Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/2016/11/30/
Timestamp: 2020-01-28 07:12:44
Document Index: 172981395

Matched Legal Cases: ['artículo 148', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 212', 'artículo 48', 'artículo 212', 'artículo 26', 'Artículo 26']

30 | noviembre | 2016 | Pensamientos de Derecho Constitucional
Archive for 30/11/16
PRIMERA SALA LABORAL DE LAMBAYEQUE
En Chiclayo, a los 04 días del mes de noviembre de 2015, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Cervera Dávila, pronuncia la siguiente resolución:
Recursos de apelación interpuestos por la parte demandante contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2013 que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa.
El proceso contencioso administrativo constituye un proceso especial mediante el cual el Poder Judicial ejerce un control sobre la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos así como brinda una efectiva tutela a los justiciables que consideren amenazados o lesionados sus derechos sus derechos respecto a dichos actos. Esta potestad de control tiene su sustento en el artículo 148° de la Constitución Política de 1993, que señala: “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativo”.
La inexistencia de motivación supone fundamentalmente que no hay explicación sustancial alguna por parte del juzgador respecto a la controversia. La motivación aparente, por su lado, no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o no se responde a los fundamentos sostenidos por las partes, o de ser el caso, se pretende cumplir formalmente con el mandato de motivación, alegando frases que no ostentan solidez fáctica ni jurídica.
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.
El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica una ausencia de conexión entre la premisa y la constatación fáctica o jurídica que le corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del Tribunal en la forma siguiente:
e) La motivación sustancialmente incongruente.
La incongruencia en la motivación supone un problema de desviación, o de manifiesta modificación o alteración del debate procesal, a lo que se denomina incongruencia activa. Sin embargo, una simple incongruencia no implica necesariamente una función de control. Por el contrario, la ausencia total de dejar sin respuesta las pretensiones de las partes, o desviar la decisión de la dirección del debate judicial generando indefensión, implica una trasgresión del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia, lo que se trasunta en incongruencia omisiva. En esencia, el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de decidir la pretensión puesta en su conocimiento, no omita, altere o se exceda en la definición de las peticiones incoadas.
El mejor consejo que puede darse a quien desee argumentar bien en el Derecho o en cualquier otro ámbito es prepararse bien (…)
Hay aspectos comunes a cualquier tipo de argumentación, pero también rasgos peculiares de cada campo, de cada tipo de debate. Por ejemplo, lo que es apropiado para una conferencia (la exposición por extenso de una tesis) no lo es para el que participa en una mesa redonda: (…)
No se argumenta mejor por decir muchas veces lo mismo, ni por expresar con muchas palabras lo que podría decirse con muchas menos. (…)
En una discusión, en un debate racional, esforzarse porque el otro tenga razón -como alguna vez propuso Borges- parece demasiado (…)
Cuando se argumenta en defensa de una tesis, no estar dispuesto a conceder nunca nada al adversario es una estrategia incorrecta y equivocada.
Cuando se argumenta con otro, uno puede tener la impresión de que los argumentos de la parte contraria funcionan como una muralla contra la que chocan una y otra vez nuestras razones. Por eso, una vez probada la solidez de esa defensa, lo más aconsejable es ver si uno puede tomar la fortaleza intentando otra vía. (…)
La argumentación no está reñida con el sentido del humor, pero sí con la pérdida del sentido de la medida (…)
No se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas, autores de moda, etc. Lo que cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan.
En cada ocasión, hay muchas maneras de argumentar mal y quizás más de una de hacerlo bien (…)
Sentencias constitucionales laborales. Proceso contencioso administrativo. Estado de cosas inconstitucional.
Durante nuestro periodo en Sala Laboral Contencioso Administrativa y Previsional entre 2015 y parte de 2016, formulamos algunos proyectos de resolución con énfasis en la perspectiva constitucional, y si bien no siempre se obtuvo coincidencia de criterios, quedó en pie la tesis de ir trabajando criterios constitucionales en casos incluso laborales, dentro de esa idea que denominamos la “constitucionalización del Derecho”.
Esta propuesta no puede ser entendida como un efecto de irradiación irrazonable de los derechos fundamentales o un propósito de impregnación desproporcionado de la justicia constitucional en el ordenamiento jurídico. Simplemente traduce una propuesta puntual: resolver los conflictos de reglas desde los principios, valores y directrices que informa la propia Constitución, y que en propiedad, la justicia constitucional sume a favor de la justicia ordinaria y no sustraiga, en desmedro de ésta.
No se trata pues de una fatal arrogancia, en palabras de Friedrich Hayek, en el sentido de que el Derecho Constitucional posea toda la información del caso para resolver, en perjuicio de la sociedad, sino de ampliar la visión del Derecho desde una óptica, también, constitucional.
La resolución abajo reseñada quedó en minoría. En fecha próxima, colgaremos el voto con la posición de la mayoría en contrario. La propuesta, sin embargo, fue de horizonte amplio: buscar reducir la carga procesal desde herramientas útiles como el estado de cosas inconstitucional.
EXPEDIENTE Nro.: 5876-2013
DEMANDANTE: CARMEN ROSA BARBOZA VILCA
DEMANDADO: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Y OTROS
En Chiclayo, a los 13 días del mes de noviembre de 2015, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Cervera Dávila, pronuncia la siguiente resolución:
Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2015, que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa.
La parte demandante interpone demanda contencioso administrativa (p. 26-30) a efectos de que se declare la nulidad total de la Resolución Gerencial Regional N° 0319-2013-GR.LAMB/GRED, y por ende, nulo el Oficio Nº 5689-2012-GR.LAMB/GRED/UGEL.L-ADM/PER-PLLA, Solicita, en consecuencia, se ordene a la demandada cumpla con regularizar el pago de la Bonificación Especial Mensual de Preparación de Clases y Evaluación; asimismo, pide se liquide y se le pague los reintegros correspondientes más los intereses legales.
El Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque contesta la demanda (46-52), alegando que con la derogación de la Ley 24029 por la Ley 29444, Ley de Reforma Magisterial, ya no procede la mensualización de la bonificación especial por preparación de clases, al estar ésta incluida en la remuneración íntegra mensual.
La Fiscalía Provincial opina que se declare fundada en parte la demanda. (p. 105-107). Propone se declare infundada la demanda en el extremo de la pretensión de pago de la bonificación especial por preparación de clases.
La sentencia impugnada declara fundada en parte la demanda. (p. 98-104). Determina que existe ilegalidad en el Oficio Nº 5689-2012-GR.LAMB/GRED/UGEL.L-ADM/PER-PLLA, al denegar el pedido administrativo; así mismo, denota ilegalidad la Resolución Gerencial Regional N° 0319-2013-GR.LAMB/GRED, al haberse desestimado el recurso de apelación de la recurrente, dejando así de aplicar el artículo 48 de la Ley 24029, modificada por la Ley 25212. Considera, al mismo tiempo, que se ha transgredido el marco constitucional al infringirse el principio de jerarquía de las normas que desarrolla el artículo 51 de la Constitución. Entonces, puede afirmarse que existe nulidad en los actos administrativos impugnados en el proceso, razón por la cual corresponde amparar la demanda. En el extremo de intereses, declara improcedente la demanda.
El Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque interpone recurso de apelación (p. 114-120), señalando que la recurrida contiene un error de hecho al no considerar que el acto impugnado es un acto firme y no reclamado oportunamente, razón por la cual es de aplicación el artículo 212 de la Ley 27444, el cual en términos interpretativos prevé la improcedencia de pretensiones fuera de plazo. Señala que debió desestimarse la demanda en su totalidad por no haberse ejercitado oportunamente la acción respectiva.
La Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque interpone recurso de apelación (124-128) alegando el Ministerio de Economía y Finanzas reiteradamente ha comunicado que el otorgamiento de bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios y demás conceptos remunerativos, deberá calcularse en función de la remuneración total permanente. Siendo la demandada una entidad que depende económicamente de esta cartera, debe ajustarse a las disposiciones que emita. Por lo tanto, debe desestimarse la demanda.
El Ministerio Público a nivel de Fiscalía Superior (p. 141-144), opina que se confirme la sentencia que resuelve fundada en parte la demanda.
La mecánica del estado de cosas inconstitucional implica, en términos pragmáticos y en una definición que concordamos con posiciones que más delante describimos, que quien resulte afectado en un derecho fundamental respecto al cual el Tribunal Constitucional hubiera declarado un estado de cosas inconstitucional (en un caso previo), puede apersonarse a la ejecución del caso anterior, a fin de ejercitar el derecho que tutela previamente el estado de cosas inconstitucional antes declarado.
La pregunta lógica bien podría ser: ¿Cómo podría apersonarse alguien a ejecutar un derecho si no ha sido parte en ese juicio? ¿Y el derecho de defensa? ¿Y el derecho al contradictorio? ¿Y el debido proceso? Ciertamente se trataría de derechos afectados pero en el margen de ponderación que se permite entre derechos fundamentales, apreciamos que se tutela bienes que, a su turno, en el caso específico, pesan más, como lo son la tutela de urgencia, la pronta reparación de una vulneración iusfundamental y la necesidad de que frente a una afectación, exista una reparación no mediata sino célere.
Otro de los fundamentos doctrinarios de esta figura reside, a juicio nuestro, en la posición de la Corte Constitucional de Colombia,[1] cuyo punto de partida es la doctrina alemana de la autonomía procesal de la jurisdicción constitucional- Verfahrensautonomie[2]– cuyo tratamiento ha sido prolijo en sede nacional por César Landa[3]– y que, a grandes rasgos, identifica la característica de modular los efectos procesales en las acciones constitucionales si éstas protegen derechos fundamentales con necesidades de tutela urgente.
Bajo esa lógica, el estado de cosas inconstitucional reprueba una manifiesta vulneración a los derechos fundamentales y permite una reacción de mayor entidad de la jurisdicción constitucional, en algunos caos superando las formas del proceso, para precisamente buscar una pronta reparación frente a una agresión ostensible a un derecho fundamental.
En glosa de lo anteriormente expuesto, cabe acotar que la jurisprudencia constitucional ha ofrecido distintas variantes interpretativas de su ejercicio en la misma perspectiva de construir conceptos que busquen consolidar una perspectiva de predictibilidad, elemento necesario para afianzar la resolución urgente de controversias en sede constitucional. ¿Por qué? Por la importancia y necesidad de formación de estándares para la dilucidación de los contenidos de los principios en sede iusfundamental, más aún cuando su calidad de mandatos de optimización exige una definición progresiva de argumentos axiológicos estandarizados, que es en esencia el desarrollo actual del Derecho Constitucional. A estándares mejor definidos, mayor posibilidad de una justicia constitucional predecible. A pautas mejor construidas de los casos en examen, mayor legitimidad de los jueces constitucionales.
Una definición jurisprudencial del estado de cosas inconstitucional es abordada en la STC 2579-2003-HD/TC[4] y ha sido asumida como una “técnica (que) comporta que (…..) se efectúe un requerimiento específico o genérico a un (o unos) órgano(s) público(s) a fin de que, dentro de un plazo razonable, realicen o dejen de realizar una acción u omisión, per se, violatoria de derechos fundamentales, que repercuta en la esfera subjetiva de personas ajenas al proceso constitucional en el cual se origina la declaración.”
El proceso en comento, con sentencia estimatoria, se refiere al proceso interpuesto por Julia Arellano Serquén en relación a la negativa del Consejo Nacional de la Magistratura de entregarle información estimada pública respecto a su proceso de ratificación como juez superior en Lambayeque, Perú. El Consejo alegaba que su Ley Orgánica señalaba que la información solicitada tenía carácter de reservada y sin embargo, el desarrollo del proceso de ratificación había sido esencialmente público. Por lo tanto, la documentación generada, en especial el acta del Informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, sobre el cual el Poder Judicial desestimó la entrega solicitada, era esencialmente un instrumento público y su entrega correspondía, dada la naturaleza de información pública, desde la perspectiva constitucional. El Tribunal ordenó la entrega de información solicitada y declaró como estado de cosas inconstitucional la renuencia de entrega del tipo de información aludida.
Tomando como referencia el caso Arellano, nos persuadimos de la idea relevante de que a través del estado de cosas inconstitucional, pueda constituirse un efecto erga omnes, es decir, de alcance general, no obstante nacer como un caso inter-partes al ser incoada la demanda. De ese modo, la sentencia constitucional logar alcances, también, para aquellas personas afectadas no partes en el proceso, e igualmente afectadas por el estado de cosas inconstitucional.
Si esta figura se empleara de forma intensa en nuestra jurisprudencia constitucional y más aún, en la ordinaria, se constituiría en herramienta protagónica para disminuir la carga procesal, y para reducir ostensiblemente las horas- hombre dedicadas a resolver numerosos conflictos constitucionales y ordinarios de naturaleza similar. ¿Es solo cuestión de decisión? El Tribunal Constitucional ha fijado lineamientos de campo iniciales[5] pero aún corresponde estructurar procedimentalmente la figura y afianzar su nivel de vinculatoriedad a efectos de que representen mecanismos efectivos de aplicación por parte de los jueces constitucionales. Los beneficios serían enormes.
La figura del “estado de cosas inconstitucional”, contemplada primigeniamente en la STC 2579-2003-HD/TC, caso Julia Arellano, ha sido desarrollada en dos pronunciamientos relevantes posteriores: la STC 05561-2007-PA/TC,[6] caso ONP, y STC 3426-2008.PHC/TC,[7] caso Pedro Marroquín.
La Segunda sala Civil del Cusco, en desarrollo de esta figura, implementó en 2010 respecto a un caso un “estado de cosas ilegal”,[8] figura que creemos plenamente compatible con el “estado de cosas inconstitucional”, en una muestra de activismo judicial moderado y consecuente con la defensa pronta de los derechos fundamentales.
Indudablemente, la figura del “estado de cosas inconstitucional” puede convertirse en una extraordinaria herramienta procesal y respecto de los jueces del Poder Judicial, así como implica un extraordinario ahorro de horas- hombre al no tener que tramitar todos los fallos bajo reglas estrictamente apegadas al modo procesal literal.
Problemática que plantea la bonificación por clases respecto a profesores
Es necesario enfatizar que al prever el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, que los docentes reciben una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total, cuanto se hace es precisar una regla de obligatoria aplicación en tanto la naturaleza jurídica del mandato en mención es de índole prescriptiva.
Nos encontramos así con la situación de que miles de demandas a nivel nacional son interpuestas con la misma pretensión y , en propiedad, congestionan gravemente el sistema de impartición de justicia, causando que demandas de similar naturaleza, en excesivo número, impidan que otras causas puedan ser atendidas oportunamente.
La presente decisión orienta su enfoque hacia la posibilidad de aplicación de esta figura, basada nuestra Sala Superior en que existe un sustento normativo importante como el que ha sustentado ya en su momento el Tribunal Constitucional.
Creemos que los beneficios han de ser sustantivos: se expide una sentencia tipo y en ejecución de sentencia, pretensiones de similar naturaleza han de poder ser atendidas sin que se recurra a un complejo tránsito de diversas etapas procesales que causa mora en el sistema de justicia.
Naturalmente, es necesario evitar que las partes puedan considerar afectados sus derechos y por tanto, creemos pertinente dar cuenta de esta decisión a la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, y a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, ODECMA, de la viabilidad de este sistema, pues en rigor el debido proceso sufre una afectación de nivel leve en tanto que la satisfacción del derecho fundamental a la remuneración, presenta un alto grado de realización.
Lo expuesto nos conduce a considerar viable la medida, oficiándose inclusive al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que tome conocimiento de la viabilidad de implementación de este sistema que, en buena cuenta opta, radicalmente, por buscar una salida de rigor al sistema actual de trabajo respecto de la justicia laboral.
Apreciemos este fenómeno en perspectiva: si esta medida se extiende a las numerosas demandas hoy existentes de subsidio por luto y sepelio, de remuneración íntegra, de conceptos pensionarios en los cuales ya hay criterios estimatorios, entre otros numerosos temas comunes en la impartición de justicia ordinaria y constitucional. entonces es posible reducir el alto número de demandas a interponer, siempre que exista un criterio de consenso respecto de acortar los plazos procesales.
Por último, ha de oficiarse al Colegio de Abogados de la Región a efectos de que se promueva entre los Letrados, la posibilidad, objetividad y viabilidad, de este sistema de resolución de conflictos. El tema es de por sí relevante en cuanto concierne en primer línea, también, a los abogados: si ellos no impulsan estas medidas, la propuesta de los jueces solo podrá quedar en un esbozo de racionalización del sistema de justicia y ése no es el propósito de esta decisión.
A juicio de esta Sala Superior, la impugnación de la entidad demandada no logra desarticular la posición del A quo, respecto a que no ha habido un reclamo oportuno del derecho. Este argumento carece de solidez pues el ejercicio de la acción procesal en debate, se ha cumplido sin incurrirse en causal de improcedencia respecto a los plazos máximos de interposición de la demanda, toda vez que ésta es resultado a lo solicitado en vía administrativa.
En relación al argumento del Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque respecto a que el acto impugnado es un acto firme y no reclamado oportunamente, y que por lo tanto, es de aplicación el artículo 212 de la Ley 27444, consideramos que dicho alegato debe desestimarse pues la relación laboral regular implica una afectación continua y por tanto, no existe caducidad respecto del derecho de accionar o ejercitar una pretensión. En propiedad, no puede desestimarse una demanda por no haberse ejercitado oportunamente la acción respectiva si la afectación del derecho en discusión ha sido regular en el tiempo. Es necesario oponer a este criterio el enunciado que prevé el artículo 26[9] de la Constitución respecto a la irrenunciabilidad de derechos laborales.
De otro lado, es argumento de la apelación de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque que el Ministerio de Economía y Finanzas reiteradamente ha comunicado que el otorgamiento de bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios y demás conceptos remunerativos, deberá calcularse en función de la remuneración total permanente.
Es pertinente señalar que los pagos por conceptos de esta naturaleza no se hacen en función de la remuneración total permanente sino de la remuneración total íntegra, pues así lo han previsto las sentencias 051-2005-AA-TC y 2372-2003-AA/TC, las cuales prevén como base de cálculo la remuneración total del servidor.
A este respecto, existe consenso jurisprudencial respecto a que el otorgamiento de este concepto debe efectuarse en función de los alcances de la remuneración íntegra, como señala la parte actora, y no total permanente, como arguye la parte emplazada, deviniendo un argumento insuficiente promover el otorgamiento de este concepto respecto de una base legal manifiestamente equívoca.
Constituye otro argumento de apelación de las demandadas que el ente responsable del pago de la bonificación solicitada es el Ministerio de Economía y Finanzas. Este argumento no es sostenible pues la entidad obligada directa es la parte demandada, en tanto le ha competido la función directa de vinculación con la servidora.
Tampoco es congruente que siendo la demandada una entidad que depende económicamente de esta cartera, debe ajustarse a las disposiciones que emita. Las entidades emplazadas se ven constreñidas al acatamiento de los mandatos judiciales partiendo de que los mismos se ajustan a la ley y a la Constitución. Por tanto, deben considerar que sus actuaciones son sometidas a un examen legal y constitucional por parte del Poder Judicial, y como tal, es su obligación cumplir con las prestaciones que fija este Poder del Estado.
