Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r5-l30-2007.html
Timestamp: 2017-04-26 14:32:26
Document Index: 34283591

Matched Legal Cases: ['artículo 296', 'artículo 200', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 102', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 310', 'Artículo 70', 'artículo 18', 'artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 4', 'Artículo 11', 'artículo 20', 'artículo 91', 'Artículo 118', 'artículo 155', 'artículo 158', 'Artículo 195', 'Artículo 202', 'Artículo 206', 'Artículo 207', 'artículo 208', 'artículo 208', 'artículo 210', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 91', 'artículo 91', 'artículo 92', 'artículo 96', 'artículo 96', 'artículo 100', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 130', 'Artículo 135', 'artículo 136', 'Artículo 138', 'artículo 139', 'Artículo 140', 'artículo 145', 'artículo 145', 'artículo 174', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 206', 'Artículo 208', 'Artículo 137', 'artículo 99', 'artículo 200', 'Artículo 200', 'artículo 83', 'artículo 13', 'artículo 49', 'artículo 4', 'artículo 208', 'artículo 4', 'artículo 209', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 125', 'artículo 250', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 121', 'artículo 138', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 24', 'artículo 2', 'artículo 250', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 125', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 38', 'artículo 2', 'artículo 121', 'artículo 2', 'artículo 138', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 3']

Delimitación general
Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: umbral
Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral
Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral
Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada
Régimen aplicable a los contratos del sector público
Plazo de duración de los contratos
Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares
Carácter formal de la contratación del sector público
Supuestos de invalidez
Competencia para contratar
Empresas no comunitarias
Condiciones especiales de compatibilidad
Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos
Exigencia de solvencia
Integración de la solvencia con medios externos
Concreción de las condiciones de solvencia
Exención de la exigencia de clasificación
Criterios aplicables y condiciones para la clasificación
Inscripción registral de la clasificación
Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones
Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Certificados comunitarios de clasificación
Cálculo del valor estimado de los contratos
Procedencia y límites
Exigencia de garantía
Garantías admitidas
Régimen de las garantías prestadas por terceros
Constitución, reposición y reajuste de garantías
Responsabilidades a que están afectas las garantías
Devolución y cancelación de las garantías
Exigencia y régimen
Supuestos y régimen
Expediente de contratación: iniciación y contenido
Expediente de contratación en contratos menores
Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas
Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales
Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio
Régimen jurídico del servicio
Pliegos y anteproyecto de obra y explotación
Clausulado del contrato
Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos
Principios de igualdad y transparencia
Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones
Reducción de plazos en caso de tramitación urgente
Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Admisibilidad de variantes o mejoras
Sucesión en el procedimiento
Clasificación de las ofertas y adjudicación provisional y definitiva del contrato
Ofertas con valores anormales o desproporcionados
Notificación a los candidatos y licitadores
Publicidad de las adjudicaciones
Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
Información a los licitadores
Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Contenido de las invitaciones e información a los invitados
Delimitación de la materia objeto de negociación
Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación
Negociación de los términos del contrato
Apertura del procedimiento y solicitudes de participación
Diálogo con los candidatos
Presentación y examen de las ofertas
Decisión del concurso
Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada
Régimen de adjudicación de contratos
Adjudicación de contratos subvencionados
Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas
Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público
Funcionalidad y límites
Procedimiento de celebración de acuerdos marco
Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco
Incorporación de empresas al sistema
Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación
Funcionalidad y principios de actuación
Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada
Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información
Vinculación al contenido contractual
Procedimiento de ejercicio
Ejecución defectuosa y demora
Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas
Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado
Comprobación de las obras
Aportaciones públicas a la construcción
Aportaciones públicas a la explotación
Obras públicas diferenciadas
Destino de las obras a la extinción de la concesión
Adjudicación de contratos de obras por el concesionario
Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico
Contenido y límites
Autorización para contratar
Mesa especial del diálogo competitivo
Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada
Jurados de concursos
Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas
Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas
Voluntariedad de la inscripción
Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral
Colaboración entre Registros
Contratación en el extranjero
Normas específicas de contratación en las Entidades Locales
Régimen de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos
Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones
Límites a la contratación con empresas de trabajo temporal
Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro
Exención de la exigencia de clasificación para las Universidades Públicas
Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos
Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones
Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias
Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea
Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido
Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley
Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley
Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad
Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Contratos incluidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea
Régimen de contratación de ciertos Organismos
Pliegos de cláusulas administrativas para la contratación de medios para la lucha contra los incendios forestales
Prácticas contrarias a la libre competencia
Régimen de subcontratación de prestaciones contratadas por las Entidades públicas empresariales
Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia
Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales
Disposición adicional trigésimo primera
Disposición adicional trigésimo tercera
Régimen de contratación de los órganos de los Territorios Históricos del País Vasco
Disposición adicional trigésimo cuarta
Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud
Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas
Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública
Aplicación anticipada de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley
Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley
Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local
Modificación de la Ley General Presupuestaria
Modificación de la Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras
Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario
Actualización de las referencias a determinados órganos
Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley
Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica
Mandato de presentación de un proyecto normativo
. Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
. Servicios a que se refiere el artículo 10 de la 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
. Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa
RDLeg. 3/2011 de 14 Nov. (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) Norma afectada por
L 24/2011 de 1 Ago. (contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 24 redactado por el número uno de la disposición final primera de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad («B.O.E.» 2 agosto).
