Source: https://hayderecho.com/author/mariajesusmoya/
Timestamp: 2019-08-18 19:51:59
Document Index: 97117196

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 23', 'artículo 124', 'artículo 124', 'artículo 515', 'artículo 306', 'artículo 308']

María Jesús Moya Martínez – Hay Derecho
Acerca de María Jesús Moya Martínez
Fiscal de carrera desde 1994 con destinos en Lugo, Toledo, Bosnia Herzegovina (2005). En la actualidad está destinada en la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid (2002-2004)
Punto de contacto de la Red Judicial Europea
Tesina D.E.A en programa de doctorado del departamento de Derecho Internacional Público de la U.N.E.D
Tesina Máster CEU en Insolvencia Empresarial
Cambridge Proficiency in English y Diplôme de la Chambre de Commerce de Paris en Français Juridique niveau B-2
Entradas por María Jesús Moya Martínez
Las claves del dilema del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de las condenas penales cumplidas en otro Estado de la Unión Europea
16 febrero, 2015 /2 Comentarios/en Penal, Procesal /por María Jesús Moya Martínez
El objetivo expreso de este post es explicar, de forma comprensible lasclaves jurídicas de las dos resoluciones del Tribunal Supremo respecto de la toma en consideración de las condenas dictadas y cumplidas en Francia, que han solicitado algunos miembros de ETA, para acumularlas a las condenas pendientes en España. La Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, 186/2014 de 13 de marzo de 2014, (aquí), resolvió que debían acumularse las condenas de prisión por terrorismo que se hubieran dictado en Francia contra un mismo sujeto, equiparando sus efectos como si se tratara de antecedentes penales nacionales. Por el contrario , en la posterior decisión contenida en el Acuerdo del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 13 de enero de 2015 (aquí) , nuestro Tribunal Supremo aparentemente, resolvió en sentido contrario La primera clave se encuentra en la forma que han de cumplirse las diversas penas de prisión que se impongan a un mismo condenado. Nuestra legislación nacional, artículos 76 del Código Penal- al igual que lo hacia el artículo 70.2º del Código Penal anterior-establece el criterio lógico de la suma aritmética de las diversas condenas de prisión, para que se cumplan sucesivamente, hasta el límite máximo legal de 40 […]
24 noviembre, 2014 /6 Comentarios/en Cataluña /por María Jesús Moya Martínez
Ríos de tinta se han vertido sobre los sucesos acaecidos en la Fiscalía en relación con la consulta catalana del pasado nueve de noviembre por causa de una divergencia de criterios entre el Fiscal Superior de Cataluña y el Fiscal General del Estado y , en mi modesta opinión, el tratamiento informativo que se ha dado a este tema, no ha tenido en cuenta las claves de la cuestión, a saber; la autonomía del Ministerio Fiscal y el régimen de funcionamiento interno de la Fiscalía previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (en adelante EOMF disponible en este enlace Si el Poder Judicial es independiente, el Ministerio Fiscal debe ser autónomo del poder político. Aunque es el Presidente de Gobierno quien designa al Fiscal General del Estado y éste debe cesar cuando cese el Gobierno que el nombró, la Fiscalía es autónoma respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, su misión constitucional ni siquiera es la defensa del interés del Estado sino la defensa del interés de la sociedad de conformidad con la ley Esta autonomía institucional no es incompatible con existencia de unos cauces de comunicación entre el poder político y la Fiscalía por razones de interés público, […]
Aunque el proyecto de reforma del artículo 23 LOPJ ya ha sido magníficamente tratado en otro post anterior, mi modesta intención es ofrecer un punto de vista adicional sobre el principio de justicia universal en relación con los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra constituyen crímenes internacionales, consisten en conductas dirigidas a exterminar un determinado grupo humano o a someter a sus miembros a sufrimientos o torturas que denigran su dignidad humana, negándoles su derecho a existir por razones tan absurdas como su etnia, raza, sexo, condición sexual, religión o ideología . Los responsables de estas atrocidades, confían en la impunidad que les concede sus propios Estados porque, o bien dirigen sus gobiernos, o bien actúan por orden y con el beneplácito de sus gobernantes. En la segunda mitad del siglo XX, el Derecho Internacional de Derechos Humanos contra la impunidad de estos crímenes se desarrolló por motivo de determinados acontecimientos que estremecieron a la comunidad internacional: los horrores del nazismo revelados tras el fin de la segunda guerra mundial y los sucesos de Ruanda y Yugoslavia que ocurrieron al final del siglo […]
Doña Cristina de Borbón ha sido nuevamente imputada en virtud de un auto judicial prolijo en fundamentación, en el que el Juez instructor expone los indicios existentes para imputar a Doña Cristina de Borbón un delito contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales. En otro post anterior ya tuve oportunidad de explicar e significado técnico de la imputación y de los indicios racionales de criminalidad. Ya se dijo que la imputación es una inculpación provisional y que el sujeto imputado conserva incólume su derecho a la presunción de inocencia. Sólo se destruye esta presunción cuando recaiga una sentencia condenatoria firme En esta ocasión, los editores me han solicitado que explique si técnicamente podría aplicarse la doctrina Botín y si la referida doctrina legal podría impedir en tal caso una eventual condena de la Infanta- He accedido a abordar el tema, siempre desde el debido respeto a una investigación judicial en marcha, y sólo desde el plano teórico y general, ya que desconozco el contenido de este proceso penal. Aunque el contenido de la “doctrina Botín “y “la doctrina Atutxa” ya han sido tratados en otros post de este blog, considero útil explicar las siguientes cuestiones: los […]
El Ministerio Fiscal en España: la necesidad de más autonomía y más transparencia
15 enero, 2014 /14 Comentarios/en Administración de Justicia /por María Jesús Moya Martínez
La Fiscalía española se encuentra regulada en el artículo 124 de nuestra Constitución, y en su Estatuto que se rige por la ley 50/81 de 30 de diciembre, modificado por ley 14/2003 de 26 de mayo y por la ley 24/2007. Su organización y estructura interna actual es, pues, el producto de modificaciones legales introducidas por gobiernos de distintos signos políticos. Según esta regulación legal, se trata de una institución que se encuentra a caballo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por un lado, estamos integrados en el Poder Judicial , pero somos autónomos respecto del Consejo General del Poder Judicial. Somos una institución cuyos miembros tienen la misma formación, rango y autoridad que los Jueces, pero con una función diferente. Nuestra intervención en los procesos judiciales permite hacer efectivos la igualdad de las partes procesales, cualquiera que sea la condición social de los sujetos intervinientes. Nuestra autonomía orgánica nos permite velar por la independencia de los Tribunales, y por la observancia de las garantías procesales de protección de los derechos fundamentales tanto de los perjudicados como de los justiciables. Por otro lado, según el artículo 124 de nuestra Constitución, el Fiscal General del Estado , es designado […]
El propósito declarado del presente post es explicar en lenguaje espero que comprensible los aspectos técnicos del auto judicial por el que se “imputa provisionalmente” a los señores Chaves y Griñán en el presunto fraude de los ERES de Andalucía ( su contenido íntegro se puede se puede descargar en este enlace. También se pretende explicar las razones de la discrepancia jurídica que ha expresado la Fiscalía Anticorrupción al interponer recurso de apelación contra la referida resolución, que puede consultarse aquí. Debo aclarar también en esta ocasión, que mis palabras no deberán identificarse con la opinión oficial de la Fiscalía. Tampoco deberán interpretarse como una valoración jurídica de la referida resolución, ya que dicha misión corresponde en exclusiva a la Audiencia Provincial de Sevilla, al resolver el recurso de apelación interpuesto Para comprender adecuadamente el tema es importante precisar algunos conceptos: El imputado: Es la persona que aparece como “inculpado” o “ sospechoso” durante la fase de investigación del proceso. La condición de imputado se adquiere en virtud de un auto judicial que formalice dicha imputación y debe expresar cuales son los indicios racionales de criminalidad que justifican esta imputación Esta resolución sirve para comunicar la existencia del procedimiento a […]
La sentencia de la “Operación puerto” ha sido objeto de una viva polémica, aireada en los medios de comunicación, por muchos aspectos. Uno de ellos es que dicha sentencia no se refiere a los deportistas que accedieron a doparse , no los sanciona de ninguna forma. El presidente del Consejo Superior de Deportes solicita del juzgado las bolsas de sangre incautadas para descubrir a estos deportistas “tramposos” y sancionarlos en vía administrativa. La juez del caso se niega a la entrega y el Consejo Superior de Deportes anuncia un recurso contra esta decisión. Probablemente este conflicto se plantea, porque la legislación española actual omite una regulación expresa de las relaciones entre la administración deportiva y los tribunales de justicia, cuya actuación en estos casos es siempre concurrente y complementaria. El objetivo del presente post es únicamente reflexionar públicamente y en términos comprensibles sobre las razones de esta controversia. No deberá interpretarse el contenido de mis palabras como una valoración jurídica de la referida resolución judicial. Bajo ningún concepto constituye tampoco la opinión oficial de la Fiscalía. En primer lugar creo que debe explicarse el contexto, esto es, cuáles son las razones por las que los poderes públicos están […]
