Source: https://electropelba.com/plusvalia-municipal-con-perdidas/
Timestamp: 2020-08-09 09:09:46
Document Index: 315881539

Matched Legal Cases: ['artículo 221', 'artículo 216', 'artículo 244', 'artículo 219', 'artículo 244', 'artículo 219', 'artículo 10', 'artículo 9', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 217', 'artículo 217']

Modelo recurso plusvalia municipal 2018
Plusvalia municipal con perdidas
He vendido una casa a pérdidas, pero he tenido que pagar la plusvalía
Prueba de la venta a pérdida
A la hora de declarar y pagar el impuesto de plusvalía municipal, la regla general es el sistema de declaración con liquidación. En estos casos, el contribuyente presenta una declaración informando de la transmisión realizada, y es el Ayuntamiento el que debe cuantificar y liquidar el tributo. El problema es que, una vez notificada la liquidación, el contribuyente tan sólo cuenta con el plazo de un mes para recurrirla. Y si no lo hace, ésta deviene firme. ¿Significa esto que ya nunca podrá recuperar el impuesto pagado?
LA DISTINTA OBLIGACIÓN DE DECLARAR O AUTOLIQUIDAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL, GERMEN DE LA DESIGUALDAD
He comentado que la regla general es la de declaración con liquidación. Pero, cuando la Ordenanza municipal lo prevea expresamente, podrá imponerse a los contribuyentes la obligación de autoliquidar el impuesto. En este caso, son ellos los que deben declarar la transmisión y a la vez cuantificar el tributo, ingresando en la Hacienda municipal el importe que resulte. Este es el sistema que suelen utilizar los grandes municipios (Madrid, Barcelona, Valencia…).
La diferencia es que, en este caso, el contribuyente tendrá cuatro años para solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada. Dicho plazo se cuenta desde el último día que había para presentar dicha autoliquidación.Pues bien, la elección de un método u otro para la gestión del impuesto no es baladí, y ha generado evidentes desigualdades entre los contribuyentes que tuvieron que declarar el impuesto, y los que tuvieron que autoliquidarlo. Y ello porque los primeros, sin comerlo ni beberlo, tan sólo tuvieron el plazo de un mes para recurrir la liquidación que les notificó el Ayuntamiento. Los segundos, sin embargo, han tenido cuatro años para solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada, y la devolución de ingresos indebidos.
Muchos contribuyentes se han visto atrapados en dicha madriguera en los últimos años. Es decir, han tenido conocimiento de la posibilidad de recuperar el impuesto indebidamente pagado, con motivo de una transmisión en la que no hubo incremento de valor, y no han podido reclamar. Y ello, porque en su día se les notificó una liquidación, y tan sólo tenían un mes para presentar su recurso. Otros, más afortunados, han podido recuperar lo pagado solicitando la rectificación de la autoliquidación presentada en su día. Y ello, gracias a que tenían cuatro años para hacerlo.
Y para muestra un botón. Mientras los contribuyentes que transmitieron inmuebles en la ciudad de Valencia han tenido cuatro años para reclamar la devolución del impuesto de plusvalía municipal pagado, los que transmitieron inmuebles en la mayoría de los municipios de la provincia de Valencia, sólo tuvieron un mes para hacerlo.
VÍAS PARA RECUPERAR LO PAGADO EN CASO DE QUE LA LIQUIDACIÓN SEA FIRME
Cuando la liquidación es firme, ya no es posible interponer el recurso de reposición. Y es que dicho recurso debió interponerse en el plazo de un mes desde que se dictó la liquidación. Y si se hace con posterioridad, la Administración lo declarará extemporáneo, y ni siquiera entrará a discutir si procedía el pago o no del impuesto.
Tampoco es posible solicitar en estos casos, la devolución de ingresos indebidos. Y ello porque, según dispone el artículo 221.3 de la Ley General Tributaria, “Cuando el acto de aplicación de los tributos o de imposición de sanciones en virtud del cual se realizó el ingreso indebido hubiera adquirido firmeza, únicamente se podrá solicitar la devolución del mismo instando o promoviendo la revisión del acto mediante alguno de los procedimientos especiales de revisión establecidos en los párrafos a), c) y d) del artículo 216 y mediante el recurso extraordinario de revisión regulado en el artículo 244 de esta ley”.
Y es que la devolución de ingresos indebidos requiere que, previamente, se haya obtenido la revisión de la liquidación firme. Y los únicos procedimientos que pueden iniciarse para lograr dicha revisión son el de actos nulos de pleno derecho, el de revocación, y el de rectificación de errores (artículo 219 y 220 de la Ley General Tributaria, respectivamente), además del recurso extraordinario de revisión (artículo 244 de la misma norma).
De los anteriores procedimientos, ni el de rectificación de errores ni el recurso extraordinario de revisión, pueden utilizarse para recuperar la plusvalía municipal en caso de que la liquidación firme, ya que no se cumplen los requisitos previstos, respectivamente, en los artículos 220 y 244 de la Ley General Tributaria. Quedan, por tanto, el procedimiento de revocación y el de revisión de actos nulos de pleno derecho.
¿POR QUÉ ES DIFÍCIL RECUPERAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN?
Mediante el procedimiento de revocación, y tal y como dispone el artículo 219.1 de la Ley General Tributaria, “La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados”.
Sin embargo, sólo la Administración puede iniciar este procedimiento. Así de claro lo deja el artículo 10 del Real Decreto 520/2005: “El procedimiento de revocación se iniciará exclusivamente de oficio, sin perjuicio de que los interesados puedan promover su iniciación por la Administración competente mediante un escrito que dirigirán al órgano que dictó el acto. En este caso, la Administración quedará exclusivamente obligada a acusar recibo del escrito. El inicio será notificado al interesado”.
Y éste es el principal problema. Los contribuyentes solo pueden promover la iniciación del procedimiento, y los Ayuntamientos pueden permitirse el lujo de ni contestar al escrito presentado. Cumplen, lisa y llanamente, con acusar recibo de dicho escrito.
Cierto es que algún Tribunal Superior de Justicia ha considerado, en supuestos similares, que la negativa de la Administración a iniciar este procedimiento, cuando se cumplan los requisitos para ello, puede suponer pura arbitrariedad, y vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución.
En esta línea, el Tribunal Supremo ha admitido, mediante Auto de 11-4-2019 (Recurso 126/2019) un recurso de casación en el que la cuestión casacional es la de determinar “si el órgano judicial puede sustituir a la Administración competente, en sentencia, acordando la procedencia de una solicitud de revocación -y accediendo a ésta-, presentada por un particular contra un acto de aplicación de un tributo, o si por el contrario debe limitarse, caso de considerar disconforme a derecho la decisión recurrida, por ser atribución exclusiva de aquella la incoación de oficio y decisión del procedimiento de revocación”.
En definitiva, si ante la pasividad de la Administración, puede un Juzgado entrar a conocer sobre la procedencia o no de la revocación. Por tanto, en poco tiempo está cuestión será aclarada por el Tribunal Supremo, y podremos saber si la revocación es una vía apta para obtener la revocación de las liquidaciones firmes de plusvalía municipal.
EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO, VÍA MÁS FIABLE PARA OBTENER LA REVISIÓN DE UNA LIQUIDACIÓN FIRME
Por tanto, la vía más factible que existe en la actualidad, para obtener la revisión de una liquidación firme de la plusvalía municipal, es la del procedimiento especial de revisión de actos nulos de pleno derecho, previsto en el artículo 217 de la Ley General Tributaria.
Pero la nulidad de una liquidación firme de plusvalía municipal no puede declararse por cualquier motivo, y no basta con alegar la existencia de una pérdida clara y manifiesta en la transmisión del terreno. Por el contrario, la nulidad sólo procederá cuando se dé alguno de los motivos tasados previstos en el artículo 217.1 de la Ley General Tributaria.
La simple lectura de los motivos previstos en dicho artículo, confirma que el hecho de que la liquidación haya sido dictada en base a preceptos declarados inconstitucionales no constituye, a priori, causa de nulidad. Por ello, es necesario que los contribuyentes busquen acomodo a dicha nulidad, en alguno de los motivos contemplados en el citado artículo 217.1 de la Ley General Tributaria.
Uno de los motivos más utilizados por los contribuyentes es el de la letra g) del citado artículo: “Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal”. Y ello, teniendo en cuenta que el artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone que “Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia”.
Sin embargo, el hecho de que el artículo 40.1 de la misma Ley Orgánica impida revisar situaciones de firmeza judicial, y también administrativa (STC 45/1989, de 20 de febrero), y la existencia de algunos pronunciamientos del Tribunal Supremo desfavorables (aunque también alguno favorable) a la declaración de nulidad en casos similares, complica la viabilidad de este motivo, en el caso que nos ocupa. Estamos, en cualquier caso, ante una cuestión que todavía no tiene una respuesta judicial definitiva.
También se ha invocado en algún caso, el motivo previsto en la letra f) del artículo 217.1 de la Ley General Tributaria: “Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición”. No obstante, no parece que en el presente caso estemos en un caso similar, en el que el contribuyente pretende la nulidad de una liquidación firme, y no la de un derecho adquirido.
Considero, por último, que también podría alegarse la causa prevista en la letra e) del citado artículo de la Ley General Tributaria: “Que hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados”. Y ello, considerando que, cuando esté acreditada la inexistencia de incremento de valor del terreno, para dictar la liquidación se habrán aplicado artículos declarados inconstitucionales y nulos, y expulsados del ordenamiento jurídico “ex origine” (STC 59/2017, de 11 de mayo). Es decir, la liquidación se habrá dictado operando en el vacío, sin norma jurídica en que basarse.
Y es que, tal y como ha declaró en su día la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Zaragoza de 23-6-2017 (Ordinario 320/2016), “Eliminado el 107.1 y 107.2.a, ha desaparecido la definición de la base imponible del tributo, y con ello, no tenemos la limitación de los veinte años, no tenemos la indicación de que lo que debe tenerse en cuenta es el valor del terreno en el momento del devengo y que éste se determina conforme a los apartados 2 y 3; y tampoco se puede aplicar el porcentaje del apartado 4, aplicable en virtud del 107.1, declarado inconstitucional, pues van unidos el 107.1 y el 107.4. En definitiva, operaríamos en el vacío, violaríamos el principio de reserva de ley en materia tributaria, al fijar los elementos determinantes de la base imponible, los periodos y los porcentajes y crearíamos una total inseguridad jurídica, con una aplicación diferente en cada municipio o incluso en cada órgano judicial”.
Se trata, en cualquier caso, de un debate que se prevé largo, existiendo hasta la fecha variedad de interpretaciones en los distintos Juzgados de lo Contencioso, y pocos pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia. El más reciente, del Tribunal de la Comunidad Valenciana, ha declarado que no procede la nulidad por los motivos previstos en las letras a), c), f) y g) del artículo 217.1 de la Ley General Tributaria. Habrá que seguir peleando.
He vendido una casa con pérdidas y el ayuntamiento me ha liquidado la plusvalía municipal. ¿Es legal? ¿Cómo debo reclamar?
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como plusvalía municipal, grava el incremento de valor que experimenten los terrenos de carácter urbano y que se pone de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la vivienda.
Este impuesto debe abonarse tras la transmisión de una vivienda, ya sea por venta, donación o herencia. El problema llega cuando esta transmisión ha generado una pérdida, es decir, el precio de compra es superior al de venta, ya que este impuesto grava la capacidad económica del sujeto pasivo puesta de manifiesto en la transmisión de un terreno que ha incrementado su valor.
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia de 11 de mayo de 2017, en la que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) “únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”.
No obstante, aún no se ha regulado legalmente o producido modificación legislativa respecto a la liquidación del impuesto, por lo que la mayoría de ayuntamientos continúa liquidando la plusvalía incluso en aquellos casos donde no se ha generado. En estos casos es recomendable que los contribuyentes presenten la correspondiente reclamación.
No todos los casos son iguales, ya que algunos ayuntamientos se rigen por el régimen de declaración-liquidación y otros por el régimen de autoliquidación. En los ayuntamientos con régimen de declaración-liquidación, la manera de reclamar este impuesto es mediante un recurso de reposición contra la notificación de la liquidación, dentro del mes siguiente desde la notificación de la liquidación.
Por otro lado, en los ayuntamientos donde rige el régimen de autoliquidación se debe presentar un escrito de rectificación de la autoliquidación, podrá hacerse con un plazo de cuatro años desde la finalización del plazo para liquidar o desde el momento de la presentación de la autoliquidación.
De este modo, si no ha habido un aumento en la capacidad económica del contribuyente y se le ha cobrado el IIVTNU, este tiene derecho a reclamar a la administración siempre y cuando se haga dentro de plazo y de la forma correspondiente, ya sea mediante recurso de reposición o mediante solicitud de rectificación de la autoliquidación.
*Garbiñe Martínez Zalaya y Antonio Morell de Meer, abogados de Lean Abogados.
Las viviendas compradas en el boom inmobiliario tienen, en principio, muchas papeletas para no pagar plusvalía por su venta. Pueden beneficiarse de la doctrina de Tribunal Constitucional, contenida en la sentencia 59/2017 de 16 de febrero, que declaró inconstitucional la presunción absoluta (iuris et de iure, o que no admite prueba en contra) de la existencia de incremento del valor del terreno urbano en las transmisiones gravadas con este impuesto. Ahora bien, el contribuyente está obligado a probar que la venta le produjo una pérdida. O, dicho de otro modo, que no existió plusvalía. Así lo determina la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en una reciente sentencia, de febrero de este año, (cuyo texto puedes consultar aquí), zanjando una cuestión que había provocado cierto caos en los tribunales, y que está pendiente de regulación.
La oleada de reclamaciones por plusvalía ha generado muy distintas líneas jurisprudenciales. El criterio más pro-contribuyente, seguido por algunas Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, niega que, actualmente, los ayuntamientos puedan exigir el impuesto. Según estos tribunales, la plusvalía habría dejado de tener soporte legal tras la expulsión del ordenamiento de los preceptos declarados inconstitucionales. Mientras no haya nuevo impuesto, razonan, no puede cobrarse. Otros tribunales, en cambio, han desmentido esta interpretación, asegurando que el impuesto sigue vivo siempre que haya plusvalía. Este es el criterio que ha impuesto el Supremo, que fija en esta última sentencia que debe ser el obligado tributario, es decir, el transmitente, quien demuestre lo contrario.
Para Leopoldo Gandarias Cebrián, abogado experto en derecho tributario del despacho Alliantia, «esta sentencia de 13 de febrero despeja cualquier duda sobre la incidencia de la STC 59/2017 en el ámbito de las presunciones contenidas en la regulación de la plusvalía municipal (IIVTNU), dejando claro que se mantiene la presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario) de existencia de incremento del valor de los terrenos».
El peso de la sentencia del Supremo, destaca Gandarias, reside en lo concerniente a la prueba, donde, puntualiza el experto, no cambia nada, porque la sección se remite a las sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 17 de julio de 2018, en las que quedó claro, en primer lugar, que el obligado tributario puede demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU.
En este sentido, la sentencia de febrero de 2019, rechaza la tesis de la actora acerca de que la depreciación general de los inmuebles es un «hecho notorio que no necesita prueba».
En segundo lugar, explica Gandarias, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla. En este sentido, aclara, los valores consignados en las escrituras, expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto, bastaría, en general, como fuente de acreditación del hecho justificador de la inaplicabilidad del impuesto, desplazando al ayuntamiento la carga de acreditar que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad.
Por último, concluye Gandarias, demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución).
Por tanto, explica el experto, corresponde al obligado tributario (y no a la Administradora local) enervar la presunción legal de existencia de incremento de valor del terreno de naturaleza urbana transmitido (de conformidad, específicamente, con los artículos 106.1 Ley General Tributario y 385.2 Ley de Enjuiciamiento Civil), pero en los términos expuestos en el párrafo precedente, conforme a la doctrina ya reiterada por el Supremo. En el caso concreto, que resuelve la sentencia de febrero, no se pondera el valor de las pruebas previamente aportadas por la recurrente, por tratase de un terreno vedado al ámbito del recurso de casación, pero ello no afecta a lo expresado sobre la carga y la intensidad probatoria. El Supremo incluye entre sus argumentos una cita a la proposición de ley de 9 de marzo de 2018 que sitúa la carga de la prueba en el sujeto pasivo del impuesto.
Por último, destaca Ganadarias, la sentencia despeja también cualquier duda sobre la inexistencia de diferencias en el ámbito probatorio entre la forma en la que el ayuntamiento impositor haya previsto la gestión del IIVTNU (por el procedimiento iniciado mediante declaración o por el sistema de autoliquidación). En definitiva, la carga de la prueba de la inexistencia de plusvalía recae sobre el obligado tributario, en los términos referidos, con independencia de la fórmula escogida por el ayuntamiento, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, en lo relativo a este relevante aspecto de la aplicación del tributo.