Source: https://www.scribd.com/doc/59878524/Victor-Bazan
Timestamp: 2016-12-04 20:29:53
Document Index: 307567880

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinEN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LOS ÁMBITOS INTERNO, INTERAMERICANO Y UNIVERSALVíctor BAZÁN
SUMARIO: I. Propósito y perfiles del trabajo. II. Delineación básica de los sistemas protectorios en los ámbitos universal y regional. III. Un recorrido por algunos problemas troncales atinentes a la conceptuación, los alcances y el tenor de exigibilidad de los DESC. IV. Diversas cuestiones relativas a la protección de los DESC en el plano interno argentino. V. Los DESC ante el sistema interamericano. VI. Los DESC ante el comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU. VIII. Apreciaciones finales y de conjunto.
I. PROPÓSITO Y PERFILES DEL TRABAJO Un análisis exhaustivo de todas las aristas de la problemática de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (en lo sucesivo, DESC), excedería largamente las pautas prefijadas para esta ponencia, cuyo objetivo principal consiste en servir como vehículo introductorio hacia una discusión que, sin obviar perfiles académicos y científicos, permita desentrañar desde un plano fáctico el nivel de cumplimiento de los DESC en el orden interno estatal (con particular referencia a la República Argentina) y desde una óptica jurídica la existencia de herramientas o caminos que viabilicen su alegabilidad en el contexto internacional. Por tales motivos, sin subestimar el significativo valor que ofrece el estudio de la cuestión en
otros órdenes regionales, tales como el europeo o el africano,1 y no obstante formular algunas referencias básicas a éstos, centrare el punto de mira de mi trabajo en el ámbito universal (particularmente en la labor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas —también: Comité de DES—) y, ya dentro del regional, en el sistema interamericano, sin soslayar —claro está— una consideración a los instrumentos que en la dimensión interna argentina existen para intentar garantizar la vigencia de los DESC, sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de la reforma constitucional de 1994 se ha atribuido jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, a un plexo de instrumentos internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22, párrafo 2,2 entre los cuales, brilla con luz propia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC). Brindadas tales pautas contextuales, y en tren de delinear los aspectos que se explorare en el trabajo, comenzare la indagación propuesta con una breve presentación introductoria de los sistemas universal y regional en materia de protección de los derechos humanos y, ya en particular, de la tutela de los DESC. Depurado el objeto central de este estudio, emprenderemos algunas aproximaciones a la problemática de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, abordaje que —entre otros puntos— cubrirá: la unidad conceptual, la igualdad de entidad jurídica y la interrelación de los derechos civiles y políticos y los DESC; un análisis crítico de la controvertida cuestión de las “generaciones de derechos”; un enfoque de la “progresividad efectiva” de los DESC; y un acercamiento al problema de las herra-
1 Además de cuanto expondre infra en relación con los instrumentos de protección de derechos humanos en los planos universal y, ya en el regional, en los sistemas europeo, americano y africano, es dable apreciar la existencia de la Carta Árabe de Derechos Humanos, dada en el marco de la Liga Árabe y la Convención sobre Derechos Humanos de la Comunidad de Estados Independientes —Convención de Minsk, del 26 de mayo de 1995— cfr. Salvioli, Fabián, “El sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, Dossier documentaire, vol. 2, Cours fondamentaux, Estrasburgo, Institut International des Droits de l’Hom me, 32a. ses sion d’Enseig ne ment, 2 al 27 de ju lio de 2001. 2 Acerca de diversas cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos y al posicionamiento de los tratados internacionales sobre tal materia vis-à-vis el derecho interno estatal en clave de derecho comparado, véase el libro de Bazán, Víctor, Jurisdicción constitucional y control de constitucionalidad de los tratados internacionales. Una visión de derecho comparado, México, Porrúa, 2003, passim.
EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
mientas o instrumentos asequibles para superar las omisiones estatales en el cumplimiento de tales derechos. A continuación, examinaremos ciertos mecanismos o herramientas utilizados y utilizables en pro de la exigibilidad de los DESC en el contexto interno argentino, para luego recorrer la praxis protectoria de los DESC en los ámbitos interamericano, focalizando la labor de la Comisión y la Corte Interamericanas, y universal, específicamente en el marco del Comité de DESC de la ONU. Finalmente, efectuaremos una sumaria recapitulación de algunas de las ideas básicas delineadas en su desarrollo, sin evadir ciertas reflexiones que sintetizan el resultado del escrutinio de la situación actual de los DESC en los marcos universal e interamericano, ni soslayar un avance prospectivo sobre determinadas alternativas que se proponen para acrecentar sus niveles de exigibilidad. II. DELINEACIÓN BÁSICA DE LOS SISTEMAS PROTECTORIOS
EN LOS ÁMBITOS UNIVERSAL Y REGIONAL
Presentando preliminarmente un cuadro descriptivo de los ámbitos universal y regional en materia de protección de los derechos humanos, puede apreciarse que en el marco universal se optó por la elaboración de dos Pactos separados, ambos adoptados en 1966: uno, referente a derechos económicos, sociales y culturales y el restante, atinente a derechos civiles y políticos. En el contexto regional, y con excepción del sistema africano, se siguió idéntico temperamento al adoptado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tanto en Europa como en América, al diseñar instrumentos distintos para ambas “categorías” de derechos. En efecto, en el sistema europeo, es dable constatar, por una parte, la existencia en el Consejo de Europa de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 (a la que se añadieron numerosos protocolos) y, por la otra, de la Carta Social Europea3 de 1961 (en
3 El mecanismo originario de control estipulado en la Carta se estructura sobre la base de la presentación de informes por los estados partes, que son examinados por un Comité de expertos independientes, cuyas atribuciones han sido reforzadas por el Protocolo de Turín de 1991. Tal esquema fue complementado en fecha relativamente reciente, con la adopción —en 1995— del Protocolo Adicional a dicha Carta, previendo un sistema de reclamaciones
se incorporaron originariamente tanto derechos civiles y políticos (artículos 3-14). Sweet & Maxwell Ltd. se erige el caso de África. el 11 de julio de 2003. ya en el continente americano y en la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA).
. de 1969. Dicho protocolo entrará en vigor a los 30 días de ser depositado el 15 instrumento de ratificación. incluyéndose además. cabe recordar que recientemente. y casi dos décadas después.. la Asamblea de la segunda cumbre de la Unión Africana celebrada en Maputo. A su tiempo. 5 Al solo título informativo. tangencialmente. Mozambique. el Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Económicos. paralelamente. como una respuesta a las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por lí-
colectivas. Sin perjuicio de la acreditación de aspectos positivos en el mencionado protocolo (de reclamos colectivos —en vigor desde julio de 1998—). que se ha sostenido que la adopción de la Carta obedeció. en parte. se ha anotado que éste parecie ra evadir problemas relati vos a personas individuales. además de la firma del Protocolo de San Salvador. los llamados derechos de los pueblos (artículos 19-24). p. el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos. sociales y culturales (véanse artículos 15-18). en cuya Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos5 —Carta de Banjul—. adoptada en 1981 por la Organización de la Unidad Africana y en vigor desde 1986.78
vigor desde 1965). Permítasenos recordar. Tonia: “Are Social Rights Necessarily Collective Rights? A Critical Analysis of the Collective Complaints Protocol to the European Social Charter”. enfocando totalmente la dimensión colectiva de los derechos sociales (Cfr. como derechos económicos.4 que entrara en vigencia en noviembre de 1999. Como excepción a tal “bifurcación” de categorías de derechos plasmada en instrumentos internacionales específicos y separados. Issue 1 – 2002. 4 El año 1988 es de suma importancia para el derecho internacional de los derechos humanos porque. se conmemoró el cuadragésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y. de 1988. adoptó el Protocolo de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos sobre los derechos de la mujer en África. a una presión externa sobre los gobiernos africanos para desarrollar un régimen de derechos humanos en el continente y. con lo que se produce así una ampliación del régimen de control primigenio al permitirse también la articulación de reclamaciones de organizaciones internacionales y nacionales de empleadores y sindicatos y de otras ONG’s internacionales y nacionales. se elaboró primigeniamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo: CADH). Sociales y Culturales (en adelante Protocolo de San Salvador). también en parte. European Human Rights Law Review. Novitz. 51).
sociales y culturales. Human Rights Brief. Mzikenge Chirwa. San José de Costa Rica. Danwood. 10. 7 Abramovich. Washington. Banda (de Malawi). Bokassa (de la República Centroafricana) y Mengistu (de Etiopía). Víctor. “Los derechos económicos. tanto al formular planteos en torno de los DESC como al resolverlos. por ejemplo. fall 2002. de modo tal que aquel artículo 25 viene también a establecer un mecanismo de tutela de los DES. que ampare a la persona contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. el PIDESC. Al respecto. p. 167. issue 1. vol. UN RECORRIDO POR ALGUNOS PROBLEMAS TRONCALES
ATINENTES A LA CONCEPTUACIÓN. puede apreciarse que entre aquellas “categorías” de derechos existe complementariedad. “Toward Revitalizing Economic. además de la mentada remisión al derecho interno estatal. LOS ALCANCES Y EL TENOR DE EXIGIBILIDAD DE LOS DESC
1. Con acierto. Center for Human Rights and Humanitarian Law-Washington College of Law-American University.7 Enfocando el problema desde una perspectiva histórica. and Cultural Rights in Africa: Social and Economic Rights Action Centre and The Center for Economic and Social Rights vs. un reenvío a los instrumentos internacionales que consagran derechos económicos. surge que la 1a.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
deres africanos como Idi Amin (de Uganda). igualdad de entidad jurídica e interrelación de ambas “categorías” de derechos Partimos de la premisa básica de afirmar que los derechos económicos. Unidad conceptual. la ley o la mencionada Convención) concreta. p. se ha enseñado que el derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25 de la CADH (que comprende el acceso a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.
. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nigeria”. Presente y futuro de los derechos humanos (ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez). 1998. La necesidad de corregir la presunta imperfección de aquéllos resulta un desafío para la imaginación de los juristas. sociales y culturales no son menos derechos que los civiles y políticos. Social. el Protocolo de San Salvador o los Convenios de la OIT.6 III. Conferencia Mundial de Dere6 Cfr. sociales y culturales en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. de un repaso de ciertas aportaciones brindadas por diversos instrumentos internacionales. 14.
chos Humanos de la ONU (Teherán.10 los DESC.9 Lo anterior requiere una aclaración complementaria: la codificación de los derechos humanos en dos instrumentos diversos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos —en adelante PIDCP— y PIDESC) obedeció fundamentalmente a razones políticas derivadas de la división ideológica del mundo en dos bloques y que. Aunque de hecho. la
Cançado Trindade. rotulada: “Acerca de la exigibilidad y realización de los derechos económicos.
. no puede haber sino complementación e interacción y no compartimentación y antinomia. Ibidem. tal como consta en la DUDH. De cualquier modo. Otro tanto ocurrió en el nivel regional americano. y como puntualiza el citado autor. asimismo. Antônio A. 99 y 100.. que privilegiaba los derechos civiles y políticos. op. y como lo ha reconocido en su párrafo inicial el Preámbulo de la Declaración de Quito. al igual que los derechos civiles y políticos. pp. y el “socialista”. sociales y culturales. endosando la perspectiva globalizadora de la Proclamación de Teherán. afirmando que la realización plena de los derechos civiles y políticos sería imposible sin el goce de los DESC. sociales y culturales en América Latina y el Caribe”. lo que supuso —en palabras de Cançado Trindade— una “concesión” de los Estados socialistas que abrió el campo para la adopción. p. entre las dos “categorías” de derechos (individuales y sociales o colectivos).. bastante más tarde. la DUDH no efectuó esa diferenciación y dejó plasmados tanto derechos civiles y políticos como económicos. 24 de julio de 1998.8 En suma. por la Asamblea General de la ONU. el PIDESC. aunque posteriormente llegó la hora de la “bifurcación” con la CADH y. 100. a través de una segmentación que dio cuerpo a dos grupos antagónicos: el “occidental”. que priorizaba los derechos económicos. de la Resolución 32/130 de 1977. básicamente. cit. son parte indisoluble de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos. donde se aprobó la DADDH que incorpora en un solo documento los derechos civiles y políticos y los DESC y también la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. quedaron en evidencia en el seno de la ONU desde comienzos de la década del 50 del siglo pasado. sociales y culturales. el Acta Final de Helsinki (de 1975) contiene en el Principio 7 una referencia expresa al respeto de los derechos humanos a tono con los principios y propósitos de la Carta de la ONU y de la DUDH. 1968) proclamó ya la indivisibilidad de los derechos humanos. el Protocolo de San Salvador.
137. la CADH y el Protocolo de San Salvador.157/24 (parte I).11
De hecho. 14 Parte II. sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos. por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. precisamente el Preámbulo del Protocolo citado en último término estipula:
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos. por lo cual ambos exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena. sin que pueda justificarse el sacrificio de unos en aras de la realización de otros.14 Aun cuando sobreabundante. p. afirmando el principio cardinal de universalidad. la idea que debe rescatarse consiste en aprehender. sociales y culturales a nivel social. la Declaración sobre Garantías Sociales. y en términos prácticamente idénticos a como quedara plasmado en el Preámbulo del Protocolo. aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos13 (Viena.12
En el sentido apuntado. 12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ya que las dos categorías constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. en el marco de las discusiones previas al mismo. En dirección convergente. cabe convenir con Pinto en que la señalada Declaración
11 Sin ánimo de taxatividad. la Comisión Interamericana ya había declarado que:
existe una estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos. 1983-1984. como con acierto lo plantearan también la Declaración y el Programa de Acción de Viena. regional e internacional”. apartado III. 25 de junio de 1993). sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante DADDH). sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos. Informe anual.
. párrafo 98 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. menciono que consideraciones semejantes realiza el Preám bulo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. que “debe hacerse un esfuerzo concertado para garantizar el reconocimiento de los derechos económicos. 13 A/CONF. por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena.
I. 1994.15 En sintonía con lo anunciado. p. t. 9 del Comité de DESC de la ONU. al tiempo que “reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad”. la que probablemente haya sido facilitada por lo que conspicua doctrina denomina la “fantasía de las generaciones de derechos”. escudándose en la mentada progresividad de los mismos y en la falta de disponibilidad de medios materiales para operativizarlos. bajo el epígrafe de “justiciabilidad”. p. Temas de derechos humanos.16 2. Mónica. 57..) núm.
. San José de Costa Rica. en Cerdas Cruz. Editores del Puerto. 1997. En efecto.82
de Viena impulsó decididamente la doctrina de la universalidad. Buenos Aires. la irreversibilidad y la naturaleza complementaria de ellos parecieran conspirar contra la pulcritud semántica y jurídica de la expresión “generaciones de derechos humanos”. cuando sabido es que el cumplimiento o la observancia de ciertos derechos humanos
15 Pinto. Rafael (comps. Tampoco debería soslayarse la circunstancia de que.. se han justificado y tolerado graves incumplimientos estatales en el marco de los DESC. 64. serie Estudios de Derechos Humanos. Rodolfo y Nieto Loayza. juzgamos indispensable superar la suerte de brecha dicotómica que artificialmente se supone separa a los derechos civiles y políticos de los DESC. bajo el pretexto de una división de los derechos humanos en generaciones. por definición. la adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos. la indivisibilidad. Antônio A. la interdependencia y la indivisibilidad. Sobre la pertinencia de la tesis acerca de las “generaciones de derechos” A tono con lo que va dicho.17 Algunas de las características esenciales del derecho internacional de los derechos humanos nos hacen dudar acerca de si tal terminología resulta técnicamente adecuada.G. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. y tal como con claridad lo pone de manifiesto la Observación General (O. “Derechos de solidaridad”. 16 Nos referimos a lo sostenido en el párrafo 10 in fine de tal O. sociales y culturales que los sitúe.). 17 Así la denomina Cançado Trindade. la universalidad y. G. sobre todo. Estudios básicos de derechos humanos. fuera del ámbito de los tribunales sería arbitraria e incompatible con el principio de que los dos “grupos” de derechos refiriéndose a los DESC y a los civiles y políticos] son indivisibles e interdependientes.
Investigaciones. no parece ser correcta en términos históricos: los progresos logrados en este sentido dentro de los derechos interno e internacional no parecen haber ocurrido pari passu. Antônio A. Gialdino recuerda que:
la atención internacional por los derechos sociales apareció. pp. no ocurrió lo mismo en el plano internacional. San José de Costa Rica. núm. 20 Gialdino. Así es que. existe una interacción entre ellos. 9. protección y realización en el plano internacional. las libertades de expresión o de sufragio no absuelven ni compensan la ignorancia. si bien en el derecho interno (constitucional) el reconocimiento de los derechos sociales en muchos países fue posterior al de los derechos civiles y políticos. regional y nacional”. sociales y culturales. Además.. UNAM.T. Sergio. p.G. 130. la insalubridad y la miseria. cuyo corpus iuris de la justicia social no sería ajeno a la Declaración Universal. algunas de las cuales precedieron a la adopción de convenciones internacionales más recientes dedicadas a los derechos civiles y políticos. sociales y culturales”. En conexión con ello. los primeros aparecen en el Tratado de Versalles el cual. en la medida en que ya para 1919..I. no se ‘sustituyen’ unos a otros.18 En torno del tema sobre el que venimos argumentando. Cançado Trindade ha enseñado que:
la perspectiva atomizada de los derechos humanos. sociales y culturales— (véase vgr. se hace posible por la teoría de las generaciones de derechos: no importa cómo se clasifiquen. julio-diciembre de 2003.. y como elocuentemente se ha precisado.20
18 García Ramírez. desde el punto de vista de la evolución del derecho internacional en este campo. al paso. con sus distorsiones. como queda demostrado por las diferentes convenciones laborales internacionales (a partir del establecimiento de la O.
. O. 19 Cançado Trindade. 8. quizás. núm..19
En lo que me parece una apreciación consonante con lo anterior. México. la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo —1986—). la analogía de la ‘sucesión generacional’ de los derechos. “Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos. a diferencia de lo que pareciera indicar la desacertada invocación de la imagen del paso de las generaciones. Rolando E. Cuestiones Constitucionales.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
—civiles y po lí ti cos— no jus tifi ca la de ne gación de otros —eco nó mi cos. los derechos humanos presentan una naturaleza esencialmente complementaria. en 1919).N. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Su respeto. creó la Organización Internacional del Trabajo. con anterioridad a la de los derechos civiles y políticos. 1993. 42 y 43. “Los derechos económicos.
ni la de deBuenos Aires. ideales utópicos. 69-71. derechos que en lo esencial son oponibles al Estado. a estar al planteo de Vasak (al que Rabossi critica) en que los civiles y políticos son derechos-atributo de la persona humana. Vasak. pp. Cançado Trindade agrega que. “Pour les droits de l’homme de la troisième génération: les droits de solidarité”. los derechos se acumulan y se sedimentan. 1979. obvio es decirlo. una de cuyas críticas contra ésta consiste en afirmar que la consecuencia más dañina que aquélla origina es que implica y/o brinda un argumento a quienes sostienen que entre los derechos humanos civiles y políticos y los derechos humanos económicos. positivos. Institut International des Droits de l’Homme.. es sólo una también. 2.21 Sea como fuere. asegurando que ni la distinción derechos negativos vs. de quien se supone una actitud de abstención para que puedan ser respetados.84
Ahondando en el tema que nos ocupa. ni la de derechos estrictos vs. sociales y culturales existe una diferencia categórica de fondo.. 1997-1998. 363. Secretaría de Investigación de Derecho Comparado-Corte Suprema de Justicia de la Nación. programáticos. 49. no puede ni debe afectar la unidad conceptual de éstos puesto que ellos imbrican en la dignidad humana que. 22 Rabossi. mientras en relación con los seres humanos se verifica la sucesión generacional. lo que le permite aseverar gráficamente que los seres humanos se suceden. una distinción esencial. la idea que intentamos rescatar es que la utilización léxica de la expresión “generaciones de derechos humanos”. núm. cit. citado por Rabossi. 64 y 65. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad de Buenos Aires-Abeledo-Perrot. Rabossi pasa a demostrar la vacuidad de este último planteo. nota 17. son derechos exigibles al Estado para poder ser realizados. Eduardo. Karen. “Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el cliché”. en el mejor de los casos. u otras equivalentes. pero en realidad —aclara— no hay nada en el carácter de los derechos humanos que determine que las obligaciones de los Estados de respetar los derechos humanos sean distintas. mientras que los derechos económicos. op. 49 y 50. 23 Esa diferencia radicaría. en punto a los derechos se desarrolla un proceso de acumulación.22 quien en un serio trabajo se ocupa de desvirtuar la tesis de las “generaciones de derechos humanos”. Lecciones y ensayos. p. Buenos Aires. Finalizamos este punto reenviando a Rabossi. sociales y culturales son derechos de crédito contra el Estado y la colectividad nacional e internacional organizadas.23 puesto que las diferencias entre unos y otros derechos emanan de un planteo ideológico que muchos teóricos han sabido aprovechar para tratar de mostrar que la diferencia establecida en la legislación positiva refleja una distinción conceptual profunda que el autor sintetiza diciendo que sólo los derechos civiles y políticos son verdaderamente derechos y los DESC son. cit. Eduardo. núm.
. Leçon inaugurale. 21 Op. 1999. pp. p.
Hacia la “progresividad efectiva” de los derechos económicos. B. p. Diego. reu ni dos del 2 al 6 de ju nio de 1986 en Maas tricht.. párrafo 1. Dordrecht.C. Universidad de Cincinnati (Ohio).EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
rechos genéricos vs.G. Economic.. 26 Scheinin. 1999.D-American University. Asbjorn Eide et al. op. la plena efectividad” de los derechos reconocidos en aquél. Añade que la expresión “progresiva efectividad” se usa con frecuencia para describir la intención de dicha frase. 394. 3 del Comité de DESC se encargara de aclarar (en su apartado 9). Boston. y con voca dos al efec to por la Co misión Inter na cio nal de Juristas.. pp. la consideración por parte del —por entonces— recientemente constituido Comité de DESC del Consejo Económico y Social. Washington D. y.. UNAM.. Martín. al tiempo de indicar que el concepto de “progresiva efectividad” constituye un reconocimiento del hecho de que la plena efectividad de todos los derechos económicos. 1995. Valadés. El propósito de la reunión fue analizar la naturaleza y el alcance de las obligaciones de los estados partes conforme al PIDESC. 27 Apro ba dos por un gru po de ex per tos en de re cho in ter na cio nal. no de exclusiones. La dimensión internacional de los derechos humanos.. México. Diego et al.. “Economic and Social Rights as Legal Rights”. núm. citado por Rodríguez Pinzón. sociales y culturales
Idem. Social and Cultural Rights. cit.24 3. del Pacto es la de adoptar medidas “para lograr progresivamente.
. Instituto de Investigaciones Jurídicas.25 y porque comparto con Scheinin la percepción consistente en que los derechos económicos.27 juzgamos de real valía que se concrete el pasaje de la progresividad simbólica a la progresividad efectiva y real de tal “tipología” de derechos. 1994. sociales y culturales Dado que ideológicamente concebimos a la democracia como un sistema de inclusiones..I. sociales y culturales son una parte esencial del código normativo internacional de los derechos humanos26 (además de que así ha sido inequívocamente establecido en los Principios de Limburgo relativos a la Aplicación del PIDESC). la Facultad de Derecho de la Universidad de Limburg (Maastricht) y el Instituto de Derechos Humanos Urban Morgan. ed. 362. p. 23 y 24. específicos logran identificar clases excluyentes de derechos puesto que.28 Como la O. la garantía de la vigencia de un derecho humano supone siempre una política positiva del Estado al diseñar y estatuir el marco institucional y político necesario. la principal obligación de resultado que se refleja en el artículo 2o. 2a. de los informes presentados por los estados partes. Constitución y política. la cooperación internacional bajo la Parte IV del Pacto. Rolando E. en verdad.. Londres. Cfr. 28 En sentido análogo se ha manifestado Gialdino.
permítaseme recordar que en la primera de las causas mencionadas (“Asociación Benghalensis”). Para una referencia más amplia a dicho pronunciamiento. la Corte confirmó las sentencias de las instancias de grado que habían hecho lugar a la acción de amparo contra las omisiones del Estado Nacional por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Ley 23. de junio de 2000— y “Campodónico de Beviacqua”30 —del 24 de octubre de 2000—. inocuidad ni impunidad sine die para el Estado. ‘Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social-Estado Nacional s/ amparo ley 16. ha brindado una interesante pauta axiológica. Sobre el particular. la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general del Pacto.XXXIV. Caracas. Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social-Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas’”. cit.
29 Cuya carátula responde a la siguiente individualización: “A. Ciertamente. en realidad su razón de ser. progresividad no implica letargo. se encubren reiteradas violaciones a los DESC.798 y su Decreto Reglamentario 1.823.86
en general no podrá lograrse en un breve periodo de tiempo. julio-diciembre de 2000. que fuera resuelta el 1o. que es establecer claras obligaciones para los estados partes con respecto a la plena efectividad de los derechos de que se trata . sino que. sociales y culturales. bajo el ropaje de una inocua o despreocupada alegación de progresividad. se requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos. y su cabal cumplimiento. sociales y culturales (a través de acciones positivas) dentro de una dimensión razonable de la progresividad necesaria para lograr la plena efectividad de los mismos. pp. 15-44. Víctor.
. op. La cuestión de la “progresividad efectiva”. por una parte. 30 La carátula completa de la causa es: “C. La acción fue articulada por la Asociación Benghalensis y otras entidades no gubernamentales que despliegan actividades contra la epidemia del SIDA (Fundación Descida.244 de 1991. creemos que la Corte Suprema argentina. “Asociación Benghalensis”29 —del 1o. haciendo operar la obligación estatal de garantizar los derechos económicos.. ‘Campodónico de Beviacqua. véase Bazán. 3. en fallos relativamente recientes: vgr. Una referencia al fallo puede verse en Bazán. núm.186.XXXV. Víctor. de junio de 2000. “Entre las omisiones inconstitucionales de las autoridades públicas y la necesaria justiciabilidad de los derechos”. y por otra. Revista de Derecho Constitucional.986’”. resulta importante toda vez que. lo que no debe llevar a interpretar equivocadamente que priva a la obligación de todo contenido significativo. A modo de digresión. Recurso de hecho.
y se condenó al Estado Nacional —Ministerio de Salud y Acción Social— al dar acabado cumplimiento a la obligación a su cargo de asistir.L. circunstancia que movió a éstos a articular la aludida acción.B. un concepto funcional de progresividad en materia de DESC. registradas en los hospitales públicos y efectores sanitarios del país.G.D. Todo ello condujo a operativizar jurisdiccionalmente la relevante pauta que ordena priorizar el interés superior del niño frente al desamparo asistencial en que sumía a éste la decisión de interrumpir la provisión del fármaco. Fundación CEDOSEX.S. Fundación Argentina pro ayuda al niño con SIDA. la Corte confirmó la sentencia de las instancias de mérito que habían hecho lugar al amparo articulado por la madre del niño A. condenando al Ministerio de Salud y Acción Social a entregar las dosis necesarias de la mencionada medicación. la Corte efectuó una interpretación amplia en materia de legitimación activa.E. Fundación R.. que adquieren plusvalía a partir de la jerarquización constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos. en el marco de su responsabilidad subsidiaria y sin desembarazar al gobierno provincial de Córdoba ni a las obras sociales. pues el máximo tribunal efectuó un laudable razonamiento vinculando sustanciales cuestiones como las obligaciones asumidas internacionalmente por nuestro país. secundaria) acerca de la distribución competencial entre nación y provincias en el cumplimiento de las imposiciones del citado plexo normativo.EN TORNO A LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Fundación para estudio e investigación de la Mujer [FEIM]. y la inevadible obligación del Estado Nacional de no desligarse de su deber de amparar la vida y la salud del menor. Creemos que la sentencia reviste gran trascendencia. oportuno y continuo a las personas enfermas de ese mal. Asociación Civil Intilla. Además.). ya que el 2 de diciembre de 1998 el Banco de Drogas Antineoplásicas —dependiente de aquél— manifestó a los padres de la criatura que les entregaba la medicación “por última vez”.Ya en la segunda de las causas aludidas (Campodónico de Beviacqua). evitó que fuesen preteridos los deberes estatales en tan importante materia (salud pública como inversión social prioritaria) y que ellos quedaran licuados en una discusión (por supuesto. asegurando la continuidad del tratamiento contra la grave dolencia de éste (enfermedad de Kostman). y Asociación Civil S.A. con lo que se
. (quien nació con un grave padecimiento en su médula ósea que reduce sus defensas inmunológicas y cuyo tratamiento depende del suministro de un fármaco especial). tratar y en especial —suministrar medicamentos— de modo regular.I. las medidas de acción positiva que debe el Estado adoptar.
91-286. Sin perjuicio de volver sobre el problema de los mecanismos que el derecho interno proporciona para dar canalización procesal a planteos sobre los DESC (véase infra). y conscientes de las dificultades prácticas que importa la puesta en marcha de tal “tipología” de derechos. Para un panorama de la problemática de la inconstitucionalidad por omisión. además de violentar la normativa internacional. por ejemplo: “Respuestas normativas y jurisdiccionales frente a las omisiones inconstitucionales: una visión de derecho comparado”. creemos conveniente que se imponga el ahondamiento del criterio jurisdiccional señalado en los párrafos precedentes. estimamos conveniente y necesario que se habiliten adecuadas vías procesales para cuestionar jurisdiccionalmente las recurrentes omisiones que se cometen respecto de los mismos y que. el radio de acción de la magistratura. y la existencia de legítimos derechos que reclaman operatividad jurídica.32 Precisamente. sólo anticiparemos aquí ciertas pautas referentes a las
Fórmula. acuñada por el Tribunal Constitucional Federal alemán.
.). En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión. 4. esta última. sociales y culturales Se ha sostenido que la efectividad práctica en el plano interno de los DESC depende.88
salvó preventivamente en sede judicial una suerte de inminente omisión de la autoridad pública involucrada. Herramientas o instrumentos utilizables para superar las omisiones estatales en el cumplimiento de los derechos económicos. por ese camino. hacen lo propio con la letra y el espíritu de la Constitución. Víctor. UNAM. México. se focaliza el ámbito de las omisiones pues es en este campo abstencionista donde germina una importante cantidad de violaciones a los DESC. de los “recursos disponibles”. de la “reserva de lo económicamente posible”31 o de circunstancias envueltas léxicamente en expresiones de magnitud semántica análoga. De regreso a la digresión. pp. en múltiples ocasiones. Instituto de Investigaciones Jurídicas. compulsar de Bazán. en Carbonell. Miguel (coord. dando apertura procesal a la discusión y el análisis de las pretensiones que persigan la viabilidad de tal “sector” de derechos y la búsqueda de soluciones judiciales razonables que compatibilicen armónica y equilibradamente las posibilidades económicas del Estado. En línea con ello. 2003. de las “reservas financieras”.
. En las absolutas. “Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsbeschwerde”. W. p. para calibrarla equitativamente a fin de restablecer la igualdad quebrada y proporcionar.34 En este supuesto (omisión relativa). hay ausencia total de la norma que debería regular una determinada situación jurídica fijada constitucionalmente. pudiendo tentativamente las hipótesis ser refundidas en la siguiente fórmula: habrá omisión relativa toda vez que en el cumplimiento del mandato constitucional (o del tratado internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional en los sistemas jurídicos que —como el argentino— les acuerden tal valencia). de ese modo. el órgano legislativo o la autoridad pública encargados de efectivizarlo quiebren en forma no intencional. o —como se ha afirmado— cuando se produzca una regulación deficiente a causa de la falta de “complitud” (sic) de la norma. 34 Fernández Rodríguez. Una de las opciones que tendría a su alcance el órgano jurisdiccional sería la complementación de la norma despareja. Teoría general. Básicamente. 164. 1998. el control judicial de constitucionalidad —excitado por la omisión en perjuicio de algunos— sale al rescate de la supremacía constitucional. Derecho comparado.
33 Wessel. no cualquier omisión viabilizará el control. p. cuadro 6. es imposible evadir un reenvío a Wessel33 cuando de afrontar la tipología de omisiones inconstitucionales se trata. sino sólo aquélla cuya textura y efectos sean constitucionalmente relevantes y no concreten en forma completa una determinada imposición constitucional (o de un tratado internacional que recepte la alcurnia expuesta supra). tal autor distingue entre omisiones absolutas y relativas. Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl). el legislador. satisfacción a la pretensión de los perjudicados. 116. En las relativas. Obviamente —y en sintonía con lo que he venido sosteniendo—. y como punto previo al desarrollo propuesto. que ha sido momentáneamente neutralizada.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
omisiones inconstitucionales y a la necesidad de pensar en técnicas que generen la posibilidad de corregirlas. La inconstitucionalidad por omisión. El caso español. Madrid. José Julio. En primer lugar. pero produciendo un resultado discriminatorio y/o arbitrario el principio de igualdad. Civitas. al propulsar la norma para “obedecer” el mandato constitucional. 1952. favorece a ciertos grupos y olvida a otros o acuerda ventajas a unos que no son dispensadas a otros.
Gerardo y De Cabo. etcétera. añadiendo que incluso en aquellos ordenamientos que. 1823. las alternativas jurisdiccionales son más complejas. sino también esgrimiendo el principio de igualdad. Estudios de teoría del Estado y derecho constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú.90
Sentado el marco conceptual precedente.). Antonio. Pedro (comps.37 Asimismo. como el español. 1822. p. 38 Ibidem. en Morodo. los doctrinarios citados no comparten tal argumento al entender —en sintonía con el criterio que dejáramos expuesto— que ni la distinción entre derechos civiles y políticos y derechos sociales es tan tajante como parece. quienes afirman que. aquél podría articularse “por conexión” con un derecho civil constitucionalmente amparable. 2000. de debido proceso. precisan que si se tratara de un supuesto de omisión legislativa absoluta. ya que los detractores argumentan que los derechos sociales dependen de la “reserva de lo financieramente posible”. ni la “reserva de lo financieramente posible” puede tomarse como una realidad dada de antemano y como un argumento definitivo para la desvinculación ju35 Pisarello.35 Así. Madrid. “¿Quién debe ser el guardián de los derechos sociales? Legisladores. debiendo indagarse si es posible articular una posición subjetiva ante los tribunales para obtener la protección de un derecho social. advierten que la doctrina dominante se ha mostrado reticente frente a este tipo de alternativas. es interesante colacionar algunas apreciaciones de Pisarello y De Cabo. recuerdan que una omisión legislativa relativa no será sino la otra cara de un desarrollo legislativo minimizador y podría resolverse no sólo invocando los derechos sociales constitucionales vulnerados.
. las respuestas jurisdiccionales dependerán del tipo de omisión legislativa de que se trate. etcétera. ciudadanos”. UNAM-Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. p.36 Por su parte. hipótesis que grafican señalando que la protección del derecho a la salud podría obtenerse por medio de la salvaguarda del propio derecho a la vida.38 Sin embargo. 37 Idem. por lo que cualquier intento de control jurisdiccional en ese ámbito comportaría una inadmisible intromisión en las competencias presupuestarias del legislador y un “intento por gestionar lo imposible”. no admiten el amparo directo de derechos sociales. respecto de lo que genéricamente denominan “derechos sociales”. jueces. 36 Idem. de no discriminación. Raúl y De Vega. para lo cual los referidos autores sostienen que el recurso de amparo o algún mecanismo procesal semejante (como la tutela colombiana) comportarían una vía idónea tanto de acceso individual como colectivo.
en Ghirardi. 1824. intentando destruir además los argumentos del adversario. se presenta en una doble perspectiva: una dialógica. Christian. p. Madrid. Luigi. las partes en el contradictorio y a los receptores últimos que son la co-
Idem. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Ibidem. 59 y ss.]. y.41 Obviamente. Víctor y Courtis.42 Profundizando la precedente afirmación. 2001. en la falta de la prestación que constituye su objeto y cuya exigibilidad en juicio es posible garantizar en la mayor parte de los casos. ya que cuando una omisión legislativa absoluta vulnera el contenido mínimo esencial de los derechos sociales constitucionales. sino que el juez también lo hace. Córdoba. p. el derecho de libre configuración de las políticas públicas cede frente al deber de probar que se están usando todos los medios disponibles y hasta el máximo de los recursos existentes para satisfacer los derechos en cuestión (véase artículo 2o. es decir.: “La sentencia judicial”. 2002.
. t. dentro del debate que regla el proceso. se desenvuelve como expresión de fundamentos y motivaciones que proporciona el juez en los considerandos de su decisión. agregan que en una situación de explícita vulneración. Instituto de Filosofía del Derecho. es decir.40 Por su parte. intentando persuadir y convencer a sus primeros destinatarios. es inexcusable precisar —con Ferrajoli— que son o pueden tornarse justiciables las violaciones de los derechos sociales consistentes en omisiones. Olsen (comp. recordamos que no sólo las partes en el proceso argumentan jurídicamente. del PIDESC). IV. se ha puntualizado acertadamente que la problemática de la argumentación —desde la óptica de su contenido o de su campo de aplicación—. El razonamiento judicial. sin imponerle un único medio de reparación. Los derechos sociales como derechos exigibles. se requerirá valentía (que no temeridad) por parte de la judicatura y la asunción de un rol creativo para dar solución a los supuestos que se presenten a su decisión. 42 Véase por ejemplo.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
rídica absoluta del legislador. pp. y partiendo de aquellos DESC que generan obligaciones positivas para el Estado. la segunda. dirigida a persuadir y convencer al juez en defensa de las posiciones asumidas por los contradictores. los “límites financieros” no tienen por qué presumirse y la jurisdicción puede obligar al legislador a justificar su incumplimiento y. 10. Armando S. exigirle que ponga en marcha alguno de los que se encuentran a su alcance. Ferrajoli. Aunque quizás rudimentaria y obvia nuestra apreciación. Trotta. Andruet [h.). en el prólogo a la obra de Abramovich.39 Por fin.
43 Por tanto. 9.
. 11 y 12. desde luego. y singularmente judicial. e
43 Cfr.92
munidad jurídica y la comunidad toda como beneficiaria del servicio de justicia. la exigencia que se cierne sobre la judicatura involucra —inter alia— la emisión de sentencias razonadas. Marina. tal vez porque tanto el poder legislativo como el ejecutivo cifran su legitimidad en la justificación de su origen más que en la racionalidad de sus decisiones” . han conocido un extraordinario desarrollo en las últimas décadas. III. en Ghirardi. Acaso ello pueda obedecer a que. son los jueces los únicos que verdaderamente argumentan sus decisiones o. caso contrario.. p. Olsen (comp. el antídoto contra ese tipo de inconstitucionalidad dependería de la voluntad del mismo sujeto violador. quienes cifran buena parte de su legitimidad en la racionalidad de sus decisiones.). 1993. Gascón Abellán.45 Finalmente. El siglo XXI y el razonamiento forense. Néstor P. quienes han ido produciendo un estilo más depurado y persuasivo. es al Poder Judicial al que le corresponde diseñar tales vías procesales si el legislador común no lo hace. de entre todos los operadores jurídicos. ponencia presentada en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. justas y jurídicamente sustentables. México. Tecnos. así como a la función y posición de los tribunales en un sistema normativo evolucionado. t. 45 Sagüés. febrero de 2002. merece resaltarse la trascendencia de la actuación del Poder Judicial en el marco tuitivo de los DESC. solucionando los casos concretos en los que están en juego tales derechos. Madrid. pp.44 razón por la cual se precisa de ellos —en tanto piezas fundamentales del sistema— una actitud creativa y prudentemente activista en materia de DESC. La técnica del precedente y la argumentación racional. ni las exposiciones legales de motivos ni las motivaciones administrativas presentan tales perfiles. y en sintonía con el papel imaginativo y constructivo que es dable esperar de la magistratura. UNAM. misión eminente en cabeza de los jueces. Ya a modo de mensaje envolvente de diversas cuestiones abordadas en el presente subapartado. puesto que al fallar en hipótesis de incumplimiento de éstos su actuación genera un efecto dúplice: directo. 2000. Instituto de Investigaciones Jurídicas-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. la violación de la Constitución (y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional) por omisión —como verifica Sagüés— no debe permanecer impune porque el propio órgano legisferante renuente deje de instrumentar los remedios procesales para atacar a la inconstitucionalidad omisiva. 44 La oración que cierra el texto parafrasea una apreciación de Gascón Abellán. “Motivación de las sentencias y razonabilidad”. quien en un certero párrafo precisa: “Los estudios relativos a la argumentación jurídica. Córdoba. cuando menos. Álvarez Gardiol. por lo tanto. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba-Instituto de Filosofía del Derecho. Ariel. “Instrumentos de la justicia constitucional frente a la inconstitucionalidad por omisión”.
estableciendo —inter alia— que la distribución entre tales entes se efectuará en relación directa a las competencias. por último. y no meramente a través de las actividades de lobby o demanda político-partidaria. Víctor y Courtis.48 19 y 23 —incisos. 48 Relativo al régimen de coparticipación federal de impuestos entre nación. La reforma constitucional argentina de 1994 y algunos avances normativos Es dable poner de relieve que uno de los avances que ha experimentado la Constitución argentina al influjo de su última reforma (al menos desde el ámbito normativo). una breve referencia a la necesidad y conveniencia de que nuestro país ratifique el Protocolo de San Salvador. 2000. caracterizado por la exigencia de complementación de la igualdad formal (artículo 16) con la igualdad material (artículos 3747 y 75. “Los derechos sociales como derechos exigibles”. la que se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Buenos Aires. desde el prisma de lege lata y también a manera de aportaciones de lege ferenda.46 IV. mediante una semántica de los derechos. incisos 2. estos últimos. Revista del Instituto de Promoción de Derechos Humanos-Ministerio del Interior.
46 Abramovich. tanto en el plano doméstico como en el internacional. p. un panorama de las herramientas procesales y constitucionales para cautelar los DESC. 1. pues como mutatis mutandi verifican Abramovich y Courtis. Christian. DIVERSAS CUESTIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DESC EN EL PLANO INTERNO ARGENTINO Analizaremos sucesivamente ciertos avances normativos producidos por conducto de la reforma constitucional plasmada hace casi una década. 47 Que asegura la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. 26. puede re presen tar un ins tru men to de uti li dad pa ra vi go ri zar las al ter na tivas de exigibilidad de los DESC. Hechos y derechos. servicios y funcio-
. enraíza en el diseño de un nuevo paradigma del principio de igualdad.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
indirecto. la necesidad de valorar la figura del defensor del pueblo que. sobre los que volveré—). Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. y. es interesante que las sentencias obtenidas puedan encaramarse como importantes vehículos para canalizar hacia los poderes políticos las necesidades de la agenda pública.
solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo. opinión política o gremial. que sanciona civil y penalmente los actos y omisiones de ese carácter. desde el punto de vista jurídico. ideología. una estrategia sustancial de justicia de los DESC radica en la prohibición de discriminación por razón de raza. Sobre el punto. no parece sobreabundante recordar que la operatividad no eufemística de aquella premisa (simplificando: igualdad real de oportunidades). Alirio. posibilidades y de trato. calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. de las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar internacionalmente los tratados sobre derechos humanos. reputándose tales aquellos basados precisamente en los motivos citados. previniendo o corrigiendo infundadas disparidades (por caso. por acción u omisión. paliando arbitrarias discriminaciones. precisamente. Como recuerda Carbonell. Fuente: http://www. Uribe Muñoz.94
nes de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto: será equitativa. 49 Cfr. y en el contexto genérico de las medidas de acción positiva requeridas. sexo. requiere del Estado que actúe equiparando situaciones de irrazonable desigualdad. religión. por citar una fórmula léxica aglutinante y sintetizadora del sesgo que el constituyente reformador de 1994 inoculó al torrente constitucional.htm
. el disfrute de los DESC es determinante para la posibilidad de un goce efectivo. Por lo demás. la igualdad no se limita a una serie de mandatos constitucionales dirigidos al legislador.org.592. posición económica. en tren de satisfacer tan trascendente objetivo. igualitario y no discriminatorio de los derechos civiles y políticos. ya que asegurar el goce de éstos sin considerar el pleno ejercicio de aquéllos “conlleva discriminaciones intolerables que favorecen a los sectores beneficiados por la desigual distribución de la riqueza. sociales y culturales en un mundo globalizado”. “Los derechos económicos. Tal pauta axiológica resulta vertebral pues no cabe olvidar que. del poder y que reproducen las inequidades sociales”.cajpe. cabe computar en nuestro país la existencia de una normativa genérica antidiscriminatoria: la Ley Nacional número 23. quedan decididamente vinculadas las sentencias judiciales como garantía de observancia de la Constitución y significativo reaseguro en el sentido de que no se tolerará el incumplimiento. y como se afirmara. mediante la generación de políticas de discriminación inversa para beneficiar a los grupos o personas tradicionalmente desaventajados) y que.pe/guia/mat3. del año 1988. como igualdad real de oportunidades. condición social o caracteres físicos. y al solo efecto ejemplificativo.49 Por su parte. nacionalidad.
UNAM. cuyos repertorios de precedentes (en el caso de la Comisión) y jurisprudencia (en el de la Corte) deberían siempre servir de modelo a los que las soluciones jurisdiccionales dispensadas en el escenario judicial local habrían de adaptarse. 22. Instituto de Investigaciones Jurídicas.O. En ese sentido. Todas ellas fueron in50 Carbonell.51 la instauración del principio pro homine o favor libertatis (con los criterios hermenéuticos que vienen por añadidura en relación con los instrumentos internacionales: interpretación de buena fe. incisos 17. y la presencia de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que —en líneas generales y con algunas intercadencias— se muestra proclive a expedirse en pro de la obligatoriedad del cumplimiento por parte del Estado de los compromisos y obligaciones asumidos internacionalmente y a aceptar la fuerza de los informes.778 —B. Miguel. 25. 29 de mayo de 1997). inciso 22. 19. 128. instrumento al que se le ha conferido esa valía mediante la Ley Nacional núm. en ciertos aspectos y bajo algunas condiciones.50 Tampoco es un dato irrelevante el alto grado de desarrollo adquirido por el derecho internacional de los derechos humanos. La Constitución en serio. 51 A la nómina allí contenida. y en señalamiento que no persigue exhaustividad alguna. de los particulares. 24. párrafo 2 (acerca del que retornaré). artículo 75.820 —B. p. 3 de septiembre de 2003—. 23 y 24. México.
. pacta sunt servanda y los atinentes al objeto y el fin de los tratados). es conveniente repasar rápidamente el mosaico de normas sustanciales al respecto contenidas en el texto de la ley fundamental. las decisiones y las opiniones consultivas de los órganos protectorios en las instancias internacionales (respectivamente. y previo a reseñar algunos de los mecanismos procesales disponibles en nuestro país para procurar hacer efectivos los DESC. igualdad y derechos sociales. se han añadido la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (a la que se ha deparado tal calidad por medio de la Ley Nacional núm. Multiculturalismo. Ya para finalizar este punto. artículo 41 y artículo 42.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
sino que también sirve para vincular la conducta de los demás poderes públicos e incluso. la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos). que se patentiza endógenamente en: la jerarquización constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos individualizados en el artículo 75. encontramos por ejemplo las siguientes cláusulas: artículo 14 bis.O. y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. y los que en el futuro sean ungidos con tal carácter. las recomendaciones.
en particular respecto de los niños. el inciso 22 establece la posición preferente de los tratados internacionales y concordatos con la santa sede respecto de las leyes y —como anticipé— otorga jerarquía constitucional a un plexo de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y a los que en el futuro se les asigne tal valencia. la participación de la familia y la sociedad. y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.96
troducidas por la modificación constitucional de 1994 a excepción del artículo 14 bis. incisos 17. y que respeten el orden democrático y los
. al crecimiento armónico de la nación. Veamos un breve detalle de las mismas: El artículo 14 bis consagra los derechos de los trabajadores y de las organizaciones profesionales de trabajadores. 19. Sintéticamente. desde el embarazo hasta la finalización del perio do de enseñan za elemental. que tendrá carácter integral e irrenunciable. la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna: y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. las mujeres. además de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo. la libre creación y circulación de las obras de autor. el inciso 17 se refiere a los derechos de los pueblos indígenas argentinos. dispone que el Estado otorgara los beneficios de la seguridad social. El artículo 75 (atribuciones del Congreso de la Nación). además de sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales. 23 y 24. al tiempo de expresar que corresponde al Congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad culturales. y además. incorporado por la reforma de 1957. el inciso 19 impone al Poder Legislativo —inter alia— proveer lo conducente al desarrollo humano. y el inciso 24 dispone la atribución congresal de aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supranacionales en condiciones de reciprocidad e igualdad. que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado. el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. el inciso 23 discierne en el Congreso la competencia para legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. los ancianos y las personas con discapacidad. al progreso económico con justicia social. 22.
etcétera. la Re so lu ción nú me ro 57 de 1996. que consagra los derechos de los usuarios y consumidores de bienes y servicios. 67 y 68—). 73 y 74—. Sobre algunas vías procesales de lege lata y de lege ferenda. y según corresponda a cada dispositivo constitucional particular. 29. 46. las Telecomunicaciones (Resolución de la Secretaría de Comunicaciones número 57 de 1996. vgr. del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios —ETOSS—. y el artículo 42. asi mis mo. 47. 2003. útiles para cautelar los DESC Ya en relación con las vías procesales para canalizar las pretensiones en materia protectiva de los DESC. la revocatoria de mandatos. existiendo para éste un procedimiento específico de audiencias públicas que resulta aplicable en materia de im po si ción de san ciones. repasaremos rápidamente algunas herramientas ya existentes y otras cuya utilidad y valía merecen ser exploradas a los efectos de su incorporación por medio de directrices legislativas o jurisprudenciales. Sólo mencionaremos que este procedimiento fue instaurado en nuestro país por vía legal e infralegal en el ámbito de los siguientes entes regulatorios: del Gas —Enargas— (Ley número 24. que con tie ne el Re gla men to Ge ne ral de Audiencias Públicas y Documentos de Consultas para las Comunicaciones). además de preceptuar —entre otros puntos— que las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. 18. 46. Tampoco abordare otros instrumentos participativos de la población en el marco de los servicios públicos. 16. la Resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad —ENRE— núm. además. 3. la Electricidad (Ley número 24.076 —artículos 6. y las Obras y los Servicios Sanitarios (Resolución número 108. la iniciativa popular. la consulta popular.
. 2. la audiencia pública. 39 de 1994 aprobó el Reglamento de Audiencias Públicas de ese Ente. referido a los derechos ambientales.065 —artículos 11.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
derechos humanos. aprueba el Reglamento de Audiencias Públicas). apro ba do por Re so lu ción nú me ro 23 de 1994. que se en cuen tra re gu la do en el Re gla men to pa ra la apli ca ción de san cio nes. del ENRE. 32. El artículo 41.. por ejemplo. Ciertas herramientas procesales y constitucionales existentes actualmente en la normativa y la jurisprudencia nacionales Pueden ejemplificar y contabilizarse en el ámbito nacional52 las siguientes acciones y procesos constitucionales:
52 Dejé fuera de este señalamiento a los mecanismos de democracia semidirecta establecidos en la Constitución Nacional o en las de las Provincias y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Madrid. 19.55 b) La acción meramente declarativa establecida en el artículo 322 del C.
.N—(contra actos u omisiones de particulares) en sus artículos 321. núms.986 de 1966 (contra actos u omisiones de autoridad pública) o del siguiente Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —C.549)54 o el amparo sindical (artículo 47 de la Ley núm.56 En referencia a dicha acción y su conexión con la meramente declarativa aludida en el subapartado anterior.98
a) La acción de amparo. dispone que ella podrá ser deducida para obtener
una sentencia meramente declarativa. se ha precisado que las acciones declarativas han discurrido tres períodos en su historia vivencial: el primero se ex53 Ya fuera de lo estrictamente judicial. 55 Normativa sobre asociaciones sindicales (B.551)..
c) Vinculada a la anterior.P.C.C.P.O.N. que. viene ganando terreno en la línea jurisprudencial de la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. complementada con la normativa aplicable. Revista de Derecho Político. inciso 2. 563-619. según corresponda.C. se presenta también la acción declarativa de inconstitucionalidad. 16. ibidem). 55 y 56. alcance o modalidades de una relación jurídica. aunque con matices y alternancias. siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. 54 Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Víctor. para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia. tales como el amparo por mora en la administración53 (artículos 28 y 29 de la Ley Nacional núm. UNED. Naturalmente. cuyo párrafo 1o.—) y amparo colectivo (artículo 43. en sus vertientes de amparo individual o clásico (artículo 43. puede pensarse también en denuncias administrativas contra los funcionarios comprometidos en la violación de los DESC. de la Constitución Nacional —en adelante C. pp. 23. de la Ley núm. 56 Para ampliar sobre el recorrido jurisprudencial de tal acción en la percepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el despliegue normativo del que ha sido objeto en el derecho público provincial comparado.. no se puede soslayar en esta reseña algunos subtipos del amparo. párrafo 1o. 2003. y al menos ab initio. párrafo 2. y 498. a los efectos de que se determine su responsabilidad y la potencial aplicación de sanciones disciplinarias. véase Bazán. del 22 de abril de 1988).N. “Antecedentes y perspectivas de la acción declarativa de inconstitucionalidad en el orden federal argentino”.C.
“Acción declarativa y control constitucional.) receptan adecuado cauce de tutela en la acción declarativa de inconstitucionalidad.
. p. a la que estimó como un recaudo apto para evitar el eventual perjuicio denunciado por la actora que planteaba ante los estrados del Tribunal una relación jurídica discutida o incierta. El derecho.P. puede decirse que: Los “derechos de incidencia colectiva” (siguiendo la terminología del artículo 43. 22 de febrero de 2001.C. párrafo 2. Buenos Aires.N. evidenciándose la convergencia de un interés real y concreto susceptible de protección legal actual. El análisis del devenir jurisprudencial de la C. en él. además de ser ejercitables a través de la acción de amparo.S. suplemento especial. a manera de cuña. p. la Corte prescindió del nomen iuris dado por la accionante a su pretensión (articulada primigeniamente como amparo). el tercero de ellos comienza a partir de 1985.N. “De la acción declarativa de certeza a la acción declarativa de inconstitucionalidad (La conversión del caso federal en caso judicial)”.N. en el que con un interesante y valioso desapego por el rigorismo formal. recanalizándola para subsumirla en el radio de cobertura de la acción declarativa regulada en el artículo 322 del C. denota. 10.N.P.C. Alberto B. razonamiento que la Corte complementa con un saludable ensanchamiento perceptivo de la legitimación procesal para la articulación de las mismas. 307:1379.59 que los casos “Provincia
57 Bianchi. han hendido el criterio otrora impenetrablemente reacio de la Corte en admitir el control de constitucionalidad por vía de acción.. Estado actual de la cuestión en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 59 Rosales Cuello. Ramiro.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
tiende hasta el año 1967.57 El año 1985 marca un punto de inflexión determinado por la sentencia emitida en “Provincia de Santiago del Estero c/ Estado Nacional y/o Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ acción de amparo”58 (del 20 de agosto de 1985). 58 Fallos. Jurisprudencia Argentina. acciones de amparo y declarativa de inconstitucionalidad. de la C. 3. Buenos Aires.J. A modo de ideas liminares para computar la potencialidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad dentro del marco de cobertura tuitiva de los DESC (y su vinculación con las acciones meramente declarativa y de amparo). fecha en que la reforma al C.C. Ambos procesos.. el segundo finaliza en 1985 y. la Corte no admite el control de constitucionalidad en las acciones declarativas reguladas en dicho artículo. 6 de diciembre de 2000.C. tal como se advirtiera. in cor po ró la acción declarativa como pro ceso judicial en el artículo 322. importan eslabones muy importantes que.
bajo un alegado estado de incertidumbre. la actora procuraba (y logró) que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la Resolución número 9 de 1997 de la Administración General de Rentas y Registro Territorial de la Provincia de Catamarca. en la práctica pueden detectarse numerosos casos en los cuales ha admitido acciones declarativas de inconstitucionalidad donde la única y eventual incertidumbre consistía en determinar si la norma cuestionada era inconstitucional o no. Buenos Aires. 5. 424 t 425.63 d) La acción procesal administrativa o proceso contencioso administrativo (artículos 23 y 24 de la Ley Nacional número 19. debe desenvolverse en verdaderos “caso” o “causa” contenciosos. Puede ser catalogada como la primera en la que la Corte construye su razonamiento sobre la base de admitir la posibilidad de ejercer control de constitucionalidad a través de la acción declarativa. y como afirma Bianchi. El Tribunal abre la parte considerativa del resolutorio afirmando contundentemente que “de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal existe en el orden nacional la acción declarativa de inconstitucionalidad y ella puede ser instaurada directamente ante esta Corte cuando se dan los requisitos que determinen su intervención en instancia originaria” El derecho. 307:2384).A.
60 En dicha causa (resuelta el 12 de diciembre de 1985). sino que.N. resuelta el 16 de mayo de 2000. 61 Causa dirimida en fecha del 3 de febrero de 1987. de la Ley Nacional número 24. en la que. 63 Es lo que sucedió. 62 Bianchi. que exige la presencia de los requisitos de la acción meramente declarativa de certeza. cit. a nuestro juicio (y por enunciar un ejemplo relativamente reciente) en la causa “Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A.P. acciones determinativas de derechos de base constitucional cuya titularidad alegue el actor y que estén dirigidas a prevenir o impedir lesiones a tales derechos (Fallos. en cuanto pretendía incluir en la base de cálculo del impuesto a los ingresos brutos a la parte de la comisión prevista en el artículo 116.62 si bien la Corte nunca ha abandonado (formalmente) el holding de “Gomer”. t. párrafo 2. Constantino c/ Nación Argentina”60 proporcionaron a la acción declarativa el marco “sustancial”. p. Por su parte. es decir.100
de Santiago del Estero c/ Y.549) u otros mecanismos de impugnación judicial de los actos administrativos. Alberto B.” y “Lorenzo. c/ Provincia de Catamarca” (Fallos. lesiona el principio de supremacía legal del artículo 31 de la C.F. en definitiva. para que ella sea viable. el Alto Tribunal sostuvo que no puede afirmarse que en el orden nacional no exista la acción declarativa de inconstitucionalidad. lo que. mientras que el caso “Gomer S.. pp.241 (destinada al pago de la prima del seguro colectivo). op. en los que se persiga in concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas.
. 123.. 323:1206). c/ Provincia de Córdoba”61 le brindó el marco “procesal”.
respecto de las decisiones del Enre y del Enargas.076 (artículo 66). manifiesta que se trata de la
posibilidad de obtener de la jurisdicción un pronunciamiento urgente. la articulación de recurso judicial directo contra las decisiones de ciertos entes reguladores de servicios públicos).
. Santa Fe. Santa Fe. Augusto M. Tendencias en los albores del siglo XXI. 85 y 86. Informe nacional argentino”. quien luego de puntualizar que por vía de diversas denominaciones ha cobrado auge lo que una línea de la doctrina denomina como cautela autónoma. (coord. pp. tanto la Ley número 24. 65 Véase Morello. 197 y 198. medidas a las que se les asigna. 1996.065 (artículo 76) como la Ley número 24. Platense. 2003. en lugar del instrumental y subsidiario de las cautelares.
64 Así. pero a su vez definitivo. por incumplimiento de los deberes de funcionario público). la posibilidad de constituirse en parte querellante y/o en parte civil (en los términos estipulados por el Código Procesal Penal de la Nación). Jorge Walter. El juez y la magistratura. por oposición a aquéllos. que excede el marco de los sistemas cautelares aunque se apoya en su estructura. otra como cautela material. g) La denuncia penal (vgr. y apoyándonos en las apreciaciones de Rojas. para delinear el procedimiento que observan para su desarrollo... Rubinzal-Culzoni. Básicamente. Jorge A. pp. 66 Véase Peyrano. Roberto O.).EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
por ejemplo. vgr. 1999. 67 Cfr.67
f) La acción de reclamación de daños y perjuicios. Rubinzal-Culzoni.. “Recientes tendencias en la posición del juez. Rojas. prevén un recurso judicial directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La emergencia y el proceso.66 alternativas que se traen a colación sólo para graficar algunas posibilidades procesales admitidas jurisprudencialmente mas sin intención alguna de ingresar en la polémica autoral sobre el alcance y el contenido de aquéllas o de bucear profundamente en disquisiciones léxicas y jurídicas discutidas en la doctrina. en Berizonce. Anticipación de la tutela.64 e) La búsqueda de tutela anticipada65 o la formalización de un pedido de medida autosatisfactiva. La Plata. carácter autónomo.. passim. y otra como autosatisfactoria constituyendo todas expresiones de un mismo sentido.
creemos conveniente que se exploren nuevas alternativas. de empleo corriente en la praxis estadounidense y que puede resultar de provecho en litigios masivos y complejos siempre que existan mínimos comunes denominadores que permitan perfilar al grupo actor y a su pretensión concreta.
68 Sobre este último tema. en Elespe. y de Río Negro —1988—.68 la acción de inconstitucionalidad por omisión. decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad y contrarias a la carta magna nacional o a la local. las acciones declarativas de inconstitucionalidad. “La operatividad de los derechos y las garantías no obstante las omisiones o insuficiencias reglamentarias inconstitucionales”. Walter. y puede dirigirse contra la validez de leyes. que los prevé respectivamente en los artículos 58 y 59. que los consagra en los artículos 44 y 45). Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Víctor.). 97-128. véase Bazán. que en algún caso —como el del artículo 113. el que conocerá de ellas en instancia originaria y exclusiva. Algunas vías procesales y constitucionales que merecen ser visualizadas como potenciales instrumentos tuitivos de los DESC Ya fuera y más allá de los mecanismos procesales enumerados precedentemente.69 y a la acción de inconstitucionalidad por omisión. tema sobre el que volveré. En la normativa propia del derecho público provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ya en los ámbitos provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. pp. Aludimos a las acciones de clase o class actions. La Ley. p. 2001. La Ley. apartado ‘d’). como es bien sabido. 5. noviembre de 2003. Buenos Aires. vgr. inciso 2. (comp. articulables directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. 69 Carnota. “La ‘class action’ de la deuda externa argentina”. suplemento especial.
. 220. en varios autores.102
4. lo que naturalmente nos acerca a la problemática de las omisiones inconstitucionales y a su posible corrección jurisdiccional. inciso 2. artículo 207. estatuida expresamente en la Constitución rionegrina (cfr. los mandamientos de ejecución y prohibición (Constituciones de Chubut —1994—. Default y reestructuración de la deuda externa. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— ostenta naturaleza jurídica propia de una acción popular. Douglas R. Buenos Aires. existen algunas otras herramientas más allá de las indicadas.
reformada por Ley LXXVIII de1994.
. Tecnos. El aspecto de la reforma constitucional de 1989 mencionado en primer término (jurisdicción constitucional). que por medio de la Reforma Constitucional 7. 4-31. del 19 de octubre. véase Adam. fue desarrollado por la Ley número
70 He extraído la referencia normativa a las reformas constitucionales de Fernández Rodríguez. encontramos antecedentes en: la ex Yugoslavia. del 27 de febrero de 1974). Por vía legislativa —también en el orden nacional—. § 2. UNAM. del 2 de diciembre). 27-31. México. en especial las pp. la Constitución Federal de 1988 incluyó la acción de inconstitucionalidad por omisión en el artículo 103. de un rápido recorrido por el derecho comparado se percibe que ya desde las normativas constitucionales o infla-constitucionales nacionales o estaduales. la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho Público”. en Venezuela (artículo 336 de la Constitución de la denominada República Bolivariana de Venezuela). modificada en varias oportunidades. don de se verificó el primer antecedente normativo-constitucional expreso (concretamente.70 en Brasil. y más allá de algunas consideraciones que efectuáramos en tramos precedentes de esta ponencia. en Portugal (artículo constitucional 283 y artículo 68 de la Ley del Tribunal Constitucional). Instituto de Investigaciones Jurídicas-Revista Mexicana de Derecho Constitucional. En concreta referencia a la inconstitucionalidad por omisión. 160. ya desde la doctrina judicial. encontramos el caso de Costa Rica. 105 y 128.3. del 18 de agosto de 1989 (Gaceta 166 del 1o. existen algunos antecedentes en el derecho comparado dignos de ser colacionados: En los textos constitucionales nacionales. “Le système constitutionnel de la Hongrie”.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
temática que proporciona material valioso dado que. p. vgr. se reformaron los artículos constitucionales 48. del 20 de agosto de 1949. por mayoría absoluta de sus miembros. La justicia constitucional europea ante el siglo XXI. como adelantábamos. Madrid. José Julio. incluyéndose en el artículo 10 de la Constitución que “corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar. aludimos al artículo 377 de la Constitución de la —desaparecida— República Socialista Federativa de Yugoslavia. Antal.. Ley XX-XII de 1989. Leyes XXXI de 1989 y XL de 1990. Asimismo.A. de la Constitución. julio-diciembre 2001. 5. Para ampliar respecto del funcionamiento del Tribunal Constitucional húngaro. Cuestiones constitucionales. en Hungría (artículo 32. núm.128. 2002. pp. es precisamente en el marco omisivo del Estado donde se verifican las mayores violaciones en materia de DESC. de septiembre de 1989) creó la Jurisdicción Constitucional.
fracción III)72 y. § 2). en los que si bien no existen expresas disposiciones constitucionales al respecto. apartado ‘d’)73 y. inciso 2). la Constitución de Tucumán (artículo 134. el artículo 73 de la mencionada Ley determina los casos en que corresponde la articulación de la acción de inconstitucionalidad. ha sido importante el despliegue de las correspondientes jurisdicciones constitucionales para controlar las omisiones legislativas relativas. letra ‘d’). fracción III.. incluyendo —ya en relación con el control de las omisiones inconstitucionales— especificaciones en los apartados ’a’. de enero de 2001. las “ma71 El texto reformado fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad del 18 de mayo de 2001. visualizándose ciertos antecedentes en las Constituciones de Tlaxcala. México.. Por conducto de las Constituciones estaduales en países de estructura federal. donde la figura es receptada explícitamente por la Constitución de la Provincia de Río Negro (concretamente. Por imperio del artículo 4o. pp. reformada en 2001 (artículo 81). inciso VI y 90. las disposiciones contenidas en el artículo 65. 76-83. recientemente. Por vía jurisprudencial. § 3). España e Italia. un tanto elípticamente. inciso 2. véase Bazán. y Argentina. Especial referencia a los casos de Brasil y Argentina”. y Santa Catarina (artículo 85. Inconstitucionalidad por omisión. pueden citarse los casos de en Alemania. y 65. y en función de las respectivas particularidades de cada uno de los sistemas de esos países. Víctor: “Hacia la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales: el control de las omisiones inconstitucionales. 73 Sobre el tema. pueden computarse los siguientes casos de: Brasil. de tal ley se dispone —en cuanto a lo que aquí interesa— que “la jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política” Específicamente.71 Veracruz (artículos 64. Temis. Bogotá. dentro de éstas. 1997. Río de Janeiro (artículo 162. § 4). 72 Cabe aclarar que. Austria.104
7. fracción III. San Pablo (artículos 74. en la Constitución del Estado de Chiapas. inciso XII. donde existen disposiciones relativas al control de las omisiones inconstitucionales en las Constituciones de algunos de sus Estados. es dable verificar —como he enseñado— la utilización de remedios unilaterales (que suponen la reparación inmediata de la omisión por la propia sentencia del Tribunal Constitucional. 41-108. vgr. vgr. Río Grande do Sul (artículo 95. cobraron vigencia el día 1o. en el artículo constitucional provincial 207. ‘b’ y ‘f’. con arreglo a lo dispuesto en el artículo transitorio cuarto de la Constitución. por ejemplo.135 (de 11 de octubre de 1989). en especial las pp. las “sentencias interpretativas“ y.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.433 de 2000. el retraso de los efectos de la sentencia para dar tiempo a la intervención del legislador y las “sentencias aditivas de principio” o las “sentencias delegación”). Alicante. el deber de ejercer cabalmente el control de constitucionalidad. 23. año 21. C-1. Díaz Revorio. y para anexar a lo dicho en otra parte de esta comunicación. e. Prieto Sanchís. las que declaran que la ley “todavía no es inconstitucional”. inter alia. 75 Se ha sostenido que uno de los rasgos característicos del método ponderativo radica en que con él no se logra respuesta válida para todo supuesto. en las Sentencias números C-543/96. núm. las “aditivas”).064 de 2001. y de remedios bilaterales (que generan la necesidad de colaboración entre el Tribunal Constitucional y el legislador. cuya Corte Constitucional va moldeando pretorianamente ciertas pautas referidas a las “omisiones legislativas”. lapartadoso de tiempo por que viene manteniéndose la inactividad del órgano silente. por caso. las “sentencias de apelación”. C-1. Doxa. Luis. Revista Española de Derecho Constitucional. margen de acción (o de inacción) del legislador o de la autoridad pública comprometida. espectro de posibilidades al alcance de la judicatura para disponer la efectividad de una solución material y financieramente posible.74 También. La interacción de tales ingredientes exigirá del magistrado en cada caso puntual un ejercicio de ponderación75 para articular una solución equilibrada que ni dé paso a una temeraria invasión jurisdiccional de sectores de atribuciones propios de otros poderes.
. Francisco J. connotaciones axiológicas del derecho alegado o de la situación jurídica contraria a la Constitución que la omisión genera. enero-abril 2001. la tarea judicial que lleve a definir si convergen o no los requisitos configurativos de la inconstitucionalidad por omisión (sobre todo. C-956/99. pp. en materia de DESC) no debería prescindir de un balance serio y realista de las diversas pautas en juego: normatividad y primacía de la Constitución. 180. 2000 p. las declaraciones de mera incompatibilidad o de inconstitucionalidad sin nulidad. núm. “Tribunal constitucional y positivismo jurídico”. ni obture la actuación judicial si el órgano competente margina arbitrariamente la vigencia de la supremacía constitucional al omitir sine die el cumplimiento de las imposiciones que le fueran dirigidas por la propia ley fundamental o. 61.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
nipulativas” y.. 85 y 86. más específicamente. Madrid. “El control de constitucionalidad de las omisiones legislativas relativas en el derecho comparado europeo”. sino sólo una preferencia relativa al caso concreto que no excluye una solución diferente en otro supuesto Cfr. por ejemplo. ya en tarea de desarrollo
74 Cfr. Simplemente. merece una mención el caso de Colombia.
con sus diversas variantes (vgr. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En relación con ello. 2001. fue establecida de modo infraconstitucional a través de
76 Alexy. pp. 6. En torno de la labor del defensor del pueblo En tren de computar herramientas para lograr la exigibilidad de los DESC. hasta la formulación judicial directa de lo ordenado por ésta. resoluciones aditivas). añadiendo que el espectro de sus posibilidades procesal-constitucionales se extiende desde la mera constatación de una violación de la Constitución. la idea que intentamos rescatar y auspiciamos con firmeza: la instalación definitiva en el seno de la Corte Suprema argentina (y en los tribunales inferiores) de la percepción consistente en que su atribución-deber de mantener incólume la supremacía constitucional.
. involucra no sólo el control constitucional sobre acciones eventualmente lesivas de aquélla sino también frente a las omisiones igualmente inconstitucionales. Tal institución se ha plasmado constitucionalmente (antes. y para finalizar con un ejemplo acerca de la manera de movilizar soluciones activistas para recomponer el principio de igualdad. quien remitiendo al repertorio jurisprudencial del Tribunal Constitucional Federal alemán (y dentro del marco de lo que el autor denomina “un modelo de derechos fundamentales sociales”) precisa que en modo alguno un Tribunal Constitucional es impotente frente a un legislador inoperante. 496 y 497. es útil traer a colación la enseñanza de Alexy.106
constitucional.76 Y en torno de tal problemática gira. precisamente. podría el Tribunal acudir al recurso a las sentencias interpretativas. Robert. legalmente) a aproximadamente diez años de la presentación del primer proyecto legislativo que postulaba su normatividad Es que. previamente a la reforma constitucional de 1994. para superar las omisiones anticonstitucionales relativas.. por medio de la fijación de un plazo dentro del cual debe llevarse a cabo una legislación acorde con la Constitución. Madrid. Teoría de los derechos fundamentales. Vinculado con ello. vemos que no podría descartarse la nutrida actividad del defensor del pueblo de la nación y su tarea de intermediación ante las autoridades públicas. excluya injustificada y discriminatoriamente a algunos de lo que en igualdad de circunstancias concede a otros.
recordatorios e informes para activar lo que se denomina la “magistratura de persuasión”. nota 7. cit..379. p. 284 —sancionada en fecha 1o. “El defensor del pueblo y su impacto en España y América Latina”.. ya que —como García Ramírez ha sostenido—78 la tutela jurisdiccional no es la única posible ni la única deseable.80
77 El primer defensor del pueblo de la nación fue Jorge L. p. 1994. pp.
. op. y de hecho lo hace. Allan. recomendaciones. “Hacia el fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos en el ámbito interno”. existiendo también una alusión a ésta en el aludido artículo 43. es el artículo 86 la norma que delinea los contornos de la figura. se ordenó la publicación de una fe de erratas. párrafo 2o. Maiorano. uno de los mecanismos de fortalecimiento de los medios de protección de los derechos fundamentales (además de la ampliación y la universalización de las declaraciones de derechos y de la expansión —o restricción— de las garantías judiciales).79 Como puntualiza Brewer-Carías. esto es.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
la Ley Nacional núm. el ombudsman puede intervenir. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 80 Brewer-Carías. Ya en el plano constitucional. 454 y 455. lo que se concretó el 25 de octubre del mismo año.284. En ese campo. los días 11 y 12 de octubre (siempre de 1994). acordándole legitimación activa en el marco del amparo colectivo. Pareciera que con el defensor del pueblo se abre un abanico de posibilidades pues puede encaramarse como un útil instrumento no jurisdiccional en procura de la protección de los DESC (sin perjuicio de su posibilidad de articular acciones judiciales al estar dotado —como vimos—de legitimación procesal). 24. Le sucedió a Eduardo Mondino. de diciembre de 1993—. cit. 135. ibidem. y promulgada y publicada. Al momento de entrar en vigor la reforma constitucional. con las modificaciones introducidas por la Ley Nacional número 24. 79 Gil Robles. Antología básica en derechos humanos. San José de Costa Rica. Además.77 Actualmente rige en el orden subconstitucional aquella Ley Nacional número 24. 78 García Ramírez.. 29. recién lo hizo el 17 de octubre de 1994. Ésta fue sancionada el 28 de setiembre de 1994. Sergio. respectivamente. Álvaro. a través de advertencias. op. quien accedió al cargo el 28 de diciembre de 1999 y a la fecha continúa al frente del organismo. que reguló su funcionamiento y organización. es el desarrollo de garantías institucionales de los derechos humanos derivadas de la creación de la figura del defensor del pueblo. quien —habiendo sido designado el 22 de junio de 1994—. la institución aguardaba que asumiera su primer titular.
