Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-35281-de-septiembre-9-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_76d551c6cec5602ce0430a010151602c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-21 21:43:55
Document Index: 139046967

Matched Legal Cases: ['artículo 260', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 51', 'artículo 162', 'artículo 90', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 260', 'artículo 64', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 260', 'artículo 61', 'artículo 5', 'artículo 64', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 35281 de septiembre 9 de 2009
SENTENCIA 35281 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2009
CONTENIDO:CLÁUSULAS CONVENCIONALES. SOLO SE PUEDE RESTAR EL VALOR PROBATORIO QUE EL JUEZ DE INSTANCIA LE DA A LAS CLÁUSULAS CONVENCIONALES SI ESTE HACE UNA INTERPRETACIÓN ABSURDA DE ELLAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, COMPETENCIA DEL JUEZ, JUEZ LABORAL
Sentencia 35281 de septiembre 9 de 2009
Rad. 35.281
Lo interpuso la parte demandada. Con él aspira a que la Corte case la sentencia del tribunal, para que, en función de instancia, confirme la de primer grado y condene en costas a la parte demandante.
Con esa finalidad formuló tres cargos, que fueron objeto de réplica. La Corte estudiará en conjunto los dos primeros, por cuanto se orientan por la vía directa, aunque por distintas modalidades, acusan el mismo elenco normativo, se valen, en esencia, de similares argumentos y persiguen igual objeto.
Acusa la sentencia de ser violatoria, por la vía directa, en la modalidad de falta de aplicación, de los artículos 17, ordinal b, de la Ley 6 de 1945; 3º y 9º de la Ley 65 de 1946; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1969 y 27 del Decreto 3135 de 1968; 1º de la Ley 33 de 1985; 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60 y 61 del Acuerdo 0224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año; y 18 del Acuerdo No 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
A su juicio, el tribunal se equivocó al revocar la sentencia de primer grado, porque la empresa reconoció la pensión legal de jubilación, no convencional o voluntaria, error que radica en que el juez de la segunda instancia no tomó en consideración las normas legales acusadas como violadas, conforme a las cuales se determina el régimen pensional aplicable para los efectos de reconocimiento de la pensión de los servidores públicos, como es el caso del actor.
Considera que la pensión de jubilación a que hace referencia la convención colectiva es la determinada por el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, como que se otorga con base en los requisitos que establece la norma legal "más uno adicional de 75 puntos que establece la convención".
Estima que el ad quem no observó que la pensión otorgada al promotor de la litis se sustenta en los requisitos legales de 20 años de servicios y 55 años de edad, esto es, "los que establece la ley para las pensiones de jubilación de servidores del Estado".
Destaca que el fallo recurrido no tuvo en cuenta la clase de trabajador que era el demandante ni la clase de entidad que es la demandada, "porque de lo contrario, había tenido en cuenta las normas sobre pensiones de jubilación de empleados del sector público".
Proclama que el sentenciador no tuvo en cuenta que las pensiones del sector oficial dejaron de estar a cargo de la empresa, como que las subrogó el Instituto de Seguros Sociales, según lo previsto en el artículo 76 de la Ley 90 de 1946, que contemplaba una transición, pero "única y exclusivamente para el sector particular", de manera que "siguieron subsistiendo los estatutos pensionales que se tenía previstos para los trabajadores oficiales". Y agrega que tales circunstancias fueron omitidas por el juez de segundo grado, que "lo llevaron a confundir las disposiciones legales en materia pensional del sector público y del sector privado".
Por último, tras reproducir un fragmento de la sentencia de esta Sala de la Corte del 18 de marzo de 2004 (Rad. 21.597), sostiene que esa es la posición de la Corte respecto a las normas aplicables para las hipótesis de los servidores públicos, por lo que "cabe reiterar que no le asiste razón al tribunal para establecer que se trata de una pensión voluntaria, por cuanto se trata como se observa de una pensión legal que conlleva a que no es compatible con la que otorgó el ISS al actor".
Sostiene que el cargo no contiene una proposición jurídica completa; que el tribunal no pudo dejar de aplicar "los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968", puesto que no existen; y que las consideraciones hechas por el ad quem son de naturaleza fáctica, pues nacieron del análisis de la convención colectiva de trabajo obrante como prueba en el proceso, de modo que "no podía el recurrente formular el ataque por la vía directa porque ésta presupone la aceptación de los hechos del mismo modo como los estableció el tribunal".
