Source: https://www.irekia.euskadi.eus/es/orders/201806348?criterio_id=782530&track=1
Timestamp: 2020-01-19 21:00:46
Document Index: 208723460

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 29', 'artículo 13', 'artículo 31', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 37', 'artículo 18', 'artículo 31']

Irekia Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco :: Disposición BOPV 201806348
Disposición 201806348
Materias: AYUDAS; MUNICIPIOS; MATERIAL INFORMATICO; REDES DE DISTRIBUCION; INTERNET; TELECOMUNICACIONES; CONVOCATORIA
Nº orden: 201806348
– La extensión de fibra óptica a 1.700 edificios públicos de Euskadi,
– La extensión de banda ancha ultrarrápida al conjunto de áreas industriales (convocatorias 2016 y 2017) y
– La extensión de banda ancha ultrarrápida en núcleos de población de Euskadi, objeto de esta orden (convocatorias 2017).
En esta línea, la Comisión Europea planteó unos objetivos dentro de la denominada «Agenda Digital de Europa» para el horizonte 2020, en la que se establece:
1.– Alcanzar en 2020 la universalización de la Banda Ancha de Nueva Generación (al menos 30 Mbps) a la totalidad de la población.
2.– Lograr que en 2020 el 50% de la población disponga de servicios «contratados» de Banda Ancha Ultrarrápida de velocidades superiores a 100 Mbps.
De este modo, la presente Orden establece las bases que regirán la concesión de subvenciones que ayuden a subsanar las carencias del mercado, de manera que se incentive el despliegue de redes de banda ancha de al menos 100 Mbps (en ambos sentidos) en núcleos de población de Euskadi clasificados como «Zonas Blancas».
De acuerdo con estas directrices, conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, y con lo establecido por la Comisión Europea en el Reglamento 651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el DOUE, L 187, de 26-06-2014, se establece el siguiente programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi, para el ejercicio 2018.
La Dirección de Informática y Telecomunicaciones es la responsable del impulso de esta iniciativa ya que, en el Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, se le asigna en su artículo 20.d) la función de «Promoción de la Sociedad de la información entre las administraciones públicas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma».
A la vista de todo lo expuesto, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 3 del Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en las demás disposiciones aplicables a las ayudas y subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
Artículo único.– Aprobar la Orden del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno por la que se aprueba la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación para los años 2019-2020, de acuerdo con las bases establecidas en el Anexo I – Bases reguladora de la convocatoria del programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en núcleos de población de Euskadi, para los núcleos de población señalados en el Anexo II – Relación de los núcleos de población.
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de ayudas para extender las redes de banda ancha ultrarrápida en aquellos núcleos de población de Euskadi que tienen la consideración de «zonas blancas NGA», esto es, en las que ni existe, ni se prevé que exista en los próximos 3 años, infraestructuras de telecomunicaciones que permitan los servicios de acceso a Internet en condiciones de Banda Ancha NGA.
Las ayudas contempladas en esta Orden se acogen al Reglamento UE 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, al artículo 52, ayudas para infraestructuras de banda ancha. A tal efecto los conceptos a los que estas bases aluden que se encuentran definidos por el mismo deberán, en todo caso, interpretarse conforme a dicho Reglamento (DOUE L 187 de 26 de junio de 2016).
Segunda.– Ámbito temporal.
Tercera.– Recursos económicos.
– Ejercicio 2019: 1.920.000 euros.
– Ejercicio 2020: 630.000 euros.
Cuarta.– Personas beneficiarias.
1.– Podrán acceder a la condición de personas beneficiarias de las subvenciones contempladas en la presente Orden las personas físicas o jurídicas pertenecientes al sector privado, que ostenten la condición de operador debidamente habilitado, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así como las agrupaciones de dichas personas físicas o jurídicas, admitiéndose, en dicho caso, la acumulación como forma para el cumplimiento de los requisitos exigidos en cuanto a la condición de operador de comunicaciones electrónicas debidamente habilitado.
