Source: https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/sentencia-ejecutoria-pleno-revision-26823479
Timestamp: 2019-08-23 20:28:06
Document Index: 104125643

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 87', 'ARTÍCULO 87', 'artículo 222', 'artículo 121', 'artículo 28', 'artículo 121', 'artículo 28', 'artículo 4', 'artículo 73', 'artículo 121', 'artículo 86', 'artículo 17', 'artículo 86', 'artículo 87', 'in fine', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 222', 'artículo 77', 'artículo 73', 'artículo 124', 'artículo 124', 'Artículo 118', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 73', 'Artículo 73', 'artículo 123', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 73', 'artículo 121', 'artículo 27', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 73', 'artículo 17', 'artículo 86', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 116', 'Artículo 122', 'artículo 86', 'artículo 86', 'artículo 14', 'artículo 86']

Ejecutoria num. P./J. 105/2005 de Suprema Corte de Justicia, Pleno - Jurisprudencia - VLEX 26823479
Número de Resolución: P./J. 105/2005
AMPARO EN REVISIÓN 64/2005. AUGE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO PUGNA CON LA FACULTAD EXCLUSIVA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR EN MATERIA CONTRACTUAL CIVIL Y DE BIENES INMUEBLES.PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL IMPEDIR QUE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON INMUEBLES DESTINADOS A CASA HABITACIÓN O DE TIEMPO COMPARTIDO SURTAN EFECTOS CONTRA EL CONSUMIDOR CUANDO EL PROVEEDOR NO LOS HAYA REGISTRADO PREVIAMENTE ANTE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, CONTIENE UNA CAUSA DE NULIDAD RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2005. AUGE INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.
SECRETARIA: M.A.S.M..
La parte quejosa hizo valer, en la materia del presente recurso de revisión, el siguiente agravio.
Único. Violación a lo dispuesto por el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 77 de la Ley de Amparo, en relación a la inexacta aplicación e interpretación de lo establecido por los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, último párrafo y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004 y por los artículos 14, 16, 28, 73, fracción XXX y 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. A fojas 12, 13 y 14 de la sentencia que por este medio se combate, al entrar en el estudio del fondo de las cuestiones planteadas por esta parte respecto a los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, último párrafo y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, el a quo indebidamente resuelve declarar infundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa, respecto a que estos dispositivos invaden la esfera de facultades de las Legislaturas Locales, al regular una materia reservada a estas últimas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior bajo el argumento de que conforme al artículo 28, párrafo tercero y 73, fracción XXX, el Poder Legislativo Federal cuenta con facultades suficientes para proteger a los consumidores y propiciar su organización para mejor cuidado de sus intereses, afirmación que es correcta pero que desde luego no tiene el alcance que el inferior pretende otorgarle, para la resolución del concepto de violación del que se duele la impetrante de garantías. En efecto, si bien es cierto que de acuerdo a los numerales antes enunciados el Poder Legislativo tiene facultades para emitir normatividad que tienda a proteger a los consumidores de este país, ello de ninguna manera implica que bajo las disposiciones en comento el legislador pueda emitir regulaciones que por disposición expresa le corresponden a los Poderes Legislativos Locales de acuerdo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo antes expuesto es así, ya que sería absurdo justificar una clara invasión de competencias, bajo el torcido argumento de que la autoridad federal cumple con el mandato de protección al consumidor dispuesto en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, porque ello implicaría que por dar cumplimiento a cualquiera de los deberes o facultades que impone la Constitución a cada poder o entidad, éstas ejercieran sus funciones sin cortapisa alguna, aun en contra de preceptos de carácter constitucional como lo es el caso. Más aún, llevando al extremo el criterio indebidamente aplicado al presente caso por el a quo, sería posible que de acuerdo al artículo 4o. de nuestra Constitución, el cual dispone que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, el Legislativo Federal procediera a legislar en cuestiones relativas al matrimonio, concubinato, régimen conyugal o estado civil en defensa de los derechos de la mujer, lo cual por supuesto es una sinrazón. Por lo anterior, queda claro que el hecho de que exista una disposición constitucional que haga mención a un deber por parte de la autoridad federal, de ninguna manera implica o faculta a dicha autoridad, para que en cumplimiento a tal deber, emita e imponga normatividad que modifique y condicione de manera significativa los contratos de compraventa de inmuebles para uso habitacional, como lo es el caso del artículo 73 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que se impugna por inconstitucional, función que es de reconocido derecho que corresponde a las Legislaturas Locales atento a lo dispuesto por el artículo 121, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Asimismo, a fojas 14, 15 y 16, el inferior desestima el concepto de violación hecho valer por esta parte, consistente en que el artículo 86, último párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, viola los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental, al establecer como cláusula forzosa de los contratos relativos a inmuebles celebrados con