Source: https://www.alvegest.com/web/ley-de-propiedad-horizontal-texto-refundido-tras-rd-ley-72019/
Timestamp: 2019-11-21 22:31:47
Document Index: 354125043

Matched Legal Cases: ['artículo 396', 'artículo 396', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 17', 'artículo 17', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 17', 'artículo 398', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 394', 'artículo 396', 'artículo 9', 'Artículo 396', 'artículo 5', 'artículo 396', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17']

Ley de Propiedad Horizontal. Texto refundido tras RD Ley 7/2019 – Alvegest
Carlos Antón2019-08-01T11:50:06+00:00
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL[1].
TEXTO ACTUALIZADO con las reformas introducidas por la LEY 8/2013 DE 26 DE JUNIO DE 2013[2] Y POR RD-LEY. 7/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
A efectos de esta Ley tendrán también la consideración de locales aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública.[3]
A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal
A las subcomunidades, entendiendo por tales las que resultan cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el título constitutivo, varios propietarios disponen, en régimen de comunidad, para su uso y disfrute exclusivo, de determinados elementos o servicios comunes dotados de unidad e independencia funcional o económica.
A las entidades urbanísticas de conservación en los casos en que así lo dispongan sus estatutos.[4]
DEL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD POR PISOS[5]
En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396[6] del Código Civil corresponde al dueño de cada piso o local:
El derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente hayan sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio delimitado
Cada Propietario puede libremente disponer de su derecho, sin poder separar los elementos que lo integran y sin que la transmisión del disfrute afecte a las obligaciones derivadas de este régimen de propiedad.[7]
En cualquier modificación del título, y a salvo lo que se dispone sobre validez de acuerdos, ser observarán los mismos requisitos que para la constitución.
El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o esta exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.
2.- Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.[8]
Si la sentencia fuese estimatoria, podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.[9]
ARTÍCULO 8.- DEROGADO[10]
Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley[11], teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.[12]
Los créditos a favor de la comunidad derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y a los tres años anteriores[13] tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1.923 del Código Civil y preceden, para su satisfacción, a los citados en los número 3º, 4º y 5º de dicho precepto, sin perjuicio de la preferencia establecida a favor de los créditos salariales en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo.
El adquirente de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores[14]. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.
En el instrumento público mediante el que se transmita, por cualquier título, la vivienda o local el transmitente, deberá declarar hallarse al corriente en el pago de los gastos generales de la comunidad de propietarios o expresar los que adeude. El transmitente deberá aportar en este momento certificación sobre el estado de deudas con la comunidad coincidente con su declaración, sin la cual no podrá autorizarse el otorgamiento del documento público, salvo que fuese expresamente exonerado de esta obligación por el adquirente. La certificación será emitida en el plazo máximo de siete días naturales desde su solicitud por quien ejerza las funciones de secretario, con el visto bueno del presidente, quienes responderán, en caso de culpa o negligencia, de la exactitud de los datos consignados en la misma y de los perjuicios causados por el retraso de su emisión.[15]
Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación, de reparación y de rehabilitación de la finca, así como la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b) de esta Ley.
Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales. [16]
La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales
2.- Para la aplicación de las reglas del apartado anterior se reputarán generales los gastos que no sean imputables a uno o varios pisos o locales, sin que la no utilización de un servicio exima del cumplimiento de las obligaciones correspondientes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.4.[17] [18]
También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. [19]
La construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio o de las cosas comunes, así como la constitución de un complejo inmobiliario, tal y como prevé el artículo 17.4 del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que resulten preceptivos a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbana.
Los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 8 para los gastos generales.
La constitución y modificación del complejo inmobiliario a que se refiere el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio[20], en sus mismos términos.
Cuando así se haya solicitado, previa aprobación por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, la división material de los pisos o locales y sus anejos, para formar otros más reducidos e independientes; el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio o su disminución por segregación de alguna parte; la construcción de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio, incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio[21].
En estos supuestos deberá constar el consentimiento de los titulares afectados y corresponderá a la Junta de Propietarios, de común acuerdo con aquéllos, y por mayoría de tres quintas partes del total de los propietarios, la determinación de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda. La fijación de las nuevas cuotas de participación, así como la determinación de la naturaleza de las obras que se vayan a realizar, en caso de discrepancia sobre las mismas, requerirá la adopción del oportuno acuerdo de la Junta de Propietarios, por idéntica mayoría. A este respecto también podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la Ley.[22] [23].
ARTÍCULO 11. DEROGADO[24]
ARTÍCULO 12.DEROGADO[25]
El Presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su relevo al Juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. El Juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.7ª resolverá de plano lo procedente, designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al Presidente en el cargo hasta que se proceda a una nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial.
La existencia de Vicepresidentes será facultativa. Su nombramiento se realizará por el mismo procedimiento que el establecido para la designación de Presidente.
Cuando el número de propietarios de viviendas o locales en su edificio no exceda de cuatro podrán acogerse al régimen de administración del artículo 398 del Código Civil, si expresamente lo establecen los estatutos.[26]
Aprobar los presupuestos y la ejecución de todas las obras de reparación de la finca, sean ordinarias o extraordinarias y ser informada de las medidas urgentes adoptadas por el Administrador de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.c
Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarias o convenientes para el mejor servicio común.[27]
Si algún piso o local perteneciese proindiviso a diferentes propietarios éstos nombrarán un representante para asistir y votar en las juntas.
Si la vivienda o local se hallare en usufructo, la asistencia y el voto corresponderán al nudo propietario, quien, salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, debiendo ser expresa la delegación cuando se trate de los acuerdos a que se refiere la regla primera del artículo 17 o de obras extraordinarias y de mejora.
Los propietarios que en el momento de iniciarse la Junta no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o procedido a la consignación judicial o notarial de la suma adeudada, podrán participar en sus deliberaciones si bien no tendrán derecho a voto. El acta de la Junta reflejará los propietarios privados del derecho de voto, cuya persona y cuota de participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las mayorías exigidas en esta ley.[28]
La convocatoria de las juntas la hará el Presidente y, en su defecto, los promotores de la reunión, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora en que se celebrará en primera o, en su caso, en segunda convocatoria, practicándose las citaciones en la forma establecida en el artículo 9. La convocatoria contendrá una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación de voto si se dan los supuestos previstos en el artículo 15.2.
Cualquier propietario podrá pedir que la Junta de propietarios estudie y se pronuncie sobre cualquier tema de interés para la comunidad; a tal efecto dirigirá escrito, en el que se especifique claramente los asuntos que se pide sean tratados, al Presidente, el cual los incluirá en el orden del día de la siguiente Junta que se celebre.
La Junta se reunirá en segunda convocatoria en el lugar, día y hora indicados en la primera citación, pudiendo celebrase en el mismo día si hubiese transcurrido media hora desde la anterior. En su defecto será nuevamente convocada, conforma a los requisitos establecido en este artículo, dentro de los ocho días naturales siguientes a la Junta no celebrada, cursándose en este caso las citaciones con una antelación mínima de tres días.
La citación para la Junta ordinaria anual se hará, cuando menos, con seis días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados. La Junta podrá reunirse válidamente aun sin la convocatoria del Presidente, siempre que concurran la totalidad de los propietarios y así lo decidan.[29]
La instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones regulados en el Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, o la adaptación de los existentes, así como la instalación de sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables, o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada, a petición de cualquier propietario, por un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación.
El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia y otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirán el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los integrantes de la comunidad que representen, a su vez, un tercio de las cuotas de participación, aplicándose, en este caso, el sistema de repercusión de costes establecidos en dicho apartado.
NOTA: Ver Anexo III. Se incluye la posibilidad de limitar el uso a residencial, y no permitir los apartamentos turísticos si se aprueba por 3/5 o recargar su cuota hasta un 20% por mayor uso, conforme RD.7-2019
Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos par a la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características.
No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal.
Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios de aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo de quién sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de dichas mejoras.[30]
El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (ARRENDAMIENTOS DE TIPO TURISTICO), en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos. [31]
Los acuerdos de la Junta de propietarios serán impugnables ante los Tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación general, en los siguientes supuestos.
Cuan sean contrarios a la Ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.
Cuan resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.
Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho a voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.
La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el Juez así lo disponga, con carácter cautelar, a solicitud del demandante oída la comunidad de propietarios.[32]
El acta de cada reunión de la Junta de propietarios deberá expresar, al menos, las siguientes circunstancias.
Serán subsanables los defectos o errores del acta siempre que la misma expresa inequívocamente la fecha y lugar de la celebración, los propietarios asistentes, presentes o representados, y los acuerdos adoptados, con indicación de los votos a favor y en contra, así como las cuotas de participación que respectivamente, supongan y se encuentre firmada por el Presidente y el Secretario. Dicha subsanación deberá efectuarse antes de la siguiente reunión de la Junta de propietarios, que deberá ratificar la subsanación.
El Secretario custodiará los libros de actas de la Junta de propietarios. Asimismo, deberá conservar, durante el plazo de cinco años, las convocatorias, comunicaciones, apoderamientos y demás documentos relevantes de las reuniones.[33]
Todas las demás atribuciones que se confieran por la Junta.[34]
1.- Las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9 deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta. En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la junta de propietarios, podrá exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio.
La utilización del procedimiento monitorio requerirá la previa certificación del acuerdo de la Junta aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad de propietarios por quién actúe como secretario de la misma, con el visto bueno del presidente, siempre que tal acuerdo haya sido notificado a los propietarios afectados en la forma establecida en el artículo 9.
A la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la derivada de los gastos del requerimiento previo pago, siempre que conste documentalmente la realización de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos.
Cuando en la solicitud inicial del proceso monitorio se utilizaren los servicios profesionales de abogado y procurador para reclamar la cantidades debidas a la Comunidad, el deudor deberá pagar, con sujeción en todo caso a los límites establecidos en el apartado tercero del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los honorarios y derechos que devenguen ambos por su intervención, tanto si aquél atendiere el requerimiento de pago como si no compareciere ante el tribunal. En los casos en que exista oposición , se seguirán las reglas generales en materia de costas, aunque si el acreedor obtuviere una sentencia totalmente favorable a su pretensión, se deberán incluir en ellas los honorarios del abogado y los derechos del procurador derivados de su intervención, aunque no hubiera sido preceptiva.[35]
La comunidad de propietarios responderá de sus deudas frente a terceros con todos los fondos y créditos a su favor. Subsidiariamente y previo requerimiento de pago al propietario respectivo, el acreedor podrá dirigirse contra cada propietario que hubiese sido parte en el correspondiente proceso por la cuota que le corresponda en el importe satisfecho.
Si el deudor pagase en el acto de requerimiento, serán de su cargo las costas causadas hasta ese momento en la parte proporcional que le corresponda.[36]
Por conversión en propiedad o copropiedad ordinarias.[37]
DEL RÉGIMEN DE LOS COMPLEJOS INMOBILIARIOS PRIVADOS[38]
El régimen especial de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil será aplicable a aquellos complejos inmobiliarios privados que reúnan los siguientes requisitos:
Participar los titulares de estos inmuebles, o de las viviendas o locales en que se encuentre divididos horizontalmente, con carácter inherente a dicho derecho, en una copropiedad indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales, instalaciones o servicios.
La adopción de acuerdos para los que la Ley requiera mayorías cualificada exigirá, en todo caso, la previa obtención de la mayoría de que se trate en cada una de las juntas de propietarios de las comunidades que integran la agrupación.
A los complejos inmobiliarios privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas señaladas en el apartado 2 les serán aplicables, supletoriamente respecto de los pactos que establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta ley con las mismas especialidades señaladas en el apartado anterior.
Sin perjuicio de las disposiciones que en uso de sus competencias adopten las Comunidades Autónomas, la constitución del fondo de reserva regulado en el artículo 9.1.f) se ajustará a las siguientes reglas.
En el momento de su constitución el fondo estará dotado con una cantidad no inferior al (2,5) 5% por 100 del presupuesto ordinario de la comunidad. A tal efecto, los propietarios deberán efectuar previamente las aportaciones necesarias en función de su respectiva cuota de participación.
Al inicio del siguiente ejercicio presupuestario se efectuarán las aportaciones necesarias para cubrir las cantidades detraídas del fondo de reserva conforme a lo señalado en el párrafo anterior.[39] [40]
Transcurridos los dos años, cualquiera de los propietarios podrá instar judicialmente la adaptación prevenida en la presente disposición por el procedimiento señalado en el número segundo del artículo dieciséis[41].
CODIGO CIVIL, Artículo 396, redactado por Ley 8/1999, 6 abril (B.O.E.8 abril), de Reforma de la Ley 49/1960, 21 julio, de Propiedad Horizontal.
Esta forma de propiedad se rige por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados”.
Articulo 17 Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas
Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o a varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo. Cuando, conforme a la legislación, puede abrir folio en el registro de la propiedad, tiene la consideración de finca registral.
Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.
La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes solo es posible si cada una de la resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable a la enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva.
Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su caso, su cualidad indivisible.
La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre que dentro del perímetro de esta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los efectos del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior.
El complejo inmobiliario podrá sustituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin necesidad de previa agrupación, siempre que sean colindantes entre sí o únicamente se hallen separadas por los suelos que, de acuerdo con la ordenación territorial y urbanística, deban tener la condición de dominio público, ser de uso público o servir de soporte a las obras de urbanización, o ser computables a los efectos del cumplimiento del deber de entregar a la administración el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención[42].
Cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al dominio público se constituirá un complejo inmobiliario en el que aquellas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa a la desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas tanto por edificaciones ya realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuración física se ajuste al sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenación[43].
El acto administrativo que legitime la edificación de una parcela indivisible, por agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a la parcela mínima, se comunicara al registro de la propiedad para su constancia en la inscripción de la finca.
La constitución y modificación del complejo inmobiliario deberá ser autorizada por la
Administración competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal régimen, siendo requisito indispensable para su inscripción, que al título correspondiente se acompañe la autorización administrativa concedida o el testimonio notarial de la misma. No será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes:
a) Cuando el numero y características de los elementos privativos resultantes el complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la construcción de las edificaciones que integren aquel.
A los efectos revistos en este número se considera complejo inmobiliario todo régimen de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada momento sean titulares de los elementos privativos[44].
REAL DECRETO LEY 7-2019, de 1 Marzo, de medidas urgentes en materia de alquiler y vivienda.
Modificaciones que introduce y afectan a la LPH:
Plazo de adaptación de la cuantía del fondo de reserva.
«12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (ARRENDAMIENTOS DE TIPO TURISTICO), en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.»
[1] LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL. Publicación: BOE nº176, de 23 e Julio de 1960. Entrada en Vigor: 12 de Agosto de 1960.
[2] Ley 8/2013 de 26 de Junio, publicada en el BOE nº153, de 27 de Junio de 2013.
[3] Artículo modificado según la Ley 8/1999, de 6 de abril, publica en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999.
[4] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE nº84, de 8 de abril de 1999), y letras d) y e) añadidas por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013.
[5] Rúbrica del capítulo II modificada por Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº84, de 8 de abril de 1999.
[6] Ver anexo I. El artículo 396 del Código Civil fue modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº84, de 8 de abril de 1999
[7] Artículo modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publica en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[8] Párrafo modificado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, publicado en el BOE nº7, de 8 de enero de 2000. Antes juicio Cognición.
[9] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publica en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[10] Artículo derogado por la ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº153, de 27 de junio de 2013. Texto del artículo anterior: Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de división material, para formar otros más reducidos e independientes, y aumentados por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o disminuidos por segregación de alguna parte. En tales casos se requerirá, además del consentimiento de los titulares afectados, la aprobación de la junta de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nuevas cuotas de participación para los pisos reformados con sujeción a lo dispuesto en el artículo quinto, sin alteración de las cuotas de los restantes. Ver ahora art. 10-1.E, y 10-2.B
[11] Antes de la reforma introducida por la Ley 8/2013: “…a lo establecido en el art.17…”
[12] Letra c) modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[13] Gran innovación, que entendemos que será de aplicación a aquellas transmisiones que se efectúen con posterioridad al 27 de Junio de 2013, fecha de entrada en vigor de la 8/2013.
[14] Idem. 10-
[15] Letra e) modificada por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[16] Letra f) modificada por el RD 7/2019, ver Anexo III
[17] Apartado 2 modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013. Antes hacía referencia al artículo 11.2.
[18] Este artículo había sido previamente modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº84, de 8 de abril de 1999
[19] Artículo reformado por RD.7-2019. Ver Anexo III
[20] Ver anexo II.
[21] Ver anexo II.
[22] Artículo modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[23] Este artículo había sido previamente modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril (BOE nº84, de 8 de abril de 1999), y por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre (BOE nº 289, de 3 de diciembre de 2003). El apartado 2 había sido modificado por la Ley 26/2011, de 1 de agosto (BOE nº184, de 2 de agosto de 2011).
[24] Artículo derogado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[25] Artículo derogado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013
[26] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de junio de 1999
[27] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de junio de 1999
[28] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de junio de 1999
[29] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de junio de 1999
[30] Artículo modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013. Previamente, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre (BOE nº 283, de 24 de noviembre de 2009), había sido añadido el apartado 3 y había modificado el apartado 4 de este artículo. La norma 1ª había sido modificada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, publicada en el BOE nº 289, de 3 de diciembre de 2003.
[31] Artículo reformado por RD.7-2019. Ver Anexo III
[32] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[33] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[34] Artículo modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[35] La redacción actual de este precepto procede de la disposición final primera de la Ley1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, habiendo sido objeto de una modificación anterior por el artículo decimoséptimo de la Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal.
[36] Artículo añadido por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[37] Artículo añadido por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[38] Capítulo añadido por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº 84, de 8 de abril de 1999
[39] Apartado modificado por la Ley 8/2013, de 26 de junio, publicada en el BOE nº 153, de 27 de junio de 2013.
[40] Esta disposición adicional fue añadida por la Ley 8/1999, de 6 de abril, publicada en el BOE nº84, de 8 de abril de 1999
[41] Entendemos que sería por el procedimiento señalado en el art. 18, la referencia la hace al art.16 es porque era donde se regulaba la impugnación de los acuerdos contrarios a la Ley o a los estatutos. Ahora esa impugnación se regula en el art18. En cualquier caso, hay que tener en cuenta además la regulación de la disposición final única de la Ley 8/1999, de 6 e Abril, que establece lo siguiente: “Quedan derogadas cuantas disposiciones generales se opongan a lo establecido en la presente ley. Así mismo, quedan sin efecto las cláusulas contenidas en los estatutos de las comunidades de propietarios que resulten contrarias o incompatibles con esta ley. Los estatutos de las comunidades de propietarios se adaptarán en el plazo de un año a lo dispuesto en la presente ley”.
[42] Número 3 del artículo 17 redactado por el apartado once de las disposición final duodécima de la ley 8/2013, 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (<<B.O.E.>> 27 junio). Vigencia desde 28 junio 2013
[43] Número 4 del artículo 17 redactado por el apartado once de la disposición final duodécima de la ley 8/2013, 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (<<B.O.E.>> 27 junio), Vigencia desde 28 junio 2013
[44] Número 6 del artículo 17 redactado por el apartado once de la disposición final duodécima de la ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (<<B.O.E.>> 27 junio). Vigencia desde 28 junio 2013