Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-893-12.htm
Timestamp: 2020-04-01 09:02:01
Document Index: 28063550

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 49', 'artículo 79', 'artículo 324', 'artículo 531', 'artículo 534', 'Artículo 531', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 79', 'Artículo 294', 'artículo 175', 'Artículo 29', 'Artículo 14', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 14']

C-893-12
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el fenómeno de la cosa juzgada material se presenta “(…) cuando después de proferido un fallo de constitucionalidad respecto de una norma determinada, la Corte debe estudiar otra disposición distinta que sea: (i) idéntica en su tenor a aquella sobre la cual recayó el pronunciamiento anterior, o (ii) no literalmente idéntica, pero con un contenido normativo igual al de la otra norma examinada.” De este modo, en la medida en que este fenómeno se presenta cuando existe una coincidencia entre los contenidos normativos de la disposición demandada y los de otra cuya constitucionalidad fue evaluada en un fallo anterior, en esta oportunidad la Corte no puede estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006, en cuanto no se presenta tal eventualidad. En otras palabras, no se perfecciona la cosa juzgada, por cuanto la disposición previamente declarada inexequible tiene un contenido diverso del analizado en esta oportunidad.
- El establecimiento de un plazo para la etapa de la indagación preliminar es consecuente con el sistema acusatorio, en el cual se confiere al órgano investigador “la capacidad de ejercer sus competencias con criterios de racionalidad, a fin de maximizar la eficacia en el ejercicio de las atribuciones que la confiere la ley”.
A su juicio, los cargos no cumplen con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, en cuanto las razones que aduce el actor son “confusas y equivocadas, algunas de ellas ajenas al mandato de la Carta, y en todo caso, insuficientes para activar la jurisdicción constitucional, ya que no muestra un contraste directo y objetivo entre las normas demandadas y las normas constitucionales invocadas”. Esta insuficiencia se materializa así:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el fenómeno de la cosa juzgada material se presenta “(…) cuando después de proferido un fallo de constitucionalidad respecto de una norma determinada, la Corte debe estudiar otra disposición distinta que sea: (i) idéntica en su tenor a aquella sobre la cual recayó el pronunciamiento anterior, o (ii) no literalmente idéntica, pero con un contenido normativo igual al de la otra norma examinada.”[8]De este modo, en la medida en que este fenómeno se presenta cuando existe una coincidencia entre los contenidos normativos de la disposición demandada y los de otra cuya constitucionalidad fue evaluada en un fallo anterior, en esta oportunidad la Corte no puede estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1033 de 2006, en cuanto no se presenta tal eventualidad. En otras palabras, no se perfecciona la cosa juzgada, por cuanto la disposición previamente declarada inexequible tiene un contenido diverso del analizado en esta oportunidad.
La interpretación textual atribuye el significado a los preceptos normativos a partir de las reglas semánticas y sintácticas del lenguaje empleado en ellos:“Una disposición debe ser interpretada según el significado ordinario de las palabras y las reglas gramaticales de la lengua comúnmente aceptadas”[26]. De este modo, el contenido está en función de las reglas comunes de uso del lenguaje en el que se expresa la disposición, y de su contexto lingüístico.
Pues bien, la disposición acusada se enmarca en la Ley 1453 de 2011, conocida como “Ley de seguridad ciudadana”, cuyo propósito fundamental es la utilización del régimen penal como herramienta de la seguridad. De acuerdo con esta directriz, la Exposición de Motivos destaca cuatro objetivos: la eliminación de la impunidad, la lucha eficiente contra la criminalidad organizada y el terrorismo, la eficiencia del procedimiento penal y la vinculación de la comunidad en la prevención del delito[30].
- Segundo, se introducen modificaciones puntuales al procedimiento penal en el marco del sistema acusatorio, con la aspiración de dotarlo de eficacia, y por esta vía garantizar la seguridad ciudadana. Esto explica que el capítulo segundo de la ley se titule “medidas de procedimiento penal para garantizar la seguridad ciudadana”. Así, se regla la orden judicial de allanamiento (arts. 50 y 51), se facilita la labor investigativa y el recaudo de pruebas a través de la interceptación de comunicaciones debidamente autorizada o de la recuperación de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones (arts. 52 y 53), la vigilancia y el seguimiento de personas (art. 54), y la protección de la vida e integridad de los testigos, así como de la información suministrada por ellos (arts. 66 y 67).
