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Timestamp: 2019-11-22 02:25:49
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Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'de lege ferenda']

Ballesteros m Off a Luis Angel | Derecho de la Unión Europea | Gobierno
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Segundo Trabajo de Derecho Adm.
Becas 2015 de formación para la especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica
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CRISIS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO
The crisis of the negative administrative silence
Luis ngel Ballesteros Moffa
RESUMEN: Las ltimas reformas y doctrinas dirigidas a la lnea de flotacin del silencio negativo, como exponente de la
crisis de un modelo, conducen al renovado anlisis de los tres puntales de su rgimen jurdico: presupuesto, sentido y
eficacia, puestos en conexin en el presente trabajo. Vertientes que, ms all del conflicto entre la Administracin silente y
el administrado perjudicado por la inactividad formal, presentan el comn denominador de la tensin entre seguridad
jurdica y privilegios de la Administracin, por un lado, y tutela judicial efectiva, buena administracin e imperativos de
simplificacin y agilizacin de la actuacin administrativa, por otro. Solo desde una visin de conjunto de esta tcnica
paliativa de la ausencia ilegal de voluntad administrativa expresa, es posible una reflexin global pero tambin singular de
esos tres pilares, en torno a los que se arraciman instituciones tan sobresalientes como los derechos fundamentales, la
certidumbre en las relaciones jurdicas, la liberalizacin de servicios, la teora del acto consentido, el principio favor acti, o
la ejecutividad y prescriptibilidad de sanciones.
ABSTRACT: Recent reforms and doctrines directed against the negative silence, as a model in crisis, require a new
analysis of the three pillars of its legal regime: premise, meaning and effects, connected in this work. Aspects that, beyond
the conflict between the public administration and citizens affected by inactivity, have in common the tension between
legal certainty and administration privileges, on the one hand, and effective judicial protection, good governance and
imperatives of administrative simplification and streamlining, on the other hand. Administrative silence, presumption after
a certain period without resolving the government, requires a joint analysis of its three aspects, for a comprehensive and
specific reflection of each of these, under discussion of such outstanding institutions as fundamental rights, legal certainty,
liberalisation of services, theory of the final act, principle favor acti, or prescribing administrative infringements and
PALABRAS CLAVE: Silencio administrativo; silencio positivo contra legem; acto consentido; acto confirmatorio;
KEY WORDS: Administrative silence; deemed approval contra legem; final act; confirmatory act; prescribing
administrative infringements and penalties.
Recepcin original : 10/04/2013
Aceptacin original : 11/04/2013
SUMARIO: I. LA EVOLUCIN DE UNA INSTITUCIN TUITIVA.- II. LA PREMISA DEL SILENCIO Y CMO SE
HAN VISTO REDUCIDOS LOS PROCEDIMIENTOS SUJETOS A RESOLUCIN EXPRESA CON LA
GENERALIZACIN DEL CONTROL ADMINISTRATIVO A POSTERIORI.- III. EL SENTIDO DEL SILENCIO Y
CMO EL NEGATIVO HA SUFRIDO UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA EN SU EXCEPCIONALIDAD: 1. De la
salvedad reglamentaria a la excepcin legal o de Derecho europeo (Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LRJPC).
2. De la mera reserva legal a la anudada a razones imperiosas de inters general (Ley Omnibus 25/2009, de 22 de
diciembre). 3. De la aplicacin prospectiva del inters general a la revisin de los procedimientos anteriormente regulados
(Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible y Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Control del Gasto
Pblico y Simplificacin Administrativa). 4. La contrapartida del rgimen autorizatorio urbanstico a partir del silencio
positivo contra legem (art. 23 Real Decreto-ley 8/2011).- IV. LA EFICACIA DEL SILENCIO Y CMO SE HA
LLEVADO HASTA LAS LTIMAS CONSECUENCIAS LA LIMITACIN DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO
NEGATIVO A SIMPLE FICCIN PARA RECURRIR: 1. Consecuencia ex lege: desvinculacin de la resolucin expresa
tarda al sentido desestimatorio del silencio. 2. Lneas jurisprudenciales y doctrinales: A. Cuestionamiento de la doctrina
del acto consentido: a) Supuestos cualificados: a) Dies a quo indefinidamente abierto para recurrir el silencio negativo
como consecuencia del incumplimiento de la comunicacin previa del art. 42.4 LRJPC. b) No aplicacin del art. 28 LJCA
a los actos confirmatorios de un silencio negativo no recurrido. Temporaneidad de las resoluciones expresas ulteriores. b)
Eptome argumental en torno a la inaplicacin general de los plazos preclusivos al silencio negativo. c) La conciliacin
entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurdica desde la singularidad del silencio. Alcance
de la atenuacin del acto consentido en la teora administrativa de nulidades. B. Negacin de la firmeza, ejecutividad y
cmputo del plazo prescriptorio de las sanciones.- V. CONCLUSIN: JAQUE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO
I. LA EVOLUCIN DE UNA INSTITUCIN TUITIVA
Conforme a la conocida interaccin entre privilegios de la Administracin y garantas del
administrado, frente a un sistema favorecido por el principio de autotutela, que aboca en un
control judicial final de la legalidad a travs de una Jurisdiccin contencioso-administrativa
revisora1, bajo la necesidad adems de agotar la va administrativa, se alza una institucin en
virtud de la cual la resolucin expresa de la peticin inicial o impugnacin administrativa se torna
en excusable, si no para la Administracin, s para el interesado. Aun cuando, lejos de la
ortodoxia conceptual, no es ajena al intercambio de roles entre la garanta de ste y el abuso de
aqulla, en una encrucijada o debate que no deja de retroalimentarse. El incumplimiento, como
premisa, de la obligacin de dictar y notificar dicha resolucin en todo procedimiento, el sentido
estimatorio o desestimatorio de su vencimiento, y los efectos de acto presunto, en el primer caso,
o de mera ficcin para recurrir, en el segundo, integran la arquitectura del silencio
administrativo2.
Si bien superada en muchos de sus aspectos, la tcnica en estudio est llamada a facilitar la exigencia cardinal de
un acto de la Administracin, no solo posibilitando el acceso a la Justicia administrativa sino tambin su enjuiciamiento sin
una previa resolucin cuyos trminos haya que revisar. Sobre la evolucin y renovada concepcin del carcter revisor,
sirva la remisin a los trabajos de FERNNDEZ RODRGUEZ, T.-R., Sobre el carcter revisor de la Jurisdiccin
contencioso-administrativa, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 11, octubre/diciembre 1976, pgs. 728 a
733; MUOZ MACHADO, S., Nuevos planteamientos de la jurisprudencia sobre el carcter revisor de la Jurisdiccin
contencioso-administrativa, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 26, julio/septiembre 1980, pgs. 496 a
512; FERNNDEZ TORRES, J. R., Jurisdiccin administrativa revisora y tutela judicial efectiva, Civitas, Madrid, 1998;
y GARCA LUENGO, J., La doctrina del carcter revisor de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa en la
jurisprudencia actual, en GARCA DE ENTERRA, E. y ALONSO GARCA, R. (coord.), Administracin y Justicia. Un
anlisis jurisprudencial. Liber amicorum Toms-Ramn Fernndez, Thomson-Civitas, Navarra, 2012, vol. I, pgs. 1223 a
Propone una completa clasificacin de las situaciones de inactividad administrativa, sobre la base de una prstina
tipologa de NIETO GARCA, A. (La inactividad de la Administracin y el recurso contencioso-administrativo, Revista
de Administracin Pblica, nm. 37, enero/abril 1962, pgs. 75 a 126; y La inactividad material de la Administracin:
veinticinco aos despus, en AAVV, Documentacin Administrativa: la inactividad administrativa, nm. 208,
monogrfico, abril/diciembre 1986, pgs. 11 a 64), GMEZ PUENTE, M., El silencio y la inactividad de la
Administracin, en QUINTANA LPEZ, T. (dir.) y CASARES MARCOS, A. (coord.), Silencio administrativo. Estudio
general y procedimientos sectoriales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pgs. 49 y ss.
Una tcnica que no ha tenido fcil encaje en nuestro ordenamiento a juzgar por el
continuo vaivn de su rgimen jurdico, sufriendo todos y cada uno de sus tres pilares (premisa,
sentido y eficacia) este ir y venir, no ayuno de retornos a planteamientos anteriores, con el
protagonismo tanto del legislador como de la jurisprudencia y doctrina3. Desde el Estatuto
Municipal de Calvo Sotelo de 1924 y la LJCA de 19564, pasando por la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, hasta los arts. 42, 43 y 44 LRJPC5, sustancialmente
modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con su continuidad en la transposicin de la
Directiva de Servicios6, la inactividad administrativa ha experimentado un dispar tratamiento
Puede afirmarse que las ltimas reformas, fruto de la europeizacin de los procedimientos
administrativos internos, unidas a los esfuerzos jurisprudencial y doctrinal por dulcificar los
efectos de la institucin, han estado dirigidas a la lnea de flotacin del silencio negativo;
poniendo incluso en solfa la misma institucin si se tienen en cuenta las iniciativas de la Justicia
europea a favor de la resolucin expresa de los procedimientos7 o la ms cercana purga y
Junto a otros estudios sobre la regulacin procedimental administrativa y de carcter ms especfico, son de
consulta obligada los de GARCA DE ENTERRA, E., Sobre silencio administrativo y recurso contencioso, Revista de
Administracin Pblica, nm. 47, mayo/agosto 1965, pgs. 207 a 227; MARTN MATEO, R., Silencio positivo y
actividad autorizante, Revista de Administracin Pblica, nm. 48, septiembre/diciembre 1965, pgs. 205 a 239; AAVV,
Documentacin Administrativa: la inactividad administrativa, op. cit.; GARCA-TREVIJANO GARNICA, E., El silencio
administrativo en el Derecho espaol, Civitas, Madrid, 1990; y El silencio administrativo en la nueva Ley de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, Civitas, Madrid, 1994; GARRIDO
FALLA, F., La obligacin de resolver actos presuntos y silencio administrativo, Revista Espaola de Derecho
Administrativo, nm. 82, abril/junio 1994, pgs. 189 a 199; MORILLO-VELARDE PREZ, J. I., Los actos presuntos,
Marcial Pons, Madrid, 1995; y El silencio administrativo tras la reforma de 1999. Un cambio inadvertido y unas
posibilidades inditas, Revista de Administracin Pblica, nm. 159, septiembre/diciembre 2002, pgs. 87 a 135;
GUILLN PREZ, M. E., El silencio administrativo. El control judicial de la inactividad administrativa, Colex, Madrid,
1996; AGUADO I CUDOL, V., Silencio administrativo e inactividad. Lmites y tcnicas alternativas, Marcial Pons,
Madrid, 2001; GARCA-TREVIJANO GARNICA, J. A., Acotamientos al rgimen del silencio administrativo en nuestro
ordenamiento jurdico. La ltima reforma de la Ley 30/92 (Ley 4/99), Revista de Derecho Urbanstico y Medio Ambiente,
nm. 169, abril/mayo 1999, pgs. 11 a 25; ARZOZ SANTISTEBAN, X., La obligacin de resolver y de notificar y el
silencio administratrivo: anlisis de las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, Marcial Pons,
Madrid, 2001; MESEGUER YEBRA, J., La inactividad de la Administracin como objeto del recurso contenciosoadministrativo, Bosch, Barcelona, 2001; ALONSO MAS, M. J. y NARBN LANEZ, E, El silencio administrativo y su
problemtica procesal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009; PAREJO ALFONSO, L. (dir.), El silencio en la actividad de la
Administracin pblica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011; GMEZ PUENTE, M., La inactividad de la Administracin, 4.
ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 2011; QUINTANA LPEZ, T. (coord.), El silencio administrativo. Urbanismo y medio
ambiente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; y QUINTANA LPEZ, T. (dir.) y CASARES MARCOS, A. (coord.), Silencio
administrativo. Estudio general, op. cit.
Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior.
Pues no puede pasar desapercibida la lnea jurisprudencial europea excluyente del instituto del silencio como
finalizador de procedimientos aplicativos de concretas normas comunitarias. Cfr. GARCA URETA, A., Procedimiento
administrativo y Derecho comunitario. Silencio administrativo, nulidad y anulabilidad de los actos en la Ley 30/1992,
IVAP, Oati, 2002, pgs. 40 y ss.; y PAREJO ALFONSO, L., El silencio administrativo, especialmente el de sentido
sustitucin de los procedimientos autorizatorios por comunicaciones previas o declaraciones
responsables que no precisan de tales resoluciones expresas o presuntas de control previo.
Sin obviar este ltimo proceso sectorial de recepcin de la Directiva de Servicios,
eximente del problema del silencio, son los captulos del sentido y eficacia los que comparten ese
hostigamiento directo hacia el silencio negativo, a riesgo en ambos casos del principio de
seguridad jurdica. Mientras, en aras de la agilizacin de la actuacin administrativa y merced
tambin a la incorporacin generosa de la Directiva Bolkestein, se est obrando con merma de la
litigiosidad el ltimo impulso normativo hacia la generalizacin del sentido positivo, los
operadores jurdicos no han flaqueado a la hora de desvincular el silencio negativo de aquellos
efectos perjudiciales para los interesados, ya exonerando de plazos preclusivos a su impugnacin,
ya negando de firmeza y consiguiente ejecutividad a las sanciones. Y ahora, con arreglo al art.
4.1.f) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas en el mbito de la Administracin de
Justicia, eximiendo de las mismas a los recursos contencioso-administrativos dirigidos contra el
silencio negativo o inactividad material de la Administracin.