“El defensor del pueblo de la nación argentina: descripción de la figura. con lo cual. creemos (así lo he sostenido)82 que sí se encuentra debidamente facultado. 152-154. Universidad de Talca. 2001. lo que podría resultar útil no sólo por el efecto directo de la reclamación (iniciar un procedimiento para que se investigue la posible violación sistemática o particular de un determinado “sector” de derechos humanos) sino también por el indirecto. pp. peticionar o denunciar ante la Comisión. y en la medida en que dicha situación comportara una vulneración de derechos y/o garantías contenidos. 2001. 82 Por ejemplo. Es que nada se descubre al manifestar que la protección de los derechos humanos no puede quedar agotada o circunscripta al ámbito interno de los Estados. Breviarios de la Universidad Católica de Cuyo. 1. en tanto el hecho de dejarlo “en evidencia” en sede internacional podría operar como medio inductor para que el Estado asuma y satisfaga las obligaciones a su cargo y evite acarrear con las consecuencias del desprestigio que supone una imagen negativa apareciendo ante la opinión pública internacional como país “incumplidor” en materia de derechos humanos.81 Si bien se trata de una cuestión discutida. Chile. vgr. En puridad. constate la lesión y. pues algunos autores han sostenido que resultaría inviable acordar legitimación en tal sentido al defensor del pueblo fundándose en la improcedencia de que distintos órganos del mismo Estado aparezcan enfrentados en un nivel supranacional. Víctor. para articular cuantos resortes sean necesarios (tanto en el contexto interno como en el internacional) en orden a lograr la efectividad de su cometido constitucional en pro de la tutela de los derechos humanos. San Juan. núm. en su caso y previo cumplimiento de los trámites normativos de rigor y las etapas investigativas y conciliatorias pertinentes. plantee la cuestión ante la Corte Interamericana.. 31. Actualidad.108
Pero la potencialidad de dicha institución no se agota en el orden interno. sino que también puede constituirse en un interesante vehículo para plasmar reclamaciones ante las instancias internacionales. 123-182. en Bazán. año VII. Víctor. recepta suficiente legitimidad para comunicar. núm. Diseño constitucional y legal de la figura del defensor del pueblo en el orden federal argentino. Ius et Praxis. requiriendo su intervención para que merite la violación. en la CADH o el Protocolo de San Salvador. siempre en el ámbito de su mandato. Prospectiva”.
. en especial pp. año 8. para el supuesto que el ombudsman no lograra satisfacción tuitiva en el marco doméstico. no encontramos óbice alguno en el artículo 44 de la
81 Véase Bazán.
de mayo de 2001). y como modo de graficar cuanto aquí expusimos con referencia a la necesidad de valorar y potenciar su actividad. defensor del pueblo de la nación). que a la sazón se constituyó en útil instrumento (bien que indirecto) para superar una suerte de omisión inconstitucional por parte de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4 de junio de 2003. el defensor del pueblo planteó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos Aires.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
CADH ni en el artículo 23 del Reglamento de la Comisión. utilización en el derecho comparado y demás connotaciones y características del Instituto. estratégicamente no dejaría de ser provechoso formalizar una presentación para intentar que la Comisión igualmente tomara dicha información en los términos del artículo 24 de su normativa reglamentaria. en representación de alrededor de 65. En octubre de 1996. y si en uso de una visión restrictiva se le pretendiera negar la legitimación a la que aludíamos en párrafos anteriores. Asimismo. Ello sentado. Víctor: “El amicus curiae.83 que haga pensar que está vedada al Defensor del Pueblo la posibilidad de formalizar presentaciones.000 jubilados y pensionados beneficiarios del sistema previsional argentino. 85 Los mencionados recursos extraordinarios fueron interpuestos contra las sentencias de la Cámara Nacional de la Seguridad Social que había acogido las peticiones de reajuste en sus haberes articuladas por numerosos integrantes del sector pasivo. Lexis Nexis.
. pautas. denuncias o comunicaciones ante dicho órgano. celebrado del 7 al 25 de octubre de 2002. parece conveniente recrear una situación peculiar (—inter alia— en torno del derecho a la seguridad social) que se configuró hace algunos años en nuestro país y que tuvo por protagonista principal a tal figura. como hipótesis de mínima.85 la que —al no resolver las causas— incurría en una flagrante y ostensible denegación de justicia. su incidencia en el debate judicial y la discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad”. manifestó que:
83 Aprobado por la Comisión en su 109 periodo extraordinario de sesiones celebrado del 4-8 de diciembre de 2000 (para entrar en vigor el 1o. 3-24. y modificado en su 116 periodo ordinario de sesiones. cuyos derechos –sostuvo– se veían frustrados con motivo de los recursos extraordinarios articulados por un ente descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional (se refería a la ANSES: Administración Nacional de Seguridad Social) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como resultas de su actuación. y eventualmente actuara motu proprio. el propio Maiorano (en ese momento. Jurisprudencia Argentina. remitimos a Bazán. pp. asume habilitación funcional para intervenir en calidad de amicus curiae84 y. 84 Para un análisis con mayor grado de detalle acerca de la evolución.
Toledo. mostrar en líneas generales una jurisprudencia permeable a las obligaciones asumidas internacionalmente. véase Bazán.. la Corte Suprema de Justicia de mi país resolvió una actuación de aquellas que se encontraban pendientes.)”. en especial pp. La Ley.. Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos”. 301.87 dirimida por la Corte el 27 de diciembre de 1996. es claro que en la esfera de los DESC se impone la necesidad concreta de que la República Argentina ratifique el Protocolo de San Salvador. Buenos Aires. Acogió las pretensiones de los actores e hizo lugar a los reajustes pretendidos.
. hoy podemos exhibir. El Estado argentino y la necesaria ratificación del Protocolo de San Salvador Ya desde otro perfil. 1593.
86 Véase Maiorano. Como lo sostengo en el Informe Anual de la Institución correspondiente al año 1996. por ejemplo en: “Administración de justicia y defensor del pueblo”. p. p. “Defensoría del pueblo de la nación (camino se hace al andar. nuestra contribución a la solución del problema planteado desde hacía cuatro años.86
Aludía a la causa “Chocobar. Jorge L. por ejemplo. sentando un criterio válido para las 65.000 restantes. op. 319:3241.110
dos meses y dieciocho días después de aquella presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. y adecuar su normativa a las imposiciones de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte Interamericanas). Víctor. cit. 87 Fallos... 7. al brindar valía constitucional a una serie de tratados sobre dicha materia. 88 Para compulsar las dispares interpretaciones doctrinarias que generara la actitud del Defensor del Pueblo a partir de su decisión de acudir a una instancia internacional denunciando al Estado argentino. a través de la excitación por parte del ombudsman de un resorte transnacional de protección de los derechos humanos. 152-155.88 El caso relatado bien puede ser recordado como un modo indirecto de urgir un pronunciamiento jurisdiccional. 14-16 de abril de 1997. con legítimo orgullo. Memoria del II Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo. t. lo que constituye una asignatura pendiente de nuestro país y que marcha a contrapelo de la tendencia que éste registra en la órbita del derecho internacional de derechos humanos. para salvar una omisión anticonstitucional. 1997-E. por cierto no menos importante.
Así lo establece la mejor doctrina de inter pretación del dere cho de los tratados o de cualquier dispo sición de derechos humanos. cabe recordar que la CADH contiene sólo un precepto sobre los derechos económicos. específicamente. Para comenzar. el apartado 98 del informe). del Protocolo dispone que las medidas adoptadas por los estados partes deben lograr progresivamente. por lo que si el artículo 1o. V.89 Hacia tal hermenéutica transporta la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. cuyo artículo 18 prevé la obligación del Estado o de una organización internacional de abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor. la plena efectividad de los derechos que aquél consagra. LOS DESC ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO 1. tanto en el nivel interno como mediante la cooperación internacional. existe al menos la obligación mínima para el Estado argentino de no imponer reglas en contra de dicho instrumento internacional. bajo el epígrafe de desarrollo progresivo. al haberlo firmado el 17 de noviembre de 1988.
. la Carta de la OEA y el Protocolo de San Salvador. que ojalá no sea muy lejana. sociales y culturales. pareciera que los ejes sustanciales de la protección de los DESC en el ámbito interamericano se centran en el papel de la Comisión y la Corte Interamericanas y la interpretación dinámico-evolutiva e interrelacionada del contenido normativo de la DADDH.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Sin perjuicio de ello. Consideraciones introductorias Básicamente. Informe número 100/01. y aún cuando no lo hubiese ratificado. especialmente económica y técnica. Se trata del artículo 26 que. la CADH.90 Tal cuadro de si tuación genera un umbral de obligación mínima del que el Estado no puede escapar en el interregno hasta la fecha de ratificación del Protocolo. Nicaragua. no podrían los estados crear leyes o interpretarlas de manera que representen un retroceso. dispone que los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias. 90 Referencia normativa también volcada por la Comisión en el Informe mencionado en la nota anterior (véase apartado 99 del mismo). 11 de octubre de 2001 (compulsar. y de acuerdo con la legislación interna. para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que
89 Véase al respecto lo determinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de “Milton García Fajardo y otros”.
En el supuesto de que lo sea. por los Protocolos de Cartagena de Indias —1985—. dando así comienzo el procedimiento con-
. decisión cuyos alcance y naturaleza variarán según si el denun ciado es o no par te de la CADH. establece un sistema de denuncias que pueden formular personas. 62 y concorados de la CADH). sociales y sobre educación. además del de Buenos Aires. Retomando el hilo argumental vemos que la la Convención. Ciertamente. fue en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires. desplegándose tal catálogo preceptivo entre los artículos 30-52. en los artículos 43 y 44 estaban contenidas las sociales y. sociales y educacionales. como así también los estados partes que hayan recono cido la competencia de la Comisión a esos efectos (comunicaciones estatales). Washington —1992— y Managua —1993—). siempre que el Estado denunciado haya acepta do la competencia obligatoria de dicho Tribunal (cfr. por vía legislativa u otros medios apropiados. la Comisión debe adoptar una decisión sobre el caso de que se trate. en el capítulo 7 de su Primera Parte han quedado aglutinadas las disposiciones sobre el particular bajo el rótulo de “Desarrollo integral”. Mediante el Protocolo suscripto en tal ciudad argentina se incorporaron a la Carta de la OEA ciertas normas amplias sobre derechos económicos. ciencia y cultura. Ya con la composición normativa actual de la Carta (es decir. artículos 50. 1967) donde se aprobó la incorporación a la Carta de la OEA de dichas normas amplias sobre derechos económicos. fundando sus conclusiones y formulando recomendaciones al Estado denunciado. la Comi sión o el pro pio Estado in vo lu cra do po drán re mi tir la cuestión a la Corte Interamericana. en la medida de los recursos disponibles. 61. abastecidos los requisitos y condiciones de admisibilidad de las peticiones o comunicaciones (artículo 46 de la Convención) y luego de la tramitación procedimental correspondiente. por último. sociales y educacionales. en su artículo 44. del artículo 45-50 se encontraba el continuo de preceptos sobre educación. contenidas en la Carta de la OEA. las que se distribuían de la siguiente manera: entre los artículos 29-42 se extendían las cláusulas económicas. grupos de personas o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más estados miembros de la OEA (derecho de petición individual). con las reformas introducidas. 51.112
se derivan de las normas económicas. ciencia y cultura. Simplificando al máximo la descripción del sistema. y como se pone de manifiesto en el párrafo final del Preámbulo de la CADH.
sociales y culturales frente a los órganos de protección del sistema. reiteramos que en 1988 la OEA aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos. y que ella haga lo propio ante la Corte.ed. el autor citado matiza su crítica percepción al poner de manifiesto que una adecuada interpretación del efecto procesal del Protocolo en cuanto a la protección de los artículos 8. el artículo 19. llamado Protocolo de San Salvador. cuando se trata de violaciones a la libertad sindical (artículo 8.1. aludiendo
91 Urquilla Bonilla.6 autoriza el procedimiento de peticiones individuales previsto en la Convención Americana. sociales y culturales en el contexto de la reforma al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19. al habilitar expresamente la competencia de la Comisión y la Corte para conocer de la violación a los artículos 8. Carlos Rafael.htm
. Sociales y Culturales. Urquilla Bonilla ha dicho que el aludido Protocolo no llena ningún vacío en el sistema interamericano y sólo genera alguna confusión en cuanto a la exigibilidad de los derechos económicos.91 Sin embargo. supondría alegar ante la Comisión la violación de los derechos genéricamente reconocidos en el artículo 26 de la Convención. que entrara en vigor el 16 de noviembre de 1999. la segunda. Tal Protocolo.cr/..’a’ y 13 del citado Protocolo. la primera sería invocar ante la Comisión la violación de cualquiera de esos dos artículos. diseña un sistema de informes periódicos de los Estados y. para la protección de los derechos allí contemplados. ibidem y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes). en todos o en algunos de los estados partes. Por su parte. ahora..’a’ y 13 indica que. como litigante ante los órganos del sistema. trabajo consultado en: www. 66-69. impidiendo que dicha competencia se extien da hacia los restantes artículos (cfr. se cuenta con dos vías de protección: la inmediata y la mediata.1. y para empalmar con lo expuesto en párrafos anteriores. su artículo 19.6. citado artículo 19.6 del Protocolo).EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
tencioso en el marco de este último (artículos 63.7 del Protocolo faculta a la Comisión Interamericana a formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los DESC establecidos en el Protocolo. según lo considere más apropiado.iidh./docs/pedagogicasespecializado. Los derechos económicos. pudiendo incluirlas en el informe anual a la Asamblea General o en un informe especial.1.‘a’) o al derecho a la educación (artículo 13). Asimismo.
está sujeta a las normas de interpretación del artículo 29 ibidem.114
en específico a la alteración del derecho contemplado en el artículo 45. Según tal autor. se de be per mi tir. sociales y culturales. en ello radica el verdadero valor del Protocolo referido. Idem. no se puede excluir a los derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29. Idem. sociales y culturales. toda vez que la pretensión procesal se configure. existe la posibilidad ratione materiæ de que tanto la Comisión como la Corte se pronuncien en casos contenciosos por violación de derechos económicos. a for tio ri. sociales y sobre educación. por ser una norma que reconoce DESC. y las normas sustantivas del Protocolo de San Salvador. Idem. y por lo tanto. son inherentes a todos los seres humanos.94 Por último.95
Idem. su interpretación también sobre la base de actos internacionales de indiscutible naturaleza vinculante. la DADDH contiene referencias específicas a derechos económicos.‘c’ de la Carta de la OEA. asimismo. en su sustrato jurídico. mediante la invocación del artículo 26 de la Convención (como causa genérica) y los artículos correspondientes de la Declaración Americana. y tampoco se puede excluir o limitar el efecto que pueda producir la DADDH y otros actos internacionales de la misma naturaleza (artículo 29.92 Más adelante. señala que desde el punto de vista de la competencia de los órganos del sistema. sólo para poner un ejemplo. ciencia y cultura (hoy “Desarrollo Integral”) de la Carta de la OEA.’d’ de la Convención). como las normas del Protocolo de San Salvador. y que ésta razonara de igual modo ante la Corte Interamericana.93 Añade que los DESC. sin discriminación alguna.
. la Carta de la OEA o el Protocolo de San Salvador (como motivo específico). sostiene que no puede olvidarse que el artículo 26 de la Convención. de un modo genérico. ya que ahora el artículo 26 de la CADH se puede interpretar y complementar por 3 vías: la Declaración Americana. por ser derechos humanos.`c’ de la Convención). las normas económicas. vale decir que si se autoriza la interpretación de la Convención sobre la base del efecto que pueda producir la Declaración Americana y cualquier otro acto in ter na cio nal de la mis ma na tu ra le za. en su interpretación y posterior aplicación.
143 y 144. y luego de señalar que el Protocolo contiene obligaciones generales para la adopción de medidas (artículos 1o. por vez primera la Comisión encontró violación del artículo 26 de la CADH. op. 100/01. señala que tales obligaciones pueden ser proyectadas hacia o contempladas desde diversos derechos consagrados en el Protocolo.381. p. tema que aborda el artículo 5o. bajo el lente que suministran los artículos 8o. lo que también ocurriría con la regla de interpretación que rechaza las restricciones de derechos reconocidos en la legislación interna o en convenciones internacionales bajo el pretexto de que el Protocolo no los reconoce o lo hace en menor grado (artículo 4o. si ella se aplicara en puntos concernientes a la libertad sindical o a los derechos vinculados con la educación. cabe reflexionar sobre al gu nas hi pó te sis en que pu die ra plan tear se un pro nun ciamien to so bre temas recogidos en otros preceptos. cit. Sergio. de fecha 11 de octubre de 2001 —sobre el fondo—). en el caso “Milton García Fajardo y otros c/ Nicaragua” (Informe núm. Praxis en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos A. exclusivamente cuando lo haga ineludible o indispensable la conexión lógica entre aquéllos y éstos. y 13. para quien no obstante que el Protocolo sólo prevé explícitamente la justicia ante la Corte de las violaciones a los artículos 8o. 143.
