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Timestamp: 2017-11-24 05:22:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 71', 'artículo 35', 'Artículo 9', 'artículo 76', 'Artículo 10', 'artículo 42', 'artículo 71', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 8', 'artículo 71', 'Artículo 13', 'artículo 7', 'Artículo 14', 'Artículo 15']

Orden por la que se establece el procedimiento a seguir por el Instituto Balear de Asuntos Sociales en la tramitación de los expedientes para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL INSTITUTO BALEAR DE ASUNTOS SOCIALES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE MINUSVALÍA (BOIB DE 13 DE JUNIO)
Solicitud del grado de minusvalía
Mediante Real Decreto 2153/1996, de 27 de septiembre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares las funciones y servicios complementarios del sistema de la Seguridad Social (INSERSO) en dicha comunidad. Posteriormente, la disposición adicional séptima de la Ley 4/1996, de 16 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1997, dispuso la creación del Instituto Balear de Asuntos Sociales (IBAS), entidad autónoma dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar, a la que le corresponde la ejecución de las competencias contenidas en el mencionado Real Decreto 2153/1996.
Por su parte el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, establece, en su artículo 6, que será competencia de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieren sido transferidas las funciones en materia de calificación de discapacidad y minusvalía lo siguiente:
a) El reconocimiento del grado de minusvalía.
b) El reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos.
c) Aquellas otras funciones referentes al diagnóstico, valoración y orientación de situaciones de minusvalía atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal como autonómica.
Por último, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, establece que los dictámenes técnico-facultativos para el reconocimiento del grado serán emitidos por los órganos técnicos competentes dependientes de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía, de los que formarán parte, al menos, médico, psicólogo y trabajador social, conforme a criterios interdisciplinarios.
Así, pues, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1971/1999, se dicta la presente Orden, que tiene como finalidad regular el procedimiento a seguir por el Instituto Balear de Asuntos Sociales en la tramitación de los expedientes para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Por todo lo anterior, haciendo uso de las competencias que me son atribuidas por la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dicto la siguiente orden:
Artículo 1.—Las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el ámbito de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, se ejercerán por el Instituto Balear de Asuntos Sociales con arreglo a los principios y disposiciones de común aplicación contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la citada Ley.
El Instituto Balear de Asuntos Sociales podrá aplicar medios informáticos a la tramitación de los procedimientos en materia de reconocimiento del grado de minusvalía, adaptándolos de forma que se respeten los derechos de los interesados.
Artículo 2.—El Instituto Balear de Asuntos Sociales será competente para iniciar, instruir y resolver los procedimientos de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía en los supuestos en que los interesados residan habitualmente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
También será competente en los supuestos en que los interesados residan en el extranjero, cuando éstos acrediten haber tenido su último domicilio habitual en España en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 3.—El Centro Base del Instituto Balear de Asuntos Sociales constituirá el ámbito físico y funcional de los Equipos de Valoración y Orientación.
Artículo 4.—La valoración de los expedientes se realizará por los Equipos de Valoración y Orientación del Centro Base del Instituto Balear de Asuntos Sociales.
La Consejería competente en materia de Bienestar Social podrá crear Equipos de Valoración y Orientación, a propuesta de la Dirección Gerencia del IBAS, en otras islas, cuando existan necesidades que lo justifiquen.
Artículo 5.—Las funciones de los Equipos de Valoración y Orientación del Centro Base serán las siguientes:
a) Realizar la valoración de las situaciones de minusvalía y elaborar los Dictámenes Técnico-Facultativos, para su elevación a la Dirección Gerencia del IBAS, en materia de:
1. Calificación del grado de minusvalía, revisión de dicho grado por agravación, mejoría o error de diagnóstico.
2. Determinación del plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del grado de minusvalía por agravación o mejoría.
b) Determinar el grado de minusvalía y valorar las diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones sociales y económicas previstas en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero, por el que se establece y regula el sistema de prestaciones previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de personas con minusvalía.
c) Determinar el grado de minusvalía, así como la necesidad del concurso de tercera persona, a efectos de las prestaciones de invalidez en su modalidad no contributiva y de protección familiar por hijo minusválido a cargo, reguladas en el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
d) Realizar prestaciones y dictámenes en aquellos supuestos de presuntos beneficiarios de prestaciones y servicios otorgados por otros organismos de la Administración Central del Estado, autonómica o local.
e) Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en los que sea parte el Instituto Balear de Asuntos Sociales en la materia regulada por esta Orden, a requerimiento de la Dirección Gerencia del Instituto.
f) Aquellas otras funciones que legal o reglamentariamente les sean atribuidas por la normativa aplicable para el establecimiento de determinadas prestaciones y servicios.
