Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015_02_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-23 22:28:07
Document Index: 342902253

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'e contrario', 'artículo 35', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo\n12', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 149', 'artículo 27']

Muchas empresas formalmente existentes y un solo empresario real. Competencia de la jurisdicción social en despido colectivo producido con anterioridad a la declaración de concurso. La sentencia del TS de 26 de enero confirma la del TSJ de Cataluña de 30 de septiembre de 2013. 1. Es objeto de muy
breve anotación en esta entrada la sentencia dictada el 26 de enero por el
Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el
magistrado Jesús Souto, que desestima el recurso de casación interpuesto por el
empresario personal individual condenado en instancia, en los mismos términos
que se pronunció el informe del Ministerio Fiscal, contra la sentencia dictadapor la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 deseptiembre de 2013. El letrado de la parte demandante en instancia y recurrida
en casación, Luís Martín Diz, ha tenido la amabilidad de enviármela el mismo
día, 25 de febrero, que le ha sido notificada, amabilidad que obviamente le
agradezco, además de felicitarle por haber obtenido del TS una respuesta
satisfactoria a las pretensiones de sus defendidos. Más información »
lunes, 23 de febrero, el gabinete de comunicación del Poder Judicial publicó la
sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el22 de diciembre en el asunto “Despido colectivo en la empresa Parador Nacional
de Fuerteventura”, acompañándola de esta breve nota informativa: “La Sala
Social del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la delegada
de personal del Parador de Turismo de Fuerteventura y avala la legalidad del
despido colectivo planteado por su patronato el 27 de febrero de 2013 por
causas económicas y que afectó a sus 15 empleados”. El resumen de la sentencia
es el siguiente: “Despido colectivo en el Patronato del Parador de Turismo de
Fuerteventura por causas económicas. Demanda interpuesta por la empresa después
del despido y de cerrarse el periodo de consultas sin acuerdo. Concurrencia de
las causas económicas en el Patronato, un Organismo Autónomo Comercial, con
personalidad jurídica propia. El Cabildo Insular de Fuerteventura no aparece en
ningún momento como empleador, ni antes ni después del despido, y tampoco se ha
producido o debió producirse una subrogación en los contratos de trabajo de los
quince trabajadores afectados”. Más información »
Publicación del libro de las XXV Jornadas catalanas de Derecho Social. Prólogo. La editorialHuygens acaba de publicar el libro “Vulnerabilidad de los derechos laborales y
de protección social”, que he coordinado y que recoge las ponencias y algunas
comunicaciones de las XXV jornadas catalanas de Derecho Social celebradas en
febrero de 2014 en la Facultad de Derecho de la UAB. Reproduzco en esta entrada
el prólogo que he redactado para dicha publicación.
Ultraactividad. La Audiencia Nacional sigue firme: vigencia de los convenios colectivos anteriores a la reforma laboral 2012 que contienen cláusula en tal sentido mientras no se suscriba uno nuevo (aunque la denuncia haya sido posterior a la entrada en vigor de la Ley 3/2012). Notas a la sentencia de 16 de febrero (caso TRAGSA). 1. El letrado
Antonio García, del Ilustre Colegio de Abogados de León, ha tenido la
amabilidad, que le agradezco, de enviarme la reciente sentencia dictada por la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el 16 de febrero, de la que fue
ponente el magistrado Pablo Aramendi. Dicha sentencia estima las demandas
(acumuladas) presentadas por los sindicatos “Metal, construcciones y afines
Federación de Industria de UGT”, “Central Sindical Independiente y de
funcionarios” y “Confederación General del Trabajadores”, con adhesión de
“Federación de construcción y servicios de CCOO” y “Comité intercentros de
TRAGSA”, y declara vigente el XVII convenio colectivo de la empresa (BOE, 11 de
marzo de 2011) “hasta que sea sustituido por otro”, y consecuentemente declara
“contraria a derecho e ilegal la comunicación de la empresa a la representación
de los trabajadores de 24-9-2014 en todo su contenido”, condenando a la empresa
“a estar y pasar por dichas declaraciones”. Más información »
Dades detallades d’afiliació mitja de la població estrangera a la Seguretat Social del mes de gener. 1. El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publicà
el dijous 19 de febrer les dades generals d’afiliació de la població estrangera
corresponents al mes de gener. Más información »
jurídico, y ahora tocar mover ficha al TS. Más información »
1. Es objeto de
atención en esta entrada la sentencia, de importante contenido doctrinal,
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 19 de noviembre del
pasado año, de la que fue ponente el magistrado Jordi Agustí y que cuenta con
un voto particular de dos magistrados. La resolución del alto tribunal estima
el recurso de casación interpuesto por el comité de empresa de “Gestión
Ambiental de Navarra SA (GANASA)” contra la sentencia dictada por la Sala de loSocial del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 24 de marzo de 2014, que
resolvió la demanda interpuesta contra dicha empresa y la Corporación Pública
Empresarial de Navarra (SLU), y declaró la nulidad de la decisión empresarial
de despedir a 65 trabajadores, ordenando a la empresa a su reincorporación. El
resumen oficial de la misma es el siguiente: “Recurso casación ordinaria.
