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Timestamp: 2019-09-23 03:17:31
Document Index: 312124627

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 10', 'artículo 350', 'artículo 357']

﻿ SENTENCIA 22921 DE MARZO 1 DE 2005
SENTENCIA 22921 DE 01 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES. LA DESAFILIACIÓN AUTOMÁTICA DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES ORIGINADA POR EL NO PAGO DE DOS O MÁS COTIZACIONES PERIÓDICAS NO LIBERA AL EMPLEADOR DE SU OBLIGACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGO DE LAS COTIZACIONES EN MORA Y DE LAS CORRESPONDIENTES AL TIEMPO DURANTE EL CUAL ESTUVO DESAFILIADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RIESGOS PROFESIONALES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, COBRO POR COTIZACIÓN EN MORA AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES
Sentencia 22921 de marzo 1º de 2005
Radicación 22921
Procede la Corte a resolver el recurso de casación presentado por el apoderado de la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 2 de septiembre de 2003, dentro del proceso ordinario seguido a la recurrente y a la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda. por la señora Noris María Urrutia Mosquera, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Xiomara y Santiago Córdoba Urrutia.
1. El proceso fue promovido con la finalidad de que se condenara a las demandadas al reconocimiento y pago a favor de la actora y sus hijos de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su compañero y progenitor, respectivamente, Ramón Antonio Córdoba Ramos, así como la indemnización total y ordinaria de perjuicios, e igualmente la reliquidación de todas las prestaciones sociales.
2. Las pretensiones se fundamentan en los siguientes hechos y omisiones, extraídos del libelo: 1. El señor Ramón Antonio Córdoba Ramos prestó sus servicios a la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda. desde el 16 de marzo de 1998 hasta el 10 de agosto del mismo año, fecha en la que falleció como consecuencia de las heridas de bala sufridas cuando se encontraba en ejercicio de sus funciones; 2. Solicitó en nombre propio y de sus hijos menores la pensión de sobrevivientes a la administradora de riesgos profesionales, pero esta la envió adonde el empleador, quien a su turno la devolvió a aquella, en un juego irrespetuoso que la obligó a reclamar judicialmente el derecho a ambas entidades.
El libelo fue modificado en el sentido de excluir la petición de indemnización plena y total de perjuicios.
3. Las demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda; las otras partes del libelo fueron contestadas así:
3.1. La ARP Colpatria S.A. aceptó que la empleadora reportó al occiso como su trabajador con cobertura a partir del 16 de marzo de 1998 y que según el reporte respectivo su muerte se produjo como consecuencia de un accidente de trabajo; también dijo que no estaba obligada a pagar la pensión de sobrevivientes porque la empresa se encontraba en mora en el pago de los aportes para riesgos profesionales por más de dos períodos. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y prescripción.
3.2. A su turno, la sociedad Proteger Ltda. admitió los extremos temporales de la relación laboral, la muerte del trabajador y la ocurrencia del accidente de trabajo. Propuso las excepciones de pago y la genérica.
4. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 8 de abril de 2003 (fls. 119 a 129) condenó a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. a pagar la pensión reclamada, a partir del 10 de agosto de 1998; absolvió a Proteger Ltda.
Del recurso de apelación interpuesto por la sociedad condenada conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín la cual, mediante la sentencia ahora impugnada, confirmó la de primera instancia.
El ad quem luego de hacer unas consideraciones generales sobre el sistema general de riesgos profesionales, se detuvo en el análisis de los artículos 16 y 10 de los decretos 1295 de 1994 y 1772 del mismo año anotando que si bien ambas disposiciones prevén la desafiliación automática del sistema en caso de falta de pago de dos o más cotizaciones periódicas, la última de ellas estipula que tal desafiliación debe hacerse “de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la correspondiente entidad administradora...”.
Dice que precisamente siguiendo esos lineamientos, esta Sala de la Corte en sentencia del 5 de marzo de 2002 (exp. 17118) determinó en líneas generales que la desafiliación en el evento citado arriba no era inexorable, sino que debía estar precedida de un procedimiento administrativo que garantizara los derechos tanto del empleador incumplido como del trabajador afectado.
Explica que como en el presente caso no existe constancia de que la administradora de riesgos se hubiese acogido a la afiliación automática y comunicado ese hecho a los afectados (el empleador y el trabajador), y si además se tiene en cuenta que en la misma fecha en que se produjo el fallecimiento de Córdoba Ramos hizo el pago de las afiliaciones que adeudaba a la ARP desde el 1º de abril de 1998 (fls. 75 y 76), es del caso dar aplicación al criterio jurisprudencial a que atrás se hizo mención, con las matizaciones expuestas en el fallo del 2 de noviembre de 2001, lo que conduce a la confirmación del fallo a quo.
Inconforme con la decisión del tribunal, la sociedad condenada interpuso el recurso extraordinario a través del cual persigue la casación total del fallo de segundo grado, para que en sede de instancia se revoque el del a quo y en su lugar se la absuelva de las pretensiones de la demanda y en su defecto condene a la empleadora.
Con dicho objetivo formula dos cargos, que no fueron replicados, cuyo estudio se hará pues aunque vienen propuestos por vías diferentes se orientan a atacar los soportes fácticos y jurídicos del fallo cuestionado.
Por la vía directa, plantea la interpretación errónea de los artículos 16 del Decreto 1295 de 1994; 10 y 16 del Decreto 1772 del mismo año, en relación con los artículos 46, 47 y 255 de la Ley 100 de 1993; 4º, 9º, 20, 49 y 50 del Decreto 1295 de 1994 y 17 del Decreto 1772 de 1994; 228 y 230 de la C.P. y 51 del Decreto 2651 de 1991.
Para demostrar la acusación la recurrente empieza por precisar que se aparta radicalmente del alcance dado por el ad quem a los artículos 16 y 10 de los decretos 1295 y 1772 de 1994, respectivamente, porque esas disposiciones por ningún lado exigen los requisitos adicionales indicados en el fallo gravado para que se produzca la desafiliación, que el tribunal creyó ver apoyándose para ello en varios pronunciamientos de esta corporación.
Agrega que “en gracia de discusión podría aceptarse que si la administradora de riesgos acepta el pago de las cotizaciones en mora pero sobre el supuesto que continúa vigente la relación laboral y la cobertura del riesgo por parte del empleador se podría dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 23 del Decreto 1295 de 1994, reiterado por el artículo 17 del Decreto 1272 del mismo año, situación de imposible cumplimiento cuando el trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo y donde el empleador está en la obligación de estar al día en el pago de las cotizaciones causadas, porque jurídicamente es imposible la continuidad de la vinculación laboral por lo que no se puede subsanar con posterioridad el no pago oportuno de los aportes a cargo de la empleadora”.
Recuerda que el criterio jurisprudencial antes enunciado fue rectificado por la Sala en la sentencia del 24 de julio de 2003 (rad. 20332) y en la del 17 de octubre de 2003 (exp. 20185) en las que sostuvo que el acto de desafiliación no debía estar mediado por ninguna decisión administrativa ni requería de previa comunicación a los interesados.
Plantea que la sentencia acusada violó por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida los artículos 46, 47 y 255 de la Ley 100 de 1993; 4º, 8º, 9º, 13, 16, 20, 21, 49, 50, 51 y 52 del Decreto 1295 de 1994; 10, 16 y 17 del Decreto 1772 del mismo año; 174, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil y 60, 61 y 145 del Código Procesal Laboral.
Le atribuye los siguientes errores evidentes de hecho:
“No dar por demostrado, estándolo, que la demandada ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. no estaba obligada a pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la parte demandante por la mora existente en que incurrió la otra demandada Proteger Ltda. al no cancelar oportunamente las cotizaciones del causante Ramón Antonio Córdoba Ramos.
Dar por demostrado, que la demandada Proteger Ltda. a pesar de estar en mora en el pago de las cotizaciones adeudadas en el momento del fallecimiento del causante Ramón Antonio Córdoba Ramos, estaba exenta del pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes.
Dar por demostrado, que la ARP Seguros de Vida Colpatria estaba en la obligación de pagar la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes por cuanto no había comunicado a la empleadora y al afiliado fallecido que desde el 1º de abril de 1998 Proteger Ltda. estaba en mora en el pago de las afiliaciones de sus trabajadores”.
Yerros derivados de la equivocada estimación de la comunicación de folios 19 a 21 y del documento de folios 75 y 76; y de la equivocada apreciación de la probanza visible a folio 71.
En lo verdaderamente relevante del cargo, sostiene la censura que en el documento denominado “Análisis períodos sin cobertura de Proteger Ltda.”.
“Hay expresa constancia que el último pago que esta hizo con anterioridad a la muerte de Córdoba Ramos fue el 1º de abril de 1998 que correspondía al mes de diciembre de 1997 y que el siguiente se efectuó el día de su fallecimiento o sea el 10 de agosto de 1998 pero que solo amparó el mes de enero de ese año y que los meses subsiguientes de febrero de 1998 a marzo de 1999 los fueron cancelando mensualmente entre septiembre de 1998 y septiembre de 1999, todos con posterioridad al infausto suceso”.
“De tal manera que es contrario a la realidad de los hechos que Proteger Ltda. efectuó los pagos de afiliaciones que adeudaba a la recurrente desde el 1º de abril de 1998, ya que se repite, en la fecha del fallecimiento (ago. 10/98) solo cubrió el mes de enero de ese año, lo que deja sin respaldo probatorio lo expresado por el fallador que había cancelado los aportes adeudados hasta ese día”.
Hay un argumento del fallo acusado que aun cuando no constituye el sustento vertebral de la decisión, de todas formas sirvió de apoyo al ad quem para reafirmar su determinación de condenar a la administradora de riesgos profesionales, y que dadas sus características e incidencia tangencial debe ser analizado previamente con el fin de dejar fijadas sus exactas dimensiones. En efecto, el tribunal partió de que la entidad empleadora efectuó, en la misma fecha en que falleció Córdoba Ramos, el pago de los aportes que adeudaba a la ARP desde el 1º de abril de 1998 y luego conectó ese hecho con el criterio jurisprudencial a su juicio subyacente en la sentencia del 2 de noviembre de 2001 de esta Sala en cuanto determinó que si en eventos de presunta desafiliación la entidad de riesgos profesionales admite sin observaciones de ninguna índole las cotizaciones posteriores del empleador, eso significa que la afiliación persistió, elementos con los cuales reforzó su convencimiento de que la solución del sub lite era la impartida por el juez de primer grado. Es decir, según el entendimiento del tribunal la aceptación de cotizaciones atrasadas por parte de la ARP, incluso realizadas de manera posterior o simultánea con la ocurrencia de un infortunio profesional, pone de presente que la desafiliación nunca se produjo sino que se mantuvo.
En el segundo cargo el recurrente fustiga la afirmación del tribunal relativa a que del documento de folios 75 y 76 se colige que en la misma fecha del accidente fatal en que perdió la vida el señor Córdoba Ramos, la empleadora “efectuó los pagos de las afiliaciones que adeudaba a dicha ARP” (fl. 151, cdno. ppal.), dando a entender que con tales pagos quedó por completo al día en esa fecha por tal concepto. Dice al respecto que ese entendimiento riñe con el contenido objetivo de la prueba de marras porque lo que allí se dice con toda claridad es que el pago realizado el 10 de agosto de 1998 por valor de $ 1.913.163 corresponde a los aportes del mes de enero de 1998, de donde se sigue que antes que mostrar la puesta al día en este rubro más bien evidencia una mora, en ese instante, de más de seis (6) meses.
De manera que surge con nitidez el desatino fáctico del tribunal, error con cierta incidencia en el fallo acusado pues a partir de él se pretendió edificar un sustento adicional de la decisión, construido, como ya se vio, sobre unas bases endebles. Más adelante se harán unas reflexiones sobre la repercusión de los pagos tardíos y posteriores a la ocurrencia del riesgo protegido, con el fin de fijar el pensamiento de la Sala en torno a esta cuestión.
