Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970965-12-09-2000-101451
Timestamp: 2019-09-17 22:54:10
Document Index: 203168212

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 124', 'artículo 36', 'artículo 122', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 114']

Resolución de TEAF Navarra, 970965, 12-09-2000 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 970965 de 12 de Septiembre de 2000
Núm. Resolución: 970965
Solicitan las recurrentes la anulación de las liquidaciones practicadas por la adición de nuevos bienes producida por escritura complementaria de adición de herencia al entender que la Oficina liquidadora había incurrido en el error de olvidar dividir la cifra entre las tres hermanas, es decir, existió un error en la valoración. Se estima el recurso y se ordena la retrotracción del expediente al momento anterior a la valoración que no fue debidamente motivada, anulándose las liquidaciones practicadas con abono de intereses.
Determinación de la base imponible del impuesto en caso de escritura complementaria de adición de herencia.
En examen de recurso interpuesto por Doña (AAA), Doña (BBB) y Doña (CCC) (?) a propósito de tributación por Impuesto sobre Sucesiones.
Habiendo fallecido Doña (DDD), hermana de las recurrentes, en (?) de 1990 bajo testamento de hermandad otorgado con sus dichas hermanas, éstas vinieron a otorgar correspondiente escritura notarial de aceptación de herencia en (?) de 1992, adjudicándose el pleno dominio de la cuarta parte indivisa de una finca situada en (?), con lo que cada una de ellas adquirió la tercera parte de esa cuarta parte indivisa o, lo que es igual, la doceava parte indivisa de la total finca. Y al respecto la Sección gestora del Impuesto practicó a las interesadas sendas liquidaciones sobre una base imponible-liquidable de 243.624 pesetas en cada una de ellas, dándose lugar, por aplicación del tipo de gravamen del 28 por ciento, a una cuota tributaria de 68.215 pesetas, a la que se agregaron correspondientes partidas de sanción, intereses por demora y honorarios de liquidación, lo cual dio lugar en cada caso a una total deuda de 87.143 pesetas. Pero las citadas otorgaron en (?) de 1995 una complementaria escritura de adición de herencia con el resultado de producirse la incorporación, al caudal relicto, de correspondiente participación en una vivienda, así como en un local comercial. Y a la vista de ello la Sección gestora practicó tres nuevas liquidaciones (números (?), (?) y (?) de 1996), tomando en cada una de ellas una base imponible-liquidable de 445.796 pesetas, de suerte que, por aplicación del tipo de gravamen del 31 por ciento (nuevo y superior tipo de gravamen derivado de haberse incrementado, según lo dicho, la cuantía del caudal relicto), se dio lugar a una cuota tributaria de 138.197 pesetas en cada caso, agregándose a ello correspondientes partidas de sanción, intereses por demora y honorarios de liquidación, y resultando, en definitiva, una total deuda de 204.558 pesetas en relación con cada una de las interesadas; y, por otra parte, vinieron a practicarse asimismo otras tres liquidaciones (números (?), (?) y (?) de 1996) en sustitución de aquellas otras practicadas en el año 1993, y ello por necesidad de utilizar ya ahora y según lo dicho el nuevo tipo de gravamen del 31 por ciento en lugar del inicialmente tomado del 28 por ciento en razón de cuantías de caudal relicto; y así en cada caso se produjo una cuota de 75.524 pesetas y por agregación de los conceptos de sanción, intereses por demora y honorarios de liquidación, se dio, también en cada una de estas liquidaciones, un total de deuda de 96.480 pesetas, y de cuya deuda se dedujo lo ingresado en virtud de las primitivas liquidaciones, quedando finalmente en cada caso una deuda diferencial de 9.336 pesetas. Y, tras haberse producido por las interesadas el ingreso de las deudas resultantes de todas las dichas liquidaciones (números (?) a (?), ambos inclusive, del dicho año de 1996), dan las hermanas en presentar un correspondiente recurso detallando lo ya dicho acerca de la incorporación de nuevos bienes y derechos al caudal hereditario, señalando que los tales consistieron en una participación de una octava parte indivisa y dos terceras partes indivisas de otra octava parte indivisa, todo ello respecto de una cuarta parte indivisa del piso (?) de la casa número (?), de la calle (?), de (?) (es decir, el 5,2 por ciento de esa vivienda); y también en una participación de una octava parte indivisa y dos terceras partes indivisas de otra octava parte indivisa de local comercial de la casa número (?) de la avenida de (?), de (?) (o sea, el 20,8 por ciento de ese local). Que con eso, y habida cuenta del valor, según Catastro, de tales participaciones hereditarias (192.894 pesetas la primera y 261.937 pesetas la segunda), la Oficina liquidadora, habiendo tomado como base imponible para cada una de las herederas la cantidad de 445.796 pesetas, habría cometido el error de olvidar dividir dicha cifra entre tres. Pero que si tal cifra de 445.796 pesetas es el resultado de dividir entre ellas tres una cifra de 1.337.388 pesetas como valor de la entera participación, ha de entenderse que impugnan semejante valoración. Y que, por otro lado, también en lo que se refiere a las nuevas liquidaciones practicadas en corrección de las primitivas por haber tenido que introducir un nuevo tipo de gravamen por causa del incremento de caudal producido por la adición del caso, se da similar circunstancia en cuanto a discrepancia sobre valoración, entendiendo que el valor atribuible a la cuarta parte indivisa de finca situada en (?) ha de ser no el triple de 243.625 pesetas sino esta cantidad, que, por contra, se ha tomado como base imponible en cada una de las liquidaciones practicadas a las tres recurrentes
1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza de los actos impugnados (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso; éste, por otra parte, ha sido formulado por personas dotadas de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectadas por los actos impugnados; y, en fin, ha de tenerse por interpuesto en tiempo hábil.
