Source: http://www.csj.gob.sv/BVirtual.nsf/0/f8dbe2825ca48074062574d60062340b?OpenDocument
Timestamp: 2018-01-17 20:05:01
Document Index: 387834409

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 60', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 180', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 63', 'artículo 1', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 67', 'artículo 26', 'artículo 9', 'artículo 8', 'Artículo 16', 'Artículo 16', 'Artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 345', 'artículo 346', 'artículo 347', 'artículo 35', 'artículo 352', 'Artículo 352', 'artículo 383', 'artículo 384', 'artículo 385', 'artículo 385', 'artículo 386', 'Artículo 76', 'artículo 6']

B272p AÑO 1994.
INVENTARIO 013217 PAGINA(S) 149 h.
AUTPPAL Barrera Campos, Paula Victoría CARRERA Optar al grado de Lic. en Ciencias Jurídicas,
AUTOR(ES) Paula Víctoria Barrera Campos...[y otros] TITULO El papel de las instituciones del Estado que brindan protección al menor ante el crecimiento de la delincuencia juvenil
FECHA 13/02/2006
1. MENOR INFRACTOR 2. DERECHO DEL MENOR I. Título MATERIA MENOR INFRAC
TÍTULO El papel de las instituciones del Estado...
TOPOGRÁFICA Barrera Campos, Paula Victoría
CONTENIDO Antecedentes de la delincuencia juvenil, instituciones de protección al menor, fundamentos jurídicos de protección al menor política de atención al menor a traves del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, análisis de datos sobre la situación de los menores infractores internos
EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DEL
ESTADO QUE BRINDAN PROTECCIÓN AL MENOR
ANTE EL CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
TRABAJO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO DE
PAULA VICTORIA BARRERA CAMPOS
VILMA IRASEMA FAJARDO LIMA
GERARDO ANTONIO VILLATORO RUBIO
DIRECTORA DE SEMINARIO
LIC. MARIBEL HORTENSIA RODRÍGUEZ DE ROMERO
SAN SALVADOR, OCTUBRE DE 1994
DR. FABIO CASTILLO FIGUEROA
LIC. CATALINA RODRÍGUEZ DE MERINO
DR. JORGE ALBERTO GÓMEZ ARIAS
LIC. JUAN JOELA HERNÁNDEZ RIVERA
COORDINADOR GENERAL DE SEMINARIO
AGRADECIMIENTO ESPECIAL DEL GRUPO DE TRABAJO
Queremos dejar de manifiesto nuestros agradecimientos por la colaboración y apoyo brindado en el desarrollo del presente trabajo a las siguientes personas:
Lic. José Salomón Benítez Reyes
Lic. María Guadalupe Sigüenza de Romero
A mi señor Jesucristo que me ayudó e iluminó durante el tiempo que duró mi carrera hasta culminarla.
A mis padres: Virgilio y María Isabel.
Porque siempre tuvieron fe en mí y por enseñarme que aunque haya tropiezos en la vida debemos de tener la capacidad para sobreponernos y seguir adelante para alcanzar nuestras metas.
A mi esposo: Miguel Ángel Tejada Cartagena
Por su incondicional apoyo. Gracias con todo mi amor.
A mí querido hijo: Sigfredo Antonio Tejada Barrera.
Por su apoyo y comprender que si tuve que alejarme de él, y no brindarle la atención debida que como niño se merece, fue por mi superación que también es la de él.
A mis sobrinitas: Gaby, Mariel y Sofía.
Por comprender que si me desatendí un tiempo de ellas fue por mi superación que también es la de ellas. Gracias lindas.
A mis hermanos: David, Virgilio, Noemí, Lupita, Dora, y especialmente a mi hermano Julito quien siempre tuvo fe en mí y me animó a salir adelante brindándome su apoyo y cariño, gracias con infinito amor.
A mis compañeros de equipo: Irasema y Gerardo Antonio, por haberme comprendido durante el tiempo que dedicamos al presente seminario.
A mis amigos en general, por brindarme su amistad.
A la Universidad de El Salvador, por haberme acogido en sus calurosas aulas.
A mis maestros, por haberme orientado y despejado mis dudas.
A DIOS en primer lugar, por haberme proporcionado la voluntad e iluminación necesaria para realizar el trabajo.
A mis hijos Fernando José, Alberto René y Francisco Alejandro, a quienes privé de mi compañía y atención, gracias con infinito amor ya que me brindaron en todo momento su apoyo, cariño y comprensión.
A la memoria de mi madre Zoila E. de Fajardo, porque con su ejemplo y amor, me enseñó que se debe de seguir adelante y que a pesar de las adversidades se tiene la capacidad de culminar las metas.
A mi padre Jorge Alberto; porque siempre tuvo fe en mí y me brindó su apoyo en todo momento.
A mis Hermanos, Nora Delmy, Jorge Alberto y Mabel Liliana, con mucho cariño por su apoyo incondicional.
A mis sobrinos con especial cariño por su confianza y amor que me han demostrado.
A mis compañeros de equipo de trabajo Gerardo y Paula, por haberme comprendido y brindado su cariño y amistad, gracias.
A mis familiares con todo cariño que me apoyaron en todo momento.
A mis amigos principalmente a María Guadalupe, Oscar Armando y Carlos Anaya, quienes en todo momento tuvieron fe en mí, brindándome palabras de aliento y su apoyo incondicional, gracias con todo cariño.
A la Universidad de El Salvador por haberme acogido en sus recintos.
A DIOS todo poderoso dedico mi triunfo por haberme iluminado durante mis estudios y la realización del presente trabajo.
A mí asesora Lic. Maribel Hortensia Rodríguez de Romero, por haberme orientado en desarrollo del trabajo desde su inicio hasta su fin.
A la Universidad de El Salvador, por haberme acogido en sus aulas.
A mis catedráticos, quienes me orientaron y despejaron mis dudas en mi etapa de estudiante.
A mi esposa, Fidelina Meléndez de Villatoro y a mi hijo Gerardo Antonio, dedico este triunfo con todo mi amor y cariño quienes comprendieron el por qué les privé de mi compañía en el tiempo que debí dedicarle a ellos.
A mis padres, Héctor Humberto y María de la Paz, por haberme brindado su apoyo incondicional y haber confiado en mí.
A mis hermanos y especialmente a Santos Humberto, por haberme apoyado en todo momento.
A mis amigos en general y especialmente al Dr. Roberto Marcial Campos, y Rafael Rivas Álvarez.
ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
2. FACTOR SOCIAL
d) Medios de comunicación social
g) Drogadicción
INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN AL MENOR
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEPROTECCION AL MENOR
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
3. CODIGO DE MENORES
4. CODIGO PENAL
5. POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN AL MENOR
6. LEY DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR
7. CÓDIGO DE FAMILIA
8. LEY DEL MENOR INFRACTOR
LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN AL MENOR, A TRAVÉS DEL INSTITUTO SALVADOREMO DE PROTECCIÓN AL MENOR
ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES INTERNOS, EN CENTROS DE MENORES DEL INSITUTO SALVADORERO DE PROTECCIÓN AL MENOR
1. CAPACIDAD DE LOS MENORES PARA RESPONDER SEXO Y EDAD
2. SEXO Y EDAD DE LOS MENORES
3. NIVEL EDUCATIVO DE LOS MENORES.
4. PROCEDENCIA DE LOS MENORES
5. INGRESO POR PRIMERA VEZ AÑO Y MOTIVO
6. PARENTEZCO CON LA PERSONA QUE GESTIONÓ EL INTERNAMIENTO DEL MENOR
7. MOTIVO DE ÚLTIMO INGRESO Y FRECUENCIA
8. TIPO DE ACTIVIDADES DE LOS MENORES ANTES DE INGRESAR AL INSTITUTO
9. GRADO DE ESCOLARIDAD
10. ESCUELA, SU FUNCIONAMIENTO, VENTILACIÓN Y DOTACIÓN DE PUPITRES
11. TRATO DE PROFESORES
12. EXISTENCIA O NO DE PADRES DEL MENOR
13. RAZONES POR LOS QUE EL MENOR NO VIVÍA CON SUS PADRES ANTES DE INGRESAR AL CENTRO DE PROTECCIÓN Y PERSONAS CON QUIEN VIVÍA
14. PERSONAS QUE VISITAN A LOS MENORES
15. TIPO DE OCUPACIÓN DE LA FAMILIA
16. TIPO DE AYUDA FAMILIAR
17. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES
18. PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LOS MENORES
19. GRADO DE SATISFACCIÓN DE ESTAR INTERNOS EN EL I.S.P.M
20. FORMA DE TRATO QUE BRINDAN LOS ORIENTADORES
21. SERVICIOS CON QUE CUENTA EL CENTRO
22. SERVICIOS DE SALUD Y PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS
23. SATISFACCIÓN Y PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS MÉDICOS
24. CUIDADO DE MENORES EN CASO DE ENFERMEDAD
25. FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SERVICIO DE SICOLOGÍA
26. FRECUENCIA Y ATENCIÓN RECIBIDA
27. GRADO DE SATISFACCIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS MENORES EN EL INSTITUTO
28. UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
29. PARTICIPACIÓN EN TALLERES, FUNCIONAMIENTO, RELACIÓN Y EQUIPAMIENTO
La naturaleza de la investigación realizada ha sido de carácter documental y de campo, con la cual se proporciona un aporte socio-jurídico que permita realizar nuevas investigaciones, y presentar a las instancias correspondientes las recomendaciones para que se implemente una Política Nacional de Atención al Menor; adecuada; así como también, plantear medidas preventivas que permitan contrarrestar la delincuencia juvenil y que se brinde una verdadera protección a la niñez Salvadoreña.
La investigación ha consistido en un estudio sobre “El papel de las instituciones del estado que brindan protección al menor ante el crecimiento de la delincuencia juvenil”. Dicho estudio se ha realizado con los menores infractores o de conducta irregular, internos en: La División de Admisión Evaluación y Diagnóstico, Centro de Menores El Espino y Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier”, del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, cuyas edades oscilan entre los 12 y 18 años.
Los alcances del trabajo han comprendido un estudio sobre la aplicación de la Política Nacional de Atención al Menor a través del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, así mismo se ha analizado el fundamento jurídico de protección al menor, partiendo de la Constitución de la República de El Salvador (1983), en lo que se refiere a la obligación del Estado a brindar protección al menor y la creación de instituciones para ello, así como también se han analizado los tratados, convenios y pactos internacionales suscritos y ratificados por el gobierno de El Salvador referente a la protección del menor, también se analizaron las leyes nacionales que tienen relación con la protección del menor como: Código de Menores, Código Penal, La Política Nacional de Atención al Menor, y la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, Código de Familia y Ley del Menor Infractor.
Las limitaciones del presente trabajo han sido el que quedaron fuera del ámbito de la investigación el estudio de los menores en estado de abandono, peligro o riesgo.
Las razones que motivaron la elección del tema ha sido el auge que ha tenido la delincuencia juvenil y el papel que ha asumido el Estado ante esta problemática.
Por lo que nuestro problema de investigación se formuló de la siguiente manera:
“En qué medida será efectiva la Política Nacional de Atención al Menor y la aplicación de ésta por parte del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, para minimizar el problema de la delincuencia juvenil”.
La importancia social del problema investigado, es que la delincuencia juvenil es un fenómeno social que afecta tanto a la familia como a la sociedad.
La naturaleza del estudio como se dijo antes, ha sido documental y de campo; documental porque se ha fundamentado su estudio en el análisis de libros de autores especializados en la materia, tesis universitarias, artículos de revistas, periódicos, la Legislación Salvadoreña, tratados, convenios y pactos internacionales. La investigación de campo ha consistido en la aplicación de una encuesta a los menores infractores o de conducta irregular, y una guía de entrevista al personal que tiene relación directa con los menores.
Los objetivos del trabajo están encaminados, a analizar en qué medida el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, contrarresta la delincuencia juvenil.
La metodología utilizada es la siguiente; se inició con el planteamiento del problema donde se plasman las causas de la delincuencia juvenil y su incremento en el período de la post-guerra, tomando como base las desigualdades económicas, políticas y sociales, que se gestan por la injusta distribución de la riqueza, esto conlleva a que una mayoría de la población sean explotados, marginados y sin acceso a los servicios más fundamentales como: Educación, Salud, Trabajo, Vivienda y otros, resultando con ello la precaria situación de pobreza de la mayoría de la población salvadoreña, que afecta primordialmente a los jóvenes al no poder satisfacer sus aspiraciones. Así mismo entre otras causas que influyen en esta problemática tenemos: La drogadicción, el bajo nivel educativo, la influencia de los medios de comunicación, falta de capacitación y otros, lo que conlleva a que el menor a temprana edad se encuentre en condiciones propicias para la vagancia, y la delincuencia, finalmente se plantea un diagnóstico sobre el papel del Estado a través de las Instituciones de protección al menor, y la no efectividad de la aplicación de la Política Nacional de Atención al Menor, por ello la hipótesis de estudio está referida a: “El incremento de la delincuencia juvenil será consecuencia, de la no efectividad en la aplicación de la Política Nacional de Atención al Menor, por parte del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor", la cual fue operacional izada en variable independiente y variable dependiente y sus respectivos indicadores.
La ejecución de la investigación se realizó mediante el diseño y aplicación de una gula de entrevistas al personal y de una encuesta a 87 menores, que contenía preguntas abiertas y cerradas; no se diseñó una muestra, porque se tomó el total del universo de menores infractores en los centros, en caso contrario la muestra hubiera sido poco significativa. La información obtenida fue vertida en cuadros estadísticos diseñados previamente, realizando un análisis e interpretación de los datos obtenidos para la elaboración y presentación del trabajo final, cumpliéndose de esa forma, el requisito establecido por la Universidad de El Salvador, para optar al título de Licenciatura en Ciencias Jurídicas.
El trabajo está dividido en 5 capítulos así:
Capítulo I. Se explican los factores que inciden en la problemática de la delincuencia juvenil.
Capítulo II. Explica el devenir histórico de las instituciones de protección al menor en El Salvador.
Capítulo III. Se plantean las leyes Salvadoreñas, los tratados, convenios y pactos internacionales referentes a la protección del menor.
Capítulo IV. Se analiza la Política Nacional de Atención al Menor y su aplicación a través del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, y como es su funcionamiento.
Capítulo V. Contiene los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación realizada; finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo realizado.
I. ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
Los antecedentes de la delincuencia son tan remotos como la misma existencia del hombre, ya que en todos los tiempos de la humanidad han existido delitos y delincuentes, la delincuencia a medida que la sociedad ha ido evolucionando y desarrollando su tecnología, esta también se ha ido perfeccionando, alcanzando un grado mayor de tecnicismo y perfeccionamiento. Este fenómeno de la delincuencia es un problema a nivel mundial, siendo alarmante el crecimiento en los decenios de 1970 a 1990, ya que según datos de informe de las Naciones Unidas, en 1975 el número de delitos registrados fue de 330 millones, en 1980 400 millones y se calculó que en el año de 1990 la cifra de delitos alcanzó los 500 millones. (1)
En El Salvador se ha dado un incremento de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia juvenil, la cual ha ido en ascenso principalmente en el período de 1991 a la actual fecha.
La problemática de la delincuencia juvenil, como ya se mencionó antes, no es un problema reciente pero que es necesario destacar y reconocer que en los últimos años ha adquirido un desarrollo alarmante y que ha venido a representar uno de los problemas que más preocupan e inquietan a la sociedad salvadoreña; a esta problemática tal vez no se le dio la importancia en el pasado, posiblemente porque la guerra que vivió nuestro país era de mayor impacto, que se convirtió en el eje central de noticias de los medios de comunicación.
El conflicto armado tuvo su incidencia en el incremento de la delincuencia juvenil, por la degradación de valores que provocó la guerra, ya que el niño, que es el joven de ahora, se desarrolló en ese marco y introyectando una serie de valores e insensibilizándolo, ya que de alguna manera la mayor parte de la población salvadoreña sufrió el impacto de la guerra, por la pérdida de un familiar ya sea asesinado o desaparecido, sobre todo los menores que quedaron huérfanos o abandonados, provocando un desequilibrio emocional y desintegración familiar. El desempleo fue otra de las causas debido a que muchas empresas cerraron y se fueron del país por la inseguridad existente, otra crisis importante fue el desplazamiento masivo de los moradores de las zonas conflictivas a las menos conflictivas, que vino a incrementar las zonas marginales sobre todo en el área de San Salvador, a medida que se fue profundizando la crisis, fueron incrementándose los actos delictivos de los menores, sobre todo, en aquellos delitos contra la integridad física y la propiedad, los que son cometidos a diario tal como nos informan los medios de comunicación social, observándose que las zonas más afectadas por este fenómeno es el área metropolitana como: Mejicanos, San Salvador, Zacamil y Soyapango, y Apopa, que son poblaciones que afrontan problemas sociales económicos, pero la delincuencia juvenil no sólo ha afectado el área metropolitana, sino que se ha extendido a nivel nacional, los jóvenes ya no actúan individualmente, sino que en maras y pandillas juveniles, que se han adueñado de territorios para cometer sus actos delictivos, en el país existen alrededor de 230 maras o pandillas juveniles, conformadas en su mayoría por menores cuyas edades oscilan entre los 10 a 21 años. (2)
Las dos principales maras o pandillas juveniles son la “Mara Salvatrucha” y la “Mara 18” que son las más temidas y peligrosas y enemigos entre sí, ambas maras han formado subgrupos a nivel del territorio nacional, la mayoría de estos subgrupos se encuentran en las colonias de San Salvador principalmente, y en Soyapango, Santa Lucía, Mejicanos, e Ilopango.
Según fuentes oficiales, estas maras, han sido formadas por adolecentes ilegales que han sido deportados por el Gobierno de Estados Unidos, por pertenecer a maras o pandillas juveniles, debido a que en Los Ángeles, los hispanos han formado muchas pandillas, distinguiéndose los salvadoreños, por haber formado “las maras” más numerosas, violentas ó temidas por la población y la misma policía, estas maras que operan en Los Ángeles son la “Mara Salvatrucha” y la “Mara 18”, quienes se disputan el territorio de Los Ángeles a muerte, estas maras a diario matan y roban sin que se les haya podido detener en su totalidad.
El Gobierno de los Estados Unidos tuvo que formar una fuerza especial contra pandillas, para que investigara y deportara a los extranjeros miembros de las maras, por lo que muchos jóvenes salvadoreños pertenecientes a maras han sido deportados a El Salvador y otros que han regresado por sus propios medios, encontrando en nuestro país muchos jóvenes dispuestos a “apandillarse” a quienes les enseñan y los forman, estos son los hijos de una sociedad resquebrajada por la guerra sin principios morales y religiosos, y con problemas de desintegración familiar.
Las desmovilizaciones de los batallones militares especiales y la guerrilla, ha dado pauta para que hayan armas, ya que el Gobierno no ha tenido un control exacto de ese arsenal, que ha pasado a manos de los delincuentes, sino, como se puede explicar que en estas maras roben o en sus riñas callejeras diarias utilicen armas de fuego, incluyendo granadas.
Por otra parte, se hace necesario analizar el contexto demográfico de nuestro país, ya que según datos preliminares del V censo nacional de población, El Salvador tiene 5.05 millones de habitantes, estimándose una proporción considerable de población menor de 18 años, sólo el 5.4% son personas adultas mayores de 60 años, lo que refleja características de una población muy joven.
La delincuencia jurídicamente puede definirse como aquella conducta humana antijurídica y que es reprimida por la ley penal, estos actos no sólo son sancionados por la ley, sino que además implican transgresiones a los valores éticos de una sociedad. Al referirnos al término de Delincuencia de Menores, vamos a entenderla como toda manifestación de conducta de un menor que infringe la ley y que comete actos antijurídicos, calificados por la ley penal como delitos y faltas, pero que son amparadas por leyes especiales, porque el legislador consideró, que los menores de 16 años, no tienen la madurez física ni síquica para comprender el acto antijurídico.
En las causas de la delincuencia juvenil encontramos factores que determinan en gran medida la conducta delictiva de los jóvenes.
1º Factor Económico.
Este factor es determinante en la delincuencia juvenil, la estructura económica de El Salvador, se basa en una desigualdad en la distribución de la riqueza, ya que una minoría de las familias lo tienen todo, en contraposición de una mayoría de la población que vive en situación de pobreza, quienes no tienen acceso ni a los más elementales servicios como son: educación, salud, trabajo, vivienda, etc.
Así tenemos que en los resultados de una encuesta de hogares efectuadas en 1990 por la Secretaria Nacional de la Familia, de una muestra representativa de las zonas urbanas del país, que indicó que de 523,349 familias, un 60.9% se encontraba en condiciones de pobreza y de este porcentaje un 22.3% en extrema pobreza y un 39.1% se puede considerar como no pobres.
La situación de pobreza y miseria de un amplio sector social que se encuentra marginado e imposibilitado de obtener los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, tienen que buscar formas de subsistir en ocupaciones informales, esto les permite la obtención de ingresos económicos limitados, por lo que se ven en la necesidad de que sus hijos les ayuden lo que da como consecuencia el trabajo a temprana edad del menor. En el país, a pesar de que la ley prohíbe el trabajo de menores de 14 años, observamos que en la realidad es diferente ya que “Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en El Salvador existen 270 mil niños trabajadores, de los cuales 180 mil se ubican en el área rural; pero otras instituciones aseguran que la cifra se eleva a 371 mil a nivel nacional, si se toma en cuenta a los menores que realizan labores domésticas para que sus padres puedan salir a trabajar”.
“La agricultura, la ganadería, los servicios, la industria y el comercio, resultan ser las actividades predominantes entre los menores que forman parte de la fuerza de trabajo en Centroamérica, por cuya labor reciben poco o ningún salario”.
“La Fundación Olof Palme, institución que atiende a los menores trabajadores, asegura que un niño salvadoreño debe laborar diariamente entre 12 y 14 horas para ganar el equivalente a unos 25 colones”.
“El 11.5 por ciento de los niños salvadoreños ingresa al mercado laboral entre los 10 y los 14 años de edad, siendo muchas veces maltratados por sus padres, parientes o personas particulares".
“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), considera que El Salvador es el país de la región que más ha avanzado en materia de legislación en favor de la niñez trabajadora”.
“No obstante, Carlos López, educador de la Fundación Olof Palme, manifestó que las leyes del país orientadas a proteger a los niños, no son aplicadas y los menores no reciben la debida asistencia de parte del Gobierno”.
“En el país, el trabajo de los niños es importante y necesario para el sostenimiento de la economía familiar y es la pobreza la que tempranamente les obliga a cumplir con responsabilidades que en otros sectores sociales o en otras sociedades les corresponde desarrollar a los adultos agregó”.
“El trabajo que se lleva a cabo en las calles implica graves riesgos para los niños y niñas, que van desde ser asaltados, vapuleados, atropellados por automóviles, hasta el grave riesgo de prostitución, apunto”. (3)
“Lo anterior conlleva a que el menor por su mínima edad, la falta de educación y capacitación para un trabajo productivo, al verse imposibilitado para satisfacer sus necesidades básicas recurre al cometimiento de actos delictivos, especialmente en contra de la propiedad.
2º Factor Social:
En los últimos años en El Salvador sobre todo durante el período del conflicto armado se dieron violaciones a los derechos humanos específicamente a los derechos del niño, que fue la parte de la población que más sufrió en la guerra civil, después de finalizado el conflicto, las secuelas en los menores son de diferente índole sobre todo en el aspecto sicológico.
El conflicto armado tuvo su origen en la estructura social por la injusta distribución de la riqueza nacional, la concentración de la tierra en pocas manos, la no seguridad social para la mayoría de la población, estas causas que dieron origen a la guerra, aún siguen latentes.
El Estado, está en la obligación de proteger y hacer que se respeten los derechos de la población, principalmente de los menores, al respecto el artículo 1 de la Constitución de la República establece: "El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia de la seguridad jurídica, y el bien común”. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Al aspecto social el Estado no le ha dado la importancia debida, por lo que los derechos de los menores continúan violándose.
En el factor social podemos mencionar:
La educación es un medio transformador de los jóvenes, y a través de ella se cultivan sentimientos, valores morales y religiosos, etc., por lo que es indispensable en la formación del niño, además es un derecho que tiene de recibir una educación sistemática y periódica que le permita integrarse a la sociedad.
Haciendo un análisis del sistema educativo de nuestro país, vemos como este adolece de fallas, no cumple lo que regula el Art. 53 inciso 12 de la Constitución de la República que dice: "El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión”.
En el sistema educativo hay un deterioro en la calidad de la educación, debido a que no existe una política educativa que responda a los intereses de la población escolar, ya que el acceso a la educación para los sectores más pobres es limitado, esto incide en la elevada tasa de analfabetismo y en el grado bajo de escolaridad que limita las oportunidades de los menores para prepararse intelectualmente y capacitarse. Los menores al no asistir a la escuela, se dedican a trabajar o a la vagancia, que es un ambiente propicio que los induce al vicio y a cometer infracciones, que influyen negativamente en la familia y sociedad.
Es un deber constitucional del Estado garantizar la salud de los habitantes, a través de una Política Nacional que garantice los niveles básicos e indispensables para la población, especialmente el sector que no tiene los recursos necesarios para la atención médica, pero dicha responsabilidad no es cumplida por el Estado, ya que el sistema de salud existente es deficiente e insuficiente lo que incide en la tasa de mortalidad y a una carente preparación, sobre todo en los menores a quienes debe asegurárseles condiciones físicas y mentales favorables para su formación y desarrollo. De tal manera que el Estado al no asumir su responsabilidad está violando el derecho a la salud de la población.
El crecimiento acelerado de la población y la emigración interna, ha incidido en el problema de la vivienda, ya que por la agudización del conflicto armado, muchas familias tuvieron que emigrar hacia las zonas menos conflictivas, llegando a incrementar las cinturones de miseria, cuyas viviendas en su mayoría son construidas de lámina, madera, cartón, latas vacías que no proporcionan las condiciones adecuadas, por lo que viven en hacinamiento y promiscuidad, siendo víctimas de vicios y violaciones, tanto dentro como fuera del núcleo familiar, manifestándose en estos lugares el incesto, la seducción, la drogadicción, la vagancia, el alcoholismo y la prostitución que es un ambiente propicio para que los menores estén expuestos a una situación de peligro o riesgo y que en un momento determinado los induce a cometer actos delictivos.
Según estadísticas del Ministerio de Planificación en los últimos años 133,722 personas emigraron para la zona metropolitana, de los cuales el 40% asumieron el rol de desplazados, que son los que por la situación del conflicto armado se encuentran fuera de sus lugares de origen.
De acuerdo a un informe de Hábitat sobre la “Problemática de la vivienda en El Salvador” más de 3 millones de salvadoreños carecen de vivienda digna (4) o sea un 50% de la Población, los cuales tienen deficiencia de servicios básicos como: agua potable, alcantarillado, electricidad, letrinas.
Estas condiciones de la vivienda producen insatisfacciones y frustraciones en los jóvenes que optan por cometer actos delictivos, para satisfacer sus necesidades.
d) Medios de Comunicación Social.
Los Medios de Comunicación de masa como la televisión, la radio, la prensa, el cine, las revista y otros presentan violencia muerte, dolor, tristeza, pornografía, guerra, odio lo que influye grandemente en los niños y jóvenes, ya que constituyen instrumento de alienación social, que fomentan el consumo masivo, creando necesidades superfluas, estos han sido uno de los medios que ha propiciado y fomentado la formación de maras o pandillas juveniles.
Es importante destacar como estos medios influyen en el proceso de socialización, sobre todo en los niños que son el potencial consumidor, reproduciendo modelos individuales de comportamiento y actitudes de personajes que se le presentan como héroes, lo que les forma una mentalidad diferente, con alto contenido de, violencia, influyéndole formas de comportamiento y valores que se van arraigado sistemáticamente, o puede inducirles a temprana edad al cometimiento de actos delictivos.
e) La familia.
Se considera que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, a través de ella sus miembros reciben el afecto y la seguridad necesaria para desarrollarse física y mentalmente constituyendo el primer elemento socializador.
La complejidad de la vida moderna y las aspiraciones de encontrar mejores condiciones de vida, ha obligado a los grupos familiares a permanecer menos tiempo en el hogar, consecuentemente la integración familiar se ha visto afectada, debido a que sus miembros se comunican, comparten y se conocen menos cada día.
La familia posibilita la introyección de valores, normas y costumbres como la lealtad, la generosidad, el individualismo, la envidia el egoísmo etc.
El Art. 32 de la constitución de la República, establece la protección jurídica de la familia y la obligación del Estado de asegurar su bienestar y desarrollo económico social y cultural, a través de garantizar las libertades esenciales y derechos fundamentales, siendo la esencia y fin de la Constitución de la República, ya que se concretiza el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los salvadoreños.
En el Art. 34 de la constitución de la República se reconoce el Derecho de los menores a vivir en condiciones familiares y ambientales dignas que les permita su desarrollo integral y le impone la obligación al Estado de darle protección al menor.
La realidad es diferente, ya que el Estado no aplica una efectiva Política Nacional de Atención al Menor, que da como resultado la no protección del menor.
Las condiciones por lo que pasa la familia en la actualidad son extremadamente difíciles debido a que una gran mayoría de las familias viven en situación de pobreza, desempleo, con problemas de alcoholismo, drogadicción y escaza preparación que conlleva a la desintegración familiar, así mismo el conflicto armado que viviera nuestro país, influyó en gran medida en la desintegración familiar ya que muchos hogares se quedaron sin padre, asumiendo la responsabilidad de la crianza y la educación de los menores la madre u otros parientes.
La desintegración familiar es un factor determinante, ya que la carencia de un medio familiar integrado es propicio para que el menor presente conducta antisocial.
f) Desempleo.
El Art. 2 de la Constitución de la República dice: “Toda persona tiene derecho al trabajo y a ser protegido en su conservación y defensa”, y el Art. 37 Cn., establece la protección del Estado del trabajo así “El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual,, y para asegurar a él y su familia las condiciones económicas de una existencia digna de igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales”. Por lo que el Estado está en la obligación de disponer de los recursos que estén a su alcance para proporcionar una ocupación, a través de políticas laborales adecuadas. El Estado no asume esta responsabilidad, ya que según cifras estadísticas de los economistas un 40% de la población económicamente activa está empleada y un 60% está desempleada”, lo cual es un dato significativo. (5)
La desocupación de los padres, el abandono, la orfandad o por que la familia no logra cubrir todas las necesidades, conllevan a que el menor a temprana edad tenga que trabajar, ya que según estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, presentado en el seminario “EL MENOR TRABAJADOR” en el que se dio a conocer que más de 5,000 niños menores de 14 años trabajan en el distrito comercial de San Salvador, esta cifra no abarca a las niñas menores que trabajan como domésticas, únicamente mencionan a los menores que se dedican a las ventas de diferentes productos tales como dulces, gaseosas, fantasías, billetes de lotería, lotín y desarrollan servicios como limpiar zapatos, cuidar carros, cantar en los buses, etc. (6)
La no obtención de un empleo y un salario digno conlleva a que la familia no pueda satisfacer sus necesidades básicas, lo que lleva a frustraciones y a cometer actos delictivos sobre todo en los menores porque se desarrollan en un ambiente propicio.
g) Drogadicción.
Las drogas son substancias materiales o preparadas, que al ser consumidas afectan el cerebro y el comportamiento de las personas, por lo que alteran la forma de pensar, sentir y actuar de la persona y son utilizadas como un escape a la realidad para evadir así la triste situación que afronta la familia.
En la drogadicción, tiene gran influencia el medio ambiente, el colegio, el cine, los grupos de amigos e incluso el hogar, según estudios realizados por FUNDASALVA, de una muestra de 3,057 personas, que refleja altos niveles de consumo de drogas una gran mayoría son adolescentes inducidos por los amigos.
Así mismo tenemos que según datos aportados por la Fiscalía General de la República se han atendido a nivel nacional 600 casos de menores por inhalar pegamento, estos menores en su mayoría provienen de familias pobres, abandonados o en estado de orfandad, se evidencia este problema en: la Plazuela Gerardo Barrios, Plazuela Morazán, Parque Libertad y otros en donde a diario se observan menores en condiciones de vestuario deficiente, inhalando pega, los cuales para mantener el vicio y satisfacer sus necesidades tienen que cometer actos delictivos.
La influencia de las drogas es determinante como ya se mencionó antes para que los menores se conviertan en delincuentes juveniles.
Finalmente vemos que los factores antes mencionados, han contribuido o inciden en el deterioro de la familia de tal manera que éstos presentan conductas antisociales como: el hurto, el robo, alcoholismo, prostitución y otros. Es necesario visualizar que la población más vulnerable en esta problemática es la de los menores y como consecuencia del cometimiento de estos actos delictivos son encerrados en instituciones de protección, ubicándolos en situaciones de abandono moral y material, extrema pobreza, peligro o riesgo.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPÍTULO I
(1) Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y la Prevención del Delito y la Justicia Penal. New York, año 1990, páginas 1, 9 y 10.
(2) El Diario de Hoy, Domingo 24 de julio de 1994, páginas 2 y 3.
(3) Publicación de la Prensa Gráfica, 8 de octubre de 1994, página 13-A.
(4) García Miriam. El Salvador, Aumento Déficit Habitacional, Diario Latino, martes 26 de noviembre de 1991, página 6.
(5) Consultores para el Desarrollo, S. A. (COPADES). Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en El Salvador. Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) U.C.A. San Salvador, mayo de 1988, anexo II. Datos.
(6) Publicación, El Diario de Hoy, octubre 9 de 1994, página 4.
II. INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Al MENOR
En este capítulo se describirá en forma generalizada, la evolución histórica de las instituciones que se han creado para darle atención y protección al menor.
La protección a los menores se ha constituido en una necesidad a medida que la familia se ha visto limitada a propiciar las condiciones de vida favorables para el desarrollo integral de los hijos.
La protección del niño a finales del siglo pasado fue producto de la filantropía y caridad ejecutada por organizaciones religiosas, quienes se interesaban por ayudar a los niños huérfanos y abandonados, entre estos últimos se encontraban los llamados hijos bastardos o espurios (procreados fuera del matrimonio) que eran rechazados por la sociedad.
A finales del siglo pasado surgen los hospicios y orfanatos, para el internamiento de los menores, donde permanecían hasta cumplir su mayoría de edad.
De acuerdo a la fecha de fundación se tienen los centros siguientes:
1. Hogar del niño (San Salvador) 1859.
2. Hospicio “Fray Felipe de Jesús Moraga” (Santa Ana) 1865.
3. Casa Nacional del Niño, antes Hospicio de Niños (San Salvador) 1876.
4. Hospicio de la Niña de Sonsonate, 1892.
5. Hospicio “Dolores Souza” (San Miguel) 1895.
6. Hospicio “Adalberto Guirola”, (Santa Tecla) 1903.
7. Hospicio La Niña “San José” (Ahuachapán) 1908.
8. Instituto Emiliani (San Salvador) 1921.
9. Obra del Buen Pastor (San Salvador) 1924.
10. Escuela Correccional (Santa Ana) 1935, en 1951 por Decreto Legislativo se le cambia el nombre y objetivos, se le denominó La Ciudad de los Niños.
11. Hospicio de Varones “Dr. Gustavo Magaña Menéndez” (Ahuachapán) 1951.
La atención de la problemática del menor interno en estos centros era responsabilidad de los fundadores, con la ayuda de la comunidad, sin embargo, con el aumento de la demanda de atención se hizo necesaria la intervención del Estado, quien a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se va responsabilizando de la administración de dichos centros.
En cuanto a los menores que por diversas circunstancias cometían alguna infracción, se les consideraba delincuentes y recibían el mismo trato que el adulto en los centros penales.
En 1954 surge el Reformatorio de Menores, que funcionó anexo a la penitenciaría de Sonsonate, comenzando así en el país, la separación entre los adultos y los menores de conducta irregular, como una consecuencia de las nuevas corrientes sobre el Derecho de Menores.
En 1958, se crea la División de Menores, la que se encargaba de coordinar los programas de asistencia social para el niño y la familia que proporcionaban las instituciones gubernamentales y privadas, ésta desaparece en 1960. Posteriormente el Estado asume no sólo la responsabilidad de los hospicios y centros, sino también legisla la protección del menor. En la Constitución Política de El Salvador de 1950, en el Art. 180, establece que “El Salvador protegerá la salud la salud física, mental y moral de los menores, garantizará el derecho de éstos a la educación y asistencia. La delincuencia de los menores estará sujeta a un régimen jurídico especial,” (1) pero este régimen no se creó sino hasta el año de 1966 que por Decreto Legislativo número 25 se promulga la “Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores”, en base a la cual se crearon las primeras instituciones con fines de observación y tratamiento, para albergar a menores de conducta irregular hasta la edad de 18 años.
De esta forma en 1967 surge el Departamento Tutelar de Menores, como dependencia del Ministerio de Justicia, para administrar los centros de readaptación de menores, siendo estos:
1. Centro de Menores de Izalco, para varones (Sonsonate).
2. Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier”, para hembras (San Salvador).
3. Centro de Observación de Menores, para varones (San Salvador).
Estos centros se crean como un apoyo a los Tribunales Tutelares de Menores, cuya función es tutelar y preventiva, quienes para tomar las resoluciones recibían la información técnica necesaria sobre cada caso.
Los centros tenían la finalidad de observación y readaptación de los menores a la sociedad.
En 1974, se promulga el Código de Menores, que sustituyó a la Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores, este Código fue abolido por la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y Código de Familia.
En 1975, se fundó el Centro de Menores El Espino, en Ahuachapán, para atender a menores (varones) infractores que se encontraban en los centros penales del país a la orden de los jueces de Primera Instancia y jueces de Paz; previo a esta fundación se realizó una investigación en todos los centros penales del país, para identificar a los menores de 16 años acusados de delitos. Detectada esa población, fueron trasladados al Centro de Menores El Espino, quedando fundado de esta forma el centro antes mencionado y que hasta la fecha cumple esa función.
En 1975, se crean las Villas Infantiles, con el objetivo de proporcionar hogares sustitutos a los menores huérfanos, abandonados, o en estado de peligro o riesgo, era una dependencia del Ministerio de Educación, actualmente depende del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
En 1975, fue fundado el Consejo Salvadoreño de Menores, el cual según artículo 7 inciso 2º del Código de Menores, le correspondía la facultad de trazar la orientación general de la política de menores y el cumplimiento de lo que establecía el Código de Menores en relación a la protección de los menores.
En 1976, se crea EL CUERPO DE PROTECCIÓN DE MENORES, cuyo objetivo era el de detener aquellos menores que cometían actos delictivos, así como los que se dedicaban a la vagancia o mendicidad, este cuerpo de menores actualmente forma parte de la estructura organizativa del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, conformado por cuatro protectores, cuyas funciones son de localización e investigación en caso de denuncia.
- En 1980 se crea la DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MENOR, fusionando el Departamento Tutelar de Menores y el Cuerpo de Protección de Menores, esta Dirección fue de tipo preventivo y dependía del Ministerio de Justicia.
- Mediante Decreto Legislativo No. 482 de fecha 11 de marzo de 1993, se crea el INSTITUTO SALVADOREXO DE PROTECCIÓN AL MENOR, el cual empieza a funcionar a partir del primero de mayo del mismo año, con la creación de esta institución se pretende darle respuesta a la problemática de los menores, especialmente de aquellos que se encuentran en circunstancias difíciles, para la creación de este instituto se partió de un diagnóstico previo que evidenció la necesidad de contar con una Política Nacional de Atención al Menor, así mismo se detectó que había una diversidad y dispersión de recursos humanos, financieros y materiales de las distintas instituciones que trabajaban para darle atención y protección al menor como fueron. Consejo Salvadoreño de Menores, La Dirección General de Protección de Menores ambas dependencias del Ministerio de Justicia, tres Centros del Ministerio de Educación, además de existir los programas que ejecuta la Secretaria Nacional de la Familia a través de la Unidad del Menor y otros.
El Consejo Salvadoreño de Menores y la Dirección General de Protección a Menores, fueron absorbidas pasando a formar parte con recursos humanos, materiales y financieros al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, a quién le corresponde ser el rector para ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor, con la creación de este Instituto, se crea la competencia en lo administrativo que define los procedimientos con respecto a los Tribunales Tutelares de Menores, a éstos les corresponde los casos de los menores de 16 años que han infringido la ley y al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, atender los casos de los menores abandonados, o en estado de peligro o riesgo, cuando estos son amenazados o violados en sus derechos.
El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, asumió la responsabilidad técnica y administrativa de 7 hogares escuela y 9 centros de Protección de menores siendo los siguientes:
1. Centro de Observación de Menores.
Fundado en 1967, con el propósito de internar a los menores de situación irregular, con fines de observación y diagnóstico, para que posteriormente fueran trasladados a un centro que reuniera las condiciones necesarias de acuerdo a la problemática especial presentada por el menor. Actualmente este centro funciona como Centro de Reeducación de Menores, debido a que se creó la Unidad de Admisión, Evaluación y Diagnóstico, la cual asumió dichas funciones.
2. Centro de Menores Especiales.
Este fue creado para atender a menores que presentan limitaciones físicas o mentales, dicho centro atiende un promedio de 43 menores.
3. Ciudad de Los Niños.
Fundada en 1951, destinada a atender menores (varones) de escasos recursos económicos de conducta irregular, atiende aproximadamente 605 menores.
4. Hogar Escuela “Fray Felipe de Jesús Moraga”.
Fundado en 1872, por Fray Felipe de Jesús Moraga, impulsó la fundación y construcción de este hogar en colaboración de la sociedad de señoras de la caridad, mediante actividades lucrativas, donaciones y limosnas, atiende un promedio de 134 niños desde recién nacidos hasta los 18 años de edad.
5. Hogar del Niño “San Vicente de Paul”.
Se fundó en 1859 atiende aproximadamente 420 menores y tiene por finalidad brindar atención a los niños huérfanos y abandonados.
6. Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier”.
Se funda en 1967, por gestiones de religiosas del Buen Pastor, comenzó a funcionar este centro para albergar a menores del sexo femenino de conducta irregular, inicialmente este centro funcionó en pabellones de Cárcel de Mujeres, y los internamientos se gestionaban en el Ministerio de Justicia.
En julio de 1967, fecha en que entró en vigencia la Ley Tutelar de Menores, se reestructuró el centro, aumentando su personal y cobertura; y se inició el funcionamiento de la escuela.
En 1969, se trasladó al edificio que ocupa actualmente donde se albergan a 74 menores aproximadamente, que oscilan entre los 7 y 18 años de edad.
7. Villas Infantiles.
Fundada en 1975, cuyo objetivo es Proporcionar a los menores huérfanos, abandonados, o en estado de peligro o riego, “hogares sustitutos”, atiende un promedio de 76 menores.
9. Centro de Menores de Izalco.
Fundado en 1954 con el nombre de Reformatorio de Menores, funcionaba anexo al Centro Penal de Sonsonate.
En 1967 pasó a ser coordinado y supervisado por el Departamento Tutelar de Menores, que posteriormente fue sustituido por la Dirección de Protección a Menores del Ministerio de Justicia. En 1968 se trasladó al local donde funcionó la Escuela Normal Rural en el cantón Talcomunca, jurisdicción de Izalco.
En el nuevo sistema de protección este centro se ha tipificado por la atención de menores varones de conducta irregular, atiende aproximadamente 48 menores.
9. Centro de Menores El Espino.
En 1974 con la promulgación del Código de Menores, la protección del menor por cualquier situación, cubría hasta los 18 años de edad, a esa fecha se encontraban en los diferentes centros penales del país algunos menores cuyas edades no superaban los 18 años, lo que provocó la necesidad de crear un centro que albergara a esta población, para separarlos de los adultos y prevenir conductas peligrosas, es por estas razones que se funda en 1975 este centro con finalidad reeducativa que protegiera esta población.
10. Hogar Escuela del Niño “Dr. Gustavo Magaña Menéndez”.
Fue fundado en 1951 en la ciudad de Ahuachapán por el Dr. Enrique Magaña Menéndez, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, atiende un promedio de 74 varones de 7 a 18 años de edad, que se encuentran en situación irregular.
11. Escuela Hogar de La Niña San José.
Fundada en la ciudad de Ahuachapán en 1928, por Sor María Teresa Lang, hermana de la caridad de San Vicente de Paul, inicialmente funcionó como institución particular, en 1944 pasó a ser dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El hogar atiende un promedio de 175 niñas de 6 a 18 años de edad, que se encuentran en estado de abandono, orfandad y peligro o riesgo y extrema pobreza.
12. Hogar del Niño “Adalberto Guirola”.
Fundado en 1903 por Don Ángel Guirola en la ciudad de Santa Tecla, inicialmente fue dirigido por religiosos Betlemitas, en 1944, pasó a depender del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en 1976 dependía del Consejo Salvadoreño de Menores, actualmente depende del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
La capacidad del Hogar es de 150 niños de 7 a 18 años de edad y en la sección de cuna se atienden hasta 80 menores desde recién nacidos hasta los 7 años de edad.
13. Hogar de la Niña de Sonsonate.
Fundado en 1962, en la ciudad de Sonsonate con el propósito de atender la población infantil huérfana y abandonada, objetivos que no han variado, atiende aproximadamente 69 niñas que por encontrarse en situación irregular reciben protección integral, en su mayoría proceden de esa zona del país. El funcionamiento del Hogar es responsabilidad del Estado a través del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
14. Hogar “Dolores Sousa”.
Fundado en 1895, en la ciudad de San Miguel, y tiene una capacidad de alberque para 74 menores, cuyas edades oscilan de cero a 18 años.
15. Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico.
Este Centro se fundó en 1986, por el Consejo Salvadoreño de menores, con el nombre de Unidad de Admisión Evaluación y Diagnóstico, actualmente atiende un promedio de 80 menores varones cuyas edades oscilan entre los 7 y 18 años.
16. Centro de Infantes de Protección Inmediata.
Alberga un promedio de 30 menores desde recién nacidos hasta los 7 años de edad.
CITA BIBLIOGRÁFICA DEL CAPÍTULO II
(1) Constitución Política de El Salvador de 1950, publicaciones de Corte Suprema de Justicia, Imprenta Nacional, San Salvador, El Salvador, C. A. página 96.
FUNDAMENTO JURIDICO DE PROTECCIÓN AL MENOR
IIII. FUNDAMENTO JURÍDICO DE PROTECCIÓN AL MENOR.
Los derechos de los niños han sido violados tanto a nivel mundial como nacional, tomando en cuenta que éstos son los más débiles y vulnerables de una sociedad, de ahí que ha surgido la necesidad de que se dicten normas internacionales que estén orientadas a proteger y garantizar los derechos fundamentales del niño, es así como se han desarrollado Foros Internacionales como: Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño, Declaración de la Carta de la O.E.A., La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Declaración de los Derechos del Niño, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, Reglas de Beijing, Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Mundial sobre la Supervivencia la Protección y el Desarrollo del Niño, Acuerdos de Puntarenas.
El Gobierno de El Salvador ha participado en estos foros asumiendo un compromiso al suscribirlos y ratificarlos, por lo que el cuerpo normativo del país se encuentra influenciado por las corrientes doctrinarias contenidas en las normas internacionales.
Los derechos fundamentales del niño se encuentran regulados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la Asamblea Legislativa, elevados a la categoría de Ley y en la Legislación Secundaria.
1º CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
La base de toda legislación es la Carta Magna, y de ésta se deriva la legislación secundaria.
El Salvador constitucionalmente se ha desarrollado a través de 14 constituciones de la República, además de las 2 constituciones federales de 1824 y 1835, éstas no tuvieron aplicación práctica, y regulaban las actividades de la sociedad como: La Nación, el Territorio, el Gobierno, la Religión, Autoridades Federales, los Poderes del Estado, la Libertad individual, por lo que la función del constituyente de esa época únicamente fue la de estructurar, conformar y organizar los nuevos estados emergentes del Movimiento Separatista de la Madre España.
En las constituciones salvadoreñas de 1824 y la de 1841, no se legislaba específicamente sobre familia, ya que era la legislación secundaria española, la que regulaba lo que no fuera contrario a los preceptos constitucionales.
En la Constitución de 1864 al igual que las otras 2 anteriores, legislaba sobre padres e hijos en lo referente a la naturalización y la nacionalidad salvadoreña, pero a diferencia de las anteriores en su artículo 76 reconocía y le deba importancia a la familia aunque no la regulaba específicamente. El artículo 76 dice: “El Salvador reconoce derechos y deberes anteriores y superiores a las leyes positivas, tiene por principios la libertad, la igualdad, la fraternidad, y por base la familia, el trabajo, la propiedad y el orden público". (1)
Al igual que las anteriores constituciones, las de 1872, 1880, 1883 y 1885, continuaban haciendo énfasis que la familia es la base fundamental del Estado salvadoreño y le corresponde a la Ley Secundaria Legislar sobre ellas, por lo que se consideró en el Código Civil en un apartado especial que es el de Personas y Familias, dicho Código se promulga por primera vez en 1860.
La familia continúa siendo un ente indispensable en el Estado salvadoreño, así tenemos que en la Constitución de 1886, en la que se proclamaba que se le debe dar la importancia y la atención necesaria a sus integrantes especialmente a los hijos menores de edad.
