Source: http://www.controlciudadano.org/noticias/informe-de-la-comision-de-politica-interior-sobre-actuaciones-de-reverol
Timestamp: 2017-09-22 04:26:03
Document Index: 165898517

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 49', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 46', 'artículo 83', 'artículo 47', 'artículo 52', 'artículo 53', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 115', 'artículo 55', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 25', 'artículo 187', 'artículo 222', 'artículo 187', 'artículo 246', 'artículo 187']

Informe de la comisión de Política Interior sobre actuaciones de Reverol | Control Ciudadano
Etiquetas: Asamblea Nacional, Néstor Reverol
Informe a Plenaria sobre la Responsabilidad del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, por los Hechos Acontecidos en los Últimos Dos Meses, en el Marco de las Protestas Ciudadanas, los Operativos de Seguridad Ciudadana y la Violación de Derechos Humanos
DE LA COMPETENCIA DEL MINISTRO DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ, EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ORDEN PÚBLICO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En efecto, corresponde al Ministerio la competencia en materia de seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del mencionado Reglamento Orgánico, siendo su responsabilidad la elaboración de las políticas y estrategias nacionales en materia de seguridad ciudadana (numeral 1); así como la coordinación con los demás organismos del Estado de las políticas de seguridad ciudadana (numeral 10). Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17, es competencia de este Ministerio el diseño e implementación de los planes, proyectos y dispositivos de seguridad ciudadana (numeral 1); así como la ejecución de los mismos, en especial en lo relativo al resguardo del orden público (numeral 2); así como “coordinar la actuación de los órganos durante la realización de planes, proyectos y dispositivos de Seguridad Ciudadana” (numeral 3); y evaluar los resultados obtenidos en dichos planes, programas y dispositivos (numeral 4); siendo igualmente su deber recomendar y elaborar propuestas para optimizar la labor de los cuerpos oficiales durante los mencionados operativos (numeral 5).
3. Miguel Colmenares
4. Bryan Principal Giménez
5. Gruseny Calderón
7. Niumar Sanclemente
8. Paola Ramírez
9. Elio Pacheco
10. Jairo Ramírez
11. Robert Centeno
12. William Marrero
13. Jonathan Menezez
14. Romer Stivenson Zamora
15. Kenyer Aranguren
16. Yorgeiber Barrena
17. Albert Rodríguez
19. Francisco González
20. Kevin León
21. Mervins Guitian
22. Almelina Carrillo
23. Jesús Sulbarán
24. Luis Márquez
25. Renzo Rodríguez
26. Orlando Johan Jhosep Medina
27. Christian Ochoa
28. Juan Pernalete
29. Eyker Rojas
30. Yonathan Quintero
31. Ángel Moreira
32. Ana Colmenares
33. María Guanipa
34. Armando Cañizales
35. Gerardo Barrera
36. Hecder Lugo
37. Anderson Dugarte
38. Miguel Castillo
39. Luis Alviarez
40. Diego Hernández
41. Yeison Mora
42. Diego Arellano
43. José Guerrero
44. Manuel Castellanos
45. Paul Moreno
46. Daniel Rodríguez
47. Jorge Escandón
48. Edy Terán
49. Yorman Bervecia
50. Elvis Montilla
51. Alfredo Briceño
52. Miguel Bravo
53. Freiber Pérez
54. Juan Sánchez
55. Erick Molina
56. Augusto Puga
57. Adrián Duque
58. Manuel Sosa
59. Danny Subero
60. César Pereira
61. Nelson Moncada
62. María Estefanía Rodríguez
63. Luis Miguel Gutiérrez
Igualmente, esta Asamblea Nacional se pronunció mediante “Acuerdo en Condena de las Muertes Causadas por la Política de Represión de Manifestaciones y Protestas Constitucionales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro Moros y en Solidaridad con los Familiares de las Víctimas”, aprobado en Sesión Ordinaria del 2 de mayo de 2017, en el cual ordenó a esta Comisión de Política Interior realizar una investigación sobre estos sucesos.
1. Gloriana Lisbeth Medina Hernández, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-12.416.372, representante de los Bloques 20 y 21 de El Paso, quien denunció la agresión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, (GNB), dirigida a dichos bloques, mencionando que los funcionarios castrenses derribaron el portón y les lanzaron de 12 a 15 bombas lacrimógenas, siendo el 70% de los habitantes del Bloque 21 personas de la tercera edad, niños y asmáticos.
2. Héctor Ortega Lander, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 6.460.875, quien denunció hecho consistente en brutalidad policial, ocurrido el 10 de mayo del presente año en la comunidad de El Barbecho, Municipio Guaicaipuro, estado Miranda, cuando dicha comunidad fue tomada por efectivos policiales encapuchados portando armas cortas y largas, quienes entraron a las casas, sin orden judicial alguna.
3. Carlos Humberto Meza Guevara, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 3.474.382, habitante de la Comunidad 23 de Enero, quien denunció amenazas a las personas por parte de colectivos que se presentaron en su comunidad, mencionando entre las personas víctimas de amenazas el ciudadano Miguel García y otras.
4. Carlos Pérez, abogado defensor de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Miranda, quien denuncia las detenciones de manifestantes y violaciones de Derechos Humanos ocurridos en el municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.
5. Andrea Vargas, habitante del Bloque 20 y 21 de El Paso, quien presentó pruebas de todas las bombas lacrimógenas lanzadas en la comunidad y denuncia la represión a la que fueron sometidos.
6. Romelia Cuerca, quien expuso que, por ser opositora, su comunidad no le vende comida ni bolsas de CLAP, denunciando además problemas con los servicios públicos.
7. Vecinos del Municipio los Salías del Estado Miranda, quienes denuncian amenaza de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el Municipio Los Salías, así como acoso por parte de cooperante que toma fotos y ubica viviendas.
8. Leonardo R Martínez Sánchez, Titular de la Cédula de Identidad N° V.-18.233.032, quien denunció ser víctima de hostigamiento y atropellos suscitados en fecha 10/05/2017 en el Sector El Barbecho, ubicado en la ciudad de los Teques, Estado Miranda, cuando efectivos del CICPC, SEBIN, OLP, CONAS, PNB y Policía Municipal de Guaicaipuro abrieron procedimientos y violentaron la propiedad privada de algunas personas, lo que arrojó la detención de aproximadamente de veinte (20) jóvenes y adultos del sector. Sobre dicha denuncia cursa expediente por ante dicha Comisión, bajo el Nro. CPPI N°287-DS-2017.
En Sesión Ordinaria Nro. 4 de la Subcomisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, de fecha 19 de mayo de 2017, efectuada en las canchas de usos múltiples “La Bacante”, en la urbanización El Trigal, ubicada en el norte de Valencia, estado Carabobo, se recibieron denuncias de violaciones de Derechos Humanos, por los siguientes Ciudadanos:
9. Guillermo Manosalva (Presidente la Cámara de Comercio de Valencia), quién consignó informe realizado por el Comité de Desarrollo Económico, conjuntamente con la Dirección de Atención al Afiliado y la asistencia de la Presidencia de esta Institución, mediante la cual se refleja data de cuarenta y ocho (48) comercios y empresas de servicios de la Gran Ciudad de Valencia, afectadas gravemente por las acciones vandálicas y delincuenciales ocurridas en abril y mayo de 2017. Dicha denuncia cursa en expediente de la CPPI Nro. CPPI N° 282-DS-2017.
10. Mayela Fonseca (Miembro del Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática), quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido víctima ciudadanos venezolanos, en las manifestaciones pacíficas que se han venido desarrollando en el país en los meses de abril y mayo del presente año, así como los tratos crueles e inhumanos que han sufrido los mismos y el juzgamiento por Tribunales Militares, en conculcación a la garantía del Juez Natural.
11. La diputada Neidy Rosal, del Consejo Legislativo del estado Carabobo, quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido víctima los habitantes de dicho Estado, así como los tratos crueles e inhumanos y el juzgamiento por Tribunales Militares, en violación al principio del Juez Natural.
12. Ing. José Zarraga (vecino Palma Real), quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido víctima los vecinos en el marco de las manifestaciones pacíficas que se han venido desarrollando en el país desde abril de 2017.
13. Lenny Márquez (Vecina), quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido víctima los habitantes de dicho Estado, así como los tratos crueles e inhumanos y el juzgamiento por Tribunales Militares, en violación al principio del Juez Natural.
14. Reinaldo Delgado (vecino del Bosque), quien denuncia las agresiones y detenciones arbitrarias que han sido víctima los vecinos, como los tratos crueles e inhumanos y el juzgamiento por Tribunales Militares, en contradicción con los principios constitucionales.
