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Timestamp: 2020-01-26 21:46:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 41', 'artículo 156', 'artículo 155', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 3', 'artículo 40', 'artículo 7']

El nuevo régimen de notificaciones electrónicas en el proceso bonaerense
Inicio Doctrina Bs. As. Doctrina – Bs. As.: «El nuevo Régimen de Notificaciones Electrónicas»
Acompañamos un articulo publicado en el día de la fecha en elDial.com en torno al nuevo Régimen de Notificaciones Electrónicas en la Provincia de Buenos Aires, donde se analiza punto a punto la reciente normativa Acuerdo SCBA 3845/17 como así también la implicancia en el ejercicio profesional diario que tendrá a partir del día 2 de mayo de 2017.
Sumario: I. Introducción. El Reglamento para la notificación por medios electrónicos. Antecedentes. II. El sitio web seguro. Soporte del funcionamiento del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. III. Obligatoriedad del uso de medios electrónicos de comunicación. IV. El domicilio electrónico. V. La cédula electrónica. Diligenciamiento. Supuestos en los que se deban acompañar copias. VI. El confronte electrónico. VII. El informe electrónico sobre el diligenciamiento. VIII. Momento en que opera la notificación practicada por medios electrónicos. IX. El régimen residual: las cédulas en soporte papel. X. Otros instrumentos de comunicación: los oficios electrónicos. XI. Conclusiones.
Como fruto de la propuesta formulada en el seno de la Mesa de Trabajo sobre la implantación de las nuevas herramientas tecnológicas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través del Acuerdo 3845, dictado el día 22 de marzo de 2017, aprobó el nuevo Reglamento para la notificación por medios electrónicos, que regirá el modo en que habrá de operar el Sistema de Notificaciones Electrónicas a partir del día 2 de mayo de 2017.
Este Acuerdo deroga los artículos 1 a 5 y 8 del anterior reglamento (aprobado por Ac. 3540/11 S.C.B.A.), así como el acápite 3 (tercer párrafo) y 4 de la Resolución N° 3415/12 S.C.B.A., el art. 4 de la Resolución N° 1407/16 S.C.B.A., y toda otra normativa que se oponga a lo nueva reglamentación.
La tematica no es menor: se reglamenta una de las herramientas más útiles y eficaces que trae incorporada el Portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La notificación por medios electrónicos reduce considerablemente el tiempo que conlleva la notificación por cédula tradicional papel, agilizando el trámite judicial y materializando como pocos instrumentos los principios de celeridad y economía procesal que debe velarse en los procedimientos judiciales, a la par de brindar seguridad y transparencia en su tramitación.
Por su parte, el artículo 8 de la ley 14.142 delegó en la Suprema Corte de Justicia las potestades reglamentarias para el uso de estas nuevas herramientas, con carácter obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia.
Así, a través de un sitio web seguro, único para toda la Provincia de Buenos Aires y accesible mediante tecnología de firma digital, se brinda espacio de alojamiento para documentos digitales, dando soporte para la confección de escritos, oficios o cédulas, firmarlos electrónicamente, efectuar las presentaciones pertinentes, diligenciar electrónicamente las notificaciones, realizar el seguimiento de todos los trámites, adjuntar documentos firmados digitalmente, entre otras destacas características.
Su implementación comenzó en el año 2008, momento a partir del cual la Suprema Corte de Justicia dispuso su uso obligatorio y paulatino, de acuerdo al cronograma oportunamente diseñado.
La utilización del portal web y el empleo del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas en la provincia de Buenos Aires, requiere que los usuarios cuenten con un certificado digital emitido por la Suprema Corte de Justicia en el marco de la legislación argentina y de los convenios vigentes, cuya principal función es la de validar y vincular a su titular con la firma digital con la cual suscribe documentos digitales.
El artículo 2 del nuevo Reglamento para la notificación por medios electrónicos (Ac. 3845/17 S.C.B.A.), al referirse a la implementación y operatividad del sitio web seguro que sirve de soporte tecnológico del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, pone en cabeza de la Subsecretaría de Tecnología Informática del Supremo Tribunal, la obligación de monitorear constantemente el estado del sistema, así como la de informar en forma inmediata a la Corte sobre cualquier caída, ralentización o mal funcionamiento del sistema, con el claro fin de permitir la adopción de las medidas de seguridad pertinentes y conducentes que tiendan a paliar las dificultades técnicas que pudieran verificarse (v. gr., eventuales suspensiones de términos, entre otras).
