Source: https://www.registradoresdemadrid.org/resoluciones/NOTA-SIMPLE-INFORMATIVA-5800-boe08042020-rDGRN09012020
Timestamp: 2020-05-29 13:36:45
Document Index: 335672716

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 222', 'artículo 332', 'artículo 222', 'artículo 607', 'artículo 1736', 'artículo 1885', 'artículo 607', 'artículo 18', 'artículo 221', 'artículo 9', 'artículo 221', 'artículo 332', 'artículo 222', 'artículo 607', 'artículo 1736', 'artículo 1885', 'artículo 607']

RESOLUCIONES - NOTA SIMPLE INFORMATIVA.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Artículo 2.3
Resolución de 9 de enero de 2020 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Chiclana de la Frontera n.º 2, por la que se deniega la expedición de nota simple informativa.
En el recurso interpuesto por don J. A. V. A., en su propio nombre y en representación de la asociación "Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real", contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Chiclana de la Frontera número 2, don Francisco Manuel Álvarez Moreno, por la que se deniega la expedición de nota simple informativa.
I El día 27 de septiembre de 2019 se presentó en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera número 2, por parte de don J. A. V. A., en representación de la asociación "Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real", solicitud de nota simple informativa de todas las propiedades de don José María Román Guerrero, alegando como interés legítimo "investigación para contratación e interposición de acciones". Dado que el titular registral del que se solicitaba información es el alcalde-presidente del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, se le requirió, con arreglo al artículo 222 bis, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria que completara el interés legítimo por el que se solicitaba dicha información, sin haberlo realizado.
II La solicitud de publicidad formal fue objeto de la siguiente nota de calificación en el Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera número 2:
"El registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación de la solicitud de publicidad presentada, ha resuelto no expedir la nota simple informativa solicitada al Registro de la Propiedad de Chiclana de la Frontera n.º 2 a su cargo en base a los siguientes:
Primero.-Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se ha presentado en este Registro de la Propiedad, solicitud de nota simple informativa, por parte de Don J. A. V. A., con NIF (...), en representación de la Asociación IBI Real, con domicilio en la Calle (...) de Chiclana de la Frontera y con CIF (...), en la que se solicitaba todas las propiedades que figuren inscritas a nombre de José María Román Guerrero con DNI (...), manifestando de forma genérica que el interés legítimo de la petición era para la investigación para contratación o interposición de acciones.
Segundo.-Calificada la solicitud de publicidad conforme a los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria, 332 del Reglamento Hipotecario y 607 del C.C., se hace constar que es necesario.
En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General (cfr. Resolución de 25 de noviembre de 2016, entre otras muchas) que debe ser: a) un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado (a excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa del artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario, y c) ha de ser legítimo. Este concepto de interés legítimo es un concepto más amplio que el de interés directo , pues alcanza a cualquier tipo de interés licito. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 24 de febrero de 2000, estableció que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los fines lícitos que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a derecho.
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el contenido del artículo 607 del Código Civil, conforme al cual: El Registro de la Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos , con sus antecedentes pre legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de cualquiera que lo exija que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el Código Civil definitivamente aprobado, tomándola de la Ley Hipotecaria primitiva, sustituye por la exigencia del interés conocido (cfr. artículo 607 transcrito).
La Constitución Española garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y a la propia imagen en su artículo 18. El Art 222.6 LH señala que los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre protección de datos de carácter personal. El Art 332.6 RH, que también trataba sobre la materia, fue anulado por STS 12 diciembre 2000. Hay que advertir que esta protección va dirigida fundamentalmente a las personas físicas, que son quienes ostentan el derecho a la intimidad, no a la persona jurídica. Son numerosos los datos registrales que se pueden considerar sensibles (por ejemplo, la filiación sobre todo si es extramatrimonial o adoptiva, estado civil de separado o divorciado, motivos de querella que dan lugar a anotaciones preventivas, o el domicilio, etc...)
Esta nota de calificación se notifica (...)
En Chiclana de la Frontera a 30 de septiembre de 2019. Fdo: Francisco Manuel Álvarez Moreno."
III Contra la anterior nota de calificación, don J. A. V. A., en su propio nombre y, en representación de la asociación "Iniciativa Social por una Chiclana y un IBI Real", interpuso recurso en virtud de escrito de fecha 14 de octubre 2019 en base a los siguientes argumentos:
"Motivos razonados de impugnación:
1. Con fecha 30 de septiembre 2019 el Sr. Registrador de la Propiedad número dos de Chiclana de la Frontera, adoptó la resolución de no expedir la nota simple informativa solicitada (...).
2. Con fecha 27 de septiembre 2019 se había presentado la solicitud de Nota Simple Informativa hacia dicho registro de la propiedad numero dos (...)
3. Con fecha 20 septiembre 2019 (una semana antes) habíamos presentado idéntica petición de solicitud de Nota Simple Informativa ante el Sr. Registrador de la Propiedad número uno de Chiclana de la Frontera, no obteniendo respuesta negativa alguna a dicha solicitud, sino positiva y con respuesta a nuestra solicitud (...)
4. Que verbalmente explicamos a la empleada que atiende al público en la ventanilla de dichos Registros (Numero Uno y Numero Dos) los motivos de nuestras solicitudes de Nota Simples informativas expresándole la causa de la consulta, identificando la empleada al solicitante mediante DNI (...) y acreditando su representación en la que actúa de presidente de la asociación, mostrándole certificación (...). No solicitando la empleada al interesado ningún requisito más.
De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra las resoluciones y actos de trámite -si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio imparable a derechos e intereses legítimos- que no pongan fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que dictó, fundamentado en cualquiera de las causas de nulidad o anulabilidad previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tanto el Código Civil (art 607), como la Ley Hipotecaria (art 221) y el Reglamento Hipotecario, establecen que Los registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reates inscritos. El interés se presumirá en toda autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su oficio o cargo .
- De un lado dice que el Registro es público, lo que significa que está al servicio de todos, de los intereses de los usuarios, (principio de accesibilidad de los usuarios)
- Pero, de otro, exige que el ciudadano que acuda a la publicidad registral tenga, a juicio del Registrador, un interés legítimo o conocido en relación con el destino institucional del Registro de promover la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario.
En el caso de la publicidad registral, es claro que la Ley Hipotecaría permite la cesión de datos sin necesidad de consentimiento del interesado, como consecuencia del principio general de que los Registros serán públicos para quienes tensan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos recogidos por el artículo 221 de la Ley Hipotecaria y demás disposiciones concordantes ya expuestas.
Para ajustar la actuación de los registradores en la emisión de notas simples entre Registros a lo dispuesto en el artículo 9 de la LOPD, que impone al responsable del tratamiento de los datos (registrador) el deber de adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración. pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaliza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural .
La Dirección General de los Registros y del Notariado dictó la instrucción de 10 de abril de 2000. Esta instrucción, como su propio texto manifiesta, responde a la necesidad de contar con una norma que imponga a los registradores de la propiedad la obligación de estar dotados de los medios materiales y técnicos para hacer efectivo, un sistema de publicidad instrumental , y que permita la solicitud y remisión de publicidad formal a los interesados por correo electrónico, mediante la instalación de la infraestructura tecnológica adecuada través de servidores de integración en cada Registro de la Propiedad y un servidor central en el colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España , para lo que obliga a todos los Registradores a disponer de correo electrónico en sus oficinas, con las características técnicas que determine el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España , formando una red telemática de información registral inmobiliaria que permita la comunicación con cualquier interesado .
El interés legítimo para tener derecho a obtener la publicidad formal del Registro, es más amplio que el interés directo, de forma que alcanza a cualquier tipo de interés lícito. Citamos la STS de 24 de febrero de 2000 que aclaró que la exigencia del interés legítimo -amparado por el artículo 221.7 de la Ley Hipotecaria- se refiere expresamente a los fines lícitos que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo no contrario a Derecho.
Por otra parte, no debemos olvidar que La inscripción y la publicidad registral son tratamientos o cesiones de datos, pero serían consentidos en nuestro sistema de voluntariedad de la inscripción y, por lo tanto, habría consentimiento expreso del interesado para que sean publicados los datos registrables. contemplados expresamente en una Ley .
No entendemos como, en este municipio con dos registradores de la propiedad ubicados en el mismo inmueble, donde se atiende al público en ventanilla para ambos registradores por la misma empleada, donde se explica los motivos de nuestra solicitud, y se le muestra la acreditación como interesado a través del DNI y Certificación de la representación que ostenta, sin exigir ningún requisito más, obtengamos, de cada uno de los registradores distinto proceder, esto es: el registrado número uno accede a nuestra solicitud y extendió la publicidad presentada y, por el contrario, el registrador número dos, resuelve, no expedir la nota simple sin decir los motivos en los cuales basa realmente tal justificación .
Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto Recursos de Alzada contra la Resolución mencionada del Sr. Registrador número dos de Chiclana de la Frontera y, en base a los motivos alegados, dicte Resolución por la que se declare la revocación, nulidad o anulabilidad de la misma, con obligación de expedición y entrega a esta parte de las notas simples solicitadas."
IV El registrador emitió informe, mantuvo su nota de calificación y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. Se debate en el presente recurso si procede expedir nota simple del patrimonio del alcalde del Ayuntamiento de Chiclana. A juicio del registrador no procede por no haberse acreditado un interés directo, legítimo y patrimonial. El recurrente entiende que el Registro es público, lo que significa que está al servicio de todos los usuarios, y que existe un interés lícito, no contrario a Derecho, para obtenerla.
2. El recurso debe ser desestimado y confirmada la fundada nota de calificación del registrador según reiterada doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado.
En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General (cfr. Resolución de 25 de noviembre de 2016, entre otras muchas) que debe ser: a) un interés conocido, en el sentido de acreditado o justificado (a excepción de los casos de autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa del artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario, y c) ha de ser legítimo. Este concepto de interés legítimo es un concepto más amplio que el de "interés directo", pues alcanza a cualquier tipo de interés licito. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 24 de febrero de 2000, estableció que dicha exigencia reglamentaria de interés legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se refiere expresamente a los "fines lícitos" que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en cuanto no contrario a derecho.
Esta necesaria calificación del interés concurrente en el solicitante de la información registral queda patente, como ha señalado la doctrina, cuando se somete a contraste el contenido del artículo 607 del Código Civil, conforme al cual: "El Registro de la Propiedad será público para los que tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales anotados o inscritos", con sus antecedentes pre legislativos que utilizaban la expresión mucho más amplia, referida al solicitante, de "cualquiera que lo exija" que figuraba en el artículo 1736 del Proyecto del Código Civil de 1836 y en el artículo 1885 del Proyecto de Código Civil de 1851, expresión que el Código Civil definitivamente aprobado, tomándola de la Ley Hipotecaria primitiva, sustituye por la exigencia del "interés conocido" (cfr. artículo 607 transcrito).
Pero el registrador, como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el ámbito de su calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera mención de un motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la finalidad registral, aisladamente considerado no podrá dar lugar a la inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en la solicitud, el qu e determinaraí tanto la apreciación del interés alegado como la extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el registrador al peticionario de la información.
3. En el supuesto de hecho de este expediente, no se aprecia el interés concreto patrimonial que legitima para la obtención de la información registral. El Registro de la Propiedad ciertamente es público, pero sólo para quien tiene interés conocido, interés legítimo que no se aprecia en una solicitud genérica de información sobre patrimonio de las personas que podría contravenir la legislación de datos de carácter personal. Esa extensión horizontal y general de información sobre la persona, sin interés legítimo acreditado, sólo con el consentimiento del interesado o con resolución judicial o administrativa firme en procedimiento adecuado dirigido contra él podrá dispensarse. Obsérvese que tampoco otras instituciones, a pesar del carácter público de las mismas (por ejemplo, el Catastro) dan información de titularidades y menos de patrimonios sin un interés legítimo, específico, no puesto de manifiesto en el caso que nos ocupa.
Sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 2000 y 31 de enero de 2013
Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 12 de diciembre de 2000 y 31 de enero, 9 de abril y 7 de junio de 2001
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2009, 29 de julio y 3 de diciembre de 2010, 16 de septiembre de 2011, 14 de septiembre, 19 y 20 de noviembre y 12 de diciembre de 2012, 24 de enero, 26 de febrero, 1 de abril, 4 de julio y 20 de septiembre de 2013, 3 de febrero, 30 de mayo, 18 de septiembre y 12 de diciembre de 2014, 12 de diciembre de 2015, 25 de noviembre de 2016, 17 de mayo y 27 de junio de 2018 y 14 de marzo de 2019.