2.– Para poder acceder a las subvenciones contempladas en la presente Orden, las personas beneficiarias deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
3.– Para ser personas beneficiarias, las solicitantes deberán cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convienen o reciben ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.
4.– Para ser personas beneficiaria de las subvenciones, la persona o agrupación solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
5.– No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la Unión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, así como las empresas en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO C249, 31-07-2014).
6.– La condición para poder ser persona beneficiaria habrá de mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la subvención.
Quinta.– Proyectos y acciones objeto de ayuda.
1.– Serán susceptibles de obtener ayuda los proyectos que contemplen el despliegue de redes de acceso de nueva generación (NGA) de como mínimo 100 Mbps en ambos sentidos (que permitan la transferencia ilimitada de datos, manteniendo las características del servicio inalteradas) que no se hayan iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda.
2.– Los proyectos deberán expresar la solución tecnológica más adecuada para cada población, no estando las subvenciones condicionadas al despliegue de una determinada solución tecnológica concreta, con tal que soporten los servicios de comunicaciones electrónicas multimedia en tiempo real con la velocidad mínima descrita anteriormente y cumpliendo los siguientes requisitos mínimos:
– Las redes deberán utilizarse principalmente para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público en las zonas objetivo (no se contemplan como elementos subvencionables las redes privadas destinadas a proveer servicio a un conjunto restringido de personas usuarias ni las redes puramente troncales no destinadas directamente a la prestación de servicios a personas usuarias finales en los núcleos poblacionales o zonas diseminadas).
– Igualmente deberán permitir la transferencia ilimitada de datos en ambos sentidos, manteniendo todas las características del servicio inalteradas y en condiciones económicas similares a las ofertas de mercado en zonas densamente pobladas.
– Asegurar la disponibilidad del servicio en los términos indicados, al menos para el 98% del tiempo dentro del intervalo de un mes natural, por persona usuaria final.
– Atender las solicitudes de alta de servicio en un plazo máximo de 30 días naturales, siempre que no se precise la obtención de licencias, derechos de ocupación o paso específicos, o que dicho plazo no pueda cumplirse por cualquier otra causa no imputable al operador para la provisión del alta, en cuyo caso se podrán descontar estos tiempos o retrasos para la medición del tiempo de alta, previa comunicación remitida al solicitante.
3.– El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 18 meses, contados desde la fecha de la notificación de concesión de las ayudas. No obstante, este plazo podrá ser ampliable hasta un total de 24 meses, siempre que la empresa haya iniciado las tareas para el despliegue desde el momento de la comunicación de la resolución, y únicamente en los casos en los que se justifique debidamente que el retraso sea debido a causas ajenas a la propia operadora de telecomunicaciones, en ningún caso se extenderá la ejecución más allá del 15 de marzo de 2021, fecha en la que deberá estar concluida la ejecución del proyecto financiado.
4.– No serán objeto de ayuda en este programa los núcleos poblacionales incluidos en proyectos para los que se hubiera solicitado, propuesto y concedido ayuda con cargo al Programa de extensión de banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA) de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD) del Ministerio de Economía y Empresa (MINECO) o cualquier otro programa de ayudas públicas.
Sexta.– Servicios mayoristas.
1.– Salvo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictamine otras condiciones, la beneficiaria de la subvención estará obligada a ofrecer a los demás operadores que lo soliciten, acceso mayorista efectivo, del tipo de flujo binario «bitstream» a las infraestructuras subvencionadas durante un periodo mínimo de siete (7) años. En caso de que el proyecto contemple despliegue de fibra óptica, dicho acceso incluirá también la posibilidad de acceder a la fibra oscura, con una desagregación total y efectiva, así como a los conductos, postes, armarios, arquetas y demás elementos de obra civil. El acceso a estos últimos no debe ser limitado en el tiempo. En el caso de redes «backhaul» se deberá también incluir el servicio mayorista de líneas alquiladas o circuitos punto a punto, o incluso el alquiler de fibra oscura, en función de la tecnología empleada para la implementación de dicha red.
2.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá asesorar al órgano que concede esta ayuda en materia de precios y condiciones de acceso mayorista a que se refiere esta base. Además, resolverá los conflictos entre operadores solicitantes de acceso y operadores beneficiarios de las ayudas, dictando instrucciones para el efectivo cumplimiento de la obligación de acceso mayorista a la que se refiere esta base.
3.– El detalle de la oferta de productos mayoristas, así como la realización de las actuaciones necesarias en la infraestructura, se concretará si se constata la existencia de una demanda razonable de un tercer operador. La demanda se considerará razonable si el demandante de acceso establece un plan de negocio coherente que justifique el desarrollo del producto en la red subvencionada. En todo caso la oferta de servicios mayoristas deberá garantizar la replicabilidad técnica y económica de los servicios minoristas ofrecidos por la beneficiaria de la ayuda.
Séptima.– Gastos e inversiones subvencionables.
1.– Tendrán la consideración de gastos e inversiones subvencionables los que estén directamente relacionados y sean necesarios para la realización del proyecto que resulte seleccionado para cada lote y que se materialice en el período que va desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de finalización del proyecto, y se limitará a los que sean necesarios para la creación o adaptación de las infraestructuras de red que sean susceptibles de ser utilizadas por los demás operadores.
– Gastos de personal. Se incluyen en este concepto el coste de las horas directamente dedicadas al proyecto por personal técnico propio del beneficiario. Queda excluido de este concepto el coste de personal de administración, contabilidad, recursos humanos, gestión, marketing, dirección y similares (hasta un máximo del 7% del presupuesto aceptado).
– Otros costes generales o indirectos imputables al proyecto –cuando la creación o renovación de la red de banda ancha, objeto del proyecto, genere costes indirectos, serán elegibles, con el límite del 15% del gasto de personal subvencionable incluido en costes directos.
– Costes de auditoría de costes del proyecto de la cuenta justificativa de la subvención. El coste de auditoría será subvencionable hasta un máximo del 1% de la ayuda concedida, con el límite de 10.000 euros.
3.– La subcontratación de las actividades subvencionadas se ajustarán a lo exigido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la ejecución de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
– Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención.
– Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
– Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de subcontratación.
– Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
– Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
– Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
4.– Los gastos subvencionables se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En ningún caso el coste de las inversiones o gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren.
5.– En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. No tendrá la consideración de gasto subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura.
Octava.– Carácter, límite e incompatibilidad de las ayudas.
1.– La subvención a conceder en el marco de la presente Orden, en régimen de concurrencia competitiva por cada lote de poblaciones establecido, adoptará la forma de subvención no reintegrable y supondrá como máximo el 90% de los gastos e inversiones subvencionables.
2.– La ayuda que se otorgue al amparo de la presente Orden no es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales.
Novena.– Presentación de Solicitudes y demás documentación.
1.– Se admitirá una única solicitud por operador de telecomunicaciones. Si la entidad estuviera interesada en varios lotes, deberá incorporar, por cada uno de los lotes de poblaciones a los que aspire, la documentación a que se refiere el párrafo 7 de este artículo. El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de un mes desde que la presente Orden surta efectos.
2.– La presentación de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuará por medios electrónicos, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para las personas físicas, las cuales podrán elegir en todo momento la forma en la que se comunicarán con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones.
3.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica, para aquellos que tengan la obligación de comunicarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, que se señala a continuación:
«http://www.euskadi.eus/tramitar-por-internet/web01-s2kono/es/» (castellano).
«http://www.euskadi.eus/internet-bidezko-tramiteak/web01-s2kono/eu/» (euskera).
5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione dentro de los plazos establecidos. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera.