Por otra parte, del mismo modo que se preveía en el derogado Reglamento, se reitera la posibilidad de auditar la base de datos del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas.
En tal sentido, con la nueva normativa, se establece que “la base de datos del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas podrá ser auditada por orden judicial, dictada de oficio o a pedido de parte, en cuyo caso se requerirá a la mencionada Subsecretaría que produzca un informe circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor vinculados con determinada notificación”.
Y si bien no está mencionado en la norma, a fin de evitar la consumación de abusos procesales que conspiren contra la celeridad y economía del proceso que implicarían la formulación de injustificados pedidos de auditorías, consideramos que debe existir razones fundadas para que el juez disponga su producción, lo que así deberá expresarse en el auto respectivo.
En concordancia con lo expuesto, la Suprema Corte ha procedido a reglamentar el uso obligatorio de los medios electrónicos de notificación, conforme la manda legal impuesta por el art. 8 de la ley 14.142. Así, reiterando el precepto legal, el artículo 1 del nuevo Reglamento para la notificación por medios electrónicos aprobado por Ac. 3845/17 S.C.B.A., establece que “la notificación de las resoluciones que de conformidad con las disposiciones adjetivas que rijan el proceso (Decreto Ley 7425/68, leyes 11.653, 12.008, 13.928, etc. con sus modificatorias y complementarias) tengan que ser diligenciadas a las partes, sus letrados y/o los auxiliares de justicia en su domicilio constituido, se concretarán a través de los mecanismos electrónicos previstos en este reglamento…”.
Y si bien destacamos que dicha obligatoriedad ya emanaba del primer Reglamento dictado por la Suprema Corte, ahora la redacción es mucho más precisa y categórica, no dejando lugar a interpretaciones divergentes. La notificación electrónica es obligatoria y debe ser seguida como regla general, con excepción de los supuestos taxativamente previstos.
El Reglamento, por su parte, añade un nuevo supuesto no contemplado en la ley, al establecer que se deberá utilizar el soporte papel “cuando los magistrados dispongan la comunicación en dicho formato si existen graves razones que así lo impongan, las cuales se detallarán en la providencia respectiva”.
En orden a lo expuesto, destacamos que, de acuerdo a la normativa procesal vigente, los medios electrónicos no pueden utilizarse para concretar las siguientes notificaciones: a) la del traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen con sus contestaciones; b) la citación de personas extrañas al proceso; c) las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales.
Como conclusión, estamos en condiciones de afirmar que bajo el contexto legal y reglamentario vigente, nos encontramos ante un nuevo paradigma en materia de notificaciones procesales. El principio general sigue siendo la notificación automática (o ministerio legis). Ello implica que, salvo los casos en que la ley expresamente prevea la notificación por personal o por cédula, por defecto todas las resoluciones judiciales quedan notificadas, en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuera feriado.
Sin ánimo de brindar una acabada definición, podemos señalar que tradicionalmente se ha entendido al domicilio como un lugar dentro del ámbito geográfico territorial, que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos.
Esa imposición legal es necesaria a fin de que las personas puedan ser localizadas para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, por lo que puede afirmarse que toda persona tiene el deber y el derecho de tener un domicilio, para así garantizar el funcionamiento del estado de derecho.
El domicilio real es el lugar en donde una persona habita con intención de permanecer y afincar la sede de sus actividades. Su noción está contemplada en el art. 73 del Código Civil y Comercial. Este domicilio no se “constituye», sino que se ostenta como atributo de la personalidad. Allí la ley presume que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
El domicilio legal, en cambio, se trata del lugar que la ley señala para el cumplimiento de determinados efectos jurídicos, pero teniendo en cuenta diversas circunstancias que pueden hacerlo diferir del domicilio real. Este domicilio, a contrario del real que puede modificarse sin ninguna limitación, tiene carácter forzoso. Ello implica que su elección y modificación no pueden ser realizadas libremente por la persona, sino que es asignado por imperio de la ley.
Son supuestos de domicilio legal los siguientes: a) los funcionarios públicos, que tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones; b) los militares en servicio activo, que tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando; c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, que lo tienen en el lugar de su residencia actual; y d) las personas incapaces, que lo tienen en el domicilio de sus representantes.
La reglamentación vigente establece que los funcionarios judiciales intervinientes en el proceso de notificación implementado por la Suprema Corte cuentan con un certificado digital otorgado por la autoridad certificante del Poder Judicial, y por su parte los litigantes y los abogados intervinientes pueden aportar un certificado digital propio. En especial, los Colegios Profesionales están habilitados a brindar a sus matriculados el servicio de firma digital siempre que actúen como certificadores licenciados habilitados por la autoridad correspondiente y reconocidos por la Suprema Corte.
Así, se advierte entonces que la referencia efectuada en el Reglamento para la notificación por medios electrónicos en cuanto a la exigencia de constituir domicilio electrónico, no es más que una réplica de lo dispuesto en la ley adjetiva.
Por fuera de lo señalado, es dable ponderar que el anteproyecto de Código Procesal Civil, Comercial y de Familia (en trámite legislativo), en su artículo 37 se proyecta que «toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir un domicilio electrónico en los términos que establezca la reglamentación que dicte la Suprema Corte de Justicia…”, por lo se advierte la tendencia a suprimir la carga procesal de constituir un domicilio físico.
Si bien el domicilio electrónico que se indique debe ser un casillero virtual asignado a un abogado en la base de datos del sitio web de notificaciones, la nueva reglamentación, a diferencia de la anterior, prevé expresamente que el domicilio electrónico que las partes deben constituir en un proceso, no necesariamente debe coincidir con el del letrado que les asista, pudiendo indicarse que se constituye domicilio electrónico en el de cualquier otro abogado, y allí se tendrán por válidas las notificaciones electrónicas que se cursen. Si bien advertimos aquí una parcial contradicción con el texto del art. 40 del C.P.C.C., en tanto dicha manda legal dispone que el domicilio electrónico del litigante debe consistir en la casilla electrónica que «será la asignada oficialmente al letrado que lo asista», teniendo en cuenta la libertad que impera respecto de la constitución de domicilios procesales y que cabe reconocer a las partes, consideramos que lo dispuesto por el Superior Tribunal en cuanto a este punto se enmarca precisamente en las potestades reglamentarias de las que dispone para el mejor cumplimiento de las normas procedimentales.
Por otra parte, lo reglado en cuanto a la posibilidad de constituir un domicilio electrónico diferente al del letrado que asista a la parte, puede brindar respuesta a situaciones puntuales que pueden verificarse en la práctica y difíciles de prever en abstracto.
Así, el nuevo Reglamento solo exige que el domicilio electrónico sea único; por ello, y con la salvedad apuntada en cuanto a la ausencia de una plena sujeción a lo dispuesto en el código adjetivo, coincidimos con la previsión reglamentaria por cuanto brinda mayor flexibilidad y garantiza la libertad de las partes para fijar su domicilio constituido.
La constitución del domicilio electrónico, así como del físico, debe cumplirse en el primer escrito que se presente en cada juicio (ya sea por soporte electrónico o papel) o en la primera audiencia a que se concurra, si es ésta la primera diligencia en que se interviene, y además debe constar en el encabezado de toda presentación que se formule. Este acto jurídico de constitución de domicilio electrónico debe ser realizado en forma expresa, ya que no alcanza para tener por cumplida esa carga el envío de una mera presentación electrónica a través del portal web.
Y hacemos énfasis en ello, pues tal como lo abordáramos con anterioridad en otro trabajo, un sector de la judicatura interpretó (erróneamente, a nuestro modo de ver) que la coexistencia del sistema de presentaciones electrónicas con el tradicional en soporte papel establecido mediante la Resolución 707/16 S.C.B.A., era extensivo al régimen de notificaciones y, por lo tanto, mientras dicha coexistencia se mantenga se juzgó que no era aplicable el apercibimiento contenido en el art. 41 del C.P.C.C.
