Source: https://www.slideshare.net/mamario2626/derecho-procesal-penal-chileno-tomo-2
Timestamp: 2017-12-15 02:52:43
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traburto
Gracias, por subirlo y además dar la posibilidad de descargarlo :)
José Antonio Aravena Silva , procurador en independeinte at independeinte
Karim Abusada
Edna Olivares
Alvaro Felipe Albornoz
Elízabeth Martínez , Secretaria Centro Agrimed en Universidad de Chile at Universidad de Chile
1. DERECHO PROCESAL PENAL C H I L E N O Tomo II • LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO • LA PRUEBA • LA ETAPA DEL JUICIO ORAL • LOS RECURSOS • LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES• EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD • LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL
2. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida,almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. © MARÍA INÉS HORVITZ LENNON JULIÁN LÓPEZ MASLE © EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE Carmen 8, 4" piso, Santiago Registro de Propiedad Intelectual Inscripción N° 144.078, año 2004 Santiago - Chile Se terminó de imprimir esta primera edición de 1.500 ejemplares en el mes de diciembre de 2004 IMPRESORES: Imprenta Salesianos S. A. IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE ISBN 956-10-1584-6
3. MARÍA INÉS HORVITZ LENNON JULIÁN LÓPEZ MASLE DERECHO PROCESAL PENAL CHILENO Tomo II • LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO • LA PRUEBA • LA ETAPA DEL JUICIO ORAL • LOS RECURSOS • LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES • EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD• LA ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL EDITORIAL JURÍDICA DE CHILE
4. ABREVIATURASBundesgerichtshof (Strafrecht)Convención Americana de Derechos HumanosCódigo de Procedimiento Penal (1906)Constitución españolaCódigo Orgánico de TribunalesCódigo PenalCódigo de Procedimiento CivilCódigo Procesal PenalConstitución Política de la RepúblicaCorte SupremaGesellschaft für technische ZusamenarbeitGerichtsverfassungsgesetzJuristenzeitungLey de Expendio y Consumo de Bebidas AlcohólicasLey de Enjuiciamiento del Poder JudicialLey Orgánica del Poder JudicialLey del TránsitoLey de Tráfico de Estupefacientes y Sustancias PsicotrópicasNeue Juristische WochenschriftNeue Zeitschrift für StrafrechtOrdenanza Procesal Penal alemanaPacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosPoder JudicialRevista de Ciencias PenalesRevista de Derecho yjurisprudenciaRevista de Estudios de la JusticiaRivista Italiana di Diritto e Procedura PénaleReglamento PenitenciarioRevista Procesal PenalStrafprozessordnungSentencia Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional españolTribunal Europeo de Derechos HumanosUniversidad Diego PortalesZeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
5. VIII. LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 1. ORIGEN Y FUNDAMENTO. BREVE PANORAMA DEL DERECHO COMPARADOLa etapa intermedia o de preparación del juicio surge, como tal,a partir del siglo XIX, con el establecimiento del instituto de laclausura de la instrucción criminal como presupuesto necesariopara pasar a la fase de juicio oral. La función primordial de estaetapa ha sido y continúa siendo la de controlar el requerimien-to acusatorio del fiscal y, más precisamente, evitar que cualquie-ra pueda ser acusado sin fundamento suficiente. 1 En el derecho comparado es posible encontrar tres sistemasde control de la acusación o procedimiento intermedio. 2 El pri-mero consiste en la apertura directa del juicio; en este sistema,la defensa carece de la facultad para manifestarse sobre el mé- * Capítulo preparado por María Inés Horvitz L. 1 VÁRELA CASTRO (L.), en ANDRÉS IBÁÑEZ (P.) y otros: La reforma del pro-ceso penal, Tecnos, Madrid, 1990, p. 157. Es posible encontrar antecedentes histó-ricos acerca del ejercicio de control sobre la acusación en diversos sistemas deenjuiciamiento de la antigüedad. Así, en el procedimiento griego ante los helias-tas, la acusación se presentaba ante el arcante, quien examinaba la acusación des-de un punto de vista formal y, aparentemente, también sus fundamentos enPETRIE (A.), Introducción al estudio de Grecia, Fondo de Cultura Económica, México,1988, pp. 93 y ss., JAEGER (W.), Paideia, Fondo de Cultura Económica, México,1993, pp. 103 y ss.; en Roma, la accusatio estaba sujeta a control para luego elegir-se un acusador para la formulación de la nominis delatio, en la cual se designabaal acusado y el hecho atribuido (MOMMSEN (T.), Derecho penal romano, Temis,Bogotá, 1991, p. 229). 2 Cfr. ALVAREZ (A.), "El control jurisdiccional de los requerimientos acu-satorios y conclusivos del Ministerio público", en AA.W. El nuevo Código ProcesalPenal de la Nación. Análisis critico, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1993, pp. 153 y ss.
6. 10 MARÍA INÉS HORVITZ LENNON rito de la investigación preparatoria y sólo puede invocar hechos que paralizan temporalmente el procedimiento o dan lugar al sobreseimiento definitivo de la causa. Es el caso de las legisla- ciones que conservan fuertemente una matriz inquisitiva. El segundo sistema contempla un control de la acusación que sólo puede ser provocado por un acto de oposición a la apertu- ra del juicio efectuado por la defensa; si ello no ocurre, se pasa directamente al juicio. Esta es la situación del Código Procesal Penal federal argentino, y, en general, del modelo tomado de los códigos italianos de 1913 y 1930 que informaron la reforma en la provincia de Córdoba, en 1939, y que fuera, también, adop- tado por el Código Procesal Penal de Costa Rica. También es la solución adoptada por el ordenamiento jurídico austríaco y el portugués, en los que, una vez formulada la acusación por el ministerio público, la fase intermedia y el control judicial de la acusación sólo tienen lugar cuando el acusado así lo solicite. 3 El último sistema es el que proclama la obligatoriedad del control de la acusación, esto es, la formulación de la acusación siempre provoca la evaluación de su mérito, independientemen- te de la eventual oposición de la defensa. En consecuencia, eljuez puede rechazar la acusación, entre otras razones, por insu-ficiencia de los fundamentos que permiten realizar un juicio pú-blico contra una persona. En efecto, el control jurisdiccional dela acusación es, en realidad, un control de legalidad sobre el ejer-cicio de aquella, esto es, la verificación de concurrencia de lospresupuestos legales que autorizan tal ejercicio 4 y, por ello, seconfigura esencialmente como un control de carácter negativo. En los ordenamientos jurídicos europeos, en general, la faseintermedia se configura nítidamente como un control negativosobre la acusación, especialmente en-aquellos en que el minis-terio público tiene a su cargo la dirección de la investigaciónde los delitos, como es el caso de Alemania, Italia o Portugal.Incluso en Francia, en que la investigación preparatoria se en- s ORMAZABAL (G.), El período intermedio como fase autónoma del proceso penal,McGraw-Hill, Madrid, 1997, p p . 2, 5 y 6. En España, todavía se discute la exten-sión y c o n t e n i d o d e la fase intermedia, cuya regulación en la ley n o es explícita(ibíd., p p . 6 y ss.). 4 Cfr, FERRAJOLI (L.), Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Ed. Trotta,Madrid, 1995, p p . 34-35.
7. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEE JUICIO 11cuentra entregada al juez de instrucción, existe un período in-termedio cuyo objeto es revisar y valorar los resultados de la ins-trucción e x a m i n a n d o la f u n d a m e n t a c i ó n de la acusaciónformulada, para resolver si procede o no abrir el juicio. 5 Estecontrol negativo, como hemos visto, se asienta en la idea que elEstado de Derecho no puede permitir la realización de un jui-cio público sin comprobar, preliminarmente, si la imputaciónestá provista de fundamento serio como para, eventualmente,provocar una condena. 6 En la Ordenanza Procesal Penal alemana se regula expresa-mente el denominado "procedimiento intermedio" o "decisiónacerca de la apertura del procedimiento principal". Esta fase tie-ne lugar una vez cerrada la etapa de investigación preparatoriay siempre que no se haya decretado el sobreseimiento del caso.En ella se examina la fundamentación fáctica y jurídica de la acu-sación y de los presupuestos de admisibilidad del juicio. En otraspalabras, el control recae sobre la verosimilitud de las imputa-ciones dirigidas contra el acusado y sobre la probabilidad de unacondena (Verurteilungs wahrscheinlichkeit) a la luz de un examenfáctico (Tatverdachts prüfung) y jurídico {Schlüssigkeits prüfung)7de la acusación. Si el tribunal considera que no existe sospechasuficiente de haberse cometido el delito imputado, decidirá lano apertura del procedimiento principal (Nichteróffnungs-bes-chuss).^ Además, esta fase cumple la función de garantizar alacusado el derecho a ser oído respecto de la acusación deduci- 5 ORMAZABAL SÁNCHEZ (G.),: El período intermedio, cit., pp. 5 y 6. 6 ALVAREZ (A.), "El control de la acusación", en Revista Pena y Estado N" 2(Ministerio público), Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, pp. 15 y ss., p. 16. 7 En la doctrina alemana, para que el fiscal inicie la investigación de un delitose requiere que existan "suficientes puntos de apoyo de carácter fáctico" (§ 152.2StPO), esto es, la denominada sospecha inicial simple (einfache Anfangsverdacht),mientras que para la apertura del juicio oral, el estándar es bastante más exigente:se requiere que el inculpado, a la vista de las actuaciones de la instrucción, resultesuficientemente sospechoso de la comisión de un delito (§ 203 Ordenanza Proce-sal Penal alemana). Cfr. BRUNS (H.J.), "Tatverdachtsprüfung und Schlüssigkeits-prüfung im Strafprozessualen Ermittlungsverfahren", en Gedachtnis für HildeKaufmann, 1986, pp. 863 y ss.; ROXIN (C), Strafuerfahrensrecht, cit, pp. 265 y ss. 8 En este caso, el ministerio público tiene la posibilidad de interponer la deno-minada queja inmediata (sofortige Beschwerde). Transcurrido el plazo de queja sin ha-berse interpuesto o deducido el recurso y rechazado por el tribunal competente, laacusación sólo es reanudable cuando aparezcan hechos o medios de prueba nue-
8. 12 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONda en su contra. 10 De este modo, el acusado tiene la posibilidadde influir sobre la decisión de apertura del juicio a través de so-licitudes de prueba y el planteamiento de incidencias u objecio-nes; incluso puede solicitar -y el tribunal dictar ex officio- nuevasdiligencias de investigación para aclarar los hechos materia dela acusación. Semejante a la alemana es la regulación de la etapa interme-dia en el Códice di Procedura Pénale italiano. Concluida la fase de in-vestigación preparatoria (indagine preliminare) sin que el fiscalproceda al archivo de las actuaciones, se abre una etapa contra-dictoria denominada audiencia preliminar {udienza preliminare)ante un órgano judicial unipersonal, durante la cual se debate so-bre los resultados de la investigación.11 Tanto el acusador comoel imputado pueden solicitar la práctica de diligencias que esti-men conducentes para determinar si procede admitir la acusación;el propio tribunal puede actuar de oficio en tal sentido, pudien-do examinar la evidencia aportada por las partes y decidir si dis-pone la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.12 Otro modelo relevante a tener en cuenta es el que rige enlos Estados Unidos de Norteamérica. Antes que se presente laacusación (indictmento information) por el fiscal, el imputado tie-ne derecho a la denominada audiencia preliminar {preliminaryhearing), la que puede renunciar. Dicha audiencia tiene por ob-vos (cfr. SCHLÜCHTER (E.), Derecho procesal penal, 2" ed. (revisión traducción Es-parza (I.), y Planchadell (A.)), Tirant lo Blanch/EuWi, 1999, pp. 106 y ss. 9 En Alemania, el tribunal competente para conocer el procedimiento inter-medio es el juez letrado del tribunal del juicio oral, esto es, sin la integración delos jueces escabinos. Teniendo en consideración la importancia del juez letradoen un tribunal mixto, se ha suscitado alguna polémica sobre la falta de imparcia-lidad de este tribunal, pues, en caso de una decisión positiva de apertura del jui-cio, concurriría prejuiciado al juicio oral, en la medida que ha declarado al acusadosuficientemente sospechoso de la comisión del hecho punible. La solución se havisto en poner esta fase del procedimiento a cargo de un órgano jurisdiccionaldistinto del que conocerá de la audiencia principal. Al respecto, vid. ROXIN (C),Strafuerfahrensrecht, 23 a ed. München, 1993, pp. 281 y ss. " LESCH (H.H.), Strafprozessrecht, J.A. Studienskript 5, Luchterhand, Berlín,1999, p. 5. " DELMAS-MARTY (M.) (Dir.), Procesos penales en Europa, Ed. Edijus, Zarago-za, 2000, pp. 362 y ss. 12 ORMAZABAL (G.), El período intermedio, cit, p. 5; STILE (].), "Die reformdes Strafverfahrens in Italien", en ZStW 104, 1992, N° 2, PR 437 y ss.
9. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DE1. JUICIO 13jeto el control, por parte del tribunal, de la suficiencia de los cargos para ser llevados ajuicio. Tiene carácter contencioso y pueden aportarse pruebas por ambas partes. Lo más habitual será que el fiscal traiga a sus testigos principales y que la defen- sa los contrainterrogue. La audiencia concluye con la resoluciónjudicial que decide elevar la causa ajuicio {bina1 the case over) o bien la desestimación del caso. 13 En todos estos sistemas, el control judicial de la acusación se presenta como un medio para evitar la arbitrariedad, parcia- lidad o ausencia de sustento de la misma, especialmente en aque- llos en los que existe el monopolio fiscal de la acusación. Se considera que la sola apertura del juicio oral constituye por sí misma un gravamen que el imputado no debe soportar sin evi- dencia suficiente, pues son de sobra conocidos los perjuicios que tal hecho acarrea para sus derechos fundamentales. El reproche público de la imputación de un delito y la publicidad de las ac- tuaciones del juicio ponen, de hecho, en entredicho la honora- bilidad del ciudadano acusado e inciden directamente en sus derechos al honor y a la propia imagen. Por tal motivo, la ad- misibilidad de la acusación exige un juicio valorativo previo so- bre los fundamentos de la misma. 14 Dicho juicio debe ser 13 HENDLER (E.), Derecho penal y procesal penal ele los Estados Unidos, Ad-Hoc,Buenos Aires, 1996, pp. 183 y ss. La función antes señalada es desempeñada porel Grandjury o jurado de acusación cuando se trata de delitos capitales o "críme-nes infamantes", derecho que aparece garantizado en la Quinta Enmienda de laConstitución americana. Aunque casi todos los Estados prevén la intervención delGran Jurado, sólo algunos la requieren obligatoriamente y, en tal caso, restringi-da al ámbito de los felonies o de los delitos que tengan asignada la pena máxima. 14 Se suele distinguir entre el derecho a la acción penal y el derecho de pe-nar del Estado, que está en la base del primero, en virtud de lo cual no basta laadmisibilidad de la acción, sino que ella ha de estar suficientemente fundamen-tada. Por ello, "una cosa es que la existencia del proceso se condicione a la exis-tencia de acusación, y otra, que el ejercicio de la acusación se presente como underecho absolutamente incondicional y abstracto, desvinculado de la verosimili-tud de los hechos objeto de la acusación, del examen de su tipicidad y de la res-ponsabilidad del sujeto a cuyo cargo se ponen" (ORMAZABAL (G.), El periodointermedio del proceso penal (cit.), pp. 24 y 26). La doctrina utiliza expresiones muydiversas para designar esta función: "control negativo de la acusación"; "juicio deacusación"; "control jurisdiccional sobre la fundabilidad de la acusación" (emplea-das por ORTELLS RAMOS en "Problemas de contenido y delimitación de las fa-ses del procedimiento abreviado (diligencias previas, fase intermedia y juicio oral)"en Revista General de Derecho, 1993, pp. 7193 y ss., y por GIMENO SENDRA (V.),Derecho Procesal, tomo II (Proceso Penal), Valencia, 1992, p. 402).
10. 14 MARÍA INKS HORVITZ LENNON compartido por, al menos, dos órganos de la administración dejusticia. 15 Ya la doctrina alemana de la posguerra se había pre- guntado si el control judicial de la acusación resultaba un pre- supuesto exigido por la Constitución para que el imputado pudiera adquirir el estatus de acusado o si, por el contrario, bas- taba con el control ejercido exclusivamente por el ministerio público. La respuesta fue que el control judicial constituía un requisito de orden constitucional (Richtervorbehalt) para la pro- tección del acusado ante juicios orales injustificados.16 En con- secuencia, en estos modelos el ministerio público carece de laprerrogativa de llevar autónomamente su acusación ajuicio, pues existe la posibilidad de una intervención judicial vinculante, auncontra la voluntad del acusador. En definitiva, por decisivo o central que resulte el papel quese atribuya en un sistema procesal al órgano oficial encargadode la persecución penal, no parece aconsejable prescindir delcontrol judicial negativo de la acusación, dejando librada la de-cisión de llevar el caso ajuicio al exclusivo arbitrio del fiscal. EnAlemania, SCHMIDT propuso abiertamente la supresión de lafase intermedia por considerarla superflua y dilatoria, invocan-do la calidad de órgano cuasi-judicial del Ministerio público ysus deberes de objetividad y búsqueda de la verdad material aque lo obliga el ordenamiento jurídico, circunstancias que im-pedirían formular acusaciones inconducentes. 17 Sin embargo, yahemos denunciado los problemas que plantea la atribución detales características al órgano estatal, cuya principal función esllevar adelante la persecución penal de los delitos; esta tarea en-tra en conflicto abiertamente con su deber de custodio de la le-galidad, el que eventualmente puede ser sacrificado en aras dela primera. 18 15 En este sentido, claramente, S C H L Ü C H T E R (E.), Derecho procesal penal, cit.,p. 106. 16 H E G H M A N N S (G.), Das Zwischenverfahren im Strafprozess, M u n i c h , 1991,p p . 68 y ss.; KUCKEIN; "Revisionsrechtliche Kontrolle d e r Mangelhaftigkeit vonAnklage u n d Eróffnungsbeschlüsse", en Strafverteidigerforum N" 97, p p . 33 y ss. SCHMIDT (E.), "Anklageerhebung, Eróffnungsbeschluss, Hauptverfahren,Urteil. B e t r a c h t u n g e n zur Strafprozessreform", e n Neue Juristische Wochenschrifl(NJW), 1963, p p . 1083 y ss. 18 Vid. t o m o I, capítulo III, A.2.3.2.2. y V1I.B.1.3.
11. LA KTAlA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 15 2. LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL JUICIO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO La finalidad principal de la investigación preparatoria en el sis- tema de enjuiciamiento criminal adoptado en Chile consiste en recoger evidencia probatoria suficiente que permita fundar una acusación en contra de una persona por un hecho constitutivo de delito. Sin embargo, cuando ello ocurre, no se pasa automáti- camente al juicio. Se contempla en forma expresa, en el Código Procesal Penal, una fase intermedia que separa la investigaciónpreparatoria de la realización del juicio. Dicha etapa comienzacon la formulación de la acusación y culmina con la resoluciónjurisdiccional de apertura del juicio oral. Pero a diferencia de la gran mayoría de los sistemas del mismo ámbito jurídico-cul- tural, la etapa intermedia no cumple con la función de control negativo de la acusación que habitualmente se le asigna en lalegislación comparada. En efecto, el control de la acusación esmeramente formal y no sobre su mérito. Sólo abarca la correc-ción de los vicios formales de que ella pudiera adolecer, así comola resolución de todas aquellas incidencias que pudieran dilatarla realización ininterrumpida del juicio. Como señaláramos antes, en Alemania el tribunal examinael fundamento de la acusación o del requerimiento de cierredel procedimiento, decidiendo si debe procederse a la aperturao no del procedimiento principal; incluso, existe la posibilidadde que se ordene la realización de una instrucción complemen-taria. En la regulación del Código Procesal Penal Modelo paraIberoamérica, que constituyó una importante fuente del CPP chi-leno, 19 se contempla expresamente la posibilidad de que el tri-bunal rechace la acusación y dicte sobreseimiento (absoluciónanticipada) con la consiguiente clausura de la persecución pe-nal en dos hipótesis: a) cuando resulte con evidencia la falta dealguna de las condiciones que habilita la imposición de unapena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento paradecidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de se- 19 Vid. Mensaje del Proyecto del Ejecutivo, de 13 de junio de 1996 y PFEFFER,Código procesal penal, cit. passim, quien al concordar e indicar los antecedentes ydiscusión parlamentaria de cada precepto del CPP, señala la fuente consideradaen su redacción.
12. 16 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONguridad y corrección; y b) cuando, a pesar de la falta de certe-za, no existiere, razonablemente, la posibilidad de incorporarnuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir, funda-damente, la apertura del juicio (art. 278). En la Exposición deMotivos del Código Modelo se justifica la opción adoptada al se-ñalarse que "el juicio oral y público es de tal importancia, tantopara quien es perseguido en él cuanto para la misma adminis-tración de justicia, que no es posible actuarlo en concreto sincontrol previo sobre la validez formal y la seriedad material dela requisitoria fiscal. Desde este punto de vista, se tiende a ra-cionalizar la administración de justicia, evitando juicios inútilespor defectos de la acusación. En el Código, por ello, el tribunalcontrola el requerimiento de apertura del juicio, sin encontrar-se vinculado a los dictámenes del ministerio público, por tanto,con facultades para sobreseer (absolver anticipadamente) o mo-dificar la acusación". El fundamento del apartamiento del Código de sus mode-los del derecho comparado aparece explicitado en el MensajePresidencial que le dio origen. 20 La decisión legislativa se justifi-có en la necesidad de evitar la intromisión judicial en la funciónacusatoria del ministerio público. En el Mensaje se señala que"En cuanto al control judicial de la acusación, éste se limita a lafacultad del juez para ordenar la corrección de vicios formalesy a la posibilidad de rechazar la acusación decretando el sobre-seimiento definitivo cuando se aleguen causales que se enume-ran en forma taxativa, y siempre que su demostración n orequiera la realización de actividades probatorias 21 (...)". Másadelante agrega: "Las razones para proponer esta forma limita-da de control de la acusación, que se aleja de la mayoría de losmodelos extranjeros, dicen relación con, por una parte, evitarla anticipación del juicio admitiendo prueba sobre el fondo deldebate, y con cautelar la independencia judicial, por la otra, re- 2,1 Cfr. Mensaje N° 110-331, de 9 de junio de 1995. 21 En rigor, no se trata del rechazo de la acusación, en el sentido de un con-trol negativo, pues como se desprende del artículo 248 CPP, la solicitud de sobre-seimiento definitivo o temporal por parte del fiscal implica que aquél ha desistidode la formulación de la acusación; en tal caso, el juez de garantía cita a una au-diencia especial que, en ningún caso, es la audiencia de preparación del juicio(vid. tomo I, capítulo VII, B.10.2.).
13. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 17afirmando el principio de que la promoción de la persecuciónpenal corresponde a los fiscales y no a los jueces. La entrega alos jueces de amplias facultades para rechazar la acusación porinsuficiencia de pruebas u otros motivos similares con fines degarantía para el acusado importaría una aprobación de aquellasacusaciones que pasen a la etapa del juicio, produciéndose conello una intromisión judicial en la función acusatoria". La justificación para omitir el control judicial negativo de laacusación, fundado en la suficiencia del mérito de la misma, ra-dicaría pues en la necesidad de erradicar, para evitar cualquierrebrote inquisitivo, toda posibilidad de intervención de los jue-ces en la decisión de acusar. Resulta llamativo, sin embargo, quesí se haya adoptado la institución del forzamiento de la acusa-ción prevista en la Ordenanza Procesal Penal alemana, esto es,el control positivo de la acusación por parte del querellante o,lo que es lo mismo, la intromisión de la víctima en la funcióndel ministerio público, función eminentemente pública, al me-nos en los delitos de persecución penal pública. 22 En dicho con-trol cumple una función relevante el propio juez de garantía,quien es, en definitiva, el que autoriza al querellante para quesostenga autónomamente la acusación en el juicio, a pesar dela abstención del ministerio público. En este caso la intromisiónindirecta del juez sobre la acusación no es rechazada. En consecuencia, aparece reforzada la primacía de la acusa-ción, tanto si depende de la voluntad del órgano acusador pú-blico como del acusador privado, en detrimento de la posiciónde la defensa frente a la misma. Cabe preguntarse si esta situa-ción vulnera la reserva judicial de ponderación de intereses enconflicto que la Constitución establece para el evento de que unode dichos intereses sea un derecho fundamental. Como se des-tacó anteriormente, en Alemania se considera que el control ju-dicial negativo es una exigencia constitucional que emanaría delartículo 19.rV de la Ley Fundamental alemana. 23 Se señala que"la autorización judicial de la acusación representa el instrumen-to jurídico constitucionalmente obligado para la protección del 22 Sobre las críticas a esta tendencia, vid. t. I, cap. III. E.2. 23 Así, el planteamiento de HEGHMANNS (Das Zwischenverfahren im Strafpro-zess, cit., pp. 68 y ss.) y las objeciones al mismo, vid. ORMAZABAL (G.), El períodointermedio, cit., pp. 29-30.
14. 18 MARÍA INÉS HORVITZ LENNON acusado ante juicios orales injustificados".24 Si entendemos que la sola formulación de la acusación y la consiguiente apertura del juicio es apta para privar, perturbar o restringir el ejercicio de los derechos constitucionales de una persona, 25 pareciera po- sible fundar la exigencia de un control judicial negativo de la acusación en base al artículo 80-A de la Constitución chilena. 2.1. TRIBUNAL COMPETENTE En el derecho comparado existen, fundamentalmente, dos mo- delos posibles. En primer lugar, está el caso alemán, en que es el juez profesional o letrado del tribunal del juicio el competente para resolver sobre las solicitudes e incidencias que se planteen en esta etapa del procedimiento. 26 Este modelo presenta venta-jas desde el punto de vista de la organización del juicio, porque interviene en la fase intermedia quien luego presidirá la audien- cia principal; en consecuencia, sabe de qué m o d o sus decisio- nes repercutirán en el desarrollo del juicio. Sin embargo, plantea una objeción fundamental: el juez presidente pierde su impar-cialidad, especialmente al resolver sobre las pruebas que seránpresentadas al juicio. Como señala BOFILL, "si es un juez deltribunal del juicio quien tiene a su cargo decisiones tales comoexcluir el material obtenido a partir de una intervención telefó-nica realizada ilícitamente, o de una entrada y registro realiza-da con violación de las normas que la regulan, entonces elresultado es que, por mucho que formalmente eso quede fueradel juicio, allí vamos a tener a un juez que deberá intentar ha-cer abstracción de la grabación de una conversación telefónicaen la que el acusado dijo determinadas cosas que eventualmen-te pueden inculparlo y, quizás, provocar convicción acerca desu presunta responsabilidad". 27 Por ello, este modelo ha sido ara- 24 HEGHMANNS, cit., p. 69. 2 Aunque la Constitución contempla esta norma en el contexto del procedi-miento de investigación, no cabe duda que la reserva judicial que establece se re-fiere a toda actuación del procedimiento, lo que aparece ratificado en la regulacióndel artículo 9" CPP. 26 Vid. supra nota 9. 27 BOFILL (].), "El juicio oral. Preparación y desarrollo", en ALVEAR (S.) yotros, El nuevo proceso penal chileno, Facultad Derecho Universidad de Concepción1999, p. 202.
15. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 19pliamente criticado por la doctrina alemana, proponiéndose sumodificación. 28 El segundo modelo es el adoptado por países como Italia oPortugal, recogido en el Código Procesal Penal chileno, en queel tribunal competente durante esta fase del procedimiento esaquel que ha estado a cargo del control de la investigación enla etapa precedente. En consecuencia, en Chile, el tribunal com-petente en esta fase es el juez de garantía. Sin embargo, este modelo no ha estado exento de importan-tes objeciones. Primero, el juez de garantía se encuentra en unaposición delicada al tener que evaluar en esta etapa, y eventual-mente por segunda vez, la legalidad de las actuaciones realiza-das d u r a n t e la etapa de investigación que él mismo debiócontrolar. En efecto, es posible imaginar hipótesis en que el juezhaya declarado legal, por ejemplo, una detención realizada enun caso de flagrancia y, con posterioridad, en la etapa interme-dia se renueve una incidencia relacionada con la exclusión delas pruebas obtenidas con ocasión de ella. En este caso, el juezse encontraría prejuzgado al pronunciarse nuevamente sobre losmismos hechos y le será difícil resolver de modo diferente, amenos que existieran nuevos antecedentes. 29 Segundo, esta opción agudiza las serias críticas que se diri-gen en contra del procedimiento abreviado. 30 En efecto, el juezque tuvo a su cargo la resolución de todas las solicitudes e inci-dencias planteadas en el curso de la etapa de investigación ca-rece de imparcialidad al momento de fallar el caso en base alos antecedentes obtenidos en el curso de la misma y que hu-bieren sido aceptados por el acusado. 31 La situación es análogaa la del juez del crimen en el sistema del Código de Procedi-miento Penal de 1906. La alternativa óptima hubiera sido establecer un tercer juezcompetente para conducir esta fase del procedimiento, esto es, 28 Vid. n o t a 9. 29 Especialmente crítico frente a este m o d e l o , refiriéndose específicamente aItalia, FERRAJOLI (L.), "Las lesiones legales del m o d e l o constitucional del pro-ceso penal", en MAIER/BOVTNO (comps.): El procedimiento abreviado, Editores delP u e r t o , Buenos Aires, 2001, p p . 31 y ss., esp. p. 33. 30 Sobre este p r o c e d i m i e n t o especial vid. infra cap. XII, B. 31 De la misma o p i n i ó n , BOFILL (J.), "El juicio oral...", cit., p . 202.
16. 20 MARÍA INÉS H O R V I T Z L E N N O Ndistinto del juez de garantía y del tribunal del juicio. 32 Sin em-bargo, ella fue desechada desde un principio por razones pre-supuestanas. 2.2. FUNCIONESComo hemos señalado repetidamente, el procedimiento inter-medio 34 o etapa de preparación del juicio oral no cumple la fun-ción de control negativo de la acusación. Esto significa que el juezde garantía carece del poder para rechazar la apertura del jui-cio oral, ya sea por razones fácticas o jurídicas, 35 situación queno deja de plantear algunos problemas, como veremos más ade-lante. 36 Por otro lado, carece de la función de integración o re-visión del resultado de la instrucción que constituye el sustentofáctico de la acusación, como sucede en Alemania o España. 37Como hemos dicho, el Código Procesal Penal chileno se aparta 32 Así lo plantea expresamente SOTO (M.), "Ministerio público y política cri-minal", en RTVADANEIRA (R.) y otros: El Ministerio público: para una nueva justi-cia criminal, FPC/UDP/CPU, 1994, p. 149. 33 Crf. BOFILL, cit., p. 203. Sin embargo, en el evento que se legisle sobreuna propuesta -actualmente existente- en orden a cambiar el estatus de los jue-ces con competencia en lo criminal, eliminando la distinción entre jueces de ga-rantía y de juicio oral y estableciendo una sola categoría indiferenciada quepudiera asumir cualquier etapa del procedimiento, sería conveniente atribuir lacompetencia sobre esta etapa a un juez distinto del que tuvo a su cargo el controlde la investigación y de los que integrarán el tribunal del juicio, al menos cuandoello fuere posible. 34 Esta era la denominación del Título de este Libro del Código en el Proyec-to del Ejecutivo, tomado del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica,siendo modificado durante la tramitación parlamentaria del Proyecto por la Cá-mara de Diputados. 3: A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso alemán, en que eltribunal puede rechazar la apertura del juicio oral cuando, por motivos de hecho0 de derecho, sea esperable una sentencia absolutoria; cuando existan impedi-mentos procesales definitivos o el hecho imputado en la acusación no sea consti-tutivo de delito. Asimismo, puede decidir el sobreseimiento temporal de la causapor rebeldía u otros obstáculos procesales temporales (cfr. ROXIN, cit., pp. 283-285). En el Código Procesal Penal, las solicitudes de sobreseimiento definitivo ytemporal deben plantearse después de cerrada la investigación y antes del iniciode la etapa de preparación del juicio oral (cfr. 1.1, cap. VII, B.10.4). 56 Vid. ínfra 2.4.6.4. 37 Parágrafos 201 y 202 de la Ordenanza Procesal Penal alemana y art. 790.21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.
17. A ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN OEI. JUICIO 21en este punto del modelo alemán, pero vuelve a él en el casodel control positivo sobre la formulación de la acusación. 38 Función principal de esta etapa en nuestro sistema es la de-limitación precisa del objeto del juicio respecto de los hechosque serán debatidos y las pruebas que se presentarán para acre-ditarlos, es decir, todos aquellos aspectos de la controversia ju-rídico-penal que serán discutidos en el juicio y servirán defundamento a la sentencia definitiva. Presupuesto indispensablepara el logro de este objetivo es el ejercicio de la acción penalstrictu sensu, es decir, la formulación de la acusación, sin la cualno puede haber juicio. 39 Los hechos y circunstancias que serán materia del juicio sonaquellos contenidos en el escrito de acusación, eventualmentedepurada de vicios formales. La posibilidad de discutir nuevoshechos en el juicio, esto es, hechos que no hayan sido incluidosen el escrito de acusación, se encuentra proscrita no sólo por laexigencia de correlación entre la acusación y la sentencia, 40 sinotambién por la prohibición de sorpresa o prohibición de inde-fensión, garantías estrechamente vinculadas entre sí.41 Las pruebas que se rendirán en el curso del juicio sólo po-drán ser aquellas ofrecidas por los intervinientes en la fase es-crita del procedimiento intermedio o por el acusado, al iniciode la audiencia de preparación del juicio oral. Ningún intervi-niente podría, por ejemplo, presentar pruebas en el juicio oralque no hubiesen sido previamente ofrecidas y admitidas por eltribunal, salvo la situación excepcional contemplada en el artícu- 38 Nos estamos refiriendo a la posibilidad de forzamiento de la acusación, en que el querellante tiene un importante poder sobre el ministerio público ya sea para obligarlo a acusar o para que el juez lo faculte para acusar él mismo (vid. 1.1, cap. VII, B.10.6). 39 Sobre este concepto, vid. 1.1, cap. III, A.2.3.1.2. 40 Que emana del principio de correlación entre imputación y fallo o princi- pio de congruencia, vid. infra cap. X, 3.10.1. 41 La prohibición de indefensión ha sido expresamente reconocida por el Tri- bunal Constitucional de España vinculada al principio de correlación entre acu- sación y fallo (cfr. STC 77/1986, donde la vinculación y consiguiente correlación se configura como consecuencia de la interrelación de los derechos a la tutelajudicial efectiva, a conocer de la acusación y no sufrir indefensión, y STC 205/ 1989, que infiere la necesidad de correlación entre acusación y sentencia "del com- plejo sistema de garantías íntimamente vinculadas entre sí: principio acusatorio y de contradicción y defensa y prohibición de indefensión".
18. 22 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONlo 336 CPP.42 El fundamento de esta prohibición es el mismo queel invocado respecto de los hechos. Asimismo, en esta etapa corresponde plantear las exclusio-nes probatorias que autoriza el Código, incidencias que revis-ten particular importancia cuando afectan al ministerio público,al pesar sobre él la carga de la prueba. 43 Es decir, en esta etapael tribunal resolverá sobre las solicitudes encaminadas a excluirdel debate principal aquella evidencia reunida en el curso de lainvestigación en cuya obtención se haya incurrido en algún de-fecto de forma que acarree su nulidad o sea ilícita por violaciónde garantías constitucionales, o se ofrezca para probar hechosimpertinentes o que constituyan hechos públicos o notorios, ose haya ofrecido con fines puramente dilatorios. Especial impor-tancia reviste el estudio de la llamada prueba ilícita o prohibicio-nes de prueba, teoría que ha tenido un desarrollo notable enEstados Unidos de Norteamérica a partir de la jurisprudenciade la Corte Suprema de ese país en la segunda mitad delsiglo XX, así como en numerosos países europeos, como Alema-nia, Italia y España. 44 Por otro lado, esta fase cumple también por función liberaral juicio oral de eventuales incidencias que pudieran entorpe-cer su normal desenvolvimiento, como la corrección de viciosformales de la acusación (control formal de la acusación), la re-solución de excepciones que requieran un pronunciamiento pre-vio del tribunal, o la posible conciliación sobre la acción civilejercida en el procedimiento penal. Por último, el ministerio público puede solicitar, en su es-crito de acusación, que el caso se resuelva conforme a las reglasdel procedimiento abreviado. Si el acusado acepta la propues-ta, dicho procedimiento especial debe ser tramitado y falladoen la audiencia de preparación del juicio oral. 45 Asimismo, estaaudiencia constituye la última oportunidad para decretar la sus-pensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparato-rio (art. 245 inciso final CPP). Vid. ¡nfra capítulo X, 3.4.2.8.2. Vid. infra 2.4.3.8 y 2.4.6.3. Vid. infra capítulo IX, C.4. Vid. infra capítulo XII, B.
19. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL /LICIO 23 En suma, la etapa de preparación del juicio oral constituyela instancia en que los intervinientes toman conocimiento recí-proco de las pretensiones jurídicas que harán valer en el juiciooral y de su sustento probatorio, permitiéndoles preparar conla debida antelación la estrategia de acusación o defensa a se-guir en el mismo. 46 Excepcionalmente, puede dar lugar a sali-das alternativas del procedimiento o la sustanciación y fallo delcaso de conformidad al procedimiento abreviado, cuya caracte-rística principal es la resolución del conflicto jurídico-penal sinun juicio previo, circunstancia que concentra la mayor parte delas críticas que se le dirigen. 2.3. FASE ESCRITA DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL JUICIO ORALEsta fase se extiende desde la presentación de la acusación, porel fiscal del ministerio público a cargo del caso, ante el juez degarantía competente, hasta la apertura de la audiencia de pre-paración del juicio oral. Como lo señala su denominación, elladescribe el conjunto de presentaciones escritas que deben rea-lizar los intervinientes del procedimiento para ser notificadas enlos plazos que la ley establece a partir de la fijación de la fechade la audiencia central de esta etapa. Tales presentaciones es-critas constituyen el marco de la discusión que se realizará ver-balmente en la audiencia, sin perjuicio que los intervinientesdeban concurrir a ella con todos los antecedentes que permi-tan sustentar sus peticiones o alegaciones. 46 Ello tiene especial importancia para la defensa del imputado, en el caso de que no hubiera tenido acceso previamente a todos los antecedentes de la in- vestigación fiscal. En Estados Unidos, esta garantía se resguarda a través del me- canismo d e n o m i n a d o "discovery", que, fundado en el principio de evitarjuzgamientos sorpresivos ("trial by surprise), permite indagar, incluso por medios compulsivos, la evidencia en poder de la otra parte, tanto de cargo como de des- cargo (vid. ISRAEL/KAMISAR/LA FAVE, Criminal procedure and the Constitution (Leading Supreme Court cases and introductory text), West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1995, pp. 514y ss.; HENDLER (E.), Derecho penal y procesal penal de losEstados Unidos, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pp. 189-190).
20. 24 MARÍA INÉS HORVITZ LENNON 2.3.1. Formulación de la acusación Como hemos dicho, presupuesto indispensable para poder in- gresar a esta etapa del procedimiento es la formulación de la acusación por parte del ministerio público o del querellante. 47 Este requisito emana del principio acusatorio, propio de un pro- ceso penal de partes, que condiciona la apertura del juicio a la interposición de la acusación por el órgano de persecución pe- nal. 48 Ello implica que el tribunal jamás puede actuar de oficio, ni siquiera cuando el delito se comete en su presencia en una audiencia, pues rige el principio "donde no hay acusador, no hayjuez" (nemo iudex sine adoré) .49 La acusación debe contener, en forma clara, precisa y circuns- tanciada, los hechos que se atribuyen al acusado y su significa- ción jurídica, de modo de cumplir cabalmente - u n a vez m a s - cón la exigencia de una imputación, base y presupuesto necesa- rio del derecho a ser oído. 50 Por ello, la acusación debe conte- ner las menciones que seguidamente se expresan, a fin decumplir con la obligación de que se informe debidamente al acu-sado de los cargos atribuidos: a) La individualización de el o los acusados y de su defensor; b) La relación circunstanciada de el o los hechos atribuidosy de su calificación jurídica; c) La relación de las circunstancias modificatorias de la res-ponsabilidad penal concurrentes en el caso, aun subsidiariamen- te de la petición principal; d) La participación atribuida al acusado; e) La expresión de los preceptos legales aplicables; 47 El querellante podrá acusar en las hipótesis de forzamiento de la acusa-ción (art. 258 CPP), decisión del Fiscal de no perseverar en el procedimiento(art. 258 inciso 4° en relación al art. 248 c) CPP) o en el procedimiento por deli-to de acción privada (arts. 400 y ss.). También podría incluirse el supuesto conte-nido en el artículo 270 inciso 2o CPP, cuando el querellante hubiere deducidoacusación particular. 48 Vid. 1.1, cap. III,A.2.3.1.2. 49 ROXIN, cit., pp. 73 y ss. Lo que no impediría, claro está, que pudiera ha-cer valer las facultades de todo ciudadano ante un delito flagrante: ello, a mi jui-cio, implicaría que el control de legalidad de la detención en estos casos debieraefectuarlo otro juez, esto es, uno imparcial. 50 MAIER (J.), Derecho Procesal Penal. Fundamentos, cit., pp. 552 y ss.
21. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 25 f) El señalamiento de los medios de prueba de que el mi-nisterio público piensa valerse en el juicio; g) La pena cuya aplicación se solicita, y h) En su caso, la solicitud de que se proceda de acuerdo alprocedimiento abreviado (art. 259 CPP). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 inciso 3 ode la Ley N° 19.366, sobre tráfico ilícito de drogas estupefacien-tes y sustancias sicotrópicas, modificado por la Ley N° 19.806, de31 de mayo de 2002, el fiscal debe expresar, también en su acu-sación, si la cooperación prestada por el acusado ha sido eficaz,de modo de poder beneficiarse con esta circunstancia atenuan-te de responsabilidad criminal. 0 Si la acusación no cumple con alguno de estos requisitos osi ellos fueron cumplidos de modo deficiente, el querellante -silo hubiere- y el acusado podrán, en la oportunidad que señalala ley, promover la correspondiente incidencia encaminada a lacorrección de los vicios denunciados, contemplándose sancio-nes muy graves en caso de incumplimiento por parte del minis-terio público. s2 La única mención facultativa es aquella referidaa la posibilidad de solicitar el procedimiento abreviado. Tratándose del ofrecimiento de prueba de testigos, la ley exige,tanto respecto del Ministerio público como de los demás inter-vinientes, 53 que se presente una lista de testigos, individualizán-dolos con nombre, apellidos, profesión y domicilio o residencia,señalando los puntos sobre los que habrán de recaer sus decla-raciones. No será necesario consignar el domicilio o residenciadel testigo en la hipótesis prevista en el artículo 307 inciso 2 o CPP,esto es, cuando su indicación pública pudiere acarrear peligropara él mismo u otra persona. Es importante destacar aquí quela ley sólo exige la expresión de los "puntos de prueba" sobrelos cuales declararán los testigos; en consecuencia, no es nece-sario señalar circunstanciadamente los hechos sobre los cualesversará su testimonio. Esta exigencia no sólo permite delimitarel objeto de la declaración del respectivo testigo en el juicio, sino 51 En la anterior regulación, esta atenuante debía ser declarada y establecidapor el juez del crimen. 52 Vid. infra 2.4.3.1. 53 Cfr. arts. 261 c) y 263 c) CPP.
22. 26 MARÍA INÉS H O R V I T Z L E N N O N que, además, facilita el control de las partes y del juez a los fi- nes del debate sobre la exclusión de prueba impertinente u ofre- cida con fines puramente dilatorios. 54 En el caso de la prueba de peritos, deberá individualizarse a los mismos, indicando sus títulos o calidades (art. 259 inciso 2 o CPP). La prueba de peritos consiste esencialmente en la declara- ción oral sobre el informe previamente evacuado, que, como tal, no puede ser introducido al debate mediante lectura. Por ello no procede ofrecer como prueba pericial el informe escrito. El ar- tículo 315 CPP establece que sin perjuicio del deber del perito de concurrir a declarar ante el tribunal acerca de su informe, "éste deberá entregarse por escrito". La oportunidad de la en- trega corre desde la etapa de investigación hasta la dictación del auto de apertura del juicio oral. En efecto, esta exigencia sólo dice relación con el derecho de la contraparte de conocer el con- tenido del informe, a fin de preparar adecuadamente su defen- sa desde el punto de vista técnico y controvertir sus conclusiones a través del contrainterrogatorio o de otra prueba pericial. La ubicación sistemática de este precepto legal no debe, por tanto, llevar a la confusión de entender que el informe debe ser en- tregado al tribunal del juicio oral. 55 El inciso final del artículo 259 CPP expresa que "la acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la forma- lización de la investigación, aunque se efectuare una distinta ca- lificación jurídica". Esta norma es manifestación del principio de correlación entre imputación y fallo, también llamado de con- gruencia. 56 Por ello, la acusación debe contener la relación cir- cunstanciada de los hechos atribuidos y de su calificaciónjurídica, pues sólo puede controlarse la congruencia entre acu- sación y fallo cuando la imputación penal es precisa y determi- nada. Asimismo, este d e b e r p e r m i t e al acusado p r e p a r a r adecuadamente su defensa, sin temer sorpresas ni situacionesextrañas a la acusación. La identidad subjetiva exigida por elprincipio de congruencia se cumple con la exigencia de que laacusación individualice al acusado o los acusados. Vid. infra 2.4.3.8. Vid. infra cap. X, 3.4.2.2. Vid. 1.1, cap. III, C.3.1.3.3.
23. 1A ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 27 2.3.2. Actuaciones del tribunalPresentada la acusación, el juez de garantía deberá realizar lassiguientes actuaciones:i) ordenar la notificación de la acusación a todos los intervi- nientes. La notificación de la acusación al acusado constitu- ye la e x p r e s i ó n más a c a b a d a d e c u m p l i r c o n lo q u e técnicamente se denomina intimación,57 deber que antes se cumplió con la formalización de la investigación. Junto con la copia de la acusación que se le entregue, el juez deberá ordenar que se deje constancia del hecho de encontrarse a su disposición, en el tribunal, los antecedentes acumulados durante la investigación; yii) citarlos, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la au- diencia de preparación del juicio oral. La audiencia de preparación del juicio oral deberá tener lugaren un plazo no inferior a veinticinco ni superior a treinta y cincodías desde la presentación de la acusación (art. 260 CPP). Los pla-zos para que los intervinientes realicen las respectivas actuacionesse cuentan tomando como punto de referencia el lapso que restapara que tenga lugar la audiencia de preparación del juicio oral. La obligación específica de informar al acusado sobre laevidencia del cargo existente en su contra dice relación con laposibilidad de preparar adecuadamente su defensa y, eventual-mente, producir prueba de descargo. 58 Como hemos señaladoya, en el derecho norteamericano este deber está vinculado conel denominado "descubrimiento" (discovery), que se inspira enla idea de igualdad de las partes en el proceso y en la prohibi-ción de sorpresa, 9 e impone a su vez la obligación de mostrar 57 Sobre este concepto, vid. MAJER, Derecho procesal penal. Fundamentos, cit.,pp. 559 y ss. 58 GRILLI (L.), II dibattimento pénale, Cedam, Milán, 1998, p. 9. 59 Es importante destacar que la doctrina americana coincide que éste es unelemento no adversarial del sistema, que reconoce la existencia de una desigual-dad fáctica de las partes en la obtención de la información. Más polémico es, porello, que el acusador pueda solicitar la exhibición de la evidencia de descargo ala defensa. Tal posibilidad se encuentra reconocida e incluso resulta obligada enlos siguientes casos: cuando la defensa invoca una coartada o una causal de de-mencia (SWARD (E.), "Valúes, ideology and the evolution of the adversary system",en Indiana LawJournal, vol. 64, 1988-89, pp. 301 y ss., esp. 327 y ss.).
24. MARÍA INÉS HORVITZ LENNON28los documentos y antecedentes probatorios a la contraparte an-tes del juicio (disclosure) .60 El incumplimiento de este deber aca-rrea su cumplimiento compulsivo, la sanción de exclusión depruebas o la postergación del juicio. 61 Para hacer efectiva esta obligación, el Código Procesal Pe-nal establece que en la copia de la acusación que se entregue alacusado deberá dejarse constancia del hecho de encontrarse asu disposición, en el tribunal, los antecedentes acumulados du-rante la investigación. 62 Si tales antecedentes fueren incomple-tos o no se corresponden con los que obren en su poder o deque tenga conocimiento en virtud del derecho que le otorga elinciso 2 o del artículo 182 CPP, el acusado podrá plantear la inci-dencia respectiva en la audiencia de preparación del juicio orala través de la corrección de vicios formales o vía exclusión deprueba, sin perjuicio de efectuar la denuncia por la comisiónde algún delito, si procediere. 63 Por otro lado, una notificacióndefectuosa de la acusación, en la que se omita poner en conoci-miento del acusado la información a que se refiere el artícu-lo 260 infine CPP, podría dar origen a una solicitud de nulidadde la misma, si se cumplen los presupuestos contemplados enlos artículos 159 y siguientes del CPP. 2.3.3. Notificación y actuaciones del querellanteSi hubiere querellante interviniendo en el procedimiento, debe-rá practicarse su notificación dentro de un lapso razonable quele permita ejercer los derechos que el artículo 261 CPP le confie-re, en el plazo que dicha norma establece. De lo contrario, el que-rellante p o d r á solicitar u n nuevo plazo para realizar talesactuaciones (art. 17 CPP), circunstancia que comportará, regular- 60 ISRAEL/KAMISAR/LA FAVE, Criminalprocedure..., cit., pp. 514 y ss. 61 SWARD (E.), cit., p. 328. h2 Se prefirió esta alternativa que imponer al fiscal el deber de entregar di-rectamente copia de los antecedentes de la investigación al acusado, "por el volu-men que estos documentos pueden alcanzar" (cfr. PFEFFER, Código Procesal Penal,cit., p. 274). 63 Vid. el artículo 269 ter introducido al Código Penal por la Ley N° 19.806,adecuatoria de la legislación nacional a la reforma procesal penal.
25. I.A ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 29mente, la infracción de la norma sobre el plazo máximo en quedebe tener lugar la audiencia de preparación del juicio oral. Porello, aquí cobran importancia las disposiciones que facultan a losintervinientes para proponer para sí formas de notificación ex-peditas y eficaces (art. 31 CPP), habida cuenta de que en esta eta-pa del procedimiento nunca se tratará de la primera notificación,la que siempre debe ser personal (art. 26 inciso I o CPP). Hasta quince días antes de la fecha fijada para la realizaciónde la audiencia de preparación del juicio oral, el querellantepodrá realizar las siguientes actuaciones por escrito (art. 261CPP):a) Adherir a la acusación del ministerio público o acusar parti- cularmente. En este segundo caso, podrá plantear una dis- tinta calificación de los hechos, otras formas de participación del acusado, solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal, extendiéndola a hechos o a imputados distintos, siem- pre que hubieren sido objeto de la formalización de la in- vestigación;b) Señalar los vicios formales de que adolezca el escrito de acu- sación, requiriendo su corrección;c) Ofrecer la prueba que estime necesaria para sustentar su acu- sación, lo que deberá hacerse en los mismos términos pre- vistos en el artículo 259, yd) Deducir demanda civil, cuando proceda. La acusación particular del querellante adquiere especial re-levancia en el caso del procedimiento abreviado, pues podríaimpedir que el acuerdo sobre el mismo prosperara cuando enella se hubiese efectuado una calificación jurídica de los hechos,atribuido una forma de participación o señalado circunstanciasmodificatorias de la responsabilidad penal diferentes a las con-signadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia deello, la pena solicitada exceda el límite de pena que estableceel inciso I o del art. 406 CPP.64 Es importante destacar, por otrolado, que sólo habrá acusación particular del querellante, estoes, sin acusación del órgano oficial, cuando el juez haya accedi-do al forzamiento de la acusación en la etapa de investigación, 65 Vid. infra. 2.4.3.4 y cap. XII, B. Vid. 1.1, cap. VII, B.10.6.
26. 30 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONen la hipótesis a que se refiere el inciso 3 o del artículo 270 CPP66y en los casos de delitos por acción penal privada.7 La demanda civil debe cumplir con todos los requisitos exi-gidos por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil ydeducirse en el mismo escrito de adhesión o acusación. Asimis-mo, deberá contener la indicación de los medios de prueba deque el demandante piensa valerse en el juicio, en los mismostérminos que señala el artículo 259 CPP (art. 60 CPP). Si notificado el querellante, éste no adhiere a la acusaciónfiscal o no acusa particularmente, el tribunal, de oficio o a peti-ción de cualquiera de los intervinientes, deberá declarar aban-donada la querella por quien la hubiere interpuesto. 68 2.3.4. Notificación y actuaciones del acusadoEl art. 262 CPP establece que "Las actuaciones del querellante,las acusaciones particulares, adhesiones y la demanda civil de-berán ser notificadas al acusado, a más tardar, diez días antesde la realización de la audiencia de preparación del juicio oral".El acusado debe disponer del tiempo suficiente para prepararadecuadamente su defensa, como lo disponen los tratados in-ternacionales de derechos humanos, 69 contando con los antece-dentes necesarios para ello. El artículo 263 CPP dispone que hasta la víspera del iniciode la audiencia de preparación del juicio oral, por escrito, o alinicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá efec-tuar todas o algunas de las siguientes actuaciones:a) Señalar los vicios formales de que adolezca el escrito de acu- sación, requiriendo su corrección;b) Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento, cuando corresponda;c) Exponer los argumentos de defensa que considere necesa- rios y señalar los medios de prueba de que se valdrá en el juicio, en los mismos términos previstos en el artículo 259. ,iB Vid. infra 2.4.3.1. 67 Vid. infra cap. XII, C. 18 5 Vid. t. I, cap. VII, B.3.3.6. 69 Art, 14.3.b) PIDCP y art. 8.2.c) CADH.
27. LA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 31 Al igual que el querellante, el acusado puede impetrar uncontrol formal de la acusación y solicitar al juez que requiera alministerio público la corrección de los errores o vicios que ellacontenga. Pero aunque esta norma no lo diga expresamente, elacusado también podrá señalar los vicios que presente la acusa-ción particular y la demanda civil. Tal interpretación es la únicacompatible con lo dispuesto en el inciso I o del artículo 270 CPP,que se refiere a estas tres presentaciones, y resulta del todo con-sistente con la norma del Código que exige que la demanda ci-vil se interponga cumpliendo con los requisitos exigidos por elartículo 254 del Código de Procedimiento Civil (art. 60 CPP). Asimismo, el acusado puede deducir las excepciones de pre-vio y especial pronunciamiento que se enumeran en el artículo264 CPP. Ellas son las siguientes: a) Incompetencia del juez de garantía; b) Litis pendencia; c) Cosa juzgada; d) Falta de autorización para proceder criminalmente, cuan-do la Constitución o la ley lo exigieren, y e) Extinción de la responsabilidad penal. Se trata, en general, de obstáculos procesales que impiden,ya sea en forma provisoria o definitiva, la continuación del pro-cedimiento. Las excepciones contempladas en las letras c) y e)constituyen causales de sobreseimiento definitivo0 que, si no fue-ron invocadas oportunamente, pueden ser deducidas como ex-cepciones de previo y especial pronunciamiento no sólo en estaaudiencia, sino también en el juicio oral (art. 265 CPP). 2.4. FASE ORAL DE LA ETAPA INTERMEDIALa etapa escrita del procedimiento intermedio concluye con larealización de la audiencia de preparación del juicio oral. Laimportancia de la oralidad en esta audiencia es tal que el pro-pio acusado, si no ha efectuado sus defensas por escrito con an-terioridad, deberá hacerlas verbalmente al inicio de la misma, Vid. 1.1, cap.VII, B.10.4.1.1.
28. 32 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONpues no se admite ningún tipo de presentación escrita durantesu desarrollo. Ello es una nueva manifestación de la relevanciaque tiene la oralidad en el nuevo sistema de justicia criminal. 2.4.1. GeneralidadesConcluidos los trámites escritos de la fase intermedia, tiene lugarla audiencia de preparación del juicio oral en la fecha fijada porel juez de garantía conforme a las normas del artículo 260 del CPP.Esta audiencia constituye el hito central de esta etapa del proce-dimiento, pues en ella se cumplen, de modo oral y contradicto-rio, las funciones asignadas a la misma, fijándose de m o d odefinitivo los hechos y las pruebas sobre los que versará el juicioy recaerá la sentencia. Por regla general, las solicitudes e inciden-cias que se planteen durante el curso de esta audiencia deberánser resueltas por el juez de garantía en base a los antecedentesdisponibles, previamente allegados por los intervinientes. 71 Así sedesprende, por ejemplo, de la regulación normativa referida a laresolución de las excepciones de previo y especial pronunciamien-to, cuando dispone que, "de estimarlo pertinente, el juez podrápermitir durante la audiencia la presentación de los anteceden-tes que estimare relevantes para la decisión de las excepcionesplanteadas" (art. 271 inciso I o CPP). Tal opción legislativa se hizofundar en la necesidad de "evitar la anticipación del juicio admi-tiendo prueba sobre el fondo del debate". 72 Sin embargo, nadaimpediría que, en casos justificados, el tribunal permitiera alle-gar algún antecedente nuevo, esto es, que no hubiere estado adisposición del interviniente que lo requiere y que fuera indispen-sable para resolver la correspondiente incidencia. 73 71 Piénsese, por ejemplo, en la necesidad de llevar los informes periciales a laaudiencia, aunque para el evento que se presenten incidencias con los hechos ola exclusión del juicio de la declaración del perito, por recaer su informe sobreuna evidencia declarada ilícita. Estas situaciones podrían conducir a que se exa-minara el informe en la audiencia para resolverse judicialmente la exclusión ono de la correspondiente prueba pericial. Cfr. infra. 2.4.3. y cap. X, 3.4.2.2.1. 72 Mensaje N° 110-331, sobre Proyecto de Ley que establece un nuevo Códi-go de Procedimiento Penal, de 9 de junio de 1995. 73 Así, por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de allegar antecedentesque justificarían la ilicitud en que se funda una petición de exclusión de prueba
29. [A ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEL JUICIO 33 2.4.2. Principios que la informanEl Código señala expresamente que la audiencia de preparacióndel juicio oral se rige por los principios de oralidad e inmediación(art. 266 CPP).74 En consecuencia, su desarrollo debe efectuarseíntegramente en forma oral, no admitiéndose la presentaciónde escritos durante su realización, y debe contar con la presen-cia ininterrumpida del juez de garantía, quien la dirige, del mi-nisterio público y del defensor del acusado. Para garantizar el principio de inmediación, el Código esta-blece que la presencia del fiscal y del defensor del imputado du-rante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma.No obstante, se contemplan mecanismos para evitar la declara-ción de nulidad de la audiencia, distinguiendo según quien in-curre en ausencia o abandono sea el fiscal o el defensor (art. 269CPP). La falta de comparecencia del fiscal debe ser subsanada in- mediatamente por el tribunal. Aunque no señala de qué modo, parece claro que la única forma expedita de hacerlo es comu- nicándose con la fiscalía respectiva para procurar su reemplazo inmediato. La ley expresa que, además, el tribunal debe poner en conocimiento del fiscal regional la inasistencia del fiscal ad-j u n t o a cargo del caso, a fin de que se adopten las medidas co- rrespondientes. Sin perjuicio de lo anterior, el inciso final del artículo 269 CPP autoriza al propio juez de garantía para impo- ner él mismo una sanción, siempre que la ausencia o abandono de la audiencia por parte del fiscal hubieren sido injustificados. En este punto, el Código remite a la norma contenida en el ar- tículo 287 CPP, prevista para la ausencia o abandono injustifica- dos que se producen en la audiencia de juicio oral.7: Si quien no comparece es el defensor, el tribunal deberá rea- lizar tres actuaciones copulativa y sucesivamente. Primero, de- y que no se halle a disposición del reclamante (cfr. HERNÁNDEZ (H.), La exclu- sión de la prueba ilícita en el nuevo proceso penal chileno, Colección de investigacionesjurídicas N° 2, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2002, p. 95). 74 Sobre su contenido, planteado en relación al juicio oral, vid. t. I, cap. II,C.2.3. 75 Vid. infra cap. X, 2.1.2.
30. 34 MARÍA INKS H()RITZ LENNON berá declarar el abandono de la defensa. Enseguida, deberá de-signar un defensor de oficio al imputado y, por último, deberá disponer la suspensión de la audiencia por un plazo que no ex- ceda de cinco días a objeto de permitir que el defensor desig- nado se interiorice del caso. Como sabemos, en caso de abandono de hecho de la defen-sa, el juez está obligado a designar de oficio un defensor penalpúblico que la asuma, a menos que el acusado se procure antesotro defensor de confianza." En caso de que el inasistente sea un defensor público, deberá procederse a la designación de otroque lo sustituya, sin perjuicio de dar cuenta de este hecho al de-fensor regional, si el juez lo estimare conveniente. Al igual queen el caso del fiscal, el juez podrá adoptar cualquiera de las san-ciones previstas en el art. 287 CPP si considera que la inasisten-cia o abandono de la audiencia fueron injustificados (art. 269inciso final CPP). Si quien no concurre a la audiencia es el querellante o elactor civil, se produce el abandono de las respectivas accionesconforme a las normas generales (art. 120 c) CPP). La audiencia de preparación del juicio oral se rige, también,por el principio de concentración, porque en ella deben deba-tirse todas las cuestiones e incidencias preparatorias del juicioplanteadas por los intervinientes en sus respectivos escritos. Sibien cabe predicar la necesidad de continuidad de la audienciade preparación del juicio oral, a fin de resolver expeditamenteaquellas cuestiones que resultan indispensables para la realiza-ción del juicio, lo cierto es que el propio Código admite impor-tantes excepciones a este principio. 77 En efecto, esta audienciapuede suspenderse al menos en dos hipótesis que la propia leyseñala: la primera ya fue examinada a propósito del abandonode hecho de la defensa (art. 269 inciso 2 o CPP) y la segunda serefiere a la posibilidad que tiene el juez de garantía de suspen-der la audiencia hasta por diez días, cuando compruebe que elacusado no ofreció pruebas oportunamente por causas que nole son imputables. 78 Vid. t. I, cap. III, D.3.2.5. Sobre ambos principios, vid. t. I, cap. II, C.2.3.2.2. Vid. infra 2.4.5.
31. I.A ETAPA INTERMEDIA O l)E PREPARACIÓN DEL JUICIO 35 2.4.3. Desarrollo de la audienciaAl inicio de la audiencia, y verificada la asistencia de los in-tervinientes, el juez de garantía hará una exposición sintéti-ca de las presentaciones que los mismos hubieren realizado(art. 267 CPP). Si el imputado no hubiere ejercido por escrito las faculta-des que le reconoce el art. 263 CPP, el juez le otorgará la opor-tunidad de ejercerlas verbalmente (art. 268 CPP). A continuación, el juez de garantía abrirá debate sobre lassolicitudes y / o incidencias planteadas por las partes en sus es-critos, las que pueden versar, entre otras, sobre las siguientescuestiones:1. la solicitud de corrección de vicios formales en el escrito de acusación, de acusación particular o la demanda civil,2. la invocación de excepciones de previo y especial pronun- ciamiento,3. la solicitud para que se decrete la suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio,4. la solicitud de que se proceda conforme al procedimiento abreviado,5. la conciliación sobre la responsabilidad civil y la solicitud de medidas cautelares reales,6. la solicitud para que se rinda prueba anticipada,7. la solicitud de aprobación de convenciones probatorias,8. la solicitud de exclusión de pruebas ofrecidas por los inter- vinientes,9. la solicitud para que se decrete la prisión preventiva u otras medidas cautelares personales o para su substitución, revi- sión o revocación. En lo que sigue, examinaremos el contenido de cada una deestas solicitudes. 2.4.3.1. Corrección de vicios formalesEfectuadas las solicitudes de corrección de vicios formales plan-teadas por el querellante o el acusado, respecto de la acusacióndel fiscal, la acusación particular y / o la demanda civil, el juez
32. 36 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONexaminará su mérito y si las considera fundadas deberá ordenarla corrección de la presentación correspondiente o de todasellas, según el caso, sin suspender la audiencia si ello fuere po-sible. En caso contrario, el juez deberá decretar su suspensiónpor el período necesario para la corrección del procedimiento,el que en ningún caso podrá exceder de cinco días (art. 270 in-cisos I o y 2 o CPP). Los vicios que se aleguen no sólo podrán ver-sar sobre el contenido de las menciones que debe incluir laacusación, sino también sobre la congruencia objetiva y subjeti-va entre la formalización de la investigación y la acusación, de-ber que pesa sobre el fiscal y el querellante particular, si lohubiere. En todo caso, y dados los términos perentorios que uti-liza el inciso final del artículo 259 CPP, el tribunal podrá, tam-bién, actuar de oficio para corregir este posible vicio de laacusación. El Código prevé diferentes sanciones para el caso de incum-plimiento de esta norma, distinguiendo según si el infractor esel fiscal, el querellante o el actor civil. En los dos últimos casos, si transcurrido el plazo de cincodías la acusación particular o la demanda civil no hubieren sidorectificadas, ellas se tendrán por no presentadas, produciéndo-se los mismos efectos del abandono de la querella o de la ac-ción civil. En cambio, si el infractor es el ministerio público, lasconsecuencias de la infracción son aun más drásticas. En efec-to, en este caso el juez deberá informar al fiscal regional, pu-diendo conceder una prórroga hasta por otros cinco días paraproceder a la rectificación de la misma. Si, al cabo de los mis-mos, el ministerio público no hubiere corregido los vicios ale-gados, el juez procederá a decretar el sobreseimiento definitivode la causa, a menos que exista querellante particular que hu-biere deducido acusación particular o se hubiere adherido a ladel fiscal. En este caso, el procedimiento continuará sólo con elquerellante, y el ministerio público no podrá volver a interve-nir en el mismo (art. 270 incisos 2 o y 3 o CPP). Sin perjuicio de lo anterior, se establece que la falta de opor-tuna corrección de los vicios de su acusación importa una graveinfracción a los deberes del fiscal, circunstancia que regularmen-te debiera determinar la adopción de medidas administrativasen su contra o repercutir en su evaluación de desempeño pro-fesional (art. 270 inciso 4 o CPP).
33. LA ETAPA INTERMEDIA O HE PREPARACIÓN DEL JUICIO Por consiguiente, la ley establece consecuencias gravísimas para la omisión contumaz en corregir los vicios formales que pre- sente la acusación del fiscal, las que, según nuestro parecer, son plenamente justificadas. Ya hemos puesto de relieve la impor- tancia que tiene la acusación en la determinación del objeto deljuicio y en la posibilidad de ejercer debidamente el derecho de defensa por parte del acusado. Una acusación mal formulada pone en serio peligro estos valores del proceso, situación que sólo puede ser evitada eficazmente del modo previsto en el Có- digo. La excepción referida al querellante se justifica en la me- dida que, no adoleciendo de vicios formales o habiendo sido ellos subsanados, la acusación particular y la adhesión, en la se-gunda hipótesis,71 pueden cumplir las mismas funciones que laacusación del fiscal. La acusación privada se independiza y seráel querellante, en lo sucesivo, quien deberá sostener la acciónpenal pública durante el juicio oral en los mismos términos queel órgano oficial de persecución criminal. 80 2.4.3.2. Invocación de excepciones de previo y especial pronunciamientoEn caso de haberse planteado excepciones de previo y especialpronunciamiento por la defensa, el juez abrirá debate sobre lasmismas. El tribunal se encuentra facultado para permitir a losintervinientes, durante el curso de la audiencia, la presentaciónde los antecedentes que estime relevantes para la resolución delas excepciones (art. 271 inciso I o CPP). No necesariamente ta-les antecedentes deben constar en la investigación preparatoria,pudiendo emanar de otros procedimientos o actuaciones. 81 79 Evidentemente, la primera hipótesis no podrá plantearse respecto del es-crito de adhesión del querellante, pues, por definición, se apoya en la acusacióndel fiscal. Sólo podrá prosperar si el querellante corrige su adhesión aunque elfiscal no lo haga. 80 Sobre la tendencia a la privatización del proceso penal, vid. t. I, cap. III,E.2.1. 81 El Senado cuestionó que sólo se tuvieran en cuenta los antecedentes de lainvestigación, porque en el caso de las excepciones de cosa juzgada y litispenden-cia se requerirán antecedentes de otros procedimientos (cfr. PFEFFER, Código Pro-cesal Penal, cit., p. 280).
34. 38 MARÍA INÉS IIORVITZ LENNON El juez de garantía debe resolver de inmediato las excepcio- nes de incompetencia, litispendencia y falta de autorización para proceder criminalmente. Es apelable, en el solo efecto devolu- tivo, la resolución que recaiga respecto de dichas excepciones (art. 271 inciso 2 o CPP).82 No obstante lo anteriormente señalado, si durante la audiencia de preparación del juicio oral se suscita un conflicto de competencia, no se suspenderá la tramitación del procedimiento, pero no podrá pronunciarse auto de apertura del juicio oral mientras no se resuelva el conflicto. Esta norma persigue precaver la declaración de nulidad del juicio efectua- do ante un tribunal incompetente (art. 74, inc. 2 o ). Tratándose de las excepciones de cosa juzgada o de extin- ción de la responsabilidad criminal, el juez podrá acoger una o más de ellas y decretar el sobreseimiento definitivo, siempre que el fundamento de su decisión se encuentre suficientemente jus- tificado en los antecedentes de la investigación, esto es, que no se requiera la producción de prueba para acreditarlas. En caso contrario, dejará la resolución de la cuestión planteada para la audiencia del juicio oral, decisión que es inapelable (art. 271 in- ciso final CPP). Por otro lado, si el acusado no hubiere deducido estas ex- cepciones para ser discutidas en la audiencia de preparación deljuicio oral, siempre queda a salvo su derecho para plantearlas en el juicio oral (art. 265 CPP). El fundamento de esta regulación diferenciada radica en el carácter perentorio de las dos excepciones señaladas, cuyos pre-supuestos podrían determinar una discusión sobre los hechosy, consecuentemente, la necesidad de rendir prueba para acre-ditarlos. En tanto la audiencia de preparación del juicio oral noconstituye una instancia para producir prueba, si ella fuere ne-cesaria tales excepciones deberán plantearse obligatoriamenteen el juicio oral. Nos parece importante dejar consignado que, aunque se tra-te de excepciones de distinta naturaleza, la litispendencia y lacosa juzgada constituyen manifestaciones del principio de inad-misibilidad de la persecución penal múltiple (art. I o inciso 2 oCPP), que, a su vez, es expresión del principio ne bis in ídem que Vid. infra cap. XI, C.3.1. y 5.3.
35. l.A E IAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEI.JlICIO 39rige en materia penal. 83 Con la interposición de dichas excepcio-nes previas se trata de evitar el riesgo de una nueva persecuciónpenal, simultánea o sucesiva, cuando concurra identidad en la per-sona perseguida {eadempersona), en el objeto de la persecución (ea-dem res) y en la causa de la persecución (eadem causapetendi),842.4.3.3. Solicitud de suspensión condicional del procedimiento y de acuerdos reparatoriosDe conformidad con lo dispuesto en el art. 245 CPP, la audienciade preparación del juicio oral constituye la última oportunidadpara que el juez de garantía decrete la suspensión condicional delprocedimiento o apruebe un acuerdo reparatorio. 85 A pesar que estas salidas alternativas del procedimiento es-tán concebidas para operar en una etapa temprana de éste, ellegislador ha optado por extender la posibilidad de su acuerdohasta la fase intermedia, por entender que siempre resultaránmás favorables y menos gravosas para el imputado que la reali-zación del juicio oral y la pena que eventualmente se impongaen la sentencia. Dictado el auto de apertura del juicio oral, pre-cluye definitivamente la facultad para su planteamiento. 2.4.3.4. Solicitud de procedimiento abreviadoEl fiscal del ministerio público podrá solicitar la tramitación delprocedimiento conforme a las normas contenidas en el Título IIIdel Libro IV del CPP, por escrito, al interponer su acusación, overbalmente, en la misma audiencia de preparación del juiciooral (art. 407 CPP). 83 Cfr. t. I, cap. II, C.2.2.5; también, MAIER (]), Derecho procesal penal I, Funda-mentos, cit., pp. 595 y ss. 84 Sobre la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple o prohibiciónde doble persecución, vid. MAIER {].), Derecho procesal penal, Fundamentos, cit.,pp. 595 y ss.; también, BERTELOTTI (M.), "El principio ne bis in ídem: un análisiscon base en la historia y el derecho comparado", en HENDLER (comp.), Las ga-rantías penales y procesales. Enfoque histórico-comparado, Editores del Puerto, BuenosAires, 2001, pp. 103 y ss. 85 Vid. 1.1, cap. VII, B.8 y 9.
36. 40 MARÍA INÉS HORVITZ LENNON En efecto, no obstante que la norma indica que este proce-dimiento podrá ser planteado por escrito "en la oportunidad queseñala el artículo 248", es claro que el legislador se está refirien-do únicamente a la hipótesis contemplada en la letra b) de di-cho precepto legal, esto es, al momento en que el fiscal formulasu acusación, pues los otros supuestos legales implican la termi-nación del procedimiento o su suspensión. Por lo demás, estainterpretación guarda armonía con la letra h) del artículo 259CPP, que plantea como posible mención de la acusación la soli-citud del fiscal de que se proceda conforme a este procedimientoespecial. Si el juez de garantía acepta la solicitud del fiscal, para locual deben reunirse ciertos requisitos previstos en la ley, deberáconocer y fallar el caso en la audiencia de preparación del jui-cio oral conforme a las normas del procedimiento abreviado con-tenidas en el Título III del Libro IV del CPP.86 2.4.3.5. Conciliación sobre la responsabilidad civil derivada del hecho punibleEl artículo 273 CPP obliga al juez a promover la conciliación en-tre querellante e imputado sobre las acciones civiles que hubie-re deducido el primero y proponerles bases de arreglo. ElCódigo hace aplicables a este trámite las normas contenidas enlos artículos 263 y 267 del Código de Procedimiento Civil. Enconsecuencia, en el desempeño de esta función, el juez de ga-rantía obra como amigable componedor, procurando obtenerun avenimiento total o parcial en el litigio. Las opiniones queemita no lo inhabilitarán para seguir conociendo de la causa. Producida la conciliación, ya sea total o parcial, deberá le-vantarse acta que consignará sólo las especificaciones del arre-glo, la cual será suscrita por el juez y las partes que lo deseen. 87Dicha acta deberá estimarse como sentencia ejecutoriada paratodos los efectos legales. 86 Vid. infra cap. XII, B. 87 El art. 267 CPC contempla también al secretario como suscriptor del acta;sin embargo, dicha exigencia no resulta aplicable a los nuevos tribunales con com-petencia en lo criminal, pues en ellos no existe la figura del secretario.
37. I.A ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEI. JUICIO 41 Si no se produjere conciliación, el juez resolverá en la mis-ma audiencia las solicitudes de medidas cautelares reales que lavíctima hubiere formulado al deducir su demanda civil.88 2.4.3.6. Solicitud para que se rinda prueba anticipadaDurante la audiencia de preparación del juicio oral también sepodrá solicitar la prueba testimonial anticipada, conforme a loprevisto en el artículo 191 CPP (art. 280 CPP).89 El Código establece que también se podrá recibir la decla-ración anticipada de peritos, cuando fuere previsible que la per-sona de que se trate se e n c o n t r a r á en la imposibilidad deconcurrir al juicio oral, por alguna de las razones contempla-das en el inciso segundo del artículo 191 (art. 280 CPP).90 Sobrelas objeciones a la recepción de prueba anticipada de peritos entodos los casos de imposibilidad de comparecencia al juicio tu-vimos oportunidad de referirnos en otra parte de esta obra. Nosremitimos a ella para su discusión. 91 2.4.3.7. Solicitud de aprobación de convenciones probatoriasTanto el fiscal como el querellante, si lo hubiere, y el imputadopueden solicitar en conjunto al juez de garantía que apruebeconvenciones probatorias, las que deben ser incorporadas en for-ma precisa en el auto de apertura del juicio oral (art. 275 CPP). Las convenciones probatorias constituyen acuerdos de losintervinientes sobre hechos no controvertidos del procedimientoque, al ser aprobados por el juez de garantía, dispensan de lacarga de probarlos a través de los medios de prueba legal, he-chos que luego no podrán ser discutidos durante el debate. Es 8t! Vid. infra cap. XIV, 2.3. m Vid. tomo I, cap. VII, B. 7.4.4. 90 La remisión que hace el CPP a las "normas del párrafo 3" del Título VIIIdel Libro Primero", es errada, pues dicho Título no existe en el Libro Primero.Ella debe entenderse respecto del párrafo 6" del Título III del Libro Segundo,sobre "informe de peritos", cuyas normas en el Proyecto del Gobierno se encon-traban al final del Libro Primero. 91 Vid. t. I, cap. VII, B.7.4.4.