proveedores inmobiliarios, la obligación de designar como árbitro a la Procuraduría Federal del Consumidor para la resolución de cualquier controversia que se suscite con relación a esos contratos. El a quo arribó a tal conclusión, toda vez que de acuerdo a su entender, el artículo 17 constitucional al establecer que ?toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes?, no prohíbe de forma alguna el arreglo extrajudicial, como el arbitraje, para dar por concluida una controversia antes de ser llevada ante los tribunales o como vía alterna de solución de conflictos. Lo anterior es una verdad parcial que causa perjuicio a la quejosa, ya que si bien es cierto que el arbitraje es una vía lícita para solución de conflictos de acuerdo al derecho positivo mexicano, también lo es que la cláusula en árbitros o compromiso arbitral implica forzosamente un acuerdo de voluntades que en el caso no existe, en atención a que de acuerdo con el último párrafo del citado artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la inclusión de la cláusula arbitral es forzosa y condicionante del registro del contrato ante la Procuraduría Federal del Consumidor, requisito que a su vez, de conformidad con el artículo 87, in fine, del mencionado ordenamiento, importa su validez y oponibilidad al consumidor. Por lo antes expuesto, es evidente que lo preceptuado en el último párrafo del artículo 86 citado, no versa o refiere a un pacto arbitral típico como ligeramente lo afirma el Juez del conocimiento, sino de una ilegal e irregular prórroga de jurisdicción a un organismo desconcentrado del Gobierno Federal, que evidentemente no puede ni tiene facultades para juzgar y, por supuesto, no constituye un tribunal previamente establecido, por lo que es clara la violación que el precepto en comento causa con relación a (sic) establecido por los artículos 16 y 17 de nuestra Constitución. Finalmente, es preciso señalar que resulta ocioso el énfasis que el a quo pretende hacer valer en su resolución, respecto a que se trata de arbitrajes que se verifican en la esfera o vía administrativa, ya que es de explorado derecho que independientemente de que los actos sean formalmente administrativos o de otra índole, lo que importa para determinar si un acto de autoridad se encuentra apegado a lo ordenado por la Ley Fundamental, lo es el dato duro de la naturaleza material del acto en cuestión y, en la especie, se puede afirmar sin temor alguno, que los actos a los que se refiere el último párrafo del artículo 86 combatido, son de índole jurisdiccional. Debido a que es incontestable que el a quo no efectuó una relación sucinta de las cuestiones planteadas y tampoco tomó en cuenta las consideraciones jurídicas aplicables en el juicio de origen, violó (sic) perjuicio de la quejosa lo establecido en el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el artículo 77 de la Ley de Amparo, por lo que con base en lo anteriormente mencionado y, en la inteligencia de que se ha demostrado la existencia de los agravios causados a esta parte en detrimento de sus derechos, lo procedente es que sus Señorías revoquen la sentencia definitiva dictada el día 29 de octubre de 2004, en los autos del juicio en que promuevo y emitan otra en su lugar, en la que se conceda a esta parte el amparo y protección de la Justicia Federal, con respecto a los actos señalados como reclamados.
Queda intocado, por falta de impugnación, el sobreseimiento decretado por el Juez Federal en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida y considerandos segundo y cuarto que lo rigen.
Son infundados los agravios que formula la parte recurrente.
En efecto, en primer término, es menester puntualizar que, contrariamente a lo que se argumenta en el último de los agravios, el Juez Federal no incurrió en incongruencia, en virtud de que se avocó al análisis de las cuestiones efectivamente planteadas en el escrito inicial de demanda, según deriva de la simple lectura del libelo inicial y de la sentencia que ahora se revisa, de tal manera que tal planteamiento deviene infundado.
Por otra parte, carece de razón la parte agraviada en cuanto aduce que los preceptos impugnados son violatorios del régimen de soberanía de los Estados.
En efecto, para abordar el análisis de este tópico es menester precisar el sustento y fundamento constitucional de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la recurrente pretende desconocer, y que implícitamente se refiere a las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio (compra-venta de bienes inmuebles destinados a casa-habitación) y de protección al consumidor.
Al respecto, se estima conveniente mencionar que la doctrina señala que los principios para distribuir las competencias entre la Federación y las entidades federativas son los siguientes:
1) Facultades atribuidas a la Federación.
2) Facultades atribuidas a las entidades federativas.
3) Facultades prohibidas a la Federación.
4) Facultades prohibidas a las entidades federativas.
5) Facultades coincidentes.
6) Facultades coexistentes.
7) Facultades de auxilio.
8) Facultades que emanan de la jurisprudencia, ya sea reformando o
adicionando la anterior clasificación.
De las facultades antes precisadas, es menester hacer una breve referencia a las que interesan para efectos del presente estudio.
En cuanto a las facultades atribuidas a la Federación, se puntualiza que son atribuciones de ésta, las que válidamente puede realizar; se encuentran precisadas de dos maneras:
En forma expresa. Es la conferida por la Constitución Federal a cualquiera de los Poderes Federales, concreta y determinadamente en alguna materia dentro de un marco perfectamente acotado.
En forma implícita. Es aquella que el Poder Legislativo puede concederse a sí mismo o a cualquiera de los otros Poderes Federales como medio necesario para ejercer alguna de las facultades explícitas.
