Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-689-de-agosto-27-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041d339f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-20 15:46:22
Document Index: 253981809

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 385', 'artículo 385', 'artículo 32', 'artículo 54', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 49', 'artículo 2', 'artículo 72', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 375', 'artículo 32', 'artículo 376', 'artículo 33', 'artículo 377', 'artículo 34', 'artículo 378', 'artículo 35', 'artículo 379', 'artículo 36', 'artículo 382', 'artículo 43', 'artículo 64', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 385', 'artículo 9', 'artículo 385']

﻿ SENTENCIA C-689 DE AGOSTO 27 DE 2002
SENTENCIA C-689 DE 27 DE AGOSTO DE 2002
CONTENIDO:TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. SE DECLARA EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 Y 385 DE LA LEY 599 DE 2000, POR LOS CARGOS ANALIZADOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUTO DE IMPUTACIÓN, TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS
Sentencia C-689 de agosto 27 de 2002
Ref.: Expediente D-3869.
Acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el código penal".
Bogotá. D.C., Veintisiete de agosto del año dos mil dos.
A continuación, se transcribe el texto demandado conforme a su publicación en el diario oficial año CXXXVI 44.097 del 24 de julio del año 2000.
ART. 375.—Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 377.—Destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use algunas de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376, y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes".
ART. 378.—Estímulo al uso ilícito. El que en cualquier forma estimule o propague el uso ilícito de drogas o medicamentos que produzcan dependencia incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 379.—Suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio de cinco (5) a diez (10) años.
ART. 380.—Suministro o formulación ilegal a deportistas. El que, sin tener las calidades de que trata el artículo anterior, suministre ilícitamente a un deportista profesional o aficionado, alguna droga o medicamento que produzca dependencia, o la induzca a su consumo, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
ART. 382.—Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 385.—Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el dueño, poseedor, tenedor o arrendatario de predios donde:
1. Existan o se construyan pistas de aterrizaje sin autorización de la unidad aeronáutica especial de aeronáutica civil.
2. Aterricen o emprendan vuelo aeronaves sin autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o sin causa justificada, a menos que diere inmediato aviso a las autoridades civiles, militares o de policía más cercana.
3. Existan pistas o campos de aterrizaje con licencia otorgada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que no dé inmediato aviso a las autoridades de que trata el literal anterior sobre el decolaje o aterrizaje de aeronaves en las circunstancias previstas en el mismo numeral".
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia pues las disposiciones acusadas hacen parte de una ley de la república.
Para el actor los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382 y 385 de la Ley 599 de 2000 deben ser declarados inexequibles en cuanto tipifican comportamientos carentes de antijuricidad formal y material que penalizan el tráfico de estupefacientes, con lo que se vulnera en su concepto (i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P, art. 16) —por cuanto no se garantiza el ejercicio de dicho derecho al comprador que debe acudir a un mercado clandestino en condiciones que pueden afectar su salud— (ii) el principio de igualdad (C.P., art. 13) —por cuanto se discrimina a quienes producen o comercializan estupefacientes al asignarle un tratamiento no previsto para los comerciantes de bebidas alcohólicas y de tabaco— y (iii) el derecho a la paz (C.P., art. 22) —por cuanto con la penalización del narcotráfico se elevan los niveles de conflicto y hace que dicho tráfico sea manejado por las organizaciones criminales—.
Frente al artículo 385 el actor señala además que con él se vulneran los principios de (i) responsabilidad individual (C.P., arts. 6º y 29), en cuanto se hace depender la responsabilidad penal de la relación con un bien o una cosa y no de la conducta de una determinada persona y de (ii) proporcionalidad, en cuanto se establecen como delito comportamientos que a los sumo constituirían contravenciones administrativas.
La directora nacional de estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho hace énfasis en el grave impacto que en materia económica, política, social y ecológica genera el narcotráfico, así como en la vulneración que con él se infringe a los derechos fundamentales y en particular a la dignidad humana; al tiempo que afirma que la libertad no es un derecho absoluto que pueda servir de sustento a dicha actividad, por lo que solicita la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas que la penalizan.
Corresponde a la Corte en consecuencia determinar si los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 acusados en cuanto penalizan el tráfico de estupefacientes vulneran el principio de igualdad (C.P., art. 13), el libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y el derecho a la paz (C.P., art. 22).
Así mismo deberá la Corte examinar si el artículo 385 de la Ley 599 de 2000 acusado desconoce los principios de responsabilidad, y de proporcionabilidad en materia punitiva (C.P., arts. 6º y 29).
3.1. El análisis de los cargos planteados contra los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 acusados.
3.1.1. Consideración preliminar. La ausencia de cosa juzgada material en relación con los verbos rectores y los modelos descriptivos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 382 acusados.
Previamente al análisis de los cargos planteados por el actor contra los artículos enunciados de la Ley 599 de 2000, la Corte estima pertinente recordar que la Sentencia C-420 de 2002, declaró la exequibilidad de los artículos 32, 33, 34, 35, 36 y 43 de la Ley 30 de 1986, que contienen respectivamente, los mismos verbos rectores y los modelos descriptivos de las normas ahora demandadas (4) .
(4) En efecto los textos normativos confrontados son los siguientes:
ART. 375.—Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia, o más de un (1) kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años y en multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 33.—(Modificado por la L. 365, art. 17, sancionada en 1997). El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
ART. 34.—(Modificado por la L. 365, art. 18, sancionado en 1997). El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto Ley 522 de 1971 (art. 208, ord. 5º y 214, ord. 3º del Código Nacional de Policía).
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, veinte (20) gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales.
ART. 36.—El profesional o practicante de medicina, odontología, enfermería farmacia o de alguna de las respectivas profesiones auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
ART. 43.—(Modificado por la L. 365, art. 20 sancionada en 1997). El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.
Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto Ley 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1º del Decreto Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad pública.
ART. 382.—Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquiera otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No siendo entonces la misma norma en uno y otro caso, y al no ser posible escindir los contenidos normativos relativos a la descripción típica de las conductas de las consecuencias jurídicas que son impuestas en cada caso, no resultan reunidos en este caso los presupuestos señalados en la jurisprudencia para la configuración de la cosa juzgada material (5) .
(5) Sobre la noción de cosa juzgada material ver entre otras las Sentencias C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Dicho fenómeno se presenta en efecto cuando “no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos (6) ".
(6) Sentencia C-427 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
En el presente caso, aun cuando se esté en presencia de los mis verbos rectores y modelos descriptivos y aun cuando los cargos formulados en uno y otro proceso sean idénticos, e incluso sea el mismo actor el que los invoca, la ausencia de identidad entre los contenidos normativos estudiados impide que se configure dicho fenómeno de cosa juzgada material.
Así las cosas, la Corte procederá a efectuar el análisis de los cargos planteados contra las normas demandadas de la Ley 599 de 2000 formulados en la demanda tanto frente a la descripción típica de los delitos como a las consecuencias jurídicas establecidas en ellas.
— La despenalización del narcotráfico no es un asunto que puede ser resuelto en sede de control constitucional.
Frente a los cargos planteados por el actor contra los artículos 375, 376, 377, 378, 379, 380 y 382 de la Ley 599 de 2000 que, mirados en su conjunto, se orientan a cuestionar el criterio político criminal implícito en la tipificación de esas conductas punibles y a obtener que mediante una sentencia constitucional se decida la despenalización del narcotráfico, la Corte reitera las consideraciones expuestas en la Sentencia C-420 de 2002 en el sentido de que una decisión en ese sentido es un asunto de política criminal cuya consideración le incumbe a cada Estado y a la comunidad internacional pero que en manera alguna se trata de un problema que se ha de resolver en sede de control constitucional.
"4. La pretensión que alienta el demandante es bastante clara: La despenalización del narcotráfico. Y el camino que ha elegido para intentar materializar esa pretensión es el ejercicio de la acción de constitucionalidad contra las normas que tipifican los delitos de tráfico de estupefacientes y que regulan aspectos procesales relacionados con esa actividad. No obstante, el actor, a pesar de demandar una multiplicidad de disposiciones, se abstiene de cuestionar la legitimidad constitucional de las distintas reglas de derecho contenidas en esas normas por su contradicción con el texto superior y, en lugar de ello, opta por cuestionar el criterio político criminal implícito en la tipificación de esas conductas punibles y por exponer argumentos generales extensivos a todas esas disposiciones como son la ausencia de antijuridicidad formal y material, la relevancia en materia penal del consentimiento de la víctima de la conducta punible y la vulneración del derecho a la igualdad y del derecho a la paz.