En cuanto al otro aspecto de la acusación, cabe decir que la tesis que actualmente acoge la Sala en relación con la mora en el pago de los aportes al sistema de riesgos profesionales y por ende el alcance que debe imprimírsele a los artículos 16 del Decreto 1295 de 1994 y 10 del Decreto 1772 del mismo año es la contenida en la sentencia del 24 de julio de 2003 (exp. 20332), ratificada en otras posteriores, donde se dijo:
“Ciertamente, para que el empleador quede legalmente subrogado por la administradora de riesgos profesionales en la atención de las prestaciones económicas ocasionadas por un accidente de trabajo de sus empleados, es necesario que aquel, como lo dispone el Decreto-Ley 1295 de 1994 (art. 4º, letras c y d), afilie a estos a una de dichas entidades y efectúe cumplidamente las cotizaciones definidas en la ley (art. 16), pues, de no proceder así, queda a cargo del empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales.
“No se desconoce que el régimen de los riesgos profesionales (D.L. 1295/94, art. 23 y D.R. 1772/94, art. 17) contempla mecanismos efectivos para que las entidades administradoras de tales riesgos cobren a sus afiliados, con sus respectivos intereses de mora, las cotizaciones dejadas de hacer, por lo que no se justificaría que el trabajador destinatario de la seguridad social, quien normalmente desconoce la situación de incumplimiento de su empleador, quedara ante un posible desamparo frente a la ocurrencia de un siniestro, ya que el empleador no cuenta con los mismos elementos ni con la misma estabilidad de una entidad de seguridad social, por lo que resulta consecuente colegir que las dichas administradoras cuentan con medios a los que deben acudir en procura de impedir el desequilibrio en lo que significa un régimen contributivo, para que funcione en la forma como ha sido diseñado.
“Pero lo anterior no impide aceptar la perentoriedad con que la norma transcrita contempla el traslado de la responsabilidad por la materialización de los riesgos profesionales para ubicarla en cabeza del empleador cuando este incurre en la situación de la mora allí prevista, lo cual resulta más claro en un caso como el presente en el que el incumplimiento patronal no admite ninguna posibilidad de disculpa dado que desde la afiliación de su empleado no realizó ninguno de los pagos a los que estaba obligado.
“Es pertinente destacar, que se trata de un sistema, el de riesgos profesionales, en el que se cubren unas contingencias que surgen específicamente del hecho de prestarse el servicio para el cual el trabajador ha sido contratado, por lo que existe un nexo necesario entre la actividad empresarial del empleador y la potencialidad del daño que de la misma pueda resultar para el empleado, lo cual brinda una explicación a la mecánica de cubrimiento que supone ubicar la carga de las cotizaciones exclusivamente en cabeza del empresario, a la vez que le adjudica al mismo la facultad de decisión sobre la administradora a la cual se vincule para que ella atienda a sus trabajadores.
“Lo expuesto conduce a aceptar el planteamiento del cargo, pues efectivamente el tribunal derivó de la norma, unos condicionamientos para que la misma opere que ella no contempla, incurriendo así en su equivocado entendimiento, sin que el mismo pueda superarse con base en el artículo 8º del Decreto 1530 de 1996, pues el mismo cubre una situación diferente a la que atiende el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, pues este supone el acaecimiento del accidente o enfermedad después de presentada la mora y aquel se refiere al insuceso ocurrido antes de la misma.
“En la forma anterior la Sala recoge el entendimiento que plasmó sobre la disposición analizada en las sentencias dictadas con fechas 2 de noviembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, radicaciones 16344 y 17118 consecutivamente”.
Es pertinente agregar que cuando el artículo 10 del Decreto Reglamentario 1772 de 1994 dice que la desafiliación se producirá “de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la correspondiente” en ningún caso está consagrando o insinuando la existencia de un procedimiento previo o calificado para que se produzca la desafiliación pues como lo establece de manera categórica la norma reglamentada y lo reafirma la norma reglamentaria la desafiliación es “automática”.
Cabe también tener presente que la misma norma reglamentaria que se acaba de transcribir dispone en sus incisos 3º y 4º que la desafiliación automática no libera al empleador de su obligación de afiliación y pago de las cotizaciones en mora, ni las correspondientes al tiempo durante el cual estuvo desafiliado; ni el pago de las cotizaciones durante el tiempo de la desafiliación tampoco lo libera de la asunción de las prestaciones derivadas del infortunio profesional. De manera que el pago de las cotizaciones atrasadas hecho con posterioridad al insuceso de trabajo, y su aceptación por parte de la administradora, en ningún caso significa que desaparece o sea susceptible de extinguirse la obligación con que quedó gravado el empleador al incurrir en la conducta morosa que arriba se mencionó.
