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Document Index: 366060257

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 78', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 48', 'artículo 39', 'artículo 57', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 19', 'artículo 61', 'artículo 109', 'Artículo 109', 'artículo 116', 'artículo 116', 'artículo 76', 'artículo 4', 'artículo 67', 'artículo 67', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 212']

Ley 13/2005 de 27 de diciembre de medidas tributarias y administrativas. TÍTULO II. NORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2006).
Modificación de determinados preceptos del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio 1. Se añade el apartado 8 al artículo 58 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, con la siguiente redacción: «8. Las operaciones contables relativas a los gastos e ingresos presupuestarios del Servicio de Salud de las Illes Balears pueden ser registradas con carácter provisional en la contabilidad financiera o patrimonial, sin perjuicio de que, posteriormente, sean anotadas en los estados de ejecución presupuestaria correspondientes. No obstante lo anterior, el pago de los gastos exigirá, en todo caso, la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios correspondientes y, en consecuencia, la previa disponibilidad del crédito».
2. Se añade un segundo párrafo en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, con la siguiente redacción: «Asimismo, la comunidad autónoma puede conceder un segundo aval sobre los avales que, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, concedan las entidades autónomas y empresas públicas. En estos casos, y a efectos del importe máximo que se fije en la Ley de presupuestos generales en los términos previstos en el artículo 76 de esta ley, sólo se computará el aval concedido por la entidad autónoma o empresa pública».
Modificación de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears 1. Se suprime el último párrafo de la letra a) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. La ley de creación de cada entidad autónoma ha de determinar la finalidad institucional de la entidad, así como si ésta ha de tener un presupuesto propio e independiente del presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma. En defecto de ello, los presupuestos de las entidades autónomas han de integrarse en el presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma como secciones presupuestarias.»
Modificación de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears Se añade la letra i) en el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 22 de mayo, de creación de la Compañía de Radio y Televisión de las Illes Balears, con la siguiente redacción: «i) El resto de funciones que, de acuerdo con la normativa vigente, correspondan a la compañía y que no estén atribuidas expresamente a ningún otro órgano».
Modificación de determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears 1. Se modifica la letra d) y se añade la letra e) en el artículo 48 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears, con la siguiente redacción: «d) El incumplimiento de las obligaciones de inscripción y comunicación de variación de datos en las secciones del Registro General de Comercio de las Illes Balears.
Capítulo IIILa acción administrativa en materia de minas
Declaración de zona no registrable
Por razón de interés público, se declara todo el territorio de las Illes Balears como zona no registrable a los efectos de lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas
, y en el artículo 57.3 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería
Declaración de interés general Se declara el interés general, a efectos urbanísticos, de las canteras que, el 1 de enero de 2006, figuren incluidas en el anexo II del Decreto 61/1999, de 28 de julio, de aprobación definitiva de la revisión del Plan director sectorial de canteras de las Illes Balears, en los casos en que el planeamiento urbanístico no haya adaptado la clasificación del suelo a las determinaciones previstas en el artículo 13 del mencionado Decreto 61/1999, de 28 de mayo.
Capítulo IVLa acción administrativa en materia de ordenación farmacéutica
Modificación de determinados preceptos de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica 1. Se modifica el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica, que pasa a tener la siguiente redacción: «2. La distancia prevista en el apartado anterior deberá ser observada, asimismo, respecto de los hospitales, centros de cirugía ambulatoria, centros de salud y resto de centros sanitarios, todos ellos pertenecientes al sector público, tanto si están en funcionamiento como en fase de construcción.»
2. Se modifica la letra d) del artículo 21 de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de ordenación farmacéutica, que pasa a tener la siguiente redacción: «d) En el supuesto de que para la autorización de una nueva oficina de farmacia se hubieran computado plazas turísticas y/o viviendas de segunda residencia en la forma establecida en los apartados b) i c) anteriores, el titular de la dirección general competente en materia de farmacia, una vez atendidas las necesidades de atención farmacéutica de la zona de farmacia correspondiente, ha de delimitar el lugar donde ha de ubicarse la nueva oficina de farmacia, la cual se establecerá dentro de la zona delimitada, respetando, en todo caso, las distancias mínimas a que se refiere el artículo 19 de la presente ley».
Capítulo VLa acción administrativa en materia de transportes urbanos
Normas especiales en materia de transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo 1. Hasta que la comunidad autónoma de las Illes Balears no legisle en materia de transportes urbanos, y debido a la desproporción existente entre la oferta y la demanda del servicio de taxi en temporada estival, los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera pueden otorgar licencias de ámbito insular de transporte público de viajeros en vehículos de turismo que tengan una duración estacional determinada, en el ámbito territorial de las islas de Menorca y de Ibiza, respectivamente.
Capítulo VILa acción administrativa en materia de aguas
Normas en materia de aguas 1. En el ámbito territorial de las Illes Balears, la persona titular de la concesión a que se refiere el apartado 4 del artículo 61 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, ha de ser el propietario de las tierras a las que vaya destinada el agua o el titular de la explotación agraria.
2. En el ámbito de las Illes Balears se añaden dos apartados, tercero y cuarto, al artículo 109 de la Ley de aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que quedan redactados de la siguiente forma: «Artículo 109
Régimen jurídico de la reutilización 3. Cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una concesión de reutilización de aguas podrá subrogarse por vía contractual en la titularidad de la autorización de vertido de las citadas aguas, con asunción de las obligaciones que ésta implique, incluidas la depuración y la satisfacción del canon de control del vertido. Estos contratos deberán ser autorizados por el correspondiente organismo de cuenca, a los efectos del cambio de titular de la autorización del vertido. En el caso de que la concesión se haya otorgado respecto de aguas efluentes de una planta de depuración, las relaciones entre el titular de ésta y el de aquella concesión serán reguladas igualmente mediante un contrato que deberá ser autorizado por el correspondiente organismo de cuenca.
3. En el ámbito territorial de las Illes Balears, se añade una nueva infracción administrativa a las previstas en el apartado 3 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con la siguiente redacción: «En el ámbito territorial de las Illes Balears constituye infracción administrativa en materia de aguas, además de las previstas en el apartado 3 del artículo 116 del texto refundido de la Ley de aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el incumplimiento de las normas técnicas de ejecución de sondeos, en especial, de la obligación de cimentar el espacio anular entre el entubamiento y la pared de los sondeos. Son responsables de esta infracción las personas físicas o jurídicas que ejecuten los sondeos y los directores facultativos de éstos.»
4. Se modifica la letra e) del apartado 6 del artículo 76 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y medidas tributarias, que pasa a tener la siguiente redacción: «Los usos recreativos, con excepción del riego de campos de golf, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 12/1988, de 17 de noviembre, de campos de golf.».
Capítulo VIILa acción administrativa en materia de montes
Normas en materia de montes En el ámbito territorial de las Illes Balears se tipifica una nueva infracción administrativa en materia de montes en desarrollo de la infracción prevista en la letra k) del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, con la siguiente redacción: «En el ámbito territorial de las Illes Balears, constituye infracción administrativa en materia de montes, además de la prevista con carácter general en la letra k) del artículo 67 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, la circulación y/o permanencia de ciclomotores, motocicletas y quads en los montes propiedad de cualquier administración pública. Esta prohibición no afectará a los trabajos propios de gestión del monte, ni a los trabajos de vigilancia y seguridad.
Se modifica la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, que pasa a tener la siguiente redacción: «1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que cree una empresa pública con forma de entidad de derecho público que ha de someter su actuación al ordenamiento jurídico privado, de acuerdo con lo previsto en el punto 1 de la letra b) del artículo 1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas a la comunidad autónoma de las Illes Balears, adscrita a la consejería competente en materia de medio ambiente, cuya finalidad institucional será la gestión de los parques y otras figuras de especial protección al amparo de Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, y de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.
Se modifican los apartados cuarto y quinto de la disposición adicional duodécima de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública, que pasa a tener la siguiente redacción: «4. Las aportaciones económicas que se hagan con cargo a este fondo no tienen carácter finalista y, por tanto, corresponde a cada municipio determinar la finalidad concreta a la cual se aplica. Sin embargo, con cargo a este mismo fondo pueden realizarse convenios de colaboración, incluso de carácter plurianual, para objetivos determinados.
5. De acuerdo con lo establecido en las letras d) y e) del artículo 2.3 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de subvenciones, no es de aplicación a este fondo la legislación en materia de subvenciones».
Disposición adicional sexta derogada por la letra c) del número 1 de la disposición derogatoria de Ley [BALEARES] 20/2006, 15 diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears («B.O.I.B.» 27 diciembre).
1. En el impuesto sobre la circulación de vehículos de alquiler sin conductor regulado en el capítulo I del título I de esta ley, se establece un premio de recaudación en concepto de compensación por los gastos de gestión y recaudación a favor del sustituto del contribuyente, según la siguiente escala a aplicar sobre la cuota anual a ingresar: - Hasta 24.000,00 euros: 5%
Se modifica la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, en lo que se refiere a los artículos siguientes: 1. El artículo 3 de la Ley 10/2005 queda redactado de la siguiente manera: «1. Son competencia de la Administración autonómica de las Illes Balears: a) Los puertos, las marinas y las instalaciones portuarias y marítimas adscritos a la comunidad autónoma que permitan la realización de operaciones de tránsito portuario y presten servicios a las actividades pesqueras, deportivas o náutico-recreativas, siempre que no sean declarados de interés general del Estado.
2. El artículo 5 de la Ley 10/2005 queda redactado de la siguiente manera: «Integran el dominio público portuario de titularidad de la comunidad autónoma las superficies de tierra, las obras y las instalaciones que la consejería competente afecte a usos o servicios portuarios, así como las obras e instalaciones realizadas sobre el dominio público marítimo-terrestre adscrito para finalidades portuarias.»
3. Al artículo 11 de la Ley 10/2005 se añade un nuevo punto 4: «4. Las modificaciones del Plan director sectorial precisarán informe del ministerio con competencias en materia de costas.»
Se añade un nuevo párrafo al apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no urbanizable de edificios e instalaciones afectadas por obras públicas o declaradas de utilidad pública y ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa, que pasa a tener la siguiente redacción: «a) Que se respeten las servidumbres legalmente exigibles, tanto las impuestas por el derecho público como las impuestas por el derecho privado.En lo que se refiere a las expropiaciones derivadas de la ejecución de proyectos de carreteras, cuando la parcela sobrante resulte insuficiente para cumplir las servidumbres legales, la administración competente podrá autorizar dicha reconstrucción en las zonas de afección de la carretera, fuera de la zona de dominio público, con la imposición previa de medidas que garanticen la seguridad vial».
2. A las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears, que no hayan optado por el mecanismo previsto en el apartado 2.b) de la disposición transitoria cuarta de la citada ley, el canon por ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario deberá adaptarse a la regulación contenida en el artículo 212 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación a la tasa por ocupación del dominio público portuario. A los efectos previstos en el presente apartado: a) La cuantía de la tasa correspondiente al año 2006 se calculará aplicando el tipo de gravamen a la primera valoración que se apruebe con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de las Illes Balears.