Source: http://tcmsantafe.gov.ar/Ley&Res/CprevioRes061-99.html
Timestamp: 2017-09-21 17:39:54
Document Index: 175241355

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 26', 'artículo 2', 'artículo 22', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 20', 'Artículo 56', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 10', 'artículo 134', 'artículo 11', 'artículo 13', 'in fine', 'artículo 10']

RESOLUCIÓN Nº 061/1999.
SANTA FE, 19 de abril de 1999.
La Resolución Nº 298 de fecha 16/10/98 por la que este Tribunal de Cuentas dispone la ejecución de una Auditoría referida al Control de Cargos de la Planta de Personal Municipal, en el ámbito de las Secretarías de Hacienda y de Gobierno y Cultura; y,
1º.- Que la Ordenanza Nº 9124 atribuye al Tribunal de Cuentas en el artículo 2º de su Anexo la función de “control externo de los modos, formas y tiempo que se consideren más adecuados para garantizar su eficacia sobre la estructura orgánica de la administración municipal, registros, procedimientos, controles financieros y operativos, incluyendo una evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes”, facultándolo a realizar las auditorías y verificaciones que conduzcan a tal fin.
2º.- Que la mencionada Ordenanza en el artículo 12º inciso b) del mismo Anexo expresa entre las atribuciones de este Tribunal “Constituirse en cualquier organismo de la Administración Municipal, centralizado o descentralizado, para efectuar comprobaciones y verificaciones o recabar los informes que considere necesarios”.
3º.- Que dentro del marco de las mencionadas atribuciones por Resolución Nº 298/98 este Tribunal de Cuentas dispuso la ejecución de una auditoría referente al Control de Cargos de la planta del personal Municipal.
4º.- Que los Informes de Auditoría Nº 21/98 y Nº 2/99 de la Auditora Contable C.P.N. Alcira Rodríguez, complementados por el Informe de la Directora de Auditoría C.P.N. Alfreda Salusso de Michlig, elaborados como producto del trabajo desarrollado fueron confeccionados en base a las evidencias relevadas in situ por la auditora, y a la aplicación de normas de auditoría válidas para este tipo de control.
5º.- Que los informes premencionados, así como el análisis de los antecedentes arrimados por parte del propio Tribunal, permiten reunir elementos de juicio válidos y suficientes para arribar a recomendaciones y decisiones tendientes a la superación de las deficiencias advertidas.
6º.- Consideraciones particulares:
6.1.- El relevamiento efectuado a partir de la Auditoría ordenada por la Resolución Nº 298/98 evidencia, en primer lugar, un deficiente control de la ejecución del presupuesto en la partida de “Personal”, en particular como consecuencia de numerosos actos administrativos que inciden significativamente introduciendo variaciones cuantitativas y cualitativas en la planta de personal municipal.
Se advierten reiterados nombramientos, ascensos, promociones o contrataciones de empleo público concretados sin que exista a priori la certeza de la disponibilidad efectiva de la respectiva vacante que respalde el dictado del acto y posibilite a posteriori la concreción de sus efectos; a lo que debe añadirse que puede constatarse un deficiente sistema informativo del consumo del crédito en “Personal”, de modo que no permite constatar fehacientemente si, aún contándose con la respectiva vacante presupuestaria, existen los correlativos créditos que permitan afrontar las erogaciones que demandarán los nombramientos, promociones, ascensos o contratos.
En reiteradas oportunidades este Tribunal de Cuentas señaló (así Notas Nros. 39 y 70 del año 1998 cursadas a la Secretaría de Hacienda) la necesidad de requerir, previo al dictado de actos que impliquen erogaciones, la intervención de la Dirección de Finanzas consignando la disponibilidad presupuestaria y la imputación preventiva.
Este temperamento tiene expresa recepción legal en el artículo 16º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 7363, y fue enfatizado por la propia Secretaría de Hacienda en sus Memorándums Nros. 06 y 010 del mismo año 1998, con prescindencia de la naturaleza de la erogación de que se tratare y la partida con que se solvente, con lo cual obviamente debe entenderse extensivo a los gastos de “Personal”.
Y es que en modo alguno la ausencia de una disposición análoga a la contenida en el artículo 26º inciso a) y b) del Decreto D.M.M. Nº 1857/79 en relación con la partida “Personal”, puede entenderse indicativa de un tratamiento diferenciado de la misma a este respecto; por cuanto esa previa intervención tiende a asegurar ni más ni menos que el estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen la ejecución del presupuesto en cuanto a los gastos, incluyendo obviamente las contenidas en la ordenanza anual respectiva que determina el nivel y composición de los créditos.
De allí que la propia Ordenanza de Contabilidad Nº 7363 establezca en su artículo 2º que el presupuesto deba contener el total de las autorizaciones para gastar , y que sólo puedan comprometerse gastos que encuadren dentro de los conceptos y límites de los créditos abiertos (artículo 22º), a salvo contadas excepciones taxativamente previstas en el mismo cuerpo normativo en su artículo 12º, en ninguna de las cuales parecen tener cabida -ni se invoca tampoco- los actos administrativos que generan nuevos compromisos en materia de “Personal”, al estilo de los analizados en ocasión de la Auditoría ordenada por Resolución Nº 298/98 de este Tribunal.
Tampoco puede pensarse que esas falencias queden subsanadas por la instrumentación , a posteriori de los actos de designaciones, promociones o contratos mencionados, de la respectiva modificación presupuestaria tendiente a la creación de las vacantes o a la ampliación de los créditos de la partida “Personal” –tal la práctica frecuente en la administración-, pues ello no solo trastoca el recto ordenamiento del proceso de ejecución del presupuesto de gastos, sino que además prescinde de verificar la concurrencia de uno de los extremos legales de validez del propio acto administrativo, con lo cual este, al momento de su emisión, puede resultar viciado en su objeto por imposibilidad jurídica o fáctica, todo ello sin perjuicio de otras aristas que la cuestión plantea desde la óptica de una adecuada planificación en materia de recursos humanos, según más adelante se expondrá.
Al respecto bien se ha señalado que “La contabilidad del presupuesto de competencia tiene doble finalidad: una, de índole externa, tiende a demostrar al poder legislativo y al órgano de control externo delegado de qué manera el poder administrador ha cumplido, al ejecutar el presupuesto, con lo dispuesto en el balance preventivo y si se ha constreñido a los límites marcados en dicho instrumento, otra, de índole interna respecto de la hacienda, se dirige a advertir al poder ejecutivo sobre la marcha de la realización de los gastos, y evita incurrir en involuntarios excesos en el uso de los créditos autorizados.
El primer objetivo se cumple llevando una contabilidad del presupuesto que registre el compromiso contable contraído, inmediatamente luego de que este tenga lugar. Para ello se acude a las reglas de apropiación relativas al tipo de gastos de que se trate. Esta contabilidad de imputaciones refleja el monto de los crédito autorizados por el poder legislativo y el de los gastos comprometidos con afectación a dichos créditos; la denominación de esta rama contable proviene del hecho de que imputa o apropia el gasto al crédito. Al cierre del ejercicio, el resumen de esta contabilidad de imputaciones incluido en la cuenta de inversión del período, exhibe al órgano volitivo el total autorizado a gastar y el total imputado de acuerdo con los compromisos de gastos.
Pero las registraciones y la información correlativa de esta contabilidad de imputaciones no resultan suficientes para que la contabilidad del presupuesto cumpla la segunda finalidad señalada. si sólo se anotaran los compromisos contraídos, podría ocurrir, por vías diferentes, la formalización de compromisos por monto superiores al crédito legislativamente autorizado. Es, por tanto, indispensable que la contabilidad del Estado contemple, en la etapa de ejecución del presupuesto de gastos, un sistema escritural para prevenir al poder Ejecutivo contra cualquier involuntario exceso. Esto se ha de lograr incorporando a la contabilidad de imputaciones una nueva rama: la de compromisos en curso de formación”. (ADOLFO ATCHABAHIAN “Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública”. Ediciones Depalma. Bs.As. pág. 304/305)
Este mismo órgano de control ha señalado (así Resoluciones Nros. 37/99, 43/99 y 48/99) que tal temperamento coloca al Departamento Ejecutivo al borde de plantear un conflicto con los términos de la Ordenanza de presupuesto sancionada por el Honorable Concejo Municipal, máxime considerando que éste órgano, en ocasión de sancionar la Ordenanza Nº 10384, produjo una disminución de los montos globales de Erogaciones y Recursos del mismo en relación con los originariamente proyectados por el D.E.M., y limitó la posibilidad de efectuar modificaciones compensadas entre las diferentes partidas (vide artículo 13º de la misma, particularmente su inciso b) y el segundo párrafo), conforme lo establecido en el artículo 10º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 7363.
Resulta imprescindible que la Dirección de personal cuente con un sistema de información que permita disponer permanentemente de datos actualizados sobre las vacantes. Siendo la informática una herramienta imprescindible en el mejoramiento de la gestión de la Administración Pública, debiera ser utilizada para lograr la generación de información oportuna y confiable para la toma de decisiones, y que a la vez la gestión se realice con economicidad, eficiencia y efectividad.
6.2.- Que a título de recomendación, cabe reiterar la necesidad de una adecuada coordinación entre las diversas áreas que intervienen en la tramitación de actuaciones referentes a designaciones y movimientos de personal, debiéndose observar uniformidad de criterios para todos los casos, tanto en el procedimiento aplicado como en lo atinente a la redacción de los actos dispositivos que las concluyen, los cuales deberían ser asimismo autosuficientes para ilustrar sobre las condiciones y requisitos de validez de la decisión en definitiva adoptada.
En particular, y en lo tocante a lo señalado en este apartado desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto en el rubro “Personal”, debiera coordinarse la redacción de los D.P.B., referenciando en los mismos el Decreto D.M.M. que determinó la modificación presupuestaria tendiente a habilitar las vacantes respectivas, o disponerse ambas simultáneamente en un único decisorio.
6.3 Las conclusiones del trabajo de Auditoría revelan asimismo, en líneas generales, la falta de una adecuada planificación en materia de recursos humanos que trascienda el corto plazo, pareciendo responder los movimientos más significativos en materia de personal a necesidades coyunturales, y a circunstancias ajenas a la propia determinación de la administración aún cuando ésta voluntariamente las asuma, como lo es el caso de las Actas Acuerdo concertadas con la entidad gremial más representativa del sector.
Se han disociado, como si fuesen elementos que actúan en forma independiente, las estructuras orgánico-funcionales vigentes para las distintas reparticiones, de las correlativas Plantas Básicas necesarias para acometer las tareas propias de las competencias funcionales desarrolladas en aquéllas, y la consecuente distribución del personal efectivamente disponible; invirtiéndose el orden lógico en que los distintos aspectos de la problemática deberían abordarse.
La concreción de nombramientos o promociones sin la previa existencia de la vacante es una evidencia más de lo expuesto, en tanto se invierte el circuito lógico del proceder administrativo, que presupone la vacancia de un cargo cuyas funciones se consideren relevantes o necesarias para el funcionamiento de los servicios, y en función de ello se arbitran las medidas tendientes a su cobertura; y no -como la auditoría pone de manifiesto ha sucedido en reiteradas oportunidades- a la inversa.
A título de recomendación, y a los fines de superar las deficiencias detectadas y aquí señaladas, se sugiere la elaboración de una planta básica de personal de la Administración Municipal, de acuerdo con las estructuras orgánicas vigentes, el reparto de competencias y funciones que surge de las mismas, los planteles de personal disponibles con sus niveles de capacitación y revista escalafonaria.
Esto debiera complementarse con una desagregación de la planta de cargos con referencia a la estructura orgánico funcional, evitando de este modo que se absorban -para propiciar modificaciones compensadas- cargos que corresponden a funciones específicas de cada una de ellas, necesarias para el normal desenvolvimiento de la administración.
7º.- Por otra parte y aún cuando al Auditoría ordenada por la Resolución Nº 298/98 del Tribunal refirió a la Planta de Cargos del Personal Municipal, no puede obviarse en el análisis que las variaciones en la composición cuantitativa y cualitativa de la misma obedecen a actos administrativos emanados del Departamento Ejecutivo cuyo examen de legalidad no puede soslayarse, en tanto además se acomodan sin duda al concepto establecido en el art. 12º inciso a) de la Ordenanza Nº 9124 (anexo) y en consecuencia resultan sujetos al contralor previo por parte de este órgano de control.
En este sentido, corresponde seguidamente reseñar algunas situaciones puntuales en que se verifican nombramientos, promociones o ascensos dispuestos por D.P.B. cuyas condiciones de validez pueden controvertirse, o ameritan al menos una somera explicación.
7.1 Confirmaciones de personal subrogante en el cargo y función subrogados (Decretos D.P.B. Nº 91/98, 106/98, 107/98, 108/98, 152/98, 153/98, 154/98, 155/98, 156/98, 157/98, 158/98, 159/98, 160/98, 161/98, 162/98, 163/98, 10/99 entre otros).
No escapa a la consideración del Tribunal de Cuentas que el reemplazo en forma transitoria –aún cuando esa situación pueda prolongarse en el tiempo-, por parte de los agentes municipales de la planta permanente, de cargos y/o funciones superiores a los de su revista se encuentra expresamente previsto en el artículo 20º del Estatuto del Personal Municipal (Anexo I de la ley Nº 9286); con precisa indicación legal de las consecuencias y beneficios que irroga, limitadas estrictamente al plano salarial y especificadas en la normativa escalafonaria consecuente (Artículo 56º del Anexo II de la misma ley citada)
Tampoco que su titularización por confirmación en el cargo subrogado importa disponer una promoción o ascenso para el cual no se ha observado el procedimiento diseñado por la normativa legal precitada (concurso).
Aún así, no puede desconocerse que tales actos han sido dictados en el marco emergente del artículo 13º in fine de la Ordenanza Nº 10.255, que facultó al Departamento Ejecutivo a producir las efectivizaciones del personal municipal que se encontrara desempeñando funciones superiores a su situación de revista con anterioridad al 31 de diciembre de 1996, acto este (Ordenanza) cuya naturaleza lo pone fuera del alcance de la competencia de contralor de este Tribunal , y sobre cuya oportunidad o conveniencia no corresponde que este órgano emita opinión, aún cuando así no fuese, por ejercer un control de legalidad.
Surge claro asimismo de los fundamentos y extremos resolutivos del Decreto D.M.M. Nº 148/98 dictado en su consecuencia por el D.E.M., que esta era la inteligencia que debía darse al artículo 13º in fine de la Ordenanza Nº 10255, y a este tipo de situaciones se refirió la previsión del legislador.
Es de destacar también en este apartado que se han analizado decisorios en los cuáles no puede concluirse categóricamente si la confirmación ha sido dispuesta en el marco de las citadas previsiones de la Ordenanza Nº 10255 o cual ha sido en definitiva su sustento legal, y otros en los cuales se plantean interrrogantes sobre eventuales discordancias entre la categoría y función que el agente subroga y aquéllas en las cuales fue confirmado (así Decretos D.P.B. Nros. 188/98, 106/98 y 186/98).
En relación con la primera situación apuntada, es necesario aclarar que la mayoría de los decisorios que resuelven situaciones como la analizada en este numeral, no incluyen en su motivación referencia alguna a las disposiciones de la Ordenanza.
7.2.- Designaciones de personal contratado o temporario (en rigor transitorio) en la planta de personal permanente (Decreto D.P.B. Nº 220/98).
En los supuestos en que dicha designación se ha producido, pudo verificarse en el marco de la documentación auditada, que la misma no ha sido, en los más de los casos, por el nivel inferior del agrupamiento escalafonario pertinente -en algunos casos en categorías correspondientes a los tramos de supervisión y aún superior según la estructura escalafonaria vigente-, y en todos los considerados y analizados, sin observarse el procedimiento legalmente establecido (concurso) para el ingreso al servicio de la planta permanente.
De tal modo, se habrían conculcado expresas disposiciones legales, a saber artículo 10º del Estatuto (Anexo I ley Nº 9286) y concordantes artículos 3º, 4º, y 5º del Escalafón (Anexo II ley cit.) y sus correspondientes para cada agrupamiento y tramo escalafonario
El acto que ha dispuesto tales designaciones luce, por lo demás, huérfano de fundamentación normativa visible y se sustenta en consideraciones de oportunidad y conveniencia que, como se dijo, no compete a este órgano valorar.
En este sentido, cabe desechar de plano que se entienda –en afirmación efectuada a título meramente conjetural- captado el supuesto por la previsión del artículo 134º del Estatuto aprobado por el Anexo I Ley Nº 9286, en tanto los alcances e interpretación del mismo han sido categóricamente establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en precedentes de sentido invariable y uniforme (causa “ALVAREZ, Ramón y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/R.C.A.P.J., Expte. C.S.J. Nº 449, Año 1989 glosado en “A. y S.”, T. 130, PÁGS. 267/279, entre otros).
Más aún, la propia administración municipal en ocasión de responder en sede judicial a planteamientos vinculados a la aplicación de la norma referida, fue más allá aún al tildarla de inconstitucional, en calificación que no fue compartida por el Alto Tribunal.
A todo ello cabe añadir que en la nómina de personas mencionadas en el decisorio señalado, se han incluido algunas que no revistaban con anterioridad bajo relación de empleo público no permanente en la Municipalidad de Santa Fe.
Por otra parte puede inferirse que el propio DEM ha entendido que carecería de facultades para proceder en tal sentido, en tanto las solicitó expresamente al H. Concejo Municipal al incluir, en sendos proyectos de Ordenanzas de Presupuesto –las correspondientes a los ejercicios 1998 y 1999- una disposición tendiente a posibilitarle la transferencia del personal temporario (en rigor no permanente) de la Administración Central a la planta permanente; según pudo corroborarlo este órgano de control en ocasión de examinar los proyectos respectivos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 11º inciso f) de la Ordenanza 9124 (Anexo).
Tal autorización requerida por el DEM fue excluida por el Concejo en el texto acordado en las sanciones definitivas de las Ordenanzas Nros 10255 (Presupuesto para el ejercicio 1998) y 10384 (Presupuesto para el ejercicio 1999) respectivamente.
7.3.- Promociones, ascensos y designaciones en cargo de personal de supervisión y superior sin mediar la previa sustanciación de concursos internos o abiertos, según correspondiera (Decretos D.P.B. Nros. 233/98 y 8/99).
Se han verificado casos en los cuales se han producido ascensos o promociones de personal que revista en la planta permanente, a cargos de los tramos de Supervisión y Superior –incluso en este caso a las máximas categorías escalafonarias- sin que mediare la previa sustanciación del pertinente concurso interno –o abierto a posteriori si el mismo resultare frustrado- configurándose una violación objetiva de disposiciones integrativas del denominado “bloque de legalidad” al cual debe sujetar la administración la totalidad de sus actos, aún aquellos que puedan reputarse discrecionales; disposiciones que han sido señaladas en el apartado 7.2. segundo párrafo del considerando de la presente al cual nos remitimos, y sin que las situaciones señaladas puedan a su vez entenderse captadas por el artículo 13º in fine de la Ordenanza Nº 10255, cuyos alcances se han reseñado.
También se observan casos de personas que ingresan a categorías superiores de la estructura escalafonaria sin mediar una previa relación de empleo público que las vincule con la Administración Municipal –con lo cual su situación presentaría un matiz diferencial a la descripta en 7.2- y sin sustanciarse el correspondiente concurso abierto (Cfr. artículo 10º del Estatuto y c.c. 4º del Escalafón).
La normativa cuyo cumplimiento se advierte soslayado en los casos analizados ha sido instituida en un doble interés: el público de la administración de que los cargos sean ocupados por quienes demuestren en cada caso ser idóneos para ello -y sin que esto implique en modo alguno juzgar la idoneidad concreta de cada una de las personas designadas en las condiciones descriptas- , y el particular de los agentes municipales de la planta permanente de gozar de igualdad de oportunidades en la carrera para optar por cubrir cada uno de los niveles y jerarquías escalafonarias (artículos 15º inciso e) y 40º del Estatuto Ley Nº 9286).
Estas circunstancias a su vez, -la presencia del interés público, de grado obviamente preeminente-, sumada la naturaleza objetiva de los vicios evidenciados –lo que doctrinariamente se denomina “violación de la ley”-, hacen que los mismos no puedan entenderse saneados, por la inexistencia de presentaciones o recursos deducidos por agentes eventualmente afectados en su esfera de intereses jurídicamente tutelados; los que por lo demás pudieron no haber sido anoticiados de los actos referidos.
7.4 Designaciones de agentes de la planta permanente en categorías escalafonarias superiores a las de su revista titular, sin mediar concurso o promoción automática y tomando en consideración la función efectivamente desempeñada (Decretos D.P.B. Nros. 87/98, 111/98, 112/98, 113/98, 175/98, 180/98, 228/98, 230/98, 231/98 entre otros).
En los decisorios que disponen este sentido, se hace mención invariablemente a sendas Actas-Acuerdo suscriptas con la entidad gremial representativa de los trabajadores municipales, por todo apoyo y sustento de la decisión adoptada.
Lucen en consecuencia invariablemente privados de referencias concretas a la normativa legal o reglamentaria en la cual podría tal decisión hallar cabida, o de la cual surja la valoración asignada en categorías en todos los casos en forma uniforme para cada función considerada.
Tampoco existe constancia en la motivación de los decisorios que se haya requerido el debido asesoramiento jurídico del caso en cuanto a la validez de lo resuelto, en relación con el marco referencial establecido por las disposiciones del Escalafón aprobado por el Anexo II de la Ley Nº 9286, no obstante que la consecuencia inmediata y directa de los actos administrativos señalados, es provocar la promoción de agentes comprendidos en sus alcances a una categoría superior a la de su revista, con exclusiva consideración de la función desempeñada, y sin que existan a su vez, en la mayoría de los casos, antecedentes que permitan visualizar con que grado de formalidad se les encomendó desempeñar las mismas.
A todo ello cabe añadir que se han constatado casos de promociones efectuadas por los decisorios referenciados, que no pueden prima facie subsumirse en ninguna de las hipótesis enumeradas en las actas concluídas con la entidad gremial, con lo cual lo decidido no se corresponde con los propios antecedentes invocados por la Administración.
Todo lo anteriormente señalado en este punto lleva a plantear al menos interrogantes respecto de la validez de las promociones decididas en tales condiciones, que no pueden despejarse con la sola compulsa de los decisorios que las dispusieron.
8º.- Puesta en ejecución de los decisorios señalados:
8.1 En todos los casos de los actos administrativos señalados en los diversos párrafos del apartado precedente, se verifica que los mismos fueron puestos en ejecución sin mediar la previa intervención del Tribunal de Cuentas, en el marco del procedimiento establecido por los artículos 1º inciso b) y 12º inciso a) de la Ordenanza Nº 9124 (Anexo), no obstante que todos ellos, como se señaló, deben sin duda entenderse comprendidos, en virtud de su naturaleza y objeto, entre aquellos respecto de los cuales tal intervención resulta obligatoria, a salvo las excepciones que disponga el Tribunal por sí, o consienta a solicitud fundada del organismo interesado (así Resolución Nº 331/98).
De idéntico modo que la labor de control llevada adelante por este órgano desde su creación en materia de procedimientos de contratación de bienes, obras y servicios, ha sentado criterios rectores mayoritariamente receptados por la Administración que permitan al presente analizar la implementación de sistemas de control selectivo de actos administrativos, la verificación fehaciente de la existencia de decisorios vinculados al personal municipal, que se habrían dictado y ejecutado en contravención a disposiciones legales y reglamentarias vigentes, amerita instrumentar mecanismos de control eficaces que permitan detectar, y en su caso corregir, desvíos en tal sentido.
8.2 Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, y que refiere a la metodología a observarse en lo sucesivo por este órgano de control externo, se hace necesario expresar que las anomalías anteriormente señaladas en la presente resolución evidencian además una falencia en los controles internos de la propia administración.
En este sentido resulta oportuno reiterar la vigencia de lo dispuesto por los artículos 26º y 28º de la Ordenanza de Contabilidad Nº 7363, en cuanto a que la liquidación de las sumas resultantes de los compromisos contraídos –en este caso los haberes o diferencias salariales resultantes de las designaciones, contratos, ascensos o promociones-, como su posterior pago, deben efectuarse previa e inexorable verificación de la regularidad del procedimiento seguido para contraer ese compromiso, esto es para disponer el nombramiento, ascenso o promoción.
Art. 1º.- Aprobar los Informes de Auditoría Nº 21/98 y 2/99 realizados por la Auditora Contable C.P.N. Alcira Rodriguez complementados por el Informe de la Directora de Auditoría C.P.N. Alfreda Salusso de Michlig.
Art. 2º.- Recomendar se extremen las medidas tendientes a resolver las situaciones particulares expuestas en el párrafo 6º del considerando de la presente y los diversos subpárrafos que lo integran, adoptando las disposiciones operativas, y si fuere menester reglamentarias pertinentes, a los efectos de corregir las deficiencias señaladas.
Art. 3º.- Disponer que, en lo sucesivo, los Decretos D.P.B. que decidan contrataciones de personal, designaciones, promociones o ascensos de personal municipal sean remitidos a este Tribunal de Cuentas conjuntamente con los antecedentes que los determinen, previo a ser puestos en ejecución; lo que sólo podrá efectuarse una vez concluida la intervención de este órgano de control mediante el conforme o la resolución previstos en los arts. 5º a 7º de la Resolución Nº 35/99 TCM
Art. 4º.- Exceptuar de lo dispuesto en el artículo precedente a las designaciones que se efectúen previo acuerdo del Honorable Concejo Municipal, las correspondientes a Autoridades de Gobierno y las que tuvieren carácter ad honorem.
Art. 5º.- Remitir copia de la presente a Intendencia, Secretaría de Gobierno y Cultura y Hacienda.
Art. 6º.- Regístrese y archívese.