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Timestamp: 2020-07-10 07:34:13
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“JUSTICIA” PARA LOS UNIFORMADOS PELOTUDOS*
“JUSTICIA” PARA LOS VIVOS**
Como bien expresaba el corrupto ex juez federal NORBERTO OYARBIDE jubilado de privilegio, gracias a MAURICIO MACRI, “Acá van presos los pelotudos…y los pobres”. Estando ilegalmente imputado por los mal llamados delitos de lesa humanidad y en el cuarto año de prisión preventiva, más que evidente que yo soy uno de esos insalvables pelotudos.
Día a día, obligado a hacerlo en forma individual producto de la desunión nuestra, lucho como otros, nada más que escribiendo, contra una justicia corrupta que no es justicia y que se ensaña, a como dé lugar, con quienes usamos uniformes en los años 70. Del otro lado -el de los “vivos” -están los MENEM, los KIRCHNER, los BOUDOU, los TIMERMAN, etc. y aquellos que con iguales o mayores imputaciones que uno, no van presos ni por casualidad. Por ello el día cinco, iniciada mi ampliación de indagatoria ante el juez WALTER LÓPEZ DA SILVA y el fiscal ANTONIO CASTAÑO, les expresé: “Que me hubiera gustado tener la misma justicia que Sierra, Girotti, Montezanti, Massót y Rosas. Sé que no es ético que yo mencione a esta gente que está en libertad, pero tampoco es ético o considero ético que yo esté en este lugar”. Atilio Rosas un verdadero falaz malparido habiendo sido jefe mío se encuentra sobreseído y libre por falta de mérito, gracias a la evidente protección judicial que oportunamente mostraré.
UN EX JUEZ CAMARISTA Y UNA SECRETARIA
Pintoresco es el caso del imputado ex Juez Federal Presidente de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, NESTOR MONTEZANTI, quien hoy es también un jubilado de privilegio. En marzo de 2016 el presidente MAURICIO MACRI y el ministro GERMÁN GARAVANO mediante el decreto 427/2016 le habían aceptado su renuncia estando acosado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
¡Oh casualidad! ayer me acabo de enterar que el próximo viernes 16 será indagado por DA SILVA lo cual no tiene nada de pintoresco si no fuera porque su actual Secretaria es la doctora ANABELA MACEDO. Fue justamente MONTEZANTI quien solicitó en 2010 la designación de MACEDO en la Cámara a su cargo y quien decidió sus posteriores ascensos. Luego el 24 de mayo de 2017 fue RICARDO LORENZZETTI -el defensor de “las políticas de estado”- el que la designara como Secretaria de DA SILVA. ¿No es maravillosamente pequeño este mundo?
VENGANZA DE MUJER Y CHAMPAGNE
El día de mi comparendo al juzgado tuve oportunidad de conocer a esta señora, e imprudentemente como actúo desde que fui “engarronado” judicialmente, le pregunté si ella había sido la Secretaria de MONTEZANTI. Con mala cara, corrigió: “De la Cámara”, por supuesto la pregunta por parte de un subhumano no había sido de su agrado. Luego vino mi declaración en donde volví a nombrar al ex togado, su ex jefe. Finalizada la misma solicité una copia y allí llegó la venganza de la funcionaria. Debimos esperar más de una hora y media hasta el cierre del juzgado (14.00 hs.) para recibir la misma. Con mi esposa sonriendo, salimos a la calle, donde la temperatura llegaba a los 40 grados. Por rutas emparchadas y rotas, símbolo de un país rico empobrecido por sus dirigentes, regresamos a Pinamar. Era la hora de la cena, descorchamos champagne y prontamente olvidamos a quienes nunca hubiéramos querido conocer. Lo necesitábamos.
“¡Champagne!
En la victoria lo mereces,
en la derrota lo necesitas”
*Modismo Argentino. Adjetivo para decir que alguien es más que idiota, estúpido, etc. O que no es inteligente.
** Que aprovecha las circunstancias en beneficio propio.
COPIA DE LA DESIGNACIÓN DE LA DOCTORA ANABELA SOLEDAD MACEDO COMO SECRETARIA EN EL JUZGADO FEDERAL UNO (JUEZ WALTER LÓPEZ DA SILVA) EN MAYO DE 2017 FIRMADA POR EL DOCTOR RICARDO LORENZETTI CÉLEBRE EN “POLÍTICAS DE ESTADO”.
El Dr. Fanego, hoy 22.35 hs, en el programa radial “Acá no se rinde nadie”
Hoy, Lunes 12 de Marzo 2018 en el programa “Aca no se Rinde Nadie”, que se emite a las 22:35 Hs, por radio FM de las Américas, FM 89,5, y conducido por Luis Allegrini, éste entrevistará al Dr. Guillermo J. Fanego, Abogado Defensor de presos políticos y Presidente de la “Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica”.
¡¡¡SÍ a la Historia NO al relato!!!… voz para quien no tienen voces… Como se trata de una radio FM de Bahía Blanca, se sugiere escucharlo por Internet en:
COPIA DEL INFORME AL FINALIZAR EL SEMINARIO EN EL REINO DE ESPAÑA – MADRID –
Habla el Almirante ARA (R) Don Enrique Molina Pico.
San Isidro – Argentina el 1ro Noviembre y luego en Diciembre 2.017 en España.
Con el dolor en el alma por el San Juan, pero sin poder hacer nada más que rezar, paso a contarles el avance de mi trabajo en Madrid, tal como estaba previsto, el seminario organizado por la Universidad Complutense con la colaboración del Ministerio de Defensa de España, que entre otras cosas destinó cinco generales, yo los encuadraría en un cuerpo de auditores, pues todos eran abogados con cargos afines a una orgánica que tiene esos auditores como un cuerpo único.
Se desarrolló los días 15, 16 y 17 de 0930 a 1700/1730 con un promedio de 5 exposiciones por día.
El tema era algo así como “Justicia militar, DDHH y democracia”.
Expuse durante 45′ sobre la base del trabajo que había preparado y que adapté para entrar en tiempo, agregando y quitando temas según sentí el aire, pues fui el 5° orador del primer día.
Expositores había de España, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Méjico, Portugal y Argentina, pues además de mí estuvo el Dr. Alejandro Gómez, Subsecretario de Educación del Min. de Defensa.
Asistentes permanentes todos los expositores + la mitad de los militares y unos 50 alumnos de derecho que asistían a la 1a. “cátedra de derecho militar” creada por la UCM y Def.
Inicié la exposición anunciando que sería un disidente cuadrado en un mundo redondo, o viceversa, si así lo preferían, cambiando el eje de toda la presentación, de suaves teorías del derecho a los resultados del “derecho aplicado en nuestro país”, pues presenté el desolador panorama de los presos y las causas, explicando que los DDHH también deberían ser para ellos y mostrando la bestialidad de las cifras, dije que era éticamente insostenible y que a mi juicio era el principal problema que tendría el Pte. Macri, pues los presos también sabían que el Pte. era su Comandante en Jefe.
La situación fue de una sorpresa total, tanto que algunos dudaron –(de las cifras)- y solamente después de confrontarlas tomaron conciencia de la realidad-
Dejando la modestia de lado, el resultado fue muy superior al que me imaginé, me fotografié con profesores, generales, expositores y alumnos, todos sorprendidos por las cifras.
Las opiniones de los oyentes podrían resumirse en la frase:
¿Cómo el nuevo gobierno no terminó con todo esto?
1- La situación argentina es totalmente desconocida, aun por quienes por el nivel y el cargo, algo deberían conocer- (Nivel Tribunal Supremo Brasileño, generales, etc.)
Todos me pidieron los datos, especialmente la Ministro del Tribunal Supremo de Brasil y el general chileno (abogado). Me comprometí a enviarles el texto arreglado. Será publicado por la universidad.
2- Otras que sirven para análisis:
a-Todos los países tienen justicia militar, mayor o menor, excepto la Argentina que no tiene nada.
b- La justicia transicional les parece normal y correcto a los europeos, lo mismo que la primacía total de la justicia internacional y sus fallos sobre las nacionales. Asombró el último fallo de la Corte en sentido contrario.
c- Colombia va siguiendo nuestro camino.
3- Yo divulgaré en la Universidad y en algunas revistas militares y entre quienes fueron mis compañeros, pero la situación da para más.
Les agrego uno de los últimos borradores del trabajo, pienso pasar a anexos, lo de Malvinas y la guerra antiterrorista (hoy es usado más que antisubversivo) y agregar un anexo de la evolución política 1930-hoy. (Hecho)
E.M.P..
Objetivo: Este trabajo intenta mostrar como una institución, la justicia militar, que tenía que ser actualizada y mejorada, fue modificada y luego anulada por razones políticas, sin relación con el problema de fondo. Se describe su evolución y las consecuencias. Por ser ésta una audiencia no argentina, incluyo una breve relación de la guerra de Malvinas[1] y de la guerra antiterrorista[2] pues ambas incidieron fuertemente en la situación política nacional y una cronología de los gobiernos argentinos según sus orígenes[3].
EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 1983-2017
Analizando el título en su completez, podrían surgir de él dos conclusiones, la primera de ellas, el uso del término “arma” podría dar a entender que las modificaciones que se encararon en el sistema de justicia militar tenían como objetivo algo más allá del alcance nominal de las sucesivas propuestas, que trascendían el alcance de una lógica e imprescindible modernización y adecuación de la Justicia Militar, un sistema heredero de las reales ordenanzas españolas, basado posteriormente en los códigos Bustillo[4] de fines del Siglo XIX y Saccheri de mediados del Siglo XX y en segundo lugar, que el período transcurrido entre 1983 y 2017 era lo suficientemente prolongado como para haber permitido hacer los ajustes necesarios al nuevo sistema a fin de lograr un equilibrio como parte de un orden superador en el campo militar.
El análisis nos pone ante una compleja realidad que nos permite decir y especialmente a quienes integramos la milicia, más que decir, asegurar:
Las modificaciones al sistema de justicia militar se realizaron primariamente por la necesidad de satisfacer un objetivo político, sin relación con las posibles necesidades jurídico-militares.
El objetivo político orientador cambió a lo largo de los años y
En la actualidad, luego de transcurridos casi 35 años de modificaciones del sistema justicia militar, incluyendo en ese concepto a las normas disciplinarias, se ha prácticamente destruido el viejo orden militar, dudándose de la eficacia del esquema resultante, pues ha sido derogado el Código de Justicia Militar derivándose el tratamiento de los aspectos penales, tanto de delitos generales, como propiamente militares a los jueces y tribunales federales con jurisdicción en la zona.
Por otra parte el período transcurrido no fue homogéneo en sus orientaciones políticas e ideológicas, ni en los objetivos establecidos por cada uno de los diferentes gobiernos y que se relacionaban con las FFAA. En efecto, durante su transcurso ejercieron la presidencia de la Nación (no se mencionan breves interinatos), los Dres. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y el ingeniero Mauricio Macri, períodos 1983-89, 1989-99, 2000-01, 2002-03, 2003-07, 2007-15 y 2015-continúa.
Cada uno de los distintos gobiernos hubo de enfrentar diferentes desafíos generados por necesidades políticas propias, por otra parte, cada uno de ellos poseía, con mayor o menor fuerza, una cierta ideología que orientaba el quehacer gubernamental a la vez que lo condicionaba y limitaba en su propia libertad de acción.
Esas necesidades políticas y los encuadres ideológicos imperantes marcaron las sucesivas modificaciones a la justicia militar hasta llegar a su disolución.
Vale decir que las principales modificaciones al Código de Justicia Militar no se hicieron partiendo de diseños de una cierta organización jurídico-militar predeterminada, analizada en función de la constitución argentina y de nuestras leyes con el fin de asegurar el funcionamiento de la estructura militar, sino que otros fueron los objetivos y motores del cambio.
No es factible abarcar en una acotada presentación la totalidad de los factores que afectaron a cada gobierno y que influyeron en su relación con las FFAA, especialmente con la justicia militar, por lo que centraré mi análisis en aquellos aspectos que, a mi juicio, condicionaron la evolución de la justicia militar.
Accesión al poder de Dr. Alfonsín- Situación socio-militar
El 10 de diciembre de 1983 se hizo cargo de la presidencia de la Nación el Dr. Raúl Alfonsín finalizando el gobierno del Proceso Militar. Fue un cambio en todos los campos, en especial en lo militar, que dejó de ser lo que había sido en la vida nacional. Se produjo un quiebre en la sucesión de gobiernos civiles y militares que había comenzado en 1930. En todas las oportunidades anteriores en las que se realizaron transferencias de mando entre un gobierno cívico-militar saliente y un gobierno civil entrante, aquéllas se llevaron a cabo en un clima de normalidad, dándose por sentado que los militares volvían a sus funciones habituales.
Podemos decir que, en lo que se refiere a la actuación de los militares en la política, debido a la evolución de las instituciones y a las características culturales y sociológicas de nuestro país durante gran parte del Siglo XX en la Argentina, las FFAA se constituyeron en forma orgánica, y aceptada socialmente, en una estructura eficaz para luchar por el poder. Equivalieron a un verdadero “Partido militar”[5],[6], en la expresión empleada por varios autores, que resultaba eficaz para producir el cambio de poder, siendo apoyada en algunas oportunidades por una fracción de la sociedad y en otros casos por las opuestas.Se debió a las situaciones de crisis desde 1930 en los que la sociedad civil no supo o no pudo afrontarlas recurriendo a las FFAA.
Aunque la acción de los golpes, en su mayoría cívico-militares, fuera netamente anticonstitucional, la aceptación social les daba legitimidad de hecho cuando en verdad carecieran totalmente de la legitimidad de derecho.
Pero esa legitimidad inicial que poseían las mayorías de los golpes de estado, debía mantenerse a través del correcto ejercicio del poder, en forma tal que la acción política y la gestión diaria se orientaran al bien común, lo que no siempre ocurrió, perdiendo el “Partido militar”, con el correr del tiempo, soporte efectivo en la sociedad y justificación ética ante sí mismo, lo que fue especialmente remarcable en el caso del “Proceso militar”[7]. La repetición de estos golpes llevó a una progresiva saturación en la sociedad
Al hartazgo indicado en los párrafos anteriores deben agregarse dos hechos, de gran trascendencia y características bélicas. Ellos fueron sin duda:
la guerra de Malvinas y
la guerra antiterrorista,
Las decisiones relacionadas con los dos aspectos anteriores, la guerra de Malvinas y la guerra antiterrorista, fueron tomadas en su momento, sin considerar, a veces ni imaginar, las consecuencias a largo plazo. Por la primera se cuestionaba a los militares en su función específica, agravando las dificultades de la transferencia de poder; las valoraciones negativas eran a mi juicio exageradas e incidieron en las primeras medidas que debió tomar el gobierno del Dr. Alfonsín, atenuándose con el tiempo, especialmente al conocerse pormenores bélicos que revalorizaron la acción militar.
El otro aspecto, por el contrario, generó una separación ideológica muy marcada en la sociedad que se mantuvo en niveles aceptables, sino ideales en el gobierno del Dr. Alfonsín y que comenzó a ceder por las medidas del Dr. Menem, pero que fue empleada durante los gobiernos Kirchner, para obtener poder aumentando el enfrentamiento existente.
Exagerando para simplificar, los distintos gobiernos deberían asegurarse el dominio civil sobre ellas, construyendo una imagen, que contenía verdades, exageraciones y falsedades: que los militares constituían un cuerpo, una institución, una verdadera corporación autónoma que era la generadora de todos los males nacionales, pero incapaces, cuando les llegó la hora, de cumplir con su deber.
El desafío que enfrentaba el Dr. Alfonsín-Su necesidad política.
Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, el Dr. Alfonsín había centrado su eje de acción alertando sobre el pacto sindical-militar, entre la organización sindical y las FFAA, especialmente el Ejército y que si bien no existía, era posible, y él daba por cierto.
Desasosiego social, descrédito militar, amenaza permanente de una reacción siempre posible del partido peronista, vencido por primera vez en la historia a nivel nacional por parte del Dr. Alfonsín, además de la necesidad de solucionar urgentemente la situación económica y de restablecer relaciones diplomáticas con el mundo, es el cuadro de situación con el que el Dr. Alfonsín asume la primera magistratura.
Sin lugar a dudas, su primera prueba debería ser asegurar la gobernabilidad ante una no imposible alianza sindical-militar. Es en función de esta idea, que el plan gubernamental tendría como punto principal una demostración de autoridad sobre los militares y su cultura histórica de actuar como “Partido militar” disponiendo el juzgamiento de los altos mandos correspondientes al período del finalizado “Proceso”.
Inmediatamente después de haber asumido la presidencia, el 15 de diciembre firmó el decreto 158/83 que implicó la puesta en marcha del esquema concebido. En el decreto se pueden ver:
La decisión de aislar la acción solamente a los militares para evitar generar problemas con las dirigencias de los partidos políticos tradicionales, pues casi toda la dirigencia política, como había sido habitual en todos los golpes anteriores, también tuvo cierto grado de intervención en el golpe de marzo de 1976, por lo cual, pese a que menciona y encuadra penalmente a los jefes militares por la toma del gobierno, no los persigue pues se corría el riesgo de que aquéllos dirigentes partidarios, inclusive de su propio partido, también fueran imputados.
La acusación, es efectuada solamente por los hechos acaecidos después del 24 de marzo de 1976, pese a que se conocía la acción del gobierno durante los períodos de Perón y de Ma. Estela M. de Perón, para que las culpas fueran exclusivamente de los militares y no implicaran a autoridades políticas de los gobiernos que dirigieron el país entre el 25 de mayo de 1973 y la fecha del golpe.
La violación de los principios del derecho disponiendo el juzgamiento en función de una ley aún no aprobada[8], lo que es citado expresamente, cambiando los tribunales con jurisdicción en las causas, vale decir que substraía a los militares a sus jueces naturales, así como otras cláusulas del Código de Justicia Militar, para asegurarse que los procesos tuvieran el final deseado y que no estaba asegurado con la legislación vigente en el momento de la firma del decreto.
El decreto N° 158/83 es el primer ejemplo de modificaciones al sistema de justicia militar realizadas por necesidades políticas y razones ideológicas, en este período republicano, sin partir de una necesidad jurídico militar.
Adicionalmente varias fueron las medidas adoptadas tendientes a desarmar el poder militar, a quitarle fuerza al fantasma de su histórica y repetida actuación como “Partido militar” y evitar su perdurabilidad a través de los años.
Así, se redujeron los presupuestos de las fuerzas y se limitaron sus autonomías orgánicas y administrativas, pero el grueso del esfuerzo lo constituía el juicio a las Juntas de Comandantes[9] con la idea de hacerla extensible a otras altas autoridades militares que habían ocupado puestos de comando en ese período, teniendo capacidad autónoma de decisión en las operaciones de la guerra antiterrorista.
El principio que habría de orientar la acción judicial era el básico de toda estructura militar, como era el de obediencia debida, que se tradujo en un importante principio rector que fijaría niveles de responsabilidad: “Quienes habían dado las órdenes”, “Quienes habían cumplido órdenes” y “Quienes se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes”. Como se dijo, a los primeros correspondería la responsabilidad por lo actuado bajo sus órdenes, los segundos estarían, en principio, exentos de responsabilidad, mientras a los encuadrados en la tercera categoría correspondería la responsabilidad por los actos propios.
La traducción de este principio rector, en reglas prácticas a ser aplicadas por tribunales civiles para interpretar, evaluar y finalmente juzgar órdenes militares y las operaciones derivadas, como ocurrió, era, a mi juicio, la más importante por la trascendencia de los cuestionamientos a la esencia de lo militar.
Para poder cumplir con el plan trazado, el gobierno había dispuesto la iniciación del juicio a los ex integrantes de las Juntas de Comandantes en Jefe según un procedimiento legal que aún no había sido aprobado, descontando que lo sería a la brevedad.
Independientemente del juicio legal que correspondiere por disponer juzgamientos en materia penal basándose en legislación inexistente; la misma decisión analizada desde el punto de vista político, nos indicaría una sobrevaloración de la capacidad y del poder de las propias fuerzas del gobierno, una subvaloración de la capacidad de acción de la oposición y en el mejor de los casos la adopción de una decisión con alto grado de riesgo sin tener un plan alternativo.
Desgraciadamente los planes no salieron de acuerdo a lo previsto por el gobierno, pues la oposición impuso cambios inesperados aprobándose una ley modificatoria del Código de Justicia Militar con pequeñas diferencias en el texto al propuesto, pero casi opuestas en su esencia.
El punto de partida fue el decreto N°166/83 del 13 de diciembre, inmediatamente después de haber asumido la presidencia de la Nación siendo girada a la Cámara de Diputados, el proyecto modificatorio del CJM tenía tres directrices principales: I- limitar el alcance de la jurisdicción militar a los solos delitos militares, transfiriendo a la jurisdicción federal ordinaria los delitos comunes[10], II- para la jurisdicción militar remanente establecía un recurso de alzada obligatorio ante la justicia federal y III- precisaba y limitaba el alcance del concepto de “obediencia debida”.
Pese a no haber sido tenido algún grado de coordinación con las fuerzas o la Auditoría General de las FFAA, se puso el sistema en marcha descontándose su aprobación, en el aspecto que sería crítico, el de la obediencia debida, se pasaba del texto clásico constituido por el artículo 514 del CJM en su redacción original[11] que dejaba la interpretación a un juez –militar-, a otro cuyo proyecto era mucho más detallado y tendía a proteger a quienes habían cumplido órdenes[12]. El texto fue aprobado[13] en Diputados pasando al Senado, donde uno de los grupos de minoría, impuso como condición para dar sus votos[14] agregar una expresión al final del párrafo[15], lo que fue aceptado.
La evolución de los hechos demostraría que la corrección introducida significó una oportunidad perdida en cuanto a la solución del problema de la herencia de la guerra antiterrorista.
Se había abierto una caja de pandora, marcando imprevistamente para el largo plazo un camino cuyo fin es hoy, 2017, difícil de prever.
En el corto plazo su aplicación permitió, usando soluciones legales de emergencia como fueron las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dar respuesta a las necesidades políticas del gobierno del Dr. Alfonsín.
La modificación del CJM que fue llevada adelante a tambor batiente no fue coordinada con las autoridades militares, que vieron en la legislación aprobada y en la metodología adoptada una agresión a las fuerzas, por lo que el primer inconveniente fue la renuncia en pleno del Consejo Supremo de las FFAA liderada por el General de División Don Miguel Angel Viviani Rossi, que debía llevar adelante los juicios ordenados por el Poder Ejecutivo.
Sus miembros fueron reemplazados y se iniciaron los juicios con los cambios habidos por la ley 23.049, que entre otras cosas preveía un plazo de 180 días para que el Consejo fallase; en casos de gran complejidad, y sin dudas éste lo era, el plazo podía ampliarse en 90 días, si el Consejo Supremo no hubiese fallado, la Cámara Federal en lo Penal y Criminal se avocaba al caso. Si por el contrario el Consejo hubiese fallado en tiempo, los acusados podían recurrir en alzada a la Cámara, pero el fiscal estaba obligado a hacerlo, en forma que la última decisión no fuera de un tribunal militar.
El Consejo prácticamente dejó correr los plazos sin avances notables, luego de vencer los 180 primeros días, le fueron concedidos los 90 adicionales sin haber llegado a la etapa final, pasando por ello la causa a la Cámara que el 9 de diciembre de 1985 emitió su sentencia, que sin duda por su trascendencia marcó un hito en la historia argentina.
A mi juicio, habiendo sido en esa época defensor militar ante el Consejo de un oficial de jerarquía inferior, la no actuación del Consejo fue una ocasión perdida para que las fuerzas explicaran adecuadamente, en base a la reglamentación militar, sus puntos de vista, así como los análisis realizados en los distintos planeamientos militares; poniendo en evidencia que los bienes a proteger en el CJM por un lado y en los códigos Civil, Comercial y Penal por otro son distintos. Así, la captura de un prisionero se convierte en privación ilegítima de la libertad, una muerte en combate en homicidio, el trabajo de estado mayor es una asociación ilícita[16].
Con la resistencia pasiva del Consejo Supremo de las FFAA, se perdió una oportunidad de hacer conocer y defender la posición militar.
La Cámara Federal y la Corte al confirmar la sentencia de la causa 13/83, relacionada con los ex Comandates en Jefe, dispusieron la ampliación de los juicios hasta los niveles jerárquicos con capacidad de decisión, vale decir un equivalente a la decisión política inicial del Dr. Alfonsín cuando asumió la presidencia, pero el agregado al texto de la ley modificatoria del Código de Justicia Militar impuesto por la oposición en el Senado, según nota 15, hizo que, en la práctica, no hubiera freno en las acusaciones.
En efecto, los jueces actuantes tampoco pusieron límites, pasando a ser los sometidos a juicio cantidades insospechadas y muy superiores a la intención política del gobierno, generando grandes y lógicos malestares en el personal militar, quienes de combatientes pasaron a ser acusados de los peores delitos.
Ante la pasividad de las autoridades militares, aunque poco podían hacer en el campo jurídico para resolver lo que era un problema político, así como la estrategia general de defensa que se había adoptado en el caso de los altos mandos, se produjeron actos de indisciplina llegándose en algunos casos a la sedición.
El problema político consistía simplemente en que a raíz del fracaso de lo que podríamos llamar la “gran estrategia” de establecer tres diferentes encuadramientos para la asignación de responsabilidades se había dispuesto de hecho el juzgamiento de todas las fuerzas[17] que habían intervenido exitosamente en la guerra antiterrorista en defensa del estado y de la población civil, con códigos y procedimientos no adecuados para juzgar acciones militares. Siendo imputados desde generales a subtenientes, de suboficiales mayores a soldados conscriptos.
El gobierno trató de volver a su política inicial de establecimiento de niveles de responsabilidad mediante la aprobación de las leyes de “Punto Final”[18] y “Obediencia Debida”[19].
Ambas leyes fueron aprobadas por amplias mayoría luego de intensos debates en ambas cámaras que empleaban los mismos argumentos utilizados en la discusión para la Modificación del Código de Justicia Militar. Más tarde, en 1998 y gobernando aún el Dr. Menem, después de ser aplicadas y producir efectos, fueron derogadas[20]; no obstante el trámite de su derogación debió de haber sido una señal de alarma que alerta sobre el futuro próximo[21]. Posteriormente, ya en el gobierno Kirchner y como parte esencial de otro acuerdo político ajeno a necesidades de la justicia militar, declaradas insanablemente nulas[22].
La primera de dichas leyes, ponía límite temporal a las posibilidades de iniciar acciones penales, pero se demostró ineficaz pues todas las autoridades judiciales se apuraron a dar inicio a todas las acusaciones para no aparecer como responsables de la caída de una posible acción judicial; la segunda daba una interpretación a la obediencia debida similar a la prevista por el Poder Ejecutivo, desprocesándose a gran cantidad de personal militar. Continuaron solamente los juicios de aquéllos que por su jerarquía y cargo tenían capacidad de decisión y la de algunos que por sus respectivas actuaciones caían fuera del esquema previsto.
Aunque el costo, para llegar a este punto tuvo aspectos impensados, como las sediciones militares, parecía haberse logrado el objetivo: juzgar a los altos mando del Proceso Militar y recortar fuertemente la jurisdicción militar y así tomar en forma efectiva el control de las fuerzas militares y como derivada, la paz social. El tiempo se encargaría, ya en el gobierno del Presidente Kirchner, de demostrar el error en la apreciación del estado espiritual de nuestra sociedad.
Fin del ciclo de gobierno Alfonsín y de la necesidad política inicial
Al transferir el gobierno al Dr. Menem, en 1989, el Dr. Alfonsín pudo entregar un país que en lo relacionado con la histórica supremacía militar y los aspectos socio-políticos relacionados, los que podemos resumir en la expresión, si bien no exacta, si representativa, del “Partido Militar”, podía decirse, sin lugar a dudas, que aquél había perdido su poder y su legitimación política[23].
El ciclo fue cerrado definitivamente por el Presidente, ya en el gobierno del Presidente Menem, cuando ordenó al Ejército reprimir la rebelión del Coronel VGM Mohamed Alí Seinaldim[24], prestigioso y veterano oficial, y la orden fue cumplida sin hesitaciones por dicha fuerza. Había finalizado la necesidad política que había llevado al Dr. Alfonsín a imponer las modificaciones al Código de Justicia Militar, limitando en forma muy marcada la jurisdicción militar y sus posibilidades.
Simultáneamente, la sociedad se encontraba en un avanzado proceso de pacificación nacional.
Si bien los juicios y la persecución penal podían darse por finalizados en el país, con la sola prosecución de las causas centrales, aparecieron como novedad las ofensivas y crecientes pretensiones extranjeras de juzgar en su propia jurisdicción a los militares argentinos, basándose en el hecho que alguna de las víctimas tuviera derecho a la doble nacionalidad. Con mayor o menor intensidad los gobiernos de Menem y De la Rúa se opusieron a lo que constituía un verdadero avasallamiento institucional.
No obstante haberse prácticamente terminado con los aspectos judiciales, los espíritus, tanto en la sociedad civil argentina como en sus militares, estaban inquietos, quizás como consecuencia del método de juzgamiento elegido, en el que los militares eran juzgados por jueces civiles con una gran campaña de propaganda antimilitar, mientras que los militares a su vez, haciendo uso de su derecho constitucional se negaban a declarar y cuando lo hacían negaban todas las acciones, quedando en el aire la idea que luego conformaría el “relato”[25] en el cual eran responsables de las violaciones a los DDHH.
Puede decirse que el país quedó aprisionado por una verdadera “guerra de mentiras”, en la que todo el progresismo apoyado por una fuerte y constante campaña sicológica, aseguraba que los militares eran los culpables de todos los males del país, mientras que por su parte los militares aseguraban no haber hecho nada. O bien: no se expresaban incurriendo en lo que se llamó “pacto de silencio”.
El Presidente Dr. Menem a los efectos de cerrar heridas del pasado y producir el acercamiento entre las distintas corrientes en las que se encontraba dividida la sociedad argentina, adoptó una serie de medidas, desde simbólicas como fueron las visitas y el abrazo con el Almirante Isaac Francisco Rojas, prestigiosa figura del antiperonismo y Vicepresidente de la Nación en el gobierno que instaló la Revolución Libertadora en septiembre de 1955, hasta aquéllas que tuvieron efectos profundos sobre situaciones de gran trascendencia.
Haciendo uso de sus atribuciones presidenciales, en algunas de las situaciones interpretadas con amplitud[26] y de la legitimidad que le daba para hacerlo, el hecho de haber sufrido durante el gobierno militar, tres años cárcel por su posición política, dictó dos series de indultos, que dejaron en libertad a militares y personal civil de inteligencia que habían combatido en la guerra antiterrorista[27] o habían integrado el gobierno durante el período militar[28], a los comandantes durante la Guerra de Malvinas[29], a militares que se habían alzado contra el gobierno civil[30], así como a quienes habían integrado las filas terroristas[31] y algunas personas a título personal[32]. Las organizaciones de derechos humanos cuestionaron los indultos los que fueron finalmente aceptados como constitucionales en no menos de 18 fallos por la Corte Suprema[33],[34],[35]
En esos momentos la mayoría de la ciudadanía conocía solamente lo que se publicaba en los juicios y en las acciones de verdadera propaganda y confusión comprendidas en la “guerra de mentiras” que mencioné en párrafos anteriores, el resultado distaba mucho de la realidad, aun considerando las imperfecciones humanas.
Es de hacer notar que durante la instrucción de los sumarios iniciales bajo el control del Consejo Supremo, antes que se avocase la Cámara Federal, se propuso como estrategia general de defensa, la de usar la verdad como parte integral de las defensas y de las declaraciones en general, para conocer lo actuado, defenderse y ser absuelto o condenado sobre hechos ciertos. La propuesta no fue aceptada y en ese desconocimiento general por parte de la población, se llegó a los indultos.
