Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2015/05/
Timestamp: 2018-04-19 22:58:21
Document Index: 133505258

Matched Legal Cases: ['artículo 156', 'Artículo 156', 'Artículo 2464', 'Artículo 2467', 'artículo 2464', 'Artículo 8', 'Artículo 128']

ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: mayo 2015
1. El político. No se entiende, como a personas investigadas, por la comisión de supuestos delitos con pena de hasta cuatro años de prisión, estén en preventiva, (Pérez y Garuz, por ejemplo, sin embargo, otros con igual o mayor, gravedad de pena, no tienen, similar condición; (Grimaldo y Bosco Vallarino, a guisa de ejemplo).
2. El moral. No se entiende, como por una misma investigación de un hecho, a una indagada se le impuso medida cautelar, pero a la otra no. (Caso: Molinar- Morales y las mochilas, por ejemplo).
3. El social. No se entiende, como los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los acaudalados investigados.
Por qué se da esto, en mi opinión:
1. La politización de la justicia. A veces la justicia selectiva, responde sólo a casos concretos.
2. La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
3. La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
4. La falta de rendición de cuentas de las autoridades, hacía la ciudadanía.
5. Las instituciones penales y penitenciarias, no funcionan bien.
6. La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, cuando se conoce por los medios de comunicación social, que se ha resquebrajado el orden legal. (Se desconoce de la investigación oficiosa del Ministerio Público, por algunos actos).
Publicado por Ernesto Cedeño en 15:58 No hay comentarios:
En Panamá ningún diputado suplente puede recibir dos remuneraciones del Estado, pues violentaría las "INCOMPATIBILIDADES PARLAMENTARIAS", que ha sido definida como una institución que prohíbe a Diputados y Senadores durante el período de su encargo, el desempeño de ninguna otra función o empleo a la vez. Los objetivos primordiales de las incompatibilidades parlamentarias son: garantizar el cumplimiento del principio de la división de poderes, asegurar y preservar la independencia y control político que el legislativo ejerce sobre el ejecutivo, y evitar que los representantes populares distraigan su atención en otras ocupaciones ajenas a su cargo.
Las incompatibilidades parlamentarias o legislativas son establecidas por el ordenamiento positivo, principalmente en la Constitución, aunque también en la legislación electoral, las leyes orgánicas y los reglamentos de los órganos legislativos. Estas incompatibilidades traen como consecuencia la necesidad del legislador de optar por uno u otro cargo.
En nuestro país, ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, Pleno en sentencia de (28) DE MAYO DE DOS MIL CATORCE (2014) que el artículo 156 de nuestra Constitución Política instituye la incompatibilidad parlamentaria, cuando señala:
"Artículo 156 CN: Los Diputados Principales o suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de Diputado principal o suplente, según sea el caso. Se exceptúan los nombramientos de Ministro, Viceministro, Director General o Gerente de entidades autónomas y Semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya aceptación solo produce vacante transitoria por el tiempo que se desempeñe el cargo"...
De lo expuesto se colige que los diputados suplentes (hoy son noticia) sólo pueden cobrar del Estado, lo que les da la Asamblea Nacional, cuando ejercen el cargo. Y si reciben otra remuneración adicional por el Estado, se produce la pérdida de la curul, con la consiguiente obligación de devolver lo cobrado por el otro ente del Estado, que no es la Asamblea Nacional; pues no fue constitucional ese pago.
Publicado por Ernesto Cedeño en 18:03 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 10:38 No hay comentarios:
Qué debe mejorarse, para blindar el sistema de compras del Estado
1. Eliminar el precio oculto, en la licitación pública, con evaluación separada. Podría prestarse esto para corrupción, ya que la entidad pudiera filtrarle el precio de referencia a algún proponente, para beneficiarlo.
2. Eliminar la contratación libre a discreción, que introdujo la ley 48 de 2011 y que permite la renovación de contratos a un mismo proveedor, de manera directa y sin limitación de periodo.
3. Hacer un sistema unitario de compras, para todo el Estado panameño, eliminando en consecuencia, con ello, la ley del PAN y de la CSS, en materia de contratación pública.
4. Que la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas) empiece a imponer multas a los servidores públicos, que violen los principios y las normas de contratación pública, como lo mandata la ley.
5. Que todas las consultorías, se sometan a actos públicos y con ello se eliminaría la aberración existente, que gravita en muchos entes públicos.
6. Que se establezca un sistema de rendición de cuentas, en algunos procesos de compras.
Publicado por Ernesto Cedeño en 17:02 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 16:41 No hay comentarios:
Cualquier interpretación extensiva que haga el Tribunal Electoral, seria contra lege (contrario a la ley) y estaría blindando a los políticos de atender los casos judiciales con prontitud.