Como se puede analizar en ninguna de las	anteriores constituciones existió una regulación específica de la familia, sino que es incorporada por primera vez como capítulo especial en la Constitución de enero de 1939, en el capítulo III denominado FAMILIA Y TRABAJO. Así tenemos que en el artículo 60 de la mencionada Constitución, regulaba que la familia es la base fundamental de la nación, por lo que el Estado debe protegerla, dictando leyes y disposiciones necesarias para su mejoramiento, fomentar el matrimonio, y proteger la maternidad y la infancia, este es el mandato constitucional que obliga al Estado a la creación de leyes que mejoren y fomenten el matrimonio y que protejan a la maternidad y a los menores.
Con fecha 15 de Febrero de 1944, por decreto número 5 de la Asamblea Constituyente, se reformó la Constitución de 1939, y en lo relativo al capítulo de Familia y Trabajo quedó así: artículo 59 se agregan los incisos siguientes al artículo 60 "Los padres de familia tienen los mismos deberes para con los hijos, ya provengan éstos de matrimonios, o de uniones simplemente naturales”.
"El juzgamiento de menores delincuentes quedará sujeto a leyes especiales". (2)'
El constituyente incluye por primera vez en el derecho de familia, la igualdad de deberes en relación a los padres con sus hijos naturales o legítimos sin ninguna distinción y establece así mismo la base para que se promulgue una ley especial que juzgue el comportamiento de menores delincuentes.
En la Constitución de 1939, con la reforma de 1944, aparece por primera vez el concepto de menores delincuentes, y que su juzgamiento quedaba sujeto a leyes especiales, pero dicha ley se promulga después de 22 años, el 14 de Julio de 1966, que se decreta la "Ley de Jurisdicción Tutelar de Menores", la que entró en vigencia a partir del 12 de Enero de 1967, creándose los Tribunales Tutelares de Menores. Este régimen jurídico especial vino a regular la delincuencia de los menores, a los cuales antes se les daba igual trato que al adulto. En esta ley está incluida la disposición para que se crearan los centros de observación y readaptación de menores.
En la Constitución de la República de El Salvador de 1950, del Consejo de Gobierno Revolucionario, el legislador establecía nuevamente en el artículo 180, que el problema de la delincuencia de menores estaría sujeto a un régimen jurídico especial.
En esta Constitución se dan muchos cambios regidos por las ideas del derecho moderno, confiriendo importancia especialmente al matrimonio, sentando que este es la base legal para la familia salvadoreña y el fundamento de la sociedad. Así mismo establece las bases para que se desarrollen leyes que mejoren y fomenten el matrimonio y protejan la maternidad y la infancia.
Doce años más tarde en 1962, surge la Constitución Política de El Salvador, del Directorio Cívico Militar, la cual fue copia fiel y exacta de la Constitución de 1950.
En la Constitución de la República 1983, se reconoce a la persona humana como el origen y el fin del Estado y les confiere a los niños una serie de derechos de carácter social, tendientes a satisfacer sus necesidades básicas y a la protección de sus derechos, la educación, la vivienda, la alimentación el bienestar económico y su desarrollo integral.
En el artículo 34 de la Constitución de la República, regula el derecho de los niños de crecer dentro de su grupo familiar, que deberá proporcionarles un ambiente propicio que les permita alcanzar su desarrollo integral, para lo cual el Estado está en la obligación de brindar la ayuda necesaria a la familia, para que cumpla con tal finalidad.
Esta misma disposición en su inciso segundo, regula el mandato legal al Estado de los deberes y a la obligación que tiene éste de crear instituciones que tengan como finalidad velar por la protección de la madres y los menores, en esta disposición se encuentra inmersa la obligación de crear instituciones para la atención y protección al menor que es la base legal para la Política Nacional de Atención al Menor, Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y Código de Familia.
En el artículo 35 de la Constitución de la República, le reconoce a los menores los derechos a la salud, educación, asistencia y a la obligación del Estado de procurar a los menores un ambiente que les permita gozar de salud física mental y moral, a proporcionar la educación fundamental y de brindarles la asistencia necesaria a aquellos niños que presentan problemas de diferente índole y que afectan su desarrollo. En el segundo inciso del artículo en mención regula la conducta antisocial de los menores, que realicen actos que constituyan delitos o faltas, manifiesta que estarán los menores sujetos a un régimen especial, esta es la denominada jurisdicción especial de menores la que se encontraba regulada en el artículo 63 del Código de Menores y ejercida esta jurisdicción por los Tribunales Tutelar de Menores, que funcionan dentro del sistema judicial salvadoreño.
2º INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.
2.1 Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño
Después de finalizada la primera guerra mundial y debido a las condiciones en que se encontraba parte de la niñez que había sido víctima de los estragos ocasionados por ésta, y la constante violación a sus derechos, comienza la preocupación de los organismos internacionales a dar protección a la niñez y con ello surgen una serie de instrumentos multinacionales de protección de los derechos del niño, y es así como surge el primer Tratado Internacional que pretende dar protección a los derechos de la niñez lo que constituye la “Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño”, promulgada en 1924, la cual fue preparada como proyecto por la “Save the children International Union”, que era una organización no gubernamental (ONG), creada para satisfacer las necesidades de los niños durante el período que siguió a la primera guerra mundial, con lo que se pretendía contrarrestar las condiciones pésimas en que se encontraba la niñez a consecuencia de la guerra en mención.
Esta declaración fue aprobada por la Sociedad de Naciones Unidas en 1924, siendo la base de las actividades en favor de la niñez.
2.2 Carta de las Naciones Unidas
Esta fue firmada el 26 de junio de 1945, en San Francisco, California, Estados Unidos, y entró en vigencia el 26 de octubre del mismo año, y nace con el objetivo de velar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas respecto a las obligaciones emanadas de tratados y pactos internacionales, así como también promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.).
En la Carta de las Naciones Unidas se regulan los propósitos y principios de la organización, las funciones de los diferentes órganos y además contiene ciertas disposiciones que garantizan los derechos humanos; regulando así en el artículo 1 el principio de igualdad de derechos, y además el derecho de la libre determinación de los pueblos, propugnando para que las naciones cooperen para garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas, contempla en otras disposiciones en los artículos 13, 55, 56, 62, y 68, de la mencionada carta los procedimientos para los países miembros adopten medidas efectivas para promover el respeto y libertades de las personas y la creación de comisiones para que promuevan tales derechos los que deberán aplicarse sin ningún tipo de distinción de raza, sexo, idioma y religión, por lo que también deberán ser aplicados a los niños de todas las naciones del mundo.
2.3. Declaración de la Carta de la O.E.A.
Organización Regional Americana (O.E.A.), adopta en abril de 1948 el instrumento denominado “Carta de la Organización de los Estados Americanos”, que le confiere a esta organización una estructura jurídica permanente, esta carta contiene ciertas disposiciones que protegen en gran medida los derechos fundamentales de las personas; estableciéndose dentro de los principios de la O.E.A. que los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana, establece así mismo un determinado número de normas económicas y sociales que aseguran a los individuos su bienestar material y su dignidad como persona, regulando además normas sobre educación, estableciendo que ésta es el elemento fundamental para alcanzar el mejoramiento y desarrollo integral de la persona y se crea así mismo dentro de sus órganos internos una Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de promover la observación y la defensa de los derechos.
2.4 Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre
Esta declaración se aprobó al igual que la anterior en abril de 1948, en la Novena Conferencia Internacional Americana, realizada en Bogotá, Colombia, la cual tiene como fundamento que la paz encuentra su base en la justicia y en el orden moral, y en consecuencia el reconocimiento y protección internacional de los derechos y libertades de las personas.
Esta declaración proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos humanos, los cuales se encuentran garantizados cuando las personas cumplen sus deberes, ya que derechos y deberes deben integrarse correlativamente en la actividad social y política de los individuos, para que los derechos inherentes a las personas sean respetados, además de proteger los derechos humanos en forma general, establece así mismo ciertas disposiciones que garantizan los derechos del niño como: protección, cuidados y ayudas especiales, así mismo garantiza el derecho a la educación, considerando que a través de ella se logra la capacitación necesaria para que los niños alcancen un desarrollo y un nivel de vida adecuado y que en un futuro se logre que sea una persona útil a la sociedad.
2.5 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Esta declaración fue aprobada por la Asamblea General de la O.N.U. el 10 de diciembre de 1948, dicho instrumento tiene por objeto que todas las naciones del mundo deben de esforzarse para lograr alcanzar el reconocimiento y la aplicación universal y efectiva de los derechos y libertades fundamentales de las personas, proclama los principios generales de tales derechos y garantías, constituyéndose la declaración básica de los derechos inalienables e inviolables de todos los seres humanos.
Así mismo contiene este instrumento, disposiciones que regulan los derechos del niño, ya que establece que el Estado tiene la obligación de proteger a la familia, tomando en cuenta que el desarrollo integral del niño depende en gran medida de las condiciones óptimas en que se encuentra el núcleo familiar.
2.6 Declaración de los Derechos del Niño
En 1959 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó el instrumento denominado “Declaración de los Derechos del niño”, lo cual vino ampliar los derechos y libertades que había adoptado la Declaración de Ginebra sobre los derechos de éstos. En este documento se estableció que el interés superior del niño predominará en las legislaciones de los países, para lo cual los gobiernos deberán proporcionar a la niñez una protección especial y en el goce de los derechos de igualdad y dignidad, educación, salud, alimentación, vivienda etc. Debe proporcionárseles oportunidades y los servicios fundamentales para su perfecto desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social.
Esta declaración también prohíbe a los Estados y la familia, permitir que los menores trabajen antes que cumplan una edad mínima adecuada o que realice labores peligrosas que atenten contra su salud, educación y su desarrollo físico, mental y moral.
2.7 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales.
Estos instrumentos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 los cuales unidos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, llegaron a constituir el documento de mayor relevancia en materia de derechos humanos.
Estos pactos internacionales, reconocen y garantizan en gran medida los derechos humanos en una forma general, pero también protege los derechos de los niños, así tenemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que todos los niños por su condición de menor tienen derecho a ser protegidos, y que esa protección se le debe proporcionar por la familia, la sociedad y el estado. Además regula que los niños tienen el derecho de adquirir un nombre y una nacionalidad y de ser inscritos en el registro respectivo por sus padres al nacer, prohibiéndose además que los menores de 18 años de edad que han cometido un delito, se les imponga la pena de muerte.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece una protección a los derechos del niño, protección a la familia, a la madre antes y después del parto, se garantiza a los niños el pleno goce de sus derechos, además prohíbe la explotación tanto económica como social de los menores, así mismo establece que se adopten medidas para evitar que los menores que trabajen no realicen labores nocivas para su salud, la moral o pongan en peligro su vida en ese sentido regula que los estados establezcan en su legislación laboral, un límite de edad para que los menores trabajen.
En este pacto, también se regula que los niños deben de gozar de salud, tanto física como mental, y que se garantice la efectividad de ese derecho, estableciendo así medidas para lograr el índice de reducción de mortinatalidad y mortalidad infantil.
Finalmente establece que a los menores deben de proporcionárseles una educación primaría, obligatoria y gratuita, para que alcancen un pleno desarrollo de su personalidad.
2.8 Convención Americana sobre Los Derechos Humanos o Pacto de San José
Esta convención fue aprobada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, la cual regula los derechos esenciales de los seres humanos, así como también los medios de protección de esos derechos, creando un órgano especializado para que tuviera conocimiento de lo relacionado con la protección y garantía de los derechos humanos, dicho órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además de lo anterior se encargará de velar porque se cumplan las obligaciones contraídas por los estados que ratifican la Convención Americana, así mismo sirve como órgano consultivo de la O.E.A. en lo que a esa materia se refiere.
Esta convención le brinda una protección especial y especifica a los derechos de los menores, ya que regula que los niños legítimos e ilegítimos deben gozar de los mismos derechos y que la familia, la sociedad y el Estado, tienen la obligación de garantizar que los derechos del niño se encuentren plenamente protegidos.
2.9 Reglas De Beijing
En el VII Congreso de Las Naciones Unidad, realizado en Milán, Italia, el 29 de noviembre de 1985, sobre la prevención del delito y tratamiento de delincuentes, fueron aprobadas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas con el nombre de Reglas de Beijing, en este instrumento se proclama la necesidad de crear normas especiales que tutelen las infracciones cometidas por el menor, para ello se hace necesario analizar las condiciones económicas sociales y culturales de los estados partes, con estas reglas se pretende prevenir las infracciones penales y la tendencia a la vida delictiva por parte de los menores y que sean aplicadas dichas reglas a los menores con imparcialidad, definiendo así mismo a quienes habrá de considerarse como menores, en ese sentido el menor es todo niño joven que puede ser castigado por infringir las leyes, pero en forma diferente que al adulto.
Las reglas de Beijing protegen al menor en el sentido de evitar que se le dé una indebida publicidad a su proceso y propone así mismo que sea una policía especializada la que se encargue de esos procesos.
En lo que se refiere al tratamiento del menor infractor, interno en los centros y fuera de ellos, manifiestan las reglas que el tratamiento debe ser adecuado al menor que cumple la sentencia, pero lo que fundamentalmente pretenden estas reglas es el bienestar del menor y su readaptación a la sociedad, para ello deberá proporcionársele una educación y capacitación en dichos centros.
Así mismo establece que si los menores estuvieran recluidos en un centro donde haya adultos deberá existir una separación, con la finalidad de que sea el trato diferente.
Con las reglas se pretende brindar protección a los menores que por algún motivo cometen delitos o faltas, a fin de lograr una efectiva administración de justicia para ellos y brindarles la oportunidad de reinsertarlos a la sociedad.
2.10 Convención Sobre los Derechos Humanos
En noviembre de 1989, la Asamblea General de la ONU, adoptó la “Convención sobre los Derechos del Niño”, siendo un conjunto de normas internacionales que reconocen la especial vulnerabilidad del niño, y al mismo tiempo recoge en un mismo instrumento todas las normas de protección y privilegios que se le deben brindar a la niñez, los que estarán bajo la observancia del Comité de los Derechos del niño, ya que este tiene que velar por el fiel cumplimiento de todas las disposiciones de la Convención, se fundamenta ésta en la igualdad y la libertad que reconoce los derechos a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a la libertad de expresión, y garantías procesales etc., a todas aquellas personas cuya edad no exceda de los 18 años con el fin de que éstos gocen de un adecuado nivel de vida, todos estos instrumentos internacionales han dado un amplio reconocimiento y protección jurídica de carácter internacional de los derechos fundamentales del niño.
2.11 Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño
Esta declaración surge por las múltiples necesidades de la mayoría de los niños, por lo que los mandatarios del mundo emitieron en la Cumbre Mundial realizada en la sede de la O.N.U. el 30 de septiembre de 1990, la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño.
Lo que se pretendía en primera instancia en esta cumbre, era disminuir la tasa de mortalidad infantil, prevenir la desnutrición de los niños, enmarcándose sus objetivos a que exista un desarrollo normal de la niñez, lo que implica que se proporcionen las vacunas necesarias, una alimentación adecuada, educación y la oportunidad de poder superarse.
Otro de los objetivos de esta cumbre, fue de que se cumpla por todos los países, la Convención Sobre los Derechos del niño, que se logre una educación y que no exista ninguna explotación del menor y erradicar el abuso infantil.
Para poder tener una mejor implementación y aplicación de esta Declaración se trazó el siguiente plan de acción:
- Promover por que se dé una aplicación efectiva de la Convención de los Derechos del Niño y demás leyes que protejan al menor.
- Implementar campañas de salud, alimentación y nutrición.
- Cumplimiento de la función de la familia como núcleo de la sociedad y componente del Estado.
Así mismo en lo que se refiere al menor en situaciones difíciles debe proporcionársele una protección adecuada por parte del Estado, la familia, la comunidad y demás organismos.
Esta declaración estableció las medidas por medio de las cuales se verificará la eficacia de los acuerdos tomados en la Cumbre Mundial, tanto a nivel nacional como internacional.
2.12 Acuerdo de Puntarenas
Fue aprobado en octubre de 1990, por los ministros de Educación y Salud en Puntarenas, Costa Rica, participaron Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), dándole así seguimiento a la Cumbre Mundial de Mandatarios.
En este acuerdo los ministros adquieren el compromiso de implementar programas y políticas en favor de la niñez, adecuar el ordenamiento institucional y presupuestario en favor de los sectores más pobres, con lo que se pretende lograr la protección y garantía de los derechos fundamentales del niño.
3º CÓDIGO DE MENORES.
El Código de menores tenía su fundamento en la familia que es la base fundamental de la sociedad, ya que consideraba que esta debe ser protegida por Leyes que la amparen y propicien su mejoramiento a fin de que se les garantice su protección y asistencia, por lo que en este cuerpo legal se reunían todas las disposiciones encaminadas a la protección de la salud física mental y moral de los menores, garantizándoles así mismo, el derecho a la educación a la asistencia y estructurar un régimen jurídico especial, encaminado a la solución de los problemas de los menores.
