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Timestamp: 2020-01-17 12:45:11
Document Index: 185509711

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 149', 'artículo 110', 'Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 148', 'artículo 7', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 10', 'Artículo 15', 'artículo 149', 'Artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 149', 'artículo 110', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 10', 'Artículo 10', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 27', 'Artículo 27', 'artículo 149', 'artículo 7', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 24', 'Artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'artículo 26', 'Artículo 26']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 19-5, de 30/11/2000
Serie A: 30 de noviembre de 2000 Núm. 19-5 PROYECTOS DE LEY
121/000019 Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. (Procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre).
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2000.-La Presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi Úbeda.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en los artículos 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas al articulado al Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental (procedente del Real Decretoley 9/2000, de 6 de octubre) (núm. expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2000.-Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmienda de modificación del apartado 3 del artículo 5 del Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decretoley 9/2000, de 6 de octubre).
El apartado 3 del artículo 5 quedará redactado en los siguientes términos:
«3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma donde se ubique territorialmente el proyecto.
La citada consulta se realizará, en todo caso, mediante la cumplimentación, antes de la formulación de la declaración de impacto ambiental, del correspondiente informe preceptivo por parte de la Comunidad Autónoma afectada, informe que deberá ser ponderado tanto por el órgano ambiental estatal como, en su caso, por la autoridad que adopte la decisión final sobre el proyecto, quienes deberán motivar, cuando no se asuman las conclusiones de aquel informe, los motivos de discrepancia.»
La STC 13/1998, de 22 de enero, expresaba en su Fundamento Jurídico undécimo la necesidad de colaboración entre los poderes estatales y autonómicos, de tal forma que, entre los informes con los que debe contar la Administración General del Estado antes de formular la declaración de impacto ambiental, se incluyen los que emita la Comunidad Autónoma afectada. Y añadía «informes cuyo contenido debe ser ponderado expresamente por la autoridad estatal que formule la declaración de impacto ambiental, y, en su caso, por la autoridad que adopte la decisión final sobre el proyecto, asumiendo sus conclusiones o exponiendo las razones de discrepancia por las que no pueden ser aceptadas».
Se trata, mediante la enmienda presentada, de cumplir con lo especificado por el Tribunal Constitucional respecto a la participación de las Comunidades Autónomas mediante el trámite de informe, añadiendo al apartado 3 del artículo 5 la necesidad de ponderación de tal dictamen.
Enmienda de adición de un nuevo apartado 4 al artículo 5 del Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre).
Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 5 del siguiente literal:
«4. Además de lo dispuesto en el apartado precedente, y con el objetivo de articular un instrumento de participación de las Comunidades Autónomas, que pueda, asimismo, incluir a varias Administraciones Autonómicas en los supuestos en que el territorio afectado por el proyecto se extienda a más de una Comunidad Autónoma, las Administraciones Públicas implicadas podrán constituir de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, un órgano con representación de todas ellas para dar cauce a su participación, así como para asegurar la colaboración interadministrativa en las fases de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental.»
Mediante la presente enmienda se enriquece el compromiso de cooperación entre las Administraciones implicadas, dando cabida a otra fórmula de colaboración, además de la establecida en el apartado 3 del mismo artículo 5. Tal fórmula no es otra que la constitución «ex novo» de un órgano de colaboración «ad hoc» en el marco de la Ley 30/1992, que canalice la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la fase inicial del procedimiento de evaluación de impacto ambiental como en las fases finales de vigilancia, control y seguimiento de las medidas adoptadas en su seno.
Asimismo, se posibilitaría la concurrencia de varias Comunidades Autónomas cuyos ámbitos territoriales se vieran afectados por un mismo proyecto cuya declaración de impacto fuese competencia del Estado.
Enmienda de modificación de la Disposición Adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1302/1986, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2000.
Se modifica el texto de la Disposición Adicional tercera, que queda como sigue:
Tratándose de proyectos, públicos y privados, que corresponda autorizar o aprobar a la Administración General del Estado y no sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a lo previsto en el presente Real Decreto Legislativo, que, sin embargo, deban someterse a la misma por indicarlo la legislación de la Comunidad Autónoma en donde deban ejecutarse la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que, a tal efecto, se establezca reglamentariamente por el Estado.
En todo caso, en el citado procedimiento abreviado se garantizará el trámite de consulta preceptiva al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma afectada en
los términos establecidos en el artículo 5 del presente Real Decreto Legislativo.»
Con la redacción que se propone se introduce una referencia expresa a la necesidad de que en la regulación reglamentaria del procedimiento abreviado se garantice la participación de la Comunidad Autónoma donde se ubique territorialmente el proyecto en los mismos términos que se han utilizado en el artículo 5 del texto normativo.
Enmienda de adición de una nueva Disposición Adicional cuarta en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 18 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se introduce una nueva Disposición Adicional cuarta en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 18 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, con el siguiente contenido:
Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán, mediante las correspondientes normas sectoriales, ampliar los proyectos contenidos en los anexos I y II del presente Real Decreto Legislativo, con el fin de introducir niveles adicionales de protección a los establecidos en la presente norma.»
El artículo 149.1.23.a CE, cuando establece la competencia exclusiva del Estado en materia de protección del medio ambiente, lo hace sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 102/1995 y 13/1998) ha declarado que en aquella materia lo básico cumple una función de ordenación mediante mínimos que han de ser respetados en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos.
Asimismo, la Directiva 85/337/CEE faculta a los Estados miembros para establecer normas más severas en lo que se refiere al campo de aplicación y al procedimiento en materia de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente.
De la combinación de ambos preceptos es colegible que las normas sectoriales que aprueben las Administraciones competentes (bien el Estado, bien las Comunidades Autónomas) pueden establecer umbrales más altos de protección y que ello abarca la posibilidad de acrecentar la lista de proyectos que se contienen en los anexos I y II del Real Decreto Legislativo que ahora se modifica.
El texto del proyecto de ley que ahora enmendamos contempla determinadas posibilidades de actuación autonómicas, pero siempre respecto a los proyectos ya contenidos en los anexos I y II. Con la enmienda que introducimos se trata de posibilitar que las normas sectoriales que dicten las administraciones competentes, por razón de la materia, puedan concretar otros proyectos, no incluidos en la actualidad en dichos anexos, para someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta las siguientes enmiendas parciales al proyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre) (número de expediente 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2000.- Presentación Urán González, Diputada.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Al artículo único. Uno. Artículo 1.
Se pretende añadir un nuevo punto 1, pasando lo actuales 1 y 2 a ser 2 y 3, respectivamente, del siguiente tenor literal:
«1. Los proyectos relacionados en los anexos I y IIde la presente Ley se someterán a los requisitos de autorización
de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos, según se define en el artículo 2 de la presente Ley.»
El artículo 1 de la Directiva 97/11/CE establece el requisito de autorización de su desarrollo y evaluación con respecto a sus efectos, para los proyectos definidos en el artículo 4 de la directiva (los del anexo I y II de la directiva). El Real Decreto Legislativo omite este precepto que no estaba tampoco en el Real Decreto Legislativo 1306/1988 (que sí tenía y mantiene que la Evaluación de Impacto Ambiental se hace previamente a la autorización).
Al artículo único. Uno. Artículo 1. Punto 2.
