Source: http://gestores-publicos.blogspot.com/2019/11/
Timestamp: 2020-07-13 20:42:34
Document Index: 176420193

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 149', 'artículo 52']

Gestores Públicos: noviembre 2019
Por EVA BELMONTE. Fundación Civio.- El BOE de hoy recoge el resumen de la memoria de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se puso en marcha en 2014 para aplicar la Ley de Transparencia, vigilando su cumplimiento y, lo más importante, atender las reclamaciones de la ciudadanía cuando las entidades públicas no les dan la información que solicitan. Una de las conclusiones más relevantes es que, desde su nacimiento y hasta el 31 de diciembre de 2018, el organismo acumula un gasto de 287.159,46 euros para defenderse de los recursos presentados contra sus resoluciones, la mayoría presentados por administraciones públicas.
Civio es el autor de algunas de las solicitudes de información que han acabado en los tribunales. De hecho, estamos personados en dos juicios a favor de las resoluciones del Consejo y lideramos un tercero. Por el otro lado, en 2019 hemos presentado un recurso, en este caso en contra del CTBG. Ninguna de estas circunstancias ha afectado a la redacción de esta noticia
Publicado por Luis Barbado en 13:13 No hay comentarios:
Etiquetas: #CTBG, #Transparencia., Consejo de la Transparencia, gastos de defensa Transparencia
Función Pública subirá el sueldo de los funcionarios desde el 1 de enero cuando se forme Gobierno
Revista de prensa. EP.-El director general de Función Pública, Javier Rueda, ha trasladado a CC.OO. que la subida salarial del 2% para los empleados públicos acordada con los sindicatos se garantizará con fecha 1 de enero de 2020 cuando se forme el nuevo Gobierno.
CC.OO. ha mantenido este miércoles un encuentro con Rueda en el que, según el sindicato, el director general de Función Pública se ha comprometido además a convocar en el mes de diciembre la Comisión de Seguimiento de Empleo y Estabilización y la Comisión de Igualdad.
Retraso en las oposiciones
"En estos momentos hay más de 334.000 plazas convocadas por todas las administraciones públicas -Administración General del Estado, Justicia, comunidades autónomas, corporaciones locales, Sanidad y Enseñanza-, que no están desarrollándose correctamente y que corren el grave riesgo de caducidad, como las que se convocaron en 2017, por haber transcurrido más de tres años desde su publicación", advierte.
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Etiquetas: CCOO servicios públicos, retraso oposiciones, sueldos funcionarios 2020
"No parece que deba concederse en el trámite del procedimiento de oficio consistente en la aprobación o modificación de la RPT, un trámite específico de audiencia a los potenciales afectados"
Por José Ramón Chaves. DelaJusticia.es blog.- Estamos ante una cuestión compleja y que es fuente de tensiones de intereses. El interés de la Administración en aprobar o modificar su organización de puestos de trabajo con celeridad y simplificación, y el interés del funcionario (o laboral) de tener ocasión de formular alegaciones antes de su aprobación.
1.- Las Relaciones de Puestos de Trabajo nunca perdieron la consideración de acto general, pues su naturaleza reglamentaria lo era únicamente a efectos procesales. Ni en su tramitación en vía administrativa se concedía audiencia previa, ni cuando se impugnaba la Relación de Puestos de Trabajo se emplazaba individualmente a funcionarios o laborales afectados. Por tanto, el cambio de calificación de tal actuación organizativa no ha afectado a su tramitación en cuanto a la inexigibilidad de audiencia previa a todos y cada uno de los funcionarios afectados.
2.- No existe precepto legal que imponga la necesidad de información pública ni contemple la audiencia previa en este procedimiento específico de aprobación de RPT. Ni en el EBEP ni en otras leyes o reglamentos. Nada impide que la legislación estatal o autonómica pueda algún día imponerlo en determinadas condiciones.
3.- La intervención en el procedimiento de aprobación o modificación de las mesas de negociación y Juntas de Personal ya aseguran la presencia de los intereses que deben ser llamados. Se trata de un “acto general” y como tal deben ser llamados quienes representan “los intereses generales” de los funcionarios o trabajadores. Ese es el sentido del art.82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo Común: “Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes”; así deriva de los términos alternativos de la canalización de la audiencia “o”, y de los términos teleológicos de la “representación” a la luz de los arts.4.2 y 133.2 LPAC y teniendo en cuenta que los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal (art.39.1 EBEP) así como los sindicatos-art.36 EBEP.
4.- Son actos organizativos o domésticos, con vocación unitaria general, que no admiten el despiece, ni requieren audiencia a funcionarios por sus previsiones, aunque eso sí, supeditadas a la existencia de actos de aplicación subsiguientes a la RPT (amortizaciones, actos de nómina, convocatorias, reclasificaciones,etcétera) que sí resultarán impugnables de forma autónoma por los interesados. Pero en lo que se refiere a su tramitación como acto general organizativo, de igual modo que en la tramitación de las plantillas orgánicas o cuando se aprueban los presupuestos locales, o las Ofertas de Empleo- cuya naturaleza también es discutida-, no es preciso el específico trámite de audiencia previa a los funcionarios que en su día podrán ser afectados.
5.- Lo que resulta inexcusable es la publicación del acto que la aprueba y contiene la RPT, por imperativo del art.45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común: “Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas”. Si no es precisa la notificación individual de la Relación de Puestos de Trabajo (solo la publicación) tampoco parece serlo cada modificación puntual de puesto de trabajo ni por tanto de sus actos de tramitación.
