Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00987-de-mayo-12-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_89cd632434d970a8e0430a01015170a8&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 07:52:20
Document Index: 132773586

Matched Legal Cases: ['artículo 711', 'artículo 711', 'artículo 711', 'artículo 711', 'artículo 485', 'artículo 12', 'artículo 437', 'artículo 711', 'artículo 485', 'artículo 437', 'artículo 12', 'artículo 437', 'artículo 5', 'artículo 771', 'artículo 617', 'artículo 684', 'artículo 177', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 683', 'artículo 5']

﻿ Sentencia 2006-00987 de mayo 12 de 2010
SENTENCIA 2006-00987 DE 12 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. PROCEDENCIA DEL DESCUENTO DEL IVA FACTURADO A EMPRESAS SIN RESIDENCIA NI DOMICILIO EN COLOMBIA
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, EXTRANJERO DOMICILIADO, SOCIEDAD EXTRANJERA, SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE
Sentencia 2006-00987 de mayo 12 de 2010
Radicación: 25 000 23 27 000 2006 00987 01
No. Interno: 16810
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho la Liquidación Oficial de Revisión 310642005000009 de enero 27 de 2005 y la 310662005000109 de diciembre 20 de 2005, proferidas por la DIAN.
Para el efecto, precisará si se vulneró el artículo 711 del estatuto tributario y, en el evento de que este cargo no prospere, analizará si son procedentes los impuestos descontables solicitados por la actora en la declaración del impuesto sobre las ventas por el sexto bimestre de 2002. Concretamente, se analizará si para la procedencia del descuento del IVA generado en operaciones con no residentes o no domiciliados en Colombia se requiere necesariamente del contrato celebrado entre las partes y que en ese contrato se discrimine el impuesto sobre las ventas. También deberá determinar si procede la sanción por inexactitud.
— El 10 de enero de 2003, Petrobras Colombia Limited presentó la declaración del impuesto sobre las ventas por el sexto bimestre del año gravable 2002, radicada con el número 90000010487307, en la que liquidó un saldo a favor de $ 1.365’084.000.
— El 23 de junio de 2003, la sucursal solicitó la devolución del saldo a favor liquidado en la declaración mencionada, que fue reconocido mediante la Resolución 608-1276 del 5 de septiembre de 2003.
— El 4 de noviembre de 2003 la administración remitió el auto de verificación o cruce 310632003001862 y, posteriormente, el 310632004000264. Petrobras remitió en tiempo la documentación requerida.
— El 26 de marzo de 2004, la DIAN profirió emplazamiento para corregir 310632004000132, con el propósito de que Petrobras modificara la declaración del IVA por el sexto bimestre de 2002, para rechazar el IVA tomado como descontable por $ 103’832.000, originado en retenciones en la fuente con motivo de la adquisición de servicios a proveedores no domiciliados en el país.
— El 7 de mayo de 2004, la división de fiscalización de la administración especial de los grandes contribuyentes de Bogotá profirió el Requerimiento Especial 310632004000286, en el que nuevamente propuso el rechazo del IVA descontable por valor de $ 103’832.000 y una sanción por inexactitud por el valor de $ 166’131.000, por considerar que el IVA retenido por operaciones efectuadas con no domiciliados o no residentes no puede considerarse como impuesto descontable.
— El 17 de agosto de 2004, Petrobras presentó respuesta oportuna al requerimiento, en la que señaló que el IVA retenido a no domiciliados o no residentes en Colombia sí puede ser tomado como descontable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 485 a 490 del estatuto tributario.
— El 27 de enero de 2005, la DIAN profirió Liquidación Oficial de Revisión 310642005000009, en la que se confirmaron todas las glosas planteadas en el requerimiento especial, con lo que el saldo a favor disminuyó de $ 1.365’084.000 a $ 1.261’252.000 y se impuso una sanción por inexactitud por $ 166’131.000.
En dicha liquidación, la DIAN manifestó que si bien puede descontarse el IVA retenido a no domiciliados, no fueron aportados los contratos suscritos con las entidades no domiciliadas o no residentes, requisito indispensable para que procediera el descuento.
— El 4 de abril de 2005, Petrobras presentó recurso de reconsideración.
— El 20 de diciembre de 2005, la DIAN resolvió el recurso interpuesto y confirmó las glosas planteadas en la liquidación oficial de revisión y la sanción por inexactitud, con lo que el saldo a favor determinado oficialmente correspondió a la suma de $ 1.095’121.000.
De la violación del artículo 711 del estatuto tributario
El artículo 711 del estatuto tributario dispone que “La liquidación de revisión deberá contraerse exclusivamente a la declaración del contribuyente y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento especial o en su ampliación si la hubiere”.
Considera la Sala que cuando el artículo 711 del estatuto tributario exige que los hechos contemplados en el requerimiento especial sean los mismos de la liquidación, no está limitando los fundamentos que pueden servir de alegato a las partes. Dentro de esos fundamentos hay aspectos de derecho que se sustentan con las normas que regulan el caso, y hay aspectos fácticos que se verifican con el acervo probatorio. Esos fundamentos deben hacer alusión, al asunto materia del proceso o thema probandum, entendiendo por tal, “solo aquello que interesa al respectivo proceso, por constituir los hechos sobre los cuales versa el debate (...)”(8).
En el caso concreto, la demandante consideró vulnerado este artículo, porque la DIAN, en el requerimiento especial rechazó el IVA descontable porque no estaba previsto en el artículo 485 del estatuto tributario y, luego, en la liquidación oficial, porque si bien el impuesto retenido a no domiciliados era descontable, se habían aportado órdenes de servicio que, además de no ser prueba del contrato, tampoco discriminaban el IVA.
Verificado el requerimiento especial, se aprecia que la DIAN glosó $ 103.832.000 que corresponden al IVA que la demandante descontó en su declaración del 6º bimestre de 2002.
En los fundamentos de hecho y de derecho del requerimiento especial, la DIAN adujo:
“Se analizaron las órdenes de servicios o contratos celebrados por el contribuyente con los no domiciliados (fls. 170 a 219), estableciendo que en los mismos no se encuentra discriminado el IVA, no cumpliendo con lo señalado en el Decreto 1165 de 1996, que establece en su artículo 12. “Contratos con extranjeros sin domicilio o residencia en el país. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 437-2 del estatuto tributario, en el contrato respectivo deberá discriminarse el valor del impuesto sobre las ventas generado, que será objeto de retención por parte del contratante...”.
En los fundamentos de derecho, la glosa también se fundamentó en que de conformidad con los artículos 485 y 486 del estatuto tributario, tales valores no podían considerarse como impuestos descontables.
Con ocasión de la respuesta al requerimiento, la demandante contradijo tanto los fundamentos de hecho como de derecho en torno a la glosa de los $ 103.832.000.
En ese contexto, considera la Sala que el tema materia del proceso, siempre fue el mismo, esto es, la procedencia del IVA descontable en la declaración del 6º bimestre de 2002 y, en consecuencia, no se vulneró el artículo 711 del estatuto tributario.
De la procedencia del descuento del IVA facturado a empresas sin residencia ni domicilio en Colombia
La Sala, en sentencia del 7 de mayo de 2009(9) interpretó los artículos que también son objeto de discusión en el caso concreto. En esa oportunidad, precisó que según el artículo 485 del estatuto tributario es impuesto descontable el IVA facturado al responsable por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, hasta el límite que resulte de aplicar al valor de la operación que conste en las respectivas facturas o documentos equivalentes, la tarifa del impuesto a la que estuvieren sujetas las operaciones correspondientes. La parte que exceda ese porcentaje constituye mayor valor del costo o del gasto respectivo.
Señaló que el artículo 437-2 fue reglamentado por el artículo 12 del Decreto 1165 de 1996(10), según el cual, “para efectos de lo dispuesto en el numeral 3 de la citada norma, en el contrato respectivo debe discriminarse el valor del impuesto sobre las ventas generado que será objeto de retención por parte del contratante. El contrato servirá como soporte para todos los efectos tributarios”.
Para la Sala, esta exigencia persigue hacer efectivo el cumplimiento de la obligación del artículo 437-2 numeral 3º del estatuto tributario, esto es, que se efectúe la retención en la fuente sobre el 100% del IVA generado en la respectiva operación, porque de lo que se trata es de reglamentar la norma que autoriza la retención(11).
También señaló que el artículo 5º (num. 2º) del Decreto 3050 de 1997 prevé que constituyen documentos equivalentes a las facturas, los contratos celebrados con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, en cuyo caso para la procedencia del IVA descontable se debe acreditar, “adicionalmente”(12), que se ha practicado la respectiva retención en la fuente.
En el estudio de la legalidad de la norma citada, la Sala puntualizó que la procedencia del IVA descontable exige la presentación de la factura o documento equivalente a esta, que, para el caso de operaciones con extranjeros sin residencia o domicilio en el país, es el contrato. Y, por tratarse de una operación generadora de IVA, la administración tributaria requiere el documento o soporte de los hechos generadores de impuestos y la inclusión de su monto para así determinar la base gravable o de retención(13).
Y el artículo 771-2 del estatuto tributario señala que para la procedencia de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requieren facturas con los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario. Y que respecto de documentos equivalentes deben cumplirse los requisitos de los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del estatuto tributario.
Ahora bien, analizados en conjunto los artículos 485 [9], 771-2 y 5 del Decreto 3050 de 1997 y la jurisprudencia reseñada, la Sala concluyó que el contrato celebrado con extranjeros es una de las pruebas para la procedencia de los impuestos descontables, puesto que es el documento equivalente a la factura en tales operaciones y sirve de sustento para respaldar los impuestos descontables en IVA. De manera que la realidad negocial puede ser demostrada a través de otros medios probatorios que le permitan a la administración tener certeza de la operación y su cuantía(14). Es decir, que estos medios probatorios, en conjunto, contengan todos los elementos de un contrato.
En efecto, si bien el contrato es el medio legal idóneo para probar las operaciones con proveedores de servicios extranjeros, ello no le resta valor probatorio a otros documentos, como la factura, dado que la norma reglamentaria equiparó el contrato a aquella(15). Así, las operaciones con no residentes o no domiciliados en Colombia que originen el derecho a reclamar impuestos descontables pueden soportarse en facturas que den certeza de dichas operaciones y estén debidamente contabilizadas.
Esta Sala ha sostenido, en relación con el IVA descontable que surge para quienes contratan con personas o entes sin residencia o domicilio en el país, que “es el hecho de la retención en la fuente del cual surge, para el agente retenedor, en su condición de responsable del impuesto, el derecho a descontar el IVA que liquidó, declaró y pagó en forma anticipada”(16).
Ahora bien, la exigencia del contrato pretende determinar la existencia de la prestación de un servicio gravado en territorio nacional, mas no constituye la prueba del pago de la retención en la fuente en el IVA(17).
Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, las operaciones con no residentes o no domiciliados en Colombia que originen el derecho a reclamar impuestos descontables bien pueden estar soportadas con facturas, que aunque en virtud del principio de territorialidad de la ley no están sometidas al cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación colombiana, deben dar certeza de la operación para lo cual la administración tributaria cuenta con amplias facultades de fiscalización previstas en el artículo 684 estatuto tributario.
De acuerdo con el criterio expuesto, la Sala analiza si, en el caso concreto, es procedente admitir el IVA descontable por $ 103.832.000.
En el acervo probatorio se aprecia que la demandante aportó como prueba órdenes de servicio, otrosí a esas órdenes y las facturas correspondientes a esas órdenes, debidamente traducidas. Hizo la siguiente relación:
Razón social Número orden servicio Base IVA IVA solicitado
Doc. contable USD Doc. contable USD TRM Pesos
Petrobras International Braspetro 6020894(18) 319443 17,613.00 319623 2,818.08 2,814.71 7,932,078
Petrobras International 6021076(19) 319446 36,080.00 319619 5,772.80 2,814.71 16,248,758
CSL Consulting, INC 9002163(20) 319222 56,683.44 5035289 9,069.35 2,818.57 25,562,579
Petrobras International 6021026(21) 319441 17,986.00 319625 2,877.76 2,814.71 8,100,060
Petrobras International 9002452(22) 319442 56,408.00 319624 9,025.28 2,814.71 25,403,546
Petreco International Inc 9002458(23) 319544 20,000.00 319629 3,200.00 2,814.71 9,007.072
Petrobras International 6020973(24) 319445 8,464.00 319621 1,354.24 2,814.71 3,811,793
Geotrack International PTY LTD CAN(25) 399551 10,765.47 319627 1,722.48 2,814.26 4,847,494
Hyprotech Company(26) 319558 6,480.00 319616 1,036.80 2,815.03 2,918,620
Total 103,832.000
Verificadas las órdenes de servicio se aprecia que no está discriminado el impuesto sobre las ventas, pero, en los otrosí, se adicionó una cláusula que dispuso que sobre el valor facturado se haría la retención del impuesto sobre las ventas.
