Source: https://supremo.vlex.es/vid/644011337
Timestamp: 2019-07-16 16:08:00
Document Index: 166382523

Matched Legal Cases: ['artículo 576', 'artículo 451', 'artículo 852', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 849', 'artículo 139', 'artículo 851', 'artículo 849', 'artículo 849', 'artículo 139', 'artículo 852', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 120', 'in fine', 'artículo 46', 'in fine', 'in fine', 'in dubio', 'artículo 46', 'de lege ferenda', 'artículo 714', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 714', 'artículo 714']

STS 497/2016, 9 de Junio de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 644011337
Número de Recurso: 10982/2015
ASESINATO. SECRETO EN COMUNICACIONES. La ilegitimidad constitucional de la primera intervención afecta a las prórrogas y a las posteriores intervenciones ordenadas sobre la base de los datos obtenidos en la primera. Ciertamente el resultado de la intervención telefónica precedente puede proporcionar datos objetivos indiciarios de la existencia de un delito grave, pero la ilegitimidad constitucional de la primera intervención contamina irremediablemente las ulteriores de ella derivadas. Se desestima la casación.
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por las representaciones de Carlos y Celso , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Zamora, en el Rollo de Tribunal del Jurado nº 2/2014 , procedente de Procedimiento de Jurado nº 1/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Zamora, que le condenó a los recurrentes como autores de un delito de asesinato y confirmar la sentencia apelada en todos sus términos; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y como parte recurrida La Acusación Particular en representación de Francisco , Geronimo , Estrella , Fidela , y Isaac , Jacinta , representados por las Procuradoras Sras. Paula Maria Guhl Millán, Natalia Delgado Pérez-Iñigo, Mª Luisa Martínez Parra, Gemma Muñoz Minaya, Lucina Gómez Gómez, Juan Antonio García San Miguel Orueta respectivamente, y dichos recurrentes representados por la Procuradora Sra. Dolores Fernández Prieto.
1.-El Juzgado de Instrucción nº 1 de Zamora, instruyó diligencias, , y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de Zamora que con fecha 5 de mayo de 2014 dictó sentencia que fue recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Sala de lo Civil y Penal, recurso que fue resuelto por sentencia de fecha 5 de noviembre de 2.015 , que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:
HECHOS PROBADOS: "De conformidad con el veredicto del expresa y terminantemente probado: «EL TRIBUNAL DEL JURADO HA EMITIDO VEREDICTO, DECLARANDO PROBADOS LOS SIGUIENTES HECHOS:
PRIMERO: "1.-En hora no determinada, pero en todo caso entre las 12,30 y las 2 de la madrugada del día 19 de Septiembre de 2012 el acusado, Carlos (conocido como Casposo ), que se encontraba en uno de los fumaderos del Barrio de las Llamas de Zamora, en compañía de su amigo Celso (conocido como Canicas ), le pidió a Pedro Miguel las llaves del vehículo de su propiedad (Volkswagen Polo, matrícula FI-....-F ).
2.- Una vez que Carlos tuvo en su poder las llaves del vehículo y de común acuerdo con Celso , llamó a Cosme para que los acompañase, montándose los tres en el vehículo propiedad de Pedro Miguel , Carlos en el asiento del conductor, Celso en el asiento delantero derecho y Cosme en el asiento trasero.
1- A bordo de dicho vehículo se trasladaron a un lugar no determinado, en el que golpearon a Cosme con un objeto duro y romo, causándole heridas muy graves en la cara y traumatismo craneoencefálico y de mandíbula.
- Dado que a pesar de las citadas agresiones Cosme no había fallecido y estando la víctima en el suelo, procedieron a estrangularle con una mano, mientras le introducían tierra en la boca y empujaban con mucha fuerza sobre el abdomen hasta producirle una fuerte compresión, lo que junto con la estrangulación y sofocación produjeron la muerte de Cosme .
5.- Una vez causada la muerte, le colocaron una bolsa de plástico, de las que se facilitan en los hospitales del SACYL, para introducir en ellas los efectos personales de las personas que son ingresadas, en la que figuraba una etiqueta identificativa con los datos del padre de Pedro Miguel , en la cabeza y procedieron a atarle las piernas con una rodillera y unos cables y dentro del maletero del vehículo lo trasladaron al embalse del Ricobayo (dentro del término municipal de Carbajales de Alba), arrojándole al agua donde fue hallado al día siguiente por un pastor.
6.- Cuando se produjo la agresión a Cosme , que finalmente le causó la muerte, este se encontraba en unas circunstancias (por tratarse de un ataque por sorpresa, por estar afectado por la ingesta de drogas o por otras circunstancias) que le imposibilitaban o dificultaban su defensa.
7.- Con la actuación descrita, se aumentó de forma deliberada e innecesaria el sufrimiento de la víctima.
- El acusado Carlos , con la finalidad de impedir ser encontrado por la Policía y sustraerse a la acción de la Justicia, abandonó la localidad de Zamora y se ocultó en la localidad de Gelver (Sevilla), concretamente en un piso de la CALLE000 n° NUM000 , NUM001 , que había sido alquilado a nombre del acusado Rogelio y Begoña , esta última hija de Debora que es prima hermana de la madre de Carlos .
- Rogelio Y Begoña ayudaron a Carlos y a su familia a ocultarse, con conocimiento de que estaba siendo buscado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por ser sospechoso de haber participado en la muerte de una persona.
Carlos , con DNI n° NUM002 , nació en Salamanca el día NUM003 de 1992, carece de antecedentes penales y permanece en prisión provisional por esta causa desde el día 25 de septiembre de 2012.
Celso , con DNI n° NUM004 , nació en Zamora, el día NUM005 de 1981, tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, estando privado de libertad por esta causa desde el día 4 de octubre de 2012."
SEGUNDO.- La parte dispositiva de la sentencia recaída en primera instancia, dictada el 5 de mayo de 2015 y fechada por error el 5 de mayo de 2014 , dice literalmente:
"FALLO: A la vista del veredicto de culpabilidad acordado por el Tribunal del Jurado, y de los demás pronunciamientos y declaraciones contenidas en el mismo, debo CONDENAR Y CONDENO a los acusados Carlos Y Celso , como autores penalmente responsables de un DELITO DE ASESINATO consumado, previsto y penado en los artículos 139 y 140 del Código Penal , cualificado por la concurrencia de alevosía y concurriendo la circunstancia de ensañamiento, a la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y a indemnizar, en concepto de responsables civiles directos a Leandro Y Isaac en la cantidad de 15.000 £ a cada uno de ellos y en la de 10.000 € a cada uno de los hermanos Fidela , Jacinta , Estrella , Geronimo Y Francisco , por el fallecimiento de su hermano, cantidades a las que se le aplicarán los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; y al pago de la mitad de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.
En todo caso, para el cumplimiento de la pena impuesta se abonará a los acusados condenados el tiempo que hayan estado privado de libertad por esta causa. Debo condenar y condeno a Begoña Y Rogelio , como autores responsables de un DELITO DE ENCUBRIMIENTO previsto y penado en el artículo 451 del Código Penal a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de la otra mitad de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.
No procede la petición de indulto ni la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad."
Segundo.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, Sala de lo Civil y Penal dictó el siguiente pronunciamiento:
FALLO: Que, estimando íntegramente los recursos de apelación respectivamente formulados por el condenado Rogelio y la condenada Begoña , así como en parte los interpuestos por los condenados Carlos y Celso contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Presidente del Tribunal del Jurado en el procedimiento de que dimana el presente Rollo, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma, absolviendo libremente al citado Rogelio y a la citada Begoña del delito de encubrimiento que se les imputa y de cualquier otra responsabilidad penal por los hechos enjuiciados, declarando de oficio la mitad de las costas del juicio, condenando a Carlos y a Celso , como autores de un delito de asesinato, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad criminal, a sendas penas de dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y manteniendo en sus propios términos los restantes pronunciamientos de la resolución recurrida, salvo el relativo a la suspensión de la condena, que se tiene por no puesto, sin imposición a ninguna de las partes de las costas de esta alzada.
Tercero .- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley, por los acusados Carlos y Celso , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto.- Las representaciones de los procesados, basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN.
MOTIVO PRIMERO.- Por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por infracción del artículo 24.2 de la CE y el artículo 18.3, secreto de las comunicaciones, al no haberse respetado en el auto de 14 de septiembre de 2012 los requisitos exigidos para la intervención y escuchas telefónicas.
MOTIVO SEGUNDO.- Se formula al amparo del artículo 849-1° de la LECRIM , por aplicación indebida del artículo 139 del Código Penal .
MOTIVO PRIMERO.- Se formula al amparo del artículo 851-1° de la LECRIM al consignar como hechos probados conceptos jurídicos que implican predeterminación del fallo.
MOTIVO SEGUNDO.- Se formula al amparo del artículo 849-2° de la LECRIM por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos que obren en autos, que demuestren la equivocación del juzgador y no resulten contradichos por otros elementos probatorios.
MOTIVO TERCERO.- Se formula al amparo del artículo 849-1° de la LECRIM , por aplicación indebida del artículo 139 y de los artículos 27 y 28 del Código Penal .
MOTIVO CUARTO.- (FIGURA COMO TERCERO, NUEVAMENTE, EN EL RECURSO) Por infracción de precepto constitucional al amparo del artículo 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por infracción del artículo 24.2 de la CE , al entender vulnerada el derecho a la presunción de inocencia
Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, solicita la inadmisión; la Sala admitió los mismos, quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la votación prevenida el día dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.
RECURSO INTERPUESTO POR Carlos
El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 852 LECrim , por infracción de precepto constitucional.
Solicita en primer lugar la nulidad del procedimiento por vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías, en virtud de lo dispuesto en los arts. 24.2 y 18.3 CE . En orden al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Argumenta que el auto de 24.9.2012 que autorizó la intervención de unos teléfonos vulnero referido derecho y el de la intimidad, al basarse en meras sospechas de que el fallecido era consumidor de droga y los rumores de que dos personas condenadas por el tráfico de drogas - Anton y Raimunda - tenían relación con el finado, por lo que en virtud de la prueba ilícita, esto es la obtenida con vulneración de derechos fundamentales y en virtud de la teoría de los frutos del árbol envenenado y la conexión de antijuricidad, habría de dictarse una sentencia absolutoria para el recurrente.
La solicitud de nulidad de las escuchas telefónicas constituye una cuestión habitual en los recursos de casación, por lo que es conveniente reproducir la doctrina de esta Sala Segunda, entre otras, SSTS. 635/012, de 17.7, 301/2013 de 18.4 , 425/2014 de 28.5 y 413/2015 de 16.6 , en el sentido de que el secreto de las comunicaciones telefónicas constituye un derecho fundamental que está garantizado en el art. 18, párrafo tercero de la Constitución de 1978 .
- En cuanto a las prórrogas y nuevas intervenciones telefónicas acordadas a partir de datos obtenidos en una primera intervención, las exigencias de motivación anteriormente expuestas han de observarse también en la resolución acordada, con carácter previo a acordar su prorroga y explicitar las razones que legitiman la continuidad de la restricción del derecho, aunque sea para poner de relieve que persisten las razones anteriores, ( SSTC 49/1999, de 5 de abril ; 171/1999, de 27 de septiembre ; 202/2001, de 15 de octubre ; 261/2005, de 24 de octubre ).
Ha de tenerse en cuenta que la ilegitimidad constitucional de la primera intervención afecta a las prórrogas y a las posteriores intervenciones ordenadas sobre la base de los datos obtenidos en la primera. Ciertamente el resultado de la intervención telefónica precedente puede proporcionar datos objetivos indiciarios de la existencia de un delito grave, pero la ilegitimidad constitucional de la primera intervención contamina irremediablemente las ulteriores de ella derivadas ( SSTC. 171/99 de 27.9 , 299/2000 de 11.12 , 184/2003 de 23.10 , 165/2005 de 20.6 , 253/2006 de 11.9 ).
Bien entendido -como se dice en la STS. 645/2010 de 14.5 - que la intervención de un nuevo teléfono del mismo titular o la prórroga temporal de una intervención telefónica que inicialmente ha sido autorizada por concurrir motivos justificados, solo tiene de específico la prolongación en el tiempo de esa intervención ya ordenada legítimamente, lo que es necesario entonces justificar y lo que se exige en tal caso motivar en la nueva resolución decisoria no se extiende a lo que se justificó, ponderó y valoró en el Auto originario habilitante, sino la ampliación temporal de lo mismo más allá del periodo inicialmente concedido cuando lo que apoya la nueva intervención o prórroga no es propiamente un cúmulo de indicios nuevos o diferentes de los que fueron expresados y valorados en la intervención, sino estrictamente la subsistencia de aquéllos, es decir el mantenimiento, la mera vigencia en el tiempo de la misma necesidad. Si la una y otra en cuanto tales ya se sometieron al control judicial no es preciso ponderar de forma redundante lo ya ponderado antes, y será únicamente objeto del control la justificación de la prórroga en lo que supone de concesión de un nuevo período temporal para una intervención ya justificada STS. 1008/2013 de 8.1.2014 ).
En el caso concreto la cuestión de la nulidad del auto de 24.9.2012, fue resuelta por auto de la Magistrada- Presidente del Jurado de 13.4.2015 y STS.J. Castilla y León de 5.11.2015 , con argumentos que deben ser asumidos en su totalidad, Indicio racionalmente bastante para acordar la intervención telefónica como señalan STS. 26.6.2000 , 3.4 y 11.5.2001 , 17.6 y 27.10.2002 .
En este caso y en relación al primero de los Autos acordando la intervención telefónica ( Auto de 14 de septiembre de 2012) a diferencia de otros en los que se están investigando hechos que se están llevando a cabo como en el caso de los delitos contra la salud pública, a la horade adoptar la medida de intervención telefónica cuya nulidad se interesa la Magistrada Juez de Instrucción contaba con elementos suficientemente acreditativos de la concurrencia le un delito, de los incluidos en el Título I, del Libro II del Código Penal, la Diligencias de fecha 13 de septiembre de 2012, el acta de levantamiento de cadáver efectuada a las 15.45 horas de ese mismo día en la que se ponían de manifiesto la naturaleza violenta del fallecimiento de D. Cosme .
A partir de la aparición del cadáver y de los indicios de que la muerte se había .aducido de forma violenta, la Guardia Civil inicia la correspondiente investigación con la finalidad de obtener los datos necesarios para esclarecer las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos pudieran haber intervenido.
Es dentro de este contexto, según se explica en el oficio solicitando las intervenciones de los teléfonos usados habitualmente por D. Jose Ignacio , a Raimunda , D. Anton y D. Pedro Miguel , que se abren dos líneas de investigación:
Una respecto a la forma de vida y las relaciones que mantenía el fallecido. Aquí parte de dos datos objetivos consistentes en la residencia en el Barrio de las Llamas nuestra ciudad, que es conocido por las actividades en relación con el tráfico y asumo de drogas que se desarrollan en él(allí acuden toxicómanos para comprar y asumir drogas) y en la condición de consumidor habitual de esas sustancias del fallecido.
Además se tienen en cuenta otros datos obtenidos en las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, como la relación existente entre el fallecido, su hermano Leandro y Jose Ignacio , que se pone de manifiesto en la propia actitud de estos dos al acudir a la Guardia Civil para conocer el paradero de Cosme y de relación del último de ellos con Raimunda y Anton , al mantener la relación con una de sus hijas y al observar de propia mano los agentes que cuando estaba declarando recibió dos llamadas que manifestó que eran de ellos para recriminarle haber acudido a la Guardia Civil.
El mismo manifestó a los agentes que había recibido otras recriminaciones de otros vecinos de las Llamas por lo mismo. Si además esta persona, Jose Ignacio , declaró haber visto a Cosme sobre la una de la madrugada de ese día en el fumadero de las Llamas, aparece como verosímil que el autor o autores de los hechos hubieran tenido contacto con él allí. Deducir de todo ello que la muerte de Cosme pudiera tener relación con el tráfico de sustancias que se produce en el Barrio de las Llamas, con el que están relacionados también Raimunda y Anton , los que han sido detenidos en al menos dos ocasiones por hechos relativos a delitos contra la salud pública deduciéndose en aquellas investigaciones que el fallecido, su hermano y ' Jose Ignacio se encargarían de guardar sustancias de aquellos, aparece como una línea de investigación que no puede ser considerada más que como justificada y las interceptaciones telefónicas dentro de las finalidades constitucionales a las que hemos hecho referencia al inicio de esta resolución,
Por su parte la interceptación de las comunicaciones en relación con teléfono de D. Pedro Miguel , está avalada, en el momento en el e se acordó, por elemento fácticos claramente evidenciados, como son: 1) La etiqueta pegada en la bolsa que cubría la cabeza del cadáver, que era una bolsa de las e dan en el SACYL para guardar la ropa cuando se ingresa, en la que se hacen star los datos del paciente, en la que se recogía el nombre de Hipolito que es su padre. 2) su condición de toxicómano y que frecuentaba el Barrio de Llamas y el fumadero para adquirir y consumir. De estas dos circunstancias es leo deducir relación entre los hechos investigados y esa persona, que justificaría la intervención acordada.
Motivación suficiente y que satisface las exigencias constitucionales antes expuestas.
En el segundo lugar denuncia vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y proscripción de indefensión del art. 24.1 CE , en conexión con el art. 120.3 CE en relación a la necesidad de la motivación de las sentencias y el derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE .
El motivo tras exponer la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la presunción de inocencia en casación y los requisitos de la prueba indiciaria concluye que no existen indicios racionales de criminalidad para atribuir a Carlos la autoría del supuesto delito de asesinato y por ende, que estos eran suficientes para decretar su condena.
Así en SSTS. 1126/2003 de 19.12 , 41/2009 de 29.1 , 168/2009 de 12.2 , 717/2009 de 17.6 , 438/2012 de 16.5 , 838/2014 de 12.12 , 40/2015 de 12.2 , 467/2015 de 20.7 , 547/2015 de 6.10 , hemos declarado que debemos recordar que en sus orígenes históricos, la casación no era sino un control de legalidad referido a la interpretación y aplicación de la ley por los Tribunales, a efectuar por el Tribunal de Casación que en funciones de verdadera "policía jurídica" depuraba y eliminaba aquellas resoluciones judiciales que se apartaban de la interpretación correcta fijada, precisamente, por la Sala de Casación, que de este modo se convertía en garante y custodio del principio de seguridad jurídica, esencial en todo sistema jurídico y al que se refiere el art. 9 apartado 3 de la Constitución en términos de existencia y de efectividad "....la Constitución garantiza.... la seguridad jurídica...." de ahí su naturaleza de recurso extraordinario. Con ello se garantizaba, igualmente el principio de igualdad ante la Ley, pues quedaba garantizada una idéntica interpretación y aplicación de la misma en todos los procesos.
En acatamiento estricto al principio de doble instancia reconocido en el Pacto Internacional citado, y también en el Protocolo VII al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 22 de Noviembre de 1984, se articula en la Ley del Jurado un recurso de apelación que en palabras de la Exposición de Motivos "....aspira a colmar el derecho al doble examen o doble instancia en tanto su régimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un Tribunal Superior...." , lo que permite resituar la casación en su propia función de control de la interpretación y aplicación de la Ley --principio de legalidad y seguridad jurídica--.
A lo dicho hay que tener en cuenta el recordatorio de que el recurso de casación lo es contra la sentencia dictada en apelación , es decir contra la expresada sentencia de 5.11.2015 , por lo que nuestro control debe reducirse a las argumentaciones de la sentencia de apelación para rechazar tal violación que se reproduce en esta sede casacional. Estamos en consecuencia ante un control de legalidad , es decir de la corrección de la aplicación del derecho que efectuó el Tribunal de apelación ya que esta casación descansa sobre la previa sentencia de apelación.
Bien entendido que a falta de prueba directa de cargo -se dice en las SSTS. 714/2014 de 12.11 y TC. 133/2011 de 18.7 , la prueba indiciaria es válida para enervar el derecho a la presunción de inocencia siempre que exista una mínima actividad probatoria realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales de la cual quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos (por todas SSTC. 1/2009 de 12.1 , 108/2009 de 11.5 , y 25/2011 de 14.3 ).
Y en cuanto a la necesidad de motivación, como hemos recordado en SSTS. 331/2915 de 3.6, y 467/2015 de 20.7 , la exigencia de motivación de las sentencias resulta, en primer lugar, del artículo 24.1, en tanto que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución suficientemente fundada, tanto sobre los hechos como sobre el derecho aplicable, así como acerca de la concreción de las consecuencias de tal aplicación. El carácter fundado de la resolución resulta precisamente de su suficiente motivación. En segundo lugar, de la previsión específica contenida en el artículo 120.3 de la Constitución . En ninguno de los dos casos se excluyen del ámbito de las previsiones constitucionales las sentencias dictadas por los tribunales de jurados que, en consecuencia, deben ser igualmente motivadas. Es lógico, sin embargo, que el nivel técnico de la fundamentación no sea el mismo cuando se trata de tribunales profesionales o de tribunales compuestos por legos. Tampoco las exigencias son las mismas cuando se hace referencia a la motivación del veredicto, que corresponde a los jurados, o a la motivación de la sentencia que corresponde al Magistrado Presidente. En cualquier caso, como hemos reiterado, la exigencia de motivación no pretende satisfacer necesidades de orden puramente formal, sino permitir a los directamente interesados y a la sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de la decisión por el Tribunal que revise la resolución en vía de recurso. Igualmente contribuye a que el propio órgano que dicta la resolución verifique su correcta fundamentación.
En el caso analizado, el Jurado como elementos de convicción estableció testimonio de Indalecio, testimonio de María , escuchas telefónicas y pruebas periciales y Policía científica.
En este sentido la STS. 40/2015 de 12.2 , precisa que no resulta ocioso recordar las palabras de la STS. 1466/2005 de 28.1 , en relación a "...que el sistema de implantación del Jurado debe descansar en la confianza en el mismo, de modo que no puede por la vía de la defectuosa motivación, anularse indiscriminadamente juicios celebrados por los cauces de la LOTJ, por lo que no basta simplemente con no compartir su criterio, aunque se juzgue desacertado, del colegio popular sobre la valoración de los elementos de prueba que tuvo en consideración, sino que se ha de detectar un auténtico vacío motivador del veredicto, cuya sucinta explicación debe intentar comprenderse por encima de las rituales formas en que pueda ésta expresarse por los integrantes del Jurado, al levantar el correspondiente acta.
En el caso presente la sentencia recurrida -esto es la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- examina, fundamentos jurídicos noveno a decimocuarto, las pruebas valoradas por los Jurados y la Magistrada-Presidente para deducir que quienes llevaron a la víctima -que luego apareció muerta en un embalse cercano- y volvieron al rato sin ella en un vehículo manchada con su sangre, fueron los mismos que le causaron la muerte: los acusados Carlos y Celso .
Así analiza la validez de las intervenciones telefónicas (FJ. Octavo), las periciales practicadas en relación al hecho de la agresión y muerte: hallazgo de restos de sangre de la víctima en el vehículo utilizado y en las huellas de la orilla del embalse donde apareció su cadáver, así como de huellas en dicho lugar de neumáticos coincidentes con las del citado vehículo, lo que permite declarar probado que la víctima fue transportada en éste, sangrando y arrojándole al agua (FJ. Décimo), la testifical de Pedro Miguel , propietario del vehículo, que en su declaración sumarial relató como prestó el vehículo al ahora recurrente, permaneciendo en el establecimiento donde le hizo entrega de las llaves, hasta que aquel se las devolvió (FJ. Undécimo); la testifical de María explicando cómo los acusados le pidieron desde un coche, que llamara a la víctima para que fuera con ellos, cosa que ella hizo, yéndose los tres en el vehículo (FJ. Decimosegundo); y por último el valor de los testigos de descargo presentados por la defensa tendentes a acreditar que el recurrente estaba en otro lugar cuando se produjo la muerte de la víctima, que no han merecido crédito por parte del Jurado, postura que la sentencia recurrida considera que no puede ser tachada de contraria a la presunción de inocencia, toda vez que entre testimonios válidos y contradictorios, pueden los Juzgadores optar por unos frente a otros (FJ. Decimotercero).
Siendo así no hay pues vacío probatorio sobre la autoría del recurrente, ni la valoración de la prueba que realiza el Tribunal del Jurado, asumida en la sentencia recurrida, puede calificarse de arbitraria, solo hay una versión diferente propugnada por el recurrente, pero no más razonable que la creída por el Jurado.
Siendo así no cabe sino ratificar las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de instancia, ya que se basó en prueba suficiente, válidamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de inferencia realizado a tal fin por el tribunal de instancia a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia, y a los parámetros de racionalidad y modificación exigibles, quedando extramuros de la competencia de esta Sala censurar el criterio de dicho Tribunal sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles, por lo que no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de los hoy recurrentes quienes en su argumentación critican la fuerza de convicción de las pruebas de apoyo en sus exclusivas manifestaciones exculpatorias, olvidando que el problema no es que no haya más pruebas de cargo, o incluso que existan pruebas de descargo que la Sala no haya creído, sino determinar si las pruebas de cargo en las que se ha apoyado la Sala de instancia para condenar son suficientes y han sido racional y lógicamente valoradas.
Por último en tercer lugar denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías produciendo indefensión del art. 24.2 CE , dado que el recurrente se limita a la cita de la doctrina jurisprudencial acerca de los requisitos que debe cumplir la presunción de inocencia y a las prevenciones o cautelas garantizadoras de la veracidad de la declaración de la víctima, que en el caso que analizamos resulta evidente que no se han producido, el motivo deviene infundado.
El motivo segundo por infracción de Ley y doctrina legal al amparo del art. 849.1 LECrim .
Insiste en que la implicación en los hechos del recurrente no ha resultado acreditada, al basarse en autoría en la prueba pericial sobre restos de sangre y huellas de neumáticos y en la declaración de Hipolito , para a continuación denunciar la vulneración de los preceptos penales de carácter sustantivo y criterios jurisprudenciales que deben observarse en la aplicación de la Ley penal, tanto en lo referido a la calificación de los hechos como a la imputación de la autoría del recurrente, analizando la circunstancias de ensañamiento como agravante y no compartiendo el criterio de la Sala de que, sin concurrir tal agravante, imponga una pena de dieciocho años de prisión, cuando la Ley prevé la posibilidad de que pueda condenarse a quince años, para a continuación volver a cuestionar la existencia de pruebas de cargo, analizando la segunda pericial sobre el estudio del coche en que se transportó el cadáver, las periciales sobre la arena encontrada en la boca del cadáver de la víctima y huellas de zapatilla en la arena del embalse, los requisitos de la prueba pericial, que no concurren en el caso, la valoración de las testificales practicadas en el juicio oral de Pedro Miguel y María .
Con carácter previo, dada la vía casacional alegada, habría que recordar la doctrina de esta Sala contenida entre otras, en SSTS. 384/2014 de 14.5 , 23/2015 de 4.2 , 114/2015 de 12.3 , y 286/2016 de 7.4 , que establece los requisitos, de este motivo casacional basado en el art. 849.1 LECrim .
Partiendo de estas premisas el motivo debe ser desestimado.
En efecto las cuestiones relativas a la ausencia de pruebas de cargo, alcance presunción de inocencia, valoración testificales no son propias de esta vía casacional y ya han merecido respuesta en el motivo precedente.
Y en cuanto a la falta de motivación de la pena impuesta, 18 años, descartada la concurrencia de la agravante especifica del art. 139.3 CP , ciertamente como la jurisprudencia tiene establecido - SSTS. 93/2012, de 16-2 , 540/2010 de 8.6 , 383/2010 de 5.5 , 84/2010 de 18.2 , 665/2009 de 24.6 , y 620/2008 de 9.10 , el derecho a la obtención de la tutela judicial efectiva en el concreto aspecto de la motivación de la sentencia exige una explicitación suficiente de la concreta pena que se vaya a imponer a la persona concernida . En tal sentido basta citar la doctrina constitucional en esta materia concretada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en su sentencia 21/2008 de 31 de Enero .
En el caso analizado la sentencia del TSJ. (fundamento derecho 25) tras considerar a Carlos y Celso culpables del delito de asesinato, sin la agravante de ensañamiento, motiva la pena a imponer acudiendo a "un razonable criterio de proporcionalidad ha de llevarnos a reducir en alguna medida sus respectivas penas de prisión impuestas en consideración a la circunstancia que ahora se suprime y que, aun habiendo determinado la imposición de aquellas en su límite mínimo, lo que impone que ahora podrían mantenerse, conforme al art. 66 del CP , en su regla 6ª, los veinte años menos un día prevenidos por el art. 139 del mismo como límite máximo, a tenor de la nueva calificación, se estima más justo y adecuada fijarlas en dieciocho.
Motivación suficiente que denota que los jueces no han obrado de forma capciosa y arbitraria al imponer la pena y que en todo caso se considera proporcionada a la gravedad de los hechos y males causados a la víctima que si bien, por las razones expuestas en la propia sentencia en orden a que éste pudo quedar inconsciente en los primeros golpes con la consecuencia de no estimar concurrente la agravante especifica de ensañamiento, si denota una energía criminal y un denodado propósito de acabar con su vida que justificaría aquella exasperación punitiva.
RECURSO INTERPUESTO POR Celso
El primer motivo al amparo del art. 851.1 LECrim , por quebrantamiento de forma por consignar como hechos probados conceptos jurídicos que implican predeterminación del fallo al recogerse en los hechos probados de la sentencia de instancia -hecho probado 6º- que "Cuando se produjo la agresión a Cosme ... este se encontraba en unas circunstancias (por tratarse de un ataque por sorpresa, por estar afectado por la ingesta de drogas o por otras circunstancias) que le imposibilitaban o dificultaban su defensa". Y se añade igualmente "se aumentó de forma deliberada e innecesaria el sufrimiento de la víctima". Expresiones estas, que según el motivo, implican predeterminación del fallo al llevar en sí mismas, implícita o explícita la definición de las agravantes de alevosía y ensañamiento.
El motivo, se adelanta, deberá ser desestimado.
En primer lugar si la parte entendía que tales expresiones, que se incluían en las proposiciones 1 y 2 del apartado II del objeto del veredicto, predeterminaban el fallo, pudo, en el trámite del art. 53.1 LOTS, pedir su exclusión y formular protesta en su caso. En efecto no podemos olvidar, se dice en las SSTS. 487/2008 de 17.7 , 454/2014 de 10.6 que dada la trascendencia del trámite que señala el objeto del veredicto, el Legislador no ha excluido a las partes, muy al contrario, les ha otorgado una importante intervención, haciéndoles igualmente responsables de su contenido, en cuanto tiene conferido el derecho a participar en su redacción definitiva mediante la oportuna audiencia. Así se plasma en el art. 53.1 LOTJ . pudiendo las partes solicitar las inclusiones y exclusiones que estimen pertinentes y pudiendo formular protesta respecto a las peticiones que les fueran rechazadas. Es decir, que las partes asumen junto con el Magistrado Presidente ante el Jurado, una función de colaboración para incluir en el objeto del veredicto todos los elementos que pueden influir en la decisión que ha de tomar el Jurado al declarar los hechos probados de dicho veredicto. Esta función se debe cumplir, como ya se ha indicado, pidiendo inclusiones y exclusiones en el objeto del veredicto, lo que supone que también pueden pedir aclaraciones en la redacción para evitar contradicciones. Por ello parece evidente que las partes no pueden guardar silencio cuando adviertan que en el objeto del veredicto se incurre en algún defecto, para luego dictada la sentencia y advertido el tenor de la misma pretender la nulidad de lo actuado con repetición del juicio oral. La doctrina más autorizada considera que la Ley, con muy buen criterio, parte de que los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma y de que no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo. La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de forma del que pueda decirse que cabe incurrir en formalismo, si se exige su aplicación con rigor técnico, es un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que hacen desmerecer en el concepto público la sentencia.
En segundo lugar no consta que el quebrantamiento de forma ahora suscitado, se planteara como motivo del previo recurso de apelación, al amparo del art. 846 bis c)a, olvidando que el ámbito de casación se constriñe a las cuestiones que fueron planteadas en la instancia por las partes, pero no alcanza a cuestiones nuevas que pudiendo haberse planteado en la instancia - en este caso en la apelación previa- afloran en este trámite casacional, pues ello obligaría a esta Sala a decidir sobre temas que no aparecen expresamente razonados y resueltos en la sentencia del Tribunal Superior. Se trataría, por tanto, de una cuestión nueva "per saltum" planteada por primera vez en sede casacional, y como tal inadmisible. En este sentido las SSTS. 41/2009 de 20.1 y 438/2012 de 16.5 , dicen que "al ser la sentencia objeto del recurso de casación, precisamente la dictada en apelación, por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación, o dicho de otro modo, el marco de la disidencia en el recurso de casación, queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación, y por tanto, lo que quedó fuera del ámbito de la apelación, no puede ser objeto del recurso de casación, en la medida que ello supondría obviar la existencia del previo control efectuado en la apelación, por tanto el control casacional se construye, precisamente, sobre lo que fue objeto del recurso de apelación.
Y en último lugar -y en todo caso- El motivo por quebrantamiento de forma por consignarse en los hechos probados conceptos jurídicos que predeterminan el fallo exige para su estimación, según reiterada doctrina jurisprudencial ( SSTS. 23.10.2001 , 14.6.2002 , 28.5.2003 , 18.6.2004 , 11.1.2005 , 11.12.2006 , 26.3.2007 , 2.10.2007 y 28.11.2007 ).
En esta dirección la STS. 7.11.2001 , nos dice: "En realidad el relato fáctico debe, en todo caso, predeterminar el fallo, pues si no fuese así, la absolución o condena carecería de imprescindible sustrato fáctico. Lo que pretende este motivo casacional no es evitar dicha predeterminación fáctica -imprescindible- sino que se suplante el relato fáctico por su significación jurídica, es decir, que se determine la subsunción no mediante un relato histórico sino mediante una valoración jurídica que se lleve indebidamente al apartado de hechos probados".
En este sentido la jurisprudencia no ha considerado expresiones predeterminantes del fallo. "lo repartió, sustrayéndolo ambos de un legítimo propietario...acordó proceder a la venta...para repartirse el precio sin integrar cantidad alguna del propietario (STS 16- 7-2009), "hizo suyo el dinero percibido" ( STS 3-7-2007 ); "mutuo acuerdo", o "beneficio económico" ( STS 9-5-2002 ), "abrumado por la idea de obtener un beneficio ilícito" ( STS 17-11-2001 ): "incremento patrimonial no justificado" ( STS 30-10-2001 ) "valiéndose de esta situación y de la confianza que habían depositado los clientes a su persona" ( STS 23-9-2009 ); "grupo organizado y dirigente" ( STS 1-7-2010 ); " utilizando un tono verbal atemorizante", 4-7-2011 ) " imitando la firma del perjudicado (S 4-5-2011 ), "asumo de matarlos) (STS 23-10-200); "con conocimiento del origen ilícito e irregularidad vehículos) ( STS 17-7-2000 ).
Así en STS 900/2009, de 23-9 igualmente es frecuente como recuerdan las SSTS. 253/2007 de 26.3 , 702/2006 de 3.7 y 1328/2001 de 5.7 , que se alegue en casación este vicio procesal cuando en los hechos probados se afirma la existencia de un determinado propósito o intención de la conducta del acusado, de modo que con tal afirmación se hace posible la incardinación de lo ocurrido en una determinada norma penal que exige el dolo como elemento constitutivo de todo tipo penal doloso o un determinado elemento subjetivo del injusto (por ejemplo, cuando se habla de que se obró con propósito de causar la muerte o con ánimo de lucro). Se dice que estas afirmaciones han de hacerse en los fundamentos de derecho tras exponer las razones por las cuales se entiende que existió esa concreta intención o propósito.
En definitiva, como precisa la STS. 140/2005 de 2.2 , la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo delictivo, puede utilizarse legítimamente dentro del relato fáctico para dar mayor expresividad al relato, siempre que luego se explique cómo ha quedado acreditado dicho elemento.
En el caso presente la mención a si "aumentó de forma deliberada e innecesaria el sufrimiento de la víctima", resulta superflua al excluir la sentencia de apelación la agravante especifica de ensañamiento.
Y en cuanto a la inclusión de que la víctima "se encontraba en circunstancias que le imposibilitaban en defenderse", aunque guarde similitud con las articuladas por el legislador para definir la alevosía, no contiene termino jurídico alguno, y son expresiones de uso corriente, habitual y de fácil comprensión para la generalidad de las personas, y no producen confusión entre el juicio histórico y el jurídico.
El motivo segundo por infracción de Ley al amparo del art. 849.2 LECrim , por existir error en la valoración de la prueba, al darse el carácter de prueba testifical a unos documentos cuyo contenido carecían del valor que se le otorga.
El motivo se arbitra en relación directa con la declaración de la testigo protegida María , al carecer la misma de los requisitos legales de legalidad, de acuerdo con los arts. 718 , 719 y 714 LECrim , y 46 Ley Jurado , a la vista del art. 6.3 d) Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y art. 14.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , para la interpretación del art. 24 CE , al faltar en aquella declaración los requisitos de oralidad, inmediación y contradicción.
Por la doctrina de esta Sala viene considerando como prueba documental, a los efectos de este art. 849.2º LECrim ., a la pericial, para corregir apreciaciones arbitrarias hechas en la instancia cuando hay unos informes o dictámenes que no pueden dejar lugar a dudas sobre determinados extremos.
Siendo así es también doctrina reiterada la que niega el concepto de "documento a efectos casacionales a las declaraciones de testigos y acusados, en cuanto aun documentadas son pruebas personales valoradas como tal por el Tribunal de instancia conforme las previsiones del art. 741 LECrim .
No obstante como la validez de tales declaraciones se plantea también en el motivo tercero bis por vulneración del principio de presunción de inocencia, debemos analizar tal cuestión.
En este sentido en SSTS. 40/2015 de 12.2 , 1033/2009 de 30.9 , nos recuerdan que el Tribunal del Jurado es un órgano jurisdiccional más, incluido dentro de la organización judicial española en el ámbito de la justicia penal, de tal manera que, sin perjuicio de las especialidades procedimentales derivadas de las peculiaridades de cada tipo de procedimiento, los principios, las reglas y los criterios que se tienen en cuenta en relación a los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los que se ejercita la pretensión penal no pueden verse substancialmente afectados por el hecho de que el enjuiciamiento se realice ante uno u otro Tribunal, diferenciados entre sí por su composición con jueces profesionales o legos, pero sujetos unos y otros en la misma medida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
En definitiva el último número del art. 46 LOTJ , contiene una especialidad en cuanto a las declaraciones de los acusados, testigos y peritos. La LECrim. determina que en los casos en que los testigos presten declaración en el juicio oral que difiera de aquello que dieron en el sumario, las partes pueden pedir la lectura de esta declaración y el Presidente invitará a los testigos a explicar las diferencias entre ambas ( art. 714 LECrim .). El art. 46.5 LOTJ . permite a las partes interrogar a los que prestan declaración sobre las contradicciones entre lo que habían manifestado en el sumario y lo que declaran ante el tribunal del jurado, pero modifica la regla transcrita del art. 714 LECrim , y únicamente permite que las partes se valgan de las anteriores declaraciones sumariales sin que puedan pedir su lectura. Por otro lado, el sumario no está a disposición del Tribunal y no cabe que pueda leerse.
La prohibición de valoración de las declaraciones efectuadas en fase de instrucción contenida en el art. 46.5º in fine de la L.O.T.J . se corresponde con el criterio establecido como norma general por la doctrina constitucional y jurisprudencial sobre que la única prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia es la practicada en el acto del juicio oral, y la excepción citada sintéticamente debe ser integrada con las excepciones acogidas por la citada doctrina para el conjunto del proceso penal ( STS. 1240/2000 de 11.9 ). . La contradicción que aparentemente resulta en el nº 5 de este artículo, al impedir su lectura y permitir su incorporación por testimonio postula una interpretación según la cual son las partes las que deben interrogar sobre la veracidad de la contradicción y formarse una convicción a la luz del interrogatorio. Lo que puede ser objeto de valoración son las declaraciones en el juicio oral en tanto que la documentación va dirigida a la valoración de la prueba personal ( STS. 443/2000 de 20.9 ).
Por último es particularmente interesante la STC. 151/2013 de 9.9 , que en un caso de procedimiento por Jurado en el que la condena se había sustentado, principalmente, en la valoración de la confesión del acusado ante el Juez de instrucción, declaró que: "que la interpretación que del art. 46.5 LOTJ efectúan las Sentencias impugnadas no vulnera el derecho a la presunción de inocencia invocado por el demandante, ni excede de la competencia correspondiente a los órganos judiciales en el ejercicio de su exclusiva función jurisdiccional ( art. 117.3 CE ).
Tal como hemos expuesto en los antecedentes, el Tribunal Supremo apoya el valor probatorio de la declaración prestada ante el Juez de Instrucción en el art. 46.5 LOTJ . Según afirma, tal previsión permite interrogar al acusado sobre las contradicciones entre lo manifestado en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción -autorizando expresamente el procedimiento de confrontación del art. 714 LECrim -; ordena a la vez adjuntar al acta el testimonio de la declaración previa, sin darle lectura. Argumenta que dicha posición se ajusta al carácter estructural de los principios de valoración probatoria, que no pueden depender de las variaciones de cada modalidad procedimental. Añade que la literalidad del artículo 46.5 in fine LOTJ , al proclamar que las declaraciones de instrucción son por sí insuficientes para enervar la presunción de inocencia, no contradice este planteamiento. La única discrepancia entre el art. 46.5 LOTJ y los arts. 714.1 y 730 LECrim afectaría a la forma de introducción de la declaración sumarial. En el primer caso, tras el interrogatorio sobre las contradicciones, queda excluido proceder a su lectura, debiéndose unir los testimonios de las declaraciones rectificadas al acta del juicio que será entregada al Jurado antes de que éste pronuncie el veredicto. A ello añade que el art. 34.3 LOTJ permite a las partes "pedir en cualquier momento los testimonios que les interesen para su posterior utilización en el juicio oral". Entre tales testimonios pueden encontrarse las declaraciones del imputado en fase sumarial que sirvan para interrogarle con el fin de que el Tribunal del Jurado conozca esa duplicidad de versiones.
La decisión de admitir el valor probatorio de las declaraciones prestadas con las debidas garantías de contradicción ante el Juez de Instrucción, introducidas luego en el juicio oral a través del interrogatorio al acusado sobre las contradicciones entre lo que "manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción" ( art. 46.5 LOTJ ) no sólo no es irracional, arbitraria o manifiestamente errónea al interpretar la legalidad, sino que es conforme con nuestra doctrina, que permite la valoración de las declaraciones sumariales, practicadas con las formalidades legales e introducidas en el plenario en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción.
Hemos declarado que es acorde con la Constitución y con el derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE ) "integrar en la valoración probatoria el resultado de ciertas diligencias sumariales que, habiéndose practicado con las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen, sean reproducidas en el acto del juicio ... introduciendo su contenido a través de los interrogatorios ( STC 2/2002, de 14 de enero , FJ 7). De esta manera, ante la rectificación o retractación del testimonio operada en el acto del juicio oral ( art. 714 LECrim ), o ante la imposibilidad material de su reproducción ( art. 730 LECrim ), el resultado de la diligencia accede al debate procesal público ante el Tribunal, cumpliéndose así la triple exigencia constitucional de toda actividad probatoria: publicidad, inmediación y contradicción ( STC 155/2002, de 22 de julio , FJ 10)" ( STC 206/2003, de 1 de diciembre , FJ 2).
La especialidad probatoria que establece el art. 46.5 LOTJ consiste en garantizar la inmediación, contradicción y publicidad de la prueba a través del interrogatorio sobre las contradicciones entre lo declarado en el acto del juicio oral y ante el Juez de Instrucción (STC 2/2002 , FJ 7, citada), y mediante la incorporación del testimonio de la declaración previa al acta que se entregará al jurado. Dicha excepción constituye una singularidad en la práctica de la prueba, como acertadamente afirma el Ministerio Fiscal en sus alegaciones y entienden las resoluciones impugnadas, que en modo alguno puede considerarse vulneradora del derecho invocado. De este modo el art. 714 LECrim determina que cuando "la declaración del testigo en el juicio oral no sea conforme en lo sustancial con la prestada en el sumario podrá pedirse la lectura de ésta por cualquiera de las partes. Después de leída, el Presidente invitará al testigo a que explique la diferencia o contradicción que entre sus declaraciones se observe"; por su parte, el apartado primero del art. 46.5 LOTJ indica -refiriéndose expresamente al acusado- que el "Ministerio Fiscal, los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción. Sin embargo, no podrá darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto".
La incorporación al proceso de las declaraciones del acusado que han tenido lugar en la fase de instrucción, mediante el interrogatorio en el acto del juicio oral sobre las contradicciones existentes entre lo manifestado en el juicio oral y en la fase de instrucción, uniendo el testimonio de dicha declaración al acta que se entregará al Tribunal del Jurado ( art. 46.5 LOTJ ), también tiene plena acogida en los derechos reconocidos en los párrafos 3 d ) y 1 del art. 6 CEDH , siempre que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado ( STEDH de 20 noviembre 1989, caso Kostovski contra Países Bajos , ap. 41).
A lo anterior debe añadirse que la decisión de valorar la declaración del acusado prestada con las debidas garantías ante el Juez de Instrucción, se acomoda al carácter estructural de los principios de valoración probatoria, "cuya vigencia no puede depender de las variaciones que cada modalidad de procedimiento acoge" -como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo-, sin perjuicio de que puedan preverse peculiaridades en su práctica en aras a potenciar los principios de oralidad e inmediación. En este sentido, desde el prisma constitucional, carece de sentido que la decisión del procedimiento a seguir -sumario, abreviado o ante el Tribunal del Jurado- pueda definir el acervo probatorio.
Todo ello no es extraño al singular valor probatorio que hemos atribuido a la confesión del imputado ante el Juzgado de Instrucción como prueba válida, al afirmar "la autonomía jurídica y la legitimidad constitucional de la valoración de la prueba de confesión, esto es, de las declaraciones de los imputados, al entender que los derechos a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a que las declaraciones se presten con asistencia letrada son garantías constitucionales que constituyen medio eficaz de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima, por lo que el contenido de las declaraciones del acusado puede ser valorado siempre como prueba válida" ( STC 136/2006, de 8 de mayo ).
Esta validez "no puede hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención" ( STC 86/1995, de 6 de junio , FJ 4), con el fin de no devaluar "una prueba como es la confesión, que por su propia naturaleza es independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que su contenido es disponible por el acusado y depende únicamente de su voluntad" ( STC 161/1999, de 27 de septiembre , FJ 4).
A ello no obsta que en el inciso final del art. 46.5 LOTJ se indique que las "declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados"; dicho precepto no es sino reflejo de nuestra doctrina, de acuerdo con la cual "las diligencias sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente ( art. 299 de la L.E.Cr .) y que, como se advierte en la citada STC 101/1985 , no constituyen en sí mismas pruebas de cargo" ( STC 137/1988, de 7 de julio , FJ 2). Dicha doctrina no ha sido óbice para que hayamos admitido la prueba preconstituida ( art. 730 LECrim ), o la valoración -a través de su lectura- de las declaraciones testificales prestadas en el sumario cuando exista contradicción con las prestadas por el testigo en el acto del juicio oral conforme al art. 714 LECrim . Este precepto, pese a referirse exclusivamente al testigo (a diferencia del tenor literal del apartado primero del art. 46.5 LOTJ que contempla también al acusado y al perito), lo hemos considerado aplicable al acusado, sin merma alguna del derecho a la presunción de inocencia (por todas, STC 82/1988, de 28 de abril , FJ 3).
Precisamente la redacción final del citado art. 46.5 in fine LOTJ fue en su debate parlamentario consecuencia de una enmienda transaccional, que obedeció a la voluntad de dar "valor probatorio de determinadas intervenciones en la fase sumarial" ("Diario Sesiones Congreso de los Diputados", Comisiones, núm. 418, págs. 12735-12736) y conseguir así el "equilibrio de dar validez probatoria a la que sea auténtica prueba y no mera investigación pesquisa o indicio, y lo que es el principio fundamental de la oralidad" ("Diario Sesiones Congreso de los Diputados", Comisiones, núm. 418, págs. 12735-12736).
A la vista de las anteriores consideraciones podemos concluir que el hecho de que la condena se sustentara en la valoración de la confesión del acusado prestada ante el Juez de Instrucción debidamente asistido de Letrado, introducida luego en el juicio oral a través del interrogatorio sobre las contradicciones entre lo declarado por el acusado en el juicio oral ante el Tribunal del Jurado y en la fase de instrucción y corroborada por otras pruebas de cargo (testificales, documental y periciales), como señala la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, no vulnera el derecho del recurrente a la presunción de inocencia.
-No obstante debe también señalarse que es necesario que el Tribunal de instancia exprese las razones por las que se inclina por versión distinta de la que ha aflorado en el juicio oral, pues no habiendo presenciado la declaración sumarial se hace especialmente necesario razonar la causa de concederle mayor credibilidad, a la vista de lo declarado contradictoriamente a su presencia, rectificando sus manifestaciones anteriores y de las explicaciones dadas al respecto ( SSTS. 354/2014 de 9.6 , 577/2014 de 12.7 ).
En cuanto a la falta de contradicción denunciada, como decíamos en STS. 383/2010 de 5.5 , entre las garantías que comprende el art. 24 CE para todo proceso penal destacan - señala el T.C. s. 178/2001 de 17-9- por ser principios consustanciales del mismo, los de contradicción e igualdad. "En tal sentido el principio de contradicción en el proceso penal, que hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE , produciendo indefensión, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones recaídas en el mismo. Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla encaminada a asegurar el éxito de la investigación y en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia".
Los principios de contradicción e igualdad de armas en el proceso son de particular vigencia en dos momentos de la instrucción que suelen presentarse sucesivamente, como son:
la proposición de diligencias de investigación y medios de prueba, que corresponden al imputado en las mismas condiciones y términos en el que pueda hacerlo las acusaciones, derecho sometido a la facultad directora del Juez de instrucción que admite y rechaza apreciando o no la pertinencia y utilidad de las propuestas.
Por ello en SSTS 1238/2009, de 11-12 y 1080/2006, de 2-11 , hemos dicho que la vigencia efectiva del principio de contradicción tiene directa relación con el derecho a un proceso equitativo, o a un proceso con todas las garantías en términos del art. 24.2 CE . El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en la práctica, y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a un juicio anulan, alteran o debilitan su valor probatorio, lo que contribuye a su valoración por parte del tribunal. Cuando se trata de pruebas personales, tal principio se manifiesta en el derecho a interrogar o ha de interrogar a quienes declaran en contra del acusado, derecho expresamente reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas. Por lo tanto como regla, la privación del ejercicio de este derecho tiene que estar especialmente justificada. Y además, aún así habrían de reconocerse algunas consecuencias.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, s. 14-12-99, caso A. M contra Italia , ha entendido que los medios de prueba deben ser presentados, en principio, ante el acusado en audiencia pública para un debate contradictorio y que aunque tal principio tiene excepciones "solo podrían ser aceptadas con la salvaguarda de los derechos de la defensa"; por regla general, los apartados 1 y 3 d, del art. 6 obligan a conceder al acusado una ocasión adecuada y suficiente para rebatir el testimonio presentado en su contra y haber de interrogar a su autor en el momento de la declaración o más tarde ( sentencias Van Mechelen y otros y Sindi contra Suiza de 15.6.92 ). En concreto, los derechos de la defensa están limitados por las garantías del art. 6 cuando una condena se basa únicamente o en una manera determinante, en las declaraciones de un testigo que ni en la fase de instrucción ni durante los debates el acusado ha tenido la posibilidad de interrogar o de hacer interrogar (STEDH Saidi contra Francia, 20-9- 93; Unterpedinger contra Austria, s. 24.11.86 ). Y más recientemente caso Luca s. 27.2.2001 ha declarado que: "los derechos de defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del art. 6 cuando una condena se funda exclusivamente o de forma determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni en el plenario", y la s. 29.1.2009, caso AL-Knawaja y Takery contra Recno ..... preciso que "el art. 6.3.d, es un aspecto del derecho a un juicio justo garantizado por el art. 6.1 que, en principio, requiere que todas las pruebas deben ser producidas en presencia del acusado en una audiencia pública con el fin de contradictorio argumento" (Krasniki contra República Checa a 28.2.2006)".
El TC se ha manifestado en el mismo sentido atribuyendo al principio de contradicción el carácter de regla esencial del desarrollo del proceso ( STC 155/2002, de 22-7 ), reconociendo la necesaria vigencia del derecho del acusado a su efectividad, si bien ha precisado que "conforme a las exigencias dimanantes del art. 24.2 CE , interpretado conforme el art. 6.3.d, CEDH , el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de la acusación, como manifestación del principio de contradicción, se satisface dando al acusado una ocasión adecuada y suficiente para discutir su testimonio en su contra e interrogar a su autor en el momento en que declare o en un momento posterior del proceso (SSTEDH caso Unterpertinger c. Austria, s. 24.11.86; caso Kostovski c. Holanda s. 20.11.89; caso Windisde c. Austria, s. 27-9-90; Caso Isgro c. Italia , s. 19.2.91; caso Socidi c. Francisci , s. 20-9-93; caso Luca c. Italia s. 27-2-2001 ) ( STC 57/2002, de 11-3 ).
No obstante la jurisprudencia del TC ha realizado algunas precisiones recogidas, entre otras en STC 1/2006 . En primer lugar, se dice que no es preciso que la contradicción sea efectiva en el momento en que se presta la declaración sumarial inculpatoria "pues cumplir tal exigencia no siempre legal o materialmente es posible. Es la posterior posibilidad de contradicción en el acto del juicio oral la que la cumple la exigencia constitucional de contradicción y suple cualquier déficit que conforme a las previsiones legales haya podido observarse en la fase sumarial" ( SSTC 155/2002 de 22-7 ; 206/2003, de 1.12 ).
Consecuentemente al ser posible la introducción en el juicio oral del Jurado de las declaraciones de la testigo, que se retractó en dicho momento y fue interrogado sobre aquellas y las razones de su retractación -cumpliéndose así el requisito de la contracción- y razonándose por el Tribunal por qué concede mayor credibilidad a sus primeras declaraciones no dando crédito alguno a la explicación ofrecida por dicha testigo, no se aprecia infracción de precepto constitucional alguno.
El motivo tercero al amparo del art. 849.1 LECrim , por haberse infringido preceptos sustantivos, en concreto los arts. 139, 27 y 28 CP .
Considera que no hay prueba alguna sobre las circunstancias en que se produjo la agresión ni sobre las condiciones de defensa en que se encontraba la víctima, ni la autoría de los acusados.
Incide el recurrente en el error de denunciar una cuestión no planteada en la apelación, olvidando que no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación, o dicho de otro modo, el marco de disidencia en el recurso de casación queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación y, por lo tanto, lo que quedó fuera del ámbito de la apelación, no puede ser objeto del recurso de casación en la medida que ello supondría obviar la existencia del previo control efectuado en la apelación. Por ello, el control casacional se construye, precisamente, por lo que fue objeto del recurso de apelación ( SSTS. 253/2007 , 717/2009 de 17.5 , 1249/2009 de 9.12 ).
No obstante lo anterior si se analizaría la concurrencia de la alevosía, esta Sala en relación a referida agravante, en SS. 599/2012 de 11.7 , 703/2013 de 8.10 , 834/2014 de 12.12 y 467/2015 de 20.7 ), hemos dicho que el Tribunal Supremo viene aplicándola a todos aquellos supuestos en los que por el modo de practicarse la agresión quede de manifiesto la intención del agresor del agresor de cometer el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera hacer el agredido, es decir la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva del delito de asesinato, (art. 139.1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las personas (art. 22.1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte de la persona atacada.
Siendo así en el relato factico -cuyo escrupuloso respeto exige la vía del art. 849.1 LECrim - se considera probado según el veredicto del Jurado: " Cuando se produjo la agresión a Cosme , que finalmente le causó la muerte, este se encontraba en unas circunstancias (por tratarse de un ataque por sorpresa, por estar afectado por la ingesta de drogas o por otras circunstancias) que le imposibilitaban o dificultaban su defensa".
De tal relato fáctico la concurrencia de la alevosía está suficientemente motivada en la sentencia del Tribunal del Jurado (fundamento jurídico segundo -calificación jurídico penal de los hechos relativos a la muerte de Cosme , 1 concurrencia de alevosía, pág. 20 y 21), destacando como del informe de autopsia emitido por los Médicos Forenses se pone de manifiesto que no existían signos o señales de defensa en el cuarto de la víctima lo que indicaba que o bien el ataque se había producido por sorpresa o bien las circunstancias en las que se encontraba la persona por el consumo de drogas le habían imposibilitado esa defensa. En ambos supuestos concurriría la alevosía.
A mayor abundamiento si como se señala en el informe de la autopsia, lo más probable es que inicialmente se produjeran la mayor parte de las lesiones contusas por un objeto dura y romo y que ello dejó a la víctima inconsciente o cuando menos incapacitado para defenderse, y en un momento posterior se produjo simultáneamente la estrangulación a mano, la compresión torácico-abdominal y la sofocación oclusión con tierra de las vías respiratorias, estando la víctima incapacitada para defenderse, concurriría, en todo caso, la alevosía sobrevenida.
El motivo cuarto - aunque figura como tercero en el recurso- al amparo del art. 852.1 LECrim , por infracción de lo dispuesto en los arts. 10 y 24 CE , de presunción de inocencia.
Argumenta que no existe sobre la autoría del recurrente otra prueba que meros indicios que no razonables por ser lejanos en el tiempo y en el espacio en relación a la muerte de la víctima, destaca la insuficiencia y deficiencias de la labor investigadora de la Guardia Civil y como el veredicto se apoya en las declaraciones de dos testigos que se retractaron en el plenario y reitera la alegación a la falta de concreción en el acta del Jurado al no saberse si se tuvo en cuenta la declaración de María en fase de instrucción porque tan solo habla de "testimonios" y con esa inconcreción se está vulnerando el principio in dubio pro reo. En definitiva propugna que de las pruebas practicadas en su conjunto ni de cada una de ellas en particular, ni menos aún de los que el Jurado admite como apoyo en su decisión, resulta la participación del recurrente y la concurrencia de la alevosía.
En cuanto a la alegación de cuál de las declaraciones de la testigo tuvo en cuenta el Tribunal del Jurado es una cuestión que se resuelve por el propio sentido del veredicto y por la valoración que de aquellas realiza el Magistrado Presidente en su sentencia, ratificada por la del Tribunal Superior de Justicia en su fundamento jurídico decimosegundo, y tal alegación ya mereció respuesta adecuada en el fundamento vigésimo.
Y respecto a la vulneración de la presunción de inocencia ya ha sido analizada en el motivo primero anteriormente recurrente y en el motivo segundo del presente recurso, remitiéndonos a lo ya razonado en orden a su desestimación.
Desestimándose los recursos, las costas se les imponen a los recurrentes ( art. 901 LECrim ).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar a los recursos de casación, interpuestos por Carlos y Celso , contra sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Zamora, en el Rollo de Tribunal del Jurado nº 2/2014 , procedente de Procedimiento de Jurado nº 1/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Zamora; y condenamos a los recurrentes al pago de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Julian Sanchez Melgar D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Luciano Varela Castro D. Joaquin Gimenez Garcia Recurso Nº: 10982/2015
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL EXCMO. SR. D. Luciano Varela Castro A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE CASACIÓN Nº 10.982/2015P.
Emito este voto particular con el respeto que me merecen mis compañeros de Tribunal, y con carácter concurrente en cuanto a la decisión de fondo, pero por discrepar sustancialmente en lo que concierne al argumento del fundamento jurídico noveno en cuanto a la interpretación de una de las normas más esenciales del sistema de enjuiciamiento por Tribunal del Jurado que es, en mi opinión, la recogida en el artículo 46.5 de la ley reguladora.
Con ello vengo a reiterar lo que un grupo de Magistrados de la Sala ya dijimos en nuestros sendos votos particulares a la decisión del Pleno que dictó la Sentencia 653/2010 de 7 de julio, de los que solamente excluyo la reflexión en el segundo de aquellos votos sobre valoraciones de lege ferenda.
- En primer lugar estimo que la cuestión debe vincularse a la necesidad de diferenciar las funciones de investigación de las de enjuiciamiento. Caracteriza el sistema o modelo acusatorio (más allá del contenido específico del principio acusatorio) el tener por prueba ¬en cuanto elemento que puede arrumbar la presunción de inocencia¬ la actividad practicada, pública y contradictoriamente, en presencia del órgano jurisdiccional que ha de decidir la cuestión de fondo. No se trata solamente de que se erradique toda confusión entre las funciones de acusación y decisora. Ni que ello implique, necesariamente, la disponibilidad sobre la acción, al modo del proceso "de partes". Se trata de algo más que de asegurar la oralidad y la contradicción en el juicio público. El punto crucial viene a ser excluir la confusión entre la función investigadora y la de enjuiciamiento. Diferenciar que la investigación, funcional a la decisión de apertura de juicio, que constata lo que son meras fuentes de prueba, se realiza bajo principios que, cualquiera que sea la pretensión asimiladora, no son equiparables a los del juicio oral y público en el que aquellas fuentes han de mudarse, bajo esos diversos principios, en medios probatorios verdaderos.
Diluir esa diferencia es el comienzo para claudicar en los valores del proceso penal que, no se olvide, son termómetro de la calidad democrática de un país. Y, como indicara G. Illuminatti, el sistema acusatorio encuentra una realización solo aparente cuando el debate resulta condicionado por el contenido de los actos de investigación preliminar, cuyas actas se transfieren al juicio a medio de su lectura constituyéndose en fundamento válido para la decisión con peso equiparable (sino superior) al de la prueba adquirida oralmente.
De ahí el interés de propuestas alumbradas por la doctrina procesalista para atajar tal mal, aunque justificándola desde la exigencia del principio de oralidad, como la de algún señero autor que ya en el año 1982, postulaba que el Tribunal no tuviese la disposición del sumario.
No es alto precio limitar la oralidad y publicidad para recuperar la prueba que ineludiblemente hubo de practicarse anticipadamente, en situaciones de previsible o devenida irrepetibilidad. ( art. 730 LECRim ) Pero, cuando la misma fuente probatoria se manifiesta con diversos contenidos probatorios, equiparar el producido fuera de las garantías del juicio con el que éstas determinaron, va más allá de toda claudicación admisible ( art. 714 LECRim .).
- Me parece oportuno recordar también el estado de la cuestión antes de dicha ley. Aguilera, comentando el par 714-715 LECrim, ya decía que el legislador había cedido ahí a las exigencias de la lógica, la cual no permite atribuir a los datos recogidos en el sumario para la preparación del juicio un valor y una eficacia incompatibles con la índole y con la naturaleza del sistema acusatorio en que la ley se inspira... y añade, refiriéndose al juicio que .. únicamente en este trámite puede el testigo favorecer o perjudicar injustamente al procesado y ser leal o traidor a la sociedad y a sus deberes de ciudadano.
También Orbaneja había señalado, con la fuerza de la sencillez incontestable del manual: "la finalidad de la lectura no es la utilización de la declaración sumarial como base de la sentencia (porque "los magistrados han de formar su convicción con abstracción de la parte de sumario susceptible de ser reproducida en el juicio), sino provocar la explicación a que se refiere el par. 2º del art. citado, cuyo contenido constituye a su vez un elemento para la valoración de lo manifestado en el juicio y sólo de ello".
No cabe olvidar que, cuando se da esa contradicción, la retractación del juicio oral se hace bajo garantía de inmunidad de la responsabilidad criminal que pudiera derivarse de la falsedad de lo declarado en ocasión precedente al juicio. Si esa eventual responsabilidad criminal por lo declarado es garantía de credibilidad ¬aunque no se tome en consideración el valor moral del juramento o promesa¬ ¿es razonable la convicción fundada en lo manifestado bajo condiciones de impunidad, desechando lo manifestado bajo riesgo de responsabilidad criminal para el manifestante?.
Lo que nos lleva a una pregunta: ¿ es coherente descartar por falaz la declaración ante el juez del juicio, asumiendo como veraz la declaración fuera del juicio oral, y no procurar la persecución penal por el delito así evidenciado? Lo que acarrea otra ¿ qué clase de responsabilidad deriva para quien tiene la obligación de procurar esa persecución y resta inactivo?.
En buena medida aquella línea, de adulteración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 714 , ha sido considerada compatible por el Tribunal Constitucional con la Constitución. No obstante, aunque resulte obvio, parece prudente advertir que éste admite o autoriza una determinada línea interpretativa, como no inconstitucional, pero ello está lejos de ser la proclamación de una exigencia de tal naturaleza.
- Podemos ahora examinar cual sea el estado de la cuestión tras la LOTJ. Como decíamos en aquel voto particular a la sentencia del Pleno: El legislador ha querido dejar constancia del sentido y fin de la norma en la Exposición de Motivos. Y lo ha hecho varias veces: en el apartado III, 1 párrafo tercero, cuando, al recordar las quejas de Severiano de la costumbre tan arraigada en Jueces y Tribunales de dar escaso o nulo valor a las pruebas del plenario buscando principal o casi exclusivamente la verdad en la diligencia sumarial, dice claramente que esta Ley del Jurado "debe culminar la erradicación de esa malformación procesal mediante la práctica ante él de toda la prueba". Dice de toda la prueba, no de la principal. En segundo lugar en el apartado III último párrafo, se refiere a la necesidad de impedir que el Jurado tenga la disposición del material sumarial porque "podría limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad, inmediación y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento". Y en tercer lugar en el apartado IV, 3º penúltimo párrafo, señala que "la oralidad, inmediación y publicidad en la prueba que ha de derogar la presunción de inocencia lleva en la ley a incidir en una de las cuestiones que más polémica ha suscitado cual es la del valor probatorio dado a las diligencias sumariales o previas al juicio, y que se veta en el texto del mismo".
El Tribunal Supremo, En un primer momento lo interpretó, tal como viene haciendo la doctrina, según el claro sentido gramatical de sus palabras y de forma acorde con la exposición de motivos de la LOTJ ( STS 48/1998, 26-1 ). Pero pronto inició una nueva línea hermenéutica ( SSTS 709/1999, de 7-6 ; 649/2000, de 19-4 ; 1240/2000, de 11-11 ; 1443/2000, de 20-9 ; 316/2001, de 5-3 ; 1825/2001, de 16-10 ; 1992/2001, de 5-11 ; 730/2002, de 26-4 ; 791/2002, de 8-5 ; 1357/2002, de 15-7 ; 1721/2002, de 14-10 ; 2049/2002, de 4-12 ; 86/2004, de 28-1 ; y 435/2007, de 16-5 ). En la sentencia de 5 de noviembre de 2001 , parece acomodarse a otro criterio proclamando un principio que denomina de unidad íntima de todo el sistema procesal, aunque resulte en penumbra cual sea ese superior precepto que el desvío del legislador conculca.
Comparto con el segundo voto particular de aquella Sentencia del Pleno que: La interpretación jurisprudencial del art. 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado que se acaba de exponer no se ajusta, sin embargo, a la dicción del precepto, ni parece tampoco adecuarse a los cánones interpretativos que han de aplicarse a una norma que establece una garantía procesal ¬por muy cuestionable desde el punto de vista empírico que ésta sea¬ a favor del reo
El artículo 46.5 de la LOTJ había venido a alinearse con la mejor doctrina. Aquella clásica. Como la de algún ilustre procesalista que decía que el acusado tiene derecho a que el Tribunal "..pronuncie su sentencia exclusivamente con arreglo a las pruebas practicadas en el juicio.... Y que, por tanto, tan sólo el material de hecho aportado al juicio oral constituya el sustrato fáctico de la sentencia".
El precepto puede, sin duda, cuestionarse en cuanto opción del legislador. Pero lo que resulta difícil de entender es que suscite necesidades interpretativas. Los comentaristas no albergaron duda sobre las consecuencias del específico nuevo criterio en cuanto a lo que puede arrumbar con la presunción de inocencia en el juicio ante Jurado. Así habían advertido los procesalistas que se venía a alterar la interpretación doctrinal mayoritaria y jurisprudencial de los artículos 714 y 730, siquiera cuanto a este precepto no estuviese muy atinado el ilustre procesalista. Y que esa norma general, la del artículo 46.5 de la LOTJ no parece tener discusión ni ofrecer margen alguno para la interpretación. Y se llega a afirmar que lo que hacen los Tribunales en los demás procedimientos es traicionar la Ley de Enjuiciamiento Criminal concluyendo que "esta práctica viciosa puede ¬y debe¬, con la nueva regulación, ser erradicada; al menos dentro del ámbito de actuación de los juicios por Jurado".Y también se saluda favorablemente que, a diferencia de proyectos anteriores, se vete la entrega al Jurado de copia de particulares del sumario. O que la norma no parece tener discusión ofrecer margen alguno para la interpretación.
- Dando aquí por reproducido lo extensamente argumentado en aquellos citados votos particulares, reitero mi parecer de que el artículo 46.5 de la LOTJ exige seguir la especificidad que impone en cuanto al procedimiento que se establece para cuestionar la credibilidad de las manifestaciones hechas en juicio. Es decir en la manera de utilizar el dato de las manifestaciones efectuadas en fase precedente.
El procedimiento a seguir parte de que su alcance no es otro que constatar, por contraste, la credibilidad (as to credit) del medio probatorio, pero no recuperar lo rectificado como contenido probado (as to merit). Aquél contraste pasa por un interrogatorio del medio (acusado, testigo o perito) rectificador que difiere sustancialmente de la solución del artículo 714 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La LOTJ pretendía obviamente evitar cualquier veleidad interpretativa que, so pretexto de la lectura prevista en el artículo 714 justificase una solución contraria a la voluntad, subjetiva y objetiva, del legislador, consistente en tener por "atraído" al juicio oral el texto rectificado.
Es cierto que, pese a ello, el Magistrado Presidente puede no admitir la formulación de determinadas preguntas. Por ello, a efectos de revisión de esa decisión en ulterior recurso, y solamente a esos efectos, debe dejarse constancia de la pregunta rechazada. Pero también del certificado que, en el parecer de la parte, avalaba la pertinencia. Esa es la razón de que dicha certificación deba poder unirse al acta. Pero sin incorporarse a la misma como se incorpora el escrito con el objeto del veredicto. Por ello nada más absurdo que entregar junto con la copia del acta ¬art. 53.3¬ copia de lo unido pero no incorporado a la misma. El más elemental sentido común aconseja excluir interpretaciones que llevan al absurdo. Y absurdo sería que el legislador evitase cuidadosamente cualquier conocimiento por el Jurado del texto literal de declaraciones rectificadas y luego se les hiciese accesible dicho texto.
- E igualmente con tal remisión reitero también mi discrepancia de la jurisprudencia que, por ahora se ha impuesto en lo que concierne al valor de las diligencias rectificadas en juicio oral.
Tras el interrogatorio sobre la credibilidad del medio (testigo, perito, acusado), que se rectifica a sí mismo en el juicio oral, la LOTJ deja expresamente excluida la posibilidad de fundar la decisión en la manifestación precedente al acto del juicio.
- Lo que no impide que, en el caso juzgado por la sentencia de la que discrepo en este particular, no se hubiera dispuesto, como se dispuso, de material probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. En cuanto al resultado y valoración de esos otros medios de prueba comparto el criterio de la mayoría del Tribunal.