Source: http://dhcolombia.info/spip.php?article738
Timestamp: 2017-04-30 16:39:00
Document Index: 294549856

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 222', 'artículo 220', 'artículo 220', 'artículo\n192', 'artículo 2', 'artículo 221', 'artículo 193', 'artículo 277', 'artículo 35', 'artículo 37', 'artículo 10', 'artículo 37', 'artículo 220', 'artículo 93', 'Artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 109', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 93', 'artículo 93', 'Artículo 14', 'Artículo 25', 'artículo 7', 'artículo 16']

El pacificador de urabá tendrá que afrontar a la justicia por paramilitarismo y crímenes contra la humanidad - Mi sitio SPIP
Portada del sitio > Paramilitarismo > El pacificador de urabá tendrá que afrontar a la justicia por (...)
D. C., marzo once (11) de dos mil nueve (2009).
Resuelve la Sala la demanda de revisión presentada por el Procurador 30 Judicial II de Bogotá, contra la
resolución proferida el 9 de marzo de 2004 por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual ordenó la preclusión de la investigación que se adelantaba al
General retirado Rito Alejo del Río
Rojas, procesado por los delitos de concierto para delinquir, peculado
sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión.
HECHOS DEL PROCESO A REVISAR:
demandada fueron resumidos en los siguientes términos:
Con motivo del enfrentamiento continuo y sostenido
entre las fuerzas armadas del Estado colombiano y grupos armados de personas
particulares, asociadas en las organizaciones subversivas FARC, ELN y EPL, el
nordeste antioqueño fue escenario en los primeros años de la década del
ochenta, del trabajo político y acciones violentas de tales agrupaciones.
En el año de 1988 comenzó a actuar en la región un
grupo de autodefensas ilegales, conocidas también como “paramilitares” y
autodenominados “muerte a revolucionarios del nordeste”, cuya finalidad era eliminar
a la guerrilla y a los opositores del sistema, especialmente miembros de la
organización política Unión Patriótica (UP), lo cual fueron realizando mediante
el homicidio y desaparición forzada de sus militantes. Parece ser que tales agrupaciones se originaron en el
Departamento de Córdoba, como reacción a los constantes secuestros, extorsiones
y abigeatos a que los grupos guerrilleros tenían sometidos a los ganaderos de
la región. De allí fueron extendiéndose hasta la región de Urabá y se consolidaron
en el nordeste antioqueño, principalmente en los municipios de Arboletes y San
A principios de 1995 los “paramilitares” empezaron a
actuar en el eje bananero, principalmente en el municipio de Turbo, el mas
grande de la zona, cuya cercanía al mar facilitaba el tráfico de armas y,
además, allí actuaba el grupo guerrillero disidente EPL. Posteriormente, entre
junio y julio irrumpieron en los municipios de Apartadó y otros del eje
bananero, donde realizaron variados y numerosos actos de violencia, entre los
cuales homicidios selectivos cuyas víctimas fueron unos sindicalistas.
En agosto de 1995 la zona experimentaba mucha
inseguridad por la matanza de campesinos, consecuencia del enfrentamiento los
días 12, 14 y 19 entre miembros de las FARC y grupos de “paramilitares”.
El 7 de septiembre de 1996, a las 3 a.m., en el corregimiento San José de Apartadó fueron muertos por un grupo de unos
cincuenta sujetos vestidos con prendas militares, los señores Juan González Almanza, Gustavo Loaiza Hincapié,
Samuel Arias Ramírez y María
Silva Usuga, aparentemente por haber participado en unas negociaciones
para el retorno a su lugar de origen de familias campesinas desplazadas.
En los años 1996 y 1997, según informa el sacerdote
jesuita Javier Giraldo Moreno
(or. 7 fl 22 y siguientes), los grupos “paramilitares” algunas veces en acción
conjunta con el Ejército Nacional, instalaron retenes ilegales, forzaron a
campesinos a abandonar las tierras, secuestraron y dieron muerte a numerosos
habitantes de San José de Apartadó, la cuenca del río Cacarica, Dabeiba
(Antioquia), Vigía del Fuerte y caseríos cercanos y Pavarandó y veredas
La zona donde se habían producido todos esos
reiterados actos de extrema violencia, pertenecía a la jurisdicción militar de la XVII Brigada del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), cuyas unidades tácticas
en el año de 1996 eran del Batallón de Infantería Voltígeros, Batallón de
Infantería Vélez, Fuerzas Especiales 1, Fuerzas Especiales 2, Fuerzas Armadas
de Colombia, grupo GAULA de Urabá y Batallones de Contraguerrillas 8, 11, 26 y
El 11 de diciembre de 1995 asumió el Brigadier General
Rito Alejo del Río Rojas el
comando de dicha Brigada del Ejército Nacional, la cual comprendía los
municipios de Mutatá, Chigorodó, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Juan, Arboletes,
San Pedro de Urabá, Río Sucio, Ungía y Acandí, todos ellos en la misma región
violenta, donde actuaban desde los años ochenta las mencionadas organizaciones
En atención a que el mencionado oficial estuvo como
comandante de dicha Brigada durante 1996 y 1997, se ha afirmado que éste pudo
haber prestado colaboración a los “paramilitares”, mediante la omisión de
procedimientos para combatirlos, facilitándoles medios para que pudieran actuar
libremente y conformando agrupaciones de esa naturaleza.
Con este fundamento fáctico se tomó la decisión de
abrir sumario contra el General (r) del
Río el 21 de julio de 2002, se le oyó en indagatoria y se le definió su
situación jurídica a través de resolución fechada 29 de mayo de 2003, por la
cual se abstuvo el Despacho de dictarle medida de aseguramiento. Vencido el
término máximo que permite la ley para instruir se declaró cerrada la
investigación, por lo que corresponde calificar el mérito probatorio de ésta.
Brigadier General (retirado) Rito Alejo
del Río Rojas fue conocido inicialmente por una delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la que luego de adelantar varias diligencias y acopiar material probatorio resolvió ordenar el 21 de
julio de 2001 la apertura de la instrucción y dispuso escuchar en indagatoria
al oficial citado para que respondiera por el delito de concierto para
delinquir por el patrocinio de grupos de justicia privada[1].
El militar retirado fue
escuchado en diligencia de descargos los días 24 y 26 de julio de 2001[2],
oportunidad en la que se le indicó el cargo por el cual debía responder[3],
y el 31 del mismo mes y año se profirió en su contra medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva como presunto autor del delito de concierto
para delinquir agravado[4].
aseguramiento quedó sin efecto por virtud de auto de 4 de agosto de 2001
proferido por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Bogotá, autoridad
que en trámite de hábeas corpus encontró violado el debido proceso
porque la investigación de los militares con grado de General corresponde al
Fiscal General de la Nación[5].
remitida por competencia al Despacho del Fiscal General de la Nación, quien en providencia de 9 de octubre de 2001 decretó la nulidad de la resolución de
apertura de instrucción, de la diligencia de indagatoria y de la medida de
aseguramiento proferida, y se dispuso rehacer la actuación, citar a indagatoria
al oficial superior y practicar pruebas[6].
Ante un fiscal delegado
se cumplió durante los días 5, 10 y 17 de diciembre de 2001 la diligencia de
indagatoria de del Río Rojas[7],
y el 29 de mayo de 2003 el Fiscal General de la Nación le resolvió la situación jurídica absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento[8]
porque no existía prueba suficiente para ello[9].
Concluido el ciclo
instructivo se decretó el cierre de la investigación y se procedió a calificar
el sumario -09/03/2004- con resolución de preclusión de la investigación. IV. LA PROVIDENCIA DEMANDADA
La demanda se dirige
contra la resolución de preclusión de la investigación proferida el 9 de marzo
de 2004 por el Fiscal General de la Nación, decisión por medio de la cual se feneció la instrucción que se adelantaba contra el General retirado Rito Alejo del Río Rojas, procesado por
los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de
dotación y prevaricato por omisión.
La providencia resume los
hechos y los alegatos presentados por las partes e intervinientes, enlista las
pruebas más relevantes, las valora, responde los alegatos de los sujetos
procesales y concluyó que
sin desconocer la ocurrencia de tantos y tan variados
hechos de violencia en la zona de jurisdicción de la Brigada XVII, debe declararse que la prueba allegada al proceso no demuestra que tales
ilícitos se debieran o se facilitaran, por alguna forma de participación del
mencionado oficial, por acción o por omisión. Consecuentemente, no existe
fundamento para acusarlo, sino por el contrario, para dictar en su favor
preclusión de la investigación, conforme lo ha solicitado el señor defensor y
el señor Procurador Delegado[10].
Previamente se había
señalado, en el análisis de la prueba, que
contra el General (r) Rito Alejo del Río no existe prueba suficiente para acusarlo
por los delitos de concierto para delinquir y peculado sobre bienes
de dotación[11],
y se reafirmó que
respecto del posible incumplimiento de sus deberes tampoco existía prueba para
responsabilizarlo de delito alguno[12].
El Procurador 30 Judicial
II en lo Penal, en cumplimiento de comisión conferida por el Procurador General
de la Nación, con fundamento en la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 instauró ante esta Corporación demanda de revisión contra la resolución
proferida el 9 de marzo de 2004 por el Fiscal General de la Nación.
Se exponen en el libelo
los hechos y la actuación procesal, se identifica el funcionario que profirió
la decisión cuestionada, se explica la causal invocada, señala los fundamentos
de hecho y de derecho, adjunta y solicita pruebas, acompaña unos anexos y pide
que se revise la resolución de preclusión para que sea dejada sin efectos.
