Source: https://vlex.com.pa/vid/casacion-laboral-tercera-administrativo-31650525
Timestamp: 2017-10-19 23:46:20
Document Index: 312644637

Matched Legal Cases: ['artículo 224', 'Artículo 4', 'Artículo 224', 'artículo 224', 'artículo 4', 'artículo 224', 'artículo 927', 'artículo 77', 'Artículo 77', 'artículo 224', 'artículo 224', 'artículo 35', 'artículo 224', 'artículo 224', 'in dubio']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 11 de Noviembre de 2005 (caso Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia - Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral -, de 11 de Noviembre de 2005) - Jurisprudencia - VLEX 31650525
Demandado: LA SENTENCIA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO: ALONSO MARCIAGA VS ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, S. A.
RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE ALONSO MARCIAGA, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO: ALONSO MARCIAGA VS ADMINISTRACIÓN MARÍTIMA, S. A
El licenciado Eduardo Ríos, en representación de ALONSO MARCIAGA ha promovido recurso de casación laboral contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Judicial del 15 de septiembre de 2003, dentro del proceso laboral: Alonso Marciaga vs Administración Marítima, S.A.
I.-ANTECEDENTES DEL RECURSO
Estamos ante un proceso laboral promovido por el señor ALONSO MARCIAGA, contra la mencionada empresa, a fin de que sea condenada a pagar B/.3,044.36 en concepto de prima de antigüedad.
En Primera Instancia, el Juzgado Primero de Trabajo, Primera Sección, en Sentencia de 27 de junio de 2003, declaró probada la inexistencia de la obligación, por lo que absuelve a Administración Marítima, S.A., del reclamo laboral interpuesto en su contra, por ALONSO MARCIAGA. Dicha decisión enuncia principalmente lo siguiente:
"..Los derechos adquiridos son aquellos que le pertenecen o han entrado al dominio de una persona y que por tanto lo faculta para ejercer las facultades que como titular de él le corresponde. En el presente caso, el trabajador Marciaga al terminar su relación laboral no tenía el derecho a percibir una prima de antigüedad, pues ésta relación se encontraba en ese momento regulada por una legislación especial que no la contemplaba. Lo suyo fue una mera expectativa durante la vigencia de las normas del Código de Trabajo mientras regularon su relación laboral, la cual no llegó a concentrarse. No fue más que una simple posibilidad jurídica de adquirir ese derecho con arreglo a la legislación laboral contenida en el Código de Trabajo, pero que a la fecha de la terminación de la relación laboral bajo la vigencia del Decreto Ley Nº 8 de 1998 desapareció tal expectativa, al no encontrarse regulada en la nueva reglamentación de esta clase de relaciones laborales el reconocimiento de la prima de antigüedad."
No conforme con la decisión del Juez A-Quo, el demandante propuso recurso de apelación entre el Tribunal Superior de Trabajo.
El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial al conocer de la reclamación impetrada resolvió la alzada en Sentencia de 15 de septiembre de 2003 y señaló lo siguiente:
"..debemos indicar a contrario sensu, la única razón jurídica por la cual el demandante tendría derecho a la prima de antigüedad cumpliendo con las condiciones para tal derecho, es el hecho que la terminación de las relaciones de trabajo se hubiese dado antes de la vigencia del Decreto Ley 8 de 1998, que reglamentó el trabajo en el mar y en las vías navegables, por lo que se aplicaría el artículo 224 del Código de Trabajo, que no se mantuvo en dicho Decreto Ley.
Por lo tanto coincidimos con la decisión del Juez a - quo al establecer "Como este Decreto- Ley no establece el pago de una prima de antigüedad al terminar las relaciones de trabajo que regula en forma especial, no podemos reconocerla a favor del demandante y lo que procede es declarar probada la Excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la parte demandada".
Posteriormente, la parte actora propuso recurso de casación contra la decisión del Tribunal Ad-Quem, por considerar que la misma era violatoria de los artículos 4, 224 del Código de Trabajo y 21 y 36 del Código Civil. Dichas normas preceptúan lo siguiente:
"Artículo 4. Las disposiciones de este Código tienen efecto inmediato, y se aplican a todas las relaciones de trabajo existentes a la fecha que entre a regir, salvo norma expresa en contrario".
Artículo 224:A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento de que algún año de servicio no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente.
Parágrafo: Al trabajador que se encuentre laborando al momento en que empieza a regir el fondo de cesantía, se le computará este derecho desde tal fecha. El período laborado con anterioridad le será pagado igualmente a la terminación de la relación de trabajo, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continua durante diez años o más".
