Source: http://www.tfextranjeria.es/?mod=Secciones&id_not=1085
Timestamp: 2018-02-22 06:52:42
Document Index: 305564592

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 7']

SENTENCIA DEL TSJ MURCIA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2017. NO CABE EXPEDIENTE SANCIONADOR PREFERENTE SIN DATOS NEGATIVOS, SI LA SALIDA VOLUNTARIA ENTRE 7 Y 30 DIAS
Roj: STSJ MU 2186/2017 - ECLI: ES:TSJMU:2017:2186
Nº de Recurso: 216/2017
Nº de Resolución: 759/2017
TERCERO.- En el presente caso, la actora no alega ni acredita que se dé alguna de la excepciones de las contempladas por la Directiva (2 a 5) para dejar sin efecto el retorno a su país de origen; señalando que le fue imposible acreditar en el acto de la vista las circunstancias que justificarían la aplicabilidad del principio de proporcionalidad por causas ajenas a su voluntad
En definitiva, a la vista de sentencia comunitaria expresada, de aplicación directa en nuestro país, no cabe sustituir la sanción de expulsión por la de multa, siendo acertada la sentencia recurrida cuando acuerda anular parcialmente la resolución de la Delegación del Gobierno, para que con carácter previo a acordar la expulsión, la Administración conceda a la interesada un plazo de entre 7 y 30 días para que retorne voluntariamente a su país. Solamente en el caso de no hacerlo podrá adoptar las medidas necesarias para la expulsión, siendo entonces cuando además deberá acordar la prohibición de entrada.
Así se desprende de los dispuesto en el artículo 7.1, que señala que "la decisión de retorno establecerá un plazo adecuado, cuya duración oscilará entre siete y treinta días, para la salida voluntaria, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 y 4 y, en este último apartado establece que "si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria, o podrán conceder un periodo inferior a siete días ", lo cual debe vincularse con lo previsto en el artículo 8, sobre expulsión, que establece, en su número primero, que los " Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir la decisión de retorno cuando no se haya concedido un plazo para la salida voluntaria de conformidad con el artículo 7, apartado 4, o cuando no se haya cumplido con la obligación de retorno dentro del plazo para la salida voluntaria concedido de conformidad con el artículo 7 " y, es en relación con estos supuestos donde el artículo 11 contempla la prohibición de entrada.
En la Directiva se utilizan las expresiones de "retorno", "decisión de retorno", "expulsión" y "salida voluntaria", dando en el artículo tres, definición de cada uno de estos. Así por "retorno", se entiende el proceso de vuelta de un nacional de un tercer país, bien sea en acatamiento voluntario de una obligación de retorno, bien de modo forzoso a: su país de origen, o un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o bilaterales o de otro tipo, u - otro tercer país al que el nacional de un tercer país decida volver voluntariamente y en el cual será admitido; la "decisión de retorno" una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación
de retorno; la "expulsión" la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro; y finalmente la "salida voluntaria" el cumplimiento de la obligación de retorno en el plazo fijado a tal efecto en la decisión de retorno.
En aplicación de esta normativa, vemos, como antes decíamos, que aquella decisión de retorno, al no ponerse de manifiesto ninguna de las circunstancias que se recogen en el artículo 7, apartado 4 de la Directiva, -que existiera riesgo de fuga, o hubiera desestimado una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o que se tratara de persona que representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional- debe adoptarse otorgando la Administración un plazo al ahora recurrente, entre siete y treinta días, para la salida voluntaria. Debiendo proceder, una vez transcurrido aquel plazo sin tener lugar la misma, a la expulsión, en el sentido de ejecución de aquella obligación de retornar,
como se mantiene en instancia.
Enviado el: 22-01-2018
lunes, 05 de febrero de 2018.
SENTENCIA DEL TSJ MADRID DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 . LA FALTA DE INCORPORACIÓN DE LA DIRECTIVA 2008/115 AL DERECHO INTERNO EVITA LA EXPULSIÓN AUTOMÁTICA DE EXTRANJERO EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR .SANCIÓN MULTA VS EXPULSIÓN . PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD