Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-394-de-junio-21-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_3ca5b9dcb16d43a9b011afbf4de328d5&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 09:29:08
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﻿ SENTENCIA C-394 DE JUNIO 21 DE 2017
SENTENCIA C-394 DE 21 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR DEMANDA DE DIVORCIO. SE PRECISA QUE EL SEGMENTO DEMANDADO NO RESULTA VIOLATORIO DEL DERECHO DEL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, DEBIDO A QUE, UNA VEZ LOS CONTRAYENTES ACEPTAN EL CONTRATO DEL MATRIMONIO, AL QUE CONCURREN DE MANERA VOLUNTARIA, ACEPTAN TAMBIÉN LAS CLÁUSULAS DE LAS QUE SE DERIVAN RESTRICCIONES PARA SU AUTONOMÍA, Y ELLO INCLUYE LAS RELATIVAS A LOS MECANISMOS QUE EXISTEN PARA DISOLVERLO. SI LOS CÓNYUGES NO DESEAN CONTINUAR CON EL COMPROMISO HAY POSIBILIDADES JURÍDICAS PARA DISOLVERLO, COMO EL MUTUO ACUERDO, O LA POSIBILIDAD QUE AMBOS CÓNYUGES TIENEN DE ACUDIR A LA SEPARACIÓN DE CUERPOS PARA LUEGO DE TRANSCURRIDO DOS AÑOS PROCEDER A SOLICITAR EL DIVORCIO, RESTRICCIÓN QUE NO ES DESPROPORCIONADA SI SE TIENE EN CUENTA QUE LA FINALIDAD ES PROTEGER A LA FAMILIA Y TRATAR DE RECOMPONER EL VÍNCULO MATRIMONIAL. POR LO ANTERIOR, SE DECLARAN EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES “SOLO” Y “POR EL CÓNYUGE QUE NO HAYA DADO LUGAR A LOS HECHOS QUE LO MOTIVAN” DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO CIVIL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SEPARACIÓN DE CUERPOS, DIVORCIO, DEMANDA DE DIVORCIO, CÓNYUGE, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:552 DE DICIEMBRE DE 2017, PÁG.2224
Sentencia C-394 de junio 21 de 2017
Demandante: Juliana María Moreno Leguízamo
A continuación se transcribe la norma, se subraya y resalta la expresión demandada:
Diario Oficial Nº 2.867 de 31 de mayo de 1873
“ART. 156.—LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª”.
3. Respecto del primero, censura la diferenciación de trato existente entre el denominado cónyuge inocente y cónyuge culpable, pues a este último se le impide rehacer su vida y elegir su estado civil, aun existiendo medidas menos lesivas de los derechos fundamentales para imponer sanciones, como el asumir la obligación alimentaria en favor del cónyuge inocente. A partir de allí indica que la culpa se asume como un criterio de diferenciación sospechoso que quebranta la garantía de igualdad entre la pareja y que impide que los dos cónyuges puedan demandar el divorcio.
6. Finalmente, la demandante plantea la inexistencia de cosa jugada constitucional respecto de la Sentencia 56 de 1985, M.P. Alfonso Patiño Roselli, proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena, en tanto el análisis que allí se efectuó tuvo como parámetro de control la Constitución de 1886, lo que en esta oportunidad habilita la competencia de la Corte Constitucional para adelantar el juicio con base en la Carta Política de 1991.
11. De hecho, para sustentar lo anterior, este interviniente solicita a la Corte hacer una integración normativa con el artículo 154 del Código Civil para que este sea declarado contrario a la Constitución, al igual que la expresión “que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª”, del artículo 156 del Código Civil, con el fin de instituir el divorcio sin causales en donde cualquier cónyuge pueda solicitar la ruptura matrimonial por su mera voluntad.
12. Pues bien, a partir de lo anterior, la Sala se ocupará de analizar, como temas preliminares, los siguientes puntos: (i) evaluará la aptitud sustantiva de los cargos que propone la demandante —apartado A—; (ii) descartará la existencia de cosa juzgada constitucional con relación al aparte que actualmente se cuestiona —apartado B—; y, (iii) posteriormente, con el ánimo de resolver la petición que plantea uno de los intervinientes, determinará si es procedente realizar la integración normativa del precepto acusado, con el artículo 154 del Código Civil y con la expresión “que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª” que consagra el artículo 156 de la misma codificación civil —apartado C—. Una vez superado el examen de esos tópicos, la Corte propondrá el problema jurídico con enfoque constitucional, y asumirá el estudio de fondo.
13. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 prevé las condiciones formales para la admisibilidad del cargo de inconstitucionalidad. Partiendo de su contenido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, para que exista demanda en forma y, en esa medida, la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento de fondo sobre la declaratoria de inexequibilidad de leyes o decretos leyes, el promotor del respectivo escrito de acusación, además de (i) tener que señalar las normas que se acusan como inconstitucionales y (ii) las disposiciones superiores que estima infringidas, (iii) debe exponer las razones o motivos por los cuales la norma acusada viola la Constitución, lo que se traduce, a su vez, en la formulación de por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad(13).
15. Estos requisitos refieren a las condiciones de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad(14).
15.3. El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por del demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(15) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(16)”(17).
15.4. Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una Norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”(18). En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales o doctrinarias; la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
15.5. Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(19).
En palabras expresadas por el pleno de la Corte en la Sentencia C-050 de 2015(20), la suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
17. Ahora bien, conviene precisar que el artículo 6º del Decreto-Ley 2067 de 1991 establece que se rechazarán las demandas cuando no cumplan con las condiciones formales para ello. Si bien, como regla general el examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe realizar en la etapa de admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo de decisiones se adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta evidente en esa fase preliminar el incumplimiento de los requisitos mencionados, permitiendo a la Sala Plena abordar un análisis con mayor detenimiento y profundidad.
19. No obstante, esta corporación encuentra que el cargo por presunto desconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) satisface los requisitos jurisprudenciales para asumir el estudio de fondo, en tanto los planteamientos que adujo son claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes para generar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, consagrada en el artículo 156 del Código Civil. Lo anterior habilita la competencia de la Corte para asumir el estudio de fondo exclusivamente frente al segundo cargo propuesto por la demandante.
Ineptitud sustancial del cargo por presunto desconocimiento a la igualdad (C.P., art. 13)
20. Según plantea la actora, el precepto “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan” contenido en el artículo 156 del Código Civil, quebranta el derecho a la igualdad al facultar únicamente al cónyuge inocente para demandar el divorcio en relación con las causales subjetivas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 7ª previstas en el artículo 154 del Código Civil, en menoscabo del denominado cónyuge culpable, quien está desprovisto de esta posibilidad. Estima que ese trato discriminatorio asociado a la culpabilidad cuando se incurre en tales causales de divorcio, es un criterio sospechoso de diferenciación que desconoce la igualdad de condiciones que debe existir entre la pareja matrimonial, y que impide a cualquiera de los dos cónyuges demandarlo judicialmente, obligándolos injustificadamente a mantener el vínculo en contra de su voluntad, sin posibilidad de rehacer sus vidas y de elegir su estado civil.
