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Timestamp: 2019-07-24 03:06:17
Document Index: 21394732

Matched Legal Cases: ['artículo 215', 'artículo 241', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 9', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 83']

Sentencia de Constitucionalidad nº 257/11 de Corte Constitucional, 6 de Abril de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 285842371
Decreto legislativo 143 del 21 de enero de 2011. Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero se modifica el artículo segundo del decreto 4628 de 2010. Revisión de constitucionalidad. En el presente caso se da la figura jurídica denominada inexequibilidad por consecuencia, por cuanto la corte constitucional, mediante sentencia c-216/2011 declaró integralmente inexequible el decreto 020 de 2011, el cual fue el fundamento jurídico de la norma en examen. Es decir, que declarada la inexequibilidad del decreto básico, corren igual suerte los decretos legislativos dictados bajo su amparo. Inexequible.
C-257-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-257/11
Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo No. 143 del 21 de enero de 2011, Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010.
En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el día 24 de enero de 2011, el Presidente de la República radicó en esta Corporación copia del Decreto Legislativo N° 143 de 2011, por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del Decreto 4628 de 2010, expedido el día 21 de enero de 2011, para efectos de su revisión constitucional de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 7° de la Carta Fundamental.
TEXTO DEL DECRETO. El siguiente es el texto del Decreto No.143 del 21 de enero de 2011, tal como aparece publicado en el Diario Oficial N° 47. 959 de la misma fecha:
DECRETO 143 DE 2011
Que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam, en varias regiones del país se mantienen las alertas debido a los efectos del Fenómeno de La Niña relacionadas con deslizamientos de tierra, inundaciones y crecientes súbitas. A nivel de inundaciones se mantienen anegados los municipios de Campo de la Cruz, Manatí, Santa Lucía y S. en el Atlántico, debido al rompimiento del Canal del Dique. Igualmente persisten los niveles altos en la parte media y baja de la Cuenca del río M., desde Barrancabermeja hasta la desembocadura en el mar Caribe; en las cuencas media y baja del río Cauca y su confluencia con el río M., en especial las zonas ribereñas bajas en la Depresión Momposina Sucreña y la Cuenca del río Catatumbo en Norte de Santander, en donde se reportan niveles muy altos y superiores a las cotas de inundación y rupturas de los jarillones en varios sectores que generan inundaciones lentas afectando a los pobladores y zonas cultivables.
Que así mismo, se ha reportado la persistencia de lluvias por encima del promedio que satura los suelos y los hace inestables manteniendo la amenaza alta por deslizamientos de tierra en zonas de montaña en los departamentos de Cauca, C., Antioquia, Chocó Quindío, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima, H., V. delC., N., Cundinamarca y en el Piedemonte del Meta. Igualmente se mantiene la alerta ante la posibilidad de descargas de vertimientos en la mayoría de los embalses de Antioquia y en el Embalse de Prado-Tolima.
(...) La preservación, conservación, mantenimiento y ampliación de las zonas de ronda de protección o fajas paralelas de protección de fuentes hídricas y cuerpos de agua como ríos, quebradas, arroyos, manantiales, lagunas, lagos, meandros, humedales, ciénagas y demás; así como la preservación, conservación, mantenimiento y ampliación de sus zonas de manejo, zonas de protección ambiental y rondas hídricas.
Artículo 2o. Facúltese a las entidades públicas, las entidades territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales a las cuales corresponde desarrollar proyectos en las zonas de desastre afectadas por el Fenómeno de La Niña, o zonas de riesgo e influencia, para adquirir, por motivos de utilidad pública e interés social, mediante negociación directa o expropiación por vía administrativa, previa indemnización, los inmuebles que se requieran para el cumplimiento de los fines a que se refiere el presente decreto.
ARTÍCULO 3o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación
1.1 El Gobierno Nacional mediante el Decreto 4580 de diciembre 7 de 2010, declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica, por el término de treinta (30) días, en razón a la ola invernal ocurrida en todo el territorio nacional que tuvo su génesis en el Fenómeno de la Niña.
1.2 Sin embargo, aunque el Gobierno expidió una serie de medidas destinadas a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, se presentaron una serie de hechos sobrevivientes e imprevisibles cuya magnitud desbordó las facultades ordinarias del Estado. Estas nuevas tragedias son: i) grandes desplazamientos de tierra en masa. ii) aumento de las precipitaciones de lluvias. iii) aumentos y desbordamientos en los caudales de ríos.
1.7 El decreto supera el análisis de i) suficiencia, pues los mecanismos ordinarios no cumplen con la celeridad que requieren las medidas a adoptar para conjurar la emergencia; ii) necesidad, al resultar imperativo para alcanzar los fines perseguidos y iii) proporcionalidad como quiera que las medidas adoptadas corresponden a la gravedad de los hechos.. Además, se mantiene incólume la prevalencia de los tratados internacionales y se conserva la intangibilidad y el núcleo esencial de los derechos y libertades.
1.8 El Decreto legislativo 141 de 2011, modificó los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45,, 65, y 66 de la Ley 99 de 1993. El artículo 9º le otorgó competencias específicas a las Corporaciones Autónomas Regionales sobre protección y conservación de las zonas inundables, fajas y rondas de protección, así como sobre playones de las fuentes hídricas, con el fin de adelantar acciones indispensables para recuperar las dinámicas fluviales alteradas por la ola invernal. Esta nueva función se materializa en la realización de obras de contención y control de flujos, protección de orillas y regulación hídrica y requiere de la recuperación de las áreas costeras ilegalmente ocupadas y de la adquisición de predios ubicados en zonas ribereñas que superan el margen de propiedad pública, lo cual demuestra la necesidad de extender las facultades de negociación directa y expropiación administrativa a las Corporaciones Autónomas Regionales.
Por todo lo anterior, la Presidencia de la República expresa la plena conformidad de la medida de excepción con el texto de la Carta y solicita se declare su exequibilidd por la Corte Constitucional.
2.2 Señala el Ministerio que existe conexidad externa de las medidas adoptadas por el Decreto 143 de 2011 con el Decreto 020 del mismo año y conexidad interna con la motivaciones que se expusieron en la parte considerativa del decreto de expropiación. Explica que la expropiación a que se hace referencia, se refiere a aquellas áreas que con anterioridad al Decreto 2811 de 1974, constituyen derechos adquiridos de los propietarios riberanos a los cuerpos de aguas a que refiere el artículo 83 ibídem y el artículo 1º del Decreto legislativo 4628 de 2010, pues es claro que con la entrada en vigencia del Decreto 2811 de 1974, las zonas de ronda son bienes de uso público y por lo tanto inembargables, imprescriptibles e inalienables.
2.3 La medida adoptada busca blindar pareas de especial protección ecológica como son las cuencas hídricas de los ríos y demás cuerpos de agua que debieron ser reguladas por las Corporaciones Autónomas Regionales conforme a los Decretos 1604 y 1729 de 2002.
2.4 La necesidad de las medidas radica en que con anterioridad al decreto 2811 de 1974, artículo 83, no era viable la expropiación por vía administrativa de los terrenos adquiridos por propietarios riberanos. Indica el Ministerio que los cuerpos de agua, como las áreas de especial protección ecológica son de interés público y la medida establece la posibilidad de reversión de las mismas a favor del Estado para reestablecer el orden ecosistémico que a ellas sirve y que fue afectado por la ola invernal. De otra parte, la medida es proporcional porque el interés general supera el interés particular.
3.1 El Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través del doctor A.B.S., plantea que examinado el Decreto No.143 de 21 de enero de 2011, no se encuentran vicios formales que permitan declararlo inexequible.
3.2 Desde el punto de vista material, para el Instituto resulta de dudosa exequibilidad la segunda declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, en cuanto no se presentan hechos nuevos, de carácter sobreviviente, esto es, súbitos o no previsibles, sino que, como el propio decreto lo afirma se trata de hechos que hacen parte de las consecuencias del fenómeno climático La Niña.
¿Cuáles son las razones para adicionar bajo el Decreto 020 de 7 de enero de 2011 -declaratoria de emergencia Económica, Social y Ecológica-, el Decreto 4628 de 13 de diciembre de 2010 expedido con ocasión de la Emergencia declarada mediante el Decreto 4580 de 2010? ¿Por qué razón no se hizo dicha adición bajo el amparo del Decreto 4580 de 2010? ¿Qué hechos nuevos acaecidos con posterioridad a la primera declaratoria de emergencia soportan el contenido de esta adición?
¿Qué proyectos deben desarrollar, en concreto, las Corporaciones Autónomas Regionales frente a la emergencia declarada que requieran facultarlas para adelantar procesos administrativos de expropiación?
¿Qué mecanismos se han previsto, a efectos de vigilar que dicha facultad no genere en eventuales abusos o desviación de poder?
