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Timestamp: 2020-08-09 22:25:34
Document Index: 335002338

Matched Legal Cases: ['artículo 396', 'artículo 396', 'artículo 422', 'artículo 246', 'in fine', 'artículo 104', 'artículo 69', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 74', 'artículo 69', 'artículo 24', 'artículo 426', 'artículo 24', 'artículo 421', 'artículo 307', 'artículo 421', 'artículo 69', 'e contrario', 'artículo 24', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 341', 'artículo 339', 'artículo 24', 'artículo 338', 'artículo 37', 'artículo 427', 'artículo 246']

Sentencia nº 1087 de Suprema Corte de Justicia, del 20 de Noviembre de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 734143557
Sentencia núm. 1087
Distrito Nacional, hoy 20 de noviembre de 2017, años 174° de la
Sobre los recursos de casación interpuestos por Wesli Michel Carmina
Méndez, dominicano, mayor de edad, miembro de la Policía Nacional,
portador de la cédula de identidad y electoral núm. 003-0110256-2,
domiciliado en la calle Principal núm. 8, C., municipio de Baní,
provincia Peravia, recluido actualmente en la cárcel pública de Baní Hombres; y F.A.R.N., dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0120643-8,
domiciliado y residente en la calle A., núm. 18-B, V.L.,
municipio de San Juan de la Maguana, provincia S.J., recluido
actualmente en la cárcel pública de la 3ra. Brigada de Infantería de San Juan
de la Maguana, contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00214, dictada por
Cristóbal el 18 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;
de los Santos Ubrí, defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en
audiencia del 12 de junio de 2017, a nombre y representación del recurrente
F.A.R.;
M.A.P.S., en representación del recurrente W.M.C.M., depositado el 22 de septiembre de 2016, en la
W. de los Santos Ubrí, defensores públicos, en representación del
recurrente F.A.R.N., depositado el 3 de octubre de 2016,
Visto la resolución núm. 1215-2017, dictada por esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 2 de marzo de 2017, la cual declaró admisible
los recursos de casación interpuestos por F.A.R.N. y Wesli
Michel Carmona Méndez, y fijó audiencia para conocerlo el 12 de junio de
deliberado, y visto la Constitución de la República Dominicana; los Tratados
Internacionales en materia de Derechos Humanos somos signatarios, asi
omo los artículos 393, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código
Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de
Resulta, que el 24 del mes de marzo de 2015, la Licda. Marinel
Guillermina Brea Tejada, procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Peravia,
presentó acusación y solicitud de auto de apertura a juicio en contra de los
mputados F.A.R.N. y W.M.C.M., por
el hecho de que “En fecha 31 de octubre de 2014, aproximadamente a las 11:00
horas de la mañana, en su condición de Raso de la P.N., conjuntamente con los
Tenientes de la Policía Nacional, R. y el civil P., se transportaron en una
camioneta de color rojo a la finca de portón azul, en donde estaba residiendo el señor
S.F. y su concubina señora O.L., quienes estaban en la casa que
está a su vez en el interior de la finca localizada en el Distrito Municipal de Villa
Sombrero, ciudad de Baní, y al penetrar a la residencia, los imputados Raso Wesli
Michel Carmona Méndez y F.A.R., cuestionan a los ocupantes que
quien es el propietario de la misma y al contestar el señor S.F.M.
de que era el, en ese instante el segundo le realiza varios disparos impactándole
mortalmente y a su vez el primero dispara mortalmente a la señora O.L., todo
esto en presencia de sus hijos menores de edad”; dándole el Ministerio Público a
estos hechos la calificación jurídica de violación a las disposiciones de los
artículos 265, 266, 184, 185, 198, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los señores S.F.M.L. y
O.L.A.M.; artículos 265, 266, 184, 185, 186, 303 y 309 del
Código Penal Dominicano en perjuicio del señor S.G.M.L.;
y artículos 396 de la Ley 136-03 y 303 del Código Penal Dominicano, en
perjuicio de los adolescentes K.A.A. de 16 años de edad y S.M.M.A. de 13
Resulta, que el 8 del mes de julio de 2015, el Juzgado de la Instrucción
del Distrito Judicial de Peravia, dictó el auto núm. 128/2015, mediante el
Público y dictó auto de apertura a juicio, contra los imputados Fabio Aníbal
Ramírez Nin y W.M.C.M., por presunta violación a las
disposiciones de los artículos 265, 266, 184, 185, 198, 295, 296, 297, 298 y 302
del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los señores Santo Florentino
Méndez Lara y O.L.A.M.; artículos 265, 266, 184, 185, 186,
303 y 309 del Código Penal Dominicano en perjuicio del señor Santo Guarín
Méndez Lara; y artículos 396 de la Ley 136-03 y 303 del Código Penal
Dominicano, en perjuicio de los adolescentes K.A.A. de 16 años de edad y
S.M.M.A. de 13 años de edad;
Resulta, que el 18 del mes de enero de 2016, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Peravia, dictó la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-010, cuyo dispositivo
” PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada al hecho por el Juez de la Instrucción de los artículos 265, 266, 184, 185, 198, 295, 296, 297, 299, 302, 303 y 309 del Código Penal y 396 de la Ley 136-03 sobre el Código del Menor, adecuando la calificación por los artículos 185, 198, 295, 304 párrafo II, 303 y 309 del Código Penal y el artículo 396 de la Ley 136-03 sobre el Código Menor; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano W.M.C., por haberse presentado pruebas suficientes que violentara los artículos 185, 198, 295, 304 párrafo II, 303 y 309 del Código Penal Dominicano y 396 de la Ley 396 del Código del Menor, en perjuicio de la señora O.L.A.M. y el señor S.G.M.L. y los menores de iniciales K.A.A y S.M.M.A, en consecuencia, se condena a veinte (20) años de prisión, más al pago de las penales; TERCERO: En relación al procesado F.A.R.N., se declara culpable de violar los tipos penales establecidos en los artículos 185, 198, 295 y 304 párrafo II del Código Penal y el artículo 396 de la ley 136-03 sobre el Código del Menor, en perjuicio del señor S.F.M.L. y los menores de iniciales K.A.A y S.M.M.A, en consecuencia, se condena a veinte (20) años de prisión, declara las costas penales eximidas; CUARTO: Acoge como regular y válida la constitución en actor civil presentada por las víctimas en cuanto a la forma, en cuanto al fondo condena al procesado W.M.C., al pago de una indemnización de quinientos mil pesos (RD$500,000.00), a favor del señor S.G.M.L.; QUINTO: En cuanto a V.A.A.M. y J.A.M.O., se condena al procesado W.M.C., al pago de una indemnización de dos millones de pesos (RD$2, 000,000.00), por su hecho personal; SEXTO: Por las señoras F.L., Santa Eudilia M.L., J.A.M.L., M.Á.M.Z., J.A.M.L. y S.L.M.L., condena al procesado F.A.R.N., al pago de una indemnización a dos millones de pesos (RD$2,000,000.00), por su hecho personal; SÉPTIMO: Condena a los procesados al pago de las costas civiles a favor de los abogados concluyentes y que tienen ganancia de causas; OCTAVO: Fija lectura para el día nueve (09) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016). Vale cita para las partes presentes”;
poderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00214, objeto del presente recurso de casación el 18 de agosto de 2016, cuyo
“ PRIMERO : Rechaza los recursos de apelación interpuestos fechas: a) diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. M.A.P.S., quien actúa a nombre y representación del ciudadano W.M.C.M.; y b) treinta (30) del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), por el Licdo. W. de los S.U., quien actúa a nombre y representación del ciudadano F.A.R.N., en contra de la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-010, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia, y por efecto de lo establecido en el artículo 422 del Código Procesal Penal, la sentencia recurrida queda confirmada; SEGUNDO: Condena al recurrente W.M.C., al pago de las costas del procedimiento de alzada, en virtud de lo establecido en el artículo 246 del Código Procesal Penal. en cuanto al imputado F.A.R.N., se exime del pago de las costas penales del procedimiento, por estar asistido por un abogado de la defensoría pública; TERCERO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la ejecución de la Pena de éste Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines de lugar correspondientes; CUARTO: La lectura integral de la presente sentencia vale notificación para todas las partes convocadas para el día de hoy, en audiencia de fecha veintiuno (21) del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), y se ordena expedir copia de la presente a los interesados ”;
Considerando, que el recurrente W.M.C.M. alega
Primer Motivo : Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia. Que si observamos el fallo en una de las sentencias anteriores emitidas por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, específicamente en la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00183, de fecha 21 de julio de 2016, en la página 9 parte in fine vemos cuando la Corte de Apelación establece entre otra cosa: los jueces son soberanos para darle credibilidad a lo que ellos entiendan que se ajusta a la verdad, lo cual no puede ser criticado por los jueces de casación salvo la desnaturalización de lo dicho por el testigo. Sentencia del 10 de octubre del año 2001, No. 41 B.J. no. 1091, página 488. Que si observamos la sentencia condenatoria que fue confirmada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, vemos que en el numeral 17, de la página 20, que hoy se recurre, los jueces a-quo, establecen entre otra cosa lo siguiente: Que ha sido evidente ante este plenario, que tanto los acusados como el fallecido S.F.M.L., tuvieron participación en la balacera con sus respectivas armas, además han dejado por cierto que mediante el análisis de comprobación de balística y residuos de pólvora de fecha 3 de noviembre del año 2014, con numeración 4899-2014, según el cual la experticia concluye que fueron analizadas las armas de fuego que estaban asignadas a los acusados por sus condiciones de oficiales de la P.N., así como el arma de fuego propiedad del occiso S.F.M.L., en comparación con los casquillos y proyectiles recuperados en el lugar de los hechos, mediante inspección de lugar, dando como resultado que real y efectivamente las tres armas fueron disparadas, agregando a esta cuestión probada, que el acusado F.A.R.N., no ha negado su participación directa, admitiendo que infirió el disparo al occiso S.F.M.L., que le causó la muerte, declaraciones que tienen validez por haber sido expresadas en presencia de su abogado, libre y voluntariamente, tal y como lo dispone el artículo 104 del Código Procesal Penal. contradicción con el fallo anterior de la Corte de Apelación en las sentencias que hemos depositados en el anexo: es que la sentencia que hoy se recurre en el numeral 10 de la página 16, los jueces de la Corte de Apelación Penal de San Cristóbal, para confirmar la sentencia dada por el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia, lo motivan diciendo lo siguiente: que al manipular la escena del crimen los autores tuvieron tiempo suficiente para construir pruebas que pudieran beneficiarse posteriormente, pero que al quedar las mismas sin sustento de legitimidad y sin prueba testimonial que las pudieran corroborar, los hechos probados son los determinados por los testigos oculares declarantes ya enunciado en otra parte de esta sentencia, denegando los jueces de la Corte de Apelación de San Cristóbal el valor que los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia, de manera soberana le dieron a la sentencia confirmada por esta; Segundo Motivo: Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. Podemos observar claramente la contradicción e ilogicidad que existe entre el testimonio de la víctima en calidad de testigo Santo Guarín Méndez Lara, con las motivaciones de los jueces a-quo, y los jueces del Tribunal Colegiado de Distrito Judicial de Peravia, vierten en su sentencia de marras solo para justificar una condena, que ha sido violatoria al derecho y a las normas constitucionales, ya que es ilógico que si el imputado W.M.C.M., es la persona que saca a la víctima S.G.M.L., hacía el patio y lo tortura según dice la misma víctima en calidad de testigo, y quien además en su testimonio de manera clara estableció yo no vi quien le disparó a la señora (refiriéndose a la occisa O.L.A.M., quien le disparó a mi hermano fue F.A.R.N., y sigue justificando que él no vio quien le disparó a la señora porque uno de los imputados lo sacó para el patio (refriéndose al imputado W.M.C.M., por lo que los jueces no están llamados a condenar a ninguna persona por creencia o por suposición, sino mas bien en base a prueba que destruyan la presunción de inocencia que tiene todo imputado de acuerdo a la Constitución de la República, como lo establece en su artículo 69, numeral 3, toda vez que textualmente dice así: el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. Los jueces a quo para condenar a una pena de 20 años de reclusión, lo hicieron mediante una motivación, llena de contradicción e ilogicidad. Además, honorables magistrados, ante esas contradicciones manifiestas en la sentencia que hoy se recurre debe imperar para los jueces a favor del imputado del artículo 25 del Código Procesal Penal Dominicano en cuanto a la interpretación que establece en sus párrafos II y III, que es lo siguiente: la analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. En esta sentencia de marras violatoria a este artículo y muchos más así como a la Constitución se ha utilizado este artículo en el sentido contrario, suposición a favor de la víctima o no a favor del imputado como lo establece la norma y por demás sin ninguna prueba que establezca que fue el imputado W.M.C.M., que le dio muerte a la señora O.L.A.M.. En cuanto a la autopsia practicada al cuerpo de la occisa O.L.A.M., otro documento que valoran como medio de prueba pericial, dejando de lado honorables magistrados que ese documento autopsia, es un medio de prueba certificante de que la señora O.L.A.M. está muerta no así vinculante ni al imputado W.M.C.M., ni a ninguna otra persona. Honorables magistrados, si nos detenemos y observamos el artículo 24 del Código Procesal Penal, los jueces no motivaron de una forma clara y precisa la fundamentación y las pruebas testimoniales para evacuar la sentencia de marras que condenó a veinte años de prisión al imputado W.M.C.M., ya que existe una contradicción entre la valoración y la motivación que dan los jueces al testimonio de la víctima en calidad de testigo S.G.M.L., con lo que los jueces a-quos dejan establecido en su sentencia de marras. Por demás honorables magistrados ha sido violado el artículo 74, numeral 2, de la Constitución de la República Dominicana, en cuanto al principio de razonabilidad, toda vez que no quedó demostrado en el juicio en base a prueba, que el proyectil que le quitó la vida a la hoy Occisa, haya sido del arma del imputado W.M.C.M., quien le dio muerte a la señora O.L.A.M.; Tercer Motivo: Desnaturalización en la determinación de los hechos y en la valoración de la prueba. Que resulta una desnaturalización de los hechos fijados en la sentencia del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Previa, cuando los jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, establecen en la sentencia que hoy se recurre, en su numeral 10, página 16, que los imputados fueron quienes construyeron sus pruebas para que lo beneficiaras, por lo que los jueces a-quos en el presente caso han desnaturalizado los hechos y le han dado un valor probatorio erróneo, por lo que una sana crítica estamos en la presencia de una decisión arbitraria y constituyendo una violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de ley que establece el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, como también desnaturaliza en toda su esencia el artículo 24 del Código Procesal Penal, por lo que resulta que esta decisión judicial no presenta y no dan cuenta de los móviles psicológicos que indujeron a los juzgadores a tomar una decisión y mucho menos presentan argumentos válidos para hacer aceptable una decisión y mostrar su adecuación al marco jurídico vigente
Considerando, que el recurrente F.A.R.N. alega en
