Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/88696
Timestamp: 2019-08-21 18:29:25
Document Index: 392792376

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 54', 'artículo 55', 'artículo 57', 'artículo 58', 'artículo 47', 'artículo 41', 'artículo 41']

Gaceta: LXIV/1PPR-73/88696
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo.
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base II, incisos a) y c); la base III, apartado A inciso e), para quedar como sigue:
Las reformas en materia electoral dadas a partir de 1911, fecha en que surge la primera ley electoral con el presidente Francisco I. Madero, hacen que hoy día encontremos progresos innegables y evidentes; no obstante, todavía hay aspectos por mejorar para perfeccionar nuestra legislación y respetar la decisión de un pueblo que aspira a elegir con toda libertad y conocimiento a sus representantes populares, dado que la democracia tiene como requisito el acceso de los ciudadanos a la información veraz y oportuna acerca de los programas que formulan los diversos partidos y candidatos en el escenario político en tiempos electorales.
Para 1961, se incorpora la figura «tiempos del Estado» a la Ley Federal de Radio y Televisión, donde se dispuso que el Estado tenía derecho a ocupar 30 minutos diarios de manera continua o discontinua en cada estación de radio o canal de televisión.
Cabe mencionar, que durante la década de 1960-1970, en México resaltó la exigencia de grupos sociales que encontraron lugar en nuevos partidos políticos, dando lugar a exigencias por parte de estos grupos y en 1969, por primera vez, se legisló el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. En efecto, la Ley Federal Electoral reglamentó su participación en radio y televisión a través del uso gratuito de los «tiempos del Estado» durante los procesos electorales y esta prerrogativa la podían solicitar los partidos que habían registrado a sus candidatos durante el tiempo comprendido entre el cierre de los plazos de registro hasta tres días antes de la jornada electoral.
El 5 de enero de 1973, cuando se expide la Ley Federal Electoral, se registra un cambio significativo consistente en el establecimiento de un “Capítulo de Prerrogativas”, que plasmaba la utilización de espacios en la radio y televisión por los partidos políticos durante los períodos de campaña electoral y en períodos no electorales. Cada partido político tenía derecho a disponer de hasta diez minutos quincenales dentro de un mismo programa que compartirían todos los partidos políticos que se hubieran registrado. Su organización y vigilancia estaría en manos de la Comisión Federal Electoral.
En 1977 se adicionó el artículo 41 constitucional en su párrafo II, que a la letra señala:
A consecuencia de lo anterior, se logró una reforma política que dio lugar a la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) que, contempló el principio de la equidad en el acceso a los medios al disponer que del tiempo en la radio y la televisión para los partidos políticos sería un tiempo mensual mínimo de dos horas y hasta un máximo de cuatro horas cada uno.
El 12 de febrero de 1987, surge el Código Federal Electoral sustituyendo a la LFOPPE. El nuevo marco legal electoral incluyó las siguientes modificaciones en materia de acceso a la radio y la televisión:
• Cada partido político adquirió el derecho de acreditar un representante ante la Comisión de Radiodifusión de la Comisión Federal Electoral, el cual tenía facultades para decidir sobre la elaboración de los programas de su partido (artículo 51).
• Cada partido político contaba con un tiempo mensual de 15 minutos en radio y en los canales de televisión (artículo 52).
• Los partidos políticos utilizaban su tiempo mensual en dos programas semanales y el orden de presentación de los mismos se realizaría mediante sorteo en forma semestral (artículo 54).
• Se encargó a la Comisión de Radiodifusión fijar las fechas, canales, estaciones y horarios de las transmisiones, y de tomar las previsiones para que la programación correspondiente a los partidos políticos tuviera difusión en la prensa de circulación nacional (artículo 55).
• Los partidos políticos podían participar en un programa especial coordinado por la Comisión de Radiodifusión, el cual sería transmitido por radio y televisión dos veces al mes (artículo 57).
• La Comisión de Radiodifusión gestionaba el tiempo necesario para la difusión de sus actividades, en la radio y la televisión, además de que podría solicitar la ampliación de los tiempos asignados a los partidos políticos en estos medios, así como la frecuencia de sus transmisiones, tomando en cuenta las experiencias y los estudios técnicos que llevara a cabo (artículo 58).
