Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-6025-de-2010?documento=legcol&contexto=legcol_a0a44ab7e8770088e0430a0101510088&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-20 19:28:32
Document Index: 181313067

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 60', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 96', 'artículo 122', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 98']

RESOLUCIÓN 6025 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. APRUEBA EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA EL PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A MADRES GESTANTES Y LACTANTES ADOLESCENTES Y MAYORES DE 18 AÑOS, CON SUS DERECHOS AMENAZADOS, INOBSERVADOS O VULNERADOS. DEROGA LA RESOLUCIÓN 4589 DE 2009.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA FAMILIA, PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD, INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INTERVINIENTES EN EL DERECHO DE FAMILIA, GARANTÍAS EN EL DERECHO DE FAMILIA, AUTORIDAD EN EL DERECHO DE FAMILIA, ICBF, COMISARÍA DE FAMILIA, FUNCIONES DEL COMISARIO DE FAMILIA, SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, DEFENSOR DE FAMILIA, FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA, DERECHOS DE LA FAMILIA, POLÍTICAS EN MATERIA DE FAMILIA, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR DE EDAD, POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, protección al niño, PROTECCIÓN AL MENOR DE UN AÑO, PROTECCIÓN A LA MUJER, PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, SISTEMA DE SALUD, ADOLESCENTE, INTERVINIENTES EN EL DERECHO LABORAL, MAYOR DE EDAD, PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA, PROTECCIÓN AL NASCITURUS
RESOLUCIÓN 6025 DE 2010
“Por la cual se aprueba el Lineamiento Técnico para el Programa Especializado de Atención a Madres Gestantes y Lactantes Adolescentes y Mayores de 18 años, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados”.
(Nota: Véase Resolución 1515 de 2016 artículo 6° y artículo 5° del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
Que el artículo 60 de la Ley 1098 de 2006 dispuso que “cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier acto que vulnere su derechos de protección, de su integridad personal, o sea víctima de un delito, (...) deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos”.
Que es necesario modificar el lineamiento técnico administrativo y estándares para el funcionamiento del Programa de Atención Especializada Casa de Madres Gestantes, aprobado mediante Resolución 4589 del 20 de octubre de 2009.
ART. 1º—Aprobar el lineamiento técnico para el Programa Especializado de Atención a Madres Gestantes y Lactantes Adolescentes y Mayores de 18 años, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados.
ART. 4º—El lineamiento aprobado hace parte integral del presente acto administrativo, en cincuenta y seis (56) folios.
ART. 5º—Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga la Resolución 4589 de octubre de 2009 y todas aquellas que le sean contrarias.
Lineamiento técnico para programa especializado
Lineamiento técnico para el Programa Especializado de Atención a Madres Gestantes y Lactantes, Adolescentes y Mayores de 18 años con sus derechos amenazados, vulnerados
Aprobado según Resolución 6025 del 30 de diciembre de 2010
El presente lineamiento corresponde a uno de los programas especializados de atención a niños, niñas y adolescentes con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados, pertenecientes a la población de madres gestantes y lactantes, adolescentes y mayores de 18 años.
Para garantizar el servicio a esta población, se definieron tres (3) modalidades:
a) Internado de atención especializada;
b) Casa hogar de protección;
c) Apoyo a madres gestantes o lactantes.
a) Ruta de actuaciones;
a) Hogar de paso;
La organización de las modalidades de atención se realiza sin perjuicio de que al niño, niña o adolescente pueda ser ubicado en otra modalidad diferente, de acuerdo a la determinación tomada por el defensor de familia o la autoridad competente, en conjunto con su equipo técnico interdisciplinario.
Lineamiento técnico administrativo para el restablecimiento de derechos
Atención a madres gestantes o lactantes
2.1. Población titular de atención.
2.3. Servicio esperado.
2.4. Organización del programa.
2.4.1. Criterios técnicos de ubicación.
2.4.2. Modalidades de atención(1).
2.4.3. Espacios físicos.
2.4.4. Tiempo de permanencia en el programa.
2.4.5. Integrantes del sistema de atención.
2.5. Ruta del proceso administrativo de restablecimiento de derechos.
2.5.1. Consideraciones generales para la atención.
2.5.2. Formas de ingreso al programa.
2.6. Consideraciones en caso de interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
2.6.1. La interrupción voluntaria del embarazo en las adolescentes.
2.6.2. Competencias y obligaciones de la autoridad administrativa competente.
2.7. Etapas del proceso de atención en la casa de madres gestantes.
2.7.1. Primer encuentro.
2.7.2. Ingreso e integración.
2.7.3. Intervención durante el proceso de atención.
2.7.3.1. Intervención psicosocial.
2.7.3.2. Atención alimentaria y nutricional.
2.7.3.3. Proyecto de vida.
2.7.3.4. Proceso de formación y capacitación.
2.7.4. Egreso del programa.
2.7.4.1. Retiro voluntario en caso de mayores de 18 años.
2.7.4.2. Retiro por determinación de la autoridad administrativa en el caso de adolescentes.
2.7.4.3. Actividades para el egreso del programa.
2.7.5. Seguimiento posegreso.
2.8. Restricciones específicas para el programa.
2.9. Seguimiento durante el proceso de atención.
2.10. Supervisión técnica.
2.11. Asesoría.
2.12. Evaluación.
Proceso de atención desde la perspectiva de derechos
Funcionamiento y administración de la modalidad
Perfil de operadores de la casa de madres gestantes
Estándares de la vivienda casa de madres gestantes
Condiciones locativas casa de madres gestantes
Lineamiento técnico administrativo para el restablecimiento de derechos madres gestantes o lactantes
El presente documento aplica para el funcionamiento del programa de atención especializada denominado “Atención a Madres Gestantes o Lactantes”, y contiene orientaciones técnicas para el desarrollo de modalidades dirigidas a la atención a adolescentes y mayores de 18 años, en gestación o periodo de lactancia y a sus hijos, recién nacidos o por nacer, independientemente de su origen o naturaleza jurídica. La acción pedagógica y la intervención deben cubrir los miembros de familia o red de apoyo vincular.
Con estos lineamientos se busca organizar, articular y mejorar la calidad de las acciones de todo el sistema nacional de bienestar familiar dirigidas a este grupo poblacional y fortalecer los recursos de individuos, familias o redes vinculares e instituciones para garantizar los derechos inobservados, amenazados o vulnerados de este grupo poblacional.
En el marco del Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), se establece que “...cuando se trate de una adolescente o mayor de 18 años embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el restablecimiento de sus derechos”(2). De igual forma se ha definido que “El Gobierno Nacional y el ICBF expedirán la reglamentación correspondiente al funcionamiento y operación de las casas de madres gestantes y los programas de asistencia y cuidado a adolescentes y mayores de 18 años con embarazos no deseados”(3).
El Programa de Atención a Madres Gestantes o Lactantes es un programa para el restablecimiento de derechos (L. 1098/2006, art. 60), mediante el cual se brinda asistencia y cuidado a adolescentes o mayores de 18 años en gestación y madres en periodo de lactancia que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, o los de sus hijos.
Los programas que atiendan a adolescentes o mayores de 18 años gestantes o en periodo de lactancia, mayores o menores de edad, con embarazos deseados o no, deberán guiarse por las orientaciones técnicas contenidas en este lineamiento. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en otros lineamientos de las modalidades que les sean aplicables. Se debe garantizar la atención no solo a la madre gestante o lactante y a su hijo recién nacido o por nacer, sino a los miembros de familia o red vincular próxima, bajo las modalidades de este y otros lineamientos aplicables.
a) Adolescentes o mayores de 18 años, gestantes o lactantes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, y sus familias;
b) Madres adolescentes o mayores de 18 años, con su hijo recién nacido hasta máximo los seis (6) meses de edad, que se encuentren en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, y sus familias;
c) Gestantes adolescentes y mayores de 18 años que están considerando otorgar el consentimiento para la adopción de su hijo o hija;
d) Madres adolescentes y mayores de 18 años que están considerando otorgar el consentimiento para la adopción de su hijo o hija;
Garantizar atención integral a la adolescente o mayor de 18 años, con embarazo deseado o no, gestante o puérpera (periodo de 40 días después del parto), que se encuentre en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos, con el fin de fortalecer sus factores de generatividad, posibilitar su efectiva inclusión sociofamiliar, aportar en la construcción de su proyecto de vida y restablecer el ejercicio de sus derechos y los de sus hijos e hijas.
a) Garantizar a las adolescentes o mayores de 18 años en periodo de gestación o lactancia y a su hijo o hija, un espacio físico y emocional en el que se satisfagan sus necesidades inmediatas;
b) Promover la vinculación afectiva de la madre con su hijo o hija recién nacido o por nacer y la comunicación e integración con su red psicoafectiva familiar y social;
c) Garantizar el restablecimiento de los derechos a los demás hijos menores de edad que ingresan al programa con la madre gestante o en periodo de lactancia;
d) Vincular a la madre gestante o en periodo de lactancia y sus hijos al sistema general de seguridad social en salud;
e) Garantizar la atención, orientación y acompañamiento durante todo el proceso de gestación, parto y puerperio;
f) Estimular la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses de edad del niño recién nacido y orientar sobre la alimentación complementaria hasta los dos (2) años;
g) Garantizar una atención adecuada en alimentación y nutrición a las madres gestantes, en periodo de lactancia, a sus hijos o hijas menores de seis (6) meses y a los otros hijos menores que ingresan al programa, teniendo en cuenta la minuta patrón;
h) Garantizar la vinculación y asistencia de los niños y niñas menores de seis (6) meses al programa de crecimiento y desarrollo;
i) Acompañar a las adolescentes o mayores de 18 años en periodo de gestación o lactancia y a su familia en la definición o redefinición de un proyecto de vida autónomo que le permita desarrollar la capacidad de autodeterminación, toma de decisiones, y autosostenibilidad;
j) Proporcionar conocimientos en salud sexual y reproductiva, prácticas de autocuidado que garanticen un sano proceso de gestación y lactancia y la planeación de nuevas gestaciones;
k) Potencializar los factores de generatividad individuales, familiares y sociales para el desarrollo de prácticas de convivencia equitativa y armónica al interior de la familia y en la sociedad;
l) Informar a las adolescentes o mayores de 18 años en periodo de gestación o lactancia y a su familia sobre sus derechos y los de sus hijos, hijas y los mecanismos para exigirlos;
m) Garantizar la orientación psicosocial y acompañamiento en los casos en los que las adolescentes o mayores de 18 años en gestación opten por la interrupción voluntaria del embarazo, en los casos no constitutivos del delito de aborto; o decidan otorgar el consentimiento para la adopción de su hijo o hija en consonancia con lo expuesto en este lineamiento;
n) Promover el posicionamiento de la temática e incursión de los gobiernos locales, distritales y departamentales, buscando la ubicación y destinación de recursos para la atención de adolescentes o mayores de 18 años en gestación o lactancia en situación de vulneración y la prevención de embarazos no deseados.
En este programa de atención especializada se ubicarán en espacios independientes:
Sin embargo, en el diario vivir, las gestantes o lactantes adolescentes pueden compartir con las gestantes o lactantes mayores de edad en espacios y actividades comunes.
Son criterios de ubicación las siguientes situaciones en las que adicionalmente se presente inobservancia, amenaza o vulneración de derechos:
a) Embarazo precoz(4);
b) Embarazo no deseado;
c) Embarazo deseado cuya situación socioeconómica, individual o familiar representa un grave riesgo para el bienestar tanto de la madre como del niño;
d) Madres con intención de otorgar el consentimiento para la adopción del niño o niña;
e) Adolescente en gestación o puerperio declarada en situación de adoptabilidad;
f) En el caso de adolescentes o mayores de 18 años con situación de consumo de sustancias psicoactivas, con trastornos de salud mental, portadoras de VIH, desvinculadas de grupos armados, adolescentes en conflicto con la ley penal y otros casos particulares, se debe profundizar la evaluación para determinar la situación de mayor vulneración y de esta forma privilegiar su ubicación en el programa de atención especializado más pertinente. Lo anterior, teniendo en cuenta que este programa no es el único, ni tampoco esta medida es la más conveniente para atender a las adolescentes o mayores de 18 años gestantes o madres en periodo de lactancia, por lo cual, cuando no se cuente con la disponibilidad del programa o de cupos, o cuando la situación lo requiera (por Ej. amenaza física o mental), la autoridad administrativa competente(5)o judicial evaluará la medida más conveniente. En este caso se podrán remitir a otros programas de atención especializada en medio familiar o social comunitario (hogar sustituto, externado, intervención de apoyo) según se cuente con estos servicios en la región, estableciendo en todo caso coordinación con entidades del sistema nacional de bienestar familiar.
2.4.2. Modalidades de atención(6).
La atención especializada a madres gestantes o lactantes se lleva a cabo a través de tres (3) modalidades(7):
a) Internado de atención especializada: es un servicio permanente, en jornada de 24 horas diarias, los 7 días de la semana, para adolescentes o mayores de 18 años en periodo de gestación o lactancia con sus bebés (y para los otros hijos que ingresen), dependiendo de la capacidad instalada, las condiciones locativas, el recurso humano y los estándares establecidos;
b) Casa hogar de protección: se podrá atender hasta 12 adolescentes o mayores de edad en periodo de gestación o lactancia con sus bebés(8);
c) Apoyo a madres gestantes o lactantes: servicio de atención ambulatoria a madres gestantes o lactantes, debido a que sus derechos se encuentran en situación de amenaza, inobservancia o vulneración.
