Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-02019-de-abril-5-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_dd55e7608e8600eae0430a01015100ea&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 23:49:57
Document Index: 414155249

Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 85', 'artículo 99', 'artículo 101', 'artículo 103', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 1998-02019 de abril 5 de 2013
SENTENCIA 1998-02019 DE 05 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:FALLA EN EL SERVICIO. SEGÚN LA LEY 270 DE 1996 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA ES EL ENCARGADO DE ADMINISTRAR LOS BIENES DESTINADOS A LA RAMA JUDICIAL, POR LO TANTO CUANDO ESTA ENTIDAD OMITE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, Y COMO CONSECUENCIA SE PRODUCEN DAÑOS O LESIONES SE CONFIGURA UNA FALLA EN EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Sentencia 1998-02019 de abril 5 de 2013
Rad.: 250002326000199802019-01
Exp.: 26 447
Demandante: Clara Inés Parra Páez
Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y otro
8. La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda: $ 670.548.608, que se pidieron como indemnización por el lucro cesante, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).
9. El acervo probatorio en este proceso está integrado por:
9.1. Las pruebas trasladadas, a solicitud de la parte demandante, de la indagación preliminar que adelantó la Fiscalía Seccional Treinta y Siete, adscrita a la Unidad Tercera de Vida de Santafé de Bogotá, por la muerte del señor Gonzalo Quintero Espitia (fls. 19, 96-156, cdno. 2), de las cuales podrán valorarse los documentos e informes técnicos, porque han estado a disposición de la entidad demandada, sin que le merezcan réplica alguna y las providencias dictadas en la misma, porque son prueba documental en este proceso; pero, no podrán valorarse en contra de la entidad demandada los testimonios trasladados, porque esta no fue parte en esa indagación y tales pruebas no fueron ratificadas en este proceso, ni la entidad se allanó a su traslado.
9.2. Las pruebas documentales susceptibles de valoración conforme a la ley, que fueron traídas al expediente por las partes en las distintas oportunidades procesales, o que fueron remitidas por distintas autoridades públicas o entidades privadas, atendiendo los oficios enviados por el a quo, de las cuales se destacan los extractos bancarios del fallecido, remitidos por el Banco Central Hipotecario (fls. 48-79, cdno. 2), y por Colpatria (fls. 82-90, cdno. 2); la certificación expedida por el gerente de la cooperativa Radio Taxi Ltda. y la copia del contrato que esta celebró con el fallecido (fls. 27-28, cdno. 2); la publicación de la noticia en el periódico El Espectador, los días 26, 27, 29 de julio y 9 de agosto de 1996 (fls. 10-12, cdno. 2), que tiene valor para probar los hechos, en cuanto la información que se trae aparece confirmada con otros medios probatorios(2).
9.3. El dictamen pericial rendido por arquitectos en relación con las condiciones técnicas y diseño de las zonas comunes del edificio donde ocurrió el accidente (fls. 29-43 y 80, cdno. 2), y (iv) el dictamen pericial rendido por contadores públicos, en relación con los perjuicios materiales sufridos por la demandante (fls. 1-107, cdno. 3).
10.1. El señor Gonzalo Quintero Espitia falleció el 15 de julio de 1996, en Bogotá, por “choque medular. Luxofracturas columna vertebral. Caída de altura” (acta de la diligencia de levantamiento del cadáver, practicado la unidad de reacción inmediata, sede Ciudad Bolívar, de la Fiscalía General de la Nación, en el hospital de la Hortúa, fls. 101-106, cdno. 2; certificación del protocolo de la necropsia médico legal, practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fls. 4 y 115, cdno. 2; y registro civil de la defunción, fl. 3, cdno. 2).
10.2. Su muerte se produjo en el edificio ubicado en la calle 19 con carrera 48, en Bogotá, donde funcionaban los juzgados de familia, al rodar por las escaleras, salir por la ventana ubicada en el descanso del cuarto piso y caer al patio interior del inmueble (resolución inhibitoria dictada en feb. 11/97, por la Fiscalía Seccional 37 de la Unidad Tercera de Vida de Bogotá, que concluyó la indagación preliminar que se adelantó por la muerte del señor Quintero Espitia, fls. 150-152, cdno. 2).
10.3. El señor Gonzalo Quintero Espitia era abogado (tarjeta profesional, fl. 13, cdno. 2) y en tal calidad había celebrado contrato de prestación de servicios con la cooperativa Radio Taxi Ltda. (fls. 27-28, cdno. 2).
10.4. La muerte del abogado Quintero Espitia produjo daños morales y materiales a la señora Clara Inés Parra Páez, lo cual se infiere a partir de la prueba del vínculo matrimonial que existía entre el fallecido y la demandante (registro civil del matrimonio, fl. 2, cdno. 2).
11. Deberá decidir la Sala si la muerte del señor Gonzalo Quintero Espitia es imputable a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, por falla del servicio, por omisión, como se afirma en la demanda, o si la misma solo es atribuible a la propia víctima, como lo adujo la entidad demandada.
12. En el caso concreto, como ya se señaló, está demostrado el daño por el cual se reclama indemnización, esto es, la muerte del abogado Gonzalo Quintero Espitia, producida por “choque medular. Luxofracturas columna vertebral. Caída de altura”, así como los perjuicios morales y materiales causados a la demandante por ese hecho.
13. También está acreditado que la muerte del abogado fue accidental, en tanto no fue causada por otra persona. Así se concluyó en providencia de 11 de febrero de 1997, mediante la cual la Fiscalía Seccional 37 de la Unidad Tercera de Vida de Bogotá, profirió resolución inhibitoria, en la indagación preliminar que se adelantó por el hecho (fls. 150-152, cdno. 2). Se dijo en la providencia:
De lo actuado se infiere inequívocamente que el fallecimiento del señor Gonzalo Quintero Espitia fuera por un caso fortuito o accidente, al rodar por las escaleras del edificio ubicado en la calle 19 con carrera 48, donde funcionan los juzgados de familia, con tan mala fortuna que en su caída saliera por la ventana, ubicada en el descanso de las mismas, yendo a caer al patio interior del precitado inmueble, de lo cual se infiere que no existieron causas extrañas o intervinieron personas ajenas que hubieran incidido en los hechos, ante lo cual, en sentir de este despacho fiscal, se dan a cabalidad todos y cada uno de los requisitos reseñados en el artículo 319 del Código de Procedimiento Penal para proferir resolución inhibitoria...
14. Pero, a pesar de tratarse de un hecho accidental, considera la Sala que el daño es imputable a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, porque el mismo tuvo como causa eficiente la omisión de la entidad de adoptar las medidas de seguridad necesarias para la movilización de las personas en la edificación donde funcionaban los juzgados de familia, en esta ciudad.
15. En relación con la ausencia de las medidas señaladas, obran el expediente (sic) las siguientes pruebas:
15.1. Las publicaciones que se hicieron en el periódico El Espectador, los días 26, 27, 29 de julio y 9 de agosto de 1996 (fls. 10-12, cdno. 2), en los cuales se afirma que el edificio donde funcionaban los juzgados era inadecuado. La noticia que se presentó en la primera fecha, así:
El pasado quince de julio falleció el abogado Gonzalo Quintero, víctima de un lamentable accidente ocurrido en el edificio donde actualmente funcionan los juzgados de familia de Santafé de Bogotá, ubicados en la avenida 19 Nº 6-44 y 6-28. El doctor Gonzalo Quintero, al bajar las estrechas escaleras de uno de los edificios, resbaló, tropezó contra el ventanal y cayó al vacío desde el cuarto piso. Al crearse la jurisdicción de familia, los veintiún juzgados de esta ciudad fueron ubicados en varios edificios del centro de Bogotá; desde el mes de febrero de este año fueron trasladados a dos antiguos edificios ubicados en la avenida 19 con sexta, edificios que aproximadamente tienen cuarenta años de construidos, donde funcionaban apartamentos destinados a vivienda. Con muy poca adecuación y seguramente sin previo estudio de la conveniencia del traslado, fueron instalados en cada apartamento los veintiún juzgados. Los edificios tienen cinco pisos, cada uno cuenta con dos antiguos ascensores que nunca han funcionado, las escaleras son estrechas y en la mitad de cada piso existen ventanales sin rejas ni protección alguna.
15.2. Las deficiencias en las escaleras del edificio donde se hallaban las instalaciones de los juzgados de familia en Bogotá, señaladas en el informe periodístico, fueron destacadas también en la diligencia de levantamiento del cadáver, practicada por la Fiscalía General de la Nación (fls. 101, cdno. 2). El sitio del accidente fue descrito así en el acta:
El lugar donde ocurrió el hecho fue en la av. 19 Nº 6-28, se trata de un edificio de siete (7) pisos, fachada en mármol, al ingresar al edificio en el patio ubicado al fondo mano izquierda, se observa en el piso sangre, pedazos de vidrio y material en plástico para claraboya, el piso se encuentra lluvioso, al mirar hacia la parte alta del edificio, en la tercera ventana hacia arriba, se encuentra sin vidrios, la ventana mide 1,03 mts. de ancho, por 1.86 de alto, se encuentra a 20 cm de la parte superior de un peldaño de la escalera, la anchura de la escalera es un metro, en la parte central se observa una baranda metálica de 88 cm. de alta, las escaleras son en granito y no tienen rodapiés. También se hace mención de que esta ventana queda en la mitad de la curvatura del piso, va intercalada entre piso y piso, sin ninguna protección, el vidrio es de 4 mm de espesor, se observan manchas de sangre en la ventana del tercer piso, borde inferior y en el segundo piso el vidrio se observa roto.
15.3. En el dictamen pericial practicado por dos peritos arquitectos designados por el a quo se describió de manera técnica y detallada las condiciones en las que se hallaban las escaleras por las que rodó el señor Quintero Espitia y de sus áreas de acceso, así:
3.2. Tamaño y pendientes de la escalera de servicio común en proporción al volumen de personas que la usan.
El ancho útil de la escalera del citado edificio es de 1 (un) metro y su pendiente aproximada es de 45º. La proporción del ancho y su pendiente no corresponde al volumen de personas que la utilizan para acceder a los juzgados, ya que este fue originalmente un edificio de apartamentos hoy adaptados para oficinas.
Debemos destacar que el volumen de visitantes al edificio es bastante grande, comparado con el que soportaba cuando se usaba para vivienda. Las congestiones que pudimos observar son especialmente críticas en los giros de la escalera donde justamente se encuentran las ventanas que dan sobre el vacío existente entre las torres A y B. Los descansos ubicados en el ángulo que forman los muros norte y este que soportan la escalera son al igual que el ancho de los peldaños insuficientes para cumplir su finalidad de permitir una pausa a quienes suben o bajan hacia o desde los despachos de los pisos superiores (...).
3.3. Barandas de protección de la escalera.
Encontramos al momento de la visita una baranda en tubo metálico de 2 pulgadas aproximadamente, ancladas a los muros a una altura aproximada de 80 centímetros; sin embargo, pudimos comprobar que algunos de los anclajes no funcionan, lo cual las hace inestables e inseguras (...).
Por el costado opuesto, hacia el centro, se encuentra una baranda con pasamanos en madera en el extremo superior, soportado en estructura de hierro forjado cuya altura es de 89 centímetros. Esta última baranda se encuentra en buen estado
3.4. Dimensiones de los halls de distribución de circulación del público.
El hall típico de distribuciones de circulación correspondiente a los pisos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º tiene las siguientes dimensiones: por el norte, donde desemboca la escalera y se ubica el acceso al ascensor de 3.85 metros, allí se abre una circulación para ingresar a otras oficinas; por el occidente 2.00 metros y limita con un muro. En cada uno de estos pisos encontramos dos despachos judiciales. El hall típico es pequeño para el número de visitantes (...).
En el primer piso encontramos un corredor de ingreso que lleva a la escalera, al patio que separa las dos torres, al ascensor y a las oficinas del extremo oriental. Resulta muy estrecho para recibir a todos los visitantes de la torre B. (...).
El hall del séptimo piso es más pequeño que el hall típico y distribuye la circulación para las tres oficinas que allí se ubican. Es el de menor congestión, ya que solo recibe los visitantes a este piso. (...).
3.5. Condiciones de iluminación natural y artificial de la escalera de servicio común.
La iluminación natural de la escalera de servicio común se hace a través de las ventanas ubicadas sobre el vacío que separa las dos torres y sus condiciones son buenas (...).
La iluminación artificial es suficiente considerando su uso diario; consta de una lámpara de dos tubos fluorescentes de 1.20 metros de largo cada uno que está ubicada sobre el muro norte donde la escalera gira para iniciar el segundo tramo que desemboca en el hall respectivo de cada piso (...).
3.6. La existencia de elementos antideslizantes en los pirlanes de la escalera de servicio común.
Encontramos en cada huella de escalera de servicio común dos tiras antideslizantes de 3 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo, ligeramente separadas entre sí (...).
3.7. Tamaño apropiado y proporción entre la huella y la contrahuella que permitan cumplir con las especificaciones mínimas de seguridad.
La profundidad de la huella típica es de 30 centímetros, incluida la nariz; en los giros, las medidas de las huellas varían. Todas las contrahuellas tienen una altura de 17 centímetros. Aunque la profundidad de las huellas típicas es la apropiada, no ocurre lo mismo con su ancho que es insuficiente para el tráfico que soporta la escalera. El punto crítico se localiza en los peldaños de los giros que resultan muy estrechos. Las proporciones de las contrahuellas son correctas en los dos casos. Las dificultades en el tráfico son causadas por el ancho de la escalera, situación que se agrava por las restricciones de uso del único ascensor que posee el edificio, cuya capacidad es muy baja (...).
15.4. En la aclaración del dictamen pericial (fls. 80, cdno. 2), rendida a solicitud de la parte demandante, los peritos manifestaron que a pesar de que las escaleras donde ocurrió el hecho contaban con tiras antideslizantes, estas resultaban insuficientes para evitar accidentes como el ocurrido:
En visita efectuada el día 6 de diciembre de 2000 al edificio donde funcionan los juzgados de familia, en compañía de expertos instaladores de pirlanes de seguridad para edificios de alto tráfico, pudimos establecer que las tiras antideslizantes están compuestas de viruta fina de hierro, más aglomerante para adherencia. De acuerdo a los recorridos que efectuamos, la adherencia del material se evidenció al intentar resbaladas sobre las tiras antideslizantes. Como parte de un sistema de acceso que incluye: huellas, contrahuellas, barandas, muros, antepechos, etc., las tiras cumplen su función, pero obviamente no son suficientes para evitar accidentes, puesto que estos dependen de numerosos factores incluidos los referidos a los accidentados.
El caso de las tiras antideslizantes es bueno en un 95% aproximadamente, el restante 5% presenta deterioro debido al intenso tráfico que soportan estas escaleras.
16. No queda duda a la Sala que el diseño de las escaleras, sus deficiencias en las medidas técnicas de seguridad y la falta de protección en las ventas fueron causas eficientes en la producción del daño. Esas medidas debieron ser adoptadas por la entidad demandada por ser la encargada de administrar los bienes destinados a la Rama Judicial, tal como se prevé en varios artículos de la Ley 270 de 1996, de los cuales se destacan:
— El artículo 85, que regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, entre las cuales prevé: “24. Coadyuvar para la protección y seguridad personal de los funcionarios y de la Rama Judicial”.
— El numeral 2º del artículo 99 establece como funciones del director ejecutivo de administración judicial la de “administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”.
— El numeral 9º del artículo 101 prevé entre las funciones de las salas administrativas de los consejos seccionales la de “Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el desarrollo armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos judiciales”.
— Como funciones de los directores seccionales, el artículo 103, numeral 2º señala la de “administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”, y el numeral 9º la de “solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.
17. Afirma la entidad demandada que el daño solo es imputable a la propia víctima, porque esta optó por bajar por las escaleras, en lugar de usar el ascensor.
17.1. Esta afirmación carece de todo fundamento, porque en la edificación no estaba prohibido, ni restringido el uso de las escaleras, ni existía ninguna medida de precaución que fuera desatendida por la víctima: por el contrario, lo que existía era, justamente, una limitación en el uso de los ascensores, porque en razón de su capacidad estaban destinados solo a las personas con discapacidad física, situación en la que no se hallaba la víctima.
17.2. Esa limitación en el uso de los ascensores fue destacada en el dictamen pericial rendido en el proceso, el cual no fue controvertido por la entidad demandada, y en el que se señaló:
3.1. Capacidad y velocidad de los ascensores.
Comprobamos que solo existe un ascensor en cuyo exterior se encuentran dos avisos que rezan respectivamente: “Capacidad 4 personas” y “capacidad máx. 5 pasajeros”. El primero de ellos es más grande, está escrito a mano y parece más reciente que el segundo, el cual está impreso en letras de molde. En la puerta del ascensor se lee otro aviso que dice: “El uso del ascensor es solamente para personas de avanzada edad, minusválidos y señoras en estado de embarazo. Los demás deben hacer uso de las escaleras. Por favor colabore (...) El ascensor es de marca Intexel V y debido a su antigüedad es lento.
18. También afirmó en su defensa la entidad demandada, que no tenía conocimiento de la situación de riesgo que pudieran representar las instalaciones, porque no había sido informada del hecho por los funcionarios y empleados que transitaban diariamente por la edificación.
18.1. Es cierto que no obra en el expediente prueba de que algún servidor estatal o particular hubiera informado al Consejo Superior de condición riesgosa de la edificación y, en cambio, sí se demostró que solo cuando ocurrió el hecho, los funcionarios y empleados de los juzgados de familia, en Bogotá, dirigieron una comunicación a la dirección seccional de la Rama Judicial (fls. 6-10, cdno. 2), en la cual solicitaron adoptar medidas de seguridad en las escaleras del edificio:
De la manera más comedida, los jueces y empleados de los juzgados de familia de la ciudad, ubicados en la av. 19 Nº 6-28/44 del edificio San Remo, solicitamos a usted, con carácter URGENTE la instalación de rejas de seguridad en las ventanas de la escalera del respectivo edificio, y pasamanos en la escalera, ya que en repetidas ocasiones se han presentado accidentes y el día de hoy ocasionó la muerte a un abogado”.
18.2. Pero, la omisión de poner en conocimiento la situación de riesgo en la que se hallaban todas las personas que transitaran por las instalaciones en las que funcionaban esos despachos judiciales, no excusa a la entidad de reparar el daño, en primer término, porque, como ya señaló, entre sus funciones estaban, justamente, las de atender la seguridad de los funciones y empleados de la Rama Judicial y la de hacerse cargo de los bienes que integraban la infraestructura física de los despachos judiciales, para lo cual no era necesario requerimiento previo y, en segundo término, porque la omisión de los funcionarios y empleados de los juzgados de familia que laboraban en el edificio San Remo en Bogotá, en caso de que la misma fuera causa eficiente del daño, daría igualmente lugar a derivar responsabilidad patrimonial de la misma entidad demandada, porque a ella pertenecían también esos servidores.
18.3. No debe perderse de vista, finalmente, que aunque antes del accidente en el que perdió la vida el señor Gonzalo Quintero Espitia no se hubiera presentado un hecho de esa magnitud, no había justificación para que la entidad demandada se abstuviera de adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de las personas que laboraran o acudieran a ese edificio de oficinas públicas.
18.4. En este orden de ideas, se confirmará el fallo impugnado, previa actualización de las condenas deducidas en primera instancia.
VI. Liquidación de los perjuicios.
19. El a quo reconoció a favor de la señora Victoria de las Mercedes Higuera, madre del señor Víctor Manuel Vivas, una indemnización por el perjuicio moral de $ 30.293.590, “equivalentes a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
19.1. Ha reiterado la Sala que cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”(3). Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado.
19.2. En consideración a la naturaleza de ese daño, es el juez administrativo, quien de manera discrecional debe determinar el monto de la indemnización a reconocer, facultad que está regida por las siguientes reglas: (1) esa indemnización se hace a título de compensación y no de restitución, ni de reparación; (ii) debe darse aplicación al principio de equidad, previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) su cuantificación debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso respecto del perjuicio y su intensidad, y (iv) esta deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(4).
19.3. Dado que el monto de la indemnización por el perjuicio moral depende de la intensidad del daño, ha señalado la Sala que cuando este se produce en su mayor grado, como en el caso de la muerte de uno de los parientes más cercanos (padres, hijos) o del cónyuge o compañero, deben reconocerse al afectado 100 smlmv a la fecha de la sentencia,(5) lo cual “no significa que no pueda ser superior cuando se pide una mayor indemnización y se alega y demuestra una mayor intensidad en el padecimiento del daño moral”(6).
19.4. En consecuencia, se considera ajustado a la realidad probatoria y al criterio jurisprudencial adoptado por la Sala la indemnización reconocida por el a quo a la demandante.
20. El tribunal liquidó como daño emergente los gastos realizados por la demandante para cubrir las exequias del señor Quintero, los cuales consideró que estaban demostrados con las facturas que obraban en el expediente, por valor de $ 1.462.700 (fls. 20-26, cdno. 2), cifra que actualizó a la fecha de la sentencia, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, entre el momento de la erogación y la de la sentencia de primera instancia, lo cual arrojo un valor de $3.046.152,46.
21. Para la liquidación del lucro cesante se tuvieron en cuenta en la sentencia recurrida los siguientes factores: (i) como renta base de liquidación, los honorarios profesionales que recibía el occiso, certificados por la Cooperativa de Transportes Radio Taxi Ltda. (certificación expedida por el gerente y contrato de prestación de servicios suscrito el 1º de noviembre de 1995, fls. 27-28, cdno. 2), y no el dictamen pericial basado en los documentos anexos al mismo, por considerar que no estaban demostrados esos ingresos superiores, en cuanto se apodaron copias de los contratos de prestación de servicios y algunas actuaciones judiciales, pero no se acreditó que estas se hubieran adelantado en cumplimiento de dichos contratos, ni tampoco se hallaba demostrada la calidad de la gestión, para determinar así el resultado de los procesos y la probable utilidad que los mismos hubieran representado para el abogado; (ii) no se adicionó el 25% a la suma acreditada, correspondiente a prestaciones sociales, con fundamento en que la suma recibida por el occiso, según la certificación, obedecía a honorarios y no a salarios; (iii) se hizo reducción del 50% por considerar que era el porcentaje que la víctima dedicaba a sus propios gastos; (iv) el lucro cesante futuro se extendió por el término de la vida probable de la víctima, de acuerdo con las tablas de mortalidad de rentista, que se calculó en 32.16 años, dado que al momento del fallecimiento, este tenía 45 años (registro civil del nacimiento) y (y) las matemáticas financieras adoptadas por la jurisprudencia. Así, con esas bases se calcularon $ 22.490.356.29, como indemnización vencida y $ 32.670.605.56, como indemnización futura.
22. Los perjuicios materiales se calcularon, entonces, así: $ 3.046.152.46, como daño emergente, más: $ 22.490.356.29, como indemnización por el lucro cesante vencida y $ 32.670.605.56, como indemnización por el lucro cesante futura, para un total de $ 58.207.114.31.
23. Dado que el cálculo de esos perjuicios se hizo con base en las pruebas que obran en el expediente y los factores no rebasan aquellos que han sido adoptados por la jurisprudencia, se modificará la sentencia en este aspecto, pero solo para actualizar la condena a la fecha de esta sentencia, de acuerdo con la variación de precios al consumidor, así:
— Vh: corresponde al capital histórico, esto es, $ 58.207.114.31
— Índice final certificado por el DANE: corresponde al de la fecha de esta sentencia: 112.7460
— Índice inicial: es el certificado por el DANE para la fecha en la que se dictó la sentencia de primera instancia: 75.5688
Vp= $ 86.842.974
MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Sala de Descongestión, el 4 de noviembre de 2003, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, por la muerte del señor Gonzalo Quintero Espitia, ocurrida el 15 de julio de 1996, en Bogotá.
2. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura a pagar a la señora Clara Inés Parra, las siguientes indemnizaciones: (i) por perjuicios morales: cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de este fallo, y (ii) por perjuicios materiales: ochenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil novecientos setenta y cuatro pesos ($ 86.842.974).
3. La Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año de 1998 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $18.850.000.
(2) En sentencia de 29 de agosto de 2012, Expediente 23.816, C.P. Danilo Rojas Betancourth, se consideró: “Esta corporación ha considerado que la información que aparece consignada en este tipo de documentos no puede ser valorada dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fue suministrada ante un funcionario judicial, no fue rendida bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho. No obstante, esto no significa que estos documentos carezcan por completo de valor probatorio, pues de acuerdo con un reciente pronunciamiento de esta corporación ‘...la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental[4]2. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez (...). Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, 11001-03-15-000-2011-01378-00(PI), C.P. Susana Buitrago Valencia”.
(3) Sentencia de 10 de julio de 2003, Expediente 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(4) Sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(5) Sentencia de 10 de agosto de 2005, Expediente 16205, C.P. María Elena Giralda Gómez.