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Timestamp: 2019-09-17 21:43:15
Document Index: 316774032

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 25', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 15']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 807, de 18/04/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 807
celebrada el miércoles, 18 de abril de 2007
Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 122/000144.)... (Página 2)
- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la proposición de Ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. (Número de expediente 122/000144.).... (Página 2)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 122/000144.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de la Comisión Constitucional con dos puntos del orden del día. El primer punto es la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos.
¿No hay observaciones para la ratificación? (Denegaciones.) Se entiende ratificada la ponencia.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 122/000144.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto es la emisión del dictamen, si así lo considera pertinente la Comisión Constitucional, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de ley orgánica sobre financiación de los partidos políticos. Se han presentado una serie de enmiendas, 39 en total, y luego se han presentado a la Mesa seis enmiendas transaccionales. Ruego a los servicios de la Cámara que procedan a su distribución para que los distintos grupos parlamentarios puedan tenerlas en cuenta a la hora de su pronunciamiento.
Comenzamos el turno de defensa de las enmiendas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias que mantiene los números 1, 2, 3 y 4.
El señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señorías, sobre este nuevo texto mi grupo quiere hacer un reconocimiento a la labor que ha realizado el letrado de esta Comisión con lo que habíamos acordado en la ponencia. Al texto de la proposición originaria de Esquerra Republicana de Catalunya se han introducido las adiciones que acordamos en ponencia y que ha reflejado muy fielmente el señor letrado de la Comisión. Sobre ese texto, y de acuerdo con lo que debatimos en la ponencia, mi grupo ha presentado cuatro enmiendas. La número 1 va dirigida a la exposición de motivos.
Quitando la pequeña corrección de 18 años porque ahora son 20, es una cuestión puramente de ajuste técnico y no tiene mayor trascendencia que la cronológica. Sin embargo, en el párrafo cuarto donde dice: Actualmente, hay un amplio sentir entre los ciudadanos y ciudadanas..., nuestra enmienda propone una nueva redacción, sin herir susceptibilidades, pero recogiendo el espíritu que en Cartagena de Indias los señores presidentes de las academias de la Lengua Española han manifestado, que es emplear la gramática castellana con corrección. Hay géneros masculino, femenino, neutro y epiceno, lo que ignora mucha gente, pero en esta casa no deberíamos ignorar las reglas del castellano y de cualquiera de las lenguas que pudieran utilizarse por los señores diputados; que utilicen la que quieran pero que la utilicen bien, que la utilicen gramaticalmente bien. En vez de decir ciudadanos, que sería el genérico y el común que dice la gramática castellana, he recurrido a una perífrasis que sería: entre la sociedad y la opinión pública ciudadana, con lo cual estoy empleando incluso dos femeninos, la sociedad y la opinión pública ciudadana, que corregirían cualquier vehemencia y cualquier desviación de tipo de discriminación sexual. Por tanto, supondría una mejora y una adecuación al estilo gramatical.
La enmienda número 2 también va dirigida a la exposición de motivos y propone distinguir fiscalización de auditoría. El Tribunal de Cuentas lo que viene realizando por imperativo legal es la auditoría de todas aquellas entidades públicas o privadas que reciben subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la auditoría es sencillamente un acto puramente procedimental y la fiscalización tiene otro alcance y otra repercusión. De una auditoría se puede derivar una fiscalización, pero de una fiscalización no se puede derivar una auditoría. Por eso, nosotros proponemos introducir la palabra auditoría en la exposición de motivos, que tampoco tiene mayor trascendencia.
Paso a las dos últimas enmiendas, que van dirigidas al articulado. La enmienda número 3 propone modificar el artículo 2. El texto del proyecto dice: Para la asignación de tales subvenciones se dividirá la correspondiente consignación presupuestaria en tres cantidades iguales.
Una de ellas se distribuirá en proporción al número de escaños obtenidos por cada partido político en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados y las dos restantes proporcionalmente a todos los votos obtenidos por cada partido en dichas elecciones. Mi grupo ha presentado la enmienda número 3 y en lugar de hablar de tercios propone dos cantidades iguales; son simetría. El tema es más ajustado al sistema actual que pide una transparencia y una mejor cantidad de objetos a ser fiscalizables o auditables. Podemos discutirlo. Cualquiera de las dos fórmulas puede tener la aplicación, la actual y la que se propone de los tercios o la presupuestaria en la consignación de dos cantidades simétricas o iguales.
Finalmente, señor presidente, señorías, presento la enmienda número 4, al título IV, obligaciones contables, en la que proponemos la adición al artículo 15 de un apartado ocho nuevo, que dice: Los créditos financieros de bancos y cajas, concedidos a los partidos políticos, figurarán con las condiciones contractuales estipuladas
en un registro específico del Banco de España y notificado al Tribunal de Cuentas con su asentamiento singularizado. Estos créditos en ningún caso serán condonables. Señorías, ¿por qué planteamos esta enmienda que es, a juicio de este diputado que la defiende en nombre del Grupo de Coalición Canaria, de alta significación en el principio que yo creo que a todos nos ha unido en la ponencia? Quiero resaltar aquí el estímulo del señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Fernández Marugán, en esta labor de impulso para llevar adelante y desatascar este proposición de ley de financiación de los partidos políticos, y hacer un recuerdo que viene a justificar esta idea. Creo que hay presentes en esta Comisión tres diputados que en anteriores legislaturas estuvimos en la Comisión de investigación de la financiación de los Partidos políticos: el señor Del Burgo, el señor Fernández Marugán y un servidor de ustedes que les habla, este diputado que tuvo el honor de presidir aquella Comisión. En aquel momento nos encontramos con un problema cuando se quiso saber cuál era el grado de endeudamiento de los partidos políticos, fundamentalmente las pólizas de crédito que tenían contraídas con bancos y cajas de ahorro. Pues bien, el único órgano depositario de este conocimiento era el Banco de España. En las entrevistas que tuvimos con el entonces gobernador, don Luis Ángel Rojo, nos dijo que por ley el Banco de España no podía facilitar el dato a las Cortes Generales, al Parlamento, al Congreso de los Diputados y, por tanto, a su Comisión. Se recurrió al presidente del Congreso de los Diputados pero fue inútil. El Banco de España negó este dato a la sede de la soberanía popular de la democracia en nuestro Estado español, salvo que fuera expresa y singularizadamente autorizado por cada partido. Hubo que mandar al gobernador del Banco de España la autorización de cada partido para que se pudiera comunicar al Congreso de los Diputados el importe de los créditos que se tenían contraídos. Este compartimento como si se tratara de países distintos no parece lógico, teniendo en cuenta que lo que nos ha unido es intentar adecuar esta proposición de ley de financiación de los partidos políticos a los principios de la claridad y la contundencia y sacar del sueño o del congelador en que había estado en los últimos años. Con nuestra enmienda pretendemos que tanto el Banco de España como el Tribunal de Cuentas, órgano dependiente de esta Cámara, puedan tener acceso no solo por cuestiones de auditoría sino fundamentalmente por obtener una cifra que no procede de los Presupuestos Generales del Estado sino de la libre contratación de los partidos políticos como entidades jurídicas de pleno derecho con los órganos crediticios, cajas o bancos, que haya en este país. Asimismo, en esta enmienda se añade una segunda parte que viene a decir que estos créditos en ningún caso serán condonables. Una de las conclusiones de aquella Comisión, que es necesario refrescar si de verdad queremos mantener el principio de transparencia, que no haya oscurantismos que es lo que nos está demandando la sociedad, es que el sector bancario tiene un sistema de condonación de créditos, entre comillas, cuando a su parecer lo considera incobrable. ¿Qué ocurre cuando se solicita un crédito a una de estas entidades? El Banco de España da instrucciones a la banca privada y a las cajas sobre todo crédito solicitado por una entidad que corre un riesgo de desaparecer en las elecciones siguientes, y la banca da instrucciones de garantías correspondientes a la protección de su crédito y considera al peticionario, al demandante, entidad de riesgo. Las entidades dependientes del control del Banco de España en aquel momento, se sometían a este principio de considerarlos clientes de riesgo y tenían que hacer, por obligación del Banco de España, la provisión de fondos correspondientes, con lo cual al cabo del tiempo aquello se ponía en el epígrafe de préstamos de dudoso cobro, préstamos a morosos o préstamos que tenían una vida efímera dentro del banco y ningún accionista iba a pedir cuenta en una junta del banco de por qué el dividendo era menor porque se habían dado estos créditos. En aquellos años teníamos presente lo que había ocurrido con los créditos financieros de algunas entidades que desaparecieron, como fue la Unión de Centro Democrático. Recordaran SS.SS., sobre todo las que tuvieron que pasar por este amargo percance, que después de las elecciones de 1982 y del hundimiento de la Unión de Centro Democrático, quedó pendiente ante estas entidades el pago de sus créditos, y en la segunda legislatura el Banco de España puso de acuerdo a una serie de bancos que se dirigieron al Congreso de los Diputados y nos embargaron a muchas formaciones políticas, entre ellas la residual de UCD, las cantidades presupuestarias que el Congreso de los Diputados transfería a los grupos parlamentarios. Pues bien, tratemos de ir arreglando estas cuestiones. Lo que no me parece de recibo es que los créditos que se puedan firmar con bancos y cajas no estén protegidos para evitar condonaciones fraudulentas que pueden llevar a una financiación encubierta de un partido político por esta vía residual por las razones que sean. Creo que si se dice habrá más garantías, y si no se da la circunstancia, enhorabuena porque nadie se vea privado de los recursos fundamentales para que el sistema democrático y de partidos pueda funcionar. Esta es una enmienda que trata de hacer una aportación, en los términos en los que la he tratado de justificar, en una línea de transparencia, de garantía, de seguridad y de que no haya fraude de ley bajo ningún concepto.
El señor PRESIDENTE: El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene dos enmiendas, las número 5 y 6. El señor Herrera tiene la palabra para su defensa.
El señor HERRERA TORRES: La enmienda 5 trata de que las subvenciones se distribuyan en función del número de votos obtenidos por cada partido. La enmienda 6, que creo que es la más relevante dado que en el conjunto de la ley hay un amplio consenso, viene de la Federación Española de Municipios y Provincias
pero también de todas las sensibilidades municipalistas del conjunto del Estado, no solo de esa federación, entendiendo que en el artículo 12 que habíamos incorporado sobre bienes inmuebles no competía a esta Cámara hacer esta exención y, por tanto, nosotros entendíamos que debíamos suprimir dicho artículo. Por eso presentamos esta enmienda y entendemos que debe ser ampliamente apoyada.
