Source: https://www.scribd.com/doc/177352507/Administracion-de-Justicia
Timestamp: 2017-03-28 01:37:21
Document Index: 236695759

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 122', 'Artículo 14', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 228', 'artículo 1', 'artículo 116', 'Artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 229', 'artículo 228', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 228', 'artículo 10', 'artículo 152', 'artículo 304', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 4', 'artículo 282', 'artículo 228', 'Artículo 209', 'Artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 228', 'artículo 230', 'artículo 6', 'artículo 229', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 116', 'artículo 95', 'artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 14']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinAdministración de JusticiaI. INTRODUCCIÓN.
Universidad Complutense de Madrid >>> ficha técnica
La expresión Administración de Justicia envuelve por si misma un equívoco, ya que en principio alude a la actividad de uno de los tres poderes del Estado según la división clásica de Montesquieu. Sin embargo, al mismo tiempo, la terminología supone una referencia directa a una actividad de administración, que desde luego es cosa distinta del ejercicio de una potestad o un poder judicial o jurisdiccional. Este equívoco no consiste sólo en la falta de precisión de una expresión habitual. Por el contrario se ha traducido en una cuestión científica e intelectual de importancia. No debe olvidarse que la vieja dogmática alemana, es decir, la doctrina jurídica de derecho público en Alemania en el último tercio del siglo XIX, tan preocupada por la conceptualización, se planteó el problema de si cabía una distinción entre Administración y Jurisdicción. Ello no carecía por completo de sentido, ya que estando concebida la división de poderes en torno a la Ley, se daba cumplimiento a la misma tanto por el Ejecutivo en sus tareas de gobierno y administración, como por la Jurisdicción al aplicar las leyes en los casos concretos. Posiblemente la mejor explicación de este problema consiste en referirlo a la distinción entre los diversos tipos de decisiones políticas. Así existen unas decisiones de carácter ejecutivo (bien de regulación y control, bien de prestación de servicios) cuyo cumplimiento corresponde a la Administración, mientras que existen unas decisiones meramente prescriptivas, que aprueban reglas de conducta a cumplir directamente por los ciudadanos y eventualmente por los poderes públicos en sus relaciones con ellos. El control del cumplimiento de estas decisiones prescriptivas, se encomienda a una organización especializada (distinta de la Administración general), que es la Administración de Justicia. Así pues una noción correcta de las ideas a que se refiere la expresión Administración de Justicia se obtendría distinguiendo dos aspectos de la misma. De una parte el ejercicio del Poder Judicial, aplicando las leyes en los casos concretos. En este sentido o acepción la Justicia se ejerce por los Jueces o Tribunales. Pero para que sea posible adoptar las decisiones de carácter secundario en aplicación de la potestad jurisdiccional, y sobre todo para que sea posible ejecutarlas, debe existir una organización administrativa que trabaja en conexión directa con los Tribunales. Se trata de toda la maquinaria administrativa adscrita a la Justicia, que incluye personal de distinto tipo, y que quizás es la estructura estatal a la que corresponde propiamente hablando, abstracción hecha de la terminología convencional, la denominación de Administración de Justicia. II. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE LA JUSTICIA. Como es sabido el propio Montesquieu, autor de la versión más conocida y aplicada de la teoría de la división de poderes, consideraba al Poder Judicial como un poder de alguna manera nulo. Se refería Montesquieu a que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ni debe mediatizar la actividad política ni debe ser mediatizado por ella. De ahí que ese carácter en cierta manera nulo políticamente se encuentre o deba encontrarse compensado por la independencia de la Justicia respecto a los poderes
políticos. Esta independencia es una cuestión básica en cualquier Estado de Derecho, pues implica que la aplicación de las reglas jurídicas y en especial de las garantías reconocidas a los ciudadanos no se verá influida por intereses políticos concretos. Por ello, tras aclarar los equívocos que puedan existir en la denominación, la independencia de la Justicia es el primer tema a abordar cuando se habla del Poder Judicial. La Constitución española vigente de 1978 reconoce desde luego la independencia de la Justicia, ya que en su artículo 117,1 se refiere directamente a la administración de justicia por Jueces y Magistrados independientes. Sin embargo no es éste el único aspecto a destacar cuando se habla de la independencia de la Justicia. La noción comprende en primer lugar la garantía de que el nombramiento de los Jueces no se haga por el poder político, en especial el de los Jueces del máximo órgano jurisdiccional. Aunque pocas veces se advierte lo contrario, en España ésta es una conquista reciente, que se debe a los constituyentes de 1978, pues el texto constitucional establece un mecanismo en virtud del cual el nombramiento se hace por el órgano de gobierno de la Justicia, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial regulado en el artículo 122. Con anterioridad la propuesta de nombramiento de Magistrados del Tribunal Supremo venía correspondiendo desde la Revolución de 1868 al Ministro de Justicia, y el nombramiento se hacía por el Gobierno. De acuerdo con esta situación, que se mantuvo en los sucesivos regímenes políticos, una vez nombrado, el Magistrado del Tribunal Supremo era independiente. Pero desde luego solo eran independientes aquellas personas que el Gobierno estaba dispuesto a tolerar que lo fuesen. La separación de los Jueces del resto del personal que sirve a los Estados modernos implica sin embargo una serie de limitaciones, que se contrapesan con un sistema de garantías. Los Jueces no pueden participar activamente en la vida política, siendo variable la regulación de esta materia de unos países a otros. Por el contrario estos Jueces deben poder dictar Sentencia libremente y tienen unas garantías superiores a las propias de los demás ciudadanos. Así por ejemplo no pueden ser detenidos, y si lo son en caso de flagrante delito, ello debe ser comunicado sin dilación ninguna a la autoridad judicial superior al detenido. Pero desde luego el aspecto central de la independencia de la Justicia consiste en que los Jueces y Magistrados pronuncien las Sentencias sin ingerencia de ninguna clase y sin ser sometidos a presiones de ningún tipo. En relación directa con el principio de independencia de la Justicia se encuentra el principio de unidad jurisdiccional. Se contradice este principio si se monta un sistema de Tribunales especiales, las más de las veces integrados solo en parte por Jueces profesionales, si bien cabe incluso la posibilidad de que sus miembros no sean Jueces. Si se sustrae una parte de los asuntos al conocimiento del sistema judicial ordinario se está atentando en definitiva contra la independencia judicial. Pues esa parte sustraída al conocimiento de los Jueces y Magistrados da lugar a que se pronuncien sentencias por personas que no son independientes. Un reflejo directo del principio de independencia judicial es también el de la autonomía de la organización en la que se integren los Jueces. Aunque habitualmente en muchos países el gobierno de la Justicia se ejerce por un departamento administrativo, es decir, por el ministerio de Justicia, esto no satisface de modo pleno la autonomía de que debe gozar el Poder Judicial como garantía de su independencia. Más adecuado parece que exista un órgano de gobierno especifico, como reconocen las vigentes Constituciones italiana y española al consagrar la existencia del Consejo General del Poder Judicial antes aludido.
sin más mediatización una vez que dicho presupuesto haya sido aprobado por el Parlamento. Estamos entonces ante el orden jurisdiccional civil. y vincula tanto a los ciudadanos como a los políticos que realizan o dictan actos administrativos. Por ello ha podido decirse con fortuna que los actos de poder típicos son las leyes. el competente es el orden jurisdiccional penal o criminal. debiendo diferenciarse entonces los llamados ordenes jurisdiccionales. de otro de los actos de poder típicos. En segundo lugar la gestión cotidiana del personal adscrito a la Justicia a cualquier titulo debe corresponder al órgano de gobierno especifico y no al Ministerio de Justicia. Los principios que acaban de mencionarse. tanto para la formulación como para la gestión y ejecución de su propio presupuesto. que es como se ha dicho antes la garantía de que las sentencias se pronunciaran sin mediatización ninguna. En primer lugar debe ser el órgano de gobierno de los Jueces el que nombre no sólo a estos sino también al resto del personal que integra la Administración de Justicia. es decir. los actos de contenido político o administrativo. Así existe un orden jurisdiccional relativo a las controversias entre las personas en temas de derecho privado civil o mercantil.Ahora bien. de modo que al dictarse una sentencia se cierra la posible controversia entablada respecto a una cuestión concreta. o incluso dos personas públicas. III. no solo a los ciudadanos afectados por ellas. sino además a toda la organización del Estado. Pero aquellas Sentencias se aplican. pero hay que referirse además a las controversias planteadas respecto a los actos
. que garantiza el equilibrio del ejercicio de potestades públicas. no constituyen sino el entorno del aspecto central de la cuestión. Sin embargo en la vida practica el aspecto que más importa de las Sentencias no es el relativo a su carácter de acto de poder típico. sino el aspecto según el cual resuelven controversias entre las partes en el proceso. Normalmente se trata de dos particulares pero pueden ser también un particular y una persona pública dotada de poder. LA SENTENCIA COMO ACTO DE PODER. y las Sentencias. de la solución de esas controversias entre las partes. Por ultimo es completamente indispensable que ese órgano de gobierno de la Justicia tenga una completa autonomía financiera. La peculiaridad de estas ultimas es que vinculan a todos los poderes públicos. Pues en realidad una sentencia es un acto de poder típico realizado en ejercicio de una potestad prevista por el ordenamiento jurídico. En definitiva esta idea y la construcción política que subyace detrás de la misma supone un sutil equilibrio. es decir. Esto lleva desde luego a que sea necesario distinguir entre los distintos tipos de controversias. que se considera o califica como la jurisdicción común. La Sentencia se pronuncia sobre la aplicación de la Ley. Los dos anteriores son los ordenes jurisdiccionales más conocidos por el gran público. de modo tal que le corresponden los asuntos no confiados expresamente a los demás ordenes jurisdiccionales. Cuando se trata en cambio del juicio sobre las contravenciones cometidas por los ciudadanos que la legislación considera como delitos o faltas penales. por importantes que sean. No debe olvidarse sin embargo que esos actos de contenido político o administrativo tienen un régimen jurídico y un sistema de control que los reconducen aun solo tipo de actos. incluso al Parlamento cuando realiza actos que no son de carácter legislativo. En este sentido la noción central de la Administración de Justicia es precisamente el ejercicio de la jurisdicción. para que esta autonomía sea completa parece indispensable que se refiera a tres aspectos esenciales. en relativo paralelo con las leyes y las Sentencias. que es una conquista de la civilización occidental.
