Source: http://www.abda.com.br/palestragolletti.htm
Timestamp: 2018-01-17 15:16:40
Document Index: 414496545

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 2412', 'artículo 67', 'artículo 2351', 'artículo 4', 'artículo 2318', 'artículo 104', 'artículo 144', 'artículo 161', 'artículo 2412', 'artículo 2363', 'artículo 2412', 'artículo 67', 'artículo 106', 'artículo 67', 'artículo 17', 'artículo 161', 'artículo 144', 'artículo 2412', 'artículo 2524', 'artículo 2524', 'artículo 2412', 'artículo 2524', 'Artículo 2524', 'artículo 2329', 'artículo 2412', 'artículo 2412', 'artículo 2524', 'artículo 2412', 'artículo 10', 'artículo 2524', 'artículo 2326', 'artículo 2326', 'artículo 2326', 'artículo 67', 'artículo 75', 'artículo 2326', 'artículo 2326', 'artículo 2412', 'artículo 2524', 'artículo 67', 'artículo 104', 'artículo 9', 'artículo 9']

ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGOS RURALES: PROPIEDAD DEL GANADO
Luis E. Martínez Golletti
A esta comunicación destinada al VII Congreso Argentino de Derecho Agrario, convocado para conmemorar el 40º aniversario del Instituto Argentino de Derecho Agrario, deseo darle un carácter coloquial. No habrá citas de obras sino de autores que han escrito sobre la cuestión que vamos a examinar en esta suerte de conversación que me permitirá ir hilvanando un discurso sobre cómo probar la propiedad del ganado, tema de este trabajo. "La obra escrita habla", dijo no hace mucho Enrique Tomás Bianchi escribiendo para La Nación (Las angustias del intérprete); y el maestro Pedro J. Frías, prologando el libro conteniendo las clases magistrales de derecho político dictadas en la Universidad Nacional de Córdoba por aquel eximio profesor de esa casa de estudios que fuera Enrique Martínez Paz (h), presentó su obra como "el libro hablado". En esta ocasión, quisiera que me fuese permitida la licencia de "conversar por escrito" con los miembros de este VII Congreso, para aportar algunas ideas en torno a la intrincada cuestión de la propiedad del ganado.
Sin perjuicio de tal propósito, tengo para mí que esta conmemoración del 40º aniversario del Instituto, encarada por éste conjuntamente con la Universidad Nacional del Sur, debería tener al mismo tiempo sentido de homenaje a su fundador y alma mater, el profesor emérito de derecho agrario Dr. Fernando P. Brebbia.
El profesor Brebbia, fuera de sus méritos académicos, que son importantes, ha sido el permanente sostenedor y guía del Instituto. Su especialización en el derecho agrario, que es notable, ha trascendido las fronteras del país --- es actualmente presidente de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU) ----. Pero lo que importa señalar aquí es su perseverancia inquebrantable en la conservación de su obra, manteniéndola viva, así como su prudencia y tacto en la dirección del Instituto y su empeño en el trabajo de todos los días durante estos 40 años de vida de la institución, a punto tal que, me atrevo a decirlo sin desmedro de nadie, que si no fuera por él, quizás en este momento no estaríamos conmemorando un nuevo aniversario sino rememorando algo que ya fue y ahora vive sólo en el recuerdo: "Lo que fue hecho, eso mismo permanece" (Ecl. 3, 15)...
Como conozco muy de cerca a Fernando Brebbia, que es mi amigo, sé que lo anterior herirá su modestia, pero la virtud de la Justicia obliga a "dar a cada uno lo suyo".
