Source: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-722_2004.html
Timestamp: 2020-01-23 23:05:53
Document Index: 194638029

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 2']

Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-722_2004]
Expresó la Corte que la primacía de los derechos del menor, "... afirmada en la Constitución en plena armonía con las normas internacionales y en particular la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991-ha sido tomada en cuenta por la Corporación para determinar el alcance de los derechos de los niños cuando ellos dependen de un núcleo familiar en el que solo uno de los padres se encuentra presente, para concluir que el sexo del padre de quien ellos dependen no puede privarlos de los derechos que les son reconocidos por la ley."
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el título y los artículos 1º, 2º y 5º de la Ley 861 de 2003, "por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia "
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Felipe Manuel Remolina Botía demandó parcialmente el título de la Ley 861 de 2003 y los artículos 1, 2 y 5 de la misma, "por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia"
"por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble
urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia"
El accionante considera que las expresiones "mujer" y "de la mujer y" contenidas en el título y en los artículos 1º, 2º y 5º de la Ley 861 de 2003, vulneran los artículos 13 y 44 de la Constitución Política. Con fundamento en las sentencias C-964 y C-1039 del 2003, el actor señaló los siguientes cargos:
Finalmente, realizó unas consideraciones en torno al efecto que, a su juicio, debe dársele a la sentencia de inexequibilidad para que las disposiciones demandadas se ajusten a la Carta Política. Por una parte, advirtió que el hecho de retirar del ordenamiento jurídico las expresiones demandadas resulta suficiente para que la Ley 861 de 2003 se sujete a la Constitución. Por la otra, solicitó a la Corporación que "condicione su sentencia en el sentido de que el beneficio de inembargabilidad a favor de los menores procederá no solamente cuando lo soliciten los padres cabeza de familia, sino cuando sea solicitado, cumpliendo los demás requisitos contemplados en la ley, por cualquier persona que sea cabeza de familia y tenga a su cargo cualesquiera menores, así éstos no sean sus hijos."
"La protección especial de los sujetos más vulnerables y frágiles de la sociedad, como los niños, la prevalencia de sus derechos y de su interés superior, consagrados en el ordenamiento jurídico de manera expresa desde la Constitución Política de 1991, los Tratados Internacionales hasta la legislación especial de menores, encarnan valores y principios que han de presidir la interpretación y aplicación de la ley 861 de 2003."
Exponiendo el desarrollo jurisprudencial[1] alrededor de los mecanismos que puede implementar el Estado para reducir las desigualdades sociales, culturales y económicas de los sectores marginados o discriminados, el interviniente afirmó que las disposiciones controvertidas son consecuencia de lo que se denominan "discriminaciones inversas o positivas", las cuales se encuentran dirigidas a corregir desigualdades de género, para crear condiciones de igualdad material que favorezcan a las mujeres cabeza de familia.
En esta medida, resulta de trascendental importancia evidenciar que la protección a las mujeres cabeza de familia fue sólo uno de los criterios decisivos para la creación de la Ley 861 de 2003, siendo la salvaguarda de los intereses de los menores otro de los factores constitutivos del beneficio en comento. Si bien sostuvo que el legislador no tiene la obligación de extender los beneficios que adopte para favorecer a las mujeres cabeza de familia a todos los demás adultos que tengan su cargo menores de edad como lo pretende el accionante, el agente del Ministerio Público concluyó "que la figura jurídica del patrimonio de familia inembargable e inalienable está erigida para proteger tanto a la familia como a los menores, por ende, dicha protección debe cobijar a las familias monoparentales conformadas por el padre varón, pues, de no ser así, se desconocería el derecho a la igualdad de sus hijos y la protección especial a la familia de que trata el artículo 42 de la Carta Política." Agrega que no se trata de acuñar el concepto de padre cabeza de familia, que no tiene ningún sustento legal ni constitucional, no obstante que ha venido tomando forma en la jurisprudencia constitucional (C-184 y C-964 de 2003, C-044 de 2004), sino que de lo que se trata es de que la Corte destaque que "... en la medida en que se encuentre constituida una familia, entre ellas la monoparental, y existan menores, sus integrantes deben ser objeto de una misma protección ...".
