Source: https://senado.cl/appsenado/index.php?mo=sesionessala&ac=getDocumento&teseid=62673&legiid=489
Timestamp: 2019-08-22 19:44:56
Document Index: 105650183

Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'artículo 9', 'artículo 80', 'artículo 53', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 20']

RATIFICACIÓN DE SEÑORA MACARENA LOBOS PALACIOS Y SEÑOR GONZALO EDWARDS GUZMÁN COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISIONAL
NUEVA LEY DE COPROPIEDAD INMOBILIARIA
PETICIÓN A GOBIERNO DE INICIATIVA PARA FOMENTO DE ÓPERA. PROYECTO DE ACUERDO
Sesión 33ª, en martes 17 de julio de 2018
(De 16:15 a 17:22)
Concurrió, además, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Cristián Monckeberg Bruner.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, señores Manuel José Errázuriz y Gonzalo Gacitúa.
--Se abrió la sesión a las 16:15, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 31ª y 32ª, ordinarias, en 10 y 11 de julio de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Catorce de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04).
Con el tercero hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
4. Proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal (boletín N° 11.704-21);
5. Proyecto que establece la ley sobre violencia en las relaciones de pareja sin convivencia (boletín N° 8.851-18), y
Con los dos subsiguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
Con los tres últimos retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
2. La que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos), y
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para eliminar privilegios procesales en materia de declaración de testigos y confesión judicial, en favor de las autoridades que indica (boletín N° 11.819-07).
Con el segundo señala que aprobó el proyecto que modifica la ley N° 20.248, que establece una Subvención Escolar Preferencial, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro (boletín N° 11.843-04) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Con el siguiente comunica que ha aprobado el proyecto de ley que crea un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior (boletín N° 8.996-13) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y a la de Hacienda, en su caso.
Con los dos últimos informa que ha accedido a las solicitudes del Senado en orden a archivar las siguientes iniciativas:
3.- La que modifica el Código del Trabajo en materia de otorgamiento de finiquito (boletines N°s 4.045-13 y 4.123-13, refundidos).
9.- La que modifica la ley N° 18.833, Estatuto General de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, en materia de los créditos sociales que otorgan dichas cajas (boletines N°s 7.069-13; 7.580-03; 8.090-13, y 8.950-13, refundidos).
12. La que modifica diversos artículos de la ley N° 19.327, de violencia en los estadios (boletines Nos 5.877-07, 6.055-25, 6.175-25, 6.205-25, 6.210-25, 7.229-07, 7.251-07, 7.509-07, 7.600-25, 7.603-25, 7.718-25, 7.721-25 y 7.741-25, refundidos).
Dieciséis del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional (boletín N° 9.133-12).
Con el segundo expide copias de las sentencias definitivas pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
Con los catorce siguientes adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 9° y 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
Da respuesta a requerimiento, manifestado en nombre del Senador señor De Urresti, en relación con las estadísticas de circulación vehicular hacia la zona costera de Valdivia.
Contesta consulta de la Senadora señora Goic, relativa a la mantención permanente del huso horario vigente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor Durana, para informar sobre la situación del Liceo Agrícola del Valle de Azapa.
Envía datos del pago de la subvención por desempeño de excelencia en los liceos regidos por el decreto N° 3.166, del Ministerio de Educación; materia solicitada por la Senadora señora Provoste.
Responde consulta relativa a la Escuela F-687 del Valle de Colcura, de la comuna de Lota; requerida por el Senador señor Navarro.
Absuelve inquietud, enviada en nombre del Senador señor Sandoval, sobre la destinación de profesional que señala.
Remite respuesta a requerimiento, expedido en nombre del Senador señor Bianchi, acerca de la situación de persona que individualiza.
Acompaña antecedentes sobre las autorizaciones excepcionales para la recuperación de bosque nativo y fomento forestal en la provincia de Petorca; Cabildo y alrededores; consulta realizada en nombre de la Senadora señora Allende.
Del señor Alcalde de Talcahuano:
Adjunta información sobre el proyecto denominado "Ruta del Agua", consulta realizada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Alcalde de Penco:
Contesta inquietud, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, relativa al proyecto denominado "Ruta del Agua".
De la señora Jefe de División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Informa petición del Senador señor García-Huidobro, referida a la situación del cierre del hogar de menores de Quinta de Tilcoco.
Del señor Jefe de la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Biobío:
Comunica respuesta sobre la instalación de un semáforo en el camino a Coronel; consulta planteada en nombre del Senador señor Navarro.
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 8.946, que fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios (boletín N° 11.288-06) (con urgencia calificada de "simple").
De los Senadores señor Bianchi, señoras Provoste y Rincón, y señores Huenchumilla y Montes, con la que inician un proyecto de reforma constitucional relativo al derecho a la educación y equidad de género (boletín Nº 11.906-04).
1.- Incluir, en la tabla de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 18 de julio, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una sociedad anónima del Estado denominada "Intermediación Financiera S.A." (boletín Nº 11.554-05), siempre que estuviere despachado por la Comisión de Hacienda. Para tal efecto, se autoriza a dicha Comisión para sesionar en forma paralela a la Sala.
-Proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Chahuán, que regula la inscripción y porte de armas respecto de personas que hayan sido imputadas o condenadas (boletín N° 9.130-07).
-Proyecto, iniciado en moción de los ex Senadores señores Tuma y Espina y de los Senadores señores Araya y Harboe, que modifica el artículo 9° del decreto ley N° 400, de 1978, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, en materia de posesión, tenencia o porte de armas (boletín N° 10.658-07).
2.- Citar a sesión especial el miércoles 5 de septiembre, de 12 a 14 horas, a fin de que el Consejo del Banco Central de Chile presente al Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, así como el informe de las proposiciones para el año calendario siguiente, según lo dispuesto en el artículo 80 de la ley Nº 18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
Boletín N° S1993-05
El señor MONTES (Presidente).- En el primer lugar de la tabla figura la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República para que el Senado ratifique el nombramiento de la señora Macarena Lobos Palacios y el señor Gonzalo Edwards Guzmán como integrantes del Consejo Consultivo Previsional.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.993-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
Trabajo y Previsión Social: sesión 32ª, en 11 de julio de 2018.
Sesión 32ª, en 11 de julio de 2018 (queda pendiente la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que para el tratamiento de este asunto el Ejecutivo hizo presente la urgencia prevista en el párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Se hace presente, asimismo, que el Senado debe pronunciarse respecto de la propuesta presidencial como una unidad, y que los consejeros designados han de ser ratificados por los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, esto es, 24 votos.
Por último, cabe consignar que en la oportunidad anterior en que se vio esta solicitud quedó aplazada la votación.
El señor MONTES (Presidente).- Me ha pedido la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Solicito que se abra la votación, señor Presidente, y que se hagan sonar los timbres para llamar a los colegas que están participando en Comisiones.
El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, en votación la solicitud de ratificación.
El señor MONTES (Presidente).- Se ha pedido autorizar el ingreso a la Sala del Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado.
Igual petición se hizo en el caso de los asesores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo señores Manuel José Errázuriz y Gonzalo Gacitúa.
--Se accede a ambas solicitudes.
El señor MONTES (Presidente).- Recuerdo que está abierta la votación. Sus Señorías pueden fundar el voto si así lo estiman conveniente.
El señor MOREIRA.- ¿Cuántos votos se necesitan?
El señor MONTES (Presidente).- Se requieren 24 votos afirmativos.
--Se ratifica a la señora Macarena Lobos Palacios y al señor Gonzalo Edwards Guzmán como integrantes del Consejo Consultivo Previsional (25 votos a favor y uno en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum legal exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Van Rysselberghe y los señores Castro, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Von Baer y señor Chahuán.
Boletín N° 11540-14
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República precedente, señora Michelle Bachelet Jeria, en primer trámite constitucional, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.540-14) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 73ª, en 19 de diciembre de 2017 (se da cuenta).
Vivienda y Urbanismo: sesión 30ª, en 4 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es establecer una nueva ley de copropiedad inmobiliaria, derogando la ley N° 19.537 que actualmente rige la materia.
La Comisión de Vivienda y Urbanismo discutió el proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus integrantes. Votaron positivamente los Senadores señora Aravena y señores Montes, Navarro y Sandoval, y se abstuvo el Senador señor Soria.
Cabe tener presente que los artículos 10, inciso cuarto; 44 a 47; 64, incisos segundo, sexto y octavo; 68; 76; 77, y 78, inciso segundo, tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren 24 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 99 a 138 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES.- Señor Presidente, existió la intención de hacer una experiencia piloto en la forma de discutir esta iniciativa. Sin embargo, por cuestiones de agenda, por no haber otras materias, finalmente esto no pudo concretarse.
Elaborar una nueva ley de copropiedad inmobiliaria implica debatir en torno a un tema bien fuerte de presente y de futuro: se trata nada menos que de discutir sobre la ciudad. Porque cada vez más gente va a vivir en edificios, en copropiedades, y cada vez más aquellos van a definir las características de la ciudad.
El 23,7 por ciento del parque habitacional se halla acogido a este régimen. Y el 6,3 por ciento vive en copropiedad de vivienda social. La mayor proporción está en la Región Metropolitana, en Arica y en Valparaíso.
Según el censo de 2002, los condominios en altura alcanzaban el 12 por ciento, y conforme al censo de 2017, el 17,5 por ciento.
A ese ritmo han ido avanzando.
La regulación de la copropiedad se inició en 1937, con la ley de venta por pisos.
En 1975, la Ley General de Urbanismo y Construcciones se refiere a los edificios y viviendas acogidos a la Ley de Propiedad Horizontal y regula materias específicas relativas a la copropiedad.
Luego, en 1997 se derogan las disposiciones anteriores y se promulga la Ley de Copropiedad, que sobre la base de dos principios, libertad contractual y autonomía de la voluntad, establece que los copropietarios tienen la facultad para darse la organización que quieran y resolver armónicamente sus conflictos.
Veinte años después de aquella normativa, y con más de diez modificaciones efectuadas, principalmente al capítulo "De los condominios de viviendas sociales", resulta evidente que ambos principios (libertad contractual y autonomía de la voluntad) son insuficientes para dar solución real a la problemática de los condominios.
Ello explica que en el año 2016 existieran en las dos Cámaras del Parlamento más de treinta mociones sobre la materia.
A partir de ello, se llevó a cabo un seminario organizado por la Comisión de Vivienda del Senado, la Biblioteca del Congreso y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para analizar en forma global la situación y concordar modificaciones a la ley vigente.
Aquí quiero destacar el enorme papel que jugó la Ministra de entonces, Paulina Saball, quien encabezó, motivó y orientó el proceso que permitió llegar finalmente a este proyecto.
Hubo un conjunto de propuestas que surgieron del referido seminario, vinculadas con temas de administración, la estructura de la ley y su comprensión, y muchas cuestiones asociadas al diseño e inserción urbana.
De ahí nació, en definitiva, la iniciativa que ahora nos ocupa.
Primero, aborda la toma de decisiones, distinguiendo las que afectan la propiedad (requieren más quorum y presencia de los copropietarios) de aquellas vinculadas a la vida cotidiana (precisan menor quorum y participación de los arrendatarios).
Segundo, habla de la administración, las exigencias a los administradores y el rol de los municipios.
Tercero, se refiere a la definición de "condominios de vivienda social".
Cuarto, norma el diseño.
Por último, reordena la estructura de la ley.
En cuanto a los temas urbano-habitacionales emanados de la discusión general del proyecto de ley en la Comisión, los invitados y los parlamentarios hicieron presente la necesidad de crear una Superintendencia que sea capaz de regular el funcionamiento y las características de las copropiedades, pues en la actualidad no hay ninguna instancia que las fiscalice. Tanto los municipios como los juzgados de policía local están jugando hoy un rol muy dificultoso en la materia.
Asimismo, hubo planteamientos relativos al establecimiento de un registro de administradores y al espacio para las instalaciones vinculadas a la administración.
En lo tocante al debate público acerca de la calidad de la vida urbana, se discutió sobre los procesos de densificación urbana y sus consecuencias en los barrios y la ciudad.
Se hicieron muchas referencias a la calidad, participación y temporalidad de los instrumentos de planificación; al equipamiento de las copropiedades; a la preocupación por los condominios de vivienda social, que por primera vez en nuestra historia se incorporan como un capítulo de la mencionada ley en 1997.
Ahora bien, resulta importante ubicar este proyecto en el marco de varias otras iniciativas que se estaban discutiendo con anterioridad.
La primera se relaciona con la mayor densificación: todo lo que se refiere a los condominios en altura y a la calidad de la ciudad que los alberga.
Ella dio origen a la ley N° 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público: fue aprobada de manera unánime y persigue que los nuevos desarrollos inmobiliarios mitiguen adecuadamente tanto los daños directos como el impacto sobre el conjunto de la ciudad.
Lamentablemente, el reglamento de los informes de mitigaciones e impactos viales fue retirado de la Contraloría General de la República por el Ministerio de Transportes en el mes de marzo de este año. Hoy hablamos nuevamente con la Ministra de Transportes, y es probable que en los próximos días la propuesta ingrese a esta Corporación para ser discutida. Es fundamental que llegue este reglamento, porque a partir de su entrada en vigencia se contabilizarán los tiempos de aplicación de la ley.
Además, hay otra iniciativa tremendamente importante surgida en torno a esta materia: la relativa a la transparencia del mercado del suelo. Por primera vez logramos legislar sobre transparencia en este ámbito, a fin de fortalecer la planificación y participación ciudadana en los procesos de cambio de planes reguladores y establecer un impuesto a quienes se beneficien de las modificaciones de frontera urbana.
Por otra parte, y a propósito de la discusión desarrollada ahora último, en materia de integración social se incorpora en la ley del espacio público la posibilidad de generar varios incentivos urbanísticos para ayudar al mejoramiento de los espacios públicos en estos contextos.
Considero importante decir que, ante la precariedad y deterioro que presentan diversos condominios sociales, el MINVU, a través de los SERVIU, ha adquirido capacidades para intervenirlos directamente, y cuenta con un conjunto amplio y diverso de programas destinados a mejorarlos, repararlos, ampliarlos y acondicionarlos, medida que ha sido tremendamente importante en muchos de los 350 mil departamentos que existen a lo largo de Chile.
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano también planteó la necesidad de un Sistema Nacional de Indicadores y Estándares de Calidad Urbana, que esperamos sea incorporado por el Ministerio en su actual gestión porque es fundamental para mejorar la forma de hacer las cosas.
Quiero hacer algunas reflexiones finales.
Más del 87 por ciento de nuestra población vive en ciudades. Si efectivamente queremos garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan habitar ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, como lo comprometimos al suscribir la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de Habitat III, es indispensable alcanzar acuerdos sociales y concordar una agenda multisectorial que incluya metas, roles de los distintos actores e instrumentos adecuados.
En otro aspecto, en cuanto a la amplitud y cobertura alcanzada por el reciente debate acerca de la construcción de un proyecto de viviendas sociales en la comuna de Las Condes, particularmente en la rotonda Atenas, quiero decirles que esta discusión se ha dado en numerosas oportunidades en muchas comunas -ninguna con la visibilidad pública de este caso, dado que está involucrado el alcalde Lavín, quien le da determinada proyección-, como en la comuna de Santiago, con lo que hizo la entonces alcaldesa Carolina Tohá, y en la de La Florida hace varios años, acerca de la discusión de dos proyectos de integración. Y hay todo un plan de integración territorial.
También tenemos un debate sobre el transporte, en fin.
Queremos señalar que no podemos centrar toda la discusión en la intolerancia de los vecinos, en la osadía de un alcalde o en los subsidios del MINVU, porque cuando baje la polémica no habrá quedado nada. Es fundamental que la integración urbana tenga valores y sentidos comunes que persistan en la forma de ir construyendo la ciudad.
Esa fue la razón por la cual, en el Gobierno de Michelle Bachelet, junto con llevar a cabo el Programa de Integración Social y Territorial (decreto supremo N° 19), se impulsaron un conjunto de otras medidas, como la gestión del suelo público a través de los planes maestros urbanos habitacionales; el fortalecimiento de la institucionalidad pública, por ejemplo, las sociedades para administrar el Proyecto Urbano Habitacional Portal Bicentenario, que es algo totalmente nuevo en los últimos años; la ampliación del arriendo de interés social, y varias otras.
Si esos cambios no son visibilizados, valorados y concretados, estaremos contribuyendo nuevamente al círculo vicioso de la queja cuando se evidencia un problema. Las voces que se alzan para proponer "grandes transformaciones", que luego no se traducen en hechos, generan la sensación en la ciudadanía de que nada cambia y, con ello, la desvalorización de la política, del rol del Estado y el aumento de la frustración y el desencanto.
Es indispensable reconocer los avances y valorar los logros; dar urgencia a la tramitación de los reglamentos pendientes y a la puesta en marcha de los cambios normativos ya logrados; revisar el estado de avance alcanzado respecto de las propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, especialmente en materia de suelo e integración social; generar un debate político amplio respecto de la propuesta de un Sistema Nacional de Indicadores y Estándares de Calidad de Vida Urbana, que, como ya decíamos, fue formulada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano.
Quiero terminar diciendo que este es un tremendo tema; que no tiene la presencia mediática de otras materias, pero que busca ni más ni menos que el Congreso se preocupe de las personas que viven en edificios, de asumir las complejidades de vivir en copropiedades horizontales o verticales, ¡de asumirlas! Este asunto condiciona a los que ahí residen, en cuanto a cómo conviven, a cómo se desarrollan los niños, los jóvenes, la vida, pero también en cuanto a cómo se proyectan en el barrio y en la ciudad.
Es una iniciativa muy importante para discutir y construir la ciudad.
Por eso, los Senadores Socialistas votaremos a favor de la idea de legislar, esperando aportar a enriquecer el proyecto en la discusión en particular.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para dar cuenta del informe, hará uso de la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.- En ausencia de nuestro Presidente, el Senador señor Navarro, me permito informar que la iniciativa, que está en primer trámite constitucional, se inició en mensaje de Su Excelencia la ex Presidenta de la República y consta de 85 artículos permanentes y dos disposiciones transitorias.
La Comisión llevó a cabo un detenido análisis del proyecto de ley en extensas sesiones, para lo cual contó con la asistencia de representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y numerosos invitados, que dieron a conocer sus opiniones y aportes.
En efecto, concurrieron representantes de las siguientes entidades: el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local; la Asociación Chilena de Municipalidades; la Asociación de Municipalidades de Chile; la Cámara Chilena de la Construcción; Carabineros de Chile; el Colegio de Arquitectos; la Asociación de Directores de Obras Municipales; el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria; la Asociación Gremial de Administradores de Condominios y Edificios de Chile; la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos; la Junta de Vecinos N° 29, de Ñuñoa; la Agrupación de Dirigentes de Condominios de Vivienda Social de La Florida; las Juntas de Vecinos de los Condominios de San Pedro de la Paz, en Concepción; y la Biblioteca del Congreso Nacional.
Cabe destacar, señor Presidente, que en enero de 2016 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolló, en conjunto con la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, un seminario taller, denominado "Reforma de la ley N° 19.537, de Copropiedad Inmobiliaria", con la finalidad de discutir con distintos actores su aplicación y propuestas para su modificación.
En tal instancia, participaron organizaciones comunitarias, desarrolladores inmobiliarios, empresas constructoras, municipios, administradores, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas sectoriales y asociaciones gremiales que aportaron sus visiones y abogaron por la necesidad de enmendar la ley vigente, planteamientos que son recogidos en esta presente iniciativa.
Con posterioridad al aludido seminario, se creó una mesa de trabajo integrada por representantes de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados; de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado; del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Biblioteca del Congreso Nacional, a fin de analizar y proponer una reforma legal global, teniendo a la vista que hay 33 mociones en tramitación en el Congreso Nacional, lo cual demuestra el ánimo transversal de revisar cuestiones relacionadas con la administración del condominio, con los requisitos y obligaciones de quien ejerce el cargo de administrador, con el acceso igualitario a los bienes comunes, con los seguros que se deben contratar, con las sanciones que pueden afectar a los copropietarios que incumplan con sus obligaciones, etcétera.
Así, como resultado del trabajo desarrollado, de las mociones parlamentarias existentes y de las prioridades identificadas, la iniciativa pretende innovar, especialmente en tópicos vinculados con la administración y la adopción de acuerdos por parte de los copropietarios, la consideración de temas urbanos y constructivos y otras cuestiones formales, esto es, orden, estructura y simplificación de contenidos.
Es relevante consignar que durante el análisis del proyecto de ley en la Comisión se abordaron, en lo sustantivo, los siguientes aspectos:
1) Institucionalidad.
2) Integración Urbana.
3) Tipologías de condominios.
4) Gobernanza interna y participación.
5) Requerimientos funcionales.
6) Sostenibilidad.
Por último, es pertinente subrayar que a propósito del estudio de una serie de asuntos sustanciales de la iniciativa quedó de manifiesto que, si bien ella significa un importante avance en la regulación de la materia, se requiere introducir diversos perfeccionamientos en el texto para que la normativa cumpla adecuadamente sus objetivos.
Es cuanto puedo informar a esta Honorable Sala.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Gracias, señora Senadora.
La señora MUÑOZ.- Un tema de Reglamento, señor Presidente.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, solicito que se recabe autorización para que la Comisión de Derechos Humanos sesione en paralelo con la Sala.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para ello?
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero recordar que el proyecto que nos ocupa requiere quorum especial para su aprobación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Entonces, podemos abrir la votación, manteniendo los tiempos para intervenir, y autorizar a la Comisión de Derechos Humanos para funcionar paralelamente con la Sala.
--Así de acuerda.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación la idea de legislar.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Comisión de Vivienda nos tocó ocuparnos en la tramitación del presente proyecto, el cual ha ido adquiriendo en los últimos años significación a nivel nacional, toda vez que 130 de las 346 comunas del país hoy día poseen condominios de viviendas sociales, y por ende, surge la necesidad de establecer regulaciones, mecanismos y mejoras en lo que significa esta condición de desarrollo inmobiliario.
El gran desarrollo urbano de Chile ha propiciado la concentración de la población en las grandes ciudades, y la forma de resolver el acceso a la vivienda y la edificación de estos espacios determina sus características de construcción.
En general, cabe señalar que la mayoría de estos proyectos de construcción, ante la ausencia de un marco regulatorio, adolecen de diversas falencias y limitaciones.
Por ejemplo, en el 63,5 por ciento de los condominios se identifica algún grado de deterioro en las redes eléctricas y en las cañerías de agua potable. De igual modo, muchos de ellos no cuentan con redes húmedas para la prevención de incendios, y hemos sido testigos en varias ocasiones de los altos riesgos que han amenazado la vida de las personas que allí viven.
Asimismo, en numerosos casos se registran dificultades para el acceso de los propios residentes, incluso para aquellos que padecen alguna condición de discapacidad.
Por lo tanto, la necesidad de establecer mecanismos de regulación se hace cada vez más creciente.
La puesta en escena que durante los últimos días hizo el alcalde de Las Condes, don Joaquín Lavín, a propósito de un proyecto de copropiedad, apunta a colocar en el tapete de la discusión pública el hecho de que no solamente es imprescindible construir, sino también hacer que el desarrollo urbano sea acorde con que nuestras comunidades tengan acceso a los diferentes servicios que ofrecen las ciudades y no se erradique a las familias por su condición social a zonas periféricas, muchas veces con enormes limitaciones.
Se ha hablado en los últimos días, a consecuencia del tema que acabo de señalar, de lo que implica para una familia concurrir a sus espacios de trabajo. Conversábamos recién con la Senadora Ebensperger sobre el particular y veíamos cómo aquellas deben invertir horas y horas del día para desplazarse desde sus residencias a sus lugares de empleo.
Lo anterior es resultado, ni más ni menos, de una mala planificación urbana, de la cual necesariamente tenemos que hacernos cargo, y ese ha sido el gran mérito del alcalde de Las Condes, don Joaquín Lavín, al poner de relieve esta discusión.
Y, como aquí se ha señalado, más allá de quién haya hecho más o quién menos con anterioridad, lo importante es que existe una discusión social sobre planificación urbana que debemos poner en el tapete en nuestra sociedad, pues normalmente estos espacios y sus condiciones han sido tratados de manera bastante invisible.
Además, muchas veces la población más vulnerable ha terminado pagando los costos, pues se ve afectada en lo más esencial al invertir gran parte de su tiempo, que eventualmente podría dedicar a la familia y al desarrollo de mejores condiciones de vida, en su traslado al trabajo.
El proyecto contempla diversas materias en el ámbito de la administración, posibilitando algo que ha sido novedoso en la discusión, como la incorporación de los residentes no propietarios en el tratamiento de aquellas materias que dicen relación con áreas no siempre vinculadas a aspectos estructurales; porque el propio texto establece exigencias y obligaciones -como dice el artículo 5- acerca de la autorización expresa del propietario cuando se trate de asuntos relativos a infraestructura o a otros aspectos.
Por otro lado, estimamos absolutamente conveniente en la realidad actual la creación de un Registro Nacional de Administradores y de hacer escuela en este ámbito.
También hemos visto lo que significa en materia de seguridad ciudadana la vulnerabilidad de estos condominios, sobre todo cuando las debilidades de la gestión se transforman a veces en la ausencia de condiciones adecuadas para la gestión de sus espacios. Por ello, muchas familias se han visto afectadas en estos edificios, a vista y paciencia de los vecinos, a pesar de sus sistemas de seguridad.
Creemos que la creación del Registro Nacional de Administradores es absolutamente relevante, así como la exigencia de contar con mecanismos de capacitación y formación sobre el particular, pues se trata de aspectos del todo necesarios.
En materia de adopción de acuerdos -ya lo señalábamos-, pensamos que la incorporación de los arrendatarios resolverá varios aspectos significativos, fundamentalmente en lo que respecta a asuntos que involucran condiciones del desarrollo de la administración en áreas no sustantivas en cuanto a sus efectos en infraestructura o en cambios de la edificación propiamente tal.
Creemos que, en ese sentido, tales normas van en la dirección correcta.
De esa manera, los efectos de esta iniciativa en orden a permitir la participación, la regulación de mecanismos de consulta, la creación de un Registro Nacional de Administradores y de un mejoramiento en la formación de estos apuntan en un sentido apropiado.
En consecuencia, señor Presidente, pensamos que en este proyecto, que hoy día se vota en general, se dan todas las condiciones para dar un paso en la dirección adecuada, toda vez que dice relación con materias de gestión, de administración, de convivencia y de construcción en ámbitos que alcanzan prácticamente a los condominios de todas las comunas del país, lo cual hace preciso establecer mecanismos regulatorios.
Nos encontramos en el trámite de la votación en general y, por lo tanto, esperamos que el proyecto cuente con el apoyo de la Sala en esa dirección.
El señor DURANA.- Señor Presidente, con respecto al proyecto de ley que nos ocupa, cuya aprobación se busca, me parece necesario reflexionar sobre una situación que afecta a muchos condominios y edificios de nuestro país, esto es, el hecho de que el primer reglamento de copropiedad es impuesto por la empresa constructora e inmobiliaria, lo que hace prácticamente imposible su modificación, dados el alto quorum que se requiere para ello y los costos implicados.
En tal virtud, me preocupa que el artículo 9 del proyecto consigne que "El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio". Es decir, este reglamento, que en la práctica es tan difícil de modificar, seguirá siendo impuesto por una persona en calidad de propietario original del condominio y estableciendo cláusulas y condiciones que puedan llegar a significar verdaderas limitaciones al dominio.
Esta situación debe ser discutida y modificada en la Comisión durante el debate en particular, mediante indicaciones, para no crear una reglamentación inmodificable y violatoria del derecho de los propietarios.
Debemos procurar, en consecuencia, que el reglamento de copropiedad determine que la persona natural o jurídica propietaria del condominio tenga el carácter de provisoria y que la normativa reglamentaria definitiva que se inscriba sea la que adopten los copropietarios cuando se encuentren vendidos a lo menos los dos tercios de las viviendas que conforman el condominio.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, seré muy breve, pues pienso que existe bastante acuerdo en lo que se ha expuesto.
Quiero destacar que el 23,7 por ciento del parque habitacional de nuestro país está acogido a la copropiedad, es decir, uno de cuatro chilenos vive bajo dicho formato.
Eso solo nos indica la importancia del proyecto de ley que nos ocupa.
En segundo lugar, la copropiedad genera ciertas formas de habitar y gobernar las ciudades, que han ido quedando en segundo, o incluso tercer plano, amén de la desinformación que suele existir sobre el reglamento de copropiedad y el estilo de vida actual, lo cual a veces fomenta prácticas que no se condicen con el hecho de vivir en comunidad.
En ese sentido, organizaciones vecinales como las juntas de vecinos, que deberían replicarse en espacios donde la especulación y el individualismo impiden resolver problemas prácticos de convivencia o situaciones mucho más sustanciales relacionadas con el estilo de vida, se hacen sumamente necesarias.
Por lo tanto, esta iniciativa de ley promueve la organización y la participación, incluso de los arrendatarios.
Asimismo, el proyecto dice relación con la gobernanza de las ciudades, dentro de las cuales se ha perdido el sentido de lo público. Una de las características de nuestro país es su crecimiento inorgánico, en que no están considerados los espacios sociales, los accesos, la seguridad de los habitantes de los condominios, lo que, en general, abre márgenes para conflictos no resueltos.
En consecuencia, esta iniciativa establece procedimientos, normas, deberes y derechos, lo cual es muy importante.
Igualmente, creemos que es necesario entrar a una regulación de una serie de elementos relacionados con espacios comunes y otros aspectos, que hoy día en su mayor parte tampoco están regulados, como la construcción de estacionamientos; el diseño mismo de los condominios, específicamente, de los sociales; los cierres perimetrales; el subarriendo y el hacinamiento, que muchas veces provocan que se altere la vida de los vecinos.
Además, quiero destacar la importancia de la normativa sobre copropiedad, que ha permitido en los últimos años a un conjunto de condominios sociales acceder a programas de mejoramiento que, en otras circunstancias, no se hubieran concretado. El hecho de estar constituidos como copropiedad les permite acceder a programas de apoyo del MINVU, por lo que siempre es positivo promover la constitución de la copropiedad y, a la vez, dotarla de más herramientas y derechos para sus integrantes, como plantea esta iniciativa.
Por lo expuesto, apoyamos el proyecto en general y, por cierto, contribuiremos al debate en particular.
El señor MONTES (Presidente).- Hago presente que hay que votar, pues todavía estamos con problemas de quorum.
Le ofrezco la palabra al señor Ministro, que puede intervenir durante el tiempo que necesite para explicar su visión.
El señor MONCKEBERG (Ministro de Vivienda y Urbanismo).- Gracias, señor Presidente. Entiendo el mensaje.
Y me tomo de las palabras expresadas por usted, señor Presidente, al inicio de su intervención respecto a esta iniciativa.
Efectivamente, nos encontramos ante un muy buen proyecto. Es una de las iniciativas que ingresaron a trámite entre fines del año pasado y principios de este, en el Gobierno anterior, y que nosotros, en la actual Administración, resolvimos que era importante mantener, pues se trataba de un proyecto que se había trabajado durante cuatro años y respecto del cual, además, se había logrado un consenso importante.
También es relevante mencionarles a los señores Senadores que este proyecto recogió las propuestas de treinta y tres mociones que dicen relación con esta materia.
Cuando uno lee el mensaje de la Presidenta, aparecen nombrados casi todos los parlamentarios en esas treinta y tres mociones, gran parte de los Diputados y gran parte de los Senadores. Ello habla de la necesidad, de la importancia, de la significación y del impacto ciudadano que posee un proyecto de esta magnitud.
Al mismo tiempo, rescatamos los resultados de las mesas de trabajo y de los seminarios en que participaron miembros de las Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado. La Biblioteca del Congreso también ayudó muchísimo. Con todo ello se llegó a un buen texto, que refleja la necesidad de un cambio importante en esta materia.
Asimismo, es importante tener presente que más del 23 por ciento de las viviendas hoy día están acogidas al régimen de copropiedad. Es un dato relevante, pues existen muchas familias que viven en comunidad, sujetas a esta normativa. Por lo tanto, es importante buscar fórmulas para hacer más eficiente la ley, mejorarla, reglamentarla de buena manera o hacer una corrección después de varios años de vigencia de la primera legislación.
Señor Presidente, el proyecto consta, por así decirlo, de tres áreas centrales de modificaciones.
La primera dice relación con algo muy doméstico, del día a día de la copropiedad y de las familias que deciden vivir en comunidad: la administración y la adopción de acuerdos, que es de gran dificultad.
Hay que recordar que la primera ley sobre copropiedad inmobiliaria, o Ley de Propiedad Horizontal, no regulaba casi nada estos temas. La segunda normativa, la ley N° 19.537, actualmente vigente y que queremos modificar, sí intentó regular de alguna manera todo lo que dice relación con la administración de los condominios. Creó los condominios Tipo A y Tipo B; estableció también una normativa especial para los condominios de viviendas sociales, lo que fue bastante aplaudido. En síntesis, la nueva legislación modernizó lo que era la antigua Ley de Propiedad Horizontal.
Como señalaba anteriormente, una de las modificaciones que plantea el texto en discusión se refiere a los aspectos asociados a la administración y a la adopción de acuerdos que toma la comunidad a diario.
Estamos hablando de muchísimos casos de gran importancia, que algunos encontrarán de Perogrullo, de naturaleza bien doméstica, pero que, sin embargo, dificultan el avance de la administración, la buena adopción de acuerdos. Por lo tanto, muchas de las iniciativas que los condominios o los comités de administración quieren llevar adelante no se pueden implementar de buena manera.
Por ejemplo, los arrendatarios necesitaban una autorización especial de parte de los propietarios para concurrir a las asambleas. Normalmente, muchas viviendas son arrendadas. En consecuencia, es importante mencionar que, de aprobarse estas modificaciones, dicha autorización no se va a exigir. Se requerirá un documento solo si se quiere impedir que asista el arrendatario. Va a recogerse de buena manera la posibilidad de que el arrendatario, por el solo ministerio de la ley, se entienda autorizado para estar presente en la asamblea. Esta es una de las situaciones que uno ve como simples, pero que dificultan la buena marcha en la administración y la adopción de acuerdos por parte del comité de administración y de la administración propiamente tal de la comunidad.
También se mejoraron varios aspectos que dicen relación con ordenar las asambleas, ordinarias y extraordinarias, y con dar facilidades para que se alcancen los quorums.
Así, queda claro que en el caso de las asambleas ordinarias el quorum para constituirse será el de quienes concurran y el quorum para adoptar acuerdos será la mayoría absoluta de los asistentes. En las asambleas extraordinarias habrá dos clases de quorum. Para materias más importantes existirá un quorum reforzado, de 66 por ciento de los derechos del condominio para constituirse. Y tratándose de temas más simples, las asambleas extraordinarias se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los derechos del condominio.
Al mismo tiempo, habrá una actualización en la manera de informar, incorporándose la citación electrónica. Es evidente que no hay para qué citar a los copropietarios por medio de papel, en primera, en segunda citación, como se hablaba hace quince o veinte años. Hoy día el uso de los medios digitales es importante para los efectos de la citación y de la adopción de acuerdos. También se puede avanzar en esa línea.
El proyecto de ley contiene muchos cambios relevantes en la administración y en la adopción de acuerdos, que buscan principalmente facilitar la vida en comunidad y entender que muchas veces hay dificultades para aunar criterios.
Por ejemplo, cuando se construye un edificio o viviendas acogidas al régimen de copropiedad existe la obligación de que el primer propietario dicte su reglamento. Pues bien, según la normativa actual, la asamblea para mantener, modificar o sustituir ese primer reglamento se debe convocar cuando se haya enajenado el 75 por ciento de las unidades objeto de venta. Conforme a la iniciativa en trámite, ese porcentaje se reduce a 66, con la finalidad de que rápidamente se produzca esa primera asamblea extraordinaria de copropietarios y se puedan adoptar acuerdos, controlar y empezar a manejar la comunidad y no seguir dependiendo simplemente del reglamento del primer propietario.
Cabe precisar que el proyecto deroga la actual Ley de Copropiedad Inmobiliaria y dicta una nueva, sistematizándola, ordenándola de mejor manera, pues se hace muy necesario.
Siguiendo con las modificaciones de orden administrativo, es importante mencionar que se crea la figura de los subadministradores. En aquellos condominios que cuenten con más de doscientas viviendas necesariamente se requerirá esta figura.
Sin duda, respecto de lo anterior habrá temas que deberemos ir resolviendo a través de indicaciones, que han surgido del debate en la Comisión, que presentaremos como Ejecutivo y seguramente también formularán los Senadores y las Senadoras, de manera de mantener la figura de los subadministradores, pero introduciendo ciertas correcciones.
Por ejemplo, en el caso de un solo edificio de doscientos veinte departamentos no tiene sentido que haya dos subadministradores o dos administradores. Entonces, ahí se tiene que generar cierta flexibilidad, para que sea positiva la modificación que se está trabajando.
También se proponen normas respecto a la nulidad del reglamento de copropiedad, que hoy día no se puede solicitar. Por lo tanto, también hay un avance en ese sentido.
Pero habrá que hacer correcciones y se tendrán que presentar indicaciones -como ya señalé- para los efectos de aprobar un buen proyecto de ley en la discusión en particular.
Una segunda área de modificaciones dice relación con la regulación de aspectos urbanos y constructivos.
Tanto en el debate como en la discusión prelegislativa se avanzó mucho en cómo llevar adelante de buena manera los condominios, a fin de evitar que se transformen en megacondominios que se hagan poco administrables.
Por lo tanto, hay una serie de normas que buscan regular de mejor manera la constitución y creación de condominios, para, a su vez, permitir que cuenten con una mejor administración. Si van a emplazarse dentro de una ciudad, se busca prevenir que se conviertan en megacondominios que finalmente dan origen a verdaderos guetos o lugares cerrados con muchas familias, los cuales se hacen difíciles de administrar y no conversan con la trama de la ciudad, sobre todo por el impacto vial que pueden llegar a generar.
Hay un sinnúmero de normas que dicen relación con esas materias y que es necesario estudiar. Muchas de ellas también vamos a ir corrigiéndolas mediante indicaciones.
Existen modificaciones en otras áreas, señor Presidente.
Por ejemplo, se plantea cambiar el orden de prelación, dándole un privilegio de primera clase a la deuda que generan los gastos comunes morosos. Como mencioné, hoy día no están en primera clase, pero la ley en proyecto propone -es un tema que deberán ver y estudiar los parlamentarios- que la deuda de gastos comunes tenga un orden de prelación de primera clase.
De otra parte, se acaba el concepto de "interés máximo convencional" para los gastos comunes morosos. La actual normativa dispone que cuando una persona se atrase en el pago de sus gastos comunes se le aplicará el interés máximo convencional. Pero eso ahora se flexibiliza con el objeto de que no se tenga que aplicar de buenas a primeras.
Del mismo modo, se mejoran los aspectos relacionados con la suspensión de servicios.
Señor Presidente, estoy hablando de una serie de situaciones que pueden ser muy domésticas, pero que sí influyen en el día a día de las familias, que han estado pidiendo que legislemos sobre tales aspectos. Eso fue lo que finalmente llevó a actuar al Congreso y al anterior Ejecutivo e hizo que el actual Gobierno del Presidente Piñera, siguiera impulsando este proyecto, porque creemos que estas cosas domésticas son importantes, pues influyen en el día a día de las familias que deciden vivir en comunidad.
En cuanto a la suspensión de servicios, todos sabemos que hoy es posible cortar solo el servicio eléctrico. Y lo que plantea este proyecto es avanzar en ese aspecto y permitir también la suspensión de los servicios de telecomunicaciones y de gas a fin de darles mayores posibilidades a quienes administran para lograr que los gastos comunes se vayan pagando.
También se establecen requisitos para quienes administren los condominios de manera remunerada. Se trata de ciertas exigencias que dicen relación con la preparación de estas personas, porque ha habido quejas de muchas familias que viven en comunidad en cuanto a estafas o respecto de gente que carece de la capacidad para desempeñar dicha labor.
Se exigirá al administrador presentar un presupuesto año tras año, un detalle de cómo va a administrar la comunidad el año siguiente. De no ser así, puede generarse, en caso de que la administración no se encuentre bien presupuestada, una deuda importante para las familias que viven en comunidad. Tenemos que pensar que no se trata solo de edificios donde viven veinte o treinta familias, sino que a veces son condominios con cien, doscientas, trescientas o cuatrocientas familias. Por tanto, el impacto de un mal manejo financiero en la comunidad puede llegar a generar un lío gigante para las familias.
De todas esas cosas se hace cargo el proyecto de ley.
También es importante señalar que se avanza en otra área: la resolución de conflictos.
Hoy la resolución de los conflictos no ha sido bien abordada. Está la competencia del juzgado de policía local. Pero también existe la posibilidad de avanzar en un arbitraje. Y si los comuneros deciden ir a arbitraje, tienen que aceptar el fallo, obviamente, y después existe la posibilidad de interponer recursos de apelación y de casación en la forma.