Sobre la causal de
revisión propuesta recuerda el contenido de los artículos 220-3 de la Ley 600 de 2000 y 192-3 de la Ley 906 de 2004, así como la jurisprudencia constitucional
emitida con motivo del examen de exequibilidad de los citados preceptos.
Luego de transcribir in
extenso lo dicho por la Corte Constitucional resalta que para la procedencia de
la causal invocada se requiere (i) que se trate de procesos por graves
violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional
humanitario (DIH), (ii) que la justicia lo haya resuelto mediante sentencia o
resolución preclusiva y (iii) que se haya establecido mediante una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, cuya competencia es
aceptada por el Estado colombiano, un incumplimiento protuberante de las
obligaciones de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
presente asunto se encuentran reunidos los requisitos (i) y (ii), pero en
cuanto al (iii) precisa que ninguna autoridad internacional ha emitido pronunciamiento,
circunstancia que no es óbice para que la Procuraduría General de la Nación haya constatado, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales y legales, al establecer con prueba sobreviniente -las
versiones libres de los paramilitares Héber
Veloza García, Salvatore Mancuso y Jorge
Iván Laverde Zapata-, que la resolución preclusiva a favor del procesado
del Río Rojas no se fundó en
prueba completa y por ello es una decisión aparente.
Para sustentar la
legitimación de la Procuraduría para promover la presente acción destaca las
funciones constitucionalmente asignadas al Ministerio Público, que se
concentran en la guarda y promoción de los derechos humanos, que en desarrollo
de la misma vela por el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos y que el principio del non bis in ídem es
1. Mediante auto de 9 de septiembre de
2008 se admitió el libelo al estimarse que el mismo satisfacía los presupuestos
de adecuada sustentación exigidos por el artículo 222 del ordenamiento procesal
en cita, se procedió a requerir de la Fiscalía General de la Nación la remisión del proceso y se dispuso notificar a las partes e
2. El procesado fue notificado
personalmente, designó apoderado y mediante decisión del pasado 23 de
septiembre se le reconoció personería jurídica para intervenir y se abrió el
proceso a pruebas.
3. Luego de fenecido el término para
que las partes solicitaren pruebas, la Corte mediante auto de 30 de octubre de
2008 ordenó practicar las peticionadas por el Procurador demandante, una de las
pedidas por el defensor y otras de oficio.
4.1.1. La resolución de
4.1.2. Constancia de
4.1.3. Versiones libres
de Héber Veloza García, Salvatore
Mancuso y Jorge Iván Laverde
Zapata, rendidas ante Fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.
4.1.4. Comisión conferida
al actor por el Procurador General de la Nación.
4.2. La Corte decidió tener como prueba la declaración rendida el 5 de septiembre de 2008 por Elkin Casarrubia Posada, ante una
fiscalía delegada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
4.3. Con motivo del auto
de pruebas fueron allegados al proceso diferentes documentos, entre los que se
4.3.1. Sentencia de 28 de
octubre de 2004 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Cundinamarca, en la que se condena como coautor de concierto
para delinquir agravado a Jorge Iván
Laverde Zapata[13].
4.3.2. Informes de
Procuradores Judiciales sobre las declaraciones rendidas por Héber Veloza García, alias HH, ante
fiscales de la Unidad de Justicia y Paz[14].
4.3.3. Oficio
DGOP-SIES-GIDE-ARRAJ-766728 suscrito por el Coordinador del Grupo de Investigación
del DAS, en el que se da cuenta del récord judicial de Héber Veloza García, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata[15].
4.3.4. Sentencia de 15 de
julio de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Cúcuta, en la que se condena a Jorge
Iván Laverde Zapata como autor de homicidio agravado y homicidio
agravado en grado de tentativa[16].
4.3.5. Resolución de 29
de agosto de 2007 proferida por la Fiscal Segunda Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Bogotá, en la que se impone medida de
aseguramiento a Salvatore Mancuso Gómez
como autor mediato de varios homicidios agravados, terrorismo y concierto
para delinquir[17].
4.3.6. Resolución de 30
de mayo de 2008 proferida por la Fiscal Segunda Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de Bogotá, en la
que se impone medida de aseguramiento a Jorge
Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano” o “Pedro Fronteras”, o “Raúl”, o
“Sebastián”, como autor de homicidio en persona protegida y concierto
para delinquir agravado[18].
4.3.7. Oficio de 21 de
noviembre de 2008 suscrito por la auxiliar judicial del Juzgado Segundo Penal
del Circuito Especializado de Antioquia, en el que informa de los procesos
tramitados o en juicio que allí se han adelantado contra Héber Veloza García, alias “HH” o
“Carepollo”, o “Mono Veloza”, como responsable de homicidio[19]
y copia de dos fallos condenatorios por homicidio simple (11/11/2008) y homicidio
agravado (24/10/2008)[20].
4.3.8. Sentencia de 3 de
septiembre de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Antioquia, en la que se condena a Salvatore Mancuso Gómez como autor de homicidio agravado,
concierto para delinquir y hurto calificado y agravado[21].
4.3.9. Oficio de 20 de
noviembre de 2008 suscrito por el Fiscal Veintiuno Especializado de Bogotá, en
el que resume los hechos y la actuación cumplida en procesos adelantados contra
Héber Veloza García, alias “Hernán
Hernández”, o “HH”, o “Mono Veloza”, o “Carepollo”, como posible responsable de
los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desplazamiento
forzado[22].
4.3.10. Oficio de 21 de
noviembre de 2008 suscrito por la Jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, en el que resume los hechos y la actuación
cumplida en procesos adelantados contra Salvatore
Mancuso Gómez, como posible responsable de los delitos de
desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidios agravados
en las masacres de San Antonio de Palmito (Sucre) -05/06/1996- y Dabeiba
(Antioquia) -28/11/1998-[23].
4.3.11. Sentencia de 27
de noviembre de 2008 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Turbo, Antioquia, en la que se condena de manera anticipada a Héber Veloza García, alias “Mono
Veloza, o “Carepollo, o “Hernán Hernández”, o “HH”, como coautor de homicidio
agravado, homicidio simple y tentativa de homicidio simple,
correspondiendo los hechos a las acciones ejecutadas el 16 de abril de 2004 y
que concluyeron con la muerte del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil[24].
4.3.12. Oficio de 25 de
tramitados o en juicio que allí se han adelantado contra Salvatore Mancuso Gómez, alias “Mono
Mancuso”, como responsable de homicidio[25] y
copia de dos fallos condenatorios por quince homicidios agravados,
varios hurtos calificados y agravados y concierto para delinquir
a título de determinador (22/03/2003)[26] y homicidios
agravados, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado
(03/09/2008)[27].
4.3.13. Sentencia de 6 de
marzo de 2002 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado
de Cartagena, en la que se condena a Salvatore
Mancuso Gómez, alias “Mono Mancuso”, como responsable de concierto
para delinquir agravado[28], fallo
confirmado por el Tribunal Superior de Cartagena mediante decisión de 24 de
noviembre de 2004[29].
4.3.14. Sentencia de 28
de noviembre de 2008 proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se
confirma fallo de condena de primera instancia recaído en contra de Salvatore Mancuso Gómez, como
determinador de los delitos de homicidio en persona protegida, toma
de rehenes, daño en bien ajeno y concierto para delinquir[30].
4.3.15. Sentencia de 18
de octubre de 2007 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado -Descongestión OIT-, en la que se condena en primera instancia a Salvatore Mancuso Gómez, alias “El Mono
Mancuso”, o “José Miguel”, o “Triple Cero”, como determinador de los delitos de
homicidio en persona protegida, toma de rehenes, daño en bien
ajeno y concierto para delinquir (Caso del sindicalista Aury Sará Marrugo)[31].
4.3.16. Oficio
DAS.DGOP.SIES.GCRI.767638-1 suscrito por una funcionaria del DAS en el que se
transcriben versiones orales rendidas ante autoridades judiciales por parte de Héber Veloza García, Salvatore Mancuso
y Jorge Iván Laverde Zapata[32].
5. Una vez fueron practicadas las
pruebas ordenadas se concedió traslado común a las partes y presentaron
alegatos de conclusión el demandante, el defensor y la Procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal. VII. ALEGATOS DE LOS INTERVIENTES:
Reiteró los argumentos
centrales expuestos en la demanda que dio inicio a la presente acción y
enseguida dedicó sus esfuerzos a resaltar que para la fecha de ejecutoria de la
resolución de preclusión, 17 de marzo de 2004, estaba vigente el artículo 220
de la Ley 600 de 2000.
Insistió sobre los
presupuestos de la acción de revisión para hacer ver que se trata de un proceso
por violación de derechos humanos y que apareció prueba nueva que derrumba lo
resuelto en la resolución del Fiscal General de la Nación.
Considera que la Procuraduría General de la Nación tiene legitimidad constitucional y legal para promover la
revisión de lo resuelto por la Fiscalía a favor del procesado del Río Rojas. Insiste en que la falta
de pronunciamiento por parte de un organismo internacional de control no impide
al Ministerio Público, en los eventos en que se presenta una grave violación de
los derechos humanos, buscar la remoción de la cosa juzgada porque el fin
último de las instituciones está dado por la búsqueda de un orden justo. Dice que si se presenta
alguna contradicción entre normas legales (que para la acción de revisión
exigen el pronunciamiento de una instancia internacional) y constitucionales
(el Ministerio Público debe velar por la guarda y protección de los derechos
humanos), y darse prelación a las superiores, lo que permite entre otras cosas
que el Estado cumpla de manera expedita sus obligaciones internacionales aún
sin el pronunciamiento de la autoridad internacional.