En consecuencia, solicita se declaren exequibles las expresiones "mujer" y "de la mujer y" contenidas en el título y en artículos 1º, 2º y 5º de la Ley 861 de 2003, "bajo el entendido de que la facultad de constituir patrimonio de familia inembargable sobre el único bien urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia a favor de sus hijos menores existente (sic) y de los que estén por nacer, se extiende a los padres que se encuentren en la misma situación."
Corresponde a la Corte determinar si la expresiones "mujer" y "de la mujer y" acusadas, en cuanto establecen un beneficio aplicable a los menores que dependen de una mujer cabeza de familia, comportan, i) la vulneración de los derechos de los niños que dependen de un padre que se encuentre en la misma situación de una mujer cabeza de familia (Art. 44 C.P.), así como, ii) una discriminación entre los menores que dependen de una madre cabeza de familia y quienes se encuentran a cargo de un hombre en la misma situación fáctica (Art. 13 C.P.).
3.	La mujer cabeza de familia
En desarrollo de ese mandato constitucional, se expidió la Ley 82 de 1993, que definió el concepto de "mujer cabeza de familia" y estableció algunas medidas concretas de protección. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley, se entiende por mujer cabeza de familia, "... quien siendo soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar."
Tal como se ha señalado por la Corte[3], "[l]as medidas concretas de apoyo a la mujer cabeza de familia establecidas en la Ley 82 de 1993 son de diversa índole. Así además del llamado general al Estado y a la sociedad para que a partir de la vigencia de la misma busquen "mecanismos eficaces para dar protección especial a la mujer cabeza de familia" (art. 3°), entre ellas pueden citarse las siguientes: (i) la adopción de reglamentos que garanticen su ingreso a la seguridad social de la mujer cabeza de familia y de la familia a su cargo (art. 4°), (ii) la creación de programas de capacitación gratuita y desarrollo de microempresas industriales, comerciales y artesanales; empresas de economía solidaria y empresas familiares, donde la mujer cabeza de familia realice una actividad económica rentable (art. 8° y 20); iii) Acceso preferencial a los auxilios educativos así como servicio básico de textos y apoyo educativo a las entidades de economía solidaria integradas en su mayoría por mujeres cabeza de familia (art. 9) iv) la fijación de estímulos para que el sector privado cree programas especiales para las mujeres cabeza de familia (art. 10); v) el establecimiento mediante reglamento de un factor de ponderación, que beneficie las propuestas de la mujer cabeza de familia o de las personas jurídicas en las cuales ella participe mayoritariamente, en los procesos de adquisición y venta de bienes estatales y de contratación de servicios también con el Estado. Factor que permitirá que se seleccione la oferta de la mujer cabeza de familia o de la correspondiente persona jurídica "siempre que sea por lo menos igual a las de las demás proponentes" (art. 11); vi) especial atención de las entidades municipales o distritales de vivienda, que en alguna forma reciban recursos del presupuesto nacional o participen en programas que tengan financiación de dicho origen (art. 12); vii) planes especiales de vivienda (art 13 y 14 ), viii) programas especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas y programas que tengan por objeto apoyar a la mujer cabeza de familia, por parte de las entidades oficiales de crédito (art 15), así como el acceso a líneas de crédito por parte de microempresas, famiempresas y similares que tengan mayoría de mujeres cabeza de familia (art. 20)."
