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Timestamp: 2020-08-07 13:00:57
Document Index: 345547283

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 224', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 228', 'Artículo 56', 'artículo 334', 'artículo 20', 'artículo 228', 'artículo 56', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 20', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 336', 'artículo 25', 'artículo 34', 'artículo 228', 'artículo 126']

Sentencia nº 1074 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Julio de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 300427874
Número de Expediente: 10-0355
Magistrada Ponente: G.M.G.A..
Consta en autos que, el 13 de abril de 2010, se recibió de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia copia certificada del expediente continente del proceso de inquisición de paternidad que inició la ciudadana E.I.I.R. en representación de su hija, P.I.I.R. (para entonces menor de edad), con la asistencia del abogado J.Á.A., con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 33.207, para la revisión de su sentencia n.° 0148 del 4 de marzo de 2010, que declaró sin lugar el recurso de casación que fue interpuesto contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure el 25 de octubre de 2006, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juez Unipersonal n.° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial del 18 de mayo de 2005, que declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad, para cuya admisión desaplicó el artículo 228 del Código Civil, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad.
La madre de la ciudadana P.I.I.R. afirma que su hija, quien nació el 20 de noviembre 1989, fue producto de una unión no matrimonial que sostuvo con el ciudadano L.A.H.G..
El 29 de diciembre de 1991, falleció ab intestato el ciudadano L.A.H.G. sin hacer el reconocimiento de la entonces niña P.I.I.R..
El 9 de mayo de 1995, el ciudadano R.A.H.R., padre del de cuius, realizó el reconocimiento voluntario de quien dijo era su nieta, P.I.I.R.; sin embargo, dicho reconocimiento fue anulado –ex artículo 224 del Código Civil-, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito A.d.E.B. el 24 de noviembre de 1998, por el veredicto que declaró con lugar la demanda de impugnación de paternidad que, al efecto, intentó la madre de la entonces menor Yolimar A.H.D..
El 26 de febrero de 2003, la ciudadana E.I.I.R. demandó la inquisición de paternidad a favor de su hija, entonces menor de edad, contra Yolimar A.H.D., heredera universal de su padre L.A.H.G., ante el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el cual, el 18 de mayo de 2005, declaró con lugar la demanda previa la desaplicación por control difuso del artículo 228 del Código Civil.
El 24 de mayo de 2005, la parte demandada apeló contra ese fallo; dicho recurso fue oído al día siguiente y se remitió el expediente al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el cual, mediante acto decisorio del 25 de octubre de 2006, declaró sin lugar la apelación y confirmó el veredicto que dictó el a quo.
El 7 de noviembre de 2006, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación que fue admitido el 16 de ese mismo mes y año. El 27 de marzo de 2007, la Sala de Casación Civil recibió el expediente y, el 9 de abril de 2008, dictó sentencia en la que declaró su incompetencia para el conocimiento del asunto; en consecuencia, remitió el expediente a la Sala de Casación Social.
Finalmente, el 4 de marzo de 2010, la Sala de Casación Social declaró sin lugar el recurso de casación y acordó la remisión de copia de la referida decisión y de los autos que conforman el expediente, para su revisión de la desaplicación por control difuso que se hizo del artículo 228 del Código Civil.
Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: / (...)
En el presente caso, corresponde la revisión del acto decisorio n.° 0148 que pronunció la Sala de Casación Social el 4 de marzo de 2010, que confirmó el ejercicio, por parte de dos tribunales de instancia del control difuso de la constitucionalidad de una n.d.C.C., razón por la cual esta Sala se declara competente para su conocimiento.
Consta en autos que el ciudadano L.A.H.G. murió el 29 de diciembre de 1991 y la demanda de inquisición de paternidad que inició estas actuaciones fue interpuesta por la madre de P.I.I.R., el 26 de febrero de 2003.
Por su parte, la representación judicial de la demandada alegó la caducidad de la acción con fundamento en el artículo 228 del Código Civil por el transcurso de más de diez años entre la muerte del ciudadano L.H. y la interposición de la demanda de inquisición de paternidad, lapso que, como establece la doctrina, es de caducidad y, por tanto, no está sujeto a interrupción; a lo que debe añadirse la circunstancia de que el reconocimiento que se había hecho de la filiación de la demandante y de otra niña fue anulado judicialmente, por lo que de él no derivan efectos jurídicos. Agregó, por último que “Tampoco basta la invocación del novísimo principio del interés superior del niño y del adolescente, para abolir, una institución de rancio abolengo jurídico, como la caducidad”.