Número 2 del artículo 102 redactado por el número tres de la disposición final primera de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad («B.O.E.» 2 agosto).
Párrafo 2.º del número 7 del artículo 210 redactado por el número cinco de la disposición final primera de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad («B.O.E.» 2 agosto).
Número 8 del artículo 210 introducido por el número seis de la disposición final primera de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad («B.O.E.» 2 agosto).
Párrafo final del número 2 del artículo 310 introducido por el número ocho de la disposición final primera de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad («B.O.E.» 2 agosto).
L 26/2011 de 1 Ago. (adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 70 bis introducido por el artículo 18 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («B.O.E.» 2 agosto).
RDL 5/2011 de 29 Abr. (medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas) Ocultar / Mostrar comentarios Letra c) del número 1 del artículo 49 redactada por el artículo 7 del R.D.-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas («B.O.E.» 6 mayo).
L 35/2010 de 17 Sep. (medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional quinta derogada, a partir de 1 de abril de 2011, por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo («B.O.E.» 18 septiembre).
L 2/2011 de 4 Mar. (Economía Sostenible) Ocultar / Mostrar comentarios Letra r) del número 1 del artículo 4 introducido por el apartado uno de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Artículo 11 redactado por el apartado dos de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Número 2 del artículo 20 redactado por el apartado tres de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Párrafo segundo del número 1 del artículo 91 redactado por el apartado seis de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Título V del Libro I que contiene los artículos 92 bis a 92 quinquies, introducido por el apartado siete de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Artículo 118 redactado por el apartado ocho de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Letra b) del artículo 155 redactada por el apartado nueve de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Letra b) del artículo 158 redactada por el apartado diez de la disposición final decimosexta de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo)
Artículo 195 redactado por el apartado once de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Artículo 202 redactado por el apartado doce de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Artículo 206 redactado por el apartado trece de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Artículo 207 redactado por el apartado catorce de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Número 5 del artículo 208 introducido por el apartado quince de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Número 6 del artículo 208 introducido por el apartado quince de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
Número 7 del artículo 210 redactado por el apartado dieciséis de la disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
L 2/2011 de 4 Mar. (Economía Sostenible) Ocultar / Mostrar comentarios Número 1 del artículo 8 redactado, con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por la disposición final quincuagésima quinta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible («B.O.E.» 5 marzo).
L 34/2010 de 5 Ago. (modificación de L 30/2007 de 30 Oct., Contratos del Sector Público, 31/2007 de 30 Oct., contratación en sectores del agua, energía, transportes y servicios postales, y 29/1998 de 13 Jul., Jurisdicción Contencioso-Administrativa) Ocultar / Mostrar comentarios Libro VI introducido por el apartado tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 2 del artículo 17 redactado por el apartado cuatro del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 21 redactado por el apartado cinco del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Párrafo primero del número 1 del artículo 83 redactado por el apartado catorce del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 87 redactado por el apartado quince del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 91 redactado por el apartado dieciséis del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 4 del artículo 91 redactado por el apartado dieciséis del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 92 redactado por el apartado diecisiete del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra b) del número 2 del artículo 96 redactada por el apartado dieciocho del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra c) del número 2 del artículo 96 redactada por el apartado dieciocho del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 100 redactado por el apartado veinte del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra c) del número 1 del artículo 130 redactada por el apartado veintiuno del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra d) del número 1 del artículo 130 introducida, en su actual redacción, por el apartado veintiuno del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra e) del número 1 del artículo 130 renumerada por el apartado veintiuno del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra d).