De ese proceder del demandante surge un interrogante: ¿El criterio político criminal del legislador, que le conduce a la tipificación del tráfico de estupefacientes, es susceptible de control constitucional? En otros términos: ¿La decisión del legislador de tipificar el tráfico de estupefacientes, como un mecanismo de política criminal orientado a la prevención y represión de ese tipo de comportamientos, independientemente del alcance particular de cada una de las reglas de derecho promulgadas, puede ser objeto de confrontación con el texto superior para determinar su legitimidad o ilegitimidad?
Para responder ese interrogante debe tenerse en cuenta que el legislador es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de política criminal. Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no sólo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático (7) . Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o participes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.
(7) Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: “Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica". Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2001, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
Entonces, el único supuesto en el que el criterio político criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el texto fundamental. No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran.
Este enfoque permite colocar las cosas en su punto: Si el legislativo es titular de la capacidad de configuración normativa en materia de tipificación de conductas punibles y si el único límite que existe para el ejercicio de esa facultad está determinado por el sistema de valores, principios y derechos fundamentales previsto en el texto superior, el demandante no puede pretender que la Corte, a través de sus fallos, imponga el modelo de política criminal que ha de seguir el Estado pues sólo le está permitido confrontar con la Carta las normas legales que, habiendo sido demandadas, desarrollen ese modelo para retirar del ordenamiento aquellas que lo contraríen y mantener aquellas que lo respetan (8) ".
(8) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
— La no vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El actor afirma que si en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad una persona opta por consumir droga, no es lógico que el Estado reprima penal mente el narcotráfico, pues lo obliga a acudir a un mercado clandestino en el que se pone en peligro su salud, con lo que en realidad se desprotege su derecho a consumir estupefacientes.
Al respecto la Corte señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como cualquier derecho fundamental, no es un derecho absoluto (9) . Así las cosas éste no puede ser invocado para desconocer los derechos de otros, ni los derechos colectivos, ni mucho menos para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico, o el ejercicio de los demás derechos que se reconocen a todos los ciudadanos.
(9) Ver salvamento de voto de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Fabio Morón Díaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo a la Sentencia C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido ver, entre otras, las Sentencias C-(sic) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Al respecto cabe recordar, como se señaló en la Sentencia C-420 de 2000, que precisamente hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico que no pueden simplemente desconocerse para hacer primar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quien decide consumir estupefacientes.
"Inicialmente la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en particular, la salud pública, postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad —artículo 49, inciso final, de la Carta— y con el deber que le asiste a la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas —artículo 95, numeral 2º—.
Pero luego ese ámbito de protección se amplió que hoy ya no se trata sólo de un tipo orientado a proteger la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y social. Lo primero, porque la alta rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto de convivencia. Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella.
De allí que el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino que confluyan también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político interferidos por ella".
Debe tenerse en cuenta además, que al tenor del artículo 95 de la Carta, el primer deber de toda persona consiste en respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (art. 95, num. 1º). Así mismo dicho artículo establece también como deber de la persona y del ciudadano el de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas" (art. 95, num. 2º), y el artículo 49 superior, inciso final, impone a toda persona “el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad". Precisamente las normas que penalizan el narcotráfico protegen ante todo ese bien jurídico.
"En cuanto al literal j) del artículo 2º, también demandado, encuentra la Corte que se ajusta a la norma básica, pues constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman socialmente indeseables.
…Cabe reiterar, que no afecta este fallo las disposiciones de la Ley 30 del 1986, relativas al transporte, almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el mismo estatuto (10) ".
(10) Sentencia C-221 de 1994. Magistrado Ponente, Carlos Gaviria Díaz. S.V. de los magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Fabio Morón Díaz, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa.
"(a)un admitiendo la existencia de derechos fundamentales disponibles, el carácter disponible de un derecho no se opone a la tipificación como delito de la conducta que lo vulnere o que lo ponga en peligro si el legislador estima que se trata de un bien jurídico fundamental que es preciso proteger de lesiones o puestas en peligro socialmente intolerables.
