Source: https://issuu.com/fundacion.farn/docs/_2006__el_acceso_a_la_informaci_n_p_blica_en_la_pa
Timestamp: 2017-01-18 00:33:27
Document Index: 44353830

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(2006) Acceso al a Información Pública en la Patagonia by FARN - issuu
El Acceso a la Informaci贸n P煤blica
Informaci贸n P煤blica
Monroe 2142, 1° B, (1428) Capital Federal, Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4783-7032 4787- 3820/5919 4788-4266
Correo electrónico: controlciudadano@farn.org.ar
Web: www.farn.org.ar/participacion/index/html
Esta publicación está disponible en forma gratuita en:
http://www.farn.org.ar/docs/libros.html
El Acceso a la Información Pública en la Patagonia Argentina /
Andrés Nápoli ; Alejandro Rojo Vivot ; Guillermo Worman - 1a ed.
- Buenos Aires: Fundación Ambiente y Recursos Naturales,
40 p. ; 28x20 cm. (El Acceso a la Información Pública en la
Argentina; 2 dirigida por Andrés Nápoli)
ISBN 987-20681-7-8
1. Participación Ciudadana-Patagonia Argentina. 2. Información
Pública Ambiental-Argentina. I. Rojo Vivot, Alejandro II.
Worman, Guillermo III. Título
CDD 353.18
Diseño de tapa: Marta Biagioli
Fotografías: Marcos Zimmermann. Gentileza de Luis Castelli y la Fundación Naturaleza para el
Futuro, del libro "Argentina. Naturaleza para el futuro"
Diagramación y producción gráfica: Pablo Casamajor - info@imagenimpresa.com.ar
© 2006, Fundación Ambiente y Recursos Naturales
ISBN-10: 987-20681-7-8
ISBN-13: 978-987-20681-7-2
Se terminaron de imprimir 500 ejemplares de este libro en Gráfica Peiró
Solís 2116 - Ciudad de Buenos Aires, en marzo de 2006.
La participación pública es, en la sociedad actual, una de las claves fundamentales para el
logro de la gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo sustentable. Esta nueva
forma de vivir la democracia atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la presencia
de intereses escasamente representados en los procesos de toma de decisiones políticas y
su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo
con la preservación del ambiente, lo que en última instancia contribuye a mejorar las
condiciones de vida de todos los habitantes.
En este sentido, el principio 10 de la Declaración de Río expresa: “El mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en
el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado
a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de
decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de
la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes”.
De este principio surge la inescindible relación entre participación, el acceso a la información
pública y la obligación del estado de garantizar esos derechos. El acceso a la información es
un requisito previo e imprescindible para la participación. Es evidente que quien esté
desinformado o informado de manera inexacta o parcial, no tendrá la posibilidad de participar
adecuadamente y en igualdad de condiciones, en un determinado proceso de toma de
decisión. La consecuencia será entonces negativa para gobernantes y gobernados, tanto de
la generación actual como las futuras.
Pese a la importancia de este derecho, consagrado en pactos internacionales de jerarquía
constitucional, Argentina no ha dictado aún una ley que expresamente regule el acceso a la
información pública a nivel nacional, a pesar de los enérgicos reclamos de numerosos
Se han sancionado, sin embargo, las leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental
nº 25.675 (Ley General del Ambiente) y nº 25.831 (Ley de Libre Acceso a la Información
Pública Ambienta), así como también el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 1.172/03.
Todas regulan el derecho de acceso a la información pública pero de manera parcializada,
ya que mientras las dos primeras lo hacen estrictamente respecto de la temática ambiental
(información pública ambiental), el último sólo alcanza a la información pública proveniente
Las normas ambientales mencionadas resultan de aplicación directa en todos los niveles de
gobierno de nuestro país (nación, provincias y municipios) por haber sido dictadas en
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 41 de la Constitución Nacional reformada, es decir
normas de presupuestos mínimos en materia ambiental atribuidas a la competencia
legislativa del Congreso Nacional.
No escapa a nuestro criterio que la consagración normativa del derecho, si bien es esencial,
no resulta suficiente para garantizar el acceso a la información pública a todos los
ciudadanos. La puesta en marcha de un sistema integral, necesita además una
administración de gobierno dispuesta y organizada para responder de manera adecuada a
Decimos que la ley no es suficiente por cuanto estamos ante un derecho nuevo de escasa
difusión y cuya plena vigencia impone un verdadero cambio cultural, tanto a nivel social
como gubernamental. Nos referimos específicamente a la necesidad de trabajar en la
generación de una cultura de la información y la transparencia de la gestión pública. Para
ello se requiere una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y comprometida con la
cosa pública, ciudadanía de la que emergerá una nueva sociedad política.
Desde FARN hemos tomado parte activa en el reconocimiento y el conocimiento de este
nuevo derecho y de los diversos mecanismos de participación pública, concientes de que sin
capacitación no se logrará un efectivo cumplimiento de las normas.
Nuestra labor ha incluido para ello desde la elaboración de recomendaciones a las
autoridades en materia de legislación ambiental hasta capacitación a nivel municipal, tanto a
funcionarios electos como a los diversos sectores de la sociedad, respecto de los derechos
a la participación pública, acceso a la información pública y acceso a la justicia.
En el presente, desde el Área de Participación Ciudadana de FARN, asumimos el desafío de
llevar a cabo aquella capacitación con un criterio conceptualmente amplio y abarcando
además diferentes regiones del país. Esta iniciativa se llevará a cabo a través de talleres
organizados junto a otras organizaciones no gubernamentales, y con la participación de los
diversos actores de la comunidad, trabajando no sólo el derecho de acceso a la información
en su faz legal, sino también en todo lo relativo a la implementación de un sistema de
La presente publicación forma parte de un conjunto de herramientas destinadas a brindar
soporte pedagógico y académico al “Programa de Capacitación sobre Derecho de Acceso a
la Información Pública en la Patagonia”, que desarrollaremos junto con la Asociación Civil
Participación Ciudadana de Usuahia, Pcia. de Tierra del Fuego, y tendrá como destinatarios
a los responsables de la aplicación y el cumplimiento de las normas de acceso a la
información en los distintos organismos públicos, provinciales y municipales, y a los actores
más relevantes de la sociedad civil de la región que tengan la capacidad de servir de
referentes para replicar el conocimiento adquirido en sus respectivas áreas de incidencia.
La publicación consta de dos artículos que analizan en profundidad la actualidad que
concierne al acceso a la información a nivel regional y nacional. En el primero de los casos,
Alejandro Rojo Vivot y Guillermo Worman, de Participación Ciudadana, brindan un
interesante análisis de las dificultades que enfrenta la aplicación efectiva del derecho y
abordan el tratamiento de la evolución que el mismo ha tenido a nivel institucional en la
Patagonia, afirmando al respecto que “es la región del país que cuenta con mayor cantidad
de normas de acceso a la información, lo que sin lugar a dudas constituye una
responsabilidad asociada de parte de la ciudadanía”.
A su turno, el Dr. Andrés Nápoli hace lo propio al examinar la regulación del derecho de
acceso a la información en materia ambiental en el ámbito nacional, remarcando que el
mismo ha evolucionado notablemente en los últimos años, fundamentalmente a partir de la
sanción de un plexo de normas de presupuestos mínimos antes mencionadas y que
específicamente regulan el acceso a información pública en materia ambiental. Mediante
dicho análisis, expone un marco normativo para el desarrollo de la protección del derecho en
los ámbitos locales acorde a los presupuestos básicos de protección nacional.
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PATAGONIA ARGENTINA - FARN
Ambos enfoques coinciden en destacar la importancia que implica la sanción de normas que,
en los tres niveles del gobierno federal, establezcan los derechos y obligaciones relacionados con la cuestión y ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en los aspectos que
hacen a la efectiva aplicación y cumplimiento de la normativa señalada, cuestión que colocan
dentro de las asignaturas pendientes.
El primer paso en esta dirección se relaciona directamente con la toma de conciencia por
parte de la ciudadanía y del Estado. Es allí donde la capacitación adquiere verdadera
relevancia y donde comienza el nuevo desafío que nos hemos propuesto a través del
presente proyecto, que tiene a esta publicación como su material de trabajo.
No podemos concluir esta presentación sin expresar nuestro reconocimiento a los
profesionales que tienen a su cargo el desarrollo de este ambicioso programa entre quienes
se destacan los Dres. Andrés M. Nápoli, María del Carmen García, Daniel Perpiñal y Juan
Martín Vezzulla.
Por último, queremos destacar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno del Reino
Unido, quien a través del Global Opportunity Fund (GOF) ha posibilitado, a través de su
financiamiento, que la presente iniciativa fuera realidad. En lo particular, cabe hacerlo
extensivo al Embajador del Reino Unido en la Argentina, Mr. John Hughes, por el
compromiso con el trabajo de nuestras organizaciones materializado en reiteradas
oportunidades, y a Malcom Green, Constanza Galli y Federico Rosales, por la colaboración
y disposición demostrada en todo momento. Por último, agradecer al Dr. Luis Castelli, de la
Fundación Naturaleza para el Futuro, por habernos permitido incorporar, en la tapa, fotos de
Marcos Zimmermann provenientes de la publicación “Argentina. Naturaleza para el futuro”.
Esperamos poder contribuir con la efectiva implementación del derecho analizado y
posibilitar el desarrollo de una democracia participativa que pueda cuidar del desarrollo
sustentable en forma plena.
D. A. SABSAY - PRESENTACIÓN
Acerca de Fundación Ambiente y Recursos Naturales ____________________________ 10
Acerca de la Asociación Civil Participación Ciudadana ___________________________ 11
El Acceso a la Información en la Patagonia Argentina
por Alejandro Rojo Vivot y Guillermo Worman _____________________________ 13
La regulación del Acceso a la Información Pública Ambiental en la Argentina
por Andrés M. Nápoli_________________________________________________ 31
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue creada en 1985. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores
Las propuestas de FARN surgen desde la Política Ambiental, para que se logren modos eficientes en la definición de los ambientes deseados y posibles; desde el Derecho y la Legislación Ambiental, para que la conservación y protección del ambiente se concrete en derechos y obligaciones de todos; desde la Organización Institucional, para que los distintos
sectores asuman a través de sus entidades las tareas y responsabilidades que les corresponden en la protección ambiental.
FARN es miembro de: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), The International Centre for
Trade and Sustainable Development (ICTSD), Foro del Sector Social (Argentina), Red de
Redes de Información Económica y Social (UNIRED), Red de Comunicaciones sobre Desarrollo Sostenible (RCDS), Alianza Regional para Políticas de Conservación en América Latina y el Caribe (ARCA), Foro del Buen Ayre (Argentina).
Contacto: controlciudadano@farn.org.ar
Acerca de la Asociación Civil
Participación Ciudadana es una organización sin fines de lucro, apartidaria, creada en el año
2000, cuya misión es promover políticas activas de participación de la ciudadanía en los
procesos de toma de decisión en los asuntos de interés público, con el objetivo de mejorar
las relaciones entre ciudadanos y autoridades públicas y, de manera asociada, aumentar la
Las actividades de Participación Ciudadana se estructuran en tres ejes de trabajo:
1. Promoción e impulso de herramientas de participación en Patagonia: Entre las
herramientas que se impulsan se encuentran: Presupuesto Participativo, Audiencias
Públicas, Acceso a la Información, Publicación de Actos de Gobierno, Iniciativa Popular.
Asimismo se promueven nuevos institutos participativos. Dos ejemplos los constituyen la
Comisión de Información y Debate Ciudadano de la Convención Estatuyente y del
Concejo Deliberante de Ushuaia y la misma Comisión en la Convención Estatuyente de
Esquel; ambas únicas en su tipo. Se trabaja en las provincias de Río Negro, Neuquén,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.
2 Control y monitoreo de Políticas Públicas: se centra la atención sobre el proceso de
selección de jueces y magistrados, elección de legisladores y concejales y el monitoreo
3. Cátedra Abierta de Derechos Ciudadanos: a través de dinámicas de extensionismo, se
promueve el conocimiento y utilización sobre los derechos y obligaciones vigentes.
Contacto: participacionciudadana@arnet.com.ar
FARN - EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA PATAGONIA ARGENTINA
El Acceso a la Informaci贸n
por Alejandro Rojo Vivot y Guillermo Worman
“Después del pan, la educación es la primera
necesidad del pueblo”. (Julio de 1793) (1)
Los intentos por promover la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y
las autoridades públicas se basan en un número pequeño de principios, entre ellos el
acceso a la información como derecho elemental para la participación. Se complementa con la obligatoriedad de publicar la totalidad de los actos de gobierno y el deber por
parte de las autoridades públicas de rendir
cuentas de sus actos. De allí que resulta en
vano intentar impulsar procesos de transformación social sino existen las mínimas condiciones para lograrlo.
El acceso a la información pública constituye
un aspecto central de la vida democrática ya
que instaura un derecho básico y, además,
una condición principal para el ejercicio pleno de la ciudadanía, de ahí que quienes se
sustentan en el autoritarismo, la corrupción,
en políticas clientelistas, buscan por todos
los medios coartar las posibilidades de la población en este sentido; a veces la técnica es
permitir únicamente la difusión de las noticias y comentarios favorables al gobierno,
otras emplear los dineros públicos para financiar exclusivamente a los que sólo ven lo
que deben ver, también procurar amordazar
a través del poder de quienes sustentan el
poder público realizando focalmente inspecciones aparentemente de rutina, incrementar
las exigencias para el funcionamiento, etcétera. En definitiva, en la vocación y el accionar por difundir la información se puede
apreciar cabalmente un espíritu democrático
o lo contrario por parte de los gobernantes y
aquellos que actúan en el ámbito del interés
Esto toma particular importancia en una región como la Patagónica, toda vez que la relación entre la ciudadanía y las autoridades
locales es más cercana que en las grandes
ciudades y existe un creciente interés comunitario por involucrarse en los asuntos de carácter público o que involucren a los dere-
chos colectivos; particularmente aquellos
que afectan al ambiente.
Otro aspecto a considerar es que se trata de
una región en donde existen menos electores que en algunos distritos del denominado
¨Gran Buenos Aires¨ y los niveles de participación y control se pueden ejercer con mayor facilidad. Sin embargo, la cercanía entre
la ciudadanía y el poder local tiene las naturales consecuencias: la convivencia entre
quienes controlan y aquellos que son controlados es frecuente y el cruce de relaciones
se produce a diario, con los costos que esto
En lo que respecta al derecho de acceso, Alicia Pierini y Valentín Lorences destacaron la
importancia que adquiere la existencia de
una norma que consagre explícitamente este derecho fundamental afirmando que el acceso a la información es, además, uno de los
derechos humanos más importantes, ya que
con ella se puede conseguir desde un insignificante informe contenido en un pequeño y
modesto archivo, hasta el contenido de una
información de máximo secreto, cuando se
haya cumplido los requisitos para ello,
pasando por la compulsa de un expediente
administrativo, del organigrama de alguna
repartición, de las negociaciones con potencias extranjeras y una infinita cantidad más.
“Tamaña posibilidad de accesibilidad habla
elocuentemente de la importancia del instituto y, cómo éste, se inscribe en la vida misma
de todas las personas.”
“Ello es así por ser todas éstas actividades
públicas, y por ende objeto de conocimiento
general, debiendo ser, además, transparentes y accesibles.
También puede decirse que la información
es un paso previo imprescindible para la participación, ya que su inexistencia implica una
forma de gobierno que teme al control general y, en consecuencia, dista de ser democrática.
Sin conocimientos específicos, la posibilidad
de investigación y de control es remota. De
nada valdrán las declaraciones genéricas en
la materia ya que el control queda diluido y la
participación se convierte en mera retórica.
La sanción legislativa de una norma referida
al acceso a la información será el motor más
A. ROJO VIVOT Y G.WORMAN - EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LA PATAGONIA ARGENTINA
idóneo para transitar el camino que va desde la ignorancia al efectivo control de los actos de gobierno”.(2)
Entonces, quienes bregan por la generalización de las condiciones culturales donde la
democracia de calidad sea un valor primordial, han de prestar particular atención al
ejercicio irrestricto del acceso a la información oportuna y suficiente por parte de toda
la ciudadanía y que ésta tenga cabal conciencia que el menor menoscabo a este derecho es, por lo menos, una muy grave situación con múltiples y nefastas consecuencias.
1) El acceso a la información
“La censura es una muerte progresiva, el
principio de la necrosis del alma. Una
civilización sólo puede madurar con nuevas
ideas, y cualquier hombre que asfixia una
nueva idea es un asesino del pensamiento y
enemigo de las generaciones futuras, porque les
ha robado un poco de vida.
Las ha disminuido”. (3)
Anne Perry (2000)
Por lo menos tres factores deben confluir para que el acceso a la información pública
funcione como un componente de transformación y cambio social: la institucionalización del derecho a acceder a la información
pública en las normas locales, provinciales y
nacionales, junto con el cumplimiento real
por parte de los distintos gobiernos y, particularmente, el ejercicio ciudadano de utilizar
un derecho que se basa en el sentido común
y que ha sido incorporado en las normas de
mayor jerarquía que rigen tanto al país como
a la región patagónica. Tal como referíamos
anteriormente, el acceso a la información, la
plena publicación de los actos de gobierno,
junto con el deber de las autoridades públicas de rendir cuentas de sus actos, constituyen la plataforma desde donde la ciudadanía
puede ejercer el derecho a participar responsablemente de la vida institucional. A su vez,
son las condiciones mínimas para poner en
marcha acciones de control y monitoreo ciudadano sobre políticas públicas y la vida de
Entonces, el acceso a la información, en el
sentido más amplio del concepto, nos remite
de forma inequívoca a la capacidad de conocer y optar previo a tomar cualquier tipo de
decisión. Por otro lado, en la información reside el poder, sobre todo cuando la podemos
emplear oportuna y correctamente.
Cualquier intento de organización popular
con el objetivo de procurar disminuir los niveles de corrupción, clientelismo y administración autoritaria de los recursos públicos
necesita de un alto nivel de método y organización. Además, contar con las condiciones
mínimas a las que ya hemos hecho mención.
El acceso a la información generada por la
administración de los poderes estatales conlleva el enriquecimiento de la democracia
pues, por un lado, alienta la participación de
la ciudadanía y, por el otro, se establecen
adecuados mecanismos de monitoreo del
ejercicio del poder delegado, con plazos y
objetivos acotados.
Las altas tasas de corrupción y de políticas
clientelistas que imponen quienes tienen a
su cargo la obligación primaria de administrar y gobernar, subrayan la necesidad inexcusable de generalizar la información que
permita eficientemente el control de la administración de los intereses públicos por parte
de la comunidad. Esto está contemplado en
la totalidad de las Constituciones vigentes
en el país. Así, el deber de cumplir y hacer
cumplir la ley es una obligación y un derecho
que ponemos en práctica en escasas oportunidades, particularmente éste último.
Conocedores del poder que significa la información suficiente, y a tiempo, en manos de
la ciudadanía, quienes sustentan el poder
sobre asuntos de interés general, frecuentemente niegan o retacean cualquier dato que
pueda permitir a la población acceder a un
juicio distinto al establecido oficialmente. La
desinformación o la restringida visión fácilmente permite arribar a conclusiones equivocadas, sobre todo cuando somos inducidos en ese sentido; si no estamos atentos es
relativamente fácil ser engañados y nuestras
posibilidades de participación en la vida democrática disminuyen significativamente o
Muchas veces, la manipulación de la información es la herramienta más eficaz con
que cuentan quienes desean dominar la situación que vela la corrupción, los actos demagogos y el comercio de favores con los
recursos de la comunidad. La fórmula es
sencilla: unos deciden por los demás qué
deben saber, como paso previo a determinar
cómo deben pensar. De esta manera estamos a un paso de vivir la democracia como
el rito de votar cada vez que se producen
elecciones de autoridades.
Los niveles de ocultación de la realidad a través de la manipulación de la información son
tan diversos como dispares los mecanismos
para desdibujar lo que se trata de disimular
o esconder. Podemos encontrar desde negaciones directas hasta los eufemismos más
peregrinos. Las normativas que amparan el
desinterés por informar son bastantes frecuentes y convierten en “secreto de estado”,
por ejemplo, a una licitación pública para el
servicio de recolección de basura como si
fuera la edificación de defensas antimisilísticas, o la nómina de designaciones en empleos públicos como si se tratara de agentes
secretos destacados detrás de la cortina de
hierro. Y es justo aquí donde se producen algunos de los hechos de mayor gravedad con
recursos que podrían ser utilizados para la
inversión de obras y servicios para los sectores que se encuentran en condiciones más
vulnerables, porque, a modo de ejemplo, la
corrupción en los sistemas de salud implica
una muy menor calidad de atención médica
y los usuarios de los sistemas públicos son
justamente los sectores que no tienen la posibilidad de optar por los servicios privados.
He aquí la gravedad de estos hechos: la corrupción impacta directamente sobre los derechos elementales de la población, por los
niveles de desinversión que se producen sobre los servicios de salud, educación, viviendas populares, entre otros derechos elementales.
Estas políticas de ocultismo van creando cada vez más estructuras de soporte que facilitan la impunidad; y la corrupción sin controles adecuados se va autoregenerando y se
multiplica, extendiéndose comunitariamente.
También aquí la connivencia entre poderes
facilita la falta de transparencia de lo que está a la luz y al alcance de todos. Por caso,
¿debo explicar porqué me interesa saber cómo y en qué se emplean los dineros públicos
de los cuales soy aportante?
Los que se oponen a la corrupción y a quienes, por cualquier medio, buscan perpetuarse en el poder se transforman en enemigos;
en ese sentido, la historia posee muchos registros de heroicos e inteligentes esfuerzos
ciudadanos y, lamentablemente, de persecuciones y aniquilamientos.
En un interesante trabajo María Baron puntualizó: “Acceder a la información de los poderes públicos del Estado requiere en la actualidad de esfuerzos titánicos.
En primer lugar, porque enfrentarse a la infernal maquinaria burocrática supone una lucha desigual y casi siempre decepcionante.
En segundo lugar, porque en nuestro país no
hemos forjado una cultura de respeto entre
representantes y representados y los intereses de unos y otros parecen, muchas veces,
transitar senderos inconciliables.(...)
Se declama retóricamente la necesidad de
la ‘participación’. Pero para que el ciudadano
participe, antes tiene que sentir el interés por
los asuntos de la cosa pública. Y para despertar ese interés, es preciso que esté informado.