Despido colectivo. Empresa “Gestión Ambiental de Navarra, S.A.” (GANASA). “Ultra
vires” del párrafo segundo del apartado 1 y del apartado 4 del artículo 12 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de
octubre en la fecha de inicio del período de consultas. Despido nulo por falta
de notificación de la decisión empresarial de despido colectivo a los
representantes de los trabajadores. Se estima en este sentido el recurso. Voto
particular”. Más información »
Despidos colectivos y suspensiones contractuales. El TS corrige a la AN: podía negociarse por separado por centros de trabajo.... antes de la modificación de la Ley 3/2012. Nota a la sentencia de 9 de diciembre de 2014 (y un apunte sobre las de 2 y 22 de diciembre). 1. La Sala de lo
Social del Tribunal Supremo sigue dictando, y lo seguirá haciendo por bastante
tiempo, sentencias para dar repuesta a los recursos de casación interpuestos
contra las sentencias dictadas por las Salas de lo Social de los Tribunales
Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en materia de despidos
colectivos, aunque también sin olvidar los conflictos derivados de suspensiones
contractuales y reducciones de jornada. En los últimos días he tenido oportunidad
de leer cuatro nuevas sentencias del TS, de 19 de noviembre, 2, 9, 22 y 23 de
diciembre de 2014. Más información »
Nuevamente, una visión crítica sobre la reforma laboral de 2012 (continuada en años posteriores). 1. La periodista
Ana Requena Aguilar, del diario electrónico “Eldiario.es”, publicó el lunes un
interesante artículo con ocasión de cumplirse tres años de la entrada en vigor
de la reforma laboral del gobierno popular, operada por el Real Decreto-Ley 3/2012
de 10 de febrero, y continuada con la Ley 3/2012 de 6 de julio y las sucesivas
modificaciones aprobadas desde entonces. En dicho artículo, que lleva por título
“Las sentencias judiciales han condicionado la aplicación de la reforma laboral”,
la periodista efectuaba un buen análisis de la aplicación de esta reforma,
incorporando el parecer de profesionales del mundo jurídico laboralista entre los
que me incluyo. Han
sido muchos, y muy variados, los pareceres y opiniones sobre la reforma laboral
iniciada en febrero de 2012 por el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero y
continuada en 2013 y 2014, con modificación de importancia en otras normas
relevantes para la vida laboral como, por citar dos ejemplos, bien conocidos,
la Ley de Empleo y la Ley reguladora de las empresas de trabajo temporal. El
Tribunal Constitucional ha validado recientemente (sentencia de 22 de enero)
contenidos sustanciales de la misma, en los mismos términos que ya lo hizo en
su sentencia 119/2004 de 16 de julio. Más información »
Despidos colectivos y suspensiones de contratos. Nuevamente sobre ERES en las Administraciones Locales, y también sobre la saga UNIPOST. Notas a las sentencias del TS de 2 de diciembre y 26 de noviembre de 2014 (y II). 4. Paso a
continuación al “Caso UNIPOST”, en concreto a la sentencia del TS de 26 denoviembre, que desestima el recurso de casación contra la sentencia de la AN de
19 de marzo de 2013. La síntesis oficial de la sentencia es la siguiente: "Suspensión de contratos y reducción de jornada seguida de descuelgue salarial: es posible adoptar unas y otras medidas si se cumplen las respectivas exigencias legales. Falta de fundamentación recurso de casación. Acreditación causas y proporcionalidad". Al igual que en el comentario anterior, recupero el
contenido más destacado de mi análisis de la sentencia de la AN. Más información »
Despidos colectivos y suspensiones de contratos. Nuevamente sobre ERES en las Administraciones Locales, y también sobre la saga UNIPOST. Notas a las sentencias del TS de 2 de diciembre y 26 de noviembre de 2014 (I) 1. Son
objeto de anotación en esta entrada dos nuevas sentencias dictadas por la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo, de fechas 2 de diciembre y 26 de noviembre,
de las que han sido ponentes los magistrados Fernando Salinas y Miguel Ángel
Luelmo respectivamente. Ambas sentencias desestiman, en los mismos términos que
los informes del Ministerio Fiscal, los recursos de casación interpuestos por
el Comité de Empresa del Ayuntamiento murciano de Totana y la Confederación General
del Trabajo contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 10 de junio de 2013 y por la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional de 19 de marzo de 2013.
