Source: http://www.slideshare.net/encuentrociudadanolag/el-derecho-humano-al-agua-y-al-saneamiento-en-las-constituciones
Timestamp: 2017-01-22 09:24:22
Document Index: 351903444

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'Artículo 331', 'Artículo 47', 'Artículo 47', 'artículo 4', 'Artículo 27', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo\n2', 'artículo\n1', 'Artículo 4', 'Artículo 27', 'in fine']

El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.
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El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones 1.
agua y al
saneamiento en las
Avances y retos en
Argentina • Bolivia • Canadá • Costa
Rica • Colombia • Ecuador • Uruguay
Estados Unidos • El Salvador • Italia
México • Perú • Honduras • Chile
El derecho humano al agua y al saneamiento en el
marco jurídico: enfoques y alcances
La experiencia de la guerra del agua en Cochabamba y
desafíos después del derecho humano al agua.
Constitucionalización del derecho humano al agua en
El derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza
como instrumentos en la defensa de los bienes comunes:
alcances y desafíos.
Rodrigo Gutiérrez, México
El derecho humano al agua y al saneamiento en las
leyes secundarias y las políticas públicas
Derecho humano al agua en Ecuador.
Ni mercancía, ni negocio.
Participación social en la Ley de Política
Nacional de Aguas de Uruguay.
Carlos Sosa, Uruguay
Hacia una propuesta ciudadana de
Ley de Aguas en México.
Elena Burns, México
Procesos sociales, participación ciudadana y cambio social
Procesos organizativos y sociales en Colombia:
referéndum de 2007 para constitucionalizar el
Javier Márquez, Colombia
Plataforma de Acuerdos Público- Comunitarios
Luis Isarra, Perú
Contexto y movilizaciones vinculadas con la
lucha por agua en México.
María Silvia Emanuelli. México	Conclusiones de las mesas de trabajo
Elementos que debe incluir la Ley General de Aguas desde la perspectiva
de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
(COMDA)
Declaración de la IV Asamblea de la Red VIDA
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho a Agua (COMDA)
Email: comda09@yahoo.com.mx
Pagina web: www.comda.org.mx
(Mujer y Medio Ambiente, RGEMA/COMDA)
Anaid Velasco Ramírez
(CEMDA/COMDA)
Maritza Saraí Rodríguez Flores
(Mujer y Medio Ambiente/ RGEMA)
Silvia Sandoval Sereno
Areli Sandoval Terán (DECA Equipo Pueblo/COMDA)
Hilda Salazar Ramírez (Mujer y Medio Ambiente, RGEMA/COMDA)
María Silvia Emanuelli (HIC-AL/COMDA)
Communicare/Gabriela Sánchez Téllez
Se permite la reproducción por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente y
el autor o autora.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Heinrich Boell que hizo posible la realización
México D.F. 2012
Agradecemos también el valioso apoyo de:
on el fin de contribuir a la iniciativa para formular una Propuesta Ciudadana
de Ley General de Aguas, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el
Derecho al Agua (COMDA), consideró importante publicar los resultados del Foro
Internacional “El derecho humano al agua y al saneamiento en las constituciones: avances y retos en América Latina” realizado en octubre del 2012.
En el Foro se contó con la participación de luchadores/as sociales, sindicalistas y académicos de 17 países del continente americano, muchos de ellos/as
protagonistas directos de movimientos y procesos para lograr que el derecho
humano al agua forme parte de los marcos legales y programáticos de los países
Sus experiencias arrojan diversos resultados, muestran caminos a seguir, reportan enseñanzas y abren debates interesantes que pueden nutrir la iniciativa
que diversas organizaciones mexicanas, junto con abogados/as progresistas y
académicos/as realizamos para formular una propuesta ciudadana que recoja
la modificación constitucional para hacer realidad el derecho humano al agua
y al saneamiento.
La presente publicación resume las ponencias presentadas durante el Foro,
recoge los resultados de las mesas de discusión que se llevaron a cabo con
la participación de todas y todos los asistentes, se exponen un conjunto de
elementos que la COMDA considera que deben estar presentes en la nueva Ley
General de Aguas que tiene que promulgarse próximamente en nuestro país y,
finalmente la declaración emitida por la Red Vida como parte de su IV Asamblea realizada los días previos al Foro Internacional.
l reconocimiento del derecho humano al agua y
al saneamiento en las constituciones de algunos
países de América Latina es, sin duda, un logro del
movimiento internacional en defensa del agua.
En septiembre del 2010, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/64/292 que “Declara el agua potable
y el saneamiento como un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Por otra parte, en América Latina los
movimientos sociales han logrado el reconocimiento
jurídico de este derecho humano mediante diversos
procesos y luchas: en Uruguay, Nicaragua, Bolivia,
Ecuador y México se ha consagrado en las constituciones, en tanto que otros países como Argentina,
Paraguay y Colombia se considera en las legislaciones
secundarias, y en algunos más están abiertos procesos de discusión ya sea por la lucha de los movimientos sociales o en los espacios legislativos como son
los casos de Costa Rica, El Salvador y Venezuela.
La aspiración de los movimientos sociales para elevar a rango constitucional el derecho humano al
agua es parte de una lucha más amplia. Su establecimiento en los marcos jurídicos es a todas luces
insuficiente si no se traduce en cambios profundos
en los modelos de gestión, las políticas públicas, y
sobre todo en la vida cotidiana de los pueblos y en
la forma en que los seres humanos nos relacionamos
con el agua y con la naturaleza. Es claro que si no
se logra detener el modelo de los agros negocios,
la mega minería, la creciente concentración de la
tierra en manos de unos pocos, están en peligro la
gestión sustentable y participativa de las cuencas,
la defensa de la naturaleza y por lo tanto el consumo de los seres vivos.
En México, fue apenas el 8 de febrero de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se adiciona al artículo 4º Constitucional el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico
en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
En el Decreto se mandató al Congreso de la Unión
a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de
360 días. La COMDA como fuerte impulsora de la reforma constitucional y la consecuente armonización
legislativa, ha planteado que la nueva ley debe formularse con la participación amplia y decisiva de la
población, recoger sus aspiraciones y propuestas y,
por supuesto, elaborarse a la luz del derecho humano
al agua y al saneamiento para darle cumplimiento
a la Constitución, así como revertir los procesos de
privatización del agua en México que son violatorios
Como parte de este proceso, la COMDA junto con la
Red de Vigilancia Interamericana para la Defensa y
el Derecho al Agua (Red VIDA) —de la cual constituye su capítulo mexicano— el 17 de octubre de
2012, convocó a la realización del Foro Internacional
“El derecho humano al agua y al saneamiento en las
constituciones: avances y retos en América Latina”.
movimiento internacional en defensa del agua realizado cada año en muchos países del mundo.
El Foro Internacional tuvo como objetivos los siguientes:
Con base en las experiencias y conocimientos de las
y los participantes tanto nacionales como internacionales, el foro se organizó en tres ejes temáticos:
	Contribuir al intercambio de experiencias, promover el debate y recoger propuestas sobre los
avances y retos para hacer realidad el derecho
	Enriquecer el debate en México para la formulación de la Ley General de Agua en el marco
del reconocimiento constitucional del derecho
humano al agua para fortalecer la participación y propuestas ciudadanas.
	Fortalecer los movimientos sociales por el agua
para avanzar en la articulación de las organizaciones mexicanas entre sí y con sus pares en
El foro se realizó en el marco del “Octubre Azul”,
como se denomina a las acciones concertadas por el
1)	El derecho humano al agua y al saneamiento
en el marco jurídico: enfoques y alcances.
2)	El derecho humano al agua y al saneamiento
en las leyes secundarias y las políticas públicas.
3)	Procesos sociales, participación ciudadana y
Una vez que los/as ponentes contaron sus experiencias, compartieron sus reflexiones y propusieron temas de debate, se organizaron mesas de trabajo para
propiciar la participación de todas las personas asistentes al Foro en las cuales se profundizaron los temas abordados y se formularon propuestas tanto para
México como para la región.
El derecho humano al
agua y al saneamiento
en el marco jurídico:
enfoques y alcances
La experiencia de la guerra del agua
en Cochabamba y desafíos después del
Oscar Olivera Foronda. Obrero industrial, líder social
en la defensa del agua en Bolivia y Latinoamérica,
actualmente acompaña procesos organizativos en
defensa del territorio y de las/os trabajadores sin
ermanas y hermanos mexicanos, en Bolivia no
estamos lejanos de los procesos de resistencia
contra las empresas, contra la contaminación de agua,
por la defensa de los recursos naturales del campo y
las ciudades. Temacapulín en Jalisco es mi segundo
lugar de nacimiento, he estado dos veces en ese pueblo maravilloso. Ahora estar aquí, bajo este cielo, me
da mucha energía y pasión para seguir luchando. Qué
decir de esa juventud que ha despertado con el movimiento Yo soy 132; lo seguimos de cerca, si bien
va construyendo sus objetivos de manera colectiva,
creo que la imaginación tan sentida en los carteles y
propuestas nos da una gran esperanza.
Soy de Cochabamba donde en el año 2000 hubo una
revuelta popular que puso un freno al proceso de privatización del agua. Ello implicaba un cambio radical
en los sistemas neoliberales y poner fin al despojo
que sufrimos durante muchos años en nuestros pueblos. Es importante señalar que esta revuelta popular surgió contra la privatización del agua y no tuvo
sustento en el derecho humano al agua. Esto tiene
que ver con la forma en que se concibe el agua en
Cochabamba desde la práctica comunitaria, como un
recurso para la vida. Creemos que es esto justamente
lo que podemos aportar para la reflexión y análisis
Nosotros no concebimos al agua como un recurso natural o mineral y menos como un recurso que está
mercantilizado. En realidad esta concepción parte de
una práctica comunitaria muy completa y que tiene
que ver con la relación con el agua para la vida. En la
guerra del agua del 2000, concebimos desde dónde
íbamos a defender el agua frente a todo aquel que
represente un robo de este recurso, no solamente por
parte de las corporaciones sino también de los partidos políticos y del Estado.
Concebimos al agua como un recurso para la vida en
sí, no es una propiedad o patrimonio exclusivo de
los seres humanos; al ser un recurso para la vida en
si también es aprovechable por las plantas, los animales y la tierra misma, esta es la concepción que se
comparte en las comunidades rurales y zonas urbanas
que se levantaron para defender el agua. No cabía
en nuestra cabeza que una empresa trasnacional se
apropiara del agua, cuando ésta es un regalo generoso de la madre tierra para todos los seres vivos, no le
pertenece a nadie en particular. Esa simple concepción tan profunda hizo que la gente se levantara y no
hubo necesidad del concepto de derecho humano al
agua en nuestra lucha.
se cosecha, entre otros temas), son estos elementos
que permiten gestionar la vida misma. Y fueron estos espacios de poder popular los que arrinconaron a
las empresas trasnacionales y a los partidos políticos
para frenar la privatización del agua en Cochabamba
Esto es un primer escenario de cómo concebir al agua
y tiene que hacernos cambiar de pensamiento sobre
la magnitud de nuestras luchas en defensa del agua. Posteriormente, en Bolivia se empieza a hablar de
Obviamente que esta concepción no será la misma constitucionalizar el derecho humano al agua; en el
aquí en la ciudad de México con 20 millones de per- año 2009 se incorpora como un derecho fundamensonas, que en Bolivia donde el 66% del manejo del tal en la nueva Constitución del Estado Plurinacioagua está en manos de los sistemas comunitarios. Es nal (nosotros como movimiento hemos acompañado
a otros, como Uruguay que
decir, en ese escenario donfue el primer ejemplo en lode la gente gestiona el agua
Una de las enseñanzas fundamentales
grar que el derecho humano
de manera comunitaria el
que deja esta lucha es que el agua se
al agua llegara a su constiagua es vista de otra forma;
acá en México la realidad es
tiene considerar de manera colectiva, que tución). En algunos espacios
consideramos que ha sido
otra. Sin embargo, la gestión
no podemos delegar a una autoridad, a
un avance importante, pero
del agua debe ser colectiva
un gobierno o a una institucionalidad, sino al mismo tiempo este tema
en cualquier contexto.
que el agua tiene que ser parte de un
puede considerarse una especie de trampa. Porque lo
Una de las enseñanzas funproceso colectivo de gestión
que ocurre hoy en Bolivia es
damentales que deja esta
que al incorporar el derecho
lucha es que el agua se tiene considerar de manera colectiva, que no podemos humano al agua en la constitución, se ha convertido
delegar a una autoridad, a un gobierno o a una insti- en una especie de expropiación de las formas comutucionalidad, sino que el agua tiene que ser parte de nitarias y una visión del agua que está muy arraigada
en comunidades indígenas y campesinas. En el 2000
un proceso colectivo de gestión.
la lucha contra la privatización del agua fue no solaOtro escenario a tomar en cuenta es que el agua está mente porque se expropiaba el recurso para la vida en
relacionada con el tema del poder. En la guerra del sí, sino ante todo se despojaba a las comunidades de
agua, esos espacios de gestión comunitaria en el fon- esas formas de gestionar la vida. La privatización del
do eran espacios de autogobierno, porque al gestio- agua rompía una armonía con la naturaleza, eso fue
nar el agua, se gestiona la vida misma, en sí. Al con- lo que se defendió y eso paró la gente.
vocar a discutir las formas de gestión comunitarias
del agua tanto en el campo como en lo urbano, en
esas asambleas no solamente se habla del agua, sino
que también se discuten los problemas cotidianos: las
enfermedades, la migración, la seguridad del barrio o
de la comunidad, lecturas de los cambios en la naturaleza indígenas y campesinas (cuándo se siembra y
Es posible que en diciembre se promulgue una ley
usando el derecho humano al agua y argumentando
que el Estado es el responsable de su gestión. Para
ello el gobierno ha contratado empresas que están
haciendo un inventario de las fuentes de agua y todos los sistemas comunitarios y públicos que existen
saneamiento en las constituciones
en Bolivia. Lo que está atrás de esta idea es que como
el derecho al agua es fundamental, entonces es el Estado el encargado de prestar estos servicios; en estos
meses de 2012, nos enfrentamos a una expropiación
total de nuestros sistemas comunitarios de gestión
del agua y como ya he dicho también a un despojo de
esas formas de vida que han establecido las comunidades durante muchos años.
Esto es muy grave porque supone un despojo desde el
Estado como “dueño” o “rector” del agua, pero ahora
utilizando el derecho humano al agua para lograrlo. Esto supondrá una fuerte resistencia de muchas
comunidades que han visto a expertos haciendo los
inventarios. Además el gobierno ha dicho que se les
darán fondos para mejoramiento de los sistemas comunitarios del agua con la condición de que pasen
de manera directa a manos de las municipalidades. Es
posible que la ley pase porque el movimiento por el
agua y el popular está actualmente desmontado.
Es muy importante para nosotros que poco a poco
vayamos cambiando esta concepción que tenemos sobre el agua y en segundo lugar cómo nos concebimos
nosotros y desde qué escenarios vamos a luchar por
el agua en todos sus ámbitos.
En México, por las realidades que vive es muy importante la lucha por el derecho humano al agua, pero
ante todo es un eslabón en la perspectiva de cambiar
esta concepción. Algunas preguntas que pueden ayudar a esta reflexión son ¿De quién es el agua? ¿Del Estado o de la naturaleza? Hay que pensar más allá del
Estado, y formular propuestas para seguir avanzando.
La mercantilización del agua está presente, además
el acceso al agua está más lejano en muchos lugares
por lo tanto no queda de otra que el manejo del agua
sea un deber, una responsabilidad de la sociedad en
su conjunto, y particularmente con la participación
de la gente de abajo.
humano al agua en Uruguay
Adriana Marquisio. Activista en la defensa del agua,
hasta 2010 fue vicepresidenta de la Federación de
Obras Sanitarias del Estado, es también integrante de
la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
en Uruguay y de la Red de Vigilancia Interamericana
para la Defensa y Derecho al Agua (RED VIDA)
ompartiré la experiencia del pueblo uruguayo en
la defensa del agua como bien público mediante
la apropiación de mecanismos de democracia directa
como son: plebiscito, referéndum e iniciativas de reformas constitucionales. Desde 1992 la población de
Uruguay ha hecho uso de estos mecanismos que han
servido para detener el avance del neoliberalismo, en
particular en las diferentes formas de privatización
de los servicios públicos. En Uruguay está muy arraigada la idea de que lo público es lo estatal.
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado
es una empresa pública que desde 1952 presta servicios de agua y saneamiento a todo el país (casi tres
millones de habitantes), excepto en la capital, Montevideo. Luego de la salida de la dictadura en 1985,
siguieron gobiernos neoliberales que vendieron todo
conforme a la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, lo cual generó mucha resistencia
desde los sindicatos. En 1992, el gobierno uruguayo
empezó con la propuesta de privatizar empresas públicas como las del sector del agua. Ante ese panorama, la sociedad civil impulsó un referéndum con el
80% de participación de la población y se detuvo la
iniciativa de privatizar el agua, este proceso fue muy
interesante porque puso en la opinión pública el debate sobre el agua que no existía y que era difícil de
abrir porque si bien no se tenía la cobertura del servicio de agua al 100%, sí era alta. El debate central era
si ¿el agua debía continuar siendo un bien común,
patrimonio social o ser una mercancía?
Entre las actividades que se llevaron a cabo para la
realización del referéndum, estaban las juntas vecinales donde las y los vecinos definieron que era necesario defender el carácter público del agua y de los
servicios relacionados. En este proceso el papel de las
y los trabajadores fue fundamental.
Posteriormente en 1998 se intentó privatizar Aguas
de la Costa, la zona más rentable del país y que generaba mayores ingresos a la empresa pública, ahí se
perdió la batalla. En el año 2000 se hizo un plebiscito
local para evitar la privatización de Maldonado, también se perdió, al respecto se hizo una ceremonia de
luto sindical a nivel nacional por la pérdida de la empresa pública. A partir de estas experiencias las y los
trabajadores identificamos que la defensa del organismo público iba más allá de sólo defender nuestros
empleos, había que defender el agua misma. Aunque
el contexto era diferente al de Bolivia, nos inspiró su
lucha. El desafío tenía que ver con el dominio de las
cuencas y del agua en nuestro país, del agua como
derecho humano y en 2002 se crea la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida que enarboló los
	Promover la reforma constitucional para el reconocimiento del derecho humano al agua.
	Oponerse a todo intento de privatización de
los servicios de agua potable y saneamiento.
	Revertir los procesos de privatización existentes en el país.
	Defender el dominio público estatal de los recursos hídricos.
	Trabajar hacia la gestión sustentable del agua en
el país, con la participación de la sociedad civil.
	Evitar la mercantilización del agua y el territorio.
Una de las acciones de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida fue la iniciativa de reforma
constitucional al Artículo 331, inciso “a”; mecanismo
de la democracia directa. Para presentar un proyecto
de reforma constitucional desde la ciudadanía se recolectaron el 10% de firmas del total de habilitados
para votar, y se impulsó un referéndum junto con las
elecciones nacionales de 2004. Se presentó el proyecto ciudadano a la Asamblea General, no pudiendo
hacer ésta ninguna modificación al texto presentado,
aunque sí presentó un proyecto sustitutivo pero sin
éxito. Con este proceso se frenaron las intenciones
del Fondo Monetario Internacional y las exigencias
del Banco Mundial (ajustes estructurales) que hablaban de la subasta de las aguas corrientes y depósitos
minerales y se pusieron vallas a los impactos de la
crisis del 2002.
En 2004 el 64.7% de la población votó a favor de la enmienda constitucional que nosotros propusimos. Es así
que se logró la incorporación del agua como derecho
humano en la constitución; el 31 de octubre del 2004
se reformó el Artículo 47 quedando lo siguiente:
	agua es un recurso esencial para la vida.
	acceso al agua potable y el acceso al saneaEl
miento, constituyen derechos humanos fundamentales.
También se estipuló que la política nacional de aguas
y saneamiento en Uruguay estaría basada en:
	ordenamiento del territorio, conservación y
protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
	gestión sustentable, solidaria con las geneLa
raciones futuras de los recursos hídricos y la
preservación del ciclo hidrológico.
	usuarios y la sociedad civil participarán en
todas las instancias de planificación, gestión
y control de los recursos hídricos, las cuencas
hidrográficas son las unidades básicas.
	establecimiento de prioridades para el uso
del agua por regiones, cuencas o partes de
ellas, siendo la primera el abastecimiento de
agua potable a las poblaciones.
	principio por el cual la prestación del serviEl
cio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social
a las de orden económico.
	Toda autorización, concesión o permiso que
de cualquier manera vulnere estos principios
deberá ser dejada sin efecto.
	aguas superficiales, así como las subterráLas
neas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general,
que forma parte del dominio público estatal,
como dominio público hidráulico.
	servicio público de saneamiento y el serviEl
cio público de abastecimiento de agua para el
consumo humano serán prestados exclusiva y
directamente por personas jurídicas estatales.
	ley, por los tres quintos de votos del total
de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua a otro país cuando
éste se encuentre desabastecido y por motivos
Con este logro de la sociedad organizada quedó prohibida la privatización del agua (aunque aún suceden
algunas terciarizaciones); el servicio de agua y saneamiento es público en todo el país. Esta experiencia
da cuenta de lo importante que es hacer uso de los
mecanismos para participar y transformar la realidad
que va en detrimento de la calidad de vida.
Esta experiencia da cuenta de lo importante que
es hacer uso de los mecanismos para participar
y transformar la realidad que va en detrimento
Con estas luchas en las que el pueblo uruguayo defendió los servicios públicos de agua potable y saneamiento se tenía un mandato constitucional y el
desafío histórico de cumplirlo. No se trataba sólo de
recuperar los servicios que prestaban las concesionarias privadas, sino de mejorarlos y hacerlos exitosos
(Uruguay, Aguas de Barcelona, Suez, Aguas de la Costa). También era fundamental crear un nuevo modelo
público, participativo y democrático enfrentado al
modelo privado. Otro aspecto era demostrar que la
gestión pública del agua potable y saneamiento puede ser eficiente, eficaz, desde lo público, como bien
común. Y, por último, implementar la participación
de la sociedad civil en todas las instancias de planificación, gestión y control de una Política Nacional
Con el paso de los años se han tenido otros triunfos,
por ejemplo: en octubre del 2005 se retira Aguas de
Bilbao – Aguas de Barcelona; en setiembre 2006 se
retira la Suez; en diciembre 2006 se re-estatiza el
Pinar (6,000 conexiones); en 2009 se re-estatizan
cooperativas con gestión privada; en 2009 se comienza la cogestión con las comunidades rurales.