Se propone sustituir desde: «... sólo...», hasta, «... La decisión, ...», por el siguiente texto:
«... deberán someterse, caso por caso, a la decisión del órgano ambiental, que determinará si se someterán o no a una evaluación de impacto ambiental. La decisión, en uno u otro sentido, ...
Hay que recordar que España traspuso la primera directiva de forma escasa, dejando fuera de evaluación de impacto ambiental (EIA) prácticamente la totalidad del segundo anexo, lo que le valió reiteradas denuncias. La legislación autonómica, en general, amplió significativamente el número de proyectos sometidos a EIA.
Al artículo único. Uno. Artículo 5. Punto 3.
Se pretende añadir entre: «... Comunidad Autónoma...» y «... en donde...», el siguiente texto:
«... y del Municipio...».
La directiva establece la obligatoriedad de consultar a las Administraciones Públicas con competencias ambientales. El Real Decreto Legislativo sólo considera a las Administraciones Autonómicas, omitiendo a las Administraciones Locales que también tienen competencias ambientales en la materia.
Al artículo único. Uno. Artículo 5.
Se pretende añadir un nuevo punto 4, del siguiente tenor literal:
«4. En todo caso, los resultados de las consultas realizadas por las Administraciones competentes en materia ambiental y de las alegaciones formuladas en la información pública deberán ser tomadas en consideración, incorporándolas o justificando su no incorporación; en su caso, dichas consideraciones se incluirán en la Declaración de Impacto Ambiental.
La directiva establece la obligación de tomar en consideración los resultados de las consultas y de la información, incluyendo dicha consideración en el procedimiento. Es decir, hay que responder a las alegaciones que se realicen, incluyendo dichas respuestas en la Declaración de Impacto y en el procedimiento de Autorización final.
Se pretende añadir una nueva Disposición Transitoria del siguiente tenor literal:
El Gobierno remitirá en el plazo máximo de seis meses un proyecto de ley de transposición de la Directiva 96/61/CEE, sobre prevención y control integrado de la contaminación (IPPC), que tenga como objeto el unificar un procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental y para Prevención y Control Integrado de la Contaminación.»
España no ha adoptado la directiva 96/61/CE, IPPC. La directiva que ahora se pretende trasponer deja a elección de los Estados el establecimiento de un procedimiento único, fundiendo IPPC y EIA. El Real Decreto Legislativo omite esa recomendación.
A la Mesa de la Comisión de Medio Ambiente
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al proyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (núm. expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2000.- Guillerme Vázquez Vázquez, Diputado.-José Núñez Castain, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Guillerme Vázquez Vázquez (Grupo Parlamentario Mixto)
Artículo Único. Uno.
Se sustituye al inicio de este punto la referencia hecha al artículo 4.2 («Se modifican los artículos 1, 2, 4.2, 5, ...») por la mención al artículo 4 («Se modifican los artículos 1, 2, 4, 5, ...»), y, en consecuencia, se modifica el apartado relativo al artículo 4.2, por el siguiente texto, que modifica todo el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986: «Artículo 4.
1. Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano competente remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que éste formule la declaración de impacto, en la que determine las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
2. En caso de discrepancia entre ambos órganos resolverá, según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, o, en su caso, el que dicha Comunidad haya determinado.
3. La declaración de impacto ambiental se hará pública en todo caso, y podrá ser recurrida directamente ante la jurisdicción contencioso- administrativa por los interesados, de manera separada a la resolución que autorice la realización de las obras, instalaciones o actividades contenidas en el proyecto sometido a declaración de impacto ambiental.»
Se pretende atribuir a la declaración de impacto ambiental la característica de acto recurrible autónomamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con independencia de la posterior impugnación de la resolución que autorice los proyectos sometidos a dicha declaración. En la actualidad, al configurar la declaración de impacto ambiental como secundaria de la autorización principal del proyecto, únicamente puede ser revisable en vía jurisdiccional así que se otorga esa autorización, que es, además, un acto administrativo -amparado por la presunción de legalidad- ya ejecutable. Debe, por lo tanto, en aras de una verdadera tutela judicial efectiva posibilitarse el estudio por los órganos judiciales de las mismas al margen de la autorización global del proyecto, dado el carácter preventivo de la declaración de impacto ambiental.
PRIMER FIRMANTE: Guillerme Vázquez Vázquez (Grupo Parlamentario Mixto) De modificación.
Se sustituye el texto del artículo 5, tal y como ha quedado modificado, por el siguiente:
1. A efectos de lo establecido en este Real Decreto Legislativo, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados por la Administración General del Estado que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
2. Cuando se trate de proyectos que deban ser autorizados por la Administración General del Estado, o sus organismos dependientes, que afecten a una sola Comunidad Autónoma, será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su ámbito respectivo.
3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental, serán consultados preceptivamente los órganos ambientales de las Comunidades Autónomas que resulten afectadas por el proyecto.»
El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se inscribe en ámbito de la gestión del medio ambiente, que es una materia asumible -competencialmente hablando por las Comunidades Autónomas, en virtud del artículo 148.1.9.a CE--. Esta actuación gestora implica -entre otras- la realización, por parte de los órganos ambientales de las Comunidades Autónomas, de medidas de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, dentro de las cuales cabe incluir la tarea de condicionar los proyectos de obras o actividades para corregir su incidencia en el medio ambiente, es decir, de realizar las declaraciones de impacto ambiental. Por ello, es contrario al orden constitucional de competencias pretender que esa evaluación de impacto ambiental que afectaría a una sola Comunidad Autónoma se sustraiga del conocimiento de los órganos ambientales de ésta, por la simple razón de que se trata de una obra o actividad de la Administración General del Estado. Evidentemente, la tutela ambiental debe insertarse dentro del procedimiento de autorización del proyecto, pero ello no quiere decir que tenga que ser encomendada a un órgano ambiental de la misma Administración, sino que debe ser realizado por un órgano dependiente de quien ostenta competencialmente la gestión y ejecución de la protección ambiental, que son las Comunidades Autónomas.
En el artículo 7, se suprime el inciso «... respecto a los proyectos que no sean de competencia estatal...».
En coherencia con la enmienda anterior, al corresponder a los órganos ambientales de las Comunidades Autónomas la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental de proyectos de la Administración General del Estado que afectan a su territorio, el seguimiento y vigilancia de su cumplimiento debe ser encomendada también a los órganos ambientales de las Comunidades Autónomas en todos los supuestos, sin exclusiones.
Artículo Único. Uno bis (nuevo).
Se introduce un nuevo apartado Uno bis, que queda redactado como sigue:
«Uno bis. Se añaden cinco nuevos artículos al Real Decreto Legislativo 1302/1986, numerados del 11 al 15, que quedan redactados como sigue:
Artículo 11. Evaluaciones estratégicas de determinados planes y programas en el medio ambiente.
1. Los planes o programas, antes de ser aprobados o sometidos al procedimiento legislativo por parte de la autoridad competente, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes.
