Source: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006D1673
Timestamp: 2017-04-30 07:35:27
Document Index: 31273572

Matched Legal Cases: ['artículo 110', 'artículo 168', 'artículo 113', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3']

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OJ L 315, 15.11.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 255 - 258Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 255 - 258
15.11.2006 ES
o 1673/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
La normalización europea es una actividad de carácter voluntario desarrollada por y para las propias partes interesadas que deseen establecer normas y otros productos de normalización en respuesta a sus necesidades. Estos productos de normalización son establecidos por el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI en su acrónimo inglés), organismos que figuran en el anexo I de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (3), denominados en lo sucesivo «organismos europeos de normalización».
La Directiva 98/34/CE prevé que, previa consulta al Comité por ella creado, la Comisión puede dirigir solicitudes de normalización a los organismos europeos de normalización. Las relaciones de asociación entre, por una parte, el CEN, el Cenelec y el ETSI y, por otra, la Comisión y la Asociación Europea de Libre Comercio, que interviene asimismo en apoyo de la normalización europea, vienen fijadas en las Directrices Generales para la Cooperación (4) de 28 de marzo de 2003.
Es necesario que la Comunidad contribuya a la financiación de la normalización europea a la vista del provechoso papel que esta desempeña en apoyo de su legislación y de sus políticas. Por una parte, la normalización europea contribuye al funcionamiento y a la consolidación del mercado interior, gracias, sobre todo, a las directivas llamadas de «nuevo enfoque» en los sectores de la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente y de los consumidores, así como a garantizar la interoperatividad en ámbitos como el transporte. Por otra parte, la normalización europea ayuda a mejorar la competitividad de las empresas al facilitar, en particular, la libre circulación de bienes y servicios, la interoperatividad de las redes y los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico y la innovación en campos como las tecnologías de la información. Conviene, pues, incluir en la presente Decisión la financiación de las actividades de normalización europea en el ámbito de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, regulado, especialmente, por la Decisión 87/95/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones (5).
Es necesario disponer de un fundamento jurídico explícito, completo y detallado para la financiación por parte de la Comunidad Europea de todas las actividades de normalización europea necesarias para la puesta en práctica de sus políticas y la aplicación de su legislación.
Debe velarse por que las pequeñas y medianas empresas, en particular las pequeñas empresas, las microempresas y las empresas artesanales, puedan aplicar las normas europeas. En consecuencia, es importante concebir y adaptar esas normas en función de las características y del entorno de dichas empresas.
La financiación comunitaria debe tener como fin establecer normas u otros productos de normalización, facilitar su utilización por parte de las empresas mediante la traducción a las distintas lenguas oficiales comunitarias, reforzar la cohesión del sistema europeo de normalización y asegurar el acceso transparente y equitativo a las normas europeas para todos los operadores del mercado en el territorio de la Unión Europea. Ello es especialmente importante en aquellos casos en los que el uso de las normas permite el cumplimiento de la legislación comunitaria.
Los créditos asignados a las actividades de normalización europea deben ser fijados cada año por la Autoridad Presupuestaria dentro del límite de una dotación financiera indicativa para el marco financiero correspondiente y ser objeto de una decisión anual de la Comisión en la que se fijen los importes y, en su caso, los porcentajes máximos de cofinanciación por tipo de actividad.
Habida cuenta del amplísimo ámbito de intervención de la normalización europea en apoyo de las políticas y de la legislación comunitarias, y de los diferentes tipos de actividades de normalización, conviene prever diferentes modalidades de financiación. Se trata principalmente de subvenciones sin necesidad de una convocatoria de propuestas para los organismos europeos de normalización, conforme a lo dispuesto en el artículo 110, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6), denominado en lo sucesivo el «Reglamento financiero», y en el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 (7).
Además, deben aplicarse las mismas disposiciones a aquellos organismos que, si bien no están reconocidos como organismos europeos de normalización con arreglo al anexo I de la Directiva 98/34/CE, han recibido el mandato en un acto de base y han sido encargados de realizar un trabajo preparatorio de apoyo a la normalización europea en cooperación con los organismos europeos de normalización.
Se alienta a los Estados miembros a que aseguren una financiación nacional adecuada de los trabajos de normalización.
Por otra parte, en la medida en que los organismos europeos de normalización respaldan de forma continua las actividades comunitarias, conviene que dispongan de secretarías centrales eficaces y efectivas. Por consiguiente, la Comisión ha de poder conceder subvenciones a estos organismos que persiguen un objetivo de interés general europeo sin tener que aplicar, en el caso de subvenciones de funcionamiento, el principio de degresividad contemplado en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento financiero. Para que los organismos europeos de normalización puedan funcionar adecuadamente es preciso, además, que sus miembros nacionales cumplan sus obligaciones por lo que respecta a las contribuciones financieras al sistema europeo de normalización.
