Source: https://asociacionsolcom.org/informe_solcom_2011/Anexo_2_Recomendaciones_al_estado_espanol/
Timestamp: 2017-04-28 23:38:14
Document Index: 24220066

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 27', 'Artículo 29']

Anexo II. Recomendaciones del Comité de la ONU al estado español. - SOLCOM
Anexo II. Recomendaciones del Comité de la ONU al estado español. Informe SOLCOM 2011Anexo II. Recomendaciones del Comité de la ONU al estado español.
19-23 Septiembre 2011
Conclusiones de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 35 de la Convención
Artículos 1 y 4: Principios generales y obligaciones
El Comité recomienda al Estado Parte que ponga en conocimiento el sistema de arbitraje recogido en la ley 49/2007, del 26 de diciembre de 2007; que aumente el nivel de asistencia jurídica gratuita, y que asegure la regulación de las infracciones y sanciones a nivel de los gobiernos regionales.
El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas concretas para: asegurar la participación activa de las personas con discapacidad en los procesos públicos de toma de decisiones a nivel regional; y para incluir a los niños con discapacidad en todos los niveles
El Comité recomienda al Estado Parte la abolición de la distinción hecha en la Ley 2 / 2010, a cerca del período permitido por la ley dentro del cual se puede interrumpir un embarazo, basándose únicamente en una discapacidad.
Artículo 5: La igualdad y la no discriminación
El Comité insta al Estado Parte a ampliar la protección de la discriminación por motivos de discapacidad para cubrir explícitamente la discapacidad múltiple, discapacidad percibida y la asociación con una persona con una discapacidad, y para garantizar la protección contra la denegación de ajustes razonables, como una forma de discriminación, independientemente del nivel de discapacidad. Además se debe facilitar una orientación, sensibilización y formación sobre el concepto de ajustes razonables y prevención de la discriminación para asegurar una mejor comprensión por todas las partes interesadas, incluidas las personas con discapacidad.
Tenga en cuenta de una manera más global a las mujeres con discapacidad en los programas y políticas públicas en materia de prevención de la violencia de género, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a un sistema de respuesta eficaz e integrado;
Incluya una perspectiva de género en las políticas de empleo, y especialmente medidas específicas para las mujeres con discapacidad;
Elabore y desarrollar estrategias, políticas y programas, especialmente en el campo de la educación, el empleo, la salud y la protección social, para promover la autonomía y la plena participación de las mujeres y las niñas con discapacidad en la sociedad, y para combatir la violencia contra ellas.
Incremente los esfuerzos para promover y proteger los derechos de los niños con discapacidad, y lleve a cabo investigaciones sobre la violencia contra los niños con discapacidad, adopte medidas para erradicar la infracción y violación de sus derechos,
Establezca políticas y programas que garanticen el derecho de los niños con discapacidad a expresar sus propios puntos de vista,
Desarrollar políticas públicas coordinadas con recursos suficientes para garantizar un acceso inclusivo a los servicios de apoyo que incluyan información terapéutica, servicios de rehabilitación y habilitación, y la asistencia, que cubra la salud y las necesidades psicosociales y educativas de los niños con discapacidad, especialmente durante la primera infancia.
Artículo 8: Sensibilización
El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas proactivas para mejorar el conocimiento de la Convención y su Protocolo Facultativo en todos los niveles, en particular entre la judicatura y la abogacía, los partidos políticos, parlamentarios y funcionarios gubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación, las personas con discapacidad, así como al público en general.
El Comité recomienda que se proporcionen los recursos financieros y humanos asignados tan pronto como sea posible para implementar, promover y vigilar el cumplimiento de la legislación de accesibilidad a través de medidas nacionales, así como mediante la cooperación internacional.
Artículo 10: Derecho a la vida
El Comité pide al Estado Parte que asegure que el consentimiento informado de todas las personas con discapacidad está garantizado en todos los asuntos relacionados con el tratamiento médico, especialmente la retirada del tratamiento, de la nutrición u otras formas de soporte vital.
Artículo 11: Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
El Comité insta al Estado Parte a que revise sus leyes y políticas relacionadas con las situaciones de emergencia con el fin de incluir disposiciones que garanticen la seguridad y la protección de las personas con discapacidad.
El Comité recomienda que el Estado Parte revise sus leyes que permiten la privación de libertad por motivos de discapacidad, incluida la mental, psicológica o intelectual; revoque las disposiciones que autorizan el internamiento involuntario relacionado con una discapacidad aparente o diagnosticada; y adopte medidas para asegurar que los servicios de salud, incluyendo todos los servicios de salud mental, se basen en el consentimiento informado del interesado.
Artículo 17: Integridad de la persona
El Comité insta al Estado Parte a abolir la administración de tratamiento médico sin el consentimiento pleno e informado de la paciente, en particular, la esterilización, y garantice que la legislación nacional respete especialmente los derechos de la mujer recogidos en los artículos 23 y 25 de la Convención.
Artículo 19: Vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad
El Comité insta al Estado Parte a asegurar la disponibilidad de un nivel adecuado de financiación para garantizar que las personas con discapacidad: disfruten de la libertad de elegir su residencia en igualdad de condiciones con los demás, accedan a una amplia gama de servicios en el hogar, en residencias y otros servicios comunitarios para la vida cotidiana, incluida la asistencia personal; y así disfruten de un alojamiento razonable para su mejor integración en la comunidad.
El Comité alienta al Estado Parte a ampliar el recurso de asistencia personal a todas las personas con discapacidad de conformidad con sus necesidades.
El Comité reitera que la denegación de ajustes razonables constituye una discriminación y el deber de realizar los ajustes razonables es de aplicación inmediata y no es susceptible de realización progresiva. Recomienda al Estado Parte a:
Incrementar sus esfuerzos para realizar los ajustes razonables en educación, la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para aplicar el derecho a la educación inclusiva; prestando especial atención a estudiar la disponibilidad de profesores con cualificación de especialista; y garantizando que los departamentos educativos de los gobiernos locales entiendan sus obligaciones bajo la Convención y actúen en conformidad con sus disposiciones;
Asegúrese de que la decisión de derivar a los niños con discapacidad a una escuela especial o a clases especiales, o de ofrecer únicamente un programa de estudios estándar reducido, es tomada bajo consulta con los padres;
Asegurar que los padres de niños con discapacidad no estén obligados a pagar por la educación o por las medidas de ajustes razonables en las escuelas regulares;
Asegurar que las decisiones sobre la derivación de los niños a ambientes segregados pueden ser recurridas de manera rápida y eficaz.
Artículo 27: Derecho al trabajo
El Comité recomienda al Reino de España el desarrollo de programas abiertos y avanzados para aumentar las oportunidades de empleo para mujeres y hombres con discapacidad.
Artículo 29: Participación en la vida política y pública
El Comité recomienda que toda la legislación pertinente sea revisada para asegurar que todas las personas con discapacidad, independientemente de su discapacidad, condición jurídica o lugar de residencia tengan derecho a votar y participar en la vida pública, en igualdad de condiciones con los demás. El Comité pide al Gobierno de España para que modifique el art. 3 de la Ley Orgánica 5 / 1985 que permite la denegación del derecho a votar sobre la base de las decisiones individuales tomadas por el juez. La enmienda debe asegurar que todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar. Además, se recomienda que todas las personas con discapacidad que son elegidos para un cargo público cuenten con todo el apoyo necesario, incluyendo los asistentes personales.
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