Artículo 135 redactado por el apartado veintidós del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 4 del artículo 136 redactado por el apartado veintitrés del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Artículo 138 redactado por el apartado veinticinco del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 2 del artículo 139 redactado por el apartado veintiséis del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Artículo 140 redactado por el apartado veintisiete del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 145 redactado por el apartado veintiocho del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 2 del artículo 145 redactado por el apartado veintiocho del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra a) del número 1 del artículo 174 redactada por el apartado veintinueve del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Letra d) del artículo 206 renumerada por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra e).
Letra e) del artículo 206 renumerada por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra f).
Letra f) del artículo 206 renumerada por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra g).
Letra g) del artículo 206 renumerada por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra h).
Letra h) del artículo 206 renumerada por el apartado treinta y tres del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). Anterior letra i).
Artículo 208 renumerado por el apartado treinta y cuatro del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Artículo 137 redactado por el apartado veinticuatro del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto).
Número 1 del artículo 99 redactado ppor el apartado diecinueve del artículo primero de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras («B.O.E.» 9 agosto). 7/7/2010
L 15/2010 de 5 Jul. (modificación de la Ley sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) Ocultar / Mostrar comentarios Número 4 del artículo 200 redactado por el apartado uno del artículo tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales («B.O.E.» 6 julio).
Artículo 200 bis introducido por el apartado dos del artículo tercero de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales («B.O.E.» 6 julio).
L 14/2010 de 5 de Jul., infraestructuras y los servicios de información geográfica en España) Ocultar / Mostrar comentarios Número 4 del artículo 83 introducido por la disposición adicional sexta de Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España («B.O.E.» 6 julio).
RDL 8/2010 de 20 May. (medidas extraordinarias para la reducción del déficit público) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición adicional trigésimo cuarta introducida por el artículo 13 del R.D.-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público («B.O.E.» 24 mayo).
RDL 6/2010 de 9 Abr. (medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo) Ocultar / Mostrar comentarios Letra b) del número 1 del artículo 49 redactado por el número uno del artículo 4 del R.D.-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo («B.O.E.» 13 abril).
Número 5 del artículo 208 redactado por el apartado dos del artículo 4 del R.D.-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo («B.O.E.» 13 abril).
Letra b) del número 2 del artículo 209 redactada por el número tres del artículo 4 del R.D.-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo («B.O.E.» 13 abril).
R Patrimonio del Estado 3 mar. 2010 (Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea) Ocultar / Mostrar comentarios La Res. de 3 de marzo de 2010, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre el envío de anuncios a la Comisión Europea («B.O.E.» 8 marzo), recomienda a los órganos de contratación del Sector Público que cuando deban enviar anuncios de contratos sujetos a regulación armonizada, ya sean anuncios previos indicativos, anuncios de licitación de contratos, anuncios de adjudicación o de renuncia o desistimiento en el procedimiento de adjudicación iniciado, los remitan directamente a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas, organismo integrado en la Comisión Europea, a ser posible empleando medios electrónicos, bien a la dirección de correo citada, bien mediante el acceso al sistema SIMAP cuya dirección de Internet se cita.
OM EHA/3497/2009 de 23 Dic. (límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010) Ocultar / Mostrar comentarios Cifra del número 1 del artículo 14 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 17 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 125 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra del número 2 del artículo 250 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra b) del número 1 del artículo 15 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra b) del número 1 del artículo 16 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra b) del número 1 del artículo 17 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra del número 1 del artículo 121 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra del número 3 del artículo 138 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 15 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 16 actualizada por el artículo único de la Orden EHA/3497/2009, de 23 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2010 («B.O.E.» 29 diciembre).
RD 817/2009 de 8 May. (desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público) Ocultar / Mostrar comentarios Anexo I modificado conforme establece la disposición final tercera del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 15 mayo; correción de errores «B.O.E.» 3 octubre).
Anexo II modificado conforme establece la disposición final tercera del R.D. 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público («B.O.E.» 15 mayo; correción de errores «B.O.E.» 3 octubre).
RDL 9/2008 de 28 Nov. (creación de un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y aprobación de créditos extraordinarios para atender a su financiación) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta que la disposición adicional sexta del R.D.-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación («B.O.E.» 2 diciembre), establece que a partir del 3 de diciembre de 2008, fecha de su entrada en vigor, no será exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros.
OM EHA/3875/2007 de 27 Dic. (límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008) Ocultar / Mostrar comentarios Cifra del número 1 del artículo 14 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 17 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 1 del artículo 24 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 2 del artículo 250 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifras de la letra b) del número 1 de la disposición transitoria séptima actualizadas conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifras del número 2 de la disposición transitoria séptima actualizadas conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 125 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra b) del número 1 del artículo 15 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra b) número 1 del artículo 16 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra b) número 1 del artículo 17 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 1 del artículo 37 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 1 del artículo 38 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 1 del artículo 121 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra del número 3 del artículo 138 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 15 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
Cifra de la letra a) del número 1 del artículo 16 actualizada conforme establece el artículo 2 de la O.M. EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008 («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 4 febrero 2008).
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde la adhesión a las Comunidades Europeas, la normativa comunitaria ha sido el referente obligado de nuestra legislación de contratos públicos, de tal forma que, en los últimos veinte años, las sucesivas reformas que han llevado desde el Texto Articulado de la Ley de Bases de la Ley de Contratos del Estado hasta el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas han tenido como una de sus principales justificaciones la necesidad de adaptar esta legislación a los requerimientos de las directivas comunitarias. Esta Ley de Contratos del Sector Público también ha encontrado en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria en la materia el impulso primordial para su elaboración. Las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, han sido sustituidas recientemente por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, disposición que, al tiempo que refunde las anteriores, introduce numerosos y trascendentales cambios en esta regulación, suponiendo un avance cualitativo en la normativa europea de contratos. Sin embargo, aun siendo la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2004/18/CE el motivo determinante de la apertura de un nuevo proceso de revisión de nuestra legislación de contratos públicos, este punto de partida no ha operado como límite o condicionante de su alcance. La norma resultante, en consecuencia, no se constriñe a trasponer las nuevas directrices comunitarias, sino que, adoptando un planteamiento de reforma global, introduce modificaciones en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve. II
Hasta el momento, las reformas de la legislación de contratos que se han sucedido desde 1986 han sido tributarias, en última instancia, del planteamiento de la Ley de Contratos del Estado cuyo modelo de regulación se ha ido asumiendo por los diferentes textos legales sin ser objeto de un cuestionamiento de fondo; incluso la Ley de 18 de mayo de 1995, que supuso un punto de inflexión para nuestra legislación en la materia, respondía, en sus concepciones básicas, a ese modelo. La normativa de contratos del sector público se ha construido, en este sistema, alrededor del contrato de la Administración Pública (ya sea ésta únicamente la Administración General del Estado, como en la Ley de 1965, o ya se entienda el concepto en un sentido más amplio, como comienza a apuntarse a partir de 1986 y se consagra de forma abierta a partir de 1995) y, más específicamente, en torno al contrato administrativo de la Administración Pública. La necesidad de pautar la contratación de otros sujetos -ya fuese por determinaciones de derecho comunitario, cuyas disposiciones en la materia se aplican a otras entidades del sector público o incluso a sujetos de derecho que se encuentran fuera de él, o por razones de política legislativa interna, con el fin de cerrar las normas sobre contratación del sector público- se solventaba en este modelo bien mediante la extensión parcial de esa regulación (en lo que se refería a normas incluidas en el ámbito de regulación propio de las Directivas comunitarias: disposiciones sobre preparación y adjudicación del contrato y sobre requisitos de aptitud -capacidad y solvencia- del contratista particular, básicamente) a ciertos contratos sujetos a las disposiciones comunitarias, bien