Source: http://frentemex.org.mx/component/content/article/7/113
Timestamp: 2018-01-22 06:27:55
Document Index: 286085786

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 262', 'Artículo 262']

RESPUESTA AL QUINTO INFORME DE GOBIERNO
Miércoles 05 de Octubre de 2016 13:08
EL MAYOR FRACASO EN LOS CINCO AÑOS DE GOBIERNO DE ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, ES NO HABER CUMPLIDO CON LOS TERMINOS CONSTITUCIONALES PARA LA INSTALACION E IMPLEMENTACIÓN DEL “SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”
El pasado 16 de septiembre de 2011, Eruviel Ávila Villegas tomo posición como Gobernador del Estado de México, el 19 de octubre de 2011 publicó en la Gaceta de Gobierno la Ley de Seguridad Pública del Estado de México; con la publicación de esta Ley se cumplió con el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma Penal Constitucional del 18 de junio de 2008, y que en su Segundo Transitorio mandató que no duraría más de ocho años, es decir como fecha límite el 18 de junio de 2016, para que entrara en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral (Sistema de Justicia Penal).
“El artículo Séptimo Transitorio:
El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las Entidades Federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia”.
El Gobernador Eruviel Ávila Villegas al publicar el 19 de octubre de 2011 la Ley de Seguridad Pública del Estado de México, tuvo la responsabilidad para que el Poder Legislativo del Estado, destinara los recursos suficientes para realizar las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de infraestructura para instalar el Sistema de Justicia Penal, y lo principal, que los recursos se aplicaran en la Capacitación y Certificación de los Operadores de Justica (Jueces, Agentes del Ministerio Público, Policías, Defensores, Peritos y Abogados). Esto no sucedió así y los recursos se destinaron para su precampaña mediática como precandidato a la presidencia de la República.
El Gobernador al publicar la Ley de Seguridad Pública del Estado de México tenía pleno conocimiento de su responsabilidad, de los términos y la vigencia de la norma y los tiempos para la Certificación de las Instituciones de Seguridad Pública. Así se establece en los artículos Cuarto y Quinto Transitorio de la citada Ley que señalan lo siguiente:
“CUARTO.- De manera progresiva y en plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto del Centro, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes”.
“QUINTO.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el Certificado respectivo, en los términos previstos en esta Ley y en los plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el Certificado, serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Federal y la presente Ley”
El 20 de octubre del 2013, feneció los dos años para que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, obtuvieran la Certificación que establece el artículo 21, inciso a), de la Carta Magna, toda vez que los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, deberán tener su Certificación de Ingreso y Permanencia de los Servicios de Carrera Ministerial, Pericial y Policial.
Es decir la Certificación es Constitucional por tal motivo el incumplimiento, tiene efectos jurídicos de fondo, en el cumplimiento del Debido Proceso y la Violación de los Derechos Humanos de miles de imputados que están procesados, sentenciados y son inocentes en todas las prisiones del Estado de México.
El responsable directo de la implementación e instalación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de México es el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, toda vez que de los ocho años que se estableció en la transición de la Reforma Penal Constitucional, cinco años fueron en su gobierno, es decir de septiembre de 2011 al 18 de junio del 2016, tuvo la responsabilidad de dar cumplimiento a lo mandatado por la Constitución, en conclusión los tiempos de la Certificación fueron del 20 de octubre de 2011 y culminó el 20 de octubre de 2013.
Pero también el Gobernador del Estado de México se impuso como titular del Poder Ejecutivo a los otros poderes del Estado para impedir la instalación del Sistema de Justicia Penal, me refiero principalmente a los destinatarios de la Reforma Penal Constitucional, es decir, a los titulares del Poder Judicial del Estado de México Baruch Delgado Carbajal y Sergio Javier Medina Peñaloza, a subordinar sus funciones jurisdiccionales y las resoluciones de sentencias condenatorias de inocentes a los caprichos del Gobernador del Estado. Los titulares Poder Judicial de la entidad mexiquense nunca han buscado la independencia de los órganos jurisdiccionales de otros órganos Estado.
Pero también el Gobernador Eruviel Ávila Villegas es el responsable directo del “Desastre Jurídico en el Estado de México”, por no haber cumplido con los tiempos en la implementación del Sistema de Justicia Penal, toda vez que es miembro permanente e integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública, tal y como lo señala el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los Procuradores de Justicia, los Secretarios de Seguridad Pública, los Directores de Seguridad Pública de los Municipios y los Directores de los Penales, todos estos servidores públicos del Estado de México, debieron de asistir cada año a las Conferencias Nacionales que los obliga el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En estos encuentros se tenían que acreditar los avances de la Certificación de los Ministerios Públicos, Peritos e Integrantes de las Instituciones Policiales, para cumplir los términos e implementar o instalar el Sistema de Justicia Penal, los Procuradores de Justicia del Estado de México: Miguel Ángel Contreras Nieto, y Alejandro Jaime Gómez Sánchez tienen la obligación Constitucional de responder y explicar a la sociedad del Estado de México, porque no existe la Certificación de la Carrera Ministerial, Pericial y Policial, porque sin tener Certificación realizaron investigaciones a las que no tienen ninguna facultad Constitucional para la integración de las Carpetas de Investigación.
Todo esto no se ha cumplido durante los cinco años del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas, y se acredita en diversas Carpetas de Investigación, donde se presentan diligencias ministeriales del Sistema Ordinario Inquisitorio Penal, lo más grave que las pruebas no se desahogan mediante el Sistema Oral, y no se utilizan los medios electrónicos de las Salas de los Juicios de Control o de Juicios Orales para acreditar las pruebas de cargo y de descargo.
Estos errores se presentan porque no se acreditó la Certificación de los Operadores de Justicia de las Instituciones de Seguridad Pública, por todo esto los procuradores de justicia del Estado de México durante la administración de Eruviel Ávila Villegas, recurrieron a la fabricación de los delitos y lo más grave a la práctica de la tortura para inculpar a personas inocentes en la comisión de diversos delitos.
El Procurador de Justicia del Estado de México Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tiene la obligación de explicar los resultados de la reuniones que cada seis meses realiza la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En estos encuentros se tenían que cumplir con lo señalado en el artículo 24 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que no cumplieron los dos procuradores en el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas son los siguientes puntos:
No fijaron los criterios para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, evaluación, reconocimiento, Certificación y registro de Agentes del Ministerio Público y Peritos.
No promovieron o hasta el momento, no existe la homologación de los procedimientos de control, de confianza de los integrantes de procuración de justicia.
No se realizó la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la Cadena de Custodia, de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito.
El Gobernador Eruviel Ávila Villegas, no cumplió con las disposiciones y facultades que le otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el titular del gobierno del Estado de México pertenece al Consejo Nacional de Seguridad Pública, y dentro de las atribuciones que tiene y que están establecidas en el artículo 14 se destacan las siguientes:
“Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances de conformidad con las leyes respectivas;
Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados;
Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales, o locales;
Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de la entidades federativas;”
El artículo 16 de la citada norma, es muy concreto y demuestra la gran responsabilidad que tenía el Gobernador del Estado de México, para cumplir con la Certificación como parte sustancial del Sistema Nacional de Justicia, el mencionado artículo señala “son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes: …II. De Certificación y Acreditación…” el Consejo Nacional de Seguridad Pública se reunirá por lo menos cada seis meses.
El Gobierno de Eruviel Ávila Villegas nunca ha presentado en cada año de su Informe de Gobierno, la Certificación con nombre y apellido de los integrantes de las Carreras Ministerial, Policial, y Pericial, no ha incluido esta información en los anexos de los informes de gobierno nunca fueron su prioridad, ni mucho menos cumplir con el mandato en la Reforma Penal Constitucional del 18 de junio de 2008, inclusive no existe en las páginas web del Gobernador y de la Secretaria de Seguridad Pública, un portal en donde pudiéramos contactar la Certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que debieran estar Certificados.
Esta responsabilidad es compartida por los titulares del Poder Judicial del Estado de México, me refiero a Baruch Delgado Carbajal y a Sergio Javier Medina Peñaloza, por no exigirle al Gobernador que respetara la equidad de las partidas presupuestales, desde el presupuesto del 2010 al 2016 que aprueba el Poder Legislativo y concretamente los recursos tenían que haber sido destinados para que se instalara el Sistema de Justicia Penal, esto no se logró, porque el Poder Judicial esta de rodillas y sumiso.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México cuyo titular es Baruch Delgado Carbajal, quien anteriormente fue Titular del Poder Judicial de la Entidad Mexiquense oculta este gran fracaso, hasta la fecha a dos años de haber sido nombrado Ombudsman, no ha presentado ningún informe sobre la situación que guarda el Sistema de Justicia Penal y no lo hace, para no poner entre dicho las ambiciones presidenciales del Gobernador Eruviel Ávila Villegas.
