Source: https://afojascero.com/2013/03/
Timestamp: 2019-06-24 12:14:19
Document Index: 386720229

Matched Legal Cases: ['artículo 233', 'artículo 229', 'artículo 231', 'artículo 233', 'artículo 234', 'artículo 233', 'artículo 233']

marzo 2013 – A fojas cero
RT @IDL_R: #Último #Exclusivo Nuevos documentos del Sector de Operaciones Estructuradas, contratos ficticios y facturas revelan cómo Odebre… 18 hours ago
“Activismo judicial”: un discurso manipulador
Desde hace muchos años el “activismo judicial” ciertamente es un tema de moda, que ha trascendido fronteras y ha influenciado, en forma determinante, no sólo a la doctrina especializada, sino también la propia labor de la jurisprudencia, principalmente de los tribunales encargados de la defensa de la Constitución, sea que pertenezcan o no al Poder Judicial. En líneas muy apretadas, el “activismo judicial” se asocia con una protección intensa de los derechos fundamentales -aún a costa de desconsiderar abiertamente normas infraconstitucionales- por parte de jueces que asumieron un rol tutelar y protector de la Constitución, y, asimismo, con una posición sumamente progresista.
Esto aparentemente no tendría nada de malo si la realidad, en el Perú, no demostrase otra cosa: el “activismo judicial” ha devenido en una justificación en sí mismo que legitima al Tribunal Constitucional (TC) a hacer y deshacer a gusto y placer. Se trata, indudablemente, de una posición que fue promovida a partir de la presidencia de César Landa Arroyo, echando mano de discursos jurídicos muy cuestionables, como el caso de la llamada “autonomía procesal”. Ciertamente el “activismo judicial” posee un trasfondo teórico muy complejo, como por ejemplo, desde una perspectiva iusfilosófica, entender que el juez trabaja con valores (lo cual, en mi opinión, es falso); o, desde una perspectiva de teoría del derecho, un absoluto esceptiscimo y discrecionalidad al momento de interpretar textos normativos.
No obstante, además de ello, el “activismo judicial” prácticamente se ha convertido en una palabra talismán; es decir, tiene un valor lingüístico propio tan intenso que es capaz de invalidar cualquier tipo de cuestionamiento que se le dirija. O sea, aquel que no apoya el “activismo”, teniendo en cuenta que éste trae consigo la protección de derechos fundamentales y aquella concepción progresista, equivaldría prácticamente a ser un conservador que niega la importancia de la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Vistas así las cosas, el “activismo”, por tanto, no es más que un discurso manipulador.
En mi criterio, poco se ha pensado sobre las implicancias semánticas de ese “activismo”. Que el TC (o, de ser el caso, el Judicial) desempeñen una conducta activa o pasiva no tiene nada que ver con la intensidad (subrayo esa palabra) con que puede ofrecer una tutela efectiva, adecuada y tempestiva en un caso concreto. Y ello porque también es posible ofrecer una tutela idónea -o, mejor, decidir correctamente- sin distorsionar, por ejemplo, la separación de poderes o el principio de legalidad (que también son principios constitucionales curiosamente ignorados por muchos constitucionalistas que escriben sobre derecho procesal). Siempre es posible realizar una densificación de los derechos y principios fundamentales teniendo en cuenta la presunción de constitucionalidad que, por naturaleza, poseen las normas infraconstitucionales. Por su parte, en sede de control de constitucionalidad, un caso típico es la aplicación de la técnica del self-restraint, en donde el tribunal decide privilegiar las decisiones tomadas a través de la democracia deliberativa a fin de evitar adoptar una decisión que pueda trastocar gravemente la separación de poderes.
Al final del día, pienso que el “activismo judicial” se manifiesta cuando el TC (o el órgano que haga de sus veces), ante una decisión correcta del legislador, acorde a la Constitución, adopta otra, pretendidamente “más acorde a los derechos fundamentales”. Existe, por tanto, una especie de sustitución: el TC es capaz de imponer lo que él entiende correcto, sin límite alguno, a cualquier tipo de decisión adoptada por el legislador, poco importando el nivel de consenso que ella motivó. Así, partiendo de esa estricta premisa, el “activismo judicial” es siempre y en cualquier circunstancia negativo porque, entre otras razones, desnaturaliza completamente el ejercicio del poder político y trastoca las competencias asignadas por la Constitución.