Acusa la sentencia de ser violatoria, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el artículo 1º del Decreto 2879 de 1985; 17, ordinal b, de la Ley 6 de 1945; 3º y 9º de la Ley 65 de 1946; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1969 y 27 del Decreto 3135 de 1968; 1º de la Ley 33 de 1985; 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60 y 61 del Acuerdo 0224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Fundamentalmente, la demostración utiliza el mismo discurso que se empleó en el desarrollo del primer cargo, lo que releva a la Sala de intentar su resumen.
De nuevo contiene la afirmación de que el tribunal no apreció que se daban los requisitos de la pensión legal, "pese a que dentro de la propia resolución de otorgamiento de la pensión inicial se establece que es una pensión de jubilación, que estará a cargo del Seguro cuando este (sic) asuma la de vejez"; que en parte alguna de dicho documento se advierte que sea una pensión voluntaria, de suerte que el juzgador de la alzada "se equivoca al darle un origen voluntario a la pensión cuando los requisitos que tuvo en cuenta la demandada para conceder la pensión fueron los legales, es decir, edad y tiempo como se puede observar en el proceso y que se trata de una pensión de jubilación de origen legal y por consiguiente que era incompatible con la pensión de vejez que reconoció el Seguro Social".
Pone de presente que el cargo omite indicar cuáles disposiciones se dejaron de aplicar, en lugar de las aplicadas indebidamente; no integra de manera completa la proposición jurídica, pues apenas se hace un señalamiento parcial de los textos violados; acusa la violación de los "artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1968", que no existen. Dice que se remite a la réplica del primer cargo.
Sea lo primero señalar que los cargos son autónomos en su formulación e invocan una modalidad de violación que se corresponde con la vía directa seleccionada para orientar el combate contra la sentencia del Tribunal: el primero, la "falta de aplicación", que la Corte asimila al concepto de "infracción directa", que se presenta cuando el sentenciador, por ignorancia o por rebeldía, no aplica la norma al asunto sometido a su consideración; el segundo, la "aplicación indebida", a la que se llega cuando, pese a ser entendida rectamente, la norma se aplica a un caso o hecho no contemplado en ella o se le da un alcance distinto.
De otra parte, la vieja construcción jurisprudencial de la proposición jurídica completa, entendida como la carga del recurrente en casación de hacer una acusación total e íntegra de un conjunto normativo, en la hipótesis en que la sentencia del Tribunal decide una situación dependiente no de una sola norma, sino de varias que se combinan entre sí, hasta el punto de que la denuncia parcial daba al traste con el ataque y relevaba a la Corte de adentrarse en su examen de fondo, fue morigerada sustancialmente por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en cuanto basta acusar "cualquiera" de las normas de derecho sustancial "que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada".
En ese sentido, los preceptos legales denunciados, por ser, en sentir de la censura, los que disciplinan la situación pensional del demandante, son suficientes para considerar satisfecho el requisito del literal a), numeral 5º, del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, el señalamiento en la demanda de casación de la norma legal sustancial quebrantada, en los términos de la morigeración aludida.
Sin duda, la citación en la proposición jurídica de los artículos "68 y 70 del Decreto 1848 de 1968", es atribuible a un lapsus cálami del recurrente, que, en manera alguna, traduce que los cargos resulten desestimables por este preciso aspecto, si, además, se repara que en las sentencias que se citan en su demostración se hace referencia al Decreto 1848 de 1969.
Cabe anotar que la selección de la vía directa comporta que el impugnante esté de acuerdo con las conclusiones fácticas del Tribunal, de modo que el ejercicio argumentativo de la censura ha de ser de puro derecho.
Empero, la presente demanda de casación, enderezada por el sendero directo, mezcla, en los cargos examinados, argumentos fácticos y jurídicos, como que se aduce que "de la propia resolución de otorgamiento de la pensión inicial se establece que es una pensión de jubilación, que estará a cargo del Seguro cuando este (sic) asuma la de vejez" y que "en parte alguna en dicho documento se advierte que sea una pensión voluntaria como lo determino (sic) erradamente el tribunal al manifestar...".
Definitivamente, esta mixtura se ofrece inapropiada y resiente las más puras técnica y lógica de casación. Sin embargo, se observa que lo propuesto en los dos primeros cargos versa, en esencia, sobre cuestiones de índole jurídica, atinentes a las disposiciones legales que, a juicio del impugnante, verdaderamente gobiernan el asunto por juzgar.