La financiación de las actividades de normalización debe ser capaz de abarcar asimismo actividades preparatorias o accesorias al establecimiento de las normas u otros productos de normalización. Se trata, sobre todo, de los trabajos de investigación, de la elaboración de documentos preparatorios con vistas a la adopción de instrumentos legislativos, de la realización de ensayos interlaboratorios y de la validación o de la evaluación de las normas. Además, la promoción de la normalización a escala europea e internacional ha de poder incluir la realización de programas de cooperación y de asistencia técnica con terceros países. A fin de mejorar el acceso a los mercados y de reforzar la competitividad de las empresas de la Unión Europea conviene, pues, prever la posibilidad de conceder subvenciones a otras entidades en el marco de convocatorias de propuestas o, en su caso, de la adjudicación de contratos.
La Comisión y los organismos europeos de normalización firman regularmente convenios de asociación a fin de establecer las reglas administrativas y financieras relativas a la financiación de las actividades de normalización de conformidad con el Reglamento financiero. Se debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo del contenido de tales convenios.
Habida cuenta de la especificidad de los trabajos de normalización y, en particular, de la importante participación en el proceso de normalización de las distintas partes interesadas, conviene aceptar la posibilidad de que la cofinanciación de las actividades de elaboración de las normas europeas u otros productos de normalización que sean objeto de una subvención comunitaria pueda ser aportada en forma de contribuciones en especie, por ejemplo facilitando expertos.
A fin de garantizar una aplicación eficaz de la presente Decisión, es conveniente que se pueda recurrir a la pericia necesaria, en particular en materia de auditoría y gestión financiera, así como a los medios de apoyo administrativo que puedan facilitar la ejecución, y evaluar con regularidad la pertinencia de las actividades que son objeto de la financiación comunitaria para garantizar su utilidad y su impacto.
Conviene asimismo adoptar las medidas apropiadas para evitar los fraudes e irregularidades y recuperar los fondos indebidamente pagados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (8), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (9), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (10).
la producción y la revisión de las normas europeas o de cualquier otro producto de normalización necesario y conveniente para la ejecución de las políticas y la aplicación de la legislación de la Comunidad;
la realización de trabajos preparatorios o accesorios a la normalización europea, como estudios, programas, evaluaciones, análisis comparativos, trabajos de investigación, trabajos de laboratorio, ensayos interlaboratorios y trabajos de evaluación de la conformidad;
las actividades de las secretarías centrales de los organismos europeos de normalización, tales como el desarrollo de las políticas, la coordinación de las actividades de normalización, el procesamiento del trabajo técnico y la puesta de la información a disposición de las partes interesadas;
la verificación de la calidad y de la conformidad con la legislación y las políticas comunitarias pertinentes de las normas europeas o de cualquier otro producto de normalización;
la traducción, en su caso, de las normas europeas o de cualquier otro producto europeo de normalización utilizados en apoyo de las políticas y de la legislación de la Comunidad a las lenguas oficiales comunitarias que no sean las lenguas de trabajo de los organismos europeos de normalización, la elaboración de documentos de explicación, interpretación y simplificación de las normas, así como la elaboración de guías de uso y de mejores prácticas;
las actividades con vistas a llevar a cabo programas de cooperación y asistencia técnica con terceros países y la promoción y la valorización del sistema europeo de normalización y de las normas europeas entre las partes interesadas de la Comunidad y del resto del mundo.
mediante la concesión de subvenciones, sin necesidad de una convocatoria de propuestas, a los organismos europeos de normalización, para la realización de las actividades mencionadas en el artículo 3 y a las entidades que hayan recibido el mandato en un acto básico, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento financiero, para la realización, en colaboración con los organismos europeos de normalización, de los trabajos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la presente Decisión;
mediante la concesión de subvenciones, tras la realización de una convocatoria de propuestas o procedimientos de contratación pública, a otras entidades para la realización, en colaboración con los organismos europeos de normalización, de los trabajos de normalización mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra b), o de los programas mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra f).
(1) DO C 110 de 9.5.2006, p. 14.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de mayo de 2006 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 18 de septiembre de 2006.
(4) DO C 91 de 16.4.2003, p. 7.
(5) DO L 36 de 7.2.1987, p. 31. Decisión modificada por el Reglamento (CE) no 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
(7) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1248/2006 (DO L 227 de 19.8.2006, p. 3).
(8) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.