Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Scolombia35-00.html
Timestamp: 2016-05-24 10:01:22
Document Index: 272566253

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 1', 'artículo 402', 'artículo 1', 'artículo 51']

Masacre "Los
Uvos" v. Colombia, Caso 11.020, Informe N º 35/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 446 (1999). I. RESUMEN
1. El 4 de mayo de 19921 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") recibió una petición presentada por la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", (en adelante "los peticionarios"), contra la República de Colombia (en adelante "el Estado", "el Estado colombiano" o "Colombia") en la cual se denuncia la ejecución extrajudicial de Alfonso Chilito, José Belisario Dorado Muñoz, Saúl Espinosa, Pastora García, Wilson Gil Velásquez, Hoibar Gómez Mamian, Rubén Darío Joaquin Narváez, Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamian Moreno, Leoncio Mellizo Angulo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán Ruano Daza, Alejandro Salazar Paz y Henry Suarez Villa (en adelante "las víctimas") por miembros del Ejército Nacional el 7 de abril de 1991 en el Corregimiento
de Los Uvos, Departamento del Cauca.
2. Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7) en conexión con el artículo 1(1), el respeto a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana"). Solicitan también se declare que el Estado ha violado esos mismos derechos según han sido consagrados en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante "la Declaración Americana"). 3. Durante el trámite del presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad con relación a los hechos alegados por los peticionarios.
El 7 septiembre de 1995, en el marco del 90º período de sesiones de la Comisión,
las partes iniciaron un proceso de solución amistosa. A pesar de los esfuerzos
realizados tanto por el Estado como por los peticionarios, el 5 de octubre
1998 las partes decidieron dar por terminado el proceso de solución amistosa,
reconociendo la ejecución parcial de los acuerdos alcanzados durante las
y de las recomendaciones allí formuladas.
4. Tras analizar los elementos de hecho y de derecho aportados por las partes a lo largo del proceso, así como el resultado parcial de los
esfuerzos por solucionar el caso amistosamente, la Comisión declaró el caso
admisible, emitió sus conclusiones sobre la violación de los artículos 4,
7, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana a la luz del reconocimiento de responsabilidad
del Estado, y evaluó el cumplimiento con su compromiso de reparar el daño
5. El 17 de junio de 1992, la Comisión procedió a abrir el caso bajo el número 11.020 y transmitió las partes pertinentes de la denuncia
al Estado colombiano con un plazo de 90 días para presentar información.
17 de marzo de 1993 el peticionario presentó información adicional sobre el
caso, la cual fue debidamente transmitida al Estado.
7. El 27 de enero de 1994, durante el 85º período ordinario de sesiones de la Comisión, se celebró una audiencia sobre el caso. El 19 de abril de 1994, los peticionarios enviaron información adicional en relación al estado de los procesos penales y disciplinarios. El 25 de mayo de 1994 el Estado remitió información sobre el estado de los procesos. El 26 de julio de 1994 los peticionarios presentaron sus observaciones y mediante escrito del 1° de agosto de 1994 complementaron la información presentada. El Estado presentó sus observaciones el 31 de agosto de 1994. El 26 de septiembre de 1994 se llevó a cabo una audiencia sobre el caso durante el 87º período ordinario de sesiones de la Comisión. Los peticionarios presentaron sus observaciones el 19 de octubre de 1994. 8. El 7 de septiembre de 1995, en el marco del 90º período de sesiones, se llevó a cabo una reunión sobre los Casos 11.141, 11.101. 11.020 y 11.007 entre el Estado y los peticionarios quienes expresaron su intención de iniciar un proceso de búsqueda de solución amistosa de conformidad con lo previsto en el artículo 48(f) de la Convención Americana. Las partes, de mutuo acuerdo, emitieron un acta de entendimiento en la cual se contempla la creación de un Comité de Impulso para la Administración de Justicia en relación con los casos citados. El 12 de diciembre de 1995, una delegación de la Comisión participó en una reunión del Comité de Impulso en Colombia para informarse sobre su funcionamiento, gestiones y avances.
10. El 8 de octubre de 1996, durante su 93º período ordinario de sesiones, la Comisión evaluó los avances en el proceso de solución amistosa.
El 9 de octubre de 1996 el Estado presentó un "Informe de Implementación de las Recomendaciones sobre los casos Los Uvos, Caloto y Villatina." El 18 de octubre de 1996 la Comisión instó a las partes a superar las dificultades
en el proceso de seguimiento a las recomendaciones del Comité. En febrero de
1997, el Comisionado Robert K. Goldman, Relator para Colombia, el Embajador
Jorge E. Taiana, Secretario Ejecutivo de la Comisión, y la entonces Especialista
Denise Gilman, se trasladaron a Colombia con el fin de participar en una serie
de reuniones relativas al estado del proceso de solución amistosa.
13. Los peticionarios alegan que el día 7 de abril de 1991 miembros del Pelotón Aguila Dos perteneciente a la Compañía "A" del Batallón de Infantería Nº 7, "José Hilario López" del Ejército Nacional al mando del Subteniente José Edilberto Cortes Valero junto con ocho soldados y dos civiles interceptaron una "chiva" (bus escalera) en un retén montado a la altura del sitio denominado Puente Fierro, ubicado entre el Corregimiento
de Los Uvos, Municipio de La Vega y el Municipio de Piedrasentada, Departamento
del Cauca. En el vehículo se desplazaban quince personas: Alfonso Chilito (25
años), José Belisario Dorado Muñoz (41 años), Saúl Espinosa (42 años), Wilson
Gil Velásquez (17 años), Hoibar Gómez Mamian (18 años), Ruben Darío Joaqui
(32 años), Santiago Lasso Bolaños (28 años), Adriana López (18 años), Hernán
Mamian Moreno (31 años), Leoncio Mellizo Angulo (50 años), Libardo Nieves Dorado
(24 años), Yenny Prieto Rengifo (28 años), Hernando Rosero (42 años), Adán
Daza (55 años) y Alejandro Salazar Paz (22 años). Los peticionarios alegan
que agentes del Estado abordaron el vehículo y obligaron al conductor a regresar
a la vereda Monterredondo. Una vez allí, después de media hora de viaje, se
hizo descender del vehículo a los pasajeros, se les despojó de sus pertenencias
y fueron obligados a tenderse boca abajo sobre la vía, tras lo cual fueron
ejecutados extrajudicialmente con fusiles de dotación oficial. Pastora García
y Henry Suárez Villa (37 años), quienes casualmente se desplazaban por el lugar
en una motocicleta, fueron interceptados y ejecutados en las mismas circunstancias.
14. Los peticionarios alegan que la patrulla militar pintó consignas alusivas a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en el lugar
de los hechos. También señalan que el Mayor Manuel Rodríguez Diazgranados,
del puesto de mando atrasado del Batallón Nº 7 "José Hilario López", denunció a los miembros del XXIX frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) ante la Dirección de Orden Público de la Seccional Cali
autores de los delitos de homicidio múltiple y daño en bien ajeno en un intento
de desviar la investigación judicial y asegurar la impunidad.
15. En cuanto a la investigación de los hechos y el juzgamiento de los responsables, los peticionarios alegaron que la actividad desplegada
por los órganos del Estado estuvo plagada de irregularidades. Concretamente
sostuvieron que la Fiscalía Regional de Cali actuó con excesivo retardo en
investigación de los hechos y sólo vinculó a los miembros del Batallón "José Hilario López" después de dos años de ocurridos los hechos. El Juzgado de Orden Público que inició la investigación remitió el caso a la Justicia
Penal Militar a pesar de la gravedad de los hechos. Alegan además que miembros
Ejército rindieron declaraciones falsas, elevaron falsas y contradictorias
denuncias y emplearon falsos testigos. Sostienen que se produjeron demoras
en el cumplimiento con las órdenes de captura y se detuvo irregularmente en
dependencias militares al Teniente Cortés Valero, quien se dio a la fuga.
20. El Comité de Impulso fue definido como un organismo de impulso a procesos internos, lo que le impedía recibir y valorar directamente pruebas y pronunciarse sobre responsabilidades individuales e institucionales. El mandato del Comité consistió en: 1) Propender por la realización de las
actuaciones judiciales y disciplinarias que garanticen la marcha diligente
2) identificar elementos de prueba sobre los hechos de que se trata y propender
por su judicialización; 3) promover la protección de testigos y, de ser el
de los funcionarios judiciales y disciplinarios que adelanten las investigaciones;
4) respaldar tanto el debido ejercicio del derecho de defensa de los sindicados
como los derechos y las actividades de la parte civil; 5) propender, cuando
ello fuere conveniente para la tarea investigativa, por el cambio de radicación
de los procesos y la creación de unidades especiales de Fiscalía y del Cuerpo
Técnico de Investigaciones; 6) propender por la reparación de los perjuicios
generados por los hechos de que se trata; 7) presentar un informe a la CIDH
en su siguiente período ordinario de sesiones sobre el ejercicio de las funciones
enunciadas en los puntos anteriores y sobre los resultados de las respectivas
gestiones, con indicación de los factores que, a su juicio, hubieren incidido
en el éxito o fracaso de las mismas5. La composición del Comité incluía representantes de las víctimas en una serie de casos tramitados ante la Comisión, en el caso de Los Uvos, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y la entonces Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana; representantes del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y la Consejería
Presidencial de Derechos Humanos; representantes de la Defensoría del Pueblo,
la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en
representación de los organismos estatales de control; y representantes del
Episcopado colombiano.6
22. En relación con el caso materia del presente informe, las recomendaciones versan sobre las medidas de impulso a ser implementadas en
los procesos penales, disciplinarios y contencioso administrativo con la
de establecer las respectivas responsabilidades. El Comité de Impulso recomendó
al Estado que reconociera su responsabilidad ante la Comisión"8. Asimismo se acordó la necesidad de adoptar una serie de medidas de reparación social por intermedio de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.9
de Impulso para la Administración
23. En febrero de 1996 durante el 91º período ordinario de sesiones las partes decidieron crear el Comité de Seguimiento de las recomendaciones
acordadas por el Comité de Impulso para la Administración de Justicia. El
del Comité de Seguimiento consistió en: a) buscar, recoger, centralizar y trasmitir
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos información sobre las medidas
de impulso acordadas(); b) presentar informes periódicos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el desarrollo de sus funciones y el
resultado de las mismas; c) informar a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuando sea necesario, sobre los obstáculos que encuentre en el ejercicio
de sus funciones; d) presentar un informe a la Comisión Interamericana de
Humanos en su próximo período ordinario de sesiones sobre el ejercicio de las
funciones encomendadas y sobre los resultados de las gestiones, con indicación
de los factores que, a juicio del Comité, hubieran incidido en el éxito o
de las mismas"10.
24. El Comité de Seguimiento presentó su evaluación del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso a la Administración de Justicia el 7 de octubre de 1997, 11 durante el 97º período ordinario de sesiones de la Comisión. Con relación al Caso Los Uvos, el Comité de Seguimiento reconoció el cumplimiento del Estado con su compromiso de reconocer su responsabilidad internacional.12 Con relación a los demás compromisos, el Comité recomendó continuar con el trámite
de solución amistosa en relación con la ejecución de las recomendaciones cuyo
cumplimiento se encontrara en trámite o pendiente de gestiones adicionales.
Recomendó "formular o ejecutar, según el caso, los proyectos de reparación social pendientes en materia de atención de las familias y personas desplazadas, salud, educación, electrificación, vía Piedrasentada-Los Uvos, y generación de empleo". Con el fin de dar seguimiento al cumplimiento con la recomendación anterior, se acordó prorrogar el mandato del Comité de Seguimiento hasta el
98° período ordinario de sesiones de la Comisión.13
27. El 2 de marzo de 1999, durante una audiencia celebrada en el marco del 102º período de sesiones, los peticionarios informaron que
la justicia penal ordinaria sentenció al subteniente Cortes Valero pero que
habría fugado de la guarnición militar donde se encontraba detenido. Informaron
que el cabo Mora Parra también habría sido condenado pero que nunca habría
detenido y que sólo algunos de los soldados condenados se encontraban cumpliendo
condena. Señalaron así mismo que el Coronel Briceño Lovera estaba siendo
por la justicia penal militar y que la decisión sobre la colisión de competencias
en el proceso seguido en contra del Mayor Saavedra Padilla se encontraba
En cuanto a los procesos disciplinarios, informaron que los oficiales y suboficiales
del Ejercito Nacional involucrados habrían sido sancionados. En cuanto a
reparación pecuniaria debida a los familiares de las víctimas, se informó que
algunos familiares de las víctimas habían sido indemnizados por la vía contencioso-administrativa. Respecto a los compromisos referidos a la reparación social se informó que
continuaban en proceso de ejecución. El Estado, por su parte, reconoció que
aun se encontraban en proceso de cumplimiento o por cumplirse.
39. El 18 de julio de 1991, la Subdirección Seccional del Cuerpo Técnico de Policía Judicial remitió al Director Seccional de Orden Público
una denuncia presentada por el soldado desertor Juan Carlos Córdoba. Como
el Juez de Orden Público, mediante auto del 6 de agosto de 1991, abrió la investigación
ordenando la indagatoria, entre otros, del Teniente José Edilberto Cortés
y del cabo Pedro López Gamboa. Esta diligencia fue practicada por el Juzgado
14 de Instrucción Criminal del Cauca con sede en Popayán. El 2 de septiembre
de 1991 la investigación fue remitida al comandante del Batallón de Infantería
Nº 7 "José Hilario López" por cuestiones de competencia funcional y territorial. El 27 de junio de 1991, el Juzgado Penal Militar No. 19 asumió
la investigación. El 29 de mayo de 1992, la Tercera Brigada planteó colisión
de competencia negativa, alegando que correspondía a la justicia ordinaria
continuación de la investigación dado que a su juicio no existían méritos para
vincular a miembros del Ejército Nacional en servicio activo con los hechos
del caso. Con base en la determinación de la justicia castrense, el Consejo
Superior de la Judicatura refirió la investigación a la jurisdicción ordinaria
en octubre de 1992.
40. Mediante Resolución 255 del 25 de mayo de 1993, la Dirección Regional de Fiscalías se abocó a la investigación sobre la base de las pruebas
recabadas por la Procuraduría General de la Nación, así como sobre la práctica
de nuevas pruebas. En julio de 1993 se ordenó la detención preventiva del
Cortés Valero por homicidio múltiple, incendio, destrucción de documento público,
hurto y violación al Decreto 3664 de 1986. Asimismo se expidieron órdenes
captura contra otros miembros del Ejército por su presunta participación en
los hechos. En agosto de 1993 también se emplazó a dos civiles. En abril
1994 la Fiscalía Regional calificó el mérito del sumario adelantado contra
algunos de los militares investigados. En junio de 1995 se confirmó la resolución
acusación. El 25 de noviembre de 1996, el juzgado regional de Cali condenó
en primera instancia al subteniente José Edilberto Cortés Valero como "determinador", a los soldados John Jairo Castillo Vélez, Wilson Certuche Hernández como coautores
materiales y al soldado Luis Edgar Enrique Ledesma como cómplice20.