Hemos analizado en el primer post de este díptico la normativa europea que trata de combatir la financiación ilegal de los partidos, que es un fenómeno de corrupción en absoluto constreñido a un solo país, sin bien se da en diferentas grados de intensidad en unos y otros. Vamos ahora a estudiar la legislación española vigente, en la cual, del mismo modo que en la europea, tampoco existe un delito específico de financiación ilegal de partidos políticos, aunque sí contiene ciertas normas que permiten su sanción en determinados casos; así los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica Electoral General sancionan respectivamente a los administradores generales y de las candidaturas que falseen los estados contables para obtener indebidamente subvenciones electorales o se apropien indebidamente de estos fondos Asimismo, también podría castigarse como asociación ilícita del artículo 515 Código Penal a un partido político que , por ejemplo, fuera una mera organización instrumental de una banda criminal o terrorista. También se castiga como delito el fraude en la obtención de subvenciones europeas, en el artículo 306 de nuestro código penal. De igual modo se sanciona el fraude de subvenciones de las administraciones públicas en el artículo 308 […]
El fenómeno de la corrupción política en España se está convirtiendo en un suceso cotidianamente abrumador que colma el contenido todos los medios informativos porque, desgraciadamente, brota en todos los lugares de nuestra geografía y se vincula a muchos partidos políticos gobernantes, en las distintas administraciones publicas españolas Aunque no es un fenómeno aislado que afecte solamente a la sociedad española sino que resulta un problema mundialmente generalizado. En particular, en el ámbito europeo, en la encuesta eurobarómetro publicada por la Comisión Europea , el 15 de febrero de 2012, se dice que tres de cada ciudadanos europeos consideran la corrupción como un problema grave El creciente impacto social de este fenómeno también ha sido destacado en el seno del Consejo de Europa; el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, lo calificó como “ la mayor amenaza actual para la democracia en Europa” en el discurso pronunciado durante la sesión de invierno de la Asamblea General del Consejo de Europa , celebrada en Estrasburgo el 22 de enero de 2013. El señor Jagland, afirma en el precitado discurso que la corrupción política conduce a los ciudadanos a desconfiar de sus instituciones, debilitadas por la corrupción […]
El auto por el que el juez instructor del “caso Noos” ha decidido citar como imputada a la Infanta Doña Cristina ha constituido un “bombazo periodístico” por la condición personal de la persona citada, y por tratarse de delitos de corrupción los que se persiguen en este procedimiento. No obstante, un auto de imputación constituye un acto judicial ordinario y habitual en cualquier procedimiento penal que se sigue ante nuestra justicia contra cualquier otro ciudadano. El objeto del presente post es simplemente explicar los conceptos técnico jurídicos que se recogen en el auto y bajo ningún concepto debe interpretarse como una valoración personal de esta resolución judicial. Se trata de un proceso penal ajeno a mi competencia y una valoración subjetiva sobre el mismo, resultaría incompatible con la prudencia y rigor que me exige mi condición profesional. En primer lugar debe explicarse las fases de un proceso penal. En todo proceso penal se dan las siguientes fases: instrucción, enjuiciamiento y ejecución de sentencia. La fase de instrucción , dirigida por el Juez, está destinado a investigar el delito denunciado, esto es, a recoger la pruebas necesarias para decidir si el delito denunciado se ha cometido en realidad […]
Sin duda, el proceso judicial contra los directivos de Bankia constituye uno de los sucesos más notorios de la crónica judicial de finales de 2012, que además se prolongará durante el año 2013. Lamentablemente no se trata de un hecho aislado, sino de un escándalo financiero que se une al protagonizado por otras entidades bancarias públicas, Caja Castilla La Mancha, Caja Sur, etc. ; y que incrementa la desazón que todo español medio sentimos cuando conocemos la gigantesca inversión de capital público que se está inyectando para impedir la quiebra de los bancos españoles, públicos y privados . A raíz de estos acontecimientos, mi memoria ha rescatado de mi personal olvido el proyecto de Código de Eurodelitos del año 2002 . Su contenido y explicación doctrinal se recoge en un libro editado por la Universidad de Castilla La Mancha. Este proyecto fue realizado por un grupo de ilustres penalistas europeos, dirigidos por el profesor alemán Klaus Tiedemann, catedrático del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Friburgo (Alemania), cuyo curriculum puede consultarse en este enlace. En el momento en que su elaboración -bajo la vigencia del Tratado de Ámsterdam, que reformó el Tratado de Maastricht y en […]