Source: https://www.scribd.com/document/128709976/CIJ
Timestamp: 2018-01-22 10:46:51
Document Index: 318035433

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 42', 'artículo 230', 'artículo 199', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 42', 'artículo 3', 'artículo 42']

La Plata, 4 de marzo de 2013. Y VISTOS: Este expediente N° 18.580/13, caratulado “Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires c/ Cablevisión SA s/ amparo ley 16.986”, proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de esta ciudad. Y CONSIDERANDO QUE: I. Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada contra la resolución del juez de primera instancia que hizo lugar a la medida cautelar peticionada y, en consecuencia, ordenó a Cablevisión SA que, en forma inmediata, cumpla estrictamente con las Resoluciones N°s 25/12 y 97/12 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación o las que en adelante la sustituyan, no pudiendo, por ello, emitir factura de pago correspondiente al abono básico mensual que exceda la suma
de pesos ciento veintitrés ($ 123) establecido por las resoluciones antes citadas, respecto a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires que sean usuarios del servicio de televisión por cable que presta la empresa demandada (v. fs. 55/78 y 43/45, respectivamente). II. Los agravios de la recurrente se dirigen únicamente contra la concesión de la medida cautelar, concretamente sobre la ausencia –según entiende- de la verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora (conf. art. 230 del CPCCN). Por otro lado, a fojas 56 vta., último párrafo, el apelante sugiere la falta de legitimación activa del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la improcedencia formal del amparo como vía idónea para el trámite de la causa, “…todo lo cual –señaló- será desarrollado mediante escrito separado en la oportunidad procesal correspondiente.” Sin embargo, sólo esta última cuestión mereció el reproche de la demandada a través del recurso de apelación en subsidio de fojas 84/87, el cual fue rechazado, por improcedente, por el juez a quo con la resolución obrante a fojas 116/117. Por el contrario, los agravios vinculados con la restante cuestión sugerida no fueron desarrollados. III. Por su parte, la accionante se presenta a fojas 173/177 ante esta Alzada con el fin de contestar los agravios expresados por la recurrente.
IV. Sentado lo expuesto, el sub lite reitera cuestiones ya tratadas y resueltas en anteriores pronunciamientos de este Tribunal, en los casos “Traverso, Gustavo T. c/ Cablevisión SA s/ acción de amparo” (expte. N° 17.459/11), fallado el 27 de mayo de 2011, y “Municipalidad de Lobos c/ Cablevisión S.A. s/ Amparo” (expte. N° 17.958/12), fallado el 20 de marzo de 2012. V. Tal como se dijera en dichos precedentes, las resoluciones impugnadas fueron dictadas por el titular de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 20.680 y sus modificatorias, de conformidad con los decretos 69/74 y 3/85 que le asignarían competencia en su carácter de Autoridad de Aplicación de la mencionada ley. En tal sentido, la Ley N° 20.682 rige para la regulación de cualquier servicio que satisfaga —directa o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población, conforme lo enuncia su artículo 1º; atribuyendo en su artículo 2º al Poder Ejecutivo, por sí o a través de los funcionarios u organismos que determine la función de fijar precios o márgenes de utilidad lo que implica la potestad de regular el proceso de formación de los mismos, dentro de criterios de razonabilidad adecuados a la actividad económica respectiva. En ese marco, se dictó con fecha 3 de marzo de 2010 la Resolución Nº 50 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación a los efectos de establecer que las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga deberán efectuarse conforme a las pautas allí fijadas, entre las cuales se encuentra la aplicación de la fórmula para determinar el monto del abono básico de los servicios facturados por los prestadores. Dicho monto fue fijado en la suma de PESOS CIENTO NUEVE ($109) por Resolución Nº 36/11 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación. En sus considerandos, la Resolución N° 50/10 señala: “Que el Estado Nacional tiene a su cargo la implementación de políticas públicas que tengan como objetivo satisfacer necesidades sobre las cuales se sustentan derechos de raigambre constitucional. Que en este sentido la CONSTITUCION NACIONAL expresa en su Artículo 42 que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho a una información adecuada y veraz, a condiciones de trato equitativo y digno y encomienda a las autoridades la protección de esos derechos. Que es interés prioritario de la Nación, tener asegurado el suministro de todos los bienes y servicios necesarios para la población. Que el Gobierno Nacional debe velar y garantizar la defensa de las condiciones y nivel de vida de la población, especialmente en aquellos servicios que abastecen a millones de usuarios y, en especial, cuando afectan el derecho a un tratamiento equitativo y digno. Que asimismo, el interés nacional que implica la tutela de la información como servicio de relevancia social, debe conducir a la adopción de políticas de Estado a efectos de lograr la satisfacción del mismo. Que la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, debe entender
en la implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar la transparencia, los derechos del consumidor y el aumento en la oferta de bienes y servicios Que, en concordancia con lo expuesto, se torna imprescindible dictar una política a los fines de determinar el monto del abono mensual que pagará el usuario por el servicio de televisión paga que adquiera y asegurar un integral abastecimiento del mercado en condiciones de igualdad y equidad. Que la discrecionalidad en la fijación del precio opera como un mecanismo de exclusión de usuarios. Que la existencia de fuertes economías de escala en la actividad, facilita la conformación de posiciones dominantes a través de la concentración de la oferta. (…) Que en cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley Nº 20.680, y a efectos de evitar un perjuicio a toda la sociedad, se deben dictar normas de comercialización que garanticen la adecuada difusión del servicio de televisión paga.” VI. Cabe destacar que mediante Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 161/2012 se estableció que el precio del abono básico mensual del servicio de televisión paga de la empresa Cablevisión SA, para