Si bien ambas coyunturas permiten apreciar tal crisis del silencio negativo en una
reflexin conjunta del statu quo, no pueden desconocerse las diferentes caractersticas de una y
otra. Pues siempre podr discutirse la oportunidad del silencio estimatorio ante la falta de
respuesta de la Administracin, pero parece pacfico que, en primer lugar, obedece a una opcin
del legislador europeo cuando no sea preferible la permisin del ejercicio del derecho o
actividad privados con su comunicacin o declaracin, y no se exija en todo caso una resolucin
expresa motivada e interno aunque est por ver su alcance real sobre todo en los mbitos
autonmico y local y, en segundo lugar, que responde a la propia finalidad tuitiva de la
institucin, en la medida en que el silencio positivo pretende hacer valer el inters de quien ha
cumplido correctamente con las obligaciones legalmente impuestas8. Por el contrario, aparte de
la valoracin que puedan merecer los planteamientos jurisprudenciales y doctrinales sobre los
efectos del silencio negativo, las conclusiones alcanzadas no siempre se compadecen con la
literalidad del sistema positivo, sobrepasando las fronteras de la inactividad para abrazar otros
institutos, contiguos pero diferentes por no ser exclusivos de las patologas del procedimiento,
como representan la teora del acto consentido o la firmeza y ejecutividad de las sanciones.
estimatorio, como apora. Apuntes de una posible va de superacin, en su Libro colectivo El silencio en la actividad de la
Administracin pblica, op. cit., pgs. 26 y ss.
Exposicin de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de reforma de la LRJPC.
Por todo ello, la crisis del silencio negativo resultante de la generalizacin del sentido
positivo no presenta tanta dificultad como la que deriva de los efectos procesales o formales del
silencio negativo. Aunque son conocidas las cautelas frente al silencio estimatorio por el riesgo
de adquisicin ilegal de derechos, y los problemas inherentes al silencio contra legem9, as como
las crticas a una figura emparentada con el Derecho patrio10, lo cierto es que nuestras
Administraciones no han dejado de revelarse pasivas o inactivas11, no siendo adems una tcnica
desconocida para el Derecho comparado con anterioridad incluso a su decidido impulso desde la
liberalizacin europea12. Empero, lo que parece ser la comunis opinio respecto a la eficacia del
silencio negativo, entra en pugna con los privilegios procesales de la Administracin en lo que
puede suponer una interpretacin contra legem: la posibilidad de recurrir el silencio negativo
como ficcin legal pero sin riesgo, precisamente por ello, de preclusin de los plazos
impugnatorios y sin que, en el caso de las sanciones, dicho silencio en el recurso de alzada pueda
determinar su firmeza y ejecutividad.
II. LA PREMISA DEL SILENCIO Y CMO SE HAN VISTO REDUCIDOS LOS PROCEDIMIENTOS
SUJETOS A RESOLUCIN EXPRESA CON LA GENERALIZACIN DEL CONTROL
ADMINISTRATIVO A POSTERIORI
Como quiera que el silencio administrativo da respuesta al incumplimiento por la
Administracin de su deber de notificar resolucin expresa en plazo, no hay silencio sin previo
procedimiento orientado a su terminacin normal o anormal por resolucin. Algo que constituye
la regla general tanto en los procedimientos a instancia de parte como de oficio, incluso tras la
produccin del silencio, a tenor de los arts. 42, 43.3, 44 y 89.4 LRJPC, habida cuenta de que en
Puestos de manifiesto especialmente en el mbito de las licencias urbansticas y planes de ordenacin urbana,
como se ver infra. A la mala fama del silencio positivo se refera FERNNDEZ PASTRANA, J. M., Reivindicacin
del silencio positivo: reflexiones para su recuperacin en el mbito de las autorizaciones administrativas, Revista de
Administracin Pblica, nm. 127, enero/abril 1992, pgs. 108 y ss.
PARADA VZQUEZ, R., Derecho Administrativo I. Parte General, 18. ed., Marcial Pons, Madrid, 2010,
pgs. 116 y ss.
La resolucin en plazo seguir incumplindose (pereza funcionarial, lento actual en los servicios, mala fe, etc.)
pese al nfasis, loable, que pone la LPC en imponer tal deber: COSCULLUELA MONTANER, L., Manual de Derecho
Administrativo. Parte General, 22. ed., Thomson-Civitas, Navarra, 2011, pg. 340.
As, en el ordenamiento italiano a partir de la generalizacin del silenzio assenso por el art. 20 de la Legge 7
agosto 1990, nm. 241; o, en el Derecho francs, a la luz de la dcision implicite dacceptation del art. 22 de la Loi nm.
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Por lo que
respecta a la doctrina italiana, CENTOFANTI, N., Il silenzio nel procedimento e nel ricorso amministrativo, Giuffr,
Milano, 2005, pgs. 97 y ss.; TASSO, T. G., Il silenzio della Pubblica Amministrazione. Il paradosso del silenzio come
forma di comunicazione tra Privato e Pubblico, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pgs. 69 y ss.; ANDREIS, M., La
conclusione inespressa del procedimento, Giuffr, Milano, 2006; DORSOGNA, M. y LOMBARDI, R., Il silenzio
assenso, en SANDULLI, M. A., Codice dellazione amministrativa. Le fonti del Diritto Italiano, Giuffr, Milano, 2011,
pgs. 800 a 814; y DARIENZO, M., La tutela del tempo nel procedimento e nel processo : silenzio patologico e danno da
ritardo: profili sostanziali e processuali, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pgs. 158 y ss. Y entre la literatura
francesa, LAVEISSIRE, J., Le silence de ladministration, ANRT, Lille, 1984; MAUG, Ch. y CRPEY, E., La
rforme des autorisations durbanisme, Revue Franaise de Droit Administratif, nm. 3, mayo/junio 2007, pgs. 542 y ss.;
CASSIA, P., La dcision implicite en droit administratif franais, La Semaine Juridique, nm. 2156, 2009, pgs. 27 a 34;
y SORBARA, J.-G., Le silence de ladministration, Revue du Droit Public, nm. 4, 2012, pgs. 1078 a 1088.
ningn caso podr la Administracin abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o
insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, sin perjuicio de la resolucin de
inadmisin en los supuestos de derechos no previstos en el ordenamiento o sin fundamento13.
La Ley 4/1999, de 13 de enero, extendi a los modos anormales de terminacin
procedimental (prescripcin, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de
la solicitud y desaparacin sobrevenida del objeto del procedimiento) la obligacin de notificar
resolucin expresa, consistente entonces en la declaracin de los hechos correspondientes y
normas aplicables. Pero manteniendo14, como no poda ser de otra forma, la excepcin para los
procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos nicamente al deber de comunicacin
previa; a los que se unieron los supuestos de terminacin del procedimiento por pacto o
convenio, los cuales, adems, conforme al art. 109.e) LRJPC introducido tambin por la Ley
4/1999, ponen fin a la va administrativa. Precisamente, como corolario de esta ltima excepcin
a la obligacin, la disposicin adicional vigsima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dispuso en su apartado cuatro que la
terminacin convencional de procedimientos administrativos, as como los procedimientos de
mediacin, arbitraje o conciliacin, no estn sujetos al rgimen del silencio administrativo
Sin obviar un antiguo debate15, la comunicacin previa y declaracin responsable no
seran reconocidas con carcter general y bsico hasta la transposicin de la Directiva de
Servicios16; proceso que, como est ocurriendo con el silencio positivo para las autorizaciones al
reforzarse el mismo para todos los procedimientos a instancia de parte con la reforma del art. 43.1
LRJPC, est yendo ms lejos de los imperativos europeos17. Con anterioridad a la revisin de
Mientras el silencio y la perencin o caducidad son las consecuencias procedimentales de la falta de resolucin
expresa en plazo, entre las de ndole extraprocedimental se encuentran la responsabilidad del personal al servicio de la
Administracin, la remocin de sus puestos de trabajo, la responsabilidad patrimonial de la Administracin, la
ultraactividad de la normativa aplicable o misma la prescripcin. Cfr. GMEZ PUENTE, M., El silencio y la inactividad
de la Administracin, op. cit., pgs. 119 y ss.
Pues ya se prevea en la redaccin original del art. 42.1 LRJPC.
Entre autorizacin, silencio y mera comunicacin de derechos preexistentes: MARTN MATEO, R., Silencio
positivo y actividad autorizante, op. cit., pgs. 205 y ss.; SANTAMARA PASTOR, J. A., Silencio positivo: una primera
reflexin sobre las posibilidades de revitalizar una tcnica casi olvidada, en AAVV, Documentacin Administrativa: la
inactividad administrativa, op. cit., pgs. 107 a 119; y FERNNDEZ PASTRANA, J. M., Reivindicacin del silencio
positivo, op. cit., pgs. 118 y ss.
A la introduccin de las comunicaciones previas por influencia del Derecho comunitario y su configuracin
como alternativa a la autorizacin, se refera ya NEZ LOZANO, M. C., en Las actividades comunicadas a la
Administracin. La potestad administrativa de veto sujeta a plazo, Marcial Pons, Madrid, 2001, pgs. 197 y ss. Y dentro
del sector ambiental, RODRGUEZ FONT, M., Rgimen de la comunicacin e intervencin ambiental. Entre la
simplificacin administrativa y la autorregulacin, Atelier, Barcelona, 2003.
Cfr. Exposicin de Motivos de la Ley Omnibus 25/2009, de 22 de diciembre.
los regmenes de autorizacin en cada mbito territorial y sectorial, iniciada por el legislador
estatal18 con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre19 (conocida como Ley Omnibus por su
incidencia sobre cuarenta y ocho Leyes), diversas medidas horizontales fueron incorporadas a
modo de epicentro del nuevo marco regulador por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (apocopada como Ley Paraguas):
los nuevos arts. 39 bis y 71 bis LRJPC, con la consiguiente modificacin del art. 84 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Rgimen Local. Junto a sus arts. 84 bis y 84 ter,
incorporados en esta ocasin por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economa Sostenible para
restringir las licencias locales a aquellas actividades vinculadas con la proteccin de la salud o
seguridad pblicas, el medioambiente o el patrimonio histrico-artstico20.
No es desconocido que tal modelo de servicios, con efectos transversales para nuestro
ordenamiento, pivota en torno a la subordinacin de los instrumentos de intervencin
administrativa a los principios de no discriminacin, necesidad y proporcionalidad. De suerte que
son nicamente viables los regmenes de autorizacin previa cuando no se manifiestan
discriminatorios (arts. 14 y 16.2 de la Directiva de Servicios, y 10, 12.2 y 16 de la Ley
Paraguas, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo), resultan necesarios por
una razn imperiosa de inters general, y son proporcionados a la misma; no cumpliendo una
autorizacin con el ltimo de estos requisitos si el objetivo perseguido se puede conseguir
mediante una medida menos restrictiva, esto es, cuando sea suficiente una comunicacin previa o
declaracin responsable a travs de la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos
exigidos y se facilite la informacin necesaria a la autoridad competente para el control de la
actividad [art. 5.c) con fundamento en el art. 9.1 de la Directiva]21.
Pues es evidente que la revisin se extiende a los diferentes mbitos administrativos por no interferir la
Directiva de Servicios en el reparto de competencias regionales o locales.
De Modificacin de Diversas Leyes para su Adaptacin a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de
A cuyo fin, segn su disposicin adicional octava, se proceder a evaluar la normativa existente en los
diferentes mbitos competenciales; algo que ya se ha acometido en el mbito estatal por el Captulo VI (Seccin 3.) del
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de Control del Gasto Pblico y Simplificacin Administrativa.
Principio de proporcionalidad no desconocido desde antiguo por la intervencin administrativa, en aras del
principio pro libertate, como ha puesto de manifiesto nuestra doctrina: RIVERO YSERN, E., La actividad de
intervencin en la Directiva de Servicios: autorizaciones administrativas, declaraciones responsables y comunicaciones
previas, en RIVERO ORTEGA, R. (dir.), Mercado europeo y reformas administrativas. La transposicin de la Directiva
de servicios en Espaa, Thomson-Civitas, Navarra, 2009, pgs. 154 y 155; LAGUNA DE PAZ, J. C., El estruendo del
parto de los montes, El Cronista del Estado Social y Democrtico de Derecho, nm. 6, junio 2009, pgs. 42 y ss.;
RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., De la intervencin administrativa previa al control a posteriori: la reforma del
procedimiento administrativo comn a consecuencia de la Directiva de Servicios, Revista Aranzadi Doctrinal, nm. 2,
mayo 2010, pgs. 115 a 134; FUERTES LPEZ, M., Luces y sombras en la incorporacin de la Directiva de Servicios,
Revista Catalana de Dret Pblic: Los retos de la Directiva de Servicios, nm. 42, monogrfico, junio 2011, pgs. 61 y ss.;
FERNNDEZ TORRES, J. R., Regmenes de intervencin administrativa: autorizacin, comunicacin previa y
declaracin responsable, ibid., pgs. 85 y ss.; AGUADO I CUDOL, V., Libertad de establecimiento de los prestadores
Es as, en el marco de esta explicacin unitaria de la intervencin administrativa y
reduccin de cargas y trabas, como han ido generalizndose las figuras de la declaracin
responsable y comunicacin previa, en detrimento de la tcnica autorizatoria. A modo de
solucin indirecta al instituto del silencio, aun sin proporcionar la misma certidumbre jurdica que
ste en lneas generales22. Lo que no constituye sino un salto del control ex ante al ex post, en
favor de alternativas de accin de polica menos intrusivas que las autorizaciones,
homologaciones o inscripciones administrativas previas. O, dicho de otra forma, en favor de
procedimientos que no precisan de resolucin expresa como ttulo habilitante para el ejercicio de
una actividad o derecho, sin perjuicio de su eventual control a posteriori, donde, de apreciarse
inexactitud, falsedad u omisin en los trminos prescritos23, podra resolverse la restitucin de la
situacin jurdica al statu quo ante de la actividad, con la imposibilidad de instar un nuevo
procedimiento con el mismo objeto, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar24.
III. EL SENTIDO DEL SILENCIO Y CMO EL NEGATIVO HA SUFRIDO UNA NUEVA VUELTA
DE TUERCA EN SU EXCEPCIONALIDAD
1. DE LA SALVEDAD REGLAMENTARIA A LA EXCEPCIN LEGAL O DE DERECHO EUROPEO (LEY
4/1999, DE 13 DE ENERO, DE REFORMA DE LA LRJPC)
No es ocioso recordar que la opcin por el silencio positivo se remonta a la primera
redaccin de la LRJPC cuando, frente al silencio negativo como norma prcticamente
exclusiva25, se consagraba la regla estimatoria. Rompiendo con una larga tradicin en Espaa,
de servicios: autorizacin, declaracin responsable, comunicacin previa y silencio positivo, en AGUADO I CUDOL,
V. y NOGUERA DE LA MUELA, B. (dir.), El impacto de la Directiva de Servicios en las Administraciones pblicas:
aspectos generales y sectoriales, Atelier, Barcelona, 2012, pgs. 67 a 89; y MORA RUIZ, M., Comunicacin previa,
declaracin responsable y control posterior de la actividad en el mbito local: aproximacin a su rgimen jurdico. Nuevas
tcnicas administrativas?, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 155, julio/septiembre 2012, pgs. 237 a
MUOZ MACHADO, S., Las regulaciones por silencio. (Cambio de paradigma en la intervencin
administrativa en los mercados), El Cronista del Estado Social y Democrtico de Derecho, nm. 9, enero 2010, pgs. 70 a
Art. 71 bis LRJPC y legislacin especfica correspondiente. A las actividades sujetas a comunicacin con
posibilidad de veto administrativo, se refieren ALONSO MAS, M. J. y NARBN LANEZ, E, El silencio administrativo
y su problemtica procesal, op. cit., pgs. 178 y ss.
Un supuesto singular de procedimiento de oficio desvinculado de resolucin expresa es el sancionador de
trfico abreviado con arreglo al Texto Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad
Vial, tras su modificacin en materia sancionadora por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre. Se trata de un procedimiento
anudado al pago voluntario en plazo de la sancin tras notificacin de la denuncia (tambin electrnica a travs de la
Direccin Electrnica Vial y el Tabln Edictal de Sanciones de Trfico); pago que, entre otras consecuencias de reduccin
de la sancin y procedimentales, determina ministerio legis la conclusin del procedimiento el da del pago sin necesidad
de resolucin expresa, con firmeza asimismo de la sancin por agotamiento de la va administrativa.
Tanto en va de instancia, con denuncia de mora, como de recurso, segn los arts. 94, 95 y 125 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
desde la justificacin de que tal atribucin de efectos directos ante una Administracin silente no
debe ser un instituto normal en las relaciones jurdico-administrativas, sino una garanta
preventiva de los ciudadanos ante la indeseable falta de respuesta, que solo ceder hacia un mero
derecho de reaccin cuando exista un inters general prevalente26.
Pero lo cierto es que se trataba de un reconocimiento ms formal que material, en la
medida en que esa regla se tornaba en espejismo jurdico al poder ser excepcionada por simples
disposiciones reglamentarias, fruto de una remisin final a las normas reguladoras de los distintos
procedimientos. Con lo que se habilitaba a las miles de Administraciones a seguir parapetando su
indolencia detrs del silencio negativo27.
Esta regulacin, alejada no solo del objetivo de superar la tradicional doctrina del silencio
sino tambin de la funcin de la legislacin bsica de garantizar un tratamiento comn de los
administrados ante las diferentes Administraciones28, fue corregida sustancialmente por la Ley
4/1999, de 13 de enero; una reforma que vino a salir al paso, en general, de las justificadas
crticas vertidas a todo el diseo de la institucin29.
Fue este salto a la excepcin por ley estatal o autonmica, o norma de Derecho europeo,
lo que permiti al legislador prescindir de los concretos supuestos de silencio positivo, si se
exceptan la suspensin de actos en va de recursos administrativos (art. 111.3 LRJPC) y el doble
silencio en el recurso de alzada como singularidad al silencio negativo establecido para los
procedimientos de impugnacin de actos administrativos y disposiciones generales. Pues, con
algn matiz, continuaron siendo los mismos los procedimientos sujetos a desestimacin presunta
como excepciones legales principales a la norma del silencio positivo en va de peticin: los de
ejercicio del derecho fundamental del art. 29 Constitucin y aquellos de los que pudiera derivarse
para los solicitantes o terceros la adquisicin de facultades sobre el dominio o servicio pblico;
Exposicin de Motivos de la LRJPC.
Tal y como vaticinaba SANTAMARA PASTOR, J. A., habida cuenta de la larga tradicin que el silencio
negativo ha tenido en Espaa como regla prcticamente exclusiva, no creo que se me pueda calificar de malicioso si afirmo
que la totalidad (o, al menos, nueve de cada diez) de las normas reguladoras de procedimientos sectoriales que se dicten en
los prximos aos van a hacer uso de esta habilitacin [] (La actividad de la Administracion, en AAVV, Comentario
sistemtico a la Ley de Rgimen jurdico de las Administraciones pblicas y del Procedimiento administrativo comn,
Carperi, Madrid, 1993, pg. 173). En el mismo sentido, GARRIDO FALLA, F. y FERNNDEZ PASTRANA, J. M.,
Rgimen jurdico y Procedimiento de las Administraciones pblicas, Civitas, Madrid, 1995, pg. 206.
Sobre el art. 149.1.18. Constitucin y el silencio administrativo, vase la STC 23/1993, de 21 de enero.
La regulacin del silencio administrativo no est en la categora de lo problemtico, de lo discutible o de lo
difcil: es, sin paliativos, un desastre: SANTAMARA PASTOR, J. A., La actividad de la Administracin, op. cit.,
pgs. 165 y 166.
aparte de las reclamaciones administrativas previas y procedimientos de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones, previstos a lo largo del articulado de la LRJPC.
Al margen de todo ello, como es sabido, se encuentran los procedimientos de oficio a los
que la reforma del 99 dio una completa regulacin de la inactividad formal tras una primera
solucin de acceso al contencioso por el Proyecto LJCA 199530, con los efectos prescritos en el
art. 44 LRJPC.
2. DE LA MERA RESERVA LEGAL A LA ANUDADA A RAZONES IMPERIOSAS DE INTERS GENERAL
(LEY OMNIBUS 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE)
El proceso de adaptacin a la Directiva de Servicios, punto de inflexin para la Unin
Europea, ha supuesto un paso ms en la profundizacin del silencio positivo, acorde con los
objetivos de simplificacin y agilizacin administrativas pretendidos por la misma. Lo cual,
unido a su expansin a todos los procedimientos administrativos de parte por decisin de nuestro
legislador, ha dado lugar al vigente rgimen bsico del silencio a partir de unos mnimos cambios
sobre la regulacin resultante de 1999.
Se trata de un interesante captulo de europeizacin indirecta de la LRJPC, donde la
convergencia ha sobrepasado las autorizaciones de servicios normadas desde Europa para abrazar
una codificacin interna31, ms all de la permanente influencia del Derecho europeo sobre esta
Ley rituaria32, manifestada especialmente con la reforma de 199933 tambin sobre los arts. 42 a
44 LRJPC34.
En concreto, ante la ausencia en el rgimen del silencio de aquellos procedimientos de oficio susceptibles de
producir efectos beneficiosos para los administrados, tanto el art. 28.2 del Anteproyecto de la LJCA de enero de 1995,
como del Proyecto de 30 de septiembre de 1995, incluyeron dentro del nicho procesal de reaccin contra la inactividad
administrativa, superador de la tradicional concepcin del proceso al acto, la siguiente previsin: De la misma manera
podrn proceder los interesados [deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad administrativa] cuando la
Administracin est obligada a dictar un acto administrativo que les pudiera causar efectos favorables en un procedimiento
iniciado de oficio []. Previsin que desaparecera finalmente en el Proyecto de 18 de junio de 1997, as como en el texto
definitivo de la LJCA 29/1998, de 13 de julio, en favor de la institucin del silencio reformada por la Ley 4/1999.
Pues, a pesar de tratarse formalmente de una transposicin sectorial, eso s, de envergadura y con una
pormenorizada carga procedimental, ha repercutido sobre nuestras reglas generales de procedimiento, en una suerte de
proceso de adopcin voluntaria del Derecho europeo (JANS, J. H. et al., Europeanisation of Public Law, Europa Law
Publishing, Groningen, 2007, pgs. 8 y ss.) o ms sutil adaptacin espontnea a la singularidad y necesidades aplicativas
del mismo (VELASCO CABALLERO, F., Procedimiento administrativo espaol para la aplicacin del Derecho
comunitario, Revista Espaola de Derecho Europeo, nm. 28, 2008, pgs. 433 y ss.). Fenmeno que tiene lugar, bien por
inters del legislador interno, bien porque ese plus permite acercar la norma europea a los rganos administrativos
nacionales hacindola ms asequible, bien porque resulta inviable o inconveniente mantener dentro de un ordenamiento
dos sistemas diferentes de Derecho administrativo (SCHWARZE, J., The Convergence of the Administrative Laws of the
EU Member States, European Public Law, nm. 4, 1998, pgs. 210 y ss.).
Aunque lo cierto es que la ausencia en su texto originario de una referencia explcita a los principios del
Derecho europeo, con la nica previsin del art. 10 sobre comunicaciones a las Comunidades Europeas y una tmida
asuncin de la buena fe en la revisin de oficio, fue calificada de indolencia de nuestro legislador ante lo que debera haber
El origen de este nuevo hito favorable al silencio positivo se remonta al art. 13.4 de la
Directiva de Servicios, segn el cual, a falta de respuesta en el plazo fijado [] se considerar
que la autorizacin est concedida. No obstante, se podr prever un rgimen distinto cuando
dicho rgimen est justificado por una razn imperiosa de inters general, incluidos los legtimos
intereses de terceros35. Disposicin transpuesta para los procedimientos de autorizacin de
servicios, mbito de liberalizacin de la Directiva, por el art. 6 de la Ley Paraguas. Lo que,
lejos de quedar constreido a dicho sector, acab introducindose por la Ley Omnibus en el
art. 43 LRJPC, de manera que hoy se reconoce el silencio positivo para todas las solicitudes
excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley [exigencia formal] por razones
imperiosas de inters general [exigencia material] o una norma de Derecho comunitario
La nocin de razn imperiosa de inters general constituye un concepto jurdico
indeterminado en constante evolucin, que hunde sus races en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unin Europea. Cuyo alcance es precisado con cierta generosidad en el
cuadragsimo considerando de la Directiva de Servicios, y reiterado, ya en el articulado, por los
arts. 4.8) de la Directiva y 3.11 de la Ley Paraguas, si bien en trminos exhaustivos en esta
ltima pese a desgranarse en la primera como numerus apertus.
Bajo esta expresin no solo descansa el presupuesto ms importante para la sujecin de
actividades de servicios a regmenes de autorizacin, pudiendo ser sustituidos desde la exigencia
de proporcionalidad por medidas menos restrictivas como la declaracin responsable o la
comunicacin previa del prestador, sino adems la generalizacin del silencio estimatorio para
supuesto su motor fundamental o fuente obligada de inspiracin (MUOZ MACHADO, S., Los principios generales del
procedimiento administrativo comunitario y la reforma de legislacin bsica espaola, Revista Espaola de Derecho
Administrativo, nm. 75, julio/septiembre 1992, pgs. 334 y ss.). Y ello aun cuando tal pretericin, que habra de
contrarrestar el Derecho jurisprudencial, se justificara en parte por la pacfica asuncin de los principios comunitarios bajo
la precedente Ley de Procedimiento de 17 de julio de 1958 (ORTEGA LVAREZ, L. y PLAZA MARTN, C.,
Administrative Procedure, en ORTEGA LVAREZ, L.; ARROYO JIMNEZ, L., y PLAZA MARTN, C. [ed.],
Spanish Administrative Law under European Influence, Europa Law Publishing, Groningen, 2010, pgs. 24 y ss.).
En particular, a travs del expreso reconocimiento del principio de confianza legtima en el art. 3.1 in fine;
institucin bien conocida en el Derecho procedimental administrativo europeo y utilizada ya con anterioridad por la
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa.
Dentro de los aspectos inspirados en el moderno Derecho pblico comunitario, segn la Exposicin de
Motivos de la Ley 4/1999, se encuentra la suspensin del plazo mximo para dictar y notificar resolucin expresa, entre
cuyas causas tasadas se prev la interaccin previa y preceptiva de un rgano europeo ex art. 42.5.b) LRJPC.
Analizan este precepto, NETTEL BARRERA, A. C., El silencio positivo en la Directiva de Servicios y los
lmites a su aplicacin en la jurisprudencia, Revista Jurdica de Catalunya, vol. 110-1, 2011, pgs. 99 a 118; y AGUADO
I CUDOL, V., Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, op. cit., pgs. 79 y ss.
los procedimientos justificados de autorizacin de servicios, y, por extensin, todos los
procedimientos incoados a solicitud del interesado.
3. DE LA APLICACIN PROSPECTIVA DEL INTERS GENERAL A LA REVISIN DE LOS
PROCEDIMIENTOS ANTERIORMENTE REGULADOS (LEY 2/2011, DE 4 DE MARZO, DE ECONOMA
SOSTENIBLE Y REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE CONTROL DEL GASTO PBLICO Y
SIMPLIFICACIN ADMINISTRATIVA)
La reforma por la Ley Omnibus del rgimen general del silencio hubo de superar an
un importante obstculo, desde el momento en que su propia disposicin adicional cuarta la
vaciara en buena medida de contenido al disponer que se entender que concurren razones
imperiosas de inters general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho
comunitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de notificacin de la resolucin expresa
del procedimiento en el plazo previsto. Y si con tal cautela no fuera suficiente, la misma
exencin derogatoria indiscriminada volvi a aparecer en los Diarios Oficiales, con el agravante
en esta ocasin de su carcter superfluo por no introducir desde la perspectiva autonmica
especialidad alguna sobre el procedimiento administrativo comn36.
No pasara sin embargo mucho tiempo sin que este planteamiento quedara desautorizado
por el art. 40 de la Ley de Economa Sostenible, estableciendo, en desarrollo de la ltima
exigencia del art. 43 LRJPC, la obligacin estatal y autonmica de impulsar revisiones
normativas de los efectos desestimatorios del silencio en todos aquellos procedimientos
preexistentes que no se considerasen cubiertos por razones imperiosas de inters general.
Obligacin con la que ha cumplido el legislador estatal en virtud del art. 26 y Anexo I del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, donde en su mbito competencial se invierte el sentido
negativo37 de ms de un centenar de procedimientos a instancia de parte. Labor que solo
culminar con las consiguientes evaluaciones y ajustes normativos autonmicos38.
Disposicin adicional segunda del Decreto-ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y Len. Previsin que no parece quedar afectada por el art. 19.3 de la Ley 2/2010, de
11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administracin de la Comunidad de Castilla y Len
y de Gestin Pblica. El Anexo de la Ley de Castilla y Len 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Econmicas,
Fiscales y Administrativas, recoge para el mbito de las diferentes Consejeras el listado de procedimientos en que el
silencio tiene efectos desestimatorios.
Vase el listado de procedimientos con silencio negativo, junto a su legislacin reguladora, en el Anexo II de la
disposicin adicional vigsima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, modificado por el art. 69 de la Ley homnima 24/2001, de 27 de diciembre.
Comenzando por el sector servicios de acuerdo con su nuevo marco estatal bsico, como establece verbigracia
la disposicin adicional segunda de la Ley de Cantabria 1/2010, de 27 de abril, de modificacin de las Leyes del Gobierno
y Administracin, y de Organizacin y Funcionamiento del Servicio Jurdico.
Pero si desde luego algo han dejado claro estos cambios de vigencia a la luz del mismo
art. 43 LRJPC es que, al igual que sucediera en parte con el trnsito de la excepcin
reglamentaria a la legal, el impacto real del requisito del inters general para enervar la regla
estimatoria, ms all de estas previsiones, depender a la postre de la voluntad del legislador
estatal y autonmico por consolidar el silencio positivo39.
4. LA CONTRAPARTIDA DEL RGIMEN AUTORIZATORIO URBANSTICO A PARTIR DEL SILENCIO
POSITIVO CONTRA LEGEM (ART. 23 REAL DECRETO-LEY 8/2011)
El iter descrito favorable a un rgimen general de silencio positivo encuentra su
contrapunto en el proceso opuesto experimentado por un sector clave de intervencin sujeto
tradicionalmente al silencio estimatorio. Los actos autorizatorios reglados para las actividades de
edificacin o uso del suelo y subsuelo, en efecto, han estado compartiendo el silencio positivo a
partir del art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, de 17 de junio de 1955,
tanto en las licencias de parcelacin, de construccin de inmuebles o modificacin de su
estructura, con la previa exigencia de denuncia de mora, como para las obras e instalaciones
Aunque excede del propsito del presente trabajo cualquier anlisis en profundidad del
problema de las licencias urbansticas ganadas por silencio positivo, estudiado fecundamente por
la doctrina40, sirva a modo de recordatorio que la legislacin urbanstica, puesta en valor por una
Uno de los controvertidos mbitos donde parece va a regir el silencio negativo, como excepcin al rgimen
general en atencin a razones imperiosas de inters general, es el regulado por el Proyecto de Ley de Transparencia,
Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio de 2012. Y no solo
para las solicitudes de informacin que no sean contestadas en plazo (un mes, ampliable por otro mes) por la entidad u
rgano requerido (art. 17.4), sino tambin para las reclamaciones que se interpongan contra las resoluciones expresas o
presuntas sobre acceso a la informacin pblica ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluacin de las Polticas
Pblicas y de la Calidad de los Servicios (tras el plazo de tres meses sin notificacin de resolucin expresa, segn el art.
21.4), como Organismo competente sin perjuicio de los posibles rganos independientes autonmicos para conocer de
las impugnaciones potestativas previas a la va contencioso-administrativa, sustitutivas de los recursos administrativos ex
art. 107.2 LRJPC pues dichas resoluciones ponen fin a la va administrativa. Algo que, a juicio de la Coalicin pro
Acceso para la adopcin y mejora de esta regulacin conforme a los estndares internacionales (plataforma constituida en
octubre de 2006 e integrada por ms de cincuenta organizaciones e individuos de la sociedad civil), puede suponer el doble
silencio negativo que para el recurso de alzada contra las desestimaciones presuntas excluye el art. 43.1 in fine LRJPC,
teniendo en cuenta adems que en Espaa, de media segn revelan los informes, ms del cincuenta por ciento de las
solicitudes quedan sin respuesta (http://www.proacceso.org/about-2/). En cuanto a las deficiencias detectadas tambin por
la Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin en Europa (OSCE), pueden ser consultadas en la direccin electrnica:
http://www.osce.org/es/fom/91312
Entre los ltimos trabajos relativos al difcil equilibrio entre legalidad y proteccin del ciudadano ante la
inactividad administrativa, se encuentran los de SANZ RUBIALES, I., Silencio administrativo y prohibicin de adquirir
licencias contrarias al ordenamiento urbanstico, Revista de Administracin Pblica, nm. 171, septiembre/diciembre,
2006, pgs. 181 a 214; BERMDEZ PALOMAR, V., El silencio administrativo contra legem y las licencias urbansticas
en la Ley de Ordenacin Urbanstica de Andaluca, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nm. 2, 2008,
pgs. 225 a 235; FERNNDEZ TORRES, J. R., La operatividad del silencio administrativo positivo en materia de
planeamiento y de licencias en la ltima jurisprudencia, Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificacin, nm. 21, 2010-1,
pgs. 275 a 292; NETTEL BARRERA, A. C., El silencio positivo contra legem en el Derecho urbanstico, punto crtico
jurisprudencia restrictiva [STS de 28 de enero de 2009 (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec.
45/2007)41, cuya doctrina legal es confirmada por las SSTS de 28 de abril (Sala Tercera, Seccin
Quinta, Rec. 3435/2005) y 7 de julio del mismo ao (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec.
1190/2005], han reconocido la singularidad de las licencias urbansticas como nico mbito en
que la Administracin puede eludir el silencio positivo sin la carga de desvirtuarlo a travs del
procedimiento legalmente establecido, como es el proceso de lesividad del art. 103 LRJPC, o de
revisin de oficio del art. 102 LRJPC por aplicacin del art. 62.1.f) LRJPC, al enumerar como un
supuesto ms de nulidad radical los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurdico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisicin. Es decir, frente a lo que constituye la regla general incluso para
los instrumentos de planeamiento de iniciativa pblica, a pesar de su naturaleza normativa42, en
atencin a la asimilacin del silencio positivo a un acto expreso favorable, las licencias
urbansticas presuntas que incurran en ilegalidad pueden ser ignoradas o revocadas libremente a
de encuentro entre los principios de legalidad, seguridad jurdica y confianza legtima, Revista de Derecho Urbanstico y
Medio Ambiente, nm. 248, marzo 2009, pgs. 151 a 194; CABRAL GONZLEZ-SICILIA, A., La regla de la no
adquisicin por silencio de facultades o derechos que contravengan la ordenacin territorial o urbanstica, Revista de
Derecho Urbanstico y Medio Ambiente, nm. 252, septiembre 2009, pgs. 11 a 56; y FONSECA FERRANDIS, F., El
silencio administrativo y las licencias de obras y actividades; incidencia de la legislacin sobre libre acceso a las
actividades y servicios, en PAREJO ALFONSO, L. (dir.), El silencio en la actividad de la Administracin pblica, op.
cit., pgs. 325 a 390.
Esta conocida y controvertida Sentencia, estimatoria de un recurso de casacin en inters de la ley, mantiene la
continuidad de la doctrina jurisprudencial, frente a anteriores pronunciamientos divergentes de Tribunales Superiores de
Justicia, incluido el fallo casado, reconociendo la compatibilidad del renovado rgimen general del silencio con el especial
urbanstico en lo que atae a la imposibilidad de surgimiento de facultades o derechos contra legem, en cuanto singularidad
de las licencias de obras incardinable en la excepcin al silencio positivo del art. 43 LRJPC. Vanse, junto al resto de
trabajos citados, RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., Silencio administrativo y urbanismo: imposibilidad de adquirir
licencias urbansticas contra legem (Comentario a la STS de 28 de enero de 2009), Revista Aranzadi Doctrinal, nm. 5,
agosto/septiembre 2009, pgs. 49 a 59; CANT LPEZ, M. T., La inaplicacin del silencio positivo como va para la
obtencin de licencias urbansticas contra legem (A propsito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de
2009), Revista Aragonesa de Administracin Pblica, nm. 34, 2009, pgs. 449 a 478; DE BENITO LANGA, J., Silencio
administrativo en materia de licencias urbansticas: Sentencia de 28 de enero de 2009 del Tribunal Supremo que fija
doctrina legal, La Administracin Prctica. Enciclopedia de Administracin Municipal, nm. 5, 2009, pgs. 473 a 476; y
AGUILLAUME, G., Post scriptum al trabajo sobre el silencio administrativo en las licencias urbansticas: reflexiones
sobre la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, Revista de Derecho Urbanstico y Medio Ambiente,
nm. 252, septiembre 2009, pgs. 57 a 63.
Corrigiendo en esta ocasin una jurisprudencia anterior, pues a diferencia de lo que sucede en materia de
solicitudes de licencias [], no existe [en la actualidad] una norma de rango legal aplicable al caso que impida el efecto del
silencio positivo en la aprobacin de la mencionada modificacin del planeamiento en el caso de que resultase contraria a
la legislacin urbanstica (FJ 7. de la STS de 27 de abril de 2009 [Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec. 11342/2004]).
Siempre y cuando se trate de planes promovidos por la Administracin, y no por particulares, pues en este ltimo caso no
es aplicable el silencio positivo en virtud del art. 43.1 LRJPC, que excepta de esta regla a aquellos procedimientos cuya
estimacin tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al servicio pblico;
segn han puesto de manifiesto, en la lnea del art. 11.5 y 6 del vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, las SSTS de
17 de noviembre de 2010 (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec. 1473/2006), y 19 de abril (Sala Tercera, Seccin Quinta,
Rec. 1889/2007) y 16 de septiembre de 2011 (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec. 4542/2007). Por todos, LPEZ RAMN,
F., Aprobacin de los planes de urbanismo por silencio administrativo, Revista de Administracin Pblica, nm. 82,
enero/abril 1977, pgs. 177 a 210; FERNNDEZ TORRES, J. R., La operatividad del silencio administrativo positivo,
op. cit., pgs. 285 y ss.; QUINTANA LPEZ, T., Silencio administrativo: planeamiento y licencias urbansticas, en su
obra colectiva Silencio administrativo. Estudio general, op. cit., pgs. 687 a 720; y DE ORO-PULIDO Y LPEZ, M.,
El silencio administrativo en las licencias de obras. Inaplicacin del silencio positivo contra legem, en Liber amicorum
Toms-Ramn Fernndez, op. cit., pgs. 1878 y ss.
travs de una resolucin expresa ulterior (inexistencia de acto presunto43 o silencio negativo44),
sin que ello contradiga el rgimen general del silencio, merced a la tradicional salvaguarda
recogida como principio general en la normativa urbanstica de que en ningn caso se entendern
adquiridas por silencio licencias en contra de la legislacin o del planeamiento urbanstico: desde
los arts. 178.3 y 242.6 de los Textos Refundidos de la Ley sobre el Rgimen del Suelo y
Ordenacin Urbana, de 9 de abril de 1976 y 26 de junio de 1992, respectivamente, a los vigentes
enunciados de la legislacin urbanstica autonmica y del art. 8.1.b) in fine del Texto Refundido
de la Ley de Suelo de 20 de junio de 2008, segn el cual, en ningn caso podrn entenderse
adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenacin
territorial o urbanstica.
No se trata pues ya solo de la depuracin de los vicios en las estimaciones presuntas, de
manera que no se consigan por esta va facultades distintas a las que se obtendran por resolucin
expresa, sino de un excepcional tratamiento del silencio contra legem en el rgimen autorizatorio
urbanstico. Lo cual, ms all de contrarrestar por motivos de legalidad el silencio positivo
reconocido por la prctica totalidad de los legisladores autonmicos45, ha terminado abocando en
la regla del silencio negativo para las licencias urbansticas ms relevantes46, una vez excluido
para estos usos del suelo el control ex post, en los trminos plenos y bsicos del art. 23 del Real
Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio47. Privndose finalmente a esta tcnica de la posibilidad de
otorgar facultades de extraordinaria relevancia sobre el territorio, bajo la misma justificacin
desde la que se vena garantizando aquella clusula precautoria de ilegalidad; todo ello a la luz de
Cfr. STS de 12 de diciembre de 2001 (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec. 7271/1997), FJ 3.
Una suerte de silencio secundum legem (BAO LEN, J. M., Derecho urbanstico comn, Iustel, Madrid,
2009, pg. 358 y ss.) o silencio mutante dependiendo de la conformidad o no del acto con la normativa urbanstica
(MONTAS CASTILLO, L. Y., Silencio contra legem en materia de licencias urbansticas. Una vuelta de tuerca a la
doctrina legal del Tribunal Supremo a propsito del proceso de modernizacin de las Administraciones, en Liber
amicorum Toms-Ramn Fernndez, op. cit., pgs. 1743 y 1750).
Fruto de su competencia exclusiva sobre ordenacin del territorio, urbanismo y vivienda (art. 148.1.3.
Constitucin y Estatutos de Autonoma).
Contrariamente al Derecho francs, por cierto, en un contexto de simplificacin de su rgimen jurdico pero sin
merma de la seguridad. Cfr. MAUG, Ch. y CRPEY, E., La rforme des autorisations durbanisme, Revue Franaise
de Droit Administratif, nm. 3, mayo/junio 2007, pgs. 542 y ss.
Segn reconoca FERNNDEZ TORRES, J. R. (La operatividad del silencio administrativo positivo, op.
cit., pg. 290), es comprensible, e incluso lgico que, en este contexto de incertidumbre permanente, se eleven voces que
postulen, en un ejercicio de claro pragmatismo, el establecimiento como regla general del silencio administrativo negativo
[]. En el mismo sentido, BAO LEN, J. M., Derecho urbanstico comn, op. cit., pg. 365; y JIMNEZ BLANCO,
A., Silencio administrativo y justicia civil: todo puede empeorar, en Liber amicorum Toms-Ramn Fernndez, op. cit.,
pg. 2550. Por otra parte, es suficientemente ilustrativo el ttulo del trabajo de MARTN VALDIVIA, S. M.: Rquiem
por las licencias adquiridas por acto presunto (la realidad del legislador: nunca estuvo por el silencio positivo), Revista
Aranzadi de Urbanismo y Edificacin, nm. 24, 2011-2, pgs. 85 a 96. Aparte de otras crticas relativas a la pertinencia del
cauce del Real Decreto-ley y al giro a favor del silencio negativo en un contexto antao y hogao opuesto, este ltimo
autor cuestiona la discutida competencia del Estado para regular de forma tan minuciosa aspectos de naturaleza
estrictamente urbanstica, lo que lleva a calificarlo, bajo el prisma de la doctrina constitucional, de apuesta muy
arriesgada, rayana en lo inconstitucional a partir de la coartada competencial del art. 149.1.1. y 18. de la Constitucin.
la Exposicin de Motivos de una norma paradjicamente de efectos contrarios para el silencio de
numerosos procedimientos.
IV. LA EFICACIA DEL SILENCIO Y CMO SE HA LLEVADO HASTA LAS LTIMAS
CONSECUENCIAS LA LIMITACIN DE LOS EFECTOS DEL SILENCIO NEGATIVO A SIMPLE
FICCIN PARA RECURRIR
1. CONSECUENCIA EX LEGE: DESVINCULACIN DE LA RESOLUCIN EXPRESA TARDA AL SENTIDO
DESESTIMATORIO DEL SILENCIO
Junto a la supresin de la certificacin de actos presuntos, sin perjuicio de su posible
acreditacin o prueba, la principal novedad introducida en el captulo de la eficacia por la reforma
de 1999 fue la diferente naturaleza atribuida al silencio positivo y negativo, recuperando el
planteamiento tradicional: mientras el primero tiene a todos los efectos la consideracin de acto
administrativo presunto que pone fin al procedimiento, el segundo se concibe como una suerte de
ficcin legal para permitir al interesado acceder al recurso administrativo o contenciosoadministrativo que resulte procedente.
Estos distintos efectos del silencio, junto a la desaparicin del rgimen de la certificacin,
permiti al legislador de 1999 solventar la vidriosa cuestin de las resoluciones expresas tardas,
derivadas de la subsistencia de la obligacin de dictar y notificar resolucin expresa: si en los
supuestos de silencio estimatorio solo puede dictarse resolucin expresa extempornea cuando
sea confirmatoria de aqul, por cuanto, al existir un acto presunto favorable, nicamente cabe su
revisin por los procedimientos y requisitos tasados de la LRJPC; en el silencio desestimatorio es
posible el dictado de cualquier resolucin expresa ulterior, pudindose evitar el pleito si
finalmente se da la razn al ciudadano48, toda vez que no se reconoce en puridad ningn acto
silente sino una ficcin a efectos procesales49. Un avance sin duda respecto de la precedente
regulacin, pues, por una parte, sta permita resoluciones expresas tardas contrarias al sentido
del silencio entre el momento de su produccin y la emisin de la preceptiva certificacin o el
transcurso del plazo para emitirla, y, por otra parte, no contemplaba la posibilidad de tales
resoluciones intempestivas una vez expedida la certificacin o cumplido dicho plazo sino a travs
de las vas de revisin reguladas en la LRJPC.
Exposicin de Motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Sobre la inaplicacin de este rgimen al campo hipotecario, donde toda decisin gubernativa tarda se considera
per se invlida, en los trminos de la STS de 3 de enero de 2011 (Sala Primera, Seccin Primera, Rec. 2140/2006),
JIMNEZ BLANCO, A., Silencio administrativo y justicia civil, op. cit., pgs. 2539 y ss.
Y es llegados a este punto cuando procede preguntarse por todas las consecuencias de la
consideracin ficticia y procesal del silencio negativo, que hoy reconoce expressis verbis el art.
43.2 LRJPC: ha de anudarse exclusivamente al renovado rgimen de las resoluciones expresas?
o tal reconocimiento legal ha de encontrar otras manifestaciones favorables para el interesado,
en orden por ejemplo a la temporaneidad sin lmite de su impugnacin?
Si la respuesta hubiera de atenerse al sistema positivo, parece que dichos efectos
procesales habran de encontrar su nico desarrollo en el problema del cumplimiento tardo de la
obligacin de contestar. Lo que parece corroborar la voluntas legislatoris al enlazar el Prembulo
de la Ley 4/1999 ambos aspectos. Cuando, adems, el rgimen de cmputo de plazos
impugnatorios se sigue manteniendo para el silencio negativo tras su actual configuracin, lo que
alejara cualquier deriva en este sentido (adecuacin del art. 44.5 por el art. 48.4 LRJPC).
Con todo, era de esperar, como se ver en las pginas subsecuentes, que la aplicacin
judicial y la doctrina no pasaran por alto esta inexistencia del acto presunto negativo, hoy
positivizada, para dar refrendo legal a la vieja aspiracin normativa y jurisprudencial de
mitigar o negar los efectos del acto consentido en el silencio, junto a otras interpretaciones
vinculadas, con la consiguiente merma de efectos a partir de su naturaleza ficticia.
2. LNEAS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINALES
A. CUESTIONAMIENTO DE LA DOCTRINA DEL ACTO CONSENTIDO
a) Supuestos cualificados
a) Dies a quo indefinidamente abierto para recurrir el silencio negativo como consecuencia del
incumplimiento de la comunicacin previa del art. 42.4 LRJPC
Otra previsin sobresaliente a fin de dotar de certidumbre a las relaciones jurdicoadministrativas, una vez desaparecida la certificacin como requisito de eficacia del silencio que
no solo distorsionaba el rgimen de las resoluciones expresas tardas sino tambin el cmputo de
los plazos impugnatorios50, es la obligacin administrativa de publicar y mantener actualizados
los distintos procedimientos, e incluso de informar particularmente a los interesados tanto del
En la medida en que el dies a quo de dichos plazos se vinculaba a la recepcin de la certificacin o expiracin
de su plazo de emisin, en cuanto requisito de eficacia del silencio, sin que se previera fecha lmite para la solicitud de tal
certificacin, con lo que el cmputo poda iniciarse en momentos temporales muy alejados a la fecha de produccin del
plazo de resolucin expresa y notificacin como de los efectos que, en su caso, pueda producir el
silencio, con indicacin asimismo de la fecha de recepcin de la solicitud por parte del rgano
competente, en cuanto fecha que inicia el cmputo del plazo en los expedientes incoados a
instancia de parte51.
Aparte pues de la genrica publicacin y actualizacin, recogidas igualmente pero con
carcter potestativo en la originaria redaccin de la LRJPC52, la comunicacin previa del actual
art. 42.4 LRJPC se erige en corolario de la propia concepcin del silencio como tcnica de
garanta del ciudadano, sencilla y accesible al mismo53. Informacin que, en aras de su
efectividad y uniformidad, cuenta ya con un desarrollo reglamentario adaptado a la
Administracin electrnica54 e imperativos liberalizadores de la Directiva de Servicios: el Real
Decreto 137/2010, de 12 de febrero, tras una primera regulacin por la Orden de 14 de abril de
Pero la relevancia real de la comunicacin va ms all, pudindose considerar la
notificacin anticipada del silencio, en cuanto garanta previa para que puedan empezar a
correr los plazos de impugnacin del mismo en perjuicio de los interesados, o pueda llevarse a
cabo la ejecucin de resoluciones sancionadoras como consecuencia del agotamiento de la va
administrativa tras el silencio negativo de su recurso de alzada. Es cierto que el silencio
desestimatorio otorga la posibilidad de recurrir, pero no lo es menos que a partir de l se activan
los plazos perentorios para interponer los recursos, a modo de vertiente menos favorable dentro
de una tcnica beneficiosa para los interesados. Y, al igual que la notificacin/publicacin de los
actos expresos es requisito de eficacia para el cmputo de los plazos impugnatorios, la
comunicacin previa no es sino la notificacin de la posible inactividad a la que debe ir ligada
cuando menos dicho cmputo, a riesgo de que no se aplique la doctrina del acto consentido al
silencio, tal y como no es aplicable a los actos expresos sin notificacin o en notificaciones
Toda esta informacin individualizada debe hacerse llegar a los interesados a travs de su inclusin en la
notificacin o publicacin del acuerdo de iniciacin de oficio, si es que se trata de tales procedimientos, o en comunicacin
ad hoc dentro de los diez das siguientes a la recepcin de la solicitud en el registro del rgano competente.
En una etapa de balcanizacin procedimental fruto de la deslegalizacin de aspectos tan fundamentales como
el plazo mximo de resolucin y el sentido del silencio.
Cfr. SANTAMARA PASTOR, J. A., La actividad de la Administracin, op. cit., pgs. 168 y 169. Ya con
anterioridad al rgimen resultante de la reforma del 99, GARCA-TREVIJANO GARNICA, E. adverta de la necesidad de
llevar a cabo notificaciones al interesado con especificacin de la fecha en que su solicitud hubiese tenido entrada en el
registro del rgano administrativo competente (El silencio administrativo en la nueva Ley, op. cit., pg. 48).
Art. 30.3.d) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente para el
mbito estatal la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrnico de los Ciudadanos a los Servicios Pblicos.
Por ello, justamente, con independencia de la generalizacin de esta excepcin al acto
consentido incluso para los supuestos de observancia del deber de comunicacin, la STS de 23 de
enero de 2004 (Sala Tercera, Seccin Segunda, Rec. 30/2003) ha concluido con acierto que, en
tanto las Administraciones pblicas no cumplan con el deber de informacin previsto en el
segundo prrafo del art. 42.4 LRJPC, los plazos para la interposicin de los recursos no
empezarn a correr55. Rechazndose as en el caso de autos, por no haber tenido lugar tal
comunicacin, la causa de inadmisin de extemporaneidad del recurso contenciosoadministrativo alegada por la Administracin, a pesar de haber transcurrido el plazo de 6 meses
del art. 46.1 LJCA tras la desestimacin por silencio del recurso administrativo de reposicin56.
Argumentacin apoyada en la ficcin del silencio negativo que ha trado a colacin
tambin la jurisprudencia constitucional, desde el momento en que, a la hora de indagar el sentido
del art. 46.1 LJCA, el incumplimiento del deber de informacin ahora estudiado, ms all de la
inobservancia del deber de resolucin expresa, sin duda puede ser tenido en cuenta en una
interpretacin secundum Constitutionem de aquel precepto legal (SSTC 14/2006, de 16 de
enero, FJ 4.; 175/2006, de 5 de junio, FJ 3.; 239/2007, de 10 de diciembre, FJ 2.)57.
b) No aplicacin del art. 28 LJCA a los actos confirmatorios de un silencio negativo no recurrido.
Temporaneidad de las resoluciones expresas ulteriores
Desde los mismos argumentos con los que se ha refutado el consentimiento del silencio
negativo con su consiguiente admisibilidad impugnatoria ex tempore, el Tribunal Constitucional
ha venido amparando a aquellos recurrentes que, con base en el art. 28 LJCA trasunto del acto
consentido, han visto inadmitidos sus recursos contencioso-administrativos por tener por objeto
actos confirmatorios de previas desestimaciones presuntas no recurridas en plazo. Es decir, como
En el mismo sentido, la STS de 4 de abril de 2005 (Sala Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 7390/2002).
Comentan este fallo, PREZ ANDRS, E. M., Una Sentencia trascendental sobre la inexistencia de plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo frente al silencio administrativo negativo, Revista de
Administracin Pblica, nm. 164, mayo/agosto 2004, pgs. 201 a 210; y BURLADA ECHEVESTE, J. L. y BURLADA
ECHEVESTE, I. M., La inexistencia de plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente al silencio
administrativo negativo tras la Ley 4/1999, de 13 de enero, Revista Vasca de Administracin Pblica, nm. 72,
mayo/agosto 2005, pgs. 353 a 377.
Vanse NIETO GARRIDO, E., Silencio administrativo y acceso a la jurisdiccin en la reciente jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. A propsito de las SSTC 14/2006, de 16 de enero, y 39/2006, de 13 de febrero, Revista de
Administracin Pblica, nm. 170, mayo/agosto 2006, pgs. 191 a 200; BURLADA ECHEVESTE, J. L., Silencio
administrativo negativo y plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: la nueva doctrina del Tribunal
Supremo y primeras voces discordantes en el Tribunal Constitucional, Justicia Administrativa, nm. 35, abril 2007, pgs.
5 a 42; y CANO CAMPOS, T., El plazo para recurrir el silencio negativo de la Administracin: de una normativa
contradictoria a una jurisprudencia confusa, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 139, julio/septiembre
2008, pgs. 402 y ss.
quiera que el silencio negativo no se considera sujeto a los plazos de caducidad de las acciones
impugnatorias, por las razones generales que seguidamente se vern, tampoco puede esgrimirse
como causa de inadmisibilidad de un recurso contencioso contra un acto expreso o presunto,
ulterior a un silencio negativo no recurrido en tiempo y forma, su inimpugnabilidad por el hecho
de ser confirmatorio de ese silencio consentido y firme.
As, aunque el art. 28 LJCA ha sido declarado conforme al art. 24.1 de la Constitucin
(STC 126/1984, de 26 de diciembre, respecto del anterior art. 40.a) LJCA de 1956), cerrando por
seguridad jurdica el acceso a la jurisdiccin de aquellos actos que sean reproduccin de otros
anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido
recurridos en tiempo y forma categoras por cierto de difcil deslinde, s se considera
vulnerado dicho derecho fundamental cuando la inadmisibilidad trae causa de un silencio
negativo supuestamente consentido, que es posteriormente reproducido por el acto expreso o
presunto objeto de recurso. En el contexto adems de una jurisprudencia cada vez ms
restrictiva ante cualquier posibilidad razonable de indefensin derivada del incumplimiento de
los requisitos del acto reproductorio o confirmatorio: acto inicial consentido, no viciado de
nulidad absoluta y debidamente notificado; y triple identidad subjetiva, material y de causa
petendi entre la secuencia de actuaciones administrativas58.
Es el mismo problema por tanto de la impugnacin del silencio desestimatorio, que lleva a
mantener de forma indefinida su posibilidad de recurso, el que ha permitido otorgar el amparo en
las SSTC 39/2006, de 13 de febrero, y 239/2007, de 10 de diciembre. De ah que se rechace en
una y otra la inadmisin del recurso contencioso interpuesto en plazo contra la desestimacin
presunta de una solicitud, aun habiendo estado precedida del mismo intento infructuoso sin que
se llegaran a impugnar los anteriores silencios59.
Una conclusin, con consecuencias de nulidad para las Sentencias de inadmisin
impugnadas, que debe ser extensiva a fortiori a las resoluciones expresas tardas por las que se
[] La jurisprudencia considera que cuando existe una posibilidad razonable de indefensin no es aplicable la
excepcin de inadmisibilidad del recurso fundada en tener por objeto un acto confirmatorio de otro consentido y firme
(STS de 22 de septiembre de 1997 [Sala Tercera, Seccin Sexta, Rec. 9113/1991], FJ 3.). Sobre esta casustica
jurisprudencial, por todos, VILLAR PALAS, J. L., La doctrina del acto confirmatorio, Revista de Administracin
Pblica, nm. 8, mayo/agosto 1952, pgs. 11 a 66; y VILLAR PALAS, J. L. y VILLAR EZCURRA, J. L., Art. 28, en
AAVV, Comentarios a la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa de 1998, Revista Espaola de Derecho
Administrativo, nm. 100, octubre/diciembre 1998, pgs. 276 a 293.
Sin perjuicio de que en la primera no se contara en cualquier caso con la certificacin del primitivo silencio, a la
que el rgimen precedente ligaba el nacimiento del plazo para formular el recurso, y en la segunda concurriera el
incumplimiento del deber de comunicacin previa del art. 42.4 LRJPC.
ratifique un silencio negativo no recurrido60, en atencin a su esencia vicaria61, en la medida en
que, sin dejar el procedimiento, tampoco puedan ser consideradas confirmatorias de actos
consentidos ex art. 28 LJCA (actividad no susceptible de recurso), o extempornea su
impugnacin ex arts. 51.d) o 69.e) LJCA. De manera que la resolucin expresa tarda reabre en
todo caso un nuevo plazo de impugnacin contenciosa, una vez agotado el plazo contra el
silencio negativo, dada su condicin de facultad y no de carga cuyo incumplimiento deriva en
perjuicios. Lo cual, junto a la superacin de la prdida de competencia administrativa para
resolver expresamente, supuso la primera correccin jurisprudencial derivada de los efectos
estrictamente procesales del silencio negativo62.
b) Eptome argumental en torno a la inaplicacin general de los plazos preclusivos al silencio
Pocos problemas jurdicos han suscitado un cuerpo de doctrina tan slido como el rechazo
con carcter general a la inadmisibilidad impugnatoria del silencio negativo por caducidad de la
accin, en contraposicin a la literalidad de unos preceptos que siguen vinculando los recursos
del silencio a su interposicin en plazo63. Por lo que han sido diversos los argumentos en favor de
la impugnabilidad extempornea del silencio desestimatorio, pero tambin las vas esgrimidas
para compatibilizar con el sistema positivo tal excepcin al acto inatacable, sobre todo tras la
reforma del silencio de 1999, cuando no hay mera aquiescencia a la aplicacin de los plazos de la
Ley64.
De haber sido recurrido, entrara en juego la ampliacin del recurso a la resolucin expresa (art. 36.4 LJCA).
Que confiere al administrado la opcin de entender desestimada por silencio su solicitud o recurso, o bien
esperar a la resolucin expresa. Pues el silencio no es sino el remedio contra el fracaso del cumplimiento por la
Administracin de su obligacin de resolver (FJ 3. de la STS de 16 de septiembre de 2008 [Sala Tercera, Seccin
Sptima, Rec. 10078/2004]). As, segn la STS de 22 de marzo de 1997 (Sala Tercera, Seccin Sexta, Rec. 2961/1992),
no sera razonable ni coherente cerrarle el acceso a la va jurisdiccional en los casos de resoluciones tardas de la
Administracin siempre que el recurso contencioso-administrativo se hubiese interpuesto dentro del plazo legalmente
previsto a contar desde la notificacin de la resolucin expresa [] (FJ 1.).
Las primeras SSTS de esta lnea jurisprudencial, fechadas en la dcada de los sesenta del pasado siglo, son
glosadas por GARCA DE ENTERRA, E., Sobre silencio administrativo y recurso contencioso, op. cit.; y
FERNNDEZ RODRGUEZ, T.-R., Silencio negativo, actos firmes y actos confirmatorios, Revista de Administracin
Pblica, nm. 53, mayo/agosto 1967, pgs. 277 a 302.
En la actualidad, tres meses para los recursos administrativos de alzada y reposicin ex arts. 115.1 y 117.1
LRJPC, respectivamente; seis meses en el caso del recurso contencioso-administrativo del art. 46.1 LJCA; y un mes a partir
del vencimiento del ao desde que se interponga la reclamacin, para el recurso de alzada ordinario de la va econmicoadministrativa, conforme a los arts. 140.1 y 141.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Dentro de la
casustica jurisprudencia centrada por lo general en la sede contencioso-administrativa, la misma doctrina se ha
reproducido tambin respecto al plazo del silencio negativo en el recurso de alzada (STS de 15 de noviembre de 2010 [Sala
Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 1332/2009]), y en la va econmico-administrativa (STS de 6 de junio de 2011 [Sala Tercera,
Seccin Segunda, Rec. 1538/2008]).
Un muestrario de las distintas posiciones doctrinales puede encontrarse en CANO CAMPOS, T., El plazo para
recurrir el silencio negativo, op. cit., pgs. 379 a 418; y FERNNDEZ-ESPINAR, L. C., Silencio administrativo e
impugnacin judicial, en QUINTANA LPEZ, T. (dir.) y CASARES MARCOS, A. (coord.), Silencio administrativo.
Estudio general, op. cit., pgs. 410 y ss.
La principal tesis sobre la que ha basculado la Justicia constitucional65 y ordinaria66, de
consuno con la mejor doctrina67, ha sido la consideracin del silencio negativo como fictio iuris
para abrir la garanta jurisdiccional al interesado, superando la pasividad paralizante de la
Administracin. De suerte que no pueden tener los mismos efectos la desestimacin presunta y la
resolucin expresa, a excepcin naturalmente de la posibilidad que no obligacin de recurrir,
sin que pueda deducirse de su falta de impugnacin en plazo, por consiguiente, el consentimiento
con el contenido de un acto administrativo en realidad no producido68.
Teniendo en cuenta que dicha denegacin de la naturaleza de acto, con la que se lleva al
traste cualquier intento de hurtar al administrado un pronunciamiento sobre el fondo, viene siendo
reiterada desde hace dcadas69, el valor aadido que presenta la actual etapa resultante de la
reforma del 99, en antagonismo con la primera redaccin de la LRJPC, es el reconocimiento
expreso en la misma de este carcter procesal del silencio negativo.
Un paso normativo que ha llevado a la intensificacin de las explicaciones de lege data,
basadas hasta entonces en la exigencia de llevar a cabo una interpretacin legal que no fuese
irrazonable, rigorista o desproporcionada70. Afirmndose, en cuanto al plazo para impugnar el
silencio en va contencioso-administrativa, la derogacin del art. 46.1 LJCA por la Ley 4/1999,
Cuya jurisprudencia aparece ordenada en la STC 14/2006, de 16 de enero (FJ 2.), y sintetizada en la STC
39/2006, de 13 de febrero (FJ 2.). Vase, asimismo, AGUILAR ROS, R. y FERNNDEZ POLANCO, S., El plazo para
recurrir el silencio administrativo negativo en la doctrina constitucional, en PEA GONZLEZ, J. (coord.), Libro
Homenaje a D. igo Cavero Lataillade, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pgs. 37 a 54.
Sin perjuicio de que algunas Sentencias han encarecido la necesidad de la observancia de un plazo, por as
exigirlo el principio de seguridad jurdica que proclama el art. 9.3 de la Constitucin [], recordando [] que, en aras del
inters pblico y de los propios administrados, los actos de la Administracin no pueden permanecer indefinidamente sin
adquirir firmeza (SSTS de 26 de abril de 2001 [Sala Tercera, Seccin Sptima, Rec. 1229/1996], FJ 4., y 14 de octubre
de 2003 [Sala Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 2008/2000], FJ 2.). Sobre esta discontinua jurisprudencia contenciosoadministrativa, FERNNDEZ-ESPINAR, L. C., Silencio administrativo e impugnacin judicial, op. cit., pgs. 437 y ss.
Que se remonta a los trabajos clsicos de GARCA DE ENTERRA, E., Sobre silencio administrativo y
recurso contencioso, op. cit.; GONZLEZ PREZ, J., Derecho procesal administrativo, CEPC, Madrid, 1966, vol. II,
pgs. 473 y ss.; y FERNNDEZ RODRGUEZ, T.-R., Silencio negativo, actos firmes y actos confirmatorios, op. cit.,
pgs. 282 y ss.
Argumentacin que, por cierto, podra quedar enervada a partir del certificado acreditativo del silencio, a la luz
de la STS de 15 de noviembre de 2010 (Sala Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 1332/2009). Lo que guardara relacin con la
subordinacin del inicio del cmputo de los plazos a la actividad de los particulares, corolario de la equiparacin del
silencio a las notificaciones defectuosas susceptibles de convalidacin, con el alcance que se ver enseguida. Vanse, al
respecto, FERNNDEZ VALVERDE, R., De nuevo, el silencio administrativo, Revista Espaola de Derecho
Administrativo, nm. 105, enero/marzo 2000, pg. 102; MORILLO-VELARDE PREZ, J. I., El silencio administrativo
tras la reforma de 1999 op. cit., pgs. 100 y ss.; y GMEZ PUENTE, M., La inactividad de la Administracin, op. cit.,
pgs. 717 y ss.
La misma Exposicin de Motivos de la LJCA de 1956 afirmaba que el rgimen del silencio permite al
interesado el acceso, si lo desea, a la jurisdiccin contencioso-administrativa. Acudir a ella se considera como una
facultad y no como una obligacin, con lo cual se restituye la figura del silencio administrativo al sentido que propiamente
se le atribuy originariamente, de garanta para los administrados frente a las demoras de la Administracin.
Lo que, en opinin de CANO CAMPOS, T. (El plazo para recurrir el silencio negativo, op. cit., pgs. 382 y
414), trasvasa los lmites de la interpretacin del Derecho para adentrarse en los de su creacin, pues en realidad, para
salvar su constitucionalidad, el TC le hace decir al art. 46.1 LJCA lo que en absoluto dice [].
desde el momento en que dicho precepto estaba conectado a la regulacin del silencio previo a la
reforma71; lo que sin embargo deja fuera los plazos de los recursos administrativos regulados por
la propia Ley reformada, incluido el recurso de alzada necesario para agotar la va administrativa.
O, salvando tal desajuste normativo, su exclusiva alusin al silencio positivo por referirse al acto
presunto, solo vinculado a l tras la reforma72, cuando lo cierto es que tampoco se modificaron
tales trminos en el caso del plazo para interponer el recurso de reposicin (art. 117.1 LRJPC),
con la mencin exclusiva de los actos presuntos como objeto del recurso contenciosoadministrativo en el art. 25.1 LJCA73.
Pero, sin llegar a estos planteamientos, no puede pasarse por alto la existencia de un
argumento que, ms all de la ficcin, avala con solidez esa interpretacin contraria a la fatalidad
de plazos procesales en el silencio conforme al derecho constitucional de tutela judicial efectiva,
incluso para el silencio positivo respecto a sus eventuales afectados74. Se trata una vez ms de un
argumento presente desde las primeras Sentencias75, pero que la reforma de 1999 ha vuelto a
renovar merced al deber de comunicacin previa del art. 42.4 LRJPC. Y donde a mi juicio
descansa el verdadero dficit del silencio para hacerse acreedor de la doctrina del acto consentido
desde la perspectiva del administrado a no ver cercenado, sin pleno conocimiento de la situacin
jurdica, su derecho a acceder a la jurisdiccin. En este sentido, advirtase que ha sido admitida a
En alusin a la precursora Resolucin de la Seccin Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 25 de noviembre de 1999, GARCA DE ENTERRA, E. y FERNNDEZ
RODRGUEZ, T.-R., Curso de Derecho Administrativo I, 15. ed., Thomson-Civitas, Navarra, 2011, pg. 636. In extenso,
GARCA DE ENTERRA, E., La inexistencia de plazo para recurrir el silencio administrativo en va contenciosoadministrativa. Derogacin del artculo 46.1 LJCA de 1998. Un Auto de la Seccin 5. de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de noviembre de 1999 (Recurso 261/99), Revista
Espaola de Derecho Administrativo, nm. 105, enero/marzo 2000, pgs. 127 a 133; y SORIANO GARCA, J. E.,
Silencio administrativo e impugnacin jurisdiccional: la resurreccin de un Lzaro administrativo, Revista de
Administracin Pblica, nm. 151, enero/abril 2000, pgs. 281 a 286.
SSTS de 23 de enero de 2004 [Sala Tercera, Seccin Segunda, Rec. 30/2003], FJ 4., y 4 de abril de 2005 [Sala
Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 7390/2002]), FJ 5. Analiza desde la perspectiva doctrinal esta interpretacin de los datos
normativos, CANO CAMPOS, T., El plazo para recurrir el silencio negativo, op. cit., pgs. 391 y ss.
En todo caso, siempre quedara la posibilidad de exigir judicialmente el cumplimiento de la obligacin de
resolucin expresa, vencidos los plazos de impugnacin del silencio, provocando la misma a travs de la va procesal del
recurso contra la inactividad del art. 29.1 LJCA, si bien en tales casos la naturaleza de la actuacin omitida no es tanto un
acto jurdico como una actividad tcnica, material o fsica. Por todos, AGUADO I CUDOL, V., El recurso contra la
inactividad de la Administracin en la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, Marcial Pons, Madrid, 2001;
MESEGUER YEBRA, J., La inactividad de la Administracin, op. cit.; MORA ESPINOZA, A. E., El control
jurisdiccional de la inactividad material de la Administracin pblica, Universidad Complutense de Madrid, 2003; y
GMEZ PUENTE, M., La inactividad de la Administracin, op. cit.
La STS de 15 de noviembre de 2010 (Sala Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 1332/2009) afirma incluso que una
cosa es que el silencio positivo tenga a todos los efectos la consideracin de acto y otra que lo sea en realidad (FJ 4. in
fine). Con todo, respecto al silencio positivo, la STS de 20 de junio de 2005 [Sala Tercera, Seccin Sexta, Rec. 3100/2003]
ha mantenido la aplicabilidad del recurso contra inejecucin de actos firmes, previsto en el art. 29.2 LJCA, no solo para
los actos expresos sino tambin presuntos.
Cfr. STS de 23 de enero de 2004, FJ 3. [Sala Tercera, Seccin Segunda, Rec. 30/2003], con cita de las SSTC
6/1986, de 12 de febrero, 204/1987, de 21 de diciembre, y 63/1995, de 3 de abril.
trmite una cuestin de inconstitucionalidad contra el art. 46.1 LJCA, en lo que atae al plazo de
interposicin del recurso contencioso contra el silencio76.
Como recuerda la STS de 6 de junio de 2011 (Sala Tercera, Seccin Segunda, Rec.
1538/2008)77, a travs de la Sentencia impugnada, en ningn caso el silencio negativo puede
tener los mismos efectos que la resolucin expresa, aparte de por su configuracin ficticia,
porque la desestimacin presunta de una peticin, por su propia naturaleza no incorpora las
menciones legales exigibles a todo acto administrativo, entre otras, la indicacin de los recursos
que caben contra la resolucin dictada, los plazos de interposicin y el rgano ante el que debe
sustanciarse. Razn por la que ha sido equiparado a las notificaciones defectuosas, pues sera
incoherente que estas omisiones supusieran la ineficacia de la notificacin y del propio acto, y no
en el caso del silencio, siendo inherentes al mismo78.
Y es en tal contexto hermenutico donde hace su aparicin la obligacin de comunicacin
previa, la cual, aunque pueda considerarse una plausible notificacin por adelantado del silencio,
sigue sin satisfacer plenamente sus carencias por no incluir toda la informacin exigida para las
notificaciones de los actos expresos. De manera que el incumplimiento de esta comunicacin
abocar en todo caso a la inaplicacin de los plazos revisores como uno de los supuestos
cualificados de excepcin al acto consentido, en los trminos vistos, pero en el entendido de que
su emisin tampoco justificara suficientemente tal consentimiento procesal, sin perjuicio de que,
a travs de la futura mejora de este instrumento de informacin, quede abierta una va de
Providencia del Tribunal Constitucional, de 4 de julio de 2006, por la que se admite a trmite la cuestin de
inconstitucionalidad nm. 2918-2005, planteada por la Seccin Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en relacin con el art. 46.1, segundo inciso, de la LJCA, por posible
vulneracin del art. 24.1 de la Constitucin (BOE nm. 172, de 20 de julio de 2006). De hecho, para GARCATREVIJANO GARNICA, E., debemos situar la cuestin en el mbito de la invalidez, mxime si se tiene en cuenta que
los aludidos preceptos (arts. 46.1 de la LJCA, 115.1 de la Ley 30/1992, etc.) son todos ellos posteriores a la entrada en
vigor de la Constitucin [] [Existe plazo para recurrir contra desestimaciones por silencio administrativo negativo?
(Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 188/2003, de 27 de octubre, dictada en el recurso de amparo
1497/2000), Revista de Administracin Pblica, nm. 163, enero/abril 2004, pgs. 166]. Segn el Voto Particular a la
STC 14/2006, de 16 de enero, suscrito por los Magistrados V. Conde Martn de Hijas y E. Prez Vera, si la ratio de la
vulneracin del art. 24.1 CE es la que se indica [], debiera haber llevado a nuestra Sentencia a considerar inconstitucional
dicho precepto [el art. 46.1 LJCA], con el correspondiente planteamiento de la autocuestin, conforme con lo dispuesto en
el art. 55.2 LOTC.
FALCN y TELLA, R., El silencio negativo como ficcin a efectos procesales (STS 6 de junio 2011): la
posibilidad de recurrir en cualquier momento, Quincena fiscal, nm. 21, 2011, pgs. 7 a 11.
Recurdese que la notificacin defectuosa no hace correr el plazo para la impugnacin del acto, cuya eficacia ha
quedado demorada a su cumplimiento formal, siendo convalidable cuando el interesado realice actuaciones que supongan
el conocimiento del contenido y alcance del acto o bien interponga cualquier recurso procedente, pero no por el simple
transcurso de un plazo como admita la Ley de Procedimiento de 1958 (art. 58 LRJPC).
Finalmente, en la lnea de completar la panoplia de fundamentos que, trabados entre s,
abonan la argumentacin, se ha insistido en que la Administracin no puede beneficiarse de su
propia torpeza, conforme al consabido principio general, mxime en un instrumento favorable
para los interesados79. Todo ello bajo la regla pro actione, especialmente exigente respecto a la
genuina manifestacin del art. 24.1 de la Constitucin: el primer acceso a la jurisdiccin para
obtener una primera respuesta80.
c) La conciliacin entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad
jurdica desde la singularidad del silencio. Alcance de la atenuacin del acto consentido en la
teora administrativa de nulidades
Lo que subyace tras el problema de la eficacia en el silencio no es tanto un conflicto entre
administrado y Administracin81 como una pugna entre tutela judicial y seguridad jurdica, en
conexin esta ltima con los privilegios derivados de la autotutela. Haz y envs que si, por un
lado, atiende al derecho del administrado a recurrir el silencio sin que la garanta judicial pueda
rechazarse ad limine como consecuencia de la caducidad de las acciones, dadas las particulares
caractersticas del silencio y la excesiva onerosidad para el mismo de la doctrina del acto
consentido82, por otro, no puede desconocer la exigencia de seguridad asociada a la preclusin de
los plazos procesales; teniendo en cuenta adems su especial intensidad en el Derecho
administrativo, tanto por su alcance a los vicios de nulidad de pleno derecho que, frente a la
Teora General del Derecho83, exigen de reaccin jurdica84 como por la brevedad y caducidad
de los plazos85, en cuanto privilegio de preclusin procesal a travs del principio favor acti.
Por todas, SSTC 14/2006, de 16 de enero, y 239/2007, de 10 de diciembre. Cfr. AGIRREAZKUENAGA
ZIGORRAGA, I., La Administracin no puede beneficiarse de su silencio, Revista Vasca de Administracin Pblica,
nms. 87-88, mayo/diciembre 2010, pgs. 25 a 45.
Toda vez que, si bien el derecho a la tutela judicial se satisface igualmente cuando los rganos judiciales
pronuncian una decisin de inadmisin [], dicho principio impide determinadas interpretaciones y aplicaciones de los
requisitos legales que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razn revelen una clara
desproporcin entre los fines que las causas de inadmisin preservan y los intereses que sacrifican (SSTS de 18 de
septiembre de 2007 [Sala Tercera, Seccin Sexta, Rec. 8967/2003], FJ 3.; y 6 de junio de 2011 [Sala Tercera, Seccin
Segunda, Rec. 1538/2008], FJ 2.).
Partiendo de la base de que la Ley no obliga al ciudadano a recurrir un acto presunto y s a la Administracin a
resolver de forma expresa (STC 239/2007, de 10 de diciembre, FJ 2.).
DOMNGUEZ LUIS, J. A., Tutela judicial y no preclusividad del plazo reaccional frente al silencio
administrativo negativo, Asamblea: Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, nm. 21, 2009, pgs. 275 a 334.
Donde la categora de nulidad absoluta ha sido elaborada jurisprudencial y doctrinalmente a partir del art.
6.3 del Cdigo Civil.
A tenor del art. 107.1 LRJPC, los recursos de alzada y de reposicin podrn fundarse en cualquiera de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63. A diferencia por cierto de la mencin a la nulidad absoluta
del art. 111.2.b) LRJPC, en materia de suspensin de la ejecucin por interposicin de recursos administrativos.
Ni siquiera relajados respecto a los actos favorables, expresos o presuntos, por la declaracin de lesividad del
art. 103 LRJPC, hoy necesariamente de iniciativa administrativa, tras la rectificacin de las vas de desnaturalizacin del
rgimen de los recursos en 1999.
Aunque nuestra disciplina vincula igualmente el acto consentido (arts. 115.1 in fine
LRJPC y 28 LJCA) a los vicios de anulabilidad, por cuanto los homogneos plazos de los
recursos aplicados a la nulidad absoluta operan en el plano de la ineficacia y no en el de la
invalidez, de suerte que su vencimiento no sana la nulidad radical como en la anulabilidad sino
que no evita la eficacia de los actos viciados86, lo cierto es que ello viene a determinar de facto
parejos efectos que el acto consentido en cuanto inatacable en su eficacia. Mxime cuando la
alternativa impugnatoria ms flexible de la revisin de oficio solo resulta operativa como accin
de nulidad para los supuestos del art. 102 LRJPC. Y, a diferencia de los actos expresos y
presuntos positivos, el silencio negativo cuenta con una va natural de revisin dependiente de la
Administracin, como es el rgimen de resoluciones expresas ulteriores al silencio [art. 43.3.b)
LRJPC].
Ante tal diagnstico y habida cuenta de que solo una de las partes del problema es objeto
de atencin por la corriente jurisprudencial y doctrinal imperante, no parece inoportuno
reivindicar las bondades de la seguridad jurdica87; mermada en efecto por la negacin del acto
consentido en el silencio, ya que, lejos de consolidarse la situacin como inatacable ante la
inaccin impugnatoria del interesado, se crea un estado de pendencia en perjuicio del inters
general88 y de todos aquellos que puedan resultar perjudicados por ella89. Tngase presente que el
principio del art. 9.3 de la Constitucin no es patrimonio exclusivo de la Administracin, por lo
que no es del todo exacta la afirmacin de que sta podra arreglar en cualquier momento la
inseguridad con solo dictar resolucin expresa90. Pues, de igual modo que para los supuestos de
pasividad administrativa est previsto el silencio negativo en favor del administrado, para el
mismo escenario cabe reclamar que no se dejen de aplicar los plazos procesales a riesgo de
GARCA DE ENTERRA, E. y FERNNDEZ RODRGUEZ, T.-R., Curso de Derecho Administrativo I,
op. cit., pgs. 623 y ss.
PREZ LUO, A. E., La seguridad jurdica, Ariel, Barcelona, 1994; AAVV, Documentacin Administrativa:
El principio de seguridad jurdica y sus manifestaciones, nms. 263-264, mayo/diciembre 2002; BERMEJO VERA, J., El
principio de seguridad jurdica, en SANTAMARA PASTOR, J. A. (dir.), Los principios jurdicos del Derecho
Administrativo, La Ley, Madrid, 2010, pgs. 73 a 109.
Alzaprimado por las SSTS de 26 de abril de 2001 (Sala Tercera, Seccin Sptima, Rec. 1229/1996) y de 14 de
octubre de 2003 (Sala Tercera, Seccin Cuarta, Rec. 2008/2000).
Como advierte GARCIA-TREVIJANO GARNICA, E., sobre el plazo indefinido para recurrir el silencio
negativo en el caso de las relaciones triangulares, el problema se complica cuando existen dos o ms interesados con
posiciones contrapuestas. Un ejemplo suficientemente grfico: en la celebracin de unas oposiciones en las que el
nombramiento del opositor aprobado es recurrido por el suspendido [] (Comentario a la Sentencia del Tribunal
Constitucional 188/2003, op. cit., pg. 168). Asimismo, sobre estas relaciones en conflicto, GMEZ-FERRER
MORANT, R., Resoluciones tardas y conflicto de intereses privados, Revista de Administracin Pblica, nm. 68,
mayo/agosto 1972, pgs. 187 a 219; LORENZO JIMNEZ, J. V., Silencio administrativo en va de recurso y terceros
interesados, Revista Vasca de Administracin Pblica, nm. 61 (I), septiembre/diciembre 2001, pgs. 137 a 167; y
GONZLEZ PREZ, J., Manual de procedimiento administrativo, 2. ed., Civitas, Madrid, 2002, pgs. 353 y ss.
STS de 23 de enero de 2004 (Sala Tercera, Seccin Segunda, Rec. 30/2003), FJ 2.
consentimiento y firmeza, mxime en situaciones de abuso, contrarias a la buena fe, equidad, o
derecho de terceros91.
Por otra parte, la doctrina del acto consentido como las categoras implicadas en las
sanciones son en puridad ajenas a la institucin del silencio, aplicndose tambin a los actos
expresos y, sin las connotaciones de privilegio, a la anulabilidad de los actos jurdicos de la
Teora General del Derecho. De ah que pierdan fuerza argumentaciones como su contradiccin
con el carcter favorable de la institucin o la improcedencia de obtener beneficio de los propios
errores, omisiones o infracciones.
Con todo, es tal la onerosidad que la preclusin procesal representa para el silencio, por
no gozar cuando menos de todas las garantas de notificacin o publicacin de los actos expresos,
que el propio legislador no ha dejado de ensayar frmulas para moderar sus efectos en el mismo:
la necesidad de un preaviso o denuncia de mora del interesado, que se vena exigiendo para el
silencio negativo en va de peticin con anterioridad a la LRJPC92; plazos ms largos de
interposicin de los recursos, habindose reducido a la mitad el plazo del ao que fijaba para el
recurso jurisdiccional la precedente LJCA93; la recepcin de la certificacin del silencio o la
fecha de expiracin de su plazo de emisin como inicio del cmputo de los plazos para recurrir
los actos presuntos, teniendo en cuenta que no se prevea fecha tope para su peticin94; y, en fin,
el deber de comunicacin previa del vigente art. 42.4 LRJPC. Todo lo cual, como es harto sabido,
no ha impedido que los operadores sigan considerndolo insuficiente, con el consiguiente rechazo
a cualquier extemporaneidad impugnatoria del silencio negativo.
Sin embargo, dado que ninguna solucin ha estado mejor situada que la comunicacin
previa para alcanzar un equilibrio entre seguridad y proteccin del administrado, se impone de
lege ferenda la mejora de dicho instrumento, con el fin de que cumpla e incluya todos los
requisitos y menciones formales de la notificacin, y as poder apreciarse tambin consentimiento
procesal en el silencio en aras de la seguridad95, sin menoscabo de los administrados, a excepcin
de los supuestos considerados cualificados.
En analoga a los lmites a las facultades de revisin del art. 106 LRJPC. Cfr. AGUADO I CUDOL, V., El
silencio administrativo: proceso evolutivo y claves del rgimen actual, en QUINTANA LPEZ, T. (dir.) y CASARES
MARCOS, A. (coord.), Silencio administrativo. Estudio general, op. cit., pags. 356 y 357.
No as para el silencio positivo con carcter general, ni para el negativo en va de recurso, de conformidad con
los arts. 94, 95 y 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.
Art. 58 de la LJCA de 27 de diciembre de 1956.