Con aportes de actores gubernamentales y sociales
se construyó democráticamente la reglamentación
del Artículo 47 constitucional, llevando a la Ley de
Política Nacional de Aguas (2009), que ha permitido
	Consejo Nacional de Agua Ambiente y
	Tres Consejos Regionales Transfronterizos
de Recursos Hídricos (Laguna Merín, Río de
la Plata, Río Uruguay)
	Comités de cuenca, sub cuenca o parte de
Este proceso ha generado una apertura por parte de
las instituciones hacia la sociedad y su participación
en la toma de decisiones en torno al agua. Por su
parte, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la
Vida y el movimiento en defensa del agua debe plantearse la construcción de nuevos marcos legales; impulsar procesos de capacitación y organización de la
comunidad para la participación en el nuevo ordenamiento territorial y político; la construcción colectiva de una nueva forma de decidir políticas públicas;
lograr la asignación de dinero público para políticas
sociales y territoriales. Si bien es cierto que en estos
años se han tenido logros importantes también hay
contradicciones, porque la letra no basta. Ahora las
preguntas que surgen son ¿Cómo recuperamos y defendemos la relación de los seres vivos con el agua y
con la tierra? El agua es poder, pero el agua también
es vida. Si se acaba el agua, se acaba el poder. Nos
queda claro que de no tener este aparato institucional hubiera significado perder la gestión púbica del
El derecho humano al agua y los derechos
de la naturaleza como instrumentos en la
defensa de los bienes comunes: alcances
Rodrigo Gutiérrez Rivas. Integrante de Colectivo
RADAR que, a su vez, es integrante de la COMDA e
investigador de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
n primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento por la invitación de la Red vida, la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la
COMDA (de la que formo parte) a participar en este
importante debate —que a partir de un conjunto de
preguntas sugerentes— nos obliga a avanzar en la
discusión sobre los logros que han obtenido pueblos,
comunidades y organizaciones en sus luchas por el
agua, pero que a la vez exige revisar críticamente
algunas de las estrategias que se han puesto en marcha durante los últimos años. Como lo ha destacado
Marcela Olivera, existe una brecha importante entre
lograr la consagración de un determinado derecho
dentro de un sistema jurídico y su posterior concreción en la realidad y en la vida de las personas y las
comunidades; sobre todo en un contexto en el que
las multinacionales (interesadas en los márgenes de
ganancia propios y no en los derechos) han acumulado una enorme potencialidad de hacer, hasta el punto que hoy logran que los Estados operen de manera
prioritaria en favor de sus intereses.
En relación con las preguntas que orientan la discusión de esta mesa, comienzo por intentar esbozar
algunas respuestas para la reflexión conjunta:
¿En el contexto actual de graves desequilibrios
ambientales y sociales es posible y conveniente
hablar sólo de derecho humano al agua o deben
adoptarse visiones más holísticas como los derechos de la naturaleza?
de forma irresponsable en basureros a cielo abierto
donde se depositan desde cáscaras de fruta hasta
Esta pregunta tiene gran calado en tanto que abre
la discusión sobre sí el paradigma de los derechos
humanos (en su planteamiento clásico, tendencialmente antropocéntrico) se está quedando corto ante
la situación de emergencia planetaria que vivimos
en la actualidad, provocada principalmente por la
acelerada destrucción de ecosistemas enteros.
Es verdad que desde la configuración jurídica actual
del derecho humano al agua, tal y como se ha consagrado en nuestra constitución y en los tratados internacionales, se pueden construir puentes de comunicación con el tema ambiental; sin embargo, no es
menos cierto que ese derecho se basa en premisas originariamente antropocéntrica, y está orientado, principalmente, a lograr que todas las personas tengan
acceso a este bien -y su saneamiento-, pero sin reparar demasiado en las preguntas ¿De dónde proviene
dicho bien? ¿Cómo se relaciona con los bosques y los
suelos? ¿Cómo se garantiza el mantenimiento sano
de sus fuentes? Y no sólo eso, sino ¿Cómo aseguramos que, además de las personas, otras especies vivas
también puedan seguir contando con las fuentes hídricas necesarias para su supervivencia? No se puede
olvidar que compartimos con toda la naturaleza menos del 1% del agua dulce (no congelada) que existe
en el planeta y que de ella dependen la mayoría de
las especies vivas con las que nos relacionamos. Sólo
por poner un ejemplo, conviene decir que de todas
las especies de peces reconocidas hasta la fecha en el
mundo, el 41% habitan en el pequeño porcentaje de
agua dulce superficial.
Para intentar prefigurar alguna posible respuesta,
no se puede dejar de reconocer que durante los
últimos treinta años el capitalismo se ha afianzado, en su etapa neoliberal, como un proyecto
hegemónico desbocado que sigue concibiendo a
la naturaleza como una fuente inagotable de riqueza o bien como un espacio para el depósito de
desechos. En ese marco, son también una realidad las nuevas estrategias de ocupación y despojo (neo extractivismo), así como el avance de la
lógica del capital sobre nuevos nichos de mercado, que incluyen hasta procesos metabólicos tan
complejos como la propia fotosíntesis que ya hoy
está cotizando en las bolsas de valores del mundo
debido a políticas forestales globales, instaladas
en nuestros países, impulsadas por el Banco Mundial. Además, hay que recordar que en su etapa
actual, el capitalismo no sólo crea mercancías para
alimentar los mercados, sino que lo hace a partir
de la estrategia de la obsolescencia programada,
que garantiza aumentar el consumo y a su vez el
desecho temprano de lo que se consume, provocando un acelerado amontonamiento incontrolable
de basura. En relación con el agua, no puede dejar de señalarse la cantidad increíble de litros que
son utilizados en todos los procesos de producción
(sobre explotación y contaminación de las fuentes
hídricas), así como los riesgos a los que quedan
expuestos los mantos freáticos por la basura final
de todo el proceso que, en general, es procesada
Por tanto, pensar el agua (así como el derecho de
acceso a la misma) de forma aislada al entorno en
el que se reproduce el ciclo hidrológico, así como
de las otras especies cuya vida depende de la misma, supone abordar el tema desde una perspectiva
reduccionista y riesgosa. De ahí que muchos especialistas en derechos estén insistiendo en la necesidad
de ampliar la discusión relativa al tema. Algunos,
centrados en el debate clásico de los derechos, insisten en avanzar la discusión a partir de los principios
de interdependencia e indivisibilidad de los derechos
(agua, medio ambiente, salud). Otros, abrevando de
tradiciones indígenas están insistiendo en la nece-
sidad de avanzar más allá del paradigma tradicional
y pensar a la naturaleza como titular de derechos.
Esta última propuesta es por demás interesante pero
supone retos mayores. No se puede olvidar que en
la mayoría de nuestros países al intentar dar el paso
del paradigma de los derechos humanos al de los
derechos de la naturaleza, damos un salto cuántico
tanto en el plano de la discusión filosófica, teórica,
dogmática y sociológica de los derechos. Abrir la discusión sobre los derechos de la naturaleza, suponen
un cuestionamiento fuerte a la “naturaleza” de los
derechos.1 Implica un profundo cambio de paradigma2 que podría incluso suponer un nuevo capítulo
en la historia del derecho, incluso podría suponer y
alentar a repensar algunos de los paradigmas de las
Los derechos de la naturaleza tienen una matriz (cultural, cognoscitiva) distinta de la que ha sentado las
bases para la discusión de los derechos en general. Se
trata de un paradigma vinculado a la noción de “Buen
vivir (sumak kawsay)” que no cabe en la lógica de la
generación de derechos, ni supone una evolución en
la concepción de los mismos. Tiene base en un sentido comunitario profundo, alejado de las concepciones
liberales dominantes, y con estrechos vínculos hacia
lo sagrado -no religioso occidental- sino lo sagrado
como merecedor de respeto.3
Pensar a la naturaleza como sujeto de derechos, supone el esfuerzo de superar el principio de causalidad y
sustituirlo por principios de relacionalidad (no puede
haber ningún ente aislado); de correspondencia (que
defiende la idea de importantes relaciones entre distintos campos de la realidad como lo simbólico, lo
Martínez, Esperanza, “Prólogo” en Acosta, Alberto y Martínez,
Esperanza (coomp.), La naturaleza con derechos, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2011, p. 7.
Gudynas, Eduardo “Los derechos de la naturaleza en serio; respuestas y aportes desde la ecología política” en Acosta, Alberto y
Martínez, Esperanza (coomp.), La naturaleza con derechos, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2011, p. 239.
Martínez, Esperanza, Op. Cit., p. 11.
cualitativo, lo celebrativo, lo ritual, lo afectivo); el de
complementareidad, o el de reciprocidad.4
Avanzar en esta discusión implica un inmenso esfuerzo colectivo de re-conceptualización y de descolonización de nuestro propio pensamiento como el
que ya algunos autores han comenzado a procesar
y comunicar. Alberto Acosta, Esperanza Martínez,
Eduardo Gudynas, Dian Murcia, el propio Zafaronni, son pensadores que han comenzando a teorizar
lo que los pueblos han venido posicionando con sus
luchas y que en algunas latitudes incluso han logrado
traducir al derecho positivo.
Ya en Ecuador desde el 2008 la Pachamama es sujeta
de derechos establecidos en los Artículos 71-71 de
su Constitución; lo mismo en Bolivia en el Art 33.
En relación con el tema específico del agua es importante para este espacio analizar algunos de los
artículos de la Constitución de Ecuador que conciben
al agua como “un elemento vital para la naturaleza”
(Art. 318), estableciendo la necesidad de que para
su manejo exista un enfoque ecosistémico (Art. 412)
y enfatizando que “la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso
y aprovechamiento del agua” (Art. 411).
Se trata de constituciones que están impugnando los
procesos de neo colonialidad y neo extractivismo,
crecientes en América Latina, estrechamente vinculados con la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático (largo termidor) que ha ganado terreno en
las últimas tres décadas.5
Es importante también destacar que la positivización de los derechos arriba aludidos –como siempre
ocurre en la lucha por los derechos- no se debe a
Ávila, Ramiro, “El derecho de la naturaleza. fundamentos” en
Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (coomp.), La naturaleza con
derechos, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, 2011, p. 209.
Pisarello, Gerardo, Un largo Termidor; la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, Trotta, Madrid, 2012.
las esfuerzos de los teóricos y los profesionales de
la política, surgen principalmente de las estrategias
de defensa que emprenden personas, pueblos, comunidades y organizaciones, en este caso, en torno al
territorio, al agua y a otros bienes comunes que están siendo atacados; luchas contra el extractivismo y
los megaproyectos, contra los transgénicos y por la
soberanía alimentaria, etc. Esfuerzos de resistencia
que combinan lo teórico con lo práctico, la protesta
con las acciones legales, la presión nacional con la
internacional, el tejido de redes con la incidencia, y
cuyo eje fundamental es la insistencia en la necesidad de relacionarse de una forma no mercantil con el
entorno y los bienes comunes.
