Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1994-2074-de-marzo-13-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_bc4d1e1f667c01bee0430a01015101be&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-19 11:05:39
Document Index: 162856682

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 357', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 267', 'artículo 97', 'artículo 143', 'artículo 90', 'artículo 40', 'artículo 42', 'artículo 106', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 171', 'artículo 55', 'artículo 357', 'artículo 31', 'artículo 353', 'artículo 353', 'artículo 267', 'artículo 97', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 106', 'artículo 178']

﻿ Sentencia 1994-2074 de 13 de marzo de 2012
SENTENCIA 1994-2074 DE 13 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:TASACIÓN DE LOS DAÑOS MORALES. EL DAÑO MORAL AL HACER REFERENCIA A LA ÓRBITA INTERNA DEL SUJETO, NO PUEDE SER TASADO A PARTIR DE CRITERIOS OBJETIVOS O TABLAS DE PUNTO, RAZÓN POR LA QUE PARA SU LIQUIDACIÓN SE HA OPTADO POR LA APLICACIÓN DEL ARBITRIO JURIS, POSTULADO QUE SE INTEGRA A LA NOMOÁRQUICA JURÍDICA, Y QUE, LEJOS DE REFLEJAR PARÁMETROS DE ARBITRARIEDAD, SU EXISTENCIA Y VALIDEZ NORMATIVA ENCUENTRA FUNDAMENTO EN LA SANA CRÍTICA Y EN LA REGLAS DE LA EXPERIENCIA DE LAS QUE SE VALE LEGÍTIMAMENTE EL OPERADOR JUDICIAL PARA RECONOCER VÍA COMPENSACIÓN UNA AFECTACIÓN A UN BIEN TAN PERSONALÍSIMO COMO LAS LESIONES A LA ESFERA U ÓRBITA INTERNA Y AFECTIVA DE LA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, DAÑO MORAL, LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS
Exp.: 05001232500019942074 01. Radicación interna: 21.859.
Actor: Felisa Llano de González y otros
Demandado: Hospital de la Misericordia de Yalí y otro.
Bogotá, D.C., trece (14)(Sic) de marzo de dos mil doce.
Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a su consideración, a través del siguiente derrotero: 1) competencia de la Sala; 2) límites de la apelación en el caso concreto, 3) los hechos probados, 4) la indebida vinculación al proceso del municipio de Yalí, 5) valoración probatoria y conclusiones, 6) reliquidación de perjuicios y 7) condena en costas.
La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, como quiera que la pretensión mayor, individualmente considerada ($ 10.634.090)(1), supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1992 tuviera esa vocación, esto es, $ 9.610.000.
2. Límites de la apelación en el caso concreto.
La Sala se limitará a estudiar la responsabilidad de la entidad demandada, Hospital la Misericordia de Yalí ESE, y todo en cuanto sea desfavorable a la parte actora, de conformidad con el recurso de apelación adhesiva presentado en el transcurso de esta instancia.
En consecuencia, no se analizará la responsabilidad de los llamados en garantía por las siguientes razones: i) porque no se apeló su responsabilidad —ya que la entidad demandada no se pronunció sobre este aspecto en el recurso de apelación— ii) porque la parte actora no tiene una relación jurídica sustancial con aquéllos, razón por la cual su absolución no puede ser entendida como un punto desfavorable respecto de sus pretensiones y iii) si bien el Ministerio Público en el concepto emitido en esta instancia deprecó extender la condena al doctor Rafael Ignacio Mesa, llamado en garantía, era preciso que se apelara en ese específico punto la sentencia de primera instancia, so pena de transgredir el principio de congruencia.
Frente a al contenido y alcance de la institución de la apelación adhesiva, la Sala reitera los planteamientos contenidos en sentencia del 1º de octubre de 2008(2), oportunidad en la que se discurrió, in extenso, de la siguiente manera:
“Los límites materiales y formales que se tiene en esta instancia están determinados por el contenido de la apelación. Por esta razón, dispone el artículo 357 Código de Procedimiento Civil que este recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, de manera que no se puede agravar la situación del apelante único(3). A este principio se le ha denominado como la no reformatio in pejus.
“No obstante la anterior regla, ella se rompe en dos casos, por lo menos en este tipo de procesos ordinarios, pues en algunos de naturaleza constitucional, como la tutela, se admite la posibilidad de reformar en peor, pero en la instancia de la revisión oficiosa que hace la Corte Constitucional(4) —no cuando se trata de la resolución al recurso de apelación del apelante único—: i) cuando apelan las dos partes del proceso, o ii) cuando quien no apela se adhiere la recurso.
“En estos dos supuestos la ley autoriza, por razones lógicas, que el juez no quede atado a la favorabilidad que cada apelante busca para su situación procesal, con la interposición del recurso, pues es preciso dotarlo de la capacidad para resolver con libertad, pues de no hacerlo carecerían de sentido los recursos interpuestos, pues el ad quem no podría decidir en ningún sentido.
“En efecto, si las dos partes apelan, y si además no se pudiera reformar en peor, se tendría que mantener intacta la sentencia, pues lo que se diga frente a cada recurso normalmente busca mejorar la posición de quien lo interpone, y desmejorar la de su contraparte. En tal caso, sería inútil tramitar los recursos de apelación.
“Ahora bien, tratándose del recurso de apelación adhesiva, es decir, el que puede interponer la parte que deja vencer el término de 3 días con que contaba para apelar de manera principal, también se rompe el principio de la no reformatio in pejus, pues el inciso primero del artículo 357 Código de Procedimiento Civil lo dispone de esta manera. Sin embargo, antes de considerar esta situación es necesario precisar el alcance de esta forma de apelación.
“Esta figura está regulada en el artículo 353 Código de Procedimiento Civil, el cual aplica, por analogía —a falta de norma especial en el Código Contencioso Administrativo—, a los procesos que se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Dispone este precepto que:
“La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal”(5).
“Los elementos que configuran esta institución son los siguientes:
“No obstante, también cabe decir, dentro de esta primera idea caracterizadora de la figura, que de ella no puede hacer uso la parte que hubiere apelado de manera principal, pero que olvidó cuestionar algún punto que sí puso en conocimiento otro apelante principal. La razón es obvia, no se puede ser apelante principal y, a la vez, apelante adhesivo de otro principal, por la sencilla razón de que la norma dispone que esta condición sólo la puede tener “la parte que no apeló…”(6) (CPC, art. 353).
“En segundo lugar, la adhesión puede hacerse a cualquiera de los recursos de apelación interpuesto por cualquiera de las partes del litigio. Es decir, que este recurso no tiene condicionada su procedencia a que se trate de uno de los extremos del proceso en particular —la parte actora o la demandada—, como sí ocurrió antes de la reforma introducida al artículo 353 Código de Procedimiento Civil(7).
“En efecto, la norma vigente permite adherirse al recurso de cualquiera de las partes: a la contraria o a cualquier otra persona que conforme la misma parte; con la condición de que no haya apelado. La norma derogada, en cambio, sólo permitía adherirse al recurso interpuesto por la “parte contraria”.
“En tercer lugar, este recurso es dependiente del principal, en varios sentidos —de ahí el nombre de “adhesión”; pues sólo puede presentarse en tanto alguna de las partes hubiere apelado. En otras palabras, no existe apelación adhesiva sin apelante principal. La razón es lógica, pues no se estaría adhiriendo a nada(8).
“Esta cualidad, la de ser un recurso dependiente, también se resalta, finalmente, por lo que expresa el inciso segundo del artículo citado, pues allí se dispone que “La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.” Esto muestra que su acto procesal carece de la autonomía que tiene el apelante principal, quien sólo depende de su propia voluntad para mantener en el proceso su vocación impugnatoria.
“En cuarto lugar, de esta forma de apelación puede hacerse uso ante el juez que profirió la sentencia, mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del plazo para alegar. Se trata de una oportunidad sumamente amplia en el tiempo, pues es sabido que el término para alegar, ante la justicia administrativa, es la etapa inmediatamente anterior a la del fallo, de manera que se trata de un considerable lapso que se concede a quien, por cualquier razón, no haya apelado de manera principal.
“En quinto lugar, la norma dispone que la apelación adhesiva se entiende interpuesta “… en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”. Este aspecto de la norma es más problemático de analizar, porque requiere una interpretación adecuada para que la figura adquiera sentido.
“Una primera interpretación podría sugerir que al apelante adhesivo se le estudia todo lo que le fuere desfavorable de la sentencia, siempre que quepa dentro del recurso de apelación principal, al cual ha adherido.
“Otra interpretación entendería que por el sólo hecho de apelar, en forma adhesiva, el recurrente tiene derecho a que el ad quem le estudie todos los aspectos de la sentencia que le sean desfavorables. Esta postura cita en su defensa que la norma dispone, clara y expresamente, que la parte adhiere “… en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”.
“Esta posición daría lugar a pensar que al apelante principal sólo se le pueden estudiar los puntos de su apelación, a pesar de ser la parte que cumplió con los términos para interponer el recurso; pero al apelante adhesivo, el que dejó vencer los términos, se le analizan todos los aspectos que le fueren desfavorables. En este sentido, este recurso se comportaría como una consulta en su favor, beneficiando al incumplido.
“La Sala, advirtiendo los problemas hermenéuticos y lógicos que ofrece el artículo 353 Código de Procedimiento Civil, y admitiendo que las dos posiciones planteadas tienen insuficiencias, aunque también arrojan análisis correctos en algunos aspectos, entiende que la apelación adhesiva comporta, para los efectos que en adelante se presenten sobre este tema, que el apelante adhesivo tiene derecho a que le estudien, sin limitaciones, la posición en que lo dejó la sentencia del a quo.
“Este criterio se fundamenta en el propio artículo 353 Código de Procedimiento Civil, que dispone que el ad quem debe estudiar su situación “… en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable…”, es decir, que en relación con el apelante principal no opera el principio de la no reformatio in pejus, quien podría ver desmejorada su situación, por autorización expresa de esta norma, pues no otra interpretación se le puede dar al aparte citado.
“No obstante, aclara la Sala, precisando el alcance de esta figura procesal, que el mismo tratamiento se le debe dar al apelante principal. Es decir, que en relación con él también se estudiará la sentencia del a quo —por razones lógicas y de igualdad procesal— en todo lo que le fuere desfavorable.
“En otras palabras, los asuntos sometidos por éste al debate, dado que se abrirá el recurso de manera completa, en virtud de la apelación adhesiva, impone que frente a él —que fue la parte que apeló en tiempo— también se aplique la misma situación en que queda el apelante adhesivo, pues mal podría éste resultar mejor tratado, desde este punto de vista, que el apelante principal.
“En conclusión, la Sala estudiará el proceso sin limitación alguna, advirtiendo que no opera la figura de la no reformatio in pejus para las partes, con lo cual queda abierto el proceso, de manera plena, y por esta razón se estudiará la demanda y su contestación, como pasará a analizarse”.
Así las cosas, habría lugar a estudiar la totalidad de los extremos de la controversia, siempre y cuando el recurso de apelación hubiera comprendido a todos los sujetos procesales intervinientes en el caso concreto. De modo que, se analizará la responsabilidad de todas las entidades demandadas, incluidas las absueltas en la sentencia de primera instancia —por ser un aspecto que es desfavorable al demandante— así como la responsabilidad del Hospital la Misericordia del municipio de Yalí ESE, quien considera que su actuar fue diligente y cuidadoso, razón por la cual no debió ser declarado responsable. No se efectuará ningún pronunciamiento respecto a los llamados en garantía, se insiste, puesto que su responsabilidad no quedó comprendida dentro de los extremos fijados anteriormente, ya que los demandantes no ostentan ninguna relación jurídica con aquéllos.
De modo que, la Sala con esa delimitación del marco de competencia respeta su jurisprudencia en relación con el ámbito de conocimiento del recurso de apelación, de forma tal que en el caso concreto se definirá la responsabilidad del Hospital de la Misericordia —tópico específicamente apelado por la mencionada entidad— así como todos los aspectos desfavorables de la sentencia de primera instancia en relación con la parte actora, de acuerdo con el contenido y alcance de la apelación adhesiva que fue interpuesta.
3.1. Informe rendido el 21 de noviembre de 1994, por el médico cirujano Guillermo León Velásquez Montoya, quien intervino en el Hospital General de Medellín-Luz Castro de Gutiérrez al señor Alfonso González Medina, documento en el que se puntualizó:
“(…) ALFONSO GONZÁLEZ MEDINA. Paciente de 70 años residente en Yalí, casado.
“Remitido del Hospital de Yalí, se recibió el día 10 de septiembre de 1992 por cuadro de abdomen agudo quirúrgico de cinco días con historia de heridas por arma de fuego en epigastrio e hipocondrio derecho cinco días antes, cuando recibió en dicho municipio las heridas posteriormente descritas. Al ingreso paciente en shock séptico; al examen físico ictérico, taquicárdico, distendido el abdomen doloroso y sin peristaltismo. Se pasan líquidos intravenosos para recuperar su mal estado hemodinámico más antibióticos y se programa para cirugía URGENTE, la cual se realiza el día 11 de septiembre de 1992; se encontró peritonitis fecal y purulenta generalizada por múltiples heridas de colon por arma de fuego así: colon transverso # 2, ángulo esplénico # 2, colon descendente # 2, se cubrió desde el inicio con Imipenen, Dopamina, soporte ventilario con PVC de 2 cm, oligúrico por insuficiencia renal.
“El paciente permanece en recuperación por 48 horas en malas condiciones.
“En el postoperatorio estuvo en regulares condiciones y con recuperación lenta. Al sexto día se observó infección de la herida quirúrgica y evisceración contenida, murmullo vesicular pulmonar disminuido en bases por lo que se ordenó Rx de tórax el cual muestra imagen compatible con neumonía basal? El día 21 de septiembre de 1992 se encontró fascitis necrotizante evisceración no contenida. Se llevó a cirugía y se encontró peritonitis residual generalizada se hizo lavado y se coloca malla con cierre 1,25 minutos después se encuentra paciente en sala de recuperación con paro cardíaco respiratorio del cual no sale a pesar de maniobras de resucitación” (fl. 251 cdno. ppal. - mayúsculas del original).
3.2. Copia auténtica del acta de necropsia practicada al cadáver del señor Alfonso González Medina, en la que se consignó:
“Cadáver de hombre de 75 años, 1,69 cms de talla, complexión mediana, flácido, frío, livideces dorsales, cabello canoso largo, barba y bigote sin rasurar. Laparotomía mediana de 30 cms, abierta con malla de prolene y cierre de cremallera, colostomía izquierda, herida con proyectil de arma de fuego así: No. 1 orificio de entrada en tercio media cara externa de antebrazo derecho, orificio de salida en cara interna.
“(…) CONCLUSIÓN: la muerte se debió a choque séptico por peritonitis, según acta de levantamiento sufrió heridas con proyectil de arma de fuego. Lesión de naturaleza mortal (fls. 298 a 299, cdno. ppal.).
3.3. Diligencia de interrogatorio de parte de la señora Feliza Llano de González, realizada ante el Juez Promiscuo de Yalí, comisionado por el a quo, en la cual se lee:
“(…) PREGUNTADO. Sírvase decir si es cierto o no, que los hechos ocurridos en los que resultó lesionado su señor esposo ALFONSO GONZÁLEZ, ocurrieron el día 5 de septiembre de 1992. CONTESTÓ. Sí ocurrieron ese día. PREGUNTADO. Sírvase decirnos si es cierto sí o no que el Dr. RAFAEL IGNACIO MESA atendió inmediatamente a su esposo de una manera prudente y diligente? CONTESTÓ. Él sí lo atendió, pero dijo que no tenía nada, que era una cosa leve. PREGUNTADO. Sírvase decirnos por cuánto tiempo lo dejó el médico a que hace referencia la pregunta anterior, en el hospital al señor ALFONSO GONZÁLEZ? CONTESTÓ. Lo dejó ese día, el día que lo hirieron y hasta el otro día al medio día. PREGUNTADO. Sírvase decir si es cierto sí o no que el Dr. RAFAEL IGNACIO MESA le solicitó que lo llevaran a revisión a los días posteriores de la herida de las lesiones sufridas? CONTESTÓ. Sí nos sugirió que lo lleváramos y lo llevamos. PREGUNTADO. Sírvase decirnos si es cierto sí o no que ustedes no llevaron al señor ALFONSO GONZÁLEZ a tomarse las radiografías pertinentes al municipio de Yolombó? CONTESTÓ. Sí lo llevamos y pagamos la radiografía y después nos dijeron en Yolombó que volviéramos a reclamar la plata que pagamos en radiografías y que no la comiéramos en rellena, no tomaron las radiografías. PREGUNTADO. Sírvase decirnos si es cierto o no que ustedes sacaron de la atención que le estaba brindando el Dr. RAFAEL IGNACIO MESA, al señor ALFONSO GONZÁLEZ MEDINA y lo pusieron a disposición del Dr. RUBÉN DARÍO DUQUE? CONTESTÓ. Sí porque él no lo entregó, yo lo tenía en la casa, fuimos muchas veces a decirle de un vómito que tenía tan fuerte y no le mandaron nada, entonces llamamos a Rubén Darío y él dio la orden de llevarlo a Medellín a la Clínica General… PREGUNTADO. Sírvase decirnos qué instrucciones se impartieron por el Dr. RAFAEL IGNACIO MESA y las enfermeras que atendieron a don ALFONSO en el Hospital la Misericordia para atender las heridas sufridas durante su estadía en la casa? CONTESTÓ. Ellos no fueron allá, me dijeron lléveselo para la casa y que le diera unas pastillas para el dolor, no recuerdo como se llaman, unas pastillas grandes rosadas y me dijeron que servían lo mismo que una aspirina, no me dijeron más… PREGUNTADO. Sírvase decir por qué razón el Dr. RUBÉN DARÍO ordenó remitir a don ALFONSO al hospital a la ciudad de Medellín? CONTESTÓ. Yo creo que sea porque estaba como muy incómoda la herida, infectándose, porque la tenía muy negra y el vómito no le paraba. PREGUNTADO. Sírvase decirnos si esa decisión fue consultada con el médico del Hospital de Yalí, la Misericordia? CONTESTÓ. Sí, y él prestó la ambulancia y se fue una enfermera con él…” (fls. 423 a 425, cdno. ppal. - mayúsculas del original).
3.4. Declaración de la señora Aliria Vargas, auxiliar de enfermería del Hospital la Misericordia, rendida ante el juez comisionado por el a quo, de la cual se destaca:
“(…) Lo que yo sé únicamente, a mí me tocó trabajar con él una noche de turno, don Alfonso estaba hospitalizado y me tocó trabajar una noche de turno, cumplí las órdenes del médico, no me acuerdo quién era el médico de turno, para que voy a inventar. PREGUNTADO. Sírvase decirnos si en el Hospital la Misericordia hay ocasiones en las que los médicos no laboran por turnos si no por disponibilidades? CONTESTÓ. Sí, queda uno disponible, ellos se cuadran entre ellos, dicen yo hago tantos días de disponibilidad como quieran ponérselos… PREGUNTADO. Sírvase decirnos si en el Hospital la Misericordia existen los instrumentos idóneos para tomar radiografía. CONTESTÓ. No, aquí en el hospital de aquí no hay equipo de rayos equis el más cercano es el de Yolombó… PREGUNTADO. Sírvase manifestar, ya que usted informó que trabaja desde hace quince años en el Hospital de Yalí cómo funciona ese hospital, cuántos médicos hay, cuántas enfermeras, con qué equipos cuenta, si se pueden atender cirugías, etc. CONTESTÓ. Primero se hacían cesáreas únicamente, ya no, necesita anestesiólogo y ya no, es un hospital de primer nivel, tiene dos médicos, conmigo hay seis enfermeras y una profesional rural o social, en urgencias hay equipos de sutura, hay reanimación de adultos y de niños, equipos para atender partos, para poner nebulizaciones, sierra para retirar yesos, el equipo de odontología, el laboratorio clínico, y del consulta interna, para planificación, no no (sic) se hacen cirugías, los pacientes los remiten, depende del caso donde, en Yolombó tampoco hay anestesiólogo, después a Bello y depende del paciente al Hospital General, al Medellín, al Pablo Tobón, al Hospital General, pero la mayoría pobre al Marco Fidel Suárez o Policlínica… Pues nosotros los auxiliares no tenemos nada, eso lo decide el médico, él que sabe es el médico, él decide a quién manda y a quién no manda…” (fls. 440 a 443 cdno. ppal. - mayúsculas del original).
(fls. 45 a 48 cdno. ppal. 2ª instancia).
3.5. Testimonio del doctor Guillermo Velásquez Montoya, rendido ante el a quo, quien señaló:
“(…) Los conceptos que yo voy a dar con respecto a este paciente, los hago por referencia a la consulta de la historia, porque yo no tuve oportunidad de atenderlo cuando el paciente fue remitido, quien lo recibió fue la doctora ANA CECILIA BOTERO. A mí me dijeron que vinieron a dar un concepto del manejo que se le dio a este paciente, entonces he estado analizando su historia y vengo a dar un juicio del manejo que se le dio a dicho paciente. Mi concepto es que el paciente llegó al hospital el día 10 de septiembre del noventa y dos, a la una de la mañana; llegó en malas condiciones, en mal estado general y con signos francos de irritación peritoneal y deshidratación se le mejoraron las condiciones al paciente con líquidos venosos, antibióticos y cuando las condiciones del paciente fueron mejores, se llevó al paciente a cirugía a las once de la mañana, según reza la historia, de ese mismo día; en el acto quirúrgico se encontró seis (6) heridas de colon con peritonitis fecal generalizada, practicándosele una resección parcial de colon izquierdo, donde estaba la herida, una colostomía proximal y una fístula mucosa del colon, lavado de cavidad y drenaje, conducta perfectamente adecuada para el problema tan grave que tenía el paciente. En el postoperatorio inmediato, el paciente sigue en regulares condiciones, hace un cuadro respiratorio moderado, por posible proceso neumónico basal, el cuarto y quinto día se le inició la vía oral, que la toleró parcialmente, posteriormente presentó de nuevo distensión abdominal leve, por lo que se instaló nutrición parenteral y se le hizo cambio de antibiótico considerado como el mejor antibiótico que se consigue en la actualidad… y el paciente seguía en regulares condiciones; al día décimo el paciente presentó evisceración, por lo que se llevó de nuevo a cirugía, encontrándose múltiples abscesos en toda la cavidad abdominal, practicándosele lavado de cavidad, drenaje de abscesos y se coloca malla de prolene, el paciente en ese segundo postoperatorio de recuperación, hay una nota en la historia de que el paciente hace paro respiratorio que no responde a las maniobras de resucitación… Cuando el paciente llegó al Hospital General, llegó en malas condiciones, tóxico, o sea que está con un proceso infeccioso, no sólo en la cavidad abdominal sino a nivel generalizado, en toda la circulación, se le mejoraron las condiciones con hidratación, se cubrió con antibióticos y se llevó a cirugía cuando las condiciones del paciente eran mejores, que es lo correcto… Un paciente con herida por arma de fuego y con lesiones tan graves como múltiples heridas de colon, debe ser manejado siempre a nivel terciario, que viene a ser el Hospital General, donde existe más capacidad de laboratorio y de tecnología para el seguimiento de estos pacientes de alta complejidad…” (fls. 457 a 473 cdno. ppal. - mayúsculas del original).
3.6. Copia del Acuerdo 4 del 27 de mayo de 1994, mediante el cual el Concejo Municipal de Yalí dispuso la reestructuración del Hospital la Misericordia de esa localidad, en una empresa social del Estado, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa (fls. 496 a 506, cdno. ppal.).
3.7. Experticia rendida por el doctor Alberto Gamarra Vergara, médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Occidente - Medellín, de la cual se destaca:
“(…) MÉTODO UTILIZADO
“Revisión de historias clínicas del Hospital la Misericordia de Yalí y del Hospital General de Medellín.
“Se trata de un paciente de 70 años que sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego el 3 de septiembre de 1992 localizadas en abdomen derecho, fue atendido en el hospital de Yalí el 5 de septiembre (sólo aparecen notas clínicas a partir de sep. 8). Según el médico hubo compromiso de la pared abdominal. El paciente presenta desde ese momento cuadro de vómito abundante, distensión abdominal sin dolor, fiebre, signos de deshidratación grado II y eritema de herida abdominal suturada. Pulso de 120 por minuto. Abdomen distendido doloroso a la palpitación y peristaltismo disminuido y férula de yeso en miembro superior derecho. Se sigue como conducta la aplicación de sonda naso-gástrica, líquido endovenoso y observación. El paciente continúa empeorando y se decide remitirlo el 10 de septiembre de 1998 (sic), durante todo el tiempo se manejó con diagnóstico de enfermedad ácido péptica eilio-paralítico.
“En Hospital General de Medellín se encuentra paciente en malas condiciones que después de estabilizarlo médicamente se hace intervención quirúrgica con diagnóstico penetrante abdominal por proyectil de arma de fuego y se encuentra en la cirugía una gran contaminación abdominal acompañada de 6 heridas de colon derecho. A pesar de las medidas terapéuticas adecuadas el paciente fallece con cuadro de sepsis abdominal que se corrobora en el examen de necropsia.
“(…) CUESTIONARIO
“Con respecto al cuestionario de los folios 31 y 32 permítame decirle lo siguiente:
“(…) En una herida abdominal por proyectil de arma de fuego en que se tenga la duda de si ésta fue penetrante o no a cavidad abdominal se debe poner al paciente en observación estricta y al menor signo o síntoma de compromiso peritoneal (vómito, dolor abdominal, distensión, fiebre) se debe proceder a una laparotomía exploradora de urgencia para descartar que no haya compromiso visceral intestinal, cuya complicación más frecuente es la peritonitis que pone en peligro la vida del paciente.
“La demora en tratamiento adecuado en el señor ALFONSO GONZÁLEZ MEDINA, acompañado de la gravedad de las lesiones y la edad del paciente (mayor de 70 años), incidieron en la ocurrencia de la muerte.
“La herida del señor GONZÁLEZ MEDINA fue de naturaleza mortal.
“Se consideran heridas de naturaleza esencialmente mortales las que producen la muerte a pesar de cualquier tipo de atención y procedimiento médico, es decir, son inevitables.
“Las de naturaleza mortales son aquellas en que existe la posibilidad de salvar al paciente con un tratamiento médico. Es decir, no todos los pacientes se mueren.
“Las de naturaleza circunstancialmente mortales son las que muy ocasionalmente producen la muerte, es decir, es un evento no esperado, debido a que son lesiones muy leves.
“Las heridas penetrantes abdominales por proyectil de arma de fuego con compromiso del colon producen contaminación grave de la cavidad por materia fecal y en estos casos se debe proceder al tratamiento (laparotomía, rafias, colostomías según necesidad y lavado de cavidad) en las primeras tres horas para disminuir los avances de una peritonitis complicación que siempre se presenta.
“La falta de atención adecuada y el tipo de lesiones (heridas de colon) predisponen a la presentación clínica de una peritonitis y sus complicaciones.
“Se debe además tratar de ubicar el proyectil y determinar si es penetrante a cavidad abdominal por medio de Rayos X, basado en el ubicación del orificio de entrada para imaginar la trayectoria y el compromiso de órganos en su recorrido, ya que los proyectiles en el abdomen tienen trayectoria lineal.
“Para que sea necesario practicar una cirugía de urgencia se debe sospechar que el proyectil pasa a través de la cavidad abdominal” (fls. 592 a 596 cdno. ppal. - mayúsculas del original).
3.8. Aclaración del dictamen pericial rendido por el médico legista, quien indicó:
“(…) Ante el hecho de una herida de abdomen por proyectil de arma de fuego y la consiguiente duda si ésta es penetrante o no a cavidad, el deber de cuidado era mantener al paciente en observación en un sitio donde fuera posible evaluar cambios en su estado clínico, (frecuencia del pulso, temperatura, dolor abdominal, distensión abdominal y vómitos), esta observación se debe hacer por personal paramédico entrenado y un puesto, centro de salud o en un hospital, acompañado de evaluaciones médicas por lo menos una vez por día.
“Con respecto al punto (b); después del examen de los documentos anexos y tener en cuenta las aclaraciones del oficio de la referencia se corrigen las fechas de los hechos así:
“Fecha de las lesiones y consulta inicial 5 de septiembre de 1992.
“Fecha de nueva consulta en la institución 9 de septiembre de 1992.
“Fecha de orden de rayos X de antebrazo 5 de septiembre de 1992.
“Fecha de remisión 10 de septiembre de 1992” (fls. 612 y 613, cdno. ppal.).
3.9. De folio 624 a 629 del cuaderno principal obra la ampliación de la experticia rendida por el doctor Alberto Gamarra Vergara, médico legista del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Regional Occidente - Medellín, en la que se lee:
“(…) Sí. En el folio 609 aparece una orden de rayos x antero posterior y lateral de antebrazo derecho para descartar fractura de cúbito y radio, con fecha del 5 de septiembre de 1992. No hay orden de rayos x abdominales.
“Las respuestas a las preguntas 8 y 9 a las que hace referencia el folio 594 se respondieron en la ampliación realizada el 10 de julio y están basadas en la historia clínica que en ese momento estaba a mi disposición… La historia clínica allegada al expediente con anterioridad a mi respuesta… registra tres evaluaciones en las que se hace énfasis en averiguar los signos de irritación peritoneal, siendo negativos. Se anota además la insistencia del médico (Dr. Mesa) ante los familiares de la necesidad de rayos X de abdomen para continuar manejo.
“Si se tiene en cuenta que los signos vitales en las tres evaluaciones no hay aumento de la temperatura corporal y el paciente tolera la vía oral; entonces no hay signos que indiquen proceso abdominal y desarrollo de peritonitis.
“Sin la localización del proyectil no es posible determinar si éste pasó de la cavidad abdominal y se deben tomar rayos x rápidamente para resolver la duda.
“(…) Respuestas a las preguntas relacionadas con los folios 602 y 603.
“Teniendo en cuenta la descripción operatoria. Se realizó un adecuado manejo que consistió en lavado exhaustivo de la cavidad abdominal con solución salina, hemicolectomía izquierda, es decir, resección de la parte del colon más comprometido por la herida y colostomía del sigmoides, es decir derivar la salida de la materia fecal a través de la pared abdominal.
“En cualquier herida abdominal con compromiso de colon hay contaminación de la cavidad desde el mismo inicio de la lesión por eso a pesar del lavado exhaustivo de aquella en el procedimiento quirúrgico existe el riesgo de que se produzcan abscesos. Por lo tanto este riesgo es más inherente a la lesión misma que al lavado y al manejo del trauma.
“La existencia o no de un absceso y peritonitis en estos casos puede pasar inadvertido ya que el seguimiento y la evolución postquirúrgica siempre se hace basado en los signos vitales (temperatura, pulso, tensión abdominal y deterioro de la conciencia) la tolerancia de la vía oral y el dolor y distensión abdominal…
“Como complemento del seguimiento clínico de los signos vitales el paciente estaba recibiendo una terapia antibiótica agresiva que cubría gérmenes aerobios y anaerobios que son los implicados en estas entidades.
“El retiro del tubo endotraqueal por parte del paciente pudo deberse a un estado agónico y la bronco aspiración pudo contribuir a agravar la situación a pesar de la aspiración del jugo gástrico y la posterior reentubación. Las medidas de soporte básico para la reanimación se realizaron de manera adecuada.
“La última anotación de enfermería que fue una hora y 5 minutos antes de la muerte dice: “paciente bajo efectos de anestesia general P. A. 110/80, se aspira”. No tengo más elementos para decir si se le prestaron o no cuidados permanentes en este lapso de tiempo (sic).
“(…) El paciente fue intervenido inicialmente el 11 de septiembre de 1992 a las 11 a.m., para fallecer luego de la segunda cirugía el 21 de septiembre de 1992 a las 3:25 p.m. En el transcurso de la hospitalización se notaba una tendencia a la mejoría, por el resultado de su estabilidad de los signos vitales y la tolerancia a la vía oral, que son una medición indirecta de la enfermedad (sepsis por peritonitis) en el postoperatorio no es posible averiguar por otros medios la formación de abscesos ya que estos progresan desde unos pocos milímetros a litros sin que se produzcan cambios significativos en la presión intrabdominal porque las vísceras de este lugar son colapsables (intestinos).
“Hay que tener en cuenta también que el paciente tenía comprometido su estado general con una bronconeumonía derecha como lo indican los rayos x portátiles del 20 de septiembre y que en la necropsia se encontró un derrame pleural derecho de aproximadamente 1000 c.c. y edema grado II de miembros inferiores que son indicios fuertes de insuficiencia cardíaca congestiva. Si se tiene en cuenta lo expuesto anteriormente más lo encontrado en la cirugía el paciente no había superado su estado crítico y el pronóstico era incierto.
“El diagnóstico preoperatorio fue evisceración no contenida y necrosis de la fascia, la intención de la cirugía no era evacuar el absceso; el absceso fue un hallazgo inesperado.
“(…) La falla de la muerte no se debió a la evisceración sino a una falla multisistémica por la sepsis abdominal producida por penetrante abdominal por proyectil con arma de fuego. La evisceración es una consecuencia de la presión que ejercen las vísceras abdominales por la acumulación de gases, por disminución de los movimientos abdominales, edema de las vísceras, acumulación de líquidos (ascitis) y esta presión no es soportada por la pared abdominal deteriorada por el procedimiento quirúrgico obligado.
“El procedimiento quirúrgico para corregir la evisceración era necesario y adecuado para el caso.
“Discusión y conclusión
“Se trata de un paciente con heridas con proyectil de arma de fuego y evolución clínica atípica (no mostraba signos tempranos de irritación peritoneal). Que cuando estos signos fueron notables tenían un proceso abdominal de peritonitis avanzada, que no fue posible controlar a pesar de las medidas terapéuticas adecuadas.
“En este caso hay que tener muy en cuenta que las lesiones producidas fueron graves y capaces de producir la muerte; la evolución atípica del cuadro abdominal retardó el tratamiento oportuno” (fls. 624 a 629, cdno. ppal.).
3.10. De folio 3 a 17 aparecen los siguientes documentos: i) registro civil del matrimonio celebrado entre los señores Alfonso González Medina y Felisa Llano Peláez, ii) registro civil de defunción del señor Alfonso González Medina, en donde consta que su deceso se produjo el día 21 de septiembre de 1992, a causa de shock séptico por peritonitis por herida con proyectil disparado con arma de fuego, iii) registros civiles de nacimiento de: Rafael de Jesús, Gustavo de Jesús, María Teresa, Migue Ángel y Gabriela del Socorro González Llano. Así mismo, se allegaron los correspondientes a los menores: Jairo Alonso González Atehortúa, María Alejandra Gómez González, Johan Sebastián Méndez González y Yuli Yoana González Valdés.
4. La indebida vinculación al proceso del municipio de Yalí y la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Antioquia.
En relación con el municipio de Yalí, se declarará probada de oficio, de conformidad con la facultad consignada en los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo(9) y 306 del Código de Procedimiento Civil(10) —disposición esta última aplicable en virtud de la integración normativa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo— la excepción formal establecida en el numeral 12 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil que establece:
“El demandado, en el proceso ordinario y en los demás en que expresamente se autorice, dentro del término de traslado de la demanda podrá proponer las siguientes excepciones previas:
“(…) 12. Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta a la que fue demandada”.
Entonces, si bien la entidad territorial de conformidad con el inciso final del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, pudo reponer el auto admisorio de la demanda para que fuera excluido del litigio(11), en virtud de la indebida notificación que se le hizo extensiva de forma irregular por el notificador, lo cierto es que el juez cuenta con competencia para declarar probada la excepción en sede del respectivo fallo.
En consecuencia, a diferencia de la falta de legitimación en la causa —que fue la excepción que encontró probada el a quo— en esta ocasión se decretará probado el mecanismo exceptivo contenido en el mencionado numeral 12, puesto que la demanda nunca se dirigió contra el municipio de Yalí. En otros términos, la razón para excluir el estudio de fondo de la responsabilidad de la citada entidad territorial no radica en establecer si le existe o no interés en el derecho que se debate en el proceso, sino porque no fue vinculado en el libelo demandatorio.
De otra parte, se confirmará la decisión del tribunal de primera instancia de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de Antioquia, toda vez que el Hospital la Misericordia de Yalí ESE, de conformidad con el Acuerdo 4 del 27 de mayo de 1994 del Concejo Municipal de Yalí, está organizado como una empresa social del estado, con personería jurídica con autonomía financiera y administrativa.
Entonces, si bien es posible que para la fecha de los hechos, esto es el año 1992, el Hospital la Misericordia no contara con personería jurídica, lo cierto es que antes de la presentación de la demanda —de manera concreta en mayo de 1994— adquirió esa condición, razón por la que se volvió sujeto de derechos y obligaciones, circunstancia por la cual los daños que le fueran imputables por sus acciones u omisiones le son directamente atribuibles, pues es la entidad que cuenta con legitimación en la causa para discutir el interés que se debate en el proceso.
Por consiguiente, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que hubieren sido demandadas(12). De allí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, puesto que, como lo ha precisado la Sala:
“La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado”(13) (resaltado del original).
En consecuencia, la legitimación en la causa no se identifica con la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso(14).
Así las cosas, se itera, la decisión de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva se encuentra establecida respecto del departamento de Antioquia, razón por la que se confirmará.
Analizados los medios probatorios, la Sala modificará la sentencia apelada, para en su lugar, confirmar la sentencia que declaró la responsabilidad del hospital demandado y reconocer perjuicios morales en favor de los nietos del señor Alfonso González Medina. De igual forma, se actualizarán a valor presente las sumas decretadas en primera instancia a título de perjuicios materiales.
La antijuricidad del daño va encaminada a que no sólo se constate la materialidad y certidumbre de una lesión a un bien o interés amparado por la ley, sino que, precisamente, se determine que la vulneración o afectación de ese derecho contravenga el ordenamiento jurídico, en tanto no exista el deber jurídico de tolerarlo. De otro lado, es importante precisar que la antijuricidad del daño no se relaciona con la legitimidad del interés jurídico que se reclama. En otros términos, no constituyen elementos del daño la anormalidad, ni la acreditación de una situación jurídica protegida o amparada por la ley; cosa distinta será la determinación de si la afectación proviene de una situación ilícita, caso en el que no habrá daño antijurídico pero derivado de la ilegalidad de la conducta.
De allí que, la Sala no prohíja interpretaciones ya superadas según las cuales era preciso que se acreditara una situación legítima —más no legal—, pues se trata de un carácter que en la actualidad no se predica del daño, pues el mismo sirvió de fundamento para negar perjuicios a situaciones que revistiendo la connotación de daños, eran censuradas moralmente (v.gr. los perjuicios reclamados por los entonces mal llamados concubinos o concubinas, los daños irrogados a trabajadoras sexuales, etc.)(15).
En el caso sub examine, se encuentra acreditada la configuración de un daño antijurídico, toda vez que el acta de necropsia practicada al cadáver del señor Alfonso González Medina, al igual que el registro civil de defunción, permiten establecer su deceso, lo que traduce la afectación a un interés legítimo de los demandantes que no se encontraban en el deber jurídico de soportar, esto es, la pérdida de su esposo, padre y abuelo, respectivamente. La anterior alteración negativa es cierta, personal y el ordenamiento no les impone el deber de soportarla.
Definida la existencia del daño antijurídico, corresponde establecer, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, si se encuentra o no configurado el segundo elemento de la responsabilidad, esto es, la imputación(17).
En el caso concreto, el daño deviene imputable única y exclusivamente a la actuación del Hospital la Misericordia de Yalí ESE, porque al margen de las limitaciones del servicio médico en sus instalaciones —hospital de primer nivel— era imperativo que se despejara cualquier duda o anfibología frente al diagnóstico, máxime si se trataba de un paciente que había sido herido en la cavidad abdominal por un proyectil.
En consecuencia, resulta incomprensible que no se hubiere remitido al paciente a un centro médico de nivel superior para que se verificara, a través del empleo de imágenes diagnósticas —de manera concreta de rayos X— si el proyectil que impactó la humanidad del señor González Medina había comprometido o no la integridad de órganos y no sólo de tejidos musculares.
La anterior omisión supone un grave desconocimiento a los elementos esenciales de la obligación médica, es decir, a la integralidad, la oportunidad y la identidad, ya que, en efecto, el servicio público de salud no constituye ninguna dádiva del aparato estatal, sino que, por el contrario, representa una actividad de aquellas definidas como esenciales por el constituyente primario, razón por la que el Estado se encuentra obligado a garantizar su prestación de manera eficiente, en aras de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas.
Sobre el particular, la Sala puntualizó:
“— Debe ser integral:
“(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente(18) o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud”(19).
“En la medida en que las personas tienen derecho a que se les garantice el tratamiento de salud que requieran, integralmente, en especial si se trata de una enfermedad ‘catastrófica’ o si están comprometidas la vida o la integridad personal, las entidades territoriales no pueden dividir y fraccionar los servicios de salud requeridos por las personas”(20).
“La jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho a acceder a los servicios de salud, libre de obstáculos burocráticos y administrativos. Así, por ejemplo, cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una administración diligente, una EPS demora un tratamiento médico al cual la persona tiene derecho, viola el derecho a la salud de ésta(21). Los trámites burocráticos y administrativos que demoran irrazonablemente el acceso a un servicio de salud al que tienen derecho, y respetan el derecho de salud de las personas”.
“Con fundamento en el Decreto 1703 de 2002, cuyo artículo 40 prevé que “los trámites de verificación y autorización de servicios no podrán ser trasladados al usuario y serán de carga exclusiva de la institución prestadora de servicios y de la entidad de aseguramiento correspondiente”, la Corte Constitucional precisó que “se irrespeta el derecho de salud de los pacientes cuando se les niega el acceso a un servicio por no haber realizado un trámite interno que corresponde a la propia entidad, como por ejemplo, ‘la solicitud de la autorización de un servicio de salud no incluido dentro del POS al Comité Técnico Científico’(22)”.
“En el caso concretó está claramente demostrado que el ISS se tomó casi un mes para remitir la historia clínica del paciente a su Staff de Cardiología, con el objeto de que éste analizara el caso, hiciera un diagnóstico y formulara un tratamiento. Luego del esperado concepto del Staff, el ISS se tomó un mes más para oficiar a la entidad que habría de realizar el procedimiento dispuesto, sin justificación alguna para tanta dilación. Todos estos trámites se surtieron lentamente, mientras el paciente soportaba los dolores propios de su enfermedad y el aislamiento derivado de su hospitalización.
“(…)”(23) (cursivas y subrayado del original - negrillas adicionales).
Se colige de lo anterior, que tanto la jurisprudencia constitucional como la contencioso administrativa han reiterado que el desconocimiento al derecho a la salud y, por consiguiente, la falla del servicio en que se incurre cuando se niega su servicio, se consolida en casos como este en la falta de trámites o procedimientos internos que corresponden única y exclusivamente a la propia entidad; por lo tanto, el hecho de someter al paciente y sus familiares a una sinuosa gestión de tener que desplazar a Alfonso González a otro municipio para que se realizaran las radiografías —las cuales, por cierto, por razones desconocidas nunca fueron efectuadas— constituye un flagrante desconocimiento a los derechos fundamentales de Alfonso González Medina.
