Source: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-28535
Timestamp: 2019-11-19 05:17:37
Document Index: 175972367

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 56', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 84', 'Artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 84', 'artículo 4', 'artículo 7']

BOE.es - Documento BOE-A-1996-28535
Documento BOE-A-1996-28535
Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 307, de 21 de diciembre de 1996, páginas 38102 a 38108 (7 págs.)
BOE-A-1996-28535
https://www.boe.es/eli/es/rd/1996/12/20/2606
2. Los fondos de garantía de depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tendrán personalidad jurídica, con plena capacidad para el desarrollo de sus fines, en régimen de derecho privado y sin sujeción a las normas reguladoras de las entidades estatales autónomas y de las sociedades estatales.
a) Expiración del término de su mandato. b) Renuncia aceptada por el Ministro de Economía y Hacienda.
6. Para la validez de las reuniones de las comisiones gestoras será necesaria la asistencia de la mitad de sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, gozando su Presidente de voto de calidad.
Por excepción, cuando se trate de adoptar medidas contenidas en un plan de actuación, conforme a lo previsto en el artículo 10 para cuya financiación no se contemple aportación alguna por parte del Banco de España, el acuerdo deberá adoptarse por una mayoría de dos tercios.
1. Las aportaciones anuales de las entidades integradas en los fondos serán del 2 por 1.000 de los depósitos a los que se extiende su garantía existente al cierre de cada ejercicio.
2. Las aportaciones anuales de las entidades adscritas irán destinadas a cubrir las necesidades derivadas de las funciones atribuidas a los fondos y se ingresarán en la cuenta del correspondiente fondo en el Banco de España, a partir de la fecha de cierre de cada ejercicio, en uno o más desembolsos, a la vista de las necesidades del Fondo, y en los plazos que fije la comisión gestora correspondiente.
3. Cuando el patrimonio de un fondo alcance una cuantía suficiente para el cumplimiento de sus fines, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, podrá acordar la disminución de las aportaciones mencionadas en el número 1 de este artículo. En todo caso, esas aportaciones se suspenderán cuando el fondo patrimonial no comprometido en operaciones propias del objeto de los fondos iguale o supere el 1 por 100 de los depósitos de las entidades adscritas a ellos, lo que será comunicado por la comisión gestora en la forma que la misma establezca.
4. Excepcionalmente, y al efecto de salvaguardar la estabilidad del conjunto de las entidades adscritas a él, un fondo podrá nutrirse con aportaciones del Banco de España, cuya cuantía se fijará por Ley.
5. El patrimonio no comprometido de los fondos deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo.
Artículo 4. Definición de los depósitos garantizados.
2. No se considerarán depósitos garantizados a los efectos de este Real Decreto y, por tanto, no serán tenidos en cuenta para el cómputo de las aportaciones:
4.º Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, así como las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de los fondos de titulización y de capital riesgo y los depósitos de las entidades que gestionan.
5.º Las sociedades gestoras de cartera.
6.º Las sociedades de capital riesgo.
f) Los depósitos constituidos por quienes ostenten cargos de administración o dirección en la entidad que origine la actuación del fondo según lo establecido en el artículo 1.4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito; por las personas que tengan una participación significativa en el capital de la entidad según lo establecido en el artículo 56 de la Ley 26/1988, o una participación en empresas de su grupo económico según los criterios contenidos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como por los cónyuges y familiares en primer grado de unos y otros.
3. Asimismo, y sin perjuicio de que sean tenidos en cuenta para el cómputo de las aportaciones, la obligación de pagar los importes garantizados no comprenderá a los constituidos:
4. No obstante, los plazos establecidos en el artículo 9.1 de este Real Decreto, cuando a juicio de la comisión gestora existan circunstancias que permitan presumir la relación o participación de algún depositante con las causas motivadoras de la obligación de indemnizar, podrá suspenderse el pago de las indemnizaciones correspondientes mientras no se declare judicialmente, a instancia de parte, la inexistencia de aquella relación o participación. Los fondos dispondrán de igual facultad cuando un depositante o cualquier otra persona con derecho o interés sobre un depósito haya sido procesado o se hubiera dictado apertura de juicio oral por delitos relacionados con operaciones de blanqueo de capitales, cuando se hubiere incoado el procedimiento abreviado que se regula en el título III del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta tanto finalice el procedimiento.
1.º Su adscripción al fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios será obligatoria cuando los depósitos en España no estén cubiertos por un sistema de garantía de depósitos en el país de origen.
2.º Deberán adscribirse al fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios para cubrir la diferencia en nivel o alcance, cuando la garantía del sistema del país de origen sea inferior a la cubierta por aquél.
3.º No será obligatoria su adscripción al fondo de garantía de depósitos en establecimientos bancarios cuando los depósitos estén cubiertos en el país de origen.
El fondo podrá establecer convenios con los sistemas de garantía de depósitos de otros países al objeto de organizar, en su caso, el pago de las indemnizaciones.
4. Las entidades integradas en los fondos no podrán utilizar su pertenencia a los mismos en su publicidad, si bien podrán incluir una mención a aquélla sin añadir otros datos o informaciones sobre los fondos. Asimismo, tendrán en sus oficinas, a disposición del público, información sobre las características del fondo, con la indicación, en el caso de las sucursales de entidades de crédito extranjeras, de que los importes garantizados se limitan a los establecidos en la legislación española.
1. Las entidades de crédito que no realicen debidamente sus aportaciones al fondo de garantía de depósitos al que estén adheridas o incumplan las obligaciones previstas en el apartado 4 del artículo anterior, podrán ser excluidas del fondo una vez que, requeridas al efecto, no hayan regularizado su situación en el plazo que se les confiera, que no podrá ser inferior a un mes. Será competente para acordar la exclusión el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, previo informe de la comisión gestora del fondo afectado y previa audiencia del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Los depósitos realizados, tanto en entidades de crédito españolas como en sucursales de entidades de crédito extranjeras, antes de que la exclusión sea efectiva, seguirán amparados por el fondo hasta su vencimiento. En el caso de las cuentas corrientes, el saldo amparado no excederá del existente a la fecha de la exclusión, menos los adeudos que hayan tenido lugar entre la citada fecha y la de la declaración del supuesto que dé lugar al pago de la indemnización. La retirada de la cobertura será comunicada a los depositantes a través del «Boletín Oficial del Estado» y de dos periódicos de ámbito nacional.
Artículo 7. Alcance del importe garantizado.
1. El importe garantizado de los depósitos tendrá como límite el equivalente en pesetas de 20.000 ECUs, a los tipos de cambio del día en que se produzca alguno de los hechos citados en el artículo 8 de este Real Decreto, o a los del día anterior hábil cuando fuese festivo.
En el caso de depósitos constituidos en sucursales de entidades de crédito españolas en otros países de la Unión Europea, la cobertura no excederá, ni en su nivel ni en su alcance, de la establecida por el sistema de garantía del país donde dichas sucursales estuvieran establecidas.
Esa garantía se aplicará por depositante, sea persona natural o jurídica y cualesquiera que sean el número y clase de depósitos en que figure como titular de la misma entidad. Dicho límite se aplicará también a los depositantes titulares de depósitos de importe superior al máximo garantizado.
2. Cuando una cuenta tenga más de un titular, su importe se dividirá entre los titulares, de acuerdo con lo previsto en el contrato de depósito, y, en su defecto, a partes iguales.
3. Cuando los titulares de un depósito actúen como representantes o agentes de terceros, siempre que esta condición existiera en el momento de la formalización del depósito y haya sido declarada formalmente a la entidad antes de que se produzcan las circunstancias descritas en el artículo 8, la cobertura del fondo se aplicará a los terceros beneficiarios del depósito en la parte que les corresponda.
4. Los depósitos existentes en el momento de la revocación de la autorización a una entidad adscrita a un fondo seguirán cubiertos hasta la extinción de la entidad, y la entidad seguirá obligada a realizar las aportaciones legalmente exigibles. En el caso de las cuentas corrientes, el saldo amparado será el existente a la fecha de la revocación.
Los fondos satisfarán a sus titulares el importe garantizado de los depósitos cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:
c) Que, habiéndose producido impago de depósitos vencidos y exigibles, el Banco de España determine que, en su opinión, y por razones directamente derivadas de la situación financiera de la entidad de que se trate, ésta se encuentra en la imposibilidad de restituirlos y no parece tener perspectivas de poder hacerlo en un futuro inmediato. El Banco de España, oída la comisión gestora del fondo, deberá resolver a la mayor brevedad y, a más tardar, dentro de los veintiún días siguientes a haber comprobado por primera vez que la entidad no ha logrado restituir depósitos vencidos y exigibles, tras haber dado audiencia a la entidad interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que aquélla suponga interrupción del plazo señalado.
1. Los fondos deberán estar en condiciones de satisfacer las reclamaciones debidamente comprobadas dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que el Banco de España tome la determinación a que se refiere al párrafo c) del artículo anterior, o la autoridad judicial dicte alguna de las decisiones mencionadas en los párrafos a) y b) de dicho artículo, y ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 4 de este Real Decreto.
Cuando los fondos prevean que no pueden efectuar los pagos en el plazo establecido, podrán solicitar sucesivamente al Banco de España la concesión de hasta tres prórrogas de plazos no superiores a tres meses cada uno, indicando las razones de la solicitud. El Banco de España podrá autorizarlas cuando aprecie que concurren motivos excepcionales que justifiquen el retraso, tales como el elevado número de depositantes, la existencia de cuentas en otros países o la constatación de dificultades extraordinarias, técnicas o jurídicas, para comprobar el saldo efectivo de los depósitos garantizados o la procedencia de la indemnización.
2. El pago de los depósitos garantizados no se extenderá a los depósitos efectuados con posterioridad a la fecha en que se hayan producido las causas señaladas en el artículo anterior ni a los depósitos o importes que se hayan retirado con posterioridad a dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.1 de este Real Decreto.
3. Los fondos no podrán acogerse a los plazos a que se refieren los apartados anteriores para denegar el beneficio de una garantía a un depositante que no haya podido hacer valer a tiempo su derecho. Los importes no satisfechos, dentro del plazo establecido o de sus prórrogas, quedarán en los fondos a disposición de sus titulares, sin perjuicio de su prescripción con arreglo a Derecho.
4. Por el mero hecho del pago de los importes garantizados, los fondos se subrogarán, por ministerio de la Ley, en los derechos de los depositantes, hasta un importe equivalente al de los pagos realizados, siendo suficiente título el documento en que conste el pago.
3. Al adoptar estas medidas el fondo tendrá en cuenta el coste financiero de las mismas a su cargo, que comparará con los desembolsos que hubiese tenido que realizar de optar, en el momento de la adopción del plan, por realizar en lugar de éste el pago de los importes correspondientes a los depósitos garantizados.
Se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las normas que sean precisas para el desarrollo del presente Real Decreto.
Se autoriza al Banco de España para desarrollar el procedimiento de elección de sus representantes en las comisiones gestoras de los fondos, así como las cuestiones técnico-contables de los conceptos de depósito garantizado y patrimonio neto no comprometido.
SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición final 1, sobre la información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al fondo: Circular de 18 de diciembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14084).
SE MODIFICA los arts. 3 al 5 y 7 al 11 y SE AÑADEN los arts. 3 bis, 5 bis, 7 bis, 9 bis, 12, 13, disposiciones transitorias 4, 5 y 6 y el anexo, por Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre (Ref. BOE-A-2015-12056).
el art. 3.2.bis y ter, por Ley 9/2012, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14062).
el art. 3.2 bis y 2 ter, por Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto (Ref. BOE-A-2012-11247).
el art. 1 y lo indicado del art. 2, por Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre (Ref. BOE-A-2011-16173).
el art. 3 y disposición final 1, por Real Decreto 771/2011, de 3 de junio (Ref. BOE-A-2011-9731).
los arts. 3.3, 5, 7.1, 8, y 9, por Real Decreto 628/2010, de 14 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8821).
SE DICTA EN RELACION estableciendo medidas de reestructuración y reforzamiento de las entidades bancarias y de crédito: Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio (Ref. BOE-A-2009-10575).
SE ACTUALIZA lo indicado del art. 7.1, por Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2008-16384).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre los saldos que integran la base de cálculo de las aportaciones a los fondos: Circular 4/2001, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-2001-18733).
SE MODIFICA los arts. 1 a 10 y la disposición final primera, por Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto (Ref. BOE-A-2001-15221).
reduciendo las Aportaciones al Fondo en Establecimientos Bancarios: Orden de 12 de febrero de 1997 (Ref. BOE-A-1997-3362).
sobre Información de los Saldos Contables que Integran la Base de Calculo de las Aportaciones a los Fondos: Circular 1/1997, de 31 de enero (Ref. BOE-A-1997-2167).
disposición adicional única y AÑADE un título V al Real Decreto 2024/1995, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-903).
art. 2 del Real Decreto 437/1994, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-1994-6001).
Real Decreto 740/1985, de 24 de abril (Ref. BOE-A-1985-9446).
Real Decreto 2576/1982, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1982-26679).
Real Decreto 2575/1982, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1982-26678).
Real Decreto 1620/1981, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1981-17408).
Real Decreto 567/1980, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-1980-6727).
TRANSPONE la Directiva 94/19/CE, de 30 de mayo (Ref. DOUE-L-1994-80715).