Source: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl75.htm
Timestamp: 2019-07-21 08:45:13
Document Index: 183173278

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El Tribunal Penal Internacional para Ruanda: sancionar a los asesinos - CICR
No es la primera vez que se instaura una instancia como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En realidad, es casi como una ramificación del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, instituido en 1993 [4 ] . Ambos Tribunales comparten ciertas estructuras y funcionarios, en particular, el fiscal y la sala de apelaciones. Esto ha inducido a los analistas a sostener que el Tribunal para Ruanda es un injerto del Tribunal para Yugoslavia [5 ] . Cabe mencionar, asimismo, otros ejemplos de los tiempos modernos análogos al Tribunal para Ruanda, como el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg [6 ] y el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en Tokio [7 ] , ambos instituidos en 1945 a fin de procesar y sancionar a los principales criminales de guerra del Eje en Europa y de Japón. La principal diferencia entre los primeros tribunale s y los más recientes es que, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron los vencedores quienes dictaron las normas de represión contra los vencidos, y hoy es toda la comunidad internacional la que lleva ante la justicia a los responsables de genocidio y de otros crímenes de lesa humanidad. Para ello, la comunidad internacional, actuando por mediación de las Naciones Unidas, ha tenido en cuenta el desarrollo, desde 1945, tanto del derecho internacional como del derecho internacional humanitario. Por esta razón, por ejemplo, en los Estatutos del Tribunal para Ruanda se hace referencia a los Convenios de Ginebra de 1949 y a su Protocolo adicional II de 1977.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, instituido de conformidad con la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 8 de noviembre de 1994, tiene por finalidad enjuiciar a los presuntos responsables del genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses responsables de genocidio y de otras violaciones de esa índole cometidos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, en el territorio de los países vecinos. Paralelamente, el Consejo de Seguridad aprobó los Estatutos del Tribunal y solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que tomara todas las disposiciones políticas necesarias para su efectivo funcionamiento. El 22 de febrero de 1995, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 977, en la que designa la ciudad de Arusha (República Unida de Tanzania) como sede oficial del Tribunal. Las Naciones Unidas y el Gobierno de Tanzania firmaron, el 31 de agosto de 1995, el correspondiente acuerdo.
El Tribunal, con jurisdicción relativamente amplia, tiene supuestamente el cometido de procesar a los responsables de genocidio y de otras violaciones del derecho internacional humanitario. En los Estatutos del Tribunal se reproduce casi exactamente la misma definición de genocidio prevista en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, según la cual se entiende por genocidio cualesquiera de los actos más adelante enumerados, perpetrados con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Tales actos incluyen: matanza de miembros del grupo; lesiones graves contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que puedan conllevar destrucción física, total o parcial; imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. De conformidad con los Estatutos, el genocidio mismo, la conspiración para cometer genocidio, la instigación directa o pública para cometer genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio son, todos ellos, actos punibles [8 ] .
Además, el Tribunal tiene competencia para enjuiciar a las personas acusadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad, a saber: homicidio incidental; exterminio; esclavitud, deportación; encarcelamiento; tortura; violación; persecución por motivos políticos; raciales o religiosos y otros actos inhumanos [9 ] . Puesto que dichos crímenes pueden cometerse en diversas circunstancias, en los Estatutos se especifica que serán de la incumbencia del Tribunal solamente cuando hayan sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil por motivos de nacionalidad, políticos, étnicos, raciales o religiosos.
Dando cabida a un ámbito totalmente nuevo para tribunales de esta naturaleza, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Estatuto, el Tribunal tendrá competencia para procesa r a las personas que cometan graves violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos y del Protocolo adicional de 1977 relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados no internacionales. Tales violaciones incluyen: actos de violencia contra la vida, la salud y el bienestar físico o mental de las personas, especialmente homicidio y trato cruel como tortura, mutilación o cualquier otra forma de castigo corporal; castigos colectivos; toma de rehenes; actos de terrorismo; ultrajes a la dignidad personal, en particular tratos humillantes o degradantes, violación, prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente; saqueo; aprobación de sentencias y realización de ejecuciones sin un fallo previo dictado por un tribunal legítimamente constituido y que ofrezca todas las garantías judiciales consideradas como indispensables por los pueblos civilizados, y amenazas de perpetración de cualquiera de los actos mencionados.
Hasta la fecha, el Tribunal ha incoado varias diligencias e impartido órdenes de arresto contra los presuntos responsables de haber planificado y organizado el genocidio que tuvo lugar en Ruanda el año 1994. Algunas de esas personas han sido arrestadas en diferentes países y trasladas a Arusha, donde se han iniciado tres procesos. En primer lugar, está el caso de Clement Kayishema, ex prefecto (gobernador) de Kibuye, contra quien pesan 25 cargos relativos a las matanzas perpetradas en diversos lugares. Se está juzgando, al mismo tiempo, a Obed Ruzindana, hombre de negocios acusado de haber organizado las masacres en el oeste de Ruanda. Cabe señalar también el caso de Georges Rutaganda, procedente de Gitarama, alto dirigente del partido del asesinado presidente Juvenal Habyarimana. Se supone que, como vicepresidente de la milicia de los interahamwe , Rutaganda ayudó a armarse a la milicia en Kigali, a levantar barricadas en las calles, y que ordenó a la milicia el asesinato de tutsis. Se le acusa también de ser accionista de la Radio-Télévision des Mille Collines , que instigaba al genocidio mediante la difusión periódica de propaganda. Por último, está el caso de Jean-Paul Akayesu, ex alcalde de Taba, cerca de Gitarama, contra quien pesan 12 cargos, incluidos genocidio y crímenes de lesa humanidad.
El Tribunal expidió también un auto de acusación contra el coronel Theoneste Bagosora, que compareció ante el Tribunal el 23 de enero de 1997, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad; se le imputan, además, dos cargos por violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. Él se declaró no culpable con respecto a todos los cargos. Según un informe, el coronel Bagosora es el «pez más gordo» que haya pasado, hasta el presente, ante el Tribunal.
Los problemas que se plantean al Tribunal para Ruanda
El Tribunal para Ruanda ha sido objeto de duras críticas, procedentes en particular del actual Gobierno de Ruanda, dirigido por el FPR, y de los países occidentales, encabezados por los Estados Unidos. Cabe recordar que el Gobiernos ruandés se opuso terminantemente al establecimiento del Tribunal, principalmente por dos razones. En primer lugar, la sanción más grave que puede dictar el Tribunal es el encarcelamiento, y no la muerte (para el Gobierno, las personas cuya culpabilidad por haber participado en el genocidio pueda probarse merece la sanción máxima, esto es, la pena de muerte, que sigue en vigor en Ruanda). En segundo lugar, el Gobierno ruandés argumentó que es poco realista limitar la jurisdicción temporal al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994, puesto que previamente se habían cometido crímenes de la misma gravedad y relac ionados con los perpetrados en 1994. Entre las otras razones aducidas cabe mencionar la eventualidad de que los jueces de los países que habían estado implicados de una forma u otra en la guerra puedan carecer de imparcialidad y el hecho de que las personas culpables cumplan las condenas en las prisiones de otros países, y no de Ruanda [10 ] . El Gobierno de Ruanda opinaba, pues, que el Tribunal no podrá funcionar efectivamente y que no alcanzará objetivo útil alguno, puesto que no responderá a las expectativas del pueblo ruandés: a lo más, servirá para tranquilizar la conciencia de lacomunidad internacional, que estaba presente cuando tuvo lugar el genocidio y nada hizo para detenerlo. El Gobierno insistió en su actitud reacia por lo que respecta al Tribunal, cuyo personal en Kigali ha sido objeto de hostigamiento e incluso de malos tratos en el transcurso de su trabajo [11 ] .
Los Gobiernos de los países occidentales han criticado al Tribunal como parte de una actitud de censura más general del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Entre otras cosas, han aducido que el Tribunal no hace progresos y, en general, que no funciona adecuadamente. Como resultado, el doctor Adede, secretario del Tribunal, y el fiscal adjunto, Honoré Rakotomanana, juez principal retirado, procedente de Madagascar, fueron relevados de sus funciones [12 ] . En opinión del autor, tales críticas tienen poco fundamento, si es que alguno tienen, y los recién nombrados no podrán hacer milagros. Los funcionarios principales del Tribunal partieron de nada, sin siquiera un apoyo de las Naciones Unidas y en condiciones realmente muy difíciles. Sus esfuerzos han pasado casi totalmente desapercibidos.
La influencia en África del Tribunal para Ruanda
En última instancia, es evidente que el significado de tribu nales como el Tribunal Penal Internacional para Ruanda no radica en el número de personas juzgadas, sino en la señal que su instauración transmite. Como dice Meron:
«Por supuesto, lo importante no es cuántos casos de atrocidades puedan tratar estos tribunales internacionales, sino el profundo mensaje que de su existencia misma se infiere, promocionando, de ese modo, el derecho mediante sus estatutos, sus Normas de Procedimiento y de Prueba, así como mediante la práctica. El eventual miedo de los Estados a que tales tribunales puedan arrogarse un derecho preferencial con respecto a los procedimientos nacionales podría también surtir efectos positivos para estimular los procedimientos ante los tribunales nacionales por graves violaciones del derecho humanitario» [13 ] .
Instituyendo tales tribunales, la comunidad internacional hace una advertencia a quienes no valoran la vida humana.
El establecimiento del Tribunal para Ruanda es aun más significativo en el mismo continente africano, donde su presencia contribuirá a dar a conocer a la población la importancia y el valor de la vida humana. Dictadores de toda laya han cometido crímenes atroces contra el pueblo africano, pero estos delitos han quedado impunes hasta ahora. Dictadores como Idi Amin, ex presidente de Uganda, que mató a cientos, si no fueron miles, de sus compatriotas, viven hoy tranquilamente en el exilio sin que hayan tenido que responder por sus actos. Otros, como Mobutu Sese Seko de Zaire (actualmente República Democrática del Congo), murió en el exilio, dejando en bancarrota a su país, tras haber sacado sumas astronómicas al extranjero, con el aval de los países occidentales que, día y noche, predican la democracia, la libertad y el buen gobierno, sin hablar de los muchos otros en el continente, amparados y consentidos por Occidente. El establecimiento del Tribunal para Ruanda en Arusha cayó como una desagradable sorpresa para los líderes sedientos de poder en Áf rica. La comunidad internacional da con ello la clara señal de que la vida humana es precaria, que debe respetarse y protegerse y quien abuse de ella será declarado responsable y será buscado dondequiera que se esconda.
El Tribunal para Ruanda asestó otro golpe a los líderes africanos que han violado los derechos fundamentales y las libertades de los pueblos y que habían quedado impunes durante muchos años, amparándose en el artículo 3 de la Carta de la Organización para la Unidad Africana. Aunque en este artículo se estipula la no injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros, es, a todas luces, palmario que la violación de tales derechos y libertades ya no forma parte del ámbito restrictivo del Estado, sino que concierne a la toda comunidad internacional; el mundo tiene el derecho y el deber de hacer preguntas y de pedir respuestas satisfactorias.
La instauración de los Tribunales ha vuelto a poner sobre el tapete el debate acerca de la posibilidad de establecer un tribunal de derechos humanos en África. Los líderes africanos se han mostrado inflexibles aduciendo que la Comisión de Derechos del Hombre y de los Pueblos proporciona las suficientes garantías y que, por lo tanto, la creación de esa instancia es totalmente innecesaria. Pero sus argumentos empiezan a perder terreno de manera lenta pero segura. El enjuiciamiento de los responsables del genocidio en Arusha está haciendo inclinar la balanza en favor de la instauración de un tribunal ante el que las víctimas de violaciones de los derechos humanos puedan obtener también reparación. La existencia misma del Tribunal, no obstante sus Estatutos ad hoc , es, pues, una fuente de inspiración para todos los africanos, muchos de los cuales aspiran al establecimiento de un tribunal penal internacional permanente con los mismos estatutos que el de la Corte Internacional de Justicia.
Aunque el Tribunal para Ruanda sea con siderado como un desarrollo positivo en el continente africano, tiene poco que ver con un organismo como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. La principal diferencia entre ambos es que la Comisión de la Verdad es un mecanismo interno, mediante el cual Sudáfrica intenta valientemente poner punto final a su pasado y arrojar luz sobre los terribles actos cometidos durante la era del apartheid. Aún no se ha llegado a esa fase en Ruanda, donde la paz está todavía por restaurarse sobre una base que sea aceptable para todos. Se requerirá tiempo para que los dos grupos étnicos enemigos —hutus y tutsis— encuentren el camino de una verdadera reconciliación; entre tanto, el Tribunal para Ruanda sólo puede proseguir el proceso. Sean cuales fueren sus carencias, instituciones como ésta coadyuvarán, sin duda alguna, en los esfuerzos para hallar una verdadera solución de los problemas de está índole con que se ve confrontada la humanidad en las postrimerías del siglo XX.
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Primer Informe Anual del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y de ciudadanos de Ruanda responsables de genocidio y otras violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio de países vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, nota del secretario general.
Prosecuting genocide in Rwanda: The ICTR and national trials , Lawyers Committee fot Human Rights, Washington, D.C., julio de 1997.
Chris Maina Peter es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Dar es-Salaam, Tanzania. Se encarga también de defender a los sospechosos y a los acusados menesterosos que comparecen ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Theodor Meron, «The international criminalization of internal atrocities», American Journal of International Law , Vol. 89, 1995, p. 555 (traducción CICR).
Véase Prosecuting genocide in Rwanda: The ICTR and the national trials , Lawyers’ Committee for Human Rights, Washington, D.C., julio de 1997, p. 4
El Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de ex Yugoslavia a partir de 1991 fue instituido en virtud de la resolución 808 de 1993 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Véase Makau Mutua, «Never again: Questioning the Yugoslav and Rwanda Tribunals», Temple International and Comparative Law Journal, Vol. 11, N° 1, 1997, p. 167.
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Véase Bert V.A. Röling «Tokyo Trial», op. cit. (nota 6), p. 242.
Artículo 2 de los Estatutos.
Artículo 3 de los Estatutos.
Actualmente seis países han expresado el deseo de poner a disposición prisiones para las personas condenadas por el Tribunal para Ruanda: Austria, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y Suiza.
Véase Prosecuting Genocide in Rwanda, op. cit. (nota 2), p. 39.
Agwu Ukiwe Okali (Nigeria) fue nombrado como nuevo jefe de la Secretaría y Bernard Acho Muna (Camerún) como nuevo fiscal adjunto.
Op. cit. (nota 1), p. 555 (traducción CICR).