Sobre este asunto la Sala ha hecho algunos pronunciamientos, los cuales si bien han estado referidos a situaciones relacionadas con el sistema general de pensiones, bien pueden aplicarse al régimen de los riesgos profesionales, en tanto se inspiran en similar filosofía.
Así, en la sentencia del 4 de marzo de 2003 (exp. 19610) dijo:
“Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no solo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su cumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas.
“En el presente caso se encuentra establecido que existió un contrato de trabajo entre la asociación de copropietarios del Edificio Marina del Rey y Luis Eduardo García Pérez entre abril 16 de 1992 y febrero 14 de 1997, que en vigencia de ese contrato fue afiliado el 5 de marzo de 1996 al Fondo de Pensiones Protección S.A., que el citado señor García falleció el 1º de abril de 1997, fecha para la cual no estaba cotizando al sistema, y que en el año anterior a su muerte solo cotizó 8,57 semanas.
“Lo anterior significa que la obligada a responder por la prestación perseguida en este proceso es la asociación de copropietarios del Edificio Marina del Rey en su condición de empleadora del fallecido señor Luis Eduardo García Pérez, quien, como desafiliado del sistema general de pensiones para el momento de su fallecimiento, no pudo completar el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley dentro del año anterior a la muerte para generar, con su deceso, la pensión de sobrevivientes que persiguen las demandantes. No incide en lo anterior, la circunstancia de encontrarse el fallecido desvinculado laboralmente de la citada asociación para al momento de ocurrir su muerte, pues de todas maneras, de haber esta cumplido con su obligación de cotizar, se hubiera consolidado el derecho perseguido que ahora se ve frustrado ante la entidad de seguridad social, por el incumplimiento de la que tuvo la condición de empleadora y, en tal condición, de responsable por el pago de las cuotas correspondientes, ahora necesarias para trasladar a Protección S.A. la obligación pensional debatida”.
De manera que sí incurrió el tribunal en los desatinos jurídicos que le achaca la censura y ello acarrea la anulación del fallo.
En sede de instancia, sin embargo, no procede la absolución total de las pretensiones de la demanda pues observado el libelo se advierte que los actores no demandaron solamente a la administradora de riesgos sino también a la empleadora, reclamando de ambos el reconocimiento de las prestaciones causadas.
De acuerdo con las normas reproducidas en sede de casación no queda duda que la obligada a responder por la prestación perseguida en este proceso es la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda., en su condición de empleadora del fallecido, no siendo legalmente posible que los causahabientes le reclamen a la entidad de seguridad social toda vez que para el momento del deceso del trabajador este se encontraba desafiliado del sistema de riesgos profesionales.
Ninguna incidencia tiene en el anterior resultado, la circunstancia de no haber apelado la parte demandante el fallo de primer grado en la parte absolutoria para la empleadora, ni de no haber sido ella apelante ni recurrente en casación, porque tal como lo precisó esta Sala en fallo de instancia proferido el 29 de julio de 1997 (rad. 8978) y lo repitió después en el fallo 13.818:
“Sea lo primero aclarar que no le asiste la razón al apoderado de la demandada Fundiciones y Repuestos S.A. “Furesa”, en el contenido del escrito presentado dentro del término de traslado del dictamen pericial (fls. 87-88), al argumentar que la Sala carece de competencia para dictar el fallo de instancia, por no haber apelado la demandante el de primera instancia y por tanto haberse conformado con él. Lo anterior porque, entendida la reformatio in pejus como la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto haciendo más gravosa la situación del único recurrente, no se da en el caso bajo examen, pues el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil faculta interponer el recurso de apelación a la parte que le haya sido desfavorable la sentencia; y comoquiera que en el sub lite el fallo de primera instancia favoreció a la parte actora y a Fundiciones y Repuestos S.A., en ese momento procesal, en sentido estricto y en aplicación de este precepto, no existía en esos sujetos procesales perjuicio que les otorgara interés para recurrir.