Sobre la discriminación del impuesto, esta Sección se ha pronunciado en el sentido de que la discriminación del IVA en los contratos de prestación de servicios suscritos con personas sin domicilio en el país, no es un requisito ad sustantiam actus, cuya omisión implique la pérdida del derecho al descuento, pues la ley no lo prevé así. Cosa distinta es que pueda aducirse la discriminación del IVA en el contrato, como requisito ad probationem, cuando la controversia verse sobre el valor que debió retenerse por la respectiva operación(27).
En el caso concreto no está en discusión el valor que debió retenerse por la respectiva operación. La discusión se centró en que las órdenes de servicio no eran prueba del contrato de prestación de servicios con residentes o domiciliados en el exterior y que en esas órdenes no se había discriminado el IVA. Finalmente, la discusión también se centró en que el monto que la demandante solicitó como IVA descontable no coincidía con el monto retenido y pagado al Estado.
Sobre si las órdenes de servicio y las facturas relacionadas con estas órdenes son prueba del contrato de prestación de servicios, la Sala reitera lo expuesto en las sentencias del 7 de mayo de 2009 y del 12 de febrero de 2010 en cuanto precisaron que “la realidad negocial puede ser demostrada a través de otros medios probatorios que le permitan a la administración tener certeza de la operación y su cuantía”.
En el caso está probado que la demandante aportó las ordenes de servicio y las facturas debidamente traducidas. También está probado que la demandante le aportó a la DIAN una relación con los valores que contabilizó como impuesto a las ventas descontables(28), y como prueba de la contabilización, obra en el proceso el certificado de revisor fiscal que da cuenta de ese hecho(29).
En cuanto a la discriminación del IVA, también se reitera la sentencia del 7 de mayo de 2009 en cuanto precisó que ese no era un requisito ad sustantiam actus.
En consecuencia, considera la Sala que está probado el acuerdo de voluntades, por lo tanto, se cumplen los presupuestos de los artículos 485[9], 771-2 y 5 del Decreto 3050 de 1997, en los términos que precisó la Sala en las sentencias que ahora se reiteran.
En este sentido, no fue acertada la decisión del tribunal a quo en cuanto consideró que el único documento (orden de servicio) que cumplía con el requisito referido al acuerdo de voluntades, era el distinguido con el número 9050003212 CSL Consulting Inc., sobre el que se solicitó un IVA descontable de $ 25.562.598.
Ahora bien, en cuanto a la diferencia que según la DIAN y el a quo no se acreditó como retenida y pagada, esto es los $ 26.102.000, advierte la Sala que en el recurso de apelación la demandante admite que no retuvo $ 103.832.000, sino $ 117.387.789, pero que estas retenciones fueron teóricas, porque hizo reversiones o ajustes por $ 39.658.144 y que, por eso, el valor total declarado solo ascendió a $ 77.729.645, cifra que resulta de restar a $ 117.387.789 los $ 39.658.144.
En la demanda también hizo alusión a esas reversiones o ajustes, pero la explicación que suministró fue que a los $ 103.832.000 le restó los $ 39.658.144 correspondientes a ajustes y reversiones y que al resultado de esta operación le sumó $ 16.256.853 por concepto de IVA solicitado como descontable en el primer bimestre de 2003.
La demandante adujo que en el cuaderno de antecedentes administrativos del proceso que inició la DIAN, que solicitó se tuviera como prueba, están los cuadros con las respectivas explicaciones de las reversiones y ajustes.
Revisado todo el acervo probatorio, advierte la Sala que no figuran en el expediente los documentos que sustentan las explicaciones referidas por la demandante. Aunque en los antecedentes administrativos obra el libro mayor y de balances en el que se puede apreciar la cuenta 2367 a la que hizo alusión la demandante y que corresponde al impuesto a las ventas retenido, no hay otra prueba en la que se puedan verificar las operaciones rescindidas y anuladas.
En ese orden de ideas, para la Sala tampoco son satisfactorias las explicaciones de la demandante y, por tanto, está probado que persiste la inconsistencia entre los valores solicitados como IVA descontable y los valores que se acreditaron como retenidos y pagados.
La apoderada de la DIAN, en el recurso de apelación señaló que el tribunal a quo no debió restar los $ 25.562.598 que admitió como impuesto descontable de los $ 77.730.000 declarados y pagados por la actora por concepto de retención en la fuente, pues esos $ 25.562.598 bien pueden corresponder a los $ 26.100.000 que no aparecen acreditados como retenidos.
Conforme con lo expuesto la Sala advierte que está acreditado el monto del IVA que se generó en los contratos de prestación de servicios y que ascendió a $ 103.832.034. Sin embargo, la demandante no probó que pagó al Estado esos valores, pues en el proceso solo hay prueba de que pagó $ 77.730.000. Las explicaciones que suministró la demandante sobre las reversiones y anulaciones no son satisfactorias, especialmente porque no hay pruebas en el proceso que respalden su dicho.
En efecto, para probar la explicación que adujo en la demanda, debió probar, con la contabilidad las reversiones y anulaciones por $ 39.748.144. Con declaración del IV del primer bimestre de 2003 los $ 16.256.853 que dijo que declaró como impuesto descontable. Y, con la declaración de retefuente cuyo periodo no especificó, que pagó $ 93.897.000
Ahora, si quería probar la explicación que adujo en el recurso de apelación, la demandante debió probar que no hizo retenciones por $ 103.832.000, sino de $ 117.387.789. Adicionalmente, que esas retenciones fueron teóricas en atención a las reversiones o ajustes por $ 39.658.144 que también debió probar.
El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. En el caso concreto la demandante no lo probó. Pese a que explicó en detalle la forma cómo hizo las reversiones y da cuenta de los documentos contables que las confirman, esos documentos no obran en el proceso.
Por otra parte, la DIAN tampoco desvirtuó que los $ 77.730.000 que la demandante probó que efectivamente pagó a título de retención en la fuente correspondan a otros conceptos diferentes a los impuestos descontables por $ 103.832.034.
En ese orden de ideas, considera la Sala que lo propio es que se reconozca como impuesto descontable únicamente $ 77.730.000.
Considera la Sala que la sanción de inexactitud es improcedente, por cuanto la controversia giró en torno a la interpretación de los artículos 485, 486, 437-2 del estatuto tributario, así como del artículo 12 del Decreto 1165 de 1996. Así mismo, también se orientó al análisis del acervo probatorio y se determinó que no hubo inexactitud en cuanto a la cifra descontable, pero no se probó el monto de la cifra retenida y pagada. Sin embargo, como también lo precisó la Sala en la sentencia del 12 de febrero de 2010, ni por controversias de interpretación, ni por falta de pruebas es pertinente aplicar la sanción(30).
Conceptos Reng. Liq. privada Liq. tribunal Liq. Consejo de Estado
Ingresos por exportaciones BM 9.444.523.000 9.444.523.000 9.444.523.000
Ingresos por operaciones excluidas y no gravadas BC 11.326.865.000 11.326.865.000 11.326.865.000
Ingresos por operaciones gravadas BD 21.752.000 21.752.000 21.752.000
Total ingreso netos recibidos durante el periodo HD 20.793.140.000 20.793.140.000 20.793.140.000
Compras y servicios gravados BK 31.714.523.000 31.714.523.000 31.714.523.000
Compras no gravadas BL 2.951.242.000 2.951.242.000 2.951.242.000
Total compras netas realizadas LZ 34.665.765.000 34.665.765.000 34.665.765.000
Total impuesto a cargo -Impuesto generado FU 101.843.000 101.843.000 101.843.000
Impuesto descontable por operaciones gravadas GS 1.466.927.000 1.388.658.000 1.440.825.000
Total impuesto descontable GR 1.466.927.000 1.388.658.000 1.440.825.000
Saldo a favor del período fiscal HC 1.365.084.000 1.266.815.000 1.338.982.000
Más: Sanciones VS 125.230.000
Saldo a favor HB 1.365.084.000 1.161.585.000 1.338.982.000
1. MODIFÍCASE el numeral 2º de la sentencia apelada, por las razones expuestas, así:
“2. A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la nulidad parcial declarada en el numeral anterior, se declara que la liquidación oficial a cargo de la citada sociedad por concepto de IVA del sexto bimestre de 2002, es la contenida en la parte motiva de esta providencia, con un saldo a favor (renglón HB) de mil trescientos treinta y ocho millones novecientos ochenta y dos mil pesos m/cte. ($ 1,338.982.000), conforme la liquidación inserta en la parte motiva de esta providencia".