2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por Plan y Programa:
a) Los planes de ordenación territorial, incluidos los de ordenación municipal, y aquellos que formen parte del proceso decisorio en relación con la ordenación territorial con el objetivo de establecer el marco para futuras autorizaciones de proyectos.
b) Los planes de ordenación territorial que incluyan disposiciones sobre naturaleza, dimensiones, localización y condiciones de explotación de proyectos.
c) Los planes y programas que tengan por objeto la ordenación, regulación y explotación de los recursos hídricos, minerales o forestales.
d) Los planes y programas que afecten a la ordenación del transporte, incluidos los corredores de transporte, las instalaciones portuarias y los aeropuertos; la energía; la gestión de residuos; la industria; las telecomunicaciones y el turismo.
e) Las modificaciones de planes y programas existentes.
3. La evaluación ambiental incluirá una declaración sobre los efectos de los planes y programas en el medio ambiente, así como la audiencia a todas las Administraciones, Organismos y agentes sociales que pudieran resultar afectados por los mismos.
Artículo 12. Contenido de las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental.
Las evaluaciones ambientales de los planes y programas se realizarán a través de una Declaración de Impacto sobre el Medio Ambiente, que contendrá, como mínimo:
a) Contenido y objetivos principales del plan o programa.
b) Características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa por el plan o programa.
c) Cualquier problema ambiental existente relacionado con el plan o programa, incluidos los relativos a las zonas que revistan particular importancia ambiental.
d) Objetivos de protección ambiental establecidos a escala autonómica y estatal, incluidos los establecidos en otros planes y programas de igual nivel jerárquico, que guarden relación con el plan o programa y la forma en que dichos objetivos y cualquier otra consideración ambiental se han tenido presentes en la elaboración del mismo.
e) Repercusiones ambientales importantes que pueda tener el plan o programa.
f) Todas las formas alternativas de alcanzar los objetivos del plan o programa que se hayan considerado durante su elaboración y los motivos por los cuales se han desechado.
g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier repercusión negativa importante del plan o programa en el medio ambiente.
Artículo 13. Procedimiento para aprobar las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental.
1. El órgano competente para aprobar o someter a procedimiento legislativo el plan o programa remitirá el expediente del mismo al órgano ambiental, acompañando, en su caso, las observaciones que considere oportunas, al objeto de que éste formule una Declaración sobre Impacto en el Medio Ambiente.
2. El órgano ambiental, una vez recibido el expediente, someterá a trámite de información pública la evaluación de impacto ambiental, así como recabará informes que estime oportunos a los efectos de realizar la evaluación de impacto ambiental. A estos efectos, pondrá a disposición de los interesados toda la documentación disponible sobre el plan o programa sometido a evaluación estratégica de impacto ambiental.
3. La evaluación estratégica de impacto ambiental podrá introducir en el plan o programa modificaciones, que serán atendidas por el órgano competente para la aprobación definitiva de los mismos.
4. Las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental se harán públicas en todo caso, y podrán ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa por los interesados.
Artículo 14. Órganos ambientales competentes para aprobar las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental.
1. Se considerará órgano ambiental competente para aprobar las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental a que se refiere el artículo 10, el Ministerio de Medio Ambiente si el plan o programa afecta a más de una Comunidad Autónoma. En este caso, será preceptiva la audiencia de los órganos competentes en materia de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas que resulten afectadas por los planes o programas.
2. En los restantes casos, será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su ámbito respectivo, aun cuando se trate de planes o programas que deban ser autorizados o aprobados para su tramitación legislativa posterior por la Administración General del Estado, o sus organismos dependientes.
Artículo 15. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental.
Serán competentes para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las Evaluaciones Estratégicas de Impacto Ambiental los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales, incluso cuando las mismas fueran aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
La presente enmienda pretende introducir la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas que establecen el marco de las posteriores actuacionesen la realización de proyectos que puedan tener
incidencia en el medio ambiente, y que quedan excluidos del Real Decreto Legislativo 1302/1986, al referirse solamente a las evaluaciones ambientales de los proyectos. Se propone superar así una de las deficiencias más graves que presenta la legislación vigente, adelantándonos, además, a las futuras regulaciones que en este sentido vendrán impuestas desde la Unión Europea.
Artículo Único. Dos.
Se sustituye la expresión «... la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que, a tal efecto, se establezca reglamentariamente por el Estado», por la siguiente:
«.\.., la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento que, a tal efecto, se establezca por la normativa de las Comunidades Autónomas.»
Las Comunidades Autónomas tienen competencia para legislar sobre las evaluaciones de impacto ambiental en su ámbito, por encima de los mínimos establecidos por la legislación básica estatal, en virtud del artículo 149.1.23.a de la CE, tal como ha reconocido la STC 102/1995, al establecer que lo básico en materia de protección del medio ambiente cumple una función de mínimos que puede permitir que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia establezcan niveles de protección más altos. Por lo tanto, es impropio pretender imponer como legislación estatal básica en materia de protección medioambiental la regulación de procedimientos adjetivos simplificados para llevar a cabo esa tutela ambiental por parte de los órganos competentes en esa materia de las Comunidades Autónomas, correspondiéndoles a éstas la fijación y regulación de los mismos.
Artículo: Disposición Transitoria única.
Se sustituye el texto de la Disposición Transitoria única, por el siguiente:
«Disposición Transitoria única. Procedimiento en curso.
El presente Real Decreto-ley se aplicará a los proyectos privados que a su entrada en vigor se encuentren en trámite, y no haya recaído resolución administrativa autorizando los mismos. Atal efecto, se retrotraerán las actuaciones a fin de evacuar la declaración de impacto ambiental por parte del órgano ambiental competente.
Asimismo, será de aplicación a los proyectos públicos que aún no hayan sido autorizados definitivamente, y a los planes y programas pendientes de aprobación definitiva.»
Para evitar que los proyectos en trámite de autorización administrativa en este momento, y los planes y programas pendiente de aprobación, se vean eximidos de someterse a los criterios y condicionantes que -desde el punto de vista ambiental- se contienen en esta norma.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada por Gipuzkoa (EA), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre) (núm. expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2000.- Begoña Lasagabaster Olazábal, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Begoña Lasagabaster Olazábal (Grupo Parlamentario Mixto)
Artículo: Artículo 1
Apartado: Apartado 2
«2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto Legislativo, sólo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición, cuando así lo decida el órgano competente definido en la legislación autonómica. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III.
La redacción del texto original es excesivamente reglamentista e invasión de la autonomía organizativa de las Comunidades Autónomas.
Artículo: Artículo 6
De adición de una frase al apartado 2 del artículo 6.
«2. A los efectos previstos en el apartado anterior, el órgano ambiental que intervenga en la evaluación de impacto ambiental de dichos proyectos se relacionará con el Estado afectado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, excepto en los supuestos en los que exista un órgano de relación estable en el Marco de Proyectos Transfronterizos.»
Artículo: Disposición Adicional tercera
Se propone la supresión de la frase «(...) la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que, a tal efecto, se establezca reglamentariamente por el Estado».
Artículo: Disposición Final tercera
Supresión de todo el texto correspondiente a la Disposición Final tercera.
Se considera excesivo el carácter básico que dota el proyecto de ley a aspectos que creemos meramente organizativos y, por tanto, competencia autonómica.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes,
presenta las siguientes enmiendas al proyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de octubre de 2000.-Luis Mardones Sevilla, Diputado.-José Carlos Mauricio Rodríguez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
A los anejos I y II
Se propone que el Grupo 6, Industrias de productos alimenticios, del anejo I, pase a incorporarse como un Grupo I bis del anejo II.
Este Real Decreto-ley 9/2000 incorpora a la legislación española lo dispuesto en la Directiva 97/11/CEE. En esta Directiva se distinguen también dos tipos diferentes de proyectos, correspondientes a diversas actividades económicas: aquellos proyectos que, en todo caso, deben ser objeto de una evaluación de impacto ambiental (actividades que se enumeran en el anejo I) y aquellos proyectos que se deja al arbitrio de la autoridad ambiental competente -en el caso español, las Comunidades Autónomas- si deben someterse o no a dicha evaluación en función de los umbrales o criterios que se establezca (actividades que se recogen en el anejo II).
En esta Directiva Comunitaria las actividades correspondientes a las industrias de productos alimenticios quedan incluidas en el anejo II.
Sin embargo, en la Transposición Legal se incluyen en el anejo I, lo que suprime la potestad que, en principio, podrían tener los gobiernos de las Comunidades Autónomas, endureciendo, injustificadamente, el régimen de aplicación para este sector industrial cuya contaminación es fundamentalmente orgánica y, por tanto, muy dependiente del tamaño de la instalación fabril.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar las siguientes enmiendas al proyecto de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre) (núm. expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2000.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Socialista Al artículo único, uno
Se propone la modificación del párrafo 2.o del apartado 2 del artículo 1, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en el supuesto de que la norma, estatal o autonómica, aplicable al caso, haya fijado umbrales o criterios objetivos para determinar cuándo un proyecto deba someterse a evaluación de impacto ambiental.»
Se pretende aclarar, por una parte, que la excepción, fundada en la existencia de umbrales o criterios preestablecidos, es también aplicable a los proyectos de competencia estatal, siguiendo la recomendación y el texto propuesto por el Dictamen 2.934/2000 emitido por el Consejo de Estado sobre la norma objeto de enmienda. Por otra parte, las Comunidades Autónomas tienen reconocida constitucionalmente la competencia de desarrollo legislativo en esta materia, pudiendo tomar iniciativas legislativas que definan valores umbrales para proyectos relacionados en el anexo II, dejando de ser obligatorio el análisis «caso por caso» en estas circunstancias. Esto permite a las Comunidades Autónomas adaptar la legislación básica a su realidad.
Se propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo 1, que quedará redactado de la forma siguiente:
«3. Los planes y programas que figuran en el anexo II bis deberán someterse, igualmente, a evaluación ambiental, antes de su adopción o aprobación.»
Incluir la evaluación ambiental de determinados planes y programas avanzando en la línea acordada por la Posición Común aprobada por el Consejo de la Unión Europea 5685/00, de 20 de marzo de 2000, y en la Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (COM/ 96/0511 Final).
Se propone la adición de un nuevo artículo 7 bis, que quedará redactado de la forma siguiente:
«1. La evaluación ambiental de los planes y programas contenidos en el anexo II bis del presente Real Decreto Legislativo se realizará mediante una Declaración Ambiental por parte del órgano ambiental competente.
2. Dicha Declaración Ambiental deberá elaborarse contemplando, como mínimo, la siguiente información:
a) Contenido y objetivos principales del plan o programa; b) Características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa por el plan o programa;
c) Cualquier problema ambiental existente relacionado con el plan o programa, incluidos los relativos a las zonas que revistan particular importancia ambiental, como las zonas designadas con arreglo a las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE; d) Objetivos de protección ambiental establecidos a escala internacional, comunitaria y nacional (incluidos los establecidos en otros planes y programas de igual nivel jerárquico), que guarden relación con el plan o programa y la forma en que dichos objetivos y cualquier otra consideración ambiental se han tenido presentes en la elaboración del mismo; e) Repercusiones ambientales importantes que pueda tener el plan o programa; f) Todas las formas alternativas de alcanzar los objetivos del plan o programa que se hayan considerado durante su elaboración (como otros tipos de proyectos u otras localizaciones para el mismo proyecto) y los motivos por los cuales no se han adoptado; g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier repercusión negativa importante del plan o programa en el medio ambiente; h) Dificultades (deficiencias técnicas, falta de conocimientos, etc.) a la hora de recabar la información solicitada;
3. Los programas y planes, acompañados de su Declaración Ambiental, serán sometidos, en todo caso, a un trámite de información pública antes de su adopción o de su aprobación. La Declaración Ambiental será sometida por parte del órgano ambiental competente a previa consulta de otras Administraciones Públicas que puedan verse afectadas por la ejecución de dichos planes y programas.
4. La Declaración Ambiental se hará pública en todo caso.»
En concordancia con la enmienda anterior.
Se propone la adición de un nuevo artículo 8 bis, que quedará redactado de la siguiente forma:
«1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las Comunidades Autónomas, las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el caso de proyectos privados se clasifican en muy graves, graves y leves.
b) El incumplimiento o transgresión de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental.
c) El incumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras a realizar de conformidad con el programa de vigilancia ambiental.
d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto.
4. Es infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las previsiones contenidas en el presente Real Decreto Legislativo o en las estipulaciones contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental, cuando no esté tipificada como muy grave o grave, de acuerdo con los apartados anteriores o las normas aprobadas conforme al mismo.
5. Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, la Administración pública competente podrá adoptar y exigir medidas provisionales con el fin de corregir, asegurar o controlar la continuidad en la producción del daño.»
Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia se hace necesario el establecimiento de un régimen sancionador que contribuya a la eficacia de la norma.
Se propone la adición de un nuevo artículo 8 ter, que quedará redactado de la siguiente forma:
«1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracción muy grave: Multa desde 50.000.001 hasta 500.000.000 de pesetas.
b) En el caso de infracciones graves: Multa desde 5.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
c) En el caso de infracciones leves: Multa de hasta 5.000.000 de pesetas.
En concordancia con la enmienda anterior
Al artículo único, dos
Se propone la adición de una nueva Disposición Adicional cuarta, que quedará redactada de la forma siguiente:
«El Gobierno de la Nación modificará, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Legislativo, el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, con el fin de potenciar la información y participación pública, a través de la articulación de nuevos instrumentos, tales como el uso de los medios de comunicación, las audiencias públicas o internet, en función de las categorías de los proyectos, planes y programas.»
Potenciar la información y la participación pública en materia de evaluación de impacto ambiental, a través de nuevos instrumentos, de manera que el público interesado tenga la posibilidad de expresar su opinión y que ésta sea tomada en consideración antes de la autorización del proyecto o de la adopción o aprobación del plan o programa, de acuerdo con el espíritu y la finalidad de la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985.
Se propone la adición de nueva Disposición Adicional quinta, que quedará redactada de la forma siguiente:
«El Gobierno de la Nación, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del presente Real Decreto Legislativo, aprobará mediante la oportuna normativa directrices e instrucciones técnicas complementarias con el objeto de concretar el alcance técnico de los estudios de impacto ambiental.»
Se hace necesario concretar el alcance técnico de los estudios de impacto ambiental, a través de directrices e instrucciones técnicas, con el objetivo de subsanar los déficits existentes.