Como es obvio, todo lo anterior exige la existencia
de sujetos sociales que emprendan las prácticas necesarias para avanzar en esta agenda de defensa de los
bienes comunes que parte de cosmovisiones comunitarias; sin embargo, también es importante señalar
que dichas concepciones comunitarias no se encuentran en todos los ámbitos de lucha y de defensa de
los intereses y necesidades que son fundamentales
para la vida. Los pueblos indígenas bolivianos, ecuatorianos y muchos otros de los que conforman nuestra América se están posicionando en la vanguardia
de este debate político, jurídico y filosófico pero es
importante tomar en cuenta que esas cosmovisiones
no están en todos lados. Cuesta trabajo imaginar esas
formas de organización y de lucha en nuestras ciudades, donde también se está avanzando de forma
grave la privatización y la contaminación del agua.
Ahí, los colectivos de defensa han logrado que avance
-a partir de concepciones distintas a la de los pueblos
en Ecuador o en Bolivia- el discurso de los derechos
humanos, y entre ellos el del derecho al agua, que sí
bien no parte de una concepción holística entre este
bien común y el entorno que lo produce, si permite confrontar los procesos agresivos del mercado que
pretenden convertir al agua en una mercancía para
hacer el mejor negocio con la misma. En esos entornos de lucha, el discurso tradicional de los derechos
ha ido encontrando un suelo fértil para enraizar y
se ha convertido en una herramienta importante de
defensa que no conviene despreciar.
En resumen, diría que no me parece conveniente, ni
estratégico, abandonar el discurso de los derechos
que las luchas populares -urbanas y campesinas- han
logrado enarbolar hasta la fecha contra la privatización del agua, así sea dentro de las contradicciones
dialécticas que les impone el Estado constitucional
de matriz liberal. Sin embargo, lo anterior no debería
hacernos olvidar la necesidad de reforzar la consciencia de que estamos en una situación de emergencia
planetaria, y que lo que están aportando nuestros
pueblos, para revolucionar los paradigmas de defensa
del agua -en su relación con la naturaleza-, es fundamental. En ese sentido es indispensable seguir compartiendo los espacios de reflexión y de lucha que nos
permitan frenar los procesos inmediatos de despojo
y destrucción, al mismo tiempo que se avanza en la
reflexión sobre las fronteras que imponen el constitucionalismo de los derechos y el propio derecho
internacional en materia de los derechos humanos.
Digamos sí a la discusión filosófica y jurídica de los
derechos, que están proponiendo nuestros pueblos
para ir más allá de los esquemas preconcebidos, pero
cuidando las herramientas que ya han logrado posicionar las personas y comunidades, con gran esfuerzo, y que siguen impulsando en sus entornos como
estrategias de resistencia.
¿Cómo se enlaza el enfoque de bienes comunes
con el del derecho humano al agua y al saneamiento?
Para dar respuesta a ello convendría definir de forma
muy general que los bienes comunes son aquellos de
acceso, uso y goce común. Ello implica que una comunidad puede disponer de ellos de forma directa y
sin mediaciones.
Para comprender mejor las estrategias de protección
que puede ofrecer el paradigma de los bienes comunes, puede ser útil un primer esfuerzo de clasificación de los bienes en general (comunes, públicos y
privados), aprovechando dos grandes parámetros que
ayuden a distinguirlos y conceptualizarlos: la calidad
de los bienes y el carácter de los bienes.6
En relación con la calidad de los bienes, puede distinguirse entre bienes materiales y bienes intelectuales.
Los primeros pertenecen al mundo físico y que por
tanto suelen ser tangibles y más fáciles de apreciar a
través de los sentidos. Se trata de cosas aprehensibles
como pueden ser los ríos, el petróleo, el aire, la lluvia. Los segundos son aquellos intangibles, abstractos más difíciles de medir o de tocar que pertenecen
al ámbito del intelecto o espíritu humano: las ideas,
las tradiciones, los saberes, las artes, las lenguas, etc.
En términos generales puede decirse que éstos tienen
una mayor distribución en la población.
En relación con el segundo parámetro (carácter) puede decirse que tanto los bienes materiales como los
intelectuales pueden tener tanto un carácter común,
como un carácter público o bien un carácter privado.
El carácter de los bienes depende principalmente de
las luchas emprendidas por los distintos sectores en
El carácter común de los bienes, ofrece a los miembros de una comunidad la posibilidad de acceder,
usar, ejecutar, estudiar, transportar, distribuir de forma directa, inmediata y autogestiva del bien.
El carácter público surge de la decisión de una comunidad de otorgar a estos bienes una protección estatal. Son aquellos bienes que estando bajo la titulari-
Aquí se sigue la clasificación desarrollada por Vercelli,
Ariel y Thomas Hernán, Repensando los bienes comunes:
análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de
dad del Estado se consideran pertenecientes a toda la
comunidad por medio de la representación política.
El destino de estos bienes es el de su uso público
pero sujeto a una reglamentación que los distribuye,
gestiona y administra.
El carácter privado de los bienes es el que permite
que particulares se adueñen de los mismos y, a través
de la idea de la propiedad privada, haga un uso exclusivo de éstos.
En México, antes de la reforma al artículo 4°, el agua,
por mandato constitucional, (Art. 27) era en general
concebida como un bien público, basándose lo anterior en el hecho de que dicho bien era propiedad
de la Nación y apoyado en eso su gestión se deposito en la Federación; aún así varias normas estatales
relativas al agua preveían formas comunitarias, no
estatales, de gestión del agua; el caso del estado de
Morelos es un ejemplo interesante de ello. No olvidar
que Elinor Ostrom ganó el premio Nobel de Economía
demostrando que en muchas ocasiones una gestión
comunitaria de mantos freáticos resulta más mucho
más eficiente y sustentable que una gestión pública
Con la reforma a los Artículos 1° y 4° constitucional,
aunque no se expulsa el principio de propiedad de
la nación de las aguas del Artículo 27 (y por tanto
sobrevive el agua como un bien público) se abre la
puerta desde la norma máxima para que exista en
México una gestión comunitaria de este bien, convirtiéndose así en un bien común. El Artículo 4° señala
que “El Estado garantizará el derecho al agua estableciendo la participación de la federación, las
entidades federativas y los municipios, así como
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Lo anterior, interpretado
de conformidad con los tratados y estándares internacionales, nos permite decir con rotundidad que el
agua también es concebida por nuestra Constitución
como un bien común en tanto que la Observación
General no. 15 (O-.G. 15) del Comité DESC -que es el
estándar internacional más importante en la materiaestablece en el párrafo 21 la obligación de respeto
a los Estados partes, exigiéndoles que se abstengan
de… “inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas
consuetudinarios o tradicionales de distribución del
agua.” Ello implica que cuando se desarrolle la nueva
ley de aguas nacionales (como lo establece el artículo transitorio de la reforma al Artículo 4°) deberá
ser contemplada la figura de gestión comunitaria del
bien (no estatal, ni privada), lo que convierte de facto al agua en un bien común.
La tercera pregunta que anima esta discusión es la
¿Cómo incluye el derecho humano al agua y al saneamiento las cosmovisiones de los pueblos originarios?
En una línea argumental similar a la anterior (interpretación conforme a la Constitución y los tratados),
puede decirse que existen importantes puentes de
comunicación entre derecho al agua y los derechos de
En primer lugar sí leemos el párrafo sexto del aAtículo 4° (derecho al agua) en relación con el artículo
2° constitucional que establece el acceso preferente
de los pueblos a los recursos naturales y ello lo interpretamos de conformidad con el párrafo 7 de la
O.G 15, encontramos el fundamento para relacionar
el derecho al agua con la cosmovisión de los pueblos.
El párrafo 7 de la O.G. señala que “Tomando nota de
la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo
1° del Pacto, que dispone que no podrá privarse a
un pueblo de sus propios medios de subsistencia, los
Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y
para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas.” Más adelante, en el párrafo 16 se señala
que “Aunque el derecho al agua potable es aplicable
a todos, los Estados Partes deben prestar especial
atención a las personas y grupos de personas que
tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños,
los grupos minoritarios, los pueblos indígenas… En
particular, los Estados Partes deben adoptar medidas
para velar por que:
d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de
agua en sus tierras ancestrales sea protegido de toda
transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben facilitar recursos para que los pueblos indígenas
planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua.
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece:
	Derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras, territorios,
aguas, mares costeros y otros recursos que han
poseído u ocupado y utilizado.
	Derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o de
otra forma utilizado o adquirido.
	Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional
Finalmente, se nos plantea una última importante
¿En qué medida contribuye el reconocimiento del
derecho humano al agua y al saneamiento en los
marcos jurídicos a poner un freno a los procesos
de privatización del agua y/o a regular la acción
de los actores no estatales en la provisión de los
Para contestar conviene recordar que los derechos
son instrumentos dirigidos a proteger intereses y ne-
nas, independientemente de su capacidad de compra.
En ese sentido, la lógica universal de los derechos se
opone a la lógica excluyente del mercado que sólo permite el acceso a quienes cuenten con recursos. En el
Por tanto, implica ingresar desde el punto de vista ju- tema del derecho al agua, si bien es cierto que éste no
rídico, la necesidad o el bien a proteger al terreno necesariamente implica gratuidad, si supone límites
severos a las tarifas (elede la dignidad humana y se
establece un mandato de
mento de asequibilidad)
En el tema del derecho al agua, si bien es
acceso universal al mismo,
y prohibición a los cortes
sin discriminación. Lo anque dejen a la gente sin
cierto que éste no necesariamente implica
terior implica que el bien
gratuidad, si supone límites severos a las tari- agua. Ello supone límites
al mercado, y a sus estraprotegido ingresa dentro
fas (elemento de asequibilidad) y prohibición tegias de cobro. ¿Cuándo
de la esfera de lo no decia los cortes que dejen a la gente sin agua
hemos visto que el derecho
dible por la política y por el
al voto esté a la venta o el
mercado. La lógica del merderecho al libre tránsito, o
cado, distribuye los bienes
a partir del criterio de capacidad de compra. Los de- el derecho a la expresión? Los derechos humanos imrechos, en cambio, imponen la obligación de asegurar plican acceso universal y desmercantilización de los
el acceso al bien o a la necesidad, a todas las perso- bienes y necesidades que son de todos y todas.
cesidades de las personas. Son exigencias dirigidas
al poder público para que tutele, incluso frente a los
demás, ciertos intereses considerados vitales.
en las leyes secundarias
Ni mercancía, ni negocio
Ricardo Buitrón. Activista en defensa del agua,
integrante de Acción Ecológica de Ecuador y de la
ntes de comenzar quisiera dar las gracias a las/
os compañeros de la COMDA por la invitación a
participar en este Foro, así como a las y los integrantes de la Red Vida.
En Ecuador, las organizaciones y los movimientos sociales han sido promotores de procesos encaminados
a la construcción de propuestas sobre el derecho humano al agua.
