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Timestamp: 2018-01-18 13:21:36
Document Index: 25220286

Matched Legal Cases: ['artículo 351', 'Artículo 67', 'Artículo 248', 'Artículo 95', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 276']

Noticias / Novedades | Contrato Social por la Vivienda
Estimados miembros del CSV
En los próximos días, la Asamblea Nacional entrará a debatir la ley que regula a los gobiernos autónomos descentralizados y que define criterios sobre la organización territorial: Para muchos, esta ley es la oportunidad de regular la gestión de suelo, razón por a cual, el CSV ha elaborado colectivamente una propuesta sobre gestión de suelo y mecanismos para su inclusión dentro del nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD.
Para conseguir incidencia en la formulación de leyes y políticas habitacionales, tras la inclusión del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat en la Constitución, esta propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional.
A continuación está el texto del documento enviado:
Sistematización de Propuestas del Contrato Social por la Vivienda -CSV para el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización –COOTAD
Quito, julio-agosto 2009
Responsables sistematización:
Silvana Ruiz, Coordinadora CSV
Vanessa Pinto, Responsable Técnica CSV
Los problemas generados por el modelo de desarrollo y el acelerado proceso de urbanización en el Ecuador, caracterizado por desequilibrios regionales, deterioro de las condiciones socio-económicas, ambientales y laborales de la población urbana y rural y la profundización de la exclusión, constituyen uno de los mayores retos que enfrentan los gobiernos autónomos descentralizados, a quienes les corresponde la planeación y construcción participativa de ciudades y asentamientos más equitativos y sustentables, que aseguren el “buen vivir”.
Tradicionalmente, la gestión del territorio ha carecido de los criterios básicos de eficiencia, equidad y sustentabilidad y el suelo ha sido objeto de especulación, estando su manejo supeditado a las leyes del mercado, las cuales han colocado el interés particular sobre el interés colectivo, produciendo concentración, generando inequidad y deterioro ambiental y marginando a un alto porcentaje de la población del derecho a la vivienda, a la ciudad y al hábitat.
Actualmente, los postulados constitucionales definen algunos principios y lineamientos básicos en relación a estos temas que deberán ser plasmados en los instrumentos legales, instituciones y políticas públicas correspondientes. Habiendo analizado, en el seno del Contrato Social por la Vivienda, el texto del Proyecto del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – COOTAD, nos permitimos hacer las siguientes reflexiones y sugerencias, organizadas en cinco propuestas, ilustrando en cada tema las referencias constitucionales que deberán ser profundizadas y detalladas en el desarrollo del marco legal secundario:
CINCO PROPUESTAS PUNTUALES PARA EL COOTAD:
1.	Definir y estipular de manera específica la responsabilidad de los gobiernos autónomos en relación al derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat
2.	Definir y reglamentar en el COOTAD a las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas, como unidades territoriales y de participación
3.	Definir lo urbano y lo rural
4.	Estipular y reglamentar la redistribución social de plusvalías generadas por la inversión pública
5.	Estipular y reglamentar la coordinación entre los gobiernos seccionales y las notarías públicas
ARGUMENTACIÒN PARA LAS PROPUESTAS
1.- En relación al rol de los gobiernos autónomos y la problemática habitacional
PROPUESTA 1: Definir y estipular de manera específica la responsabilidad de los gobiernos autónomos en relación al derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat
Las políticas, programas y proyectos a desarrollarse en materia de vivienda y suelo deben partir desde la óptica del derecho a la vivienda, la ciudad y el hábitat. Las líneas rectoras de dichas intervenciones deberán ser la inclusión, la redistribución, la participación, la eficiencia y la sustentabilidad ambiental.
Es indispensable la articulación de las intervenciones entre los distintos niveles de gobierno, y la articulación de las iniciativas públicas, privadas y comunitarias. Es indispensable que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI desarrolle una política nacional que defina criterios sobre el crecimiento deseado del territorio ecuatoriano y que estas políticas se ejecuten a nivel local en coordinación con los gobiernos municipales, a quienes les corresponde ejecutar las políticas de gestión de suelo. Los esfuerzos del gobierno nacional y de los gobiernos locales deben trascender la visión viviendista y plantear políticas integrales que articulen las políticas habitacionales con encadenamientos productivos y estrategias de desarrollo orientadas al “buen vivir”.