Ya es moneda corriente las distorsiones que el TC ha realizado en los procesos regulados por el Código Procesal Constitucional e, inclusive, por la propia Constitución. El caso de la restricción a la procedencia del recurso extraordinario (ahora “recurso de agravio constitucional”) contra las sentencias denegatorias en segundo grado en los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento) es alarmante: un buen día el TC decidió que las sentencias estimatorias también estaban sujetas al RAC.
Por su parte, cuando el TC dice “yo voy a crear una ‘apelación por salto'” que no tiene ninguna previsión en el procedimiento legalmente previsto no hace más que usurpar funciones que no le corresponden. Sin embargo, ¿puede el TC hacer y deshacer a su antojo las decisiones del legislador? ¿Qué acaso no tiene límites? ¿Será que el necesario equilibrio entre los poderes no lo incluye (porque, al fin y al cabo, es uno más)? Esas respuestas develan cómo es que entendemos el funcionamiento del Derecho en nuestro país.
Last but not least, vemos que nuestros problemas son más que preocupantes cuando corrobaramos la paupérrima argumentación jurídica empleada en los diversos casos que el TC se coloca en una postura activista. Y este “activismo judicial”, en connivencia con un neoconstitucionalismo radical que pregona un desprecio absoluto por la legislación infraconstitucional (en general, por todo lo “no-constitucional”), únicamente puede generar caos, desorden e impredictibilidad en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero claro, esto parece ser poco para las “bondades” que ofrecen el “activismo judicial” y su inherente discurso manipulador.
fecha 28 marzo, 2013
Etiquetas Activismo judicial, Autonomía procesal, Self-restraint, Tribunal Constitucional peruano
Las “condiciones de la acción”: una categoría que debe desaparecer
A continuación una breve crítica contra una categoría tan usada como poco cuestionada en la doctrina peruana.
fecha 19 marzo, 2013
Etiquetas Condiciones de la acción, Direito processual civil, Diritto processuale civile, Enrico Tullio Liebman, Giuseppe Chiovenda, Interés para obrar, Juan Monroy Gálvez, Legitimatio ad causam, Legitimidad para obrar
Justiça, interpretação jurídica e outros enigmas
“Waterfall”, de M. C. Escher.
Faz alguns dias li um interessante artigo escrito por Celso Cintra Mori e não pude evitar escrever algumas críticas contra as ideias propostas pelo autor, principalmente no que tange aos temas que são matéria da minha preocupação. Seguem elas a continuação, divididas em cinco pontos para melhor compreensão:
1. “A interpretação da lei se faz com o objetivo de praticar justiça. Mas, como é evidente, interpretar significa traduzir o comando da lei. Equivale a revelar o seu conteúdo. Significa compreender e determinar a ordem, o ordenamento, a organização de valores que a lei visou estabelecer”.
Não fica claro, na passagem transcrita nem ao longo do trabalho, quais são verdadeiros os limites do intérprete no trabalho hermenêutico. Será que ele também trabalha diretamente com valores? Se, como indica o autor, a interpretação da lei faz-se com o objetivo de praticar justiça, devo entender que “justiça” vem ser um resultado qualificado da interpretação, ou seja, é um elemento jurídico. Porém, justiça é Direito? Ou será que, como valor, aparece no momento anterior ao desenho da ordem jurídica feita pelo legislador?
2. “Mantida a fidelidade ao bem jurídico que o legislador quis proteger, a interpretação da lei pode priorizar a sua forma, apegar-se à literalidade das suas palavras, ou pode dar preferência ao conteúdo, à vontade social identificável dentro da lei. Dentre as vontades percebidas ou perceptíveis na lei, pode o interprete escolher aquela mais coerente com o contexto cultural atual da sociedade a que se aplique”.
Desde uma perspectiva epistemológica, penso que é um problema grave falar de “vontade da lei”. Não vejo como é possível construir uma teoria racional da interpretação ou da argumentação jurídica tomando como base uma noção desse jeito. E isso é ainda muito mais preocupante se é possível, como sugere o autor, o intérprete escolher dentre das vontades (que, aliás, não diz como são obtidas) “a mais coerente com o contexto cultural atual da sociedade a que se aplique”. Na minha visão isto significa uma liberdade excessiva do intérprete (uma discricionariedade, como tranquilamente assumem Giovanni Tarello e Riccardo Guastini). Porém, o juiz tem de aplicar o direito ao caso concreto, e para isso deve trabalhar com o ordenamento jurídico vigente no momento da sua decisão. De jeito nenhum deve trabalhar com “a vontade mais coerente no contexto cultural da sua sociedade”. Essa não é a função dele, e sim do legislador, que é quem decide quais valores são normatizados.
3. O autor incorre em uma severíssima contradição quando identifica a justiça, primeiro, com uma ideia subjetiva, e depois, como algo que deve ser buscado pela interpretação. Parece que não houve um suficiente esforço argumentativo para conceituar melhor o que é justiça -ainda mais tendo em conta que o autor vê a justiça como um valor- e da forma como o intérprete trabalha com ela (tendo como característica a subjetividade).
4. O autor faz a diferença entre “forma” e “conteúdo” que são, na verdade, termos filosóficos. Particularmente vejo um uso precário desses termos, porque “forma” vem a ser aquele meio pelo qual as coisas na natureza, os fatos, ideias, sensações pensamentos possuem uma expressão e existência exteriores. Já o conteúdo seria aquilo que é manifestado através da forma; no entanto, como diz Ihering (Espíritu del Derecho Romano, vol. 3), a forma é o próprio conteúdo desde o ponto de vista da visibilidade: não há forma sem conteúdo nem conteúdo sem forma. Isto aqui é desde uma perspectiva filosófica. Nada obstante, o quê faz o autor? Note-se a argumentação: ele fala de “forma” para contrapô-la a “conteúdo” e assim justificar sua proposta, qual seja a de procurar a “melhor” vontade social contida na lei, a que poderia ser privilegiada, por exemplo, diante de uma interpretação literal do enunciado normativo. E isso me leva à última crítica.
5. “O apego excessivo à forma, como se o jurista fosse um burocrata que não devesse atenção e respeito a nada mais do que às palavras um dia escolhidas pelo legislador para expressar a lei como vontade social, pode ser uma forma de descumprir a lei”.
Além de falar mais uma vez sobre essa “vontade social” (a qual agora, argumentativamente, é contraposta ao formulismo ou à literalidade – note-se como o autor tenta convencer mediante o uso do termo “burocrata”), nessa passagem o autor comete um erro imperdoável: pensar que a interpretação literal (técnica interpretativa de inquestionável validade) equivale a um apego excessivo à forma. Duas coisas: i) interpretar literalmente um enunciado normativo nem sempre implica um apego excessivo à forma; e ii) o autor, quando fala de “forma” -novamente, tentando contrapô-la ao conteúdo para justificar a proposta dele- impregna ela com uma negatividade absolutamente injustificada. É bem distinto uma interpretação formalista de um enunciado normativo do que uma aplicação formalista de uma regra jurídica. Que fácil é satanizar as palavras quando desconhecemos o quê elas significam realmente!
fecha 18 marzo, 2013
Etiquetas Giovanni Tarello, Interpretação jurídica, Interpretación jurídica, Justiça, Justicia, Riccardo Guastini, Teoría General del Derecho, Teoria Geral do Direito
Los juristas y las relaciones amorosas
A continuación un artículo de un querido amigo que, con enorme gentileza, aceptó que lo traduzca y lo publique en mi blog.
Por: Jonathan Darcie
Las relaciones nuevas son siempre una fase de descubrimiento. Además de conocer los gustos y disgustos de nuestras(os) amadas(os), es en el comienzo de la relación, época de definición de los rumbos y de la extensión del compromiso, que son establecidos los conceptos respecto de ellos. Por ejemplo: mi enamorada es una doctora que le gusta jugar tenis; mi enamorado es un ingeniero que ama cocinar, etc. Y para poder definir esos conceptos, necesitamos informaciones.
Yo, jurista, recientemente pasé por una experiencia de este tipo, la cual, con la mayor fidelidad posible y con omisiones de lo irrelevante, está retratada coloquialmente en el diálogo que sigue a continuación:
— Además de ser abogado, dijiste que también estudias Derecho, ¿cierto? —me preguntó ella, curiosa.
— Exacto. Estoy haciendo un doctorado en Derecho —respondí yo, contento por su interés.
— Ah, y dime, ¿cuánto tiempo dura ese curso?
— Cuatro años.
— ¡Dios mío! ¿Tanto tiempo?
— Sí —respondí yo—. Tenemos clases, realizamos muchos seminarios, preparamos varios artículos y tenemos que elaborar una tesis, o sea, un trabajo que debe contener una idea inédita de nuestra autoría.
— ¿Todo eso? ¡Debe ser bien difícil!
— Bueno, sí, es bastante exigente.
— Y, ¿tú estudias las leyes? —inquirió ella de nuevo.
— Ehhh, bueno, déjame ver cómo te explico. En realidad, nosotros estudiamos leyes y lo que está detrás de ellas, sea para definir con exactitud ciertos contenidos del Derecho, auxiliando en el trabajo de su aplicación, sea para definir ciertas estructuras comunes que el Derecho nos presenta, inclusive si son comparados los Derechos de países distintos. Inclusive por esa razón es que aquí, en Brasil, los cursos de doctorado exigen el dominio de, por lo menos, otros dos idiomas además del portugués.
— Ya, ¿pero las leyes de los países no son diferentes?
— Ehhh, sí, son diferentes.
— ¿Sirve, entonces, estudiar leyes de países diferentes? —preguntó ella algo extrañada.
Caminando en un día veraniego muy agradable, me veía, a partir de aquí, obligado a sintetizar y simplificar elecciones jurídico-filosóficas enormes en pro de la continuidad de la conversación.
— Ehhh, sí. Aunque no todo el Derecho es igual, existen ciertas estructuras de que los diferentes Derechos hacen uso y que pueden ser reconducidos a ciertas categorías comunes.
— ¿Cuál, por ejemplo?
— Como, por ejemplo, el crimen —. Pésimo ejemplo.
— ¿Pero acaso los crímenes son los mismos en todos los países? —cuestionó ella sin perder tiempo—. Porque yo sé que, en el Oriente Medio, existen varios países que prohíben varias cosas para las mujeres que aquí son permitidas…
— Es que cuando dije crimen no me refería a los varios tipos de crímenes que existen, como el homicidio, el robo, etc. Me refería a la categoría jurídica “crimen”, que muchos juristas entienden como la presencia conjunta de algunos elementos, como la previsión en ley, la ilicitud de la conducta y la culpa de quien lo cometió.
— Ah, y dime, ¿todos concuerdan con eso?
— Ah, bueno…—. Y quedamos en silencio.
No hay quien estudie a fondo el Derecho que no haya pasado por una consternación semejante a esa, explicándose lo que hace, sea para personas de otras disciplinas, sea para los iniciantes de la propia área.
Mas es nuestra, enteramente nuestra, la culpa por todo ese embarazo. Exageradamente preocupados por elevar su ciencia –si es que es posible así comprender el objeto de estudio– al grado de lo relevantísimo, de lo fundamental, del “ustedes-no-viven-sin-nosotros”, los juristas muchas veces intentan equipararse a los científicos de las realidades perennes, capaces, por esa misma razón, de desarrollar su objeto de conocimiento en gran parte a través de la deducción. Pregúntese a un jurista, desde los principiantes hasta los más experimentados, si piensa que el Derecho debe ser justo. Sin pestañear responderá que sí, casi siempre ignorando el convencionalismo que la noción de justicia ha cargado desde siempre.
La gran verdad –dura, sin embargo, verdad– es que no hay realidad perenne con la cual el jurista pueda ocuparse y desarrollar su objeto de conocimiento. Para su enorme tristeza, así como el Derecho es servidor de la sociedad, también el estudioso del Derecho es esclavo de las contingencias morales y políticas que ella posee, las cuales, como si no bastase la heterogeneidad de la manifestación en un mismo momento, son también variables en tiempo y espacio.
Por ello, sin megalomanía, el buen jurista es y debe ser siempre un fiel amigo de la inducción. No es de la deducción de realidades perennes y universales que proviene la grandeza del papel del jurista; antes bien, él debe preocuparse con el papel ocupado por sus verdades y por la pureza de sus juicios, no dejándose llevar por la tentación de tratar el “yo creo” como el “así es”.
Por eso, “ella” tenía razón. La respuesta es “sí”: estudio leyes, varias leyes.
Jonathan Doering Darcie es doctorando (con estudios completos) y magíster en Derecho por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Se graduó en la Facultad de Derecho de la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Actualmente professor-estagiário en la Facultad de Ciencias Contables de la UFRGS. Es socio de Doering & Darcie Advocacia.
fecha 11 marzo, 2013
Etiquetas Jonathan Darcie, Law Theory, Teoría General del Derecho, Teoria Geral do Direito
Se caía de maduro…
Maduro mostrando la Constitución que dice respetar
Muchas veces no deja de sorprender las maniobras y artilugios que los poderosos maquinan para enquistarse en el poder, sin que exista ningún tipo de obstáculo, mucho menos ese documento llamado Constitución que, en teoría, debería ser respetado.
Esta vez le tocó el turno a Nicolás Maduro, heredero político de Chávez, quien hoy será investido como “presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela” con la venia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Se ha criticado el hecho que la Constitución venezolana no prevea semejante cargo y, en efecto, no lo prevé, pero no porque el constituyente “se haya olvidado” sino porque sencillamente dicho cargo no puede existir.
Me explico. La Constitución venezolana habla de un encargo de la Presidencia de la República en dos casos: si hay falta absoluta i) antes del juramento y ii) después del juramento dentro de los cuatro primeros años del período constitucional. Si ocurriese la primera hipótesis, “se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional” (art. 233, párrafo 2). Si ocurriese la segunda hipótesis, “se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva” (art. 233, párrafo 3). En ambos casos, ese encargo termina cuando, después de las elecciones que deben realizarse, asuma el nuevo presidente de la República.
Nótese bien los límites de ese encargo: ni el presidente de la Asamblea ni el vicepresidente ejecutivo se convierten en presidente de la República, ni tampoco deben ser investidos en un nuevo cargo distinto al que poseen. Ellos siguen ejercitando sus propios cargos, sólo que temporalmente también se encargan de la presidencia de la Republica; tanto así que cuando el nuevo presidente tome posesión, ellos volverían a desempeñar el cargo que les corresponde (téngase en cuenta, no obstante, que el vicepresidente ejecutivo es designado por el propio presidente de la República). Así pues, encargarse de la presidencia no significa asumir un nuevo cargo. Son términos muy distintos y aparecen muy claramente delineados en la Constitución venezolana.
En efecto, existe tan sólo una posibilidad de asumir la presidencia de la República y se encuentra prevista en el artículo 233, último párrafo. Dicha hipótesis se presenta cuando se da una falta absoluta del presidente en los dos últimos años del período constitucional, siendo que el vicepresidente ejecutivo “asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período”. Aquí ya no estamos ante un simple encargo, porque éste siempre implica una devolución. Ya asumir la presidencia implica necesariamente que el vicepresidente deja de serlo, pasando a ser el nuevo presidente. Aquí sí debe haber una toma de posesión del nuevo cargo: el vicepresidente es investido como presidente.
Esta es, en mi opinión, la interpretación correcta de la Constitución venezolana sobre la materia. Dos hipótesis de encargo de la presidencia y solamente una de asunción. No obstante, ¿qué está ocurriendo en la realidad? Pues Maduro se inventó un nuevo cargo (un “presidente encargado” no es lo mismo que “presidente de la Asamblea o vicepresidente ejecutivo en ejercicio de las funciones del presidente”) y está tomando posesión como presidente violando claramente la Constitución. Pero detrás de ello hay un nefasto por qué. ¿Y cómo no podía haberlo para un auténtico y leal discípulo de Chávez?
He aquí la razón: el artículo 229 dice “No podrá ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la República quien esté de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo (…) en el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección“. El texto es tan claro que habría que tener poca sangre en la cara (o, quizá, mucha imaginación) para que Maduro, siendo vicepresidente ejecutivo, se candidatee. Eso le generaría tremendos problemas con la oposición y con la opinión pública internacional. Por ello, para cumplir con ese artículo, Maduro tendría que afrontar el proceso electoral habiendo renunciado formalmente a su cargo, dejando que otro se encargue de la presidencia. Pero es claro que ello está totalmente fuera de la ecuación.
¿Qué hacer entonces? Muy sencillo: Maduro dejará de ser vicepresidente, asumirá el cargo de presidente (encargado) y, con ello, dado que no existe ninguna traba para que el presidente sea candidato, tendrá el camino libre para postular a las elecciones a la par que detenta el poder. En otras palabras, Maduro tomó inconstitucionalmente el lugar de Chávez y busca no otra cosa que una re-elección… a pesar de no ser él quien fue elegido por el pueblo.
A manera de anécdota, el TSJ se limitó a constatar que el “presidente encargado de la República” no se encuentra entre los impedimentos del art. 229, y que por lo tanto puede ser candidato, sin siquiera analizar si la Constitución venezolana reconoce válidamente un cargo semejante. ¡Qué triste es cuando el órgano encargado de proteger la Constitución no es más que un vasallo del Ejecutivo!
Finalmente, hay que admitir que se trata de una salida ingeniosa de Maduro y sus partidarios, pero no por ello menos aberrante ni tampoco sorpresiva. En realidad, se caía de maduro que el régimen chavista iba a ingeniárselas de cualquier manera para prolongar su estadía en el poder.
fecha 8 marzo, 2013
Etiquetas Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Presidente encargado de la República, Sucesión de Hugo Chávez, Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Venezuela
Nicolás Maduro y la sucesión de Chávez: cuando la Constitución no vale nada
Chávez enseñando a Maduro a no respetar la Constitución
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano es el órgano encargado de interpretar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Por su parte, el artículo 231, primera parte, de dicha Carta dice: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional“.
En enero pasado, ante una delicada coyuntura, tras una demanda de interpretación constitucional (aquí la nota de prensa), el TSJ interpretó el texto normativo contenido en dicho artículo y determinó la existencia de una excepción a la regla de la toma de posesión consagrada en la Constitución: si un presidente es reelecto, ella no es necesaria para que éste continúe en funciones, puesto que el no juramentar no hace que el presidente (reelecto) deje de serlo por haber incurrido en una causal de falta absoluta (artículo 233) o temporal (artículo 234).
Ahora bien, todos saben que Chávez nunca juramentó por lo que, según la intepretación del TSJ (más allá de si es correcta o no), aún seguía en funciones por existir una continuidad en el ejercicio del cargo. Esto hizo que Nicolás Maduro, vicepresidente del gobierno anterior, y sus partidarios, entiendan que tras la muerte de Chávez (causal de falta absoluta) la presidencia debe ser asumida por el vicepresidente ejecutivo porque no se trataría de un nuevo período constitucional sino el anterior que habría expirado con la muerte de Chávez.
Pero, ¿será que realmente se trata del período anterior? ¿Es verdad que la no juramentación de Chávez implica una “prórroga” del mandato anterior? ¿Por qué Maduro debe ensayar esta -cuando menos- discutible interpretación? Muy sencillo: porque si afirmase que se trata de un nuevo período constitucional, la regla que ineludiblemente se debe aplicar es la del artículo 233, segundo párrafo, que dice que si existiese falta absoluta antes de tomar posesión (lo cual, a pesar de entender ésta como una formalidad, es lo que exactamente sucedió), el presidente de la Asamblea Legislativa debe asumir la presidencia y convocar a elecciones. ¿Y quién es el presidente de la Asamblea? Pues nada menos que el rival político de Maduro, el que le disputa la herencia de Chávez: Diosdado Cabello.
No obstante -y esto debe quedar claro- el hecho que exista esa continuidad proclamada por el TSJ, de ninguna manera puede llevar a concluir que nos encontramos ante la prolongación o prórroga del gobierno anterior. ¿Por qué? Precisamente porque el TSJ dijo que la juramentación es una mera formalidad para el caso de un presidente reelecto, o sea, que no es ningún impedimento para la continuidad del cargo y, por tanto, para el inicio de un nuevo período constitucional con Chávez a la cabeza. Y ese período constitucional se inició el 10 de enero de este año.
El propio TSJ, en la conclusión iv) de su sentencia, lo dijo con todas las letras: “A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo” (cursivas agregadas). La idea urdida por el chavismo, por cierto, era una sola: que la juramentación no sea un obstáculo para que Chávez siga gobernando, teniendo la convicción que se iba a recuperar. Pero claramente el tiro les salió por la culata… porque Chávez murió sin juramentar.
Partiendo de la propia interpretación del TSJ, Nicolás Maduro sólo podía asumir la presidencia si Chávez hubiera juramentado, tal como expresamente lo dice el artículo 233, párrafo 3. Pero como no lo hizo, Maduro no tiene vela en este entierro. Por lo tanto, la respuesta es una sola, aunque no por ello sorpresiva: Maduro cometió una clarísima usurpación de funciones violando flagrantemente la Constitución venezolana al autonombrarse “presidente encargado”, esa misma Constitución pequeñita agitada en los discursos políticos, esa misma Constitución que, en teoría, fue otorgada por el pueblo venezolano, cuya voluntad dicen respetar.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué dirá el TSJ si se impugna esta usurpación? ¿Ensayará una nueva “interpretación” del texto constitucional? ¿Se aferrará a la última orden de Chávez, mediante la cual ungió a Maduro como su sucesor? Sólo el tiempo lo dirá, aunque todo parece indicar que existirá una tregua entre los delfines de Chávez para asegurar una victoria en las próximas elecciones.
Finalmente, ¿cuál es la conclusión de toda esa historia? La de siempre: lo que dice la Constitución poco o nada importa para todos aquellos en medio de una feroz lucha política por el poder.
fecha 7 marzo, 2013
Etiquetas Diosdado Cabello, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Sucesión en Venezuela, Transición en Venezuela