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Reclamos y restituciones
Colonia, liberación y clase social
J u s t i c i a s
Dr. Fco. Javier Jiménez Fortea
[ Profesor Titular de Derecho Procesal Universidad de Valencia (España) jiminezf@uv.es
El proceso penal de los Pueblos indígenas de Latinoamérica:
In this article, the author argues that there are two major questions posed by the existence of rules for dispute resolution that are specific to indigenous communities from the procedural perspective. The first is the recognition and compatibility of indigenous and government “judicial orderings.” The second is the study of the mechanisms that indigenous communities use to resolve disputes, and whether or not one can speak of a true process in those cases. This issue involves addressing not only the disputes that are heard but also the officials who resolve them and the procedure that is followed.
Debo reconocer que la primera vez que oí hablar del “derecho indígena”, proponiéndome trabajar so- bre el mismo, pensé que estaban refiriéndose a una parte de la historia del derecho, aunque la condi- ción de penalista de mi interlocutor y su trayectoria profesional no encajaban en una investigación me- ramente histórica 1 . Una vez pasado el desconcierto inicial, y cuando me explicó con más detalle de qué se trataba, intuí que estábamos ante una cuestión jurídica de primer orden por los problemas que su reconocimiento y desarrollo plantean, pero sobre todo por su trascendencia futura, dada la fuerza y el auge del movimiento indígena en el mundo. Soy consciente, sin embargo, de que para un in- vestigador, sobre todo europeo, puede parecer a pri- mera vista extraño el dedicar su tiempo y esfuerzo a algo como el “derecho indígena”, dado el –sólo apa- rentemente, como veremos– escaso o nulo reflejo
1 La persona de quien hablo es el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia Emiliano Borja Jiménez.
que en nuestra –o cercana– realidad jurídica tiene. Ahora bien, cuando uno se aproxima a esta materia y descubre que el número de indígenas en el planeta puede alcanzar los trescientos millones, repartidos en más de setenta países de los cinco continentes –incluyendo, por lo tanto, Europa 2 –, posiblemente el juicio inicial sobre la oportunidad de un estudio de esta naturaleza cambie. Prueba del interés que este tema suscita en el mundo son la cantidad de instrumentos e inicia- tivas internacionales que se han llevado adelante. Destaca por su importancia, la atención que le han prestado instituciones como la OIT y la ONU 3 . La primera, a través de dos importantes tratados inter- nacionales: El Convenio núm. 107, sobre Poblacio- nes indígenas y tribales en países independientes,
2 Hacer una enumeración de todos los pueblos indígenas sería muy largo. Pero sí que conviene dejar constancia de los que tenemos en nuestro continente, como los inuits en Groenlandia (Dinamarca) y los samis (lapones) en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia.
3 Por supuesto, la OEA también está interviniendo en este proce- so de reconocimiento de la realidad indígena y, en concreto, lo ha hecho a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptando en 1997 un proyecto de Declaración so- bre los derechos de los pueblos indígenas, actualmente en exa- men por los gobiernos de la Asamblea de esa organización.
aprobado en 1957 y ratificado por veintisiete paí-
ses 4 y el Convenio núm. 169, sobre Pueblos indí-
genas y tribales en países independientes, aprobado
en 1989 y ratificado por catorce países, el cual cons- tituye el paradigma normativo en esta materia. La segunda, por medio de la creación de un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subco- misión para la Promoción y Protección de los De- rechos Humanos, así como de un Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el nombramiento de un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, la declaración del Decenio Internacio- nal de las Poblaciones Indígenas del Mundo 1995- 2004, la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Durban en 2001 y, especialmente, la elaboración de un Proyecto de Decla- ración de las Naciones Unidas sobre
con sus familias, lo que les garantiza una renovación generacional. Un hecho, que va a ser patente a la vuelta de unos años en países como España, que sigue teniendo la tasa de natalidad más baja de Eu- ropa. También es cierto, sin embargo, que otros co- lectivos de inmigrantes han sido menos permeables y han preservado fuertemente sus costumbres –caso de los de origen chino y musulmán–. Asimismo, existe en Europa un pueblo, el gitano o romaní, que se extiende por varios países y que tiene también su cultura y sus propias reglas de vida, las cuales chocan en ocasiones con las de la mayoría 6 . Así las cosas, el multiculturalismo es hoy por hoy una reali- dad que debemos asumir, queramos o no 7 . Analizar, por consiguiente, cómo han afrontado y afrontan este fenómeno otros países puede ayudarnos a re- solver algunos de nuestros problemas actuales y futuros 8 .
Las cuestiones que el “derecho indígena” plantea constituyen un auténtico reto para cualquier ju- rista que quiera acercarse con un mínimo de rigor. En primer lu- gar, porque exige un tratamiento interdisciplinar, y no sólo entre distintas ramas del derecho, sino también con otras cien- cias como la antropología, la filosofía, la sociología o la política. En este sentido, es cierto que la mayoría de los fenómenos sociales, sino to-
6 Sólo en España, su número alcanza el medio millón y en Europa se calcula que ronda los 10 millones, de los cuales 3 millones estarían en Rumania; un país, por cierto, que en breve formará parte de la UE. En el resto del mundo, se estima que hay repar- tidos 2 millones más.
7 Ahora bien, asumir no significa hacerlo acríticamente, como si de una moda se tratara; todo lo contrario. Considero absolu- tamente imprescindible una reflexión seria y continuada en el tiempo sobre este fenómeno, que creo que es –y será– uno de los
más importantes de este siglo. La globalización, las migraciones, el valor de los derechos humanos y su concreción, el concepto de ciudadanía, el respeto a las minorías, o la supuesta igualdad de todas las culturas son algunos de los elementos íntimamente unidos a la multiculturalidad y no cabe duda de que cada uno de ellos nos plantea importantes retos y exige respuestas.
8 No es de extrañar, por consiguiente, que el Ministerio de Ciencia
y Tecnología español concediera hace casi tres años un proyecto
de investigación I+D con el título “Diversidad cultural: conflic- to y derecho”, cuyo investigador principal es el profesor Borja arriba citado y en el que yo participo junto con otros profesores de diferentes disciplinas jurídicas: penal, laboral, constitucional,
y filosofía del Derecho. Este trabajo, de hecho, se realiza en el marco de dicho proyecto.
subyace en el fondo
de este fenómeno es
la diversidad cultural y
los problemas que ésta
provoca, entre los que
se encuentra la necesi-
dad o no de reconocer el
pluralismo jurídico. Europa
no es (
ajena al mismo, si
tenemos en cuenta que, des-
de la década de los ochenta y
noventa, se está produciendo
una inmigración masiva de per-
sonas, cuyo sistema de valores,
religión y costumbres son muy
diferentes a las nuestras y con las
que todos hemos de convivir.
los derechos de los Pueblos indígenas, por desgracia todavía sin aprobar. Pero sobre todo, como veremos, lo que subyace en el fondo de este fenómeno es la diversidad cultural
entre los que se encuentra la necesi- dad o no de reconocer el pluralismo jurídico. Europa no es –no puede serlo– ajena al mismo, si tenemos en cuenta que, desde la década de los ochenta y noventa, se está produciendo una inmigración masiva de personas, cuyo sistema de valores, religión y costumbres son muy diferentes a las nuestras
los problemas que ésta provoca,
y con las que todos hemos de
convivir. Países como Alemania,
Francia, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Italia y Espa- ña, entre otros, están sufriendo una transformación social muy rápida, no exenta de
conflictos y problemas muy diversos, entre los que los jurídicos no son los menos importantes 5 . Es cierto que se han producido situaciones de
asimilación de la cultura dominante sobre las recién llegadas, pero este proceso empieza a cambiar, en
la medida que el número de los que vienen es cada
vez mayor y ya no vienen solos, sino que lo hacen
4 Como complemento de dicho Convenio, la OIT aprobó en la misma sesión la Recomendación 104, sobre Poblaciones indíge- nas y tribales.
5 Una muestra de esos conflictos culturales son, por ejemplo, la ablación practicada por algunos musulmanes, la llamada “ley del velo” francesa, el carácter monogámico que el matrimonio tiene en nuestra cultura frente a la poligamia que permite la musulmana, o la excepción que en las normas de circulación ha tenido que aprobar el Reino Unido para garantizar que los indios puedan viajar en moto sin ponerse el casco, porque ello les obligaba a quitarse el turbante que cubre sus cabezas.
dos, es conveniente abordarlos desde la multidisci- plinariedad para su mejor comprensión, pero sólo en unos pocos se hace imprescindible, y éste es uno de
ellos. Para entender esta afirmación, bastaría con leer algunas sentencias de la Corte Constitucional colom- biana donde se ve claramente la interrelación exis- tente en esta materia. Por ejemplo, que este tribunal llegue a la conclusión de que la pena de flagelación
a una persona con “perrero de arriar ganado” en la
parte inferior de la pierna es “un ritual que utiliza
comunidad para sancionar al individuo y devolver
armonía” y que considere “que el sufrimiento que
esta pena podría causar al actor, no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda considerarse como tortura” 9 , sólo es posible si el bagaje intelectual que los jueces utilizan para dictar esas sentencias va más allá del derecho positivo. En segundo lugar, supone también un reto debi-
do a la escasez de trabajos estrictamente jurídicos, así como de una información exhaustiva y sistematizada de la vida y experiencias de las comunidades indí- genas, por el hecho de que históricamente se les ha dado la espalda, al pensar erróneamente que única- mente constituían un vestigio de épocas pasadas condenadas a la desaparición y al
En este sentido, pensamos que son dos las gran- des cuestiones que, desde una perspectiva procesal, plantea la existencia de unas reglas indígenas pro- pias, diferentes de las del Estado, para la solución de sus conflictos: La primera, la del reconocimiento y, en su caso, compatibilidad de los “ordenamientos jurídicos” indígena y estatal, y la segunda, el estudio de los mecanismos que las comunidades indígenas utilizan para la solución de sus conflictos, y si de entre éstos es posible hablar de la existencia de un verdadero proceso. Esta última cuestión, supone abordar además las clases de conflictos de los que conocen, las autoridades que los resuelven y el pro- cedimiento que siguen para solucionarlos. Como el título del trabajo indica, nosotros va- mos a centrarnos en la segunda cuestión, sin per- juicio de que diremos algunas cosas de la primera, para tenerlas como ideas de fondo y conocer mejor este fenómeno. Además, los conflictos a los que nos vamos a referir únicamente son los que se producen entre sus miembros en el interior de la comunidad y sólo los que suponen la infracción de los bienes que cada Pueblo indígena considera esenciales. Es decir, aquéllos que en el derecho occidental deno- minaríamos “penales”. Teniendo en
se les ha explotado,
marginado, engañado
e incluso exterminado
en nombre de una cultura
y/o una economía únicas y
excluyentes. Una situación,
hay que decirlo, que ha em-
pezado a cambiar por el auge
y la fuerza con que, desde
los años setenta y ochenta del
siglo pasado, está actuando el
movimiento indígena, en particu-
lar en América Latina.
olvido. Pero también, y más grave, por- que durante siglos se les ha explotado, marginado, engañado e incluso exter- minado en nombre de una cultura y/o una economía únicas y excluyentes. Una situación, hay que decirlo, que ha empezado a cambiar por el auge y la fuerza con que, desde los años se- tenta y ochenta del siglo pasado, está actuando el movimiento indígena, en particular en América Latina 10 . En tercer lugar, y aunque luego se verá con más detalle esta cues- tión, no estamos ante un cuerpo
legal uniforme, en la medida en que cada comunidad indígena tiene sus propias reglas –nor- mas–. Unas reglas, además, que no son inmutables, sino que han variado y conti- núan haciéndolo como cualquier ordenamiento ju- rídico, bien por evolución propia o por influencia de otros, a lo largo de la historia de cada una de esas comunidades. Precisamente, todas estas consideraciones nos llevan al problema de la delimitación del trabajo.
cuenta, que la justicia que aplican estos pueblos no se hace al margen del mundo ritual y religioso que recorre toda su vida 11 , así como que las categorías “civil” o “pe- nal” que utilizamos y, en general, las instituciones jurídicas occi- dentales y sus presupuestos, no son aplicables estrictamente al “derecho indígena”. Pero si lo hacemos, es porque a no- sotros y a quien va dirigido
este trabajo puede ayudar- nos a comprender mejor de qué estamos hablando 12 .
11 Este aspecto es importante no perderlo de vista, por cuanto lo mági- co tiene una gran influencia en la vida indígena, más fuerte cuanto menos contacto con otras culturas. Así, por ejemplo, es común co- menzar cualquier acto social, familiar, político o jurídico “toman- do” coca o fumando un cigarro. Existen muchos ritos cuya finalidad es hacer tangible en la vida real, cotidiana, otras realidades o esferas, como la de los difuntos, los santos, las deidades o la naturaleza. De hecho, no es extraño que el “chamán” –el cual adopta diversos nombres en los diferentes pueblos e, incluso, según la función que desempeñe (cantor, sacerdote, curandero o enterrador)– ejerza fun- ciones mediadoras o juzgadoras en las comunidades.
12 En este sentido, pero aplicándolo al Derecho Procesal, compar- timos plenamente la posición de BORJA JIMÉNEZ (Seis tesis sobre la existencia del Derecho Penal Indígena en Latinoamérica, inédito, págs. 3-5), que afirma que “si en ocasiones, no obstante, utilizo conceptos y principios clásicos del Derecho Penal, no es por desconocimiento de esta realidad, sino por varias razones que justifican sobradamente esta forma de proceder, y que ahora voy a concretar tan sólo en dos de ellas.
9 Sentencia 523/97 de la Corte Constitucional de Colombia.
10 Piénsese, entre otros acontecimientos, en Chiapas (Méjico), en la influencia indígena en el proceso constituyente de Ecuador o, más recientemente, en las revueltas indígenas de este mismo país y en Bolivia que han forzado importantes cambios políticos, incluso en la presidencia de la república.
En concreto, nuestra labor se ha circunscrito a América latina y a una selección de comunidades originarias, que ha venido impuesta por el trabajo de campo realizado por algunos de los miembros del equipo del proyecto de investigación del que formo parte 13 , añadiendo a ello la información obtenida por la bibliografía a nuestra alcance y cuya refe- rencia se hace al final. Los países analizados en ese trabajo de campo son: Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Brasil. Y en cuanto a los Pueblos indígenas visitados en esos países han sido los záparo, maya, bribri, kogis, muiscas, quechua, aymara, pankararú, fulni-ó, xucurú y potiguara 14 . Hay que advertir, no obstante, que el objetivo prin- cipal de este estudio no es hacer una descripción de cada uno de los procedimientos que aplican –lo que podría ser objeto de otros trabajos–, sino demostrar que estamos ante un auténtico “derecho procesal” y establecer el “proceso indígena” tipo, lo que podría- mos denominar su “morfología”, partiendo de las
La primera razón obedece a la utilización del estilo literario en la expresión de las ideas, sean éstas orales o escritas. Cuando exami- no un caso en el que se ha perpetrado una violación, podré refe- rirme a este grave atentado como “infracción”, como “agresión”, pero si me faltan sinónimos, como “delito”. Aquí el término delito no necesariamente será contemplado como acción típica, antiju- rídica, culpable y eventualmente punible. Hará referencia a ese grave atentado producido en los bienes más elementales de una persona (su libertad sexual), y en la fuerte conmoción de la con-
vivencia social que ello representa. Por eso no evadiré utilizar los términos delito, pena, proceso, etc. Tan negativo y artificial sería hacer sólo referencia a ellos (incurriendo en reiteraciones absurdas que rompería toda proyección de estilo, además del error de la equiparación ya mencionado), como utilizar todos los sinónimos posibles, evitando toda manifestación de estos términos ( Desde una segunda consideración, cuando el jurista examina los mecanismos de resolución de conflictos que se utilizan en los pueblos originarios, puede utilizar su esquema conceptual para explicar la realidad que analiza. Especialmente cuando estudia el fenómeno desde la óptica de su ciencia, siendo consciente de que los presupuestos son distintos, como es aquí el caso, puede describir y explicar a la comunidad científica a la que dirige sus observaciones utilizando el aparato terminológico propio de su
Esto es lo que hacen, entre otros, antropólogos,
psicólogos y politólogos cuando analizan diferentes aspectos del indigenismo, y nadie critica entonces que se recurra a conceptos e instituciones propias de su saber. No ha de preocuparnos entonces que el jurista actúe del mismo modo, siempre que conozca que la realidad y la forma de establecer la responsabilidad es bien distinta de la que acontece en el sistema del que él procede”.
13 Como ya se ha dicho, el Proyecto lleva por título “Diversidad cul- tural: conflicto y derecho”, y su referencia es: BJU 2001-2939.
14 Parte de este trabajo de campo realizado por el profesor Emilia- no Borja ha sido recogido en unas cuarenta horas de grabación recogidas en cintas magnetofónicas, que posteriormente han sido digitalizadas en un Cdrom. Por otro lado, se han realizado los trámites oportunos para su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual, para posteriormente ponerlo a disposi- ción de la Biblioteca de la Universidad de Valencia y que pueda ser consultado por todos aquellos investigadores que lo precisen. Más adelante, está previsto que el restante material grabado y en el que han contribuido, además del ya mencionado, los pro- fesores Fernando Flores y Max Maureira, se ponga también a disposición de la comunidad científica.
similitudes que se pueden observar en los distintos procedimientos 15 . Para terminar esta delimitación, es importante aclarar que, a pesar de que no existe una definición en el derecho internacional de “pueblo, comunidad o nación indígena” 16 , siguiendo a la Comisión de
15 Con todas las salvedades y matices que se quiera, esta extrapo- lación es posible si se tiene en cuenta que las experiencias y los problemas de los pueblos indígenas en este punto de la “adminis- tración de justicia” son comunes, incluso entre los que pertenecen
a continentes distintos. Algo, que pude constatar personalmente
cuando acudí, en calidad de observador, al Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Administración de Justicia, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en cooperación con la Universidad Na- cional de Educación a Distancia de España y celebrado en Madrid los días 12 a 14 de noviembre de 2003. Se trataba del primer seminario de estas características que se organizaba sobre derecho indígena y obedeció al interés del “Re- lator Especial sobre la situación de derechos humanos y liber- tades fundamentales de los indígenas” nombrado por la ONU, Rodolfo Stavenhagen. Según sus palabras, cuando en 2001 le fue encomendada “la tarea de sensibilizar la conciencia interna- cional sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos
indígenas” se dio cuenta de que, aparte de las visitas a los países con comunidades indígenas y de la información que recibe por distintos cauces, para abarcar todas las cuestiones era necesario
la realización de un “seminario de expertos que permitiese discu-
tir la temática con representantes indígenas de todo el mundo”. Los objetivos de esta reunión, en la que estuvieron más de ochenta personas de todo el mundo entre expertos y observa- dores, eran, partiendo de la experiencias en los distintos países,
analizar, por un lado, la discriminación en el acceso a la justicia
y las medidas adoptadas para asegurar la igualdad, el respeto de
las garantías individuales y la diferencia cultural y, por otro, la convivencia de los sistemas de justicia indígena y los sistemas de
justicia y el derecho positivo tradicionales. Todo ello orientado a extraer conclusiones que pudieran ayudar a elaborar el “Proyec- to de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, todavía en discusión.
16 Somos conscientes de que las expresiones “pueblo” o “nación” son problemáticas en la medida que su afirmación como tales podría llevar a un supuesto derecho a la autodeterminación de los mis- mos. Precisamente esta cuestión es una de las que está impidiendo
el que se haya llegado a un consenso en el Proyecto de Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. La razón es obvia, la inquietud de los gobiernos cuyos Estados están integrados por importantes poblaciones indígenas, que ven peligrar su soberanía política e integridad territorial, pero tam- bién por las implicaciones que suponen de cara al reconocimiento de derechos colectivos, propiedad de las tierras y de los recursos naturales. Algo, desde luego, a lo que no es ajeno el movimiento indigenista, si bien en algunos casos se plantea más que como autodeterminación, como una autonomía. Nosotros, en cualquier caso, las vamos a utilizar en el sentido ex- presado en el texto sin extraer consecuencias políticas ulteriores. Asimismo, somos también conscientes de que los términos pue- blo o comunidad no son equiparables, siendo el primero más amplio, en la medida que puede abarcar organizaciones supra- comunales, grupos étnicos extensos, federaciones o pueblos no contactados. Pero ello no ha de significar una diferencia en la consideración jurídica, negándole derechos a las comunidades por no constituir en la actualidad pueblos, ya que “la historia colonial y republicana ha impactado negativamente en mu- chos pueblos pulverizándolos en comunidades, y diluyendo y transformando sus elementos identitarios (…) la pérdida de los idiomas indígenas, la propiedad común de la tierra (…), las
Derechos Humanos de Naciones Unidas y a sus órganos subsidiarios, así como al Foro Permanente para las cuestiones indígenas también de Naciones Unidas, entendemos por tales “los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades ante-
riores a la invasión y precoloniales que se desarro- llaron en sus territorios, se conside- ran distintos de otros sectores de las
2. La situación del indígena en el sistema de justicia penal estatal
La situación de los indígenas en el sistema de justi-
cia penal estatal es consecuencia de su situación social
política. Socialmente 18 , hay que partir del dato de que, sólo en América Latina, el veinticin- co por ciento de la población que vive
sólo en América La-
tina, el veinticinco por
que vive en una situa-
ción de extrema pobreza
pertenece a Pueblos indí-
genas. Y esta proporción
es mayor en países con un
alto porcentaje de población
originaria como Bolivia, Gua-
temala, México o Perú, pero
también en países muy desarro-
llados como Canadá.
sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no do- minantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, de- sarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus territorios ances- trales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales” 17 .
en una situación de extrema pobreza pertenece a Pueblos indígenas. Y esta proporción es mayor en países con un alto porcentaje de población origina- ria como Bolivia, Guatemala, México o Perú, pero también en países muy desarrollados como Canadá. Todos los indicadores de desarrollo huma- no, como la mortalidad infantil, la esperanza de vida, el acceso a la sanidad 19 o la educación 20 ponen de manifiesto un nivel de vida en muchos casos de auténtica ne- cesidad 21 . Y como suele ocurrir siempre que existe pobreza, son
dos los colectivos especialmente vulnerables: los niños
y las mujeres 22 . No se trata, además, de una situación
coyuntural, sino que su carácter crónico apunta a que es estructural. En cuanto a las causas de esa pobreza, es importante señalar que son de tipo cultural, eco- nómico y político, directamente relacionadas con la
estructuras de poder supracomunal, y el hecho mismo de auto- denominarse indígenas” (YRIGOYEN FAJARDO, R., Alcances, límites y retos del reconocimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, Ponencia presentada al Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Administración de Justi- cia, Madrid, octubre de 2003, inédita, págs. 6-7). Nosotros, por nuestra parte, vamos a utilizar indistintamente uno y otro término. 17 Insistimos en que ésta no es una definición oficial de Naciones Unidas, aunque es la que propuso uno de sus Relatores Especia- les, José Martínez Cobo. La razón de esta falta de conceptuali- zación se encuentra en que, a pesar de que los pueblos indígenas están interesados en que se les reconozca un estatuto propio que dé satisfacción a su problemática específica, y se les diferencie de las “minorías nacionales, étnicas, religiosas, o lingüísticas”, las cuales tampoco están definidas, a ambos les beneficia “caminar” juntos, ya que ello les otorga mayor peso en el debate políti- co internacional. Excluir a las minorías o mantener la posición actual, que sí las incluye, significa reducir o no el número de indígenas en el mundo en alrededor 150 millones de personas. En este sentido, el artículo 1 del Convenio número 169 de la OIT, arriba mencionado, los diferencia conceptualmente pero establece su aplicación a los dos colectivos. Para más sobre este asunto, ver GÓMEZ DEL PRADO, J.L., Pueblos indígenas. Normas internacionales y marcos nacionales, ed. Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, págs. 13-30. Concretamente, el Convenio habla de: “a)… los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad na- cional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b)… los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
18 Seguimos aquí a KEMPF, I., Pobreza y pueblos indígenas: Más allá de las necesidades, ed. Centro de Investigación para la Paz (Madrid), noviembre de 2003.
19 A lo que contribuye la dispersión, aislamiento o inaccesibilidad de los asentamientos de las comunidades indígenas, pero también son reales la escasez de médicos y personal preparado, su concen- tración en las zonas urbanas y la falta de incentivos para atender a los indígenas en sus lugares de origen, los problemas de coordina- ción institucional y las barreras culturales y lingüísticas.
20 En educación los problemas son ingentes: insuficiencia de cen- tros, prevalencia de las escuelas unidocentes y multigrado, baja cualificación de los docentes, el trabajo infantil y juvenil que impide una asistencia regular, desvalorización de las lenguas indígenas, falta de participación de los progenitores y las comu- nidades en el diseño de la política educativa y, sobre todo, una educación orientada a la asimilación.
21 A ello hay que añadir un elevado índice de suicidios, en especial entre adolescentes y jóvenes menores de veinticinco años, una alta tasa de violencia doméstica, migración, desplazamientos forzosos, o problemas de vivienda.
22 Sobre la situación de los niños indígenas, puede consultarse la Memoria del “Encuentro subregional sobre niñez y juventud indígenas”, organizado por UNICEF-Fundación Rigoberta Menchú-FLACSO Ecuador, los días 12 y 13 de junio de 2001 en Quito (Ecuador). Y para la de las mujeres, entre otros, puede acudirse a los siguientes libros: VARIOS, Mujeres contra corrien- te: voces de líderes indígenas, Ecuador, 1998; DEERE, C.D. y LEÓN, M., Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América Latina, ed. FLACSO/PUEG, México, 2000; TENE, C., “Ruptura de la exclusión de mujeres indígenas”, en VARIOS, Mujer: participación y desarrollo, ed. CORDES, Quito (Ecuador), 2000.
negación de sus derechos, en particular del derecho a
la tierra y el control de los recursos naturales 23 . Políticamente, la realidad de los Pueblos indíge-
nas es extraordinariamente compleja, fruto de una
historia difícil y complicada. En el caso de Latino- américa, desde el primer contacto con los conquis- tadores hasta nuestros días, su status respecto a la población dominante ha ido variando con los años, pasando por etapas de segregación, otras de asimila- ción, más tarde de integración y finalmente, y sólo respecto de algunos pueblos y en algunos países, de reconocimiento y respeto pleno de su identidad 24 . La pugna entre una concepción del Estado como Estado-nación, monocultural, y otra como Estado- pluralista, multicultural, marca la diferencia en el momento actual. En el epígrafe siguiente ahondare- mos en esta idea. Mientras tanto, a lo largo de este tiempo, ha habido pueblos que han
esto, hay que añadir el desprecio que la cultura “ofi- cial” ha hecho de la “indígena”, calificándola de “in- ferior” y poco pragmática, lo cual ha llevado a que muchos indígenas hayan rechazado su condición de
tales y sentido la necesidad de asimilarse, a lo que ha contribuido sin duda la falta de empleo y de recur- sos económicos. A pesar de ello, el proceso, como ya dijimos, está invirtiéndose y desde hace unos años existe un movimiento muy importante de revalori- zación de la vida y cultura indígenas, así como una reivindicación de sus derechos políticos, sociales y económicos 28 . Partiendo de esa situación social y política, no debe extrañar que exista una “sobre representación” de indígenas en los sistemas de justicia penal estatal y que sean las mujeres y los niños los que con ma- yor frecuencia se conviertan en las víctimas de los crímenes y la violencia 29 . En los países con población originaria sus cárceles
hay que añadir el des-
precio que la cultura
“oficial” ha hecho de
la “indígena”, calificán-
dola de “inferior” y poco
pragmática, lo cual ha
llevado a que muchos in-
dígenas hayan rechazado su
condición de tales y sentido
la necesidad de asimilarse, a
lo que ha contribuido sin duda
la falta de empleo y de recursos
desaparecido y otros que están a
tienen entre un setenta y cinco y un noventa y cinco por ciento de indí- genas encerrados 30 , según la propor- ción de que a mayor población in- dígena mayor población reclusa de ese origen. Las cárceles, además, están lejos de sus comunidades, lo que acrecienta el desarraigo pero, sobre todo, es una sanción que no se comprende en la cosmo- visión indígena, que sólo utiliza la privación de libertad como medida cautelar y por muy poco tiempo. En este sentido,
punto de hacerlo 25 . Las luchas fra- tricidas, los conflictos armados, la colonización de sus territorios sin respeto a los derechos ancestra- les, la explotación de los recursos naturales sin tener en cuenta el medioambiente 26 –la mayoría de las veces por empresas mul- tinacionales extranjeras con la aquiescencia de los gobiernos–, ha provocado la deforestación, la contaminación de las aguas
y la destrucción de los sistemas
tradicionales de subsistencia de los pueblos indíge- nas, y consiguientemente su desplazamiento –o des-
aparición-, resintiéndose o incluso llegando a perder su identidad (cultura, costumbres, religión, lengua, etc.), sobre todo cuando se han visto obligados a ir
a vivir a los centros económicos urbanos 27 . A todo
serva para las generaciones venideras, constituye para los pueblos indígenas un artículo de fe. Por ello la tierra desempeña un papel irreemplazable en sus creencias y en su prácticas religiosas”.
Y ha sido precisamente en este punto, el de la tierra –y el de la
explotación de sus recursos-, donde políticamente peor han sido tratados estos pueblos. En todo el mundo, los gobiernos unas veces “simplemente” han ignorado su existencia, otras los han tolerado pero sin reconocerles la propiedad de la tierra y, si lo han hecho, la han anulado cuando intereses “nacionales” así lo han exigido, llegando incluso a realizar desplazamientos forzosos de poblaciones enteras. Junto con lo anterior, muchos gobier- nos ha aprobado normas que regulan su actividad –ancestral-,
limitándoles la explotación de los recursos agrícolas, forestales o animales, lo que les ha llevado al “estrangulamiento” económico
y muchas veces a la cárcel, por el incumplimiento de las restric- ciones (Op. cit., págs. 67-68).
28 GÓMEZ DEL PRADO, Pueblos indígenas. Normas internacio- nales y marcos nacionales, cit., págs. 63-64.
29 Lo que vamos a comentar a continuación se ha obtenido de la documentación entregada y de los testimonios recogidos en el Se- minario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Administración de Justicia, organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, celebrado en noviembre de 2003 en Madrid, y que ya hemos mencionado.
30 En Nepal, por ejemplo, los indígenas constituyen el 75 % de
la población reclusa, el 80% en Australia, y en Canadá en las
23 Para el desarrollo y concreción de estas causas, así como de al- gunas propuestas de solución, ver KEMPF, I., Pobreza y pueblos indígenas: Más allá de las necesidades, cit., págs. 6 y ss.
24 Aunque referido a Guatemala, pueden verse desarrolladas estas etapas en YRIGOYEN FAJARDO, R., Pautas de coordinación entre el Derecho indígena y el Derecho estatal, ed. Fundación Myr- na Mack, Guatemala, 1999, págs. 46-51.
25 Es el caso de los ayoreo en Paraguay (vid. al respecto Suplemento Aula de El Mundo de 26 de febrero de 2003), o los pacahuara, los araona y los guarasugwe en Bolivia (vid. especial de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, de 28 de agosto de 2004).
26 Hay que tener en cuenta que el setenta por ciento de la biodi- versidad mundial se encuentra en territorios indígenas.
27 Afirma GÓMEZ DEL PRADO (Pueblos indígenas. Normas internacionales y marcos nacionales, cit., pág. 64), que “la tierra constituye un núcleo de valores espirituales y materiales parti- cularmente importante para los pueblos indígenas. En ella en- cuentran los elementos esenciales de su cosmología. De la tierra emana la vida y la sabiduría. El disfrute colectivo de lo que la tierra ofrece, un bien inalienable que no se posee sino que se pre-
cárceles de mujeres el 94 % son indígenas.
son unánimes los testimonios de dirigentes indíge- nas que consideran que las cárceles no “curan” al que encierran, sino que lo “pervierten”, iniciándolo en toda clase de “vicios”, haciendo más difícil su reintegración en la comunidad después de su paso por esta experiencia 31 . A lo que hay que añadir la si- tuación estremecedora de la mayoría de las cárceles latinoamericanas donde existe hacinamiento, co- rrupción, tráfico de drogas y violencia 32 . Algo que en el caso de las de mujeres es especialmente grave, porque muchas son madres y sus hijos pequeños es- tán con ellas en la cárcel 33 . En cuanto al catálogo de delitos por los que son encerrados los indígenas, como se puede imaginar, es muy variado, pero priman los relacionados con las drogas. El alcohol está también muy presente y muchos de los delitos de homicidios, lesiones, vio- lencia doméstica, o agresiones sexuales se producen bajo los efectos de la embriaguez. Por otro lado, existe en los centros urbanos un importante número de menores indígenas integrados en bandas de de- lincuentes juveniles con todo lo que eso supone 34 . Como puede observarse, un panorama ciertamente desolador, propio de las clases más desfavorecidas. A los anteriores, hay que añadir otra clase de de- litos en los cuales los indígenas no tienen conciencia de haber cometido ilícito alguno y que obligan al Estado a posicionarse sobre el hecho de la intercul- turalidad. Por ejemplo, la tala de un árbol o el cazar una especie animal, que el Estado ha declarado pro- tegidos, pero que una comunidad indígena siempre ha utilizado para su subsistencia; el procesamiento de un consejo de ancianos por usurpación de fun-
31 Por ejemplo, en la pena de cepo que aplican algunas comunida- des, llama la atención que su aplicación lo sea por unas horas, con la idea de que el condenado sea visto por todos, pero sobre todo que él mismo vea a su familia, pueda hablar con ellos e in- cluso llegue a trabajar ciertas horas para su mantenimiento. De esta manera, se evita el desarraigo y se favorece la reintegración.
32 Por supuesto, la condición de indígena no es, en absoluto, te- nida en cuenta en el régimen interior del centro penitenciario, dándose casos en los que se les prohíbe incluso realizar sus ritos religiosos.
33 Además, a diferencia de los hombres, a los cuales sus familias y comunidades los apoyan cuando ingresan en prisión, cuando una mujer es encarcelada, simplemente todos la abandonan. Por otro lado, en México se ha constatado que en el noventa y cin- co por ciento de los centros penitenciarios no existe separación entre hombres y mujeres, llegándose a dar casos incluso de redes de prostitución en el interior de las cárceles. Vid. al respecto, ESPARZA, M., Between a Rock and a Hard Place: Indigenous Women Incarcerated in Oaxaca, México, Comunicación presen- tada al Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Admi- nistración de Justicia, Madrid, octubre de 2003, inédita.