Latinoamérica goza de una riqueza de biodiversidad,
sobre todo de agua; la región posee las reservas más
grandes del mundo de agua dulce, la Cuenca Amazónica, la Cuenca del Guaraní, la Cordillera de los Andes. Ello la configura como un escenario distinto a
otras regiones del mundo con la mayor disponibilidad
natural de agua dulce. Sin embargo, hay severos problemas en torno al recurso, más de 160 millones de
habitantes carecen de agua para su consumo humano
En Ecuador también existe una riqueza de agua, la
Cordillera de los Andes, los nevados, los páramos,
los bosques; no obstante, comparte los problemas de
agua de la región. Hay una distribución totalmente
inequitativa, falta de acceso al agua potable, problemas críticos de abastecimiento, diferencias muy
grandes entre los centros urbanos y las zonas rurales
en cuanto a cobertura de servicios. En este escenario
territorial privilegiado se han desarrollado luchas y
disputas por el control de los recursos naturales que
tiene que ver no sólo con el agua, sino en general con
Ecuador, al igual que toda la región, ha tenido un
modelo económico impuesto por las instituciones
multilaterales de crédito bajo los esquemas de ajuste
estructural y que han provocado la privatización de
las empresas públicas de agua, la mercantilización de
la naturaleza a través de los servicios ambientales
y la incorporación a los tratados de libre comercio.
También se presenta el fenómeno de la privatización
producida por la contaminación de aguas que resulta
de la apropiación de este recurso por parte de las empresas que las usan, contaminan y las vuelven inaccesibles. Ello se acompañó de una desacreditación de
lo público y del sindicalismo así como de la intensificación del urbanismo y el embotellamiento del agua.
En la década de los 90 en Ecuador se privatizaron
varias empresas públicas, entre ellas la de la ciudad
de Guayaquil, la más grande del país, con más de 3
millones de habitantes. En todo ese proceso de im-
posición del modelo se tuvo una fuerte lucha social
por la defensa del agua y de los bienes naturales. Al
mismo tiempo que se enfrentaba la privatización, los
procesos de concentración y acaparamiento de agua,
las organizaciones realizaron propuestas. La primera
fue una iniciativa para transformar una antigua ley
que favorecía los intereses oligárquicos y de los terratenientes. El movimiento indígena en 1995 creó una
propuesta de ley de aguas que derivó de un proceso
muy grande de debate y discusión y fue presentada, convirtiéndose en una bandera de lucha durante
muchos años. La idea era cambiar las leyes porque
se creía que esto podía permitir la modificación de
muchas relaciones en el país.
Las organizaciones sociales, coaliciones de organizaciones sindicales, ecologistas y pobladores también
se defendieron del proceso de privatización. En la
ciudad de Quito, en 2004, se inicio un proceso para
privatizar los servicios de agua en una parte de la
ciudad con fondos del BID. Hubo una fuerte movilización, resistencia y presiones que lograron frenar
esos procesos y en ese marco se fue construyendo
una propuesta de transformación.
Se formó una Asamblea Nacional Constituyente, hubo
cambio de gobierno y Ecuador entra así a la “ola” de
gobiernos progresistas. Una de las reivindicaciones
del movimiento social fue asumida por el gobierno
de Rafael Correa: la conformación de una Asamblea
Nacional Constituyente. En este proceso impulsado y
llevado a cabo por todas las organizaciones sociales,
se construyó una de las constituciones más avanzadas de la región.
Es una constitución fabulosa que, entre otras cosas,
establece el derecho humano al agua. La constitución
incorpora nuevos elementos que trascienden el acceso
al agua potable y saneamiento. Se reconoce al agua
como un derecho humano vinculado con la soberanía
alimentaria, como un elemento cultural importante,
se reconocen las aguas sagradas, se hace énfasis en
otros asuntos fundamentales como el manejo público
y comunitario del agua. En la constitución se estableció que el manejo debía ser exclusivamente por el sector público y comunitario y que supone que desde su
aprobación, no puede haber manejo privado del agua.
Es una constitución fabulosa que, entre otras
cosas establece el derecho humano al agua.
En la constitución se estableció que el manejo
debía ser exclusivamente por el sector público y
comunitario y supone que desde su aprobación
no puede haber manejo privado del agua
En la constitución se reconocen también las alianzas
público –comunitarias, con la idea de tener un marco
jurídico que permita realizar un trabajo compartido
entre la institucionalidad pública y los sistemas comunitarios.
Se aprendió de los procesos de Uruguay y Bolivia y
se incorporó un tema esencial como son los derechos
de la naturaleza. Para ello se tuvo un fuerte proceso
de debate y reflexión con las organizaciones sociales y se reconoció la protección del ciclo hidrológico.
Desde entonces, se han ido incorporando todos estos
elementos en el marco normativo que se supone que
Simultáneamente se realizaron algunas acciones: se
inició un proceso de des-privatización del agua,
se realizaron auditorías a las empresas privatizadas,
se abrió un debate y construcción de la nueva de
ley de aguas, se llevó a cabo el inventario de los
recursos hídricos porque en Ecuador hay un grave
problema de concentración y acaparamiento de agua,
este inventario daría pie a la desconcentración y desacaparamiento. El contenido incorporado en la Constitución fue:
Art. 3. El Estado tiene el deber de garantizar el agua
Art. 12. El derecho humano al agua es fundamental
e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete
integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones
y procesos evolutivos.
productivos e incluso dentro de las corrientes que
respaldaban al gobierno no se entendían el derecho
humano al agua y se quería restringirlo solamente al
acceso, pero el movimiento logró colocar temas más
Ahí empezó una nueva fase en Ecuador, se tenían muchas expectativas y surgieron bastantes problemas.
Para empezar el proceso de des-liberalización de las
empresas concesionadas implicaba un proceso de auditoría. Se realizaron las auditorias oficiales, relacionadas con los créditos vinculados al endeudamiento
externo; a pesar de lo que señalaban las auditorias:
incumplimiento de los contratos de concesión, falta de
inversión, contaminación de las aguas, en el 2010, el
gobierno decide renovar el contrato con la trasnacional Veolia en la ciudad de Guayaquil por 20 años más.
Art. 318. El agua es patrimonio nacional estratégico
de uso público, dominio inalienable e imprescriptible
del Estado, y constituye un elemento vital para la
naturaleza y para la existencia de los seres humanos.
En otro articulado se prohíbe toda forma de priva- En caso de controversia se resolverán en un tribunal
tización del agua; se establece que la gestión del de arbitraje en Miami. Por ejemplo, las inversiones
agua será exclusivamente pública o comunitaria; el que no realiza la empresa, son asumidas por el Estaservicio público de saneamiento, el
do. El Banco del Estado o el municiabastecimiento de agua potable y el
pio de Guayaquil es quien realiza las
Entonces se observó
riego serán prestados únicamente por
inversiones para nuevas conexiones
personas jurídicas estatales o comunicómo se desmontaba un domiciliarias, para alcantarillado, etc.
tarias. De acuerdo a la nueva constituEntonces se observó cómo se desmondiscurso de soberanía
ción, el Estado fortalecerá la gestión
taba el discurso de la soberanía.
y funcionamiento de las iniciativas
comunitarias en torno a la gestión del
Aun está pendiente documentar si ha
agua y la prestación de los servicios públicos, me- aumentado o no la cobertura de acceso a los servicios.
diante el incentivo de alianzas entre lo público y co- Existe una mayor inversión ahora que en el pasado,
munitario para la prestación de servicios; el Estado, hay más recursos, pero la política está fragmentada,
a través de la autoridad única del agua, será el res- dispersa, no se ha creado la Autoridad Pública del
ponsable directo de la planificación y gestión de los Agua y eso hace que la inversión en los sistemas de
recursos hídricos que se destinarán a consumo huma- agua y saneamiento no esté garantizando a cabalidad
no, al riego que garantice la soberanía alimentaria, el el cumplimiento del derecho humano al agua.
caudal ecológico y actividades productivas, en este
Continúan los problemas con el tema del agua embotellada, es un negocio redondo en el país. En la
La participación de las organizaciones en la elabo- propuesta de ley de aguas del movimiento se intentó
ración de la constitución fue muy difícil y comple- poner un límite para que las empresas de agua emboja: fue un proceso duro, se peleó con los sectores tellada no utilicen agua pública y que no usen enva-
ses no retornables. Esa fue la primera decepción en la
discusión de la Ley de Aguas porque la SENAGUA, que
es la autoridad del agua, se reunió con los embotelladores y eliminaron esa propuesta de ley.
En sector primario también se tienen severos problemas, Ecuador ha sido un país exportador de petróleo
y materias primas. El modelo de los monocultivos, de
banano, de caña de azúcar ahora está siendo reforzado. El país está entrando aceleradamente a un modelo que privilegia los biocombustibles, el monocultivo
de caña de azúcar y la introducción de transgénicos.
Esas son las políticas de un Estado que sigue siendo
capitalista y que sigue concentrando la riqueza en las
manos de los mismos sectores que antes se beneficiaban de las políticas públicas.
Hay un acaparamiento de agua para las actividades
agrícolas y para la exportación, por ejemplo las camaroneras que utilizan una cantidad intensiva de agua. Este
aspecto se quiso regular en la propuesta de ley trabajada desde el movimiento social, se propuso que hubiera
control al abastecimiento de las aguas subterráneas,
de los estuarios, pero el tema causó contradicción. Los
movimientos sociales no tuvieron la capacidad de incidencia en el gobierno que recibía a los gremios camaroneros, a los exportadores y a los ganaderos. El movimiento social tuvo que estar en las calles para exigir ser
parte del proceso de la Ley de Aguas.
La concentración del agua en El Ecuador, refleja lo
que sucede en otros países de la región. La población campesina, indígena y no indígena con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los
usuarios del agua de riego. Sin embargo, este grupo
apenas accede al 13% del caudal. Mientras que los
grandes consumidores, que no representan el 1% de
las unidades productivas agrícolas, concentran el
67% del agua.
Hace ya cinco años de este proceso y aún no se elabora el plan nacional hídrico, ni el inventario de recur-
sos hídricos; la ley de aguas fue detenida por fuertes
movilizaciones porque no incorporaba las demandas
del movimiento social.
Se sigue teniendo un modelo que privilegia el extractivismo, y la construcción de represas hidroeléctricas
con el consecuente desplazamiento de la población y
el cambio de actividades agrícolas a estas actividades
de generación eléctrica. Hay también problemas de
contaminación por las actividades petroleras.
Los sistemas comunitarios de agua en Ecuador han
sido durante décadas quienes han resuelto el acceso del agua potable, de riego y para consumo de los
sectores rurales. Existen más de 10,000 sistemas comunitarios que son los que esperan generar un cambio en las políticas, en la construcción de propuestas
legales, en la formulación de las decisiones y del manejo sobre el agua. En la propuesta de ley se incorporaban temas muy innovadores que recogen varias de
las luchas de Latinoamérica:
	mínimo vital
	consejo plurinacional y pluricultural del
	tema del fondo del agua
	constitución reconoce una prelación en el
uso del agua: primero están las actividades de
consumo humano, después el agua para soberanía alimentaria, y el agua que garantiza el
En la discusión que se empezó para la ley de aguas
del 2010 tiene una estrecha relación con el tema
de la tierra, pero el proceso se detuvo. Aun sigue
pendiente la reforma agraria; esto es una demanda
de los movimientos organizados; se esperaría que el
proceso de reforma institucional del estado lo contemple.
Estas propuestas no sólo no han sido incorporadas en
los procesos de discusión del nuevo marco jurídico,
sino que también ha habido un fuerte enfrentamiento entre las organizaciones que defienden sus tierras,
sus comunidades, sus fuentes de agua, frente a las
actividades extractivas, mineras, petroleras y al modelo económico que se está imponiendo.
Aun teniendo la mejor constitución en el tema del
agua, hay confrontaciones muy fuertes, ejemplo de
ello son las palabras del presidente Rafael Correa y
que muestra la criminalización desde el gobierno
ecuatoriano hacia las y los defensores del agua:
“Los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo
de terroristas, los ambientalistas románticos y
los ecologistas infantiles. Son los que quieren
desestabilizar el gobierno”.
“Se acabó el anarquismo, todo el que se opone
al desarrollo del país es un terrorista, no se
dejen engañar, el gobierno está investigando
quien está detrás de todo esto, el Gobierno no
dejará que se detengan...”
Hay más de 240 dirigentes indígenas campesinos acusados de sabotaje y terrorismo en Ecuador. Acusados
por la defensa de los bienes naturales, por la defensa
de sus territorios y hace dos meses, tres de ellos fueron sentenciados a prisión.
El modelo de desarrollo en Ecuador sigue reforzando al estado capitalista, extractivista, concentrador
de la riqueza, además de un fuerte ataque a todo el
movimiento social para desarticularlo a través de la
represión. Ante ese proceso de criminalización de la
lucha social, las organizaciones siguen ocupando las
calles, haciendo procesos de articulación. En febrero
del 2012 hubo una marcha muy grande en defensa
del agua, de la dignidad de los pueblos. Eso lleva a
pensar que las conquistas en el Ecuador, los derechos
del agua de la naturaleza, la participación, la plurinacionalidad, son resultado de la lucha y construcción
Ahora hay una demanda muy enérgica del movimiento social que es el del mínimo vital gratuito, no
obstante de contar con un marco constitucional que
podría hacer efectiva esta demanda, no se hace. En
la ciudad de Bogotá, el alcalde acaba de instaurar el
mínimo vital lo que se considera un logro que puede
Nacional de Aguas de Uruguay
Carlos Sosa. Sindicalista e integrante de la Comisión Nacional en Defensa el Agua y la Vida en Uruguay
e siento hermanado con los pueblos de América
Latina por las luchas que existen por la defensa
del agua; en este proceso por la búsqueda de independencia y por la construcción de un futuro solidario para todos y todas.
Las cosas que se han logrado en Uruguay en materia
de agua han sido a través de la lucha de nuestro
pueblo, nada ha sido regalado. La reforma del 2004
expresó la voluntad de amplios sectores de Uruguay
para reconocer el agua como un derecho humano en
la Constitución. La ley de agua a partir de la reforma
constitucional implicó un primer avance en cuanto
a participación del pueblo, pero esto no alcanza. La
única garantía para que se cumplan las leyes y sigan
vigentes es la movilización por parte de la ciudadanía.
La reforma del 2004 expresó la voluntad de
amplios sectores de Uruguay para reconocer el
agua como un derecho humano en la Constitución. La ley de agua a partir de la reforma constitucional implicó un primer avance en cuanto a
participación del pueblo, pero esto no alcanza
El desarrollo capitalista ha colocado a Uruguay como
un país agro-exportador desde el siglo XIX hasta hoy
día, y se ha profundizado un ataque sistemático a
todos los recursos que existen. El propósito con la reforma del 2004 no era solamente frenar la privatización del agua potable y del saneamiento, sino lograr
más, defender el agua y la vida y era avanzar hacia
un enfoque integrador del ciclo hidrológico a nivel
del territorio. La reforma constitucional estableció
como unidad a la cuenca hidrográfica, a partir de ahí
se construye la participación de quienes integran esa
cuenca. Pero no bastaba la reforma, sino una ley que
definiera conceptos, principios rectores, objetivos de
la gestión, instrumentos básicos, etc.
En 2009, la Comisión Nacional en Defensa el Agua y
la Vida junto con la Dirección Nacional de Aguas y
Saneamiento (DINASA) impulsaron un proceso para
la construcción de la propuesta de ley que posibilitara instrumentar lo establecido en la Constitución en
torno al derecho humano al agua y bajarlo a tierra.
Eso implicó la formación de una Comisión Asesora
de Aguas y Saneamiento con participación de la sociedad civil, la representación de sectores populares
y todos los Ministerios que tienen incidencia en los
recursos hídricos. La Comisión Nacional en Defensa
el Agua y la Vida llevó como puntos esenciales para
debatir, las siguientes propuestas:
	glosario que permita comprender y caracUn
terizar los fenómenos físicos; los términos técnicos y el aspecto instrumental de la gestión
	objeto de la norma jurídica a crearse
	Los principios rectores sobre los cuales tiene
que basarse la política de agua
	instrumentos básicos para aterrizar las poLos
líticas hídricas
	objetivos de la gestión de los recursos hídriLos
cos y los servicios de agua potable y saneamiento
	participación social como condición neceLa
saria para la construcción de la política hídrica
Para la Comisión Nacional en Defensa el Agua y la
Vida era importante que en la formulación de la Ley
se integraran los siguientes principios básicos de manera transversal:
	Armonizar la política hídrica con las políticas
territoriales y medioambientales
	Incluir criterios de la gestión integral y sustentable de recursos hídricos
	Generar las condiciones de accesibilidad de
agua para todas las personas
	Asegurar la equidad en la distribución
	Establecer las responsabilidades por el uso
adecuado de los recursos hídricos
	Asegurar la mayor transparencia y difusión de
la información relativa al agua
	Integrar criterios para la participación de las/
os usuarios y la sociedad civil en las diversas
	Crear planes locales para la gestión de recursos
hídricos y su revisión permanente
	Tomar en cuenta en la gestión territorial el
agua para consumo humano y su relación con
los servicios de agua y saneamiento, el uso industrial, el riego, generación de energía, los
medios de transporte, el uso recreativo y la
conservación de la naturaleza sustentable
Todas las propuestas fueron debatidas y consensuadas, y se logró la construcción la Ley de Política Nacional de Aguas. En septiembre del 2009, el parlamento (senadores y diputados) de todos los partidos
políticos la aprobaron por unanimidad. Los contenidos de la Ley son: Capítulo I) Disposiciones Generales; Capítulo II) Principios; Capítulo III) Instrumentos, Capítulo IV) Recursos Hídricos; Capítulo V) Agua
potable y saneamiento; Capítulo VI) Participación;
Capítulo VII) Información y Monitoreo y Capítulo
VIII) Gestión.
Para la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la
Vida era fundamental el enfoque de cuenca como forma de gestión del agua y el espacio idóneo para la
participación de la gente.
Otro problema son las plantaciones forestales de monocultivo de eucalipto en alrededor de 1 millón 800
mil hectáreas. Estas formas de uso de suelo implican
un avance en la destrucción del territorio. Si a esto se
le suma la amenaza por la construcción de una mega
minería de hierro a cielo abierto en cuatro Departamentos, la situación se torna más compleja.
Lo que se tiene logrado y por escrito en la Constitución y en la Ley puede ser una vía para detenerles;
pero para que surtan efecto se requiere presión social
como la manifestación del 11 de octubre en Montevideo. Es decir, lo más importante es la manifestación, la organización y la participación del pueblo,
así como establecer alianzas entre diferentes organizaciones sectoriales. ¡Arriba los que luchan y abajo
el imperio!
Hacia una propuesta ciudadana de Ley
de Aguas en México
Además se logró el establecimiento en la Ley de los
Consejos Regionales Transfronterizos en los lugares
donde hay conflictos, que son: Laguna Merín, Río
de la Plata y Río Uruguay. Actualmente la Comisión
Nacional en Defensa del Agua y la Vida trabaja en
la identificación de más cuencas al interior del país
como espacios para la gestión y la resolución de los
graves problemas en torno al agua.
Elena Burns. Forma parte del proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana: “Investigación,
Universidad y Comunidad” localizado en la zona de
los volcanes en el oriente de la Cuenca de México
y coordina el grupo promotor de la Ley ciudadana
Entre ellos destacan: desde hace 40 años en Uruguay
se ha implementado una política ambiental de mal
uso de los recursos naturales que ha agravado los problemas, por ejemplo, actualmente hay 1 millón 200
mil hectáreas dedicadas al cultivo de soya transgénica, en éstas se utilizan agro tóxicos que con las
lluvias llegan a los ríos y producen problemas en los
ecosistemas, grave contaminación que impide su potabilización para su uso en los centros de población.
ara el desarrollo de las actividades del proyecto
de investigación se dio una lucha a lo largo de
estos años tropezando con la “camisa de fuerza” que
es Ley de Aguas Nacionales vigente. Posteriormente
a las luchas y acciones de Bolivia, y el proceso en la
ONU para reconocer el derecho humano al agua, en
México se logró el reconocimiento constitucional de
este derecho y se abrió la necesidad de elaborar una
nueva ley de aguas que incorporara el derecho humano al agua y otros temas relevantes.
En términos de la reforma al Artículo 4° constitucional en vigor desde febrero de 2012, el Congreso disponía de 360 días para la formulación de una nueva
Ley General del Aguas. En las reuniones de nuestro
grupo se empezó a hablar del tema y se llegó a la
conclusión que no era necesario esperar a que los diputados presentaran una iniciativa, ya que, además,
en el contexto electoral se encontraban en campaña,
así que el espacio estaba libre para formular una iniciativa ciudadana.
Se empezó así un arduo proceso que ha sido de mucho aprendizaje y apenas se tiene una parte pequeña
de lo que sería una propuesta ciudadana de ley; los
tiempos marcan hasta febrero del 2013 para poder
presentar una nueva ley y se necesita construir los
consensos. Es un gusto ver que los logros en Ecuador
y Uruguay tienen mucho en común con lo que se va
consensando hasta el momento en México.
Es importante mencionar que la actual Ley de Aguas
Nacionales fue aprobada en 1992, se trata de una ley
que fue realizada en el contexto preparatorio para
entrar en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN). Es una ley con la que el gobierno estaba buscando poner fin a la incertidumbre que había
en México en cuanto al manejo del agua, dado que
algunas comunidades tenían el manejo de sus aguas
por usos y costumbres, otros por decreto presidencial, otros por un oficio del municipio, etc., y se decía
“hay que tener seguridad de la tenencia del agua”.
Por esas fechas se impulsaron en el mismo sentido
otras reformas y leyes, por ejemplo en materia de tierra, se mutiló el Artículo 27 constitucional, etc.
La Ley de Aguas Nacionales se centra en el sistema de
concesiones, no fue creada para el manejo equilibrado
de las cuencas dentro de los límites de la naturaleza.
Con cada nuevo presidente había nuevas concesiones,
y esto ha generado sobrexplotación de los acuíferos
con graves consecuencias, entre ellas, que hoy el país
enfrente un problema de toxicidad por aguas milenarias casi imposibles de potabilizar.
Nos enfrentamos a una situación muy extrema: cambiar el rumbo en todo o perderlo. Por otro lado, vienen impulsos de otros intereses, no es de sorprender
que los grandes capitales tengan más necesidad de
seguir acumulando y no hay mejor inversión que el
El no reconocimiento de nuestra relación con la naturaleza pide ahora atención a gritos, por ejemplo la
embestida de megaobras de infraestructura hidráulica
que violan principios de la naturaleza bajo el argumento de la seguridad nacional.
Sabemos que una ley no va a resolver todos los problemas, se tienen que reconstruir y recuperar las raíces, construirse como sujetos de la sustentabilidad.
El sistema que está llegando a un fin terrible es un
sistema finalmente sin sujetos, un sistema que por
sí mismo no se puede parar, y la única manera de
frenar el deterioro es construyendo las capacidades
en el territorio para garantizar armonía con la naturaleza, el agua, la producción de alimentos, etc.
Es el momento a nivel planetario de reconocimiento
y análisis de nuestra relación con la naturaleza para
Para el proceso de la Ley Ciudadana se formaron diez
mesas de trabajo, lo primero que se hizo fue la conceptualización, ya que muchas personas intervienen
en la gestión comunitaria y en los organismos de
cuenca descentralizada que es una rejilla de la Ley
Nacional de Aguas para la participación ciudadana
pero no es suficiente. Al principio se tenía la idea
de la descentralización por completo de toda la gestión del agua, y después llegaron otros actores (como
Greenpeace) que trabajan frente a industrias contaminadoras y se vio la necesidad de la exigibilidad, es
decir, ¿A quién puedo responsabilizar? Toda esa idea
del derecho y de la responsabilidad del Estado nos
hizo ver que finalmente no convenía una descentralización en todos los ámbitos. Fue todo un debate que
se resolvía desde la perspectiva de la participación,
la democratización y la ciudadanización del agua de
tal modo que se lograra “agua para todos siempre”, el
cual debería ser el objetivo de la ley.
Es así que la propuesta de la ley ciudadana tiene que
centrarse en la construcción de espacios y procesos
de gestión y cogestión en donde las comunidades elijan libremente a sus representantes, sin pasar por
sistema de partidos, a nivel local, hasta lograr la cogestión a nivel de microcuenca, subcuenca y cuenca
con el 50% de ciudadanos, gestiones comunitarias,
y el otro 50% dividido entre los tres órdenes de gobierno.
En este proceso se reconocen siete retos a enfrentar a
nivel nacional y se debe plantear un camino de transición para lograrlo. Las mesas de expertos/as están
trabajando distintos aspectos de la Ley ciudadana La
idea es establecer un proceso nacional de planeación
por cuenca de cogestión, mitad ciudadanía mitad gobierno, en torno a siete metas:
1.	Agua de calidad para todos.
6.	Fin a la vulnerabilidad ante inundaciones y sequías.
7.	Fin a la destrucción de cuencas con grandes
obras como mineras, trasvases y grandes obras
hidráulicas mal concebidas.
Lo que está sucediendo actualmente en el Congreso,
impulsado por la Asociación Nacional de Empresas de
Agua y Saneamiento (ANEAS) deja ver que les gusta
la Ley de Aguas Nacionales vigente ya que les permite tener el control del agua y las concesiones a
nivel federal. La Ley de Aguas Nacionales confunde
agua de la nación con agua federal y da todo el poder
a la Federación. Entonces se tiene una ley a la que
quieren pegar otra iniciativa de lo que sería una Ley
General de Agua Potable y Saneamiento, la cual plantea el control del agua fuera de las áreas urbanas y
ahora la quieren controlar en centros urbanos bajos
Para abonar a la discusión se debe recordar que hubo
un Foro Nacional de Experiencias de Gestión Comunitaria y Cogestión en Chiapas, y que la ley estatal
permitía que los sistemas municipales fueran manejados por representantes territoriales elegidos, uno
del municipio, uno del Estado y uno de la Federación
en Tuxtla Gutiérrez, lo que ha funcionado bien en
términos de eficacia y equidad.
2.	Agua para la soberanía alimentaria.
3.	Agua para ecosistemas porque son proveedores
y usuarios del agua.
4.	Fin a la contaminación de los cuerpos agua (no
habrá agua de calidad mañana si no hay responsabilidad hoy).
5.	Fin al minado de aguas milenarias (solo agua
fresca, solo agua que cae del cielo, que corre
por el río, que está en el humedal o el manantial).
Como parte del proceso de la Ley ciudadana del agua,
se tendrá un Congreso el 7 y 8 de diciembre de 2012
en la Rectoría General de la Universidad Autónoma
Metropolitana, donde se trabajará para terminar de
discutir y pulir el documento. Ahora las discusiones
son vía electrónica.
Si mañana pasará esta Ley ciudadana que es la que
el país necesita, sucedería lo que pasó en Ecuador y
Uruguay, que no se tiene la fuerza para hacer cumplir
la ley. Se necesita un proceso de educación, organización, construcción de consensos, de voluntad ciu-
dadana y comunitaria, para hacer que la ley se ejecute. Como se decía, no habrá agua de calidad mañana
si no se responsabiliza a todos los sectores desde hoy,
pues ahora nadie se responsabiliza con excepción de
las luchas en defensa del agua.
Si se aprueba la Ley de participación ciudadana, se
llevaría a cabo una consulta popular sobre la Ley ciudadana del agua. De ahí la importancia de construir-
nos como sujetos de la sustentabilidad del agua en
el país y colaborar entre todos/as en este esfuerzo.
No habrá agua de calidad mañana si no se responsabiliza a todos los sectores desde hoy, pues
ahora nadie se responsabiliza con excepción de
las luchas en defensa del agua
Procesos sociales,
Procesos organizativos y sociales en
Colombia: referéndum de 2007 para
constitucionalizar el derecho humano
Javier Márquez. Antropólogo, activista ambiental,
coordinador del Programa Agricultura y Política
Ambiental de la Corporación Ecológica y Cultura
Penca de Sábila, vocero del Comité Departamental
en Defensa del agua y la Vida de Antioquia en Colombia e integrante de la Junta directiva de ECOFONDO
n el 2008 Colombia vivió dos acontecimientos importantes, el primero fue la “gran minga7 indígena por la vida”, que el 12 de octubre de ese año logró
convocar más de 60 mil indígenas de muchas etnias
principalmente del pueblo Naza en el suroccidente
del país; marcharon exigiendo sus reivindicaciones
relacionadas con el medio ambiente, la economía,
la soberanía alimentaria, los derechos humanos, la
educación, la autonomía de territorios indígenas, el
rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y Tratado de Libre Comercio, y en general la
defensa de los bienes comunes y la biodiversidad.
Trabajo y organización comunitaria.
El otro hecho significativo fue el referéndum del agua
que suscitó una amplia movilización y colocó en la
agenda política el debate sobre el agua como bien
común y derecho humano fundamental. Además, se
convirtió en tema obligado durante el proceso electoral, de los debates públicos; la minga indígena asumió como propio el referéndum del agua. La minga
optó por la vía del referéndum como una expresión
del movimiento en defensa del agua y de la vida, y se
tuvo una fuerte influencia en la conciencia ciudadana y comunitaria del país.
Estos son dos claros ejemplos de renovación de los
movimientos sociales de Colombia. Durante el régimen de Álvaro Uribe se consolidó un Estado al servicio de las corporaciones y de privatización de los
bienes comunes. Muestra de ello es que entregó a las
trasnacionales gran parte de los bienes públicos representados en empresas estatales. Este proceso privatizador empezó mucho antes, desde la Constitución
de 1991, que es una paradoja por si misma dado que
fue producto de la negociación entre grupos guerrilleros -excepto ELN y FARC-, que actualmente están
en la mesa de negociación con el Gobierno de Juan
Manuel Santos. Las guerrillas llevaron a la construcción de una nueva constituyente que se tradujo en
un pacto social y político muy importante, se logró
una constitución garantista y participativa, pero que
al mismo tiempo dio paso a la apertura económica,
siguió el Consenso de Washington y abrió camino al
neoliberalismo de manera clara. Son dos décadas de
consolidación de ese modelo económico de apertura,
ligado contradictoriamente a una apertura política
que supuestamente trataba de superar la exclusión
El resultado de esos ocho años del gobierno de Uribe es un régimen político más excluyente, en el que
se ha dado la privatización y la quiebra de muchas
empresas privadas que no soportaron las reglas internacionales, la merma del presupuesto social frente
a gran aumento del presupuesto militar, impulso a
las mega-minerías; y despojo de tierras a campesinos,
comunidades negras e indígenas para la producción
de agrocombustibles. Se crearon leyes que favorecen
a las multinacionales y la creación de empresas público- privadas que van en contra de las economías
populares. Aumentan las normas que pretenden mercantilizar todos los servicios públicos; hay una transformación empresarial de los organismos de gestión
pública, en particular los que prestan servicios de
agua y saneamiento básico y proponen economías de
escala que favorecen a inversionistas privados.
El gobierno de Juan Manuel Santos ha reformado el
marco jurídico para despojar a los municipios, los gobiernos locales y las comunidades organizadas de la
gestión pública y comunitaria del agua. El agua en
Colombia es gestionada por más de 12 mil acueductos
comunitarios y hay casi 700 municipios que todavía
tienen empresas públicas o secretarías de servicios
públicos en manos de los gobiernos locales, lo cual
es visto como un obstáculo para los procesos de privatización.
En el año 2005 el Partido de la Unidad Nacional,
fundado por Uribe, elaboró un proyecto de Ley de
Aguas que pretendía privatizar el servicio de alcantarillado e incluso amenazaba a las propias fuentes
de agua, a diferencia del Código de los recursos naturales de 1974 que contiene elementos que garantizan su conservación y prioriza el consumo humano
El proyecto de ley proponía la creación del consejo
hídrico nacional, los consejos de cuenca con predominio del sector usuario – que en última instancia son las empresas del sector ya privatizadas-, la
agroindustria, la eliminación de mecanismos de participación ciudadana como las audiencias públicas;
ante esto las organizaciones ambientalistas agrupadas en Ecofondo lanzamos una campaña que se denominó “el agua un bien público”, y el énfasis se
puso en denunciar y oponerse a los avances de los
contenidos del proyecto de ley. Se logró que se archivara el proyecto en su rama legislativa a partir de la
colección de firmas que se llevaron a la 5ª Comisión
Desde la sociedad civil se diseñó una metodología de
deliberación que articulaba los conocimientos de la
academia, las organizaciones de iniciativa ciudadana,
organizaciones populares y sindicales con el propósito de discutir los problemas ambientales asociados a
la conservación y gestión del agua en Colombia. Los
temas centrales de esta agenda política fueron: conflictos asociados a la construcción de megaproyectos
hidroeléctricos, minería, grandes monocultivos industriales especialmente los dedicados a la producción de agrocombustibles que afectan ecosistemas y
al ciclo hidrológico, contaminación del agua, privatización de empresas públicas y acueductos comunitarios, la falta de acceso y servicio de agua en sectores
El 27 de abril de 2005 se lanzó la campaña concebida
en cuatro fases: investigación, socialización, movilización y organización. Se realizaron foros, talleres,
encuentros comunitarios movilizaciones, festivales,
asambleas, diferentes eventos que tenían como centro la defensa del agua como bien público y derecho
humano fundamental, todo ello a lo largo del país. En
todos los territorios se realizaron comités de trabajo
con convergencias plurales. El proceso representó un
hito en el país para los debates en la izquierda y
el movimiento social, porque en Colombia han sido
fragmentadas, violentadas y criminalizadas históricamente las luchas sociales.
la asamblea era lo definitorio y el consenso sería la
manera de actuar.
Se analizó que esta primera victoria, con las 44,474 Así, se consiguieron 2 millones 100 mil firmas para
firmas que frenaron el proyecto de Ley, era insufi- inscribir la iniciativa, que se archivaron en la Cámara
ciente y se optó por un referéndum para la refor- baja. Lo que se buscaba con la iniciativa de ley era
que el Estado garantizara la
ma de la constitución. La
protección del agua en todas
propuesta de reforma tenía
El proceso representó un hito en el país sus manifestaciones por ser
como título “el acceso al agua
para los debates en la izquierda y el
esencial para la vida de topotable como un derecho humano fundamental y el agua
movimiento social, porque en Colombia das las especies y las generaciones presentes y futuras,
como bien público”. El 21 de
han sido fragmentadas, violentadas y
y el agua como bien común
febrero de 2007 se hizo una
criminalizadas históricamente las
y público. Se proponía que
asamblea nacional que dio
en el título sobre derechos
como resultado la conformaluchas sociales
fundamentales se planteara
ción del comité promotor del
el acceso al agua como dereferéndum. Se sabían las limitaciones de la ley de participación, de la Ley 134 recho humano fundamental, que el Estado tuviera
de 1994 en la que está señalado el referéndum como la obligación de suministrarlo de manera suficiente a
mecanismo plebiscitario, pero que en los hechos la todas las personas, sin discriminación y con equidad
sociedad civil nunca había utilizado en Colombia. de géneros, y garantizar un mínimo vital gratuito; se
Este proceso constaba de nueve pasos, uno de ellos incluía la conservación del ciclo hídrico y el respeto a
consistía en que el Congreso debía validar el articu- la autonomía de las comunidades negras e indígenas
lado de la ley que se proponía. Ahí pereció la pro- para que de acuerdo a su cosmovisión, usos y costumpuesta, porque la mayoría del congreso es neoliberal. bres, ellas gestionaran autónomamente el agua. Por
La ley de participación es muy confusa porque va en último, en la gestión pública del agua se establecía
contra de la Constitución en su espíritu de democra- que ésta sólo puede ser prestada por el Estado o la
comunidad organizada sin ánimo de lucro; esta últicia participativa.
ma propuesta fue la más polémica porque se oponía
También se desarrolló un proceso de deliberación directamente a la privatización.
nacional significativo al que se denominó “construcción propia de la ley del agua”; en la recolección de No se puede hablar totalmente de una derrota al quefirmas siempre se superó el número necesario tanto dar archivada la propuesta de ley, porque se tienen
para inscribir la iniciativa como para llevar al Con- logros posteriores al referéndum:
greso la reforma constitucional. Lo más importante
de este proceso es que se logró un consenso respala)	Existe una jurisprudencia de la Corte constidado por 1300 organizaciones y miles de personas,
tucional que incluye diversas sentencias que
y se constituyeron nueve asambleas como espacios
ya reconocen el acceso y suministro del agua
de amplia discusión y consenso entre sectores muy
potable como un derecho, que se sustentan en
diversos. Cuando se pactó la conformación del comité
la Observación General no. 15 del Comité del
promotor del referéndum se dejó en claro que no se
estaba pactando una dirección del movimiento, pues
Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU. Ade-
más, la Corte ha dicho en diversos momentos
que se debe garantizar el mínimo vital a toda
la población sin distinción.
b)	Existen dos casos: el de Medellín en donde se
ha garantizado un mínimo vital a la gente más
pobre de la ciudad con 86.6 litros por persona
al día. El caso de Bogotá es más progresista y
cercano al derecho humano fundamental, porque garantiza 6m3 de agua al mes a quien no
puede pagar, independientemente de su condición social.
En cuanto a los retos actuales del referéndum y luchas posteriores:
	referéndum logró articular muchas luchas
locales históricas en defensa del agua, de los
ecosistemas, y demás que atentan contra el
agua y la vida.
	Actualmente crece el proceso de la Red Nacional de Acueductos comunitarios (12 mil, casi
todos rurales) y procesos regionales de asociación en los sistemas comunitarios del agua,
que tienen una propuesta de una Ley para la
gestión público- comunitaria del agua.
	están proponiendo procesos público- coSe
munitarios, por ejemplo en el Valle convergen
sindicatos; en Antioquia con gobiernos locales se han logrado proyectos de acuerdo en los
consejos municipales de elección popular con
apoyo de las alcaldías para la generación de
políticas locales que se opongan a la privatización, llamados “Planes departamentales de
agua” (van 5 procesos de esta naturaleza).
Plataforma de acuerdos públicos y
comunitarios de las Américas
Luis Isarra. Sindicalista de Arequipa, Perú, Secretario General de la Fundación Nacional de Trabajadores del Agua, Secretario General de la Confederación de Sindicatos de Agua y Medio Ambiente
mérica Latina es una de las regiones donde hay
más disponibilidad natural de agua; no obstante,
en grandes zonas de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia se vive la escasez del recurso, además son países en los que en la última década las
trasnacionales del agua han tenido una fuerte presencia en la privatización del agua.
Luchas como las de Bolivia, Uruguay y de otras partes del mundo marcaron la creación de la Plataforma
de Acuerdos Públicos y Comunitarios de las Américas
(APC) que surgió como una forma de contribuir al
acceso al agua de calidad en las diferentes zona. La
Plataforma ha sido impulsada por varias organizaciones que integran la Red VIDA.
En la Red VIDA no sólo se trabaja en contra de la
privatización del agua, sino que se están formulando
y construyendo propuestas, más allá de sus integrantes, por ejemplo en alianza con sindicatos y organizaciones de varios países de la región.
La Plataforma de APC de las Américas se creó en abril
del año 2009, como brazo operativo de la Red VIDA,
en Paso Severino (Uruguay) con la firma de una declaración de compromiso entre las 54 organizaciones
participantes (sindicales, sociales, instituciones públicas y empresas públicas y sistemas comunitarios).
La Plataforma APC promueve acuerdos de cooperación
entre sistemas públicos y comunitarios de agua en las
Américas. Algunas de las organizaciones que integran
la Plataforma son: la Fundación Abril de Bolivia, Ingenieros Sin Fronteras de España, la Internacional
de Servicios Públicos, Food and Water Watch, Penca
de Sábila de Colombia, CENSAT de Colombia, entre
otras. Se tiene como principio básico la defensa y
fortalecimiento de la gestión pública y comunitaria
para la democratización y la mejora de los servicios
y la calidad, sin recurrir a la privatización o mercantilización de un recurso fundamental para la vida
como es el agua.
sectores académicos y gobiernos locales que prioricen
la salud, las dimensiones sociales e higiénicas a las
de orden económico.
La misión de la APC es iniciar, apoyar, favorecer y
fortalecer el intercambio de experiencias de gestión
mediante Acuerdos Públicos-Comunitarios entre diferentes empresas públicas, cooperativas, acueductos y
sistemas comunitarios, a través de la organización y
la creación de una agenda común, multisectorial sobre democratización y fortalecimiento de la gestión
pública-comunitaria.
	privatización, y mercantilización no son
necesarias, deseables ni válidas en ninguna de
La misión de la APC es iniciar, apoyar, favorecer
y fortalecer el intercambio de experiencias de
gestión mediante Acuerdos Públicos-Comunitarios entre diferentes empresas públicas, cooperativas, acueductos y sistemas comunitarios, a
través de la organización y la creación de una
agenda común, multisectorial sobre democratización y fortalecimiento de la gestión públicacomunitaria
	Cooperación en igualdad de condiciones, aceptando las diversidades culturales
La Plataforma es una organización horizontal que se
opone a las privatizaciones y comercializaciones en
los procesos estratégicos en la gestión del agua. Además se busca impulsar y consolidar el derecho humano al agua y la construcción de herramientas para
la defensa de la gestión pública y comunitaria, en
manos de los estados, las comunidades, las cooperativas y los pueblos organizados, con la participación de
Para llevar a cabo sus trabajos, las organizaciones de
la Plataforma comparten los siguientes principios
	Colaboración multisectorial
	Defensa del derecho de los pueblos al agua
	Promoción de los caminos y herramientas para
que se concreten acuerdos de cooperación con
el propósito de que los pueblos accedan al
agua de calidad y en cantidad suficiente de
forma sustentable
La parte ética en la gestión del agua es muy importante para la Plataforma por lo que también se siguen
principios éticos esenciales:
	Respetar la autonomía e independencia de todas las organizaciones que integran la Plataforma
	Impulsar la firma de acuerdos de cooperación
públicos comunitarios sociales (nacionales o
internacionales), sin fines de lucro, gratuitos,
basados en la solidaridad, reciprocidad, sin jerarquías
	Respetar y promover todas las formas de acuerdos: público-público / público- comunitario /
comunitarios-comunitarios
	APC pueden involucrar al Estado, organisLos
mos, empresas públicas, cooperativas, operadores y sistemas públicos y comunitarios, y
Acuerdo público comunitario
Algunas de las organizaciones de la Plataforma son
	Acuerdo comunitarios SINTRACUAVALLE y acueductos comunitarios LA SIRENA en Colombia
	Acuerdo de sistemas comunitarios San Miguel
y María Auxiliadora y APOS Potosí en Bolivia
	Acuerdos OSE en Uruguay
	SEDACUSCO, SEDANHUANCAYO y SEDAPAR Perú
	Acuerdo ABSA Argentina
Un Acuerdo Público Comunitarios es un convenio entre dos o más partes que se comprometen a colaborar
intercambiando conocimientos y experiencias para meEs una herramienta estratégica y política
jorar y hacer más eficiente la
gestión pública del agua y el
que ayuda al mejoramiento y fortalecisaneamiento en sus empresas
miento de los sistemas e incorpora nueo sistemas autogestionarios.
vas alternativas de gestión y tecnología
Es una herramienta estratégica y política que ayuda al
mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas e incorpora nuevas alternativas de gestión y tecnología.
Los objetivos que se persiguen con un acuerdo público comunitario son: mejorar la eficiencia de gestión
de los servicios de agua y saneamiento; aumentar la
cobertura y acceso a los servicios de agua y saneamiento; fortalecer las empresas públicas y los sistemas autogestionarios; desarrollar recursos humanos
a través de proceso de capacitación; defender el agua
de cualquier forma de privatización; incorporar a la
sociedad civil, comunidades, sindicatos, usuarios en
la gestión en el proceso de control del agua; fomentar la transferencia de economía social; promover un
modelo público de gestión del agua; y colocar en el
debate público el agua como un derecho humano.
Con estas organizaciones se
han logrado establecer acuerdos para mejorar la situación
del agua y en algunos casos
se han formulado propuestas
para incidir en las políticas
hídricas bajo los principios de
Los ámbitos en los que pueden actuar los acuerdos
públicos comunitarios son:
	Formación y capacitación de recursos humanos
	Intercambio de experiencia locales
	Asistencia técnica
	Dotación e implementación de tecnología y
	Fortalecimiento institucional
	Promoción de la visión de los APC’s a nivel
	Apoyo y dotación de material informativo de
Informe Global de la Corrupción 2008 . Corrupción en el sector del Agua
Apropiación de agua, medio ambiente y obesidad. Los impactos del negocio de b...
El agua en méxico, lo que todos debemos saber
Eficiencia energética y regulación económica en los servicios de agua potable...
Artículos de Manuel Valencia Castro
Encíclica papa Francisco Encuentro Ciudadano Lagunero