Así, la Corte identificó en la Ley 82 de 1993, algunos beneficios que se han previsto específicamente en relación con los menores dependientes de la mujer cabeza de familia, tales como aquellos conforme a los cuales: "i) "Los establecimientos educativos prestarán textos escolares ...y, mantendrán servicios de intercambio en sus bibliotecas a fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación" (art. 5); ii) En ningún caso podrá negarse el acceso a los servicios de educación o de salud "con base exclusiva en esta circunstancia" (Art 6); iii) Los establecimientos de educación primaria y secundaria atenderán de preferencia las solicitudes de ingreso, "siempre que cumplan con los requisitos y que los resultados de sus exámenes y pruebas sean por lo menos iguales a las de los demás aspirantes, a fin de no afectar el principio de igualdad; se dará acceso preferencial a auxilios educativos (art.7). iv) A lo que debe agregarse que los beneficios establecidos en materia de seguridad social (art. 4) y acceso preferencial a auxilios educativos (art. 9) se predica tanto de la mujer cabeza de familia como de quienes de ella dependan."[4]
"Ahora bien frente al cargo por la supuesta vulneración del artículo 44 superior la Corte constata que en los artículos, 4, 5, 6, 7, 9, 18 y 19[5] se hace mención especifica y se establecen beneficios para las personas dependientes de la mujer cabeza de familia que han de entenderse necesariamente aplicables a los menores que se encuentren a su cuidado. En el mismo sentido la Corte constata que en el caso de los artículos 12 y 14[6] por tratarse de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, ha de entenderse que se trata de beneficios que cobijan a los menores que de ella dependan.
En su caso dada la situación de fragilidad en que ellos se encuentran por la ausencia del padre o de la madre y la necesidad de hacer prevalecer sus derechos, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de dichos artículos en el entendido que los beneficios que se establecen en ellos a favor de las personas dependientes de la mujer cabeza de familia deberán igualmente otorgarse a los hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en los términos a que alude el artículo 2. Debiendo igualmente darse aplicación en ese caso al requerimiento establecido en el mismo artículo sobre la declaración ante notario de la condición en que aquel se encuentra y de la casación de la misma."[8]
4.1.	Alcance de las disposiciones acusadas
Tal como se señaló por la Corte en la Sentencia C-560 de 2002[9], "... el patrimonio de familia es una institución orientada a proteger la casa de habitación como uno de sus haberes más importantes pues el Estado tiene especial interés en que cada familia asegure un lugar en el cual radicarse y a partir del cual desplegar la existencia." Agregó la Corte que el derecho a la vivienda digna, a cuya protección atiende la institución del patrimonio de familia, tiene particular relevancia en presencia de "... hijos menores de edad, los que, por el sólo hecho de serlo, merecen un tratamiento preferente."
En relación con los beneficios que la ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución, ha previsto de manera específica para lo protección de los menores que dependan de la mujer cabeza de familia, la Corte ha señalado que no existe fundamento para que se de una diferencia de trato frente a los que dependen del hombre que se encuentra en la misma situación a que alude el artículo 2º de la Ley 82 de 1993. Expresó la Corte que "[e]n uno y otro caso se trata de personas respecto de los cuales el Estado tiene una obligación de protección especialísima. (arts. 13 y 44 C.P) y a los cuales no puede discriminar en función del sexo de la persona de la cual dependan."[10]
Expresó la Corte que la primacía de los derechos del menor, "... afirmada en la Constitución en plena armonía con las normas internacionales y en particular la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991- ha sido tomada en cuenta por la Corporación para determinar el alcance de los derechos de los niños cuando ellos dependen de un núcleo familiar en el que solo uno de los padres se encuentra presente, para concluir que el sexo del padre de quien ellos dependen no puede privarlos de los derechos que les son reconocidos por la ley."
En la Sentencia C-184 de 2003[11], por su parte, la Corte señaló que en la sociedad contemporánea el fenómeno de los padres cabeza de familia, si bien no tiene la magnitud ni la dimensión que el de las mujeres cabeza de familia, sí existe y, cada día, va en aumento. Agregó la Corte que "[e]n la medida en que las mujeres han logrado ir superando los estereotipos y prejuicios, los hombres a su vez han comenzado a desempeñar nuevos roles, como por ejemplo, participar activamente en las actividades y labores que demanda la crianza de los hijos." De este modo, si bien los casos de hombres solos encargados de una familia con varios hijos no son muy frecuentes, en tales situaciones, no existe justificación alguna para que los menores no puedan acceder a los mismos beneficios que la ley ha previsto para los que dependan de la mujer cabeza de familia.
Declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones "mujer" y "de la mujer y" contenidas en el título y en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 861 de 2003 "por la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer cabeza de familia", en el entendido, que el beneficio establecido en dicha ley a favor de los hijos menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación que una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2º de la Ley 82 de 1993.