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Timestamp: 2019-02-18 23:11:31
Document Index: 148619588

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 48', 'artículo 48', 'artículo 286', 'artículo 133', 'artículo 18', 'artículo 56', 'artículo 48', 'e contrario']

﻿ Sentencia 2013-00282 de julio 31 de 2014
SENTENCIA 2013-00282 DE 31 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:IMPEDIMENTO DE DIPUTADO – ELECCIÓN DE CONTRALOR. CONSIGNAR LOS DINEROS SOBRE LOS CUALES SE CALCULE EL MONTO DEL DETRIMENTO PATRIMONIAL NO EXONERA AL DIPUTADO ENJUICIADO POR LA CONTRALORÍA DE SU DEBER DE DECLARARSE IMPEDIDO EN LA SESIÓN EN LA QUE SE ELIJA AL JEFE DEL ENTE DE CONTROL FISCAL. EL HECHO DE QUE EL DIPUTADO NO DECLARE EL IMPEDIMENTO GENERA LA CAUSAL PRIMERA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 617 DEL 2000, REFERENTE A LA VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRALORÍA MUNICIPAL, PROCESO ADMINISTRATIVO, CONTROL FISCAL, DIPUTADO, PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL DIPUTADO, PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Sentencia 2013-00282 de julio 31 de 2014
Ref.: Expediente 20130028201.
Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
Actor: Jaime Prieto Carvajal.
La inconformidad de los apelantes, esto es, el actor y la procuradora 25 judicial II para asuntos administrativos del Caquetá, con el fallo apelado radica, en síntesis, en que se debe revocar y, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá Gonzalo Ramos Parrací, en aras de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica, por cuanto del material probatorio obrante en el expediente se colige que el demandado violó el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, toda vez que participó y votó en el proceso de elección del Contralor Departamental del Caquetá el día 3 de enero de 2012, no obstante que aún estaba activo el proceso de responsabilidad fiscal radicado bajo el núm. 484, que le adelantaba dicho ente de control.
Está acreditado en el proceso, que el demandado fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá el 30 de octubre de 2011, cuya posesión se efectuó el 2 de enero de 2012, conforme consta a folios 16 y 20 a 47 del cuaderno principal.
Frente a dicha causal y por hechos idénticos a los que ahora son objeto de examen, la Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, como lo manifiestan los apelantes (actor y Ministerio Público).
En efecto, en sentencia de 27 de enero de 2005 (Exp. 2004-00648-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), la Sala estimó que concurre un interés que genera conflicto en la elección de un funcionario como el contralor (en dicho caso distrital), cuando existe un proceso de responsabilidad fiscal a cargo del respectivo ente de control, criterio reiterado en fallo de 22 de marzo de 2013 (Exp. 2012-00054, C.P. María Claudia Rojas Lasso)(3), proceso en el que, precisamente, se estudió la solicitud de pérdida de investidura de un diputado de la Asamblea del Departamento del Caquetá, por idénticos hechos a los que dieron lugar a la acción de pérdida de investidura de la referencia. En dicha providencia se dijo:
“... La Sala mediante sentencia de 24 de agosto de 2006(4) se pronunció sobre los elementos que configuran la violación al régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura de la siguiente forma:
El interés consiste en el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto. Así, no se encuentra en situación de conflicto de intereses el congresista que apoye o patrocine el proyecto que, de alguna manera, redundaría en su perjuicio o haría más gravosa su situación o la de los suyos, o se oponga al proyecto que de algún modo les fuera provechoso. En ese sentido restringido ha de entenderse el artículo 286 de la Ley 5ª de 1991, pues nadie tendría interés en su propio perjuicio, y de lo que trata es de preservar la rectitud de la conducta de los congresistas, que deben actuar siempre consultando la justicia y el bien común, como manda el artículo 133 de la Constitución. Por eso, se repite, la situación de conflicto resulta de la conducta del congresista en cada caso, atendidas la materia de que se trate y las circunstancias del congresista y los suyos [...]”(5).
a) Existencia: se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” —Messineo, tomo II, p. 10 —, lo cual acontece cuando surgen v. gr. ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
De la misma manera, la Sala Plena(7) ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 23 de marzo de 2010(8), estudió la causal de pérdida de investidura relacionada con la violación de conflicto de intereses en cuanto que el demandado en ese caso habría participado en la elección del Procurador General de la Nación, teniendo investigaciones disciplinarias pendientes. En esa sentencia se descartó la existencia de conflicto de intereses, por considerar que en el momento de la elección del Procurador General de la Nación, ni siquiera había imputación, acusación o cargo alguno en el proceso disciplinario que había abierto la procuraduría. La Sala Plena sostuvo:
...Se encuentra demostrado en el proceso que como diputado, el señor Nelson Ricardo Matiz Herrera intervino en la elección del contralor del departamento de Caquetá, según el Acta 002 de 3 de enero de 2012 (fl. 62), en la cual se observa que respaldó de manera expresa el nombre de quien resultó electo (Gustavo Espinosa Ferla) (...)
“La Asamblea Departamental del Caquetá, otorgó pasajes aéreos en cuantía de tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos pesos ($ 3’199.500), al diputado Nelson Ricardo Matiz Herrera.
Mediante Oficio SATJU-SATPR 01925 del 07-12-2012, suscrito por Carlos Eduardo Montealegre Rodríguez, en su condición de presidente de Satena Colombia, relaciona los tiquetes adquiridos y utilizados por Nelson Ricardo Matiz Herrera así: (...)
Mediante oficio del 19 de diciembre del año en curso, la señora Carolina Albornoz, jefe de soluciones al cliente Aires, relaciona el itinerario de Nelson Ricardo Matiz Herrera, desde la vigencia 2008 al 2011 así: (...)
En virtud de lo anteriormente expuesto y del material probatorio que reposa en el expediente, se puede determinar que existe un detrimento al erario de la Asamblea Departamental del Caquetá, en cuantía de tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos pesos ($ 3.199.500, m/cte.), cuyo presunto responsable es el Sr. Nelson Ricardo Matiz Herrera, en su condición de diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá (...)”.
El 12 de enero de 2012 (fl. 207), el profesional universitario de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal remitió al despacho del Contralor Departamental del Caquetá, el proceso de responsabilidad fiscal No. 788 para que surtiera el grado de consulta, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000...
De conformidad con el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, el Auto 059 de 30 de diciembre de 2011, por medio del cual se ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal 788, quedaría ejecutoriado cuando los recursos fueran decididos y, en el caso presente, la decisión quedó en firme con la Resolución 024 de 10 de febrero de 2012, por la cual el contralor departamental confirmó el auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal aludido.
Comoquiera que se trata de un asunto similar, dada la identidad de hechos, la causal y el punto de derecho discutido, la Sala prohíja en esta oportunidad las consideraciones indicadas en la referida sentencia, pues de los documentos obrantes en el expediente, se extrae que el demandado en la sesión de la DUMA celebrada el 3 de enero de 2012, en la que se llevó a cabo la elección del Contralor Departamental del Caquetá presidió y votó, a pesar de que en dicho ente de control Fiscal estaba aún en trámite un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra, lo cual era de su conocimiento, y no obstante no se declaró impedido.
En efecto, de las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el 15 de febrero de 2007, la jefe de la Unidad de Procesos Fiscales de la Contraloría Departamental del Caquetá profirió auto de apertura dentro del juicio fiscal radicado bajo el Nº 484, adelantado contra el diputado demandado, Gonzalo Ramos Parrací, y los señores Arnoldo Barrera Cadena y Jairo Augusto Bermúdez Delgado(9), por detrimento patrimonial fijado en $ 7’000.000, suma correspondiente al avance 054 de 14 de diciembre de 2004, entregado al señor Jairo Augusto Bermúdez Delgado, con el objeto de sufragar los gastos para la realización de programas de bienestar social de los funcionarios de la alcaldía municipal, el cual no fue legalizado (fls. 108 a 112 y 331, cdno. ppal.).
A folios 279 a 301, ibídem, obra la imputación de cargos en contra de los citados señores, que de manera solidaria fueron declarados fiscalmente responsables por el faltante de fondos públicos de $ 7’000.000.
Con escrito de 19 de diciembre de 2011, visible a folio 420, ibídem, el señor Jairo Augusto Bermúdez Delgado, allega a la Contraloría Departamental del Caquetá copia de la consignación efectuada por la suma de $ 7’000.000, monto endilgado como detrimento al erario del municipio de Florencia (Caquetá) y, en consecuencia, solicita que se profiera fallo sin responsabilidad fiscal, lo cual tuvo lugar al día siguiente, conforme consta a folios 422 a 429, en el que se indica que contra la citada providencia proceden los recursos de reposición y apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación; y que en caso de que no se interpongan tales recursos se surtirá grado de consulta ante el contralor departamental.
Comoquiera que no se interpusieron los recursos de reposición y apelación el proceso 484 fue remitido el 19 de enero de 2012 al contralor departamental, según consta a folio 328; mediante auto de 23 de ese mes y año el doctor Gustavo Espinosa Ferla se declaró impedido para resolver la consulta en mención, por cuanto dentro de los investigados estaba el señor Gonzalo Ramos Parrací, quien en la sesión de la Asamblea Departamental del Caquetá, realizada el 3 de enero de 2012 en la que resultó elegido contralor, en su condición de diputado votó a su favor. Tal impedimento no le fue aceptado por el procurador regional de ese ente territorial.
En virtud de lo anterior, resolvió el grado de consulta a través de la Resolución 019 de 6 de febrero de 2012, confirmando el fallo sin responsabilidad fiscal 051 de 20 de diciembre de 2011, la que quedó ejecutoriada el 13 de febrero de 2012, conforme a la constancia secretarial obrante a folio 412, ibídem.
De lo expuesto, resulta evidente que el fallo sin responsabilidad fiscal 051 de 20 de diciembre de 2011, dictado dentro del juicio fiscal adelantado en contra del aquí demandado por la Contraloría Departamental del Caquetá para la fecha en que la DUMA eligió contralor, 3 de enero de 2012, no estaba en firme, pues, como quedó visto, estaba pendiente de resolver el grado de consulta, lo cual tuvo ocurrencia el 6 de febrero de 2012 y su ejecutoria el 13 de ese mes y año, lo cual pone de manifiesto el conflicto de intereses.
Ahora, si bien es cierto, como lo sostuvo la Sala en la sentencia que ahora se reitera, que elegir al contralor departamental constituye un deber constitucional y legal de los diputados, de conformidad con los artículos 272 de la Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996, también lo es que, como quedó demostrado, para ese momento existía una situación frente a la cual el demandado tenía un interés específico y directo, como lo era el proceso de responsabilidad fiscal núm.484 que se tramitaba en su contra (y otros).
Adicionalmente, como se sostuvo en el fallo prohijado, el hecho de que se hubiera pagado la suma correspondiente al perjuicio endilgado al diputado en el proceso de responsabilidad fiscal, no es razón suficiente para exonerarlo de responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de intereses, pues la situación personal en la que se encontraba el demandado, suponía un interés específico o directo en la medida en que se trataba de un proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba en trámite en el momento en que se eligió al contralor departamental, quien sería el encargado de decidir la consulta en el referido proceso como en efecto ocurrió.
Cabe señalar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de la sentencia de 9 de julio de 2013 (Exp. 2011-01559 (PI), C.P. Hernán Andrade Rincón), decretó la pérdida de investidura de un congresista por considerar que había incurrido en la violación del régimen de conflicto de intereses al no haberse declarado impedido para votar un cambio de radicación respecto de un proceso de responsabilidad fiscal que se le adelantaba en la contraloría territorial, “sin que tal situación se modifique por los resultados favorables y/o adversos que pudiera alcanzar en la Contraloría General de la República, pues tal como se anotó la causal de pérdida de investidura se estructura a partir de la conducta realizada por el parlamentario y no depende de las decisiones que adopten otras autoridades del Estado”. También se sostuvo en dicha providencia que para que se configure dicha causal “basta que el congresista conozca la situación y sea consciente de la posible colisión que habría de darse si ejerce las funciones que se le han encomendado en esas circunstancias...”.
Por lo anterior, el demandado en su condición de diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá ha debido declararse impedido y abstenerse de participar en la elección del contralor de ese ente territorial. Al no haberlo hecho, con dicha conducta quedó incurso en la causal de pérdida de investidura que se le endilga, esto es, la violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Por último, se precisa, que contrario a lo afirmado por el a quo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 23 de marzo de 2010, (Exp. 2009-00198 (PI), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), en la cual apoya su decisión, negó la pérdida de investidura de congresista, pero porque consideró que la investigación disciplinaria en contra del demandado que cursaba en la Procuraduría General de la Nación, estaba en etapa de indagación preliminar, que no es la misma circunstancia que rodea el presente asunto.
En efecto, dijo la Sala Plena al respecto:
“...En ese orden, para esta Sala, al demandado, en la elección del Procurador General de la Nación no le asistía ese interés que se exige para que tenga ocurrencia la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses, pues, pese a que al momento de la elección, la procuraduría había abierto una investigación preliminar en contra del congresista y de otros que también intervinieron en la sesión correspondiente, no se advierte una auténtica colisión de intereses en el sentido de que el interés general hubiera quedado subordinado a los intereses personales del demandado por el hecho de que este participó en la elección del Procurador General de la Nación.
En este particular caso, el señor Habib Merheg Marún se retiró del recinto donde sesionaba el Congreso mientras se decidía si la indagación preliminar que pesaba sobre varios congresistas en la procuraduría, él incluido, constituía o no motivo para votar en la elección del procurador. Esta conducta resultaba prudente dadas las circunstancias especiales en que se desarrollaba esa elección. De ahí que, una vez el Congreso decidió que no aceptaría los impedimentos, tal como ya lo había hecho en el año 2004 y porque no consideró que eso constituía un conflicto de intereses, el señor Habib Merheg Marún decidió participar en esa elección, sin declararse impedido, conducta esta imprudente que no alcanza a configurar la falta de haber incurrido en conflicto de intereses, puesto que, se repite, ese conflicto no existió...” (negrillas fuera de texto).
REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la pérdida de la investidura del diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá, señor Gonzalo Ramos Parrací.
(3) Reiterada en sentencia de 28 de noviembre de 2013 (Exp. 2013-00027-02, C.P. María Elizabeth García González)
(4) Expediente: 2006-0003, actor: Carlos Alfaro Fonseca, M.P. Camilo Arciniegas Andrade.
(5) C.P. Mario Rafael Alario Méndez. Expediente AC 11116. Actor: Luis Andrés Penagos Villegas.
(6) C.P. Flavio Augusto Arce Rodríguez. Expediente 1572. Actor: Ministro del Interior y de Justicia. Referencia: congresistas. Conflicto de intereses. Proyecto de acto legislativo para restablecer la institución de la reelección presidencial.
(7) Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y concepto de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
(8) Expediente: 2009-00198, actor: Luis Ernesto Correa Pinto, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(9) Secretario administrativo del municipio de Florencia, alcalde municipal y profesional universitario de la alcaldía, respectivamente, para la época de los hechos.