Presentada esta situación de la demanda, apreciamos que esta pretensión es una de las tantas que implican un ejercicio continuo de un mismo tipo de pronunciamientos respecto a la bonificación por preparación de clases, casos en los cuales incluso los pronunciamientos del Ministerio Público, tanto a nivel de Fiscalía Provincial como de Fiscalía Superior, como sucede incluso en este caso, siempre coinciden.
A juicio nuestro, dada la característica de repetitividad del mismo tipo de casos, es plenamente viable declarar un estado de cosas inconstitucional respecto a este tipo de causas y fijar en el decisorio, reglas procedimentales necesarias para la materialización de su cometido. Creemos que, de este modo, se cumple un fin axiológico de la justicia, cual es su impartición de modo célere, pronto y oportuno. A este efecto, el marco constitucional antes explayado, avala una decisión de este tipo.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:
CONFIRMA la sentencia apelada que declara FUNDADA en parte la demanda contenciosa administrativa.
DECLARA un estado de cosas inconstitucional respecto a las actuaciones de las emplazadas en relación a las peticiones de pago de las bonificaciones por clases y por tanto determina que:
a) Cualquier pretensión futura vinculada a esta misma cuestión- bonificación por clases con cálculo sobre la base de la remuneración íntegra- podrá ser planteada ante el juez de ejecución del presente fallo, correspondiendo al juez de ejecución calificar el pedido y de acuerdo a su viabilidad, despachar directamente ejecución respecto al fallo.
b) Las apelaciones formuladas contra los autos en ejecución por la aplicación de la figura del estado de cosas inconstitucional, serán concedidos sin suspensión del proceso principal, de la prestaciones de hacer, no hacer y dar que fije el juez de ejecución, advirtiéndose que el fundamento de esta pauta es la naturaleza iusfundamental del derecho a la remuneración justa, equitativa y razonable.
Ofíciese copia de la presente resolución a OCMA, ODECMA, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Colegio de Abogados de Lambayeque, para los fines procedimentales de validación a que hubiere lugar.
[1] Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.
[2] RODRIGUEZ PATRON, Patricia. La libertad del Tribunal Constitucional alemán en la configuración de su Derecho Procesal. Revista Española de Derecho Constitucional No. 21. No. 62. mayo-agosto 2001.
[3] LANDA ARROYO. César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. La experiencia del Perú. Revista IPSO JURE No. 9. Mayo 2010. Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
[4] STC 2579-2003-hd/TC. Caso Julia Arellano
(…) dado que este Tribunal es competente para fijar las reglas procesales que mejor protejan los principios y derechos constitucionales, considera constitucionalmente exigible que se adopte la técnica del “estado de cosas inconstitucionales” que, en su momento, implementara la Corte Constitucional de Colombia, a partir de la Sentencia de Unificación N.° 559/1997.
[5] STC 05561-2007-PA/TC Caso Oficina de Normalización Previsional. Decisorio.
Declarar, como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra (…)
[6] Las partes más relevantes del fallo 05561-2007-PA/TC son:
(…) se ha dejado establecido en el Expediente N.° 2579-2003-HD/TC, que mediante la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional “(…) y a fin de que se respeten plenamente los pronunciamientos de esta naturaleza que de ahora en adelante se emitan, este Colegiado enfatiza que, si con posterioridad a la fecha de expedición de una sentencia de esta clase, llegase al Tribunal o a cualquier órgano judicial competente un caso análogo, cuyos hechos se practiquen con fecha posterior a la de esta sentencia, aparte de que se ordene la remisión de copias de los actuados por la violación del derecho constitucional concretamente afectado, también se dispondrá que se abra proceso penal por desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional”. (…)
En tal sentido, la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional, con relación a la contratación de estudios de abogados, y en general de profesionales encargados de la defensa de los intereses de la ONP mediante procesos judiciales, debe merecer una reestructuración integral, conforme a los considerandos de esta sentencia, a fin de impedir que en el futuro se vuelvan a presentar demandas con él único ánimo de dilatar la atención de los derechos de los pensionistas, sobre todo cuando respecto de tales derechos exista un criterio jurisprudencial establecido e inequívoco sobre la materia, ya sea de parte del Poder Judicial o de este Colegiado.
El decisorio se expresa en la siguiente forma:
Declarar, como un Estado de Cosas Inconstitucional, la participación temeraria, obstructiva y contraria a la jurisprudencia y precedentes de este Tribunal de la ONP en los procesos judiciales relacionados a los derechos pensionarios que administra; en consecuencia:
a) ORDENA a las instancias judiciales que tienen en curso procesos en los que la pretensión esté referida al pago de intereses o devengados como consecuencia de la actuación renuente y unilateral de la ONP, apliquen los criterios jurisprudenciales de este Colegiado, dando por concluidos los procesos judiciales relacionados a reclamos de los pensionistas e imponiendo las medidas disciplinarias a que hubiera lugar a los abogados patrocinantes.
b) ORDENA a la ONP para que en los próximos 3 días posteriores a la publicación de la presente sentencia, se allane o se desista de toda demanda constitucional que tuviera en curso y en el que la única pretensión esté referida a la misma materia de la presente demanda, bajo apercibimiento para el titular del pliego de incidir en desacato a la autoridad judicial.
[7] A su turno, la STC 03426-2008-PHC/TC señala:
(…) teniendo en cuenta los efectos generales de la sentencia en la que se declara el estado de cosas inconstitucional, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, señala que cualquier persona o personas que se encuentren en las mismas circunstancias a las descritas en esta sentencia, esto es, que sufran agravio por el mismo o similares actos lesivos, podrán acogerse a los efectos de la presente sentencia o a la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, no siendo necesaria la interposición de nueva demanda de hábeas corpus. Y es que, tal como ha señalado este Colegiado “La expansión de los efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio no debe causar mayor alarma, puesto que, tratándose de un Tribunal encargado de la defensa de la supremacía constitucional, es claro, que sus decisiones -no sólo en los juicios abstractos de constitucionalidad, sino también en los casos concretos de tutela de derechos subjetivos- vincula a todos los poderes públicos” (Exp. Nº 3149-2004-AC/TC, fundamento 14).
El decisorio fija los siguientes alcances:
Declarar FUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos por haberse producido la violación del derecho fundamental a la salud mental y a la integridad personal; en consecuencia: i) ORDENAR al Director del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho que, en el día, proceda al traslado del favorecido don Pedro Gonzalo Marroquín Soto al Hospital Víctor Larco Herrera; ii) ORDENAR al Director General del Hospital Víctor Larco Herrera para que una vez ejecutado el traslado del favorecido, proceda a su admisión, debiendo la Oficina Ejecutiva de Administración y Oficina de Logística de dicho Hospital superar cualquier imposibilidad material, a fin de que reciba el tratamiento médico especializado.
Declarar, como un estado de cosas inconstitucional, la falta de una política de tratamiento y rehabilitación de la salud mental de personas que se encuentran sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental; en consecuencia:
ORDENAR al Ministerio de Economía y Finanzas para que adopte las medidas necesarias que permitan el incremento gradual del presupuesto destinado al Ministerio de Salud, y concretamente, a los centros hospitalarios de salud mental de país.
ORDENAR al Poder Judicial la adopción de las medidas correctivas para que todos los jueces del país emitan pronunciamiento oportuno sobre los informes médicos que les son remitidos por las autoridades de salud, que recomiendan el cese de la medida de seguridad de internación.
[8] Información disponible en http://es.scribd.com/doc/29686420/Exp-N%C2%BA-2009-000627-Amira-Nunez-del-Padro-Santander. Fuente visitada con fecha 13 de noviembre de 2015.
[9] Constitución 1993. Artículo 26. Principios que regulan la relación laboral
You are currently browsing the Pensamientos de Derecho Constitucional blog archives for the day 30 noviembre 2016.