El 6 de abril de 1990 apareció en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó seis artículos constitucionales y, fue expedido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). El 15 de agosto del mismo año se inició la creación del Instituto Federal Electoral (IFE) y se asentó que el incremento del tiempo de las transmisiones durante los períodos electorales sería en forma proporcional a la fuerza electoral, provocando la polarización de los medios de comunicación por parte de los partidos políticos, al mismo tiempo que apuntaló, jurídicamente, la presencia del partido mayoritario en la radio y la televisión.
Para 1994, el primer debate televisivo, reunió a los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas políticas para la elección presidencial, quedando de manifiesto el impacto que éste tuvo en la población y en las tendencias partidistas de ese momento. Esto dio lugar a que el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista y el Partido Comunista, denunciaran la marginación de que habían sido objeto, exigiendo un espacio para ellos en los debates, así como un incremento de su presencia en radio y televisión.
Dos años más tarde, la reforma electoral de 1996 implicó importantes modificaciones en términos del modelo de comunicación política, destacando las siguientes:
Los partidos podían acceder a los tiempos oficiales de radio y televisión mediante cuatro modalidades (Sánchez y Moreno 2010, 387):
• Tiempos permanentes: 15 minutos mensuales en cada estación y canal de televisión, a través de tres programas de cinco minutos.
• Programas especiales: los partidos políticos participaban de manera conjunta en un programa mensual de debate de 30 minutos.
• Programas complementarios: que eran tiempos que consideraban 250 horas en televisión y 200 horas en radio durante las campañas para presidente de la República, mientras que en elecciones intermedias se otorgaba la mitad de ese tiempo; el 30% de esta cantidad se distribuía de manera equitativa entre todos los partidos y el 70% restante en función de la fuerza electoral de cada uno.
• La transmisión de programas de cobertura regional a solicitud de los partidos políticos.
Además de ello, la reforma electoral de 1996 incluyó la obligación del IFE de contratar y poner a disposición de los partidos políticos un paquete de hasta 10,000 promocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 segundos, los cuales se distribuían mensualmente. El costo total de estos promocionales no podía exceder el 20% del financiamiento público que recibiesen los partidos para las campañas, tratándose de una elección presidencial, y del 12% para elecciones intermedias.
La distribución del “paquete” de promocionales adquirido por el IFE se distribuía entre los partidos políticos con representación en el Congreso siguiendo el mismo esquema de los tiempos oficiales, es decir, 30% de manera igualitaria y 70% en función de la fuerza electoral de cada uno (artículo 47.3). La ley también consideraba que los partidos de reciente registro, sin representación en el Congreso, podían participar en esta distribución hasta con 4% del total.
La reforma electoral incluyó modificaciones sobre el financiamiento de los partidos, que les brindó acceso a mayores recursos, y con ello, permitió el incremento en la compra de tiempos comerciales en radio y televisión para la difusión de publicidad política en las campañas electorales. Cada partido político recibió para sus gastos de campaña un monto equivalente al financiamiento público que se le otorgaría el año de la elección para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
El incremento en el financiamiento público y en las opciones de acceso a los medios de comunicación se convirtió en un factor que favoreció la competencia electoral, lo que se vio reflejado en los resultados comiciales, de tal suerte que en la elección para diputados federales de 1997 el PRI obtuvo 239 escaños por ambos principios, mientras que el PRD ganó 125, el PAN 121, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 8 y el PT 7 .
Las modificaciones y restricciones incluidas en la reforma electoral de 2007 afectan profundamente la dinámica del proceso electoral, las prácticas de comunicación política de los partidos, incluyendo su propaganda electoral, la relación entre los distintos órganos y órdenes de gobierno, los partidos políticos y los medios de comunicación y, en un sentido amplio, los canales de comunicación existentes entre los políticos y la sociedad en su conjunto. Esto a su vez tiene un impacto sobre la calidad del debate político dentro de los procesos electorales y las aportaciones al fortalecimiento del régimen democrático. Entre las principales características de la reforma electoral en materia de acceso a medios de comunicación se encuentran las siguientes:
Los partidos políticos podrán acceder a la radio y a la televisión sólo a través de los tiempos del Estado. Con esta modificación queda prohibida la adquisición de espacios publicitarios en la radio y televisión tanto para los partidos políticos y candidatos, como para cualquier otra persona física o moral.
Se estableció la facultad al IFE como autoridad única encargada de administrar los tiempos del estado y, si éste organismo considera que los mismos resultan insuficientes podrá tomar las medidas necesarias para su ampliación.
Se facultó al IFE para sancionar las violaciones a lo establecido en relación con el acceso a medios de comunicación con fines electorales pudiendo incluso ordenar la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión que transgredan la ley. La competencia del IFE como administrador de los tiempos públicos con fines electorales también se extiende al ámbito local respecto de los espacios en las emisoras de radio y televisión locales.
En el periodo que va del inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral, el IFE tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada canal o frecuencia, los cuales podrán distribuirse de 2 y hasta 3 minutos por hora de transmisión...
El horario de transmisión para la transmisión de la publicidad política va de las 6:00 a las 24:00 hrs.
De ese tiempo, durante las precampañas los partidos recibirán 1 minuto por cada hora en cada estación (18 en total), mientras que durante las campañas el tiempo a su disposición será de, al menos, el 85% del tiempo total.
El criterio para distribuir el tiempo aire sigue es el siguiente: 30% del tiempo disponible de manera igualitaria entre los partidos y el 70% restante con base en la proporción de la votación de cada partido.
Fuera de las campañas el IFE tendrá a disposición el 12% de total de tiempos del Estado, el cual se distribuirá en un 50% entre los partidos de manera igualitaria y el resto corresponderá directamente al IFE. (Cámara de Diputados, 2008)
No se podrán transmitir en México mensajes contratados en el extranjero.
Se elevó rango constitucional la prohibición para utilizar dentro de la propaganda electoral de los partidos frases o expresiones que denigren a instituciones o a partidos o que calumnien a las personas.
La publicidad gubernamental está prohibida durante las campañas electorales federales y locales; además, deberá ser de carácter institucional y por ello no podrá ser personalizada, es decir, no podrá contener la imagen o la voz de los funcionarios públicos.
La reforma político-electoral de 2014, tuvo como principales objetivos reducir y transparentar el gasto de los partidos políticos; disminuir el tope en gastos de campaña; incorporar como causas de nulidad de una elección el rebase del tope, el uso de recursos ilegales y la compra de cobertura informativa; revisar los tiempos oficiales de los partidos en radio y televisión; prohibir la entrega de utilitarios; evitar esquemas financieros para inducir y coaccionar el voto, y crear una sola ley y autoridad a nivel nacional para las elecciones federales, estatales y municipales . En términos del modelo de comunicación política las modificaciones más relevantes de la reforma son las siguientes:
Con la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), este se constituye como el administrador exclusivo de los tiempos del Estado en materia electoral (48 minutos diarios) en radio y televisión (48 minutos diarios). Según las adecuaciones al marco normativo, durante las fases del proceso electoral, este tiempo se divide de la siguiente forma: desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, los 48 minutos se distribuyen entre dos y hasta tres minutos por hora en cada estación de radio y de televisión entre las 6:00 y las 24:00 horas; en las precampañas, los partidos gozan de un minuto por hora de transmisión; entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, la mitad de los tiempos en radio y tele deben ser usados para los fines de las autoridades electorales y el resto para mensajes genéricos de los partidos; durante las campañas, al menos el 85% del tiempo se tiene que utilizar para cubrir a los partidos y candidatos. Fuera de tiempos electorales, el 12% de los tiempos del Estado corresponde al INE: la mitad para los partidos y el resto para los cometidos de las autoridades electorales.
Le corresponde al INE la investigación de infracciones en materia electoral y la integración de expedientes que han de poner a disposición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Como medida cautelar en este proceso, el INE tiene la facultad de suspender o cancelar las transmisiones infractoras de los partidos en medios de comunicación. Con la reforma, sobresale que el papel del INE queda circunscrito a los trabajos de investigación, en tanto que deja en manos del TEPJF las sanciones.
En materia de propaganda electoral negativa, a partir de 2014, los candidatos solo han de abstenerse de emitir expresiones que calumnien a personas, pero ya no es necesario que eviten denigrar a las instituciones o a los partidos, como anteriormente estableció la reforma de 2007.
Precisión de los tiempos de cada fase del proceso electoral.
Garantía a los candidatos independientes al acceso a tiempos en radio y televisión y a financiamiento. No obstante, a diferencia de los partidos, las candidaturas independientes no pueden hacer uso permanente de los medios de comunicación social. De hecho, solo pueden obtener parte del 30% del tiempo que se distribuye de forma igualitaria entre todas las fuerzas políticas contendientes en un periodo electoral; el otro 70% se asigna a los partidos en función de los resultados para la elección inmediata anterior a diputados federales.
Por lo antes manifestado y siguiendo el orden de ideas, las campañas electorales se instalan en gran medida en los medios, es decir, los espacios televisivos y radiofónicos son fundamentales para el beneficio o perjuicio de los partidos contendientes pues, la posibilidad de contar con espacios en radio y televisión favorece la comunicación política, adquiriendo con ello, empoderamiento; ya que la competencia política y electoral permite la adopción de patrones de propaganda política y electoral determinante en las preferencias electorales de los ciudadanos.
La inequidad en la distribución de los spots entre los partidos políticos, así como para los candidatos independientes, es excesiva la actual formula de distribución que señala que el 70% de los tiempos del estado en materia electoral deben ser distribuidos con base en la votación que obtuvo cada partido político en la última elección federal de diputados (y en el ámbito local en relación a la votación de diputaciones locales); y que el 30% se distribuye entre todos los partidos políticos y candidatos independientes de manera igualitaria, limita poderosamente la capacidad de las fuerzas políticas emergentes para comunicarse con el electorado.
Ejemplo de ello es que durante el proceso electoral federal del año 2018 el acceso a la radio y la televisión en formato de spots para partidos como el PRI o PAN fue hasta cuatro veces superior a la cantidad de spots otorgados a partidos como el PVEM, MC, Encuentro social, PT, y hasta casi 50 veces superior que el acceso brindado a candidatos independientes.
Partido/ Candidato
4,349,178
2,575,908
Esta grave inequidad entre las llamadas “grandes fuerzas políticas” y los partidos denominados en ocasiones, erróneamente, como “minoritarios” limita los espacios de difusión de propuestas y visiones alternativas de la problemática pública y con ello priva de información a los ciudadanos interesados en participar en los procesos electorales, misma que les ayudará a tomar una decisión electoral. Estos partidos representan fuerzas políticas emergentes, visiones alternativas de la realidad pública de nuestro país, representan también la visión de grupos vulnerables y minorías que no han encontrado en los partidos tradicionales espacios de visibilización y expresión de sus inquietudes, problemáticas y reclamos.
Es por ello muy importante reducir las asimetrías en el acceso a los medios de comunicación entre las llamadas “grandes fuerzas políticas” y los partidos que representan fuerzas políticas emergentes, así como para los candidatos independientes, para que en condiciones de mayor equidad en la contienda por el voto popular, expongan ante el electorado su ideología, su visión de la problemática pública que afecta a la ciudadanía, las alternativas que contemplan para la solución de los problemas públicos y la forma en que se pretende construir el futuro del país a través del ejercicio del servicio público en los cargos por los que compiten en los procesos electorales.
Con ello estaremos brindando a los ciudadanos de más información y alternativas para que en un ejercicio de evaluación de las propuestas y candidatos que se presentan ante ellos, tomen la decisión sobre quién los representará y tomará decisiones que afectaran su futuro y el del país.
Una de las principales preocupaciones por parte de los partidos políticos y candidatos independientes en el desarrollo de su proselitismo electoral en busca del voto ciudadano, ha sido el acceso a mecanismos e instrumentos para exponer de manera directa, amplia y masiva sus principios, programas de acción y plataformas electorales. En la lucha por el acceso equitativo a los medios de comunicación para la cobertura de sus campañas, destacan los progresos alcanzados en nuestra legislación electoral, donde se ha normado la compleja relación tripartita de la ciudadanía, los partidos políticos, y los medios de comunicación, a fin de que en el proceso electoral ordenado por nuestra Constitución, las autoridades electorales y las distintas fuerzas políticas nacionales coadyuven a que se dé, mediante una información clara, transparente imparcial y adecuada, la renovación periódica de los órganos del Estado de elección popular.
No obstante lo anterior, es necesario alcanzar una mayor equidad al obtener el acceso a los medios de comunicación especialmente a la radio y televisión en tiempos de campaña y fuera de ellos, con una adecuada fragmentación de los tiempos de transmisión para su adecuación a las exigencias actuales de los ciudadanos a fin de tener una mayor posibilidad de captar la atención del público.
