Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S54-05.html
Timestamp: 2014-08-20 18:35:00
Document Index: 210758303

Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 30', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 38', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 133']

Raúl García Linera y otros v. Bolivia, Caso 150/01, Informe No. 54/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 54/05
7. El 21 de septiembre de 2001, la Comisión informó a las presuntas víctimas que la información proporcionada mostraba que existían gestiones tendientes al agotamiento de los recursos internos y, por tanto, no era procedente continuar con el estudio de la petición. 8. El 18 de enero de 2004, las presuntas víctimas solicitaron la reapertura de la petición argumentando que, tras haber transcurrido más de tres años desde su comunicación inicial, no les habían permitido agotar los recursos internos. En virtud de tal argumento, las presuntas víctimas solicitaron la aplicación de las excepciones del artículo 46.2 de la Convención Americana al presente caso.
9. El 20 de mayo de 2004, la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la petición, otorgando dos meses de plazo para la respuesta, conforme lo dispuesto en el artículo 30(3) de su Reglamento. 10. El 30 de noviembre de 2004, el Estado solicitó una ampliación de 60 días para la presentación de sus observaciones. A través de nota de 7 de diciembre de 2004, la Comisión concedió al Estado una prórroga de 45 días, contados a partir de la fecha de transmisión de la citada comunicación. 11. El 28 de febrero de 2005, el Estado presentó sus observaciones a la petición, solicitando la declaratoria de inadmisibilidad del caso por falta de cumplimiento del requisito de agotamiento de los recursos internos.
13. De acuerdo con el escrito de petición, entre los meses de marzo y agosto de 1992, las presuntas víctimas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad del Estado boliviano, bajo la acusación de pertenecer al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK). En todos los casos se denuncian actuaciones irregulares en las detenciones, incomunicaciones después de la detención, torturas con el objeto de que las personas detenidas se auto incriminaran, y retrasos en la presentación de éstas ante las autoridades judiciales. 14. Así, se alega que el 9 de marzo de 1992, Raúl García Linera y su esposa Silvya de Alarcón Chumacera fueron detenidos por miembros de la policía, acompañados por un fiscal del Ministerio Público, en un violento operativo y sin una orden judicial de captura previamente expedida. La fiscalía alegó flagrancia como causal de la detención por el supuesto porte ilegal de armas de guerra. Después de la captura, la pareja de esposos fueron retenidos e incomunicados durante 19 días en recintos secretos de las fuerzas militares, pese a que de acuerdo con la ley vigente, debían ser puestos a órdenes de una autoridad judicial antes de 24 horas[5].
15. Se relata que el 9 de abril del mismo año, aproximadamente 20 agentes vestidos en ropa de civil se presentaron en la residencia de Víctor Ortiz Quispe y capturaron a la señora Raquel Gutiérrez Aguilar en presencia de la esposa de Ortiz, quien se encontraba en estado de embarazo, y sus cuatro hijos menores de edad. Se alega que los agentes allanaron la residencia con violencia, destrozando las pertenencias de la familia Ortiz. Después de detener a la señora Gutiérrez, los agentes de seguridad permanecieron en la residencia durante 14 días en los cuales no permitieron que la señora Ortiz ni sus hijos salieran de la casa ni que recibieran alimentos. 16. Sostiene la petición que al día siguiente, Víctor Ortiz Quispe, Álvaro García Linera y Silverio Maidana Macías fueron detenidos por agentes oficiales. Los detenidos denunciaron haber sido objeto de golpes durante su detención. Además, se alega que la fiscalía, al momento de la detención, sólo había ordenado formalmente la captura de Álvaro García Linera, por cuanto la detención de Víctor Ortiz y Silverio Maidania no tuvo ningún fundamento legal. Igualmente se alegó que los tres detenidos fueron encapuchados, golpeados y trasladados a instalaciones militares, en donde permanecieron incomunicados durante cinco días, lapso durante el cual fueron torturados físicamente con el objeto de que se auto incriminaran de varios delitos[6]. Finalmente, el 15 de abril de 1992, la señora Raquel Gutiérrez y los señores Víctor Ortiz, Álvaro García Linera y Silverio Maidana fueron remitidos ante el Juzgado segundo de lo partido en lo Penal.
