Source: http://lexweb.cl/hidroaysen-administracion-y-tribunales-de-justicia/
Timestamp: 2020-08-05 16:07:44
Document Index: 160203209

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 54', 'artículo 20', 'artículo 23']

HIDROAYSÉN: Administración y Tribunales de Justicia. | LexWeb
Un tema polémico. No aburriré al señor lector con datos sobre el proyecto, ya los debe conocer. Si, les quiero comentar la situación que se nos presenta a continuación: La Corte Suprema, en sentencia de 4 de abril de 2012 confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique de 6 de octubre de 2011. En lo esencial, se señala que el acto administrativo “resolución de calificación ambiental favorable” al proyecto HidroAysén cumple con la ley y no ha vulnerado ninguna garantía fundamental.
Entonces, ¿Por qué un comité de ministros hace unas semanas rechazó el polémico proyecto si ya la corte suprema ha señalado que el proyecto cumple con el estándar legal? Es una pregunta interesante de desentrañar.
Lo primero que debemos tener claro es que una “Resolución de Calificación ambiental” favorable o desfavorable, es un acto administrativo de carácter ambiental. Conforme al artículo 17 inciso 2° de la Ley N° 20.6000 (que establece los Tribunales Ambientales), se entenderá por acto administrativo de carácter ambiental: “Toda decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la Administración del Estado mencionados en el inciso 2° del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o que se encuentre directamente asociado con uno de estos”. Ahora bien, como todo administrativista sabrá que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia (Art. 3° inciso final ley 19.880 que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado). Luego, corresponde plantear la pregunta siguiente: ¿Qué ocurre si un acto de la administración se cree injusto, causa daño, es arbitrario, etc.? ¿Se puede impugnar con esta presunción de legalidad? Claro que se puede impugnar, ocurre que el acto produce todos y cada uno de sus efectos mientras no se acogido el recurso.
¿Cómo se impugnan estas resoluciones de calificación ambiental? Siguiendo el esquema administrativo corresponde distinguir la vía judicial de la vía administrativa. ¿Qué nos dice la ley 19.300 acerca de estas vías? Solo nos establece normas aisladas acerca de la tramitación de las reclamaciones como las impugnaciones a las reclamaciones ante los Tribunales ambientales. No nos establece ¿si es que acaso son compatible o no? De tal forma que, conforme el artículo 1° inciso 1 de la ley 19.880, debemos aplicarla en carácter de supletoria.
La ley mentada, en su artículo 54 nos señala que existen dos vías de impugnación: administrativa y judicial. Luego, que es incompatible la judicial con la administrativa en forma simultánea. No obstante, nada obsta para que se siga un camina sucesivo, pero eso sí, debe hacerse en el siguiente orden: vía administrativa, luego, vía judicial. Sin embargo, quiero dejar algo muy claro: esta imposibilidad de simultaneidad de vías impugnativas es aplicable en tanto se trate en las dos de la misma pretensión.
Lo que acabo de aseverar ya nos da luces de solución. Cuando los opositores a Hidroaysen interponen el recurso de protección ¿Están impugnado un acto administrativo? No, su pretensión es cautelar, es decir, que se tomen las medidas necesarias para que el recurrente cese o innove en su actividad que esta o causará lesión a un derecho fundamental protegido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Es por ello que, la decisión de la Corte Suprema no afecta en nada la decisión del comité de ministros. La corte señaló que en el caso expuesto, ocurre que no hay conducta que ponga en peligro o lesiones un derecho fundamental. El comité de ministros entonces, se pronuncia sobre el fondo de la cuestión debatida: ¿Es Hidroaysén un proyecto que cumplió con el estándar legal? ¿Es un proyecto inconveniente?
Ello lo propuse por lo siguiente: La administración del estado tiene potestad invalidatoria y revocatoria. La invalidación de un acto administrativo se produce, a grandes rasgos, cuando este se opone con el principio de legalidad, no ha cumplido el estándar legal u otra causa que lo haga contrario a la ley. La revocación, en cambio, según SILVA CIMMA, “es la medida que adopta la propia administración activa tendiente a dejar sin efecto un acto administrativo por causa de mérito, oportunidad y conveniencia, es decir, cuando la ponderación del bien común así lo haga aconsejable”. Por tanto, se deja sin efecto en ambos casos el acto administrativo, más no por el mismo fundamento.
Entonces, como vemos hasta ahora, reafirmamos lo que veníamos diciendo acerca de las pretensiones diversas y que explican esta disonancia entre lo que dice la corte y la administración del Estado.
Finalmente, creo que el proyecto debía rechazarse. Un proyecto como el propuesto con una lógica decimonónica, ya no tiene cabida en nuestro país. Sin embargo, es inconveniente mantener el sistema de calificación ambiental como está planteado hasta ahora. Es legítimo que cualquier persona con dinero quiera instalar una gigantesca central termoeléctrica, hidroeléctrica, etc. El tema pasa por la Administración del Estado. Es ella quien debe decir al titular que su proyecto no es conveniente, no se apega a la política nacional ambiental; pero, debe hacerlo en forma oportuna. No es posible que una empresa lleve tantos años tratando de tramitar un proyecto. Eso si desincentiva la inversión.
Por ello, debemos seguir insistiendo en la necesidad de una POLÍTICA NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. Con ella, y la adecuación del sistema administrativo a ella, permitirá dar seguridad al empresariado y a las personas. Hoy todo es un entramado de reglas, como demostré más arriba.
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