34 Por ejemplo, en Australia el cuarenta y dos por ciento de los delincuentes juveniles son indígenas (JONAS, B., An overwiew of the current status in addressing Indigenous peoples contact with criminal justice processes in Australia, Comunicación presentada al Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y Administra- ción de Justicia, Madrid, octubre de 2003, inédita).
ciones jurisdiccionales que, según el ordenamiento
jurídico estatal, sólo le competen a éste; los casos en los que, en aplicación de sus normas ancestrales, han castigado a alguien, ajeno o no a la comunidad; o aquéllos en los que los han acusado de abuso sexual, porque las normas estatales establecen una edad mayor para casarse, etc. En todos estos supuestos, las soluciones que se han aplicado varían de unos países a otros, dependiendo de su sensibilidad y re- conocimiento de la realidad indígena. En concreto, han ido desde juzgarlos y condenarlos a la cárcel sin tener en cuenta su condición de indígenas con las consecuencias antes apuntadas, a considerarlos, desde el punto de vista jurídico-penal, inimputables por un supuesto error de comprensión cultural- mente condicionado o por diversidad sociocultural
y cuya consecuencia es la reintegración a su medio
cultural propio. En cuanto a los procesos penales seguidos con- tra indígenas, su situación es claramente discrimi- natoria en el sistema de justicia estatal. En primer lugar, por la ubicación física de los tribunales, los cuales normalmente están lejos de las comunida- des indígenas y, como se sabe, las dificultades de transporte son importantes y generalizadas en toda Latinoamérica. En segundo lugar, porque muchos indígenas sólo conocen su lengua y en los órganos judiciales no existen traductores suficientes y/o bien preparados 35 . En tercer lugar, porque los jueces no conocen ni están sensibilizados con el mundo indí- gena y los órganos de gobierno de los mismos no se preocupan de formarlos en esta realidad 36 . Lo mismo que ocurre con el personal auxiliar y cola-
borador de la justicia: funcionarios, fiscales, policía
y abogados, en especial los de oficio. Por último,
por una serie de razones que, aunque son aplica- bles a todos los ciudadanos, adquieren proporcio- nes más preocupantes en el caso de los indígenas, como el alto coste de los procesos, el hecho de que
la gratuidad no esté garantizada, la extensión de la corrupción –como el pago de “coimas”–, así como
la existencia de frecuentes dilaciones indebidas en la
administración de la justicia. Para afrontar estos problemas, se han propuesto diversas medidas de mejora del sistema estatal como la aplicación de programas sociales específicos para
los indígenas; la creación de “traductores” culturales y/o programas de formación, que ayuden a los in- dígenas a comprender el sistema de justicia estatal;
la capacitación de jueces, fiscales y policía en la rea-
lidad indígena y especialmente en su lengua; la in-
35 Por ejemplo, en Marruecos, los amazigh hablan un dialecto marroquí, sin embargo la administración de justicia estatal se imparte en árabe clásico. 36 Eso sin mencionar la necesidad de reformar y actualizar el orde- namiento jurídico a la realidad multicultural.
tervención de “peritos culturales”, que les asistan en sus funciones 37 ; el acercamiento de las sedes de los
órganos judiciales a los territorios indígenas; la rea- lización de reuniones entre jueces estatales y auto- ridades indígenas, que promueva el intercambio de ideas y la comprensión mutuas; la incorporación de defensores de oficio indígenas, así como de policías
y funcionarios –judiciales y de prisiones– también
indígenas; la búsqueda de alternativas a la prisión,
en particular en el caso de los niños y las mujeres; y que no se aplique la prisión como
medida cautelar, salvo como últi- mo recurso. Asimismo, hay países que están potenciando las ADR 38
e, incluso, algunos han creado tri-
bunales mixtos, formados por in- dígenas y jueces nacionales 39 . Sin embargo, con ser estas me- didas convenientes, salvo las dos úl-
los derechos indígenas. Y entendiendo por tal, el “ac- ceso a mecanismos eficaces de resolución de conflic- tos y protección de derechos, adecuados lingüística
y culturalmente” 41 . Es decir, desean un sistema de
“justicia plural”, que implica, en primer lugar, el ac- ceso al propio derecho y justicia indígenas, que es el que les corresponde según su identidad cultural. En segundo lugar, la potenciación de las ADR, pero sólo para los bienes disponibles y respetando en todo caso
ámbito del derecho indígena. Y, finalmente, que la justicia ordinaria estatal interven- ga de acuerdo con el principio
de subsidiariedad, esto es, para proteger los derechos de los in- dígenas ante el propio Estado y frente a terceros, no como ocu- rre en muchos lugares donde la jurisdicción indígena conoce de los delitos menores y la estatal de los más graves. Por último, como complemento de lo anterior, a la afirmación de los sistemas jurídicos indígenas debiera acompañarle la de su capacidad normativa, tanto desde el punto de vista material como pro-
que aspiran es a un nuevo
concepto de “acceso a la jus-
ticia”, articulándolo a partir
de los instrumentos inter-
nacionales sobre derechos
humanos y de los derechos
indígenas. Y entendiendo
por tal, el “acceso a me-
canismos eficaces de re-
adecuados lingüística y
timas 40 , no es esto lo que quieren los Pueblos indígenas. En realidad, a lo que aspiran es a un nuevo concepto de “acceso a la justicia”, articulándolo
cionales sobre derechos humanos y de
partir de los instrumentos interna-
cesal, lo que incluiría en este último caso la autonomía para dotarse de autoridades y procedimientos para la solución de los ilícitos penales, así como el reconoci- miento de sus resoluciones.
3. Diversidad cultural y pluralismo jurídico
Sólo este apartado daría para hacer un trabajo
en exclusiva, pero no es ésta nuestra intención. Tan solo pretendemos dar algunas nociones al respecto
y reflexionar sobre algunos puntos que nos ayuden
a comprender porqué podemos llegar a hablar de la
existencia de un “derecho indígena” y, consecuente- mente y aplicando categorías occidentales, de una “jurisdicción” y de un “proceso penal indígena”.
3.1 El llamado “derecho indígena” constituye un auténtico derecho
El presupuesto del que hay que partir, innegable desde un punto de vista antropológico y sociológico, es el de la existencia de una multiplicidad de pue- blos indígenas que viven desde hace siglos de acuer- do con unas culturas, que los diferencian –y los han diferenciado– de otros grupos humanos con los que
41 Así se establece en el documento final, en el apartado de Reco- mendaciones a los Estados, aprobado en el Seminario de Exper- tos sobre Pueblos Indígenas y Administración de Justicia, cele- brado en Madrid en octubre de 2003 (documento inédito).
37 Por ejemplo, el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal de Bolivia dispone que: “Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este código y las siguientes reglas especiales: 1º) El fiscal durante la etapa pre- paratoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; el mismo que podrá participar en el debate, y 2º) Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal: este dictamen deberá ser sustentado oral- mente en el debate” (la negrilla es nuestra).
38 Alternative disputes resolutions o mecanismos alternativos de re- solución de los conflictos, como la mediación, la conciliación o el arbitraje. También se les denomina MARCs (Medios alterna- tivos de resolución de conflictos).
39 Es el caso de Guatemala con los Juzgados de Paz Comunitarios, los cuales han sido muy criticados por su falta de financiación, por su composición, que incluye a jueces nacionales y la parte indígena no ha sido consensuada con las comunidades, así como porque ha supuesto una criminalización de los indígenas. La instalación de esos juzgados fue aprobada por el Congreso guatemalteco en agosto de 1997, y se fijó el 23 de enero de 1998 como fecha para su entrada en funcionamiento. Pero la falta de recursos económicos dificultó su cumplimiento. Finalmente, fueron cinco los juzgados inaugurados en enero de 1998: San Andrés Semetabaj, en Sololá; San Rafael Petzal, en Huehuete- nango; San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos; Santa María Chiquimula, en Totonicapán; y San Luis, en Petén. Su compe- tencia es juzgar los delitos menores y hacerlo de acuerdo con las costumbres de cada región.
40 La razón es que van claramente en detrimento de los sistemas de justicia indígenas y, en el caso de los tribunales mixtos, supone además una “tutela” del Estado inadmisible desde una óptica multicultural, pluralista.
comparten un mismo espacio. Unas culturas, que incluyen “reglas” que determinan las relaciones en- tre sus miembros y ordenan sus vidas, que reflejan cuáles son los valores personales y grupales, cuáles los procedimientos de solución de los conflictos que
puedan surgir entre ellos, así como quiénes tienen la autoridad y la fuerza para resolverlos. Sin perjuicio de que podríamos utilizar otras palabras y extendernos en la definición, reconocer ese conjunto de reglas como “derecho”, o no hacer- lo, es una decisión política, porque desde el punto de vista jurídico es indiscutible que lo son. El único problema
es que usualmente se considera “derecho” al conjunto norma- tivo emanado del Estado 42 , por lo que es conditio sine qua non la existencia de éste y cualquier nor- ma emanada por otros entes, que no sean el Estado, tienen otra con- sideración jurídica. Es cierto que los sistemas de fuentes de los dife- rentes ordenamientos jurídicos re- conocen, aparte de la ley y junto con
tes con presencia de población indígena donde se encuentra un sistema políticamente dominante y otros subordinados. De una parte, se denomina “el
derecho” (sin adjetivos), al derecho central, estatal, imperial, escrito o codificado. Y se llama “derecho consuetudinario” a los sistemas normativos que so- breviven por la práctica de la gente en los pueblos conquistados o políticamente subordinados.” 44 . Todo este planteamiento se corresponde con una concepción monista del Derecho que, basán- dose en el principio de seguridad jurídica, supone que dentro de un Estado existe un único sistema jurídico. Frente
a esta concepción se alza la del “pluralismo jurídico o legal”, que reconoce la coexistencia de dife- rentes sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geopolítico 45 . Y ello, independientemente de que esas normas se califiquen como “consuetudinarias” 46 , de su forma de creación oral o escrita y de su es- tado evolutivo. Lo que no significa que se pueda considerar “derecho in- dígena” cualquier cosa; en absoluto 47 .
indígenas constituyen una
“costumbre” es ponerlas a
otro nivel, exactamente por
debajo de las leyes estata-
No es ésta, desde
luego, la pretensión de
que aspiran a un reco-
nocimiento político de
su “derecho”
los principios generales del derecho o
consuetudinarias existentes en las sociedades bajo
su auctoritas, pero sólo en defecto de norma estatal
y, en ningún caso, contra legem. Es decir, según esta
concepción, la costumbre siempre está supeditada
a la ley estatal. Se trata, por consiguiente, de dos normas, pero con diferente valor. Afirmar, entonces, que el conjunto de reglas in- dígenas constituyen una “costumbre” es ponerlas a
otro nivel, exactamente por debajo de las leyes esta- tales y con las limitaciones arriba mencionadas. No
es ésta, desde luego, la pretensión de los Pueblos in-
dígenas, que aspiran a un reconocimiento político de su “derecho”, como hemos dicho. Una pretensión,
que tampoco se ve satisfecha elevando las reglas in- dígenas a la categoría de “derecho consuetudinario”
y añadiendo que éste sólo se diferencia del estatal
en la forma oral de creación 43 . “Por lo general, la doctrina jurídica clásica ha utilizado este término en situaciones de colonialismo, expansión imperial, modernización o incluso en países independien-
jurisprudencia en su caso, las reglas
44 YRIGOYEN FAJARDO, R., Pautas de coordinación entre el De- recho indígena y el Derecho estatal, cit., pág. 16. Como acertada- mente pone de manifiesto esta autora, “un ejemplo del uso de este término dentro de tal concepción es el Convenio 107 de l OIT de 1957 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales en Países Independientes, posteriormente reemplazado por el Convenio 169. Como consecuencia de tal concepto, el Convenio 107 sancionaba el modelo de subordinación política al indicar que debía respetarse el derecho consuetudinario sólo mientras no afectase las “las políticas de integración” a las que el Estado podía someter a las poblaciones indígenas” (Op. cit., pág. 16).
45 Op. cit., págs. 16 y ss. Al respecto es interesante traer a colación la reflexión de Paolo Grossi, historiador del derecho, que en su obra Mitología jurídi- ca de la modernidad (ed. Trotta, 2003, pág. 52), afirma que “exis- ten estratos y dimensiones del universo jurídico por desenterrar
y valorar… El derecho, en su autonomía, fuerte en su radicaliza-
ción en la costumbre social, ha vivido y vive, se ha desarrollado
y se desarrolla también fuera de ese cono de sombra, también
fuera de los raíles del llamado derecho oficial: consecuencia in- evitable de no ser dimensión del poder y del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. No es un discurso anarquista, sino más bien el registro de la rea- lidad efectiva que es la pluralidad de los ordenamientos jurídi- cos. Es el gran reino de la libertad del derecho, que no coincide en efecto con el solo, majestuoso y autorizado ordenamiento jurídico del Estado… Como historiador del derecho no dudo en registrar en el mismo territorio del Estado italiano ordenamientos ajenos, que nacen de antropologías diversas (si no opuestas) y son portadoras de diversos (si no opuestos) valores jurídicos, que tienen la sacro-
santa pretensión de convivir con la oficialidad dominante por- que son el signo de la complejidad de la experiencia jurídica que el derecho del Estado no agota”.
46 O expresiones similares, como “costumbro”, “tradiciones ances- trales”, “usos y costumbres”, etc.
47 Hay casos en los que lo que se hace son labores de mediación,
42 Sobre todo, desde una posición positivista del Derecho.
43 Al respecto, TRUJILLO, J.C., “Pluralismo jurídico en el Ecua- dor”, en Constitución y pluralismo jurídico (Flores Giménez, co- ord.), ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2004, pág. 17, entiende que no hay fundamento para considerar que el dere- cho no escrito o consuetudinario sea inferior al escrito. “Olvidan quienes así no lo creen, que las constitutional conventions, que integran el Derecho Constitucional inglés, no son leyes escritas, ni siquiera prácticas reconocidas por los jueces, sino Derecho consuetudinario, prácticas observadas y respetadas por todos, tanto o más que las leyes escritas y el common law”.
Queremos decir, que lo importante es el reconoci- miento político de la diversidad cultural y, derivado de ella, el pluralismo jurídico, el cual como veremos se articula de diversos modos a través de los textos constitucionales y los instrumentos internacionales aprobados al respecto. También, que si las normas son más abiertas en muchos casos 48 , esto no desvir- túa su carácter vinculante, sino sólo pone de ma-
nifiesto una característica específica de esa clase de normas; igual que su origen oral, en lugar de escri- to 49 . Y, finalmente, que hay que asumir el hecho de que la historia política ha supuesto la destrucción, fragmentación y/o el anquilosamiento de muchos de los sistemas jurídicos indígenas, por lo que preci- samente ese reconocimiento ha de significar la posi- bilidad de que los Pueblos indígenas, en el ejercicio de su autonomía, puedan desarrollarlos a partir del punto en el que se encuentren, pero incluso de dár- selos, si no los tuvieren o hubieren desaparecido. Como se ha dicho, el pluralismo jurídico no significa preeminencia de un sistema jurídico so- bre otro, sino coexistencia y de ésta se d e d u c e la interrelación mutua y, consiguien- temente, los posibles conflictos 50 . Por
gún criterios de mayor o menor relevancia, dejando obviamente lo de menor trascendencia en manos de las comunidades indígenas. Como, por ejemplo, ocurre en algunos ordenamientos jurídicos que atri- buyen el conocimiento de los delitos “menores” a la “jurisdicción” indígena y los delitos “graves” a la estatal. Mucho más, en aquellos casos en los que la llamada “jurisdicción” indígena es, en realidad, un mecanismo de mediación. En cuanto a la coexistencia, se basa en la idea de grados, según sea el ámbito y las circunstancias, las personas actuarán bajo un derecho u otro. Por ejemplo, el derecho indígena actuará con carácter casi exclusivo “cuando los niveles de cohesión so- cial sean más altos, haya más distancia geográfica
respecto de los centros urbanos, la violencia política haya tenido menor efecto y haya menor presencia de sistemas que buscan regular la vida social (sectas, presencia estatal, etc.)” 51 . En segundo lugar, la interrelación significa que no existen “derechos puros” 52 , igual que el occiden- tal se ha nutrido históricamente de otros, al indí- gena le ha ocurrido lo mismo, por eso no es extraño encontrar multitud
desde la perspec-
tiva pluralista que
proponen los Pueblos
originarios, no sería
admisible un modelo de
homologación o revisión
en el que el ordenamiento
estatal ejerciera funciones
supervisoras del indígena.
consiguiente, desde la perspectiva pluralista que proponen los pueblos originarios, no sería admisible un modelo de homologación o revi- sión en el que el ordenamiento estatal ejerciera funciones super- visoras del indígena. Así como tampoco, un sistema en el que la competencia se repartiera se-
de instituciones coloniales que los indígenas aplican con normalidad. Ahora bien, más que a eso, la inte- rrelación apunta a que el derecho estatal y el indígena –o indígenas, pues pensemos que en un país pueden existir varios pueblos re- gidos por normas diferentes– no caminan paralelamente sin “to-
carse”, sino que llegan incluso a influirse mutuamente, aun- que cada uno mantenga un eje cultural propio, que es lo que les dota de identidad propia. Aún más, los indígenas tienen una estrate- gia de utilización de recursos múltiples, acudiendo
indistintamente a uno u otro, según sea la necesidad
o el interés perseguido 53 . Por último, esta coexistencia no puede presu-
mirse pacífica y la realidad demuestra que los con- flictos forman parte de la misma. En este sentido,
y referidos a cuestiones que podríamos denominar
procesales, destacan, como veremos, los relativos a
la competencia por razón de la materia, del territo-
rio o de las personas, la falta de reconocimiento de las resoluciones indígenas, el problema del non bis in ídem, la criminalización de la justicia indígena,
pero no aplicar derecho indígena. Por ejemplo, en Guatemala la Defensoría Maya y la Defensoría Indígena, aparte de su función de recuperar y promocionar el derecho indígena, muchas veces sólo actúan como mediadoras.
48 Se debe tener presente que en el derecho indígena no rige en toda su extensión, por ejemplo, el principio de legalidad en el ámbito penal, tal y como lo conocemos. Puede verse al respecto: BORJA JIMÉNEZ, E., Introducción a los fundamentos del Derecho Penal Indígena, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 29 y ss.
49 Existen comunidades indígenas, no obstante, que tienen parte de su derecho recogido por escrito en reglamentos y que, inclu- so, utilizan la escritura en su administración de justicia, prin- cipalmente en la elaboración de las actas, como los paeces, los aymara, los quechua y los guaraní. Con todo, en algunos países, la exigencia de “codificación” por escrito del derecho indígena es una forma de neocolonialismo, que ha llevado además en algu- nos casos a una situación paradójica, pues hay comunidades que tienen unas normas por escrito, pero son otras las que aplican.
50 Afirma YRIGOYEN FAJARDO, que “algunos objetan el recono- cimiento constitucional de los sistemas jurídicos indígenas bajo el argumento de que se va a generar caos por la creación de muchos sistemas, pero los textos constitucionales, en primer lugar, no es- tán creando sino reconociendo algo que ya existen en la realidad social, lo que sí permite crear es puentes de entendimiento y ar- ticulación, y condiciones para su desarrollo” (Nota número 7 de Alcances, límites y retos del reconocimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., pág. 4).
51 YRIGOYEN FAJARDO, R., Pautas de coordinación entre el De- recho indígena y el Derecho estatal, cit., pág. 31.
52 Op. cit., pág. 30.
53 Así, por ejemplo, ha habido indígenas que han “huido” de su sistema propio para acudir al estatal y evitar ser castigados o recurrir la sanción que les impuso su comunidad.
como hemos visto, o las presuntas vulneraciones de los derechos humanos por esta jurisdicción 54 . En cuanto al mecanismo para resolver esos conflictos, las constituciones de los países que proclaman la pluriculturalidad han previsto leyes de coordina- ción entre los dos sistemas jurídicos, el estatal y el indígena 55 , pero por desgracia no ha sido aprobada ninguna, con lo que los problemas persisten 56 . Estas leyes, en todo caso, se han de desarrollar respetando los derechos reconocidos por las constituciones na- cionales y el Convenio 169 de la OIT, sin poderlos restringir o recortar, y especialmente estableciendo mecanismos adecuados de coordinación entre la “jurisdicción” indígena y la policía, el ministerio fiscal o los registros públicos 57 .
3.2 El reconocimiento del derecho y la “jurisdicción” indígenas
El reconocimiento político de la pluriculturalidad y, a partir de ahí, del derecho y la “jurisdicción” indí- genas ha sido un proceso largo, todavía inconcluso 58 . Puede citarse como antecedente el ya mencionado Convenio de la OIT de 1957 sobre Poblaciones in- dígenas y tribales, si bien hay que decir que, aunque pretendía la protección e integración de las pobla- ciones indígenas y tribales, en realidad no reconocía la diversidad cultural y los derechos de estos grupos nacionales. Fue Bolivia el primer país en hacerlo en su constitución de 1967. A éste le siguieron Pana- má (1972), Guatemala (1985), Brasil (1985), Nica- ragua (1986), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Honduras (1994), Argentina (1994), México (1995), Ecuador (1998) y Venezuela (1999). Como corolario al reconocimiento de la pluralidad
54 YRIGOYEN FAJARDO, R., Pautas de coordinación entre el De- recho indígena y el Derecho estatal, cit., pág. 90.
55 Son leyes de “coordinación”, por lo tanto la relación entre los ordenamientos es horizontal y no vertical o de “subordinación” (YRIGOYEN FAJARDO, R., Alcances, límites y retos del recono- cimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., pág. 15).
56 Específicamente, en relación con las posibles vulneraciones de los derechos humanos, el art. 8.2 del Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, afirma que “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídi- co nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio” (la negrilla es nuestra). Proce- dimientos que, lamentablemente, no se han desarrollado.
57 YRIGOYEN FAJARDO, R., Alcances, límites y retos del recono- cimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., pág. 15.
58 Seguimos aquí a BOTERO MARINO, C., “El multiculturalis- mo en la jurisprudencia constitucional colombiana”, en Cons- titución y pluralismo jurídico (coord. Flores Giménez, F.), ed. Corporación Editora Nacional, Quito, 2004, págs. 156 y ss.
cultural y jurídica, y desde un punto de vista interna- cional, hay que añadir el del Convenio núm. 169 de la OIT de 1989, también antes citado, y ratificado por la mayoría de esos países 59 . Ahora bien, esos reconocimientos constitucio- nales varían en intensidad de un país a otro, sobre todo en lo que al derecho y a la “jurisdicción” indí- genas se refiere 60 , y destacando por su amplitud los países andinos 61 . Bolivia, por ejemplo, en su cons- titución de 1993 ha atribuido a las comunidades indígenas derechos sobre sus territorios ancestrales y los recursos naturales, les ha dotado de autonomía política, económica y cultural, así como de perso- nalidad jurídica y ha afirmado la existencia de una “jurisdicción” indígena. Honduras, por el contra- rio, se ha limitado a establecer el deber del Estado a proteger a las comunidades nativas. Haciendo un rápido recorrido por los países latinoamericanos, cuyas constituciones han asu- mido la diversidad cultural, Perú, por su parte, les ha otorgado personalidad jurídica a las comu- nidades indígenas, el derecho a sus territorios y a los recursos naturales, una cierta autonomía polí- tica y una “jurisdicción” propia. Argentina, en su constitución, le ha dado al legislativo la facultad de reconocer las comunidades indígenas preexistentes, dotarles de personalidad jurídica, garantizar sus de- rechos territoriales y culturales, y el derecho de con- sulta previa en relación con los recursos naturales. México les ha reconocido a los pueblos originarios derechos culturales, de identidad y de educación, además de personalidad jurídica. Paraguay, por su lado, derechos territoriales, culturales y de educa- ción, autogobierno, así como de consulta y parti- cipación. Ecuador y Venezuela, han consagrado los derechos a sus territorios ancestrales y a los recursos naturales, además de reconocerles su identidad cul- tural, autonomía política, económica y social, y una “jurisdicción” indígena diferente de la estatal. Y por último, Colombia tiene una de las constituciones
59 Hasta el momento, este Convenio ha sido ratificado por dieci- siete países, entre los que se encuentran los citados en el texto, salvo Panamá y Nicaragua. En concreto, han sido: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Fidji, Guatemala, Honduras, México, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, y Venezuela.
60 En lo que sí han coincidido todos ellos ha sido en adoptar el modelo socio-económico “neoliberal”, habiéndose abandonado la idea del Estado del bienestar y facilitado, entre otras cosas, la presencia de empresas transnacionales para la explotación de los recursos naturales (bosques, minas o petróleo) presentes en los territorios indígenas, las cuales disponen de importantes facul- tades en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas que los habitan, por lo que los conflictos no se han hecho de esperar (YRIGOYEN FAJARDO, Alcances, límites y retos del reconocimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., pág. 3).
61 Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
más avanzadas en esta materia, habiéndoles recono- cido a los pueblos indígenas los derechos de partici- pación, consulta, autonomía, territorio, diversidad cultural y una “jurisdicción” específica. Como hemos dicho, sólo este tema exigiría un
estudio en exclusiva, que analizara las diferentes nor- mas constitucionales al respecto, los proyectos de ley de desarrollo de las mismas, los problemas de coordi- nación entre el derecho estatal y el indígena aplicando para ello una hermenéutica pluralista y a la luz del Convenio núm. 169 de la OIT,
y si estamos ante una auténtica
jurisdicción o, lo que creo más correcto, ante unos tribunales especiales constitucionales 62 , pero no es éste el objeto de nuestro trabajo. Lo esencial ahora, es dejar constancia del reconocimiento que, desde el punto de vista constitucio- nal, han hecho algunos países de la
Con todo, siquiera brevemente y en términos ge-
nerales, habría que establecer qué significa este últi- mo reconocimiento. Según la Corte Constitucional de Colombia 63 , cuyas conclusiones podríamos ex- tender a otros países por el rigor y profundidad con que ha tratado estas cuestiones, supone: Primero, la posibilidad de la existencia de autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. Segundo, la po- testad de que establezcan normas y procedimientos específicos. Tercero, la sujeción de todo lo anterior a la constitución y
a la ley. Y cuarto, la competencia del legislador para establecer los meca- nismos de coordinación entre la ju- risdicción indígena y la estatal. Correlativamente, lo anterior im- plica que las autoridades indígenas puedan conocer y resolver los asuntos que, según las reglas de competencia, les correspondan, utilizando incluso la fuerza pública cuando sea necesario
reglas que rigen la vida de
indígenas constituyen un
auténtico derecho, que
ha sido reconocido in-
cluso en instrumentos
internacionales y en
multiculturalidad y, en particular, de
la llamada “jurisdicción” indígena.
para el cumplimiento de sus decisiones. Asimismo, la validez y el reconocimien- to de las resoluciones adoptadas por la jurisdicción indígena, impidiéndose un segundo proceso –estatal– por los mismos hechos y cupien- do únicamente la revisión de la decisión indígena cuando vulnere derechos humanos –interpretando éstos desde una óptica intercultural– y, en particu- lar, el derecho al proceso debido, entendido como previsibilidad y aplicación de los procedimientos y de las sanciones conforme a los usos y costumbres de la comunidad indígena de que se trate.
4. El proceso “penal” indígena
En el apartado anterior he concluido que el con- junto de reglas que rigen la vida de los pueblos y comunidades indígenas constituyen un auténtico derecho, que ha sido reconocido incluso en instru- mentos internacionales y en las constituciones de varios países. A partir de esa conclusión y si con- tinuamos utilizando las categorías occidentales, es posible afirmar la existencia de un derecho penal indígena y análogamente de un derecho procesal penal también indígena. No obstante, que existe derecho penal indíge- na, no es algo evidente. Exige, primero, un cono- cimiento de esa realidad y, sobre todo, despojarse de ciertos prejuicios doctrinarios. En este sentido, me parece interesante traer las palabras de BOR- JA JIMÉNEZ, penalista español, el cual, después de haber vivido en las comunidades indígenas de
63 Sentencia de la Corte Constitucional C-139/96 (Ponente: Car- los Gaviria Díaz).
62 Desde un punto de vista conceptual, cabe plantearse qué se entiende por “jurisdicción”. Lo cierto es que, teóricamente, las posiciones no son coincidentes y, así, existe doctrina que la equi- para a potestad jurisdiccional [MONTERO AROCA, J., Dere- cho Jurisdiccional I. Parte General (con Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar), ed Tirant lo blanch, 2004, Valencia, págs. 37 y ss.], que es la que nosotros hemos seguido, existe otra, que lo hace al poder judicial [DE LA OLIVA SANTOS, A., Derecho Procesal. Introducción (con Díez-Picazo Giménez y Vegas Torres), ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1999, págs. 20 y ss], e incluso quien la considera expresión de la actividad jurídica del juez (RAMOS MÉNDEZ, F., El sistema procesal español, ed. Bosch, Barcelona, 1997, págs. 156 y ss.), hablando en consecuencia de jurisdicción ordinaria y jurisdic- ciones especiales, incluyendo entre éstas la indígena. Entendida la jurisdicción como potestad jurisdiccional, si la for- ma política del Estado no es federal, no podríamos afirmar la ex- istencia de una jurisdicción diferenciada de la estatal. Estaríamos ante el reconocimiento constitucional de una potestad única, atribuida a diferentes órganos jurisdiccionales, entre los que se encontrarían las autoridades indígenas. La competencia de cada uno quedaría delimitada por la constitución y las leyes jurisdic- cionales y procesales. Podríamos entonces calificar a los “tribu- nales” indígenas de “tribunales especiales constitucionales”, pues están previstos en la misma constitución, pero no participan de las notas del resto de los órganos jurisdiccionales que podríamos denominar “ordinarios”, en la medida que éstos con carácter general están servidos por jueces profesionales, de carrera, que comparten un estatuto jurídico similar y están regidos por un mismo órgano de gobierno. Además, estos tribunales especiales se regulan por normas propias, diferentes de las que rigen los ordinarios, aunque, como ya hemos dicho, ningún Estado las ha desarrollado en relación con los indígenas todavía. No obstante, también desde esta perspectiva, si la forma del Estado de que se tratase fuera federal, tampoco podría hablarse de “jurisdic- ción” indígena, salvo que el estado federal se correspondiera con el territorio de un concreto pueblo indígena habitado y gobernado por ellos mismos. Algo que, en la realidad, no se ha dado hasta ahora, pues algunos pueblos indígenas están repartidos por varios países y en los demás casos los territorios son compartidos con los blancos, así como con otros pueblos indígenas y etnias.
la Sierra y del Oriente del Ecuador y estudiado su forma de vida, afirmó: “Siempre he creído que exis- tían principios básicos del Derecho Penal que eran universales e imprescindibles en todo ordenamiento jurídico. He llegado a estar convencido de que un
sistema punitivo que no se estructurase con base en estos axiomas fundamentales, no podía contemplar- se bajo las siglas del Derecho Penal. Y ahora tengo
que decir que estaba equivocado ”
Para este autor, existe el derecho penal indígena, porque “encontramos un conjunto normativo que reprueba y considera como muy graves una serie de comportamientos humanos similares a lo que en el derecho occidental se denominan delitos. Me refiero, de igual forma, a que ese conjunto normativo aso- cia a esos comportamientos antisociales determina- das consecuencias que normalmente denominamos sanciones o penas (…) este conjunto de institucio-
nes (delitos, penas, reglas jurídicas consuetudinarias,
procedimiento, autoridades
integran un sistema.
Con ello se quiere señalar que existe una coherencia reglada de las distintas instituciones que obedecen
a una lógica conocida por todos. La reacción social
ante los delitos más graves no responde, por tanto,
a la arbitrariedad o a la venganza de la víctima, sino que se deriva de una ordenación institucional pre- vista para resolver racionalmente, estableciendo so-
luciones similares a casos similares, los conflictos más graves de convivencia. Afirmo, en definitiva, que los mecanismos de solución de conflictos en el seno de las poblaciones autóctonas son, en parte, jurídicos, esto es, obligatorios, dependientes de un tercero, pre-
Si existe Derecho Penal indíge-
visibles, racionales
na, existe en primer lugar “Derecho”, lo cual significa que hay convivencia pacífica, también posiblemente conflictiva, pero reglada, y ello se opone a la imagen que tenemos los occidentales de que los indígenas se someten ciegamente a un poder tradicional regido por una total arbitrariedad.” 65 . Las imperfecciones
de este sistema, como las de cualquiera, incluido el nuestro, no le restan virtualidad práctica y reconoci- miento. Los casos de linchamientos en concreto, tan frecuentes por desgracia en estos países, obedecen a una lógica que está al margen del sistema jurídico al que aquí nos referimos 66 .
64 BORJA JIMÉNEZ, E., Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2001, pág. 175.
65 Seis tesis sobre la existencia del Derecho Penal Indígena en Latino- américa, cit., págs. 6-7.
66 “Tanto los medios de comunicación de masas como determi- nados sectores políticos y sociales asociaron, y todavía asocian, el fenómeno de los linchamientos como una forma bárbara que los indígenas tienen de aplicar su ley, identificándose sistema penal comunitario con tomarse la justicia por su mano. Nada más lejos de la realidad. Si se observan más de cerca estos procesos de crecimiento de
Por otro lado, que existe un “proceso penal” in- dígena tampoco es evidente. Puede pensarse, con razón, que si hay un derecho penal lo lógico es que tenga su correspondiente proceso, pero esto no es suficiente para afirmar su existencia. Para hacerlo, habría que determinar que los “procedimientos” in-
dígenas utilizados para impartir “justicia” constitu- yen un auténtico “proceso”, pues, “aunque proceso
y procedimiento tienen una misma raíz etimológi-
ca, procedere, en el segundo destaca la nota de ac- tuación externa, el trabajo que pudiéramos llamar administrativo que se realiza en cualquier actividad
jurídica y, por tanto, también en ésta, mientras que en el primero es necesario tomar en consideración
la estructura y los nexos que median entre los actos,
los sujetos que los realizan, la finalidad a que tien- den, los principios a que responden, las condiciones de quienes los producen, las cargas que imponen y los derechos que otorgan. Mientras existe procedi- miento en cualquier actividad jurídica, el proceso es propio y exclusivo de la actuación jurisdiccional” 67 , esto es, de órganos investidos de potestad –jurisdic- cional–, que supone la capacidad de sujetar a los demás a las propias decisiones, pudiendo acudir al uso de la fuerza en caso de incumplimiento.
autojusticia, vemos que se producen en épocas de fuertes crisis,
en las que a la difícil situación económica, se le añade una gran inseguridad ciudadana, con incremento notable de la crimi- nalidad, y una creencia generalizada de que la justicia estatal
es corrupta e ineficaz. Son entonces masas enardecidas que ven
peligrar sus bienes más esenciales las que se rebelan contra esta situación, y, con el sentimiento de que el sistema oficial no va a resolver sus problemas, actúan directamente, en grupo, seguidos por uno o varios cabecillas, de forma pasional, sin reflexión, y con bastante alcohol en muchos casos. Son los más desposeídos, aquellos que no tienen bienes ni formación cultural reglada, los que sufren estas situaciones de ausencia de protección del Estado
Son campesinos, indígenas y mestizos, que
viven en las zonas más deprimidas de las ciudades, en un proceso desenfrenado de emigración, o en ámbitos rurales donde los ser- vicios básicos de asistencia a la comunidad proporcionados por la administración o no llegan, o simplemente no existen. En esas circunstancias, es muy fácil manejar a la masa, y eso es lo que ocurre. El dato de que entre ellos se encuentren muchos indígenas no obedece a la idiosincrasia tradicional de resolución de conflictos, sino al hecho de que éstos ocupan siempre el úl- timo estrato de la pirámide social: Son los marginados de los marginados. Precisamente estas situaciones se producen en los lugares en donde los amerindios ya han perdido su cultura, ya han dejado sus tradiciones, ya se encuentran en una zona de na- die, fuera de sus ancestros, en un espacio en que tampoco se les ”
admite precisamente por su procedencia y pobreza
y de inseguridad
(BORJA
JIMÉNEZ, E., Seis tesis sobre la existencia del Derecho Penal Indí- gena en Latinoamérica, cit., págs. 13-14).
Un estudio de casos, diferenciando los que constituyen pura- mente casos de linchamiento y supuestos de aplicación de derecho indígena, puede encontrarse en la obra de este mismo autor: Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, cit., págs. 82 y ss. 67 MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccional I. Parte General, cit., págs. 294-295.
4.1 El proceso como instrumento de solución de los conflictos sociales
El primer día de clase de la asignatura “Introduc-
ción al Derecho Procesal” intento mostrarles a los
estudiantes la razón de ser de esta parte de la ciencia jurídica, su necesidad y utilidad en una sociedad de- mocrática. Para ello suelo comenzar preguntándo- les ¿qué es el derecho procesal? La respuesta de los alumnos es rápida: la parte del Derecho que estudia el proceso. A continuación, les pregunto: ¿Qué es el proceso?, ¿para qué sirve? La contestación, en- tonces, tarda más en llegar, normalmente en forma de explicaciones largas y confusas, que a la postre no dicen nada, o mediante afirmaciones que hacen referencia a la “Justicia”. A lo cual, yo replico pre-
El silencio, fruto
del desconcierto o de la falta de reflexión, suele ser
al final el resultado conseguido. Es en ese momento, cuando el alumno está en
condiciones recibir una explicación que satisfaga su curiosidad. Siempre me divierte su cara de asombro
o incredulidad, cuando afirmo que la finalidad últi-
ma del proceso, en definitiva del derecho procesal,
es la “paz social”, la subsistencia y desarrollo de las sociedades, y que, probablemente, uno de los signos para determinar si existe una sociedad, así como su grado de civilización, es la realidad y perfección de sus mecanismos procesales.
A partir de ahí, y para que comprendan la afir-
mación anterior, introduzco la idea del “conflicto”
a efectos exclusivamente pedagógicos, sabedor de
que la misma no puede explicar todo el fenóme- no procesal 68 . De todas formas y reconociendo sus limitaciones –piénsese en los casos en los que los Tribunales intervienen en caso de duda o descono- cimiento sobre un derecho– la utilidad de la idea de conflicto en este momento me parece indiscutible. Por otra parte, atendiendo a su naturaleza, cabe dis- tinguir entre conflicto “intersubjetivo” y “social” 69 . Los primeros se dan cuando se vulnera algún dere- cho subjetivo, que pertenece a la esfera del derecho privado y, por consiguiente, tienen naturaleza dis- ponible; por ejemplo, el derecho de propiedad. Los segundos, cuando la vulneración lo es de un bien o interés que la sociedad ha estimado digno de pro- tección; por ejemplo, los delitos o las infracciones administrativas 70 .
guntando: ¿Y qué es la Justicia?
68 Según MONTERO AROCA (Derecho Jurisdiccional I. Parte Ge- neral, cit., pág. 117), “la existencia o no del conflicto de intereses no es lo determinante para la actividad de la jurisdicción. Lo deter- minante es la existencia de una pretensión y de una resistencia”.
69 GIMENO SENDRA, V., Introducción al Derecho Procesal (con Moreno Catena y Cortés Domínguez), Madrid, 1996, pág. 23.
70 Afirma MONTERO, recogiendo una idea de GUASP, que “la noción de conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos y las teorías sociológicas que con esta u otra denominación -litigio,
La introducción de la idea de conflicto me per- mite plantear cuáles son los medios posibles para solucionarlo, la autotutela, la autocomposición y la heterotutela o heterocomposición, y exponer la evo- lución que se ha dado en el tiempo y las razones que han llevado al nacimiento de la jurisdicción. Expo- sición, que ha de partir del reconocimiento de que son sólo conjeturas en sus estadios más remotos. De todas formas, de lo que no cabe duda, es que el primer paso de esa evolución lo debió cons- tituir la prohibición de la autotutela, por los riesgos que implica: El hecho de que una parte imponga su solución a la otra sólo puede hacerse desde la persuasión, física o dialéctica, lo que inevitable- mente conduce a que sea la parte más fuerte la que la imponga a la más débil. No hay que esforzarse demasiado para imaginarse los medios que debían utilizarse para resolver los conflictos por este siste- ma en las sociedades incipientes o primitivas y el resultado alcanzado: El triunfo de la violencia sobre la razón. Mucho más, si es el ofensor quien vence o prevalece 71 . Reconociendo como un avance el derecho a vengarse y someter la venganza a un cierto control por parte del grupo o familia, como ocurría con la “Ley del Talión” (“ojo por ojo y diente por diente”), puesto que con ello se impedían “reacciones contra los agravios mucho más nocivos y perjudiciales que éstos mismos” 72 , continuamos en el ámbito de la autotutela, la cual entraña riesgos evidentes: “el de la no proporcionalidad de la reacción y el de conductas antijurídicas basadas en la fuerza, que es elemento clave de la autotela (lo que supone una situación de partida ya injusta: sólo pueden reaccionar los fuer- tes o los débiles que gocen de protectores)” 73 . En tal estado de cosas es imposible que un gru- po evolucione hacia una sociedad, donde existan estructuras estables de interrelación, que permitan que cada persona que la integra se desarrolle sin
controversia, contienda- encuentran en él su base, son mate- rialmente excesivas y formalmente insuficientes para explicar la actividad jurisdiccional” (Derecho Jurisdiccional I. Parte Gene- ral, cit., pág. 116). Pero reconoce que “a pesar de lo anterior, la base sociológica sobre la que descansa la jurisdicción no puede desconocerse, y esta base es indiscutiblemente el interés jurídico. Este aparece, de un modo u otro, en toda actuación jurisdic- cional; puede ser individual o colectivo, pero una actuación ju- risdiccional que no afectara a un interés, por lo menos, carecería de razón de ser; un bien de la vida, material o inmaterial, debe estar siempre en juego. Existen, desde luego, supuestos de actua- ciones en las que difícilmente puede encontrarse un conflicto de intereses, y ello tanto en el proceso civil como en el penal, pero en todos la presencia de un bien de la vida, sobre el que recae una necesidad de un hombre, es constante” (Op. cit., p. 117).
71 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Causas y efectos sociales del Derecho Procesal, cit., pág. 143.
72 DE LA OLIVA SANTOS, A., Derecho Procesal. Introducción, cit., pág. 19.
73 DE LA OLIVA SANTOS, Op. cit., pág. 19.
miedo, planificando su futuro con un margen de seguridad. Por esta razón, como decía más arriba, el
ordenamiento jurídico español, sobre todo de la se- gunda, tenemos ejemplos en la mediación familiar
primer paso debió constituirlo la prohibición de la
en la realizada en el proceso penal de menores; de
autotutela. De hecho, en la actualidad todos los or-
primera, puede citarse la conciliación prevista en
denamientos jurídicos la prohíben con carácter ge-
proceso laboral y que se realiza ante unos órganos
neral (por ejemplo, el español lo hace en el artículo
administrativos creados al efecto.
que se caracteriza por que es un tercero ajeno a las
del Código Penal, prohibiendo lo que deno-
La tercera forma de solucionar un conflicto es
mina la realización arbitraria del propio derecho), sin perjuicio de permitir algunas manifestaciones de la misma, siempre con carácter de ultima ratio
la heterotutela o heterocomposición, que es donde quedaría encuadrada el proceso –aunque no sólo–,
y sujetas a requisitos muy estrictos. Así, también en nuestro ordenamiento, la legítima defensa recogida
en el artículo 20.4º del Código Penal, los artículos
592 y 612 del Código Civil 74 y la huelga o el cierre
patronal en derecho laboral. La segunda fórmula de solución de conflictos
a la que aludía era la autocomposición, consistente
en que son las mismas partes las que ponen fin al conflicto que las separa 75 . Se diferencia de la auto- tutela “en que dicha solución no se impone por la fuerza, sino a través del acuerdo de voluntades o del voluntario sacrificio o resignación de una de ellas” 76 . Presupuesto de la misma es la libertad y disposición que han de tener las partes en conflicto de sus dere- chos o bienes. No podrá, en consecuencia, utilizarse este mecanismo cuando sean indisponibles. Como manifestaciones en nuestro ordenamiento jurídico pueden citarse la renuncia, el desistimiento, la tran- sacción o el allanamiento. Ahora bien, este sistema no está exento de riesgos: el acuerdo alcanzado puede entrañar la claudicación de la parte económicamente más débil o ser la consecuencia de una errónea repre- sentación de la posición jurídica de una de las partes, considerándola más endeble de lo que en rigor es 77 . Una variante de la autocomposición alcanzada por las partes es la inducida por el buen hacer de un conciliador o un mediador, un tercero ajeno al con- flicto. La diferencia entre uno y otro se encuentra en que el primero sólo busca el acercamiento y encuen-
tro de las partes para que sean ellas mismas las que lleguen a un acuerdo, mientras que el segundo, ade- más, propone posibles soluciones. Reconociendo la falta de un desarrollo mayor de ambas figuras en el
74 Estos artículos facultan al dueño de una propiedad a cortar las raíces de los árboles plantados en otra, cuando invadan su ter- reno (art. 592). En cuanto al otro supuesto, se otorga derecho al propietario de un terreno a ocupar o retener un enjambre que haya penetrado en su propiedad, si el dueño del mismo no lo persigue o deja de hacerlo en el plazo de dos días (art. 612).
75 Dice ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO (Causas y efectos socia- les del Derecho Procesal, cit., pág. 143), que la autocomposición viene “aconsejada por el difundido aforismo de que <<más vale una mala transacción que un buen pleito>>, e incluso por la maldición gitana de <<pleitos tengas y los ganes>>”.
76 GIMENO SENDRA, Introducción al Derecho Procesal, cit., pág.
77 ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Causas y efectos sociales del Derecho Procesal, cit., pág. 143.
partes –las cuales han de encontrarse en un plano de igualdad– el que impone a éstas una solución, que están obligadas a aceptar. A diferencia del sistema anterior, donde el tercero se encuentra en una posi- ción inter partes, en ésta está supra partes. Cuestión distinta es la razón por la cual ese ter- cero se encuentra en una posición de superioridad. Ello puede obedecer a que hayan sido las mismas partes quienes hayan decidido, antes o después de surgida la contienda, someterse a la decisión del ter- cero, lo cual exige la disposición de los derechos o intereses en conflicto; éste sería el caso del arbitraje. Pero también puede deberse a que los propios inte- grantes de una sociedad, conscientes de la indispo- nibilidad de algunos bienes, de las limitaciones de los sistemas anteriores, y fruto del desarrollo de su organización social, se hayan dotado de un sistema integrado por órganos independientes, sometidos exclusivamente a la ley –no entendida en sentido formal–, imparciales y responsables, a los que se les ha encomendado la solución de los conflictos inter- subjetivos dotándoles para ello de potestad jurisdic- cional. Correlativamente, estos mismos ciudadanos se habrían otorgado el derecho de acceso a dichos órganos, en definitiva al proceso 78 , lo que impediría la autotutela y promovería la igualdad entre ellos, evitándose así algunos de los peligros expuestos 79 . La paz social a la que arriba me refería, como fin al que se dirige el derecho procesal, exige justicia,
entendida ésta en el sentido lato del término de dar
a cada uno lo suyo. Es cierto, que el Derecho en su
conjunto contribuye a este ideal, que la actuación del mismo en las relaciones jurídicas es mayoritaria- mente espontánea, pero no puede obviarse el hecho de que, en algún momento, los conflictos van a sur- gir y que los mecanismos autocompositivos pueden
78 En España lo denominamos derecho a la tutela judicial efectiva
y es un derecho fundamental –por lo tanto, con una protección
especial– recogido en el artículo 24 de nuestra Constitución.
79 Estamos completamente de acuerdo con DE LA OLIVA (De-
recho Procesal. Introducción, cit, pág. 20) en que “la progresiva evolución del sustitutivo de la justicia privada (la evolución pro- gresiva de la actividad jurisdiccional, en definitiva) no es escind- ible, sino, por el contrario, paralela, al perfeccionamiento del Derecho objetivo”. Así como que “nunca se está completamente
a salvo de una involución, que genere brotes, más o menos nu- merosos y violentos, de ilícita autotutela”.
no ser eficaces o, simplemente, por los derechos e intereses en juego, inapropiados. Es enton- ces cuando, rota la paz social, se hace necesario el proceso para recomponerla. Aquí es donde en- cuentra su justificación y su razón de ser este mecanismo de solución de los problemas sociales. Toda persona, en definitiva, ha de disponer de un medio para intentar cambiar aquello que con- sidera “injusto”, esto es, reclamar
puede obviarse el hecho
de que, en algún momento, los
conflictos van a surgir y que
los mecanismos autocompo-
sitivos pueden no ser efica-
ces o, simplemente, por los
derechos e intereses en
juego, inapropiados. Es
entonces cuando, rota la
paz social, se hace ne-
cesario el proceso para
penal debía conducir a negarle tal condición, sin embargo, no es universal. En definitiva, que nuestras categorías occidenta- les, en particular nuestro sistema garantístico, no son útiles para examinar y, mucho menos, juzgar todos los sistemas punitivos exis- tentes, entre ellos los de los pueblos y comunidades indígenas 83 . Lo que voy a analizar a conti- nuación es cómo los llamados proce- dimientos indígenas de resolución de
lo que se merece, cuando conside- re que no se le ha dado. Del mismo modo, la sociedad ha de poder reaccionar contra aquellos hechos o situaciones que hagan pe- ligrar su estabilidad o desarrollo, porque se hayan atacado bienes considerados esenciales. Para que esto sea así, la sociedad ha de tener, y si no los tiene, ha de crearlos, los mecanismos que permitan hacer realidad esas aspiraciones.
4.2 Existe un proceso penal indígena 80
A pesar de que el derecho procesal es una disci- plina relativamente joven, se ha desarrollado muy rápidamente, alcanzando un alto grado de elabora- ción, que le ha situado entre las partes del Derecho más importantes, casi al nivel del derecho civil o del penal 81 , por eso he querido con el apartado anterior ir al contenido primigenio de nuestra ciencia, a lo más elemental. De lo contrario, todo el armazón doctrinal del que nos hemos dotado podría impe- dirnos llegar a la afirmación contenida en el título de este epígrafe. Aplicando al derecho procesal lo afirmado por BORJA JIMÉNEZ respecto del de- recho penal y que hemos transcrito más arriba 82 , cuando te aproximas a la realidad indígena descu- bres que el conjunto de axiomas sobre los que des- cansa la ciencia procesal y, que se consideraba que de no concurrir en un determinado sistema procesal
sus conflictos “penales”, en realidad constituyen un auténtico “proceso pe- nal”, en la medida de que disponen de un procedimiento perfectamente diseñado y conoci- do por todos, de unos órganos que podríamos califi- carlos de “jurisdiccionales”, porque están investidos de auténtica potestad jurisdiccional y, finalmente, porque ese proceso reúne unas características y está imbuido de unos principios que son diferentes de
los que rigen en uno en el que los intereses en juego no son los esenciales de esa sociedad. En primer lugar, todas las sociedades, incluidas las indígenas, tienen unos valores y, de entre ellos, unos que estiman esenciales, por lo que su vulnera- ción merece un mayor reproche en forma de san- ción o pena. Al respecto, el catálogo de conductas tipificadas como delitos en los ordenamientos indí- genas coincide básicamente con el de los sistemas estatales, si bien consideran punibles además otras conductas. Así, por supuesto, el asesinato, el robo,
o la violación son castigados por los indígenas, pero
también el adulterio, la ociosidad o la brujería, en- tre otros 84 , constituyen para ellos ilícitos penales. En cuanto a las sanciones o penas 85 , es donde existe la mayor divergencia entre ambos ordenamientos y se plantean los graves problemas de compatibilidad
con los derechos fundamentales e incluso humanos, en la medida que aquéllas van desde la simple amo-
nestación, los trabajos en beneficio de la comunidad
o la indemnización de la víctima o sus familiares, al corte de pelo, el cepo, los latigazos –acompañados
80 Este título me lo ha sugerido un epígrafe de la obra de BORJA JIMÉNEZ, Introducción a los fundamentos del derecho penal in- dígena, cit., pág. 6.
81 Efectivamente, no fue hasta 1932 que el derecho procesal se in- cluyó en los planes de estudio de las facultades de derecho de España. Durante los siglos anteriores fue recorriendo diversas etapas, pasando de una práctica forense sin pretensión cientí- fica alguna en los siglos XV a XVII, a un procedimentalismo –durante el siglo XVIII, fundamentalmente–, con mayores as- piraciones pero sin alcanzar la idea de un sistema, para llegar a mediados del siglo XIX por obra de la doctrina alemana a configurar lo que ya se puede denominar derecho procesal. Un derecho con entidad propia, independiente del derecho material civil, penal, laboral o administrativo.