En consecuencia, al desaplicarse la referida Norma (Articulo 228 del Código Civil Venezolano) y aplicándose el Artículo 56 Constitucional tiene plena vigencia la acción propuesta por la ciudadana E.I.I.R. en su condición de madre y representante legal de la adolescente P.I.I.R. contra la ciudadana YOLIMAR A.H.D., lo cual ha sido corroborado por Jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P., por argumento en contrario expuesto en la ultima parte de la motiva (Pág. 6 de 8); así como también en la Doctrina Patria (Segundo Año de Vigencia de la LOPNA. Autor: CRISTÓBAL CORNIELES Y M.M.. Paginas 410 a 416, ambas inclusive. UCAB. Año 2002). Y Así se decide.
En el titulo (sic) VIII, Capitulo (sic) I, artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le establece una obligación a todos los jueces de la República como lo es asegurar la integridad de la Constitución y faculta a aplicar las disposiciones constitucionales, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma jurídica, en consecuencia el Juez Ad quo (sic), hizo uso correcto de la facultad que le confiere el mencionado artículo 20 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, al desaplicar el artículo 228 del Código Civil Venezolano por colidir con los artículo 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de los mismos se les garantiza a todas las personas el derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos, así como la protección de los niños, niñas y adolescentes tomándose en cuenta el interés superior de estos en las decisiones y acciones que les conciernan.
El artículo 228 del Código Civil Venezolano colide con los artículos 56 y 78 de la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, al establecer un lapso de caducidad de cinco años limita el ejercicio del derecho a tener un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y de la madre (sic) y a conocer la identidad de los mismos, y al no establecer la Constitución lapso para el ejercicio de esa acción significa que puede ser ejercida en cualquier momento por lo tanto prevalece la disposición constitucional sobre la del Código Civil, sin que con ello se esté derogando el referido artículo ya que es potestad expresa de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarar la nulidad de leyes que colidan con la Constitución.
Revisemos entonces la alegada colisión entre la norma supra citada (artículo 228 del Código Civil) y las normas constitucionales contenidas en los artículos 56 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:/(…)
Como consecuencia de las consideraciones que anteceden, resulta forzoso para esta Sala declarar, como en efecto lo hace, que el Juez de la recurrida no incurrió en los vicios que se le imputan de falsa aplicación del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación del artículo 228 del Código Civil, como consecuencia de haber desaplicado para este caso en concreto y según el método del control difuso de la Constitución, el referido artículo del Código Civil al considerarlo reñido con los artículos 56 y 78 del texto constitucional. Así se decide. /(…)
Como se explicó en el capítulo anterior, corresponde a la Sala la revisión de la desaplicación por control difuso que, del artículo 228 del Código Civil hicieron la Sala de Casación Social y los tribunales Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, a través del Juez Unipersonal n.° 2 para la decisión de la demanda de inquisición de paternidad que inició la ciudadana E.I.I.R. en representación de su hija –para entonces menor de edad-, P.I.I.R..
Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte.
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos mediante nombres supuestos, si fuere necesario.
Así, se trata en definitiva del derecho al respeto y reconocimiento del estado civil del menor como persona que es, entendiendo al estado civil como: "el conjunto de condiciones o cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política, a su condición frente a una familia y a la persona en sí misma, o sea, independientemente de sus relaciones con los demás" (AGUILAR GORRONDONA, J.L., "Derecho Civil. Personas", Universidad Católica A.B., 1991). De allí que se incluya a la nacionalidad -como atributo del status político-; a las relaciones familiares y parentesco -status familiar- y todos los atributos de la personalidad, incluyendo nombre, domicilio, etc., -status personal o individual-.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Estos no contendrán mención alguna que califiquen la filiación.
Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o identificadas, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas obligatoria y oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre. /(…)
CONFORME A DERECHO la sentencia n.° 0148 de la Sala de Casación Social de este Tribunal, de 4 de marzo de 2010, que declaró sin lugar el recurso de casación que fue interpuesto contra el fallo que dictó el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Apure el 25 de octubre de 2006, que, a su vez, confirmó la sentencia del Juez Unipersonal n.° 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial de 18 de mayo de 2005 que, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, desaplicó el artículo 228 del Código Civil y declaró con lugar la demanda de inquisición de paternidad que interpuso la ciudadana E.I.I.R. en representación de su hija, P.I.I.R. (para entonces menor de edad), contra Yolimar A.H.D., sin embargo precisa esta Sala que la desaplicación atiende únicamente a los derechos que comprende el reconocimiento y no aquellos derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél.
ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del expediente a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem conozca de oficio la nulidad del artículo 228 del Código Civil.
ORDENA citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional, y notificar a la Fiscal General de la República, a la Procuradora General de la República y a la Defensora del Pueblo, respectivamente.
ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel, publicado en uno de los diarios de circulación regional, para que concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
destáquese esta decisión en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia y publíquese en Gaceta Judicial de conformidad con el artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.