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Timestamp: 2019-03-21 12:28:25
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Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 15', 'artículo 73', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 75', 'artículo 9', 'artículo 71', 'artículo 73', 'artículo 15']

﻿ AUTO 9513 DE JULIO 26 DE 1994
AUTO 9513 DE 26 DE JULIO DE 1994
CONTENIDO:EJECUCIÓN DE PENAS, JUEZ COMPETENTE
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, AUTO, JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS, EJECUCIÓN DE LA PENA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:274 DE OCTUBRE DE 1994, PÁG.1214
Auto 9513 de julio 26 de 1994
Rad. 9513. Aprobado acta Nº 76 de julio 13/94.
Santafé de Bogotá, D.C., julio veintiséis de mil novecientos noventa y cuatro.
Al ser rechazada la ponencia presentada en este incidente, decide la Corte de plano, por mayoría, la colisión de competencia negativa trabada entre un juzgado regional de Medellín (Antioquia) y el 23 Penal del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso que culminó con sentencia condenatoria contra Luis Carlos Monsalve Olaya por el delito de extorsión en grado de tentativa.
Un juez regional de Medellín, el 19 de mayo de 1993 profirió sentencia condenatoria contra el procesado Luis Carlos Monsalve Olaya por el delito de extorsión en grado de tentativa, imponiéndole como pena principal 26 meses y 10 días de prisión y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por igual término, además de la obligación indemnizatoria correspondiente.
Con posterioridad, en abril 8 de 1994, el mismo juez regional negó el subrogado de la libertad condicional que le había impetrado el sentenciado de la referencia, y sólo el 8 de mayo siguiente resuelve “declararse INHIBIDO para seguir actuando en la presente causa” y, en consecuencia, remite la actuación a reparto de los jueces penales del circuito de Medellín, proponiéndole a quien corresponda colisión negativa de competencia, en el evento de no aceptar sus razonamientos.
Razones del proponente
Dice el juez regional proponente del incidente que como el inciso segundo del numeral 4º del artículo 9º de la Ley 81 de 1993 subrogó el artículo 71 del CPP en el sentido de que “cuando se trate de delitos de extorsión, la competencia de los jueces regionales procede sólo si la cuantía es o excede de ciento cincuenta salarios mínimos mensuales”, y siendo el salario mínimo mensual actual de $ 98.700, el límite de la competencia es de $ 14.805.000, superiores a la cuantía referida en este proceso ($ 10.000.000), circunstancia que le hace perder la competencia por lo que “se ordena que el proceso sea remitido a los señores Jueces del Circuito Penal de Medellín (reparto) por ser ellos los autorizados legales para seguir tramitando el caso a estudio”.
Razones del colisionante
El asunto correspondió en reparto al Juz-gado 23 Penal del Circuito de la capital antio-queña, cuyo titular discrepa del planteamiento del juez regional y resuelve aceptar el conflicto con las básicas consideraciones siguientes:
“...De lo que aquí se trata entonces es que la competencia de los jueces regionales para asuntos como el presente, efectivamente sí ha sido modificada, pero para la vigilancia de la ejecución de la pena, se mantuvo.
Como esta causa terminó con sentencia condenatoria y así se recibió en este despacho, consideramos que la vigilancia para el cumplimiento de la misma aún le corresponde al señor juez que dictó la sentencia en primera instancia pues las funciones de juez de ejecución de penas no le han sido modificadas ni derogadas”.
Y remite por tanto el expediente a esta Corporación para lo de su cargo.
1. Aun cuando la Corte, siguiendo la literalidad de la ley, ha sostenido que en estricto sentido los conflictos que se susciten una vez fenecido el proceso con sentencia condenatoria ejecutoriada —que es el caso presente— no constituyen el incidente de colisión de competencias previsto en la ley para las actuaciones procesales; sin embargo, ha venido aceptándolos especialmente a partir de la creación de los jueces de ejecución de penas así éstos no hayan entrado a operar en algunas regiones, como ocurre al parecer aquí, y del instituto de la acumulación jurídica de penas para evitar, de esta manera, dilaciones que puedan perjudicar en algún forma a quienes se encuentran cumpliendo una pena (ver, por ejemplo, autos de nov. 6/92, Mag. Ponente Dr. Carreño Luengas, y julio 26/93, M.P. Dr. Páez Velandia), criterio que se reafirma en esta oportunidad.