18. Tres días después, el 13 de abril de 1992, fue detenido a la salida de su trabajo el señor Juan Carlos Pinto Quintanilla, coordinador de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Cochabamba. De acuerdo a las versiones de las presuntas víctimas, aproximadamente ocho agentes policiales lo tiraron al piso, lo encapucharon y lo metieron en un vehículo en el que fue trasladado a un lugar privado de detención, que según lo alegado sería “una supuesta casa del Ministerio”[8]. Allí, la presunta víctima fue desnudada y amarrada al techo con una soga. Cada 15 a 20 minutos la presunta víctima era golpeada con una varilla con la intención de que se declarara miembro de la organización EGTK. Durante los cinco días siguientes, el señor Pinto fue sometido a diversas formas de tortura como el método de “la campana”, la asfixia con bolsas de plástico, golpes de puño, privación de sueño, de alimentos y descanso, entre otras. Finalmente, el 12 de abril, es decir, ocho días después de su captura, fue remitido al Ministerio Público. 19. Meses después, el 19 de agosto de 1992, fueron detenidos los señores Felipe Quispe Huanta, Alejandro Choque y Mario Apanza Bautista en la ciudad de La Paz cuando conversaban en la calle. Se alega que el Juzgado Primero de Instrucción Penal había librado mandamiento de aprehensión en contra del Señor Quispe. No obstante, al momento de su captura, no existía ningún requerimiento judicial que solicitara la detención de Alejandro Choque y Mario Apanza Bautista.
21. Alegan que el 23 de agosto de 1995, la defensa de las presuntas victimas solicitó la nulidad de lo obrado en el proceso penal, teniendo en la cuenta los resultados de la investigación realizada por la Cámara de Diputados en la que se reseñaban las torturas, detenciones arbitrarias y demás irregularidades[12]. El Juzgado Segundo de Partido en lo Penal negó la solicitud de nulidad. Dicha decisión fue apelada el 16 de febrero de 1996 ante la Corte Superior de Distrito de la Paz, órgano que confirmó la decisión de primera instancia. Meses después, el Juzgado de primera instancia dictó auto final de instrucción, a través del cual llamó a juicio a las presuntas víctimas, usando como prueba para decidir las declaraciones ante funcionarios policiales que las presuntas víctimas habían denunciado posteriormente en su diligencia de indagatoria por haber sido concedidas bajo métodos de tortura. Con fechas 14 y 20 de agosto de 1996, las personas procesadas apelaron dicho auto. Un año más tarde, en mayo de 1997, a través de la resolución 202/97, la Corte superior de Distrito de la Paz, confirmó el auto de primera instancia. 22. Sostienen que el 31 de mayo de 2000, entraron en vigencia algunas disposiciones del Nuevo Código de Procedimiento Penal, entre las cuales se encontraban disposiciones que establecían la prescripción de las acciones penales bajo determinadas circunstancias[13]. Con base en esta ley, el 19 de julio de 2000, más de ocho años después de iniciada la causa penal, las presuntas víctimas solicitaron formalmente la extinción de la acción penal y el archivo de los obrados. De acuerdo con la legislación vigente, el juzgado de instancia tenía un plazo de tres días para resolver la solicitud. Un mes después, el 28 de agosto de 2000, el juez rechazó la solicitud sin llegar al examen de los argumentos planteados. En su resolución, el juzgador argumentó que como los imputados no se hallaban “en calidad de detenidos optaron por un cuasi-olvido” del proceso judicial. Por esta razón, el proceso se encontraba en etapa de ofrecimiento de pruebas y no en la etapa de período de prueba “inviabilizando las peticiones de los imputados”[14]. Esta resolución fue apelada el 3 de septiembre de 2000. El 2 de octubre del mismo año, al no dictarse resolución dentro del plazo establecido por la ley, Raquel Gutiérrez Aguilar interpuso un recurso de hábeas corpus que fue rechazado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito Judicial mediante resolución de 26 de octubre de 2000. El 28 de marzo de 2001, varios de los imputados presentaron un recurso constitucional de amparo solicitando el archivo de la investigación por prescripción de la acción penal. El 15 de mayo de 2001, el Tribunal Constitucional declaró la improcedencia de la petición de prescripción bajo el argumento de que la prescripción en el caso se había interrumpido en el momento en que se inició la instrucción penal (26 de marzo de 1992) sin que se evidenciara que la causa luego de su inicio hubiere estado paralizada, por tanto, la ley procesal aplicable era la anterior y no aplicaban las disposiciones de interrupción y suspensión[15]. En consecuencia, la investigación penal se ha prolongado por más de 13 años.
