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Timestamp: 2017-04-26 19:23:24
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ATA pide celeridad a la Junta de Andalucía en la aplicación de la Ley de Transexualidad – transexualidad: ATC libertad
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Publicado por atclibertad el 21 julio, 201421 julio, 2014	ATA pide celeridad a la Junta de Andalucía en la aplicación de la Ley de Transexualidad
Andalucía tiene motivos para sentirse orgullosa. La Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad Autónoma entró en vigor este 19 de julio, un día después de su publicación en el BOJA.
La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), celebra este avance social, que ha costado más de cinco años de negociaciones con partidos políticos, y anuncios de huelga de hambre. Ahora pide a la Junta de Andalucía celeridad para su aplicación.
“Para que su aplicación se haga efectiva, instamos al Gobierno Andaluz a que el desarrollo de reglamentos, procedimientos y protocolos se realice a la mayor brevedad posible, para que no quede simplemente en una declaración de buenas intenciones, o una operación de marketing, consistente en vender avances que en realidad no se ponen en práctica”, solicita ATA en un comunicado.
La “Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía” fue aprobada en el Parlamento Andaluz el pasado 25 de junio.
Así lo explica la asociación andaluza:
“La ley Andaluza, es una Ley pionera en la despatologización de la transexualidad y en el reconocimiento de la libre autodeterminación del género como derecho humano. Ambas cuestiones la hacen una de las leyes más avanzadas de España, Europa y también a nivel mundial, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos de las personas transexuales y por ser una herramienta contra la discriminación por identidad de género.
¿Por qué decimos que despatologiza la transexualidad? Porque reconoce la transexualidad como una expresión de la diversidad humana y no como una “enfermedad” o “trastorno de la identidad”, esto significa que las personas transexuales dejarán de ser objeto de evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios para acceder a los tratamientos médicos o quirúrgicos. Será reconocida la identidad de género libremente determinada”.
“Recibir una atención integral y adecuada a nuestras necesidades sociales, sanitarias, jurídicas, laborales y educativas, entre otras, en igualdad efectiva de condiciones y sin discriminación con el resto de la ciudadanía, es una de las garantías para alcanzar la igualdad”, declara Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera. “Cuando un colectivo es invisibilizado, no existe, no tiene derechos ni puede luchar por ellos. Al no dar voz a un colectivo, no existen modelos reales de ese grupo y puedes imponer el tuyo”, añade.
“ATA, considera una cuestión urgente desarrollar el procedimiento de atención sanitaria, para que dicha atención sea como dice la Ley, en igualdad de condiciones y en centros de proximidad, evitando así la segregación que nos estigmatiza y discrimina, y anulando las evaluaciones o diagnósticos psicológicos obligatorios. Pero sobre todo, lo que desde ATA entendemos que es imprescindible es, apartar de la atención a personas transexuales, a los profesionales que hasta ahora han sido perpetradores de una praxis inhumana y patologizante que, durante años, nos han tratado como enfermas y enfermos mentales, vejándonos, humillándonos y atentando contra nuestro honor, nuestra intimidad y despojándonos de forma sistemática de lo mas importante en la vida de cualquier persona; nuestra dignidad”, explican.
La Ley 2/2014 tiene por objeto establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer.
La Ley regula un conjunto de facultades y deberes que integran el referido derecho a la autodeterminación de género, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía.
La definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, sino, sobre todo, psicosocial -como estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencias de la Gran Sala de 11 de julio de 2002, en los casos Christine Goodwin contra el Reino Unido e I. contra el Reino Unido-.
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud contempló por primera vez la homosexualidad como una enfermedad mental en la CIE-9 de 1977, pero eventualmente la eliminó en 1990, al adoptarse la CIE-10, de acuerdo con las investigaciones que mostraban que la orientación sexual no era una enfermedad. El foco se movió entonces hacia las identidades transexuales, que fueron introducidas como nuevas clasificaciones de trastornos psicológicos y del comportamiento. Los manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American Psychiatric Association (APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la recogen y califican como “trastorno de la identidad sexual” o “desorden de la identidad de género”. El diagnóstico médico asociado a la transexualidad es “disforia de género”.
