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Timestamp: 2018-03-22 18:37:14
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Lourdes Iglesias Navarro
1 REPORTE POR PAÍS MÉXICO Este documento esta disponible en línea.
2 Agradecimiento El Vance Center desea reconocer y agradecer a Andres Nieto, Natalia Rebollo y Raymundo Soberanis, abogados de la firma Mexicana Von Wobeser & Sierra S.C., por su dedicación y trabajo como editores de este reporte. La información contenida en este documento no constituye asesoría o asistencia legal de ninguna especie y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, el New York City Bar Association y el City Bar Justice Center no asumen responsabilidad por acciones u omisiones incurridas de cualquier manera sobre la base de la información aquí contenida. Todos los derechos están reservados. Ninguna sección de este documento podrá ser total o parcialmente reproducida, almacenada o transmitida mediante ningún medio, sea electrónico, mecánico, copiado, grabado o cualquier otro, sin autorización por escrito del Cyrus R. Vance Center for International Justice. 2
3 REPORTE 1. Introducción. Actitud del Pueblo frente a la democracia, el estado de derecho, el ejercicio de la profesión abogado y el sistema de administración de justicia. Durante la década de los 90s las reformas de carácter electoral abrieron en México espacios para que el congreso federal tuviera una diversidad de partidos políticos, estableciendo las bases para el cambio democrático de gobierno que se da en el año 2000 con la elección del Presidente Vicente Fox. Sin embargo, en México todavía falta implementar sistemas que promuevan la competencia por el voto basada en resultados de gobierno. Asimismo, persisten algunos problemas electorales y corrupción por lo que todavía es necesario transparentar el uso y procedencia de los recursos para las campañas, situación que deriva en poca claridad en el proceso electoral e impugnaciones. Según las encuestas realizadas por Latinobarómetro 1, en México la mayor parte de la población opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo el porcentaje que opina de esta forma ha disminuido de un 53% de la población en el año 2004 a un 49% en el De conformidad con el análisis realizado por Latinobarómetro, los Mexicanos están desilusionados con las promesas de la democracia, porque ésta no trajo los bienes políticos que había prometido. Asimismo, la encuesta mencionada, refleja que mexicanos perciben una alta corrupción en sus instituciones. En 2010, los mexicanos manifestaron tener sólo un 28% de confianza en su congreso federal, un 19% en sus partidos políticos, un 28% en el Poder Judicial y un 34% en el gobierno en general. En México existe una muy mala percepción sobre los abogados y los tribunales de justicia. Hace casi 30 años Volkmar Gessner 2 realizó un estudio que refleja la poca confianza en los tribunales, por lo que la mayoría de las controversias no son llevadas ante los tribunales y se buscan medios alternativos fuera de las instancias oficiales para resolverlas. 2. Estructura de la profesión legal 2.1 Composición de la profesión. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 3 ( INEGI ) en un estudio realizado en 2004 (se anexa copia) indica que en México existían en ese año cerca de 191,000 abogados practicantes. De este número se excluyeron los notarios públicos y los jueces, que se consideraron funcionarios públicos para fines de la encuesta. La Encuesta Nacional de 1 Ver: pp.43 y Gessner Volkmar, Los Conflictos sociales y la Administración de Justicia en México. Citado por Héctor Fix- Fierro/Sergio López Ayllón. El Acceso a la Justicia en México. Una Reflexión Multidiciplinaria. Pg Ver 3 Ver: 3
4 Empleo captó en ese mismo año cerca de 13 mil personas que ejercen como abogados sin contar con el correspondiente título profesional. Lo anterior es posible en virtud que para casos en materia penal, laboral y agraria, no es requisito que el representante de las partes sea un abogado, pudiendo defenderse por persona de su confianza Composición por género En México, para 2004, 72.5% de los abogados eran hombres y el 27.5% eran mujeres. Según la encuesta del INEGI por grupos de edad y sexo, el 50.2% de las abogadas tenían entre 20 y 29 años, el 30.6% entre 30 y 39 años y el 19.2% 40 o más años. En cambio, el 23.9% de los abogados varones tenían entre 20 y 29 años, el 30.6% entre 30 y 39 años y el 44.5% más de 40 años. 2 La profesión legal en México tiene, a comparación de otras actividades, diferencias en cuanto a fecundidad y estado civil de las mujeres que la ejercen. Se observa una menor fecundidad en las mujeres abogadas en relación con el promedio nacional de mujeres. Dichos porcentajes indican que las mujeres profesionistas tienen una fecundidad tardía debido, posiblemente, a su preparación profesional Estadísticas sobre universidades y estudiantes. En 2003, según las estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ( ANUIES ) un total de 47,803 alumnos iniciaron la carrera de derecho en De los estudiantes de nuevo ingreso, 24,321 eran hombres y 23,482 eran mujeres. En esas fechas existía un total de 203,086 estudiantes de derecho, de los cuales, 102,421 eran hombres y 100,665 eran mujeres. En el año 2002, egresaron 32,219 estudiantes de derecho de las universidades Mexicanas, de los cuales 15,916 eran hombres y 16,303 mujeres. Asimismo en 2002 se titularon 17,937 abogados, de los cuales 9,300 eran hombres y 8,637 mujeres. La carrera de derecho es la más poblada en México, aún y cuando el mercado mantiene en otra actividad a más del 50% de los abogados que han terminado la carrera de derecho. La escolaridad mínima de un abogado es de 16 años Concentración Geográfica Según un estudio del INEGI realizado en el año 2004, la mayoría de los abogados se encuentran en zonas urbanas y sólo un pequeño porcentaje (1.3%) de los abogados en México hablan una lengua indígena. En México 99 de cada 100 abogados residen en zonas urbanas (entendiendo como zona urbana una población de 2,500 y más habitantes). 86.1% de los abogados reside en comunidades de 100,000 y más habitantes, 7.5% en comunidades de 15,000 a 99,999 habitantes, 5.3 de 2,500 a 14,999 habitantes y 1.1% en comunidades de menos de 2,500 1 Constitución Política Mexicana. Artículo 20 2 Ver: 3 Id. 4 Ver: 4
5 habitantes. Asimismo, uno de cada cuatro abogados, nació en una localidad distinta a la que residía en el Datos sobre práctica privada, judicial y en el gobierno por parte de abogados. Durante el primer trimestre de 2004, cerca de 443 mil personas estudiaron y terminaron la licenciatura en derecho. De éstos, el 48.1% ejercía la profesión de abogado y el 51.9% desempeñaba otro tipo de ocupaciones. Para efectos de esta encuesta, entre las personas que ejercen otro tipo de ocupaciones se encontraban los jueces, notarios públicos y burócratas. Según esta misma encuesta, de cada 100 abogados que no ejercían como abogados, 20 laboraban en actividades administrativas, 8 eran jueces o notarios, 16 mandos medios en la burocracia y 14 desempeñaban otras ocupaciones. 370 mil de los 443 mil personas que estudiaron la carrera de derecho estaban ocupadas en alguna actividad económica Información respecto a las necesidades legales En México existen diversos sectores afectados por una mala o nula representación legal. Dentro de estos segmentos se encuentran las personas de escasos recursos, las mujeres y los indígenas. De acuerdo a las estadísticas manejadas por la corporación Latinobarómetro en 2004, en México el 37% de las personas piensa que tienen un trato desigual por razón de ser pobres. 7 La misma fuente revela que México es uno de los países que demostró menos discriminación en relación con el trabajo de las mujeres. Sólo un 17% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo con la afirmación de que la mujer debe concentrase en el hogar y el hombre en el trabajo. Sólo un 14% de los encuestados afirmó además que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. 8 En materia de pueblos indígenas y, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas para Guatemala 9 es necesario fomentar un proyecto de defensoría indígena por región, para asistir a las diferentes etnias que componen la diversidad indígena en México. Hace falta facilitar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas, incluyendo la defensoría a la mujer indígena, el otorgamiento de becas y estímulos para aumentar el número de abogados indígenas así como capacitación a jueces, defensores públicos y ministerio público sobre el derecho indígena, sus costumbres y cosmovisión. Es preciso promover que el indígena mexicano cuente 5 Ver: 6 Id. 7 Ver: 8 Informe 2004 de Corporación Latinobarómetro pg. 56. Ver: 9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Proyecto de las Naciones Unidas en el tema indígena. 28 Marzo
