Source: https://www.slideshare.net/erojotorrecilla/la-reforma-laboral-su-seguimiento-desde-el-12-de-febrero-al-28-de-junio-de-2012
Timestamp: 2017-02-23 08:31:10
Document Index: 48537971

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LA REFORMA LABORAL DE 2012. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LANORMATIVA APROBADA, Y DE LOS DEBATES HABIDOS, DESDE EL 12DE FEBRERO AL 28 DE JUNIO.Eduardo Rojo Torrecilla. http://www.eduardorojoblog.blogspot.com.es/Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UniversidadAutónoma de Barcelona.1 de julio de 2012.Introducción.El texto que pongo ahora a disposición de todas las personas interesadas asistentesrecoge, de forma ordenada cronológicamente, todas las aportaciones, reflexiones,críticas y comentarios, que he ido publicando en mi blog desde el día de entrada envigor de la norma, 12 de febrero, hasta el día de aprobación definitiva de la ley, 28 dejunio.Como podrán comprobar los lectores y lectoras del documento, realizo un análisisjurídico de la reforma, que no es sólo el Real Decreto-Ley 3/2102 de 10 de febrero y sutramitación parlamentaria sino que incluye a otras normas también importantes, pero sindejar de lado el análisis social de una reforma y sus posibles consecuencias sobre lasrelaciones ordinarias de trabajo en las empresas públicas y privadas.Espero y deseo que el documento que ahora pongo a disposición pueda ser útil paraacercarse a la complejidad de esta reforma, que sin duda habrá que seguir examinandocon atención a medida que se proceda a su desarrollo reglamentario en los próximosmeses. También será importante conocer cómo aplicarán los juzgados y tribunaleslaborales los nuevos preceptos legales. De todo ello espero seguir dando debida cuentaen mis comentarios.Como digo habitualmente en mi blog al finalizar una entrada, que tengan una buenalectura del documento, en esta ocasión, y por razones obvias, mucho más largo de lohabitual. 1 2.
I. Primeros comentarios sobre el contenido del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 defebrero, de medidas urgentes de reforma del mercado laboral.12 de febrero.1. Hoy entra en vigor la primera reforma laboral del gobierno formado a partir de losresultados de las elecciones legislativas generales del 20 de noviembre de 2011, tras lapublicación del Real Decreto Ley 3/2002 de 10 de febrero ayer sábado en el BoletínOficial del Estado, la reforma número 53 desde la aprobación de la Ley del Estatuto delos trabajadores en 1980 si hemos de hacer caso a un reciente Informe de la Fundación1º de mayo en el que efectúa un breve resumen de cada una de ellas. Unas primeralíneas muy generales de la reforma, y que en modo alguno recogieron todos los cambiosnormativos introducidos finalmente en el RDL, se encuentran en la exposición que laMinistra de Trabajo y Asuntos Sociales, Fátima Báñez, realizó el martes día 7 en laComisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.Pocas reformas habrán merecido tantos artículos, pareceres y opiniones (muy criticasunas, muy laudatorias otras) en sólo dos días, y auguro que en los próximos días se vana leer y escuchar muchas más. He dejado cuenta de gran parte de este debate, así comotambién de los contenidos más relevantes de la reforma y de mi parecer, en mi twitter, ya él me remito ahora para quién esté interesado en consultar todo lo que se ha dicho, ylo que se dirá sobre el RDL; en todo caso, me permito aquí destacar tres artículos cuyalectura recomiendo, publicados hoy domingo y el pasado viernes por los profesores yamigos Antonio Baylos, Jesús Cruz y Ferran Camas, y también la entrevista realizada ala Ministra de Trabajo y Asuntos Sociales hoy domingo por el diario ABC.El propósito de estos primeros comentarios notas es sólo, pero no es poco, el de analizarlos rasgos más destacados de la reforma mediante el estudio de su contenido. Uncontenido, ya lo adelanto, que puede variar en la tramitación parlamentaria de la normacomo proyecto de ley por vía de urgencia, ya anunciada su proposición por el gobierno.Por consiguiente, habrá que volver a leer con atención las enmiendas de algunos gruposparlamentarios a la reforma laboral de 2010, señaladamente las de Convergència i Unióy del Partido Nacionalista Vasco, para ver cuáles han sido ya acogidas en la nuevanorma y cuáles pueden ser incorporadas, por acuerdo con el grupo popular en latramitación parlamentaria. No descarto, obviamente, que puedan ser aceptadas algunasenmiendas del grupo socialista, pero hoy por hoy soy bastante escéptico al respecto, ymucho más en cuanto a la aceptación de las propuestas de IU-ICV y de otras fuerzasparlamentarias.2. El RDL 3/2012, tras un largo preámbulo que justifica el contenido de la reforma(cuestión distinta es si el ese texto guarda real relación con aquello que se recoge en eltexto articulado y en las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, ydesde luego tengo muchas dudas de que el preámbulo se haya redactado teniendo enconsideración el contenido real de la reforma), estructura los cambios en la normativalaboral en varios capítulos. El primero versa sobre las medidas para favorecer laempleabilidad de los trabajadores, e incorpora nuevas reglas sobre la intermediaciónlaboral, la formación profesional y las bonificaciones en las cotizaciones a la SeguridadSocial en el contrato para la formación y el aprendizaje. 2 3.
El capítulo segundo regula el fomento de la contratación indefinida y otras medidas parafavorecer la creación de empleo, y aquí se incluye una de las ―joyas de la corona‖ segúnel gobierno de la reforma como es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyoa los emprendedores; hay también, cambios importantes en la regulación del contrato atiempo parcial, una nueva regulación del trabajo a distancia o ‖teletrabajo‖, y reglasconcretas sobre qué empresas, en razón del número de trabajadores de su plantilla,tendrán derecho a bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social por transformación decontratos en prácticas, de relevo y de sustitución en indefinidos.Vayamos al capítulo tercero, cuyo título es claramente expresivo de aquello quepretende la norma, ―Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresascomo alternativa a la destrucción de empleo‖, con modificaciones sin duda importanteen la ordenación de los sistemas de clasificación profesional, la distribución irregulardel tiempo de trabajo, la ampliación de las posibilidades empresariales de modificaciónfuncional, movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo,reglas sobre suspensión y extinción de las relaciones de trabajo por causas económicas,técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor (la supresión de laautorización administrativa ha sido uno de los secretos mejor guardados de la reformahasta el momento de su aprobación, aunque ciertamente estaba en las enmiendas que elPartido Popular presentó al proyecto de ley de reforma laboral que finalmente seconvertiría en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre sobre medidas urgentes de reformadel mercado de trabajo‖), y reglas sobre estructura y ordenación de la negociacióncolectiva (con cambios sustanciales sobre el RDL 7/2011 de10 de junio, es decir pocosmeses después solamente de su entrada en vigor).En este mismo capítulo, y de manera tan desordenada como en el resto de la norma (estaes una de mis principales críticas formales a la reforma, y me permito pedir que secorrija en la tramitación parlamentaria, algo que no costaría mucho a sus señorías, enespecial a los de la mayoría parlamentaria) se regulan medidas de apoyo (bonificacionesen las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social) en supuestos de suspensionesde contratos de trabajo y de reducciones de la jornada laboral, así como la reposición delas prestaciones por desempleo, una medida ya recogida en el RDL 2/2009 de 6 demarzo y que contó obviamente con el visto de los agentes sociales, y muy especialmentede las organizaciones sindicales.El capítulo IV tiene un título impactante, pero que coincida después con su contenido yaes harina de otro costal: ―Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajoy reducir la dualidad laboral‖. Por cierto, el título me parece más propio de uneconomista que no de un jurista, y tras leer con calma todo el preámbulo de la normaquizá lleguen a la conclusión que ahora les propongo como hipótesis de trabajo, laimportante presencia de economistas en la configuración, e incluso redacción, de lanorma.Como concreción, se recuperará antes de lo previsto en el RDL 14/2011 de 26 de agostola norma sobre prohibición de encadenamiento de algunos contratos de duracióndeterminada, se da una nueva regulación a la extinción colectiva de contratos en la quela decisión empresarial tendrá como regla general la última palabra, se fortalece comocausa de extinción del contrato el absentismo individual de un trabajador y sinnecesidad de tomar en consideración el colectivo del conjunto de la plantilla del centro 3 4.
de trabajo, se reducen las indemnizaciones por despido improcedente (otras de lasreforma ―cinco estrellas‖), se limita la percepción de los salarios de tramitación a lossupuestos en los que se produzca la readmisión del trabajador, y se modifican las reglassobre la ayuda económica del Fondo de Garantía Salarial en casos de extinción decontratos (sólo tomará en consideración los contratos indefinidos y en empresas demenos de 50 trabajadores).Por fin, el capítulo quinto. El 11 de diciembre entró en vigor la Ley 36/2011 de 11 deoctubre, reguladora de la jurisdicción social. Pues bien, su vigencia completa sólo hadurado dos meses y desde luego sin haber podido constatar su efectividad en lasmaterias que ahora han sido modificadas, señaladamente todo aquello que afecta a laregulación de las decisiones empresariales (antes requeridas de autorizaciónadministrativa) en los supuestos de reducción de jornada, suspensión y extincióncolectiva de contratos de trabajo, creando la norma una nueva modalidad procesalespecial para ajustar la regulación procesal a los cambios acaecidos en el ámbitojurídico sustantivo. Igualmente, la norma adapta la normativa procesal a los cambiossustantivos en todo lo relativo a la tramitación del despido y las consecuencias de ladeclaración de improcedencia sobre la posible percepción de los salarios de tramitación.No me olvido de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. Dadala importancia de algunas de ellas me referiré detenidamente en la última parte de esteartículo.3. En otro documento que he publicado en mi blog he tratado de realizar unacomparación entre la normativa vigente hasta hoy y el texto que ya está en vigor. Desdeluego, puede afirmarse que la reforma laboral es importante (es lo primero que dije enuna entrevista realizada en TV3 justo después de finalizar la rueda de prensa de lavicepresidenta y de la ministra), y que, aunque el redactor del preámbulo saque pecho yafirme que todo está muy claro, generará una fuerte judicialización de las relaciones detrabajo salvo que los agentes sociales tengan la inteligencia y la habilidad necesaria nosólo para firmar acuerdos de solución extrajudicial de conflictos sino también paraconseguir su efectiva aplicación (en teoría ambas partes deberían de estar de acuerdocon ello, pero las posibilidades que le abre la reforma a la parte empresarial para laadopción unilateral de decisiones me hace ser algo escéptico sobre el uso de losmecanismos alternativos en el próximo futuro).La norma modifica ampliamente la Ley del Estatuto de los Trabajadores e introducecambios muy relevantes, como ya he dicho, en la recién estrenada Ley reguladora de laJurisdicción Social. Además, de la reforma no se libran la Ley General de SeguridadSocial, la Ley de Empleo y la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, por citar tres delos textos legales más significativos que son objeto de revisión.En suma, no es una reforma para poder abordarla de forma completa en unoscomentarios de un blog, aunque desde luego sí se pueden apuntar, y así lo hago acontinuación los contenidos más relevantes a mi parecer. Haré la explicación, no porqueme convenza, sino porque me parece que es lo más operativo, siguiendo el texto de loscapítulos del RDL.4. Entremos pues en materia. 4 5.
A) Como he indicado con anterioridad, el capítulo I incorpora medidas que pretendenfavorecer la empleabilidad de los trabajadores. El cambio de mayor impacto (acogiendolas demandas que se habían hecho desde las organizaciones empresariales del sector) esel derecho reconocido a las empresas de trabajo temporal de operar conjuntamentecomo agencia de colocación, bastando el cumplimiento de los mismos requisitos quepara las restantes agencias y recordando la normativa, en la nueva redacción de ladisposición adicional segunda de la LE que cuando actúen como agencias deberán‖garantizar a los trabajadores la gratuidad por la prestación de servicios‖. Además, lamayor facilidad administrativa para la autorización de las agencias de colocación semanifiesta en el cambio de signo del silencio administrativo ante la presentación de ladocumentación para constituirse como tal, que en la normativa anterior era negativo―con el objetivo de garantizar una adecuada protección de los trabajadores‖, mientrasque en el nuevo texto se considera positivo y sin mayor justificación.B) Una modificación de calado, y que ha pasado bastante desapercibida en los primerosdebates de la norma salvo para algunos laboralistas, es la ampliación de lasposibilidades de utilización del contrato para la formación y el aprendizaje (duraciónmínima de un año y máxima de tres) y la ampliación por vía legal de la duración deltiempo de trabajo efectivo (75 % el primer año y 85 % en el segundo y tercero). Enefecto, a diferencia de la normativa anterior, que no permitía la utilización de estamodalidad contractual una vez finalizada su duración, ya fuera por la misma o distintaempresa, el RDL limita esa exclusión sólo ―para la misma actividad laboral u ocupaciónobjeto de la cualificación profesional asociada al contrato‖ y la permite de formaexpresa ―para una distinta‖. Además, la formación práctica podrá ser también recibidaen la empresa (hipótesis no contemplada en la normativa anterior) siempre y cuandoesta disponga de ―las instalaciones y el personal adecuados‖.Hay que poner en relación esta explicación con la disposición transitoria séptima, queconcede la posibilidad de financiar el coste de la formación mediante bonificaciones enlas cuotas empresariales a la Seguridad Social de acuerdo a lo dispuesto en la Orden delentonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 de julio de 1998 (y no del 4,como por error aparece en la norma), cuyo artículo 11 dispone que ―el empresario sebonificará mensualmente del coste de las horas de formación teórica que se hayanimpartido en el mes anterior por todos y cada uno de los contratos formativos en vigordurante el citado período, en la liquidación de cuotas de dicho mes referida atrabajadores con contratos formativos, siempre que se ingresen dentro del plazoreglamentario‖. Igualmente, es importante tener en consideración la disposicióntransitoria novena y el límite de edad de 30 años hasta que alcancemos la tasa dedesempleo del 15 %, con lo que ello quiere decir tanto para las amplias posibilidades deutilizar este contrato en más de una ocasión como también para la hipótesis de que elmismo pueda extenderse hasta los 33 años, menos un día, del trabajador contratado.C) La norma ha incorporado, ya lo he indicado, muchas enmiendas del grupo popular ala reforma laboral del año 2010, siendo destacable en este capítulo una de ellas, enconcreto, el amplio reconocimiento del derecho a la formación vinculado al puesto detrabajo a fin y efecto de poderse adaptar el trabajador a las modificaciones operadas enel mismo (por cierto, no deja de ser algo contradictorio que se insista tanto en unespecífico y concreto puesto de trabajo mientras que al mismo tiempo se derogan las 5 6.
categorías profesionales y se apuesta de forma clara y decidida por la ordenación de lossistemas de clasificación profesional mediante grupos profesionales).La parte concreta se encuentra en el modificado artículo 23 de la LET, que reconoce elderecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales, siempre que la antigüedad deltrabajador sea como mínimo de un año. Este derecho deberá concretarse en cuanto a lostérminos de su utilización por acuerdo entre trabajador y empresario, y podráacumularse por períodos de hasta tres años.En una mayor nebulosa quedan otros posible s cambios muy mencionados últimamente,como son la cuenta de formación prevista en la LE (hay remisión a un futuro desarrolloreglamentario sin fecha fija), cuenta que una vez regulada estará asociada al número deafiliación a la Seguridad Social del trabajador y en la que constará toda la recibida a lolargo de su carrera profesional; también, el cheque formación, del que sóloencontramos una mención a la ―evaluación de su conveniencia‖ por parte del gobierno yprevia consulta (parece que aquí sí se mantiene la concertación o diálogo social) con lasorganizaciones empresariales y sindicales (―interlocutores sociales‖ según la norma).D) Con vinculación del derecho de un trabajador en activo a recibir formación y lo queahora se convierte en una obligación para el trabajador desempleado (antesvoluntariedad), la modificación de la normativa sobre protección por desempleo (Ley45/2002, disposición transitoria), permite a todas las empresas (y no sólo a las de menosde 100 trabajadores) contratar a trabajadores desempleados mientras un ocupado estéllevando a cabo actividades formativas financiada por cualquier administración y alcontratado poder compatibilizar el percibo de la prestación por desempleo con eltrabajo. Sobre la obligatoriedad hay que pensar, por coherencia con la normativa dedesempleo, que deberá tratarse de una ocupación adecuada para el trabajadordesempleado, aunque el RDL guarda un total silencio al respecto.E) Por fin, la potenciación de esta modalidad contractual se pretende mediante lareducción de cuotas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social cuando seformalice con desempleados inscritos en las oficinas de empleo antes del 1 de enero deeste año, en cuantía del 100 %, tanto de las empresariales como de las del trabajador, enempresas de menos de 250 trabajadores, reduciéndose al 75 % en la cotizaciónempresarial si son empresas de 250 o más trabajadores. Igualmente, la transformaciónde estos contratos temporales en indefinidos generará un derecho a reducciones en lacuota empresarial por cuantía de 1.500 euros/año y por un período de tres,incrementándose hasta 1.800 en caso de contratación femenina (la norma siguemanteniendo la tesis de la conveniencia de una mayor bonificación a las contratacionescon mujeres, supongo que para potenciar aún más su participación en el mercado detrabajo).5. El capítulo II trata sobre el fomento de la contratación indefinida y aquello que ellegislador califica de ―otras medidas para favorecer la creación de empleo‖, y aquíencontramos una de las ―fórmulas mágicas‖ con las que el gobierno cree que puedepotenciarse tanto la creación de empleo, en especial para jóvenes, como lograr lareducción del desempleo. 6 7.
A) A riesgo de esquematizar, las notas más destacadas de este nuevo contrato en vigor apartir de hoy tienen que ver con el número de trabajadores de la empresa (menos de 50,y no hay ninguna mención a centro de trabajo); con la duración del período de prueba(no se aplica el artículo 14 de la LET sino que se fija un año ―en todo caso‖, con unamplio debate que debería abrirse a mi parecer sobre la legalidad de esta cláusula, dadoel criterio restrictivo del Tribunal Supremo en la aceptación de una duración del periodode prueba que guarde poca relación con el necesario conocimiento profesional por partede ambos sujetos de la relación laboral); y con los incentivos fiscales que dedicanespecial trato de favor a la contratación de menores de 30 años (sin ninguna distinción omatización adicional añadida a la condición de la edad) – deducción fiscal de 3.000euros – que puede ser aún más favorable si la contratación es de una persona perceptorade prestaciones contributivas por desempleo – deducción fiscal ―equivalente al 50 porciento de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir enel momento de la contratación, con el límite de 12 meses -, si bien en este último casocon una amplia lista de reglas que hay que cumplir para poder acceder a talesdeducciones (entre ellas, que la prestación se haya percibido, como mínimo, durante tresmeses antes de la contratación).Las deducciones fiscales irán acompañadas de interesantes bonificaciones en lascotizaciones empresariales a la Seguridad Social, en cuantías diferenciadas según setrate de jóvenes de 16 a 30 años, inclusive, y mayores de 45 años desempleados de largaduración, por un período de tres años. Las limitaciones a la utilización de estamodalidad contractual son, valga el juego de palabras, muy limitadas, ya que en caso dedespidos objetivos improcedentes o despidos colectivos acaecidos en los 6 mesesanteriores a la celebración del contrato, ―la limitación afectará únicamente a lasextinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor de este realdecreto-ley, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupoprofesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro ocentros de trabajo‖.El acogimiento a esta variante de contrato de trabajo indefinido con período de pruebatan amplio, que me llevar a hablar más propiamente de contrato temporal sin causacomo paso previo a la adquisición de fijeza en la empresa, posibilita lacompatibilización del salario con un 25 % de la prestación por desempleo pendiente depercibir, y en caso de inexistencia de compatibilización se mantendrá el derecho deltrabajador a percibir las prestaciones por desempleo ―que le restasen por percibir en elmomento de la colocación‖.B) La posibilidad de realizar horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial, enun número que debe reducirse, en cuanto al máximo de 80 horas anuales, en proporciónal número de horas pactadas, es la modificación más importante del artículo 12 de laLET, posibilidad que se añade a la de realización de horas complementarias y que entodo caso, sumadas todas las horas, deberá ser inferior a la jornada ordinaria de untrabajador comparable o la prevista en la normativa legal. Es importante el cómputo delas horas extras para la determinación de la base de cotización por contingenciascomunes.C) La nueva regulación del antes llamado trabajo a domicilio y ahora trabajo a distanciame parece más una adaptación de la normativa a las nuevas realidades organizativas 7 8.