6.– Las solicitudes de ayuda se presentarán, debidamente cumplimentadas, mediante la aplicación informática habilitada al efecto o según lo previsto en el apartado tercero de la presente base, y conforme al modelo normalizado que figura como Anexo III de la presente Orden.
7.– La solicitud incluirá la acreditación formal de la capacidad de la persona representante legal de la empresa y del NIF de la misma, e incluirá la siguiente documentación adicional:
– Una declaración responsable de la persona solicitante o del representante legal de la entidad respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:
● Que la entidad no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, del País Vasco.
● Que la entidad se compromete a asumir las obligaciones impuestas en Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contratan, convienen o reciben ayudas de la Administración.
– Condición de operador: se deberá aportar la acreditación de que el solicitante reúne la condición de operador debidamente habilitado, esto es, acreditación de estar inscrito en el Registro de Operadores regulado en el artículo 7 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
– Memoria, diferenciada para cada lote de núcleos que se solicita, incluyendo:
– La solución tecnológica elegida, la descripción y topología de la red de acceso objeto del proyecto y la ubicación de la central o cabecera de la red de acceso contemplada, aunque no se incluyan inversiones en la misma. A tal efecto se incluirán diagramas de bloques debidamente explicados que faciliten su comprensión, así como la motivación de su adecuación a la zona y de su sostenibilidad a medio-largo plazo.
– En el caso de utilizar tecnología radioeléctrica en bandas licenciadas, se indicará si el solicitante es titular de las correspondientes licencias, o en su defecto, si dispone de acuerdos de cesión de uso del espectro. En este último caso se facilitará copia tales acuerdos o se identificarán los expedientes de la SEAD en los que figuren.
– Valoración de la sostenibilidad de la solución elegida en base a su escalabilidad para adaptarse a las previsibles variaciones de la demanda.
– Plan de despliegue, incluyendo la siguiente información: descripción y delimitación de las fases y principales actividades a realizar, tales como: obtención de permisos y licencias, realización de obra civil, adquisición de materiales y su instalación (la delimitación de cada fase y actividad incluirá la cuantificación de las unidades de obra asociadas y de otros recursos necesarios); Cronograma de previsiones sobre el inicio y finalización de las fases y principales actividades; Identificación de posibles riesgos y plan de contingencias.
– Estrategia comercial, actividades de comercialización previstas y planes de prestación de servicios: análisis del entorno comercial actual y previsto, en el que se incluirá una estimación de la demanda, de las condiciones de competencia y de cualquier otra característica destacable del mercado, así como una valoración del efecto que la realización del proyecto tendrá sobre la capacidad de elección de operador y de servicios, para los usuarios de la zona. Asimismo, se indicarán los principales tipos de servicios de red que se prevén comercializar, el nivel de precios, el canal de distribución/ventas, las promociones, la publicidad y cualquier otro aspecto relevante (cuando se trate de operadores integrados verticalmente, y no se disponga de la información anterior, se facilitará la correspondiente a los servicios de comunicaciones electrónicas que se prevé prestar a través de la red para la que se solicita la ayuda).
– Previsión de cuenta de pérdidas y ganancias del proyecto: se deberá facilitar una cuenta de pérdidas y ganancias referida exclusivamente al proyecto para el que se solicita ayuda. Cuando se trate de operadores integrados verticalmente, se podrá incluir en dicha cuenta la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a través de la red para la que se solicita la ayuda. En la parte de gastos se incluirán todos los conceptos, independientemente de si son o no susceptibles de ayuda. El horizonte temporal deberá incluir, como mínimo, el periodo que va desde el año en el que se recibiría la ayuda, hasta la amortización de la red. Se realizará un análisis de sensibilidad con respecto a las estimaciones de demanda que contemple varios escenarios junto con la probabilidad de su ocurrencia.
