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Timestamp: 2019-05-25 19:27:48
Document Index: 352440205

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﻿ SENTENCIA T-389 DE MAYO 22 DE 2006
SENTENCIA T-389 DE 22 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA CONSULTA EN MATERIA LABORAL. CUANDO EL RECURSO DE APELACIÓN ES DECLARADO DESIERTO POR FALTA DE SUSTENTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCESO ORDINARIO LABORAL, TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:416 DE AGOSTO DE 2006, PG.1492
Sentencia T-389 de mayo 22 de 2006
Sentencia T-389 de 2006
Ref.: Expediente T-1246349
Acción de tutela instaurada por Álvaro Reinaldo Bedoya Urresta contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso iniciado por Álvaro Bedoya Urresta contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
1. El 18 de marzo de 2005 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto dictó sentencia dentro del proceso ordinario laboral incoado por el señor Bedoya Urresta contra el Hospital Infantil los Ángeles. En dicha sentencia se denegaron las súplicas de la demanda, tras considerar que no existió “el elemento subordinación entre el Hospital Infantil los Ángeles y el actor cuando prestó sus servicios a través del Centro de Cirugía y Endoscopia Digestiva Ltda”.
2. El demandante manifestó que mediante apoderado interpuso oportunamente recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia, en el cual señaló: “Como apoderado del demandante respetuosamente manifiesto que apelo la sentencia de primera instancia. Y para que el recurso se conceda conforme a lo exigido por el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, para sustentarlo, me remito entre otras razones, a las que expuse en el escrito que a modo de breve alegato de conclusión dirigí mediante fax al juzgado. Adjunto a esta interposición del recurso el original de dicho escrito con su debida autenticación...”.
3. Posteriormente, mediante escrito radicado en la secretaría del juzgado el 1º de abril de 2005, el apoderado del demandante reiteró su intensión de apelar la sentencia de primera instancia y aclaró para ello: “Son razones que fundamentan el recurso de alzada las expuestas en el escrito que a modo de alegato de conclusión presenté al juzgado, y cuyo original se adujo con el fax de mi memorial de apelación. A ellas me remito, no para que las considere el señor juez sino el honorable tribunal, y advirtiendo que la ley no obliga al recurrente a que las transcriba para que se conceda el recurso. Lo importante es que no haya duda alguna sobre la determinación de apelar y que se indiquen algunas razones que sustentan esa apelación o en el alegato escrito de conclusión que se adujo en el proceso.
“Sírvase conceder el recurso, teniendo en consideración la regla proverbial de hermenéutica contenida en el artículo 4º del CPC según la cual “Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”; y que las dudas que puedan surgir en la interpretación de las normas procesales deben aplicarse “de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes””.
4. Mediante auto del 5 de abril de 2005, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito decidió declarar desierto el recurso de apelación en razón de que no fue sustentado dentro de la debida oportunidad. Así mismo señaló, que el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 estableció la obligación de sustentar el recurso ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, entendiendo que sustentar significa sostener una opinión, defenderla, demostrar su validez y méritos, de modo que obviamente esta debe referirse a la sentencia impugnada.
Finalmente, manifestó que como se interpuso el recurso de apelación se pierde el grado de jurisdicción de la consulta, “pues al tenor de lo previsto en el artículo 69 del CPT este procede cuando la sentencia no fuere apelada y en este caso sí se interpuso el recurso, situación distinta es que no se lo haya sustentado”.
5. El señor Bedoya Urresta interpuso recurso de reposición contra el auto mediante el cual se declaró desierto el recurso de apelación y se negó el trámite del grado jurisdiccional de consulta, y lo fundamentó en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación, es decir, en los alegatos de conclusión.
6. La autoridad judicial de conocimiento decidió no acceder a la reposición y ordenó expedir las copias solicitadas por el actor para presentar el recurso de queja ante el tribunal superior, por haberse declarado desierto el recurso de apelación.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante proveído del 18 de mayo, declaró bien denegado el recurso de apelación y dispuso la remisión de las diligencias al despacho de origen.
