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Timestamp: 2020-06-02 23:08:54
Document Index: 46307690

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 226', 'artículo 236', 'artículo 337', 'Artículo 1', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'artículo 196', 'Artículo 5', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 13', 'Artículo 17', 'artículo 339', 'artículo 10', 'artículo 339', 'artículo 7', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 25', 'artículo 336', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 3', 'artículo 338', 'artículo 339']

Sentencia nº 1173 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 28 de Agosto de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 593323174
Número de Expediente: 2015-0979
El 21 de agosto de 2015, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio s/n° de la misma fecha, suscrito por el ciudadano N.M.M., en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien remite el DECRETO N.° 1.950, MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS BOLÍVAR, P.M.U., JUNÍN, CAPACHO NUEVO, CAPACHO VIEJO Y R.U.D.E.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado Decreto, en atención a lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En fecha 26 de agosto de 2015, los ciudadanos J.V. y H.G., titulares de las cédulas de identidad n° 20.365.331 y 23.650.954 en ese orden, quienes adujeron tener la condición de Presidente y miembro, respectivamente, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, consignaron ante esta Sala Constitucional un escrito alusivo al Decreto antes aludido.
En fecha 27 de agosto de 2015, los ciudadanos J.V., H.G. y E.R., ya identificados los 2 primeros y el último con cédula de identidad n° 20.854.847, quienes adujeron tener la condición de Presidente el primero, y miembros los dos últimos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, asistidos por el abogado J.E.G., titular de cédula de identidad n° 20.220.006 e inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 227.945, presentaron escrito de ampliación de los argumentos expuestos el día 26 de agosto de 2015.
En fecha 28 de agosto de 2015, se recibió oficio n° ANC212/2015 de esa misma fecha, mediante el cual el ciudadano Secretario de la Asamblea Nacional remite el Acuerdo de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del 25 de los corrientes, donde se aprueba por unanimidad el Decreto N° 1.950 arriba identificado.
El texto del Decreto remitido a los fines descritos, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.194 Extraordinario de fecha 21 de agosto de 2015, es el siguiente:
DECRETO N° 1.950, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS BOLÍVAR, P.M.U., JUNÍN, CAPACHO NUEVO, CAPACHO VIEJO Y R.U.D.E.T.
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el m.d.E.S.D.d.D. y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículo 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T. se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
Que es deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano defender y asegurar la v.d.d. sus ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,
Artículo 1°. El Estado de Excepción en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y R.U.d.e.T., dadas las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de Estado de Excepción a que refiere este Decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y R.U., del estado Táchira, las garantías de los derechos establecidos establecido en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido:
1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de las personas naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se lleven a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos administrativos contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, así como los delitos o ilicitudes relacionados con la afección de la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad y orden migratorio, y delitos conexos, podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas y se respetará el debido proceso. A este último efecto, será aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia.
2. Con ocasión de la restricción del tránsito de mercancías y bienes de los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y R.U.d.e.T., y exclusivamente a los fin de determinar la comisión de los delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas mediante el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz dicho respeto.
Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 7°. La Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., así como defensores especiales y nacionales, para atender la situación excepcional objeto de regulación en este Decreto, con el fin de que velen por el respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto, podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados.
Artículo 8°. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), garantizará los controles migratorios en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional. A tal efecto, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles a implementar, en el marco de los acuerdos bilaterales que hubieren con la República de Colombia.
Artículo 13. Delego la ejecución del presente Decreto en el Gobernador del estado Táchira, J.G.V.M., quien será además el coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo, con el apoyo de los Ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la Defensa y de Economía y Finanzas.
Artículo 17. El Gobernador del estado Táchira, J.G.V.M., queda encargado de la ejecución de este Decreto.
Conoce esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio n° ANC212/2015 de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por el Secretario de la Asamblea Nacional, sobre la consideración y aprobación del Decreto dada por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por medio del Acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 40.731 de esa misma fecha, cuyo texto es el que a continuación se señala:
En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 338 y 339, y en los artículos 26, 28 y 31 de la Ley Orgánica Sobre los Estados de Excepción, en concordancia con lo aprobado en sesión del día martes 25 de agosto de 2015.
Primero. Aprobar en todas y cada una de sus partes el Decreto N° 1.950 de fecha 21 de agosto de 2015, mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.E.T., de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.194 Extraordinario de fecha 21 de agosto de 2015.
Dado, firmado y sellado en el Palacio de Los Leones, sede del C.L.d.E.T., lugar donde se llevó a cabo la Sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en San Cristóbal, Estado Táchira, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
DEL ESCRITO PRESENTADO POR INTERESADOS
El 26 de agosto de 2015, los ciudadanos J.V. y H.G., quienes adujeron tener la condición de Presidente y miembro, respectivamente, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, consignaron ante esta Sala Constitucional un escrito alusivo al Decreto antes mencionado, indicando lo siguiente:
Que “…el decreto en cuestión constituye una restricción de las garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, específicamente de los arts. 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al declarar un estado de excepción en los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.E. Táchira…”.
Que “…según el art.(sic) 1 del mencionado decreto, se declara el Estado de Excepción para atacar ‘las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social’…”.
Que “…la limitación del art. (sic) 48, 53 y 68 que establecen el derecho a la privacidad de las comunicaciones, a reunirse pública o privadamente con fines lícitos, sin armas y sin pedir permiso, y el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas no son respuestas que considera[n] colaboren en la solución de ‘las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social’ al ser estos derechos políticos y no derechos económicos…”.
Que “…el decreto N° 1950 lejos de atacar las causas constituye una medida en contra de las consecuencias de la crisis socioeconómica y que por ende no se configura en una solución para el problema, sino más bien en una afectación gravísima de los derechos de los ciudadanos nacionales y extranjeros que hacen vida en la región, quienes no encontrarán por medio de este decreto remedio o protección para las circunstancias que los aquejan, sino más bien una lesión mucho mayor de sus garantías…”.
Que “…los estados de excepción deben declararse como medidas de emergencia para el resguardo de los bienes jurídicos más fundamentales para los ciudadanos en circunstancias extremas donde el Estado no pudiera asegurar todas las garantías para los individuos, pero que en todo caso buscará siempre la protección del debido proceso, por disposición constitucional, en contraposición a lo establecido en este decreto en el Art. 2. (sic) N° 1 donde se desprecia la importancia de la orden judicial previa a los procedimientos previstos en este aparte…”.
Que “…en esta oportunidad no pareciera que estos ciudadanos puedan estar frente a alguna amenaza tangible extraordinaria que no pudiera manejarse bajo la administración correcta por parte de los poderes del Estado…”.
Que “…existen muchas irregularidades públicas y comunicacionales en cuanto a la ejecución del mencionado decreto, donde se han evidenciado excesos en las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Región, generando en vez de alguna mejora para la situación de la población residente de la zona, graves perjuicios en materia de Derechos Humanos…”.
Que “…ni el gobierno central de la República, ni el gobierno del Estado Táchira gozan actualmente de un gran prestigio en cuanto a la protección y reivindicación de los Derechos Humanos…”.
Solicitan que “…este Tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del decreto N° 1950 que salió publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6194 de fecha viernes 21 de agosto de 2015, sobre el cual observa[an] claras irregularidades, en el lapso establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 339 que otorga un lapso de 8 días no prorrogables para su pronunciamiento…”.
Asimismo que, “…este Tribunal en atención a los derechos a la participación ciudadana y a la contraloría social contemplados en nuestra constitución (sic), ordene la creación de comisiones veedoras en todos los municipios afectados compuestas por los ciudadanos del mismo sector para garantizar una vigilancia y contraloría ciudadana sobre la aplicación de las normas contempladas en los decretos de estados de excepción que puedan declararse en el futuro. Dichas comisiones deben tener el poder de vigilar la actuación de los cuerpos de seguridad para que solo puedan realizar sus actuaciones dentro de lo estipulado por la ley de estados de excepción (sic), la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las regulaciones estipuladas dentro del marco de la Constitución y la ley de los decretos publicados en gaceta oficial…”.
Asimismo, el día 27 de agosto de 2015, los ciudadanos J.V., H.G. y E.R., quienes adujeron tener la condición de Presidente el primero, y miembros los dos últimos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, asistidos por el abogado J.E.G., inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 227.945, presentaron escrito de ampliación de los argumentos expuestos el día 26 de agosto de 2015, en el que expresan lo siguiente:
Que “…ratifica[n] el criterio manifiesto en el escrito originariamente presentado sobre el riesgo, hoy una realidad, de excesos y violación de derechos fundamentales no solo de ciudadanos venezolanos sino también de ciudadanos extranjeros; en especial, de nacionalidad colombiana…”.
Que “...[a] tal punto de gravedad llega esta situación que en fecha 26 de agosto de 2015, A.O., el Procurador General de la Nación, en Colombia, calificó como ‘un ataque sistemático contra la población civil de estigmatización y de persecución las recientes actividades desplegadas por las autoridades de Venezuela contra las personas que viven en la zona de frontera, hechos que, de continuar, podrían ser calificados como de lesa humanidad y de competencia de la Corte Penal Internacional’…”.
Que “…[e]sta declaración constituye un hecho notorio comunicacional en Colombia y Venezuela…”.
Que “…[a] este pronunciamiento, se debe agregar las declaraciones del Presidente de Colombia y un importante número de autoridades y personalidades colombianas que alertan sobre la violación sistemática de derechos de venezolanos y colombianos, en el marco de ejecución del referido Decreto…”.
Que “…[c]olombianos y venezolanos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento, demolición de sus viviendas y las autoridades ingresan a estas de manera permanente y sin orden judicial, como parte de una práctica de constante hostigamiento…”. Asimismo que, “…Todo esto violenta el debido proceso y, como se evidencia de la norma constitucional, un Estado de Excepción habilita la restricción temporal de las garantías ‘salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles’…”.
Que “…es una situación inadmisible que podría encuadrarse en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Además, constituye una burla a los derechos de los ciudadanos venezolanos que son víctimas de la manipulación de un mecanismo constitucional válido, como lo es el Estado de Excepción, pero que puede ser un terrible instrumento de represión si no se establecen controles sobre los mismos...”.
Que “…el Decreto persigue fines distintos a los declarados en su texto. No obedece a objetivos de preservación de la soberanía nacional…”.
Que “…[e]l Decreto sostiene en su motivación circunstancias de hecho que relaciona la conmoción interna y la externa pero termina dictando una medida genérica sin concretar el tipo o tipos de excepción a las que se refiere. En consecuencia, debe tenerse por inmotivado en cuanto a lo que se refiere a una eventual declaratoria de emergencia económica y restricción del artículo 112 constitucional…”.
Que “…[a]unque señala la restricción de los artículos 47, 48, 50, 53 y 68 se hace evidente que se trata de suspensión de dichas garantías. Asimismo, el artículo 2 del Decreto contiene una flagrante violación del debido proceso…”.
Que “…[e]l artículo 3 del Decreto establece una suspensión en blanco de garantías sin precisar ámbito territorial o temporal. El artículo 4 del decreto incurre en el mismo vicio pero en materia económica…”.
Que “…[e]l artículo 7 del Decreto es inconstitucional al girar instrucciones a la Defensoría del Pueblo, una institución autónoma en el marco constitucional…”.
Que “…[e]l Presidente delega la ejecución del Decreto en el Gobernador del Estado Táchira, un funcionario de la Administración Pública Estadal. Además, elude la responsabilidad de los mandos militares en la situación crítica que el mismo Gobierno ha ocasionado…”.
Que “…el Estado de Excepción es un término genérico que abarca las distintas medidas que se dictan cuando se produce una situación de hecho que puede ser calificada como un Estado de Necesidad. Por estar expresamente regulada en la Constitución, el Estado de Excepción no suspende la vigencia del Texto Fundamental, muy al contrario la confirma. Pero el decreto N° 1950 refleja lo contrario. El control de los órganos del Estado que ejecutaran tal medida es la clave, por eso el término Estado de Excepción es incompatible con un sistema donde la anormalidad constitucional es la regla y no existe un verdadero Estado Constitucional…”.
Solicitan “…sea declarada la inconstitucionalidad de un decreto que resulta contrario a derecho por inmotivación en lo referente a la temática económica, al no precisar el tipo de excepción aplicable y al suspender el derecho al debido proceso. Esto ha derivado en irrespeto a los derechos constitucionales que inciden directamente en el desarrollo de los procedimientos; lo que deriva en el desconocimiento de la concepción progresiva que de la defensa de los derechos fundamentales tiene esta Sala Constitucional…”.
Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para pronunciarse acerca de la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015.
En similar sentido, el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé lo que sigue:
Efectivamente, esta Sala Constitucional, en sentencia n° 2139 del 7 de agosto de 2003, se pronunció favorablemente sobre su competencia en este supuesto, afirmando que “…de conformidad con el artículo 336.6 del Texto Fundamental, esta Sala es competente para revisar ‘en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la República’, por ser actos dictados en ejecución directa de la Constitución…”.
Como puede apreciarse, conforme a las referidas normas constitucionales y legales, corresponde a esta Sala Constitucional revisar la constitucionalidad de los decretos que declaran estados de excepción dictados por el Presidente de la República, control judicial automático al que se refiere la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo ello así, esta Sala resulta competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015. Así se declara.
Verificada la competencia de esta Sala Constitucional respecto de la remisión tempestiva efectuada por el ciudadano Presidente de la República, y cumplidos los trámites correspondientes, estando dentro de la oportunidad para dictar el fallo, incumbe en este estado analizar la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015; siendo aprobado de forma unánime por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional mediante Acuerdo de fecha 25 de agosto de 2015.
Como punto previo, esta Sala debe pronunciarse respecto del escrito presentado el 26 de agosto de 2015, por los ciudadanos J.V. y H.G., quienes adujeron tener la condición de Presidente y miembro, respectivamente, del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, lo cual no fue acreditado con documentación alguna.
El último de los preceptos de este Capítulo establece, en primer lugar, que el decreto declaratorio del estado de excepción deberá señalar, para preservar la seguridad jurídica, las medidas que podrán tomarse con fundamento en el mismo. En segundo término, dada la trascendencia de la decisión correspondiente, se prevé la intervención de los tres Poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción: en virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al Presidente de la República, en C.d.M., para dictar el Decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Si la Asamblea Nacional se encuentra en receso al dictarse el decreto correspondiente, éste debe ser remitido a la Comisión Delegada, la cual ejercerá las facultades respectivas.
A lo anterior se suma un control judicial automático atribuido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habrá de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del estado de excepción y de lo establecido en el decreto que lo declaró, a menos que la Asamblea Nacional, o la Comisión Delegada, haya revocado previamente ese decreto. Por otra parte, se otorga al Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Nacional la atribución de revocar el decreto que haya declarado un estado de excepción, al cesar las causas que lo motivaron
Así pues, en general la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en C.d.M. decrete estado de excepción, en sus distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., está investido de potestades plenas para declarar tal estado y disponer las medidas de restricción de garantías constitucionales en los términos que contemple en el Decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República en todos sus atributos y aspectos.
Ahora bien, examinado el contenido del identificado instrumento jurídico remitido a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, se observa sumariamente que se trata de un Decreto cuyo objeto es, a tenor de su artículo 1, impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., a fin de garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones y en general, la seguridad alimentaria y la soberanía de la nación en todas sus acepciones y atributos.
Dicho instrumento establece un ámbito de aplicación en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U. del fronterizo estado Táchira.
La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en C.d.M., entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7 Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción y restricción de garantías, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que a su vez fueron concatenadas con los artículos 2 al 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
El cuerpo del Decreto, que luego del mencionado artículo 1, cuyo texto manifiesta el objeto esencial del mismo, continúa con el artículo 2, que contiene la restricción de las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalándose directrices en cuanto a las formas de inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes, a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T. por parte de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, en cuanto a la prohibición de reuniones públicas, y al derecho a la manifestación sin previa autorización, así como a la restricción temporal por parte del Ministerio del Poder Popular para el Comercio conjuntamente con los Ministerios con competencias en alimentación, agricultura y tierras, y salud, del ejercicio de determinadas actividades comerciales; y el artículo 3, que establece la potestad del Presidente de la República de dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente.
Los artículos 6, 7 y 8, regulan el fortalecimiento del programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la comisión de defensores delegados de la Defensoría del Pueblo para que se vele por el respeto de los derechos humanos, y la garantía de los controles migratorios en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
A tales fines, en cuanto a la naturaleza propiamente del Decreto que declara el estado de excepción, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción señala en su artículo 21, que éste suspende temporalmente, en las leyes vigentes, los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho Decreto y que el mismo tendrá rango y fuerza de Ley, entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en C.d.M., y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social, al día siguiente en que haya sido dictado, si fuere posible, con arreglo a lo señalado en el artículo 22 eiusdem. Su lapso de vigencia, asimismo, está supeditado a los parámetros que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La lectura de las normas transcritas [artículos 333, 334, 335, 336, 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela], da cuenta de una diversa gama de instrumentos, instituciones y medidas que la propia Constitución estatuyó, en salvaguarda del orden fundamental normativo que de ella dimana, como expresión del consenso básico del pueblo que legitimó su dictado. Así, por ejemplo, en ellas se instaura la jurisdicción constitucional y las principales herramientas de justicia constitucional; se perfilan los regímenes de excepción y -a la vez- se imponen límites y controles al ejercicio de tal facultad como mecanismo de interdicción de los actos de fuerza y arbitrariedad (interior o exterior) o imprevistos calamitosos que amenacen menoscabar el orden estatal.
Para ello, se le otorga al Presidente de la República la excepcionalísima potestad de restringir temporalmente derechos y garantías constitucionales, salvo los denominados derechos humanos intangibles, lo que si bien supone un reforzamiento de las potestades brindadas en condiciones de normalidad al Poder Ejecutivo, encuentra justificación «cuando concurran elementos de necesidad y urgencia derivados de circunstancias fácticas que requieran una pronta intervención normativa que se dicte y aplique con una celeridad que supere al tiempo en que se tarda el riguroso proceso de formulación de las leyes» (stc. n° 1507/2003, caso: M.R.O.). Aunque ello deba siempre efectuarse respetando las restricciones de nuestro ordenamiento constitucional, incluyendo aquellas preceptuadas por los principales instrumentos de derechos humanos suscritos por la República: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4.1) y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 27.1)”.
Al respecto, el Decreto sometido al control de esta Sala sobre la constitucionalidad, plantea desde su primer artículo que el mismo tiene como objeto impedir la extensión o prolongación de la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., a fin de garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones.
Como se observa, el ciudadano Presidente de la República atendió una situación alarmante y grave, por los distintos hechos ocurridos en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., a fin de controlar eficazmente el flagelo del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas, tanto análogas como conexas que rompen el equilibrio del Derecho Internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, así como la situación respecto a la moneda venezolana en la frontera, lo que constituye un hecho público comunicacional, habida cuenta los hechos que han venido reportando los medios de comunicación y las acciones pertinentes con las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional, pudiendo citar las siguientes reseñas a título enunciativo:
Realizan en Táchira operativo para desmantelar contrabando de productos y medicinas
El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) Los Andes, mayor general E.V.L., informó este miércoles que se han desplegado desde el día de ayer 2.400 funcionarios del Ejército Nacional Bolivariano y de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Táchira, en un operativo para desmantelar el contrabando de los productos básico y medicinas en el país.
V.L. comentó que se realizarán una serie de inspecciones, bajo supervisión de oficiales generales y oficiales coroneles, en la Región Estratégica de Defensa Integral Los Andes, concretamente en 8 ejes del estado Táchira.
Asimismo, indicó que el estado Táchira abarca aproximadamente 70% de toda la retención –de productos y medicinas que pretendían ser contrabandeadas– en los estados andinos, más de 16 mil toneladas de productos que se han retenido desde que comenzó la lucha contra el contrabando de extracción
Despliegan OLP especial en el Táchira con GNB y PNB
El anunció lo efectuó el presidente N.M. durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando.
ÚN | Nota de Prensa.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, N.M.M., instruyó activar la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en la frontera colombo-venezolana, con el fin de capturar a paramilitares implicados en la emboscada a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se registró este miércoles.
El anunció lo efectuó durante un contacto telefónico con el canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV). ‘He dado órdenes al ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), M/G G.G.L., al ministro de Defensa, G/J V.P.L. y he coordinado con el valiente capitán y gobernador J.G.V.M., quien está atendiendo a los familiares de nuestros funcionarios’, dijo el Mandatario Nacional.
El Jefe de Estado informó además la decisión de cerrar por 72 horas la frontera de Venezuela con Colombia en San A.d.T. y Ureña (oeste), para dar con la captura de los implicados en este hecho que calificó como infernal, en el que resultaron heridos varios jóvenes.
El Presidente lamentó este hecho y pidió el apoyo del p.d.T. para combatir el terrorismo y las acciones paramilitares.
‘Siento repudio, dolor, por este ataque contra dos jóvenes tenientes, unos soldados de nuestra patria en San A.d.T.. He estado siguiendo los detalles y realmente me es indignante. Todo nuestro pueblo debe solidarizarse con la Fuerza Armada Nacional, militares que están en la frontera defendiendo el derecho a la patria con su moral, disciplina y entrega. Ya basta de terrorismo, de paramilitarismo que llegue la hora de la justicia en el Táchira’, manifestó el jefe de Estado.
‘Pido el apoyo de ellos para mantener el respeto a Venezuela. Debemos hacerla respetar’, dijo
. (Diario Últimas Noticias. 20/08/2015. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/despliegan-olp-especial-en-el-tachira-con-gnb-y-pn.aspx#ixzz3jxwpOtM9).
Responsables del atentado a soldados venezolanos ‘fueron mandados’
El Jefe de Estado venezolano, N.M., reveló la noche de este viernes que los paramilitares que dispararon el pasado miércoles en San A.d.T., contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde también resultó herido un ciudadano civil, ‘fueron mandados’.
Sobre el estado de salud de los funcionarios heridos de gravedad, el Teniente D.V.S., quien recibió un impacto de bala en la parte superior del pulmón derecho, y el Teniente A.R.A., impactado en la cabeza y espalda, indicó que se están recuperando, ‘pido que oremos entre todos para que haya un restablecimiento pleno de nuestros queridos tenientes’
Así pues, observa esta Sala Constitucional, que el Decreto mediante el cual se declara el estado de excepción en los municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad ciudadana, económicos y de seguridad y defensa integral de la Nación, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección por parte del Estado, entre otros vinculados al mismo, en esta oportunidad, especialmente, los derechos al acceso a bienes y servicios de calidad, a la salud, así como los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros tantos necesarios para garantizar los valores fundamentales de integridad territorial, soberanía, autodeterminación nacional, igualdad, justicia y paz social, necesarios para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, conforme a lo previsto en el artículo 3 Constitucional.
De allí que se estime ajustado al orden constitucional y por ende procedente, que el Ejecutivo Nacional, con vista en las circunstancias presentadas en la región fronteriza del estado Táchira, emplee las herramientas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto, en cumplimiento –tal como lo manifiesta el Decreto- del deber irrenunciable e ineludible del Estado Venezolano de defender y asegurar la v.d.d. su ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad.
En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional debe pronunciarse afirmativamente respecto a la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, mediante el cual el Presidente de la República declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015, en la medida en que cumple los extremos de utilidad, proporcionalidad, tempestividad, adecuación, estricta necesidad para solventar la situación presentada y de completa sujeción a los requisitos constitucionales, dirigiéndose a impedir la extensión o prolongación del contrabando de extracción, así como la violencia delictiva y delitos conexos que afectan gravemente la vida económica de los transcritos municipios e incluso tiene incidencia en la vida nacional, por lo cual se circunscribe a una de las diversas clasificaciones contempladas en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ello así, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, declara la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015, el cual deberá ser acatado y ejecutado por todo el Poder Público y la colectividad, conforme a sus previsiones y al resto del orden constitucional y jurídico en general, para alcanzar cabalmente sus cometidos. Así se decide.
Con fuerza en los razonamientos jurídicos que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, dictamina la absoluta, plena e integral constitucionalidad del Decreto sub examine, el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativa aplicable, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo, lo cual motiva el respaldo orgánico de este cuerpo sentenciador de máximo nivel de la Jurisdicción Constitucional hacia las medidas contenidas en el Decreto objeto de examen de constitucionalidad dictado por el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., en reconocimiento por su pertinencia, proporcionalidad y adecuación, el cual viene a apuntalar con sólido basamento jurídico y con elevada significación popular, la salvaguarda del pueblo y su desarrollo armónico ante factores inéditos y extraordinarios adversos en nuestro país; reconocimiento que se hace extensivo a la aprobación otorgada por la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario el 21 de agosto de 2015.
- INADMISIBLE el escrito presentado el 26 de agosto de 2015, por los ciudadanos J.V. y H.G..
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 1.950, dictado por el Presidente de la República mediante el cual se declara el Estado de Excepción en los Municipios Bolívar, P.M.U., Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y R.U.d.e.T., publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.194 Extraordinario del 21 de agosto de 2015, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.