2.- Obra en el expediente un escrito de la Sección gestora, dirigido a las interesadas y que viene a ilustrar acerca del contenido de las liquidaciones del caso, cumpliendo así, siquiera sea "a posteriori", la función de expresar los elementos esenciales de las liquidaciones de que se trata, a que se refiere el artículo 124 de la Ley General Tributaria. Pero, por más que en ese escrito la Sección esté presuponiendo que las interesadas no vienen a impugnar la previa comprobación de valor de los bienes y derechos adquiridos, el hecho cierto es que cabalmente aquéllas dan en efectuar esa impugnación, puesto que precisamente aparecen tomadas como bases imponibles en las dichas liquidaciones cifras que las interesadas rechazaban por desorbitadas, tal como ello ha quedado expuesto en los Antecedentes de Hecho de este Acuerdo. Y al respecto ha de verse que la base imponible debe atender en el Impuesto sobre Sucesiones al valor propio y verdadero de los bienes o derechos, según lo dispuesto en los artículo 36, 122 y siguientes y 228 y siguientes de la Norma de 10 de abril de 1970. Y dicho valor será el que "resulte de la comprobación administrativa, si éste fuese mayor que el declarado por los interesados" (artículo 122). Y, dicho esto, ha de verse (ya por lo que se refiere a las exigencias que plantea un acto de comprobación administrativa del valor de un bien), que, como tiene establecido el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de mayo de 1989 (criterio persistentemente sostenido en otras muchas sentencias), en el acto administrativo de comprobación de valor "es necesaria esa exposición de criterios, ya que tanto los datos físicos o jurídicos como los cálculos de la valoración son fiscalizables por esta jurisdicción contenciosa. Por ello, si en una valoración se fija un valor al metro cuadrado, debe razonarse el por qué de esta valoración, con referencia a unos Registros Fiscales, precios de mercado u otras transmisiones próximas en tiempo y lugar", de suerte que (viene a seguir diciéndose en esa Sentencia) no cabe dar una valoración al metro cuadrado sin expresión de las razones que a ello lleven y sin indicación de la procedencia del correspondiente dato. Y esa forma de operar (continúa señalando la Sentencia) carece de garantías para el ciudadano y hace imposible la fiscalización del acto por los Organos de la jurisdicción. Es decir, que tampoco ha de bastar con hacer referencia al hecho de poseer la Administración una "base de datos" en los que supuestamente se sustente la valoración, sino que se hace necesaria la expresión, en el individualizado acto de comprobación del concreto bien de que se trate, de unos tales datos en lo que sean atinentes a ese bien, y sin que tampoco valga hacer una mera formulación genérica de datos y factores susceptibles de ser utilizados (no se sabría si, en correspondiente caso, todos ellos o sólo algunos), lo cual equivaldría a una "motivación" de pretendida variedad "plural e indiscriminada", como la que se contiene en la hoja de tasación del caso. Y así han de exponerse en ese acto de comprobación las razones y cálculos que lleven al resultado de valor del bien de que se trate. Ha de tenerse en cuenta aquí lo dispuesto por el artículo 9.3 de la Constitución, cuyo propósito sería vulnerado por una actuación administrativa de comprobación de valores como la habida en el caso, con la cual es claro que padece la seguridad jurídica de los administrados, que no tienen por qué ver comprometido su derecho a la tutela judicial efectiva, principio, éste, recogido en el artículo 24 de la Constitución y que ha de respetarse por la Administración (y concretamente por sus Organos resolutorios de recursos en materia tributaria, Organos de actuación previa a la judicial), pues también la Administración cabe que en ese o en anterior trance incida en lesión del derecho a dicha tutela judicial, según ello puede verse en Sentencias del Tribunal Constitucional 90/1985, de 22 de julio y 197/1988, de 24 de octubre; y, en fin, con una actuación como la habida en el caso quedaría igualmente comprometido el principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes públicos, principio también recogido en aquel artículo 9.3 de la Constitución, pues sólo de correspondiente acto individualizado de comprobación de valor mediante la necesaria concreción de datos puede resultar paladinamente si el resultado de esa comprobación es algo fundado en la razón y no, tal vez, en la pura arbitrariedad. En fin, resulta especialmente ilustrativa al respecto