15. Denuncia formulada por parte la Asociación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ, A.C.) y por los habitantes del Estado Lara, quienes denuncian que el pasado 03 de mayo de 2017, entre la Av. Venezuela y la Av. Los Leones, fueron interceptados por unos piquetes de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, los cuales cerraron los accesos a las vías públicas sin mediar palabras y procedieron a amedrentarlos
16. Denuncia recibida presentada por el abogado Henry Castro, titular de la cédula de identidad N° V.-23.638.101, quien denuncia detenciones ilegales en el Municipio Baruta del Estado Miranda, de los ciudadanos: Daniela Mejías, Junniomar López Herrera, Franco Urbina y Pedro Sánchez Medina, titulares de las cedulas de Identidad; V-26.510.258, V-22.388.100, V-23.303.416 y V-11.568.178, respectivamente, los cuales fueron objeto de tratos cueles, inhumano y degradantes y torturas físicas y psicológicas, en la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, sede el Volcán, siendo que dichos ciudadanos fueron detenidos en fecha 22 de mayo del año en curso, en las adyacencias del CIED del Municipio Baruta, por parte de funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana. Dicha denuncia cursa en el expediente Nro. CPPI N° 288-DS-2017.
17. Denuncia recibida por el Abogado Luis Fernando Larios Machado, en su carácter de defensor del Ciudadano Yimmy Alejandro Gutierrez Colorado, titular de la Cédula de Identidad V.-25.531.250, el cual se encuentra privado de libertad en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) sede Helicoide, con boleta de excarcelación emitida por el Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 24 de abril de 2017, y que en reiteradas ocasiones no ha sido recibida por los funcionarios del mencionado cuerpo de investigación. Denuncia que se encuentra registrada por esta Comisión de Política Interior, bajo el N° CPPI N°285-DS-2017.
18. Denuncia recibida en fecha 24 de mayo de 2017, por los habitantes de las Residencias ubicadas en los Edificios de OPS, Sierra Brava, El Páramo; así como en las casas aledañas a la Calle Destefano, en San Antonio de los Altos, Municipio los Salías del Estado Miranda, quienes manifiestan que se practicaron allanamientos ilegales en dichas residencias, por parte de los Funcionarios adscritos al CONAS y la Guardia Nacional Bolivariana.
19. Denuncia recibida en fecha 17 de abril de 2017, por los habitantes del Estado Lara y por parte del Diputado Guillermo Palacios, quienes expresan que han sido víctimas de represión en manifestaciones pacíficas, que hasta la fecha han dejado el saldo de cuatro (4) personas fallecidas, varios heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, causando violaciones a los derechos constitucionales de dichas víctimas. Dicha denuncia que se encuentra registrada por esta Comisión de Política Interior, bajo el N° CPPI N°43-DS-17.
Asimismo, es del conocimiento público, y así consta en las informaciones difundidas por los medios de comunicación social y las redes sociales, que se han suscitado diversos hechos, en el marco de las protestas pacíficas desarrolladas en los últimos más de dos meses y como consecuencia de las mismas, que han generado violación a derechos constitucionales y derechos humanos, entre los que podemos mencionar:
Detenciones arbitrarias de personas, que son aisladas de varios días de familiares y abogados, a quienes se les niega su paradero, hasta que son presentados ante los Tribunales de la República (muchas veces Tribunales Militares), en períodos superiores a las 48 horas dispuestas en el Código Orgánico Procesal Penal: Ej. Caso Eleazar Guerrero (hechos de El Valle)
Uso de gases lacrimógenos y gas pimienta que se encuentran vencidos
Utilización de metras y otros artefactos metálicos (entre ellos tuercas), en los operativos de control de la seguridad ciudadana, hecho que ha sido denunciado por varios Diputados, entre ellos Juan Requesens (29/05/2017) y Tomás Guanipa (31/05/17), así como el Gobernador de Miranda (01/05/2017)
Disparo de bombas lacrimógenas a quemarropa a las personas que participan en las manifestaciones pacíficas, hecho éste que fue denunciado incluso por la propia Fiscal General de la República, quien señaló que la normativa nacional e internacional prohíbe el uso de las mismas a quemarropa. Ej. caso Juan Pernalete
Utilización de armas de fuego en el control de manifestaciones
En estos hechos resulta clara la participación del Ministro Reverol, bien sea a través de la actuación de sus órganos de seguridad subalternos, en especial el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, como a través de sus propios funcionarios, o de funcionarios de orden público de otros cuerpos del Estado que actúan en colaboración y bajo dirección del mismo, como sucede con la Guardia Nacional Bolivariana, en estas actuaciones que conllevan claras violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Todas estas actuaciones han generado evidentes violaciones a los derechos humanos, entre ellos:
Derecho a la vida (artículo 43 CRBV)
Derecho a la libertad (artículo 44 CRBV)
Derecho al debido proceso y al derecho a la defensa (artículo 49 CRBV)
Derecho al goce de los derechos humanos (artículo 19 CRBV)
Derecho a la igualdad (artículo 21 CRBV)
Derecho a la integridad física, psíquica y moral (artículo 46 CRBV)
Derecho a la salud (artículo 83 CRBV)
Protección al hogar doméstico (artículo 47 CRBV)
Derecho de asociación (artículo 52 CRBV)
Derecho de reunión (artículo 53 CRBV)
Derecho a la libertad de expresión (artículo 57 CRBV)
Derecho a la comunicación y la información (artículo 58 CRBV)
Derecho a la propiedad (artículo 115 CRBV)
En este sentido, veíamos en el Capítulo anterior las competencias que posee el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en materias de resguardo del orden público y seguridad ciudadana. Ahora bien, todas esas competencias deben ser ejecutadas siguiendo los lineamientos constitucionales y legales, en claro respeto y garantía a los derechos humanos y además, respetando los principios básicos de su actuación establecidos por la propia Constitución.