administrativos. que conocen el orden jurisdiccional contencioso administrativo. La distribución en niveles de organización de los Tribunales de Justicia no es importante solo como descripción del sistema. El proceso de máximo nivel entre los que pueden entablarse es el recurso
. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA. la garantía de los más importantes derechos y libertades que otorga la Constitución a los sujetos privados. como sucede en España. La actuación del Tribunal Constitucional se limita en principio a la revisión de las leyes (y excepcionalmente de otras normas) para comprobar su conformidad o adecuación a la Constitución. Además de ello puede confiarse al Tribunal Constitucional. sin que pueda entrar de pleno derecho en el debate entre los particulares. sino además porque contra las decisiones de los Jueces y Tribunales inferiores cabe recurso ante los Tribunales superiores. El nivel superior esta constituido por un Tribunal que recibe diversas denominaciones según los países y que en España es el Tribunal Supremo. si bien para descargarlo de asuntos se creó en su momento un Tribunal intermedio entre él y los Tribunales Superiores de Justicia. El nivel inmediatamente superior es el constituido por las Audiencias Provinciales. y a las que se refieren a diferencias en torno al cumplimiento de los contratos de trabajo y a ciertos aspectos de la protección social (orden jurisdiccional social o laboral). se organizan en grupos de Magistrados que son las denominadas Salas. el militar. al menos la española. salvo por lo que se refiere a las materias directamente garantizadas por la Constitución. cuando son competentes respecto a ordenes jurisdiccionales distintos. Sobre las Audiencias Provinciales se encuentran en el nivel de organización inmediatamente más elevado los Tribunales Superiores de Justicia. Los criterios de interpretación de las leyes y reglamentos los establece el Tribunal Supremo. Culmina la organización el Tribunal Supremo. En la organización judicial española existe un quinto orden jurisdiccional. Pero aun en este caso el ámbito de actuación del Tribunal Constitucional es o debe ser limitado. que obliga a los Tribunales inferiores. la Audiencia Nacional competente solo en asuntos penales y administrativos. Entre este Tribunal y los demás Jueces que integran los Tribunales inferiores hay una fundamental diferencia. IV. competentes fundamentalmente en asuntos penales. El Poder Judicial propiamente dicho y desde luego el ejercicio de la potestad jurisdiccional se ejercen por una organización vertebrada en distintos niveles. Todos los Tribunales colegiados. mientras que los Tribunales de los demás niveles son órganos colegiados. Esta doctrina es el elemento principal de interpretación de las normas. competentes en todos los ordenes jurisdiccionales. En conjunto la organización judicial. En España aquel nivel inferior esta constituido por los Jueces de Primera Instancia (asuntos civiles) y de Instrucción (asuntos penales). De esta noción básica de jurisdicción y del ejercicio de la potestad correspondiente debe distinguirse la actuación del Tribunal Constitucional. esta vertebrada a partir de la idea de que los Jueces del ultimo nivel (el más próximo a los ciudadanos) son normalmente Jueces unipersonales. conociendo cada una de ellas de los asuntos propios de un orden jurisdiccional. ya que se han suprimido los Tribunales militares especiales para conseguir la unidad de jurisdicción. en aquellos países donde existe como es el caso de España. de modo que las declaraciones de dos o más Sentencias de este Tribunal constituyen jurisprudencia o doctrina jurisprudencial.
más cultura. Cuando se trata de un Juez unipersonal la estructura es esta. Pues esta no se encuentra integrada solo por los Jueces y Tribunales sino además por todos los funcionarios adscritos a ellos. es decir. Los agentes judiciales.
. desde luego. En primer lugar hay que mencionar el continuo aumento de la conflictividad judicial. un Secretario Judicial del que dependen los oficiales y administrativos de la Administración de Justicia. reales y financieros. y menos temor frente a la posibilidad de dirigirse a los Tribunales. la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir. que son el nivel más modesto de la jerarquía. se corresponden con los funcionarios subalternos de la Administración general. si bien se trata de una correlación a apreciar en términos generales y no de una correspondencia exacta. que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo cuando se trata de derecho aplicable en todo el territorio nacional. si bien indirectamente. que en España se aproxima a las 20. El principal problema planteado respecto a ellas es que según la Ley reguladora. Para cerrar la exposición hay que referirse a algunos temas generales respecto a la Administración de Justicia. Últimamente viene siendo frecuente el uso de la expresión oficina Judicial para referirse a todos los medios personales. Estamos ante una de las cuestiones que antes se han citado como básicas para garantizar la independencia de la Justicia. Sin duda hay mucho de cierto en ello. que integran la Administración de Justicia propiamente dicha si se maneja esta expresión como contrapuesta a la de Poder Judicial. También puede existir una Secretaría por cada Sección. donde existen varias Secretarias. Con carácter anexo a los Jueces existe siempre. Pero como se ha dicho más arriba una alusión a la Administración de Justicia estaría incompleta si no se hace una referencia a toda la organización judicial. CONCLUSIÓN. En dicho recurso se trata principalmente de conseguir la adecuación de las Sentencias de los Tribunales inferiores al ordenamiento jurídico. es decir. al Consejo General del Poder Judicial. Se está hablando de un complejo de recursos humanos de mayor importancia de lo que normalmente se supone. en caso de estimarse el recurso. en principio una por cada orden jurisdiccional de los que conozca el Tribunal en cuestión. que están a disposición de los Jueces para que estos puedan cumplir su función. pero que se plantean también en los demás países de nuestra área política y cultural.de casación. Según esto si la sociedad es una sociedad democrática y desarrollada económicamente el número de procesos cada vez será mayor. la administración de personal de este conjunto corresponde al Ministerio de Justicia y no al órgano de gobierno propio de la Justicia. si bien se complica en los Tribunales colegiados. pues los ciudadanos tienen más medios. en el Tribunal Supremo. En ocasiones se afirma que existe una correlación entre este aumento y el desarrollo económico y la existencia de un Estado de Derecho.000 personas. en todos los países aumenta continuamente el número de procesos. IV. en que se dividen las Salas en los Tribunales más sobrecargados de trabajo y. LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. al menos en España. V. temas de rigurosa actualidad en España. las decisiones del Tribunal Supremo repercuten también en los derechos y deberes de las partes a que se refiere la controversia.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. pues supone otorgar o no una mayor prioridad a la Justicia respecto a otras atenciones políticas y administrativas. Al atribuirse el Estado la protección del derecho de dirimir conflictos.. estableciendo la vigencia del derecho aplicable en el caso y dándole la razón a quien la tiene. el Estado debe brindar entonces un ámbito amplio e imparcial donde pueda dirimir los conflictos y hacer valer sus derechos por medio de procesos.. ANTECEDENTES Al haber proscrito el Estado Moderno el hacer justicia por la propia mano. el concepto de acceso a la justicia también ha variado conforme a las ideas imperantes de cada época de la humanidad. mediante el cual el Estado da respuesta para que los derechos invocados por las partes puedan funcionar adecuadamente y de forma efectiva en el contexto humano-social. Es entonces el proceso el medio o instrumento civilizado o culturalmente más avanzado. de forma que éstos sean satisfechos. debe brindar a todas las personas el poder acceder a ese instrumento que es el proceso. para que haya efectividad del derecho. El número cada vez mayor de procesos esta suponiendo una intolerable demora que da lugar a que los ciudadanos tarden varios años en obtener una Sentencia.Ahora bien.