los meses de enero a marzo de 2013, inclusive, se fija en la suma de PESOS CIENTO TREINTA ($ 130) mensuales. VII. El dictado de medidas precautorias no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (conf. Fallos: 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581; 318:30 y 532; 323:1877 y 324:2042). En tal sentido, ha sido jurisprudencia reiterada que la procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia que ponga fin al pleito, queda subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, recaudos que aparecen exigidos por el artículo 230 del Código Procesal, a los que se une un tercero, establecido de modo genérico para toda clase de medidas cautelares, cual es la contracautela, contemplada en el artículo 199 del Código de rito. Dichos recaudos aparecen de tal modo entrelazados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa ("La Ley" 1996 B 732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, el riesgo del fumus puede atemperarse ("La Ley" 1999 A 142). También es pertinente recordar como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester que se acredite prima facie y sin que ello implique prejuzgamiento de la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible. Y ello es así porque los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual en principio ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante los cuales se discute su validez, suspenden su ejecución, lo que determina, en principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros). Por último, que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las
medidas de no innovar establecidos en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se requiere, como requisito específico, que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia ("La Ley" 2001 D 65) o, expresado con el giro que emplea la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202). VIII. La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido (conf. Fallos: 330:3126). Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad
de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción. En ese marco en el sub lite se presenta el fumus boni iuris -comprobación de apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora- exigible a una decisión precautoria (conf. Fallos: 314:711). De tal manera, los agravios de la recurrente vinculados a la aparente caducidad de la Ley de Abastecimiento Nº 20.680, en virtud de la cual fueron dictadas las resoluciones que se impugnan en autos, así como la supuesta incompetencia de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para así hacerlo, exceden el ámbito cognoscitivo que caracteriza a esta etapa procesal y, por ende, resultan insuficientes, por el momento, para revertir la presunción de validez que detentan los aludidos actos administrativos. IX. Por lo demás, también debe desestimarse el agravio de la recurrente vinculado a que el juez a quo habría omitido considerar el fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en la causa caratulada “La Capital Cable S.A. c/ Ministerio de Economía s/ Medida Cautelar”, en la cual se hizo lugar al pedido de la Asociación Argentina de Televisión por Cable y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Comercio
Interior que suspenda la aplicación y se abstenga de ejecutar y cumplir los efectos de la resolución 50/2010 respecto de los licenciatarios de TV por cable representados por dicha asociación, como también notificar a las Oficinas de Información al Consumidor de la Prov. de Buenos Aires, especialmente aquellas en las cuales existen en trámite actuaciones vinculadas con la Resolución Nº 50 de la Secretaría de Comercio. En tal sentido, lo resuelto en las presentes actuaciones, según entiende el apelante, contradeciría manifiestamente dicha decisión cautelar previa. No existe ninguna contradicción, toda vez que mal puede pretenderse imputar el cumplimiento del mentado fallo a la accionante, quien no resulta parte en aquél proceso, con lo cual no tuvo la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa y, sobre todo, teniendo en miras que no se trata de una decisión que se expide sobre el fondo del asunto, sino que, contrariamente, se encuentra sujeta a la provisionalidad que caracteriza las medidas precautorias y a su eventual modificación y/o sustitución (conf. Arts. 202 y 203 del CPCCN), además de provenir de una jurisdicción territorial extraña a la de los litigantes en el sub examine. X. Cabe expresar que, como dijéramos anteriormente, los requisitos del artículo 230 del CPCCN se hallan de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho –lo que se encuentra satisfecho en función de lo antes dicho- no corresponde ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño. En tal sentido, debe considerarse principalmente el largo período de tiempo que los amparistas, en su carácter de consumidores, están sufriendo el menoscabo de sus derechos, concretamente desde que la demandada debería haber ajustado sus tarifas en los términos fijados en las Resoluciones 50/10 y 36/11. Las normas impugnadas deben ser interpretadas en sintonía con las normas constitucionales y legales de rango superior, vale decir, la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, de manera de evitar todo perjuicio y/o restricción ilegítima de los derechos de los consumidores y/o usuarios. En función del artículo 42 de la Constitución Nacional, corresponde al Poder Judicial -como autoridad del Estado- amparar los
derechos reconocidos de usuarios y consumidores efectuando el control de razonabilidad de las leyes de protección del consumidor, así como ejercer el control de legalidad y razonabilidad de las medidas o sanciones que pudieran adoptarse en su perjuicio (conf. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. Tercera edición ampliada y actualizada. Ed. La Ley, pág. 466). Por su parte, el artículo 3° de la Ley N° 24.240 dispone que en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable para el consumidor. En casos como el de autos surge implícita de la pretensión procesal la necesidad y la conveniencia de fijar medidas precautorias, tendientes a garantizar el efectivo goce de los derechos personalísimos, reconocidos tanto en nuestra Constitución Nacional como en los tratados
internacionales que se incorporaron a ella con igual jerarquía luego de la Reforma del año 1994 y, particularmente, en la "relación de consumo" que da cuenta el artículo 42 de la Ley Fundamental. XI. Finalmente, las peticiones formuladas por el recurrente en el escrito de fojas 171/172, exceden el ámbito jurisdiccional de este Tribunal de Alzada (conf. art. 277 del CPCCN), por lo que deberán, en todo caso, ser evaluadas en la instancia de origen. XII. En atención a todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de la demandada y, por ende rechazar el recurso de apelación interpuesto, con costas (conf. art. 68 del CPCCN). Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución apelada, con el alcance expuesto en el considerando VI que antecede, con costas a la recurrente vencida. Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo. Julio Víctor Reboredo y Carlos Román Compaired. Jueces de Cámara.
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