Como se aprecia, la falla del servicio en que incurrió la entidad demandada se encuentra acreditada, ya que, en vez de descartar un diagnóstico a través de la remisión del paciente a otro centro o institución hospitalaria que contara con los elementos de evaluación necesarios, sometió al paciente y a su familia a una serie de gestiones que eran del resorte exclusivo de la entidad. En otros términos, el Hospital la Misericordia de Yalí ESE, dejó a cargo del paciente y su núcleo familiar la realización de exámenes que eran definitivos para establecer si la bala perdida que lo hirió había comprometido órganos internos, comportamiento que sin hesitación alguna es reprochable por ser contrario a los deberes impuestos por la ética médica, máxime si se trataba de un paciente que presentaba una herida abdominal irrogada por proyectil de arma de fuego(24).
Entonces, la entidad demandada en un claro desconocimiento de los preceptos constitucionales y legales impuso a los demandantes una carga administrativa que no debían soportar, toda vez que el deber de descartar el diagnóstico diferencial correspondía única y exclusivamente a la institución hospitalaria, de conformidad con el principio de confianza.
En relación con el principio de confianza en la actividad médica, esta Sección ha discurrido así:
“En efecto, en tratándose de la prestación del servicio público (C.P., art. 49) médico-hospitalario, el Estado asume una carga especialísima de protección, toda vez que las personas que se someten a la praxis médica, quirúrgica y hospitalaria, lo hacen con la finalidad de que un grupo de personas con un conocimiento profesional y técnico brinden soluciones a situaciones que se relacionan de manera directa o indirecta con el concepto de salud(25).
“En ese orden de ideas, el principio de confianza legítima(26) en materia de la prestación del servicio médico-hospitalario se torna más exigente, como quiera que los parámetros científicos, profesionales y técnicos que rodean el ejercicio de la medicina se relacionan con el bien jurídico base y fundamento de los demás intereses jurídicos, esto es, la vida y, por conexidad, la salud”(27).
Y si el hospital no contaba con los elementos o instrumentos necesarios para ello, su obligación era promover la adopción de medidas para garantizar la remisión inmediata del paciente a un centro médico de nivel superior y no cinco días después del lamentable incidente en el que resultó herido el señor González Medina, circunstancia que permitió que la peritonitis se propagara.
En esa dirección, el médico forense en su experticia indicó:
“En una herida abdominal por proyectil de arma de fuego en que se tenga la duda de si ésta fue penetrante o no a cavidad abdominal se debe poner al paciente en observación estricta y al menor signo o síntoma de compromiso peritoneal (vómito, dolor abdominal, distensión, fiebre) se debe proceder a una laparotomía exploradora de urgencia para descartar que no haya compromiso visceral intestinal, cuya complicación más frecuente es la peritonitis que pone en peligro la vida del paciente.
“(…) Discusión y conclusión
“En este caso hay que tener muy en cuenta que las lesiones producidas fueron graves y capaces de producir la muerte; la evolución atípica del cuadro abdominal retardó el tratamiento oportuno”.
Y, si bien, el perito mencionó que la evolución clínica del paciente fue atípica, ello no constituía óbice para que el Hospital de la Misericordia de Yalí ESE adelantara todas las gestiones tendientes a la remisión de Alfonso González a una institución hospitalaria que contara con el equipo de rayos x, lo que pudo permitir en su momento efectuar un diagnóstico definitivo, es decir, que el proyectil descerrajado no sólo lesionó la cavidad abdominal sino que también comprometía órganos esenciales.
En ese orden de ideas, en el caso concreto se configuró una falla del servicio médico-asistencial, que hace imputable el daño antijurídico en cabeza de la entidad demandada, ya que, de haberse tratado al paciente de forma oportuna, era altamente probable(28) que el resultado final hubiera sido disímil. En consecuencia, el daño no es imputable a un error en el acto médico (diagnóstico o tratamiento), sino a la indebida prestación del servicio de salud, ya que de haberse brindado de manera eficiente se hubiera evitado el resultado lesivo.
Por lo tanto, en el caso concreto no se presentó una pérdida de oportunidad para el paciente, sino una falla del servicio integral que afectó —por completo— la prestación del servicio médico asistencial, lo cual, en términos del dictamen pericial que obra en el proceso, habría evitado el deceso del paciente puesto que, en el escenario contrario, la sepsis generalizada —causa científica de la muerte— no se hubiera presentado.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia en reciente providencia definió los alcances sociales y nomoarquicos de la obligación médica con una argumentación que, mutatis mutandis, resulta aplicable al caso concreto. En efecto, sostuvo:
“La responsabilidad civil médica, modalidad específica de la profesional, configura un sistema compuesto por la proyección e incidencia de la medicina en la vida, salud e integridad sicofísica de la persona, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales del sujeto. La salud, es un derecho fundamental vinculado a la vida e integridad de las personas, base cardinal indisociable sin la cual el orden jurídico constituiría un simple enunciado vacuo, teórico e inocuo. La prestación del servicio médico y los servicios de salud, constituye derecho esencial del ser humano con singular y reforzada tutela normativa, a punto de ser deber constitucional del Estado, las instituciones prestadoras y del profesional. La protección de la vida humana, salud, dignidad y libertad de la persona, el principio de solidaridad social, reconduce las directrices tradicionales de la responsabilidad más allá de la relación directa médico paciente o de la naturaleza intelectual, liberal y discrecional de la profesión médica…
“A las pautas generales de la responsabilidad civil, y a las singulares de la profesional, aúnanse las reglas, normas, o directrices específicas del arte, ciencia o profesión con los cánones o principios científicos o técnicos de su ejercicio (lex artis) según criterios o procederes usuales en cierto tiempo y lugar, el conocimiento, avance, progreso, desarrollo y estado actual (lex artis ad hoc).
“La actividad médica en la época contemporánea más dinámica, eficiente y precisa merced a los adelantos científicos y tecnológicos, cumple una función de alto contenido social. Al profesional de la salud, es exigible una especial diligencia en el ejercicio de su actividad acorde al estado de la ciencia y el arte, sobre él gravitan prestaciones concretas, sin llegar a extremo rigor, considerada la notable incidencia de la medicina en la vida, salud e integridad de las personas…
“(…) Conforme a tal inteligencia del médico sobre los riesgos de la operación, síntomas y consecuencias de una sepsis, no se explica cómo, enterado inicialmente (al segundo día de la operación) del dolor de cabeza y fiebre, estimó “que no ameritaba verlo de inmediato”, citándolo para el día siguiente, consulta en la que avisado del “marcado dolor de pantorrillas”, olvidó lo referido el día anterior y lo evaluó “como síntoma aislado de la cirugía”, recetándole “calmante y antiinflamatorio”… Para la Corte, es incontestable la responsabilidad civil extracontractual de las demandadas por el acto médico, la muerte del paciente afiliado por la infección sobrevenida después de la cirugía, la falta de atención oportuna y eficiente, el daño y la relación de causalidad, según acreditan pruebas precedentes, actos que comprometen en forma solidaria a la entidad promotora de salud y a la institución prestadora de salud, por lo expuesto con antelación”(29).
En consecuencia, el daño es imputable en su totalidad al Hospital la Misericordia porque con su omisión impidió que se suministrara el adecuado e idóneo tratamiento requerido por el paciente. Por lo tanto, si bien en términos causales la muerte la produjo la sepsis generalizada, lo cierto es que en el plano de la imputación el daño es única y exclusivamente atribuible a la institución médica mencionada, toda vez que con su omisión impidió que el lesionado fuera atendido de forma oportuna lo que desencadenó su muerte. En este punto la Sala reitera, una vez más, la insuficiencia del dogma causal en la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el mal llamado nexo causal o principio de causalidad es irrelevante para determinar a quién es atribuible un resultado lesivo(30).
En efecto, la salud es un servicio público esencial y un derecho de carácter fundamental prestacional, en principio a cargo del Estado y, por ende, desde el modelo social de derecho que permea nuestro ordenamiento, todas las decisiones políticas o administrativas —al margen del escenario público en que sean proferidas y de los instrumentos jurídicos en que estén contenidas— tendientes a limitar o restringir el acceso de los ciudadanos al efectivo suministro del servicio de salud devienen inconstitucionales y, en consecuencia, en tanto medie un daño antijurídico, imputables en cabeza de la organización pública(31).
Según los anteriores planteamientos, la falta de remisión oportuna del paciente González Medina, configuró una falla del servicio, motivo por el cual habrá lugar habrá lugar declarar la responsabilidad extracontractual de la demandada en la muerte de aquél.
Por último, la Sala confirmará la decisión de absolver al Hospital General de Medellín-Luz Castro de Gutiérrez, puesto que del acervo probatorio que obra en el proceso se concluye que su actuación fue diligente y cuidadosa, al grado tal que suministró toda la atención requerida por el señor Alfonso González Medina, pero desafortunadamente se produjo su deceso debido al avanzado proceso infeccioso con que se recibió al paciente en esta última institución hospitalaria.
En relación con el perjuicio moral, la Sala de manera reiterada(32) ha señalado que este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral. En ese orden de ideas, habrá lugar a reconocer, vía presunción de aflicción, perjuicios morales a favor de los demandantes quienes ostentan la condición de padres y hermanos del occiso.
Así las cosas, se accederá a los requerimientos elevados en la demanda, motivo por el que los perjuicios morales serán decretados, previa aclaración de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, y ha considerado que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y con apoyo en el arbitrio juris, y ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(33).
“(…) El principio de proporcionalidad cumple la función de estructurar el procedimiento interpretativo para la determinación del contenido de los derechos fundamentales que resulta vinculante para el legislador y para la fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de constitucionalidad de las leyes. De este modo, este principio opera como un criterio metodológico, mediante el cual se pretende establecer qué deberes jurídicos imponen al legislador las disposiciones de los derechos fundamentales tipificadas en la Constitución. El significado de esta función sólo puede comprenderse cabalmente sobre la base del entendimiento previo de la estructura de los derechos fundamentales y de la estructura del control de constitucionalidad de las leyes, tal como observaremos a continuación”(34) (se resalta).
En el subprincipio de proporcionalidad se desarrolla el método de la ponderación(35), como un tipo de juicio mediante el cual se determina cuál derecho o principio debe prevalecer en una colisión entre derechos fundamentales o principios. Esta técnica contiene tres elementos que la estructuran y desarrollan: la ley de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación(36). El primero se explica así: “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”(37). El segundo elemento hace referencia a una fórmula matemática en la cual se les atribuye a unas variables un valor numérico que permite calcular el peso de los principios enfrentados. Finalmente, el tercer elemento consiste en las cargas argumentativas que los principios tienen “per se” y se utilizan si con la fórmula del peso existe un empate entre los principios enfrentados(38).