Con respecto a las medidas en materia de procedimiento penal, el objetivo fundamental consistió en remover las barreras normativas que en la práctica estaban generando impunidad, caos e ineficiencia en la administración de justicia. Con respecto a esta finalidad, en la Exposición de Motivos se expresó que “[e]l sistema acusatorio ha significado sin lugar a dudas un avance en las garantías de los ciudadanos que debe conservarse”, pero que, sin embargo, “(…) la Ley 906 de 2004 tiene falencias y defectos importantes que están generando graves situaciones de impunidad en Colombia” y que, para solucionar esta situación“(…) no se requiere de cambios estructurales, sino de la realización de modificaciones puntuales relacionadas con la remoción de obstáculos injustificados que generan impunidad y caos en la administración de justicia”.
El fundamento de este criterio interpretativo se encuentra en la denominada “doctrina del derecho viviente”, en cuya virtud, para la interpretación del derecho positivo se debe atender al sentido que efectivamente le ha conferido la comunidad jurídica. A partir de esta teoría, la Corte ha puntualizado que su utilización en el marco del control abstracto es garantía de imparcialidad, efectividad y seguridad jurídica, en la medida en que recae sobre el significado que se le atribuye en la realidad y sobre el que realmente produce efectos jurídicos, y en la medida en que por esta vía asegura la efectividad del control. De realizarse el juicio de inconstitucionalidad sobre una interpretación meramente hipotética, se tornaría inocuo y superfluo[40].
“El parágrafo del artículo 49 de la ley 1453 de 2011, en cuanto se limita a señalar el término máximo para formular la imputación o archivar motivadamente la indagación, es una norma simplemente instrumental o de trámite, cuyo fin es el de propender por la celeridad en el trámite procesal (…) cuando el mencionado parágrafo se refiere al archivo de la indagación dentro del término señalado en la norma, no lo hace en el sentido de crear una nueva causal para adoptar esta determinación, por el mero paso del tiempo. En efecto, esta mera circunstancia no puede justificar la orden de archivo, porque ello iría en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas, así como de la garantía efectiva de los derechos de ésas a la verdad, la justicia y la reparación
Además, la decisión de archivar una indagación debe fundarse en las causales previstas en el artículo 79 de la ley 906 de 2004, lo que presupone la concurrencia de los elementos materiales probatorios necesarios para sustentar esta decisión, ello en garantía efectiva e integral –se repite- de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
4. El archivo al que hace referencia el parágrafo del artículo 49 de la ley 1453 debe estar motivado en las causales contempladas en el artículo 79 de la ley 906 de 2004, y esa carga argumentativa, sólo puede estar basada en los resultados de una actividad investigativa seria y responsable (…)”.
“En criterio del Juzgado, y así se expresó en la audiencia, la alegación de improseguibilidad de la acción penal –en fase de imputación- por vencimiento del término previsto en el art. 49 de la ley 1453 de 2011 no comporta ningún problema de aplicabilidad de la ley en el tiempo, sino que el legislador no le dio la connotación que pretende darle el demandante. Pues, si bien se consagró un deber de diligencia en cabeza del fiscal, en nuestro criterio, el legislador no previó expresamente el paso del término referido en la norma como un evento de extinción de la acción penal –en lo sustancial- ni lo catalogó como una circunstancia de improseguibilidad de la acción penal –bajo la óptica procesal-“
“La Ley 2453 de 2001 (…) estableció que la Fiscalía tendrá un máximo de dos años contados a partir de la noticia criminal para formular la respectiva imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación, el cual se extenderá a tres años en caso que se presente concurso de delitos o multiplicidad de indagados o de cinco en asuntos de competencia de la justicia especializada (…) ello no quiere decir que la duración de la indagación se deba extender al máximo establecido, pues está Célula Judicial se mantiene en cuanto, éste no debe ser otro que el necesario para que la policía judicial bajo la supervisión del Fiscal encargado del caso recaude los elementos indispensables para soportar, bien sea la imputación –formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las diligencias para que los intervinientes no vean de modo alguno afectados sus derechos fundamentales”.
“Se observa que a la fecha, la aplicación de la mencionada norma carece de sentido como quiera que ya se realizó audiencia de formulación de imputación (…) lo cual supone, en principio, la superación del objeto de debate al ser una de las alternativas previstas en la norma la formulación de imputación, pues se reitera, no sólo procede el archivo de la indagación, sino, igualmente el inicio formal de la investigación bajo tal supuesto”.
- ¿El establecimiento de un plazo de dos, tres y cinco años, tras el cual es posible archivar la indagación, limita injustificadamente la actividad investigativa de la Fiscalía, e impone a las víctimas una carga probatoria excesiva?
En primer lugar, la necesidad y la relevancia constitucional del plazo para esta etapa del procedimiento penal, ya fue definida en la Sentencia C-412 de 1993[45]. En ella la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 324 del Decreto 2700 de 1991, según el cual “la investigación previa se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado”, argumentando que “la garantía del debido proceso (…) torna imperioso el señalamiento de un límite cronológico a esta etapa, además de que exige que se anticipe –desde el mismo momento de la noticia del crimen, el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales en favor de la persona investigada”.
“Los términos procesales en materia penal consultan no sólo la obligación de la Fiscalía de investigar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento, sino también, el interés de los presuntos infractores de la ley penal a conocer de qué se le acusa y a iniciar su pronta defensa, y el de las víctimas a conocer la verdad y a ser reparadas
No encuentra la Corte que el término de prescripción de la acción penal, constituya un término irrazonable o desproporcionado (…) en tanto consulta los (…) intereses y derechos (…) de las víctimas que tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido dentro de un término que no genere impunidad sino que por el contrario de seguridad sobre el accionar investigativo de la Fiscalía”.
[5] En este sentido, el artículo 531 de la Ley 904 de 2004 dispuso lo siguiente: “Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en esta ley. En ningún caso el término prescriptiva podrá ser inferior a tres (3) años. // En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguientes inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción”.
[7] El fragmento del artículo 534 del C.P.P. dispuso al respecto lo siguiente: “Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidas en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en al ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años // En las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, se aplicará la prescripción”.
[11] Las diferencias entre estas dos figuras se encuentra en este mismo fallo, en el acápite referido a la constitucionalidad del señalamiento de un plazo a la indagación preliminar, pp. 38 – 39.
[12] En este fallo se declaró la inexequibilidad del Artículo 531 de la ley 906 de 2004, y se declaró, entre otras cosas, que “los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley”, que “en ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años”, y que “en las investigaciones previas a cargo de la Fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.”.
[13] En la Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte expresó lo siguiente: “Esta Corporación ha venido señalando que, en principio, no le corresponde al juez constitucional resolver aquellos debates suscitados en torno al proceso de aplicación o interpretación de la ley, pues es claro que en estos casos no se trata de cuestionar el contenido literal de la norma impugnada, sino el sentido o alcance que a éste le haya fijado la autoridad judicial competente. Según lo ha señalado, en tanto es la propia Constitución la que establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones, los conflictos jurídicas que surjan como consecuencia del proceso de aplicación de las normas legales han de ser resueltos por los jueces ordinarios y especializados a quien se les asigna dicha función”.
[14] En la Sentencia C-426 de 2002, la Corte afirmó lo siguiente: “No obstante, también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción pública de inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la interpretación de las normas jurídicas, cuando aquellas ‘están involucrando un problema de interpretación constitucional’ y el mismo se origina directamente en el texto o contenido de la disposición impugnada. El hecho de que a un enunciado normativo se le atribuyan distintos contenidos o significados, consecuencia de la existencia de un presunto margen de indeterminación semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus diversas lecturas trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera relevancia constitucional, en cuanto que sus alternativas de aplicación pueden resultar irrazonables y desconocer mandatos superiores”.
[21] En la Sentencia C-690 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, la Corte sostuvo lo siguiente: “En razón a que el estudio y decisión de la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la integridad de la Carta, no sólo se limita a la simple confrontación exegética de la norma legal y la Constitución, sino que su labor hermenéutica exige dilucidar los distintos sentidos posibles de los supuestos impugnados, las interpretación que resultan intolerables y los efectos jurídicos diversos o equívocos que contrarían la Constitución”.
