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Timestamp: 2020-01-25 17:16:10
Document Index: 154006286

Matched Legal Cases: ['artículo 336', 'artículo 19', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 206', 'artículo 108', 'artículo 206', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 58', 'artículo 336', 'artículo 479', 'artículo 487', 'artículo 487', 'artículo 438', 'artículo 440', 'artículo 441', 'artículo 436', 'ARTÍCULO 206', 'artículo 20', 'artículo 436', 'artículo 206', 'artículo 20', 'Artículo 206', 'Artículo 20', 'Artículo 407', 'Artículo 408', 'Artículo 438', 'Artículo 441', 'Artículo 206', 'Artículo 20', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 407', 'Artículo 408', 'Artículo 438', 'Artículo 441', 'Artículo 206', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 206', 'artículo 42', 'Artículo 42', 'artículo 126', 'artículo 438', 'Artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 29', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 206', 'artículo 20', 'artículo 50', 'artículo 19']

Sentencia nº 1092 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 15 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 656369029
Número de Expediente: 16-0403
Consta en autos que, el 26 de abril de 2016, los abogados J.A.B., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, M.G.C., Fiscal Provisorio Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, E.J.R.M., Fiscal Provisorio Octogésimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, EDDMYSALHA SARAKHA G.C., Fiscal Provisorio Octogésimo Sexto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, A.C.S.C., Fiscal Auxiliar Interino Octavo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y H.A.A.M., Fiscal Auxiliar Interino Trigésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, comisionados por la ciudadana Fiscal General de la República, Dra. L.O.D., según comunicaciones números DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-11311-366-11, DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-11311-368-11, DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-6090-12, DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-11311-2950-13 y DFGR-VFGR-DGAP-DPDF-07-F-11311-4052-13, respectivamente, para conocer de los hechos de Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidos contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998, en uso de las atribuciones que les confieren los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numerales 1, 4, 5 y 6; 111 numerales 14, 15 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 31 ordinales 3, 4, 5, 7, 8 y 37 numerales 7 y 16, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, acudieron a esta Sala Constitucional para solicitar REVISIÓN CONSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 336 ordinal 10° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas entre los años 1958-1998, de las sentencias dictadas por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín el 16 de junio de 1998 mediante la cual declaró “EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL, instruida ‘con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A. CARMONA…’ y consecuencialmente conforme al artículo 206 Ordinal 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal TERMINADA la misma aplicable esta norma de derecho común por mandato expreso del artículo 20 del Código de Justicia Militar”; y por el C.d.G.P.d.M. el 22 de octubre de 1998, en la que dispuso declarar “TERMINADA LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, instruida con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del Ciudadano D.A.C., conforme al artículo 206, Ordinal 7, del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar”, así como confirmar “en estos términos (…) la decisión consultada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín”.
Luego de la recepción del escrito, se dio cuenta en Sala por auto del 26 de abril de 2016 y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Alegaron los solicitantes de la revisión:
Que tuvieron conocimiento del caso concreto, por denuncia realizada por la ciudadana A.C. el 27 de abril de 2011.
Que dicha denuncia fue expuesta en los siguientes términos:
... El día 09 de septiembre de 1965, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, me encontraba con mi padre D.C.N. a bordo de un vehículo wolswagen color negro de mi propiedad y nos trasladábamos hacia el centro y mi papá me dijo que lo dejara en la esquina de sociedad, puesto que realizada el pago del derecho de frente de nuestra vivienda ubicada en Antimano casa N° 20-1, yo lo dejo en esa esquina y retorno a mi casa, cuando llegue mi mamá me comunica que había recibido una llamada anónima donde le informaron que mi papa estaba detenido en la digepol inmediatamente me dirigí para ese lugar a fin de averiguar sobre el paradero de mi papá, incluso me dijeron que allí no estaba, posteriormente volví y me atendió un funcionario de apellido Seijas, quien me llevo a los sótanos para verificar que ahí no estaba detenido, buscó en unos archivos y apareció una tarjeta en la que se indicaba que había sido detenido el 02 de febrero del mismo año, lo cual era completamente falso, porque en esa oportunidad estaba en Valencia con su familia. En fecha 19 de diciembre se recibió una llamada anónima indicando que mi padre estaba muerto, nos dirigimos nuevamente a la Digepol siendo infructuoso puesto que nunca nos dieron información al respecto. Desde entonces estuvimos en constante búsqueda para conocer donde lo tenían detenido, fui a la cárcel de la Pica en compañía de la ciudadana B.N.P., esposa de un compañero de luchas de mi papá, siendo infructuoso puesto que estaba detenido un compañero de lucha de mi papá, después me traslade a CACHIPO, lugar ubicado entre Caripe del Guacharo y Maturín, ahí estaba ubicado el TO4, en ese lugar me entreviste con un militar que no me quiso dar sus nombres ni rango, y lo único que me dijo es que mi papá no estaba en ese lugar, de ahí me dirigí a la Cuarta División en Maturín en la Avenida las Palmas, ahí fui recibida por el Coronel Palavichini quien manifestó que no tenía conocimiento de personas alguna detenida en ese campamento. Después logre ir al Palacio Blanco y entrevistarme con un militar de apellido Suárez Astudillo y me trato muy mal, lo único que me preguntó era que si mi papá era guerrillero porque él se ocupaba únicamente de los guerrilleros. En este mismo año, un compañero del partido juventud comunista de nombre Á.F. a quien le decían Angito, le dio información a su prima, que mi papá si había estado en CACHIPO y vio cuando dos militares lo sacaron uno en cada brazo arrastrado y momentos después los militares regresaron a CACHIPO pero sin él, eso fue en diciembre del año 1965…
Que varios testigos señalaron que “…el ciudadano D.A.C.N., se encontraba recluido en ese lugar y fue víctima de brutales torturas que pudieron ocasionarle la muerte, estando ahí los detenidos que se encontraban en la celda que estaba justo al lado de donde se encontraba la víctima los detenidos, hoy testigos, pregunta quiénes eran los que estaban en la celda que se encontraba al lado es ahí cuando confirman era D.C., igualmente personas que lo conocieron como activista político y como maestro de obras”.