“Así mismo y sin que con ello la Corte renuncie a sus responsabilidades o permita la supervivencia en el ordenamiento de regulaciones inconstitucionales, ha buscado racionalizar el examen constitucional a fin de respetar la potestad de configuración de los órganos políticos, modulando la intensidad del juicio de proporcionalidad. En este sentido ha concluido que en aquellos campos en donde la Carta confiere a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, una amplia potestad de apreciación y configuración el escrutinio judicial debe ser más dúctil, a fin de no afectar la discrecionalidad legislativa, que la propia Constitución protege. Por el contrario, en aquellos asuntos en que la Carta limita la discrecionalidad del Congreso, la intervención y control del juez constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por la Constitución. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto la Carta así lo exige”(39).
Como se aprecia, el principio de proporcionalidad sirve para solucionar colisiones nomoárquicas o de derechos fundamentales, como quiera que la pugna entre preceptos jurídicos se resuelve a través de los métodos hermenéuticos tradicionales, específicamente con la validez y la concreción de la norma para el caso concreto, tales como que la disposición posterior prevalece sobre la anterior, la especial sobre la general, etc.
“Las colisiones de principios deben ser solucionadas de manera totalmente distintas. Cuando dos principios entran en colisión —tal como es el caso cuando según un principio algo está prohibido y, según otro principio, está permitido— uno de los dos principios tiene que ceder ante el otro. Pero, esto no significa declarar inválido al principio desplazado no que en el principio desplazado haya que introducir una cláusula de excepción. Más bien lo que sucede es que, bajo ciertas circunstancias uno de los principios precede al otro… Los conflictos de reglas se llevan a cabo en la dimensión de la validez; la colisión de principios —como sólo pueden entrar en colisión principios válidos— tiene lugar más allá de la dimensión de la validez, en la dimensión del peso”(40).
“Con lo que se trabaja es con las leyes, en su espíritu y letra, y con una obligatoria jurisprudencia que justifica su oficio, y que al aplicar aquellas obtiene que se produzca la porción de verdad legal que se solicita en los tribunales. El objeto del procedimiento es la objetividad del derecho, dice una norma casi perdida en la maraña de nuestra ordenación positiva. Ella quiere decir que no es permitido al juez alterar los conceptos de fin y medio; y que no siendo dable utilizar para la administración de justicia fórmulas matemáticas, puede y debe en la estimación de algo tan cambiante y variable como son los casos humanos sub specie juris, poner al servicio del derecho el procedimiento, cosa que puede hacer sin arbitrariedad, sin quebrantamiento de preceptos, sin daño de nadie, y sin contorsiones, ni distorsiones jurisprudenciales”(41).
“El arbitrio es un criterio de la toma de decisión. El juez adopta sus resoluciones siguiendo o bien un criterio de legalidad o bien un criterio de su propio arbitrio o bien —como es lo más frecuente— combinando ambos de tal manera que la decisión es fijada con su arbitrio dentro de las posibilidades que le ofrece la legalidad. Si la ley diera una solución precisa y unívoca al conflicto, no habría lugar para el arbitrio. Pero como esto sucede muy pocas veces, dado que la naturaleza general y abstracta de la ley no le permite entrar en las peculiaridades del caso concreto, es imprescindible la intervención de un ser humano que conecte ambos polos de la relación —la ley y el caso— utilizando al efecto primero la técnica de interpretación de la norma y luego su adaptación al caso concreto… El arbitrio es el factor humano que el juez añade a los datos aportados por el ordenamiento jurídico. El arbitrio es fruto del árbol de la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el transcurso de la experiencia. El arbitrio hace que la sentencia sea una obra humana y no el mero resultado de una ecuación lógica o de un proceso mecanicista. Rechazar el arbitrio no es sólo desconocer una práctica manifiesta, es negar la condición ética del juez, del que se desconfía hasta el punto que se supone que cuando se introduce un elemento distinto de la lógica tradicional, se despeña inevitablemente en la arbitrariedad”(42).
Esta orientación jurisprudencial, es la misma que ha trazado la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, que por su importancia se trascribe, in extenso(43):
“3. El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, “que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo” (cas. civ. sent. mayo 13/2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo “de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso” (Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, pág. 147; ID., Il danno morale, Milano, 1966; El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, págs. 14 ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.
“Por ello, la Corte, partiendo del legítimo derecho a la reparación del daño moral causado, ante las vicisitudes que su apreciación económica apareja, al “no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado” (XXXI, pág. 83) y tratarse de valores “... económicamente inasibles ...” (CXLVIII, pág. 252 y CLII, pág. 143, CXLVIII, pág. 252 y CLII, pág. 143), en cuanto “esta especie de daño se ubica en lo más íntimo del ser humano, por ende, como medida de relativa satisfacción, que no de compensación económica, desde luego que los sentimientos personalísimos son inconmensurables y jamás pueden ser íntegramente resarcidos, es dable establecer su quantum a través del llamado arbitrium judicis”, “tarea que, por lo demás, deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad espiritual del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas, en cambio, puede afectarlos en menor grado. “Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte, que pertenecen por completo al dominio de la psicología, y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales, existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada …’ (G.J. Tomo LX, pág. 290)”. (Sent. mar. 10/94)” (cas. civ. sents. mayo 5/99, exp. 4978; nov. 25/99, exp. 3382; dic. 13/2002, exp. 7692; oct. 15/2004, S-165-2004, exp. 6199).
“Por lo anterior, consultando la función de monofilaquia, hermenéutica y unificadora del ordenamiento que caracteriza a la jurisprudencia, la Sala periódicamente ha señalado al efecto unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de imposición sino de referentes (cas. civ., sent. feb. 28/90, G.J. Nº 2439, pág. 79 y ss.; así en sent. sustitutiva, ene. 20/2009, exp. 170013103005 1993 00215 01, reconoció por daño moral, cuarenta millones de pesos).
“Adviértase que no se trata de aplicar corrección o actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño, por cuanto el daño moral no admite indexación monetaria, sino de ajustar el monto de la reparación de esta lesión, como parámetro de referencia o guía a los funcionarios judiciales, a las exigencias de la época contemporánea, sin que, además, se presenten inexplicables a inconvenientes diferencias para los administrados por el hecho de que el conocimiento de una jurisdicción en particular, reparación cuya definitiva fijación en términos monetarios corresponderá al juez de conocimiento, de conformidad con el particular marco de circunstancias que sea objeto de su decisión y atendiendo al tradicional criterio del arbitrio iudicis”(44).
A modo de ejemplo, baste indicar que es perfectamente posible que exista una familia que, por circunstancias laborales o personales de sus miembros, éstos convivan en distintas zonas de una misma ciudad, o de un mismo país o incluso en el extranjero, sin que esto altere el fuerte y cercano vínculo afectivo y sentimental que existe entre ellos, esto es, la distancia geográfica no significa desamor o falta de afecto(45).
A partir del ejemplo anterior, extraído de la experiencia, y con aplicación irrestricta del llamado test de proporcionalidad, se concluiría que al margen de la muerte de uno de los integrantes de ese núcleo familiar, habría que reducir la indemnización por el daño moral porque la convivencia es factor determinante en la liquidación del mismo(46).
“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales…”(47) (Se destaca).
El arbitrio iuris siempre será necesario en cualquier ordenamiento jurídico puesto que el legislador no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley(48).
En el presente caso, se decretarán perjuicios morales tasados en salarios mínimos mensuales vigentes para todos los demandantes como quiera obran los registros civiles que dan cuenta de la relación de parentesco que los vincula. En efecto, de estos documentos, la Sala da por probado el perjuicio moral en los actores con ocasión de la muerte de su esposo, padre y abuelo, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir(49) que el óbito de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, además de la importancia que dentro del desarrollo de la personalidad del individuo tiene la familia como núcleo básico de la sociedad.
En consecuencia, establecer y fijar la condena —en la parte resolutiva de la sentencia en salarios mínimos mensuales legales vigentes— no constituye un capricho del juzgador, ni supone el desconocimiento del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable única y exclusivamente a las decretadas en sumas líquidas de dinero, es decir, en pesos colombianos, toda vez que esa circunstancia garantiza y permite que al momento del pago —que de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo puede estar diferido en el tiempo por aspectos presupuestales— la condena mantenga su actualidad y, por lo tanto, no se altere o afecte en virtud de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda(50).
En ese orden de ideas, la Sala insiste en su jurisprudencia según la cual, en aras de respetar el principio de igualdad, es imperativo que se haga la conversión automática de gramos oro —de la condena de primera instancia— a salarios mínimos, según la cual 1.000 gramos de oro corresponden a 100 SMMLV.
Ahora bien, científicamente, ese tipo de pérdidas es conocida como duelo, que se caracteriza por tener un componente de aflicción o dolor, el cual la doctrina médica ha definido en cuanto a su contenido y alcance en los siguientes términos:
“La aflicción, al igual que la muerte es una experiencia personal. La investigación actual ha cuestionado las nociones previas de un solo patrón “normal” de aflicción y un programa “normal” de recuperación. El hecho de que una viuda hablara con su difunto marido era considerado como una señal de perturbación emocional, que ahora se reconoce como una conducta común y útil (Luna, 1993b). Aunque algunas personas se recuperan con bastante rapidez después del duelo otras nunca lo hacen”(51).
Las reglas de la experiencia, y la práctica científica(52) han determinado que en la generalidad, cuando se está ante la pérdida de un ser querido, se siente aflicción, lo que genera el proceso de duelo, presunción que se hace extensiva inclusive a los abuelos y nietos, razón por la cual se modificará en este sentido la providencia impugnada para reconocer perjuicios morales a favor de estos últimos.
Así las cosas, como en el sub judice la demandada no desvirtuó la presunción de aflicción, habrá que decretar el perjuicio solicitado, según los porcentajes avalados por la Sala, para cada uno de los demandantes, en los valores que se indican a continuación:
Felisa Llano de González (esposa) 100 SMMLV
Rafael Antonio González (hijo) 100 SMMLV
Gustavo de Jesús González (hijo) 100 SMMLV
Miguel Ángel González (hija) 100 SMMLV
María Teresa González (hija) 100 SMMLV
Gabriela del Socorro González (hija) 100 SMMLV
Jairo Alfonso González Atehortúa (nieto) 100 SMMLV
María Alejandra Gómez González (nieta) 100 SMMLV
Johan Sebastián Méndez González (nieto) 100 SMMLV
Yuli Yoana González Valdés (nieta) 100 SMMLV
6.2. Perjuicios Materiales (lucro cesante): la Sala se limitará a actualizar a valor presente, la condena decretada a favor de Felisa Llano de González por este concepto para lo cual se empleará la fórmula fijada por la jurisprudencia de esta corporación, según la cual, la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica (Rh) multiplicada por la división entre el índice de precios al consumidor final (esto es el vigente al momento de esta providencia), sobre el IPC inicial, que para el caso corresponde al 30 de abril de 2001, fecha en que fue proferida la sentencia de primera instancia.
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas a las partes de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
1. Modifícase la sentencia consultada, esto es, la proferida el 30 de abril de 2001, por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Antioquia, Caldas y Chocó, la cual quedará así:
“Primero. Decláranse probadas las excepciones de indebida notificación y de falta de legitimación en la causa por pasiva, frente al municipio de Yalí y el departamento de Antioquia - Servicio Seccional de Salud, respectivamente.
“Segundo. Se absuelve al Hospital General de Medellín - Luz Castro de Gutiérrez.
“Tercero. Se absuelve a los llamados en garantía.
“Cuarto. Declárase al Hospital la Misericordia del municipio de Yalí ESE, patrimonialmente responsable de los perjuicios causados con la muerte de Alfonso González Medina.
“Quinto. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase al Hospital la Misericordia del municipio de Yalí ESE, a pagar las siguientes sumas de dinero, por concepto de perjuicios morales:
“Sexto. Por concepto de perjuicios materiales, condénase al Hospital la Misericordia del municipio de Yalí ESE, a pagar la suma de treinta y un millones quinientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 31´573.450), a favor de la señora Felisa Llano de González.
“Séptimo. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.
(1) Suma que corresponde a la deprecada a título de daño moral.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 2008, expediente 17070, M.P. Enrique Gil Botero.
(3) Dispone el artículo 357 —modificado por el Decreto 2282/89, art. 1º, num. 175.— que: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(4) Afirma la Corte Constitucional, en este sentido, en la Sentencia T-400 de 1996, que: “Pero no es menos cierto que, cuando se trata de medidas adicionadas a la tutela concedida, que pueden resultar gravosas para la persona o entidad contra quien se ha fallado, como cuando se trata de la indemnización en abstracto (D. 2591/91, art. 25) o, excepcionalmente, del pago de sumas de dinero, obra el principio consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”, que no tiene su aplicación únicamente en materia penal sino en todas las ramas del derecho, como lo expresó esta Corte en sentencias C-055 del 15 de febrero de 1993 y T-233 del 25 de mayo de 1995…
“No sobra aclarar que, en sede de revisión ante la Corte Constitucional, las aludidas advertencias no tienen cabida, en cuanto su competencia no procede de recurso alguno de las partes sino de la propia Constitución, siendo por ello plena” (resaltado fuera de texto).
En la Sentencia T-080 de 1998 se reitera que “Cabe advertir que en el caso sub examine, no es aplicable el fenómeno jurídico de la reformatio in pejus, pues este solamente se produce cuando se agrava la situación del “apelante” y como es bien sabido, la Corte Constitucional no conoce de la revisión de sentencias de tutela en virtud de recurso alguno de apelación o impugnación, sino en desarrollo de los preceptos constitucionales que consagran la competencia de la Corte para revisar por vía directa y en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (C.P., art. 241, num. 9º).
“De manera que por dichas razones, no es dable hablar de la reformatio in pejus con respecto a las decisiones que deba adoptar la Corte Constitucional, en relación con sentencias de tutela materia de revisión” (resaltado fuera de texto).
(5) Esta norma fue demanda ante la Corte Constitucional, con el cargo de violar el derecho a la igualdad. Al respecto expresó la Corte —Sentencia C-165 de 1999—, al declarar la exequibilidad de la norma, que: “En criterio del demandante, la apelación adhesiva infringe el principio de igualdad entre las partes que actúan en el proceso, pues la que obra diligentemente es premiada mientras que la que apela en forma directa no.
“No comparte la Corte el punto de vista del actor pues la apelación adhesiva no es discriminatoria ya que no se establece solamente en favor de una de las partes sino de todos los sujetos procesales que en él intervienen. Y, por tanto, son éstas las que deben decidir libremente, de acuerdo con sus propios intereses y conveniencias, si interponen en forma independiente la apelación o más bien se adhieren a la que presente la contraparte, con todas las consecuencias que de ello se deriva. Así las cosas, no se infringe el principio de igualdad por que, precisamente, una de las formas de garantizarlo es concediendo iguales oportunidades a las partes para ejercer idénticas actuaciones procesales, que es lo que aquí ocurre.
“Cierto es que los recursos deben interponerse dentro de la oportunidad señalada por el legislador, ya que si no se ejercen en ese plazo el interesado pierde la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, en el caso de debate no se puede afirmar que se trata de dos apelaciones ya que quien presenta la apelación directa no puede luego adherirse a la de la contraparte, por ser excluyentes. El recurso de apelación es uno sólo lo que sucede es que el legislador ha consagrado dos formas y oportunidades distintas para hacer uso de él; una es la apelación directa que, generalmente, se interpone en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, y otra la apelación adhesiva que se puede presentar hasta antes del vencimiento del término para alegar ante el superior. .
“Tampoco es posible sostener que la apelación adhesiva constituye un premio para el negligente, como lo denomina el actor, por no haber apelado directamente, por que quien elige la opción de adherirse a la apelación interpuesta por la otra parte, no lo hace por descuido, desidia o imprevisión y, mucho menos, mala fe, sino porque el legislador le otorga la facultad de hacerlo. En consecuencia, siendo éste un derecho conferido por la ley a las partes procesales, son éstas las que deben decidir si lo ejercen o no, en caso de que la providencia les haya sido desfavorable.
“Por estas razones, las disposiciones acusadas no violan el derecho a la igualdad de las partes en el proceso”.
(6) En tal sentido, manifestó esta Sala, en el auto de 19 de febrero de 2004 —exp. 26.162— que “Las expresiones iniciales de la norma sobre “la parte que no alegó” (sic) deben entenderse referidas al que no apeló en el término de ejecutoria, no al que apeló antes o después del término de ejecutoria, pues la finalidad de la disposición, entre otras, es la de que una parte jamás pueda ser, al tiempo, apelante principal y adhesivo. A ello se debe que la doctrina diga lo siguiente con base en el sentido total de la norma…” (resaltado fuera de texto).
(7) Disponía el artículo 353 del entonces Decreto 1400 de 1970 que “APELACIÓN ADHESIVA. La parte que no apeló podrá adherir al recurso interpuesto por la contraria, en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable. La adhesión podrá hacerse hasta el vencimiento del término para alegar” (resaltado fuera de texto).
(8) En este sentido, expresa la Sección Cuarta que “El artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en lo Contencioso Administrativo por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagra la figura jurídica de la “apelación adhesiva”, dándole el carácter de subsidiaria, dependiente, subordinada de la apelación principal, al punto que la apelación adhesiva se entiende como secundaria de la apelación principal; lo cual implica que la apelación adhesiva queda sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
“En el caso de autos, como el recurrente no cumplió con la carga procesal de la sustentación, dando lugar a que se declare desierto el recurso, igual suerte seguirá la apelación adhesiva, dada su naturaleza de subsidiaria, dependiente y subordinada de la apelación principal” (Auto feb. 20/2003, exp. 13.309).
(9) “La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”.
(10) “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”.
(11) “(…) Los recursos podrán fundarse también en las causales de que trata el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil”.
(12) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, expediente 13503, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, expediente 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(14) “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante…” Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 260.
(15) “La noción de situación jurídicamente protegida como clave para que una persona esté legitimada para actuar bien podría ser enunciada por su anverso, esto es, que no puede recibir indemnización quien se encuentre en una situación ilegal de la que se genera el título por el cual se reclamaría.” Henao, Juan Carlos “El daño”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 95.
(17) “Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto.
(18) En este sentido se ha pronunciado la corporación, entre otras, en la Sentencia T-136 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(19) Sentencia T-1059 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Ver también: Sentencia T-062 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Otras sentencias: T- 730 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-536 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-421 de 2007 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
(20) Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008.
(21) Corte Constitucional, Sentencia T-635 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) La accionante, quién padecía una enfermedad catastrófica, no había podido acceder al servicio de salud ordenado por su médico tratante. No se impartió orden alguna por ser un hecho superado, esa sentencia ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-614 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-881 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-1111 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-258 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-566 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(22) En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en otras ocasiones, entre ellas en la Sentencia T-1016 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, expediente 35656, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(24) “En el sentido más amplio, se puede decir que el deber del médico es propiciar el mayor bien para su paciente; es decir, defender sus mejores intereses, que son la vida, la salud y la felicidad. Y su comportamiento ético (Valenzuela, 2001) (Sánchez, 1994) podría manifestarse de la siguiente manera:
“1. En el diagnóstico, el médico debe tener una idea muy clara de la estructura de su propio sistema de valores y de la forma en que sus juicios personales influyen en las decisiones relacionadas con lo que es bueno o malo; debe tener un conocimiento básico de la ética como disciplina; y el proceso por el cual él llega a las decisiones éticas y las implementa, debe ser sistemático, consistente con la lógica.
“2. Durante la toma de decisiones, el médico debe reflexionar sobre si uno u otro acto alternativo, en su condición de profesional de la salud, beneficiará a su paciente y a la comunidad.
“3. En la prescripción, determinar cuál es la mejor de las alternativas que pueden brindarse, y cuidar que con éstas no se lesione los intereses del paciente, o de un tercero.
“4. En la terapéutica, para facilitar el juicio el médico dispone de principios morales como son el de autonomía, el de beneficencia-no maleficencia y el de justicia, como también de normas de moral objetiva, que son las que ha dictado la sociedad.
“Para que tenga validez, el juicio ético deber ser coherente, razonado. No basta consultar las normas de moral vigentes y ceñirse ciegamente a éstas para aceptar que se actúa éticamente. Por su propia naturaleza, la ética es un saber ordenado a la actuación, por lo tanto, un “saber actuar”. En otras palabras, no es lo mismo conocer la ética, que actuar éticamente.” Cortés Cortés, Manuel A. y Monroy Alvarado, Germán Sergio “Iatrogenia, Ética y Administración”, Publicado en Dimensión Social y Humana del Crecimiento Económico, M.M. Fernández R y M.M. Saleme A. (Comps.), págs. 325-348, Departamento de Producción Económica, DCSH, UAM-X, México, diciembre 2004. http://www.centrogeo.org.mx/curriculum/GermanMonroy/pdf/iatrogenia.pdf (página web consultada feb. 20/2012).
(25) La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “el estado completo de bienestar físico, psíquico, y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades.” www.who.int/en/
(26) “El principio de confianza encuentra uno de sus fundamentos en el principio de autorresponsabilidad. La principal consecuencia es la de que el ámbito de responsabilidad de cada uno se limita a su propia conducta, y sólo bajo especiales circunstancias se extiende a las actuaciones de otro. Por regla general, cada uno debe orientar su conducta de tal forma que no lesione bienes ajenos; pero no es su deber preocuparse por que los demás observen el mismo comportamiento. En virtud del principio de autorresponsabilidad, generalmente sólo se responde por el hecho propio, mas no por el hecho ajeno.
“En todo contacto social es siempre previsible que otras personas van a defraudar las expectativas que se originan en su rol. No obstante, sería imposible la interacción si el ciudadano tuviese que contar en cada momento con un comportamiento irreglamentario de los demás. Se paralizaría la vida en comunidad si quien interviene en ella debe organizar su conducta esperando que las otras personas no cumplirán con los deberes que les han sido asignados. El mundo está organizado de una forma contraria. Pese a que se presentan frecuentes defraudaciones, quien participa en el tráfico social puede esperar de las otras personas un comportamiento ajustado a sus status; él puede confiar en que los otros participantes desarrollarán sus actividades cumpliendo las expectativas que emanan de la función que le ha sido asignada”. López Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 120 y 121 (se resalta).
(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2009, expediente 16701, M.P. Enrique Gil Botero.
(28) “En términos generales, y en relación con el “grado de probabilidad preponderante”, puede admitirse que el juez no considere como probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible. Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante”. De Ángel Yagüez, Ricardo “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil. Con especial atención a la reparación del daño”, Ed. Civitas, Madrid, 1995, págs. 78 y 79.
(29) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia del 17 de noviembre de 2011, expediente 1999-00553, M.P. William Namén Vargas.
(30) “La diferencia entre imputación y causalidad es que en la primera el ligamen no es necesario, sino arbitrario o convencional, porque así se ha convenido por los responsables de la comunidad política. Por el contrario, en la relación de causalidad el vínculo es de necesidad, porque no podría ser de otra manera. De no ser así, de no poderse constatar y comprobar empíricamente, la ley física perdería su condición de tal. Así, por ejemplo, según la ley de la gravedad, si soltamos un cuerpo en el aire, éste experimenta necesariamente una caída o empuje hacia abajo. Es una ley física, de carácter necesario, a la que no cabe hacer excepciones. Por el contrario, si alguien mata a otro, puede ser condenado a pena privativa de la libertad, es cierto, pero también, dependiendo de la cultura, podría serlo a pena capital o a otro tipo de sanción. Incluso en una isla donde ser antropófago fuese práctica común, podría quedar impune. Es una ley jurídica y, por tanto, convencional. Es de esa manera porque así lo han acordado o convenido los miembros de la sociedad en la que se da dicha ley, pero ello no implica que no quepan otras posibilidades en otros contextos jurídicos” (se destaca) María José Falcón y Tella “La jurisprudencia en los derechos romano, anglosajón y continental”, Ed. Marcial Pons, 2010, pág. 92.
(31) “Los propios autores médicos reconocen que hay falta de información sobre responsabilidad profesional, y que es posiblemente una de las causas de los frecuentes problemas legales.
“Esta quizás sea la consecuencia de una precaria formación de pregrado del médico, ya que —en general— la formación actual resulta anacrónica porque no informa sobre los aspectos legales del ejercicio médico, ni tampoco reconoce que la relación médico-paciente se ha transformado, democratizándose, aunque algún factor correctivo ha sido introducido mediante cursos de posgrado.
“Por el contrario, frente a la proliferación de los juicios por mala praxis se torna imperativo que los médicos tengan en cuenta el entorno médico legal mediante la incorporación —cuando menos— de nociones básicas sobre estos temas.
“Ello es particularmente aconsejable en el terreno de las prácticas quirúrgicas, a cuyo respecto inteligentemente se ha preguntado: “Los cirujanos dedicamos gran parte de nuestro tiempo al estudio de técnicas, tácticas y nuevos instrumentos. Si nuestra profesión está controlada por el derecho, ¿por qué no dedicamos un pequeño tiempo al estudio de las leyes correspondientes? El desconocimiento del derecho nos hace vulnerables”. Urrutia, Amílcar “Responsabilidad por mala praxis médica”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pág. 42 y 43.
(32) Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, del 13 de agosto de 2008, expediente 17042 y del 1º de octubre de 2008, expediente 27268.
(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646.
(34) Bernal Pulido, Carlos “El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales”, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, págs. 37 a 39 y 77.
(35) La ponderación es el “procedimiento de aplicación jurídica mediante el cual se establecen las relaciones de precedencia entre los principios en colisión. En la ponderación son tenidos en cuenta todos los argumentos que juegan a favor y en contra de la prevalencia de cada uno de los principios en conflicto y se determina cuál de ellos tiene mayor peso en el caso concreto” Ibídem, pág. 575.
(36) Bernal Pulido, Carlos. El derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pág. 99.
(37) Cita de Robert Alexy dentro del texto de Carlos Bernal Pulido. Ibídem, pág. 99.
(38) Ibídem, págs. 101 a 103.
(39) Corte Constitucional, Sentencia C-421 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(40) Alexy, Robert “Teoría de los Derechos Fundamentales”, Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 89.
(41) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 414.
(42) Nieto, Alejandro “El arbitrio judicial”, Ed. Ariel, 2001, pág. 219.
(43) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 18 de septiembre de 2009, expediente 2005-00406, M.P. William Namén Vargas.
(44) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 17 de noviembre de 2011, expediente 1999-533, M.P. William Namén Vargas.
(45) Al respecto, la Sala en otrora oportunidad indicó: “C. Se confirmará el reconocimiento que hizo el Tribunal en favor del padre, por perjuicios morales, pues la distancia geográfica no necesariamente significa desamor o falta de afecto. No existe prueba que destruya la presunción del dolor moral que causa en el padre la muerte de su hijo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre de 1991, expediente 6451, M.P. Juan de Dios Montes. “Se presume judicialmente que la madre y los hermanos de Carlos sufrieron con su muerte; pues de la misma presunción de hombre se infiere que la muerte de una de esas personas causa congoja; además como se probó que todos aquellos se preocupaban mutuamente, se puede deducir que la pérdida de uno de los integrantes de la familia primigenia produce en los otros un sentimiento negativo de pesadumbre. El hecho relativo a que Carlos Ernesto no vivió siempre con ellos no es hecho que desvirtúe el hechos social de afecto entre hijo y madre y hermanos y hermanos, pues la relación humana cercana no se deriva del aspecto meramente territorial, sino del vínculo espiritual”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 2001, expediente 13109, M.P. María Elena Giraldo.
(46) “Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres… Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”. Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macroregionales sobre Conciliación - Memorias, ICBF, págs. 4 y 6.
(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13232-15646, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(48) “Es el momento de poner punto final. No quiero hacerlo, sin embargo, sin proclamar muy alto y muy claro mi radicar desacuerdo con esa idea que puso en circulación K.C. Davis y que se repite desde entonces con injustificado entusiasmo de que el Derecho termina donde comienza la discrecionalidad. Esa idea pudo ser cierta mientras estuvo vigente el paradigma del Estado legal de Derecho; hoy, en cambio, es inaceptable. El cambio de paradigma, el paso del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de derecho, ha cambiado radicalmente las cosas. Las reglas, que en cuanto razones perentorias para la acción hacen innecesario el razonamiento porque ellas mismas han resuelto de antemano el conflicto de intereses que plantea el supuesto de hecho que regulan, han cedido su anterior protagonismo a los principios, cuya aplicación reclama inexcusablemente un esfuerzo de ponderación y, por lo tanto, de argumentación racional para encontrar una solución del caso que ya no viene dada de antemano y que, por lo tanto, sólo puede sostenerse sobre la base de razones, de las razones que se revelen más fuertes en su inevitable confrontación con las que se les opongan en el concreto escenario procesal en el que el conflicto se plantee”. Fernández, Tomás - Ramón “Del arbitrio y de la arbitrariedad judicial”, Ed. Iustel, Madrid, 2005, págs. 131 y 132.
(49) Sobre el carácter de la presunción bajo las reglas de la experiencia el tratadista Gustavo Humberto Rodríguez manifestó: “La presunción como regla de experiencia. - La acción humana va siempre acompañada de conocimiento. El hombre conoce la realidad en la cual actúa, por medio de dos instrumentos: la experiencia y la ciencia. Con la experiencia conoce empíricamente, objetivamente, llevando por la observación a que se ve impelido por la acción. Con las ciencia(sic) sistematiza sus conocimientos, profundiza críticamente en ellos, los verifica y los explica metódicamente. El análisis empírico lo lleva a formular juicios de experiencia; el científico lo conoce a expresar juicios científicos, que serán absolutos mientras la misma ciencia no los desvirtúe. A su vez, los juicios o reglas de la experiencia, en virtud de ese carácter meramente empírico o práctico, solo expresan un conocimiento inconcluso o de probabilidad. La experiencia es un conjunto de verdades de sentido común, dentro de las cuales hay muchos grados que lindan con el científico…” (Gustavo Humberto Rodríguez. Presunciones. Pruebas Penales Colombianas Tomo II. Ed. Temis, Bogotá 1970, pág. 127 y ss. Quiceno Álvarez Fernando. Indicios y Presunciones. Compilación y Extractos. Editorial Jurídica Bolivariana. Reimpresión 2002 ) (resaltado de la Sala).
(50) Y, si bien a lo largo de la jurisprudencia del Consejo de Estado algunos magistrados han profesado la interpretación contraria, lo cierto es que la misma siempre ha sido minoritaria, de modo que el contenido y alcance del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, se ha restringido o limitado a los perjuicios materiales que son fijados, como se ha señalado, en sumas líquidas de dinero. En efecto, uno de los representantes de la posición minoritaria fue el conjuez Hugo Palacios Mejía, quien en un salvamento de voto del expediente 9764, precisó: “Por fortuna, no puede decirse hoy, como se dijo en 1978, que no existe antecedente legislativo que indique cómo debe actualizarse las condenas. En efecto, el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo es terminante al prescribir que: “La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas solo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor. // “La manera de hacer el ajuste de valor en las condenas debe ser, pues, por medio del índice de precios al consumidor, o al por mayor, según haya solicitado y justificado el demandante. El artículo 106 del código penal, como dijo el Consejo de Estado en la sentencia arriba citada, solo es aplicable por extensión o analogía. El artículo 178, en cambio tiene aplicación directa en estos procesos. En síntesis, a mi juicio, la forma correcta de aplicar los artículos 106 del código penal, y 178 del código contencioso administrativo, que no son contradictorios sino complementarios, consiste en determinar el valor que tenían 100 gramos oro en 1980, y actualizar ese valor, expresado en pesos, utilizando para hacer la actualización el índice de precios al consumidor, y no el precio del oro”.
(51) Papalia Diane E., Wendkos Olds Rally y Duskin Feldman Ruth. Desarrollo Humano. Ed. Mc Graw Hill. Novena Edición. Méjico D.F. 2004, pág. 766 y ss.
(52) Fernández Liria, B. Rodríguez Vega. Intervenciones sobre problemas relacionados con el duelo para profesionales de Atención Primaria: El proceso del duelo. Universidad Autónoma de Madrid. Http://www.medicinadefamiliares.cl/Protocolos/DUELO%201.pdf “Aunque es difícil establecer inequívocamente relaciones causa-efecto, numerosos estudios han relacionado las pérdidas de diverso tipo con alteraciones de la salud1. Hoy se acepta generalmente que en torno a un tercio de los pacientes que acuden a las consultas de Atención Primaria presentan problemas de salud mental que requerirían algún tipo de tratamiento y, aproximadamente una cuarta parte del total presenta problemas que podrían considerarse relacionados con algún tipo de pérdida1”.