Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-00893-4592-2013-de-junio-14-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_60c1b39fda9046f283f0a0daee66d2c3&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-24 12:24:47
Document Index: 108178695

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 467', 'ARTÍCULO 416', 'ARTÍCULO 55', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 20', 'artículo 55', 'artículo 416', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 3', 'artículo 16', 'artículo 416', 'artículo 416', 'artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 55', 'artículo 53', 'artículo 17']

﻿ SENTENCIA 2008-00893/4592-2013 DE JUNIO 14 DE 2018
SENTENCIA 2008-00893 DE 14 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EXCEPCIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS. SE EXPLICA QUE EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, SON AQUELLOS QUE HAN INGRESADO DEFINITIVAMENTE EN EL PATRIMONIO DE LA PERSONA. ASÍ, EL DERECHO SE HA ADQUIRIDO CUANDO LAS HIPÓTESIS DESCRITAS EN LA LEY SE CUMPLEN EN CABEZA DE QUIEN RECLAMA. ES DECIR, CUANDO LAS PREMISAS LEGALES SE CONFIGURAN PLENAMENTE, LAS SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADAS, ES DECIR, AQUELLAS EN QUE LOS SUPUESTOS FACTICOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO NO SE HAN REALIZADO, NO CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS SINO MERAS EXPECTATIVAS. POR CONSIGUIENTE, TALES DERECHOS ADQUIRIDOS QUE SON INTANGIBLES, SE DIFERENCIAN DE LAS EXPECTATIVAS, PUES LOS PRIMEROS NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS POR UNA LEY POSTERIOR, NI POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NI JUDICIALES. POR EL CONTRARIO, LOS SEGUNDOS SON APENAS AQUELLAS PROBABILIDADES O ESPERANZAS QUE SE TIENEN DE OBTENER ALGÚN DÍA UN DERECHOEN CONSECUENCIA, PUEDEN SER MODIFICADOS DISCRECIONALMENTE POR EL LEGISLADOR. DE IGUAL FORMA, LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES SE VINCULAN A LA ADMINISTRACIÓN, FRUTO DE LO CUAL A ESTOS ÚLTIMOS SE LES HA CONCEDIDO EL BENEFICIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, SEGÚN EL ARTÍCULO 467 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LAS GARANTÍAS MÍNIMAS LABORALES QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY LES CONCEDEPRIVILEGIO DE NEGOCIACIÓN DEL CUAL SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. DIFERENCIA QUE, HACE LA LEY SEGÚN EL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, POR EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 55 DE LA NORMA EN LA CUAL GARANTIZA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN DEL CUAL SE ENCUENTRAN EXCLUIDOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, EMPLEOS PÚBLICOS, PERSONA, DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, DERECHO LABORAL
Sentencia 2008-00893/4592-2013 de junio 14 de 2018
Expediente: 05001-23-31-000-2008-00893-01 (4592-2013)
Demandante: Diego Alberto Herrera Gómez
Demandados: Nación - ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social y Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.)
3.2. Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste derecho o no para reclamar la reliquidación de sus prestaciones sociales y otras acreencias laborales desde el 26 de junio de 2003, así como la indemnización por la supresión de su cargo, con base en las prerrogativas previstas en la convención colectiva de trabajo suscrita el 31 de octubre de 2001 por su anterior empleador, Instituto de Seguros Sociales (ISS), y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial).
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.
Como consecuencia de lo anterior, en el artículo 16 de este decreto se estableció que los servidores de las empresas sociales del Estado, de creación estatal como aconteció con la ESE Rafael Uribe Uribe(4), para todos los efectos legales, adquirirían la calidad de empleados públicos, salvo las personas que sin ser directivos, desempeñasen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, pues ellos serían trabajadores oficiales.
“Antes de entrar en el primer problema jurídico planteado, esta Corte considera indispensable recordar que la misma corporación, mediante providencia C-306 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), determinó ajustados a la Constitución, entre otros, los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 por el cual se modificó el régimen jurídico laboral de los servidores públicos del Instituto de los Seguros Sociales que fueron reubicados como consecuencia de la escisión de la entidad.
De conformidad con el fallo, al dictar los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003 el Gobierno no excedió las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 16 de la Ley 790 de 2002, ya que las mismas incluyen la posibilidad de escindir el Instituto de Seguros Sociales, la de crear las entidades que resulten de la escisión, la de señalar la estructura orgánica de las entidades creadas y la determinar la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico, la integración de su patrimonio y el régimen de personal de las nuevas entidades” (destaca la Sala).