Sostiene el licenciado Molinar que, según la primera norma transcrita, las leyes no tienen efecto retroactivo, por lo que no son aplicables a situaciones jurídicas que pre-existían a su vigencia, salvo que la misma ley lo exprese. Siendo así, señala, que si su representado, comenzó a trabajar el 8 de agosto de 1981, para la fecha estaba vigente el artículo 224 del Código de Trabajo, modificado por la Ley 44 de 1995, por lo que tiene derecho a cobrar su prima de antigüedad a razón de un año por servicio. En este sentido indica que el artículo 4 ha sido aplicado indebidamente, porque del mismo no se desprende ni directa o indirectamente que tal derecho haya sido eliminado o modificado, además que la Ley 8 de febrero de 1998 es posterior y no recoge ninguna norma con texto similar.
Sobre la segunda disposición laboral, el artículo 224, expresa el letrado que ha sido infringida por violación directa, toda vez que el Tribunal no la aplicó al caso, a pesar que los presupuestos de la misma son congruentes con la situación táctica de la relación de trabajo de su representado y la parte demandada, porque la prima de antigüedad a la fecha de terminación de la relación de trabajo, en junio de 1999, es un derecho adquirido, aunque no cuente con los diez años continuos de trabajo.
Recibido el recurso de casación, se emplazó a la parte demandada para que hiciera valer sus objeciones conforme lo prevé el artículo 927 del Código de Trabajo. Dentro del término de ley compareció Administración Marítima, S.A., a través de su apoderada legal, quien se opone al recurso señalando que, por tratarse de un trabajador del mar, la ley aplicable al señor MARCIAGA es el Decreto Ley 8 de 1998, que regula este tipo de relaciones laborales y no el Código de Trabajo que es el instrumento legal que contempla la prima de antigüedad como una prestación a pagar en los contratos por tiempo indefinido. Indica también, que el señor MARCIAGA, no tenía derecho a la prima de antigüedad cuando el mismo entró en vigencia el Decreto Ley 8 de 1998, toda vez que el derecho de esa prestación se genera una vez haya terminado la relación de trabajo en los contratos por tiempo indefinido y cuando comenzó a regir el Decreto Ley 8, el señor MARCIAGA todavía laboraba en la empresa Administración Marítima, S.A.
Encontrándose el recurso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Casación Laboral) proceden a resolver lo pertinente.
III.-DECISION DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN
Una vez examinados detenidamente los cargos presentados, la Sala desea resaltar en primer término, que los artículos 21 y 36 del Código Civil que, según el casacionista, han sido infringidas, no podrán ser analizadas por la Sala, ya que resulta improcedente que un Tribunal de Casación Laboral examine normas de naturaleza civil, pues la Jurisdicción Especial de Trabajo se rige única y exclusivamente por disposiciones laborales, instituídas ya sea en el propio Código de Trabajo o en las Leyes Complementarias expedidas para normar esta área del Derecho, tal como lo dispone el artículo 77 de la Constitución Nacional, que a continuación transcribiremos:
"Artículo 77. Todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley."
En cuanto a los cargos relativos a los artículos 4 y 224 del Código de Trabajo, estima la Sala, serán analizados de forma conjunta, toda vez que mantienen un fundamento central común, consistente en la tesis que el señor MARCIAGA tiene derecho a la prima de antigüedad, pues desde que comenzó a laborar para la empresa demandada, el 8 de agosto de 1981, se encontraba vigente el artículo 224 del Código de Trabajo, que contempla la prima de antigüedad y que dicho derecho adquirido no se puede perder porque el Decreto Ley 8 de 1998, norma posterior, no contemple dicha prestación.
Ahora bien, se advierte según las actividades efectuadas por el señor MARCIAGA, realizaba trabajos en el mar y esto se corrobora según cláusula segunda del contrato visible a foja 34 de este proceso laboral, que señala que MARCIAGA se obligó a prestar el servicio de maquinista y en consecuencia desarrollar las actividades de marino y capitán. En este mismo sentido, también son observables las fojas 46, 51, 55, 56, 58.
Vale mencionar, que tales actividades son regidas por el Decreto-Ley 8 de 26 de febrero de 1998, por el cual se reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables y se dictan otras disposiciones" (Ver Gaceta Oficial Nº 23,490-A de 28 de febrero de 1998).