Por su parte, en la Sentencia C-1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se evaluó la constitucionalidad del artículo 3 de la ley 797 de 2003, en virtud del cual “quienes ingresen por primera vez al sector público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de Seguros Sociales, durante el mismo lapso”. En esta oportunidad la Corte sostuvo que dada la ambigüedad de la norma, debía excluirse de su ámbito de aplicación a las personas que por primera vez ingresan al sector público en cargos de carrera, pero que previamente se encontraban vinculados al régimen de ahorro individual con solidaridad. La razón de tal exclusión, es que este grupo de personas serían objeto de un serio y grave desequilibrio en la imposición de las cargas públicas de solidaridad, con claras y profundas desventajas que no tienen ningún tipo de compensación, y verían cercenada su libertad de elección de régimen pensional.
[25] Las razones de esta distinción son las siguientes: Primero, el archivo se predica exclusivamente de las diligencias y actividades investigativas que se adelantan con ocasión de la noticia criminis, se ha activado en cabeza de los fiscales; no versa y no tiene incidencia en la acción penal, ni en la función persecutoria de los delitos, y mucho menos en la definición de la responsabilidad de los presuntos infractores de la ley penal; es más, estas gestiones pueden adelantarse incluso sin que se hayan individualizado tales sujetos. Por este motivo, el propio artículo 79 del C.P.P. se refiere al archivo de las diligencias. Por el contrario, la prescripción extingue la acción penal, hace cesar la función persecutoria de los delitos en cabeza del Estado, y tiene una repercusión concreta, directa y específica en la definición de la responsabilidad penal de los indiciados y procesados. IISegundo, el fundamento de la prescripción es el paso del tiempo (art. 83 C.P.), mientras que el archivo se decide cuando existen motivos que indiquen la inexistencia de los hechos indicados en la noticia criminis o la atipicidad de la conducta investigada. //Por último, los efectos jurídicos son distintos en uno y otro caso. La prescripción extingue la acción penal, hace cesar definitivamente la función persecutoria de los delitos, y tiene efectos de cosa juzgada. Por el contrario, el archivo no tiene efectos definitivos ni da lugar al fenómeno de la cosa juzgada; dado su carácter provisional, el caso puede ser desarchivado cuando aparezcan nuevos elementos de juicio que permitan inferir la existencia de los hechos identificados en la noticia criminis, así como la presencia de los elementos objetivos del tipo penal; esto es justamente lo que establece el artículo 79 del C.P.P. cuando dispone que “si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal”.//Lo que sucede es que ante el silencio de la legislación sobre el plazo de la indagación preliminar, esta Corporación entendió el plazo coincide con el término de prescripción de la acción penal. Al respecto cfr. las sentencias C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-1194 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-025 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y C.12711, M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[30] En la Exposición de Motivos se sostuvo lo siguiente: “El terrorismo y la criminalidad organizada son fenómenos que afectan gravemente la paz y la seguridad pública, convirtiéndose en medios para minar las bases del Estado de derecho y afectar a los ciudadanos en su vida, honra y bienes; razón por la cual, estos graves atentados contra la ciudadanía deben prevenirse y atacarse de manera decisiva y ejemplar (…) en este proyecto (…) se busca cumplir con cuatro objetivos: eliminar la impunidad; luchar contra la criminalidad organizada y el terrorismo; aumentar la efectividad del procedimiento penal, la extinción del dominio y la responsabilidad juvenil; y vincular a la comunidad en la prevención del delito, sin poner en peligro la integridad de sus miembros, ni afectar sus derechos fundamentales”.
[36] El Artículo 294 del Código de Procedimiento Penal establece al respecto lo siguiente: “Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. // De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. // En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponde en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. // Vencido el plazo, si la actuación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento”.
[37] El Articulo 79 del C.P.P. dispone lo siguiente: “Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o que indiquen su posible su existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación. // Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido al acción penal”.
[38] La Sentencia C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) declara la exequibilidad del Srtículo 79 del C.P.P. “en el entendido que la expresión ‘motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito’, corresponde a tipicidad objetiva y la decisión del fiscal deberá ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para ejercicio de sus derechos y funciones”.
[39]RiccardoGuastini, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, Madrid, Ed. Trotta – Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
[46] En efecto, el Artículo 29 del texto constitucional dispone que “el sindicado tiene derecho (…) a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”. En consonancia con esta directriz, los artículos 7.5 y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos reconocen la razonabilidad del plazo como componente del derecho al debido proceso.
El Artículo 7.5. de la CADH dispone al respecto lo siguiente: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso (…)” // Por su parte, el artículo 8.1. de esta misma convención dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. // El Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en este sentido lo siguiente: “(…) 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas // A ser informada sin demora (…) de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. // (…) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.