Persiguen las acusaciones que se determine jurídicamente que el tribunal erró: en primer lugar, cuando estableció que la pensión de jubilación que la demandada le concedió al demandante era convencional, siendo realmente de estirpe legal, lo que lo condujo a no aplicar las disposiciones que regulan el caso, esto es, los artículos 17, literal b), de la Ley 6 de 1945, 3º y 9º de la Ley 65 de 1946, 72 y 76 de la Ley 90 de 1946; y, en segundo término, cuando, a la sombra de lo dispuesto por el artículo 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de la misma anualidad, consideró que la prestación de jubilación patronal, por ser extralegal y haberse concedido antes del 17 de octubre de 1985, era compatible con la de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, lo que llevó a la aplicación indebida de esa norma.
Vista la motivación de la sentencia gravada, se advierte que el ad quem no pudo incurrir en la infracción directa de los textos legales que rigen la pensión de jubilación legal para los servidores oficiales, ni en la aplicación indebida del acuerdo del Instituto de Seguros Sociales que consagró la compartibilidad de las pensiones convencionales, extralegales o voluntarias, con la pensión de vejez que confiere dicho instituto.
Y no pudo cometer esos quebrantos normativos, en atención a que concluyó que la pensión de jubilación que reconoció la invitada al plenario al demandante, a partir del 17 de agosto de 1978, encontraba venero en la convención colectiva de trabajo y no en la ley, lo que para el sentenciador eliminaba su compartibilidad con la pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales, con arreglo a lo previsto en el ordenamiento legal anterior a que cobrara aliento jurídico el Acuerdo 029 de 1985.
Nada de incorrecto se aprecia en el proceder del juez de la alzada, como que su criterio jurídico viene acompasado, por entero, a la posición de esta Sala de la Corte, conforme a la cual solo a partir del 17 de octubre de 1985 se contempló legalmente la compartibilidad de las pensiones extralegales con las reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, a menos que las partes hayan dispuesto expresamente en la convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre ellas, que las pensiones no serán compartidas, sino compatibles o concurrentes. Tal postura doctrinaria aparece recogida en sentencias que ya son muchedumbre, entre las que pueden mencionarse la del 10 de septiembre de 2002 (Rad. 18.144), 30 de junio de 2005 (Rad. 24.938) y 15 de junio de 2006 (Rad. 27.311).
Significa ello que la situación pensional del promotor de la litis no estaba llamada a ser gobernada por las normas denunciadas por la censura, que consagran la pensión legal de jubilación para el sector oficial (arts. 17, literal b, de la L. 6ª/45, 3º y 9º de la L. 65/46), ni por las que contemplan la compartibilidad de las pensiones extralegales con la de pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales (Acu. 029/85, art. 5º y Acu. 049/90, art. 18).
Se observa, de otro lado, que el juez de segundo grado nunca estableció que el trabajador se hubiese pensionado con 55 años de edad y 20 años de servicios, continuos o discontinuos, sino, por el contrario, definió que el demandante se pensionó de conformidad con las exigencias de la norma convencional, que eran distintas a las legales. De tal suerte que no es posible estructurar un ataque por la vía directa a partir de un supuesto fáctico que el tribunal no encontró acreditado.
Por último, la parte del discurso argumentativo de la acusación, en cuanto a que el juez de la alzada en "ningún momento" apreció "la clase de trabajador que era el demandante al momento de otorgarle la pensión" y la "clase de entidad que es la demandada", como que de lo contrario habría aplicado las preceptivas legales sobre "pensiones de jubilación de empleados del sector público", al igual que "el carácter legal de la pensión otorgada al demandante es de ser una pensión legal de servidor público", constituía un hecho nuevo en casación, dado que la naturaleza jurídica de la demandada ni el carácter del actor fueron punto de discusión en las instancias, lo que, de por sí, ameritaba que la Corte no entrase en su estudio.