Que “[u]no de los testigos señala que lo ve un día que sale de la celda para realizar su aseo personal, luego sacan a los que están en la celda de al lado, asimismo refiere que él mismo se encontraban en un estado deplorable se veían muy demacrados y golpeados, es ahí cuando el compañero de celda de nombre Á.C. ratifica que e.C.B. y D.C., ya que él lo había conocido en Caracas, conversó con el pero no llegó a preguntar gran cosa”.
Que “…resulta un hecho notorio público y comunicacional, como se puede evidenciar a través de la prensa de aquel momento y por las innumerables denuncias que aparecían en los medios de comunicación impreso, que en esa época todas aquellas personas que eran considerados adversarios eran un peligro para la estabilidad política del país, por ello se define en la Ley Para los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período de 1958-1998, en el artículo 7, numeral 6, Terrorismo de Estado: Es la sucesión de actos de violencia planificados y ejecutados por el Estado, amparados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional diseñada por los Gobiernos de los Estados Unidos de América para los países latinoamericanos, dirigidos a causar pánico en la población o una parte de ella, mediante el abuso o la desviación de poder, usando un mecanismo de doble faz, bien sea la manipulación del sistema legal formal o prácticas ilegales, o mediante el uso de la represión masiva a los sectores estudiantiles, campesinos, obreros y populares con la finalidad de controlar mediante el miedo a la población”.
Que “[e]sa destrucción o eliminación del grupo por razones meramente políticas, se ejecutaba con la intencionalidad de acabar con la disidencia política, sin importar como ocurrió, en el presente caso, que se trataba de una persona que jamás estuvo armada, que salió de su casa en compañía de su hija quien lo deja en el centro de la ciudad de caracas (sic) y que se dirigía a cumplir con el pago del impuesto del derecho de frente correspondiente a la vivienda en la cual residía no hay constancia alguna de la detención del ciudadano D.C., por cuanto no pudiéramos suponer que la víctima en la presente causa, opusiera resistencia alguna que pudiera justificar su desaparición, toda vez que el mismo se encontraba desarmado y se dirigía a cumplir con el pago del impuesto correspondiente a su vivienda, siendo esta la última vez que lo ven sus familiares, obteniendo como resultado su desaparición como es el caso in comento”.
Que “…es cierto que para la época el ciudadano víctima D.A.C.N., era simpatizante del PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA PCV, concretamente como cooperador de la guerrilla, participando de manera activa en la lucha revolucionaria y simpatizante de otras corrientes del pensamiento político de Izquierda adversa al gobierno de la época”.
Que “…éstas Representaciones del Ministerio Público solicitaron copias certificadas del expediente signado bajo el Número 86-826, el cual reposaba en el Archivo Judicial, del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín y luego de una revisión exhaustiva de las actas que integran la causa, se evidencia que existe cosa juzgada, proceso que fue totalmente distorsionado o desnaturalizado requisito indispensable para que proceda el Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional, siendo simulado con fines distintos a lo que realmente conlleva ‘el proceso’ considerado como una solución a los conflictos con una resolución pacífica, objetiva, imparcial, justa, equitativa, idónea y transparente”.
Que “[e]sa decisión al ser evidentemente contraria al fin que se perseguía, elevamos ante ese m.T. de la República, en cuya Sala le compete ser el último guardián de la Justicia y de nuestra Constitución, al estarle encomendada la valiosa misión de velar por la uniformidad de criterios constitucionales, así como revocar aquellas decisiones que lesionen derechos y garantías consagradas en la Carta Magna, tal y como ocurrió en la decisión que traemos a colación”.
Que “[e]ste fue uno de los argumentos que fueron utilizados para promulgar la Ley para Sancionar Los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones Políticas en el período 1958 al 1998, debidamente publicada en la Gaceta Oficial en fecha 25 de noviembre de 2011, con el número 39.808, ya que es notorio que en esa época existieron tales violaciones que han generado este nefasto hecho punible, con el transcurso de los años impunidad, injusticia y un verdadero caos social, ante el desasosiego y la falta de confianza en la administración de justicia que reinaba en el momento de los hechos, impregnado de temor, de silencio al no poder reclamar o elevar la voz, y de mucha incertidumbre”.
Que “…la decisión se encuentra DEFINITIVAMENTE FIRME, por tratarse de una sentencia de juicio con fuerza definitiva que fue consultada y que produjo efectos de COSA JUZGADA, causando una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano D.A.C., hecho pues, que atañe al Orden Público Constitucional y a la Seguridad Jurídica de los ciudadanos”.
Que “…dicho pronunciamiento, manifiestamente inmotivado y contradictorio, se violentó el principio de la tutela judicial efectiva, al silenciar por completo las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicha decisión en fecha 16 de junio de 1998, el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente, proferió (sic) como decisión que se DECLARA EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN Y CONSECUENCIALMENTE TERMINADA LA AVERIGUACIÓN SUMARIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 ordinal 7mo, del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con lo establecido en el artículo 108 ordinal 1ro del Código Penal, por cuanto fue criterio del Tribunal, que tomando en consideración la fecha indicada como la última vez en que se conocía su paradero, desaparición que ocurre el día 09 de septiembre de 1965 del ciudadano D.A.C., hasta el momento de la decisión ya según el tribunal la acción penal para perseguir los hechos denunciados estaba evidentemente prescrita, por lo que razona la decisión con base a lo dispuesto en el artículo 206 ordinal 7mo, [eiusdem]”.
Que “[p]osteriormente fue remitida la presente causa en fecha 19 de junio de 1998, en original el expediente, al C.d.G.P., a objeto de la consulta de la decisión dictada por ese Tribunal Militar, que luego del trámite respectivo, en fecha 22 de octubre de 1998, de manera inmotivada, en decisión emanada por ese C.d.G., CONFIRMÓ LA AVERIGUACIÓN TERMINADA, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 ordinal 7mo del Código de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 20 del Código de Justicia Militar, por lo que, dicha decisión se encuentra DEFINITIVAMENTE FIRME, por ser un auto interlocutorio con fuerza definitiva que fue consultado y que produjo efectos de COSA JUZGADA”.
