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Timestamp: 2020-07-07 09:42:14
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Aprobadas en lo general reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Publicado: Jueves, 22 Noviembre 2018 19:12
Número-809
Otorga y traslada facultades a diversos entes públicos.
Crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El Pleno del Senado de la República aprobó en votación nominal -por 72 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones- reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para integrar la estructura y funciones de la nueva Administración Pública Federal.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias dijo que la modificación a 25 artículos fue viable y necesaria, para responder a los reclamos y demandas de la sociedad: seguridad, justicia y bienestar económico.
Detalló que los ejes de la reforma son gobernabilidad, democracia y seguridad pública, y posibilitarán una estrategia integral que atienda las causas estructurales de la delincuencia e inhibir el crimen organizado y la violencia.
“Los niveles de corrupción que se han alcanzado en el país son inauditos, por lo que es impostergable terminar con todo tipo de corruptelas que se reproducen desde las más altas esferas gubernamentales, en el sector público, para configurar delitos de corrupción que van desde el ejercicio indebido del servicio público hasta el enriquecimiento ilícito”, señaló.
Por su parte, el senador Manuel Añorve, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, dijo que no obstante tener coincidencias con las reformas, “creemos firmemente que el pueblo de México no se merece un Poder Legislativo pasivo e irreflexivo”.
Refirió estar de acuerdo con las compras consolidadas, aunque éstas pueden convertirse en un cuello de botella, por la decisión de un solo titular, para el andamiaje que se requiere en la Administración Pública Federal.
Expuso que uno de los principios fundamentales de la democracia es la distribución del poder, “por lo que no podemos estar a favor de la concentración del mismo en unas pocas personas. No podemos permitir que este Senado rehúya al debate y apruebe sumisamente estas reformas que están más acorde con un régimen centralista, en muchos de sus temas, que con una democracia constitucional”.
La modificación al artículo 8 propone que la Oficina de la Presidencia defina las políticas de informática, tecnología de la información, la comunicación, y el gobierno digital de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Además, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Gobernación, que formule y conduzca la política de comunicación social del Gobierno Federal.
En los artículos artículos 17 bis y 17 ter dispone la creación de nuevas unidades denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”, que tendrán como función las tareas de coordinación de acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo Federal.
Implica convertir las delegaciones de las dependencias y entidades federales ya existentes, adoptando un modelo de gestión que los ubica como dependientes del Coordinador General de Programas para el Desarrollo, contando con las facultades que señale el reglamento de la Oficina de la Presidencia.
En la reforma al artículo 27 se suprimen a la Secretaría de Gobernación (Segob) las facultades relativas a la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, y se trasladan a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Segob se mantiene como coordinadora de las dependencias de la Administración Pública Federal; la obliga a garantizar la atención integral a víctimas y mantener una base de datos de las personas reportadas como desaparecidas en todo el país; otra sólo para casos de mujeres y niñas; una más para programas de reinserción de las personas que cumplieron sentencia y sean puestas en libertad.
El artículo 30 bis crea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Establece que será responsable de las labores de inteligencia vinculadas con el comportamiento delictivo y tendrá a su cargo las labores de seguridad nacional, así como las atribuciones que garanticen la protección civil de las personas. La Policía Federal queda bajo su adscripción.
Adicionalmente propone que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional se transforme en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que fungirá como un sistema de investigación e información.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le confiere, en el artículo 31, facultades en materia de combate a la corrupción, reorientando el esquema de compra de bienes y contratación de servicios, para fungir como instancia consolidadora de tales procedimientos.
Para ello, elimina la figura de los oficiales mayores, para transitar hacia las “Unidades de Administración y Finanzas”, cuyos titulares serán designados y removidos por la SHCP, con excepción de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, que mantendrán sus respectivas oficialías mayores.
También propone conferir a la Secretaría de Hacienda las atribuciones para planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el artículo 32 se modifica la nomenclatura de la Secretaría de Desarrollo Social por la de Secretaría de Bienestar. Se le faculta para dirigir, coordinar y evaluar la política integral de bienestar social.
También se le asigna el fomento a las unidades de producción familiar rural de subsistencia; coordinar las políticas de desarrollo rural para elevar el nivel de bienestar de las familias, comunidades y ejidos; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural y a evitar la migración de las áreas rurales.
Además, integrar y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales de la Administración Pública Federal, así como depurar sus duplicidades.
La Coordinación General de Programas para el Desarrollo estará bajo el mando directo del Presidente de la República.
A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el artículo 32 bis, se le faculta para dictar la política nacional sobre cambio climático y la capa de ozono; regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal; y formular la política nacional y elaborar los programas en materia de manejo de residuos.
En el artículo 33, establece que la Secretaría de Energía realice estudios e investigaciones en materia energética; promueva medidas para garantizar el abasto de petróleo y gas, y asuma como su responsabilidad, la seguridad energética del país.
La modificación al artículo 34 transfiere a la Secretaría de Economía la facultad de promover en las zonas de producción minera, la construcción de obras de infraestructura social en coordinación con gobiernos estatales y municipales, así como la participación de los sectores social y privado.
En el artículo 35, modifica la nomenclatura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la dota con atribuciones para apoyar la seguridad alimentaria de los mexicanos, garantizando el abasto de productos básicos.
A la Secretaría de la Función Pública se le faculta, en el artículo 37, organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con el Presupuesto de Egresos; además, conducir la política de control interno, prevención, inspección y revisión de contrataciones públicas.
En el artículo 38 se confiere a la Secretaría de Educación Pública la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades educativas estatales y municipales; con el magisterio nacional, con instituciones especializadas en educación, con agrupaciones ciudadanas, organizaciones sociales y demás actores sociales en la materia.
En el artículo 39 se establece que la Secretaria de Salud elabore y conduzca la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general.
A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le faculta, en el artículo 40, promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva. También a dar cumplimiento a los convenios internacionales en materia de derechos laborales.
A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por modificaciones al artículo 41, le corresponde planificar, coordinar, administrar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento
Territorial; promover la vivienda digna; el desarrollo urbano y rural; y otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios.
El artículo 41 bis establece que la Secretaría de Cultura debe promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las manifestaciones culturales, así como los derechos culturales y de propiedad, que de forma comunitaria detentan sobre sus creaciones artísticas los pueblos indígenas.
También la faculta para otorgar becas a los estudiantes que pretendan realizar investigaciones o completar ciclos de estudio relacionados con las artes y los estudios culturales, tanto en México como en el extranjero.
La modificación al artículo 43 establece que el Consejero Jurídico nombre y, en su caso, remueva a los titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
En los artículos transitorios se prevé que el Ejecutivo Federal contará con 180 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas para adecuar los reglamentos correspondientes.
Además, se precisa que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo deberá quedar constituida en ese mismo lapso. También se precisa que las entidades Liconsa y Diconsa quedarán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
POSICIONAMIENTOS EN PRO Y EN CONTRA
Durante la ronda de posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la senadora Eunice Romo, del Partido Encuentro Social, afirmó que con los cambios a la Administración Pública Federal “se atacará de lleno a la corrupción, la violencia y la pobreza”.
Se trata, dijo, de facilitar la gobernabilidad, no de “darle un cheque en blanco” al próximo Presidente. “Estoy hablando del derecho del Ejecutivo Federal a tomar las decisiones dentro de su administración”, asentó.
El senador Antonio García Conejo, del PRD, dijo que con esta reforma se regresa al centralismo porque se posiciona al Poder Ejecutivo “como la autoridad suprema, que rige sobre todo el territorio y dicta las directrices para el reparto de los programas sociales”.
Su compañero de bancada, Manuel Fócil, señaló que el voto del PRD es en contra porque los cambios a la Administración Pública Federal evidencian el carácter centralista del nuevo gobierno, mismo que va en contra de la Constitución y viola el Pacto Federal.
A su vez, el senador Raúl Bolaños, del PVEM, dijo que es fundamental que la transformación que realice el nuevo gobierno se lleva a cabo bajo un ejercicio adecuado del proceso legislativo y con respeto a la división de Poderes.
Debemos dar la oportunidad al gobierno entrante, dijo, de realizar acciones que considere pertinentes para el bienestar de México, supervisando que no existan excesos en el Poder y velar en todo momento por el respeto al Federalismo constitucional.
La senadora Alejandra León, del PT, expuso que la próxima administración federal requiere tener sustento normativo y estructural para cumplir con los objetivos planteados en su programa de gobierno, para hacer funcional la administración pública, en el uso de recursos y en la entrega de resultados.
Consideró que las reformas son para que el próximo gobierno pueda responder a las demandas sociales a través de la organización, funcionalidad y eficiencia de las diversas áreas de la administración pública federal, por lo cual –adelantó- su Grupo Parlamentario votaría a favor.
El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, señaló que el próximo gobierno tiene el derecho de modificar la organización de la administración pública para hacer frente a sus compromisos de campaña, pero las modificaciones propuestas a la legislación secundaria permiten la concentración vertical del poder y amenazan con minar el pacto federal a partir de introducir la figura de los “superdelegados”.
Señaló que de esa manera se permitirá, por ejemplo, duplicar funciones entre las secretarías de Gobernación y la de Seguridad Pública en materia de administración de centros penitenciarios. Además, se otorgarán poderes especiales para el reparto de recursos de programas sociales. Aseguró que los integrantes de su Grupo Parlamentario votarían en contra porque se pretende restaurar un modelo político obsoleto.
El Grupo Parlamentario del PRI, dijo la senadora Beatriz Paredes, se pronuncia por respetar el régimen democrático, republicano, federal, con división de Poderes, soberanía de estados y autonomía de municipios. Precisó: “los signos de concentración y centralización excesiva no devengan en autoritarismo; el mandato popular fue para consolidar la democracia, no para retroceder”.
Bajo el argumento de mayor austeridad y minimizar el dispendio, se plantean reformas que pueden provocar excesiva centralización, señaló, lo que afectará a la sociedad porque volverá más tortuosos los procesos y menos eficiente la administración.
La senadora del PAN, Nadia Navarro, aseguró que estas reformas contravienen al Pacto Federal. De aprobarse, su grupo parlamentario promoverá una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los “superdelegados”, alegó.
Calificó como grave la creación de “dos supersecretarías”: Hacienda y Seguridad Pública. Asimismo, dijo que es preocupante el establecimiento de la regulación que pretende dotar a la Secretaría de Gobernación la atribución de proveer el servicio de radiodifusión pública.
La senadora Imelda Castro, de Morena, destacó que a través de esta reforma se dotará al nuevo gobierno de instrumentos y modelos institucionales más eficientes para el combate a la pobreza, la disminución de la violencia y la erradicación de la corrupción.
Consideró necesario emprender los cambios indispensables “para sacar a México de la crisis múltiple que le han heredado los últimos sexenios”. Por ello, la propuesta está encaminada a alcanzar mayores niveles de eficacia de las políticas públicas, mejorar la transparencia y la calidad de servicio para los ciudadanos.
En la discusión en lo general participaron 10 senadores en el Pleno. Cinco con posturas a favor y otro tanto en contra.