Un ciudadano informado y comprometido en
la calificación de nuestras instituciones, es el
mejor antídoto contra la burocracia y la corrupción”.(4)
Es así que algunas de las organizaciones
sociales que actúan en el país han tenido
que interponer medidas judiciales para acceder a información que estaba garantizada
por las normas en vigencia para continuar
con su labor de incidencia en políticas públicas sobre las que se encontraban actuando.
La capacidad de influir comunitariamente es
de vital importancia a la hora de bregar por
generar las condiciones culturales que contribuyan al recupero de las instituciones que
hacen a la vida democrática; la capacidad de
acción de quienes gobiernan el poder público es notoriamente significativa y ésta se
acrecienta al ejercerla. Cuando las conductas que prevalecen están signadas por lo arbitrario, el autoritarismo, el mero clientelismo
partidario, la tendencia es incrementar el
poder y extenderlo a otros ámbitos, inclusive
tergiversando las agrupaciones de la sociedad civil. La salida comienza en uno mismo
cuando logramos que la corrupción, aunque
sea en su mínima y cotidiana expresión, no
se apodere de nuestro ser.
Por otro lado recordemos que Van Diijk escribió “La inmensa mayoría de estructuras
de discurso diferentes no sirven únicamente
para representar de forma estratégica, expresar, señalar, disfrazar, subrayar o legitimar una posición social y, por lo tanto, el poder del orador, sino también para controlar a
voluntad el pensamiento del receptor”.(5)
Quienes actúan bajo formas autoritarias se
presentan en público a través de mecanismos personalistas, donde se hace el culto al
líder; que sobresale como única figura que,
además, representa un papel de autosuficiente que no consulta y que siempre es la
que se manifiesta por los demás. Los otros
están ocultos, ni son mencionados salvo en
raras ocasiones. El personalismo en la conducción menoscaba la condición humana de
los demás, es decir, denigra a todo lo que se
realiza bajo esas circunstancias inclusive a
las más buenas intenciones. Desde luego, el
personalista retacea sistemáticamente toda
la información que puede, pues su concentración unívoca retroalimenta su capacidad
de dominar y concentra su poder.
En cambio, los que se desarrollan procurando una vida democrática de calidad en el
sentido más amplio del término, buscan denodadamente el desenvolvimiento horizontal, basando su accionar en alentar el trabajo en la diversidad, en concertar acuerdos y
afianzar alianzas, pues la sociedad civil es
eso y mucho más. Un líder democrático no
es el que manda como los autoritarios sino el
que contribuye a que se genere la energía
necesaria para que los cambios sean la consecuencia natural de una estructura social
equitativa, donde todos aporten en la medida de sus respectivas posibilidades.
En otras palabras, el acceso a la información
es la división de aguas entre la tiranía y la
democracia. También entre la transparencia
A nuestro entender, una de las formas mafiosas de comportarse por parte de algunos co-
rruptos que acceden a la administración de
los recursos de la comunidad, es a través de
la ley de omerta (del silencio), por la cual, en
muchos casos, pareciera que existe un convenio por el cual nadie denuncia al otro y si
existe la difusión de alguna componenda inmediatamente es tildada de traición, de intento de desestabilización, de móviles políticos, etcétera. Si el que atraviesa el cerco
omerta es un empleado público...
El acceso a la información desde la sociedad
civil, en procura de una comunidad participativa, debe tener muy en cuenta la coherencia
entre los objetivos y las herramientas utilizadas. Y, sobre todo, recordar siempre que la
tendencia a los desvíos está a flor de piel. La
transparencia en la información, la participación de los directamente involucrados, la
consulta permanente, la construcción compartida y nunca impuesta, entre otros principios, también serán las formas de relación
con los medios de comunicación. La consolidación de una ciudadanía de alta calidad
democrática se funda en la coherencia del
accionar, lo demás pueden ser altisonantes
proclamas que pronto se dispersan y resultan vacías de contenido.
En este sentido Adrián Ventura expresó: “Si
incluimos el requisito de la existencia de
controles en el concepto de legitimidad, las
minorías, como parte del pueblo, tendrán
vías alternativas que les permitan cuestionar
las decisiones de la mayoría cuando éstas
no fueron adoptadas legítimamente, es decir, conforme con las reglas preestablecidas”.(6)
En los sistemas democráticos meramente
formales es relativamente más fácil la manipulación de la opinión pública pues el haber
delegado acríticamente, al menos, la responsabilidad del contralor público por parte
de la ciudadanía permite una mayor posibilidad de connivencia entre quienes administran arbitrariamente los recursos comunitarios bajo la responsabilidad del Estado y
determinados medios de comunicación y algunos periodistas en particular. Recordemos que, en muchas regiones la población
se entera de lo que le pasa únicamente por
las informaciones preparadas por otros que,
velada o manifiestamente responden a los
intereses de ciertas facciones pues los fon-
dos públicos son empleados para comprar
contenidos informativos y que gran parte de
esas comunidades consumen diarios de distribución gratuita, escucha y mira noticieros
que su cometido es casi únicamente transmitir comunicados de prensa de las dependencias gubernamentales. Gracián apuntó
en El Criticón: “Los ignorantes son los muchos; los necios son los infinitos. Y así el
que tuviere a ellos de su parte, éste será señor de un mundo entero”.
Por otro lado, Miguel de Cervantes escribió:
“Más le temo a la opinión pública que a la
justicia” y Alfonso el Sabio dijo que “Más le
temo a la opinión pública que al verdugo”.
Por eso, entrado el Siglo XXI, los corruptos
directamente buscan que la población poco
sepa de “qué se trata”, evitando un Cabildo
Abierto (a una parte de la Justicia y al verdugo lo compraron hace bastante).
Otra cuestión principal a considerar es que
magníficos aliados para difundir información
y para contribuir a formar opinión; y eso ya
es mucho. Pero también hemos de recordar
que la información por si sola es necesaria
pero no suficiente para las modificaciones
de las conductas; mucho menos para el
desmalezamiento de los prejuicios, las prácticas autoritarias, mecanismos corruptos y
otras formas de menoscabo a la condición
Y otra vez llegamos a lo primero expuesto.
El acceso a la información pública resulta la
herramienta base para la aplicación de otros
numerosos mecanismos de participación y
control ciudadano. De allí su importancia.
Por lo tanto deben de confluir, complementariamente, una adecuada normativa, políticas
de Estado que garanticen los principios mínimos de acceso, junto con el ejercicio responsable por parte de la ciudadanía en general.
Aquí se produce una divisoria de aguas entre aquellas democracias que evolucionan
en el marco del cumplimiento de los acuerdos que se construyen y aquellas que se estructuran como un rito en el cual la ciudadanía cumple el rol de espectador ante el
apoderamiento y malversación de las acciones de gobierno. En el adecuado acceso a la
información de interés público se basa la diferencia.
“Créeme, cuando uno quiere ser activo, no
hay que tener miedo de hacer ciertas cosas al
revés, no hay que tener miedo de cometer
algunos errores. Para volverse mejor, no basta,
como la mayoría cree, con hacer nada malo.
La pasividad es una mentira. Así se
desemboca en el estancamiento, en la
mediocridad”. (7)
Poco a poco se va extendiendo el derecho al
humano, en la seguridad de que es una de
las llaves principales para la democracia de
alta calidad, mientras que su ausencia caracteriza claramente a las democracias meramente formales y a las tiranías que aún en
el Siglo XXI perduran.
Desde luego que aún falta mucho para que
en todos los ámbitos y jurisdicciones el acceso a la información esté incorporado taxativamente al derecho positivo.
No obstante lo antedicho, por suerte, son
fundamentales los antecedentes en el derecho positivo a la información por parte de la
ciudadanía, tanto en forma general o los referidos al ambiente y, en algunos casos como consumidores de bienes y servicios. Por
y del Ciudadano. Artículo 11.
Declaración Americana sobre Derechos y
Deberes del Hombre. Artículo 13.
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 19.
Humanos. Artículo 13.
Políticos. Artículo 19.
Constitución Nacional Argentina. Artículos 14 y 42.
Constitución de la Provincia de Buenos
Aires. Artículos 12.4, 43 y 44.
Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Artículos 12, 26 y 105.
Artículos 19.10 y 51.
raz”. (Artículos 3° y 4° del Anexo VII, del
Dto. n° 1172).
Artículos 18.10, 33, 61 y 88.
En tal sentido es dable tener presente que:
“El libre acceso a la información pública
constituye un paso necesario para que se
pueda vehiculizar de modo adecuado la participación pública.
Constitución de la Provincia de Jujuy. Artículos 31, 42.3 y 42.4.
Constitución de la Provincia de Salta. Artículos 23 y 31.
Artículos 22, 25, 27 y 47.
Artículos 31, 50 y 66.
En un sistema democrático los gobernantes
son nuestros mandatarios, han accedido legítimamente al poder gracias al pronunciamiento de los gobernados. En una democracia participativa, para poder participar en el
proceso de toma de decisiones y efectuar el
control de los actos de los gobernantes es
necesario contar con información completa,
veraz y oportuna”.(8)
Constitución de la Provincia de Tierra del
Fuego. Artículos 14.10, 46 y 61.
Ley Nacional n° 25.831 Régimen de Libre
Acceso a la Información Pública Ambiental.
Ley n° 104 de la Ciudad Autónoma de
Ley n° 303 de la Ciudad Autónoma de
Ley n° 3764 de la Provincia del Chubut.
Ley n° 4444 de la Provincia de Jujuy.
Ley n° 1829 de la Provincia de Río Negro.
3) La Patagonia
“El defecto cognitivo o la ignorancia con
relación al poder son dos condiciones
esenciales de inseguridad que arrebatan del
pacto original los presupuestos políticos de
sumisión. (...)
No se presta consenso verdadero a aquello que
se ignora o del cual se posee una imagen
deformada o alterada por las creencias, no
obstante que dentro de la comunidad puedan
aparecer distintas formas legitimadoras”. (9)
Manuel Moreira (2001)
Ley n° 653 de la Provincia de Tierra del
Dto. Nacional n° 1172/2003.
Ordenanza n° 13.712 del Municipio de
General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires.
Es importante subrayar que el Poder Ejecutivo Nacional, el 3 de diciembre de 2003,
estableció que: “El Acceso a la Información
Pública constituye una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona
ejercita su derecho a requerir, consultar y
recibir información (...) (y que) La finalidad
del Acceso a la Información Pública es permitir y promover una efectiva participación
ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y ve-
La Patagonia es la región argentina más extensa, con menor concentración poblacional
y mayoritariamente compuesta por niños y
jóvenes, muy rica en reservas acuíferas y en
productos primarios y agropecuarios, ríos y
lagos con aún incontaminadas aguas, paisajes bellísimos que son atracción mundial, y
costas marítimas de real valía. Desde el
punto de vista sociocultural, presenta relativos bajos niveles de desigualdad social, sin
que esto signifique desconocer entre otros
los problemas de pobreza existentes incluyendo la extrema, pueblos originarios y diversos grupos provenientes de distintos provincias y países que aportan valores
culturales ancestrales.