Solicita declarar fundada
la acción de revisión en los términos de la demanda.
Alega una ineptitud de la
solicitud de revisión porque se apoya en la Ley 906 de 2004 siendo que el proceso se adelantó y consolidó en vigencia de la Ley 600 de 2000. Por lo anterior considera absurdo pretender una revisión sobre la base de una nueva legislación
que no estaba vigente para la época en que ocurrieron los hechos investigados y
decididos mediante preclusión de la instrucción.
concluye que el procedimiento a seguir y las causales a invocar son las del
estatuto procesal de 2000, codificación en la que no estaba consagrada la
causal invocada por el demandante y que en todo caso debe interpretarse en los
restrictivos términos de la sentencia C-004/03 de la Corte Constitucional.
prosperidad de la acción de revisión queda condicionada a la satisfacción de
a). Que los hechos
correspondan a conductas violatorias de derechos humanos o infracciones graves
al derecho internacional humanitario.
b). Que dentro de los
procesos se haya proferido sentencias, cesaciones de procedimiento o
preclusiones de la investigación.
c). Que una autoridad
judicial interna o una instancia internacional de supervisión y control de
derechos humanos, aceptada oficialmente por el gobierno nacional, mediante
decisiones constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del
Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas
Prepondera que el
incumplimiento de cualquiera de los anteriores requisitos genera un vicio que
mutila la vocación de prosperidad de la acción de revisión. Y como en el
presente asunto la demanda carece de algunos de los presupuestos enunciados la
misma no debe tener prosperidad. Recuerda que el concierto
para delinquir es el único de los delitos investigados que puede ser
considerado como infractor de los derechos humanos, lo que impide que los
efectos se extiendan respecto de otros delitos que no tienen tal calidad.
Adicionalmente destaca
que la demanda no acompañó la decisión de autoridad judicial interna ni la
decisión de instancia internacional de supervisión y control de derechos
humanos, en la que se constate el incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar, en forma seria e imparcial,
las mencionadas violaciones.
Dice que resulta
inadmisible tener como instancia de verificación en materia de derechos humanos
a la Procuraduría General de la Nación porque sencillamente no es órgano judicial y sus conceptos
ni siquiera son obligatorios.
nuevas dice que no reúnen tal requisito porque no establecen inocencia o
responsabilidad del procesado, con lo que no cumple los presupuestos de la
causal 3ª del artículo 220 de la Ley 600 de 2000.
que las pruebas nuevas han dado lugar a que la Fiscalía inicie nuevas investigaciones en contra del procesado, lo que desvirtúa la teleología de la acción de revisión que consiste en evitar la impunidad, el desconocimiento de la verdad y el derecho de las víctimas.
frente a la Ley 906 de 2004 existe ineptitud de la demanda porque el artículo
192-4 exige que exista el pronunciamiento judicial interno o de instancia
internacional, que en el presente asunto brilla por su ausencia.
En el acápite titulado
“otras argumentaciones” insiste en que la Procuraduría no es entidad del orden
judicial, presenta varias citas jurisprudenciales sobre la procedencia de la
acción de revisión, señala la necesidad de tener interés jurídico para promover
la acción y recuerda lo dicho por la Corte en materia de intangibilidad de las
Resume la situación
procesal del militar del Río Rojas
y lo dicho por los testigos que tiene en cuenta la Procuraduría para formular la demanda, para llegar al problema jurídico de la prevalencia de
derechos fundamentales -cosa juzgada, non bis in ídem y favorabilidad
frente al tránsito legislativo o coexistencia de leyes- que entran en
contradicción, reclamando que desde la perspectiva del procesado debe imperar
la favorabilidad.
Dice que la demanda
carece de consonancia, coherencia y lógica al fundarse en la necesidad de
protección a los derechos de las víctimas, pero se dirige a derruir la cosa
juzgada respecto de los delitos de peculado y prevaricato que
nada tiene que ver con tales sujetos.
Solicita que se declare
la improcedencia de la solicitud de revisión porque carece de los presupuestos
jurídico-materiales mínimos necesarios.
Primera Delegada en lo Penal:
La Agente del Ministerio Público presentó un
resumen de los hechos, narró los antecedentes procesales, resumió la demanda de
revisión y en sus consideraciones advirtió la legitimidad del agente delegado
que presentó la demanda.
Respecto de la causal
invocada enunció y explicó el cumplimiento de los requisitos exigidos: (i) que
se demande una sentencia o decisión similar; (ii) que surja prueba nueva no
conocida al tiempo de la investigación y los debates procesales -resumió lo
dicho por los testigos invocados en la demanda y señaló la manera como
demuestran la responsabilidad del procesado-; y (iii) explicó que los hechos
correspondían a un proceso por graves violaciones a los derechos humanos o
pronunciamiento judicial interno que haya constatado la omisión estatal en
investigar de manera seria e imparcial tales violaciones, indicó que la Fiscalía le había formulado cargos el 27 de octubre de 2008 a Héber Veloza García por los delitos de concierto
para delinquir agravado y desaparición forzada, entre otros, a
título de coautor, siendo víctimas Alcides
Torres Arias y Ángel David
Quintero Benítez, según hechos ocurridos en diciembre de 1995, cargos
que al ser aprobados por el Magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz, satisface el requisito introducido por vía jurisprudencial a la
pronunciamiento internacional por parte de una instancia de supervisión y
control de derechos humanos, cuya competencia haya sido aceptada por el Estado
colombiano, recuerda que ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos han sido elevadas numerosas peticiones
relacionadas con violaciones de derechos humanos ocurridas durante los años 1996 a 1997 en la Zona del Urabá Antioqueño y Chocoano, de lo cual han salido recomendaciones para el
Estado colombiano e informes en los que se ha reconocido la ocurrencia de
graves atentados a los derechos humanos.
Solicitó que se declare
fundada la causal de revisión invocada para que dejada sin efecto la preclusión
de la investigación, se proceda por parte de la Fiscalía Genera de la Nación a adelantar una investigación seria e imparcial.
Por mandato de los
artículos 75-2 y 32-2 de las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, respectivamente,
corresponde a la Sala de Casación Penal conocer de la acción de revisión que se
dirige contra la resolución de preclusión de la investigación ejecutoriada y
proferida por el Fiscal General de la Nación, como ocurre en el sub examine.
2. Problema jurídico a
La demanda propone la
necesidad de revisar una decisión de la Fiscalía bajo el amparo de hechos y prueba nueva. La causal invocada plantea la exigencia de unos requisitos que el defensor
del procesado considera ausentes; el Agente del Ministerio Público los
considera satisfechos por las funciones constitucionalmente asignadas a la Procuraduría General de la Nación y porque existen decisiones judiciales en el ámbito interno
y recomendaciones en el externo que satisfacen la exigencia jurisprudencial
materia de cuestionamiento por parte de la defensa.
En busca de la más
correcta solución se procederá a elaborar un marco conceptual general con el
propósito de determinar el alcance de la acción de revisión, sus límites
constitucionales y las exigencias de orden formal y material concurrentes que
posibilitan la remoción de la cosa juzgada que ampara la resolución demanda,
definir el contenido jurídico de las conductas punibles materia de revisión,
establecer la incidencia de la Ley de Justicia y Paz frente a los delitos
cometidos por servidores públicos y los derechos de las víctimas, constatar los
hechos nuevos y la prueba nueva aducida por el demandante, y, por último,
examinar el caso concreto para tomar la decisión que corresponda.
3. La acción de
revisión: 3.1. El marco jurídico de la acción de
revisión debe ser examinado a la luz del Preámbulo y el artículo 2° de la Constitución Política, preceptos en los que se señala que (i) la Carta fundamental se justifica en tanto ella sea instrumento que permita asegurar a la Nación la justicia y un orden social justo, de modo que (ii) uno de los fines esenciales del
Estado está dado por la necesidad de establecer la vigencia de un orden justo. 3.2. La necesidad de cohesión social a
partir de un orden justo plasmado en la Carta impone a los miembros de la judicatura la obligación de garantizar a los asociados la realización de
actividades dirigidas a desterrar toda forma de impunidad, que es la expresión
suprema del incumplimiento de los fines del Estado en la persecución del
delito. Por ello es que en el ejercicio de la función pública de administrar
justicia debe buscarse una relación de correspondencia objetiva entre la verdad
real y la verdad declarada en las sentencias[33].
semejante propósito los Estados han diseñado los procesos como mecanismos
específicos y reglados de comprobación de los hechos, de calificación de los
mismos como jurídicamente relevantes, de averiguación de sus autores y de la definición de sus responsabilidades de cara al derecho penal.
Pero hay eventos en que
el contenido de justicia material de los fallos no se consigue y ello se
evidencia una vez terminado el proceso. En esos casos la necesidad de justicia
es tan alta que la propia ley permite la remoción de uno de los pilares de la
cohesión social, la cosa juzgada de los fallos, elemento indisoluble de la
seguridad jurídica sobre la que se afincan las relaciones sociales[34].
Al ser probable que la
sentencia, condenatoria o absolutoria, o las providencias de preclusión o
cesación de procedimiento que se encuentren ejecutoriadas no contengan la
verdad histórica, originándose así una injusticia, el legislador penal
instituyó la acción de revisión como el mecanismo idóneo para remover la cosa
juzgada y declarar sin valor el fallo objeto de la acción, dictando la
providencia que corresponda o disponiendo tramitar nuevamente el proceso desde
el momento en que se indique, según la causal que la Sala encuentre fundada (art. 240 del C. de P.P. -de 1991-)[35].