2. No hay duda que le asiste la razón en este incidente al Juez 23 Penal del Circuito de Medellín, por lo siguiente: a) Una cosa es la competencia que ha señalado el legislador para investigar y juzgar un hecho punible y otra muy distinta por cierto para vigilar la ejecución de una sentencia; en forma perentoria, y por disposición constitucional, le corresponde la investigación y acusación a la Fiscalía General según los factores ordinarios para determinarla; en tanto que, con el mismo criterio, el juzgamiento lo ha dejado exclusivamente a los jueces de la jurisdicción ordinaria (llámense municipales, de circuito o regionales, o Tribunales de Distrito Judicial o el Nacional), para reservar lo concerniente a la ejecución de los fallos producidos por cualquiera de éstos, a los jueces denominados de ejecución de penas;
b) Para que no exista duda sobre las actuaciones que cada uno de tales funcionarios ha de cumplir en desarrollo de sus específicas competencias, el Código de Procedimiento Penal, que es el debido proceso para estos fines, señala expresamente no sólo la competencia sino también el rito fundamental tanto para los fiscales como para los jueces, y en forma genérica, solamente fija la competencia a los jueces de ejecución de penas, dejando lo esencial de esta ritualidad al denominado “Código de Régimen Penitenciario y Carcelario”, luego son estatutos diferentes para ser aplicados por diferentes funcionarios, es decir, el legislador especializa cada función;
c) De lo anterior se infiere necesariamente que factores tales como la cuantía del reato, la naturaleza del hecho punible y aún el fuero, que son determinantes en la competencia de los jueces falladores, ninguna trascendencia tienen en el señalamiento de la competencia que se deriva de la vigilancia y ejecución de las sentencias pues, se repite, lo que interesa a este juez de ejecución es el fallo, no quién lo ha proferido.
d) En este mismo orden de ideas, se explica claramente el verdadero significado y alcance del precepto referido en el artículo 15 transitorio del C. de P.P., pues para evitar los problemas que pudieran presentarse por las demoras en el funcionamiento de los juzgados de ejecución de penas creados y por los mismos cambios de competencias funcionales que introdujo el Código respecto de los jueces falladores, este estatuto consagró el precepto referido que por su claro tenor no admite otra interpretación, esto es, que mientras entran a funcionar los jueces de ejecución de penas, las atribuciones a ellos dadas en la ley, deben ser cumplidas por “el juez que dictó la sentencia en primera instancia”. Cualquier agregado que se le haga es producto del capricho del intérprete y no ejercicio de la sana hermenéutica; criterio adoptado ya por esta Corporación, por lo demás, en los proveídos inicialmente mencionados.
Pero es que esta voluntad del legislador es la que mayormente se aviene con la realidad y la justicia ya que si bien nadie está en mejores condiciones para vigilar la ejecución de una sentencia que quien se ha especializado en ello, también lo es que a falta de éste, nadie puede hacerlo en mejor forma que quien con conocimiento pleno del hecho produjo la sentencia.
d) Finalmente, ha de referirse la Corte a un aspecto que aun cuando en estricto sentido no corresponde a este temática según lo que se acaba de puntualizar, por haber sido el argumento en que se apoyó el juez regional para iniciar la colisión, debe definirse.
El salario mínimo mensual que debe tomarse en cuenta para fijar la cuantía en las competencias de fiscales acusadores y de jueces falladores es el “vigente al momento de la comisión del hecho”, como lo consagró genéricamente el inciso segundo del artículo 73 del C. de P.P., subrogado por el artículo 11 de la Ley 81 de 1993, tal como lo interpretó esta Corporación en providencia de marzo 22 de 1994. De acuerdo con ello los 150 salarios mínimos, que hoy señala la Ley 81 de 1993 en su artículo 9º como límite de la competencia dada a los juzgados regionales —como falladores, no la temporal que les dio el artículo 15 transitorio del CPP como jueces de ejecución de penas—, debió multiplicarlos por el valor que el salario mínimo mensual tenía en la época en que ocurrieron los hechos ($ 65.190) y no por el que tiene en la actualidad ($ 98.700).
Significa lo consignado en precedencia que ha de dirimirse el conflicto en favor del Juzgado 23 Penal del Circuito de Medellín, reconociendo como el competente para el cumplimiento de las funciones de juez de ejecución de penas en los términos señalados en el artículo 15 transitorio del C. de P.P., al juez regional de Medellín que profirió el fallo contra Luis Carlos Monsalve Olaya en la presente actuación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, de plano,
Es competente para decidir todo lo relacionado con la ejecución de la sentencia proferida en el presente caso, mientras no entre a operar el juzgado de ejecución de penas creado para ese territorio, el juez regional de Medellín que profirió la sentencia condenatoria contra Luis Carlos Monsalve Olaya. Remítasele inmediatamente el expediente, en consecuencia, e infórmesele lo decidido al 23 Penal del Circuito de la misma ciudad con copia de este proveído.
Édgar Saavedra Rojas—Ricardo Calvete Ran-gel—Jorge Carreño Luengas—Guillermo Duque Ruiz—Gustavo Gómez Velásquez, salvamento de voto.—Dídimo Páez Velandia—Juan Manuel Torres Fresneda.
Carlos A. Gordillo, Secretario.
En la ponencia original, sobre los aspectos pertinentes, se propuso:
a) Al primer golpe de vista se aprecia la impertinencia de la determinación del señor juez regional de Medellín al, por la vía de la colisión de competencias, buscar separarse del conocimiento de la fase postsentencia del presente asunto. En tal cometido no tiene empacho en afirmar que aún se está en la etapa de la CAUSA, cuando, como es noción elemental, ella termina con la sentencia EJECUTORIADA, tal como patentemente acontece en el evento sub examine. Por lo que se indicará más adelante, también resulta notoria la ausencia de adecuada reflexión en cuanto al estudio completo de los varios aspectos incidentes en este conflicto; o sea, que se evidencia más precipitud que ponderación, más afán de desasirse de un proceso que de sopesar cuidadosamente la procedencia y fundamento de este sentimiento o intención.
b) Hay que reconocer que, en principio, las apreciaciones del señor Juez Veintitrés Penal del Circuito son atinadas, en orden a su decisión de declararse incompetente para conocer de la etapa posterior a una sentencia por él no emitida.
Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, como es sabido, son de reciente creación (art. 75 del Decreto 2700 de 1991). Y, el legislador, como bien podía suceder, por múltiples razones, que los mismos no fueran nombrados prontamente ni empezaran a desarrollar sus funciones con la premura que era y es de desearse, PREVISIVAMENTE, en el artículo 15, norma transitoria, dispuso: “Mientras el Consejo Superior de la Judicatura crea los cargos de jueces de ejecución de penas, las atribuciones que este Código les confiere serán ejercidas por el juez que dictó la sentencia en primera instancia”.
Pues bien, es del caso recordar que, como lo dispone el referido artículo 75, en ejercicio de su facultad de ejecución de las sentencias proferidas por los jueces penales, conocen:
“1) De todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, y extinción de la condena. 2) De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o medida de seguridad. 3) De la acumulación jurídica de penas en caso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona. 4) De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción o extinción de la pena. 5) Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminatoria haya sido declarada inexequible o haya perdido vigencia”.
Así las cosas resultaría claro que quien debe legalmente continuar con el conocimiento del asunto sería el juez regional de Medellín que profirió la sentencia condenatoria. Pero, al señalado criterio se debe añadir este otro, consistente en que si por razón de los nuevos cálculos a verificarse en orden a la determinación de la CUANTÍA, ésta hace que el asunto sea de competencia de los señores jueces penales del circuito, será a éstos a quienes corresponderá entenderse con lo que tenga que ver con la fase postsentencia. Igual acontece, por ejemplo, en aquellos eventos en los que se sentenció por la justicia regional (homicidio simple, en concurso con porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, verbi gratia), pero que, hoy por hoy, por razones del cambio de competencia sobre el ilícito que precisamente le permitió el conocimiento del asunto —arma o instrumento de la acción delictiva que ahora es simplemente de uso personal, Decreto 2535 de diciembre 17 de 1993—, fuerza legalmente concluir que del respectivo proceso y en la fase posterior al fallo, conocerán los jueces penales del circuito.