6 con el apoyo legal para defenderse y que se represente a quienes por falta de conocimiento o medios para llevar su queja a la justicia no puedan tener acceso a ella Acceso a la justicia 4.1 Constitución La Constitución Mexicana garantiza el derecho de los inculpados de tener una defensa adecuada. 14 En caso de que un inculpado no pueda o se niegue a designar un defensor, el juez deberá designar un defensor de oficio. El defensor de oficio es designado únicamente para asuntos penales, el beneficio no se extiende a asuntos del orden civil. El defensor de oficio no tiene un costo para la parte, sin embargo su actuación es cuestionada por el alto número de asuntos que deben atender y general falta de experiencia de dichos defensores. 12 El trabajo realizado por la mayoría de los defensores de oficio es considerado malo o deficiente. Asimismo, no existen una defensoría de oficio en materia civil o familiar, por lo que en muchos casos las personas de escasos recursos carecen de asesoría legal o se cuenta con una asesoría deficiente. 4.2 Barra de Abogados En México no es obligatorio pertenecer a la barra de abogados. 13 La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) se dedica principalmente a fortalecer los lazos entre abogados sirviendo como punto de reunión y pregonar la cultura jurídica. La BMA requiere a sus miembros que acaten el Código de Ética de dicha asociación, mismo que considera cuestiones como legalidad, transparencia y ayuda a indigentes. En el artículo 7 de dicho Código de Ética, se establece que la profesión de abogado impone defender gratuitamente a los indigentes, así cuando lo soliciten, como cuando recaiga nombramiento de oficio; el incumplimiento de este deber, si no median causas justificadas y suficientes de excusa, relacionadas con la actividad profesional que se cultive, el lugar de prestación de los servicios u otras circunstancias semejantes, es falta grave que desvirtúa la esencia misma de la abogacía. 14 El Código de Ética de la BMA de abogados es impuesto por la asociación a sus miembros y su violación podría llegar a incluir la expulsión de la BMA. Sin embargo, la expulsión de la BMA fuera de ser un hecho vergonzoso y socialmente reprobable, no tiene ningún efecto civil o penal sobre el miembro expulsado. La BMA es meramente una autoridad privada (que tiene imperio solamente sobre sus miembros) y no es una autoridad pública. 10 Fix-Fierro, Héctor / López Ayllón, Sergio. El Acceso a la Justicia en México. Una Reflexión Multidiciplinaria. Ver: 14 Constitución Política Mexicana. Artículo Fix-Fierro, Héctor / López Ayllón, Sergio. El Acceso a la Justicia en México. Una Reflexión Multidiciplinaria. Ver: 13 Constitución Política Mexicana. Artículo 9. Libertad de asociación. 14 Artículo 7 del Código de Ética. Ver: 6
7 4.3 Control de Ética profesional En virtud de que la colegiación no es obligatoria, no existe un organismo que supervise la forma en que los abogados desempeñan su práctica profesional. No hay una autoridad pública que supervise a los abogados. Las leyes prevén diversas disposiciones en el Código Penal Federal y en los Códigos de Procedimientos Penales que sancionan y multan a los abogados que no actúen de forma ética en el procedimiento o ante sus clientes. Aunque en estos casos ya no se trata solamente de actuaciones éticamente reprochables sino de conductas tipificadas como delitos, es muy raro que un abogado sea demandado o se le imputen responsabilidades de tipo penal por dichos actos. Generalmente, la falta de confianza en los abogados y en el sistema de justicia ahuyentan a los particulares de las cortes. 15 profesión 4.4 Cursos Regulares en Escuelas de Derecho Universidades sobre la El principio básico de la educación en México es que la educación es gratuita y laica. Sin embargo el gobierno federal por mandato constitucional está obligado únicamente a proveer educación hasta el nivel de secundaria. El gobierno cuenta con universidades públicas, en las que se imparte una educación laica y el principio de contribuir a la mejor convivencia humana. En México se permite el establecimiento de universidades privadas, que manteniendo la libre cátedra son reconocidas por el estado. Dichas universidades, particularmente las universidades con inspiración cristiana, cuentan con asignaturas y programas que pretenden infundir principios de solidaridad entre sus alumnos. Entre las principales universidades del Distrito Federal se encuentran la (i) Universidad Autónoma de México, (ii) la Escuela Libre de Derecho (iii) la Universidad Iberoamericana, (iv) la Universidad Anáhuac, (v) la Universidad Panamericana y (vi) el Instituto Tecnológico Autónomo de México ( ITAM ) mismas que tienen distintas visiones sobre asignaturas éticas. Por ejemplo: (i) Universidad Nacional Autónoma de México: Es una universidad del estado. Basa su plan educativo en el principio de que el ser humano puede mejorar por el conocimiento y la libertad, y que puede y debe ser portador de estos valores para difundirlos en la sociedad. La formación que ofrecen propone un deber ser de valores éticos dentro de la tolerancia. La UNAM cuenta con cursos sobre ética profesional. ii) Escuela Libre de Derecho: Es una escuela privada y laica. La Escuela Libre de Derecho incluye un curso de Deontología Jurídica en el cual se imparten los principios éticos que debe seguir un abogado en el ejercicio de su profesión, incluyendo la necesidad de realizar trabajo pro bono. 15 Fix-Fierro, Héctor / López Ayllón, Sergio. El Acceso a la Justicia en México. Una Reflexión Multidiciplinaria. Ver: 7
8 (iii) Universidad Iberoamericana: De inspiración cristiana, tiene por finalidad promover la justicia social mediante la formación de hombres y mujeres que, concientes de la realidad nacional, se comprometan a contribuir a la realización de los cambios de estructura social que el país necesita. Cuenta con cursos de ética y responsabilidad profesional de los abogados. (iv) Universidad Panamericana: También de inspiración cristiana, promueve e imparte cursos de ética y problemática social, tratando de involucrar a los alumnos en su comunidad. (v) Universidad Anáhuac: También de inspiración cristiana. Cuentan con cursos de ética y responsabilidad profesional. Desde hace años con un despacho de asesoría jurídica gratuita. En éste se brinda asesoría gratuita en diversas áreas del derecho donde las personas atendidas tengan problemas. Materias tratadas en el despacho incluyen: divorcio, juicios de alimentos, arrendamientos, sociedades mercantiles, e incluso asesoría en materia penal. (vi) El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): Es una universidad privada laica. Basa su educación en el concepto de un ser humano libre, comprometido con el progreso, la búsqueda del bien y el perfeccionamiento de la capacidad de servicio a la sociedad. Asimismo, reconoce su rol en el desarrollo de la comunidad, asumiendo su lealtad a México, sus valores y tradiciones, entendidos como patrimonio colectivo de la sociedad. El ITAM cuenta con cursos sobre ética profesional. 5. Prestación de servicios pro bono y servicios legales a los pobres. La obligación de prestar servicios pro bono por parte de los abogados es únicamente una obligación moral. La Constitución Mexicana prohíbe la prestación obligatoria de servicios personales sin retribución y consentimiento de las partes, excepto por la obligación de participar como oficial electoral en caso de ser elegido, en el ejército, como jurado o la prestación del servicio social. 5.1 Las Barras La BMA constituyó la Asociación de Servicios Legales, A. C. como el vehículo a través del cual sus miembros prestan orientación legal gratuita a personas físicas que, por motivos de extrema pobreza, ignorancia, discapacidad o discriminación no tienen un debido acceso a la justicia. 5.2 Servicio Social El servicio social es obligatorio para todas las personas que, habiendo cursado cierto número de asignaturas, desean obtener el título o licencia para ejercer una profesión u oficio regulado por el Estado. El servicio social tiene también por finalidad servir de práctica a la persona que empieza su ejercicio profesional y por ello debe ser supervisado por un profesionista recibido, que pueda orientar al nuevo profesional. De conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional (relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal (Ley de Profesiones) todos los profesionistas, incluyendo los abogados, se encuentran obligados a 8
9 prestar, por un término no menor de seis meses y no mayor de dos años, sus servicios a entidades gubernamentales u otras entidades autorizadas por la autoridad competente. Existen diversas Organizaciones no gubernamentales que están autorizadas para expedir las constancias del servicio social y en las cuales se brindan servicios legales a personas de escasos recursos Para más información sobre las instituciones en las cuales se pueden prestar el servicio social, ver: 9
10 ANEXOS Marco legal básico relativo al servicio social, la defensoría de oficio y el trabajo pro bono a favor de los pobres, el interés publico y los derechos humanos. 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2. Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal 3. Código Penal Federal 4. Código Federal de Procedimientos Penales 5. Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 10
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