Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-55-de-febrero-15-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_759920422d8df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-05 23:08:32
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﻿ RESOLUCIÓN 55 DE FEBRERO 15 DE 2007
RESOLUCIÓN 55 DE 15 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:ENTIDADES PÚBLICAS. SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DE COBRO COACTIVO DE LA CARTERA A FAVOR DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. DEROGA LA RESOLUCIÓN 308 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA
RESOLUCIÓN UAE CRA-UAE 55 DE 2007
“Por la cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”.
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006 y el Decreto 1905 de 2000, y
Que el artículo 2º de la Ley 6ª de 1992 confirió la facultad a las entidades públicas del orden nacional, entre ellas, a los organismos adscritos a los ministerios, para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor por jurisdicción coactiva, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo;
Que el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, determina que se debe “Establecer mediante normatividad de carácter general por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el reglamento interno del recaudo de cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”;
Que de conformidad con el artículo 5º de la norma antes mencionada, se estableció la “facultad de cobro y procedimiento para las entidades públicas”; el cual determinó que: “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario”;
Que la Ley 1066 de 2006 determinó en el parágrafo 2º del artículo 5º que los representantes legales de las entidades referidas en el mismo artículo quedan facultadas para dar aplicación a los incisos 1º y 2º del artículo 820 del estatuto tributario, para efectos de dar por terminados los procesos de cobro coactivo;
Que con base en el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006 se estableció el límite de inembargabilidad de la siguiente manera: “… límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.
La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad”;
Que el Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006, señaló en su artículo 2º los aspectos mínimos que debe contener el reglamento interno del recaudo de cartera;
Que en el artículo 3º del Decreto 4473 de 2006 se ordenó definir en el reglamento interno de cartera, los criterios para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago y señaló los aspectos mínimos a considerar;
Que el artículo 4º ibídem señaló los criterios con base en los cuales se incluirán los parámetros para exigir las garantías a favor de la entidad;
Que en el artículo 5º de la norma antes mencionada, se determinó que las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006, deberán aplicar en su integridad el procedimiento establecido por el estatuto tributario nacional o el de las normas a que este estatuto remita, para el ejercicio del cobro coactivo;
Que se cobra a través de jurisdicción coactiva, los títulos ejecutivos que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible a favor de la entidad que, para el caso de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en adelante CRA, corresponden, entre otros, a los actos administrativos debidamente ejecutoriados que imponen la obligación de pagar una suma de dinero a favor de la entidad, que deben cancelar las empresas que prestan el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, en todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994;
Que para la ejecución del cobro de las deudas a favor de la CRA, se atiende el trámite del procedimiento administrativo coactivo del estatuto tributario, lo correspondiente al proceso ejecutivo contenido en el Código de Procedimiento Civil y las normas especiales del Código Contencioso Administrativo;
Que se hace necesario expedir el reglamento interno del recaudo de cartera conforme la normatividad vigente;
Que el artículo 6º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 estableció un plazo de dos (2) meses siguientes a la vigencia del mismo, para expedir el reglamento interno de recaudo de cartera;
Que en mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico,
ART. 1º—Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el “reglamento interno de recaudo de cartera” para el procedimiento de los acuerdos y facilidades de pago y el ejercicio de la jurisdicción coactiva en su fase persuasiva y cobro coactivo en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
ART. 2º—Definición. La jurisdicción coactiva ha sido definida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “… un privilegio exorbitante de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte…”, la cual comprende una serie de actuaciones tendientes a lograr el cobro y recaudo de una suma de dinero a favor de la entidad, que no han sido canceladas por las entidades sometidas a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
ART. 4º—Ámbito de aplicación. El procedimiento que se establece en la presente resolución se aplicará a las personas naturales o jurídicas que le adeuden a la entidad, suma de dinero que por su naturaleza sea sujeta a cobrarse por medio del procedimiento administrativo coactivo.
ART. 5º—Competencia. El cobro de los créditos a favor de la entidad, lo adelantará la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el ámbito nacional.
La competencia para adelantar el trámite de recaudo de cartera en la etapa coactiva se asigna a la oficina jurídica, según lo dispuesto por la Resolución 1235 de 1999 expedida por el entonces Ministerio de Desarrollo Económico de conformidad con las políticas generales y específicas sobre la materia de que trata este reglamento y las normas que lo regulan.