Ahora bien, el recurso de apelación encuentra fundamento en el interés de quien lo ejercita, razón por la cual el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prescribe que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente, disposición que se traduce en una importante restricción para los juzgadores de segunda instancia en la materia objeto de revisión, al no ser dado desmejorar la posición del recurrente. Pero frente a esta limitación, la misma norma contempla expresas excepciones, tales como “... que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...”; que ambas partes hayan apelado, que quien no apeló se haya adherido (sin consagración expresa en materia laboral) o que la materia de alzada sea una sentencia inhibitoria.
Significa entonces, que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es de carácter absoluto, pues con él no se trata de evitar que se introduzcan enmiendas o correcciones accesorias a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar yerros en que aquella incurrió, por lo que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, se admite que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece cuando con motivo de la reforma de la resolución recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella, situación que es la configurada en el sub judice.
“... El principio prohibitivo de la reformatio in pejus consiste, pues, en que el superior que conoce de un proceso por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida expresa o tácitamente por la otra no puede, por regla general, modificarla o enmendarla, haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para este ha creado la providencia recurrida.
“Pero la anterior regla procesal no es verdad absoluta: excepcionalmente puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, como cuando por la conexidad íntima de esa parte con la apelada se hace indispensable introducir modificaciones íntimamente relacionadas con la que resulta reformada (CPC, art. 357); ...”.
“... Las motivaciones contenidas en la sentencia de primera instancia no obligan necesariamente al superior en aquello que favorezca al apelante único o a la parte en cuyo favor se surte la consulta, limitación de competencia funcional referida solamente a las resoluciones o decisiones adoptadas por el a quo, en la medida que la prohibición de reforma en perjuicio impide hacerle más gravosa la situación. Por ello, aunque en este proceso el juez de la causa tuvo a la demandada como empresa industrial y comercial del Estado y al demandante como trabajador oficial, el tribunal no estaba obligado a aceptar esas mismas conclusiones por la sola circunstancia de que la demandada no hubiese apelado, impugnación que además le estaba vedada a esa parte por ausencia de interés, puesto que el fallo de primer grado, totalmente absolutorio, le había sido favorable...”.
“Hecha la anterior precisión y al no estar consagrado positivamente en Colombia el sistema procedimental de reenvío en casación laboral, debe la Corte dictar sentencia que ponga fin al recurso, actuando como tribunal de instancia por estar legalmente facultado para ello, puesto que al corregir, como se hizo en sede de casación, los errores del juez respecto al sujeto pasivo Servicios Uno A Ltda., se impone de manera necesaria e íntimamente conexa, proferir sentencia de instancia congruentemente con lo dicho en casación para desatar la litis frente al otro sujeto pasivo: Fundiciones y Repuestos S.A., como se hará a continuación”.
En desarrollo de lo expuesto, se revocará la sentencia del a quo en cuanto condenó a la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. a pagar la pensión de sobrevivientes solicitada, para en su lugar, imponer la condena pensional a cargo de la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda. en las mismas condiciones y monto como fueron ordenadas en primera instancia y como fueron consentidas por la parte actora.
No hay lugar a costas en el recurso extraordinario porque no hay constancia de que se hayan causado, ni en la segunda instancia. Las de primera instancia se imponen a la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 2 de septiembre de 2003, en el proceso ordinario laboral seguido por Noris María Urrutia Mosquera y otros contra la ARP Seguros de Vida Colpatria S.A. y la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda., en cuanto condenó a la primera de las citadas demandadas a pagar la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes. En sede de instancia, revoca la decisión del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín que procedió en igual sentido y en su lugar condena a la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda. a asumir el pago de dicha pensión en las mismas condiciones, cuantía y fecha determinadas en dicho fallo.
Sin costas en casación, ni en la segunda instancia. Las de primera instancia se imponen a la Compañía de Seguridad y Vigilancia Proteger Ltda.
Magistrados: Carlos Isaac Náder—Gustavo José Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego—Isaura Vargas Díaz.
María Ismenia Mendoza García, Secretaria.