Único Medio : Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, por falta de motivar o estatuir con relación a varios de los medios propuestos y por ser la sentencia contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia y la propia Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal. En el caso del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano F.A.R.N., la Sala Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal no se pronunció sobre varios aspectos contenidos en el medio de impugnación relativo a la “falta manifiesta en la motivación de la sentencia, artículo 24 del Código Procesal Penal, en lo concerniente a que el tribunal de primer grado no contestó la petición que le formulara la defensa en sus conclusiones en torno a la suspensión de la pena, lo cual fue desarrollado amplia y debidamente, de manera específica de la página 13 hasta la 19. El ciudadano F.A.R.N. a través de su defensa técnica denunció que el tribunal de alzada inobservó la norma anteriormente citada al momento de responder la solicitud en torno a la suspensión condicional de la pena, en el entendido de que se limitó a establecer, que el Tribunal de primera instancia al rechazar los alegatos de la defensa técnica de los imputados y producir sentencia condenatoria como se ha dicho, con ello y por razonamiento a contrario, rechaza dicho tribunal el petitorio de suspensión condicional de la pena hecho por el encartado el cual fue respondido como se ha explicado anteriormente (ver considerando núm. 12), sobre este particular es válido señalar, que aquí se manifiesta la falta de estatuir en la sentencia, puesto que el hecho de que el tribunal independientemente de hallar culpable al imputado de los cargos que se le imputan no lo exime de responder la segunda causal propuesta por el abogado del acusado, consistente en el otorgamiento de la suspensión condicional de la pena, ya sea total o parcial, pues una cosa no tiene que ver con la otra, si el tribunal encontró culpable al imputado debió referirse indefectiblemente a las razones o a los motivos que tuvieron para rechazar o admitir la suspensión condicional de la pena, situación que evidentemente no hizo. Que al apoyar la Corte a-quo este razonamiento del Tribunal de primera instancia y no tomar su propia decisión acerca del medio de impugnación planteado incurrió en el vicio que hemos mencionado precedentemente, en el sentido de que no contestó lo sugerido por la defensa, sino que trajo a colación análisis por los juzgadores recurridos. Que de igual modo, pusimos de relieve ante la Corte de Apelación que el tribunal no ofreció los argumentos, es decir, no hizo públicas las razones por las cuales decidieron condenar al encartado a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, otro de los vicios obviamente que contiene la sentencia de marras. Que con relación a esta petición, la alzada establece que el tribunal de primer grado expuso de manera implícita los criterios para justificar la pena, ya que expresa que la condena será en proporción a los hechos probados. Sobre esta reflexión que realiza el referido Tribunal, la defensa es del firme criterio, que independientemente de la alegada infracción cometida por el justiciable, la pena debe ser fundamentada, toda vez que si un juez entiende que hay culpabilidad en un imputado, el quantum de la pena debe estar motivada, no podemos dejar a la íntima convicción del juzgador la imposición de la pena. Resulta que cuando esta Sala Penal de la Suprema se avoque a conocer el presente recurso de casación podrá percatarse que la Corte a-quo, al momento de decidir el recurso de apelación presentado por el ciudadano F.A.R.N., no se refiere a los aspectos antes señalados y que fueron esgrimidos en el escrito contentivo del indicado recurso de apelación, con lo cual se demuestra, no solo la falta de estatuir, sino además la contradicción de la sentencia hoy recurrida con el precedente constante de esta honorable Sala Penal relativo a la obligación de las Cortes de dar respuestas a cada uno de los medios invocados por la parte recurrente, aún sea para desestimarlo, tal y como lo confirmó en la sentencia de fecha 21 de mayo 2012, recurrente J.A.Q.. Y también a la contradicción de la propia Corte de Apelación en lo referente a la falta de motivación de la sentencia en cuanto a la pena a imponer, decisión que señalamos y desarrollamos más arriba, de fecha 8 del mes de diciembre de 2015, recurrente Y.O.P., sentencia núm. 294-2015-00274” ;
En Cuanto al recurso de casación interpuesto por W.M.C.M.:
los siguiente: “El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba,
contenido hasta prueba en contrario
Considerando, que el artículo 421 (modificado por la Ley núm. 10-15 del 10
de febrero de 2015. G.O. No. 10791). del Código Procesal Penal establece:
Audiencia. La audiencia se celebra con la presencia de las partes y sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el fundamento del recurso. En caso de no
comparecencia se aplican las normas establecidas al efecto por el artículo 307 del
presente código. En la audiencia, los jueces pueden interrogar al recurrente sobre las
cuestiones planteadas en el recurso. La Corte de Apelación apreciará la procedencia
de los motivos invocados en el recurso y sus fundamentos, examinando las
actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar la forma en
que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. De no
tener registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en
procedencia del motivo invocado, y la valoración en relación con el resto de las
actuaciones. De igual manera, podrá valorar en forma directa la prueba que se haya
introducido por escrito al juicio. La Corte de Apelación resuelve, motivadamente,
con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes. Decide al
concluir la audiencia o, en caso de imposibilidad por la complejidad del asunto,
dentro de los veinte días siguientes”;
Considerando, que establece el imputado recurrente Wesli Michel
Carmona, que la sentencia de la Corte a-qua es contradictoria con un fallo
dictado por esa misma Corte y de la Suprema Corte de justicia,
fundamentado su medio en que “los jueces de la Corte de Apelación de San
Cristóbal denegaron el valor que los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia, de manera soberana le dieron a las pruebas, mientras que en
decisión anterior había dicho la Corte que los jueces son soberanos para darle
credibilidad a lo que ellos entiendan que se ajusta a la verdad, lo cual no puede ser
riticado por los jueces de casación salvo desnaturalización de lo dicho por el
testigo”; contradicción que no se advierte en el caso de la especie, toda vez
que la actuación de la Corte consistió en examinar la forma en que los jueces
de juicio apreciaron las pruebas, la fundamentación de la sentencia del
primer grado y los medios del recurso de apelación, dándole respuesta de
forma lógica y conforme a la normativa procesal penal vigente, respetando
la inmutabilidad del proceso, no advirtiendo esta Segunda Sala que en el
caso de la especie exista contradicción por parte de la Corte a qua al
examinar las pruebas presentadas por la parte acusadora y valoradas por el
ribunal de juicio, para verificar los medios invocados por el recurrente en
su escrito de apelación, toda vez que la misma actuó conforme lo establece
el artículo 421 del Código Procesal Penal;
Considerando, que en cuanto a la valoración probatoria hecha por el
tribunal de juicio, la Corte a-qua estableció lo siguiente: “Que no obstante el
criterio externado por el recurrente en su recurso, el Tribunal a-quo valoró todos los
medios de pruebas presentados, tanto de manera individual como en su conjunto,
dando cumplimiento a los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, el cual ponderó las declaraciones de los testigos Santo Guarín Méndez Lara y los
adolescentes de iniciales K.A.A. y M.M.A.; declarando el primero y así lo recoge la
sentencia condenatoria hoy recurrida en la página 5, entre otras cosas, “…entonces
después que le disparan a mi hermano el segundo que está ahí (refiriéndose al
imputado W.M.C.) está parqueando un motor que venía entrando, la
ex cuñada mía está detrás y se abaja para salir abajada y él (refiriéndose al imputado
W.M.C.) le dispara y con la pistola en la mano, él me dice a mí ponte
de rodilla sino quiere que te mate y me da un disparo en la pierna derecha y terminé
de caer …”; esas declaraciones fueron valoradas por el Tribunal a quo para
establecer la responsabilidad penal del imputado W.M.C., ya que este
testigo afirma que vio cuando dicho imputado disparó a la señora hoy víctima; que el
ribunal a quo en el considerando número 20 de la página 21, al valorar esta prueba
testimonial expone: “Otra circunstancia claramente establecida se trata de que la
señora O.L.A.M. resultó herida de bala al dispararle el acusado
W.M.C., cuando ella salió al patio detrás de su hija menor de
iniciales S.M.M.A., la cual salió aterrada desde adentro de la vivienda, cuando se
produjo la balacera entre el occiso y el agente F.A.R.N., y se
esconde detrás de la casa. En ese instante, su madre decide ir a su auxilio pero es
impactada por la espalda, específicamente en su hombro derecho, sin ninguna
justificación, disparo este que tuvo una entrada con salida por la cara anterior
externa del mismo brazo, causándole la herida que le ocasionó la muerte, circunstancias y acusación que se puede demostrar con las declaraciones de la
víctima en calidad de testigo, señor S.G.M.L., el cual estaba
siendo torturado por el mismo agente en las inmediaciones del patio que rodea la
vivienda, además de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima y que ha sido
valorada como prueba pericial en el presente proceso”. Como podemos observar el
ribunal a-quo estableció la responsabilidad penal de este imputado recurrente en
base a la valoración de los medios de pruebas presentados en el juicio y esta Corte no
advierte que el mismo haya actuado en base a la discrecionalidad, o en base a pruebas
obtenidas ilegalmente o que indiquen que la sentencia recurrida presente una falta,
contradicción e ilogicidad en la motivación de la misma, tampoco esta Corte ha
advertido violación al artículo 69.4 de la Constitución de la República; por lo que
procede rechazar el indicado recurso. Que en lo referente al medio de prueba
consistente en análisis de comparación de la balística, con la que se demostró en el
juicio que fueron disparadas tres armas de fuego, tanto la de los dos acusados Fabio
Aníbal Ramírez Nin y W.M.C., como la del occiso Santo Florentino
Méndez Lara, con la cual la defensa del recurrente W.M.C., trata de
justificar que este medio de prueba fue erradamente valorado por el tribunal a-quo,
en el sentido de que su defendido no fue la persona que le disparó a la occisa Olga
Lidia Arias Mercedes, exponiendo que quien lo hizo fue su esposo ya herido cuando
le disparó a F.A.R.N., al verificar lo establecido por los testigos,
anto el señor S.G.M.L., como los menores de edad de iniciales K.A.A. y S.M.M.A., todos coinciden en declarar y señalar con precisión que los
autores de las muertes de las víctimas indicadas fueron los imputados recurrentes y
dicen cual fue la participación de estos en este hecho, ninguno de los testigos
expresan que el testigo S.F.M.L. hiciera disparos, que esta
versión la presentan los imputados como medio de defensa, que el hecho de que el
arma del occiso aparezca disparada, esto no es suficiente para establecer que lo
hiciera él, máxime cuando el disparo mortal, según la autopsia hecha a su cadáver
fue el que se le introdujo por la región frontal derecha y salida en región occipital
derecha, que de acuerdo a los testigos fue el primero que recibió dicha víctima; que al
tener el control del lugar y la escena del crimen, nada impidió a que dichos agentes
una vez cometido los hechos, manipularan la misma, toda vez que ellos levantaron
los cadáveres, los trasladaron al hospital, lo cual se puede evidenciar por lo declarado
por el médico legista, Dr. W.L., testimonio que está recogido en la sentencia
recurrida, quien informa que vio los cadáveres para efectuar su respectiva acta, en la
morgue del hospital, así como al verificar las fotografías de la escena del crimen,
donde se observan los rastros y las manchas de sangre que dejaban los cuerpos
cuando eran arrastrados; que al manipular la escena del crimen, los autores tuvieron
tiempo suficiente para construir pruebas que pudieran beneficiarles posteriormente,
pero al quedar las mismas sin sustento de legitimidad y sin prueba testimonial que
las pudieran corroborar, los hechos probados son los determinados por los testigos
oculares declarantes ya enunciados en otra parte de esta sentencia, en base de los cuales se produjo la sentencia condenatoria en contra de ambos co-imputados, por lo
que se descarta la alegada errónea valoración de los medios de pruebas que alega este
recurrente y con ello, como se ha expresado, el recurso de apelación incoado por el
imputado W.M.C.”;
Considerando, que esta Alzada, luego de examinar el recurso y la
decisión impugnada, no ha observado ilogicidad ni desnaturalización en
cuanto a la valoración probatoria, toda vez que, según se advierte del
considerando arriba indicado, la Corte examina los medios del recurso de
apelación, en cuanto a la valoración probatoria, y lo rechaza, dando motivos
claros, precisos y pertinentes tanto en la ocurrencia de los hechos así como
en el derecho aplicable, según se advierte de la lectura y análisis de la
sentencia recurrida, pudiendo advertirse que en el caso de la especie se
aplicó de manera correcta las reglas de la sana crítica, al valorar las pruebas
que sustentaron la acusación presentada por el Ministerio Público tras un
análisis de pertinencia, legalidad y suficiencia;
apreciadas en el juicio de fondo, donde ha de practicarse la inmediación, bajo la sana crítica racional, salvo el caso de desnaturalización de los hechos,
lo cual no se verifica tras el estudio de los planteamientos de la Corte a-qua
al dar respuesta a los medios invocados;
motivos suficientes y pertinentes para fundamentar su decisión, donde
según se desprende de los hechos fijados por el Tribunal de juicio y
confirmado por la Corte de Apelación, el acusador presentó pruebas más
que suficientes, las cuales destruyeron la presunción de inocencia que le
asistía al imputado, pruebas estas que en el marco de la libertad probatoria,
facilitó el esclarecimiento de los hechos, sin que se aprecie arbitrariedad por
parte de los jueces;
Considerando, que aún cuando establece el recurrente, que en la
sentencia impugnada se observa contradicción e ilogicidad entre el
testimonio de la víctima en calidad de testigo, señor Santo Guarín Méndez
Lara, con las motivaciones de los jueces a-quos, este argumento procede ser
rechazado, toda vez que lo que sí pudo advertir esta alzada, tal y como lo
estableció la Corte a-qua, fue que la víctima y testigo presencial, el señor
S.G.M.L. señala de manera directa al imputado Wesli
Michel Carmona Méndez como la persona que le dispara a la señora O.L.A.M.; por lo que contrario a lo que alega el recurrente, la
sentencia impugnada no resulta infundada, toda vez que la Corte a-qua
expuso de forma clara, los motivos en que sustenta su decisión, explicando
las razones por las cuales rechazó el recurso de apelación de este recurrente,
no advirtiéndose que exista una errónea valoración de las pruebas ni
violación al debido proceso; tal y como se comprueba con las pruebas que
fueron valoradas por el tribunal, las cuales le merecieron credibilidad, por
entenderlas sinceras y que las mismas sirvieron para confirmar la acusación
presentada en contra del imputado; en especial las declaraciones del testigo
víctima, quien fue muy claro y preciso a la hora de identificar al imputado,
... yo estaba ahí el 31, estaba trabajando con el hermano mío montando una puerta,
eran las once y era viernes y entró él (refiriéndose al imputado Fabio Aníbal
Ramírez Nin) con la pistola en la mano y lo primero que dijo fue que cuál es el
dueño de la finca y mi hermano le dije que era él y le dio un solo tiro y mi hermano
cayó, entonces después que le disparan a mi hermano el segundo que está ahí
(refiriéndose al imputado W.M.C.) está parqueando un motor que
venía entrando, la ex cuñada mía está detrás y se abaja para salir abajado y él
(refiriéndose al imputado W.M.C.) le dispara y con la pistola en la
mano él me dice a mí ponte de rodillas mamaguevo si no quiere que te mate y me da
un disparo ahí (señalando la pierna derecha) y terminé de caer. …
; declaraciones estas que aunadas a los demás medios de pruebas, comprobaron la
responsabilidad del imputado en los hechos endilgados, las cuales