2. CONFÍRMASE los numerales tercero y cuarto de la sentencia apelada.
3. RECONÓCESE personería a la abogada Jackeline E. Prada Ascencio como apoderada de la DIAN.
(8) Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, tomo II. Pruebas Judiciales. Octava Edición. Editorial ABC. Bogotá D.E. 1984.
(9) Expediente 16846, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(10) En sentencia de 23 de mayo de 1997, Expedientes 7904 y 8414, C.P. Germán Ayala Mantilla, la Sala anuló parcialmente el artículo 11 del Decreto 1165 de 1996 en cuanto ordenaba que la factura para el IVA descontable cumpliera todos los requisitos de los artículos 617 y 618 del estatuto tributario. Al respecto, señaló el fallo: “Si el legislador no estableció tal consecuencia no puede la administración, so pretexto de reglamentar la ley, introducir para efectos de la aceptación del impuesto descontable una condición no prevista en la norma de superior jerarquía cual es la de que la factura se haya expedido por parte del obligado con todos y cada uno de los requisitos previstos en la ley, y menos condicionar inexorablemente el derecho al descuento, por el impuesto causado o retenido por la operación gravada, a la existencia de la factura, como lo limita en el reglamento (...). Halla la Sala que al desconocerse el derecho al descuento del IVA facturado por no contener la factura los requisitos que para su expedición por parte del vendedor establece la ley, hecho no atribuible al comprador, se viola los principios de responsabilidad personal y de justicia y equidad previstos en la Constitución Política (arts. 6º y 95) y el mismo espíritu de justicia señalado en el artículo 683 del estatuto tributario. Este último en la medida que al reconocer el impuesto descontable al no darse la condición impuesta en el reglamento y no prevista en la ley, se está exigiendo al contribuyente más de aquello con que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación”.
(11) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre de 2005, Expediente 14342, C.P. Ligia López Díaz.
(12) En sentencia de 17 de julio de 2008, Expediente 15698, se negó la nulidad de la expresión “adicionalmente” contenida en el artículo 5º numeral 2º del Decreto 3050 de 1997, porque en el decreto reglamentario acusado no se incorporó un nuevo requisito para la procedencia del IVA descontable, pues, en todos los casos deberá practicarse la retención en la fuente prevista en la ley.
(14) Sentencia de 7 de mayo de 2009 (Exp. 16846), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
(16) Sentencia de diciembre 7 del 2005, Expediente 14642, C.P. Dra. Ligia López Díaz.
(17) Sentencia de 7 de mayo de 2009 (Exp. 16846) ibídem.
(18) Fls. 323 a 328 cdno. a. 122-124 cdno. ppal.
(19) Fls. 317 a 322 cdno. a. 126 a 129 cdno. ppal.
(20) Fls.310 y 316 cdno. a. 130 a 133 cdno. ppal.
(21) Fls. 307 a 309 cdno. a. 134 a 137 cdno. ppal.
(22) Fls. 304 a 306 cdno. a. 138 a 141 cdno. ppal.
(23) Fls. 297 a 301 cdno. a. 142 a 145 cdno. ppal.
(24) Fls. 291 a 296 cdno. a. 146 a 150 cdno. ppal.
(25) Fls. 276 a 281 cdno. a. 152 a 154 cdno. ppal.
(26) Fls. 276 a 281 cdno. a. 155 a 157 cdno. ppal.
(27) Expediente 16846 ibídem.
(28) Obra en los folios 8 a 39 cdno. a.
(29) Fl. 5 cdno. a.
(30) Sentencias de 29 de agosto de 2002, Expediente 12697, C.P. Ligia López Díaz, 22 de febrero de 2007, Expediente 15164, C.P. María Inés Ortiz.