Source: https://es.scribd.com/document/12526088/LEY-ORGANICA-DE-LA-PROCURADURIA-GENERAL-DE-LA-REPUBLICA
Timestamp: 2016-09-30 06:40:17
Document Index: 348255135

Matched Legal Cases: ['artículo 247', 'Artículo 9', 'Artículo 19', 'Artículo 5', 'artículo 236', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 47', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 70', 'Artículo 85', 'Artículo 90', 'Artículo 95', 'Artículo 97', 'Artículo 99', 'artículo 95', 'artículo 96', 'artículo 9']

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DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El nuevo marco constitucional introducido en Venezuela, a partir del 31 de diciembre de 1999, ha establecido un doble imperativo a la actividad legislativa del Estado. Por una parte, la necesidad de actualizar el conjunto normativo construido bajo la vigencia de la Constitución de 1961, a fin de adaptarlo al nuevo texto fundamental y, por la otra, el mandato innovador de diseñar y establecer instrumentos legales, orientados a regular las situaciones que resultan de las nuevas orientaciones constitucionales.
El Decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República responde en perfecta simetría a esas dos preocupaciones.
En primer lugar, el nuevo instrumento contiene de modo implícito la reacción institucional contra las limitaciones y deficiencias del instrumento legal que la ha regido desde 1965. Este último, establecido bajo un esquema de interpretación reducida de la misión que atribuyó a la Procuraduría la Constitución de 1961, limitó considerablemente su actuación y condujo, en gran medida, a un debilitamiento de su autoridad, tanto en su actuación de representación y defensa de los intereses patrimoniales de la República, como en lo referido a sus criterios jurídicos. Condicionar la actuación de la Procuraduría General de la República a la intervención previa de la instrucción del Ejecutivo Nacional (art. 2, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 1965), cuando se trata de la defensa y representación de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, no sólo reduce la actuación de este organismo, sino que, además, se trata de una concepción tergiversada del verdadero alcance del espíritu del Constituyentista de 1961, el cual no condicionó esta actuación a ningún requisito previo.
A esta visión reducida de la misión constitucional de la Procuraduría, se ha venido agregando la reducida importancia que se ha dado a la función de este organismo, como consecuencia de una subestimación de su carácter y rango constitucional y el desconocimiento de su rol como ente garante de la existencia y permanencia del Estado venezolano. Dentro de un Estado de Derecho, la defensa y la representación de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la institución estatal, constituyen la más honorable misión, destinada a garantizar la permanencia espacial y temporal de esta abstracta e imponente creación del hombre en sociedad.
Producto de esta tergiversación, el funcionamiento y la organización dada a la Procuraduría por los instrumentos que la rigen, no es más que una copia fiel de la estructuración de los servicios ministeriales tradicionales del Estado. Ahora bien, el rango constitucional de esta Institución y las características especiales de su misión hacen inconveniente esta similitud. La Procuraduría General de la República es el abogado del Estado, es su consejero y el garante jurídico de su integridad y de permanencia temporal y espacial. No puede ella estar sujeta a la semejanza y a la rigurosidad conceptual, organización al y funcional de su cliente; ella requiere una imagen propia, un concepto particular de su estructura organizativa y funcional que le permitan el desarrollo de una cultura, un conocimiento y una acción singulares en la defensa jurídica del Estado. En este sentido, el abogado de la Procuraduría General debe ser un funcionario público de un tipo muy particular, con cualidades científicas especiales, para las funciones asesora y
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litigante que ejerce la institución; condiciones que lo distinguen del resto de funcionarios al servicio del Estado.
Para responder a esta preocupación, y para dar a la institución la posición que corresponde al mandato constitucional, el nuevo instrumento legal ha introducido un conjunto de disposiciones destinadas a otorgar a la Procuraduría General de la República autonomía organizativa, funcional y presupuestaria (Artículos 26 al 29), a fin de permitir a esta institución estructurarse y funcionar bajo esquemas propios, acordes con la particularidad y la honorabilidad de su misión.
Esta autonomía carecería de todo sentido si no se crean las condiciones necesarias para que esta institución pueda desarrollar una cultura propia y crear, desarrollar y conservar un conocimiento jurídico y una experiencia particulares, específicos de su acción. A esta necesidad responden las normas contenidas el nuevo instrumento normativo, mediante las cuales se crea el Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República (Artículos 47 al 51).
De esta manera, con el nuevo instrumento normativo, se crean las bases legales fundamentales para que la República Bolivariana de Venezuela pueda contar y disponer con una Institución especializada, de alto nivel de eficiencia y de eficacia en la defensa de sus derechos, bienes e intereses patrimoniales.
El Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, responde igualmente al mandato constitucional innovador de construir normas destinadas a regir nuevas situaciones y actuaciones para el logro del fin que ella persigue.
En este sentido, el Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República introduce nuevas disposiciones, destinadas a ampliar el marco de la acción asesora del organismo y de intervención en relación a la elaboración de proyectos de convenios internacionales, de proyectos de leyes cuya iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo Nacional, contratación de servicios jurídicos, actos de disposición de derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, cláusulas de arbitraje contenidas en contratos a ser suscritos por la República.
Un gran esfuerzo innovador está contenido en las nuevas disposiciones del proyecto normativo y las destinadas a otorgar carácter vinculante al criterio del organismo, cuando se trata de antejuicios administrativos.
Partiendo de una interpretación objetiva del texto constitucional, el nuevo instrumento normativo amplía la facultad asesora de la Procuraduría General de la República a los diferentes órganos del Poder Público (artículos 16 al 18), pues, el texto fundamental, en su artículo 247, no limita esta acción a determinados órganos ni a ciertas ramas del poder público. Por lo que, reducir la acción de asesoría jurídica de la Procuraduría hacia un determinado sector del Poder Público sería contrarío al concepto de República utilizado por el Constituyentista.
En relación a los proyectos de convenios internacionales a ser suscritos por la República, la Procuraduría General de la República se ve investida de la facultad de emitir su opinión jurídica, cuando el contenido de los mismos se encuentre vinculado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República (Artículo 9, num. 5). Esta innovación encuentra su fundamento en la importancia que han venido adquiriendo los convenios internacionales, tanto en su número y alcance de su contenido, como en su extensión espacial y temporal. Así, por ejemplo, la importancia que han venido adquiriendo los convenios internacionales en materia tributaria, colocan a la Procuraduría General de la República ante el imperativo de intervenir
en su fase de elaboración, pues, el tributo, constituye un interés patrimonial de la República de gran relevancia. Además, mediante esta actuación, la Procuraduría pone al servicio del Ejecutivo Nacional un patrimonio intelectual que ella ha venido construyendo en materia de ciencia jurídica, de la técnica legislativa y del ordenamiento jurídico nacional y comparado, lo cual se traduce en un factor adicional de armonización y coherencia jurídica en la construcción de nuestro ordenamiento jurídico.
Dentro de este mismo marco de ideas, el nuevo instrumento jurídico atribuye a la Procuraduría General de la República la misión de revisar, desde el punto de vista estrictamente jurídico, los proyectos de leyes a ser sometidos a la Asamblea Nacional, cuya iniciativa corresponda al Ejecutivo Nacional (Artículo 19). Pretende esta norma lograr un instrumento adicional de colaboración, en lo que respecta a la delicada tarea de dar perfecta forma jurídica a los proyectos de leyes que elabore el Ejecutivo Nacional. De esta manera se orientan esfuerzos concretos hacia el logro de un ordenamiento jurídico coherente y armónico, tanto en su forma como en su contenido. Además, esta norma solo pretende dar legitimidad a una práctica que, de hecho, ha venido realizando la Procuraduría General de la República, pues el Ejecutivo Nacional, con regular frecuencia, la consulta y la hace partícipe en las actividades de elaboración de proyectos de leyes.
La Procuraduría General de la República se ve igualmente investida, por primera vez, de la facultad legal de emitir su opinión previa, en relación con las cláusulas de arbitraje nacional o internacional que establezcan los contratos a ser suscritos por la República (Artículos 12 y 13). Esta atribución no es más que la respuesta a una práctica abusiva que se ha venido generando en Venezuela, en la cual, a pesar de las limitaciones constitucionales y legales, se introducen cláusulas que extraen de la jurisdicción venezolana la solución de los conflictos en los cuales esté involucrado el interés de la República.
Constituye igualmente una innovación legal la atribución a la Procuraduría General de la República de la competencia para autorizar, de modo previo y expreso, la contratación de los servicios de asesoría jurídica por parte de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional (Artículos 14 y 15). Esta norma contiene el interés de dar legitimidad legal a un mandato ejecutivo, contenido en el Instructivo Presidencial N° 1, del 21 de junio de 1999. Si bien esta competencia altera el esquema tradicional de facultades de la Procuraduría General de la República, marval.tripod.com.ve haciéndola desarrollar una actividad de control de actos de la Administración activa, la misma se encuentra enmarcada de modo perfecto dentro del campo de conocimiento jurídico de la institución, lo cual la sitúa en mejor posición para conocer el alcance, naturaleza, y hasta la magnitud lógica de los costos de la asesoría jurídica que requieren los servicios públicos. De esta manera, se introduce un factor de control, orientado a introducir racionalidad en el uso de estos servicios por la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada.
De igual manera, mediante el nuevo instrumento legal, la Procuraduría General de la República ha sido investida, por primera vez, de la facultad de emitir su opinión previa, en materia de actos de disposición (convenimiento, desistimiento, de compromiso en árbitros, de conciliación, transacción) emitidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones administrativas (Artículo 5).
Esta facultad responde a la necesidad de establecer mecanismos de control, ante las situaciones en las cuales las decisiones de los funcionarios públicos puedan afectar los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Por ser la garante de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, es la Procuraduría General de la República el organismo al cual le corresponde, de modo natural, esta misión.
Además de introducir una lógica distinción y distribución de la normativa que rige la actuación de la Procuraduría, cuando la República es o no parte en juicio, lo cual constituye una garantía
de precisión y seguridad jurídica, el nuevo instrumento normativo introduce la novedad de hacer imperativo el criterio emitido por la Procuraduría General de la República, cuando ella es consultada en relación con la procedencia o improcedencia del derecho demandado a la República por los particulares.
Además de constituir una importante innovación, se trata de un mandato legal destinado a darle relevancia y eficacia al criterio de esta Institución y, de esta manera, evitar la práctica que ha venido generando la tradición de hacer de esta consulta un acto formal, sin mayores consecuencias positivas, ni para el particular, ni para el Estado.
En este mismo orden de ideas se reafirma el antejuicio administrativo, como una forma mediante la cual los particulares puedan resolver sus controversias con la Administración en sede administrativa, sin que requieran acudir a los órganos jurisdiccionales, y que la autoridad administrativa tenga conocimiento de las eventuales acciones de las cuales podría ser objeto, lo cual se encuentra perfectamente enmarcado en el ordenamiento jurídico venezolano y en particular con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, pues ésta establece el alcance del agotamiento de la vía administrativa a los recursos administrativos, no encontrándose en consecuencia, incluido en este supuesto, el denominado procedimiento previo de las acciones contra la República.
Decreto N° 1.556 13 de noviembre de 2001
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 6 del artículo 1° de la Ley Nº 4 que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con fuerza de Ley, en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.076, de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros,
DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo 1°. El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las normas competencia, organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la actuación en la defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la como las normas generales sobre procedimientos administrativos previos a contra la República.
relativas a la República; su República, así las demandas
Artículo 2°. En ejercicio de las potestades que le confiere la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
Artículo 3°. Para el cumplimiento de los fines previstos en este Decreto Ley, los servidores públicos y los particulares están obligados a colaborar con la Procuraduría General de la República y, a tal efecto, deben atender sus convocatorias y requerimientos de cualquier información, documento u otro instrumento necesario para la formación de criterio.
Artículo 4°. Los funcionarios o funcionarias públicos a quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución deben remitir a éste, informes sobre sus actuaciones en la materia. El Procurador o Procuradora General de la República puede determinar la forma y alcance de los informes aquí referidos.
Artículo 5°. Los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus atribuciones realicen en sede administrativa actos de convenimiento, desistimiento, de compromiso en árbitros, de conciliación, transacción, o cualquier otro acto de disposición, relacionados directa o indirectamente con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, deben solicitar la opinión previa, expresa y favorable de la Procuraduría General de la República.
Artículo 6°. Los funcionarios o funcionarias de la Procuraduría General de la República y quienes actúen en su nombre, tienen acceso a los expedientes que se encuentren en los tribunales, registros, notarías y demás órganos nacionales, estadales y municipales, vinculados con las actuaciones que los mismos adelanten, aún en horario no hábil.
Artículo 7°. Los funcionarios judiciales, registradores, notarios y demás autoridades nacionales, estadales y municipales, están obligados a prestar gratuitamente los oficios legales de su ministerio a la Procuraduría General de la República; a informar a ésta de cualquier hecho o acto que afecte algún derecho, bien o interés a favor de la República del cual tuvieren conocimiento en ejercicio de sus atribuciones y a remitirle, si fuere el caso, copia certificada de la documentación respectiva.
Artículo 8°. Las normas de este Decreto Ley son de orden público y se aplican con preferencia a otras leyes.
TITULO II DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CAPITULO II EN MATERIA DE INGRESOS PUBLICOS NACIONALES
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales; y
2. Redactar, conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Nacional, los
documentos contentivos de actos, contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales.
CAPITULO III EN MATERIA DE CONTRATOS
CAPITULO IV EN MATERIA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA
CAPITULO V EN MATERIA DE ASESORIA Sección Primera
Asesoría a los Organos del Poder Público
La Procuraduría General de la República puede asesorar jurídicamente a los institutos autónomos, a las fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado, empresas del
Estado y demás establecimientos públicos nacionales y a los Estados y Municipios, cuando a su juicio, el asunto objeto de la consulta esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
3. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República; y
Sección Segunda del Consejo De Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional
TITULO III DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL PROCURADOR O PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CAPITULO I DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
1 El Procurador o Procuradora General de la República elabora el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría General de la República y lo remite al Ejecutivo Nacional para su incorporación al respectivo Proyecto de Presupuesto del Estado.
1 El Coordinador Jurídico de la Vicepresidencia y los consultores jurídicos de los ministerios o de sus órganos desconcentrados, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República puede sustituir, mediante oficio, su representación para que atiendan aquellos asuntos relacionados con dichos órganos.
2. Los abogados distintos a los funcionarios de la institución, contratados para prestar servicios temporales al organismo, o para atender determinados asuntos dentro del territorio nacional
en defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, en quienes el Procurador o Procuradora haya sustituido su representación, mediante poder otorgado con las formalidades legales correspondientes.
CAPITULO II DEL PROCURADOR O PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA
internacionales y comerciales de la República, en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
CAPITULO III DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Artículo 47. Se establece el Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República, el cual se basará en los principios constitucionales y se regirá por las disposiciones del presente Capitulo, por el Estatuto correspondiente y, supletoriamente, por la Ley que rige la Función
TITULO IV DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPUBLICA Y DE LA ACTUACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN JUICIO
CAPITULO I DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO A LAS ACCIONES CONTRA LA REPUBLICA
Artículo 58. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, el interesado debe dar respuesta al órgano que corresponda, acerca de si acoge o no la decisión notificada. En
caso de desacuerdo, queda facultado para acudir a la vía judicial.
Artículo 59. La ausencia de oportuna respuesta, por parte de la Administración, dentro de los lapsos previstos este Decreto Ley, faculta al interesado para acudir a la vía judicial.
CAPITULO II DE LA ACTUACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN JUICIO
Artículo 70. Toda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente
Los lapsos para intentar los referidos recursos no comenzarán a correr hasta tanto no se practique la correspondiente notificación al Procurador o Procuradora General de la República, o a la persona facultada para ello, conforme a lo establecido en este Decreto Ley.
Sección Segunda De la Actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República es Parte en Juicio
La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Artículo 85. Cuando la República sea condenada en juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la
sentencia notificará al Procurador o Procuradora General de la República quien, dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes, debe informarle sobre su forma y oportunidad de ejecución.
Sección Tercera De las Medidas Cautelares
Artículo 90. Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, marval.tripod.com.ve o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren. Esta caución debe ser aprobada por la representación de la República.
Sección Cuarta De la Actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República no es Parte en Juicio
Artículo 95. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses
patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.
Artículo 97. Cuando se decrete medida procesal, de embargo, secuestro, ejecución interdictal y, en general, alguna medida de ejecución preventiva o definitiva sobre bienes de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras entidades públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio privado de interés público, antes de su ejecución, el juez debe notificar al Procurador o Procuradora General de la República, (AMV Venezuela Legal) acompañando copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto, a fin de que el organismo público que corresponda adopte las previsiones necesarias para que no se interrumpa la actividad o servicio a la que esté afectado el bien. En este caso el proceso se suspende por un lapso de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la consignación en el expediente de la constancia de la notificación al Procurador o Procuradora General de la República.
Artículo 99. Los funcionarios públicos que incumplan las obligaciones que les establece este Decreto Ley, serán sancionados con multa entre cincuenta y cien Unidades Tributarias (50 y 100 U.T.), de conformidad con el procedimiento sumario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, (AMV Venezuela Legal) civiles y penales que les sean imputables por los daños causados a los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la República.
Unica. Se derogan la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de fecha 2 de diciembre de 1965, publicada en la Gaceta Oficial Nº 27.921 del 22 de diciembre de 1965 y el artículo 95 y los ordinales 1° y 4° del artículo 96 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660, de fecha 21 de junio de 1974. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Dentro del lapso de ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la publicación del presente Decreto Ley, el Procurador o Procuradora General de la República deberá establecer el reglamento interno relativo a la estructura organizativa y funcional de la Institución, el Sistema de la Carrera de la Procuraduría General de la República y el Sistema de Remuneraciones correspondiente.
Igualmente, dentro del mismo lapso, procederá a la marval.tripod.com.ve evaluación de todo el personal de la Institución, a los fines de su clasificación en función de los nuevos perfiles
Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el artículo 9° de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.
Unica. Este Decreto Ley entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los trece del mes de noviembre de dos mil uno. Año 191º de la Independencia y 142º de la Federación. (L.S.) HUGO CHAVEZ FRIAS Refrendado La Vicepresidenta Ejecutiva (L.S.) ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO Refrendado El Ministro del Interior y Justicia (L.S.) LUIS MIQUILENA Refrendado
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores (L.S.) AREVALO MENDEZ Refrendado El Ministro de Finanzas (L.S.) NELSON JOSE MERENTES DIAZ Refrendado El Ministro de la Defensa (L.S.) JOSE VICENTE RANGEL Refrendado El Encargado del Ministerio de la Producción y el Comercio (L.S.) OMAR OVALLES Refrendado El Ministro de Educación, Cultura y Deportes (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ Refrendado La Ministra de Salud y Desarrollo Social (L.S.) MARIA URBANEJA DURANT Refrendado La Ministra del Trabajo (L.S.) BLANCANIEVE PORTOCARRERO Refrendado El Ministro de Infraestructura (L.S.) ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE
Refrendado El Encargado del Ministerio de Energía y Minas (L.S.) JOSE LUIS PACHECO Refrendado La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales (L.S.) ANA ELISA OSORIO GRANADO Refrendado El Ministro de Planificación y Desarrollo (L.S.) JORGE GIORDANI Refrendado El Ministro de Ciencia y Tecnología (L.S.) CARLOS GENATIOS SEQUERA Refrendado El Ministro de la Secretaría de la Presidencia (L.S.) DIOSDADO CABELLO RONDON
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DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAGaceta Oficial de la República Bolivariana de VenezuelaN° 5554 Del 13 de Noviembre de 2001EXPOSICIÓN DE MOTIVOSDEL DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICAIntereses Types, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Public DomainDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMostrar másMostrar menos