Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1185102
Timestamp: 2019-04-21 05:14:32
Document Index: 392371539

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 129', 'artículo 133', 'artículo 28']

Este decreto para la creación del Consejo Valenciano del Pueblo Gitano pretende, además, concretar una serie de derechos previstos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, de forma que su contenido pueda hacerse efectivo también para el Pueblo Gitano.
En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este precepto está directamente relacionado con la plena adquisición de ciudadanía por parte de las personas pertenecientes al Pueblo Gitano, a la que hace referencia la Estrategia en su introducción. Sin embargo, como señala ese mismo documento, el reconocimiento constitucional de la plena igualdad del Pueblo Gitano no ha impedido que, hasta el día de hoy, dichas personas sigan sufriendo una situación de desventaja que se manifiesta en diversos ámbitos de la sociedad. Esto hace necesarias políticas activas por parte de las instituciones públicas dirigidas a eliminar, en la medida de lo posible, todos aquellos obstáculos que sostienen dicha situación de desventaja, también en cuanto afecta a la participación del Pueblo Gitano en las políticas públicas de la Generalitat.
En segundo lugar, y en relación con la mencionada situación de desventaja, el artículo 9.2 de la Constitución consagra el deber de los poderes públicos de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El presente decreto es, en ese sentido, una herramienta más a disposición de los poderes públicos para remover aquellos obstáculos que todavía hoy dificultan la plena participación de la población gitana en la sociedad en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía y, en particular, en cuanto afecta a la incorporación de su voz y su perspectiva a la elaboración de políticas públicas.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana prevé, en su artículo 8.2, la vinculación de los poderes públicos al conjunto de derechos y deberes establecidos en la Constitución, así como en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos. Asimismo, el artículo 10.1 del Estatuto establece el deber de la Generalitat de defender y promover “los derechos sociales de los valencianos”. En la medida en la que son las políticas públicas de la Generalitat las que definen el contenido efectivo de tales derechos, es necesario asegurar que, cuando estas afecten de forma particular a la población gitana, esta pueda ser partícipe de su elaboración y seguimiento.
El presente decreto se adecua a los principios dispuestos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En primer lugar, los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica están justificados en el inicio de este preámbulo. En segundo lugar, el proceso de elaboración de este decreto se ha llevado a cabo en conformidad con el principio de transparencia, mediante el pleno cumplimiento de los trámites de audiencia e información pública previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Además, el decreto incorpora buena parte de las aportaciones formuladas en cuanto a su contenido desde la ciudadanía y las entidades representativas del Pueblo Gitano, la participación activa de las cuales ha resultado fundamental. En tercer lugar, este decreto pretende hacer efectivo el principio de eficiencia en el desarrollo material de las medidas previstas en él, para lo cual se ha contado con la participación en su elaboración de los diferentes departamentos de la Generalitat responsables del pleno desarrollo de su contenido material. Finalmente, los gastos que tengan que realizarse como consecuencia del presente decreto se realizarán en conformidad con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
En consecuencia, a propuesta de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, de conformidad con el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, y previa deliberación del Consell, en la reunión de 25 de enero de 2019,