. y 13. entiende que difícilmente la Corte podría ignorar aquellas obligaciones generales. acota que la Corte podría pronunciarse sobre restricciones o limitaciones indebidas adoptadas por medio de actos calificados como leyes. Idem.—. exactamente como sucede en la operación de la CADH y.98 2. Ibidem. pp. precisa que el Tribunal podría entrar al conocimiento de casos de discriminación —prohibida por el artículo 3o.). y 2o. así. Caso 11.97 Finalmente. La Comisión Interamericana Hasta donde llega nuestra información.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Es ciertamente interesante reseñar la visión de García Ramírez..96 Desde tal perspectiva. por último.).
Del engarce de los contenidos de la DADDH (en cuanto a los derechos de toda persona al trabajo. de allí.116
En cuanto a la progresión fáctica desencadenante de la situación que generó el Informe en comentario. en el que la Comisión declaró admisible una denuncia por falta de provisión de medicamentos a pacientes de SIDA. Se alegaba que. la Comisión consideró que los derechos económicos de los trabajadores aduaneros entran en el marco de la protección de los derechos económicos.249. el descanso y la seguridad social —artículos 14. Finalmente. de quienes dependían económicamente más de 600 familiares. estimó que las violaciones por parte de Nicaragua determinaban los perjuicios económicos y postergaban los derechos sociales de los peticionarios (apartado 95).
. aunque (a la fecha del pronunciamiento de la Comisión) tal Estado aún no lo había ratificado. quedaron desempleados 142 trabajadores de Aduanas. respectivamente—) y del Preámbulo de la CADH (parte in fine). de los cuales más de la mitad eran niños. valga recordar que el 7 de junio de 1994 la Comisión recibió una petición en la cual se denunciaba el error judicial contenido en la Sentencia número 44 sobre el recurso de amparo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. no deja de ser importante que sí se haya declarado admisible la petición que se interna en el radio de acción y cobertura de derechos básicos que imbrican directamente en la dignidad humana. 15 y 16. buscó reducir sus derechos. como consecuencia de las arbitrariedades cometidas por las autoridades administrativas y judiciales. en esta breve reseña no podría omitirse una rápida mirada al caso “Jorge Odir Miranda Cortez c/ El Salvador” (Informe número 29/01. Además. ocasionándoles perjuicios graves en sus derechos económicos y sociales. Asimismo. el que fue firmado por Nicaragua. sociales y culturales tutelados por el artículo 26 de la CADH y que las violaciones de los derechos de los trabajadores eran claras cuando se habla de los principios de legalidad y retroactividad. En relación con lo que interesa específicamente. 7 de marzo de 2001 —admisibilidad—). la del Protocolo de San Salvador. Caso 12. pareciera que la Comisión encontró la razón de ser del artículo 26 de la CADH y. sintetiza su parecer expresando que en el presente caso el Estado nicaragüense. Si bien no existe aún decisión final sobre el particular. así como de la protección de las garantías judiciales. en vez de adoptar medidas de desarrollo progresivo en beneficio de los trabajadores aduaneros.
y al resolver los casos “Villagrán Morales” y “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”. la Corte —al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— cataloga a los tratados de derechos humanos como “instrumentos vivos”. op. 150. Resulta importante el criterio hermenéutico que viene desarrollando el Tribunal. pautas aplicadas por ejemplo en la OC-16/99. aunque como se ha observado. la integridad. cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. y “Baena. ha comenzado a examinar derechos de otro tenor e incluso ha incursionado en ámbitos donde entran en juego derechos de contenido económico. La Corte Interamericana Según la información a nuestro alcance. sí ha realizado análisis interesantes al amparo de la CADH y si bien con mayor frecuencia se ha concentrado en derechos vinculados con la tutela de la vida..EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
B. será dividida en dos sectores de análisis: el de la jurisdicción consultiva y el de la jurisdicción contenciosa. cit. En torno del tema. p.
Cfr.99 En otras palabras. Cfr. Ricardo y otros” (véase infra). García Ramírez. op. “El derecho a la información sobre la asistencia consular”. en algunas resoluciones recientes ha interpretado ciertos derechos civiles y políticos en “clave social”. Urquilla Bonilla. tanto en el marco de su jurisdicción consultiva como en el de la contenciosa. cit. en relación con la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. social o cultural o bien proyecciones de tal carácter en controversias sobre derechos civiles y políticos. La problemática por tratar en lo que sigue. la libertad y el acceso a la justicia. en “Villagrán Morales”. examinándose en el interior de esta última los casos sobre el fondo de la cuestión y las atinentes a reparaciones. hasta el presente la Corte no ha tenido ocasión de interpretar y aplicar directa y específicamente las normas del Protocolo de San Salvador al conformar su jurisprudencia contenciosa. y básicamente sobre la aplicación de las reglas generales de interpretación de los tratados consagradas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (de 1969). Carlos Rafael.100 por ejemplo. Sergio.
con la consecuente prohibición de medidas discriminatorias y. Sergio. o en sentido material. este asunto puede considerarse —como en efecto ha ocu rrido— desde la perspectiva de la igual dad de to das las personas ante la ley. y la CADH (artículos 17. desde el perfil de la igualdad de género. fue solicitada por el Gobierno de Costa Rica acerca de la propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. en cuanto a si se refiere a leyes en sentido formal —norma jurídica emanada del Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo. A). (Ser.
. Esta acepción corresponde plenamente al contexto general de la Convención dentro de la filosofía del Sistema Interamericano. cit. entendida como lo ha hecho la Corte. la consulta sometida a la Corte giraba en torno del alcance de la expresión “leyes” utilizada en el aludido artículo 30 de la CADH. con las formas requeridas por la Constitución—. (Ser.. Sólo la ley formal. emanados del Poder Legislativo democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo.101 b.D. En concreto. número 6 (1986)].4. Jurisdicción consultiva a. tiene
García Ramírez. como sinónimo de ordenamiento jurídico. p. La OC-4/84 Emitida el 19 de enero 1984 [Corte I. en general. La OC-6/86 Expedida el 9 de mayo 1986 [Corte I. Básicamente. en el párrafo. ya en particular. prescindiendo del procedimiento de elaboración y del rango normativo que le pudiera corresponder en la escala jerárquica del respectivo orden jurídico (párrafo 7). A).118
C. la Corte sostuvo que
las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos normativos enderezados al bien común. op. a la Corte se le preguntó si existía alguna incompatibilidad entre las reformas a la Constitución costarricense que se proponían (artículos 14 y 15). que constituye uno de los capítulos clásicos del derecho social. número 4 (1984)]. Sobre el tema.H.D. 147. 35 de su parecer. 20 y 24).H. sobre la problemática de la expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. a solicitud del Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Como apunta García Ramírez. específicamente.
es necesario perfilar las características del acto jurídico que las impone. A). social y cultural. la norma en cuestión debe satisfacer las más rigurosas exigencias.
Específicamente. sobre la interpretación de la DADDH en el marco del artículo 64 de la CADH. se ha dicho que en tanto en el sistema convencional americano se permite a la ley adoptar ciertas restricciones y limitaciones a los DESC.
. y como se trata de reducir la extensión o la profundidad de los derechos humanos. es evidente que las reflexiones de la Corte acerca de la CADH pueden trasladarse al mencionado Protocolo.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención. requerida por el gobierno de la República de Colombia. párrafo.D. 147 y 148. 148. la Declaración es el texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la Carta” (aludido párrafo 45). (Ser.
Con lucidez. ceñida al bien común. circunstancias. acerca
Ibidem.102 c. número 10 (1989)]. La OC-11/90 Emitida el 10 de agosto 1990 [Corte I. entre ellos figuran los de carácter económico. Ibidem. el Tribunal opinó que
la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general.103 d. y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes (cfr. y por unanimidad.H. emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos. pues cuando en ésta se dice que “para los Estados Miembros de la Organización. de donde se extrae la importancia de la consulta evacuada por el Tribunal y que aun cuando al momento de hacerlo no se contaba aún con el Protocolo de San Salvador. (Ser.H.D. p. 38). y solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A). todas. La OC-10/89 De fecha 14 de julio 1989 [Corte I. García Ramírez resalta la importancia de esta opinión consultiva. pp. número 11 (1990)].
La OC-16/99 De 1o. entre otras afirmaciones. p. A).2. 149.H. añadiéndose que el propósito de tal trato diverso no es la discriminación entre los justiciables sino lo contrario. que impone un tratamiento procesal desigual a quienes son efectivamente desiguales por motivos ajenos al proceso mismo. derivados de datos jurídicos y sociales que suelen entrañar desequilibro entre los nacionales del Estado que detiene y juzga y los extranjeros sujetos al mismo régimen punitivo más desprovistos de ciertos medios para desenvolverse adecuadamente en él.105 En definitiva. acerca del derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. ‘b’ de la CADH).120
de las excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículo 46.1. que para que exista “debido proceso legal” es necesario que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (párrafo 117) y que. esto es. pp. discursivamente se preconcibe una situación de desigualdad o discriminación. que decide afrontar la Corte precisamente esgrimiendo. 46. Añade que la presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la
Ibidem. la eliminación de discriminaciones que pudieran provenir de las diferencias sociales.
.2. apuntamos que la referencia a la presente opinión consultiva obedece —como se precisara— a que la revisión que en ella se realiza acerca del debido proceso legal y del derecho a la información sobre la asistencia consular se vinculan con un estado de desvalimiento o desventaja del justiciable. peticionada por los Estados Unidos Mexicanos. Ibidem. 149 y 150. de octubre de 1999 [Corte I. Brevemente.‘a’ y 46. económicas o culturales. (Ser.D. para alcanzar sus objetivos. Se ha expresado que lo que en el caso se examinó fue el tema de la “igualdad por compensación”. el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia pues es de este modo como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación (párrafo 119).104 e. número 16 (1999)].
que se vislumbra también en la OC-11/90 (véase supra). f. ampliamente reconocidos en diversas vertientes del procedimiento. solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. sino que comprende también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas (apartado 7) y la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos. acerca de la condición jurídica y derechos humanos del niño. los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. entre ellas. los jueces Cançado Trindade y García Ramírez formularon votos concurrentes. El respeto del derecho a la vida. establecidas en el artículo 4o. la de la privación arbitraria. determinó por seis votos contra uno106 que (párrafo 137):
El principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los niños. Tal lo anunciado. subyace aquí la percepción de la Corte en relación con la “igualdad por compensación”. La OC-17/2002 De fecha 28 de agosto de 2002.
106 Se planteó una disidencia por parte del juez Jackman. entre ellos los económicos. Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño (apartado 8). sociales y culturales. Como puntos definitorios vinculados con la temática abordada en este relato. Este trato debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños (apartado 3). difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas (mismo párrafo). de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además. abarca no sólo las prohibiciones. en relación con los niños.
. ya que si no existieran esos medios de compensación. que les asignan diversos instrumentos internacionales.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
defensa eficaz de los propios intereses.
op. la consideración relativa a que el principio de igualdad ante la ley. como caras diferentes de una sola medalla”. y más allá del pulcro análisis que la Corte realizó acer ca de los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res mi gran tes indocumentados. todo lo que —agregué por mi parte— pone en contacto con la compleja cuestión de la Drittwirkung o eficacia horizontal de los derechos y las garantías constitucionales. pertenecen al ius cogens (párrafo 101). Como con acierto se ha puntualizado. Desde nuestra óptica. sociales y culturales. “ejemplo de la cercanísima conexión e incluso de identidad entre ambos.
. ya en el marco de su jurisdicción contenciosa. o. deparando algunas consideraciones de gran relevancia como la relativa a que la verdadera y plena protección de aquéllos significa que puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos. Sergio.. OC-18/2003 De fecha 17 de septiembre de 2003. en otras palabras. en el caso particular. con relación a los derechos del niño. pueden genéricamente identificarse como salientes las siguientes pautas de la opinión en análisis: La delineación del principio general y básico de la igualdad y la no discriminación. que les asignan diversos instrumentos internacionales. solicitada por los Estados Unidos Mexicanos acerca de la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. el artículo 19 de la CADH (que la Corte también analiza. y el señalamiento consistente en que todo tratamiento discriminatorio respecto de la protección y el ejercicio de los derechos humanos genera responsabilidad internacional de los Estados (párrafo 96). entre ellos los económicos. igual protección ante la ley y no discriminación.
García Ramírez. p. esfuerzo analítico que trae como consecuencia entender que aquel principio acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados miembros de la OEA y generan efectos con respecto a terceros. entre los derechos civiles y los sociales. 151. cit. inclusive particulares (párrafo 110).122
Continúa la Corte de tal manera transitando el camino interpretativo de diversas pautas relacionadas con los DESC. en el caso “Villagrán Morales” —véase infra—) es uno de los grandes puentes entre la Convención y el Protocolo de San Salvador.107 g.
generalmente los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. que igualmente se visualiza en las OO. sobre la “Condición Jurídica y los Derechos de los Migrantes Indocumentados”. Es interesante la consideración del Tribunal al tratar el derecho a la vida. y —ya en palabras de García Ramírez— al analizar la proyección de ciertas normas internacionales y políticas públicas sobre los derechos económicos y sociales de los trabajadores migratorios.
. Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado. respecto del cual. Jurisdicción contenciosa a.-11/90 y 16/99 (véase supra). entre otros aspectos porque —como lo sostiene Cançado Trindade en su voto concurrente y además de todo lo referido precedentementeg la Corte es pionera al ser el primer tribunal internacional en pronunciarse. y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales). enfocándolo como tema central. manifestó que
108 Así lo anunciaba —de modo premonitorio— en su trabajo reiteradamente citado aquí (véase p. en cuanto a que el debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona. independientemente de su estatus migratorio). en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes). La opinión consultiva que comentamos es sumamente importante. La sentencia (sobre el fondo) fue emitida el 19 de noviembre 1999. Esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado (párrafo 112)
y la reiteración referencial a la denominada “igualdad por compensación” (véase el párrafo 121. Resoluciones sobre el fondo “Villagrán Morales y otros” (caso de los ‘niños de la calle´) c/ Guatemala.108 C. 150).CC.
García Ramírez. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y.. Carlos Rafael. el deber de impedir que sus agentes atenten contra él (párrafo 144). no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente. los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria. sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.
.es un derecho humano fundamental.109 Además. cit. estricta o tradicionalmente. como los ´niños de la calle´. privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el ‘pleno y armonioso desarrollo de su personalidad’. y al aludir a las condiciones que garantizan una existencia digna. todos los derechos carecen de sentido. op. Sergio. Urquilla Bonilla. y hasta contra su propia vida (párrafo 191). el derecho fundamental a la vida comprende. De no ser respetado. y en ella subyace la necesidad de valorar la vigencia y la exigibilidad de los derechos económicos. como bien aclara García Ramírez.
La reflexión es trascendente porque. cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.110 Es igualmente valiosa la apreciación del Tribunal en relación con el artículo 19 de la CADH. un derecho que se relaciona con la calidad de la vida.. En esencia. En primer lugar. atentan contra su integridad física. Cfr. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida. sociales y culturales. en particular. los hacen víctimas de una doble agresión. psíquica y moral. cit. p. En segundo lugar. no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece. 151. la Corte realiza una invocación cualitativa acerca del análisis que debe imperar en relación con el derecho a la vida.124
. en esos términos. op. esto coloca al lado del derecho a la vida.. los derechos de los niños en situación de riesgo. al comenzar resaltando la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo y rematar luego manifestando que
…cuando los Estados violan.
sin referirse al artículo 26 y su interpretación e integración por medio de una diversidad de fuentes. Sergio. Urquilla Bonilla. A modo de visión crítica de la percepción trasuntada por la Corte. ejemplo de la proximidad e incluso identidad entre ellos. del Protocolo de San Salvador. relativa al “Cumplimiento de Sentencia”. cit. op. y si bien se excusó de aplicar el Protocolo de San Salvador. reformada por los Protocolos de Buenos Aires. de la CADH y 8. Carlos Rafael. el Tribunal analizó la libertad de asociación en relación con la libertad sindical. y como verifica García Ramírez. Ricardo y otros” (270 trabajadores c/ Panamá). Al solo efecto informativo. como afirma García Ramírez. cit. Para finalizar. se ha sostenido que si bien tuvo la oportunidad de tratar el tema de las libertades sindicales. 113 Cfr.3.113 Por lo demás. en especial las normas relativas al desarrollo integral contenidas en la Carta de la OEA. tras el artículo 16 de la CADH —que aplica la Corte— se hallaban los elementos que con mayores amplitud y detalle suministra el artículo 8o. lo realizó —pese a la potestad implícita que tiene para corregir los errores u omisiones de derecho en que incurran las partes. Cartagena de Indias. La sentencia (fondo) fue proferida el 2 de febrero de 2001112. op. para lo cual invocó consideraciones atinentes a los instrumentos de la OIT y de resoluciones emanadas de ella. en fecha 22 de noviembre de 2002.
. Por su parte. entre los derechos civiles y los derechos sociales..111 “Baena. dejó claramente sentado el deber que tiene el Estado firmante de aquél y que aún no lo haya ratificado. de abstenerse de realizar cualquier acto contrario al objeto y el fin del Protocolo incluso antes de su entrada en vigor. incisos 2 y 3.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Y como hacíamos notar en otro tramo de este trabajo. p. evocamos que la Corte emitió una nueva resolución. que se desprende del principio iura novit curia— por la vía del derecho de asociación contemplado en la CADH. del Protocolo que habría sido aplicable si los hechos
García Ramírez. Washington y Managua. al examinar y concluir la Corte que hubo violación del artículo 19 de la CADH justamente puso de manifiesto y empleó uno de los trascendentes “conectores” entre la mencionada Convención y el Protocolo de San Salvador o. 151. poniendo de manifiesto la correspondencia normativa entre los artículos 16.
García Ramírez. entre otros.116 Sirviéndose del concepto de interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales [como lo hiciera por ejemplo en la OC-16/99 y al resolver el caso “Villagrán Morales”] y tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables en los términos del artículo 29 ‘b’ de la Convención. cit. 152. ya analizada en otros casos desde la óptica clásica. Sergio. una de las pautas de condena al Estado consistió precisamente en la obligación de éste de adoptar en su derecho interno. vista a través del derecho al uso y goce de bienes. los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. ya que como producto de la costumbre.115 Puede apreciarse que la Corte ensayó diversas apreciaciones en torno del derecho indígena.126
se hubiesen producido con posterioridad a aquella fecha en la que efectivamente acaecieron. administrativas y de cualquier otro carácter que fueran necesarias para crear un
García Ramírez. En ese sentido. es de resaltar que adquiere suma importancia que el Tribunal haya aludido a que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debía ser tenido especialmente en cuenta. la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carecieran de un título real sobre la propiedad de aquélla obtuvieran el reconocimiento oficial de ella y el con siguien te re gistro (pá rra fo 151).. op. mas referida específicamente a la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos planteada por Nicaragua. Sergio. la Corte estimó que el artículo 21 de ésta “protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende. op. 117 Idem. 116 Cfr..
. las medidas legislativas. mas haciéndolo aquí desde la perspectiva social: la propiedad comunal. y de conformidad con el artículo 2o. la vinculada con la relación entre el indígena y el territorio de su influencia o asentamiento. mediando un voto concurrente por parte del juez Montiel Argüello. la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”. p.117 Aun cuando reiterativo. de la CADH. p. cit. El caso fue dirimido por la sentencia emitida el 31 de agosto de 2001. por ejemplo. Avanza así el Tribunal en ciertas consideraciones sobre la cuestión de la propiedad. La excepción fue rechazada unánimemente por el Tribunal.114 “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni” c/ Nicaragua. Es del caso reseñar. también. 153. la convergencia de una sentencia anterior de la Corte. rasgos de la propiedad que consagra el artículo 21 de la CADH. pronunciada en la misma causa el 1 de febrero de 2000.
subsumido en el derecho a la propiedad privada bajo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. que propone derroteros previamente inexplorados por la jurisprudencia interamericana en lo que atañe al derecho de propiedad. La resolución (fondo) fue pronunciada el 28 de febrero de 2003. al entender disminuida la “calidad de vida” de los pensionistas. 154.118 “Cinco Pensionistas” c/ Perú. razones por las cuales la Corte estimó la viabilidad de la reparación del daño inmaterial que se les había ocasionado (párrafo 180). Como verifica Cançado Trindade. demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas. ineludible e irreductible función social del Estado. sociales y culturales en Perú. consideró que se había violado el derecho a la propiedad privada. y en vigencia a partir del 1o. Y. y vinculado a la perenne. cuyas consecuencias patrimoniales —juzgó— debían ser establecidas en los términos de la legislación interna. por los órganos nacionales competentes (párrafo 178). sostiene la Corte que el pronto cumplimiento de las sentencias judiciales —que no puede quedar a la merced o discrecionalidad de la Administración— es un componente esencial del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana (párrafo 1). los valores. sostuvo que en la sentencia el Tribunal afirma
el carácter de derecho adquirido del derecho a la pensión. enseguida. Asimismo. de junio de 2001. p.
. y que otorgó locus standi in judicio a los peticionarios en todas las etapas del procedimiento anterior (véase párrafo 5 de su voto concurrente). Cançado Trindade. acorde con el derecho consuetudinario.
Ibidem. usos y costumbres de éstas (cfr. adoptado el 24 de noviembre de 2000. también. Aun cuando rehuyó tratar la problemática del desarrollo progresivo de los derechos económicos. Esta respuesta de la Corte ha sido catalogada como una “resolución innovadora”.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
mecanismo efectivo de delimitación. es éste el primer caso contencioso enteramente tramitado bajo el nuevo Reglamento de la Corte. vemos que ingresó en alguna de las proyecciones económicas y sociales del derecho a la vida. párrafos 138 y 164). A este respecto. en el señalado voto concurrente. al reducírseles sustancial y arbitrariamente las pensiones y al incumplirse las sentencias judiciales emitidas a su favor.
1 de la CADH. Al respecto. disposiciones de su derecho interno. cuya fuente se halla en derechos materiales o inmateriales. La sentencia sobre “reparaciones” fue emitida el 10 de septiembre de 1993. “progresivamente”. la Corte. op. Para fijar las reparaciones pertinentes. Corresponde evocar que. Se trata.120 La Corte aclaró que la disposición aplicable a las reparaciones es el artículo 63. en otros términos.. Respecto de los sucesores. expresó que había cesado la controversia en cuanto a los hechos que dieron origen a dicho caso.128
D. alude a la
reconducción social del derecho individual a obtener determinadas reparaciones de orden patrimonial. Pronunciamientos en materia de reparaciones En lo tocante a la materia de “reparaciones”. para ello. Éstas eran —sintéticamente— las de sucesores y reclamantes o dependientes. Caso “Aloeboetoe y otros” contra la República de Suriname.119
Sobre el punto. la obligación contenida en aquel precepto es de derecho internacional. uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes. la Corte puntualizó que existía disparidad de criterios entre las partes. Sergio. pueden compulsarse las soluciones en materia de reparaciones dadas en “Aloeboetoe y otros” contra República de Suriname y en “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni” contra Nicaragua. subsistían discrepancias en torno de las reparaciones y el alcance de las mismas. que constituye una norma consuetudinaria que es. como Suriname reconoció la responsabilidad por los hechos articulados por la Comisión Interamericana en su memoria. de la proyección o transición de un derecho individual a la reparación. Sin embargo. en la sentencia de 4 del diciembre de 1991. una interpretación fecunda a partir del escueto artículo 63.1 de la CADH. Por tanto. la Comisión reclamaba la aplicación
García Ramírez. además. p. razón por la cual la sentencia que dictaba impondría obligaciones de derecho internacional que no podían ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado obligado invocando.
. sociales y culturales. cit. Por un lado. estimó que correspondía determinar la viabilidad indemnizatoria de las pretensiones que la Comisión requería acerca de diversas categorías de potenciales beneficiarios de las mismas. que se transforma en un derecho de alcance social volcado sobre servicios comunitarios precisamente en el sector sobre el que se despliegan los derechos económicos. 155. García Ramírez expone que la Corte ha construido.
sólo diremos en lo que atañe al tema de reparaciones. Por último.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
de las costumbres de la tribu Saramaca. El Tribunal concluyó —entre otros asuntos— que. y en el marco de la “reconducción social del derecho individual a obtener determinadas reparaciones de orden patrimonial” a la que nos refiriéramos supra. por el otro. y para graficar la reflexión evocada en el párrafo anterior en relación con la proyección o transición de un derecho individual a la reparación a un derecho de alcance social. en cuanto al daño moral de éstos. correspondía tener en cuenta para determinar los sucesores de las víctimas. En mérito a que este caso fue ya tratado en el presente trabajo. como el Estado había reconocido la existencia de un derecho consuetudinario saramaca y en tanto las leyes estatales relativas al derecho de familia no se aplicaban a dicha tribu. Caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni” contra Nicaragua. la suma total de U$S 50. por concepto de reparación del daño inmaterial. Suriname solicitaba la aplicación de su derecho civil. rechazó la reclamación de indemnización por daño material para los dependientes y.
. a la costumbre saramaca en la medida en que no fuera contraria a la CADH. aunque condenó al Estado a reabrir la escuela sita en Gujaba. en el plazo de 12 meses.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad. consideró procedente que los padres de las víctimas que no fueron declarados sucesores. Asimismo. que en su punto resolutivo 6 el pronunciamiento determinó —por equidad— que el Estado debía invertir. participaran en la distribución del daño moral. y a poner en operación en el curso del mismo año el dispensario existente en el lugar. rechazó la petición de condena a Suriname consistente en el pago a la tribu saramaca de una indemnización por daño moral. de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. disponiendo que aquél debía dotarla de personal docente y administrativo para que funcionase permanentemente a partir de 1994.
y sin perjuicio de algunas referencias tangenciales a otros mecanismos.. el ECOSOC estableció un grupo de trabajo integrado por quince de sus miembros que representaran otros tantos Estados Partes del Pacto.
. 123 Recapitulando. la metamorfosis del Comité fue la siguiente: en 1976. cit. El Comité está integrado por expertos independientes y vino a reemplazar al Grupo de Trabajo Intersesional establecido por la Resolución del ECOSOC núm. 99 y 100. pp. 122 Pinto. 123 y 124. SOCIALES Y CULTURALES DE LA ONU 1. enfrentar retos. LOS DESC ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS. respecto del plano universal focalizaremos exclusivamente la labor del Comité de DESC. no ingresamos en el análisis de otros órganos importantes. Mónica. finalmente.. Pinto. t. a quien seguire en la reseña subsiguiente— de una “lista nada despreciable de recursos”. en 1985. da cuenta —en palabras de Bolívar. grupo de trabajo que en 1982 devino en un órgano electo de expertos gubernamentales en derechos humanos y. Pinto identifica el caso del PIDESC. Una visión desde la (in)experiencia de América Latina”. cit. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. tender puentes. op. 124. La nómina de mecanismos y “espacios internacionales” para movilizar la maquinaria de protección de los derechos humanos en función de los DESC.. el ECOSOC transformó al grupo en un Comité de DESC. 1. Presentación general del Comité Tal como anunciábamos en la parte introductoria de este trabajo. Sonia et al. Cfr. del 3 de mayo de 1978. p. del 28 de mayo de 1985. sociales y culturales: derribar mitos. para el que no se previó órgano especial de control alguno sino el examen de los informes periódicos de los Estados Partes por el Consejo Económico y Social (ECOSOC). en Picado S. op. 1. 1996.. V. el ECOSOC lo creó por medio de la Resolución núm. y que paralelamente refleja un avance en el grado de maduración de la comunidad internacional.985/17. San José de Costa Rica. “Derechos económicos. Ligia. pp.978/10. el Comité se expide por medio de “Observaciones generales” (algunas de las cuales fueron reseñadas en el presente trabajo) y de “Observaciones finales a los informes periódicos de los Estados Partes”.130
VI. es dable apreciar que frente a las dificultades para aplicar los mecanismos de supervisión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes. Mónica.123 Fundamentalmente.121 Co mo lo que de no mi na un cla ro ejem plo del de sa rro llo pre to ria no del derecho internacional de los derechos humanos en materia de órganos de control. Bolívar.
121 Por tanto.122 En cuanto a la génesis específica del Comité. Estudios básicos de derechos humanos.
También celebra la restitución de grandes extensiones de esas tierras”. sugerencias y recomendaciones. “La justiciabilidad de los derechos económicos. el Comité señala que le inquietan las seis comunidades mapuches que. 126 Cfr. éste emite sus “observaciones finales”.126 entre las que se cuenta —como aspecto positivo— que “[e]l Comité toma nota con satisfacción del artículo 75 de la Constitución de 1994 que dispone la restitución a los pueblos indígenas de algunas de sus tierras tradicionales. Cançado Trindade. También le inquietaba la situación del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas
124 Cfr. al. sociales y culturales: un desafío impostergable. factores y dificultades que impiden la implementación del Pacto. aprobó el 1 de diciembre de ese año las observaciones finales. que se estructuran en cinco secciones: introducción. vemos que el Comité de DESC.
. Contarini.. 1999.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
De su lado.. deben ser presentados por los Estados de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto. aún no han recibido los títulos de propiedad. pp. Investigaciones. 110. nota 22. cit. Ya como muestra de “preocupación”. Secretaría de Investigación de Derecho Comparado-Corte Suprema de Justicia de la Nación. y son analizados —como anuncié— a la luz de las observaciones generales emanadas del Comité. p.125 Para ilustrar con un ejemplo algunas de las cuestiones mencionadas (en un caso que involucró a nuestro país). The John D. es dable verificar que en 1988 el Comité decidió solicitar a los Estados la presentación de un único informe cada cinco años sobre el total de los derechos contenidos en el PIDESC. San José de Costa Rica. 1999. concretamente al examinar el segundo informe periódico de la Argentina (E/1990/6/Add. and Catherine T. La justiciabilidad de los derechos económicos. en los que se pone en conocimiento del Comité el cumplimiento de las obligaciones estatales bajo el PIDESC. 73. celebradas entre el 17 y el 19 de noviembre de 1999. Antônio A. 758-760. sociales y culturales en el plano internacional”. 16) en sus sesiones 33-36. y luego de celebradas las sesiones en las que el Comité analiza los informes y dialoga con aquéllos. p. en lugar de informes fragmentados relativos a sus diferentes secciones. pese a que han conseguido que se reconozcan sus derechos a algunas de sus tierras tradicionales en la zona de Pulmari. Una vez estudiados los informes estatales por parte del Grupo de Trabajo del Comité y. Buenos Aires. op. año III. en su caso. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. aspectos positivos. MacArthur Foundation. 125 Cfr. Eugenia et.. de requeridas informaciones o aclaraciones a los Estados.124 Tales informes periódicos. preocupaciones principales.
y Tribales de la OIT, cuya ratificación el Congreso Nacional aprobara sin que se hubiera procedido a ella, por lo que “recomienda” su ratificación,127 la que se cumplió en julio de 2000. Cabe aclarar que si bien el aludido Convenio fue aprobado por la Ley Nacional número 24,071, la administración del expresidente Carlos Saúl Menem no efectivizó el depósito en sede internacional del instrumento ratificatorio, lo que en definitiva fue concretado por el gobierno que encabezara el también ex primer mandatario argentino Fernando de la Rúa, formalizando el pertinente depósito en Ginebra en fecha 3 de julio de 2000. Pasando ya a las “observaciones generales” que pronuncia el Comité, puede constatarse que ellas constituyen un medio decisivo para la generación de “jurisprudencia”128 y brindan a los miembros del Comité un método para llegar a un acuerdo consensuado acerca de la interpretación de las normas del PIDESC. Paralelamente, resultan relevantes como pautas a tomar en cuen ta en las tareas hermenéuticas y aplicativas de las normas de aquél en el orden interno por parte de los órganos competentes, en razón de que provienen del Comité que, mediante tales observaciones generales, plasma una interpretación autorizada del clausulado del Pacto. El detalle de observaciones generales presentadas hasta el presente da cuenta de las siguientes: O.G. número 1 (1989), sobre la presentación de informes por los Estados Partes.
127 La ratificación de dicho Convenio de la OIT se convirtió desde tiempo atrás en objeto sostenido de lucha por parte de los pueblos indios. Así, por ejemplo, puede leerse en la Declaración emitida con motivo del Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios (desarrollado en Quito, Ecuador, del 17 al 21 de julio de 1990), particularmente en el ítem VII: ‘Legislación indígena’, que: “Debemos presionar por la ratificación en los Estados nacionales del Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado por la OIT, que contempla la denominación de pueblos en vez de poblaciones, el reconocimiento a nuestros derechos a las tierras y territorios, al derecho a educarnos mediante la modalidad bilingüe intercultural, respeto a nuestra cosmovisión, etcétera”. Ordoñez Cifuentes, José Emilio R., Reclamos jurídicos de los pueblos indios, México, UNAM, 1993, p. 156. Por nuestra parte, creemos que hoy los esfuerzos deben encaminarse —entre otros frentes— a lograr que al aludido Convenio se le atribuya jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la C.N. 128 Si bien quizás no sea del todo preciso hablar de “jurisprudencia” en sentido estricto, tal vocablo es usado en el Folleto Informativo sobre Derechos Humanos, núm. 16 (Rev. 1), “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Centro de Derechos Humanos, Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, 1996, p. 33.
O.G. número 2 (1990), sobre las medidas de asistencia técnica internacional (artículo 22 del PIDESC). O.G. número 3 (1990), sobre la índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1, artículo 2 del PIDESC). O.G. número 4 (1991), sobre el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1, artículo 11 del PIDESC). O.G. número 5 (1994), sobre personas con discapacidad. O.G. número 6 (1995), sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad. O.G. número 7 (1997), sobre el derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1, del artículo 11 del PIDESC): los desalojos forzosos. O.G. número 8 (1997), sobre la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. O.G. número 9 (1998), acerca de la aplicación interna del PIDESC. O.G. número 10 (1998), sobre la función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. O.G. número 11 (1999), sobre planes de acción para la enseñanza primaria (artículo 14 del PIDESC). O.G. número 12 (1999), sobre el derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del PIDESC). O.G. número 13 (1999), sobre el derecho a la educación (artículo 13 del PIDESC). O.G. número 14 (2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; y O.G. número 15 (2003), sobre el derecho humano al agua. Ya desde el plano de la necesaria implicación de las ONG’s en la actividad del Comité de DESC, cabe recordar —por ejemplo— que en su octavo periodo de sesiones, celebrado en mayo de 1993, aquél adoptó el procedimiento relativo a la participación de las ONG’s en sus actividades,129 pautas entre las que puede computarse la información facilitada tanto por escrito, como la presentada oralmente.
E/1994/23, párrafo 354.
Se ha dicho que el Comité de DESC fue el primer órgano creado mediante un tratado que proporcionó a las ONG’s la oportunidad de presentar declaraciones escritas y orales sobre cuestiones relativas al disfrute o no disfrute, en un determinado Estado, de los derechos contenidos en el PIDESC.130 Resumiendo, las ONG’s tienen diversas oportunidades de presentar sus opiniones al Comité.131 En la primera consideración que se hace del informe del Estado, ellas pueden presentar un informe ante el Grupo de Pre-Sesión e incluso sugerir aquellos aspectos que entiendan que el Estado no ha tratado debidamente; durante la sesión del Comité, pueden solicitar ser oídas y también presentar por escrito los “contrainformes” o “informes alternativos” en los que dichas organizaciones aluden al nivel de cumplimiento estatal del PIDESC, proporcionando más datos; y ya las organizaciones con estatuto consultivo ante el ECOSOC, pueden someter al Comité un documento de aproximadamente 1.500 palabras sobre la vigencia del Pacto; instrumento que es traducido a todos los idiomas de la ONU y que circula internamente como documento oficial. Además, el Comité puede enviar misiones a los Estados con el objeto de colectar información, cuyos informes son confidenciales, pudiendo el Comité adop tar recomendaciones relacionadas a los resultados de dichas visitas.132 2. Balance y prospectiva de la actuación del Comité en el marco de protección de los DESC En cuanto a un balance de la actuación del Comité, y en directa relación con algunas propuestas para el mejoramiento de su intervención, cabe destacar centralmente la necesidad de aprobar un Protocolo Facultativo al PIDESC para implementar el mecanismo de reclamaciones individuales que venga a complementar el sistema de informes que constituye el núcleo básico del funcionamiento del Comité.
