Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/023/001.html
Timestamp: 2020-05-30 10:01:50
Document Index: 322741540

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 133', 'artículo 11', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 128', 'artículo 142', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 122', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 128', 'artículo 147', 'Artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 128', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 128', 'artículo 85', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 33', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 133', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 133', 'artículo 136', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 135', 'artículo 138', 'artículo 138', 'Artículo 42', 'artículo 44', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 142', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 88', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'artículo 33', 'artículo 39', 'Artículo 69', 'artículo 144', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90']

BOC - 2009/023. Miércoles 4 de Febrero de 2009 - 156
2009/023. Miércoles 4 de Febrero de 2009
BOC Nº 023. Miércoles 4 de Febrero de 2009 - 156
156 - DECRETO 4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
Artículo Único. Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionameinto de la Intervención General.
Disposición Adicional Primera. Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente.
Disposición Adicional Segunda. Sistema de información de la gestión económica financiera del Servicio Canario de la Salud.
Disposición Final Segunda. Decreto de fiscalización previa limitada.
Disposición Final Tercera. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda.
Disposición Final Cuarta. Modificación del Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC.
Disposición Final Quinta. Modificación del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL.
Disposición Final Sexta. Modificación de procedimientos administrativos y de gestión de gastos e ingresos para los sujetos del sector público en los que se implante el control financiero permanente.
Uno de los aspectos que incidirán en esta planificación estratégica, es el desarrollo de un marco integrado de control, influenciado por el modelo denominado de "auditoría única", propuesto por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Dictamen nº 2/2004, y promovido por la Comisión Europea, con el ánimo de alcanzar una mayor integración y coordinación de las actuaciones de los diversos órganos de control, interno y externo, que se efectúan sobre el gasto público, evitar la duplicidad o solapamiento de los mismos sobre un mismo ente o programa y armonizar los criterios y procedimientos de control mediante el establecimiento de principios, objetivos y normas comunes. Por ello, se recoge en este nuevo Reglamento, la conveniencia de suscribir convenios con otros órganos de control y específicamente con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aras a desarrollar esta línea estratégica.
Otro aspecto clave en la planificación es el del fomento de la investigación e incorporación de sistemas tecnológicos y de comunicación aplicados a los procesos de control interno y de contabilidad pública, de manera que la innovación, el aprendizaje y la mejora continua adquieran el carácter de objetivos permanentes en la actividad del centro directivo.
De conformidad con la tendencia de los modelos de control interno existentes en el ámbito comunitario europeo y de los países de la OCDE, el nuevo Reglamento pretende favorecer el desarrollo del control posterior en los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, mediante la generalización de la modalidad de control financiero permanente, en combinación con la fiscalización limitada previa e, incluso, mediante la sustitución progresiva de esta última por dicha modalidad de control.
Al hilo de lo expuesto, en virtud de esta disposición se opta por establecer con respecto a este tipo de sujetos del sector público, la aplicación combinada de las dos modalidades citadas: la función interventora -mediante la fiscalización previa limitada- y el control financiero permanente. Con ello se pretende que la acción de control preventivo, propio de la función interventora, se limite a la verificación de la regularidad formal de los requisitos básicos esenciales, evitando ralentizar los procesos de gestión, para efectuar, con posterioridad, un control más exhaustivo y con mayor alcance, que permita alcanzar conclusiones y recomendaciones no sólo sobre los aspectos de legalidad, sino también sobre la adecuación de la gestión a los principios de buena gestión.
Esta aplicación combinada de ambas modalidades de control que inicialmente se declara con carácter general, no obsta para ir desarrollando la pretensión de sustituir gradualmente la modalidad de función interventora por la del control financiero permanente, en atención al carácter integral del mismo y el superior valor que puede aportar esta modalidad para la mejora de la gestión pública.
Aún más, se establece ya inicialmente, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente sobre una serie de áreas de gestión referidas en la Disposición Adicional Primera, como son la de recursos humanos, y la de derechos e ingresos del Tesoro Público, al considerarse que la aplicación de la nueva modalidad de control contribuirá a la flexibilización de éstas y reportará mucho más valor añadido a los procesos de dirección y gestión de las mismas.
En atención a lo expuesto, se crea, adscrito a la Intervención General, un nuevo órgano especializado, por un lado, en monitorizar y coordinar la implementación del Control Financiero Permanente orientado a obtener información de la situación en la que se encuentra la gestión analizada desde el punto de vista no sólo de la legalidad, sino también de los principios comúnmente aceptados como de buen gobierno bajo el paradigma del "gerencialismo público"; y, por otro, con la misión de impulsar, promover y ejecutar estudios y trabajos de análisis y evaluación de las políticas públicas. Se configura este órgano, bajo la denominación de Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, abierto a la cooperación y participación de otros órganos y agentes vinculados con la evaluación y ejecución de los programas y políticas, atendiendo al paradigma de la "gobernanza", con vocación de desarrollar funciones de consultoría y de promover la investigación aplicada en materia de evaluación y análisis del funcionamiento del sector público autonómico.
Artículo único.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General.
Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General en los términos que figuran en el anexo de este Decreto.
Primera.- Sustitución de la función interventora por el control financiero permanente.
1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 130 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, se sustituye la función interventora por el control financiero permanente sobre el área de gestión de los recursos humanos de los sujetos del sector público con presupuesto limitativo, así como sobre los actos por los que se ordenen pagos con cargo al Tesoro de la Comunidad Autónoma, la materialización de los mismos, y aquellos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Segunda.- Sistema de información de la gestión económico financiera del Servicio Canario de la Salud.
Con efectos del uno de enero de 2009, el Servicio Canario de la Salud podrá utilizar un sistema de información propio para la gestión económico financiera. A tales efectos y hasta tanto se apruebe su normativa reguladora, por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias se dictarán las instrucciones que permitan su puesta en funcionamiento.
Única.- Control posterior de los expedientes sujetos a fiscalización previa limitada.
En tanto no se proceda a la aplicación de la modalidad de control financiero permanente, los extremos y requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para cada tipo de expedientes de gastos no verificados en la fiscalización previa limitada, serán objeto de comprobación posterior en los términos previstos en el artículo 3 del Decreto 6/2006, de 27 de enero, de fiscalización previa limitada para determinados expedientes de gastos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en este Decreto y, específicamente:
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para la actualización de las cuantías previstas en el artículo 35 del Reglamento que aprueba este Decreto.
Segunda.- Decreto de fiscalización previa limitada.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento que aprueba este Decreto, el Consejero competente en materia de hacienda deberá someter al Gobierno un nuevo proyecto de Decreto regulador de la fiscalización previa limitada en el que se contengan los extremos adicionales a los que la misma haya de extenderse en su caso, conforme previene el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Tercera.- Modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Hacienda.
La efectiva disposición de la estructura de órganos y unidades prevista en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General queda condicionada a la aprobación de la oportuna modificación de la relación de puestos de trabajo del departamento competente en materia de hacienda.
Cuarta.- Modificación del Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC.
Se añade al Decreto 234/1998, de 18 de diciembre, de aprobación y puesta en funcionamiento del sistema de información económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la denominación PICCAC, la siguiente Disposición Adicional:
"Cuarta.- Tramitación de los expedientes de gasto sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora.
Para aquellos expedientes de gastos sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora, el procedimiento previsto en los artículos 10 y 11 de esta disposición debe entenderse sustituido por el siguiente:
b) La confirmación contable se realizará por el propio centro gestor una vez cumplimentados correctamente los datos exigidos por el sistema, de acuerdo con lo previsto en las normas reguladoras de la gestión presupuestaria y los procedimientos administrativos correspondientes.
A estos efectos, los justificantes de las operaciones de las distintas fases de los procedimientos de gasto y pago quedarán en poder del centro gestor correspondiente y estarán a disposición de la Intervención General, al objeto de posibilitar y facilitar las actuaciones de control previstas por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
c) Realizada la confirmación contable, si el centro gestor apreciase la existencia de errores podrá anular la operación contable confirmada, mediante la captura contable de la correspondiente operación de signo contrario a la erróneamente confirmada."
Quinta.- Modificación del Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL.
Se añade al Decreto 151/2004, de 2 de noviembre, por el que se regula el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se aprueba el sistema informático contable con la denominación de SIHABIL, la siguiente Disposición Adicional:
"Séptima.- Modificaciones en el régimen de provisiones de fondos a las habilitaciones de pagos de aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora.
1. Para la reposición de los fondos utilizados mediante el sistema de anticipos de caja fija por aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora, el procedimiento previsto en el artículo 11 de esta disposición queda sustituido por el siguiente:
3. El procedimiento de control de las cuentas justificativas de los pagos a justificar a que se refiere el artículo 17 de esta disposición se ajustará al procedimiento previsto para el desarrollo del control financiero permanente en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General para aquellos sujetos del sector público sobre los que se aplique el control financiero permanente en sustitución de la función interventora. A tal fin no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo."
Sexta.- Modificación de procedimientos administrativos y de gestión de gastos e ingresos para los sujetos del sector público en los que se implante el control financiero permanente.
En los sujetos del sector público en los que se implante el control financiero permanente, se entienden modificados, en tanto sean incompatibles con el nuevo sistema de control, todos los procedimientos de gestión de gastos e ingresos.
Artículo 1.- Órganos y unidades.
1. La Intervención General ejercerá, con plena autonomía funcional, las funciones y competencias que en materia de control interno, dirección y gestión de la contabilidad y evaluación de políticas públicas de gastos, le atribuye la Ley de la Hacienda Pública Canaria, a través de los órganos y unidades siguientes:
a) El Interventor General.
b) Los órganos y unidades de su estructura central.
d) La Intervención Delegada en el Tesoro y Política Financiera.
e) Las Intervenciones Insulares.
f) La Junta de Interventores.
2. La estructura central de la Intervención General se conforma de la siguiente manera:
a) El Gabinete del Interventor General.
b) El Servicio de Organización y Gestión de Recursos.
c) El Servicio de Contabilidad.
d) El Servicio de Fiscalización y Coordinación.
e) La Oficina de Auditoría Pública (OAP), en la que se integran las siguientes unidades:
f) El Servicio de Auditoría del Sector Público.
g) El Servicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios.
h) El Servicio de Control Financiero de Fondos Europeos Agrícolas.
i) El Servicio de Auditoría Pública y de Control de Subvenciones.
j) La Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas (OCEP), en la que se integran las siguientes unidades:
k) El Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas de Recursos Humanos.
l) El Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales.
m) El Servicio de Coordinación del Área de Control de Ingresos.
Artículo 2.- El Interventor General.
1. El Interventor General, con rango de Director General, es nombrado y cesado por Decreto del Gobierno a propuesta del titular del departamento competente en materia de hacienda, entre los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias o a cuerpos o escalas de otras Administraciones Públicas que tengan asignadas funciones similares, atendiendo a criterios de mérito, capacidad e idoneidad.
2. Al Interventor General le corresponde la superior dirección y coordinación de los distintos órganos y unidades adscritas al Centro Directivo y las demás facultades reconocidas en la normativa vigente a los directores generales, con las especificidades recogidas en el presente Reglamento.
3. Compete al Interventor General la determinación de los sujetos, departamentos o dependencias del sector público, programas o funciones, sobre el que las distintas Intervenciones Delegadas desarrollan sus funciones de control interno y de contabilidad.
4. Con respecto al ejercicio de la función interventora, al Interventor General le corresponde:
a) El ejercicio de la fiscalización previa de los expedientes de gastos de cuantía indeterminada; los que deban ser autorizados por el Gobierno; los expedientes de contratación patrimonial, así como aquéllos que precisen ser dictaminados con carácter preceptivo por el Consejo Consultivo de Canarias. Sin perjuicio de lo anterior, el Interventor General podrá avocar para sí, en cualquier momento, de forma motivada, la fiscalización previa de cualquier acto o expediente cuya fiscalización corresponda a las Intervenciones Delegadas o Insulares.
b) Resolver las discrepancias formuladas en relación con los reparos planteados por los Interventores Delegados o Insulares en el ejercicio de su función interventora, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 135 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
c) Dar cuenta el Gobierno de Canarias, a través del Consejero competente en materia de hacienda, de los resultados que, en el ejercicio de la función interventora, por su especial trascendencia considere adecuado elevar, cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas, conforme a lo previsto en el artículo 128.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
5. Compete al Interventor General, con respecto a la función de control financiero permanente:
a) Aprobar o modificar el Plan Anual de Control Financiero Permanente, oída la Junta de Interventores.
b) Proponer al Gobierno de Canarias, a través del titular del departamento competente en materia de hacienda, la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente, respecto de toda la actividad o de determinadas áreas de gestión de entes integrantes del sector público autonómico con presupuesto limitativo.
c) Establecer, oída la Junta de Interventores, la periodicidad, estructura, objetivos, destinatarios y procedimiento de elaboración de los informes de control financiero permanente.
d) Emitir los informes de actuación, en los términos previstos en el artículo 142 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
e) Elevar a la consideración del Gobierno de Canarias, a través del Consejero competente en materia de hacienda, un Informe General con los resultados más significativos de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente de cada ejercicio.
f) Elevar a la consideración del Gobierno de Canarias, a través del Consejero competente en materia de hacienda, aquellos informes de control financiero permanente cuyo conocimiento considere conveniente anticipar a aquél, en razón de sus resultados.
g) Las demás competencias que se recogen en la referida Ley de la Hacienda Pública Canaria y en el Capítulo III del Título II de este Reglamento, que no están atribuidas a las Intervenciones Delegadas o a los órganos y unidades de la estructura central de la Intervención General.
6. Corresponde al Interventor General, en materia de auditoría pública y control financiero de subvenciones:
a) Elevar al titular de la Consejería competente en materia de hacienda la propuesta del Plan Anual de Auditorías de la Comunidad Autónoma de Canarias, oída la Junta de Interventores.
b) La iniciativa para proponer al Gobierno, a través del Consejero competente en materia de hacienda, la sustitución del control financiero permanente por actuaciones de auditoría pública contenidas en el Plan Anual de Auditorías, en determinadas entidades públicas empresariales y entidades de Derecho público.
c) Establecer el contenido, los destinatarios y el procedimiento de elaboración de los informes de auditoría, oída la Junta de Interventores.
d) Establecer los procedimientos de revisión selectivos a través de los cuales se desarrollará la actividad auditora.
e) Emitir los informes definitivos de actuación que resulten del ejercicio de su actividad auditora o de control financiero de subvenciones.
f) Elevar a la consideración del Gobierno de Canarias, a través del Consejero competente en materia de hacienda, un Informe General con los resultados más significativos de la ejecución del Plan Anual de Auditorías de cada ejercicio.
g) Elevar a la consideración del Gobierno de Canarias, a través del Consejero competente en materia de hacienda, aquellos informes de auditoría pública cuyo conocimiento considere conveniente anticipar a aquél, en razón de la relevancia de sus resultados.
h) Las demás competencias que se recogen en la referida Ley de la Hacienda Pública Canaria y en los Capítulos IV y V del Título II de este Reglamento, que no están atribuidas a los órganos y unidades adscritos a la Intervención General.
7. En el ejercicio de su función de dirección y gestión de la contabilidad pública, le corresponde al Interventor General las previstas en la Ley de la Hacienda Pública Canaria, no asignadas a ninguno de los órganos y unidades adscritos a la Intervención General.
8. Asimismo, corresponde al Interventor General resolver las consultas que le eleven los Interventores Delegados e Insulares, en relación con los expedientes y actos sujetos a sus competencias de control. Dichas consultas deberán referirse a un asunto concreto e incorporar la motivación de las dudas planteadas, con referencia a los preceptos del ordenamiento jurídico aplicables al asunto cuya interpretación se cuestione. La resolución de la consulta por el Interventor General tendrá carácter vinculante para la Intervención Delegada o Insular respectiva.
9. Promover la suscripción de convenios de colaboración con otros órganos de control externo, a efectos de desarrollar sistemas y criterios de control normalizados, actuaciones conjuntas que eviten solapamientos y mejoren la eficacia y eficiencia de sus resultados.
10. Dictar las instrucciones precisas sobre la forma y alcance en que se desarrollará el control de calidad sobre las actuaciones de control interno que realicen sus distintos órganos y unidades.
11. Le corresponde, asimismo, solicitar la incoación de expediente para la exigencia de las responsabilidades previstas en el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.
12. La aprobación de las normas técnicas, instrucciones y protocolos de actuación a que deben someterse sus órganos y unidades adscritos en el desarrollo de sus funciones.
Artículo 3.- Gabinete del Interventor General.
El Gabinete del Interventor General es la unidad que desarrolla las funciones de secretaría particular de éste, así como las de asistencia técnica y asesoramiento sobre aquellas materias asignadas por el titular del Centro Directivo.
Artículo 4.- Servicio de Organización y Gestión de Recursos.
Al Servicio de Organización y Gestión de Recursos le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Asistir al Interventor General en la planificación, programación y elaboración de la propuesta para la cobertura de los medios personales necesarios para el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a la Intervención General.
b) Asistir al Interventor General en la planificación y coordinación de la política de personal del centro directivo, así como sobre la planificación y gestión de los expedientes de contratación necesarios para el adecuado funcionamiento de la Intervención General.
c) Elaborar la propuesta del Plan Anual de Formación del personal de la Intervención General y coordinar su ejecución, además de la gestión de las acciones formativas que se considere conveniente desarrollar y la medición de sus resultados.
d) Tomar conocimiento y efectuar el seguimiento de las peticiones de información que realice a la Intervención General el Parlamento de Canarias, los órganos de control externo y otras Administraciones Públicas.
e) Gestionar la edición, publicación y difusión de las monografías y publicaciones del Centro Directivo.
f) Cualesquiera otras que le encomiende el Interventor General.
Artículo 5.- Servicio de Contabilidad.
Al Servicio de Contabilidad le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Elaborar las propuestas de Plan General de Contabilidad Pública o de sus modificaciones que la Intervención General ha de someter a la decisión del titular de la Consejería competente en materia de hacienda.
b) Elaborar las propuestas de disposiciones reglamentarias, así como las instrucciones que sean oportunas, en orden a la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública.
c) Formular las propuestas oportunas para la determinación del contenido y estructura de los documentos que conforman las cuentas anuales de las entidades del sector público con presupuesto limitativo.
d) Formular las propuestas de los principios básicos de la contabilidad analítica, así como promover y colaborar en la implantación de los sistemas de información que incorporen la contabilidad analítica en el sector público autonómico.
e) Elaborar las propuestas de requerimientos funcionales y, en su caso, de los procedimientos informáticos, así como supervisar el desarrollo del análisis funcional del sistema de información contable que deberán aplicar las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos.
g) Actuar como Oficina Central de Contabilidad para el ejercicio de competencias de gestión contable previstas reglamentariamente. Asimismo, vigilará e impulsará la actividad de las oficinas de contabilidad de la Administración Regional y sus Organismos autónomos, así como ejercer las competencias de inspección contable atribuidas por la ley a la Intervención General.
h) Elaborar las propuestas para la formación de las cuentas de los entes del sector público autonómico a que se refiere el artículo 122 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.
i) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos que hayan de rendirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas.
j) Examinar las cuentas que hayan de rendirse a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General, proponiendo al Interventor General la formulación, en su caso, de las observaciones que considere necesarias.
k) Centralizar la información deducida o relacionada con la contabilidad de las distintas entidades que integran el sector público regional.
l) Proponer la resolución de consultas e informes en materias de su competencia.
m) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Interventor General en el ámbito de sus competencias.
Artículo 6.- Servicio de Fiscalización y Coordinación.
Al Servicio de Fiscalización y Coordinación le corresponde:
b) El estudio y propuesta de instrucciones en el ámbito de su competencia, así como la elaboración y propuesta de modificación de las normas de función interventora y de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables.
c) La elaboración del informe en el que el Interventor General da cuenta al Gobierno, a través del Consejero competente en materia de hacienda, de los resultados que, en el ejercicio de la función interventora, por su especial trascendencia, se considere adecuado elevar, cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas.
d) La realización de los controles de calidad establecidos por la Intervención General sobre el desarrollo de la función interventora por las Intervenciones Delegadas.
f) Proponer la resolución de consultas en materias de su competencia que se puedan formular por los órganos y unidades de la Intervención General en el desarrollo de la función interventora.
g) Asesorar al Interventor General en las materias de su competencia.
h) Formular las propuestas de fiscalización previa de los actos de contenido económico que sean de la competencia del Interventor General.
i) Elaborar las propuestas de informe sobre las bases de convocatorias de subvenciones públicas.
j) Centralizar la información derivada del seguimiento de los reintegros de subvenciones y otras aportaciones dinerarias que se deriven del ejercicio de la función interventora.
k) Todas aquellas otras funciones que le encomiende el Interventor General.
Artículo 7.- Oficina de Auditoría Pública.
1. Bajo la dependencia orgánica y funcional del Interventor General, la Oficina de Auditoría Pública es el órgano al que le corresponde desarrollar las siguientes competencias y funciones:
a) Coordinar la elaboración del Plan anual de Auditorías.
b) Velar por la efectiva realización de los controles de calidad de las auditorías y demás controles financieros previstas en el referido Plan anual de Auditorías.
c) Elaborar y proponer la modificación de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables al ejercicio de la auditoría del sector público autonómico, al ejercicio del control financiero permanente sobre los sujetos del sector público autonómico con presupuesto estimativo y al ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas.
d) La elaboración del informe anual previsto en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que el Interventor General presentará al Gobierno, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente sobre los entes del sector público con presupuesto estimativo y del Plan anual de Auditorías. Asimismo, le corresponde la elaboración de la propuesta de informe resumen de las auditorías de cuentas anuales realizadas, previsto en el artículo 147.5 de la citada Ley de la Hacienda Pública Canaria.
e) Centralizar la información derivada del seguimiento de los reintegros de subvenciones y otras aportaciones dinerarias que se deriven de las auditorías y controles financieros incluidos en el Plan anual de Auditorías.
f) Cualquier otra función que le encomiende el Interventor General.
2. Al frente de la Oficina habrá un Director al que le corresponde, bajo la supervisión del Interventor General, la dirección y coordinación de la misma.
3. La Oficina de Auditoría Pública se estructura en los servicios de Auditoría del Sector Público; de Control Financiero de Fondos Comunitarios; de Control Financiero de Fondos Europeos Agrícolas; y de Auditoría Pública y de Control de Subvenciones,.
Artículo 8.- Servicio de Auditoría del Sector Público.
a) La propuesta de actuaciones de control a incluir en el Plan anual de Auditoría y en el Plan anual de Control Financiero Permanente a ejercer sobre las entidades públicas empresariales dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, entidades públicas distintas de las anteriores, las sociedades mercantiles públicas, las fundaciones públicas y los consorcios participados mayoritariamente por alguno de los sujetos enumerados en el artículo 2.a) b) y d) de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
b) La realización de las auditorías y de los controles financieros permanentes que se le asignen en aplicación de los planes señalados en el párrafo anterior.
h) Elaborar las propuestas a incluir en el Informe anual previsto en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que el Interventor General presentará al Gobierno, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente sobre los entes del sector público con presupuesto estimativo.
Artículo 9.- Servicio de Control Financiero de Fondos Comunitarios.
a) La propuesta de actuaciones a incluir en el plan anual de auditoría sobre los perceptores de Fondos europeos estructurales y de cohesión.
b) La realización de las auditorías y de los controles financieros de subvenciones que se le asignen en aplicación del Plan anual de Auditorías.
c) La revisión de los trabajos de auditoría realizados en aplicación de los planes anteriormente expuestos.
e) La emisión de informes especiales, dictámenes y certificaciones relativos a los controles que se le asignen.
f) El estudio y propuesta de instrucciones en el ámbito de su competencia, así como la elaboración y propuesta de modificación de las normas de auditoría del sector público y de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables al ejercicio del control financiero de subvenciones en el ámbito que le es propio.
Artículo 10.- Servicio de Control Financiero de Fondos Europeos Agrícolas.
b) La realización de los controles que se le asignen en la planificación anual.
g) La certificación de las cuentas del organismo pagador de los fondos europeos agrícolas.
Artículo 11.- Servicio de Auditoría Pública y de Control de Subvenciones.
Al Servicio de Auditoría Pública y de Control de Subvenciones le corresponde:
a) Elaborar la propuesta de actuaciones a incluir en el Plan anual de Auditorías en materia de subvenciones y ayudas financiadas exclusivamente con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, controles de subvenciones y auditorías preceptivas en cumplimiento de la normativa comunitaria relativa al Fondo Social Europeo y resto de auditorías no asignadas a otros servicios de la Intervención General.
Artículo 12.- Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.
1. Bajo la dependencia orgánica y funcional del Interventor General, la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas es el órgano al que le corresponde desarrollar las siguientes competencias y funciones:
a) Realizar las actuaciones de control financiero permanente que el Interventor General acuerde asignarle de entre los recogidos en el Plan anual de Control Financiero Permanente.
b) Realizar las actuaciones de auditoría de cumplimiento de los Programas de actuación plurianual y operativas que el Interventor General acuerde asignarle de entre los recogidos en el Plan anual de Auditorías, así como la colaboración en las auditorías de este tipo asignadas a otros órganos o unidades de la Intervención General, cuando así se determine por el titular del Centro directivo.
c) Coordinar la elaboración de la propuesta del Plan anual de Control Financiero Permanente sobre los sujetos del sector público autonómico con presupuesto limitativo, y velar por la efectiva realización de los controles de calidad sobre los informes de control financiero permanente o de las auditorías operativas y de eficacia y eficiencia que realicen las Intervenciones Delegadas.
d) Elaborar la propuesta de informe anual previsto en el artículo 128.1 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que el Interventor General presentará al Gobierno, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente sobre los entes del sector público con presupuesto limitativo.
e) Centralizar la información derivada del seguimiento de los reintegros de fondos públicos que se deriven de los controles sobre los sujetos del sector público con presupuesto limitativo incluidos en el Plan anual de Control Financiero Permanente.
f) La coordinación y realización de las actuaciones que en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas de gasto se atribuyen a la Intervención General en el Título IV de este Reglamento y se incluyan en el Plan de Acción anual de la Oficina previsto en el artículo 85 de este Reglamento.
g) Elaborar la propuesta del Plan de Acción de la Oficina que someterá al Interventor General para su aprobación.
3. La Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas se estructura en los Servicios de Control de Gestión y Evaluación de Políticas de Recursos Humanos y el de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales.
Artículo 13.- Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas de Recursos Humanos.
Al Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas de Recursos Humanos le corresponde, en relación con las políticas de recursos humanos que se desarrollen en el sector público autonómico:
a) La realización de las actuaciones de control financiero permanente o de auditoría que el Interventor General acuerde incluir en el Plan de Control Financiero Permanente, que se le asignen.
b) Preparar los informes de actuación que deba evacuar la Intervención General como consecuencia del ejercicio del control financiero permanente.
c) Proponer la resolución de consultas en materias de su competencia que se puedan formular por las Intervenciones Delegadas en el desarrollo del control financiero permanente.
d) Elaborar y proponer la aprobación de las normas e instrucciones precisas para el mejor ejercicio del control financiero permanente sobre la gestión de los recursos humanos.
e) Proponer criterios uniformes de actuación en la materia y elaborar, promover y difundir directrices, protocolos de actuación y guías metodológicas para el control financiero permanente.
f) Analizar las actuaciones que puedan dar origen a expedientes de responsabilidad contable o de otro tipo consecuencia del ejercicio del control financiero permanente sobre la gestión de los recursos humanos, de acuerdo con la normativa vigente.
g) La realización de los trabajos de análisis, evaluación y consultoría, incluidos en el Plan de Acción de la Oficina, que se le asignen.
h) Todas aquellas otras funciones que le encomiende el Interventor General o el Director de la Oficina.
Artículo 14.- Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales.
Al Servicio de Control de Gestión y Evaluación de Políticas Sectoriales le corresponde, con relación a las políticas sectoriales distintas a las de recursos humanos:
c) Proponer la resolución de consultas en materias de su competencia que se puedan formular por las Intervenciones Delegadas en el desarrollo del control financiero permanente sobre aspectos no relacionadas con la gestión de los recursos humanos.
d) Proponer criterios uniformes de actuación en la materia y elaborar, promover y difundir directrices, protocolos de actuación y guías metodológicas.
e) Analizar las actuaciones que puedan dar origen a expedientes de responsabilidad contable o de otro tipo consecuencia del ejercicio del control financiero permanente sobre aspectos no relacionadas con la gestión de los recursos humanos, de acuerdo con la normativa vigente.
f) La realización de los trabajos de análisis, evaluación y consultoría, incluidos en el Plan de Acción de la Oficina que se le asignen.
g) Todas aquellas otras funciones que le encomiende el Interventor General o el Director de la Oficina.
Artículo 15.- Servicio de Coordinación del Área de Control de Ingresos.
Al Servicio de Coordinación del Área de Control de Ingresos le corresponde:
a) Proponer criterios uniformes de actuación en la materia y elaborar, promover y difundir directrices, protocolos de actuación y guías metodológicas.
b) Elaborar los Programas de Trabajo a desarrollar bajo la modalidad de control financiero permanente en el área de ingresos, tesorería y política financiera.
c) La realización de las actuaciones de control financiero permanente o de auditoría que el Interventor General acuerde, de entre las incluidas en el Plan anual de Control Financiero Permanente y en el Plan anual de Auditorías.
d) Elaborar una propuesta de Informe anual en el que se recojan los resultados más significativos derivados del ejercicio del control de los derechos e ingresos.
e) Elaborar las propuestas de informes de actuación que pudieran derivarse del ejercicio de sus funciones de control.
f) Elaborar la propuesta de resolución de las discrepancias que se planteen en materia de ingresos, tesorería y política financiera.
g) Colaborar con el Servicio de Contabilidad en la elaboración de las propuestas de requerimientos funcionales y, en su caso, de los procedimientos informáticos, relativos al sistema de información contable en materia de ingresos, que deberán aplicar las entidades del sector público sujetas a los principios contables públicos.
h) Coordinar y supervisar la información que los órganos de gestión de los ingresos remiten a los sistemas de información contable.
i) Velar por la aplicación de los controles de calidad establecidos por la Intervención General sobre el desarrollo de las funciones de las Intervenciones Delegadas.
j) Todas aquellas otras funciones que le encomiende el Interventor General.
Las Intervenciones Delegadas, sobre los sujetos, departamentos, o dependencias del sector público que determine el Interventor General, son órganos a los que les corresponde:
a) Ejercer la función interventora sin perjuicio de las competencias reservadas al Interventor General.
b) Ejercer el control financiero permanente de los sujetos del sector público sometidos a su control, en los términos previstos en este Reglamento.
c) Colaborar en la realización de las auditorías operativas sobre los Informes de Gestión y Balances de Resultados de los Programas de Actuación Plurianual referenciados en el artículo 33 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, a requerimientos de la Intervención General.
d) La contabilización de las operaciones derivadas de los expedientes de gastos sujetos a su control.
e) La realización de los controles a que se refiere la Ley General de Subvenciones y demás normativa que la desarrolla, en aquellos casos y en los términos y alcance que se determinen en el Plan anual de Auditorías.
f) Desarrollar, conjuntamente con la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas y a requerimiento de los centros gestores, las funciones de asesoramiento y consultoría que se estimen oportunas, para ayudar a la concreción de los objetivos de las políticas y servicios públicos y para la determinación de los indicadores de gestión más adecuados y relevantes, que posibiliten la medición y evaluación de los resultados de las acciones que se desarrollen.
a) El control de los gastos que se originen como consecuencia del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) La intervención formal de los actos por los que se ordenan pagos y la intervención material de los pagos afectos a la Caja contable cuando correspondan a devoluciones de ingresos indebidos.
c) El control financiero permanente de la ordenación de pagos y de la materialización de los pagos afectos a la Caja contable.
d) Las comprobaciones de control financiero permanente, que se determinen en el Plan anual de control financiero permanente, sobre los derechos e ingresos afectos a la Caja contable y en materia de política financiera.
e) La toma de razón en contabilidad de los ingresos afectos a la Caja contable.
f) Aquellas actuaciones que le sean atribuidas o encomendadas por el Interventor General.
Artículo 18.- Intervenciones Insulares.
1. En la Consejería competente en materia de hacienda existirán Intervenciones Insulares, como órganos de control de los ingresos y pagos tramitados a través de sus cajas pagadoras.
2. Corresponden a las Intervenciones Insulares, en el ámbito de sus cajas contables las siguientes competencias:
a) La toma de razón en contabilidad de los ingresos.
b) El control financiero permanente de la ordenación de pagos y de la materialización de los pagos afectos a sus respectivas cajas contables.
c) La intervención formal de los actos por los que se ordenan pagos y la intervención material de los pagos a efectuar por sus respectivas cajas contables, cuando correspondan a devoluciones de ingresos indebidos.
d) Las comprobaciones de control financiero permanente o de auditoría pública, que se determinen en el Plan anual de Control Financiero Permanente, sobre los derechos e ingresos afectos a su caja contable.
Artículo 19.- Junta de Interventores.
1. La Junta de Interventores es un órgano de consulta y asesoramiento del Interventor General, de participación de los distintos órganos y unidades del Centro directivo en el proceso de toma de decisiones que le afecten y de comunicación de información relevante para el ejercicio de las funciones de control interno y contabilidad.
2. Integrarán la Junta de Interventores el Interventor General, que la presidirá, los jefes de los servicios integrados en la estructura central de la Intervención General, los Interventores Delegados e Insulares, los Directores de las Oficinas adscritas a la Intervención General y los Jefes de los Servicios adscritos a las mismas.
3. Actuará como vocal secretario el Jefe del Servicio de Organización y Gestión de Recursos, que tendrá atribuidas el ejercicio de todas aquellas facultades atribuidas por la legislación sobre el procedimiento administrativo común a los secretarios de los órganos colegiados.
4. La Junta de Interventores se pronunciará:
b) Antes de proponer la sustitución de la modalidad de función interventora por la de control financiero permanente o la de este último por la de auditoría pública, en los términos previstos en los artículos 130.3 y 138.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
c) Con carácter previo a la propuesta que el Interventor General pretenda elevar al Gobierno de Canarias a través del Consejero competente en materia de hacienda, sobre los extremos adicionales a los que haya de extenderse la fiscalización previa limitada regulada en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
d) Con carácter previo a la aprobación por el Interventor General de las instrucciones y Normas Técnicas a que deben ajustarse los informes de control financiero permanente.
e) Siempre que la convoque el Interventor General a efectos de adoptar medidas de coordinación en el desempeño de las funciones de control y de dirección y gestión de la contabilidad pública.
5. El orden del día de las reuniones de la Junta de Interventores, que en todo caso se desarrollarán durante la jornada ordinaria de trabajo, será fijado por el Interventor General en la convocatoria, pudiendo incluir en el mismo los puntos propuestos por los miembros de dicho órgano colegiado.
EL CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PLANIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTROL
Artículo 20.- Objetivos de la planificación.
Artículo 21.- El Plan Estratégico de la Intervención General.
1. La Intervención General elaborará y aprobará un Plan Estratégico, en el que determinará los objetivos estratégicos del Centro para los siguientes cuatro ejercicios; las actuaciones a desarrollar para alcanzar estos objetivos, así como los indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos previstos.
3. En el primer trimestre de cada ejercicio, la Intervención General, procederá a la evaluación de los resultados de la ejecución del Plan Estratégico y a la aprobación de las modificaciones que sea preciso introducir al Plan Estratégico para los próximos años.
Artículo 22.- Principios de ejercicio.
Artículo 23.- Modalidades y contenido de la función interventora.
Artículo 24.- Fases de la función interventora sobre gastos.
Artículo 25.- Fiscalización previa.
Artículo 26.- Requisitos de la solicitud de informe de fiscalización previa.
Artículo 27.- Plazo para el ejercicio de la función interventora.
Artículo 28.- Resultados de la fiscalización.
El resultado de la fiscalización se pondrá de manifiesto mediante un informe en el que se expresará la conformidad o disconformidad del Interventor con la propuesta, el acto o resolución objeto de fiscalización.
Artículo 29.- Fiscalización de conformidad.
1. Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad procederá a la confirmación de la operación de captura precontable efectuada por la unidad gestora y emitirá informe de conformidad, pudiendo sustituirse éste por la firma de los documentos contables, en los supuestos que expresamente se determinen por el Interventor General.
Artículo 30.- Reparos.
5. En el supuesto de que la función interventora se desarrolle en el régimen de fiscalización previa limitada, sólo podrá formularse reparo en caso de que no se dé cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 133 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. La Intervención podrá formular las observaciones complementarias que estime convenientes, sin que las mismas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes.
6. Si el Interventor General o los Delegados al conocer de un expediente observan que el órgano gestor ha incumplido la suspensión en la tramitación del expediente como consecuencia de la formulación de reparos, bien porque no subsanó los defectos, bien porque los subsanó con posterioridad a la aprobación del expediente, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente esas actuaciones, hasta que por el titular del departamento a que pertenezca dicho órgano o al que esté adscrito el organismo autónomo se someta el asunto a la consideración del Gobierno para que adopte la resolución procedente, en los términos previstos en el citado artículo 136 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria.
Artículo 31.- Omisión de fiscalización.
Artículo 32.- Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos.
1. Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de función interventora se formalice en documento electrónico, el resultado de la fiscalización se formalizará igualmente en documento electrónico que incorporará la firma electrónica reconocida del Interventor competente.
Artículo 33.- Informes de Gestión.
1. Dentro de los dos meses siguientes a la finalización del ejercicio, las Intervenciones Delegadas elaborarán un informe provisional sobre los resultados del ejercicio de la función interventora. En dicho informe harán constar cuantas observaciones y conclusiones se deriven del ejercicio de sus funciones, proponiendo, en su caso, las medidas correctoras que estimen oportunas, de las que deberá realizar su seguimiento, debiendo poner en conocimiento de la Intervención General la falta de adopción de las mismas por los órganos responsables de la gestión.
y de la comprobación material de la inversión
Artículo 34.- Intervención del reconocimiento de las obligaciones.
Artículo 35.- Intervención de la comprobación material del gasto.
1. Antes del reconocimiento de la obligación, se procederá a verificar materialmente la efectiva realización del gasto y su adecuación al contenido del correspondiente negocio jurídico.
El resultado de la intervención de la comprobación material del gasto se reflejará en acta, que será suscrita por todos los que concurran al acto de recepción o, en su caso, a la ocupación efectiva de que se trate, en la que se harán constar las deficiencias que pudieran haberse apreciado, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de recepción. Asimismo, en informe ampliatorio al acta, podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes. El representante de la Intervención General remitirá a ésta un ejemplar del acta.
En caso de desacuerdo con las deficiencias reflejadas por el representante de la Intervención en el acta, el órgano gestor podrá plantear su discrepancia, motivada con las normas en las que sustente su criterio, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 135 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
De la intervención formal y material
del pago correspondiente a devoluciones
de ingresos indebidos
1. El control financiero permanente tiene como misión el análisis y evaluación, de una manera continuada en el tiempo, de la gestión económico financiera de los sujetos del sector público a los que se refiere el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, a fin de verificar si la misma se desarrolla con arreglo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad y demás de buena gestión, y proponer, en su caso, la adopción de acciones correctoras de las desviaciones que se detecten o, simplemente, de acciones preventivas o de mejora de la gestión pública.
1. Antes de que finalice el mes de enero, la Intervención General elaborará el Plan anual de Control Financiero Permanente, en el que se recogerán, para los sujetos del sector público y áreas de gestión sobre los que el Gobierno ha acordado la aplicación del control financiero permanente, los objetivos de control, los responsables de su ejecución, y los recursos asignados.
A tal fin, solicitará de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 138 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta de objetivos y actuaciones que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión.
2. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General resolverá la aprobación definitiva del Plan anual de Control Financiero Permanente, que podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que lo justifiquen.
a) Verificar la regularidad formal de la gestión económico financiera desarrollada, analizando el grado de cumplimiento de la normativa y procedimientos a los que no se extiende la función interventora.
b) Verificar la aplicación del principio de orientación a resultados y dirección por objetivos, efectuando, entre otras, las siguientes acciones:
4. Para el adecuado desarrollo del control financiero permanente la Intervención Delegada o Unidad de control actuante podrá recabar en cualquier momento de los centros gestores la información y documentación que precise y efectuar las comprobaciones materiales que sean necesarias.
1. La planificación y desarrollo de los trabajos se efectuará, en todo lo que no esté previsto en este Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en las Instrucciones y Normas Técnicas que al efecto dicte la Intervención General y, en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público.
3. En toda actuación de control se deberá obtener evidencia suficiente, pertinente y válida, a fin de lograr una base de juicio razonable en la que apoyar las opiniones, conclusiones y recomendaciones sobre los objetivos del control.
A estos efectos, se consideran evidencias los registros documentales, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para respaldar la existencia o veracidad de un hallazgo del control y que puedan ser verificables por otras personas. Los hallazgos del control son los resultados de la evaluación de las evidencias obtenidas frente al ordenamiento jurídico vigente y a los criterios de buena gestión ampliamente aceptados en el sector público, que permiten alcanzar conclusiones.
4. Se formará un archivo completo y detallado del trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo comprenderán la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el órgano que efectúe el control, de manera que en conjunto constituyan un compendio de la información utilizada, de las evidencias obtenidas y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que se han debido tomar para llegar a formarse la opinión.
1. Las actuaciones de control financiero que se van desarrollando a lo largo del ejercicio se documentarán en el informe de control financiero permanente.
2. La Intervención Delegada, o la unidad de control actuante, remitirá, antes del 1 de marzo, al titular del departamento, organismo o entidad sobre la que ha desarrollado el control, un informe con los resultados más significativos derivados de las actuaciones de control desplegadas en el ejercicio anterior, respecto a todas las áreas en que se estructura el informe de control financiero permanente. Este informe, que será firmado por el Interventor Delegado o responsable de la unidad de control actuante, tendrá el carácter de provisional y deberá contener en cada una de sus páginas una indicación de tal condición.
3. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado, la Intervención Delegada o Unidad de control actuante emitirá el informe definitivo, que incluirá, en su caso, las alegaciones recibidas del sujeto controlado y las observaciones del órgano de control sobre las mismas.
Cuando se hubiesen recibido alegaciones que discrepen del contenido del informe provisional, se actuará de la siguiente forma:
Artículo 42.- Plan de medidas correctoras o de mejora.
1. En el supuesto de que el informe definitivo de control financiero permanente señale la existencia de incumplimientos del ordenamiento jurídico, deficiencias o aspectos de mejora de la gestión, la Intervención Delegada u órgano de control actuante deberá proponer al centro gestor un Plan de medidas correctoras o de mejora, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la remisión del informe definitivo, en el que se recoja:
2. El Plan de medidas deberá formalizarse en un documento que será suscrito por la Intervención Delegada u órgano de control actuante y el o los órganos gestores responsables de su ejecución.
3. En caso de discrepancias que impidan alcanzar un acuerdo sobre el contenido o forma de ejecución del Plan de medidas, se deberá actuar de la siguiente manera:
b) Cuando las opiniones divergentes sólo versen sobre posibles desviaciones de los principios de buena gestión o sobre la falta de aplicación de éstos, se registrará en el documento en el que se formalice el Plan de medidas esta circunstancia, manteniéndose las conclusiones de la Intervención Delegada a título de recomendación, junto con la propuesta de medidas que se consideren oportunas para la mejora de la gestión.
c) En caso de opiniones divergentes sobre la forma o plazo de ejecución de alguna de las medidas propuestas en el Plan, la Intervención Delegada deberá comunicar tal circunstancia a la Intervención General, a fin de que ésta, tras solicitar las alegaciones al respecto del centro gestor, intente alcanzar un acuerdo al respecto o, en su defecto, evacue el Informe de Actuación previsto en el apartado 3 del artículo 44 de este Reglamento. Los acuerdos sobre el Plan corrector suscrito entre la Intervención General y el centro gestor serán vinculantes para la correspondiente Intervención Delegada.
Artículo 43.- Seguimiento de las medidas propuestas.
Los Interventores Delegados deben establecer los mecanismos necesarios que permitan el seguimiento, tanto de las medidas correctoras propuestas en los informes definitivos, como de las actuaciones adoptadas por el sujeto controlado.
En los informes definitivos de control financiero permanente evacuados en cada ejercicio se deberá consignar el estado de las recomendaciones y de las medidas correctoras propuestas en los anteriores informes de control financiero permanente.
Artículo 44.- Propuestas de actuación de la Intervención Delegada u órgano de control actuante e Informe de Actuación de la Intervención General.
1. Cuando en el desarrollo del control financiero permanente se hubiese puesto de manifiesto el incumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a los aspectos de la gestión económica, o la existencia de errores que hubiesen ocasionado o puedan dar lugar a pagos indebidos o improcedentes, la Intervención Delegada o el órgano de control actuante pondrá de manifiesto, al centro gestor y al superior orgánico del centro gestor, esta circunstancia, así como la necesidad de que se adopten las medidas que resulten oportunas, incluido el reintegro. Si el acto está sujeto a derecho administrativo, se propondrá que previamente al reintegro se adopte alguna de las medidas siguientes:
b) La revisión del acto en cuestión, en caso de pagos derivados de actos nulos o anulables, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el posterior reintegro de las cantidades indebidamente abonadas.
Las propuestas de actuación deberán incluirse en el informe de control financiero permanente, si bien podrán formularse con anterioridad al mismo, mediante informe independiente, cuando se considere conveniente a juicio del órgano de control, bien porque el transcurso del tiempo hasta la emisión del informe de control financiero permanente pueda hacer imposible o difícil la subsanación o reparación de las deficiencias advertidas; o por la importancia del quebranto al Tesoro que pudiese producirse de no atajarse con rapidez la deficiencia observada, o por cualquier otra razón que supusiera un perjuicio para la Hacienda pública.
En el momento de comunicar las propuestas de actuación se deberá indicar al centro gestor un plazo para la subsanación de las deficiencias detectadas o, en su defecto, para acreditar que ha presentado su discrepancia ante la Intervención General.
La Intervención General, recibida la comunicación anteriormente indicada, podrá elaborar un informe de actuación dirigido al titular de la gestión controlada y al superior jerárquico del mismo, advirtiéndoles de la necesidad de justificar, en el plazo que al efecto se señale, que han adoptado las medidas correctoras propuestas o, en su defecto, que se ha elevado al Gobierno su disconformidad, por conducto del departamento competente en materia de hacienda.
Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin que se hubiese justificado la adopción de las acciones alternativas indicadas en el oficio de la Intervención General, se instará el inicio de expediente de responsabilidad contable, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 142 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Artículo 45.- El Informe General de Control Financiero Permanente.
Los informes definitivos de control financiero permanente deberán ser remitidos a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de que ésta elabore un Informe General, en el que se recojan los resultados más significativos derivados de los mismos, en la ejecución del Plan anual de Control Financiero Permanente de cada ejercicio.
de los derechos e ingresos
del Tesoro de la Comunidad Autónoma
Artículo 46.- Control financiero permanente de los derechos e ingresos.
Artículo 47.- Control financiero permanente de la devolución de ingresos indebidos.
Artículo 48.- Control financiero permanente de la ordenación del pago.
1. El control tendrá por objeto verificar, entre otros aspectos, que las órdenes de pago se dictaron por órgano competente, se ajustaron al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodaron al Presupuesto de Tesorería que apruebe el Gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria. Asimismo se comprobará que las órdenes de pago fueron expedidas aplicando criterios objetivos, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación presupuestaria y forma de pago, entre otros.
Artículo 49.- Control financiero permanente de la materialización del pago.
Artículo 50.- Control financiero permanente de los actos por los que se acuerde el movimiento de fondos y valores de la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Artículo 51.- Ámbito de aplicación.
La Intervención General ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público autonómico con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma o a los fondos comunitarios, de conformidad y con el alcance establecido en el presente Reglamento, en la Ley General de Subvenciones y disposiciones reglamentarias que las desarrollen, y en la normativa comunitaria.
Artículo 52.- Objeto y competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones y ayudas.
Artículo 53.- Principios de ejercicio del control financiero.
Artículo 54.- Control financiero de ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios.
1. En las ayudas financiadas o cofinanciadas por los Fondos Comunitarios, la Intervención General realizará los controles que le sean asignados por la Intervención General de la Administración del Estado, en cuanto a unidad que ejerce las funciones de coordinación del Sistema Nacional de Control de Fondos Comunitarios, así como también, de coordinación de las relaciones con las Instituciones Comunitarias
3. La Intervención General cuando sea designada autoridad de auditoría asumirá las funciones previstas en la normativa comunitaria.
4. De acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa comunitaria, la Intervención General ejercerá sus funciones como organismo de certificación del Organismo Pagador de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos de elaborar certificados, informes y demás documentos que sean preceptivos.
Artículo 55.- Otras actuaciones de control no incluidas en el Plan de Auditorías.
No será necesario incluir en el Plan de Auditorías que apruebe anualmente el titular competente de la Consejería en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General, las comprobaciones precisas que soliciten los órganos de control de la Unión Europea o de otros Estados miembros en aplicación de reglamentos comunitarios sobre beneficiarios perceptores de fondos comunitarios.
Artículo 56.- Iniciación de oficio del procedimiento de control financiero de subvenciones y ayudas.
La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se efectuará mediante su notificación a éstos del escrito de inicio, en el que deberán recogerse, como mínimo, los siguientes aspectos:
Copia del escrito de inicio se remitirá, igualmente, al órgano gestor concedente de la subvención.
Artículo 57.- Efectos de la notificación del inicio de las actuaciones de control.
Artículo 58.- Representación.
1. Cuando los beneficiarios o entidades colaboradoras actúen en el control financiero por medio de representante deberá requerirse su acreditación, que podrá formalizarse mediante documento público o privado, con firma legitimada notarialmente o por comparecencia personal del interesado ante el Órgano de control. En este último caso, el poder podrá ser conferido ante el personal controlador que realice las actuaciones.
2 La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación, que deberá ser comunicada también al beneficiario o entidad colaboradora representada, no impedirá que se pueda tener por realizado el acto de que se trate, siempre que se acompañe poder bastante o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días, o en el plazo superior que determine el órgano de control si las circunstancias así lo requieren, pudiendo considerarse en caso contrario que la falta de acreditación constituye resistencia, excusa, obstrucción o negativa de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones.
Artículo 59.- Lugar de las actuaciones de control.
Artículo 60.- Suspensión del procedimiento de control financiero.
Cuando en el ejercicio de las funciones de control financiero se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención percibida, el Interventor General podrá acordar la adopción de las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto de impedir la desaparición, destrucción o alteración de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.
Artículo 62.- Documentación de las actuaciones de control financiero.
1. Las actuaciones de control financiero se documentarán en comunicaciones con otros órganos administrativos o con los sujetos controlados y terceros sometidos al deber de colaboración, diligencias, para reflejar hechos relevantes que se pongan de manifiesto en el ejercicio del mismo, y en informes, que tendrán el contenido y estructura y cumplirán los requisitos que se determinen en las instrucciones dictadas por el Interventor General al efecto, o en su defecto, en las Normas de Auditoría del Sector Público.
Artículo 63.- Informes provisionales y definitivos.
3. Transcurrido el referido plazo, se emitirá informe definitivo por el Interventor General, en el que se incluirá el informe provisional, las alegaciones recibidas y, en su caso, las observaciones que sobre dichas alegaciones hayan formulado los funcionarios designados para realizar el control. En el caso de que no se reciban alegaciones, el informe provisional se elevará a definitivo.
Artículo 64.- Duración del procedimiento de control.
1. Las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras, deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación a aquéllos del inicio de las mismas.
Artículo 65.- Efectos del incumplimiento del plazo para la realización del control.
1. Si transcurre el plazo sin que se haya concluido el control, se producirá la caducidad del procedimiento y las actuaciones de control no habrán interrumpido el plazo de prescripción establecido para que la Administración pueda reconocer el reintegro. El Interventor General acordará la finalización del procedimiento mediante resolución, que pondrá de manifiesto la caducidad producida y se notificará al sujeto controlado.
2. Si aún no ha prescrito el plazo para exigir el reintegro, se acordará el inicio de un nuevo procedimiento de control, disponiendo la conservación de todas las actuaciones de control desarrolladas en el procedimiento caducado.
Artículo 66.- Procedimiento de reintegro a propuesta de la Intervención General.
1. Cuando en el informe emitido por la Intervención General se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el referido informe y en el plazo de tres meses, el inicio del expediente de reintegro.
2. El acuerdo de inicio del expediente de reintegro deberá ser notificado por el centro gestor al beneficiario o entidad colaboradora, que dispondrá de 15 días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, respecto a los hechos puesto de manifiesto en el informe de control financiero que motivó el inicio del procedimiento.
3. El órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General en el plazo de tres meses a partir de la recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia con su incoación, que deberá ser motivada. En este último caso, la Intervención General podrá emitir informe de actuación dirigido al titular del departamento del que dependa o esté adscrito el órgano gestor de la subvención, del que dará traslado asimismo al órgano gestor.
4. Cuando el control financiero hubiera finalizado como consecuencia de resistencia, excusa, obstrucción o negativa, no se tendrán en cuenta en el procedimiento de reintegro hechos, documentos o alegaciones presentados por el sujeto controlado cuando, habiendo podido aportarlos en el control financiero, no lo haya hecho; salvo, que los mismos se limiten a constatar que tal circunstancia no se produjo durante el control.
5. Si el beneficiario o el sujeto controlado no presentara alegaciones, el órgano competente podrá, sin más trámite, resolver el procedimiento de reintegro, en los mismos términos contenidos en el acuerdo de inicio del procedimiento y sin necesidad de dar traslado a la Intervención General para informe de reintegro, al que se hace referencia en el siguiente apartado.
12. Anualmente, la Intervención General emitirá informe de actuación, en relación con los procedimientos de reintegro no iniciados por los órganos concedentes de subvenciones en el plazo de tres meses previsto en el apartado 1 del presente artículo. El titular del departamento, en el plazo de dos meses, deberá remitir al titular del departamento competente en materia de hacienda informe relativo a las medidas adoptadas. En caso de disconformidad, el titular del departamento competente en materia de hacienda, previo informe del Interventor General, someterá las actuaciones a la consideración del Gobierno.
Artículo 67.- Tramitación del procedimiento sancionador a propuesta de la Intervención General.
Artículo 68.- Auditoría pública.
El ámbito de verificación podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados los entes auditados, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos.
En los restantes supuestos, la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos incluidos en los programas de actuación plurianual y su contraste con el informe de gestión a que hace referencia el artículo 33 de la referida Ley se realizará mediante la modalidad de control financiero permanente, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 39 de este Reglamento.
Artículo 69.- El Plan anual de Auditorías.
2. A tal fin, solicitará de sus distintas unidades y órganos adscritos, y de los titulares de los departamentos, organismos y entes a los que hace referencia el artículo 144 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, una propuesta sobre el control que se considere conveniente incluir en el Plan y la justificación de su inclusión. En caso de que se formulen varias propuestas, deberán estar priorizadas.
3. Tras la valoración de las propuestas recibidas, el Interventor General elaborará la propuesta del Plan anual de Auditorías, en la que incluirá las actuaciones que considere oportuno realizar en función de los medios disponibles, adjuntando al expediente un informe sobre la motivación de su inclusión. Aprobado el Plan anual de Auditorías por el titular del departamento competente en materia de hacienda, el mismo podrá ser modificado cuando se produzcan circunstancias que así lo justifiquen.
Artículo 70.- Procedimiento de auditoría.
1. La planificación y el desarrollo de los trabajos se efectuará, en todo lo que esté previsto en este Reglamento, con sujeción a lo dispuesto en las instrucciones y Normas Técnicas que al efecto dicte la Intervención General y, en su defecto, en las Normas de auditoría del Sector Público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
5. Se formará un archivo completo y detallado del trabajo realizado y de las conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo.
Artículo 71.- Inicio del procedimiento de auditoría.
La iniciación de las actuaciones de auditoría pública se efectuará mediante su notificación a los entes a auditar, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo, la fecha prevista de personación del equipo auditor que va a realizarlas o de entrega de la documentación en las oficinas de la Intervención General, y demás elementos que se consideren necesarios.
Artículo 72.- Duración del procedimiento de control.
1. El plazo para concluir la auditoría será de 12 meses a contar desde la comunicación al ente auditado, pudiendo ser prorrogada por causas justificadas mediante Resolución del Interventor General.
Artículo 73.- Lugar de las actuaciones de auditoría.
Artículo 74.- El informe provisional y definitivo de auditoría.
3. Una vez emitido el informe provisional de auditoría, se remitirá el mismo al titular del departamento, organismo o entidad sobre la que ha desarrollado la auditoría, y en su caso, a cualquier otra persona o entidad relacionada con la auditoría realizada.
4. Transcurrido el plazo de alegaciones indicado, la Unidad auditora actuante elevará a la firma del Interventor General el informe definitivo, que incluirá, en su caso, las alegaciones recibidas de la entidad auditada, de otras personas o entes a los que se hubiera remitido el informe provisional y las observaciones del órgano auditor sobre las mismas.
5. Los informes definitivos se notificarán a los entes auditados. Asimismo, una copia del informe se remitirá al titular del departamento competente en materia de hacienda, al titular del departamento al que se encuentre adscrito orgánicamente el ente auditado, y a cualquier otro que por parte de la Intervención General se considere oportuno.
Artículo 75.- Resultados de los informes de auditoría.
Artículo 76.- Auditorías públicas y actuaciones de control de subvenciones realizadas por auditores privados.
Artículo 77.- Ámbito.
Artículo 78.- Ámbito.
Artículo 79.- Contabilización de los ingresos a partir de la información procedente de los sistemas de gestión.
1. La Intervención General determinará el contenido, la estructura y periodicidad de la información que procedente, de los sistemas de gestión de ingresos, sea necesaria para cumplimentar los estados contables previstos en el Capítulo III del Título VII de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.
Artículo 80.- Concepto y régimen jurídico.
1. Se define la evaluación de las políticas públicas como un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una intervención pública, norma, programa, plan o política, que permita alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos, con la finalidad de ser útil a los decisores y gestores públicos, así como a la sociedad en general.
Artículo 81.- Participación y colaboración de los sujetos del sector público autonómico.
1. Los sujetos del sector público autonómico responsables de la gestión de las políticas, programas y servicios públicos deberán colaborar con la Intervención General, en el ejercicio de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas de gasto, facilitándole cuanta información y asesoramiento sea demandado por ésta, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas.
2. Cuando se considere necesario, por el carácter especializado o científico de los aspectos a evaluar, podrá solicitarse la colaboración de empleados públicos adscritos a los órganos, centros y dependencias responsables de la gestión de las políticas o programas a analizar; así como la contratación de personas físicas o jurídicas externas a la Intervención General.
3. La Intervención General coordinará con el órgano competente en materia de calidad e inspección de los servicios públicos la planificación de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos que pudieran ser de utilidad para las funciones de ambos y posibilitar la colaboración del personal adscrito a dicho órgano en estos trabajos.
4. La Intervención General coordinará con el órgano competente de función pública la planificación de sus trabajos de análisis y evaluación de políticas públicas referidas al capítulo de gastos de personal, a fin de facilitar el intercambio de conocimientos que pudieran ser de utilidad para las funciones de ambos y posibilitar la colaboración del personal adscrito a dicho órgano en estos trabajos
Artículo 82.- Participación y colaboración con las Comunidades Autónomas, Entes Locales, Universidades, Audiencia de Cuentas y organismos con competencias en evaluación del sector público estatal.
1. La Intervención General podrá promover la suscripción de convenios de colaboración con los órganos competentes en evaluación de otras Comunidades Autónomas y del sector público estatal, para la realización de objetivos en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 83.- Objetivos y competencias.
1. La Intervención General, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, desarrollará los siguientes objetivos:
2. Para la consecución de estos objetivos, la Intervención General, a través de su Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas, ejercerá las siguientes competencias y funciones:
a) Realizar los informes sobre las evaluaciones de programas y políticas públicas de gasto, sus resultados e impacto, que sean acordados por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Canarias e incluidos en el Plan de Acción de la Oficina.
Y PLAN DE ACCIÓN ANUAL
Artículo 84.- Principios básicos de actuación en el ámbito de la evaluación.
La Intervención General, en el ejercicio de sus funciones de análisis y evaluación de políticas y programas públicos de gasto, respetará en su actuación los principios de interés general, objetividad, eficacia, eficiencia, servicio al ciudadano y, específicamente los siguientes:
Artículo 85.- El Plan de Acción anual.
1. El titular del departamento competente en materia de hacienda, a propuesta del Interventor General, oídos los distintos departamentos, someterá a la aprobación del Gobierno, en el primer trimestre de cada año, el Plan de Acción de la Oficina de Control y Evaluación de Políticas Públicas para el ejercicio, en el que se recogerán, en función de los recursos disponibles:
c) Las actividades de carácter formativo y metodológico.
d) Aquellas otras de informe, estudio, análisis y evaluación que sean acordadas.
CARÁCTER Y EFECTOS DE LOS TRABAJOS
Artículo 86.- Destinatarios de los informes, estudios y trabajos de evaluación.
1. Los informes, estudios y trabajos de evaluación que se desarrollen se dirigirán al titular del departamento responsable de la gestión de las políticas, programas o servicios analizados.
2. Cuando el titular del departamento competente en materia de hacienda lo considere conveniente, por razón de la relevancia de los resultados, elevará al Gobierno los informes, estudios y trabajos de evaluación, a los efectos de dar cuenta de los mismos y solicitar la autorización de éste para que, atendiendo al principio de transparencia, la Intervención General desarrolle las acciones informativas y comunicativas que estime oportunas en orden a que los resultados más importantes de los trabajos de evaluación puedan ser accesibles a los ciudadanos y a los distintos agentes económicos y sociales interesados en los mismos, así como a los investigadores, pudiendo disponerse su difusión en la web institucional.
Artículo 87.- Asistencia a mesas de contratación.
A los efectos de articular la asistencia de un representante de la Intervención General a las mesas de contratación que se constituyan para la contratación administrativa y patrimonial, deberá comunicarse, con diez días de antelación, la fecha y el lugar de celebración de la primera reunión de la mesa de contratación a la correspondiente Intervención Delegada. Para la comunicación de las siguientes reuniones se estará al régimen que adopte la mesa.
En los casos en que la reunión de la mesa de contratación vaya a celebrarse en isla distinta a aquella en la que radica la oficina de la Intervención Delegada correspondiente, el centro gestor deberá dirigir la solicitud de representante a la Intervención General.
Artículo 88.- Expedientes administrativos de responsabilidad contable.
Cuando en la práctica de las actuaciones de control que competen a la Intervención General, se apreciaran indicios de alguna posible infracción de las previstas en el Título X de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, el responsable del órgano o unidad que efectúa el control lo deberá poner en conocimiento del Interventor General a los efectos de que, si resulta procedente, efectúe la oportuna comunicación al órgano competente para incoar expedientes administrativos de responsabilidad contable, con los datos, antecedentes y precisiones necesarias para que se pueda efectuar la calificación de la posible infracción y la identificación del presunto o presuntos responsables.
Artículo 89.- Control de situación de cajas.
2. Las Intervenciones Insulares podrán realizar, en cualquier momento, arqueos de las cuentas restringidas de recaudación.
Artículo 90.- Control de dotaciones de personal y control de almacenes.
2. La Intervención General, en el ámbito de sus competencias, podrá realizar los inventarios y comprobaciones de material que estime oportunas en dependencias y almacenes de los órganos, organismos y entes de la Administración autonómica sujetos a control.