Source: http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho-Mercantil/201101-641239872258.html
Timestamp: 2014-04-18 12:03:35
Document Index: 92922732

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 86', 'artículo 236', 'artículo 238', 'artículo 241', 'artículo 367', 'artículo 367']

Art�culos Doctrinales: Derecho Mercantil
De: Antonio Valmaña CabanesFecha: Enero 2011Origen: Noticias Jurídicas
El importe en el que el artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) fija el capital social mínimo de las sociedades anónimas y de las de responsabilidad limitada no cumple, en los mercados de hoy, una función verdaderamente garantista del interés del tercero acreedor. Y es que difícilmente la contratación con esas sociedades mercantiles podrá verse cubierta, de forma suficiente, por los 60.000 € de capital social mínimo de una anónima y, menos aún, por los 3.000 € de una limitada. Tampoco, por otro lado, puede tenerse la certeza absoluta de que el balance que presente la sociedad, ni siquiera en el mejor de los casos �esto es, cuando esté saneado-, sirva para responder adecuadamente por las deudas sociales. En unos casos, por la posible dicotomía entre formalidad contable y realidad patrimonial. En otros, por la dificultad que, en sede de ejecución de títulos judiciales, puede llegar a suponer intentar la traba y realización de ciertos tipos de bienes para aplicarlos a la satisfacción de esas deudas.
Sin embargo, el análisis dará un resultado distinto si se realiza con el objeto de determinar cuál esla jurisdicción competente para conocer la acción contra los administradores, acción que debemos puntualizar que no será, en puridad, de reclamación de una deuda, sino de solicitud de declaración de su responsabilidad personal sobre la deuda de un tercero, que es la sociedad administrada. El motivo por el que la solución a la cuestión será distinta en este segundo caso es que el artículo 86 ter.2.a de la LOPJ establece que los Juzgados de lo Mercantil serán competentes para conocer, entre otras, todas las cuestiones civiles que �se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas�. Y el sustento de toda acción de responsabilidad contra los administradores se encontrará siempre, en todo caso, en la normativa societaria: el precepto que obliga a los administradores a responder frente a la sociedad, los socios y los terceros por los daños que les provoquen con sus actos es el artículo 236 de la LSC, para lo que se establecen la vía de la acción social (artículo 238) y la de la acción individual (artículo 241), mientras que la responsabilidad en caso de concurrir causa legal de disolución está prevista en su artículo 367.
Sin embargo, la cuestión empieza a plantear dudas cuando analizamos la responsabilidad que los administradores pueden asumir de forma solidaria con la sociedad. Es el caso de la responsabilidad solidaria que los administradores asumen cuando, estando la sociedad incursa en causa legal de disolución, no hubieran llevado a cabo los pasos pertinentes para instar dicha disolución o solicitar el concurso de acreedores (artículo 367 de la LSC), lo que lleva a apreciar que no se trate de una responsabilidad vinculada a hechos concretos, sino relativa a la gestión social que los administradores realizan con carácter social1. Por este motivo, como señala Sospedra Navas