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Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 33', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 7']

El art. 52 de la Constitución y las Cámaras de Comercio | Blog de José María Gorordo
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El art. 52 de la Constitución y las Cámaras de Comercio
8 enero, 2011 por josemarigorordo
He defendido en otros comentarios que la voluntariedad de pertenencia a las Cámaras de Comercio vulnera la Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de junio de 1996, y deja sin contenido el art. 52 de la Constitución, desaparecidas las Cámaras Agrarias y las de la Propiedad Urbana. Argumentos más que razonables para dudar de la constitucionalidad del Real Decreto Ley 13/2010.
También he argumentado que no es lo mismo una asociación empresarial que una Cámara de Comercio.
Resumo a continuación la génesis de dicho artículo 52 CE en el proceso constituyente (extraído del libro “Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación“, publicado en diciembre de 2005 por Thomson-Civitas, 887 páginas).
Un simple análisis de lo que recojo nos debería llevar a afirmar la existencia de un indicio sustancial de vulneración de lo determinado (letra y espíritu) por el poder constituyente, sobre todo a partir de la STC de 12 de junio de 1996. Veamos
GÉNESIS DE LOS ARTÍCULOS 36 y 52 de la CONSTITUCIÓN
1. Distinta ubicación sistemática en la Constitución
El art. 22 de la Constitución (Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Primera), regula las asociaciones, en general. Sin embargo, el Título Preliminar dedica dos artículos, uno a regular los partidos políticos como expresión del pluralismo político (art. 6 CE), y otro, a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios (art. 7 CE).
Debemos ya subrayar la diferencia entre las asociaciones empresariales del art. 7 CE y las organizaciones profesionales que contribuyen a la defensa de los intereses económicos que les son propios, en base al art. 52 CE (Título Primero, Capítulo Tercero). Como hemos visto, son las Cámaras de Comercio, Cofradías de Pescadores, Comunidades de Regantes y Corporaciones urbanísticas[1]. Además, el art. 36 CE (Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Segunda), sobre Colegios Profesionales.
Se observa una distinta ubicación sistemática de los arts. 7 (dentro del Título Preliminar, arts. 1 a 9), art. 36 (Título Primero, Capítulo Segundo, Sección Segunda, Colegios Profesionales) y art. 52 (Título Primero, Capítulo Tercero, “De los principios rectores de la política social y económica”).
Prima facie se diría que las asociaciones empresariales y las sindicales (art. 7) tuvieron, para el poder constituyente, más relevancia constitucional que las organizaciones profesionales, entre las que se sitúan las Cámaras de Comercio (art. 52 CE), aunque sólo fuese por la ubicación del art. 7 CE, ya que, entre otras consideraciones, su reforma sigue un procedimiento más complejo[2], que la del art. 52 CE[3]; el juicio del diferente valor también se acredita por la tramitación parlamentaria.
a) Fases preliminares[4]
El 5 de enero de 1978, aparece en el BOC el Anteproyecto. Dentro del Título I, Principios generales, el art. 5 dice:
“Los sindicatos de trabajadores, las organizaciones profesionales y las asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Se forman y ejercen su actividad libremente dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.
Notas: a) se habla de tres tipos de entes:
.- los sindicatos de trabajadores; las organizaciones profesionales, y las asociaciones empresariales.
b) todos contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, sin ninguna limitación ni precisión[5].
c) se forman y ejercen su actividad libremente[6].
d) no hay referencia a que la estructura interna y funcionamiento deban ser democráticos.
Dicho Anteproyecto consta de 10 Títulos, con 159 artículos, y cinco disposiciones transitorias. Lo que hoy son los arts. 36 y 52 no aparecen. Al Anteproyecto se acompañan los votos particulares de los distintos Grupos Políticos que forman la Ponencia. Ninguno de los Ponentes formula voto particular al art. 5.
En el Informe de la Ponencia[7], el Título I pasó a denominarse Título Preliminar[8]. En cuanto al art. 5, la Ponencia, con alguna modificación y por mayoría, con el apoyo a las enmiendas en el sentido expuesto en el artículo anterior[9], mantiene el texto del Anteproyecto[10].
El art. 5 pasa a ser, en el nuevo texto, el art. 7, cuya redacción es:
“Los sindicatos de trabajadores, las organizaciones profesionales y las asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.
Simple cambio semántico: se sustituye “Se forman y ejercen su actividad libremente” por “Su creación y el ejercicio de su actividad son libres”.
b) Debate en Comisión[11]: sesión de 16 de mayo de 1978
La sorpresa viene porque, antes del debate, se retiran diversas enmiendas, todas las que se habían presentado por escrito[12].
b’) Enmienda in voce del Grupo Socialista. Dice así:
“Los sindicatos de trabajadores, las organizaciones profesionales y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de sus intereses” [13].
b’’) Enmienda de UCD. La defendió O. Alzaga Villaamil, indicando:
“… es una enmienda que es puramente formal, o relacional, según se quiera, y cuya única pretensión es incluir en la redacción que encabeza el art. 7, cuando se dice concretamente: “Los sindicatos de trabajadores”, añadir, repito, a continuación, “Los Colegios y las restantes organizaciones profesionales”[14].
b’’’) Enmienda del Grupo Socialistes de Catalunya. Intervino Martín Toval. Partía de que el tratamiento dado a los sindicatos era algo normal en el constitucionalismo europeo, pero no la de las organizaciones empresariales[15].
c) Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas[16]
“Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales[17], los colegios y demás organizaciones profesionales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Notas: a) “las asociaciones empresariales” pasan al segundo lugar, inmediatamente después de “los sindicatos”.
b) se sustituye “las organizaciones profesionales” por dos tipos de entes:
“los colegios”, y “demás organizaciones profesionales”.
Embrión de lo que hoy son los arts. 36 y 52 CE.
c) se añade la referencia a la necesidad de que tanto la estructura interna como su funcionamiento deben ser democráticos[18].
El texto fue aprobado por unanimidad[19].
d) Pleno del Congreso de los Diputados
Sesión de 5 de julio el 24 de julio de 1978. Aprueba el art. 7, tal y como venía del Dictamen de la Comisión[20]. La práctica unanimidad en el Congreso no había resuelto los problemas. Al art. 7, le esperaba un largo debate y metamorfosis en el Senado y Comisión Mixta para llegar a los actuales arts. 7, 36 y 52 CE.
a) Debate de enmiendas en la Comisión[21]
a´)Enmienda del Grupo Socialista. La defendió el Senador Sainz de Varanda Jiménez: no inclusión de una mención a los Colegios Profesionales en un párrafo en que se habla de la libertad de asociación sindical[22]. Regulación por separado[23].
a’’) Enmienda in voce del Senador Pedrol Rius. Proponía la aprobación de una disposición adicional a la Constitución[24], que dijera:
“La Ley reguladora de los Colegios Profesionales respetará los principios de adscripción y de ejercicio hasta ahora vigentes en aquéllos”[25].
Bien puede decirse que, con ambas propuestas, se quería dejar “todo atado y bien atado” en lo que a Colegios Profesionales se refiere, pero abandonadas a su suerte las demás organizaciones profesionales, como las Cámaras de Comercio, Agrarias o Cofradías de Pescadores[26].
Tanto Sainz de Varanda como Pedrol Rius hicieron una insistente defensa de la necesidad de la adscripción obligatoria a los Colegios Profesionales[27]. Surgió un debate sobre la propuesta de Pedrol Rius[28].
a’’’) Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes. El Senador Villar Arregui retomó la controversia:
“… la introducción del inciso que concierne a los Colegios y demás organizaciones profesionales es desafortunada porque rigen, respecto de ellos, los principios o criterios de libertad en su creación y en su adscripción que se predican en relación con los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales”.
El argumento ya no es tan pacífico, como sabemos que ocurrió posteriormente con la adscripción y cuota obligatorias[29]. Villar Arregui planteó dos posibilidades, a optar:
1.ª La del Derecho comparado, no elevar a rango constitucional el tema de los Colegios profesionales, y
2.ª Hacerlo, mediante la creación de un artículo 33 bis, (a la que se adheriría), que sería del siguiente tenor:
“La ley regulará las peculiaridades propias de los Colegios profesionales[30]. Su estructura y su funcionamiento se ajustarán a criterios democráticos”.
Pérez Puga, en nombre del Grupo mayoritario de la Cámara, Unión del Centro Democrático, se pronunció en favor de la constitucionalización de los Colegios Profesionales[31]. Sainz de Varanda coincidía[32].
a’’’’) Reordenación del debate. El Presidente entró de lleno en el detalle, diciendo: “Hay una diferencia de matiz. La del Grupo Socialista dice “Colegios” y el Sr. Villar Arregui, “los Colegios y demás organizaciones profesionales”.
Sainz de Varanda contestó literalmente: “Creo que la supresión del término “Colegios” es suficiente”[33]. El Presidente insistía: “Pero es que el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes dice “y demás organizaciones profesionales”. La respuesta de Sainz de Varanda no puede ser más cáustica: “El matiz es importante. Nosotros mantenemos esta enmienda”.
Hubo más intervenciones, de Lorenzo Martín-Retortillo, que defendió la constitucionalización de las asociaciones de vecinos[34] o la de Pérez Puga, UCD, fijando posiciones[35].
La confusión estaba en la Mesa y en los Senadores[36]. Tras una aparente clarificación de las cuestiones, el Presidente puso a votación la enmienda in voce del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. Pedrol Rius insistió en que se leyesen las enmiendas. El Presidente le responde: “Ya ha dicho la Presidencia lo que había pedido el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes (“suprimir el inciso que dice: “Los Colegios profesionales y demás organizaciones profesionales”) y estamos votando”.
Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad[37], con 25 votos, por lo que no procedía votar las enmiendas del señor Martín-Retortillo, del señor Navarro ni el texto del dictamen. Tras la supresión del párrafo relativo a “los Colegios y demás organizaciones profesionales”, el texto finalmente aprobado fue:
“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
El Secretario de la Comisión recapituló la enmienda de Pedrol Rius: a continuación del texto actual, se añadiría el siguiente párrafo:
“Todo ello sin perjuicio del respeto a los principios de colegiación obligatoria y exclusividad territorial para los colegios de aquellas profesiones que tradicionalmente los vienen observando”.
A lo cual parece ser que se añadiría en primer lugar:
“La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales con estructura y funcionamiento democráticos”.
Nuevo desconcierto[38]. El Secretario plantea, por fin, la enmienda in voce de Pedrol Rius[39], de esta manera:
Se propone para el art. 7 la supresión de las palabras “Los Colegios”, y la adición al artículo de un párrafo separado que diría: “La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales con estructura y funcionamiento democráticos”.
Se produjo un nuevo embrollo. Insiste en que si se va a llevar el texto a un artículo nuevo, tal y como habían hablado el Grupo Socialista y el Grupo Independiente, no tiene ningún inconveniente en retirar esta enmienda.
Tras lo cual se retiran ambas enmiendas para incluirlas en su momento en el artículo que se acuerde (se había hablado del art. 33 bis).
Por lo tanto, lo que finalmente se retiró del art. 7 fue la frase:
“Los Colegios y demás organizaciones profesionales”.
Para sintetizar, el art. 7, había variado en el sentido expuesto y quedaba comprometida la redacción de un nuevo artículo, sin concretar, para “los Colegios” o para “los Colegios y demás organizaciones profesionales”, frase esta segunda que era la que se había suprimido del art. 7. Sólo quedaba recogido en el Diario de Sesiones lo que cada uno había aportado[40], pero no se había producido ninguna votación que despejara las dudas al respecto.
c) Debate del art. 32 bis: reunión de 29 de agosto[41]
El Presidente planteó el texto concreto que habrá de votarse:
“Una ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales, con estructura y funcionamiento democráticos, y con respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes”.
Sainz de Varanda explicó que su Grupo solicitó la retirada de la frase “colegios profesionales” del párrafo primero del art. 7, no porque fuera contrario a su existencia sino porque creía que no era el lugar ni tratamiento adecuado, por lo que estaba conforme con el art. 32 bis[42].
Se procedió a la votación: 23 votos a favor, una abstención.
En el art. 7 se recogían los sindicatos y las asociaciones profesionales, en el art. 32 bis, los “Colegios profesionales”.
De “las demás organizaciones profesionales” se habían olvidado por completo. No las recogían en ningún sitio, pero tampoco había habido un rechazo expreso, sino, como se ha acreditado, una gran confusión en los debates y, quizás también, un desconocimiento profundo de lo que eran las organizaciones profesionales como las Cámaras de Comercio y otras.
e) Pleno del Senado (para el art. 7): 26 de septiembre
Tras rechazar la constitucionalización de las asociaciones de ciudadanos o de vecinos[43], fue aprobado el texto del dictamen[44].
f) Art. 7 del Dictamen de la Comisión del Senado[45]
“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Se elimina del art. 7 la referencia a “los colegios y a las demás organizaciones profesionales”.
g) Pleno del Senado, sesión de 9 de octubre de 1978
Propone determinadas modificaciones al texto de Constitución aprobado por el Congreso de los Diputados, lo que se publica en el BOC del 13 de octubre de 1978. En concreto, se aprecia lo siguiente:
Primero.- El art. 7 quedaba:
Segundo.- Aparece un nuevo artículo, el art. 36:
“Una ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales con estructura y funcionamiento democráticos y con el respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes”.
Es decir, recoge la parte referida a “los colegios” del art. 7 del texto aprobado por el Congreso, que ahora denomina “Colegios Profesionales”, a lo que añade una especificación en relación a la adscripción a dichos Colegios: “… con el respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes”[46], lo que daba una garantía constitucional de adscripción obligatoria a los Colegios Profesionales.
En segundo lugar, así como a los partidos políticos y a los sindicatos se les exigía que “su estructura interna y su funcionamiento fueran democráticos”, ahora, a los Colegios Profesionales, al escindirse del art. 7 y crear uno nuevo, el art. 36, nada constaba al respecto. De esta manera, a pesar de que el Congreso había aprobado con tal exigencia, ahora se les excluía del requerimiento.
Tercero.- Nada se decía en relación con las “demás organizaciones profesionales”. Desaparecían del texto constitucional, a pesar de haber sido contempladas durante todo el proceso constituyente en el Congreso: primero como “organizaciones profesionales” sin especificar -donde entraban todas-, y luego también, como consecuencia de su desdoblamiento, en “los colegios” y “las demás organizaciones profesionales”.
De prosperar así, como “organizaciones profesionales”, sólo iban a existir, con rango constitucional, los “Colegios Profesionales”.
El Senado introdujo, por tanto, dos nuevos dilemas a resolver:
1.º si se iba a aceptar la supresión de la exigencia de la estructura interna y funcionamiento democrático, y
2.º si se iba a aceptar que “las demás organizaciones profesionales” no tuvieran cabida en el texto constitucional[47].
C) Comisión mixta: revisión de discrepancias y elaboración del dictamen definitivo: aparece el artículo 52 CE
De conformidad con la Ley para la Reforma Política, al producirse discrepancias entre los textos aprobados por el Congreso y el Senado debía constituirse una Comisión Mixta de Diputados y Senadores que llegara a un único texto para ser sometido a los Plenos de ambas Cámaras[48]. La Comisión Mixta introdujo el art. 52[49].
D) Aprobación por ambas Cámaras
El 31 de octubre se reunieron el Pleno del Senado[50] y del Congreso de los Diputados[51]. En lo que a este estudio interesa, lo que se aprobó fueron los actuales artículos 7, 36 y 52 CE.
Lo nuevo, en relación con el último debate en el Pleno del Senado, fue la introducción del art. 52, que recogía, dentro de los principios rectores, a las “organizaciones profesionales” (otras que no fueran los Colegios profesionales), lo que, como sabemos, había sido eliminado en el Senado del texto aprobado por el Congreso de los Diputados y no había quedado recogido en ningún otro artículo[52].
El art. 3.2.º de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, establecía que el papel de la Comisión Mixta era conocer de las discrepancias que resultasen de los textos aprobados por el Congreso de los Diputados y por el Senado.
La discrepancia entre ambos textos era obvia. La Comisión Mixta consideró, pues, la conveniencia de mantener la constitucionalización de las “demás organizaciones profesionales” (otras que no fueran los Colegios profesionales), lo que había aprobado el Congreso. Asimismo entendió que debería hacerse en ubicación diferente a la del Título preliminar, tal y como se había debatido en el Senado para el caso de los Colegios profesionales. En un aspecto (aparecer o no en el texto), dio la razón al Congreso y en otro (ubicación concreta y garantías), al Senado.
Tanto para los Colegios profesionales (art. 36), como para las organizaciones profesionales del art. 52, nada se decía en la cuestión de la obligatoriedad o no de la adscripción. La Comisión Mixta había eliminado la enmienda que había logrado introducir Pedrol Rius, con el apoyo de Sainz de Varanda (“y con el respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes”), para los Colegios Profesionales.
3. Opiniones doctrinales
A) Coherencia del proceso
Lo cuenta uno de los Ponentes, representante del Grupo UCD en la Comisión Constitucional, Miguel Herrero y R. de Miñón[53]:
a) La primera referencia que los constituyentes hacen a las organizaciones profesionales, las sitúan en pie de igualdad con sindicatos y organizaciones empresariales (art. 5 del Anteproyecto).
b) La Ponencia mantiene en su informe el mismo texto[54].
Parece obvio que la referencia a “los colegios”, se transforma en el art. 36 CE, “los Colegios profesionales”, mientras que “las demás organizaciones profesionales” se identifican con el art. 52 CE.
Es razonable admitir que, en la fase inicial, los términos “colegios y demás organizaciones profesionales”, que habían sustituido a “las organizaciones profesionales”, pretendían cubrir el conjunto de la Administración corporativa”[55].
c) La Comisión Constitucional del Senado, en textos ratificados por el Pleno, eliminó del art. 7, la referencia a “Colegios y demás organizaciones profesionales” para dejarlo ceñido a los agentes sociales de las relaciones laborales, sindicatos y organizaciones empresariales. A la vez, introdujo un nuevo artículo en el Proyecto, el art. 36, relativo a los Colegios Profesionales, sin referencia a las “demás organizaciones profesionales”, cuya garantía constitucional se había contemplado, junto con los colegios, en la elaboración del texto, como hemos visto.
d) La Comisión Mixta Congreso-Senado, viendo que se había eliminado la referencia de dos tipos de entes (colegios y demás organizaciones profesionales), y sólo se habían reincorporado al texto los Colegios Profesionales -creando el art. 36-,reubicó lo relativo a las “demás organizaciones profesionales”, en título aparte, el art. 52 CE, sistematizando las anteriores referencias del texto aprobado por el Congreso.
B) Versión contraria: el art. 52 CE es una extralimitación de funciones de la Comisión Mixta
Gálvez Montes[56], de la génesis del artículo 52 CE, que no aparece reflejada en los Diarios de Sesiones que recogen los debates celebrados en torno al primer Anteproyecto, recuerda que dicho artículo lo introdujo ex novo la Comisión Mixta Congreso-Senado, por lo que cuestiona categóricamente si hubo exceso de cometido, ya que, de acuerdo con el art. 3.2 de la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, únicamente deberían someterse a dicha Comisión las discrepancias que resultaran entre los textos aprobados por el Congreso de los Diputados y por el Senado.
Angel J. Gallego Morales[57], critica la “desacertada ubicación sistemática en el Capítulo III del Título I y que el art. 52 CE se refiere a unas indeterminadas[58] organizaciones profesionales”. Dice, al igual que Gálvez Montes, que el hecho de que no resultara explícita la divergencia entre lo aprobado en el Congreso y en el Senado “podría interpretarse como una extralimitación por parte de la Comisión Mixta”, afirmación a mi juicio errónea si repasamos el debate constitucional[59].
C) Debate sobre la necesidad del art. 52 CE
a) El art. 52 CE es un principio rector
Herrero y R. de Miñón recuerda que el art. 52 CE es un principio rector[60] (STC 113/1994, FJ 9.º y STC 179/1994, FJ 5.º, ya comentadas), esto es, una directriz constitucional que no prevé tanto un mandato para la emisión de una ley como una orientación para un programa legislativo[61]. Principio que, por otra parte, no carece de valor normativo pues le afecta las garantías del art. 53.3 CE[62], esto es, el reconocimiento, respeto y protección del precepto informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, aunque sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción Ordinaria, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen[63].
Estos principios son ideas de tendencia, criterios interpretativos, que podían eventualmente conducir a la inconstitucionalidad de una Ley, contraria a ellos, pero que permiten desarrollos legislativos diversos porque precisamente en ese ámbito caben políticas diferenciadas en función de los programas de los distintos partidos políticos[64].
b) Se constitucionaliza la posible existencia de una pluralidad no determinada de organizaciones profesionales
El art. 52 CE contiene una reserva de ley como se deduce de su literalidad y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, lo que es una garantía, aunque diferente, de la que se reconoce en el art. 36 CE. Constitucionaliza la posible existencia de una pluralidad, no determinada y no caracterizada, de organizaciones con hipotéticas imágenes muy diferentes entre sí, como, por otra parte, lo demuestra la variedad de organizaciones dentro del panorama de la Administración corporativa. Es decir, produce la “publicatio” de este tipo de organizaciones, al someter el fenómeno a una expresa regulación legal y garantiza su existencia frente a una supuesta legislación abolitoria de tales organizaciones[65].
No se configura ningún derecho subjetivo, pero impone la existencia de las organizaciones allí mencionadas como una meta positiva y, de rechazo, excluye su radical eliminación por parte del legislador. No se trata de una garantía institucional frente a lo que, a juicio de muchos, ocurre con el art. 36 CE; es sólo una referencia genérica a organizaciones profesionales, sin dato alguno que reconduzca necesariamente a configuraciones incardinables en la Administración corporativa.
Es un mandato al legislador, con el encargo de que le otorgue “un especial protagonismo” en su regulación, sin constitucionalizar nombre alguno.
c) Para un sector minoritario de la doctrina, el art. 52 CE es “prescindible”
Gálvez Montes, ya se ha dicho, lo ve de otra manera. Tras exponer los artículos de la Constitución que hacen referencia a las asociaciones empresariales (art. 7), Colegios Profesionales (art. 36) y organizaciones profesionales (art. 52), afirma que no plantea dudas “la diferenciación conceptual de los Colegios Profesionales respecto de las asociaciones y organizaciones mencionadas ya que, por su carácter de Corporaciones de Derecho público, está justificado el específico tratamiento de aquéllos en la Constitución”.
d) Corriente doctrinal mayoritaria: plena validez del art. 52 CE: no incardinación de las agrupaciones económicas de tipo corporativo y de creación legal en los arts. 22 y 28 de la Constitución
Amplios sectores de la doctrina como E. García de Enterría y S. Martín-Retortillo, entre muchos, y el Tribunal Constitucional, han coincidido en afirmar, contrariamente a las ideas defendidas en el epígrafe anterior, que las agrupaciones de tipo corporativo y de creación legal no pueden incardinarse sin profundas modulaciones en el ámbito de los arts. 22 y 28 de la Constitución, ya que no puede hablarse de un derecho a constituir asociaciones para el ejercicio de funciones públicas, pese a contar con una base asociativa, en el sentido de que sus integrantes no se encuentran sometidos a un régimen de tipo estatutario, funcionarial ni integrados en relaciones de jerarquía.
El artículo marca dos pautas: una es la libertad de creación legal y ejercicio de la actividad; la otra se refiere a la exigencia de que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
A mi juicio, la crítica de quienes consideran prescindible el art. 52 CE es una persistente apelación a la sujeción de la Administración corporativa al art. 22 CE. No tiene en cuenta (en concreto, para las Cámaras de Comercio) ni la Ley 3/93, ni opiniones doctrinales mayoritarias ni, sobre todo, la STC 107/1996, de 12 de junio.
Lo que el art. 52 CE contempla es la “interacción entre Estado y sociedad,… que se traduce tanto en la participación de los ciudadanos en la organización del Estado como en la ordenación por el Estado de entidades de carácter social en cuanto su actividad presenta un interés público relevante” (SsTC 18/1984, 7 y 23/1984).
La Constitución garantiza la existencia de organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de intereses económicos que les sean propios, sin definir agotadoramente su régimen jurídico, dejando al legislador plena libertad para configurar las distintas organizaciones. Es la teoría de las Corporaciones, distintas de las asociaciones, creadas y ordenadas por el poder público, bien intuitu personae (se tutela un interés público atendiendo a las condiciones subjetivas de los integrantes, Colegios Profesionales), o para defender un fin objetivo, propter rem (art. 52). Y diferentes asimismo de las entidades de naturaleza institucional.
Para Piñar Mañas, lo que garantizan tanto el art. 36 CE (“indudable garantía institucional”), como el art. 52 CE (garantía semejante, pero “mitigada e indirecta”) es la subsistencia de los Colegios y las organizaciones para la defensa de intereses económicos[71].
Herrero y R. de Miñón, considera que el art. 52 CE, ha demostrado en la práctica “mayor utilidad” que lo que a primera vista hubiera podido suponerse. La referencia genérica al art. 52 CE, aún sin ser una garantía institucional, ha servido de valladar frente a los vendavales antiinstitucionales, ha funcionado como garante de determinadas Corporaciones que el buen sentido aconsejaba mantener, como las Cámaras de Comercio, que sólo han podido sobrevivir merced a su fundamento constitucional.
f) El art. 52 CE y las Cámaras de Comercio: opinión del Consejo de Estado
Aunque el art. 52 CE, no se refiere expresamente a las Cámaras, el Tribunal Constitucional -entre otras, en Sentencia 107/1996, de 12 de junio– ha entendido que dicho artículo comprende estas Corporaciones de Derecho público. Y en la misma línea, el Tribunal Supremo (entre otras muchas, la STS de 13 de junio de 1995, RJ 1995\4.677). FdeD 3.º:
“… las Cámaras de Comercio, tienen su amparo constitucional en el artículo 52 de nuestra Ley Suprema, en el que se contemplan las “organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios”, se impone el carácter democrático de su estructura interna, así como de su funcionamiento, y se remite su concreta regulación a la normativa legal …”.
Igualmente lo ha entendido el Consejo de Estado[72]. Del citado precepto constitucional (art. 52 CE), destacan dos previsiones:
1.ª La existencia de reserva de ley a la hora de regular este tipo de organizaciones. Ello implica que el núcleo de la regulación de estas organizaciones ha de contenerse en una ley y que la norma reglamentaria únicamente podrá entrar en juego cuando exista una previa habilitación legal[73].
2.ª Exigencia de carácter democrático en la estructura interna y funcionamiento de las Cámaras, cuestión estrechamente ligada con la configuración de estas Corporaciones no sólo como órganos de consulta y apoyo de la Administración estatal o autonómica, sino también como organizaciones representativas de intereses económicos y corporativos.
De la anterior afirmación se derivan consecuencias:
.- la primera es que las relaciones entre las Cámaras y las correspondientes Administraciones han de regirse por el principio de tutela, que no implica subordinación jerárquica, sino únicamente la existencia de controles, tasados legalmente, cuya finalidad es la de garantizar la legalidad en la actuación del ente tutelado (controles de legalidad y no de oportunidad, que, como regla general, no permiten sustituir la decisión del ente tutelado, ni determinar con carácter vinculante el sentido de su actuación);
.- la segunda es que las Cámaras se configuran legalmente como titulares de determinadas funciones de carácter público, que en todo caso han de ser respetadas por la organización administrativa;
.- finalmente, en tanto que Corporaciones representativas de los intereses de sus miembros, las Cámaras han de gozar de autonomía organizativa y financiera, a cuyo efecto aprobarán la correspondiente reglamentación interna.
[1] Las Cámaras de la Propiedad Urbana han perdido su condición de Corporaciones de Derecho público y la obligatoriedad de pertenencia. Las Agrarias también perdieron la obligatoriedad de pertenencia.
[2] Con disolución de las Cortes incluida la ratificación de la decisión por las Cámaras elegidas y la necesidad de referéndum (art. 168 CE, reformas que afecten al Título Preliminar, al Capítulo 2.º, Sección 1.ª del Título I y al Título II).
[3] Por estar el art. 52 CE ubicado en el Capítulo Tercero del Título I, no precisa ni la disolución de las Cortes ni, necesariamente, referéndum (salvo que lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, art. 167 CE).
[4] Por acuerdo del Congreso de 26 de julio de 1977, se creó la Comisión Constitucional provisional, en el seno de la cual se eligió la Ponencia encargada de los trabajos de elaboración del Anteproyecto de texto constitucional. El 24 de diciembre de 1977 se ordenó su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) dando tiempo para la presentación de enmiendas.
[5] No se refiere a intereses generales, ni públicos ni particulares, ni colectivos ni corporativos.
[6] Ni la más mínima referencia a la posibilidad de adscripción obligatoria, sino, precisamente, todo lo contrario.
[7] Concluido por la Ponencia el estudio de las enmiendas, el 17 de abril de 1978, se publica en el BOC el Informe de la Ponencia y, como anexo al mismo, el texto del articulado, con las modificaciones introducidas a consecuencia de dicho informe. Se señala que han analizado todas y cada una de las 3.100 enmiendas contenidas en los 779 escritos admitidos a trámite, “una considerable parte de las cuales han sido asumidas total o parcialmente en su literalidad o en su espíritu. El Informe se emite en base al art. 114 del Reglamento provisional del Congreso, razón por la cual los votos particulares formulados al Anteproyecto por los Ponentes no son objeto de informe y ha de entenderse que sus autores los mantienen en tanto no hayan quedado recogidos en la nueva redacción del texto o se mencione la renuncia expresa de los mismos”.
[8] En base a la propuesta contenida en la enmienda núm. 779 del Grupo de Unión de Centro Democrático.
[9] El artículo anterior es el 4, que pasa en la nueva redacción a ser el art. 6, que se refiere a los partidos políticos.
[10] No acepta, en concreto, las enmiendas núm. 2, del señor Carro Martínez, núm. 35, del señor De la Fuente de la Fuente, núm. 63, del señor Fernández de la Mora, núm. 329, del Grupo Socialista del Congreso, núm. 458, del Grupo Mixto, núm. 587, del señor Rosón Pérez y núm. 736, del señor Ortí Bordás.
[11] Vamos a examinar con cierto detenimiento los textos del Diario de Sesiones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, presidida por Emilio Attard Alonso. Los que se refieren a los arts. 6 y 7 se encuentran en la Sesión núm. 6, celebrada el martes, 16 de mayo, de 1978, núm. 67, págs. 2.368 a 2.375. Interesa el estudio en relación con el art. 7 y, cuando aparecen, los arts. 36 y 52. La razón de ello es que se produjeron intensos debates sobre el corporativismo y la defensa de intereses propios, particulares, comunes o generales, cuestiones que han estado presentes en resoluciones del Tribunal Constitucional en relación con la adscripción obligatoria o libre a los diferentes tipos de Corporaciones, en especial, Cámaras de Comercio.
[12] Enmienda núm. 63, señor Fernández de la Mora; núm. 2 del señor Carro, no es defendida por no estar presente su autor; núm. 35, del señor De la Fuente, se retira; núm. 329, Grupo Socialista, se retira; enmienda núm. 587, señor Rosón, se da por retirada y decaída; núm. 735, señor Ortí Bordás, se da por decaída; núm. 458, Grupo Mixto, se retira.
[13] M. Roca pregunta a G. Peces-Barba si la frase termina en “intereses” o en “intereses económicos y sociales”, a lo que Peces Barba responde que en “intereses”. A partir de esta circunstancia se produjo una interesante controversia que iba a resaltar la desconfianza que provocaba el corporativismo por su evocación de la dictadura y por el excesivo protagonismo que habían tenido los estamentos y corporaciones (antiguos gremios), en la defensa de los intereses económicos y sociales. En la incipiente democracia, la pretensión mayoritaria dentro del poder constituyente era otorgar la exclusividad de representación de los intereses a los partidos políticos y a los sindicatos, recelándose del resto de organismos. La pasó a explicar Barón Crespo: “El actual art. 6 habla de los partidos políticos, que también tienen a su cargo la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Es decir, que no queda delimitado en este art. 7, sino que, también, de una manera específica y general para toda la sociedad, está en el art. 6. Por otra parte, aunque se trate de una cuestión meramente terminológica, y está claro el tema suscitado por el señor Alzaga con los Colegios, y aunque no somos muy partidarios de escuchar continuamente clamores porque la Constitución quedaría continuamente sesgada reconociendo la libertad de asociaciones, de sindicatos y de organizaciones empresariales, esta redacción que proponemos, la de “sus intereses”, es una ruptura mucho más clara con el corporativismo pasado. En este punto no queremos entrar en la discusión de lo que será objeto más adelante (futuros arts. 22 y 28 CE), en relación con el ejercicio de los derechos que tengan las asociaciones profesionales, incluidos los sindicatos, y, en especial, el derecho a la huelga. Entendemos por tanto que es mucho más claro dejar delimitado el campo de actuación de sindicatos, de colegios y organizaciones profesionales y de organizaciones empresariales, a la defensa de sus intereses propios específicos y la redacción nuestra creemos que va a favor de la concisión”.
Al mismo tiempo, el señor Martín Toval presentó una tercera, lo que da una idea del interés que había suscitado el debate del art. 7. Debemos recordar que, en este momento de la tramitación, lo que hoy son los arts. 36 y 52 CE no existían, sino que formaban parte del texto del art. 7.
[14] Alzaga argumentó: “Se trata pura y simplemente de recoger el clamor y la preocupación que hemos registrado de una serie importante de Colegios profesionales que se consideran con la tradición y la tutela suficiente para ser citados en este primer inciso de este artículo, que más que un valor vinculante tiene un valor declarativo. No voy a extenderme más. Entiendo que ésta es una enmienda que intenta recoger una realidad importante en la realidad social española y que, consiguientemente, debería reflejarse en la declaración que nos ocupa. Rogamos a la Ponencia que la reconsidere y, en su caso, la acepte por unanimidad”.
Gregorio Peces-Barba en su turno, en apariencia en contra, era muy similar. Dijo: “Nosotros no ponemos ninguna objeción a que se incluya el término “colegios”, pues pensamos que con la inclusión de ese término se quita gran parte de las dudas que pudieran existir sobre el sentido de las organizaciones profesionales; pero para que no quedara ninguna, entendemos que sería más conveniente invertir el orden de la frase y decir: “Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales, y los colegios y demás organizaciones profesionales contribuyen a la defensa y promoción de sus intereses”. Con la propuesta del representante socialista de invertir el orden se estaba encaminando hacia la solución que finalmente se aprobaría; es decir, sindicatos y asociaciones empresariales, juntos.
A lo que Alzaga replicó agradeciendo y haciendo suya la enmienda in voce que acababa de presentar Peces-Barba, rogándole que, por el cauce reglamentario, la presentara por escrito. En ese momento intervino el Presidente para tratar de aclarar y encauzar el debate que parecía resuelto.