– Justificación de la necesidad de la ayuda: se motivará la necesidad de la ayuda a través del análisis de sensibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo, en función de previsiones sobre la evolución de las principales variables, contemplando varios escenarios y la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra. Dicha necesidad deberá reflejarse en la existencia de un déficit comercial o baja rentabilidad a largo plazo que impida la ejecución del proyecto en este momento y será expresada en base a los costes de oportunidad, tasa interna de retorno, valor actual neto y plazo de recuperación de la inversión.
– El desarrollo económico de las zonas de actuación.
– Impacto del proyecto en facilitar otros despliegues de red de banda NGA en otros núcleos no objetivo de esta Orden.
8.– En cualquier caso, se podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria se considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada, señalándose que, en lo no expresamente previsto en la presente norma, resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
9.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10.– La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que el gestor de estas ayudas obtenga de forma directa, tantas veces como sea necesario, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones del cumplimiento de las citadas obligaciones.
Décima.– Subsanación de las solicitudes presentadas.
Si la solicitud no viniera cumplimentada en todos sus términos, o no fuera acompañada de la documentación relacionada en el artículo anterior, se requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, dictando, a este respecto, la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Undécima.– Órgano y procedimiento de la evaluación de las solicitudes.
2.– El Órgano de Evaluación estará presidido la Viceconsejera de Administración y Servicios Generales del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Serán vocales: la Directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas y el Director de Informática y Telecomunicaciones, que ejercerá las labores de Secretaría.
3.– Los trabajos materiales de estudio y evaluación de las propuestas serán realizados por el personal técnico cualificado de Itelazpi, S.A., quien los presentará en el Órgano de Evaluación.
4.– La constitución del Órgano de Evaluación será válida a los efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, con la presencia de la Presidenta o del Presidente y de la Secretaria o del Secretario o, en su caso, de quienes lo sustituyan y, al menos, una persona más del resto de vocales. En todo lo relativo al funcionamiento del Órgano de Evaluación, no previsto en esta base, se aplicará supletoriamente la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Duodécima.– Criterios de evaluación.
* En referencia al criterio «Eficiencia de la inversión», indicar que los puntos que se asignarán a cada propuesta presentada (IVA excluido) para el mismo lote, se hará en función de la siguiente formula:
Se entiende por «importe global de ayuda» el producto entre la suma de todos los conceptos subvencionables, presentados por el solicitante, por el porcentaje de ayuda solicitado (intensidad de la ayuda).
Decimotercera.– Resolución de concesión de subvención.
1.– Las solicitudes presentadas se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde al Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, previa propuesta de ayudas del Órgano de Evaluación.
2.– La concesión de las ayudas se realizará para cada uno de los lotes por separado, asignándose el presupuesto disponible de manera ordenada, comenzando por resolver las ayudas para el Lote 1, posteriormente para el Lote 2, y así, sucesivamente, hasta agotar los recursos económicos del artículo 3 de la Orden.
3.– La Resolución contendrá como mínimo:
– Identificación de la solicitud para la que se propone la concesión de subvención, indicando los plazos para su realización y la cuantía global de ayuda que se concede (una por lote).
– Relación de las solicitudes que se proponga desestimar por no cumplir los requisitos de la convocatoria, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de desestimación.
– Descripción de las cantidades a abonar en concepto de anticipo.
4.– La Resolución del procedimiento y notificación de lo resuelto a las entidades interesadas se efectuará con anterioridad al 28 de febrero de 2019, transcurrido dicha fecha sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.– La Resolución que se adopte será recurrible potestativamente en reposición ante el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco o directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, o de tres meses si no lo fuera, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la resolución administrativa, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para el recurso contencioso-administrativo en virtud de lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6.– La Resolución será notificada individualmente a la entidad interesada.
7.– La concesión y, en su caso, el pago a la entidad beneficiaria de las subvenciones contempladas en esta Orden quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de subvenciones o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.
Decimocuarta.– Justificación del proyecto y abono de las ayudas.