En el primer Artículo el Código de Menores establecía los derechos que tenían los menores desde sus gestación, a la vida y a vivir en condiciones familiares y ambientales que les permita su completo y normal desarrollo bio-sico-social, aquí se plasma un principio de carácter general, pero al analizar el artículo 3, determinaba que eran sujetos de este Código los menores cuya edad no exceda de los 18 años, que se encuentran en estado de abandono material o moral, o en estado de peligro o riesgo, a los menores de 16 años de conducta irregular que hubiesen cometido infracciones consideradas como delito o falta en la legislación penal, el Artículo 2, regula la protección legal de manera especial a los huérfanos, los inadaptados, los débiles mentales, los de conducta irregular, los física o fisiológicamente anormales, los que se encuentren en situación de abandono o en estado de peligro y los de escasos recursos económicos.
Al relacionar ambos artículos se puede evidenciar que la protección se limitaba a una parte de los menores, y daba la impresión que los demás no estaban protegidos, siendo esta contradicción aparente.
El título II que fue derogado por la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, establecía la creación, facultades y la organización administrativa del Consejo Salvadoreño de Menores, el cual desapareció con la creación del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, esta Institución retomó los recursos materiales financieros y humanos.
El Título VIII estaba referido a la protección de los menores en situación irregular, refiriéndose específicamente a la jurisdicción especial, la competencia privativa de los Tribunales Tutelares de Menores, regulado en el Artículo 67 del Código de Menores, que definía dicha competencia, este Artículo en su ordinal 2º fue derogado por la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, a esta institución le competen los casos de los menores inimputables y de los amenazados o violados en sus derechos, y tiene plena facultad para imponer medidas de protección a los niños menores de 18 años de edad y a los Tribunales Tutelares de Menores les corresponden los casos de menores cuya edad no exceda de 16 años, y que hayan cometido infracciones consideradas en el Código Penal como delitos y faltas, les faculta a los jueces de los Tribunales de Menores en el ordinal III del mencionado Artículo adoptar las medidas para su tratamiento, colocación, vigilancia y educación de los menores sometidos a este Código.
Este Código de Menores fue derogado por la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y el Código de Familia.
4º CÓDIGO PENAL.
Se hace necesario mencionar como en los distintos códigos penales del país, se desarrollaban normas o disposiciones jurídicas sobre menores, ya que no existía una legislación especial que los legislara antes de 1967.
Así encontramos que en el primer Código Penal del país, promulgado en su parte general el 18 de abril de 1825 y su parte especial el día 13 de abril de 1826, en el artículo 26 establecía que el menor de 8 años que cometiera delito, no podría considerarse delincuente ni culpable, pero si era mayor de 8 y menor de 17 años y se comprobaba que obró con discernimiento y malicia se le castigaba con la tercera parte a la mitad de la pena señalada al delito respectivo, pero si obró sin malicia y discernimiento no se le imponía ninguna pena, y era devuelto a sus padres o familiares o internado en una escuela correccional por lo que es obvio que desde esa época la respuesta a problemas de conducta, era el internamiento.
En el segundo y tercer Código Penal (3) en el artículo 9, eran las mismas disposiciones del primer código; pero con la agravante que la responsabilidad penal se bajaba a los 15 años para aquellos que hubieren obrado con malicia y discernimiento.
En el cuarto Código Penal, decretado el 8 de octubre de 1806, establecía en el artículo 8, número 2, que eran exentos de responsabilidad penal el menor de 10 años; y en numeral 3 al de 10 años y menor de 15 que haya obrado sin malicia y sin discernimiento.
Por lo que el derecho que regulaba a los menores era un derecho penal y sin garantías, no cuestionaba el delito sino que lo aceptaba, se preocupaba más por el menor delincuente que por las causas que los inducían privándolo de su libertad.
Desde 1906 hasta 1973, no se decretó otro código, y con la promulgación del Código Penal en 1973 se deroga el Código de Instrucción Criminal que tenía vigencia desde 1982, que también contenía disposiciones relativas a los menores.
El Código Penal Salvadoreño actual en su Artículo 16 dice: “Este Código se aplicará a todas las personas sujetas a la jurisdicción salvadoreña que en el momento del hecho tuvieren más de 16 años”.
“Quienes no hubieren cumplido la edad expresada, quedarán sujetos a la aplicación de las leyes especiales sobre menores”. (4)
Aparentemente se viola el principio de igualdad ante la ley plasmada en la Constitución de la República de 1983, pero la igualdad debe ser entendida en término de iguales condiciones, pero en el caso de los menores esta igualdad no es aplicable frente al adulto y sobre todo los menores de conducta irregular, que son los que han cometido infracción tipificadas como delitos y faltas en la legislación penal, ya que el legislador ha considerado que los menores de 16 años, no tienen la madurez física ni síquica para comprender el acto antijurídico, al Artículo 16 del Código Penal, regula que estos menores serán sujetos a Leyes especiales, excluyendo a los menores de 16 a 18 años, los cuales según la Convención sobre los Derechos del Niño todavía poseen esa calidad.
Lo anterior al relacionarlo con el Código de Familia que entró en vigencia en el mes de octubre del presente año, y la Ley del Menor Infractor (en vacatio legis) que reconocen como menor a todo aquel que no ha cumplido los 18 años.
5º POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN AL MENOR.
Esta es la primera política que en este sector define en forma explícita el Estado Salvadoreño, la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de Marzo de 1993 y llena un vacío normativo que limitaba las acciones de las diferentes instituciones de atención y protección al menor y se entenderá como “Un conjunto de orientaciones, medidas de acción e identificación de recursos definidos por el Estado, la Comunidad organizada, y la Familia. Como para atender a la población menor de dieciocho años”. (5)
1- Principios que dan sustento filosófico al esfuerzo nacional en favor de la niñez.
2- Conjunto de objetivos orientadores e integradores de la acción en favor de los menores.
3- Estrategias de acción que se implementarán en el más breve plazo en la menor forma posible y en el más bajo costo, a fin de lograr los objetivos o metas propuestas.
4- Conjunto de medidas intersectoriales por medio de las cuales se canalizarán los planes de acción respectivos.
6º LEY DEL INSTITUTO SALVADOREAO DE PROTECCIÓN AL MENOR.
Esta Ley fue aprobada el 11 de marzo de 1993, mediante Decreto Legislativo Número 482 y su creación parte de la obligación del Estado de proteger al menor y de que éste se desarrolle en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral. Artículo 34 Cn. Así mismo, establece el artículo 35 Cn. Que el Estado está en la obligación legal de proteger la salud física, mental y moral de los menores y a garantizarles el derecho a la educación y asistencia y de crear las instituciones necesarias para la protección de la maternidad y la infancia.
Esta Ley también parte de la necesidad de que exista un organismo que ejecute y vigile el cumplimiento de la Política Nacional de Atención al Menor, para que no haya dispercidad ni duplicidad de fuerzas, recursos y acciones por lo que se crea el Instituto de Protección al Menor para que sea un ente rector de la política y para que organice, dirija y coordine un sistema integral de protección al menor.
Esta Ley está conformada por 14 Capítulos, de los cuales 9 son de tipo administrativo y de organización y 6 capítulos se refieren al procedimiento administrativo para tomar medidas de protección en los casos de aquellos menores que se ven violados en sus derechos, en este misma Ley aparecen disposiciones relativas a los menores sujetos a la competencia de los Tribunales Tutelares de Menores en la que únicamente se señala que la ejecución de las medidas y supervisión le corresponde al Instituto. De igual manera, si un menor es remitido por un cuerpo de seguridad al Instituto y este es infractor, tiene la obligación de ponerlo a disposición de los Tribunales Tutelares de Menores. Como se puede ver con esta Ley se ha superado la teoría del discernimiento, aunque todavía contiene algunos elementos de la Doctrina de la situación irregular, la cual se sustituye por la doctrina de protección integral.
Con esta Ley quedan fueran del conocimiento de los Jueces de menores todos aquellos menores que se encuentran en situación de abandono o en peligro o riesgo, ahora llamados menores violados en sus derechos.
La Ley somete a los menores de acuerdo a la clasificación antes expresada a una jurisdicción especial, pero desprovista de toda garantía, se les considera peligrosos, delincuentes, infractores, abandonados o en estado de peligro o riesgo, pero para ellos no existe determinación de sanciones y se encuentran en una gran discrecionalidad y libertad de acción tanto formal como sustancial y que bajo el seno proteccionista y paternalista, se desconocen todas las garantías que por añadidura actúan en secreto.
Lo que nos lleva a determinar que si antes con el Código de Menores, todos los menores al cometer un delito o falta o que se encontraban abandonados o en estado de peligro o riesgo, quedaban a la orden del Juez de Menores, hoy solamente son de su competencia los menores infractores, los otros quedan a la orden de la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
7º CÓDIGO DE FAMILIA.
En el Código de Familia que entró en vigencia en octubre del presente año, en el libro V, título 1, Capitulo 1, se refiere a los derechos, deberes y protección del menor.
En el Art. 344 del Código de Familia se establece el régimen especial en que se fundamenta la protección del menor, reconociendo y regulando sus derechos desde la concepción hasta los 18 años, así como también los deberes del menor, la familia, la sociedad, y el Estado para que se garantice la protección del menor.
El artículo 345, regula que son menores, toda persona natural que no haya cumplido 18 años.
El artículo 346, señala como aspectos esenciales de la protección integral el afecto, la seguridad emocional, la formación moral y espiritual, los cuidados en el desarrollo evolutivo y un medio ambiente adecuado para el desarrollo del menor.
El artículo 347, establece la responsabilidad de la familia, la sociedad, y el Estado, haciendo énfasis en que la familia es la principal responsable de la protección del menor para que vivan en un medio natural idóneo que favorezca el normal desarrollo de su personalidad, en caso de que la familia no le dé esa protección, la sociedad y el Estado están en la obligación de proporcionársela.
Se hace necesario que el Estado proporcione una asistencia adecuada a la familia para que cumplan con la protección del menor mediante programas tendientes al mejoramiento del mismo, según el artículo 35 Cn., que regula la obligación del Estado de darle protección a los menores. Así encontramos que en el Art. 348 del Código de Familia, establece que es obligación del Estado proteger a los menores amenazados o violentados en sus derechos, al menor infractor y otros que se encuentren desprotegidos.
El Código de Familia regula los derechos fundamentales de los menores, en el Art. 351 que dice: “Todo menor tiene derecho:
1º A nacer en condiciones familiares, ambientales y de cualquier otra índole, que le permitan obtener su completo y normal desarrollo biosicosocial;
2º A la protección de su vida desde el momento en que sea concebido;
3º A tener y preservar desde su nacimiento y en todo momento su nombre, nacionalidad, representación legal y relaciones familiares y a gozar de un sistema de identificación que asegure su verdadera filiación materna y paterna;
4º A conocer a sus padres, ser reconocido por éstos y a que se responsabilicen de él;
5º A una adecuada nutrición incluyendo la lactancia materna; en este periodo no se separará al niño de su madre, salvo los casos previstos en la ley;
6º A la crianza, educación, cuidados y atenciones bajo el amparo y responsabilidad de su familia y a no ser separado de ésta, excepto cuando por vía administrativa o judicial, tal separación sea necesaria en interés superior del menor;
7º Al reconocimiento y protección de su dignidad e intimidad personal y familiar;
8º A mantener relaciones personales y trato directo con ambos padres de modo regular, cuando esté separado de uno de ellos o de los dos, salvo si ello es contrario al interés superior del menor; este derecho comprenderá a los miembros de la familia extensa, especialmente con los abuelos;
9º A ser escuchado por sus padres, tutores o responsables de él, y a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, la que se tendrá en cuenta tanto en las decisiones familiares como en los procedimientos administrativos y judiciales;
10º A ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental y moral, descuido o negligencia, malos tratos, tortura, sanciones o penas crueles, inhumanas o degradantes;
11º A ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempego de cualquier trabajo peligroso o nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social, que impida o entorpezca su educación;
12º A ser protegido contra la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual, la prostitución u otras prácticas sexuales; y a su utilización en espectáculos o materiales pornográficos y contra toda información material e inmoral;
13º A ser protegido contra el uso ilícito de las drogas y a que no se le utilice en la producción, tráfico y consumo de esas sustancias;
14º A una calidad de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social;
15º A disfrutar del más alto nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de enfermedades y a su rehabilitación;
16º A una gratuita y obligatoria educación que comprenda por lo menos la educación básica;
17º A la recreación y esparcimiento apropiado para su edad y a participar en actividades culturales y artísticas;
18º A no ser sometido a prácticas o enseñanzas religiosas diferentes a las ejercidas en su hogar y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, conforme a la evolución de sus facultades y con las limitaciones prescritas por la ley;
19º Al amparo de leyes y tribunales, autoridades e instituciones especiales que apliquen una protección integral;
20º A no ser privado de su libertad en forma ilegal o arbitrariamente; a ser puesto inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente y en caso de ser internado en establecimientos o locales destinados a procesados o penados mayores de edad, a estar separado de ellos;
21º A recibir asistencia legal gratuita en todo trámite administrativo o judicial y a que sus padres participen en los mismos, a efecto de garantizar eficazmente el ejercicio de sus derechos;
22º A recibir cuidados especiales si padece de discapacidad o minusvalía y a una rehabilitación integral; y a recibir asistencia especial si se encontrare en condiciones económicas, educativas, culturales y psicológicas, que limiten u obstaculicen su desarrollo normal;
23º A no prestar servicio militar;
24º A asociarse y reunirse pacíficamente de conformidad con la ley;
25º Ha ser protegido y asistido por el Estado cuando se encuentre temporal o permanentemente privado de su medio familiar;
26º A recibir apoyo material, moral, y psicológico si fuere víctima de un delito contra la libertad sexual;
27º A recibir atención materno infantil, cuando la menor se encuentre embarazada; y,
28º A gozar de los demás derechos que le reconoce la Constitución, los tratados internacionales ratificados por El Salvador y demás leyes que garanticen su protección”. (6)
En cuanto a los deberes de los menores el artículo 352 del Código de Familia, los reúne de la siguiente manera, Artículo 352 “Para el desarrollo de la personalidad del menor y en la medida de sus facultades, éste deberá:
1º Realizar esfuerzos para la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, destrezas y aptitudes;
2º Conocer la realidad nacional, identificar, respetar y cultivar los valores de la nacionalidad salvadoreña y el patriotismo; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa, humana y pacífica y a la unidad del pueblo centroamericano;
3º Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo;
4º Cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar donde curse sus estudios y participar en todas las actividades escolares y de la comunidad;
5º Cuidar de sus bienes, los de su familia, los de la escuela, los de la comunidad y participar en actividades de mantenimiento y mejoramiento de los mismos;
6º Cultivar sentimientos de amor y consideración a su familia; solidaridad y comprensión con sus semejantes, respeto a sus maestros, a todas las personas mayores y en especial a las personas de la tercera edad; y,
7º Colaborar en las tareas del hogar y en las actividades productivas que realicen sus padres, dependiendo de su edad siempre que no interfieran en el proceso educativo.” (7)
En el capítulo del código antes mencionado se desarrolla la protección al menor, en lo que se refiere a la protección de la vida, salud, educación y trabajo de éstos, así tenemos que se establece en los artículos 354 y 355 la protección a la vida y a la salud, que regula la obligación del Estado a garantizar dicha protección a través de los hospitales y clínicas que se costean con fondos públicos. La protección educativa se establece a partir de los artículos 356 al 364, la cual se cumplirá a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y con la colaboración de los medíos de comunicación Social e instituciones dedicadas a la protección del mismo.
De los Artículos 365 al 373, donde se regula la protección moral del menor y específicamente la obligación de respetar su integridad moral, su dignidad, sus valores y sus ideas; a través de medidas y prohibiciones encaminadas a ello.
En los artículos 376 al 382, se regula la protección laboral estableciendo la prohibición para que no puedan emplearse menores de 14 años, así mismo establece las medidas de protección para el menor trabajador minusválido o discapacitado, además menciona las normas de protección especiales que deberán acatarse en los casos en que se permita trabajar a los mayores de 14 años y menores de 18.
Así mismo en este artículo 383 donde se menciona que el Ministerio de Educación debe de promover y ejecutar programas culturales, recreativos, y deportivos para menores. El artículo 384 garantiza al menor la libertad artística. En el artículo 385 regula que el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, deberá ejecutar acciones encaminadas a erradicar la mendicidad de los menores. La protección del maltrato físico y mental de los menores es desarrollada en el artículo 385, y el artículo 386 establece el goce de una asistencia legal a través de la Procuraduría General de la República para que se garantice la eficacia de los derechos de los menores.
8º LEY DEL MENOR INFRACTOR
Esta ley no había entrado en vigencia al momento de la investigación del presente trabajo, consta esta ley de 134 artículos, en el título preliminar se encuentra regulado lo referente a: Objeto de ley, personas sujetas a la ley, los principios rectores, la interpretación y aplicación de la ley, los derechos y garantías fundamentales, las garantías de los derechos humanos y la presunción de minoridad.
En los otros 5 títulos se regulan las medidas y presunciones, las disposiciones procesales la ejecución y control judicial de las medidas, la política de prevención y las disposiciones transitorias a esta ley estarán sujetos los menores mayores de 12 años y menores de 18. Considera esta ley dos franjas de la edad así:
1º Los menores comprendidos entre las edades de 12 a 16 años, a quienes se les atribuye una conducta antisocial que constituye delito o falta, el juez de menores le aplicará las medidas de protección determinadas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
2º Los menores infractores comprendidos entre las edades de 16 a 18 años a quienes se les atribuya una conducta antisocial que constituya delito o falta, se les aplicarán las medidas previstas en la ley pero se le faculta al juez que de acuerdo a la gravedad del hecho, decretar la medida de internamiento, en un centro de menores, pero su duración será establecida por un término cuyo mínimo y máximo sean la mitad de lo establecido como pena de privación de libertad en la legislación penal, pero en ningún caso la medida de internamiento excederá de los 5 años.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPÍTULO III
(1) Constitución Política de El Salvador de 1864 Artículo 76.
(2) Constitución de la República 1939, Reformada mediante Decreto No. 5, de fecha 15 de febrero de 1944.
(3) Código Penal, 28 de septiembre de 1859, Código Penal, 19 de Diciembre de 1881, Código Penal, 8 de Octubre de 1906.
(4) Código Penal 1973, Art. 16, Publicado en el Diario Oficial número 208, Tomo 241 del 9 de noviembre de 1973.
(5) Política Nacional de Atención al Menor, Publicaciones Secretaría Nacional de la Familia, marzo 1993.
(6) Código de Familia Art. 351, Publicaciones del Ministerio de Justicia, Ediciones Último Decenio, 1993.
(7) Código de Familia, Articulo 352, Publicaciones del Ministerio de Justicia, Ediciones Último Decenio, 1993.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN AL MENOR A TRAVÉS DEL INSTITUTO
SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR
IV. LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN Al MENOR A TRAVÉS DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR.
En este capítulo se analiza la política nacional de atención al menor a través del Instituto Salvadoreño de Atención al Menor, aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de marzo de 1993, ésta es la primera política que en materia de protección al menor se ha definido y que viene a llenar ese vacío normativo. Se entiende por Política Nacional de Atención al Menor “Al conjunto de orientaciones, medidas de acción e identificación de recursos definidos por el Estado, la comunidad organizada y la familia; para atender intersectorialmente a la población menor de 18 años” (1) al utilizar el término de menores en la Política Nacional de Atención al Menor, se hace en base a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del niño, que fue ratificada por la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 1990, en ésta convención se utiliza el término menor para referirse a todo ser humano menor de 18 años de edad; así mismo por que en la Legislación Constitucional de República se utiliza el término menor, ya que por nuestra cultura se entiende por niño al menor de 7 años; al utilizar el término menor se excluye la diferencia de sexo evitando la repetición de “niño y niña”, y finalmente el Código de Menores utiliza dicho término.
En la Constitución de la República, en sus artículos 34 y 35, se obliga al Estado a proteger al menor y es el fundamento jurídico para la creación de la política de atención y protección al menor.
Art. 34 “Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendría la protección del Estado. La ley determinará los deberes del Estado y creará las instancias para la protección a la maternidad y de la infancia". (2)
Art. 35, inciso 1º, señala que: "El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el desarrollo de estos a la educación y a la asistencia”. (3)
La protección se concibe como un derecho del menor y una obligación primordial de los padres, la familia, sociedad, y Estado.
Los objetivos generales de la política están encaminados a la creación de intervención multisectorial (Estado, familia y comunidad) y la definición de campos prioritarios para mejorar la atención del menor, promover la investigación para que sirva de base para la formulación de programas y proyectos en favor del menor, el racionamiento y modernización de la estructura del Estado, promover las modificaciones para que exista coherencia entre las distintas disposiciones legales en favor del menor, selección y capacitación del personal para una mejor atención a los menores, la divulgación de los derechos y legislación de protección al menor.
En relación a los objetivos específicos, éstos están definidos por sectores, así tenemos el sector salud, los objetivos están orientados al mejoramiento de los servicios de salud para reducir la tasa de mortalidad infantil, aumentar los servicios de agua potable y letrinización, introducir clínicas móviles para promover programas de salud alternativos a la realización de programas preventivos para procurar la salud mental de los menores.
En el sector educación los objetivos específicos están el de ampliar la cobertura del sistema educativo de la población adulta para mejorar su capacidad en la atención de la niñez, a nivel familiar y comunitarios, ejercer un control sobre los medios de comunicación social para que los programas que se presenten sean acordes a los valores morales y culturales de los menores, ampliar los programas de recreación, mejorar la infraestructura de las instituciones, capacitar al personal que trabaja con los menores, realizar investigaciones periódicas sobre las problemática de los menores, promover las habilidades artísticas, la preservación del medio ambiente para que se desarrollen en condiciones sanas y fortalecer los programas de educación especial.
En el sector trabajo, los objetivos específicos de la política están orientados a la promulgación de leyes que garanticen sus derechos socio-económico laboral; promover la capacitación del menor trabajador y divulgar la legislación laboral frente a los menores.
En el sector legislación sus objetivos son proponer reformas a las leyes y crear nuevas legislaciones así como propiciar su divulgación con el fin de adecuarla a la doctrina moderna en la protección del menor, retomando los convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa.
También la política presenta objetivos específicos para los menores que se encuentran en circunstancias específicamente difíciles, que son menores en estrategia de sobrevivencia, los menores de la calle, los menores en condiciones de internamiento, menores en conflicto armado, menores en desastres naturales y ecológico y los que necesitan atención preventiva, los objetivos de la política están encaminados a que se reforme la estructura gubernamental, por no responder ésta a la problemática del menor.
Con el objetivo de darle aplicación a la política, se crea el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, mediante Decreto Legislativo No. 482 de fecha 11 de marzo de 1993, publicado en el diario oficial Nº 63 Tomo 318, de fecha 31 de marzo del mismo año. Con carácter autónomo en lo técnico financiero y administrativo, con personalidad jurídica propia. Su finalidad es dar respuesta a la problemática de los menores, especialmente en circunstancias difíciles. Cuyo objetivo principal es ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Atención al Menor, y brindar protección integral al mismo, a través de la coordinación de programas encaminados a dar protección al menor. Ejecutado éstos por instituciones públicas; la municipalidad y los organismos no gubernamentales, así mismo promover la participación de la familia y la comunidad.
Con el propósito de darle cumplimiento a sus atribuciones, objeto y finalidad del instituto Salvadoreño de Protección al Menor, tiene diseñada una estructura organizativa de la siguiente forma.
La junta directiva es la autoridad máxima y está integrada por un presidente que es el Secretario de la Secretaria Nacional de la Familia, el Ministro de Justicia, el Ministro de Educación, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y un representante de organismos no gubernamentales nacionales debidamente inscrito.
Las atribuciones de la Junta Directiva según el artículo 6 de la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, están orientados a ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor, la aprobación del ante proyecto de presupuesto especial y régimen de salario, para que sea sometido a consideración del Presidente de la República, para que luego sea sometido a aprobación por el ramo de hacienda a la Asamblea Legislativa, la aprobación del plan general de subvenciones a instituciones y servicios dirigidos a la atención y protección de los menores aprobar la memoria anual del Instituto, promover la formación de patronatos y otros organismos de protección y atención a menores, la aprobación para el otorgamiento de compra ventas y contratos que no exceda de ciento cincuenta mil colones y aquellos contratos que se obligue al Instituto a pagar más de diez mil colones mensuales, elaborar el reglamento interno del Instituto y los centros de menores a cargo del Instituto, nombrar y remover al Director Ejecutivo, jefes de unidades y divisiones y otros.
La Dirección Ejecutiva. Al Director Ejecutivo le corresponde ejecutar la administración general del Instituto, en los aspectos técnicos, financieros y administrativos, dirigir y velar por que se ejecute la política, planes, proyectos y programas de protección al menor y las resoluciones emanadas de la Junta Directiva, actuar como secretario de la Junta Directiva, informar a la Junta Directiva sobre la ejecución de la política, planes, programas y proyectos del Instituto, dictar la resolución de los acuerdos sobre la aplicación de las medidas de protección; presentar el ante proyecto de presupuesto y régimen de salario y la memoria anual, autorizar erogaciones hasta por el monto que le determine la ley, mantener coordinación con entidades y organismos internacionales y entidades nacionales que trabajan para beneficio de los menores, y nombrar y remover al personal técnico y administrativo y otros que determine la ley.
Las delegaciones. Son las que creará el Instituto con la finalidad de darle cumplimiento a la ley, como ejemplo: la delegación de la Corte de Cuentas de la República.
La auditoría externa. Es la encargada de vigilar y auditar los ingresos y egresos del Instituto.
La unidad de planificación. A pesar de estar en el organigrama del Instituto, ésta no existe y es de vital importancia; ya que sería la encargada de planificar el quehacer del Instituto.
La asesoría jurídica. En general su función es velar por que se actúe conforme a derecho con los menores, es decir que se les aplique todos los derechos que establece la Constitución de la República, convenios y pactos internacionales ratificados y firmados por el Gobierno de El Salvador.
La unidad de comunicación. Es la encargada de difundir la política, planes, programas y proyectos que se ejecutan para la atención y protección de la niñez.
Las 3 anteriores dependen directamente de la Dirección Ejecutiva y son los que conforman el staff de asesores.
Así mismo el Instituto cuenta con 5 divisiones así:
1º División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico, la cual está conformada por el cuerpo protector de menores, 7 trabajadores sociales, 4 psicólogos, 5 colaboradores jurídicos y 2 secretarias.
Dicha división es la encargada de realizar los estudios sociales psicológicos y jurídicos para determinar la medida tutelar que se le aplicará al menor, por lo que en esta división, son ingresados los menores en forma transitoria, si se les determina la medida tutelar de internamiento, los menores son referidos a los centros que tiene bajo su cargo el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
El cuerpo protector de menores que está formado por 4 personas, tiene la función de localización del menor y de investigación en caso de denuncia.
Esta división tiene en sus instalaciones bajo su cargo 2 centros:
1.1 Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico, lugar donde internan a los menores de 7 a 18 años a los cuales se les realizará su análisis respectivo para determinar la medida tutelar que se le aplicará a los menores.
1.2 El Centro de Infantes de Protección Inmediata, que alberga a menores de 0 a 7 años.
2º División Financiera Administrativa, la cual está integrada por el departamento de finanzas, Departamento de recursos humanos, departamento de proveeduría y el departamento de servicios generales.
3º División de Atención Institucionalizada, esta es la que tiene bajo su cargo los hogares escuelas y los centros de reeducación; a pesar de que en el país existen aproximadamente 75 centros de protección al menor, entre públicos, privados y municipales, el Instituto tiene bajo su jurisdicción solo 16 los cuales son:
No. DE POBLACIÓN QUE ATIENDE
Centro de Observación de Menores
Centro de Menores Especiales
Hogar Moraga (Santa Ana)
Centro de Orientación Rosa Virginia Pelletier
Villas Infantiles (San Martin)
Centro de Menores Izalco (Izalco)
Centro de Menores El Espino (Ahuachapán)
Hogar Gustavo Magaña (Ahuachapán)
Escuela Hogar de la Niña San José
Hogar del Niño Adalberto Guirola (Sta. Tecla)
Hogar de la Niña de Sonsonate
Hogar Dolores Sousa (San Miguel)
Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico
Centro de Infantes de Protección Inmediata
4º División de Registro y Supervisión. Esta división es la encargada de vigilar que todos los organismos no gubernamentales y otras entidades para la protección de menores deben de estar inscritos en el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, Art. 16 de la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
5º División de Atención Preventiva, está conformada por la unidad de proyección familia y comunidad y la unidad de guardería.
El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, tiene como política la desinstitucionalidad del menor, la cual consiste en internar solamente a aquellos menores que no se le pueda aplicar las otras medidas de protección, contempladas en el Art. 45 de la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; y en el desarrollo de programas de carácter preventivo enfocados a aquellos fenómenos que producen situaciones irregulares en el menor y la familia.
El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, para el presente año, tiene asignado un presupuesto de ¢40,271.70.
Los programas que se desarrollan con los menores son:
1º Atención médica y odontológica.
2º Atención pedagógica vocacional que consiste en la capacitación para el aprendizaje de un oficio, en los diferentes talleres que funcionan en cada centro.
3º Asistencia escolar que es la educación formal; en el Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico, no se da la asistencia escolar, en el Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier” funciona de 1º a 9º grado, y en el Centro de Menores El Espino de 1º a 6º grado.
4º Servicio de trabajo social. Este personal es el encargado de investigar la situación socio-económica del menor y de su grupo familiar, y recomendar la medida de protección adecuada, brindar orientación a la familia en las soluciones del problema que lo afectan, seguimiento de casos que así lo requiera y forma parte del equipo multidisciplinario.
5º Servicio de psicología. Este personal es el encargado de brindar asistencia psicológica al menor a la familia, realiza el estudio psicológico y recomienda la medida de protección que considere más adecuada, forma parte del equipo multidisciplinario.
6º Atención de servicio jurídico al menor y su familia. Está orientado su quehacer a que se protejan los derechos del menor, brindar orientación jurídica y recomendar la medida de protección que considere más adecuada, forma parte del equipo multidisciplinario.
Para conocer la aplicación de la Política Nacional de Atención al Menor, por parte del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, se hizo necesario entrevistar al personal que labora directamente con los menores, dicha entrevista se realizó con base a una guía previamente diseñada, y constituyen estos resultados una primera parte de la investigación de campo. El personal entrevistado fue: Trabajadores sociales, maestros de taller, sicólogos, colaboradores jurídicos y orientadores.
El personal con que cuentan los centros de menores, donde se realizó la investigación, no tiene el personal capacitado y profesionales idóneos para darle la atención y protección al menor, ya que los salarios de éstos, no llenan las aspiraciones; así como también no es suficiente.
En relación a la capacitación se pudo conocer que este no ha recibido capacitación periódica y sistemática, para trabajar con los menores y conocer la Política Nacional de Atención al Menor; por lo que en su mayoría manifestaron desconocer la política objetivos y finalidad de la institución.
En relación a los programas y recursos financieros, materiales y humanos, se pudo detectar a través de las guías de entrevistas, que sobre todo el personal de psicología, trabajo social y orientadores no diseñan ni ejecutan programas sociales tendientes a darle cumplimiento a la Política Nacional de Atención al Menor, ya que no cuentan con el personal calificado y suficiente ni con los recursos materiales y financieros para ello, por lo que su función se limita en el caso de los orientadores a la vigilancia, trabajo social a la evaluación de estudios socio-económicos, y psicología a elaborar estudios psicológicos.
Así mismo en relación a los talleres que funcionan en los centros de menores que son: bordados y tejidos, albañilería, carpintería, sastrería, zapatería, corte y confección, panadería industrial y jardinería; según lo investigado, estos presentan limitaciones de personal, equipamiento y de material, lo que limita la enseñanza; así mismo la inestabilidad de los menores ya que no pasan el tiempo necesario para que puedan aprender el oficio, por lo que en la mayoría los menores no logran capacitarse en un oficio que les permita reinsertarse a la sociedad y obtener un empleo que les permita subsanar sus necesidades básicas.
El personal consideró que los problemas más importantes que afrontan los menores son: la falta de programas recreativos y culturales, el abandono de la familia, la no separación de los menores por edad y motivo de ingreso, el maltrato físico de que son objeto los pequeños por parte de los menores, la privación de su libertad, falta de programas deportivos, deficiente vestuario y calzado, falta de higiene en los dormitorios y no cuentan con suficientes colchones y camas por lo que algunos tienen que dormir en el suelo.
De todo lo anterior se puede deducir que no hay una aplicación efectiva de la Política Nacional de Atención al Menor, a través del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
En relación al papel que desempeña el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, en el auge de la delincuencia juvenil, se puede decir que su aportación para minimizar este problema, es poco significativo, ya que no realiza programas sociales adecuados dirigidos al menor, a la familia y la comunidad, sino que por el contrario los centros de menores del Instituto se convierten en escuelas de aprendizaje para la comisión del delito, por las mismas condiciones de hacinamiento y la no separación de los menores por motivo de ingreso y edad.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPÍTULO IV
(1) Política Nacional de Atención al Menor, Pág. 5, Publicaciones Secretaria Nacional de la Familia, marzo 1993.
(2) Constitución de la República, Art. 34, 1983, Publicaciones Especiales de la Corte Suprema de Justicia.
(3) Constitución de la República, Art. 35, 1983, Publicaciones Especiales de la Corte Suprema de Justicia.
ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES INTERNOS EN LOS
CENTROS DE MENORES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE PROTECCIÓN AL MENOR
V. ANÁLISIS DE DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES INTERNOS, EN LOS CENTROS DE MENORES, DEL INSTITUTO SALVADORENIO DE PROTECCIÓN AL MENOR.
Para tener una concepción real y objetiva sobre la delincuencia juvenil y el papel que ha asumido el Estado, a través del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para minimizar el auge de la delincuencia juvenil, se procedió a encuestar a los menores infractores internos en: El Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico, Centro de menores El Espino y Centro de Orientación de niñas “Rosa Virginia Pelletier” del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, los cuales son sujetos activos del fenómeno de la delincuencia juvenil. La información obtenida permitió conocer la situación antes de ingresar al centro y las causas que influyeron, para que cometieran actos delictivos; así como también su situación dentro del centro de menores, y cuál es el papel de estas instituciones para minimizar el auge de la delincuencia juvenil.
Estos datos han permitido la comprobación de la hipótesis del trabajo, a continuación se da a conocer el análisis de los datos obtenidos así:
El cuadro Nº 1, se relaciona la capacidad de los menores para responder y la pregunta Nº 1 que es sobre el sexo de los menores encuestados y el centro de menores en que están internos, en este cuadro se demuestra que el 65.5% pertenece al sexo masculino y un 34.5 al sexo femenino, el 100% de los menores encuestados tiene capacidad para responder, el 34.5% son menores del sexo femenino internas en el Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier”, el 24.1% de menores internos en el Centro de Menores El Espino y un 41.4% en el Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
En el cuadro No. 2, se relacionaron las pregunta Nº 1 y Nº 2, con respecto a la edad y sexo de los menores infractores en los centros de protección, se tiene que prevalece el sexo masculino en un 65.3% y un 34.4% del sexo femenino, lo que significa que la situación de menores infractores es mayor en los del sexo masculino.
Según el cuadro en mención, las edades de los menores, en su mayoría oscila entre los 11 y los 15 años, etapa comprendida entre la pubertad y la adolescencia donde el joven necesita mayor atención familiar.
Según lo manifestado por los jóvenes un 11.4% tiene 16 años y más de edad; pero no comunican al centro su verdadera edad, para evitar ser remitidos a los centros penales, ya que por su edad se les aplicaría la ley penal.
En cuanto a la educación escolar de los menores el cuadro No. 3 muestra que el 40.2% de la población de menores internos sabe leer y escribir, un 26.4% leen poco; y un 16.1% escribir poco y un 17.2% nada.
Al relacionar los porcentajes de las 3 últimas categorías (26.4 + 16.1 + 17.2) obtenemos un 59.7% lo que refleja un bajo nivel educativo de los menores, lo cual demuestra la falta de oportunidades que tienen para capacitarse, y que les permita valerse por sí mismos.
El cuadro Nº 4, nos refleja que del total general de menores infractores estudiados se conoció que el mayor índice de delincuencia juvenil se encuentra en el área urbana, con mayor énfasis en el departamento de San Salvador con un 55.2%, debido a la inmigración de la población, lo que incrementa las zonas marginales y disminuye las oportunidades de mejores condiciones de vida, estas son características propias de un sistema capitalista como el caso de nuestro país.
Al tomar en cuenta la división política regional del país, se tiene que prevalece la delincuencia juvenil en la región central, exceptuando los departamentos de Cuscatlán, Cabañas, San Vicente, Chalatenango; donde no se conoció casos de menores infractores.
En la región occidental existe un 24.1% y en la región oriental un 12.5%, observándose que en éstas regiones disminuye el índice de delincuencia juvenil, por los arraigados patrones culturales y el proceso de industrialización que es más lento.
El cuadro Nº 5 demuestra que el porcentaje más alto de ingreso de menores por primera vez a los centros de protección, lo encontramos en la causa de estado de peligro y riesgo que tiene un 42.5% seguidamente la categoría de robo que tiene un 40.5% luego aparece la drogadicción con un 12.5%.
Por la naturaleza de las causas de ingreso los menores en su mayoría han sido remitidos por los distintos cuerpos de seguridad pública, lo anterior tiene relación con la situación ocupacional de sus padres y a la falta de observancia de éstos para con sus hijos. El estado de peligro o riesgo, los lleva a delinquir y a hacer uso de droga.
Al analizar los años de 1974 - 1980 y 1981 - 1985, los datos nos muestran que del total de menores encuestados un 4.4% se encontraban en esta categoría y de 1986 a 1990 tenemos un porcentaje del 18.3%, el porcentaje mayor lo encontramos en el período de 1991 a 1994 con un 77%.
El cuadro Nº 6 nos refleja que del total de los menores encuestados el 63.2% recae en los cuerpos de seguridad pública quienes remitieron a los menores a los centros de protección, por encontrarlos en estado de peligro o riesgo, y robo tal como lo demuestra el cuadro, luego se tiene un 23.0% que fue la madre quien realizó los trámites de internamiento, un 8% lo realizaron otras personas, solamente un 3.4% fue el padre quien realizó los trámites, lo que está en relación con el cuadro Nº 13 que refleja que un 2.2% vivía con su padre, esto demuestra que en nuestro medio la mayor responsabilidad de los menores recae sobre la madre.
El cuadro Nº 7 nos demuestra que el delito que con mayor frecuencia cometen los menores infractores es el robo, con un 64.0%, en estas circunstancias el robo constituye un modo de vida, ya que el 38% reingreso de 2 a 5 veces, el 14% ha reingresado 21 y más veces, y el 10% de 11 a 15 veces, todos ellos por la causal de robo, lo que significa que los menores al ser rechazados por la familia y no encuentran la satisfacción de sus necesidades básicas en el hogar ni en el centro de protección se fugan de este lugar para robar y luego forzadamente reingresan, lo que constituye un circulo vicioso centro-calle-centro que no resuelve la problemática que afrontan.
Al hacer la relación con el cuadro Nº 5 que nos presenta que un 42.5% ingreso por primera vez por estado de peligro y riesgo, pero que su reingreso ya no fue por ese motivo sino por el cometimiento de actos delictivos, lo que indica que los centros de protección no logran su objetivo que es la reeducación de los menores para reinsertarlos a la sociedad, sino que al contrario se convierten en escuela de aprendizaje para la comisión de delitos.
En el cuadro Nº 8 al analizar los datos referidos al tipo de actividades a que se dedicaban los menores, antes de ser internados se puede observar que un 4.1% su actividad era de huele pega, un 18.4% a los quehaceres del hogar, un 11.5% a otros oficios, los resultados obtenidos demuestran que el tipo de actividad a que se dedican usualmente los menores constituyen condiciones favorables para que sean población propicias a delinquir.
El cuadro Nº 9 demuestra que la mayor parte de menores atendidos en los centros de protección, tienen bajo nivel de escolaridad, teniéndose que el 55.1% no completó su primaría y el 21% es analfabeta, siendo el 65.3% jóvenes del sexo masculino.
En el cuadro Nº 10 se refleja la situación escolar de los menores encuestados y como se encuentra funcionando la escuela de dichos centros, así tenemos que en la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, los menores internos se encuentran transitoriamente, mientras se le realizan los estudios necesarios, que definan la situación del menor, para ser sometidos a los diferentes centros, razón por la cual en dicha división no funciona la escuela por lo que un 23% de los menores manifestaron no asistir a la escuela que son los que no tienen ningún grado de escolaridad y un 77% que sí asiste, de los que sí asisten un 51% asiste a los grados de primero a quinto y un 16% asiste a 6º grado, que completan su primaria un 10% estudia tercer ciclo (8.0% + 2.0%).
En relación al local donde funciona la escuela en los centros de menores, tenemos que un 24.1% considera que es excelente, un 36.8% que es buena, al sumar ambos porcentajes tenemos un 60.9% que refleja que los menores se encuentran satisfechos del funcionamiento de la escuela, un 10.3% la cataloga de regular y un 28.8% que es malo su funcionamiento.
En lo referente a la iluminación un 60.9% considera que la escuela tiene suficiente iluminación, y un 23.0% manifestó que no tiene suficiente iluminación, así mismo en la pregunta sobre la ventilación de la escuela un 53.0% considera que la escuela tiene suficiente ventilación y un 28.7% de que no tiene suficiente ventilación y un 18.3% no respondió a la pregunta.
En relación al mobiliario para recibir las clases un 64.4% de los encuestados consideran que la escuela cuenta con suficientes pupitres, un 18.4% manifestó que estos no son suficientes y un 17.2% que no respondió a la pregunta.
Como se menciona anteriormente, en la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico no existe escuela, porque como política los menores se encuentran transitoriamente; pero hay aún período de tiempo que permanece en dicho lugar, que no realiza más actividad que ver televisión y jugar lo que conlleva a que no utilicen el tiempo en forma adecuada, situación que es diferente en el Centro de Menores El Espino y el Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier" que la escuela se encuentra funcionando, lo que permite que los menores continúen con su educación, la cual juega un papel importante en la reeducación de los menores.
Los datos contenidos en el cuadro Nº 11 muestra que las relaciones entre maestros y alumnos en los centros donde existe la escuela, es buena y excelente (66.6%) aunque el 32.7% no responde porque se carece de tal servicio, por ser jóvenes que están en proceso de selección.
El cuadro Nº 12 está referido a la situación familiar de los menores, encontrando que un 45% de menores encuestados manifestó que tenían padre y madre, correspondiéndole un 29% al sexo masculino y el 16% al sexo femenino, si bien es cierto el porcentaje que manifestaron tener ambos padres es alto, no significa que los menores vivan con ambos padres, ya que al relacionarlo con el cuadro Nº 13, este refleja un porcentaje del 17.2% del total de menores encuestados que vivían con ambos padres. Así mismo en el cuadro Nº 12 se refleja que un 41.3% de los menores, tiene sólo madre de los cuales el 25.2% son de los varones encuestados y el 16.1% de las niñas encuestadas.
En lo referente a los menores encuestados el 4.5% sólo tiene padre y el 8.0% manifestó no tener padres.
El cuadro Nº 13 contiene los datos relativos a la persona con quien vivían los menores antes de ingresar por primera vez al centro de menores, reflejando el cuadro el motivo por el cual los menores vivían con esas personas, así tenemos que según datos analizados en el cuadro Nº 12, un 45% manifestó tener ambos padres, pero que al relacionarlo con el cuadro Nº 13, este refleja que solamente un 17.2% vivía con ambos padres, lo que demuestra la desintegración familiar y la irresponsabilidad paterna, ya que sólo un 43.6% vivía con la madre y un mínimo porcentaje del 2.2% con el padre, así mismo los datos reflejan un alto porcentaje de 73.5% de abandono que en su mayor parte es del padre y en menor proporción la madre y en otros casos por abandono de ambos padres los menores en un 22% vivía con los abuelos, un 9.1% con tíos y un 4.5% con otras personas como madre o padre de crianza, madre adoptiva, esta situación del abandono del menor y aunado a la ocupación de los padres crea un ambiente propicio para que los menores se dedicaran a la vagancia, a la drogadicción (huele pega, marihuana y otros) delincuencia, o que se encuentran en estado de peligro o riesgo, situaciones por las cuales tuvieron que ser internados en centros de menores.
El cuadro Nº 14 refleja los datos referidos a las visitas de los menores, y al analizarlos observamos que un alto porcentaje no recibe visita un 49.4%, lo que indica el abandono familiar en que se encuentran los menores. Estos menores que se encuentran en la pubertad y la adolescencia, etapas que son determinantes en la formación de la personalidad, la familia y los grupos juegan un papel determinante, pero que pasa con estos menores que no cuentan con la atención familiar, se sienten aislados y rechazados por la familia y la institución, la que no les ofrece una atención satisfactoria, por lo que los menores en la interacción con otros aprenden hábitos y valores negativos, como puede observarse en el análisis del cuadro Nº 7 que hay un porcentaje alto de 64% que ha reingresado varias veces a centros de protección a menores por robo.
En relación a los que visitan a los menores se tiene un dato significativo, un 31% la visita es de la madre en contraste de la visita del padre que es un 7%, lo que afirma que es la madre la que demuestra interés por el menor.
Se puede observar en el cuadro Nº 15 que en lo referente al aspecto ocupacional de los padres de los menores encuestados, un 52.3% manifestó que la madre trabaja y un 36.2% el padre, esto en relación con el cuadro Nº 13 que refleja que un 43.6% vivía con su madre debido al abandono del padre.
Así tenemos que los datos aportan que un 21% se dedica al comercio que comprende vendedores ambulantes, puestos pequeños en el mercado, el 11.4% se encuentran como empleadas domésticas, un 10.2% se dedica a jornales y el resto en menor proporción corte y confección, obreros, tortilleras, panificadores, prostitutas, carpinteros y otras. Estas ocupaciones demandan por lo general que las personas permanezcan la mayor parte del día fuera de la casa lo que reduce las posibilidades de atender y cuidar de los hijos, lo que conlleva a que los menores se quedan solos en la casa, sin el cuidado de un adulto responsable o que tengan que permanecer al lado de sus padres en su trabajo, principalmente en los casos de aquellos padres que se dedican al comercio. Este ambiente en el que se desarrollan los menores favorece la vagancia, la delincuencia, la drogadicción; pues los adultos le dan más importancia a la obtención de los ingresos, que aunque sean limitados les permite satisfacer en mínima parte las necesidades básicas, que el cuidado de los hijos.
El cuadro Nº 16 recoge la información, sobre el tipo de ayuda, que los menores reciben de parte de la familia, reflejando los datos que un 45% de los menores no reciben ningún tipo de ayuda de parte de la familia, lo que está en relación a que estos menores no son visitados por parientes y amigos, existe un 55.0% que manifestó que si recibe ayuda evidenciándose los mayores porcentajes de que reciben ayuda; en lo económico (le dan dinero) contestó un 24.1% y en el vestuario un 20.6% y en menor porcentaje cuenta con asistencia familiar un 5.7% y de alimentación un 4.5% aunque la información vertida por los menores en cuanto a la ayuda, aporta unos datos de acuerdo a lo investigado con el personal, la ayuda que le proporcionan al menor es esporádica e insuficiente para cubrir sus necesidades; por lo que en su mayor parte la responsabilidad te corresponde al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor.
El cuadro Nº 17 nos demuestra que un 30.0% se siente satisfecho de las relaciones familiares y un 4.5% muy satisfechos las relaciones con la familia; pero que al analizar los datos de los muy insatisfechos que son un 8% y de los insatisfechos un 54%, nos demuestran que es el mayor el porcentaje de los menores que no están satisfechos con las relaciones con la familia, lo que está en relación con el hecho de que la familia no los visita, esta situación es de gran importancia ya que la familia juega un papel importante en el menor para su reeducación.
El cuadro Nº 18 está referido a la satisfacción o no de las necesidades de los menores, evidenciándose que del total de menores encuestados hay un 60.0% que consideró, que las necesidades de recreación las tienen insatisfechas y relacionados con el porcentaje de 14.9% de los que contestaron que las necesidades de recreación las tienen muy insatisfechas, situación que refleja que en los centros de menores no se llevan a cabo con los menores programas recreativos, que les permita una distracción sana ya que sólo un 25.2% que es un porcentaje menor manifestó estar satisfechas sus necesidades de recreación.
En lo que se refiere a las necesidades económicas, el cuadro nos refleja que un 10.3% las considera muy insatisfechas y un 56.3% insatisfechas, lo que indica que estos menores adolecen de problemas económicos, entendidas éstas necesidades que tienen los menores para la compra de golosinas, ya que porque no ser visitados carecen de dinero y un 33.3% que sí manifestó tener satisfechas sus necesidades económicas, ya que estos menores son visitados y sus familiares les dejan dinero que les permiten solventar otras necesidades.
En lo referente a las necesidades de salud hay un 48.2% que considera que el centro les satisface las necesidades ya que cuentan con clínica de salud, que los atiende cuando se encuentran enfermos y un 40.5% manifestó tener insatisfecha sus necesidades de salud y un 7.0% muy insatisfechas, ya que aunque exista clínica de salud, esta no cuenta con los recursos necesarios para atenderlos en una forma debida.
Al hacer un análisis de las necesidades de alimentación un 51.7% consideró que están satisfechos y son principalmente los menores internos en el centro de menores El Espino y el Centro de Orientación de niñas “Rosa Virginia PelIetier”, ya que se pudo constatar que los menores tienen una alimentación variada y balanceada, distinta es la situación para los menores internos en la División de Admisión Evaluación y Diagnóstico del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, los cuales tienen una alimentación deficiente, así tenemos que hay un 40.2% que manifestó estar insatisfechos de la alimentación.
Al referirnos a las necesidades de vestuario el 47. 1% manifestó estar insatisfecho, un 14.9% muy insatisfecho y un 38% estar satisfecho, es necesario hacer mención que se pudo observar que en su mayor parte los menores internos en el Centro de Menores El Espino y los de la División de Admisión Evaluación y Diagnóstico, el vestuario era deficiente e incluso la mayor parte no usan calzado, diferente situación a los internos en el Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier” que se observó que las niñas su vestuario es aceptable.
En cuanto a las necesidades de atención familiar, que era referida la pregunta a que si eran visitados y si sentían con la visita satisfecha las necesidades de atención familiar, los datos reflejan que un 13.7% se siente muy insatisfechos y un 41.3% insatisfechos, lo que indica que en un porcentaje de un 55% de los menores encuestados sienten la necesidad de que su familia los atienda y sólo un 45% sienten que están satisfechos de las necesidades de atención familiar, lo cual es un indicador que las familias de estos menores olvidan su responsabilidad tanto económica como moral, dejándolos abandonados y que esta responsabilidad recaiga en la institución.
El cuadro Nº 19 refleja que del total de menores encuestados, el 57.5% está insatisfecho de estar interno en los centros, debido al mal trato que reciben por parte de los orientadores (castigo físico y moral) y a los castigos que reciben por parte de los otros internos. El 41.3% de menores opinan que están satisfechos del internamiento en los centros, debido a que en los hogares son rechazados y que el centro les brinda techo, alimentación y el aprendizaje de oficios como: manualidades, panadería, sastrería, corte y confección, carpintería, mecánica de obra y banco.
Al analizar el cuadro Nº 20 este nos refleja que un alto porcentaje de 84% de los menores encuestados manifestó, que el trato de los orientadores es malo, ya que son castigados física y moralmente, por lo que puede afirmarse que existen relaciones interpersonales negativas entre los orientadores y menores.
El análisis del cuadro Nº 21 refleja el tipo de servicios con que cuentan los menores internos, el 98.8 de los encuestados contestó que cuentan con servicio de agua. El 100% contestó que cuentan con servicio de energía eléctrica, el 85% manifestó que tienen suficientes baños. El 19.5% contestó que no existen suficientes servicios sanitarios.
De lo anterior se deduce que los centros de internamiento cuentan con los servicios más elementales aunque estos no reúnen las condiciones higiénicas y de infraestructura indispensables para el ser humano, ya que los baños constituyen pilas con agua de uso común, y los dormitorios son colectivos.
Según los datos que refleja el cuadro Nº 22 el 50.5% de los 87 menores encuestados ha utilizado los servicios de salud más de una vez, el mayor porcentaje lo encontramos en utilización de servicios de 1 a 5 porque una de las políticas del instituto es que todo menor al internarlo debe practicársele un examen previo.
El 25.2% contestó que no utiliza los servicios de salud porque la clínica que funciona dentro de los centros, sólo cuenta con un médico y una enfermera que atiende consultas tres veces por semana y la dotación de medicamentos es insuficiente.
El cuadro Nº 23 refleja que de los (37 menores encuestados al cuestionarse sobre los problemas de salud y el grado de satisfacción en la atención médica que reciben se conoció que el 52.9% (49.5 + 3.5%) está satisfecho de los servicios que el médico les brinda en los tres días a la semana que da consultas. Si este porcentaje se suma el 44% que dice no tener problemas de salud, en suma se tiene que el 95.9% (52.9 + 44%) está satisfecho con la atención brindada.
Dada las condiciones económicas y sociales difíciles en las que viven los menores, esto hace que ellos consideren que el limitado servicio de salud que el centro de internamiento les brinda sea lo mejor, porque en la realidad la atención que brinda un médico tres veces por semana es insuficiente.
Por otra parte para los internos la salud no constituye un problema en relación a las otras necesidades no satisfechas.
Según el cuadro Nº 24 el 40.2% que representa el mayor porcentaje de los encuestados contestó que los orientadores cuidan de ellos en caso de enfermedad, debido a que los médicos con que cuenta el instituto solamente atienden consultas tres veces por semana y las enfermeras trabajan en horario normal de 8:00 am a 4:00 pm, lo que hace que el menor está bajo el cuidado de los orientadores en caso de que enfermen, ya que estos trabajan las 24 horas del día.
El 16% contestó que no los cuida nadie. Un 14.9% que los cuida una enfermera, pero únicamente en caso de lesiones o enfermedad común que a criterio del médico amerite que es necesario los cuidos, estos cuidados se dan en el horario de trabajo de 8:00 am a 4:00 pm, como se dijo anteriormente luego regresan a que los cuiden los orientadores.
El 14.9% no sabe quien los cuida porque no han enfermado durante el tiempo de su internamiento en el instituto.
En el cuadro Nº 25 referido a la existencia de servicio de psicología, encontramos que un 52.8% manifestó que no existe servicio de psicología, esto está en relación, que en el Centro de Menores El Espino y el Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier”, no funciona la clínica de piscología, ya que en el primero los orientadores son psicólogos, pues como política institucional se consideró que deberían los orientadores asumir el papel de educador y en el caso del Centro de Orientación “Rosa Virginia Pelletier” el psicólogo atiende a los menores cada 8 días a nivel de grupo.
El 47.1% contestó que si existe servicio de atención psicológica, aunque este es diferente debido a la falta de personal de psicología.
Según el cuadro Nº 26 el 64.3% de los 87 menores encuestados contestó que no utiliza los servicios de atención psicológica, debido a que en el centro de orientación “Rosa Virginia Pelletier”, solamente llega un psicólogo los días sábados, y la atención es grupal debido a que no es suficiente una sola persona para atenderlos individualmente, el Centro de Menores el Espino cuenta con 9 psicólogos pero estos desempeñan la función de orientadores y vigilantes a la vez, lo que hace imposible el desempeño de un buen papel como psicólogo, y en el caso de la División de Admisión Evaluación y Diagnóstico del instituto, solamente reciben atención psicológica cuando estos van a ser internados.
El 32.2% (15.0 + 17.2) contestó que ha utilizado los servicios más de una vez, porque esto está en relación al número de ingresos al Instituto como se dijo anteriormente.
El cuadro Nº 27 nos refleja el grado de satisfacción en las relaciones con sus compañeros internos, así tenemos que el mayor porcentaje se encuentra bien en sus relaciones esto significa el 66.5% (25.2 + 41.3%), debido a que el lugar donde se encuentran es necesaria esa relación para que se apoyan mutuamente.
El 22% no tiene amigos en el centro de internamiento.
El 7.9% (5.7 + 2.2) se encuentra insatisfecho en sus relaciones con sus compañeros.
El análisis del cuadro Nº 28 nos refleja que el 98.8% de los menores encuestados no escucha radio porque no tiene el Instituto y sólo el 1.1% lo escucha porque tiene su propio aparato.
El 95.4% no lee ningún tipo de libro o revista debido a que el Instituto no cuenta con una biblioteca, lo que demuestra la falta de programas y actividades encaminadas a formarle mejores hábitos al menor como sería la lectura.
Así mismo se evidencia que por la misma falta de programas el 83.9% (45.9 + 39.0%) se dedica a platicar con sus amigos, o práctica deporte aunque este último sea únicamente el correr dentro de las reducidas instalaciones del centro de internamiento, referida esta situación al Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico ya que los otros dos centros cuentan con espacio y cancha deportiva; un 57.4% se dedica a ver televisión porque no tiene nada que hacer.
Un 54% no práctica deportes, pues como ya se dijo no hay el espacio suficiente de esparcimiento como para practicar deportes dentro del centro, relacionado esto al Centro de Admisión, Evaluación y Diagnóstico.
Al realizar el análisis del cuadro Nº 29 nos demuestra que del 100% de menores encuestados, el 43% no asiste a los talleres, porque existen escases de material e instructores.
El 56.9% de menores reciben capacitación en talleres, prevaleciendo la asistencia a corte y confección, bordados y tejidos en un 18.3% y un 29.7% recibe curso de sastrería, carpintería y costura industrial y unos pocos reciben de zapatería, albañilería, panadería y jardinería.
De los 50 jóvenes que reciben taller, el 78% considera que el local donde están ubicados los talleres es bueno y el 64% expresó que están equipados.
Con respecto a las relaciones de los internos con el personal que atienden los talleres, se conoció que el 62% considera que se mantienen buenas relaciones y el 24% catalogó dicha relación como excelente, lo que significa que los internos que reciben capacitación en los talleres son atendidos normalmente, permitiéndoles capacitarse en él aprendizaje de un oficio que les ayude a trabajar y obtener algún ingreso.
Se observa que la educación no formal que se imparte a través de los talleres, sólo contribuye para que los jóvenes se preparen en el desempego de un oficio o realicen empleos que les permitan obtener mínimas condiciones de vida, ante esto los jóvenes al salir de la institución optan por robar como un sistema de vida, al no tener otra opción para resolver su problemática.
De acuerdo a la investigación realizada, se llegó a las siguientes conclusiones:
1ª Uno de los factores determinantes en la delincuencia juvenil, es la injusta distribución de la riqueza, ya que una gran parte de la población de menores vive en situación de pobreza, los que al no poder satisfacer sus necesidades básicas, optan por el cometimiento de actos delictivos.
2ª La delincuencia de los menores, es producto de la marginación en que se desarrollan, lo que determina el analfabetismo, bajo nivel escolar, bajo nivel de capacitación para un oficio, el desempleo, el bajo nivel de vida, la vagancia, la drogadicción, la explotación, el mal trato, la mendicidad, la desintegración familiar, la irresponsabilidad de los padres; son factores que inciden directamente en esta problemática.
3ª La desintegración familiar, la desorganización familiar, el abandono de los hijos, maltrato físico y moral, y la influencia del medio ambiente, constituyen causas fundamentales para que los menores adopten conductas no apropiadas que los llevan a delinquir.
4ª El analfabetismo, el bajo grado de escolaridad, la falta de ocupación y la edad de los menores, les limita para que se incorporen a trabajos productivos, técnicos e industriales, lo que trae como consecuencia el que se dediquen a ocupaciones informales, que no les permite obtener ingresos suficientes, para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que lo hacen a través de otros mecanismos como es el robo y el hurto.
5ª La falta del control del Estado, sobre los medios de comunicación social conlleva a que los menores adopten conductas antisociales como: la vagancia, la drogadicción, y que integren o se incorporen a maras o pandillas juveniles, que son un ambiente propicio para que los menores delincan, por lo que puede afirmarse que estas conductas antisociales son producto de la alienación de los medios de comunicación social.
6ª La no asistencia a la escuela, la ocupación informal de los menores, y el hecho de que los menores se desarrollen en la calle debido a la ocupación de los padres, les conlleva a la vagancia, situación propicia para que el menor adquiera vicios como: inhalar pegamento, consumo de drogas; éstos vicios para sostenerlos trae exigencias económicas y al no tener recursos económicos, es un factor que influye para que cometan acciones delictivas en contra de las personas y la propiedad.
7ª El Estado tiene el deber de dar protección al menor y de brindar los recursos y medios necesarios para minimizar el auge de la delincuencia juvenil, pero no cumple con dicha responsabilidad, ya que su actuar está más encaminada a proteger la clase dominante que es la minoría, descuidando así las políticas sociales encaminadas a minimizar la problemática de los menores y sobre todo la de la delincuencia juvenil.
8ª La Política Nacional de Atención al Menor, surge por los compromisos de gobierno, asumido en los foros internacionales, y por una publicidad a nivel político y no para dar respuesta a la problemática de los menores, ya que las acciones que realiza el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, que es el ente rector de la política, están más encaminadas a medidas de internamiento de los menores, que a desarrollar programas preventivos a nivel familiar y de la comunidad.
9ª La no implementación de programas sociales a nivel de los centros de menores, conlleva a que no se cumpla la Política Nacional de Atención al Menor, ya que estos se convierten en instituciones de encierro para los menores y no de internamiento para lograr su reeducación y reinsertarlo a la sociedad.
10ª La Política Nacional de Atención al Menor, su aplicación por parte del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, no es efectiva, ya que no se atacan las causas de la problemática de los menores y sobre todo de la delincuencia juvenil, debido a que las medidas son paleativas y no preventivas.
11ª La Política Nacional de Atención al Menor, la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor y el Código de Familia, están en concordancia con la Constitución de la República y los Tratados y Convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, referido a la protección del menor; pero en la realidad la aplicación de las normas jurídicas no están encaminadas a velar por que no se violen los derechos del menor.
12ª Por parte del Estado no se han implementado programas sociales tendientes a disminuir la problemática de la delincuencia juvenil, sino que sólo se han tomado medidas represivas y no preventivas que ataquen la problemática de la delincuencia juvenil.
13ª El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, cuenta con un presupuesto bajo, que no le permite contar con los recursos financieros, materiales, personal capacitado y de profesionales idóneos, para que se implementen programas sociales acorde a la problemática y necesidades de los menores internos.
14ª La no separación de los menores por edad y motivo de ingreso y la falta de programas sociales en los centros, conlleva a que estas instituciones se conviertan en escuelas de aprendizaje para el cometimiento de actos delictivos; y el ingreso y egreso o salida de los menores a los centros, se vuelve un círculo vicioso que se hace costumbre.
15ª El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, su actuación no es concordante con la realidad social, la no coordinación intersectorial y multisectorial, y el presupuesto con que cuenta la institución, son las mayores limitaciones para que no se implemente efectivamente la Política Nacional de Atención al Menor.
Del trabajo realizado se formulan las siguientes recomendaciones:
1ª Se hace necesario para minimizar la problemática de la delincuencia juvenil, que el Estado asuma su responsabilidad a fin de que proporcione los medíos y recursos necesarios para solucionar la problemática social, así como también la ejecución de programas sociales en aquellas áreas donde incide con mayor proporción la delincuencia juvenil.
2ª Que el Estado determine medidas y programas tendientes a que la mayoría de la población salvadoreña, tenga acceso a los servicios de salud, trabajo, educación, vivienda; para minimizar el problema de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia juvenil.
3ª La Política Nacional de Atención al Menor, debe de partir de una problemática real y no para darle cumplimiento a los compromisos asumidos por el Gobierno en los foros internacionales.
4ª En los centros de menores debe de implementarse talleres ocupacionales que estén bien equipados y con personal capacitado, consciente y suficiente y que se tomen medidas para que los menores no sean trasladados, para que efectivamente se capaciten en un oficio que les permita al salir del centro, optar por una vida más digna.
5ª El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, debe de fortalecer los programas encaminados a la educación y protección familiar y educación comunitaria, para disminuir el auge delincuencial de los menores.
6ª Que se tomen medidas jurídicas, para que los menores al salir de los centros del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, puedan ser incorporados al campo laboral.
7ª El Ministerio de Educación, debe de implementar medidas y programas tendientes a dar cobertura al sector marginado, para que se reduzca el analfabetismo, el bajo grado de escolaridad, que le permita a esta población, tener mejores condiciones de vida.
8ª La Política Nacional de Atención al Menor, a través de su aplicación por parte del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, debe implementar medidas jurídicas que verdaderamente protejan a la familia y al menor.
9ª El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, debe de implementar programas recreativos y culturales, para un mejor aprovechamiento del tiempo del menor, para que contribuya a la reeducación de los menores.
10ª En relación al tratamiento de los menores, debe de asumirse mayor responsabilidad y conciencia por parte de los funcionarios y empleados del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, para que se cumpla con la Política Nacional de Atención al Menor.
11ª Se hace necesario que los menores sean clasificados y separados por edad y motivo de ingreso, para evitar la reproducción del delincuente juvenil.
12ª Que se refuerce el presupuesto del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, para que cuente con los recursos financieros, materiales y humanos para que pueda verdaderamente aplicarse una efectiva política nacional de atención al menor.
13ª Para que verdaderamente se logre aplicar una efectiva Política Nacional de Atención al Menor, el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, debe de establecer una coordinación periódica y sistemática a nivel intersectorial y multisectorial.
14ª Que se contrate para la atención de los menores a personal especializado en la materia.
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