82 BORJA JIMÉNEZ, Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, cit., pág. 175.
83 Aunque habría que matizarlo, me parece interesante traer a co- lación una cita de NEUMAN (Mediación y conciliación penal,
Buenos Aires, 1997, pág. 2): “Los gruesos trazos de esta formu-
me conducen al interrogante
de si en la historia de la humanidad se produjo un progreso –o exactamente lo contrario- cuando el Estado abandona los usos tradicionales de las organizaciones tribales y toma para sí, mo- nopolizándola, la facultad de ejercer el derecho a castigar”.
lación de justicia penal aborigen
84 Por ejemplo, el chisme, los celos conyugales, las disputas religio- sas, y el suicidio.
85 Para un estudio pormenorizado de los delitos y las penas indíge- nas, ver BORJA JIMÉNEZ, Introducción a los fundamentos del derecho penal indígena, cit., págs. 142 y ss.
de consejos–, hasta la muerte o la expulsión de la comunidad. Esta última, aunque nos pueda parecer extraño, es de las más graves que se pueden llegar a imponer, en la medida que supone la muerte civil
del sujeto, llegándose incluso a prohibir pronunciar su nombre en la comunidad de origen. Pues bien, del mismo modo que en los ordena- mientos occidentales ante a una conducta tipificada está prohibida la autojusticia –lo que no impide que de vez en cuando se quebrante– y no se puede im- poner una pena sino es a través del proceso penal, en los ordenamientos indígenas, el reproche social se articula a través de un procedimiento reglado y preestablecido de naturaleza heterocompositiva, sin excluir bajo ciertas con- diciones fórmulas autocom-
positivas –igual que en los occidentales 86 –. Un procedi- miento 87 , que no es fruto de la improvisación ni de la arbi- trariedad y, además, conocido por todos los que forman parte de esa comunidad. Asimismo, no es invariable o estático 88 , ni necesariamente escrito –sin per- juicio de que algunas comunida- des lo estén haciendo, en los tér- minos que se dijo– o sometido al régimen de publicidad de nuestras leyes, por razones obvias 89 .
En segundo lugar, además de un procedimiento reglado y preestablecido, la existencia de un autén- tico proceso exige la de un tercero supra partes in-
vestido de potestad jurisdiccional por la sociedad en la que se incardina y que reúna unas características que garanticen su ejercicio. Respecto al modo de resolver los conflictos en las comunidades indígenas, ya se ha dicho, que el que exista un sistema heterocompositivo no excluye, que a la vez se den mecanismos autocompositivos, como la mediación. Por ejemplo, en Guatemala, la Defen- soría Maya o la Defensoría Indígena ejercen funcio- nes de mediación en los problemas internos de las comunidades 90 . Asimismo, en el seno de éstas no es extraño que, ante de-
terminados problemas penales, como los casos de violencia contra la mujer, las autoridades indígenas actúen como mediadores y no como juzgadores 91 . También es cierto, que en el proceso la pena a imponer se “negocia” entre el infractor y la autoridad correspondiente e, incluso, las condiciones de la ejecu- ción de la misma, habiéndose llegado a afirmar que estamos ante un “derecho de mediación” 92 . Sin embargo, mi opinión no es ésta, no ya sólo porque la media-
la Defensoría Maya o la
Defensoría Indígena ejercen
en los problemas internos
de las comunidades (
en el seno de éstas no
es extraño que, ante de-
terminados problemas
penales, como los casos
mujer, las autoridades
indígenas actúen
como mediadores y
no como juzgadores.
ción exija la presencia de un tercero, ajeno
las partes, pero no supra, que la viabilice,
que aquí no se da. La razón de fondo es
que la autoridad siempre actúa como tal y su potestad es indiscutible. Es ésta la que decide finalmente qué sanción aplicar, sin perjuicio de que por considerar un valor superior el equilibrio comunitario se module aquélla o incluso se llegue a no imponer sanción alguna, para lo que se tiene en cuenta la opinión del infractor –tratando de que reconozca y asuma la sanción como camino de reinserción social–, la de las familias afectadas y, en
definitiva, la de la propia comunidad. En cuanto a las características que han de tener los órganos que imparten justicia, en los ordenamientos occidentales se concretan en las de independencia y
86 Piénsese, si no, en la mediación en el proceso penal de menores español, en la conformidad del proceso penal de adultos tam- bién español –con matices–, los absprache en el proceso alemán, los patteggiamenti en el italiano, o el plea bargaining en el ameri- cano.
87 Como es fácilmente comprensible, no se trata de un único pro- cedimiento. Existen muchos procedimientos, prácticamente uno por cada etnia o pueblo indígena, aunque en realidad son más, porque cada comunidad tiene el suyo propio, sin perjuicio de que tienen elementos comunes que comparten.
88 Sobre este aspecto del principio de legalidad, ha afirmado la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-349/96 que el artículo 246 de la Constitución, cuando se refiere a que las autoridades juzgarán conforme a las “normas y procedimien- tos” de la comunidad indígena “presupone la existencia de las mismas con anterioridad al juzgamiento de las conductas” y que deben “evitarse, no obstante, dos conclusiones erradas en torno a esta formulación. Por una parte, el reducir el principio de legalidad a una exigencia de previsibilidad no implica abrir el paso a la arbitrariedad absoluta, ya que las autoridades están obligadas necesariamente a actuar conforme lo han hecho en el pasado, con fundamento en las tradiciones que sirven de sus- tento a la cohesión social. Por otra parte, no puede extenderse este requerimiento hasta volver completamente estáticas las nor- mas tradicionales, en tanto que toda cultura es esencialmente dinámica, así el peso de la tradición sea muy fuerte”.
89 En la misma sentencia T-349/96, en relación a este aspecto, afir- ma la Corte: “El conocimiento de la norma por los miembros de la comunidad se explica por el hecho de que es una comunidad relativamente pequeña, en la que el grado de integración social es mucho más alto que el de nuestra sociedad, en donde es indis-
pensable la escritura y la taxatividad de lo escrito para que, por un lado, sea posible sostener el principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento, sin el cual no sería posible el funcionamiento del ordenamiento jurídico; y, por el otro, para que los asociados tengan un mínimo de certeza respecto de la actuación de las autoridades”.
90 Por supuesto, también entre la comunidad maya y terceros.
91 No es extraño que el jilaqata con la mama jilaqata acudan al hogar de la familia en conflicto y tengan conversaciones con ellos, tratando de conciliarlos y evitar futuras agresiones. No ob- stante, las autoridades pueden adoptar medidas más extremas, castigándolos a estar encerrados juntos en la casa comunal para que recapaciten y hablen entre ellos.
92 BORJA JIMÉNEZ, Seis tesis sobre la existencia del Derecho Penal Indígena en Latinoamérica, cit., págs. 19 y ss.
sumisión a la ley, responsabilidad, imparcialidad e
inamovilidad 93 . Según este planteamiento, la falta de una de ellas, provocaría que no estuviéramos ante un verdadero órgano jurisdiccional. En el caso de los sistemas punitivos indígenas, sin embargo, esos órganos son las autoridades indígenas que, como luego se verá, varían de una comunidad a otra, y en ellas concurren todas esas notas, aunque con pequeños matices. En concreto, no existen las proclamaciones formales de las mismas ni tampoco la concreción de mecanismos garantizadores, pero ello no significa que en la práctica no se den. Posi- blemente debido a la condición de las personas que desempeñan la función de juzgar, que suelen ser las de mayor edad y experiencia de la comunidad, por lo tanto con una auctoritas respetada espontáneamente por todos, así como al intenso control social existen- te en estas comunidades, lo que hace extraordinaria- mente difícil cualquier abuso. Pero en el supuesto de que ocurriera, la autoridad en concreto siempre po- dría ser juzgada por toda la comunidad constituida en asamblea. Y si hubiera sido la comunidad misma la que hubiera juzgado, el único sistema de control admisible desde la óptica pluralista sería el que los propios indígenas diseñaran o el de acudir al tribunal constitucional, puesto que cualquier otro mecanismo “externo” implicaría una injerencia inadmisible en la “jurisdicción” indígena. Por otro lado, algunas de estas autoridades ejer- cen en sus comunidades tanto la función de gobier- no como la de juzgar, lo que provocaría una quiebra del principio de exclusividad jurisdiccional e, inclu- so, de la separación de “poderes”, prácticamente un dogma en cualquier sistema democrático. Sin embargo, no siempre se produce, porque en mu-
chos casos quien juzga es la propia comunidad, reunida en consejo o asamblea 94 , por lo que en este caso no se pro- duciría. En los demás, conside- rando que desde una perspec- tiva occidental podría resultar difícilmente admisible, desde la concepción indígena no lo es, porque como ya se dijo el proceso penal no es, en realidad, “penal”, tal como nosotros lo entendemos. Es decir, en nuestra concepción, cuando alguien comete un hecho delictivo se le castiga, porque es lo
que se merece, y se busca la prevención especial y general, sin perjuicio de cierta atención a la víctima. Sin embargo, en los sistemas de control indígenas lo esencial es el equilibrio o la armonía en el seno de la comunidad, especialmente entre las familias que la conforman, buscando la satisfacción de la víctima y la reintegración del sujeto, evitando su estigmatización. Al punto, por ejemplo, que suele ser común que los pequeños ilícitos, como robos o lesiones, cuando sean cometidos por primera vez no se castiguen. Teniendo como fondo esto, puede entenderse mejor que la función de “gobierno” del cabildo o jefe, incluya, además de “administrar”, la de “juzgar”, puesto que es el que mejor conoce cómo está el equilibrio comunal, el más interesado en que se restaure y en cómo hacerlo. Por último, en tercer lugar, precisamente por tratarse de los bienes más importantes el reproche o sanción en caso de vulneración también han de ser
significativos, lo que exige que el proceso esté rodea- do de unas garantías especiales e imbuido de unos principios específicos, diferentes de los que rigen en aquéllos en los que los bienes en juego son menos relevantes. En este sentido, el proceso indígena no es una excepción. Como es fácilmente comprensi- ble, no es lo mismo resolver un problema de lin- des entre dos predios o una desavenencia conyugal, que un robo o un asesinato. Es más, dentro de las conductas que podríamos considerar criminales también existen grados, diferenciándose en algunos casos una “justicia mayor” y otra “menor” 95 . En este sentido, el proceso penal indígena, a pesar de su simplicidad procedimental, guarda una similitud en cuanto a sus fases con el proceso pe- nal occidental: primero se investigan tanto las cir- cunstancias de su realización como la identidad de los
participantes y, en su caso, se realiza la detención de éstos, pudiéndose llegar a encerrarlos cautelarmente, después se les enjuicia y finalmente se ejecuta la pena impuesta. Y, si bien, las derechos y garantías recogidos en nuestros ordenamientos –prohi- bición de indefensión, presunción de inocencia, asistencia letrada, ser informados de la acusación, no confesarse culpables, etc.– no están formalmente proclamados en los su- yos, ello no significa que con algunos matices no se apliquen.
indígena, a pesar de su simplici-
dad procedimental, guarda una
similitud en cuanto a sus fases
con el proceso penal occidental:
primero se investigan tanto las
circunstancias de su realiza-
ción como la identidad de los
participantes y, en su caso,
se realiza la detención de
éstos, pudiéndose llegar a
encerrarlos cautelarmente,
después se les enjuicia y
finalmente se ejecuta la
pena impuesta.
93 Para el desarrollo de estas notas del estatuto de los jueces y mag- istrados puede consultarse: MONTERO AROCA, Derecho Ju- risdiccional I. Parte General, cit., págs. 96 y ss.
94 De estos órganos, forman parte todos los mayores de edad, que pertenecen formalmente a la comunidad.
95 FERNÁNDEZ OSCO, M., La ley del ayllu, ed. Fundación PIEB, La Paz, 2000, págs. 189 y ss.
Centrándonos en los dos más sobresalientes, so- bre el derecho a la asistencia letrada, en primer tér- mino, hay que decir que normalmente la doctrina que ha estudiado este tema lo confunde con el de- recho de defensa 96 , cuyo contenido, de una manera sintética puede expresarse con el brocardo de que “nadie puede ser condenado sin ser oído” 97 , aunque habría desde luego más que decir 98 . Una vez aclara- da esta cuestión, hay que reconocer que el derecho a la asistencia letrada no se cumple exactamente, en la medida que no intervienen en esta clase de procesos propiamente abogados, aunque a veces sí una figura similar 99 o la familia del acusado. Ha afirmado al respecto la Corte Constitucio- nal colombiana, que “no existe para ellos tal como nosotros lo entendemos, pues no son valores indivi- duales los que dentro de su cosmovisión se protegen prioritariamente. En cambio, es esencial para ellos el mantenimiento de la paz, bien que se quebran- ta con un hecho como el ho-
micidio, que puede implicar un conflicto entre familias, el cual sólo puede prevenirse mediante un acuerdo entre los patrilinajes acerca de la inten- sidad y duración de la pena, condición que se presenta como necesaria para la legitimidad de la misma(…) Hay que asumir, entonces, que los intereses del sindicado están representados por sus parientes y, de ese modo, su intervención constituye un su- cedáneo del derecho de defensa, que en la filosofía política liberal (que informa nuestra Carta) se en- dereza a la promoción de valores estrictamente individuales” 100 .
No obstante, en mi opinión, sin perjuicio de re- conocer el valor de la asistencia de los familiares del acusado, por la cosmovisión indígena que supone que cualquier hecho no se queda en los sujetos afec- tados sino que se extiende a sus familias e, incluso, a toda la comunidad, así como la ayuda y el apoyo que pueden darles, existen razones técnicas que justifican una adecuación de este derecho al proceso indígena. La razón es que siempre ha sido posible la autode- fensa, existiendo en todo ordenamiento supuestos que la admiten –asuntos de pequeña cuantía, trámi- tes de inicio poco complejos procedimentalmente, que el demandante tenga la condición de letrado en ejercicio, etc.–, y sólo la progresiva complejidad de los procedimientos ha aconsejado la instauración de su obligatoriedad, que en el proceso penal, dados los derechos en juego, ha terminado siendo obligatoria, hasta el punto de recogerse en las constituciones y los tratados internacionales. Con todo, existen remi- niscencias de la misma, por ejemplo el derecho a la última palabra del
acusado en el juicio, e incluso ex- cepciones a la misma 101 . Por lo tan-
to, si la razón última de la exigencia de la asistencia letrada se encuentra en la complejidad técnica de los procedimientos y el desconocimien- to de los mismos por el ciudadano medio, dado que los procedimientos indígenas carecen de esa complejidad
la razón última de la exigen-
cia de la asistencia letrada se
encuentra en la complejidad
y el desconocimiento de los
mismos por el ciudadano me-
dio, dado que los procedi-
mientos indígenas carecen
de esa complejidad y son
por los miembros de las
comunidades, por tratar-
se de usos y costumbres,
muchas veces, cente-
narias, una excepción
de este derecho no pa-
rece irrazonable.
son perfectamente conocidos por miembros de las comunidades, por
tratarse de usos y costumbres, muchas veces, centenarias, una excepción de este derecho no parece irrazonable. Por otro lado, pretender exigir la presencia de un abogado en estos procesos iría en contra de la diversidad étnica y cultural,
“pues en una sociedad que reconoce la existencia de diferentes formas de ver el mundo, no es deseable privilegiar las prácticas de una determinada cosmovisión, ni exigir que un grupo humano renuncie a las tradiciones y valores esenciales para la supervivencia de la cultura que lo caracteriza” 102 .
Ni qué decir tiene, que comparto plenamente estas afirmaciones y que son compatibles con lo afirmado en el texto, puesto que en lo que he transcrito la Corte sólo dice que la familia “representa” al acusado, y el representante, ya se sabe, actúa en nombre e interés de su representado. Cuestión distinta es que en el caso concreto enjuiciado se hubieran cometido estas vulneraciones y la Corte debía haber concluido de otra forma. 101 Recientemente, el Tribunal Penal Internacional para la exYugo- slavia, que enjuicia los delitos de genocidio cometidos en ese país durante la guerra, le ha permitido a Milosevic renunciar a la asistencia letrada y autodefenderse. 102 Sentencia T-523/97 de la Corte Constitucional de Colombia.
96 En este sentido, la sentencia de la Corte Constitucional de Co- lombia T-349/96, ya citada.
97 En algunos ordenamientos indígenas se puede condenar en ausen- cia del acusado, lo que no es extraño para nosotros, en la medida que la mayoría de ordenamientos occidentales lo permiten para casos no graves, pero que aquí adquiere una dimensión nueva y ex- presa esa idea, ya repetida, de que los ilícitos cometidos vulneran no sólo los derechos o intereses de la víctima y su familia, sino también el equilibrio de la familia del agresor y de toda la comunidad.
98 Para más sobre la contradicción, audiencia o el derecho de de- fensa, puede verse: MONTERO AROCA, Derecho Jurisdiccio- nal I. Parte General, cit., págs. 323 y ss.
99 En Colombia, por ejemplo, la comunidad indígena páez per- mite que el acusado sea defendido por un miembro activo de la comunidad, que conozca la lengua y las costumbres.
100 Hay que hacer notar, empero, que existen dos votos particulares –aclaración de voto, lo denominan allí– a esta sentencia, en el sentido de que la voluntad del sujeto infractor no puede quedar al margen y presuponerse que su familia va a actuar defendiendo los intereses de éste. Así como que no se puede juzgar y conde- nar a nadie “a sus espaldas”.
