Source: https://boe.vlex.es/vid/ley-12-2018-15-748336081
Timestamp: 2019-01-17 04:35:33
Document Index: 365178

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 12', 'Artículo 22']

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 748336081
Marginal: BOE-A-2018-16678
CAPÍTULO I. Régimen de colaboración privada en la gestión de servicios sociales a las personas mediante acción concertada - arts. 2 a 10
CAPÍTULO II. Reglas específicas de contratación pública de servicios sociales dirigidos a las personas - arts. 11 a 20
CAPÍTULO III. Sistema de cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social - arts. 21 y 22
Articulo 1 Objeto y finalidad de la ley.
La presente ley tiene por objeto establecer los principios básicos de la contratación, la concertación y la cooperación directa de los servicios a las personas en el ámbito social que celebren las administraciones públicas competentes en las Illes Balears, con la finalidad de proveer unos servicios de calidad a la ciudadanía.
De conformidad con los referidos principios, se regulan fórmulas de colaboración-concertación que sirvan para complementar y preservar el modelo público de prestación de servicios a las personas en el ámbito de los servicios sociales, caracterizado por las notas de universalidad, de aseguramiento, financiación y planificación públicos, de gestión pública o privada concertada en base a la exigencia de idénticas prestaciones y niveles de calidad, y de evaluación y control públicos. Asimismo, se diseña un régimen singular de contratación pública que ponga el acento en la calidad, que podrá ser utilizado cuando se utilicen fórmulas de contratación pública.
Las fórmulas previstas en esta norma deberán ser aplicadas atendiendo a la mejor eficacia y eficiencia de la prestación que se pretenda satisfacer, para lo que deberá motivarse la opción elegida.
El Gobierno de las Illes Balears promoverá fórmulas de cooperación interadministrativa para conseguir el mejor funcionamiento del modelo de prestación de estos servicios esenciales a las personas.
CAPÍTULO I Régimen de colaboración privada en la gestión de servicios sociales a las personas mediante acción concertada Artículos 2 a 10
Artículo 2 De la acción concertada de servicios sociales a las personas en las Illes Balears.
Las administraciones competentes de las Illes Balears, para complementar el sistema público y garantizar una adecuada equidad y calidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios o del servicio de orientación profesional, podrán encomendar la prestación de dichos servicios de su competencia mediante el sistema de acción concertada, a entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector Social, tal y como se definen en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del Tercer Sector de Acción Social, o, si cabe, a entidades privadas, dando preferencia en este último caso a las entidades del Tercer Sector Social, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, y de acuerdo con los requisitos que establece esta ley y con respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.
A los efectos de esta ley, se entiende por régimen de acción concertada la prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientación profesional recogido en la Cartera Común del Sistema Nacional de Empleo, y en los que la financiación, el acceso y el control administrativo serán públicos.
La cooperación mediante la acción concertada comporta la adscripción funcional de los servicios correspondientes a la Red Pública de Servicios Sociales y supone que las entidades concertadas, independientemente de su naturaleza jurídica, se someten a un catálogo de obligaciones de control que podrán afectar a su plan de cuentas y a su sistema de contabilidad, a sus sistemas de información, al control de calidad, a la auditoría de cuentas, a las auditorias de protección de datos y a presentar una planificación trienal en recursos humanos e inversiones. En todo caso se preservará el modelo de gestión privada del centro y su identidad corporativa.
Artículo 3 Principios de la acción concertada.
Artículo 4 Planificación y objeto de la acción concertada.
Con una periodicidad anual, las administraciones de las Illes Balears competentes en materia social y empleo, como parte de sus competencias de planificación, realizarán una previsión de las prestaciones y servicios que se pretende que sean objeto de acción concertada, junto con una tasación de su coste y un informe justificativo de carecer de medios propios para su gestión, de la idoneidad de la modalidad de gestión elegida y de la planificación establecida para dotarse de medios propios para la gestión directa de tales prestaciones o servicios cuando fuera previsible que estos se fueran a prestar de manera permanente y fueran, además, esenciales para la efectividad de los derechos sociales.
Esta planificación tiene que definir aquellos servicios que son considerados, de manera excepcional, servicios de interés económico general. Para la determinación de este carácter se tendrá en cuenta, como criterio fundamental, el arraigo de las personas usuarias a los servicios y la implantación de los servicios al territorio.
Podrán ser objeto de acción concertada de los servicios relacionados en el anexo de esta ley:
Los acuerdos de acción concertada garantizarán que la atención que se preste a la ciudadanía con derecho a cobertura de servicios será la misma para todos, sin otras diferencias que las sociales inherentes a la propia naturaleza del proceso asistencial o de la prestación social.
Los servicios concertados formarán parte de la red pública y no podrán cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio público por las prestaciones propias del sistema del servicio concertado de que se trate. El cobro a las personas usuarias de cualquier cantidad en concepto de servicios complementarios, al margen del precio público, deberá ser autorizada por la administración competente.
Artículo 5 Requisitos exigibles a las entidades gestoras de los servicios concertados.
Podrán suscribir acuerdos de acción concertada las entidades del Tercer Sector de Acción Social que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.
No obstante lo anterior, en los procedimientos de acción concertada de servicios declarados de interés económico general, podrán subscribir conciertos todas las personas físicas o jurídicas de carácter privado, con o sin ánimo de lucro, sea cual sea la forma jurídica que adopten, que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.
Podrá utilizarse la acción concertada con aquellas entidades que cumplan los requisitos que se establezcan en la normativa de desarrollo de esta ley y, en especial:
La formalización de la colaboración se efectuará mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de acción concertada, cuyo modelo tiene que aprobar la persona titular del departamento competente. Se podrá subscribir un único concierto para la reserva y la ocupación de plazas en varios servicios o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular.
Artículo 6 Procedimientos de concertación y criterios de preferencia a favor de entidades del Tercer Sector Social.
La normativa sectorial regulará los procedimientos para que las entidades que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse al régimen de acción concertada conforme a los principios generales establecidos en el artículo 3 de esta ley.
La iniciación del procedimiento deberá quedar justificada mediante resolución acreditativa de la concurrencia de circunstancias que hagan necesario acudir a la acción concertada para la gestión de una determinada prestación de servicio, prevista en el artículo 4 de esta ley.
La selección de las entidades, previa convocatoria, en su caso, deberá basarse en los siguientes criterios, que quedarán determinados en el objeto y las condiciones de la resolución:
En aquellos procedimientos de concertación para servicios declarados de interés económico general en los que puedan participar entidades privadas con ánimo de lucro, siempre que existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, así como de eficiencia presupuestaria, para formalizar los acuerdos de acción concertada tienen preferencia las entidades del Tercer Sector Social.
Artículo 7 Duración, renovación, modificación y extinción de la acción concertada.
La duración de los acuerdos de acción concertada será la establecida en cada acuerdo con un máximo de diez años. No obstante lo anterior, se podrán renovar de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y las normas presupuestarias, siempre que se mantenga la demanda de prestación del servicio.
Los acuerdos de acción concertada podrán ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación en los términos que se establezca en el correspondiente acuerdo, cuando varíen las circunstancias iniciales de su suscripción, con el fin de adecuar las condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades. En todo caso, el cambio de finalidad de la entidad o de control financiero de la misma obligará a la revisión del acuerdo inicial de acción concertada.
Extinguido el acuerdo de acción concertada por alguna de las causas que se establecen en esta ley, la administración que realizó la acción concertada garantizará a las personas usuarias la continuidad en la prestación del servicio.
Queda prohibida la cesión, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada. No obstante, cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores, la administración pública competente podrá autorizar la cesión, junto con la adopción de las medidas precisas para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.
Artículo 8 Contenido mínimo de los acuerdos de acción concertada.
Artículo 9 Causas de extinción de los acuerdos de acción concertada.
Los acuerdos de acción concertada se extinguirán por cumplimiento y vencimiento del plazo, siempre que no se hayan renovado de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y de acuerdo con las normas presupuestarias, o por resolución.
Serán causas de resolución de los acuerdos de acción concertada las siguientes:
Artículo 10 Evaluación y seguimiento de los servicios prestados mediante acción concertada.
El departamento competente en la materia de cada administración que subscriba acuerdos de acción concertada aprobará un modelo de evaluación de los contenidos y las estipulaciones recogidos en los acuerdos de acción concertada de asistencia o de prestación de servicios sociales.