23. Las presuntas víctimas denuncian, además, que las autoridades estatales persiguieron y hostigaron a sus familiares con el objeto de obligar a las personas procesadas a que se declaran culpables de los delitos por los que se les investigaba. Además de la retención ilegal de la familia Ortiz Quispe en su domicilio y las restricciones para que se comunicaran y obtuvieran alimentos, se denuncia la apertura de un proceso penal sin fundamento de prueba en contra de Mauricio García Linera, hermano de dos de los imputados. De acuerdo con lo alegado por las presuntas víctimas, el señor Mauricio García fue injustamente procesado y detenido durante un año bajo el cargo de robo. Tras un año de sumario penal fue demostrada su inocencia, por lo que se alega que dicha acusación tuvo el único objeto de lograr declaraciones forzadas y auto incriminaciones por parte de sus hermanos. 24. Igualmente se alega que las autoridades bolivianas no han iniciado una acción penal para esclarecer las denuncias de tortura que formularon las presuntas víctimas. Al respecto se argumenta que, a pesar de que todas las personas torturadas denunciaron ante el juez de instancia penal las torturas y malos tratos, éste no ordenó ninguna investigación al respecto. De otro lado, a pesar de que el delito de tortura es perseguible de oficio, ninguna autoridad judicial inició investigación de los hechos después de la publicación oficial de los resultados de la investigación realizada por la Cámara de Diputados[16]. 25. Finalmente, las presuntas víctimas alegan la confiscación ilegal de bienes y dinero. Las presuntas víctimas aseguran que al momento de la detención, todas fueron despojadas de los bienes y dinero que portaban consigo. Así mismo, se denuncia el robo de dinero y elementos de valor durante los allanamientos y requisas que realizaron los organismos estatales a las residencias de las presuntas víctimas. De acuerdo con lo alegado por las presuntas víctimas, aquellos bienes que fueron incautados por las autoridades en los allanamientos y constan en actas del ministerio público no tenían relación directa con la comisión de ningún delito ya que eran enseres como platos, ropa, roperos, muebles y similares. Además denuncian que a pesar de los años y sus reiteradas peticiones al juez de la causa, dichos bienes no han sido devueltos, lo que a su juicio constituye una confiscación o una apropiación indebida. Se denuncia que por estos hechos, la Fiscalía del Distrito recurrió ante la Corte Superior del Distrito de La Paz el enjuiciamiento del Fiscal Nemtala Kairala, enjuiciamiento que nunca tuvo lugar.
32. En consecuencia, el Estado solicita formalmente que se declare la inadmisibilidad del caso por que la petición no cumple con el requisito de previo agotamiento de los recursos internos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, parágrafo 1, inciso a de la Convención Americana. IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
A. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y ratione loci de la Comisión 33. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la CIDH. La petición señala como presuntas víctimas a Raúl García Linera, Silvya de Alarcón Chumacero, Raquel Gutiérrez Aguilar, Álvaro García Linera, Víctor Ortiz Quisepe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Felipe Quispe Huanta, Alejandro Choque y Mario Apaza, respecto de quienes Bolivia se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Bolivia es parte en la Convención Americana desde 19 de julio de 1979, fecha en que se depositó el respectivo instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
34. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 35. Con relación a la competencia ratione materiae, la CIDH nota que las presuntas víctimas sostuvieron que el Estado violó los derechos a la integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y de la dignidad (artículo 11), protección a la familia (artículo 17), propiedad privada (artículo 21) y protección judicial (artículo 25), en concordancia con los deberes de los Estados de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)), establecidos en la Convención Americana. B. Requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
38. Por su parte, el Estado alegó que la falta de agotamiento de los recursos internos. Respecto de la alegación sobre retardo injustificado de la causa penal, el Estado argumentó, de un lado, que varias diligencias procesales han sido canceladas por las presuntas víctimas, haciendo que el proceso se retarde. Igualmente se argumentó que uno de los procesados había sido elegido diputado lo cual había retrasado el proceso penal. De otro lado, el Estado alegó que en la actualidad está haciendo uso de sus mecanismos legales para “sancionar la presunta retardación” del caso y, por tanto, una acción de la jurisdicción internacional en esta instancia sería prematura. 39. La Comisión y la Corte han insistido repetidamente en su carácter de órganos "coadyuvante[s] y complementari[os]"[19] dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos[20], condición que se refleja en el artículo 46(1)(a) de la Convención, que permite a los Estados partes decidir casos dentro de su propio marco jurídico, antes de que sea necesario recurrir a un procedimiento internacional.
