Source: https://legislacion.vlex.es/vid/vertidos-aguas-residuales-saneamiento-74431777
Timestamp: 2019-10-16 22:10:38
Document Index: 90327680

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 3', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36']

Ley sobre Vertidos de Aguas Residuales Industriales a los Sistemas Públicos de Saneamiento de Asturias (Ley 5/2002, de 3 de junio) - Normativa de Asturias - Legislación - VLEX 74431777
TÍTULO II. Régimen de los vertidos de aguas residuales industriales
CAPÍTULO I. Vertidos y su autorización - arts. 3 a 10
CAPÍTULO II. Tratamiento previo de los vertidos - arts. 11 y 12
CAPÍTULO III. Actuaciones en caso de emergencia o peligro - arts. 13 a 15
TÍTULO III. Autocontrol, muestreo y análisis de vertidos
CAPÍTULO I. Autocontrol e información a la administración - arts. 16 a 18
CAPÍTULO II. Inspección de vertidos - arts. 19 a 22
CAPÍTULO III. Muestreo, conservación de las muestras y su análisis - arts. 23 a 25
CAPÍTULO I. Infracciones y sanciones - arts. 26 a 31
CAPÍTULO II. Procedimiento sancionador - arts. 32 a 36
Norma citada en: 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico, una resolución administrativa
En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/1 5/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, se ha hecho y se continúa haciendo un importante esfuerzo inversor por las diferentes administraciones públicas implicadas, con el fin de dotar al territorio de la Comunidad Autónoma de las instalaciones de depuración precisas para el cumplimiento de las determinaciones establecidas en las citadas normas.
Y, en este sentido, a fin de evitar que tal esfuerzo resulte baldío o con resultados insuficientes, se hace preciso, como complemento de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, antes citada, regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones que los integran y, en particular, el de las estaciones depuradoras de aguas residuales, puesto que los vertidos hechos fuera de parámetros aceptables afectan no sólo a las redes de alcantarillado y de colectores, sino también y principalmente a las propias depuradoras, sean éstas o no biológicas.
Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos instalados en ellas no se deterioren.
Asegurar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.
Conseguir que los efluentes de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y contribuyan a que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad determinados en la normativa vigente.
Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental.
TÍTULO II Régimen de los vertidos de aguas residuales industriales Artículos 3 a 15
CAPÍTULO I Vertidos y su autorización Artículos 3 a 10
ARTÍCULO 3 Solicitud de autorización de vertido.
ARTÍCULO 4 Requisitos de la solicitud.
Nombre y apellidos, o razón social, del titular del vertido y, en su caso, de la persona que lo represente.
Proyecto técnico que incluya la identificación y descripción de las instalaciones que vayan a realizar el vertido y de los procesos de fabricación realizados en las mismas, la localización del punto de vertido y del medio receptor y la descripción de las características cualitativas y cuantitativas de los vertidos.
ARTÍCULO 5 Autorización de vertido.
ARTÍCULO 6 Vertidos autorizables.
ARTÍCULO 7 Prohibición de otros vertidos.
Residuos, entendiendo como tales los definidos en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear.
Los gases o vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, para provocar ignición o explosiones.
Sustancias que sean o produzcan gases nocivos en la atmósfera del sistema público de saneamiento.
El uso de agua de dilución en los vertidos para conseguir niveles de concentración que permitan su evacuación a los sistemas de saneamiento, salvo en las situaciones de emergencia o peligro, cuando su utilización resulte necesaria para mitigar los efectos nocivos del accidente producido.
El vertido de aguas limpias o de aguas industriales no contaminadas de refrigeración, de escorrentía, pluviales o análogas, cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce público.
ARTÍCULO 8 Contenido y vigencia de la autorización.
Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes físico-químicos de las aguas residuales vertidas.
Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el desarrollo reglamentario de esta Ley.
Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido, a cuyo efecto cada instalación industrial deberá llevar un libro de registro en el que se anoten las características e incidencias de aquellos.
Plazos de ejecución de las instalaciones de depuración.
Actuaciones y medidas que, en casos de emergencia o peligro, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización.
Las demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.
El canon que resulte de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.
ARTÍCULO 9 Modificación o suspensión de la autorización.
ARTÍCULO 10 Censo de autorizaciones.
CAPÍTULO II Tratamiento previo de los vertidos Artículos 11 y 12
ARTÍCULO 11 Necesidad del tratamiento previo.
ARTÍCULO 12 Instalaciones de tratamiento previo.
2. Las instalaciones para la realización del tratamiento previo habrán de ser construidas, mantenidas y explotadas por los usuarios respectivos. La Administración competente podrá exigir la instalación de medidores de caudal venido y otros instrumentos y medidas de control de la contaminación.
CAPÍTULO III Actuaciones en caso de emergencia o peligro Artículos 13 a 15
ARTÍCULO 13 Emergencia o peligro.
ARTÍCULO 14 Obligaciones de los usuarios.
1. Cuando se produzca un caso de emergencia o peligro, el usuario, además de emplear inmediatamente todos los medios de que disponga para mitigar su peligrosidad y de poner en práctica las actuaciones y medidas previstas para estas situaciones en la autorización de venido, tendrá la obligación de dar cuenta de la misma, con la mayor urgencia posible, a la Administración competente, con el fin de que pueda adoptar las medidas adecuadas al caso para reducir al máximo los daños que puedan provocarse.
ARTÍCULO 15 Daños.
TÍTULO III Autocontrol, muestreo y análisis de vertidos Artículos 16 a 25
CAPÍTULO I Autocontrol e información a la administración Artículos 16 a 18
ARTÍCULO 16 Autocontrol de vertidos.
ARTÍCULO 17 Información a la Administración.
ARTÍCULO 18 Mantenimiento de equipos.
CAPÍTULO II Inspección de vertidos Artículos 19 a 22
ARTÍCULO 19 Competencia.
La función de inspección y vigilancia en la materia de aguas residuales venidas a los sistemas públicos de saneamiento corresponde a las administraciones competentes prestadoras de los respectivos servicios de alcantarillado y depuración.
ARTÍCULO 20 Personal inspector.
1. El personal funcionario que las administraciones competentes designen para la realización de las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad, pudiendo para el ejercicio de las mismas recabar la co la boración y auxilio de funcionarios y autoridades.
ARTÍCULO 21 Funciones de los inspectores.
Comprobación del estado de las instalaciones y del funcionamiento de los instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la respectiva autorización de vertido.
Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones en las que se generen.
Medida de los caudales vertidos a los sistemas públicos de saneamiento y comprobación de parámetros de calidad.
Comprobación del cumplimiento por el usuario de los extremos contenidos en la autorización de vertido.
Comprobación de las demás obligaciones, en materia de venido, establecidas en la presente Ley.
Cualquier otra que sea necesaria para el correcto desarrollo de la función inspectora.
ARTÍCULO 22 Procedimiento de inspección.
CAPÍTULO III Muestreo, conservación de las muestras y su análisis Artículos 23 a 25
ARTÍCULO 23 Muestreo.
ARTÍCULO 24 Toma de muestras.
ARTÍCULO 25 Métodos analíticos y análisis de las muestras.
TÍTULO IV Régimen sancionador Artículos 26 a 36
CAPÍTULO I Infracciones y sanciones Artículos 26 a 31
ARTÍCULO 26 Clasificación.
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración no exceda de 5.000 euros.
La falta de remisión de la información periódica que la Administración competente pueda requerir sobre los resultados de los análisis de autocontrol de los efluentes o sobre cambios que se hayan introducido en el proceso industrial que puedan afectar al mismo.
Las demás acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ley, cuando no tengan la consideración de infracciones graves o muy graves.
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración esté comprendida entre 5.000 y 500.000 euros.
La realización de venidos de aguas residuales industriales sin la correspondiente autorización.
El incumplimiento de la obligación de disponer de instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o el mantenerlos en condiciones no operativas.
El incumplimiento de la obligación de tratamiento previo, cuando proceda.
El incumplimiento de las actuaciones determinadas en la presente Ley para las situaciones de emergencia o peligro.
La obstrucción a la función inspectora de la Administración competente en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información que sea requerida.
Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración exceda de 500.000 euros.
Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior, cuando de la calidad o cantidad del vertido se derive la existencia de un riesgo muy grave para las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.
Infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.
Infracciones graves: multa entre 10.001 y 90.000 euros.
Infracciones muy graves: multa entre 90.001 y 450.000 euros.
ARTÍCULO 31 Reparación de daños.
CAPÍTULO II Procedimiento sancionador Artículos 32 a 36
ARTÍCULO 32 Procedimiento.
ARTÍCULO 33 Potestad sancionadora.
En el caso de infracciones leves, al Director general competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.
En el caso de infracciones graves y en las muy graves hasta 150.000 euros, al Consejero competente en la materia.
En el caso de infracciones muy graves desde 150.001 euros, al Consejo de Gobierno.
ARTÍCULO 34 Suspensión de vertidos.
ARTÍCULO 35 Subsanación de defectos.
ARTÍCULO 36 Plazos de prescripción.
CNAE(93) ...../ .... Actividad industrial
Para el cadmio y el mercurio, además de los valores máximos instantáneos, deberán cumplirse los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 82/1 76/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, en la Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio y en la Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite y objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos.
Asimismo, deberán cumplirse, para los parámetros en ellas regulados, los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 84/491 /CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano, en la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, en la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, y en la Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986.
Oviedo, 3 de junio de 2002. Vicente Álvarez Areces, Presidente
Aprobación definitiva ordenanza municipal de vertidos del polígono industrial de Lantarón.
DECRETO 53/1991, de 4 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se crea el Registro de Arrendamientos Rústicos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se regula su funcionamiento.
ORDEN FYM/133/2012, de 12 de marzo, por la que se establece el régimen de obtención de la calificación de orientación energética de los aprovechamientos forestales.