“A juicio de la Corte no le asiste razón a la demanda, pues esa interpretación amplia de la prohibición vaciaría de contenido la facultad de escindir, expresamente contemplada en el literal d) del artículo 16. En efecto, si no es posible suprimir al ISS, pero sí escindido, forzoso es concluir que las facultades de escisión permiten únicamente separar una o más partes del instituto, parte o partes a partir de las cuales se pueden crear otras entidades, cosa que es exactamente lo que sucedió. Pero si esta posibilidad tampoco es admitida, entonces carecerían de sentido las mencionadas facultades de escindir, dejando sin efectos las atribuciones legislativas concedidas en el literal d) del artículo 16. Por ello, no acoge la Corte la interpretación extensiva de la prohibición contenida en el artículo 20 que hacen los demandantes”.
3.3.3. Derecho a la negociación colectiva y sus excepciones, derechos adquiridos(8). En este orden, debe precisarse que los derechos adquiridos, a juicio de la Corte Constitucional, en estudio realizado en Sentencia C-314 de 2004, “[...] son aquellos que han ingresado definitivamente en el patrimonio de la persona. Así, el derecho se ha adquirido cuando las hipótesis descritas en la ley se cumplen en cabeza de quien [lo] reclama [...], es decir, cuando las premisas legales se configuran plenamente. De acuerdo con esta noción, las situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la adquisición del derecho no se han realizado, no constituyen derechos adquiridos sino meras expectativas”.
Y, por tanto, tales derechos adquiridos que son “intangibles”, se diferencian de las meras expectativas, pues los primeros no pueden ser desconocidos por una ley posterior, ni por las autoridades administrativas ni judiciales; en cambio, los segundos “[...] son apenas aquellas probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho; en consecuencia, pueden ser modificadas discrecionalmente por el legislador”(9).
Sin embargo, debe destacar la Sala el notorio contraste frente a la forma como los empleados públicos y trabajadores oficiales se vinculan a la administración(10), fruto de lo cual a estos últimos se les ha concedido el beneficio de la negociación colectiva (CST, art. 467), con el fin de optimizar las garantías mínimas laborales que la Constitución y la ley les concede; privilegio de negociación del cual se encuentran excluidos los empleados públicos. Diferencia que, en todo caso, hace la ley (CST, art. 416(11)), por expresa y previa autorización constitucional del artículo 55 de la norma superior, cuando “[...] garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones labores, con las excepciones que señale la ley”.
En la pluricitada Sentencia C-314 de 2004, la Corte Constitucional recordó lo afirmado en fallo C-110 de 1994 cuando estudió la constitucionalidad del artículo 416 del CST, en la que precisó los alcances de esa norma laboral, en el sentido de que al establecer tal restricción al derecho a la negociación colectiva frente a los sindicatos de los empleados públicos (consistente en la imposibilidad de presentar pliegos de peticiones destinados a celebrar convenciones colectivas de trabajo), no contraría la Carta Política, amén de que dicha prohibición, logra su fundamento “[...] en una garantía invaluable para la preservación de los intereses públicos: la integridad y continuidad del servicio”, y concluyó:
“De lo dicho se deduce entonces que los servidores públicos adscritos a las empresas sociales del Estado que adquirieron la categoría de empleados públicos y perdieron la de trabajadores oficiales, perdieron con ella el derecho a presentar pliegos de peticiones y a negociar convenciones colectivas de trabajo”.
El absurdo al que conduciría una conclusión contraria implicaría reconocer que cierto tipo de empleados públicos —los que antes han sido trabajadores oficiales— tendrían derecho a presentar convenciones colectivas de trabajo, a diferencia de aquellos que nunca fueron trabajadores oficiales, con lo cual se generaría una tercera especie de servidores públicos, no prevista en la ley sino resultado de la transición de un régimen laboral a otro, afectándose por contera el derecho a la igualdad de los empleados públicos que no habiendo sido jamás trabajadores oficiales, no tendrían derecho a mejorar por vía de negociación colectiva la condiciones laborales de sus cargos”(12).
a) Convención colectiva de trabajo de 31 de octubre de 2001 (fls. 47 a 116), suscrita entre el Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales (Sintraseguridadsocial), con vigencia de tres años (art. 2º), esto es, del 1º de noviembre de ese año al 31 de octubre de 2004 y cuyos beneficiarios eran los “[...] trabajadores oficiales vinculados a la planta de personal del [ ...]” ISS (art. 3º).
b) Certificación de 4 de abril de 2008 (fl. 34), emanada de la coordinadora de talento humano de la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación, que da cuenta de que el actor “[l]aboró en el ISS desde el 24 de [a]gosto de 1979 [...] [h]asta el 25 de [j]unio de 2003”, puesto que a partir del 26 de los mismos mes y año “[...] fue incorporado [...] a la planta de personal de [esa] ESE [...]”,en el cargo de auxiliar administrativo, código 4044, grado 23, y tiene la calidad de empleado público.
c) Oficio de 18 de julio de 2008 (fl. 138), mediante el cual el apoderado general liquidador de la ESE Rafael Uribe Uribe le comunicó al demandante que “[...] conforme al artículo 1º del Decreto 2349 de 2008, la liquidación termina [ese día], fecha a partir de la cual quedan suprimidos todos los cargos de la planta en virtud del artículo 12 del Decreto 405 de 2007, que estableció que al vencimiento del término de la liquidación, quedarán automáticamente suprimidos todos los cargos existentes y finalizarán las relaciones laborales, por lo que se daría la culminación de los contratos de trabajo de los trabajadores oficiales y del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos, en los términos previstos en las normas vigentes”.
d) Resolución 3279 de 26 de abril de 2005 (fls. 29 y 30), con la que la ESE Rafael Uribe Uribe le concedió al demandante el disfrute de 10 días de vacaciones correspondientes al período de 24 de agosto de 2002 a 23 de agosto de 2004, de acuerdo con la Sentencia C-314 de 2004, e informa que “[e]l valor correspondiente a vacaciones y prima de vacaciones de estos días será cancelado en el pago único con las demás acreencias derivadas de la convención colectiva a 31 de [o]ctubre de 2004”.
e) Resoluciones 512 de 15 de abril (fls. 18 a 21) y 1014 de 9 de junio de 2008 (fls. 23 a 26), con las que la ESE Rafael Uribe Uribe en liquidación le reconoció al actor sus prestaciones sociales y la respectiva indemnización por la supresión de su empleo, y adicionó ese acto administrativo, en su orden, notificadas en las fechas de expedición (fls. 22 y 27).
De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que el actor i) se vinculó al Instituto de Seguros Sociales (ISS), el 24 de agosto de 1979 (trabajador oficial); y desde el 26 de junio de 2003, fue incorporado a la ESE Rafael Uribe Uribe, como auxiliar administrativo, código 4044, grado 23 (empleado público), en virtud del Decreto 1750 de esa fecha; ii) su cargo fue eliminado, de acuerdo con el Decreto 405 de 2007, que suprimió la mencionada ESE y se ordenó su liquidación; y iii) solicita en esta demanda reliquidar sus prestaciones salariales y sociales y la respectiva indemnización por supresión del empleo, conforme a la convención colectiva suscrita por el ISS con Sintraseguridadsocial, de la que, según él, es beneficiario.
Ahora bien, conforme al marco normativo y la relación probatoria efectuada, resulta oportuno concluir que la aludida convención colectiva no aplica al caso del demandante, puesto que si bien es cierto que este tenía la calidad de trabajador oficial en el ISS, caso en el que sería destinatario de aquella, conforme a su artículo 3º, también lo es que desde el 26 de junio de 2003, al ser incorporado a la ESE Rafael Uribe Uribe, adquirió la condición de empleado público, en virtud del artículo 16 del Decreto 1750 de esa anualidad, motivo por el cual se debe emplear en su relación laboral la normativa general dictada para esta clase de servidores públicos y no la convención colectiva de trabajo deprecada, tal como lo hizo la demandada, ya que esa figura está prohibida para ese tipo de vinculación laboral, conforme al artículo 416 del CST.
En ese orden de ideas, con base en la aludida providencia de la Corte Constitucional, de no aceptarse lo anterior, se estaría ante la presencia de la creación prohibitiva de una tercera clase de servidores públicos, la cual se toma inaceptable, es decir, de aquellos que pese a que son empleados públicos sí pueden beneficiarse de convenciones colectivas, cuando el artículo 416 del CST lo impide bajo la excusa admitida del canon 55 de la Carta Política, pues las “[...] dificultades prácticas y políticas que experimentarían tanto la administración como el Congreso de la República para adelantar la negociación de los pliegos de modificaciones con los sindicatos de empleados públicos son inconvenientes notorios y suficientes para impedir que este tipo de procedimientos se ofrezcan a dichos servidores”(18).
1. Confírmase la sentencia proferida el 27 de enero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Decisión), que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Diego Alberto Herrera Gómez contra la Nación - ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social y Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.), conforme a lo expuesto en la parte motiva.
1 “Por el cual se escinde el Instituto de Seguros sociales y se crean empresas sociales del Estado”.
7 “Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios (empleadores) o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.
8 Los artículos 53 (inc. 5º) y 58 de la Constitución Política determinan que “La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”, y que “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, en su orden. Por su parte, el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, dispone que “Las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene”. Referencias legales tenidas en cuenta por la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004.
10 En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional a través de Sentencia C-314 de 2004: “Para iniciar debe recordarse que la clasificación de empleados públicos y trabajadores oficiales fue sistematizada por el Decreto 3135 de 1968, en el marco de la reforma administrativa de ese año en Colombia. El artículo 5º de dicha normatividad establece que ‘las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. (En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo)10. Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo’”.
11 “Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga”, texto subrayado declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1234 de 2005, “[...] bajo el entendido que para hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política, y de conformidad con los convenios 151 y 154 de la OIT, las organizaciones sindicales de empleados públicos podrán acudir a otros medios que garanticen la concertación en las condiciones de trabajo, a partir de la solicitud que al respecto formulen estos sindicatos, mientras el Congreso de la República regule el procedimiento para el efecto”.
15 En Sentencia C-349-04, señaló la Corte Constitucional, frente al principio de la buena fe que era entendido “[...] como aquel principio general de derecho según el cual los sujetos deben conducirse bajo parámetros de honestidad en las relaciones jurídicas, es decir bajo el convencimiento de actuar legítimamente, válidamente y por medios exentos de fraude, es de presunción general. Es decir, la buena fe se presume y esta presunción cobija igualmente al legislador en el ejercicio de la función legislativa. En tal virtud, la mala fe debe probarse, por lo cual el actuar doloso o fraudulento no puede tan solo afirmarse”.
16 Aún incluso, la Corte Constitucional ha permitido la figura de la estabilidad imperfecta, reiterada en Sentencia C-349 de 2004, cuando al efecto, precisó: “La indemnización dada al empleado que ha sido desvinculado de su puesto de trabajo constituye el reconocimiento del derecho que tiene a la estabilidad laboral. A pesar de que el ejercicio de este derecho no es pleno, pues [...] debe ceder frente a situaciones que comprometan intereses públicos concretos, que requieran modificar la administración central, adecuándola a las necesidades de la sociedad, esta carga no puede conllevar su total desconocimiento. Por ello, la Corte ha determinado que, en tales casos se tiene derecho a una “estabilidad laboral imperfecta” materializada mediante una indemnización. Al respecto, la Corte ha establecido: “Así entendida, la cláusula de reserva se erige en un desconocimiento frontal de la garantía de estabilidad laboral que reconoce la Carta Política de manera expresa en el artículo 53 superior. En efecto, si bien esta garantía no reviste un carácter absoluto, por cuanto no significa un derecho del trabajador a permanecer indefinidamente en el cargo, concretándose tan solo en el contenido de continuidad y permanencia que deben revestir las relaciones obrero-patronales, si involucra la necesidad de pagar una indemnización cuando dichas expectativas de permanencia resultan ser injustificadamente defraudadas. De esta manera, para la Corte la terminación puede considerarse respetuosa del mencionado derecho de rango superior, aunque no obedezca a una de las causales de justa terminación consagradas por la ley, siempre y cuando se reconozca la correspondiente indemnización por despido injustificado” Sentencia C-003 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)”. Sentencia C-1341 de 2000”.
17 Al respecto, en la Sentencia C-314 de 2004, se dijo: “[...] las meras expectativas, es decir, las situaciones jurídicas que no se han configurado o consolidado en cabeza de sus futuros titulares, pueden ser discrecionalmente modificadas por el legislador de acuerdo con la evaluación que haga de las necesidades públicas. Así lo estableció el artículo 17 de la Ley 153 de 1887 al señalar que ‘las meras expectativas no constituyen derecho contra la ley que las anule o las cercene’”.