Acusa la sentencia de ser violatoria, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, de los artículos 17, ordinal b, de la Ley 6 de 1945; 3º y 9º de la Ley 65 de 1946; 72 y 76 de la Ley 90 de 1946 y en relación con los artículos 68 y 70 del Decreto 1848 de 1969 y 27 del Decreto 3135 de 1968; 1º de la Ley 33 de 1985; 259, 260, 467, 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo; 37 y 38 del Decreto 2351 de 1965; 59, 60 y 61 del Acuerdo 0224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966; 5º del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año; y 18 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Dice que la violación normativa se produjo como consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho:
Dar por demostrado, sin estarlo, que la pensión otorgada al demandante era voluntaria.
No dar por demostrando, estándolo, que la pensión concedida era de jubilación legal.
Afirma que tales errores evidentes de hecho fueron producto de la equivocada apreciación de las siguientes pruebas:
La Resolución 0010 de 1978, en cuya virtud se reconoce la pensión mensual de jubilación, visible a folios 5 y 6 del cuaderno principal.
Las documentales relacionadas con el reconocimiento de la pensión de vejez por el Instituto de Seguros Sociales, Resolución 05726 del 26 de 1986, que corren a folios 7, 8 y 9.
La convención colectiva de trabajo, obrante a folios 73 a 90.
Al aplicarse a la tarea de desarrollar el cargo, la censura afirma que el tribunal no tuvo en cuenta que se daban los requisitos de la pensión legal, "pese a que dentro de la propia resolución de otorgamiento de la pensión inicial se establece que es una pensión de jubilación, que estará a cargo del Seguro cuando éste asuma la de vejez. El artículo 5º de la resolución que se (sic) concede y que obra a folio 46 del expediente es muy claro al determinar que la pensión de jubilación se concede de acuerdo a (sic) la ley y que estará a cargo del Seguro cuando se otorgue la pensión de vejez".
Expresa que en parte alguna del texto convencional que obra a folio 69 "se advierte que sea una pensión voluntaria como lo determino (sic) erradamente el tribunal", por lo que el juez de la alzada se equivocó al apreciar tal probanza.
Manifiesta que también se vulneraron los artículos "59 y 60 del CST (sic), en atención a que estas pensiones que establecía el régimen laboral fueron subrogadas por las que concedía el seguro social".
Transcribe fragmentos de la sentencia de esta Sala de la Corte del 7 de febrero de 2002 y arguye que el ad quem incurrió en grave error al considerar que la pensión tenía origen en el artículo 64 de la convención colectiva de trabajo, "pero omite que la pensión a la que se refiere el artículo convencional es a la de jubilación de que trata el artículo 260 del C. S. del T., lo que implica que no se puede entrar a decir que la pensión se vuelve voluntaria por haberla mencionado el acuerdo convencional, porque en esencia y como esta (sic) dicho es una pensión de jubilación legal, dado que en la propia norma convencional así se menciona y en el documento de reconocimiento de la pensión también se establece que se trata de pensión de jubilación legal".
Sostiene que el desarrollo del cargo, palabras más, palabras menos, es una trascripción textual del segundo, por lo que se remite a la réplica que presentó contra éste; que lo dicho por la impugnante se asemeja a un alegato de instancia —inadmisible en casación—, en el que enfatiza su propio criterio sobre el alcance de la Resolución 0010 del 17 de agosto de 1978, originaria de la demandada; y que la recurrente no demostró los errores que le imputa al juez de la segunda instancia.
El cargo, orientado por el sendero indirecto, le enrostra al tribunal la comisión de dos errores protuberantes de hecho, que propenden por demostrar que la pensión de jubilación concedida por la demandada al demandante es de linaje legal y no convencional como lo determinó el ad quem. Acusa la errada apreciación de varias pruebas, en el propósito de que se estime viable la compartibilidad con la pensión de vejez que otorgó el Instituto de Seguros Sociales.
El análisis de los medios probatorios que la censura singulariza como valorados equivocadamente, arroja lo siguiente:
1. Del texto convencional.
El juez de segundo grado concluyó que la pensión de jubilación reconocida al promotor de la litis con anterioridad al 17 de octubre de 1985, era netamente convencional, en razón de que el artículo 64 de la convención colectiva de trabajo estableció requisitos de acceso a esa prestación que, en manera alguna, son equiparables a los consagrados en la ley, "porque el precepto convencional hace alusión a unos puntajes que va adquiriendo el trabajador, en la medida en que va avanzando en la vigencia del contrato de trabajo y de otra parte en cuanto al momento, ya que se incluye un requisito que no esta (sic) contenido en el artículo 260 del CST, y es que el trabajador debe solicitar el reconocimiento de la pensión durante el año siguiente al cumplimiento de las exigencias de la norma, so pena de perder el derecho".