Ahora bien, el trabajador sostiene que la relación laboral con la empresa Administración Marítima, S.A. se inició el 8 de agosto de 1981 hasta el 29 de junio de 1999. Sin embargo, el material probatorio aportado al proceso no es certero a fin de comprobar que en efecto la relación laboral se inició para la fecha señalada y durante el resto de este período con la empresa demandada. Sin embargo, Administración Marítima, S.A. si aportó un contrato suscrito el 4 de abril de 1988, visible a foja 34, entre ésta y el trabajador, del cual se desprende que dicha relación laboral se dio inicio desde el 4 de abril de 1988, hasta 20 de enero de 1989.
No obstante, esta fecha de inicio de labores (4 de abril de 1988) queda desvirtuada, de acuerdo a una Certificación de Sueldos, visible a fojas 72 a 73, proveniente de la Dirección de Nacional de Prestaciones Económicas, Departamento de Cuentas Individuales. En dicho documento, se advierte que el señor ALONSO MARCIAGA, aparece como asegurado laborando para empresas de distintas denominaciones y bajo distintos números patronales, desde agosto de 1981 hasta diciembre de 1999. Entre estas, podemos observar a la empresa demandante, Administración Marítima, S.A., que para el periodo de agosto a septiembre 1986, aparece laborado por el trabajador ALONSO MARCIAGA.
Sin embargo, dicho documento no nos ofrece la certeza de que todas estas empresas sean parte de una misma unidad económica, ni tampoco obra en el expediente alguna otra prueba que lo corrobore. Ante esta realidad procesal, este Tribunal no puede aseverar que, en efecto, el señor MARCIAGA mantuvo una continuidad laboral por un periodo que iría desde 1986 hasta 1999, o por el periodo alegado por éste, desde agosto de 1981 hasta junio de 1999. Circunstancia, que lleva a este Tribunal de Casación Laboral a desestimar los cargos de violación contra los artículos 4 y 224 del Código de Trabajo y en consecuencia no casar la sentencia recurrida.
Ahora, es de suma importancia esclarecer que el señor MARCIAGA, era un trabajador en el mar y como tal, las relaciones laborales entre los trabajadores en el mar y sus empleadores deben regirse por el Decreto-Ley 8 de 26 de febrero de 1998. Sin embargo, el decreto en cuestión no contempla el pago de la prima de antigüedad, derecho reclamado por el trabajador en este proceso y que aunque su solicitud fuera desestimada, dicha situación jurídica se presenta como un punto importante a discutir por esta Sala.
En primer término, es primordial señalar que la prima de antigüedad, antes de la Ley 44 de 12 de agosto de 1995, según el artículo 224 del Código de Trabajo, el trabajador tenía derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a la terminación de un contrato indefinido, siempre y cuando se tratara de servicios continuos por más de 10 años con el empleador. Posteriormente, con la modificación a la norma por el artículo 35 de la Ley 44 de 1995, contenida en Gaceta Oficial 22,847 de 14 de agosto de 199,) los diez años en referencia no son necesarios y dicha prestación será pagada al trabajador de acuerdo a lo establecido por la nueva disposición.
Entonces, en aquellos casos en que, un trabajador del mar, haya mantenido una relación laboral de manera continua, por contrato indefinido por diez años, antes de la Ley 44 de 1995, tendrá derecho de recibir de su empleador el pago de una prima de antigüedad, de acuerdo a lo establecido en el entonces artículo 224 de nuestro Código de Trabajo, pues es un derecho plenamente adquirido.
Luego entonces, para aquellos trabajadores del mar, que hayan laborado en un periodo desde el 12 de agosto de 1995, fecha en que cobra vigencia la Ley 44, hasta antes del 26 de febrero de 1998, fecha en que entra en vigencia el Decreto Ley 8 de 1998, tendrán también derecho a una prima de antigüedad de conformidad con lo ahora establecido en el artículo 224 del Código de Trabajo, instrumento jurídico que reglamenta las relaciones entre los trabajadores del mar y sus empleadores, antes del decreto en cuestión y que contempla el derecho al trabajador de recibir de su empleador una prima de antigüedad.
Esto es así,pues al momento de entrar en vigencia el Decreto Ley Nº 8 de 1998, el trabajador ya ha adquirido un derecho subjetivo que deberá ser reconocido por el empleador. Y es que dicha situación jurídica, se debe entender e interpretar no de forma restrictiva, contrario a ello, las normas laborales deben ser aplicadas de acuerdo a los principios generales del trabajo y principalmente del principio de favor hacia el trabajador (in dubio pro operario), característica particular de nuestro derecho.
Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 15 de septiembre de 2003, dentro del proceso laboral dentro del proceso laboral: Alonso Marciaga vs Administración Marítima, S.A.
ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- JORGE FEDÉRICO LEE