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Timestamp: 2019-10-16 06:43:18
Document Index: 344807195

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 110', 'artículo 17', 'artículo 14', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 58', 'artículo 42', 'Artículo 42']

Martes, 08 Octubre 2019 18:55
Impacto de la Judicialización del Proceso Electoral
Lunes, 30 Septiembre 2019 16:36
FINJUS valora la nueva experiencia democrática de las primarias partidarias y llama a un compromiso con la democracia y apoyo a los órganos electorales
Con la celebración de las elecciones primarias en el marco de la nueva ley de partidos políticos, la sociedad dominicana está viviendo una nueva experiencia democrática. El éxito de estas primarias es crucial para fortalecer los partidos políticos, la democracia y la gobernabilidad.
Además de las elecciones primarias, las elecciones congresuales y municipales a celebrarse en febrero de 2020 y las presidenciales de mayo de ese mismo año representan un reto muy importante para la sociedad dominicana y en particular para los partidos políticos y los órganos electorales.
Esta es una gran oportunidad para mostrar al mundo una vez más la madurez y el compromiso de los actores políticos e institucionales con la democracia y el respeto a la voluntad popular en un clima de paz.
La sociedad observa con gran esperanza los esfuerzos que ha desplegado la Junta Central Electoral para ofrecer las garantías de que el respeto a la soberanía del pueblo dominicano, expresado en el voto ciudadano, será la máxima prioridad de ese órgano y que velará por la transparencia y la calidad del proceso electoral.
Para ello la JCE ha calendarizado todos sus pasos con suficiente antelación y ha adoptado las medidas necesarias para disponer de los recursos, los equipos y los responsables de cada una de las etapas del proceso, de forma que se logren los objetivos propuestos. Asimismo ha mantenido una comunicación estrecha con los distintos partidos, consultándoles oportunamente sobre sus iniciativas, y otorgándole los plazos que han requerido para que esas agrupaciones sientan protegidos sus legítimos intereses, al tiempo que la sociedad recibe la seguridad de que el interés superior de la democracia dominicana está salvaguardado.
La primera gran prueba que tiene ante sí el sistema electoral lo constituye la jornada de las elecciones primarias de los dos principales partidos políticos, pautada para el domingo 6 de octubre. La sociedad dominicana ha estado concentrada en observar con mucha atención las resoluciones y medidas que ha adoptado la Junta Central Electoral, entendiendo que la calidad de las acciones emprendidas por los actores del sistema influirá en la estabilidad política y social, la gobernabilidad y el clima de negocios e inversión en el país en los próximos meses o años.
Luego de años de estar arrastrando la falta de modernización y adecuación de las leyes de esos órganos y enfrentando prácticas destinadas a burlar o menoscabar la voluntad popular, arribamos a estas elecciones con las leyes del régimen electoral y de los partidos aprobadas y en proceso de implementación. En ese camino, se han elaborado algunos de los reglamentos que ordenan esas leyes y la tarea de socialización de su contenido se ha incrementado en las últimas semanas.
Los órganos del sistema electoral dominicano, especialmente la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, han dado muestra de que están comprometidas con trabajar en apego a la legalidad, el debido proceso, la razonabilidad y otros principios constitucionales. Expresamos nuestro apoyo a su esfuerzo y les exhortamos a mantener abiertos todos los canales de comunicación hacia la sociedad, para que sea la propia ciudadanía y sus instituciones representativas quienes puedan dar sostenibilidad a la labor que realicen.
Miércoles, 25 Septiembre 2019 12:39
Análisis del Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso de Bienes Ilícitos
Correspondencia depositada en la Suprema Corte de Justicia y Congreso Nacional 19 de septiembre de 2019
Nota de Prensa Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio
Analisis y Observaciones a Proyecto de Ley Extincion de Dominio
FINJUS plantea preocupaciones al proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos
En el marco del debate en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, desde FINJUS deseamos compartir algunas consideraciones y preocupaciones sobre su contenido, las que hemos elaborado tras un análisis sereno de su texto. Estas observaciones aspiran a ser un aporte jurídico a la labor que realizan las Cámaras Legislativas a tan importante norma, para que esas mismas sean ponderadas en su conocimiento.
. Con relación a la temporalidad de la acción de Extinción de Dominio:
El proyecto de ley en los párrafos I y II de su artículo 4 establece un marco temporal para la interposición de la acción de extinción del dominio al indicar que la misma: “(…) se aplica sobre los hechos ilícitos cometidos a partir de la promulgación de la ley " y que " la extinción de dominio, tener una prescripción de 30 años (...) "
Tratándose de una acción orientada a excluir el dominio del bien ilegítimamente adquirido de la protección que brinda el ordenamiento jurídico, sin restricciones configurativas límites temporales que impidan declarar la extinción del dominio de aquellos bienes que fueron adquiridos ilícitamente antes de la entrada en vigor de la ley , ni prestar la herramienta de la prescripción para legitimar qué, dado su origen, nunca fue ni será merecedor de reconocimiento jurídico.
En nuestro país, ni la Constitución ni la ley amparan ―ni han amparado nunca― la protección del derecho de propiedad cuando su origen está comprobado de la ilicitud y es que este derecho "(...) no se extiende a quien adquiere el dominio por medios ilícitos . "De allí que el dominio que llegue a ejercer es sólo un derecho aparente, portador de un vicio originario que lo torna incapaz de consolidar, y que habilita al Estado a desvirtuarlo en cualquier momento ".
De mantenerse esta limitación temporal se permitiría que los bienes adquiridos de manera ilícita, antes de la promulgación de esta Ley, queden jurídicamente cubiertos por una presunción de legalidad. Ello supondría, en términos prácticos, como ha señalado la Corte Constitucional de Colombia, " habilitación [r] un mecanismo legal para subvertir el origen o destinación ilícita de los bienes, y revestir de legalidad algo que nunca lo tuvo [1] " .
Entendemos la oportunidad de aclarar que esto no iría en contra de las exigencias de seguridad jurídica derivadas del artículo 110 de la Constitución, el cual indica que: “ La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley pueden afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior ” ; pues lo que resguarda el texto constitucional es el amparo a los derechos adquiridos, “las situaciones establecidas” o las expectativas legítimas “conforme a una legislación anterior”.
Importar publicidad que la crítica señalada contra la propuesta normativa no supone que se pretenda la aplicación retroactiva de la ley, sino, específicamente, su "retrospectividad".
Con relación a la naturaleza de la acción:
La acción de extinción del dominio está establecida en los artículos 4 y 5 del proyecto de ley que indica que se trata de una acción autónoma, distinta e independiente. La configuración que propone la norma es de una figura de naturaleza jurisdiccional, con carácter real y contenido patrimonial, lo que implica serios desafíos en el diseño de la misma para lograr la autonomía plena de esta acción. Desde FINJUS hemos identificado algunos aspectos que pudiesen generar contradicciones:
Solicitud de autorización por parte del procurador
El artículo 17 y sus párrafos del proyecto de ley indican que corresponde al Ministerio Público la titularidad exclusiva de la acción de extinción de dominio, condicionando la puesta en marcha de la misma y su ejercicio a un mandato especial, previo y expreso que debe ser provisto por el Procurador General de la República. Desde nuestra óptica, con esto se contraviene la naturaleza jurisdiccional de la acción, pues deja esa decisión del Procurador equiparada al ejercicio de funciones jurisdiccionales, especialmente al no indicar los recaudos especiales en la norma o el alcance de la referencia de autorización. Además de lo expuesto, este requerimiento le otorga un amplio margen de discrecionalidad a la figura del Procurador que pudiese derivar en arbitrariedad.
De la jurisdicción y competencia en materia de extinción de dominio
En el contenido de este proyecto de ley, en el artículo 14 y siguientes encontramos la creación de tribunales especializados en la materia. Sin embargo, la organización funcional y operativa de esta jurisdicción presenta serios problemas para multas de su aplicación.
Los artículos 15 y 16 disponen que los tribunales especializados competencia territorial, una razón de uno por departamento judicial, y se constituyen en categoría de corte de apelación, es decir, como órgano colegiado con no menos de cinco jueces. Esto significa un desequilibrio en gran desproporción al presupuesto y manejo del Poder Judicial, y deja en una zona oscura el doble grado de jurisdicción.
Resultó oportuno consensuar con la Suprema Corte de Justicia una solución viable que permite conjugar la especialización que se requiere del juzgador con lo materialmente posible, en razón de las limitaciones reales de los recursos del Poder Judicial.
De las garantías y derechos de los sujetos procesales; de los afectados y de los terceros de buena fe
Ante un eventual proceso de extinción de dominio son múltiples los escenarios que pudiesen presentarse en los cuales los bienes objeto del proceso tengan enlace con aquel que pudiese haber obrado con buena fe exenta de culpa [2] , [3] o que pudiesen tener derechos de acreencia sobre el patrimonio del que ha ejercido la titularidad de los bienes de que se trata.
En el proyecto de ley tenemos una serie de previsiones que se orientan a la protección de los derechos legítimos de los afectados [4] . Sin embargo, considere prudente realizar previsiones más amplias en lo concerniente a las notificaciones procesales, previendo la obligación de notificar, durante la fase inicial, y, por otro lado, evaluación si pudiéramos preservar el rol de un curador " ad lítem" en el curso del proceso que vele por la legalidad del mismo y el respeto de las garantías del afectado o tercero ausente.
Respecto de la buena fe que estipula el proyecto de norma, debe señalar que esta presunción solo ampara a aquel que practique un mínimo de diligencia acerca de la situación jurídica del bien que va a adquirir, incluyendo, información acerca del presunto propietario o la destinación del bien que va a disponer mediante acto jurídico.
La aplicación del juicio abreviado de extinción de dominio
Preocupación, que el proyecto de ley establezca que el afectado eficazmente puede recibir hasta el 10% de los bienes afectados por la extinción del dominio, en razón de un 5% al ​​consentimiento del trámite abreviado y otro 5%, si contribuye con información efectiva que ayuden a individualizar e identificar a los dirigentes, desarticular organizaciones criminales y / o eliminar infraestructuras económicas. La doctrina internacional propone un máximo de un 3% de los bienes objeto de la acción.
Una norma de tanta particularidad, complejidad y relevancia social, económica y jurídica requiere que su diseño sea coherente en el sustento, naturaleza y esencia de la acción misma. En ese sentido, debe velarse en la preparación de la ley porque se prefiere su carácter autónomo, alejado del objeto del proceso penal, por lo que sus consecuencias son estrictamente patrimoniales, un peso de lo que constituye un instrumento de política penal destinado al deterioro del poder económico de grupos y organizaciones delictivas.
FINJUS valora y reconoce los esfuerzos desplegados por el Congreso Nacional, a través de las comisiones que han trabajado en el diseño de esta norma. Sin perjuicio de ello, entendemos que su transformación de esta futura ley requiere de una amplia divulgación, socialización y análisis en los diferentes niveles y estratos sociales, pues una eventual Ley sobre el Juicio de Extinción de Dominio para el Descomiso Civil de Bienes Ilícitos debe ser el resultado de un proceso participativo, donde los diversos sectores pueden contribuir libremente en la construcción colectiva de una herramienta eficaz contra el crimen organizado y la corrupción, siempre bajo el marco de la seguridad jurídica y las garantías constitucionales.
Junto al reconocimiento anterior, FINJUS expresa su alta preocupación por los puntos señalados y su esperanza de que los mismos sean corregidos oportunamente, debido a la trascendencia y efecto que esta legislación tiene en la creación de un sistema de consecuencias contra diversas manifestaciones del crimen organizado en nuestro ordenamiento jurídico.
[1] Sentencia C-374 de 1997.
[2] Sobre la buena fe conviene revisar la doctrina comparada, en la cual ha sido precisa de la siguiente manera:"(...) si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o situación no existen por ser meramente aparentes , normalmente y de acuerdo con lo que dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que cualquier persona prudente y diligente también lo había cometido, por tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa ".
Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito, La extinción del derecho de dominio en Colombia. Especial referencia al nuevo código, Bogotá, Colombia, 2015, Págs. 14-17
[3] Proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Artículo 6. Presunción de buena fe: “se presume la buena fe en todo acto o negocio jurídico relacionado con la adquisición, uso o destino de los bienes, cuando el titular del derecho proceda de manera diligente y prudente, exenta de toda clase de dolo e imprudencia ".
[4] Dentro de estas disposiciones está el artículo 6 sobre la presunción de buena fe; el artículo 11 que versa sobre la restitución a la víctima o terceros; artículos 24, 25, 72, 73 y 76 sobre garantías probatorias, pruebas de los terceros, oferta probatoria del afectado, de los terceros y sobre el estándar probatorio; el artículo 58 sobre tutela de los derechos de terceros; y sobre acreedores y derechos preferenciales los artículos 81 (párrafo I), y 82 sobre acreedores, entre otras
FINJUS saluda decisión del Tribunal Constitucional sobre constitucionalidad de los derechos de la ciudadanía
Miércoles, 18 Septiembre 2019 17:08
FINJUS exhorta precandidatos a ajustar sus acciones a la Ley Electoral
Revista Mercado reconoce a la FINJUS en Premio "Mercado Abogados 2019"
Lunes, 09 Septiembre 2019 19:20
FINJUS advierte sobre inequidad en los gastos en precampaña
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), en el marco de su reflexión sobre los procesos de aplicación de las leyes de régimen electoral y de partidos políticos en la actualidad, considera oportuno advertir a la sociedad sobre la probable inequidad que existiría en los gastos en el período de precampaña de no cumplirse los topes establecidos en la Ley de Partidos No. 33-18 e inobservar los presupuestos de la Proclama dictada por la Junta Central Electoral que declaró abierto el período de pre-campaña y fijó el tope de gastos para los aspirantes a candidaturas de puestos electivos.
En el marco de las precandidaturas presidenciales consideramos importante destacar la necesidad del cumplimiento del tope de gastos establecido en el artículo 42 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18. Es decir, en términos prácticos cada precandidato presidencial no podrá incurrir en gastos superiores a los RD$519,465,870.00
De manera que, es responsabilidad de los precandidatos cercanos al aparato gubernamental ceñirse estrictamente al mandato de la ley, evitando que se genere una situación de inequidad frente a los demás aspirantes a la presidencia. Asimismo, cualquier precandidato tiene la obligación de mantenerse vigilante sobre el buen curso del proceso y el cumplimiento de las normas vigentes, sin importar su afiliación política.
A pesar de ello, consideramos que esta situación debe ser reconsiderada en el futuro, puesto que el tope previamente indicado sobre el nivel presidencial para un período específico del momento electoral resulta ser risible y condiciona la eficacia del momento político al alcance o no del dinero.
Es importante que la Junta Central Electoral verifique de manera estricta la erogación de fondos de los precandidatos, a fin de dar cumplimiento a que “Las contribuciones individuales hechas por particulares con el propósito de aportar a los precandidatos a los cargos de elección popular no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) de los límites o topes establecidos…[1]”.
De igual modo, en el caso de que no se gaste todo lo recaudado, los precandidatos deberán cumplir con lo que establece la ley en el párrafo III del artículo precitado, el cual indica que “Los fondos sobrantes de las recaudaciones realizadas por los precandidatos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos durante la precampaña se destinarán a los programas de formación política de sus miembros.[2]”
Desde FINJUS consideramos que tanto la Junta Central Electoral como los precandidatos en los distintos niveles de elección deben ser cautelosos y firmes con el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. De no ser así, podrían generarse situaciones que laceren la legalidad, contribuyan a una situación de inequidad en el torneo electoral y las precampañas se traduzcan en un momento de inobservancia a los principios del Estado social y democrático de derecho.
[1] Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18. Artículo 42, párrafo II. 2018.
[2] Ibídem. Párrafo III.
Viernes, 06 Septiembre 2019 19:12
Secretaría Nacional de la Juventud del PRD visita FINJUS