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Timestamp: 2019-01-22 11:08:26
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Matched Legal Cases: ['Artículo 44', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'Artículo 44', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122']

Hacia una constitución que garantice a los habitantes su cabal autodeterminación - El Punto Sobre La i
Autor: Ifigenia Martínez
Las mujeres y hombres del Partido de la Revolución Democrática ganamos en 1997 el derecho a ser gobernados democráticamente en la capital de la república. Ahora, tras 18 años de gobiernos progresistas y de izquierda electos democráticamente, nos disponemos mediante una trascendental reforma política a dar a la capital de la República y sus habitantes una constitución que garantice su cabal autodeterminación.
Así se materializa un avance más en las aspiraciones ciudadanas por democratizar la capital de la república.
Son muchos los asuntos por considerar. Destacan, ante todo, los relativos a la arquitectura institucional de la nueva entidad federativa, tales como las relaciones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, entre la Jefatura de Gobierno y las alcaldías y entre la Ciudad de México y los poderes federales, donde no será un desafío menor lograr el equilibrio entre el estatus de la entidad como capital y su demanda de crecientes márgenes de autonomía e, incluso, soberanía. Bajo esta óptica, deberá también definirse la naturaleza del pacto de coordinación fiscal que deberá suscribir la Ciudad de México con la federación. No menos importante será sentar las bases de la sustentabilidad de la Ciudad con visión de futuro en el mundo.
Conviene tener una perspectiva equilibrada en cuanto los desafíos que entraña esta reforma política. Voces ciudadanas, por ejemplo, destaca 12 puntos sobre la Reforma Política del D.F.:
Pero no todos coinciden con una visión tan optimista. Hay quienes por el contrario, opinan que: “La reforma política del Distrito Federal dista mucho de ser la transformación histórica que se ha pretendido posicionar en la opinión pública…” Se ha difundido, por ejemplo, que ha nacido el Estado 32. Esto es falso. Nos están desinformando… En el nuevo Artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, producto de la reciente reforma política aquí comentada, se dice a la letra:
La Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México…
La formulación que contiene el nuevo Artículo 44 de la Carta Magna Federal es la misma que ya contenía el Artículo 46 de la Constitución de 1857, que a la letra decía: “El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad comprende el Distrito federal (sic); pero la erección sólo tendrá efecto cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro lugar…”.
Años después, en el Artículo 44 de la Constitución de 1917 quedó plasmado el siguiente texto:
El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General…
Queda claro que el Distrito Federal no se ha convertido en un Estado sino que mantiene su naturaleza jurídica tradicional. Sólo se convertirá en un Estado cuando los poderes de la Unión se trasladen a otro lugar. El concepto que aparece al respecto en la renovada constitución del 2016 es el mismo desde 1857.
Para continuar avanzando y garantizar una adecuada toma de decisiones es necesario, en principio, un profundo conocimiento histórico del devenir de la capital de todos los mexicanos.
De acuerdo con la Unidad Responsable del Programa Ciudad de México, mediante una sucinta cronología destacan los siguientes aspectos en la historia de nuestra ciudad.
El México independiente optó por la creación de un Distrito Federal sometido políticamente a los poderes nacionales que aquí establecieron su sede; esa sujeción prevaleció bajo diferentes formas jurídicas hasta el último tercio del siglo XX.
El 18 de noviembre de 1824 se expidió el decreto que creaba el Distrito Federal en un área de dos leguas contadas a partir de la Plaza Mayor de la Ciudad y el gobierno nacional nombró a José María de Tornel y Mendívil como primer gobernador interino. Junto a él coexistió el Ayuntamiento de la Ciudad de México, cuyo presidente municipal, Don Francisco Fagoaga, fue electo popularmente el 24 de noviembre de 1824.
Con las disposiciones de 1824 los capitalinos pudieron elegir diputados al Congreso Federal pero no senadores.
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 consolidaron el centralismo y la Ciudad de México dejó de ser Distrito Federal, se convirtió en capital del Departamento de México, asiento de los poderes del gobierno nacional y un ayuntamiento popularmente electo.
El Acta Constitutiva y de Reformas Constitucionales de 1847, que declaró la vigencia de la Constitución de 1824, modificó la naturaleza jurídica de la Ciudad de México: se le declaró entidad federativa y sede del Distrito Federal, sus ciudadanos pudieron elegir dos senadores y se conservó el ayuntamiento pero el presidente designaba directamente al gobernador de la ciudad.
El Congreso Constituyente de 1856-1857 estableció la República federal y desapareció al Senado. Esto afectó a los ciudadanos del Distrito Federal pues legalmente podían elegir senadores. Se debatió la posibilidad de cambiar el asiento de los poderes federales y convertir a la Ciudad de México en el Estado del Valle de México.
El diputado Francisco Zarco defendió la coexistencia de poderes federales y locales en el Distrito Federal a través de la delimitación de sus ámbitos competenciales para evitar intromisiones en la autonomía local y reconocer los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad; sin embargo, prevaleció la idea generalizada sobre la incompatibilidad de las soberanías nacional y local, por lo cual solo sobrevivió la elección popular de los Ayuntamientos del Distrito Federal.
La Constitución del 5 de febrero de 1857 mantuvo la facultad del presidente para nombrar y remover libremente al gobernador del Distrito Federal, otorgó facultades al Congreso General para “el arreglo interior del Distrito Federal…”, sin embargo respetó la elección popular de las autoridades municipales.
Maximiliano de Habsburgo dividió al territorio en departamentos compuestos por distritos y estos, a su vez, por municipalidades. Se erigió el departamento del Valle de México, cuya capital –la Ciudad de México– volvió a ser sede de poderes locales e imperiales.
Con el triunfo liberal, el presidente Juárez instaló, de manera provisional, el Ayuntamiento de la Ciudad de México el 13 de agosto de 1867, en tanto se celebraban las elecciones que le permitieron retomar el control político de la capital y del país. A su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia y reinstauró el Senado, lo que permitió a la capital tener nuevamente representantes como el resto de las entidades federativas.
Durante el Porfiriato, la política de centralización y control territorial terminó paulatinamente con la libertad municipal. En 1899 se dividió al Distrito Federal en 22 municipalidades, con sus prefecturas; en 1900 desapareció la facultad municipal para recaudar impuestos; en 1901 se suprimió el derecho de los capitalinos para elegir sus autoridades locales; en 1903 la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal lo dividió en 13 municipalidades y facultó al Ejecutivo para gobernar la Ciudad (a través de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Superior de Gobierno), así como al Congreso para legislar en todo lo concerniente al Distrito Federal.
El proyecto de Constitución de Venustiano Carranza pretendió la supresión de los municipios en la Ciudad de México para centralizar el poder e incluyó al Distrito Federal como parte integrante de la Federación, sin embargo este proyecto fue rechazado por el Constituyente de 1916-1917.
La Constitución de 1917 conservó la posibilidad de erigir el Estado del Valle y la de mudar los poderes federales a otro lugar. Estableció mediante la Ley de Organización del Distrito Federal y los territorios federales que se dividiría en municipios con ayuntamientos popularmente electos, pero con un gobernador designado directamente por el presidente de la República.
En 1928 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que suprimió los municipios y convirtió al Distrito Federal en una dependencia administrativa. A partir de entonces su gobierno se denominó Departamento Central y la ley estableció la creación de 13 zonas delegacionales.
El Distrito Federal estaría, por medio de este mandato, a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercería por conducto del órgano u órganos que determinara la ley respectiva. Surgió entonces la figura de Regente de la Ciudad.
En 1941, al territorio se le asignó el nombre de Departamento de la Ciudad de México, desapareció la delegación General Anaya y el Distrito Federal se quedó con doce delegaciones.
La lucha democrática de 1968 influyó para que el partido hegemónico iniciara una serie de reformas de impacto nacional: la reforma político-electoral y la reforma al Distrito Federal.
En 1970 se modificó la división territorial establecida en la ley orgánica de 1941. Las delegaciones aumentaron a 16. Además hubo cambios en el ámbito administrativo y gubernamental: el Departamento Central pasó a ser Departamento del Distrito Federal y el gobernador se convirtió en jefe del Departamento del Distrito Federal con delegados en cada zona.
El terremoto de septiembre de 1985 detonó la movilización y organización de la sociedad, así como la apropiación de su territorio y del destino político de los habitantes de la ciudad.
En 1986 se creó la Asamblea de Representantes.
En 1988 se dio la victoria electoral que llevó al Senado a Ifigenia Martínez y a Porfirio Muñoz Ledo, fue el proemio de una serie de negociaciones con el gobierno que culminaron con la reforma pactada en 1996.
En 1993 se reformó el artículo 122 de la Constitución Federal para colocar al gobierno del Distrito Federal a cargo de los poderes de la Unión y de los órganos de Gobierno del Distrito Federal de carácter representativo y democrático: la Asamblea de Representantes, con mayores atribuciones.
En 1994 se estableció el Estatuto de Gobierno. Las reformas de 1996 reconocieron a la ciudadanía el derecho de elegir a sus autoridades (jefe de Gobierno, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, y delegados en 2000), se transitó de una Asamblea de Representantes a la ALDF y se marcó el comienzo de la transición democrática en México.
En el año 2000 la Comisión para la Reforma del Estado elaboró un proyecto de reforma integral al artículo 122 constitucional que dotaba a la Ciudad de México de una Constitución propia.
En 2001 el Gobierno del Distrito Federal –a través de Ortiz Pinchetti– y la ALDF impulsaron una propuesta en el mismo sentido que fue aprobada en la Cámara de Diputados con el 97%; pero frenada en el Senado, argumentando la incompetencia de la ALDF para presentar iniciativas de reforma constitucional.
En 2007, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) realizó una iniciativa que retomaba las figuras y esfuerzos anteriores.
En 2010, la ALDF y el GDF impulsaron un nuevo proyecto de reforma al artículo 122 constitucional que sintetizó los esfuerzos y propuestas de las fuerzas políticas locales y nacionales, misma que fue asumida y presentada por diversos Senadores pero no se discutió.
El 13 agosto de 2013 el jefe de Gobierno presentó una iniciativa que ha sido el punto de referencia para la discusión y consensos actuales entre las diversas fuerzas políticas.
En el marco general del Pacto por México, se crearon siete mesas de trabajo para el tema de la reforma político-electoral, una de ellas abordó de manera específica el tema de la reforma política del Distrito Federal. Esta mesa tuvo resultados positivos, y el más importante de ellos fue que se consiguió que las partes presentaran proyectos integrales en la materia. El 20 de noviembre de 2013 el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República presentó la iniciativa del jefe de Gobierno del Distrito Federal con ligeras modificaciones a la versión original.
El 13 de diciembre se elaboró un proyecto de pre-dictamen de reforma política del DF que iba a presentarse para su dictaminación en comisiones; pero esto no sucedió.
El 14 de diciembre de 2014 se aprobó en comisiones unidas el dictamen en materia de reforma política, mismo que se aprobaría al día siguiente en el pleno del Senado; no obstante, ante la ausencia de quórum, se quedó solo en primera lectura.
El 28 de abril de 2015 se aprobó el dictamen de reforma política del Distrito Federal en el Senado de la República, y se envió la minuta de dicha reforma a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
El 7 de diciembre de 2015 se aprobó en lo general el dictamen de la minuta del Senado de la República en materia de la reforma política del Distrito Federal en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se turnó para su discusión ante el pleno.
El 9 de diciembre fue aprobado el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados, cuya minuta con ajustes de calendario regresó al Senado para su desahogo.
Finalmente, el 15 de diciembre de 2015 el Senado de la República aprobó las observaciones de la Cámara de Diputados y se remitió a las Legislaturas locales para sus efectos constitucionales.
El 20 de enero de 2016 se emitió la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México al ser aprobada por 23 Legislaturas locales.
El 29 de enero de 2016 se publicó el “DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México” en el Diario Oficial de la Federación para el inicio de su vigencia y el desarrollo del proceso constituyente local.
Entre liberales y conservadores, centralización y descentralización, supeditación exacerbada y aspiraciones de soberanía institucional. Así se ha desenvuelto la capital de la república en el desarrollo de la nación.
La Ciudad de México seguirá siendo el asiento de los poderes federales y deberá, al mismo tiempo, ser la expresión más acabada para el ejercicio pleno de los derechos integrales (humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y ambientales) de sus habitantes.
Los avances en la construcción democrática de la Ciudad de México deberán expresarse –entre otros asuntos que la ciudadanía sabrá defender– en que:
Los derechos humanos sean universales, inalienables, imprescriptibles, integrales, interdependientes, indivisibles, irrenunciables y progresivos. Como fundamento de la dignidad, la igualdad, la convivencia, la paz, la justicia, el desarrollo democrático, el disfrute de la ciudad y el bienestar personal y colectivo.
Los derechos humanos sean exigibles y vinculen en el ámbito de sus respectivas competencias a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a las Alcaldías y a los Organismos Autónomos. Ningún derecho puede ser relegado.
La dignidad humana sea inviolable. Toda persona tenga derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad y a una existencia libre de violencia.
Sean prohibidos y sancionados, en toda circunstancia y lugar, la trata de personas en todas sus formas, las ejecuciones sumarias, la desaparición forzada, la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La Ciudad de México garantice el derecho a la seguridad humana, a la protección judicial efectiva y al debido proceso de todas las personas de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y los instrumentos internacionales.
Todo individuo tenga derecho a la autodeterminación personal, al ejercicio de su libertad y orientación sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la elección de su identidad cultural, a la asociación afectiva con quien decida, a disponer sobre su propio cuerpo, a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y a decidir una muerte con dignidad. Quedará prohibida y será sancionada toda práctica que menoscabe el libre desarrollo físico y psicológico de las personas.
Las y los residentes de la ciudad tengan derecho a la preservación de la biodiversidad y a vivir en condiciones materiales adecuadas y suficientes, con:
Abastecimiento y suministro continuo y suficiente de agua potable, energía eléctrica, aire limpio, alimentos suficientes y nutritivos;
Asimismo, derecho a una vivienda, asistencia médica y saneamiento ambiental adecuados;
Desde luego, también, derecho a la salud, a la educación de calidad, a la cultura, al trabajo digno, al descanso, al sano esparcimiento, al deporte y a todos aquellos satisfactores dirigidos a garantizar el máximo bienestar de las personas y la sociedad.
Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar políticas y modelos de gestión democrática a fin de garantizar, como contraparte, la disponibilidad, accesibilidad, salubridad, sustentabilidad, el abastecimiento continuo y eficiente de estos recursos y servicios indispensables.
Toda persona, comunidad o pueblo deberán tener el derecho, garantizado por el Estado como contraparte y en este caso por el gobierno de la ciudad y todos sus poderes públicos, a la libertad de acceder, buscar, recibir y difundir, sin previa censura, información de cualquier tipo y por cualquier medio de divulgación, señaladamente al internet, mediante una creciente disponibilidad de las redes wi-fi.
Todas las personas, individual o colectivamente, deberán tener el derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades de la ciudad por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución en los términos previstos por la ley.
Los medios de comunicación de la ciudad deberán promover la cultura, el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta nueva Constitución de la ciudad; sus contenidos deberán reflejar la pluralidad y diversidad de la composición de la Ciudad de México y garantizar el derecho de réplica de conformidad con la ley.
La voluntad del pueblo de la Ciudad de México que es el fundamento de la autoridad del poder público y se manifiesta a través del ejercicio del sufragio universal y de los instrumentos de democracia directa y participativa, deberán ser reconocidos por su nueva Constitución.
Las y los ciudadanos deberán preservar el derecho a la desobediencia civil como instrumento para resistir la opresión, a votar y ser votados para acceder a cargos de elección popular de la entidad y sus demarcaciones sin necesidad de que sean postulados por un partido político.
La ciudadanía deberá tener derecho a participar directamente en las decisiones del gobierno, a ser consultada en referéndum, plebiscito, presupuesto participativo y los demás mecanismos de democracia directa que deberá consignar la Constitución de la Ciudad de México; a revocar el mandato de todo funcionario electo y a solicitar la remoción de las autoridades que ejerzan su cargo por designación, de conformidad por lo dispuesto en dicha Constitución y la ley.
Los poderes públicos de la ciudad deberán promover la creación de espacios públicos dotados de las condiciones necesarias que favorezcan la construcción de ciudadanía, la cohesión social y propicien el encuentro, la convivencia, el diálogo político y la expresión cultural entre individuos y comunidades en condiciones dignas y de seguridad ciudadana.
Los espacios públicos son bienes que tienen una función social, cultural, lúdica y recreativa. Las personas deberán preservar el derecho a usar y disfrutar gratuitamente todos los espacios públicos.
Los poderes de la ciudad deberán actuar en defensa de la soberanía contra afectaciones de intereses privados dando prelación al interés público.
La Ciudad de México pertenece a sus habitantes. Las y los ciudadanos tienen derecho a un sistema democrático de vida y a la toma de decisiones contra acciones que afecten el interés de la colectividad mediante mecanismos de representación, participación y gestión social directa de los servicios, así como a la distribución equitativa de los beneficios de la ciudad.
Como todas nuestras luchas, para brindar esta batalla sólo podemos ser optimistas.
Doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Fundadora y dirigente del PRD. Ha sido Diputada Federal, Senadora de la República y Embajadora de México en Nueva York. Actualmente se desempeña como consejera de la Reforma Política de la Ciudad de México.
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