Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-18874-de-febrero-26-de-2002?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041c99ff034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-21 00:04:34
Document Index: 208478393

Matched Legal Cases: ['artículo 159', 'artículo 32', 'artículo 400', 'artículo 159', 'artículo 32', 'artículo 404', 'artículo 159', 'artículo 159']

﻿ AUTO 18874 DE FEBRERO 26 DE 2002
AUTO 18874 DE 26 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LA CONDUCTA EN LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN. EL NUEVO CÓDIGO CAMBIÓ LA NOCIÓN DE CONGRUENCIA ENTRE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN Y LA SENTENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, PROCESO PENAL, CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL, AUTO, RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN, REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN
Auto 18874 de febrero 26 de 2002
Aprobado Acta Nº 025
Bogotá, D.C., veintiséis de febrero del año dos mil dos.
1.1. Por providencia proferida el dieciséis de agosto de dos mil uno, la unidad de fiscalías delegados ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra el doctor José Raúl Contreras Zafra por el delito de empleo ilegal de la fuerza pública de que trata el artículo 159 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995, mediante determinación que adquirió ejecutoria en esa instancia por no haber sido impugnada (fls. 392 y ss.).
1.2. Respecto de los hechos materia del pronunciamiento, dijo el organismo acusador:
“El fiscal Contreras Zafra con el concurso de un gran número de agentes de la Policía Nacional y un oficial de la misma institución, pertenecientes (a) Blaur-Meval, siendo las 9:00 de la noche del 16 de julio de 1999 ordenó y practicó el allanamiento (y) registro del inmueble ubicado en la calle 75 sur Nº 43-D-30, apto. 201 situado en el municipio de Sabaneta (A), durante operativo policial puesto en práctica con la finalidad de encontrar evidencias relacionadas con el delito de violación de la Ley 30 de 1986, en el desarrollo de la diligencia se ejecutaron hechos arbitrarios y abusivos en contra de los moradores de la residencia allanada, a más de causar destrozos en las chapas y en las puertas del inmueble.
“Hubo despliegue de violencia física por parte del grupo de uniformados que acompañaban al fiscal en el operativo, ya que de manera ilegal penetraron a la casa de habitación del señor Luis Carlos Barrera Sánchez, quien reside allí en compañía de su esposa María Mercedes Jaramillo Pulgarín y sus dos hijos menores de edad, significándose que en momentos del operativo el señor Barrera Sánchez no se encontraba en su residencia ya que es empleado de la Fiscalía General de la Nación, con funciones en la unidad de reacción inmediata habiéndole correspondido labores para esa fecha en horas de la noche y su señora esposa labora al servicio de una entidad de economía solidaria.
“En vista de los insucesos que de manera arbitraria y violenta ocurrieron en su casa de habitación en la noche del 16 de julio de 1999, el señor Barrera Sánchez formuló denuncia por esos hechos, quedando establecido que el operativo de allanamiento y registro perpetrado en la manera que lo fue estuvo a cargo del fiscal especializado Contreras Zafra quien irrumpió acompañado del grupo de uniformados en el inmueble creando zozobra, malestar y pánico en la señora Jaramillo Pulgarín y sus hijos menores de edad.
“En el interior de la residencia del denunciante el fiscal que dirigía el operativo y quienes lo acompañaban requisaron todas las dependencias y anexidades del inmueble, ante la extrañeza de la señora Jaramillo Pulgarín quien inerme contemplaba cómo su vivienda, bienes y pertenencias eran objeto del registro violento, ilegal e injusto, sin que se atendiera por parte del fiscal sus requerimientos y además se le desatendió cuando solicitó explicaciones al respecto.
“De manera puntual debe destacarse que el resultado del operativo fue el que no se encontraron ninguna clase de elementos delictuales ni evidencias relacionadas con actividades al margen de la ley, ni los que tienen que ver con violación a la Ley 30 de 1986 ni a cualquier otra hipótesis delictual.
“Lo que sí quedó plenamente evidenciado como resultado del allanamiento y registro en la vivienda del denunciante fueron los destrozos a las puertas y chapas del inmueble, hechos frente a los cuales el fiscal y los uniformados le manifestaron a la señora Jaramillo Pulgarín que procediera a hacer un avalúo de ellos y pasar la respectiva cuenta o factura a las oficinas del Blaur-Meval, situación que está reportada con la declaración del oficial de la Policía Nacional Fabio Misael Cristancho y desde luego con las versiones brindadas por el fiscal imputado”.
1.3. Asumido el conocimiento del juicio por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín (fl. 123), corrió el traslado previo a las audiencias preparatoria y pública, invocar nulidades surgidas en la etapa de instrucción que no hubieren sido resueltas, y pedir pruebas durante el juzgamiento, establecido por el artículo 400 del Código de Procedimiento Penal.