c) De otro lado, es cierto que el inciso 2º del numeral 4º del artículo 9º de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 71 del C. de P. Penal, establece que “Cuando se trate de delito de extorsión, la competencia de los jueces regionales procede sólo si la cuantía es o excede de ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”. Y se trata de disposición vigente que, en su aplicación, sigue los principios generales de imperio de la ley en el tiempo, o sea, que rige INMEDIATAMENTE hacia el futuro para todos los asuntos, por tratarse de norma que tiene que ver con el factor competencia. La Corte ha dicho, sobre este particular:
“Ahora bien, en la determinación de la CUANTÍA que sirve de fundamento para determinar la COMPETENCIA se debe tener en cuenta otra de las disposiciones de la Ley 81 de 1993, que viene del Decreto 2700 de 1991 y que aun cuando está incluida en la preceptiva que alude a la competencia de los jueces penales municipales, evidentemente NO es de restrictiva aplicación en los asuntos de los cuales estos funcionarios conocen. Se trata del segundo inciso del artículo 73 del C. de P. Penal (modificado por el art. 11 de la Ley 81 de 1993), que establece: “La competencia por la cuantía se fijará definitivamente teniendo en cuenta el valor de los salarios mínimos legales vigentes al momento de la comisión del hecho”. La forma en que se redactó este aparte normativo es ambigua pues ella da a pensar que una vez señalada la cuantía del hecho punible, no es posible volver a modificar la competencia. Ello, sin embargo, carece de toda lógica porque mal podría el legislador establecer una prohibición o una limitación para que él mismo, posteriormente, tomara determinaciones distintas y cambiara las competencias conforme lo aconsejen las necesidades sociales y la política criminal. Evidentemente, se ha de entender que lo que se fija DEFINITIVAMENTE no es la competencia, sino la cuantía del delito por el cual se procede, pues, se reitera, es absurdo que se legisle en una materia en el sentido de prohibir que se pueda legislar a ese mismo respecto”. (Auto de marzo 22 de 1994).
Se debe, pues, tener en cuenta el salario mínimo legal vigente para cuando los hechos tuvieron ocurrencia y, multiplicarse por ciento cincuenta (150) que es el límite legal a tomar en consideración, según la misma Ley 81 de 1993, y la cantidad que de ahí resulte será la suma de pesos a partir de la cual el conocimiento del asunto es del juez regional. O, las cuentas también pueden hacerse en el sentido de tomar la suma exigida por los extorsionistas y dividirla por el salario mínimo legal mensual para el año de verificación del suceso ilícito, lo que arroja el número de salarios mínimos requeridos por los delincuentes, que si supera el número de ciento cincuenta hará el asunto de competencia de los jueces regionales.
Así las cosas, si se multiplica el salario mínimo legal mensual, para cuando los acontecimientos aquí juzgados, que era de $ 65.190, por ciento cincuenta —150— (número de salarios tope legal, para la determinación de la cuantía), se tendrá un total de $ 9.778.500, suma a partir de la cual el asunto es de competencia del juzgado regional. Y, como lo exigido por los depredadores fue de suma de $ 10.000.000, resulta obvio que la competencia corresponde al Juez que provocó el conflicto. También se delimita el señalado factor al dividir los $ 10.000.000 exigidos por $ 65.190 (salario de la época), para fijar así un valor de 153 salarios que indudablemente hace que la competencia radique en el juez regional.
d) La Sala, finalmente, cree oportuno, porque revaluará su opinión al respecto, ocuparse de la posibilidad que existe de suscitar una colisión de competencia luego de concluirse el proceso y estarse ya en ocasión final de ejecutar el fallo pronunciado o de controlar esta ejecución. Nadie controvierte que para diligencias previas, o para la labor de instrucción, o para la de juzgamiento y ejecución de una sentencia, se debe gozar de una específica competencia. Sobre la determinación de ésta, en cualesquiera de las eventualidades o etapas señaladas, pueden surgir y surgen frecuentes diferencias de criterios, ya porque se crea poseer, en forma exclusiva, un atributo de actuación, ya porque se entienda que corresponde a otro organismo. Esta diversidad de apreciaciones, que no suelen eliminarse por el intercambio de argumentos entre los funcionarios que se ocupan del punto, da lugar al conflicto de competencias, sin que sea dable distinguir para este fin el que el problema solo se vincula al sumario o a la causa, pues tanto vale esta discusión en estas áreas procesales como dudarse sobre el organismo o la persona que deba ejecutar y vigilar la ejecución del fallo. Por eso mismo puede darse, en este ámbito, una colisión de competencias que debe definirse por la entidad llamada a resolver la cuestión, según las reglas que al efecto establece el Código de Procedimiento Penal.
Aquí, precisamente, se controvierte quién puede asumir el rol de juez de ejecución de penas y, trabado como está el conflicto, la Corte interviene y señala, conforme a lo expuesto, al juez regional de Medellín para continuar en el conocimiento de este fenecido proceso.
Ahora agrego como fundamento de mi discrepancia con la decisión de mayoría, la cual juzgo, sin faltar al respeto en demasía, lo siguiente:
1. Con la tesis que patrocina la mayoría, esto es, que a falta de juez especializado en ejecución de fallos, “nadie puede hacerlo en mejor forma que quien con conocimiento pleno del hecho produjo la sentencia”, tendríamos tanta largueza de argumentación que, lo óptimo, está en que ha debido perdurar el sistema anterior, o sea, quien dicta la sentencia también la ejecuta.
Lamentablemente la mayoría de la Sala ha olvidado algo muy fundamental, lo cual explica el cotidiano fenómeno que se produce en Colombia de cambiar las instituciones, en el papel, pero conservarlas mediante obsoletas interpretaciones, y que consiste en que el legislador así como no ha querido ver al instructor en papel de fallador, para que aquél no se case indisolublemente con sus errores, tampoco el ejecutor del mismo quede con la impronta de las prevenciones plasmadas en él. Aspira a que una nueva etapa, la vida en cautiverio del condenado, se mire con mayor amplitud, menos rigor y con la total visualización de los factores que a esta nueva etapa corresponden, lo que equivale a no detenerse tanto en lo averiguado y decidido como sí a lo purgado y a lo que está por venir.
2. Queda muy escasa disposición de ánimo, en cuanto a tratar de hallar la verdad mediante la reflexión, cuando el contradictor se coloca en el plano de mirar una competencia tan extraña e insular, como los jueces regionales, como más apto que la de los jueces municipales, de circuito o magistrados de tribunales superiores, para cumplir la función propia de los jueces de ejecución. Y los restos de esa forzada predisposición se esfuman cuando el interlocutor pasa por alto aspectos tan decisivos como éstos: al juez de ejecución de penas, como mínimo, se le debe entender como alguien que pueda ser visto por el penado, por sus familiares, por las autoridades del sitio de reclusión, y que incluso pueda dialogar con el reo, etc., etc. En síntesis, un juez más humano que el que dicta el fallo (ver art. 51 Código Penitenciario y Carcelario). Pero a la mayoría de la Sala le satisface, y en mucho, que este papel lo cumplan los jueces regionales, los sin rostro, los que tienen que preservar su aislamiento y llevan el tatuaje de luchar contra el terrorismo y los delitos de lesa patria. Y también se tiene por algo insólito y perjudicial que un proceso cambie de competencia, para la ejecución del fallo, pero no se recuerda que, a la larga, así sea dentro de unos siete años (según el art. 2º transitorio del D. 2700/91), todos los negocios de la justicia regional irán a tener ese destino. Pero, además, por qué no se detalla algo vital, o sea, que la modificación de competencia, para la ejecución, se está patrocinando para procesos que desde ya deben tener esa definitiva destinación, porque lo que daba atributo de conocimiento para competencia tan especializada, para tan drástica y cancerbera justicia, ha desaparecido y por tanto no hay razón para retenerlo en sus anaqueles. Para citar un ejemplo, el caso del homicidio perpetrado con arma de uso privativo de la fuerza militar, delito este último que dio esa singular competencia, pero que después deja de tener esa connotación, constuye proceso que después ya no debe preservarse en esta esfera, sino que debe volver a su espacio natural y propio, vale decir, el juez de circuito.
3. Y el contrasentido también aparece por otra vía, conviene advertirlo: el que procurándose agilidad y concentración en el ejercicio de esta especial competencia regional y su dedicación a asuntos que constituyen su razón de ser, se la atosiga y entorpece con los más variados incidentes relacionados con la ejecución de penas, pero para procesos en los cuales no se mantiene la competencia de juzgamiento porque uno o varios de los delitos que la otorgaban, dejaron de representar esta entidad y efecto. Total, ni atiende o mal atiende a lo suyo, ni atiende y mal atiende lo extraño y ajeno.
La literal interpretación del artículo 15 del citado D. 2700/91, parte de una situación: que aun después de dictado el fallo, el juzgador retenga la competencia. Pero la realidad, en casos como el comentado, es otra muy esencial, esto es, que la justicia regional haya dejado de ser competente y si la facultad la ha perdido para la investigación y procesamiento, con mayor razón para la ejecución del fallo. No se ha querido advertir este sustancial distingo y de ahí que por escuchar la letra, se ha dejado de oír la melodía.
No más, porque para oídos sordos, lengua silente