Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1187701
Timestamp: 2019-07-23 23:13:29
Document Index: 165223466

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 28', 'artículo 67', 'artículo 205', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 25', 'artículo 123', 'artículo 205', 'artículo 57', 'artículo 205', 'artículo 4', 'artículo 149']

Normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria
Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria (BOE de 13 de abril de 2019). Texto completo.
El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo , por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, dio cumplimiento a la referida Sentencia, y ha sido complementado por el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo , por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, con el fin de garantizar que el tránsito ordenado al nuevo marco regulatorio de libertad de establecimiento en su doble dimensión, empresarial y laboral, se lleve a cabo sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector.
Este proceso concluyó en marzo de 2017 con una “Propuesta de mediación sobre los efectos laborales de la nueva ordenación laboral del servicio portuario de manipulación de mercancías”, que fue aceptada por el Gobierno, y que proponía tres ejes de actuación para dar cumplimiento a la sentencia: la estabilidad del empleo en el sector, mejorar la productividad de las empresas y establecer un sistema de ayudas para aquellos trabajadores de mayor edad que voluntariamente soliciten la extinción de su contrato de trabajo.
El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo , por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dio cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052).
En base a ello el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo , en el que, junto con la modificación de la normativa reguladora de las empresas de trabajo temporal, se incluyen medidas destinadas a la estabilidad del empleo y a implementar medidas organizativas y de mejora de la productividad en el sector.
Al efecto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, viene a regular con carácter general el régimen jurídico de las subvenciones, dando un tratamiento homogéneo de esta relación jurídica en las diferentes administraciones públicas, delimitando el concepto de subvención y estableciendo los distintos procedimientos para su concesión, así como de justificación de las subvenciones, causas de reintegro, régimen sancionador, etc. Por otro lado, el interés público de la medida que aquí se instrumenta junto con la propia naturaleza de estos procesos de reestructuración, en los que la celeridad en la tramitación de las ayudas puede ser esencial para que los mismos culminen con éxito, determina que el procedimiento más adecuado sea el de concesión directa, previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
En base a lo anterior, se considera necesario establecer una norma especial para regular el procedimiento de concesión y el régimen de justificación de las subvenciones que se concedan a los trabajadores de mayor edad de este sector que voluntariamente causen baja en su SAGEP o, en su caso, en la empresa titular de licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías o en el Centro Portuario de Empleo a los que se hayan incorporado mediante subrogación, que debe ser aprobada por real decreto de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 y 3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 67.2 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
La disposición transitoria regula una ampliación del concepto de beneficiario de las ayudas contenidas en este real decreto para su adaptación al período transitorio del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo .
La disposición derogatoria única deroga la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre , por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el real decreto.
1. Las ayudas reguladas en este real decreto tendrán la naturaleza jurídica de subvenciones y se regirán, además de por lo establecido en este real decreto, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , salvo en lo que afecta a los principios de publicidad y concurrencia; por su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio ; por la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como por las demás normas que resulten de aplicación.
a) Tener cumplida una edad, a la fecha de entrada en vigor de este real decreto, que sea inferior en sesenta meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre , así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. A los efectos de determinar dicha edad ordinaria de jubilación, se considerará como tal la que le hubiera correspondido al trabajador teniendo en cuenta las cotizaciones correspondientes al periodo de percepción de la ayuda.
No obstante, el interesado podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar en tal caso la documentación prevista en el párrafo anterior en los términos regulados en el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, pudiendo el órgano competente efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos, tal como establece la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
b) Declaración responsable de no estar incurso el trabajador en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de dicho requisito durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho. Asimismo, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , declaración de no tener deudas con la Administración Pública por reintegros de subvenciones en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de la correspondiente resolución de reintegro, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de dicho requisito durante el tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho. Esta declaración podrá presentarse en el modelo oficial que figura en el anexo III del presente real decreto.
2. Contra la resolución, que pone fin a la vía administrativa, o contra la desestimación por silencio administrativo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien ser impugnada directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio , Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. No podrán concederse las ayudas previstas en este real decreto a aquellos trabajadores que en el momento de la solicitud hayan cumplido la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, ni a aquellos que en la fecha de la concesión sean beneficiarios de una pensión de jubilación, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Tampoco se podrán conceder a aquellos trabajadores que hayan ejercitado la facultad que les confiere la disposición adicional primera, apartado 2, del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo .
El reintegro del subsidio se producirá en los supuestos y en los términos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , aplicándose el procedimiento de reintegro establecido en el título II de la citada Ley.
El reintegro de las cotizaciones a la Seguridad Social se regirá por el procedimiento de devolución de ingresos indebidos establecido en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio .
3. Para que tengan lugar los reintegros establecidos en el apartado 2, el órgano concedente dictará una resolución declarando la procedencia del reintegro, la causa y la cuantía del mismo, y remitirá una copia de dicha resolución a la Tesorería General de la Seguridad Social para que esta última formalice la devolución, siempre que ya hubiera recibido los fondos por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De no ser así, como en el caso de que el pago se realice de forma fraccionada, no procederá el reintegro sino el reajuste de las anualidades previsto en el artículo 57 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones , aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio .
Los beneficiarios de las ayudas previstas en este real decreto estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se establecen en este real decreto los trabajadores que presten servicios a través de las SAGEP que operan en puertos cuyo nivel de ocupación a 31 de diciembre de 2016 hubiese estado por debajo del 85 por ciento del nivel óptimo de empleo, y que dichos trabajadores, a lo largo del periodo de tres años a que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo , cumplan una edad que sea inferior en sesenta meses, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores, según lo establecido en el artículo 205.1.a) y en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como en las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Ello sin perjuicio de que cumplan además los requisitos que se establecen en las letras b) a e) del artículo 4 de este real decreto.
1. Queda derogada expresamente la Orden FOM/2297/2012, de 23 de octubre , por la que se determinan las titulaciones de formación profesional exigibles para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.
“Este módulo de prácticas profesionales no laborales deberá realizarse en instalaciones portuarias que cuenten con el equipamiento necesario, entre otros, grúas (pórtico y/o convencionales), trastainers y/o van carriers, maphis, reachstackers y carretillas elevadoras de diferente tonelaje.”
La disposición final primera se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, salvo las normas sobre tramitación y concesión de ayudas, que lo harán a los dos meses siguientes a la fecha de su publicación.