Dicho esto quiero hacer algunas valoraciones tanto al resto de enmiendas como al conjunto de lo que vamos a votar hoy, señor presidente. La ley que vamos a aprobar hoy en esta Comisión y después en el Pleno tiene claramente elementos positivos porque reivindica la financiación, y con especial énfasis la financiación pública de los partidos, porque reivindica que tiene que haber mayor transparencia y porque, en definitiva, lo que hace es poner negro sobre blanco lo que viene siendo una reivindicación del conjunto de las fuerzas políticas desde hace tiempo. Lo digo sin haber seguido este tema esta Comisión, porque en este momento su portavoz Gaspar Llamazares está en otra Comisión y yo vengo a sustituirle. Por tanto, habiendo sido no sé si espectador pero no el mayor activo del grupo en este tema, entendemos desde el conjunto del grupo parlamentario y yo personalmente que esta es una buena ley porque lo que hace es poner negro sobre blanco lo que se venía reivindicando por la sociedad, porque pone negro sobre blanco la transparencia, el conocimiento de las personas privadas que pueden financiar a los partidos, y porque establece que va a haber intervención del Tribunal de Cuentas en los partidos pero también en las fundaciones. Existe una realidad, que es la de las fundaciones asociadas a los partidos, sobre las que tiene que haber también esa transparencia, y que esta ley lo que hace es reivindicar el papel público y social de los partidos. Es relativamente fácil un discurso más bien sencillo que lo que hace es desacreditar la financiación en torno a los partidos, como si los partidos no jugasen un papel en democracia. Nosotros entendemos es al revés, que existe un desprestigio de las fuerzas políticas y de los partidos y lo que tenemos que hacer es reivindicar la financiación para que puedan realizar esa tarea pública. Lo digo porque si estos son los elementos claramente positivos que va a tener la ley, también va a tener un elemento negativo que es la falta de consenso o el hecho de que haya quien por intereses electorales seguramente con un discurso fácil, mejor dicho facilón, va a desacreditar esta ley. Eso es lo que hay que lamentar, entendiendo que esta es una ley que lo que hace es ser más transparente en una exigencia democrática que existía en torno a esta ley, y entendiendo que lo que va a hacer esta ley es garantizar esas exigencias democráticas que están en nuestra sociedad. Y el elemento negativo viene claramente del Partido Popular, debido a que se prima el rédito electoral inmediato al consenso necesario en una ley de estas característica. Por eso nosotros la vamos a votar a favor.
Hay un elemento que hemos discutido en las últimas horas sobre el que quiero hacer una salvedad. Nosotros siempre hemos sido partidarios de que no se formalizase la financiación privada de los partidos porque entendíamos que tenía que haber una financiación estrictamente pública.
Ese ha sido siempre nuestro discurso porque entendíamos que ese carácter público de los partidos tiene que tener una garantía de financiación pública de los partidos cien por cien. De hecho lo planteamos en una proposición de ley que se discutió en la legislatura anterior y que es idéntica a la discutida en este caso a propuesta de Esquerra Republica porque nuestro planteamiento era el de la financiación pública cien por cien. Lo entendíamos así porque, como decía un dirigente en declaraciones relativamente recientes, el mundo de la política y el de los negocios no deben andar juntos. Nosotros compartimos al cien por cien esa afirmación.
El mundo de la política y de los negocios no deben andar juntos y ese tenía que ser el principio que se aplicase en la ley. Las leyes son un punto de encuentro, como nuestra postura no es compartida por todos los grupos de la Cámara, entendimos que la propuesta original de esos 30.000 euros de tope a la financiación de los partidos podía ser ese punto de encuentro. A partir de ahí ustedes saben que fuimos subiendo esa financiación a partidos y fundaciones hasta llegar a los 100.000 y 120.000 euros. En su momento dijimos que una posible solución era que si íbamos subiendo esa financiación podíamos topar con la financiación de origen privado que tienen los partidos políticos, entendiendo precisamente que una garantía de buen hacer por parte de los partidos es que la mayoría de su financiación sea de origen público, para garantizar el interés público y para entender que el lobbysmo no tiene que ser el leitmotiv de los grupos parlamentarios ni de las fuerzas políticas; esa garantía de un tope en la financiación privada creíamos que podía ser un elemento positivo. No ha podido ser. Lo cierto es que hoy, pese a haber llegado a un acuerdo de forma reiterada, nos encontramos de nuevo con que ese tope se vuelve a subir en el caso de las fundaciones. Y nosotros decimos que no, que eso no lo vamos a votar, porque entendíamos que partíamos de un principio, políticamente muy sólido, que es la reivindicación de la financiación exclusivamente pública; entendíamos que había un consenso para establecer excepciones; entendíamos a su vez que hubiese sido positivo ese tope de financiación de los partidos en torno a un 20, a un 25 por ciento, aunque nosotros planteábamos un 15 por ciento; podríamos discutirlo. En definitiva, entendemos que no podemos ir abriendo y reabriendo esta cuestión. Es más, me alegro de que hoy acabe la Comisión porque si celebrásemos dos o tres sesiones más no sé qué cifra podríamos llegar a alcanzar en torno a la financiación privada de los partidos, y ya sé que el interés de algunos es casi infinito. La verdad es que estoy encantado de que hoy acabemos este debate en Comisión, ya que si no podríamos llegar a cifras que hiciesen que la financiación de los partidos fuese ilimitada,
sabiendo además que la realidad es que existen personas jurídicas interpuestas y que esa financiación tope por parte de una persona jurídica se puede realizar por diferentes actores. Digamos, por tanto, que esa va a ser nuestra excepción, entendiendo que teníamos un acuerdo que tampoco era satisfactorio para nosotros, y lo que sí lo hubiera sido hubieran sido cero euros de financiación privada para los partidos. Se ha subiendo y subiendo y hoy sube más, y eso no es lo que habíamos acordado.
Para terminar, señor presidente, a pesar de todo nosotros hacemos una valoración positiva porque la ley va a suponer un antes y un después. No es nuestra ley, como supongo que no es la ley de nadie, porque una ley de financiación de partidos no puede ser la de ninguna de las fuerzas políticas, pero pensamos que vamos a tener mayores instrumentos de transparencia. Yo sé que la transparencia en la financiación de los partidos, especialmente de las fundaciones, no gusta a todos por igual -seguramente si alguien se ha descolgado del acuerdo no ha sido porque no se hayan incorporado sus propuestas-, porque algunas subidas de financiación de partidos y de fundaciones parecen venidas de la mano del principal partido de la oposición. Ahora bien, entendemos que ese elemento de transparencia es el que seguramente incomoda más, y transparencia especialmente en las fundaciones. Con lo cual, podríamos decir que al elemento electoral se le debería sumar esa preocupación por la transparencia en las fundaciones que no a todo el mundo gusta por igual.
Por último, habiendo leído tanto las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco como las transacciones, las valoramos positivamente y votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco tiene presentadas las enmiendas 7 a 11. El señor Esteban tiene la palabra para su defensa.
El señor ESTEBAN BRAVO: Entiendo que este trámite es para la defensa de las enmiendas, y nuestra opinión general sobre la ley la daremos en su momento en el debate en el Pleno. Valoramos de manera positiva los acuerdos a los que se ha ido llegando, así como el conjunto de la ley, pero, como antes ha dicho el señor Herrera, a todo el mundo le hubiera gustado que en algún aspecto la regulación hubiera sido matizadamente diferente, etcétera. Creo que ese es ya un debate posterior, puesto que el objetivo de un parlamento y de la función pública es intentar llegar a acuerdos positivos para todos y, sobre todo, dotar de claridad a la función pública, para lo que este aspecto de la financiación es importante, y entendemos que eso sí se ha conseguido con los acuerdos a los que se ha ido llegando y con las modificaciones que se han ido introduciendo.
Dicho esto, quiero señalar que vamos a retirar en este momento las enmiendas números 10 y 11. Igualmente, quiero manifestar que estamos de acuerdo con las transaccionales que se nos han pasado ahora por el Grupo Socialista. Básicamente nuestras enmiendas -y voy a proceder a una defensa breve de las mismas- se centran en las garantías que consideramos necesarias en todo procedimiento con respecto al examen y a las conclusiones a las que pueda llegar el Tribunal de Cuentas. Por primera vez aparece en la Ley de financiación de partidos políticos la posibilidad de que en algunos supuestos determinados el tribunal sancione a los partidos políticos. Tal y como se presentaba el texto en su origen se podría interpretar que esa sanción se podía imponer absolutamente de plano, sin ningún tipo de garantía jurídica ni de procedimiento ad hoc para poder contrastar y hacer una defensa de las posiciones del partido político que pudiera ser sancionado. Lo que hemos pretendido a través de la enmienda, entendiendo que en la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas del año 1988 los procedimientos jurisdiccionales que aparecen no encajan en este supuesto, porque se refieren bien a asuntos acerca de cuentas de la Administración del Estado con la participación del fiscal, con la participación del abogado del Estado, lo que hemos pretendido a través de la enmienda, en el caso de la ley que nos ocupa, es que el Tribunal pueda sancionar a un partido político incluso aunque por en medio no haya caudales públicos, sino que puedan ser perfectamente donaciones privadas pero que hayan rebasado los límites que esta ley fija; también en eso podría entrar el tribunal y sancionar al partido político. Entendemos que esos procedimientos que aparecen en la Ley del año 1988 no eran suficientes y lo que hemos pretendido ha sido crear un procedimiento que dote de unas mínimas garantías y algo en lo que creo que todos los grupos estábamos de acuerdo, que es en su posible -lógicamente- recurso ante el Tribunal Supremo para que dictaminara en última instancia sobre esas circunstancias.
La defensa del texto de nuestra enmienda es que creemos que con la transacción presentada queda mejor definida y se redondea ese procedimiento; por tanto, insisto en manifestar nuestra aquiescencia.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 12 a 16 están presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor Xuclà tiene la palabra.
El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y también aprovecharé este turno de portavoces para hacer algunas consideraciones generales sobre la tramitación de este proyecto de ley antes de su debate final en el Pleno.
Es muy fácil la defensa de estas cinco enmiendas, cuatro de las cuales hacen referencia a las cantidades de las aportaciones por parte de particulares. Después haré una referencia a lo que mi grupo parlamentario considera positivo del incremento de la aportación y de la financiación pública de los partidos políticos, al lado de la aportación absolutamente transparente por particulares.
Este es el núcleo de las cuatro enmiendas. Finalmente, hay una enmienda referida a la cantidad sobre la que puede haber deducción en la base imponible de la declaración de la renta por parte de las personas físicas, de los particulares que hagan o que hacemos aportaciones a los partidos políticos, que actualmente se cifra en el texto que hoy llega a esta Comisión en 600 euros y que nosotros creemos que se debería incrementar. En todo caso, este es un texto que llega a partir de un trabajo importante y de buena factura que se ha hecho en la ponencia y que ha hecho posible que haya un acuerdo muy amplio entre distintos grupos políticos. Creo que no violentaré la posición de don Agustí Cerdà si digo que el texto que llega a esta Comisión ha sufrido enriquecimientos y aportaciones positivas por parte de distintos grupos.