Las entidades y los servicios concertados estarán sometidos a las actuaciones que desde el departamento competente en la materia de cada administración que subscriba un acuerdo de acción concertada se determinen respecto de las condiciones técnicas y la evaluación de la calidad del servicio, así como a los procesos de seguimiento y controles económicos y administrativos que, para el cumplimiento del acuerdo de acción concertada, se vayan adoptando.
Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada serán resueltas por la administración pública competente, sin perjuicio de que, una vez agotada la vía administrativa, puedan someterse a la jurisdicción contencioso-administrativa.
CAPÍTULO II Reglas específicas de contratación pública de servicios sociales dirigidos a las personas Artículos 11 a 20
Artículo 11 Reglas singulares para contratación de servicios sociales a las personas.
Artículo 12 Exigencias de solvencia específica para garantizar la calidad de la prestación.
Para poder participar en las licitaciones de servicios sociales del anexo de esta ley, las empresas deberán acreditar una solvencia económica y financiera suficiente en una cuantía referida al volumen de negocios en el ámbito de las actividades correspondiente al objeto del contrato en relación, como máximo, a los tres últimos ejercicios disponibles, que se tendrá que determinar en cada caso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que nunca será inferior al 75% del presupuesto base de licitación, del lote al que se concurre o de la anualidad media del contrato en caso de contratos de una duración superior a un año.
Se exige solvencia técnica acreditada mediante requisitos técnicos de acreditación o estándares de calidad; experiencia previa en la gestión de los servicios objeto del contrato que se determinará, en cada caso, en el pliego de cláusulas administrativas particulares; disposición de equipo humano profesional en materia de gestión de los servicios licitados; y reinversión de un porcentaje mínimo de los beneficios en la mejora de la gestión de los servicios adjudicados o de la distribución de beneficios en base a criterios de participación.
En ningún caso se admitirá la subcontratación de la prestación principal.
Artículo 13 Presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de la licitación deberá incluir todos los costes directos e indirectos de la prestación, entre los cuales tienen que figurar necesariamente los costes salariales, los de Seguridad Social, los de formación permanente obligatoria, los de seguros, los de prevención de riesgos laborales, los de vigilancia de la salud y, en su caso, los derivados de la necesidad de uniformidad del personal mínimo necesario para la ejecución del contrato.
Estos costes se calculan, como mínimo, de acuerdo con lo que establezca el convenio colectivo de referencia de aplicación al sector que corresponda y teniendo en cuenta, en su caso, el personal a subrogar.
Artículo 14 Plazos de los contratos de servicios sociales a personas.
Artículo 15 Utilización de modelo de concesión de servicios.
Siempre que la calidad de la prestación no se vea afectada ni se ponga en riesgo la equidad del modelo, la administración competente podrá utilizar como fórmula de provisión de determinados servicios, la concesión de servicios, transfiriendo un riesgo operacional.
Son contratos de concesión de servicios los consistentes en el derecho a explotar a riesgo y ventura el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio, siempre que esos servicios sean actividades de titularidad pública o competencia propia.
La transferencia al concesionario de un riesgo operacional resulta indispensable para atribuir a la relación jurídica la condición de concesión de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestación vaya destinada de forma directa a su utilización por los particulares y que la organización del servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien del mismo concepto de servicio público que tiene el objeto de la concesión, bien de la propia exigencia de asunción del riesgo derivado de la explotación del servicio.
El plazo de una concesión de servicios deberá justificarse en el tiempo de recuperación de los costes de inversión por referencia a la tasa interna de rentabilidad ofertada.
Artículo 16 Criterios de adjudicación vinculados a la calidad.
La adjudicación de contratos de los servicios que figuran en el anexo de esta ley podrá realizarse, cuando así se considere conveniente para una mejor ejecución de la prestación, respetando las exigencias de la legislación estatal en materia de contratación pública, y al amparo de la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, mediante las reglas singulares siguientes:
En este supuesto, el precio, como criterio de adjudicación, no podrá superar en su ponderación el 20% y se podrán exigir y valorar como criterios de adjudicación los siguientes:
Deberán excluirse del procedimiento de contratación las ofertas que no obtengan, como mínimo, el 50% de la puntuación correspondiente a la calidad técnica.
Artículo 17 Ofertas anormalmente bajas.
En todo caso, los pliegos deben establecer los criterios para determinar las ofertas anormalmente bajas. Estos criterios se pueden fundamentar en el incumplimiento de disposiciones de obligado cumplimiento en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo o costes salariales mínimos por categoría profesional, o en el hecho de que se ponga en riesgo objetivo el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución que figuren en el pliego.
En caso de que se identifique una oferta anormalmente baja, se requerirá, entre otros aspectos, el desglose de los precios y la justificación del impacto de las condiciones sociales y organizativas del servicio para acreditar la viabilidad de las proposiciones económicas.
Artículo 18 Contratos reservados a entidades del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales.
El departamento competente en la materia podrá reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios sociales que figuran en la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley estatal 9/2017, ya citada.
Las organizaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplir las condiciones siguientes:
En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición.
Artículo 19 Responsable del contrato.
En los contratos objeto de esta ley, el órgano de contratación nombrará a una persona responsable del contrato que, en caso de que sea funcionario público, tenga atribuida la condición de autoridad, en los términos establecidos por la normativa de función pública.
El pliego o el documento que rige la contratación determina las facultades concretas de control de ejecución atribuidas al responsable del contrato, que, como mínimo, son las siguientes:
Los responsables del contrato tienen que suscribir el Código de principios y conductas recomendables en la contratación pública y las declaraciones de bienes y/o intereses que reglamentariamente se establezcan.
El órgano de contratación, cuando se aparte de alguna propuesta del responsable del contrato en su ámbito de competencias, deberá motivar por escrito su decisión.
En el marco de las funciones de asistencia y cooperación con los entes locales, y de acuerdo con lo que establezca la legislación vigente, los órganos supramunicipales y el departamento competente en materia de administración local asistirán a los municipios que lo requieran en las funciones de la persona responsable del contrato.
Artículo 20 Condiciones especiales de ejecución.
En los contratos objeto de esta ley, los órganos de contratación incluirán condiciones especiales de ejecución, que se podrán calificar como obligaciones esenciales, que aseguren que los servicios contratados se prestan en condiciones de calidad, continuidad, accesibilidad, disponibilidad, exhaustividad e innovación.
Se incluirán en todo caso como condiciones especiales de ejecución de los contratos:
Cuando el órgano de contratación lo considere conveniente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio, se podrá exigir al contratista, en el pliego o el documento que rige la contratación:
CAPÍTULO III Sistema de cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social Artículos 21 y 22
Artículo 21 Cooperación directa con entidades del Tercer Sector Social.
Las entidades del Tercer Sector Social, cuando su actividad tenga un carácter singular, tal y como se define en el artículo 12.3 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del Tercer Sector de Acción Social, podrán cooperar directamente en la prestación de determinados servicios sociales conforme a la planificación y a la legislación establecidas.
La posibilidad de esta cooperación deberá justificarse en una mejor eficiencia de la prestación, de eficacia presupuestaria y en la no distorsión indebida de la competencia. En concreto, las condiciones de cooperación no pueden implicar la obtención de ningún beneficio de sus prestaciones, independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas, ni proporcionar ningún beneficio a sus miembros, ni referirse a las actividades comerciales que realizan esas entidades.
Será preceptivo que las asociaciones de voluntariado e instituciones que puedan participar en acciones de cooperación se encuentren inscritas en el Registro correspondiente, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta norma y en otras normativas aplicables.
Los acuerdos de cooperación directa tendrán la forma de convenio singular de cooperación y se regirán por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas. Estos acuerdos se publicarán en la página web del Gobierno de las Illes Balears.
Artículo 22 Principios de contratación de las entidades concertadas.
Disposición adicional única Régimen supletorio aplicable.
Disposición final primera Excepciones al requisito de la acreditación.
Disposición final segunda Registro de Entidades de Ocupación.
Disposición final tercera Desarrollo y entrada en vigor de la ley.
Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears a dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarias, dentro del marco competencial que establece el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
ANEXO. Códigos CPV de servicios sociales
RESOLUCIÓN ENS/2176/2012, de 15 de octubre, por la que se declaran aptas en la fase de prácticas y aprobadas en el procedimiento selectivo correspondiente a las personas aspirantes nombradas funcionarias en prácticas de varios cuerpos docentes.
ORDEN de 17 de febrero de 1997, por la que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones a los Museos y por la que se convocan las correspondientes al ejercicio de 1997.