Por otra parte, el actor pierde de vista que el consentimiento procede en relación con bienes jurídicos individuales y no en relación con bienes jurídicos colectivos, naturaleza que tienen precisamente los bienes jurídicos que se protegen con la penalización del tráfico de estupefacientes. Salud pública, seguridad pública y orden económico y social. Esto es así porque en el caso de los bienes jurídicos colectivos su titular es la comunidad en general y no las personas aisladamente consideradas y, ante esta circunstancia, es claro que el bien jurídico no está a disposición de quien individualmente consienta la lesión por no ser éste su titular.
Luego, es claro que los bienes jurídicos protegidos por el tráfico de estupefacientes son de naturaleza colectiva, indisponibles por personas individualmente consideras y, en consecuencia, no susceptibles de exonerar de responsabilidad penal por el consentimiento de la víctima. Ante ello, carece de sentido afirmar que las normas legales que tipifican el tráfico de estupefacientes son inexequibles por desconocer el carácter disponible de bienes jurídicos desprovistos de ese carácter, mucho más si frente a la Carta es legítima aún la penalización de conductas que atentan contra bienes jurídicos disponibles (11) ".
(11) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
— La no vulneración del principio de igualdad.
La Corte estima que conforme a la jurisprudencia de esta corporación, el entendimiento que sustenta las consideraciones del actor, y que se reduce a exigir al legislador, encargado de determinar la política criminal, el respeto a una supuesta igualdad entre el narcotraficante y el comerciante de alcohol o de tabaco, no es aceptable, puesto que el legislador no puede ver limitados o desconocidos los ámbitos de su accionar legítimo. Todo lo contrario, la Carta otorga competencia al Congreso de la República para reconocer las diferentes situaciones de hecho y de derecho, y para establecer supuestos normativos generales conformados con ellas (12) ; por eso no es dable al juez constitucional reprochar los fundamentos de la política criminal, elevados a rango legal. En consecuencia, acceder a un juicio de igualdad, en relación con la penalización del narcotráfico, sería invadir por parte de la Corte, una competencia constitucional propia del Congreso de la República, que se reitera, está señalada expresamente por la propia Carta al legislador para que éste, en el marco de su potestad de configuración, pueda diseñar el sistema penal con arreglo a la política criminal que se la ha encomendado.
(12) Ver Sentencia C-210 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
Para la Corte, la respuesta a este interrogante es negativa pues de la Carta no pueden inferirse los distintos mecanismos de política criminal que el Estado forzosamente ha de concebir para atender los retos que le asisten en materia de política criminal. Si ello fuera así, concurriría la posibilidad de cuestionar la legitimidad constitucional de la decisión legislativa de consagrar o no tales mecanismos. No obstante, es evidente que las cosas no son de ese talante pues, tal como se expuso en precedencia, el legislador es titular de la facultad de configuración normativa para acudir a la tipificación conductas penales como estrategia de política criminal, facultad que es compatible con el principio democrático y que está sujeta al sistema de valores, principios y derechos impuestos por la Carta.
En ese marco, que el legislador no haya penalizado la producción y comercialización de tabaco y de bebidas alcohólicas y que en lugar de ello haya optado por afirmar la licitud de esas actividades y por ordenar campañas de prevención contra el consumo de alcohol y del tabaco, tal como lo hace en los artículos 15 a 19 de la Ley 30 (13) , pone de presente que no estimó necesario acudir a ese mecanismo de política criminal en relación con tales fenómenos. Esa decisión no solo es fundada constitucionalmente sino que además es compatible con el carácter subsidiario y fragmentario que desde hace mucho se le reconoce al derecho penal pues, no obstante la legitimidad de su ejercicio racional, es imperativo que, dados los profundos niveles de violencia institucional que convoca, sólo se acuda a él cuando es absolutamente necesario para la defensa de bienes jurídicos fundamentales para la convivencia.