Publicado por Ernesto Cedeño en 9:52 No hay comentarios:
Mi diagnóstico procesal del por qué la defensa de Martinelli está pidiendo que le rija el código judicial, es porque según esta norma, la sola mención de un diputado, en una investigación, no da pie para que la Corte lo investigue, pues se requiere de una vinculación con pruebas para esto. Estrategia.
Usted encontrará el fallo de Pedro Miguel González en el siguiente link. Vaya a la página 10 y vera que el espíritu, es precisar el momento que en que se inicia la investigación y/o proceso. http://ernestocedeno.com/PedroMGonzalez.pdf
Publicado por Ernesto Cedeño en 15:46 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 9:13 No hay comentarios:
Creo firmemente que cada uno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, no debieran esperar hasta que se evacuen las acciones ante el órgano legislativo, sino que pudieran aclarar a la mayor brevedad posible, los temas de inmediato, ante la sociedad, en una rendición de cuentas amplia y espontánea en donde se permitan las preguntas.
No obstante, me parece inoportuno y peligroso, que se hubiera admitido una denuncia penal contra el magistrado de la corte suprema de justicia, Víctor Benavides, con tan solo existir un relato de un recluso. Esto abre la puerta para permitir, en el futuro, la apertura de investigaciones contra sus homólogos y hasta contra el presidente de la república o la vicepresidenta, pues se aplica para todos, el mismo procedimiento que consta en el código procesal penal. (Artículos 467 y siguientes).
Debió exigirse la prueba sumaria para admitir la investigación, en acatamiento a lo que dispone el código judicial; es mi opinión.
No resulta comprensible exigir en un sistema, la prueba sumaria, para poder investigar a cualquier servidor público, pero no es necesaria, cuando se trata de investigaciones contra un magistrado de la corte suprema de justicia y/o presidente o vicepresidente de la República, cómo parece haber dictaminado la Asamblea con la admisión en cita.
Artículo 2464.
Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tienen señalado un procedimiento especial en este Código.
Artículo 2467.
El que promueva querella por delito o denuncia de la clase a que se refiere el artículo 2464, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato. En caso contrario o si tal prueba no constara por otro medio cualquiera, se ordenará su archivo. Para efectos de este artículo se entiende por prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido.
Publicado por Ernesto Cedeño en 10:40 No hay comentarios:
Las investigaciones que se hacen en donde se ha mencionado al expresidente Ricardo Martinelli, se sujetan a los términos del código procesal penal y a la ley “Blindaje” (Ley 55 de 2012).
Interrogantes sobre el caso.
¿Cuál es el estado actual del expresidente a lo legal, hoy?
El de inocencia.
Artículo 8. Inocencia. Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.
¿Se puede juzgar en ausencia?
No. El código lo prohíbe.
12. No ser juzgada en ausencia.
¿Cuándo se hace indispensable la presencia del expresidente en la investigación?
¿Hay algunos actos en donde el investigado debe estar presentes de manera obligatoria?
Si, cuando por ejemplo, se le quisiera imputar cargos, si se desea proponer una medida cautelar personal, los de la etapa intermedia.
¿Cómo son los actos procesales?
Artículo 128. Oralidad. Los actos procesales serán orales. Los asuntos debatidos serán resueltos en la misma audiencia, y los presentes se considerarán notificados por el pronunciamiento oral de la decisión judicial.
Publicado por Ernesto Cedeño en 5:00 No hay comentarios:
Porque tenemos algo que esconder y en el Estado la omisión, afecta la imagen fuertemente.
Huella en los diversos órganos.
En el Órgano Ejecutivo.
El nepotismo, provocó la repulsa ciudadana, cuando la conoció a través de los medios.
En el Órgano Legislativo.
La falta de deseo de eliminar la ley del blindaje.
Por otro lado, no quisieron restablecer los tiempos de prescripción de las penas para los delitos contra la administración pública. La anterior Asamblea, redujo el plazo para la prescripción de los delitos contra la administración pública: peculado, enriquecimiento injustificado y delitos contra el patrimonio estatal.
Ninguno de los magistrados de la corte suprema, denunciados ante la Asamblea Nacional, le ha aclarado a la sociedad, estos temas de forma amplia.
Tampoco la corte se ha autorregulado, estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada despacho, de tal manera que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio.
Razones de la falta de transparencia, pueden ser varias, como por ejemplo; el miedo, arrogancia, ponderación de valores, ignorancia, dificultad para cumplir las metas, etc., pero lo que sí es cierto, que esta falencia, puede generar “actos de corrupción” que debe evitarse.
Publicado por Ernesto Cedeño en 17:59 No hay comentarios: