Source: https://it.scribd.com/document/336591504/Dialnet-SeguridadSocialPeruana-5110415
Timestamp: 2020-07-06 00:45:47
Document Index: 186151048

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 58', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 200', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 103', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14']

Dialnet-SeguridadSocialPeruana-5110415 | Derecho laboral | Votación
Seguridad Social Peru
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ANEXO 8. PLAN DE TRABAJO COPASST
Hua Rapo
MUERTE TRABAJADOR RESPOSABILIDAD EMPLEADOR
presi unidad 2 higiene.ppt
Man-ccal-rh-6.2.1-1 Manual de Inducción Das. d.s. Nº 40 C-cal
INFORMATIVO_Control de Contratistas (002)
Anexos Gesti¢n de Contratistas
Lectura - Registro de Aviso e Investigación de Un Accidente de Trabajo
SEGURIDAD SOCIAL PERUANA:
Jorge Toyama Miyagusuku* Karen Angeles llerena* *
El sistema de Seguridad Social en el Perú ha sufrido una serie de variantes en los últimos años. El nacimiento de entidades públicas y privadas que participan en este sistema ha generado que estos nuevos actores asuman una serie de roles antes desconocidos en el sistema.
En un primer momento, el presente artículo enuncia descriptivamente el papel que desem- peñan estos nuevos agentes así como las va- riaciones sufridas por el sistema. En un segun- do momento, el presente artículo comenta y crítica la idoneidad del marco legislativo na- cional respecto al sistema de Seguridad Social.
· Profesor Asociado de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Universidad de Piura. Abogado Laboralista. ·· Estudiante del Noveno Ciclo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
En la última década, el sistema de la seguridad social en el ordenamiento peruano ha variado radicalmente. Los regímenes de pensiones, salud y accidentes de tra- bajo y enfermedades profesionales así como el respec- tivo andamiaje administrativo y financiero han sufrido grandes modificaciones, con un especial énfasis en la introducción de la inversión privada y en la centraliza- ción de la fiscalización.
Debido a la grave crisis que se apreciaba en los regí- menes de seguridad social -creados en la década del setenta- que se manifestaba en regímenes de pensio- nes radicalmente diferentes y la crítica situación del organismo rector denominado Instituto Peruano de Se- guridad Social, y siguiendo la experiencia que se apre- ciaba en algunos países, desde el año 1991 se dicta-
ron diversas normas que establecieron nuevas disposi- ciones en materia de seguridad social y se reorganizó su administración y financiamiento.
El presente artículo pretende brindar una visión pano- rámica sobre las principales instituciones de la seguri- dad social en el Perú y las reformas operadas -y aque- llas que se implementarían, como la reforma constitu- cional del Decreto Ley 20530-, sin dejar de tener en consideración lo señalado por la doctrina nacional y extranjera.
Por otro lado, la "estrategia Beveridge", la cual surge en Inglaterra, crea un sistema de protección universal, es decir que el criterio de aplicación no era el carácter profesional sino el de redistribución de la renta, con la finalidad de promover un espíritu solidarista entre quie- nes más tenían y los que poseían menos. Esto produjo que el sistema sea más fuerte.
Las ideas de la "estrategia Beveridge" eran opuestas al régimen de seguros sociales, probablemente porque ya podía vislumbrar con cierta claridad los inconvenientes y defectos del sistema y los resultados de su aplicación.
Son muchas las posibles definiciones que se puedan citar respecto al sistema de seguridad social. Sin embargo, la concepción más adecuada sería aquella que lo define como el conjunto de normas y principios elaborados por el Estado con la finalidad de proteger las situaciones de necesidad de los sujetos independientemente de su vin- culación profesional a un empresario y de su contribu- ción o no al sistema. En ese sentido, la seguridad social protege la relación jurídica de seguridad social, caracteri- zada en esencia por ser pública y universal.
Dentro de las principales características generales del sistema se encuentran:
Público.- El Estado tiene la obligación de cubrir las necesidades de protección de la población.
Mixto.- El Estado brinda un servicio de protección
los sujetos necesitados, pudiendo existir una contraprestación contributiva y no contributiva.
Cubre necesidades.- El objetivo del Estado es cu- brir las necesidades de la población y generar un sistema universal tanto en su ámbito subjetivo como objetivo.
Autónomo.- No se puede entender el Derecho de
Seguridad Social al margen del Derecho Labo-
ral, sin embargo, por su carácter universal no sólo
su ámbito de aplicación se circunscribe a los tra- bajadores dependientes, sino que también inclu- ye a los no trabajadores.
MARCO PRELIMINAR
Se debe tener en cuenta que en las etapas previas al na- cimiento de la seguridad social, el objetivo era la protec- ción de las situaciones de necesidad individualmente, sin considerar determinados riesgos y situaciones que tie- nen un origen colectivo. Sólo cuando estas últimas en- tren en juego y se intente proteger los riesgos colectivos puede hablarse del surgimiento de la seguridad social.
El Estado, para contrarrestar la mala situación de su población trabajadora, generó el nacimiento del siste- ma de los "Seguros Sociales", que frente al asegura- miento individual, pretendía responsabilizar al empre- sario en la protección de las necesidades de los traba- jadores.
En la historia sobresalen dos corrientes de evolución sobre este tema, la primera surge en Alemania deno- minada la "estrategia Bismarck", la cual se caracteri- zaba fundamentalmente por su espíritu paternalista, generando ventajas laborales y de protección. Sin em- bargo, llegó a ser un sistema muy débil debido a que sólo se limitaba a brindar beneficios a la población asa-
no es un patrimonio exclusivo y excluyente del trabajador. La esencia de este principio se basa
porque no protegía todos los riesgos y situaciones ne- cesarias para el trabajador.
Siguiendo a Ermida Uriarte 1 , describiremos los princi- pios fundamentales de la seguridad social:
1 ERMIDA URIARTE, Osear. "Los principios de la Seguridad Social'". En: La Seguridad Sooal en el Uruguay. Montevideo, 1993. pp. 14 y siguientes.
en que la seguridad social es un derecho funda- lar la gestión y el otorgamiento de las prestaciones, d)
subsidiaridad: el Estado subsidia en defecto de la par- ticipación de entes privados.
mental y no está restringido a una clase o grupo social.
(i) La universalidad objetiva.- Enfocada a cubrir las contingencias que los individuos pueden pade- cer, manteniendo el equilibrio entre las necesi- dades y los ingresos que provienen de las apor- taciones de los asegurados, no siendo relevante si dichos ingresos son de la aportación directa del que padece de la contingencia o de otro. Así, de esta manera, se enlaza con el principio de solidaridad.
Uno de los argumentos que fue utilizado por aquellos que impulsaron la promulgación de una nueva Constitución peruana era que las reformas que debían producirse en el tema de la seguridad social requerían de un marco constitucional adecuado, especialmente para permitir que el sector privado ingrese a los nuevos sistemas previsionales y sociales que se habían emitido.
La solidaridad.- Importa no sólo en la perspectiva de lo ético sino también como un deber social de ayuda compartida de los que contribuyen para quienes no puedan hacerlo por su situación eco- nómica.
La eficiencia.- Significa el aprovechamiento ópti- mo de los recursos socialmente disponibles para enfrentar las contingencias.
Si bien en el año 1991 se dictaron dispositivos -vía delegación del Congreso- que creaban los regímenes privados de pensiones y de salud, y en diciembre de 1992 se promulgó el Decreto Ley 25897, norma que creó el actual Sistema Privado de Pensiones (SPP), la Constitución de 1993 fue la que otorgó el necesario soporte constitucional para la instauración del nuevo esquema normativo.
La equidad e igualdad.- Debe entenderse en dos se a los países que tienen una Constitución que cansa- sentidos: primero, que quienes reciben los bene- gra un Estado social. En primer término, el artículo 43
(ubicado en el Capítulo 1 del Título sobre "El Estado y la Nación") señala que el Perú es una República «de- mocrática, social, independiente y soberana». En la misma línea, el artículo 58 (ubicado en el Capítulo 1 del Título sobre "Régimen Económico") precisa que la iniciativa privada <<se ejerce en una economía social de mercado>>.
La calidad.- La atención que reciba el asegurado debe ser la mejor dentro de los estándares vigen- tes en la sociedad.
ficios es porque lo necesitan para satisfacer sus intereses, y segundo, porque aquellos que apor- tan al sistema deben recibirlo como contraprestación a cambio de su aporte.
(i) La unidad.- El Estado, a través de sus institucio- nes, otorga las prestaciones de seguridad social para satisfacer las necesidades de los asegurados. Ciertamente, este principio debe entenderse de manera flexible, es decir, que los diversos orga- nismos o entes (públicos o privados) encargados de otorgar las prestaciones de seguridad social deben de realizarlo coordinadamente con enla- ces de comunicación dentro de un solo sistema y
La administración importa una gama de posibilidades:
a) pluralismo: coexisten y compiten entidades públicas y privada, b) participación: tanto los trabajadores como empleadores colaboran en la gestión del Estado en seguridad social, e) planificación el Estado debe regu-
Por otro lado, se reconocen una serie de derechos de <<segunda generación» (derechos al trabajo, seguridad social, educación, etc.), se asigna un papel fundamen- tal al Estado en la vigencia, promoción y respeto de estos derechos y el artículo 3 de la Constitución pe- ruana vigente establece una lista abierta de los dere- chos que tienen rango constitucional, al estilo de la Constitución de 1979.
Sin duda, se han reducido, con relación a la Constitu- ción de 1979, las referencias al carácter social del Es- tado. Esta situación conduciría, de acuerdo a lo seña- lado por algunos constitucionalistas, a la configura- ción de un Estado liberal. En efecto, Marcial Rubio 2 precisa que la Constitución de 1993 presenta carac- terísticas propias de un Estado policía -categoría si- milar al Estado liberal-: <<El Proyecto -hoy la Constitu- ción de 1993- tiene una concepción de Estado poli-
' RUBIO, Marcial. <<El modelo del proyecto constituCional del Congreso Constituyente Democrático>>. En: Revista del Foro del Coleg1o de Abogados de L1ma. Año LXXXI. No. 1. Lima. 1993. pp. 11-16.
cía del siglo XIX y ha tratado de ser coherente con él. La mayoría ha buscado eliminar prácticamente todo rastro expreso de las obligaciones sociales del Estado )Algunas expresiones genéricas, como la de la exis- tencia de una 'economía social de mercado' no alte- ran la validez de la afirmación antedicha» (el agrega- do es nuestro).
En nuestra opinión, la Constitución peruana de 1993 mantiene el carácter social del Estado. Ciertamente, se han eliminado las declaraciones principistas y no hay una profusión de normas que señalen la orienta- ción del Estado peruano; empero, ello no implica que se pueda señalar que la Constitución establezca un Estado liberal.
Podemos criticar a la Constitución de «austera>>, de- prácticamente- desaparecer las normas que consagra- ban derechos de preceptividad aplazada y de no repe- tir las fórmulas principistas o ciertas obligaciones del Estado. Sin embargo, no compartimos lo expresado por Marcial Rubio. No puede negarse que el texto de la Constitución de 1993 consagra un modelo <<social», ciertamente menos «social>> que su precedente, pero no existe una completa separación de este modelo, sí una «atenuación>> 3 : «En suma, el 'principio laboralis- ta', y las propias normas de 'Estado social' y 'economía social de mercado', dentro de las cuáles aquél juega un verdadero rol informador, resulta claramente debi- litado por la Constitución del CCD -se refiere al pro- yecto de la Constitución de 1993->> (el agregado es nuestro).
2. Principales disposiciones sobre seguridad social
En la Constitución peruana de 1993, las disposiciones sobre seguridad social no se encuentran en un capítu- lo especial dentro del Título de los Derechos Funda- mentales, como ocurría con la Constitución de 1979 donde había un acápite especial-capítulo- sobre "Se- guridad Social, Salud y Bienestar". Los escuetos artí- culos sobre seguridad social en la Constitución de 1993 aparecen dentro del Capítulo de los "Derechos Eco-
nómicos y Sociales", el mismo que se distingue del Capítulo de los "Derechos Fundamentales". Además, cuantitativa y cualitativamente se han reducido las dis- posiciones sobre seguridad social en la Constitución de 1993. Con ello, se ha limitado la eficacia de las disposiciones y principios constitucionales en materia de seguridad social, como se apreciará a continuación.
Así, de acuerdo a la Constitución de 1993, formalmen-
enunciados en el Capítulo 1 del
Título lson considerados como «Derechos Fundamen-
te, sólo los derechos
tales de la Persona>>. Ergo, el derecho a la Seguridad Social ya no sería catalogado como un derecho funda- mental, sino como un derecho social-económico.
Sin embargo, consideramos que el derecho a la segu- ridad social sigue siendo un derecho fundamental. En
primer lugar, la relación de derechos que aparece en
el Capítulo 1 del Título 1 de la Constitución de 1993
(«Derechos Fundamentales de la Persona») no es taxativa. En efecto, el artículo 3 del propio Capítulo 1 de la Constitución de 1993 precisa -al igual que la
Constitución uruguaya de 1967 y la Constitución pe- ruana de 1979, respecto de los derechos fundamenta- les- que «La enumeración de los derechos estableci- dos en este Capítulo no excluye los demás que la Cons- titución garantiza
En segundo lugar, la Constitución de 1993 no estable-
ce ningún trato diferencial a los derechos económicos
y sociales con relación a los que aparecen en el Título 1 de la propia Constitución -es decir, los catalogados como «Fundamentales de la Persona>>-. En efecto, y a diferencia del sistema constitucional español, todos los derechos reconocidos en la Constitución -sean catalo- gados como fundamentales o no- son protegidos por una acción de garantía, la mayoría de ellos mediante
la acción de amparo (numeral 2 del artículo 200 de la
Ahora veamos las disposiciones concretas en materia de seguridad social de la Constitución de 1993. En primer lugar, tenemos el reconocimiento expreso del derecho a la seguridad social en el artículo 1O de la Constitución de 1993. En este artículo se prevé que toda persona tiene derecho al acceso universal y pro-
gresivo a la Seguridad Social, "para su protección frente
a las contingencias que precise la ley y para la eleva- ción de su calidad de vida".
El artículo citado contiene un mandato general y pro-
gresivo, acercándose a una fórmula de preceptividad aplazada o mediata, por la cual se prevé una actua- ción diferida del Estado respecto de la seguridad so- cial. El antecedente de esta disposición se encuentra
en los artículos 12 y 13 de la Constitución de 1979. En
el primero de los artículos, se reconocía el principio de
universalidad dado que se establecía que el Estado garantizaba el derecho de todos los ciudadanos a la seguridad social, regulando la ley el acceso progresivo
y su financiamiento. En el segundo de los artículos se recogía el principio de integralidad, disponiéndose que
la seguridad social cubría los riesgos de enfermedad,
maternidad, invalidez, desempleo, accidente, vejez, muerte, viudez, orfandad y cualquier otra contingen- cia susceptible de ser protegida conforme a ley.
3 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. «El traba¡ o y los derechos laborales en las Constituciones actual y futura". En: Rev1sta Asesoría Laboral No. 34.
200 L1ma, 1994. p. 16.
En el artículo 1O de la Constitución de 1993, se reco- noce el principio de universalidad e integralidad pero con una fórmula menos comprometedora para el Es- tado: de la fórmula que garantiza el acceso a la segu- ridad social (1979), pasamos a una que prevé el reco- nocimiento de la seguridad social (1993); de la des- cripción enunciativa de las contingencias cubiertas por la seguridad social (1979), ahora nos encontramos con un mandato escueto que encarga a la ley el reconoci- miento de las contingencias cubiertas (1993)
Por otro lado, el artículo 11 de la Constitución de 1993 establece la libertad de acceso a las prestacio- nes de salud y pensiones, a través de entidades pri- vadas, públicas o mixtas, encargándose al Estado la supervisión de tales actividades. El artículo 14 de la Constitución de 1979 es el antecedente de la dis- posición constitucional citada, el cual establecía que una institución autónoma y descentralizada, con personería de derecho público y fondos aportados por el Estado, trabajadores y empleadores, tenía a su cargo la seguridad social. Además, se admitía la existencia de entidades privadas, complementarias o especializadas, que brindaban servicios en seguri- dad social.
Éste es el gran cambio constitucional en materia de seguridad social. Con la disposición de la Constitución de 1993, se "legitimaba" la descentralización y privatización de la seguridad social, y la supervisión del Estado que no necesariamente tenía que ser cen- tralizada. De la exclusividad de la administración esta- tal, a través del instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) (1979), se establecía un marco constitucional que permitía la creación de sistemas privados o mixtos de seguridad social así como diversos entes reguladores del Estado para supervisar el func:onamiento de tales sistemas (1993).
Pese a la variación, consideramos que el principio de unidad de la seguridad social puede seguir teniendo vigencia en la medida que el Estaclo administra - me-
diante instituciones públicas- y supervisa a las entida- des privadas que participan en la seguridad social, en una suerte de coordinación y no de exclusividad, ya que este principio se refiere, como apunta Grzetich Long, a niveles de coordinación e integración en aten- ción al principio de solidaridad 4 .
En este sentido, eiiPSS, cuya base normativa fue la Ley 24786, fue reemplazado por El Seguro Social de Salud (ESSALUD), creado mediante Ley 27056. Esta institu- ción, al no contar con un reconocimiento constitucio- nal, ya no tiene plena autonomía y actualmente de- pende del Ministerio de Trabajo y Promoción Social.
A partir de la variación operada, algunos sostienen que han desaparecido las referencias a los principios de soli- daridad y unidads. Nosotros creemos que la Constitu- ción de 1979 no consignaba expresamente el principio de solidaridad, sino que se desprendía de la regulación su reconocimiento. Esta situación se mantiene en la Constitución de 1993 que reconoce, al recoger el dere- cho de seguridad social, el principio de universalidad.
Por otro lado, el hecho que se reconozca el libre ac- ceso a la seguridad social así como su descentraliza- ción, no supone necesariamente desconocer los prin- cipios de solidaridad y unidad. En el propio Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), la existencia de pensiones mínimas, está res- paldada, por ejemplo, por el principio de solidari- dad. Lamentablemente, en el plano legislativo, como se verá más adelante, sí se aprecian diversos ele- mentos que permitirían inferir que el principio de unidad no tiene plasmación positiva en el sistema peruano.
Finalmente, el artículo 12 de la Constitución de 1993 prevé la intangibilidad de las reservas y fondos de la seguridad social, recogiendo lo dispuesto en la Consti-
tución de 1979.
Veamos dos esquemas que reflejan la evolución de la seguridad social.
' GRZETICH LONG, Antonio. "Derecho de la Seguridad Social". Tomo 11. Montevideo, Editorial Plural, 1998. pp. 37 y Siguientes. MARCOS RUEDA, Eduardo. "CoinCidencias y diferencias entre dos Constituciones en Seguridad Social". En: Revista Asesoria Laboral No. 37.
Lima, 1994. p. 44.
ANTES: UNIFICACION ADMINISTRATIVA
DESPUES: SISTEMA PLURAL
Rég Complementario
EPS (SEPS)
AFP (SBS)
De acuerdo a los esquemas anteriores, la seguridad social en el Perú se ha diversificado en cuatro entida- des: ESSALUD, Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Oficina de Normalización Previsional (ONP) y las Ad- ministradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP). Respecto a Salud, las entidades que velan por el buen funcionamiento del sistema son ESSALUD y las EPS, estas últimas consideradas como un servicio comple- mentario de salud, puesto que sólo cubren enferme- dades calificadas como capa simple a diferencia de
ESSALUD que cubre tanto la capa simple como la com- pleja.
Por otro lado, respecto a las Pensiones existen dos re-
gímenes que son: estatal y privado. En el primero se encuentra el Sistema Nacional de Pensiones de los tra- bajadores del Decreto Ley 19990 y el Régimen de Pen- siones y Compensaciones por Servicios Civiles presta- dos al Estado de los trabajadores beneficiarios del De- creto Ley 20530. En cuanto al segundo, éste está con-
formado por las AFP que integran el SPP. actualmente supervisadas por la Superintendencia de Banca y Se- guros (SBS).
111. EL SISTEMA DE SALUD EN EL ORDENAMIEN- TO PERUANO
Con la finalidad de mejorar las prestaciones de salud que se brindan a los trabajadores, el Estado emitió, en el año 1997, la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (en adelante, LMSSS) y su Reglamento mediante el Decreto Supremo 009-97-SA, que reemplazó al anterior sistema exclusivamente es- tatal. En realidad, en los años 1991 y 1996, ya se ha- bían promulgado dos normas que introdujeron al sec- tor privado dentro de la seguridad social; sin embar- go, estas disposiciones nunca entraron en vigencia.
De acuerdo a la información del Ministerio de Salud (MINSA) del año 2001, los porcentajes de afiliados a un seguro de salud eran los siguientes 6 :
6 Fuente: www.minsa.gob.pe
Cobertura en S-lud
:~~¡, o
El primer cambio de la LMSSS es la creación de las EPS (artículo 13 de la LMSSS) que son empresas o institu- ciones públicas o privadas distintas a ESSALUD que prestan servicios de salud mínimos y/o complementa- rios a las ofrecidas por ESSALUD, con infraestructura propia y de terceros. Las EPS son controladas por una entidad supervisora estatal denominada Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) (artículo 14 de la LMSSS) definida como un Or- ganismo Público Descentralizado adscrito al MINSA, con autonomía funcional, administrativa y financiera.
Existen dos sistemas de salud para los trabajadores dependientes: público y privado. En ambos casos, el costo es asumido por el empleador. El público, donde está solamente ESSALUD, es obligatorio, colectivo y se aplica a todos los trabajadores, incluyendo a quienes eligen el seguro privado. El privado, que comprende a las EPS, supervisadas por la SEPS, es individual y rige para los trabajadores que hubieran optado voluntaria- mente por este seguro.
Los referidos sistemas no son excluyentes, sino com- plementarios, cuando los trabajadores optan por una EPS. En efecto, todos los trabajadores que tuvieran la condición de asegurados obligatorios tendrán acceso
a las prestaciones de salud por parte de ESSALUD.
Empero, aquellos trabajadores que hubieran optado por contratar con una EPS o que recibieran atenciones en los servicios propios de la empresa, serán atendidos en dichas entidades para aquellas consultas e inter- venciones médicas de mayor frecuencia y de menor complejidad (comprendidas en lo que se denomina
como "capa simple"; por ejemplo: asma, anemias, resfríos, bronquitis, hepatitis, entre otros), reservándo-
se a ESSALUD las intervenciones de menor frecuencia
y de mayor complejidad (comprendidas en la llamada "capa compleja" que incluye todos los casos que no se hubieran previsto en la "capa simple"; por ejemplo:
trasplantes de órgano, VIH, algunos tipos de cáncer, entre otros).
Así, siempre los trabajadores estarán afiliados al sis- tema público, administrado por ESSALUD, en la me- dida que las EPS solamente cubren las contingen- cias que requieren una atención de menor compleji- dad.
A febrero de 2004 aproximadamente los afiliados (415,
279) a un Seguro Complementario de Salud brindado por las EPS Novasalud, Rímac y PacíficoSalud, se distri- buía de la siguiente manera: 7
ASEGURADOS TOTALES POR EPS
7 Fuente: www.seps.gob.pe
1. Los asegurados, los aportes y las prestaciones
En términos generales, se mantiene la distinción entre
los asegurados obligatorios y facultativos. Así, los ase-
gurados obligatorios se denominan regulares y están
comprendidos por: a) los trabajadores activos que pres-
tan servicios dependientes y los socios trabajadores de
una cooperativa de trabajadores que se dedica a la
intermediación laboral, b) los pensionistas que perci-
ben pensión de cesantía, jubilación, incapacidad o de
sobrevivencia. De otro lado, los asegurados facultati-
vos son llamados potestativos y están integrados por
los trabajadores independientes y demás personas que
no cumplan con los requisitos de afiliación regular, y
los que determine la Ley. Además, el régimen com-
prende a las personas que también gozan de protec- ción y beneficios -denominados <<derechohabientes>>-
del seguro: cónyuge, concubina, hijos menores de edad
e hijos incapaces mayores de edad de los asegurados.
Sobre la tasa de aportación, el empleador paga 9%
sobre la remuneración mensual abonada a los asegu-
rados obligatorios. En cambio, los jubilados abonarán
4% sobre el monto de la pensión, que será retenida y
cancelada por la entidad que paga dicha pensión.
Tanto en el sistema precedente, como en el actual, los
trabajadores dependientes no realizan aporte alguno
Las prestaciones que brinda el Seguro Social pueden
ser clasificadas de la siguiente manera:
Prestaciones económicas: comprenden los subsi-
dios por incapacidad temporal, maternidad, lac-
tancia y las prestaciones por sepelio.
Derecho de cobertura y requisitos
Para determinar la cobertura del seguro, debe tenerse
en cuenta el tipo de afiliación así tenemos:
a. Afiliados regulares
Para que se genere el derecho a las prestaciones, es
necesario que cuenten con 3 meses de aportaciones consecutivas o 4 meses no consecutivos, en un perío-
do de 6 meses calendarios anteriores al mes de inicio
En caso de maternidad, la condición para el goce de
las prestaciones es que el titular del seguro se encuen-
tre afiliado al tiempo de la concepción. Ante un acci-
dente, basta con la existencia de la afiliación.
Cuando la empresa empleadora incumpla con la obli-
gación de pago del aporte y ocurra un siniestro,
ESSALUD o la EPS que corresponda deberá cubrirlo
pero tendrá derecho a exigir a aquélla el reembolso
del costo de las prestaciones brindadas.
b. Afiliados potestativos
Los períodos de aportación son los que corresponden
a aportes efectivamente cancelados. La cobertura no
podrá ser rehabilitada con aportes efectuados con
posterioridad a la ocurrencia de la contingencia.
Prestaciones preventivas y promocionales: son
aquellas que son prioritarias y tienen como obje- to conservar la salud de la población minimizan-
Los servicios propios y las EPS
do los riesgos. Estos son: educación para la salud,
función a la LMSSS, los empleadores pueden ofre-
evolución y control de riesgos, e inmunizaciones.
cer prestaciones de salud y obtener un crédito sobre
Prestaciones de recuperación: cuyo objeto es dar
atención a los riesgos de enfermedad resolviendo
las deficiencias de salud de los asegurados. Se
comprende en este grupo: atención médica, tan-
to ambulatoria como de hospitalización, medici-
nas e insumos médicos, prótesis y aparatos
ortopédicos imprescindibles, servicios de rehabili-
sus aportaciones, si brindan atenciones con servi- cios propios (como ocurre en los campamentos mi-
neros) en tanto sean reconocidas por el MINSA, o
mediante las EPS que brinden determinadas presta-
ciones mínimas. En ambos casos, el empleador go-
zará de un crédito equivalente al 25% de las apor-
taciones mensuales a ESSALUD, esto es, un crédito
efectivo del 2.2 5% sobre las remuneraciones
tación. Se incluye la prestación de maternidad la
cual consiste en el cuidado de la salud de la ma-
asegurables de los trabajadores sin exceder del va-
lor de la suma mensual que se destine a la EPS o el
dre gestante y la atención del parto, extendién-
dose al período de puerperio y al cuidado de la
1O% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)B y que
la fecha representa el equivalente a U$. 91.42 multiplicado por el número de trabajadores que go-
Prestaciones de bienestar y promoción social:
cen de la cobertura. Así, de contar el empleador con
comprenden actividades de proyección, ayuda
social y de rehabilitación para el trabajo, orien-
tadas a la promoción de las personas y protec-
ción de su salud.
un servicio propio o si los trabajadores contratan los
servicios de una EPS, se podrá pagar hasta 6.75%
de las remuneraciones de los trabajadores compren-
didos por estos seguros privados.
8 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es una medida de referencia que, anualmente, se actualiza. A la fecha. 1 UIT representa S/.3,200.00 ó, su
204 equivalente, US$. 914.28 (con t1po de cambio S/. 3.50).
Cuando se trata de las EPS, salvo consentimiento del trabajador, el copago respectivo no podrá exceder del 2% del ingreso mensual del asegurado por cada aten-
ción ambulatoria ni el 10% por cada hospitalización. vorables necesarios.
de los trabajadores con contrato de trabajo vigente al
tiempo de la elección o; b) cuando ninguno de los pla-
nes ofrecidos por las EPS haya obtenido los votos fa-
4. Elección del seguro privado
No resulta una obligación, sino una potestad la con- tratación de un seguro privado a través de una EPS. A la fecha, tres EPS están operando en el mercado. El procedimiento que debe observarse es el siguiente, de acuerdo a la Ley 26790 y a la Resolución de Superintendencia 070-2003-SEPS/CD:
a. La convocatoria
El empleador es responsable de la convocatoria y realiza- ción de la votación para que los trabajadores elijan el Plan y la EPS. Dicha convocatoria se realizará por iniciati- va propia o a solicitud del 20% de los trabajadores del respectivo centro de trabajo. Cabe destacar que en dicha convocatoria la empresa debe invitar a no menos de dos
EPS. Por su parte, el20% de trabajadores puede escoger
hasta dos EPS que deberán ser invitadas al concurso.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, el empleador debe cursar una carta de invita- ción a no menos de dos EPS, y éstas deberán recibir la carta con una anticipación no menor a cinco días há- biles a la fecha límite fijada por el empleador, para la recepción de las propuestas.
b. El sufragio
Una vez que se hubiera concluido con la presentación de las propuestas, el empleador deberá proporcionar a cada trabajador una cédula en la que emitirá su voto,
debiendo indicar la fecha límite para la presentación de éstas. El voto es libre y el trabajador entregará la cédula con su voto y firma.
Al término de la votación se procederá al escrutinio. Los representantes de las EPS participantes y los traba- jadores pueden estar presentes en este acto. El resul- tado se consignará en un acta, el mismo que será fir- mado por el responsable de la empresa empleadora. La EPS ganadora remitirá una copia de la citada acta a la SEPS dentro de los 1O días útiles siguientes.
En el caso de que el empleador hubiera invitado a más de dos EPS y ninguna de éstas alcanzara la mayoría absoluta de los votos válidamente emitida, se podrá convocar a una nueva votación entre las dos EPS que hayan alcanzado el mayor número de votos, la cual deberá realizarse dentro de los 20 días hábiles conta- dos a partir de la fecha en que el empleador difundió entre sus trabajadores las propuestas de las EPS.
Asimismo, el empleador podrá convocar a una nueva elección: a) cuando no hayan votado la mitad más uno
Finalmente, el empleador deberá publicar en el centro
de trabajo los resultados de la votación, dentro de los
tres días siguientes a la fecha límite de la entrega de cédulas, de forma tal que sean adecuadamente difun-
didos a todos los trabajadores.
Para determinar la validez de la votación deben haber
participado en la elección, por lo menos, la mitad más uno de los trabajadores con contrato de trabajo vigen-
te -solamente trabajadores propios contratados a pla-
zo indeterminado, plazo fijo, tiempo parcial o bajo la modalidad a domicilio- al momento de la votación. Se considerará elegida a la EPS y el Plan que hubieran obtenido la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos por los trabajadores, sin considerar los votos en blanco o viciados.
Cabe anotar que, si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los resultados, los trabajadores no manifestaran al empleador su in- tención de permanecer en ESSALUD, todos los traba- jadores estarán inscritos a la EPS que hubiera obtenido
la mayoría de los votos, incluso aquellos trabajadores
que no hubieran participado de la elección, siempre que se hubiere observado el número mínimo de vo- tantes. Ahora bien, siempre se mantiene la potestad de los trabajadores para poder retirarse de la EPS y recibir atención exclusiva de ESSALUD.
Ciertamente, es posible brindar dos tipos de planes de salud:
Plan de salud base: que es único y objeto de vota- ción por los trabajadores, contiene como mínimo la cobertura obligatoria, pudiendo extenderse a cubrir las prestaciones otorgadas en la cobertura complementaria. No contiene beneficios adicio- nales.
Planes adicionales: son planes que podrán ser ofertados al trabajador, sus derechos habientes y a otros beneficiarios del trabajador (padres, suegros, hermanos e hijos de 18 años hasta 25 años) y po- drán comprender los beneficios de cobertura obli- gatoria, de cobertura complementaria y los bene- ficios adicionales.
La seguridad social en salud: la convivencia entre lo privado y público
la fecha, existen trabajadores que se encuentran afi-
liados a una EPS. Se puede colegir que los trabajado- res afiliados corresponden, en su gran mayoría, a em-
presas que brindaban un seguro adicional al público y acudían a clínicas privadas para atenciones de salud.
Entonces, con la afiliación a la EPS, los trabajadores continúan recibiendo la atención privada de salud y
las empresas obtienen un importante crédito por di- cha afiliación reduciendo su costo laboral.
A diferencia del SPP, no se vislumbra un enorme índice de afiliación a las EPS dado que su costo es alto -por
los gastos que deben asumir los trabajadores al mo-
mento de las atenciones de salud- y la mayoría de los trabajadores permanecerían en ESSALUD. Por otro lado,
las pocas EPS creadas -solamente tres- y su capacidad de atención reducen, todavía más, las posibilidades de
un mayor desarrollo del nuevo sistema de salud.
A continuación, describimos un esquema general del sistema de seguridad social en salud:
1 MTPE 1
1 SEPS 1
1 ESSALUD 1
MTPE: Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
MINSA: Ministerio de Salud SEPS: Superintendencia de Entidades Prestadoras de
sabilidad de velar por la idoneidad de la calidad de los servicios médicos prestados y de la infraestructura de
los establecimientos de salud a nivel nacional, corres- ponde al MINSA a través de los mecanismos de acredi-
Entidad Prestadora de Salud tación de establecimientos de salud vigentes. Talvez
Empresa que presta servicios de salud
este Ministerio u otra entidad puedan integrar los di-
prepagados. ferentes estamentos y podamos contar con una políti-
SIS: Sistema Integral de Seguros ca nacional integral y uniforme en materia de salud.
Entidades que prestan servicios vinculados a
los planes de salud de las EPS- Clínicas Establecimientos de salud.
FISSAL: Fondo Intangible Solidario de Salud
En el gráfico que antecede se advierte que ESSALUD es un organismo público Descentralizado, creado so- bre la base del IPSS, con personería jurídica de dere- cho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Pro- moción del Empleo, pero con autonomía técnica, ad- ministrativa, económica, financiera presupuesta! y con-
En lo relativo a ESSALUD hacemos notar que en princi- pio brindó prestaciones de salud a los trabajadores
dependientes del seguro social, sin embargo, como esto contradice el principio de universalidad de la seguri- dad social, actualmente comprende, de acuerdo a la Ley 27056, a los trabajadores que realicen actividades independientes, los trabajadores del campo y de mar y sus derechohabientes.
En nuestra opinión, se debería generar un sistema na- cional de salud que importe una integración de las metas, finalidades y políticas de la salud. A la fecha,
no existe una integración ni política uniforme en sa- lud, cohesionada y con metas claras (hasta las munici- palidades brindan servicios de salud a la población).
206 Desde el punto de vista de la especialidad, la respon-
Con la promulgación de la LMSSS, se estableció el nuevo marco normativo peruano para los riesgos la- borales. Así, se creó el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -en adelante el SCTR-, institución
que reemplazó al cuestionable Decreto Ley 18846 que establecía un seguro de accidentes y enfermedades profesionales solamente para los trabajadores obre-
Posteriormente, se emitió el Reglamento de la LMSSS,
aprobado por Decreto Supremo 009-97-SA. Finalmen-
te, para el tema concreto que nos ocupa, se promulgó las Normas Técnicas del SCTR -en adelante Normas Técnicas-, mediante Decreto Supremo 003-98-SA.
El SCTR otorga cobertura antes los accidentes de tra- bajo y enfermedades profesionales de los trabajadores -empleados y obreros- que realicen actividades riesgosas. Con ello, los empleadores abonan un por-
centaje de la remuneración de los trabajadores a ESSALUD, la ONP, EPS y las compañías de seguros, se- gún corresponda. El SCTR comprende las prestaciones de salud, invalidez, sepelio y sobrevivencia.
Además, se encuentran obligadas las cooperativas de trabajadores, empresas de servicios especiales -ya sean temporales o complementarias-, los contratistas y subcontratistas así como toda institución de intermediación o provisión de mano de obra que des- taque personal hacia centros de trabajo donde se eje- cuten actividades de riesgo.
Más aún, las empresas que contraten obras, servicios
o mano de obra provenientes de terceros, están obligadas a verificar que todos los trabajadores destacados hayan sido debidamente asegurados; de
lo contrario, deberán contratar el seguro por propia
cuenta, a fin de no incurrir en responsabilidad solidaria con las empresas proveedoras, el trabajador, ESSALUD
y la ONP. Este es el único caso de responsabilidad
solidaria entre el empleador y la empresa contratista (además del sector de construcción civil) dado que no existe otra norma peruana que establezca la responsabilidad solidaria laboral.
de invalidez, sobrevivencia y sepelio, por las compa- ñías privadas de seguros o la ONP. A la fecha, la ONP no está ofreciendo alguna cobertura.
Actualmente, los porcentajes son variables y contrac- tuales en función de la actividad riesgosa que realiza la empresa. Existen una serie de recargos y descuentos en función al número de trabajadores, las condiciones de seguridad e higiene del centro de trabajo y los índi- ces de siniestralidad.
El SCTR otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores que tengan calidad de afiliados regulares de ESSALUD y que tra- bajen en un centro de labores en el que la empresa realice alguna de las actividades de alto riesgo.
Los accidentes que no califiquen como accidentes de trabajo, y las enfermedades que no sean consideradas como profesionales, serán tratados por ESSALUD y el sistema pensionario al que se encuentre afiliado el tra- bajador.
Los accidentes de trabajo tienen por causa lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales originadas en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo, por ac- ción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza ex- terna, repentina o violenta que incide repentinamente sobre la persona del trabajador. Además, se considera accidente de trabajo:
El que ocurra al trabajador asegurado durante la ejecución de órdenes emitidas por el empleador, no siendo relevante el que se produzcan fuera del centro de labores o de las horas de trabajo.
El que se produzca antes, durante o después de la jornada laboral o en las interrupciones del tra- bajo -por ejemplo el refrigerio-. En este caso, no es necesario que el trabajador asegurado esté rea- lizando actividades de riesgo, basta simplemente que se encuentre en cualquier centro de trabajo.
El que sobrevenga por acción de la empresa empleadora o sus representantes o de tercera per- sona, durante la ejecución del trabajo.
Por otro lado, no cal"1fica como accidente de trabajo:
El que tiene ocasión durante el trayecto de ida y retorno al centro de labores, sin importar si el transporte lo efectúa la empresa en vehículos pro- pios o contratados.
El provocado intencionalmente por el trabajador asegurado.
El ocurrido como consecuencia del incumplimiento
Solamente las empresas que realizan actividades de alto riesgo -que están detalladas en el Anexo 5 de las Normas Técnicas- son las que están obligadas en con-
tratar el SCTR. Resulta cuestionable el criterio que se habría empleado para determinar las actividades con- a. El accidente de trabajo
sideradas como de alto riesgo dado que, de un lado,
se considera al servicio odontológico como de alto ries-
go y, de otro lado, se excluye, entre otros, al transpor-
Por otro lado, se precisa que son asegurados obligato-
rios del SCTR los trabajadores del centro de trabajo en
el cual se desarrollan las actividades de riesgo, sean
éstos empleados u obreros, temporales o permanen- tes. Por ello, y sin perjuicio de las sanciones adminis- trativas a que hubiere lugar, la empresa es responsable
frente a ESSALUD o la ONP por el costo de las presta- ciones que dichas entidades otorguen al trabajador afectado por un accidente o enfermedad profesional cuando, estando expuestos al riesgo, no se hubiera asegurado.
Es importante anotar que el SCTR no es alternativo o acumulativo con el seguro de invalidez, sobrevivencia
y gastos de sepelio previsto en el SPP (administrado por las AFP).
Estos seguros son autónomos e independientes: por un lado, el seguro del SPP está a cargo del trabajador y cubre las contingencias que no se generan en acci- dentes de trabajo o enfermedades profesionales; por otro lado, el SCTR está a cargo del empleador y cubre las contingencias que se originan en un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Se ha establecido un "reparto funcional" para la aten- ción de estas contingencias. Así, las prestaciones de salud pueden ser brindadas, a elección del empleador, por las EPS o ESSALUD; en cambio, las prestaciones
del trabajador de una orden escrita impartida por En ningún caso se puede pactar que las entidades el empleador. prestadoras podrán resolver el contrato sin expresión de causa, puesto que sólo pueden realizarlo al amparo
de los motivos expresados en las normas. Sin embar- go, las EPS sí están facultadas para resolver el contrato sin mediar causal de resolución, debiendo comunicar su decisión a la entidad prestadora con no menos de 90 días calendario de anticipación. En este caso, no se interrumpirán las prestaciones de las coberturas de los trabajadores asegurados, pues continuarán a cargo de ESSALUD y la ONP.
El que se produce como consecuencia de riñas, consumo de bebidas alcohólicas o drogas, y de actividades recreativas, deportivas o culturales.
El que sobrevenga durante vacaciones, permisos y demás suspensiones de labores -por ejemplo, huelga, sanción disciplinaria o inhabilitación ad- ministrativa o judicial-.
El que se produzca a consecuencia de guerra, te- rrorismo, terremotos y demás hechos de la natu- raleza, fusión y fisión nuclear.
En principio, el contrato de SCTR es sólo exigible res- pecto de tratamientos médicos y siniestros desarrolla- dos en el territorio peruano. Sin embargo es posible pactar en contrario.
Las enfermedades profesionales comprenden todo es- tado patológico permanente o temporal que se origi-
nan por la clase de trabajo que desempeña o el medio
al cual está expuesto el trabajador. El MINSA aprobará
una Tabla de Enfermedades Profesionales, la cual con- tendrá el posible origen de las mismas. A la fecha, esta tabla no ha sido expedida.
De otro lado, se establece la posibilidad de pactar pe- nalidades contractuales aplicables al empleador que declare remuneraciones inferiores a las efectivamente percibidas por los trabajadores. En ningún caso tales penalidades afectarán a los trabajadores o sus benefi- ciarios.
3. El contrato de SCTR
b. Cobertura del Contrato de SCTR
Los contratos de SCTR celebrados con ES SALUD o con una EPS -respecto de prestaciones de salud-, y con la ONP o una compañía de seguros -con relación a la cobertura de invalidez, sobrevivencia y sepelio- de- ben pactarse a plazo indefinido y constar por escrito
Cabe resaltar que todo pacto que contravenga las nor- mas imperativas mencionadas en el presente párrafo, será considerado nulo de pleno derecho. En todo lo no regulado por dichas normas, las partes podrán pac- tar de acuerdo a sus intereses en virtud del principio de libertad de contratación.
Las normas del SCTR establecen coberturas mínimas tanto en materia de salud, como en lo relativo a pen- sión de invalidez, pensión de sobrevivencia y gasto de sepelio. Además prevén cuáles son las exclusiones que pueden pactarse en cuanto a coberturas de SCTR.
Cabe mencionar que las coberturas se aplican desde el día de inicio de vigencia de la póliza, no pudiendo contemplarse exclusiones de dolencias o lesiones
preexistentes, períodos de carencia, copagos, franqui- cias o mecanismos similares.
b.1. Cobertura de salud por SCTR
a. Cláusulas del Contrato de SCTR
Las partes contratantes pueden pactar cláusulas de suspensión o resolución del contrato por causales como demora en los pagos, inejecución de medidas de prevención, etc. Si el contrato se suspendiera, la entidad prestadora continuará brindando la cober-
tura respectiva en favor del trabajador asegurado, manteniendo la entidad prestadora el derecho de repetir contra el empleador por el costo del trata-
Si el contrato se resuelve, ESSALUD -en caso de pres-
taciones de salud- o la ONP -en caso de cobertura de
invalidez, sobrevivencia y sepelio- seguirán otorgando las prestaciones que le competan hasta que el empleador designe una nueva entidad que cubra tales prestaciones. Si al cabo de 30 días naturales, el empleador no contrata con una entidad prestadora, se entenderá que ha decidido contratar con ESSALUD
o con la ONP, según el tipo de prestaciones.
Las condiciones de cobertura y las prestaciones de sa- lud por trabajo de riesgo son iguales para todos lo tra- bajadores, sin tener en consideración su nivel remune- rativo. Las prestaciones mínimas otorgadas por la co- bertura de salud de trabajo de riesgo son las siguien- tes:
Asistencia y asesoramiento preventivo promociona! en materia de salud ocupacional al empleador y a los asegurados.
Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, sin importar el nivel de complejidad hasta la recuperación total del asegurado o la declaración de invalidez permanente, total o par- cial o fallecimiento.
Readaptación laboral y rehabilitación al asegura- do inválido.
Aparatos de prótesis y ortopédicos requeridos por el asegurado inválido.
(v) Tratamientos de cirugía plástica reconstructiva o reparativa.
De conformidad con el Reglamento, las exclusiones que pueden pactarse en materia de salud son:
Lesiones voluntariamente autoinfligidas.
Accidente de trabajo o enfermedad profesional de un trabajador que teniendo la calidad de ase- gurado obligatorio, no ha sido declarado como tal por el empleador. El trabajador estará cubierto por el régimen común de Seguro Social de Salud a cargo de ESSALUD, siendo el empleador res- ponsable ante tal entidad por el costo de las pres- taciones otorgadas.
Procedimientos o terapias de carácter cosmético, estético o suntuario, cirugías electivas (no recuperativas ni rehabilitadoras); cirugía plástica, odontología de estética, periodoncia y ortodoncia; etc.
Cobertura de invalidez, sobrevivencia y sepelio
Las prestaciones son iguales para todos los trabajado- res, pero a diferencia de la cobertura de salud, aquí sí se toma en cuenta el nivel remunerativo del trabaja- dor.
Los beneficios que se otorguen no pueden ser meno- res a los que rigen para los afiliados a una AFP. Ade- más, se establece que las prestaciones mínimas en materia de coberturas de sobrevivencia, invalidez y sepelio por trabajo de riesgo son las siguientes:
Pensión de sobrevivencia. Esta pensión se otor- ga en caso de fallecimiento del trabajador ase-
gurado. El monto de la pensión de sobrevivencia se calcula sobre el 100% de la remuneración mensual del asegurado. Para tal efecto, se ob- tendrá el promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 meses anteriores al sinies- tro, teniendo como tope la remuneración máxi- ma asegurable que fije la Superintendencia de AFP, la cual deberá ser actualizada según el fndi- ce de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Me- tropolitana -es una unidad fijada por una enti- dad estatal que determina, mensualmente, la evolución de la inflación-.
Pensión por invalidez. Es aplicable a la pensión por invalidez lo expuesto en el acá pite anterior en lo referente a monto de pensiones. Es importante destacar que las pensiones de invalidez del SCTR sólo se inician cuando venza el período máximo de subsidio establecido por incapacidad temporal cubierto por ESSALUD.
Gastos de sepelio. La entidad aseguradora reem- bolsará, como mínimo, los gastos de sepelio a la
persona, natural o jurídica, que los hubiera sufra- gado teniendo como límite el que haya sido esta- blecido por la Superintendencia de AFP para el mes de fallecimiento. Es posible pactar pensiones y beneficios mayores y establecer pensiones o indemnizaciones para los asegurados cuya invali- dez sea inferior al 20%. En caso de que se esta- blezcan mayores beneficios, los mismos tendrán que ser concertados para la totalidad de los ase- gurados obligatorios.
Por otro lado, las exclusiones son:
Invalidez configurada antes del inicio de la vigen- cia del contrato de SCTR.
Muerte o invalidez causada por lesiones volunta- riamente autoinfligidas.
Muerte o invalidez de un trabajador, que tenien- do la condición de asegurado obligatorio, no ha sido reconocido como tal por el empleador. La pensión será de cargo de la ONP, siendo el empleador responsable ante esta entidad por los gastos en que incurra.
Cuando el fallecimiento del asegurado se produ- jo mientras se encontraba gozando del subsidio de incapacidad temporal a cargo de ESSALUD, por causas distintas a accidente de trabajo o enfer- medad profesional.
En materia de prestaciones de salud
El asegurado o cualquier otra persona debe comunicar la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional al empleador. Si se tratara de una emergen- cia, el empleador está obligado a prestar primeros auxi- lios, asistencia médica y farmacéutica inmediata, pudien- do posteriormente, recuperar de ESSALUD o EPS -se- gún corresponda- lo desembolsado. Además es res- ponsabilidad del empleador trasladar al asegurado al establecimiento de salud de ESSALUD o de la EPS.
b. En materia de cobertura de invalidez y sepelio
En caso de accidente de trabajo, el empleador debe comunicar por escrito a la ONP o compañía de segu- ros, en un plazo de 48 horas -el cual podrá extenderse dependiendo de las circunstancias-, la ocurrencia de todo accidente de trabajo -sin importar si el mismo originará una cobertura por invalidez o sepelio por
SCTR-. En tal comunicado se deberá indicar, entre otros, la fecha y hora del accidente; el nombre y apelli- dos, domicilio y labor del asegurado; el lugar y circuns- tancia en que ocurrió, etc.
A continuación, un esquema comparativo entre el SCTR y los sistemas de salud y pensiones.
1 SCTR 1
1ESSALUD 1
1 EPS 1
<===> ~
SSS: Sistema de Seguridad Social
SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
SP: Sistema de Pensiones
ONP: Oficina Nacional Previsional
CS: Compañia de Seguros
V. SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y SISTE- MA PRIVADO DE PENSIONES
De acuerdo al ordenamiento peruano vigente, coexis-
ten dos regímenes de pensiones: uno público repre-
sentado por "el sistema de reparto", el Sistema Nacio-
nal de Pensiones (SNP) administrado por la ONP y; otro,
privado -desde el año 1993-, el SPP administrado por
las AFP y supervisadas por la Superintendencia de Banca
y Seguros (SBS), caracterizado por el régimen de "ca-
pitalización individual".
Los dos regímenes están abiertos, son excluyentes -
cualquier trabajador puede optar, a diferencia del sis-
tema originario chileno, y afiliarse por uno de ellos- y
funcionan paralelamente.
Al mes de septiembre de 2003,
indicadores son los siguientes 9 :
aporte(%)
prom (SI)
jubilación prom (SI)
480*****
"Principales rndrcadores en pensiones"
En Semana Económica, 22 de septiembre de 2002, No. 887.
"SPP: Sistema Privado de pensiones /ONP: Oficina de
normalización /CPMP: Caja de pensiones Militar Policial/ CBSSP: Caja de Beneficios y Seguridad Social del
n.d: no disponible/ n.a.: no aplica. La derrama no es
un fondo de pensiones, sino un fondo de cesantía que a junio, otorgaba, como beneficio máximo la suma de
SI. 3,875. "
*Al ser empleados del Estado, se presume que no hay evasión en el pago de los aportes, por lo que el número de afiliados debería ser igual al de aportantes. **Se ha determinado al dividir el monto aportado (equivalente al 2% de la UIT) por el salario promedio de un mae-
stro. ***Dado que las pensiones se ajustan al salario
de un empleado del mismo régimen en actividad, se ha utilizado como promedio la pensión media de dicho
sistema de pensiones. **** Si se excluye a los mae- stros y empleados del Gobierno Central, que son los que pensiones reciben, el promedio se elevan a S/. 1,550. *****Se ha usado como referencia la tasa de reemplazo de 80% que existe en dicho sistema".
(ii) Existe relación entre lo aportado por el trabaja- dor (a la fecha, 8% de la remuneración men- sual) y el monto que figura en su Cuenta Indivi- dual de Capitalización así como la pensión a percibir. De este modo, a diferencia del sistema uruguayo, no existen tramos de aportación -ex- presados en montos mínimos o máximos- 10 sino un porcentaje aplicable sobre las remuneracio- nes de los trabajadores.
(iii) Este sistema se basa en la libertad que tiene todo afiliado, primero para elegir a qué sistema perte- necer (SNP o SPP) y segundo para pasarse de una AFP a otra.
(iv) Se encuentra administrado por entidades priva- das, denominadas AFP. y dentro de un régimen de competencia.
A continuación, reseñamos los siguientes aspectos re-
levantes que pueden tenerse en consideración:
Características generales de ambos sistemas
mínimo de años de aportación para tener derecho a
pensión de jubilación es de 20 años y siempre que el
Es un sistema de financiamiento mixto pues las
Tiene un sistema de beneficios determinado por
trabajador -hombre o mujer- cuente con 65 años de
edad, sin perjuicio de los demás requisitos estableci-
pensiones de los jubilados en un período deter- minado se financian primordialmente con los apor-
tes que realizan los trabajadores activos en el mis-
mo período (a la fecha, 13% de la remuneración mensual), con existencia de reservas.
ley, sobre la base de distintos criterios como los años de aportación, última remuneración, etc., de manera que no existe relación entre el monto de lo aportado y la pensión que se va a percibir.
Cuando un asegurado cumple con los requisitos seña- lados, el monto de su pensión será equivalente al 50% de su remuneración de referencia. Dicho porcentaje se irá incrementando por cada año adicional comple- to de aportación en 4% hasta alcanzar como límite el 100% de la remuneración de referencia.
La remuneración de referencia
Está referido principalmente a los trabajadores
cálculo de la remuneración de referencia se deter-
dependientes con el carácter de obligatorio, pues sólo de manera facultativa se refiere a los trabaja-
mina en función del tiempo de aportación del asegu- rado:
dores independientes. Así, tiene reducido campo de aplicación.
Aportes por 20 o más años pero menos de 25: La remuneración de referencia será equivalente al
Se encuentra administrado por un ente público de manera centralizada -la ONP- por lo que exclu- ye la competencia.
promedio mensual que resulte de dividir entre 60 el total de las remuneraciones asegurables percibidas en los últimos 60 meses consecutivos
anteriores al último mes de aportación.
Este régimen se basa, a diferencia del SNP. en un sistema de capitalización individual de los aportes de los afiliados, es decir, los aportes que cada tra- bajador realiza, se cargan a una cuenta a su nom- bre en la AFP que haya elegido para que adminis- tre sus fondos aportados.
Aportes durante 25 años pero menos de 30: La remuneración de referencia será equivalente al promedio mensual que resulte de dividir entre 48 el total de remuneraciones asegurables percibidas durante los últimos 48 meses consecutivos ante- riores al último mes de aportación.
10 LARRAÑAGA ZENI. Nelson. "'El nuevo modelo de prevtsión social uruguayo". Montevideo, FCU, 1996. pp. 78-79.
Aportes por 30 o más años: La remuneración de
referencia será equivalente al promedio mensual que resulte de dividir entre 36 el total de las re- muneraciones asegurables percibidas en los últi- mos 36 meses consecutivos inmediatamente an- teriores al último mes de aportación.
Pensión máxima asegurable
El monto de la pensión máxima asegurable que abona ESSALUD es equivalente a US$ 241 .00 mensuales, la cual podrá ser modificada por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
e. La ONP
La ONP se encarga de administrar el SNP a que se refie- re el Decreto Ley 19990, así como de la administración de los pagos a los pensionistas de otros regímenes ad- ministrados por el Estado y los regímenes especiales.
Si bien existía libertad para la afiliación al SPP, cuando se creó el sistema todo apuntaba a favorecer la afilia- ción de los trabajadores a éste dado que existían va- rios incentivos como el incremento de las remunera- ciones, beneficios tributarios o el traspaso entre las AFP 11 . Además, de lo dicho, podemos indicar otras características del SPP:
• Se efectúa la afiliación por medio de una AFP, empresa dedicada a la administración de los fon- dos depositados por los trabajadores.
• Es una relación jurídica contractual que se esta- blece entre el afiliado y la respectiva AFP.
• Es revocable por el trabajador quien puede afiliar- se a otra AFP.
• Con la afiliación, los aportes se incorporan en la denominada cuenta individual de capitalización individual.
• La edad de jubilación es de 65 años de edad y no existe un mínimo de años de aportación para te- ner derecho a la pensión de jubilación ya que ésta se determinará en función a los aportes acumula- dos que hubiera efectuado el trabajador y la ren- tabilidad obtenida por el fondo administrado por la AFP.
S2guidamente, efectuaremos algunas precisiones ge- nerales sobre este sistema.
a. Los bonos de reconocimiento
Los trabajadores afiliados al SNP que decidieron incor- pararse al SPP, bajo ciertos requisitos, tenían derecho
al bono de reconocimiento, que supone la emisión de un bono por una determinada suma de dinero en re- conocimiento por las aportaciones realizadas al SNP.
En términos generales, los requisitos para la percep- ción de los bonos de reconocimiento por un trabaja- dor se contraían a lo siguiente: i) haber cotizado al SNP en los seis meses anteriores a la afiliación al SPP y ii) tener, cuando menos, cuarenta y ocho meses de aportación al SNP dentro de los diez años anteriores.
El fondo y las inversiones
fondo está integrado por los aportes y su rentabili-
dad es de propiedad de los afiliados, se encuentra ad- ministrado por las AFP, se invierte de acuerdo a las re-
glas que establece el ente regulador del SPP, la SBS, y es inembargable.
Las normas del SPP permiten que el empleador efec- túe aportes voluntarios a la cuenta individual del tra- bajador con fin previsional sin que exista ningún límite cuantitativo al respecto. Además, el aporte del empleador puede efectuarse durante, al término o des- pués de culminada la relación laboral.
Los aportes de los trabajadores, una vez registrados en
la cuenta individual, son invertidos por las AFP en deter-
minados valores y títulos establecidos en la Ley del SPP,
a fin de generar una rentabilidad que permita incre-
mentar el fondo de pensiones del trabajador. En todo caso, la AFP debe asegurar una rentabilidad mínima -al igual que el sistema uruguayo-, que necesariamente debe atribuirse a las cuentas de capitalización.
A la fecha, el fondo tiene acumulado aproximadamente
SI. 6,600 millones, los mismos que están invertidos en acciones de capital social, bonos de empresas, depósi- tos a plazo, bonos subordinados, etc.
Las prestaciones del SPP son las siguientes: jubilación, invalidez, sobrevivencia y por gastos de sepelio. En nin- gún caso, se otorgan prestaciones en materia de salud ni accidentes de trabajo.
Tienen derecho a la pensión de jubilación los trabaja- dores afiliados que tengan 65 años de edad, salvo que el trabajador opte por la jubilación anticipada; para ello, debe obtener una pensión mínima equivalente al 50% del promedio de las remuneraciones percibidas y rentas declaradas de los últimos 120 meses -debida- mente actualizadas con eiiPC-.
Existe una serie de factores y condiciones en cada modalidad que determinan el monto final de la pen- sión de jubilación que recibirá el trabajador. El monto de la pensión de jubilación, tanto en la jubilación ade-
11 NEVES MUJICA, Javier. '"Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones: opción diabólica'"
En: Revista THEMIS No. 25. Lima,
lantada como en la ordinaria, es variable y estará de-
terminado, esencialmente, por dos factores:
(i) El capital acumulado formado por los aportes
mensuales, el monto del bono de reconocimiento
-si fuera el caso- y los intereses que se hubieran
La modalidad de la jubilación que adopte el tra-
De esta forma, no existe un monto máximo ni
mínimo de la pensión de jubilación -a la fecha, se
está estudiando la posibilidad de establecer una
pensión mínima para los trabajadores del SPP-;
prácticamente, los aportes efectuados, el tiempo
de aportación del trabajador y la rentabilidad del
fondo son los que determinan el monto de dicha
pensión. Las modalidades de la pensión de jubila-
Retiro Programado: Mediante esta modalidad, el afiliado realiza retiros mensuales de su Cuenta lndi- vidual de Capitalización hasta que ésta se extinga.
Renta Vitalicia Personal: Por esta modalidad, el
afiliado contrata una renta vitalicia mensual hasta
su fallecimiento. Para ello, la AFP forma un fondo
de longevidad con los saldos de las rentas de los
trabajadores que optaron por esta modalidad y
ya fallecieron. No genera pensión de sobrevivencia.
Renta Vitalicia Familiar: Esta alternativa supone
que el afiliado contrata directamente con una
compañía de seguros de su elección el pago de
una renta mensual hasta su fallecimiento, así como
el pago de pensiones de sobrevivencia a favor de
Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida: Mo-
dalidad por la cual el afiliado contrata una renta
vitalicia familiar o personal, para que la AFP o com- pañía de seguros le pague el monto de su pen-
sión vitalicia mensual, a partir de una fecha deter-
minada, reteniendo en su cuenta los fondos sufi-
cientes para recibir una renta temporal hasta di-
cha fecha.
Por otro lado, tenemos las pensiones de invalidez que
se confieren cuando los trabajadores quedan inválidos
por causas diferentes a un accidente de trabajo o en-
fermedad profesional, actos propios o por la utiliza-
ción de sustancias alcohólicas o estupefacientes o no
se encuentren gozando de la pensión de jubilación.
La condición de invalidez -parcial o total, temporal o
permanente- es determinada por un Comité Médico de la AFP (COMAFP). Las AFP eligen la modalidad para
asumir tales gastos de invalidez -directamente o por
medio de una compañía de seguros-.
Sobre la pensión de sobrevivencia, ésta se contrae a la
muerte del afiliado y se otorga a los herederos forzo-
sos del afiliado que no se hubieran jubilado a la muer- te de dicho afiliado. Esta pensión de sobrevivencia se concede, en orden jerárquico y excluyente, al cónyuge
o concubina, los hijos menores de edad (18 años), los
hijos mayores de edad que se encuentren en incapaci- dad siempre que haya sido certificada por el COMAFP. Esta pensión puede ser asumida por la AFP o una com-
pañía de seguros, a elección de las AFP.
Finalmente, los gastos de sepelio solamente correspon-
den a los trabajadores afiliados que fallezcan, y pue-
den ser administrados por las AFP o por una compañía de seguros, a opción de las AFP.
Tanto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia
como para los gastos de sepelio, las normas peruanas exigen que las prestaciones que se brinden sean uní- formes.
4. Los casos de jubilación obligatoria
Con independencia de los Sistemas de Seguridad So-
cial descritos, el empleador puede terminar, unilateralmente, la relación laboral con los trabajado-
res que tengan 65 ó 70 años de edad. En efecto, se
establecen dos modalidades de jubilación por iniciati- va del empleador: la condicionada y la automática.
a. La jubilación obligatoria condicionada
Procede cuando el trabajador tiene 65 años de edad y
el empleador se compromete al pago de la diferencia
entre la pensión de jubilación y el 80% de la última
remuneración ordinaria recibida por el trabajador,
monto adicional que no podrá exceder al 100% de la
pensión y que deberá reajustarse periódicamente, en la misma proporción en que se reajuste la pensión.
En estos casos, la terminación de la relación laboral se
produce si el trabajador tiene derecho a una pensión
de jubilación -sin importar el monto- y cuando se le reconozca al referido trabajador, efectivamente, la
b. La jubilación obligatoria
Se produce cuando el trabajador cumple 70 años de
edad, salvo pacto en contrario. En este caso, la jubila- ción opera si el trabajador tiene derecho a una pen- sión de jubilación -sin importar el monto- con prescin-
dencia de los trámites administrativos correspondien- tes12. Esta es una norma que, a nuestro juicio, es in-
constitucional al atentarse contra el principio de igual-
12 Al respecto, puede verse TOYAMA, Jorge y Je1my RIVERA. "Jubilación Obligatoria: los criterios del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema" En: Revista D1álogo con la Junsprudencia. Editorial Gaceta Jurídica. L1ma, mayo de 2004.
Revi~ta de Derecho
dad ante la ley dado que no existe alguna causa obje-
tiva que justifique la extinción del contrato de trabajo
jubilación- por razón de edad 13 .
VI. CÉDULA VIVA (DECRETO LEY 20530)
1. Régimen del Decreto Ley 20530
Este sistema se origina en la Ley General de Goces de
1850 cuyo objeto fue brindar una pensión de
jubilación a las personas que tengan una edad
avanzada o padezcan de enfermedad crónica que les
impida continuar sus funciones. Posteriormente, la
Ley 8435 del 07 de agosto de 1936 incorpora a la
Ley de Goces a todas las personas que prestan
servicios para la Administración Pública. Con ello,
comienza la generación de un sistema completamente
oneroso y contrario a los principios de la Seguridad
Este régimen contiene una actualización automática
(nivelación o efecto espejo) sobre la remuneración del
trabajador activo y responde a la necesidad del Estado
de compensar los bajos sueldos de los trabajadores.
En este sentido, la Octava Disposición Final Transitoria
de la Constitución Política de 1979, estableció la
nivelación progresiva de las pensiones sujetas al
régimen del Decreto Ley 20530 y Leyes posteriores que
reabrieron el régimen pensionario (en esencia,
establecieron que la nivelación se alcanza desde que
el trabajador cumple 20 años de servicios) permitieron
la incorporación y reincorporación a este sistema sin
que sea relevante la edad (la "jubilación" puede
obtenerse desde los 15 años de servicios para los
varones y 12.5 años para las mujeres).
a. Fondo para la asistencia previsional (Ley 28046)
El objetivo de dicha norma es destinar recursos para
financiar el pago de pensiones comprendidas en el
régimen del Decreto Ley 20530. Dichos Fondos son
intangibles y su administración estará a cargo del Fon-
do Consolidado de Reservas Previsionales, y los recur-
sos del Fondo estarán constituido por:
(i) La recaudación de la Contribución para la Asis-
tencia Previsional, a la que se hace mención en la
(ii) Las donaciones, legados, créditos, transferencias
demás recursos provenientes del sector público
privado, así como de la cooperación nacional e
La contribución solidaria para la Asistencia Previsional
grava a las pensiones de aquellos beneficiarios que
perciban por el régimen provisional del Decreto Ley
20530 la suma que anualmente exceda 14 UIT anua-
les. La tasa de la contribución será equivalente a la
tasa del Impuesto a la renta aplicable a las personas
b. Actualización del porcentaje de aporte destinado
al fondo de pensiones de los trabajadores del sec-
tor público (Ley 28047):
El aporte para las pensiones a cargo de los trabajado-
res del Sector Público comprendidos en el Decreto Ley
20530, que era de 6%, se reajustará de la siguiente
A partir del 01 de agosto de 2003.
A partir del 01 de julio de 2006
Una de las principales razones de la situación deficitaria
en la que se encuentra este régimen pensionario, es
que por disposiciones de distinto rango legal se permitió
el acceso irregular e indiscriminado de pensionistas que
alcanzaron la jubilación prestando servicios bajo
regímenes laborales distintos al régimen laboral público,
para el cual fue diseñado al inicio el sistema.
A partir del 01 de julio de 2009
Asimismo, se indica en la norma que el monto máxi-
mo de las pensiones derivadas del régimen provisional
del Decreto Ley 20530 que se generen a partir del 01
de julio de 2003 no podrán exceder de 1 UIT. Además,
se precisa que la nivelación de las pensiones de los
cesantes y jubilados sujetos al régimen del Decreto Ley
20530, de las entidades que tengan o hayan tenido regímenes laborales distintos, se determinará tenien-
do como referencia la base de remuneración que se-
ñala el Sistema Único de Remuneraciones previsto en
el Decreto Legislativo 276.
2. Medidas del Estado para reducir la desigual-
dad en el régimen pensionario del Decreto Ley 20530 (Cédula Viva)
El 31 de julio de 2003 se aprobó la Ley 28046, Ley
que crea el Fondo y la Contribución Solidaria para la
Asistencia Provisional, y la Ley 28074, Ley que actuali-
za el porcentaje de aporte destinado al fondo de pen- (i) En ningún caso la nivelación se realizará toman-
do, como referencia las remuneraciones del per-
son al que, en tales entidades, se encuentren suje-
creto Ley 20530 .
las nivelaciones de las pensiones de régimen del De-
siones de los trabajadores del sector público y regula
Se prohíben los siguientes supuestos:
to al régimen de la actividad privada.
., Una disposición sim1lar. contenida en el Estatuto de Trabajadores
214 Español (Sentencia 22/1981).
(Ley 8/1980) fue declarada inconstitucional por el Tnbunal Constitucional
No se permitirá una pensión nivelable superior a un monto mayor a la remuneración de un traba- jador activo de su mismo cargo y nivel.
Se prohíbe el ingreso de servidores y funcionarios públicos al régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, en cualesquiera de las instituciones públi- cas del Gobierno Central, Regional, Local, Orga- nismos Descentralizados, Empresas Estatales, Po- der Legislativo, Organismos Constitucionales Au- tónomos y demás entes públicos.
3. Derechos adquiridos en materia pensionaria
En la teoría de los derechos adquiridos, la irretroactividad consiste en seguir aplicando la norma anterior a los derechos ya adquiridos de las relaciones jurídicas existentes a la fecha de la sucesión normativa. En cambio, la retroactividad supone que tales derechos se rigen inmediatamente por la nueva norma, desde su entrada en vigor.
En el sistema constitucional actual sólo se consideran retroactivas aquellas normas que en materia penal sean beneficiosas para el reo, es decir que si en materia de pensiones la nueva norma aumenta el monto de las pensiones no podrá aplicarse a supuestos nacidos bajo la norma anterior, a pesar que la primera sea más beneficiosa.
De acuerdo al Tribunal Constitucional, se considera que la Constitución de 1993 adopta la teoría de los hechos cumplidos como regla base y fundamental del sistema,
y que de manera excepcional es de aplicación la teoría de derechos adquiridos y la aplicación ultractiva de las normas, en concordancia con la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución por la cual se señala: "que los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones no afectan los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente
los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530
sus modificatorias".
El Tribunal Constitucional ha establecido en sus diversos fallos dos categorías importantes:
• Sostiene que tales derechos son "los que han sido incorporados en el patrimonio jurídico de los pen- sionistas" (Fundamento 1O de la sentencia sobre el Decreto Ley 25967), o "aquellos que han en- trado en nuestro dominio, que hacen parte de él, y de los cuales ya no puede privarnos aquel de quien los tenemos" (Fundamento 15 de la sen- tencia sobre el Decreto Legislativo 817). Sobre este tema, cabe indicar que, de acuerdo a Ojeda
Avilés 14 , son tres las posibles opciones a escoger:
a) la norma debe estar vigente al momento de celebrarse el contrato, b) producirse el supuesto de la norma, e) considerar adquirido el derecho cuando se haya disfrutado el derecho.
• El Tribunal Constitucional considera que debe dis- tinguirse entre las pensiones originarias y las deri- vadas (Sentencia de lnconstitucionalidad contra la Ley 27617). Se alude a pensiones originarias cuando se cumple los requisitos establecidos por la norma primigenia, aunque todavía no se haya ejercido el derecho, éstas se generan en prove- cho del titular, como las de jubilación, cesantía e invalidez. En cambio, las pensiones derivadas son las que se suscitan en beneficio de los familiares a su cargo, como las de sobrevivientes.
Es preciso señalar que el Tribunal Constitucional nuevamente menciona el tema de derechos adquiridos en el precedente de observancia obligatoria en su sentencia del 18 de junio de 2003 (Expediente 0189- 2002-AA/TC-Maldonado Duarte) en la cual el Tribunal opta por un precedente en el que considera que el sistema de pensiones debe ser de carácter cerrado: "1. Teniendo en cuenta que la Constitución Política del Perú promueve un sistema de seguridad social, no sólo justo, sino también
factible, eficaz y sostenido por cálculos actuariales realistas
( ) se ha considerado reabrir y profundizar el examen
de la materia, y en armonía con otras disposiciones de la Carta Magna, entre las que destaca su Segunda Disposición Final y Transitoria, ha resuelto apartarse del criterio adoptado (Caso Medina Pantoja) 15 precisando que en casos análogos no es abierto el acceso a los beneficios del régimen del D.L. 20530. 2. Los años de formación profesional no se anteponen al inicio de la relación laboral con el estado, se agregan con posterioridad al requisito
de los años efectivamente servidos al Estado. 3. La 111velación debe efectuarse con referencia al funcionario
o trabajador de la Administración Pública que no esté dentro del régimen laboral privado, que se encuentre en actividad, del nivel y categoría que ocupó el pensionista
al momento del cese".
Pese a ello, el régimen continúa siendo oneroso y los intentos por modificar este sistema solamente pueden realizarse a través de una reforma constitucional.
4. La reforma constitucional del Decreto Ley
Como se conoce, el Poder Ejecutivo envió al Congreso una propuesta de reforma constitucional que habilita- ría al Estado para regular el inequitativo sistema pen-
" OJEDA Avilés. "El Principio de condiCión más beneficiosa". En: Revista de Política Sooal Madrid, Instituto de Estud1os Políticos, No. 134,1982. p. 121. 15 En el Expediente 1256-2001-AA!TC, la sentencia (del 06 de agosto de 2002), se estableció como criterio Interpretativo que "ante conflicto de normas se opta por la aplicación de aquella que da acceso a la pensión".
sionario de la Cédula Viva (Ley 20530). Esta propuesta se ha aprobado en el Pleno del Congreso en una pri- mera votación -contando con el apoyo de más de 80 congresistas- y esperamos que se alcance la segunda votación favorable en la próxima legislatura de acuer- do con el procedimiento de reforma constitucional y, con ello, la reforma pensionaría se podría implementar en el segundo semestre de este año.
Cabe efectuar dos precisiones sobre el ámbito subjeti- vo de aplicación de esta reforma. En primer lugar, so- lamente la reforma, como se ha difundido, atañe al Decreto Ley 20530: la forma previsional no pretende modificar otros sistemas previsionales como el Siste- ma Nacional de Pensiones (Decreto Ley 19990) o las AFPs. La explicación es simple: la distorsión, el costo presupuesta!, etc. que representa el Decreto Ley 20530 es inmanejable y desproporcionado con relación a la realidad de nuestro país.
En segundo lugar, de los pensionistas del Decreto Ley 20530, solamente se afectará a las pensiones más al-
tas. Hasta donde se conoce, solamente a aquellos que
perciben una pensión mensual superior a una UIT (ac- tualmente, S/.3,200.00), y que según la data que se maneja, afectará a 3,5% de los pensionistas). De este modo, aquellos pensionistas del Decreto Ley 20530 que perciban una pensión menor, no sufrirán una re- ducción en el monto de las pensiones.
b. Razones de la reforma: supresión de derechos adquiridos
La reforma constitucional es necesaria pues la actual Constitución consagra la teoría de los derechos adqui- ridos que permite aferrarse a las pensiones y los privi- legios. Esta reforma ha sido reclamada por el propio Tribunal Constitucional -se ha referido a un "ocio le- gislativo" por las ausencias de propuestas-, y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos admite refor- mas previsionales en tanto existan razones de interés social. En este caso, es clara la necesidad de introducir una reforma constitucional.
La reforma de este sistema pensionario es necesaria por los enormes costos que representa actualmente el Decreto Ley 20530 (1 0% del presupuesto público de 2004 y su costo proyectado -si no se implementa la reforma- supera el total de la deuda externa peruana).
El costo que genera la planilla estatal (trabajadores y pensiones) dentro del presupuesto 2004 es de 27.40%, de los cuales 10% comprende el régimen del Decreto Ley 20530 con 295,331 pensionistas (de estos últimos, 215,000 perciben más de la pensión máxima que fija la ONP -aproximadamente US$ 250.00 mensuales-). Más todavía: el costo previsional de este régimen as-
216 ciende a US$ 24.41 5 millones, que equivalen al 40%
de nuestro PBI (solamente entre los años 1997 y 2003 se han transferido US$ 10,873 millones).
El régimen del Decreto Ley 20530 es no solamente costoso. Además, impide que las entidades del Estado puedan incrementar remuneraciones al personal o in- cluir en planillas a altos funcionarios (por el incremen- to automático que originaría en las pensiones) y es inequitativo con otros regímenes previsionales (la pen- sión más alta es S/ 33,000 mensuales, y en el Sistema Nacional de Pensiones no llega a S/ 900.00; las hijas solteras tienen derecho a pensión -el 47% tiene más de 47 años-; se accede desde los 12.5 años de trabajo sin importar la edad, etc.).
Entonces también es necesaria porque el sistema ha permitido a ciertos pensionistas obtener hasta S/. 33,000 mensuales, suma que se actualiza por la ni- velación (el famoso efecto espejo) y se hereda a las hijas solteras en forma vitalicia en 100% de la pen- sión. Estas pensiones, además, no fueron financia- das por los trabajadores porque el aporte fue dimi- nuto (6%) y los montos aportados fueron, realmen- te, diminutos; ello se refleja en la escalofriante cifra:
98% del presupuesto del Decreto Ley 20530 es fi- nanciado por el Tesoro Público, es decir, por todos nosotros.
Todo el ahorro de esta reforma debiera servir para sol- ventar las pensiones ínfimas que existen (6% de pen- sionistas del Decreto Ley 20530 perciben menos que la pensión mínima del Decreto Ley 19990, esto es, re- ciben menos de S/ 415.00 mensuales) y, en general, para todo el sistema previsional público, así como para sostener financieramente el régimen en los futuros años.
Es necesaria, además, por la inequidad del sistema:
hay pensionistas que perciben pensiones millonarias que nunca las financiaron y se actualizan pero hay otros que tienen pensiones ínfimas; pensionistas que con 1O años ya están en este sistema y con unos años más pueden lograr la ansiada nivelación (efecto espejo) que actualiza la pensión en función al incremento de las remuneraciones de los activos. Todas estas situaciones no se aprecian en otros sistemas de pensiones (AFP y ONP).
Finalmente, la modificación constitucional del siste- ma de pensiones permitirá que se implemente una real reforma laboral en el Estado, incorporando a personas en planillas y volviendo transparente la ges- tión salarial. Hoy, cualquier reforma del Estado sola- mente puede implementarse si, previamente, se implementa una modificación constitucional en el sis- tema de pensiones.
Seguidamente, presentamos un cuadro comparativo de los sistemas, que destaca las diferencias entre el SNP y la Ley 20530.
CUADRO COMPARATIVO: SISTEMAS PENSIONARIOS
• Trabajadores públicos y privados (no sujetos al Decreto Ley 20530), trabajadores del hogar e independientes.
Trabajadores públicos, fiscales (Decreto Legisla- tivo 052), magistrados (Decreto Supremo 017- 93-JUS), diplomáticos (Decreto Legislativo 894), JNE, Tribunal Constitucional, trabajadores del Banco de la Nación (Decreto Legislativo 339), EsSalud (Leyes 25066 y 24366).
• Edad: Mínimo 65 años.
Edad: No hay mínimo.
• Aportes: Mínimo 20 años.
Aportes: 12.5 (mujeres), 15 (hombres) y 20 años
• Pensión: Resulta del promedio de 36, 48 y 60 (célula viva).
últimas remuneraciones anteriores al último mes en que cesó. No se recibe el 100% del último sueldo.
• Pensión 100% de la última remuneración si se aportó como mínimo 25 (mujeres) ó 30 (hom- bres) años, si no en prorrata a años de aportes.
• Luego de 20 años: pensión nivelable
• Viudez: 50% de la pensión
• Orfandad: Hasta los 18 años; estudiantes hasta 21 años.
100% si su
pensión no alcanza la RMV (S/.
460.00).
• Orfandad por Invalidez: Hijos mayores de 18 años, previo Dictamen de la Comisión Médica.
pensión es mayor a la RMV con
tope de 6 RMV de la pensión (S/. 2 760.00).
Ascendencia: 20% de la pensión del causante.
Orfandad: Hasta los 18 años el 20% por cada uno. Si es estudiante, hasta los 21 años.
• Inválido: 20% más una bonificación de una RMV (necesita el Dictamen de la Comisión Médica de ESSALUD.
• Pensión mínima 20% hasta el 40% de la pen- sión, en caso de fallecer ambos padres.
• Pensión mínima S/. 415.00.
• Pensión mínima: --.
• Pensión máxima S/. 857.36.
• Pensión máxima : hasta S/. 33,000.00
Pensión Promedio S/.507.00
Pensión Promedio; S/ 1,577
Actualmente: 13% a cargo del trabajador.
c. Contenido de la reforma constitucional 20530
En apretada síntesis la reforma pretende dirigirse ex- clusivamente a los casos de privilegio del Decreto Ley 20530. No se tocarán, como se ha dicho, otros regí- menes de pensiones.
(i) Centralización en la administración de pensiones
En primer lugar, se propone una centralización en la
administración del sistema de pensiones que permiti-
rá al Estado administrar y gestionar de manera ade-
cuada el Decreto Ley 20530 (hoy, las más de 800 uni-
dades de gestión del Estado regulan, fiscalizan, otor- gan, etc. pensiones 20530). Esta modificación es ne-
cesaria pues así lo ha indicado el propio Tribunal Cons-
titucional y es una expresión del principio de unidad
de la s"eguridad social.
La propuesta, como se sabe, es la siguiente: Agréguese al artículo 11 de la Constitución como segundo párra- fo el texto siguiente: "La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado".
Cabe anotar el principio de unidad de la Seguridad Social, que importa que el Estado pueda organizar y centralizar la administración de los sistemas previsionales. Por ello, estamos de acuerdo con esta propuesta.
(ii) Teoría de los hechos cumplidos
En segundo lugar, se pretende incluir en la Constitu- ción la teoría de los hechos cumplidos que es un prin- cipio general del Derecho (y que para el Tribunal Cons- titucional se puede inferir que se desprende de la Cons- titución, pues lo aplica en sus sentencias), que está contenido en el Código Civil desde hace casi 20 años y que permitirá al Estado introducir reformas en las ac- tuales pensiones doradas.
La propuesta importa sustituir el artículo 103 de la Constitución por el siguiente enunciado: "Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la natu- raleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situa- ciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho".
Ciertamente, no estamos ante una disposición retro- activa pues no se devolverán las pensiones recibidas:
toda reforma será hacia futuro.
En este caso, un principio general del derecho perua- no (aplicación de la norma a todos los sujetos, esto es, la teoría de los hechos cumplidos) ha sido regulado a nivel constitucional y este es el principal cambio que se plantea.
(iii) Modificación de la Primera Disposición Transitoria y Final de la Constitución
Finalmente, se busca suprimir la teoría de los derechos adquiridos de la actual Constitución, cerrar definitiva- mente la "cédula viva", establecer topes para las pen- siones doradas (el tope será de 1 UIT mensual pero cuya aplicación será progresiva) y contribuciones soli- darias (para aquellas pensiones que superan 1 UIT mensual), suprimir las nivelaciones (efecto espejo) y
modular las pensiones de sobrevivientes (por ejemplo,
de las hijas solteras). La idea es que todo sistema de pensiones tenga sostenibilidad financiera.
La propuesta sustituye el texto de la Primera Disposi- ción Final y Transitoria de la Constitución por el si- guiente: "Declárese cerrado definitivamente el régi- men pensionario del Decreto Ley 20530. En conse- cuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régi- men pensionario del Decreto Ley 20530. 2. Los tra- bajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sis- tema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones. Por razo- nes de interés social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pen- siones con las remuneraciones ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. La ley dispondrá la apli- cación progresiva de topes a las pensiones que exce- dan de una Unidad Impositiva Tributaria. El ahorro presupuesta! que provenga de la aplicación de nue- vas reglas pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, conforme a ley. Las modifi- caciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regíme- nes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad fi- nanciera y no nivelación. Autorícese a la entidad com- petente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones legales correspondientes para que se declare la nuli- dad de las pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos definidos por sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas accio- nes hubieran prescrito".
Estas reformas pretenden que nos encontremos ante un sistema equitativo: solamente las modificaciones alcanzarán a las pensiones doradas y las situaciones de extrema inequidad, de tal manera que se pueda consolidar un tondo de reserva y el incremento para las pensiones menores a la remuneración mínima vi- tal. En esta línea, simplemente, se busca que la 20530 tenga empapada los principios esenciales de la seguri- dad social: solidaridad y universalidad.
Seguidamente, reseñamos un cuadro que describe las diferentes situaciones de los pensionistas ante esta re- forma que se propone.
Tipo 20530
¿Se aplica. tope:?
¿f:"ive(ációf\1
per)sión.flícita
Pensionistas Qubila- dos) y familiares
Siguen en Dcreto Ley 20530
Sólo si percibe más del tope
Sí, siempre que no haya prescrito ni sentencia a favor
Trabajador activo que ya cumplió re- quisitos para pen- sión pero que aún no se jubila
Sigue en Decreto Ley 20530
Trabajador activo que no cumple re- quisitos para jubi- larse
Optará entre AFP y ONP (no Decreto Ley 20530)
Todas las reformas, cuentan, además, con el apoyo de la población (las encuestas asilo denotan), y el Acuer- do Nacional y la Defensoría del Pueblo han indicado que la reforma es, también, necesaria.
Estamos ante una reforma que resulta vital para la via- bilidad del país, para que las reformas se puedan in- troducir. El Estado tiene la potestad de corregir las ineficiencias de su regulación y adecuarlas para una adecuada distribución de sus pocos recursos.
Entonces, toda la responsabilidad está en el Congre- so. Roguemos porque no existan ausencias, absten- ciones y mucho menos oposiciones que impidan esta necesaria reforma constitucional en la segunda vota- ción que deberá producirse en la primera legislatura del período 2004-2005.
VIl. RÉGIMEN FINANCIERO
colectivas, dentro de la extensión, límites y condicio- nes fijadas por el ordenamiento jurídico y según lo permita la organización financiera. Finalmente, las perspectivas jurídicas, administrativas y sociológicas
siempre deben de elaborarse sobre la base del sistema económico y financiero de la Seguridad Social.
Todo sistema de Seguridad Social debe fundarse en estudios actuariales que suponen efectuar proyeccio- nes sobre los ingresos y egresos, presentes y futuros, sobre la base de una serie de elementos actuariales
tales como la demografía, la biometría, las políticas sociales y económicas del Estado, etc.
Uno de los aspectos más relevantes de la Seguridad Social lo constituye el sistema de financiamiento de la
misma. Gran parte del fracaso del anterior sistema peruano de pensiones y una de las razones por las cuales se están implementando las reformas del sistema de salud se contrae al manejo de las aportaciones de los trabajadores, empleadores y del propio Estado.
La actuación de la Seguridad Social es limitada, más aún en la realidad peruana. Pese a su caracterización universal, no es posible satisfacer las necesidades de toda la población, la aplicación de la Seguridad Social en los planos subjetivo -categorías de personas que se encuentran comprendidas- y objetivo -clases de riesgos que pueden ser cubiertos- dependerá del financiamiento que exista en un determinado ordenamiento jurídico.
Los sistemas de financiamiento de la Seguridad Social peruana tienen una distribución variable en función a
los diversos regímenes. Del tradicional financiamiento tripartito (empleador-trabajador-Estado) de los sistemas de Seguridad Social que se concentraban en un solo ente estatal (IPSS), se ha pasado a uno disperso de
financiamiento en función a los respectivos regímenes especiales (ESSALUD). Tradicionalmente, el sistema de
protección de las necesidades sociales individuales y financiamiento de la Seguridad Social tuvo como princi-
Por ello, en las definiciones de la Seguridad Social aparece lo económico. Por ejemplo, Al mansa Pastor 16 , indica que la Seguridad Social es una institución de
1. Sistemas de financiamiento
"'ALMANSA PASTOR, José. "Derecho de la Seguridad Social". Madrid, Tecnos, 1989. p. 63.
pal soporte los aportes de los trabajadores y
empleadores, los mismos que se calculaban en función
a las remuneraciones mensuales que percibían los
trabajadores. El empleador debía efectuar las respecti- vas retenciones, aportaciones y pagos en el sistema
Actualmente en el ordenamiento peruano se aprecian los siguientes sistemas de financiamiento:
a. Régimen de Salud
Anteriormente, la tasa ascendía a 9% de la remuneración mensual del trabajador, repartida en empleador (6%) y trabajador (3%). A la fecha,
solamente el empleador es el sujeto obligado a efectuar
el aporte a este sistema (9% de la remuneración del
Ahora bien, si el trabajador ejerce el derecho de opción, las prestaciones de salud simple o ambulatoria serán proporcionadas por las Entidades Privadas de Salud (EP$) y las complejas por ESSALUD. Empero, en este último caso, las aportaciones también recaen en el empleador: 6.75% a ESSALUD y hasta el 2.25% a las
igual que el sistema de salud, antes la tasa ascendía
a 9% de la remuneración mensual del trabajador, repartida en empleador (6%) y trabajador (3%), y todos los aportes se realizaban al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Con las reformas operadas en el
sistema de pensiones, este régimen es financiado por
el trabajador: actualmente 13% en el SNP y que es
administrado por la Oficina de Normalización Previ- sional (ONP); y, 8% para la jubilación, un porcentaje variable por el seguro de invalidez, sepelio y
sobrevivencia y las comisiones de las AFP en el SPP. A
la fecha, el porcentaje promedio total de aportación
en el SPP es de 11.19%.
c. Régimen de Riesgos Laborales
En casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el empleador -en el anterior sistema, también era el único sujeto que financiaba este
régimen- es el que debe realizar aportes a ESSALUD y/
o EPS para los riesgos de salud y a las compañías de seguros u ONP para los riesgos de invalidez y sobrevivencia. Los porcentajes son variables dependiendo de la actividad de la empresa, el número de trabajadores asegurados, los índices de siniestralidad, etc.
En términos generales, se pueden distinguir los siguientes sistemas de financiamiento en la Seguridad Social:
a. El sistema del reparto
Este sistema supone una distribución inmediata de las cotizaciones sociales en las diversas prestaciones que la Seguridad Social brinda en un período determinado, de tal manera que no se produce una necesaria capitalización de las cotizaciones -no existe un capital de reserva-, dado que lo recaudado se relaciona íntimamente con las necesidades que se
Este sistema es la más clara muestra de la solidaridad financiera, hay solidaridad generacional e intergeneracional; por ejemplo, para las prestaciones de enfermedad e invalidez el grupo de aportantes y beneficiados coinciden, pero no para las prestaciones de maternidad, pensiones y sobrevivencia. En este caso, es necesaria la existencia de "rotación" generacional para financiar las generaciones.
b. El sistema de capitalización
Ese sistema importa una inversión de las cotizaciones de tal manera que existen intereses y dividendos acumulados por las inversiones que se realicen, siendo una fórmula de financiamiento de largo plazo. El peligro que conlleva este sistema es la devaluación. Este sistema suele ser utilizado para las pensiones con renta vitalicia.
El nuevo SPP, prevé un sistema de capitalización indi- vidual puro, siguiendo al modelo chileno. Empero, continúa manteniéndose el régimen de reparto en el SNP, el mismo que no tiene fecha de término, en
consonancia con la libertad de elección que tienen los
Llamado también de prima escalonada. En virtud de este sistema, se crean reservas formadas por un
porcentaje de las cotizaciones. Un porcentaje se invierte en atender las prestaciones durante un período determinado y otro se destina para la capitalización, pueden variarse las primas gradualmente - " reactualizarlas" para lograr períodos de "equilibrio"- 17 . Así, en función al número de aportantes y beneficiados, se regulan las cotizaciones a la Seguridad Social. La OIT recomienda este sistema para la implementación de pensiones en países en vías de
220 17 FAJARDO CRIVILLERO, Martín. "Teoría general de Seguridad Social". Lima, Luis Alfredo, 1992, p. 148.
Lo trascendente es la redistribución de los recursos entre
quienes los tienen y los que no los tienen en un
determinado período, entre las generaciones presentes
y las futuras, cuando menos para garantizar las condiciones mínimas de vida 18 .
Este es el sistema adoptado por el Perú para el SNP, las pensiones han evolucionado de 3% al11% hasta llegar al 13% de la remuneración. Como destaca Marcos Rueda 19 , el aporte o prima debía elevarse paulatinamente y crearse un fondo de reserva para las pensiones futuras; empero, este fondo es reducido e, inclusive, desde mediados de 1994, también se destina para el pago de las pensiones.
Ahora bien, sobre el SNP, la ONP ha creado una planilla única que solamente busca atender los pagos por pensiones, dejándose de lado la capitalización, e implementado un Fondo Consolidado de Reservas Previsionales para el pago de pensiones.
ESSALUD debía contar con periódicos estudios actuariales en cada uno de los regímenes que administra además de tener balances anuales sobre su presupuesto. Asimismo, se prevé que los recursos de ESSALUD son intangibles y que no pueden ser destinados para fines distintos salvo que se presenten causas excepcionales y justificadas que permitan la desviación de los fondos por períodos temporales y con posterior reposición incluyendo los intereses correspondientes.
Las reservas del IPSS debían ser utilizadas para los diversos regímenes que administraba, siguiendo a la Ley 24786, teniendo en consideración criterios como
la seguridad del valor real, la mayor rentabilidad posible,
la liquidez y el equilibrio financiero, el beneficio socioeconómico y el beneficio de los asegurados. Para ello, se debían realizar previamente estudios que
garantizaran una rentabilidad efectiva no menor a la mayor tasa de interés de los depósitos bancarios. Además, por una norma del año 1992, se indicó que el IPSS debe invertir, cuando menos el 50% de las reservas, en moneda extranjera.
Bajo este marco, en el esquema peruano, hasta antes de las reformas de la Seguridad Social, los diversos regímenes generales y especiales tenían base solidaria
y redistributiva pero sin mayores niveles de coordinación, sin que existieran estudios sobre la población protegida -edades relevantes como las de ingreso, jubilación y fallecimiento; cargas familiares; etc.-; evaluaciones sobre las inversiones realizadas o características de los seg-
mentos comprendidos; análisis de los factores
macroeconómicos -como la PEA, el PBI, la inflación, etc.-
, el índice de salarios, etc. 20 ; elaboración de estudios actuaria les y balances financieros; etc.
3. Naturaleza jurídica de las cotizaciones
Existen ciertas dificultades para definir el ámbito jurídico aplicable para las cotizaciones que se realizan a la Seguridad Social. En nuestro ordenamiento jurídico, se ha debatido mucho sobre la naturaleza jurídica de los aportes a ESSALUD, AFP, SNP y la legislación también ha tratado este tema. Seguidamente, exponemos el actual esquema aplicable a las aportaciones a la Seguridad Social.
a. Aportes al Sistema Privado de Pensiones
En primer lugar, debemos realizar una evaluación de
las principales características de los aportes efectuados
a una AFP a fin de compararlas luego con aquellas que identifican al concepto de tributo, que a pesar de no hallarse precisado en nuestro Código Tributario peruano, es materia de análisis por parte de la doctrina tributaria en general.
Los aportes efectuados por trabajadores dependientes
o independientes a las diversas AFP son detracciones que los propios trabajadores afiliados realizan a su remuneración a fin de obtener los beneficios brindados por dichas entidades, referidos básicamente a pensiones de jubilación, sobrevivencia, gastos de sepelio e invalidez. El trabajador afiliado mantiene así un vínculo de obligatoriedad con la entidad que percibe sus aportes, puesto que la ley lo determina de ese modo. Tales aportes ingresan a formar parte -junto con otros conceptos más- de la Cuenta Individual de Capitalización que pertenece exclusivamente al aportante, y ésta a su vez del Fondo de Pensiones que cada AFP administra.
Tal como lo señala Héctor Villegas en su obra "Curso
Finanzas Derecho Financiero y Tributario" 21 , serán
tributos aquellas "prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines". Es en este contexto que determinaremos si los aportes efectuados por los trabajadores pueden ser considerados como tributos
El primer elemento que caracteriza a todo tributo es su condición de prestación otorgada en dinero. En el
" ALONSO OLEA, Manuel y José TORTUERO PLAZA. "Instituciones de la Seguridad Social". Madrid, Civitas, 1995. p. 37.
19 MARCOS RUEDA, Eduardo. "Los sistemas de pensiones: tres momentos en la seguridad social peruana". En: AA.W. VI Congreso Peruano de Derecho del TrabaJO y de la Seguridad Social. UNMSM. Lima, 1996, p. 689.
