Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20010218
Timestamp: 2020-01-28 03:59:19
Document Index: 170262025

Matched Legal Cases: ['artículo 558', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 520', 'artículo 527', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 558', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 241', 'artículo 520', 'artículo 520', 'artículo 121', 'artículo 558', 'artículo 558', 'artículo 533', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 508', 'artículo 509', 'artículo 508', 'artículo 513', 'artículo 515', 'artículo 520', 'artículo 9', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 5']

C-1266 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020010218CC-SENTENCIAC1266200505/12/2005CC-SENTENCIA_C_1266__2005_05/12/2005200102182005SENTENCIA C-1266/05 COSA JUZGADA MATERIAL- Concepto COSA JUZGADA MATERIAL -Elementos para determinarla COSA JUZGADA MATERIAL -Vinculación con el concepto de precedente COSA JUZGADA MATERIAL -Respeto del precedente COSA JUZGADA MATERIAL -No configuración En este caso no cabe duda del idéntico contenido normativo del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991 y del artículo 520 de la Ley 600 de 2000. No obstante, se trata de dos disposiciones contenidas en contextos normativos diferentes, por una parte, y adicionalmente no hay identidad entre los cargos examinados en la sentencia C-1106 de 2000 y los propuestos por el demandante en esta oportunidad. Por las anteriores razones, en el caso concreto, no existe cosa juzgada material respecto de la sentencia C-1106 de 2000 y esta Corporación debe abordar el estudio de la constitucionalidad LEY 600 DE 2000 -Vigencia OMISION LEGISLATIVA -Concepto OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA -Concepto OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Concepto DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA -Incompetencia de la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Competencia de la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Requisitos para declarar inexequibilidad CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Procedencia por violación del principio de igualdad/ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA- Procedencia por desconocimiento del debido proceso SENTENCIA INTEGRADORA POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Procedencia CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN TRAMITE DE EXTRADICION- Aspectos sobre los que debe pronunciarse/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA -Inexistencia/ EXTRADICION- Naturaleza /CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN TRAMITE DE EXTRADICION- Obligación de pronunciarse sobre si delito cometido en el exterior es considerado como tal en la legislación penal colombiana /EXTRADICION Y PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACION/EXTRADICION- Autoridad a la que corresponde pronunciarse si hechos que originan la solicitud son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 1º de 1997 Sostiene el actor que la omisión legislativa relativa en el presente caso se predica porque el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 excluye del pronunciamiento que debe hacer la Corte Suprema de Justicia en el trámite de la extradición de los ciudadanos colombianos, algunas materias que en virtud del artículo 35 constitucional deberían estar incluidas a saber: (i) si la solicitud de extradición se refiere a delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación penal colombiana, requisito expresamente señalado por el inciso segundo del artículo 35 constitucional; (ii) si los hechos fundamento de la solicitud de extradición son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 1º de 1997, condición consignada en el inciso cuarto de la misma disposición. Ahora bien, sea lo primero advertir que de la comparación del precepto legal y de la disposición constitucional resulta de manera clara que la primera supuesta omisión señalada por el actor está expresamente contemplada en el enunciado normativo demandado cuando prevé que la Corte Suprema de justicia fundamentará su concepto en el principio de la doble incriminación. Resta por analizar la segunda supuesta omisión, consistente en la ausencia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre si los hechos fundamento de la solicitud de extradición son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997. Podría entenderse que dentro del examen de la validez formal de la documentación presentada corresponde a la Corte Suprema de Justicia examinar la fecha de los hechos que motivan la solicitud de extradición y constatar que sean anteriores al dieciséis de diciembre de 1997. Empero, la disposición puede ser interpretada en el sentido que el examen a cargo del órgano judicial es de carácter meramente formal, circunscrito a aspectos tales como su traducción al castellano o la existencia de las piezas originales, y en consecuencia no comprende un cotejo de tal naturaleza. En todo caso para efectos de la supuesta omisión legislativa relativa, propuesta por el demandante, las anteriores posibilidades interpretativas son completamente irrelevantes, en la medida que está previsto que el Gobierno Nacional debe pronunciarse sobre esta materia, y adicionalmente las disposiciones legales que regulan la extradición deben interpretarse de conformidad con el artículo 35 constitucional. En definitiva, no constituye una omisión legislativa relativa que el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 no prevea que la Corte Suprema de Justicia deba pronunciarse sobre si los hechos que motivan la solicitud de extradición son posteriores a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2000 pues el Gobierno Nacional debe pronunciarse sobre este tópico, y en la medida en que la extradición no es un procedimiento judicial en el cual la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales por parte del requerimiento formulado por un gobierno extranjero corresponda a una autoridad judicial. PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACION-Concepto EXTRADICION DE CIUDADANO COLOMBIANO-Prohibición por hechos cometidos con anterioridad al dieciséis de diciembre de 1997 CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN TRAMITE DE EXTRADICION- Fundamento en la validez formal de la documentación presentada LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Regulación de extradición EXTRADICION Y PRINCIPIO NON BIS IN IDEM/EXTRADICION -Autoridad a la que corresponde verificar los elementos del debido proceso El anterior argumento también sirve para desechar otros cargos formulados por el demandante, tales como la eventual vulneración del principio de non bis in idem, pues la verificación de tales extremos corresponde al Gobierno Nacional y no a la Corte Suprema de Justicia. Si bien en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 527 de la Ley 600 de 2000 no existe una prohibición expresa de la extradición en el evento que la persona esté siendo juzgada por los mismos hechos en Colombia, no cabe duda que al haberse señalado de manera restrictiva las materias sobre las cuáles debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, la verificación de los restantes elementos del debido proceso constitucional y legal corresponden en definitiva a la autoridad que adopta la decisión final y que finalmente es la responsable del trámite de la extradición. Referencia: expediente D-5653
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD5653CONSTITUCIONALIDADOrley de Jesús Acosta RodasDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".Identificadores20020010219true22016Versión original20010219Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En este caso no cabe duda del idéntico contenido normativo del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991 y del artículo 520 de la Ley 600 de 2000. No obstante, se trata de dos disposiciones contenidas en contextos normativos diferentes, por una parte, y adicionalmente no hay identidad entre los cargos examinados en la sentencia C-1106 de 2000 y los propuestos por el demandante en esta oportunidad. Por las anteriores razones, en el caso concreto, no existe cosa juzgada material respecto de la sentencia C-1106 de 2000 yesta Corporación debe abordar el estudio de la constitucionalidad
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia por violación del principio de igualdad/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEOMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Procedencia por desconocimiento del debido proceso
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 520 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Orley de Jesús Acosta Rojas demandó el articulo 520 de la Ley 600 de 2000 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal".
Afirma, por otra parte, que el Gobierno Nacional tampoco verifica el cumplimiento de aquellos aspectos no incluidos en el concepto que emite la Corte Suprema de Justicia "ya que el Gobierno toma la decisión potestativa con fundamento en el concepto favorable de la Corte sin que dicha decisión esté antecedida de un pronunciamiento que permita el control de dichos aspectos, reduciéndose todo el debate a la posibilidad de discutir los mismos en el recurso de reposición que procede contra la decisión del Gobierno, lo cual significa que la decisión que toma el gobierno, en primera instancia, no está precedida del debate propio al debido proceso", y en definitiva el Código de Procedimiento Penal no prevé un escenario en el cual puedan discutirse las materias no contempladas por el artículo 520 del C. P. P.
Señala, así mismo, que el contenido del concepto de la Corte Suprema de Justicia está taxativamente señalado por el artículo 520 de la Ley 600 de 2000, razón por la cual el órgano judicial no puede referirse a materias distintas de las allí contempladas, pues de conformidad con el artículo 121 constitucional "[n]inguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley".
Por otra parte, señala el interviniente que sobre el artículo demandado existe cosa juzgada material, pues la Corte Constitucional se había pronunciado en la sentencias C-1106 de 2000 y C-565 de 1998 respecto de un enunciado normativo idéntico al demandado, contenido en el artículo 558 del Decreto Ley 2700 de 1991, y lo había encontrado ajustado a la Constitución. Cita algunos apartes de la parte motiva de la primera de las sentencias en cuestión, en los cuales se afirma que durante el procedimiento administrativo para decidir la extradición la Corte Suprema de Justicia no actúa como juez "(…) como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento".
A juicio de la Vista Fiscal los cargos examinados en aquella oportunidad coinciden con los propuestos por el ciudadano Acosta Rodas, pues radicaban también en la supuesta vulneración del debido proceso y el derecho de defensa "en la medida que la Corte Suprema de Justicia fue limitada a los aspectos señalados en el precepto, de tal manera que la defensa queda impedida para presentar pruebas y alegaciones con otros aspectos que podrían hacer improcedente la figura de la extradición".
En todo caso, a pesar de la divergencia de posturas en cuanto a los elementos que la configuran, la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la cosa juzgada material al concepto de precedente, específicamente con la obligación en cabeza del juez constitucional deser consistente con sus decisiones previas, deber que no deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones[5]. Empero, la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias[6]. Por lo tanto cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -tales como un nuevo contexto fáctico o normativo[7]- la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas[8], e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas[9].
En conclusión, la identidad entre un enunciado o un contenido normativo declarado previamente exequible y otro reproducido en un nuevo cuerpo normativo, no puede ser el argumento concluyente para negarse a examinar el nuevo precepto por haberse producido la cosa juzgada material, pues dicha figura -entendida como al obligación de estarse a lo resuelto en un pronunciamiento anterior- está supeditada a la concurrencia de todos los elementos que a continuación se enuncian[10]:
En lo que respecta a la falta de identidad de cargos formulados en la distintas ocasiones es preciso señalar que en la sentencia C-1106 la Corte Constitucional se ocupó de examinar la supuesta inexequibilidad parcial del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991, ya que se acusaban sólo algunos de sus apartes. Los cargos formulados versaban en torno a la violación del derecho de defensa "material", en cuanto a la disposición demandada limitaba el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a aspectos meramente formales, y la vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, en razón a que el papel de la Corte Suprema de Justicia en el procedimiento de extradición quedaba reducido a la expedición de una certificación de carácter "notarial" de la validez de la documentación presentada, sin que pudiera pronunciarse sobre aspectos sustanciales relacionados con el trámite de la extradición.
En el año 2004 fue promulgada la Ley 906 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal", el nuevo ordenamiento en su artículo 533 regula lo relacionado con su vigencia en los siguientes términos:
En el mismo sentido, el tercer inciso del artículo 6 del mismo estatuto prevé textualmente que "Las disposiciones de este código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia". Sobre la constitucionalidad de este último precepto se pronunció ampliamente esta Corporación en la sentencia C-592 del presente año, y entre otras cosas sostuvo que era necesario concordar dicha disposición con el artículo 5º del Acto Legislativo 03 de 2002[14], disposición que establece la implementación gradual del nuevo sistema penal y confía a la ley el señalamiento de la fecha de inicio de aplicación del nuevo estatuto procesal.
"(…) en el presente caso no se plantea ninguna dificultad constitucional que haga necesaria la declaratoria de inexequibilidad total o parcial o algún tipo de condicionamiento del texto acusado por cuanto no cabe duda alguna sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad y que prueba de ello es la aplicación que del referido principio ha hecho ya la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las recientes decisiones a que se hizo referencia en el aparte preliminar de este acápite de la sentencia"[15].
"Con arreglo al concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por no existir tratado de extradición aplicable entre los dos Estados, son las normas del Código de Procedimiento Penal las llamadas a regular este trámite de extradición, siendo la ley 600 de 2.000 la aplicable, en razón a que los hechos atribuidos a CHARLES CAMACHO DUKE tuvieron lugar antes del 1º de enero de 2.005" (negrillas fuera del texto).[17]
La omisión legislativa relativa, por su parte, supone la actividad del legislador pero de forma incompleta o defectuosa "dado que al regular una situación determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma respectiva (v. gr. derecho a la igualdad, derecho al debido proceso o del derecho de defensa, derechos adquiridos, etc)." [22]
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-427 de 2000 desarrolló algunos criterios según los cuales una omisión legislativa relativa resulta contraria a la Constitución y, por ende, es procedente una sentencia integradora. Al respecto, el juez constitucional definió los siguientes requisitos: "a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos que estén y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma y e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador".[27]
En igual sentido, la Corte en la sentencia C-1064 de 2001 manifestó lo siguiente: "En la omisión legislativa relativa, el legislador ha expedido una norma cuyo sentido normativo no es omisivo sino positivo y ese acto positivo del legislador, al dejar de incluir a un grupo de ciudadanos en el ámbito de su regulación, que debía ser incluido por mandato constitucional, resulta inconstitucional. Como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución."