Sin embargo, podemos apreciar un cambio sustancial con el nuevo manual internacional DSM-V y los últimos informes y resoluciones de Naciones Unidas. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 17/19, la primera resolución de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género”, y al reciente informe “Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos”.
Es cada vez mayor el número de personas expertas e investigadoras de prestigio que considera la despatologización de la transexualidad, en línea con los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que en el Principio 18, dedicado a la protección contra los abusos médicos, establecen que “con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas”.
Todas las personas sin distinción, seres biológicos, sociales y culturales al mismo tiempo, nacen iguales en dignidad y en derechos, como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 , cuyo eco resuena con fuerza en la Constitución Española, que en su artículo 10.1 concibe la dignidad de la persona, junto con los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, como “fundamento del orden político y de la paz social”. Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , además de considerar en su Preámbulo fundada la Unión sobre “los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”, reconoce en su artículo 1 como derecho fundamental la dignidad humana, que es inviolable y habrá de ser respetada y protegida.
Estas son las razones que han conducido en los últimos años, tras un largo proceso de lucha por los derechos de los colectivos de personas transexuales -lucha que todavía continúa-, a una mayor sensibilidad de la sociedad y del ordenamiento jurídico para atender sus reivindicaciones, dirigidas a terminar con una secular discriminación como grupo social, llevando los planteamientos antes expuestos para la preservación de la dignidad de las personas al terreno coextenso de la igualdad.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene, por un lado, en su artículo 14, una cláusula general antidiscriminatoria en la que contempla, entre otras causas odiosas de discriminación, la orientación sexual y, por otro, formula un específico derecho subjetivo de toda persona “a que se respete su orientación sexual y su identidad de género” y, al mismo tiempo, prevé la obligación de los poderes públicos de promover políticas para garantizar su ejercicio (artículo 35). Asimismo, el artículo 37.1.2.º proclama como principio rector de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma la lucha, entre otros aspectos, contra el sexismo y la homofobia, “especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad”. Y, por su parte, el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, proclama el deber de los poderes públicos de Andalucía de establecer políticas que promuevan las acciones necesarias para eliminar la discriminación por opción sexual y transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual.
La presente Ley conecta y concreta para el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma con la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2012 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011), en cuya Recomendación general 98, lamentando “que en varios Estados miembros todavía se considere que los transexuales son enfermos mentales”, “insta a los Estados miembros a que introduzcan o revisen los procedimientos de reconocimiento jurídico de género, de acuerdo con el modelo de Argentina, y revisen las condiciones establecidas para el reconocimiento jurídico de género (incluida la esterilización forzosa)”, al tiempo que “pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que supriman los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y de comportamiento, y que garanticen una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos”.
La Ley se estructura en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales. Se instala en un paradigma normativo diferente al que mantienen otras normas en el panorama comparado o autonómico de reconocimiento de este derecho, como es su completa “despatologización”, esto es, se abandona la consideración de la transexualidad como una enfermedad a la que se intenta dar una solución jurídica por no existir “curación” para ella y, por tanto, el ejercicio del derecho se desvincula de la necesidad de aportar diagnósticos médicos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia.
El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que “Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes”.
La Ley 1/1998, de 20 de abril , de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, establece en su artículo 9.1 que “Las Administraciones Públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal y la integración social y educativa de todos los menores y en especial de aquellos que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio”.
b) Las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, sean administrativas, de régimen especial o públicas empresariales, así como las entidades de Derecho Público a las que hace referencia la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre , de la Administración de la Junta de Andalucía.
f) El sistema universitario andaluz, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero .
3. La Junta de Andalucía facilitará el asesoramiento necesario para realizar los cambios oportunos en ficheros de organismos privados o de carácter estatal, de acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre , de Protección de Datos de Carácter Personal.
8. En todos los casos se requerirá el consentimiento informado de la persona capaz y legalmente responsable, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
6. Los menores incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley tienen pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad, que en todo caso han de ser compatibles con los principios inspiradores de esta Ley. En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril , de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y sea víctima de la violencia machista tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a los recursos asistenciales existentes y mecanismos de protección de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre , de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, aprobada por el Parlamento de Andalucía.
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