Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00247-de-junio-14-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_cce38941018e0160e0430a0101510160&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 18:36:50
Document Index: 201382648

Matched Legal Cases: ['artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 4']

﻿ Sentencia 2009-00247 de junio 14 de 2012
SENTENCIA 2009-00247 DE 14 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO TUVO ORIGEN LEGAL EN LA LEY 97 DE 1913 Y FACULTÓ AL CONCEJO DE BOGOTÁ PARA FIJAR LOS ELEMENTOS DEL TRIBUTO, ESTA FACULTAD FUE EXTENDIDA POR LA LEY 84 DE 1915 A LAS DEMÁS ENTIDADES TERRITORIALES DEL NIVEL MUNICIPAL. DADA LA AUTONOMÍA CONFERIDA A LOS ENTES TERRITORIALES POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LOS MUNICIPIOS PUEDEN DETERMINAR LOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO
Sentencia 2009-00247 de junio 14 de 2012
Rad.: 18001-23-31-000-2009-00247-01(18845)
Actor: Luis Alfredo Carballo Gutiérrez
Demandado: municipio de Puerto Rico (Caquetá)
Bogotá, D.C., catorce de junio de dos mil doce
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 31 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que denegó las súplicas de la demanda.
El demandante apeló la decisión del tribunal insistiendo en que existe transgresión al ordenamiento jurídico con la expedición del acto administrativo demandado, dado que le corresponde al Congreso de la República, mediante una ley, determinar los elementos de la obligación tributaria, so pena de violar el principio de legalidad tributaria, razón por la cual el concejo municipal de Puerto Rico no podía regular el impuesto.
Además, consideró que el tribunal fundamentó su decisión en una sentencia que no constituye precedente jurisprudencial, y que la Ley 97 de 1913 perdió aplicabilidad con la vigencia de la Constitución Política de 1991.
Para el efecto se analizará la facultad impositiva de los municipios respecto del impuesto de alumbrado público.
“En efecto, tal como lo ha venido entendiendo esta corporación, el artículo 338 superior constituye el marco rector de toda competencia impositiva de orden nacional o territorial, a cuyos fines concurren primeramente los principios de legalidad y certeza del tributo, tan caros a la representación popular y a la concreción de la autonomía de las entidades territoriales.
En ese sentido, se observa que el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 no perdió aplicabilidad con la vigencia de la Constitución Política de 1991, toda vez que esta norma tiene correspondencia con los artículos 313-4 y 338 del ordenamiento constitucional vigente.
Por su parte esta Sala igualmente ha realizado estos planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público(4):
“Mediante sentencia del 9 de julio de 2009(5), la Sala modificó la jurisprudencia respecto de la facultad de los concejos municipales en materia impositiva.
Por lo tanto, en la sentencia del 9 de julio de 2009, proferida por esta Sala, haciendo alusión al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, se decidió retomar los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales expuestos en la sentencia de 15 de octubre de 1999(6), Exp. 9456, C.P. Julio E. Correa Restrepo en la que se señaló que “(...) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.
Así mismo, se retomó del citado fallo que “(...) Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, esta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con este”(7) (negrilla fuera de texto).
Se anunció en la sentencia del 9 de julio de 2009 que la doctrina judicial planteada en el año 1994 por el mismo Consejo de Estado es concordante, incluso, con la Sentencia C-035 de 2009 que indicó que “(...) la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho gravado”(8).
Así mismo, frente al hecho generador del impuesto de alumbrado público la Sala en sentencia de 11 de marzo de 2010, con radicado 16667(9), señaló:
“El hecho generador del impuesto es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo; es el supuesto de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago de un tributo(10).
La doctrina ha precisado que el hecho generador está compuesto necesariamente por un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo corresponde al hecho en sí mismo considerado y el elemento subjetivo a la conexidad de ese hecho con un sujeto en la medida que lo ejecuta o realiza. Dentro del elemento objetivo también se ha considerado que es posible diferenciar un aspecto material o cualitativo que hace alusión al propio hecho que el legislador previó como generador del impuesto; un aspecto espacial que tiene que ver con la jurisdicción territorial en donde se realiza el hecho, el aspecto temporal que tiene que ver con el momento en que nace la obligación, más conocido como causación y, el aspecto cuantitativo que permite medir “la magnitud cuantitativa del hecho generador”(11).
Cuando se ha analizado el aspecto material del hecho generador del impuesto al servicio de alumbrado público, no ha sido pacífica la controversia sobre cuál es el hecho, acontecimiento material, acto o negocio jurídico, estado o situación de una persona o actividad de un sujeto, que concreta la manifestación de riqueza que se quiere gravar(13).
(...) esta Sala considera que el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo(14) que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, a su vez, la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión.
En ese orden de ideas, como se precisó anteriormente, el objeto imponible es el servicio de alumbrado público y, por ende, el hecho que lo genera es el ser usuario potencial(15) receptor de ese servicio.
Lo anterior justifica la disparidad de fórmulas que han adoptado los concejos municipales al regular el impuesto al servicio de alumbrado público y, por eso, es necesario analizar cada caso concreto a efectos de verificar que la regulación que se cuestiona tenga una referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o se relacione con este(16).
Una de las fórmulas que han adoptado los concejos municipales es la de asociar el servicio de alumbrado público con el servicio domiciliario de energía eléctrica porque el alumbrado público forma parte del sistema interconectado nacional y comparte con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, el sistema de transmisión nacional y los sistemas de distribución(17).
Cabe precisar que si bien esta Sala rectificó los planteamientos efectuados sobre la potestad impositiva de los entes territoriales, la adopción de un nuevo criterio, que se juzga más ajustado al contenido de la norma, es connatural al ejercicio de la función jurisdiccional, en tanto que es propio de ella poder rectificar su precedente.
— La norma municipal que desarrolle la autorización legal debe tener referencia con el hecho imponible, o que se derive de él, o se relacione con este.
— El artículo 1º de la Ley 97 de 1913 fijó como objeto imponible el servicio de alumbrado público, y el hecho generador es el ser usuario potencial receptor de ese servicio.
— Dada la autonomía conferida a los entes territoriales, el concejo del municipio de Puerto Rico podía determinar los elementos del impuesto de alumbrado público.
En ese contexto es claro que el Acuerdo 24 del 29 de septiembre de 2008, fue expedido por el concejo municipal de Puerto Rico en ejercicio y con observancia de las facultades constitucionales y legales, en especial, en desarrollo del principio de legalidad tributaria emanado del artículo 338 de la Constitución Política, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
CONFÍRMESE la sentencia del 31 de marzo de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
(4) La naturaleza jurídica del gravamen del alumbrado público ha sido catalogada como la de un impuesto, según el Consejo de Estado, sentencia de 6 de agosto de 2009, Exp. 16315, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(5) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009). Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).
(6) Pie de página original de la sentencia del 9 de julio de 2009: “Si bien en esta sentencia se declaró la nulidad del acuerdo demandado, ello obedeció a que a través del acto acusado se creaba el impuesto de telefonía móvil celular cuando la ley hace referencia a telefonía urbana, por lo que se concluyó que el concejo municipal carecía de facultades para ello”.
(7) En el mismo sentido se acogen los argumentos de la doctora María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de diciembre 9 del 2004, Exp. 14453, C.P. Ligia López Díaz y de marzo 5 y 11 del 2004, Exps. 13584 y 13576, respectivamente, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(8) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de marzo de 2010, Exp. 16667, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(9) C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas
(10) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Ligia López Díaz. Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil ocho (2008). Radicación 07001-23-15-000-2005-00203-01(16170). Actor: Empresa de Energía de Arauca ESP. Demandado: municipio de Saravena.
(11) Óp. cit. 4.
(12) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, 3 de diciembre de 2009. Expediente 16527. Actor: Protabaco. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(13) Óp. cit. 4.
(14) Literal j) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
(15) DRAE. Definición de potencial. 4. adj. Que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.
(16) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 13 de noviembre de 1998, Exp. 9124, C.P. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 11 de septiembre de 2006. Exp. 15344, C.P. Ligia López Díaz.
(17) Dicho pronunciamiento fue reiterado por la Sala en sentencia de 10 de marzo de 2011, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado 18141.