El gobierno, unos tres años después de los indultos al comprobar que el clima social no mejoraba en la medida esperada, consideró necesario comenzar la tarea de aclarar el pasado[36], las tres fuerzas realizaron sus propios análisis asumiendo las responsabilidades de cada fuerza en las acciones, los que fueron presentados públicamente pero, por diversas razones, no se continuó la tarea la que desgraciadamente quedó trunca.
De ahí en más las actividades militares continuaron la rutina habitual sin inconvenientes, con un Código de Justicia Militar que tenía la jurisdicción militar reducida por la ley N° 23.049 a solamente los delitos militares; había sido afectada la organización y la capacidad militar, pero la capacidad y la organización disciplinaria se mantenía prácticamente sin alteraciones.
En efecto las capacidades disciplinarias[37] no habían sido afectadas, pero los aspectos penales, ya sea por delitos comunes y aún los delitos militares, porque siempre sus sentencias requerían una apelación obligatoria ante la justicia federal, conllevaron una afectación importante y negativa, los tiempos y procedimientos de la justicia federal, así como su eficacia, son incompatibles con las necesidades de la estructura militares, aún para tiempo de paz como fueron las modificación realizadas al CJM, no analizándose lo correspondiente a la guerra pues la legislación aplicable en época de paz era el único aspecto que interesaba en función de las necesidades políticas.
Una necesidad profesional no prevista: su aplicación en tiempo de guerra
En este período también se puso de manifiesto el efecto negativo de las modificaciones al intentar aplicar el CJM modificado en operaciones reales en el exterior.
Las preocupaciones del gobierno, en realidad de los sucesivos gobiernos, residían en la normativa del CJM y su empleo en tiempo de paz, para asegurarse el control político sobre los militares, pero prácticamente se soslayó todo análisis de su empleo en tiempo de guerra o equivalente.
Es así que a comienzos de la década del ‘90 nuestro gobierno envió tropas de combate orgánicamente constituidas a la zona de guerra de los Balcanes, combates originados en la desintegración de la ex Yugoeslavia, tropas que debían desempeñarse como fuerzas de paz. Las fuerzas no contaban con una adecuada organización jurídico-militar que resolviera los problemas en tiempo y forma, o sea en Yugoeslavia en el momento y no a más de 11.000 km. de distancia en Bs. As. y tiempos con un incremento acorde.
La realidad se presentó con la forma de un accidente en el cual perdieron la vida dos suboficiales; siendo tropas extranjeras cumpliendo un mandato de Naciones Unidas, las jurisdicciones de Croacia, Bosnia-Herzegovina o Serbia no intervenían, a la vez que el acuerdo firmado con las Naciones Unidas por los países intervinientes preveía que cada país debía asegurar las estructuras judiciales que le fueran necesarias a sus propias tropas.
La interpretación del CJM modificado hizo que el Ejército Argentino desplegado en zona de guerra en los Balcanes recurriera a la justicia federal, iniciándose las actuaciones ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, con sede en Buenos Aires, a 11.000 km. de distancia, el que se declaró incompetente, girándolas al Juzgado de Instrucción Militar N°3, que también se declaró incompetente, debiendo finalmente intervenir la Corte Suprema de la Nación la que falló asignándole la competencia a la justicia militar[38].
Fin del ciclo de gobierno Menem y de la baja inquietud política.
Finalizado el ciclo de gobierno del Dr. Menem, y de sus sucesores, De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saa, Camaño y Duhalde sin mayores cambios en el tema de justicia militar.
En una situación de crisis general tanto económica como social que se resumía en la expresión “que se vayan todos” se adelantó la transferencia de la presidencia entre el Dr. Duhalde y el Dr.Kirchner, recientemente electo; éste, poco conocido en el ambiente nacional, salió 2° en las elecciones con el 22%, siendo ganador el Dr. Menem quien obtuvo el 24% y no se presentó a la 2ª vuelta electoral allanándosele en consecuencia el camino a la presidencia al Dr. Kirchner.
Accesión al poder del Dr. Kirchner – La nueva necesidad política.
Accedía a la presidencia casi sin poder, su primera tarea sería construirlo, para lo cual, al igual que el Dr. Alfonsín en 1.983, Kirchner lo adquiriría a costas de los militares, de diferente manera pero basándose en hacer uso de ellos, de sus instituciones y su historia, de sus aciertos y errores. La experiencia sería mucho más traumática y destructora.
Kirchner eligió el colectivo militar como centro de su acción pues las instituciones militares se encontraban especialmente debilitadas, dado que la mala situación económico-social de todo el país, que compartían se agudizaba con:
-la lógica pérdida de poder político en la búsqueda de un nuevo equilibrio en la interrelación de las instituciones republicanas en nuestro país,
-un fuerte descenso en su capacidad operativa y en su grado de alistamiento, consecuencia de las reducciones presupuestarias,
-una gran disminución del nivel económico de sus integrantes, destacándose especialmente en el sector de los retirados por la incidencia de las sumas “no retributivas” en el pago total,
-la necesidad de adecuar las concepciones estratégicas, pero el problema de fondo seguía siendo el tratamiento dado a la acción antiterrorista, pues pese a la solución jurídica encontrada seguía existiendo la necesidad de conocer la total realidad de los hechos.
Este problema se traducía en una verdadera brecha espiritual en la Argentina, enfrentando a los militares con el resto de la sociedad.
Desgraciadamente, el objetivo final del nuevo gobierno no era el logro del “Bien común”, no era un equipo listo a servir a la Patria o a la ciudadanía, constituía, aunque duela decirlo una banda, organizada a la caza de un botín público inagotable.
Sí normalmente en ciencia política se clasifica a los gobiernos por su legitimidad de origen y por su legitimidad de ejercicio, habría que inventar, si no existe ya, la “legitimidad de objetivos o intenciones”. Cualquiera fueren los parámetros fijados los gobiernos de losKirchner serían sin duda ilegítimos desde su inicio.
Los gobiernos del Dr. Kirchner y de la Sra. Fernández de Kirchner a lo largo de los períodos en los que tuvieron a su cargo la Nación, pusieron en ejecución todos los esfuerzos necesarios para el logro de sus intereses personales, como lo ponen de manifiesto la vista en tribunales de numerosas causas penales, empleando como escudo la expresión protectora de los derechos humanos y como víctimas de sus ataques a los militares.
Así su estrategia general fue la opuesta a la correspondiente a un gobierno con legitimidad de objetivos; conocía la brecha y decidió usarla, incrementándola en lo necesario para presentarse como el patrón y único referente de los DDHH. Su prestigio ocultaría el accionar delictuoso en lo que era su objetivo primero: afirmarse en el poder y asegurarse su permanencia en él con total libertad de acción para lograr todos sus otros objetivos, sean éstos, lícitos o ilícitos.
Desde el punto de vista jurídico la idea no era posible, pues salvo excepciones, las posibilidades de persecución judicial contra los militares no existían, pues el encuadre que correspondía a cualquier situación relacionada con la guerra antiterrorista, excepto la apropiación de menores, ya había tenido sentencia o estaba prescripta.
Sería necesario hacer un cambio en los paradigmas del derecho penal aplicado en occidente, configurados desde un milenio a esta época. Habría que reabrir las causas cerradas, con condenados, o no, así como habría que iniciar nuevas causas en forma de asegurar miles de procesados y gran cantidad de condenados, hayan sido culpables o no.
Para lograrlo había que cambiar la Corte Suprema hasta lograr una integración que se aviniese a revolucionar nuestra juridicidad. La increíble y cínica confesión pública que hace quien fuera en esos momentos Jefe de Gabinete de Ministros del Dr. Kirchner muestra el concepto ético que aplicaba el gobierno[39]. Adoptaría las medidas necesarias para lograr que las políticas de derechos humanos fuera una “Política de estado”[40] que se aplicaría en todos los campos[41], incluyendo el de los juicios a los militares.
Las presiones, ofensas y amenazas efectuadas por el Presidente de la República por la red de televisión conectada en cadena nacional, derivaron en la renuncia de los jueces Dres. Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez y la posterior destitución mediante juicio político de los jueces Dres. Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor quienes apelaron a la CIDH la que falló a su favor años después[42].
Con los cuatro nuevos jueces Dres. Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti y el oportuno cambio de posición de algunos de los nombrados en anteriores gobiernos[43], se obtuvo la posibilidad de cambiar el ordenamiento jurídico en uno de los aspectos que le importaban al gobierno: el de reabrir los juicios y juzgar con retroactividad.
La Corte con sus fallos creó una nueva doctrina jurídica, es más estableció de hecho un nuevo derecho positivo en el que se da primacía al derecho internacional de los tratados y en determinadas circunstancias a libres interpretaciones analógicas, aún opuestas a los textos de los tratados empleados. Ese “Nuevo derecho”, violatorio del derecho penal clásico y especialmente de la Constitución Nacional, comenzó a aplicarse en todas las oportunidades en las que se debía juzgar acciones relacionadas con la guerra antiterrorista y continúa aplicándose en la actualidad.
El Presidente de la Corte ha tomado en sus manos la bandera de esta “Política de Estado”, y así lo ha expresado abiertamente,[44] e inclusive lo ha establecido en su alocución oficial al Poder Judicial.[45]
La acción de la Corte que generó el “Nuevo derecho”, se basa en tres fallos:
Fallo Arancibia Clavel del 24/8/2004, determina la imprescristibilidad de los delitos de lesa humanidad y la posibilidad de la aplicación retroactiva. Por voto común Zaffaroni y Highton, por sus votos Petracchi, Boggiano y Maqueda. En disidencia Belluscio, Fayt y Vásquez.
Fallo Lariz Iriondo del 10/5/2005, determinó que el fallo Arancibia Clavel o sea la imprescritibilidad y la aplicación retroactiva no son aplicables al terrorismo cometido por civiles.
Fallo Simón del 14/6/2005, profundizó la línea de imprescritibilidad y establece adicionalmente el carácter no amnistiables de los delitos de lesa humanidad. Fue aprobado por mayoría, según sus votos: Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton, Lorenzetti y Argibay. En disidencia Fayt. Se excusó Belluscio por art 17-5° de CPCCN.
Como resultado de esta acción en la República Argentina conviven dos sistemas de justicia, uno de ello el que establece la constitución nacional que se aplica a todos los habitantes del territorio argentino, excepto a los militares; para éstos, los militares no hay justicia hay venganza.
Aplicación del “Nuevo derecho” (¿Doctrina Kirchner?)
El “Nuevo derecho” partía de un supuesto útil: se facilitaría la consolidación del poder, pues la justicia militar como sistema de juzgamiento no existía más debido a la modificación de Alfonsín, pero adicionalmente por ley 26394 del 29/8/2008 se derogó definitivamente el Código de Justicia Militar, pasándose a la jurisdicción federal la parte remanente. No habría de entonces en más, ninguna interferencia militar en el camino preparado.
Se reabrieron causas, teniéndose las primeras sentencias en el año 2008 y se inició lo que es una verdadera persecución que se basa en una trama judicial tan compleja que todos, aún conscientes de su iniquidad no saben cómo salir de ella.
Si bien los juicios no se analizan en esta presentación, debido al escándalo, más al horror jurídico que implican, mencionaré solamente algunas características:
No son juicios, son actos de venganza, no de derecho, son los Juicios de Venganza.
Violados los principios básicos del derecho con las sentencias de la Corte, se violan adicionalmente las que hacen al debido proceso[46]:
Los testigos no cumplen los requisitos del CPPN
Los testigos incurren en falsedades y se los somete a un “refresco de memoria
Los testigos de las defensas son presionados
El estado pone querellantes adicionales, en “representación” de las secretarías de DDHH
Se dividen las causas en subcausas a los efectos de obtener pluridad de condenas
Se manipulan los jueces y fiscales en su mayoría ad-hoc
Hay jueces y fiscales que debieron excusarse por haber militado activamente en la guerrilla
Se aplican leyes en forma retroactiva.
Se aplica la analogía en materia penal.
Los jueces dictan normas interpretativas que modifican las leyes dictadas por el Poder Legislativo.
Se afecta el principio de legalidad.
No se respeta el principio de ley previa, estricta y escrita.
Se somete a los imputados a doble o triple juzgamiento por los mismos hechos.
Se viola el principio de igualdad aplicando criterios que niegan beneficios procesales y de ejecución penal.
Se les niega el derecho a estudiar estando en prisión.
El tema Justicia Militar se encaró en función de necesidades políticas, sin considerar los aspectos jurídico-militares, a mi juicio los resultados fueron malos, pero importa, al menos, evaluar tres aspectos, uno lo que buscaba el gobierno, un segundo el militar y un tercero es mostrar como un modificación que pudo parecer en sus inicios poco trascendente, llevó al desastre de los “Juicios de Venganza”.
Resultados en el campo de la acción política
Finaliza el periplo iniciado en 1983, cuando al asumir el gobierno el Dr. Alfonsín, para asegurarse la gobernabilidad decidió finalizar la cíclica presencia del “Partido militar” como elemento capaz de disputar el poder.
Para ello decidió utilizar al colectivo militar, disponiendo el enjuiciamiento de los que habían sido los máximos comandantes durante el período del Proceso, modificando el Código de Justicia Militar en forma de quitar a los militares la última palabra en los juicios empezados, lo hizo mediante la imposición de una alzada obligatoria en la Cámara Federal, a la vez que fue reducida en dicho código, la competencia a los solos delitos militares, pasando lo restante a la esfera de la justicia federal.
Desde el punto de vista de la necesidad política que tenía el gobierno para realizar la reforma, podemos decir que, si se entiende que el principal objetivo era la eliminación del “Partido Militar” como agente de poder, fue logrado; mientras que el objetivo del juzgamiento de los jerarcas y un número limitado de altos comandantes fue alcanzado dificultosamente pues requirió dos leyes adicionales, “Punto final” y “Obediencia debida”, dejaron secuelas en la conciencia social del país que luego durante los gobiernos de los Kirchner fueron usadas e incrementadas negativamente para que sean la base social que soporta los “Juicios de venganza” y dificulta cualquier solución.
Durante los gobiernos del Dr. Menem, con la sedición del Coronel Seinaldín finalizaron las posibilidades de acción del “Partido militar”.
Luego de los indultos, que fueron un gran paso hacia la pacificación, el sistema militar funcionaba sin sobresaltos.
No obstante, se debe destacar que en 1998 se derogaron las leyes de “Punto final” y “Obediencia debida”. Las sesiones correspondientes en ambas cámaras deberían haber llamado la atención a las autoridades, militares o civiles, porque el tenor de los discursos marcaban una importante disconformidad, que fue desatendida.
Los gobiernos del Dr.Kirchner y de la Dra. Fernández de Kirchner, tuvieron un éxito total en su empleo de lo militar por necesidades políticas, se afianzaron y usaron libremente el poder, al costo de la destrucción de las FFAA y del procesamiento de más de dos mil personas.
Resultados en el campo militar
Independientemente de los aspectos humanos cuyos resultados los veremos por separado, en el campo del quehacer militar, a mi modo de ver, el resultado ha tenido un saldo final totalmente negativo en dos aspectos.
El primero es en el campo disciplinario, en el que ha casi desparecido el concepto de “obediencia debida”, espina dorsal de una organización militar apta para el combate; ello debido a la anulación del CJM en su totalidad reemplazándolo por un “Código de disciplina” semejante en su texto al anterior ordenamiento, pero diferente en su esencia al diluir la autoridad del superior, e imponer formalidades y recursos que formalmente aparecen como correctos para la defensa de los derechos de los subordinados, trasladando al campo disciplinario –que puede equipararse al contravencional- instituciones y normas que serían propias del campo penal, pero que en la práctica destruyen la disciplina general. Subyace en el ordenamiento general de la normativa una desconfianza hacia el ejercicio de la autoridad por parte de un superior y debe por ello asegurarse una adecuada supervisión y control.
Se invierte el principio básico militar: ya no debo creer en el superior, debo partir de la desconfianza.
