Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/782187697
Timestamp: 2020-07-15 17:55:03
Document Index: 13122735

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Sentencia de Constitucionalidad nº 135/19 de Corte Constitucional, 27 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 782187697
Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO SVALBERTO ROJAS RÍOS
DIVORCIO. FACULTAD PARA SOLICITAR EL DIVORCIO ES DEL CÓNYUGE QUE NO HAYA DADO LUGAR A LOS HECHOS QUE LO MOTIVAN. Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 154 y 156 del Código Civil, modificados por la Ley 1ª de 1976 y los arts. 6 y 10 de la Ley 25 de 1992. El demandante considera que las normas acusadas vulneran los artículos 13, 15, 16 y 42 de la Constitución Política porque si bien es cierto el contrato de matrimonio se constituye y perfecciona por el libre y mutuo consentimiento, también lo es, que dicha condición no puede desconocer la primacía de los derechos inalienables de la persona. La corte decide estarse a lo resuelto en sentencia C-394/17, en la cual se declararon EXEQUIBLES las expresiones solo y por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, contenidas en el artículo 156 del Código Civil; y DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículo 154 y 156 del Código Civil, por ineptitud sustancial de la demanda.Recibo Relatoria:
Actor: Á.J.G.C.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, el ciudadano Á.J.G.C., solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, modificados por la Ley 1° de 1976 y posteriormente por los artículos 6 y 10 de la Ley 25 de 1992.
Así mismo, se invitó a participar en el presente proceso al Director de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los juristas C.F.-Méndez y H.A.T.T., y a los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, a la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia y a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido facilitando o perdonado.
C.F.-Méndez, actuando en nombre propio, intervino para señalar que la demanda es inepta por ausencia de razones para juzgar la inconstitucionalidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, y por no haber integrado la proposición jurídica. Al respecto, explica que no fueron demandadas las normas sobre las cuales surten efectos las disposiciones acusadas, tales como los artículos 155 y 165 del Código Civil, así como los artículos 388, 389 y 598 del Código General del Proceso.
El demandante solicita a este Tribunal declarar la inexequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil, porque, presuntamente, desconocen el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 13, 15, 16 y 42 de la Constitución Política. Sin embargo, observa la Corte que los argumentos en los que se fundamenta la pretensión, exclusivamente, versan sobre la presunta violación de los artículos 13, 15, 16 y 42 de la Carta.
A partir de los argumentos previamente expuestos, le corresponde a esta Corte, en primer lugar, establecer si es competente para analizar los cargos formulados en la presente demanda. En consecuencia, estudiará de manera previa en esta sentencia (i) reiterará lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Corte en materia de la cosa juzgada constitucional, a fin de determinar si en el presente asunto y respecto del cargo por violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, se configura el fenómeno de la cosa juzgada frente a lo previsto en la sentencia C-394 de 2017, (ii) los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional para determinar la aptitud sustancial de la demanda; y (iii) si en el presente caso, los cargos en los que esta se soporta reúnen los requisitos señalados para que la Corte pueda entrar a emitir pronunciamiento de fondo. Posteriormente, solo si se supera este análisis previo, procederá la Corte a formular el problema jurídico.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia que decidiera la demanda que cursaba bajo el expediente D-11785. Aunque en el proceso precitado, únicamente, se demandó la expresión “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivaron”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, el Ministerio Público adujo que el debate en este caso y en el que ahora ocupa la atención de la Corte son idénticos. Lo anterior, comoquiera que, en esa ocasión, se acusó a la norma demandada de violar los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. Además, que el efecto útil de acceder a la inexequibilidad del aparte demandado, consistía en que cualquiera de los cónyuges pudiera solicitar el divorcio de manera unilateral.
El proceso al que se refirió el Ministerio Público concluyó con la aprobación de la Sentencia C-394 de veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual, la Corte resolvió declarar exequibles las expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenidas en el artículo 156 del Código Civil, por el cargo relativo a la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En tal contexto, la Sala estima necesario revisar si en el presente caso se configura o no el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
En tal sentido, la cosa juzgada constitucional, “es una institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política (…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”[10]. Así, cuando esta se configura surge, entre otros efectos, la prohibición e imposibilidad para el juez constitucional de volver a conocer y decidir de fondo sobre lo ya debatido y resuelto[11].
En general, en materia de control constitucional, los efectos de la cosa juzgada dependerán de la decisión adoptada en el pronunciamiento previo, así: (i) cuando la decisión ha consistido en declarar la inconstitucionalidad de una norma, se activa la prohibición comprendida por el artículo 243 Superior conforme a la cual ninguna autoridad puede reproducir su contenido material, lo cual implica que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento de esta Corte. Por tal razón, la demanda que se presente con posterioridad deberá rechazarse o, proferirse un fallo inhibitorio y estarse a lo resuelto en la decisión anterior; (ii) en los casos en los que la Corte ha declarado exequible cierta disposición respecto de determinada norma constitucional, la jurisprudencia ha reiterado que no puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a menos que ya no se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las disposiciones constitutivas del parámetro de constitucionalidad; siempre que se trate de la misma problemática la demanda deberá rechazarse de plano o, en su defecto, la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto en el fallo anterior; (iii) cuando se trata de sentencias de constitucionalidad condicionada la cosa juzgada puede tener como efecto, que la interpretación excluida del ordenamiento jurídico no pueda ser objeto de reproducción o aplicación en otro acto jurídico; y (iv) en los supuestos en los que la Corte ha adoptado una sentencia aditiva, la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario adicionar[12]. Dicho esto, la Sala procederá a analizar el caso concreto.
Configuración de la cosa juzgada constitucional
Una vez contrastados los argumentos en los que se soporta la presente demanda y los fundamentos que dieron lugar a la sentencia C-394 de 2017, la Corte concluye que se cumplen los presupuestos que configuran el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Ello, es así, por las siguientes razones:
Existe identidad en el objeto, dado que la norma según la cual el divorcio solo puede ser solicitado judicialmente por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, fue objeto de un pronunciamiento expreso por parte de la Corte Constitucional. Se trata del mismo texto y de la misma ley (Art. 156 Código Civil).
Existe identidad en el cargo respecto de los asuntos constitucionales analizados. Ello, por cuanto los reproches formulados por el demandante coinciden con las cuestiones que esta Corte consideró en la sentencia C-394 de 2017. En efecto, la demanda que culminó con la sentencia antes referida planteaba que la expresión del artículo 156 del Código Civil violaba el artículo 16 de la Constitución Política. Para el demandante, la norma acusada limita al cónyuge “culpable” en aspectos como la determinación de su estado civil y la realización autónoma de su vida, porque lo obliga a mantener un vínculo matrimonial en contra de su voluntad, al no conferirle legitimación en la causa por activa para ejercer la acción judicial de divorcio y obtener así la disolución del matrimonio civil.
En esa misma dirección, tal y como se evidencia en los antecedentes de esta providencia, la demanda objeto de estudio formula, entre otros, el cargo por violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad (Art. 16 Superior). En esta ocasión, los argumentos sobre los cuales se construye el cargo consisten en que la norma impugnada le restringe al cónyuge que incumplió con sus obligaciones la posibilidad de obtener el divorcio, obligándolo a permanecer en una relación en contra de su voluntad, sin que pueda escoger su proyecto de vida ni su estado civil. Se trata entonces de asuntos iguales que fueron examinados a partir del mismo artículo del Estatuto Superior.
Teniendo en cuenta lo anterior, así como las reglas jurisprudenciales mencionadas en los numerales 8 a 11 de esta providencia, es claro que la sentencia C-394 de 2017 que resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra la misma expresión de la norma demandada en el asunto de la referencia, conlleva a que respecto a la disposición impugnada en el presente caso, haya operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y relativa puesto que en dicha sentencia la Corte declaró exequible la expresión de la disposición demandada, exclusivamente, por el cargo analizado en la parte motiva de dicho proveído. En consecuencia, no existe objeto para un nuevo pronunciamiento por parte de esta Corte.
Sobre la base de lo anterior, esta Corte ordenará respecto de las expresiones acusadas, contenidas en el artículo 156 del Código Civil, estarse a lo resuelto en la sentencia C-394 de 2017.