empresariales que un auténtico cambio de fondo. En efecto, el dato fundamental es laprestación de trabajo con carácter preponderante en un lugar elegido por el trabajador,ya sea o no en su domicilio, ―de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centrode trabajo de la empresa‖, habiendo desaparecido la referencia, más propia de épocaspretéritas y de falta de medios electrónicos, a que dicho trabajo se realiza sin lavigilancia del empresario. La norma reconoce, con las debidas matizaciones, los mismosderechos individuales y colectivos que al resto de trabajadores de la empresa,destacando a mi parecer los deberes empresariales en materia de prevención y salud enel trabajo, y la necesaria adscripción a efectos organizativos a un centro de trabajo paraque pueda tener representación ante la empresa.D) Nuevamente aparecen aquí referencias a bonificaciones cuando se conviertandeterminados contratos temporales en indefinidos (de prácticas, de relevo y desustitución por anticipación de la edad de jubilación), no importando la fecha en que sehubieren celebrado y siempre que la empresa ocupe a menos de 50 trabajadores (oautónomos o socios de cooperativas y sociedades laborales), en cuantía de 500euros/año (41,67 euros/mes) por un período de tres años. Tendrán prioridad en losprogramas formativos los trabajadores que hayan sido contratados.6. El capítulo III incluye las medidas que son calificadas de alternativa a la destrucciónde empleo, es decir todas las que pueden incluirse en la llamada ―flexibilidad interna‖como diferenciada de la de entrada y también de la de salida del mercado de trabajo.A) Aquí encontramos, en sintonía con las enmiendas del Partido Popular a la reforma de2010, la desaparición jurídica de las categorías profesionales, debiendo regularse todo elsistema de clasificación profesional, en el plazo máximo de un año, por medio degrupos profesionales, cuya definición se mantiene intocable en el artículo 22 de la LETy por tanto se trata de aquellos que agrupen unitariamente ―las aptitudes profesionales,titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas,funciones, especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador‖. Laposibilidad de pacto se amplía, en cuanto que el contenido de la prestación laboralpodrá incluir todas las funciones del grupo profesional al que se le asigne o sóloalgunas. En el supuesto de polivalencia de funciones, la equiparación se realizará envirtud de aquellas ―que se desempeñen durante más tiempo‖, modificación introducidacon respecto a la normativa anterior en la que se efectuaba según las funciones queresultaran ―prevalentes‖.B) La ordenación del tiempo de trabajo permitirá al empresario distribuir de formairregular, salvo pacto en contrario, el 5 % de la jornada anual, posibilidad que ya estácontemplada como contenido mínimo de un convenio colectivo y que ahora se aplica atodos los ámbitos empresariales, obviamente con respeto a los descansos legales diarioy semanal.C) Deberé revisar mis documentos de trabajo para las clases teóricas y prácticas queimparto en el ámbito universitario en todo aquello que llamamos las ―vicisitudes delcontrato de trabajo‖, ya que el RDL introduce modificaciones en los artículos 39, 40,41, 47 y 51 de la LET. En el supuesto de movilidad funcional, desaparecen del artículo39 todas las referencias a las categorías profesionales y la normativa se concentra ahoraen los grupos profesionales y en las actividades realizadas por el trabajador dentro del 8 9.
mismo. Los artículos 40 y 41 dejan constancia, importante, del cambio operado por ellegislador respecto a la concurrencia de causas que permitan adoptar al empleador unadecisión de movilidad o modificación, desapareciendo de ambas la concreción de laexistencia cuando las medidas pudieran contribuir a mejorar la situación de la empresamediante la mejor utilización de sus recursos humanos, refiriéndose forma genéricatanto en uno como en otro a razones ―que estén relacionadas con la competitividad,productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. La desaparición de losseis meses de suspensión de la decisión empresarial, pequeña arma que tenia laautoridad laboral para intentar el acuerdo entre partes en los supuestos de movilidadgeográfica ha desaparecido de la normativa ya hoy vigente y por ello la decisiónempresarial será siempre inmediatamente ejecutiva en los plazos fijados por el art. 40.Sí hay a mi entender una modificación relevante en el artículo 41, con la inclusión de lareferencia a la ―cuantía salarial‖ como una de las posibles modificaciones sustancialesde la empresa por decisión del empleador si concurren causas para ello y después delperíodo de consulta con la representación del personal, en el bien entendido además queestas modificaciones pueden afectar a las condiciones reconocidas en el propio contratode trabajo y no sólo a acuerdos, pactos o decisiones empresariales de alcance colectivo(situación no contemplada en la normativa anterior). Parece lógico pensar que estaposibilidad puede ser utilizada para la reducción, temporal, de los salarios percibidospor los trabajadores, y además si se trata de una modificación individual el plazo de suentrada en vigor se reduce desde 30 a 15 días respecto a la obligación previa decomunicación por parte del empleador, reduciéndose aún más a 7 días cuando se tratede una modificación del alcance colectivo y el período de consultas haya finalizado sinacuerdo quedando expedita la vía para la decisión empresarial.D) La desaparición de la intervención de la autoridad administrativa laboral autorizandoel expediente de suspensión o reducción de jornada es la modificación más importantedel artículo 47, como también lo será para el despido colectivo del artículo 51, si bienestos cambios no implican que deje de intervenir la Inspección de Trabajo y SeguridadSocial para comprobar si la propuesta empresarial es acorde a derecho o puede encubriracciones que incurran en alguno de los supuestos de dolo, fraude, coacción o abuso dederecho tipificados como causas de nulidad. Es decir, es el empresario quien tiene laúltima palabra y el que una vez finalizado el período de consultas, con o sin acuerdo,comunicará su decisión. Justamente este cambio es destacado en el preámbulo comouna de las principales novedades de la reforma, afirmándose con un lenguaje quepermite entender muy bien qué pretendía el legislador, que el cambio permitirá que nose ―exija‖ un acuerdo con la representación del personal para adoptar la decisiónempresarial. Volveré sobre esta cuestión más adelante.E) Poco ha durado la vigencia de algunos artículos de la LET reguladores de lanegociación colectiva, o más exactamente de los convenios colectivos estatutarios,según la redacción que les dio el Real Decreto-Ley 7/2011 de 10 de junio, objeto de unestudio más detallado en una entrada del blog a la que ahora me remito, y tampoco meparece que el legislador haya tenido mucho respeto por el acuerdo interconfederalsuscrito el 25 de enero por la CEOE, CEPYME, CC OO y UGT.a) El ejemplo más claro y evidente es que le preocupa muy poco las reglas sobreordenación y estructura de la negociación colectiva fijadas en el acuerdo, ya que ahora 9 10.
el nuevo artículo 84.2 concede prioridad aplicativa al convenio de empresa respecto delos de ámbito superior en una amplia serie de materias, posibilidad ciertamente previstaen la normativa anterior pero sometida a ―pacto en contrario‖, vía utilizada por lasorganizaciones sociales de la industria química, metal y construcción (hasta donderecuerdo) para ordenar la negociación colectiva desde el ámbito sectorial estatal al deempresa. Que el legislador quiere justamente evitar que se continúe por esa senda lodemuestra el último párrafo del artículo 84.2: ―Los acuerdos y convenios colectivos aque se refiere el artículo 83.2 no podrán disponer de la prioridad aplicativa prevista eneste artículo‖. Se puede decir más alto, pero no más claro ¿verdad?b) Otro cambio sustancial es la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo dereferencia, sea el de la propia empresa o bien de ámbito superior (el primer supuesto noestaba recogido en la normativa anterior) en un amplio número de materias que sonsustancialmente idénticas a las recogidas en el artículo 41 sobre modificación sustancialde condiciones de trabajo, de tal manera, por ejemplo, que la cuantía salarial pactada yacordada en convenio puede dejar de aplicarse por acuerdo (esta sí es una obligaciónfijada en la norma) entre la dirección y la representación del personal legitimada paranegociar un convenio (comités de empresa, delegados de personal, secciones sindicalesde empresa).En un intento de hacer objetiva la decisión por concurrir causa económica para ello (lastécnicas, organizativas o de producción no difieren de la normativa anterior) sepermitirá la no aplicación temporal, y por el tiempo que medie hasta que sea aplicableun nuevo convenio a la empresa, cuando la situación económica de esta sea negativa,entendiendo por tal la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminuciónpersistente de ingresos ―o‖ ventas (el legislador desea que quede bien claro que esposible dejar de aplicar el convenio cuando se produzca uno de los dos supuestos, y queno se requiere que se produzcan de forma acumulativa). Para que no haya dudasrespecto a la concreción (cuestión distinta es cómo se acreditará la disminución) elnuevo artículo 82.3 define como disminución persistente aquella que se produzca―durante dos trimestre consecutivos‖.c) Por otra parte, desaparece del artículo 85,3 la amplia regulación contenida en lanormativa anterior respecto a las funciones y competencias de las comisiones paritariasde los convenios, incluyéndose ahora sólo una genérica remisión al conocimiento de lascuestiones establecidas en la ley ―y de cuantas otras le sean atribuidas‖. El cambiorequiere de un estudio más detallado para analizar la reducción del papel de lascomisiones paritarias, pero no parece ya aventurado adelantar que el legislador no esespecialmente favorable a una intervención muy activa de los representantes de ambaspartes en la solución de los conflictos que puedan suscitarse y que pone mucho más elacento en la resolución extrajudicial de los conflictos que puede llegar a ser obligatoriasegún la nueva norma, algo que suscita muchas dudas de constitucionalidad con arregloa la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional (aunque bien es cierto, que el TCpuede cambiar de criterio tanto en este como en otros ámbitos laborales. Estaremos muyatentos).d) Nada de esperar a poco tiempo antes de la finalización del convenio (tres mesessegún la normativa anterior) para su denuncia e iniciar los trámites para negociar unonuevo, ya que la dicción del artículo 86.1 es bien clara: la revisión podrá solicitarse 10 11.
durante toda su vigencia, y podrán hacerlo quienes estén legitimados para negociar, quea mi parecer quiere decir que no han de ser necesariamente los sujetos que negociaron elconvenio vigente (aunque será sin duda lo más frecuente) quienes puedan instar larevisión.e) Por fin, desaparece, aunque de forma limitada por la amplitud del plazo de duración,la llamada ―ultraactividad‖ del convenio, es decir el mantenimiento de la vigencia de lascláusulas normativas mientras no hubiera pacto en contrario, acogiendo una de lasreivindicaciones más fuertemente planteada por las organizaciones empresariales y porsectores jurídicos y económicos vinculados al mundo empresarial. Las partes tienen unmáximo de dos años para llegar a un nuevo acuerdo desde la denuncia del conveniocolectivo que fuere de aplicación, y transcurrido ese plazo sin acuerdo o decisiónarbitral que lo sustituya perderá su vigencia ―y se aplicará, si lo hubiere, el conveniocolectivo de ámbito superior que sea de aplicación‖. O dicho de otra forma más clara, sino lo hubiera será de aplicación la normativa laboral legal, que por si alguien no lorecuerda sólo regula en materia salarial el Salario Mínimo Interprofesional y el resto lodeja a la negociación colectiva. Se entiende la importancia del cambio sin duda, querequerirá de esfuerzos importantes de las partes negociadoras, y mucho más de la partede los trabajadores en numerosas ocasiones, para llegar a un acuerdo antes de la posible―caída al vacío convencional‖ en la regulación de las relaciones de trabajo en el sector oempresa.F) En este ―totum revolutum‖ que es el RDL, y que sin duda podría ordenarse, comomínimo, en la tramitación parlamentaria de la norma ya anunciada por el gobierno,encontramos en este capítulo medidas de apoyo a las suspensiones de contratos yreducciones de jornada producidas como consecuencia de dificultades de la empresaque han llevado a la parte empresarial a adoptar esa decisión (olvídense, por favor, delas referencias a la autorización administrativa) en cuantía del 50 % de las cotizacionesempresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, con el límite de 240días por trabajador y con la obligación empresarial del mantenimiento del empleo comomínimo un año después de la finalización de la suspensión o reducción. La medida seaplicará a las solicitudes de regulación de empleo presentadas del 1 de enero de 2012hasta el 31 de diciembre de 2013. Una medida semejante se reguló ya en el RDL 2/2009de 6 de marzo, convertido tras su tramitación parlamentaria en la Ley 27/2009 de 30 dediciembre.También se regula, de manera semejante a la normativa anterior que acabo de citar, lareposición del derecho a las prestaciones por desempleo en expedientes de regulaciónde empleo de suspensión de contratos de trabajo; es decir, el trabajador al que se lesuspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada, como consecuencia de unexpediente de regulación de empleo temporal por causas económicas, técnicas,organizativas o de producción no sufrirá merma de sus derechos a la prestación pordesempleo por un determinado período. En efecto, se repondrá la prestación pordesempleo y la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores a los que se les hasuspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un ERE y, posteriormente,se les extinga o suspenda el mismo por causas económicas, técnicas, organizativas o deproducción, bien por ERE o por despido por causas objetivas de acuerdo con el artículo52 c) de la Ley del Estatuto de los trabajadores, o en procedimiento concursal al amparodel artículo 64 de la Ley 22/2003 de 9 de julio. El período máximo de reposición de la 11 12.
prestación por extinción será de 180 días, y será de aplicación cuando se den lossupuestos previstos en el artículo 16.2, es decir ―a) Se reanude el derecho a laprestación por desempleo; b) Se opte por la reapertura del derecho a la prestación pordesempleo inicial, en ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo 210.3 delTexto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real DecretoLegislativo 1/1994, de 20 de junio; c) Se haya agotado la prestación por desempleodurante la suspensión o la reducción de jornada y no se haya generado un nuevoderecho a prestación por desempleo contributiva‖.En cuanto a la vigencia de la medida, la suspensión o reducción de jornada deberáproducirse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, y el despido por extinciónentre el día de hoy, 12 de febrero de 2012, y el 31 de diciembre de 2013.7. Llegamos al capítulo IV que aborda las medidas ―para favorecer la eficiencia delmercado de trabajo y reducir la dualidad laboral‖.A) En primer lugar, se recupera, o dicho más exactamente se recuperará a partir del 31de diciembre de este año, la prohibición de encadenamiento de contratos prevista en elartículo 15.5 de la LET, cuya suspensión hasta el 31 de agosto de 2013 estaba previstapor el RDL 10/2011 de 26 de agosto.B) En segundo término, ―novedad estrella de la reforma‖, se procede a una nuevaregulación del despido colectivo, es decir un cambio radical del artículo 51 de la LET yque inevitablemente habrá de llevar a la modificación/derogación del Real Decreto801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos deregulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.Este cambio normativo ya está anunciado en el propio RDL, que estipula en sudisposición final decimoquinta que el gobierno dispone de un mes para proceder aldesarrollo reglamentario no sólo del artículo 51 sino también del artículo 47 de la LET,es decir para dictar ―un real decreto sobre el reglamento de procedimiento de despidoscolectivos y de suspensión de contratos y reducción de jornada que desarrolle loestablecido en este real decreto-ley, con especial atención a los aspectos relativos alperiodo de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadoresen el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, asícomo los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas porel empresario‖.A efectos de mi explicación destaco que el legislador pretende hacer lo más objetivaposible la causa económica que justifique la presentación del ERE, con la referencia alas perdidas actuales o previstas, o a la disminución persistente de ingresos ―o‖ ventas(sirvan aquí las consideraciones anteriores), y que ―en todo caso‖ la persistencia en ladisminución quedará acreditada cuando se produzca ―durante tres trimestresconsecutivos‖ (ligeramente más dura la norma que en el supuesto de posibleinaplicación de un convenio, para el que se requiere sólo dos trimestres). Por cierto, conun lenguaje que dista mucho a mi parecer de lo que deber ser un análisis jurídico, en elpreámbulo de la norma se crítica que los tribunales, con arreglo a la normativa anterior,― realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de oportunidad relativos a la gestión de laempresa‖ y se afirma con arrogancia no exenta de un punto de excesiva ilusión sobre laclaridad de la norma que ―Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos 12 13.
debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Estaidea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos cuanto para losdespidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores‖.C) Desconozco cuando se adoptó la decisión de la supresión de la autorizaciónadministrativa de un ERE, pero hay que reconocerle al gobierno el ―mérito‖ de haberlomantenido en el más estricto secreto, supongo que para evitar críticas que evitaranadoptar la decisión que finalmente se ha adoptado. Ahora, ―nos adecuamos a lanormativa europea‖ según el preámbulo, teniendo la última y definitiva palabra elpropio empleador tras el preceptivo período de consultas, manteniéndose en todo caso laobligación de emisión de informe por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porsu relevancia sobre la posible impugnación del acuerdo por la autoridad laboral siconsidera que se ha producido mediante dolo, coacción, fraude o abuso de derecho, opor la autoridad gestora de las prestaciones por desempleo si considera que la decisiónempresarial, con o sin acuerdo, pretende permitir el derecho a prestaciones de manerano ajustada a derecho.Con inspiración en la normativa francesa (al menos hasta donde mi conocimientoalcanza) se prevé la obligación de un plan de recolocación cuando el ERE de extinciónafecte a más de 50 trabajadores, salvo en empresas sometidas a procedimientoconcursal, que deberá ponerse en marcha por una empresa de recolocación contratada alefecto, con una duración mínima de 6 meses durante los cuales se llevaran a caboacciones formativas, de orientación profesional y de búsqueda activa de empleo. Esdecir, hay un derecho de los trabajadores a este plan, siendo posible su reclamación ensede judicial cuando se produzca un incumplimiento por parte empresarial. Habrá queesperar al desarrollo reglamentario para poder analizar cómo se concreta y en quétérminos la obligación empresarial y las de la empresa de recolocación, y que ocurrirátranscurrido el período máximo de duración de plan sin resultados positivos entérminos de reincorporación al mercado de trabajo.La modificación sustantiva lleva aparejada la modificación, por enésima vez, de la Leysobre infracciones y sanciones del orden social, de tal manera que se tipifica como faltamuy grave (art. 8.14) el incumplimiento empresarial de ―las medidas sociales deacompañamiento asumidas por el empresario en el marco de los procedimientos dedespido colectivo‖ a las que se refiere el apartado 10 del artículo 51.Por cierto, el RDL desarrolla ampliamente la obligación de las empresas que presentenERES y tengan beneficios económicos en los dos años anteriores de realizar unaaportación económica al tesoro público, que necesariamente incluirá el coste de lasprestaciones por desempleo abonado a los trabajadores despedidos por el ServicioPúblico de Empleo Estatal.D) La nueva reforma laboral acoge finalmente una reivindicación empresarial que hasido defendida en anteriores reformas laborales en sede parlamentaria por los grupospopular, de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista vasco, y que sólo se habíaacogido parcialmente en la reforma de 2010 al disminuir el porcentaje de absentismodel conjunto de la plantilla del centro de trabajo necesario para poder despedir porcausas objetivas a un trabajador que superara unos determinados porcentajes deabsentismo a título individual. Ahora, sí, desaparece la referencia al absentismo 13 14.
colectivo y el trabajador ―queda sólo ante el peligro‖, de tal manera que la extinciónpodrá producirse cuando tenga un absentismo, con los límites fijados en el artículo 52 d)de la LET sobre sus causas, que alcance ―el 20 % de las jornadas hábiles en dos mesesconsecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un período de docemeses‖.Será difícil ponerse enfermo, aunque se esté de verdad, si se quiere evitar verse afectadonegativamente por la nueva redacción de este precepto, al que debe añadirse, como claraprevisión de futuro de un mayor control de las bajas, lo dispuesto en la disposición finalcuarta, en la que el gobierno ―estudiará‖ (es decir no se compromete a presentar unproyecto normativo) la modificación del régimen jurídico de las Mutuas de accidentesde trabajo y enfermedades profesionales, previa consulta con los agentes sociales, ―parauna más eficaz gestión de la incapacidad laboral‖.E) La ministra Fátima Báñez calificó la reforma de ―histórica‖ y no le voy a negar quedentro de algunos años se hablará de la historia de la desaparición de la indemnizaciónde 45 días de salario por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades como untriunfo de las tesis que han defendido a capa y espada quienes argumentan que el altocoste del despido es el argumento principal para la no creación de empleo, olvidandoque la creación de puestos de trabajo guarda relación con la mejora de la situacióneconómica y que la normativa laboral, en concreto la relativa al empleo, es una partemuy limitada en influencia sobre la mejora de la ocupación, tal como apunté en unaentrevista en TVE poco antes de conocer el texto de la norma.A partir de hoy la indemnización para los nuevos contratos, en caso de despidodeclarado improcedente, se fija en 33 días de salario/año y un máximo de 24mensualidades, es decir (no conviene olvidarlo ciertamente) la que ya existía para elcontrato de fomento de la contratación indefinida. Para los contratos ya existentes seprevé un doble régimen de cuantía por año, 45 días para el período anterior a la entradaen vigor del RDL y 33 días para el resto. Además, la disposición transitoria quinta fijaen tales casos una cuantía indemnizatoria máxima de 720 días, que sólo podráexceptuarse cuando del cálculo de la indemnización por el período anterior al RDLresultara un número de días superior, ―en cuyo caso se aplicará este como importeindemnizatorio máximo‖, y en cualquier caso el importe no podrá nunca ser superior a42 mensualidades.La reducción de la indemnización va acompañada de la modificación relativa al abonode los salarios de tramitación, a los que el trabajador tendrá derecho sólo si la empresaopta por la readmisión (salvo el supuesto de los representantes de los trabajadores, quetienen la opción de elegir, que recibirán los salarios de tramitación tanto en caso dereadmisión como de extinción del contrato con indemnización).F) Por último, el capítulo se cierra con una modificación de la normativa sobre abono deindemnizaciones por parte del FOGASA en supuestos de extinción de contratos.Mientras que la normativa ahora derogada preveía el abono del 40 % de laindemnización por contratos extinguidos según lo dispuesto en los arts. 51 y 52 c) de laLET, y art. 64 de la ley concursal, y siempre y cuando la empresa tuviera menos de 25trabajadores, el texto que entra en vigor se refiere sólo a los contratos indefinidos,incluye todas las causas de extinción del artículo 52 de la LET, mantiene la referencia 14 15.
de empresas de menos de 25 trabajadores, y fija el abono de una cantidad de 8 días desalario por año de servicio, con los límites de cuantía previstos (y no modificados) en elapartado 2 del mismo artículo.El resarcimiento al empresario (que es quien debe abonar la indemnización y despuéssolicitar el abono parcial al FOGASA) no procederá cuando se trate de despidosdeclarados improcedentes por conciliación administrativa o judicial, o por sentencia (mepregunto qué ocurrirá en los despidos reconocidos como improcedentes por la propiaempresa en la carta de despido, ya que la norma no aclara esta posibilidad).8. El título del capítulo V no puede ser más expresivo: ―modificaciones de la Ley36/2001 de 10 de octubre de la jurisdicción social‖.A) En efecto, como he dicho con anterioridad, sólo han bastado dos meses para quedesaparezca del mapa jurídico una de sus aportaciones novedosas más valoradas por ladoctrina, la atribución al orden jurisdiccional social de los litigios derivados de lasdecisiones adoptadas por la autoridad administrativa laboral en materia de expedientesde regulación de empleo de extinciones o suspensiones de contratos, o de reducción dejornada. En la medida en que ha desaparecido en el ámbito sustantivo dichaautorización, atribuyéndose al empresario la decisión final, es coherente jurídicamentehablando la supresión de todos aquellos preceptos de la LJS que hacían referencia adicha competencia del orden jurisdiccional social.B) La novedad más significativa es la creación de una nueva modalidad procesal paraconocer de la impugnación de la decisión empresarial que efectúen los representantes delos trabajadores (nuevo artículo 124) que será conocida en única instancia por las salasde lo social de los Tribunales Superiores de Justicia cuando el proceso extienda susefectos a un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma, y por la salade lo social de la Audiencia Nacional cuando el conflicto sea de ámbitosupraautonómico. En ambos casos será posible interponer recurso de casación ordinarioante la sala de lo social del Tribunal Supremo.Tal impugnación, para cuya presentación se fija un plazo de caducidad de 20 días desdela notificación del despido colectivo a los representantes de los trabajadores y para laque se prevé una tramitación de urgencia, queda exceptuada del requisito del intento deconciliación o mediación, o de la reclamación administrativa previa en su caso, y podráformularse, de acuerdo a lo dispuesto en el nuevo artículo 124.2 por los siguientesmotivos: ―a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita; b) Queno se ha respetado lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de losTrabajadores; c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción oabuso de derecho.9. Vengo diciendo desde hace bastante tiempo que el estudio atento de las disposicionesadicionales (sin olvidar desde luego las transitorias, derogatorias y finales) es totalmentenecesario cuando se analiza una norma laboral, ya que suelen incluir cambiossustanciales, no dejando de ser curioso, a la par que técnicamente muy incorrecto a miparecer, que en el texto articulado se modifiquen preceptos de normas vigentes, y que enlas disposiciones adiciones también se haga lo mismo, algo que requeriría como mínimo 15 16.
de una explicación en el preámbulo (¡qué optimista eres¡, me dirán algunos) pero que noexiste en el del RDL 3/2012.A) Y digo que hay modificaciones de alcance porque la disposición adicional segundaes otra de las ―joyas de la corona‖ de la reforma, aunque esta joya, a diferencia de otras,se haya mantenido oculta por el gobierno hasta que se ha podido leer en el BOE (64páginas tiene el RDL 3/2012, algo que asusta de entrada, y mucho, a quienes no tenganobligaciones profesionales o académicas en el ámbito laboral y que estén – estemos –obligados a conocerla); se regula la ―aplicación del despido por causas económicas,técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público‖, en términos que muyprobablemente harán inviables que se vuelvan a dictar sentencias como las conocidas enlos últimos meses contra la política de despidos de entidades públicas de la Generalitatde Cataluña si la parte empresarial hace bien sus deberes y justifica los motivos quepermiten la extinción. Por su indudable importancia reproduzco literalmente parte de lanueva disposición adicional vigésima de la LET: ―A efectos de las causas de estosdespidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del textorefundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causaseconómicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficienciapresupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicoscorrespondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria espersistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá queconcurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de losmedios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causasorganizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas ymétodos de trabajo del personal adscrito al servicio público‖.Se introducen también reglas limitadoras de las indemnizaciones en contratos dedirectivos de entidades bancarias y más en general de altos cargos en determinadossupuestos, cuestión a la que la Vicepresidenta del Gobierno y la Ministra de Empleo ySeguridad Social dedicaron proporcionalmente mucho más tiempo en la rueda de prensadel Consejo de Ministros del día 10 que a las restantes modificaciones que afectan alconjunto de la población trabajadora.B) No menos importante en esta ocasión son las disposiciones transitorias (por cierto,está repetida dos veces la séptima, algo que demuestra probablemente las prisas con lasque tuvo que acabarse de redactar el texto) y en especial la que afecta a la cuantificaciónde la indemnización por despido improcedente, ya que establece, como he explicado,una regla de 45 días antes de hoy y 33 días a partir de la entrada en vigor de la norma, ylimita a 720 días la cuantía de la cantidad a percibir salvo que el trabajador tengaderecho a una superior en razón del número de años de antigüedad en la empresa,Fíjense, además, como también he dicho antes, que no es menos importante, nimuchísimo menos, que el contrato para la formación y aprendizaje, dirigido a undeterminado colectivo de jóvenes con dificultades de empleabilidad por falta detitulación, podrá formalizarse hasta los 30 años en tanto que no lleguemos a tener unatasa de desempleo en España inferior al 15 % (¡largo me lo fiais amigo Sancho!).C) Tampoco tienen desperdicio esta vez las disposiciones finales ya que concretan(¿reducen?) los derechos de conciliación de la vida familiar y laboral, sirviendo comoejemplo (que demuestra, esta vez sí, que quien ha redactado el precepto reformado 16 17.
conoce los problemas interpretativos que ha suscitado la normativa hoy derogada) quese haga mención expresa a que la reducción de jornada por cuidado de un menor o de unfamiliar dependiente será ―diaria‖, así como también que se acoja la jurisprudencia másreciente (y restrictiva) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la limitacióndel derecho a las vacaciones que no hubieran podido disfrutarse en el año natural porrazón de una incapacidad temporal.Además se regula con todo detalle, y ciertamente estaba pendiente de hacerse, lallamada ―enmienda Telefónica‖ recogida en la disposición adicional decimosexta de laLey 27/2011 de 1 de agosto, relativa a la extinción de contratos de trabajadores de másde 50 años en empresas con beneficios.También se aprovechan estas disposiciones finales para incorporar modificaciones en lanormativa de formación profesional para el empleo e incluir a los centros y entidades deformación debidamente acreditados e inscritos en el correspondiente registro entre lossujetos que podrán formalizar convenios con los servicios públicos de empleo para laejecución de los planes de formación, ejecución hasta el presente reservada a lasorganizaciones sindicales y empresariales que cumplan las reglas de másrepresentatividad o que sean representativas.En fin, fíjense como se aprovecha una disposición final para explicar que lascotizaciones por horas extraordinarias se tomarán en consideración para ladeterminación de la base de cotización a la Seguridad Social por contingenciascomunes, y como se ―recuperan‖ como medidas estatales de política de empleo, y quepor ello deberán ser tomadas en consideración por las Comunidades Autónomas,aquellas que iban a ser derogadas según lo previsto en el Real Decreto-Ley 3/2001 de17 de febrero cuando se aprobara la Estrategia Española de Empleo (ya existente) y elPlan de Empleo (aun sin formalizar), medidas que son de especial importancia a miparecer en el ámbito laboral afectante a las personas con discapacidad.10. Concluyo… de momento. Hasta aquí unos primeros apuntes de la reforma laboraloperada por el RDL 3/2012. Ahora toca profundizar en su estudio, análisis y crítica,sabiendo que muy probablemente algunos preceptos sufrirán cambios de mayor o menorimportancia durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Pero.. noadelantamos acontecimientos.Buena lectura del Real Decreto-ley, que a buen seguro más de una persona deberá hacercon bastante tila o manzanilla a su lado. Ya les adelanto que la tarea más difícil es pasardel preámbulo, y si no se ponen demasiado nerviosos y se lo toman con calma loconseguirán.II. Reforma laboral 2012. Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2012, de10 de febrero.18 de febrero. 17 18.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy sábado la ―corrección de errores‖ advertidosen el texto del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes dereforma del mercado laboral, publicado el sábado anterior en el BOE.Una lectura atenta de tales correcciones confirma, salvo error por mi parte, el carácterformal de la gran mayoría de las mismas y el deseo del legislador de darle una redaccióngramaticalmente más correcta a algunos preceptos. El legislador ha querido tambiéncorregir la terminología jurídica que no era totalmente correcta en el RDL y de ahí, porejemplo, que se recupere la terminología ―contrato para la formación y el aprendizaje‖,o ―Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores‖. Algunas correccionesgramaticales, como la sustitución de una coma por un punto, son sorprendentes, ya queen el texto publicado el día 11 ya estaban incorporadas, y de ahí que quepa pensar que lacorrección se ha efectuado sobre el texto remitido al BOE y no sobre el finalmentepublicado. Algunas otras son también curiosas, ya que aparentemente corrigen un errorobservado al mencionar la Ley 43/2006, pero la consulta de dicha norma demuestra queno había ningún error en el texto original del RDL y que la corrección es la errónea.Otras en fin, son de recuperación de un texto ya existente y que el legislador olvidó porerror, como es la reincorporación al artículo 41 del texto refundido de la LET de lossindicatos ―representativos‖ del sector junto a los ―más representativos‖ (ciertamentehubiera sido ilógica esta exclusión en un texto que no guarda, precisamente, especialsimpatía jurídica con los primeros).Sí he encontrado tres correcciones que a mi parecer tienen una cierta importancia: enprimer lugar, el RDL permitía la reducción de cuotas en los contratos de formación yaprendizaje en los que se formalizaran con trabajadores desempleados ―inscritos en laoficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2012‖. Pues bien, la corrección esalgo más que formal ya que amplía la posibilidad a todos los demandantes inscritos enlas oficinas de empleo, al suprimir la mención a esa concreta fecha. Dicho de otraforma, se incentiva aún más el uso de esta modalidad contractual.En segundo término, habrá que estar atentos al impacto de la corrección efectuada en elapartado 2 del artículo 34 del texto refundido de la LET. En la versión original del RDLse disponía que ―en defecto de pacto en contrario‖ la empresa podría distribuir demanera irregular a lo largo del año el 5 por ciento de la jornada de trabajo. En lacorrección se suprime ―en contrario‖, pudiendo pactarse a mi parecer períodos másamplios de distribución irregular de la jornada si las partes legitimadas para negociar enla empresa así lo acuerdan.Por fin, una corrección formal pero con impacto sustancial se produce en la disposicióntransitoria primera, dedicada al régimen transitorio de actuación de las empresas detrabajo temporal como agencias de colocación. En la versión original del RDL semencionada a las ETTs que en la fecha de entrada en vigor de la norma ―no hubieransido ya autorizadas administrativamente‖. La corrección suprime la negación, quedandoclaro que sólo podrán actuar como tales agencias las ETTs que hayan sido autorizadasde acuerdo a lo dispuesto en su normativa reguladora, la Ley 14/1994 (modificada) y elReal Decreto 4/1995 de 13 de enero.En cualquier caso, como muchos ojos ven más que sólo dos, ánimo a los lectores ylectoras del blog a leer detenidamente la corrección de errores, por si encuentran alguna 18 19.
otra aparente corrección formal que pueda ser realmente de fondo. Buena lectura deltexto.III. La reforma laboral desequilibra las relaciones laborales según mi parecer (delque discrepa la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social).26 de febrero.El Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero sobre medidas urgentes para la reformadel mercado laboral es una norma de gran importancia que cuestiona toda laconstrucción histórica del Derecho del Trabajo, desequilibrando las relaciones detrabajo en beneficio de la parte empleadora y dejando de lado algunos derechosreconocidos en la Constitución española (libertad sindical, trabajo, negociacióncolectiva,..). No es de este parecer, sino todo lo contrario, la Ministra Fátima Báñez, a laque el diario económico ―El Economista‖ realizó ayer sábado una amplia entrevista,para quien ―El Gobierno ha emprendido una serie de reformas estructurales en susprimeros días de gobierno, entre ellas la reforma laboral, para devolver a España loantes posible a la senda de crecimiento económico y de creación de empleo‖, al mismotiempo que considera, como manifestó el pasado miércoles en el Congreso de losDiputados, que el gobierno ha hecho ―una reforma laboral equilibrada, útil y que mejorala vida de todos los españoles‖.Tras un largo e ideológico preámbulo que justifica el contenido de la reforma (cuestióndistinta es si el ese texto guarda real relación con aquello que se recoge en el textoarticulado, y les puedo asegurar que no me lo parece tras haberlo leído en variasocasiones), la norma estructura los cambios en la normativa laboral en varios capítulos.El primero versa sobre las medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores,e incorpora nuevas reglas sobre la intermediación laboral, la formación profesional y lasbonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social en el contrato para la formacióny el aprendizaje que podrá durar hasta los 30 años mientras la tasa de desempleo enEspaña no baje al 15 %. Quizá lo más importante sea la posibilidad de que las empresasde trabajo temporal puedan actuar como agencias de colocación, y leamos ahora laexplicación de la Ministra: ―En la reforma hemos apostado por aumentar laempleabilidad. En el servicio público de empleo tenemos que mejorar los ratios decolocación de los desempleados y, por eso, hemos abierto la posibilidad a lacolaboración privada. Ahora va a haber más oportunidad de encontrar empleo, pueshabrá más ofertas para presentar a los trabajadores‖.El capítulo segundo regula el fomento de la contratación indefinida y otras medidas parafavorecer la creación de empleo, y aquí se incluye una de las ―joyas de la corona‖ segúnel gobierno de la reforma como es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyoa los emprendedores; hay también, cambios importantes en la regulación del contrato atiempo parcial y una nueva regulación del trabajo a distancia o ―teletrabajo‖. Suscitamuchísimas dudas jurídicas la ampliación del período de prueba hasta un año para elnuevo contrato, y desde luego va en contra de la doctrina de la sala de lo social delTribunal Supremo (véase la sentencia de 20 de julio de 2011, número de recurso152/2010). Es curiosa la justificación política de la medida para la Sra. Báñez: ―Somosconscientes de que es el doble del periodo de prueba tradicional, pero es razonable paraque empresario y trabajador vean si el proyecto es viable y satisfactorio para ambos‖. 19 20.
Vayamos al capítulo tercero, cuyo título es claramente expresivo de aquello quepretende la norma, ―Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresascomo alternativa a la destrucción de empleo‖, con modificaciones sin duda importanteen la ordenación de los sistemas de clasificación profesional (desaparecerán lascategorías profesionales y sólo quedarán los grupos), la distribución irregular del tiempode trabajo (mínimo del 5 %, ampliable por acuerdo), la ampliación de las posibilidadesempresariales de modificación funcional, movilidad geográfica, modificación sustancialde condiciones de trabajo (uno de los ejes centrales de la reforma a mi parecer), reglassobre suspensión y extinción de las relaciones de trabajo (la supresión de la autorizaciónadministrativa ha sido uno de los secretos mejor guardados de la reforma hasta elmomento de su aprobación), y reglas sobre estructura y ordenación de la negociacióncolectiva (con cambios sustanciales que debilitan sustancialmente una estructuraarticulada de la negociación, y que dan una prioridad absoluta a los convenios deempresa).Lean con detalle el texto y comprobarán que es posible la reducción de los salarios pordecisión unilateral del empleador, aunque alguna sentencia había ya reconocido esaposibilidad con las reformas anteriores tal como ha explicado muy bien el magistradoRafael López Parada en uno de sus artículos (todos ellos de obligada lectura) sobre lanueva reforma. No deja de ser curiosa, nuevamente, la explicación de la Ministra sobrelos cambios en la negociación colectiva: ―Hemos llevado el convenio de empresa a laley y hemos hecho algo que nos parece fundamental: modernizar la negociacióncolectiva, invitando al diálogo permanente a las partes más cercanas en las relacioneslaborales, el empresario y el trabajador, sin eliminar el resto de convenios. Hayconvenios en vigor que respetamos. Pero ahora debe prevalecer el de empresa, que es loque moderniza e impulsa la negociación y favorece la flexibilidad‖. Desde unaperspectiva radicalmente opuesta, y al analizar los cambios en los preceptos reguladoresde las modificaciones de las condiciones de trabajo, por decisión empresarial odescuelgue del convenio, el Informe elaborado por el gabinete jurídico de la C.S. de CCOO destaca que ―se individualizan las relaciones laborales, con grave afectación de losderechos colectivos y por ende a los derechos individuales, en tanto que menoscabandola acción sindical y la negociación colectiva se sitúa al trabajador en mayor indefensiónque al empresario‖; y en parecidos términos se manifestó la diputada del PSOE, Sra.Gutiérrez del Castillo, en la interpelación presentada el pasado miércoles 22 en el plenodel Congreso ―sobre las repercusiones de la reforma laboral del gobierno en lanegociación colectiva y sus efectos en los salarios‖, afirmando que ―en lugar depromover un modelo de empresa en el que se refuerce la cooperación entre empresariosy trabajadores para el mantenimiento del empleo mediante la flexibilidad internapactada, ustedes vuelven a la figura del patrono, dueño y señor de la vida de sustrabajadores y de sus familias‖El capítulo IV tiene un título impactante, pero que coincida después con su contenido yaes harina de otro costal: ―Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajoy reducir la dualidad laboral‖. Por cierto, el título me parece más propio de uneconomista que no de un jurista, y tras leer con calma todo el preámbulo de la normaquizá lleguen a la conclusión que ahora les propongo como hipótesis de trabajo, laimportante presencia de economistas en la configuración, e incluso redacción, de lanorma, en perjuicio de la intervención jurídica. He dicho en más de una ocasión, y ahoralo reitero, que deberíamos hacer sesiones monográficas de estudio sobre el preámbulo, 20 21.
para analizar aquello que es un claro ejemplo de lo que se quiere decir y aquello que esla norma en realidad, o por decirlo con las lúcidas palabras del profesor Antonio Baylos,un preámbulo ―afectado de esquizofrenia legislativa entre lo que afirma y lo querealmente hace‖.Como concreción, se recuperará antes de lo previsto en el RDL 14/2011 de 26 de agostola norma sobre prohibición de encadenamiento de algunos contratos de duracióndeterminada, se da una nueva regulación a la extinción colectiva de contratos en la quela decisión empresarial tendrá como regla general la última palabra al suprimirse laautorización administrativa, se fortalece como causa de extinción del contrato elabsentismo individual de un trabajador y sin necesidad de tomar en consideración elcolectivo del conjunto de la plantilla del centro de trabajo, se reducen mucho lasindemnizaciones por despido improcedente de todos los trabajadores (otras de lasreforma ―cinco estrellas‖, si bien la Ministra defiende que ―con la reforma, el sistema dedespido es más justo y seguro para todos‖, y que ―al trabajador que tiene sus derechosadquiridos a 45 días se lo reconocemos‖), se limita la percepción de los salarios detramitación a los supuestos en los que se produzca la readmisión del trabajador, y semodifican las reglas sobre la ayuda económica del Fondo de Garantía Salarial en casosde extinción de contratos (sólo tomará en consideración los contratos indefinidos y enempresas de menos de 25 trabajadores).Por fin, el capítulo quinto. El 11 de diciembre entró en vigor la Ley 36/2011 de 11 deoctubre, reguladora de la jurisdicción social. Pues bien, su vigencia completa sólo hadurado dos meses y desde luego sin haber podido constatar su efectividad en lasmaterias que ahora han sido modificadas, señaladamente todo aquello que afecta a laregulación de las decisiones empresariales (antes requeridas de autorizaciónadministrativa) en los supuestos de reducción de jornada, suspensión y extincióncolectiva de contratos de trabajo, creando la norma una nueva modalidad procesalespecial para ajustar la regulación procesal a los cambios acaecidos en el ámbitojurídico sustantivo. Igualmente, la norma adapta la normativa procesal a los cambiossustantivos en todo lo relativo a la tramitación del despido y las consecuencias de ladeclaración de improcedencia sobre la posible percepción de los salarios de tramitación.Especialmente importante me parece (¿por desconfianza hacia los jueces de lo social?)la atribución a los Tribunales Superiores de Justicia del conocimiento en única instanciade los procesos de despidos colectivos impugnados por los representantes de lostrabajadores. Por cierto, como los juristas somos muy quisquillosos, me gustaría sabersi hay alguna intención oculta en el apartado 9 del nuevo artículo 124, cuando define laactuación correcta o incorrecta, jurídicamente hablando, de la decisión extintiva delempleador como ―ajustada a derecho‖ o ―no ajustada a derecho‖ en lugar de utilizar lostérminos ―procedente‖ o ―improcedente‖.No son menos importantes las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria yfinales, en especial la adicional segunda que regula la extinción contractual del personallaboral de las Administraciones Públicas al amparo de la ―insuficiencia presupuestariasobrevenida‖, con su indudable impacto sobre el personal universitario, tanto docentecomo investigador, y que hará probablemente muy difícil que vuelvan a dictarsesentencias como las de varios juzgados de lo social de Cataluña que han declarado laimprocedencia de las extinciones efectuadas en entes y organismos públicos. Por cierto,se recentralizan las políticas de empleo, algo que debería merecer duras críticas por 21 22.
parte de la Generalitat y que he escuchado pero con mucha timidez, y que espero, comomínimo, que se corrija en la tramitación parlamentaria del RDL ya anunciada comoproyecto de ley.Esperaremos, pues, a la tramitación parlamentaria, pero el RDL 3/2012 no augura nadabueno para unas relaciones laborales basadas en la concertación y diálogo social. Ojalame equivoque, aunque la frase de la Ministra de que esta reforma ―en cierto sentido esla más dialogada de la democracia‖ no permite, repito, ser optimista. Por ello, y desdemi utopía, me permito reproducir algunos párrafos de la carta enviada el pasado 15 defebrero a la Sra. Báñez a través del blog de Cristianisme i Justícia.―¿De verdad cree que la reforma conseguirá el objetivo teóricamente perseguido, y quetodos los españoles compartimos (o al menos quiero creer que es así, aunque soy unpoco utópico y por ese motivo participo en una Fundación que justamente se llama―Utopía), como es la creación de empleo y la reducción del desempleo? Ojala sea así ylos datos estadísticos le den la razón en poco tiempo, aunque el Presidente del gobiernose lo ha puesto difícil de entrada al afirmar que seguirá incrementándose el desempleoen 2012.Tengo mis dudas, Sra Ministra, sobre el hecho de que un período de prueba de un año,en una de sus medidas estrella cual es el contrato de trabajo para emprendedores (queocupen a menos de 50 trabajadores) sirva para incrementar la contratación, y mucho metemo que pueda convertirse en un elemento de rotación en el mercado de trabajo de losjóvenes. También le confieso que soy muy escéptico sobre las bondades que hadefendido de la supresión de la autorización administrativa en los expedientes deregulación de empleo, o de la reducción de la indemnización en caso de despidoimprocedente, o de ampliación de las causas de extinción del contrato al personallaboral de las Administraciones Públicas, por citarle sólo algunos de los argumentos queme llevan a ser crítico con la reforma.Pero, Sra. Ministra, ¿sabe de verdad que es lo que más me preocupa? Que la norma hadesequilibrado las relaciones de trabajo en claro detrimento de los trabajadores y de susorganizaciones. Quizá yo sea un poco anticuado, pero sigo pensando que las relacioneslaborales que funcionan mejor son aquellas que se basan en el acuerdo y el diálogosocial, y que las empresas mejores y más socialmente responsables son las que poseenuna plantilla bien formada, permanente y motivada. Cierto, no se le voy a negar, quehay algunas medidas sobre la formación en la reforma que pueden ser de utilidad, peroquedan tan diluidas entre el arsenal de malas noticias para las personas que venden sufuerza de trabajo que su importancia es mínima.Y le confieso también, Sra. Ministra, que estoy preocupado por mi empleo, o másexactamente por mi ―plaza en propiedad‖ como funcionario. Sí, ya sé que soy un―privilegiado‖ sólo por poder desarrollar mi trabajo con estabilidad, aunque lascondiciones económicas sufran periódicamente recortes. Pero, con la reforma y suaplicación, ¿qué quedará del Derecho del Trabajo, ámbito central de mi actividadprofesional? Bueno, no debo preocuparme porque todavía tengo edad parareconvertirme profesionalmente, aunque cada vez menos. 22 23.
No quiero robarle más tiempo, Sra Bañez, porque me consta que ahora le toca defenderla reforma y sus bondades. Sin duda tiene alrededor mucha gente que le baila el agua yque le dirán maravillas de ella. Pero por favor, escuche la voz de muchas personas,empleadas y desempleadas, que tienen serias dudas sobre dicha bondad. Escuche a lasorganizaciones sindicales, que aunque sean muy ―anticuadas y reaccionarias‖ según sucompañera de partido Esperanza Aguirre tienen una indudable presencia entre lapoblación trabajadora. Y escuche también a los profesionales del iuslaboralismoespañol, porque comprobará que muchos de ellos son seriamente críticos con la reformalaboral y el desequilibrio que produce en las relaciones laborales y que puede, de seguirpor este camino, retrotraernos a los orígenes del Derecho Trabajo.Se lo dice, cordialmente, una persona con más de 35 años de conocimiento de lanormativa laboral y de su impacto sobre la creación de empleo, y que cree que lasnormas laborales son sólo una parte muy pequeña de aquello que se necesita paraconseguir dicha creación‖.IV. Algunas dudas jurídicas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de lareforma laboral.1 de marzo.En esta entrada deseo compartir con los lectores y lectoras del blog algunas dudasjurídicas que tengo tras la detallada lectura y estudio del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10de marzo, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y tras los debatesque hemos tenido durante las últimas dos semanas en diferentes foros académicos ysociales.1. ¿Se está utilizando correctamente la figura del Real Decreto-Ley? ¿Estamos ante unasituación de extraordinaria y urgente necesidad? ¿Cumple los requisitos proclamadospor el Tribunal Constitucional para la utilización de esta norma? Véase la sentencia31/2011 de 17 de marzo, de la que reproduzco un fragmento.―La respuesta al debate procesal trabado entre las partes respecto a la concurrencia delsupuesto de hecho habilitante requerido por el art. 86.1 CE debe partir de lajurisprudencia constitucional recaída hasta la fecha en relación con este requisito. Dichadoctrina ha sido sintetizada en la STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6, la cual siguiendopronunciamientos anteriores, señala, tras reconocer el peso que en la apreciación de laextraordinaria y urgente necesidad ha de concederse "al juicio puramente político de losórganos a los que incumbe la dirección del Estado", que "la necesaria conexión entre lafacultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante" conduce aque el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en laConstitución no sea, en modo alguno, "una cláusula o expresión vacía de significadodentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se muevalibremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límitejurídico a la actuación mediante decretos-leyes". Por ello mismo dijimos que es funciónpropia de este Tribunal "el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en elejercicio de esta facultad, como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro delmarco trazado por la Constitución", de forma que "el Tribunal Constitucional podrá, ensupuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticoshagan de una situación determinada" y, en consecuencia, declarar la 23 24.
inconstitucionalidad de un Decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante porinvasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución (SSTC11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3)".También hemos de recordar que este Tribunal ha insistido (STC 332/2005, de 15 dediciembre, FJ 5) en que el control jurídico de este requisito no debe suplantar a losórganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los RealesDecretos-leyes, sino que ha de apoyarse en una valoración de conjunto de lascircunstancias que rodean al caso. Así el ejercicio de esta potestad de control delTribunal implica que la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad que en elcaso concurra, sea explícita y razonada y que exista una conexión de sentido entre lasituación definida y las medidas que en el Decreto-ley se adoptan (en tal sentido, STC29/1982, de 31 de mayo, FJ 3).Así pues, dos son los aspectos que conforme a nuestra doctrina (por todas, STC329/2005, de 15 de diciembre, FJ 6) hemos de tener en cuenta en la determinación de laconcurrencia de la "extraordinaria y urgente necesidad" exigida por el art. 86.1 CE aefectos de determinar la validez constitucional de la regulación que examinamos. Enprimer lugar, los motivos que, habiendo sido tenidos en cuenta por el Gobierno en suaprobación, hayan sido explicitados de una forma razonada (SSTC 29/1982, de 31 demayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, en segundo lugar, la existencia de una necesariaconexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada parasubvenir a la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 20 de octubre,FJ 3; 137/2003, de 3 de julio, FJ 4; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 4). En lo que respecta ala primera de las cuestiones mencionadas, la exigencia de que el Gobierno explicite deforma razonada los motivos que le impulsan a acudir a la figura del Decreto-ley para darrespuesta a una determinada situación, hemos partido tradicionalmente del examen delpropio preámbulo del Decreto-ley impugnado, del debate parlamentario deconvalidación y de su propio expediente de elaboración para valorar conjuntamente losfactores que han llevado al Gobierno a acudir a esta concreta fuente del Derecho (SSTC29/1982, de 31 de mayo, FJ 4, y 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4)‖.2. ¿Respeta el RDL 3/2012 la normativa de la Organización Internacional del Trabajoen materia de libertad sindical, negociación colectiva y extinción del contrato de trabajo,en concreto los convenios números 87, 154 (artículo 8: Las medidas previstas conobjeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas demodo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva) y 158 (artículo 4 No sepondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ellouna causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en lasnecesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio).3. ¿Respeta el RDL 3/2012 la normativa de la Unión Europea, en concreto la Carta delos derechos fundamentales, en materia de libertad sindical, negociación colectiva yprotección contra el despido?4. ¿Respeta el RDL 3/2012 la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 35de la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo? Por su interés reproduzco unfragmento de la sentencia 192/2003 de 27 de octubre. 24 25.
―Tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rijaentre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como susujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma. Ello no quiere decir que,como poder empresarial, la facultad de despido no se enmarque dentro de los poderesque el ordenamiento concede al empresario para la gestión de su empresa y que, porello, su regulación no haya de tener en cuenta también las exigencias derivadas delreconocimiento constitucional de la libertad de empresa y de la defensa de laproductividad, pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa libertad deempresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio de libertad adnutum de despido, dada la necesaria concordancia que debe establecerse entre los arts.35.1 y 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado social y democrático de Derecho. Nodebe olvidarse que hemos venido señalando desde nuestra STC 22/1981, de 2 de julio,FJ 8, que, en su vertiente individual, el derecho al trabajo (art. 35.1 CE) se concreta enel "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no serdespedido sin justa causa".5. ¿Respeta el RDL la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la limitación delarbitraje obligatorio, recogida en la sentencia 11/1981? Por su interés reproduzco unfragmento.―El laudo de obligado cumplimiento, que constituye uno de los puntos neurálgicos delataque de inconstitucionalidad contenido en eses recurso, es una figura de perfiles nodemasiado claros, por lo cual no será inoportuno tratar de comprenderlo estableciendola evolución que nuestro ordenamiento ha experimentado en esta materia y fijando suactual situación normativa. ….Llegamos de este modo al Real Decreto-ley 17/1977. En este texto, los llamados laudosde obligado cumplimiento aparecen tanto en el título II, que versaba sobre losconflictos, como en el título III, que trataba de los convenios. En la primera línea, la delos conflictos, el artículo 25 distinguía entre «conflicto derivado de discrepanciasrelativas a la interpretación de una norma preexistente», caso en el cual el conflicto seremitía a la Magistratura de Trabajo, y -conflicto para modificar las condiciones detrabaja., caso en el cual la autoridad laboral dictaba el laudo de obligado cumplimiento.En la segunda línea, el título III del Real Decreto-ley 17/1977 dio nueva regulación adeterminados preceptos de la Ley de Convenios del año 1973. Destacaba entre ellos laredacción que se daba al artículo 15. Según este texto, si las partes no llegaban a unacuerdo en la negociación de un convenio colectivo, podían de-signar uno o variosárbitros que actuaran conjuntamente; en el caso de que no hubiera acuerdo ni decisiónderivada de arbitraje voluntario, se podía acudir al procedimiento de conflicto colectivo(salvo que se ejerciera el derecho de huelga) y a través del procedimiento de conflictoobtener de la Administración un laudo.De esta suerte, la situación tras el Real Decreto-ley 17/I977 era la siguiente: en losconflictos derivados de discrepancias sobra Interpretación, el procedimiento setramitaba ante las Magistraturas de Trabajo; los conflictos planteados para modificar lascondiciones de trabajo se resolvían a través de los procedimientos de conflicto y pormedio de ellos, la Autoridad laboral dictaba el laudo de obligado cumplimiento. Dentrodel conjunto de los llamados conflictos para modificar las condiciones de trabajo, era 25 26.
uno de ellos –y tal vez el más significativo– el determinado por el fracaso de lasnegociaciones del convenio colectivo.Con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la legalidad anterior ha quedadomodificada. Como dijimos más arriba, el Estatuto de los Trabajadores no ha derogado eltítulo II (artículos 17-26) del Real Decreto-ley 17/1977, pero ha derogado, en cambio,expresamente, el titulo III (art. 27), la Ley 38/1973 a la que el artículo 27 dio nuevaredacción, y, en especial, el artículo 15 de aquella Ley tal como el de 1977 quedóredactado. El Estatuto de los Trabajadores, como también quedó dicho, no ha reguladonada sobre los conflictos colectivos. Ha regulado, en cambio, los convenios colectivos,aunque sin aludir a la hipótesis del fracaso de la negociación. Subsiste, pues, el artículo25 del Real Decreto-ley 17/1977 y la norma que en él se contiene sobre los conflictoscolectivos para modificar condiciones de trabajo. Una interpretación sistemática permiteenglobar en este tipo genérico de conflictos el especial conflicto consistente en elfracaso de la negociación, que puede entrar así en el ámbito del artículo 25.De este modo, el problema de la constitucionalidad del artículo 25 del Real Decreto-ley17/1977, y como consecuencia la del 26, se plantea en dos posibles sentidos: uno, en loque concierne a su relación con el derecho de huelga para saber si limita indebidamenteeste derecho en cuanto derecho fundamental reconocido en el artículo 28 de laConstitución; otro, en lo que respecta a la posible y eventual violación del artículo 37 dela Constitución y del principio de autonomía colectiva en el marco de las relacioneslaborales.En el primer sentido, no parece que la contradicción exista, pues el artículo 17.2 delReal Decreto-ley 17/1977 es claro en el sentido de que los trabajadores no pueden,ejercer el derecho de huelga cuando son ellos los que han utilizado el procedimiento queconduce al laudo. En tal caso la imposibilidad de ejercer el derecho de huelga procedede haber puesto ellos mismos en marcha el procedimiento de conflicto. En cambio, enaquellos casos en que el procedimiento de conflicto lo inician los representantes de losempresarios, la huelga no queda impedida. El articuló 15 de la Ley de 1873 lo ponía demanifiesto para el caso del fracaso de la negociación del convenio y así debe entendersehoy. Se puede acudir al procedimiento de conflicto si no se ejercita el derecho dehuelga.Más difícil de resolver es la segunda cuestión, esto es, la medida en que la articulaciónde un llamado arbitraje público obligatorio para resolver los conflictos sobremodificación de condiciones de trabajo y, en especial el conflicto nacido del fracaso dela negociación del convenio, puede contravenir el derecho de la negociación consagradopor el artículo 37 de la Constitución.Para resolver esta cuestión, no basta, a nuestro juicio, llegar a la conclusión de que esellamado arbitraje público obligatorio no es genuino arbitraje, porque en modo alguno loes el que reúne al mismo tiempo las características de ser público y de ser obligatorio.Más allá de las palabras, lo que existe es la sumisión a una decisión de un órganoadministrativo. Es verdad que esta intervención y esta decisión son históricamente losherederos residuales, como hemos tratado de poner de relieve anteriormente, de unsistema de intervención administrativa que era claramente limitativo de los derechos delos administrados. En el sistema del Real Decreto-ley 17/1977, en virtud de la evolución 26 27.
misma que había experimentado ya el sistema jurídico laboral español, las cosas no seproducían igual que en los cuerpos de normas anteriores: la Administración no actúa deoficio (cfr. art. 18) y la vía de los procedimientos de conflicto colectivo no es necesariasino facultativa (cfr. art. 17). Además de no existir la iniciativa pública, los laudos,según se desprende del artículo 26, deben decidir la cuestión entre las posiciones de laspartes en conflicto respetando el principio de congruencia (cfr. art. 28) y estánsometidos a impugnación ante la jurisdicción (cfr. art. 26 in fine). Esta línea de análisisnos conduciría a plantearnos el problema de la licitud constitucional de que potestadesque a primera vista parecen jurisdiccionales, por consistir en la resolución de conflictos,se confieran a órganos de la Administración en contra del principio de la división de lospoderes. Esta línea no parece que pueda llevarse mucho más allá y no da respuesta a lademanda de los recurrentes, pues éstos fundan su demanda en la violación del artículo37 de la Constitución y en la idea de que dicho artículo consagra el derecho a lanegociación colectiva en términos tales que ningún otro instrumento puede suplir a éstea la hora de alcanzar la normativa laboral. Es ésta una tesis que no puede ser acogida,pues resultaría paradójico que existiera una bolsa de absoluta y total autonomía dentrode una organización, como el Estado, que, por definición, determina para sus súbditosun factor heteronómico. Más bien parece que ocurre algo similar a lo que acontece conel llamado principio de autonomía en el campo del Derecho privado. Es un principio delderecho que preside la vida jurídica, pero no hay inconveniente para que, en ocasiones,pueda presentar excepciones, siempre que la limitación de la libertad individual quesupongan se encuentre justificada.La justificación puede hallarse en el daño que el puro juego de las voluntadesparticulares y las situaciones que de él deriven, puede irrogar a los intereses generales,como ocurre, por ejemplo, cuando la duración de un conflicto entraña las consecuenciasque justifican la obligatoriedad del arbitraje previsto en el artículo 10 de este mismoDecreto-ley, tal como hemos interpretado este precepto anteriormente. Sin embargo, enel caso de los artículos 25, b), y 26, ni se trata propiamente de un arbitraje ni, aunquefuera así, concurren los elementos justificativos de la restricción que al derecho denegociación pueden establecerse sin afectar al contenido constitucional definido en elartículo 37 de la Constitución‖.6. ¿Respeta el RDL la doctrina del Tribunal Supremo sobre adecuación de la duraciónde la prueba al objeto del contrato? Véase la sentencia de 20 de julio de 2011:―Debe sostenerse, que la negociación colectiva no puede magnificarse hasta el extremode admitir como válidas fórmulas convencionales que pueden resultar incompatiblescon la propia finalidad y funciones -que hemos ya descrito- del instituto del período deprueba, pues una regulación convencional en la que se fije una duración excesivamentedilatada de dicho período, bien puede sugerir –como ha puesto de manifiesto la doctrinacientífica- que se esté dando amparo a un resultado que, en la práctica, puedeasemejarse a la funcionalidad real de los contratos temporales, lo que podría encubrirsituaciones de fraude de ley al poder utilizarse para enmascarar unos fines no queridospor el citado precepto estatutario.Dichas cláusulas son radicalmente nulas por contrarias a la ley y al orden público social.En estos casos, contrariamente a lo que entiende la sentencia recurrida, los TribunalesLaborales pueden declarar su nulidad bien sea a través de la modalidad procesal deimpugnación de convenio colectivo, bien lo sea por la modalidad del conflicto colectivo 27 Recommended
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