De entrada se tiene que reconocer el impulso político inicial de Esquerra Republicana de Catalunya, pero también, como decía hace un momento el señor Herrera, que en este momento este es un texto de consenso, transaccionado y muy bien elaborado ya previamente en la fase de ponencia. La nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que era necesaria después de veinte años de la Ley que actualmente está en vigor de Financiación de Partidos Políticos, que tuvo el impulso inicial de Esquerra Republicana y que después ha conseguido un amplio consenso en este Parlamento, es un pilar básico de la democracia. Siempre se dice que la Ley Electoral General es la ley más importante en las leyes de desarrollo del sistema constitucional, pero si no queremos solo una democracia formal, sino también una democracia sustantiva, una ley de financiación de partidos políticos transparente y que permita un buen gobierno transparente de los partidos también es muy importante. Los partidos son los actores especialmente expuestos -hasta ahora no se ha citado- a la lacra de la corrupción, que puede afectar y ha afectado a partidos políticos en sistemas democráticos poco avanzados y poco maduros, pero también en democracias muy avanzadas. Sin duda esta ley, en el momento que culmine su tramitación y que se apruebe, supondrá una mejora en este buen gobierno de la financiación de los partidos políticos. Partidos políticos que, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución española, vienen a desempeñar un papel importante en nuestro sistema institucional y en nuestro sistema jurídico. Quiero recordar que en otras constituciones europeas no hay una referencia tan explícita al mandato y al papel de los partidos políticos como el que se incorporó en el año 1978 en la Constitución española. Como les decía, esta es una ley importante y sobre la cual podría haber consenso. Siempre puede haber una sorpresa de última hora y el Partido Popular en esta fase de Comisión nos puede sorprender con una incorporación al consenso, pero si tenemos que hacer caso al trabajo en ponencia y a las declaraciones de estos últimos días, que hemos podido leer en la prensa, desgraciadamente esta no será una ley de consenso, cuando en un sistema democrático es muy importante que, en la Ley Electoral General, en la Ley de Financiación de Partidos Políticos y en algunas otras haya consenso.
Mi grupo parlamentario ha venido señalando que en esta legislatura el grupo de la mayoría ha impulsado algunas leyes en las cuales no ha buscado especialmente el consenso y algunas en las cuales sí que habría sido importante el mismo. Dentro de pocas semanas afrontaremos en esta Comisión una reforma parcial de la Ley Electoral General en la cual sí que hay consenso, pero hay otras leyes, desde la Ley de Uniones Civiles, la Ley del Matrimonio Homosexual y otras en las cuales mi grupo parlamentario está convencido de que era posible el consenso, pero que el grupo de la mayoría no se esforzó o no quiso hacer este esfuerzo de consenso. En cambio, en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, por el trabajo, por los antecedentes de los trabajos en ponencia -de los cuales he hablado- de 1997 y 1998 y por la propia lectura de la literalidad de las enmiendas del Partido Popular, este consenso era muy fácil hasta que hace unas semanas se instaló un prejuicio en las filas del Partido Popular. Un prejuicio es un juicio previo, es una decisión predeterminada sin querer entrar a discutir los extremos y la discusión caso a caso y artículo a artículo. Sinceramente lamentamos este prejuicio, que no se ha quedado solo en prejuicio, sino también en la construcción de un relato absolutamente alejado de la literalidad del texto de la ponencia que hoy discutimos, y no quiero pasar este turno de portavoces sin hacer referencia a ello. Ni a mi grupo parlamentario ni a ningún otro grupo parlamentario que pueda votar hoy favorablemente esta ley se le puede decir que, porque las condiciones por las cuales no se puede financiar, por ejemplo, Batasuna, se han concentrado en un solo artículo, estos grupos parlamentarios facilitan la financiación de Batasuna. Como no se le puede acusar o imputar de algunas otras cosas, sobre las cuales se han hecho declaraciones, que realmente construyen un relato muy alejado de la discusión que hoy tenemos. Porque hoy tenemos una discusión sobre una ley que supone más transparencia; una ley en la cual todos hemos cedido; una ley en cuyo texto inicial discutimos sobre las donaciones anónimas o no y se han retirado; una ley en cuyo redactado inicial se prohibía la donación por parte de personas jurídicas y en estos momentos es posible la donación por parte de personas físicas y jurídicas; una ley en la cual se ha mejorado, especialmente a partir de las aportaciones del Partido Nacionalista Vasco, el papel del Tribunal de Cuentas y una ley en la cual se han modulado las cantidades que pueden aportar, como les decía, en los Presupuestos Generales del Estado, instituciones públicas o ciudadanos. En este sentido, quiero hacer una defensa desde la transparencia de la posibilidad de que los partidos políticos estén financiados muy principalmente por aportaciones públicas.
No está de más recordar en este debate que la democracia es un sistema caro, que hay otros sistemas políticos más baratos, pero la democracia, afortunadamente, es un sistema que nos garantiza una mejor convivencia
a partir de unas aportaciones que básicamente deben de ser públicas, pero también a partir de un criterio de absoluta transparencia no vemos motivos por los cuales no pueda haber aportaciones privadas por parte de personas físicas o jurídicas. Esto es lo que hemos conseguido y en esta línea se posicionaba también, por ejemplo, el Partido Popular en las enmiendas que se registraron en un primer momento. En cambio, señorías, en este momento no es la posición del Partido Popular. A veces parece que el Partido Popular quiere que otros hagan el trabajo en esta ley y que ellos queden inmaculados en la defensa de unas posiciones que saben, como primer partido de la oposición y partido que aspira algún día a volver al Gobierno, que no son posiciones propias de un partido que quiera alcanzar este consenso.
Mi grupo parlamentario también quiere hacer, para terminar, una referencia explícita a la renegociación de créditos, seguramente porque una cosa es la renegociación de créditos y otra lo que en nombre de este relato se ha dicho sobre las condonaciones. En el tráfico mercantil entre particulares es habitual y es posible la renegociación de créditos y esta ley, con absoluta transparencia, también permite esta situación. Como esta es una ley de punto de encuentro, en la que también se han incorporado enmiendas, precisamente una enmienda idéntica del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Parlamentario Popular por la cual los partidos políticos deberán pagar el IBI, que en un momento determinado de la tramitación, por ejemplo, se había excluido, con lo cual el encuentro, como les digo, es posible incluso con la incorporación de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Señor presidente, usted que me interpreta ve que no tengo prácticamente nada más que decir, porque lo que simplemente quiero sumarme a lo que decía el señor Mardones de que esta ha sido una ley con un buen hacer, -él decía- bajo el estímulo del ponente socialista, don Francisco Fernández Marugán, y ciertamente también quiero terminar reconociendo al señor Marugán el buen hacer y el estímulo para conseguir este consenso en una ley básica para la mejora de nuestro sistema democrático.
El señor PRESIDENTE: He olvidado anunciar al principio la hora en la que votaremos, pero no se votará antes de las doce en ningún caso. También aprovecho para decir, apoyándome en el discurso anterior del señor Mardones sobre la calidad de la redacción que debemos dar a nuestras leyes, que en la exposición de motivos hay una frase que cuando se hacen este tipo de negociaciones a veces se recorta de aquí y de allá y queda una frase que no es castellano, que no tiene mayor importancia, pero que el letrado y yo hemos acordado modificar, si no hay ningún inconveniente, que no lo habrá. Hay una frase que comienza el párrafo diciendo: "Lo que se trata es, por tanto, abordar...", que no es castellano, por lo que debe decir: "Se trata, por tanto, de abordar...".
Nos quedan las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular números 17 a 39, que serán defendidas y sobre las que dará su opinión genérica don Jaime Ignacio del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Tengo la esperanza de que después de mi intervención los grupos de la Cámara se sumen al consenso con el Partido Popular porque todavía no he oído -solo ligeramente en la intervención del señor Xuclà se ha hecho alusión a alguna enmienda concreta de nuestro grupo- ninguna réplica al contenido de las enmiendas, que son las que en su conjunto hacen inviable que podamos dar el apoyo a esta ley orgánica, que es nuclear en el sistema democrático y que, por tanto, hubiera requerido un esfuerzo de consenso que, desde luego, no he percibido, a diferencia de otras épocas en las que nosotros estuvimos, protagonizamos, impulsamos y casi conseguimos el año 1998.
En primer lugar, quiero referirme a las subvenciones a partidos ilegalizados. No vemos ninguna razón para que lo que en el año 2003 estaba perfectamente definido en la ley e incorporado en la misma, ahora se pretenda, suprimir con una redacción muchísimo más simple y que no cubre ni mucho menos todos los supuestos que se contemplaban en el artículo 4 de la anterior ley, Ley de 2003, que fue votada por casi todos. En esa apelación al consenso quiero invitar a volver al consenso de 2003 porque no existe ningún motivo para eliminarlo.
Hay otras cuestiones que no son de tan importante calado como es la cuestión de si los partidos políticos deben o no tener intereses, acciones o participaciones en sociedades mercantiles ajenas a su actividad. Nosotros entendemos que un partido político no puede ser empresario o gestor de ningún interés económico que no tenga relación directa con su actividad y, por lo tanto, hemos presentado una enmienda para tratar de dejar bien claro que las sociedades mercantiles que no estén directamente vinculadas a la actividad del partido no deberían ser objeto del partido.
En cuanto a las subvenciones a los partidos, no entiendo que con la sensibilidad autonómica de algunos de los que han intervenido no hayan hecho ninguna mención a nuestra enmienda 18, que pide que la competencia del Tribunal de Cuentas no sea incompatible con la de los tribunales de Cuentas de las comunidades autónomas cuando están, lógicamente, fiscalizando subvenciones públicas que corresponden a las comunidades autónomas. Eso no es ir en contra de la competencia global del Tribunal de Cuentas, sino especificar sencillamente que los tribunales de Cuentas podrán intervenir. No nos parece conveniente que se suprima el límite que estaba establecido en la ley anterior del 3 por ciento de los votos computados por cada circunscripción para obtener subvención. En cuanto a las donaciones, estamos absolutamente de acuerdo en la supresión de las donaciones anónimas, cosa que nuestro grupo parlamentario desde antiguo ya venía sosteniendo. Nos parece razonable
mantener el límite de 90.000 euros anuales. En este caso estoy de acuerdo con lo que dice el diputado representante de Izquierda Unida y, por lo tanto, me parece que es evidente que no debemos alterar ese límite de 90.000 euros que figuraba en los borradores iniciales.
