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Timestamp: 2017-11-22 17:32:40
Document Index: 224538751

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 88', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 9', 'artículo 82', 'artículo 88', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 12']

Gabinete Jur?dico. Informe 0333/ PDF
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José Ignacio Salinas Ruiz
1 Gabinete Jur?dico Informe 0333/2012 I La presente consulta versa sobre la posición jurídica de la Gerencia Informática de la Seguridad Social (GISS) en relación con los servicios informáticos que presta para otros órganos del Ministerio, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. En particular, la misma plantea si la Gerencia Informática es una encargada del tratamiento de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, y su normativa de desarrollo y debe, por tanto, suscribir un contrato de encargo en los términos del art LOPD. Comenzaremos estudiando si la Gerencia Informática tiene la condición de encargada del tratamiento para a continuación determinar si debe suscribir el correspondiente contrato. Partimos de que nos encontramos ante datos de carácter personal, definidos en el art. 3.a) LOPD como cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Los órganos y organismos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social para las que la GISS presta servicios son las que realizarán, en el ejercicio de sus competencias respectivas, un tratamiento de tales datos, definido en el artículo 3.c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal como operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. En este mismo sentido, el artículo 5.1.t) del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (en adelante, RDLODP) que define el tratamiento como cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. Al ser estos órganos u organismos del Ministerio, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes los que deciden sobre la finalidad, uso o tratamiento de los datos, se convierten así en responsables del tratamiento, definidos en el artículo 3.d) LOPD, como la persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. En el mismo sentido, el artículo 5.1.q) RDLOPD señala que será responsable del fichero o del tratamiento la c. Jorge Juan Madrid 1
2 persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que sólo o conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realizase materialmente. Y como tal responsable del tratamiento deberá tener creados sus ficheros en la forma prevista en la LOPD, y debidamente inscritos en el Registro de esta Agencia. De hecho, de conformidad con el artículo 20 LOPD, la creación de ficheros de titularidad pública, que se realiza mediante disposición general publicada en el boletín oficial que corresponda, ha de identificar el responsable del fichero; y así el Ministerio consultante viene realizándolo. Por ejemplo, uno de los más recientes es el fichero BADAS (ORDEN ESS/1452/2012, BOE núm. 158 de 3 de julio de 2012), que identifica como responsable del fichero a la Subdirección General de Gestión de Prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y así ha sido informado favorablemente por esta Agencia, en informe de 7 de junio de 2012; o Proyecto de Orden por la que se crea y regula el registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos aún no publicado a la fecha de elaboración de este informe que identifica como responsable a la Tesorería General de la Seguridad Social, y también informado favorablemente por esta Agencia el 4 de diciembre de En definitiva, considerando la definición de responsable de fichero, y en coherencia con la actuación que por medio de las órdenes de creación, modificación o supresión de ficheros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los informes de esta Agencia al respecto, tendrán tal consideración los órganos u organismos del Ministerio (Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social o sus Subdirecciones, según corresponda; Intervención General de la Seguridad Social o sus Subdirecciones; Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, en su caso), o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o sus Subdirecciones. Y, en su caso, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social podrá también ser responsable de sus propios ficheros (por ejemplo, de su personal), cuando proceda. Otra cosa es que esta Gerencia Informática preste servicios informáticos a tales órganos u organismos, en cuyo caso será considerada como encargada del tratamiento, siempre que no pueda decidir sobre la finalidad, uso o tratamiento de los datos. Esta figura aparece definida en el artículo 3.g) LOPD como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.por su parte, el artículo 5.1.i) RDLOPD indica en el mismo sentido como encargado del tratamiento: La persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio. En nuestra opinión, la Gerencia de Informática, siempre que trate datos 2
3 Gabinete Jur?dico personales por cuenta del responsable del fichero o tratamiento en virtud de una relación jurídica que les vincula incluida, como posteriormente veremos, una atribución de competencias o funciones concretas, y siempre que se cumplan determinados requisitos legales, será considerada como encargada del tratamiento. Ello no obedece, por tanto, a su dependencia orgánica o funcional, o a su forma de encuadramiento concreto en el Ministerio u organismo correspondiente. En este sentido, como posteriormente veremos, la dependencia funcional o la falta de ésta no determina, a nuestro juicio, la condición de encargado del tratamiento, puesto que lo esencial es el contenido material de la relación jurídica y la forma en la que se instrumente (en principio, mediante contrato), y no la existencia de dependencia orgánica o funcional entre órganos u organismos. Y es que como decíamos en el informe de 20 de julio de 2006, lo importante para delimitar los conceptos de responsable y encargado del tratamiento no resultan ser la causa que motiva el tratamiento de los mismos, sino la esfera de dirección, control u ordenación que el responsable pueda ejercer sobre el tratamiento de los datos de carácter personal que obran en su poder en virtud de aquella causa y que estaría enteramente vedado al encargado del tratamiento. La figura del encargado del tratamiento es esencial en la legislación de protección de datos, de modo que el encargado, junto con el responsable del tratamiento, debe adoptar medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos (art. 9 LOPD) y será en consecuencia responsable a efectos sancionadores (art. 43 LOPD). Por su parte, el artículo 26 RDLOPD se refiere al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante un encargado del tratamiento que deberá dar traslado al responsable y de conformidad con el artículo 79 RDLOPD deberá implantar, junto con el responsable del tratamiento, las medidas de seguridad correspondientes. Es por ello que el título VIII del Reglamento dedica su artículo 82 al encargado del tratamiento en relación con estas medidas de seguridad, y lo contempla expresamente en el artículo 88 al regular el documento de seguridad. Como es sabido, la LOPD, al regular la figura del encargado del tratamiento no exige, para la cesión de datos a su favor, el consentimiento del afectado; de manera que en aquellos supuestos en que el responsable del tratamiento encomiende a un tercero la prestación de un servicio que requiera el acceso a datos de carácter personal por éste, dicho acceso no pueda considerarse como una cesión de datos. Es por ello que el artículo 12 LOPD establece: No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. En este sentido, tal y como señala el informe de esta Agencia de 27 de julio de 2006 Para delimitar si en un supuesto concreto nos encontramos ante una cesión de datos o ante una realización de actividades reguladas por el c. Jorge Juan Madrid 3
4 artículo 12 de la Ley Orgánica, será preciso atender a las circunstancias de cada caso, de tal forma que existirá cesión en aquellos supuestos en los que quien reciba los datos pueda aplicar los mismos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto y finalidad del tratamiento, lo que la convertirá a su vez en un responsable del fichero o tratamiento, mientras que la figura regulada por el artículo 12 de la Ley Orgánica tendrá cabida en aquellos otros casos en que la entidad receptora de los datos se limite a efectuar determinadas operaciones sobre los mismos, sin decidir sobre su finalidad. II Tal y como esta Agencia viene reiterando, como en informes de 30 de marzo y 12 de julio de 2010, para que la relación entre responsable y encargado del tratamiento pueda ser calificada como tal, es preciso que se cumplan los requisitos expresados en el artículo 12 de la LOPD. Expondremos primero los requisitos generales del encargo de tratamiento para después determinar si puede considerarse que concurren en el supuesto de la consulta. En primer lugar, es preciso que el acceso a los datos por el tercero se efectúe con la exclusiva finalidad de prestar un servicio al responsable del fichero, y que dicha relación de servicios se encuentre contractualmente establecida, tal y como desarrolla el artículo 20 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1720/2007; es decir, el contrato deberá ser concertado entre el responsable y el encargado del tratamiento. En cuanto a los requisitos formales de este tipo de contratos, el artículo 12.2 de la LOPD impone que la realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. El hecho de que la relación derivada del contrato sea la existente entre un responsable y un encargado del tratamiento implicará que al término de la relación sea aplicable lo establecido en el artículo 12.3 de la LOPD, de forma que una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. El incumplimiento de esta previsión llevará aparejada la consecuencia, prevista en el artículo 12.4 de la LOPD, de que En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente. Por su parte, el artículo 22 del Reglamento de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (RDLOPD) dispone respecto de la 4
5 Gabinete Jur?dico conservación de los datos lo siguiente: 1. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento o al encargado que éste hubiese designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación. 2. El encargado del tratamiento conservará, debidamente bloqueados, los datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el responsable del tratamiento. Parece que todas estas premisas se cumplen en el borrador de convenio remitido, requiriéndose el acceso para la prestación de un servicio al responsable del fichero; la clausula novena del borrador de convenio supone la concertación del acuerdo por escrito, estableciendo expresamente el tratamiento según las instrucciones del responsable, para las finalidades previstas, prohibiendo cualquier comunicación de los datos y previendo la destrucción de los datos una vez resuelto el convenio. En cuanto a las medidas de seguridad que hayan de ser adoptadas por quienes realicen trabajos de tratamiento de datos por cuenta de tercero, habrán de ser, en general, las mismas que las impuestas al responsable del fichero, tal y como se desprende de lo previsto en los artículo 9 y 12.2 de la LOPD. Es aquí destacable el contenido del informe de este Gabinete Jurídico de 30 de abril de 2010 en los siguientes términos: Entre las obligaciones del encargado del tratamiento en materia de medidas de seguridad se encuentra la de elaborar el correspondiente documento de seguridad, tal y como establece el artículo 82.2 del Reglamento según el cual Si el servicio fuera prestado por el encargado del tratamiento en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por el artículo 88 de este reglamento o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, identificando el fichero o tratamiento y el responsable del mismo e incorporando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento. III La segunda cuestión versa sobre la necesidad de suscribir un contrato de encargo de tratamiento en los términos indicados en el apartado anterior de este informe en el supuesto que nos ocupa. Se trata de un caso particular, en el que la prestación de servicios de tratamiento de datos en este caso, c. Jorge Juan Madrid 5
6 prestar soporte informático deriva del propio ordenamiento jurídico. Decimos esto porque la propia normativa atribuye a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social estas funciones y competencias. En la actualidad, el Real Decreto 343/2012 de 20 de febrero desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De conformidad con su artículo 5.4, la GISS está adscrita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Por su parte, la Disposición Adicional segunda de este Real Decreto regula esta Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con la naturaleza de Servicio Común de la Seguridad Social, sin personalidad jurídica y nivel orgánico de subdirección general. El apartado 1 también especifica que dependerá funcionalmente de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de cada Entidad Gestora de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los programas y proyectos que afecten a su competencia respectiva. Interesa destacar el apartado 2 de esta Disp. Ad. 2ª que especifica las competencias de la GISS en los siguientes términos: Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Superior de Administración Electrónica por el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, y a la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social tendrá atribuidas las siguientes funciones en el ámbito de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social: a) La elaboración y proposición a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social de los planes directivos de sistemas de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para su posterior presentación ante el Consejo general de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Seguridad Social. b) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información. c) La evaluación, auditoría e inventario de los sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones de estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación. d) La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al respecto. e) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad. f) El mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información, así como los correspondientes sistemas 6
7 Gabinete Jur?dico informáticos. g) El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información. h) El informe de los expedientes de adquisición de bienes y servicios informáticos, los expedientes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo de carácter informático y los planes de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones. i) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro. Vemos así que se le atribuyen funciones y competencias que no inciden en el poder decisorio sobre la finalidad, contenido y uso de los datos, sino que fundamentalmente versan sobre la implantación y utilización de los sistemas de información para que sean utilizados por los órganos y organismos correspondientes. También resaltamos el segundo párrafo del apartado 1 de la Disp. Ad. 2ª, que especifica el sometimiento de la GISS a las directrices del organismo correspondiente, en los siguientes términos: Las actuaciones de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social se ajustarán a las directrices establecidas por el Consejo general de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Seguridad Social, sin perjuicio de las funciones que la normativa vigente atribuye a la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ejercerá las competencias establecidas en el artículo 5 del Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, a través del Centro Informático Contable de la Seguridad Social. La atribución de funciones y competencias a la GISS en virtud de un Real Decreto supone ya la existencia de un contrato de encargo de tratamiento, sin que por tanto sea necesario la celebración de contratos específicos para cada órgano u organismo en los términos del art LOPD. Y decimos esto porque en virtud de la atribución competencial que nos ocupa se cumplen ya todos los requisitos establecidos en dicho art. 12.2, teniendo en cuenta las normas generales del derecho administrativo. En primer lugar, la prestación de servicios por la GISS a los responsables de ficheros consta por escrito, permitiendo acreditar su existencia y contenido. Es cierto que no se trata de un contrato, en el sentido de acuerdo de voluntades, pero esta prestación de servicios tiene incluso una extensión y prueba mayor aún al atribuirse mediante un Real Decreto, una norma jurídica emanada del Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Y es que nos encontramos ante un reglamento de organización o c. Jorge Juan Madrid 7
8 administrativo, en terminología del Derecho alemán asumida por GARCÍA DE ENTERRÍA, en el que el Ministro dispone la organización interna de los servicios de su Ministerio respectivo, de conformidad con el art d) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado en relación con el art. 10. Un reglamento con forma del Real Decreto (art de la Ley del Gobierno) que será elaborado en los términos del art. 24 de la Ley del Gobierno y en todo caso publicado en el BOE (art de la misma norma). Sólo así se tratará de una verdadera norma con efectos jurídicos erga omnes, lo que implica la presunción de conocimiento de la misma y su carácter vinculante. Pues bien, una norma jurídica con carácter vinculante está dotada de una forma escrita y de una posibilidad de prueba muy superior a la concertación de un contrato entre dos partes. Pero el art LOPD no sólo exige la constancia escrita, sino que también se refiere a un contenido. Como decía la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2007, lo que necesariamente exige una forma que refleje y deje constancia no sólo de su celebración sino de su contenido, que incluso se especifica en sus clausulas imprescindibles en el propio precepto. Tal exigencia responde a la finalidad de la norma de garantizar que el acceso de terceros a los datos de carácter personal, objeto de tratamiento automatizado, se produzca únicamente en los casos y con las limitaciones legalmente establecidas, plasmándose las condiciones, finalidad y alcance de la cesión de forma que resulte controlable en su desarrollo y cumplimiento. Y es que la existencia de una norma jurídica no sólo implica la constancia por escrito y la posibilidad de prueba, sino que su carácter vinculante y la atribución de competencias que supone implican el cumplimiento de los requisitos legales para la existencia de un encargo de tratamiento. Como hemos visto, el Real Decreto de estructura orgánica del Departamento Ministerial en cuestión delimita las competencias y funciones de la GISS; es decir, especifica los servicios que serán prestados por esta Gerencia a otros órganos u organismos. Y es que la prestación de estos servicios supondrá en realidad el ejercicio de competencias que la GISS tiene atribuidas como propias, estando tales servicios y competencias perfectamente delimitados en la norma antes transcrita. Para SANTAMARÍA PASTOR, simultáneamente a la determinación de la estructura de una organización es preciso distribuir las tareas encomendadas a ella mediante la asignación de competencias. Y define dicho autor la competencia como la titularidad de una serie de potestades públicas ejercitables respecto de unas materias, servicios o fines públicos determinados. Son, por tanto, los intereses (fines y materias) y potestades encomendados a cada ente y, dentro de él, a cada órgano que lo compone. Las competencias, según unánime doctrina española, se distribuyen material, territorial y jerárquicamente. Y dentro de esta distribución jerárquica de competencias, los órganos actúan siempre sometidos al principio de jerarquía 8
9 Gabinete Jur?dico (art. 3 de la LOFAGE). Enlazando así con el concepto de competencia del derecho administrativo, ello supone que la GISS tratará los datos siempre de conformidad con el poder directivo o jerárquico que ejerzan otros organismos; es decir, que se ajustará a las instrucciones del responsable del fichero o a las derivadas de la normativa aplicable. Además, con independencia de la relación jerárquica o funcional con otros órganos, o del hecho de tener o no personalidad jurídica, la GISS deberá ejercer sus competencias de conformidad con los límites impuestos en el ordenamiento jurídico (principio de legalidad, art. 103 de la Constitución y art. 3 LOFAGE) y con sometimiento al poder directivo correspondiente. La competencia, según el artículo 12 de la Ley 30/1992, se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. Y si dicha competencia, atribuida en una norma, consiste en prestar servicios a otros órganos u organismos, y la prestación de servicios conlleva el tratamiento de datos de carácter personal, la atribución competencial en la norma lleva implícita la condición de encargado del tratamiento, el sometimiento al poder jerárquico de los órganos superiores, cuyas instrucciones deberá cumplir, y el ejercicio de las competencias para los fines previstos so pena de desviación de poder sin que puedan destinarse por tanto los datos a otros fines distintos a los previstos para el ejercicio de la competencia. Tampoco la normativa permite la comunicación de datos a otras personas o entidades; ni la conservación de los datos más allá del cumplimiento de las prestaciones. Otra cosa sería que la norma de atribución competencial permitiera el uso de los datos para fines distintos de la mera prestación de servicios informáticos a otros órganos, en cuyo caso habríamos de replantearnos si sería aplicable la figura de encargado de tratamiento. Pero en la medida en que una norma jurídica, al atribuir competencias a órganos, especifique que las funciones de uno de ellos son prestar servicios de tratamiento de datos para otros, podemos estar ante un encargo de tratamiento sin necesidad de acudir a un documento contractual. En cuanto a las medidas de seguridad, que con carácter general deben ser estipuladas en el contrato de encargo de tratamiento, hemos de tener en cuenta que en el ámbito que nos ocupa será de aplicación el Esquema Nacional de Seguridad aprobado por Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, que resulta de aplicación a todas las Administraciones Públicas en los términos del art. 2 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y cuyo Anexo II determina las medidas de seguridad a implantar por las mismas. Por tanto, en el ámbito que nos ocupa en que un organismo adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social ejerce sus competencias atribuidas por la normativa, entendemos que las medidas de seguridad están suficientemente determinadas en tal esquema, sin que sea necesaria una constancia escrita en un contrato que se limitaría a la reproducción de estos términos normativos. c. Jorge Juan Madrid 9
10 Por tanto, en la medida en que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social ejercite competencias atribuidas en la normativa de organización que impliquen la prestación de servicios de tratamiento de datos personales para otros órganos u organismos, y que la norma atribuya estas competencias de tal forma que los datos sólo puedan tratarse para los fines para los que inicialmente fueron recabados no pudiendo ser destinados por la GISS a fines propios ni puedan ser comunicados a terceros, y deba ejercer sus competencias ajustándose a las directrices e instrucciones de órganos directivos, entendemos que podrá existir un encargo de tratamiento sin necesidad de la celebración de un contrato. Como vemos, a esta conclusión se ha llegado con independencia de que el encargado del tratamiento tenga o no dependencia orgánica de aquellos a los que presta servicios, o que tenga o no personalidad jurídica; otra cosa sería si la prestación de servicios no se llevara a cabo por la mera atribución de competencias, sino en virtud de una encomienda de gestión, o de un convenio o contrato administrativo. En este último caso, recordemos que la Disposición Adicional 26ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, determina que Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento, con las especificidades establecidas en tal Disposición Adicional. Siendo negativa la respuesta a la segunda pregunta planteada, por no entenderse necesaria la celebración de un contrato en el supuesto de hecho para que exista un encargo de tratamiento, carece de sentido el estudio de la tercera cuestión. 10