(13) Estos artículos prohíben el trabajo de personas menores de catorce (14) años durante la jornada nocturna en establecimientos donde se expendan y consuman bebidas alcohólicas; ordenan la impresión, en los empaques de tales productos, de etiquetas sobre el daño a la salud producido por el exceso de alcohol y por el tabaco; prohíben la venta de licores, cigarrillo y tabaco que no contengan esa impresión y disponen que la propaganda sobre esos productos sólo podrá transmitirse en los horarios y con la intensidad determinada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Si el juez constitucional, desconociendo la ausencia de condicionamientos constitucionales en materia de política criminal —distintos al sistema de valores, principios y derechos fundamentales y a los mandatos y prohibiciones expresamente dirigidos al legislador penal— e ignorando la facultad legítima que le asiste al legislativo de concebir mecanismos específicos en ese ámbito, interfiere ese campo de competencias para forzar la despenalización como el tráfico de estupefacientes, estará abandonando el rol que le asiste en una democracia constitucional pues de la defensa del texto superior y de los derechos fundamentales pasaría a adentrarse en la configuración de un ámbito de la política que es ajeno a su competencia (14) ".
(14) Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Al respecto se debe tener en cuenta en efecto que esta corporación, mediante Sentencia C-176 de 1994 (15) , en la cual cumplió la revisión constitucional de la Ley 67 de 23 de agosto de 1993, aprobatoria de la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988, declaró la constitucionalidad de la obligación adquirida por el Estado colombiano de tipificar como punibles ciertas conductas relacionadas con el narcotráfico.
(15) Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
En el mismo sentido, en la Sentencia C-344 de 1995 (16) , sobre exequibilidad del artículo 72 de la Ley 104 de 1993 —de acuerdo con el cual el Presidente de la República celebrará convenios con otros Estados y organizaciones internacionales con el fin de facilitar a la fiscalía obtener la información y la colaboración necesaria para el desarrollo del programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios—, se precisó que el legislador no podía ignorar la referencia a tratados o convenios internacionales como elementos integrantes de la política criminal del Estado y especialmente en lo relacionado con el narcotráfico (17) .
(16) Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo.
(17) Sobre el mismo punto cabe recordar además, entre otras, la Sentencia C-756 de 2001, en la que la corporación declaró exequible el acuerdo suscrito entre la República de Colombia y el Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control del tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, firmado el 14 de septiembre de 1998, y la Ley 624 de 2000, se resaltó que el trabajo conjunto de los Estados para solucionar los problemas derivados del narcotráfico guardaba correspondencia con los fines y principios de la Carta Política. En el mismo sentido la Sentencia C-835 de 2001, en que la Corte declaró la exequibilidad del acuerdo suscrito entre la República de Colombia y la República de Cuba para la prevención, el control y la represión, del tráfico ilícito de estupefacientes firmado el 14 de enero de 1999 y de la Ley 625 de 2000, por medio de la cual se lo aprobó. En ella se destacó la importancia de los convenios internacionales en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y la compatibilidad existente entre las medidas adoptadas mediante esos convenios y los deberes constitucionales de las autoridades. Ver Sentencia C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
— La no vulneración del derecho a la paz.
Al respecto la Corte recuerda que dentro de los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2º superior se encuentran los de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así como los de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".
El mismo artículo 2º determina que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares" (resalta fuera de texto). Es claro que las normas acusadas constituyen un desarrollo de esta disposición superior particularmente en cuanto hace a la protección a la vida y al aseguramiento de los deberes sociales de los particulares, disposición esta última que se enmarca también dentro del concepto de Estado social de derecho.
No debe olvidarse por último que la penalización de conductas como las que señalan las normas acusadas, tiene como objetivo proteger el bien jurídico de la salud pública, fin que lejos de afectar el derecho a la paz es plenamente compatible con éste.
3.1.3. El análisis de las penas establecidas en los artículos acusados.
En el artículo 375 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 32 de la Ley 30 de 1986—, se incrementaron el mínimo de la pena de prisión, (que pasa de 4 a 6 años) y el mínimo (de 10 a 200 salarios mínimos mensuales vigentes) y el máximo (de 400 a 1500 salarios mínimos mensuales vigentes) de la pena de multa y en el inciso segundo se incrementaron los mínimos y máximos de esas dos penas (de un mínimo de 1 y un máximo de 3 años se pasa a un mínimo de 4 y un máximo de 6 años de prisión y en cuanto a la multa ésta pasa a ser de un mínimo de 4 y un máximo de 50 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 33 de la Ley 30 de 1986—, se incrementaron el mínimo de la pena de prisión, (que pasa de 6 a 8 años) y el mínimo de la pena de multa; (que pasa de 100 salarios mínimos mensuales vigentes a 1000), en el inciso segundo se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena de prisión (que pasa de un mínimo de 1 y un máximo de 3 años a una pena de mínimo 4 años y máximo 6 años), la pena de multa se mantiene en una cuantía igual (2 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes) y en el inciso tercero se incrementó el mínimo de la pena de prisión (que pasa de 4 a 6 años) y se disminuyó el máximo de la misma (que pasa de 12 a 8 años). Respecto de la pena de multa se incrementaron los mínimos y máximos (se pasó de una multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, a una multa de 100 al 1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 377 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 34 de la Ley 30 de 1986—, se incrementó el mínimo de la pena de prisión (que pasa de 4 a 6 años), respecto de la pena de multa, ésta se mantiene igual (1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes) y además se excluyó la referencia a los artículos 124 y 125 del Decreto Ley 522 de 1971.
