Source: https://www.slideshare.net/VILCHEZMARTINOJACQUELINE/informe-1-dr-huanes
Timestamp: 2017-09-22 12:49:08
Document Index: 246791919

Matched Legal Cases: ['Artículo 227', 'Artículo 228', 'Artículo 229', 'artículo 184', 'artículo77', 'artículo 176', 'artículo 46']

Informe 1 dr. huanes
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Jacqueline Rosalia Vilchez Martino
DR. HUANES, aqui le envio mi trabajo Nº 2 del INFORME Nº 1/95 CASO 11.006 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1995.
1. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICAS ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO “DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO”DOCENTE: DR. HUANES TOVAR JUAN DE DIOS TEMA : INFORME Nº 1/95 CASO 11.006 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1995NOMBRE: VILCHEZ MARTINO, JACQUELINE Chimbote – Perú 2012
2. INFORME Nº 1/95 CASO 11.006 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 1995 1. ANTECEDENTES:En 1992 el Estado de turno de “ALBERTO FUJIMORI”, que se llevo a cabo el dia 05 de abril; el Ex -Presidente de la República respaldado por las Fuerzas Armadas, mediante la disolución violenta einconstitucional del Congreso de la República, en las que tuvo intervención el Poder Judicial, el cualtomo varios medios de comunicación además de la persecución de algunos miembros de laoposición.Al ser vencedor de la Elecciones,”Cambio 90” el cual no obtuvo mayoría en el Congreso de laRepública -Cámara de Diputados y Senado- frente a la mayorías relativas del Partido ApristaPeruano y el Fredemo. Ambas Cámaras, sin embargo le habían delegado tres períodos sucesivos(180 días cada uno) de facultades legislativas con la finalidad de permitir las reformas económicasnecesarias. La oposición que revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativosexpedidos por el Ejecutivo, se sintió ofendida porque el presidente había observado más de diezautógrafas de ley dados por el Legislativo.1 Asimismo una comisión del Senado investigaba loscasos de violaciones a los derechos humanos, por los que fue juzgado y se encuentra presoactualmente Alberto Fujimori.2 De esta forma el congreso de la republica se centró en aumentar supresupuesto, extender las cédulas vivas a los ex congresistas (posiblemente para asegurar el futurode los padres de la patria), sin embargo para temas frontales de la lucha antiterrorista no llegaban amayoria y muchas de las sesiones claves no contaban con el quorúm suficiente para lasaprobaciones respectivas.Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización y conuna evidente falta de cooperación por parte del Congreso, Fujimori decidió el domingo 5 de abril de1992 disolver el Congreso de la República. El martes 7 de abril se publicó la Ley de Bases delGobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.Cabe resaltar que la OEA participó durante este cierre arbitrario, como lo consta los documentospublicados en el Diario "El Peruano" de aquella epoca. Adicionalmente se identificó que una de lascapturadas cabecillas principales con Abimael Guzman, era Meche Sambrano Padilla, que fueliberada por el poder judicial que funcionaba antes del 05 de abril. Uno de los motivos mas parareestructurarlo (Mensaje a la Nación posterior al 05 de abril)La decisión del Ex presidente Alberto Fujimori en su discurso el día domingo 5 de abril de 1992 nosdestino a lo siguiente:Discurso Presidencial. La actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios no respeta,tampoco, los mandatos constitucionales, los cuales son violados conscientemente. Tal es el caso dela promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos
3. normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribucioneselementales para gobernar.Esto en aspectos tan importantes como la política económica o la lucha antiterrorista, cuando seniega al Presidente la facultad de señalar cuáles son las zonas de emergencia.Incurriendo en un acto que arremete y ofende a un país que vive grandes dificultades económicas, elCongreso ha elevado, groseramente, su presupuesto y extendido, indebidamente, las cédulas vivasa ex parlamentarios. Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo deausteridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces elciudadano común y corriente.Son muchas las sesiones parlamentarias que se han frustrado porque el Hemiciclo no contaba conquórum. Así, muchos proyectos de ley, importantes para la marcha del país, quedan encarpetadospor irresponsabilidad, desidia, holgazanería de los mal llamados “Padres de la Patria”.Cierre del CongresoEs menester resaltar que la Constitución entonces vigente (1979) preveía una eventual disolución dela Cámara de Diputados tras la negación de confianza o censura de tres consejos de ministrossucesivos:Artículo 227. El presidente de la República está facultado para disolver la Cámara de Diputados siésta ha censurado o negado confianza a tres Consejos de Ministros.Artículo 228. El decreto de disolución expresa la causa que la motiva.Incluye la convocatoria a elecciones en el plazo perentorio de tres días, de acuerdo con la leyelectoral en vigor al tiempo de la disolución.Si el presidente no cumple con llamar a elecciones dentro del plazo señalado o las elecciones no seefectúan, la Cámara disuelta se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades constitucionales ycesa el Consejo de Ministros, sin que ninguno de sus miembros pueda ser nominado nuevamentepara ministerio alguno durante el período presidencial.La Cámara elegida extraordinariamente completa el período constitucional de la disuelta.Artículo 229. El presidente de la República no puede disolver la Cámara de Diputados durante elestado de sitio ni de emergencia.Tampoco puede disolverla en el último año de su mandato.Durante ese término, la Cámara sólo puede votar la censura del Consejo de Ministros o decualesquiera de los ministros con el voto conforme de por lo menos dos tercios del número legal dediputados.El presidente de la República no puede ejercer la facultad de disolución sino una sola vez durante sumandato.El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori instauró el "Gobierno de Emergencia y ReconstrucciónNacional".4 Esta medida logró realizar lo siguiente:  Disolver el Congreso de la República del Perú, removiendo y neutralizando a sus opositores políticos.
4.  Dejar en suspenso la Constitución de 1979 en lo relacionado a los artículos que se oponían a la instauración del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.  Convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Democrático, elecciones en las cuales obtuvo una amplia mayoría popular,[cita requerida] cuya función fue sancionar una nueva Constitución política del Perú.Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmentecierto que para que ello suceda se necesitan dos primeras legislaturas ordinarias consecutivas, loque vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con losinstrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello si el Congreso sedecide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquéllas que son contrarias a losintereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo, la reducción de sus emolumentos o lano-reelección.¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a suvez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial sonhoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me hesentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el procesode esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentalesmedidas.  Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.  Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.  Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.5Reacciones localesMuchos políticos no reconocieron como legal y constitucional a Alberto Fujimori. Entre los másdestacados se encontraban: Miró Quesada; “Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso” Mario Vargas Llosa; quien llamó a una insurgencia popular. Alan García Pérez; quien tras enterarse del golpe y de -según su versión- escapar de un intento de asesinato, pidió asilo político y se exilió en Colombia, evitando ser capturado y
5. obligado a responder por los supuestos actos de corrupción que existieron en su gobierno (1985-1990). Fernando Belaúnde Terry; no consideró el acto como democrático y apoyó plenamente al presidente San Román. Fue suya la banda que utilizó a éste al juramentar ante el Senado en el Colegio de Abogados de Lima.7 8 Lourdes Flores Nano; quien decidió seguir con las reuniones de Diputados y senadores en diversos lugares.En el contexto de la situación descrita tuvieron lugar los acontecimientos que motivaron la denunciainterpuesta por el ex presidente Alan GARCIA PEREZ ante la Comisión Interamericana de DD.HHcontra su persona, la de su esposa y de sus hijos.BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS CORTE INTERAMERICANA DD.HHEn abril de 1948, la OEA aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,en Bogotá, Colombia, el primer documento internacional de derechos humanos de carácter general.La CIDH fue creada en 1959, reuniéndose por primera vez en 1960.Ya en 1961 la CIDH comenzó a realizar visitas in loco para observar la situación general de losderechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces harealizado 92 visitas a 23 países miembros. Con respecto a sus observaciones de tipo general sobrela situación en un país, la CIDH publica informes especiales, habiendo publicado hasta la fecha 60de ellos.Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobrecasos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos. Hasta diciembrede 2011, ha recibido varias decenas de miles de peticiones, que se han concretado en 19.423 casosprocesados o en procesamiento. Los informes finales publicados en relación con estos casospueden encontrarse en los informes anuales de la Comisión o por país.En 1969 se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978y que ha sido ratificada, a enero de 2012, por 24 países: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile,Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada,Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname,Uruguay y Venezuela. La Convención define los derechos humanos que los Estados ratificantes secomprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Ella creaademás la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y define atribuciones y procedimientos tantode la Corte como de la CIDH. La CIDH mantiene además facultades adicionales que antedatan a laConvención y no derivan directamente de ella, entre ellos, el de procesar peticiones individualesrelativas a Estados que aún no son parte de la Convención.2. TRÁMITEEl 15 de abril de 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición en laque se denunciaba que el 5 de abril de ese año tropas del Ejército, por orden del General Nicolás deBari Hermoza Ríos, habían ingresado violentamente a la casa del ex-Presidente Alan García Pérez
6. con la "orden superior de detenerlo". Así, además de atentarse contra la vida y seguridad personaldel Dr. Alan García Pérez, sus hijos menores de edad y su esposa habían sido incomunicados ymantenidos bajo arresto domiciliario.Mediante nota del 18 de abril de 1992, los peticionarios presentaron información adicionalampliatoria de los hechos originalmente denunciados. En tal sentido, expresaron que la esposa delDr. García Pérez había intentado en varias oportunidades presentar una acción de habeas corpus enfavor del ex-mandatario pero que las tropas del Ejército que rodeaban el Palacio de Justicia habíanimpedido su entrada.El 7 de mayo de 1992 los peticionarios, En efecto, denunciaron que mediante dos resolucionesministeriales se había solicitado al Procurador Público que formulase dos denuncias penales contraAlan García por la comisión del delito de tenencia ilegal de armas. La primera de las acciones sefundaba en el presunto hallazgo de armas, municiones y explosivos en el local del Partido ApristaPeruano, del cual Alan García era Secretario General. La segunda de ellas estaba motivada por elpresunto hallazgo de armas de fuego en la casa del ex-Presidente la noche del 5 de abril, cuando sudomicilio fue asaltado por tropas del Ejército.El Gobierno de Perú presentó observaciones el 29 de junio de 1992, señalando que los hechosdescritos por los peticionarios no se correspondían con la realidad pues el objetivo de las tropas delEjército era proteger el domicilio del ex-Presidente García.Los peticionarios, en distintas presentaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 1992 y octubrede 1993, remitieron a la Comisión información adicional tendiente a sustentar sus argumentos encuanto a la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado peruano contrala persona del ex-Presidente Alan García y su familia.3. ANALISIS DE LOS HECHOSPor orden del General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, el 05 de Abril cuando sucedieron los hechosquien a su vez actuaba en cumplimiento de lo dispuesto por el Presidente de la República y JefeSupremo de las Fuerzas Armadas, rodearon la casa del Dr. Alan García Pérez, con tanques deguerra dotados de cañones, tanquetas y vehículos porta tropas artillados, Seguidamente instaron ala "rendición y entrega del Dr. Alan García Pérez quien, por orden del Comando Conjunto, quedabadetenido".Luego atacaron el domicilio del Dr. García Pérez con disparos de bala y finalmente allanaron el lugardonde se encontraban, además del primero, el Diputado Jorge del Castillo Gálvez y seis miembrosde la Policía Nacional encargados de la seguridad del ex-Presidente y de su hogar. Los últimosfueron reducidos a golpes, desarmados y detenidos.El Diputado del Castillo Gálvez fue duramente golpeado por los militares, quienes lo encapucharon ylo llevaron detenido; en el momento del allanamiento, se encontraban en la casa los cuatro hijosmenores de edad del ex-Presidente y las empleadas domésticas, quienes fueron obligados apermanecer en las habitaciones de la misma, negándoseles el derecho a salir de ellas.