Por su parte, el recurrente le imputa al tribunal haber apreciado equivocadamente dicha cláusula convencional, pues, si bien es cierto contiene unas condiciones frente a la pensión de jubilación, al referirse expresamente al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se ha de entender que esa prestación es de origen legal.
El texto convencional cuestionado reza:
"La pensión de Jubilación o Vejez de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se concederá a los trabajadores que reúnan 75 puntos, en un sistema en el cual cada año de servicio a Centrales Eléctricas del Norte de Santander, S.A., equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto, siempre y cuando el trabajador haya prestado sus servicios a Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., por más de 20 años. Esta jubilación se hará con el 75% del salario promedio.
"PAR.—Se establece para darle estricto cumplimiento a este artículo, lo siguiente: el trabajador que llene estos requisitos, deberá solicitar la jubilación. Si no lo hiciere dentro del año siguiente al cumplimiento de tales requisitos, perderá este derecho convencional".
Esta Sala de la Corte considera que el entendimiento que el tribunal le dio a la estipulación convencional trascrita se acompasa a su texto o a su literalidad, que no origina los yerros fácticos, con la impronta de manifiestos, que le endilga el censor.
No resulta disparatado, antes se exhibe razonado y sensato, proclamar que la pensión de jubilación prevista en la cláusula referida es de índole convencional, en la medida en que el acceso al derecho pensional está determinado por el cumplimiento de exigencias distintas de las legales, como lo es completar 75 puntos en los términos ahí dispuestos y el condicionamiento de su disfrute a la circunstancia de que la solicitud de su reconocimiento se haga dentro del término perentorio de un (1) año.
A lo dicho, cabría agregar que, en tanto las estipulaciones de una convención colectiva de trabajo no son normas legales sustanciales de alcance nacional, sólo en la hipótesis de una interpretación definitivamente absurda —que equivaldría a un ostensible yerro fáctico en la valoración de una prueba, que lo es la convención colectiva de trabajo frente al recurso de casación— la Corte tendría vocación legítima para separarse de la inteligencia dada por el juez de la segunda instancia.
Adicionalmente, la estimación de las cláusulas convencionales —como prueba en el proceso, se repite— hay que entenderla encuadrada dentro de la facultad-deber de apreciar, de manera libre y razonada, los medios probatorios, que confiere a los jueces el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que solo puede merecer el repudio del tribunal de casación en la medida en que resulte contraria a la razón, a la ciencia y a la técnica, es decir, que de ella pueda predicarse el disparate y el absurdo.
De tal suerte que un ejercicio interpretativo de una norma convencional, que se ofrezca atendible y respetable por su desarrollo lógico y racional, no es susceptible de ser estimado como un error fáctico protuberante, con virtualidad para destruir una sentencia en el estadio procesal de la casación.
Por consiguiente, no es posible concluir, que, al interpretar la norma convencional en estudio como lo hizo, el tribunal hubiese incurrido en una mala apreciación de esta prueba.
2. De la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación.
El recurrente predica que no aparece "referencia alguna de que se trata de una pensión voluntaria, por el contrario en ella se prevé que se trata de una pensión de jubilación con el cumplimiento de los requisitos legales de 20 años de servicio y 55 años de edad. Además, manifiesta en los considerando de la resolución de otorgamiento de la pensión que esta es de jubilación y conforme a las disposiciones legales".
Arguye, igualmente, que en dicha resolución "se establece que es una pensión de jubilación, que estará a cargo del Seguro cuando este asuma la de vejez"; y que su artículo 5º "es muy claro al determinar que la pensión de jubilación se concede de acuerdo a la ley y que estará a cargo del Seguro cuando se otorgue la pensión de vejez".
Examinado el contenido de la Resolución 0010 del 17 de agosto de 1978, se observa que, en aparte alguno, expresa que la pensión de jubilación que se otorga al demandante es por el cumplimiento de los requisitos legales de 20 años de servicios y 55 años de edad. Por el contrario, en su parte considerativa, se acude al artículo 64 de la convención colectiva vigente y se proclama que el demandante reunió desde el 17 de agosto de 1978, cuando dejó de trabajar, los requisitos exigidos por ese texto convencional para obtener el beneficio de la pensión convencional, "o sea 52 puntos por los años de edad y 24 puntos por los años de servicio en Centrales Eléctricas del Norte de Santander, S.A.".
