Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2017/07/registro-oficial-no-27--lunes-03-de-julio-de-2017-suplemento
Timestamp: 2020-08-12 23:52:02
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Registro Oficial No.27- Lunes 03 de Julio de 2017 Suplemento
Última modificación: Miércoles, 16 de agosto de 2017 | 12:51
Lunes, 3 de Julio de 2017 (R. O. SP 27, 3-julio-2017)
Declárese como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, y el diálogo amplio permanente con todos los sectores de la sociedad
Créese el Consejo Consultivo Productivo y Tributario
Concédese indulto presidencial a favor de los señores: Jose Rodrigo Tubón Guano y otros
Desígnese al doctor Camilo Aurelio Salinas Ochoa, Gobernador de la provincia de Los Ríos
Desígnese al economista David Israel Sabando Elizalde, Gobernador de la provincia de Santa Elena
Desígnese al licenciado Luis Manuel Quishpi Vélez, Gobernador de la provincia de Cañar
MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A
Expídese la Planificación de Servicios Públicos
NAC-DGERCGC17-00000335
Apruébese el ?Anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes?
Gobiernos Autónomos Descentralizados: Orenanza Municipal:
-Cantón Guayaquil: Que expide la décima tercera reforma a la Ordenanza para la instalación de rótulos publicitarios
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución;
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana garantiza como derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria;
Que, el artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que, corresponde a las distintas funciones del Estado establecer mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, así como los planes y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión;
Que, es necesario fomentar espacios de diálogo social como eje estratégico en la administración pública, para garantizar un Estado más próximo a los ciudadanos, que involucre a todos los actores de la sociedad para lograr acuerdos, en el marco de la identidad y la unidad nacional; y.
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,
Artículo 1.- Declárese como política prioritaria de gobierno el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, y el diálogo amplio y permanente con todos los sectores de la sociedad.
Artículo 2.- Declárese al Diálogo Social Nacional como mecanismo para la generación de acuerdos en la construcción de políticas, programa, proyectos y otros instrumentos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad, en una forma transparente y accesible para todos.
Artículo 3.- Los Ministerios y Secretarías de Estado en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de la Política podrán, en el ámbito de sus competencias, instalar espacios de diálogo en el marco del Diálogo Social Nacional.
Artículo 4.- Los Ministerios y Secretarías de Estado que instalen espacios de diálogo, en el marco del Diálogo Social Nacional, serán responsables de:
Convocar a los espacios de diálogo conjuntamente con la Secretaria Nacional de Gestión de la Política.
Ejecutar el proceso de diálogo de acuerdo a la metodología establecida para el Diálogo Social Nacional.
Recopilar los acuerdos a los que se lleguen con los diferentes actores para ponerlos en consideración del Presidente de la República,
Dar seguimiento a la implementación de los acuerdos alcanzados producto del Diálogo Social Nacional.
Primera.- La Secretaría Nacional de Gestión de la Política coordinará el Diálogo Social Nacional, en articulación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y la Secretaría Nacional de Comunicación.
Segunda.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo diseñará la metodología del Diálogo Social Nacional y sistematizará los acuerdos establecidos en los espacios de diálogo instalados por los Ministerios y Secretarías de Estado.
Tercera.- La Secretaría Nacional de Comunicación elaborará e implementará estrategias comunicacionales permanentes durante las diferentes fases del Diálogo Social Nacional.
Disposición Transitoria.- En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la suscripción del presente decreto, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política conjuntamente con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y la Secretaría Nacional de Comunicación, presentarán al Presidente de la República la evaluación del proceso de Diálogo Social Nacional y de los acuerdos alcanzados.
Disposición Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de Guayaquil, a 20 de junio de 2017.
Quito, 27 de junio del 2017, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
Que los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen que son atribuciones y deberes del Presidente de la República definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios entidades e instancias de coordinación;
Que el artículo 284 de la Constitución de la República establece entre los objetivos de la política económica: incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la inserción estratégica en la economía mundial; promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia; impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales; así como mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo;
Que el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador al referirse a los principios de participación en democracia, señala que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad;
Que el numeral 3 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el régimen de desarrollo tendrá, entre otros, el objetivo de fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público;
Que el artículo 300 de la Constitución de la República dispone que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Adicionalmente, dispone que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables;
Que el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establece los Consejos Consultivos como mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios de consulta; y que las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos
Que en la actualidad el desarrollo de la actividad económica en un mundo globalizado, conviven a la par temas financieros, tecnológicos, nuevas formas de contratación y transacciones internacionales de gran incidencia en el ámbito productivo y tributario, que requieren una perspectiva general de estas materias, y la visión y experiencia práctica del sector privado;
Que el Ecuador está listo para avanzar hacia un nuevo momento en las relaciones entre el Gobierno y el Sector Privado, y continuar con el cambio de la matriz productiva. Para ello se requiere la confianza y la corresponsabilidad de toda la sociedad;
Que es necesario sostener el diálogo y la deliberación público-privada para la construcción de un Acuerdo Nacional por la Inversión, la Producción y el Empleo; y,
En el ejercicio de sus facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador y el literal f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
LA CREACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
PRODUCTIVO Y TRIBUTARIO
Artículo 1.- Créase el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, con representación y participación pública y privada, como instancia de consulta, asesoría y diálogo social, sobre propuestas de políticas y de normativas para incentivar y dinamizar la producción, la inversión, el empleo y la generación de divisas, en el marco de los principios constitucionales del Régimen de Desarrollo y del Sistema Tributario.