2 ° FAJARDO CRIVILLERO, Martín. "Seguridad Social ¿1ndivídual o solidaría?". En: AA.W. Op. Cit. "VI Congreso Peruano 21 VILLEGAS, Héctor. "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario". Buenos Aires, Ed1c1ones Desalma, 1990. p. 48.
", Op. Cít. p. 653.
caso específico de los aportes realizados a las AFP, se
puede apreciar este elemento.
Un segundo elemento que debemos tomar en cuenta
a efectos de poder calificar a estos aportes como
tributos es la creación de éstos a través de una norma de derecho material.
Si verificamos el análisis expuesto en los párrafos
precedentes concluiríamos que sería posible asimilar
la naturaleza jurídica de estos aportes a la que corresponde a un tributo. Empero, existen aún dos
elementos esenciales que no hemos analizado y que podrían desestimar nuestra conclusión.
El concepto de tributo, además de precisar el carácter
dinerario de la prestación y el nacimiento del mismo a partir de una norma de derecho material, hace referencia al ente que se encargará de recaudar dichas prestaciones y destinarlas después al cumplimiento de sus fines: el Estado. Así, el Estado se convierte en el acreedor tributario de aquellas deudas que surgen con los particulares al materializarse el hecho imponible -
conducta por la cual se impondrá el tributo-, contando con todas las facultades previstas por la legislación para
exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de éstos.
En el caso concreto de los aportes efectuados por los
trabajadores a las AFP, éstos no son recaudados efectivamente por el Estado -a través de organismos destinados para ello- ya que ingresan directamente a un fondo administrado por cada una de las AFP. Así,
no es el Estado -o Gobierno Central para ser más específicos- el que percibirá dicha suma de dinero, lo
hará una entidad particular, con autonomía financiera
Ahora bien, si el hecho de que una entidad particular sea el acreedor tributario pareciera exceder el ámbito del concepto "tributo", y por ende resultaría imposible asimilar los aportes materia de estudio con dicho
término -y todo lo que éste implica jurídicamente-, ¿qué
naturaleza jurídica podríamos otorgarles? Ingresamos entonces al tema de fondo: la parafiscalidad.
El término "parafiscalidad" ha sido descrito por autores
en el Derecho Tributario. Uno de ellos es el brasileño
Geraldo Ata liba que lo enuncia como "la atribución por
la ley de capacidad para ser sujeto activo -o acreedores
tributarios- de tributos, que recaudan en beneficio de sus propias finalidades -entiéndase por ello finalidades de utilidad pública- personas diversas del Estado" 22 .
Ante ello, nos preguntamos: ¿qué sucede entonces con
la finalidad de aquellos ingresos?, ¿acaso los aportes
efectuados por los trabajadores no son parte de sus
propias cuentas de capitalización y brindan, además, rentabilidad a las AFP?.
La discusión en torno a este tema se centra en determinar la razón por la cual se considera como tributos aquellas detracciones efectuadas por empresas que no forman parte del Estado y que a través de una norma determinada -creada obviamente por dicho ente- se convierten en acreedores tributarios. Aquí surgen dos problemas:
(i) Cómo vincular la finalidad misma del tributo -esto es, lograr la satisfacción de necesidades públicas- inherente al Estado con aquella que "particularmente" busca cualquier entidad privada -en este caso, las AFP-.
(ii) Determinar si en nuestra legislación se permite señalar como acreedor tributario a un ente que no tiene vinculación alguna con el Estado, por ser una entidad privada.
La respuesta al primer tema podría enfocarse de la siguiente manera: el Estado tiene gran cantidad de obligaciones que cumplir ante la ciudadanía en gen- eral. inherentes a su condición de ente supremo. Por
ello, es posible delegar aquellas funciones que pueden considerarse secundarias, tales como la salud o, como en este caso, la previsión social a favor de los trabajadores.
Las instituciones que se encargarán de desempeñar
tales labores, podrán ser entes ligados al ámbito estatal
o tal vez empresas privadas. Lo relevante es que se les atribuya mediante ley la capacidad para ser sujetos activos de tributos, puesto que, con dichos ingresos, podrán brindar a la comunidad servicios adecuados.
Esto es lo que sucede básicamente en el caso de las AFP: entidades privadas a las cuales se les permite recaudar tributos en beneficio de sus propias finalidades: brindar pensiones de jubilación y sobrevivencia, gastos de sepelio e invalidez a sus afiliados.
Veamos el segundo tema: el surgimiento de nuevos acreedores tributarios que no encuadran en la
definición que contiene el Código Tributario peruano al respecto.
Si verificamos lo establecido por el artículo 4 del Código
Tributario podremos apreciar que éste precisa claramente los entes capaces de formar parte de la obligación tributaria como acreedores: el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Lo- cales son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad
n ATALIBA, Geraldo.
"Hipótesis De Incidencia Tributaria". Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 1987. p. 45.
expresamente. Aquí surge entonces un problema,
puesto que a pesar de haber asimilado la categoría de
"tributos" propiamente dichos a aquellos parafiscales,
no es posible incluirlos como tales en nuestro
ordenamiento jurídico, pues finalmente, esta diferencia
que existe entre ambas definiciones -acreedor tributario
distinto a aquellos que la norma contempla-lo impide.
Por ello, a pesar de que doctrinariamente existe la
posibilidad de considerar aquellos tributos parafiscales
como "tributos propiamente dichos", existe un
impedimento que cierra las puertas a esta figura para
no formar parte de nuestro sistema tributario.
b. Aportes efectuados a la EPS (salud) y al seguro de riesgo laboral (compañías de seguros)
La Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud (LMSSS), ha creado a las EPS, esto es, aquellas
empresas o instituciones públicas o privadas distintas
de ES SALUD que tendrán como única finalidad prestar
servicios de atención para la salud, sea con
infraestructura propia o de terceros. Además, se incluye
en este análisis los aportes del empleador a las
compañías de seguros por el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo (SCTR), en la cobertura de
Las EPS son elegidas por los mismos trabajadores de aquellas empresas que consideran contar con sus
servicios. Una vez suscrito el convenio con la EPS
elegida, el empleador deberá aportar a favor de dicha
institución un porcentaje de la alícuota establecida para
las aportaciones al sistema de salud -9%-, ascendente
a un porcentaje no mayor a 2.25 % en total.
El problema básicamente surge al tratar de determinar
si tales aportes -la alícuota de 2.25%- correspondientes
a las EPS por los servicios que brindan se pueden
asimilar a la categoría de tributos. Estos aportes son
de similar naturaleza a aquellos efectuados a las AFP:
tributos parafiscales. Esta conclusión puede también
aplicarse a las compañías de seguros que brindan
prestaciones por el SCTR.
Así, sabemos que tales "contribuciones" cumplen con
casi todos los requisitos de los tributos: prestaciones
dinerarias que no constituyen sanción por la realización
de algún acto ilícito, creados por una norma de derecho
material y con una finalidad publica determinada -
que es supervisada por el Estado-: prestar servicios de
atención para la salud a los trabajadores. Como puede
apreciarse, hemos dejado para el final el tema del acree-
dor tributario, pues allí la definición de "tributo"
propiamente dicha pierde su esencia en casos como
Los aportes efectuados por los empleadores a la EPS y
compañías de seguros por el SCTR son recaudados
directamente por éstas, entidades privadas que no
forman parte de aquellas señaladas directamente por
la norma tributaria nacional como "acreedores
tributarios": el Gobierno Central, los Gobiernos
Regionales y Locales y aquellas entidades públicas con
personería jurídica propia". Ahora bien, ello no impide
que podamos incluir este tipo de aportes percibidos
por otras entidades en una clasificación que la doctrina
ha establecido: tributos parafiscales, denominados así
porque la gran diferencia que los aparta de aquellos
"tributos" propiamente dichos es la calidad de sus
acreedores: entidades públicas o privadas que perciben
dichos ingresos para sustentar sus finalidades.
Así, estaríamos ante misma conclusión que la descrita para las AFP.
c. Aportes a ESSALUD (salud) y ONP (pensiones)
Para realizar el análisis de estas aportaciones, primero
debemos precisar las funciones que identifican
plenamente a estas dos entidades y su naturaleza. El
IPSS era una entidad de derecho público con personería
jurídica interna que tenía como labor fundamental la
administración de los regímenes de Prestaciones de
Salud y Prestaciones Sociales, recaudando y fiscalizando
las aportaciones efectuadas por los empleadores así -
tal como lo establecían los artículos 1 y 2 inciso a) y e)
de la Ley 24786, respectivamente-.
A la fecha, ESSALUD, es un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho
público interno, adscrito al MTPE, con autonomía
técnica, administrativa, económica, financiera,
presupuesta! y contable, y que concentra su atención
en la prestación del seguro en salud y otros seguros de
riesgos humanos (artículo 1 de la Ley 27056).
Por otro lado, la ONP se encarga fundamentalmente
de calificar, reconocer, otorgar y pagar derechos
pensionarios del SNP con arreglo a ley, recaudando los
aportes al SNP. Es, además, una entidad de derecho
público con personería jurídica interna, tal como lo
establece el artículo 1 de su estatuto, aprobado por
Decreto Supremo 61-95-EF.
Así, conociendo las actividades que las entidades
descritas desarrollan podemos analizar las
características propias de cada uno de los aportes que
En primer lugar, aquellos aportes que por concepto de
Régimen de Prestaciones de Salud otorga ESSALUD a
los trabajadores, ascienden al 9% de la remuneración
asegurable -en el caso de los afiliados regulares en
actividad-, y es sólo de cargo del empleador, así como
al 4% de la pensión de los afiliados regulares
pensionistas. A ello, debemos agregar los pagos -de
ser el caso- por el SCTR.
Por otra parte, la ONP percibe como aportaciones -a
cargo del trabajador- el 13% de la remuneración
asegurable de los trabajadores que hubieran optado por este sistema. Por dicho aporte, los trabajadores, al jubilarse, percibirán mensualmente una cantidad de- terminada como pensión de jubilación, sobrevivencia, invalidez, etc. Además, la ONP, cuando ofrezca el servicio, recibe los aportes del empleador por el SCTR.
Ahora bien, tales aportes efectuados tanto por los empleadores como por los trabajadores cumplen con todos los requisitos esenciales que caracterizarían a un tributo: en ambos casos son prestaciones dinerarias, creadas a través de una norma de derecho material, no constituyen sanción por la realización de un acto ilícito y fundamentalmente están orientadas a satisfacer necesidades que el Estado está asumiendo como suyas, puesto que ha creado para el otorgamiento de tales beneficios entidades que pertenecen al ámbito público.
Entonces, las aportaciones a ESSALUD y ONP son tri- butos. Actualmente tenemos la referencia específica en el Código Tributario. En efecto, la norma 11 del Có- digo Tributario prevé que "Las aportaciones que ad- ministra el Instituto Peruano de Seguridad Sociai-IPSS- y la Oficina de Normalización Previsional -ONP- se ri- gen por las normas de este Código, salvo aquellos as- pectos que por su naturaleza requieran de normas es- peciales, los mismos que serán señalados por Decreto Supremo".
Además, el artículo 14.2 de la Ley 27056 prevé que la administración de las aportaciones al régimen contri- butivo de la salud se rige por el Código Tributario, de conformidad con la norma 11 de dicho cuerpo legal.
Veamos ahora las notas específicas de los mismos. Para ello, podemos utilizar lo expuesto en el Código Tribu-
tario. Esta norma define al impuesto como << ••• el tri- buto cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado>>. Por su parte, señala que la contri-
el tributo cuya obligación tiene como
hecho generador beneficios derivados de la realización
bución es «
de obras públicas o de actividades estatales». Final-
mente, define a la tasa como«
gación tiene como hecho generador la prestación efec- tiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente».
el tributo cuya obli-
Ante estas definiciones, los pagos a ESSALUD y ONP - de cargo del empleador, cuando se trata del SOR- revisten la calidad de impuestos ya que el empleador, como contribuyente, no obtiene beneficio ni recibe del Estado un servicio público. En efecto, las prestaciones de seguridad social que generan el pago de las apor- taciones a ESSALUD y ONP son realizadas en favor de
los trabajadores, y no en favor del empleador, no exis- tiendo beneficio para el empleador ni una contraprestación directa de cargo del Estado que se efectúe con motivo o como consecuencia de ese pago,
y que nos lleve a pensar que puedan constituir contri- buciones o tasas.
Reconocida doctrina avala esta posición, entre la que
podemos citar al tratadista Di no Jarach 23 , quien
respecto a la naturaleza de los aportes y contribucio-
nes de seguridad social, señala que«
to el concepto de que se trate de contribuciones espe- ciales por tratarse de impuestos sobre sueldos y sala- rios y sobre el monto de las remuneraciones pagadas
al personal, respectivamente», agregando que «
criterio clasificatorio por el cual los aportes y contribu- ciones de seguridad social deberían considerarse como contribuciones especiales no merece aceptación, por razones de definición, ya que para nosotros la contri- bución especial tiene como característica el beneficio diferencial que el contribuyente obtiene de una obra
pública o de una actividad estatal. La disociación entre las obligaciones esperadas pero sujetas a término y a condiciones, nos induce a aceptar la naturaleza de impuestos para dichas obligaciones tributarias».
creemos inexac-
Concluimos, por tanto, que las cotizaciones a ESSALUD
y ONP -de cargo de los empleadores- constituyen, con- forme a la legislación vigente, impuestos.
Por otro lado, las cotizaciones a la ONP que realizan los trabajadores para efectos previsionales (SNP), cali- ficarían como contribuciones, en la medida que los tra- bajadores que efectúan los aportes son quienes se benefician de los mismos al obtener la respectiva pen- sión de jubilación. En esta línea, existe un beneficio directo para los trabajadores aportantes por el pago mensual de las cotizaciones a la ONP.
La administración de la Seguridad Social ha tenido ra- dicales variaciones en los últimos años. Seguidamen- te, exponemos la administración peruana en la Seguri- dad Social.
1. Administración estatal, privada o mixta, y administración general o por contingencias
En términos generales, la administración, en mayor o menor grado, recae en el Estado. Como apunta Al mansa Pastor 24 , el Estado es el administrador de la Seguridad Social, mediante una administración direc- ta o indirecta, con órganos propios o supervisados por éste.
23 JARACH, Dino. "'Finanzas Públicas y Derecho Tributario"'
224 24 ALMANSA PASTOR, José. Op. Cit. p. 148.
Reimpresión de la primera edición. Buenos Aires, 1983. p. 252.
Por ello, lo relevante es que exista un sistema de enti- dades entrelazados orgánicamente. La unidad de ges- tión permite una mejor planificación, dirección, coor- dinación, organización, control y la economía en los gastos de la administración 25 .
La administración tradicional de la Seguridad Social recaía en eiiPSS que era el organismo del Estado, simi- lar al Banco de Previsión Social uruguayo -autónomo, reconocido por la Constitución de 1979 y de gobierno colegiado-, que atendía todas las necesidades y con- tingencias que se cubrían para el régimen general y para la mayoría de los regímenes especiales. Empero, con las reformas operadas en nuestro sistema jurídico y atendiendo al principio de subsidiariedad que supo- ne que el Estado debe delegar la administración y so- lamente encargarse de cubrir las contingencias que no pueden ser administradas por entes privados, la admi- nistración se ha dispersado enormemente.
No se observa el principio de unidad de la Seguridad Social en el actual ordenamiento peruano. Existen va- rios organismos gestores y entes administrativos -su- pervisores o no-, pero no necesariamente existen co- ordinaciones, normas sistemáticas e integradas en un núcleo administrativo ni, mucho menos, en palabras de Ermida Uriarte, una planificación indicativa que ca- racteriza al principio de unidad de la seguridad sociaf2 6 .
En efecto, se aprecia que, actualmente, la administra- ción recae en ESSALUD -salud-, en las EPS -supervisa- das por la SEPS, para la salud privada-, en la ONP - pensiones públicas-, en las AFP -pensiones privadas- y su ente supervisor y en las compañías privadas de se- guros -riesgos laborales-. A ello, deben agregarse los regímenes especiales del Estado -como las cajas de pensiones de los militares-.
Más todavía, los riesgos de salud son administrados por ESSALUD que depende del MTPE. Las EPS son con- troladas por la SEPS, que depende directamente del Ministerio de Salud. Los riesgos previsionales públicos están a cargo de la ONP que depende del Ministerio de Economía, así como la SBS que supervisa los fon- dos previsionales privados.
Antes eiiPSS era la institución donde se resumía el princi- pio de unidad de la Seguridad Social. Su máximo órga- no, el Consejo Directivo, estaba integrado por un órgano tripartito: representantes de trabajadores, empleadores y del Estado, siendo estos últimos los que lo presiden.
Con la Ley 27056, ESSALUD cuenta también con un Consejo Directivo que está integrado por tres repre- sentantes del Estado, tres representantes de los
empleadores y tres representantes de los trabajadores. Este órgano es quien dirige ESSALUD, aprueba los ba- lances generales así como el presupuesto anual, dicta las políticas generales en concordancia con la política nacional de salud, etc.
Siguiendo otros sistemas, como el argentino, las facul- tades administrativas -concretamente la fiscalización- que tienen ESSALUD y la ONP fueron asumidas por la SUNAT en el mes de julio de 1999. Más todavía, en la Carta de Intención al Fondo Monetario Internacional, el Perú había manifestado que deseaba trasladar parte de las funciones administrativas de ESSALUD a la SUNAT.
2. Administración privada de los fondos de pen- siones
a. Administradoras de fondos de pensiones
Las AFP son empresas privadas, constituidas como so- ciedades anónimas, dentro del régimen privado, y cuya finalidad es la administración e inversión de los apor- tes previsionales de sus afiliados así como la adminis- tración y entrega de los beneficios que reporta el siste- ma previsional. Tienen un solo objeto social: la admi- nistración de fondos de pensiones. A diferencia del sistema argentino, las AFP se encargan directamente de cobrar los aportes al SPP.
Ahora bien, la productividad de las AFP no está rela- cionada directamente con los resultados de las inver- siones que se realizan por los aportes previsionales, sino que se derivan de los pagos por comisiones -cal- culadas sobre la remuneración del trabajador- que efec- túan los afiliados por la administración e inversión de
los fondos previsionales y, por ello, en última instan- cia, la rentabilidad de la AFP estará supeditada, princi- palmente, al monto de las remuneraciones de los afi- liados, el número de afiliados y la relación entre afilia-
dos y aportantes 27 .
Las principales actividades de las AFP en el sistema peruano son las siguientes:
Administración de la Cuenta de Capitalización Individual. De las aportaciones que se realizan por jubilación y seguro de invalidez y sobrevivencia, las AFP deben administrar e invertir adecuadamen- te tales aportaciones y obtener los mayores índi- ces de rentabilidad.
Inversión de los Fondos Previsionales. Debidamen- te supervisadas, las AFP t'1enen una serie de posi- bilidades para realizar inversiones en los diversos instrumentos financieros autorizados por la SBS.
25 RENDÓN VAZQUEZ, Jorge. "Derecho de la Seguridad Social"
26 ERMIDA URIARTE, Osear. "Autonomía, descentralizaCión y participación". En: Revista de Direito do Trabalho. No. 59. Sao Paulo, 1986. p. 46.
27 AA. VV. Reformas a los Sistemas de Pensiones en Argentina, Ch1le y Perú. Santiago, 1996. p. 176.
Lima, Tarpuy, 1992. p. 75.
(iii) Otorgar y administrar los beneficios previsionales. Una vez que el trabajador se jubile u ocurran las contingencias que originan el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, las AFP deben cumplir con sus respectivas prestaciones y aceptar la mo- dalidad de jubilación que elija el trabajador.
Todas estas actividades están supervisadas por la SBS, organismo creado especialmente para este fin, y que se financia con los aportes -que tienen carácter tribu- tario- que realizan las propias AFP.
b. Obligatoriedad, libre elección, competencia y transferencias
La relación jurídica de la Seguridad Social se constitu- ye ope legis, por mandato legal imperativo y automá- tico28. En este sentido, todos los trabajadores depen- dientes deben estar incorporados en uno de los dos regímenes de Seguridad Social que se aprecia en el ordenamiento jurídico peruano.
Existe un pleno sistema de libre elección, respecto del sistema previsional: los trabajadores pueden optar por incorporarse al SPP o al SNP voluntariamente al inicio de la relación laboral y, en caso de optar por el SPP, elegir la AFP que estimen conveniente. Las normas es-
tablecen que los
trabajadores tienen 1O días, desde el
inicio del contrato de trabajo, para indicar al empleador si están afiliados -o deseen afiliarse- al SNP o SPP.
Actualmente, salvo expresión en contrario del trabaja- dor, el empleador debe afiliarlo al SPP cuando se inicia la relación laboral. Durante la relación laboral, el tra- bajador afiliado al SNP puede optar por incorporarse al SPP, inclusive -según un pronunciamiento de la SBS- esta posibilidad está permitida en los casos de suspen- sión de la relación laboral.
Hasta el 31 de mayo de 1996 fue posible la desafiliación del SPP y el retorno de los trabajadores al SNP si se trataba de varones mayores de 55 años de edad y de mujeres mayores de 50 años o, si con independencia del número de aportaciones, el trabajador no tuviera
al bono de reconocimiento 29 .
Por otro lado, es importante advertir que las AFP de- ben, necesariamente, afiliar al trabajador sin que pue- dan limitar el acceso del trabajador estableciendo re- quisitos no previstos por la SBS. Más todavía, las AFP pueden hasta ser sancionadas con la cancelación de su licencia de funcionamiento si no cumplen con afi- liar a los trabajadores. Para la afiliación, se suscribe el
contrato de afiliación, que es una suerte de contrato con cláusulas generales, que contiene los principales derechos y obligaciones del trabajador y de la AFP. Con
la afiliación, el trabajador recibe un Código Único de
Identificación del SPP (CUSPP)
Un problema -compartido por los países latinoamerica- nos- que debe ser resuelto lo constituye el alto nivel de trabajadores informales o "cuentapropistas" y los tra- bajadores independientes. A este nivel, los índices son altos pero las tasas de afiliación mínimas. En este senti- do, se deberían efectuar reformas para incorporar siste- mas normativos que permitan el acceso a la Seguridad Social de tales trabajadores, teniendo en cuenta el ca- rácter expansivo de la Seguridad Social y que los límites del Derecho Laboral están cambiando de sitio 30 . Entre estas medidas, están los mecanismos eficaces de fiscali- zación -actualmente, el MTPE podría efectuar directas fiscalizaciones a los empleadores, si se suscribe un con- venio con las AFPs-, la imposición de remuneraciones mínimas o máximas asegurables, etc.
Con relación a los traspasos de AFP, es factible siem- pre y cuando el trabajador acredite seis aportaciones mínimas consecutivas al SPP, abone los gastos del tras- paso, comunique a la AFP que abandona con anticipa- ción y se observen los demás requisitos previstos en las normas previsionales.
1. Función reguladora
la medida que la Seguridad Social es definida como
conjunto integrado de medidas públicas de ordena-
ción de un sistema de solidaridad para la prevención y remedio de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente evaluables, y que tienden a la protección general de toda situación de necesidad, garantizando un nivel mínimo de rentas 31 , resulta trascendente tratar sobre las funciones y res- ponsabilidades del Estado.
No existe una unidad gestora con una pluralidad de
entes, dado que las funciones están repartidas en ór- ganos que gozan de autonomía: ESSALUD, ONP, AFP, compañías de seguros y EPS y entes reguladores como
la SEPS y la SBS.
A la fecha, la participación de los trabajadores en la
administración de la Seguridad Social solamente apa-
28 ALMANSA PASTOR, José. Op. Cit., p. 258. 29 No obstante ello, a la fecha de término de redacción de este artículo, el Congreso ha aprobado un Proyecto de Ley que, hasta el 31 de julio de 2005, permite la libre desafiliación de los trabajadores del SPP al SNP siempre que, de acuerdo a las normas del SNP, puedan obtener una pensión de jubilación. 30 PLA RODRIGUEZ, América. "Personas protegidas, asegurados y beneficiarios". En: AAW. Instituciones de Derecho del Traba¡o y de la Seguridad Social. AIBDTSS y ANAM. México, 1997. p. 648.
226 31 ALONSO OLEA, Manuel y José TORTUERO PLAZA Op. Cit p. 38.
rece regulada por ESSALUD, en la medida que partici- pan en el Consejo Directivo, aunque con poca inci- dencia en las importantes decisiones que se toman. En los demás entes, la administración o es pública -SBS, SEPS, ONP- o es privada -AFP, compañías de seguros,
Lo más relevante -y novedoso- del sistema son los en- tes reguladores. Una de las reformas más importantes que se aprecia en el sistema económico peruano es la
entes reguladores: SU NAS S (saneamien-
to), OSIPTEL (telecomunicaciones), OSINERG (electrici- dad), SUNAT (tributos y aduanas), etc. han sido crea- dos para regular la prestación de servicios públicos que realizan entes privados.
De la mano con la privatización y el retiro del Estado en la prestación de diversos servicios públicos, se crea- ron diversos entes reguladores del Estado para contro- lar la prestación de tales servicios por parte de los en- tes privados. Los entes estatales, que tienen la calidad de "Superintendencia" u "Organismo", reemplaza- ron a la participación del Estado en la prestación de servicios públicos por medio de diversas empresas e instituciones.
Ahora bien, siguiendo a Al mansa Pastor, podemos decir que las entidades gestoras son los entes públicos instrumentales de los que se vale el Estado para desa- rrollo de la Seguridad Social 32 . En este marco, la SBS (pensiones) y la SEPS (salud) son instituciones autóno- mas novedosas en las que existe una tutela adminis- trativa sobre los agentes públicos y privados de ges- tión; la supervisión plena del sistema corresponde al Estado por medio de la SBS y la SEPS.
2. Funciones controladora y ejecutora
A través de diversos organismos, el Estado controla y regula el cumplimiento de los objetivos y principales dispositivos en materia de Seguridad Social. Para ello, ESSALUD y la ONP se encargan de emitir normas so- bre salud y pensiones públicas, respectivamente, y la SBS y SEPS sobre pensiones y salud privadas, respecti- vamente.
La SBS y SEPS son organismos autónomos pero no tie- nen nivel constitucional. Empero, las normas que re- gulan su funcionamiento, les confieren plena respon- sabilidad para regular, controlar e intervenir en el sis- tema privado previsional y de salud.
Así, la SBS y SEPS se encargan de brindar autorizacio- nes, información a los afiliados, controlar y fiscalizar las inversiones que se realizan, apreciar las atenciones que brindan las EPS y AFP a los afiliados, sancionar los
incumplimientos a las normas imperativas, etc. Por su parte, ESSALUD y la ONP tienen similares funciones de control, administración y ejecución en los sistemas públicos de salud y pensiones.
como apunta Schwarzer 33 , dentro del sis-
tema previsional privado -también aplicable al sistema de salud privada-, siempre debe existir una regulación
estatal dado que debe regular, supervisar y garantizar el sistema previsional privado.
Seguidamente, describamos como ejemplo a la segu- ridad social en salud. Actualmente, en diversos países de la región existe una sola entidad reguladora de la salud que se encarga de garantizar y proteger adecua- damente el servicio de salud con la finalidad de mejo- rar la calidad de las prestaciones y los servicios, conte- ner los costos administrativos y operativos, y de mejo- rar la eficacia y eficiencia de los programas de salud. Entre estos países se encuentran: Argentina (Superintendencia de Servicios de Salud), Colombia (Superintendencia Nacional de Salud) y Paraguay (Superintendencia de Salud), por lo general estas enti- dades son organismos adscritos al Ministerio de Salud con personería jurídica cuyo objeto es el de regular y controlar a los actores del sector, y asegurar el cumpli- miento de las políticas del área para la promoción, pre- servación de la salud de la población.
En nuestro país, existen propuestas referidas a la crea- ción de una Superintendencia Nacional de Salud (SNS) encargada de autorizar, regular y supervisar, con fa- cultades sancionatorias y coactivas, el adecuado fun- cionamiento de las entidades que prestan servicios de salud con infraestructura propia o de terceros.
Así las cosas, el ámbito de supervisión de la SNS versa- ría sobre el funcionamiento de las entidades que pres- tan servicios de salud, llámense: establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, profesionales en medicina, odontología, farmacia o cualquier otra rela- cionada a la salud, empleadores, entidades que pres- tan servicios de salud prepagos y entidades financieras de prestaciones de Seguridad Social con infraestructu-
ra propia o de terceros.
X. A TÍTULO DE CONCLUSIONES
Como hemos visto, existe una desconcentración fun- cional a tal extremo que no se produce todos los de- seados niveles de coordinación entre las entidades que se encargan de regular las diferentes áreas de actua- ción de la Seguridad Social tales como la fiscalización, el concepto de remuneración asegurable, los cruces
11 ALMANSA PASTOR, José. Op. Cit p. 166. 33 SCHWARZER, Helmut "Los sistemas de JUbilaoones en Aménca Latina". En: Revista Asesoría Laboral No. 75. Lima, marzo de 1997. p. 17.
de información necesaria para determinar los aportes, los fraudes, etc. En la seguridad social en salud es don- de, tal vez, se presenten las mayores distorsiones ad- ministrativas.
Pese al mandato del Decreto Ley 19990, Ley del SNP, no se produjeron estudios actuariales ni se realizaron inversiones que permitieran conservar en términos reales el fondo de reserva creado especialmente para
el futuro. Las rentas netas, que debían ser, cuando
menos, la tasa de interés del sistema financiero a plazo fijo menos los gastos de administración, nunca se alcanzaron. A título ilustrativo, una de las inversiones realizadas fue en el sector inmobiliario; sin embargo,
políticas como los bajos alquileres o las ventas a asegurados a ESSALUD que tuvieron gruesa morosidad causaron el fracaso de las inversiones.
En un interesante estudid 4 , se prevén reales problemas de financiamiento de los sistemas previsionales antiguos, en la medida que el nivel de las aportaciones está disminuyendo en relación inversamente proporcional al número de jubilados de tal manera que,
si no se realizan reales estudios actuariales, no se
mejoran los sistemas de inversión de los montos aportados, no se reducen los índices de evasión, no se establece una disciplina fiscal respecto de los montos recaudados, entre otras medidas, el sistema estatal
previsional (SNP) colapsaría. Tales estudios actuariales
y estadísticos deben tomar en consideración las
relaciones entre los trabajadores afiliados y pensionistas, las edades de los trabajadores -ingreso al trabajo, jubilación y fallecimiento-, las proyecciones de crecimiento así como la tasa de inflación, la tasa de crecimiento, etc. Sólo de esta manera, se crearán bases sólidas, permanentes y equitativas, adecuadas a las necesidades generales y especiales de la población, con fuentes de financiamiento durable y confiable. Es, pues, necesaria una reforma que contemple todos estos criterios dentro de la reforma del Estado.
Al respecto, el conocido informe del Banco Mundial ha calificado como una "cuestión política fundamen- tal", el establecimiento de pilares múltiples, esto es,
un equilibrio entre los sistemas de redistribución pú- blica -financiada con impuestos- y de capitalización pri- vada, que deberán tener una administración y financiamiento independientes, suplementados con
tido, se propone que el Estado asuma la obligación de financiar la concesión de pensiones mínimas. Las pen- siones mínimas existen a nivel del SNP y, en aplicación del principio de igualdad ante la ley, se deberían con- ferir pensiones mínimas en el SPP.
voluntarios de los trabajadores 3 s. En este sen-
Pese a ello, lo urgente es la reforma constitucional del Decreto Ley 20530. No tenemos mayor opción:
estamos ante una necesaria reforma por los costos que implica, la inequidad que representa, la falta de financiamiento y las reformas del empleo público.
14 BERNEDO ALVARADO, Jorge. "Proceso demográfico y agotamiento de los seguros sociales". En: Revista Análisis Laboral No. 251 1998, p. 21 y siguientes. 3 ' BANCO MUNDIAL. Envejecimiento sin cris1s. Washington, 1994. pp. 270-274.
Lima, mayo de
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