Gran parte de la población es primera o segunda generación en el lugar, que se suman
a los antiguos pobladores y a los pueblos
aborígenes que mantienen fuertes lazos culturales con sus antepasados. La diversidad
ocupacional es notoria pues existen áreas mineras (carbón, petróleo, gas. etcétera), pescadores artesanales y de altura, ganadera
extensiva al secano, ganadera de subsistencia en zonas áridas y muy frías, productores
de frutas y quienes elaboran artesanalmente
diversos productos de alta calidad y valor
cultural, turismo (con notoria incidencia de
los visitantes de alto poder adquisitivo), industria maderera, etcétera.
También se caracteriza por ser una de las regiones del mundo con menor contaminación
ambiental y, posiblemente, de mayor conciencia de la importancia de la protección del
eco-sistema. El respeto por el ambiente regional, reserva de vida universal, es una
cuestión mayoritariamente aglutinante por lo
que el libre acceso a la información reviste,
en este sentido, vital consideración.
Asimismo, registra un importante movimiento articulado de grupos y asociaciones que
van confluyendo en alianzas estratégicas,
como parte del involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. La sociedad
civil va desarrollándose eficiente y responsablemente logrando incidir en la formulación y
monitoreo de las políticas públicas. La Patagonia, en este sentido, está siendo observada por otras regiones con particular atención
pues está consolidando horizontalmente un
claro sentido de pertenencia y estableciendo
a la transparencia como valor generalizado
ya sea a través del precio justo, la protección
del ambiente, la participación ciudadana, etcétera. De ahí que el derecho al libre acceso
a la información sea un imperativo fundamental.
La somera caracterización que hemos efectuado nos permite, al menos, entrever, algunas cuestiones relevantes con respecto al
acceso a la información. Por caso, la prevalencia poblacional de los jóvenes, nacidos
en democracia, la protección del ambiente
como valor generalizado, los muchos que
trabajan en el sector turístico íntimamente ligado al paisaje, los que buscan nuevas
áreas para invertir, los pueblos originarios
que bregan por el respeto a sus derechos
ancestrales incluyendo a la tierra, estructuras sociales horizontales o con estratificaciones relativamente más flexibles, los que
practican la comercialización de productos y
servicios basados en el principio del precio
justo, los que bregan por sistemas democráticos con alta incidencia de la participación
ciudadana, etcétera.
Con respecto al acceso a la información y en
prueba de que la Patagonia es una tierra
proclive a generar condiciones de democracia de calidad, encontramos que, de las cinco jurisdicciones provinciales, dos lo establecen en su Constitución (Chubut y Tierra del
Fuego), tres poseen una ley específica (Río
Negro, Chubut y Tierra del Fuego), seis localidades, en su Carta Orgánica lo contemplan
(Neuquén, Viedma, Puerto Madryn, Trelew,
Comodoro Rivadavia y Ushuaia) y siete concejos deliberantes han sancionado la correspondiente Ordenanza (San Martín de los Andes, Bariloche, Trevelin, Viedma, Puerto
Pirámides, El Calafate y Ushuaia). Así, es la
región con mayor cantidad de normas de acceso a la información del país y esto constituye, además, una responsabilidad asociada
para la ciudadanía. Es decir que, teniendo
las condiciones para poner en marcha la base de los procesos de participación y control,
es un doble deber involucrarse en el sentido
de las decisiones que afectan al interés colectivo. Debe, además, ponderarse que,
comparativamente, otras regiones cuentan
con menores condiciones jurídicas e institucionales para la participación y el control sobre los asuntos públicos. De allí la doble responsabilidad de continuar promoviendo la
consolidación de estos y otros derechos irrenunciables.
También existen experiencias de acciones
judiciales procurando poder ejercer el derecho ante la denegatoria como, por ejemplo,
la causa “Worman, Guillermo Pablo s/
Amparo por Mora (8045)” en la cual el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Tierra del Fuego se negó a suministrar información pública, tal lo solicitado por expediente N° 16.920. La Legislatura de Tierra
del Fuego aprobó en diciembre de 2004 la
Pública a través de la cual se garantiza el acceso a información en manos del Estado como derecho de la ciudadanía. La misma ley
garantiza el acceso a la información solicita-
da sin necesidad de explicar los motivos de
la solicitud y pone a resguardo aquellas situaciones que puedan violar el derecho a la
privacidad de las personas o ante puntuales
En tal sentido, en el Fallo del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur, a cargo del Dr. Juan José
Ureta, haciendo lugar a lo demandado, expresó entre otras consideraciones: “Más por
el contrario juzgo que de no responderse a la
requisitoria se viola el principio republicano
de gobierno, menoscabando la credibilidad
de los actos por falta de transparencia.
A mérito de lo dicho, no resulta de aplicación
al caso, ninguna de las limitaciones contenidas en el art. 3 de la Ley n° 653, ya que el
recaudo que exige el art. 45 de la Constitución Provincial que se pretende encuadrar
en el inc. d) de la norma citada se refiere a
situaciones distintas a las que componen las
peticiones de información presentadas por
Guillermo Worman.
Por lo expuesto, puede afirmarse que la información solicitada no ha sido respondida
en forma completa, adecuada y oportuna, y
cabe calificar a las respuestas brindadas de
ambiguas y parciales, en el marco de lo
prescripto por el art. 8 de la Ley provincial de
derecho a la información n° 653, extremo
que acarrea claramente como consecuencia, considerar a las mismas una negativa a
Otra acción judicial resuelta a favor de la ciudadanía fue la sentencia lograda gracias a la
presentación judicial interpuesta por una organización no gubernamental (Fundación
Centro de Derechos Humanos y Ambiente),
por la cual el Superior Tribunal de Justicia de
la Provincia de Río Negro ordenó a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche que dé
cumplimiento, en el plazo de noventa días a
partir de la notificación de la sentencia, a la
Ordenanza n° 1121/01,1 exigiendo a los comercios habilitados de aquella ciudad a poner a disposición de los usuarios/consumidores un listado con la nómina de productos
transgénicos, como así también un cartel visible que indique la disponibilidad de ese listado (“Bordenave Sofía A. s/Mandamus”,
Expte. n° 18726/03-STJ- 12/03/2005).
Por lo tanto, uno de los peligros más grandes de la democracia (y de toda forma de
gobierno) consiste en los intereses siniestros
de los que poseen el poder: este peligro es
el de una legislación de clase, de un Gobierno que busque, (sea que lo consiga, sea que
sucumba en la empresa), el provecho inmediato de la clase dominante en detrimento
duradero de la masa. Y lo primero a que debe atenderse cuando se determina la mejor
constitución del Gobierno representativo, es
a precaverse contra este mal. (...)
Una Constitución no inspira confianza, sino
a condición de garantir, no que los depositarios del poder no harán mal uso de él, sino
que no pueden hacer ese mal uso. La democracia no será el ideal de la mejor forma de
Gobierno, si este flaco que se observa en
ella no puede ser fortalecido, si no puede ser
organizada de modo que ninguna clase, ni
aún la más numerosa, sea capaz de anular
políticamente todo lo que no sea ella, y de dirigir la marcha de la Administración, según
su interés de clase. Encontrar los medios de
impedir este abuso, sin sacrificar las ventajas características del sistema, he aquí el
problema.(10)
Con respecto al derecho al acceso a la información es necesario, por un lado, generalizarlo tanto en el ámbito provincial como municipal y, la otra tarea propicia, es procurar la
unificación de los criterios empleados, sobre
todo cuando la disparidad tiene su origen en
diferentes redacciones, quizá muchas veces
pues fueron producidas en épocas y circunstancias cívicas, políticas e institucionales
4) El Acceso a la Información en la
normativa provincial patagónica
Con respecto a lo presentado en el punto anterior observemos las diferencias sustantivas entre dos normas legales que atienden a
“El derecho de libre acceso a las fuentes de
información pública puede ejercerlo toda
persona física o jurídica, sin distinción de nacionalidad, radicada en la provincia, no sien-
1 Sancionada el 7-5-2001 y ratificada por unanimidad por el Concejo Deliberante el 31-5-2001.
do necesario indicar las razones que lo motivan”. Ley n° 1829 de la Provincia de Río
Negro. Artículo 2°.
“Toda persona física o jurídica tiene derecho,
en forma concordante con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y atendiendo el carácter de bien social
que ostenta la información pública, a solicitar
y a recibir información de tal índole en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna. Dicha facultad lo es sin perjuicio de la información que debe ser producida por propia iniciativa de los órganos y poderes públicos”.
Fuego. Art. 1° B.O. 3/01/2005.
En el primer caso se exige radicación previa
lo que significa que un turista, un investigador académico de otra zona, un inversor externo, etcétera, deben fijar domicilio y realizar el correspondiente trámite en el Registro
Civil local, por lo cuál se dificulta el libre acceso u obliga a efectuar un cambio de domicilio circunstancial distorsionado dicho acto,
o a recurrir a un tercero por lo cual, probablemente, el ejercicio del derecho fundamental
se convierta en oneroso.
La aclaración “sin distinción de nacionalidad”, a nuestro entender nos está remitiendo
positivamente a una cuestión latente en la
Patagonia, muy particularmente en la época
en que fue redactada la norma de la Provincia de Río Negro, referida a los problemas
originados por las corrientes emigratorias y a
los resabios propios de la demarcación definitiva de los límites nacionales.
Lo que aquí nos interesa, en la Patagonia,
entrado el Siglo XXI, es que todavía existe la
situación generada, en algunas oportunidades, por dificultad de construir comunidades
en diversidad. En la ciudad de Ushuaia está
vigente una Ordenanza Municipal que exige
dos años de residencia en la localidad antes
de poder iniciar el trámite para estar habilitado para trabajar como taxista.
En la medida que en la Patagonia se generalice el libre acceso a la información, se estarán consolidando las condiciones estructurales para un más eficiente involucramiento
responsable de la ciudadanía en el monitoreo del accionar de los poderes públicos; los
recursos de la comunidad, al evitarse la co-
rrupción, tendrán un más eficaz destino, la
protección del ambiente podrá ser observada
con mayor precisión, las inversiones en minería, adquisición de tierras y en turismo tendrá su justa evaluación sobre el impacto de
las mismas, la biodiversidad seguirá siendo
reserva de vida para la humanidad y, en definitiva, sus habitantes y visitantes lograrán
desarrollarse plenamente en condiciones de
sustentabilidad. Con respecto al acceso a la
información en esta región, en el primer quinquenio del nuevo Siglo, se han realizado más
de un centenar de acciones de capacitación
ciudadana, decenas entrevistas con concejales y legisladores, se presentaron numerosos
proyectos de ordenanzas y de leyes atinentes y se empleó particularmente los medios
de comunicación social para favorecer la toma de conciencia al respecto.
La generalización del derecho al libre acceso a la información en toda la Patagonia será una herramienta contundente para extirpar la corrupción, las prácticas demagógicas
y clientelistas, la connivencia entre los poderes públicos, la impunidad, etcétera, que degradan la calidad de vida y generan pobreza
en los que menos tienen. Los avances en
ese sentido son palpables. Uno de los logros
más visibles es que el asunto del libre acceso a la información está instalado en muchos
grupos poblacionales que, muy probablemente, hasta hace poco tiempo ni siquiera lo
conocían o lo consideraban como imposible
de ejercer; cuando la gente toma como
propio un derecho y lo ejercen, ese pequeño paso para el hombre es un gran
salto para la condición humana.
Cuando el libre acceso a la información se
expanda a todas las jurisdicciones provinciales y locales de la Patagonia, resultará una
Región coherente y armonizada con capacidad de ser generadora de bienestar genuino
y sustantivo para todo hombre y mujer de
buena voluntad que quiera habitarla o visitarla. En este sentido recordemos a Aldoux
Huxley: “La supervivencia de la democracia
depende de la capacidad de gran número de
personas para optar con sentido realista a la
luz de la información adecuada”.
En el caso de San Martín de los Andes,
Provincia del Neuquén, la Ordenanza de libre acceso a la información, en su artículo 2°
incluye expresamente a la Contraloría Muni-
cipal dentro de los órganos estatales que deben suministrar los datos y documentos que
se le requiera por parte de cualquier interesado y el artículo 3° establece el derecho para “toda persona física o jurídica” adhiriendo
así al criterio de universalidad. El artículo 7°
señala el procedimiento adscribiendo al sistema general, es decir, la mesa de entradas
registra y entrega la copia de la solicitud debidamente firmada por el agente público interviniente.
Como quedó dicho, la Provincia de Río Negro fue la primera de la Patagonia en poseer
su propia normativa específica, nos estamos
refiriendo a la Ley n° 1829 publicada en el
Boletín Oficial el 5 de julio de 1984, que se
sustenta en los artículos 4° y 26° de la Constitución provincial. La ley, en su artículo 3°
establece una posibilidad infrecuente: que el
peticionario, en determinadas oportunidades
o cuando el mismo lo solicite, podrá acceder
personal y directamente a la documentación
pertinente. Es decir, tomando los recaudos
que correspondan, la persona física o jurídica puede investigar y analizar en los propios
archivos. Recordemos que la Constitución
provincial, en su artículo 26° establece taxativamente el derecho a la libre información.
Asimismo es dable señalar que, la Carta Orgánica de la ciudad de Viedma, en su artículo 11°, puntualiza el derecho que aquí nos
ocupa y que la Ordenanza 2722, de 1991,
avanzó en tal sentido, aunque después de
por lo menos catorce años nunca fue reglamentada. En el artículo 2° de dicha norma
reitera el criterio de que el derecho es exclusivo a los residentes de la localidad, sin distinción de nacionalidad, y el artículo 8°, por
suerte, expresa que: “La presente ordenanza será reglamentada por el Poder Ejecutivo
dentro de los sesenta días de su promulgación, entrando en vigencia a partir de entonces en plenitud aunque no se hubiere dictado la reglamentación”.
Sin duda, el derecho a la información es parte de la cuna de la democracia, como bien lo
comprendieron, hace siglos, los redactores
del artículo 11° de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más preciosos
La Constitución de la Provincia del Chubut,
en su artículo 13°, estableció el derecho al libre acceso a la información y además expresa: “Incurre en falta grave el funcionario o
magistrado que entorpece la publicidad de
tales actos”. Y por la Ley n° 3764, publicada
en el Boletín Oficial del 6 noviembre de
1992, lo reglamentó: “Todo habitante de la
provincia tiene el derecho de libre acceso a
las fuentes de información de los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales
emanados del Estado Provincial y de las
Corporaciones Municipales, ello sin que sea
necesario indicar las razones que motivaron
el requerimiento”. (Artículo 2°). Nótese que
el derecho lo circunscribe a solamente los
habitantes de la Provincia. Y, además establece que: “(...) Todo funcionario público que
deba facilitar el acceso a las fuentes de información deberá efectivizarlo dentro de los
dos (2) días hábiles de habérsele formulado
el requerimiento de acceso por cualquier
medio, incluso verbal, debiendo en este último supuesto labrar acta o diligencia y entregar constancia al peticionante de su requerimiento.(...)”. (Artículo 3°). De esta manera lo
convierte en expeditivo por el exiguo plazo
que le concede a la Administración, aunque
en algunos casos puede extenderse hasta
diez días. También enuncia claramente la intención de facilitar el trámite pues incluye la
posibilidad que la petición sea verbal, quedando en el funcionario la responsabilidad
de transcribirla y formalizarla.
Y, Trevelin, por Ordenanza Municipal 432,
del 2004, puntualiza en su artículo 1° que las
solicitudes se deben presentar al Intendente
o al Presidente del Concejo Deliberante, según corresponda y, como nos explayamos
más abajo, el artículo 5° manda que el peticionante debe manifestar el propósito que lo
El Calafate, Provincia de Santa Cruz, a través de su Ordenanza Municipal 872 del
2004, puntualizó en su artículo 6° “Toda persona física y jurídica, pública o privada, tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo ni contar con patrocinio letrado”.
Como hemos podido apreciar, los criterios
varían pero, en todos los casos, es claramente manifiesta la intención legislativa de
establecer fehacientemente el derecho al acceso a la información como herramienta
principal para la toma de decisión responsable y, por caso, el monitoreo de la administración de los bienes públicos. Debemos reiterarlo, el contexto, muchas veces, está
caracterizado por el clientelismo partidario,
la demagogia, la connivencia entre poderes,
la corrupción, los intentos de explotación de
los recursos naturales provocando alto impacto negativo en el ambiente y en las especies animales y vegetales, etcétera, que degradan nuestras condiciones de vida. La
información veraz, completa y oportuna adecuadamente empleada, frecuentemente le
permite a la población alerta ejercer sus derechos en forma activa. En tal sentido recordemos que León Tolstoi escribió el 1° de octubre de 1856: “Mas incluso cuando la
persona esté sinceramente indignada y sea
tan infeliz que no haga más que tropezarse
con cosas indignantes, una de dos: o bien, si
el alma no es débil, actúa y corrige lo que te
indigna, o estréllate tú mismo”.(11)
La Provincia de Tierra del Fuego, en el artículo 14° de su Constitución, posee el derecho de la ciudadanía a peticionar ante las
autoridades y a obtener respuestas fehacientes. El artículo 8° establece que: “Todos
los actos de Gobierno deben ser publicados
en la forma que la ley determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquellos
relacionados con la percepción e inversión
de los fondos públicos y toda enajenación o
afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las Municipalidad. La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no publicitado,
sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las personas intervinientes en él”, y el artículo 46° expresa: “El
ejercicio de los derechos a la información y a
la libertad de expresión no están sujetos a
censura previa, sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas
por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto a los derechos, la reputación de las personas, la moral, la protección
de la seguridad, y el orden públicos. (...)
La ley garantiza el libre acceso a las fuentes
públicas de información y el secreto profesional periodístico. (...) La información y la
comunicación constituyen un bien social”.
Observemos como los convencionales estipularon la prohibición de la censura previa;
esta cuestión está íntimamente ligada al derecho a acceder a la información sin ni siquiera estar obligado a exponer los motivos
de la solicitud pues, el sólo hecho de anteponerla como condición por parte de cualquiera de los poderes públicos los mismos estarían flagrantemente previendo la posibilidad
fáctica de negar lo requerido por caso, por
disentir en los argumentos esgrimidos en la
presentación de obtener cualquier dato y documentación que se considere menester.
Cuando los que conducen los poderes públicos consideran que la solicitud de información los pondrá en evidencia en algo que desean mantener velado, buscan todo tipo de
argumentos formales para evitar suministrar
información. Por ejemplo, difundir los nombramientos en cargos públicos relevantes
sin concurso previo es atentar contra la intimidad de las personas, aunque sus salarios
corran por cuenta de la comunidad.
Asimismo es dable destacar que el texto
constitucional establece que la información
es un bien social, por ende resulta innecesario avenirse a fundar el interés legítimo para
acceder ya que, por caso, también deberíamos explicar que nos motiva transitar por un
espacio público, respirar o beber agua sin
contaminantes, etcétera.
El 2 de diciembre de 2004 la Legislatura provincial sancionó la Ley n° 653, Derecho a la
Información. En su artículo 1° reitera el carácter social de la información, disponiendo
que “toda persona física o jurídica” puede
acceder a la misma. También establece que
“El requerimiento podrá ser formulado respecto de cualquier órgano perteneciente a la
Administración centralizada, desconcentrada, descentralizada e incluso entes autárquicos; empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta
y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Gobierno provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
concesionarios de servicios públicos; órganos de control; los poderes Legislativo y Judicial en cuanto a su actividad administrativa
y los demás órganos establecidos en la Segunda Parte, Título Primero de la Constitución de la Provincia”. La extensa y detallada
enumeración está indicando, entre otras,
que toda información de los poderes públicos es pública, aunque parezca una perogrullada.
La Carta Orgánica de la ciudad de Ushuaia,
en su artículo 16 expresa: “Los vecinos tienen el derecho a solicitar y a recibir toda la
información existente no personalísima, ni
fundadamente reservada por disposición de
la Ley, en forma completa, veraz, adecuada
y oportuna de cualquier órgano perteneciente al Municipio, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, empresas estatales o
mixtas, concesionarios de servicios públicos
municipales, órganos de control y juzgamiento administrativo; y éstos tienen la obligación de suministrarla en el modo, alcance
y oportunidad que reglamente una ordenanza dictada al efecto. Dicha reglamentación
no puede restringir o alterar el derecho aquí
acordado”. Cabe recordar que correspondió
al Asunto N° 039/02 y que fue aprobado por
Notemos como los estatuyentes, conocedores de los antecedentes del comportamiento
frecuente de algunos que ejercen la política,
tuvieron en cuenta de establecer, en este caso, una aclaración específica ya establecida
en los artículos 13° y 14° de la misma norma
legal: la reglamentación no puede menoscabar el ejercicio de un derecho fundamental.
Y desde luego, menos, la interpretación judicial tiene capacidad de cercenar o impedir
un derecho personal y de las garantías establecidas.
Tengamos presente que, el control ciudadano de los intereses públicos contribuye a
mejorar sustancialmente la distribución equitativa del recurso comunitario y a preservarlo también para las generaciones venideras.
El desentendimiento, por parte de los habitantes, por el resguardo de sus intereses generales acarrea consecuencias nefastas como la pobreza, el deterioro del ambiente,
etcétera. En este sentido, recordemos lo escrito, en 1973, por el Premio Nóbel de Literatura Alexandr Soljeniysin: “Una ideología cómoda determina un cómodo término jurídico:
profilaxis social”.(12)
El 7 de octubre de 1991, el Concejo Deliberante de Viedma sancionó su Ordenanza de
libre acceso a la información, en cumpli-
miento del artículo 11° de la respectiva Carta Orgánica. En los fundamentos los concejales expresaron: “Que, la publicidad de los
actos de gobierno es uno de los principios
básicos del sistema republicano, que hace a
la credibilidad de las instituciones y el fortalecimiento de la legitimidad de los gobernantes;
Que, al mismo tiempo el libre acceso a las
fuentes de información constituye una de las
bases de la democratización del poder, facilitando la participación ciudadana en los
asuntos públicos y haciendo más transparente el proceso de adopción de las decisiones políticas;
Que, resulta oportuno, entonces promover la
adopción de las normas que posibiliten la
plena vigencia de tales principios, sancionando los elementos adecuados para ello;
Que, de esta manera se establece en el ámbito del Municipio de Viedma un sistema de
garantías ya sancionado en la Provincia de
Río Negro en la Ley n° 1829, que contribuirá al mejor desarrollo de su régimen constitucional”.
El 3 de julio de 2002, el Concejo Deliberante
de Ushuaia promulga la Ordenanza 2474 de
libre acceso a la información y señala que es
un derecho de toda persona ampliando lo
señalado en la Carta Orgánica que lo restringe a únicamente a los vecinos. La rigurosidad en la redacción de las normas contribuye en mucho a su aplicación y a evitar la
posibilidad de interpretaciones disímiles que
conduzcan al conflicto o evadir responsabilidades.
Un caso particular es el de la Ordenanza N°
432/04, de Trevelin, Provincia del Chubut,
que en su artículo 5° exige al peticionante de
información que exprese el interés que lo
motiva y el destino que le dará a la misma:
“La solicitud debe realizarse por escrito, con
la identificación de la persona jurídica solicitante u organismos gubernamentales. Debiendo presentar la manifestación del propósito de la requisitoria, y el destino que se
dará a la información requerida. Debe entregarse al solicitante de la información una
constancia del requerimiento”. A nuestro entender, dado el carácter del texto, debe aclararse quién decidirá y cuales serán los criterios a emplearse para la toma de decisión
con respecto a que si los motivos esgrimidos
son suficientes y si el destino es el correcto.
De mantenerse la actual situación fácilmente se podrá, al menos, entorpecer el ejercicio
del derecho. Desde luego que es un avance
muy sustantivo la existencia de la Ordenanza aquí comentada y que deberán ser los
ciudadanos de Trevelin quienes, en definitiva, se den respuesta a la marcha de su proceso de participación ciudadana.
5) A las cosas
“El comprender claramente lo que se debe hacer
no va acompañado del saber hacerlo”. (14)
Bernard Shaw (1945)
De la misma manera que son inconcebibles
todos los derechos humanos si no se cumple
el derecho a la vida sería irrelevante imaginar a la democracia sin el derecho al libre
acceso a la información. Bien lo explicó John
Rawls en 1971: “La prioridad de la libertad
significa que la libertad solamente puede ser
restringida a favor de la libertad en sí misma”. (15)
Los derechos han de ser conocidos y comprensibles por cada uno de los habitantes,
siendo tarea de la propia comunidad favorecer su difusión, en el sentido más amplio del
concepto, hasta que sean carne de la carne
de todos por igual. Un buen ejemplo de lo
antedicho es el libre acceso a la información
por parte de la ciudadanía ya que éste debe
ser un bien cotidiano, si se nos permite la expresión. Además, la participación ciudadana
responsable se logra “Sólo cuando se da un
intercambio informativo entre gobernados y
gobernantes, cuando los gobernados tienen
el conocimiento en debido tiempo y forma de
toda la actividad que se realiza dentro de la
esfera pública, que implica el accionar de los
gobernantes hacia y en la toma de las decisiones.
Se trata de un saber que por ser público le
corresponde a los gobernados. Para que esta premisa se cumpla es necesario el reconocimiento del derecho al libre acceso a la información administrada por el Estado”. (16)
Dentro de las paradojas del Siglo XXI, estamos inmersos en auspiciosos procesos de
desarrollo pleno de los derechos de tercera
y cuarta generación y, al mismo tiempo, envueltos en aquelarres donde unos pocos deciden que la existencia humana es inferior a
tres centavos, que más de mil de millones de
hombres y mujeres queden, de hecho, excluidos del trabajo, la seguridad social, la alimentación adecuada, la educación formal
básica, etcétera. También, la corrupción, las
políticas prebendarias, las prácticas venales
de las voluntades periodísticas y, entre otras,
la connivencia entre los poderes que deben
ser independientes y eficaces, provocan perversos círculos de hierro donde una parte
importante de la población queda más expuesta en su débil e inestable situación económica, se contamina el ambiente, se aniquilan masivamente animales poniendo en
peligro la subsistencia de muchas especies,
Por suerte, por otro lado, el nuevo milenio ha
iniciado su andar con claros indicios de fortalecimiento de los sistemas democráticos
antes periódicamente denostados por quienes deberían haber sido sus fieles y eficientes custodios aún ante los ataques de los
violentos autoritarios. Y, sin duda, la peculiaridad principal de esa fuerza que sustenta a
la libertad está dada por la cada vez más inteligente participación responsable de la ciudadanía.
El ciudadano por su dignidad humana y como elector o consumidor es la fuente de todo poder, el destinatario del accionar público
y a quien los administradores elegidos y designados deben rendir cuentas en forma regular y cada vez que lo sea requerido en tal
sentido; esa es la llave maestra de la democracia de calidad, lo demás es mero formulismo o la tiranía. Cabe recordar que Marino
Moreno, el 6 de noviembre de 1810, publica
en la Gaceta: “Es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes; pero también es conveniente que
aprendan por sí mismos lo que es debido a
sus intereses y derechos. (...) El bien general será siempre el único objeto de nuestros
desvelos, y la opinión pública el órgano por
donde conozcamos el mérito de nuestros
procedimientos. Sin embargo, el pueblo no
debe contentarse con que sus jefes obren
bien; él debe aspirar a que nunca puedan
obrar mal, que sus pasiones tengan un dique
más que firme que el de su propia virtud; y
que, delineado el camino de las operaciones
por reglas que no esté en sus manos trastocar, se derive la bondad del gobierno, no de
las personas que lo ejercen, sino de una
Constitución firme, que obligue a los sucesores a ser igualmente buenos que los primeros, sin que ningún caso deje a éstos la libertad de hacerse malos impunemente”. (17)
Entonces, hoy en día, por lo menos es necesario incrementar y mejorar los esfuerzos en
aras crear las condiciones estructurales y
alentar los procesos que afiancen la democracia cotidiana de calidad. En tal sentido,
algunas líneas de acción han de ser:
Identificar sistemáticamente toda la normativa atinente en un mapa dinámico
donde también se visualicen las carencias y eventuales distorsiones.
Difundir ampliamente, inclusive entre los
alumnos de los distintos niveles de la
educación, el derecho al libre acceso a la
Bregar para que toda persona tenga el
mismo derecho, sin distinción de ninguna
Procurar que el derecho al libre acceso a
la información sea el equivalente en todas las instancias de cada uno de los
poderes públicos: Legislativo, Judicial y
Ejecutivo, en los niveles, municipal, provincial y nacional.
Establecer el sentido más amplio de este
derecho y que las excepciones, las menos posibles, sean siempre producto de
una norma legal debidamente fundada,
con plazos establecidos, y que nunca,
por ejemplo, las declaraciones patrimoniales de los representantes y autoridades públicos puedan ampararse en restricciones para su conocimiento general.
Procurar la extensa capacitación ciudadana y de quienes trabajan en los Poderes Públicos, para contribuir a un mejor
Difundir pública y ampliamente los casos
de negación o de intento de cercenar este derecho con el fin de incrementar el
consenso social del importante camino
que aún falta por recorrer.
Los criterios han de ser: gratuidad, sencillez, universalidad, libre de toda explicación de los motivos y destino de lo obtenido y expeditivo en el trámite.
La información suministrada debe ser
siempre completa, veraz, adecuada y
La negación infundada a suministrar información ha de constituir una falta grave
y un delito cuando corresponda.
La presentación judicial, cada vez que el
recurso administrativo esté agotado ante
eventuales negativas a suministrar información pública, consolidará el ejercicio
de este derecho y permitirá sancionar a
quienes tienen interés en ocultar su velado interés.
Debe generalizarse el derecho al amparo
ante la menor resistencia de cualquier
poder público a suministrar información, y
el juez, previa comprobación sumarísima
de la denegatoria arbitraria, deberá exigir
el pronto despacho de la autoridad correspondiente.
La difusión del derecho al libre acceso a
la información debe ser amplia, precisa y
tendiente a su comprensión general por
parte de toda la población.
Desde luego que a la nómina de prioridades
para la acción la podríamos ampliar en mucho; pero alcanzar lo antedicho, sin duda,
será un avance muy significativo en la consolidación de la democracia cualificada. Y
recordemos lo manifestado al respecto por
el Premio Nóbel de Economía en 1998,
Amartya Sen: “El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en
el mundo, y estos temas son fundamentales
para el proceso de desarrollo”.(18)
Ya los antiguos pensadores estaban convencidos que si encontraban un punto de apoyo
podrían mover a la Tierra, luego inventaron
la rueda y mucho más adelante los seres humanos caminaron por la Luna; mientras tanto la humanidad avanzó con serios tropiezos
de equidad, barbaries atroces, aventuras facilistas de corta monta y grandes perjuicios
para la mayoría, etcétera. Y también los derechos fundamentales se fueron acrecentando y diversificando hasta su cuarta genera-
ción y aún más. Hoy, aunque nos seguimos
debatiendo en aguas turbulentas, tenemos
en claro que sólo la democracia podrá
crear las condiciones para el desarrollo
sustentable y que el derecho a la libre información contribuirá en mucho a que la
ciudadanía responsablemente involucrada sea la protagonista principal en la
construcción de su propio destino y de
mejorar las condiciones de vida para las
En síntesis, como escribiera Oscar Wilde en
1896 desde la cárcel de Reading: “Ser completamente libre y hallarse al mismo tiempo
sujeto al dominio de la ley, he aquí la eterna
paradoja de la vida humana, sentida por nosotros a cada momento.
Y pienso con frecuencia que ésta es sin duda la única explicación posible de tu modo
de ser; si es que existe alguna explicación
del profundo y pavoroso secreto de un alma
humana, aun cuando esta explicación es la
que hace todavía más maravilloso el secreto”.(19)
Sin embargo, la aprobación de normas que
garanticen el acceso a la información pública no dará la tranquilidad institucional para
erradicar la corrupción y otros delitos que se
cometen desde abusos que se procuran
desde los gobiernos. Tampoco la puesta en
marcha de políticas de Estado son suficiente garantía de transparencia y participación.
Entonces, estas dos últimas condiciones
asociadas a la participación responsable de
la ciudadanía serán los contextos para revertir los desvíos e irregularidades que se
producen en la región.
Se cuenta en Patagonia con ventajas comparativas para continuar impulsando la generalización del acceso a la información. Los cinco Estados provinciales cuentan con
presupuestos públicos para llevar adelante
políticas de gobierno que instrumenten lo expresado en las distintas normas de acceso
en vigencia y aquellas que se aprueben a futuro.
Por último, la ciudadanía patagónica se debe a si misma el involucrarse en función de
preservar una de las regiones con mayor potencial del país y profundizar el recupero institucional que se esta produciendo en algunos de los municipios en donde los vecinos
han optado por ejercer activamente los derechos que les corresponden y que han estado latentes desde el retorno a la democracia
Si esto no sucede, estaremos deshonrado a
aquellos que han realizado enormes esfuerzos, inclusive con su vida, por recuperar la
democracia, consolidarla y darnos como
pueblo una nueva oportunidad de vivir dentro del Estado de Derecho. A treinta años del
inicio de la dictadura más sangrienta que
azotó a nuestro país, es una responsabilidad
El acceso a la información es una de las llaves para recuperar la democracia que tanto
anhelamos. Las condiciones están presentes en la región y la comunidad tiene la palabra, de ahora en más, para ejercer uno de
los derechos fundamentales que nos constituye en ciudadanos. Resta organizarnos, como comunidad, en relación con otros sectores y las autoridades locales para que las
provincias de Santa Cruz y Neuquén aprueben las normas provinciales que equiparen
los derechos de el resto de sus vecinos patagónicos. Lo mismo sucede con los municipios que, teniendo autonomía, aun no han
aprobado y puesto en marcha el acceso a la
información que todo ciudadano tiene derecho a contar y que resulta imprescindible para actuar constructivamente en la vida pública local.
(1) Soboul, Albert. Danton. Centro Editor de América Latina. Página 68. Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 1970.
(2) Pierini, Alicia y Lorences, Valentín. Derecho de acceso a la información. Editorial Universidad. Páginas 20 y 21. Buenos Aires, Argentina. 1999.
(3) Perry, Anne. Half Monn Street. Plaza Janés. Página 151. Barcelona, España. Abril de 2001.
(4) Baron, María. Acceso a la Información en el Poder Legislativo. Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Página 7. Buenos Aires, Argentina.
(5) Van Dijk, Teum A. Racismo y análisis crítico de los medios. Paidós. Página 24. Barcelona,
(6) Ventura, Adrián. Poder y Opinión Pública. Rubinzal-Culzoni Editores. Página 57. Santa Fe,
Provincia de Santa Fe, Argentina. 16 de abril de 2004.
(7) Van Gogh, Vincent. Cartas a Theo. Septiembre de 1884.
(8) Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Participación Pública y Autonomía Municipal.
Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2001.
(9) Moreira, Manuel. Antropología del Control Social. Editorial Antropofagia. Páginas 26 y 27.
Buenos Aires, Argentina. Noviembre de 2001.
(10) Stuart Mill, John. El Gobierno Representativo. Librería de Victoriano Suarez. Páginas 182,
183, 240, 241 y 242. Madrid, España. 1878.
(11) Tolstoi, León. Cartas. Bruguera. Página 23. Barcelona, España. Febrero de 1984.
(12) Soljenitsin, Alexandr. Archipiélago GULAG. Plaza & Janés. Página 46. Barcelona, España.
(13) Varios autores. Herramientas Jurídicas de Participación y Acción Ciudadana. Sociedad
Crítica. Páginas 51 y 52. Córdoba, Provincia de Córdoba. Noviembre de 2004.
(14) Shaw, Bernard. Guía política de nuestro tiempo. Losada. Página 14. Buenos Aires, Argentina. 6 de Mayo de 1946.
(15) Rawls, John. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición en español, segunda reimpresión. Página 230. México, México. 2000.
(16) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Patagonia Natural y Global Enviroment Facility. Participación Pública. Páginas 32 y 33. Puerto Madryn, Provincia del Chubut, Argentina. Marzo de 2003.
(17) Moreno, Mariano. Sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse, y constitución del Estado. Gaceta de Buenos Aires. 6 de noviembre de 1810.
(18) Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. Planeta. Página 35. Buenos Aires, Argentina. Agosto
(19) Wilde, Oscar. De Profundis. Edimat Libros. Páginas 58 y 59. Madrid, España. 1998.
Hace ya algunos años comenzó a insinuarse
cierto interés de la ciudadanía por acceder a
la información que se encontraba en poder
de los gobiernos. Este conocimiento se insinuaba como necesario, tanto para lograr el
desarrollo autónomo de la vida privada, como para incidir en los procesos de toma decisiones en el ámbito de lo público2.
Surge de esta manera el derecho de acceso
a la información, el cual permite a los ciudadanos la posibilidad de solicitar al Estado el
otorgamiento de determinada información,
que puede resultar de interés del peticionante y que no haya sido clasificada legalmente
como reservada3.
En lo que hace específicamente a la temática ambiental, la información es una herramienta de fundamental importancia con la
que cuentan los ciudadanos para hacer
efectivo el mandato de protección, que les
confiere el Art. 41 de la Constitución Nacional y que consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, junto al deber correlativo de preservarlo.
Asimismo, la característica fundamental que
posee la información, es que además de su
valor propio o intrínseco, puede ser también
utilizada como un medio para el ejercicio de
otros derechos, para llevar a cabo la fiscalización y el control institucional y el adecuado ejercicio de la participación ciudadana.
II.- El derecho de acceso a la
A los fines de la comprensión de este derecho, es necesario hacer algunas distinciones
conceptuales. En primer lugar, el libre acceso a la información no es el equivalente a la
“publicidad de los actos de gobierno”. Este
es uno de los principios básicos del sistema
republicano y su contenido está dado por la
obligación del Estado de dar a conocer sus
propias decisiones: leyes, reglamentos, resoluciones, etc. El libre acceso a la información, en cambio, es el derecho de cualquier
persona a acceder a información pública seleccionada por el propio interesado4.
El fundamento teórico para acceder libremente a la información se basa en la naturaleza pública de la misma. Se trata de información relevante a la vida y a las decisiones
que afectan a la comunidad en su conjunto.
En general, este derecho se circunscribe a
la información administrada por el Estado,
pero puede incluir información privada de
naturaleza pública; tales son los casos, por
ejemplo, de información de empresas prestadoras de servicios públicos o de industrias
En segundo lugar, es necesario diferenciar
conceptualmente, aún cuando estén operativamente relacionados, el libre acceso a la información del deber del Estado de generar y
ofrecer información. En este caso, estamos
ante una obligación del Estado de producir
cierto tipo de información, la cual también es
de naturaleza pública, y difundirla. Esto es,
objetivamente, distinto al derecho de una
persona de acceder a información administrada por el Estado5.
En síntesis, el ejercicio del derecho implica
la posibilidad del ciudadano de acceder a los
datos de carácter público que requiera, sin
necesidad de invocar interés particular o legítimo y que obliga al Estado o a los particulares especialmente obligados a facilitarlos,
1 Este artículo ha sido publicado en la Revista Jurídica de Buenos Aires. El autor agradece muy especialmente a
los Dres. Daniel Perpiñal y Juan Martín Vezzulla por la colaboración prestada para la realización de este artículo.
2 Saba, Roberto P. “El Derecho de la Persona a Acceder a la Información en Poder del Gobierno”. Seminario “Access to information in the Americas”. Inter American Dialogue. ADC - CELS. Working Paper. 2002. pág. 1. Disponible en www.adc.org.ar.
3 Sabsay, Daniel - Tarak, Pedro. “El Acceso a Información Pública, el Ambiente y el Desarrollo Sustentable”. Manual nº 3. FARN. 1997.
4 Ryan, Daniel. “Democracia participativa, ambiente y sustentabilidad”. “Ecología de la Información: escenarios
y actores para la participación en asuntos ambientales”; FLACSO/Chile - Nueva Sociedad, 2001.
5 Ryan, Daniel, op cit.
A. NÁPOLI - LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA AMBIENTAL EN LA ARGENTINA
sin que pueda imponerse restricción o negativa, salvo las comprendidas en las excepciones regladas.
Este derecho incluye el acceso a la documentación integrada por los expedientes públicos, minutas de reuniones, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos
o a cualquier documentación financiada por
los presupuestos públicos y todo aquello que
mediante norma se instituya6.
Asimismo, abarca la información sobre políticas, programas, planes y proyectos sobre
las diversas instancias de la toma de decisiones y de las instancias de participación
pública que se establezcan.
La consagración del acceso a la información
como un derecho, es un dato relativamente
reciente en los distintos ordenamientos jurídicos. Ello en gran parte se ha debido a la
actuación de los movimientos ambientalistas, quienes advirtieron que el ejercicio del
derecho a acceder a la información era de
fundamental importancia para poder llevar a
cabo su labor de control de la actividad pública o privada, que pudiera poner en riesgo
la existencia de un medio ambiente sano7.
Uno de los primeros antecedentes en la materia lo constituye la “Freedom of Information Act” (FOIA), sancionada en los Estados
Unidos en 1966, que consagra el derecho
de toda persona a acceder a la información
que obre en poder de las agencias gubernamentales. Asimismo, impone al gobierno la
obligación de poner a disposición del peticionante una serie de documentos específi-
camente enumerados, como así también las
instrucciones dadas al personal de las distintas agencias y que puedan afectar a los administrados.
Nuestro país ha tenido una evolución disímil
en este sentido, en tanto varias constituciones provinciales han reconocido el derecho
en sus textos, como ha sucedido con las provincias de Buenos Aires y de Chubut, mientras que no ha ocurrido lo propio con el texto nacional. En efecto, la Carta Magna
carece de cláusulas que, de manera expresa reconozcan el derecho de acceso a información pública a favor de los ciudadanos8,
aún cuando cuenta con previsiones que posibilitan su ejercicio y que surgen de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos del Art. 75 inc. 22 9.
No obstante ello, en varios de sus artículos
asigna obligaciones específicamente relacionadas con la información10, tal como sucede con la temática ambiental. En este
sentido, el Art. 41 impone a las autoridades
“el deber de proveer información ambiental”,
lo cual obliga al Estado a hacer conocer la
información ambiental de carácter pública
que se encuentre en su poder11.
En virtud de este mandato “el Estado asume
los deberes de procesar la información que
disponga y difundir la información acumulada y actualizada, todo ello de modo eficaz y
constante”12.
En síntesis, el deber de las autoridades no
se limita a recolectar datos y proporcionar la
información que disponga, sino que el
6 Di Paola, María Eugenia – Oliver, Fabiana. Autonomía Municipal y Participación Pública. Propuestas para la Provincia de Buenos Aires. FARN. Bs. As. 2002. pág. 21.
7 Saba, Roberto. Op. cit.
8 Lo ha establecido únicamente de manera expresa en beneficio de los partidos políticos, por vía del Art. 38. Ver
“Acceso a la Información y Participación Pública en Materia Ambiental. Actualidad del Principio 10 en la Argentina”. FARN - AMEAI - CEDHA - 2005.
9 Nos estamos refiriendo específicamente a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, la “Convención
Americana sobre los Derechos Humanos” y el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, las que de
diferente manera reconocen el derecho que asiste a todos los ciudadanos de acceder a información que sea
considerada como pública.
10 Lo mismo sucede en el caso de consumidores y usuarios. Sobre el particular ver: Martín, Santiago J. “El derecho de libre acceso a la información pública”. Derecho Ambiental (Su actualidad de cara al tercer milenio) Eduardo P. Jiménez Coordinador. Ed. EDIAR. Bs.As. 2004. pág 330.
11 Valls, Mariana. “Derecho Ambiental”, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999.
12 Bidart Campos, Germán. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T 1-B, Ediar, Buenos Aires,
2001, pág. 235.
mismo es mucho más integral, en tanto debe procesarla y ordenarla para facilitar su
conocimiento a los particulares.
III.- La regulación normativa del
El derecho en estudio ha evolucionado notablemente en los últimos años, fundamentalmente a partir de la sanción de las leyes
nº 25.675 y nº 25.831, que específicamente
regulan el acceso a información pública, pero limitado a la materia ambiental, a las que
más adelante nos referiremos.
Fuera de la temática específicamente ambiental, el Poder Ejecutivo ha sancionado el
Dto. nº 1172/03, que hace lo propio respecto
de la información en poder de la administración pública nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos13.
No obstante ello, es necesario destacar que
no se ha sancionado aún una ley que establezca el derecho de acceso a información
pública de carácter general, y que un
proyecto de ley que contó con media sanción de ambas cámaras del Congreso perdió
el año pasado estado parlamentario al no
poder suscitar el consenso necesario para
lograr su sanción definitiva 14.
política ambiental nacional y cuenta con varias disposiciones en materia de acceso a la
En primer lugar, el Art. 16 reconoce de forma
expresa el derecho de todos los habitantes a
solicitar y recibir información pública ambiental que no se encuentre contemplada como
reservada, disposición que complementa el
mandato establecido en el segundo párrafo
del Art. 41 de la Constitución Nacional. El sujeto pasivo de la obligación es el Estado Nacional y las personas que por vía normativa
se establezcan16.
Por otra parte, impone a las personas, físicas y jurídicas, públicas o privadas, la obligación de “proporcionar información relacionada con la calidad ambiental y referida a las
actividades que desarrollan”. Se trata de actividades que se encuentran en la esfera privada, pero cuyas consecuencias pueden
afectar al ambiente, lo cual justifica su conocimiento público.
Asimismo se establecen un conjunto de obligaciones a cargo de las autoridades, tales
a) Desarrollar un “Sistema Nacional Integrado de Información Ambiental”, que administre los datos significativos y relevantes
del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible.
III.a.- El acceso a la información en la
b) Proyectar y mantener un sistema de toma
de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación
efectiva a través del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA).
La Ley nº 25.675 (LGA)15, es una ley marco
en materia de presupuestos mínimos de protección ambiental, que ha sido sancionada
en virtud del mandato contenido en el tercer
párrafo del artículo 41 de la Constitución.
Reúne en su texto los aspectos básicos de la
c) Elaborar un Informe Anual acerca del estado del ambiente y los posibles efectos
que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales o proyectadas,
que deberá ser presentado al Congreso
13 Sobre el particular ver “Acceso a la Información y Participación Pública en Materia Ambiental. Actualidad del
Principio 10 en la Argentina”. FARN - AMEAI - CEDHA - 2005. Op. cit.
14 Las reformas introducidas por el Senado al proyecto originariamente votado por la Cámara de Diputados fueron sumamente cuestionadas por la mayoría de las ONGs que impulsan la sanción de esta norma. Sobre el particular ver www.adc.org.ar; www.cels.com.ar www.cippec.com.ar y www.farn.og.ar;
15 Sancionada el 6/11/2002 y publicada en el B.O. 28/11/2002.
16 Sabsay, Daniel Alberto - Di Paola, María Eugenia. La Participación Pública y la Nueva Ley General del Ambiente. ADLA. Boletín Informativo. Año 2003 -No 14. Buenos Aires. Ed. La Ley.
Estas disposiciones conforman las pautas
básicas para la construcción de un sistema
de información, que es uno de los instrumentos fundamentales con que cuenta la autoridad de aplicación para la planificación y el
desarrollo de la política ambiental.
Cabe destacar que, pese haber transcurrido
tres años desde la sanción de la norma citada, ninguno de los mandatos antes mencionados han sido puestos plenamente en vigencia17.
III.b.- Régimen de Libre Acceso a la
La Ley nº 25.83118 establece los presupuestos mínimos destinados a garantizar el derecho de Acceso a la Información Pública Ambiental, tratándose de la primera y única ley
vigente, de alcance nacional, destinada a reglar el Acceso a la Información Pública, y
que, en consonancia con la LGA, garantiza
el derecho a toda persona a acceder, a la
misma, en forma libre y gratuita.
La sanción de la mencionada ley, como una
norma de presupuestos mínimos, pone en
evidencia la importancia que el legislador ha
querido otorgarle a la información ambiental,
al situarla en el peldaño más elevado de la
jerarquía normativa en la materia, buscando
lograr además su aplicación en todo el territorio nacional.
La norma contiene la mayoría de los elementos destinados a garantizar el ejercicio
del derecho a solicitar información en poder
del Estado y aquellos dirigidos a garantizar
su eficacia19, entre los que se destacan
cuestiones tales como: la legitimación para
solicitar información, los obligados a proveerla, la delimitación de las excepciones al
ejercicio, la responsabilidad de los funcionarios que nieguen el acceso a la información
y la posibilidad de recurrir de manera directa
a la justicia en los casos de denegatoria de
Define a la información ambiental como “toda
aquella que se encuentre en cualquier forma
de expresión o soporte relacionada con el
ambiente, los recursos naturales o culturales
y el desarrollo sustentable. En particular: a)
El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas
sus interacciones recíprocas, así como las
actividades y obras que los afecten o puedan
afectarlos significativamente; b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas
a la gestión del ambiente”.
El principal sujeto obligado a brindar información es el Estado en sus distintas jurisdicciones (nación, provincia, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), como así
también en sus diferentes organismos, sean
estos autárquicos y/o descentralizados, y las
empresas que tengan a su cargo la prestación de un servicio público.
Tanto la Ley nº 25.831 como la LGA, son
particularmente importantes desde el punto
de vista de su aplicación, en la medida en
que siendo normas de presupuestos mínimos, se aplican en todo el territorio de la Nación, incluidas las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, quienes, a tales efectos, deberán adecuar sus respectivos ordenamientos normativos.
La obligación de proveer información se sitúa en cabeza de los organismos públicos
del Estado, en cualquiera de sus jurisdicciones y de los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean estas públicas, privadas o mixtas.
La petición de la información será totalmente
gratuita, a excepción de los gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Sobre el particular la norma aclara que, los montos que
cada organismo establezca para solventar
17 Ver “Acceso a la Información y Participación Pública en Materia Ambiental. Actualidad del Principio 10 en la Argentina”. FARN - AMEAI - CEDHA - 2005. Op. cit.
18 Sancionada el 26/11/2003, publicada en el BO. el 07/01/04. No cuenta con reglamentación.
19 Ver documento titulado “Requisitos Mínimos para una Ley de Acceso a la Información Pública”, elaborado por
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación
Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Instituto de Estudios Comparados
en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Disponible en www.farn.org.ar
los recursos utilizados para la entrega de la
información, no podrán implicar un menoscabo al ejercicio del derecho conferido20.
Esta disposición se complementa con aquellas que tienden a facilitar el adecuado ejercicio del derecho y la accesibilidad del público a la información requerida, razón por la
cual no resulta necesario acreditar razones,
intereses o exigencias formales para el acceso.
Un punto de particular interés es el referido
a las excepciones que vedan el libre acceso
a la información requerida. En este aspecto,
la norma ha seguido los criterios establecidos por la mayoría de las normas del derecho comparado, impidiendo la libre disposición de información que pueda afectar a la
defensa nacional, las relaciones internacionales, o la que fuera clasificada como secreta por las leyes vigentes. La excepción también integra a la información que se
encuentre sujeta a algún proceso judicial, o
que pueda afectar el secreto comercial, industrial, la propiedad intelectual, o la confidencialidad de datos de las personas.
En los casos en que se disponga la denegatoria a brindar la información en forma total o
parcial, el responsable deberá fundamentar
su denegatoria, y en caso de tratarse de una
autoridad administrativa, deberá cumplir
además con los requisitos de razonabilidad
que impone la Ley de Procedimientos Administrativos.
Se establece un plazo máximo de 30 días
(hábiles administrativos) para resolver las
solicitudes de acceso a la información. Dicho
plazo resulta más extenso que el establecido
en normas de acceso a la información pública vigentes en otras jurisdicciones, tales como la ciudad de Buenos Aires que establece
un plazo máximo de 10 días para la contestación, el cual puede ampliarse por igual término, en el caso en que la complejidad de la
información solicitada lo amerite21.
Sin embargo, la valoración de este plazo deberá relacionarse con el tipo de información
y la urgencia que la adquisición de la misma
En algunos casos, el transcurso del plazo
establecido puede transformarse en un importante obstáculo para la tutela efectiva de
los derechos. En otros, puede resultar breve,
habida cuenta de la complejidad de la información que el solicitante requiera.
No obstante ello, como el objetivo que encarna la ley es dar a publicidad la información que se encuentre en poder del Estado,
estimamos que el plazo establecido por la
norma resulta suficiente para dar cumplimiento a las solicitudes de información.
Creemos que, en caso de surgir discrepancias respecto de la aplicación de los plazos,
deberá recurrirse al principio “in dubio pro
ambiente” y estarse a los plazos de trámite
que resulten más adecuados para la protección del ambiente22.
La norma instituye el principio de responsabilidad del funcionario público, estableciendo
como infracciones: la obstrucción, falsedad,
ocultamiento, falta de respuesta en el plazo
establecido, denegatoria injustificada a brindar la información solicitada y en general todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio de este derecho.
La responsabilidad también se extiende a
las empresas de servicios públicos, quienes
serán pasibles de las sanciones previstas en
las normas o contratos que regulan la concesión del servicio.
Finalmente, debemos destacar que la norma
en cometario, siguiendo los modernos criterios establecidos por la “Convención de
Aarhus”23, establece una disposición que
posibilita el Acceso a la Justicia de carácter
sumarísimo, para cualquiera de los casos en
que se impida el libre acceso a la información requerida.
20 Aunque la norma no ha sido reglamentada, queda claro que los costos a los que hace referencia son los vinculados a los elementos materiales que contengan la información requerida. Ejemplos: copias, soportes magnéticos, etc.
21 Ley nº 104 de la Ciudad de Buenos Aires. En igual sentido estaba el Dto. PEN nº 1172/03.
22 En este sentido, los plazos deberán ser valorados por las circunstancias y la urgencia de cada caso.
23 La convención de acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia
en temas ambientales se celebró el 25 de junio de 1998 en la ciudad de Aarhus, Dinamarca, y entró en vigor el
En tal sentido, la mayoría de los casos que
han requerido la tutela judicial se relacionan
con la falta de respuesta a las requisitorias
de acceso a información, en los plazos previstos normativamente, vale decir en casos
de mora de la administración24.
Las normas comentadas, pese a ser de carácter sectorial, implican un notable avance
en materia de acceso a la información pública para nuestro país, dado que, junto con el
Dto. nº 1172/03, son los únicos instrumentos
legales que consagran este derecho a nivel
Resultan además particularmente importantes
desde el punto de vista de su aplicación, en la
medida en que siendo normas de presupuestos mínimos extienden su vigencia a todo el
territorio de la Nación, incluidas las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, cuentan, desde el punto de vista
estrictamente normativo, con la mayoría de
los elementos destinados a garantizar el
efectivo ejercicio del derecho a acceder a la
información, entre los que se destacan:
La definición del tipo de información que
el Estado se encuentra obligado a proveer en materia ambiental;
Un criterio amplio de legitimación para el
ejercicio del derecho;
La delimitación precisa de los obligados a
proveer la información;
El establecimiento de un procedimiento
específico, con plazos claramente determinados, que contribuye a evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de la información solicitada y brinda seguridad
jurídica respecto del cumplimiento del derecho en sede administrativa o judicial;
La determinación taxativa y acotada de
las excepciones que limitan el libre acceso a la información;
Un sistema de responsabilidad para los
funcionarios que nieguen el acceso a la
La posibilidad de recurrir de manera directa a la justicia en los casos de denegatoria de información.
Sin embargo, somos conscientes que la
sanción de un conjunto de instrumentos
legales no son de por si suficientes para
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Ello es
así, en tanto no se vean acompañados
por una política de gobierno en tal sentido lo cual resulta una asignatura todavía
pendiente en la Argentina.
24 Existen numerosos precedentes judiciales que confirman esta hipótesis. Ver casos: “Pampín, Gustavo c/GCBA
s/Acceso a la Información”; “Peña, Hugo c/GCBA s/Acceso a la Información”; “Poder Ciudadano c/GCBA s/Acceso a la Información”. Disponibles en www.farn.org.ar/control ciudadano/casos.
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(2006) Acceso al a Información Pública en la Patagonia