Artículo 2.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario tendrá un Comité Ejecutivo encargado de canalizar y evaluar las propuestas y recomendaciones desarrolladas en los espacios de diálogo que se conformen.
El Vicepresidente de la República, quien lo presidirá;
El Ministro de Comercio Exterior;
El Ministro de Industrias y Productividad;
El Ministro del Trabajo;
El Director del Servicio de Rentas Internas;
Seis representantes del sector privado y de la economía popular y solidaria, designados por el Presidente de la República, con participación indelegable. En caso de ausencia permanente del representante, el Presidente de la República realizará una nueva designación.
Cuando el Presidente de la República decida participar en las sesiones del Comité Ejecutivo, será quien lo presida.
En aquellos casos en los cuales las propuestas o recomendaciones tengan incidencia en el ámbito legislativo, se podrá invitar al Presidente de la Asamblea Nacional, quien podrá participar de forma directa o a través de su delegado. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario contará con una Secretaría Ad-Hoc.
Artículo 3.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario tendrá la atribución de emitir recomendaciones, propuestas de política y de normativas para la productividad y la competitividad, en los siguientes ámbitos:
Impulso al cambio de la matriz productiva;
Fortalecimiento de la dolarización;
Fortalecimiento de sector exportador;
Generación de empleo, en el marco de la garantía de los derechos de las y los trabajadores;
Impulso a las alianzas público-privadas;
Inversión en iniciativas productivas nacionales;
Fomento de la producción nacional;
Promoción del consumo responsable;
Atracción de capitales nacionales invertidos en el exterior,
Atracción de la inversión extranjera directa;
Cumplimiento de la transparencia fiscal:
Crédito y financiamiento productivo;
Optimización y simplificación tributaria, para lograr más eficiencia, equidad y progresividad de la política tributaria
Armonización y simplificación de trámites del sector productivo; y
Los demás que se consideren necesarios.
Artículo 4.- El Consejo Consultivo Productivo y Tributario conformará mesas consultivas de diálogo, bajo esquemas sectoriales y temáticos relacionados con los ámbitos señalados en el artículo 3 del presente decreto.
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política realizará el acompañamiento al Comité en lo relacionado con la instalación de las mesas de diálogo que se conformen.
Primera.- En el plazo de hasta 15 días contados a partir de la expedición del presente decreto, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario convocará a las mesas de diálogo.