43. En cuanto a los autores intelectuales, el 6 de agosto de 1991 el juzgado de instrucción de Cali vinculó al proceso a César Augusto Saavedra
Padilla, quien oficiaba como oficial de operaciones y comandante del puesto
de mando. Una vez efectuada la indagatoria, el 10 de diciembre de 1993 el
Regional de Cali decidió imponer medida de aseguramiento de conminación por
presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
17 de marzo de 1995 se dictó auto de detención por el delito de homicidio múltiple
agravado, presuntamente por haber ordenado a sus subalternos y a los dos
involucrados en la comisión de las ejecuciones. Esta medida se hizo efectiva
el 25 de marzo de 1995. El 22 de octubre de 1996, la Tercera Brigada de Cali
propuso colisión de competencia con relación a su situación jurídica. El
marzo de 1997 el Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto en
favor de la justicia penal militar y el 21 de abril se remitieron las diligencias al fuero castrense. A raíz de los conflictos de competencia suscitados se presentó
rompimiento de la unidad procesal, por lo cual quedó radicado aparte y por
mismos hechos un proceso por suministro ilegal de uniformes y armas de uso
privativo de la fuerza pública y encubrimiento contra Pablo Briceño Lobera
y César Augusto
Saavedra Padilla. Este último proceso se refiere a la vinculación de estos
miembros del Ejército con los civiles que participaron en la ejecución de
b. Los procesos disciplinarios relativos a la masacre y a los actos de encubrimiento por
parte de agentes del Estado
52. Corresponde señalar que el Estado, en el marco del Comité de Seguimiento, acordó implementar una serie de medidas de impulso. En primer
lugar, se acordó solicitar al Presidente de la República y al Ministro de
la revisión de la decisión de suspensión por cinco y diez días, respectivamente,
al general Víctor Arévalo Pinilla y al doctor Antonio Bolívar Cardona, para
que se emita una sanción adecuada y proporcionada a la magnitud de la falta.
En segundo lugar, se acordó solicitar al Director del Instituto Nacional
y Carcelario (INPEC) información sobre los fundamentos de la decisión de detener
a los oficiales implicados en sede militar. El Comité consideró inusual que
personas acusadas de cometer crímenes de la gravedad que nos ocupa no fueran
detenidas en las mismas condiciones que el resto de los acusados, sino que
lo que calificó de trato preferente. En tercer lugar, acordó poner en consideración
del Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y de la Veeduría de la Fiscalía General de la Nación las presuntas irregularidades del proceso penal.
55. En el marco del Comité de Impulso se acordaron una serie de medidas de reparación social. En primer lugar, la atención de las familias
y personas desplazadas del Corregimiento a causa de la masacre, a través
programa del Ministerio del Interior para la población desplazada por la violencia.
En segundo lugar, el diseño y presentación ante el Sistema Nacional de Cofinanciación
de un proyecto de infraestructura que proporcione una mayor cobertura a la
del corregimiento en salud, educación, electrificación y vías, en este último
aspecto, dirigido concretamente al mejoramiento y mantenimiento de la vía
Piedrasentada-Los
Uvos. En tercer lugar, el diseño y presentación ante las entidades públicas
con responsabilidades en la materia de un proyecto de generación de empleo
los habitantes del Corregimiento. En tercer lugar, asegurar en concertación
con los familiares y representantes de las víctimas, que una o varias de
construcciones que se efectúen lleven un nombre que evoque a las víctimas.
56. El Estado ha reconocido la responsabilidad de sus agentes en la ejecución de las víctimas y ha sido establecido que ésta fue perpetrada
por miembros del Batallón "José Hilario López" del Ejército Nacional y por dos civiles que vestían uniforme y portaban armas de dotación. Los peticionarios
alegan que la investigación y el juzgamiento correspondientes no se han hecho
efectivos dentro de un plazo razonable, que no han sido exhaustivos y que
los casos en los cuales se ha proferido sentencia condenatoria no siempre se
ha impuesto la pena de manera diligente.
b) a desarrollar posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
63. Los peticionarios han alegado que se ha producido un retardo injustificado en la administración de justicia, tanto en la etapa de investigación como en la de juzgamiento. Corresponde determinar si la complejidad del caso, la actividad de los familiares de las víctimas y la actividad de los tribunales justifica la presunta demora en el proceso para esclarecer las violaciones cometidas en Los Uvos. 64. La Comisión no encuentra elementos que sugieran un alto grado de complejidad en los hechos del caso. Desde un principio, se determinó
que miembros del Pelotón Aguila Dos perteneciente a la Compañía "A" del Batallón de Infantería Nº 7 "José Hilario López" del Ejército Nacional perpetraron las ejecuciones extrajudiciales. Es más, el Estado efectuó
un reconocimiento expreso de responsabilidad por la participación de sus agentes
en los hechos, lo cual indica que existían elementos suficientes para el esclarecimiento
69. El 28 de septiembre de 1999, la Comisión aprobó el Informe 113/99 conforme al artículo 50 de la Convención Americana. En dicho Informe
la Comisión, en vista de la información recabada durante este proceso, así
del reconocimiento de responsabilidad de la República de Colombia, concluyó
que el Estado era responsable por la violación del derecho a la libertad,
trato humano y a la vida de Alfonso Chilito, José Belisario Dorado Muñoz, Saúl
Espinosa, Wilson Gil Velásquez, Hoibar Gómez Mamian, Rubén Darío Joaquín
Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamian Moreno, Leoncio Mellizo
Angulo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán
Daza, y Alejandro Salazar Paz y el derecho a la vida de Pastora García y Henry
Suárez Villa, así como del derecho a la protección judicial reconocidos en
artículos 8 y 25 de la Convención, en concordancia con la obligación de garantizar
los derechos protegidos establecida en el artículo 1(1), por la demora en la investigación y falta de sanción efectiva a los responsables. La Comisión manifestó
que el Estado llevó a cabo una serie de actos tendientes a cumplir con los
alcanzados en materia indemnizatoria, así como de reparación social en la zona
en la cual se produjeron los hechos. La Comisión también señaló que gran
de los familiares de las víctimas habían sido indemnizados mediante la Resolución
N° 02591 del 3 de marzo de 1997.29 En cuanto al cumplimiento con los compromisos en materia de reparación social, la Comisión tomó conocimiento de que se habían realizado ciertas obras de infraestructura y que otras se encontraban en proceso de implementación. A la fecha de aprobación del Informe 113/99 no se contaba con información actualizada sobre estas últimas.
72. Con relación a las cinco recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso en materia penal, el Estado señaló que la primera recomendación
no se ha cumplido debido a que parte del proceso adelantado contra Pablo
Briceño Lovera fue remitido a la justicia penal militar. El Estado no logró
presentar información sobre la implementación de la segunda y la tercera
En cuanto a la cuarta, mantuvo que se ha cumplido íntegramente mediante la
condena de los señores Asmed Ordóñez y Juan Carlos Muñoz a 30 años de reclusión.
Estado no presentó información sobre las gestiones adicionales pendientes respecto
del cumplimiento de la quinta recomendación. Con relación a la recomendación
del Comité de Seguimiento dirigida a solicitar información sobre los fundamentos
de la decisión de detener a los oficiales implicados en la masacre en sede
ésta fue desechada como improcedente por el IMPEC, con el fundamento de que
se trataría de una práctica compatible con las disposiciones del artículo 402 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 65/9330. El Estado no presentó información concreta sobre los resultados de la decisión del Comité de Seguimiento de poner las irregularidades del proceso penal a consideración del Procurador Delegado para Vigilancia Judicial y de la Veeduría de la Fiscalía General de la Nación.
74. El Estado alega que en materia contencioso administrativa se cumplió con la totalidad de las recomendaciones del Comité de Impulso. El
Tribunal Administrativo del Cauca recibió 20 demandas, las cuales fueron
El Estado confirmó que 18 procesos fueron conciliados y el 16 de diciembre
de 1997 se decidió favorablemente con excepción del proceso 3984 en el cual
declaró probada la excepción de falta de legitimación de la causa y se negaron
las pretensiones de la demanda. En el caso del proceso N° 3776 se presentó
la demanda. El 3 de marzo de 1998, por resolución N° 02591, se ordenó el pago
de $ 655.453.589 en favor de los beneficiarios de las víctimas. En algunos
se conciliaron perjuicios morales y sólo parte de los materiales solicitados
por padres y hermanos de las víctimas en los casos en los cuales existía
o compañero permanente. Algunas de estas indemnizaciones fueron tramitadas
por aplicación de la Ley 288 en virtud de la resolución 3 de 1997 emitida por el Comité de Ministros, a la luz de la recomendación emitida por la CIDH durante
su 97° período de sesiones.
75. Con relación a las seis recomendaciones formuladas por el Comité de Impulso en materia de reparación social, el Estado señaló que
se ha completado la construcción del puesto de salud en el Corregimiento
y que ya se cuenta con aprobación para la asignación de presupuesto con relación
a las demás obras. El Estado se comprometió a continuar informando a la Comisión
sobre el cumplimiento de estos compromisos.
76. Por último, el Estado destacó la importancia y el valor de la solución amistosa como mecanismo que en este caso particular permitió
alcanzar importantes logros en algunas de las áreas abordadas durante el
y reconoció la voluntad y el compromiso de las partes. Asimismo, se comprometió
a seguir adelantando y promoviendo las gestiones tendientes al cumplimiento
de las recomendaciones de la Comisión.
77. La Comisión desea dejar de manifiesto que valora el esfuerzo realizado por los peticionarios y por el Estado colombiano en el intento de solucionar el caso mediante un proceso de solución amistosa, y lamenta que este proceso haya fracasado en su etapa final debido, fundamentalmente, a la falta de cumplimiento con la totalidad de los compromisos en materia de juzgamiento de los responsables. Corresponde reconocer que el Estado ha llevado a cabo una serie de actos tendientes a cumplir con los compromisos alcanzados en materia indemnizatoria, así como de reparación social en la zona en la cual se produjeron los hechos. 78. La Comisión concluye que, a la luz de su propio reconocimiento, el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la libertad, al trato humano y a la vida de Alfonso Chilito, José Belisario Dorado Muñoz, Saúl Espinosa, Wilson Gil Velásquez, Hoibar Gómez Mamian, Rubén Darío Joaquín Narváez, Santiago Lasso Bolaños, Adriana López, Hernán Mamian Moreno, Leoncio Mellizo Angulo, Libardo Nieves Dorado, Yenny Prieto Rengifo, Hernando Rosero, Adán Ruano Daza, y Alejandro Salazar Paz y el derecho a la vida de Pastora García y Henry Suárez Villa, así como del derecho a la protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en concordancia con la obligación de garantizar los derechos protegidos establecida en el artículo 1(1), por la demora en la investigación y falta de sanción efectiva a los responsables.
79. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO COLOMBIANO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. Completar una investigación imparcial y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables
80. El 24 de febrero de 2000 la Comisión transmitió el Informe N°1/00 adoptado de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana,
a los peticionarios y al Estado colombiano y otorgó un plazo de un mes a
último para informar sobre el cumplimiento con las recomendaciones precedentes.
El 23 de marzo el Estado se dirigió a la Comisión con el fin de solicitar
prórroga, la cual fue debidamente concedida. Finalmente el Estado presentó
su respuesta por nota del 31 de marzo de 200031.
81. En su respuesta, el Estado señaló que la investigación penal que se adelanta en la Unidad Nacional de Derechos Humanos contra los
suboficiales José Agustín Cañón González, Pedro López Gamboa y Miguel Antonio
continúa en etapa de instrucción. Con relación a la situación de los familiares
de las víctimas que aun no han sido reparados, se informó que el Ministerio
de Defensa Nacional se encontraba estudiando la viabilidad de celebrar acuerdos
conciliatorios sobre la base de una nueva lista de demandantes en el ámbito
contencioso administrativo. Con relación a la adopción de las medidas destinadas
a la reparación social, a la luz de las recomendaciones del Comité de Impulso,
el Estado informó que se han asegurado los recursos para la terminación de
cinco proyectos de infraestructura, los cuales se encuentran debidamente suscritos,
legalizados y en etapa de ejecución. Asimismo, se habría ejecutado la primera
fase del proyecto de atención psicosocial de la comunidad de Los Uvos, con el fin de superar los efectos producidos por los hechos del caso y lograr la recuperación
del tejido social. El Estado también hizo referencia a las medidas adoptadas
para asegurar que en el futuro se aplique la doctrina de la Corte Constitucional
colombiana y la CIDH en materia de investigación y juzgamiento de hechos
a los ocurridos en Los Uvos.
82. En virtud de las consideraciones precedentes y de conformidad con los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la
Comisión decide reiterar las conclusiones del párrafo 78 y sus recomendaciones,
hacer público este Informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea
de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando
las medidas tomadas por el Estado colombiano con relación a las recomendaciones
mencionadas, hasta que hayan sido cumplidas.
Aprobado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos, a los 13 días del mes de abril de 2000 (Firmado): Hélio Bicudo, Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Marta Altolaguirre, Robert K. Goldman, Peter Laurie; y Julio Prado Vallejo, comisionados. 1 La petición original fue recibida durante el curso de la visita in loco efectuada en Colombia del 4 al 8 de mayo de 1992.
8 a) Promover y coordinar la atención de las familias y personas desplazadas del Corregimiento,
a causa o con ocasión de la masacre, a través del programa para la población
desplazada por la violencia que administra el Ministerio del Interior. b)
presentar e impulsar ante las entidades competentes, y con el objetivo de que
sea tramitado ante el Sistema Nacional de Cofinanciación, un proyecto de
que proporcione una mayor cobertura o un mejor servicio a la población del
corregimiento en salud, educación, electrificación y vías, en este último
aspecto, dirigido
concretamente al mejoramiento y mantenimiento de la vía Piedrasentada-Los Uvos.
Debiendo garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios por el lapso
mínimo de un año. c) Diseñar, presentar e impulsar ante las entidades públicas
con responsabilidades en la materia, un proyecto de generación de empleo
los habitantes del Corregimiento, con un estudio de factibilidad. d) En concertación con los familiares y representantes de las víctimas, el Gobierno promoverá el
que una o varias de las construcciones que se efectúen lleven un nombre que
evoque a las víctimas. Dicho nombre y los de las víctimas deberán quedar debidamente
grabados en una placa conmemorativa bien visible. Ibidem.
29 Los familiares beneficiados por dicha resolución aparecen a continuación: María Teresa Dorado
de Nieves, Guillermo Nieves, Yenny Mercedes Nieves Dorado, Milvia Nieves
Guillermo Nieves Dorado, Sara Stella Nieves Dorado, Hugo Martín Nieves Dorado,
Luis Ferney Nieves Dorado, Ariel Hernán Dorado, Socorro Dorado, Olga Lucia
García, Martha Leticia Tellez García, Mery Erfilia Cerón de Espinosa, Mary
Lucía Espinosa Cerón, Dennis de Jesús Espinosa Cerón, Francy Aminta Espinosa
Carlina María Rengifo de Prieto, Idelfonso Prieto Espinosa, Elen Yinet Lazo
Prieto, Janier Lazo Prieto, Libey Lazo Prieto, Manases Prieto Rengifo, Carlos
Andrés Prieto Rengifo, Jair Prieto Rengifo, Idelberto Prieto Rengifo, Nancy
Prieto Rengifo, Carmelina Mellizo Vega de Muñoz, Hugo Muñoz Mellizo, Lucely
Muñoz Mellizo, Carmenza Muñoz Mellizo, Leonso Muñoz Mellizo, Rosalba Gómez,
Tránsito Paz Solarte, Alejandro Salazar Romero, Leandro Salazar Paz, Freddy
Antonio Salazar Paz, María Alejandrina Salazar Paz, Hernán Salazar Paz, Peregrino Gómez Hoyos, Euliecer Antonio Gómez Mamian, María Oliva Gómez Mamian, Doumer
Rafael Gomez Mamian, Miryam Gómez Mamian, María Inés Gómez Mamian, Doris
Gómez Mamian, Segundo Peregrino Gómez Mamian, Edilberto Gil Dorado, Ana Gedma
Velásquez de Gil, Maria Victoria Gil Velásquez, Gloria Patricia Gil Velásquez,
Sandra María Gil Velásquez, Claudia Cristina Gil Velásquez, y Maximina López