ART. 6º—Principios orientadores. Las actuaciones del proceso de cobro por jurisdicción coactiva en la entidad, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción y se fundamentarán en las garantías constitucionales de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa; realizando la gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna.
ART. 7º—Finalidad del recaudo persuasivo. El recaudo persuasivo es la etapa en la cual se invita al deudor, a través de un requerimiento, a cancelar las sumas que se encuentran en mora, mediante el desarrollo de actividades tendientes a obtener su pago, de una manera ágil y eficiente.
ART. 8º—Cobro persuasivo. Se adelantará como etapa previa al cobro coactivo, procurando obtener el pago inmediato y voluntario de los créditos a favor de la entidad. Cancelada la obligación o acreencias, se ordenará su desanotación y archivo del expediente.
ART. 9º—Etapas del recaudo persuasivo. La coordinación administrativa, formará los expedientes con los actos administrativos que presten mérito ejecutivo; y a más tardar al día siguiente de su ejecutoria, los funcionarios o colaboradores competentes iniciarán la labor de cobro persuasivo.
La coordinación administrativa observará que la resolución debidamente ejecutoriada que preste mérito ejecutivo deba allegarse con una constancia en la que conste lo siguiente:
1. Plena identificación del deudor: Nombre y número de identificación del deudor.
3. El valor de la contribución, con la relación de los intereses adeudados desde la obligación del pago y hasta la fecha de expedición de la constancia.
La labor de cobro persuasivo que adelante el funcionario o colaborador competente se realizará desde el día en que se reciba la providencia administrativa debidamente ejecutoriada y contará con un término máximo de treinta (30) días hábiles, vencido el cual, se remitirá a la oficina jurídica los expedientes que contengan los actos que prestan mérito ejecutivo con la información actualizada de que trata este artículo para que expida el auto de mandamiento ejecutivo y se dé inicio a las gestiones de impulso del ejercicio de jurisdicción coactiva.
ART. 10.—Procedimiento. Una vez recibido el acto administrativo que contiene el valor a solicitar el pago a la entidad deudora, el funcionario o colaborador designado para el trámite de la labor de cobro persuasivo, deberá realizar un primer requerimiento escrito de pago y seguidamente procederá a requerir al deudor telefónicamente para el pago de la obligación. El requerimiento de pago deberá contener, en todo caso, por lo menos la siguiente información:
6. Señalar que si el deudor efectúa el pago de conformidad con dicho requerimiento deberá remitir copia del recibo de pago al funcionario encargado de efectuar el cobro persuasivo.
Si como consecuencia de la gestión en la etapa de cobro persuasivo o en su desarrollo, el deudor cancela la obligación, una vez se reciba el reporte de pago, el jefe de la oficina jurídica ordenará el archivo del expediente.
ART. 11.—Primer requerimiento al deudor. Una vez enviado el primer requerimiento, si el deudor no responde dentro de los 10 días hábiles siguientes a su envío, procederá un segundo requerimiento telefónico del cual se dejará constancia de sus resultados y se abrirá un período adicional de 10 días hábiles de espera; transcurridos los cuales sin obtener resultados positivos se procederá a pasar el expediente a cobro coactivo. De la misma forma, una vez transcurrido el segundo período de espera, el funcionario o colaborador designado para adelantar el cobro persuasivo proyectará para la firma del jefe de la oficina jurídica, las siguientes actuaciones:
1. Comunicación a las oficinas de instrumentos públicos de las ciudades y círculos registrales en las cuales se encuentren direcciones reportadas del deudor, solicitando información respecto de los bienes inmuebles que a nombre de la empresa deudora se encuentren registrados en esa oficina y con remisión además de los correspondientes certificados de tradición.
2. Comunicación a la cámara de comercio de la ciudad correspondiente al domicilio del deudor, solicitando expedición de certificado de existencia y representación legal de la empresa contribuyente.
ART. 12.—Investigación de bienes. El funcionario o colaborador encargado de la etapa persuasiva, solicitará de las distintas dependencias privadas y públicas, tales como, la oficina de instrumentos públicos, cámara de comercio, oficinas de tránsito y transporte y entidades bancarias, entre otras, las informaciones necesarias que permitan establecer los bienes o ingresos del deudor, tal como lo señala el artículo 565 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 13.—Criterios para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago. Como fórmula de pago, se podrán celebrar acuerdos de pago, en el marco de lo dispuesto en el presente capítulo previa solicitud escrita del deudor que deberá contener, entre otros datos, el plazo solicitado, la periodicidad de las cuotas, la descripción de la garantía ofrecida y la denuncia de los bienes de su propiedad o de un tercero que se ofrezcan para embargo, en caso de proceder este último; todo lo anterior de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente reglamento.
La comisión se abstendrá de celebrar acuerdos de pago con deudores catalogados como reincidentes, renuentes; y con aquellos que aparezcan reportados en el boletín de deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.
1. Plazo hasta doce (12) meses: Este plazo se otorgará en principio, sin consideración a la cuantía, al deudor que así lo solicite, pero no podrá concedérsele plazo superior para los deudores cuyas cuantías o acreencias, que sumado capital e intereses no superen los quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Plazo hasta dieciocho (18) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses sea superior a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Plazo hasta veinticuatro (24) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses sea superior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Plazo hasta treinta y seis (36) meses: Este plazo se otorgará en principio, al deudor que así lo solicite, siempre y cuando su acreencia sumado capital más intereses sea superior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PAR. 1º—Una vez suscritos los acuerdos de pago, el funcionario ejecutor deberá remitir una copia a la coordinación administrativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para lo de su competencia.
ART. 16.—Incumplimiento de los acuerdos o las facilidades. Cuando el deudor incumpliere dos (2) cuotas seguidas por no cancelar en las respectivas fechas de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad a la suscripción del acuerdo, acaece el incumplimiento y deja sin vigencia el plazo concedido automáticamente, sin necesidad de acto que así lo declare; y en el evento de haberse otorgado garantías se ordenará hacerlas efectivas hasta la concurrencia del saldo insoluto; y para el caso de aquellas facilidades de pago que han sido otorgadas con base en una relación detallada de bienes se ordenará el embargo, secuestro y avalúo de los bienes denunciados por el deudor para su posterior remate.
ART. 17.—Clases de garantías. Para la suscripción de los acuerdos a que se refiere el capítulo III de este reglamento, el deudor prestará garantías que consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o garantía bancaria; las cuales deberán cubrir de forma suficiente, tanto el valor de la obligación principal como el de los intereses y las sanciones a que haya lugar más las posibles costas si hubiere lugar a ellas, sujetándose a los parámetros que se establecen en el presente acto administrativo.
Los costos que generen el otorgamiento de la garantía en la suscripción de los acuerdos o facilidad de pago, serán cubiertos por el deudor o tercero que suscriba el acuerdo.
ART. 18.—Parámetros para la exigencia de garantías. La Comisión de Regulación de Agua Potable exigirá las garantías para cubrir la obligación de acuerdo con los parámetros que se determinan a continuación:
1. Primer criterio. Cuantía de la obligación: Las garantías que se relacionan a continuación, se exigirán para la suscripción de cualquiera de los acuerdos a suscribirse con la CRA, con independencia de la cuantía y del plazo concedido, con excepción de aquellos a suscribirse en las condiciones señaladas en el artículo 19 del presente reglamento.
1.1. Pólizas de compañías de seguros.
1.2. Garantías bancarias.
2. Segundo criterio. Naturaleza de la obligación: Las garantías señalas en el numeral anterior se exigirán para cada una de las siguientes acreencias:
2.1. Contribuciones.
2.2. Intereses corrientes y de mora.
3. Tercer criterio. Criterios objetivos para calificar la capacidad de pago de los deudores:
Teniendo en cuenta los estados financieros de las empresas que soliciten o se sometan a los acuerdos de pago establecido por la institución, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores financieros a saber:
ART. 19.—Suscripción de acuerdos sin garantías. Habrá lugar al otorgamiento de facilidades y suscripción de acuerdo de pagos sin que el deudor preste garantía en los términos antes mencionados, siempre y cuando el plazo concedido no supere los doce meses y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro; para lo cual deberá presentar títulos de propiedad y certificados de tradición y libertad para los bienes que estén sujetos a este tipo de registro; así como el correspondiente avalúo de los bienes denunciados con la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad; de tal manera que se pueda verificar la existencia y estado de los mismos. En todo caso, deberá hacer el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia del acuerdo de pago.
ART. 20.—Cláusulas aceleratorias. En los textos de los acuerdos de pago que se suscriban con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se pactarán cláusulas aceleratorias en caso de incumplimiento; y que, acaecido este, cuya mora ascienda hasta por dos (2) cuotas o más, dará derecho a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a declarar vencida anticipadamente la totalidad de la obligación y exigir el pago de la acreencia en su integridad.
ART. 24.—Ejecutoria. El acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo en contra de las entidades sometidas al servicio de regulación de la CRA, se entiende ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 829 del estatuto tributario, en los siguientes casos:
PAR. 1º—Para efectos del procedimiento de cobro coactivo, deberá entenderse por resolución o acto administrativo debidamente ejecutoriado y, por tanto, que presta mérito ejecutivo, la que sea remitida a la oficina jurídica por la coordinación administrativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para dicho efecto. Al acto administrativo deberá adjuntarse una constancia por parte de la coordinación administrativa en la que se indique lo siguiente:
1. Plena identificación del deudor: Nombre y número de identificación.
PAR. 2º—Los actos administrativos que sean remitidos a la oficina jurídica de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, para el cobro coactivo que no cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 1º del presente artículo, serán devueltos a la coordinación administrativa indicando las falencias por las cuales no se da inicio al trámite, a fin de que sean subsanadas.
ART. 25.—Título ejecutivo. Constituye título ejecutivo para el cobro por jurisdicción coactiva, el documento en el cual conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, de conformidad con lo señalado en los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 829 del estatuto tributario.
ART. 26.—Mandamiento de pago. Para exigir por jurisdicción coactiva el cumplimiento de una obligación contenida en título ejecutivo, el funcionario competente producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
ART. 27.—Requisitos y contenido del mandamiento de pago. El auto que ordena el mandamiento de pago requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. El título ejecutivo debe corresponder a uno de los señalados en el artículo 25 de la presente resolución en el que conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
3. Identificar plenamente el deudor, indicando nombre o razón social y documento de identidad o NIT, según el caso.
4. Establecer con precisión la cuantía de la obligación, acreencia o aporte, más los intereses causados; tanto en letras como en números.
5. El término que posee el deudor para el pago de la obligación, el cual deberá efectuar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago; incluidos los intereses.
6. El número de cuenta bancaria de la CRA para que el deudor consigne la obligación.
8. El término para recurrir el auto y proponer excepciones; advirtiendo que pueden proponerse excepciones dentro de los 15 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
ART. 29.—Notificación personal. El mandamiento de pago se notificará personalmente al deudor de conformidad con lo previsto en el artículo 826 del estatuto tributario; y procede previa citación escrita enviada por conducto de empleado o colaborador de la CRA o por correo certificado a la última dirección registrada en la coordinación administrativa de la CRA, para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido este término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo.
ART. 31.—Notificación por aviso. Cuando de conformidad con el artículo 568 del estatuto tributario, la notificación sea devuelta por el correo, será necesario realizar la notificación mediante publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional como lo establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 32.—Notificación por publicación. Cuando no se hubiere localizado la dirección del deudor por ningún medio, la notificación del deudor se hará por publicación, que consiste en la inserción de la parte resolutiva del mandamiento en un diario de amplia circulación nacional. Esta notificación es autónoma y diferente a la publicación del aviso, la cual es una formalidad de la notificación por correo; en cambio, la que aquí se estipula corresponde a la exigida por el artículo 563 del estatuto tributario.
Al expediente deberá incorporarse la hoja del diario donde se hizo la publicación y un informe del funcionario o colaborador sobre el hecho de no haberse localizado la dirección del deudor.
ART. 33.—Término de prescripción de la acción de cobro. La acción ejecutiva de cobro coactivo prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término contado a partir de la fecha de su ejecutoria.
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término principiará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado para el pago.
ART. 35.—El pago de la obligación prescrita no se puede compensar, ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.
La interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el artículo 567 del estatuto tributario, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo.
ART. 36.—Término para presentar excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor, por escrito, podrá proponer las excepciones que pretenda hacer valer.
ART. 37.—Excepciones procedentes contra el mandamiento de pago. Contra el mandamiento de pago proceden las excepciones de que trata el artículo 831 del estatuto tributario.
ART. 38.—Trámite de excepciones. El funcionario competente decidirá sobre las excepciones dentro del mes siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se proponen, ordenando previamente la práctica de pruebas si es procedente.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, el ejecutado podrá proponer las excepciones que se señalan en el artículo precedente, expresando los hechos en que se funden. Al escrito deberá acompañarse los documentos relacionados con aquellas y solicitarse las demás pruebas que se pretenda hacer valer.
Si el deudor propusiere excepciones contra el mandamiento de pago, el funcionario ejecutor dispondrá de un (1) mes para proferir la resolución que resuelva las excepciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 832 del estatuto tributario.
ART. 39.—Excepciones probadas. En el momento en que se encontraren probadas las excepciones propuestas, así se declarará por el funcionario encargado, ordenando además, la terminación del procedimiento si a ello hay lugar y se ordenará el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. De igual forma deberá procederse si en cualquier etapa del proceso el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.
ART. 40.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro. Las actuaciones administrativas que se realizan en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, son de mero trámite y contra ellas no procede ningún recurso, con excepción de los que expresamente se señale en el procedimiento de cobro coactivo del estatuto tributario.
ART. 41.—Recursos contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución tan solo procede el recurso de reposición ante el funcionario que la profirió, el cual deberá interponerse por escrito dentro del mes siguiente a su notificación.
Para desatar el recurso interpuesto contra la resolución que rechazó las excepciones, el funcionario ejecutor tendrá el término de un mes, el cual se contará a partir de la interposición en debida forma.
ART. 42.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del procedimiento de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.
Con base en lo anterior, la diligencia de remate deberá suspenderse, lo que se ordenará mediante auto, trayendo como consecuencia para el funcionario ejecutor, la abstención de dictar providencia que fija la fecha para su realización; pero si el evento ya hubiere ocurrido, la suspensión se producirá a más tardar antes de la diligencia de remate. La prueba de haberse demandado la resolución de excepciones será una copia autenticada del auto admisorio de la demanda, o en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse proferido dicha providencia de admisión de la demanda, siendo obligación del ejecutado aportarla al proceso.
ART. 43.—Medidas preventivas. De forma previa o bien simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario competente podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad.
ART. 44.—Procedencia de la orden de ejecución. Una vez se haya vencido el término para excepcionar y no se hubieren propuesto excepciones, o el deudor no hubiere cancelado la acreencia a favor de la comisión, el funcionario competente proferirá resolución ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra esta resolución no procede recurso alguno conforme lo establece el artículo 836 del estatuto tributario.
En el evento de que previamente a la orden de ejecución de que trata el inciso anterior no se hubiere dispuesto medidas preventivas, deberá entonces, decretarse en la resolución que dispone la ejecución, el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados; y en caso de que estos se desconozcan, se deberá ordenar la identificación de los mismos para que una vez sean identificados, se proceda a su embargo y secuestro, prosiguiendo con el remate de dichos bienes.
ART. 45.—Registro del embargo. Para efectos del registro de los embargos se seguirá lo señalado en el artículo 839 del estatuto tributario.
ART. 46.—Trámite de algunos embargos. Para decretar el embargo de bienes sujetos a registro se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 839-1 del estatuto tributario, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil.
El funcionario ejecutor podrá solicitar a la oficina de registro del bien objeto de la medida, que expida y remita un certificado sobre la situación jurídica del bien con un período de veinte (20) años.
ART. 47.—Otras normas aplicables para el embargo, secuestro y remate de bienes. En lo relativo a los aspectos que no se contrapongan y que no estén contemplados en el estatuto tributario y el presente acto administrativo, deberán observarse en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 48.—Límite de inembargabilidad. En lo concerniente al límite de inembargabilidad de cuentas de ahorro deberá observarse lo establecido por el artículo 837-1 del estatuto tributario, adicionado por la Ley 1066 de 2006.
