Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-215-07.htm
Timestamp: 2017-10-23 22:42:14
Document Index: 85565530

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 44', 'artículo 82', 'artículo 44', 'artículo 237', 'artículo 245', 'artículo 30', 'artículo 82', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 31']

C-215-07
Sentencia C-342/06
El ciudadano Christian Felipe Patarroyo Corredor demanda la inconstitucionalidad de la expresión “o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos” contenida en el artículo 82 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que la misma vulnera los artículos 44, 45 y 67 de la Constitución Política.
Sostiene el actor que con la expresión acusada se está desconociendo el derecho a la educación de que son titulares los niños, al permitir su contratación a pesar de que no les haya sido suministrada la educación primaria. Advierte que el mismo artículo 44 superior establece que los niños gozarán igualmente de los demás derechos consagrados tanto en la Constitución como en las leyes y “en los tratados internacionales ratificados por Colombia”, entre los cuales se encuentra la Convención de sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo primero señala que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, con la única salvedad de que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Encuentra el demandante que con la expresión acusada del artículo 82 del Código Sustantivo del Trabajo se está violando el artículo 44 superior, así como lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que, en virtud de su ratificación por parte de Colombia, implica para el país el compromiso de impartir la enseñanza primaria obligatoria, sin que resulte viable concluir que, de los términos consignados en tal Convención, pueda entenderse que la educación impartida en las escuelas primarias pueda presumirse mediante “conocimientos equivalentes” que puedan ser tenidos en cuenta a la hora de celebrar un contrato de aprendizaje.
Además de lo anterior, encuentra la Academia que el demandante confunde dos nociones tanto gramatical como jurídicamente diferentes, como son el contrato de aprendizaje y el contrato de trabajo y afirma que “si la argumentación del memorialista tuviera alguna validez pese a confundir las nociones y contenidos de aprendizaje y trabajo, las cuatro horas diarias y las 24 horas semanales permitidas para el trabajo (no para el aprendizaje) en nada perturbaría la pretendida protección legal que se reputa inconstitucional”.
De otra parte, la Academia considera que hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 237 del Código del Menor (D.L. 2737 de 1989), que dispone que “Se entiende por menor trabajador en condiciones no autorizadas por la ley al menor de doce (12) años en cualquier caso de ocupación laboral y a quien, siendo mayor de esta edad pero menor de dieciocho (18) años, fuera de las excepciones contempladas en este Título, desempeñe actividades laborales expresamente prohibidas por la ley”. A juicio de la Academia, la norma transcrita implica que la disposición acusada, aun en el evento de que estuviera vigente, no contempla los trabajos prohibidos en el artículo 245 del aludido Código del Menor, razón por la cual no existiría violación de norma alguna.
Sostiene la Academia que aprender un oficio o profesión – que es lo que permite la disposición acusada – no comporta vulneración alguna de la Constitución, ni de los tratados internacionales, ni del derecho laboral colombiano, ya que el aprendiz no es un trabajador.
Advierte la Universidad que “si bien la regulación fue total y por ende existe doctrina respetable que concluye que de manera tácita la ley 189 de 1959 fue derogada, también puede considerarse que como quiera que la disposición demandada no fue regulada ni es contraria a la norma posterior, la misma se encontraría vigente y, por lo tanto, puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad” y que es bajo ese entendido que procede a emitir el respectivo concepto.
Además, anota el Ministerio Público que las normas de derecho laboral son de orden público y, por tal razón, tienen un efecto inmediato. Al respecto de esta afirmación, en el caso concreto, la misma Ley 789 de 2002 dispuso expresamente en el artículo 30, parágrafo transitorio, que “Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato”.
Ahora bien. Debe precisar la Corte, que en este caso si bien el actor demanda todo el artículo 82 del Código Sustantivo del trabajo, subrogado por el artículo 2º de la Ley 188 de 1959, el cargo solo alude a la edad mínima para tener derecho a la educación, relacionada con la expresión “o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ello”.
[1] Ver, entre otras, la Sentencia C-857 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Sentencia C-379 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[2] Sentencia C-159/04, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En este proceso se declaró la exequibilidad de los artículos 71 y 72 del Código Civil, por los cargos de la demanda. Los artículos impugnados consagran las clases de derogación: expresa y tácita.
[3] Entre otras ver las sentencias C-857/05, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, que reitera las sentencias C-159/04. M.P Alfredo Beltrán Sierra, y, Sentencia C-443/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] Para reglamentar la Ley 789 de 2002, el gobierno nacional expidió el Decreto 933 de 2003, en cuyo artículo 3º. se establece: “Edad mínima para el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje podrá ser celebrado por personas mayores de 14 años que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir, saber leer y escribir, sin que exista otro límite de edad diferente al mencionado, como lo señala el artículo 2º. de la Ley 188 de 1959”.
[5] En el literal d) del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, que se refiere al nivel semicalificado de aprendices, se establece que “para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen de, o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia”.