Es obligatorio hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 55 constitucional, el cual dispone lo siguiente:
Esta norma contiene mandatos claros a los órganos del Poder Público encargados de la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos, a saber:
El deber de los órganos de seguridad ciudadana (veíamos, competencia establecida en cabeza del MPPRIJP), de velar por el respeto de los derechos de las personas y sus bienes, realizando actuaciones materiales en aras del cumplimiento de este deber.
El deber de respetar los derechos humanos de las personas en el marco del cumplimiento de sus competencias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Las limitaciones en el uso de armas y fuerzas represivas para el control de manifestaciones y ejecución de competencias en materia de seguridad ciudadana.
Los deberes positivos (de actuación) para garantizar estos derechos y negativos (de no violación de las normas en la materia), siendo que los deberes positivos conllevan tanto su propia actuación, como el control de la actuación de cualquier tercero que pretenda perturbar la seguridad ciudadana, los derechos humanos o cualquier derecho o garantía constitucional.
Estas garantías van de la mano con las demás garantías constitucionales normadas a los fines de proteger a los ciudadanos, en sus derechos, frente a las actuaciones del Estado, tales como el deber del estado de investigar y sancionar cualquier actuación de sus autoridades que conlleve la violación de derechos humanos (artículo 29CRBV); la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos (artículo 29 CRBV); la responsabilidad patrimonial del Estado por las violaciones a los derechos humanos (artículo 30 CRBV); así como la nulidad de todos los actos contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y la responsabilidad penal, civil y administrativa de los funcionarios autores de dichos actos (artículo 25 CRBV), disponiendo esta última norma lo siguiente:
Ello así, resulta clara, de la interpretación concordada de este Capítulo, así como del Capítulo anterior, la existencia de una responsabilidad, en cabeza del Ministro Reverol, por los hechos antes denunciados.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la actuación contraria a derecho de este Ministro, que queda evidenciada en casos como el de Juan Pernalete, donde el Ministerio Público declaró, en rueda de prensa realizada en fecha 24 de mayo de 2017, que luego de las investigaciones realizadas, a través de la evacuación de 79 diligencias de investigación, se demostró que Pernalete fue asesinado producto de una bomba lacrimógena, disparada a quemarropa contra su cuerpo por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, sufriendo un un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Esta declaración se produjo luego de que varias autoridades del Estado, a través de los medios de comunicación, dijeran a pocas horas de sucedido el suceso, que Pernalete murió por una pistola de perno cautivo, disparada por los propios opositores que se encontraban ese día en las protestas (26 de abril de 2017). Queda pues en evidencia que el Ministerio Reverol mintió con esta caso, con la sola intención de encubrir un grave delito que había sido perpetrado por funcionarios dirigidos por él.
Todas las actuaciones antes reseñadas han sido dirigidas por el Ministro Reverol y ejecutadas bajo su coordinación y/o con funcionarios subalternos, siendo que el propio Ministro, a través de sus diversas declaraciones públicas, así como sus mensajes a través de su cuenta en Twitter, ha informado a la ciudadanía como estas actuaciones forman parte de la política de Estado ejecutada por el mismo para la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.