Concretamente, en cuanto a las facultades otorgadas al Congreso de la Unión, la Constitución Federal, en su artículo 73, establece en sus primeras veintinueve fracciones aquellas atribuciones con que expresamente cuenta, mientras que las facultades implícitas se encuentran previstas en la fracción XXX del precepto constitucional en cita. Cabe precisar que en dicha fracción no se autoriza la creación de facultades nuevas, sino las que hagan efectivas las atribuciones establecidas en las veintinueve primeras fracciones del artículo en comento que son, como ya se apuntó, las facultades expresas que la Ley Fundamental asigna al Legislativo Federal.
En otro orden de ideas, las facultades atribuidas a las entidades federativas se encuentran previstas en el artículo 124 de la Carta Magna, que establece que todo lo que no corresponde a la Federación es facultad de los Estados.
Es importante resaltar la diferencia que existe entre las facultades implícitas y las facultades reservadas a las Legislaturas Locales, pues en tanto las primeras no pueden existir sin atribuciones constitucionalmente expresas y cuya normación importa su objeto o fin, las segundas son susceptibles de desempeño en materias que la Constitución Federal no reserva al Congreso de la Unión, en observancia del principio contenido en el citado artículo 124 constitucional, que literalmente establece:
Del precepto transcrito se advierte que las entidades federativas cuentan con las facultades que por exclusión no se encuentren concedidas expresamente a los funcionarios federales.
Existen además las facultades coincidentes que son las que se ejercen simultáneamente por la Federación y por los Estados, y que constituyen en realidad una excepción al régimen federal, según el cual una atribución conferida a la Federación supone necesariamente la supresión de la misma a la esfera de competencia estatal.
A efecto de determinar la distribución de las materias susceptibles de gravarse exclusivamente por la Federación, las que son concurrentes a ésta y a las entidades federativas, y las reservadas a estas últimas, se recurre a lo dispuesto en los artículos 117 y 118 constitucionales, cuyo tenor literal es:
"IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
"V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él a ninguna mercancía nacional o extranjera;
"VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija documentación que acompañe la mercancía;
"VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
"IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. ..."
"Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
"I.E. derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. ..."
Los numerales transcritos forman parte de las reglas que delimitan la competencia de la Federación y de los Estados. En el primero, se establecen para los Estados prohibiciones absolutas, y en el segundo, lo que podría denominarse prohibiciones relativas, porque el Congreso de la Unión puede autorizar a las entidades federativas para legislar respecto de materias que originalmente competen a la Federación.
Ahora bien, en cuanto al ámbito de atribuciones que prevé la Constitución Federal respecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debe tenerse presente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió tal aspecto en el criterio que sustenta la tesis de jurisprudencia número 49/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 1999, página 546, de rubro: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
En la acción de inconstitucionalidad 5/99, fallada el once de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis antes referida, el Tribunal Pleno precisó que conforme al sistema federal que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no sólo no tiene calidad de Estado Federal, sino que las reglas aplicables a la competencia de su Asamblea Legislativa son exactamente opuestas al sistema establecido para las demás entidades federativas, antes expuesto, conforme al cual, a los Estados toca todo lo que no está reservado expresamente a la Federación. En efecto, tratándose del Distrito Federal a su Asamblea Legislativa sólo corresponde lo que expresamente le señala la Constitución Federal; lo demás, o sea todo lo que no se le reserva, corresponderá al Congreso de la Unión en su carácter de Legislatura Local.
Así se corrobora de los artículos 44 y 122 de la Constitución Federal, de cuya lectura esencialmente destaca, para efectos del presente estudio, que el ejercicio de la función legislativa en el Distrito Federal está encomendado al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias:
Un régimen expreso y cerrado de facultades para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se enumeran y detallan en el apartado C, base primera, fracción V, del artículo 122 de la Constitución Federal, además de las que expresamente le otorgue la propia Constitución.
La reserva a favor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como lo relativo al Estatuto de Gobierno y a la deuda pública de esa entidad, a las normas que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión y las demás atribuciones que le señale la Ley Suprema, como lo estatuye su artículo 122, apartado A, fracciones I a V.
Cabe acotar que del artículo 122 constitucional no se advierte que el Constituyente haya establecido la facultad expresa para la Asamblea Legislativa para legislar en materia de protección al consumidor.
Expuesto el sistema federal de competencias que rige la Constitución General, y a efecto de determinar a qué órgano compete legislar en materia de protección al consumidor, es necesario tener en consideración lo siguiente:
El Congreso de la Unión es la institución encargada de crear todos los instrumentos legales que considere necesarios para sentar las bases de un desarrollo económico, político y social, así como la permanencia de los principios de justicia, democracia, independencia e identidad nacional.
De esta forma, es comprensible que, por regla general, los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Unión está autorizado para legislar sean más amplios que los de las Legislaturas Locales, pues se refieren a todos los aspectos que son de interés general para los mexicanos conforme a los principios del federalismo, tales como la justa y equilibrada distribución de la riqueza nacional, el fortalecimiento económico, político y social de los Estados y la promoción del desarrollo regional. Por ello, las leyes federales se orientan a la coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios para cumplir de forma integral sus funciones, con el respeto pleno de sus espacios de autoridad, pero, al mismo tiempo, promoviendo un fin común.
Bajo tal perspectiva, se advierte que por regla general los temas o materias sobre los cuales el Congreso de la Unión está autorizado para legislar es sobre la rectoría económica basada en los principios antes destacados. Las fracciones X y XXIX-E del artículo 73 de la Constitución Federal, que rige lo anterior, establecen:
"Artículo 73. El Congreso de la Unión tiene facultad:
"X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
Las citadas fracciones de dicho numeraldeben ser interpretadas en forma armónica con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución Federal, que en la parte que interesa dicen:
"En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Del examen integral, armónico y sistemático del texto de los artículos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 constitucionales preinsertos, deriva que al Congreso de la Unión compete legislar en aquella materia de comercio relacionada con la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, fundamentalmente las de abasto y las que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, tutelando la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, alentando la producción y concediendo subsidios, estimular la exportación de productos y facilitar la importación de materias primas, entre otras acciones.
Además, en el mencionado artículo 28 constitucional se precisa que la legislación que al efecto se emita debe cumplir con una serie de principios rectores de política económica y social, aspectos que reflejan una de las manifestaciones esenciales del Estado que configura la Constitución Federal, con la intención de resolver los problemas de la sociedad actual que, por otro lado, se ha llegado a denominar sociedad de consumo.
La protección de los consumidores se erige, por tanto, como una de las preocupaciones del Constituyente, que en términos generales trae como consecuencia la actividad que deben desarrollar los poderes públicos tendentes a garantizar una adecuada protección de los derechos de dichos consumidores que constituyen la parte más débil en las relaciones de mercado; así la intervención de los poderes públicos, en sus diversas modalidades, es necesaria para corregir aquellas circunstancias que el mercado, por sí solo, es incapaz de subsanar. De esta manera, en la Constitución Federal se establece el principio general a favor de los consumidores y se predica el deber de los poderes públicos de ejercer una serie de actuaciones encaminadas a su protección, dentro de las cuales cabe la regulación y vigilancia de los contratos de compraventa de casa-habitación celebrados por aquellos que hacen de dicha actividad su ocupación habitual.
Así, la protección de los consumidores queda enmarcada como uno de los principios rectores de la política social y económica que enuncia la Constitución Federal con las importantes consecuencias que derivan de ello, partiendo del reconocimiento de que existe una gran mayoría de personas que al realizar operaciones que van más allá de las ordinarias, como las que tienen por objeto la adquisición de bienes inmuebles para casa-habitación con motivo de las ofertas que hacen empresarios (proveedores) al público en general, que carece de la asesoría profesional para verificar si los contratos o condiciones bajo las que se pactan son equitativas y apegadas a derecho, o son totalmente ventajosas para el empresario. Por ello, el Constituyente estimó necesario que el Estado intervenga, los proteja y establezca las condiciones indispensables para que puedan, efectivamente, ejercer los derechos que la ley les concede.
El Estado, conforme a la Constitución Federal, tratándose de este tipo de relaciones, tutela a los más débiles, precisando las directrices normativas que impidan o mitiguen las desigualdades.
Lo anterior permite precisar que la institucionalización de la protección al consumidor, en donde el Estado es un ente activo en su defensa y ayuda, se inserta como facultad del Congreso de la Unión en el tema del desarrollo económico nacional, cuyo fin es lograr una distribución más equitativa del producto nacional y, al mismo tiempo, hacer más eficiente el aparato productivo corrigiendo los vicios y deformaciones de los sistemas de comercialización que puedan afectar el desarrollo económico en donde el consumidor está ubicado.
Tales argumentos se confirman con el texto de los trabajos legislativos que dieron origen tanto a la fracción XXIX-E del artículo 73 como a la modificación del artículo 28 de la Constitución Federal en mención, que a continuación se detallan.
En la exposición de motivos de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que fungió como Cámara de Origen, el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en la parte que interesa, se dijo:
"La Constitución estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar, en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.
"A partir de este orden normativo, México ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo económico, las instituciones políticas que le darían vialidad al proyecto nacional y crear los instrumentos de intervención del Estado en la economía para promover un desarrollo más acelerado y equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis económicas internacionales manteniendo la soberanía de la nación y dar sustento a un proceso de industrialización mediante la orientación, regulación y fomento de las actividades económicas.
"La Constitución de 1917 aportó una nueva concepción de los fines del Estado. Es una norma integradora y programática que da al Estado la responsabilidad fundamental en la promoción del desarrollo integral de la colectividad. Por la naturaleza y las exigencias de la lucha revolucionaria, la preocupación central de los Constituyentes de 1917 fue establecer el esquema normativo de la organización y ejercicio del poder, y los principios que dieran sustento al nacionalismo, la democracia y la justicia social. Para ello, establecieron las directrices para lograr la integración territorial y cultural de la nación, así como las bases para la ruptura de la economía de enclave que había fomentado el porfiriato. En respuesta a la bandera inicial del sufragio efectivo y la no reelección, instituyeron los derechos políticos del régimen democrático. Para la realización de los propósitos sociales del pueblo definieron los derechos a la tierra y a mejores condiciones del trabajo.
"Las condiciones de aquella época, de exigencias sociales, de defensa de la nación y participación social y política, llevaron al Constituyente a adoptar las decisiones políticas fundamentales sobre el régimen de propiedad y los derechos de las mayorías a participar en la vida política y social, con lo que definió visionariamente las orientaciones políticas y sociales del desarrollo económico.
"La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y fortalecido. El tejido social es hoy más rico y complejo. Existe ya un amplio y fuerte movimiento obrero, organizaciones campesinas, de clases medias, empresariales, de técnicos y profesionistas, cada vez más participantes e interconectados en un sistema de comunicación nacional y con posibilidades crecientes para expresar sus puntos de vista.
"Se ha dado en México una acelerada modernización. Sin embargo, ésta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y la generación de suficiente ahorro interno para financiar el desarrollo.
"Ante esta situación el país requiere asumir el problema de la definición del rumbo de la estrategia de desarrollo a partir de principios constitucionales del desarrollo económico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica y permitan romper con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la nación.
"Es necesario, para fortalecer la estructura constitucional del sistema económico de la nación, que ésta, de nuevo, se reencuentre en sus orígenes, reafirme sus valores y recupere la esencia de la Constitución para que, sobre esas bases, lleguemos a la síntesis de la orientación que nos dan nuestros valores con las necesidades de instrumentación. Sólo así podremos arribar a una nueva etapa de desarrollo en todos los órdenes de la vida nacional, sobre bases de seguridad jurídica, solidez, dinamismo, permanencia, eficiencia y mayor igualdad social.
"En nuestro país, y en la época actual, no es posible separar el ámbito de la economía del de la participación política y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro régimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovación democrática de los poderes, está cada vez más relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector público para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.
"Los principios constitucionales del desarrollo económico nacional, que esta reforma propone, están referidos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema político que establece la Constitución. Estos son correspondientes con el régimen de propiedad y las formas de relación del Estado y la sociedad que ella determina, así como con nuevos mecanismos de participación social que lleven a fortalecer y perfeccionar nuestro régimen democrático.
"Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones del Estado en materia económica, que se encuentran también consignadas en los artículos 3o., 5o, 31, 73, 74, 89, 115, 117, 118, 123, 131 y demás relativos de nuestra Ley Suprema, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales -en los casos que proceda- para la modernización de la legislación de fomento industrial, agrícola, minero, de aprovechamiento de los energéticos, ciencia y tecnología, pecuario, pesquero, forestal y de turismo; de los estatutos reguladores del comercio exterior y la política cambiaria, antimonopolios, de la inversión extranjera, la empresa transnacional, la adquisición de tecnología, así como la legislación sobre regulación del abasto y los precios, y la organización y defensa de los consumidores; también para el derecho penal económico y la legislación reglamentaria de la participación y gestión del Estado en la economía nacional.
"Se introducen las bases para regular el abasto y los precios, así como para imponer aquellas limitaciones que eviten intermediaciones innecesarias o excesivas que provocan el alza de los precios. Se sientan las bases jurídicas para la vital modernización del comercio interno.
"Se introduce la protección de los consumidores propiciando su organización.
"El artículo 73 es adicionado con fracciones que hacen explícitas las facultades del Congreso para expedir leyes sobre las nuevas materias objeto de la reforma, así como aquellas tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, sobre transferencia de tecnología y generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará al sector social y al sector privado de la economía, sujetándolos, junto con las actividades económicas que realiza el Estado, a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
En el dictamen de origen del veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y dos se expuso, en la parte que informa la litis, lo siguiente:
"El Constituyente de 1917 estableció que la propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
"Instituyó, asimismo, que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
"La gestión directa del Estado se ha diversificado, asimismo, con diversas instituciones, organismos y empresas para atender el desarrollo económico independiente de la nación. La acción económica y social del Estado tiene en este campo un carácter dinámico. Alienta y regula las energías productivas para establecer un sano equilibrio de las reacciones entre los factores de la producción que contribuyan al fortalecimiento de la economía y la realización de la justicia social. Frente a las tendencias de las fuerzas del mercado y de los intereses meramente privatistas, ha realizado una acción deliberada y ha trascendido de manera irreversible la concepción decimonónica de un soterrado Estado guardián.
"Asimismo, del mandato constitucional se desprenden normas precisas que prohíben los monopolios, formas inconvenientes de concentración en la industria y los servicios, permitiendo además la regulación del comercio interno y del intercambio con el exterior. Por tanto, el nuestro no es un régimen de libre concurrencia, según la concepción del individualismo posesivo, sino un sistema que entraña un profundo sentido de justicia y solidaridad, que protege los intereses populares, tutela y promueve los derechos de los trabajadores y establece las instituciones de seguridad social.
"En este contexto histórico y jurídico surge la iniciativa de reformas del presidente M. de la Madrid. La comisión considera que este proyecto del Ejecutivo implica la configuración de un derecho constitucional económico que recoge la tendencia del derecho público moderno de establecer en la Ley Fundamental los principios, medios y técnicas que deben regir la actuación del Estado en materia económica.
"El papel que se asigna al sector social como integrante de la economía mixta responde a las demandas mayoritarias y fortalece la alianza histórica popular en que se funda nuestro proyecto social, en lo fundamental, el de lograr una distribución cada vez más equitativa de los beneficios que genera el quehacer económico del país.
"Esta modificación a la iniciativa es consecuente con la doctrina constitucional mexicana, con el concepto del Estado como rector de la economía y con la responsabilidad política y social que la historia y las demandas populares han otorgado al Estado nacional.
"Las modificaciones propuestas al artículo 28 constituyen un paso trascendente en la doctrina constitucional mexicana. Al superar explícitamente el principio nunca acreditado históricamente de la libre competencia, se da curso legal a una concepción propia del juego de los factores productivos y, en función de ella, se fijan las normas operativas a seguir. Introducir el concepto de prácticas monopólicas, regular la concentración de poder económico y enfrentar los nuevos fenómenos del oligopolio y el consumismo son importantes avances en los derechos fundamentales que el pueblo de México se otorga por su soberana voluntad y que en el nuevo texto propuesto para el artículo 28 encuentran su definición.
"Se amplía así una interpretación estrecha del monopolio, y las nuevas manifestaciones de concentración en la industria, el comercio y los servicios, podrán enfrentarse con mejores instrumentos, dentro de un empeño que avanza desde los mismos orígenes de nuestro constitucionalismo y que aspira a que las actividades económicas del Estado, los grupos y los particulares, se desenvuelvan con un sentido de progreso social.
De especial interés resulta la reforma propuesta al artículo 28, tendiente a proteger a los consumidores, propiciando su organización y especificando las actividades que el Estado ha de realizar en forma exclusiva, sin sujetarlas a concepción de los particulares. Con base en estos criterios se fortalece la tesis del derecho constitucional mexicano que justifica y fundamenta la existencia de las instituciones, organismos y empresas que requiera el Estado para realizar con eficacia las actividadesestratégicas que demanda la soberanía nacional y el interés público.
Al pasar a la Cámara Revisora, que en la especie fue la de Senadores, el texto de los preceptos constitucionales de que se trata no sufrieron modificación alguna.
Con base en todo lo antes expuesto, es dable afirmar que en términos de las fracciones X y XXIX-E del artículo 73, y artículos 25 y 28 de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene facultad expresa para legislar en materia de comercio especialmente en el tema de los contratos de compraventa mercantiles en examen por tratarse del proveedor de casas-habitación que hace del comercio su actividad habitual; del mismo modo, el citado Congreso tiene igual facultad en materia de regulación económica para fortalecer el crecimiento económico nacional a través, entre otras acciones, del abasto y producción suficiente y oportuna de los bienes y servicios, aspecto dentro del que se encuentra inmersa la protección al consumidor como clase social que pugna por lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante el fortalecimiento de su poder de compra, a través de la adquisición en el mercado de productos de calidad a precios adecuados a su ingreso.
En otras palabras, la regulación económica del Estado garantiza que mediante la institucionalización de la protección al consumidor circulen en forma efectiva las mercancías en el mercado nacional, pues en este caso aquel ente se erige como promotor de la equidad económica garantizando la circulación del dinero, lo que impide la ruptura del equilibrio entre la oferta y la demanda, y se propicia, así, el respeto al valor del dinero y se genera el movimiento de las fuerzas de producción y adquisición de productos.
Es corolario de lo anterior que la expedición y aprobación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por parte del Congreso de la Unión, resulta acorde con la facultad que en favor de este cuerpo legislativo consagran los artículos 73, fracciones X y XXIX-E, 25 y 28 de la Constitución Federal, por lo que no se actualizan las hipótesis de los diversos artículos 122 y 124 del mismo Pacto Federal, que disponen que las facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados, ni la facultad expresa de la Asamblea Legislativa para legislar en dicha materia, es decir, que no se actualiza la competencia de los Congresos Locales y del Distrito Federal para legislar en materia de la compraventa de inmuebles destinados a casa-habitación, por lo que resulta infundado el concepto de violación en estudio.
De ello se sigue que en la especie no se vulnera el artículo 121, fracción II, constitucional, en cuanto dispone que los bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del lugar en que se ubican, de manera que una norma federal, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, al imponer un requisito de validez (o una causa de nulidad, según se vea) de los contratos sobre inmuebles lo contraviene.
La fracción II dispone que la regulación de los bienes es materia local, propia del derecho civil interno de cada entidad federativa; en concatenación con el primer párrafo del mismo artículo, y con las fracciones I y III, primer párrafo, se desprende que, además, la regulación de los procedimientos judiciales que versen sobre derechos reales es propia de cada entidad federativa.