otra Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1997, según la cual la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de toda elevación de base imponible no puede despacharse eficazmente por la Administración consignando "meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o sólo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas que podrían servir, y de hecho sirven para cualquier bien. Por el contrario, la comprobación de valores debe ser individualizada y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos prácticos y así aceptarlos, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir, o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, sólo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho. Obligar al contribuyente, como pretende la apelante, a acudir a la referida tasación pericial contradictoria, de costoso e incierto resultado, para discutir la comprobación de valores, cuando ni siquiera se conocen las razones de la valoración propuesta por la Hacienda, colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración, habiendo de verse que a las tasaciones "no alcanza la presunción de legalidad de los actos administrativos (...), porque las peritaciones, aunque las practique un funcionario, son dictámenes. Por otra parte, esta Sala tiene también declarado en Sentencia de 26 de mayo de 1989 (la más arriba citada), reiterada en la de 19 de octubre de 1995, que la carga de la prueba del artículo 114 de la Ley General Tributaria, en materia de valoración, es aplicable a la Administración y a los particulares, tanto en vía de gestión como de reclamación". Pues bien: esto último es lo que ocurre en el expediente de que aquí se trata, en que la tasación de valor no resulta debidamente motivada según lo dicho. En definitiva, se da en el presente caso la falta de expresión de las razones y cálculos concretos (en suma, la motivación) que dieron lugar al resultado de superior valor tomado como base imponible-liquidable en las subsiguientes liquidaciones, con lo que, como se decía más arriba, se produce fundamentalmente el resultado de privar a las interesadas de la posibilidad de impugnar eficazmente en su caso esa comprobación de valor, por lo que procede llevarla a cabo con esa debida fundamentación, lo cual ha de conducir a la anulación del acto de comprobación de valor y también y por ello a la de los actos liquidatorios que tomaron como uno de sus elementos esenciales el dicho valor. En definitiva, procede la retrotracción del entero expediente a momento inmediatamente anterior al de la tasación efectuada, y ello a fin de que la tal se lleve a cabo de nuevo y con las señaladas formalidades y garantías para las recurrentes y se practique su reglamentaria notificación a éstas.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Doña (AAA), Doña (BBB) y Doña (CCC) (?) contra acto de comprobación de valor de bienes y derechos que dio lugar en su momento a liquidaciones (números (?) a (?), ambos inclusive, de 1996) practicadas por Impuesto sobre Sucesiones en relación con herencia causada por Doña (DDD) en favor de las recurrentes; y habiendo de estar al respecto a lo que se señala en la fundamentación del presente Acuerdo en cuanto a debida motivación de acto de comprobación de valor, que habrá de efectuarse y en cuanto a anulación de las liquidaciones practicadas, con lo que habrá de llevarse a cabo la devolución, que las interesadas solicitan, de las cantidades ingresadas por razón de tales liquidaciones, y ello con abono además de correspondientes intereses en favor de las recurrentes.
Sentencia Civil Nº 7/2014, AP - Barcelona, Sec. 19, Rec 672/2012, 09-01-2014
Orden: Civil Fecha: 09/01/2014 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Foncillas Sopena, Ramon Num. Sentencia: 7/2014 Num. Recurso: 672/2012
Sentencia Civil Nº 562/2007, AP - Barcelona, Sec. 1, Rec 484/2006, 23-10-2007
Orden: Civil Fecha: 23/10/2007 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Portella Lluch, Maria Dolores Num. Sentencia: 562/2007 Num. Recurso: 484/2006
Sentencia Civil Nº 52/2012, AP - Caceres, Sec. 1, Rec 604/2011, 01-02-2012
Orden: Civil Fecha: 01/02/2012 Tribunal: Ap - Caceres Ponente: Estevez, Rafael Benito Num. Sentencia: 52/2012 Num. Recurso: 604/2011
Resolución Vinculante de DGT, V1777-14, 08-07-2014
Órgano: Sg De Impuestos Patrimoniales, Tasas Y Precios Públicos Fecha: 08/07/2014 Núm. Resolución: V1777-14
Resolución de TEAF Navarra, 920409, 16-03-1998
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 16/03/1998 Núm. Resolución: 920409