Así, podemos hacer referencia a lo siguiente:
Mensajes de twitter del 12/05/17, en el cual afirma que se reunió con representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado para coordinar acciones en materia de orden público, en la cual lo acompañaron funcionarios del REDI, ZODI, CICPC, PNB y SEBIN.
Mensaje de twitter del 16/05/2017, en el cual “felicita” a todos los funcionarios y efectivos por enfrentar diariamente los actos terroristas convocados por la “derecha fascista”
Mensaje de twitter del 25/05/2017, en el cual manifiesta que por instrucciones de Nicolás Maduro, se encuentra reunido con organismos de seguridad para evaluar las acciones en materia de orden público
Mensajes de twitter del 30/05/2017, en los cuales informa que se encuentra reunido con el Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Benavides Torres, el Director de la Policía Nacional Bolivariana y el Viceministro del Sistema de Policía, coordinando acciones que garanticen la paz y la protección del pueblo, tratando lo relativo al uso progresivo y diferenciado de los medios de orden público en las manifestaciones violentas. Igualmente informa que se reunió con los Jefes de las Regiones Estratégicas Policiales y los Jefes de la ONB de los 24 estados para evaluar situación de orden público.
Ello así, queda evidenciado como todas estas actuaciones, realizadas en el marco de supuesto resguardo del orden público y seguridad ciudadana, y que realmente ha llevado a violaciones innumerables de derechos humanos, han sido ejecutadas todas ellas bajo el mandato y dirección del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Nestor Reverol.
DE LA COMPETENCIA DE ESTA ASAMBLEA NACIONAL
La Asamblea Nacional posee facultades de control, constitucionalmente atribuidas, sobre la Administración Pública, el Poder Ejecutivo y los demás Poderes Públicos del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que corresponde a la misma “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley”.
Igualmente, la mencionada norma dispone que “los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca”, normativa ésta que viene a ser complementada con lo dispuesto en el artículo 222 ejusdem, que dispone que, “en ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas”
Cónsono con lo anterior, el artículo 187 numeral 10 de la Carta Magna dispone que es competencia de la Asamblea Nacional “dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras”, siendo que dicho voto de censura, conforme a lo dispuesto en dicho artículo, así como al artículo 246 ejusdem, implica la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.
Vemos entonces que la Asamblea Nacional posee competencias de control sobre la actuación de los órganos del Poder Ejecutivo, pudiendo dictaminar votos de censura y órdenes de destitución de los mismos cuando actúen fuera de sus competencias o en contrariedad al ordenamiento jurídico vigente.
Conforme a lo estudiado en los Capítulos anteriores, resulta clara la actuación, en contrariedad al ordenamiento jurídico, tanto del Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, como de sus subalternos y de sus subordinados actuando en ejecución de mandatos emitidos por el mismo, así como de los órganos del Estado que actúan en ejecución de órdenes y competencias de seguridad ciudadana, todo ello bajo las instrucciones del referido Ministro, tanto por órdenes de actuación así como de órdenes de no intervención o de abstenciones, todas ellas en violación a los derechos humanos de ciudadanos venezolanos.
Estas actuaciones, claramente contrarias al ordenamiento constitucional y a los derechos humanos, conllevan la responsabilidad política y administrativa del mencionado ciudadano, en razón de lo cual se decide recomendar el Voto de Censura contra dicho ciudadano, así como la solicitud a los órganos competentes (Ministerio Público) de la evacuación de las investigaciones pertinentes, a los fines de determinar las posibles responsabilidades penales, por violación de derechos humanos, tanto por las actuaciones como por las omisiones de dicho ciudadano, en el cumplimiento de sus competencias legalmente establecidas y las de sus subalternos y dependientes, bajo su dirección y mandato.
Conforme a todas las anteriores consideraciones, y en ejecución de las delegaciones encomendadas por la Plenaria de la Asamblea Nacional, esta Comisión Permanente de Política Interior decide elevar a la Plenaria las siguientes consideraciones:
Solicitar la moción de censura al Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol Torres, conforme al artículo 187, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Solicitar la apertura de las investigaciones penales correspondientes, por todas las violaciones a los derechos humanos ejecutadas en el marco de sus funciones de seguridad ciudadana, durante las protestas ocurridas en el país desde el mes de abril de 2017, conforme a lo establecido en la legislación venezolana.
Aprobar un Acuerdo en donde se reflejen las decisiones anteriores.
En Caracas, a los seis (06) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017)