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Timestamp: 2018-02-22 04:49:00
Document Index: 342931348

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 116', 'artículo 16', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 11']

Boletín – 1ra Quincena de Abril :: Quantum
Boletín – 1ra Quincena de Abril
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 01 hasta el 15 de abril de 2015.
I.- Modificación del numeral 4 del Apéndice II de la Ley del IGV.
Mediante Decreto Supremo N° 082-2015-EF (10.04.2015) se modificó el numeral 4 del Apéndice II de la Ley del IGV (referido a servicios exonerados del IGV) en los siguientes términos:
“4.- Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura”
La norma bajo comentario entró en vigor el 11.04.2015
I.- ¿Cuándo se “configura una distribución directa o indirecta de renta” por parte de una Asociación sin fines de lucro”?
Mediante INFORME 93-2014-SUNAT/5D0000, SUNAT absolvió la siguiente interrogante formulada:
Si es que constituye distribución directa o indirecta de renta, para efecto de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), la transferencia de bienes del patrimonio, parcial o total, de una asociación inscrita válidamente en el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta (REEIR), efectuada.
Mediante donación a favor de otra asociación, que a su vez es asociada de la donante y que también se encuentra inscrita válidamente en dicho registro.
En caso de disolución y liquidación, a un no asociado inscrito válidamente en el REEIR, al estar establecida dicha transferencia en los estatutos de la asociación que se liquida.
SUNAT concluye lo siguiente:
Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 19 de la LIR:
1.- La obligación establecida mediante un contrato de donación de transferir, total o parcialmente, los bienes de una asociación inscrita válidamente en el REEIR, a favor de otra asociación, que a su vez es asociada de la donante, constituye distribución directa de las rentas que conforman el patrimonio de la donante a favor de la donataria que es su asociada, siendo irrelevante que esta se encuentre inscrita en el REEIR o que la aludida transferencia sea de la totalidad o parte de los bienes en cuestión.
2.- No constituye distribución directa o indirecta de renta, la transferencia de los bienes del patrimonio de una asociación que se disuelve y liquida, que haya estado inscrita válidamente en aquel REEIR, cuando dicha transferencia es efectuada en cumplimiento de lo establecido en el estatuto de la asociación que se liquida, a favor de un no asociado inscrito válidamente en el mismo REEIR.
I.- ¿Cuándo puede considerarse que las medidas cautelares (como lo son los embargos) trabadas por SUNAT resultan “desproporcionadas”? ¿Qué acción legal puede iniciar el contribuyente afectado?
La SUNAT inició un procedimiento de cobranza coactiva a un contribuyente procediendo a trabar diversas medidas cautelares, tales como: medida cautelar genérica (la cual recayó sobre bolsas de fertilizantes); medida de embargo en forma de retención bancaria; medida de embargo en forma de inscripción de vehículos; medida de embargo en forma retención a terceros. La deuda tributaria materia de cobranza coactiva ascendía a S/ 28,725.00, mientras que, en conjunto, las medidas cautelares ascendían a S/. 76,725.00.
El contribuyente interpuso Recurso de Queja contra el citado procedimiento de cobranza coactivo.
Bajo el panorama descrito, el Tribunal Fiscal, en la RTF N° 00833-Q-2014, declaró fundada la queja en el extremo referido a la proporcionalidad de las medidas cautelares trabadas, conforme al siguiente razonamiento:
-De acuerdo con el criterio establecido en la RTF 701-Q-2013, tratándose de medidas cautelares trabadas en forma concurrente, una medida cautelar es desproporcional con la deuda materia de cobranza cuando pese a que ninguna de ellas en forma individual supera el monto de la deuda sometida a cobranza coactiva, la sumatoria de éstas si lo hace, debiendo, en tales casos, el ejecutor coactivo dejar sin efecto las medidas de embargo en la parte que supere el monto necesario para garantizar el pago de la deuda tributaria, costas y gastos de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 116 del Código Tributario y el inciso i) del artículo 16 del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva de la SUNAT.
I.- La debida motivación en la solución de controversias tributarias desde la perspectiva judicial.
En el caso resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, según Sentencia de Casación N° 1151-2014 Lima (pub. 02.03.2015, Pág. 61203) se resolvió la controversia suscitada en torno a la prescripción de una deuda tributaria.
En efecto, el contribuyente, San Fernando S.A., alegó que la deuda tributaria contenida en la Resolución de Determinación 012-003-4729 (referida al Impuesto a la Renta –IR- correspondiente al ejercicio 1998) había prescrito debido a que la citada deuda tributaria fue autodeterminada el 15.09.2004 mediante declaración rectificatoria de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta 1998 sin que la SUNAT haya exigido oportunamente su pago, a pesar de que, no existía ninguna circunstancia que le impidiera requerir dicho pago puesto que si bien el acto de rectificación del IR de 1998 fue observado por SUNAT, dicha observación no se refirió a la obligación que fue autoliquidada, sino a una adicional
Por su parte, la SUNAT sostenía que la obligación no había prescrito, debido a que el acto de rectificatoria del IR 1998 fue objeto de observación por SUNAT lo cual implicó la suspensión del plazo prescriptorio, toda vez que la obligación tributaria (IR 1998) es única, integral y definitiva y, por tanto, la sola existencia del procedimiento de impugnación respecto de un extremo de la autodeterminación impedía el transcurso de la prescripción respecto a los otros.
Expuesta así la controversia, con la presencia de 2 posturas contrarias esbozadas por cada una de las partes litigantes, debió ser considerada como “punto controvertido” respecto del cual debió ceñirse el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, esto es, tanto la primera como segunda instancias judiciales. Vale decir que, la solución del punto controvertido debió sustentarse en una “adecuada y debida motivación” de las sentencias que se expidiesen para poner fin a la contienda.
Empero, en el caso, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de casación antes referida, advirtió que la segunda instancia no emitió pronunciamiento alguno en torno al ”punto controvertido”, sino que, por el contrario tan solo se limitó a llevar a cabo el cómputo mecánico del plazo de prescripción de la obligación tributaria, dando por cierto la observación de SUNAT al acto rectificatorio del IR 1998 no dando mayor explicación de las razones por la cuales se plegó a la postura de SUNAT.
Estando a lo anterior, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia advirtió que la sentencia expedida en segunda instancia incurrió en un pronunciamiento evasivo, en la medida que elude abordar los términos del “punto controvertido” y por consiguiente omite así dar respuesta a cada uno de los argumentos que razonablemente componen el contradictorio, contraviniendo de esta forma lo dispuesto en el artículo 139, inciso 5), de la Constitución Política del Perú; de manera que, la sentencia de segunda instancia fue declarada nula, disponiendo que la Sala Superior emita nueva sentencia.
I.- Trabajadores del hogar: Proyecto de directiva de fiscalización.
Mediante Res.050-2015-SUNAFIL (pub. 28-3-15) dispuso la publicación en el portal de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe) del proyecto de “Directiva de fiscalización de las obligaciones del régimen de los trabajadores y trabajadoras del hogar”. Los comentarios y sugerencias respecto de dicho proyecto podrán remitirse a la siguiente dirección: www.comentariosdirectivas@sunafil.gob.pe.
El mencionado proyecto plantea diversas reglas para la comprobación de la relación laboral sin necesidad de visita al centro de trabajo. Entre otras, con la verificación de la existencia del contrato escrito y las circunstancias de pago anotados en el registro de empleadores de trabajadores del hogar, que se hallará a cargo de la SUNAT. Asimismo, con la comprobación indirecta, por intermedio de testigos, terceros o personal relacionado con el centro de trabajo tales como los administradores de edificios, vigilantes o similares. Incluso con fotos, cartas y otros medios suficientes que pudieran demostrar el vínculo laboral.
II.- Plan de actuación de certificación de competencias laborales de los trabajadores del hogar: Aprobación.
La R.M 074-2015-TR (pub. 28-3-15) aprobó el “Plan de Actuación de Certificación de Competencias Laborales para los Trabajadores del Hogar en el Perú – Años 2015-2016”, el mismo que se encuentra publicado en el portal del MTPE (www.trabajo.gob.pe). El mencionado Plan tiene por objeto mejorar los niveles de empleabilidad de los trabajadores del hogar a partir del reconocimiento de sus competencias, lo que les permitirá insertarse adecuadamente al mercado laboral. Al respecto, el MTPE viene implementando experiencias pilotos para el desarrollo de los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, con la finalidad promover el empleo en las diferentes ocupaciones a nivel nacional, a través de los Centros de Certificación de Competencias Laborales.
III.- Aprueban la DIRECTIVA N° 002-2015-SUNAFIL/INII denominada: “Pautas para la aplicación del privilegio de la prevención en la programación de operativos de fiscalización y acciones de orientación”
Mediante la Res. N° 064-2015-SUNAFIL se estableció que la autoridad de inspección del trabajo, previamente a la implementación de campañas u operativos de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones socio-laborales de su competencia, desarrollará actuaciones de orientación, a fin de brindar adecuada información a los empleadores acerca del cumplimiento de sus obligaciones en la materia.
Asimismo, invocando el numeral 2.2. del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 010-2014-TR, precisa además que las mencionadas visitas inspectivas de carácter orientador se realizarán prioritariamente en aquellas empresas que se encuentran en el régimen especial MYPE.