El otro aspecto es el campo de la acción penal que ha sido totalmente transferido a la justicia federal, donde los aspectos delictuales relacionados con el quehacer militar, tanto en lo que se refiere a delitos codificados como militares, como a ciertos delitos comunes, los plazos, métodos y requerimientos de la justicia federal obstaculizan el servicio.
Finalmente para las fuerzas en acciones de combate, operaciones o despliegues reales el resultado de las modificaciones, (antes de la anulación total), se ha demostrado inadecuado en la oportunidad de su aplicación en la ex Yugoeslavia. En el caso de que hubiere que efectuar despliegues reales la reglamentación establecida es incompatible con las exigencias operativas.
Resultados en el campo humano
El resultado final de la modificación del CJM por la ley 23.049 y su posterior anulación ha sido un ejemplo de prevaricato judicial masivo bien distante del concepto inicial del gobierno de Dr. Alfonsín pues se organizó y ejecutó una venganza disfrazada de justicia.
Al analizar hoy la situación judicial argentina, especialmente los reclamos de los militares encausados, cuesta comprender la verdadera dimensión de la realidad de los juicios, pero valgan algunos ejemplos de la “Política de estado” instalada por el Presidente Kirchner al doblegar la Corte Suprema, y a través de ella, a los tribunales inferiores y que aún no terminó, las cifras lo muestran:
Imputados: 2780
Condenados: 750-27%
Procesados: 794-28%
Sobreseídos: 53-2%
Fallecidos: 467-17%
Fallecidos desde el 10/12/2015 80
Edades de los presos
60-69:478
70-79:647
80-89:384
90<<: 49
Mínima: 54
Máxima: 97
Media: 74,5
Tiempo en prisión preventiva: (teórico máx: 2, como excepción:3)
Más de 10: 142
6-10: 224
3-6: 379
2-3: 76
Menos de 2: 135
Veteranos de guerra de Malvinas: 52
Resumen general del campo humano:
Los juicios son éticamente y humanamente inaceptables.
Nos muestran, quizás, la mayor contradicción entre lo expuesto como una de las causas para justificar la anulación de lo militar en el esquema de justicia militar, y finalmente la anulación de ella misma: “…es necesario asegurar una defensa por profesionales del derecho para velar por la prestación de Justicia” y la penosa realidad que las cifras nos indican.
Período del Presidente Macri
De los problemas heredados, éste será el más grave, pues:
No es económico,
No es problema orgánico,
No es de gestión,
No es formal ni declarativo,
Es un problema de Justicia para quienes cumplieron con su deber y confían en su Comandante en Jefe.
San Isidro, 1° de noviembre de 2017
AGREGADO N°1
La incidencia de la guerra de Malvinas
En lo que hace a Malvinas haré un resumen para ubicar la importancia del hecho en el momento en nuestra sociedad.
La decisión política inicial fue realizar una operación demostrativa para dejar una pequeña fuerza policial en las islas y retirar las fuerzas militares evitando así el enfrentamiento, cambiándose, luego de producido el desembarco la consecuente concepción militar, lo que llevó inevitablemente al conflicto.
El cambio de planes se basó en un grave error de evaluación: el que aseguraba que las fuerzas del Reino Unido no vendrían al Atlántico Sur y no combatirían, pese a que los estudios oficiales de inteligencia realizados para el caso luego del 2 de abril, predecían lo contrario, exactamente lo que ocurrió. Desgraciadamente no fueron tenidos en cuenta[47].
No haré un análisis del desarrollo de la guerra, solamente marcaré algunos aspectos que nos dan la dimensión con la que se grabó en el espíritu de los militares, veteranos o no, pues fue una guerra en la que tuvimos como enemigo a una potencia integrante de la NATO que, en lo que a lo militar, y situación política y económica se refiere, pertenece a un orden superior a nuestro país, sabiendo que a ella se aliaron en distinto grado, abierta o encubiertamente, la primera potencia mundial, otros países de la NATO y algún país de la región; podemos tener la certeza que la prueba que afrontamos no fue pequeña.
Para ella no hubo preaviso ni entrenamiento o preparación especial previa, se combatió con lo que se tenía en el momento; no se esperaron la llegada de renovaciones de material ni el lograr un adiestramiento mínimo del personal.
Las guerras las deciden los ministros, los embajadores y los plurigalonados de las FFAA, pero la terminan combatiendo los soldados en las trincheras, los marinos en su pequeño universo y los aviadores solos entre el cielo y la tierra y precisamente ellos a su regreso, fueron escondidos por las propias fuerzas en un vano intento de salvar las apariencias, sufriendo un rechazo inmerecido producto de una verdadera campaña de desmalvinización espiritual, instalando la liviana opinión que las FFAA no supieron, en absoluto, cumplir con su función esencial, salvo la aviación. Por su parte los conscriptos perdieron su condición de soldados combatientes para pasar a ser “pobres chicos de la guerra”, pese a tener la misma edad que los británicos, para alimentar la idea de una bajeza militar que no existió.
Es verdad, la Argentina perdió la guerra y en ella no hay segundos premios. Para los argentinos y los militares en particular, quedó el sabor amargo del éxito no logrado y el sentimiento negativo en la ciudadanía.
Analizando el período con el mezquino espíritu de la derrota, se generó entonces, el descrédito de lo militar, sin retaceos, pese a los reconocimientos del Informe del General Rattembach, el detallado análisis del Comandante en Jefe del Atlántico de los EEUU durante la guerra, Almirante Train, pero muy especialmente lo expresado últimamente por quien fuera en la guerra Comandante de la Flota Británica, Almirante Sir John F. Woodward quien, sin dejar lugar a dudas en una reciente entrevista, en forma terminante da su opinión: “What people fail to realise, he says, is how close Britain came to losing the war”[48].
AGREGADO N°2
La incidencia de la guerra antiterrorista
En lo que se refiere a la guerra subversiva que vivimos, para comprender la situación en los años ’60 y ’70 es necesario tener presente que nuestro país, y prácticamente toda Iberoamérica, pasó a ser uno de los escenarios periféricos en los que se desarrollaban los enfrentamientos de la Guerra Fría. Es así que además del apoyo que la URSS dio a la Revolución Cubana, ésta una vez instalada quiso exportar “su revolución” a distintos países apoyando diferentes formas de guerrilla y violencia locales. Así integrantes de los distintos grupos guerrilleros argentinos recibieron adiestramiento y apoyo cubano. Paralelamente en nuestro país eran alentados por el General Perón, entonces exilado en Madrid.
En enero de 1966 se reúne en La Habana la 1ª. Conferencia Tricontinental y en agosto de 1967 se crea la OLAS en la misma ciudad; regresando al país los primeros 150 guerrilleros formados en la época, constituyéndose la “FARC” al mando de Quieto, el “ERP” de Santucho y los Montoneros con Arrostito y Firmenich, después de muchos asesinatos y secuestros, leyes de amnistía e indultos, hoy reside libremente en Catalunia y es profesor en universidades españolas.
Para completar el panorama de la guerra fría, el gobierno de los EEUU, a través de su Secretario de Estado Kissinger apoyaba, pero apuraba, la acción antiterrorista argentina, aunque el Embajador en Buenos Aires se quejaba por ello. La apertura de los archivos del gobierno USA puso de manifiesto la dependencia argentina de un escenario cuyo control no teníamos.[49]
Éramos de hecho peones en el ajedrez internacional.
Éramos un país en guerra, en la Argentina no se vivía, se sobrevivía.
No podemos olvidar que esa violencia adquirió una intensidad cualitativa muy distinta cuando las bandas guerrilleras atacaron la población civil. No atacaron a las Fuerzas Armadas como enemigo directo, lo hicieron a la sociedad y a cada uno de sus sectores como un todo, tratando –según ha sido reiterada y públicamente reconocido en los últimos años[50]– de cambiar la esencia de nuestra Nación, como parte de las distintas cosmovisiones vigentes en el mundo en ese momento, aquéllas fueron atacadas en ese contexto y como instituciones portadoras de la obligación legal de defender a la comunidad.
Mientras tanto en nuestro país, el enfrentamiento del fenómeno subversivo no se realizó adecuadamente cuando aún era controlable, sea tanto por los gobiernos constitucionales como por los de facto, por el contrario, por incapacidad o intereses políticos o ideológicos, se dejó crecer el fenómeno hasta niveles insostenibles sin ninguna reacción social, salvo honrosas excepciones como lo fue la Cámara Federal Penal, pero luego se dio un paso atrás de enormes consecuencias, no importa aquí analizar las causas que llevaron simultáneamente a liberar a los condenados y a desmantelar el aparato jurídico que permitía eficazmente luchar contra el flagelo, para luego el país, reaccionar militarmente in extremis. Mientras que ello ocurría, el accionar terrorista creció exponencialmente por la ayuda de estados terroristas (Cuba), factores internacionales (JCR) y participación de sectores políticos (gobernadores) que dejó un saldo de más de 17.000 que nunca fueron atendidas por los gobiernos constitucionales. En el plazo de 10 años se llegó a un promedio de 1 atentado terrorista cada 2 hs.
Pero ello ocurrió y fue el hecho que desarmó a la sociedad en lo que es quizás el último bastión de la ciudadanía agredida: Una justicia eficaz y segura en la que pueda confiar para exigir la vigencia del orden constitucional[51]. A partir de ese momento rigió la justicia de la mano propia, era matar o morir. Las decisiones tendientes a cómo enfrentar la guerra se tomaron en ese clima de violencia total, en un cuadro de situación nacional caótica[52].
Existió un ataque masivo contra la población civil argentina y nosotros reaccionamos en forma y con una metodología que no respetó el orden legal vigente y las leyes de la guerra, adoptando métodos operativamente eficaces que nos permitieron, sí, vencer la amenaza, sin saber, ni prever, que a la vez se aseguraba la generación de un grave problema político en el mediano plazo. Se privilegió los fines sobre los medios derrotando en tres años el flagelo terrorista de la organización más importante de América por sus capacidades militar, financiera, económica y de relaciones públicas internacionales.
Si bien en el período inicial las decisiones fueron responsabilidad de las autoridades civiles constitucionales y luego pasaron a los militares, los efectos de la derrota política serían sufridos en forma casi exclusiva por las FFAA, en un período que se extiende desde hace cuarenta años, lo que llevaría a su cuestionamiento generalizado como instituciones básicas de la nación.
AGREGADO N°3
Cronograma de gobiernos civiles y militares
[1] Agregado N° 1
[2] Agregado N° 2
[3] Agregado N° 3
[4] Texto en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/biblioteca_digital/libros/edicion-oficial_codigo-justicia-militar-ejercito-armada_1898/edicion-oficial_codigo-justicia-militar-ejercito-armada_1898.pdf
[5] “Partido militar”, expresión utilizada en el debate parlamentario por la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida, por el diputado Barberis y atribuída a Sábato. Diario de Sesiones- Cámara de Diputados-24 de marzo de 1.998-Pág. 844
[6]La idea es ampliamente desarrollada por el diputado Fernando Iglesias en su libro. “Es el Peronismo, ESTÚPIDO”. Edit. Galerna. Buenos Aires, 2015.
[7]24/3/1976-10/12/1983
[8] La que luego sería la ley N° 23.049 modificatoria del Código de Justicia Militar.
[9] Rut Diamint, entrevistada por Oscar Cardoso. Clarín. Domingo 13 de Mayo de 2001.
[10]Sin considerar que se trataron de delitos militares y comunes, con la asunción de Kirchner en el año 2003 se los transformó en delitos de lesa humanidad.
[11] Redacción original del CJM: Art. 514.-Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable, y sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiere excedido en el cumplimiento de dicha orden.
[12] Texto propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por Diputados: Art. 8°-El artículo 34, inciso. 5 del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del artículo 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por el personal militar de las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciario bajo control operacional de las fuerzas armadas, que actuó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 (mencionado en el artículo anterior que actué) sin capacidad decisoria, en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar.
A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia en contrario que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida.
[13] Texto aprobado como ley: Artículo 11.-El artículo 34, inciso. 5 del Código Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del artículo 514 del Código de Justicia Militar respecto de los hechos cometidos por el personal mencionado en el artículo anterior que actué sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar.
A ese efecto podrá presumirse, salvo evidencia en contrario que se obró con error insalvable sobre la legitimidad de la orden recibida, excepto cuando consistiera en la comisión de hechos atroces o aberrantes
[14] Aprobada en la 10ª. Sesión del Senado los días 31 de enero y 1° de febrero de 1984, fueron informantes del proyecto de la mayoría el Sen. Berongaray, con la contribución del bloque neuquino del Sen. Sapag luego de lograr la corrección, el proyecto de la minoría fue informado por el Sen. Saadi.
[15]“….hechos atroces o aberrantes.”
[16]En efecto, se observa a partir de las imputaciones que no se tiene en consideración las responsabilidades militares y en las penas se igualan al general con el soldado, sin considerar el nivel de conocimiento y responsabilidad de cada uno. Es decir que se transforma a las FFAA en una asociación ilícita en la que todos sus miembros se encuentran en paridad
[17] En este trabajo, cuando se efectúen referencias a personal relacionado con la guerra antiterrorista, se hará referencia en forma genérica a “personal militar”, comprendiendo en ella a todo los implicados de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Servicios Penitenciarios y civiles que estuvieron relacionados.
[18] Ley N° 23.492 “Punto Final”, promulgada el 24/12/1986.
[19] Ley N° 23.521 “Obediencia Debida”, promulgada el 8/6/1987.
[20] Ley N° 24.952, derogando las leyes N°23.492 y 23.521
[21] Analizando los debates habidos en los trámites de su derogación, en ambas cámaras, llama fuertemente la atención la fuerte carga emocional y el tono reivindicatorio de todas las presentaciones, habiendo en ese momento transcurrido más de 20 años del golpe de 1976.
[22]Ley N° 25.779, declarando insanablemente nulas las leyes N° 23.492 y 23.521, que ya habían sido derogadas, promulgada el 2/9/2003.
[23] Convicción puesta de manifiesto por varios oradores en la sesión de derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en la sesión de diputados del 24 de marzo de 1.998, por ej. Dip. Barberis -Pág. 844 y 845-y Dip. Casella -Pág. 852-.
[24]3 de diciembre de 1.990
[25] “El relato” expresión que en los últimos años adquirió en la Argentina autonomía y fuerte carga negativa a la vez que representa una recreación de toda la historia argentina con una visión omnicomprensiva, maniquea, falsa pero totalmente coherente, usada con carácter propagandístico para mostrar y convencer, por saturación, quienes eran los buenos y quienes los malos.
[26] Especialmente cuando indultó a personas sin condena, encausadas y con juicios en desarrollo.
[27]Decreto 1002/89: Indulta a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos
Decreto 2741/90: Indulta a los ex miembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
Decreto 2746/90: Indulta al ex militar Guillermo Suárez Mason.
[28]Decreto 2745/90: Indulta al ex-ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de secuestro y torturas contra Federico y Miguel Ernesto Guthein
[29]Decreto 1005/89: Indulta a los ex-miembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas
[30]Decreto 1004/89: Indulta a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988
[31]Decreto 1003/89: Indulta a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o “desaparecidas”. También indulta a militares uruguayos.
[32]Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.
[33] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de octubre de 1.992, resolvió: “1° Que las leyes N°23.492 y23.521 y el decreto N° 1.002/89 son incompatibles con los artículos 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1°, 8° y 25° de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 2°Recomendar al Gobierno de la República Argentina que otorgue a los peticionantes una justa compensación por las violaciones a las que se refiere el artículo precedente. 3° Recomendar al Gobierno Argentino la adopción de las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la última dictadura militar. 4° Disponer la presentación del presente informe.” Diario de sesiones de diputados-24 de marzo de 1.998-Pág. 855. Exposición Dip. Torres Molina.
[34] Los decretos de indultos citados, fueron declarados “constitucionales” al menos en 18 oportunidades.