38. 42 MARÍA INÉS HORVITZ LENNONevidente que los hechos objeto de convenciones probatorias de-berán formar parte de la motivación de la sentencia, de modoque el tribunal del juicio oral deberá hacerse cargo de tales he-chos en los términos que señala el artículo 297 CPP. El Código impone al juez un comportamiento proactivo,pues lo faculta para formular proposiciones a los intervinientes enesta materia. En verdad, esta norma incita a promover conven-ciones probatorias, por las ventajas evidentes que ellas reportanpara el desarrollo ágil y dinámico del juicio, evitando que se prac-tique formalmente prueba sobre la que no existe desacuerdoentre las partes. Sin embargo, es preciso tener en cuenta quesólo los intervinientes tienen a la vista qué es conveniente parasu estrategia de presentación del caso en el juicio; sólo ellos de-ben decidir, en consecuencia, acerca del ámbito fáctico suscep-tible de convención probatoria, pues, u n a vez aprobadas,impedirán controvertir los hechos sometidos a convención enel juicio. Sólo cabría afectar su valor probatorio mediante otraspruebas, ya ofrecidas, o a través del expediente del inciso I o delartículo 336 CPP, si concurren sus presupuestos. En efecto, laprueba rendida en el juicio podría desvirtuar los hechos o cir-cunstancias que hubieren sido objeto de convención, pues el tri-bunal n o está obligado a otorgarles u n valor p r o b a t o r i opreferente ni tampoco son vinculantes, como se ha sugerido poralgún autor. 92 Como sabemos, el tribunal sólo se encuentra su- •- Por ello, no estamos de acuerdo con las palabras de CERDA, quien afirmaque la convención probatoria constituye una institución que "demuestra que labúsqueda de la verdad material deja de ser una regla básica del proceso penal,permitiéndose la existencia de verdades simplemente procesales, consensuadas,vinculantes para el tribunal sentenciador" (CERDA (R.), Etapa intermedia, juicio oraly recursos, Librotecnia, Santiago, 2003, p. 44). Este autor olvida que este mecanis-mo tiene por única finalidad evitar que ciertos hechos o circunstancias invocadaso alegadas por las partes deban ser probados en el juicio a través de los mediosde prueba contemplados en la ley, si no existe controversia sobre su existencia.Derivar de ello que son vinculantes para el tribunal constituye un salto lógico sinfundamento alguno, pues no existe ninguna norma que las sustraiga del procesovalorativo a que se refiere el artículo 297 CPP. Sólo podría afirmarse, en conse-cuencia, que tales hechos deben ser objeto de valoración en la sentencia. Nadamás. Por otro lado, no hay que confundir las posiciones que postulan el consen-so no cognitivo, basado en la coherencia contextual de la narración o en consi-deraciones meramente táctico-procesales como base legitimante del proceso penaly la sentencia con aquellas que, como la concepción consensualista de la verdadsostenida por HABERMAS, postulan el consenso con valor cognitivo como finali-
39. IA ETAPA INTERMEDIA O DE PREPARACIÓN DEI,JLTCIO 43jeto a las limitaciones que señala el inciso I o del art. 297 CPP. Delmismo modo no podría rechazarse la producción de prueba nue-va que pudiera controvertir el hecho sometido a convención pro- batoria, pues el inciso I o del artículo 336 CPP discurre sobre la base de evidencia sobre cuya existencia sólo se toma conocimien- to con posterioridad a la dictación del auto de apertura del jui- cio oral y que, por tanto, se desconocía al momento de acordar las convenciones probatorias. Si la solicitud de convención probatoria no merece reparos, por conformarse a las alegaciones de los intervinientes, el juez de garantía deberá indicar en el auto de apertura del juicio oral los hechos "que se dieren por acreditados". En rigor, los hechos no pueden darse por acreditados cuando aún no se ha dado ini- cio al juicio. Tales hechos sólo pueden considerarse prueba, en el sentido del inciso 2 o del art. 340 CPP, cuando son introduci-dos al juicio mediante su lectura en el juicio oral. 93 Los jueces son libres de dar por establecidos los hechos sometidos a con-vención probatoria o, por el contrario, considerarlos desvirtua- dos por las otras pruebas rendidas en el juicio, existiendo sólo la obligación de fundamentar su proceder en los términos que expresan los incisos 2 o y 3 o del artículo 297 CPP. Una última cuestión referida a esta materia, pero no por ello menos importante, dice relación con la extensión material de las convenciones probatorias. En otras palabras, ¿existen restric- ciones en cuanto al ámbito de hechos susceptible de convención probatoria? ¿Podría someterse a convención probatoria, por ejemplo, la existencia del hecho constitutivo del delito y dejarsedad del proceso, esto es, una verdad basada en un consenso racionalmente fun-dado, como adequatio intelleclus et rei (sobre esta discusión, vid. TARUFFO (M), Laprueba de los hechos (trad. Jordi Ferrer), Trotta, 2002, p. 175; sobre los malos en-tendidos que genera esta confusión, vid. VIVES ANTÓN (T.), Comentarios a la Leyde Medidas Urgentes de Reforma Procesal II: La reforma del proceso penal, Tirant lo Blan-dí, Valencia, 1992, pp. 243 y ss). Vid. infra cap. XII, B.l. 93 Si bien la ley no señala una oportunidad precisa, suele ser habitual que eljuez presidente del tribunal del juicio oral en lo penal realice su lectura al inicio del debate. No cabe, a nuestro juicio, un conocimiento privado del tribunal de tales convenciones, por ejemplo, mediante su lectura antes o después del juicio,pues tal procedimiento afecta el principio de publicidad, que no sólo correspon-de a los intervinientes, sino también a terceros ajenos al procedimiento.
40. MARÍA INÉS HORVITZ LENNONpara el juicio la producción de prueba para acreditar cuestio-nes de menor entidad, como el grado de participación culpa-ble, las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminalo la procedencia de medidas alternativas? La propia ley no esta-blece restricciones. Sin embargo, las limitaciones surgen del fun-damento de legitimación del juicio oral, único rito que permiteque operen todas las garantías procesales, cuya función princi-pal es asegurar que la decisión que se adopte judicialmente losea de un modo cognoscitivo y no meramente convencional. Estosignifica que el mero acuerdo o consenso entre las partes sobrela existencia de un hecho o hechos no es un método aceptablepara garantizar la determinación verdadera de los mismos en elámbito del proceso, pues tal verdad -entendida como correspon-dencia con la realidad- sigue siendo la única forma de explicarracionalmente en qué consiste la justicia de la decisión. 94 Unaprofundización de esta crítica se efectúa más adelante, a propó-sito de la regulación del procedimiento abreviado. 93 En casos dudosos, correspondería que el juez verificase elconsentimiento del imputado a tales convenciones, haciéndolever las consecuencias que tales admisiones pueden acarrearle enel juicio, de modo análogo a lo que ocurre en el procedimientoabreviado. 9 ! " TARUFFO (M.), La prueba de los hechos, cit., p p . 167 y ss. En el t o m o I, cap. I,1.2. afirmamos nuestra adhesión al c o n c e p t o d e verdad d e los h e c h o s c o m o co-r r e s p o n d e n c i a con la realidad empírica. m Vid. infra cap. XII, B. " , ROJAS SF.PÜLVEDA rechaza la hipótesis de q u e la c o n d e n a se emita ex-clusivamente sobre la base de estas convenciones probatorias, a c u d i e n d o a la nor-m a c o n t e n i d a en el artículo 340 inciso 3" CPP ("La s e n t e n c i a definitiva en elCódigo procesal penal", en AA.W., Reforma procesal penal. Doctrina y jurispruden-cia, vol. II, Universidad de C o n c e p c i ó n , 2002, p. 213). El rechazo d e esta hipóte-sis n o sólo p u e d e fundarse en razones filosóficas, políticas o jurídicas, sino tambiénen razones de texto positivo. En efecto, este supuesto se asemeja m u c h o al proce-d i m i e n t o abreviado, con la i m p o r t a n t e diferencia q u e - e n este c a s o - basta la m e r aaceptación de hechos p o r parte del acusado en la etapa i n t e r m e d i a . No existe laobligación p o r parte del juez d e verificar q u e tal h e c h o se asiente en algún ante-c e d e n t e de la investigación. Si el p r o p i o legislador estimó i n c o n v e n i e n t e la apli-cabilidad del p r o c e d i m i e n t o abreviado a delitos graves y p l a n t e ó u n límite p a r asu procedencia, es claro - m á s allá d e las objeciones teóricas- q u e las convencio-nes probatorias en el p r o c e d i m i e n t o ordinario, sobre h e c h o s esenciales p a r a elestablecimiento d e la responsabilidad criminal, n o resultan ni legítimas ni proce-dentes. En el mismo sentido, CERDA (R.), Etapa intermedia, juicio oral y recursos,cit., p . 45, c u a n d o señala q u e "(l)o q u e n o p u e d e admitirse es q u e a través d e las
41. I.A E l APA I N T E R M E D I A O DE PREPARACIÓN DEL J U I C I O 4f> 2.4.3.8. El ofrecimiento y la exclusión de pruebasDurante la audiencia de preparación del juicio oral cada partepodrá formular las solicitudes, observaciones y planteamientosque estimare relevantes con relación a las pruebas ofrecidas porlas demás (art. 272 CPP). ¿Sobre qué pueden versar dichas solicitudes o planteamien-tos? Fundamentalmente, ellas estarán referidas a la posibilidadde excluir la prueba ofrecida por la contraparte, fundándose enalguna de las causales que señala la ley, en el artículo 276 CPP.En efecto, se plantean 5 hipótesis de exclusión de prueba delprocedimiento: a. La manifiestamente impertinente; b. La que tiene por objeto acreditar hechos públicos y no-torios; c. La prueba testimonial y documental ofrecida con finespuramente dilatorios, cuando mediante ella se pretenda acredi-tar unos mismos hechos o circunstancias que no guarden perti-nencia sustancial con la materia que se someterá a conocimientodel tribunal de juicio oral en lo penal; d. La prueba proveniente de actuaciones o diligencias quehubieren sido declaradas nulas; e. Las que hubieren sido obtenidas con inobservancia degarantías fundamentales. Prueba impertinente es aquella que no guarda relación algu-na con los hechos materia de la acusación o los alegados por ladefensa, esto es, en que no existe ninguna relación, lógica o ju-rídica, entre el hecho y el medio de prueba.17 La admisibilidadde prueba pertinente o relevante es una exigencia del princi-pio de economía procesal: ningún ordenamiento jurídico admiteel derroche de actividades procesales consistentes en la intro-convenciones probatorias se t e n g a n p o r establecidos todos los h e c h o s q u e confi-g u r a n la c o n d u c t a del i m p u t a d o , del tipo penal, la antijuridicidad y la culpabili-dad, reservándose el d e b a t e p r o b a t o r i o posterior a cuestiones accesorias, o bien,al juicio d e d e r e c h o " . 97 CLARIA O L M E D O {].), Tratado de derecho procesal penal, t o m o V, Ediar, Bue-nos Aires, 1962, p. 27.
Lecciones de derecho penal parte especial-variosautoreschilenos-110326172531-...