Resta por analizar la segunda supuesta omisión, consistente en la ausencia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre si los hechos fundamento de la solicitud de extradición son anteriores a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997. Para resolver esta cuestión es conveniente realizar un examen sistemático del conjunto de disposiciones que regulan el procedimiento de extradición en la Ley 600 de 2000. En primer lugar el inciso final del artículo 508 prohíbe la extradición de ciudadanos colombianos cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al dieciséis de diciembre de 1997, fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 1997. Según el artículo 509[28] del mismo ordenamiento corresponde al Gobierno conceder u ofrecer salvo en los casos contemplados en el artículo 508. Por su parte el artículo 513 enuncia los documentos que deben acompañar a la solicitud de extradición entre los cuales aparece la "la indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados". De conformidad con el artículo 515 el Ministerio de Justicia (hoy Ministerio del Interior y de Justicia) debe estudiar la documentación allegada y de encontrar que faltan piezas debe devolverla al Ministerio de Relaciones Exteriores para que este realice las gestiones necesarias ante el gobierno extranjero con el propósito de completar la documentación. Finalmente el artículo 520 prevé que la Corte Suprema de Justicia expedirá su concepto con fundamento, entre otros criterio, en la validez formal de la documentación presentada.
"Para esta Corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.
Y, por la misma razón, dada la naturaleza jurídica de la actividad que cumple la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto aludido, cuando este es negativo lo que se manifiesta por ella es que no se cumplieron por el Estado requirente, los requisitos mínimos de esa figura de cooperación internacional señalados en el Código de Procedimiento Penal y, por ello, ese concepto negativo resulta obligatorio para el Presidente de la República, pues tanto él como la Corte Suprema de Justicia se encuentran sometidos a la ley colombiana, sin que, se repite, ese concepto negativo sea un acto jurisdiccional dado que al emitirlo no se dicta una providencia de juzgamiento, como ya se dijo"[29].
[10] También ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que "el control de constitucionalidad que se ejerce sobre los proyectos de leyes estatutarias es integral y como consecuencia de ello, una vez expedida la ley, la misma se encuentra amparada por la cosa juzgada material(…)". Así lo señaló esta Corporación en la sentencia C-1155 de 2005, en la cual la Corte se pronunció respecto de la demanda dirigida contra algunos apartes de los artículos 9° y 10° del Decreto 2652 de 1991, los cuales reprodujeron de forma idéntica apartes de los artículos 112 y 114 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) previamente analizada por este Tribunal. Por lo anterior, la Corte decidió "Estarse a lo resuelto en la sentencia C-037 de 1996 que declaró la exequibilidad de los artículos 112 y 114 del proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia y en consecuencia, declarar exequibles el numeral 4) del artículo 9° del Decreto Ley 2652 de 1991 y la expresión "los abogados en ejercicio" contenida en el numeral 1) del artículo 10 del mismo Decreto Ley."
"Así, tal y como lo ha venido señalando esta Corporación, cuando en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se acusen normas legales que han sido derogadas, sustituidas o modificadas por un acto propio y voluntario del legislador, no existe fundamento lógico para que el organismo de control Constitucional entre a juzgar de fondo su potencial incongruencia con el ordenamiento Superior, resultando necesaria la inhibición por evidente sustracción de materia. A tal determinación se llega, si se analiza que el proceso de inexequibilidad persigue, de manera específica y unívoca, retirar del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que tiendan a amenazar o desconocer los principios y valores que la Constitución Política proclama, hecho que, por supuesto, no tienen ocurrencia cuando la norma ha dejado de regir.
Por ello, sólo en la medida en que la norma enjuiciada haya desaparecido del ordenamiento jurídico y no se encuentre produciendo efectos jurídicos, puede la Corte acudir a la figura de la sustracción de materia y, en consecuencia, abstenerse de adelantar el respectivo juicio de inconstitucionalidad. Como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia constitucional, precipitar una decisión inhibitoria sin que previamente se haya determinado la ocurrencia de estos dos supuestos, "podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta". Sentencia C-1044 de 2000, f. j. 9.
[14]ARTÍCULO 5º.VIGENCIA.- El presente Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1º de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.