Segunda.- En el plazo de hasta 90 días a partir de su conformación, el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Tributario, entregará al Presidente de la República un primer documento de propuestas de política, para su consideración.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 22 de junio de 2017.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 461 de 29 de septiembre de 2014, promulgado en el (Registro Oficial Suplemento No. 351 de 9 de octubre de 2014) R. O. (2SP) oct. 09 No. 351 de 2014, se expidió el Reglamento para Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, el cual establece los requisitos y el trámite correspondiente para acceder al indulto presidencial;
Que los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano, cédula de ciudadanía Nro. 160023248-0; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez, cédula de ciudadanía Nro. 050066502-1; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi, cédula de ciudadanía Nro. 160073794- 2; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, cédula de ciudadanía Nro. 0501060826, han sido sentenciados a cumplir la pena de seis meses de privación de libertad, y al pago de una multa que asciende a tres salarios básicos unificados del trabajador en general, que les impuso el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Pastaza, en el procedimiento Nro. 16571-2015-00329, por haberles encontrado responsables de la comisión del delito tipificado y sancionado en el primer inciso del artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, cuyos fallos fueron ratificados por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza, y que se encuentran ejecutoriados;
Que mediante oficio Nro. MJDHC-MJDHC-2017-0307- OF, de 21 de junio de 2017, la señora Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, remite el informe motivado sobre la pertinencia de la concesión del Indulto Presidencial a favor de los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe; instrumento que en lo relacionado recomienda la concesión de Indulto Presidencial, de conformidad con su atribución establecida en el segundo inciso del artículo 5 del Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas;
Que los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano; ii} José Manuel de la Cruz Sánchez: iii) Elvis Javier Guamán Cuvi; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, no registran otros procesos judiciales pendientes de resolución, y que se encuentran privados de la libertad, durante lo cual registran una conducta óptima;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 3 del Reglamento para la Concesión de Indulto, Conmutación o Rebaja de Penas, el señor Presidente Constitucional de la República ha dispuesto el inicio del trámite para la concesión de indulto a favor de los ciudadanos mencionados; y,
Artículo 1.- Concédase el Indulto Presidencial a favor de los señores: i) José Rodrigo Tubón Guano, cédula de ciudadanía Nro. 160023248-0; ii) José Manuel de la Cruz Sánchez, cédula de ciudadanía Nro. 050066502-1 ; iii) Elvis Javier Guamán Cuvi, cédula de ciudadanía Nro. 160073794- 2; y, iv) Segundo Santiago Pilatasig Quispe, cédula de ciudadanía Nro. 050106082-6, el cual consiste en el perdón de la pena impuesta, inclusive la sanción pecuniaria.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 23 de junio de 2017.
Que de conformidad con el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, cada provincia tendrá un Gobernador, quien dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio del Interior y coordinará sus acciones con la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política;
En ejercicio de la atribución que confieren el número 9 del Artículo 147 de la Constitución de la República y la letra d del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al doctor Camilo Aurelio Salinas Ochoa, para que desempeñe el cargo de Gobernador de la provincia de Los Ríos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales servicios prestados a la Patria por parte del Gobernador saliente, ingeniero Omar Juez Juez.
ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Economista David Israel Sabando Elizalde, para que desempeñe el cargo de Gobernador de la provincia de Santa Elena
ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales servicios prestados a la Patria por parte del Gobernador saliente, Economista Erick López Zeballo
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 26 de junio de 2017.
ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al licenciado Luis Manuel Quishpi Vélez, para que desempeñe el cargo de Gobernador de la provincia de Cañar.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer los valiosos y leales servicios prestados a la Patria por parte de la Gobernadora saliente, ingeniera Gladys Paulina Padrón Saeteros Este Decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00047-A
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 227, ordena que la administración pública constituye un servicio a la colectividad, se rige por los principios de eficacia, efi ciencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluaciónÍ¾
Que, el numeral 1 del artículo 85 de la Norma Suprema manda que el Estado asegurará que las políticas y servicios públicos garanticen los derechos reconocidos por la Constitución: ?Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad?.
Que, el numeral 3 del artículo 85 de la Constitución indica que: ?El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos?.
Que, el numeral 5 del artículo 6 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que: "[...] en el funcionamiento de los sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización y desconcentración pertinentes, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población?.
Que, el artículo 11 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional, menciona que: ?La función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumento pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital?;
Que, conforme lo establece el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: ?[...] la definición de la política pública nacional le corresponde a la Función Ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo?.
Que, la organización administrativa y territorial de las entidades y organismos que conforman la Administración Pública Central e Institucional deberá observar la zonificación establecida en el Decreto Ejecutivo No. 878, publicado en Registro Oficial 268 de 8 de febrero del 2008, reformado con Decretos Ejecutivos Nos. 956 y 357 de 12 de marzo del 2008 y 20 de mayo de 2010 respectivamente.
Que, el artículo 40.2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto a los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio establece que: ?Serán emitidos por los ministerios correspondientes y se deberán articular con el Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional. [ ...] Los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio contendrán, al menos, un diagnóstico del sector, la propuesta, el modelo de gestión, la planificación de los servicios públicos y el presupuesto respectivo del plan. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo definirá el contenido de cada componente?.
Que, el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que le corresponde a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo: ?emitir informes de pertinencia sobre la organización institucional del Ejecutivo en el territorio y los servicios públicos por competencia de las entidades de la Función Ejecutiva?.
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, determina que: ?La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. Está conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter central y tres de gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital intercultural y bilingüe; y, circuitos educativos interculturales y bilingües?.
Que, la referida Ley, en su artículo 27, establece que los niveles desconcentrados: ?Son los niveles territoriales en los que se gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central. Están conformados por los niveles zonales, distritales y circuitales, todos ellos interculturales y bilingües?.