5.1. La pretensión invalidatoria del proceso la funda el defensor en considerar que el pliego de cargos formulado por la fiscalía en la resolución acusatoria proferida contra el doctor José Raúl Contreras Zafra, es anfibológico, oscuro y vago, pues a su criterio no se concreta ninguna de las hipótesis de realización típica contenidas en el artículo 159 del Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 32 de la Ley 190 de 1995, lo cual dificulta el ejercicio de la labor defensiva.
Para la Corte la controversia suscitada respecto de los términos de la acusación, carece de fundamento, pues si bien, y en ello ha sido persistente la jurisprudencia, la resolución que la contiene constituye pieza fundamental del proceso en cuanto corresponde al pliego de cargos que el Estado formula al procesado para que se defienda en el juicio, por lo que su construcción anfibológica, ambigüedad, oscuridad o doble sentido puede dificultar o imposibilitar la labor defensiva, y, de contera, daría lugar a declarar la nulidad de lo actuado, no puede desconocerse que para que el debate en el juicio oral tenga la amplitud debida sin atentar contra el derecho de defensa, el ordenamiento procesal no exige al funcionario que profiere la acusación fijar en la providencia el tipo penal definitivo —o una de las varias posibilidades de realización que éste ofrezca— y por el cual inexorablemente deba proferirse el fallo, sino la calificación jurídica provisional del comportamiento atribuido que incluya todas las circunstancias genéricas y específicas que lo agraven o atenúen, y los ingredientes objetivos y subjetivos que especifiquen el tipo por cuya realización se acusa.
El carácter provisional que el nuevo estatuto procesal otorga a la calificación jurídica de la conducta en la resolución acusatoria, incluso tiene prevista la posibilidad para el acto de juzgamiento su variación una vez concluida la práctica de pruebas, “por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos”, como en tal sentido se establece del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 por la que se rige el asunto en examen.
Indica ello, que a diferencia de lo que acontecía en el Código Procesal derogado (D. 2700/91), en el que la calificación jurídica de la conducta era intangible y en tal medida no podía variarse por fuera del capítulo correspondiente sin desquiciar la estructura lógica y conceptual del proceso, y, por tanto, si el juez consideraba que era necesario variarla por fuera del nomen juris o en disfavor del procesado, no había más remedio que decretar la nulidad, en el nuevo estatuto (L. 600/2000) durante el juicio no sólo es posible, variar la calificación en cuanto al género de delito sino en relación con la especie, forma de coparticipación (cómplice-coautor), imputación subjetiva (culpa-preterintención-dolo), desconocimiento de una atenuante o reconocimiento de una circunstancia agravante, que modifiquen los límites punitivos en contra del enjuiciado.
Se explica esto en que el nuevo esquema del proceso cambió la noción de congruencia genérica entre el pliego enjuiciatorio y la sentencia que exigía el anterior sistema, por el de congruencia específica, de manera que el fallo debe proferirse por el núcleo básico de la conducta imputada en la resolución de acusación o sus variaciones jurídicas introducidas durante el juzgamiento y sobre las que se hubiere dado la controversia debida en guarda del equilibrio de las partes y el derecho de defensa, sin que se faculte al juez para agravar la responsabilidad del acusado adicionando hechos nuevos, suprimiendo atenuantes reconocidas en la acusación, o incluyendo agravantes no contempladas en el enjuiciamiento o en su variación, pudiendo sólo, acorde con lo acreditado y debatido en al investigación y el juicio, en ejercicio de la soberanía y como interviniente supraparte en el proceso, declarar el derecho sustancial y condenar en consonancia con la acusación o sus modificaciones, absolver, o degradar la responsabilidad imputada en la acusación y condenar atenuadamente, pero actuando siempre con criterios de lealtad, igualdad, e imparcialidad, y respetando la legalidad y el núcleo central de la imputación que es intangible e indisponible, sin que en todos los casos en que se produzca variación de la calificación jurídica sea necesario acudir al medio extremo de la nulidad, pues su declaración la reserva la ley sólo para cuando no haya otra manera de subsanar el vicio sustancial que afecta el debido proceso.
El recurrente denuncia anfibología y oscuridad en la resolución de acusación, pero no logra demostrar su configuración a pesar de la extensión de sus alegaciones sobre el análisis dogmático del tipo penal que define y sanciona el delito de empleo ilegal de la fuerza pública, y señalar sus diversas posibilidades de realización.
Contrario a este parecer, en la parte considerativa de la resolución acusatoria y a partir de los hechos que fueron acreditados, la fiscalía instructora atribuyó inequívocamente la realización típica del delito de empleo ilegal de la fuerza pública que define y sanciona el artículo 159 del Decreto 100 de 1980; precisó la forma en que se desarrollaron los hechos, y la participación que en ello tuvo el encausado; en fin, determinó con absoluta claridad el tipo objetivo, el tipo subjetivo y el grado de participación del doctor Contreras Zafra en el hecho punible, sin que se evidencie la existencia de una acusación equívoca que impida o dificulte la defensa.
Al efecto se tiene que en la providencia, el fiscal instructor señaló: “De manera real y efectiva está probado en toda la encuesta sumarial, que de manera efectiva el doctor Contreras Zafra obtuvo el concurso de unidades policiales y en gran número, para irrumpir de manera violenta, arbitraria e injusta en la casa de habitación del denunciante, para ello puede verse la solicitud de allanamiento que aparece a folio 42, la que así mismo viene aparejada en el reverso del folio citando la resolución que ordena dicho operativo y de manera asaz el acta levantada en la diligencia ofrece los resultados negativos a la misma, por cuanto no se encontraron los elementos delictuales que se había propuesto el funcionario, habiéndose para ello procurado el concurso y participación de los uniformados”.
“En síntesis, los actos arbitrarios y que se advierten como conducta delictual en contra del fiscal Contreras Zafra están cifrados en que se produjeron destrozos a las chapas y puertas de la vivienda allanada, habiéndose penetrado en ella sin que previamente a la señora que se encontraba en esos instantes en el inmueble se le hubiese persuadido de que accediera a abrir la puerta de la morada, sino que hubo una ruptura de la chapa y torcedura de la puerta dejándola casi inservible y de contera la práctica de la diligencia se realizó sin la presencia del Ministerio Público aconsejable este aspecto para rodear de validez y legalidad el acto de registro”.
“... el cúmulo probatorio obrante en la actuación sí dibuja y estructura la conducta típica de empleo ilegal de la fuerza pública, ya que el fiscal implicado tuvo el concurso de la fuerza pública y consumó un acto arbitrario, injusto y por fuera de la ley al haber penetrado junto con los uniformados que lo acompañaban al apartamento 201 de la calle 75 sur Nº 46-D-30 del municipio de Sabaneta”.
Debe indicarse, que aunque no es este el caso, además ninguna incidencia para las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa habría tenido que a pesar de ser precisa la acusación en la indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los hechos tuvieron realización, y la participación que en ellos corresponde a sindicado, el instructor no hubiere señalado en concreto una de las diversas posibilidades de realización que contiene el tipo plasmado en el artículo 159 del Decreto 100 de 1980 de que trata la acusación, toda vez que las mismas constituyen formas comisivas del delito que la ley unificó bajo la definición de “empleo ilegal de la fuerza pública”, sin asignarles diversas consecuencias jurídicas.
Con todo, resulta claro que al señalar el acusador que el enjuiciado “obtuvo el concurso de unidades policiales y en gran número, para irrumpir de manera violenta, arbitraria e injusta en la casa de habitación del denunciante”, y calificar dicha conducta en el ámbito de protección del tipo de empleo ilegal de la fuerza pública, ninguna limitación al derecho de defensa se podía generar, pues además de haberse circunscrito la acusación a la conducta de obtener el concurso de la fuerza pública para consumar acto arbitrario e injusto, lo que desvirtúa la apreciación contraria del recurrente, de ninguna manera niega las posibilidades de debate por cualesquiera de las otras hipótesis de realización que contiene el respectivo tipo penal, siendo lo importante en orden a preservar la consonancia específica que el nuevo estatuto demanda entre pliego de cargos y fallo, que se mantenga el núcleo básico de la imputación formulada en la acusación, que, en este caso se concreta a los “hechos y circunstancias relatadas en el cuerpo de esta resolución y que tuvieron ocurrencia el 16 de julio de 1999 en el inmueble ubicado en la calle 75 Nº 46-D-30, apartamento 201 del municipio de Sabaneta (A)...”, según se precisa en la parte resolutiva del pliego enjuiciatorio.
Finalmente, dígase en relación con el planteamiento que de último momento el defensor hace en torno a lo que, según explica, corresponde a la conceptualización del Ministerio Público para la primera instancia de tratarse de una omisión impropia, es el asunto que desborda el ámbito de la impugnación, no sólo porque dicha argumentación no se propuso cuando elevó al tribunal la pretensión invalidatoria, lo que por supuesto negó cualquier posibilidad de pronunciamiento por aquella corporación de primera instancia, sino porque la forma de realización de la conducta a que se refiere el enjuiciamiento frente al resultado que se atribuye producido, puede ser materia de discusión durante el juicio oral en cuyo desarrollo bien puede postular sus planteamientos.
En razón de lo expuesto, resulta evidente la inexistencia de la nulidad demandada como acertadamente se declaró por la primera instancia, lo que amerita confirmación de la providencia objeto de recurso.
CONFIRMAR la providencia objeto de apelación.