Source: http://absta.info/voces-arbitrariedad--ciencia-y-tecnologia--concepcion-en-el-se.html
Timestamp: 2019-02-15 19:47:01
Document Index: 150748061

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 50', 'artículo 25', 'artículo 40']

Voces: arbitrariedad ~ ciencia y tecnologia ~ concepcion en el seno materno ~ convencion americana sobre derechos humanos ~ daño psiquico ~ derecho a la intimidad
Fallos Extranjeros y de Organismos Internacionales
Voces: ARBITRARIEDAD ~ CIENCIA Y TECNOLOGIA ~ CONCEPCION EN EL SENO MATERNO ~ CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ~ DAÑO PSIQUICO ~ DERECHO A LA INTIMIDAD ~ DERECHO A LA SALUD ~ DERECHO A LA VIDA ~ DISCRIMINACION ~ FAMILIA DE SANGRE ~ FECUNDACION ASISTIDA ~ FETO ~ GRUPO FAMILIAR ~ HIJO ~ INCAPACIDAD DE PROCREAR ~ INTERPRETACION DE LA LEY ~ PERSONA FISICA ~ PRINCIPIO DE AUTONOMIA PERSONAL ~ PROGENITORES ~ TRATAMIENTO MEDICO
Tribunal: Corte Interamericana de Derechos Humanos(CorteInteramericanadeDerechosHumanos)
Partes: Artavia Murillo y otros (“fecundación In Vitro”) c. Costa Rica
Publicado en: LA LEY 28/12/2012, 28/12/2012, 8 - LA LEY2013-A, 160 - DFyP 2013 (marzo) , 179, con nota de Jorge Nicolás Lafferrière; Pablo O. Rosales; Mariangel Argañaraz; Sebatián Monjo; LA LEY 04/04/2013 , 5, con nota de Maximiliano A. Ceballos; LA LEY 2013-B , 379, con nota de Maximiliano A. Ceballos; Sup. Const. 2013 (abril) , 19, con nota de Daniel A. Herrera y Jorge Nicolás Lafferriere; LA LEY 2013-B , 417, con nota de Daniel A. Herrera y Jorge Nicolás Lafferriere; RCyS 2013-V , 283, con nota de Yazmín Sarquís Santamaría; DJ 07/08/2013 , 9, con nota de Eugenio Luis Palazzo;
Cita Online: AR/JUR/68284/2012
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró inconstitucional el Decreto que regulaba la fecundación in vitro, vedando así su práctica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esa decisión violó los derechos fundamentales de las víctimas a la vida privada y familiar, a la integridad personal en relación con la autonomía personal, a la salud sexual y reproductiva, y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico sin discriminación.
1. Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer esa clase de decisiones que correspondan en cada persona, como sería, en el caso, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que ocasionó que la fecundación in vitro no se practique en ese país.
2. La decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica que ocasionó que la fecundación in vitro no se practique en ese país generó la interrupción del tratamiento médico que habían iniciado algunas de las presuntas víctimas, mientras que otras se vieron obligadas a viajar para acceder a la práctica, y ello constituyó una interferencia en la vida privada y familiar de aquéllas, quienes debieron modificar o variar su curso de acción respecto a una decisión que ya habían tomado: la de intentar tener hijos por medio de ese método.
3. Toda vez que la fecundación in vitro suele practicarse como último recurso para superar graves dificultades reproductivas, su prohibición en Costa Rica, a partir de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país, afectó la integridad psicológica de las personas al negarles la posibilidad de acceder a un procedimiento que haga posible desplegar su libertad reproductiva, implicando una interferencia severa en relación con la toma de decisiones respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o hija biológicos.
4. La sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, al declarar inconstitucional el decreto que regulaba la fecundación in vitro y, en consecuencia, prohibir la práctica, partió de una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia, con efectos discriminatorios.
5. El embrión no puede ser entendido como persona a efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que la “concepción” tiene lugar desde el momento en que aquél se implanta en el útero, razón por la cual, antes de este evento no habría lugar a la aplicación de la norma.
6. A efectos de la interpretación del término “concepción” —art. 4 de la CADH—, la prueba científica concuerda en diferenciar dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación, y sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe concepción, pues, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si el embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas, es decir, no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo.
7. Es posible concluir del empleo de las palabras “en general” del art. 4 de la CADH, que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.
8. El concepto de "persona" es un término jurídico que, a efectos de la interpretación del artículo 4.1 de la CADH, está anclado a las menciones que se hacen en el tratado respecto a la "concepción" y al "ser humano", términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la literatura científica.
9. La decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico.
10. El derecho a la vida privada se relaciona con la autonomía reproductiva, y con el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho.
11. El derecho a la autonomía reproductiva, es decir, a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad.
12. Los derechos a la vida privada y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud, y la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva.
13. Los hombres y mujeres afectados por la infertilidad son personas que sufren una enfermedad del sistema reproductivo, definida como incapacidad de lograr un embarazo clínico, razón por la cual es seriamente atentatorio de los derechos de esas personas que el Estado de Costa Rica les negara el derecho a recurrir a la fecundación in vitro por la prohibición establecida desde marzo de 2000 en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de ese país (del voto concurrente del Juez García-Sayán, al que adhiere la Jueza Rhadys Abreu Blondet).
14. Para la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida de una persona existe desde el momento en que ella es concebida o, lo que es lo mismo, se es “persona” o “ser humano” desde el “momento de la concepción”, lo que ocurre con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, y, a partir de esto último, se tiene, entonces, el “derecho a que se respete la vida” de “toda persona” y, consecuentemente, existe la obligación de que se proteja ese derecho; una interpretación distinta a la expuesta dejaría sin su sentido natural y obvio las expresiones “a partir de la concepción” que emplea el art. 4.1 y, especialmente, no le asignaría sujeto a esta última, y es de toda evidencia que de lo que se trata es de “la concepción” de “toda persona” (del voto disidente del Juez Vio Grossi).
15. Para valorar o entender el sentido y alcance de los términos “concepción" y "ser humano” que utiliza la Convención Americana de Derechos Humanos —art. 4.1— no debe recurrirse a la literatura científica, pues, no habiéndole dado la norma a cada uno de esos términos “un sentido especial” en que constara “que tal fue la intención de las partes” de la misma, ni habiendo tampoco hecho remisión, para estos efectos a ella, lo que corresponde es atenerse al “sentido corriente” que se les atribuye, que no es otro que el sentido natural y obvio expresado en el diccionario: la unión del óvulo con el espermatozoide (del voto disidente del Juez Vio Grossi).
Texto Completo: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
En el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”),
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces (1):
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (2) (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden:
I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 2
II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 2
III EXCEPCIONES PRELIMINARES 2
A) Falta de agotamiento de recursos internos 2
B) Extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinoza y Héctor Jiménez Acuña 2
C) Incompetencia de la Corte para conocer “hechos nuevos no incluidos” en los “hechos de la demanda” 2
IV COMPETENCIA 2
V PRUEBA 2
A) Prueba documental, testimonial y pericial 2
B) Admisión de la prueba 2
B.1) Admisión de la prueba documental 2
B.2) Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas, y de la prueba testimonial y pericial 2
VI HECHOS 2
A) Técnicas de Reproducción Asistida y Fecundación in Vitro 2
B) El Decreto ejecutivo 2
C) Sentencia de la Sala Constitucional de 15 de marzo de 2000 2
D) Recursos interpuestos por Ileana Henchoz y Karen Espinoza 2
E) Proyectos de ley 2
F) Situación particular de las presuntas víctimas 2
F.1) Grettel Artavia Murillo y Miguel Mejías Carballo 2
F.2) Ileana Henchoz Bolaños y Miguel Yamuni Zeledón 2
F.3) Oriéster Rojas y Julieta González 2
F.4) Víktor Sanabria León y Claudia Carro Maklouf 2
F.5) Geovanni Vega y Joaquinita Arroyo 2
F.6) Karen Espinoza y Héctor Jiménez 2
F.7) Carlos Eduardo de Jesús Vargas Solórzano y María del Socorro Calderón Porras 2
F.8) Enrique Acuña Cartín y Ana Cristina Castillo León 2
F.9) Andrea Bianchi Bruna y Germán Moreno Valencia 2
VII CONSIDERACIÓN PREVIA SOBRE EL OBJETO DEL PRESENTE CASO 2
VIII DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL EN RELACIÓN CON LA AUTONOMÍA PERSONAL, LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EL DERECHO A GOZAR DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 2
A) Alcance de los derechos a la integridad personal, libertad personal y vida privada y familiar en el presente caso 2
B) Efectos de la prohibición absoluta de la FIV 2
C) Interpretación del artículo 4.1 de la Convención Americana en lo relevante para el presente caso 2
C.1) Interpretación conforme al sentido corriente de los términos 2
C.2) Interpretación sistemática e histórica 2
C.2.a) Sistema Interamericano de Derechos Humanos 2
C.2.b) Sistema Universal de Derechos Humanos 2
C.2.c) Sistema Europeo de Derechos Humanos 2
C.2.d) Sistema Africano de Derechos Humanos 2
C.2.e) Conclusión sobre la interpretación sistemática 2
C.3). Interpretación evolutiva 2
C.3.a) El estatus legal del embrión 2
C.3.b) Regulaciones y prácticas sobre la FIV en el derecho comparado 2
C.4) El principio de interpretación más favorable y el objeto y fin del tratado 2
C.5) Conclusión de la interpretación del artículo 4.1 2
D) Proporcionalidad de la medida de prohibición 2
D.1) Severidad de la limitación de los derechos involucrados en el presente caso 2
D.2) Severidad de la interferencia como consecuencia de la discriminación indirecta por el impacto desproporcionado respecto a discapacidad, género y situación económica 2
D.2.a) Discriminación indirecta en relación con la condición de discapacidad 2
D.2.b) Discriminación indirecta en relación con el género 2
D.2.c) Discriminación indirecta en relación con la situación económica 2
D.3) Controversia sobre la alegada pérdida embrionaria 2
D.4) Conclusión sobre el balance entre la severidad de la interferencia y el impacto en la finalidad pretendida 2
E) Conclusión final sobre el fondo del caso 2
IX REPARACIONES 2
A) Parte Lesionada 2
B) Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 2
B.1) Medidas de rehabilitación psicológica 2
B.2) Medidas de satisfacción: publicación de la Sentencia 2
B.3) Garantías de no repetición 2
B.3.1) Medidas estatales que no impidan la práctica de la FIV 2
B.3.2) Campaña sobre derechos de las personas con discapacidad reproductiva 2
B.3.3) Otras medidas solicitadas 2
C) Indemnización compensatoria por daño material e inmaterial 2
C.1) Daño material 2
C.2) Daño inmaterial 2
D) Costas y gastos 2
E) Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 2
X PUNTOS RESOLUTIVOS 2
Voto concurrente del Juez Diego García-Sayán
Voto disidente del Juez Eduardo Vio Grossi
1. El 29 de julio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana (en adelante “escrito de sometimiento”), de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, el caso 12.361 contra el Estado de Costa Rica (en adelante “el Estado” o “Costa Rica”). La petición inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana el 19 de enero de 2001 por el señor Gerardo Trejos Salas. El 11 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de Admisibilidad No. 25/04 (3). El 14 de julio de 2010 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 85/10 (4), de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 85/10”), en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado. Luego de conceder tres prórrogas al Estado para el cumplimiento de dichas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la Corte. La Comisión designó como delegados al Comisionado Rodrigo Escobar Gil y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y designó como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, Isabel Madariaga, Fiorella Melzi y Rosa Celorio.
2. La Comisión indicó que el caso se relaciona con alegadas violaciones de derechos humanos que habrían ocurrido como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la Fecundación in vitro (en adelante “FIV”) que había estado vigente en Costa Rica desde el año 2000, tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (en adelante “Sala Constitucional”) de dicho país. Entre otros aspectos, se alegó que esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia. Asimismo, se alegó que la prohibición constituyó una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto que el Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos. Además, se alegó que este impedimento habría tenido un impacto desproporcionado en las mujeres.
3. La Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, en perjuicio de Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana Henchoz Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Zeledón, Claudia María Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria León, Karen Espinoza Vindas, Héctor Jiménez Acuña, Maria del Socorro Calderón Porras, Joaquinita Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza.
4. El 29 de agosto y el 14 de septiembre de 2011 el señor Boris Molina Acevedo remitió a la Corte los poderes de representación de 12 de las presuntas víctimas (5).
5. El 31 de agosto de 2011 el señor Trejos Salas remitió a la Corte los poderes de representación de 6 de las presuntas víctimas (6).
6. El sometimiento del caso fue notificado al Estado y a los representantes el 18 de octubre de 2011. Teniendo en cuenta que los representantes de las presuntas víctimas no llegaron a un acuerdo sobre la designación de un interviniente común, el Presidente de la Corte, en aplicación del artículo 25.2 del Reglamento de la Corte, dispuso la designación de los señores Molina Acevedo y Trejos Salas como intervinientes comunes que tendrían participación autónoma.
7. El 19 de diciembre de 2011 los intervinientes comunes presentaron ante la Corte sus respectivos escritos de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), conforme al artículo 40 del Reglamento del Tribunal. Los intervinientes comunes coincidieron en general con lo alegado por la Comisión. El representante Molina alegó la violación de los artículos 17.2, 11.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas que representa. El representante Trejos Salas alegó la violación de los artículos 4.1, 5.1, 7, 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas que representa.