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Timestamp: 2018-05-25 19:00:47
Document Index: 346321492

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 41']

Orden de 8 de julio de 2013, por la que se crea el sello electrónico de la Administración Tributaria Canaria - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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ORDEN DE 8 DE JULIO DE 2013, POR LA QUE SE CREA EL SELLO ELECTRÓNICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA (BOC DEL 16)
Primero. Crea el sello electrónico de la Administración Tributaria Canaria
Tercero. Características técnicas generales
Cuarto. Servicio de validación
Por Orden de 7 de diciembre de 2010 se crea y regula la Sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria, ubicada en el portal https://sede.gobcan.es/tributos. De conformidad con su artículo 2, la sede electrónica abarca la totalidad de los órganos y unidades que dependen de la Dirección General de Tributos, extendiendo su ámbito de aplicación a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, regula en su Título Segundo, Capítulo II, entre otros extremos, la identificación electrónica de las Administraciones Públicas y la autenticación del ejercicio de su competencia, estableciendo en su artículo 18 que para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica, entre los que se encuentra el sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
Es de aplicación supletoria para la utilización de medios electrónicos en los procedimientos administrativos en materia tributaria, el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como se refleja en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera.
La Ley 9/2006, de 11 de diciembre, en el artículo 6.c), otorga al Consejero competente en materia de Hacienda la prerrogativa para dictar en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias normas de desarrollo aplicables a las actuaciones y procedimientos tributarios que se realicen por medios electrónicos o telemáticos y a las relacionadas con los medios de autenticación utilizados por la Administración Tributaria Canaria.
Primero.—Crear el sello electrónico de la Administración Tributaria Canaria como sistema de firma electrónica para la identificación y autenticación del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada de los órganos y unidades dependientes de la misma.
Segundo.—El órgano responsable de la utilización del sello electrónico será la Dirección General de Tributos.
Tercero.—Las características técnicas generales del sistema de firma y certificado aplicable son las que constan en la Declaración de Políticas y Prácticas de Certificación particulares aplicables a los servicios de certificación y firma electrónica en el ámbito de organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, aprobada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, que puede consultarse en la dirección electrónica http://www.cert.fnmt.es/dpcs.
Cuarto.—El servicio de validación para la verificación del certificado podrá realizarse a través de la Sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria en el siguiente enlace https://sede.gobcan.es/tributos.
Quinto.—El sello electrónico podrá ser utilizado para las siguientes finalidades y actuaciones administrativas automatizadas:
1. Acuse de recibo de la presentación telemática y, en su caso, ingreso, con relación a los modelos tributarios que tengan autorizada la presentación a través de la Sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria.
2. El acuse de recibo acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y otros documentos, que deberá ser emitido automáticamente por el registro electrónico de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. Garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos o expedientes electrónicos generados en el ámbito competencial de la Administración Tributaria Canaria, a cuyo efecto se podrá superponer al código seguro de verificación con que se haya firmado.
A efectos de lo señalado en el párrafo anterior en cuanto a ámbito competencial de la Administración Tributaria Canaria, se excluyen los procedimientos de revisión del orden económico-administrativo.
4. La obtención de imágenes electrónicas de documentos en papel, con su misma validez y eficacia, a través de procesos de digitalización, de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el apartado 5 del artículo 41 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Sexto.—La presente Orden se publicará en la Sede electrónica de la Administración Tributaria Canaria, y para general conocimiento, en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Asimismo, a criterio de los interesados, podrán interponer en vía administrativa, el recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a la publicación de esta Orden, en los términos previstos en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significando que en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.