Respecto a la contabilidad, hay una enmienda transaccional que mejora la redacción que actualmente tiene en cuanto a la identidad de quién genera ingresos por las actividades propias del partido precisamente para responder al principio de máxima transparencia. No comprendemos por qué uno de los aspectos más nucleares en la cuestión de la corrupción no quiere ser asumida por la mayoría que en este momento sí está dispuesta a apoyar la ley. Nosotros pretendemos que se prohíba que constructores y promotores de vivienda puedan ser donantes de partidos políticos. Estamos viendo todos los días que la corrupción que existe en el ámbito urbanístico en la esfera local está en el ámbito de la construcción, de la promoción de viviendas. Esto lo vemos todos los días, según aparece en los periódicos y según las operaciones espectaculares a las que nos tiene acostumbrados la Fiscalía Anticorrupción. Intentamos que nadie en la esfera local ni en ninguna otra esfera pueda invocar el nombre del partido en vano para solicitar dinero a cambio de un favor político a un constructor o promotor de viviendas cuando le viene a pedir una recalificación o una licencia. No entendemos por qué no quieren sumarse al consenso con nosotros en este punto cuando todos se supone que estamos comprometidos en tratar de que haya una mayor transparencia para acabar con la corrupción, en la medida de lo posible.
Hay otra serie de enmiendas que se refieren al régimen tributario. Van dirigidas a evitar que los partidos políticos tengan, cuando realizan operaciones semejantes a cualquier otra persona física o jurídica, un tratamiento privilegiado. Entendemos que los partidos políticos no deben tener, cuando realizan nuevas actividades mercantiles, un tipo reducido del 25 por ciento porque eso incide en la libre competencia y, evidentemente, produce que el partido tenga un tratamiento privilegiado respecto a otros que pueden ser competidores en esas actividades mercantiles. No entendemos por qué se establece la exención de las retenciones en las rentas exentas en virtud de la ley. Respecto al IBI, he oído que hay una enmienda transaccional pero no la he visto por ningún lado. La propia Federación Española de Municipios y Provincias se ha dirigido a nuestro grupo parlamentario -supongo que lo habrá hecho al resto de grupos parlamentarios- solicitando la supresión de esa exención prevista en el impuesto sobre bienes inmuebles que está firmado por Heliodoro Gallego Cuesta, alcalde de Palencia que, por cierto, no es de nuestro partido; así que súmense a nuestro consenso en esta materia.
Otra cuestión que nos parece muy importante y de la que tampoco he oído absolutamente nada al respecto es que no se puede dejar a la vida local fuera de las cuentas globales de los partidos. Las organizaciones locales iguales que las autonómicas y las estatales de los partidos políticos deben incorporarse a la contabilidad y, por tanto, rendir cuentas ante el tribunal de toda su actividad. No nos engañemos, ¿dónde están los filtros por los que se escapa mucha agua de corrupción? Pues en las entidades locales, en las organizaciones locales de los partidos. ¿Cómo una ley que pretende la transparencia del sistema no obliga a incorporar a la contabilidad que se remite al Tribunal de Cuentas toda la gestión económica que pueda haber en una entidad local de un partido? Les invito a sumarse al consenso, de verdad; vengan a nuestro consenso si de verdad quieren una mayor transparencia y de verdad quieren algo más que dinero que es lo que en el fondo parece subyacer en esta ley. Respecto al endeudamiento, hemos solicitado que haya un anexo en la memoria anual de los partidos en el que se expresen todos los datos del endeudamiento del partido. He visto que hay una enmienda transaccional que parece que asume parte de lo que pedimos en la enmienda número 31, cosa que nos parece muy bien.
En cuanto a la responsabilidad de los partidos, el régimen sancionador, anticipo que me parece muy oportuna la aportación que hace la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Me parece que ha hecho un esfuerzo de establecer un procedimiento que debe estar en la ley porque de lo contrario el procedimiento sancionador si no tiene, mejor dicho, la posibilidad de establecer sanciones, si no existe un procedimiento jurídico para poderla exigir por parte del tribunal, evidentemente tendría muy poco valor jurídico en la medida en que no se sabría cómo se va a exigir esa responsabilidad. Apoyamos esa enmienda y pedimos al resto de la Cámara que también se sume a la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) porque me parece una aportación jurídica muy conveniente.
Ahora entraré en la actualización de las cantidades, en los temas económicos que hacen referencia -como diría mi compañero Vicente Martínez-Pujalte- a la pasta. Y aquí es donde naturalmente nuestra discrepancia es radical. No procede la actualización autonómica conforme al IPC de las cantidades consignadas en los presupuestos, ya serán las Cortes Generales en los presupuestos quienes determinen en cada momento y en cada ejercicio lo que hay que hacer, pero no establecer esa actualización económica. Como tampoco nos parece de recibo lo que se establece en la disposición transitoria relativa a la elevación en un 20 por ciento de las cantidades que actualmente ya están consignadas en los presupuestos del año 2007 y que tienen unos límites bastante razonables.
Por cierto, no nos parece conveniente -hago un paréntesis y vuelvo para atrás- que las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan dar subvenciones al funcionamiento de los partidos. Una cosa es que las comunidades puedan establecer subvenciones para satisfacer los gastos de funcionamiento de los grupos parlamentarios o de los grupos municipales y otra es prever la posibilidad de que las comunidades
autónomas, además de las cantidades establecidas en la financiación estatal, tengan también cantidades establecidas para funcionamiento. Esto nos parece que es un despropósito.
También hemos hablado del tema de las fundaciones. Nosotros hemos presentado una enmienda, y quiero que aquí quede bien claro. No sé si la mayoría parlamentaria ha dedicado un segundo a leer nuestra enmienda sobre las fundaciones, pero si la lee podrá comprobar que se trata de una enmienda muy rigurosa y que incrementa notablemente la transparencia en el funcionamiento de esas fundaciones. Por cierto, no tenemos ninguna objeción a que el texto diga vinculadas a los partidos políticos o sujetas orgánicamente a los partidos políticos, como he visto en una enmienda transaccional. A eso nosotros no nos vamos a oponer, pero lo que sí nos gustaría es que se hiciera una referencia a la actividad de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, puesto que lo que nosotros hemos propuesto incrementa sustancialmente el grado de transparencia que será exigible a ese tipo de fundaciones, si esta ley se aprueba en los términos que vienen recogidos en la propuesta.
Por último, en este repaso global de las enmiendas, está la cuestión de la condonación de las deudas. Yo no voy a hacer sangre con esta cuestión sobre un asunto que ya es bien conocido. Evidentemente, no se puede ser hipócrita en este Parlamento. Por un lado, estamos limitando la cuantía de las donaciones a las personas jurídicas -120.000 euros o los que sean, es igual- y, por otro, resulta que un banco puede otorgar en definitivas cuentas una donación por la vía de la condonación que pulveriza cualquier límite establecido en la ley, y hemos tenido ejemplos recientes de eso.
Súmensen a nuestro consenso. Si de verdad quieren realmente transparencia, rigor y que los partidos políticos no se alejen en su funcionamiento del sentir de la ciudadanía, voten a favor de nuestra enmienda que prohíbe la condonación, y no los posibles aplazamientos, organización o reestructuración de las deudas que pueda haber. La condonación es una donación y esa donación puede pulverizar -insisto- los límites establecidos para que una sociedad o persona jurídica, como pueda ser una entidad bancaria, pueda dar una donación al partido. Si una determinada caja o banco quiere hacer una donación a un partido político está sometido a los límites de la ley, pero si esa misma caja condona un crédito, está concediendo una donación e insisto en que pulveriza y viola todos los límites establecidos en la ley para las donaciones privadas.
Por tanto, todas estas razones justifican nuestra oposición al conjunto de la ley. En nuestra opinión son bastante razonables, no forman parte de ningún discurso facilón, como aquí se ha podido decir, ni tenemos ninguna finalidad electoralista como también se ha dicho. Por cierto, hablando de electoralismo espero que esta ley, tal como vaya a salir, se lleve al Pleno del Parlamento porque una de las cosas que a nuestro grupo nos ha sorprendido notablemente es que en la Junta de Portavoces que tuvo lugar ayer en el borrador del orden del día estaba incluida la proposición de Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos para debatir el próximo jueves -no mañana, sino el jueves siguiente-. Sin embargo, a petición del Grupo Socialista, que tuvo tanta prisa en que nos reuniéramos y que la ponencia se reuniera a uña de caballo porque ya había pasado tanto tiempo, ahora va y resulta que se ha suprimido del orden del día el debate de esta ley. No quiero pensar -porque me dirá mi amigo Ramón Jáuregui que quizás sea una fabulación más de las que yo tengo (Risas.)- que esta supresión del orden del día tenga relación directa con el proceso electoral que estamos viviendo y que resulta que sea un asunto que veamos después del 27 de mayo. Espero que esto no sea así. Por tanto, anticipo que la tendencia que yo pueda tener a no conceder el beneficio de la duda al Grupo Socialista en esta ocasión quede desautorizada.
Como conclusión, señor presidente, nosotros estamos en contra de esta ley, tal como ha salido. Por supuesto que valoramos, puesto que al fin y al cabo son fruto de muchas de nuestras aportaciones, todo lo que hay en la ley de positivo respecto a incrementar la transparencia en la gestión de la actividad de los partidos políticos, a lo que nosotros por supuesto no vamos a votar en contra, pero esas objeciones de fondo que hemos puesto de relieve nos parecen fundamentales. Yo pediría un esfuerzo de comprensión a los grupos parlamentarios de nuestras enmiendas, si de verdad quieren que esta ley salga con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Yo tengo la impresión de que no hay razones de fondo para oponerse a estas enmiendas que nosotros hemos presentado porque precisamente tratan de incrementar la transparencia del sistema.
Finalmente, quisiera hacer una reflexión. A mí me da la impresión de que esta ley hay que conectarla con la revisión, que ya se ha tomado en consideración, de la Ley de devolución a los partidos políticos que sufrieron incautación como consecuencia de la guerra civil. Quiero decir simplemente algo a la Comisión. Los fondos públicos son fondos públicos ciertamente, son del Estado, una vez que han salido del contribuyente, pero son fruto del esfuerzo del contribuyente. Nosotros no somos más que meros administradores. No somos otra cosa aquí que administradores de los fondos públicos que -insisto- son el resultado del esfuerzo fiscal de los contribuyentes, es decir, de los ciudadanos españoles. Seamos respetuosos con ese esfuerzo fiscal y no contribuyamos a lo que podría ser, quizás con exceso, un cierto asalto al erario público a través de las normas que se contienen sobre todo en las disposiciones transitorias en esta ley.