La ley en proyecto simplifica un poquito más la situación -estamos revisando esta materia-, pues, si bien se afianza la fórmula del juzgado de policía local, se genera la posibilidad de la justicia arbitral, pero no con un árbitro arbitrador, sino con un árbitro en derecho, con lo cual se acaba la posibilidad de la apelación y de la casación. Eso es lo que busca esta iniciativa. Pero también hemos escuchado opiniones de Senadores en el sentido de que habría que mirar bien esta situación. Lo que persigue el proyecto es dar certeza y rapidez, de manera que los conflictos de las comunidades no se eternicen y terminen eventualmente en las cortes de apelaciones o en la Corte Suprema. Hay que tratar de resolverlos en forma previa y anticipada.
La propia Corte Suprema, en su informe sobre el proyecto de ley, señaló que lo que se busca es que en esta vida en comunidad sean los propios administradores o quienes viven o conviven ahí los encargados de resolver los problemas y no que lleguen a la Corte Suprema, sobre todo cuando muchas veces se trata de cosas que no deberían distraer más atención que la de la propia comunidad, que tendría que ser capaz de resolver sus conflictos.
Señor Presidente, también se recoge la inquietud de muchos parlamentarios en materia de fiscalización.
Hoy día no existe una superintendencia.
Cuando discutíamos el proyecto que regulaba la seguridad privada también se hablaba de la necesidad de contar con una superintendencia que regulara más allá del gobierno de turno.
En el caso de la vida en comunidad, se plantea la posibilidad de que exista la fiscalización de una superintendencia. Pero eso, muchas veces, se complejiza, no porque no sea oportuno llevar adelante tal propósito, sino porque falta presupuesto para contar con un organismo de aquella magnitud.
Al final, si insistimos en esa vía, podríamos quedarnos incluso sin el proyecto de ley porque no tendremos una superintendencia que fiscalice.
Sin embargo, existen herramientas intermedias. Por ejemplo, las seremías. Los alcaldes siempre se quejan, con justa razón, de que les cargamos la mano con muchas atribuciones y pocos recursos. Pero está la estructura del Ministerio de Vivienda, que perfectamente a través de sus seremías, presentes en cada región, podría llevar adelante o generar un rol de mayor fiscalización respecto de lo que ocurre en los condominios. Las seremías también serían un buen agente a la hora de resolver problemas que ocurran en la comunidad, antes de llegar, por ejemplo, al juzgado de policía local o a un arbitraje. Podría fiscalizar de buena manera.
En definitiva, señor Presidente, estamos en presencia de un buen proyecto de ley.
Usted mismo lo dijo hoy en la cuenta pública: la Ley de Juntas de Vecinos cumple -si mal no recuerdo- cincuenta años. Y van a llevar adelante un seminario y un homenaje por lo que ha significado esa normativa.
Aquí sucede lo mismo. Hay una legislación sobre copropiedad que partió muy tímidamente con la Ley de Propiedad Horizontal y que luego siguió con la actual Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Y ahora esta iniciativa busca entender que la vida en comunidad ya bordea un 25 por ciento de las familias. Estas se encuentran reguladas a través de reglamentos. Pero esto implica mucho más que el cumplimiento de normas: es saber convivir en una determinada comunidad, entender que son familias que llegan ahí con intereses y ganas distintas y que deben ser capaces de convivir de buena manera.
Por lo tanto, lo que busca la ley en proyecto es regular de mejor forma no solo la vida en comunidad, sino también todo lo que tenga que ver con los proyectos inmobiliarios que se van a llevar adelante con este tipo de normativa. Se quiere evitar que se cometan abusos o excesos de parte de estos proyectos inmobiliarios hacia familias que confiaron y creyeron en ellos y que muchas veces no resultan ser lo que se les dijo. Esta iniciativa persigue regular y reglamentar todo ello de buena manera.
Señor Presidente, como Gobierno hemos impulsado este proyecto, con las indicaciones pertinentes. Y les pido a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que le den su aprobación en general. Ya tendremos -cuando así lo indique el Presidente de la Comisión, Senador Alejandro Navarro- la posibilidad de volver a discutir en particular cada norma para así despachar la iniciativa y verla convertida en ley. Este es el primer trámite; posteriormente deberá pasar a la Cámara de Diputados.
Espero haber cumplido su expectativa de buena manera.
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
Antes de darle la palabra al Senador señor Letelier, quiero destacar el papel que jugó en el procesamiento del proyecto de ley en análisis la asesora de la Biblioteca del Congreso señora Verónica de la Paz -se encuentra en las tribunas-, quien estuvo encima de la iniciativa y realizó un trabajo bastante completo.
A los señores Senadores que quieran revisar la documentación del proyecto (tiene el boletín N° 11.540-14), en la página web podrán ver no solo el informe de la Comisión y el proyecto original, sino también el informe técnico de la Biblioteca y otros antecedentes que les permitirán mirar en conjunto el tema.
El trabajo que efectuó la señora De la Paz es muy completo. Por eso lo quería destacar.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, me sumo a la valoración del proyecto, a lo importante que es flexibilizar realidades.
Mi única duda -la adelanto para la discusión en particular- va dirigida al Ministro de Vivienda y al equipo que sigue el proyecto. Mi preocupación apunta a que esto es más fácil cuando se trata de propietarios. Pero cuando los arrendatarios son una abrumadora mayoría y resulta casi imposible encontrar a los propietarios, la interpretación sobre cómo se constituyen los entes de administración conjunta se vuelve más compleja, particularmente en los condominios sociales: en algunos será más fácil; en otros, bastante más difícil.
Formulo este planteamiento porque el punto en cuestión se relaciona con las exigencias del Ministerio de Vivienda para postular a sus programas de mejoramiento.
Entiendo que no tenemos por qué asociar las dos normas. Pero, de hecho, dicha Cartera exige que estén constituidas las entidades administradoras de copropiedad, lo que en algunos barrios resulta muy complejo, por distintas causas: los propietarios no están, no cooperan; los arrendatarios se encuentran medio dispuestos, a veces -en cuanto tales, no siempre-, a ayudar.
Quizás tengo una visión sesgada, señor Presidente, pero imagino que en algunas partes muchas veces puede ocurrir que en los edificios de condominios sociales los propietarios arrienden sus viviendas a inmigrantes y lo hagan en condiciones infrahumanas, lo cual debería estar prohibido por ley. Y eso demuestra cuál es el apego del propietario con el quehacer del condominio respectivo.
Ahí apunta mi inquietud. Y la expongo porque valoro harto lo que dispone el artículo 20, inciso cuarto, donde se modifican los quorums requeridos para adoptar determinados acuerdos.
En definitiva, lo único que deseo plantear, expresando mi valoración en general, es que cuando se trata de ciertos fines de los programas de vivienda uno se encuentra incluso con excepciones; con procedimientos para segundos llamados en los que se toman decisiones considerando a los asistentes y no a los inscritos, o bien, con la imposición al propietario ausente, en forma directa o indirecta, de obligaciones por el solo ministerio de la ley.
Dejo planteado el punto, pues me parece muy importante.
Antes de concluir mi intervención, señor Presidente, quiero felicitarlo particularmente por su compromiso permanente con la idea de sacar adelante este cambio legal.
Finalmente, por su intermedio, le pido al señor Ministro que busque mecanismos para flexibilizar aún más el esfuerzo dirigido a que los condominios sociales se acojan a las políticas de vivienda cuando tengan dificultades para constituirse formalmente.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Galilea.
El señor MONTES (Presidente).- En cuanto al plazo para formular indicaciones, con el Ejecutivo concordamos el 10 de septiembre.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor Jaime Quintana Leal para ausentarse del país a partir del 21 de julio en curso.
Boletín N° S1995-12
El señor MONTES (Presidente).- Por último, la Sala debe pronunciarse acerca de un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Quintana; señoras Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y señores Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quinteros y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.995-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 32ª, en 11 de julio de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Mediante este proyecto de acuerdo las señoras Senadoras y los señores Senadores ya individualizados le solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, envíe a tramitación legislativa un proyecto de ley con el objeto de fomentar la ópera en Chile.
¿Quiere hacer algún planteamiento, Senador señor Ossandón?
El señor OSSANDÓN.- No, Su Señoría.
El señor QUINTANA.- ¿Puedo fundamentar mi voto, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- En estos casos no se fundamenta el voto, señor Senador, salvo que exista acuerdo de la Sala.
¿Les parece a Sus Señorías que el Honorable señor Quintana haga uso de la palabra?
El señor PIZARRO.- No se puede, señor Presidente.
El señor Secretario me dice que Su Señoría podría fundamentar su voto. Sin embargo, yo entiendo que en estos proyectos de acuerdo no existe dicha posibilidad. De lo contrario, la votación sería bastante más larga.
El Senador señor Quintana es uno de quienes elaboraron el texto pertinente y presentaron el proyecto de acuerdo.
¿Habría acuerdo para darle la palabra?
El señor PIZARRO.- No, señor Presidente, porque no es posible.
El señor QUINTANA.- ¿Me permite exponer un punto de Reglamento, Su Señoría?
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo entiendo que el derecho a fundamentar el voto está por sobre cualquier acuerdo de la Sala.
El señor MONTES (Presidente).- No, señor Senador. Sucede que en los proyectos de acuerdo...
El señor QUINTANA.- Perdóneme por interrumpirlo, señor Presidente: yo pediría la opinión del señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como opinión, yo diría que la costumbre ha sido no fundar el voto. Sin embargo, el fundamento de voto no está prohibido en ningún asunto que el Senado vea en la Sala.
Pero esa es la opinión de la Secretaría.
El señor MONTES (Presidente).- Hagamos una excepción y le otorgamos la palabra al Senador señor Quintana, para no iniciar una discusión reglamentaria sobre si el fundamento de voto corresponde o no tratándose de proyectos de acuerdo.
Sin embargo, debo decir que la tradición de que no existan intervenciones por esa vía tiene un sentido: no hacer infinita la votación de este tipo de proyectos de acuerdo.
¿Habría acuerdo para darle la palabra al Senador señor Quintana?
El señor PIZARRO.- ¡No existe acuerdo, señor Presidente! ¡Ya dije que no!
Prosigue la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (25 votos favorables).
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes y Provoste y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad, para plantearles REAPERTURA DE CAMINO QUE PASA POR INTERIOR DE PREDIO DE GANADERA AGRÍCOLA SAN PEDRO LÍDER, EN COMUNA DE LOS LAGOS.
A las señoras Ministras de Transportes y Telecomunicaciones, de Energía y del Medio Ambiente, a fin de que remitan antecedentes acerca de ADJUDICACIÓN DE TAXIS ELÉCTRICOS EJECUTIVOS EN REGIÓN METROPOLITANA Y LICITACIÓN DE TAXIS ELÉCTRICOS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO Y DE BUSES ELÉCTRICOS PARA TRANSANTIAGO, Y POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE ESE TIPO DE VEHÍCULOS EN OTRAS REGIONES EN PRÓXIMOS AÑOS.
A las señoras Ministra de Energía y Directora Ejecutiva de BancoEstado, pidiéndoles datos referidos a CONVENIO MINISTERIO DE ENERGÍA-BANCOESTADO PARA IMPLEMENTACIÓN EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA DE PLAN PILOTO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Y al señor Superintendente de Servicios Sanitarios, solicitándole información sobre DEUDA MILLONARIA DE COMITÉ DE VIVIENDA "RENACIENDO LA ESPERANZA", DE COMUNA DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA, CON EMPRESA ESSAL.
A la señora Directora Nacional subrogante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, requiriéndole INVESTIGACIÓN Y EVENTUALES SANCIONES ANTE DENUNCIA POR PRESENCIA DE FLOTA DE PESCA INDUSTRIAL EN COSTAS DE PUERTO SAAVEDRA.
A los señores Coordinador de Concesiones de Obras Públicas y Director de Vialidad de La Araucanía, formulándoles consulta en torno a FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLA DE MAYOR TAMAÑO EN CAMINO PADRE LAS CASAS-CUNCO, POR HUICHAHUE, FRENTE A HOGAR DE ANCIANOS REVOSO.
Al señor Secretario Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía, recabándole información atinente a NORMAS REGULATORIAS DE REALIZACIÓN DE FLETES URBANOS Y RURALES POR PEQUEÑOS TRANSPORTISTAS.
Al señor Superintendente del Medio Ambiente, a fin de pedirle copia de PRONUNCIAMIENTO SOBRE CONTAMINACIÓN DURANTE ACTIVIDAD PORTUARIA DE EMPRESA ANTOFAGASTA TERMINAL INTERNACIONAL.
Al señor Ministro de Educación, para requerirle que dé a conocer POSICIÓN DEL EJECUTIVO ANTE PROBLEMÁTICA DE PSICOPEDAGOGOS E INSTALACIÓN DE MESA DE TRABAJO COMPROMETIDA POR GOBIERNO PRECEDENTE.
Al señor Ministro de Salud, a los efectos de consultar sobre NÚMERO DE CAMAS DE CUIDADO INTENSIVO EN REGIÓN DE VALPARAÍSO Y DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN EN DÍA DE MUERTE DE DOÑA AMELIA SALAZAR JORQUERA, Y SUMARIO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
A los señores Intendente del Biobío; Gobernador de Concepción; Director de Aeropuertos del Biobío, y Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas del Biobío, para que se informe respecto a POSIBILIDAD DE ILUMINACIÓN EN AERÓDROMO DE ISLA SANTA MARÍA, COMUNA DE CORONEL.
Al señor Superintendente de Educación, con el objeto de que se envíen antecedentes de INSPECCIONES A LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI, COMUNA DE LOTA, CON DETALLE DE INFRACCIONES Y MULTAS.
Al señor Secretario Municipal de Lota, para que remita copias de ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO DE LOTA RELATIVAS A LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI.
Y al señor Director del Departamento de Educación y a la señora Directora de Obras Municipales de Lota, requiriéndoles PLANOS DE REPARACIONES Y MEJORAS EN LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI.