Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/246-25-4-00-00-0125.HTM
Timestamp: 2019-06-24 18:44:20
Document Index: 296139572

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 589', 'artículo 336', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 156']

Mediante Oficio No. 8318 de fecha 02 de diciembre de 1999, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, remitió expediente contentivo de la decisión de amparo constitucional sobrevenido, interpuesta por el ciudadano LEOPOLDO LÓPEZ MOROS, mediante su apoderada judicial abogada Susana Rodríguez Gómez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 30.040, en contra del auto dictado en fecha 30 de julio de 1999, por el Juzgado Superior Tercero de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
La presente remisión se hizo de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a los fines de su conocimiento en consulta.
El 26 de enero del año 2000, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Iván Rincón Urdaneta, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 10 de julio de 1995, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, declaró con lugar la demanda que, por resolución de contrato de arrendamiento, instaurara la ciudadana Haydee Galarraga de Lazo en contra del ciudadano Leopoldo López Moros. Dicha sentencia fue confirmada en fecha 9 de diciembre de 1996 por el Juzgado Superior Tercero de la misma Circunscripción Judicial, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 14 de agosto de 1995.
El 30 de julio de 1997, el demandado en el referido juicio, interpuso ante el mismo Juzgado Cuarto de Primera Instancia, recurso de invalidación en contra de la sentencia que éste emitiera el 10 de julio de 1995, a los fines de suspender los efectos de la misma.
El 21 de octubre de 1998, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas, declinó la competencia en el conocimiento del recurso de invalidación interpuesto, por considerar que habiendo sido confirmada su decisión por un Tribunal Superior, el recurso debió plantearse ante dicho tribunal. En razón de lo anterior, fueron remitidos los autos al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas.
El 2 de marzo de 1999, el ciudadano Leopoldo López Moros, parte actora en el juicio de invalidación, interpuso escrito de recusación en contra del Juez a cargo del Juzgado Superior Tercero de esta Circunscripción Judicial, por lo cual pasaron los autos al Juzgado Superior Cuarto de la misma Circunscripción Judicial, el cual declaró sin lugar la recusación interpuesta, devolviéndose el expediente contentivo de la invalidación al mencionado Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa misma Circunscripción Judicial.
El 12 de julio de 1999, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas, conociendo del recurso de invalidación, fijó caución por la cantidad de doscientos cincuenta y tres mil bolívares (Bs. 253.000,oo).
El 15 de julio de 1999, solicitó el demandado en el juicio de invalidación, se aumente el monto de la caución fijada.
El 22 de julio de 1999, la apoderada actora, solicitó mediante diligencia, que el Juzgado se abstuviera de aumentar el referido monto.
El 30 de julio del mismo año, el mencionado tribunal, modificó el monto de la caución exigida, por la cantidad de trece millones ochocientos mil bolívares (Bs. 13.800.000,oo).
El 24 de agosto de 1999, el ciudadano Leopoldo López Moros, interpuso ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas, amparo constitucional sobrevenido en contra del referido auto de fecha 30 de julio de 1999, mediante el cual se aumentó el monto de la caución exigida.
El 27 de agosto de 1999, el Juez Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas, se inhibió del conocimiento de la acción interpuesta, razón por la cual fueron remitidos los autos al Juzgado Superior Primero de la misma Circunscripción Judicial.
El 24 de noviembre de 1999, el mencionado Juzgado Superior Primero, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, revocando el auto de fecha “20 de julio de 1999”, emanado del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas.
El 29 de noviembre de 1999, el accionante en amparo solicita, mediante aclaratoria de sentencia, que la decisión que declaró con lugar el amparo interpuesto, abarque también el auto de fecha 30 de julio de 1999, el cual fijó el monto de la caución en Bs. 13.800.000,oo pedimento este que fue declarado sin lugar, en virtud de lo cual, interpuso ante este Tribunal Supremo de Justicia amparo constitucional “sobrevenido”, en contra del referido auto de fecha 30 de julio de 1999.
Vista la prolija relación de actuaciones procesales surgidas con ocasión del juicio originalmente intentado, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de su competencia, y a tal efecto observa:
Tal como se narró precedentemente, fue remitido en consulta a esta Sala Constitucional, la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, la cual declaró con lugar la acción de amparo sobrevenido interpuesta por el ciudadano Leopoldo López Moros contra el auto de fecha 30 de julio de 1999, emitido por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Area Metropolitana de Caracas.
Estima necesario esta Sala, a los fines de determinar su competencia para conocer de la presente acción, hacer las siguientes consideraciones en torno al amparo sobrevenido interpuesto:
El numeral 5 del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ubicado dentro de las hipótesis que contemplan la inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, dispone lo siguiente:
5) "Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes.
En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez observará acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.(subrayado propio)
Se consagra en esta normativa legal, una forma muy particular de interposición de la acción de amparo constitucional, cuando en el transcurso de un proceso judicial, surgen irregularidades causadas por las partes, terceros, o algún órgano auxiliar de justicia, que amenacen o vulneren un derecho o garantía constitucional.
Los efectos de la sentencia que recaiga bajo esta modalidad de amparo, se circunscriben a la suspensión provisional del acto impugnado, y la misma, al igual que cualquiera de las sentencias que son dictadas en otra materia, son susceptibles de apelación o consulta obligatoria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Entre los aspectos que caracterizan este amparo constitucional, se destacan: 1) que se trate de violaciones o amenazas de violaciones de derechos y garantías constitucionales, producidas durante la tramitación de un proceso; 2) que no exista una vía ordinaria para atacar eficazmente en el transcurso del mismo proceso, el nuevo acto, hecho u omisión lesivo de los derechos fundamentales; y 3) que el presunto agraviante sean las partes, terceros o algún órgano auxiliar de justicia, excluyéndose como tal al Juez, toda vez que respecto de decisiones, conocería su superior, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, debe reiterar la Sala en este punto, su sentencia de fecha 20 de enero del año 2000 (caso Emery Mata Millán vs. Ministro y Viceministro del Interior y Justicia), en la cual sostuvo lo siguiente:
“Consecuencia de la doctrina expuesta es que el amparo sobrevenido que se intente ante el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal considera esta Sala que es inconveniente, porque no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplicación de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la mayor inseguridad jurídica y rompiendo así el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el juez que la dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte.”
Admitir lo contrario, conduciría a reconocer la propia arbitrariedad del juzgador, debido a que no podrían concurrir en una misma persona, la cualidad de Juez y parte dentro de un mismo proceso, cuestión ésta que acarrearía constantes y reiteradas causales de inhibición por parte de los juzgadores, en detrimento de la celeridad procesal que debe regir en toda causa.
De lo anterior se desprende, que la presente acción por ser intentada contra un pronunciamiento judicial, no encuadra dentro de la calificación de “amparo sobrevenido” alegada por el accionante, sino que la misma se subsume en el supuesto previsto en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece en su único aparte, lo siguiente:
“Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. (subrayado propio)
De la transcrita norma, se desprende, entre otras, que la acción debe ser intentada ante el tribunal superior a aquel que dictare el fallo cuyas violaciones son impugnadas.
En el caso que nos ocupa, la decisión cuestionada emana del Tribunal Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por lo cual debe forzosamente concluirse que, el Juzgado Superior Primero -siendo de igual jerarquía al Tribunal emisor del acto impugnado- no ha debido entrar a conocer del amparo interpuesto, dada su incompetencia en esta materia, motivo por el cual el fallo dictado por el referido Tribunal Superior Primero en fecha 24 de noviembre de 1999, debe ser revocado, y así se declara.
Ahora bien, como quiera que esta Sala Constitucional, tal como se dispuso en sentencia de fecha 20 de enero del año 2000, Caso Emery Mata Millán, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional contra sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, pasa a conocer de la presente acción, y así se declara.
Delimitada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional, para conocer de la acción de amparo interpuesta, pasa la misma a pronunciarse sobre su admisibilidad, y al respecto observa:
En el caso que nos ocupa, el objeto de la acción de amparo lo constituye la nulidad de un auto emanado del Juez Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante el cual se fijó una nueva caución.
Respecto a la impugnabilidad de este tipo de actos, dispone el artículo 589 del Código de Procedimiento Civil en su único aparte, lo siguiente:
“…Si se objetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación probatoria por cuatro días y se decidirá en los dos días siguientes a ésta” (subrayado propio)
En el presente caso, estima la Sala, que el accionante disponía de un mecanismo judicial breve e idóneo, que le permitía una eficaz protección de los derechos y garantías denunciados como vulnerados, es decir, podía oponerse en el lapso establecido en la norma adjetiva, a la caución fijada por el Tribunal de la causa por considerarla exagerada, razón por la cual, el amparo ejercido resulta inadmisible, y así se declara.
Con respeto a la solicitud de amparo constitucional sobrevenido, interpuesta por el mismo ciudadano ante este Supremo Tribunal de Justicia, con posterioridad a la decisión cuya consulta es sometida a su consideración, se observa que por haber sido dirigida dicha acción en contra del mismo auto de fecha 30 de julio de 1999, y por los mismos motivos expresados al momento de interponer la acción de amparo por ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, no tiene materia sobre la cual decidir, y así se declara.
1º IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria interpuesta por el ciudadano Leopoldo López Moros de la decisión dictada por este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en fecha 02 de marzo del año 2000.
2º Se ORDENA remitir copia de las presentes actuaciones al Colegio de Abogados del Distrito Federal, a los fines de que abra la correspondiente averiguación disciplinaria en contra de la abogada Susana Rodríguez Gómez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.040, y determine si la afirmación que ésta le atribuye a la Sala en su sentencia del 02 de marzo del año 2000 -la cual es inexistente- es contraria a las normas éticas que informan el ejercicio de la profesión de abogado.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil. Años: 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
Exp. 00-00125
IRU/ rln/nab
Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede que, decidió la consulta de la sentencia de amparo constitucional dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 24 de noviembre de 1999. Las razones por las cuales me aparto de la sentencia aprobada por la mayoría son las mismas que he sostenido reiteradamente, desde las decisiones dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja; y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna disposición que atribuya a esta Sala Constitucional competencia para conocer de las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo por los Tribunales de la República. En esa oportunidad también disentí del argumento de la mayoría según el cual el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuía a esta Sala competencia para conocer como segunda instancia en acciones de amparo. Por el contrario, desde un primer momento sostuve que en el referido numeral 10 se consagró un mecanismo extraordinario de revisión, cuya finalidad es que esta Sala establezca criterios para lograr uniformidad en la interpretación de la Constitución. A tal efecto, indiqué:
En el caso concreto de las apelaciones o consultas, la norma contenida en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas en materia de amparo, es precisa al indicar que el conocimiento de las mismas corresponden al Tribunal Superior respectivo atendiendo a la materia del caso concreto. Ahora bien, cuando dicho artículo alude a los "Tribunales Superiores", no se refiere necesariamente al Tribunal de Alzada, sino a un tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. De allí que, estima el disidente, el criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas de la forma siguiente: para precisar la afinidad de una Sala con un caso concreto debe establecerse el ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.).
De lo anterior se desprende que, la competencia para conocer de las consultas o apelaciones de las decisiones de amparo dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, debe distribuirse, según la materia entre las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia. No existe, -como señalara- en el texto constitucional ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer en segunda instancia de las acciones de amparo, por lo que, hasta tanto no hubiese una modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales o la existencia de otra disposición que atribuyese tal competencia a la Sala Constitucional, ésta no debió asumir tal conocimiento. Por el contrario, debió permanecer inalterado el régimen competencial que se ha seguido en esta materia, el cual es similar al previsto en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, en virtud de que, dicho régimen permanece vigente por no contradecir ninguna norma constitucional, tal como lo establece la Disposición Derogatoria Única de la Constitución de 1999.
La modificación de las competencias realizada por la mayoría sentenciadora, constituye –a juicio de quien disiente- una alteración del régimen procesal previsto en la Ley Orgánica de Amparo, materia esta (legislación procesal) que es de la estricta reserva legal, por estar atribuida al Poder Legislativo Nacional, de conformidad con el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Exp. N°: 00-0125, SENTENCIA 246 DE 25-4-00