Source: https://supremo.vlex.es/vid/lesiones-suspension-pericial-as-ma-15200140
Timestamp: 2020-02-22 01:48:49
Document Index: 32805330

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 850', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 850', 'artículo 659', 'artículo\n746', 'artículo 849']

STS 1009/2000, 12 de Junio de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 15200140
STS 1009/2000, 12 de Junio de 2000
Número de Recurso: 4351/1998
Número de Resolución: 1009/2000
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE LESIONES. SUSPENSIÓN DEL ACTO DE JUICIO. PERICIAL. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito de lesiones. En orden a la petición de suspensión del acto del juicio oral por la incomparecencia de un perito que no aparece mencionado en las actuaciones, que no consta haya visto al perjudicado y sin que la defensa aporte razón alguna sobre la importancia que esa pericia pueda tener para precisar la cuantía de la indemnización, resulta acertada la decisión del Tribunal sentenciador, vistos los demás informes realizados, la asistencia al acto del juicio oral de otro perito, y el reconocimiento de los hechos, ya que la suspensión no hubiera podido aportar nuevos elementos que puedan considerarse necesarios para la defensa, y sí se hubieran causado dilaciones indebidas con una suspensión innecesaria, máxime cuando ese perito propuesto por la defensa no aportó razón alguna que justificase su incomparecencia. Se desestima el recurso.
En el recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento e forma e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por L.A.L.M. contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo que le condenó por delito de lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se ha constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Carlos Granados Pérez, estando dicho recurrente representado por el Procurador Sr. A.Y.B., siendo también parte el Ministerio Fiscal, y V.A.L. representado por la Procuradora Sra. F.P.Z..
- El Juzgado de Instrucción número 1 de Lena instruyó Procedimiento Abreviado con el número 45/97 y, una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de Oviedo que, con fecha 10 de septiembre de 1998, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "
Resulta probado, y así se declara expresamente que, sobre las 20 horas del día 15/9/96, cuando L.A.L.M. caminaba por Espinedo, en Soto de Aller, al llegar al puente de la reguera de Miravalles, se cruzó con su vecino V.A.L., con el que días antes había tenido un incidente, y se enzarzaron en una pelea, golpeándose mutuamente y cayendo desde el puente, que tiene una altura aproximada de 1.50 ctms. a la reguera, donde L.A. continuó golpeando con los puños a V. A. en la zona de la cabeza y rostro, ausentándose posteriormente del lugar, siendo V. auxiliado por personas que se encontraban en la proximidades, y tras avisar a una ambulancia, fue trasladado en la misma al Hospital A.-Buylla y posteriormente al Hospital Central de Oviedo, donde quedó ingresado.- A consecuencia de estos hechos, V. A. sufrió politraumatismo, múltiples fracturas faciales, fractura de temporal derecho con pérdida de sustancia, múltiples heridas parieto-occipitales, fractura Lefort, conminución malar derecha, fractura de pirámide nasal y afectación de la rama cigomática del VII par craneal, tardando en curar 342 días incapacitado para sus ocupaciones habituales, quedándole como secuelas cicatrices en región parieto-occipital derecha, inestabilidad residual (tras síndrome vertiginoso periférico), hipoacusia perceptiva severa de oído derecho (con umbral verbal de 75 db y acufeno en oido derecho, por lo que precisa revisiones anuales otorrinolaringológicas) y trastorno por estrés postraumático.- Se originaron gastos de asistencia a V. A. en el Hospital A. Buylla por importe de 11.082 ptas.- Cuando V.A.L. fue dado de alta en el Hospital Central, hubo necesidad de su internamiento en la Clínica El Fontan de Oviedo, estando en la misma desde el día 24 de octubre de 1.996 hasta el día 31 de Agosto de 1.997, ya que necesitaba la asistencia de terceras personas, pagando por dicha estancia 1.892.333 pesetas.- No consta que L.L.M.
tenga antecedentes penales".
"FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a L.L.M. de estricta conformidad con las conclusiones mutuamente aceptadas, como autor de un delito de lesiones ya definido sin circunstancias modificativas, a la pena de DOS AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, y debemos también condenarle y le condenamos a que indemnice al Hospital A. Buylla de Mieres en 11.082 pesetas y a V.A.L. en 2.394.000 pesetas por días de baja, en 3.100.000 pesetas por secuelas y en 1.892.333 pesetas por gastos, y al pago de la costas incluidas las de la acusación particular".
- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, quebrantamiento de forma e infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y formalizándose el recurso.
- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías que proclaman los artículos 24 y 117.3 de la Constitución. Segundo.- En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma y siendo pertinentes. Tercero.- En el tercer motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Cuarto.- En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en la vulneración de la doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el día 30 de mayo de 2000.
En el primer motivo del recurso, formalizado al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se invoca vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las garantías que proclaman los artículos 24 y 117.3 de la Constitución.
Se dicen producidas las vulneraciones denunciadas al haberse dejado de practicar, pese a estar correctamente admitidas, determinadas pruebas periciales y documentales para determinar la entidad y alcance de las consecuencias lesivas del perjudicado y, en consecuencia, la entidad del perjuicio a indemnizar. En concreto se mencionan, sin mayor explicación, los historiales médicos de las entidades hospitalarias en donde estuvo ingresado.
Ciertamente, en el escrito de calificación provisional de la defensa, obrante al folio 118 de las actuaciones, consta la siguiente solicitud de prueba documental sobre centros hospitalarios: b) que se libre oficio al Hospital Central de Asturias para que se incorpore a estos autos el historial clínico de V.A.L., exclusivamente el historial clínico con número de expediente 864.242 y c) que se libre oficio al Hospital V. A. Buylla, en Mieres, para que incorpore a autos el entero historial clínico de V.A.L. desde la fecha de su primer ingreso de sus dolencias el día 5 de diciembre de 1990, posteriormente ingresado el día 7 de octubre de 1991, ingresado nuevamente en febrero de 1993.
Consta en el Rollo de Sala, al folio 20, Auto por el que se admiten las pruebas propuestas y asimismo consta en dicho Rollo la remisión de los correspondientes oficios al Director del Hospital A. Buylla de Mieres (folio 5) y al Director del Hospital Central de Asturias (folio 8), dándose cumplimiento a la resolución judicial. Igualmente obra en dicho Rollo, en los folios 50 y siguientes, escrito del Secretario General del Hospital Central de Asturias en el que se acompañan los historiales clínicos de D. V.A.L. en dicho Hospital y concretamente el correspondiente al expediente y número de historia 864.242. Y en los folios 57 y siguientes aparecen incorporados los informes médicos solicitados al Director del Hospital A. Buylla de Mieres, y referidos a los ingresos de diciembre de 1990 y febrero de 1993.
No se entiende la vulneración de derechos constitucionales que se invocan por el recurrente cuando la prueba que se dice no practicada obra unida a las actuaciones y si se quiere referir as un posible ingreso en octubre de 1991 que no aparece en la documentación remitida por el Hospital V. A. Buylla, de Mieres, nada se indica sobre la realidad del ingreso ni sobre la relación que guarda con las presentes actuaciones que se refieren a hechos acaecidos varios años después, sin que se hubiera hecho objeción alguna por la defensa cuando se recibieron los informes que se habían solicitado a dicho Hospital.
Tiene declarado el Tribunal Constitucional, como es exponente la sentencia de 4 de diciembre de 1997, que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el artículo 24.2 de la Constitución, cuya infracción no es consecuencia de cualquier denegación judicial de peticiones de actividad probatoria, sino que requiere un efecto material de indefensión: requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto y que, sin embargo, no haya obtenido una respuesta judicial razonable acerca de su omisión.
