Source: https://www.cccyl.es/es/tribunal-administrativo-recursos-contractuales-castilla-leo/resoluciones/resoluciones-ano-2019
Timestamp: 2019-08-25 04:57:01
Document Index: 18469155

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 135', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 153', 'artículo 47', 'artículo 102', 'artículo 11']

Resolución 110/2019
Valor estimado inferior a la cuantía prevista para el recurso especial.
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Contrato fuera del ámbito del recurso especial.
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Problemas técnicos con el uso de la Plataforma de Contratación del Sector Público no acreditados.
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No se aprecia que el informe técnico de valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor incurra en arbitrariedad, ya que no existe error material. La valoración se ajusta a los cánones de la discrecionalidad técnica de la Administración, existe motivación adecuada y suficiente y el informe está suscrito por técnicos.
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La empresa adjudicataria se encontraba en baja pero justificó la viabilidad de su oferta en el momento procedimiental oportuno. Disonformidad con su puntuación. Discrecionalidad técnica.
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Resolución 104/2019
El órgano de contratación mantiene que la oferta está incompleta, vaga e imprecisa. Los argumentos expuestos por el recurrente no ofrecen elementos de prueba o convicción suficiente como para desvirtuar la justificación de la exclusión de su oferta contenida en el informe técnico del Servicio y en el acuerdo de la Mesa de contratación.
La Mesa de contratación, contraviniendo el tenor literal del PCAP, para adaptarse al carácter vinculante de la respuesta facilitada a una consulta sobre el momento de presentar el informe del estado de conservación y mantenimiento de los jardines, no solicitó dicho certificado en el momento de la apertura del sobre A, ni consideró necesario solicitar la subsanación por su ausencia y aportación posterior.
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La inexigibilidad de infraestructura propia unida a la escasa valoración de este criterio de adjudicación, impide apreciar la existencia de discriminación o de vulneración de los principios de libre concurrencia o de neutralidad tecnológica . No se aprecia discriminación o desventajas entre los potenciales licitadores en cuanto a la posibilidad de reducir el plazo de implantación de los servicios. Arraigo y experiencia del personal.
Análisis del artículo 145.3.g) LCSP relativo a la posibilidad de utilizar el precio como único criterio de adjudicación en los contratos de servicios, en general, y en los servicios intensivos en mano de obra, en particular.
Procedimiento contradictorio para evitar que las ofertas desproporcionadas puedan rechazarse sin comprobar previamente su viabilidad. En el presente caso, se considera que el informe técnico argumenta suficientemente que la oferta no puede ser cumplida satisfactoriamente y que contiene una motivación adecuada y suficiente de las razones en las que funda tal conclusión.
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Cálculo del porcentaje de baja. Los argumentos esgrimidos en el recurso no resultan suficientes para desvirtuar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano de contratación en relación con la viabilidad de la oferta de la recurrente, basada en razones técnicas que determinan que la justificación ofrecida por el licitador no garantiza el normal desarrollo de la ejecución del contrato.
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Acceso al expediente. Confidencialidad.
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El establecimiento de criterios medioambientales debe efectuarse de acuerdo con la normativa sectorial, a fin de que su aplicación tenga carácter igualitario. La aplicación de la regulación de la preferencia en favor de las cooperativas de trabajo que establece el artículo 135 de la Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de Castilla y León, como criterio de desempate de las ofertas, debe ceder en favor de la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación rectores de la LCSP y del art. 18.2.a) de la LGUM. Anulación de criterio de adjudicación que determina la anulación del pliego y del procedimiento de adjudicación.
La solicitud de aclaración de la oferta realizada fue conforme a derecho. La recurrente no cumple una de las especificaciones técnicas exigidas.