7. Mediante escrito del 8 junio de 2005, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación contra el auto del 1º de junio del mismo año, mediante el cual se declaró improcedente la consulta de la sentencia de primera instancia y la solicitud para que el funcionario judicial se declare impedido para resolver.
En el escrito de tutela se expresa, que dentro del término legal, la parte demandante apeló la sentencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, fundamentándolo en las razones expuestas en el alegato de conclusión.
Expone al respecto, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en reiterada jurisprudencia que el recurso de apelación es un “recurso ordinario y esta sola circunstancia descarta la posibilidad legal de exigir una sustentación especial, o sea una que, que como el recurso extraordinario, sea la adecuada por asumir forzosamente el impugnante la necesidad de romper la presunción de legalidad que ampara la providencia que censura (CSJ, Casación Sentencia diciembre 19 de 1995. Rad. 7954)”.
De otra parte, el apoderado manifiesta que la negativa del juez de tramitar el grado jurisdiccional de consulta, también es violatoria de los derechos fundamentales del señor Bedoya Urresta, pues este es procedente toda vez que la sentencia de primera instancia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral.
En relación con lo anterior, destaca que esta corporación mediante Sentencia T-43 de 1996 manifestó: “... en lo laboral las sentencias que se subsuman en las hipótesis previstas en el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral, necesaria y oficiosamente deben ser revisadas por el superior, puesto que se trata de un requisito indispensable para que la decisión quede ejecutoriada”.
12. En providencia del 20 de septiembre de 2005 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que esta no procede contra providencias judiciales, pues vulnera los principios de cosa juzgada, separación de jurisdicciones y autonomía funcional de los jueces.
14. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 10 de noviembre de 2005, consideró que las pretensiones del actor carecen de vocación de prosperidad y por lo tanto, no resulta procedente que el juez de tutela ordene emitir nuevo pronunciamiento sobre un asunto que ya fue definido por el juez ordinario laboral y justamente por ello confirma la decisión de primera instancia.
15. Remitido el fallo a esta corporación, mediante auto del nueve (9) de febrero de 2005, la Sala de Selección correspondiente dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
2. En el caso objeto de revisión, el ciudadano Álvaro Bedoya Urresta estima que su derecho fundamental al debido proceso, fue vulnerado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, al proferir el auto del 5 de abril de 2005, confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto.
A juicio del actor, las autoridades judiciales de instancia incurrieron en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales al negarse a tramitar el recurso de apelación presentado oportunamente por falta de sustentación. Además de lo anterior, considera, que al ser la sentencia de primera instancia totalmente adversa a las pretensiones del trabajador y, teniendo en cuenta, que no se tramitó el recurso de apelación era procedente la consulta, la cual también fue negada.
3. En relación con lo anterior, corresponde a esta Sala de Revisión establecer: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) si un juez laboral incurre en una causal de procedibilidad de la misma cuando declara desierto el recurso de apelación, al considerar que los alegatos de conclusión no pueden ser considerados como sustentación del recurso y (iii) si cuando un juez laboral declara desierto el recurso de apelación por falta de sustentación y no tramita el grado jurisdiccional de consulta, teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador, incurre en un defecto que haga procedente la solicitud de amparo.
Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En segundo lugar, hará un estudio sobre las garantías inherentes al proceso laboral. Por último, debe determinar si en el caso concreto los jueces ordinarios, como lo argumenta el demandante, incurrieron en un defecto que haga procedente el mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales.
4. Procede esta Sala de Revisión a estudiar las líneas jurisprudenciales que ha desarrollado esta corporación (1) en torno a lo que en los primeros años se denominó vías de hecho y que recientemente se calificó como causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
6. En Sentencia T-231 de 1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales por configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello y (iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
7. En Sentencia T-327 de 1994, la Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial. Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de los derechos fundamentales y (iv) que no exista otro mecanismo de defensa judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado (2) .
8. Posteriormente, en Sentencia T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
9. De conformidad con lo anterior, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para restablecer los derechos fundamentales conculcados mediante una decisión judicial, en principio, cuando se cumplan los siguientes requisitos generales (3) :
10. Así mismo, se han estructurado los requisitos especiales de procedibilidad (5) de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales se relacionan con el control excepcional por vía de tutela de la actividad judicial, y están asociados con las actuaciones judiciales que conllevan una infracción de los derechos fundamentales. En efecto, en la Sentencia C-590 de 2005 se redefinió la teoría de los defectos, así:
En diferentes pronunciamientos, esta corporación ha delimitado el campo de aplicación del defecto sustantivo en las providencias judiciales, al señalar que se presenta, entre otras razones, (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente (9) , o no se encuentra vigente por haber sido derogada (10) , o por haber sido declarada inconstitucional (11) , (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance (12) , (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática (13) , (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada (14) o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador (15) .
La Corte ha establecido que la vulneración del debido proceso configura una causal de procedencia de la tutela contra providencias. Se ha afirmado que “… [E]l defecto procedimental se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso” (16) (negrillas fuera de texto).
11. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, según el cual:
Esta corporación ha reiterado (17) en varias oportunidades los elementos que conforman esta primordial garantía. Así, ha destacado, las siguientes exigencias que deben cumplirse en cualquier tipo de juicio:
f. En los procesos debe primar el derecho sustancial sobre las formas. Este principio está consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política dentro de los principios de la administración de justicia (18) , con el cual se reconoce “que el fin de la actividad estatal en general, y de los procedimientos judiciales en particular, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo. En esa medida, dicha prevalencia del derecho sustancial significa que el proceso es un medio y que, por lo mismo, las normas procesales deben aplicarse con un fin, consistente en la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial” (19) .
12. El procedimiento laboral colombiano tiene sus especificidades propias, las cuales deben ser íntegramente respetadas, a fin de garantizar el derecho al debido proceso de las partes. Por ejemplo, se rige por los principios de oralidad y publicidad, de conformidad con lo estipulado por el artículo 42 del Código de Procedimiento Laboral. De igual manera, está regido por el principio del impulso procesal de oficio (C. de P.L. art. 48) que faculta al juez para adelantar oficiosamente el proceso y, así, garantizar su rápido adelantamiento, sin perjuicio del derecho de defensa de las partes, por lo cual debe sujetarse estrictamente a las etapas señaladas en la ley. Además, la autoridad judicial debe acudir a las reglas de la sana crítica para valorar el material probatorio con que cuenta, pues dentro del ordenamiento jurídico colombiano este no se encuentra sujeto a la tarifa legal de pruebas, sino que puede apreciarlas libremente y, a fin de lograr el convencimiento de los hechos a partir de las mismas, está facultado para decretar pruebas de oficio y rechazar aquellas que encuentre inconducentes.
13. Dentro de las garantías procesales encontramos los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el legislador como mecanismos que permiten a las partes en litigio controvertir las decisiones de la autoridad judicial para que sean sometidas a estudio del superior, con el objeto de obtener su revocatoria, modificación o aclaración.
La regulación de las diversas etapas y actuaciones judiciales que han de surtirse en el curso de los procesos, cuando no han sido efectuadas directamente por el constituyente, le corresponde al legislador en ejercicio de su libertad de configuración. En virtud de esta atribución puede instituir distintos medios de impugnación de las decisiones judiciales, esto es, recursos ordinarios y extraordinarios, las circunstancias y condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos, e incluso definir cuando no procede ningún recurso. En ese sentido es importante recordar la Sentencia C-5 de 1994 , en la que la Corte expresó lo siguiente:
“Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que hayan venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”.
14. Ahora bien, el recurso de apelación en materia laboral está regulado en el artículo 66 (20) del Código de Procedimiento Laboral, el cual dispone:
“ART. 66.—Apelación de sentencias de primera instancia. Serán apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres días siguientes; interpuesto en la audiencia, el juez lo concederá o denegará inmediatamente; si por escrito, resolverá dentro de los días siguientes”.
15. En relación con la sustentación del recurso de apelación en los procesos laborales, el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, establece:
“ART. 57.—Quien interponga el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, antes de que se venza el término para resolver la petición de apelación. Si el recurrente no sustenta la apelación en el término legal, el juez mediante auto que solo admite el recurso de reposición, lo declarará desierto. No obstante la parte interesada podrá recurrir de hecho”.
A partir de la vigencia de la norma en mención se estableció que quienes han intervenido o están legitimados para intervenir en la causa pueden interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en los procesos civiles, penales y laborales sustentándolo ante el juez que dictó la providencia impugnada con el fin de que la autoridad judicial de grado superior ad quem estudie la cuestión decidida y corrija los presuntos defectos, vicios o errores de que adolece.
16. Entonces, si el apoderado de un trabajador interpone recurso de apelación y no lo sustenta como lo ordena el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 se debe declarar desierto el recurso. Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, le resta importancia a la formalidad excesiva cuando se trata de la sustentación de la apelación. Al respecto ha manifestado:
“Apelación en materia laboral. La sustentación no exige requisitos especiales.
La apelación es un recurso ordinario y esta sola circunstancia descarta la posibilidad legal de exigir una sustentación especial, o sea una que, como la del recurso extraordinario, sea la adecuada por asumir forzosamente el impugnante la necesidad de romper la presunción de legalidad que ampara la providencia que censura. En la apelación, lo mismo que en la reposición, el juez de la alzada no está sometido a los argumentos que aduce el recurrente y desde luego conserva su propia iniciativa para fundamentar, con independencia de aquellos, los motivos que informen la decisión del recurso de apelación. Esa circunstancia no varió con la expedición del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 que se introdujo al proceso para impedir el ejercicio abusivo del recurso, pero para alcanzar ese fin se limitó a imponer la carga de la sustentación sin adicionarle el cumplimiento de requisitos especiales y sin excluir de la competencia funcional del superior la decisión sobre asuntos que, no obstante estar impugnados, no registraran todas las razones o motivos de la inconformidad del recurrente. Ello es así, porque la norma establece que quien interponga el recurso de apelación deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente antes de que venza el término para resolver la petición de la apelación, de modo que si el recurrente no sustenta la apelación oportunamente, el juez, mediante auto susceptible del recurso de reposición, declarará desierto y en el caso contrario lo concederá y enviará el proceso a su superior. Por esto, y porque realmente la norma no impone la necesidad de una fundamentación reglada, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 obliga a sustentar el recurso de apelación con el fin de que el juez de la alzada circunscriba su decisión a las materias sobre las que los litigantes estén inconformes, lo que no significa que haya desistimiento de la impugnación porque se pasen por alto algunos de los motivos de inconformidad con la providencia de la primera instancia y que el juez de la apelación pierda competencia para decidir sobre aspectos de la resolución de su inferior que no contenga la sustentación adecuada” (21) .
17. En cuanto a la vigencia del artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (22) , mediante fallo del 5 de septiembre de 1994 dentro del expediente 6481, expresó:
“Como se sabe, el trámite del recurso de apelación de las jurisdicciones civil, laboral y penal, fue modificado por el artículo citado, que sustituyó así y en forma independiente, no solo el ordenamiento procesal civil, sino también el penal y el laboral. Las normas del Código de Procedimiento Civil son supletorias para los casos en que el procedimiento laboral no contemple solución expresa, pero cuando esta exige en este ordenamiento procesal o en las disposiciones que lo modifican, directamente no le son aplicables las procedimentales civiles, dado su carácter supletorio.