Se propone la adición de nueva Disposición Adicional sexta, que quedará redactada de la forma siguiente:
«El Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, establecerá reglamentariamente un procedimiento administrativo común para cumplir los requisitos del presente Real Decreto Legislativo y los derivados de la incorporación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación.»
El artículo 1.2 de la Directiva 97/11/CE, que se incorpora al ordenamiento jurídico español por la norma objeto de enmienda, establece la posibilidad de establecer, por parte de los Estados miembros, un procedimiento único para cumplir los requisitos de la Directiva 85/337/CEE, y los requisitos de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación. Dicha Directiva debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico español a más tardar en octubre de 1999, sin que la misma se haya realizado hasta el momento a pesar de la obligación de su cumplimiento y de que algunas Comunidades Autónomas hayan dictado ya su propia normativa en la materia.
Al artículo único, cuatro
Se propone la modificación de la Disposición Transitoria única.
Procedimientos en curso, que quedará redactada de la siguiente forma:
«El presente Real Decreto Legislativo no se aplicará a los proyectos públicos o privados que a su entrada en vigor se encuentren en trámite de autorización administrativa, salvo que se haya iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la legislación autonómica.»
La redacción actual excluye del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a los proyectos que a la entrada en vigor de esta norma se encuentren en trámite de autorización administrativa. Si se dejara redactada en estos términos, provocaría un problema jurídico en determinados expedientes de evaluación de impacto ambiental iniciados por las Comunidades Autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de esta modificación por la aplicabilidad directa de la Directiva 97/11/CE desde su fecha tope de trasposición.
Al artículo único, anexo I
Se propone la adición de un nuevo párrafo al párrafo segundo del apartado c) del grupo 2: Industria extractiva del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Dragados marinos para la obtención de mineral que no sea arena.»
Se considera necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, en todo caso, de este tipo de instalaciones en aplicación de los principios de prevención y cautela.
Se propone la adición de un nuevo párrafo al párrafo primero del apartado c) del grupo 2: Industria extractiva del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Extracción de minerales mediante dragados en zonas fluviales que no sean zonas húmedas protegidas; lagos, lagunas, humedales y envases o que siéndolo no lleguen a cien mil metros cúbicos.»
Se propone la modificación del apartado c) del grupo 3: Industria energética del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«c) Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados, instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radioactivos.»
Se considera necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, en todo caso, de este tipo de instalaciones en aplicación de los principios de prevención y de precaución y haciendo uso de la facultad de los Estados miembros para establecer normas más estrictas de protección.
Al artículo único, anexo II
Se propone la supresión del apartado g) del grupo 3: Industria energética del anexo II.
Se propone la modificación del apartado c) del grupo 8: Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.»
Se considera necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, en todo tipo de proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, independientemente de su finalidad o de sus características.
Se propone la modificación del apartado b) del grupo 9: Proyectos de tratamiento y gestión de residuos del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«b) Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos o de eliminación de dichos residuos mediante tratamiento químico (como se define en el epígrafe D 9 del anexo II A de la Directiva 75/442/ CEE).»
Se considera necesario, en todo caso, el sometimiento a evaluación de impacto ambiental de este tipo de instalaciones en aplicación de los principios de prevención y de precaución y haciendo uso de la facultad de los Estados miembros para establecer normas más estrictas de protección.
De modificación Se propone la modificación del párrafo noveno del apartado b) del grupo 10: Otros proyectos del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Parques eólicos que tengan 10 o menos aerogeneradores.»
Se propone la modificación, párrafo octavo del apartado b) del Grupo 10: Otros proyectos del anexo I, que quedará redactado de la siguiente forma:
«Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud inferior o superior a 3 kilómetros.»
Se propone la modificación del apartado b) del grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería del anexo II, que quedará redactado de la siguiente forma:
«b) Plantación inicial de masas forestales y talas de masas forestales con propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo.»
Se considera oportuno mantener el texto de la Directiva 97/11/CE.
Se propone la adición de un nuevo apartado d) en el Grupo 1: Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, que quedará redactado de la forma siguiente:
«d) Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva no incluidos en el anexo I.»
Introducir esta categoría de proyectos de conformidad con el texto del anexo II de la Directiva 97/11/CE.
Se propone la adición de un nuevo apartado c) al grupo 7: Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua, que quedará redactado de la siguiente forma:
«c) Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, por largo tiempo, de menos de 15 metros de altura, cualquiera que sea la capacidad.»
Se propone la adición de un nuevo anexo II bis, que quedará redactado de la forma siguiente:
«Anexo II bis.
Los planes y programas de planeamiento y ordenación del territorio y sus modificaciones y, en todo caso, los planes y programas de infraestructuras de transporte, de energía, de industria, de gestión de residuos y de gestión de recursos hídricos.»
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley sobre «Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental (procedente del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre) (núm.
expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2000.-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso De modificación.
Sustituir el apartado a) del grupo 1 del anexo I por la siguiente redacción:
«a) Primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas cuando entrañen riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas.»
Mejora técnica y mayor precisión en el establecimiento del criterio de selección.
PRIMER FIRMANTE: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso De modificación
Sustituir el apartado b) del grupo 1 del anexo II por la siguiente redacción:
«b) Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas (proyectos no incluidos en el anexo I).»
En coherencia con la primera enmienda.
Corregir en anexo I:
i) donde dice «... 20 o más aerogeneradores, ...», sustituir por «...
50 o más aerogeneradores...».
Grupo 8.d), con el siguiente texto [podría pasar a 10.c)].
Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales, siempre que afecten a cauces que atraviesen áreas clasificadas o protegidas por la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o bien humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
Añadir en anexo I:
h) Parques eólicos no incluidos en anexo I.
Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua:
c) Construcción de vías navegables, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cursos naturales no incluidos en anexo I.
Grupo 8.e): Cuya redacción es:
«e) Instalaciones de acueductos de larga distancia, cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la sección cumpla alguno de los supuestos siguientes:
3.o Conducción en canal, cuando el caudal supere los cinco metros cúbicos por segundo.»
Pasarlo íntegramente al grupo 10 (7.o del propio anexo I).
Como consecuencia de lo anterior, el 8.f) pasa a 8.e).
Grupo 7. Añadir:
«c) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos en anexo II).
d) Instalaciones de acueductos de larga distancia (proyectos no incluidos en anexo II).»
Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta dos enmiendas al Proyecto de Ley de Modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental (núm. expte. 121/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2000.- Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental, a los efectos de suprimir el punto dos que introduce una nueva Disposición Adicional del referido texto.
Este punto es lesivo para las competencias de las Comunidades Autónomas que deben poder fijar su propio procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Debe tenerse en cuenta, además, que el propio Real Decreto 9/2000, ya fija las bases de dicho procedimiento. De acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución, el Estado fija las bases de la legislación medioambiental, mientras que las Comunidades Autónomas dictan normas adicionales de protección.
El supuesto contemplado en el punto que se propone suprimir es claramente una norma adicional de protección y, por tanto, corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación del procedimiento a que se hace referencia.
Que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al Proyecto de Ley por el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del impacto ambiental, a los efectos de modificar la letra i) del grupo 3 anexo 1 del referido texto.
«Grupo 3. Anexo 1.
i) Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de dos kilómetros de otro parque eólico.»
La fuente de energía eólica constituye una energía renovable y como tal debe ser objeto de potenciación por parte de los poderes públicos. Se considera que es suficiente con que se sometan a declaración de impacto aquellos parques eólicos que tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a menos de dos kilómetros de otro parque eólico. Debe tenerse en cuenta que la propia norma que es objeto de esta enmienda establece una protección adicional en el grupo 10 del anexo 1, al contemplar que en determinados supuestos los parques eólicos están sometidos a declaración de impacto cuando superan los 10 aerogeneradores.
Al amparo de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Mixto presenta las siguientes enmiendas al Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (expte. núm. 121/000019), a instancia de los Diputados Joan Saura Laporta, de Iniciativa per Catalunya- Verds y José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista).
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2000.-Joan Saura Laporta, José Antonio Labordeta Subías, Diputados.-José Núñez Castain, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PRIMER FIRMANTE: Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto)
Que presentan los Diputados don Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) y don José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista) al Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/ 1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Se añade un nuevo artículo 7 con el siguiente texto:
«Artículo 7. Tipología.
1. Todos los proyectos consistentes en la realización de obras y actividades incluidas en el anexo I de la presente Ley tendrán que someterse, con carácter previo, a su aprobación o autorización, en todo caso, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que concluye con la resolución del órgano ambiental actuante en forma de declaración de impacto ambiental.
2. Todos los proyectos consistentes en la realización de obras y actividades incluidos en el anexo II de la presente Ley tendrán que someterse a la consideración del órgano ambiental competente para que éste decida, caso por caso y mediante decisión motivada y pública, que se ajustará a los criterios establecidos en el anexo III, si la actuación ha de someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y obtener la correspondiente declaración de impacto ambiental.
3. Los planes y programas que figuran en el anexo III de esta Ley habrán de someterse a una evaluación ambiental mediante la correspondiente declaración de impacto ambiental, emitida por el órgano ambiental competente.
Este artículo realiza una división de proyectos, planes y programas distinta a la propuesta en el Proyecto de Ley. Esta división asociada a los tres anexos se corresponde con la voluntad de la propuesta de directiva del Consejo de la UE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Se añade un nuevo artículo 10 con el siguiente texto:
«Artículo 10. Órganos ambientales.
1. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente formular la declaración de impacto ambiental de los proyectos, programas, planes y actividades incluidas en los anexos de esta Ley, que sean de competencia estatal, de acuerdo con los procedimientos que en ella se prevén.
2. Cuando el proyecto, programa, plan o actividad sea competencia de una Comunidad Autónoma, el órgano ambiental será el competente en materia de medio ambiente de esta Comunidad Autónoma.
3. Cuando un proyecto pueda tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea, se seguirá el procedimiento regulado por el Convenio sobre Evaluación de Impacto en el Medio Ambiente en un Contexto Transfronterizo, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, ratificado por España el 1 de septiembre de 1997. El órgano ambiental que intervenga en la evaluación de impacto ambiental de dichos proyectos se relacionará con el Estado afectado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.»
Mejora técnica del redactado existente en el Proyecto de Ley.
Se añade un nuevo artículo 14 con el siguiente texto:
«Artículo 14. Inicio de la Evaluación Ambiental.
1. Los promotores de las actuaciones comprendidas en los anejos I y II tendrán que presentar al órgano ambiental competente, y ante el órgano sustantivo, cuando el proyecto sea privado, la memoria descriptiva de la actuación.
2. En el caso de proyectos o actuaciones incluidas en el anexo II, una vez cumplimentadas las consultas a las que se refiere el artículo 16, el órgano ambiental tiene que resolver sobre la necesidad de someter la actuación proyectada a evaluación de impacto ambiental.
3. A solicitud del promotor del proyecto, la Administración competente pondrá a su disposición los informes y cualquier otra documentación que tenga en su poder cuando estime que pueden resultar de utilidad para la realización del estudio de impacto ambiental.
4. En cualquier caso, el órgano ambiental proporcionará al titular del proyecto, a petición de éste, la información ambiental necesaria respecto a los aspectos concretos que, en atención a cada tipo de proyecto, han de incluirse en el estudio de impacto ambiental.»
Este artículo regula el proceso inicial de la evaluación de impacto ambiental de forma más precisa que el propuesto en el Proyecto de Ley.
Se añade un nuevo artículo 18 con el siguiente texto:
«Artículo 18. Estudio de impacto ambiental.
Los planes y programas, proyectos y actividades que, de acuerdo con esta Ley, se han de someter a evaluación de impacto ambiental tendrán que incluir un estudio de impacto ambiental que se referirá, como mínimo, a los aspectos y determinaciones citados a continuación:
a) Descripción de las características generales del proyecto, de sus acciones y de las exigencias previsibles en el tiempo en relación con la utilización del suelo y otros recursos naturales.
b) Estimación de los tipos y cantidad de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
c) Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.
d) Análisis de las cuestiones ambientales indicadas en las consultas realizadas.
e) Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales clave.
f) Identificación y valoración de impactos, directos e indirectos, tanto de la solución propuesta como de las alternativas sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y arqueológico.
g) Posibles impactos acumulativos o sinergéticos con otros proyectos ejecutados o por ejecutar.
h) Establecimiento y definición de las medidas correctoras adoptadas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales adversos.
i) Programa de vigilancia ambiental.
j) Documento de síntesis que incluye un resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del mismo.»
Este artículo amplía los aspectos que deben incluir las evaluaciones de impacto ambiental a las que se sometan los planes y programas, proyectos y actividades.
Se añade un nuevo artículo 27 con el siguiente texto:
«Artículo 27. Discrepancias.
Si el órgano que ha de resolver la autorización del proyecto discrepa de las determinaciones y condicionantes de la resolución del órgano ambiental, podrá presentar un escrito de alegaciones que motive sus discrepancias ante el órgano ambiental, en el plazo de quince días, contados a partir de la recepción de la citada resolución. Si el órgano ambiental estima las alegaciones, dictará una nueva resolución, modificando la declaración o estimación del impacto. En caso contrario, elevará el expediente al Consejo de Ministros para que resuelva.»
Este artículo regula la resolución de discrepancias entre el órgano que ha de resolver la autorización y el órgano ambiental, que no está definida en el articulado del Proyecto de Ley.
«Disposición adicional segunda. Se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo reglamentario de esta Ley, en especial en relación a los siguientes aspectos:
1. Régimen jurídico de los procedimientos de evaluación ambiental previstos en esta Ley y su armonización con otros requisitos exigidos por disposiciones sectoriales, con el objeto de articular un sistema integrado de las diferentes autorizaciones medioambientales que concurran en una actuación.
2. Acceso público a la información en materia de medio ambiente e implementación de nuevos sistemas de participación pública en los procedimientos de evaluación y autorización ambientales.
3. Creación y regulación del Cuerpo de Agentes Medioambientales.»
Se regulan las acciones ejecutivas que debe realizar el Gobierno para el buen desarrollo de la presente Ley.
«Disposición adicional tercera. En el plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno ha de elaborar un proyecto de Ley sobre la Industria.»
Se regula la presentación de un Proyecto de Ley sobre la industria que debe realizar el Gobierno para el buen desarrollo de la presente Ley.
«Disposición adicional cuarta. Este Real Decreto Legislativo tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23 de la Constitución.»