En suma, tal como la Suprema Corte de Justicia dejó establecido, la carga de constituir domicilio electrónico resulta de plena aplicación, y los magistrados, frente a la constatación de su incumplimiento, deben seguir la consecuencia que deriva del artículo 41 del C.P.C.C., a efectos de posibilitar el avance en la concreción del sistema de notificaciones electrónicas.
No obstante, si bien actualmente no está específicamente previsto como sí lo estaba en la reglamento anterior, estimamos que no hay obstáculo para que se tenga asimismo por cumplida la entrega de las copias si se transcribe su contenido en el propio cuerpo de la cédula electrónica, especialmente a tenor de lo previsto en el código de procedimientos que expresamente dispone que en los supuestos de los medios de notificación previstos en el art. 143, “se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido”.
En efecto, sostenemos que la copia digital de la documentación original en formato papel, remitida a través del portal web de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, constituye un documento digital que se encuentra revestido de la firma electrónica del letrado remitente. Se trata así de una copia del original, por lo que concluimos que ante esos supuestos “el órgano jurisdiccional debería constituir al letrado como depositario del original en soporte papel quien deberá arrimarlo al expediente ante la primera intimación del juzgado, ya sea de oficio o a pedido de parte, mediante resolución debidamente fundada en una causal que justifique tal exigencia”.
Ese mismo temperamento es el seguido por la Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial de Azul, la cual ha establecido que corresponde instituir como depositario de los documentos originales al abogado presentante.
Volviendo a las notificaciones electrónicas, señalamos que el Reglamento permite, para el caso que por su número, extensión, formato o cualquier otra razón atendible, fuera de difícil cumplimiento el acompañamiento de copias en formato digital, que el juez exima de esta carga de conformidad con lo dispuesto por el art. 121 del Código Procesal. En ese caso, se deben arbitrar las medidas que resulten necesarias para posibilitar su cotejo por los destinatarios de la comunicación.
Así, la reglamentación establece correlativamente que en los supuestos fijados en el art. 137, segundo párrafo, del C.P.C.C. y, en general, cuando la notificación sea instada por Secretaría, los funcionarios indicados por el juez en cada órgano tendrán que proceder a confeccionar y remitir la cédula de acuerdo al procedimiento previsto en el Reglamento para la notificación por medios electrónicos.
En el sistema tradicional en soporte papel, los instrumentos de notificación son confeccionados por los interesados y dejados a confronte en la Secretaría del juzgado o tribunal por intermedio de la respectiva mesa de entradas, a fin de que el personal designado en cada órgano proceda a su confronte.
En efecto, el abogado debe confeccionar el instrumento, imprimirlo y acercarlo al organismo para dejarlo a confronte. Por su parte, el órgano judicial debe controlar la pieza, sellarla, cargarlas informáticamente en el sistema de gestión de expedientes, confeccionar un listado y remitir las cédulas junto con el listado a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones correspondiente. Finalmente, en esta última dependencia deben clasificarse los instrumentos, distribuirse entre los oficiales o ujieres según la zona geográfica que corresponda, practicarse la diligencia, informar sobre su resultado y devolverlas al órgano judicial, para ser incorporadas materialmente a cada expediente.
El Reglamento impone la obligación a los funcionarios judiciales encargados del funcionamiento del sistema en cada organismo, de verificar al menos dos veces al día (al inicio y antes de finalizar cada jornada) la recepción por medios electrónicos de cédulas a confronte.
En claro lineamiento con el propósito que inspira la concreción efectiva del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas y el objetivo de transitar hacia la paulatina “despapelización” y el cuidado del medio ambiente, se establece que en ningún caso se deben imprimir comprobantes para ser agregados físicamente al expediente. De este modo, quien se encuentre interesado en compulsar si una comunicación determinada efectivamente se concretó (v. gr., magistrados, funcionarios y empleados judiciales, letrados, auxiliares de justicia), deberá verificar tal extremo directamente en el sistema informático, que en el caso del portal de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, se puede realizar a través de la solapa “Notificaciones” a través del uso de los criterios de búsqueda que el sistema habilita.
Finalmente, es dable reiterar aquí que a todo evento siempre cabrá la posibilidad de auditar el sistema, a fin de verificar los antecedentes vinculados con determinada notificaciónn, conforme lo desarrollamos supra (ver ap. II).
