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Timestamp: 2019-07-20 21:57:42
Document Index: 190292761

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Ralph h. Caro espitia
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Rad. 11982. Casación.
Proceso Nº 11982
Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil (2000).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado RALPH HAMINSON CARO ESPITIA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín, el 5 de marzo de 1996, en la que al confirmar integralmente la del Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, fechada el 19 de diciembre de 1995, lo condenó a la pena principal de 28 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años y al pago de los daños y perjuicios, como autor de los delitos de homicidio, doble homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
El juzgador de segundo grado los sintetizó en los siguientes términos:
“En las primeras horas de la noche del 13 de abril del año pasado (1995), jueves santo, los vigilantes particulares José Manuel Prieto Rodríguez, Joel Darío Torres Machado y José Darío Enciso Pinzón se encontraban de servicio en un parqueadero de la empresa Rápido Ochoa, situado en la carrera 78 N° 65-218 de esta ciudad, cuando se acercó un individuo y preguntó al último por una dirección; intervino en la conversación Torres Machado y luego hizo lo mismo Prieto Rodríguez, en cuya contra disparó inmediatamente el sujeto un arma de cañón corto, sin alcanzarlo debido a que se replegó hacia el interior del local. Acto seguido Enciso Pinzón disparó en contra del individuo y se trabó una balacera en la que este vigilante resultó herido de muerte (recibió tres impactos que desencadenaron rápidamente su deceso), en tanto que el advenedizo se dio a la desbandada, lesionado en la espalda por quien perdiera la vida.
“Poco después la policía recibió información telefónica por parte de alguien que se hizo pasar como taxista, en el sentido de que al Hospital La María había ingresado un hombre herido a bala que transportó hasta una cuadra antes de este centro asistencial. Una vez allí los celadores compañeros de Enciso Pinzón, que resultaron ilesos en el acontecimiento, identificaron sin vacilación, en presencia de representantes de la autoridad, como el homicida de aquél, a un individuo herido a bala en la espalda que respondía al nombre de Ralph Haminson Caro Espitia, de 20 años de edad, desocupado, recién salido del Ejército y perteneciente, presumiblemente, a una tenebrosa banda de delincuentes conocida como ‘Los Lecheros’ que opera en el sector de su vecindad, el Barrio Castilla”.
Con base en el acta del levantamiento del cadáver y la declaración de José Manuel Prieto Rodríguez, la Fiscalía 175 de la Unidad Segunda de Reacción Inmediata de Medellín, mediante resolución del 14 de abril de 1995, dispuso la apertura de la investigación.
El mismo día se le recibió indagatoria a Ralph Haminson Caro Espitia, asistido por un defensor de oficio, abogado titulado.
El 18 de abril de 1995, le fue ampliada con la asistencia de una persona que no era abogada, y allegados varios testimonios, la situación jurídica se le resolvió, el 19 de abril siguiente, con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de homicidio, homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Perfeccionada la instrucción , el mérito del sumario se calificó, el 8 de agosto de 1995, por la Fiscalía Tercera Delegada de la Unidad Primera de Vida de Medellín, que ya conocía de la actuación, con resolución de acusación por los delitos de homicidio agravado y doble homicidio agravado en grado de tentativa. Cabe agregar que en la parte motiva de dicha providencia se señaló que la calificación procedía por los mencionados punibles en concurso con el porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, señalándose las normas que describen y sancionan estas conductas. Pero en la parte resolutiva, no se mencionó el porte de armas. Dicha decisión cobró ejecutoria el 6 de septiembre del citado año.
Tramitada la etapa de juzgamiento, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín dictó sentencia de primera instancia, el 19 de diciembre de 1995, en la que condenó al acusado a la pena principal de 28 años de prisión, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años y al pago de los perjuicios materiales y morales, como autor de los delitos de homicidio simple, dos homicidios simples tentados y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Apelado el fallo por el procesado y su defensor, el Tribunal Superior de la mencionada ciudad, al desatar el recurso, lo confirmó integralmente, el 5 de marzo de 1996.
