Source: http://yaracuy.tsj.gob.ve/decisiones/2007/noviembre/1431-7-5189-.html
Timestamp: 2017-02-23 07:03:05
Document Index: 21437940

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 49']

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
EXPEDIENTE NRO. 5189
PRESUNTA PARTE AGRAVIADA:	Ciudadano DAVID GREGORIO APOSTOL NUÑEZ.
Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.985.765, y de este domicilio.
PRESUNTA PARTE
AGRAVIADA Abog. HERQUIS ALVARADO.
Inpreabogado Nº 61.667 y de este domicilio.
PRESUNTA PARTE AGRAVIANTE:
ABOGADA PRESUNTA
PARTE AGRAVIANTE:	Ciudadano ANTONIO VALENTE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.671.583, en su carácter de PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL PODER POPULAR BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO PEÑA DEL ESTADO YARACUY.
Abg° MAYELA J. CORTEZ GARCIA.
Inpreabogada N° 65.835, en su condición de Sindica Procuradora del Municipio Peña/Yaracuy
MOTIVO:	AMPARO CONSTITUCIONAL (DECLINATORIA DE COMPETENCIA.)
SUBIERON LOS AUTOS A ESTA ALZADA, con motivo de la Apelación interpuesta por la abogada MAYELA CORTEZ GARCIA, en su condición de Sindica Procuradora del Municipio Peña/Yaracuy, contra la decisión dictada por el A QUO, JUZGADO DEL MUNICIPIO PEÑA de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, y recibida en este Tribunal por distribución en fecha 29/10/2007, constante de 89 folios útiles.
De la revisión del presente expediente, se observa que a los folios 55 al 60, consta Decisión dictada en fecha 03/10/2007, mediante el cual en su dispositiva, se declara CON LUGAR la acción de Amparo Constitucional, incoado por el ciudadano DAVID GREGORIO APOSTOL NUÑEZ, en su condición de Contralor del Municipio Peña, y se ordena al Concejo Municipal del Poder Popular Bolivariano y Socialista del Municipio Peña, cesar en la perturbación de las funciones de contralor y restablecer todas sus funciones y atributos. Así como la reactivación de las cuentas bancarias 012-1020668 y 012-1021117, señalándosele que para la destitución del Contralor deben seguir las pautas reguladas por la Ley, sin violentar el derecho a la defensa del solicitante.
Ahora bien de la lectura del escrito libelar se observa que la presunta parte agraviada, aduce que es el actual contralor del Municipio Peña del Estado Yaracuy, según consta de acuerdos Nros. CMP-12-06/ CMP-02-07, de fechas 06 de Abril y 17 de Enero 2007, respectivamente. Que dicha actividad la ha ejercido dignamente hasta la presente fecha. Aduce que en Sesión Ordinaria N° 30 de fecha 17/09/2007, los Concejales del Municipio Peña, decidieron en forma arbitraria destituirle del cargo sin haberle aperturado el expediente correspondiente y en consecuencia sin haberle permitido la ineludible oportunidad procesal de oponer sus defensas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
AL RESPECTO ESTE TRIBUNAL ACTUANDO EN SEDE CONSTITUCIONAL HACE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
El Amparo Constitucional es un medio judicial que tiene por objeto la protección o resguardo de derechos y garantías de rango constitucional, cuando por algún hecho, acto u omisión, estos han sido violados o amenazados de violación; es pues, un medio para el resguardo de las libertades públicas de rango fundamental. Sin embargo para que proceda, es necesario que se produzcan una serie de condiciones de hecho y de derecho expresamente definidas en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, que circunscriben su ámbito de acción y procedimiento. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que:
“La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal…”
Asimismo el encabezado del artículo 5 eiusdem señala: “La acción de amparo procede contra todo acto administrativo: actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional…”.
Estas normas transcritas menciona la posibilidad que tiene el ciudadano de acudir a los órganos jurisdiccionales a cuestionar por vía de amparo cualquier actuación de carácter administrativo emanada de un ente que ejerza funciones administrativas. Ahora bien, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo…”. (Subrayado nuestro)
Se establece el principio general de la competencia en materia de amparo sobre derechos y garantías constitucionales distintos a la libertad y seguridad personal, estableciendo ante que Juez podrá formularse la acción de amparo cuando se ejerza contra algún acto administrativo y que la competencia del mismo le corresponderá a un Tribunales de Primera Instancia, según la afinidad con la naturaleza del derecho o garantía constitucional vulnerado, es decir, el llamado criterio de afinidad para determinar los tribunales competentes para conocer de las acciones de amparo. Con este criterio se busca que los jueces más familiarizados con los derechos constitucionales denunciados como lesionados, serán los que tendrán la competencia para conocer de la acción de amparo, circunstancia que redunde en la eficacia y desarrollo de la institución, garantizado así el debido proceso establecido en la Constitución de la Republica de Venezuela.
Define, el tratadista Rafael Chavero en su obra “El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela” lo siguiente:
“…El Criterio de la afinidad (llamado comúnmente materia), es aquel criterio rector o principal que se encuentra consagrado en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Básicamente consiste en atribuir la competencia de las acciones de amparo a los tribunales que se encuentren familiarizados por su competencia ordinaria con los derechos y garantías constitucionales que son conculcados…” En este sentido, ha sido desarrollado en la doctrina y jurisprudencia patria el referido criterio, señalando esta última, particularmente en sentencia de fecha 17 de marzo de 2000, recaída en el caso Vicente García Fermín, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que señala:
“Según la disposición prevista en el artículo 7 de la citada Ley Orgánica de Amparo, son dos los términos cuya relación de afinidad debe verificarse: por una parte, la materia de competencia del tribunal, es decir, el conjunto de relaciones, situaciones y estados jurídicos que forman el contenido de las causas sometidas al conocimiento de aquel, a cuyo propósito cabe destacar la dificultad de hacer una determinación exacta del contenido y de los limites de cada una de las materias; por otra parte la naturaleza del derecho o de la garantía cuya violación o amenaza de violación se denuncia, a cuyo propósito cabe destacar la existencia de derechos constitucionales cuyo campo y modalidades de aplicación hacen posible que puedan corresponder a una pluralidad de materias, así como la posibilidad de establecer múltiples asociaciones y relaciones de dependencia entre los citados derechos…”. Ahora bien, en el presente caso bajo estudio esta referido a la competencia para conocer del recurso de apelación intentado por los presuntos agraviantes contra la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano DAVID GREGORIO APOSTOL NUÑEZ, por la presunta violación del derecho a la defensa previsto en el artículo 49, ordinales 1° 2° y 3° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en virtud de la presunta destitución de su cargo como Contralor del Municipio Peña del Estado Yaracuy, en Sesión Ordinaria Nº 30 de fecha 17/09/2007, en la que los Concejales del Municipio Peña del Estado Yaracuy lo destituyeron de su cargo, y cuya conducta le menoscaba sus derechos y garantías constitucionales. En este sentido, es menester destacar, antes que nada, que de la síntesis de afirmaciones efectuadas por el accionante en su solicitud de amparo, coordinadas con el derecho denunciado como violado, se evidencia de conformidad con lo criterios que sobre la competencia imperan en materia de amparo, que este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Transito, no es un Tribunal que se encuentre familiarizado con las situaciones narradas por el accionante, pues las circunstancias fundamentales determinan que no es éste el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente recurso de apelación. En consecuencia, de conformidad con todo lo expuesto, en lo que respecta a la naturaleza de las actuaciones a las cuales la parte agraviada denuncia como infracción constitucional, se observa que se refiere a un Acto Administrativo dictado por la Cámara Municipal del Municipio Peña del Estado Yaracuy, en Sesión Ordinaria Nº 01 de fecha 05 de enero de 2007, lo cual constituye materia administrativa y la que este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, no tiene dentro de su competencia ordinaria atribuida, por lo tanto, el ámbito jurídico de las circunstancias que constituyen el hecho lesivo, corresponde al Juzgado Superior Contencioso Administrativo Regional de Valencia que tiene atribuida la materia de naturaleza. Determinada como ha quedado la incompetencia de este Tribunal en el caso de autos, declina la competencia en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo Regional de Valencia del Estado Carabobo. Y ASÍ SE DECIDE. Con vista a las anteriores consideraciones este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley SE DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada MAYELA CORTEZ, en su condición de SINDICA PROCURADORA DEL MUNICIPIO PEÑA DEL ESTADO YARACUY,; declinando la competencia al JUZGADO SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO, en consecuencia, se ordena remitir las presentes actuaciones al mencionado órgano jurisdiccional. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los siete (07) días del mes de Noviembre de Dos mil siete (2007) Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-
Abog. WENDY YÁNEZ RODRÍGUEZ.
T.S.U. Inés Martínez Regalado. En esta misma fecha y siendo la 2:30 p.m., se publicó y registró la anterior decisión.
T.S.U. Inés Martínez Regalado.