El citado artículo 156 del C.P.C.C., dispone entonces que los plazos empezarán a correr desde la notificación, y agrega el artículo 155 del mismo cuerpo legal, que aquéllos son perentorios.
Así, en idéntico sentido al derogado reglamento, la notificación practicada por medios electrónicos se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior, o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere, a aquél en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
No se trata de una previsión sorprendente, pues resulta conteste a la ya contenida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires: el art. 143 de ese cuerpo normativo, en lo que aquí interesa, dispone que en los supuestos de notificación por medio de correo electrónico, se tomará como fecha de notificación el día de nota inmediato posterior, independientemente que se transcriba o no el contenido de las copias en traslado. Idéntica solución se observa prevista para el procedimiento ante los Tribunales de Trabajo.
Asimismo, si la cédula electrónica ingresa al domicilio electrónico un día de nota (por caso, un día martes), la notificación se concretará el próximo día de nota inmediato (viernes), y el plazo empezará a correr a partir del día lunes.
Destacamos que los actos procesales deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. No obstante, los jueces pueden habilitar día y horas cuando se tratase de diligencias urgentes (ej.: secuestros, embargos, etc.).
Volviendo a la Provincia de Buenos Aires, destacamos al respecto que si bien se mantiene dentro del sistema la funcionalidad del “aviso de cortesía” (mediante el envío de un correo electrónico diario a los usuarios del sistema recordándoles sobre el estado de su domicilio electrónico incluyendo un informe sobre la cantidad de notificaciones recibidas y presentaciones que cambiaron de estado desde el último ingreso al sistema), el mismo no reemplaza el modo en que operan las notificaciones dentro del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas ni releva al usuario de acceder al portal para cotejar las notificaciones recibidas.
IV. El régimen residual: las cédulas en soporte papel.
Así, sólo en el supuesto de que se trate de una cédula que deba ser diligenciada en soporte papel, y siempre y cuando no deba adjuntarse copias, el articulo 8 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) establece que: “Si no deben acompañarse copias con el instrumento, su generación y remisión a los organismos encargados de practicar las notificaciones se hará por medios electrónicos, siguiéndose las pautas previstas en los arts. 4 -primer párrafo- y 5 de este reglamento. Las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones (o, en su caso, las Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones o los Juzgados de Paz Letrados) se encargarán de imprimir los instrumentos para su diligenciamiento…”.
Tal como hemos puntualizado en otra oportunidad, de manera paulatina se han ido celebrando diversos convenios entre la Suprema Corte y los distintos entes públicos provinciales, a efectos de lograr la paulatina implementación de los medios electrónicos para las comunicaciones que deban efectuarse.
El art. 10 del nuevo Reglamento para las notificaciones electrónicas, establece que las comunicaciones que deban efectuarse entre órganos judiciales en el marco de un proceso, y que no requieran la remisión del expediente, se realizarán por medios electrónicos. Por lo tanto, siempre que esté disponible la herramienta tecnológica y no hubiere motivos para enviar físicamente el expediente, deberá practicarse la comunicación que corresponda a través del sistema electrónico.
La Mesa de Trabajo fue conformada por Resolución 3272/15 S.C.B.A., ampliada posteriormente por Resolución 1074/16 S.C.B.A.
Cfr. art. 34 inc. 5º del C.P.C.C.
De nuestra autoría, “Domicilio electrónico y notificaciones electrónicas. El aspecto más beneficioso del Portal SNPE”. Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016.
Según el artículo 2 de la ley 25.506, “se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control…”
La ley 25.506 lo define en su artículo 6 al establecer: “Se entiende por documento digital a la re-presentación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura.”
Con el dictado del Ac. 3399/08 S.C.B.A.
Según el artículo 13 de la ley 25.506: “se entiende por certificado digital al documento digital firmado digitalmente por un certificador, que vincula los datos de verificación de firma a su titular”.
El artículo 2 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) dispone: “La Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte de Justicia continuará implementando los recursos técnicos necesarios para organizar el sitio seguro web que sirve como soporte del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, manteniendo así una base de datos en la que se depositarán las comunicaciones, suscriptas con la tecnología de firma digital/electrónica. Dicha dependencia deberá monitorear constantemente el estado del sistema e informar inmediatamente a la Presidencia de este Tribunal cualquier caída, ralentización o mal funcionamiento significativos del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas…”.
Cfr. art. 8 del Anexo Único del Ac. 3540/11 S.C.B.A.
Art. 2, última parte, del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.).
A modo de ejemplo, cuadra señalar que alegaciones tales como ausencia de servicio de luz en el domicilio particular, o interrupciones del servicio de internet, no pueden ser considerados argumentos atendibles para que el juez ordene la producción de la mencionada auditoria, pues se trata de cuestiones relativamente fáciles de supercar.
Dicho artículo prescribe: “La Suprema Corte de Justicia reglamentará el uso del correo Electrónico como medio de notificación y uso obligatorio para litigantes y auxiliares de la justicia”.
El art. 1 del Reglamento aprobado por el Ac. 3540/11, establecía: “La notificación de las resoluciones que, de conformidad con las disposiciones adjetivas vigentes (Código Procesal Civil y Comercial -Ley 7425/68-, Leyes 11.653 y 12.008 -todas con sus modificatorias-), deban ser diligenciadas a las partes o sus letrados y a los auxiliares de justicia en su domicilio constituido, podrán ser concretadas a través de los mecanismos electrónicos previstos en esta reglamentación. Siempre que esté disponible el uso de la notificación electrónica, no se podrá utilizar la notificación en formato papel, salvo que existieren razones fundadas en contrario”.
Art. 1, segundo párrafo, del Reglamento para la notificación por medios electrónicos (Ac. 3845/17 S.C.B.A.).
El art. 143 del C.P.C.C. (texto según ley 14.142), establece expresamente que los medios mencionados en los apartados 1), 3) y 4) (correo electrónico, telegrama colacionado y carta documento) no podrán utilizarse en los supuestos de notificaciones previstas en los apartados 1), 10) y 12) del artículo 135 del mismo código.
Cfr. art. 133 del C.P.C.C.
Cfr. Caramelo – Picasso – Herrera, “Código Civil y Comercial de la Nación comentado” – 1a ed. – Buenos Aires : Infojus, 2015. T. I, págs. 166/167.
Osvaldo Alfredo Gozaíni. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. La Ley ISBN: 978-987-03-2045-6
C4a Civ. y Com. Córdoba, 16/2/2009, Abeledo Perrot N° 1/70056229-2.
Art. 74 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Arts. 6 y 7 de la Ac. 3540/11 S.C.B.A., que la Ac. 3845/17 no derogó.
El artículo 3 del Reglamento establece: “De conformidad a lo dispuesto por el art. 40 del C.P.C.C., toda persona que tenga que constituir domicilio en un proceso judicial deberá indicar su domicilio electrónico”.
El derogado Reglamento (Anexo Único de la Ac. 3540/11 S.C.B.A.), disponía que “para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 del C.P.C.C., toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero, deberá constituir domicilio electrónico en el casillero virtual que le será asignado al letrado que la asista o represente en la base de datos del sitio WEB de notificaciones, contando con certificado de firma digital que avalará la autenticidad e intangibilidad de la operatoria. Si fuese asistida o representada por varios profesionales del derecho, deberá precisar cuál de los casilleros virtuales asignados a estos será su domicilio electrónico”. De modo que solo admitía a la parte la constitución del domicilio electrónico en el casillero correspondiente a alguno de sus letrados asistentes.
Conforme la última parte del art. 3 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.), “Las partes tendrán que constituir su único domicilio electrónico en el de un letrado, aun cuando no sea el de quien las patrocina en el proceso…”.
Ello de conformidad con lo dispuesto por los arts. 8 de la ley 14.142 y 852 del C.P.C.C.
Sólo a título ejemplificativo podría mencionarse el caso de abogados actualmente próximos a jubilarse que no posean un certificado digital, o empleados letrados de la justicia que se encuentran matriculados en incompatibilidad y pretendan litigar por derecho propio, o incluso abogados ya jubilados actuando también por propio derecho, supuestos en los cuales los interesados carecerán de la herramienta tecnológica necesaria para constitutir un domicilio eletrónico propio.
Cfr. segundo párrafo del art. 40 del C.P.C.C.
Cfr. art. 118 inc. 2º del C.P.C.C. y art. 1 del Ac. 2514/92 S.C.B.A.
Para un mayor desarrollo sobre la operatividad de la carga de constituir domicilio electrónico, remitimos a la lectura de nuestro trabajo titulado “La carga de constituir domicilio electrónico y las consecuencias ante su incumplimiento”, publicado en “Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio”, pág. 184 (marzo de 2017). Erreius Online. Cita electrónica: IUSDC284971A.
Cfr. art. 2 Resolución 582/16 S.C.B.A.
El segundo párrafo del art. 5 del Reglamento aprobado por Ac. 3540/11 S.C.B.A., preveía que “La entrega de las copias se tendrá por cumplida si se transcribe su contenido en el propio cuerpo de la cédula o si son adjuntadas en un archivo en formato digital, quedando disponible su descarga para el destinatario…”.
El art. 143 del C.P.C.C. se refiere a los siguientes medios de notificación, utilizables también en los casos que el código procesal establezca la notificación por cédula: 1) Correo electrónico oficial;2) Acta Notarial; 3) Telegrama Colacionado con copia certificada y aviso de entrega; y 4) Carta Documento con aviso de entrega.
Ver al respecto Bielli Gaston y Nizzo Andrés “La firma digital y el adjunto PDF en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires”. Publicado en la Revista Pensamiento Civil, el 09/11/2016 y en igual sentido “La dicotomía del acta – poder para realizar presentaciones electrónicas en la Prov. de Bs. As.” Revista Pensamiento Civil, el 31/10/2016.
Cám. Civ. y Ccial. de Azul, Sala Primera, en autos “Fabián Eduardo y otro c/ Duliere Teodoro s/ Prescripción adquisitiva larga”, sent. del 07/03/2017.
El art. 4 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) establece que “… si la digitalización de los documentos fuera de difícil cumplimiento atento su número, extensión, formato u otra razón atendible, los magistrados podrán eximir esta carga de acuerdo a lo establecido en el art. 121 del C.P.C.C. y, como consecuencia, arbitrarán las medidas necesarias para posibilitar su cotejo por los destinatarios de la comunicación”.
El Código Procesal Civil y Comercial impone que el juzgado o tribunal deberá realizar de oficio, las siguientes notificaciones (art. 143): a) La que declara la cuestión de puro derecho; b) La que ordena la apertura a prueba; c) Las que se dictan entre el llamamiento para la sentencia y ésta; d) Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado con anterioridad al plazo que la ley señala para su cumplimiento; e) La providencia que cita a las partes a audiencia preliminar; f) La que provee la prueba ofrecida. Para un mayor desarrollo de esta cuestión, nos remitimos a nuestro trabajo ya cit. “Domicilio electrónico…”. Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016.
Ver nuestro trabajo ya cit. “Domicilio electrónico…”. Publicado en Revista Pensamiento Civil, el 30/11/2016.
Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala Primera, en autos “Chiaravalli, Juan Carlos c/ DYM S.A. s/ Cobro ordinario de pesos”, sent. del 06/04/2000.
Articulo 5° del Anexo Unico del Acuerdo 3540/11 S.C.B.A. “Reglamento para las notificaciones electrónicas”.
El artículo 7 del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.) dispone que “La notificación se tendrá por cumplida el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere- a aquél en que la cédula hubiere quedado disponible para su destinatario en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas”.
En razón de la modificación introducidas por la ley provincial 14.142.
Cfr. art. 16, último párrafo, de la ley 11.653.
Para un mayor desarrollo sobre este punto, remitimos a la lectura del trabajo de nuestra autoría titulado “Domicilio electrónico y Notificaciones Electrónicas. El aspecto más beneficioso del portal SNPE”, publicado en la Revista Pensamiento Civil el 30/11/2016.
Torres Neuquén. Manual de Derecho Procesal Civil v Comercial.
Cfr. art. 6, último párrafo del Reglamento (Ac. 3845/17 S.C.B.A.).
Para ampliar, ver nuestro trabajo titulado “Las comunicaciones electrónicas entre el Poder Judicial y el Registro de la Propiedad Inmueble en la Provincia de Buenos Aires. Una mejora en el proceso judicial bonaerense”. publicado en elDial.com. Cita: DC22A6, del 10/03/2017.
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