En el artículo 378 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 35 de la Ley 30 de 1986—, se introdujo, al lado de la pena de prisión que permanece igual (3 a 8 años), la pena de multa (100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes) también como pena principal.
En el artículo 379 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 36 de la Ley 30 de 1986—, el monto de la pena de prisión se mantuvo igual (de 3 a 8 años) y se introdujo la pena de multa como pena principal (100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes).
En el artículo 382 de la Ley 599 de 2000 —que corresponde al artículo 43 de la Ley 30 de 1986—, inciso primero, se incrementó el mínimo de la pena privativa de la libertad (que pasa de 3 a 6 años), la multa se mantuvo igual (2.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes) y en relación con el inciso tercero se incrementaron el mínimo y el máximo de la pena privativa de la libertad (se pasó de una pena de 2 a 5 años a una pena de 4 a 6 años de prisión) y la pena de multa se mantiene igual (10 a 100 salarios mínimos mensuales vigentes).
No obstante, siendo claro que en el constitucionalismo no existen poderes absolutos, el legislador al ejercer esa competencia, se encuentra en el deber de respetar el sistema de valores, principios y derechos consagrado en la Carta y de observar rigurosamente los límites que en materia punitiva le han sido impuestos directamente por el constituyente (18) . En ese sentido el legislador debe respetar los fundamentos constitucionales de la imputación penal y la necesaria correspondencia que debe existir entre la injusticia de las conductas punibles y la intensidad y cantidad de las penas y medidas de seguridad.
(18) Ver Sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.
"Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado (19) ".
Por lo que solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad (20) ”, correspondería al juez constitucional pronunciarse.
(20) Ver Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido ver, entre otras las Sentencias C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-553 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-647 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
En el presente caso, el presupuesto exigido por la jurisprudencia no se configura, pues no se ve en ninguna de las disposiciones acusadas, ni en el aumento de las penas a que se ha hecho referencia una “innegable desproporción" o “palmaria irrazonabilidad" que haga evidente el desconocimiento de los mandatos constitucionales.
Para el actor, en el ordenamiento jurídico vigente la responsabilidad penal parte de los actos y conductas de los individuos, es personal y no puede en consecuencia depender de una mera relación jurídica o material con un bien o con una cosa, y como, en su concepto, la norma acusada establece una sanción penal por el simple hecho de ser dueño poseedor o tenedor de unos bienes en los que se construyan pistas o aterricen naves, vulnera los artículos 6º y 29 de la Constitución.
Aduce así mismo que las circunstancias que se describen en los diferentes numerales del artículo acusado “ni siquiera alcanzarían la connotación de delitos, pues a lo sumo se enmarcarían dentro de las sanciones de tipo administrativo por violación de normas de aeronavegación”, con lo que se desconocería el principio de proporcionalidad en virtud del cual sólo se pueden determinar como punibles" los atentados más graves a los bienes jurídicos más importantes".
El señor procurador por su parte solicita que se declare la constitucionalidad condicionada de dicho artículo en el entendido que “el juicio de responsabilidad penal debe quedar exclusivamente circunscrito a las actividades de narcotráfico y conexos".
— La ausencia de cosa juzgada material.
Al respecto cabe recordar que el artículo 64 de la Ley 30 de 1986 establecía el mismo tipo penal como contravención, el cual fue transformado en delito por disposición del Decreto de Estado de Sitio 3665 de 1986 artículo 1º, —cuyo texto fue reproducido en el Decreto 1198 de 1987— y convertido en legislación permanente por el artículo 2º del Decreto Extraordinario 2266 de 1991. La sanción allí establecida era la pena de prisión de 3 a 10 años.
En relación con este último texto la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-127 de 1993 que declaró su exequibilidad (21) , circunstancia que sin embargo no hace que se configure en el presente caso el fenómeno de cosa juzgada material, por las mismas razones por las que la corporación concluyó que dicho fenómeno no se configuraba en relación con los artículos 375, 376, 377,378, 379 y 382 de la Ley 5999 (sic) de 2000 acusados.
(21) Ver Sentencia C-127 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
— La interpretación sistemática de la disposición en el contexto de las normas rectoras de la ley penal.
Frente a los argumentos del actor en contra del artículo 385 acusado y a la petición del señor procurador a que se ha hecho referencia, la Corte recuerda que la expedición de reglas de derecho para configurar delitos y penas debe entenderse como un mecanismo a través del cual se hace efectiva la política criminal del Estado y que ella debe analizarse en el contexto de las normas rectoras de la ley penal que orientan su interpretación (22) .
(22) ART. 13.—Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código constituyen la esencia y orientación del sistema penal. Prevalecen sobre las demás e informan su interpretación.
Ello es especialmente relevante en materia de definición de delitos pues éstos no están determinados por la simple descripción legal de las conductas prohibidas. Ésta constituye solo uno de los elementos que, conjuntamente valorados con otros, determinan la procedencia de la declaratoria de responsabilidad penal.
En este sentido se debe recordar que de acuerdo con el artículo 9º del Código Penal, para que una conducta sea punible se requiere que sea “típica, antijurídica y culpable" y que “la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado (23) ".
(23) ART. 9º—Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La casualidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Cada uno de esos elementos, tipicidad (24) , antijuridiciadad (25) y culpabilidad (26) deben en consecuencia estar reunidos para que pueda endilgarse responsabilidad penal a los destinatarios de la norma penal bajo examen.
(24) ART. 10.—Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal.
(25) ART. 11.—Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
(26) ART. 12.—Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva.
Al respecto cabe recordar que la norma acusada se encuentra inserta en el título XIII del Código Penal sobre los delitos contra la salud pública y específicamente en el capítulo II relativo al “tráfico de estupefacientes y otras infracciones". Esta ubicación no es accidental o caprichosa por parte del legislador, sino que necesariamente determina tanto el bien jurídico que se pretende proteger, como las características del juicio de responsabilidad que se debe efectuar en este caso.
Así, ateniéndose a estos planteamientos, es claro que la norma demandada no sanciona la sola existencia o construcción de pistas de aterrizaje sin la debida autorización, o el solo aterrizaje o iniciación de vuelos sin autorización, o la omisión del aviso a las autoridades, o la sola existencia de pistas o campos de aterrizaje con licencia omitiendo el mismo aviso. Esos son los supuestos fácticos que generan responsabilidad penal pero solo en cuanto constituyan conductas que atenten contra el bien jurídico salud pública y en particular, en tanto se trate de actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes.
Así, cabe reiterar, lo que la norma sanciona no es la propiedad, posesión, tenencia o arrendamiento de un bien determinado, sino la conducta del dueño, poseedor, tenedor o arrendatario que vulnera el bien jurídico protegido por el capítulo II del título XIII del Código Penal que no es otro que el de la salud pública, y no por otra circunstancias sino por las descritas en dicho capítulo relativo al “tráfico de estupefacientes y otras infracciones".
— La no vulneración del principio de proporcionalidad por el artículo 385 acusado.
Al respecto la Corte señala que la valoración de un comportamiento como delito o como contravención implica un juicio a cargo del legislador, pues es éste quien, de acuerdo con las circunstancias de cada momento histórico y atendiendo las mayores o menores necesidades de protección de los bienes .jurídicos, establece si una conducta ha de asumirse como constitutiva de delito o como una contravención administrativa.
En este sentido el sólo ejercicio, dentro del respeto de los límites fijados en la Constitución (27) , de la potestad de configuración del legislador en materia punitiva, no puede servir de fundamento para cuestionar la constitucionalidad que la disposición demanda.
(27) Ver en relación con el ejercicio de la potestad de configuración del legislador en materia penal, entre otras las Sentencias C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-545 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.