2. Plazo para presentar una petición ante la Comisión 44. Con relación al requisito contemplado en el artículo 46(1)(b) de la Convención, conforme al cual la petición debe ser presentada dentro del plazo de seis meses a partir de que la víctima sea notificada de la decisión definitiva que haya agotado los recursos internos, la Comisión anota que este requisito no es aplicable en el presente caso, puesto que las presuntas víctimas alegan las excepciones al requisito de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención. En consecuencia, en el presente caso opera por mandato del artículo 46(2) de la Convención, la excepción al aludido requisito concerniente al plazo en que debe ser presentada la petición. 45. Para tales supuestos de excepción el artículo 38 del Reglamento de la Comisión establece que el plazo para la presentación "será un período de tiempo razonable, a criterio de la Comisión, a partir de la fecha en que haya ocurrido la presunta violación de los derechos, considerando las circunstancias de cada caso concreto". En el presente caso, la Comisión observa que a partir de mayo de 2001, fecha en la que inicialmente se pusieron los hechos en su conocimiento, las presuntas víctimas de buena fe han adelantado gestiones procesales para resolver la situación a nivel interno, siendo nugatorios dichos esfuerzos debido a retardos procesales imputables a las autoridades estatales[25]. En tal sentido, teniendo en cuenta que desde la fecha de los hechos han transcurrido más de 13 años y el proceso penal no cuenta con una decisión definitiva y firme, la Comisión estima que la petición ha sido presentada dentro de un plazo razonable.
47. El artículo 47(b) de la Convención establece que la Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada cuando “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. La Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios descritos en la sección III del presente informe, podrían caracterizar prima facie violaciones a los artículos 5, 7, 8, 11, 17, 21 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo estatuto. 48. En consecuencia, la CIDH concluye que en este punto el caso es admisible de acuerdo a lo establecido en el artículo 47(b).
1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos 5, 7, 8, 11, 17, 21 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1 (1) del mismo tratado. 2. Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios.
4. Publicar esta decisión e incluirla en el Informe Anual, a ser presentado ante la Asamblea General de la OEA. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 12 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente, Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.
[3] Alzamiento armado (Art. 121), instigación pública a delinquir (Art. 130), asociación delictuosa (Art. 132), terrorismo agravado (Art. 133), otros estragos (Art. 207), desórdenes o perturbaciones públicas (Art. 134), fabricación, comercio y/o tenencia de explosivos (Art. 211), atentados contra la seguridad de servicios públicos (Art. 214), destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional (Art. 223), robo agravado (Art. 332), falsedad material (Art. 198), falsedad ideológica (Art. 199), uso de instrumento falsificado (Art. 203), y daño calificado (Art. 558). [4] Sobre los hechos referidos en la petición, en el año de 1994, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y Amnistía Internacional solicitaron a la Cámara de Diputados que realizara una investigación formal sobre la situación de las personas detenidas y procesadas de alzamiento y otros delitos. El 8 de abril de 2004, el Presidente de dicho cuerpo encomendó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que condujera dicha investigación. El 12 de julio de 1995, el Diputado Juan del Granado Cosio, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presentó ante el pleno Camaral un informe detallado al respecto. Cfr. Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Denuncia de torturas a ciudadanos sindicados de alzamiento armado, Centro de Documentación e Información (CEDOIN), La Paz, Bolivia, 1995. [5] La Constitución Política del Estado, vigente para la época de los hechos establece:
ARTICULO 10º.- Detención en estado flagrante Todo delincuente “in fraganti” puede ser aprehendido, aun sin mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración en el plazo máximo de veinticuatro horas.
[6] Las torturas habrían consistido en golpes y patadas constantes, además de la forma de tortura denominada “chancho” (que consistían en colgar de las manos con las piernas abiertas para golpearles las partes más sensibles del cuerpo) y los choques eléctricos. [7] Las dos personas denunciaron haber sido víctima de golpes a través de la práctica del “chancho”. En el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se reseña el testimonio de Macario Tola en donde se denuncia que:
Igualmente, el artículo 133 estableció que : “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento (…). Vencido el plazo, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”. [14] Juzgado Segundo de lo Partido en lo Penal de la Capital La Paz, resolución No. 75/2000, 28 de agosto de 2000. [15] Tribunal Constitucional, Sentencia Constitucional No. 458/2001-R, Magistrado Relator: William Ruperto Durán Ribera.