Sitúa la Ley dentro del articulado del marco constitucional existente.
Se añade una disposición transitoria con el siguiente texto:
«Disposición transitoria primera. Los proyectos públicos que hayan sido ya sometidos a información pública o que, no estando obligados a someterse a dicho trámite, hayan sido ya aprobados en la entrada en vigor de la presente Ley serán revisados en aplicación de los procesos que ésta dispone.
Asimismo, los proyectos privados que se encuentren en trámite de autorización administrativa en la entrada en vigor de la presente Ley también serán revisados en aplicación de los procesos que ésta dispone.»
Se regula la situación de los proyectos existentes en el momento de entrada en vigor de la Ley.
«Disposición transitoria segunda. Se constituirá una comisión de expertos formadas por personas vinculadas a entidades ecologistas, universidades, CSIC u otras personas comprometidas con la protección del medio ambiente y la biodiversidad para que, en el plazo de un año, presenten una propuesta de adaptación al ecosistema del Estado español de la información citada en el anexo III de la presente Ley.
Esta propuesta de adaptación será presentada y, en su caso, aprobada por el Congreso de los Diputados.»
Iniciativa per Catalunya-Verds presentó una queja ante la Comisión de las Comunidades Europeas y la Comisión de Peticiones de la UE -en abril de 1999- por incumplimiento del derecho comunitario del Gobierno español al no trasponer el contenido de la Directiva 97/11/ CE por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la valoración de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Entonces ya afirmábamos que la normativa española debería ser más exigente que la propia directiva por razones derivadas de la fragilidad ecológica de algunos de sus ecosistemas, además de las presiones que sufre el conjunto del territorio del Estado español derivadas de la fuerte presión urbanística. Esta enmienda es coherente con esta denuncia, ya que el anexo III que proponemos está recogido de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, pendiente de aprobación definitiva.
Se añade una disposición derogatoria con el siguiente texto:
«Disposición derogatoria. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley queda derogado el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
En coherencia con las enmiendas presentadas.
Se sustituye el anexo I por el siguiente:
«Anexo I. Proyectos sometidos a evaluación detallada de impacto ambiental.
- Proyectos para destinar terrenos incultos o superficies seminaturales en la explotación agrícola intensiva.
- Proyectos de hidráulica agrícola.
- Instalaciones para cerdos.
- Recuperación de tierras del mar.
2. Industria extractiva:
- Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como al tratamiento y la transformación de amianto y de productos que contengan amianto: Para los productos de amianto-cemento, una producción anual de 20.000 tm de productos acabados; para los recubrimientos de fricción, una producción anual de más de 50 tm de productos acabados; para el resto de usos del amianto, una utilización anual de más de 200 tm.
- Extracciones de minerales diferentes de los metálicos y energéticos, como mármol, arena, grava, pizarra, sal, fosfatos, potasa.
- Extracción de hulla y lignito en explotaciones subterráneas.
- Extracción de hulla y lignito en explotaciones a cielo abierto.
- Extracción de petróleo.
- Extracción de gas natural.
- Extracción de pizarras bituminosas.
- Extracción a cielo abierto de metales diferentes de los metálicos y energéticos.
- Instalaciones de superficies para la extracción de hulla, petróleo, gas natural, minerales, así como pizarras bituminosas.
- Fabriques de coque (destilación seca del carbón).
- Instalaciones destinadas a la fabricación del cemento.
3. Industria energética:
- Refinerías de petróleo crudo, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de, como mínimo, 200 tm de carbón o de pizarra bituminosa al día.
- Centrales nucleares y de otros reactores nucleares, cuya potencia supere 1 kW.
- Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento definitivo o al tratamiento final de residuos nucleares.
- Instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica diferente de la hidroeléctrica, vapor y agua caliente, cuando la potencia sea superior a 1 MW.
- Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas, cuando la longitud de la línea sea superior a 5 km y la potencia sea superior a 100 kW.
- Almacenamiento aéreo de gas natural.
- Almacenamiento subterráneo de gases combustibles.
- Almacenamiento aéreo de combustibles fósiles.
- Aglomeración industrial de hulla y lignito.
- Instalaciones para la producción o el enriquecimiento de combustibles nucleares.
- Instalaciones para la reelaboración de combustibles nucleares irradiados.
- Instalaciones para la recogida y tratamiento de residuos radioactivos.
4. Elaboración de metales:
- Fábricas siderúrgicas, incluidas las fundiciones; fraguas, trefilerías y laminadores.
- Instalaciones de producción, incluidas la fusión, afinado, estirado y laminado de metales no ferrosos, excepto los metales preciosos.
- Embutido y corte de piezas de grandes dimensiones.
- Tratamiento de superficie y revestimiento de metales.
- Calderería, construcción de depósitos y otras piezas de chapistería.
- Construcción y encaje de vehículos automóviles y construcción de motores.
- Instalación para la construcción y reparación de aeronaves.
- Construcción de material ferroviario.
- Embutido de fondos mediante explosivos.
- Instalación de calcinación y sintetizado de minerales metálicos.
5. Industrias químicas.
- Tratamiento de productos intermedios y fabricación de productos químicos.
- Fabricación de plaguicidas y productos farmacéuticos, pinturas y barnices, elastócenos y peróxidos.
- Instalaciones de almacenamiento de petróleo, productos petroquímicos y químicos.
6. Industria de productos alimentarios:
- Industria de grasas vegetales y animales.
- Fabricación de conservas de productos animales y vegetales.
- Instalaciones para la matanza de animales.
- Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado.
- Fábricas de azúcar.
- Fábricas de cerveza y malta.
7. Industria textil, del cuero, de la madera y del papel:
- Fábricas de lavado, desengrasado y blanqueo de la lana.
- Fabricación de tableros de fibras, aglomerados y maderas contrachapadas.
- Fabricación de pasta de papel, papel y cartón.
- Tintados de fibras.
- Fábricas de producción y tratamiento de celulosa.
- Curtidurías.
8. Industria del caucho:
- Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros.
9. Proyectos de infraestructura:
- Trabajos de ordenación urbana y de zonas industriales cuando la superficie alcanzada sea superior a 10 ha.
- Instalaciones de subida y teleféricos.
- Construcción de carreteras, ferrocarriles, vías navegables, puertos (incluidos los puertos pesqueros), aeropuertos y aeródromos.
- Obras de canalización y regulación de cursos de agua.
- Embalses y otras instalaciones destinadas a contener las aguas o almacenar las de forma duradera.
- Instalaciones de oleoductos y gasoductos.
- Instalaciones de acueductos a grandes distancias.
- Puertos turísticos.
- Repoblaciones forestales superiores a 2 ha.
- Todas las obras e instalaciones que se realicen en los espacios naturales protegidos por la legislación.
10. Otros proyectos:
- Pueblos turísticos y complejos hoteleros cuando su superficie sobrepasa las dos ha.
- Instalaciones de incineración, para el vertido y para la disposición del rechazo de residuos especiales y domésticos.
- Estaciones de depuración.
- Depósitos de lodos.
- Almacenamiento de chatarra, cuando la superficie de la instalación sea superior a una ha.
- Instalaciones de descuartizamiento.
11. Actuaciones en ámbitos territoriales protegidos:
- Todas aquellas actividades realizadas dentro de los espacios definidos en el Plan de Espacios de Interés Natural.»
Se sustituye el anexo II por el siguiente:
«Anexo II. Proyectos sometidos a evaluación básica de impacto ambiental.
- Proyectos de ordenación rural.
- Instalaciones para la cría de aves de corral.
- Piscicultura de salmónidos.
- Perforaciones en profundidad, con excepción de las destinadas a estudiar la estabilidad de los suelos, no incluidas en el anexo 1, y, en particular, las de abastecimiento de agua cuando el caudal sea superior a 100 litros/segundo.
- Instalaciones industriales para la producción de energía eléctrica (diferentes de la hidroeléctrica), vapor y agua caliente, cuando la potencia sea superior a 0,1 MW y no sobrepase el valor de 1 MW.
- Instalaciones para el transporte de energía eléctrica cuando la longitud de la línea sea superior a 2 km e inferior a 5 km.
4. Industrias de productos alimentarios:
- Fábricas de productos lácteos.
- Confiterías y fábricas de jarabes.
5. Proyectos de infraestructura:
- Trabajos de ordenación de zonas industriales cuando la superficie alcanzada sea superior a 2 ha y no sobrepase el valor de 10 ha.
- Trabajos de ordenación urbana cuando la superficie alcanzada sea superior a 2 ha y no sobrepase el valor de 10 ha.
- Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas análogas de tipo particular que sirvan exclusivamente o principalmente para el transporte de personas.
6. De otros proyectos:
- Pistas permanentes de carreras y pruebas de automóviles y motocicletas.
- Bancos de pruebas de turbinas, motores y reactores.
- Fabricación, acondicionamiento o carga de material explosivo.»
Se añade un nuevo anexo III con el siguiente texto:
«Anexo III. Información a la que se refiere el artículo 7.
Información sobre los siguientes aspectos:
1. Contenido y objetivos principales del plan y programa.
2. Características ambientales de todas las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa por el plan o programa.
3. Cualquier problema ambiental existente relacionado con el plan o programa, incluidos los relativos a las zonas que revistan particular importancia ambiental, como las zonas designadas con arreglo a las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
4. Objetivos de protección ambiental establecidos a escala internacional, comunitaria y nacional (incluidos los establecidos en otros planes y programas de igual nivel jerárquico) que guarden relación con el plan o programa y la forma en que dichos objetivos y cualquier otra consideración ambiental se han tenido presentes en la elaboración del mismo.
5. Repercusiones ambientales importantes que pueda tener el plan o programa.
6. Todas las formas alternativas de alcanzar los objetivos del plan o programa que se hayan considerado durante su elaboración (como otros tipos de proyectos u otras localizaciones para el mismo proyecto) y los motivos por los cuales no se han adoptado.
7. Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier repercusión negativa importante del plan o programa en el medio ambiente.
8. Dificultades (deficiencias técnicas, falta de conocimientos, ...) a la hora de recabar la información solicitada.»
Se añade un nuevo artículo 23 con el siguiente texto:
«Artículo 23. Participación.
1. En los procedimientos para la tramitación de los estudios de impacto se adoptarán las medidas necesarias para que las instituciones que puedan estar interesadas en el proyecto, debido a su responsabilidad específica en materia de medio ambiente, tengan posibilidad de emitir su dictamen sobre la solicitud de autorización.
2. Igualmente, tendrá que quedar garantizada la participación en el procedimiento de cualquier persona física o jurídica que lo solicite, articulándose nuevos sistemas de participación pública que permitan la incorporación de los ciudadanos a los procedimientos con incidencias medioambientales.»
Este artículo establece un marco amplio de información y de participación en el procedimiento. La ampliación de la participación procedimental en las valoraciones de impacto ambiental es un elemento clave para llegar a un procedimiento de transparencia y de calidad.
Se añade un nuevo artículo 24 con el siguiente texto:
«Artículo 24. Información y divulgación.
1. Cualquier persona física o jurídica, sin necesidad de probar un interés determinado, tiene garantizada la libertad de acceso a la información sobre medio ambiente disponible en forma escrita, visual, sonora o de base de datos que obren en poder de la Administración y que se refieren a la situación del medio ambiente, las actividades o medidas que afecten o puedan afectar al medio ambiente, así como las destinadas a protegerlo.
2. El Gobierno tiene que establecer una estrategia global de divulgación de la información en materia de medio ambiente que asegure que la información en poder de los organismos con responsabilidades públicas en la materia se comunique al público de forma activa, mediante la publicación periódica de informes, así como la creación de bloques informativos sobre aspectos ambientales a los medios de comunicación y otros sistemas divulgativos.»
Este artículo regula el proceso de información, que no está recogido en el articulado del Proyecto de Ley.
Que presentan los Diputados don Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) y don José Antonio Labordeta (Chunta Aragonesista)al Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Se añade un nuevo artículo 25 con el siguiente texto:
«Artículo 25. Tramitación.
1. Con carácter previo a la resolución administrativa que sea necesario adoptar para la realización o autorización del proyecto, obra, instalación o actividad, el órgano competente por razón de la materia librará el expediente al órgano ambiental, junto con el resultado de la información pública y las observaciones que crea oportunas.
2. El órgano ambiental actuante, en el plazo de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente, evaluará los estudios y formulará la declaración de impacto ambiental, en la cual se determinarán las condiciones que hayan de establecerse para la protección adecuada del medio ambiente y los recursos naturales.
3. En caso de que el estudio de impacto ambiental presentase defectos enmendables de forma, omisión u otros, el órgano ambiental lo comunicará al interesado, que habrá de presentar las enmiendas o adiciones que considere oportunas en el plazo de diez días, transcurridos los cuales la declaración de impacto se realizará atendiendo la documentación del expediente.
4. La declaración de impacto, con las condiciones que puedan establecerse, será dirigida al órgano competente, que dictará la resolución administrativa que corresponda.»
Este artículo regula el proceso de tramitación, que no está recogido en el articulado del Proyecto de Ley.
Se añade un nuevo artículo 26 con el siguiente texto:
«Artículo 26. Declaración de impacto ambiental.
1. La declaración de impacto ambiental es un acto administrativo en el que se recogen los criterios del órgano ambiental actuante, a la vista del estudio de impacto presentado. Su contenido se fijará reglamentariamente.
2. La declaración de impacto ambiental determinará, sólo a efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar la actuación sometida a evaluación y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que ha de realizarse la ejecución y explotación del proyecto y las medidas para evitar, reducir y compensar los efectos negativos. En caso contrario, exigirá, de forma motivada, que se modifique el proyecto o se utilicen tecnologías alternativas, o propondrá una localización, o lo calificará negativamente si las alteraciones previsibles no se consideran admisibles.
3. Las condiciones a las que se refiere el apartado anterior habrán de adaptarse a las innovaciones aportadas por el progreso científico y técnico que alteren la actividad autorizada, excepto que por su incidencia en el medio resulte necesaria una nueva evaluación del impacto.
4. La resolución de los procedimientos de evaluación incluirá las prescripciones pertinentes sobre la forma de realizar el seguimiento de las actuaciones, de conformidad con el programa de vigilancia ambiental.»
Este artículo define la declaración de impacto ambiental, que no está definida en el articulado del Proyecto de Ley.