resultaron suficientes para romper la presunción de inocencia que le asistía
al recurrente W.M.C.M.; por lo que esta S. es del
criterio que la Corte a-qua actuó conforme al derecho al confirmar la
decisión de primer grado; razones por la cuales procede rechazar el recurso
de casación interpuesto por este imputado;
En cuanto al recurso de casación interpuesto por F.A.R.N.:
Considerando, que establece el recurrente, que la sentencia
impugnada resulta manifiestamente infundada, por falta de motivar o
estatuir con relación a varios de los medios propuestos y por ser la sentencia
contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia y la
ropia Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal;
Considerando que el artículo 24 del Código Procesal Penal establece lo
mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de
los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El
incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme
lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar”;
Considerando, que del examen y análisis de la sentencia recurrida se
comprueba que la Corte a-qua para desestimar el recurso de apelación
interpuesto por F.A.R.N., expuso los motivos siguientes:
Que con relación al recurso de apelación presentado por el imputado Fabio Aníbal
Ramírez Nin, en el que alega en síntesis, en su primer medio, la violación de la Ley
por inobservancia de una norma jurídica, el artículo 29 literal b de la Ley 96-04, ley
Institucional de la Policía, argumentando que dicho imputado se encontraba
realizando una misión; dicho literal establece textualmente: b) Los miembros de la
Policía Nacional no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa
propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves,
con el propósito de evitar la comisión de un hecho particularmente grave que
entrañe una seria amenaza para la vida y/o la seguridad del Estado, con el objeto de
detener a una persona que presente ese peligro y oponga resistencia y sólo en caso de
que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En
cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea
estrictamente inevitable para proteger una vida; al verificar la sentencia impugnada
a la luz del texto legal que en este primer motivo alega dicho recurrente y observar las circunstancias del caso, de acuerdo a las pruebas aportadas en el juicio de fondo,
en el mismo no se observaron ninguna de las circunstancias que señala el indicado
literal b, del artículo 29 de la Ley Policial, vigente a la ocurrencia de los hechos, que
justifican el uso de su arma de reglamento, ya que si verificamos las declaraciones
del testigo directo Santo G.M.L., este declaró ante el Tribunal a-quo y
así lo acogió dicho tribunal, entre otras cosas: “… estaba trabajando con el hermano
mío montando una puerta, él eran las once y era viernes y entró él (refiriéndose al
imputado F.A.R.N.) con la pistola en las manos y lo primero que
dijo fue cual es el dueño de la finca y mi hermano le dijo que era él y le dio un solo
tiro y mi hermano cayó …”. Como se observa en estas declaraciones en ningún
momento tuvo la vida del recurrente en peligro, tampoco la de otras personas, no
estaba protegiendo una vida cuando hizo uso de su arma de reglamento, ya que no
mediaron palabras más que saber cuál era el dueño de la finca para de una vez
dispararle, como lo hace constar el testigo indicado, que así las cosas no se violó la
ley, de manera específica el literal b del artículo 29 de la ley de policía vigente
cuando ocurrieron los hechos núm. 96-04, como erróneamente alega este recurrente,
por lo que se rechaza este motivo. Que con relación al segundo y tercer medio del
recurso, donde el recurrente F.A.R.N., alega en síntesis, falta
manifiesta en la motivación de la sentencia, fundamentándose en que el Tribunal de
Primer Grado no contestó la petición que le formulara la defensa en sus conclusiones
en torno a la suspensión total de la pena, en la que le solicita al tribunal que si encuentra responsabilidad penal en contra del encartado, en combinación con el
artículo 341 del Código Procesal Penal y la ley policial, tenga a bien suspender la
pena de manera total y falta manifiesta en la motivación de la sentencia, en el
sentido de que al momento de imponer la pena el tribunal no explicó en su sentencia
las razones por las cuales decidieron condenar al imputado a sufrir una pena de
veinte años de reclusión mayor, que el tribunal ni siquiera mencionó tan solo uno de
los criterios para la determinación de la pena establecidos en el artículo 339 del
Código Procesal Penal; en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal; estos
dos últimos motivos los reunimos para ser contestados de manera conjunta dada que
en ambos se alega la falta manifiesta en la motivación de la sentencia, en lo que tiene
que ver con la suspensión total de la pena solicitada por la defensa en sus
conclusiones formales, los jueces del Tribunal a-quo le respondieron en el numeral
28 de la página 24, al establecer, entre otras cosas: “…En tal sentido procede
rechazarse los alegatos de la defensa por improcedentes, mal fundados y carentes de
base y pruebas legales, pronunciándose el tribunal conforme dicta el artículo 338 del
Código Procesal Penal …”; por lo tanto al rechazar los alegatos de la defensa técnica
de los imputados y producir sentencia condenatoria como se ha dicho, con ello y por
razones “a contrari”, rechaza dicho tribunal el petitorio de suspensión de la pena
hecho por el encartado y el cual fue respondido como se ha explicado anteriormente.
Que con respecto a la falta de motivación en cuanto a los criterios para la
determinación de la pena, en la parte final del indicado numeral 28, la sentencia establece: “…En consecuencia, se determina que las pruebas son legales y suficientes
para pronunciar una sentencia condenatoria, declarándolos culpables y
condenándoles en proporción a los hechos probados y dentro del marco que establece
la ley penal sustantiva”; en esta última parte del indicado numeral, los jueces del
tribunal a quo establecieron de manera implícita los criterios para justificar la pena,
ya que expone que la condena será en proporción a los hechos probados, los cuales al
verificar la sentencia recurrida son de extrema gravedad, toda vez que se trata de la
pérdida de dos vidas humanas, siendo el bien jurídico más preciado y protegido como
derecho fundamental por la Constitución de la República en su artículo 37, el cual
fue resaltado por el Tribunal a-quo en el numeral 26 de la página 23, exponiendo
que “…este derecho no puede ser violentado por ninguna persona, bajo ninguna
circunstancia que indiquen la voluntad propia de hacerlo …”. Que es evidente que
el criterio que tomó el Tribunal a-quo para sancionar al imputado recurrente fue la
gravedad de los hechos y con este el daño causado a la sociedad en sentido general,
por lo que procede rechazar ambos motivos, por estar debidamente respondidos en la
sentencia recurrida”;
Considerando, que del fundamento arriba indicado, se puede
comprobar, que la Corte a-qua para desestimar el recurso de apelación
interpuesto por el imputado F.A.R.N., dio motivos
suficientes y pertinentes en los cuales se evidencia que examinó de manera coherente cada uno de los medios invocados, respondiendo a los mismos
con argumentos lógicos;
Considerando que en cuanto a las conclusiones presentadas por la
defensa en el sentido de que le sea suspendida al imputado la totalidad de la
ena, esta fue rechazada por el Tribunal de juicio, tal y como se establece en
el numeral 28 de la página 24 de su fallo, procediendo la Corte a rechazar
sus alegatos sobre la omisión, dando motivos pertinentes para el rechazo de
la misma, y con los cuales está conteste esta alzada;
Considerando, que el recurrente fue condenado por los tipos penales
establecidos en los artículos 185, 198, 295 y 304 párrafo II del Código Penal
Dominicano, luego de haberse probado en su contra la acusación
presentada por el Ministerio Público; de lo cual se advierte, que la pena
impuesta al imputado, está dentro de la escala legal establecida por la
normativa penal, la cual resulta justa y proporcional al daño cometido por
ratarse de un hecho grave y que la pena impuesta fue en proporción a los
hechos probados, por lo que la Corte al confirmar la decisión de primer
grado, actuó conforme al derecho, no advirtiendo esta Alzada la omisión
alegada por el recurrente; Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada se advierte un razonamiento lógico, y con el cual quedó claro y fuera de toda duda razonable la participación de los imputados en los hechos endilgados, pudiendo comprobar esta alzada, que la sentencia objetada, según se observa en su contenido general, no trae consigo los vicios alegados por los recurrentes en sus recursos de casación, razones por las cuales procede rechazarlos de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015.
Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”; por lo que procede condenar al recurrente W.M.C.M. al pago de las costas del procedimiento; y, en cuanto al recurrente F.A.R.N. procede a eximirlo del pago de las mismas por haber sido asistido por un abogado de la defensoría pública.
Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por W.M.C.M. y F.A.R.N., contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00214, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 18 del mes de agosto de 2016; Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;
Tercero: Exime al recurrente F.A.R.N. del pago de las costas por estar asistido de un defensor;
Cuarto: Condena al recurrente W.M.C.M. al pago de las costas del procedimiento;
Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de La Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.
Firmados) M.C.G.B.-F.E.S.S.-A.A.M.S.- HirohitoR.