1.– Cada beneficiaria deberá justificar la ejecución global del proyecto subvencionado en el plazo de 90 días naturales desde la finalización del mismo, con carácter previo al abono de la subvención concedida.
2.– Las solicitudes de liquidación requeridas deberán acompañarse de la siguiente documentación:
3.– La entidad beneficiaria pondrá, además, a disposición del Departamento tramitador o de Itelazpi, S.A., como entidad colaboradora, antes del abono de las ayudas, toda aquella documentación que fuera precisa para la comprobación de los datos que aparecen en la declaración responsable a la que alude la base novena de esta Orden.
4.– El Órgano de Evaluación señalado en la presente base o la entidad colaboradora podrán requerir cuanta documentación e información complementaria consideren necesaria en orden a la comprobación de la veracidad de los datos presentados por la entidad beneficiaria, así como la presentación de la documentación justificativa de la realización del total de la actividad subvencionada. Será necesaria también la acreditación de la suscripción de contrato de banda ancha en las condiciones requeridas en la presente Orden con al menos una vivienda, local o equiparable del núcleo de población en el que el despliegue de la banda ancha se haya efectuado o un operador minorista que ofrezca sus servicios en dicha localización.
5.– Con carácter previo al desembolso de la ayuda, verificados los aspectos señalados en el párrafo anterior, el Director de Informática y Telecomunicaciones dictará resolución en la que se indicará el importe, total o parcial, que habrá de abonarse a la persona o entidad beneficiaria, siendo el importe de dichos pagos proporcional a las inversiones justificadas. No podrán realizarse pagos de la subvención si la beneficiaria no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Decimoquinta.– Alteración de las condiciones de la subvención y modificación de las ayudas.
1.– Los proyectos deberán ejecutarse en el tiempo y forma aprobados en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión ante el mismo órgano que la dictó. Cualquier cambio en el proyecto requerirá simultáneamente:
2.– La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1 anterior.
3.– El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación será la persona titular del órgano que dictó la resolución de concesión, previo informe técnico de personal cualificado de Itelazpi, S.A. No obstante, modificaciones menores podrán ser autorizadas por el Director de Informática y Telecomunicaciones. Se entenderán por modificaciones menores las relativas a:
4.– El plazo máximo de resolución será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. En caso de no dictarse resolución antes de la fecha de finalización del proyecto, la resolución que se dicte solo podrá ser denegatoria.
5.– En casos debidamente justificados, el Director de Informática y Telecomunicaciones podrá admitir, sin necesidad de modificar la resolución de concesión, incrementos de hasta un 30% en los conceptos de inversión susceptibles de ayuda y que figuren en la resolución de concesión, compensables con disminuciones de otros, de forma que no se supere el importe total de la ayuda y se compruebe que permiten la consecución o mejora de los objetivos previstos en el proyecto. En todo caso, se requerirá modificación de la resolución de la concesión, que corresponderá al Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno.
Decimosexta.– Entidad colaboradora.
1.– A los efectos de las ayudas que se concedan de conformidad con la regulación contenida en la presente Orden se declara a Itelazpi, S.A. como entidad colaboradora en los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, con las obligaciones y el deber de colaboración de los artículos 15 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, y con las especificaciones que se recogen en este artículo y en el oportuno Convenio de Colaboración.
2.– Itelazpi, S.A., como entidad colaboradora, se encargará de las siguientes funciones:
3.– La entidad colaboradora en la gestión de las subvenciones reguladas en esta Orden queda sujeta a las obligaciones, y responsabilidades, que, para la misma, previene la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y sus normas de desarrollo.
Decimoséptima. – Incumplimientos, reintegros y sanciones.
1.– El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título II, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Título III de su Reglamento.
2.– Será de aplicación lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, si concurriesen los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y ayudas públicas.
