Source: http://leyesinmobiliarias.seuvella.com/l13-2000.html
Timestamp: 2018-11-19 08:07:26
Document Index: 96596851

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 6', 'artículo 1', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 70', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'artículo 134', 'artículo 48', 'artículo 15', 'artículo 15']

Artículo 2. De la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en las letras a) a d) del artículo 1 de la presente Ley. Sociales.
Artículo 6. De los presupuestos de los entes referidos en las letras el f) y g) del artículo 1 de esta Ley.
CAPÍTULO II. DE LOS RÉGIMENES RETRIBUTIVOS
Artículo 41. Limitación del señalamiento inicial de las pensiones públicas.
CAPÍTULO III. REVALORIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LAS PENSIONES PÚBLICAS PARA EL AÑO 2001
Artículo 42. Revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el 2001.
Artículo 43. Pensiones no revalorizables durante el año 2001.
Artículo 44. Limitación del importe de la revalorización para el año 2001 de las pensiones públicas.
Artículo 45. Reconocimiento de complementos para mínimos en las pensiones de Clases Pasivas.
Artículo 46. Reconocimiento de los complementos para las pensiones inferiores a la mínima en el sistema de la Seguridad Social e importes de dichas pensiones en el año 2001.
Artículo 55. Reembolsos del Estado al Instituto de Crédito Oficial.
Artículo 56. Información a las Cortes Generales en materia del Instituto de Crédito Oficial.
Artículo 57. Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Artículo 58. Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior.
CAPÍTULO I. CORPORACIONES LOCALES.
Artículo 70. Entregas a cuenta de las participaciones a favor de las Corporaciones locales.
CAPÍTULO II. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Artículo 79. Porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enero del año 2001.
Artículo 80. Entregas a cuenta de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado.
Artículo 81. Liquidación definitiva de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado.
Artículo 82. Financiación en el año 2001 de las Comunidades Autónomas a las que no sea de aplicación el modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001.
Artículo 83. Liquidación definitiva de la participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado de ejercicios anteriores.
Artículo 84. Transferencias a Comunidades Autónomas correspondientes al coste de los nuevos servicios traspasados.
Artículo 85. Aplicación del Fondo de Garantía del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio 1997-2001.
Artículo 86. Fondo de Compensación Interterritorial.
La introducción del euro como moneda de curso legal única, cuya puesta en circulación tendrá lugar el 1 de enero de 2002, exige que los Presupuestos Generales del Estado para tal ejercicio sean elaborados en la referida unidad monetaria. Así pues el ejercicio 2001 será el último que se elaborará teniendo como unidad de cuenta la peseta.
El contenido normativo de la ley presupuestaria viene determinado por la doctrina del Tribunal Constitucional.
El Alto Tribunal, a partir de la sentencia (STC) 27/1981, ha ido precisando el contenido posible de la Ley anual de Presupuestos Generales del Estado (SSTC 76/1992, 195/1994, entre otras). Ha venido a determinar el Tribunal Constitucional que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado existe un contenido mínimo necesario e indisponible que está constituido por la determinación de la previsión de ingresos y la autorización de gastos que pueden realizar el Estado y Entes a él vinculados o de él dependientes en el ejercicio de que se trate. Junto a este contenido necesario, cabe la posibilidad de que se añada un contenido eventual aunque estrictamente delimitado. Este contenido eventual de la Ley de Presupuestos Generales del Estado queda limitado a aquellas materias o cuestiones que guarden directa relación con las previsiones de ingresos, las habilitaciones de gasto o los criterios de política económica general, que sean complemento necesario para la más fácil interpretación y más eficaz ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de la política económica del Gobierno. Las materias que queden al margen de estas previsiones son materias ajenas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado está constitucionalmente acotado, a diferencia de lo que sucede con las demás leyes, cuyo contenido resulta en principio, ilimitado, dentro del ámbito competencial del Estado y con las exclusiones propias de la materia reservada a Ley Orgánica.
El contenido necesario y esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I de la aprobación de los Presupuestos y sus modificaciones por cuanto que en su capítulo I, bajo la rúbrica créditos iniciales y financiación de los mismos , se aprueban la totalidad de los estados de ingresos y gastos del sector público estatal y se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado, recogiendo el aspecto trifronte que atribuye el artículo 134.2 de la Constitución Española a los Presupuestos Generales del Estado.