Intervenció en la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament. Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. El passat 10 de febrer vaig ser convidat a la Comissió d’Empresa i Ocupació
del Parlament de Catalunya amb ocasió del debat sobre el projecte de lleid’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. Poso
ara a disposició del lectors i lectores del blog l’esquema-guió de la meva
intervenció, i remeto a las persones interessades
al vídeo de la sessió per veure el text íntegre de la meva intervenció. Más información »
Legislació laboral i polítiques d’ocupació. Sobre les competències de la Generalitat de Catalunya. 1. Vint-i-tres
anys han transcorregut des que el
TC dictés la
primera sentència en què va haver
de pronunciar-se sobre les competències de les Comunitats Autònomes en
matèria laboral. Va
ser la sentència 33/81 de 5 de novembre, dictada amb ocasió del conflicte positiu
de competència, promogut pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya contra el
Govern de la Nació en relació
amb el Reial Decret
405/1981, de 10 de març , que garantia el
funcionament del servei públic
ferrocarril metropolità i transports urbans
de Barcelona. La sentència va declarar que la titularitat de la competència controvertida (fixació dels serveis
mínims) corresponia a l'autonomia catalana per
tractar-se d'un acte d'execució de la
legislació laboral. Aquesta sentència va
deixar apuntat el debat de què s'havia
d'entendre per "legislació laboral",
però no va entrar en la seva anàlisi per no
considerar-ho necessari per a la resolució del litigi plantejat.
Des de llavors, la doctrina consolidada del TC és
la que la Constitució
Espanyola "atribueix a
l'Estat l'ordenació general de la
matèria laboral, sense que cap espai de
regulació externa els quedi
autònomes, les quals únicament
poden disposar d'una
competència de mera execució de
la normació estatal, que inclou l'emanació de
reglaments interns d'organització
dels serveis necessaris
i de regulació de
la pròpia competència funcional
d'execució i, en general, el
desenvolupament del conjunt d'actuacions
precís per a la posada en pràctica de la normativa reguladora del conjunt del sistema de relacions laborals, així
com la potestat sancionadora
en la matèria".
5. Paso a
continuación al examen de la sentencia del TS de 25 de noviembre, dictada con
ocasión del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ de
Andalucía (sede de Málaga) de 23 de mayo de 2013, no estando publicada ninguna
de las dos sentencias en la base de datos del CENDOJ, algo muy sorprendente con
respecto a la del TSJ andaluz dado que con la misma fecha han sido publicadas
un amplio número de sentencias de la Sala de Málaga. El recurso se interpuso en
este caso por la parte trabajadora dado que la sentencia de instancia, además
de estimar la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por las
empresas codemandadas junto con la UGT-Andalucía (las mismas que en el litigio
anterior) desestimó la demanda interpuesta contra los 159 despidos y calificó
como ajustada a derecho la decisión empresarial, “absolviendo a la UGT-Andalucía
de las pretensiones de contrario formuladas en aquella”. Más información »
1. No les falta
trabajo, desde luego, a los tribunales del orden jurisdiccional social tras la
reforma laboral de 2012, continuada en años posteriores, en materia de despidos
colectivos (art. 51 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y RD 1483/2012),
suspensiones contractuales y reducciones de jornada (art. 47 LET y el citado RD),
y ahora muy en especial a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ya que está
conociendo de los recursos de casación interpuestos contra buena parte de las
sentencias dictadas desde la pionera de 23 de mayo de 2012 del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Pero no sólo es el TS, sino que también la Audiencia
Nacional y los TSJ siguen dictando sentencias en asuntos, algunos de más
relevantes que otros, de los que deben conocer tras las demandas interpuestas
por la parte trabajadora tras la decisión empresarial de despedir, suspender
contratos o reducir jornada. Más información »
El baròmetre del CIS del mes de gener . Les preocupacions dels espanyols. 1. El darrer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques del mes degener fet públic ahir el dimecres 4 de
febrer, constata que creix la preocupació dels ciutadans per l’atur, que baixa per
la corrupció i el frau, i que es manté per la situació econòmica, i que augmenta
un xic amb caràcter general per la immigració i segueix tenint una mínima importància a títol personal pels
enquestats. El baròmetre es va dur a terme entre els dies 2 i 12 de gener. Más información »
La immigració i les dades d'atur i d’afiliació a la Seguretat Social del mes de gener. En primer lloc, faig referència a les dadesd’afiliació a la Seguretat Social fetes públiques el dimarts, 3 de febrer, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Mejor leer la sentencia íntegra que el resumen periodístico. Sobre el periodo de prueba de un año en la reforma laboral de 2012 y la sentencia del TJUE de 5 de febrero. 1. Es objeto de anotación en esta entrada del blog la sentencia dictadael pasado 5 de febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SalaDécima) con ocasión de la petición de decisión prejudicial planteada al amparodel art. 267 del TFUE por el Juzgado de lo Social núm. 23 de Madrid (asuntoC-117/14). Recomiendo, como reza el título, la lectura íntegra de la sentencia,
porque los titulares que pude leer el mismo día en las noticias de agencia
publicadas en los medios de comunicación, tales como “La justicia de la UE
avala el contrato de emprendedores” y “El TJUE dice que periodo de prueba de un
año del contrato de emprendedores no vulnera normas de UE” proporcionan una
imagen de la sentencia que dista mucho de ajustarse a su contenido. Más información »
Mundo del trabajo y empresas de la economía social y solidaria. Participación en el postgrado iberoamericano de la UCLM. Ayer miércoles
tuve la oportunidad de participar en el Postgrado Iberoamericano sobre
Cooperativismo, Economía Social y Solidaria, organizado por la Universidad de
Castilla-La Mancha y dirigido por los profesores, y amigos, José Antonio Juárez
y Rosario Gallardo Moya que tuvieron la amabilidad de invitarme para hablar
sobre la realidad actual del mundo del trabajo a escala internacional y europea,
con especial atención a las políticas laborales que afectan a las empresas de
la economía social y solidaria. Fue una sesión
muy agradable de trabajo, con intensa participación del alumnado participante
en el curso, algo que obviamente anima, y mucho, cualquier sesión de cuatro
horas. Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog la presentaciónque utilicé en mi intervención, con mi puesta al día habitual de documentos
anteriores de trabajo, poniendo énfasis en esta ocasión en la normativa
española sobre economía social y empresas de inserción. Buena lectura. Publicado por
Reforma de la normativa universitaria sobre número de créditos requeridos para la obtención del título de grado y para el acceso a los curso de doctorado. Texto comparado de la normativa vigente y del Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, 1. El Boletín
Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto 43/2015 de 2 de febrero, “por el
que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el Real
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado”. La norma entrará en vigor mañana. El texto ha generado, como es
bien sabido, un amplio debate social y ha merecido ya una respuesta por parte
de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE), que
adoptaron en su reunión de ayer la decisión de no ofertar carreras
universitarias de 180 créditos hasta el curso 2017-2018. Para poder tener
un mejor conocimiento del nuevo marco normativo, adjunto el texto comparado de la
normativa vigente y el Real Decreto 43/2015, con indicación en letra negrita de
las modificaciones incorporadas, en las que, como se verá, se enfatiza que la
enseñanza en los títulos ha de ser “generalista” y en los Másteres “especializada”.
Da mucho para hablar esta reforma, si es que algún día se implanta, y tiempo
habrá para ello. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Enseñanzas universitarias y expedición de títulos.
enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que
serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y
condiciones que les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de
estudios habrán de ser verificados por el Consejo de Universidades y
autorizados en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
modificada por la Ley 4/2007, de Universidades. Los títulos a cuya obtención
conduzcan, deberán ser inscritos en el RUCT y acreditados, todo ello de
acuerdo con las previsiones contenidas en este real decreto.
Directrices para el diseño de títulos de Graduado.
1. Los planes de
estudios conducentes a la obtención del título de Graduado serán elaborados
por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido en el
2. Los planes de
estudios tendrán 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y
práctica que el estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la rama de
conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades
En los supuestos
en que ello venga determinado por normas de derecho comunitario, el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, podrá asignar un número mayor de
3. Estas
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de
Universidad propondrá la adscripción del correspondiente título de Graduado o
Graduada a alguna de las siguientes ramas de conocimiento:
a) Artes y
c) Ciencias de
adscripción será igualmente de aplicación en aquellos casos en que el título
esté relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la principal.
estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica. De
ellos, al menos 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran
en el anexo II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se
pretenda adscribir el título y deberán concretarse en asignaturas con un
mínimo de 6 créditos cada una, que deberán ser ofertadas en la primera mitad
restantes hasta 60, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas
de la misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o
por otras materias siempre que se justifique su carácter básico para la
formación inicial del estudiante o su carácter transversal.