ART. 49.—Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses y si efectuado el avalúo comercial de los bienes, estos excedieren la suma antes mencionada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, de forma oficiosa o a solicitud del interesado.
ART. 50.—Avalúo y pago con productos. Para el procedimiento de avalúo y pago con productos se atenderá lo dispuesto por el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 51.—Secuestro. Para el secuestro de bienes se aplicarán las reglas previstas en el artículo 682 y ss. del Código de Procedimiento Civil.
ART. 52.—Oposición al secuestro. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 839-3 del estatuto tributario, se debe, en la misma diligencia que ordena el secuestro practicar las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
ART. 53.—Cumplimiento de la obligación, sentencia y condena en costas. Cumplida la obligación dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condenará en costas al ejecutado, quien sin embargo, podrá pedir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente, que no impedirá la entrega a la comisión del valor del crédito.
Si no se propusieren excepciones oportunamente, se dictará la resolución que ordene el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.
La resolución que ordene el remate y el avalúo de los bienes se notificará por estado y contra ella no procede recurso de apelación.
ART. 54.—Liquidación del crédito y de las costas. Ejecutoriado el acto administrativo de que trata el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, se practicará por separado la liquidación del crédito, la de las costas y gastos del proceso, lo cual comprende: avisos y publicaciones, honorarios de auxiliares de la justicia y otros gastos probados dentro del proceso. La liquidación quedará a disposición del ejecutado por tres (3) días, dentro de los cuales podrán ser objetadas. Si la liquidación no es objetada, será aprobada por auto que no admite recurso alguno. Para la liquidación de las costas se aplicará lo dispuesto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil; la del crédito se sujetará a las reglas estipuladas en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 55.—Remate de bienes. Una vez en firme el avalúo, la comisión efectuará el remate de los bienes directamente o a través de entidades de derecho público o privado y adjudicará los bienes a favor de la Nación en caso de declararse desierto el remate después de la tercera licitación, en los términos que establezca el reglamento, de conformidad con lo señalado por el artículo 840 del estatuto tributario.
Para efectos de continuar con el remate de los bienes y en las materias no reguladas por el estatuto tributario, se seguirá lo dispuesto por el artículo 523, 527 y s.s. del Código de Procedimiento Civil.
Cuando estuvieren sin resolver peticiones sobre levantamiento de embargos o secuestros o recursos contra autos que hayan decidido sobre desembargos, o declarado que un bien es inembargable, o decretado la reducción del embargo no se fijará fecha para el remate de los bienes comprendidos en ellos, sino una vez sean resueltos. Tampoco se señalará dicha fecha si no se hubiere citado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios.
ART. 56.—Aviso y publicaciones. El remate se anunciará al público por aviso que expresará:
2. Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; sin son inmuebles la matrícula de su registro si existiere el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.
ART. 57.—Depósito para hacer postura. Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero, a órdenes del despacho, el cuarenta por ciento (40%) del avalúo comercial del respectivo bien.
ART. 58.—Pago del precio e improbación del remate. La comisión o la entidad que se designe para tal efecto, se encargará de que el rematante consigne el saldo del precio, dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia de remate, conforme lo establece el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 59.—Aprobación o invalidez del remate. Una vez se haya pagado el precio y cumplido lo establecido en el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, el funcionario ejecutor aprobará el remate y mediante auto dispondrá lo siguiente:
ART. 60.—Entrega del bien rematado. Para efectos de entrega del bien rematado, la citación de acreedores con garantía real, acumulación de demandas, acumulación de embargos en procesos de diferente jurisdicción, persecución en un proceso civil de bienes embargados en otro remate y adjudicación de bienes, se observará lo dispuesto en los artículos 531, 539, 540, 542, 543 y 557 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, lo que no se oponga a lo dispuesto en el estatuto tributario y este reglamento, se seguirá conforme lo establecido en el Código de Procedimiento Civil que regule lo concerniente al embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 61.—Terminación del proceso por pago. Si antes de rematarse el bien, se presentare escrito del ejecutado o de su apoderado, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el funcionario ejecutor declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente conforme lo dispone el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil.
ART. 62.—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución CRA UAE 308 del diez (10) de septiembre de dos mil tres (2003).