Que “[e]n el caso que nos ocupa, se encuentra desaparecido el ciudadano, D.A.C., lo que hace aún más grave la ligereza del tribunal al proferir la decisión. Aunado a que la denuncia que originó el inicio de la investigación sumaria y en entrevista tomadas a testigos se mencionan varios ciudadanos quienes presuntamente vieron por última vez a la víctima en la presente causa, señalando el lugar y los días, posibles testigos y victimarios, sin embargo el Tribunal Sumariador no se tomó la molestia de ubicarlos y de tomar las entrevistas correspondientes y mucho menos mencionarlos de manera individual, asimismo de la motiva de la decisión del Tribunal de Primera Instancia, se indica, que de los hechos denunciados en fecha 10-09-1965, lo que evidencia que el delito que se menciona se encuentra prescritos ya que cumplió con los supuestos establecidos en la norma, y los motivos de la misma no corresponden con el hecho objeto del proceso”.
Que “[t]al resolución Judicial es un hecho absurdo, porque parte de la premisa de que hay un hecho denunciado como lo es la desaparición forza.d.p., específicamente del ciudadano D.A.C. y desconociendo cual fue la motivación del Juzgado para llegar a esa conclusión, sin haber agotado todas las diligencias, razón suficiente que consideró el Tribunal para dar por cerrada la averiguación sin abocarse a esclarecer cuáles fueron las circunstancias en las que los mismos sucedieron, como en efecto ocurrió, lo que demuestra que el hecho no fue investigado, de manera transparente y objetiva, lo que evidencia injusticia e impunidad, lo que se vislumbra de la decisión”.
Que “[e]n el presente caso, analizada la decisión emanada por el Tribunal Superior, observamos que no se realizo (sic) una investigación seria para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, únicamente se limita a establecer que ratifica la decisión, pero no hace ninguna exposición profunda, con válidos argumentos jurídicos, ni razona los criterios que utilizó el juzgador para compartir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, sin la motivación correspondiente, tal y como se explica posteriormente en capítulo separado, siendo una obligación de todo Tribunal de la República motivar las resoluciones judiciales en pro de la paz social y de la seguridad de las Instituciones”.
Que “…considera[n] que la investigación sumaria ‘supuestamente realizada’ no fue más que un simple simulacro de investigación y de proceso fraudulento, con el objetivo de acreditarle una aparente legalidad específicamente al delito de DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, el cual es un delito considerado de LESA HUMANIDAD, se eleva a la consideración de esa Honorable Sala, vista su atribución exclusiva y excluyente, que de manera extraordinaria y excepcional puede revisar dicha decisión que le puso fin a la averiguación sumaria y que hoy día determinó COSA JUZGADA, sin darle una respuesta en nombre de la administración de justicia coherente a las víctimas indirectas del presente caso, que aún desconocen donde se encuentra su ser querido, creando impunidad al no haberse investigado oportunamente, cuando deciden alzar la voz, ante un Estado que no investigó absolutamente nada, se les refiere que ya la acción se encuentra prescrita, y que por ende, no se puede hacer más nada al respecto, lo que crea desasosiego en la colectividad quienes esperan una respuesta satisfactoria del Estado, que está en la obligación irrestricta de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos”.
Que “…a criterio del Ministerio Público constituye UN ERROR GROTESCO EN LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE PARA LA FECHA DE LOS HECHOS, que establecía en el artículo 58 el Derecho a la Vida, cuyo carácter es inviolable y la prohibición de toda autoridad de aplicar la pena de muerte o la ejecución de un ciudadano, quien debió en todo caso ser detenido y ser puesto a la orden de las autoridades judiciales respectivas, por lo que, al tratarse de un delito de LESA HUMANIDAD y vulnerante a los Derechos Humanos, imprescriptible, tanto en el ámbito nacional, como en el internacional, cuya protección es ratificada en diversos Tratados, Pactos y Principios Internacionales, que son de interés para el IUS COGENS INTERNACIONAL”.
Que “[l]a investigación emprendida por el Juzgado Accidental solo se enfocó en solo oficiar a las prefecturas de los distritos Maturín, Cedeño, Acosta, Sotillo, Bolívar, si tenían conocimiento de la detención o si el mismo estaba detenido ahí en relación al ciudadano D.A.C.N. y al Regidor del Cementerio del Estado, para saber si en el registro del mismo había c.d.A.d.E. de la víctima en el presente caso, no tomando en cuenta las entrevistas de los testigos presenciales para de esta manera profundizar en la investigación para establecer las circunstancias en las cuales desapareció el ciudadano D.A.C. Natera”.
Que “…a pesar de haberse efectuado con prontitud, una vez obtenida la información por parte de los familiares, se observa que ese Juzgado practicó en todo el expediente, solo ocho (08) actuaciones, para esclarecer los hechos, es decir que con cinco (07) (sic) actas de entrevista y una inspección técnica, todas realizadas un año después de la denuncia realizada por la Viuda Videncia H.d.C., le fue suficiente al Tribunal para determinar que el ciudadano D.A.C.N., no le fue vulnerado ningún derecho, ni a él ni a sus familia”.
Que “…es evidente que solo se avocaron a investigar los elementos orientados a solo si se tenía conocimiento de donde pudiera encontrarse dejando muchos espacios vacíos en la investigación, aun así constituye un exabrupto jurídico la decisión emanada por ambos Tribunales, evidenciado que no corresponde la motivación del Tribunal de Primera Instancia con la dispositiva del mismo, cuando hacen referencia al delito de rebelión militar y no a la desaparición forza.d.p. que era en realidad el caso a investigar”.
Que “…el Tribunal de forma incoherente obvia detalles relevantes relacionados con el escaso acervo probatorio recabado a lo largo del proceso de investigación sumaria, sobre la plena prueba que debió existir, basándose en escasas evidencias, las cuales fueron insuficientes para motivar la decisión”.
Que “…el Tribunal de Alzada confirmó la decisión emanada por el Tribunal de Primera Instancia, tomando en consideración y realizando la reproducción total del fallo, sin verificar que la investigación realizada fue simplemente un simulacro, una vulgar cortina de humo ya que no se buscó ningún elemento real, aquellos ‘fundados indicios’ del pretérito Código de Enjuiciamiento Criminal, para verificar si los hechos ocurrieron como lo señalaron las víctimas y demás testigos, sin ser concatenados, complementados o cotejados sus dichos con alguna experticia técnica criminalística; y se le atribuyó a la versión contradictoria e ilógica de los mismos plena validez, lo que hace presumir que los jueces de la Jurisdicción Penal no realizaron ese ejercicio de investigar a fondo y con suficiencia los hechos que hoy nos ocupan y con esa escasa investigación, tomaron esos fundados indicios y razonaron la sentencia que hoy en día se analiza”.
Que “…la razón por la cual dichas decisiones no toman en cuenta lo ya manifestado por el Ministerio Público y lo cual evidencia la inmotivación o silencio sobre dichos aspectos y las contradicciones, es que ciertamente demuestran que la víctima fue desaparecida, sin suministrar información alguna a sus familiares, por lo que consideramos que dicha omisión en la investigación deviene a un manifiesto interés o ‘dolo’ ante un ‘fraude procesal’”.
Que “…son decisiones que prima facie son inatacables, estables, inmutables e inmodificables, que han adquirido la autoridad de cosa juzgada y de las cuales se vislumbra UN ERROR GROTESCO AL HABER OBVIADO POR COMPLETO LA INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA EN LO CONCERNIENTE A PRINCIPIOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES (para el momento de la decisión)”.
Que “…el hecho denunciado ha sido considerado como una VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS y, específicamente el delito de DESAPARICIÓN FORZADA, perpetrado por funcionarios del Estado Venezolano, al no haber existido una investigación objetiva, imparcial, transparente, realizada por funcionarios del ejército, al analizar la investigación se vislumbra la subjetividad y parcialidad manifiesta en tratar de justificar esa atrocidad de crimen de un ciudadano por tener un pensamiento ideológico distinto al del gobierno de la época y eso fue suficiente para avalar el crimen cometido baja la apariencia de una muerte justificada”.
Que la decisión del C.d.G.P.d.M. obvió mencionar circunstancias tales como:
1. Los elementos obtenidos de la investigación que pudieran determinar con certeza alguna causa de justificación que eximiera de responsabilidad a los funcionario actuantes, observándose que la investigación del caso solo se enfocó en oficiar si el ciudadano se encontraba detenido o no.
2. No hubo fijaciones fotográficas de carácter general, particular y al detalle del sitio donde ocurrió el hecho, con sus respectivas leyendas que describieran los hallazgos fundamentales en la investigación.
3. No se colectaron las evidencias criminalísticamente procesables.
4. No se resguardó el sitio del suceso ni mucho menos se preservaron las evidencias.
5. No se acudió hasta el sitio a los fines de ubicar a los presuntos autores del hecho, mucho menos verificar las circunstancias en que ocurrieron los mismos. No se colectaron evidencias y realizar el Trabajo de Criminalística.
6. No realizaron dictámenes científicos ni pesquisas que permitieran redactar los informes completos, suficientes, ni con profundidad
Que lo anterior demuestra la inmotivación de la decisión del C.d.G.P.d.M., ya que “incumplió con la obligación de tutelar efectivamente los derechos del justiciable (…) sólo se limitó a copiar o reproducir lo señalado por el Tribunal de Instancia”.
Que “[s]i bien, los hechos acaecidos ocurrieron con antelación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone taxativamente la imprescriptibilidad de la acción penal, en delitos de VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS Y LESA HUMANIDAD, entre otros, siendo pionera en incluirlo en su parte dogmática, no obstante, no era ajeno al m.C. del texto fundamental de 1961”.
Que “…quedando en evidencia que la decisión emanada por el Tribunal Superior, carece de motivación, ya que nada precisó el Juzgador más allá de darle la razón al Tribunal de Instancia, lo antes expuesto es considerado como una decisión arbitraria que atañe al orden público constitucional al violar la tutela judicial efectiva y crear impunidad, por lo que solicitamos que se anule la presente decisión vista la gravedad del delito, que constituye una Violación Grave a los Derechos Humanos”.
PRIMERO: Que sea admitido el presente Recurso Extraordinario de REVISIÓN CONSTITUCIONAL, de la sentencia que se impugna en la presente solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 336 ordinal 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya copias certificadas se remiten anexo a la presente, en acatamiento al criterio reiterado emanado de esa d.S., a objeto de que se obtenga la certeza respecto del contenido del fallo que se pretende impugnar.
SEGUNDO: Una vez verificados los hechos y los argumentos jurídicos que sustentan la presente, requerimos que se declare con lugar la presente solicitud y que se anule la decisión que se impugna y por ende sus efectos al encontrarse definitivamente firme (cosa juzgada), para que se realice la correspondiente investigación sobre la muerte del ciudadano D.A.C.N., en aras de una sana y cabal administración de justicia
El Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, dictó decisión el 16 de junio de 1998, mediante la cual declaró extinguida por prescripción la acción penal y terminada la averiguación sumarial, con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A.C., en los siguientes términos:
La presente averiguación sumarial se inicio mediante orden de apertura de averiguación sumarial dada por el GENERAL DE BRIGADA ENCARGADO DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA, según oficio número 2333 de fecha 04JUN70, corriente al folio uno (1) del expediente, donde se lee ‘con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A. CARMONA’ por lo que este Tribunal para dictar decisión en esta etapa del proceso, previamente considera:
En fecha 06 de mayo de 1987 el C.d.G.P.d.M. dicto decisión ordenando MANTENER ABIERTA LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL POR APARECER COMPROBADA LA COMISIÓN DEL DELITO MILITAR DE REBELIÓN.
El artículo 479 del Código de Justicia Militar reza:
‘En todos los demás casos de rebelión militar la pena será de veinticuatro a treinta años de presidio…’.
Y en el artículo 487 se lee:
‘En los casos del artículo anterior se aplicara a los civiles las mismas penas establecidas en los artículos 478, 479, 480 y 482 reducida en una tercera parte…’.
Por lo que tenemos que la pena máxima prevista en la primera norma transcrita es de 30 años de presidio pero reducida en una tercera parte, conforme al citado artículo 487 y por tratarse de ciudadanos civiles tenemos una máxima penalidad de 20 años de presidio.
Ahora bien, el artículo 438 en su primer aparte del citado Código Castrense establece:
‘La acción prescribe así:
Para los delitos de rebelión.... por un tiempo al máximo de la pena más la mitad...’
Por lo que tenemos que si la pena máxima para los civiles por la comisión del delito militar de rebelión, es de veinte años aumentada esta según la última norma transcrita tenemos una totalidad de treinta (30) años para que prescriba la acción penal.
Ahora bien del detenido análisis de las normas antes transcritas, se tiene que el delito militar de rebelión demostrado en estos autos ocurrió el 10 de septiembre de 1965 por lo que para hoy han transcurrido treinta y dos (32) años nueve (9) meses y seis (6) días efectuado este computo conforme al artículo 440 del Código de Justicia Militar, el cual establece:
‘El termino de la prescripción empezara a contarse para los hechos consumados desde el día de la perpetración para las infracciones fracasadas desde el día en que se realizo el último acto de su ejecución y para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que se tuvo conocimiento del hecho’
Y por no haber sido interrumpida la prescripción por ninguna de las decisiones establecidas en el artículo 441 ejusdem a criterio de este Sentenciador es procedente conforme al artículo 436 ordinal 4 DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN Y CONSECUENCIALMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 206 ORDINAL 7 DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL TERMINADA la misma aplicable esta norma de derecho común por mandato expreso del artículo 20 del tantas veces señalado Código Castrense. ASI SE DECLARA.
DISPOSITIVA: Por las razones antes expuestas este Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con el artículo 436 Ordinal 4 del Código de Justicia Militar DECLARA EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL, instruida ‘con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A. CARMONA…’ y consecuencialmente conforme al artículo 206 Ordinal 7 del Código de Enjuiciamiento Criminal TERMINADA la misma aplicable esta norma de derecho común por mandato expreso del artículo 20 del Código de Justicia Militar.
Regístrese esta decisión expídase las copias certificadas de ley particípese lo conducente al General de Brigada (EJ) Director Sectorial de Justicia Militar y en su oportunidad previo el computo de las audiencias transcurridas remítase original de este expediente en consulta al C.d.G.P. de Maturín
El C.d.G.P.d.M. declaró extinguida por prescripción la acción penal y terminada la averiguación sumarial el 22 de octubre de 1998, en los siguientes términos:
Han subido las presentes actuaciones sumariales a este C.d.G.P.d.M., en virtud de la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, en fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual DECLARA EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL; y en consecuencialmente conforme al Artículo 206, Ordinal 7mo. del Código de Enjuiciamiento Criminal, TERMINADA la misma, aplicable esta norma de derecho común por mandato expreso del Artículo 20 del Código de Justicia Militar.
Este Órgano Jurisdiccional al a.d.l. actuaciones anteriormente relacionadas observa previamente:
En fecha once (11) de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986), el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, ordenó mantener abierta la presente Averiguación Sumarial, en virtud de aparecer comprobada la comisión de un hecho punible como lo es la extraña desaparición del Ciudadano D.A.C., después de haber sido presuntamente detenido por la Dirección General de Policía (Digepol), desconociéndose las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que sucedieron los hechos; así como también no se tiene noticias hasta los momentos si el referido Ciudadano, se encuentra aún con vida.
Al respecto considera este C.d.G., en base a las pruebas que cursan en autos, que en el presente caso, no se ha determinado la comisión de delito alguno, pues, no se demostró fehacientemente las causas de la a.d.C.D.A.C., para poder encuadrar los hechos en los tipos legales establecidos en el Código Penal Venezolano, o en el Castrense; es decir, no podemos hablar de homicidio, ni de secuestro, en virtud de no haberse comprobado el cuerpo de delito alguno.
Así las cosas, estima este Tribunal Colegiado, tomando en consideración las testimoniales rendidas, que supuestamente el Ciudadano D.A.C., fue víctima de maltratos y vejaciones, durante la detención en el Campamento Antiguerrillero de Cachipo, ubicado en el Estado Monagas, y que tales agresiones pudieron haberle causado la muerte. Ahora bien, si tomamos en cuenta esta hipótesis, como lo peor que le hubiese pasado al referido Ciudadano, estaríamos ante el delito de Homicidio Intencional Calificado, previsto en el Artículo 407 del Código Penal Venezolano, y sancionado en el Artículo 408 Ordinal 1ro. Ejusdem, aplicable al caso por disposición supletoria del Código de Justicia Militar, cuya pena es de presidio y según nuestro ordenamiento Castrense (Artículo 438), la acción prescribe para los delitos que merecen pena presidio, por un tiempo igual al máximo de la pena. En este caso, tenemos que el máximo de la pena establecida para el ilícito homicidio calificado es de veinticinco (25) años, y tomando en consideración la data de los acontecimientos que dieron origen a esta averiguación sumarial, (año 1965), podemos concluir que han pasado más de treinta (30) años, sin que se hayan tomado algunas de la medidas contempladas en el Artículo 441 del citado Código de Justicia Militar, lo que significa que la acción está evidentemente prescrita. En consecuencia se procede a Confirmar la Decisión del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, de fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual Declara Terminada la Presente Averiguación Sumarial, conforme al Artículo 206, Ordinal 7mo. del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por disposición supletoria del Artículo 20 del Código de Justicia Militar, con las reformas anteriormente explanadas. ASÍ SE DECLARA.
Por las razones antes expuestas, este C.d.G.p.d.M., administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA TERMINADA LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, instruida con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del Ciudadano D.A.C., conforme al artículo 206, Ordinal 7, del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar.
Queda en estos términos CONFIRMADA la decisión consultada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín
Para establecer la competencia de la Sala Constitucional a objeto de conocer de la presente solicitud, es necesario traer a colación, en primer lugar, lo que señala la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 39.808, del viernes 25 de noviembre de 2011.
Posteriormente, señala la citada norma en su artículo 6, cardinal 1, que están sujetos los funcionarios públicos o funcionarias públicas que por motivo de sus cargos o por complacencia del Estado, incurrieron o participaron en la planificación o ejecución, por motivos políticos, de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otras conductas que constituyen violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
En este orden de ideas, el referido artículo 19 establece textualmente lo siguiente:
Artículo 19.- Recurso extraordinario de revisión constitucional.-Cuando de las investigaciones del Ministerio Público o de la Comisión por la Justicia y la Verdad, se evidencie la existencia de pruebas fehacientes que constaten plenamente la materialidad de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, o la responsabilidad plena en la perpetración de los mismos, por las razones previstas en la presente Ley, las cuales sean pertinentes a causas judiciales o procedimientos administrativos que por cualquier razón procesal se encontrasen firmes, siendo dichas pruebas de tal naturaleza que de haber sido conocidas en su oportunidad la decisión definitiva hubiese sido distinta a la que constase en autos, el Ministerio Público solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del expediente a los fines de su reapertura. La Sala Constitucional se pronunciará sobre la solicitud y, de considerarla pertinente, ordenará al Ministerio Público la reapertura del caso y su tramitación procesal por vía ordinaria
Ahora bien, en el caso de autos, el Ministerio Público, a través de los Fiscales comisionados por la Fiscal General de la República, han manifestado dentro de sus alegatos que la decisión del C.d.G.P.d.M. del 22 de octubre de 1998, en la cual pone fin a la averiguación sumaria por prescripción de la acción penal en la investigación por la detención y posterior desaparición física del ciudadano D.A.C.N., carece de motivación, así como la decisión emitida por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín del 16 de junio de 1998, que igualmente declaró extinguida por prescripción de la acción penal y terminada la averiguación penal donde el ciudadano D.A.C.N. fungió como víctima, estuvo inmotivada por contradicción.
En consecuencia, visto que los requisitos establecidos en el artículo 19 de la mencionada Ley se encuentran satisfechos, se declara competente para conocer de la solicitud planteada. Así se establece.
Una vez realizado el análisis del expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir y para ello observa lo siguiente:
En el caso de autos, el Ministerio Público expresa que la decisión del C.d.G.P.d.M., del 22 de octubre de 1998, en la cual pone fin a la averiguación sumaria, por prescripción de la acción penal, por la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A.C.N., carece de motivación, ya que simplemente confirmó la decisión emitida por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín el 16 de junio de 1998, silenciando las razones de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para arribar a dicho pronunciamiento.
4.- Que estén firmes las decisiones judiciales o los actos administrativos que se hubiesen dictado con ocasión de tales hechos…
Al respecto considera este C.d.G., en base a las pruebas que cursan en autos, que en el presente caso, no se ha determinado la comisión de delito alguno, pues, no se demostró fehacientemente las causas de la a.d.C.D.A.C., para poder encuadrar los hechos en los tipos legales establecidos en el Código Penal Venezolano, o en el Castrense; es decir, no podemos Ello así, conforme a lo antes expuesto, se observa que, prima facie, en el presente caso se encuentran cumplidos los requisitos para efectuar la revisión de autos, conforme a lo previsto en la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998”, así como también en la jurisprudencia de esta Sala.
En la presente causa, la representación del Ministerio Público solicitó la revisión de las decisiones del C.d.G.P.d.M., del 22 de octubre de 1998, que confirmó el fallo que declaró terminada la averiguación sumaria emanada del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de la ciudad de Maturín el 16 de junio de 1998. Igualmente, indicó que las referidas decisiones se encuentran definitivamente firmes, produciendo efectos de cosa juzgada y que las mismas causaron una lesión constitucional irreversible al no tutelar el bien jurídico más importante como lo es el derecho a la vida del ciudadano D.A.C.N..
Estimó el Ministerio Público que la decisión del C.d.G.P.d.M., únicamente señaló que confirma la decisión declarando terminada la averiguación por prescripción de la acción penal, pero no hace ninguna exposición profunda, con válidos argumentos jurídicos, ni razona los criterios que utilizó el juzgador para compartir la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
Ahora bien, además de los señalamientos de la parte recurrente en la presente causa, esta Sala considera necesario realizar un análisis de la decisión dictada por el C.d.G.P.d.M. de fecha 22 de octubre de 1998.
A tal efecto, la Sala observa que la decisión del C.d.G.P.d.M. se divide en tres puntos, señalando los dos primeros lo siguiente:
Así las cosas, estima este Tribunal Colegiado, tomando en consideración las testimoniales rendidas, que supuestamente el Ciudadano D.A.C., fue víctima de maltratos y vejaciones, durante la detención en el Campamento Antiguerrillero de Cachipo, ubicado en el Estado Monagas, y que tales agresiones pudieron haberle causado la muerte. Ahora bien, si tomamos en cuenta esta hipótesis, como lo peor que le hubiese pasado al referido Ciudadano, estaríamos ante el delito de Homicidio Intencional Calificado, previsto en el Artículo 407 del Código Penal Venezolano, y sancionado en el Artículo 408 Ordinal 1ro. Ejusdem, aplicable al caso por disposición supletoria del Código de Justicia Militar, cuya pena es de presidio y según nuestro ordenamiento Castrense (Artículo 438), la acción prescribe para los delitos que merecen pena presidio, por un tiempo igual al máximo de la pena. En este caso, tenemos que el máximo de la pena establecida para el ilícito homicidio calificado es de veinticinco (25) años, y tomando en consideración la data de los acontecimientos que dieron origen a esta averiguación sumarial, (año 1965), podemos concluir que han pasado más de treinta (30) años, sin que se hayan tomado algunas de la medidas contempladas en el Artículo 441 del citado Código de Justicia Militar, lo que significa que la acción está evidentemente prescrita. En consecuencia se procede a Confirmar la Decisión del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, de fecha dieciséis (16) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual Declara Terminada la Presente Averiguación Sumarial, conforme al Artículo 206, Ordinal 7mo. del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por disposición supletoria del Artículo 20 del Código de Justicia Militar, con las reformas anteriormente explanadas. ASÍ SE DECLARA. (sic)
Al respecto, observa esta Sala que en el primer punto del referido fallo, el C.d.G.P.d.M. en su condición de Juzgado de alzada, identificó la averiguación sumaria que se inició con el auto de proceder del 9 de junio de 1970, y en el segundo punto estableció, primeramente, que de las pruebas que cursan en autos no se demostró la comisión de delito alguno, ya que las causas de la a.d.c.D.A.C. Natera no se pudieron encuadrar fehacientemente en ningún tipo penal; no obstante, al párrafo siguiente señala contradictoriamente que se podría estar en presencia de un homicidio intencional calificado, tomando en consideración las testimoniales rendidas en autos, que señalaron que el ciudadano D.A.C.N. fue víctima de maltratos y vejaciones en el Campamento Antiguerrillero de Cachipo, las cuales le pudieron ocasionar la muerte.
Ello así, observa la Sala la evidente contradicción en que incurrió la sentencia del C.d.G.P.d.M., al señalar inicialmente que no se determinó la comisión de delito alguno en perjuicio del ciudadano D.A.C.N. y luego declara terminada la averiguación sumarial, por prescripción de la acción penal, tomando en consideración que ha transcurrido más de treinta (30) años desde los acontecimientos que dieron origen a la averiguación sumaria (1965), del supuesto homicidio intencional calificado en perjuicio del ciudadano D.A.C.N..
Aunado a ello, el C.d.G.P.d.M. confirma, incongruentemente, la decisión del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín dictada el 16 de junio de 1998, sin percatarse que la referida decisión había declarado “…EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL LA PRESENTE AVERIGUACIÓN Y CONSECUENCIALMENTE CONFORME AL ARTÍCULO 206 ORDINAL 7 DEL CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL TERMINADA la misma…” pero por “…APARECER COMPROBADA LA COMISIÓN DEL DELITO DE REBELIÓN MILITAR…”.
De lo anterior se colige que la decisión del C.d.G.P.d.M. se encontraba evidentemente inmotivada por incongruencia y por patente contradicción, puesto que primero determinó que no se cometió delito alguno y luego declaró la extinción de la acción penal por prescripción, presumiendo la comisión del delito de homicidio intencional calificado. Además, el C.d.G. confirmó el fallo del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente, el cual había decretado la prescripción de la acción penal en la averiguación sumaria, pero sobre la base de acreditar la comisión del delito de rebelión militar.
De allí que es evidente para esta Sala que la decisión del C.d.G.P.d.M. está inmotivada por contradicción y además no cumplió con los requisitos de la sentencia establecidos en el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente para la época, preceptuados en el artículo 42, el cual expresaba lo siguiente:
Artículo 42.- La sentencia debe contener una parte expositiva, otra motiva y otra dispositiva. En la primera parte se expresarán el nombre y el apellido del reo, del acusador privado y del reclamante civil, si los hubiere, el delito con que se procede, los cargos hechos y un resumen de todas las pruebas, tanto del delito como de las que haya en favor y en contra del procesado. En la segunda parte, según el resultado que suministre el proceso y las disposiciones legales sustantivas y procesales aplicables al respectivo caso, las cuales se citarán, se expresarán las razones de hecho y de derecho en que haya de fundarse la sentencia, analizando las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad penal, si las hubiere, y todos los puntos que hayan sido alegados y probados en autos. En la tercera parte, se resolverá la absolución o condenatoria del encausado, especificándose en este caso con claridad las sanciones que se impongan. Si hubiere reclamación civil, se la decidirá en Capítulo separado. En el mismo fallo se impondría la restitución de la cosa ajena o su valor de conformidad con el artículo 126 del Código Penal. La parte dispositiva será precedida de las palabras ‘Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley’; y al final del fallo se determinará el lugar en que se dicte.
En mismo orden de ideas, aun cuando en esencia la decisión objeto de revisión en la causa de autos, correspondería a la dictada por el C.d.G.P.d.M. el 22 de octubre de 1998, por ser la definitivamente firme, la Sala también considera necesario realizar un análisis del fallo emitido el 16 de junio de 1998, por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, del cual emanó la decisión de declarar extinguida por prescripción de la acción penal la averiguación y terminada la misma; ya que esa decisión fue posteriormente confirmada por el C.d.G.P.d.M..
Así, la referida decisión señaló en tres puntos lo siguiente: primero, que los hechos objeto de la investigación sumaria fue la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A.C.N., segundo, que dio por comprobado la comisión del delito de rebelión militar y tercero; prescribió la acción penal por el transcurso de treinta y dos años (32), nueve meses (9) y seis (6) días, de conformidad con el artículo 438 del Código de Justicia Militar, en referencia al delito de rebelión militar; soslayando “la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A. CARMONA”.
En efecto, consta en autos que los hechos acreditados fueron relacionados con la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A.C.N., dadas las declaraciones de los testigos que cursan en el expediente, de las cuales se infiere que el ciudadano D.A.C.N. fue detenido en la ciudad de Caracas y trasladado al campamento Antiguerrillero Cachipo ubicado en Maturín, sitio donde presuntamente el prenombrado ciudadano fue víctima de torturas y maltratos que pudieron causarle la muerte.
Ello así, observa la Sala que la decisión del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín del 16 de junio de 1998, también incurrió en el vicio de incongruencia cuando dio por acreditados los hechos relacionados con la detención y posterior desaparición del ciudadano D.A.C.N., y luego prescribió la acción penal sobre la base de la comisión del delito de rebelión militar, el cual no guardaba relación con los hechos por los cuales se inició la investigación sumaria.
Efectivamente, mal podía dicho Juzgado de Primera Instancia declarar terminada la averiguación, por prescripción de la acción penal, sobre la base de que estimó comprobado el delito de rebelión militar, pero la averiguación sumarial se inició “…con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del ciudadano D.A. CARMONA…”.
De lo anterior se colige que, las decisiones tanto del C.d.G.P. como del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente, ambos de Maturín, estuvieron inmotivadas, por incurrir en los vicios de incongruencia y contradicción, además de no incorporar elementos probatorios en los que se basaron para decidir y no justificaron la práctica o no de otras diligencias de investigación que permitieran esclarecer el hecho denunciado por la ciudadana F.H.d.C., como era la supuesta detención y posterior desaparición de su cónyuge.
Ahora bien, se observa que ni el Juzgado de Primera Instancia, ni el C.d.G.P.d.M., ejecutaron los esfuerzos necesarios para que se realizase una investigación suficiente y ajustada a derecho que determinase con precisión los hechos ocurridos y la conducta objetiva y subjetiva desplegada por los funcionarios actuantes, circunstancia que afecta de forma negativa la motivación de las sentencias en cuestión, al igual que los insuficientes y contradictorios argumentos empleados para prescribir la acción penal, sin que siquiera se hubiera determinado el paradero del ciudadano D.A.C.N., y mucho menos las razones de su desaparición física que, según se desprende de lo afirmado por algunos testigos de los que intervinieron en el proceso, fue una desaparición forzosa. En efecto, declaran terminada la averiguación sumarial, por prescripción de la acción penal, en franca inobservancia de los artículos 142 del Código de Justicia Militar, 42 del Código de Enjuiciamiento Criminal y 254 del Código de Procedimiento Civil, todos vigentes para el momento en que fueron dictados los fallos objetados en esta oportunidad, así como de la doctrina jurisprudencial de ese entonces (vid. sentencia del 16 de diciembre de 1959, Gaceta Forense 1959, N° 26, Vol. II, pág. 284).
El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir debe estar fundado en un examen de los hechos de las pruebas aportadas a los autos con las conclusiones jurídicas que a los jueces les merece. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues con su cabal cumplimiento la cosa juzgada que emerge del dispositivo del fallo, llega a ser el resultado lógico de una sana administración de justicia
Ello es así, toda vez que el delito de desaparición forza.d.p. no está determinado, en esencia, por la privación de la libertad de una persona, sino por su desaparición, esto es: la negación o ausencia de información sobre el detenido o sobre su paradero. Vale decir, la desaparición perdura mientras subsista el deber de informar…
El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados
Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forza.d.p.. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla, tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forza.d.p., así como la tentativa de comisión del mismo, serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley
1. Una reforma parcial del Código Penal para incluir el delito de desaparición forza.d.p., previsto en el artículo 45 de esta Constitución. Mientras no se apruebe esta reforma se aplicará, en lo que sea posible, la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forza.d.P..
Igualmente, en sentencia nro. 65 del 15 de febrero de 2013, esta Sala Constitucional afirmó que del texto del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se desprende que el Constituyente sólo perfiló algunas de las conductas delictivas respecto de las cuales, por ser susceptibles de ser encuadradas en los conceptos de delitos contra los derechos humanos o de lesa humanidad, no se extingue, por razón del transcurso del tiempo, la acción para procurar el enjuiciamiento de los responsables por su comisión, así como la sanción penal a dichos partícipes...
Ahora bien, por todo lo antes expuesto, esta Sala Constitucional, en virtud de que no se cumplió con la debida diligencia en la investigación judicial efectiva de conductas que podían haber constituido violaciones graves de derechos humanos y, por ende, dicha falta de actividad vulneró derechos fundamentales inherentes a la víctima directa (y también a las indirectas) en el presente asunto, se declara ha lugar la solicitud de revisión formulada por la representación del Ministerio Público, y, en consecuencia, anula la decisión dictada el 22 de octubre de 1998, por el C.d.G.P.d.M., en la averiguación sumarial instruida con motivo de la alegada detención y posterior desaparición física del ciudadano D.A.C.N., en la que declaró terminada la misma, de acuerdo al artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal en su ordinal 7° aplicable por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar, que confirmó en consecuencia la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín, en fecha 16 de junio de 1998, la cual también se anula. Así se decide.
Finalmente, esta Sala, vista la anterior declaración y a los fines de la reapertura y continuación de la investigación correspondiente para determinar realmente la realidad de lo ocurrido e, inclusive, la posible responsabilidad penal de probables autores y participes de ese hecho, incluyendo a los posibles superiores jerárquicos y demás funcionarios y personas en general que pudieran estar involucradas de forma directa o indirecta en el mismo, e, incluso, también de ser jurídicamente posible, en lo que atañe a los jueces que dictaron los fallos aquí anulados, a los efectos de evaluar la posible comisión del delito de encubrimiento u otros previstos en el respectivo Código Penal o alguna otra ley vigente para el momento de los hechos que pudieran ser susceptibles de ser estimados relevantes desde la perspectiva jurídica-penal, ordena oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 86-826 de la nomenclatura del C.d.G.P.d.M., con el objeto de que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, reabra y efectúe la correspondiente investigación penal para determinar la posible comisión de hechos punibles en ese caso y, de ser el caso, ejerza las acciones respectivas para determinar la responsabilidad de los autores y participes de los mismos. Así se decide.
- Que es COMPETENTE para decidir la presente solicitud de revisión interpuesta por los abogados los abogados J.A.B., Fiscal Provisorio Trigésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, M.G.C., Fiscal Provisorio Octava del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, E.J.R.M., Fiscal Provisorio Octogésimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, EDDMYSALHA SARAKHA G.C., Fiscal Provisorio Octogésimo Sexto del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Protección de Derechos Fundamentales, A.C.S.C., Fiscal Auxiliar Interino Octavo del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional y H.A.A.M., Fiscal Auxiliar Interino Trigésimo Noveno del Ministerio Público con Competencia Plena a Nivel Nacional, comisionados por la ciudadana L.O.D., Fiscal General de la República, para conocer de los hechos de Homicidios, Torturas y Desapariciones Forzadas, cometidos contra venezolanos y venezolanas durante los años 1958-1998.
- HA LUGAR la referida solicitud de revisión ejercida contra la sentencia dictada por el C.d.G.P.d.M. el 22 de octubre de 1998, que confirmó la decisión dictada por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín el 16 de junio de 1998, que declaró extinguida por prescripción la acción penal y terminada la averiguación sumarial.
- ANULA los mencionados fallos dictados el 16 de junio de 1998, por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maturín y el 22 de octubre de 1998, por el C.d.G.P.d.M., que declaró “…TERMINADA LA PRESENTE AVERIGUACIÓN SUMARIAL, POR PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, instruida con motivo de la presunta detención y posterior desaparición del Ciudadano D.A.C., conforme al artículo 206, Ordinal 7, del Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable al caso por disposición del artículo 20 del Código de Justicia Militar”, las cuales son contrarias a valores y principios elementales del Derecho y la Justicia, como lo son la imparcialidad y suficiencia en la investigación penal, la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la motivación de las sentencias, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y, por ende, violatorio del artículo 50 de la Constitución de 1961, aplicable en razón del tiempo de los hechos sub iudice, todo ello conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998.
- ORDENA al Ministerio Público que, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, reaperture el caso a los fines de la continuación de la investigación penal correspondiente para determinar la posible comisión de hechos punibles en ese caso y, de ser el caso, ejerza las acciones respectivas para determinar la responsabilidad de los autores y participes de los mismos.
- ORDENA oficiar al Circuito Judicial Penal Militar para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la respectiva notificación, remita al Ministerio Público la causa original contenida en el expediente n.º 86-826 (de la nomenclatura del C.d.G.P.d.M.).
Expediente n.° 16-0403