Como toda regla tiene su excepción, en esto de la ausencia de citas puntuales me será permitido traer aquí, para centrar el discurso, lo que con el profesor Brebbia tenemos dicho en otro lugar (Constitución nacional, códigos rurales y codificación del Derecho Agrario, en el libro Homenaje al sesquicentenario de la Constitución de 1853 editado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba el año 2000 (tomo II pág. 355): los distintos códigos rurales que las provincias argentinas han venido sancionando no son otra cosa que expresiones del poder de policía de los Estados locales en sus respectivas campañas. Y como su constitucionalidad ha sido muchas veces cuestionada en aspectos concretos, como el que vamos a examinar aquí, conviene decir al mismo tiempo, y esa es la opinión de Raimundo M. Salvat, que "en cuanto no se violen los principios fundamentales consagrados por el Código civil, las leyes de marcas y señales del ganado deben ser reputadas constitucionales y aplicadas, porque, conforme al artículo 104, hoy 121, de la Constitución, las provincias conservan todos sus poderes llamados de policía; y dentro de ese concepto, ellas pueden dictar las disposiciones que consideren necesarias para la mayor seguridad dentro de sus respectivos límites, las cuales deben considerarse complementarias de las contenidas el Código civil, como lo han sido las referentes a los registros de la propiedad inmueble". Y concluye su pensamiento el maestro: cuando la presunción del artículo 2412 no funciona, como en los casos de robo o pérdida, "tratándose de acreditar directamente la propiedad de ellos [los animales] la marca o señal constituyen un verdadero título y un valioso elemento de prueba".
De esto queremos ocuparnos. De cómo hacer para lograr, de consuno con la Constitución, que las marcas y señales del ganado no tengan un mero valor "presuncional" de propiedad, sino que constituyan un verdadero "título" de dominio. ¿Puede lograrse esto desde las provincias?
Según lo dispone el artículo 67 inciso 11 de la Constitución, hoy 75 inciso 12, las provincias no pueden incursionar en materia propia de la legislación de fondo; por lo que tampoco pueden legislar sobre el derecho de propiedad, incluida la del ganado. Pero lo están haciendo; algunas en sus códigos rurales, otras mediante leyes especiales donde a las marcas y señales se les da carácter de acto posesorio, paso previo a la propiedad (artículo 2351 del Código civil). Así sucede con el artículo 4º de la ley de la provincia de Córdoba nº 5542, llamada Ley de marcas y señales, que reemplaza actualmente el Título 10º de su Código rural sancionado por la ley provincial nº 1005.
.Frente a esta realidad incuestionable, cabe que nos preguntemos: ¿pueden las provincias legislar sobre marcas, señales y, en el caso de animales de raza o de pedigree, sobre certificados especiales a ellos referidos, estableciendo al mismo tiempo qué requisitos deben reunir, cuales deberán ser sus formalidades externas, quien debe otorgarlos, si deben registrarse previamente a su uso; o disponer que el ganado sujeto a marcación no podrá circular sin estar marcados y sin la correspondiente guía de campaña? Seguramente que sí, porque el Código civil se ha ocupado de los semovientes (artículo 2318) y del derecho de propiedad, sin fijar excepciones cuando se trata de la propiedad del ganado; y todo lo anterior es materia de policía de campaña a la vez que hace a la seguridad de la propiedad ganadera, como decía Salvat, quien las consideraba complementarias de las disposiciones del Código civil. Se trata de una facultad que las provincias no han delegado a la Nación y, por lo tanto, están plenamente facultadas a ejercer (artículo 104, hoy 121, de la Constitución).
Pero, ¿puede una provincia, la de Santa Fe, por ejemplo, disponer en el artículo 144 de su reglamentación sobre marcas y señales que ellas "establecen, salvo prueba en contrario la presunción de propiedad respecto de todo animal que las lleve"? ¿Y pudo a su turno la provincia de Córdoba disponer en el artículo 161 de su Código rural que la marca y la señal, salvo prueba en contrario, establecen "la presunción de propiedad" respecto de todo animal que las lleve? El profesor de la Universidad Nacional de Córdoba Bladimiro J.C. Sodero, escribiendo sobre la ley provincial cordobesa 5542, ya citada, señala que las marcas y señales identifican, no al objeto que la lleva sino al sujeto que pretende ser su propietario. Con lo cual, nos parece, no hemos avanzado mucho, porque ocuparse del propietario presupone que hay una propiedad ganadera y porque, como bien ha dicho el doctor Juan Antonio Bibiloni, "legislar sobre la propiedad del ganado es legislar sobre la propiedad misma". De esta manera nos encontramos retrocediendo al punto de partida, pues ¿a quién le corresponde declarar, reconocer y otorgar esa propiedad? ¿a la Nación o a las provincias? Si a las segundas, mas bien parece que estamos incurriendo en un exceso de poder pues nos estamos inmiscuyendo en una atribución que ya se había delegado en la Nación, como es regular el derecho de propiedad.
Nuestra pesquisa se orienta, entonces, a indagar cómo se adquiere un "título" acreditativo de propiedad del ganado: un título, no una mera presunción de propiedad, que es de lo que se ocupa el artículo 2412 del Código. Fácil resulta comprender que una cosa es tener la propiedad sobre un animal y otra muy distinta presumir ante terceros que se la tiene a partir de una posesión de buena fe. Aquello de que "posee porque posee" del artículo 2363 no es suficiente en el caso de un automóvil. El adquirente de éste, junto con la tradición, sin la cual no se adquiere ningún derecho real., recibe un "título" de propiedad que le permite mostrar ante quién quiera que es su propietario: como vemos, no basta con invocar posesión de buena fe. Del mismo modo, el dueño de un vacuno también debería tener en su poder el elemento para probar su propiedad. Con igual o mayor motivo en este segundo caso, teniendo en cuenta la importante riqueza ganadera del país conformada por la enorme cantidad de cabezas de ganado de las cuales dispone.
Lo anterior nos está diciendo, al mismo tiempo, que si pretendemos resolver el problema al modo de los códigos rurales, seguramente no lo vamos a lograr, porque en este mundo, desgraciadamente, una cosa son las "presunciones" y otra... "los papeles", como dicen los españoles.
Por eso, y con razón, ha señalado Brebbia como un "grave error" de Vélez no haber legislado de una manera especial lo relativo a la propiedad del ganado; con mayor motivo cuando existía ya el Código de Alsina que el Codificador, sin ninguna duda, conoció.
De eso se trata ahora, de cubrir ese vacío. Las provincias están queriendo hacerlo desde sus códigos rurales y desde sus leyes especiales, pero ya hemos dicho que esa vía, a nuestro juicio, tropieza con un obstáculo constitucional.
Maestros como Raymundo M. Salvat han encontrado algún camino conciliador, como aquel que ve a los códigos rurales como complementarios del Código civil. Pero, atención: complementarios, y él mismo lo dice, en tanto y en cuanto no invadan campos propios del derecho de fondo, pues, sin esta advertencia, aquello de la constitucionalidad de las marcas y señales quedaría fuertemente comprometido por cuanto el argumento de la complementariedad perdería su razón de ser, dejaría de ser decisivo. Esta última expresión me trae el recuerdo nostálgico de mi viejo profesor de Obligaciones de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Dr. Raymundo M. Salvat, y de sus libros y sus clases dictadas en la vieja Facultad de la Avenida Las Heras, cuando el maestro, luego de desarrollar una tesis que merecía sus reparos, solía acotar: "el argumento no me parece decisivo"; para exponer a continuación la antítesis que él tenia por correcta. Lejanos tiempos aquellos...
Por consiguiente, ese límite temático de los códigos rurales, en mi modesta opinión, es igualmente válido cuando en uno de esos códigos llegamos al derecho de propiedad del ganado por la vía presuntiva del artículo 2412, porque esto también es ocuparse del derecho de propiedad sobre el ganado, como sostenía Bibiloni, ya que de este modo se está reconociendo su existencia y la manera de adquirirla.
Lo cierto es que la discusión y el vacío continúan. ¿Cómo proceder, entonces, si las provincias tienen clausurado el camino y el Código civil ha dejado sin resolver la cuestión de la propiedad del ganado?
La de Buenos Aires fue la primera provincia que tuvo su Código rural, sancionado bajo la inspiración del gobernador de aquel entonces, Don Mariano Saavedra; quien, en la nota elevada al doctor Valentín Alsina encomendándole la tarea de redactarlo, fundamentaba su encomienda en "la necesidad de salvaguardar los intereses de la campaña bonaerense mediante un código rural que determinara los derechos y obligaciones respectivos, y de este modo cortar los abusos e inconvenientes que retardaban el progreso". "Que la campaña tenga un código", pretendía.
Cuando esta provincia encaró la tarea, aún no se había sancionado el Código civil; de manera tal que los Estados locales se encontraban legitimados para ocuparse de la legislación de fondo, no obstante el artículo 67 inciso 11, toda vez que sólo se les prohibió dictarlos "después que el Congreso los haya sancionado" (artículo 106, hoy 126). Aludía a los mencionados en el artículo 67 inciso 11 del texto de 1853,
Con las manos libres, en ese momento, para dictar leyes de fondo, pudo Buenos Aires incluir en su flamante Código rural un artículo como el 17, según la cual "la marca indica y prueba acabadamente (...) la propiedad del ganado u objeto que la lleve".
Este Código fue aprobado y sancionado mediante la ley provincial nº 469, promulgada el mes de noviembre de 1865, entrando a regir en el mes de mayo del año siguiente. Se lo conoció como "Código de Alsina", por su autor.
Ahora bien; como este VII Congreso incluye en el temario "[considerar] la necesidad de actualización de los códigos rurales", aquel artículo 17 nos está dando ya material para la tarea.
No ocurrió lo mismo con otras provincias, que comenzaron a dictar sus propios códigos rurales cuando el Código civil ya había sido dictado, sancionado y promulgado; de manera tal que aquella autorización del art. 106 ya había fenecido. La conclusión era obvia: las provincias perdieron sus facultades de dictar legislación de fondo sin causar al mismo tiempo la inconstitucionalidad de las medidas que se pudieran establecer marginando aquella atribución perdida. A lo que habría que agregar, todavía, que esas provincias que así procedieron incurrieron en el vicio de inadvertencia, al no tener en cuenta que su franquicia había caducado. Es posible que haya incidido en esto el Código de Alsina, por aquello del efecto "cascada" que tantas veces se da, provocada en este caso por la existencia de ese Código. Alguna vez Víctor Massuh, en su Argentina como sentimiento, nos caracterizó a los argentinos como "porosos" en el sentido de que somos propensos a absorber lo que otros hacen, sin mayor análisis, desde luego...
Y si no, veámoslo.
Córdoba sancionó su Código rural según proyecto del señor Enrique López, reformado por el doctor Isaías Gil y puesto en vigencia el primero de enero de 1886 como ley provincial 1005, cuyo título 10º (De las marcas y señales) fue derogado por ley 4359 de 1952, luego de la cual se dictó la ley 5542 de 1973, que es la que actualmente rige la materia. Aquel Código de la ley 1005 disponía en su artículo 161: "La marca en primer lugar, y en segundo la señal, establecen a favor de sus dueños, salvo prueba en contrario, la presunción de propiedad respecto de todo animal que las lleve".
La provincia de Santa Fe, a su vez, dictó el suyo por ley 1108 sancionada por su Legislatura el 29 de agosto de 1901 con proyecto del doctor Celestino L. Pera; con sucesivas modificaciones, está en vige3ncia. En su redacción original, su artículo 144 disponía: "La marca en primer lugar, y en segundo lugar la señal, establecen, salvo prueba en contrario, la presunción de propiedad respecto de todo animal que las lleve. La contramarca presume la pérdida de esa propiedad".
Como puede advertirse, en punto a la propiedad del ganado, en las provincias cuyos códigos rurales estamos examinando a título de ejemplo, las cosas quedaron del siguiente modo: mientras en la provincia de Santa Fe la marca o señal hace presumir propiedad del animal que la lleve, en la de Córdoba la marca y la señal son meros signos de identificación colectiva para el ganado mayor y menor; pero lo que se identifica no es ya el animal sino la persona que pretende ser su propietario (Sodero). En este segundo caso, nada se dice acerca de quien sea su dueño.
Es decir que continuamos negándole al ganadero el instrumento que permita se lo reconozca como propietario de su ganado: sólo se le reconoce una presunción de que lo es. Y esta último, juris tantum.
¿Cómo se resuelve, entonces, el problema?
Ezequiel Ramos Mejía optó por el método de la "cirugía mayor". Cortando por lo sano, propuso como solución excluir de la aplicación del artículo 2412 a los animales marcados o señalados, proponiendo a cambio de ello agregar a dicho artículo lo siguiente: "Esta disposición no será aplicable a los animales marcados o señalados, en los cuales la presunción de propiedad será favor del dueño de la marca o señal que llevaren". Es decir que la presunción de propiedad sobre el animal se trasladaba del poseedor de buena fe al titular de la marca o señal.
Curiosamente, Ramos Mejía olvidó el artículo 2524, que es el texto donde se legisla sobre las maneras de adquirir el dominio. Al proceder de ese modo, quedaron dañadas la lógica y el sentido de coherencia con el que debe actuar el legislador: si estamos tratando de legislar sobre adquisición de la propiedad del ganado, sobre ese artículo 2524, y no sobrer el 2412, debió actuar el nombrado.
Por consiguiente, partiendo del vacío legislativo denunciado por Brebbia, y de la imposibilidad constitucional de legislar desde las provincias, pensamos que la solución debe ser otra: dejando como está el artículo 2412, ampliar el artículo 2524 del siguiente modo:
"Artículo 2524.--- El dominio se adquiere: (...) 8º La propiedad del ganado con las marcas y señales, y en el caso de animales puros, con los correspondientes certificados que así lo acrediten; todos debidamente registrados a nombre del titular; quedando a cargo de las autoridades locales legislar lo relativo a dichos instrumentos". Por supuesto, a lo anterior debe agregarse la tradición (artículos 577 y 3265).
Usamos aquí la expresión "ganado" en el sentido que le da el diccionario de la Real Academia española ("conjunto de bestias que se apacientan y andas juntas"); esto es, de una categoría especial de semovientes.
En cuanto a las crías, se continuará aplicando el artículo 2329.
Al hacer esta propuesta, entendemos que ella guarda congruencia con la legislación existente:
1º) No se modifica el artículo 2412, tan importante en materia de muebles;
2º) La inaplicabilidad del artículo 2412 al ganado, como proponía Ramos Mejía, queda cumplida por aplicación del principio según el cual la ley especial deroga a la general; siendo la primera (el apartado 8º) posterior a la ley general (el artículo 2524); siendo en esto uniforme la doctrina: nos limitaremos a recordar en tal sentido a Eduardo B. Busso;
3º) Para el resto de los muebles regirá el artículo 2412; tal como lo establece el artículo 10º del decreto ley 22.939/83 en vigencia;
4º) La ampliación al artículo 2524 que se propone, hará que la marca y señal ---y los certificados de los animales puros, agreguemos---funcionarán de aquí en más como "un verdadero título [de propiedad] y un valioso elemento de prueba". Las anteriores son palabras del propio Salvat;
4º) De este modo desaparecería el reparo constitucional, toda vez que la enmienda se incorpora al Código civil, prevaleciendo ella sobre los códigos rurales.
La solución que dejamos esbozada cuenta en nuestro país con el antecedente de la ley 17.711 en lo que se refiere a la divisibilidad e indivisibilidad de las cosas. El problema a resolver en aquel momento era el de la excesiva división de la tierra de labor y su consecuencia directa, el minifundio improductivo. La solución que le dio la ley 17.711 en el artículo 2326 siguió un orden lógico: primero, fijó el principio general (cuándo las cosas son divisibles: artículo 2326 primera parte, tal como lo redactara Vélez); y a continuación, la excepción a dicha regla (cuándo no podrán dividirse, agregado dispuesto por la ley antes citada).
Como esta cuestión pertenecía al derecho de las cosas y creaba al mismo tiempo una restricción al dominio en aquellos casos en los cuales la división quedaba prohibida, se trataba de legislación de fondo y fue incluida, dentro del Código civil, en el Título correspondiente a "las cosas consideradas en sí mismas o en relación a los derechos", porque de eso se trataba: de determinar cuando podían dividirse las cosas y cuándo no.
No obstante, existen opiniones en contrario en el sentido de que el agregado al artículo 2326 debió incluirse entre las "Restricciones al dominio", porque eso se creaba en definitiva. Por nuestra parte, ratificamos nuestra opinión en contrario alguna vez expuesta, pues estamos hablando de divisibilidad e indivisibilidad de las cosas y, consiguientemente, las excepciones deben estar allí donde está la prohibición, siendo ésto una cuestión de lógica: que esa prohibición genere, de hecho, una restricción al dominio, no hace al fondo de la cuestión y ya es otra cosa
En segundo lugar, la solución aportada al problema por la ley 17.711 fue indudablemente constitucional, al agregar que "las autoridades locales podrán reglamentar en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica"; es decir, al Código civil el principio general, y a las provincias "la aplicación" (artículo 67 inciso 11, hoy artículo 75 inciso 12. Recordamos que la doctrina ha entendido uniformemente que cuando el artículo 2326, tal como lo ha dejado la ley 17.711, habla de "inmuebles" se refiere solamente a la propiedad rústica (Fernando P. Brebbia, Víctor M. Vázquez).
Este antecedente, al deslindar convenientemente entre competencia nacional y competencias provinciales, es igualmente válido para resolver acerca de la propiedad del ganado. Como le asignamos carácter de precedente válido, séanos permitida una aclaración más. Parte de la doctrina ha pretendido llevar el principio de la unidad económica y la reglamentación del artículo 2326, en su totalidad, a los códigos rurales. Al parecer, no se advierte que, cuando así se proceda, se estará incurriendo en una nueva inconstitucionalidad pues la divisibilidad o indivisibilidad de las cosas, causa de las "unidades económicas", es materia de derecho de fondo en el cual las provincias no pueden incursionar por haberla delegado a la Nación; con lo cual estaríamos colocando en la misma bolsa dos cuestiones distintas pertenecientes a distintas categorías de normas, nacionales (lo relativo a la legislación de fondo) y provinciales (los códigos rurales). Que en este caso ambas categorías se refieran al agro, no constituye razón suficiente para llevar a estos códigos lo que no les pertenece. De proceder así, estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad de signo contrario, que eso significa retirar del Código civil lo relativo a la "unidad económica", que es cuestión de fondo a reglamentar por las provincias: tan contrario a la Constitución nacional resulta llevar la cuestión de la propiedad del ganado a los códigos rurales como dejarle al Código civil la reglamentación de las unidades económicas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. "Para poder ver claridad es necesario haber distinguido con claridad" (PabloVI en sus Diálogos con Jean Guitton). Y el jurista español José Luis de los Mozos, en el libro Homenaje a Dalmacio Vélez Sársfield publicado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, nos ha dejado otra importante recomendación: "no conviene nunca mezclar los problemas"...
El Instituto Argentino de Derecho Agrario organizador de este VII Congreso ya se ocupó con anterioridad de la cuestión relativa a la propiedad del ganado. Lo hizo en oportunidad de las Jornadas sobre Marcas y Señales que organizara en la ciudad de ciudad de Santa Fe el año 1972.
Acerca de las conclusiones aprobadas en aquella oportunidad me permito destacar lo siguiente:
1º) Mi plena aceptación del principio de que es competencia exclusiva de la Nación legislar sobre la forma de acreditar la propiedad del ganado;
2º) Considero que la cuestión anterior no se resuelve haciendo un agregado al artículo 2412 sino ampliando el 2524, que legisla los modos de "adquirir" la propiedad (la Resolución de 1972 menciona los dos textos);
3º) No parece necesario ninguna legislación "especial", y menos provincial; bastando con la modificación del artículo 2524;
4º) En cuanto a la conveniencia de propiciar "un sistema uniforme de identificación del ganado para todo el territorio de la República", nos parece necesario el previo qcvuerdo de las provincias, por aparecer involucrados sus respectivos poderes de policía.
Aquel interrogante con el que iniciáramos el apartado V tuvo respuesta con el dictado del decreto ley 22.939/83, cuya ortodoxia constitucional examinaremos ahora.
Comenzaremos por decir que Rafael Bielsa ha precisado con lógica maciza que, si los poderes de la Nación y de las provincias han quedado deslindados en la Constitución, es obvio pensar que tanto la Nación como las provincias deben ejercerlos en sus respectivas esferas, sin que jurídicamente pueda pensarse que puedan ejercerlos simultáneamente sobre un mismo objeto. En la Constitución, dice Bielsa, no hay poderes "concurrentes". Por tanto, cada uno en los suyos.
Entonces, ¿a quien corresponde legislar sobre la propiedad del ganado? A la Nación (artículo 67 inciso 11 hoy 75 inciso 12: el derecho de propiedad se legisla en el Código civil y aquí hablamos "de la propiedad del ganado" De manera tal que cuando aquel decreto ley se ocupa "De la propiedad del ganado" y "De la transmisión de la propiedad del ganado" (Títulos III y IV) está ejerciendo un poder que le es propio.
Pero, ¿a quien le corresponde dictar la legislación sobre marcas y señales y las regulaciones de los propietarios de ganado sobre esos instrumentos, como lo hacen los Títulos I y II de ese mismo ordenamiento? Aquí tenemos que recordar que desde el primer código rural, legislar sobre la materia ha formado parte del poder de policía de campaña. "Que la campaña tenga un código", decía el gobernador Saavedra. Esto significa que la Nación, al legislar sobre marcas y señales está usando "poderes no delegados" y, por lo tanto, en abierta violación del artículo 104, hoy 121, de la Constitución.
Que el Decreto ley 22.932/83, en sus títulos I y II se está ocupando de "policía de campaña", tampoco parece dudoso. Algunos ejemplos bastan: 1º, en cuanto dispone las formas que deben tener las marcas y señales; 2º, en cuanto dice que no se admitirán diseños de marcas iguales dentro del territorio de una misma provincia, lo cual implica "incursionar en casa ajena"; 3º) en cuanto regla los derechos que otorgan las marcas y señales; 4º) En cuando determina a qué edad debe marcarse y señalarse el ganado; 5º) En cuanto señala el castigo de quienes no marquen ni señalen; 6º) En cuanto obliga a registrar las marcas y cuándo usarlas; 8º) En cuanto pone en manos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería la aprobación de los diseños de las marcas y señales, etcétera.
Consiguientemente, como la policía de campaña es del resorte de las provincias, resulta que éstas vienen a recibir por "gracia" de la Nación lo que les pertenece por derecho propio. Curiosa manera de ejercer en esta materia el federalismo.
Asimismo, dicho ordenamiento merece un segundo reproche por cuanto, en materia de propiedad del ganado, el citado decreto ley deja las cosas como estaban, manteniendo en su artículo 9º aquella anodina "presunción" de propiedad: "presumir", ya se sabe, no da certeza: es un mero sospechar, juzgar, conjeturar por indicios; cualquier cosa menos reconocer en favor de alguien que se tiene, real y efectivamente la propiedad de una cosa. Y aquí, lo que hace falta es que se sepa con certeza que el animal es de uno, no que "se lo presuma".
Uno puede entender que las provincias, impedidas como están de legislar sobre el derecho de propiedad del ganado y sus modos de adquirirlo, se hayan limitado a hablar de "presunciones" de una propiedad que ellas no están llamadas a otorgar; pero, ¿ que proceda así la Nación --- artículo 9º: "se presume"...--- estando ella constitucionalmente facultada a hacerlo, sencillamente no se entiende; dándose así la rara circunstancia de que habiendo sido uno de los objetivos del decreto ley legislar sobre "la propiedad del ganado", lo haya hecho mediante un circunloquio: se "presume"...
Actualmente, tiene media sanción en la Legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto de Código rural sobre anteproyecto del profesor Brebbia, en el que se utiliza la misma fórmula "presuncional"; razón por la cual hacemos extensivas al mismo las observaciones anteriores: desde un código rural, vale la pena repetirlo, no es posible legislar constitucionalmente sobre dicha propiedad. En tal sentido, continúa vigente aquella enseñanza del maestro Salvat según la cual los códigos rurales son "complementarios", pero no "substitutivos" del Código civil, que es donde se debe legislar sobre la propiedad del ganado. Es posible que alguien pueda pensar que decir "se presume" en lugar de "el dominio del ganado se adquiere" con las marcas y señales, sea considerado una minucia porque, al fin y al cabo quien "presume" de algún modo "reconoce"; pero no lo es tal porque, en realidad, ambas expresiones no tienen el mismo significado: no es lo mismo decir que las marcas y señales hacen presumir propiedad, a que digan que ellas otorgan propiedad, son un título., porque de eso se trata, de darle al propietario un título. En materia de redacción de la ley conviene siempre ser minucioso.
Debemos concluir, pues el espacio asignado se agota.
Con seguridad, en esta "conversación escrita" han quedado muchos puntos en el tintero y muchas cosas para discutir; y sin duda, aquí también deberá entrar en acción la goma de borrar, pues el trabajo de reflexión debe continuar; no siendo lo nuestro nada más que un punto de partida.
Al terminar, por lo tanto mi tarea, desearía ponerle un colofón.
El filósofo Jean Guitton, ilustre miembro que fuera de la Academia francesa, al culminar su libro Diálogos con Pablo VI, hizo esta certera observación: "Toda conversación termina con cierto sentimiento de pena, debido a que advertimos no haber dicho lo esencial..."
En este caso, talvés no hayamos dicho nosotros lo suficiente para justificar las ideas que precedentemente quedan experesadas.
Actualización de Códigos Rurales: Propriedad del Ganado