El segundo de los derechos proclamados por los ordenamientos jurídicos occidentales y que debe matizarse en los indígenas es el de la presunción de inocencia. Es cierto, que en el proceso indígena se
realiza una fase de investigación, a través de la cual se determina quién ha podido cometer el hecho criminal y que, mientras tanto, todos son inocen- tes. Ahora bien, este derecho
no tiene la intensidad que despliega en nuestros ordena- mientos, pues muchas veces se detiene a quien, por las ca- racterísticas de los hechos, los ha cometido con anterioridad, independientemente de las cir- cunstancias y en comunidades aisladas cuando el delito del que se le imputa es el de brujería, si el que acusa es un chamán, no hay defensa posible 103 . De todos modos, teniendo en cuenta que en las comunidades, como ya se ha dicho, existe un control social
4.3 Su morfología
Afirmada la existencia de un auténtico proceso penal indígena, en este último epígrafe voy a tratar
de hacer una descripción de aquellas características comunes a los procesos indígenas que he estudiado, renunciando a las particularidades en aras a ofre- cer una visión global de este fenómeno procesal. Por eso lo he titulado
“morfología”, ya que lo que quie- ro mostrar es su estructura básica.
los ordenamientos indígenas
no existen jueces de carrera
–tampoco fiscales, secretarios,
policías, ni abogados, como se
ha visto-, y dependiendo de
la gravedad del hecho come-
tido, actúa una autoridad
u otra, que va desde la fa-
milia o familias a las que
pertenecen los enfrenta-
dos, a las autoridades
comunales o a la misma
comunidad constituida
4.3.1. Los órganos judiciales
En ningún caso, se puede tratar de autoridades o funcionarios im- puestos por el Estado, puesto que ello vulneraría su autonomía recono- cida en el Convenio 169 de la OIT y en los ordenamientos constitucionales. Cuando estos instrumentos jurídicos hablan de autoridades, añaden “legíti- mas” o “naturales”, esto es, nombradas
muy estricto, es difícil sustraerse a los ojos y los oídos del resto del grupo, por lo que suele ser relativamente fácil descubrir sospechosos a los que se les somete a una importante presión social, a veces incluso mágica 104 , en el que el encierro en la casa comunal o en otros lugares, aunque no dura mucho, es de una gran efi- cacia para que recapaciten y reconozcan los hechos.
por los propios indígenas, de acuerdo con sus reglas. En concreto, en los orde- namientos indígenas no existen jueces de carrera –tampoco fiscales, secretarios, policías, ni abogados, como se ha visto–, y dependiendo de la gravedad del hecho cometido, actúa una autoridad u otra, que va desde la familia o familias 105 a las que pertenecen los enfrentados, a las autoridades comunales 106 o a la misma comunidad constituida en asamblea 107 .
103 Como afirma BORJA JIMÉNEZ (Introducción a los funda- mentos del derecho penal indígena, cit., págs. 130-131), “cuando una comunidad se enfrenta ante un caso de brujería, las reglas
lógico-causales de la investigación criminal son sustituidas por otro tipo de relaciones causales, la causalidad mágica. Aquí el individuo acusado no tiene medio de hacer valer la presunción de inocencia, pues la relación entre la actividad realizada que
a él se le imputa y el resultado acaecido en el mundo exterior
(causación de una enfermedad, muerte, daños, desastre natural, etc.), sólo puede ser comprendida por el auténtico especialista,
105 Aquí juegan un importante papel los padres, los abuelos y los padrinos. Esta última figura proviene, obviamente, del catoli- cismo pero ha quedado arraigada en algunos pueblos. 106 Hacer notar que las mujeres no suelen ser dirigentes.
107 Según BORJA JIMÉNEZ (Introducción a los fundamentos del de- recho penal indígena, cit., págs. 163-165), “los ilícitos más graves son enjuiciados siempre por toda la comunidad a través de la Asamblea General (Congreso, Asamblea General, Consejo, etc.). En las sociedades tribales, con grupos humanos poco numerosos,
la decisión de los asuntos más relevantes corresponde a todos sus
brujo o chamán, de tal forma que la comunidad, merced a
miembros, y el injusto punible, sobre todo si es de entidad, repre-
autoridad de la que éste viene investido, suele conceder a la
senta siempre un problema que afecta de manera decisiva a todo el
acusación la consideración de condena. Es decir, si, por ejemplo, un miembro de la comunidad es acusado de haber matado a otro utilizando magia negra porque el hechicero ha tenido un sueño en el que un espíritu le reveló la identidad del autor de la muerte, ninguna comprobación lógico-racional, ninguna regla de causa-efecto podrá ser alegada. Pues la interpretación del fenómeno se encuentra en un plano de explicación total- mente distinto: la comunidad hará valer su forma mística de pensamiento frente al análisis físico-causal, y el encausado ten- drá pocas posibilidades de demostrar su inocencia”.
104 En este sentido, el encierro en las iglesias durante la noche, acompañados de los “espíritus”, suele ser muy eficaz. Asimismo,
el baño en agua fría y el ortigamiento, aunque tienen un compo-
nente purificador, es razonable pensar que en los casos dudosos
invita a reconocer la culpa.
colectivo. En todo caso se ha de advertir que este criterio de enjui- ciamiento asambleario de los hechos más graves es bastante común en la gran mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica. El Consejo de Ancianos, cuya regulación no es general en todos los ordenamientos amerindios, suele asesorar en los casos más graves a la misma Asamblea, merced a la gran autoridad que ejerce su conocimiento de las normas y procedimientos propios. En los delitos más comunes, es frecuente que establezca el tipo de sanción o que intervenga a solicitud del Cabildo. El Cabildo tiene en el procedimiento penal indígena una doble tarea. En las infracciones más leves, lleva a cabo la investigación
y enjuicia (como acabamos de ver, en ocasiones también delega
en el Consejo de Ancianos). En los ilícitos de mayor relevancia, se encarga de la investigación y dirige el procedimiento ante el
Consejo (presentando a los testigos, oyendo las versiones de au-
Los cargos no son retribuidos, pues se considera un sacrificio en beneficio de toda la comunidad, sin perjuicio de que en ocasiones, en función de la buena voluntad de las partes, se entreguen dinero o bienes. De todos modos, el pago más importante es el reco- nocimiento social y la consideración que reciben de la comunidad en la que ejercen sus funciones 108 . Respecto del lugar de realización de las actuacio- nes judiciales, varía según la clase de delito. Cuando
se trata de cuestiones ocurridas en el seno familiar, se constituye en el hogar de los afectados, de los padres, suegros, o padrinos. Cuando se trata de cuestiones más graves, se utilizan los lugares comunes, normal- mente la casa comunal, la oficina del cabildo, la igle- sia, o la escuela, entre otros. La razón de utilizar estos lugares es para
garantizar la publicidad, pero no en el sentido que nosotros la entendemos, como mecanis- mo de control, sino porque en su cosmovisión –lo hemos dicho varias veces– los hechos delictivos afectan a toda la comunidad, lo que se hace más patente cuando es ésta misma la que enjuicia 109 .
judiciales indígenas frente a los estatales. Para ello, deberemos atender a los diferentes criterios de atri- bución de la competencia, en particular, al objetivo,
referido a las materias y a las personas, y al criterio territorial. Si partimos de los ordenamientos constitucio- nales y del Convenio 169 de la OIT, el panorama es muy diverso y problemático por la falta de nor- mas de coordinación que resuelvan los conflictos de competencia 110 . Así, por ejemplo, en cuanto a las constituciones hay países como Colombia y Perú, que parten del criterio territorial, otras, como Bo- livia, que no dicen nada, el caso de Ecuador que lo hace refiriéndose a los “conflictos internos”, o Vene- zuela, que se refiere al territorio
y a las personas 111 . Desde el punto de vista de la materia, si se parte del reco- nocimiento de la diversidad cul- tural y del pluralismo jurídico, lo primero que hay que afirmar es la autonomía de los ordenamientos indígenas para establecer aquellos asuntos que estimen oportuno de su competencia, de acuerdo con su cosmovisión. Como ya sabemos,
parte del reconocimiento de la
diversidad cultural y del plura-
lismo jurídico, lo primero que
hay que afirmar es la auto-
nomía de los ordenamientos
indígenas para establecer
aquellos asuntos que
estimen oportuno de su
competencia, de acuerdo
con su cosmovisión.
4.3.2. La competencia de los órganos judiciales indígenas
Con este apartado pretendemos dar respuesta a la pregunta de qué casos van a conocer los órganos
tor y víctima, otorgando la palabra a los comuneros que desean intervenir, buscando el acuerdo en la sanción a imponer, etc.).
En las comunidades de la Amazonía del Ecuador el sistema de organización política y administrativa es más sencillo. Por regla general, los asuntos de interés general también se resuelven por toda la comunidad reunida en consejo. Los pocos delitos que
se perpetran, constituyen siempre un asunto que afecta directa-
mente a todos sus miembros. Por eso esta institución decide prácticamente siempre sobre la suerte del infractor. Sin duda alguna, los otros dos poderes de gran peso, el de go-
bierno representado por el Jefe de la tribu, y el espiritual, que se encuentra en manos del Chamán, tienen una participación notable, pero no decisiva, en el enjuiciamiento indígena.
El Jefe promoverá en muchos casos la investigación, interrogará
a testigos y acusado, convocará a toda la comunidad, dirigirá
los debates entre los indígenas y, en caso de condena, pondrá los medios para que ésta se lleve a cabo. Pero normalmente, la resolución sobre el juicio de culpabilidad o de inocencia cor- responde a la comunidad reunida en asamblea. El Chamán actuará como conocedor experto de las tradiciones y leyes del poblado. Determinará la gravedad del hecho desde el punto de
vista espiritual y trascendental. Y sus opiniones también serán de gran influencia, pues suele ser la persona más respetada de toda
la comunidad por su gran autoridad”.
108GARCÍA S., F., Formas indígenas de administrar justicia, ed. FLACSO, Ecuador, 2002, págs. 51-52. 109Op. cit., págs. 52-53. En algunas comunidades, sin embargo, también se utiliza la casa de la autoridad, la cual habilita al efecto parte de la misma (FERNÁNDEZ OSCO, La ley del ayllu, cit.,
págs. 173-174).
hay delitos que coinciden con el or- denamiento estatal y otros no, pero eso es perfectamente posible y ninguna consti- tución o el Convenio núm. 169 de la OIT limitan esta posibilidad. La posición contraria 112 sólo es explicable desde una concepción “colonialista”, hoy inadmisible. En cuanto a las personas, no cabe duda de que la condición de indígena va a influir para determi- nar la competencia de un asunto. Ahora bien, este criterio deberá combinarse con el material y el terri- torial, y sólo de su conjunción podremos saber qué “jurisdicción” es la competente. En cualquier caso,
cuando hablo de indígena me estoy refiriendo a una persona vinculada a una comunidad, que vive de acuerdo a una cultura y unas costumbres diferentes del resto de personas, porque evidentemente hay personas de origen indígena, pero que viven inte- grados en la cultura oficial o estatal, y no los tomo en consideración a estos efectos.
110Sobre el Proyecto de Código de Procedimiento Penal ecuatoria- no de 1992, que se refería a esta cuestión, puede verse: BORJA JIMÉNEZ, Introducción a los fundamentos del derecho penal in- dígena, cit., págs. 171 y ss. 111 Seguimos aquí a YRIGOYEN FAJARDO, Alcances, límites y re- tos del reconocimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., págs. 7 y ss. 112Países como Argentina, Perú o México pretenden en los proyec- tos de ley de coordinación entre las jurisdicciones estatal e indí- gena, limitar esta última para los supuestos de menor cuantía y, especialmente, excluir su competencia en asuntos penales.
Respecto al territorio, surge el problema de qué se entiende por el mismo, pues muchas comunida-
des actúan en territorios que legalmente no les per- tenecen, aunque ancestralmente estén desarrollan- do su actividad en el mismo o, simplemente, existen dudas sobre su delimitación. En este sentido, nos puede ayudar el artículo 13.2 del Convenio núm. 169 de la OIT que considera territorio “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos intere- sados ocupan o utilizan de alguna otra manera”, y
el artículo 14.1 que añade las “tierras que no estén
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus acti- vidades tradicionales y de subsistencia”. Teniendo en cuenta lo anterior y que los casos que se pueden plantear son múltiples, voy a ir ha- ciendo un recorrido por cada supuesto, proponiendo
solución que estimo más adecuada. Con todo, tal
como afirma la Corte Constitucional de Colom-
bia 113 , “no sólo el lugar donde ocurrieron los hechos es relevante para definir la competencia, sino que se deben tener en cuenta las culturas involucradas, el grado de aislamiento o integración del sujeto frente
a la cultura mayoritaria, la afectación del individuo
frente a la sanción, etc. La función del juez consistirá entonces en armonizar las diferentes circunstancias de manera que la solución sea razonable”:
En primer lugar, parece claro que cuando se tra-
de un hecho considerado exclusivamente delicti- vo por la comunidad correspondiente y cometido por un aborigen en su territorio, debe ser la “juris- dicción” indígena quien le enjuicie. En segundo lugar, cuando se trate de un hecho considerado exclusivamente delictivo por el ordena- miento nacional y cometido por un aborigen en su territorio, debe ser la “jurisdicción” nacional la que
enjuicie, si bien “tienen el deber de determinar si
sujeto agresor entendía, al momento de cometer
el ilícito, que su conducta era realmente negativa,
para efectos de reconocerle, o no, el derecho al fue- ro. En este orden de ideas, las autoridades nacio- nales pueden encontrarse ante un indígena que de manera accidental entró en relación con una perso- na de otra comunidad, y que por su particular cos- movisión, no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable; o, por el contrario, enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria co- nocía el carácter perjudicial del hecho, sancionado por el ordenamiento jurídico nacional. En el pri- mer caso, el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural, en aras de pre- servar su especial conciencia étnica; en el segundo,
la sanción, en principio, estará determinada por el
113 Sentencia T-496/96 de la Corte Constitucional de Colombia.
sistema jurídico nacional” 114 . En el primer caso, los tribunales estatales para justificar la devolución del indígena a su entorno, tal como recogen algunos código penales latinoamericanos, podrían estimar concurrente el error de comprensión culturalmente condicionado, lo que les llevaría a declararlo exento de responsabilidad penal. En tercer lugar, cuando se trate de un hecho considerado exclusivamente delictivo por el ordena- miento nacional y cometido por un aborigen fuera de su territorio, estaremos a la solución anterior. En cuarto lugar, tratándose de un hecho sancio- nado por los dos ordenamientos y cometido por un indígena en su territorio, “es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. Sin embargo, el intér- prete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece, para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuer- do con el sistema jurídico nacional, o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades, de acuerdo a sus normas y procedimientos” 115 . Lo que no se puede admitir es que, una vez condenado por la “jurisdicción” estatal al haberse comprobado su comprensión del ilícito penal, para eludir la sanción impuesta exija el enjui- ciamiento por los órganos indígenas. En quinto lugar, si se trata de un hecho consi- derado exclusivamente delictivo por la comunidad correspondiente y cometido por una persona no in- dígena plantea un grave problema, porque afirmar la incompetencia de los órganos indígenas significa indefectiblemente la elusión de responsabilidades por parte de los infractores, pues normalmente el Estado queda lejos y ya sabemos cuál es la situación del indígena en el proceso estatal. Hay, no obstante, doctrina que es partidaria del fortalecimiento del derecho indígena y que admite que las comunidades protejan sus bienes y sus derechos por sus medios, respetando siempre las normas y procedimientos es- tablecidos, así como el mínimo fundamental de los derechos humanos. Se discute, al respecto, si la per- tenencia cultural es un criterio determinante para el enjuiciamiento del sujeto, si bien se afirma que ello no debe utilizarse como pretexto para eludir las responsabilidades por los daños causados 116 . En mi opinión, siguiendo a BORJA JIMÉNEZ, tendría más sentido desde la perspectiva de la finalidad que cumple el proceso indígena y que es ad intra de la
114 Idem anterior.
115 Idem anterior.
116 Sobre el reconocimiento y fortalecimiento de la “jurisdicción” indígena, YRIGOYEN FAJARDO, Alcances, límites y retos del reconocimiento del derecho indígena y jurisdicción especial en los países andinos, cit., págs. 11-12.
comunidad, que la decisión sobre quién enjuicie se dejara a la elección del infractor. El problema de esta solución es que no cabría en ningún caso la vía penal, por tratarse de un hecho no tipificado, lo que
conduciría a la vía civil resarcitoria, lo que a su vez provocaría, seguramente, la insatisfacción desde el lado indígena. La salida para estos casos, pienso que pasa por la creación de mecanismos que posibiliten
el diálogo y el acuerdo intercultural.
En sexto lugar, cuando se trate de un hecho con- siderado exclusivamente delictivo por la comunidad correspondiente y cometido por un aborigen fuera de su territorio, según las normas constitucionales que circunscriben la actuación de la “jurisdicción” indígena a su hábitat, no podrían actuar. Sin em- bargo, reconociendo que en la práctica es difícil que se dé un caso penal de estas características, porque lo normal será que también esté tipificado por el ordenamiento estatal –piénsese, por ejemplo, en un asesinato en el que la víctima y el agresor son de la misma comunidad indígena, pero lo cometen en la ciudad–, según YRIGOYEN FAJARDO “cabe ha- cer un paralelo con el derecho internacional (…) (y) bastaría que la persona afectada reclamara la inter- vención de su sistema y cuestionara la intervención de la jurisdicción ordinaria. Si la jurisdicción espe-
cial estuviese dispuesta a intervenir, la jurisdicción ordinaria tendría que inhibirse” 117 . En séptimo lugar, por último, cabe plantearse qué ocurre cuando un aborigen se niega a ser juzga- do por los órganos indígenas, siendo competencia de éstos el asunto. La solución para estos casos no puede pasar, en mi opinión, por dejar la solución en manos del infractor. Si partimos, como ya se ha dicho, del reconocimiento de la pluralidad jurídica
y de la “jurisdicción” indígena no podemos “reba-
jar” ésta a una opción. Está al mismo nivel que la estatal, dentro de sus competencias, por lo tanto, si de acuerdo con los criterios arriba expuestos es un
asunto que entra dentro éstas, ha sido cometido en territorio indígena y el sujeto pertenece fehacien- temente a esa comunidad no se le puede excusar de dicha obligación. Es más, el Estado tendría el deber de garantizar dicho enjuiciamiento, si quiere ser consecuente con los postulados constitucional- mente reconocidos 118 .
117Op. cit., pág. 12. 118En este sentido, YRIGOYEN FAJARDO, Op. cit., pág. 12. Por su parte, BORJA JIMÉNEZ (Seis tesis sobre la existencia del Derecho Penal Indígena en Latinoamérica, cit., pág. 50) ha afirmado, que “esta posibilidad de enjuiciar a un miembro del grupo aborigen en contra de su voluntad creo que sólo debería establecerse en comunidades con una muy fuerte tradición de enjuiciamiento con arreglo a sus propias reglas y procesos”.
El procedimiento indígena está regido por la ora- lidad, desde el punto de vista de la forma de sus actos y dividido en dos fases. Una primera de investigación que tiene lugar ante la autoridad comunal, el jefe o cabildo, y una segunda de enjuiciamiento, ante el ór- gano que vaya a sentenciar. El modo cómo llega a la autoridad varía de unos casos a otros. Puede ser el afectado directamente el que lo ponga en conocimiento o bien su familia. A partir de ese momento, se inicia la investigación que pasa por citar al acusado y a los testigos y tomarles declaración o visitar el lugar de los hechos. En defini- tiva, hacer las pesquisas necesarias tratando de averi- guar quién ha sido el infractor. Como medidas cautelares caben la detención del sujeto y su encierro en diferentes lugares: la casa co- munal, la iglesia, etc. De todos modos, el encierro no suele durar mucho, porque el procedimiento es rá- pido, pero también por el rechazo que les producen este tipo de medidas. En esta fase de investigación adquieren especial relevancia dos medidas muy ge- neralizadas en la práctica de los pueblos indígenas, que son el baño en agua fría y el ortigamiento y que no tienen naturaleza penal, por cuanto que en los casos en los que se aplican es después cuando se le impone la verdadera pena 119 . En realidad, se
119“El Derecho Penal indígena, especialmente el que se aplica en las comunidades de la Sierra, de los Andes ecuatorianos y bolivia- nos, es un Derecho Penal que une elementos mágicos y místicos con la idea de reintegrar al sujeto de nuevo a su medio social. Las instituciones del baño en agua fría y el ortigamiento, muy uti- lizadas en las comunidades quechuas ecuatorianas, pero también en la Amazonía (aquí sólo la aplicación de la ortiga), presentan una naturaleza mixta entre componentes procesales y punitivos,
a la que no son ajenas formas rituales procedentes de una insti-
tución ancestral. En estas sociedades amerindias, la ejecución de la sanción se lleva a cabo a través de un procedimiento en el que, como acabo de señalar,
se mezcla el rito con ciertas instituciones jurídicas, ya sean adjetivas
o sustantivas. Al reo se le desnuda y se le baña en agua fría en el río, riachuelo, lago o fuente más próxima al lugar de enjuiciamiento. Con
ello se pretende “limpiar el cuerpo de los malos espíritus que han llevado al individuo a realizar un daño contra los demás”. Tras el baño en agua fría, sobre el cuerpo desnudo del condenado se le aplica la ortiga, hierba urticante que en contacto con la piel produce picores, inflamaciones y eczemas, con irritación generalizada. Tanto el baño en agua fría como el ortigamiento, se han contemplado como medios bárbaros de sanción del delincuente. Pero creo que ni siquiera tienen
el carácter de pena íntegramente. El ortigamiento, que ciertamente
produce dolor físico, es un medio procesal y ritual que persigue “cu- rar” al reo, que éste se sienta “libre” de las malas influencias que le llevaron a perpetrar el delito y confiese su hecho ante la comunidad para, de esta forma, como reconocimiento de un error cometido,
aquella pueda aceptar de nuevo a éste y así reintegrarle a su seno tras
la ejecución de la sanción. La ortiga, pues, tiene un carácter ritual y
mágico, de tal suerte que su utilización en el cuerpo del condenado se interpreta como una forma de purificar su sangre y su alma, pues se considera que es un espíritu ajeno y maligno quien le incitó a delin- quir, y el cual es expulsado, purificando al sujeto, cuando se aplica la hierba urticácea” (BORJA JIMÉNEZ, Seis tesis sobre la existencia del
trataría de dos medidas preparatorias del enjuicia- miento ya que “persiguen que el sujeto confiese libremente la injusticia de su hecho para recuperar de esta forma su paz interior y la confianza y acep- tación de la misma comunidad” 120 . Cuando se trata de delitos graves en los que no existen testigos o hay contradicciones y vacíos, que
hacen muy difícil llegar a la verdad, en algunas co- munidades utilizan los “chicotazos” (azotes) y/o el “juramento susjatorio (juzgatorio)”, una variante de la confesión con tintes mágicos y sagrados, que consiste en pasar desnudo por encima de una tela negra –a semejanza de un ataúd– en la que hay una vara de Yunqui, que representa el cielo, y sal, que significa la verdad, además de cuatro velas en cada esquina, y proclamando el infractor que no es cul- pable y que si lo es Dios le castigará 121 . Son este tipo de prácticas de los Pueblos indí- genas, además de algunas de las penas que impo- nen, las que provocan la colisión de sus ordena- mientos con los derechos fundamentales recogidos en las constituciones y las leyes y, sobre todo, con los derechos humanos. Al respecto y siendo cons- cientes de que ésta es una de los problemas de los de mayor enjundia que plantea el reconocimiento del derecho y la “jurisdicción” indígenas, vamos
a hacer siquiera un breve excurso, que deje cons-
tancia de las cuestiones más importantes y de las soluciones que, desde la perspectiva intercultural, se han aportado. En este sentido, hay que partir del Convenio 169 de la OIT (art. 8.2) que establece como límite de las costumbres e instituciones indígenas propias, “los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional” y “los derechos humanos interna- cionalmente reconocidos”. Por lo demás, las consti- tuciones de los países andinos, salvo la de Perú que se refiere al respeto a los “derechos fundamentales de la persona”, el resto de países ponen el límite en la
Constitución y las leyes, añadiendo la de Venezuela
orden público. Así las cosas, no cabe duda de que
margen de actuación de los órganos judiciales in-
dígenas es muy pequeño y, como ha dicho la Corte Constitucional colombiana 122 , si tuvieran que respe- tar exactamente la Constitución y las leyes ello lleva- ría a un desconocimiento completo de “las formas propias de producción de normas y de los rituales autóctonos de juzgamiento, que es precisamente lo que pretende preservarse”, por lo que las restriccio- nes a la autonomía de las comunidades indígenas sólo están justificadas cuando se protejan intereses de
Derecho Penal Indígena en Latinoamérica, cit., págs. 23-24).
120 BORJA JIMÉNEZ, Op. cit., pág. 35.
121 FERNÁNDEZ OSCO, La ley del ayllu, cit., págs. 109-110.
122 La ya citada sentencia T-349/96 de la Corte Constitucional de Colombia.
superior jerarquía, que constituirían así los mínimos fundamentales: “el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y de la tortura y la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas” 123 . Continuando con el procedimiento, cuando se tiene constancia del infractor y de las circunstancias, bien porque lo ha confesado, bien porque la autori- dad investigadora ha llegado al convencimiento so- bre su autoría, convocará al órgano enjuiciador. El cual, se constituirá en el lugar antes mencionado y comenzará el “juicio” en el que la palabra del infrac- tor y los testigos juegan un papel esencial, pudiendo hacerse confesiones, declaraciones y careos. Una vez practicadas las pruebas, se proclama la decisión, le- vantándose en ocasiones un acta de lo acontecido, que contiene aquélla. Actas, que incluso se guardan y se pasan las autoridades unas a otras 124 .
123Concluía la Corte en la misma sentencia T-349/96, en relación
al castigo del “cepo”, que el actor consideraba un trato cruel e
inhumano, que: “Sin embargo, se trata de una forma de pena corporal que hace parte de su tradición y que la misma comuni-
dad considera valiosa por su alto grado intimidatorio y su corta duración. Además, a pesar de los rigores físicos que implica, la pena se aplica de manera que no se produce ningún daño en
la integridad del condenado. Estas características de la sanción
desvirtúan el que sea calificada de cruel o inhumana, ya que ni
se trata de un castigo desproporcionado e inútil, ni se producen
con él daños físicos o mentales de alguna gravedad”. Asimismo, aunque es extensa, quisiera transcribir la argumenta- ción de la Corte en la interesante sentencia T-523/97, en rela-
ción con el “fuete” (flagelación con “perrero de arriar ganado” en
la parte inferior de la pierna): “La sanción del fuete, impuesta al
actor por la Asamblea General, muestra claramente una tensión
entre dos tipos de pensamiento: el de la sociedad mayoritaria
y el de la comunidad indígena páez. En el primero, se castiga
porque se cometió un delito, en el segundo se castiga para resta-
blecer el orden de la naturaleza y para disuadir a la comunidad de cometer faltas en el futuro. El primero rechaza las penas cor- porales por atentar contra la dignidad del hombre, el segundo las considera como un elemento purificador, necesario para que
el mismo sujeto, a quien se le imputa la falta, se sienta liberado.
Frente a esta disparidad de visiones, ¿es dable privilegiar la visión mayoritaria? La Corte ya ha respondido este interrogante: No, porque en una sociedad que se dice pluralista ninguna visión del mundo debe primar y menos tratar de imponerse; y en el caso específico de la cosmovisión de los grupos aborígenes, de acuerdo con los preceptos constitucionales, se exige el máximo respeto. Las únicas restricciones serían, como ya lo expuso la Sala, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. Esta última es la que se entrará a ana- lizar en relación con la práctica del fuete, dado que, según los jueces de tutela, es un comportamiento que encuadra dentro de
la restricción mencionada.
Inhumanas o Degradantes, aprobada por Colombia por la ley 78
del 15 de diciembre de 1986, define la tortura como: “(
acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya omitido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discrimina-
ción, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionarios público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquies-
En cuanto a los recursos, he- mos podido constatar que las reso- luciones que se dictan son irrecurri- bles, salvo que vulneren un derecho fundamental, en cuyo caso se podría acudir a la corte constitucional co- rrespondiente, pero en ningún su- puesto ante los órganos estatales, ya que ello vulneraría la autonomía de la
la ejecución de las decisio-
nes indígenas las llevan
adelante los propios
indígenas a través de
sus autoridades co-
munitarias, pudiendo
utilizar la fuerza, si
cabildo en “primera instancia”, si bien en realidad lo que ocurrió es que, según la costumbre de esa comunidad indígena, el cabildo no tenía competencia para resolver 125 Por último, la ejecución de las decisiones indígenas las llevan ade- lante los propios indígenas a través de sus autoridades comunitarias, pudien-
“jurisdicción” indígena. De todos mo- dos, la Corte Constitucional de Colom- bia recoge un supuesto en que se dictó una segunda sentencia por la comunidad reunida en asamblea general, contra la que había dictado el
do utilizar la fuerza, si es necesario. No obstante, ésta no suele serlo, por- que el infractor suele asumir la sanción para reincorporarse a la comunidad y ser aceptado por ésta y su familia. Sin embargo, existen
cencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas”. La misma norma internacional establece, además, que esta noción de tortura debe entenderse sin perjuicio de instrumentos internacionales o legislaciones naciona- les que contengan disposiciones de mayor alcance, como en efecto lo ha hecho la Constitución Nacional, que extiende la prohibición
a los casos en que el torturador es un particular.
La prohibición de la tortura busca, por lo tanto, proteger el derecho a la integridad personal y la dignidad del individuo, que pueden ser violados por el uso arbitrario de la fuerza. Claro está, entendiendo que no todas las sanciones que producen su-
frimientos alcanzan esta categoría. Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, en diferentes decisiones ha establecido que no todas las penas corporales constituyen tortura y que para que adquieran tal entidad los sufrimientos producidos deben ser graves y crueles. La intensidad, entonces, deberá ser analizada
a la luz de las circunstancias del caso, como la duración de la
condena, sus efectos en la integridad física y moral del condena- do, su sexo, edad o condiciones de salud, e incluso el contexto socio-político en el que se practica. Estos criterios, también son relevantes para determinar, una vez descartada la tortura, si se trata de un comportamiento inhumano o degradante. Un ejemplo de estas decisiones lo constituye el caso “Tyrer”, en el que el Tribunal europeo estableció que la conducta de las autoridades de la Isla de Man (Inglaterra), al castigar a un joven por haber agredido a un compañero de escuela, a tres golpes “con una vara de abedul”, no constituían una práctica de tortura ni de pena inhumana, “porque los sufrimientos que ella provo- caba no alcanzaban los niveles que contemplan esta nociones”:
Sin embargo, la Corte consideró que se trataba de una pena de- gradante que humillaba al joven groseramente delante de otros individuos y ante sus propios ojos. Otro caso es el de “Irlanda contra el Reino Unido, “en el que esa Corte reiteró, que mien- tras las penas no produzcan “sufrimientos de una intensidad y crueldad particular”, no podrían considerarse como tortura”. De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar nuevamente los criterios de interpretación utilizados por el Tribunal Euro- peo, esto es, el del umbral de gravedad y el criterio de aprecia- ción relativa, porque según los elementos que brinda el caso, una misma conducta puede ser tortura o pena inhumana y de- gradante en una situación, y no serlo en otra. Estos criterios, serán utilizados por esta Corporación para determinar si la pena corporal impuesta al actor constituye una práctica de tortura. El fuete consiste en la flagelación con “perrero de arriar gana- do”, que en este caso se ejecuta en la parte inferior de la pierna. Este castigo, que se considera de menor entidad que el cepo, es una de las sanciones que más utilizan los paeces. Aunque in- dudablemente produce aflicción, su finalidad no es causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento que servirá
para purificar al individuo, el rayo. Es pues, una figura simbólica o, en otras palabras, un ritual que utiliza la comunidad para sancionar al individuo y devolver la armonía. En este caso, y al margen de su significado simbólico, la Corte estima que el sufrimiento que esta pena podría causar al actor, no reviste los niveles de gravedad requeridos para que pueda consi- derarse como tortura, pues el daño corporal que produce es mí- nimo. Tampoco podría considerarse como una pena degradante que «humille al individuo groseramente delante de otro o en su
mismo fuero interno», porque de acuerdo con los elementos del caso, esta es una práctica que se utiliza normalmente entre los pae- ces y cuyo fin no es exponer al individuo al «escarmiento» público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad. Al respecto, es significativo el hecho de que ninguno de los condenados, ni siquiera el propio demandante, cuestionara esta sanción. Nótese, además, como las circunstancias particulares del casti- go analizado, exigen del intérprete una ponderación diferente
a la que realizó el Tribunal europeo en relación con los azotes
practicados en el caso “Tyrer” ya mencionado, pues el contexto de la pena y la modalidad de ejecución fueron diferentes: el con- denado tenía quince años, mientras Francisco Gembuel es un hombre adulto; el lugar de la sanción, en términos de la Corte Europea “es una sociedad moderna, que goza de condiciones políticas, sociales y culturales altamente desarrolladas”, mientras
que la sociedad páez, como comunidad aborigen aún conserva las tradiciones culturales de sus antepasados. Es decir, en el pri- mer evento, los azotes eran vistos como un castigo que degrada al individuo, mientras en este caso, son concebidos como un medio que le ayuda a recobrar su espacio en la comunidad. En
el caso estudiado por la Corte Europea, al menor se le obligó a
bajarse el pantalón y la ropa interior, y agacharse debajo de una mesa, para recibir los azotes. En este evento, la sanción que se impuso a Francisco Gembuel deberá ser ejecutada en la panto- rrilla, estando el sujeto de pie y completamente vestido, factor que, incluso, mitiga el dolor”. 124Pueden encontrarse ejemplos de actas en: PEÑA JUMPA, A., Justicia comunal en los Andes del Perú, ed. Pontificia Universidad Católica de Perú, Perú, 1998, págs. 352 y ss. 125Según la Corte (sentencia T-349/96), “lo que se intentaba era subsanar las irregularidades que aquejaba el primer veredicto. En efecto, conforme a lo señalado arriba respecto del ordena- miento jurídico embera-chamí, el juzgamiento de las infraccio-
nes graves a las normas de la comunidad corresponde a la comu-
nidad misma reunida. En estas reuniones es de vital importancia
la presencia de los patrilinajes enfrentados, con el fin de que el
fallo sea legítimo y no se desenlace una guerra entre familias. El juzgamiento por parte de las autoridades del cabildo, como se anotó, carece de legitimidad dentro de la tradición, por lo que resulta lógico que la comunidad hubiera decidido adelantar nuevamente el proceso de acuerdo con sus costumbres”.
penas cuya ejecución misma la exige, porque llevan
insita la fuerza –piénsese, en las penas de latigazos
el cepo 126 –. Al respecto es importante recordar
necesidad que tienen en ocasiones de que las au-
toridades estatales cooperen con las indígenas. Así, por ejemplo, reconociendo sus sentencias en todo el territorio nacional a efectos de poder modificar las
inscripciones de los registros de la propiedad y civil,
o recabando el auxilio de la policía nacional para
llevar al territorio indígena a alguien condenado por esa “jurisdicción” y que había escapado, tratando de eludir la pena impuesta 127 .
126Mucho más, si la pena a imponer es la de la muerte. Algo ex- traño, pero no totalmente desterrado de las prácticas de algunas comunidades, especialmente de las más aisladas –y cuya existen- cia está también más amenazada por la civilización-. 127Vid. al respecto la sentencia T-349/96 de la Corte Constitucio- nal colombiana.
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