La exigencia como criterios de adjudicación de contar con un plan de eficiencia energética, de calidad del servicio, de prevención de riesgos laborales o de responsabilidad social corporativa, no es conforme a derecho por infringir el artículo 146.2 de la LCSP. Fórmulas: umbral de saciedad. Aunque en el presente procedimiento formalmente los criterios dependientes de un juicio de valor no superan a los automáticos, por el diseño o definición de los criterios evaluables que se realiza materialmente sí lo hacen, por lo que se evade la previsión contenida en el artículo 146.2 a) de la LCSP y debería haberse nombrado un comité de expertos independientes con cualificación apropiada, o encomendar ésta a un organismo técnico especializado.
La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato no está suficientemente motivada. Criterios relativos a la ampliación de la plantilla mínima y a la asunción de una parte de la plantilla actual. Valoración de la cualificación personal que va a prestar el servicio y el incremento salarial de la plantilla. El error o imprecisión en el CPV consignado no determina la nulidad de los pliegos. El origen, domicilio social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condición de aptitud para contratar c, circunstancias que igualmente no pueden ser utilizadas como criterio de valoración, son admisibles, por el contrario, cuando se configuran como compromiso de adscripción de medios.
Requisitos de los criterios de solvencia.
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Exclusión del recurrente al haber facilitado en el sobre 2 datos relativos a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, que deberían haberse incluido en el sobre 3, lo que ha podido condicionar la valoración de los criterios cuantificables mediante un juicio de valor.
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El desistimiento supone un incumplimiento a lo resuelto por el Tribunal.
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Imposibilidad de valorar, como criterio de adjudicación, las certificaciones de calidad. Los certificados de gestión medioambiental podrán exigirse como requisito de solvencia técnica a los licitadores, pero no valorarse como criterio de adjudicación.
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Cláusula de la que pueden desprenderse interpretaciones contradictorias, como efectivamente ha ocurrido, lo que en modo alguno puede perjudicar a los licitadores.
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Resolución 88/2019
La presentación de variantes que no se hayan previsto de forma expresa en los pliegos supone la presentación de proposiciones simultáneas o alternativas, por lo que deben rechazarse todas las presentadas por las empresas.
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La formalización del contrato se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 153.3 de la LCSP, al no tener constancia de la interposición de ningún recurso especial en materia de contratación. La utilización del código CPV sólo constituye un criterio para identificar la correspondencia entre los trabajos o suministros acreditados y los que constituyen el objeto del contrato en el caso en el que no se prevean en los pliegos los requisitos de solvencia técnica.
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El recurrente solicita la nulidad de los pliegos, si bien ha aceptado su contenido, no puede pretenderse su revisión en el momento de la adjudicación del contrato. Las mejoras posibilitan una oferta sin límite máximo.
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Resolución 85/2019
Examen del expediente. Confidencialidad.
El PCAP no informa de las condiciones de los contratos del personal a subrogar conforme al art. 130 LCSP. Discordancia entre los medios personales a destinar al contrato y la jornada laboral exigida, lo que repercute en el cálculo de los costes laborales a considerar en la determinación del presupuesto de licitación y valor estimado conforme a los arts. 100 y 101 de la LCSP. Existencia de discriminación a favor de contratistas previos prohibida por los arts. 45 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y 40 de la LCSP. Estimación.
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Resolución 83/2019
Contaminación de sobres -inclusión de información correspondiente a uno de los sobres en otra no puede hablarse de una posición única, sino que depende de las circunstancias del caso concreto, debiéndose valorar, en síntesis la información suministrada y su influencia en la decisión del órgano de contratación. Al procedimiento concurrió una sola empresa licitadora.
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Resolución 82/2019
Acto de trámite no cualificado, no resolutorio, pues el órgano de contratación podría separarse de la propuesta, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a la recurrente.
El motivo de fondo esgrimido por las empresas recurrentes, es su disconformidad con la valoración técnica realizada por el órgano de contratación de su proposición. No obstante, en la relación que se realiza comparando las puntuaciones no se indica una causa de nulidad ni siquiera se hace referencia a que estas sean arbitrarias o discriminatorias, únicamente se solicita una revisión o reevaluación de sus puntos.
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Cálculo costes de personal. La oferta de la adjudicataria cubre los costes del contrato (personal a subrogar, maquinaria e instalaciones).
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La recurrente carecería de legitimación, porque la estimación de su pretensión no supondría como resultado ser adjudicataria del contrato. Si la empresa recurrente no consideraba suficiente la solvencia técnica o una incompatibilidad entre los objetos del contrato, tendría que haber impugnado los pliegos en el momento procedimental oportuno.
Criterios de adjudicación. El documento de petición de ofertas era suficientemente claro y no admitía más interpretación que la reflejada en el modelo –y de albergar dudas por el licitador podría haberse dirigido al órgano de contratación para aclarar este extremo-.
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Subsanación de la documentación presentada para acreditar un criterio de adjudicación, siempre que estemos ante una acreditación documental que no suponga alteración de su oferta ni, por tanto, quiebra del principio de igualdad de trato ni de la libre concurrencia.
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Obligación de contar con un plan de igualdad.
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"La empresa recurrente para justificar su discriminación pretende alterar el objeto del contrato elegido por la Administración. Alegación que además de revelarse incongruente con la circunstancia de la participación de la licitación no solo de otras empresas, sino también de la propia recurrente, no acredita la concurrencia de ninguno de los supuestos de invalidez de los actos administrativos del transcrito artículo 47.1 LPAC.
Debe recordarse que el contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de los fines que le son propios y es precisamente a esta a la que le que corresponde apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y la forma de hacerlo, por lo que la determinación de su objeto es una facultad discrecional, únicamente sometida a la justificación de su necesidad y determinada por el cumplimiento del procedimiento establecido en la normativa de contratación".
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Discrecionalidad en la valoración de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
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La empresa recurrente no acredita la existencia de problemas en la Plataforma de Contratación del Sector público.
El presupuesto de licitación es insuficiente para cubrir los costes salariales del contrato. Cálculo del valor estimado del contrato.
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Pérdida sobrevenida del objeto por la estimación de otro recurso.
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Error en el PPT, plenamente constatado y corregido de un modo correcto.
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Recurso meramente reproductor de otro desestimado, debe inadmitirse.
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El desistimiento del contrato determina la perdida sobrevenida de objeto del recurso, por lo que la cuestión suscitada por la entidad recurrente ha quedado sin objeto y procede declarar la inadmisión del recurso.
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La oferta se ha formulado en un modelo distinto del señalado en los pliegos, pero que permite conocer la voluntad del licitador, no es necesaria la aclaración, debiendo admitirse la proposición.
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Obligatoriedad de la inscripción en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Discrecionalidad técnica del órgano de contratación.Plazo para el abono del precio.
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Las especificaciones técnicas no deben crear obstáculos injustificados y sí proporcionar una diversidad de soluciones, sin condicionar una concreta, cuando existen varias en el mercado, supuesto que ocurre cuando se singularizan injustificadamente las prescripciones exigidas. Una cesión sin coste deun número de medidores indeterminado, vulnera el artículo 102.1 de la LCSP, que impone que el precio de todo contrato administrativo ha de ser un precio cierto y que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada, y de acuerdo con lo pactado.
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Resolución 64/2019
El informe técnico argumenta suficientemente que la oferta presentada no puede ser cumplida satisfactoriamente. Contiene una motivación adecuada y suficiente de las razones en las que funda tal conclusión.
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Presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación.
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El informe técnico de valoración es excesivamente escueto e insuficiente y no motiva suficientemente las puntuaciones otorgadas respecto del criterio de adjudicación relativo al contenido y calidad técnica de la propuesta.
Falta de justificación de la procedencia de la figura de la encomienda y de su idoneidad para satisfacer la necesidad requerida. Incumplimiento del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Excepcionalidad de la encomienda de gestión frente al procedimiento de contratación. Falta de adecuación de los trabajos objeto del encargo al objeto social y funciones de TRAGSA.
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