[15] “La constitucionalización del derecho de sindicación de los trabajadores está justamente en la Constitución italiana, en la francesa claramente y en la alemana es algo más amplia en cuanto que generaliza el derecho de los ciudadanos, pero se refiere básicamente a los trabajadores…”. Pero “difícilmente se podrá decir lo mismo en cuanto a la constitucionalización que se quiere hacer de las asociaciones empresariales y de las organizaciones profesionales. En este artículo se está intentando establecer un contrapeso manteniendo como equilibrados, como equivalentes, el derecho constitucional de sindicación de trabajadores, de organizaciones profesionales y de asociaciones empresariales. Todo ello es grave, pero es mucho más grave si a esa equiparación de estos tres conjuntos posibles de organizaciones se añade el que se matiza a las tres, indicando que todas ellas contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales. Yo diría que si ello no es corporativismo, es volver al “estamentarismo franquista”, semilla de posteriores normativas que nos lleven a posiciones claramente contrapuestas con la democracia pluralista que queremos defender”. Aclaró aún más cuando dijo: “Como promoción de los intereses económicos y sociales están las asociaciones empresariales y los sindicatos de trabajadores, pero de los intereses suyos, de cada uno, diferentes y contrapuestos (llámese o no a esto lucha de clases). Es evidente que esa contraposición existe y que esa defensa de intereses económicos y sociales existirá por lo que o no se reconoce constitucionalmente, en cuyo caso, mejor con no hablar de nada, o si se reconoce que existen esas organizaciones y esos intereses económicos y sociales, reconózcase bien y claramente, no entremos en una abstracción acerca de lo que son los intereses económicos y sociales del conjunto social” (vid. Diario de Sesiones, Comisión de 16 de mayo de 1978, núm. 67, pág. 2.373).
[16] El 1 de julio de 1978, se publica en el BOC y se eleva a la Mesa del Congreso. En este Dictamen aparecen varias diferencias en el art. 7, que hemos analizado en el debate en Comisión y resumimos.
[17] Aún cuando en el Diario de Sesiones de la Comisión de 16 de mayo de 1978, núm. 67 pág. 2.374, figura, en segundo lugar, las “asociaciones profesionales”, se trata de un error material: en realidad debe decir “asociaciones empresariales”, como figura en el debate, en el texto y el contexto, y como figurará posteriormente.
[18] Expresión idéntica se añade al art. 6, para los partidos políticos.
[19] Solé Tura expresó la reserva de que le parecía innecesaria la introducción del término “colegios profesionales”, porque abre un camino a una especie de entrada masiva del espíritu corporativo en el texto constitucional. Barón Crespo, explicó el sentido del voto socialista en la búsqueda del consenso .…”. “Hemos votado teniendo en cuenta que la redacción sobre colegios y organizaciones profesionales tiene un sentido estricto y una clara delimitación respecto al argumento o crítica anterior, que hacíamos sobre los posibles clamores populares interpretados de una manera sectorial; hemos cedido en nuestra enmienda sobre “sus intereses” teniendo en cuenta la suficiente amplitud y la defensa de los intereses de las clases implicadas…” (vid. Diario de Sesiones Comisión de 16 de mayo de 1978, pág. 2.374 y 2.375).
[20] En el Pleno se trataron conjuntamente los arts. 6 y 7. No hubo explicación de voto. Se leyeron y votaron simultáneamente, con el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; en contra, ninguno; abstenciones, 3 (vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados núm. 104, sesión plenaria núm. 33, de 5 de julio de 1978 págs. 3.879 y 3.870). El BOC publica el Texto del Proyecto de Constitución el 24 de julio de 1978.
[21] El 26 de julio de 1978, la Presidencia del Senado envía el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados a la Comisión de Constitución y se abre el plazo de enmiendas. El 18 de agosto comienzan los debates. El Presidente constata el elevado número de enmiendas en el Senado, 1.254. El art. 7 se debate en la sesión del 22 de agosto de 1978 (vid. Diario de Sesiones Comisión de la Constitución del Senado, de 22 de agosto de 1978, núm. 41, págs. 1.693 y sigs.).
[22] “… desaparecida la democracia orgánica…, no vemos ninguna necesidad para mantener en la Constitución de la nueva democracia española ni rastro alguno de la misma…, aún comprendiendo la importancia de los Colegios profesionales en la vida profesional y en los últimos tiempos de la dictadura para luchar contra ella, muy especialmente los Colegios de Abogados, queremos llamar la atención de la Comisión en el sentido de que no trata de entidades homologables con las demás que están recogidas en el art. 7. Que tanto los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y las demás organizaciones, etc., no son homologables con los Colegios Profesionales que en el sistema jurídico-administrativo español son tradicionalmente Corporaciones de Derecho público”. Y continúa: “Pero es que, además, su inclusión en este artículo podría suponer casi su práctica desaparición, por lo menos como Corporaciones de Derecho público que deban controlar el ejercicio profesional. La libertad de creación de los Colegios profesionales que se podría entender de la lectura de este artículo, creemos que no es, precisamente, lo que se ha querido buscar al constitucionalizar los Colegios Profesionales (Diario de Sesiones, págs. 1.693 y 1.694).
[23] “… nuestra propuesta es que quede el actual texto del artículo, suprimiendo la mención a Colegios, como un párrafo primero, y que en un párrafo segundo se diga, como proponemos, que la ley regulará las peculiaridades propias de los Colegios Profesionales…; primero, por tratarse de Corporaciones de Derecho público; segundo, por tener una adscripción obligatoria para el ejercicio de determinadas profesiones y, tercero, por su exclusividad territorial. Y además creemos, y eso es muy importante, que debe quedar muy claro y la futura ley que regule estas instituciones debe recogerlo, que deben tener una estructura absolutamente democrática y que su funcionamiento interno deber estar de acuerdo con los principios democráticos…”.
“… El art. 7 deberá separar las instituciones profesionales que, efectivamente, la esencia de las mismas es la libertad asociativa, y la libertad de adscripción y creación de aquellas otras, como los Colegios, que tienen un significado completamente distinto y que, a nuestro juicio, una vez desaparecida la democracia orgánica, deben ser simplemente lo que han sido tradicionalmente: instituciones que defiendan intereses profesionales de determinadas profesiones forzosamente colegiadas por disposición de la ley”.
[24] Posteriormente, Pedrol Rius, mediante enmienda de la enmienda, lo dejaría en un párrafo nuevo.
[25] Para defender la adscripción obligatoria Pedrol Rius dijo: “Efectivamente, y como decía el señor Sainz de Varanda, de poco serviría que nosotros nos preocupásemos de reconocer aquí la existencia de los Colegios, si dejásemos en libertad a los profesionales de adscribirse o de no adscribirse a ellos”, añadiendo: “la Constitución que estamos en este momento elaborando se ha preocupado con insistencia de proteger aquellos ciudadanos que puedan encontrarse en una situación desigual en relación con otros grupos sociales. Y así por ejemplo, en el art. 48 se prevé que se establecerán las medidas necesarias para asegurar el control de la calidad de los productos y de los servicios. La relación profesional con el cliente es una de estas relaciones en las que el cliente merece ser protegido evidentemente por la Constitución. Cuando yo voy a ver a un médico le entrego, en una relación ilimitada de confianza por mi parte, mi salud y mi vida. Cuando un cliente viene a mi despacho, él me entrega, en esa relación ilimitada de confianza, su libertad, su honor y su patrimonio. Y cuando por parte del cliente se produce hacia el profesional esa entrega, es necesario que equilibremos esta relación, asegurando que el profesional respetará con honestidad las reglas propias de la deontología de cada una de esas profesiones. Y el Estado no tiene medios para penetrar en estos millares y millares de relaciones que se establecen entre los clientes y los profesionales, y, aunque los tuviera, no podría penetrar en ese recinto íntimo de la relación vedado por el secreto profesional”.
[26] Ambos intervinientes eran abogados. Pedrol Rius, Presidente del Colegio de Abogados. Lo que estaba ocurriendo es que de las demás organizaciones profesionales (otras que los sindicatos, asociaciones empresariales y colegios profesionales, que también existían), se estaban olvidando olímpicamente. En este sentido, la intervención de Pedrol Rius insistió acerca de su Colegio, el Colegio de Abogados, que siempre habían sido democráticos “ya en Colegios que tuvieron su fundación en el siglo XIV y en el siglo XV, concretamente nuestro Colegio de Madrid, en 1596, que ha funcionado siempre respetando esos principios de estructura interna y funcionamiento democrático. Con ello no hago, por otra parte, más que recoger, ya ampliado, lo que he tenido la satisfacción de escuchar al señor Sainz de Varanda”.
A nuestro juicio, faltó entre los senadores constituyentes alguno con conocimiento y sensibilidad hacia el mundo cameral y hacia sus predecesores, los históricos Consulados.
[27] Basándose en la historia, en la imposibilidad del Estado de hacerlo, en la protección a los clientes o en el argumento comparativo de los “estragos que causa en algunos países de Iberoamérica la ausencia de una norma que haga obligatoria la incorporación”, a juicio de Pedrol Rius, lo que decía en su calidad de Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios. Contó una anécdota del embaucamiento de un abogado hacia las posibles víctimas, que ofrecía, además, las mayores facilidades de pago, cuya posibilidad de que ocurriese atribuía a la normativa que hacia voluntaria la colegiación de los profesionales. Añadió que la última Constitución de la URSS constitucionalizaba, en su art. 161, a los Colegios. Terminó con el argumento comparativo, en el sentido de que todos los países del “Mercado Común” respetan el principio de colegiación obligatoria, matizando que Inglaterra, “que tiene algunas peculiaridades al respecto, está haciendo un esfuerzo para poder homogeneizar también su organización y su manera profesional de actuar”.
[28] Por llamar a su propuesta disposición adicional y por utilizar el término “obligatoria”, que rectificó luego (vid. Diario de Sesiones, Senado, de 22 de agosto de 1978, núm. 41, págs. 1.695 y 1.696).
[29] De acuerdo en suprimir el inciso “los Colegios y demás organizaciones profesionales”. Además, era pretencioso, a su juicio, “inscribir a los Colegios profesionales en el frontispicio de la Constitución. No ocurre lo mismo ni con los partidos políticos ni con los sindicatos ni con las asociaciones empresariales, porque todos ellos convergen en la efectividad de la democracia”. Por ello, se manifestó en contra de mantener en el mismo artículo, con un apartado 2.º (intervención de Villar Arregui, Diario de Sesiones, op. cit., pág. 1.698).
[30] Villar Arregui se olvidaba, como antes Sainz de Varanda y Pedrol Rius, de “las demás organizaciones profesionales”. ¿Simple olvido?. Al menos, hasta ese momento nadie había intervenido en contra de “las demás organizaciones profesionales” de manera expresa.
[31] Porque “responde a un concepto de pluralismo político dentro de la democracia, pero consideramos que es mucho más oportuno y jurídicamente mejor tratado en los artículos que señalaba el señor Villar Arregui, o en algún otro que se podrá estudiar en su momento procedimental oportuno”.
Pérez Puga también se olvidaba de “las demás organizaciones profesionales”. O ¿debemos suponer que se trataba de sobreentenderlas incluidas cuando se referían a los Colegios Profesionales?. No parece fuese esa la intención.
[32] Puesto que la intención de su Grupo era la de “sacar todo lo posible de los principios de nuestra Constitución algo que pudiese significar el mantenimiento de la democracia orgánica, el sacarla del título preliminar nos parece razonable, y pudiera ser lo que ha propuesto Villar Arregui (Progresistas y Socialistas Independientes) o bien el art. 32 o algunos de estos artículos que parecen más razonables”.
[33] ¿Querría entonces decir que a “las demás organizaciones profesionales” se les mantuviese en el art. 7, puesto que no pedía su supresión?.
[34] Aportación que complicaba aún más el debate. Tras mostrarse a favor de la presencia de los sindicatos en el art. 7, el hecho de añadir “las asociaciones empresariales, las organizaciones profesionales y no sabemos si también los Colegios” merece una reflexión: para esto último ya estaba el derecho de asociación del art. 21 (luego, 22). “Hay, en efecto, un cierto tono corporativista que no es convincente del todo. Pero si son tantas las asociaciones que se incorporan aquí, por qué no incluir también a quien ha ganado plaza, a quien ha ganado su puesto con tanto esfuerzo y sudor, como son las llamadas asociaciones de vecinos?. El fenómeno ha sido una cuestión palpitante en la reciente historia española, y por eso debe quedar mencionado en la Constitución. Hay unos caracteres que integran a todo este fenómeno… estamos ante una fórmula comunitaria de neto carácter popular. Se trata de un fenómeno reciente, moderno, pero con gran futuro, que hay que alentar porque constituye una evidente escuela de democracia, una práctica diaria que contribuye, con todas las garantías, a asentar y afianzar el fenómeno democrático”. “Si se constitucionalizan las asociaciones de empresarios y los colegios profesionales, no sé bien por qué no hay que incluir a las asociaciones de vecinos”, concluyó.
Por mediación de Mateo Navarro, el PC presentó una enmienda parecida a la de Martín-Retortillo, con el argumento de que la política no sólo debe hacerse con el voto, sino también por la participación de los ciudadanos, cada día, a través de las mil posibilidades asociativas, entre las cuales han tenido y han desempeñado una labor pionera las asociaciones de vecinos. Y añadió: “… necesitamos garantizar no sólo esas libertades y derechos a nivel individual, sino también a nivel colectivo, es pertinente la inclusión en este artículo, donde se empieza recogiendo el derecho de sindicación, y su correlato de asociaciones empresariales”. Respecto a los Colegios profesionales se reservaba, a resultas del debate y de la votación que siga, la posibilidad de presentar una enmienda in voce (puesto que no tendría ningún inconveniente en proponer una segunda enmienda, en la cual quedara excluida la presencia de los Colegios Profesionales) (Diario de Sesiones, op. cit., pág. 1.701).
[35] “No se puede pretender constitucionalizar todo este pluralismo democrático, que podrían enriquecer de alguna manera las vivencias del Estado, pero que, por otra parte, no tiene similitud ni es posible equipararlo a la constitucionalización de las organizaciones sindicales y empresariales. Si, al principio, hemos sostenido en nombre del Grupo UCD, que considerábamos oportuna la supresión de “los Colegios y demás organizaciones profesionales” del art. 7, fundamentalmente por estar contenido en el título preliminar de la Constitución y que ha de servir de base interpretativa para la misma, situándolo, con la definición que adopte en el momento oportuno, en otro artículo del texto constitucional, entendemos que no deben prosperar las enmiendas formuladas por los señores Martín-Retortillo y Mateo Navarro, toda vez que no es factible que se puedan constitucionalizar. Entraríamos en una especie de pluralismo administrativo que, si bien es cierto que puede tener virtualidad en las decisiones del poder político del Estado, ha de seguir otros tratamientos, otras conductas de poder completamente distintos a los que se han de introducir para contemplar el fenómeno sindical de los trabajadores y el fenómeno asociativo de los empresarios”.
[36] Pedrol Rius, como cuestión de orden, intervino para que se leyera cómo quedan cada una de las enmiendas. El Presidente aceptó y procedió a votarse “la enmienda núm. 1.042, que pedía, simplemente, la supresión de la palabra “colegios” del art. 7, que es la misma que la del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes”. Intervienen el señor Letrado, indicando que posteriormente se ha presentado un escrito de varios senadores… De nuevo, el Presidente pide mayor concisión.
[37] No es verosímil que, tras la confusión reinante, todo el mundo supiera, de verdad, lo que estaba votando y, lo que resulta más insólito aún, que todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero así fue. Recordamos aquí lo que era la enmienda in voce del Grupo Progresistas y Socialistas independientes, que había defendido Villar Arregui (vid. Diario de Sesiones, op. cit., pág. 1.698): “suprimir el inciso que dice: “Los Colegios profesionales y demás organizaciones profesionales”.
[38] Pedrol Rius interviene para decir que ha modificado sus enmiendas, con cortas réplicas y dúplicas con la Mesa. Finalmente, modifica de nuevo su enmienda. La Mesa había entendido, con razón, que Pedrol Rius quería hacer una disposición adicional. Pero, éste, al darse cuenta de que de esa manera no iba a prosperar, lo rectificó sobre la marcha, a lo largo del debate y lo incorporó como párrafo del artículo.
[39] “Enmienda in voce que presenta el señor Pedrol en relación con la enmienda núm. 1.042 del Grupo Socialistas del Senado y la suya, núm. 182, las dos correspondientes al art. 7 del Proyecto.
[40] En resumen, Villar Arregui, plenamente consciente de la supresión de la frase completa, esto es, “los Colegios y demás organizaciones profesionales”, aceptó la creación de otro artículo, dando un texto tentativo concreto, en el que no aparecía “las demás organizaciones profesionales”, pues decía: “La ley regulará las peculiaridades propias de los Colegios profesionales. Su estructura y su funcionamiento se ajustarán a criterios democráticos”. Pedrol Rius, por supuesto, sólo habló de los Colegios, y quería, además que se constitucionalizara la adscripción obligatoria, lo que suavizó Sainz de Varanda con la expresión de seguir como hasta ahora, para moderar la palabra “obligatoria”. UCD (Grupo mayoritario), a través de Pérez Puga, aceptaba lo de la supresión pero mantuvo oculta su posición en relación con el tratamiento ulterior, al decir que “debe ser mejor tratado en los artículos que señalaba el señor Villar Arregui o en algún otro que se podrá estudiar en su momento procedimental oportuno” (vid. Diario de Sesiones, op. cit., pág. 1.699).
[41] Diario de Sesiones, reunión de 29 de agosto de 1978, núm. 45, pág. 2.033.
[42] Queda una duda por la confusión existente. Al explicar su voto, Sainz de Varanda da la razón de por qué se retiró del art. 7, en lo que estaban todos de acuerdo, pero hay un matiz: dice que solicitaron la retirada de la frase “colegios profesionales”, lo que es cierto (vid. Diario de Sesiones, Senado, reunión de 29 de agosto de 1978, núm. 45). Sin embargo, lo que se aprobó el 22 de agosto fue la supresión de la frase “Colegios y demás organizaciones profesionales”, de acuerdo con la enmienda in voce del Senador Villar Arregui -del Grupo Socialistas y Progresistas Independientes-, que es la única que se votó, como hemos visto antes.
Por lo tanto, si Sainz de Varanda estaba diciendo que la supresión se refería a “Colegios profesionales”, para él, las demás organizaciones profesionales tenían que seguir estando recogidas en el art. 7.
[43] Por 149 votos en contra y 18 a favor, con 19 abstenciones. Mateo Navarro era consciente de que se habían suprimido del art. 7, esos dos tipos de organismos (Colegios y otras entidades de carácter corporativo análogo) y se puede deducir que también había interiorizado que sólo a uno de ellos (a los Colegios profesionales) se le había “repescado” en el art. 32 bis. A pesar de ello, mantiene la enmienda: “Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y las diferentes organizaciones de carácter ciudadano contribuyen a la defensa y promoción de los intereses que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” (Diario de Sesiones, Senado, de 26 de setiembre de 1978, núm. 59, pág. 2.939).
[44] Por 176 votos a favor, ninguno en contra, con 10 abstenciones.
[45] BOC de 6 de octubre de 1978.
[46] Lo subrayado en cursiva era lo que había conseguido introducir el Senador Pedrol Rius, con la suavización del Grupo Socialista, en el sentido de sustituir el sintagma “adscripción obligatoria” por la fórmula más suave de “normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes”, como hemos visto en el debate en Comisión.
[47] A 9 de octubre de 1978, poco antes de que se aprobara la Constitución, los antiguos Consulados, Gremios, Casas de Contratación -varios siglos de andadura-, y las posteriormente Corporaciones de Derecho público -más de un siglo de existencia-, que habían contribuido al progreso económico y social, no iban a constitucionalizarse, ni específica ni genéricamente.
[48] Las sesiones de la Comisión Mixta tenían carácter secreto y su Dictamen se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes núm. 170, de 28 de octubre de 1978. El Presidente, Antonio Hernández Gil, explicó cómo había actuado: “Ha comprobado la predominante conformidad entre los textos procedentes del Congreso de los Diputados y del Senado. En caso de discrepancia ha optado por un texto o por otro, y en determinadas ocasiones, ha obtenido un texto distinto en los matices, bien por vía de refundición, bien por vía de coherencia, o de integridad, o de integración, o de complementariedad. Esos han sido los criterios con los que ha operado la Comisión Mixta: teniendo en consideración las discrepancias, pero, al mismo tiempo, tomando en cuenta que las normas no son compartimentos estancos, sino que constituyen elementos integrados y mutuamente vinculados y dependientes en el seno de un ordenamiento jurídico y, en concreto, dentro de un contexto constitucional…; sólo ha habido en el seno de la Comisión una posición radical, compartida por todos, y es la de hacer todo lo posible, extremar el diálogo, hasta conseguir un acuerdo, hasta lograr una unanimidad de la que nos sentimos satisfechos y solidariamente responsables todos y cada uno de los miembros de la Comisión Mixta” (Diario de Sesiones, Senado, 31 de octubre de 1978, núm. 68, pág. 3.395).
Las “demás organizaciones profesionales”, figuraban en el texto del Congreso, en el art. 7, y habían desaparecido del texto del Senado (ni en el 7 ni en el 32 bis, como hemos visto). Es coherente con lo expuesto por su Presidente, que la Comisión Mixta optara por mantener a “las demás organizaciones profesionales” que figuraba en el texto del Congreso, a través de un nuevo artículo, el art. 52.
[49] No hay actas oficiales de la reunión, por lo que la Comisión Mixta debió de proceder, en cualquier caso, como se acaba de señalar. También conocemos las versiones particulares de algunos de los miembros de dicha Comisión, como veremos a continuación el caso de M. Herrero y R. de Miñón.
[50] En el orden del día, el Dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el Proyecto de Constitución. Los discursos de los portavoces se referían a cuestiones generales, sin entrar en los detalles del articulado. Tomaron parte en la votación 239 Senadores: votaron a favor, 226; en contra, 5 y se abstuvieron, 8.
[51] El Presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda y Torres, señala el objeto de la sesión: “aprobar o rechazar la propuesta que la Comisión Mixta nos hace para resolver las discrepancias existentes entre el texto que nosotros aprobamos y el aprobado por el Senado. Aunque estas discrepancias eran numerosas, pues afectaban a 114 artículos o disposiciones, tenían una entidad relativamente menor, y su solución, en cualquier sentido, no hubiera significado, en todo caso, una modificación sustancial de la decisión que ya se tomó por esta Cámara sobre el marco futuro de nuestra convivencia política. Bien es verdad que lo que hoy traemos a la consideración de Sus Señorías es, de nuevo, texto completo del proyecto constitucional. Muy prudentemente la Comisión ha entendido que la solución de estas abundantes discrepancias no podía llevarse a cabo considerando aisladamente cada uno de los artículos en que tales discrepancias se producen, sino teniendo en cuenta la armonía de conjunto…”.
Es clara la actuación de la Comisión Mixta, único sistema posible de elaboración ante dos procedimientos de discusión y aprobación, en dos Cámaras compuestas por personas diferentes, a la vista de las explicaciones dadas por ambos Presidentes, el del Congreso y el del Senado. Votos emitidos: 345. Votos favorables al dictamen, 326; en contra, 6; abstenciones, 14.
[52] Tal circunstancia no puede ser calificada de otra manera que de discrepancia entre los textos, no sólo de un artículo, sino de varios, por comparación entre el art. 7 del Congreso y los arts. 7 y 36 del Senado, lo que hace absolutamente irreprochable la actuación de la Comisión Mixta.
[53] Miguel HERRERO y R. DE MIÑÓN, Comentarios a la Constitución Española de 1978, obra colectiva dirigida por Oscar ALZAGA VILLAAMIL, Tomo IV, “Comentarios al art. 52”, Cortes Generales, editoriales de Derecho reunidas, págs. 412 a 423.
[54] El art. 7 de la Comisión del Congreso, tal y como aparece en el BOC de 1 de julio de 1978, dice: “Los Sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales, los Colegios y demás organizaciones profesionales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
[55] Así resulta, explícitamente, del texto de la Comisión del Congreso, que ratificó el Pleno de la Cámara, al sustantivar la referencia a los Colegios Profesionales junto a “las demás organizaciones profesionales” (art. 7).
[56] Francisco Javier GÁLVEZ MONTES, Comentarios a la Constitución española de 1978, obra colectiva dirigida por Fernando GARRIDO FALLA, “Comentarios al art. 52”, Civitas, Madrid. En la 3.ª edición, de 2001, págs. 978 a 971, menciona como referencia la STC 23/1984, de 20 de febrero, que reconoce que es propio del Estado Social de Derecho la existencia de entes de carácter social que cumplan funciones de relevancia constitucional o de interés general y la STC 132/1989, de 18 de julio, sobre Cámaras Agrarias, que señala que corresponde al Poder público delimitar las fuentes de ingresos de las Corporaciones sectoriales y la regulación del número de sus miembros. La coexistencia de varias Cámaras en el mismo territorio no contraría lo dispuesto en el art. 52 de la Constitución. A nuestro juicio:
1.º Se echa en falta referencia a posteriores pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, a la STC 107/1996, en la que se constitucionaliza la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio.
2.º Igualmente, el autor, por todas las opiniones doctrinales, sólo cita una nota a pie de página, de Oscar ALZAGA, ilustre Letrado sin duda, quien manifiesta sin tapujos que, a su juicio, “bien se podría haber optado por ahorrar este artículo”, opinión que comparte GÁLVEZ MONTES cuando afirma que “si la Comisión Mixta hubiera sopesado las razones invocadas en la Alta Cámara para desglosar del art. 7 la referencia a los Colegios Profesionales, habría llegado a la conclusión de que ni aún desde un punto de vista estético o armónico era necesaria esta referencia específica”; la referencia a la opinión de ALZAGA está recogida de la pág. 343 de su libro Constitución española de 1978, Madrid 1978. Remárquese la contradicción que supone esta opinión con la expresada por el propio ALZAGA en otros momentos, concretamente cuando presentó la enmienda del Grupo de UCD antes referida, por la que se pedía que se incluyera el párrafo: “Colegios y las restantes organizaciones profesionales”, o cuando más claramente reconoce, en 1996, que “existirán siempre importantes modulaciones y aún limitaciones al derecho de asociación, desaparición de la libertad negativa, de no asociarse”, como el caso de las Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales, “claros exponentes del asociacionismo obligatorio” (Derecho Político, op. cit., pág. 283), opinión posterior de ALZAGA que GÁLVEZ MONTES no tiene en cuenta en sus “Comentarios”, no actualizados, pues, con doctrina anterior a la fecha de su publicación, que otorga relevancia constitucional a la pertenencia y pago de cuotas obligatorias a las Cámaras de Comercio. Por todo ello, no compartimos lo esencial de la opinión expresada.
[57] Con el título de “Las organizaciones profesionales no sindicales”, Ángel J. GALLEGO MORALES, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, comenta el art. 52, págs. 827 a 875, dentro del libro colectivo, Comentario a la Constitución socioeconómica de España (dirigido por José Luis MONEREO PÉREZ, Cristóbal MOLINA NAVARRETE y María Nieves MORENO VIDA), op. cit.
[58] La afirmación de la expresión “indeterminadas” se puede admitir si con ello se refiere a que no se cita por su nombre a las varias y posibles organizaciones profesionales que existían y existen; pero la expresión del texto constitucional “organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios” conlleva, sin ningún género de dudas, una determinación y acotación precisas, por lo que no se puede decir que “no denotan determinación alguna” (DRAE, acepción 1.ª). Es verdad que no se cita por su nombre a cada una de ellas, lo que, por otra parte parece lógico en un texto constitucional, puesto que se trata de un género. Quizás debiera sorprender más que a una especie concreta de organización profesional, a los Colegios Profesionales, sí se les cite por su nombre, lo que no es muy común en las Constituciones: la referencia explícita al art. 36 se debe, sin lugar a dudas, al tesón y presión ejercida en el debate en el Senado por varios Senadores que compatibilizaron su función de ponentes constitucionales con una insistente defensa, sin duda incentivada por su pertenencia al Colegio de Abogados, alguno de los cuales, en cargo de la máxima representación; alguno de ellos planteando una enmienda que pretendía que se constitucionalizara la obligatoriedad de pertenencia a los Colegios (a todos y cada uno de ellos, es de suponer, puesto que tampoco se determinan qué Colegios se incluyen en el art. 36) y el monopolio de los mismos, sin más precisiones.
[59] Hemos visto cómo el Pleno del Congreso aprobó el artículo 7, que hacía referencia a “colegios y demás organizaciones profesionales”, por lo que, si del Senado desaparecen las “demás organizaciones profesionales”, la discrepancia es evidente.
[60] Como proyecto o como garantía, es una especie de anticipación del futuro. En relación con las diferencias y similitudes entre “valores” y “principios”, vid. págs. 98 y sigs. de Valores superiores e interpretación constitucional, de Francisco Javier DÍAZ REVORIO, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, 592 páginas.
[61] Aún así, HERRERO y R. DE MIÑÓN, Ponente y portavoz de UCD, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Políticas, el 5 de mayo de 1978, incluía los principios rectores como parte del Estado social: “El Estado social es la consecuencia ineludible del Estado de Derecho a la altura de nuestros tiempos; es el Estado que no sólo garantiza la libertad sino que toma aquellas medidas que hacen posible esta libertad, y a ello responde el art. 9 del proyecto de la Ponencia, que mi grupo preferiría haber depurado de ingenuas reminiscencias italianas. A ello corresponden también los principios rectores que ocupan parte del Título I y parte del Título VII de la Constitución. Ahora bien, ni la colocación de estos principios ni su redacción no siempre afortunada, ni las garantías que para ello se prevén son, a nuestro parecer, satisfactorias, porque no responden a esta condición de principios rectores, tal como se esbozaron muy defectuosamente en la Constitución del 31, se acuñaron en la irlandesa del 37, y se difundieron a partir de la birmana de 1948. Son exclusivamente unos valores que deben inspirar al legislador, pero que no pueden ser alegados ante los tribunales para impugnar la constitucionalidad de una norma ni para pedir la tutela de un derecho. Si ello conduce a pensar que los principios rectores tienen una pretensión de validez inferior a la de otros sectores de la Constitución, dicha constatación también puede conducir a pensar en la conveniencia de aligerar el texto de una serie de afirmaciones que poco de operativo le añaden…” (vid. Diario de Sesiones núm. 59 de 5 de mayo de 1978, pág. 2.026). Mantenía entonces una posición crítica con el texto de la Ponencia, texto que, como sabemos, fue posteriormente bastante modificado. El 5 de mayo de 1978, no existía el art. 52 actual, nadie se podía imaginar que del inicial art. 5, que luego fue 7, fuera a surgir un art. 52, que ha quedado incluido dentro de los principios rectores.
[62] Mientras que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo, Título I (entre los que se encuentra el art. 36, Colegios Profesionales), vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1 CE), lo que le da una garantía diferenciada de las organizaciones económicas del art. 52 (art. 53.3 CE).
[63] En este sentido, la STC 19/1982, de 5 de mayo, precisó que “los principios rectores de la política social y económica no son normas sin contenido y que, por consiguiente, hay que tenerlos presentes “en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las Leyes”.
[64] El Tribunal Constitucional identifica a la Constitución como marco de coincidencias “suficientemente amplio como para que dentro de él quepan políticas de muy distinto signo”, de modo que las opciones políticas y de gobierno no están previamente programadas de una vez por todas…” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7.º vid. Constitución Española, edición preparada por Luis MARTÍN REBOLLO, edición especial, Capítulo IV, pág. 101, Thomson/Aranzadi, 2003).
[65] A pesar de que muchos han interpretado el art. 53.3 CE en el sentido de apartar cualquier presunta fuerza de los derechos regulados en el Capítulo III del Título I de la Constitución (arts. del 39 al 52, ambos incluidos), a juicio de PECES-BARBA, “los derechos del Capítulo III vinculan a todos los poderes públicos a través de una obligación negativa” (Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ, con la colaboración de Rafael DE ASÍS ROIG, Carlos R. FERNÁNDEZ LIESA y Ángel LLAMAS CASCÓN, Curso de derechos fundamentales, Teoría General, pág. 507, Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1.ª reimpresión, febrero de 1999, 720 páginas).
[66] Ya hemos dejado constancia de la cuestión de los Colegios Profesionales, a la que nos remitimos.
[67] En la Exposición de Motivos se afirma que la nueva Ley continúa la tradición legislativa al definir a las Cámaras como “Corporaciones de Derecho público, partiendo de su participación en la naturaleza de las Administraciones Públicas, que ha sido puesta de relieve por el Tribunal Constitucional” y el art. 1 (naturaleza) empieza con la misma afirmación, “Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su caso, de Navegación son Corporaciones de Derecho público”.
[68] Creemos que, aunque así figura en el texto de los Comentarios como ”asociaciones” profesionales, se debería referir, para ser más preciso, a las “organizaciones” profesionales (las del art. 52, las de “innecesaria presencia constitucional”); lapsus o no, quizás se deba, simplemente, al deseo del autor de no repetir la palabra “organizaciones”, que acaba de mencionar. No queremos pasar por alto, puesto que con la palabra “asociaciones”, GÁLVEZ MONTES, tal y como se refleja del conjunto del comentario, está calificando a entes como las Cámaras de Comercio que son otra cosa, señalado ya por el Tribunal Constitucional en la STC 107/1996, lo que será objeto de posterior desarrollo en este mismo trabajo.
[69] En ningún momento el autor señala como función de las Cámaras la defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación y lo reduce a “intereses colectivos –que no generales– puramente económicos -que no sociales-. No son éstas las funciones que efectivamente han desempeñado a lo largo de su historia, ni las que le otorga la Ley 3/93, ni las que ha reconocido el Tribunal Constitucional.
[70] Nuevo intento de identificación plena con el conjunto de las asociaciones, tesis expresamente rechazada por el Tribunal Constitucional.
[71] J. L. PIÑAR MAÑAS, “Colegios Profesionales y Cámaras Oficiales” …, op. cit, págs. 282 a 285.
[72] El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre las Cámaras de Comercio en contadas ocasiones:
– Dictamen núm. 42.963, de 30 de octubre de 1980.
– Dictamen de tipo general, anterior a la Ley 3/1993, el núm. 584/1992, de 7 de mayo, que se refiere a la naturaleza jurídica de las Cámaras.
– Dictamen núm. 3.138/2000, de 8 de noviembre (acerca de la tutela), en relación con un proyecto de Decreto de la Comunidad de Madrid para desarrollar la Ley autonómica; el Dictamen del Consejo de Estado hace referencia a las relaciones entre las Cámaras y la Administración.
– Dictamen núm. 179/1998, de 2 de abril, en una cuestión de la Cámara de Comercio de Álava, sobre la autonomía de la Administración Corporativa: admite la posibilidad de que la Administración tutelante inicie un procedimiento de revisión de oficio de su propia Resolución administrativa en la que aprobó el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara; no obstante lo cual, el Consejo de Estado se manifestó contrario a la modificación de la Resolución entendiendo que el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara no vulneraba la Ley de Cámaras, señalando otras posibles vías para la modificación como, por ejemplo, la declaración de lesividad (vid. Compendio de la doctrina del Consejo de Estado, de Antonio PÉREZ TERESA, Consejo de Estado, BOE, Madrid, 2003, págs. 171 a 180).
[73] Ha de tenerse en cuenta que este marco legal presenta en el ordenamiento jurídico español dos manifestaciones: la legislación estatal básica (que se concreta en la Ley 3/1993) y la legislación autonómica (que se manifiesta en las diversas leyes autonómicas que complementan las previsiones de la Ley estatal y que, a su vez, pueden contener las correspondientes habilitaciones al desarrollo reglamentario).
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