La responsabilidad de no cumplir con los tiempos para la Certificación de los Ministerios Públicos, Peritos y Policías, es del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, este incumplimiento provocó tres graves consecuencias en la violación de los Derechos Humanos:
Primero.- Se incrementó la práctica de la tortura y la fabricación de los delitos.
Segundo.- No se cumplió con la instalación e implementación del Sistema de Justicia Penal.
Tercero.- Se subordinó el presupuesto de otros órganos del Estado en los últimos cinco años y los recursos otorgados en demasía para el titular del Ejecutivo, fueron para promover la imagen personal y sus cinco minutos de fama, para utilizar los recursos de manera discrecional y manipular los supuestos logros del Gobierno.
Sobre la Tortura en el Estado de México durante los cinco años de Gobierno de Eruviel Ávila Villegas, se incrementó hasta en un 80%, los últimos datos que tenemos y que hemos acreditado en el Penal de Chiconautla son alarmantes, de 640 casos que presentamos entre inculpados y sentenciados de los Juicios Ordinarios Inquisitorios y del Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral, 424 presentan actos brutales de tortura, es decir el 66.25%, 33 mujeres y 391 hombres. (Ver Estadisticas de Gobierno que Tortura en Grande).
Cuando de manera impune el Director General de Litigación de la PGJEM Fernando Ulises Cárdenas Uribe, concretamente los días 19 y 21 de abril del 2016, compareció personalmente y como supuesto Ministerio Público para quitarme la No Vinculación a Proceso, y apoyar a un grupo de Delincuentes Invasores de Inmuebles o Viviendas en Villa de Real Sexta Sección en Tecámac, y que están relacionados a grupos de la delincuencia organizada; en el cuestionamiento que le realice en las Audiencias Públicas por no contar con la Certificación Constitucional, le manifesté que las próximas semanas se presentarían las denuncias por tortura, fabricación de los delitos y que se pediría la Reparación Patrimonial del Estado, con demandas millonarias por menoscabar gravemente nuestra libertad, en contra del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas y que este conflicto terminaría en la Corte interamericana de Derechos Humanos (Ver vídeo).
Este señalamiento o denuncia pública se cumplió cuando el pasado 4 de mayo de 2016, presentamos la denuncia a Mario Guerrero López, Fiscal para Combatir los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJEM, en consecuencia presentamos la segunda denuncia del 24 de mayo del presente ante el Presidente del TSJEM Sergio Javier Medina Peñaloza, por los delitos de lesa humanidad, como tortura y fabricación de Carpetas de Investigación.
Ambos Servidores Públicos por instrucciones del Gobernador del Estado de México, no le dieron inicio a las denuncias que presentamos, no obstante que la tortura es un delito que se debe de investigar de manera inmediata y de oficio, así lo señalan los Tratados Internacionales en la Materia, la Ley Federal para Prevenir y Combatir la Tortura y en la Legislación Local del Estado de México concretamente en su artículo 11, que señala lo siguiente:
“Artículo 11. La autoridad ministerial al tener conocimiento o razones fundadas de que existen indicios o evidencias de que se ejerció tortura, en contra de cualquier persona, iniciará de inmediato y de oficio la carpeta de investigación correspondiente”.
Ante la omisión y en la perversidad de las autoridades presentamos Amparo Indirecto Colectivo y se radicó con el número 797/2016-V en el Juzgado Decimo Segundo Distrito en Naucalpan, el 5 de julio de 2016 el Presidente del TSJEM Sergio Javier Medina Peñaloza rindió su “Informe Justificado” y presentó como constancia Certificada el número de oficio: 3010400000/483/2016 de fecha 9 de junio del presente año, firmado por J. Jorge Reyes Santana Coordinador General Jurídico y Consultivo y que dirigió a la Comisión para la Atención y Seguimiento de Casos de Tortura del Poder Judicial del Estado de México, Institución que recibió el documento del 10 de junio del 2016, y que para el lunes 3 de octubre de 2016 han pasado aproximadamente cuatro meses, y este organismo del Poder Judicial del Estado de México nunca se presentó al Penal de Chiconautla.
En este mismo sentido se presenta la omisión de Mario Guerrero López y que en este caso es más grave su conducta, toda vez que fue hasta el 5 de septiembre de 2016, cuando presento su “Informe Justificado” negando el acto reclamado, sin embargo no acreditó ninguna Copia Certificada, las constancias para justificar la negativa del acto reclamado, inclusive para justificar que se iniciaron las investigaciones sobre la apertura y la fabricación de los delitos, anexó el Libro de Gobierno de la PGJEM, en donde supuestamente se registro nuestra denuncia presentada ante el Fiscal de Servidores Públicos el 4 de mayo de 2016, en donde se señala que se remite el escrito con 70 fojas y una USB de 8 GB, esta documental no esta Certificada y mucho menos en el Libro de Gobierno.
Así mismo el Fiscal de Servidores Públicos pretende acreditar en su “Informe Justificado”, una supuesta noticia criminal con número 192820032916, de fecha de impresión 12 de mayo del 2016, iniciada supuestamente en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en la Ciudad de Toluca, y la inicio el Agente del Ministerio Público Ceferino Huerta Ríos, cabe aclarar que si en verdad se inicio la denuncia y las investigaciones, entonces porque no acreditaron ante el Juez de Distrito la ratificación que tuvimos que haber realizado en el Penal de Chiconautla las 624 personas que firmamos la denuncia, y también si el “Informe Justificado” de fecha 5 de septiembre del 2016, porqué solo se anexo copia simple de la Noticia Criminal y no incluyó las actuaciones o diligencias que desde el 12 de mayo al 5 de septiembre de 2016, venía realizando el Ministerio Público, esta forma de rendir los informes ante un Juez presentando hechos falsos es un delito.
Tanto el Fiscal de Servidores Públicos Mario Guerrero López, así como el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México Sergio Javier Medina Peñaloza, en sus “Informes Justificados”, nunca anexaron los Formatos 1, 2, 3, 4, del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., en donde se acredita los 624 casos y que llevan el nombre del Inculpado, si es Procesado o Sentenciado, el Delito que se les acusa, la Tortura, la Institución Policial que torturo, el Estatus del Proceso, si tiene o no Sentencia, los años que lleva en Proceso y si fue Sentenciado o la Etapa del Proceso en la que se encuentra y la firma de cada uno de los denunciantes.
Es decir, ambos Servidores Públicos falsearon a la realidad y presentaron datos falsos en sus “Informes Justificados”, al no incluir las 74 fojas de los cuatro formatos de nuestra organización, el objetivo de no incorporar los formatos, es para que el Juez del Juicio de Garantías no se diera cuenta de los 424 casos de tortura, de los 640 que integramos la denuncia, en donde el total de los denunciantes somos inocentes y se nos fabricaron los delitos de los que se nos acusan; ambos Servidores Públicos rindieron sus “Informes Justificados” falseando a la verdad y omitieron entregar las listas de las personas torturadas y no torturadas con el objetivo de sobreseer el Juicio de Amparo.
Con esta respuesta se demuestra que ambos Servidores Públicos contravinieron el artículo 262, Fracciones I y II, de la Ley de Amparo que señala lo siguiente:
“Artículo 262. se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación, de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:
Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;
Sin motivo justificado revoque o deje sin efectos el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, solo para insistir, con posterioridad en la emisión del mismo;”.
Con esto acreditamos que existe un desprecio en la cultura y el respeto de los Derechos Humanos, estos Servidores Públicos recibieron la Instrucción del Gobernador Eruviel Ávila Villegas, para no investigar los delitos de Tortura y la Fabricación de las Carpetas de Investigación, para no confirmar lo que hemos señalado que en el Estado de México en los últimos cinco años se incrementó hasta en un 80% la práctica de la Tortura como mecanismo para coaccionar e inculpar a inocentes.
Pero el desprecio a la cultura y respeto a los Derechos Humanos quedo claro, cuando el actual Procurador del Estado de México, Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tomo posesión de esta dependencia el 25 de mayo del 2014, cinco días después fue responsable de realizar el operativo para sembrar las armas a supuestos delincuentes que fueron ejecutados extrajudicialmente en el Municipio de Tlatlaya.
Emilio Álvarez Icaza Longoria Exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto tiene miedo a la Corte Penal Internacional, nosotros estamos seguros que tanto el Gobernador del Estado de México como el Procurador General de Justicia también tienen miedo. Estamos ante la posibilidad que en un futuro inmediato sean juzgados por un Tribunal Internacional, lo que nosotros hemos venido exponiendo y reflexionando se ha venido cumpliendo, si no al tiempo.
“RESPETO A NUESTROS DERECHOS HUMANOS”
Chiconautla Estado de México a 3 de octubre de 2016.
La Calle 04-sep-2016: "Fracaso de Eruviel Ávila en la Instalación e Implementación del “Sistema de Justicia Penal"
Transeunte 05-oct-2016: EDOMËX: Fábrica de "Presuntos Culpables"