El señor PRESIDENTE: Todos los grupos enmendantes ya han expresado su posición. Nos queda ahora contar con aquellos que no habían presentado enmiendas. No hay nadie presente del Grupo Parlamentario Mixto. Estuvo el señor Rodríguez, pero ahora no está.
Por parte de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Nosotros no hemos presentado enmiendas, por tanto, haré una valoración de lo que ha sido el trabajo de la ponencia. El 27 de septiembre se admitió esta proposición de ley a trámite por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados; una propuesta nuestra, que no era la primera que ha llegado aquí puesto que ya se había iniciado otra reforma en el año 1997, y no tuvo éxito. En ese sentido, si de algo nos tenemos que congratular es de la paternidad de la propuesta y de que este debate contara con la opinión de todos respecto al fondo, que teníamos que atajar algunas de las deficiencias que tenía la ley de hace 20 años para intentar subsanarlas bajo el prisma de una mejor financiación, pero también de la oportunidad de llegar a un cierto consenso en todo aquello que debe articular la vida económica de los partidos y su financiación, que es la base de los partidos políticos. Desde nuestro punto de vista, la financiación de los partidos políticos tiene que ser pública y privada y no debe limitar en ningún caso la independencia de los partidos políticos. El objetivo de la proposición de ley era dotar de financiación a los partidos políticos, de una mayor transparencia y de un mayor control y, como consecuencia, garantizar la independencia de los partidos políticos y seguridad, publicidad y transparencia a la ciudadanía de cuáles eran las actividades económicas y el funcionamiento de los partidos políticos. En este sentido, creo que se ha hecho un esfuerzo importante y debemos reconocer el trabajo que ha hecho, no en aras a súmense a mi propuesta, sino en aras a llegar a consensos en aquellas cosas en que era complicado hacerlo, y hemos dado los pasos pertinentes.
De la primera proposición de ley que presentó Esquerra Republicana al texto final hay mucha distancia y creo que debe reconocerse el mérito y el trabajo del señor Marugán principalmente de llegar, primero, a los mínimos comunes denominadores y, luego, de buscar el consenso en aquellas cosas en las que discrepábamos muchos de nosotros. Por ejemplo, nosotros entendíamos que el sistema de financiación de los partidos, como un importante instrumento de esta sociedad y de su articulación democrática, tenía que ser a base de un sistema mixto de financiación pública y de financiación privada, como ocurre en la realidad; por otra parte, también apostábamos por que esta financiación privada, tanto de personas físicas como jurídicas, tuviera una limitación, a la que se ha llegado a través de diversos debates y consideraciones. Al final se ha llegado a un acuerdo, arbitrario como cualquier otro en esta materia, pero con el que todos podemos sentirnos más o menos a gusto, estableciendo un límite para estas donaciones de personas físicas y jurídicas. Asimismo, entendíamos que la financiación a través de fundaciones y de entidades sin ánimo de lucro vinculadas a partidos políticos debería incluirse en el ámbito y en el objeto de la ley, para seguir con las exigencias de transparencia y de limitación de este tipo de donaciones, por lo que la disposición adicional séptima ha sido objeto de debate y de baile de cifras en el trámite de ponencia. De hecho, respecto a esta disposición séptima, el señor letrado ha realizado un informe en relación al alcance y al significado de la expresión "con dependencia orgánica de los partidos políticos" en el que apunta que esta expresión podría plantear mayores dificultades a la hora de fiscalizar, por lo que entendemos que sería conveniente seguir las recomendaciones del letrado sustituyendo la expresión "con dependencia orgánica de los partidos políticos" por "vinculados a partidos políticos", tal y como recoge la enmienda transaccional.
En su momento manifestamos que el límite de las donaciones no iba a ser problema, en aras también a un consenso y así lo hemos practicado. Uno de los principales objetivos que creo que se cumple -más allá de los consensos de última hora, debemos estar contentos de haber llegado a una serie de acuerdos- en tanto en cuanto hemos llegado, a base de mucho esfuerzo y de trabajo -y no creo que exagere en esta intervención-, a conseguir dotar de una transparencia y mejor financiación a los partidos políticos, con lo que mejoramos ostensiblemente todo el sistema democrático. Hemos prohibido -y esto ya queda recogido en la ley- las donaciones anónimas a los partidos, lo que nos parece un salto cualitativo importante en el modo de financiación de los partidos. El artículo 5 dice literalmente que los partidos políticos no podrán aceptar, directa o indirectamente, donaciones anónimas, y el apartado 1 establece que las donaciones privadas a partidos políticos distintas a las cuotas o aportaciones deberán abonarse en cuenta distinta, quedando constancia de la fecha e importe y número de las personas donantes. Con lo cual toda la presunta demagogia de los constructores o promotores queda matizada o condicionada por estos preceptos, puesto que se tiene que especificar y saldría a la luz el tipo de las donaciones. Por tanto, venir a estas horas, cuando ha habido meses para llegar a consensos, nos parece que es hacer un poco de propaganda. Respecto a la financiación de organizaciones ilegalizadas, no sé si la ley anterior contenía aspectos inconstitucionales porque yo no soy la persona adecuada para decirlo, pero desde luego que la prohibición de una subvención a un partido político estuviera única y exclusivamente en manos de un órgano ejecutivo, como el ministro del Interior, nos parece que era bastante lamentable para un sistema democrático con garantías. Tal y como queda en estos momentos, efectivamente es a propuesta del ministro del Interior y/o del fiscal general del Estado, pero siempre a través de una sentencia del Tribunal Supremo, como recomienda el buen derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Este es el cambio que se produce, que nos parece que es igualmente garantista y respetuoso con el ordenamiento actual, aunque nosotros ya hemos dicho mil veces que no estamos de acuerdo con la Ley de Partidos.
Por último, uno de los objetivos que tenía Esquerra Republicana cuando impulsó esta propuesta legislativa era mejorar la fiscalización y el control de los partidos políticos, y con ello la transparencia, la seguridad y
publicidad, dotando al Tribunal de Cuentas y a los órganos de fiscalización de las comunidades autónomas de una mayor potestad controladora y fiscalizadora, así como la posibilidad de sanción, y en ese sentido tenemos que reconocer la aportación muy enriquecedora del Grupo Nacionalista Vasco, en la que dota a los partidos políticos de un procedimiento garantista que regula los mecanismos de recurso ante la propuesta de sanción del Tribunal de Cuentas, que va a contar con nuestro apoyo y creo que también con el de la mayoría de la Cámara. Tal y como ha reiterado el pleno del Tribunal de Cuentas en diferentes informes y en las conclusiones y propuestas de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, a las que se alude en la exposición de motivos, era necesario mejorar los mecanismos de fiscalización, control y sanción del Tribunal de Cuentas.
Nuestro grupo está ampliamente satisfecho del resultado final de estos debates. Creemos que el texto que tenemos delante, basado en nuestra propuesta, ha sido el más consensuado posible pero seguramente mejorable en algunos aspectos; no obstante, ha mejorado con mucho la ley anterior y, por tanto, contará con nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: Para exponer su punto de vista tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Nosotros vamos a votar a favor de siete enmiendas: 1 y 2, de Coalición Canaria; 6, de Izquierda Unida; 9, del PNV; 15 y 16, de CIU, y 29, del PP, y al inicio de la sesión hemos entregado un conjunto de transacciones.
Dicho esto, quisiera comenzar agradeciendo a Esquerra la iniciativa que adoptó en su día de presentar un texto de ley en torno al cual hemos hecho un esfuerzo importante para aglutinar una mayoría de diputados y de grupos parlamentarios que lo apoyen. Por tanto, agradezco a Esquerra su tolerancia y comprensión y a todos los grupos, en mayor o menor medida, el esfuerzo que han hecho por mejorar la calidad de un texto que llevaba diez años pendiente de aprobación en esta Cámara.
Al señor Herrera, con consideración y con respeto, una cierta puntualización. Ese dirigente socialista que hablaba de la necesidad de separar la política del mundo de los negocios se llama Fernández Marugán, o sea, soy yo. Lo he dicho muchas veces y lo he dicho recientemente. Yo pertenezco a una generación de dirigentes políticos que se educó en el culto y en la consideración de las condiciones objetivas -o sea, hay otras consideraciones analíticas a la hora de abordar la resolución de los problemas-, y nosotros teníamos muy en cuenta esa realidad. Yo me pregunto: ¿Era posible en este contexto, en este Parlamento y en esta situación de la política española aprobar una ley que no tomara en cuenta la existencia de aportaciones de entidades jurídicas? Si la hubiera habido, ¿con qué mayoría parlamentaria hubiera contado si es que hubiera contado con alguna mayoría parlamentaria? Por lo tanto, nosotros entendemos que su aserto es un halago para la actitud del Grupo Parlamentario Socialista y que no ha sido otra cosa que la de extender en la mayor medida posible el consenso en esta norma. De ahí paso a hacer algunas consideraciones de lo que ha dicho el señor representante del Grupo Popular, y voy a empezar por una de ellas. Podía haber elegido otro orden, pero empecemos por el tema de las referencias a la financiación de las fundaciones vinculadas orgánicamente con los partidos políticos.
Es un dato objetivo y real que en la Ley 3/1987, no había ninguna referencia a esta cuestión, quizá porque en aquel momento no se tenía conciencia de esa situación. No hay ninguna. Lo que sí hemos querido nosotros es que de alguna manera exista una norma que establezca al menos que las fundaciones tienen que rendir y presentar en relación con las aportaciones privadas, con un cierto detalle -por su importe, por el nombre y por la dirección de las personas que las reciben-, una información que contribuya o que sirva para que el Tribunal de Cuentas haga la fiscalización de ese tipo de ingresos. Lo hemos hecho porque cuando nosotros analizamos el texto de las enmiendas que presentó el Partido Popular -que, por cierto, era bastante idéntico al non nato proyecto del año 1997- vimos que se producía una situación que a nosotros nos parecía un poco paradójica, y es que se establecía o se podía establecer un sistema bilateral fuera del entorno de los partidos políticos y en las fundaciones ausente completamente de control. Eso estaba en la iniciativa de 1997 y en las enmiendas del Partido Popular que se presentaron y que están publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes el 29 de julio del año 2006. El mecanismo era muy sencillo, se trataba de regular la desregularización -lo que, por cierto, es una práctica habitual en los conservadores de un tiempo a esta parte-, y lo hacía a través de una fundación vinculada, o dependiente orgánicamente -como se quiera denominar, no hace al caso en este momento la precisión jurídica- de un partido político, que recibiría donaciones de cualquier persona física o jurídica, procediendo a continuación a trasvasar sin límite ni condición cuantos recursos considera conveniente y oportuno al partido político, y este último podría formalmente cubrir la obligación de identificar al donante sin límite de aportación, insisto, pero, desde luego, sin ningún tipo de control por parte del Tribunal de Cuentas. Lo que nosotros hemos hecho ha sido establecer un mecanismo de control parlamentario, de fiscalización, a través del instrumento que tiene esta Cámara para controlar las cuentas de los partidos, que es el Tribunal de Cuentas. Usted me dice que han presentado en esta segunda ronda la enmienda número 36, una enmienda realmente importante, y yo tengo que decir, sin lugar a dudas -y mi percepción es a lo mejor equivocada-, en primer lugar que esa enmienda hace alusión única y exclusivamente a las subvenciones que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado reciben las fundaciones -es decir, su enmienda no entra en otros territorios de la financiación-,
y en segundo lugar que su enmienda es una buena mezcla del punto 5 del artículo 25 de la Ley 50/2002, de Fundaciones y desde luego de la extensa y sincrética acumulación de los puntos undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto de una resolución de 1 de marzo de 2007 de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura.
Sinceramente, desregular o regular, pero regular acumulando y elevando a la categoría de ley orgánica lo que es una resolución de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural me parece un exceso normativo que mi grupo no está dispuesto a admitir. Por lo tanto, tengo la sensación de que ustedes han tratado de hacer realidad un viejo aserto de la política que es aquel que dice que la política es el arte del disimulo. Lo siento, en este caso la correlación de fuerzas políticas no va a permitir una operación de disimulo. Nosotros creemos que ha lugar a la extensión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, es decir, al control parlamentario del Tribunal de Cuentas de los ingresos que por donaciones privadas reciban esas fundaciones que coloquialmente llamamos dependientes, vinculadas orgánicamente con los partidos políticos.
Ustedes se quedan bastante lejos de la pretensión que tiene el conjunto de la Cámara en este caso, y no vamos a tomar en cuenta su aserto.
Algo parecido ocurre en materia de condonación. Este es un tema viejísimo, tan viejo como el tiempo, y al que esta Cámara, por cierto, le ha dedicado bastante interés aunque efímero. Nosotros nos encontramos con informes del Tribunal de Cuentas y también con resoluciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas; nos encontramos desde el año 1989 con un dictamen, por cierto, buenísimo, del Tribunal de Cuentas en el que analiza la relación que se establece entre los partidos políticos y las instituciones financieras, y como está lejano en el tiempo, en él se podría ver ya algún tipo de práctica que de alguna manera analizó de forma prolija y reveladora en aquel momento.
También hubo posteriormente resoluciones de la Comisión Mixta y cambios de posición en el propio tribunal. Hay un hecho que es evidente y que es conocido, y es que los partidos políticos llevan algún tiempo informando al tribunal de que existe este tipo de operaciones, que también las instituciones financieras informan al tribunal cuando responden a su circularización, que el Pleno del tribunal ha aprobado informes constatando este tipo de prácticas financieras y que la Comisión Mixta nos ha dicho muchas veces que hay un vacío normativo que de alguna manera es necesario subsanar. Este tipo de operaciones que están en la realidad de los hechos -si uno expurga, analiza y va entrando en los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas- lo he encontrado en ocho formaciones políticas a lo largo de los últimos diez o doce años. Por tanto, es un tema conocido que no está resuelto en este momento. Ustedes lo intentaron resolver en la non nata reforma de la Ley de financiación de los partidos políticos en los años 1997 y 1998, con una mayoría distinta a la actual y de la que nos quedamos fuera el señor Santiso y yo -y recordaba el señor Mardones quiénes éramos portavoces en aquel momento-; hubo un conjunto de fuerzas políticas que llegaron a un acuerdo y Santiso y yo -Santiso en representación de Izquierda Unida y Fernández Marugán en representación del Partido Socialista- no estuvimos de acuerdo, punto -luego me referiré a ello-. Hay una moción del Tribunal de Cuentas y hay una iniciativa de Esquerra -venturosa por otra parte- que trata de acercarse a esa situación. Pero lo mismo que he tenido la curiosidad de poner a disposición de la Cámara las posiciones del Partido Popular en esta cuestión, tengo aquí el Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1998 -Fraile también estaba en aquel entonces en su condición de letrado-, en el que hay una disposición transitoria que aborda las llamadas condonaciones y que tiene una característica muy peculiar. ¿Qué se podía condonar? En primer lugar, La deuda con los proveedores y con los bancos. Cuando usted lideraba el proyecto se podían condonar las deudas con los proveedores y con los bancos, las comerciales y las financieras. Eso para que quede claro. En segundo lugar, se podía condonar sin límite cuantitativo, sin prohibición de ninguna naturaleza.
Esa es una primera posición política, y no me parece mal que usted cambie de posición, pero esa es la primera posición política. En tercer lugar, hace unos meses, en la enmienda número 125 de esta colección, ustedes cambian de posición y ya los proveedores se quedan fuera, pero se quedan los bancos, y las denominadas condonaciones se limitan cuantitativamente, igualando las aportaciones. Ahí hay un cambio. En cuarto lugar, en este momento ustedes prohíben las condonaciones prescindiendo de cualquier límite cuantitativo. Las posiciones del Partido Popular son, pues, cambiantes. Esa teoría de la consistencia de los actos propios no parece que sea un hecho muy determinante en las posiciones políticas del Partido Popular. Pero tengo que decir que esos cambios se hacen cada vez más rígidos en la medida en que ustedes renuncian al diálogo con el resto de las formaciones políticas. Ese es un quid importante en esta cuestión.
Por lo demás, nosotros estamos sosteniendo otra posición política distinta, sinceramente. Creemos que este es un tipo de operaciones que constituyen una transacción mercantil regida por el principio de libertad de las partes que posibilita la novación de las condiciones de financiación sin que haya por qué renunciar a la devolución íntegra de las cantidades prestadas en concepto de principal. Podíamos hacer, si tuviera más tiempo lo haría, una exposición más detallada. Aquí nos encontramos ante el reconocimiento o no de los llamados pactos de non pretendo y, de alguna manera, en ese tipo de pacto caben múltiples posibilidades, pero yo parto de un hecho que quisiera poner de relieve ante la Comisión. ¿Qué son los partidos políticos? Lo siento mucho, pero los partidos políticos son instituciones que se rigen en el ámbito del derecho privado y, como consecuencia de
ello, tienen libertad para alcanzar acuerdos y formalizar negocios jurídicos con otras instituciones que se rigen en el mundo del derecho privado, siempre y cuando no vayan en contra de lo que establecen las leyes. Los partidos políticos no son órganos de la Administración, son instituciones libres, creadas por ciudadanos y ciudadanas que se rigen por el derecho privado y que están sometidos a la ley. En ese sentido, pueden negociar las condiciones de un crédito. Y le voy a decir que la novación de las condiciones de los créditos las hacen las instituciones financieras en muchas ocasiones porque es el único mecanismo posible para recuperar el crédito concedido. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Según alguna de las intervenciones que se han hecho aquí, buscando un acuerdo entre las partes que sea capaz de dar la mejor de las soluciones posibles a un supuesto de dificultad financiera de un partido político, como ocurre en cantidad de instituciones que se sitúan en el ámbito estrictamente privado. En ese sentido, insisto, las operaciones son muchas. ¿Cómo lo entendemos nosotros? En un contexto en el que estos pactos de non pretendo posibilitan un acuerdo en virtud del cual el deudor no ha de asistir a la extinción de su obligación y el acreedor no tiene por qué renunciar unilateral y gratuitamente al ejercicio del derecho al crédito que anteriormente había otorgado. No soy abogado, no me muevo bien en este terreno, pero procuro acercarme a la realidad. De lo que se trata en este tipo de pactos que estamos prefigurando, en el que hay una novación de un contrato, es de seguir manteniendo el carácter oneroso de la relación y no el carácter gratuito. En esa vieja vinculación que ustedes tenían en los primeros textos lo que llamaban condonaciones se identificaba con aportaciones, pero son dos institutos jurídicos completamente diferentes que obedecen a dos negocios completamente distintos, y uno no debería ser propenso a conjugarlo.
Cuando se hacen estos acuerdos, ¿qué es lo que se pretende? Lo que se pretende no es realizar una aportación gratuita, no señor, no se trata de hacer aportaciones gratuitas, sino de encontrar un contrato nuevo y oneroso que resuelva un contencioso que está ahí y que puede afectar a muchos elementos. Lo que hacen fundamentalmente los que yo he conocido es establecer una diferencia respecto al anterior que radica esencialmente en un nuevo sistema de organización y de reglamentación de los intereses.
Según el informe de la ponencia y las iniciativas de Esquerra, lo que nosotros estamos diciendo es que seguimos creyendo en que cabe la posibilidad de que haya pactos que se hagan de acuerdo con la libertad de las partes y que, como consecuencia de esos pactos, se puedan cambiar las condiciones de los contratos y pueda recuperarse una parte importante del capital otorgado o todo, discutiendo, flexibilizando y concordando unas nuevas condiciones que sean esencialmente diferentes a las inicialmente pactadas. No estamos contemplando otra cosa que una operación finalista y no una operación no finalista, porque, por otra parte, las operaciones no finalistas no se contemplan como donaciones. De todo eso además se establece la necesidad en esta ley, lo ha dicho el señor Xuclà y lo ha dicho bien, de publicidad y de transparencia, informando de ello al Tribunal de Cuentas y al Banco de España. Y si esa operación no se ajusta a los usos y a las costumbres del mercado, debería ser el informe del Tribunal el que estableciera las cautelas precisas para que la relación entre la institución financiera y el partido político quede sometida a una consideración, una matización y una puntualización precisas. En ese terreno hemos hecho un esfuerzo importante. Los partidos políticos tienen obligaciones que son similares a las del resto de las instituciones mercantiles, se sujetan al derecho civil y al derecho mercantil. Tienen obligaciones de transparencia, porque cuando otros lo hacen en el mundo privado casi nunca se conoce esta transparencia. Tienen obligaciones de control en el banco y en el tribunal, y si tienen obligaciones con el tribunal serán analizadas en las Cortes Generales por una Comisión Mixta.
Por tanto, máxima información posible de este tipo de acuerdo, total transparencia y que sean las instituciones de fiscalización las que digan lo que tengan que decir.
Estoy abusando enormemente de la benevolencia del señor presidente, pero solamente tengo que decir una cosa que me gustaría situar una vez más en el mundo de la consistencia. Es difícil saber dónde está el Grupo Popular, y bien que lo lamento. Que el Partido Popular no esté jugando aquí en este caso no me gusta. Ustedes nos dejaron a otros fuera del consenso en el año 1997, y deberíamos haber hecho el esfuerzo en el año 1998, pero los argumentos hay que utilizarlos bien. Respecto a esa historia de que esto no va a ir a Pleno, usted lleva muchos años en esta casa como para tener que recurrir a ese tipo de reflexión política. ¡Por Dios! Diputados veteranos somos Guerra, Del Burgo, Mardones y yo, algunos llevamos aquí veintitantos años, no baje usted el nivel hasta ahí. Es difícil saber dónde están ustedes, porque hubo la iniciativa del año 1998, las enmiendas del año 2006 y el segundo plazo del año 2007. Ustedes se han desdicho en muchas cosas, pero eso de que los parlamentos autonómicos no puedan subvencionar a los partidos políticos, desde luego, en el año 2006 sí lo sostenían. Instan al control, pero le quitan la subvención. No sé muy bien qué tendrían que controlarle. Es una lástima que el Partido Popular esté fuera de este contexto, pero dos no pactan si uno no quiere, y ustedes no han querido pactar esta ley; no han querido, por las razones que sean. Yo tengo una interpretación política, pero me llevaría un ratito y no me lo dejarían hacer. (Risas.) Tengo una interpretación política, jugosa y con una cierta raigambre histórica.
¡Hay que ver lo malas que son algunas compañías! (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Marugán, nos ha dejado usted con la miel en la boca. (Risas.) Para conocer la interpretación entraremos en otros ámbitos.
Con esto hemos terminado, salvo que haya alguna petición de réplica.
(Pausa.) Sí las hay. Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
Quiero agradecer al señor Marugán la aceptación de las enmiendas 1 y 2 que ha presentado mi grupo, que han sido ya suficientemente razonadas en su sentido gramatical. Respecto a la enmienda número 3, he visto que hay tres tipos de texto, uno el que viene de la ponencia, otro con el reparto de las subvenciones de Izquierda Unida, que globaliza y no distingue entre escaños sino que da la subvención por el número de votos obtenidos, y la que hemos presentado nosotros. No sé si a efectos contables debe prevalecer la redacción del texto, que son por tercios, o por mitades como propone nuestra enmienda. No se me alcanza y no tendría inconveniente incluso en retirarla si hubiera una explicación lógica por parte del grupo proponente en el sentido de adscribir subvenciones a los escaños obtenidos en el Congreso de los Diputados en un tercio, como está en el texto de la ponencia, y en dos tercios a los votos obtenidos, pero no dice si los votos son los obtenidos en las candidaturas del Congreso o en las del Senado, y la de Izquierda Unida que globaliza este tema.
Quería pedir una explicación al respecto.
Respecto a la enmienda transaccional que ofrece a nuestra enmienda número 4, la acepto, señor Marugán. La enmienda 4 tiene dos partes, una que es similar a la enmienda 31 del Grupo Parlamentario Popular, que viene enmendada en esta enmienda transaccional que el Grupo Socialista ofrece a la 4 de Coalición Canaria y a la 31 del Grupo Parlamentario Popular.
Estamos de acuerdo, pero lo que ocurre es que la enmienda 38 del Grupo Popular nos permitirá votarla favorablemente porque es la que se refiere a la condonación prohibida de los créditos a los partidos políticos.
Queda la segunda parte de nuestra enmienda. La primera parte es perfectamente asumible con la transaccional, y la aceptamos plenamente, y otra cuestión sería la de los créditos condonables. Esa declaración de garantías respecto a las condonaciones pactadas en el documento que se ofrece como enmienda transaccional, mi grupo, señor Marugán, la acepta plenamente en la medida en que hay que otorgar también un margen de seguridad y de confianza a que la memoria sea ya un documento accesible al Tribunal de Cuentas y a todo órgano fiscalizador que tenga competencias al respecto. Mi grupo se mantiene en el mismo criterio, porque, señor presidente, criterios inamovibles son los de la Asociación Española de Banca y la Conferencia Episcopal, que tienen sus razones ideológicas y de intereses. Unos administran créditos y otros administran indulgencias (Risas.), pero están fuera de nuestro alcance y se mantienen en su línea; los demás podemos cambiar.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, es consciente de que las indulgencias también son motivo de transacciones comerciales; las bulas se compran.
Señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Intervengo para agradecer al señor Marugán la aceptación de la enmienda número 6 y también su deferencia y su intervención así como sus reflexiones en la Comisión y fuera de ella. Yo soy de otra generación, lo reconozco, pero es igual, son las condiciones objetivas. Las condiciones objetivas son que nuestra postura no era posible, la postura de la no financiación por parte de los privados, pero entendemos que continuar subiendo va más allá de las condiciones objetivas. Simplemente es una apreciación y quería hacerla para sumarme al resto de reflexiones que ha hecho el señor Marugán.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Haré un comentario brevísimo sobre las enmiendas que se van a someter a votación. Hay una enmienda transaccional a la número 7 de mi grupo, que es al artículo 18, y después otra a la número 9. Habría que votar la enmienda número 9 de mi grupo. En el artículo 18 bis -se lo he señalado antes tanto a usted como al letrado-, en la primera línea se habla de los apartados 2 y 3, cuando ahora debería decir, con la redacción que quedaría, las letras a) y b). Lo que ocurre es que viene del texto anterior y por tanto se ha producido ese pequeño desfase.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, ha dicho usted que había enmiendas transaccionales a la enmienda número 7 y a la 9, pero también a la 8.
El señor ESTEBAN BRAVO: También a la 8. La enmienda número 8 trata del mismo tema, pero no está ligado a este asunto que quería hacerles notar.
El señor PRESIDENTE: Lo decía por si había habido algún olvido.
El señor ESTEBAN BRAVO: Lo que correspondería en su caso, ya que se han presentado esas transaccionales, será votar las transaccionales y la enmienda número 9 de nuestro grupo. Pero, una vez votadas esas transaccionales, no correspondería ni la 7 ni la 8.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿El señor Xuclà quiere una réplica?
El señor XUCLÀ I COSTA: Quiero decir que de las cinco enmiendas al final dos han sido aceptadas en su literalidad, la 15 y la 16, y hay una transaccionada que voy a comunicar a la Mesa, con lo cual quedan vivas dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan vivas las que se ha anunciado que se votarán afirmativamente, que también hay que votarlas.
Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Marugán, no tenga usted malos pensamientos por eso de imputarnos a nosotros malas compañías. Usted sabe que estamos solos. Nos quedamos siempre solos, no tenemos compañía, por tanto, no piense usted mal. Lo que nosotros tenemos son convicciones, y es verdad que cuando se traducen a la realidad cambiante de la sociedad es posible alterar posiciones iniciales que en un momento determinado se pudieron defender. En este asunto de los partidos políticos tenemos mucha experiencia ya. Le voy a decir una cosa, señor Marugán. Usted dice que les dejamos solos en el consenso de 1998. No es verdad. Lo cierto es que no sacamos adelante la ley porque ustedes no estaban en el consenso. No quisimos aprobar una ley sin su voto porque considerábamos que esa ley era una esencial del sistema democrático. Por tanto, esa apelación al pasado no es exactamente como la ha redactado el señor Marugán.
El señor Marugán se ha centrado en dos cuestiones fundamentales: la de las fundaciones y la de las condonaciones. La verdad es que respecto a las fundaciones no entiendo por qué no quieren incorporar a la ley una regulación que garantiza que las fundaciones vinculadas a los partidos políticos sepan con toda claridad cuáles son las reglas de juego que tienen planteadas. ¿Que eso que nosotros hemos trasladado está en una resolución? Pues elevémosla a rango de ley, establezcamos con toda claridad que las fundaciones tienen una serie de requisitos y obligaciones que cumplir precisamente para garantizar esa transparencia que usted estaba defendiendo respecto a este tipo de entidades. Voy a hacer un simple comentario respecto a lo que antes he dicho sobre la hipocresía. El artículo 4 del proyecto dice: Los partidos políticos tampoco podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. Pues bien, si se va usted a la disposición adicional séptima, que se refiere a las fundaciones vinculadas a los partidos, verá que no les será de aplicación lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 4. A ver cómo me explican ustedes que un partido político no puede recibir dinero de alguien que tenga contrato vigente con las administraciones públicas y, sin embargo, una fundación sí. No tiene ninguna explicación, señor Marugán.
Simplemente lo dejo ahí enunciado.
Respecto a la condonación, todo el largo discurso con el que nos ha obsequiado no es el más brillante que yo le he escuchado en esta Cámara, ciertamente porque está tratando de defender lo indefendible. Dice que en el pasado nosotros, en el año 1997, habíamos previsto la posibilidad de condonaciones, pero no sabíamos que iban a ocurrir asuntos como los de la Caixa y la condonación al señor Montilla. (Rumores.) Las cosas como son.
Hablemos con claridad. Ya sé que les molestará, pero es verdad, mil millones de pesetas de condonación. Oiga, establecemos aquí unas limitaciones para las donaciones privadas de 120.000 euros o una cosa así, que son 16 millones de las antiguas pesetas, y resulta que puede venir un banco y decirle a un partido político: yo le perdono a usted mil millones de pesetas, lo cual equivale a pulverizar ese límite de las donaciones privadas. Eso es así. Lo mire como lo mire, lo defienda como lo defienda, eso no tiene explicación. Por eso nosotros hemos querido que quede bien claro que nunca podría incorporarse a los usos y costumbres la condonación a un partido político. Me ha sorprendido su argumentación relativa a la privacidad, al carácter privado de los partidos políticos.
Los partidos políticos son algo más que una mera asociación fruto de la iniciativa de los ciudadanos, en la medida en que están citados nada menos que en la Constitución en el título preliminar como fundamentales para la formación de la participación de los ciudadanos en la cosa pública y además precisamente por eso hay una Ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Por tanto, no me diga que, como son entidades exactamente iguales que cualquier equipo de fútbol, no hay problema, ancha es Castilla y que se haga lo que se quiera. Luego dice: ya decimos además que eso se comunique al Tribunal de Cuentas. Se da cuenta, pero no pasa nada, la operación puede estar hecha y se acabó la historia. De manera que no hay ninguna garantía de que estas prácticas espurias no se vayan a realizar.
Hay una omisión clamorosa en toda su intervención de los aspectos económicos. No ha dicho una palabra de por qué se eleva un 20 por ciento, cuando estamos jugando ya el partido en abril de 2007. Respecto a las consignaciones que se aprobaron en el año 2007 no nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada de las otras cuestiones que afectan al incremento de las cantidades a los partidos políticos. En el fondo, me da la impresión de que la prisa final de esta ley, que aporta algunas cosas positivas ciertamente, obedece sencillamente a incrementar los recursos de los partidos políticos, teniendo en cuenta que estos, por ser instituciones, más que asociaciones, protegidas y amparadas por la Constitución, aunque jurídicamente no lo sean, realmente lo son. Un partido político es un elemento esencial del sistema democrático. Por eso hay una Ley de Partidos específica, hay una Ley orgánica de financiación de partidos políticos específica. Por tanto, los partidos políticos tienen una responsabilidad especial ante la sociedad, y que aquí, en el Parlamento, los partidos políticos decidamos incrementar la tarta tan sustancialmente como se hace en este proyecto no tiene explicación ante la sociedad. Por tanto, mantenemos nuestra posición. Lamentamos que no se sumen al consenso que les hemos ofrecido para una mayor transparencia y garantía de funcionamiento de los partidos políticos.
Para terminar, señor presidente, quiero decir que somos antiguos en esto del Parlamento -yo pisé esta Cámara hace treinta años- pero, señor Marugán, yo creía que las bulas eran un sistema para comprar indulgencias. No convirtamos esta ley en un sistema para allegar recursos para tratar de comprar voluntades. Señor Marugán, está usted un poco anclado en el pasado.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Con lo último que ha dicho usted a lo mejor estoy bastante de acuerdo. Yo soy un socialista clásico. Lo saben en mi partido. (Risas.) No me voy a retraer ahora en ese terreno. No sé si hablar o no de las buenas o malas compañías. Quiero decir que a mí las posiciones del Partido Popular ni me apasionan ni me irritan. En ese sentido, cuando analizo las posiciones políticas del Partido Popular procuro entenderlas, averiguar dónde se ubican, cómo se despliegan en el tablero y cómo orbitan en sus esferas. No hay más. No me producen una pasión especial. Pero sí tengo que decir sinceramente que hemos tenido la sensación de que ustedes adoptaban ante de esta ley una actitud que a nosotros no nos parecía conveniente. Ustedes nos han demostrado que entienden que esta ley es un asunto de los demás, que no es un asunto propio y que lo mejor que podía ocurrir esque este tipo de leyes no existieran, porque en todo el periodo que ustedes fueron una fuerza hegemónica en esta casa podían haberla presentado, y no por la búsqueda del consenso. Ustedes aparcaron la ley y el tema quedó más olvidado que resuelto. El tema no estaba resuelto. El tema estaba deliberadamente olvidado. Y siendo un asunto más olvidado que resuelto, aquí ha habido otra combinación política que de alguna manera lo ha querido restablecer.
Me da la sensación de que ustedes siguen teniendo una visión de la política en la que los partidos políticos son menos relevantes para ustedes que para algunos de nosotros y que esa institución con relevancia constitucional de alguna manera la quieren diluir, y yo decía anteriormente que los acuerdos en la Cámara los minusvaloran y buscan el calor en otros sitios.
En mi opinión, eso tiene algunas consecuencias políticas, porque a lo mejor encuentran el calor en aquellos ambientes en los que los esfuerzos para hacer urnas históricamente no han sido muy abundantes. Y cuando uno se deja llevar por ese tipo de tifosis que nunca han sido muy partidarios de la democracia liberal, hacia la que han tenido un desprecio profundo, cuando uno se desarrolla en esos ámbitos, seguramente no es muy partidario de una ley como esta en la que los partidos son potenciados pero se les establece un conjunto de obligaciones y de exigencias. La democracia española se rige por el sistema de partidos políticos y nosotros creemos en los partidos políticos y pensamos que deben ser potenciados e impulsados. ¿Que esto es bueno o malo? Yo me quedo ahí con aquella frase de Cervantes que en El Quijote decía que cada cual es dueño de su ventura. Esa ventura tiene fechas, tiene protagonistas, tiene actitudes y tiene grupos políticos. Mardones, Guerra y yo hemos visto en esta Cámara otros comportamientos políticos de la derecha. Ustedes se sienten cómodos, incluso en alguna medida intercambian arrumacos con algunas gentes con las que yo creo que no deberían hacerlo; pero bueno, eso no me llevaría a ningún lado. Digamos que el tridente que les dirige en este momento se mueve entre la derecha democrática, la derecha extrema y el nacional catolicismo. Han sacrificado a la derecha democrática en aras de las otras dos. Lo que decía Cervantes: cada cual es dueño de su ventura.
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate vamos a proceder a las votaciones. Comenzaremos por votar las enmiendas y después, lógicamente, el texto del articulado. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias mantiene cuatro enmiendas, a la cuarta se ha presentado una enmienda transaccional con la que el señor Mardones manifiesta su acuerdo.
Votamos las enmiendas de Coalición Canaria números 1, 2 y 3.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, habría que segregar la número 3 porque el señor Marugán va a votar la 1 y la 2. Que se voten conjuntamente las números 1 y 2 y las números 3 y 4 separadas. La número 4 es a la que se ha presentado la transaccional y, por tanto, la retiraría para que se vote la transaccional que me ha ofertado el señor Marugán.
El señor PRESIDENTE: Pero de que vaya a votar a favor las enmiendas 1 y 2 no se deduce que la número 3 no haya que votarla.
El señor MARDONES SEVILLA: Separadamente.
El señor PRESIDENTE: Petición de votación separada de las números 3 y 4.
El señor MARDONES SEVILLA: La número 4 se retira para que se pueda votar la transaccional.
El señor PRESIDENTE: En todo caso se podría votar la transaccional aunque no se retirara.
Vamos a votar las enmiendas de Coalición Canaria números 1 y 2 conjuntamente.
Votamos la enmienda número 3, de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18.
Votamos la enmienda transaccional a la enmienda 4 de Coalición Canaria, que también lo es a la enmienda 31, del Grupo Popular.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds mantiene las enmiendas números 5 y 6. ¿Las votamos conjuntamente? (Denegaciones.)
Votamos la enmienda número 5, del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36.
Votamos la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario Vasco ha retirado las enmiendas números 10 y 11.
Quedan vivas las números 7, 8 y 9. A las tres se han presentado transaccionales. ¿Se pide votación separada?
El señor ESTEBAN BRAVO: No, habría que votar esas transaccionales, pero además la número 9.
El señor PRESIDENTE: Después de las transacciones votaremos la parte de la nueve que no afecta a la transacción. ¿Es así?
El señor ESTEBAN BRAVO: Exactamente, es que si no tampoco tendría sentido una de las transacciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero pueden votarse conjuntamente?
El señor ESTEBAN BRAVO: Sin ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Votamos, por tanto, las tres enmiendas transaccionales a las enmiendas números 7, 8 y 9.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, un momento, por favor. Voy a buscar las enmiendas transaccionales.
Queremos votación separada de la número 9.
El señor PRESIDENTE: ¿De la enmienda transaccional o de la enmienda número 9?
El señor DEL BURGO TAJADURA: ¿Hay una transaccional a la número 9?
El señor ESTEBAN BRAVO: Hay un añadido de un número 8 que coincide, por cierto, bastante con una de las enmiendas presentadas por su grupo. Sería el texto de la número 9 más una transaccional que añade un apartado 8.
El señor PRESIDENTE: Señor Del Burgo, la enmienda número 9 se mantiene viva por el Grupo Parlamentario Vasco. La transaccional añade un apartado nuevo. Por tanto, votamos la transaccional pero luego votaremos la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Vasco.
Votamos las tres transaccionales a la enmienda 7, a la enmienda 8 y la adición a la enmienda 9, del Grupo Parlamentario Vasco.
Votamos ahora lo que no ha sido transado de la enmienda número 9, es decir, la enmienda número 9 del Grupo Parlamentario Vasco.
A la enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se ha presentado una transaccional. Votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, dos.
Votamos la enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 17.
Votamos las enmiendas números 15 y 16 conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, uno; abstenciones, 15.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Ya hemos aprobado por unanimidad una transacción a la enmienda número 31, por lo que la eliminamos de la votación.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, pido votación separada de la enmienda número 38.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, en qué estado está la enmienda número 29, porque coincide con una enmienda de Izquierda Unida, y no sé si la hemos votado o no.
El señor PRESIDENTE: La enmienda número 29, en principio, está viva.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Pedimos votación separada de dicha enmienda.
El señor PRESIDENTE: Hay petición de votación separada de las enmiendas números 29 y 38.
Votamos en primer lugar la enmienda número 29.
Votamos la enmienda número 38, del Grupo Parlamentario Popular.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, es decir, desde la número 17 hasta la 39, excluida las números 29 y 38, que ya hemos votado, y la numero 31, que se sustituyó por una transaccional ya aprobada.
Hay una enmienda más que en su presentación ha sido considerada como transaccional, pero como bien objetaba don Jaime Ignacio del Burgo en realidad es una enmienda in voce, porque no hay enmienda a la disposición adicional séptima sino que es una transaccional con el texto del informe.
Dicha enmienda in voce hace referencia, basándose en el informe del señor letrado, a fundaciones y asociaciones no con dependencia orgánica sino vinculadas orgánicamente a. Se vota esta enmienda.
Hemos terminado la votación de las enmiendas y corresponde ahora votar el articulado. Al margen de que otros puedan solicitar otras cuestiones, por el Grupo Parlamentario Popular se ha pedido la votación separada de una serie de artículos que ahora diré. ¿Se pide alguna votación separada más sobre el articulado? (Pausa.) Vamos a votar, siguiendo la petición que se ha hecho por el Grupo Parlamentario Popular, en una sola votación los apartados dos, cuatro y cinco del artículo 3; el apartado dos del artículo 5; los apartados uno y tres del artículo 6; los subapartados dos d) y dos e) del artículo 10; los apartados uno y dos del artículo 11; el artículo 12; el apartado cuatro del artículo 15; la disposición adicional quinta; la disposición adicional sexta; la disposición adicional séptima, entendiendo que ya ha habido un pequeño cambio con la transaccional; la disposición adicional nueva segunda; la disposición transitoria segunda y la disposición transitoria nueva.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, entiendo que no se puede votar el artículo 12 porque ha quedado suprimido por la enmienda número 6, de Izquierda Unida. Hemos aprobado por unanimidad la enmienda número 6, de Izquierda Unida, cuyo contenido es la supresión total del artículo 12.
El señor PRESIDENTE: Es lo mismo que pretendía el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, votamos lo que he dicho salvo el artículo 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado todo lo relacionado anteriormente.
Segunda votación: párrafo 5 del artículo 15.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Pido una aclaración, porque el párrafo 5 del artículo 15 fue objeto de la
enmienda transaccional a las enmiendas números 4, de Coalición Canaria, y a la número 31, del Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que lo que se aprueba es el nuevo texto.
El señor PRESIDENTE: Sin duda. Se ha grabado el informe de la ponencia modificado según la enmienda transacional.
Votamos el resto de los artículos y disposiciones de la proposición de ley.
Votamos ahora la exposición de motivos de la proposición de ley.
Con esto hemos terminado el debate en la Comisión. Les agradezco mucho a todas las señoras y señores diputados su colaboración.