Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/66560
Timestamp: 2019-12-07 07:50:30
Document Index: 175171985

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 133', 'artículo 36', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38']

Gaceta: LXIII/2PPO-30/66560
La suscrita Angélica de la Peña Gómez, Senadora de la República a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PARA HACER OBLIGATORIO EL DERECHO A VOTAR Y EXTENDER SU EJERCICIO A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO PENAL), al tenor de la siguiente:
México es uno de los países con mayores niveles de abstencionismo en América Latina. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho al voto a la ciudadanía mayor de 18 años, mas no así el deber de votar. Precisamente es una prerrogativa cuya decisión de abstenerse no está sujeta a sanción alguna. En las democracias electorales contemporáneas, mayoritariamente occidentales, la vida democrática de la mayoría se reduce a depositar un voto cada determinado tiempo para continuar o cambiar con un régimen político-económico sin importar los niveles y las formas de participación ciudadana, es decir, una democracia formal donde todo está bien en tanto se mantenga el estado de cosas en las campañas, régimen de partido, la spotización y el dineros en los procesos electorales.
Es generalmente reconocido que para que una democracia pueda funcionar adecuadamente, cada vez que se van a renovar los poderes nacionales o locales es imprescindible la participación electoral de la ciudadanía. Es a través del sufragio que las y los ciudadanos pueden influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a sus autoridades.
Sin embargo, los altos índices de abstención en los procesos electorales nos plantea la interrogante de cómo generar los mecanismos para que la ciudadanía emita su voto su voto y, por tanto, asuma la decisión de no abstenerse por ese motivo. Pero también acudan a las oficinas del Registro Nacional de Electores a registrarse en el listado nominal y obtengan la respectiva credencial para votar.
Aunque podemos considerar como lamentable y grave –aunque entendible- el hecho de que la ciudadanía no vote, ya que la lucha por el derecho al sufragio no ha sido fácil, por lo que resulta paradójico que éste no se ejerza por desinterés, apatía, pérdida de credibilidad o por la razón que sea.
Por tanto, resulta necesario establecer reformas eficaces y especificas a nuestro sistema electoral que permita un equilibrio entre el gobierno y la democracia y en consecuencia del Estado de derecho. En ese sentido uno de los instrumentos que ponemos a la consideración de este pleno es la deestablecer una sanción a aquel ciudadano que no cumpla con la obligación de votar prevista en la fracción III del artículo 36 de la Constitución. Ello permitirá no sólo credibilidad a los representantes populares que resulten electos, sino también para que estos porcentajes de votación abonen a su legitimidad.
Por otra parte, las reglas previstas en el artículo 38 constitucional para suspender los derechos políticos para las personas sujetas a un proceso penal sin sentencia y la restricción del derecho a votar a las personas privadas de su libertad refleja una antiquísima concepción que atenta en contra del principio de proporcionalidad de las penas, que exige en la suspensión de los derechos políticos por causa penal, sea temporal o definitiva, debe ser razonable, útil y adecuada respecto de la conducta a reprochar, la naturaleza del bien jurídico a tutelar y la gravedad del daño o peligro afrontado. Es decir, la restricción de la libertad personal por cualquier delito no implica per se, la privación de la libertad política.
La pérdida o suspensión de los derechos de los ciudadanos, incluyendo el del sufragio, tiene una larga trayectoria en la historia de la civilización. Ya en la antigua Grecia, quienes incurrían en la violación de las normas sociales y legales eran sujetos de la muerte civil. Esa sanción era equivalente al destierro, ya que la persona sometida a la misma perdía sus derechos como ciudadano; no podía participar en la vida de la polis y perdía el derecho a su protección. En la Edad Media, los criminales también sufrían la muerte civil, que implicaba la privación de todos los derechos, la confiscación de bienes y la pérdida de la protección del Estado, por lo que cualquiera podía matar a quien se le hubiera aplicado dicha pena y no era sancionado. La muerte civil fue incluida también en el código de Napoleón, en Francia, y se aplicaba a los condenados a trabajos forzados o a prisión de por vida.
Por tanto ¿es la prisión preventiva razón suficiente para privar del derecho al sufragio a una persona?. Desde nuestro punto de vista, no resulta racional ni proporcional limitar en cualquier caso y por cualquier delito que a una persona se le limite el derecho a votar por el hecho de estar sujeto a prisión preventiva. No todo delito debe llevar al castigo de la muerte civil .
Muchos son los países en el mundo que permiten el voto de los prisioneros, como República Checa, Dinamarca, Francia, Israel, Japón, Kenia, Holanda, Noruega, Perú, Polonia, Rumania, Suecia y Zimbabue. En Alemania, Francia y Polonia, la suspensión del derecho al voto puede ser impuesta expresamente por un juez como una pena adicional en los casos de crímenes.
Desde la progresividad de los derechos humanos consideramos que no toda conducta que merezca prisión preventiva justifica una pena para suspender los derechos políticos. Hay que analizar previamente si la conducta a juzgar vulnera gravemente un bien jurídico relevante a tutelar, de tal suerte que la restricción de ciudadanía resulte necesaria , idónea y útil para sancionar una conducta lesiva a la democracia.
Por lo expuesto en el presente texto, resulta necesario derogar la fracción II del artículo 38 constitucional que suspende los derechos políticos que establecen la suspensión de derechos como consecuencia de la pena desde el auto de formal prisión, con la finalidad de hacer congruente con las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 y del 10 de junio de 2011, ya que estos preceptos permiten que actualmente un número importante de ciudadanos que están sujetos a un proceso penal por cualquier causa, se les suspendan de sus derechos ciudadanos, prejuzgando su culpabilidad, situaciones que son contradictorias con
los principios que determinan los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, cuyos principios son: la seguridad jurídica, la legalidad y la presunción de inocencia que debe tener cualquier procedimiento penal en nuestro país. Y más aún tales fracciones son contradictorias con los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, y que de acuerdo con la supremacía constitucional prevista en el artículo 133 de la Constitución, también son Ley Suprema de la Unión.
Lo anterior es así, toda vez que hasta el momento los órganos jurisdiccionales del fuero común en la Ciudad de México, así como los federales y en las entidades federativas, tienen como práctica común suspender los derechos políticos de los ciudadanos que enfrentan un proceso penal, desde el momento en que se les dicta el auto de término constitucional ya sea formal prisión o un auto de sujeción a proceso, por el delito que sea y por la cuantía que sea, esto lo realizan enviando un oficio al Instituto Nacional Electoral en el que solicitan se suspendan esos derechos políticos, es decir no pueden votar, ni ser votados, sin que exista previamente una sentencia definitiva ejecutoriada.
Como es evidente, esta situación resulta contradictoria para quienes se les dicta un auto de formal prisión, porque cómo podrían ejercer su derecho a votar encontrándose sujetos a un proceso penal e incluso poder ser votados.
Sin embargo, consideramos que esta situación se tiene que ajustar a la normatividad internacional y constitucional adecuando el marco normativo subjetivo y adjetivo para evitar este tipo de violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales, ya que suspender de los derechos políticos desde el auto de término constitucional sin existir una sentencia que los declare culpables es a todas luces contrario al derecho internacional de los derechos humanos. .
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 36 y el primer párrafo del artículo 38; se adiciona un último párrafo al artículo 38; se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
III. Votar en las eleccionesy en las consultas populares. El voto es universal, libre, secreto, directo y obligatorio. La Ley establecerá los mecanismos para garantizar el libre ejercicio de este derecho y las sanciones de su incumplimiento.
IV y V …
Artículo 38. Salvo el derecho a votar, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
La Ley establecerá los mecanismos que garanticen el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto, directo y obligatorio a las personas privadas de libertad.
Ríos Vega Luis Efrén, Rehabilitación del Sufragio. El debate de la Condena condicional. Serie de comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral. Vertiente Salas Regionales número 23, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Primera Edición, México 2014, p 36.