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EL CRITÓN: LOS ORÍGENES DEL DERECHO DE INICIATIVA LEGISLATIVA Y EL DERECHO A MIGRAR | IUS INTER GENTES
EL CRITÓN: LOS ORÍGENES DEL DERECHO DE INICIATIVA LEGISLATIVA Y EL DERECHO A MIGRAR
diciembre 23, 2015 · de iusintergentes	· en Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Publico, Derechos Humanos, Uncategorized.	·
Juan Manuel Indacochea[1]
“No es cierto -dirían ellas- que violas los pactos y los acuerdos con nosotras, sin que los hayas convenido bajo coacción o engaño y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo, sino durante setenta años, en los que te fue posible ir a otra parte, si no te agradábamos o te parecía que los acuerdos no eran justos”.
El Diálogo Critón de Platón, que narra una conversación entre Critón y el Sócrates platónico, y tiene como origen la propuesta del primero de escapar antes de la llegada del Barco a Delos que marcaría la ejecución del segundo, contiene tres importantes cuestiones, de las cuales la primera ha sido tratada hasta el hartazgo. Sin embargo, los dos últimos asuntos centrales han sido descuidados, tanto por filósofos como por ius-filósofos. Los tres temas propuestos son: (I) La obligatoriedad jurídica y la idea del contrato social; (II) El derecho de participación política y de iniciativa legislativa; y (III) El derecho a migrar.
La obligatoriedad jurídica y la idea del contrato social
Éste, sin duda, es el tema más tratado en innumerables comentarios escritos acerca del presente diálogo. Antes que todo, es preciso recordar el contexto del diálogo. La controversia relativa a la obligatoriedad y cumplimiento de las leyes se puede rastrear en la antigüedad clásica griega hasta la época de Sófocles[2]. Por su parte, el diálogo Critón comporta un intento de Sófocles de rememorar y enaltecer la imagen de su maestro Sócrates.
En el diálogo objeto del presente ensayo, Critón ofrece escapar a su amigo Sócrates, quien se encontraba en su celda aguardando la llegada del barco de Delos que anunciaría su ejecución. Ante lo cual, este último le responde que antes deben decidir si es justo o injusto que él se escape. Si es justo, hay que hacerlo; si es injusto, no hay que hacerlo, sin considerar las consecuencias.
Para demostrarle que sería injusto, Sócrates le pregunta a Critón si está de acuerdo en que es siempre injusto violar un acuerdo válido. Una vez que Critón acepta, Sócrates procede a demostrarle que existe un acuerdo o consentimiento tácito entre el ciudadano y la polis. Para darle mayor fuerza a su argumentación, Platón introduce – en boca de Sócrates – una figura literaria llamada prosopopeya o personificación.
En este diálogo, perteneciente a una fase temprana del pensamiento de Platón[3], éste da a entender que, si Sócrates escapa, ello conduciría a la destrucción de las leyes y la polis. Se argumenta que, ninguna ciudad puede existir en tanto, una vez se produzcan juicios legales, éstos sean pasados por alto por cualquier ciudadano y, por consiguiente, pierdan su fuerza. Las leyes tienen toda autoridad sobre aquellos que han realizado un acuerdo tácito con ellas. El hecho de que la polis no decida correctamente sobre algunos casos – como, al parecer, ocurre con la condena a muerte de Sócrates – resulta irrelevante, por cuanto lo determinante es el que quien ha pactado tácitamente con la polis debe cumplir los dictados de sus leyes[4].
Evidentemente, el referido pacto no puede ser entendido en el sentido moderno del contrato social – forjado por clásicos modernos como Hobbes, Locke o Rousseau –, sino en el de un acuerdo tácito. En el diálogo que nos ocupa, las leyes aseguran que han engendrado, criado y educado a Sócrates y que lo han hecho partícipe de todos los bienes de que la polis era capaz. Finalmente, las leyes le recuerdan que aquel que haya conocido bien las leyes y los asuntos públicos de Atenas haga la prueba legal para obtener los derechos ciudadanos o, de lo contrario, parta adonde más prefiera. Adicionalmente, las leyes también aseguran:
“El que usted se quede aquí viendo de qué modo celebramos los juicios y administramos la ciudad en los demás aspectos, afirmamos que este, de hecho, ya está de acuerdo con nosotras en que va a obedecer lo que nosotras ordenamos […]” (Critón 51e-52a).
Allen explica que de ello podría inferirse que, aquel que ha “permanecido” en la polis lo suficiente como para gustar de la vida en ella y actuar como un ciudadano realiza un acuerdo tácito con las leyes mediante el cual se adhiere a aquellos juicios dictados por la polis, aceptando así toda su autoridad[5]. En consecuencia, el criterio para establecer la vigencia del acuerdo tácito planteado por Platón sería el de “permanencia”. Adelantándose, de esta manera, de cierta forma a los modernos criterios de residencia habitual para la determinación de la nacionalidad.
En el Critón, el Platón socrático entiende que no se puede dejar de obedecer a las leyes por estar en desacuerdo con ellas, que no se debe responder a una injusticia con otra injusticia. De lo contrario, ello llevaría a la disolución de la sociedad, por cuanto nadie respetaría el acuerdo social tácito ni existiría ningún sentimiento de obligatoriedad. Si el incumplimiento de una norma no acarrease ningún tipo de consecuencia los incentivos para su seguimiento cesarían.
En consecuencia, en esta obra, Platón plantea indirectamente unos fundamentos incipientes del contrato social, fundado en la obligación de los ciudadanos de someterse a las leyes de su estado en pago de los beneficios de éste recibidos. El consentimiento en este contrato es tácito, configurándose en virtud a la permanencia del individuo en el territorio de la polis.
En el presente diálogo, se centra el alegato a favor de las leyes dejando entrever la idea de que existe algún tipo de pacto o convenio entre la ciudad y los individuos que la componen – al cual se adhiere este último mediante su permanencia en el territorio de la polis – y, que el respeto y el sometimiento a la ley son una consecuencia directa de ésta. En suma, se trataría de la existencia de un consentimiento tácito otorgado por los ciudadanos por el hecho de vivir en la polis bajo la protección de sus leyes, en cuya aprobación o derogación se les permite participar.
El derecho de participación política y de iniciativa legislativa
En el Critón, Platón deja entrever dos condiciones al cumplimiento de la ley o de la sentencia de Sócrates. Éstas son el que, de no encontrarse de acuerdo con las leyes conforme a las cuales se le condenó, con anterioridad al ilícito, haya tenido la oportunidad de proponer nuevas leyes que derogasen las primeras o de intentar influenciar en la aplicación de la ley, así como la libertad de migrar.
Platón pone en boca de las leyes la explicación de la relación entre cumplimiento de la ley y el derecho de participación política y el de iniciativa legislativa:
“[Usted] no nos obedece ni procura persuadirnos si no hacemos bien alguna cosa. Nosotras proponemos hacer lo que ordenamos y no lo imponemos violentamente, sino que permitimos una opción entre dos, persuadirnos u obedecernos; y el que no obedece no cumple ninguna de las dos […]” (Critón, 52 a; subrayado por fuera del texto).
En consecuencia, en caso el ciudadano esté en desacuerdo con algunas de las leyes por considerarlas arbitrarias o injustas. Platón – a través de Sócrates – sostiene que en tal caso el individuo debería tratar de convencer al Estado, o a sus instituciones, de dicha la injusticia de la correspondiente ley, o sufrir las consecuencias de su incumplimiento en silencio.
De esta manera, se deja entrever que la falta de proposición de nuevas leyes que deroguen aquellas por cuya violación se condenó a Sócrates, o la indiferencia hacia la participación política en la toma de decisiones que le atañen, serían una prueba del mencionado consentimiento tácito. En otras palabras, el no ejercer el derecho de participación política, en su vertiente de participación en la toma de decisiones públicas (en procesos decisionales), ni el derecho de iniciativa legislativa, popular o ciudadana, acarrea la aceptación tácita del acuerdo con la polis y, en consecuencia, de sus leyes.
A este respecto, cabe mencionar que, alrededor de 2000 años más tarde, Rousseau consideraba como primer requisito para la consecución de su ideal democrático que se tratase de: “un Estado muy pequeño, en donde se pueda reunir el pueblo y en donde cada ciudadano pueda, sin dificultad, conocer a los demás”[6].
En conclusión, Platón en este discurso en particular, deja entrever que el derecho de participación política y el de iniciativa legislativa serían un presupuesto para la obligatoriedad de toda ley y su consiguiente obediencia y cumplimiento por parte del ciudadano ateniense que, de no ejercer dichos derechos, habría aceptado de manera tácita su sometimiento a la ley respectiva. Adicionalmente, deslinda la posibilidad del ejercicio del derecho a migrar como segunda alternativa al consentimiento del acuerdo tácito y al consiguiente sometimiento a la ley de la polis.
Del contenido final del diálogo, puede inferirse que otro presupuesto para el respeto a la ley es haber tenido la oportunidad de migrar, si así se deseaba. En este sentido, se podría deducir un derecho a migrar de todo ciudadano, incluso después de haber residido en el territorio de la polis durante toda su vida. De esta manera, las leyes se refieren a la posibilidad con que contaba Sócrates de ejercer su derecho de migrar:
“Si entonces yo dijera: «¿Por qué, exactamente?», quizá me respondieran con justicia diciendo que precisamente yo he aceptado este compromiso como muy pocos atenienses. Dirían: «Tenemos grandes pruebas, Sócrates, de que nosotras y la ciudad te parecemos bien. En efecto, de ningún modo hubieras permanecido en la ciudad más destacadamente que todos los otros ciudadanos, si ésta no te hubiera agradado especialmente, sin que hayas salido nunca de ella para una fiesta, excepto una vez al Istmo, ni a ningún otro territorio a no ser como soldado; tampoco hiciste nunca, como hacen los demás, ningún viaje al extranjero, ni tuviste deseo de conocer otra ciudad y otras leyes, sino que nosotras y la ciudad éramos satisfactorias para ti. Tan plenamente nos elegiste y acordaste vivir como ciudadano según nuestras normas, que incluso tuviste hijos en esta ciudad, sin duda porque te encontrabas bien en ella. Aún más, te hubiera sido posible, durante el proceso mismo, proponer para ti el destierro, si lo hubieras querido, y hacer entonces, con el consentimiento de la ciudad, lo que ahora intentas hacer contra su voluntad. Entonces tú te jactabas de que no te irritarías, si tenías que morir, y elegías, según decías, la muerte antes que el destierro […]” (Critón, 52 b, subrayado por fuera del texto).
Claramente, las leyes señalan, como prueba del consentimiento tácito, la permanencia de Sócrates en la polis, de lo cual se deriva el no ejercicio de su derecho de migrar. El hecho de que Sócrates no haya ejercido tal derecho resulta determinante para comprobar el referido consentimiento. En ese sentido, resulta apropiado transcribir el extracto del diálogo que sigue a continuación:
“No es cierto -dirían ellas- que violas los pactos y los acuerdos con nosotras, sin que los hayas convenido bajo coacción o engaño y sin estar obligado a tomar una decisión en poco tiempo, sino durante setenta años, en los que te fue posible ir a otra parte, si no te agradábamos o te parecía que los acuerdos no eran justos. Pero tú no has preferido a Lacedemonia ni a Creta, cuyas leyes afirmas continuamente que son buenas, ni a ninguna otra ciudad griega ni bárbara; al contrario, te has ausentado de Atenas menos que los cojos, los ciegos y otros lisiados. Hasta tal punto a ti más especialmente que a los demás atenienses, te agradaba la ciudad y evidentemente nosotras, las leyes. ¿Pues a quién le agradaría una ciudad sin leyes? ¿Ahora no vas a permanecer fiel a los acuerdos? Sí permanecerás, si nos haces caso, Sócrates, y no caerás en ridículo saliendo de la ciudad” (Critón, 52 e-53 a, subrayado por fuera del texto).
En este punto, cabe hacer una distinción fundamental entre el derecho a migrar y el de asilo o refugio – a ser acogido -, en virtud de que este último es propiamente una facultad del país receptor, salvo en los casos de ratificación o adhesión por parte de dicho país a los instrumentos internacionales correspondientes[7], en cuyo caso el país receptor se verá obligado a acoger a ciertas categorías de migrantes.
En el caso particular de los “refugiados”, cabe mencionar que, si bien la definición se encuentra consignada en la Convención de 1951[8] y en el Protocolo de 1967[9], cada país reglamenta ambos instrumentos de manera detallada[10], permitiéndose en la práctica, la implementación de mecanismos tan indeseables como la denominada “frontera vertical”[11]. Adicionalmente, cabe mencionar que, ambos instrumentos limitan en gran medida su alcance al restringir – o no haber sido modificados según el desarrollo progresivo en la materia – el concepto de “refugiado”, a diferencia de otros instrumentos internacionales que contienen una definición más amplia de “refugiado”, como la Convención de la OUA[12] y la Declaración de Cartagena de Cartagena[13].
Finalmente, otro problema que cabría plantearse es el del comportamiento que debería asumir el ciudadano frente a un gobierno injusto, pero en un Estado con leyes justas. Evidentemente, la posibilidad de proponer nuevas leyes sería infructuosa, quedando como única alternativa, entre las contenidas en el diálogo objeto de estudio, aquella del derecho a migrar.
Platón se adelanta así, al menos unos 2000 años a algunos grandes principios de las relaciones internacionales y de la Teoría del Estado, dejando entrever las bases de un vasto desarrollo teórico y, recientemente, normativo en temas como el derecho a la participación política, la iniciativa legislativa y el derecho a migrar, que han conducido al desarrollo de verdaderos sistemas modernos de democracia participativa y a importantes avances en el ámbito de los derechos humanos.
[1] Master en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad de Nanterre (Paris Ouest), Francia.
[2] Recordemos que, Creonte le preguntó a Antígona: «Entonces, ¿te atreviste a transgredir estas leyes?» A lo que Antígona responde: “No fue Zeus en modo alguno el que decretó esto, ni la Justicia, que cohabita con las divinidades de allá abajo; de ningún modo fijaron estas leyes entre los hombres. Y no pensaba yo que sus proclamas tuvieran una fuerza tal que siendo mortal se pudiera pasar por encima de las leyes no escritas y firmes de los dioses. No son de hoy ni de ayer sino de siempre estas cosas, y nadie sabe a partir de cuándo pudieron aparecer. No había yo de, por temer el parecer de hombre alguno, pagar ante los dioses el castigo por esto”. SÓFOCLES, “Ayax, Las Traquinias, Antígona, Edipo Rey”, Madrid, Alianza, primera edición, 1999.
[3] Cf. BRADWOOD, L., “A Word Index to Plato”, Leeds, 1976. Obra basada en la tesis doctoral inédita L. Brandwood, “The dating of Plato’s works by the stylistic method”, Londres, 1958. Donde se establece un orden cronológico de los diálogos de Platón, según el cual en una primera fase se encontrarían los díalogos Critón y Gorgias, mientras que diálogos como la República pertenecerían a una segunda etapa del pensamiento platónico, motivo por el cual en dicha obra se percibe una evidente desconfianza en el sistema democrático, a diferencia de lo que ocurre con el diálogo objeto del presente estudio.
[4] Cf. ALLEN, R.E., “Law and Justice in Plato’s Crito”, The Journal of philosophy 69, 1972, p. 56.
[5] Cf. ALLEN, R.E., “Law and Justice in Plato’s Crito”, The Journal of philosophy 69, 1972, p. 563.
[6] Cf. ROUSSEAU, Jean Jacques. “El contrato social”, Madrid, Sarpe, 1985, p. 110. Asimismo, manifestaba su preferencia por “una sociedad de tamaño limitado por la extensión de las facultades humanas; es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, donde, bastándose cada uno a sí mismo, nadie se hubiera visto obligado a delegar en otros el ejercicio de las facultades que le competen”. Cf. ROUSSEAU, Jean Jacques. “Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, Madrid, Alhambra, 1986, p. 41.
[7] Para el Derecho de Asilo en general, el instrumento pertinente es la Convención sobre el Derecho de Asilo, adoptada en La Habana el 20 de febrero de 1928. Para el Asilo Político, la Convención sobre el Asilo Político, adoptada en Montevideo el 26 de diciembre de 1933. Para el Asilo Diplomático – modalidad propia de América Latina –, la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas el 28 de marzo de 1954. Para el caso del refugio, en cambio, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado mediante Resolución 2198 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. Adicionalmente, cabe citar el Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas de 1951, el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados de 1950, la Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África de 1969, así como numerosas declaraciones regionales, además de las Convenciones, Principios rectores, Actas finales y Resoluciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los casos específicos de “apátridas” y “desplazados internos”.
[8] “Artículo 1.- Definición del término “refugiado”:
A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona:
Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia, de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
[9] “Artículo 1.- Disposiciones generales
A los efectos del presente Protocolo y salvo en lo que respecta a la aplicación del párrafo 3 de este artículo, el término “refugiado” denotará toda persona comprendida en la definición del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1° de enero de 1951 y …” y las palabras “… a consecuencia de tales acontecimientos”, que figuran en el párrafo 2 de la sección A del artículo 1”.
[10] Sin embargo, cabe destacar el Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los refugiados, de 1979. Dentro del cual, a su vez, cabe rescatar el intento de establecer una distinción entre los emigrantes por motivos económicos y los refugiados (Primera Parte – Criterios para determinar la condición de Refugiado, Capítulo II – Cláusulas de inclusión, B. Interpretación de los términos empleados, 2) “Fundados temores de ser perseguida”, f) Distinción de emigrantes por motivos económicos y los refugiados, párrafos 62-64).
[11] Con relación a la “frontera vertical”, véase, por ejemplo, ROCHA, José Luis; BUTLER, Judy y Gareth RICHARDS, “Central Americans redefining the borders”, Universidad Centroamericana, 2008; véase también, GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Gonzalo, “Frontera vertical: México frente a los migrantes ceontroamericanos”, México, Centro Universitario UTEG, 2011.
[12] Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África, aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en su sexto período ordinario de sesiones, Addis Abeba, 10 de septiembre de 1969.
“Artículo 1.- Definición del término “Refugiado”
El término “refugiado” se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.
[13] Declaración de Cartagena de Cartagena sobre refugiados adoptada por el “Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, de 19 a 22 de noviembre de 1984. Conclusiones (III):
“El Coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones:
Tercera: Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta en lo pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, lo conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
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