Artículo 6.—Los Equipos de Valoración y Orientación estarán compuestos, como mínimo, por un médico, un psicólogo y un trabajador social conforme a criterios interdisciplinarios. En determinados casos, y en atención a las especiales circunstancias concurrentes, la Dirección del Centro Base podrá disponer que se incorporen a los Equipos de valoración y orientación otros profesionales del Centro.
La coordinación de las actuaciones del EVO corresponderá a la Dirección del Centro Base, bajo las directrices de la Dirección Gerencia del IBAS.
Para la emisión de sus dictámenes facultativos los Equipos de Valoración y Orientación deberán reunirse en Junta, compuesta por Presidente, un secretario designado por el Presidente y todos los miembros del equipo que hayan intervenido en la valoración. La presidencia corresponderá a la Dirección del Centro Base. El secretario, que podrá ser un miembro del EVO o no formar parte de dicho equipo, en cuyo caso tendrá voz pero no voto, será el encargado de levantar acta de las reuniones de la Junta.
El régimen de funcionamiento de los Equipos de Valoración y Orientación será el establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Artículo 7.—Los dictámenes técnico-facultativos emitidos por los Equipos de Valoración y Orientación se formularán de conformidad con los baremos establecidos por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, e incluirán los siguientes elementos:
b) Especificación de las causas.
d) Valoración de los factores sociales complementarios.
e) Calificación del grado de minusvalía, valorando los aspectos señalados en los apartados a), b) y d) y de conformidad con los baremos establecidos en el Decreto 1973/1999.
La calificación del grado de minusvalía podrá formularse con carácter definitivo o temporal, cuando el Equipo de Valoración y Orientación prevea posibles mejorías en la situación del interesado.
El dictamen deberá contener, en su caso, las puntuaciones de los baremos para determinar la necesidad de concurso de otra persona y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos colectivos.
Artículo 8.—El procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía se iniciará a instancia del interesado, representante legal o guardador de hecho.
Dicha solicitud se realizará mediante modelo normalizado que consta como Anexo de la presente Orden. Los interesados podrán precisar o completar los datos de la solicitud, acompañando los documentos que estimen oportunos, que serán admitidos y tenidos en cuenta por el órgano administrativo.
La solicitud deberá contener como mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente; domicilio y fecha.
A la solicitud deberá acompañarse preceptivamente, salvo que ya obre en poder del Centro Base:
1. Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Identidad del interesado y, en su caso, del representante legal o guardador de hecho, si el interesado es español, o del documento acreditativo si es extranjero.
2. Informes médicos y/o psicológicos que avalen las deficiencias alegadas.
En los supuestos en que falte alguno de los datos o de los documentos que preceptivamente deban acompañarse, se requerirá al interesado o a su representante legal o guardador de hecho, en su caso, para que subsane la omisión o aporte el documento o documentos en el plazo de diez días, con advertencia de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En el caso de que los documentos ya obraran en poder del IBAS, el interesado podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre y cuando haga constar la fecha y órgano o dependencia en que fueron presentados o emitidos, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento correspondiente.
Artículo 9.—El Centro Base del IBAS será competente para la instrucción del expediente y realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para la determinación, reconocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben dictar su resolución.
La instrucción de dicho procedimiento constará de los siguientes actos e informes preceptivos:
a) Citación para reconocimiento. Recibida la solicitud, si ésta está completa, el Centro Base notificará al interesado el día, la hora y la dirección del Centro o dependencia donde hayan de realizarse los pertinentes reconocimientos y pruebas. En el supuesto de incomparecencia no justificada se aplicará lo dispuesto en el artículo 76.3 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Reconocimiento. Los Equipos de Valoración y Orientación podrán realizar cuantas informaciones, reconocimientos o pruebas juzgue necesarios para la emisión de sus dictámenes y asimismo podrá recabarlos de otros profesionales del Centro Base o de servicios ajenos.
c) Petición de informes o pruebas. Cuando las características clínicas del interesado lo aconsejen, o resulte imposible o insuficiente la aportación de informes médicos y/o psicológicos, el Centro Base podrá solicitar otros informes y la práctica de las pruebas y exploraciones complementarias por parte de Centros e Instituciones Sanitarias públicos o privados.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior el Instituto Balear de Asuntos Sociales queda expresamente autorizado para suscribir convenios con los centros e instituciones señalados, que establezcan los términos y condiciones en que hayan de realizarse tales informes, pruebas y exploraciones complementarias.
d) Emisión de Dictamen técnico. Efectuadas las pruebas, reconocimientos e informes pertinentes, el Equipo de Valoración y Orientación procederá a emitir y elevar a la Dirección Gerencia del Instituto Balear de Asuntos Sociales el Dictamen Técnico-Facultativo.
El personal del IBAS que, en razón de la tramitación del expediente de reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía conozcan el historial clínico del interesado, estarán obligados a mantener la confidencialidad del mismo.
Artículo 10.—El Director Gerente del Instituto Balear de Asuntos Sociales, con base en los Dictámenes Técnicos, deberá dictar resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusválido.
El reconocimiento del grado de minusvalía se entenderá producido en la fecha de presentación de la solicitud.
En las resoluciones en que se reconozca un determinado grado de minusvalía se hará constar, en su caso, el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión del mismo por agravamiento o mejoría.
El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento regulado en esta Orden será de tres meses, que se computarán a partir de la fecha de recepción de la solicitud en cualquiera de los registros dependientes del Instituto Balear de Asuntos Sociales.
El plazo máximo para resolver establecido en el párrafo anterior podrá ampliarse por la Dirección Gerencia del IBAS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, cuando por el número de solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expresamente se determinen en el acuerdo de ampliación, no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto.
Cuando la resolución no se dicte en el plazo previsto en este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar los derechos que le confiere el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, sin perjuicio de la obligación de resolver.
Artículo 11.—El grado de minusvalía podrá ser objeto de revisión en los siguientes supuestos:
1.º Cuando hubiera sido reconocido con carácter temporal.
2.º Cuando se produzcan agravamientos en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de grado, siempre que hayan transcurrido dos años desde la fecha de la anterior resolución, en el caso de grado de minusvalía reconocido con carácter permanente.
Excepcionalmente, no será necesario que haya transcurrido el plazo de dos años anteriormente señalado si el EVO determina que el interesado, en base a la documentación aportada, presenta patología sobrevenida como consecuencia de enfermedades o lesiones no contempladas en la valoración anterior o cuando la agravación de las situaciones de minusvalía valoradas anteriormente puedan provocar un cambio sustancial en el grado de minusvalía.
3.º Los errores de diagnóstico, materiales o de hecho, podrán ser rectificados en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.
Artículo 12.—Además de las personas referidas en el artículo 8 de esta Orden, estará legitimada para instar la revisión la Dirección Gerencia del IBAS.
En las revisiones de oficio, la Dirección Gerencia del IBAS iniciará y promoverá las actuaciones necesarias para la revisión del expediente, dando cumplimiento a los plazos previstos en la presente Orden.
A la solicitud de revisión a instancia de parte se acompañarán cuantos informes médicos y/o psicológicos puedan tener incidencia en orden a la revisión. El IBAS podrá declarar la inadmisión a trámite de las solicitudes de revisión que carezcan manifiestamente de fundamento, mediante escrito que será notificado a quien la hubiera solicitado y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 13.—El dictamen emitido por el EVO en los procedimientos de revisión de los expedientes se acomodará a lo previsto en el artículo 7 de la presente Orden.
Artículo 14.—El Director Gerente del IBAS, dentro del plazo máximo de tres meses, deberá dictar resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para revisar el grado de minusvalía,
Dicho plazo se computará, en el caso de revisión de oficio, desde la fecha de notificación al interesado de la iniciación del procedimiento.
Artículo 15.—Dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución por la Dirección Gerencia del Instituto Balear de Asuntos Sociales, los interesados podrán formular ante la misma reclamación previa a la vía jurisdiccional social. Dicha reclamación deberá ser resuelta y notificada en el plazo de 3 meses.
Cuando la reclamación se base en discrepancias con la resolución en aspectos que sean competencia del Equipo de Valoración y Orientación y con independencia de las actuaciones procedentes para comprobar las alegaciones del reclamante, el escrito de reclamación se pasará a conocimiento e informe del referido equipo.
Disposición derogatoria única.—Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan, contradigan o sean incompatibles con lo que dispone la presente Orden.
Disposición final primera.—Se faculta a la Dirección Gerencia del Instituto Balear de Asuntos Sociales para dictar las normas que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Orden.
Disposición final segunda.—La presente Orden entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.