La determinación del ámbito de los Presupuestos Generales del Estado contenida en el capítulo I, se realiza teniendo en cuenta la clasificación que de los Organismos públicos realiza la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, clasificación que se hace presente en el resto de la Ley.
En el capítulo II, bajo la rúbrica normas de modificación y ejecución de los Créditos presupuestarios , se contienen un conjunto de disposiciones que, por motivos coyunturales, flexibilizan el régimen contenido en la Ley General Presupuestaria en materia de modificación y ejecución de los Créditos presupuestarios. El carácter puramente coyuntural de estas medidas hace que su vigencia quede limitada al ejercicio para el que se aprueban. Para el ejercicio del año 2001 no se introducen novedades significativas respecto a las contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, manteniendo la línea de austeridad, control del déficit y disciplina presupuestaria ya iniciada en los dos ejercicios anteriores.
De una parte, la financiación del instituto Nacional de la Salud (INSALUD) se realiza íntegramente por los Presupuestos del Estado mediante sendas transferencias para operaciones corrientes y de capital, desapareciendo su vinculación financiera con la Seguridad Social.
De otra parte se contiene la previsión relativa a la forma de financiación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en el año 2001 (con dos aportaciones del Estado, para operaciones corrientes y para operaciones de capital), así como con cualquier otro ingreso afectado a los servicios prestados por la entidad.
El Título II de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se dedica a la regulación de la gestión presupuestaria y se estructura en tres capítulos.
El capítulo I regula la gestión de los presupuestos docentes. En él se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados y el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) única Universidad de competencia de la Administración General del Estado.
En el capítulo II relativo a la gestión presupuestaria de la sanidad , se recogen las normas de modificación de los Créditos del presupuesto del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD): transferencias de crédito, Créditos ampliables y generación de crédito en el Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud. Junto a ello se regula el régimen presupuestario de las entidades creadas al amparo de la Ley 15/1997 en el ámbito del INSALUD novedad introducida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, que se mantuvo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, vinculada al concepto de fundación de naturaleza o titularidad pública y a la que en el ejercicio 2000 se de mayor amplitud.
El capítulo III bajo la rúbrica otras normas de gestión presupuestaria , contiene un único artículo en el que se establece el porcentaje de participación en la recaudación bruta obtenida por la actividad propia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, fijándose dicho porcentaje para 2001 (al igual que para el anterior ejercicio) en un 18 %.
El Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rubrica como de los gastos de personal , y se estructura en tres capítulos.
La repercusión que la estabilidad y crecimiento sostenido de nuestra economía tienen sobre el personal al servicio del sector público se refleja en el capítulo 1, relativo al incremento de los gastos del personal al servicio del sector público , que tras definir lo que constituye sector público estos efectos, establece un incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público equivalente al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC) previsto, cifrado en un 2 %.
Asimismo se incluye en este capítulo la regulación de la oferta de empleo público. La presente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al igual que la anterior, mantiene su regulación en un único artículo. Para el ejercicio 2001 no se introducen modificaciones importantes en la regulación de la oferta de empleo público en cuanto a la aplicación del principio de que las plazas de nuevo ingreso no deben superar el 25 % de la tasa de reposición de efectivos.
En primer lugar, como en el ejercicio anterior, la determinación del número de las plazas de militares de carrera y de militares profesionales de Tropa y Marinería no se someterá a la limitación general del 25 % de la tasa de reposición de efectivos, sino que se realizará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Así el número de plazas de militares de carrera será el 50 % de la media de los retiros previstos para los años 2001 al 2010,y el de plazas de militares profesionales de Tropa y Marinería, el necesario para alcanzar los efectivos fijados en la correspondiente disposición adicional del propio proyecto.
Se mantiene la flexibilidad en los términos en los que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Administraciones Públicas pueden autorizar convocatorias de plazas vacantes de determinadas entidades públicas empresariales y entes públicos, previendo que pueda superarse la limitación general del 25 % de la tasa de reposición de efectivos si se trata de entidades de nueva creación o si se han alterado sustancialmente sus competencias. Asimismo, el citado régimen se extiende a las sociedades estatales para la gestión de los servicios públicos de radiodifusión y televisión dependientes del ente público Radio Televisión Española (RTVE).