El COOTAD elimina el capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que hace referencia a las expropiaciones por utilidad pública o interés social y no plantea nada alternativo. Es necesario desarrollar la propuesta alternativa que reglamente y desarrolle este instrumento de gestión de suelo planteado en la Constitución.
Queda vigente en la LORM el artículo 351 que estipula la exención del pago de alcabalas para la transferencia de dominio de las viviendas de interés social, declaradas como tal por los Concejos Municipales respectivos, y como justamente uno de los argumentos para el no cumplimiento de esta exención era la falta de reglamentación para dicha declaración, habría que desarrollar en la COOTAD en la sección respectiva este tema, a menos que retome la competencia para ello el MIDUVI como funcionó durante décadas anteriores. La lógica en general debería ser la progresividad de los derechos en los marcos legales que se están construyendo.
El reto de asumir por parte de los gobiernos locales un rol protagónico en materia de suelo y vivienda, demanda acciones de fortalecimiento institucional impostergables.
1. Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano.
6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos.
8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías perpendiculares de acceso.
Art.376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de público a privado.
2. En relación a los ámbitos de participación ciudadana
PROPUESTA 2: Definir y reglamentar en el COOTAD a las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas, como unidades territoriales y de participación
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho de los y las ciudadanos/as a participar en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, en todos los niveles de gobierno. Y reconoce de manera específica a las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de participación.
En el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, que se encuentra discutiendo la Asamblea Nacional, en el Artículo 67 se determina: “Las asambleas cantonales, provinciales y regionales procurarán tener entre sus integrantes, a más de los actores sociales de su nivel territorial de gobierno, a delegados de las asambleas del nivel territorial inferior. En el caso de las asambleas parroquiales se procurará que cuenten con la representación de barrios y comunidades”. Una gestión democrática de la ciudad requiere del fortalecimiento de la organización social para lo cual es importante reconocer y trabajar en conjunto con la organización social existente.
El COOTAD, coherentemente, con la Constitución deberá desarrollar los preceptos constitucionales para definir y reglamenta a las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas como unidades territoriales de participación, definiendo los roles, mecanismos, competencias específicas y los requisitos para su creación, tal como se hace en el caso de parroquias rurales. Las políticas y programas públicos deben acoger a la diversidad de actores asentados en un territorio y articularlos en acciones mancomunadas.
El fortalecimiento de la organización y el tejido social paralelo a las intervenciones en materia de vivienda, suelo y organización terrotorial, permiten la apropiación de las intervenciones por parte de la comunidad, fortalecen la identidad territorial, elevan la autoestima y garantizan la sostenibilidad social de los procesos de cambio.
Artículo 248: Se reconoce a las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el Sistema Nacional de Planificación.
Artículo 95: Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.
3. En relación a la definición de lo urbano y lo rural
PROPUESTA 3: Definir lo urbano y lo rural como dos realidades interrelacionadas y dinámicas que conviven en los distintos territorios y que requieren mantenerse en equilibrio con el fin de garantizar el “buen vivir” de la población.
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la definición de lo rural y lo urbano es un criterio fundamental para la elección de autoridades (Art 251 y 253) y un elemento importante en la gestión del suelo y la organización del territorio (Art 376), la soberanía alimentaria (Art 281) y el goce efectivo del derecho a la ciudad (Art 31) por lo cual se plantea incluir dentro del COOTAD criterios para su definición, lo cual debe regir para todos los cantones y permitir la toma de decisiones técnicas y administrativas de los concejos municipales.
El contexto actual, hace cada vez más difícil una diferenciación radical entre lo urbano y rural pues dados los efectos de la globalización y la acelerada urbanización estos dos conceptos son cada vez más dinámicos, interrelacionados, amplios y complejos. Ya no es suficiente definir lo rural, únicamente, por la dispersión de los asentamientos y su vocación agropecuaria sino que resulta pertinente ampliar esta definición y entenderlo como un territorio construido a partir del uso y la apropiación de recursos naturales, considerando los recursos naturales como un factor de producción localizado, pues esta definición permite abarcar factores sociales, ambientales y culturales que dentro de otras definiciones se encuentran invisibilizados y permite, además, reconocer la importancia de lo rural en tanto su rol en la sostenibilidad de los sistemas productivos, los recursos genéticos, los saberes y la cultura y en tanto proveedor de bienes y servicios ambientales (Echeverri Perico, sf )
Lograr el equilibrio entre urbano rural y una representatividad política con base en estos criterios requiere una aproximación a estas dos definiciones que, fundamentalmente, debe analizar sus interrelaciones, su dinámica y casi la inexistencia de sus límites dentro de la configuración de una cultura globalizada, que se retroalimenta de la afirmación de culturas locales y el reconocimiento progresivo de la diversidad (Florián, 2009 )
4. En relación a la distribución de plusvalías
PROPUESTA 4: Que en el COOTAD se estipule y reglamente la redistribución social de plusvalías generadas por la inversión pública
Tanto a nivel urbano como rural las inversiones públicas producen efectos importantes de plus valor que de manera insignificante retornan al fisco. Si bien, los bienes que ganan valor son privados, el origen del valor adicional no ha representado esfuerzo o inversión alguna del propietario. En muchos países se financia el desarrollo regional o municipal a través de mecanismos más equitativos de distribución de plusvalías entre el propietario del bien revaluado y el generador de la valoración, es decir el fisco. Como ejemplo citamos aquí el Artículo 82 de la Constitución de Colombia “El Estado a nombre de la comunidad debe recuperar las plusvalías generadas por la acción urbanística que el mismo genera”, aunque en este caso hace referencias a las obras urbanísticas solamente y debería ampliarse al conjunto de la inversión pública (carreteras, puentes, etc).
El COOTAD debe instrumentar a través del ordenamiento territorial los mecanismos que permitan la construcción de un sistema económico basada en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo. De manera específica debe estipular y reglamentar la captación social de las plusvalías generadas por la inversión pública.
En el Artículo 83, numeral 7 se señala como responsabilidades de los/as ecuatorianos/as:
Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir.
El Artículo 276 determina como objetivos del régimen de desarrollo varios elementos que deberán tener su correlato en los marcos legales secundarios y las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial:
Numeral 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.
Y los artículos 321, 323 y 376 hacen señalamientos en relación al reconocimiento y garantía del derecho a la propiedad, puntualizando la función social y ambiental que ésta debe cumplir, y la potestad de las instituciones del estado de expropiar bienes –no confiscar- previa valoración justa, con el objetivo de ejecutar planes de desarrollo e intervenciones ambientales y de vivienda.
5. Sobre las Notarías y el Registro de la Propiedad
PROPUESTA 5: Que el COTAD estipule y reglamente la coordinación entre los gobiernos seccionales y las notarías públicas en relación a suelo y vivienda. Así mismo el COOTAD debe definir el marco legal del registro de la propiedad desde la óptica de la redistribución y la equidad.
Debido a la incidencia de los trámites notariales en lo relacionada a la gestión de suelo y vivienda se propone que la ley determine mecanismos de coordinación entre los Gobiernos Municipales y las Notarías Públicas. Los aspectos relacionados tanto con la tramitología como con los costos de los procesos de legalización y titulación de suelos, tierras y territorios, deberán ser revisados sea para reducir los costos, como para agilitar procesos, eliminando trámites innecesarios que en algunos casos dificultan y duplican requisitos y procedimientos. Actualmente en algunos casos estos costos implican cantidades que superan el valor real del mismo predio.
Respecto al Registro de la Propiedad se plantea que se determine que la elaboración de la Ley que lo regule este basada en criterios de redistribución y equidad y mediante mecanismos de participación, vigilancia y control social.
Art. 199.- Los servicios notariales son públicos. En cada cantón o distrito metropolitano habrá el número de notarías y notarios que determine el Consejo de la Judicatura. Las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios, y las tasas que deban satisfacer los usuarios, serán fijados por el Consejo de la Judicatura. Los valores …(cont. …).
En la Decimoséptima disposición transitoria se señala: El Estado central, dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, financiará y, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, elaborará la cartografía geodésica del territorio nacional para el diseño de los catastros urbanos y rurales de la propiedad inmueble y de los procesos de planificación territorial, en todos los niveles establecidos en esta Constitución.