21. Para evaluar la aptitud sustantiva de este cargo, la Corte comienza señalando que de forma consolidada la jurisprudencia constitucional ha decantado que el principio de igualdad, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho(21). Esta formulación general no refleja, sin embargo, la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado por los principios del Estado social de derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar las condiciones de hecho, considerando que todas las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias.
22. Por ese motivo, la Sala recuerda que este principio es un mandato complejo en un Estado social de derecho. De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas, por lo cual, todos los individuos, como sujetos de derechos, deben ser tratados con la misma consideración y reconocimiento, y que ante todo, un tratamiento distinto debe entonces ser justificado a partir de la razonabilidad y la proporcionalidad; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en criterios definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales(22).
23. En cuanto a la prohibición de discriminación que también se denomina mandato de abstención o de interdicción de tratos discriminatorios, la Constitución la impide respecto de categorías o criterios sospechosos tales como razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica(23), por lo cual la demanda que apele a este patrón de igualdad debe explicar en qué consiste la discriminación directa o indirecta para lograr su exclusión del ordenamiento jurídico.
24. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los criterios sospechosos tienen a desvalorar y colocar en situación de desventaja a ciertas personas o grupos, a la vez que los ha definido como “categorías que (i) se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales.”(24)
25. Ahora bien, la Corte Constitucional ha exigido una carga argumentativa superior por parte de los demandantes cuando se alega la vulneración del derecho a la igualdad, quienes deben definir y explicar tres etapas, a saber: “(i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles; y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual”(25).
36. En cuanto a este cargo, la Sala considera que goza de claridad y de certeza a partir del contenido literal del precepto acusado, del cual se extrae que el cónyuge ofendido que no ha dado lugar a los hechos que motivan el divorcio se encuentra legitimado para incoar la acción judicial. No obstante, en tanto el sentido de la demanda plantea además que el cónyuge culpable carece de esa facultad y que ello lesiona, según la demandante, el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) habida cuenta que nadie puede ser coaccionado a permanecer en un vínculo matrimonial que no quiere mantener, al igual que tampoco se le puede obligar a continuar con una convivencia que es contraria a los intereses de cada consorte, la Corte considera necesario realizar la integración de la proposición jurídica completa con la expresión “sólo” que contiene el artículo 156 del Código Civil, para imprimirle un entendimiento completo que permita afirmar que la legitimación en la causa por activa para demandar el divorcio exclusivamente reside en cabeza del denominado cónyuge inocente y, en consecuencia, excluye al cónyuge que haya dado lugar a la causa del divorcio. Ello por cuanto se trata de una expresión normativa inescindiblemente relacionada con la locución demandada, y que permite asegurar que el control de constitucionalidad recaiga sobre el alcance inteligible de la primera parte del artículo 156 del Código Civil que se demanda.
39. En este orden de ideas, la Corte centrará su análisis únicamente en el cargo que propone la demanda sobre la afectación del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), en tanto cumple con la carga argumentativa que lo torna apto sustancialmente y ello habilita la competencia de la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento de fondo, como en efecto lo hará. En todo caso, como fue explicado, el análisis tendrá en cuenta la integración de la proposición jurídica completa con la expresión “sólo” contenida en la parte inicial del artículo 156 del Código Civil, con el fin de fijar un alcance preciso e inteligible de la norma acusada en cuanto a que única y exclusivamente el cónyuge ofendido tiene la legitimación en la causa para demandar judicialmente el divorcio, no así el denominado cónyuge culpable quien se encuentra excluido de la habilitación normativa que se demanda por inconstitucional.
B. Breve recuento sobre la cosa juzgada constitucional. Análisis en el presente caso con relación a las sentencias 56 del 6 de noviembre de 1985 de la Corte Suprema de Justicia y, C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte Constitucional
40. Según establecen los artículos 243 de la Constitución Política, 46 y 48 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio de control jurisdiccional, hacen tránsito a cosa juzgada constitucional(26). Ello implica que las decisiones judiciales tomadas por la corporación en cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante(27) que las convierte en definitivas, incontrovertibles e inmutables(28), además de ser consideradas de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
41. El fenómeno jurídico procesal de la cosa juzgada constitucional, además de proteger la supremacía de la Constitución, está llamado a promover la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, ya que por medio de esta figura, se garantiza que el órgano encargado del control constitucional sea consistente con las decisiones que previamente ha adoptado. Así, se ha sostenido por esta Corte que “la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”(29).
42. Por consiguiente, el atributo de la cosa juzgada subyace al hecho de haberse efectuado un juicio de constitucionalidad frente a la norma que se acusa, de tal forma que su estudio haya sido de fondo mediante decisión motivada, es decir, se trate de un asunto juzgado y decidido. De allí que esta institución no se configure en dos oportunidades: (i) en el caso en el que, por error, en la parte resolutiva de una sentencia se declaren exequibles normas que no han sido objeto del juicio de constitucionalidad(30); y, (ii) cuando la decisión es inhibitoria, en tanto la Corte advierte que el cargo aducido en la demanda de inconstitucionalidad es sustancialmente inepto(31).
43.1. Existe cosa juzgada absoluta cuando “en aplicación del principio de unidad constitucional y de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, se presume que el Tribunal Constitucional confrontó la norma acusada con toda la Constitución, por lo que, con independencia de los cargos estudiados explícitamente, en aquellos casos en los que la Corte no limita expresamente la cosa juzgada, se entiende que hizo una comparación de la norma acusada con toda la Carta”(32); en otras palabras, cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición proferido en control abstracto, no se encuentra limitado en la propia sentencia, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto constitucional.
43.2. Por otro lado, existe cosa juzgada relativa “cuando el juez constitucional limita de forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en el futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”(33). En relación con esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva con expresiones como, por ejemplo, declarar exequible “por los cargos analizados”; e implícita, cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte resolutiva(34). De allí que, en éste último caso la cosa juzgada relativa implícita se pueda deducir del análisis integral del fallo, para concluir que el control no fue integral, sino que se contrajo a ciertos vicios de constitucionalidad.
43.3. Así mismo, la Corte ha establecido que puede declararse la existencia de cosa juzgada formal, en aquellos casos en los cuales existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio constitucional(35). Es decir, se demanda la misma disposición.
43.4. Por su parte, la cosa juzgada material se presenta cuando la demanda recae sobre una disposición que no ha sido formalmente objeto de control constitucional, pero que reproduce de manera idéntica o exacta, el contenido de una norma sobre la cual sí existe decisión de constitucionalidad, es decir “cuando a pesar de haberse demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto de juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se aplique comporte un cambio sustancial en su alcance y significado”(36). Significa lo anterior que la norma analizada se encuentra reproducida en otra disposición, incluso que se puede ubicar en el mismo cuerpo normativo.
44. Ahora bien, es necesario precisar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el cambio de parámetro de control que se causó con la expedición de la Constitución Política de 1991, conlleva diversos efectos en cuanto a la institución de la cosa juzgada constitucional, a saber: (i) cuando la Corte Suprema de Justicia adelantó el estudio material y declaró exequible una norma con base en los lineamientos trazados por la derogada Constitución de 1886, no es posible predicar la existencia de cosa juzgada constitucional frente a los preceptos de la Carta Política de 1991 y, por consiguiente, se habilita la competencia de la Corte Constitucional para emitir un nuevo pronunciamiento de mérito; (ii) cuando la Corte Suprema de Justicia, actuando como juez constitucional transitorio, declaró exequibles normas preconstitucionales con base en los preceptos de la Constitución Política de 1991, se entiende que existe cosa juzgada sobre los puntos objeto de análisis, por lo cual se ha concluido con fallos de “estarse a lo resuelto”(37); y (iii) cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles normas preconstitucionales con base en los lineamientos fijados por la Constitución de 1886, se ha entendido que dicha inexequibilidad trasciende al mundo jurídico, retirando la norma del ordenamiento legal(38).
45.1. Desde sus primeras providencias, especialmente en el Auto 012 de 1992(39), esta corporación señaló que las decisiones de constitucionalidad proferidas por la Corte Suprema de Justicia, en tanto tuvieron lugar en vigencia de la Constitución Política de 1886 y sus reformas, configuran la cosa juzgada mientras estuvieron vigentes los preceptos constitucionales en relación con los cuales esa Corte evaluó la norma acusada, pero no subsiste por motivos materiales, si de lo que se trata es de establecer su conformidad sustantiva con los nuevos preceptos de la Carta Política de 1991. Por consiguiente, cuando se demanden normas que venían rigiendo al entrar en vigencia la nueva Constitución y la demanda recae sobre el contenido material de dichas normas, “esta corporación debe adelantar el correspondiente estudio de constitucionalidad, aunque por sentencia anterior se hubiera declarado la constitucionalidad de los preceptos acusados, pues en tales casos la cosa juzgada se daba frente a la Carta Política derogada, pero no tiene valor respecto de la nueva. Cosa distinta es que la sentencia hubiera declarado la inexequibilidad, ya que en tal evento, las disposiciones objeto de ella habrían salido del ordenamiento jurídico, de modo que no estaban vigentes cuando principió a regir la nueva Constitución”.
45.2. Esa misma postura fue sostenida en la Sentencia C-345 de 1993(40), en la cual se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra una norma del Código Contencioso Administrativo establecido por el Decreto-Ley 1 de 1984, que había sido objeto de declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Suprema de Justicia con base en los postulados de la Constitución de 1886. En aquella ocasión, la Corte Constitucional adujo que “la cosa juzgada pronunciada bajo la Carta de 1886 no extiende sus efectos a la Constitución Política que hoy nos rige”, en tanto entre los dos regímenes constitucionales se presentan variaciones sustanciales de contenido, lo que hace obligada una nueva revisión a la luz de las disposiciones constitucionales actualmente vigentes. Con base en lo anterior, asumió el estudio de fondo del asunto y emitió decisión de mérito partiendo de la inexistencia de la cosa juzgada constitucional.
45.3. Lo propio aconteció en la Sentencia C-720 de 2007(41), en la cual se estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 192 del Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre policía”, que había sido declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia con base en los preceptos establecidos en la Constitución de 1886. Según esgrimió la Corte Constitucional, la Sentencia 67 de julio 2 de 1987 no resultaba vinculante dado que el nuevo examen de constitucionalidad se realizaba con base en un nuevo parámetro de control, cual es, la Carta Política de 1991. Derivado del anterior argumento, concluyó la inexistencia de cosa juzgada constitucional y habilitó su competencia para pronunciarse de fondo en el asunto.
47. Fijadas las anteriores bases teóricas, la Sala centrará su análisis en determinar si el fenómeno de la cosa juzgada constitucional opera en el presente caso con relación a las sentencias 56 del 6 de noviembre de 1985 de la Corte Suprema de Justicia y, C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte Constitucional.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional frente a la Sentencia 56 del 6 de agosto de 1985
48. Ejerciendo la acción pública de inconstitucionalidad, un ciudadano acusó ante la Corte Suprema de Justicia un fragmento del artículo 6º de la Ley 1ª de 1976, “por la cual se establece el divorcio en el matrimonio civil, se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los códigos Civil y de Procedimiento Civil en materia de familia”, el cual modificó el artículo 156 del Código Civil Colombiano(42). Puntualmente, el aparte acusado fue el que a continuación se procede a resaltar:
“ART. 6º—El artículo 156 del Código Civil quedará así:
ART. 156.—El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causas 1ª y 7ª, o desde cuando se sucedieron, en tratándose de las causas 2ª, 3ª, 4ª y 5ª. En todo caso, las causas 1ª y 7ª, solo podrán alegarse dentro de los dos años siguientes a su ocurrencia.
49. En esa oportunidad, el demandante adujo dos cargos para solicitar la declaratoria de inexequibilidad del segmento acusado. El primero, relacionado con el quebranto del artículo 16 de la Constitución de 1886, que consagraba los derechos a la ciudadanía; y el segundo, enfocado a la vulneración del artículo 53 de la misma Constitución, que establecía la libertad de conciencia indicando que “(...) nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia (...)”. En su criterio, la expresión demandada impedía al ciudadano disponer de su destino, habida cuenta que el hombre y a la mujer casados que no desean seguir cohabitando por diversos factores, se encontraban impedidos para invocar, de mutuo acuerdo, la causal ante la autoridad competente a fin de disolver el vínculo que voluntariamente los había unido.
50. Tras efectuar el examen correspondiente, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia 56 del 6 de agosto de 1985, M.P. Alfonso Patiño Roselli, declaró exequible el aparte censurado por encontrarlo ajustado al texto de la Constitución de 1886. Para fundamentar lo anterior, esa Corte señaló lo siguiente:
“Segunda. La disposición del artículo 156 del Código Civil, tal como fue fijado por el artículo 6º de la Ley 1ª de 1976, según la cual “el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan” obedece —como lo señala la visita fiscal— al propósito del legislador de favorecer el cumplimiento de un contrato de la excepcional significación del matrimonio civil.
Tercera. Originándose el matrimonio civil en la libre voluntad de los contrayentes y siendo de público conocimiento las normas que lo rigen, no es dable que alguna de estas —como la que asigna la iniciativa del divorcio al cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan— afecte la libertad religiosa o la libertad de cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.
Carece del menor fundamento, en consecuencia, la pretensión de que el artículo 53 de la Constitución haga indispensable consagrar el divorcio por mutuo consentimiento, o conferir al cónyuge, responsable de los hechos que lo motivan el derecho de pedir la disolución del matrimonio por divorcio judicialmente declarado”.
52. Esta corporación estima que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional frente a las sentencias C-985 de 2010(43), porque en esa oportunidad el aparte que fue demandado, los cargos propuestos, el problema jurídico trazado y la ratio decidendi, distan del contenido que propone la actual demanda de inconstitucionalidad.
52.1. En efecto, esa sentencia estudió una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”, contenida en la parte final del inciso primero del artículo 156 del Código Civil Colombiano, modificado por el artículo 6º de la Ley 1ª de 1976. Ello por cuanto, según los demandantes, dicha expresión desconocía los artículos 1º, 2º, 5º, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución Política, al establecer un término de caducidad o prescripción para iniciar la demanda de divorcio.
52.2. Los demandantes centraron su argumentación en que el cónyuge ofendido (i) si se enteraba pasados los 2 años de las relaciones sexuales extramatrimoniales de su consorte, no podía iniciar la acción de divorcio por haber excedido el término previsto por el legislador, situación que le obligaba a permanecer al lado del cónyuge culpable aún en contra de su querer, contrariando el principios constitucionales de la dignidad humana, de la inalienabilidad de los derechos de las personas, de los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la armonía familiar y la honra del cónyuge inocente; (ii) en cuanto a las causales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 7ª de divorcio, los demandantes consideraron que el cónyuge ofendido por alguna de esas circunstancias, a pesar de perdonar al consorte, con el paso de más de 2 años la situación podía cambiar y convertirse en intolerable, sin que le fuera posible emprender el divorcio por tener un término perentorio para ello, afectando por consiguiente el derecho a restablecer su vida emocional; y, (iii) estimaban que las expresiones demandadas impedían al cónyuge ofendido elegir el estado civil, afectando con ello el derecho al libre desarrollo de la personalidad en tanto el divorcio sólo podía ser ejercido en un máximo de 2 años desde la ocurrencia de la respectiva causal.
52.3. Con base en esos planteamientos, la Sala Plena planteó como problema jurídico el siguiente: “(…) determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 —que modificó el artículo 156 del Código Civil— impone un término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial” (resaltado fuera del texto original).
54. De otro lado, en tratándose de la Sentencia C-358 de 2016(44), basta señalar que la misma no tiene la vocación de configurar la cosa juzgada constitucional, por cuanto la decisión que adoptó esta corporación respecto del artículo 156 del Código Civil, modificado por el artículo 10 de la Ley 25 de 1992, fue inhibitoria ante la ineptitud sustantiva de la demanda. Ello por cuanto el demandante afirmaba que las normas que consagran el régimen del matrimonio en Colombia, debieron ser tramitadas mediante ley estatutaria por regular, en su criterio, el derecho fundamental al matrimonio.
Sobre el punto, la Corte concluyó que (i) el legislador no desconoció la reserva constitucional de ley estatutaria (C.P., art. 152), al no haber tramitado según las reglas propias de ese tipo de proceso legislativo las normas que regulan la institución del matrimonio (C.P., art. 42), en especial si se trata de los asuntos que expresamente la Constitución confiere a la potestad del legislador civil; y, (ii) la definición actual del matrimonio (contemplada en el artículo 113 del Código Civil) no debía cumplir las exigencias de procedimiento legislativo propio de las leyes estatutarias, por cuanto se trata de una ley que fue expedida un siglo antes de entrar en vigencia la Constitución del 1991, es decir, la validez constitucional en términos procesales de un acto debía ser estudiada de acuerdo a las reglas procesales que regían al momento de su formación, por lo tanto, consideró que no resultaba aplicable el trámite establecido para las leyes estatutarias en el artículo 153 de la Constitución.
55. En orden de ideas, la Corte concluye que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de las sentencias 56 del 6 de noviembre de 1985 proferida por la Corte Suprema de Justicia y, C-985 de 2010 y C-358 de 2016 de la Corte Constitucional, y por ende, se encuentra plenamente habilitada para asumir el análisis de fondo del presente caso a partir del cargo propuesto de presunta afectación al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge denominado culpable.
56. Según fue reseñado en los antecedentes, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicita a la Corte realizar la integración normativa de la locución acusada, con el artículo 154 del Código Civil y con la expresión “que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª, y 5ª” que consagra el artículo 156 de la misma codificación civil. Ello, en tanto plantea que lo que realmente debe ser declarado inconstitucional es el divorcio contencioso, pues la ruptura del lazo matrimonial debe proceder por la simple voluntad de cualquiera de los cónyuges, es decir, se debe instituir un divorcio sin causales que apele a la mera voluntad de quienes quieren divorciarse, pero regulando el impacto económico que se genera frente a indemnizaciones, alimentos y la protección a los sujetos vulnerables con ocasión de la crisis matrimonial.
58. De acuerdo con el anterior norte trazado, la Sala comienza por reconocer que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la integración de la unidad normativa por parte de la Corte es un mecanismo excepcional, que opera “… cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la corporación pueda decidir de fondo el problema planteado”(45).
59. A partir de esta regla, la Corte ha diferenciado los dos planos en que resulta aplicable la integración normativa: (i) la consolidación de la proposición jurídica completa y (ii) la técnica de la unidad normativa(46). El primero dirigido a completar el sentido de la disposición acusada con otros enunciados normativos inescindiblemente relacionados con ella, con miras a asegurar que el control recaiga sobre un precepto con un alcance regulador autónomo e inteligible. Y el segundo previsto para extender el efecto de la decisión a otras disposiciones de igual o similar contenido normativo, en los que la integración busca preservar el principio de supremacía constitucional, garantizar la seguridad jurídica y, en ciertos casos, evitar que el fallo prive de sentido al texto legal acusado.
60. Particularmente, en tratándose del segundo plano en comento, la Corte(47) ha señalado que la aplicación del fenómeno de la unidad normativa en el marco de la acción pública de inconstitucionalidad se puede dar en tres hipótesis y de manera excepcional: (i) en aquellas circunstancias en las cuales el precepto acusado se encuentra reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de demanda; (ii) cuando la disposición cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad; o (iii) cuando el precepto demandado no tiene un contenido claro o unívoco, de manera que, para entenderlo y aplicarlo, resulte absolutamente imprescindible integrar su contenido con el de otra disposición que no fue acusada.
65. En esta oportunidad, corresponde a la Corte determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado “cónyuge culpable” (C.P., art. 16), al punto de limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.
67. La Constitución Política de 1991, en sus artículos 5º y 42, consagra una protección especial a la familia como cédula básica y núcleo fundamental de la sociedad(48). Dentro de las formas de constituir familia, el Estado colombiano reconoce los vínculos naturales y jurídicos, encontrándose dentro de éstos últimos, el matrimonio que deriva de la decisión libre y voluntaria de la pareja de celebrarlo contrayendo nupcias.
69. A pesar de tratarse de una norma preconstitucional, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio civil es un contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a los cónyuges(49), es decir, es “es un acto constitutivo de familia que genera deberes en cabeza de los cónyuges”(50). Ello es así en tanto el artículo 113 del Código Civil dota de naturaleza contractual al matrimonio, asignándole un alcance bilateral habida cuenta que los consortes acuden a él de forma libre y se unen por mutuo consentimiento con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse.
Por ser relevante en el presente caso, en relación con los primeros efectos en mención, desde el momento de la celebración del matrimonio y durante todo el tiempo de ejecución del mismo, con pleno consentimiento y conocimiento previo, los cónyuges se obligan recíprocamente a guardarse fe y fidelidad, a cohabitar, a ejercer en condiciones de igualdad la dirección del hogar, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida (C.C., arts. 176 y ss.).
72. Si bien la Corte ha reconocido que el matrimonio en el contexto actual no puede ser visto solo bajo un contenido puramente contractual que se oriente por criterios de indisolubilidad o de mero cumplimiento de las obligaciones conyugales, pues dentro de la nueva realidad que propone la Carta Política de 1991, opera la especial protección a la familia y las opciones de vida en una sociedad diversas y pluralista, que imponen su comprensión desde una perspectiva de los derechos fundamentales(51), no es menos cierto que esta nueva visión constitucional no obsta para que los cónyuges asuman sus deberes sabiendo que su incumplimiento reporta consecuencias en el plano jurídico y legal. De allí surge sin duda una relación directa entre los deberes conyugales, las causales de incumplimiento y las consecuencias propias que apareja la terminación lazo conyugal.
73. Ahora bien, el artículo 5º de la Ley 25 de 1992 “por la cual se desarrollan los incisos 9º, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política”, que modificó el artículo 152 del Código Civil, establece que el vínculo matrimonial se disuelve (i) por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, o (ii) por divorcio. En cuanto a éste último, esa misma ley modificó dos temas relevantes: de un lado, lo relativo a la consagración de las causales de divorcio que fija el artículo 154 del Código Civil, y de otro lado, lo referente a la legitimación en la causa por activa y la oportunidad para interponer la respectiva acción judicial que ponga fin al lazo matrimonial.
74. Sobre el punto legislativo, como lo ha reconocido esta corporación desde la Sentencia C-660 de 2000(52), la Constitución asigna a la ley el cometido de regular la disolución del vínculo conyugal, para lo cual debe tener en cuenta las especiales consideraciones sobre las características de la institución familiar en el ordenamiento superior y la especial naturaleza que rige al contrato de matrimonio, por lo cual, los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de los cónyuges, se constituyen en criterios orientadores para diseñar el modelo legal en donde aquel no se torne en inamovible. En todo caso, a los cónyuges “no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución”.
75. También haciendo referencia a la facultad legislativa para regular lo referente a la disolución del matrimonio, esta corporación en la Sentencia C-821 de 2005(53) se ocupó de una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, que consagra como una de las causales de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales(54), en la cual los actores consideraban que la citada disposición transgredía los derechos a la dignidad humana (art. 1º), la supremacía de los derechos inalienables (art. 5º), a la igualdad (art. 13), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), a la libertad de consciencia (art. 18), el derecho a la honra (art. 21) y a la familia (art. 42). Lo anterior, en tanto dicho precepto negaba de plano los derechos a la libertad sexual del padre o la madre que tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, así como los del hijo fruto de esas relaciones y de la imposibilidad de disfrutar del cariño y la protección de sus padres.
A partir de lo anterior, la Corte fijó como problema jurídico “determinar si es inconstitucional la medida legislativa que establece como causal de divorcio el que uno de los cónyuges haya mantenido “relaciones sexuales extramatrimoniales”. En particular, debe definir la Corte si, por su intermedio, se afecta a la familia como institución básica de la sociedad y se violan los derechos inalienables del cónyuge infiel a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y a la honra”. Justamente, para resolver ese problema jurídico, insistió en que (i) por asignación del Constituyente el legislador puede regular las formas de terminación del contrato de matrimonio, respetando en todo caso la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona reconocidos a la pareja; (ii) lo anterior excluye toda posibilidad de que el Estado perpetúe el vínculo matrimonial mediante la coacción o la imposición jurídica de una convivencia que no es querida por los cónyuges o que es contraria a su interés individual o conjunto(55); (iii) de tal forma que, el imperativo constitucional en lo que refiere a la protección y promoción de la institución familiar, no refiere a la duración del matrimonio —como una de sus formas de constitución—, sino es lograr la estabilidad y armonía del grupo familiar. Ello supone entonces, una relación entre los deberes y los derechos que surgen de la relación matrimonial, en tanto se pretende brindar armonía entre los cónyuges y un alto nivel de confianza para proteger la familia como célula básica de la sociedad. El Estado tiene intereses en promover la convivencia y la estabilidad familiar.
Teniendo en cuenta esos lineamientos, en esa ocasión la Corte declaró exequible la causal de divorcio “[l]as relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges”, contenida en el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, concluyendo que el legislador cuenta con un amplio margen para regular las causales de disolución del matrimonio y que éste respondía a un esquema propio del deber de fidelidad y de estabilidad asociado a la pareja matrimonial, por lo cual la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales del cónyuge incumplido no afecta sus derechos constitucionales.
76. Ahora bien, como se indicó, el artículo 6º de la Ley 25 de 1992, modificó las causales de divorcio establecidas por el artículo 154 del Código Civil. El texto de esta disposición es el siguiente:
76.1. Las nueve causales del divorcio han sido clasificadas por la jurisprudencia(56) y la doctrina en objetivas y subjetivas.
76.2. Las causales objetivas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas”(57). Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial(58). A esta categoría pertenecen las causales establecidas en los numerales 6º, 8º y 9º del artículo 154 del Código Civil (modificado), las cuales por su naturaleza han sido denominadas como “divorcio remedio”(59).
76.3. El segundo grupo de identifica como causales subjetivas, que se relacionan con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge ofendido que con su actuar no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal, y debe invocarla dentro de un término de caducidad, con la finalidad de obtener el divorcio a título de censura. De allí que se le conozca en la doctrina como “divorcio sanción”(60).
76.4. De hecho, la Sentencia C-985 de 2010(61) al referir a este último grupo e causales, indicó que “la ocurrencia de estas causales debe ser demostrada ante la jurisdicción y el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta”(62).
77. En síntesis de lo expuesto, los artículos 5º y 42 Superiores consagran una protección especial a la familia como cédula básica y núcleo fundamental de la sociedad, por lo cual, el matrimonio como vínculo jurídico para conformarla goza de garantías en procura de promover la estabilidad familiar. De allí que el Constituyente haya habilitado al legislador para que regulara temas relevantes como los derechos y deberes que se predican recíprocamente entre los cónyuges, y el régimen especial de disolución del matrimonio. En el marco de esa habilitación constitucional, el legislador mediante la Ley 25 de 1992 modificó y redefinió las causales de divorcio objetivas y subjetivas, a la vez que estableció la legitimación en la causa por activa y la oportunidad procesal para demandar el divorcio cuando se invocan causales subjetivas. No obstante, el actuar del legislador en esa materia no es absoluto, sino que debe estar acorde con los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de los cónyuges, en tanto operan como criterios orientadores para que el matrimonio no se torne en indisoluble y termine convirtiéndose en un vínculo perpetuo de coacción o de imposición jurídica de una convivencia no querida por alguno de los cónyuges.
78. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de 1991, en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Este derecho ante la redacción que consagra como cláusula abierta de libertades, ha sido identificado con el ámbito reservado al individuo para la toma de decisiones vitales, correspondiéndole a las propias personas y no al Estado decidir la manera como gobiernan sus derechos y construyen sus proyectos y modelos de realización personal. Y contempla las conductas humanas posibles y las posiciones jurídicas de libertad que no están prohibidas por la Constitución o determinadas normas de inferior jerarquía.
“El núcleo esencial de este derecho protege la libertad general de acción, vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana (C.P., art. 1º), cuyos contornos se determinan de manera negativa, estableciendo en cada caso la existencia o inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con virtualidad de limitar válidamente su contenido. (…) // La autodeterminación se refiere al ser humano y a la potencialidad de desarrollarse según su propia naturaleza y aptitudes y acorde con su dignidad. A diferencia del derecho a la intimidad (C.P., art. 15), que involucra un derecho a no ser molestado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho de status activo que exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico”(63).
80. En este sentido, este derecho fundamental protege la potestad de cada individuo de auto determinarse, en ejercicio de su identidad personal y autonomía(64), que en palabras de esta corporación “es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional(65). Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social”(66).
81. Bajo esta línea argumentativa, la jurisprudencia constitucional ha señalado que se vulnera este derecho cuando “a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia”(67).
82. Ahora bien, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto. La Corte lo ha reconocido como “una potestad subjetiva, constitucional y legalmente restringible”(68), en tanto admite su acotamiento concretado en los derechos de los demás y en el orden jurídico. De allí que, ha establecido que “…las restricciones de las autoridades al artículo 16, para ser legítimas, no sólo deben tener sustento constitucional y ser proporcionadas sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente un modelo de realización personal, por cuanto estarían desconociendo el núcleo esencial de este derecho”(69) (resaltado fuera del texto original).
83. A partir de lo anterior, es necesario precisar que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se manifiesta en el matrimonio, en tanto una persona decide libremente y autónomamente contraer el vínculo matrimonial. En este escenario, el ejercicio de dicho derecho fundamental conlleva a la conformación de familia, en los términos previstos en el artículo 42 de la Carta Política, y a la modificación del estado civil. Así, “la Constitución Nacional reconoce en la familia una institución esencialmente dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad”(70). En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “[c]onstituir una familia y contraer matrimonio, son en sí mismos derechos fundamentales que se asocian a su vez con un entramado de derechos tales como la dignidad humana, la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la intimidad”(71).
85. Por ejemplo, este Tribunal Constitucional en la Sentencia C-660 de 2000 estudió una demanda de inconstitucionalidad parcial de una expresión del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de 1992, que modificó el artículo 154 del Código Civil, la cual establecía como causal de divorcio las relaciones sexuales extramatrimoniales “salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado”, en la cual el actor alegaba el desconocimiento de varios artículos de la Constitución Política, entre ellos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Allí la Corte estableció como problema jurídico determinar si la expresión acusada, “en cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una familia”(72).
86. En la sentencia mencionada, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del aparte censurado, por considerarlo contrario al derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges “y su libertad de conciencia al valorar actitudes individuales o conjuntas propias de la intimidad de la pareja, así éstas consistan en facilitar, consentir o perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro. En síntesis, las realizaciones corporales o afectivas propias del vivir en pareja corresponden a la esfera individual de cada uno de sus miembros y ni siquiera el cónyuge está autorizado para censurarlas”(73). Con base en lo anterior, indicó que ante la realidad de una ruptura conyugal, el legislador no puede imponer la indisolubilidad del vínculo matrimonial, ni tampoco puede inmiscuirse en el fueron íntimo de los integrantes de la pareja para valorar sus comportamientos, así como tampoco puede ante una situación de fracaso conyugal, bloquear el restablecimiento de sus vidas.
87. Años después, esta corporación en la plurimencionada Sentencia C-985 de 2010(74), estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del Código Civil, cuyo aparte acusado corresponde al siguiente resaltado: “El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”.
Los demandantes aseguraron que los términos de caducidad previstos en la disposición acusada desconocían los artículos 1º, 2º, 5º, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución. En su criterio, los tiempos fijados por el legislador para el ejercicio de la acción de divorcio eran desproporcionados y desconocían varios principios constitucionales, como el respeto de la dignidad humana, la inalienabilidad de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil, a la armonía familiar y a la honra del cónyuge inocente.
Como problema jurídico, se indicó que “corresponde a la Sala determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 —que modificó el artículo 156 del Código Civil— impone un término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial”.
“Para la Sala el término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio previsto en la disposición acusada es desproporcionado y, por tanto, contrario a la Constitución. En efecto, (i) aunque persigue finalidades legítimas a la luz de la Carta —promover la estabilidad del matrimonio y garantizar que las sanciones ligadas al divorcio basado en causales subjetivas se impongan en un término razonable, (ii) no es necesaria, pues tales finalidades se pueden alcanzar a través de otros medios menos lesivos en términos de los derechos fundamentales del cónyuge que desea divorciarse. Además, (iii) la medida es desproporcionada en estricto sentido, pues en ausencia de la posibilidad de divorcio unilateral, impone un sacrificio irrazonable al cónyuge inocente en términos de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la dignidad en su faceta de autonomía, a elegir el estado civil y a conformar una familia” (resaltados propios del texto original).
89. Y finalmente, especial relevancia adquiere la Sentencia C-746 de 2011(75), en la cual este tribunal se ocupó del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “que haya perdurado por más de dos años” contenida en el numeral 8º del artículo 154 del Código Civil, (modificado por la L. 25/92, art. 6º), por considerar que vulneraba el artículo 16 de la Constitución Política, a partir del contexto de la separación de cuerpos, judicial o de hecho.
93. De acuerdo con el problema jurídico plantado, corresponde la Corte Constitucional determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado “cónyuge culpable” (C.P., art. 16), al punto de limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.
95. Para comenzar es necesario recordar que la proporcionalidad es “un principio de corrección funcional de toda la actividad estatal que, junto con otros principios de interpretación constitucional —unidad de la Constitución, fuerza normativa, fuerza integradora, concordancia práctica, armonización concreta, inmunidad de los derechos constitucionales e interpretación conforme a la Constitución—, busca asegurar que el poder público, actúe dentro del marco del estado de derecho, sin excederse en el ejercicio de sus funciones. Su fundamento normativo último está dado por los principios fundamentales de Estado de Derecho (C.P., art. 1º), fuerza normativa de la Constitución (C.P., art. 4º) y carácter inalienable de los derechos de la persona humana (C.P., art. 5º)”(76).
96. Justamente la proporcionalidad concebida como principio de interpretación constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso y la prohibición de defecto(77). El primero tiene que ver principalmente con la limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Lo anterior por cuanto la Corte ha reconocido que en este nivel de intensidad del test se circunscriben las siguientes hipótesis: “1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia y 3) cuando la medida prime facie genera serias dudas respecto de la afectación del goce de un derecho fundamental”(78). Para el presente caso, ésta última posibilidad adquiere relevancia en el análisis constitucional.
100. Ahora bien, definida la intensidad el test de proporcionalidad que se empleará como método de examen de la norma acusada, es necesario traer a colación los elementos del análisis, a saber: “Primero, se requiere que el fin no sólo sea legítimo sino también constitucionalmente importante, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del problema que el legislador busca resolver. Segundo, se exige que el medio, no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control judicial”(79).
109. Al respecto, la Sala planteó como problema jurídico el siguiente: determinar si el legislador al establecer que la legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio sólo recae en el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, desconoce el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del denominado “cónyuge culpable” (C.P., art. 16), al punto de limitar su autodeterminación para definir la continuidad del vínculo matrimonial, escoger su estado civil y concretar libremente su proyecto de vida emocional y familiar.
13 Sentencias C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-170 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y, C-384 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
14 La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Al respecto, se pueden consultar los autos 097 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Así mismo, las sentencias C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-013 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-380 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz, entre varios pronunciamientos.
16 Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto-Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
17 Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Fundamento jurídico 3.4.2.
20 Sentencia C-050 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En igual sentido se pueden consultar las sentencias C-104 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-189 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís; y, C-213 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras.
21 Así lo han determinado las sentencias T-422 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-371 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV Jaime Araújo Rentería; entre muchas otras.
22 Al respecto se puede consultar la Sentencia C-178 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
23 Es pertinente aclarar que esta corporación en Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero, refirió a la edad como un criterio semi-sospechoso de discriminación que cuando fija un tope máximo puede lesionar el derecho a la igualdad.
24 Sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada posteriormente en las sentencias C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-964 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-091 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; y, C-115 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, entre otras que la han citado.
25 Sentencia C-635 de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo, reiterada en la Sentencia C-834 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; y, C-584 de 2016, M.P. (e) Aquiles Arrieta Gómez.
26 Esta corporación ha definido la cosa juzgada constitucional como “una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”. Así lo indicó desde la Sentencia C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; y fue reiterado en las sentencias C-468 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa y C-838 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
27 Sentencias C-241 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-008 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; C-283 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo; C-388 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
28 Sobre estas características especiales de las sentencias que dicta la Corte en materia de constitucionalidad, se puede profundizar en la Sentencia C-979 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
29 Sentencia C-393 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
30 En la Sentencia C-096 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Corte explicó que esta hipótesis corresponde a la que la jurisprudencia ha llamado “cosa juzgada aparente”, en la que, en realidad, no hay cosa juzgada. Al respecto, entre otras decisiones, puede consultarse las sentencias C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y, C-931 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
31 Las sentencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada constitucional ni formal, ni material. De hecho, en la Sentencia C-666 de 1996, M.P. Jorge Gregorio Hernández Galindo, esta corporación declaró la exequibilidad del numeral 4º del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, el que disponía que las sentencias inhibitorias no hacen tránsito a cosa juzgada ya que “De la misma esencia de toda inhibición es su sentido de “abstención del juez” en lo relativo al fondo del asunto objeto de proceso. Siempre consiste, por definición, en que la administración de justicia no se pronuncia, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si no juzga, carece de toda lógica atribuir al acto judicial en que se consagra tal determinación —de no juzgar— el carácter, la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la intangibilidad de “lo resuelto””. Incluso, en cuanto al control abstracto de constitucionalidad, esta Corte también ha concluido que “una sentencia inhibitoria en un juicio de constitucionalidad no produce efecto de cosa juzgada respecto de la disposición acusada, en tanto que mientras no exista un pronunciamiento material sobre su exequibilidad, es posible insistir en su revisión constitucional”. Sobre este último punto, se puede consultar la Sentencia C-258 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, siendo replicada en la Sentencia C-096 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
32 Sentencia C-979 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
33 Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
34 Concretamente la Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, indicó que “[l]a Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa implícita: “explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve”.
35 Sentencia C-241 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Sentencia C-720 de 2007, M.P. Catalina Botero Marino.
37 Sentencias C-159 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-336 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; Auto 173 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y, C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
38 Sentencia C-986 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esa ocasión se declaró la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia que había declarado inexequible la Ley 36 de 1973. Lo anterior por cuanto dicha Ley había sido retirada del ordenamiento jurídico.
39 Auto 012 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En aquella oportunidad la Corte resolvió un recurso de súplica presentado contra el auto que rechazó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º de la Ley 15 de 1992. Dicho rechazo se cimentó en la existencia de la cosa juzgada constitucional porque la Corte Suprema de Justicia había declarado exequible la disposición acusada, mediante sentencia del 23 de agosto de 1982. No obstante, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocó el auto de rechazo y procedió a admitir la demanda de inconstitucionalidad, aduciendo la inexistencia de la cosa juzgada constitucional ante el cambio en el parámetro con el cual se lleva a cabo el control de constitucionalidad.
40 Sentencia C-345 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
41 Sentencia C-159 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
42 Para el momento de la presentación de esa demanda, el artículo 6º de la Ley 1ª de 1976 se encontraba vigente. A partir de la expedición de la Ley 25 de 1992, el mismo se encuentra derogado y, por ello, el artículo 156 del Código Civil vigente es el texto que consigna el artículo 10 de la Ley 25 de 1992.
43 Sentencia C-985 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SV de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Humberto Antonio Sierra Porto.
44 Sentencia C-385 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
45 Sentencia C-320 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
46 Sentencias C-804 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-889 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-104 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C-329 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, C-568 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
47 Sentencias C-228 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, y C-104 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
48 En Colombia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no acogió la propuesta formulada por el gobierno de asignarle a la familia un alcance puramente asistencial y se decidió, en cambio, por reconocerle el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de protección especial. Para profundizar en el estudio del entendimiento de la familia en los trabajos preparatorios de la Asamblea Nacional Constituyente, se puede consultar la Sentencia C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil:
49 Así lo ha señalado esta corporación en las sentencias C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-246 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-507 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; y, C-985 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
50 Sentencia C-246 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
51 Sobre el punto se puede consultar la Sentencia SU-214 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
52 Sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Allí la Corte estableció como problema jurídico determinar si la expresión “salvo que el demandante las haya consentido facilitado o perdonado” que hace parte del numeral 1º del artículo 6º de la Ley 25 de1992 modificatorio del numeral 1º del artículo 154 del Código Civil, “en cuanto enerva las relaciones sexuales extramatrimoniales como causal de divorcio, resulta inconstitucional. Teniendo en cuenta que el divorcio es una de las causales de disolución del matrimonio, el análisis de constitucionalidad tendrá lugar desde el punto de vista de éste, como forma de conformar una familia”. Luego de realizar el estudio respectivo, declaró inexequible la expresión acusada al considerar que vulneraba el libre desarrollo de la personalidad y el fuero íntimo de los cónyuges, toda vez que el hecho de haber consentido para perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales no podrían impedir al cónyuge ofendido demandar el divorcio. En esa ocasión la Corte indicó que “la decisión íntima de perdonar las relaciones sexuales extramatrimoniales del otro no puede derivarse para quien las padece, la consecuencia de perder el derecho a intentar la reestabilización de su vida mediante la declaración de divorcio porque puede ocurrir que la actitud de perdonar no incluya la intención de mantener la vida en común”.
53 Sentencia C-821 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En esa oportunidad, luego de realizar el análisis constitucional, la Corte concluyó que la norma cuestionada no contrariaba la Constitución Política, pues el “(…) contenido normativo resulta razonable y proporcional en relación con los bienes jurídicos que busca proteger, como son la institución familiar y el conjunto de obligaciones y derechos que surgen para los cónyuges del compromiso adquirido en forma libre y voluntaria al contraer matrimonio”. Advirtió que justamente, del consentimiento otorgado por los cónyuges surgen obligaciones, como la fidelidad, que les son exigibles, por lo que el quebrantar el deber de fidelidad es incompatible con el consentimiento, elemento esencial en el matrimonio.
54 “ART. 6º—El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley Primera de 1976, quedará así:
1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges” (resaltado corresponde a expresión demandada en aquella ocasión).
55 En el mismo sentido se puede consultar la Sentencia C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
56 Para tal fin, se seguirá de cerca la exposición teórica y doctrinal que sobre el tema realizó la Corte en la Sentencia C-985 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
57 Cfr. Sentencia C-1495 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
58 Es preciso anotar que a partir de la Ley 962 de 2005. también posible que el divorcio por mutuo acuerdo se lleve a cabo ante una notaría mediante escritura pública. Esta posibilidad fue reglamentada por el Decreto 4436 de 2005.
59 Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial Facultad de Derecho, 1999.
60 Ver GARCÍA SARMIENTO, Eduardo. Elementos del derecho de familia. Bogotá: Editorial Facultad de Derecho, 1999.
61 En esa sentencia la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 25 de 1992, modificatoria del artículo 156 del Código Civil, cuyo aparte acusado corresponde al siguiente resaltado: “El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1ª y 7ª o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2ª, 3ª, 4ª y 5ª, en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia”. Los demandantes aseguraron que los términos de caducidad previstos en la disposición acusada desconocían los artículos 1º, 2º, 5º, 15, 16, 18 y 42 de la Constitución. En su criterio, los tiempos fijados por el Legislador para el ejercicio de la acción de divorcio eran desproporcionados y desconocían varios principios constitucionales, como el respeto de la dignidad humana, la inalienabilidad de los derechos fundamentales y los derechos constitucionales a la libertad de conciencia, al libre desarrollo de la personalidad, a elegir el estado civil, a la armonía familiar y a la honra del cónyuge inocente. Como problema jurídico, se indicó que “corresponde a la Sala determinar si el artículo 10 de la Ley 25 de 1992 —que modificó el artículo 156 del Código Civil— impone un término de caducidad para el ejercicio de la acción de divorcio desproporcionado desde el punto de vista de los derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad de los cónyuges que desean terminar el vínculo matrimonial”. Al resolver el asunto, concluyó que la frase “en todo caso las causales 1ª y 7ª sólo podrán alegarse dentro de los dos años siguiente a su ocurrencia” no debe mantenerse en el ordenamiento, pues limita aún más los derechos de los cónyuges inocentes, pues no tiene en cuenta cuándo éstos tuvieron conocimiento de las causales, con desconocimiento de las complejidades de la vida matrimonial, y el resto de la expresión acusada la declaró exequible.
62 Esta sentencia también identificó que además de la disolución del vínculo matrimonial, otras de las consecuencias del denominado divorcio sanción son: “la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente —artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable —artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 7º del artículo citado”.
63 Sentencia T-532 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
64 Sentencia C-336 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en donde se reiteró los argumentos centrales de la sentencia T-532 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
65 Sentencia T-542 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
66 Sentencia C-507 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
67 Sentencia C-336 de 2008. M.P Clara Inés Vargas Hernández.
68 Sentencia C-746 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
69 Sentencia C-309 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en la Sentencia C-746 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
70 Sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
71 Sentencia C-725 de 2015, M.P. Myriam Ávila Roldan.
72 Fundamento jurídico 2, página 7.
73 Sentencia C-660 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
74 Los fundamentos relevantes fueron expuestos al realizar el estudio sobre la inexistencia de cosa juzgada constitucional en el presente asunto.
76 Sentencias C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y, C-822 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
77 Sobre el punto se puede consultar la Sentencia C-838 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, que realizó una explicación detallada de las dos formas que adopta el principio de proporcionalidad constitucional.
78 Sentencia C-448 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
79 Sentencia C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.