La mencionada Directiva establece la conveniencia que SUNAFIL establezca las pautas a tener en cuenta para la programación de los operativos de orientación y fiscalización a ser ejecutados a nivel nacional a fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30222 y en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2º del Decreto Supremo Nº 010-2014-TR.
IV.- Proyecto de Ley: “Ley que promueve los exámenes preventivos de control de cáncer en trabajadores”
El mencionado proyecto de ley presentado al Congreso de la Republica el día 01 de Abril del 2015 tiene como objeto establecer facilidades laborales y campañas para que los trabajadores varones y mujeres puedan acudir a realizarse exámenes preventivos de próstata, papanicolaou y mamografía, respectivamente, como parte de las políticas públicas de salud dirigidas a prevención del cáncer.
Dicho proyecto extiende sus efectos a los trabajadores mayores de 40 años y las trabajadoras mujeres a partir de los 30 años, otorgándoles el derecho de licencia con goce de haber por un día al año, a efectos de facilitar su concurrencia para realizarse exámenes preventivos.
Además, señala el proyecto de ley, que las entidades prestadoras de salud públicas o privadas, así como los establecimientos de EsSalud que correspondan deben expedir una constancia de dicha atención, la misma que deberá ser presentada por el trabajador ante el empleador. Por otro lado, los centros de salud deben dar facilidades para la realización de dichos exámenes en un solo día.
I.- Corte Suprema reitera criterio: La pretensión de pago de las remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de un despido inconstitucional (incausado o fraudulento) tiene naturaleza resarcitoria.
Mediante Sentencia Casatoria, CAS LAB Nº 343-2014 LAMBAYEQUE de fecha 26 de setiembre de 2014 (publicada el 30-03-2015), la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República ratificó su posición respecto de la naturaleza de la pretensión de pago de las remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de un despido inconstitucional (incausado o fraudulento), manifestando que la misma tiene naturaleza resarcitoria.
En efecto, ratificando la tendencia postulada en los fallos contenidos en las sentencias casatorias Nº 2712-2009-Lima, Nº 3935-2011-Piura, Nº 1333-2012-Junín, 6312-2013, entre otros, la Corte Suprema concluye que los supuestos de pago de remuneraciones devengadas por un período no laborado se restringe a aquellos considerados por nuestra legislación (artículo 11 y 40 del TUO del D. Leg. 728, aprobado por D. S. Nº 003-97-TR), como períodos de suspensión imperfecta (vacaciones, feriados no laborables, entre otros) y además para los casos de despido nulo (despido por embarazo, por afiliación a un sindicato o por actividades sindicales, entre otros), y como tales en dicha condición de excepcionalidad no resultan aplicables por extensión interpretativa ni por analogía en otros supuestos (despidos inconstitucionales) en los que no medie autorización expresa. A tal efecto, se invoca como sustento jurídico el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil que prescribe que: “La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía”.
Bajo este criterio -reiterado de la Corte Suprema- en los casos de despido inconstitucional (despido incausado y fraudulento), cuando se pretenda el pago de las remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia del despido inconstitucional, deberá acudirse a un nuevo proceso para demandar indemnización por daños y perjuicios, cuya valuación del lucro cesante, en todo caso, deberá considerar las remuneraciones dejadas de percibir durante el período que se dejó de laborar como consecuencia del despido inconstitucional, sin perjuicio de la imputación de distinto daño económico (daño emergente) y la imputación de daño moral, respectivamente, si fuera el caso.
I.- ¿Cómo adoptar las NIIF en la partida propiedad, planta y equipo?
Las empresas que superen las 3,000 UIT de ingresos o activos totales están obligadas a adoptar las NIIF y presentar sus estados financieros auditados bajo este modelo conforme al cronograma emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Según nuestra experiencia en este tipo de procesos hemos visto que la partida con mayor impacto es la de Propiedad, Planta y Equipo. Para adoptar las NIIF en esta partida se pueden optar por dos caminos; uno es la aplicación del Costo Atribuido y otro es la reexpresión retroactiva. En el Costo Atribuido se debe reemplazar, en la fecha de transición, el valor en libros bajo PCGA por su valor razonable a esa fecha; y la reexpresión retroactiva no es más que un recalculo de la depreciación basada en los parámetros de la NIC 16 obteniendo un nuevo valor, el cual deberá reemplazar al valor en libros bajo PCGA.
Usualmente las compañías optan por aplicar el Costo Atribuido a los terrenos y edificaciones, lo cual es lo más recomendable para este tipo de activos debido a que sus valores han venido en aumento; para el resto de los activos de esta partida optan por la reexpresión retroactiva sin embargo la compañía también podría optar por aplicar el costo atribuido. Los resultados obtenidos al aplicar ambas metodologías en estos activos deben ser materialmente similares.