Decimoctava. – Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1.– Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por este una acción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos y de las condiciones de otorgamiento de la ayuda, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes criterios:
2.– El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar al reintegro de la totalidad de la ayuda concedida, más los intereses de demora.
3.– Transcurrido el plazo establecido de justificación más, en su caso, la ampliación concedida sin haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este artículo llevará consigo la exigencia del reintegro de la ayuda no justificada y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4.– También procederá el reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de demora aplicable en materia de subvenciones, en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
5.– La incoación de expediente de incumplimiento corresponderá a la Viceconsejera de Administración y Servicios Generales respecto a las faltas tipificadas como muy graves y al Director de Informática y Telecomunicaciones respecto a las faltas tipificadas como leves y graves de acuerdo con la legislación aplicable.
Decimonovena.– Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias.
1.– Utilizar la ayuda para la finalidad para la que ha sido concedida.
2.– Operar la red objeto de la ayuda durante un periodo mínimo de diez años a contar desde la fecha en la que las tareas acometidas sean aprobadas íntegramente, siendo responsable de la correcta explotación y mantenimiento de toda la infraestructura y equipamiento instalado.
3.– Facilitar al resto de operadores de comunicaciones electrónicas un acceso completo y no discriminatorio a la información sobre la red subvencionada y a los servicios mayoristas ofertados sobre la misma.
4.– Cumplir y justificar la ejecución del proyecto comprometido.
5.– Remitir cuanta información complementaria le sea requerida, para que la Administración y la entidad colaboradora, puedan realizar las comprobaciones que estimen oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto, así como someterse a los controles administrativos, controles sobre el terreno y controles a posteriori, previstos en la normativa comunitaria de aplicación a lo establecido en el Reglamento (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control.
6.– Archivar las facturas definitivas relacionadas con el proyecto de inversión y mantenerlas a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante un periodo de 5 años.
7.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de la ayuda recibida con cargo a esta Orden.
8.– Comunicar al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma o similar finalidad, procedente de cualquier otra Administración o Ente tanto público como privado, así como cualquier otra circunstancia que suponga una modificación de aquellas que motivaron la concesión de la subvención.
9.– Asumir las obligaciones impuestas por la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, a las entidades que contraten, convienen o reciban ayudas de la Administración, entre las que se encuentra la obligación de regirse por los principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y diferencia de sus trabajadoras y trabajadores.
10.– Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación recibida en cualquier actuación que sea objeto de subvención. La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 31 del Reglamento que desarrolla la citada Ley, así como en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
RELACIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
Las unidades de población en las cuales se han de llevar a cabo las actividades objeto de ayuda son las siguientes:
– Zonas consideradas como blancas por la Secretaria de Estado para el Avance Digital (en adelante SEAD) para el ejercicio 2018.
– Zonas consideradas como excepciones a las esp excluidas para la percepción de ayudas públicas al despliegue de Banda Ancha NGA, fijadas en la clasificación de la SEAD.
– Zonas singulares que han sido sometidas a consulta pública por el Gobierno Vasco, bajo la supervisión de la SEAD del Ministerio de Economía y Empresa, como medida para asegurar que los operadores de comunicaciones electrónicas han podido manifestar la presencia de sus servicios en las mismas o bien la existencia de un plan creíble para el despliegue de los mismos en los próximos tres años.
Del listado de núcleos incluidos en esta relación, no serán considerados como subvencionables aquellos en los que los Operadores de Comunicaciones Electrónicas hayan presentado solicitud de ayuda y propuesta de despliegue de redes NGA a la convocatoria de ayudas del PEBA-NGA-2018 del MINECO o de cualquier otra Administración Pública y hayan recibido resolución de aprobación, al objeto de no duplicar ayudas. Se informará a la SEAD y a los Operadores sobre los núcleos que pudieran quedar fuera de este listado, una vez se disponga de la información de las solicitudes presentadas y con concesión de ayuda al PEBA-NGA-2018 del MINECO o de cualquier otro organismo público.