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Timestamp: 2019-09-22 16:01:42
Document Index: 215225926

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 68', 'artículo 69', 'Artículo 68', 'Artículo 69']

Sentencia: TAD-CUN-SIII-01216-2004
Una entidad estatal y un contratista pueden revocar una resolución de caducidad mediante conciliación
SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL MAGDALENA MEDIO, COMMSA S.A VS. INSTITUTO NACIONAL DE INVIAS
En el año 1997, el INVIAS abrió una licitación pública cuyo objeto era contratar “los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la operación y el mantenimiento y la prestación de servicios de un proyecto vial en los Departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Santander y Cesar”. La propuesta presentada por los accionistas de la Sociedad Concesionaria del Magdalena Medio COMMSA S.A. fue la elegida. En el contrato de concesión celebrado el 15 de febrero de 1997 se pactó que la ejecución debía hacerse en cuatro etapas: 1) la preconstrucción, con un plazo de 7 meses, 2) la construcción que debía realizarse en un plazo de 3 años, 3) la rehabilitación de la vía en un plazo de 48 meses y 4) la etapa de operación y mantenimiento de 20 años, prorrogables hasta que el contratista obtuviera el ingreso esperado de la concesión (el ingreso esperado es el monto de ingresos brutos recibidos por peaje durante todo el tiempo de vigencia de la concesión, y que una vez alcanzado, determina la terminación del contrato de concesión). El contrato se desarrolló en debida forma durante la etapa de la preconstrucción, pero en la etapa de construcción, que se inició el 31 de agosto de 1998, se presentaron inconvenientes entre las partes: el concesionario se había comprometido en el contrato a no cambiar el trazado de la carretera y el crédito fuente de recursos para la financiación del proyecto venció sin que las obligaciones de las partes hubiesen sido cumplidas. A raíz de los hechos antes mencionados, el INVIAS consideró afectado de manera grave y directa el cumplimiento del contrato de concesión, pues en tales condiciones, se evidenciaba su paralización, una vez se agotaren los recursos procedentes de los aportes estatales, por lo que ordenó la caducidad del Contrato de concesión. Tras un proceso ante un juzgado administrativo, las partes decidieron presentar un acuerdo de conciliación en el Tribunal.
¿Pueden una entidad pública y un contratista, mediante un acuerdo de conciliación, revocar una resolución de caducidad y,por ende, las sanciones previstas ante un incumplimiento contractual?
« (…) El parágrafo del artículo 68 de la ley 80 de 1993, establece que “los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada”. Esta disposición, por estar en una normatividad especial, la ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, y por ser posterior a la prevista en el articulo 71 del Código Contencioso Administrativo, prima en un todo sobre lo dispuesto en el articulo 71 del Código Contencioso Administrativo, que establece que únicamente podrán revocarse los actos administrativos, “...siempre....que no se haya dictado auto admisorio de la demanda”, de donde se desprende que los actos administrativos contractuales, inclusive el que declara la caducidad de un contrato, puedan revocarse en cualquier tiempo, y siempre y cuando no se haya dictado sentencia ejecutoriada.
En efecto, la revocación de una resolución que declara la caducidad de un contrato estatal, no está prohibida por nuestro ordenamiento interno, y puede darse, cuando se configuren cualquiera de las causales señaladas en el Art. 69 del Código Contencioso Administrativo. Evidentemente, si se revoca el acto administrativo que declara la caducidad, la inhabilidad que la misma produce deja de existir. Esto es así, porque es principio de derecho que “lo accesorio siga siempre lo principal”, de suerte que si se revoca la caducidad, pierde y deja de existir la inhabilidad generada a consecuencia de la misma.
La viabilidad de revocar un acto administrativo contractual de caducidad, por las causales previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, es una atribución que la ley confiere a las autoridades administrativas, por lo que, por regla general, no compete al juez administrativo analizar las razones de mérito que haya tenido la Administración para revocar dicho acto administrativo. Es bien factible que, en un caso concreto, aun cuando hayan existido las circunstancias o incumplimientos graves que motivaron a la Administración para imponer la sanción de caducidad a un contratista, (como lo afirma tajantemente el señor agente del Ministerio Público, en este caso), la resolución de caducidad sea revocada con posterioridad a su expedición, porque la Administración reconsidere la sanción impuesta, al considerar que los incumplimientos en que incurrió el contratista, no fueron lo suficientemente graves, como para merecer la imposición de una sanción tan severa como la declaratoria de caducidad. También podría la Administración revocar la resolución de caducidad, porque estíme que existen razones de interés público y social que justifiquen la reanudación del contrato caducado.
