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Timestamp: 2018-11-19 11:09:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 425', 'artículo 425', 'artículo 27', 'artículo 425', 'artículo 104', 'artículo 417']

El derecho internacional continúa incomprendido en Ecuador. Especulando, esta falta de comprensión se debería a una serie de factores, entre ellos: las posiciones ideológicas que se empeñan en creer que el único derecho aplicable es el promulgado por el legislador local; la falta de un filtro legislativo que analice la conformidad de las normas locales con las internacionales; los intereses políticos circunstanciales; y, la ausencia de programas académicos sólidos en la materia. Si el derecho internacional prevalece sobre el local, cabe preguntarse, entonces, ¿por qué en las universidades se enseña derecho internacional como si fuere una materia residual? Pensemos en el porcentaje de clases que un alumno de derecho toma sobre derecho local y comparémoslo con el porcentaje de clases sobre derecho internacional. El resultado será decidor.
Esta realidad genera una ruptura entre el derecho internacional y el local, donde el primero suele resultar vencedor. Este es el caso de las normas sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos extranjeros del Código Orgánico General de Procesos (“COGEP”) que violan normas del derecho internacional, como pasamos a explicar.
A. El derecho internacional prevalece sobre el local
Para empezar, debemos recordar que, según nuestra propia legislación, el derecho internacional prevalece sobre el local, con excepción de la Constitución (salvo en materia de derechos humanos donde los derechos más favorables previstos en tratados internacionales prevalecen incluso sobre los constitucionales[1]).
El artículo 425 de la Constitución determina el orden jerárquico de las normas, colocando a los tratados y convenios internacionales por sobre toda ley, decreto, ordenanza, reglamento y demás manifestaciones públicas locales.
Sin pretender internarse en este momento en un tema complejo (aunque muy interesante), incluso la afirmación del artículo 425 de que la Constitución prevalece sobre los tratados internacionales[2], parecería no tener total sustento en el derecho internacional. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrito y ratificado por Ecuador, señala que un país “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Es decir, cuando existe un conflicto entre las normas constitucionales de un país y las de un tratado o convención internacional, el derecho internacional se inclinará a favor del segundo, especialmente si un país invoca el derecho local como excusa para incumplir el internacional. Esta posición ha sido acogida en arbitrajes internacionales en los que Ecuador ha sido parte, particularmente en los casos IBM[3] y Oxy[4].
En todo caso, no existen dudas de que, según el derecho ecuatoriano y el derecho internacional, los tratados y las convenciones internacionales prevalecen sobre las leyes ecuatorianas, incluido el COGEP.
B. ¿Cómo se reconocen y ejecutan los laudos extranjeros según la Convención de Nueva York?
La Convención de Nueva York, suscrita y ratificada por Ecuador, dispone que todos los países firmantes reconocerán y ejecutarán en sus territorios los laudos arbitrales extranjeros, salvo que estos incurran en las causales de denegación previstas taxativamente en la misma Convención. La carga de la prueba para sustentar tal denegación recae sobre la parte que se opone al reconocimiento o ejecución, no sobre la parte solicitante[5].
Para solicitar el reconocimiento o ejecución de un laudo, la parte solicitante deberá cumplir únicamente las formalidades previstas en el artículo IV de la Convención, a saber[6]:
Presentar el original o una copia auténtica del laudo;
Presentar el original del convenio arbitral; y
Presentar una traducción oficial de estos documentos, si estuvieren en otro idioma.
En vista de que dichas formalidades se encuentran delimitadas en la Convención de Nueva York, los países firmantes no pueden exigir formalidades adicionales. La jurisprudencia[7] y doctrina[8] son unánimes al respecto, pues, si se permitiere que los países suscriptores establezcan condiciones adicionales para la ejecución de laudos extranjeros, el objetivo de la Convención simplemente se desvanecería.
C. ¿Cómo pretende el COGEP que se reconozcan y ejecuten los laudos extranjeros?
A pesar de que el Ecuador fue uno de los primeros suscriptores de la Convención de Nueva York, su poder legislativo inobservó normas imperativas de derecho internacional al expedir un nuevo procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros que transgrede las disposiciones de dicha Convención.
En suma, el COGEP prevé un procedimiento de “homologación” de los laudos arbitrales extranjeros bajo el cual las cortes ecuatorianas deberán verificar que[9]:
El laudo cumpla las formalidades externas para ser considerado auténtico.
El laudo haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el país de emisión.
El laudo se encuentre traducido.
Se acredite con las piezas procesales y certificaciones pertinentes que la parte demandada ha sido legalmente notificada y se haya asegurado la debida defensa de las partes.
Que la solicitud indique el lugar de citación de la persona contra quien se quiere hacer valer la resolución expedida en el extranjero.
Como se puede observar, el COGEP (i) desintegra la presunción de validez de los laudos arbitrales extranjeros[10]; (ii) revierte la carga de la prueba en contra del solicitante, quien tendrá que probar que el laudo ha pasado en autoridad de cosa juzgada y que se ha asegurado el derecho a la debida defensa de ambas partes; (iii) añadiendo de esta manera formalidades no previstas ni permitidas por la Convención de Nueva York; e (iv) imponiendo “condiciones apreciablemente más rigurosas” que las aplicables a los laudos locales[11].
Adicionalmente, si los laudos fueren emitidos en contra del Estado ecuatoriano, el juez deberá verificar que el laudo no contraríe disposiciones de “la “Constitución y la ley”[12]. Por lo tanto, si un juez encuentra que un laudo contrario al Estado viola cualquier normal legal o constitucional ecuatorianas, es probable que niegue su homologación.
Para García de Enterría, la “Convención de Nueva York es uno de los logros más espectaculares de la lenta tarea de unificar el orden judicial en el campo del derecho internacional privado”[13], justamente por el celo con el que los países suscriptores la han honrado. En el mismo sentido, Lord Mustill considera que la Convención de Nueva York es la “instancia más efectiva de la legislación internacional en la historia del derecho mercantil”[14]. En contracorriente, Ecuador es uno de los pocos países que ahora la desafía.
Inconstitucionalidad e inaplicabilidad del COGEP
Uno se preguntará, entonces, ¿cuál es la consecuencia del conflicto existente entre las normas del COGEP y las de la Convención de Nueva York? La respuesta es sencilla: las normas del COGEP no pueden aplicarse.
Desde la perspectiva del derecho local, las normas del COGEP que contradigan lo previsto en la Convención de Nueva York no son aplicables por violar el orden constitucional de jerarquía de las normas, según dispone el artículo 425 de la Constitución, que ordena: “en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía…las juezas y jueces…lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”. Consecuentemente, los jueces ecuatorianos se encuentran impedidos de verificar formalidades adicionales a las previstas en el artículo IV de dicha Convención y deberán, por lo tanto, abstenerse de aplicar la parte violatoria del artículo 104 del COGEP.
Desde la perspectiva del derecho internacional, la respuesta no podría ser distinta. Los jueces no pueden aplicar leyes nacionales que violen el derecho internacional, ni pueden excusar tal incumplimiento en el derecho local. Hacerlo, de hecho, podría generarle al Estado ecuatoriano responsabilidad internacional por violar normas del derecho internacional, a más de la responsabilidad personal del juez por fallar en contra de normas expresas.
* Foto de issuu.com
[1] Art. 424 de la Constitución.
[2] Véase el artículo 417 de la Constitución en el mismo sentido.
[3] En el caso IBM World Trade Corporation vs. Ecuador, el tribunal arbitral en su decisión de jurisdicción y competencia (par. 73), resolvió:
“Los tratados internacionales consagran normas de conducta entre y para los Estados, de cuya obligatoriedad no pueden sustraerse, tanto más cuanto que la tendencia del derecho internacional contemporáneo es la de que sus normas prevalezcan inclusive sobre las disposiciones de las propias Constituciones Políticas. Así lo ha recogido no sólo la doctrina y los textos constitucionales, sino también la jurisprudencia sobre derechos humanos y derecho comunitario”.
[4] En la decisión sobre anulación del laudo emitido en el caso Occidental vs. Ecuador de 29 de octubre de 2015, par. 84, el Comité señaló tajantemente que la posición de Ecuador:
“Ignora el principio básico del derecho internacional de que un Estado no puede invocar su legislación local, incluidas las disposiciones constitucionales, con el propósito de evitar el cumplimiento de obligaciones contraídas en tratados”.
En este mismo sentido, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory (1932, PCIJ Series A/B no 44, par. 64) resolvió:
“It should however be observed that…according to generally accepted principles…a State cannot adduce as against another State its own Constitution with a view to evading obligations incumbent upon it under international law or treaties in force”.
[5] Véase sobre este tema, entre otros, a Albert Jan van den Berg, “Refusal of Enforcement Ander the New York Convention of 1958: The Unfortunate Few”, Arbitration in the Next Decade, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Special Supplement, 1999, p. 75.
[6] Artículo IV de la Convención de Nueva York.
[7] Por ejemplo, en los casos Presse Office S.A. vs. Centro Editorial Hoy S.A. y Malder Mills Inc. vs. Hilaturas Lourdes S.A., los tribunales mexicanos rechazaron el argumento de que para que un laudo extranjero sea ejecutado en México, era necesario un exhorto de las cortes de Nueva York y París donde los laudos se habían dictado, en base a una norma del Código de Procedimiento Civil mexicano. Las cortes sostuvieron que los exhortos no eran necesarios porque la ejecución del laudo estaba regulada por la Convención de Nueva York, y que las condiciones del Articulo IV se habían cumplido.
[8] Sobre la Convención de Nueva York véase, generalmente, a Albert Jan van den Berg, The New York Convention of 1958 Towards a Uniform Judicial Interpretation (La Haya: Kluwer Law, 1981).
[9] Art. 104 del COGEP.
[10] Véase al respecto, entre otros, a Gary Born, International Commercial Arbitration, Volumen III (La Haya: Kluwer Law, 2014), p. 3411.
[11] El artículo III de la Convención de Nueva York impide a los estados esta imposición.
[12] Art. 104 del COGEP.
[13] J. García de Enterría, “The Role of Public Policy in International Commercial Arbitration”, Law and Policy in International Business, 1990, p. 391.
[14] M. J. Mustill, “Arbitration: History and Background”, Journal of International Arbitration, 1989, p. 49. Traducción del autor.