mediante la declaración de sometimiento de los restantes contratos del sector público a ciertos principios que debían presidir su adjudicación. Esta técnica de regulación presentaba los inconvenientes fundamentales de situar el régimen aplicable a los contratos no celebrados por Administraciones Públicas en un ámbito caracterizado por su indefinición, rasgo especialmente notorio en el caso de los contratos no sujetos a las directivas comunitarias, y de renunciar, en el caso de los contratos sometidos a sus previsiones, a efectuar una modulación de las diferentes normas de ese régimen para ajustarlas a las características propias de los distintos sujetos que debían aplicarlo, en la medida en que esa traslación de disposiciones pensadas inicialmente para Administraciones Públicas se efectuaba en bloque y sin interposición de una deseable actividad de adecuación, que se ponía bajo la responsabilidad de su intérprete o aplicador. Inseparablemente unido a lo anterior, la opción de regular los contratos públicos a partir de la disciplina de los contratos celebrados por la Administración ha contribuido en gran medida a evitar el planteamiento de la cuestión relativa a la conveniencia de identificar inequívocamente los ámbitos de esta normativa que se encuentran condicionados por las prescripciones de las directivas comunitarias debido a que, en todo lo que se refiere a exigencias procedimentales, garantías para el licitador, y preservación de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, nuestras legislación de contratos ha sido siempre equiparable a la europea, cuando no más estricta. Ello ha difuminado las fronteras entre lo comunitario y lo nacional en nuestras normas contractuales y, consiguientemente, ha enturbiado el análisis de las relaciones entre ambas esferas. Desde la consideración metodológica de que resulta inaplazable insertar nuestra legislación en la materia dentro de un marco de referencia que permita superar estas limitaciones, la Ley de Contratos del Sector Público ha adoptado un enfoque que, separándose de sus antecedentes, aborda la regulación de la actividad contractual pública desde una definición amplia de su ámbito de aplicación y buscando una identificación funcional precisa del área normativa vinculada a las directivas europeas sobre contratos públicos, teniendo en cuenta que se trata de una Ley que ha de operar en un contexto jurídico fuertemente mediatizado por normas supranacionales y en relación con una variada tipología de sujetos. Desarrollar la Ley de contratos como una norma que, desde su planteamiento inicial, se diseñe teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los sujetos del sector público, permite dar una respuesta más adecuada a los problemas antes apuntados, aproximando su ámbito de aplicación al de las normas comunitarias de referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar remisiones imprecisas y clarificar las normas de aplicación, aumentando la eficiencia de la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídica peculiar de cada destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son aplicables, y previendo un nicho normativo para que, en línea con las posiciones que postulan una mayor disciplina en la actuación del sector público en su conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han situado extramuros de esta legislación. La identificación de las disposiciones ligadas a las directivas de contratación, por su parte, permite enmarcar de forma nítida el ámbito de regulación disponible para el legislador nacional, dentro del respeto a los principios y disposiciones del Derecho Comunitario originario que determinan la sumisión de toda la contratación pública, cuando menos, a los principios de publicidad y concurrencia, a efectos de matizar el régimen de contratación de los diferentes sujetos sometidos a la Ley, y facilitar el análisis de la norma de cara a adoptar decisiones de política legislativa. III
Ratificando este cambio de enfoque, la presente Ley se separa de la arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos desde la Ley 13/1995, de 18 de mayo, basado en una estructura bipolar construida alrededor de una «parte general», compuesta por normas aplicables a todos los contratos, y una «parte especial», en la que se recogían las peculiaridades de régimen jurídico de los contratos administrativos «típicos». Esta sistemática, que constituyó un notable avance técnico respecto de la configuración clásica de la Ley de Contratos del Estado, no resulta, sin embargo, la más adecuada para dar soporte a una norma con el alcance que se pretende para la Ley de Contratos del Sector Público, afectada por los condicionantes de regular de forma directa el régimen de contratación de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, y de hacer posible, desde la misma estructura de la Ley, un tratamiento diferenciado de las normas que son transcripción de disposiciones comunitarias. Así, el articulado de la Ley se ha estructurado en un Título preliminar dedicado a recoger unas disposiciones generales y cinco Libros que se dedican, sucesivamente, a regular la configuración general de la contratación del sector público y los elementos estructurales de los contratos, la preparación de estos contratos, la selección del contratista y la adjudicación de los contratos, los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y la organización administrativa para la gestión de la contratación. El criterio primordial de estructuración atiende a las materias reguladas (Título preliminar y Libros I, IV y V) o a bloques homogéneos de actuación (Libros II y III). Dentro de esos primeros niveles de ordenación, las divisiones ulteriores se han establecido desagregando esos mismos criterios (Libros I, III y V), o introduciendo una nueva pauta basada en el alcance de las normas, según resulten aplicables a todos los contratos, con carácter general, o sólo a determinados tipos contractuales (Libros II y IV); por último, en los Libros II y III, ha sido necesario utilizar un criterio adicional, agrupando las disposiciones por razón de sus distintos destinatarios dentro del sector público. IV
Tomando como referencia los principios que han guiado la elaboración de esta Ley, las principales novedades que presenta su contenido en relación con su inmediato antecedente, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, afectan a 1) la delimitación de su ámbito de aplicación, 2) la singularización de las normas que derivan directamente del derecho comunitario, 3) la incorporación de las nuevas regulaciones sobre contratación que introduce la Directiva 2004/18/CE, 4) la simplificación y mejora de la gestión contractual, y 5) la tipificación legal de una nueva figura, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado: 1. A fin de ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al de las directivas comunitarias, así como para no dejar entidades del sector público exentas de regulación, la delimitación de los entes sujetos se realiza en términos muy amplios. A estos efectos, el artículo 3.1 enumera en sus letras a) a g) las entidades que, de acuerdo con una determinación de política legislativa interna y autónoma, se considera conveniente que, en todo caso, se sujeten a la legislación de contratos públicos; esta lista, inspirada en la definición de sector público de la Ley General Presupuestaria con las pertinentes correcciones terminológicas para permitir la extrapolación de sus categorías a los sectores autonómico y local y la adición de menciones expresas a las Universidades Públicas y a los denominados «reguladores independientes», está formulada en términos extremadamente amplios. Para asegurar el cierre del sistema, la letra h) de este apartado -que funciona como cláusula residual y reproduce literalmente la definición de «organismo público» de la Directiva 2004/18/CE, en cuanto poder adjudicador sujeto a la misma-, garantiza que, en cualquier caso, el ámbito de aplicación de la Ley se extienda a cualquier organismo o entidad que, con arreglo a la norma comunitaria, deba estar sometido a sus prescripciones. Dentro de las entidades del sector público, la Ley distingue tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus prescripciones: Administraciones Públicas; entes del sector público que, no teniendo el carácter de Administración Pública, están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a esta Directiva; el hecho de que se ponga el acento en la regulación de la contratación de las Administraciones Públicas, sometiéndola a disposiciones más detalladas que las que rigen para las entidades sujetas a la Ley que no tienen este carácter (sobre todo en lo que se refiere a la celebración de contratos no sujetos a regulación armonizada) no significa que éstas últimas no puedan hacer uso de determinadas técnicas de contratación o de figuras contractuales contempladas de modo expreso sólo en relación con aquéllas (subasta electrónica, contratos de colaboración o instrumentos para la racionalización de la contratación, por ejemplo) puesto que siempre será posible que sean incorporadas a las instrucciones internas de contratación que deben aprobar esas entidades o que se concluyan al amparo del principio de libertad de pactos. 2. Como medio para identificar el ámbito normativo supeditado a las prescripciones de las directivas comunitarias se ha acuñado la categoría legal de «contratos sujetos a regulación armonizada», que define los negocios que, por razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran sometidos a las directrices europeas. La positivación de esta categoría tiene por finalidad permitir la modulación de la aplicabilidad de las disposiciones comunitarias a los distintos contratos del sector público, restringiéndola, cuando así se estime conveniente, solo a los casos estrictamente exigidos por ellas. Por exclusión, utilizándolo de forma negativa, el concepto también sirve para definir el conjunto de contratos respecto de los cuales el legislador nacional tiene plena libertad en cuanto a la configuración de su régimen jurídico. La identificación de estos contratos se ajusta a los parámetros de la Directiva, con las dos matizaciones siguientes: por una parte, y en minoración de la caracterización efectuada por la norma comunitaria, el concepto no incluye, por economía normativa y simplicidad de redacción, los contratos de servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II, a los que la disposición comunitaria declara aplicables sólo las normas sobre establecimiento de prescripciones técnicas y publicidad de las adjudicaciones: en la medida en que el ámbito de la exención supera con mucho al de la sujeción, se ha optado por dejarlos fuera de la categoría de «contratos sujetos a regulación armonizada» y establecer su sometimiento a las mismas reglas que éstos en los lugares pertinentes de la Ley; por otra parte, y como prescripción extensiva respecto del derecho comunitario, que no ha abordado todavía su regulación, se califican como contratos sujetos a regulación armonizada, en todo caso, a los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, en atención a su complejidad, cuantía, y peculiar configuración.
3. Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental, configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un «comercio justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo [2005/2245 (INI)], y que permitan ajustar la demanda pública de bienes y servicios a la disponibilidad real de los recursos naturales, a la articulación de un nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competitivo, pensado para contratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a través de la interacción entre el órgano de contratación y los licitadores; a la nueva regulación de diversas técnicas para racionalizar las adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco, sistemas dinámicos de adquisición y centrales de compras); o, en fin, asumiendo las nuevas tendencias a favor de la desmaterialización de los procedimientos, optando por la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos. Con la misma finalidad de incorporar normas de derecho comunitario derivado, se articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación, con el fin de trasponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 4. Obligadamente, la nueva Ley viene también a efectuar una revisión general de la regulación de la gestión contractual, a fin de avanzar en su simplificación y racionalización, y disminuir los costes y cargas que recaen sobre la entidad contratante y los contratistas particulares. Esta revisión ha afectado, de forma particular, al sistema de clasificación de contratistas, a los medios de acreditación de los requisitos de aptitud exigidos para contratar con el sector público, y a los procedimientos de adjudicación, elevando las cuantías que marcan los límites superiores de los simplificados -procedimiento negociado y el correspondiente a los contratos menores- y articulando un nuevo procedimiento negociado con publicidad para contratos no sujetos a regulación armonizada que no superen una determinada cuantía. Además, y desde un punto de vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra legislación la terminología comunitaria de la contratación, con el fin de facilitar, ya desde el plano semántico, la interoperabilidad con los sistemas europeos de contratación. Esto ha supuesto el abandono de ciertas denominaciones tradicionales en nuestro derecho, que no de los correspondientes conceptos, que subsisten bajo nombres más ajustados al contexto europeo. En particular, los términos «concurso» y «subasta» -que en la legislación nacional se referían, de forma un tanto artificiosa, a «formas de adjudicación» del contrato como instrumento que debía utilizarse en conjunción con los «procedimientos de adjudicación», se subsumen en la expresión «oferta económicamente más ventajosa» que remite en definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes procedimientos abiertos, restringidos o negociados, y ya se utilice un único criterio (el precio, como en la antigua «subasta») o ya se considere una multiplicidad de ellos (como en el antiguo «concurso»)-. El concepto legal de «oferta económicamente más ventajosa» es, sin embargo, más amplio que el manejado en la Directiva 2004/18, englobando tanto la noción estricta presente en la norma comunitaria -que presupone la utilización de una multiplicidad de parámetros de valoración-, como el criterio del «precio más bajo», que dicha disposición distingue formalmente de la anterior; la Ley ha puesto ambos conceptos comunitarios bajo una misma rúbrica para evitar forzar el valor lingüístico usual de las expresiones utilizadas (no se entendería que la oferta más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese calificada como la «económicamente más ventajosa»), y para facilitar su empleo como directriz que resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en la contratación. Además, para reforzar el control del cumplimiento del contrato y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su ejecución, se ha regulado la figura del responsable del contrato, que puede ser una persona física o jurídica, integrada en el ente, organismo o entidad contratante o ajena a él y vinculada con el mismo a través del oportuno contrato de servicios, al que el órgano de contratación podrá, entre otras opciones, encomendar la gestión integral del proyecto, con el ejercicio de las facultades que le competen en relación con la dirección y supervisión de la forma en que se realizan las prestaciones que constituyan su objeto. 5. Nominados únicamente en la práctica de la contratación pública, la Ley viene, finalmente, a tipificar normativamente los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, como nuevas figuras contractuales que podrán utilizarse para la obtención de prestaciones complejas o afectadas de una cierta indeterminación inicial, y cuya financiación puede ser asumida, en un principio, por el operador privado, mientras que el precio a pagar por la Administración podrá acompasarse a la efectiva utilización de los bienes y servicios que constituyen su objeto. ');