Source: https://seniales.blogspot.com/2012/03/juez-civil-rechazo-demanda-por-danos-y.html
Timestamp: 2017-06-27 03:27:43
Document Index: 25819605

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 26']

Señales: Juez civil rechazó demanda por daños y perjuicios contra un diario de Bariloche
Juez civil rechazó demanda por daños y perjuicios contra un diario de Bariloche
A esa nota la ilustró con dos muñequitos besándose en la boca y el epígrafe “Los empleados Municipales tendrán que besarse más, de acuerdo al informe”. En el cuerpo de la nota expresó, en lo pertinente: “La licenciada Bibiana Misischia entregó un informe de resultados a la Secretaría de Control de Gestión, a cargo de René Barriga, dentro del Taller Visión Estratégica. Dentro de los puntos más salientes, la licenciada recomienda que los empleados se besen más. La licenciada contempla en el trabajo algunos puntos referidos a las líneas de acción (planificación integral y estratégica; revisión, ordenamiento y actualización del marco normativo, comunicación, formación de los recursos humanos en la actividad económica, etc.), áreas involucradas (todas) y los datos necesarios.
Esa publicación fue reconocida por El Cordillerano al contestar la demanda. En relación a que esa publicación implicó el ejercicio de la libertad de expresión y, particularmente, de la libertad de prensa, se consigna: El derecho a la libre expresión es el derecho de difundir públicamente informaciones, pensamientos, opiniones, críticas, creencias, imágenes, etcétera (artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre [DADDH]; artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [DUDH], artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [PIDCP]; artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos [CADH]; artículo 14 de la Constitución Nacional [CN]; y artículo 26 de la Constitución de Río Negro [CRN]).
No implica censura previa la responsabilidad civil y penal posterior cuando lo expresado fueron calumnias o injurias. Así como la libertad de expresión está exenta de censura previa, no lo está de responsabilidad posterior (CSJN, Fallos: 119:231; 155:57; 167:121; 269:189; 308:789; 310:508; 321:667, etcétera; ver, por ejemplo, Bidart Campos, “Manual de la Constitución Reformada”, Ediar, 2002, tercera reimpresión, tomo II, página 21). Sin embargo, la responsabilidad civil posterior por informaciones u opiniones de la prensa debe juzgarse restrictivamente, con especial cautela, "ponderando la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, las características del daño alegadamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la necesidad de recurrir a la vía civil", porque "el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, ... con el resultado evidente y disvalioso de autocensura" (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 29/11/2011, "Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina", puntos 56 y 74).
Por eso nuestra jurisprudencia ha elaborado a lo largo de numerosos precedentes un régimen de responsabilidad específico para expresiones de la prensa sobre cuestiones o figuras públicas conocido como responsabilidad por "real malicia", que se caracteriza por la exigencia de varios requisitos para reputar ilegítimas o antijurídicas tales expresiones y un factor de atribución subjetivo especialmente calificado (Corte Suprema de Justicia de la Nación [CSJN]: Fallos 308:789 ["Campillay”]; 316:2394 [“Granada”]; 316:2416 [“Triacca”]; 317:1448 ["Espinosa"]; 319:2741 [“Morales Solá]; 319:2965 ["Acuña"]; 319:3428 [“Ramos”]; 321:2637 ["Cancela"]; 321:2848 ["Menem, E."]; 321:3170 [“Díaz”]; 326:145 ["Burlando"]; 326:2491 ["Menem, A."]; 326:4136 ["Baquero Lazcano"]; etcétera. Superior Tribunal de Justicia de Río Negro [STJRN]: 11/03/2004, “Zonco”, sentencia 19/2004). En efecto, de esos precedentes se infiere que una expresión de prensa sobre cuestiones o figuras públicas debe reputarse antijurídica o ilícita solamente cuando reúne todos estos requisitos: a) incurre en una falsedad, b) identifica al implicado o expone datos que permiten identificarlo fácilmente; c) adopta un modo asertivo en vez de potencial o conjetural; y d) omite indicar sinceramente una fuente concreta y real de información. Además, debe concurrir un riguroso factor de atribución subjetivo del medio de prensa (una factor reprochable), cual es el dolo directo (conocía la falsedad de lo expresado) o el dolo eventual (se despreocupó temerariamente por saber si era verdadero o falso).
No alcanza en ningún caso con la culpa (imprudencia o negligencia no temerarias). Finalmente, la expresión culpable debe ser por supuesto perjudicial (injuriosa, calumniosa, difamatoria, violatorio de la intimidad, etcétera), presupuesto común a toda responsabilidad civil, y la carga de probar todos los requisitos enunciados pesa sobre el afectado que reclama la indemnización (funcionario público, figura pública, o particular involucrado en la cuestión pública).
Pero se recalca que ese régimen específico se aplica exclusivamente a las cuestiones de interés público. En cambio, los particulares afectados por la difusión de asuntos meramente privados pueden obtener la indemnización acreditando solamente la falsedad de la expresión y la culpa del editor. A su vez, toda esta doctrina de la real malicia debe limitarse a los medios de difusión y no extenderse a los autores externos que se valen de ellos para expresarse, a quienes también les cabe el régimen común de responsabilidad. Este caso trata justamente de una cuestión pública difundida por la prensa, porque la información periodística cuestionada versó sobre una actividad técnica desarrollada con el personal y los funcionarios municipales en el ámbito de la administración local. Por lo tanto, aunque la demandante no sea funcionaria debe aplicarse de todos modos el régimen de la real malicia, por estar igualmente involucrada en una cuestión pública. Que, sentado lo anterior, los elementos reunidos no permiten reputar que la nota reseñada haya sido claramente antijurídica, teniendo en cuenta los requisitos ya reseñados. Por lo pronto, no se acreditó una discordancia clara y fehaciente entre la noticia y el tenor literal del informe que Misischia habría presentado al Municipio con una colega, teniendo por tal el reconocido en la audiencia de prueba por el entonces titular de la Secretaría de Gestión de Control (testimonial Barriga) aunque no fuera corroborado por la prueba informativa .
El editor admitió en la testimonial que no leyó todo el informe y que sólo reparó en los aspectos periodísticamente interesantes. Sin embargo, una lectura minuciosa de todo el documento no habría cambiado la interpretación, porque ese texto no indicó claramente que las expresiones correspondieran total o parcialmente a los participantes (y en su caso cuáles sí y cuáles no), de modo que era factible imputarlas razonablemente a sus autoras, tanto como la misma distribución de los temas, los títulos internos y los subtítulos; excepto los apartados donde el informe concretamente señaló o al menos sugirió que las expresiones eran de los integrantes del taller, como el relativo a las "expectativas de los participantes (trabajo en sub-grupos)" (fs. 36), el referido a la técnica del "ensueño dirigido" (fs. 71) o el correspondiente a la "evaluación del proceso" . Pero, en general, el informe no contuvo la precaución de distinguir el discurso de los participantes de la exposición de las autoras. Predominó un acopio extenso de "satisfactores" de ciertas necesidades humanas, expresados en oraciones o frases mayormente desiderativas, muchas de notable vaguedad, en un documento sin memoria descriptiva, ni introducción, ni explicación del método expositivo. Por ejemplo, si las frases recogidas por El Cordillerano correspondían a los participantes, ¿también correspondía a ellos lo expuesto como "Objetivo general" y "Objetivos específicos", o el párrafo titulado "Identificando y recolectando indicadores..." ?, ¿todo correspondía a ellos?, ¿cuál era el aporte de las autoras?, ¿cuál era el parámetro claro, inequívoco para distribuir la autoría del contenido?. Concretamente, las frases relativas a los besos y las casas aparecían en la llamada "Matriz de necesidades de Max Neef" (fs. 41/52) y su "Sistematización" (fs.53/58) donde ningún indicador claro las atribuyó a los participantes. La mera mención de unos "afiches" (fs. 41) no aportó ninguna información adicional sobre la autoría: ¿qué afiches? ¿quién los completó?. Ante la falta de una indicación contraria era naturalmente razonable imputar todas sus expresiones a las propias autoras del documento, algo que intuitivamente haría cualquiera. En fin, si El Cordillerano incurrió en una interpretación equívoca, ese equívoco sólo podría imputarse a la redacción del propio informe. Ello no implica por supuesto juzgar la calidad ni la utilidad del taller, ni la solvencia profesional de la demandante, cuestiones ajenas a este juicio; sólo implica señalar que la propia redacción del informe permitió interpretar que aquellos modos de satisfacer necesidades humanas fueron expuestos por la demandante y su colega en vez de los participantes del taller.
Por todo lo anterior, debe desestimarse la indemnización pretendida. El carácter restrictivo con que debe juzgarse esa pretensión de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone esa solución para las circunstancias del caso (Corte IDH, 29/11/2011, "Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina").
Sin embargo, la publicación de una noticia verdadera no da lugar al ejercicio del derecho de respuesta, salvo que haya sido presentada de manera tal que aparezca fehacientemente desvirtuada y cause agravio a las personas involucradas. En cualquier caso, el medio no está necesariamente obligado a tomar por cierta la versión del involucrado si cuenta con elementos para sostener la verdad de su noticia. Ante su negativa, el afectado deberá acudir a la autoridad judicial para dirimir la controversia (ley B 2384). En el caso, pese a que la noticia original se basaba en el informe escrito de Misischia, El Cordillerano igualmente publicó una nota difundiendo la rectificación que ella misma solicitó aportando más información y explicación sobre el contexto y los alcances del informe. No obstante, ante la falta de identidad total entre el informe original y lo explicado en la réplica, no hay razones para objetar que la publicación de esta última efectuada en la página 15 del diario careciera de analogía con la noticia original publicada en tapa. No se trató, se reitera, de un caso de falsedad cabal y maliciosa. Se trató de un informe en todo caso carente de información suficiente, imputable a la propia Misischia, quien después procuró aclarar la noticia con más información por considerarla desnaturalizada, a lo cual accedió el medio sin obligación de ocupar nuevamente su tapa con el mismo tema.