Así, en virtud de dicho dispositivo, cada Estado de la República (y el Distrito Federal, se entiende) cuenta con un Código Civil que, para efectos de su propio territorio y respetando el conjunto de dispositivos constitucionales que regulan la propiedad, como el artículo 27, rige aspectos tales como la forma de clasificar los bienes (inmuebles, muebles, mostrencos, vacantes, etcétera), la manera de adquirirlos (prescripción positiva, por ejemplo), el derecho de propiedad sobre ellos, el usufructo, el uso, las servidumbres o la posesión, y cuenta con leyes procesales que consignan procedimientos para resolver las controversias que deriven de derechos reales.
Dicho dispositivo, en cambio, nada dice en relación con la materia contractual, esto es, a la regulación de los contratos en cuanto a su objeto, a la capacidad de las partes, a sus cláusulas, cumplimiento, etcétera.
Como se aprecia, el alegato resulta infundado, al partir de una base falsa: que el dispositivo impugnado regula a los bienes inmuebles, esto es, que se trata de una norma sustantiva referida a su clasificación o a los modos de disfrutarlos (posesión, propiedad, servidumbre, uso, usufructo) o de adquirirlos (prescripción positiva).
Y ello no es así, pues la norma cuestionada contiene, más bien y sin género de duda, una regulación específica de la materia contractual referida a los acuerdos de voluntades celebrados entre proveedores y consumidores sobre el fraccionamiento, construcción, promoción o venta de inmuebles destinados a casa-habitación.
En ese orden, no hay siquiera la posibilidad de contrastar el numeral combatido con el artículo 121, fracción II, de la Constitución, en tanto ambos se refieren a cuestiones diversas: por un lado, una norma sobre la materia de contratos y, por otro, una norma sobre la materia de bienes.
Por tanto, el alegato resulta infundado, al partir de una premisa equivocada.
En apoyo de las consideraciones precedentes, resulta oportuno citar un par de los múltiples criterios que permiten ver cuál ha sido la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 121, fracción II, constitucional:
Tesis emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. XLII/2000, Novena Época, visible a foja 256 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
Tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de este Máximo Tribunal, visible en la página 2272 del Tomo LIII, Quinta Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"SOCIEDAD CONYUGAL, DETERMINACIÓN DE LOS BIENES DE LA. El estatuto relativo a la organización de la propiedad y a que se refiere el artículo 121 de la Constitución Federal, es muy distinto de la organización de ciertos estados civiles o situaciones jurídicas que demarcan los derechos y obligaciones de los titulares de los bienes, que nada tienen que ver con la naturaleza de los bienes mismos; por lo que el hecho de que unas propiedades adquiridas por los consortes, pertenezcan a ambos o a uno solo de ellos, es algo independiente y diverso del régimen público de la propiedad que organiza y define su naturaleza, sus modalidades, las distintas maneras de transferirse, etcétera. La ley que se refiere a la forma de organización de la sociedad conyugal o a la separación de bienes entre los cónyuges, no es un estatuto de carácter territorial, por lo que no puede tener aplicación en estos casos lo dispuesto por la fracción II del artículo constitucional citado, que establece que los bienes muebles e inmuebles deben regirse por la ley del lugar de su ubicación."
Otro tanto cabe decir de la supuesta vulneración a los artículos 124 en relación con el 73 constitucionales.
Conforme al numeral 124 de la Carta Magna "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."; el artículo 73 constitucional establece la competencia para legislar por materia del Congreso de la Unión. Como en este precepto no se confiere al Congreso la facultad de regular la materia de bienes inmuebles, ésta se entiende reservada a los Estados.
Y ello es correcto, pero de esta constatación no se desprende la inconstitucionalidad, por violación al régimen federativo, de los numerales reclamados, pues éstos, como se ha visto, regulan un aspecto contractual muy diverso de la regulación en materia de bienes inmuebles que, en efecto, es propia de las leyes locales de cada entidad federativa.
Por lo demás, como ha quedado puntualizado, el Congreso sí tiene facultades para legislar en materia contractual mercantil y de protección a los consumidores, según se desprende, primordialmente, de los artículos 28 y 73, fracciones X y XXX-E, constitucionales.
Por otra parte, también resulta infundado el planteamiento que se endereza a demostrar que en la especie se vulnera el artículo 17 constitucional.
Del precepto constitucional transcrito, se advierte que prevé cinco garantías:
Para efectos del presente estudio únicamente se analizará el derecho a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
En estas condiciones, el poder público (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna pues, de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales.
La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional, sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el Texto Constitucional.
En consecuencia, si un ordenamiento secundario establece condiciones al gobernado para hacer valer el derecho a la justicia, el legislador, en ejercicio de las facultades delegadas, estaría obstaculizando los fines que persigue el precepto constitucional.
Sin embargo, tal garantía no prohíbe el arreglo arbitral para dar por concluida una controversia antes de ser llevada ante los tribunales o como vía alterna de solución de conflictos.
Ahora bien, a fin de determinar si el artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor reclamado transgrede o no el derecho a la tutela jurisdiccional en comento, es menester transcribir dicho precepto secundario.
"Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos.
Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la procuraduría.
Ello es así, en tanto que para dirimir las controversias suscitadas entre proveedores y consumidores la Ley Federal de Protección al Consumidor en comento prevé los procedimientos conciliatorio y arbitral, regulados en los artículos 111 a 122, cuya transcripción se estima conveniente realizar.
"La conciliación podrá celebrarse vía telefónica o por otro medio idóneo, en cuyo caso la procuraduría o las partes podrán solicitar que se confirmen por escrito los compromisos adquiridos."
"Artículo 113. Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación contractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del consumidor.
"Artículo 114. El conciliador podrá en todo momento requerir a las partes los elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así como para el ejercicio de las atribuciones que a la procuraduría le confiere la ley. Asimismo, podrá acordar la práctica de diligencias que permitan acreditar los hechosconstitutivos de la reclamación. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y del informe.
"Artículo 116. En caso de no haber conciliación, el conciliador exhortará a las partes para que designen como árbitro a la procuraduría o a algún árbitro independiente para solucionar el conflicto. Para efectos de este último caso, la procuraduría podrá poner a disposición de las partes información sobre árbitros independientes.
Artículo 122. Las resoluciones que se dicten durante el procedimiento arbitral admitirán como único recurso el de revocación, que deberá resolverse por el árbitro designado en un plazo no mayor de tres días. El laudo arbitral sólo estará sujeto a aclaración dentro de los dos días siguientes a la fecha de su notificación.
De la lectura de estas disposiciones se advierte que la Procuraduría Federal del Consumidor será competente en la vía administrativa para resolver cualquier diferencia que se suscite entre proveedores y consumidores, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio, y si no se logra la avenencia de las partes, existe la oportunidad de manera opcional de acudir a la figura arbitral, cuya finalidad es la solución de tales conflictos.
De lo hasta aquí expuesto se tiene, por una parte, que los procedimientos previstos en la Ley Federal de Protección al Consumidor para dirimir las diferencias entre proveedores y consumidores son el conciliatorio y el arbitral, previstos en sus artículos 111 a 122, los cuales son de agotamiento optativo, debiendo resaltarse que, conforme al diverso numeral 1o. de la misma ley, las disposiciones de ésta son irrenunciables.
De la lectura de estas disposiciones y del artículo 86, último párrafo, reclamado se advierte que la Procuraduría Federal del Consumidor será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los contratos de compraventa de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, ya sea de manera inicial por el procedimiento conciliatorio, y si no se logra la avenencia de las partes, existe la oportunidad de acudir a la figura arbitral, cuya finalidad es la solución de las controversias entre el consumidor y el proveedor.
Por tanto, la inclusión de esta cláusula en términos del citado artículo 86, último párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de que se constituya como árbitro en caso de controversia por la interpretación o cumplimiento de los contratos de adhesión, tiene como fin una solución de las controversias que surjan de los mismos; además de que no hace nugatoria la garantía de audiencia porque, aunado a que se trata de un procedimiento optativo y no obligatorio, el proveedor tendrá la posibilidad de actuar en el procedimiento conforme a reglas precisas, haciendo valer lo a su interés convenga en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 constitucional.
Tampoco impide o retrasa el acceso a la justicia de los proveedores justiciables, en razón de que no prohíbe que las partes se sometan a las instancias judiciales correspondientes, sino que sólo puntualiza que si las partes en conflicto optan por la vía administrativa a través del arbitraje, la autoridad administrativa que tiene competencia para conocer de esas controversias es la Procuraduría Federal del Consumidor.
En otras palabras, la función de la cláusula es incluir en los contratos sujetos a registro, la mención de que las controversias suscitadas entre consumidores y proveedores pueden someterse para su solución, vía arbitraje, a la Procuraduría Federal del Consumidor.
En mérito de lo hasta aquí expuesto, procede declarar infundados los agravios analizados y confirmar la sentencia recurrida.
La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Auge Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de los artículos 73, 73 bis, 73 ter, 75, 86, último párrafo y 87 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro.
Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de junio del año dos mil cinco, por unanimidad de once votos de los señores Ministros: A.A., C.D., L.R., D.R., G.P., G.P., O.M., V.H., S.C., S.M. y presidente A.G.. Se aprobó el proyecto excepto por lo que hace a la negativa del amparo en contra del artículo 86, último párrafo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil cuatro, propuesta en el resolutivo segundo, respecto de la cual hubo siete votos de los señores M.C.D., D.R., G.P., V.H., S.C., S.M. y presidente A.G.; votaron en contra los señores M.A.A., L.R., G.P. y O.M. y reservaron su derecho de formular voto de minoría. El señor Ministro ponente manifestó que, en su caso, adecuaría las consideraciones de su proyecto para atender las sugerencias formuladas durante el análisis genérico de los temas. El señor Ministro presidente declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos. Fue ponente el señor M.J.D.R..
Tesis Aislada num. 2a. XLVIII/2006 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala