumado a lo anterior, del acervo probatorio puede extraerse que, frente a esos intereses de mora, en los numerales 3. y 2. de los literales A. y B. del mandamiento de pago, se fijó que se calcularían “(…) a la tasa de una y media vez el interés corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia en cada trimestre (…)” (Sublínea fuera de texto) (Folio 11, vuelto, cuaderno de copia auténticas) decisión que adquirió firmeza con la orden de seguir adelante con la ejecución (Auto del 17-07-2015, folios 14 y 15, cuaderno de copia auténticas) y que definitivamente coincide con lo vertido en la decisión reprochada.
También debe considerarse que la tasa fija que le sirve de soporte al recurrente, si bien corresponde a lo certificado para el último trimestre liquidado, solo es para ese periodo y aplicarla genera efectos adversos al ejecutado, que no debe padecer, aunque haya guardado silencio, pero más importante aún, es que la jueza como garante del proceso, debe revisar la liquidación y modificarla (446-3º, CGP), máxime cuando la allegada es incongruente con el mandamiento de pago (Ratificado en la orden de continuar la ejecución) y que como se ha reseñado, fue absolutamente claro en la forma como habrían de liquidarse los intereses moratorios.
En conclusión, la impugnación debe fracasar, dado que el razonamiento empleado en la decisión cuestionada, se allana al parecer de esta Sala.
En armonía con lo explicado antes: (i) Se confirmará la decisión apelada; (ii) Se advertirá que esta decisión es irrecurrible (Artículo 35, CGP); (iii) Se ordenará devolver el expediente al juzgado de origen; y, (iv) Se condenará en costas a la parte actora, en esta instancia, pues no triunfó su recurso. Se liquidarán en primera instancia, según los artículos 365 y 366 del CGP.
En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Unitaria de Decisión,
R E S U E L V E,
CONFIRMAR el auto del 18-03-2016 expedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad.
CONDENAR en costas, en esta instancia a la parte actora. Se liquidarán en primera instancia.
ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible.
DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de esta Corporación.
DUBERNEY GRISALES HERRERA
LA PROVIDENCIA ANTERIOR
SE NOTIFICÓ POR ESTADO DEL DÍA
JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
DGH / DGD / 2016
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso, parte general, Bogotá DC, Dupré editores, 2016, p.769-776.
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276.
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.769.
4 ROJAS GÓMEZ, Miguel Enrique. Lecciones de derecho procesal, tomo II, procedimiento civil, Escuela de Actualización Jurídica ESAJU, 2013, 5ª edición, Bogotá DC, p.332.
5 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío. Estudio sobre obligaciones, Editorial Temis SA, 2010, Bogotá, p.889.
6 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos, Biblioteca jurídica Diké, 1994, Medellín, p.166.
7 BECERRA LEON, Henry Alberto. Derecho comercial de los títulos valores, 5ª edición, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Bogotá DC, 2010, p. 141 y 142.
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
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