[35] Debe tenerse en cuenta que la categoría de “lesa humanidad” no existía en el ordenamiento penal argentino, de la misma manera que el ordenamiento penal no era aplicable con retroactividad. Esta realidad cambió luego de los fallos Arancibia Clavel y Simón emitidos por la Corte Suprema con la integración armada por el Presidente Kirchner. Hasta ese entonces eran delitos comunes.
[36] Durante los meses de abril y mayo de 1.995
[37] Las más importantes por referirse al quehacer y al ordenamiento diario
[38]FALLOS CORTE SUPREMA- TOMO 316-3 Pág. 2531 (pdf. 287/1191)
Competencia militar. Es competente la justicia militar para conocer en la causa instruida con motivo de un accidente automovilístico producido cuando el militar imputado se hallaba en territorio extranjero, mientras se desarrollaba un conflicto armado, en cumplimiento del decreto 217/92 que aprobó la resolución 713/91 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Competencia militar. El art. 108 del Código de Justicia Militar no exige, entre las circunstancias que determinan la competencia militar, en tiempo de guerra, el carácter de beligerante de las fuerzas argentinas.
La señora Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de esta Capital, declaró su incompetencia en favor de la justicia castrense en la causa instruida con motivo del accidente automovilístico ocurrido en Grubisno Polje, provincia de Croacia, en el cual resultaron muertos dos efectivos del Ejército Argentino acantonados en la ex-República de Yugoslavia -dentro del marco de la Resolución NO 713/91 de la Organización de las Naciones Unidas (fs. 84/85}–.
La justicia nacional consideró que, si bien la República Argentina no ha declarado la guerra al Estado Yugoslavo, no es posible obviar la circunstancia de que, debido a órdenes impartidas desde el Poder Ejecutivo, un contingente de personas pertenecientes al Ejército Argentino se encuentra en un verdadero teatro de operaciones, aunque lo sea con la encomiable finalidad de colaborar con el resurgimiento de la paz.
A su turno, el titular del Juzgado de Instrucción Militar N° 3, con base en lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ejército, sostuvo que las fuerzas argentinas no estaban, técnicamente, en tiempo de guerra -artículo 882 del Código de Justicia Militar- como así tampoco frente al enemigo -artículo 883 del mismo cuerpo legal- por lo que no resultaba de aplicación lo normado por el artículo 108 del Código de Justicia Militar.
La misión de las tropas nacionales allí destacadas es la de integrar una fuerza internacional de paz, cumpliendo tareas de protección y seguridad de personas y bienes (fs. 94/96). Con la insistencia de la magistrada federal, en la que sostuvo que, la ausencia de una formal declaración de guerra no implica que los hechos investigados no hubieren realmente acaecido “en tiempo de guerra”, quedó trabada esta contienda (fs. 102/104 vta.).
A la luz de una interpretación actualizada del Derecho Internacional de la Guerra, en virtud de lo dispuesto por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, que nuestro país ratificó por decreto-ley 14.442/56 y ley 23.049/86, respectivamente, entiendo que la guerra es “todo conflicto armado”, tenga el carácter de interno o internacional.
Por otra parte, el artículo 108, en su inciso a), establece que la jurisdicción militar es extensiva, en tiempo de guerra, “a los delitos y las faltas que afectan directamente el derecho y los intereses de los individuos, cuando son cometidos por militares o empleados militares en actos de servicio militar” o, entre otros supuestos, … “durante los desembarcos o permanencia en territorio extranjero, cuando”, como sucedió en este caso, “no hayan sido juzgados por las autoridades locales”. Resulta, a mi juicio, claro que dicha disposición no exige, entre las circunstancias que determinen la competencia militar, en tiempo de guerra, el carácter de beligerante de las fuerzas argentinas. Por lo tanto, creo que el caso cumple con los requisitos de la citada norma, ya que el militar imputado se hallaba en territorio extranjero, mientras se desarrollaba un conflicto armado, y en cumplimiento de su servicio impuesto a partir del Decreto NI’217/92 del Poder Ejecutivo Nacional por el que se aprobó la Resolución 713/91 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. – Por ello opino que debe continuar conociendo de esta causa la justicia militar. Buenos Aires, 1 de septiembre de 1993. Oscar Luján Fappiano
FALLO DE LA CORTE SUPREMA 2533
Buenos Aires, 16 de noviembre de 1993.
Autos y Vistos: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General, a los que cabe remitirse en razón de brevedad, se declara que deberá entender en la presente causa el Juzgado de Instrucción Militar N’ 3, al que se le remitirá. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N’ 1. AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – RICARDO LEVENE (H) – JULIO S. NAZARENO – EDUARDO MOLINÉ O’CONNOR.
[39] 2│CONDICIONAMIENTO DE LA CORTE
Comprender cómo se implementó la “Política de Estado” requiere del análisis de las declaraciones del ex Jefe de Gabinete del Presidente Kirchner, Alberto Fernández, brindadas el 20 de junio de 2013 en el programa Juego Limpio conducido por el periodista Nelson Castro y emitido por canal de TV Todo Noticias [TN], que completan el rompecabezas de las acciones políticas del ex presidente: “…es nuestro orgullo la Corte, dijo Fernández y agregó: Yo he visto a Kirchner seleccionar a esos jueces, yo he visto a Kirchner reunirse con ellos antes de ser designados, no me lo contó nadie, estuve en todas las reuniones, y lo que Kirchner les decía es, ustedes están para actuar con total independencia, nunca van a llamar de la casa de gobierno –así era y no estoy mintiendo, vayan y pregúntenle a cualquier juez de la Corte–, y tengo dos problemas que para mí son problemas de Estado: los derechos humanos y la dolarización de la economía. Salvo esos dos temas que se están ventilando en la justicia, la verdad es que nosotros no tenemos ningún interés en ningún tema. Estos temas nos preocupan porque son Política de Estado.
Los futuros miembros de la CSJN, al haber aceptado sus respectivos cargos con tal condicionamiento previo y sin reparo alguno, se sometieron a la voluntad presidencial y declinaron el atributo y garantía de independencia que les corresponde en tanto son propios de la función, establecidos en favor de los ciudadanos de la República, y por tanto irrenunciable”. Citado en: “Juicios de Venganza”- Juan D. Amelong y Alberto E. González. Ed. Justicia y Concordia. Buenos Aires 2015-Pág. 1103.
[40] Entendiendo como tal una directriz para la acción que ineludiblemente se cumplirá, independientemente de quien fuere gobierno.
[41] Corte Suprema de Justicia de la Nación.-Centro de información judicial- Delitos de lesa humanidad- Informe sobre la evolución de las causas-Actualizado al 16-7-2.010-Pág.10.
[42] En el libro “Juicio Político”-Garantías del acusado y garantías del Poder Judicial frente al poder político- Ed. Hammurabi-Bs. As. 2.015-Los Dres. Ma. Angélica Gelli y Marcelo A. Sancinetti, defensores del Dr. Antonio Boggiano, presentan claramente el procedimiento empleado en la maniobra.
[43] El caso crítico corresponde al Dr. Petracchi, quien al cambiar su criterio de votación permitió que el fallo “Arancibia Clavel” fuese el que permitió el escándalo jurídico de las persecuciones a los militares.
[44]En este sentido Lorenzetti ha expresado: los tres poderes del Estado coinciden en que esto es una decisión irrevocable, los juicios de lesa humanidad se hacen en todo el país y no hay marcha atrás.
[45] Así lo hizo saber R. Lorenzetti cuando dio inicio al año judicial en 2014: “…Por eso decimos nosotros, en materia de juicios de lesa humanidad, que esto forma parte del contrato social de los argentinos, porque ha sido sostenido por los tres poderes del Estado y si hay alguien que piensa que esto va a cambiar está equivocado. Nosotros [la CSJN] sostenemos esto como una política de Estado”.
[46]Se agrega una relación ampliada, aunque no excluyente, de violaciones al debido proceso:
Además de los Fiscales, el estado se presenta como querellante a través de las Secretarías de DDHH nacionales y provinciales, y la justicia permite como acusadores adicionales a organismos defensores de DDHH generando que en cada juicio que las defensas enfrenten hasta siete, ocho o diez partes acusadoras con la consiguiente desigualdad de armas en el proceso.
Se dividen las causas por provincia, por Cuerpo de Ejército actuante, por centros de detención y otros criterios generando procesos en todo el país y el multijuzgamiento de muchos oficiales y suboficiales. Hay personas que han recibido luego de larguísimos procesos tres y cuatro cadenas perpetuas.
Se imponen penas altísimas que superan los años de vida de los procesados, todos ellos de 60, 70, 80 y hasta 90 años dada la antigüedad de los hechos.
Se los recluye en prisiones que no están preparadas para alojar ancianos. 423 imputados han fallecido, menos del 30% con condena.
Se aplica no el derecho penal de acto, sino una responsabilidad objetiva, no importa lo que el imputado hizo sino dónde se encontraba destinado al momento de los hechos.
Se manipulan los jueces y fiscales en su mayoría nombrados ad-hoc, no sólo en su designación sino que se les ha pedido el juicio político (con el peligro de la pérdida de la jubilación) a los jueces y camaristas que o bien firmaron fallos a favor de algún imputado en estos delitos o no actuaron abriendo causas por delitos 0de lesa humanidad en su jurisdicción. Las presiones han incluído la presencia de una manifestación violenta con agresiones en sus domicilios personales.
Esta misma modalidad llevada a cabo por manifestantes violentos que responden a organizaciones radicalizadas, se hace en los domicilios de personas que son acusadas de estos delitos cometidos hace 40 años o de imputados a los que se les concede por razones de edad o salud la detención domiciliaria.
Hay jueces y fiscales que debieron excusarse por haber militado activamente en la guerrilla.
Muchos de los jueces más severos son quienes fueron Magistrados durante el gobierno militar.
A todos los imputados se los detiene y se les niega la excarcelación.
A los imputados mayores de 70 años se les niega o retacea la detención domiciliaria. 175 ancianos de más de 70 años permanecen en prisión contra las disposiciones de la ley de ejecución penal argentina.
Sólo a los imputados por estos delitos se les niega la aplicación de la ley más benigna para el cómputo de sus penas
Prevalece la prueba testimonial, y la de un solo testigo, por sobre cualquier otra dado el paso del tiempo y la suposición que el Estado durante el gobierno de facto pudo haber ocultado o alterado las evidencias.
El pago de indemnizaciones de U$D 250.000 a las supuestas víctimas ha generado un negocio fenomenal de reclamos y presentaciones de víctimas, muchas de ellas por hechos inverificables que ha generado para el Estado argentino el desembolso de más de 3.300 millones de dólares sólo en indemnizaciones hasta ahora, mientras que tiene pendientes sumas equivalentes en reclamos por persecución, exilio y detenciones inclusive durante la etapa constitucional.
[47] “La inteligencia naval estratégica en la Guerra de Malvinas”- Un éxito olvidado. Cap. de Navío Alfredo Luzuriaga. Boletín del Centro Naval N°835-julio 2013
[48] “The telegraph” entrevistado por Cole Moreton el 17 de marzo de 2012
[49] “Kissinger aconsejó a la dictadura apurar la represión ilegal en 1976”. Apertura de los archivos secretos del Departamento de Estado; publicado en “Clarín”. Buenos Aires, 4/12/2003
[50] Recién empezaban los libros de los guerrilleros o relacionados con ellos; hoy desde el de Fernández Meijide al de Leis, podemos agregar muchos más.
[51] Después del 25/5/73, fecha en la que se disolvió la Cámara Federal Penal, se expulsó a los jueces, secretarios y demás funcionarios y empleados judiciales pertenecientes a la Cámara, se anuló la totalidad de la legislación antiterrorista, que permitió durante su existencia una justa aplicación de la ley; se asesinó a uno de los jueces y se sometió al escarnio y a la burla a los restantes, a quienes se quitó inclusive la jubilación, a la par que se dispuso una amnistía total e inmediata para todos los guerrilleros, que el mismo día de su salida volvieron a tomar las armas y aún –aprovechando la ocasión- asesinos comunes, a partir de ese momento, dejó de existir la justicia, ningún juez tuvo el coraje de actuar.
[52] Las decisiones se tomaron bajo presión y sin estar verdaderamente preparados. Massera y otros fueron condenados por la teoría de la culpa mediata por xx asesinatos, violaciones, etc., pero nunca fue juzgado por lo verdaderamente importante: “el por qué de la decisión de adoptar uno u otro modo de guerra”
Enrique Emilio Molina Pico, nació el 5 de agosto de 1938 en la Ciudad de Buenos Aires) es un marino, actualmente retirado, perteneciente a la Armada de la República Argentina que alcanzó la máxima jerarquía del arma naval y la comandancia de dicha fuerza militar.
Envío y colaboración: Tte 1ro G. Ramón De Marchi.
BLABLABLÁ*
EN LA “JUSTICIA” NADA CAMBIA SOLO SE TRANSFORMA
Luego de unos ocho meses de negativas y trámites judiciales logré que los semidioses de la justicia que no es justicia, me permitieran ampliar mi declaración indagatoria. A pesar de saber QUE NO SIRVE ABSOLUTAMENTE PARA NADA y que todo es un BLABLABLA, el día cinco del corriente, comparecí ante el juez de la justicia “independiente” nombrado por este gobierno, WALTER LÓPEZ DA SILVA. Como siempre, le solicité sin éxito la presencia de los fiscales militantes hijos dilectos de la ex procuradora de la impunidad K, Gils Carbó, que “trabajaron” en la causa, JOSÉ NEBBIA Y MIGUEL PALAZZANI para ser interrogado por ellos. ¡Oh sorpresa!, a decir del togado estos habrían sido nombrados en Neuquén, fiel demostración que nada cambia y que solo se transforma, en más de lo mismo. Tras el arribo de ANTONIO CASTAÑO fiscal ajeno a la causa que ahora quedó a cargo de la misma y de toda la fiscalía lo que demuestra que todo es BLA BLA BLA, comenzó el acto sin sentido. Como había hecho en otras oportunidades cuando los semidioses eran otros y no se dejaban ver, en mi BLABLABLA les desee lo peor para ellos y sus respectivas familias manifestando: “yo expresé que no iba a decir que era inocente, solamente que hacia votos para que todos los que estamos en esta causa –funcionarios, imputados, todos- que mientan o actúen mal por acción, omisión o dejadez, el destino les traiga las peores desgracias a su persona y a todos sus descendientes, por supuesto que también estos deseos son para mi persona si me manifiesto con falacias”. Silencio y miradas judiciales al vacío.
UN JUEZ Y UN FISCAL SIN VERGÜENZA
Más allá de lo estrictamente relacionado con la causa, recordé algunas de las penurias que nos impusieron e imponen a los adultos mayores, estos adalides de la justicia: “estando tan vigentes los derechos humanos, para una video conferencia a uno lo sacan a las 4 de la mañana de la prisión y lo llevan a 2.000 metros del lugar al Hospital Penitenciario donde está la sala de videoconferencia. Uno se acuesta en el suelo hasta las 7 de la mañana en que viene la limpieza y luego espera hasta las 10, 11 de la mañana en que a uno le tomen declaración. De ahí mi costumbre de tomar Coca Cola y litros de café para llegar más o menos en condiciones de entender lo que está pasando con quienes dicen justicia, derechos humanos y los grandes valores de la vida. Tengamos en cuenta que uno tiene más de 70 años. ¿A nadie le da vergüenza este tipo de acciones? Destaco que en la prisión he tenido que estar ayudando a internos que en mi vida había visto y que les faltan las dos piernas y que la justicia los tiraba en el lugar, sin nadie que se ocupara de ellos. Yo, como policía, he visto y conozco los horrores de la vida y de lo que es capaz el ser humano. Estas circunstancias realmente me han horrorizado, teniendo que limpiar ancianos que están dementes, por lo cual son incapaces de sacarse las materias fecales de encima. Esto no me lo contaron es lo que viví y es lo que justifica – entre otras muchas cosas – que mis deseos de desgracias personales alcancen a los familiares como han alcanzado a los míos”. Al igual que en la década ganada, para DA SILVA y CASTAÑO, esto y mucho más debe haber sonado a BLABLABLÁ y sin pudor ni emitir palabra siguieron mirando al vacío.
“Era como mirar a un punto de la pared donde había estado colgado
un reloj durante años y ver solo el espacio vacío”.
Elizabeth Gilbert (1969- )
La “Argentinización” de Estados Unidos de América
Lawrence Summers, quien fuera secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América durante el mandato de Bill Clinton, acusó al presidente del país norteamericano, Donald Trump, de tratar de “argentinizar” al gobierno de los Estados Unidos.
“Denuncias de traición hacia el partido opositor (por el partido demócrata) por el solo hecho de no aplaudir los discursos del Presidente de Estados Unidos Donald J. Trump, desfiles de armas a través de la capital de la nación, amenazas presidenciales a la prensa y a la aplicación de la ley, proteccionismo y falta total de restricción fiscal… me preocupa la argentinización del gobierno de los Estados Unidos”, dijo Summers en directa relación a las actitudes populistas del millonario neoyorkino.
El ex dirigente demócrata puso énfasis en los cuestionamientos al partido opositor por criticar el discurso que Trump brindó en el acto del Estado de la Unión en el que exhortó a que los estadounidenses superen sus diferencias políticas.
Lawrence Henry “Larry” Summers fue secretario del Tesoro entre 1999 y 2001, en el ocaso del segundo mandato de Clinton. También encabezó el Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos en los albores del gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2010. Summers nació en 1954, en Connecticut.
Cuello y boca de batracio,
puteadora inimputable,
llena de odio y rencores
acobardando a fiscales
se escuda en la compasión
y el respeto que despiertan
sus pérdidas familiares.
Usando a sus hijos muertos
como escudo defensivo
y otras veces como arma
de gran poder ofensivo
se desacató ante jueces
para tapar sus delitos
y ha insultado al Presidente
y a varios de sus ministros.
Impiadosa y vengativa,
con su tenebrosa lengua,
maldiciendo delirante,
se alegró hasta de las muertes
cuando un once de setiembre,
quizá pensando en sus hijos
clandestinos criminales,
3000 víctimas fatales,
4 locos asesinos,
provocaban un desastre.
Con discursos execrables
¡que respeten mis memorias!
exige en forma implacable.
Todos deben respetarla.
Ella, no respeta a nadie.
“POLÍTICA DE PUÑAL FÁCIL”
Luis Oscar Chocobar. A la izquierda, junto al turista apuñalado.
Viernes 24 de Mayo de 2013: Comandante General (R) José Eugenio SAN JULIÁN (Gendarmería Nacional.)
Sábado 02 de Diciembre de 2017: Prefecto General (R) Pedro Luis BUSTAMANTE (Prefectura Naval Argentina.)
Anuncios de austeridad del señor Presidente Mauricio Macri
Me puse contento cuando hizo los anuncios, en la Argentina para cambiar el rumbo de la historia del fracaso que hemos vivido por decadas exige que todos pensemos mas en la “cosa comùn” que en los propios intereses personales. Solo 11 funcionarios parientes de los Ministros han renunciado.
A eso ud. le llama aujuste?
Yo me llamo a mi mismo “Un Viajero y una Valija” viajo, aprendo y enseño. Hace ya un par de años escribìa dos notas: “Pensar la Politica en Grande” y otra nota ¿ Donde esta el espiritu de grandeza?. Todo esto es lo que falta en la clase politica argentina, en la del pasado y en la actual.
Tantas historias y tantas resistencias para no perder un “cargo polìtico, adol” una gran “pobreza espiritual”. Hace años que trabajo para una mejor Argentina sin ocupar cargos polìticos. Todo esto me da mucha pena, mucha tristeza, nuestra sociedad sin valores “morales” y como dije en otra nota
“La Argentina marginal” se acostumbro hace años a vivir al margen de la ley.
Argentina tiene instituciones poco confiables no solo para el mundo sino para muchos argentinos que soñamos que algun dia se produzca un gran cambio cultural. Ud. Señor Presidente se tiene que poner a la cabeza de ese gran cambio cultural que necesita la Argentina para ser un paìs confiable, seguro.
Le pido a Dios que lo ilumine.
“…Impunidad Angustiante…
La impunidad vuelve valientes a los cobardes y osados a los pusilánimes, y el día en que cobardes y pusilánimes alcanzan el poder sus sucias babas lo aniquilan todo. Es que una vez más mi Estudio Jurídico fue ultrajado por un nuevo atentado. Esta vez sin balas ni artefactos explosivos pero si con una indemnidad que alarma. En un edificio adyacente con los Tribunales Federales y Provinciales en donde funcionan organismos de derechos humanos y fiscalías federales, y en su mayoría oficinas de abogados del foro local, forzaron sin miramiento la cerradura de entrada y entraron a mi estudio sin ningún impedimento ni cámara que vigile. Es verdad seguramente querían y sustrajeron únicamente el equipo de computación en donde albergo información confidencial productos de años en el ejercicio de mi profesión como abogado. Se hizo la denuncia en la Fiscalía de turno. Lamentablemente sabemos el resultado. Mi estudio ya fue atacado por atentados con proyectiles y artefactos explosivos en cinco oportunidades, sin que el Estado actúe protegiendo la vida, el trabajo y la tranquilidad de los abogados y de los ciudadanos para establecer mínimamente la confianza en el imperio de la ley y de la seguridad pública. Serví como empleado, funcionario y magistrado a la Justicia por más de 20 años. Tuve que renunciar por impotencia y cansancio moral ante las amenazas de muerte a mi familia. La investigación si se practica lamentablemente quedara en saco roto. La lentitud de la justicia revela y advierte a la sociedad de una indemnidad sin límites. Es que existe una enorme falta de confianza en los tres poderes del estado y en especial en el Judicial. A la justicia ordinaria no se la teme, se la supone inocua (todo el mundo “confía en la justicia”; muchos, en realidad, confían en su torpeza). El tiempo pasa. Las causas se prescriben o quedan archivadas y florece la indemnidad. Nuevamente el silencio de muchos. Es que cuando las inmora­lidades o presuntos delitos se denun­cian, se verifican y el Estado da vuelta la cara como que “nada tengo que ver con esto” es, en la prác­tica, lo mismo que patroci­nar, promover, apadrinar la inmoralidad, que queda ex­puesta ante la ciudadanía sin que nada la evite, la corrija ni, menos aún, la castigue.
Una convención interame­ricana, aprobada por ley na­cional, impone a los gobier­nos su deber de adoptar las medidas para detectar, san­cionar y erradicar la corrupción. No se dice que se deba combatir el delito, pues cae de maduro que los países aceptan la obligación de po­ner en vigencia su legisla­ción, y todos tienen sus có­digos penales para que se cumplan, no para adorno de bibliotecas. Si ante las irregularidades el poder ad­ministrador va a esquivar el bulto, pretendiendo que só­lo se han de corregir delitos verificados por el Poder Ju­dicial, por supues­to, la inmoralidad ha de proliferar al amparo de esta pro­tección oficial. Todavía recuerdo el “panorama tucumano” de hace muchísimos años en el diario “la Gaceta” en donde el periodista Federico Van Mameren, publicaba en un editorial bajo el Titulo “A puro Verso” y recordaba a Enrique Santos Discepolo que murió en 1951. Sus versos o aquellas reflexiones bajo el seudónimo de “Mordisquito” encajan perfectamente en ese Tucumán contemporáneo que alguna vez recibió el mote de “Macondo” y todavía le cuesta sacárselo.
Es que da lo mismo que sea cura/
colchonero, Rey de basto/
caradura o polizón!….
…Señora de ojos vendados/
que estás en los tribunales/
Sin ver a los abogados/
baja de tu pedestales/
Quítate la venda y mira/,
cantó alguna vez María Elena Walsh. Alguna vez hay que ver los contrastes. Qué paradoja estamos en Febrero del 2018 y nada ha cambiado en la seguridad ni en la Justicia provincial. Eso si nada me hará retroceder en la lucha contra las mafias a pesar de que el “Mono Ale” integrante del clan mafioso condenado por la justicia federal y con prisión preventiva domiciliaria se da el gusto de bajarse de un automóvil Fiat con vidrios polarizados entre los días lunes o martes 22 y 23 de Enero del corriente año en un bar frente a los tribunales federales y conversar sin custodia con su abogado defensor sentado muy campante en la mesa al estilo Minguito.
Jorge Lobo Bernabé Aragón
Las contradicciones de los objetivos temáticos del G-20 en una argentina que no protege ni garantiza los derechos fundamentales a sus ciudadanos.
En las 60 reuniones del G-20, principal foro internacional de cooperación económica, financiera y política (y la cumbre de líderes del 30nov y 01dec18), la agenda de discusiones estará orientada en temas fundamentales como la anticorrupción, empleo, salud, educación, desarrollo, comercio e inversiones…En estos sectores, el gobierno argentino deberá mostrar una realidad contraria a sus discursos políticos que no puede esconder a sus interlocutores con la maquina estatal de comunicación, propaganda y marketing político. Los objetivos hipotéticos, las promesas electorales, las palabras de buenas intenciones o un plan nacional temático (siguiendo el modelo de los derechos humanos), no podrán convencer ni armonizar las acciones de los participantes del G-20, como tampoco revertir la situación catastrófica global que viven ciudadanos nacionales y extranjeros en el país.
Recordando que si bien el presidente Mauricio Macri, por la Constitución Nacional, es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país (art. 99, inciso 1 CN), demostró ampliamente que abandonó su responsabilidad militar, moral, política y jurídica en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas[2], e idéntica conducta mantiene con el resto de la sociedad.
Constatando que en Argentina los principios del estado de Derecho están en peligro, la corrupción pública y privada llegan a niveles inimaginables, la violencia y la criminalidad están generalizadas, se viola el orden público, la politización de la justicia es una institución, la instrumentalización política de los hechos históricos y dolorosos de los años 70’ se transformó en un negocio rentable. Asimismo, la inseguridad jurídica es doctrina en los fueros federales, los parlamentarios prefieren abusar de la inmunidad parlamentaria en lugar de ejercer sus funciones legislativas, las personalidades políticas, sindicales y empresariales acusadas de delitos económicos están cotidianamente en las tapas de los diarios. El enriquecimiento ilícito de los magistrados es de conocimiento público, pero sin consecuencia judiciales.
Y al mismo tiempo la pobreza real aumenta, la educación es muy preocupante, la salud pública está abandonada, las manifestaciones violentas en las calles y rutas son recurrentes, la inflación continua de aumentar mientras que los esperados inversores extranjeros observan y guardan distancia. Las infraestructuras y rutas son inoperantes. El fraude fiscal y el trabajo informal son deportes nacionales. Los diversos subsidios son derechos adquiridos, el gasto público es de imposible control…
Todos los expertos nacionales e internacionales, los medios de prensa, la OCDE con sus recomendaciones[3] y el informe World Justice Projet 2017-2018[4] comparten esa cartografía/diagnostico.
Observando que el presidente Macri, no protege ni garantiza el libre ejercicio de derechos políticos, sociales, culturales… de todos los habitantes en el territorio argentino. Viola principios fundamentales previstos en los artículos 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 37, 41, 42 de la Constitución Nacional (CN), por ejemplo:
No asegura la libertad de transitar, de trabajar, de ejercer libremente una profesión y el comercio, por los constantes cortes de rutas, manifestaciones, bloqueos, agregado a los numerosos paros y contestaciones laborales. El sindicalismo paralizó la educación del país durante largos meses.
No protege ni garantiza los derechos humanos para todos los ciudadanos por igual, al permitir que nefastos militantes radicalizaos expresen con escraches el desacuerdo de decisiones judiciales que son contrarias a sus ideologías.
No garantiza la seguridad jurídica que pone en peligro las libertades fundamentales, el derecho a la propiedad y facilita la expropiación. Aleja las inversiones extranjeras.
Permite que grupos fanatizados argumentando reivindicaciones territoriales, apoyados por minorías violentas, y asociaciones supuestamente de derechos humanos, desafíen el orden republicano, fijen normas de autonomía separatista, prohíben y limitan el acceso de la justicia, sin que el gobierno aplique el peso de la ley que si lo hace con otros sectores vulnerables.
No lucha concretamente contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, ni asume la seguridad de la nación y de sus ciudadanos.
No garantiza una política social realista provocando un aumenta considerable a la vez de la pobreza y de villas de emergencia. No reduce el analfabetismo. Los programas de protección de la familia, niños y madres solteras son clientelistas.
Deja que militantes que dicen representar el poder del pueblo en la calle, decidan sobre todos los temas, haciendo retroceder las decisiones del Estado, la justicia, el gobierno.
No se inquieta que los jueces federales públicamente violen los principios de inocencia, del secreto de la instrucción y el deber de reserva. Que realicen la apología de la violencia y de la aplicación ilegal de normas jurídicas contra un sector de la sociedad.
Comparte orgullosamente, con la complicidad de la justicia federal, mantener en prisión a hombres y mujeres, por acusaciones y condenas ilegales, mayores de 70 años, enfermos, quienes representan las instituciones y la sociedad de los años70’. Los tratamientos inhumanos y degradantes son la regla, representando más la venganza que la justicia. Se cometen violaciones de los derechos humanos, principios constitucionales y convencionales.
Reconociendo que, con los diversos hechos de corrupción, de politización de la justicia, de interpretación selectiva con el pasado, se demuestra la incapacidad o complicidad del Estado al imposible cumplimiento de los objetivos determinados en el G-20. La supuesta lucha contra la corrupción es más una acción de publicidad política que una realidad o voluntad del gobierno porque según la Oficina Anticorrupción investiga muy lentamente a numerosos funcionarios, varios ellos miembros del gobierno[5], sin conocerse decisión judicial alguna. Ningún juez o alto funcionario es investigado o juzgado por su notorio crecimiento patrimonial de imposible justificación.
Los jueces alteran beneficios personales y/o subordinación al poder político:
Así, por “razones humanitarias, extraordinarias y bajo caución juratoria“, el juez federal Sergio Torres concedió la excarcelación al ex canciller Héctor Timerman y la autorización para que éste viaje a los Estados Unidos de América a continuar un tratamiento médico, pese a que se encuentra procesado con prisión preventiva y domiciliara debido a la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia. Es inquietante la posición jurídica del juez Torres dado que los mismos argumentos utilizados para excarcelar al ex ministro, les niega ese beneficio a numerosas personas que mueren enfermas en las cárceles, mayores de 70 años, procesadas ilegalmente por supuestos delitos de lesa humanidad. Con estos últimos tiene un comportamiento de intransigencia visceral, donde la ecuación procesal para este juez es que todo procesado debe estar en la cárcel, con prisión preventiva ilimitada, sin posibilidad de detención domiciliaria y aún menos en libertad bajo caución juratoria.
Boudou, Amado, ex vicepresidente de la Nación, acusado de lavado de dinero, detenido durante 70 días en la cárcel federal de Ezeiza por orden del juez federal Ariel Lijo. Durante la feria judicial, el 12 enero 2018 la cámara federal integrada por los camaristas Eduardo Farah, Leopoldo Bruglia, Rodolfo Pociello Argerich, revocó su prisión preventiva ordenando la inmediata libertad bajo caución juratoria. La crítica de la Cámara Federal es por mantener detenida a una persona sin resolver su situación procesal durante dos meses. La conducta judicial de estos y otros camaristas es confusa porque en los procesos de los ilegalmente llamados de lesa humanidad niegan automáticamente demandas similares a numerosos hombres y mujeres hasta con 15 años de prisión preventiva.
El gobierno actual continua a marginalizar todos los ex agentes del Estado que ejercieron en las diversas administraciones publicas entre 1976 y 1983 acusados ilegalmente de colaborar con la dictadura, salvo que realiza alianzas de circunstancias con personas a quienes no se las juzga por su pasado. Por ejemplo:
Jorge Faurie, actual canciller: desempeñó distintas funciones estratégicas durante el último gobierno militar: en la cancillería 1975-1977 responsable del escritorio Brasil, las embajadas argentinas de Venezuela en 1978-79, Rumania en 1980-84. Conociéndose la cooperación que existía entre esos gobiernos con la fuerza armadas argentinas. Fue uno de los funcionarios que se encargó de negar la extradición a Francia de Alfredo Astiz y entre 1989-1992 ejerció como ministro consejero de la embajada argentina en Chile durante la escandalosa época del ex embajador Oscar Spinosa Melo, ignorándose la responsabilidad de Faurie en esa función[6].
En septiembre 2002 entonces vicecanciller y embajador en Portugal, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción por haber omitido declarar la empresa Costes SRL que poseía en sociedad con Ramon Hernández, secretario privado del ex presidente Carlos Menem, a lo que se sumó un informe de la AFIP que indicaba que Faurie seria titular de dos terrenos en Santa Fe que no fue mencionado en su declaración jurada de 2002. La causa recayó en el juzgado de Servini de Cubría, y no ha tenido avances desde entonces.
El 03 noviembre 2017, durante una entrevista a un medio español, el periodista interrogó al canciller Faurie: ‘¿Le preguntan esos inversores por qué muchos de los ministros siguen teniendo su dinero fuera de Argentina?”, afirmando el ministro de relaciones exteriores argentino que: “No creo que ningún inversor de los grandes fondos, que tienen su plata en cualquier lugar, esté preocupado por eso. Hay grandes fortunas europeas que están en otros países por temas fiscales”, corrigiendo el periodista que “Los empresarios sí, pero no los ministros”, agregando que “No canciller, eso no se acepta en Europa” pero Faurie insistió que:” No, no, también los ministros”[7].
Con el mismo pasado temporal-institucional del canciller Faurie otros hombres y mujeres están acusados de colaborar con la dictadura o procesados en los ilegales juicios de crímenes contra la humanidad.
Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad, fue responsable de la organización terrorista Montoneros bajo el seudónimo de Carolina Serrano. Militante activa, actuó a nivel nacional e internacional en acciones de violencia política que nunca fueron llevadas ante la justicia. ¿Cómo esta ministra podrá garantizar una política de seguridad, de orden público y proteger la ciudadanía, cuando los organizadores de la inseguridad, de la violencia y del desorden, son sus antiguos asociados o afines a la organización armada a la cual perteneció?
Gerardo Martínez[8], secretario general de la UOCRA, en los años 70-80 fue oficial de inteligencia del Ejército. En 2011, fue acusado por organizaciones de derechos humanos por haber pertenecido al Batallón de Inteligencia 601 y por la desaparición de numerosas personas. Cercano al gobierno de los Kirchner. En su proceso judicial primero intervino el juez Sergio Torres y luego en 2014 fue declarado inocente y sobreseído por el juez Ariel Lijo. En las mismas situaciones, ese juez y otros ordenan que 2800 hombres y mujeres permanezcan en prisión, procesados, acusados ilegalmente de crímenes contra la humanidad. Martínez, hoy es responsable del grupo L20 representa la Argentina ante la OIT, integra el círculo del presidente Macri. La corrupción, los cortes de rutas, los constantes paros, la criminalidad, la violencia, las reivindicaciones indefinidas, son indicadores constantes en el mundo sindical que integra Martínez los cuales frenan los objetivos del G-20 y del L20 en particular.
Gerardo Martínez L20
Finalmente: en estos ejemplos de contradicciones e ilegalidades, un observador extranjero se debe preguntar: ¿quién gobierna el país y quienes son los interlocutores proclives a conductas disruptivas, enemigas de los objetivos del G-20 y de la sociedad argentina? Hace más de 40 años un sector minoritario de la sociedad busca imponer lo que no pudo hacerlo por las armas, construyendo escenarios de venganza, creando nuevos conflictos, impidiendo fijar las bases de un nuevo contra social y de cohesión nacional.
El abuso de poder por parte del Estado, la intimidación ejercida por militantes enemigos de la justicia y el linchamiento mediático contra un enemigo designado operado por los medios y las organizaciones llamadas defensoras de los derechos humanos, son prácticas corrientes. La impunidad es la regla pese a los comunicados del gobierno destinados a convencer lo contrarios a la comunidad internacional.
Los jueces federales son actores políticos y verdaderos instrumentos de presión al servicio del poder quienes aplican en realidad varios modelos de justicia:
Uno es para juzgar los crímenes y delitos sin connotaciones políticas, en el cual se hace beneficiar a los autores de delitos económicos o narcotraficantes (la mayoría con antecedentes penales) de decisiones sorpresivas y controvertidas. Se privilegia la libertad o sobreseimientos.
el otro para los hombres políticos, empresarios, industriales o cercanos al poder políticos actual o pasados, a quienes se les aplican escrupulosamente las normas procesales, el principio de inocencia, las excarcelaciones, tiempos razonables del proceso, y
un tercero, el más severo, con normas de excepción, es para juzgar los hombres y mujeres, representando la sociedad de los años 70 que se opusieron a los grupos terroristas que pretendían asumir al poder por las armas. Con estos últimos y a diferencia de los otros dos modelos, se utiliza la retroactividad penal, se ignora la prescripción, la amnistía, las garantías procesales, los principios de legalidad, con prisiones preventivas ilimitadas, violaciones de garantías constitucionales y convencionales….
En ese contexto de justicia arbitraria, de corrupción, de abandono de las obligaciones positivas del Estado, ¿cómo se puede asegurar y promover las inversiones extranjeras en Argentina o brindar confianza a las empresas cuando la seguridad jurídica no está asegurada.? Y sobre todo ¿cómo proteger y respetar los derechos fundamentales que el G-20 busca implementar?
Paris, 07 febrero 2018, Prof. Mario Sandoval, marios46@hotmail.com
[2] Las responsabilidades y sus consecuencias. https://prisioneroenargentina.com/index.php/2018/01/16/el-g-20-frente-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-argentina-que-elude-responsabilidades-que-modelo-de-militares-defiende-el-presidente-macri/ y https://www .informadorpublico.com/fuerzas-armadas/el-g-20-frente-al-comandante-en-jefe-de-las-fuerzas-armadas-de-argentina-que-elude-responsabilidades-que-modelo-de-militares-defiende-el-presidente-macri
[3] OCDE in Argentina: Estudio económico multidimensional, visión general. Julio 2017 http://www.oecd.org/eco/surveys/Argentina-2017-OECD-economic-survey-overview-ESP.pdf
[5]La Oficina Anticorrupción investiga a 27 funcionarios, pero hay pocos avances. Clarín, 18 enero 2018.
https://www.clarin.com/politica/oficina-anticorrupcion-investiga-27-funcionarios-pocos-avances_0_rJ6u650Nz.html
[6] In Inmunidad Diplomática: Oscar Spinosa Melo, embajador argentino en Chile; una historia de sexo, drogas y chantaje de Francisco Martorell, Editorial Planeta, 1993. https://fr.scribd.com/doc/2731682/Impunidad-Diplomatica-Francisco-Martorell
[7] El País, 03nov2017 https://elpais.com/internacional/2017/11/02/argentina/1509642466_536818.html
[8] Sitio oficial http://www.gerardomartinez.com.ar/
ROBO y VANDALISMO en el estudio del DOCTOR JORGE LOBO ARAGÓN
SE DENUNCIA – Art. 328 C.P.P.T.
Causa: LOBO ARAGÓN JORGE BERNABÉ S/ DENUNCIA.
LOBO ARAGÓN JORGE BERNABÉ, DNI: 12.209.529, abogado del foro local, M.P. 2118, con domicilio real en Av. Camino del Perú Nº: 1575, San Miguel de Tucumán, y domicilio legal en Pasaje 2 de abril 337 P.B. (Capital), con Casillero de Notificaciones Nº: 581, POR DERECHO PROPIO, a S.S. respetuosamente digo:
Que conforme lo prevé el artículo 328 y ccdtes del C.P.P.,el que en el último párrafo da cuenta:
“…Cuando proceda la investigación penal preparatoria, el fiscal que reciba la denuncia actuará de inmediato…” “…Cuando el Fiscal de instrucción tomaré conocimiento o tuviere noticias de la existencia de un hecho delictivo, por cualquier vía de información, aún sin que exista denuncia formal, deberá de inmediato verificar la seriedad de la misma y en su caso proceder a la formación del sumario para investigación penal preparatoria…”
Por la normativa apuntada es que doy cuenta que:
Siendo horas 9,30 del día de la fecha, 06/02/2018, a horas 09:30, al regresar de mis vacaciones del mes de enero – durante la Feria Judicial –, e ingresar en mi estudio jurídico sito en Pasaje 2 de Abril 337 P.B., reparó y advierto que mi oficina se encontraba totalmente revuelta, con papeles y expedientes tirados en el suelo, como asimismo los libros de consultas. Que al hacer un ligero sondeo de lo eventualmente sustraído se verifica la falta de un equipo de computación completo (CPU, Monitor, teclado y mouse),con un gabinete de color negro que englobaba en su interior una matherboar marca Asus, con un microprocesaro pentium intel de cuatro núcleos, cuatro megas de memoria ram y un disco rígido de un tera de capacidad y un monitor led de 19 pulgadas marca LG. Dicho dispositivo contenía (software) en su interior una selecta y seleccionada información de todas las causas judiciales interpuestas y pendientes como abogado en ejercicio. Como asimismo todas las publicaciones realizadas como escritor y columnista en revistas editadas a nivel provincial, nacional e internacional. Dicha pérdida de información y confidencia no puede ser medida pecuniariamente ya que es la referencia seleccionada de toda una vida de ejercicio profesional como abogado, ex-magistrado e integrante de los tres poderes del Estado con cargos electivos.
Ante la impunidad manifiesta es que DENUNCIO directamente ante el representante de la vindicta publica el ROBO del equipo de computación y la rotura de la cerradura de la puerta de ingreso de mi Estudio Jurídico que da directamente a la entrada del Edificio JADE II.
Dicha sustracción evidentemente ha sido cometida con absoluta impunidad ya que el edificio de referencia en donde se encuentra mi bufete se haya en las inmediaciones de los Tribunales Federales y Provinciales, en feria durante el mes de enero y se encuentra en su mayoría compuesto por oficinas pertenecientes no solamente a abogados del foro local sino también a Organismos de Derechos Humanos con custodia permanente durante todo el año.
“La absoluta impunidad. En mi edificio se encuentran Organismos de Derechos Humanos con custodia permanente. Es alarmante la falta de seguridad a nivel Provincial y Nacional. La Argentina del todo se puede…”
Que lamentablemente vuelvo a denunciar otro atentado a mi Estudio Jurídico el que ya sufrió estas sustracciones en numerosas ocasiones que tuvieron repercusiones públicas por mi actuación contra la mafia. Que llama la atención que supuestamente el único despojo es información valiosa de un hombre de más de 35 años de ejercicio de la profesión.
Por todo lo expuesto solicito al Ministerio Público una profunda investigación de este nuevo hecho de impunidad manifiesta que se denuncia y se ponga en conocimiento del Colegio de Abogados de la Capital al que pertenezco y de las autoridades públicas (Ministerio de Seguridad), que estime pertinentes teniendo en cuenta que se trata de una sustracción a un estudio jurídico con causas públicas y privadas de relevante importancia. .
Se adjunta fotografías de la sustracción realizada.
Nos solidarizamos con nuestro consocio Jorge B. Lobo Aragón. Su prédica contra las redes mafiosas del narcotráfico, la prostitución, la trata de personas ha originado un nuevo atentado a su estudio jurídico, que se suma a otros anteriores y a habituales amenazas, que siempre ha enfrentado con valentía.
Febreo 7, 2018
LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA Y LA MENTIRA
HECTOR TIMERMAN UN TRAIDOR A LA PATRIA PROTEGIDO
Luego de repasar el artículo 16 de la Constitución Argentina (1) en donde dice que: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”, solo hay tres alternativas ante tanta patraña en tan pocas palabras. Reír, llorar o proferir palabras soeces. Siempre digo sí, a la primera y a la última, llorar jamás, en este caso elegí la última. Aclaro que minutos antes había leído la nota de La Nación sobre los beneficios otorgados al ex canciller K, HECTOR TIMERMAN. Este traidor de traidores a todos y a todas por excelencia, gracias una acción combinada del poder judicial “independiente” y el gobierno de MAURICIO MACRI ahora podrá viajar a Estados Unidos en procura de seguir viviendo entre nosotros algunos años más.
Cierro los ojos y de inmediato se representan lo visto y vivido en el pabellón 19 de la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza durante los años 2015 y 2016. De que igualdad habla esta Constitución incumplida cuando las noches venían acompañadas de un prolongado coro de toces, de viejas gargantas (2). O a mitad de las mismas, el cautivo CHIACHIETA (f) empapado en su propio orín temblando de frío, lloraba al sentirse impotente, por su mal estado producto del cáncer que le provocaba incontinencia al carecer de vejiga. O cuando había que ayudar a bañarse a MASTRANDREA (3)-(f) quien tenía ambas piernas amputadas? O DEL REAL (4)-(f) con una sola pierna. O a BERNAUS (5) con sus 85 años de edad y enfermedades varias y otros. Son las imágenes del horror que destierro de mi mente repitiendo una y otra vez palabras soeces. Van destinadas a jueces fiscales y políticos de todos los colores, por cuyo criminal y cobarde accionar se lleva a cabo nuestro exterminio. Sobre TIMERMAN, con gran expectativa espero que prontamente ocupe su merecido lugar en el averno, entonces sí sabré que se hizo justicia.
1) CONSTITUCIÓN NACIONAL – Artículo 16 – La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
DIARIO LA NACIÓN – 7 de febrero de 2018 • 11:59
La decisión del Departamento de Estado provocó que el gobierno argentino interviniera para facilitar el ingreso del ex canciller de Cristina Kirchner a EE.UU. El actual ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie , encabezó las tratativas.
Hace pocas semanas, mientras esperaba que se resolviera el problema de su visado, Timerman debió someterse a una intervención quirúrgica pulmonar que le permitiera estar en condiciones para volar a EE.UU. La defensa del ex funcionario había indicado en ese entonces que “su condición general de salud” se había deteriorado debido a las demoras del viaje.
Escribe el fiscal
Si alguien osaba hablar de los cortes de calles, rutas y puentes, recibía un contundente“no podés criminalizar la protesta social, facho!”.
MAGISTRADO JUDICIAL. El doctor ROMERO es FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES.
Estimada Jueza
Escribe María Eugenia Prestofelippo.
Estimada Jueza, no se si me recuerda, quizás sí. Soy la Lic. en psicología que está en la lucha de los juicios “lesa humanidad”. Y la que no baja los brazos por esta causa.
Después de haberla conocido, pude notar en Ud. una persona con la cuál sí se puede conversar e intercambiar mucha información.
Recuerda que Ud. me dio su mail y le prometí no molestarla en vano, pues cumplí y sigo cumpliendo. Pero permítame decirle que el motivo por el cual le escribo es muuuy fuerte (no es Ud. es la Jueza Berros y López Arango de quién no tengo su mail y ojalá le llegue a ella para que hagan autocrítica de lo que se ve en este breve video durante un juicio de Lesa Humanidad que es de terror, vergonzoso y hasta poco serio)
Además La Jueza Berros llego a su cargo de miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná durante el Kirchnerismo y se caracteriza (como otros jueces) por sus fallos arbitrarios y su cometido forense prevaricador contra los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad prisioneros por causas de “leso venganza” o “leso humanidad”, ALGUNOS DE LOS CUALES ESTÁN EN PRISIÓN PREVENTIVA DESDE HACE 9 AÑOS SIN CONDENA FIRME. Por eso no sorprende la LIBERACIÓN del hijo de MAMELUCO VILLALBA por la Dra. Berros ya que continúa aplicando las doctrinas Zaffaronianas de la equiparación de víctima y victimario y la extrapolación de teorías pseudo psicológicas a la ciencia jurídica para librar a delincuentes.
Como verá Dra. Carnero, con el video y con lo que pasó recientemente tengo pruebas objetivas de lo que digo.
Una pena no hagan autocríticas, teman a los organismos de DDHH y contribuyan a la historia a medias y no a la verdad completa como haría un juez sin ideologías reinantes.
Otro tema y como especialista en la materia, de la salud mental, me atrevo a recomendarle a la Dra. Berros (y si a ud le interesa también), el libro “El cerebro emocional” de Joseph LeDoux año de edición: 2000 él es Prof de la Universidad de Nueva York. Y es muy respetado por sus aporte a la ciencia. En las pág 234, 273 y 274 -como en varias pág más- uno puede entender con datos objetivos la fragilidad de la memoria y como funciona. Son autores con mucha trascendencia científica.
Espero que sepa entenderme y pueda leer mi dolor como mis lágrimas por toda la injusticia que Ud. TAMBIEN PUEDE DARSE CUENTA.
MUCHAS GRACIAS DRA. Y DISCULPE LAS MOLESTIAS.
A 43 AÑOS DEL COMBATE DE “PUEBLO VIEJO
Escribe JUAN CARLOS JONES TAMAYO.
En pocos días más se cumplen 43 años en que nos internábamos en la selva de “La Florida”, en columna de a uno, buscando una madriguera de la llamada “Compañía de Monte Ramón Rosa Giménez ” integrante de la banda terrorista del “Ejército Revolucionario del Pueblo” (ERP), para aniquilar su conformación en pos de “asegurar” la paz interior.
Nos encontramos casi sorpresivamente. Los guerrilleros emboscaron a la punta de infantería del EC, hiriendo gravemente al entonces Teniente Rodolfo Richter. y, cuando el otro oficial de especialidad comando, el Teniente 1ro.Héctor Cáceres, intentó acudir en su ayuda, recibió por la espalda un disparo de FAL que impactó en su corazón. Se hacia el anochecer cuando se generalizó el combate en ambas orillas del río Pueblo Viejo. El EC del GAM 5 contraatacó y persiguió al enemigo que huía, apoyado por helicópteros de Aviación de Ejército a órdenes del entonces Capitán Arturo Grandineti; logrando abatir a 3 guerrilleros e hiriendo a varios más. El resto de los insurgentes se dio a la fuga aprovechando la oscuridad. En el contraataque resultaron también heridos el entonces Subteniente Daniel Arias y el Cabo 1ro Orellana.
Como todos los años, quiero saludar, en particular, a los Oficiales que estaban ese 14 de Febrero en Pueblo Viejo, los Sres. Coronel (R) Julio Bidone, Teniente Coronel (R) Horacio Marengo y Teniente Coronel (R) Aldo H. Martínez Segón, quienes, como yo, hoy somos Prisioneros de Guerra y Presos Políticos por causas inventadas en otros años. Cabe señalar que al Teniente Coronel Marengo, quien había sido condenado a 16 años de Prisión por el TOF “Jujuy”, por supuestos delitos cometidos en 1976 en esa provincia, y llevando cumplidos 8 años de cárcel, la Cámara de Casación lo ABSOLVIO. ¿Quién le devuelve a él y a su familia los 8 años perdidos de su vida?
Equipo de Combate GAM 5: ¡¡FIRMES!!. ¡¡SUBORDINACION Y VALOR!!
Año 2018 Cnl (R) Prisionero de Guerra
ILUSIONES FALSAS E HIPÓCRITAS QUE ASESINAN Y MATAN PRESOS POLITICOS
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 07 de febrero de 2018.
Al respecto de estos dichos de su senadora CARRIO, publique una carta abierta de fecha 30 de octubre de 2017 a la cual titulé “LOS ARGENTINOS AMANTES DE LA ILEGALIDAD Y DE LA HIOCRESIA” PARTE II publicada en www.dev3.greymatter.one dicha publicación recomiendo leerla para entender esta.
Dicha carta se la remití por correo certificado con aviso de retorno, y nunca me fue contestada, ni tuvo el coraje de aceptar la invitación que en ella le cursé.
Entre los conceptos que vierto de su diputada, es que es una mentirosa e hipócrita, ya que siendo constitucionalista, y habiendo participado en la Convención Constitucionalista del año 1994, viola flagrantemente la Constitución Nacional y en complicidad con el gobierno de los KIRCHNER eliminan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, algo totalmente Inconstitucional, y que esta “prócer de Cambiemos”, del engaño y de falta de vergüenza, manifestó “Yo soy autora de la nulidad de la ley de obediencia debida y punto final pero nunca busqué venganza… hay casos que están bien juzgados y hay caso de los que no se tienen pruebas” y con esas anulaciones empezaron los juicios de la venganza a los que combatimos al terrorismo, ella descaradamente menciona pero nunca busqué venganza…, intentando cubrirse o desprenderse de los delitos producidos contra los Presos Políticos y sus muertes, en este Estado Argentino, en complicidad de usted Presidente, que permite la violación Constante de la Constitución y sus leyes internacionales incorporadas a la misma, de cuyo cumplimiento es el responsable cuando es violada por el poder judicial, y permitir que hagan de ella un sucio papel higiénico.
Desarrollo también en esa carta, otra clara muestra de cinismo de esta “ilustre senadora suya cuando menciona “…hay casos que están bien juzgados” o que “ hay casos mal juzgados”, usted sabe perfectamente que cuando se viola la Constitución Nacional los juicios son de nulidad absoluta, vierto luego conceptos como la Justicia Argentina a defecado sobre los principios universales del derecho penal, en los juicios que conoce perfectamente y que elegantemente su gobierno llama “JUICIOS DE LESA HUMANIDAD”, cuando en realidad DISEÑARON Y EJECUTARON UN PLAN DE ENCUBRIMIENTO CRIMINAL DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTA NACIONALES, Y EL EXTERMINIO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD Y FUERZAS POLICIALES Y PERSONAL CIVIL”, que las enfrentaron. Y su senadora tiene el descaro de decir que no quería venganza.
Luego el 2 de Noviembre de 2011 he leído con cierto asombro una publicación del Informador Público titulada “LESA HUMANIDAD: LLEGA EL ARRESTO DOMICILIARIO PARA LOS DETENIDOS”, en donde expresa lo siguiente “El gobierno estudia una medida general que beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia firme, mayores de 70 años. Posteriormente se revisarían las causas.”,
Si bien no estaba de acuerdo en nada sobre las medidas que en ese artículo se mencionaba en ese momento no efectué comentario alguno, en primer lugar porque le mencioné a su senadora “que ojalá yo me equivoque”, y en segundo lugar, por ese dicho esperé que la prisión domiciliaria se hiciera realidad, para los Preso Políticos, lo que hasta el día de hoy no se ha concretado y siguen muriendo en las cárceles del Estado, siendo al día de hoy, de 432 en total, y durante su gobierno 92 muertos, es decir lleva el 21,30% del total de todos los asesinatos de estos presos políticos en las cárceles del país que debería gobernar correctamente.
Si tiene memoria señor presidente en la primera carta enviada en mayo de 2017, fue certificada con aviso de retorno para que sea leída por usted personalmente, carta que no se dignó contestar, en ella mencioné que su gobierno llevaba 14 muertos y al no recibir contestación la convertí carta abierta, en la segunda carta abierta le recalcaba que esos 14 muertos constituían el 7,60%, los que eran de su responsabilidad, y que las mismas aumentarían exponencialmente por la edad, las enfermedades y la falta de atención médica, cartas que nunca contestó, y a posteriori le envíe dos más, cuando me las contesto lo hizo, con hipocresía y cinismo que realmente no me lo esperaba de mi presidente, me mencionó que no podían hacer nada por el Art 109 de la Constitución Nacional que dice textualmente: “En ningún momento el presidente de la Nación pueden ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causa pendientes o restablecer las fenecidas”, en contestación de semejante aberración, le pregunte entonces porque el Ministerio de Justicia con su secretaria de Derechos Humanos era querellante en nuestros juicios, por supuesto tampoco tuvo el valor de contestar o enderezar terrible violación de la Constitución Nacional por parte de su Ministerio, al contrario el Secretario de Derechos Humanos se jactó de que en 2017 se habían batidos todos los rencores de sentencias en las casos de estos juicio que ofenden el ordenamiento jurídico mundial, con total beneplácito suyo, pues nunca tomé conocimiento que lo desmintiera o le llamara la atención.
Efectuada esta introducción paso a detallar el porqué, no estoy en nada de acuerdo con “El gobierno estudia una medida general que beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia firme, mayores de 70 años.” Entiendo que no nos beneficia absolutamente en nada, como se menciona.
Nos han violado Derechos Humanos elementales y Constitucionales, por más de 14 años, de haberlo hecho, solo nos hubieran restituidos esos Derechos, lo que por supuesto no ha ocurrido, solo estarían cumpliendo con la ley, como la cumplen con todos los corrutos del régimen anterior que están libres, e incluso son senadores de la Nación cuando deberían estar presos.
Voy a efectuarle una pregunta señor Presidente, que por supuesto los periodistas cobardes y acomodaticios nunca se la harán, ¿Cuántos son los muertos que produjo el gobierno anterior, por hambre, falta de atención médica, accidentes, delincuencia narco tráfico etc., por un gobierno corrupto durante 10 años y durante el suyo por no tomar medidas correctas, e incluso también ya está denunciado por la peor de las corrupciones, la de poner de garantía a provincias por los préstamos que ha solicitado endeudando al país por 100años? ¿Son 200.000, son más o son menos vuestros muertos? Los muertos por razones de desgobierno por parte de los representantes de los Estados están también incluidas en el Tratado de Roma y son calificados como delitos de lesa humanidad, los cuales sería un importante tema de estudio para determinar si se cometieron o no ese tipo de delitos.
Primero hacen creer a la ciudadanía que nos hacen un favor con la domiciliaria, y luego con total armonía con su senadora CARRIO se menciona “Posteriormente se revisarían las causas.”
A esta afirmación me quedan algunas preguntas que me gustaría me conteste y no guarde silencio como en las cartas anteriores.
¿Quién revisaría las causas?
¿La constitucionalista perjura CARRIO que por ella estamos en cárcel? (Si se sincerara, porque ella lo sabe, que colaboró para violar la Constitución Nacional, y es la principal culpable de la situación de los presos políticos, diría que los juicios son ilegales y que no pueden ser revisados por ninguna razón.),
¿Los jueces prevaricadores que nos condenaron violando la Constitución Nacional y el Código de Procedimiento Penal de la Nación? Estos jueces banales, hipócritas, mentirosos, prevaricadores, y hasta algunos terroristas ¿Cree que van a escupir para arriba y decir que cumplían una Política de Estado?
¿La Corte Suprema de Justicia con un presidente que participó en hechos terrorista de suma gravedad con el nombre de guerra “EL MONO”? ¿Se olvida que fue el que votó en contra del 2×1, y todas sus huestees de Cambiemos votaron, en forma inconstitucional la nulidad de una sentencia totalmente ajustada a derecho? Y ahora deja y está en las manos de este ex terroristas el destinos de nuestra vidas ¿Cree Presidente que este ex terrorista va a ser ecuánime cuando se llenó la boca manifestado que seguía una Política de Estado y que esa política se la impuso a Ud. cuando manifestó que continuaría, los juicios con esa política de estado?, no dijo nada y siguió permitiendo es genocidio de viejos soldados.
También mencionan que “pasó por las manos del titular de la Corte Ricardo Lorenzetti. En él se dispone otorgar por razones humanitarias el arresto domiciliario a todos los procesados y condenados en causas de lesa humanidad”.
Que hipocresía, el juez, que votó contra el 2×1, ex montonero, que se cansó de violar la constitución Nacional en los primeros juicios, legislando y modificando lo establecido por la Constitución Nacional, ahora se dispone por razones humanitarias a conceder prisiones domiciliarias, es realmente entregar las ovejas al lobo, y es tomarnos por estúpidos, señor presidente
Por ultimo también se menciona que: “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitaría a la Corte un dictamen del nuevo Procurador General de la Nación (quien suplante a la renunciada Gils Carbó) acerca de la aplicación del derecho a prisión domiciliaria de los mayores de 70 años” esto es la mayor de las vergüenzas y falsedades de su gobierno Presidente, preguntar a un funcionario sobre lo que dicta Constitución y las Leyes es realmente vergonzoso, es poner a los hombres por encima de lo más sagrado que tiene una República, que es su CARTA MAGNA.
Usted tiene la responsabilidad de que sea cumplida y no violada, tiene todo el terrible poder que le da el Estado, haga uso de ese poder, nunca es tarde para obrar correctamente y, ponga lo que deba poner, que hasta ahora no lo ha demostrado.
Enderece todas las cosas torcidas. De seguir así le puedo asegurar que no va a necesitar nadie que pretenda vencerlo en las próximas elecciones, es usted su propio enemigo.
Señor Presidente a pesar de tener un montón de asesores permítame sugerirle una idea para solucionar rápida y correctamente, este problema, si bien sabemos que todos los juicios son de nulidad absoluta, porqué así lo dicta la Constitución violada, y hasta el sentido común, por ello le propongo que nombre a los 10 mejores juristas de la Argentina, sin intereses políticos, totalmente independientes y dictaminen sobre la ilegalidad o no de los juicios, ya que la revisión de cientos de juicios que duraron dos, tres, cuatro o más años, cuando terminen las revisiones de los mismos estaremos todos asesinados por el Estado, de esta manera le hago llegar una propuesta viable, rápido y efectiva, con un tema que divide a los argentinos vergonzosamente, y que por tratarse de hombres reconocidamente probos y honestos, todo lo contrario a lo que es el “EL MONO”, su decisión será inapelable, logrado esto, espero que se coloque bien los pantalones y sepa ordenar tan terribles desviaciones.
Antes de terminar lo invito a Ud. A tomar unos mates en esta cárcel, que es mi domicilio para chalar este tema, como lo he visto en sus videos propagandísticos que siempre llama por teléfono o visita a alguna persona que le hace llegar algún mensaje por cualquier medio, este es mi mensaje y espero su visita y también su sincera contestación.
Por último voy a recordarle las palabras de MARTIN LUTHER KING que se las mencionara en la primera de mis cartas: “La cobardía preguntó ¿Es seguro? – La conveniencia política preguntó ¿Es político? – La vanidad preguntó ¿Es popular? – La conciencia preguntó ¿Es correcto? Entonces llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero que hay que tomarla porque es la correcta”, aspecto que en hasta al momento no lo he visto respecto a nosotros los PRESOS POLITICOS, que haya actuado una sola vez correctamente, nos ha mentido ante de ser elegido, y nos sigue mintiendo como presidente de la Nación Argentina.
PP –VGMT (PRESO POLÍTICO Y VETERANO DE LA GUERRA EN EL MONTE TUCUMANO)
LOS SEIS MESES: Carta Abierta de Ariel Valdiviezo al Presidente Macri
A los temas tratados en los excelentes editoriales de la nacion sobre nuestra baja calidad institucional, agrego el juicio político promovido hace un año al presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, por Elisa Carrió, disponible en la página web de la legisladora en un fundado documento de 84 páginas con 23 acusaciones por mal desempeño y delitos comunes. Este planteo está durmiendo en el Congreso y ningún fiscal se ha preocupado por investigar los delitos comunes. La legisladora también lo denunció por otro hecho ante la doctora Servini, pero pasó un año sin novedades. Que exista una acusación de tal envergadura, que los legisladores la cajoneen, que la sociedad, los medios y las instituciones no reclamen, que ningún fiscal investigue, que Servini la mantenga enstandby y, lo que es peor, que el Gobierno se aproveche de esta situación y se despegue de la acusación ¡alegando no haberla leído! son síntomas de un país institucionalmente muy enfermo. Es grave que el interesado no intente aclarar esta lamentable situación que lo descoloca a la hora de resolver temas candentes del Gobierno; ningún magistrado puede quedar impávido en esta situación, y el presidente de la Corte, menos. Esta acusación congelada interpela al país: ¿qué imagen proyectan nuestras instituciones y nuestro Poder Judicial?, ¿será necesario que se interponga una denuncia ante la Justicia para forzar a los fiscales a actuar?