Los programas para la atención de madres gestantes o lactantes adolescentes deben prestarse en espacios físicos independientes de las madres mayores de edad. Los espacios físicos deben ajustarse a los estándares definidos en el lineamiento y deben contar con una ambientación o decoración agradable y cálida para la atención de los niños, niñas, las madres y sus familias.
El tiempo de ingreso a la casa de madres gestantes puede darse desde cualquier mes del periodo de gestación.
El tiempo de permanencia en el programa para las adolescentes o mayores de 18 años que ingresan en estado de embarazo, será hasta los seis (6) meses de edad del recién nacido(9). En el caso en que la madre ingrese con el niño recién nacido, su permanencia en el programa será igualmente hasta los seis (6) meses de edad del niño o niña.
Cuando las circunstancias así lo determinen, según condiciones particulares del caso, el equipo técnico de la autoridad administrativa competente, apoyado en el concepto técnico de la Casa, determinará un tiempo de permanencia superior debidamente justificado o un cambio de medida a otro servicio de atención especializada para continuar brindando protección, si la situación lo amerita.
Por lo anterior, el tiempo de permanencia en el programa no es un parámetro que deba aplicarse a todas las madres de manera uniforme. Esto depende de cada caso particular, de acuerdo con la superación de la situación de vulneración que motivó el ingreso al programa y del concepto técnico tanto del equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa como del equipo técnico interdisciplinario de la institución.
Teniendo en cuenta el principio de solidaridad que caracteriza el programa, y que una de las acciones es la activación o fortalecimiento de los recursos tanto de la madre para que sea autogestora de sus propios procesos de cambio, como de su red de apoyo familiar y vincular, de tal manera que se logre la integración sociofamiliar de manera rápida y efectiva, se debe garantizar que la permanencia de las adolescentes o mayores de 18 años en el programa sea por el menor tiempo posible.
Corresponde al ICBF como coordinador del sistema nacional de bienestar familiar, SNBF, y a las instituciones operadoras de las modalidades como corresponsables de la garantía y restablecimiento de derechos, las acciones de gestión y articulación con los sectores de justicia, salud, identificación, educación, recreación, deportes y cultura, entre otros, con el fin de lograr la vinculación de las adolescentes o mayores de 18 años objeto de atención a las redes institucionales y comunitarias para brindarles una atención integral en aras de la garantía y restablecimiento de sus derechos y los de su hijo recién nacido o por nacer.
Los principales actores de este proceso son:
a) Adolescentes o mayores de 18 años en proceso de gestación o lactancia y sus familias;
b) Autoridades: administrativas (defensoría de familia, comisaría de familia e inspección de policía), judiciales (juez de familia, promiscuo de familia, civil municipal promiscuo municipal o penal de adolescentes) o indígenas tradicionales;
c) Entidades de los sectores salud, educación, recreación y deportes, cultura, SENA, gobernaciones, alcaldías, concejos de política social, comités de infancia y familia, universidades, organizaciones comunitarias, ONG, otros;
d) Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal;
e) Veedurías ciudadanas;
f) Entidades administradoras y prestadoras del servicio público de bienestar familiar en los diferentes ámbitos territoriales.
A continuación se presenta un esquema que contiene diferentes aspectos a considerar por parte de la autoridad administrativa y los equipos técnicos interdisciplinarios, con el fin de brindar una atención pertinente a las adolescentes o mayores de 18 años sujeto de este tipo de servicio:
Embarazo avanzado y posparto
Adolescentes o mayores de 18 años embarazada.
Adolescentes o mayores de 18 años embarazada, puérpera y bebé
Continuar el embarazo o, en los casos permitidos por la ley, interrumpirlo.
Quedarse con el bebé o darlo en adopción
Programas de asistencia para adolescentes o mayores de 18 años con embarazos no deseados (Modalidad: apoyo a gestantes o lactantes).
Casas de madres gestantes y en periodo de lactancia (en modalidades de internado, casa hogar de protección y apoyo a gestantes o lactantes).
Objetivos de los servicios y atención psicosocial
a) Acompañamiento a la adolescente o mayor de 18 años en la asunción de su embarazo y en la toma de decisiones frente a la posibilidad de interrumpirlo o en la posibilidad futura de entregarlo en adopción;
b) Orientación y apoyo en la gestión para que la opción escogida se concrete.
a) Proteger al bebé;
b) Apoyar a la adolescente o mayor de 18 años durante el embarazo, el parto y el puerperio;
c) Acompañar la toma de decisiones frente a la posibilidad de darlo en adopción.
b) Convención de los Derechos de los Niños.
Podría o no involucrarse activamente a la familia, debe prevalecer la voluntad de la adolescente o mayor de 18 años.
a) En caso de tener información sobre el presunto padre del bebé, debe involucrársele;
b) Podría o no involucrarse activamente a la familia.
Proceso administrativo de restablecimiento de derechos Apertura solo para adolescentes menores de edad en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. a) Apertura para adolescentes madres menores de edad en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos;
b) Apertura para los bebés recién nacidos en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos (tanto de madres menores como mayores de edad);
c) Apertura para los demás hijos solo si existe inobservancia, amenaza o vulneración de derechos.
a) Ingreso por la autoridad administrativa competente: cuando la autoridad administrativa recibe el caso, verifica el estado de cumplimiento de derechos para establecer la amenaza, inobservancia o vulneración de derechos y de ser necesario dar inicio al trámite para el restablecimiento de derechos. Se tendrá en cuenta:
I. Si la madre es menor de edad, se procederá a abrir historia de atención y, en caso de encontrarse en vulneración, mediante auto de apertura se dará inicio al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, previo a remitirla al programa de atención especializada casa de madres gestantes. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, el ingreso podrá darse por disposición del juez penal de adolescentes. Si la adolescente en periodo de gestación o lactancia pertenece a una comunidad indígena, el ingreso podrá ser por disposición y a solicitud de la autoridad indígena correspondiente o de otra autoridad que conozca de la situación(10).
II. Si la madre es mayor de edad, se debe abrir historia de atención previo a remitirla al programa de atención especializada casa de madres gestantes. Si la madre mayor de edad pertenece a una comunidad indígena, el ingreso podrá ser por disposición y a solicitud de la autoridad indígena correspondiente o de otra autoridad que conozca de la situación(11).
III. Ingreso con hijos menores de edad. En los casos de madres que ingresan a este programa con hijos menores de edad, estos deben ser reportados a la autoridad administrativa competente para que determine la pertinencia de abrir el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Si no se encuentra ninguna situación de vulneración de derechos, solo se abrirá la respectiva historia de atención y se ordenará realizar el seguimiento. Así mismo, cuando el bebé nazca durante la permanencia de la madre en el programa, deberá ser reportado a la autoridad administrativa competente para que abra la historia de atención y ordene realizar el respectivo seguimiento. Si el bebé no se encuentra en ninguna situación de vulneración de derechos, solo se abrirá la respectiva historia de atención y se ordenará el seguimiento.
Las actuaciones que adelante la autoridad competente deberán registrarse en el sistema de información misional, SIM, y deberán actualizarse periódicamente. En todo caso, la autoridad administrativa deberá igualmente realizar acciones de vinculación al sistema nacional de bienestar familiar, SNBF, para la garantía de derechos de que los niños estén o no vinculados al proceso administrativo de restablecimiento de derechos y se propenderá por mantener unido al grupo de hermanos y a la familia;
b) Ingreso por otros servicios del SNBF: cuando la madre gestante o en periodo de lactancia mayor o menor de edad solicita el apoyo en un programa o entidad del sistema nacional de bienestar familiar, SNBF, deberá ser reportado a la mayor brevedad posible (el mismo día o a más tardar al día siguiente) a la autoridad administrativa competente, con la información o los antecedentes que se tengan de la situación (por escrito). Cuando se trate de servicios de salud, dicha remisión deberá ir acompañada de un informe donde conste el motivo del ingreso y el tipo de atención que se brindó, así como de las necesidades urgentes o inmediatas por atender (exámenes especializados, tratamientos médicos, entre otros);
c) Ingreso o solicitud directa a la modalidad que desarrolla la atención a madres gestantes o lactantes: cuando la madre adolescente o mayor de edad ingrese directamente a la modalidad, el caso deberá ser reportado inmediatamente (o a más tardar al día siguiente) a la autoridad administrativa competente, acompañado de un resumen de la situación y de las acciones adelantadas. Las valoraciones preliminares y conceptos emitidos por el equipo técnico interdisciplinario del programa podrán enviarse máximo tres (3) días hábiles después del reporte del caso.
Nota: la remisión y presentación por parte del operador de la madre mayor de 18 años ante la autoridad administrativa competente se realizará con el objeto de:
a) Hacer apertura de la historia de atención;
b) Realizar, de ser necesario, orientación psicosocial, con base en su situación actual y en las decisiones a tomar frente al hijo o hija por nacer o recién nacido, relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los casos permitidos por la ley o el consentimiento para la adopción;
c) Hacer seguimiento por parte del equipo de la autoridad administrativa competente y del equipo técnico interdisciplinario de la casa de madres gestantes.
En el caso de adolescentes o mayores de 18 años con embarazos no deseados que cumplan los criterios permitidos por la ley para la interrupción voluntaria del embarazo y estén considerando esta opción, la autoridad administrativa competente deberá realizar atención directa e inmediata ilustrando en primera instancia a las adolescentes o mayores de 18 años y su familia si es el caso, en todos los aspectos contemplados por la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de que trata la Sentencia C-355 de 2006 facilitando la orientación y apoyo psicosocial y agilizando las gestiones que se requieran para su pronta atención por parte de las entidades del sistema.
Es importante resaltar que en estos casos debe prevalecer la voluntad de la adolescente o mayor de 18 años y sus derechos, por lo cual el trabajo que en esta etapa se pueda desarrollar con la familia dependerá de la decisión que ella considere más conveniente para su proceso. No obstante, los equipos psicosociales podrán mostrarle los beneficios o la importancia de involucrar a su red familiar o vincular.
En el caso de adolescentes gestantes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos que cumpliendo los criterios permitidos por la ley para la interrupción voluntaria del embarazo decidan de manera libre, informada y voluntaria esta opción, la autoridad administrativa competente determinará la medida de restablecimiento de derechos más conveniente para garantizar y restituir sus derechos.
Cabe aclarar que el programa casa de madres gestantes atenderá a adolescentes o mayores de 18 años cuyo propósito sea asumir la crianza y cuidado de su hijo o realizar un proceso libre e informado para otorgar el consentimiento para la adopción.
2.6.1. La interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes.
La interrupción voluntaria del embarazo es autorizada por la ley como una de las medidas necesarias para evitar la morbimortalidad de las mujeres, especialmente de las adolescentes. En el ejercicio de su autonomía individual, la adolescente mayor de 14 y menor de 18 años que tome la decisión de interrumpir su embarazo en el tiempo que determine la ley y que sea biológicamente viable, debe contar con el previo consentimiento ampliamente informado, con la disponibilidad de servicios médicos seguros y de la más alta calidad y con el apoyo terapéutico que sea necesario. En el caso de niñas menores de 14 años, se debe contar, previamente al procedimiento médico, con el consentimiento ampliamente informado y cualificado de la adolescente, con la autorización de sus padres, representante legal o autoridad competente (consentimiento sustituto), teniendo en cuenta para ello los parámetros fijados por la Corte en los precedentes jurisprudenciales. Cada caso y cada circunstancia se deben analizar en particular(12).
Si bien el consentimiento sustituto de los padres, previsto en el anexo de la Resolución 4905 de 2006 por la cual se adopta la norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, emanada del Ministerio de la Protección Social para los casos de interrupción voluntaria del embarazo en menores de 14 años, está amparado en principio en el deber estatal de velar por la vigencia efectiva del interés superior de los niños y las niñas, el mismo tiene que ser conciliado con su autonomía personal y los demás derechos fundamentales derivados de su personalidad jurídica, principalmente, la vida, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad.
Cabe recordar aquí la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 12 señala expresamente que los Estados deben garantizar “al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”(13).
Sobre este tema la Corte Constitucional se pronunció afirmando que: “Los niños no son propiedad de nadie: ni son propiedad de sus padres, ni son propiedad de la sociedad. Su vida y su libertad son de su exclusiva autonomía. Desde que la persona nace está en libertad y la imposibilidad física de ejercitar su libre albedrío no sacrifica aquella”.
Aun cuando los representantes legales o tutores de los y las menores de edad estén facultados para tomar decisiones sanitarias por ellos o ellas, inclusive en contra de su voluntad, las mismas no pueden conllevar en modo alguno al menoscabo de sus derechos a la salud o a la integridad personal, y tampoco un total desconocimiento de su autonomía por cuanto la voluntad de los padres no se puede confundir con la voluntad de sus hijos e hijas, que es en todo caso relevante dentro de la relación médico-paciente.
No es lo mismo la capacidad legal que la autonomía para autorizar un tratamiento médico, por lo cual, un menor de edad, que es legalmente incapaz, puede ser plenamente competente para tomar una decisión sanitaria. Es más, algunos profesionales de la salud consideran que en la actualidad, muchos niños de 8 ó 9 años pueden ya tener la autonomía suficiente para decidir si autorizan o no ciertos tratamientos. La Corte considera entonces, que para asegurar la autonomía de la paciente, es deber de estos equipos interdisciplinarios no solo apoyar psicológicamente a la persona sino también establecer un procedimiento para la adopción de la decisión por la paciente que permita garantizar que la autorización será lo más informada y genuina posible.
Cualquier medida de protección que despoje de relevancia jurídica el consentimiento de la menor de 14 años frente a la interrupción voluntaria del embarazo, se revela sin remedio no solo como inconstitucional, sino como contraproducente para la efectividad de sus derechos fundamentales y para la defensa de su legítimo interés superior, por ser abiertamente contraria a la dignidad humana.
2.6.2. Competencias y obligaciones de la autoridad competente.
El ICBF a través de la defensoría de familia debe, conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006, iniciar a favor de la niña o adolescente gestante el proceso de restablecimiento de derechos observando para tal fin las orientaciones jurisprudenciales que expresa la Corte Constitucional en la Sentencia C-355, por lo tanto sus competencias y obligaciones son:
a) Brindar información oportuna, veraz, eficaz y sin juzgamientos sobre la interrupción voluntaria del embarazo en los casos mencionados y que no se incurre en delito;
b) Hacer referencia y contrarreferencia a la entidad de salud que corresponda, cuando la niña menor de 18 años haya optado de manera voluntaria por la interrupción voluntaria del embarazo y verificar que en un plazo no mayor a cinco (5) días se le dé respuesta a su solicitud. Si no opta por la interrupción voluntaria del embarazo de igual manera la autoridad administrativa deberá garantizar que la niña o adolescente reciba la atención en salud requerida;
c) Acompañamiento psicosocial y apoyo emocional a la niña, adolescente y a su familia después de la interrupción voluntaria del embarazo.
En el caso que la menor de 18 años haya sido víctima de abuso sexual, se le debe informar que si llegare a estar en embarazo puede de manera voluntaria interrumpirlo sin que incurra en delito. Lo primero que debe hacer es presentar denuncia ante alguna de estas instancias: comisarías de familia; estaciones de policía; unidades de reacción inmediata (URI); Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; Policía Nacional; unidad de delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana de la Fiscalía; unidad de delitos sexuales y menores del CTI. Con copia de la denuncia, la adolescente o mayor de 18 años puede solicitar la interrupción del embarazo al prestador del servicio de salud o al hospital público correspondiente.
En el caso que la institución de salud niegue la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a una adolescente, la autoridad administrativa competente podrá:
a) Hacer un derecho de petición para exigir la protección de los derechos vulnerados ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías correspondientes;
b) Solicitar la protección de los derechos vulnerados a la Secretaría de Salud correspondiente como encargada de la vigilancia de los servicios de la interrupción voluntaria del embarazo;
c) Interponer acciones de tutela para lograr decisiones judiciales que ordenen la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo;
d) Interponer ante la Superintendencia Nacional de Salud, delegada para la protección del usuario y participación ciudadana, reclamos por la negación injustificada o deshumanizada del servicio o denunciar ante los tribunales de ética médica la privación y mala prestación del servicio por parte de los prestadores directos o el abuso de la objeción de conciencia.
Para optar por la interrupción voluntaria del embarazo, no compete al juez ni al defensor de familia determinar la legalidad de la certificación médica, ni la decisión de la niña menor de 18 años.
El defensor de familia o autoridad administrativa competente debe solicitar de manera urgente, a la empresa promotora de salud en la cual esté afiliada la niña o adolescente o en su defecto a la dirección seccional de salud, la valoración médica inmediata para evaluar los riesgos en los que se incurriría al practicar el procedimiento, pero también de aquellos propios de continuar un embarazo en las condiciones descritas.
Una vez evaluados estos riesgos y si la opción seleccionada es la interrupción voluntaria del embarazo, el defensor de familia o autoridad administrativa competente deberá solicitar a las autoridades competentes de salud, la práctica urgente del procedimiento. Desde luego, bajo cualquier circunstancia y sea cual sea la decisión tomada, el equipo psicosocial, debe garantizar el adecuado acompañamiento y apoyo, y asegurarse que todo el proceso se realice con la mayor celeridad, por cuanto cada día que el embarazo avanza, resultará más riesgoso para la salud de la niña o adolescente.
Es el primer contacto de la madre gestante o en periodo de lactancia con la autoridad competente, equipo técnico interdisciplinario y personal del programa. Es importante que este primer contacto se desarrolle con una actitud cálida y de respeto que le permita a la gestante o en periodo de lactancia disminuir sus niveles de ansiedad, teniendo en cuenta que los motivos que la llevaron a buscar apoyo, pueden ser determinantes para una primera intervención en crisis por parte del equipo técnico interdisciplinario.
Este encuentro debe permitir a los diferentes profesionales obtener una valoración inicial del caso, es decir, obtener la mayor información posible a nivel personal y familiar tanto de la madre y del padre como del niño o niña recién nacido; lo cual servirá como punto de referencia para las diferentes decisiones que se tomen frente al caso.
Es indispensable brindar a la adolescente o mayor de 18 años gestante o en periodo de lactancia y a su familia o red de apoyo, información completa, suficiente y clara en cuanto al programa, su gratuidad incondicionada(14), tiempo de permanencia, rol de los profesionales responsables de la atención y todo lo relacionado con el proceso de restablecimiento de derechos para ella cuando es menor de edad y del bebé en cualquiera de los dos casos, y acerca de los compromisos y responsabilidades de cada actor.
Brindar orientación terapéutica a las adolescentes o mayores de 18 años que manifiestan su intención de interrumpir el embarazo en los casos no constitutivos de delito de aborto y hacer la remisión respectiva a los servicios de justicia y salud.
En las instalaciones del programa debe mantenerse un aviso en parte visible que indique:
“El servicio público de bienestar familiar que se presta en estas instalaciones es el de madres gestantes y lactantes. Este servicio está autorizado y vigilado por el ICBF. La atención no tiene costo alguno y no está condicionada, por ningún motivo, a la entrega del bebé en adopción”.
La casa de madres gestantes deberá informar de manera inmediata a la autoridad administrativa competente sobre la reincidencia de adolescentes o mayores de 18 años en el programa, especialmente en los siguientes casos: madres adolescentes, mujeres con algún tipo de discapacidad, mujeres que hayan presentado dificultades para asumir la crianza del bebé o hayan otorgado el consentimiento para la adopción. En estos casos, tanto el programa como la autoridad administrativa tendrán en cuenta los antecedentes del caso y la información del seguimiento posegreso, con el fin de brindar una intervención más precisa y contundente en torno a las situaciones de riesgo que llevan a requerir nuevamente de este tipo de servicios.
Esta etapa se refiere a la ubicación de la madre gestante o en periodo de lactancia con su bebé en la casa de madres gestantes. El proceso de integración se inicia con el encuentro entre la gestante o madre en periodo de lactancia con las otras madres, sus hijos y los profesionales del programa.
El énfasis de la atención en esta etapa debe estar centrado en el apoyo y orientación a las gestantes o madres en periodo de lactancia, teniendo en cuenta que el ingreso de estas al programa está dado por múltiples y complejas situaciones familiares y personales (falta de red social, rechazo familiar, situación socioeconómica precaria, embarazo no deseado, entre otras) asociado a sentimientos de angustia, desesperanza, desprotección, minusvalía, frustración, que requieren de una atención inmediata y de contención para preservar la salud física y mental tanto de la madre como del niño o niña, recién nacido o por nacer, previniendo el posterior abandono.
Del mismo modo y de vital importancia serán las acciones tendientes a favorecer la conformación de la red familiar, social e institucional que se constituya en soporte para la superación de los factores de vulnerabilidad y la construcción de factores de generatividad y el fortalecimiento de los existentes. Finalmente, en este período de integración se debe propender por generar estrategias de socialización e integración que faciliten la vida en comunidad y eviten el aislamiento.
El equipo técnico interdisciplinario del programa de atención especializada debe remitir a la autoridad administrativa competente los siguientes documentos:
a) Fotocopia del documento de identidad. Si no cuenta con él, corresponde a la autoridad administrativa la gestión para la consecución del mismo;
b) Resultado de todas las valoraciones iniciales practicadas: medicina general, ginecología, pediatría, nutrición, psicología, trabajo social, y antropología cuando el caso lo requiera, entre otras.
De acuerdo con los resultados anteriores y la verificación del estado de cumplimiento de derechos realizada por la autoridad administrativa competente, se formula el diagnóstico integral con base en el cual se da inicio a la fase de construcción del plan de atención integral (Platin) de la adolescente o mayor de 18 años gestante o en periodo de lactancia, el cual debe integrar los procesos de la madre, el recién nacido y los demás hijos que ingresen con ella al programa. La construcción y desarrollo del Platin incluye la participación de la madre gestante o madre en periodo de lactancia, su red familiar, el equipo técnico interdisciplinario de la casa de la madre gestante y el acompañamiento de la autoridad administrativa. La formulación del Platin debe estar preparada a más tardar a los 30 días de permanencia en la modalidad.
En el Platin se debe tener en cuenta para las madres menores de edad incluir procesos de educación formal(15), preparación vocacional y formación para la vida; para las mayores de edad incluir educación formal y no formal para adultas cuando se requiera, preparación prelaboral y desarrollo de actividades productivas, así como la articulación con entidades del SNBF para la vinculación a los diferentes programas.
Es importante establecer coordinación con la empresa privada para posibilitar a las adolescentes o mayores de 18 años el acceso a oportunidades laborales en cuanto sea posible, teniendo siempre en cuenta la motivación, participación e interés de cada caso particular.
En esta etapa se deben desarrollar principalmente las siguientes acciones:
a) Firma de acuerdos o compromisos con la madre gestante y en periodo de lactancia y su familia, tendientes a lograr las mejores condiciones de convivencia y la corresponsabilidad de estas y sus familias durante el tiempo de permanencia en el programa;
b) Asignación de habitación para la madre, su bebé y los otros hijos, que cumpla con las mejores condiciones ambientales, con cama individual y armario o mueble para ubicar sus pertenencias;
c) Suministro de una alimentación adecuada para la madre gestante o en periodo de lactancia de acuerdo a los requerimientos nutricionales, los cambios fisiológicos, hábitos alimentarios y condiciones individuales;
d) Suministro de alimentación adecuada para el bebé de acuerdo a los requerimientos nutricionales, los cambios fisiológicos y condiciones individuales: promoción y acompañamiento de la lactancia materna y alimentación complementaria mientras permanezca en el programa, incluso después de los seis (6) meses, cuando por condiciones particulares se prolongue la estadía en este programa(16);
e) Suministro de los elementos de dotación (básica, personal y de aseo) tanto para la madre como para el bebé recién nacido y los demás hijos, involucrados en el programa, según estándares(17);
f) Gestión para garantizar el acceso y atención efectiva en los servicios que requiera (seguridad social en salud, atención prenatal y del parto, vacunación, control de crecimiento y desarrollo, justicia, entre otros);
g) Realizar atención psicosocial con énfasis en trabajo con familia, fortalecimiento de vínculos, lazos afectivos, corresponsabilidad de la familia, extensión y afianzamiento de la red vincular, social e institucional;
h) Acompañamiento a las citaciones que realice la autoridad competente u otras entidades del SNBF en relación con su situación particular(18);
i) Propiciar espacios de integración y convivencia con otras beneficiarias del programa.
Para restablecer el ejercicio pleno de los derechos de la madre y su hijo o hija, se pueden brindar otros servicios del ICBF o del SNBF de acuerdo con las situaciones individuales o familiares que se presenten.
Es importante que en esta etapa se establezca de manera clara para las madres menores de edad la posibilidad de recibir visitas de personas que estén previamente autorizadas por la autoridad administrativa competente, y que tanto esta como la casa de madres gestantes, propendan por facilitar los encuentros y la participación dentro del proceso, a fin de estimular el restablecimiento o la construcción del vínculo y la corresponsabilidad y solidaridad.
En esta etapa se brinda protección integral tanto a la madre como a su hijo o hija, estableciendo las bases para el desarrollo de un plan de vida personal y familiar. Por lo anterior, es importante en esta fase dar forma al Platin con los elementos obtenidos de la historia de vida, la etapa de integración, las valoraciones iniciales y los conceptos interdisciplinarios, a fin de estructurar un plan de vida personal y familiar el cual inicia su desarrollo durante el tiempo en el que la madre gestante o en periodo de lactancia se encuentra en el programa, y continúa una vez que se desvincula del mismo. Para ello es necesario que el Platin incluya metas a corto, mediano y largo plazo orientadas al desarrollo de una vida autónoma y responsable.
Dentro de las acciones que se deben tener en cuenta están, entre otras:
a) Realizar un estudio de los factores de vulnerabilidad y generatividad de la madre, para fortalecer la red de apoyo familiar, social e institucional que asegure la transformación de la vulnerabilidad en generatividad;
b) Realizar acciones de acercamiento con la familia orientadas a restablecer o mantener vínculos familiares, fortaleciendo los factores de generatividad y facilitando el ejercicio de la maternidad con prioridad en el seno familiar;
c) Realizar intervención psicosocial o apoyo en crisis, fortaleciendo a las madres gestantes o en periodo de lactancia en elaboración de duelos, contención y afrontamiento;
d) Brindar apoyo psicosocial y de fortalecimiento a las adolescentes o mayores de 18 años que por circunstancias socioeconómicas o familiares se vinculan al programa con el propósito de recibir el apoyo que requieren para asumir la crianza y el cuidado de su hijo o hija;
e) Gestionar la vinculación a curso psicoprofiláctico a través de las entidades del sector salud y promover la participación de las madres en el mismo;
f) Brindar intervención terapéutica permanente a las madres con embarazos no deseados que desde el ingreso y durante el tiempo de permanencia en el programa manifiestan su decisión de entregar a su hijo o hija en adopción;
g) Gestionar y hacer efectiva la atención en salud para atender situaciones propias de la gestación, parto y posparto, garantizando en todo caso el respeto a su intimidad;
h) Garantizar atención oportuna frente a situaciones de riesgo para la adolescente o mayor de 18 años gestante o en periodo de lactancia y el bebé recién nacido o por nacer;
i) Continuar con el suministro de una alimentación adecuada para la madre gestante o en periodo de lactancia y su hijo o hija de acuerdo a los requerimientos nutricionales, los cambios fisiológicos, hábitos alimentarios y condiciones individuales;
j) Continuar la promoción y acompañamiento de la lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses y alimentación complementaria después de esta edad, cuando por condiciones particulares se prolongue la estadía en este programa(19);
k) Brindar educación alimentaria y nutricional a las madres en periodo de gestación o lactancia;
l) Desarrollar acciones que permitan fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el niño o niña desde la gestación;
m) Realizar acciones que permitan identificar o fortalecer redes de apoyo familiar, social o institucional, cuando no se cuenta con familia de origen;
n) Brindar alternativas de vida en familia y preparación para la vida autónoma;
o) Sensibilizar y orientar sobre el cumplimiento de responsabilidades madre-hijo, y sobre el autocuidado;
p) Diseñar e implementar el programa de estimulación temprana para el recién nacido;
q) Gestionar la vinculación a actividades artísticas, recreativas, deportivas y culturales;
r) Formar en convivencia ciudadana, derechos y deberes (ejercicio, exigibilidad, respeto);
s) Apoyar procesos de formación para la vida y capacitación para la productividad;
t) Garantizar acciones de orientación tendientes a prevenir embarazos no deseados y al manejo de una vida sexual y reproductiva responsable.
Durante la etapa de posparto es necesario que se cuente con personal capacitado de la institución que propicie cuidados básicos a la madre y al bebé (atención personal y manejo y cuidado del bebé) y que fortalezca la red familiar de apoyo que garantice seguridad y afiance el vínculo familiar y afectivo.
La casa de la madre gestante debe propiciar un ambiente cálido y agradable y contar con una ambientación y decoración que permitan un espacio acorde a la estadía de niños y niñas, sus madres y a la vinculación de sus familias o redes vinculares al proceso.
Desde el ingreso de la madre al programa de atención especializada se debe garantizar la intervención psicosocial acorde al ciclo de vida y a la situación particular afectiva, emocional, relacional, familiar y social, enfocada a la garantía de derechos tanto de la madre como del niño, y deberá hacerse siempre pensando en el interés superior del niño y en los procesos de inclusión, conforme a lo establecido en los lineamientos para la inclusión y atención de familias.
El propósito es fortalecer y empoderar a la madre respecto de su situación actual, asesorar la toma de decisiones, identificar y movilizar redes de apoyo, potenciar recursos personales y familiares, apoyar su proyecto de vida.
La intervención psicosocial se debe garantizar en todos los casos a: madres adolescentes y mayores de edad y a sus familias que van a asumir la crianza y el cuidado de su hijo o hija; madres que deciden otorgar su consentimiento para la adopción, o aquellas que deciden la interrupción voluntaria del embarazo.
Así mismo, esta intervención se orientará a desarrollar estrategias de trabajo en red que permitan identificar y reducir los factores de vulnerabilidad y fortalecer la generatividad de la madre, de tal manera que logre potencializar su capacidad para enfrentar, protegerse y superar las transiciones, cambios o crisis que motivaron su ingreso al programa y a los que pueda estar expuesta posterior al nacimiento de su hijo o hija. De igual manera, ayudarla a clarificar su posición frente a la maternidad, brindando todo el apoyo que requiera en el caso en que manifieste su deseo de interrumpir el embarazo o cuando posterior al nacimiento del niño o niña tome la decisión de otorgar el consentimiento para la adopción y frente al manejo de los diversos sentimientos (culpa, depresión, duelo) que surjan en torno a las decisiones tomadas.
El apoyo psicosocial o acompañamiento terapéutico a las adolescentes que se identifiquen en conflicto con su gestación o su maternidad, debe partir de la vinculación de la familia y del padre del niño por nacer o recién nacido, cuando esto sea posible. Ambos padres deben comprender que la decisión por la que opten cambiará definitivamente el curso de sus vidas, por lo que se ha de utilizar el tiempo que sea necesario para facilitar una decisión tranquila, dadas las implicaciones que tiene sobre su futuro y el de su hijo o hija, sin olvidar que una vez nazca su bebé no pueden prolongar esta decisión de forma indefinida para no afectar a su hijo(20).
La asesoría psicosocial debe garantizar que se asimile la información teniendo en cuenta el grado de instrucción, la cultura y la idiosincrasia de los usuarios del programa. En los casos en que la decisión sea el otorgamiento del consentimiento para la adopción del hijo o hija, el equipo psicosocial debe iniciar toda la preparación de la madre y de su familia, preferiblemente de manera anticipada, especialmente sobre cómo va a ser el proceso de separación y sobre el manejo de las emociones que se deriven de este proceso.
Con las familias de origen, cuando sea posible, se debe buscar que entiendan y apoyen la decisión que los futuros padres hayan tomado, de forma que les permitan un ambiente de contención independientemente de la decisión tomada. Con las madres mayores de edad, se debe contactar cuando sea posible al padre y posteriormente conseguir que estos comprendan que la decisión que tomen marcará de una u otra forma su futuro y el del niño, niña que están esperando.
En el caso de madres beneficiarias del programa que ya tengan hijos y otorguen el consentimiento para la adopción de su bebé recién nacido, los equipos psicosociales tanto de la autoridad administrativa competente como del programa, deberán garantizar asesoría especializada y acompañamiento a los padres para el manejo de la información relativa a la decisión tomada, dado que el desprendimiento del bebé puede generar en los demás hijos interrogantes, sentimientos y conflictos que pueden afectar su sano desarrollo emocional y las relaciones paternofiliales en general. Este manejo terapéutico debe considerar las condiciones particulares de cada caso, así como la edad y escolaridad de los hermanos.
La complejidad de cada caso determinará el tipo y la variedad de intervenciones que se requiere articular en una estrategia que se oriente a las soluciones deseadas(21). El número de sesiones, el tipo de intervención y apoyo psicosocial para la gestante o madre en periodo de lactancia y su familia se establecerá de acuerdo al concepto técnico por parte del equipo psicosocial de la autoridad administrativa y del equipo psicosocial de la casa de acuerdo a las especificidades, necesidades, condiciones sociales y emocionales de cada caso y en común acuerdo con la madre y su familia.
Esta intervención psicosocial se adelantará de manera conjunta y concertada entre los profesionales del ICBF y de la casa de madres gestantes, las madres usuarias y sus familias, salvo en los casos de consentimiento para la adopción de menores de edad o para la interrupción voluntaria del embarazo, que estará exclusivamente a cargo del defensor de familia. En algunos casos, se podrá recurrir a las entidades del SNBF que apoyen el desarrollo de este proceso.
El abordaje de los equipos psicosociales tanto del programa como de la autoridad administrativa competente debe ser un trabajo articulado, solidario y definido claramente para evitar la duplicidad de acciones y por ende el desgaste de los equipos, de las usuarias y sus familias. “En la intervención y apoyo psicosocial no se aplica un tiempo máximo, cada caso es único y particular, lo cual determina el tipo y el tiempo de intervención para que los padres puedan permanecer con su hijo o hija”(22).
No obstante, se recomienda que las sesiones de intervención psicosocial no sobrepasen los 45 minutos, dado el estado físico y emocional de las madres. Debe dejarse evidencia de cada intervención, en la correspondiente historia de atención. El profesional a cargo de la intervención psicosocial debe tener claro que el proceso de intervenir se refiere al hecho de tomar parte de forma voluntaria en un proceso con el fin de modificar su curso; y que el propósito es lograr una evolución favorable que genere beneficios para el sistema familiar.
El agente que realiza la intervención psicosocial se encuentra en una doble posición, entre el beneficiario y su problema, entre el beneficiario y la institución, entre el beneficiario y la red de relaciones, entre otras. Su trabajo está en función tanto de su posible aporte al cambio, como de la exigencia que implica mantener un equilibrio productivo entre los distintos participantes del proceso, conservando el sentido social de su acción.
Es un actor en un interjuego donde decide intervenir, propone unos roles, unas definiciones y unos significados que evolucionan permanentemente. Es decir, es un actor implicado cuya participación contribuye a darle vida a una situación problema, alrededor de la cual se reorganiza todo un sistema social de bienestar.
Existen diferentes tipos posibles de intervención psicosocial, establecidos en los lineamientos para la inclusión y atención de familias. Para tal fin se propone tener en cuenta la matriz que se presenta a continuación, la cual contiene entre otros los objetivos que deben guiar la acción(23).
Supuesto sobre los recursos de la familia
Aprendizaje-educación
La familia desea fortalecer algún aspecto de su vida relacional o del desarrollo de sus miembros
La familia cuenta con suficientes recursos
Ampliar y fortalecer los recursos existentes
Crisis asociadas a transiciones vitales, propias del ciclo vital de la familia y de sus miembros
La familia sufre un bloqueo transitorio para hacer uso de sus recursos internos existentes
Activación de los recursos
Crisis que surgen ante eventos inesperados que amenazan la organización familiar
La familia no cuenta en ese momento con recursos específicos para afrontar ese evento
Aportar los recursos faltantes mientras la familia activa sus mecanismos para obtenerlos por sí misma
Conflictos entre los miembros
Los recursos están congelados o invertidos en mantener el conflicto
Liberación de los recursos de los miembros por transformación del conflicto y renegociación de las relaciones
Violencia, abuso o descuido grave
Parálisis de los recursos y de las posibilidades de desarrollarlos
Interrupción del circuito de violencia, renegociación de las relaciones y reactivación del proceso evolutivo
Alteraciones emocionales y relacionales que pueden configurar síntomas específicos
Condiciones individuales no resueltas bloquean el desarrollo y apropiación de recursos de los miembros
Generación de nuevas condiciones relacionales e individuales que favorezcan la activación y el desarrollo de nuevos recursos
En interfaz o en red
Hay una problemática compleja que requiere la intervención de distintas instancias a varios niveles
Se conjugan bloqueos y ausencia de recursos en diferentes niveles de la vida
Optimizar y hacer más potentes los efectos de todas las intervenciones para generar la activación y asimilación de recursos individuales y de la familia como grupo en su entorno social
Tomado de Lineamientos Técnicos para la Inclusión y Atención de Familias. ICBF. Bogotá, febrero de 2008.
Cada intervención se define de la siguiente manera:
a) Intervenciones de aprendizaje-educación: facilitan y promueven procesos de aprendizaje a través de la propia experiencia o en redes colaborativas, mediante la reflexión en acción, reciclando las experiencias exitosas de las familias y proveyendo nuevas informaciones y recursos;
b) Intervenciones de facilitación: promueven los recursos disponibles, generalmente cuando las familias atraviesan transiciones asociadas a las tareas evolutivas propias de la etapa del ciclo vital;
c) Intervenciones de apoyo: buscan compensar la falta de recursos para afrontar el momento evolutivo o el momento crítico. Presuponen una carencia solo parcial de recursos en la familia;
d) Intervenciones para la resolución alternativa de conflictos: son todos los programas, servicios o actores a los que acude la familia cuando no logra tramitar por sí misma la resolución de sus conflictos y requiere por lo tanto la intervención de un tercero. Los conflictos generalmente están asociados a las fases del desarrollo familiar y de sus miembros, de modo que pueden ser conflictos conyugales, en la relación padres-hijos, entre hermanos por el cuidado de los padres ancianos, etc. Estas intervenciones asumen que las familias tienen recursos y por lo tanto su objetivo es hacerlos emerger;
e) Intervenciones de control y de tutela: se asumen cuando la familia no logra cumplir con la función de protección de sus miembros, amenazados por violencia y abusos. En estas intervienen las áreas psicosocial y jurídica y pueden implicar la restricción de la libertad de los ofensores. Tienen como presupuesto una sanción judicial o administrativa de la dificultad y como objetivo construir los recursos para que inicien nuevos recorridos vitales. Estas intervenciones, para ser exitosas, requieren la comprensión de las medidas coactivas como una parte del proceso terapéutico, que no se daría por la iniciativa de los involucrados;
f) Intervenciones terapéuticas: se ofrecen cuando el desajuste familiar o de alguno de sus miembros no ha podido ser superado con los propios recursos. En los casos de psicopatologías las intervenciones resultan altamente complejas pues implican la participación de varios tipos de intervenciones como de control (hospitalización psiquiátrica), de apoyo (subsidios, protección para los menores de edad), psicoterapéuticas, etc. Estas intervenciones contribuyen a modificar las dinámicas familiares que sostienen el problema y buscan crear condiciones relacionales donde las personas puedan activar y generar sus propios recursos;
g) Intervenciones en red: estas intervenciones trabajan de manera relacional. Pueden abarcar diferentes tipos de intervenciones —de facilitación, de educación, terapéuticas, de autoayuda, de construcción en redes— y promover o utilizar recursos existentes en la comunidad a través de un equipo que trabaja apoyando a las familias para que encuentren otras alternativas. Estos programas pueden ofrecer a las familias oportunidades para solucionar problemas concretos, experiencias de relación y de participación comunitaria, espacios de confrontación y de solidaridad, lugares de agregación entre actores oficiales, privados y voluntarios.
La atención alimentaria y nutricional de la madre en periodo de gestación o lactancia y niños y niñas menores de 6 años (ver minuta patrón) incluye:
a) Valoración y seguimiento del estado nutricional;
b) Aspectos de alimentación;
c) Servicio de alimentos;
d) Educación alimentaria y nutricional.
El proyecto de vida es una construcción que parte de dos elementos fundamentales: la identidad y la autoestima; expresa la síntesis de las necesidades y aspiraciones individuales. Está influenciado y determinado por el contexto relacional familiar y social que se inscribe dentro de una gama de oportunidades, posibilidades, ofertas y aspiraciones; en esa medida, orienta las acciones de la persona hacia su autorrealización.
La autoestima y la identidad juegan un papel fundamental frente a los propósitos y proyectos de cualquier individuo, de forma que deben fortalecerse, reencuadrarse y resignificarse las propias fortalezas, alcances, capacidades y competencias, y tránsito hacia la consecución de logros importantes.
Un proyecto de vida significativo es el que articula la trayectoria pasada de la persona, el presente contextual que le rodea y sus perspectivas futuras, en la construcción de un sentido y un estilo de vida armónico, realista, autónomo y autorrealizador. Organiza las decisiones que toma la persona en una perspectiva temporal y abarca todas las esferas de la vida: desde la afectiva, la social, la cultural, la recreativa, hasta la profesional, y lo que es de mayor importancia, la esfera política, en tanto está permeado por la atención incluyente representada en la oferta de bienes, servicios y oportunidades que se plantean desde la red social e institucional.
Es el proyecto de vida el elemento principal a trabajar en el Platin, el eje central de este, en el cual deben confluir todos los aspectos mencionados a nivel personal, familiar y social.
La casa de madres gestantes debe elaborar y desarrollar un plan de acción que propenda por la formación integral de las madres gestantes o en periodo de lactancia, el cual se ejecutará de forma permanente, con el objeto de aportar al crecimiento personal y grupal, y brindar elementos para asumir su vida, su rol de madre, transformar creencias, fortalecer valores y principios de vida, facilitar la convivencia, asumir decisiones, crear y mantener hábitos de vida saludable y, en general, orientar una sana y productiva ocupación del tiempo libre, donde cobran vital importancia la autodeterminación y la capacidad de responder productiva y económicamente por su familia, con el apoyo de esta y de la red.
Para el desarrollo de este plan, la casa de madres gestantes debe organizar talleres temáticos en diferentes horarios, mediante la conformación de grupos educativos, reflexivos, de apoyo; y emplear metodologías participativas, con ayudas didácticas y asignación de tareas individuales o grupales que propicien la interacción, consulta y apropiación de los temas. La ejecución cotidiana de estas actividades, procedimientos y procesos, deberá contar con la participación e inclusión de las madres y sus familias.
Para este plan de formación se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes temas:
a) Cuidado prenatal y posnatal;
b) Puericultura del recién nacido;
c) Alimentación saludable durante la gestación y lactancia;
d) Lactancia materna;
e) Alimentación complementaria;
f) Prevención, detección temprana y atención de la discapacidad;
g) Maternar y paternar;
h) Estimulación adecuada;
i) Pautas de crianza;
j) Hábitos de vida saludable;
k) Crisis vitales y circunstanciales;
l) Duelo, culpa;
m) Relación de pareja;
n) Desarrollo evolutivo;
o) Salud sexual y reproductiva;
p) Orientación vocacional (prelaboral y laboral);
q) Proyecto de vida;
r) Protección, límites y autocontención;
s) Derechos, deberes y responsabilidades de la madre en ejercicio de su rol de madres y como ciudadana.
Se tendrá en cuenta así mismo, dentro de dicho plan, la formación empresarial, que incluya el aprendizaje de un arte u oficio, la preparación en la búsqueda de empleo (diligenciamiento de hoja de vida, obtención de documentación, pruebas psicotécnicas, preparación para entrevista de trabajo) y la gestión para la vinculación a una actividad laboral estable y productiva de acuerdo con las condiciones particulares de las beneficiarias.
Para el propósito anterior, la casa de madres gestantes debe contar con diferentes alternativas de capacitación ofrecidas directamente al interior del programa o en coordinación con entidades o empresas de carácter público o privado, teniendo en cuenta las aptitudes, habilidades, conocimientos, experiencias e intereses, de tal forma que durante su permanencia en el programa, se le permita a la madre gestante o en periodo de lactancia, el aprendizaje de diversos conocimientos o habilidades que le puedan aportar a su proyecto de vida productiva.
En esta etapa se define el momento de retiro de la madre gestante o en periodo de lactancia y de su niño o niña, de la casa de madres gestantes.
2.7.4.1. Retiro voluntario en caso de mujeres mayores de edad.
Cuando no hayan otorgado consentimiento para la adopción, las madres mayores de edad pueden retirarse del programa de forma voluntaria en compañía de su hijo recién nacido; verificándose en todo caso el estado en que el bebé egresa del programa. En tal sentido, conforme al artículo 66 de la Ley 1098 de 2006, la mujer tiene aptitud para otorgar el consentimiento para la adopción solo hasta un mes después del día del parto.
No obstante, una vez otorgado el consentimiento y cuando el bebé se encuentre en proceso administrativo de restablecimiento de derechos (por amenaza o vulneración), el egreso del bebé debe ser autorizado por la autoridad administrativa competente.
Cuando la madre se retire dejando a su bebé, se debe reportar la situación de inmediato a la autoridad competente para que proceda de conformidad con lo establecido en la ley.
Cuando la madre desee asumir la crianza y cuidado de su hijo pero no esté en capacidad fáctica de satisfacer sus carencias más elementales, el Estado asumirá subsidiariamente la respectiva obligación. Para ello, el núcleo familiar puede constituirse en hogar gestor o recibir apoyo a través de cualquier otra estrategia o servicio social pertinente(24).
En el caso de las madres menores de edad, el retiro del programa debe darse con base en el concepto y aprobación de la autoridad administrativa competente.
El retiro del programa para madres menores de edad procede cuando:
a) Es posible la reintegración con su familia de origen o extensa;
b) Se determina cambio de medida y ubicación en otro tipo de servicio (hogar sustituto, casa hogar, internado, etc.);
c) Se determina la ubicación en otro programa de atención especializada (por problemáticas asociadas como consumo o abuso de sustancias psicoactivas, enfermedad mental, graves problemas de adaptación e integración, entre otros)(25).
La autoridad competente y el programa deberán realizar, entre otras, las siguientes acciones de manera previa al reintegro familiar:
a) Preparar a la madre para el egreso;
b) Verificar y asegurar, que como resultado del trabajo realizado con la familia, esta garantice un entorno protector y posibilite el ejercicio de los derechos de la madre y su bebé;
c) Garantizar la continuidad en la atención por parte de los servicios de salud que la madre y su bebé requieran (pediatría, control de crecimiento y desarrollo, nutrición y salud, entre otros);
d) Garantizar la inclusión de la madre, su bebé y su familia en otros servicios del sistema nacional de bienestar familiar para apoyarla frente a situaciones personales de amenaza o riesgo, o en el logro de sus objetivos;
e) Informar con antelación suficiente a la madre y a la familia o su red de apoyo, sobre las condiciones de egreso del programa;
f) Elaborar acta de compromiso donde deben establecerse de manera clara y precisa los acuerdos concertados entre la madre o su familia o red de apoyo para alcanzar una sana convivencia, resolver de forma pacífica y adecuada las situaciones de conflicto y garantizar la integridad física y emocional. De igual forma, la madre debe comprometerse a emprender acciones puntuales para el desarrollo de una vida productiva y autónoma que permita mejorar las condiciones socioeconómicas y afectivas, en beneficio de su calidad de vida y la de sus hijos.
Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la etapa del ciclo vital de la madre, así como las condiciones familiares, sociales y económicas al momento del egreso, de tal manera que la autoridad administrativa competente y la casa para madres gestantes garanticen efectivamente la vinculación a la oferta de servicios disponible en la región, de modo que reciba todo el apoyo requerido para iniciar su proyecto de vida autónomo e independiente y evitar situaciones de amenaza o vulneración de derechos que debiliten el desarrollo del niño o niña y el vínculo madre-hijo.
El equipo técnico interdisciplinario de la autoridad competente que estuvo a cargo del caso y el equipo de la casa de madres gestantes(26), deberá realizar seguimiento posterior al egreso tanto a la madre como al bebé, al menos durante seis (6) meses, estén juntos o separados. Este seguimiento lo realiza el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad competente a la adolescente y el seguimiento a la mayor de 18 años lo realiza el equipo técnico interdisciplinario de la casa de madres gestantes y lactantes. Se sugiere que el seguimiento a las madres que hayan otorgado el consentimiento para la adopción, se realice con el debido respeto a la privacidad y confidencialidad del caso.
En el seguimiento posegreso se debe evaluar el cumplimiento de los acuerdos concertados según lo establecido en el acta de compromiso elaborada previamente. Si, como resultado del ejercicio de seguimiento, se determina que las condiciones no son favorables para la garantía de los derechos de la madre o del bebé, la autoridad administrativa deberá establecer las medidas o actuaciones a que haya lugar. Este seguimiento implica la intervención del equipo interdisciplinario con el apoyo de agentes del SNBF y la comunidad.
a) Exigir la entrega del bebé en adopción como contraprestación por la utilización del programa. Esto implica que no se podrá restringir ni condicionar el ingreso al programa para aquellas madres que, aun hallándose en situación de vulnerabilidad (rechazo familiar, precariedad económica, entre otras), no se encuentran en conflicto con su embarazo;
b) Omitir o desalentar la vinculación del padre, la familia y las redes de apoyo, al proceso;
c) Exigir a la madre (de manera verbal o escrita) el compromiso de entregar al bebé nacido o por nacer a la casa de madres gestantes o a personas particulares;
d) Ejercer algún tipo de presión para que la madre autorice u otorgue el consentimiento para la adopción. Esto incluye la realización de acciones dentro del proceso de intervención psicosocial exclusivamente orientadas a la adopción. La asesoría sobre el consentimiento para la adopción en madres menores de edad es función exclusiva del equipo interdisciplinario de la autoridad administrativa competente;
e) Dar información contraria, impedir o desestimular la lactancia materna para los bebés, salvo condiciones de salud debidamente justificadas que pongan en riesgo al niño o niña, lo cual deberá certificar por escrito el profesional especializado competente; o por voluntad de la madre (manifestada de igual forma por escrito);
f) Utilizar medicamentos o medios para interrumpir la producción de leche materna a las mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia, salvo condiciones de salud debidamente justificadas y certificadas por ginecología; o por solicitud directa de la madre;
g) Separar a los bebés recién nacidos de las madres, aun cuando hayan dado su consentimiento para la adopción, salvo que la madre exprese por escrito su voluntad de no permanecer con el bebé. Cuando se ha dado el consentimiento para la adopción, la madre podrá permanecer con el bebé hasta que el consentimiento quede en firme;
h) Ofrecer retribución en dinero o en especie para que la madre otorgue el consentimiento para la adopción;
i) Realizar actos de discriminación a las madres por condición de raza, salud, antecedentes personales o familiares, cultura, situación de vulneración, o por el cambio de decisión de entregar o no a su hijo en adopción;
j) Retirar, temporal o definitivamente, a la madre gestante o periodo de lactancia menor de edad o a su bebé de la casa de madres gestantes, sin autorización de la autoridad administrativa competente;
k) Cobrar a la madre o a su familia los servicios prestados (en dinero o especie) en caso de no otorgar el consentimiento para la adopción y en caso de retractarse de darlo.
El proceso de seguimiento es definido como la observación periódica y sistemática del proceso de atención acompañado de recolección y análisis de información con el fin de identificar el cumplimiento de lo establecido en los lineamientos técnicos y en los estándares de estructura para la garantía de la restitución de derechos de madres gestantes o en periodo de lactancia y su hijo o hija.
Durante el tiempo en que la adolescente gestante o en periodo de lactancia con su niño o niña recién nacido y otros niños con los que ingresó, se encuentren en la casa de madres gestantes, el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente, deberá realizar seguimiento mensual a cada una de ellas y a sus niños y niñas, en las instalaciones donde se encuentran ubicados, con el fin de establecer sus condiciones y las acciones y resultados del proceso de atención. Los resultados del seguimiento deben ser consignados por el equipo técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente, en la carpeta donde reposa la historia de atención.
Así mismo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 96 de la Ley 1098 de 2006, el coordinador del centro zonal deberá hacer seguimiento a las medidas de restablecimiento de derechos que corresponden a su jurisdicción.
De igual manera, el equipo técnico interdisciplinario de la casa de madres gestantes debe realizar seguimiento al proceso de atención a la mayor de 18 años gestante o madre en periodo de lactancia y a sus hijos o hijas, durante el tiempo de permanencia en el programa. Dicho seguimiento debe ser consignado en informes que deberán ser remitidos con la mayor brevedad posible a la autoridad administrativa a cargo del caso. Los informes de seguimiento son de tres tipos:
a) Informes regulares: cada tres (3) meses durante la permanencia de la madre y sus hijos en el programa;
b) Informes especiales: al ingreso de la madre al programa, al nacimiento del bebé, previo al consentimiento (en caso de otorgarlo) y al egreso del programa;
c) Informes extraordinarios solicitados a discrecionalidad de la autoridad administrativa; o cuando la casa requiera informar a la autoridad sobre alguna situación especial u excepcional.
Como resultado de este seguimiento, tanto a la medida como al proceso de atención integral en la casa de madres gestantes, el equipo interdisciplinario competente, identificará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Platin y el cumplimiento en la aplicación de los lineamientos técnico-administrativos para la operación de este programa.
Un elemento fundamental de este proceso continuo de seguimiento es la identificación de alarmas tempranas que permitan al equipo técnico interdisciplinario replantear el tipo de intervención a seguir, a la casa de madres gestantes generar las acciones correctivas a que haya lugar, y a la autoridad administrativa las acciones que considere necesarias y pertinentes para asegurar el restablecimiento de derechos de la madre y sus hijos.
Con base en los informes y conceptos emitidos por el equipo técnico interdisciplinario, la autoridad competente establecerá las medidas a que haya lugar.
La defensoría de familia y su equipo técnico interdisciplinario harán revisiones periódicas a las actuaciones realizadas con las madres gestantes o lactantes mayores de 18 años.
El proceso de supervisión técnica se define como el conjunto de actividades sistemáticas de observación, registro y verificación del nivel de cumplimiento de la atención a las madres gestantes o en periodo de lactancia y su (s) hijo (s) o hija (s) frente a los estándares de estructura, proceso y resultado estipulados en los contratos de aporte; utilizando estrategias de seguimiento y asesoría que permitan mejorar la calidad del programa y garantizar los derechos de esta población. Este proceso se rige por el sistema de supervisión de los contratos de aporte, establecido por el ICBF que define los estándares que deben cumplir los prestadores de los servicios. En la observación, el registro y la verificación mencionados, deberá contarse con la amplia participación de la madre y su familia.
El proceso de supervisión técnica se centra fundamentalmente en verificar los estándares de proceso (referidos a la utilización de los recursos para la operación del programa) y de resultados (cambios ocurridos en el usuario frente a su condición de vida derivados directamente del programa) y algunos de estructura (referidos a los recursos que deben existir en forma permanente para prestar el servicio) dado que estos se verifican como requisitos básicos para la contratación.
La Resolución 4670 de 2009 define como responsable de la supervisión de un contrato, al profesional que el ICBF designe para tal efecto; por lo cual, la administración debe asegurarse que este cumpla con la experiencia y perfil requeridos. Para efectos de la supervisión de los aspectos técnicos de los contratos de aporte, la guía de supervisión establece la conformación de equipos de apoyo al supervisor o interventor, los cuales se constituyen en un soporte para que el supervisor-interventor pueda tomar decisiones adecuadas, oportunas y pertinentes.
La supervisión técnica es un proceso permanente que realizan los equipos técnicos interdisciplinarios de la autoridad competente. La sede de la dirección general definirá las alternativas a seguir para contratar el proceso de supervisión técnica.
La supervisión es un proceso permanente, no obstante, se debe garantizar que se realice un mínimo de dos (2) visitas al año a cada entidad contratista y unidad aplicativa. La primera visita de supervisión técnica se debe efectuar entre enero y junio y la segunda, entre julio y diciembre de cada año. Se recomienda que una visita sea concertada y otra no concertada.
Parte fundamental del proceso de supervisión es el análisis de resultados, el cual debe permitir identificar las variables y componentes que requieren atención inmediata en relación con el puntaje obtenido, las recomendaciones más inmediatas y los compromisos que se adquieren para superar los incumplimientos encontrados, si los hubiere. De igual forma, se debe hacer un reconocimiento de los aspectos positivos o relevantes que se hallaron como producto de la visita. Una síntesis de este análisis debe registrarse en el acta de visita, la cual debe ser diligenciada en su totalidad y firmada por las partes, lo que presupone la socialización con la institución y el acuerdo mutuo frente a los hallazgos y frente al plan de mejoramiento.
La hoja de registro y calificación y el acta de visita se constituyen en el informe de visita; una copia de estos dos documentos, una vez concertado su contenido y realizada la reflexión del caso, debe entregarse a la entidad contratista o unidad de observación, otra debe enviarse a la oficina jurídica de la regional, para que repose junto con el contrato y una tercera, se debe entregar al supervisor-interventor del contrato.
Es un proceso de orientación y acompañamiento permanente dirigido a los operadores del programa y equipos psicosociales, entre otros, con el fin de orientar su quehacer, responder inquietudes, corregir el rumbo de las acciones y mejorar los procesos.
La asesoría se desarrolla de manera articulada con la supervisión y el seguimiento, es decir, que el resultado de todas las evidencias encontradas en estos dos procesos es el insumo para brindar la asesoría y orientación que se requiere para el mejoramiento en la calidad de la atención de mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia mayores o menores de edad y sus hijos o hijas nacidos o por nacer en el marco de la garantía de derechos y la protección integral.
Así mismo, este proceso de asesoría se articula con los procesos de capacitación y formación a los equipos psicosociales y a las mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia, durante el tiempo que sean beneficiadas con este programa.
La asesoría deberá realizarse en un proceso conjunto de construcción del conocimiento que implica el estudio de documentos, la conversación, y reflexión para la transformación de acciones, implicando alcanzar resultados conforme a lo establecido en los lineamientos.
Este proceso permite establecer el grado de logro de los objetivos de este programa de atención especializada, su funcionamiento, la pertinencia de los lineamientos técnico administrativos, los métodos utilizados, el aprovechamiento de sus recursos y los efectos en las mujeres gestantes o madres en periodo de lactancia y sus hijos o hijas, mediante los procesos de seguimiento y supervisión, el análisis de la información y la retroalimentación de experiencias que permita definir las decisiones necesarias para mejorar los resultados de este programa.
La evaluación está centrada principalmente en analizar la eficacia de los procesos desarrollados, es decir, en determinar si lo que se hizo tuvo el efecto esperado. Está orientada al aprendizaje y al mejoramiento continuo de la calidad del programa.
Este proceso, al igual que los demás mencionados en este lineamiento, implica una postura democrática e incluyente frente a la institución, en el que desde la mirada del evaluador se ponen en común todos aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar o cambiar para una óptima prestación del servicio, para encontrar y construir salidas plausibles que generen desarrollo y crecimiento del programa. Requiere de una conversación reflexiva que incluye el ejercicio de una mirada externa y compleja, con el objetivo de lograr la mejor calidad a favor de las madres y sus familias; exige la inclusión de la institución en respeto, con claridad y exigencia en la prestación del servicio.
Finalmente, el proceso de evaluación, que se deberá realizar al menos una vez al año, debe partir de los resultados obtenidos en la supervisión, es decir, del cumplimiento de estándares de estructura, proceso y resultado, y de una autoevaluación del funcionamiento del servicio, proceso en el cual deberá participar el ICBF regional y zonal. De lo encontrado se deberá dejar constancia mediante acta que incluya acciones de mejoramiento y compromisos, con tiempos definidos para su logro.
Circular 33 del 19 de noviembre de 2007, emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Circular 30 del 13 de mayo de 2009, proferida por la Procuraduría General de la Nación.
Contreras, Édgar. Paternar: Una Nueva Opción para la Familia. ICBF, 2002.
Convención de los Derechos de los Niños (L. 12/91).
Ensin. Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, ICBF, 2005.
Estándares servicios de protección, ICBF, 2007.
Flórez, C.E., Vargas Trujillo, E., Henao, J., González, C., Soto, V. & Kassem, D. Fecundidad adolescente en Colombia: Incidencia, tendencias y determinantes. Un enfoque de historia de vida. Documento CEDE.
ICBF - Sinapsis. Lineamientos Técnico Administrativos Misionales y herramientas Metodológicas para la Inclusión y la Atención a Familias en los Programas y Servicios del ICBF. Bogotá, 2006.
ICBF - Asociación Colombiana de Psiquiatría. Fortalecimiento de la Resiliencia de Adolescentes Embarazadas Manual de Autoformación, Bogotá, 2005.
Norma técnica para la atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) adaptado de “Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud”. Organización Mundial de la Salud - Ginebra 2003. Bogotá, D.C., diciembre de 2006.
Organización Mundial de la Salud. Principios de orientación para la alimentación complementaria del niño amamantado. 2003.
Pavanni G. La maternidad adolescente desde la perspectiva de sus protagonistas. Cuaderno de Posgrado número 39. Caracas: Facultad de Humanidades de Educación Universidad Central de Venezuela, 2001.
Procurando Equidad. Procuraduría General de la Nación, mayo 2008. Vigilancia al cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
Restrepo de M.F. La adopción: un acto de amor. En ICBF la adopción: un acto de amor. Memorias Seminario Internacional, Bogotá: 1995.
Sentencia T-510 de 2003. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda E.
Sentencia C-355 de 2006, Corte Constitucional, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. W.
Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)(27)
Mediante Sentencia C-355 de 2006 proferida el 10 de mayo de 2006, la honorable Corte Constitucional declaró exequible el artículo 122 del Código Penal, en cuanto a que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:
La interrupción voluntaria del embarazo no constitutiva del delito de aborto, la interrupción voluntaria del embarazo debe desarrollarse en el marco de servicios integrales de salud sexual y reproductiva que incluye las acciones de promoción de la salud y prevención del embarazo no deseado, y su manejo oportuno con el fin de evitar las complicaciones, en condiciones de respeto por su dignidad y sin discriminación.
El sistema de seguridad social en salud con el apoyo de las demás entidades corresponsables y competentes, deberá prestar inmediatamente y de manera prioritaria la atención necesaria a través de sus programas y así garantizar la prestación de servicios de aborto seguro en forma oportuna para todas las mujeres.
La atención integral para la interrupción voluntaria del embarazo incluye el manejo de las complicaciones de aborto y el acceso a otros programas, en el marco de la salud sexual y reproductiva integral, tales como, la orientación médica y psicológica pre- y posaborto, la consejería y orientación en planificación familiar, el acceso a métodos efectivos de anticoncepción, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA, y el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos y en general, todas las intervenciones orientadas al autocuidado de la salud. Ninguno de estos servicios podrá imponer restricciones adicionales para el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por lo anterior, el apoyo que en general debe brindarse, referenciado al área de la salud, será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de salud del país, de acuerdo a la jurisprudencia en vigencia de la Corte Constitucional en relación con la prestación del servicio de la salud.
Así mismo, el apoyo y la orientación que se brinde desde el área de psicología es de vital importancia a fin de orientar e ilustrar a la mujer y a su familia dadas las implicaciones legales, emocionales, familiares, entre otras, que representa esta decisión, así como para evitar traumatismos posteriores de diversa índole.
De acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social, siguiendo los mandatos constitucionales, para la prestación de los servicios de la interrupción voluntaria del embarazo, en concreto, el artículo 5º de la Resolución 4905 de 2006, se dispone que:
a) En ningún evento se podrán imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación de los servicios de salud “tales como: autorización de varios médicos, revisión o autorización por auditores, periodos y listas de espera, y demás trámites que puedan representar una carga excesiva para la gestante”, y
b) La provisión de los servicios de salud para la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en lo posible dentro de los primeros cinco días siguientes a la solicitud y previo el consentimiento informado por parte de la gestante y la presentación de la certificación médica o la copia de la denuncia penal, según el caso, siendo estos los únicos presupuestos que debe cumplir la mujer embarazada para la interrupción de su embarazo. De cualquier manera, se entiende que se debe propiciar el apoyo y la participación de la familia con el único fin de alcanzar su solidaridad en tan difíciles momentos;
c) Cualquier acción u omisión encaminada a demorar, dificultar o impedir la práctica de un aborto legal, en los términos de la Sentencia C-355 de 2006 configura una discriminación en contra de la mujer embarazada que la requiere, lo cual conlleva la aplicación de sanciones en contra de las entidades encargadas de su atención —desde una multa hasta su cierre definitivo— sin perjuicio de las responsabilidades personales a que haya lugar —disciplinarias, patrimoniales e, inclusive, penales—(28).
Derechos en los que se basa la Sentencia C-355
a) Derecho a la vida, a la salud y a la integridad;
b) Derecho a la igualdad y a estar libre de discriminación por raza, sexo o estatus social;
c) Derecho a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.
Responsabilidades de las defensorías de familia o autoridad competente
Los equipos técnicos interdisciplinarios de la defensoría de familia o autoridad competente que conozcan o brinden atención en la interrupción voluntaria del embarazo, están en la obligación de guardar el secreto profesional y por ende observarán la discrecionalidad de la consulta, la confidencialidad del diagnóstico, su evolución y la de toda la información a fin de preservar los derechos a la intimidad y dignidad de la gestante y su familia.
Los profesionales deben estar adecuadamente entrenados en los aspectos emocionales, humanos, jurídicos, éticos y sociales.
El asesoramiento es muy importante para ayudar a la adolescente o mayor de 18 años a encontrar y considerar todas las opciones posibles y asegurar que puede tomar una decisión libre de toda presión o precipitud. El asesoramiento debe ser voluntario y confidencial y debe brindarlo un profesional especializado.
Si la mujer opta por una interrupción voluntaria del embarazo, el profesional deberá explicarle cualquier requerimiento legal necesario para poder realizarlo. Debe darse a la mujer el tiempo suficiente para tomar su decisión; sin embargo, se debe explicar la mayor seguridad y efectividad de una interrupción voluntaria del embarazo temprana y oportuna.
El profesional también deberá proveer información a aquellas mujeres que deseen llevar su embarazo a término o consideren la adopción, y derivarla a las instituciones correspondientes. En todo caso se deberá considerar y propender por el apoyo de la familia y de la red social e institucional.
En algunas circunstancias la mujer puede estar bajo la presión de su pareja u otro miembro de la familia para realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Las adolescentes solteras y las mujeres infectadas por VIH pueden ser particularmente vulnerables a dichas presiones. Todas las mujeres que conocen estar infectadas por el VIH deben así mismo conocer los riesgos del embarazo para su propia salud y los riesgos de transmisión del virus a su hijo. Las mujeres también deben saber qué tratamientos existen para ellas y para prevenir la transmisión a su hijo, a fin de poder tomar una decisión fundamentada sobre seguir con el embarazo o interrumpirlo en los casos no constitutivos del delito de aborto.
Si los profesionales sospechan la existencia de presión o coerción, deberán hablar con la mujer a solas, y prestarle el asesoramiento adicional que se requiera. Si el personal sabe o sospecha que la mujer fue víctima de violencia o abuso sexual, deberán orientarla para que reciba un apropiado asesoramiento y tratamiento psicosocial, así como la respectiva intervención y denuncio ante autoridad competente.
Las mujeres que se enfrentan a una decisión de interrupción voluntaria del embarazo necesitan y deben obligatoriamente ser tratadas con respeto y comprensión sin discriminación de ninguna índole. Por lo tanto, los profesionales deben constituirse en apoyo para la mujer y brindarle información de modo tal que pueda entenderla y recordarla, y pueda así tomar la decisión de realizarse o no un aborto, dentro de lo permitido por la normatividad vigente, libre de inducción, coerción o discriminación.
De la misma forma, el profesional especializado debe detectar si la causa para pretender interrumpir el embarazo es una de las enumeradas en la legislación penal vigente, ya que en caso contrario no procederá la interrupción del embarazo. Ej.: la mujer que concibe con pleno consentimiento de su esposo o compañero y posteriormente por cualquier diferencia con la pareja, pretende abortar por ira, despecho o algún conflicto.
Información que se debe suministrar a la mujer sobre el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo
La información mínima que los equipos técnicos interdisciplinarios de las defensorías de familia o autoridad competente, deben dar a la mujer debe incluir:
a) Qué se hará durante y después del procedimiento;
b) Qué es probable que sienta (v. g. dolores, cólicos tipo menstrual y sangrado);
c) Cuánto tiempo llevará el procedimiento;
d) Qué se puede hacer para el manejo del dolor;
e) Los riesgos y complicaciones asociados con el método;
f) Cuándo podrá retomar su actividad normal, incluso las relaciones sexuales;
g) Los cuidados de seguimiento;
h) Información sobre anticoncepción(29).
Del mismo modo, se deberá propiciar el espacio de conversación con profesional especializado, tendiente a poner en común las posibles implicaciones sociales, emocionales, psicológicas y relacionales que pueda llegar a implicar la decisión de la interrupción del embarazo y en caso de ser necesario facilitar su afrontamiento y la construcción de respuestas que permitan el sano desarrollo de la mujer. En el caso de adolescentes este acompañamiento debe incluir a la familia.
Requisitos para el acceso al consentimiento informado en casos de interrupción voluntaria del embarazo
Esta decisión debe reflejar la voluntad de la mujer de acceder a la prestación de dichos servicios, libre de coerción o discriminación, sin que se requiera obtener permiso, autorización o notificación de un tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 23 de 1981, tratándose de personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, la interrupción voluntaria del embarazo requerirá la autorización de los padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata (L. 1098/2006, art. 46, num. 6º).
a) Certificación médica. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, o cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, el médico tratante certificará en la historia clínica de la paciente la condición clínica que constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, o la malformación que padece el embrión, respectivamente, sin que sean exigibles requisitos adicionales. Para la obtención de la certificación médica no es necesaria una junta médica, basta con que un solo médico dé la certificación;
b) Denuncia penal. Debidamente presentada. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, requerirá de la copia de la denuncia presentada ante la autoridad competente, sin que sean exigibles requisitos adicionales.
Las mujeres embarazadas como consecuencia de una violación necesitan un tratamiento particularmente sensible, y se debe ofrecer un cuidado y apoyo apropiados. El manejo general de las sobrevivientes a una violación, incluye el cuidado físico y psicológico, el asesoramiento y el cuidado de seguimiento.
Los profesionales deben procurar desarrollar habilidades para el abordaje integral de la sexualidad adolescente y el respeto de sus derechos. Esto incluye una especial habilidad para recabar los datos de la historia; por ejemplo, deben ser amables y formular preguntas simples en un lenguaje entendible; pueden necesitar repetir las preguntas y sondear con cuidado y consideración. Dado que tanto las adolescentes como las mayores de 18 años que enfrentan esta difícil situación necesitan tiempo para revelar la información relacionada con el caso, es esencial que los profesionales garanticen claramente la confidencialidad, asegurándoles a las adolescentes y a sus familias que no se compartirá la información de su consulta con nadie.
A continuación se presenta una visión conjunta de las acciones que se deben desarrollar en las diferentes etapas del proceso de atención (Primer encuentro, Ingreso e integración, intervención, egreso y seguimiento posegreso), por áreas de derechos es decir, que el programa de atención especializada debe dar cuenta de lo contenido en la siguiente matriz:
Garantizar las mejores condiciones de atención en salud a las adolescentes y adultas en periodo de gestación o lactancia.
a) Verificación de la afiliación al SGSS en Salud;
b) Referenciación, orientación y apoyo para lograr la afiliación al SGSS en salud de la mujer gestante o en periodo de lactancia y sus hijos menores de edad;
c) Valoración y atención, médica, nutricional, psicológica;
d) Suministro de alimentación, acorde a los requerimientos nutricionales y necesidades personales;
e) Establecimiento de condiciones para atención con calidez y calidad de la gestación, parto y puerperio (ver política nacional de salud sexual y reproductiva);
f) Orientación y acompañamiento para recibir los servicios de salud: control prenatal y posnatal, exámenes de diagnóstico, tratamientos, hospitalizaciones, salida del hospital y suministro de medicamentos. Estos servicios se deben garantizar igualmente a las mujeres que toman la decisión de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos no constitutivos de delito de aborto;
g) Formación en prácticas de autocuidado durante la gestación, parto, puerperio y con el recién nacido;
h) Promoción y fortalecimiento de los grupos de apoyo y constitución de redes que afiancen la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años;
i) Formación sobre hábitos alimentarios saludables con: la mujer adolescente o mayor en proceso de gestación, el recién nacido y los niños menores de dos años, y alimentación complementaria;
j) Orientaciones sobre el cuidado de la salud física y emocional, para que logre una gestación sana y segura;
k) Vinculación al curso psicoprofiláctico y al programa de estimulación intrauterina y posnatal, en el sistema;
l) General de seguridad social o en programas comunitarios;
m) Vinculación de personas significativas, tales como el esposo o compañero, referentes afectivos de la familia u otros como apoyo de la mujer en proceso de gestación en su cuidado físico y emocional;
n) Detección temprana y oportuna de alteraciones de crecimiento y desarrollo del niño o niña por nacer o recién nacido;
o) Garantizar que los niños (as) recién nacidos y sus hermanitos menores de cinco (5) años cuenten con atención especializada, seguimiento al crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación completo, entre otros;
p) Vinculación a programas de salud sexual y reproductiva para el ejercicio de una sexualidad sana;
q) Orientación para la planeación de nuevas gestaciones con criterios de responsabilidad familiar;
r) Implementación programas de saneamiento y control de factores de riesgo epidemiológico y de accidentes.
Garantizar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y a las gestantes mayores de edad a programas de educación formal y no formal dirigido a adultos.
a) Valoración pedagógica;
b) Gestión ante el sector educativo para la vinculación a programas de educación formal para las adolescentes, acorde con sus características, que estén reconocidos y aprobados por la secretaría de educación respectiva;
c) Vinculación a programas de educación formal y no formal dirigida a población adulta, cuando se requiera;
d) Brinda la dotación escolar directamente o por gestión con la familia;
e) Vinculación de los niños o niñas que ingresan con la madre al programa, al sistema educativo formal o a programas ofrecidos por el ICBF para primera infancia (hogares comunitarios de bienestar, Infantiles, entre otros);
f) Desarrollo de acciones de nivelación y refuerzo escolar;
g) Vinculación a programas vocacionales formales e informales intrainstitucionales o del SNBF;
h) Desarrollo de programas recreativos, deportivos, artísticos y culturales intra- y extrainstitucionales, acorde a sus intereses y habilidades;
i) Orientación prelaboral y laboral;
j) Orientación para el desarrollo de proyectos productivos individuales o asociativos.
Definir un proyecto de vida independiente.
a) Formación y desarrollo de competencias para analizar, planear y tomar decisiones sobre su vida, de manera independiente y autónoma a nivel emocional y económico;
b) Orientación para la definición de la identidad personal y sexual en términos de cualidades, habilidades, fortalezas, aptitudes, intereses, debilidades, otros;
c) Formación y fortalecimiento del propio sistema de valores;
d) Formación de relaciones caracterizadas por la cercanía, calidez, reciprocidad, autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre su vida afectiva y sexual de manera planeada, reflexiva y sistemática;
e) Orientación en la realización de actividades propias del ciclo de vida.
Promover relaciones de apego y comunicación con su hijo o hija recién nacido o por nacer.
a) Fomento de espacios para el contacto afectivo, físico y verbal con el hijo o hija, como estimulación prenatal, posnatal y lactancia materna, entre otros;
b) Celebración de ritos y ceremonias alrededor de la gestación y la maternidad;
c) Preparación del ajuar del bebé;
d) Formación en torno a reconocer e incorporar el papel del hombre, especialmente en su rol paterno en interacción con su familia, cuando a ello haya lugar.
Fomentar conocimientos y prácticas de pautas de crianza afectivas y efectivas.
a) Formación sobre las funciones de la familia y su papel en el desarrollo integral de sus hijos e hijas por nacer o recién nacidos;
b) Formación sobre pautas de crianza positivas;
c) Formación sobre el desarrollo evolutivo de los niños y niñas;
d) Vinculación a programas de estimulación adecuada.
Generar conocimientos y prácticas sobre formas de convivencia equitativa y armónica.
a) Formación para el desarrollo de habilidades de convivencia y el manejo pacífico de conflictos: relaciones y normas sociales, comunicación, manejo de la ira, desacuerdo, tolerancia, entendimiento del conflicto, entre otros;
b) Ambiente institucional que fomente las relaciones familiares y sociales que favorezcan la equidad y las relaciones de género;
c) Facilitar encuentros familiares con acompañamiento profesional.
Conocer y hacer uso efectivo de sus derechos, deberes y responsabilidades.
a) Valoración socioeconómica;
b) Acompañamiento para los trámites de reconocimiento social y jurídico: registro civil, reconocimiento de paternidad, aborto, entre otros;
c) Orientación y asesoría para la defensa y protección de sus derechos, así como conocimiento de sus deberes y responsabilidades como madre y ciudadana;
d) Facilitar o propiciar los encuentros con la autoridad administrativa.
Tener un espacio físico y emocional para satisfacer sus necesidades inmediatas.
a) Suministro de la dotación básica, personal y de aseo de manera directa o gestionada con la familia;
b) Asignación de un espacio habitacional, que cumpla con condiciones ambientales y con los estándares definidos en el presente lineamiento.
Promover el uso de estrategias para identificar afrontar y prevenir situaciones abusivas, maltratantes o discriminatorias tanto en el contexto familiar como social.
a) Formación sobre prácticas de buen trato;
b) Identificación y formación para prevenir y actuar adecuada y oportunamente ante situaciones de abuso y maltrato, violencia intrafamiliar o género;
c) Información sobre recursos institucionales y autoridades competentes para intervenir y tomar medidas que le garanticen y restablezcan sus derechos vulnerados;
d) Desarrollo de habilidades para el afrontamiento.
Conocer estrategias para afrontar de manera efectiva las crisis que la afectan.
a) Intervención, cuando se detecte la existencia de factores psicológicos de riesgo para la gestación y la maternidad: autoagresión, aborto, daño al bebé recién nacido, otros;
b) Intervención terapéutica orientada a la reparación de vínculos afectivos: adolescentes en situación de abandono, abuso, maltrato, entre otros;
c) Soporte emocional a las madres para afrontar las situaciones de interrupción voluntaria del embarazo o la separación del bebé cuando la madre ha optado por dar el consentimiento para la adopción;
d) Apoyo terapéutico ante experiencias o situaciones de pérdidas, que afectan el bienestar de la familia.
Lograr la integración a la red psicoafectiva y desarrollar la capacidad de pedir y brindar afecto, apoyo y orientación.
a) Fomento de espacios formativos y vivenciales que permitan integrar al padre del bebé al proceso de gestación o lactancia, en sus derechos y responsabilidades;
b) Fomento de espacios formativos y vivenciales que permitan integrar a la familia extensa, y otras personas significativas al proceso de gestación o lactancia (cuando la madre y el padre, si lo hubiere, así lo deseen);
c) Encuentros de socialización con el personal de la institución y otras familias atendidas;
d) Desarrollo de habilidades para solicitar ayuda y lograr que su red psicoafectiva sea más funcional.