Es principio general de derecho, que las cosas se hacen y se deshacen de la misma forma (es el principio llamado “del paralelismo de las formas”). Así las cosas, si la dirección del INVIAS impuso, por resolución motivada una resolución de caducidad, esta misma autoridad conserva la facultad de revocarla posteriormente, mediante la expedición de otra resolución motivada.
En suma, concluye la Sala que la materia objeto de esta conciliación es conciliable por naturaleza, porque los intereses jurídicos en conflicto, versan sobre derechos económicos eminentemente renunciables, y no sobre los efectos jurídicos de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato. Además, todo el contencioso entre COMMSA S.A., sus socios, e INVIAS, que está materializado en los diferentes procesos que actualmente cursan en este Tribunal Administrativo, tienen su origen en un contrato estatal de concesión de obra pública, por lo que son acciones contractuales, por naturaleza conciliables.(…)»
Una entidad pública y un contratista pueden mediante un acuerdo de conciliación, revocar una resolución de caducidad y, por ende, las sanciones previstas ante un incumplimiento contractual, porque:
De acuerdo al parágrafo del artículo 68 de la ley 80 de 1993, los actos administrativos contractuales, inclusive el que declara la caducidad de un contrato, pueden ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya dictado sentencia ejecutoriada.
La viabilidad de revocar un acto administrativo contractual de caducidad, por las causales previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, es una atribución que la ley confiere a las autoridades administrativas, por lo que, por regla general, no compete al juez administrativo analizar las razones de mérito que haya tenido la Administración para revocar dicho acto administrativo y luego reanudar el contrato caducado.
Los asuntos conciliatorios son de competencia exclusiva de las partes, por lo que una entidad puede reconsiderar la caducidad ante una sanción muy severa para lo pactado o ante razones de interés público que justifiquen la reanudación del contrato.
Si la entidad pública impuso la caducidad por resolución motivada, esta misma autoridad conserva la facultad de revocarla posteriormente, mediante la expedición de otra resolución motivada.
Los intereses jurídicos en conflicto, versan sobre derechos económicos eminentemente renunciables, y no sobre los efectos jurídicos de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato
PRIMERO. Apruébase la conciliación en todos los términos señalados en el proyecto de acuerdo, con sus dos complementarios y anexos, con la única salvedad del punto 4.3.6., de los acuerdos jurídico – contractuales, el cual se entenderá modificado así: Una vez aprobada la conciliación, las partes deberán dar estricto cumplimiento a todas las condiciones señaladas en los artículos 4.3 de los acuerdos jurídico – contractuales, y cumplidas esas condiciones en los términos establecidos en dicho acuerdo y el anexo 3, el INVIAS procederá a revocar las resoluciones 2282 de 2000, 4260 de 2000, 6143 de 2001 y 0007 de 2002, que son objeto de esta demanda, mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato de concesión No. 388 de 1997. Una vez ejecutoriado el acto administrativo que revoque las resoluciones antes mencionadas, el INVIAS procederá a revocar todas las resoluciones que dependan de las resoluciones que declararon la caducidad del contrato, y procederán las partes a suscribir el acta de reinicio de la ejecución del contrato de concesión No. 388 de 1997, el cual recuperará en un todo su vigencia jurídica, con las modificaciones contempladas en el proyecto de acuerdo y en especial, las estipuladas en el anexo No.3 del proyecto de acuerdo. SEGUNDO. Suspéndase el proceso No. 2002-1216, hasta tanto se reciba por parte de las partes la solicitud conjunta de terminación del mismo, o en su defecto, la solicitud de reiniciación del proceso por parte del INVIAS o de COMMSA S.A. y sus accionistas, por no haberse cumplido con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el proyecto de acuerdo, posteriores a la aprobación del presente acuerdo conciliatorio, necesarios para que el acuerdo conciliatorio aprobado por este Tribunal tenga real eficacia jurídica, y recupere vigencia jurídica el contrato de concesión No. 388 de 1997, con las modificaciones previstas en el anexo No. 3 del proyecto de acuerdo conciliatorio.
Ley 446 de 1998. Artículos 80, 85, 86 y 87. Ley 80 de 1993. Artículo 68. Decreto 1 de 1984. Artículo 69.
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