Publicado por Luis Barbado en 13:37 No hay comentarios:
Etiquetas: audiencia previa a la plantilla, ofertas de empleo, relación de puestos de trabajo, RPT
Rafael Jiménez Asensio: Tres preguntas (con respuesta) sobre la Dirección Pública en España *
"¿Qué debe cambiar en la selección de directivos? Muy fácil, todo"
¿Cómo debería regularse esta figura para que fuera aplicada correctamente?
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Por qué hasta ahora ha fracasado en España la inserción de la dirección pública profesional? ¿Cómo debería regularse esta figura para que fuera aplicada correctamente? Si tomamos como referencia las democracias avanzadas, el caso de España es singular por lo que respecta a la imposibilidad efectiva de profesionalizar la función directiva en el sector público. Hay razones de fondo y otras de forma que explican esa singularidad.
Reticentes a la profesionalización
Publicado por Luis Barbado en 21:20 No hay comentarios:
Etiquetas: dirección pública, Directivos Públicos Profesionales, Ebep, funcionarios de élite, gestión pública
Por José López Viña.- Blog EsPúblico.- El artículo 47 de la Constitución española (C.E.), reconoce el derecho a una vivienda digna: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos»
Por un lado, como criterio básico de utilización del suelo, la reserva mínima (determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación), de un porcentaje del suelo residencial, sea rural en actuaciones de nueva urbanización, o urbanizado en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización,«destinado a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa». Véase, actualmente, en el artículo 20.1 b) del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre .
Es objetivo del presente artículo recordar, a pesar de los “recortes” e “inventos” legislativos de los últimos tiempos, las obligaciones urbanísticas que -a la luz de la doctrina jurisprudencial- recaen actualmente sobre los Ayuntamientos en la materia para que en definitiva pueda hacerse efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
En cuanto a la primera de las normas indicadas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2018, de 5 de julio, recogiendo lo ya señalado en el FJ 8 A b) de la STC 141/2014, proclama [aunque está juzgando la constitucionalidad del artículo 10. 1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, es perfectamente trasladable al artículo 20.1 b) del que la reserva mínima de un porcentaje del suelo residencial, sea rural en actuaciones de nueva urbanización, o urbanizado en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, «es una línea directriz o criterio global de ordenación, que se basa en la idea de que las viviendas protegidas han de actuar como factor regulador del mercado de la vivienda, persiguiendo la consecución en este ámbito de ciertos objetivos, económicos y sociales; señaladamente, el garantizar el acceso de ciertas capas de la población a una vivienda digna y lograr una moderación o contención de precios, especialmente en los periodos alcistas del ciclo económico, asegurando la existencia de una oferta de viviendas de protección pública que limite y compita con la oferta de vivienda libre». Concluyendo el TC que se trata de una «medida normativa que tiene una incidencia clara en la actividad económica que encuentra cobertura, por tanto, en las competencias estatales ex artículo 149.1.13 CE, sin que con ello se produzca invasión alguna de las competencias autonómicas».
El artículo 52 del vigente establece, en síntesis, como destino de los bienes que integren el PMS:
Etiquetas: ayuntamientos, José López Viña, patrimonio municipal del suelo, suelo publico, vivienda social
Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- El Instituto Andaluz de Administración Pública organiza, junto con la Asociación de Dirección Pública Profesional, el I Congreso Internacional sobre Dirección Pública, y ambas entidades me emplazan a que primero presencial y luego virtualmente diserte sobre la Dirección Pública. Lo que sigue es un mero aperitivo de lo que allí expondré (28 octubre/2 diciembre). Correctamente, como ha escrito Fernando Monar, ese I Congreso se enmarca en la Agenda 2030 y, más en concreto, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 (Fortalecimiento de las instituciones), pues sin Dirección Pública Profesional el avance (“la ejecución” contenida en el ODS 17) hacia el cumplimiento de esos objetivos será más lento y, posiblemente, más tortuoso.
En las Administraciones Públicas y en las entidades del sector público español los niveles directivos superiores se cubren habitualmente por criterios políticos o, en algunos casos (AGE), salvo excepciones tasadas, esa designación política debe proyectarse sobre funcionarios del Subgrupo de Clasificación A1. Pero que el nombramiento se proyecte con la exigencia de que deba recaer en funcionario público no le resta un ápice al carácter político de la designación. El mero hecho de ser funcionario A1 no representa que la persona designada disponga de las competencias mínimas o básicas para ejercer función directiva: se puede ser un excelente funcionario técnico y, a la vez, un pésimo directivo. La Dirección Pública Superior en España ofrece, por tanto, un modelo altamente politizado, solo corregido tímidamente con reservas de designación de determinados ámbitos directivos a favor de funcionarios, y es el que nos acompaña desde 1978. Con este sistema convivimos y sin él no se explicarían muchos de los escándalos de corrupción que han anegado a la Administración Pública estos últimos años: establecer sistemas de “carreras cruzadas” (de la función pública a la política y viceversa), frente a los modelos de “carreras separadas”, es un factor que, como demostraron Lapuente y Dalhstrom, alimenta o facilita que anide la corrupción. Los controles se obturan mediante la aparentemente imperceptible influencia de la metafísica de la confianza política que abraza y captura la provisión de los niveles directivos, como diría Francisco Longo.
Etiquetas: Alta Dirección Pública, I Congreso Internacional sobre Dirección Pública