La actividad probatoria ha de ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos (SSTC 149/1987, 1/1996).
La actividad ha de ser pertinente, lo que, a partir de la competencia de los órganos judiciales para la evaluación de pertinencia (SSTC 44/1984, 147/1987, 233/1992), supone que el recurrente ha de argumentar convincentemente en torno a la pertinencia de la prueba denegada sin que, por contra, el órgano judicial haya fundamentado el rechazo de un modo no irrazonable (SSTC 233/1992, 131/1995, 1/1996), o de un modo tardío tal que genere indefensión o riesgo de prejuicio o condicionamiento de su solución sobre la prueba o de la decisión de fondo (SSTC 89/1995, 131/3995).
La prueba ha de ser relevante para la decisión del litigio (SSTC 30/1986, 149/1987), "decisiva en términos de defensa" (STC 1/1996).
Por lo antes expuesta y atendida la doctrina que se deja expresada, el motivo carece de todo fundamento y debe ser desestimado.
En el segundo motivo del recurso, formalizado al amparo del número 1º del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca quebrantamiento de forma por haberse denegado diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma y siendo pertinentes.
Se remite el recurrente al acto del juicio oral sobre la denegación por el Tribunal de instancia a la práctica de pruebas documentales consistentes en que se reclamase al Hospital Central de Asturias, en Oviedo y A. Buylla de Mieres, los enteros historiales médicos causados por la atención al lesionado.
Se hace igual referencia a pericial médica y en concreto se dice que interesada la suspensión del juicio para su práctica el Tribunal de instancia la denegó.
Examinada la calificación de la defensa, que obra al folio 118, además de los historiales clínicos a que se ha hecho antes referencia, se interesó una pericial médica consistente en que el Doctor D. C.B.Q.
emita informe sobre el estado y las causas de las lesiones que presenta de cualquier tipo V.A.L.. Este perito de la defensa no es localizado y requerida la parte que lo propuso se manifiesta que su primer apellido es G. y se aporta nuevo domicilio, y una vez citado en forma, este perito de la defensa no comparece y se solicita la suspensión del juicio para que pueda recibírsele declaración y ante la negativa del Tribunal al existir otras periciales sobre las lesiones y estado del perjudicado, la defensa hace constar su protesta.
Así las cosas, en orden a las historias clínicas ya se ha expresado, al rechazar el anterior motivo, lo infundamentado de la pretensión, no habiéndose producido el quebrantamiento de forma que se indica.
En orden a la petición de suspensión del acto del juicio oral por la incomparecencia de un perito que no aparece mencionado en las actuaciones, que no consta haya visto al perjudicado y sin que la defensa aporte razón alguna sobre la importancia que esa pericia pueda tener para precisar la cuantía de la indemnización, única tema cuestionado, ya que existe conformidad con los hechos enjuiciados y por consiguiente, con las lesiones y secuelas que obran recogidas en los escritos de acusación, resulta acertada la decisión del Tribunal sentenciador, vistos los demás informes realizados, la asistencia al acto del juicio oral de otro perito, y el reconocimiento de los hechos, ya que la suspensión no hubiera podido aportar nuevos elementos que puedan considerarse necesarios para la defensa, y sí se hubieran causado dilaciones indebidas con una suspensión innecesaria, máxime cuando ese perito propuesto por la defensa no aportó razón alguna que justificase su incomparecencia.
Es preciso distinguir entre "pertinencia" y "necesidad" de un determinado medio de prueba. El artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular el trámite de admisión de las pruebas propuestas por las partes, alude al concepto de pertinencia. Sin embargo, el artículo
746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al referirse a la suspensión del juicio oral, es más estricto pues exige que el Tribunal "considere necesaria" la prueba no practicada. Si pertinente es lo oportuno y adecuado, necesario es lo que resulte indispensable y forzoso, y cuya práctica resulta obligada para evitar que pueda ocasionarse indefensión. De ahí que haya de examinarse ponderadamente las circunstancias que concurren en cada caso, para decidir sobre la suspensión del acto del juicio oral.
En el supuesto que examinamos, en modo alguno puede considerarse necesario un dictamen pericial sobre extremos que ya han sido sometidos a pericia y que aparecen suficientemente documentados en las actuaciones, como bien señaló el Tribunal sentenciador al denegar la suspensión.
Se señalan diversos documentos obrantes en autos para cuestionar las características, entidad y alcance de las secuelas que padece el perjudicado.
Olvida el recurrente que la doctrina de esta Sala condiciona la apreciación del error de hecho invocado al cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º) equivocación evidente del juzgador al establecer dentro del relato fáctico algo que no ha ocurrido; 2º) que el error se desprenda de un escrito con virtualidad documental a efectos casacionales que obre en los autos y haya sido aducido por el recurrente; 3º) que tal equivocación documentalmente demostrada no aparezca desvirtuada por otra u otras pruebas y tratándose de pruebas periciales, es igualmente doctrina de esta Sala que los informes periciales no constituyen documentos, a estos efectos casacionales, en cuanto constituyen pruebas personales que no pierden dicho carácter por el hecho de aparecer documentadas en las actuaciones y sujetas por consiguiente a la valoración que de las mismas realice el Tribunal sentenciador, sin que los mencionados en el motivo constituyan uno de los supuestos que con carácter excepcional esta Sala ha considerado prueba documental cuando de pericial se trata ya que requiere que sea única y que el Tribunal de instancia la haya incorporado fragmentariamente o haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes o, incluso, diametralmente opuestas o contrarias a lo expuesto por el perito. Y eso no sucede en el supuesto que examinamos, muy al contrario, en el relato histórico se recoge las lesiones padecidas, el tratamiento médico precisado, el tiempo que necesitó para curar y el tiempo que estuvo impedido para sus ocupaciones, y las secuelas sufridas, todo ello acorde con los informes periciales emitidos por el médico forense y con el dictamen practicado en el acto del juicio oral, además de los demás informes incorporados a la causa, a petición de la acusación particular y la propia defensa, así como las declaraciones testificales y otros documentos relacionados con las lesiones y perjuicios causados a la víctima.
No existe el error que se denuncia y el motivo no puede ser estimado. .
En el cuarto motivo del recurso, formalizado al amparo del número 2º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca error en la apreciación de la prueba basado en la vulneración de la doctrina reiterada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Se reitera lo expresado para rechazar el anterior motivo sobre la doctrina de esta Sala sobre el error invocado. No puede fundamentarse el error invocado del Tribunal sentenciador en base a la mención de unas sentencias que en otros asuntos han seguido, a juicio del recurrente, unos criterios diferentes para la determinación de las indemnizaciones.
No es ese el alcance y sentido del cauce procesal esgrimido en amparo del motivo y no puede olvidarse, como antes se expresó, que los hechos imputados al acusado han sido admitidos y ello determinó que el juicio continuase exclusivamente en orden a la cuantificación de las indemnizaciones, sin que existe, por lo expresado para rechazar el anterior motivo, error alguno del Tribunal sentenciador en la apreciación de la prueba y basado en documentos que obran en autos que demuestran la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios
DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS EL RECURSO DE CASACION por infracción de precepto constitucional, quebrantamiento de forma e infracción de Ley interpuesto por L.A.L.M., contra sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de fecha 10 de septiembre de 1998, en causa seguida por delito de lesiones. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas ocasionadas en el presente recurso. Comuníquese esta sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.
ATS 1246/2014, 10 de Julio de 2014
SAP Barcelona 304/2007, 27 de Abril de 2007
STSJ Galicia 4007/2014, 18 de Julio de 2014
STSJ Comunidad de Madrid 514/2007, 15 de Junio de 2007
STSJ Cataluña , 17 de Junio de 2004