THEORIA | Proyecto Crítico de Ciencias Sociales . y al evolucionar la humanidad de acuerdo a las épocas. este aumento de la conflictividad judicial empieza a convertirse en un problema político que revierte directamente al funcionamiento de un servicio público fundamental.
CONCEPTO DE ACCESO A LA JUSTICIA Al tratar el derecho conductas humanas. y siendo el acceso a la justicia un derecho humano esencial. decimos que el derecho es dinámico. y por lo tanto. así como también ha evolucionado el sentido que tiene el proceso. Dicha asignación es de por sí un problema político y financiero. Esto significa que resulta esencial la asignación a la Administración de Justicia de los medios adecuados para un funcionamiento correcto y aceptablemente rápido.
En esa evolución del derecho a la administración de justicia y basados en la teoría del procesalista uruguayo Couture1[1]. tras la Declaración de los derechos humanos y del Ciudadano. por lo que el estado debía minimizar la brecha existente entre la norma y la realidad para que el acceso a la justicia fuese acorde a la realidad y adecuado. Al monopolizar el Estado la potestad de solucionar conflictos entre personas. el Estado debe garantizar que el principio procesal de “igualdad de armas2[2]” no sea una igualdad utópica sino real. buscando así que la igualdad de las personas se concretase en hechos que lo hiciesen tangible. es decir. Para ello. los constituyentes encargados de la Reforma Constitucional de 1991 le dieron apoyo constitucional a ésta situación jurídica permitiendo que los ciudadanos puedan solicitarle al Estado Colombiano que intervenga y dirima los conflictos entre las partes. y darle solución prevista en el ordenamiento jurídico. por lo que debe valorar todos los obstáculos que puedan presentarse en la concreción del derecho. se dio reconocimiento pleno al derecho de las personas y entre los derechos sociales. se determinó que el derecho de acceso a la administración de justicia debía ser real y no formal. Pero como no bastaría con el hecho de poder hacer uso del derecho de solicitar el acceso a la administración de justicia si ésta no es efectiva. amenazados o negados. ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
. Posteriormente.Conforme a la ideología liberal posterior a la Revolución Francesa. sin importar su naturaleza. así como la defensa del orden constitucional. el derecho de acceso a la justicia (o a la jurisdicción) era limitado porque no era facultad del Estado ocuparse de los conflictos entre las personas ni de brindarles la posibilidad de ejercer el derecho o de acceder a las instituciones. que los ciudadanos tengan el “derecho a la prestación de la jurisdicción”. es su deber permitir el fácil e indiscriminatorio acceso a la jurisdicción cuando las personas consideran que sus derechos han sido violados. por lo que es necesario exista una real posibilidad de acceder a ella para que el Estado cumpla con el deber de salvaguardar los intereses de las personas y los derechos fundamentales tutelados. por lo que la igualdad era someramente formal.
en condiciones de plena igualdad. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 4[4] Artículo 14: 1. porque se suscita una duda sobre el derecho de las partes. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por
. conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa..El Estado regula la vida humana. consagrado en el contenido de las normas emanadas del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 1. B. para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A. Esto nos permite afirmar que la administración de justicia es un derecho humano esencial. y donde existe el riesgo inminente de que la persona que se siente afectada recurra a la fuerza que el mismo Estado le vedó. Artículo 11: 1. el Estado tiene el deber de brindar a las personas el derecho a acceder a un tribunal donde las partes puedan: a) Ser oídos. a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. donde se escuche de manera efectiva y cierta su reclamación. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Por ello. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 3[3] : Artículo 10: Toda persona tiene derecho. 2. por ello dicta normas de carácter general para dirimir los conflictos o controversias. b) Presentar su caso sin importar la naturaleza o el resultado del mismo. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
en un idioma que comprenda y en forma detallada. excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario. si no tuviera defensor. siempre que el interés de la justicia lo exija. 2. en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o. si careciere de medios suficientes para pagarlo. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. independiente e imparcial. toda persona acusada de un delito tendrá derecho. 3. 4. establecido por la ley. cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. del derecho que le asiste a tenerlo. en plena igualdad. a que se le nombre defensor de oficio. y. d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
.un tribunal competente. a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora. orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática. Durante el proceso. gratuitamente. o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral. si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal. f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete. c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas. b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección. g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal. a ser informada. pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública.
infamantes o inusitadas.Artículo XXVI. Toda persona tiene derecho a ser oída. a las siguientes garantías mínimas:
5[5] Año 1948 – Artículo XXVI 6[6] Año 1969 – Artículo 8
. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. hasta que se pruebe que es culpable. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 6[6] . fiscal o de cualquier otro carácter. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A. toda persona tiene derecho. 2. independiente e imparcial. laboral.5. conforme a la ley. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. B.. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. 7. a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles. 6. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. conforme a lo prescrito por la ley. Durante el proceso. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública. la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada. 2. Garantías Judiciales: 1. o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. en plena igualdad. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE5[5] . a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. establecido con anterioridad por la ley. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada.Artículo 8. Derecho a proceso regular: Se presume que todo acusado es inocente. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. por un juez o tribunal competente.
salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 3. de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 4. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIA Desde la expedición del Acto Legislativo N° 01 de 1945. El Título VIII.a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Sus decisiones son independientes. en el artículo 228 define la administración de justicia: “La Administración de Justicia es función pública. que hace referencia a las disposiciones generales de la Rama Judicial. e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia. remunerado o no según la legislación interna. si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia. como testigos o peritos. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
. Con la Reforma Constitucional de 1991. El proceso penal debe ser público. la justicia en Colombia era un simple servicio público a cargo de la Nación. 5. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. en el Preámbulo se consagró a la justicia como un valor supremo del Estado Social y Democrático de Derecho.
el Consejo de Estado. Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia que hace referencia a la estructura del Estado. conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. órgano responsable de la investigación penal (que antes desarrollaban los jueces de instrucción criminal). la administración de justicia adquirió mayor relevancia al constituirse en uno de los pilares fundamentales de los fines del Estado.incumplimiento será sancionado. Para el Estado colombiano. modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo N° 03 de 2002 reza: “La Corte Constitucional. cuando creó: 1. la Corte Suprema de Justicia. En el Título V. esa acción. es una manifestación intrínseca. La Constitución consagra cuáles son los entes encargados de administrar justicia y determina las diferentes jurisdicciones de acuerdo a la naturaleza de los conflictos que se formulen: 1. La Reforma Constitucional de 1991 trajo consigo además otros cambios importantes. la Fiscalía General de la Nación. los Tribunales y los Jueces. el Consejo Superior de la Judicatura.
ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Cuando una persona busca hacer valer sus derechos y presenta ante la autoridad judicial un reclamo. en los términos que determine la ley”. El Consejo Superior de la Judicatura 3. propia del
. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Las controversias entre el Estado y los particulares y entre las distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales. en sí. La Fiscalía General de la Nación. También lo hace la Justicia Penal Militar. elevándola además a bien jurídico tutelable y a función pública. administran Justicia. como es el caso de la organización de la Rama Judicial. el artículo 116. La jurisdicción y las especiales 2. Los litigios entre particulares los resuelve la Jurisdicción Ordinaria 2. cuyo cumplimiento y garantía implica un mayor compromiso jurídico por parte del Estado.
Pero además del amparo o seguridad que brinda el derecho procesal como instrumento sobre la efectividad del derecho de acceso a la justicia. por lo tanto. “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Al mismo tiempo. El reclamo concreto del derecho vulnerado. cumpla con su finalidad: el derecho de garantía o la garantía de la garantía. según el cual. La Constitución Política de Colombia diseñó un esquema mediante el cual enuncia los derechos fundamentales inherentes a toda persona y así mismo prevé por medio de las garantías consagradas en ella la efectiva protección de esos derechos. pero los sistemas judiciales pueden no ser efectivos al
7[7] Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia
. conforme a nuestro sistema de gobierno. el Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la justicia. el artículo 2° de la ley estatutaria lo consagra como principio legal de la administración de justicia. Además. El libre acceso a la justicia en Colombia es un derecho constitucional consagrado en el artículo 229 constitucional como la garantía o seguridad para todas las personas de acudir ante los jueces competentes a solicitar su intervención para la protección y el restablecimiento de sus derechos. la Constitución diseñó el esquema de división de poderes por el cual le corresponde y le asigna al Poder Judicial “la administración de justicia”.derecho de petición. la Constitución Política de Colombia consagra formalmente el derecho esencial de acceder a la administración de justicia y para formular la pretensión notamos dos matices: 1. como instrumento. el cual sirve de llave para poder acceder a la justicia y garantiza que el proceso. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. la acción del derecho de administración de justicia es una especie más del derecho de petición (de arraigo constitucional) 7[7]. El derecho abstracto de reclamar la función judicial del Estado 2.
OBSTÁCULOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA La administración de justicia un derecho constitucional y le corresponde a la Rama Judicial protegerlo.
de fondo y de forma. deducir las pretensiones. sino derechos plenos y operativos. Entonces.momento de garantizar la protección de los derechos consagrados en la Carta Magna y por ello. J. no satisfacer las pretensiones de las partes. Es un fin del Estado afianzar la justicia. al carácter irrestricto de la Carta Magna.A. c) Derecho a obtener un pronunciamiento justo. y esto se logra mediante la posibilidad cierta de que todas las personas. la efectividad de la Rama Judicial radica en la garantía que se le brinde a los integrantes de la Nación de poder acceder a ella. b) Derecho a producir la pruebas. d) Derecho a la doble instancia. a poder recurrir a instancias superiores en el evento de que el fallo no sea favorable. es decir. 955
. “La efectividad de la protección de la justicia implica la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan requerir irrestrictamente y obtener la tutela de sus legítimos derechos sin obstáculo que lo hagan de ilusoria defensa. 1995-I-p. por lo que las leyes de la administración de justicia deben ajustarse. sin excepción alguna. e) Derecho a solicitar la ejecución de la decisión cuando se encuentre firme. que exigen efectiva realización material”8[8] Enunciar el plexo de conductas que implica un efectivo acceso a la justicia no es suficiente porque para que sea efectivo se hace necesario su cumplimiento. es que los derechos plasmados en la Constitución no se conciben ya como “meras” garantías jurídico formales abstractas. puedan acceder al órgano jurisdiccional y obtener de ella un pronunciamiento expidiéndose definitivamente a través del dictado de una sentencia. COSTAS DEL JUICIO: Constituyen un impedimento para acceder al órgano jurisdiccional: a) Las costas del juicio b) Los honorarios profesionales
8[8] Roberto Berizonce – El costo del proceso. Pero éste cumplimiento suele enfrentar algunos obstáculos que pueden frustrar el proceso: 1. derecho que se deriva del derecho de defensa en juicio y que encierra una potestad que se desarrolla en varios y sucesivos momentos del proceso: a) Derecho a acceder al órgano judicial.
3. EL TIEMPO EN EL PROCESO: La demora judicial incide se cuestiona la justificación del servicio de justicia. Una justicia que no da respuestas no es justicia. Adolfo R. Esto obviamente incide en la resistencia a recurrir a los tribunales. pero que sí afecta a la parte “débil”.. No pueden ser suprimidos. y con ello se estaría vulnerando entonces.El principio del acceso a la jurisdicción sin pago previo alguno. pueden ser perfeccionados. POSICIÓN ECONÓMICA DE LAS PARTES: En términos de negociación. brindando idéntico amparo a todos en el ejercicio del derecho. la demora no la perjudica sustancialmente. como son: a) Ineficiente distribución de competencias de los tribunales: juzgados de conocimiento que convierten al juez en una suerte de actor que se transforma. “.
9[9] Voto del Dr. Sin embargo.. 4. y cuando la externa y ancha presión dirigida al cumplimiento de pautas fiscalistas (la tasa de justicia. el procedimiento. existen otros factores que generalmente obstaculizan la efectividad del sistema jurídico. su derecho de obtener una sentencia completamente justa en un proceso. es decir. El tiempo en el proceso debe ser razonable para que no perjudique a las partes. por lo que dichas ventajas financieras podrían traducirse en desmedro de los derechos de esa parte “débil”. por ello. desde una visión garantista el proceso necesita respetar la lógica interior de la contradicción. Allois Verónica – 26/11/96
. tiene raigambre constitucional y asegura a cada persona la posibilidad de recurrir a los tribunales. pueden ser simplificados. la parte “fuerte” del conflicto es la parte que posea mayor solvencia económica. Vázquez – “Marono Héctor vs. POSIBILIDAD DE CONOCER EL DERECHO: Hace alusión al desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos. prueba. quien podrían ceder en sus pretensiones ante la posibilidad de un juicio dilatado. debate. totalmente secundarias y complicantes de sus fines”9[9] 2. sentencia y recursos. Pero además. por lo que no podrían solicitar su reconocimiento ni defender la vulneración de los mismos. porque se estaría atentando contra el principio de la debida defensa en juicio. pero no obviarse. el sellado de reposición) o al cobro de derechos profesionales (la deformada voz “honorarios” que tanto tiempo insume a los jueces y tantas fojas carga en los repertorios jurisprudenciales) achicando el contenido propio o específico de la garantía de la defensa. olvida y colisiona con la primera de las directivas que señala que la laboral jurisdiccional no se encuentra formalmente dirigida a satisfacer esas exigencias.
3. se ejerce por sí misma en nombre de la República y por autoridad
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1. b) Escaso personal y limitada infraestructura. pero la realidad de los estrados judiciales revela que en la realidad es totalmente diferente.. d) Escasez de recursos técnicos y financieros.
2. Esto exige un cambio de paradigma en todos los operadores judiciales... así como los defensores del derecho comprendan la necesidad de cambiar el sistema para que se concrete el efectivo reconocimiento. c) Escasa capacitación y formación jurídica del personal..INDEPENDIENTE: La segunda parte del artículo 228 de la Constitución Política de Colombia nos dice que las decisiones de la administración de justicia son independientes.
4. pero es necesario que todos los agentes jurídicos involucrados en la administración de justicia.PERMANENTE: Las actuaciones de la administración de justicia son desarrolladas por organismos y corporaciones con estructura y funcionamiento estable y profesional.(conforme el carácter del proceso) en inquisidor o dispositivo. Esto atenta también a la eficacia de la actuación del tribunal. porque el proceso sirve de herramienta para solucionar los conflictos. el acceso a la justicia no se cumple de manera efectiva pese a que éste principio está consagrado taxativamente en la norma. Sobre ésta independencia y autonomía hace mención también la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 5°. Esto significa que las determinaciones de los jueces son autónomas y que nadie podrá influenciar sobre ellas. Observamos entonces cómo desde el punto de vista material.DESCONCENTRADO Y AUTÓNOMO: Al ser la administración de justicia una función estatal. protección y tutela de los derechos constitucionales.PÚBLICO: Las actuaciones deben ser conocidas por todos y se debe excluir todo mecanismo o ejercicio clandestino.
b) La cuantía de los asuntos que atienda. Sin embargo. la finalidad de la función jurisdiccional.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Para preveer esos comunes obstáculos que frustran el proceso. en el título 1 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).
. el cual regula el contenido.
1. el Derecho Procesal evita arbitrariedades y es la mejor garantía para el cumplimiento de igualdad.. en el preámbulo y en los artículos 1°.
5.PRINCIPIO SOBRE EL CARÁCTER Y FINALIDAD ÚLTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: Este principio fue declarado exequible por la Corte Constitucional por considerar que interpreta apropiadamente los postulados contenidos. los primeros nueve artículos hacen referencia a nueve principios de la Administración de Justicia. porque el Derecho Formal es un instrumento que regula la forma de la actividad jurisdiccional que permite aplicar el Derecho Sustancial. Dos de los nueve principios están consagrados en la Constitución Política de Colombia y los siete restantes gozan del respaldo implícito en la Carta Magna.PREVALESCENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL: La norma constitucional consagra que en la administración de justicia. la sustancia. c) La calidad de las personas que deban ser juzgados por ellos d) La naturaleza misma de algunos asuntos especiales. 2° y 228 constitucionales. teniendo en cuenta factores materiales como:
a) La sección territorial donde estén ubicados. prevalezca el Derecho Sustancial (Derecho Material) sobre el Derecho Formal (Derecho Procesal).de la ley a través de los distintos despachos judiciales del país distribuidos en el territorio nacional. la materia de la actividad jurisdiccional. que es en sí.. entre otros.
. deberá tener en cuenta que toda su actividad (autos. procedimientos y jueces). las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados. el artículo 1° define la administración de justicia como:
“La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos. obligaciones. garantías y libertades consagradas en la Constitución y en la ley. entre otras materias.Es así como se crea la Ley 270 del 7 de marzo de 1996 o “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.
. la Administración de justicia. cuando proceda resolver sobre ellas. deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda. con el fin de lograr la convivencia social y mantener la concordia nacional. en cuyo Título Primero que trata los Principios de la Administración de Justicia. con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”.El artículo 228 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Ley Estatutaria determinan que el carácter de la Administración de Justicia es una “función pública” que cumple el Estado para hacer efectivos los derechos.
Esto indica que la Administración de Justicia. las excepciones. el artículo 152 literal “b” ordena al Congreso de la República que mediante las leyes estatutarias regule. y demás asuntos que corresponda decidir. en su integridad estructural. resoluciones y sentencias) no puede estar dirigida a cosa diferente que no sea la de lograr la concreción de lo que dicta la Constitución y la ley. en su artículo 304° determina la estructura formal de los autos y sentencias: “La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley".
El Código de Procedimiento Civil. funcional y humana (corporaciones.
2. Capítulo 3 de la Constitución Política de Colombia que hace referencia a las leyes.PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA: En el Título VI. garantías y libertades consagrados en ellas. con arreglo a lo dispuesto en este código”. obligaciones.
que la administración de justicia en Colombia es una función pública. raza. Este derecho lleva implícito entonces el también derecho fundamental del "debido proceso”.
En la primera parte del artículo 2° de la Ley 270 dice que el Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. permanente.
. La Defensoría Pública atiende los casos de las personas que acreditan imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas la defensa de sus derechos. o para asumir su representación judicial o extrajudicial. ideología política o religión. oportuna. La Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público y su dirección recae sobre el Procurador General de la Nación. quien debe velar por la promoción. para que puedan alcanzar la justicia.
En la segunda parte de la norma. pueden acceder libremente a la administración de justicia. autónoma. b) Defensoría del Pueblo: Se institucionalizó en los artículos 281 y siguientes de la Constitución de 1991. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”. el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Es decir. y dirigido a aquellas personas que no están en capacidad de solventar los gastos inherentes a un proceso. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. en los términos y bajo las condiciones que reglamente el defensor del pueblo.Vemos entonces. consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. la cual garantizará el estricto cumplimiento de los procedimientos y principios previstos en la ley. que debe ser suministrada por el Estado de manera eficiente. se le impone al Estado asumir dos mecanismos o figuras importantes que propenden a lograr el Acceso a la Justicia:
a) Amparo de Pobreza: Consagrado en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 160 y siguientes. que todas las personas.
El artículo 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia” enuncia el libre acceso a la justicia: “El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. y garantizando el libre acceso a todas las personas sin distinción de sexo. independiente y desconcentrada. sin distinción alguna.
y con el enunciado posterior de un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. derecho que la Carta Magna complementa con “la asistencia de un abogado escogido por él. se ejerce permanentemente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. está cobijada en el aparte del artículo 29 constitucional que hace referencia al principio fundamental del debido proceso. los jueces de circuito.EL PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA: El artículo 3° de la Ley 270 de 1996 consagra el “derecho de defensa” como una garantía legal aplicable sin excepción alguna a toda clase de actuación judicial o administrativa de conformidad con la Constitución. porque resultaría antinomia poder acceder a la justicia si esa justicia no es equilibrada y si no permitiese el derecho a la defensa.
Esta norma es coherente con el principio del derecho a acceder a la justicia. sindicado o imputado en cualquier proceso de carácter judicial o administrativo representa el derecho a analizar..
3. en su artículo 8° determina la naturaleza de los cargos de los auxiliares de la justicia: “…Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas. o de oficio. de conducta intachable. La administración de justicia en el ramo civil. como acción de ampararse o protegerse cuando se es atacado. controvertir. las salas civiles de los tribunales superiores de distrito judicial. los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio. El Código de Procedimiento Civil. refutar técnica. y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan que se les dispense justicia por parte del poder público”.El Código de Procedimiento Civil. en su artículo 7° determina quiénes administran justicia en la Rama Civil: “Quiénes ejercen la administración de justicia en el ramo civil. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y. cuando fuere el caso. a impugnar la sentencia y a que no se le juzgue dos veces por el mismo hecho. municipales. cuando declara: “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa”. excelente reputación e incuestionable imparcialidad.
La defensa. territoriales y de menores”. el derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. desentrañar. título profesional legalmente expedido. durante la investigación y el juzgamiento”. jurídica
deben escogerse de la lista de los defensores públicos que posea la Defensoría Pública. Cada etapa del proceso tiene el carácter de perentorio y es de estricto cumplimiento.
En la segunda parte.. y está consagrado en:
a) Artículo 4° de la Ley Estatutaria de la Justicia. Esto nos indica que la designación de estudiantes de consultorios jurídicos es remota. Para ello autoriza el ejercicio de la defensa por parte de estudiantes de consultorios jurídicos de universidades debidamente reconocidas por el Estado siempre que.y probatoriamente las acusaciones. por lo que no pueden dejar de cumplirse so pena de sanción disciplinaria por mala conducta. y que su incumplimiento
4. Esto está en plena concordancia con lo previsto en el numeral 4° del artículo 282 de la Constitución Nacional sobre la defensoría pública (defensor del pueblo). la norma contempla los casos donde la persona no tenga recursos económicos suficientes para afrontar su defensa.
Está en plena concordancia con el artículo 228 de la Constitución Nacional cuando ordena observar los “términos procesales” con diligencia. Lleva intrínseco el derecho a la libertad. donde es imposible garantizar la defensa pública y la oficiosa por parte de un abogado. es decir. la universidad certifique la idoneidad del estudiante. b) Artículo 209 del capítulo de la Función Pública de la Constitución c) Artículo 3° del Código Administrativo sobre actuaciones administrativas. ya que solamente ocurre por razones geográficas. ya sea de su planta de personal o contratados y que sólo de manera excepcional se podrán nombrar abogados que no estén en esa lista. a la seguridad y el de petición.
La Sentencia C-071 de 1995 de la Corte Constitucional declaró exequible que los abogados de oficio que se le asignen a un sindicado. Se identifica con los conceptos de “prontitud” y “cumplimiento”. económicas y sociales. a los plazos legales señalados en los procedimientos.EL PRINCIPIO DE LA CELERIDAD: Este principio hace referencia a los “términos procesales”.
La Corte Constitucional lo ha definido como: “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”. otras autoridades judiciales de otras ramas del poder público participan en la designación de algunos funcionarios judiciales.. agencias en derecho y costos judiciales y significa:
a) La administración de justicia no es onerosa. sin perjuicio. halagos o amenazas”. y lo ha calificado como integrante del derecho del debido proceso (artículo 29 C.PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL: El artículo 5° del Estatuto de la Justicia dice que la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de sus funciones. Es coherente entonces a lo que dicta la primera y última parte del artículo 228 de la Carta Magna sobre la independencia de la administración de justicia y su funcionamiento autónomo.). pese a que en el legítimo ejercicio de funciones constitucionales o legales.
.. y en cuanto a su función de administrar justicia.
La Corte Constitucional en su sentencia C-037 de 1996 declaró exequible el primer inciso de este artículo.
5. pero en cuanto al segundo inciso hizo advertencias en relación a que ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podría imponerle “criterios” a sus subalternos para decidir las providencias. obviamente. al declarar que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.sea sancionado. ya que el Estado no cobra para prestarla.N. y que también confirma después en su artículo 230. En la misma sentencia valida este principio. pues esta parte de la norma debía entenderse “sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener en determinados casos la doctrina de la Corte Constitucional” haciendo referencia al precedente judicial. tiene la capacidad legal de “sostener derechos y opiniones sin que la doblen respetos.PRINCIPIO DE LA GRATUIDAD: Este principio está consagrado en el artículo 6° de la Ley Estatutaria de la Justicia cuando declara que la administración de justicia será gratuita y que su funcionamiento estará a cargo del Estado. Como corporación u organismo estatal no depende de ninguna otra.) y del acceso a la justicia (artículo 229 C.N.
6. de las expensas.
Esto no contempla los gastos que las partes o terceros deban hacer en el curso de un proceso para obtener los resultados pretendidos.PRINCIPIO DE LA ALTERNATIVIDAD: La Constitución de Colombia garantiza el acceso a la justicia por medio de la diversificación o alternatividad en la administración de la misma. etc. una justicia especial.PRINCIPIO DE LA EFICIENCIA: La Eficiencia es la virtud o condición cuidadosa.
La Corte Constitucional extiende la interpretación de esta norma más allá de la diligencia con la que los jueces deben atender sus obligaciones. tales como honorarios de abogado. los conciliadores. la consecución de un Estado Social de derecho. diligencias. entendiendo que éste principio le impone al juez dictar sus fallos con el mayor sentido de justicia.. con excepción del impuesto de timbre y papel sellado y de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos de secretaría”. activa y exacta de actuar en aras de producir siempre los resultados esperados. Y además los determinados en el artículo 1° del Código de Procedimiento Civil: “El servicio de la justicia civil que presta el Estado es gratuito. remuneración a auxiliares. es decir.
. amigables componedores y árbitros e incluso el mismo Congreso puede ejercer determinadas funciones judiciales. aliado de la justicia institucionalizada. fotocopias documentales.b) Los costos de organización y funcionamiento del aparato de justicia los asume exclusivamente el Estado.. Tal es el caso de los jueces indígenas. remisión de expedientes. viola la Constitución cuando exige. costos de peritazgos. porque el juez que se limita a cumplir con diligencia los términos procesales sin interesarse por exponer los razonamientos de sus decisiones en forma clara y profunda. seriedad y juridicidad. como resultado último de la actividad judicial. envío de documentos.
8. transportes. con excelencia. está consagrada como principio legal de la administración de justicia en el artículo 7° de la Ley 270 de 1996. los jueces de paz. para lo cual ha creado.
sean cuales fueren las partes y los intereses que estén en debate. denominada también como Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.
La Corte Constitucional ha avalado plenamente esta justicia alternativa. sino que se extiende a una exacta consideración de un solícito cuidado y una permanente seguridad y protección. fundamentado en el artículo 116 de la Carta Magna de 1991. y se logra cumplir con los deberes fundamentales de que tratan los numerales 5 y 6 del artículo 95 superior. garantizar (afianzar y asegurar su cumplimiento) y velar por su salvaguarda (cuidados solícitamente). un juez estricto que logre impedir los ataques y un juez acucioso y disciplinado para velar incansablemente para que sea así en todos los procesos.. Entre ellos están las precisas expresiones de respetar (tener el miramiento y la consideración necesaria por tales derechos).El principio de la alternatividad está descrito en el artículo 8° de la Ley 270 de 1996 como la potestad de la ley de establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados. al considerar que no sólo se adecúa a los postulados constitucionales sobre la justicia en general. sino que se constituye en un instrumento trascendental para la descongestión de los despachos judiciales. Para ello se requieren funcionarios con una formación jurídica y humanista suficiente para entender con grandeza los derechos fundamentales del debido proceso.PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS INTERVINIENTES PROCESALES: El artículo 9° de la Ley Estatutaria de la Justicia define los deberes de los funcionarios judiciales en relación con los derechos de las personas que intervienen en el proceso.
Se trata de un deber estricto y regulado que no se cumple solamente con “no violados”.
LUZ MARINA GNECCO PLÁ Derechos intelectuales y de autor reservados.
[1] Couture vinculó el derecho de acción con el derecho de petición: derecho a la prestación de la jurisdicción.
[2] El principio de igualdad de armas en el Sistema Procesal Penal Colombiano a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 12 [3] Año 1948 – Artículos 10 y 11
[4] Año 1966 – Artículo 14
Publicado por Muma en 21:12:00
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