En el capítulo II, bajo la rúbrica de los regímenes retributivos , se incluyen, junto a las retribuciones de los altos cargos del Gobierno de la Nación y de la Administración General del Estado, las correspondientes a los altos cargos de los órganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo Económico y Social) y de los órganos Constitucionales (Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Consejo General del Poder Judicial). La necesidad de inclusión de estas previsiones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado deriva de que la aprobación de los presupuestos de estos órganos y, por ende, de las referidas retribuciones, ha de hacerse por las Cortes Generales. Los principios de unidad y universalidad del presupuesto exigen que esa aprobación se realice en el documento único, comprensivo de todos los gastos del Estado, que es la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El capítulo III de este Título recoge, como en Leyes de Presupuestos anteriores otras disposiciones en materia de régimen del personal activo relativas, entre otros aspectos, a la prohibición de ingresos atípicos, incremento de las cuantías a percibir por los conceptos de recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación a los requisitos para la determinación o modificación de las retribuciones del personal laboral, no funcionario y a la contratación de personal laboral con cargo a los Créditos de inversiones.
Reproduciendo la estructura mantenida en ejercicios anteriores, el Título IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, bajo la rúbrica de las pensiones públicas se divide en cinco capítulos dedicados respectivamente, a regular la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, especiales de guerra y no contributivas de la Seguridad Social, las limitaciones en el señalamiento inicial de las pensiones públicas, la revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas para el año 2001, los complementos para mínimos y otras disposiciones en materia de pensiones públicas. Este último capítulo, como en años anteriores, recoge en un único artículo la fijación de la cuantía de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.
En el capítulo III de este Título IV referente a la revalorización y modificación de los valores de las pensiones públicas, se establece un incremento de las mismas para el año 2001 de un 2 %, igual al del IPC previsto para el año 2001, lo que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones asegurando de esta manera los niveles de cobertura y protección del gasto social.
El Título V, de las operaciones financieras , se estructura en tres capítulos, relativos, respectivamente, a Deuda Pública, avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial.
El objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual el Estado y los organismos públicos puedan realizar operaciones de endeudamiento, materia que se regula en el capítulo I, bajo la rúbrica Deuda Pública . Estas autorizaciones genéricas se completan con la determinación de la información que han de suministrar los organismos públicos y el propio Gobierno sobre evolución de la Deuda Pública y las cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España y otras entidades financieras.
Así, para el ejercicio del año 2001 se autoriza al Gobierno para que incremente la misma, con la limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2001 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2001 en la cifra prevista en el artículo 48, permitiéndose que dicho límite sea sobrepasado en el curso del ejercicio, previa autorización del Ministerio de Economía y estableciendo los supuestos en que quedará automáticamente revisado.
Respecto de la Deuda de los organismos públicos se determina el importe autorizado a cada uno de ellos para el ejercicio en el anexo III de la Ley.
En el capítulo II relativo a los avales públicos y otras garantías se fija e límite total de los avales a prestar por el Estado y los organismos públicos. Dentro de los avales del Estado merece especial mención la autorización de avales para garantizar valores de renta fija emitidos por Fondos de Titulización de Activos, orientados a favorecer el acceso al crédito de las PYMES, para lo cual se establece una cuantía de 300.000 millones de pesetas (1.803,04 Meuros).
Dentro de este capítulo se incluye la dotación al fondo de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior que asciende en el año 2001, a 10.000 millones de pesetas (60,10 Meuros).
Las modificaciones en materia tributaria se contienen en el Título VI de la Ley, bajo la rúbrica normas tributarias . Estas modificaciones se limitan a la actualización de determinados parámetros con la finalidad de consolidar para el próximo ejercicio el cumplimiento de los criterios de convergencia y, en particular, el de alcanzar el objetivo de eliminar el déficit público.
En materia de impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las modificaciones afectan a la actualización de los coeficientes correctores del valor de adquisición, al 2 %, porcentaje de inflación previsto para el próximo ejercicio, así como a establecer los mecanismos adecuados al objeto de compensar a aquellos contribuyentes a los que la aplicación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas les resulte menos ventajosa que la aplicación de las deducciones que vinieran disfrutando con la anterior normativa en materia de inversión y arrendamiento de su vivienda habitual.
En lo que se refiere al sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica se actualiza la cuantía de las entregas mensuales a las que se refiere la disposición adicional vigésima de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 con el objeto de garantizar unos ingresos mínimos a la iglesia Católica.
Finalmente se prorroga para el 2001 la deducción específica en la cuota del 25 % para las actividades y programas prioritarios de mecenazgo contenidas en la disposición adicional decimonovena de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 (patrimonio histórico, ayuda oficial al desarrollo, promoción de lenguas oficiales y formación de voluntariado) añadiendo dentro de los bienes del Patrimonio Histórrco a los que es aplicable ese beneficio la Concatedral de Santa María de Mérida. Por otra parte se añade otra deducción del 25 % de las cantidades donadas a proyectos y actuaciones dirigidos a promover la prestación de los servicios públicos por medios informáticos y telemáticos, en particular a través de Internet.
En materia de Impuesto sobre Sociedades, se actualizan los coeficientes que recogen la depreciación monetaria habida desde el año 1983 a efectos de aplicar los mecanismos previstos en el artículo 15.11.a) de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante la aplicación de un coeficiente uniforme a los índices recogidos en la tabla aprobada para el ejercicio anterior que refleje la variación de precios que se presume acontecerá en el año 2001, con el objeto de eliminar la tributación de las plusvalías monetarias.
Ahora bien, al igual que en los ejercicios 1999 y 2000, de acuerdo con la modificación que la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha determinado en el artículo 15.11 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, dichos coeficientes de actualización se aplican sólo a los activos inmobiliarios.
En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se actualiza en el 2 % la escala aplicable en el caso de transmisiones y rehabilitaciones de títulos y grandezas.
El Título VII, de los entes territoriales , se estructura en dos capítulos, dedicados, respectivamente, a Corporaciones locales y Comunidades Autónomas.
Dentro del capítulo I se recoge la participación de los municipios, provincias, Comunidades Autónomas uniprovinciales no insulares e islas en los tributos del Estado.
Los criterios de reparto entre las entidades locales son los aprobados por las Cortes Generales para el quinquenio 1999-2003 en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
El capítulo II, rubricado Comunidades Autónomas , fija los porcentajes de participación de las mismas en los ingresos del Estado para el quinquenio 1997-2001, aplicables en 1 de enero del año 2001, distinguiéndose los porcentajes de participación en los ingresos territoriales del Estado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos generales del Estado. Se distingue igualmente, en lo referente a la financiación en el año 2001 por participación en los ingresos del Estado entre las Comunidades Autónomas a las que les es de aplicación el modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001 y las Comunidades Autónomas que no han adoptado acuerdo sobre el sistema de financiación.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado contiene en el Título VIII, bajo la rúbrica cotizaciones sociales la normativa relativa a las bases y tipos de cotización de los distintos regímenes de la Seguridad Social, procediendo a la actualización de las bases de cotización.
Norma de contenido eminentemente presupuestario por cuanto afecta al control de la ejecución del presupuesto, es la determinación de los programas y actuaciones a los que les será de especial aplicación el sistema de seguimiento de objetivos. En el ejercicio 2001 se ha producido la inclusión del programa Atención a inmigrantes y refugiados , habiéndose excluido el programa Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo .
Las normas de índole económica se refieren al interés legal del dinero, que se sitúa en un 5,50 % y al interés de demora que se fija en un 6,50 %, y la financiación de la formación continua, así como preceptos relativos a la garantía del Estado para obras de interés cultural cedidas temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio de Educación y Cultura. Entre éstas se contemplan, de forma expresa, las exposiciones organizadas por la Sociedad Estatal para la conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V , y por la Sociedad Estatal Nuevo Milenio .
El límite máximo de cobertura para nueva contratación, excluida la modalidad de Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX) y Póliza 100 que puede asegurar y distribuir CESCE en el ejercicio 2001 asciende a 737.647,3 millones de pesetas (4.433,35 Meuros) manteniéndose en la misma cifra que en el ejercicio de 2000.
Los incrementos de dotación de los fondos de fomento de la inversión española en el exterior se mantienen en las mismas cuantías establecidas para el ejercicio de 2000. Lo mismo sucede con el importe total máximo de las operaciones que pueden aprobar los respectivos Comités Ejecutvos.
La Ley se cierra con un conjunto de disposiciones transitorias relativas a la indemnización por residencia del personal al servicio del sector público, absorción de los complementos personales y transitorios destino de los remanentes del Fondo de solidaridad creado por la disposición adicional decimonovena de la Ley 50/1984, gestión de Créditos presupuestarios en materia de Clases Pasivas y compensaciones fiscales a los arrendatarios de vivienda habitual en el año 2000 y por deducción en adquisición de vivienda habitual en el año 2000.