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Timestamp: 2015-12-01 21:51:54
Document Index: 213832350

Matched Legal Cases: ['artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 57', 'artículo 62', 'artículo 41', 'artículo 62', 'artículo 64', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 3']

PRACTICA FORENSE USUAL: DESAPARICIÓN FORZADA DE MARIA CLAUDIA GARCÍA IRURETAGOYENA DE GELMAN EN EL MARCO DE LA "OPERACIÓN CÓNDOR"
DESAPARICIÓN FORZADA DE MARIA CLAUDIA GARCÍA IRURETAGOYENA DE GELMAN EN EL MARCO DE LA "OPERACIÓN CÓNDOR"
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO GELMAN VS. URUGUAY
SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011
Diego García-Sayán, Presidente; Leonardo A. Franco, Vicepresidente;
Rhadys Abreu Blondet, Jueza; y
Eduardo Vio Grossi, Juez,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con los artículos 31, 32, 62, 64, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la presente Sentencia en el caso Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García Iruretagoyena contra la República Oriental del Uruguay (en adelante "el Estado" o "Uruguay"), denominado "caso Gelman Vs. Uruguay".
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA El 21 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la Comisión Interamericana") presentó, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Oriental del Uruguay en relación con el caso Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman García (en adelante "el caso Gelman") Vs. Uruguay. El 9 de marzo de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 30/07, en el cual declaró la admisibilidad del caso, y el 18 de julio de 2008 aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 32/08.
Los hechos alegados por la Comisión se refieren a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976, quien fue detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de embarazo. Se presume que posteriormente fue trasladada al Uruguay donde habría dado a luz a su hija, quien fuera entregada a una familia uruguaya, actos que la Comisión señala como cometidos por agentes estatales uruguayos y argentinos en el marco de la "Operación Cóndor", sin que hasta la fecha se conozcan el paradero de María Claudia García y las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar. Además, la Comisión alegó la supresión de la identidad y nacionalidad de María Macarena Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García y Marcelo Gelman y la denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado a Juan Gelman, su familia, María Macarena Gelman y los familiares de María Claudia García , como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción de los responsables, en virtud de la Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (en adelante "Ley de Caducidad"), promulgada en 1986 por el gobierno democrático del Uruguay.
La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación:
del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares;
del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la obligación de sancionar estas violaciones en forma seria y efectiva reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con los artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María Claudia García;
de la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares;
del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la honra y de la dignidad, al nombre, a medidas especiales de protección de los niños y niñas y a la nacionalidad reconocidos en los artículos 3, 11, 18, 19 y 20 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de María Macarena Gelman derechos, y
del derecho a la protección de la familia reconocido en los artículos 17 de la Convención y XII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares.
El 24 de abril de 2010 los representantes de las presuntas víctimas (en adelante "los representantes"), presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos"), en los términos del artículo 40 del Reglamento de la Corte. En este escrito hicieron alusión a los hechos señalados en la demanda de la Comisión ampliando la información sobre los mismos y, en general, coincidieron con lo alegado jurídicamente por la Comisión. No obstante, solicitaron que se declare, además: a) el incumplimiento del deber estatal de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, contenido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención Belém do Pará"), en perjuicio de Maria Claudia García, y b) la violación del derecho a la verdad en perjuicio de los familiares de María Claudia García y "de la sociedad uruguaya" (artículos 1.1, 13, 8 y 25 de la Convención Americana). Por último solicitaron diversas medidas de reparación.
El 12 de agosto de 2010 el Estado presentó su escrito de contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante "contestación de la demanda"), en el cual "reconoc[ió] la violación de los Derechos Humanos de la Sra. María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena de Gelman García durante el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero de 1985". Si bien el Estado no se refirió en particular a la mayor parte de alegatos de hecho y de derecho presentados por la Comisión y los representantes, destacó las acciones que estaba realizando para otorgar una reparación a los familiares y a las presuntas víctimas. II
La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 23 de febrero de 2010. El 22 de abril de 2010 el Estado presentó de manera anticipada un escrito que denominó "contestación a la demanda", por lo cual el 10 de junio de 2010, la Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno del Tribunal, informó al Estado que este escrito no podía ser tramitado puesto que, en los términos del artículo 41 del Reglamento, aquél debía exponer su posición sobre el caso sometido por la Comisión Interamericana y, cuando se presente, sobre el escrito de solicitudes y argumentos, y que el referido escrito fue presentado antes del vencimiento del plazo establecido para que los representantes hicieran lo propio. Una vez recibida la contestación de la demanda y sus anexos (supra párr. 5), fue transmitida a la Comisión y a los representantes y, siguiendo instrucciones del Presidente, se les otorgó plazo hasta el 20 de septiembre de 2010 para que presentaran observaciones respecto del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado.
Mediante Resolución de 10 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Corte aceptó la solicitud de sustitución del perito ofrecido por la Comisión, ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) de testigos y peritos ofrecidos por la Comisión y los representantes y convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en Quito, Ecuador, para escuchar la declaración de presuntas víctimas, testigos y peritos propuestos por los representantes, los alegatos orales de las partes, así como las observaciones de la Comisión sobre el fondo y eventuales reparaciones. El 15 y el 20 de septiembre de 2010 los representantes y la Comisión Interamericana remitieron sus observaciones acerca del reconocimiento de responsabilidad del Estado.
Mediante Resolución de 23 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Corte aceptó la solicitud de sustitución de uno de los testigos ofrecidos por los representantes para que rindiera su declaración ante la Corte en la audiencia pública.
El 24 y 26 de septiembre de 2010, luego de una prórroga, los representantes remitieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit). Por nota de 29 de septiembre de 2010, la Secretaría corrió traslado de las declaraciones y, en los términos dispuestos en la Resolución del Presidente (supra párr. 7), otorgó plazo de siete días para que presentaran las observaciones que consideraran pertinentes. Ninguna de las partes remitió observaciones. El 27 de septiembre de 2010 el Estado remitió al Tribunal un escrito en el cual indicó que "reconoce al [señor] Juan Gelman la categoría de víctima en [el] proceso". Siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, la Secretaría indicó a la Comisión y a los representantes que durante la audiencia pública podrían presentar sus observaciones respecto de lo manifestado por el Estado.
El 5 de octubre de 2010 la Comisión Interamericana solicitó la concesión de un nuevo plazo para que María Elena Salgueiro presentara un dictamen pericial mediante affidávit, respecto lo cual el Presidente del Tribunal consideró que, dado que el 24 de septiembre de 2010 la Comisión había desistido de presentar el peritaje, esa solicitud no había sido suficientemente motivada, por lo que no se estimó pertinente atenderla.
La audiencia pública fue celebrada el 15 y 16 de noviembre de 2010 durante el XLII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en Quito, Ecuador. Al final de la audiencia, el Presidente de la Corte señaló el 10 de diciembre de 2010 como plazo para presentar los alegatos finales escritos.
El 10 de noviembre de 2010 los representantes solicitaron que, con base en el artículo 57 del Reglamento se incorporara al expediente "una prueba documental datada con fecha 7 de octubre de 2010". Siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría indicó a la Comisión y al Estado que si tenían observaciones acerca de esta solicitud, las remitieran a más tardar el 19 de noviembre siguiente, lo que no aconteció. El 1 y el 2 de diciembre de 2010 los señores Jorge Errandonea y Carlos María Pelayo y la señora Carolina Villadiego Burbano, en colaboración con la Clínica Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Quebec en Montreal, por un lado, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM), por otro, remitieron, respectivamente, un escrito de amicus curiae en relación con este caso.
El 10 de diciembre de 2010 los representantes y el Estado presentaron sus alegatos finales escritos y la Comisión sus observaciones finales escritas. El 20 y 29 de diciembre de 2010 los representantes y el Estado remitieron documentos como anexos a sus alegatos finales escritos. Se corrió traslado a las partes. El Estado presentó, el 20 de enero de 2011, observaciones a la documentación de soporte de gastos enviada por los representantes.
Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992; en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996, y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante "Convención de Belem do Pará") desde el 2 de abril de 1996. En consecuencia, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana y de las respectivas disposiciones de los otros tratados interamericanos cuyo incumplimiento se alega. IV
Alcances del reconocimiento
En su contestación de la demanda el Estado manifestó que, "teniendo en consideración el principio de continuidad institucional, reconoce la violación de los Derechos Humanos de las [señoras] María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena de Gelman García durante el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero de 1985". Con posterioridad, el Estado informó al Tribunal que "recono[cía] al [señor] Juan Gelman la categoría de víctima en [el] proceso" (supra párr. 11).
Durante la audiencia, el Estado reiteró que su responsabilidad en este caso fue reconocida ya expresamente por una norma interna, la Ley 18.596 de 18 de septiembre de 2009 sobre "Actuación Ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. Reconocimiento y Reparación a las Víctimas", en los términos de la cual se enmarca su reconocimiento. También se refirió a la discusión de un proyecto de ley para dejar sin efecto determinadas normas de esa Ley. Durante la audiencia, y ante preguntas de los jueces de la Corte, en el sentido de si el acto de reconocimiento incluía todas las disposiciones de la Convención cuya violación se alegaba, el señor Agente del Estado manifestó que "en principio el alcance del reconocimiento del Estado refiere a todas [las normas de la Convención]".
En sus alegatos finales escritos, el Estado señaló, al referirse al alcance de su reconocimiento, que el mismo "debe ser enmarcado de conformidad al sistema normativo de la República[, el] cual, naturalmente, se integra con las normas nacionales y el Derecho Internacional" y precisó que dicho acto "se circunscribe a un período de tiempo, en el cual ejerció el poder un gobierno de facto en el Uruguay". Es decir, el Estado manifestó que cuando se le reclama por la alegada violación de los derechos, "necesariamente dicha situación se vincula a [ese] período […] con algunas salvedades pues existen, naturalmente, situaciones aún pendientes de resolución", enfatizando, ante la cuestión de si su reconocimiento significa dar por ciertos los hechos, que éste se encuentra enmarcado en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la referida Ley No. 18.596 y que en el informe de la Comisión para la Paz "se realizó un análisis detallado y cronológico de los hechos reconocidos".
Asimismo, en lo referente a los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado señaló que no desconoce "que, en un primer momento, la denuncia realizada por Juan Gelman fue comprendida, por el Poder Ejecutivo de la época, en el ámbito de la Ley de Caducidad", no obstante lo cual en agosto de 2008 un juzgado penal reabrió el caso. En cuanto a la actuación de los órganos de justicia, el Estado señaló que "la salida [de] la dictadura implicó la adopción de diversas medidas –actos legislativos, amnistías, reposición de funcionarios injustamente destituidos, reparación a las víctimas, investigaciones judiciales y administrativas-, es decir la adopción de un sistema complejo". En este sentido, añadió que "de conformidad al sistema constitucional de la República, existe separación de poderes, por lo cual al Poder Ejecutivo le está vedado dar directivas de cualquier naturaleza a un juez con relación a la instrucción de una causa" y que "[i]gual situación ocurre con los otros derechos invocados, pues las [violaciones] ocurrieron durante el gobierno de facto que rigió al Uruguay y luego de restablecido el orden democrático se procedió a adecuar la conducta del Estado a la norma de derecho, […] por lo cual las mismas, con salvedades, se encuentran circunscriptas al período referido". El Estado reiteró que lo anterior "no implica desconocer que […] María Macarena Gelman fue hallada en el año 2000 y que los restos de […] María Claudia García son un tema pendiente aún para el Estado".
Los representantes manifestaron que la contestación de demanda no puede ser considerada un 'reconocimiento' bajo el Reglamento de la Corte y su jurisprudencia, ya que el Estado no "indica con precisión y claridad el alcance de aquellos hechos y derechos que [pareciera] dispuesto a reconocer o controvertir, indicando como único parámetro indubitable una referencia temporal que tampoco se ajusta al período de los hechos en litigio". Teniendo en cuenta lo anterior, solicitaron la aplicación del artículo 41.3 del Reglamento del Tribunal, de modo que se establezca la aceptación por parte del Estado de los hechos y pretensiones esgrimidos en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos. Además, consideraron relevantes, como una forma de reconocimiento de responsabilidad estatal, las manifestaciones realizadas por el Ministro interino de Relaciones Exteriores el 7 de octubre de 2010 ante una comisión parlamentaria, pues en su opinión "se tratan de opiniones confiables […] que cualquier individuo puede considerar como posición de Estado". A su vez señalaron que, en la vista celebrada por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay en el caso Sabalsagaray (infra párr. 148), los Poderes Ejecutivo y Legislativo se allanaron a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Fiscalía, por lo que, a su entender, el Estado "ha reconocido la anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad de la Ley de Caducidad", respecto de lo cual invocaron el principio de estoppel.
Por su parte, la Comisión valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado, aunque observó que "el lenguaje utilizado […] es ambiguo", lo cual dificulta una determinación inequívoca del alcance del acto. En este sentido, añadió que si bien el Estado reconocía la violación de los derechos humanos de María Claudia García y de María Macarena Gelman, "el lenguaje utilizado sug[ería] una posible limitación temporal contraria a la naturaleza de las violaciones cometidas contra [las presuntas víctimas], las cuales son de naturaleza continuada". Además, observó que "el reconocimiento no hace referencia a las violaciones establecidas en cuanto a los derechos de sus familiares". La Comisión concluyó que subsistía la controversia sobre hechos y violaciones ocurridas en el presente caso y no abarcadas en el acto de reconocimiento , así como en lo referente a las eventuales reparaciones y costas, por lo cual solicitó al Tribunal que "acepte el referido reconocimiento parcial, que reafirme su jurisdicción sobre el presente caso[,] que [declare] la violación de los derechos alegados" y que en la Sentencia "efectúe una descripción pormenorizada de los hechos y las violaciones de derechos humanos ocurridas".
El artículo 62 del Reglamento establece que,
[s]i el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.
En concordancia con lo anterior, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las partes, la Corte puede determinar si el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar el conocimiento del fondo y determinar las eventuales reparaciones. La facultad del Tribunal no se limita únicamente a constatar, registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condiciones formales del acto, sino que lo debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posiciones de las partes, de manera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad de lo acontecido.
En este sentido, el artículo 41.1.a) del Reglamento señala que el Estado deberá indicar, en su contestación, si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice. Además, en el mismo artículo 41.3 del Reglamento se señala que la Corte "podrá considerar aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas". Aunque el Estado omitió especificar los hechos que admitía y las violaciones que reconocía y se opuso a algunas de las reparaciones solicitadas, es clara su disposición de allanarse al reconocer los hechos y las violaciones alegadas, en particular los relativos directamente a las tres presuntas víctimas de este caso. Por ende, el reconocimiento efectuado por el Estado constituye una admisión parcial de hechos, así como un allanamiento parcial a las pretensiones de derecho contenidas en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos, por lo que, aunque limitado temporalmente a los que constituyeron violaciones a los derechos humanos acaecidos durante "el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero de 1985", el referido artículo 41 del Reglamento es plenamente aplicable a este caso. El reconocimiento parcial de responsabilidad es una contribución positiva al desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia, en virtud de los compromisos que asumen como partes en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En esos términos, la Corte considera, como en otros casos, que dicho reconocimiento produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con las referidas disposiciones reglamentarias y tiene un alto valor simbólico en aras de que no se repitan hechos similares. Los hechos del presente caso no fueron controvertidos ni objetados y, según se verá, los mismos se encuentran debidamente acreditados en el expediente. La delimitación temporal del reconocimiento formulado por el Estado no es relevante para el análisis del fondo y las reparaciones en el presente caso. En consecuencia, la controversia subsiste en cuanto a la determinación de las consecuencias de los hechos ocurridos desde febrero de 1985. De tal manera, el Tribunal considera necesario dictar una Sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones.
Presuntas víctimas del presente caso
Es oportuno destacar que, al someter el presente caso, la Comisión alegó en varias ocasiones que las violaciones de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, y protección de la familia fueron cometidas en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García y María Macarena Gelman, así como de "sus familiares". Los representantes solo identificaron como presuntas víctimas a esas tres personas y el Estado reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas en perjuicio de éstas. Puesto que la Comisión omitió identificar, en el Informe emitido con base en el artículo 50 de la Convención, a qué familiares se refería, la Corte considerará como presuntas víctimas en el presente caso únicamente a esas tres personas.
Con base en lo establecido en los artículos 46, 49 y 50 del Reglamento, así como en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación, el Tribunal examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones de las presuntas víctimas, los testimonios y los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante fedatario público y en la audiencia pública ante la Corte. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente. A. Prueba documental, testimonial y pericial
El Tribunal recibió las declaraciones prestadas ante fedatario público por los peritos que se indican en el presente apartado, sobre los temas que se mencionan a continuación. El contenido de dichas declaraciones se incluye en el capítulo correspondiente:
Ana Deutsch, psicóloga, quien realizó un peritaje sobre: i) los efectos psicológicos de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena en su hija Macarena, en Juan Gelman y en el núcleo familiar; y ii) las consecuencias psicológicas para Macarena Gelman por su nacimiento en la clandestinidad, la supresión de su identidad, así como la alegada impunidad en que se encuentra el caso;
Pablo Chargoñia, abogado, quien ofreció información técnica sobre: i) los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la situación de las investigaciones en la justicia uruguaya; y ii) las características de las investigaciones penales en Uruguay relacionadas con las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura;
Gabriel Mazzarovich, periodista uruguayo, quien declaró sobre: i) aspectos de la estructura represiva que imperaba en Uruguay al momento de los hechos denunciados; ii) las violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese contexto; y iii) el supuesto ocultamiento de información sobre los hechos de este caso y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto y, en particular, la investigación de los hechos; y
Roger Rodriguez, periodista uruguayo, quien declaró sobre: i) aspectos de la estructura represiva que imperaba en Uruguay al momento de los hechos denunciados; ii) las violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese contexto; y iii) el supuesto ocultamiento de información sobre los hechos de este caso y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto, y en particular la investigación de los hechos.
Además, la Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de las siguientes presuntas víctimas, testigo y peritos:
Juan Gelman, presunta víctima, quien declaró sobre: i) las gestiones realizadas para localizar a su nieta y conocer la verdad acerca de los ocurrido con María Claudia García de Gelman; ii) el encuentro con su nieta María Macarena; iii) las denuncias presentadas y la respuesta de la justicia uruguaya y otras gestiones realizadas para la búsqueda de justicia; y iv) "las consecuencias que les ocasionaron a él y su familia los hechos denunciados y sus expectativas ante la Corte Interamericana";
María Macarena Gelman García Iruretagoyena, presunta víctima, quien declaró sobre: i) el impacto en las distintas dimensiones de su vida que le ocasionaron las circunstancias de su nacimiento, la alegada supresión de su verdadera identidad, el encuentro con su abuelo y demás vínculos relacionados con su familia biológica, así como el desconocimiento hasta hoy del paradero de su madre; ii) las gestiones realizadas ante la justicia para conocer la verdad
de lo ocurrido; y iii) los obstáculos que debe enfrentar ante autoridades públicas para localizar e identificar los restos de su madre y obtener justicia en el caso;
Gerardo Caetano, perito, historiador, quien presentó información técnica sobre: i) la existencia y acceso a la información en poder del Estado en relación con el presente caso, así como al período de la época dictatorial en Uruguay; ii) los obstáculos para el acceso a información relacionada con la época y los hechos relativos a graves violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del gobierno de facto, en particular, aquellos relacionados directamente con el presente caso; iii) especificaciones técnicas relacionadas con el archivo y clasificación de documentos, en particular con aspectos de la información referida a Operación Cóndor; iv) la participación de autoridades uruguayas en la Operación Cóndor y la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay; y v) las dificultades que aún persisten para el establecimiento de la verdad y la construcción de la memoria colectiva del pueblo uruguayo relativa a graves violaciones cometidas durante el gobierno de facto;
Mirtha Guianze, perita, fiscal del Ministerio Publico para la Defensa del Uruguay, quien presentó información sobre: i) los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en relación con las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura uruguaya; ii) las limitaciones adicionales que enfrenta la justicia para tramitar causas relativas a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto; y iii) las características de la participación de las víctimas en el proceso penal uruguayo; y
Sara Méndez, testigo quien declaró sobre: i) los esfuerzos llevados adelante por Juan Gelman y Macarena Gelman en su búsqueda de verdad y justicia por los hechos denunciados; ii) el impacto de esta búsqueda en la vida
de ambos; y iii) las consecuencias que en general provoca la alegada impunidad en el presente caso.
En este caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda. En este supuesto se encuentra prácticamente toda la prueba documental ofrecida. Por otra parte, la Corte admite, excepcionalmente, los documentos remitidos por las partes en diversas oportunidades procesales por encontrarlos pertinentes y útiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas, sin perjuicio de las consideraciones que se realizan a continuación.
Los representantes remitieron con sus alegatos finales comprobantes de gastos relacionados con el presente caso. El Tribunal sólo considerará aquellos documentos remitidos con los alegatos finales escritos que se refieran a las costas y gastos que se hayan incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte, con posterioridad al escrito de solicitudes y argumentos.
C. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas, de la prueba testimonial y pericial
En cuanto a las declaraciones de las presuntas víctimas y de los testigos y a los dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 7) y en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio.
Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, las declaraciones de las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias. Con base en lo anterior, el Tribunal admite dichas declaraciones, cuya valoración se hará con base en los criterios señalados (supra párr. 33).
DERECHO aL reconocimiento de la personalidad jurídica, A LA VIDA, A LA integridad Y A LA LIBERTAD PERSONALES de María claudia garcía iruretagoyena de gelman, en relación CON LAS obligaciOnES de respetar Y GARANTIZAR los derechos (convencion americana y Convención INTERAMERICANA sobre Desaparición Forzada)
Con el fin de examinar la alegada responsabilidad internacional del Uruguay por la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de María Claudia García, en relación con las obligaciones de respeto y garantía establecidas en la Convención Americana, y con las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que se alegan violadas, el Tribunal sintetizará los alegatos de las partes, establecerá los hechos no controvertidos y que considera probados y hará las consideraciones pertinentes. En el presente caso se establecen los hechos, fundamentalmente, con base en la no controversia del Estado y la información aportada por la Comisión y los representantes. El Estado no se refirió en particular a estos alegatos, pero reconoció las violaciones de los derechos humanos de María Claudia García en su conjunto (supra párrs. 19 a 22), razón por la cual en el siguiente apartado no se incluyen alegatos del Estado.
La Comisión alegó que:
la detención o secuestro ilegal y arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de María Claudia García fueron el resultado de una operación de inteligencia policial y militar, planeada y ejecutada clandestinamente por las fuerzas de seguridad argentinas, aparentemente, en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad uruguayas, lo cual es congruente con el modus operandi de tales actos en el marco de la Operación Cóndor;
si bien existen dudas acerca de si María Claudia García permaneció en Uruguay o fue entregada a las autoridades argentinas, en cualquier caso el Estado es responsable de aclarar su paradero dado que estaba bajo su custodia;
existen pruebas suficientes "para afirmar razonablemente que la [posible]muerte de María Claudia García de Gelman a manos de agentes del Estado que la tenía[n] bajo custodia en el contexto de una política estatal que apuntaba a sectores de la población civil era un delito de lesa humanidad"; y
el Estado es responsable por la violación de derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, personalidad jurídica y de la obligación de "sancionar estas violaciones de manera seria y efectiva", los que entendió protegidos por los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención, artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y artículos 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María Claudia García. Los representantes alegaron que:
la desaparición forzada de María Claudia García, realizada por agentes estatales que operaban al amparo de la Operación Cóndor, implicó "una violación automática" de su derechos a la libertad personal;
su desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención, cuya comisión en el marco de un patrón sistemático la eleva a la categoría de crimen de lesa humanidad;
desde que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada entró en vigor para el Estado, ésta es "directamente aplicable al caso", dado el carácter continuado del delito de desaparición forzada y que al día de hoy no se conoce su paradero;
Uruguay contrarió su obligación estatal de mantener a las personas privadas de libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarlas sin demora ante la autoridad judicial competente;
en relación con la alegada violación al artículo 5 de la Convención, y en atención a la definición del crimen de tortura establecida en el artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Tortura, así como a la definición de violencia contra la mujer contenida en los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará, las condiciones de detención ilegal, incomunicación y sufrimientos ocasionados a María Claudia García revisten especial gravedad por su situación de especial vulnerabilidad en avanzado estado de embarazo, lo que permite "inferir que María Claudia [García] fue víctima de tortura psicológica durante el tiempo que permaneció en detención". Tales hechos constituyeron una violación "inmediata" a su integridad personal que configuró el delito de tortura;
la desaparición forzada de María Claudia "se traduce en una brutal violación de [su] derecho a la vida", no solo porque esa práctica implica frecuentemente la ejecución en secreto de los detenidos, sino también porque el Estado no adoptó las medidas para proteger y preservar dicho derecho; y
en relación con el artículo 3 de la Convención, la desaparición forzada de María Claudia García, seguida por la negación y ocultamiento de la misma por parte del Estado, le impidió ejercer sus derechos, tales como el de interponer recursos para cuestionar la legalidad de su detención y el "derecho al reconocimiento legal de su maternidad".
La dictadura militar y la Operación Cóndor como contexto de los hechos ocurridos a María Claudia García El presente caso reviste una particular trascendencia histórica, pues los hechos comenzaron a perpetrarse en colaboración con autoridades argentinas en un contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la Operación Cóndor. La existencia de esa operación ya fue reconocida por este Tribunal en el caso Goiburú y otros vs. Paraguay en los siguientes términos:
La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o estaban en el poder durante la década de los años setenta, lo que permitió la represión contra personas denominadas como "elementos subversivos" a nivel inter-estatal.
El soporte ideológico de todos estos regímenes era la "doctrina de seguridad nacional", por medio de la cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como "enemigos comunes" sin importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaron escapar a la represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las dictaduras crearon una estrategia común de "defensa". En este marco, tuvo lugar la llamada "Operación Cóndor", nombre clave que se dio a la alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como "elementos subversivos". Las actividades desplegadas como parte de dicha Operación estaban básicamente coordinadas por los militares de los países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más efectiva la coordinación clandestina entre "fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia" de la región […] Para que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el sistema de códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que las listas de "subversivos buscados" eran manejadas con fluidez por los distintos Estados.
[…] Es decir, los graves hechos se enmarcan en el carácter flagrante, masivo y sistemático de la represión a que fue sometida la población a escala inter-estatal, pues las estructuras de seguridad estatales fueron coordinadamente desatadas contra las naciones a nivel trans-fronterizo por los gobiernos dictatoriales involucrados. La Corte observa que, en absoluta contradicción con los principales fines y propósitos de la organización de la comunidad internacional, establecidos a niveles universal en la Carta de Naciones Unidas y regional en la Carta de la OEA y la misma Convención Americana, durante la década de los setenta los servicios de inteligencia de varios países del Cono Sur del continente americano conformaron una organización inter-estatal con fines criminales complejamente articulada, cuyos alcances continúan revelándose hoy en día; es decir, se dio una práctica sistemática de "terrorismo de Estado" a nivel inter-estatal.
Esta operación se vio además favorecida por la situación generalizada de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos que existía entonces, propiciada y tolerada por la ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar o contener las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esto tiene estrecha relación con la obligación de investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de Uruguay, luego del período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de "Medidas Prontas de Seguridad", e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el 27 de junio de 1973 el Presidente electo Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras y llevó a cabo un golpe de Estado, dando inicio a un período de "dictadura cívico-militar" que se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985 y en el que se implementaron "formas cotidianas de vigilancia y control de la sociedad y, más específicamente, de represión a las organizaciones políticas de izquierda".
En la década de los años 1970, se establecieron operaciones transnacionales en la región con el fin de eliminar a los grupos guerrilleros, en el contexto de una campaña contrainsurgente que justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites territoriales, aunque ya en 1960, se había creado la Conferencia de los Ejércitos Americanos, una organización de seguridad hemisférica inspirada en la "doctrina de la seguridad nacional", que se reunía en sesiones secretas para discutir posibles estrategias y acuerdos de actividades conjuntas. Para el caso de Argentina, esas actividades comenzaron a evidenciarse a finales de 1973, y a principios del año 1974, a través de la persecución de militantes de izquierda, incluidos los arrestos, los secuestros, los traslados y los asesinatos por parte de militares y paramilitares. En febrero de 1974 se realizó una reunión en Buenos Aires con la participación de oficiales de seguridad policial de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en lo que serían las primeras conversaciones para el establecimiento de un plan de cooperación encubierta. Más tarde, ese mismo año, se comenzó a discutir la idea de crear una red continental de información anti-comunista. Para noviembre de 1975, la cooperación de inteligencia militar se concretó aún más con la formalización de la denominada "Operación Cóndor", lo que facilitó la creación de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran autonomía. Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las "cúpulas de los gobiernos de hecho", y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Por carta 29 de octubre de 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile invitó a la primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional con el propósito de crear una estructura "similar a l[a] que tiene INTERPOL en Paris, pero dedicad[a] a la subversión". La reunión tuvo lugar del 25 al 30 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, y en Acta de Clausura se estableció la fundación de la Operación Cóndor.
El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor.
Uno de los centros clandestinos de detención fue "Automotores Orletti". Estaba ubicado en un garaje abandonado de Buenos Aires en Argentina, sirvió como centro de tortura y era operado por escuadrones de la muerte y unidades conjuntas de oficiales policiales y militares de Uruguay y Argentina. En ese centro de detención, así como en otros de esa clase, la mayoría de las personas corrían alguno de los siguientes destinos: a) ser liberadas, b) su detención podía ser legalizada o c) podían encontrar la muerte. Además, durante su cautiverio en esos centros de detención, en particular en Automotores Orletti, las personas privadas de la libertad en forma ilegal eran sometidas sistemáticamente a formas de extorsión, torturas y tratos inhumanos y degradantes.
Ciudadanos de varios países, entre ellos uruguayos, bolivianos y chilenos, fueron retenidos en Automotores Orletti y luego trasladados a sus países donde fueron entregados a cuerpos militares de la Operación Cóndor.
A partir de 1976, y particularmente luego del golpe de estado militar en Argentina, el número de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de exiliados y refugiados aumentó de manera importante en dicho país. En algunos casos, se pretendía presentar a los refugiados como invasores terroristas, y así, por ejemplo, entre los meses de julio a octubre de ese año se realizaron operaciones conjuntas de cuerpos militares argentinos y uruguayos en los cuales fueron secuestrados más de 60 uruguayos en Buenos Aires.
La Fuerza Aérea Uruguaya indicó, según el "Informe de la Comisión Investigadora sobre el destino final de 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985", presentado en agosto de 2005 por el Comando en Jefe del Ejército a pedido del Presidente Tabaré Vázquez, que los vuelos de personas detenidas en Buenos Aires, y trasladas a Montevideo, fueron ordenados por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) y coordinadas por ese mismo servicio.
Algunos sobrevivientes uruguayos, luego de ser trasladados a Montevideo, fueron llevados a una prisión clandestina (llamada "casa de seguridad") y sometidos a torturas diarias. Al cabo de varios meses, se les trasladó a otro centro clandestino de detención. Los secuestradores utilizaban varias técnicas y códigos para evitar ser reconocidos fácilmente por los detenidos y disponían de autonomía para realizar otro tipo de actividades criminales, incluyendo la extorsión y el pillaje, que en principio no estaban ligadas al propósito de combatir la actividad calificada como "subversiva".
Hacia 1977 se dieron también operaciones de colaboración entre Paraguay, Argentina y Uruguay y, a fines de ese año, se dio inicio a una segunda ola de represión coordinada por elementos militares argentinos y uruguayos, operativos dirigidos esta vez mayormente contra grupos de izquierda que tenían vínculos en ambos países, dándose nuevamente traslados de prisioneros en avionetas militares de ambos países y repetidos intercambios de detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos hasta la actualidad.
En ese mismo sentido, las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos la sustracción y apropiación de niños y niñas, varios de ellos recién nacidos o nacidos en cautiverio, donde una vez ejecutados sus padres, los niños eran entregados a familias de militares o policías. La jurisprudencia argentina ha señalado en varias resoluciones que, "en el período del auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, se sustraían menores [de edad] de la esfera de custodia de sus padres [y que esa práctica constituía un] hecho público y notorio". Las mujeres embarazadas detenidas en el marco de las operaciones de contrainsurgencia eran mantenidas vivas hasta que dieran a luz para después sustraer sus niños y desaparecerlas, mientras que, en numerosos casos, los niños y niñas eran entregados a familias de militares o policías, luego de que sus padres fueran desaparecidos o ejecutados. Por lo general, la política de "apoderamiento de menores [de edad]" se llevaba a cabo en las siguientes etapas: a) los niños y niñas eran sustraídos del "poder de sus legítimos tenedores cuando estos pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la subversión o disidentes políticos con el régimen de facto, y de acuerdo con los informes de inteligencia" o eran sustraídos durante la detención clandestina de sus madres"; b) luego eran conducidos "a lugares situados dentro de dependencias de la fuerza pública o bajo su dependencia operativa"; c) se "entrega[ban] los menores [de edad] sustraídos a integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad, o a terceras personas, con el objeto de que estos los retuviesen y ocultasen de sus legítimos tenedores"; d) "en el marco de las apropiaciones ordenadas, y con el objeto de impedir el restablecimiento del vínculo con la familia, [se suprimía] el estado civil de los mismos, inscribiéndolos como hijos de quienes los retuviesen u ocultasen, y e) se les "inserta[ba] o [hacía] insertar datos falsos en constataciones y certificados de nacimiento y documentos destinados a acreditar la identidad de los menores [de edad]".