Es de observarse, que la equidad en la competencia política ocupa un lugar significativo, aunque es preciso distinguir entre la “equidad procedimental” que vigila la igualdad de los partidos y candidatos ante la ley electoral y en el proceso que esta última ordena y, la “equidad real”, la cual aún nos encontramos lejos de alcanzar, puesto que existen diferencias fuera del alcance de la normatividad como, por ejemplo, las ventajas que otorga la preparación, la personalidad, el prestigio o la simpatía de un candidato y, si está en el poder u oposición, lo que conlleva ventajas y desventajas que es imposible compensar; en cambio, lograr una equidad procedimental es más viable, pues basta con lograr acuerdos y elaborar las reformas electorales necesarias para que el desarrollo de los procesos electorales sean plenamente apegados a la Ley, necesario, para ello, organismos y autoridades imparciales. Así, el propósito en cuanto a la equidad procedimental, es llegar al punto en que la ley electoral no favorezca a ningún partido y se logre la cobertura equitativa en los medios de comunicación como lo son la radio y la televisión de todas las campañas que los partidos políticos y sus candidatos lleven a cabo a escala nacional o local, según sea el caso.
Acceso de los partidos políticos a los medios de Comunicación de radio y televisión
4. Financiamiento Público de los Partidos Políticos
El financiamiento público de los partidos políticos está conformado por los recursos económicos, bienes y servicios que el Estado otorga a los partidos políticos para que éstos lleven a cabo las funciones y cumplan con los fines que la ley señala.
El financiamiento público puede darse de dos maneras: directa o indirecta. Las vas indirectas de financiación pública son: a) el otorgamiento de espacios gratuitos en los medios de comunicación, b) las facilidades postales y telegráficas, c) el otorgamiento gratuito de espacios o locales públicos para actos partidarios, d) el pago de espacios físicos que utilizan para fijar la propaganda en los municipios, e) la exención de impuestos, etcétera. Por su parte, las vas directas de financiación pública se refieren a la cantidad de dinero que el Estado entrega a los partidos políticos para: actividades ordinarias, gastos de campaña en años de elecciones y por actividades específicas.
Además, debemos mencionar que los recursos provenientes del financiamiento público pueden dirigirse hacia los partidos políticos o hacia los candidatos. Para determinar los criterios de asignación de recursos públicos a los partidos políticos existen distintas formas. La principal de ellas consiste en otorgar el dinero a través de fórmulas de proporcionalidad que van de acuerdo con el número de votos y curules que hayan obtenido cada uno de los partidos políticos en las elecciones anteriores.
Este mecanismo de asignación de los recursos públicos resulta adecuado, si tomamos en cuenta que los partidos políticos reclaman un tratamiento diferenciado; sin embargo, tiende a perpetuar las diferencias y la desigualdad entre ellos, razón por la que varios pases han adoptado un sistema de financiamiento público constituido por dos partidas: una igualitaria y otra proporción a la fuerza electoral de los partidos políticos.
Efectivamente, el objetivo primordial del financiamiento público a los partidos políticos es garantizar los recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos los partidos de conquistar el poder político a través del voto popular. Además, mediante el financiamiento público se busca lograr que las operaciones financieras de los partidos políticos sean conocidas, ya que, al tratarse de recursos provenientes del Estado, es más factible garantizar la transparencia y control de los mismos.
El financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos se fija anualmente mediante una fórmula que toma en cuenta el costo mínimo aproximado de una campaña electoral, el número total de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales. De la cantidad total que resulte, el 30% se distribuye de forma igualitaria entre todos los partidos políticos y el 70% se distribuye de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior.
Además de este financiamiento anual, los partidos políticos reciben recursos del erario público para la realización de actividades tendientes a la obtención del voto en años de elecciones, financiamiento que equivale a una cantidad igual a la que le corresponde a cada partido político para la realización de actividades ordinarias en ese año.
Los legisladores que impulsamos la Cuarta Transformación consideramos que estamos en el momento histórico adecuado para proponer una nueva redistribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, que atienda a los principios de proporcionalidad, racionalidad, complementariedad, que garanticen una competencia electoral equitativa entre los distintas fuerzas y candidatos que participen en los procesos comiciales.
Se busca con esta iniciativa que la distribución de financiamiento público atienda más a la nueva representación política nacional y a la equidad que debe prevalecer en el ejercicio de las prerrogativas destinadas a los fines constitucionales que se establecen en el artículo 41 de la Carta Magna y que son: “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.
Por lo motivos antes expuestos, presento:
Artículo Único. Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base II, incisos a) y c); la base III, apartado A inciso e), para quedar como sigue:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El cuarenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El cuarenta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el sesenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el sesenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el cuarenta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;
Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 06 de diciembre de 2018.
El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto;
Woldenberg, José, Historia mínima de la transición democrática en México, 2012, página 118.
Valdés, M. (2015). Comunicación política y propaganda electoral en México. Las reformas de 2007 y 2014. POLIS, 11(2), 57–87.
https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Informacion_Electoral/