Por otra parte, los intervinientes en el proceso de constitucionalidad, tales como, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Externado de Colombia, manifestaron que la Corte debe declarar la exequibilidad de los artículos 154 y 156 del Código Civil. Por último, el ciudadano C.F.-Méndez intervino ante la Corte para señalar que la demanda es inepta por ausencia de razones para juzgar la inconstitucionalidad de las disposiciones atacadas.
En cuanto al tercero de los requisitos anotados, la Corte ha reiterado que se conoce como “concepto de la violación”[13], el cual implica una carga material y no meramente formal, que no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.
Con el fin de evitar en lo posible un fallo inhibitorio, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la apreciación de los requerimientos precitados debe realizarlo la Corte a la luz del principio pro actione, lo cual, por lo menos, le implica indagar en qué consiste la pretensión del accionante[14].
Por lo demás, es claro que la Corte, al realizar un análisis detallado de los requisitos de procedibilidad de la demanda, puede emitir un fallo inhibitorio. Es importante mencionar que, el análisis que realiza la Corte ya contiene las intervenciones de las entidades oficiales, academia, ciudadanos y el Ministerio Público, y dichas opiniones y conceptos son considerados por este tribunal al momento de tomar una decisión, en la medida que, contienen elementos de juicio relevantes[15]. Por ello, si alguno de los intervinientes en la demanda conceptúa sobre la aptitud de la demanda, esta cuestión puede, y cuando hay solicitud sobre el particular, debe ser analizada por la Sala, incluso con posterioridad al auto admisorio de la demanda.
Plantea el demandante que los artículos demandados vulneran el principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Carta Política. En particular, manifiesta que el establecimiento de las causales para solicitar el divorcio, quebranta el mandato de igualdad al permitir únicamente la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo de los cónyuges, en detrimento de aquellas relaciones en las que una de las partes se niega a dar el consentimiento para finalizar el vínculo. Así mismo, sostiene que el artículo 156 del Código Civil, viola el artículo constitucional precitado, al disponer que el divorcio solo puede ser solicitado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, en menoscabo de los derechos del denominado cónyuge culpable, quien está desprovisto de esta posibilidad.
En el ordenamiento constitucional, el mandato de igualdad ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de hecho. La Corte ha reiterado que esta previsión, aunque amplia en su formulación, “no refleja la complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes, al momento de verificar las situaciones, personas o grupos en comparación”[16].
El artículo 13 Superior regula el contenido y el alcance del principio o derecho a la igualdad, para ello, establece mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se destacan: “(i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.”[17]. (Énfasis fuera del texto original).
Ahora bien, en los casos en que el demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad por violación del principio de igualdad (Art. 13 C.P.), la jurisprudencia pacífica de esta Corte ha señalado que, además de los requisitos generales de aptitud sustancial (claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia), le asiste al ciudadano la carga específica de desarrollar en su demanda los siguientes presupuestos: “(i) determinar cuál es el criterio de comparación (“patrón de igualdad” o tertium comparationis), pues antes de conocer si se trata de supuestos iguales o diferentes en primer lugar debe conocer si aquellos son susceptibles de comparación y si se comparan sujetos de la misma naturaleza; (ii) debe definir si desde la perspectiva fáctica y jurídica existe tratamiento desigual entre iguales o igual entre disímiles; y, (iii) debe averiguar si el tratamiento distinto está constitucionalmente justificado, eso es, si las situaciones objeto de comparación, desde la Constitución, ameritan un trato diferente o deben ser tratadas en forma igual”[18].
En el presente caso, observa la Corte que el cargo por violación a la igualdad no supera el análisis de aptitud sustancial de la demanda, por las siguientes razones:
El demandante sostuvo que los artículos 154 y 156 del Código Civil establecen un trato desigual entre dos situaciones (divorcio por mutuo acuerdo y divorcio contencioso o sin mutuo acuerdo) y dos sujetos (cónyuge culpable y cónyuge inocente) que, a su juicio, son iguales y, por lo tanto, deben recibir un tratamiento igualitario. Sin embargo, advierte la Corte que dicho planteamiento carece de certeza, en tanto deriva de las normas impugnadas una proposición jurídica que no corresponde a su contenido verificable, es decir, ubica a los extremos de la comparación en un plano de igualdad, pese a que esto no se desprende de lo estipulado en los artículos precitados.
La demanda se concentra, únicamente, en atacar la regulación del divorcio como una de las fórmulas para finalizar el vínculo contraído entre los cónyuges, sin tener en consideración que, el establecimiento de la causal de mutuo acuerdo (Art. 154 Código Civil), así como la habilitación exclusiva para solicitar el divorcio al cónyuge que ha cumplido con sus deberes matrimoniales (Art. 156 Código Civil), son medidas que se integran y se relacionan con todo el régimen legal del contrato de matrimonio, es decir, con los derechos y deberes que surgen entre los cónyuges desde el momento que contraen nupcias, además de las especiales exigencias en su celebración y en su ejecución. En esa medida, contrario a lo sostenido por el demandante, el contenido de las disposiciones impugnadas no puede ser verificado exclusivamente a partir de una lectura individual de su texto, sino que exige un entendimiento sistemático de las mismas en el complejo régimen normativo del contrato de matrimonio.
Por otro lado, esta Corte observa que la demanda se limita a señalar que los artículos 154 y 156 del Código Civil, imparten un trato desigual entre situaciones y sujetos que deberían recibir el mismo trato. No obstante, dicho planteamiento carece de suficiencia argumentativa, toda vez que no se exponen las razones por las cuales los extremos enunciados son susceptibles de ser contrastados. En efecto, el actor no se detuvo en explicar (i) la forma cómo, en el marco de las causales de divorcio estipuladas en el artículo 154 del Código Civil, resulta comparable la situación en la que ambos cónyuges dan su consentimiento para finalizar el contrato de matrimonio, con aquella en la uno de los cónyuges no llega a un acuerdo para obtener el divorcio; y (ii) la manera cómo, en la hipótesis prevista en el artículo 156 del Código Civil, es factible realizar un símil entre la situación del cónyuge que ha incumplido las obligaciones que surgen del contrato de matrimonio y la del cónyuge que ha asumido un deber diligente frente al vínculo matrimonial consentido.
De este modo, el demandante omitió definir un “criterio de comparación” que permitiera a la Corte analizar las diferencias o similitudes fácticas y jurídicas entre las situaciones y los sujetos mencionados, a la luz de las normas que integran el régimen del contrato de matrimonio civil. Así mismo, no se detuvo en explicar en qué consiste el presunto trato discriminatorio que introducen las normas acusadas y cuál es la razón precisa por la que no se justifica constitucionalmente dicho tratamiento distinto, es decir por qué es desproporcionado o irrazonable.
En ese orden, la ambigüedad de los argumentos presentados por el actor en cuanto a la violación del principio de igualdad, demuestran a la Corte que, además de la carencia de certeza y suficiencia, se configuró una falta de especificidad en la sustentación del cargo anotado, en tanto no es posible inferir a partir de la demanda, una oposición objetiva y verificable entre el contenido de las normas acusadas, que regulan la figura del divorcio, y el mandato de igualdad, previsto en el artículo 13 de la Constitución.
Aunque las razones expuestas con antelación son suficientes para constatar la ineptitud sustancial del cargo por violación a la igualdad, resulta pertinente anotar que los extremos señalados por el actor no son susceptibles de ser comparados. En primer lugar, en lo atinente a las causales de divorcio contenidas en el artículo 154 del Código Civil, no se pueden considerar como parte de un mismo escenario y, por lo tanto, que deban recibir igual trato el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso o sin mutuo acuerdo, ya que los distingue un elemento esencial: el consentimiento. Por ello, el ritual procesal que sigue el proceso de divorcio está condicionado al hecho de si uno o ambos cónyuges deciden voluntariamente terminar con el vínculo matrimonial. Y, en segundo lugar, en lo concerniente a la medida prevista en el artículo 156 del Código Civil, la habilitación exclusiva para solicitar el divorcio del cónyuge que ha cumplido con sus deberes no es asimilable a la situación en la que se encuentra el cónyuge culpable, en síntesis, porque este último ha sido quien generado el incumplimiento de sus deberes y, por lo tanto, legalmente no puede estar facultado para demandar el divorcio[19].
Sobre la base de las anteriores razones, la Corte considera que, en el caso concreto, se impone una decisión inhibitoria respecto del cargo por presunta violación del principio a la igualdad. Ello, comoquiera que el demandante incumplió con los requisitos fijados por la jurisprudencia constitucional en materia de la aptitud sustancial de la demanda, en particular, las cargas de certeza, especificidad y suficiencia argumentativa en la fundamentación del cargo.
En opinión del demandante el derecho a la intimidad de la familia es violado en cada proceso de divorcio “con el simple hecho de estipular el artículo 154 del Código Civil, como requisito para divorciarse, un(as) causal(es) de divorcio y peor aún al tener que probarlas”. Aduce que el divorcio sin causales no atenta contra la familia, ni contra la sociedad, sino que, por el contrario, “evita enfrentamientos entre personas y familias que alientan con demasiada frecuencia entre ellos odio, violencia, egoísmo y acciones maliciosas”; actuaciones a partir de las cuales se puede afectar el equilibrio anímico de los miembros del núcleo familiar, incluido el de los niños.
Frente a lo anterior, la Corte concluye que no puede adoptarse una decisión de fondo, toda vez que como se demostrará enseguida, el actor incumplió con la obligación de formular un cargo apto de naturaleza constitucional.
Para empezar, observa este Tribunal que en la demanda objeto de análisis existe un hilo conductor en la argumentación que ofrece claridad sobre el cargo por violación del derecho a la intimidad familiar (Arts. 15 y 42 de la Carta Política). De acuerdo con las razones expuestas por el actor, el artículo 154 del Código Civil vulnera la intimidad de los miembros de la familia, al imponer como requisito para disolver el vínculo matrimonial, el deber de demostrar en un proceso judicial la configuración de la respectiva causal de divorcio. Así mismo, el actor propone cargo por violación al artículo 42 Superior, sin embargo, no explica en qué consiste la supuesta vulneración del mencionado artículo, ni se refiere a la aptitud de dicho cargo. Al respecto, observa la Corte que el actor se refiere a dicho artículo dentro de su acusación por vulneración al principio de igualdad, al citar que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja”, luego, en estricto sentido, no existe un cargo autónomo por la supuesta vulneración del mencionado artículo 42 Superior.
De igual modo, el planteamiento formulado por el demandante cumple con el requisito de certeza, pues recae sobre una proposición jurídica que, en términos generales, se desprende del contenido del artículo 154 precitado. En efecto, la norma demandada establece las causales que el cónyuge debe probar ante el juez para que decrete el divorcio, lo cual, precisamente, cuestiona el actor por ser violatorio del derecho a la intimidad de los cónyuges.
No obstante, encuentra la Corte que la demanda contra el artículo 154 del Código Civil, por violación a la intimidad familiar, no satisface el requisito de especificidad. Ello, comoquiera que el demandante no aportó las razones que explicaran de qué forma el establecimiento de las causales de divorcio desconocen el contenido del derecho a la intimidad familiar. En efecto, la demanda soporta el cargo anotado en “el simple hecho” de que el Legislador creara las causales de divorcio y que estas tuvieran que ser demostradas al interior de un proceso judicial, sin embargo, al fundamentar el cargo de inconstitucionalidad, el actor deja de lado la forma en que cada una de las nueve causales se relacionan con los elementos esenciales del contrato de matrimonio, las marcadas diferencias que existen entre ellas y los efectos que se derivan de su comprobación.
En ese orden, es importante recordar que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional[20], las causales previstas en el artículo 154 del Código Civil pueden clasificarse y diferenciarse en objetivas y subjetivas. En cuanto a las primeras, las denominadas causales objetivas o también conocidas como “divorcio remedio”, pertenecen las establecidas en los numerales 6, 8 y 9 del artículo anotado. Estas se relacionan con la ruptura de los lazos afectivos que motivan el matrimonio, lo que conduce al divorcio “(…) como mejor remedio para las situaciones vividas”[21]. Las causales pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges, y el juez que conoce de la demanda no requiere valorar la conducta alegada; debe respetar el deseo de uno o los dos cónyuges de disolver el vínculo matrimonial. Por otro lado, las causales subjetivas o denominadas de “divorcio sanción”, están vinculadas con el incumplimiento de los deberes conyugales y por ello pueden ser invocadas solamente por el cónyuge ofendido que con su actuar no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal, y debe invocarla dentro de un término de caducidad, con la finalidad de obtener el divorcio a título de censura[22].
La Corte advierte que, a pesar de las diferencias reconocidas por la Ley y la jurisprudencia constitucional en materia de causales de divorcio, el demandante formuló un argumento global para cuestionar la constitucionalidad de todas estas, sin explicar de qué manera producen la vulneración a la intimidad de los cónyuges o de sus hijos. Vale recordar que, desde la perspectiva de los requisitos de la aptitud sustancial de la demanda, no es admisible resolver sobre la inexequibilidad de una disposición legal, a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[23], lo cual, ocurre en el caso concreto, cuando el actor afirma, exclusivamente, que acudir a un proceso judicial a demostrar las causales de divorcio, per se, viola la intimidad familiar protegida por la Constitución. De esta manera, se omitió presentar las razones que permitieran a la Corte establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido del artículo 154 del Código Civil y el texto de los artículos 15 y 42 de la Carta Política.
Lo anterior, apareja un problema de suficiencia argumentativa, toda vez que la premisa carente de fundamento presentada por el actor, no puede ser considerada como un elemento de juicio suficiente para despertar en el juez una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
Por lo demás, es posible concluir que el cargo propuesto en la demanda sobre la presunta violación del derecho a la intimidad familiar (Arts. 15 y 42 C.P.), incumplió con los requisitos de especificidad y suficiencia que exige el análisis sobre la aptitud sustancial de la demanda. Por consiguiente, la Corte adoptará una decisión inhibitoria sobre el particular.
Sin perjuicio del análisis realizado respecto a la cosa juzgada constitucional, la demanda plantea que el artículo 154 del Código Civil viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Para sustentar su posición, afirmó el demandante que dicho artículo establece un régimen de causales para solicitar el divorcio, que impide a los cónyuges finalizar el contrato de matrimonio, a pesar de que no desean continuar unidos ni cumplir con sus deberes conyugales. En ese orden, señala que imponer la demostración de alguna de las causales para obtener la disolución del vínculo matrimonial desconoce el derecho de los contrayentes a decidir libremente sobre su estado civil y su proyecto de vida, en tanto los obliga a permanecer en una relación en contra de su voluntad. Por esta razón, afirma que el divorcio no debería estar condicionado a la prueba de alguna causal, sino que bastaría con que cualquiera de los cónyuges lo solicite, sin necesidad de expresar motivo alguno.
Advierte la Corte que el anterior planteamiento cumple con los requisitos de claridad y certeza, en la medida que, por un lado, permite comprender la forma en la que, presuntamente, el régimen de causales para obtener el divorcio desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges, al no permitirles disolver su vínculo sin invocar justificación alguna, y por otro, se infiere del contenido del artículo 154 del Código Civil la norma, según la cual, solo procede el divorcio cuando se comprueba cualquiera de las nueve causales establecidas.
En cuanto al cumplimiento del requisito de pertinencia, encuentra la Corte que la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que, para que un cargo sea considerado pertinente, este debe estar fundado en “argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia.”[24]. Por esta razón, y teniendo en cuenta el sentido del argumento precitado, la Corte colige que este resulta inadecuado para controvertir la constitucionalidad de la norma acusada, puesto que se trata de una comparación entre regímenes legales, que en sí misma, no explica cómo se produce la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, observa la Corte que el cargo formulado por el demandante no es pertinente, por cuanyo, para sustentar el cargo el accionante se basa, principalmente, en la conveniencia de adoptar un “divorcio sin causales”, lo que incluso considera necesario para que la persona elija libremente su estado civil y materialice sus planes de vida. Dichos argumentos, resalta el Tribunal, son de conveniencia y no de naturaleza constitucional, por lo que no es posible declarar que el demandante construyó un cargo pertinente.
Ahora bien, en contraste con la acreditación de los requisitos expuestos, la Corte encuentra que la demanda carece de especificidad en la construcción argumentativa del cargo. Para empezar, es necesario señalar que la Constitución, en los artículos 5 y 42, protege a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y reconoce al matrimonio como una de las formas de constituirla. En el mismo sentido, le corresponde al Legislador para que, mediante la ley civil, defina su naturaleza (contrato), establezca los requisitos para su constitución y perfeccionamiento (requisitos de existencia y validez), determine los efectos que produce (personales y patrimoniales) y regule las formas de disolverlo, así como las consecuencias que se derivan de su celebración y de su disolución. Por lo anterior, esta Corte ha precisado que: “los mecanismos de disolución del matrimonio civil no pueden analizarse de forma aislada, sino que deben entenderse en un contexto sistemático con todas las aristas jurídicas que regulan la institución matrimonial, más aún cuando ello tiene clara incidencia en lo relativo a la familia, al estado civil de las personas y sus proyectos de vida afectiva.”[25].
En el plano legal, el artículo 113 del Código Civil concibe al matrimonio como un contrato solemne en el que los cónyuges deciden unirse de forma libre y de mutuo consentimiento, con el propósito de vivir juntos, procrear y auxiliarse. La celebración de este contrato, en razón a su carácter bilateral, genera derechos e impone deberes recíprocos entre los contrayentes, que pueden ser de tipo personal o patrimonial. En relación con los derechos y obligaciones de orden personal, relevantes para el caso objeto de estudio, la ley civil prescribe que son: la cohabitación, la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua (Arts. 176 y siguientes del Código Civil). Acerca de la ejecución de dichas prerrogativas y deberes, la Corte ha señalado que, “desde el momento de la celebración del matrimonio y durante todo el tiempo de ejecución del mismo, con pleno consentimiento y conocimiento previo, los cónyuges se obligan recíprocamente a guardarse fe y fidelidad, a cohabitar, a ejercer en condiciones de igualdad la dirección del hogar, a socorrerse y a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida.”[26].
Por su parte, el artículo 154 del Código Civil, establece nueve causales de divorcio, que se relacionan de manera directa y específica con cada uno de los elementos esenciales y, los derechos y obligaciones que se derivan de la celebración del contrato de matrimonio[27]. Por disposición del Legislador, una vez decretada la respectiva causal, apareja consecuencias conocidas como efectos jurídicos del divorcio respecto de los hijos, las donaciones, la disolución del vínculo y de la sociedad conyugal, y el reconocimiento de alimentos a cargo del denominado cónyuge “culpable” y en favor del cónyuge “inocente”. La jurisprudencia y la doctrina, tal y como fue referido con antelación (ver supra, numeral 40), clasifica estas causales en objetivas y subjetivas, en razón al supuesto de hecho que las produce, el trámite judicial que deben surtir y la tarifa legal probatoria que exige su declaración. En lo atinente a la justificación constitucional de las causales de divorcio, esta Corte ha insistido en que, “una vez los contrayentes aceptan el contrato de matrimonio, al que concurren de forma voluntaria, aceptan también las cláusulas de las que se derivan restricciones para su autonomía, y ello incluye las relativas a los mecanismos que existen para disolverlo”[28].
Por lo demás, es claro que el Legislador, en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución, diseñó un modelo legal de matrimonio, en el que los derechos y deberes conyugales, las causales de divorcio y las consecuencias propias que apareja la terminación del vínculo matrimonial, se conectan directamente entre sí, con el fin de garantizar la estabilidad familiar, pero con respeto de los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad e inalienabilidad de los derechos de los cónyuges[29]. En cuanto a las causales de las que trata del artículo 154 del Código Civil, no hay duda de que, cada una de estas tiene un contenido específico, en tanto protegen un elemento esencial y/o derecho diferente, sancionan el incumplimiento de distintas obligaciones, cursan diversos trámites judiciales y tienen determinado estándar probatorio.
Con fundamento en lo anterior, en el caso concreto, la demanda cuestiona la constitucionalidad de todas las causales de divorcio fijadas en el artículo 154 del Código Civil. Para ello, argumenta de manera general que la existencia de las causales viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque impide a los cónyuges terminar sin justificación alguna el contrato de matrimonio y, en efecto, decidir sobre su estado civil y su proyecto de vida. En este sentido, sugiere la implementación de un sistema de divorcio sin causales, en el que los esposos puedan disolver el lazo conyugal, sin necesidad de demostrar un supuesto de hecho específico, ni el incumplimiento de los deberes que la ley impone a los contrayentes de las nupcias.
La Corte considera que este planteamiento carece de especificidad, en tanto parte de un análisis aislado de las causales de divorcio, que no tiene en consideración la forma en la que estas se integran al modelo legal del matrimonio diseñado por el legislador (ver supra, numerales 47 a 50). El demandante se centra, exclusivamente, en el divorcio como medio para disolver el vínculo conyugal, pero olvida por completo que el régimen del matrimonio se encuentra conformado por especiales requisitos en su constitución y en su ejecución, y que el incumplimiento de los deberes asumidos libre y voluntariamente por los cónyuges, deriva en causales taxativas de divorcio, que son conocidas y aceptadas desde un comienzo.
La demanda se limita únicamente a señalar una presunta contradicción entre el artículo 154 del Código Civil y la Carta Política, sin establecer de manera concreta el desconocimiento del artículo 16 Superior, sin estudiar de forma rigurosa por qué las causales 1° a 9 de la norma acusada, deben ser suprimidas del ordenamiento a fin de dar vía libre al divorcio sin causa probada. A pesar de que, las causales objetivas y subjetivas de divorcio tienen un contenido propio, con tarifas probatorias y efectos jurídicos diferentes, el cargo planteado se funda en un argumento global que no explica de qué manera cada una de estas medidas restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los cónyuges.
Por lo anterior, insiste la Corte en que la integración compleja del régimen del matrimonio y las particularidades que diferencian a cada una de las causales de divorcio (objetivas y subjetivas), son aspectos que exigen una argumentación específica cuando el demandante pretenda demostrar la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No cumplir con este requisito, no solo impide que se realice una evaluación de fondo sobre la constitucionalidad de la norma acusada, sino que genera la ineptitud del cargo planteado. En el caso concreto, para que la Corte pudiera entrar a estudiar si le asistía razón al demandante en cuanto a la inconstitucionalidad del régimen integral de causales de divorcio, era preciso que indicara de qué manera cada una de estas restringe la garantía iusfundamental mencionada y por qué tales restricciones carecen de justificación o razonabilidad. Sin embargo, la Corte extraña cualquier consideración de este orden en la sustentación de la demanda.
Lo anterior, nuevamente apareja un problema de suficiencia argumentativa, toda vez que la premisa carente de fundamento presentada por el actor, no puede ser considerada como un elemento de juicio suficiente para despertar en el juez una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
Con fundamento en lo anterior, concluye este Tribunal que el cargo propuesto en la demanda sobre la presunta afectación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pese a que goza de claridad y certeza incumple el requisito de pertinencia, especificidad y suficiencia fijado por la jurisprudencia constitucional y, por ende, se impone una decisión inhibitoria al respecto.
La constitucionalidad de las expresiones “sólo” y “por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan”, contenida en el artículo 156 del Código Civil, fue juzgada en la sentencia C-394 de 2017 por las mismas razones que apoyan los cargos formulados por el demandante en este proceso. Del análisis efectuado se concluye que existe (i) identidad en el objeto al ser impugnada la misma disposición, así como (ii) identidad en el cargo referido a la posible infracción del derecho al libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 16 constitucional. De acuerdo con ello, la sentencia C-394 de 2017 hizo tránsito a cosa juzgada formal y relativa. Por lo tanto, la Corte resolverá estarse a lo resuelto en la providencia mencionada.
Por otro lado, dado que el demandante no cumplió la carga mínima de argumentación que exige el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la Corte se declarará inhibida de adoptar un pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustantiva de la demanda, respecto de las cargos formulados contra el artículo 154 del Código Civil, por violación de los artículos 13 (igualdad), 15 (derecho de intimidad), 16 (libre desarrollo de la personalidad) y 42 (derecho de familia) de la Carta, y del cargo planteado contra el artículo 156 del Código Civil, por desconocimiento del artículo 13 Superior.
[3] Mediante su representante D.A.R.B., en su condición de Directora de la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico.
[6] M.I.T., profesora del departamento de derecho civil de la Universidad Externado de Colombia.
[8] Mediante su representante E.V.P., en calidad de miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.