Folleto Informativo..., cit., pp. 34 y 35. En la referencia que realizo en el texto acerca de las posibilidades de las ONG’s de hacer oír su voz en el Comité, sigo el completo estudio de Contarini, Eugenia op. cit., p. 112. 132 Ibidem, p. 113.
Supondría un paso importante hacia la consolidación del principio de efectividad progresiva de los DESC. previendo un sistema de reclamaciones colectivas (artículos 1o.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Al respecto. con el que se han comprometido los estados partes en el PIDESC. y como fuera puesto de manifiesto desde diversos sectores. y 2o. el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea.). Fortalecería la relación entre el Comité de DESC y los estados partes. sociales y culturales consagrados en el Pacto. económicos.134 Ofrecería una posibilidad de recurso internacional. 134 Utilizo como guía el documento de Amnistía Internacional: “Comisión de Derechos Humanos de la ONU. sociales y culturales. 12. implicaría un nuevo apoyo a la interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles. y el estudio de casos específicos de violación de tales derechos contribuiría a la creación de jurisprudencia sobre el particular. p. a la Comisión de Derechos Humanos.
. políticos. Índice AI: IOR 41/025/2002/S. en el entendido de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad colectiva de asegurar que no sean violados los derechos económicos. diciembre de 2002. El mencionado Protocolo debería contener pautas amplias y laxas en materia de legitimación. tal como se encuentra estipulado por ejemplo en: la CADH (artículo 44). 3. sociales y culturales”. Ello. el sistema de protección de los DESC en el plano universal muestra un desfase en relación con el grado de desarrollo del aplicado en el sistema de derechos civiles y políticos. ya que impulsaría a éstos a la aplicación efectiva en el nivel nacional de los derechos garantizados en el PIDESC. acordándosela también a las organizaciones no gubernamentales. tanto a escala colectiva como individual. encontrándose asimismo admitida aquella posibi133 Tales afirmaciones fueron vertidas en el documento titulado: “Los derechos económicos. organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial. 28 de febrero de 2003. 27 de marzo de 2003). periodo de sesiones del 2003: el momento para una profunda reflexión”. exposición por escrito presentada por la Comisión Internacional de Juristas.3). objetivo para cuyo abastecimiento adquiere suma importancia la necesidad de asistir en el cumplimiento de dichos derechos mediante el suministro de mecanismos reparadores adecuados para casos de violaciones. ante las violaciones de DESC. en su 59 periodo de sesiones (E/CN.4/2003/NGO/264. en el procedimiento instaurado por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1978 (104 EX/Dec.133 Las ventajas que produciría un protocolo facultativo han sido resumidas de la siguiente manera.
por ejemplo —como lo menciona en un documento la Comisión Internacional de Juristas—. sociales y culturales y al derecho al desarrollo: El problema de la impunidad”.137
135 Véase al respecto. documento de trabajo preparado para los seminarios organizados por la Asociación Americana de Juristas y el Centre Europe-Tiers Monde en Ginebra en noviembre de 1996 y en Madrid en abril de 1997. Alejandro. Documento citado en nota 134.8 para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Asimismo. el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con tra la Mu jer. idéntica coordinación debería patentizarse también. Ya desde otro ángulo. cuya creación se propugna. sería aconsejable hacer extensivo el mecanismo de reclamaciones individuales a todos los derechos contenidos en el PIDESC. entre el Protocolo Facultativo al PIDESC. 136 Cfr. y el Comité de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Libertad de Asociación. 137 Véase en sentido convergente la reseña contenida en la nota 121. Teitelbaum. la Ciencia y la Cultura.136
lidad en los procedimientos de la OIT —Comisión de Expertos y Comisión de Aplicación de Normas.135 Paralelamente. corresponde enfatizar la necesidad de complementar las labores del Comité y la de otros mecanismos ya institucionalizados.157/PC/63/Add. celebrada en Viena en 1993. “Prevención y sanción de las violaciones a los derechos económicos.
. Comité de Libertad Sindical. etcétera—. el Protocolo de San Salvador (Comisión y Corte Interamericanas). la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. la Corte Europea de Derechos Humanos. el Comité Europeo sobre Derechos Sociales. lo que –al menos normativamente– implicaría superar el radio limitado de cobertura que en tal sentido establece el Protocolo de San Salvador en el ámbito interamericano. el Procedimiento de Presentación de Reclamos de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu cación. y otros procedimientos estipulados por instrumentos internacionales que. mutatis mutandi.136 se verifican en: la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El texto fue consultado en internet y en él se aclara que una primera versión del trabajo fue publicada por las Naciones Unidas con la signatura A/CONF.
mientras que en relación con los seres humanos se verifica la sucesión generacional. 140 Sobre el punto.. sobre todo. 141 Véase nota 21. y así como los seres humanos se suceden. 139 Cançado Trindade. op. passim. Los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona humana. al menos. Juan Antonio. conspiran contra la pulcritud semántica y la ortodoxia de la expresión ‘generaciones de derechos humanos’... en el prólogo a la obra de Cançado Trindade. verificando si. calificadas por encumbrada doctrina como “la fantasía de las generaciones de derechos”. pp. sean éstos civiles y políticos o económicos. se hace aconsejable una visión sistémica e integral de los derechos. no puede existir sino complementación e interacción y no compartimentación y antinomia. La estereotipada fórmula de las “generaciones de derechos humanos” no puede ser aceptada acríticamente. 3. 41 y ss. de indivisibilidad. véase Rabossi. op.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
VII.138 y.140 Los aludidos caracteres de universalidad. interdependencia y. sólo conduce a la creación de falsas dicotomías que poco aportan en favor de la indivisibilidad. la bifurcación de los derechos humanos en “categorías” pretendidamente diversas y estancas. al ser precisamente unitaria la dignidad humana. 2. sociales y culturales. es léxica. 2001. en punto a los derechos se desarrolla un proceso de acumulación. Universidad de Deusto. nota 9.. El acceso directo del individuo a los tribunales internacionales de derechos humanos. 11 y 12. debe ser repensada..141
138 Cfr. pp. cit. Como sostiene Cançado Trindade. histórica y jurídicamente correcta o simplemente una creación arbitraria. Antônio A. en definitiva. Instituto de Derecho Internacional. cit. sino que.139 Por tanto. APRECIACIONES FINALES Y DE CONJUNTO 1. los derechos se acumulan y se sedimentan. la universalidad y la interdependencia de los derechos humanos.
. Desde distintas vertientes surge con claridad que entre las dos pretendidas “categorías” de derechos. aludida por Carrillo Salcedo. resolución sobre “La protección de los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”. irreversibilidad y de naturaleza complementaria de los derechos humanos. Bilbao. Antônio A. adoptada en la sesión de Santiago de Compostela. Eduardo. el 13 de septiembre de 1989.
Cfr. para prevenir que el Estado incurra en supuestos de responsabilidad internacional. porque si bien en el derecho interno el reconocimiento de los derechos sociales en muchos países fue posterior al de los derechos civiles y políticos. Antônio A. dado que la jurisdicción internacional es complementaria o coadyuvante de aquélla. posición económica. sexo. nota 15. la universalidad de los derechos humanos conduce a la igualdad. desde el punto de vista de la evolución del derecho internacional en este campo. ideología.I. Mónica.
. nacionalidad..142 Por último. Como destaca Pinto. el que al fallar en hipótesis de incumplimiento de los DESC su actuación produce un doble efecto: directo. y como el mismo autor tuviera ocasión de expresar. cit. Se impone la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de exigibilidad de los DESC. una importante estrategia de justiciabilidad de los DESC radica en la prohibición de discriminación por razón de raza. lo ideal sería prever y evitar posibles incumplimientos. op. en 1919). en el prólogo a la obra de Pinto.143 4.T. Mónica.144 Y precisamente. Es muy importante la intervención del Poder Judicial. II. no ocurrió lo mismo en el plano internacional. no es un secreto que los enfoques atomizados o fragmentados. e indirecto. p. 13. como el que subyace en la tesis de las “generaciones de derechos humanos”. la analogía de la ‘sucesión generacional’ de los derechos no parece ser correcta en términos históricos. p. como queda demostrado por las diferentes convenciones laborales internacionales (a partir del establecimiento de la O.. 144 Pinto. ya que los progresos logrados en este sentido dentro de los derechos interno e internacional no parecieran haber sucedido pari passu. como paso previo a la articulación de los resortes internacionales. condición social o caracteres físicos —inter alia—. op. Cançado Trindade. cuyo corolario es la no discriminación. cit.En otras palabras. 5. opinión política o gremial. pues como mutatis mutandi
Véase nota 19. nota 15. dirimiendo y dando solución a los casos concretos en los que están en juego tales derechos. religión.138
Además. y al son de lo dicho. algunas de las cuales precedieron a la adopción de convenciones internacionales más recientes dedicadas a los derechos civiles y políticos. han dificultado la evolución del derecho internacional de los derechos humanos.
El ámbito interamericano de protección en materia de DESC recepta una plusvalía en relación con su par en el plano universal: la posibilidad de denunciar a los Estados mediante la vía de las peticiones individuales. como con acierto se ha precisado. si se pretendiera obturar aquella legitimación en sede internacional. el defensor del pueblo ofrece potencialidad funcional desplegable también en la dimensión in ter na cio nal. cit. Contarini.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
se ha acotado. es interesante que las sentencias obtenidas puedan encaramarse como importantes vehículos para canalizar hacia los poderes políticos las necesidades de la agenda pública. op. de pautas cuasiju risdiccionales y jurisprudencia-
Véase nota 46. como hipótesis de mínima. a través de una semántica de los derechos. como estrategias de exigibilidad en el plano doméstico conviene también explorar nuevas alternativas. por lo que no puede considerarse aún la existencia de un consolidado reperto rio. p. en cantidad y calidad. la praxis de la Comisión y la Corte Interamericanas es incipiente y el número de casos. como la que —por ejemplo— representa el ombudsman. la tutela jurisdiccional no es la única posible ni la única deseable. y no meramente por medio de las actividades de lobby o demanda político-partidaria. al os ten tar le gi ti ma ción pa ra pre sen tar se an te la Co mi sión Interamericana y efectuar denuncias.. 6.145 Desde otro perfil. tales como las acciones de clase y las de inconstitucionalidad por omisión. Es que. Eugenia. la que en función de su propio reglamento está facultada para obrar motu proprio. puesto que con dicha figura se abre un abanico de posibilidades al encaramarse como un útil instrumento no jurisdiccional en procura de la protección de los DESC (sin perjuicio de su posibilidad de articular acciones judiciales ya que se encuentra dotado de legitimación procesal). intervenir en calidad de amicus curiae o.
.146 Por lo demás. su actividad podría cobrar importancia como medio para aportar datos y elementos de juicio a la Comisión. Es asimismo aconsejable examinar la pertinencia de nuevas alternativas de justiciabilidad de los DESC. 135. respecti vamente.147 No obstante. Véase nota 78. dista de ser el ideal.
invocar el derecho a la protección judicial y la cláusula del debido proceso como medio alternativo de protección de los DESC. lo que. examinar situaciones en donde entra en acción derechos de contenido económico. Una de las pautas que deja al descubierto si verdaderamente existe o no voluntad política de los Estados para garantizar la real vigencia de los derechos humanos. como vía de acceso al sistema. pueden ubicarse ejemplificativamente las siguientes: enfocar el reconocimiento de los derechos económicos. los peticionarios deberán formular planteos creativos y animarse a explorar nuevos caminos argumentales ante la Comisión. ya que a pesar de haber firmado el Protocolo de San Salvador aún no ha procedido a ratificarlo.140
les que prefiguren los contornos de una sistematización de los contenidos y alcances de la problemática de los DESC. Eugenia. Lo expuesto no impide atisbar la reciente apertura de una línea jurisprudencial que denota una cierta permeabilidad de la Corte —perceptible también en ciertos precedentes de la Comisión y que ofrece un rico caudal de opciones prospectivas— para: analizar algunos derechos que operan como “conectores” entre los civiles y políticos y los económicos. por ejemplo.149 7.. lo que denota puntos de convergencia entre ambas “categorías”. y en tren de compendiar algunas de las posibles estrategias de exigibilidad ante ella. y. Así. alegar la obligación de no regresividad de los estados en la materia. cit. sociales y culturales. op. abordar ciertos derechos civiles y políticos en “clave social”. para afianzar y acrecentar esa incipiente tendencia aperturista en los órganos de supervisión del modelo interamericano. Contarini. sociales y culturales en función de la protección de los civiles y políticos. planteando el derecho a no ser discriminado en relación con los DESC.148 Aunque naturalmente. por fin. social o cultural o bien proyecciones de este carácter en controversias sobre derechos civiles y políticos. p. focalizar la consagración de éstos como límite al ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Véase nota 100. 135. evidencia un déficit en el sector de derechos que aborda este trabajo.
. es su permeabilidad a admitir la revisión de sus actos u omisiones por órganos internacionales. en puridad y con relación a nuestro país.
Argentina queda obligada y vinculada a garantizar ciertas pautas mínimas al haber precisamente rubricado el mencionado Protocolo. resulta de aplicación al particular el parámetro limitativo del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Panamá)”] y las apreciaciones de la Corte Interamericana al resolver precisamente este último caso (sentencia proferida el 2 de febrero de 2001). al ceñirlo. del Protocolo hacia otros derechos contenidos en éste o ingresando la Corte Interamericana en el análisis de casos de discriminación —proscrita por el artículo 3o. la plena efectividad de los derechos que consagra. del Protocolo— si incidieran sobre puntos ligados a la libertad sindical o a los derechos vinculados con la educación. marco prohibitivo que se potencia en función de que el artículo 1o. como al plantear —el 16 de enero de 1998— la demanda contra Panamá en “Baena. planteando la existencia de una vinculación lógica entre aquellos preceptos y otros del Protocolo u otros instrumentos. al menos desde la magnitud literal de su artículo 19.‘a’ y 13.6. por caso. de fecha 11 de octubre de 2001. Un Estado o una organización internacional deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado”. y de acuerdo con la legislación interna. En sentido convergente. pues éste plasma una visión restrictiva en cuanto al radio de viabilidad del sistema de peticiones individuales que finaliza ante la jurisdicción interamericana. las alegaciones de la Comisión Interamericana [tanto al elaborar el Informe número 100/01. “Milton García Fajardo y otros c/ Nicaragua”. en tanto determina que “la obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor.381. no dictar normativa contraria al mismo y no producir interpretaciones que supongan una regresión o un retroceso de los parámetros en él fijados. Caso 11. y si se mantuviera el statu quo. Ya como hipótesis de máxima. el desafío supondría generar alternativas viables y sustentables para ampliar el espectro tuitivo. a los casos de violación de sus artículos 8. del Protocolo dispone que las medidas adoptadas por los estados partes deben lograr progresivamente. por ejemplo.150 Tales patrones básicos se traducen en el deber de no imponer reglas incompatibles con aquél. Sin perjuicio de ello. se ve que en el interregno hasta la concreción de tal acto ratificatorio.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
Si bien nos unimos fervientemente a las voces de quienes exhortan al Estado argentino a plasmar tal ratificación. y 2o.
150 Véase al respecto.
.1. Ricardo y otros (270 trabajadores vs. postulamos la necesidad de modificar el Protocolo. mediante la proyección de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1o.
The Future of Human Rights Protection in a Changing World: Fifty Years Since the Four Freedom Address (essays in honour of Torkel Opsahl). Philip. “No Right to Complain About Being Poor: The Need for an Optional Protocol to the UN Covenant”.).151 En sintonía con lo afirmado precedentemente en punto a la relación interpretativa dinámica y funcional entre las distintas nor mas de los instrumentos internacionales sobre DESC en pro de una protección integral de la persona humana. DADDH. J. se impone la concreción de un diálogo institucional entre los
151 Alston. que deberán alcanzar a todos los derechos consagrados en el Pacto. actuando en la articulación de pe ti cio nes que con ten gan de nun cias o que jas o in tervi nien do en los procesos de presentación de informes periódicos por parte de los Estados. op. nota 3 (in fine). Tonia. aprovechando al máximo la mayor o menor dosis de participación que cada uno de los respectivos instrumentos internacionales les acuerde. vgr. urge la implementación del Protocolo Facultativo al PIDESC en orden a que queden habilitadas tales vías reclamatorias. (eds. quejas o reclamos de individuos o grupos de individuos.. 8. pp. en el plano doméstico). se impone la necesidad de abonar el camino para la existencia de un patrón hermenéutico proclive a admitir y plasmar una relación dinámica e interactiva entre las distintas normas de los instrumentos internacionales (Carta de la OEA. y Helgensen. 9. obviamente. se ha precisado que un procedimiento de quejas pone de resalto asuntos concretos y tangibles y hace que surjan a la luz problemas reales que se plantean a las personas individuales y a los grupos de personas. CADH y Protocolo de San Salvador). claro está. razón por la cual. 1991.142
En cualquier caso. Mutatis mutandi. en aras de una protección integral del ser humano que contemple. específicamente en lo que atañe al procedimiento estatuido respecto del Comité de DESC de la ONU. como útil vehículo para procurar contrapesar el prácticamente inevitable caudal de subjetividad en la elaboración de los mismos por aquéllos. aludido por Novitz. p. Es fundamental la implicación de las organizaciones no gubernamentales en los procedimientos protectorios ante las instancias internacionales (también. 7. la efectiva realización de los DESC. 51 y referencia en pié de p. En cuanto a uno de los más importantes déficit del sistema en el marco universal. en Eide. surge con claridad la limitación que supone la imposibilidad de plantear comunicaciones.
. en este último caso. 91 y 92. A. cit.
es decir. los derechos humanos figuran en un catálogo siempre inconcluso. op.. puesto que.EN TORNO DE LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
diversos organismos y Comités involucrados en la protección de los DESC. 10. fortalecer la idea de la interdicción de regresión de tales derechos. cit. asimismo. 128. la búsqueda de una hermenéutica armonizante y no estrictamente sectorizada o aislacionista. corresponde reivindicar y estimular el crecimiento cuantitativo y cualitativo del plexo de derechos humanos (y la idoneidad de sus mecanismos protectorios) y.152
García Ramírez. p. Ya en un plano discursivo general y para finalizar.
. Sergio. pero también irreductible. como gráficamente se ha expuesto.
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