Mediante oficio de 7 de febrero de 2011, suscrito por el S. General de la Presidencia de la República se remitió a esta Corporación el memorando 2100-3-13120 de 4 de febrero de 2011 de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por el cual se da respuesta a tales interrogantes, así:
No obstante lo dispuesto en el Decreto 141 de 2011, a través del cual se establecieron a las CAR una serie de funciones relacionadas con la emergencia que vive el país, algunas de las cuales se relacionan con la recuperación de las zonas de protección humedales, rondas y playones ocupados o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas, que antes estaba radicada en cabeza del INCODER, es claro que esta actividad debe realizarse de manera previa, a la nueva facultad establecida a través del Decreto 143 de 2010, que las faculta par adquirir, por motivos de utilidad pública e interés social, mediante negociación directa o expropiación pro vía administrativa, previa indemnización, los inmuebles que se requieran para el cumplimiento de los fines a que se refiere el presente decreto.
A fin de evitar situaciones que vayan en contravía con la necesidad de recuperar y conservar los humedales , rondas y playones ocupados o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es importante que se adelanten las acciones de prevención y planificación previstas en el Decreto 141 de 2011, de manera previa a lo ordenado por el Decreto 143 de 2011.
1) Proyectos de Contención y Control de Flujo: Tienen como propósito principal contener el flujo dentro del cause o cuerpo de agua evitando que se desborde y genere inundaciones. Constituyen la primera línea de acción a la hora de atender la emergencia, pues de ello depende que una inundación no se produzca, no se agrande o no continúe. Dentro de estos proyectos se realizan obras que pueden requerir el uso inmediato o muy rápido de predios privados y por lo tanto su compra o expropiación.
Construcción de diques de protección, tablescados.en algunas ocasiones requieren de terrenos que van más allá del área de protección (ronda hídrica)
Rectificación de causes y obras de encauzamiento. Estas obras son necesarias para direccional el flujo de agua, evitando que pase por zonas vulnerables o habitadas y en algunos casos se requieren terrenos para su ejecución
2) Proyectos de protección de orillas  cubrir las orillas de los ríos , lagunas etc, con materiales que garanticen que no se presenten fallas en las estructuras naturales de contención de agua
Construcción de zonas como enrocados, bolsacretos, colchacretos. Estas obras  pueden requerir terrenos que están más allá de la zona hídrica.
Proyectos de Regulación Hídrica:
Dragados de relimpia o de mantenimiento: Para estas obras igualmente se requiere en algunos casos terrenos para la disposición final de lodos, sedimentos o basuras
Obras para almacenamiento de pulsos de agua: Estas obras en ocasiones requieren de la adquisición de predios privados para alcanzar los volúmenes de almacenamiento de agua requeridos para flujos derivados de precipitaciones que corresponden a periodos de retorno cada vez mayores como los que ha generado el reciente fenómeno de La Niña.
Respecto de la pregunta de la pregunta a que hace mención la letra c), se responde:
El Decreto 141 de 2001, en sus artículos 4 a 9 introduce modificaciones importantes a la estructura y funciones de los organismos de dirección y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales y las Corporaciones de Desarrollo Sostenible; es decir a los Consejos Directivos y al Director General, que le permiten al Gobierno Nacional y especialmente, al Ministerio, a través de estos organismos tener una mejor vigilancia y control de sus actividades.
El señor P. General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia, por el cual invocó la INEXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 143 de 2011, en consideración a que mediante el concepto 5093 se solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del Decreto 020 del 7 de enero de 2011.
Inconstitucionalidad por consecuencia del Decreto Legislativo 126 de 21 de enero de 2010.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-216 del veintinueve (29) de marzo de 2011, declaró integralmente inexequible el Decreto 020 de 2011, por el cual el Presidente de la República declaró por segunda vez un Estado de Emergencia Económica, Ecológica y Social, por un período de treinta (30) días. Dicha declaratoria tiene efectos inmediatos y hacia el futuro.
Así las cosas, el Decreto Legislativo 143 de enero 21 de 2011, resulta inexequible por consecuencia. En efecto, el decreto que declaró el estado de emergencia económica, ecológica y social es el instrumento a través del cual el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción, incluidas las de legislar a través de decretos con fuerza de ley, de manera que una vez excluido del ordenamiento, mediante sentencia de inexequibilidad la norma de autohabilitación, los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr igual suerte. Ha sostenido la Corte en relación con la inexequibilidad por consecuencia, también llamada inconstitucionalidad consecuencial que:
La Corte de manera general ha señalado que se configura una inconstitucionalidad consecuencial cuando en los casos de decretos con fuerza de ley, derivados ya sea de la declaratoria del estado de emergencia o del ejercicio de facultades extraordinarias, ha recaído un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre el decreto que declara el estado de emergencia o sobre la norma legal de autorizaciones extraordinarias.[] [1]
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-216 de 2011.
Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 143 de enero 21 de 2011 Por el cual se adiciona un numeral al artículo primero y se modifica el artículo segundo del decreto 4628 de 2010.
N., comuníquese al P. de la República y al Presidente del Congreso, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53889 de 19 de Mayo de 2011