Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-marzo/
Timestamp: 2018-01-20 20:30:47
Document Index: 208779948

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 31']

En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas desde el 16 hasta el 31 de marzo de 2015.
I.- Listado de Entidades exceptuadas de Percepción del IGV
Mediante Decreto Supremo N° 062-2015-EF (26.03.2015) se aprobó la “Lista de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV” a que se refiere el artículo 11 de la Ley 29173.
El citado Listado será publicado en el portal del MEF a más tardar el 31.03.2015 y regirá a partir del 01.04.2015.
II.- Adecuación del Reglamento de la Ley del IGV a las modificaciones introducidas por la Ley 30264. (Decreto Supremo N° 065-2015-EF (26.03.2015)
Como se recordará, en virtud de la Ley 30264 (16.11.2014) se incorporaron 2 incisos al artículo 2 de la Ley del IGV los cuales parafraseamos a continuación:
Conforme al inciso v) del artículo 2 de la Ley del IGV, se dispuso que, no está gravada con el IGV la utilización de servicios en el país cuando la retribución por el servicio forme parte del valor en aduana de un bien corporal cuya importación se encuentre gravada con el Impuesto, regulación que será de aplicación-entre otros- siempre que el sujeto del impuesto comunique a SUNAT, hasta el último día hábil del mes siguiente a la fecha en que se hubiera producido el nacimiento de la obligación tributaria por la utilización de servicios en el país, la información relativa a las mencionadas operaciones, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
Por otro lado, el inciso w) del artículo 2 de la Ley del IGV dispone que no está gravada con el IGV la importación de bienes corporales cuando: i) el ingreso de los bienes al país se realice en virtud a un contrato de obra, por el cual un sujeto no domiciliado se obliga a diseñar, construir una obra determinada en el país; y ii) el valor en aduana de los bienes forme parte de la retribución por el servicio prestado por el sujeto no domiciliado en virtud al referido contrato de obra, cuya utilización en el país se encuentre gravada con el impuesto; regulación que será de aplicación-entre otros- siempre que el sujeto del IGV comunique a SUNAT la información relativa a las operaciones y al contrato mencionados.
Es en el marco de la modificación sufrida por la Ley del IGV que se dicta el Decreto Supremo N° 065-2015-EF (26.03.2015) con la finalidad de adecuar la norma reglamentaria. Así, se incorporan los numerales 11.5 (“Utilización de Servicios”) y 11.6 (“Importación de bienes corporales”) al artículo 2 del Reglamento de la Ley del IGV.
La norma bajo comentario entrará en vigor el 11.05.2015
III.- Modificación de plazos previstos en Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT y Resolución de Superintendencia N° 182-2008/SUNAT.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 086-2015/SUNAT (30.03.2015) se modificaron los plazo dispuestos en la Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT que creó el sistema de emisión electrónica y la Resolución de Superintendencia N° 182-2008/SUNAT que implementó la emisión electrónica del Recibo por Honorarios.
Se sustituyó a su vez el Anexo 11 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT por el Anexo aprobado por la norma en comento. Dicho Anexo regirá a partir del 01.01.2016.
La norma bajo comentario entró en vigor el 31.03.2015, salvo lo señalado en el párrafo anterior (Anexo 11 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT)
I.- ¿La exoneración en la primera venta de inmuebles cuyo valor de venta no supere las 35 UIT comprende a los terrenos?
De la lectura del INFORME N° 026-2015-SUNAT/5D0000 la SUNAT opina y concluye lo siguiente:
1.- Conforme con lo establecido en el literal B) del Apéndice I de la Ley del IGV, se encontrará exonerada del IGV la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos cuyo valor de venta no supere las 35 UIT y siempre que sean destinados exclusivamente a vivienda y que cuenten con la presentación de la solicitud de la Licencia de Construcción admitida por la Municipalidad correspondiente, conforme a lo señalado en la Ley 27157 y su norma reglamentaria
2.- En el marco de una operación gravada con el IGV, como es el caso de la primera venta de inmuebles realizadas por los constructores de los mismos, la base imponible del IGV está constituida por el ingreso percibido con exclusión del monto correspondiente al valor del terreno; para fines de determinar si dicha operación está exonerada del citado Impuesto, se debe considerar como parte integrante del valor de venta del inmueble el valor de aquel (terreno), toda vez que para establecer si no supera las 35 UIT se debe tomar en cuenta la suma total a la que queda obligado a pagar el comprador por la operación, no habiendo dispuesto el legislador la exclusión del terreno.
3.- En conclusión, tratándose de la exoneración del IGV en la primera venta de inmuebles efectuada por el constructor de los mismos, prevista en el inciso B) del Apéndice I de la Ley del IGV, a efectos de establecer si el valor de venta del inmueble supera o no las 35 UIT debe considerarse el valor del terreno.
I.- ¿Puede acreditarse el crédito fiscal con una copia de la factura emitida por el Proveedor?
Una empresa fue fiscalizada por los períodos 01/2005 a 12/2005 por el tributo IGV.
La SUNAT en virtud a un Requerimiento solicitó a la empresa que cumpliera con la presentación de los comprobantes de pago de compras por los períodos antes citados. La empresa, mediante escrito de descargo, presentó copia de las facturas emitidas por algunos de sus Proveedores. La SUNAT en el Resultado del Requerimiento sí detalló la copia de las Facturas emitidas por algunos de los Proveedores de la empresa, mas no consideró sustentado el crédito fiscal soportado en éstas (copias de dichas facturas).
El Tribunal Fiscal, en la RTF N° 09032-4-2014, falló a favor de la empresa bajo el siguiente razonamiento:
Es criterio del Tribunal Fiscal (RTF´s 0592-3-2001; 235-4-1996; 86-2-2000; 95-1-2000) que la pérdida de las facturas en una fecha posterior a la operación no implica el desconocimiento del crédito fiscal o del gasto, más ello está condicionado a la preexistencia de la factura y a la existencia de la operación en tanto resulten comprobables
De manera que, la preexistencia de la factura puede ser acreditaba con la exhibición de una copia de la misma, mientras que la existencia de la operación lo será a través de la verificación que ha de realizar la SUNAT con los proveedores.
El solo hecho de la pérdida de facturas de compras no obliga a SUNAT a investigar dicha situación; sino que posibilita que el contribuyente acredite ello (pérdida de facturas de compras) mediante copias de éstas; debiendo, acto seguido, SUNAT realizar el “cruce de información” con el proveedor para determinar la existencia de la operación. Ello, siguiendo el criterio jurisprudencial vertido en las RTF´s 02859-4-2003; 220-3-2004; 219-1-2011; 01201-5-2012.
I.- ¿Constituye una “barrera burocrática” el plazo de 3 meses para fines de la devolución de las “retenciones del IGV” no aplicadas?
De acuerdo con la Resolución N° 0041-2006/CAM-INDECOPI, emitida por la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI y confirmada mediante Resolución N° 1525-2006/TDC-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI, la citada Institución (INDECOPI) declaró que el plazo de 3 meses previsto en el último párrafo del artículo 11 de la Resolución de Superintendencia N° 037-2002/SUNAT[1], como condicionante para optar por la devolución de las retenciones no aplicadas del IGV, constituye una barrera burocrática irracional.
Ante el panorama arriba expuesto, SUNAT recurrió a la vía judicial a fin de que se declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución N° 1525-2006/TDC-INDECOPI emitida por la Sala de Defensa de la Competencia de INDECOPI.
SUNAT obtiene resultado favorable en las 2 instancias judiciales; ante dicho contexto, INDECOPI interpone Recurso de Casación.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia de Casación N° 3099-2011 LIMA (2.03.2015) resuelve a favor de SUNAT declarando INFUNDADO el Recurso de Casación presentado por INDECOPI.
Los argumentos en los que se sustenta la sentencia de casación son los siguientes:
-SUNAT se encuentra facultada para establecer la forma y condiciones en las que se debe realizar tanto la solicitud como la devolución de las retenciones no aplicadas al IGV. Ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley del IGV.
-El condicionamiento establecido concretamente por SUNAT en la Resolución de Superintendencia N° 037-2002/SUNAT para la presentación de la solicitud de devolución de las retenciones no aplicadas al IGV, consistente en haber mantenido un importe no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de 3 períodos consecutivos, se encuentra razonablemente justificado en vista al deber que ésta tiene de asegurar que no se produzcan devoluciones a contribuyentes que toda vía mantienen algún tipo de obligación pendiente con la SUNAT.
[1] Dispositivo legal que establece el Régimen de Retenciones del IGV aplicable a los Proveedores en las operaciones gravadas con el IGV (18.04.2002)
I.- Resolución Legislativa 30312: Aprueba el convenio N° 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre protección de la maternidad
El 23 de marzo de 2015 se publicó en el diario Oficial “El Peruano” la Resolución Legislativa Nº 30312, por la cual el Congreso de la República ratificó el Convenio N° 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referente a la protección de la maternidad. La ampliación del período de licencia por maternidad, así como la prohibición de despidos por motivos del embarazo, el nacimiento y las consecuencias del mismo, son los efectos más importantes del referido Convenio de la OIT.
Así, el goce del derecho de descanso pre y post natal de una trabajadora gestante en nuestro país está regulado por la Ley N° 26644 y su reglamento. Dicha norma establece actualmente que una trabajadora tiene derecho a gozar de un total de 90 días de licencia por maternidad (distribuidas en dos tramos de 45 días cada una, en forma previa (pre) y posterior (post), respectivamente. Asimismo se señala adicionalmente, que el descanso por maternidad se extenderá a 30 días naturales en dos casos especiales: los casos de nacimientos múltiples o el nacimiento de un niño(a) con discapacidad.
Con la reciente ratificación del Perú al Convenio N° 183 de la OIT, la licencia por maternidad se ampliará en adelante a por lo menos 14 semanas, vale decir, a un total de 98 días de licencia obligatoria (que según lo que regule nuestras normas internas podrán distribuirse entre 49 días a cada descanso (pre y post natal)
El Convenio 183 de la OIT, también prevé que todo Estado miembro tiene la facultad de extender a un periodo mayor al mínimo establecido en el mismo. Además señala que si bien cada Estado puede determinar en su legislación la distribución de dicho periodo, este tendrá la obligación de incluir un periodo mínimo de 6 semanas de descanso post parto (42 días), salvo acuerdo distinto entre el Gobierno y los representantes de trabajadores y empleadores.
El Convenio además establece mecanismos importantes para la protección del empleo y no discriminación de mujeres gestantes. En ese sentido, se prohíbe que el empleador despida a una mujer embarazada durante la licencia, o después de haberse reintegrado al trabajo durante dicho periodo; o por cualquier motivo referente al embarazo, sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba, de que los motivos de despido no están relacionados con la gestación, corresponderá al empleador.
Entre otros, además se establece que los Estados deberán adoptar en sus legislaciones la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo se someta a un examen para comprobar si se encuentra embarazada o bien que presente un certificado médico precisando que no lo está (excepto cuando se traten de trabajos prohibidos o no aptos para la salud de una mujer embarazada).
Finalmente, se precisa que la entrada en vigencia de dicho Convenio se dará 12 meses después del registro de la ratificación del Estado miembro, lo que de conformidad con la Ley 26647 sucederá una vez el Presidente de la República lo ratififique y promulgue, disponiendo la publicación del texto completo del Convenio en el diario Oficial “El Peruano”.
II.- Resolución SBS Nº 1784-2015: SBS establece dos nuevas alternativas de jubilación en el sistema privado de pensiones.
Mediante Resolución SBS Nº 1784-2015, publicada el 21 de marzo de 2015 en el diario Oficial “El Peruano”, la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS), creó dos nuevas alternativas de jubilación en el Sistema Privado de Pensiones: renta combinada (que junta renta vitalicia y retiro programado) y la renta vitalicia diferida por 5 años. Se entiende que el afiliado (AFP) tendrá más opciones para decidir como recibir su pensión de jubilación final.
Así, en la renta combinada se combina el retiro programado y la renta vitalicia. El retiro programados implica una pensión mensual que proviene del dinero acumulado durante en la Cuenda Individual de Capitalización (CIC). Este fondo se consume hasta acabarse. Por otro lado, en la renta vitalicia el fondo acumulado del afiliado se traspasa a una compañía de seguros, que se compromete a darle al afiliado una pensión de por vida a cambio de un pago. En la renta combinada, la pensión del jubilado combina ambas modalidades en una proporción de 50-50.
La segunda propuesta de la SBS, sólo aplica para quienes eligieron la renta vitalicia. La propuesta permite al afiliado diferir la aplicación de la renta vitalicia durante los cinco primeros años de jubilación (antes sólo podía diferirlo por dos años). Mientras se postergue la renta vitalicia, la pensión se basará en la modalidad de retiro programado, que permite al afiliado recibir una mayor pensión en ese periodo inicial.
III.- Resolución Nº 077-2015-CE-PJ: Aprueba nuevo cuadro de valores arancelarios y establece reglas especiales para los procesos laborales y previsionales.
Mediante Res Nº 077-2015-CE-PJ, publicada el 21 de marzo de 2015 en el diario Oficial “El Peruano”, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el nuevo “Cuadro de Valores Arancelarios para el Ejercicio Gravable 2015”.
En principio se determinó el nuevo valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) en la suma de S/. 385.00 (10% de la U.I.T.).
En cuanto a los procesos laborales se estableció que los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos, cuyo petitorio exceda del mínimo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial como exonerados (70 URP); se sujetarán a los pagos contenidos en el nuevo cuadro de valores arancelarios, reducidos en un 50%.
De igual forma dicho dispositivo establece que se encuentran exonerados de pago de aranceles judiciales, entre otros, los procesos relativos a procesos previsionales y las acciones de amparo.
IV.- Resolución Nº 101-2015-SERVIR-PE: Aprueba directiva sobre régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley N° 30057 “Ley de Servicio Civil”
El 24 de marzo de 2015, se publicó en el diario Oficial “El Peruano” la Resolución Nº 101-2015-SERVIR-PE, la misma que aprobó la Directiva sobre “Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057 – Ley de Servicio Civil”.
En principio dicho régimen disciplinario y sancionador se aplica a todos los servidores y ex servidores de los regímenes laborales del sector público, regulados por los decretos legislativos 276, 728 y 1057, así como por la Ley 30057.
La directiva establece dos fases:
Una fase instructiva o de investigación
Una fase sancionadora.
En la fase instructiva el órgano instructor analiza los actuados a fin de determinar la existencia de responsabilidad del servidor, para lo cual se establece un procedimiento con plazos para garantizar la defensa del servidor comprometido en la investigación, esta fase concluye con un informe.
En la fase sancionadora, una vez evacuado el informe en la etapa instructiva se procede a la sanción correspondiente por el órgano instructor, el mismo que puede ser recurrido vía recurso de reconsideración y/o apelación.
V.- RES. 100-2015-SERVIR-PE: SERVIR aprueba directiva sobre “FAMILIA DE PUESTOS Y ROLES Y MANUAL DE PUESTOS TIPO APLICABLES AL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL”
Como se sabe, el Rgto. de la Ley 30057 (Ley del Servicio Civil) art.7 establece que las familias de puestos tienen por finalidad organizar el Servicio Civil, orientar el fortalecimiento y mejora de las capacidades de los servicios civiles, así como también servir de base para la capacitación, evaluación y valorización de los puesto. En ese sentido, mediante Res. 100-2015-SERVIR-PE (publicada en el diario Oficial “El Peruano”), SERVIR aprobó la Directiva 001-2015- SERVIR/GPGSC sobre “Familia de puestos y roles y Manual de Puestos Tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil”. Asimismo, ha aprobado el “Catálogo de Puestos Tipo” que forma parte del Manual de Puestos Tipo (MPT). La mencionada directiva tiene por objeto:
‐ Definir las familias de puestos de los directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias, así como los roles que les son aplicables. El Manual de Puestos Tipo (MPT), por su parte, contiene la definición de los niveles y categorías de los servidores civiles, los elementos de los puestos tipo y las reglas de operación, responsabilidades y mecanismos de actualización del Catálogo de Puestos Tipo
‐ Definir el Catálogo de Puestos Tipo que forma parte del MPT. El catálogo contiene los puestos tipo por familia de puestos, y por rol, según corresponda.
I.- Rotación de dirigente sindical sin justificación y comprobación objetiva vulnera el derecho a la sindicalización.
El Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia emitida en el expediente Nº 03377-2013-PA/TC de fecha 06 de enero de 2015 (publicado en la página web del TC el 06 de marzo de 2015) concluyó que la rotación de dirigente sindical sin justificación y comprobación objetiva vulnera el derecho a la sindicalización.
Así, el TC, invocando el fundamento 27 de la STC Nº 0008-2005-PI/TC, señaló que el derecho a la libertad sindical tiene dos planos de ejercicio:
– La libertad sindical intuito personae, que comprende el derecho de un trabajador a constituir organizaciones sindicales y afiliarse a los sindicatos ya constituidos (faceta positiva), y el derecho a no afiliarse o desafiliarse de una organización sindical (faceta negativa); y.
– La libertad sindical plural, que se manifiesta: 1) Ante el Estado (que comprende la autonomía sindical, la personalidad jurídica y la diversidad sindical); 2) ante los empleadores (que comprende el fuero sindical y la proscripción de prácticas desleales), y 3) ante otras organizaciones sindicales (que comprende la diversidad sindical, la proscripción de las cláusulas sindicales, etc.).
De este modo, el TC entiende que la rotación de un dirigente sindical a un centro laboral distante, sin justificación objetiva, necesariamente tiene como fin entorpecer las actividades sindicales, lo que se relaciona directamente con la libertad sindical plural.
En el caso concreto, el TC concluyó que el empleador no demostró objetivamente que se haya decidido rotar al trabajador por las necesidades del servicio invocado; esto es, que no se adjuntó documentación que compruebe una situación real de necesidad del empleador, es decir, que haya sido imprescindible o urgente recolocarlo en otra sede laboral, pese a que ostentaba un cargo sindical
II.- Principio de la primacía de la realidad: Elementos de la relación laboral contenida en contratos de locación de servicios.
La sentencia materia del Exp. 0315-2013-0-1409- JR-CI-01 (Proceso de Amparo), Nazca, del 10 de noviembre de 2014, publicado en el diario Oficial “El Peruano” el 28 de febrero último determinó que el hecho que el demandante suscribiera diversos contratos de locación de servicios para prestar distintas funciones había implicado, en realidad, que éstas fueran realizadas bajo la dirección del empleador y aplicadas de la forma que consideró más adecuada para la satisfacción de sus intereses, adaptando el comportamiento del trabajador a sus requerimientos. Precisó que, en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, el demandante había estado sujeto a una relación laboral, pues el empleador había gozado de facultades propias de ésta, cuales son: Facultad de dirección, de fiscalización y sancionadora.
En el examen de aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad arribó a las siguientes conclusiones:
– “El poder de dirección del empleador le permite dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. En este sentido, el empleador puede impartir instrucciones tanto en forma genérica como específica, verificar si se cumplen adecuadamente o no, y en caso de constatar su inobservancia, sancionar al trabajador por ello”.
Nota: En el caso, consideró que la facultad de impartir instrucciones se apreció en los referidos contratos, toda vez que señalaban lo siguiente: “ 1) la retribución económica será cancelada según el avance porcentual del cumplimiento de las metas, previo informe del avance de metas, y presentación de recibos de honorario; 2) el pago de la retribución se hará efectivo previa presentación de recibo de honorarios e informe de conformidad”
– “La facultad de fiscalización se aprecia claramente en los mencionados contratos (…) cuando se señalan una serie de condicionamientos a la actividad del locador, pudiéndose ver ello de las condiciones para resolver el contrato, las responsabilidades y particularidades de la relación contractual”.
– “La facultad sancionadora se encuentra presente, ya que el contrato contiene cláusula de sanción (penalidades), lo cual permite sostener que la demandada tenía la posibilidad de sancionar al actor, no solo dentro del contexto que permite el contrato, sino también dentro del propio desempeño de sus actividades laborales”.
I.- Se incluye la aplicación de excepciones de consolidación para las empresas de inversiones
En diciembre del año pasado el International Accounting Standards Board (IASB) modificó las normas relativas a la excepción de consolidación de los estados financieros, referente a las empresas de inversiones; quedando la norma (NIIF 10 Estados Financieros Consolidados) como sigue:
4 Una entidad que es una controladora presentará estados financieros consolidados. Esta NIIF se aplica a todas las entidades excepto las siguientes:
Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, han sido informados que no presentarán consolidados y no tienen objeción sobre ello.
Sus instrumentos de deuda y patrimonio no se negocian en un mercado público; ejemplo: bolsa de valores, etc.
No registra, ni está en proceso de hacerlo, sus estados financieros en una comisión de valores u otra organización reguladora (en el Perú SMV), con el objetivo de emitir algún instrumento en un mercado público.
Su controladora última o alguna de las controladoras intermedias produce estados financieros bajo NIIF y que son de uso público, en las cuales las subsidiarias se consolidan o son medidas a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con esta NIIF.
4A Esta NIIF no es aplicable a los planes de beneficio post-empleo y otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados a los que se aplica la NIC 10 Beneficios a los empleados.
4B Una entidad de inversión no necesita presentar estados financieros consolidados, si se le requiere podrá medir todas sus subsidiarias a valor razonable con cambios en resultados.
En conclusión, el cambio conlleva a que las empresas de inversiones que cumplan con las tres primeras condiciones del párrafo 4 (arriba) y que tengan una matriz que las consolida o que las mide a valor razonable con cambios en resultados, entonces están exceptos de consolidar.
Esta modificación entra en vigencia a partir del período 2016 y las entidades podrán aplicarla anticipadamente debiendo revelar esto en las notas a los estados financieros.