Al amparo de la causal tercera de casación, el censor acusa al Tribunal de haber dictado la sentencia en un proceso viciado de nulidad, por violación del derecho de defensa constitucionalmente previsto en el artículo 29.
Luego de transcribir la citada norma, sostiene que a su defendido se le escuchó en ampliación de indagatoria, el 18 de abril de 1995, “sin estar asistido de abogado titulado, sino que por el contrario fue asistido por una persona particular que estaba de tránsito por esos lados de la Fiscalía”, lo que significa que no sólo se transgredió el mencionado canon constitucional, sino “también disposiciones legales inspiradas en la norma fundamental, tales como los arts. 1° y 358; art. 8°, N° 2°, literales c), d) y e) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, generándose la nulidad del proceso, según así lo dispone el numeral 3° del artículo 304 del C. de P.P.
En el capítulo que llamó “ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN”, advierte que esta actuación no se ajustó a las normas básicas del debido proceso, pues al ampliarse la indagatoria que rindió su defendido debió estar asistido de un abogado titulado, según así lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, “lo que indica que se hace necesaria la declaratoria de nulidad del proceso, desde la diligencia de INDAGATORIA inclusive”.
Después de resaltar cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege las garantías judiciales de las personas procesadas penalmente, dedica su atención, en el capítulo que denominó “EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”, a recordar que la validez del proceso está sujeta al cumplimiento de las mínimas garantías fundamentales, las que concretan el derecho a un debido proceso y al suministro de una idónea defensa.
Agrega que las nulidades tienen como finalidad, según así lo ha señalado la jurisprudencia penal, restaurar los derechos conculcados, entre ellos la “exigencia de asistencia de abogado titulado en la diligencia de injurada”, garantía fundamental en un Estado de Derecho como el nuestro.
En consecuencia, solicita a la Corte “invalidar la sentencia de segunda instancia y declarar la nulidad del proceso a partir de la diligencia de indagatoria inclusive”.
Con fundamento en la causal segunda de casación y de manera subsidiaria, acusa al Tribunal de haber dictado una sentencia que “no está en consonancia con la resolución acusatoria”, lo que constituye violación del derecho de defensa.
Luego de transcribir el numeral primero de la parte resolutiva de la resolución de acusación, en la que no se incluye el porte de armas, y de poner de presente que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria por tal punible, la que fue confirmada por el Tribunal, explica que en el pliego de cargos sólo se imputaron a su defendido los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, razón por la cual no se le podía condenar, como se hizo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Después de recordar la importancia jurídica procesal que tiene la resolución de acusación y cómo “la sentencia debe guardar coherencia absoluta” con aquélla, en el título que llamó “ALCANCE DE LA VIOLACIÓN”, concluye que condenar por un delito que no fue imputado en el pliego de cargos lleva a la anarquía procesal, ya que el fallador “de manera arbitraria ha condenado de manera ilegal por un delito no investigado. Así las cosas, sin más rodeos, constituye una clara nulidad del proceso, conforme lo establece el art. 304, num.3°, puesto que se ha violado el derecho a la defensa al juzgar por un delito por el cual no fue acusado el procesado”.
En esta censura, que también formula de manera subsidiaria, impugna “la sentencia por la causal primera del artículo 220 del C. de P. Penal, por error de derecho en la estimación probatoria”.
Dice que la prueba de cargo es “el reconocimiento y posteriores testimonios” de José Manuel Prieto Rodríguez y Joel Darío Torres Machado, quienes declararon confusa y contradictoriamente, aun cuando expresa que, en este caso, la “ilegalidad de la prueba nada tiene que ver con un debate sobre el cuestionamiento de la misma”.
Asevera que momentos después de sucedidos los hechos, los citados testigos ingresaron al “Hospital La María, donde se presentaron a señalar a RALPH HAMINSON CARO ESPITIA como el presunto autor del homicidio” investigado. “Se agotó un procedimiento sustancialmente anormal, olvidando las previsiones de que trata el art. 368 del Código de Procedimiento Penal, pues el sindicado no fue puesto en fila de personas ni asistido de un letrado en derecho, amén de las demás exigencias de que trata la norma citada”.
Después de transcribir fragmentos de una jurisprudencia de la Sala que resalta la importancia de la diligencia de reconocimiento y advirtiendo que los mencionados testigos hicieron parte de la escena criminosa, reitera que el “reconocimiento que se hizo fue manifiestamente ilegal, y de ahí que la versión de cada uno de ellos ya tenía un actor que no era otro que mi defendido”.
Por ello, concluye que el error de derecho estriba en que se dio valor a un medio de convicción “que no fue legalmente producido, y que es la prueba de cargo en el presente caso”.
En el capítulo que denominó “EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN”, dice que si el citado medio, sobre el que se edificó el cargo de responsabilidad en contra de su defendido, no se ajustó a la plenitud de las formas procesales, necesario es concluir que se debe absolver “toda vez que no existe otra prueba que demuestre la autoría por parte de éste en la comisión del delito. Si se quitara esta prueba del proceso, vale decir, el reconocimiento, desaparecería ipso facto la incriminación”.
Finaliza solicitando a la Corte casar el fallo impugnado.
CONCEPTO DE PROCURADOR
TERCERO DELEGADO EN LO PENAL
Recuerda que este cargo se basa en que al procesado se le recibió ampliación de indagatoria sin estar asistido de abogado titulado.
Señala que cuando se dio inicio a dicha diligencia, se le informó al sindicado sobre el derecho que tenía de designar un defensor para que lo asistiera, a lo que manifestó que sí tenía uno pero que no sabía el nombre y que después le otorgaría poder, razón por la cual la Fiscalía, en aplicación al artículo 148 del C. de P. Penal, que se encontraba vigente para esa época, le designó una ciudadana honorable a efectos de recibirle la ampliación de indagatoria y el mismo día, en horas de la tarde, un defensor profesional presentó el anunciado poder.
Estima que por la sola designación de una ciudadana honorable no se observa lesión al derecho de defensa, al punto que ese mismo día el acusado se encontró representado por un abogado que ejerció satisfactoriamente su obligación. Reconoce que el artículo 29 de la Constitución Política y los Pactos Internacionales establecen el derecho de asistencia de un abogado titulado, pero estos preceptos no resultan vulnerados de manera objetiva con la designación de un ciudadano para la práctica de una diligencia ante la imposibilidad de designar un abogado para la misma, “porque frente a su contenido debe mirarse el caso concreto y analizarse si por esta circunstancia se vulneró el derecho de defensa del procesado”, lo que no ocurrió en este caso.
Conceptúa que si la ampliación de indagatoria fue recibida en el mes de abril de 1995, época en que aún no había sido retirado del ordenamiento jurídico el artículo 148 del C. de P. Penal, por virtud de la declaración parcial de su inconstitucionalidad, pronunciamiento que rige hacia el futuro, y teniendo en cuenta que en este caso no se vulneró el derecho de defensa del procesado, el cargo debe desestimarse.
Considera que esta censura presenta una inconsistencia técnica, ya que pese a invocar el actor la causal segunda de casación, incongruencia entre la sentencia y la resolución de acusación, dentro del mismo reproche acude a “una violación del derecho de defensa, la cual debió presentarse en forma separada y con sus propias argumentaciones, pues responde a una causal de casación distinta que genera consecuencias diversas, en el evento de prosperar”. Agrega que tal es la confusión del libelista, que termina con la consideración de que se trata de nulidad del proceso, según el artículo 304 del C. de P. Penal.
No obstante, entiende que se alega la incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, al condenarse al procesado por el delito de porte ilegal de armas, sin habérsele imputado en el pliego de cargos, lo que lesionó el derecho de defensa.
Frente a tal afirmación, dice que si se lee detenidamente el diligenciamiento, se observa que desde su inicio se encontraba presente el mencionado punible, al punto que en la indagatoria se cuestionó al sindicado por el porte y uso del arma y, al resolvérsele la situación jurídica, la Fiscalía se pronunció en el sentido de afectarlo con medida de aseguramiento tanto por los otros delitos como por el que ahora es objeto del reproche, lo que permite concluir que desde esa primera calificación provisional ya se conocía de la existencia del mismo.
Avanzado el proceso y perfeccionada la investigación, se calificó su mérito con providencia en cuya parte motiva se enunciaron los delitos por los que procedía la acusación, es decir, homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Acota que en la parte resolutiva la fiscalía se refirió al homicidio y a la tentativa del homicidio “tal como se señaló en la parte motiva, que no puede separarse de la parte resolutiva, pues la decisión constituye un todo armónico, lo que significa que el delito de porte ilegal de armas de fuego no fue ajeno a las consideraciones” del ente acusador.
Advierte que en la etapa del juicio, el fiscal, en la audiencia pública, presentó los cargos por los que acusó al procesado y solicitó fallo condenatorio por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, lo que aunado a la resolución de acusación, en su criterio, constituye una “unidad que le sirve al juez para establecer la identidad de los cargos y proferir sentencia de acuerdo con las pruebas allegadas”.
Por lo tanto, estima que no le asiste razón al casacionista, por cuanto que el sindicado “no se juzgó por un hecho no investigado; desde el inicio del proceso se hizo referencia al delito de porte ilegal de armas de fuego y las pruebas practicadas, como los interrogatorios que se le hicieron al procesado, estaban dirigidos a investigar sobre este delito”.
En consecuencia, como para el procesado y su defensor no fue desconocida la imputación del mencionado ilícito, “defendiéndose desde el inicio”, además de que no puede olvidarse el papel activo del fiscal en el juicio, “en el que hace una presentación completa de los cargos que imputa de acuerdo a la prueba recibida en el expediente”, solicita que el cargo sea desestimado.
En cuanto a esta censura, sostiene que el señalamiento efectuado por los declarantes no puede tenerse como una diligencia de reconocimiento en fila de personas, según los artículos 367 y 368 del C. de P. Penal, sino que lo que hicieron Prieto y Torres fue simplemente identificar al agresor, pues las autoridades habían tenido noticia en el sentido de que al Hospital La María había llegado una persona herida por arma de fuego, coincidiendo su ingreso con la hora en que ocurrieron los hechos.
Se trató, en su criterio, de un procedimiento policivo de constatación, ya que los citados declarantes “fueron testigos de los hechos y participaron en la persecución del agresor, y ante la necesidad de determinar la posible autoría del que se encontraba lesionado en el hospital, se llevaron los testigos al sitio”.
De otra parte, precisa que el cargo se presentó por error de derecho en la estimación probatoria, pero que la diligencia señalada por el actor no es la prueba que regula el Código de Procedimiento Penal, la que debe cumplirse con los requisitos y formalidades previstas en las normas indicadas, sino que se trató de un acto previo, a efectos de determinar si la persona herida era la causante de la muerte de Enciso Pinzón, cuando aun no había proceso penal ni una concreta sindicación.
Además, aun el evento de un reconocimiento ilegal, agrega, la sentencia no se quedaría sin sustento probatorio, pues estaría fundamentada en los testimonios que fueron aportados en legal forma.
Por consiguiente, concluye que el cargo no está llamado a prosperar.
En el único cargo que formula el libelista al amparo de la causal tercera de casación, sostiene que, a su juicio, se cometió una irregularidad que violó tanto el derecho de defensa como el debido proceso, por lo que debe anularse toda la actuación a partir de la indagatoria, inclusive.
Su inconformidad consiste en que en la ampliación de indagatoria que rindió el procesado Ralph Haminson Caro Espitia, el 18 de abril de 1995, visible al folio 32 del expediente, no fue asistido por un abogado titulado sino “por una persona particular”, lo que comportó la transgresión de los citados derechos.
2. Desde ya se advierte que el reproche no tiene vocación de éxito, pues no sólo se falta a la técnica, sino que no le asiste razón al demandante. En efecto:
2.1. Si se considera que no se trata de la indagatoria inicial, cuya inexistencia socava la estructura del proceso y, por lo tanto, genera nulidad, pues además de ser medio de defensa, tiene como una de sus finalidades primordiales vincular al procesado al diligenciamiento, constituyendo tal vinculación presupuesto de las actuaciones procesales posteriores, en virtud del principio antecedente-consecuente, como lo ha sostenido la Sala1, sino de una ampliación de la misma, se encuentra que el censor deja el reproche en el enunciado, ya que no demuestra su trascendencia, esto es, cómo el vicio que denuncia, desconoció las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento o afectó el derecho de defensa.
2.2. Independientemente de lo anterior, que sería suficiente para rechazar el cargo, tampoco le asiste razón, pues en ninguna irregularidad se incurrió, como lo conceptúa el agente del Ministerio Público, pues la ampliación de indagatoria tuvo lugar el 18 de abril de 1995 y se ajustó a la normatividad vigente, ya que aun no había sido declarado inexequible el artículo 148 del C. de P. Penal, que permitía efectuar tal diligencia con la asistencia de una persona honorable, cuando no hubiera abogado inscrito, lo que sólo tuvo lugar el 8 de febrero de 1996, mediante sentencia C-049, que sólo produce efectos hacia el futuro.
Además, una vez finalizada la ampliación de indagatoria, en las horas de la tarde del mismo día, el procesado otorgó poder a un abogado de confianza, profesional que, reconocido al siguiente día, empezó inmediatamente a ejercer la labor que le fue encomendada.
En consecuencia, en ningún vicio de incurrió, según doctrina de la Sala2
Por estas razones, el cargo no prospera.
1. Lo aduce por la causal segunda de casación, por cuanto estima que “la sentencia no está en consonancia con la resolución acusatoria”, ya que la Fiscalía acusó a su defendido por los delitos de homicidio y doble homicidio en grado de tentativa, y se le condenó por dichas conductas punibles en concurso con el porte ilegal de armas de defensa personal, por el que no fue acusado, lo que implicó vulneración del derecho de defensa.
2. En la presentación y desarrollo del reproche, el libelista incurre en desaciertos técnicos, al invocar tanto la causal segunda con la tercera, lo que, sin embargo, no constituye una falla fundamental que impida el estudio de fondo del cargo.
En efecto, la falta de consonancia entre la resolución de acusación y la sentencia es un vicio in procedendo que no sólo compromete el proceso en su estructura conceptual, sino que puede llegar a afectar el derecho de defensa, por lo que, aunque la ley ha previsto una causal de casación específica para subsanar el desatino, no es desacertado plantear el cargo por la causal tercera, evento en el cual, como la nulidad afecta exclusivamente la sentencia, bastaría casarla, conforme al artículo 229-1 del C. de P. Penal y dictar la de reemplazo, corrigiendo el yerro, como lo ha dicho la Sala3, pero lo que sí resulta antitécnico y confuso es entremezclar las dos causales, como lo hace el demandante.
No obstante, como atinadamente lo conceptúa el Ministerio Público, no le asiste razón al libelista, así:
Aunque la ley y la doctrina distinguen entre el derecho de defensa y el del debido proceso, pudiéndose quebrantar uno de ellos sin vulnerar el otro, a veces aparecen tan estrechamente relacionados que con la irregularidad se afectan los dos, como eventualmente acontece al desconocer la estructura formal de algunas providencias básicas del proceso, como son las que decretan una medida de aseguramiento (art.389 del C. de P.P.), la resolución de acusación (art. 442, ibidem) y la sentencia (art. 180, ibidem), o como se expresó en el aparte anterior, cuando no hay consonancia entre estas dos últimas decisiones, casos en los cuales no sólo se pueden comprometer con el vicio las bases fundamentales del proceso sino las garantías de los sujetos procesales, particularmente la defensa.
La resolución de acusación es el pliego concreto y completo de cargos, precisados tanto fáctica como jurídicamente, que se hacen al procesado para que frente a ellos ejerza el derecho de defensa. El debate que en la fase sumarial fue amplio, se circunscribe, a partir de esta decisión, a las imputaciones contenidas en ella, por lo que la sentencia debe limitarse a resolverlas, sin que aquél pueda ser sorprendido con hechos o situaciones diferentes, lo que explica no sólo la consonancia que debe existir entre ella y la resolución de acusación sino que ésta es pieza fundamental del proceso, al delimitar el ámbito en que se debe desenvolver el juicio y la sentencia y fijar el marco para el ejercicio del contradictorio, como lo ha reiterado la Sala4.
Al ser el pliego acusatorio acto fundamental del proceso, la ley se ha ocupado no sólo de regular sus presupuestos procesales y sus requisitos sustanciales, sino su estructura formal (artículos 438, 441 y 442 del C. de P. P.).
En lo que concierne a esta última, la ley prevé unas condiciones esenciales que, por serlo, no pueden ser soslayadas sin desnaturalizar la providencia y sin desconocer la función para la que fue creada, a saber, ser un pliego de cargos para que frente a ella el procesado ejerza el derecho de defensa.
Estas exigencias se refieren a la imputación fáctica (narración sucinta de los hechos investigados con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los especifiquen), al análisis probatorio (indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación) y a la imputación jurídica (calificación jurídica provisional, con señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del C. Penal), (numerales 1°, 2° y 3 del artículo 442, citado).
En cambio hay otras formalidades cuya omisión no desnaturaliza el pliego de cargos ni impide que éste cumpla su finalidad, ni afecta el derecho de defensa. Tal ocurre, por ejemplo, cuando no se responden expresamente los alegatos de las partes5 o cuando, como ocurre en este caso, con relación al porte ilegal de armas, el delito se imputa tanto fáctica como jurídicamente, en la parte motiva, pero por inadvertencia no se menciona en la parte resolutiva.
Y es que, como lo ha dicho la Sala, no cualquier deficiencia cometida en una decisión judicial es de suyo suficiente para viciar de nulidad el acto procesal, la cual sólo se configura cuando la irregularidad tiene aptitud de afectar su estructura a las garantías de los sujetos procesales.
En la citada resolución de acusación se señaló:
“Agreguémosle a lo anterior que hubo demostración fáctica de la utilización de armas de fuego, por lo que se le acusará por el porte ilícito de las mismas de defensa personal estipuladas estas últimas disposiciones en el Decreto 3665 de 1.996, convertido en Legislación Permanente por virtud del Decreto 2266 de 1.991”.
Como se observa, y no obstante la omisión en la parte resolutiva, el cargo por el porte ilegal de armas fue clara e indubitablemente imputado en la resolución de acusación, por lo que no se rompió la armonía que debe existir entre ella y la sentencia y, por lo mismo, tal irregularidad devino en insustancial.
En otros término, a pesar de la informalidad, se respetó tanto la estructura del pliego de cargos como la jurídica y conceptual del proceso, al ser consonante esta pieza con el fallo.
Por otra parte, y en lo atinente al conocimiento de la imputación mencionada y a su consiguiente contradicción, como manifestación del derecho de defensa, tan evidente aparecía, que el fiscal al presentar los cargos, en la audiencia pública, de manera expresa se refirió al porte ilegal de armas de defensa personal y el procesado y el defensor pidieron la absolución por considerar que no estaba demostrado que aquél fuera autor de los hechos, lo que evidencia que con relación a tal punible se ejerció el derecho de defensa y que la resolución de acusación cumplió su finalidad.
En consecuencia, si el porte ilegal de armas por el cual fue condenado el procesado se imputó en el pliego acusatorio y con relación a él se ejerció el derecho defensa, no se desconoció el principio de congruencia ni se afectó aquella garantía.
1. Apoyado en la causal primera de casación, lo formula afirmando que el sentenciador incurrió en “error de derecho en la estimación probatoria”, toda vez que “el reconocimiento” del procesado “se agotó con un procedimiento anormal, olvidando las previsiones de que trata el art. 368 del Código de Procedimiento Penal”, es decir, que su defendido “no fue puesto en fila de personas ni asistido de un letrado en derecho”.
2. De entrada se advierte que la censura adolece de yerros técnicos que la condenan al fracaso.
2.1. En efecto, no dice el casacionista cuál fue la norma sustancial quebrantada ni el sentido de la violación, es decir, falta de aplicación o aplicación indebida. Así mismo, pese a que afirma que se incurrió en error de derecho, no indica el falso juicio que lo generó, esto es, si de convicción o de legalidad.
2.2. Y si se pudiese entender que el reproche se sustenta bajo los lineamientos de la violación indirecta de la ley sustancial, por error de derecho por falso juicio de legalidad, de todos modos el mismo queda a mitad de camino, pues no se dice cuál fue el medio de convicción ilegalmente aducido al proceso, ni cómo de no haberse valorado otras hubiesen sido las conclusiones del fallo, frente a los elementos de juicio que lo fundamentaron.
Así, el actor se refiere a una prueba de “reconocimiento”, la que, en su criterio, no se llevó a cabo con el cumplimiento de las exigencias legales. No obstante, tal afirmación carece de sustento, ya que nunca se allegó al proceso la diligencia que menciona, es decir, ni en el sumario ni en el juicio se llevó a cabo un reconocimiento en fila de personas, por lo que resulta equivocado afirmar la ilegalidad de un medio de prueba inexistente. Lo que se adujo fueron las declaraciones de las personas que señalaron a Caro Espitia, en el centro hospitalario, como el autor de los hechos.
Al respecto cabe precisar, como lo hace el Procurador Delegado, que el actor confunde el reconocimiento en fila de personas, previsto en los artículos 367 y 368 del Código de Procedimiento Penal, con el señalamiento efectuado por José Manuel Prieto Rodríguez y Joel Darío Torres Machado, personas que no sólo presenciaron el momento en que el procesado disparó contra el hoy occiso, sino que también resultaron ser víctimas de su comportamiento, quienes rindieron testimonio, con las formalidades legales, siendo tales declaraciones las que fueron apreciadas por el juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En efecto, como lo ha sostenido la Sala6, cuando alguien, por haber acabado de cometer un delito, es perseguido por la autoridad y es capturado, a veces, por razón de las circunstancias y para evitar la sindicación de personas inocentes, se hace necesario poner al aprehendido a la vista de quienes fueron sus víctimas o de quienes lo presenciaron, para que digan si se trata o no de la misma persona que lo cometió. Es obvio que no se trata del reconocimiento en fila de personas, pues no sería razonable exigir el cumplimiento de formalismos que en ese momento serían de imposible observancia, lo que no impide que ese señalamiento o individualización sea aducido al proceso a través del testimonio de quienes lo efectuaron o de otros medios como el informe policivo, los que serán apreciados conforme a los postulados de la sana crítica.
En las condiciones precedentes, el cargo no prospera.
Cópiese, devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO
MARIO MANTILLA NOUGUÉS CARLOS E. MEJIA ESCOBAR
ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON E. PINILLA PINILLA
1 Ver, entre otras, casación 13031, enero 20/99, M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla; y 10817 24 de febrero/2000, M. P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.
2 Así se ha pronunciado la Corte por unanimidad, como se puede verificar, entre otros, en los fallos fechados el 26 de junio de 1996, M.P. Dr. Ricardo Calvete Rangel; el 6 de mayo de 1998, M. P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla; el 20 de enero de 1999, M. P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar; y el 28 de octubre de 1999, M. P. Dr. Alvaro Pérez Pinzón.
3 Ver, entre otras, casación 9653, septiembre 11/97 y 12528, marzo 23/2000, M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
4 Ver, entre otras, Segunda Instancia 13568, marzo 11 de 1999, M. P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar.
5 Ver, casación 10406, marzo 3 de 2000, M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
6 Casación 10106, septiembre 2 de 1998, M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.