En fin, y como lo dijo
esta Corte en la primera mitad del Siglo XX, el fin de la acción de revisión
es el restablecimiento de
la justicia, torcida en muchos casos, y dentro del terreno de la cosa juzgada,
por errores judiciales creados por motivos determinantes de ellos, y que la
ley, de manera genérica, indica como causa, fundamento o motivo para impetrar
la revisión[36].
3.3. El juez de la revisión espera que el
demandante cumpla los requisitos que el legislador consagró como mínimos para
activar la jurisdicción (artículos 222 de la Ley 600 de 2000 y 194 de la Ley 906 de 2004), pero mas que el análisis del
cumplimiento de unas reglas de debida técnica, como ocurría en el pasado con el
recurso extraordinario de casación, el examen que se debe hacer al asunto
sometido a revisión tiene que ver con la justicia realizada o la impunidad
consentida, reflejadas en lo resuelto por la jurisdicción.
Lo anterior habilita a la Corte en aras de una justicia material, que necesariamente debe dar prevalencia a lo
sustancial sobre lo formal, a examinar por vía de revisión y emitir un fallo de
fondo cuando empece de errores en la selección de la causal y la demostración
de la misma, se establece que en la sentencia, cesación de procedimiento o
preclusión de la investigación demandada, se cometió una injusticia que debe
Ello se hace más
perentorio cuando los crímenes juzgados son de aquellos que la humanidad toda
ha señalado como inadmisibles e intolerables, de modo que los graves y
sistemáticos ataques a los derechos humanos de una población, genéricamente
denominados como delitos de lesa humanidad, ameritan que la jurisdicción ordene
volver sobre un asunto debatido procesalmente cuando se condenó a un inocente o
se absolvió a un culpable.
4. La legitimidad del
4.1. En el presente asunto discute la
defensa una posible carencia de legitimidad por parte del demandante, con lo
que aproxima su tesis a pretérita legislación y jurisprudencia que facultaba
solamente al condenado y al Ministerio Público para incoar la acción de
revisión[37],
circunstancia superada en las legislaciones que entienden a la víctima como
actor principal del proceso penal.
Como el problema propuesto
corresponde en sus aspectos esenciales a otro que ya fue resuelto por la Corte, resulta procedente recordar lo dicho en esa oportunidad[38]:
… la Ley 906 de 2004, cuya aplicación procede en este
evento, mantiene en términos generales, una regulación similar a la que para el
trámite de la acción de revisión se contempla en la Ley 600 de 2000.
Es así como el artículo 221 de la última normatividad
citada, hace radicar la titularidad para su ejercicio en los sujetos procesales
con interés jurídico y que hayan sido reconocidos en el proceso penal.
Por su parte, el artículo 193 del Estatuto Procesal
Penal de 2004, establece que la acción de revisión podrá ser promovida por el
fiscal, el Ministerio Público, el defensor y demás intervinientes, siempre que
ostenten interés jurídico y hayan sido legalmente reconocidos dentro de la
actuación materia de revisión.
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, puede verificarse que el funcionario del Ministerio Público que presentó la demanda de
revisión, no es el mismo que intervino en el trámite adelantado ante la
justicia penal militar y, por consiguiente, en ningún momento fue legalmente
reconocido durante la actuación procesal.
Luego, si en el proceso en mención fungió como agente
especial del Ministerio Público el Procurador 241 Judicial I Penal de Bogotá,
podría decirse que su homólogo 7° Judicial II de la misma ciudad, carecía de
legitimidad para presentar la demanda y, por esa razón, debió inadmitirse.
Sin embargo, en este particular asunto, la legitimidad
del demandante deviene, no en razón a las funciones específicas que como sujeto
procesal le asignan las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, sino como consecuencia
de las facultades generales previstas en el artículo 277 de la Constitución Política, en cuanto señala:
General de la Nación, por sí mismo o por medio de sus delegados y agentes,
2ª) Proteger los
derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del
Pueblo… (resalta la Sala).
… la Procuraduría General de la Nación, como defensora de los derechos humanos…, atendiendo a que dicha protección “no constituye un acto
de caridad ni de liberalidad sino el cumplimiento y exigencia perentoria de
principios y deberes como los de responsabilidad y solidaridad social a cargo
del estado y sus servidores públicos (arts. 1° y 2° de la Carta Política)”[39],
Desde luego, entiende la Corte que esas facultades generales reclaman de asignación puntual de competencia para actuar
en el caso específico, dentro de los lineamientos que para el efecto consagra,
en el asunto examinado, la codificación penal adjetiva.
Pero, no puede pasarse por alto cómo aquí se analiza
un asunto que desborda el ámbito interno de regulación penal e incluso
constitucional, si se pasase por alto la forma dinámica que introduce el
llamado bloque de constitucionalidad y, entonces, si no ocurre que se
materialice alguna de las causales ordinariamente consignadas en nuestra
legislación positiva para el efecto, sino aquella que reclama directa
injerencia de un organismo internacional, elemental asoma que la exigencia
simplemente formal de atender al criterio o decisión autónoma del funcionario
del Ministerio Público que intervino en el proceso, además de insustancial se
determina inoficiosa y ajena al contenido material del derecho que se busca
Por lo tanto, no es dable discutir la legitimidad que
ampara al Procurador 7° Judicial II de Bogotá para incoar la demanda de
revisión en este asunto, en cumplimiento de la comisión expresa del Procurador
Ello a pesar de que en el desarrollo del trámite
adelantado ante la justicia penal militar, el Procurador 241 Judicial I Penal
de Bogotá que fungió como agente especial del Ministerio Publico, abogó en todo
momento por la absolución y desvinculación definitiva del sindicado Juan Bernardo Tulcán Vallejos. Posición
que, incluso, avala de mayor manera la tesis de la Corte, como quiera que resulta un contrasentido exigir de ese funcionario, o mejor, dejar a
su propia voluntad la decisión de interponer la acción, cuando es claro que ese
no es su querer y, finalmente, prima la recomendación del ente internacional,
fuente nutricia del trámite que ahora se finiquita.
4.2. En el presente asunto, además, por el
mandato expreso contenido en la Ley 975 de 2005[40],
estatuto en el que se asignó al Ministerio Público la representación de las
víctimas de los crímenes cometidos por los paramilitares[41],
se ha de concluir que sí corresponde a la Procuraduría General de la Nación -como defensora de los derechos humanos y representante
de las víctimas de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares (esa es
la implicación que se hace al procesado al atribuírsele el cargo de concierto
para delinquir agravado)-, buscar por medio de la acción de revisión que
se quiebre la cosa juzgada que recae sobre decisiones judiciales que han
posibilitado la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
—Adoptar medidas para
preservar los archivos y con ello evitar la impunidad (Ley 975/05, artículo
—Crear una Procuraduría
Delegada de Justicia y Paz (Ley 975/05, artículo 35). Y,
—Asistir a las víctimas
(Ley 975/05, artículo 37) y darles asesoría jurídica legal y orientación sobre
los derechos que les asisten, y adelantar las acciones encaminadas a asegurar
el reconocimiento de sus derechos dentro de los respectivos procesos (Decreto
4760/05, artículo 10°).
Cuando se examinó la
exequibilidad del artículo 37 ibídem, se dijo que Esta norma como todas las que regulan los
derechos de las víctimas en el proceso penal debe ser interpretada conforme al
estado actual de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional se
ha producido en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que actualmente
se encuentra superada la concepción reductora de los derechos de las víctimas a
una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las
víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia[42], comporta el reconocimiento de
que los derechos universales a la verdad, la justicia y la reparación, llevan
implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, en
desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva del carácter bilateral del
derecho a un recurso judicial efectivo en virtud del cual los derechos de las
víctimas no pueden verse menguados en relación con los que asisten al
procesado. La consideración contemporánea de la víctima como protagonista
activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección similares a los
de otros intervinientes en el proceso[43].
5. La causal de
revisión invocada:
5.1. Hace mención la demanda a la causal
tercera prevista en los artículos 220 de la Ley 600 de 2000 y 192 de la Ley 906 de 2004, normas en las que dispone la procedencia de la revisión
después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas,
no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del
condenado, o su inimputabilidad.
5.2. La citada disposición fue declarada
exequible por la Corte Constitucional[44]
en el entendido de que…
la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia
absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento
judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de
supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro
país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida
al tiempo de los debates. Igualmente…, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la
sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe
un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y
cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones (Negrillas agregadas).
permite afirmar que la acción de revisión, al amparo de la causal tercera del
artículo 220 de la ley 600 de 2000, también procede cuando una autoridad
judicial interna o una instancia internacional de supervisión de derechos
humanos, ha constatado la existencia de hechos nuevos o pruebas nuevas no
conocidas al tiempo de los debates, o el incumplimiento protuberante de las
obligaciones de investigación por parte del Estado, en procesos por violaciones
de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
que han terminado con preclusión de la investigación, cesación de procedimiento
o sentencia absolutoria.
5.4. En estas condiciones, ninguna
necesidad habría de acudir a la aplicación retroactiva de la ley 906 de 2004,
porque los presupuestos que se establecen en la causal cuarta del referido
estatuto para la procedencia de la revisión, vienen a ser sustancialmente los
mismos que se exigen para la remoción de la cosa juzgada, cuando una decisión
judicial deja en la impunidad un hecho constitutivo de graves violaciones a los
derechos humanos o de infracciones al derecho internacional humanitario,
conforme a la ampliación que de su alcance hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 2003. 6. Los delitos materia
Como ha quedado visto supra
el militar procesado ha sido favorecido con una decisión de archivo de las diligencias
en las que se investigan tres delitos: (i) concierto para delinquir,
(ii) peculado sobre bienes de dotación y (iii) prevaricato por
6.1. El concierto
para delinquir con fines de paramilitarismo es un delito de lesa humanidad:
La Corte ha señalado que el concierto para
delinquir con fines de paramilitarismo es un delito de lesa humanidad.
Sobre el particular en auto proferido por la Sala de Casación Penal como juez de segunda instancia en materia de Justicia y Paz, se indicó[45]:
Teniendo en cuenta que los reatos ejecutados por los
postulados se refieren a desapariciones forzadas, desplazamiento forzado,
torturas, homicidios por razones políticas, etc., y como dichos punibles se
entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad,
tal valoración se debe extender al denominado concierto para delinquir
agravado en tanto el acuerdo criminal se perfeccionó con tales propósitos.
Destaca la Sala que el Estatuto de Roma que dio origen
a la Corte Penal Internacional ha tenido en cuenta no sólo la conducta del
autor o de los partícipes sino que también ha considerado en especial la
existencia de propósitos dirigidos a cometer delitos de lesa humanidad, lo cual
significa que también deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas
preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo
como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto
para delinquir agravado. Para llegar a considerar a los responsables de concierto
para delinquir como autores de delitos de lesa humanidad deben estar
presentes los siguientes elementos[46]:
(i) Que las actividades públicas de la
organización incluyan algunos de los crímenes contra la humanidad; (ii) Que sus
integrantes sean voluntarios; y (iii) Que la mayoría
de los miembros de la organización debieron haber tenido conocimiento o ser
concientes de la naturaleza criminal de la actividad de la organización,
bases a partir de las cuales varios tribunales
internacionales y nacionales consideran que el concierto para cometer delitos
de lesa humanidad también debe ser calificado como punible de la misma
naturaleza[47], como
lo determina la Corte en este momento para el caso colombiano y con todas las
consecuencias que ello implica[48].
Ha de agregarse que al ordenamiento jurídico nacional
han sido incorporados diferentes tratados y convenciones, bien por anexión
expresa o por vía del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política), que permiten constatar que el concierto para delinquir sí hace
parte de los crímenes de lesa humanidad. Tal aserto se puede confirmar una vez
se revisa el contenido de los siguientes estatutos:
instigación directa y pública a cometer genocidio.
tentativa de genocidio.
complicidad en el genocidio.
(II). Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1984 (Aprobada mediante Ley 70 de 1986).
1. Todo Estado Parte velará porque todos los actos de
tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. (III). Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura (Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997).
empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen,
instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo
impedirlo, no lo hagan.
personas que a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se
refiere el inciso a. ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan
directamente o sean cómplices.
(IV). Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (Aprobada por la Ley 707 de 2001).
efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la
(V) Por último, en el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998
(Aprobado por medio del Acto Legislativo 2 de 2001 que adicionó el
Artículo 93 de la Constitución Política y Ley 742 de 2002), se establece en el artículo 25 que si bien la responsabilidad penal es de carácter individual también
responderá por los delitos de su competencia, quien a) Cometa ese crimen por sí solo,
con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente responsable; b) Ordene, proponga o induzca la
comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa; c) Con el propósito de facilitar la
comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de algún modo en
la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los
medios para su comisión; d) Contribuya de algún otro modo en
la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que
tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará: i) Con el propósito de llevar a cabo
la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la
comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o ii) A sabiendas de que el grupo
tiene la intención de cometer el crimen;
e) Respecto del crimen de genocidio,
haga una instigación directa y pública a que se cometa; f) Intente cometer ese crimen
mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el
crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo,
quien desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume
no podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si
renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.
Como quiera que el
militar procesado ha rendido descargos por un delito de lesa humanidad, la
consecuencia inmediata para el orden jurídico interno consiste en evitar a toda
costa la impunidad de los crímenes presuntamente cometidos y con ello, mostrar
a la comunidad internacional que no es necesaria la intervención de la justicia
penal internacional porque Colombia sí está en capacidad de juzgar e imponer
las consecuencias punitivas establecidas en la ley penal nacional a los
responsables de tales delitos. 6.2. Los otros delitos
Al procesado también se
le precluyó investigación por las conductas punibles denominadas peculado
conectan a tales punibles tienen que ver con la presunta destinación de bienes
estatales a la satisfacción de las necesidades logísticas y de guerra que
tenían los grupos paramilitares que operaban en la zona de influencia de la Brigada XVII -peculado sobre bienes de dotación-. Y lo fáctico respecto del prevaricato
por omisión se concentra en la posible omisión de sus deberes
constitucionales, legales y reglamentarios por parte del procesado en tanto que
como General de la República debía realizar esfuerzos en aras de evitar la
consumación de acciones ilícitas y atentados contra los derechos de los
ciudadanos bajo su jurisdicción.
acertada que haya resultado la calificación jurídica de tales comportamientos,
fácil resulta establecer que la discusión transciende la órbita de los delitos
contra la administración pública, porque aparecen elementos que permiten
advertir la condición de garante del General respecto de la vida y bienes de
los ciudadanos residentes en su jurisdicción, de modo que al dejar por fuera de
la revisión tales conductas -como lo peticiona la defensa- llevaría
inequívocamente a la impunidad de todas sus acciones, así se llegase a
demostrar que son punibles y que ameritan respuesta penal.
Ello es así porque el
incumplimiento de los deberes por parte del procesado desbordan una posible
calificación de la conducta en el ámbito de los delitos funcionales, porque la
cláusula de equiparación, equivalencia o transformación contenida en el
artículo 25 del Código Penal, en la que se establece que Quien tuviere el
deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y
no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la
pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el
agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido,
o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada
fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley,
permite que se le pueda
tener como autor o partícipe de los delitos que ocurrieron con ocasión o por razón
del incumplimiento de sus funciones o por el apoyo a las bandas paramilitares[49].
Según lo dicho la
presente revisión debe extenderse a todo lo que ha sido materia de juzgamiento
porque por vía de la calificación equivocada de una conducta ella sería imposible
de juzgar bajo otra denominación, si es que a ello hay lugar, razón por la cual
la Corte al decidir el presente asunto hará extensivo los efectos de la
sentencia a todos los hechos materia de preclusión por parte de la Fiscalía. 7. Los derechos de las
definido que las víctimas[50] tienen
derechos fundamentales[51] en
orden a garantizar
(i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, a que existe una (ii) obligación estatal
de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y a un (iii)
acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen
parte del bloque de constitucionalidad[52].
perspectiva de la víctima solamente se puede entender cuando se acepta, como
tiene que ser, que ella ha quedado cubierta por
un sistema de garantías fundado en el principio de la
tutela judicial efectiva[53], de
amplio reconocimiento internacional[54], y con
evidente acogida constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de
naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia
(Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso
(Art.29); la imparcialidad e independencia de los tribunales[55]; la efectividad de los derechos (Arts. 2°
y 228); sean predicables tanto del acusado como de la víctima. Esta
bilateralidad, ha sido admitida por esta Corporación al señalar que el complejo
del debido proceso, que involucra principio de legalidad, debido proceso en
sentido estricto, derecho de defensa y sus garantías, y el juez natural, se
predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados[56].
Constitucional[57] en la
sentencia C-454/06 resumió el alcance de los derechos de las víctimas del
delito de la siguiente manera: a. El derecho a la verdad.
31. El conjunto de principios para la
impunidad[58]
(principios 1° a 4) incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el
derecho inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de
las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada
pueblo a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las
circunstancias que llevaron a la perpetración de los crímenes. El segundo,
consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión como
parte de su patrimonio, y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en aras
del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero, determina que,
El derecho a la verdad presenta así una
dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a la memoria colectiva”[59], y una
dimensión individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito
judicial, a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo,
tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte[60].
32. Proyectando estos principios en el
ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el derecho
de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué
fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se
ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a
la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la
memoria y a la imagen de la víctima[61].
b. El derecho a que se haga justicia en el
caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
33. Este derecho incorpora una serie de
garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos
deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i) el deber del
los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo;
La jurisprudencia constitucional ha
un verdadero derecho constitucional al proceso penal[62], y el derecho a participar en el
proceso penal[63],
por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser
eminentemente participativo. Esta participación se expresa en " que los
familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán
informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así
como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a
presentar otras pruebas[64].
c. El derecho a la reparación integral del
daño que se ha ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito.
34. El derecho de reparación, conforme al
derecho internacional contemporáneo también presenta una dimensión individual y
otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca todos los daños y
perjuicios sufridos por la víctima, y comprende la adopción de medidas
individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii) indemnización, (iii)
rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su
dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de alcance general como
la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los
derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las
violaciones ocurridas[65].
de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias
tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a
concreta sobre los derechos de las víctimas en procesos inscritos en contextos
y modalidades de justicia transicional de reconciliación, el Tribunal
Constitucional mediante la sentencia C-370/06, no solamente señaló que además
de garantizarles la protección de los derechos humanos mediante el ejercicio de
un recurso en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos
[4.5.3.] … corresponde el correlativo deber
estatal de juzgar y sancionar las violaciones de tales derechos. Este deber
puede ser llamado obligación de procesamiento y sanción judicial de los
responsables de atentados en contra de los derechos humanos internacionalmente
protegidos. (…)
4.5.5. El deber estatal de investigar,
procesar y sancionar judicialmente a los autores de graves atropellos contra el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos no queda cumplido por el sólo
hecho de adelantar el proceso respectivo, sino que exige que este se surta en
un “plazo razonable”. De otra manera no se satisface el derecho de la víctima o
sus familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los
eventuales responsables.
4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex
officio las investigaciones en caso de graves atropellos en contra de los
derechos humanos indica que la búsqueda efectiva de la verdad corresponde al
Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares, o de su aportación de elementos probatorios.
4.5.9. Las obligaciones de reparación
conllevan: (i) en primer lugar, si ello es posible, la plena restitución (restitutio
in integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la situación
anterior a la violación”[66];
(ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie de medidas que
además de garantizar el respeto a los derechos conculcados, tomadas en conjunto
reparen las consecuencias de la infracción; entre ellas cabe la indemnización
compensatoria. 4.5.10. El derecho a la verdad implica que
en cabeza de las víctimas existe un derecho a conocer lo sucedido, a saber
quiénes fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente
y se sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad. 4.5.11. El derecho a la verdad implica para
los familiares de la víctima la posibilidad de conocer lo sucedido a ésta, y,
en caso de atentados contra el derecho a la vida, el derecho a saber dónde se
encuentran sus restos; en estos supuestos, este conocimiento constituye un
medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado debe satisfacer
a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. 4.5.12. La sociedad también tiene un
derecho a conocer la verdad, que implica la divulgación pública de los
resultados de las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.
4.7. El “Conjunto de Principios para la
impunidad”, proclamados por la ONU en 1998. (…)
(…), la Corte aprecia que, dentro de las principales conclusiones que se extraen del “Conjunto de Principios para la
impunidad” en su última actualización, cabe mencionar las siguientes, de
especial relevancia para el estudio de constitucionalidad que adelanta: (i)
durante los procesos de transición hacia la paz, como el que adelanta Colombia,
a las víctimas les asisten tres categorías de derechos: a) el derecho a saber,
b) el derecho a la justicia y c) el derecho a la reparación; (ii) el derecho a
saber es imprescriptible e implica la posibilidad de conocer la verdad acerca
de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima; (iii)
el derecho a saber también hace referencia al derecho colectivo a conocer qué
pasó, derecho que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las
violaciones se reproduzcan y que implica la obligación de “memoria” pública
sobre los resultados de las investigaciones; (iv) el derecho a la justicia
implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos
beneficiándose de un recurso justo y eficaz, principalmente para conseguir que
su agresor sea juzgado, obteniendo su reparación; (v) al derecho a la justicia
corresponde el deber estatal de investigar las violaciones, perseguir a sus
autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción; (vi)
dentro del proceso penal las víctimas tienen el derecho de hacerse parte para
reclamar su derecho a la reparación. (vii) En todo caso, las reglas de
procedimiento deben responder a criterios de debido proceso; (viii) la
prescripción de la acción penal o de las penas no puede ser opuesta a los
crímenes graves que según el derecho internacional sean considerados crímenes
contra la humanidad ni correr durante el período donde no existió un recurso
eficaz; (ix) En cuanto a la disminución de las penas, las “leyes de
arrepentidos” son admisibles dentro de procesos de transición a la paz, “pero
no deben exonerar totalmente a los autores”; (x) la reparación tiene una
dimensión doble (individual y colectiva) y en el plano individual abarca
medidas de restitución, indemnización y readaptación; (xi) en el plano
colectivo, la reparación se logra a través de medidas de carácter simbólico o
de otro tipo que se proyectan a la comunidad; (xii) dentro de las garantías de
no repetición, se incluye la disolución de los grupos armados acompañada de
medidas de reinserción.
referidos llevan a que los jueces no puedan pasar como meros espectadores pues
va más allá de la de ser un mero árbitro regulador
de las formas procesales…,
de donde le
resulta imperativa la obligación de
buscar la aplicación de una justicia
material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en
especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad[67].
violaciones de los derechos humanos el Estado debe garantizar a las víctimas un
recurso efectivo que ofrezca resultados o respuestas adecuadas[68], lo que equivale a decir, ni más ni menos,
que un remedo de justicia no equivale a hacer justicia. Dicho en otros
términos: sólo se hace justicia y se obtiene eficacia del recurso efectivo
cuando quienes han sufrido la violación de los derechos humanos, quienes han
sido víctimas de los delitos cometidos por los grupos paramilitares, o sus
familiares, obtienen verdad, justicia y reparación[69].
este caso los jueces, faltan a sus deberes cuando ante graves violaciones a los
derechos humanos no investigan, juzgan y sancionan a los responsables de
cometerlas. En concreto sobre el denominado recurso efectivo, se
incumplen gravemente los estándares internacionales cuando (i) no se adelantan
los procesos judiciales de forma seria, rigurosa y exhaustiva, (ii) cuando no
se tramitan con diligencia, celeridad y convicción, (iii) no se toman medidas
para proteger a las víctimas (iv) o no se les permite a éstas intervenir en los
procesos, (v) o se dilata en el tiempo la definición del asunto.
resaltar la necesidad de que la judicatura comprenda el papel que juegan sus
decisiones en el contexto del sistema penal y del modelo estatal del que hace
parte por cuanto las democracias constitucionales son fundamentalmente Estados
de Justicia; es decir, Estados que en el contexto de una democracia
participativa y pluralista, llevan a una nueva dimensión los contenidos de
libertad política del Estado Liberal y de igualdad del Estado Social. Por ello,
cada acto de los poderes constituidos, incluido el Poder Judicial, se halla
vinculado por la Justicia como valor superior del ordenamiento jurídico, como
principio constitucional, como derecho y aún como deber estatal, de donde
resulta imperioso que los jueces, al emitir sus pronunciamientos, no se
preocupen solo por la corrección jurídica de sus decisiones sino también por
la necesidad de armonizar esa corrección con contenidos materiales de Justicia
porque de lo contrario, la judicatura colombiana no habría dado un solo paso
desde las épocas del más rígido formalismo jurídico.
Si se procede
de esa manera, esto es, armonizando la corrección jurídica y la justicia
material, es fácil advertir que existen razones superiores para permitir la
acción de revisión si la impunidad de un hecho concreto puede estar en últimas
conculcando los derechos de las víctimas, al impedirse con la cosa juzgada la realización
de los fines constitucionales del proceso penal pues afectan las legítimas
expectativas que alientan las víctimas de las conductas punibles en cuanto a la
realización de su derecho a la verdad, justicia y reparación. De impedir la
revisión en un asunto que compromete los más graves delitos contra la humanidad
se estaría edificando una jurisprudencia de absurdo culto a la norma por la
norma, la forma por la forma, prescindiendo del cumplimiento de la obligación
suprema que impone la Constitución: hacer justicia evitando la impunidad.
8.1. Para aminorar los efectos de las
guerras civiles o del conflicto armado interno se han intentado diferentes
fórmulas a lo largo de la historia nacional. 8.2. El camino explorado por el Gobierno
Nacional iniciado en 2002 consistió en someter a la justicia a los miembros de
los grupos armados ilegales, previo al establecimiento de unas mesas de diálogo
con la dirigencia de los grupos paramilitares, su desarme y diseño de las
herramientas jurídicas que permitieran su reinserción social, para lo cual se
estableció como marco jurídico la Ley 975 de 2005.
8.3. La citada legislación previó un
procedimiento especial para que los postulados tuvieran la oportunidad de (i)
revelar la verdad completa y veraz sobre todos los crímenes cometidos, (ii)
garantizar a las víctimas la reparación por los agravios inferidos y
garantizarles la no repetición de tales hechos, (iii) a cambio de unas
sanciones penales muy inferiores a las que ordinariamente prevé la legislación
respecto de los delitos ejecutados[70].
8.4. En tal marco normativo a la Procuraduría General de la Nación se le encomendó la especial tarea de velar por los derechos
de las víctimas, de modo que es su deber propugnar por la revelación de la
verdad completa y la subsiguiente reparación de quienes padecieron los graves
ataques contra su dignidad y derechos fundamentales a manos de las bandas
8.5. La verdad que se revela por los
postulados debe servir para imponer las penas que correspondan a los mismos, y
para investigar y condenar, si a ello hay lugar, a todas las personas que
contribuyeron a las actividades de los grupos paramilitares y que, cuando
menos, les hacen responsables del delito de concierto para delinquir con
fines de paramilitarismo.
8.6. Las versiones libres y espontáneas
rendidas por los postulados se convierten en prueba nueva, en cuanto
constituyen testimonio respecto de las incriminaciones que hacen en contra de
terceros, y revelan hechos nuevos en la medida en que den cuenta de sucesos no
conocidos por la judicatura y que resultan relevantes a la hora de establecer
cómo y quiénes acompañaron el quehacer criminal de los paramilitares.
8.7. Y en tanto los crímenes cometidos por
los paramilitares constituyen delitos de lesa humanidad, no es posible que la
jurisdicción se mantenga al margen de dicha realidad cuando prueba y hechos
nuevos dan cuenta de servidores públicos que prevalidos de su condición
contribuyeron por acción y omisión en la preparación y ejecución de crímenes de
tal naturaleza. Lo anterior es así porque las especiales funciones que cumple la Sala de Casación Penal en los términos de la Constitución y la ley[71],
entre las que sobresale el mandato de pronunciarse en busca de la efectiva protección
de los derechos constitucionales y el control de legalidad de los fallos, le
fincan su razón de ser en la efectividad de tal cometido.
8.8. Ante tal circunstancia debe
entenderse que la causal de revisión invocada es procedente a pesar de no
satisfacerse el requisito del pronunciamiento de una autoridad judicial interna
o una decisión de instancia internacional, exigencias que para el caso concreto
resultan suplidas por la intervención como accionante de la Procuraduría General de la Nación, institución que por mandato de la Carta le corresponde la guarda y protección de los derechos humanos y que por expreso querer
del legislador tiene atribuida la representación de las víctimas en los asuntos
8.9. El relato de hechos, las referencias
normativas, lo narrado por los desmovilizados a los fiscales en las versiones
libres, las incidencias en los procesos de justicia y paz, y el avance de tales
trámites de acuerdo con lo puesto de presente tanto por el demandante como por
el Agente del Ministerio que interviene ante la Corte, son suficientes para que se disponga que las reclamaciones de la Procuraduría General de la Nación satisfacen las exigencias para declarar fundada la causal
de revisión que se invoca. 9. Los hechos y la
9.1. Las versiones libres de Héber Veloza García, Salvatore Mancuso Gómez
y Jorge Iván Laverde Zapata, y el
testimonio de Elkin Casarrubia Posada,
dan cuenta de lo siguiente en forma conjunta:
(i) Que conocieron al
Rojas cuando se desempeñó como Comandante de la Brigada XVII y tuvieron trato o contacto con el mismo.
(ii) Que la relación
establecida entre el General y los paramilitares fue cordial.
(iii) Que recibieron
apoyo personal de parte del General e institucional de la Brigada para la ejecución exitosa de las acciones criminales desarrolladas por los
Enseguida se resalta lo
expuesto por cada uno de lo citados:
Refirió el conocimiento
que tiene del General y las relaciones establecidas con la Brigada. Interrogado sobre la razón para que no fuera capturado en jurisdicción de la Brigada XVII expone que ello ocurrió por la complicidad de ese entonces de la fuerza
pública nos podíamos movilizar de un la’o a otro y sin ser capturados en ningún
momento[72].
Y resaltó que Las autoridades tenían conocimiento de mi permanencia
en la zona, tanto tenían conocimiento de quien era yo pero nunca fui capturado[73].
9.1.2. Salvatore Mancuso Gómez: Señaló que
mientras mantenía su actividad social clandestinamente desarrollaba actividades
para los paramilitares, circunstancia que sí conocía Rito Alejo[74], quien se reunió con Carlos Castaño, máximo comandante de la
banda criminal, en dos oportunidades, las cuales tuvieron como propósito
examinar la forma de enfrentar las organizaciones guerrilleras que operaban en
la zona[75].
Expresó que algunas de
las acciones ejecutadas por los paramilitares se presentaron como positivos del
Ejército[76]. 9.1.3. Jorge Iván Laverde Zapata: Explicó que
ha revelado los nombres de algunos militares que contribuyeron con el proyecto
paramilitar Porque vuelvo y digo en estos momentos los malos los
terroristas los bandidos somos nosotros, y muchas personas las cuales
permitieron que el fenómeno paramilitar en el país se extendiera, nos
suministraron información porque la mayoría de personas las cuales las
autodefensas mataron[77].
Relató su encuentro con
el General, confirmó que el oficial sabía de su condición de paramilitar, lo
describió y reveló que tenía amistad con otro comandante paramilitar[78].
9.1.4. Elkin Casarrubia Posada: Narró que en
desarrollo de su actividad delincuencial conoció al General Rito Alejo, quien coordinaba las
acciones y desplazamientos de los paramilitares con el irregular alias “Yunda”[79]. Recordó que el General
convino con “Yunda” y “Cero Cuatro” el desplazamiento de paramilitares a
Mapiripán y relató la ocurrencia de combates entre el Ejército y los
paramilitares contra la guerrilla[80], evocó una acción específica de guerra y contó que en
desarrollo de la misma dialogó por radio con Rito
Alejo[81].
Dijo que se enteró de la
celebración de reuniones entre Rito
Alejo del Río y los jefes paramilitares[82].
9.2. Las versiones libres rendidas por Héber Veloza García, Salvatore Mancuso Gómez
y Jorge Iván Laverde Zapata ante
funcionarios de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz[83],
aportadas como anexos de la demanda, y el testimonio del paramilitar Elkin Casarrubia Posada, alias “El
Cura”, suscrito el 5 de septiembre de 2008 en Medellín ante la Fiscalía Veintiocho Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y DIH, ex novo
revelan que el General retirado Rito
Alejo del Río Rojas pudo haber hecho parte de los grupos paramilitares que
actuaban en la región en la que cumplía la misión oficial de hacer imperar el
orden y la ley, en su calidad de Comandante de la Brigada XVII de Ejército.
9.3. Lo que enseñan Héber Veloza García, Salvatore Mancuso Gómez,
Jorge Iván Laverde Zapata y Elkin Casarrubia Posada, sobre el alto
grado de simpatía del General con los criminales que azotaban la región a su
cargo y el apoyo que les prestaba, como lo afirman en algunos apartes de sus
exposiciones, dejan en entredicho las conclusiones probatorias que sirvieron de
fundamento para proferir la decisión cuya revisión se solicita.
declaraciones, no conocidas para la época de la decisión demandada, coinciden
además con las denuncias presentadas por el sacerdote jesuita Javier Giraldo moreno[84] y los
testimonios de cargo allegados al proceso instruido por el Fiscal[85].
10. Prescripción de la
La jurisprudencia de la Sala tiene definidas reglas muy claras sobre la extinción por prescripción de la acción penal
en los procesos sometidos a revisión, de acuerdo con las cuales el presente
asunto no se encuentra en dicha situación[86]:
1. Ejecutoriada una sentencia condenatoria (o
absolutoria, auto de cesación de procedimiento o resolución de preclusión de la
investigación), decae cualquier posibilidad de prescripción pues el proceso ha
concluido dentro de los lapsos establecidos en la ley. Es decir, resulta
inocuo, a partir de allí, pensar en la posibilidad de tal fenómeno extintivo de
2. Si se acude a la acción de revisión, entonces, no
opera el fenómeno de la prescripción por cuanto se trata de reexaminar un
proceso ya terminado.
3. Si la acción prospera y se retorna el asunto a una
fase pretérita que incluya la caída de la sentencia (o auto de cesación de
procedimiento o resolución de preclusión de la investigación), es decir,
anterior a la ejecutoria de la misma, no es posible reanudar, para proseguir,
el término de prescripción contando el tiempo utilizado por la justicia para
ocuparse de la acción de revisión, precisamente porque el fallo rescindente no
“prolonga” el proceso ya finiquitado, sino que da lugar a un “nuevo proceso”.
4.1. Si respecto del fallo (o auto de cesación de
procedimiento o resolución de preclusión de la investigación) -obviamente en
firme- se interpone la acción de revisión, no opera para nada la prescripción.
4.3. Si la Corte o el Tribunal declaran fundada la
causal invocada y eliminan la fuerza de la sentencia (o auto de cesación de
procedimiento o resolución de preclusión de la investigación), con lo cual, en
general, se dispone el retorno del proceso a un estadio determinado, tampoco es
posible adicionar el tiempo que ocupó el juez de revisión al tiempo que ya se
había obtenido antes de la firmeza del fallo, para efectos de la prescripción,
como si jamás se hubiera dictado.
4.4. Recibido el proceso por el funcionario al cual se
le adjudica el adelantamiento del nuevo proceso, ahí sí se reinician los
términos, a continuación de los que se habían cumplido hasta el momento de la
ejecutoria de la sentencia.
Es importante recordar que cuando se dispone la
revisión no son aplicables las normas sobre prescripción de la acción penal,
pues no se puede desconocer que ya hubo una sentencia, luego no es predicable
del Estado la inactividad que se sanciona con esa medida. Así mismo, nada
impide que el nuevo fallo, el cual debe producirse, sea igualmente condenatorio,
dada la oportunidad que se ofrece para practicar nuevas pruebas.
Sería absurdo que no existiendo un límite de tiempo
para interponer el recurso extraordinario, la simple concesión de él permitiera
la cesación del procedimiento por prescripción, dando lugar así a una muy
expedita vía para la impunidad y cambiando la finalidad que le da razón de ser
a este especial medio de impugnación.
11. Efectos de la
prosperidad de la causal de revisión:
precedencia impone declarar fundada la causal de revisión promovida por el
Procurador 30 Judicial II en lo Penal y, coadyuvada por el Procurador Delegado
ante esta Corporación, determinación de la cual dimanan las siguientes
(i) Declarar sin validez
lo actuado por la Fiscalía General de la Nación, a partir de la resolución de 9 de marzo de 2004, por medio de la cual el Fiscal General de la Nación ordenó precluir la investigación a favor del procesado Rito Alejo del Río Rojas.
(ii) Como consecuencia de
lo anterior se remitirá el proceso al Fiscal General de la Nación para que continúe con la investigación que venía adelantando contra el
General Rito Alejo del Río Rojas,
de modo que también queda sin efecto la resolución que dispuso el cierre de la
mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
Declarar fundada la causal de revisión invocada por el Procurador 30
Dejar sin efecto la resolución proferida el 9 de marzo de 2004 por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual decretó la preclusión de la investigación a favor del procesado Rito Alejo del Río Rojas, por los delitos de concierto para
delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por
Remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que prosiga la instrucción, conforme lo relacionado en la parte motiva.
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JORGE
LUIS QUINTERO MILANÉS
[1] Cuaderno 4 de la Fiscalía, folio
[2] Cuaderno 5 de la Fiscalía,
folios 1 a 25 y 58 a 78.
[3] Cuaderno 7 de la Fiscalía, folio
3. [4] Cuaderno 5 de la Fiscalía,
folios 165 a 183.
[5] Cuaderno 5 de la Fiscalía,
folios 267 a 282.
[6] Cuaderno 7 de la Fiscalía,
folios 184 a 189.
[7] Cuaderno 7 de la Fiscalía,
folios 234-256 y 259-284.
[8] Cuaderno 9 de la Fiscalía,
folios 52 a 96.
[9] Cuaderno 9 de la Fiscalía, folio
[10] Resolución
demandada, folio 76.
[11] Resolución
demandada, folio 70.
[12] Resolución
demandada, folio 75.
[13] Cuaderno 1 de
la Corte, folios 167-244.
[14] Cuaderno 1 de
la Corte, folios 247-271.
[15] Cuaderno 1 de
la Corte, folios 272-286.
[16] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 1 vuelto a 33.
[17] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 41-75.
[18] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 77-93.
[19] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 103-104.
[20] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 105-134.
[21] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 137-115 vuelto.
[22] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 198-206.
[23] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 231-234.
[24] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 242-254.
[25] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 255-256.
[26] Cuaderno 2 de
la Corte, folios 257-296.
[27] Cuaderno 3 de
la Corte, folios 2-38.
[28] Cuaderno 3 de
la Corte, folios 191-235.
[29] Cuaderno 3 de
la Corte, folios 236-275.
[30] Cuaderno 3 de
la Corte, folios 282-312.
[31] Cuaderno 4 de
la Corte, folios 2-92.
[32] Cuaderno 4 de
la Corte, folios 93-197.
[33] “Cuando con
posterioridad al proceso, el órgano estatal a través de los medios que la ley
prevé, llega al conocimiento de datos suficientes y eficaces para deducir que
la verdad real es otra distinta de la declarada en la sentencia, deberá
prevalecer el supremo interés de la justicia. Para reparar la injusticia contenida
en el error judicial, se ha creado la revisión, que la doctrina y los
procesalistas modernos, en general, definen como una acción tendiente a
desvirtuar la presunción de verdad de la cosa juzgada”. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 15 de mayo de 1964,
Tomo CVII, página 507.
[34] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 16 de diciembre de
1999, radicación 14271.
[35] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 24 de agosto de
1999, radicación 14198.
[36] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 25 de marzo de
1938, Tomo XLVI, página 164.
[37] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 23 de febrero de
1952, Tomo LXXI, folio 224.
[38] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 1° de noviembre de
2007, radicación 26077, reiterada en la sentencia de 6 de marzo de 2008,
radicación 26703.
[39] Directivas Nos.
07, 08 y 09 del 21 de mayo de 2007, expedidas por el Procurador General de la Nación.
[40] Ley 975 de
2005, artículo 28, concordado con el artículo 109 de la Ley 906 de 2004.
[41] En el
artículo 1° de la Ley 975 de 2005 define su objeto en los siguientes
términos: La presente ley tiene por objeto
facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
37 se dispone que las víctimas son titulares de los siguientes derechos:
1. Recibir en todo el procedimiento un trato humano
2. A la protección de su intimidad y garantía de su
seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuando quiera que resulten
3. A una pronta e integral reparación de los daños
sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.
4. A ser oídas y que se les facilite el aporte de
5. A recibir desde el primer contacto con las
autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal,
información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad
de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido
6. A ser informadas sobre la decisión definitiva
relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere
7. A ser asistidas durante el juicio por un abogado de
confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.
9. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el
lenguaje por los órganos de los sentidos.
[42] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-228/02, entre otras.
[43] Corte
Constitucional, sentencia C-370/06.
[44] Corte
Constitucional, sentencia C-004/03.
[45] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, auto de segunda instancia, 10 de abril de
2008, radicación 29472.
[46] Se sigue lo
expuesto por M. Cherif Bassiouni,
Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2a. Ed, La Haya, Kluwer Law International, 1999, p. 385, citado por Juan
Carlos Maqueda, voto particular, Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa N° 259.
[47] Por ejemplo: Tribunal
Criminal Internacional para Ruanda, Cámara I, sentencia de 27 de enero de 2000,
Fiscal v. Alfred Musema, Caso No.
ICTR 96-13-T; Corte Suprema de la Nación Argentina, sentencia de 24 de agosto de 2004, causa N° 259 y Juzgado Federal de Buenos
Aires (Juez Norberto Oyarbide),
auto de 26 de septiembre de 2006.
[48] Por ejemplo, la
imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena (Artículo VII de la Ley 707 de 2001, aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas y el artículo 29 de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprobó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las citadas leyes, convención y Estatuto fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional, sentencias C-580/02 y C-578/02, respectivamente.
[49] Corte
Constitucional, sentencias C-251/02, C-692/03 y SU-1184/02 (caso del General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez) y
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 4 de abril de
2003, radicación 12742; 20 de mayo de 2003, radicación 16636; 11 de mayo de
2005, radicación 22511; 27 de julio de 2006, radicación 25536; 28 de septiembre
de 2006, radicación 24031; 19 de octubre de 2006, radicación 22354; 1° de
febrero de 2007, radicación 25676; 8 de noviembre de 2007, radicación 27388; 14
de noviembre de 2008, radicación 28017; 22 de mayo de 2008, radicación 28124;
10 de junio de 2008, radicación 28693; 5 de noviembre de 2008, radicación
29053, entre otras.
[50] Se sigue lo
expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de
segunda instancia, 11 de julio de 2007, radicación 26945.
[51] Constitución
Política, artículos 1°, 2°, 15, 21, 29, 229, 250 y 251. También, por mandato
del artículo 93 Superior, deben ser tenidos en cuenta los derechos derivados
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales.
[52] Véase Corte
Constitucional, sentencia C-209/07. En ésta providencia se hace un resumen de
condiciones que la defensa y la fiscalía).
[53] El principio de la tutela
judicial efectiva encuentra ubicación constitucional en los artículos 229 y 29
de la Carta, sin perjuicio de su ampliación por la vía del artículo 93, que ha
permitido el ingreso de las fuentes internacionales que consagran esta
[54] Artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[55] Artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[56] Sentencia SU-1184/01.
[57] Sobre el particular también
pueden ser consultadas las sentencias C-740/01, C-1149/01, SU-1184/001,
T-1267/01 y C-282/02.
[58] Esta sistematización se
violaciones de los derechos humanos. E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1, presentado
a la Comisión de Derechos Humanos en 1998. Estos principios fueron actualizados
por la experta independiente Diane
Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos. Para más detalles, véase Comisión Colombiana de Juristas
(compilación), Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones aviria Díaz. rechos de las vntares realizaron acciones
lesiuvas a bienes jurs , Bogotá, Opciones Gráficas Editores Ltda., 2007.
[59] Principio 2 del Conjunto
[60] Cfr. Entre otras las
sentencias C-293/95 y C-228/02.
[61] Cfr. Sentencias T-443/94 y
[62] Cfr. Sentencia C-412/93.
[63] Cfr., Sentencia C-27594.
[64] Cfr. Principios relativos
ratificado por la Asamblea General. mediante resolución 44/162 del 15 de
diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293/95.
[65] Cfr. Art. 33 del Conjunto
[66] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sentencia de 15 de junio de 2005.
[67] Corte Constitucional,
Sentencia C-591/05.
[68] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cesti Hurtado vs. Perú.
Sentencia del 29 de septiembre de 1999. Véase
[69] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las Palmeras vs. Colombia.
Sentencia del 6 de diciembre de 2001. Véase http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
[70] En el mismo
sentido véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de
segunda instancia, 18 de febrero de 2009, radicación 30775.
[71] Ley 1285 de
2009, artículo 7°, modificatorio del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.
[72] La
trascripción se reproduce en los términos del oficio
DAS.DGOP.SIES.GCRI.767638-1, folio 6. [73] Ibídem,
folio 8. [74] Ib.,
folio 18. [75] Ib.,
folios 18 y 19. [76] Ib.,
folios 20 y 21. [77] Ib.,
folios 42, 47. [78] Ib.,
folios 44, 47, 48 y 50. [79] Cuaderno 1 de
la Corte, folio 140. [80] Cuaderno 1 de
la Corte, folios 140-141. [81] Cuaderno 1 de
la Corte, folio 141. [82] Cuaderno 1 de
la Corte, folio 143. [83]
Manifestaciones reiteradas por los citados desmovilizados ante los medios de
comunicación nacionales y extranjeros. Un amplio panorama de lo expuesto por
los citados paramilitares se puede ver en la web:
[84] Cuaderno 7 de la Fiscalía, especialmente folios 22 a 161. Documentos similares circulan en la web bajo
el título Elementos probatorios contra el ex General Rito Alejo del Río. Véase
[85] Especialmente lo
expresado por Gloria Cuartas Montoya
exalcaldesa de Apartadó-, el Coronel (r) Carlos
Velásquez Romero -quien se desempeñó como Segundo Comandante de la Brigada XVII y Jefe de Estado Mayor-, y los militares Oswaldo
Giraldo Yepes y Moisés Machado
Córdoba, entre otros.
[86] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de revisión, 15 de junio de
2006, radicación 18769, reiterada en sentencia de 17 de septiembre de 2008,
radicación 26021 y que retoman criterio mantenido desde 15 de marzo de 1991.
Reapertura de investigación Rito Alejo del Rio
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