Que, el primer inciso del artículo 29 de la Ley ibídem, prescribe que: ?El nivel distrital intercultural y bilingüe, a través de las direcciones distritales interculturales y bilingües de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, atiende las particularidades culturales y lingüísticas en concordancia con el plan nacional de educación; asegura la cobertura necesaria en su distrito intercultural y bilingüe en relación con la diversidad cultural y lingüística para alcanzar la universalización de la educación inicial, básica y bachillerato; y garantiza la gestión de proyectos, los trámites y la atención a la ciudadanía. Además, interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y mantenimiento, y la coordinación, monitoreo y asesoramiento educativo de los establecimientos del territorio, garantiza que cada circuito educativo intercultural y bilingüe cubra la demanda educativa?;
Que, el fortalecimiento de la educación pública y la coeducación asegura el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas constituyendo responsabilidad del Estado determinado en el numeral 1 del artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual tiene concordancia con el literal d) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural;
Que, el Decreto Ejecutivo No. 1577 publicado en el Registro Oficial 535 de 26 de febrero de 2009 determinó como atribuciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el formular, promover, impulsar y monitorear los procesos de desconcentración y descentralización de competencias y funciones de los organismos y entidades de la Función Ejecutiva;
Que, mediante el Acuerdo Ministerial 020 de 25 de enero de 2012, la Autoridad Educativa Nacional, expide el Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Educación, en el cual se establece facultades de los niveles desconcentrados, que corresponde a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales de Educación;
Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, refuerza la desconcentración mediante el Objetivo No. 1: ?Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular?, mediante la estrategia ?El Estado en los territorios y los servicios públicos? que permita un desarrollo equitativo y equilibrado en el país. Esto consolida una estructura estatal cercana al ciudadano considerando las realidades y dinámicas locales?;
Que, la Coordinación General de Planificación, mediante Memorando Nro. MINEDUC-CGP-2017-01251-M, de 19 de mayo de 2017, remite el informe técnico respectivo para que con Acuerdo Ministerial, la Autoridad Educativa Nacional, oficialice el documento que contiene la Planificación de los Servicios Públicos del Ministerio de Educación; y,
Que, es deber de esta Secretaría de Estado, cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, a fi n de garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas?administrativas?pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del país.
Expedir la siguiente PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Artículo 1.- Expedir la planificación de servicios públicos que formará parte de la planificación sectorial, y que busca asegurar que la localización de los servicios garantice el acceso, cobertura y equidad de la población.
DEL MODELO DE PRESTACIÓN
Artículo 2.- El modelo de Prestación de Servicios tiene como objeto la reorganización el servicio educativo, en función de la oferta y demanda para el sector educativo, considerando las dinámicas territoriales actuales, inclusión social y el modelamiento de variables geográficas y demográficas, entre otras características que defina la máxima Autoridad Educativa Nacional, para la conformación de Nodos Educativos, que promuevan la optimización y racionalización de recursos, en el marco de la planificación sectorial.
Se define como nodo educativo a una institución eje que organiza y articula la demanda y oferta de instituciones educativas fusionadas física o administrativamente, a fin de promover la eficiencia y efectividad del servicio educativo, para: ampliar la cobertura, optimizar y racionalizar los recursos disponibles, tomando en cuenta las características del territorio.
Artículo 3.- El servicio educativo se distribuye en niveles, subniveles y grados, tanto para educación ordinaria como para la extraordinaria, y aplica la malla curricular de acuerdo a la pertinencia cultural. Además, existen otras características asociadas a la oferta educativa como son: el sostenimiento (fiscal, municipal, fiscomisional, particular), jornada (matutina, vespertina, nocturna), modalidad (presencial, semipresencial, distancia), sistema (intercultural e intercultural bilingüe), entre otras.
Servicio por tipo de oferta: Esta categorización responde a la identificación de la oferta según lo establecido en el artículo 23 del Reglamento General a la LOEI:
Educación Ordinaria: Se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato cuando se atiende a estudiantes en las edades sugeridas por la Ley;
Educación Extraordinaria: Se refiere a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa necesidades educativas especiales en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Para el presente acuerdo, se presenta la planificación de servicios ajustada respecto a la educación ordinaria, de sostenimiento fiscal.
Los establecimientos prestadores de servicios de acuerdo a la tipología establecida para el efecto presentan las siguientes características conforme se detalla a continuación:
Nivel desconcentrado de atención
Capacidad de atención (Población que puede ser atendida
? Nro.)
Cobertura Poblacional (Rango de población que puede ser atendida)
Talento Humano (Nro. de personas requeridas para la prestación de servicios en función de la población)
Cartera de Servicios (Detallar los servicios que se prestan dentro de cada tipología)
Denominación de la Tipología
Unidad Educativa Tipo Mayor