Entonces, al modificarse el trámite del recurso de apelación en el artículo 57 mediante el artículo 1º, numeral 169 del Decreto 2282 de 1989, modificó el trámite impuesto por el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, pero solo lo hizo para el procedimiento civil, no para el laboral que no se afectó con la modificación de las normas civiles, que como ya se dijo desde el punto de vista de la jurisdicción del trabajo, son supletorias. De lo anterior se tiene, que para efectos de la jurisdicción laboral, el trámite obligatorio para sustentar el recurso de apelación sigue siendo el señalado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984”.
18. La consulta es un grado jurisdiccional en virtud del cual el superior jerárquico del juez que ha proferido una sentencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que esta adolezca, con el fin de lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida (23) .
19. En Sentencia C-055 de 1993, esta corporación señaló que la consulta es un mecanismo ope legis, es decir, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por esta el recurso de apelación. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trata. Igualmente, la consulta es obligatoria cuando en la sentencia de primera instancia sea condenada una entidad pública (24) .
La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado (25) . Además ha precisado “que aun cuando la consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente la vulneración de tales derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente” (Sent. C-90/2002).
20. En materia laboral, la consulta se encuentra regulada en el artículo 69 (26) del Código Procesal del Trabajo en los siguientes términos:
“Artículo 69. Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.
Se desprende de lo anterior, que el grado jurisdiccional de consulta desarrolla el principio constitucional consagrado en el artículo 53, según el cual deben protegerse los derechos mínimos, ciertos, indiscutibles e irrenunciables de los trabajadores. De la misma manera es una protección al más débil de la relación jurídico-laboral, toda vez que este grado jurisdiccional procede cuando las sentencias de primera instancia “fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador”, siempre y cuando dicha providencia no haya sido apelada.
Finalmente, la consulta en materia laboral es una institución procesal independiente de los recursos propiamente dichos, tanto que puede llegar a afirmarse que representa algo más que un factor de competencia, ya que propende por la realización de objetivos superiores como son la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial (27) .
22. De acuerdo con criterio reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, es una obligación del recurrente sustentar su recurso en todos los aspectos en los cuales solicita que la sentencia sea modificada, adicionada o revocada, señalando los fundamentos de la decisión con las cuales se halla inconforme, lo cual no significa que el juez de segunda instancia esté sometido a ellos, toda vez que conserva su autonomía para argumentar su decisión. No obstante, no está facultado para revocar, modificar o adicionar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, de esta manera se delimita el ámbito de decisión del superior (28) .
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido la postura señalada y, en consecuencia, la línea jurisprudencial que se cuestiona es perfectamente acorde a lo que esta Corte ha denominado teoría del “derecho viviente”.
Al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado algunos criterios para determinar si en una materia existe o no un “derecho viviente”, en particular ha indicado que la jurisprudencia desarrollada por los órganos que ocupan la cúpula de las distintas jurisdicciones, y en particular el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, juegan un papel trascendental, ya que a estas les corresponde unificar la jurisprudencia en sus ámbitos específicos. Por ende, al acoger sus criterios, el juez constitucional “no solo está reconociendo la importancia que tiene para el derecho la labor interpretativa y de unificación asignada a los organismos de cierre de las distintas jurisdicciones, sino además, rescatando el verdadero significado de la norma, esto es, su significado viviente, o el que surge de su aplicación” (29) .
De la misma forma, se ha establecido que no basta una sentencia aislada de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado para que realmente pueda considerarse que exista “derecho viviente” sobre un determinado tema o frente al alcance de una disposición. La Sentencia C-557 de 2001, señaló en primer lugar, que la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme, en segundo lugar, indicó que dicha interpretación debe estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para determinar si una interpretación se ha desarrollado dentro de la correspondiente jurisdicción y, por último, determinó que la interpretación judicial debe ser relevante. En un pronunciamiento reciente, la Sala Plena de esta corporación (Sent. C-38/2006), manifestó que dichas interpretaciones deben estar en acordes a los preceptos constitucionales.
En cuanto a la declaratoria de desierto del recurso de apelación, es claro para esta Sala de Revisión que la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo, pues no se configuran ninguna de las causales establecidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, esta corporación (30) ha limitado el campo de aplicación del defecto en mención a los siguientes casos: “(i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, lo cual ocurre cuando, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente, o no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inexequible; (ii) cuando la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada; o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación al caso concreto resulta inconstitucional, por ejemplo, por violar otras normas constitucionales” (31) .
24. Lo anterior, debido a que con la vigencia del artículo 29 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral, no se alteró la obligatoriedad de sustentar el recurso de apelación, pues la modificación introducida no hizo referencia en forma expresa a la exigencia de la sustentación consagrada en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, por lo que en este aspecto continúa vigente la necesidad de sustentar el recurso de apelación como lo ha entendido la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (32) .
Es necesario aclarar, que cuando una norma admite diversas interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que más garantice el ejercicio efectivo de los derechos para preservar al máximo las disposiciones emanadas del legislador. Ahora bien, tratándose de normas procesales y de orden público, dicha interpretación debe privilegiar el acceso a la administración de justicia y los presupuestos que orientan el debido proceso. Pero, en caso contrario, es decir, cuando la interpretación dada por el juez ordinario se aparta de los citados principios y derechos constitucionales, tal decisión se introduce en el terreno de la irrazonabilidad tornando procedente el amparo de los derechos fundamentales vulnerados.
26. En relación con el grado jurisdiccional de consulta, el cual tiene como finalidad garantizar los derechos del trabajador cuando la sentencia le ha sido totalmente adversa, o la defensa del patrimonio de la Nación, el departamento o el municipio cuando la sentencia le ha sido parcial o totalmente adversa, el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral señala que esta procederá cuando no se haya interpuesto el recurso de apelación.
Como se señaló anteriormente, la consulta no es un medio de impugnación sino un grado jurisdiccional en virtud del cual el superior jerárquico del juez que ha proferido una sentencia, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregirla si existen errores, con el fin de lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática.
27. En consideración a que la consulta es independiente de los recursos ordinarios, no puede argumentarse que esta no procede) cuando interpuesto el recurso de apelación es declarado desierto por falta de sustentación. Por lo tanto, el artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral no puede ser interpretado en sentido restrictivo, sino de manera tal que su significado esté acorde con los principios constitucionales que regulen la materia. Por consiguiente, cuando dicha norma establece que procede la consulta cuando no se haya interpuesto el recurso de apelación, debe entenderse que en tal evento el recurso fue concedido y la providencia recurrida ha sido revisada por el superior de la autoridad judicial que la dictó.
28. Para esta Sala de Revisión la interpretación de las autoridades judiciales demandadas del artículo 69 del Código de Procedimiento Laboral no se aviene con los preceptos de la Constitución Política, pues constituye un flagrante desconocimiento de las normas propias del proceso laboral, las cuales le imponen al juez laboral, como director del proceso, el deber de aplicar las normas procesales para hacer efectivos los derechos de quienes intervienen en el proceso, especialmente los derechos de los trabajadores.
De acuerdo a lo anterior, la autoridad judicial mediante la providencia por medio de la cual se negó a tramitar el grado jurisdiccional de consulta, el cual es procedente por ser la sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones del trabajador, desconoce las normas aplicables al caso, al realizar una interpretación contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores y del derecho al acceso a la administración de justicia.
29. Si bien los derechos fundamentales invocados por el actor no se vulneran con la declaratoria de desierta del recurso apelación por no concurrir los presupuestos legales para su trámite, la decisión judicial en relación con la cual se denegó el grado jurisdiccional de consulta es irrazonable y, en consecuencia, tal decisión constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al interpretar de manera restrictiva una norma (defecto sustantivo), y como consecuencia de ella, apartarse por completo del procedimiento fijado por la ley para el proceso respectivo (defecto procedimental).
En virtud de lo anterior, esta Sala de Revisión concede el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración del señor Bedoya Urresta, solo en cuanto a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, y en consecuencia se revocarán los fallos proferidas por la Sala de Casación Penal y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
1. REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 10 de noviembre de 2005, mediante la cual se confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el día 20 de septiembre de 2005, que decidió negar la solicitud de amparo del actor. En su lugar, se CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Álvaro Reinaldo Bedoya Urresta.
2. ORDENAR al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente fallo, adelante los trámites necesarios para que la sentencia de primera instancia dictada dentro del proceso iniciado por el señor Álvaro Reinaldo Bedoya Urresta contra el Hospital Infantil los Ángeles para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.
(6) Ver Sentencia SU-14 de 2001.
(12) Esta corporación, mediante la Sentencia T-1244 de 2004 manifestó que la autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo, al negar la indexación de la primera mesada pensional, al argumentar que la norma aplicable no lo permitía, a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar. Ver, también, Sentencia T-462 de 2003.
(15) Sentencia de unificación 159 de 2002.
(16) Ver sentencia T-654 de 1998.
(17) Ver sentencias T-322 de 1999.
(18) Para lograr el desarrollo de ese principio, desde la Sentencia T-459 de 1992 se dijo que no se debía rendir culto a las formas procesales. Por consiguiente, la interpretación jurídica que preferencie el derecho sustancial prima sobre la interpretación que le da importancia a una formalidad, máxime si la formalidad exigida cumplió su objetivo.
(19) Sentencia C-646 de 2002.
(20) Artículo modificado por la Ley 712 de 2001, artículo 29.
(21) Sentencia del 19 de diciembre de 1995. Rad. 7954.
(22) Ver, entre otras, las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia correspondientes a los expedientes 7954, 13649 y 110810.
(23) Ver Sentencia C-153 de 1995.
(24) La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el grado jurisdiccional de consulta previsto para el trabajador desfavorecido totalmente con la sentencia de primera instancia, se distingue de la consulta prevista en sentencias adversas a la Nación, departamentos y municipios, en tres aspectos: “a) La consulta en beneficio de los trabajadores presupone decisión totalmente desfavorable, mientras la consulta a favor de las entidades de derecho público puede provenir de decisión parcialmente desfavorable; b) la consulta prevista a favor del trabajador es supletoria del recurso de apelación y se concede condicionada, si no fuere apelada la sentencia, mientras que la consulta a favor de las entidades de derecho público es forzosa, obligada e incondicionada y c) la consulta establecida en beneficio del trabajador totalmente desfavorecido por el primer fallo, tutela derechos irrenunciables y de orden público; mientras que la instituida para entidades de derecho público, que reciben sentencia adversa de primer grado, tutela el interés público”.
(25) Al respecto, consultar las sentencias C-449 de 1996 y C-583 de 1997.
(26) En la Sentencia C-90 de 2002 esta corporación estudió la exequibilidad del artículo 69 del Código Procesal Laboral.
(27) Sentencia C-968 de 2003.
(28) Es necesario que la providencia que desate dicho recurso sea congruente con ella; en otras palabras, la sentencia de segunda instancia deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación.
(29) Sentencia C-901 de 2003 reiterada en la Sentencia C-569 de 2004.
(30) Sentencias T-814 de 1999, T-556 de 2002, T-205 de 2004, T-807 de 2004 y T-189 de 2005.
(31) Ver Sentencia SU-159 de 2002, reiterada en la Sentencia T-1244 de 2004.
(32) Al respecto en la Sentencia T-295 de 2005, la Sala de Revisión correspondiente señaló: “La Sala de Revisión no comparte la opinión del actor. La modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 712 no significa que el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 haya sido derogado y que, por consiguiente, la interpretación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sea insostenible. En efecto, la reforma se limitó a establecer que el recurso será interpuesto oralmente cuando se presente dentro de las mismas audiencias —algo que ya había acogido la jurisprudencia —y que será fundamentado por escrito cuando se trate de providencias notificadas por estado, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, sin entrar a determinar ante quién debe fundamentarse el recurso”.