Acceder a la red social y esté en capacidad de solicitar y gestionar ayuda, información y orientación.
a) Desarrollo de competencias para la autogestión y utilización de los servicios y recursos institucionales y comunitarios (educación, salud, capacitación, recreación, cultura y justicia);
b) Coordinación con entidades del sistema nacional de bienestar, a fin de gestionar y garantizar la atención oportuna e integral;
c) Desarrollo de habilidades para acceder, solicitar ayuda y lograr que la red social sea más funcional.
Adquirir formación para el ejercicio de la democracia y la vida ciudadana.
a) Fomento de un ambiente de cooperación, solidaridad y de respeto hacia las creencias, costumbres, opiniones y diferencias culturales;
b) Desarrollo de programas de formación para la participación ciudadana y la democracia;
c) Conocimiento y práctica de los acuerdos y compromisos establecidos en el pacto de convivencia.
Modalidad casa madres gestantes
Entidades públicas o privadas vinculadas o adscritas al sistema nacional de bienestar familiar, sin ánimo de lucro, o entidades de carácter canónico o religioso(30).
Entidad legalmente constituida, con personería jurídica vigente, con estatutos acordes con los objetivos del programa de atención especializada y con estructura organizativa.
Contar con licencia de funcionamiento expedida por el ICBF para desarrollar el programa de atención especializada casa de madres gestantes.
Contar con una sede administrativa, equipos, mobiliario, implementos y dotación requerida para operar el programa (computador, impresora, teléfono, archivador, escritorio, entre otros).
Contar con personal idóneo, con experiencia en asuntos de familia y niñez, y de acuerdo con los estándares de talento humano contenidos en este documento.
Experiencia mínima de seis (6) meses de la entidad o de las personas que la conforman, en programas o servicios de atención a la niñez, la familia o la comunidad.
Ubicada en zona libre de riesgos naturales y peligros por problemática social que comprometa el bienestar de las madres gestantes o en periodo de lactancia.
Estructura y características de la construcción
La estructura de la vivienda debe estar acorde con el medio, fabricada con materiales resistentes.
Muros, pisos y techo libres de grietas estructurales o hundimientos y el entorno libre de riesgos de deslizamientos, erosión de suelos o humedades que comprometan la estabilidad de la construcción, libre de basuras o residuos que contaminen el medio ambiente (gases, chimeneas industriales, cementeras, explotación de minas o canteras, etc.).
Vidrios, mallas, anjeos y rejas en buen estado y sin partes metálicas sueltas o deterioradas que puedan lesionar a las personas.
El acceso a la vivienda debe ser adecuado al tipo de construcción, con amplitud suficiente para garantizar una fácil movilidad para las madres gestantes o en periodo de lactancia. Las escaleras deberán tener escalones con un paso suficientemente amplio para los pies de personas adultas, con una pendiente y anchura que no represente riesgos de caídas o resbalones y con barandas y pasamanos adecuados para evitar caídas accidentales.
Balcones y terrazas protegidas con antepechos, muros o barandas; puerta que impida el acceso de los niños o niñas atendidos bajo cuidado temporal a sitios que ofrezcan peligro como son las terrazas, aljibes, albercas o estanques sin protección; conexiones o aparatos eléctricos protegidos y en buen estado (tomas eléctricas con sus tapas, cableado fijado adecuadamente, sin enchufes o tornillos sueltos, sin cables pelados o expuestos al calor o la humedad).
Debe estar libre de residuos de construcción y materiales de desecho.
Lavaderos con piletas protegidas y seguras que impidan el posible acceso y accidentalidad de niños y niñas.
Los sanitarios, duchas o lavamanos sin grietas, desportilladuras, desprendimientos, llaves rotas o sistema de agua defectuoso.
Debe contar con los servicios de agua, energía eléctrica y alcantarillado, para garantizar la existencia y calidad del programa.
Debe ofrecer adecuadas condiciones sanitarias tanto al interior como al exterior de la misma: ausencia de aguas negras o estancadas, basuras debidamente ubicadas y tapadas, alimentos bien conservados y almacenados, entre otros.
Estado e higiene
La vivienda debe encontrarse debidamente aseada y organizada, techo, piso y paredes limpios, habitaciones, baños, cocina, área social y demás espacios, aseados y en orden.
Los espacios de la casa de madres gestantes deben estar en coherencia con el número de madres gestantes o en periodo de lactancia que la habitan(31) y de los niños que lleven en cuidado temporal.
Las habitaciones para las madres gestantes deben contar con capacidad para ubicar la cama, armario o mesa de noche y espacio para el desplazamiento, lo que equivale a un espacio mínimo de tres (3) metros cuadrados por cada madre gestante. En el caso de la madre en periodo de lactancia, se debe contar con un (1) metro cuadrado adicional para la cuna del bebé y mesa de noche. El número máximo de madres gestantes por habitación es de tres (3) y en periodo de lactancia dos (2) por habitación con sus bebés.
Vivienda con ventilación e iluminación natural.
Habitación iluminada, ventilada, cama individual, mueble o armario para guardar sus pertenencias y las del bebé, adecuadas condiciones de orden y aseo. La habitación debe encontrarse ubicada en sitio de fácil acceso.
Espacio social de uso múltiple
Apto para el desarrollo de actividades de esparcimiento y demás actividades lúdicas y pedagógicas que se realicen acorde al número de madres gestantes o en periodo de lactancia, de aproximadamente 1,50 m2 por madre gestante. Los muebles y enseres para dichas actividades deben estar completos y en buenas condiciones (sin rotos, daños, óxido, entre otros).
Espacio para el desarrollo de las actividades administrativas de la casa. Debe contar con el mobiliario de oficina requerido (escritorios, archivadores, equipos de cómputo, asientos, entre otros).
Espacios independientes para la atención especializada (psicología, trabajo social, nutrición) de las madres gestantes o en periodo de lactancia y sus bebés.
Espacio acorde al número de madres gestantes o en periodos de lactancia, niños y niños atendidos, de aproximadamente 1,07 m2. Mobiliario con puesto en la mesa y silla para cada uno.
Según la capacidad instalada. Con menaje completo según capacidad de atención, sin rotos, ni daños y en funcionamiento.
Espacios distribuidos para máximo tres (3) madres en periodo de gestación ó 2 madres en periodo de lactancia con sus bebés recién nacidos, con aproximadamente 4 m2 para la ubicación de la madre con su bebé(32).
Lactario(33)
Debe cumplir con las condiciones sanitarias y de almacenamiento recomendadas para la preparación de teteros. Ver Anexo 5.
Un (1) lavadero y tendedero proporcional al número de madres gestantes o en periodo de lactancia. Sin daños y con buen funcionamiento. Con protección en la pileta, que elimine cualquier riesgo para los niños y niñas.
Despensa para almacenamiento de alimentos
Despensa con espacio suficiente para almacenar los alimentos requeridos. Con buena iluminación y ventilación, con pisos de material lavable, cielorraso de material que no genere o acumule suciedad y con elementos que permitan el almacenamiento de algunos alimentos alejados del piso.
Espacio para el almacenamiento de dotación
Debe contar con el espacio suficiente para almacenar los elementos de dotación personal y de aseo tanto para las madres como para los bebés; así como para la lencería, toallas y otros.
Espacio para disposición de basuras
Espacio definido para disposición de basuras, con buena ventilación, recipientes impermeables de plástico, caucho o metal, de fácil limpieza con protección al moho, con bolsa plástica y con tapa de buen ajuste. Se deben disponer espacios para el almacenamiento de materiales reciclables separados de los biodegradables, conforme a la política ambiental del ICBF y adelantar un programa para este efecto.
Sanitarios, duchas y lavamanos
Debe contar con la siguiente proporción teniendo en cuenta si es medio institucional o casa hogar:
Medio institucional:
• 1 sanitario para máximo 6 madres gestantes
• 1 ducha para máximo 10 madres gestantes
• 1 lavamanos para máximo 10 madres gestantes
• 2 sanitarios para máximo 12 madres gestantes
• 2 duchas para máximo 12 madres gestantes
• 2 lavamanos para máximo 12 madres gestantes
Tenga en cuenta que este programa de atención especializada a la madre gestante debe disponer de un (1) sanitario, lavamanos y ducha, exclusivo para los responsables del programa y demás miembros del equipo de atención.
Zona de recreación al aire libre
La casa debe contar con mínimo un espacio abierto (patio o solar) o en su defecto, debe estar en cercanías de un parque o centro de recreación público al que puedan ser llevados los menores de edad sin que corran riesgos para su integridad física.
Hoja en blanco, para firmas de revisión y aprobación.
Natalia España Paz, defensora de familia ———————————————
Javier Uribe Blanco, asesor jurídico ——————————————————
Janneth Moreno Romero, abogada, oficina jurídica __________________________
María Piedad Villaveces Niño, directora de protección__________________________
Martha Isabel Tovar Turmequé, subdirectora de restablecimiento de derechos__________________________
Dora Hilda Aya Baquero, subdirectora de nutrición __________________________
Édgar Julián Vargas Brand, jefe oficina asesoría jurídica __________________________
(1) Para cada modalidad existe un lineamiento técnico administrativo de restablecimiento de derechos específico.
(2) Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006, artículo 60.
(3) Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006, artículo 60, parágrafo 2º.
(4) Se refiere a aquel embarazo que se produce en niñas o adolescentes.
(5) La autoridad competente es el defensor de familia, comisario de familia, inspector de policía, o autoridad tradicional, según competencia subsidiaria artículo 98 de la Ley 1098 de 2006.
(6) Para cada modalidad existe un lineamiento técnico administrativo de restablecimiento de derechos específico.
(7) En el presente lineamiento, cuando se mencione casa de madres gestantes y lactantes, se hace referencia a cualquiera de las siguientes dos (2) modalidades de atención: internado o casa hogar.
(8) Debe contar con espacio adicional para los demás hijos que pudieran ingresar con la madre al programa.
(9) Esto no implica que el cumplimiento de los seis (6) meses de edad del bebé en el programa, sea el criterio para definir el retiro inmediato de este y su madre, del programa, puesto que deben estar superadas las condiciones de vulneración de sus derechos de protección.
(10) Ver lineamientos técnicos de atención diferenciada en materia de familia, infancia y adolescencia en grupos étnicos de Colombia. ICBF, 2007.
(12) Sentencia C-355 de 2006 Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería.
(13) Procuraduría General de la Nación. Procurando Equidad. El papel del Ministerio Público en la vigilancia al cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006. Mayo de 2008.
(14) Se refiere al hecho de recibir atención sin costo alguno y a que este servicio no está condicionado, por ningún motivo, a la entrega del bebé en adopción como contraprestación por la atención recibida.
(15) Para la vinculación de las adolescentes al sistema educativo formal se debe tener en cuenta: si el embarazo es de alto riesgo, la incapacidad posparto, las condiciones de salud física y mental, el nivel educativo entre otros casos, para determinar la necesidad de sustituir esta educación formal por la vinculación a otros programas como: alfabetización, nivelación, validación escolar u otros de educación no formal.
(16) En este caso se evaluará la posibilidad de remitir a otro programa según circunstancias particulares.
(17) Esto no será un impedimento para que la madre y su red familiar aporten elementos adicionales a los establecidos en los estándares de dotación.
(18) El acompañamiento se hará para todas las madres adolescentes y para aquellas adultas que presenten las siguientes circunstancias: no cuente con red de apoyo, presente delicado estado de salud física o emocional, se encuentre en una etapa avanzada del embarazo o cuando la salida del lugar represente algún riesgo para su integridad personal.
(19) En este caso se evaluará la posibilidad de remitir a otro programa según circunstancias particulares.
(20) Pavao, M. (1998). The Family of Adoption. Boston: Beacon Press.
(21) Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias. ICBF. Bogotá, febrero de 2008.
(23) Lineamientos Técnicos para la Inclusión y Atención de Familias. ICBF. Bogotá, febrero de 2008, pág. 138.
(24) Sentencias SU-225 de 1998 y T-510 de 2003.
(25) La casa de madres gestantes podrá solicitar a la autoridad administrativa competente el cambio de medida o de servicio para la madre que incumpla de manera reiterada o grave con normas contenidas en el manual de convivencia. Para ello, la casa deberá remitir concepto psicosocial para que la autoridad administrativa y el equipo estudien otras alternativas de atención.
(26) La responsabilidad de este seguimiento será definida por cada regional en acuerdo con el operador del programa.
(27) La información y asesoría psicosocial para la interrupción voluntaria del embarazo la hace el sistema de salud. Sin embargo, en el evento que la consulta se realice en el centro zonal, la hará el equipo técnico interdisciplinario de la defensoría de familia o, en su defecto, el equipo técnico interdisciplinario de la institución donde la adolescente o mayor de 18 años acuda.
(28) Procurando Equidad. Procuraduría General de la Nación, mayo 2008. Vigilancia al cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006.
(29) Norma técnica para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) Adaptado de “Aborto sin riesgo: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”. Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2003. Bogotá, D.C., diciembre de 2006.
(30) Estas instituciones no podrán ir en contra de la jurisprudencia proferida por la ley en lo relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE – Sent. C-355/2006).
(31) El indicador de hacinamiento crítico según el DANE es una habitación con más de 3 personas. No aplica para comunidades indígenas.
(32) Los dormitorios deben preferiblemente estar decorados o ambientados para los bebés.
(33) Lactario o espacio para el almacenamiento o suministro de leche materna o de fórmula.