7. En última instancia, el automóvil del diputado Jorge del Castillo fue severamente dañado y de suinterior los militares se apoderaron de valiosa documentación relativa a la defensa legal del Dr. AlanGarcía.Con posterioridad al 5 de abril de 1992, el Gobierno de Perú declaró en reorganización al PoderJudicial. Por este motivo, fueron destituídos de sus cargos, por decreto, los vocales de la CorteSuprema, los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y los miembros de los consejosnacionales y distritales de la Magistratura.Esta situación afectó, en particular, a la esposa del Dr. Alan García Pérez, quien intentó presentar envarias oportunidades un recurso de habeas corpus en favor del ex-Presidente. En efecto, el 12 deabril acudió al Palacio de Justicia acompañada de sus hijos pero su ingreso fue impedido por lastropas del Ejército que rodeaban dicho lugar.Instaurado en el poder el nuevo Presidente constitucional, Ingeniero Alberto Fujimori, se inició unainvestigación parlamentaria en contra de Alan García y como consecuencia de ella sobrevino unproceso de Acusación Constitucional por el presunto delito de enriquecimiento ilícito que concluyó el19 de octubre de 1991 con la resolución senatorial Nº 1189-91, en la cual se declaró "ha lugar" laformación de la causa y se suspendió al imputado en el ejercicio de sus funciones de SenadorVitalicio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución, quedando de este modo"sujeto a juicio según ley".Se fundaba en los siguientes hechos: Desequilibrio patrimonial Indicios de un mayor desequilibrio entre sus ingresos y egresos indicios de participación directa en la decisión de colocación de reservas del Banco Central de Reserva del Perú en el BCCIRecepcionada la denuncia por la Sala Penal de la Corte Suprema, se nombró Vocal SupremoInstructor quien, luego de evaluar los términos de la misma y fundado en lo dispuesto en el artículo77 del Código de Procedimiento Penal, emitió un auto denegatorio de apertura de instrucción ydispuso su archivo definitivo.Contra esa resolución, tanto la Procuradora Pública como el Fiscal Supremo en lo Civil interpusieronrecursos de nulidad, los que fueron declarados improcedentes. A continuación la Procuraduría y elMinisterio Público plantearon un recurso de queja que fue tramitado ante la Primera Sala Penal de laCorte Suprema. El 29 de enero de 1992 la misma resolvió declarar ambos recursos infundados.De esta manera, la decisión del Vocal Supremo Instructor, confirmada por el Tribunal Correccionalde la Corte Suprema, luego de desestimados los recursos de nulidad y de queja oportunamenteplanteados, adquirió la autoridad de Cosa Juzgada.
8. Sin embargo, luego de la medidas adoptadas por el Presidente Fujimori a partir del 5 de abril de1992, no sólo la mencionada causa fue reabierta sino que también se inició una nueva causa penalfundada en los puntos de la Acusación Constitucional que habían sido desestimados oportunamentepor el Fiscal de la Nación por no estar tipificados por la legislación penal.En efecto, el 15 de julio de 1992 el Procurador Público designado por el Presidente Fujimori planteóante la Sala Penal de la Corte Suprema un recurso de nulidad de lo actuado por el Vocal SupremoInstructor, particularmente en relación a la denegatoria de apertura de instrucción contra el ex-Presidente Alan García.Al término de su mandato como Presidente de la Nación, el 28 de julio de 1990, el Dr. Alan GarcíaPérez adquirió la condición de Senador Vitalicio de acuerdo a los términos de la Constitución de1979.Mediante la Resolución Senatorial No. 1189-91 se aprobó la formación de causa contra el ex-Presidente y, en consecuencia, se decidió levantar su inmunidad parlamentaria a los efectos de quefuera procesado de acuerdo a lo prescrito por la ley.Culminado el proceso de investigación judicial con la resolución definitiva de la Corte Supremaconfirmando la denegatoria del auto de apertura de instrucción en su contra, la Mesa Directiva de laCámara de Senadores devolvió el fuero parlamentario al Dr. García mediante un oficio de fecha 20de marzo de 1992. De este modo, el ex-Presidente recuperó su inmunidad parlamentaria y, con ella,todos los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes peruanas a los Senadores Vitalicios.Sin embargo, su calidad de Senador Vitalicio y las inmunidades que le corresponden como tal, nofueron reconocidas en los nuevos procesos iniciados en su contra.En efecto, aun cuando el artículo 176 de la Constitución peruana de 1979, vigente hasta el 31 dediciembre de 1993, dispone que los Senadores y Diputados no podrán ser procesados ni detenidossin previa autorización de la Cámara a la que pertenecen, desde el 5 de abril de 1992 se iniciarondos procesos penales contra el Dr. Alan García en virtud de la presunta comisión del delito detenencia ilegal de armas, en ninguno de los cuales se solicitó la autorización debida a la Cámara deSenadores.El Gobierno del Perú alegó que los recursos internos judiciales no se encontraban agotados en elpresente caso y que de este modo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46.1.a de laConvención, la petición debía declararse inadmisible.En relación a las otras violaciones alegadas, particularmente libertad personal, derecho a laintimidad y aquellas derivadas del presunto trámite ilegal de dos causas por tenencia ilegal dearmas, el Gobierno no presentó observación alguna.El Gobierno de Perú cuestionó los hechos denunciados por los peticionarios, señalando que no hubodisposición alguna de aprehender violentamente al Dr. García Pérez en la noche del 5 de abril de1992. Por el contrario, la orden que recibieron las tropas del Ejército fue la de vigilar el domicilio delex-mandatario con la finalidad de evitar la posible alteración del orden público.
9. El Gobierno de Perú argumentó que la Acusación Constitucional que finalizó con la ResoluciónSenatorial No. 1189-91 declarando "ha lugar" la formación de la causa contra el ex-Presidente AlanGarcía Pérez por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado, señalaba ydebidamente sustentaba la presunta responsabilidad del ex-mandatario en relación a la existenciade cuentas bancarias en el exterior no justificadasLos peticionarios resaltan que el Gobierno en sus distintas presentaciones no niega los cargos deviolaciones a derechos humanos cometidos contra el ex-Presidente Alan García, su esposa e hijos.Por el contrario, justifica las acciones del Ejército y luego se limita a discutir la existencia o no decosa juzgada y doble juzgamiento en las causas que se le siguen al ex-Presidente Alan GarcíaPérez por el delito de enriquecimiento ilícito.COMENTARIOS: La dictadura que se dio en los años 90, donde todos estaban se podría decir limitados de opinar, esdecir existía abuso de derecho, el cual se apoyaban en las fuerzas armadas para poder derrotar asus contrarios, asi como el Ex presidente Alan García Pérez, del cual violaron su domicilio, con lafinalidad de privarle su libertad, tomando en cuenta que hoy en dia tomando en cuenta el derechointernacional público, existiendo acuerdos, pactos que se firman y son de estricto cumplimento, esasi como aparece la CITDH para velar por aquellos derechos que nos son transgredidos, porpersecución política o por cualquier otro motivo.Cabe recalcar que en algunos caso son mal utilizado estas comisiones de derechos humanos, comolo pasado con el terrorismo en el Perú, hoy en dia la justicia es garantista ya que defienden a laspersonas que atentaron a nuestro país, causaron muertes, entonces porque no ponen en practica ladefensa de los derechos humanos para tantas familias de militares y policías fallecidos enemboscadas terroristas, el estado peruano tendría que tener alguna manera de reparar estos dañospagando indemnización por estas personas asesinas; por ello se dice que hay varias formas deinterpretar el derecho, cada uno busca su conveniencia y busca la figura jurídica ideal para lograrsus objetivos.
edukosman
Paradigma del dllo humano
Mildred Scarpati