Art. 44.5 de la versin inicial de la LRJPC.
En sentido contrario, CANO CAMPOS, T., El plazo para recurrir el silencio negativo, op. cit., pgs. 412.
Cuestin distinta, a juicio del Tribunal Constitucional, es la inclusin en la propia
resolucin recurrida en va administrativa, no solo de los recursos pertinentes contra la misma,
sino tambin de los procedentes contra la eventual desestimacin presunta de los propios
recursos. Lo que ha sido rechazado por la STC 220/2003, de 15 de diciembre, a la luz de la tutela
judicial efectiva, pues la citada instruccin de recursos de un acto administrativo no excusaba a
la Administracin de su obligacin legal de resolver el recurso interpuesto [] (FJ 5. in fine).
Aunque la STC 117/2008, de 13 de octubre, s ha reconocido, a efectos del inicio del computo del
plazo, la informacin de los recursos realizada en la misma certificacin del silencio negativo,
como complemento a la comunicacin previa del art. 42.4 LRJPC.
B. NEGACIN DE LA FIRMEZA, EJECUTIVIDAD Y CMPUTO DEL PLAZO PRESCRIPTORIO DE LAS
Excluido el silencio negativo de la doctrina del acto inatacable en atencin a su carcter
ficticio y pretericin de garantas de notificacin, surge de inmediato la cuestin de si tal silencio
carece igualmente de virtualidad para agotar la va administrativa, ms all de para determinar el
recurso procedente, en orden a hacer ejecutivas las resoluciones sancionadoras, con el
consiguiente inicio de su plazo de prescripcin en favor del sancionado96.
Un captulo estrechamente conectado con el trasfondo argumental del anterior, agravante
de la solucin contraria a la seguridad jurdica y prerrogativas de la Administracin, y que hace
ms perentoria, si cabe, la propuesta de transaccin aqu defendida. Y que se reconduce a los
supuestos de silencio negativo en los recursos de alzada contra sanciones, toda vez que, de no
recaer en plazo resolucin expresa en el propio procedimiento sancionador, tendra lugar su
caducidad ex art. 44.2 LRJPC, y, en caso de causar estado la resolucin expresa sancionadora, se
produciran sin ms los efectos de los arts. 94, 111.1, 132.3 y 138.3 LRJPC.
El art. 138.3 LRJPC precisa, como una de las excepciones a la ejecutividad inmediata de los actos
administrativos (art. 94 LRJPC), que estas resoluciones sern ejecutivas cuando pongan fin a la va administrativa, lo cual
supone que las sanciones carecen de ejecutividad mientras no se resuelvan los recursos de alzada dirigidos contra ellas, a
modo de suspensin ope legis de la ejecucin en va de recurso administrativo (art. 111.1 LRJPC), no pudindose apreciar
durante dicho perodo su prescripcin, pues, segn el art. 132.3 LRJPC, el plazo de prescripcin de las sanciones no
comienza a contarse hasta que no adquieran firmeza las resoluciones por las que se imponen las mismas, esto es, pueda
iniciarse el procedimiento de ejecucin.
Pues bien, apurando las consecuencias de la doctrina constitucional sobre el silencio
administrativo negativo como mera ficcin legal97, la STC 243/2006, de 24 de julio, excluy en
recurso de amparo que la resolucin objeto de un recurso de alzada pueda alcanzar firmeza hasta
que no se desestime ste expresa y totalmente, desvinculando la desestimacin presunta del
mismo con la firmeza de las sanciones, presupuesto para su ejecutividad (FJ 5.).
Y, consecuente de igual modo con el planteamiento del acto consentido98, la STS de 22 de
septiembre de 2008 (Sala Tercera, Seccin Quinta, Rec. 69/2005) estableci como doctrina legal
que interpuesto recurso de alzada contra una resolucin sancionadora, el transcurso del plazo de
tres meses para la resolucin del mismo no supone que la sancin gane firmeza ni que se
convierta en ejecutiva, de modo que no puede iniciarse el cmputo del plazo de prescripcin de la
sancin. Interpretacin vinculante de las reglas del cmputo de los plazos de prescripcin de las
sanciones99, de la que pueden derivarse consecuencias indeseables segn reconoca la propia
Sentencia estimatoria del recurso en casacin en inters de la ley (FJ 5.) en unin a la doctrina
de prescripcin de las infracciones establecida por la STS de 15 de diciembre de 2004 (Sala
Tercera, Seccin Quinta, Rec. 97/2002), segn la cual, el lmite para el ejercicio de la potestad
sancionadora, y para la prescripcin de las infracciones, concluye con la resolucin sancionadora
y su consiguiente notificacin, sin poder extender la misma a la va de recurso, por lo que no
cabe apreciar la prescripcin de la infraccin por la demora de la Administracin en la resolucin
del recurso de alzada100.
Lo cierto, sin embargo, es que sendas interpretaciones judiciales del art. 132 LRJPC,
determinantes del riesgo de pervivencia indefinida de una resolucin sancionadora que estuviese
pendiente de recurso de alzada y de la que no pudiese predicarse la prescripcin de la infraccin
ni de la sancin101, han sido declaradas conformes con la Norma Fundamental por la STC
ALONSO MAS, M. J., Recursos administrativos contra sanciones administrativas, en LOZANO
CUTANDA, B. (dir.), Diccionario de sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2010, pg. 950.
No en vano vuelve a incidirse en los nicos efectos del silencio negativo de permitir a los interesados la
interposicin del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
COBO OLVERA, T., El da inicial del cmputo del plazo de prescripcin de las sanciones y el silencio
administrativo. STS de 22 de septiembre de 2008, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nm. 6, 2009,
pgs. 895 a 904.
Respecto a la precursora jurisprudencia en la materia, FERNANDO PABLO, M., Un resto prebeccariano en
la ordenacin de las sanciones administrativas: sobre la prescripcin de las infracciones sancionadas y recurridas, Revista
Espaola de Derecho Administrativo, nm. 124, octubre/diciembre 2004, pgs. 553 a 572. Y sobre esta controvertida STS
de 15 de diciembre de 2004, BRIONES, J., Puede la Administracin impunemente utilizar el silencio y el tiempo en el
trmite del recurso contra las sanciones administrativas?, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 133,
enero/marzo 2007, pgs. 177 a 189; y AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, I., La Administracin no puede
beneficiarse de su silencio, op. cit., pgs. 38 y ss.
STS de 2 de septiembre de 2008, FJ 5.
37/2012, de 19 de marzo, si bien con la formulacin de cuatro Votos particulares en aras del
principio de seguridad102.
Y aunque la STS de 22 de septiembre de 2008 apunta la posibilidad de reconsiderar su
doctrina de 2004 sobre la prescripcin de la infraccin, precaucin que es resaltada por el
Tribunal Constitucional, la solucin en mi criterio pasa mejor por la enmienda de la tesis de la
sancin, una vez reforzado legislativamente el silencio en los trminos propuestos, lo que lograra
corregir a la vez la desvirtuacin de las otras categoras implicadas de la firmeza y ejecutividad
V. CONCLUSIN: JAQUE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO?
El silencio negativo viene experimentando en los ltimos tiempos el hostigamiento de
determinados procesos que, desde una mayor o menor autonoma, han dejado su impronta sobre
cada uno de los pilares de esta tcnica, controvertida e inestable per se pero abocada nuevamente
a una reflexin: por un lado, superacin de la misma premisa de la inactividad formal, al
eliminarse o sustituirse numerosos procedimientos autorizatorios por comunicaciones previas o
declaraciones responsables que no precisan de resolucin expresa o presunta de control previo;
por otro lado, generalizacin del sentido positivo, con la revisin procedimental derivada del
ltimo hito anudado al concepto de razones imperiosas de inters general; sin olvidar
finalmente los no tan recientes esfuerzos jurisprudenciales y doctrinales por dulcificar los efectos
menos beneficiosos de la desestimacin presunta, en detrimento de la teora del acto consentido,
de la propia ejecutividad pero tambin prescriptibilidad de las sanciones en va de recurso de
alzada, y ahora, con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas, eximiendo de las mismas a
los recursos contencioso-administrativos contra el silencio negativo o inactividad material de la
Administracin. Movimientos que, aunque convergen en esta suerte de decadencia del silencio
negativo, cuando no fagocitacin de la institucin, no ocultan su singularidad, respondiendo los
dos primeros a una opcin del legislador europeo e interno a partir de la liberalizacin de
servicios, frente a un captulo de eficacia cuya controversia queda de manifiesto en el aparente
divorcio entre una normativa trufada de plazos perentorios y su aplicacin.
Analiza este importante pronunciamiento constitucional, que resuelve la cuestin de inconstitucionalidad
planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nm. 1 de Elche contra los arts. 132 LRJPC y 81 del Texto
Articulado de la Ley sobre Trfico, Circulacin de Vehculos a Motor y Seguridad Vial, con su contenido normativo dado
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en inters de la ley, ALARCN SOTOMAYOR, L., La prescripcin de las
infracciones y las sanciones en va de recurso administrativo, Revista Espaola de Derecho Administrativo, nm. 154,
abril/junio 2012, pgs. 263 a 287.
Como quiera que no hay silencio sin previo procedimiento orientado a su terminacin
normal o anormal por resolucin expresa, el modelo transversal de servicios impulsado por la
Directiva Bolkestein est eximiendo en buena medida del problema de la pasividad
administrativa, a cambio de un menor grado de certidumbre en las relaciones administrativas, al
redimensionar, desde postulados conocidos, la excepcin de los procedimientos relativos al
ejercicio de derechos sometidos nicamente al deber de comunicacin previa. En el bien
entendido de que este aspecto de la transposicin, como ocurre con el silencio positivo para las
autorizaciones, presenta un mayor alcance que el de los imperativos europeos.
La profundizacin del sentido positivo del silencio, como segundo grado de incidencia de
la Directiva de Servicios para aquellos procedimientos justificados de autorizacin, supone una
europeizacin indirecta de la LRJPC, en la medida en que la exigencia del inters general para el
silencio negativo ha superado aqullos (art. 6 de la Ley Paraguas) para extenderse a
cualesquiera procedimientos a instancia de parte (modificacin del art. 43 LRJPC por la Ley
Omnibus). Lo que est obligando a revisar todos los procedimientos preexistentes (en el
mbito estatal, Anexo I del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio), una vez corregida por la Ley
de Economa Sostenible la desafortunada exencin derogatoria de la propia Ley Omnibus.
Cambios de criterio que, unidos al concepto jurdico indeterminado de razones imperiosas de
inters general, revelan que el impacto real de este nuevo requisito para enervar la regla
estimatoria depender a la postre de la voluntad del legislador estatal y autonmico por
consolidar el silencio positivo, al igual que sucediera en parte con el precedente trnsito de la
excepcin reglamentaria a la legal. Todo ello sin perjuicio del contrapunto que en este proceso
representa el rgimen autorizatorio urbanstico, donde el excepcional tratamiento del silencio
estimatorio contra legem, ajeno a los cauces generales de revisin de oficio conforme a una
jurisprudencia ratificada tras el nuevo rgimen general del silencio, ha dejado paso a la regla del
silencio negativo para las licencias urbansticas ms relevantes, en los trminos plenos y bsicos
del art. 23 del citado Real Decreto-ley 8/2011.
Por otra parte, si bien con algunas fisuras, pocos problemas jurdicos han suscitado un
cuerpo de doctrina tan slido como el rechazo de los efectos del acto consentido en el silencio
negativo, merced a su naturaleza de fictio iuris para abrir la tutela jurisdiccional lo que viene
reiterndose desde la STC 6/1986, de 21 de enero, de consuno con una primigenia doctrina, pero
que la Ley 4/1999, de 13 de enero, ha positivizado y en atencin a la pretericin de las garantas
de notificacin de los actos expresos. As, dentro de la reiterada y casustica jurisprudencia, se ha
negado la fatalidad de plazos procesales en el silencio negativo no solo en sede contenciosoadministrativa, sino tambin para el previo recurso de alzada y va econmico-administrativa.
Aunque distinta valoracin pueden merecer las vas esgrimidas para compatibilizar dicha doctrina
con el sistema positivo de plazos, basadas hasta la reforma del 99 en la necesidad de una
interpretacin legal que no fuera irrazonable, rigorista o desproporcionada, el argumento
determinante del dficit del silencio para hacerse acreedor de la doctrina del acto inatacable, en
aras de la tutela judicial, descansa en la equiparacin de la pasividad administrativa con una
notificacin defectuosa, la cual no puede hacer correr en perjuicio del interesado los plazos
impugnatorios. Pues es tal la onerosidad de la preclusin procesal para el silencio, por no gozar
de todas las garantas de notificacin o publicacin de los actos expresos, que el propio legislador
no ha dejado de ensayar frmulas para atemperar sus efectos sobre el mismo: la denuncia de
mora; plazos ms largos de interposicin; la certificacin del silencio; y el deber de comunicacin
previa del vigente art. 42.4 LRJPC. Solucin esta ltima que, si bien sigue sin incluir todas las
menciones formales de la notificacin, es la mejor situada para alcanzar un equilibrio entre
proteccin del administrado y seguridad. Ya que ha de reconocerse que el rechazo de la
inadmisibilidad impugnatoria ex tempore crea tambin en el silencio un estado de pendencia, no
tanto en perjuicio de la Administracin como del inters general y de todos aquellos que puedan
resultar terceros afectados, ms all adems de las fronteras de la institucin al involucrar otras
no exclusivas de las patologas del procedimiento. Imponindose de lege ferenda la perfeccin de
este instrumento informativo, al objeto de poder apreciar consentimiento procesal sin menoscabo
de los administrados, a excepcin de los supuestos considerados cualificados por incumplimiento
del mismo art. 42.4 LRJPC, o para las resoluciones expresas extemporneas tras un silencio
negativo no recurrido (precisamente la reapertura de un nuevo plazo de impugnacin por la
resolucin expresa tarda, una vez agotado el del silencio negativo, supuso la primera correccin
jurisprudencial derivada de los efectos estrictamente procesales del silencio negativo). Con lo que
tambin se solventara, por cierto, el problema de la inejecutividad e imprescriptibilidad de las
sanciones impugnadas en recurso de alzada en tanto no recaiga resolucin expresa.
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