Se ratifica así, una vez más, que las exigencias del precepto convencional difieren de los requisitos legales, en especial en lo que dice relación con la edad del trabajador para causar el derecho a la pensión de jubilación, que es menos de 55 años, de manera que resulta razonada la conclusión del juez colegiado en el sentido de que la convención colectiva de trabajo es la fuente del derecho a la pensión de jubilación, no la ley (para el caso el art. 260 del C. S. de T.)
Cuanto a lo señalado en la parte resolutiva, concretamente en su artículo 5º, en torno a una posible subrogación del riesgo por parte del Instituto de Seguros Sociales, una vez se reconozca la pensión de vejez, lo mismo que al cese de la obligación a cargo del empleador, la Corte precisa que tales circunstancias no son las determinantes para definir la compartibilidad pensional, la que debió plasmarse en la convención colectiva de trabajo, como que era la fuente del derecho de la pensión de jubilación, que, en verdad, no contiene referencia explícita alguna a la compartibilidad de la pensión de jubilación con la de vejez que reconozca el Instituto de Seguros Sociales.
Es decir, la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación convencional carece de idoneidad jurídica para reformar las estipulaciones de una convención colectiva en punto a la compatibilidad o incompatibilidad de una pensión de naturaleza convencional con la legal de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
La que se dejó expuesta es la orientación doctrinaria de esta Sala, vertida, entre otras, en la sentencia del 8 de septiembre de 2005 (Rad. 25.249), que, en lo que es pertinente, explicó:
"Es cierto que la Resolución 1726 del 26 de octubre de 1982 (fls. 51 a 57), mediante la cual el Banco Cafetero reconoció la pensión de jubilación al demandante, en su artículo 6º determinó que el actor quedaba comprometido a tramitar ante el ISS, "el reconocimiento de las prestaciones a que se hiciere acreedor (a), una vez reunidos los requisitos establecidos en los reglamentos respectivos y el Banco entra a cancelar la diferencia".
"No obstante lo anterior, de tal manifestación no puede deducirse necesariamente la compartibilidad de esa pensión con la de vejez que llegare a concederle el ISS, en primer lugar porque fue reconocida antes del 17 de octubre de 1985 y en segundo término porque la misma resolución consigna que el otorgamiento de la pensión tiene su origen en el artículo 16 de la convención colectiva de trabajo de 1978, convenio que en la citada norma estableció:
"Todo trabajador que cumpla 25 años de servicios continuos o discontinuos, en forma exclusiva al Banco Cafetero, y, si tener en cuenta su edad, tendrá derecho a solicitud suya, a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 100% del salario promedio devengado en el último año de servicios, sin exceder del límite legal.
"Quienes se pensionen por esta modalidad tendrán derecho a los reajustes que prevea la ley.
"PAR.—Continúan vigentes las demás disposiciones legales y convencionales que rigen las pensiones de jubilación" (fl. 81) (La negrilla no es del texto).
"Disposición de la cual no se desprende que la voluntad expresa de las partes celebrantes de la convención, sea el que la prestación se comparta con la de vejez; antes por el contrario se estableció que sería vitalicia, y ni siquiera la remisión que hace el parágrafo a la ley y a las convenciones colectivas, puede dar lugar al fenómeno de la incompatibilidad pensional que alega la entidad recurrente, porque el derecho en sí mismo no quedó sujeto a ninguna condición".
3. De las documentales relacionadas con el reconocimiento de la pensión de vejez por el Instituto de Seguros Sociales —Resolución 05726 del 26 de septiembre de 1986.
El recurrente no honró su carga de indicar y demostrar su mala apreciación, ni lo que muestra en contra de lo decidido por el tribunal.
Sin embargo, su examen objetivo no da cuenta de que el tribunal hubiese cometido los errores de hecho que le imputa la censura. Además, la resolución por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez al demandante no tiene la virtud jurídica de definir la compartibilidad o no de las pensiones de jubilación y de vejez.
Como hubo oposición, las costas del recurso extraordinario de casación serán de cargo de la parte demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, dictada el 31 de octubre de 2007 en el proceso ordinario laboral que promovió Luis Tobías Sánchez Sánchez contra Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A., empresa de servicios públicos.
Costas en el recurso de casación, a cargo de la parte demandada.