En cuanto a los fines perseguidos con las sustracciones y apropiaciones ilícitas, estos podían corresponder: a) a una forma de tráfico para adopción irregular de niños y niñas; b) a un castigo hacia sus padres o a sus abuelos de una ideología percibida como opositora al régimen autoritario, o c) a una motivación ideológica más profunda relacionada con una voluntad de trasladar por la fuerza a los hijos de los integrantes de los grupos opositores, para de esa manera, evitar que los familiares de los desaparecidos se puedan erigir un día en "elemento[s] potencialmente subversivo".
C. La desaparición forzada como violación múltiple y continuada de derechos humanos Dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha consolidado internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos.
Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de diferentes instancias de las Naciones Unidas, al igual que varias Cortes Constitucionales y otros altos tribunales de los Estados americanos, coinciden con la caracterización indicada.
La comunidad internacional viene atendiendo el fenómeno de la desaparición forzada de personas desde los años 80. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas de las Naciones Unidas desarrolló, en esa década, una definición operativa del fenómeno, destacando en ella la detención ilegal por agentes, dependencia gubernamental o grupo organizado de particulares actuando en nombre del Estado o contando con su apoyo, autorización o consentimiento. Los elementos conceptuales establecidos por dicho Grupo de Trabajo fueron retomados posteriormente en las definiciones de distintos instrumentos internacionales. Recientemente, en consideración de las definiciones contenidas en la Declaración correspondiente, en la Convención Internacional, en el Estatuto de Roma y en la Convención Interamericana, el referido Grupo de Trabajo amplió el concepto de desaparición forzada, inter alia, en los siguientes términos:
3. En su Observación General sobre el artículo 4 de la Declaración, el Grupo de Trabajo estableció que, aún si los Estados no están obligados a seguir estrictamente la definición contenida en la Declaración en sus códigos penales, sí deben asegurar que el acto de desaparición sea definido de forma tal que claramente se distinga de otras ofensas, tales como el secuestro.
5. De conformidad con el artículo 1.2 de la Declaración, cualquier acto de desaparición forzada tiene la consecuencia de colora a la persona fuera de la protección de la ley. […].
6. Bajo los Métodos de Trabajo, el esclarecimiento ocurre cuando el paradero de la persona desaparecida sea claramente establecidos, independientemente si la persona está viva o muerta. Sin embargo, esto no significa que esos casos no caigan dentro de la definición de desaparición forzada incluidas en la Declaración, si (i) la privación de libertad ocurrió contra la voluntad de la persona; (ii) con participación de agentes estatales, al menos indirectamente o por su aquiescencia, y (iii) agentes estatales se hayan negado posteriormente a reconocer el acto o revelar el destino o paradero de la persona […].
7. Bajo la definición de desaparición forzada contenida en la Declaración, el delito en cuestión comienza con el arresto, detención o secuestro contra la voluntad de la víctima, lo que significa que la desaparición forzada puede ser iniciada por una detención ilegal o por cualquier arresto o detención inicialmente legal. Esto es, la protección de una víctima contra la desaparición forzada debe ser efectiva contra el acto de privación de libertad, cualquiera sea la forma que ésta tome, y no limitada a casos de privación ilegítima de libertad.
El propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas agregó:
1. Las desapariciones forzadas son actos continuos prototípicos. El acto comienza al momento del secuestro y se extiende por todo el período en que el crimen permanezca incompleto, es decir, hasta que el Estado reconozca la detención o revele información pertinente sobre el destino o paradero del individuo
2. Aunque la conducta viola varios derechos, incluyendo el derecho de reconocimiento de la persona ante la ley, el derecho a la liberta y seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo considera que una desaparición forzada es un único y consolidado acto, y no una combinación de actos. Aún si algunos aspectos de la violación pueden haberse completado antes de la entrada en vigor del instrumento nacional o internacional relevante, si otras partes de la violación aún continúan, hasta que el destino o paradero de la víctima sean establecidos, el asunto debe ser conocido y el acto no debe ser fragmentado.
3. Por ende, cuando una desaparición forzada comenzó antes de la entrada en vigor de un instrumento o antes de que el Estado específico aceptara la jurisdicción del órgano competente, el hecho de que la desaparición continúe después de la entrada en vigor o de la aceptación de la jurisdicción le dan a la institución la competencia y jurisdicción para considerar el acto de la desaparición forzada como un todo, y no sólo los actos u omisiones imputables al Estado posteriores a la entrada en vigor del instrumento relevante o de la aceptación de la jurisdicción.
4. El Grupo de Trabajo considera, por ejemplo, que cuando un Estado es reconocido como responsable por haber cometido una desaparición forzada que comenzó antes de la entrada en vigor del instrumento legal relevante y que continúa luego de su entrada en vigor, el Estado debe ser tenido como responsable por todas las violaciones que resulten de la desaparición forzada, y no sólo de las violaciones ocurridas luego de la entrada en vigor del instrumento.
Asimismo, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992, establece que se producen desapariciones forzadas en caso que:
se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.
Adicionalmente, los artículos 2 y 5 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 definen la desaparición forzada como: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. […]
Por su parte, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas definen la desaparición forzada como: la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.
En este caso es necesario reiterar el fundamento jurídico que sustenta una perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en razón de la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente, mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención.
En una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o permanente de la figura de la desaparición forzada de personas, ésta permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con certeza su identidad. La desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado.
La práctica de desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens.
De conformidad con el artículo I, incisos a y b, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los Estados Partes se comprometen a no practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia, y a sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción, lo que es consecuente con la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección.
El deber de prevención del Estado abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. Así, la privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la existencia de registros de detenidos, constituyen salvaguardas fundamentales, inter alia, contra la desaparición forzada. A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de centros clandestinos de detención configura per se una falta a la obligación de garantía, por atentar directamente contra los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y personalidad jurídica.
En tal sentido, en el presente caso el análisis de las desapariciones forzadas debe abarcar el conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribunal. Sólo de este modo el análisis legal de este fenómeno es consecuente con la compleja violación de derechos humanos que ésta conlleva, con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias, teniendo en cuenta el corpus juris de protección tanto interamericano como internacional. D. La desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman
D.1 Hechos
María Claudia García Iruretagoyena Casinelli nació el 6 de enero de 1957 en Buenos Aires, Argentina. Trabajaba como operaria en una fábrica de zapatillas y era estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Estaba casada con Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y al momento en que fue privada de su libertad tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de embarazo (alrededor de 7 meses). Fue detenida al amanecer del 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, y su cuñada, Nora Eva Gelman Schubaroff, hijos éstos de Juan Gelman, así como con un amigo de nombre Luis Edgardo Peredo, en su residencia de Buenos Aires, por "comandos militares uruguayos y argentinos", siendo Nora Eva Gelman liberada cuatro días después junto a Luis Eduardo Pereda.
María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados al centro de detención clandestino conocido como "Automotores Orletti", en Buenos Aires, Argentina, donde permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados.
Marcelo Gelman fue torturado desde el comienzo de su cautiverio en el centro de detención clandestino "Automotores Orletti", donde estuvo con otros detenidos y permaneció hasta aproximadamente fines de septiembre u octubre de 1976, fecha en la que fue trasladado de allí. En 1989 los restos de Marcelo Ariel fueron descubiertos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual determinó que había sido ejecutado en octubre de 1976.
María Claudia García fue trasladada a Montevideo en Uruguay, de forma clandestina por autoridades uruguayas (posiblemente oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya) en la segunda semana octubre de 1976, en avanzado estado de embarazo, en el denominado "segundo vuelo", y alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (en adelante "SID") del Uruguay, entonces ubicado en Montevideo en la esquina de Boulevard Artigas y Palmar.
María Claudia García permaneció detenida en la sede de la División III - SID, separada de los demás detenidos, en el piso principal del edificio y, a fines de octubre o comienzos de noviembre, habría sido trasladada al Hospital Militar, donde dio a luz a una niña. Tras el parto, ella fue devuelta al SID, junto con su hija, y ubicada en una habitación en planta baja, separada del resto de los detenidos, a excepción de otros dos niños, los hermanos Julien-Grisonas, con quienes compartían el mencionado espacio.
El 22 de diciembre de 1976 los prisioneros del local del SID fueron evacuados, siendo María Claudia García y su hija transportadas a otro lugar de reclusión clandestino, conocido como la Base Valparaíso. Aproximadamente a finales de diciembre de 1976, a María Claudia García le fue sustraída su hija recién nacida y fue retirada del SID (infra párr. 106). Tras el nacimiento de María Macarena Gelman García, existen dos versiones, admitidas por fuentes militares involucradas en la operación, acerca de la suerte que habría corrido María Claudia García: la primera sostiene que fue trasladada a una base clandestina militar, donde fue ejecutada y sus restos enterrados, y la segunda afirma que, tras quitarle a su hija, fue entregada a las fuerzas de seguridad argentinas de "Automotores Orletti", que se trasladaron a Montevideo para transportarla a la Argentina en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el país vecino.
El señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman, suegro de María Claudia García Iruretagoyena y abuelo de María Macarena Gelman García, y su esposa, Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe, realizaron por su cuenta averiguaciones para conocer lo ocurrido a su hijo, a su nuera y a la hija de ambos, que presumían había nacido durante el cautiverio de sus padres.
D.2 Calificación jurídica
Por el modo en que María Claudia García fue privada de su libertad en avanzado estado de embarazo, secuestrada en Buenos Aires por autoridades argentinas y probablemente uruguayas en un contexto de detenciones ilegales en centros clandestinos ("Automotores Orletti" y el SID), y posteriormente trasladada a Montevideo, bajo la Operación Cóndor, su privación de libertad fue manifiestamente ilegal, en violación del artículo 7.1 de la Convención, y sólo puede ser entendida como el inicio de la configuración de la violación compleja de derechos que implica la desaparición forzada. Constituyó además un flagrante incumplimiento de la obligación estatal de mantener a las personas privadas de libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarla sin demora ante la autoridad judicial competente. En casos de desaparición forzada de personas se viola el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención Americana, pues se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una de las más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. Su traslado desde Argentina a Uruguay pretendió sustraerla de la protección de la ley en ambos Estados, tanto por su permanencia en centros clandestinos de detención, como por el hecho mismo