6. Si se
programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima de 60
créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de
7. El trabajo de
fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final
del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias
con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A
efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad
de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre
el total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas
9. Cuando se
reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que
deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán
ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de
estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las
competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la
Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas
Hasta la aprobación de la Ley de servicios
profesionales, excepcionalmente, y sólo en aquellos supuestos en que la
normativa comunitaria imponga especiales exigencias de formación, el Gobierno
podrá establecer las condiciones a las que se refiere el párrafo anterior, aun
cuando el correspondiente título de Grado no habilite para el ejercicio
profesional de que se trate pero constituya requisito de acceso al título de
Máster que, en su caso, se haya determinado como habilitante.
10. Los títulos
de Grado que por exigencias de normativa de la Unión Europea sean de al menos
300 créditos ECTS de los que un mínimo de 60 participen de las características
propias de los descriptores correspondientes al nivel de Máster, podrán
obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES. A tal efecto deberán
someterse al procedimiento previsto en la disposición adicional decimocuarta
establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y
reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las
siguientes reglas básicas: a) Siempre que el título al que se pretende acceder
pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha
estudios conducentes a la obtención del título de Máster Universitario, serán
elaborados por las universidades y verificados de acuerdo con lo establecido
en el presente real decreto.
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
1. Con carácter
general, para el acceso a un programa oficial de doctorado será necesario
estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente,
y de Máster Universitario.
43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, determinó, entre otras cosas, las
directrices para el diseño de los títulos de Grado. En concreto, se dispuso
que los planes de estudio de las titulaciones de Grado debieran tener 240
créditos. En estos créditos se incluía toda la formación teórica y práctica
que el estudiante tenía que adquirir. El Real Decreto 99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
establecía que con carácter general, para el acceso a un programa oficial de
doctorado era necesario estar en posesión de los títulos universitarios
oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster.
Actualmente, por
tanto, un estudiante universitario en España necesita, para acceder a un
programa de doctorado, con carácter general, haber realizado los estudios de
Grado, con un mínimo de 240 créditos, y haber realizado los estudios de
Máster, con un mínimo de 60 créditos. En los países de nuestro entorno los
estudiantes pueden acceder al doctorado con titulaciones universitarias de
Grado que tienen 180 créditos, y con la titulación universitaria de Máster,
que tiene un plan de estudios de 120 créditos. Esta discrepancia entre la
configuración de los estudios universitarios en España y en los países de
nuestro entorno, dificulta la internacionalización de nuestros egresados
actual, el Gobierno considera importante garantizar la internacionalización
de los estudiantes que hayan cursado sus titulaciones en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior. Para ello, es necesario dar la posibilidad de
homogeneizar, en los casos en que se vea conveniente, la duración de los
estudios universitarios de Grado y Máster en España a la duración de estos
estudios en los países de nuestro entorno.
Con esta nueva norma, las titulaciones de Grado en
España tendrán que tener, con carácter general, un mínimo de 180 créditos y
un máximo de 240 créditos. Cuando se trate de títulos oficiales españoles que
habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el
correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su
caso, a la normativa europea aplicable. Para acceder a los programas de
doctorado será requisito necesario tener la titulación universitaria de Grado
y la titulación universitaria de Máster y reunir entre las dos titulaciones
universitarias 300 créditos.
elaboración de este real decreto ha sido consultado el Consejo de
Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria.
En su virtud, a
propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 30 de enero de 2015,
primero. Modificación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
enseñanzas universitarias, queda modificado como sigue:
Uno. El apartado
3 del artículo 3 queda redactado de la siguiente manera:
«Las enseñanzas
universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios que serán
elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que
les sean de aplicación en cada caso. Dichos planes de estudios habrán de ser
verificados por el Consejo de Universidades y autorizados en su implantación
por la correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la
Ley 4/2007, de Universidades. Los títulos a cuya obtención conduzcan,
deberán ser inscritos en el RUCT y acreditados, todo ello de acuerdo con las
previsiones contenidas en este real decreto. Las Agencias de Evaluación tendrán en cuenta, a la hora de verificar
y acreditar los títulos, que las propuestas de las Universidades primen los
contenidos generalistas y de formación básica en los planes de estudios de
títulos de Grado y los contenidos especializados en los planes de estudios de
títulos de Máster.»
Dos. El artículo
12 queda redactado de la siguiente manera:
«1. Los planes
de estudios conducentes a la obtención del título de Grado serán elaborados
presente real decreto. En la
elaboración de los planes de estudios, la Universidad primará la formación
básica y generalista y no la especialización del estudiante.
2. Los planes de estudios tendrán entre 180
y 240 créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que
el estudiante deba adquirir: Aspectos básicos de la rama de conocimiento,
materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos
dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas.
En los casos en que una titulación de Grado tenga
menos de 240 créditos, las Universidades, conforme a lo establecido en el
artículo 17 del presente real decreto, arbitrarán mecanismos que complementen
el número de créditos de Grado con el número de créditos de Máster, de manera
que se garantice que la formación del Grado es generalista y los contenidos
del Máster se orienten hacia una mayor especialización.
esté relacionado con más de una disciplina y se hará respecto de la
5. El plan de estudios deberá contener un número de
créditos de formación básica que alcance al menos el 25 por ciento del total
de los créditos del título.
De los créditos de formación básica, al menos el 60
por ciento serán créditos vinculados a algunas de las materias que figuran en
el anexo II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que
se pretenda adscribir el título y deberán concretarse en asignaturas con un
del plan de estudios. Los créditos
restantes, en su caso, deberán estar configurados por materias básicas de la
misma u otras ramas de conocimiento de las incluidas en el anexo II, o por
otras materias siempre que se justifique su carácter básico para la formación
inicial del estudiante o su carácter transversal.
programan prácticas externas, éstas tendrán una extensión máxima del 25 por
ciento del total de los créditos del título, y deberán ofrecerse
7. El trabajo de fin de Grado tendrá un
mínimo de 6 créditos y un máximo del 12,5 por ciento del total de los
créditos del título. Deberá realizarse en la fase final del plan de
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al
de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos
sobre el total de dicho plan de estudios, por la participación en las
mencionadas actividades.
supuestos en que la normativa comunitaria imponga especiales exigencias de
formación, el Gobierno establecerá las condiciones a las que se refiere el
párrafo anterior, aun cuando el correspondiente título de Grado no habilite
para el ejercicio profesional de que se trate pero constituya requisito de
acceso al título de Máster que, en su caso, se haya determinado como
300 créditos ECTS de los que un mínimo de 60 participen de las
características propias de los descriptores correspondientes al nivel de
Máster, podrán obtener la adscripción al Nivel 3 (Máster) del MECES. A tal
efecto deberán someterse al procedimiento previsto en la disposición
adicional decimocuarta del presente real decreto.»
Tres. El párrafo
a) del artículo 13 queda redactado de la siguiente manera:
«a) Siempre que
el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.»
Cuatro. El apartado
1 del artículo 15 queda redactado de la siguiente manera:
«Los planes de
elaborados por las universidades, verificados de acuerdo con lo establecido
en el presente real decreto y, en su
elaboración, las Universidades primarán la especialización de los
segundo. Modificación del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, queda modificado como sigue:
1 del artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, queda redactado de la
«1. Con carácter
y de Máster universitario, o
equivalente, siempre que se hayan superado, al menos, 300 créditos ECTS en el
conjunto de estas dos enseñanzas.»
incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de
retribuciones ni de otros gastos de personal.
transitoria única. Extinción o modificación de grados de 240 créditos.
estudiantes que hubiesen iniciado grados de 240 créditos que se vayan a
extinguir, o que posteriormente pasen a ser de menos de 240 créditos, les
serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que hubieran
iniciado sus estudios. Ello no obstante, las Universidades, sin perjuicio de
las normas de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la
organización de al menos cuatro convocatorias de examen en los dos cursos
académicos siguientes a la fecha en que se haya producido la extinción del
título de grado o la transformación en grado de menos de 240 créditos en la
correspondiente Universidad. Los estudiantes que no hayan obtenido el título de
240 créditos una vez agotadas las convocatorias ofrecidas tendrán derecho al
reconocimiento de la parte de los créditos superados, de acuerdo con el
artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
final primera. Título competencial.
decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales, y las normas básicas para el desarrollo
del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones de los poderes públicos en esta materia y es de aplicación
segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la
persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real
final tercera. Entrada en vigor.
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
el 2 de febrero de 2015.