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Timestamp: 2017-11-19 19:29:18
Document Index: 340104679

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 123', 'Artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 31', 'artículo 33', 'artículo 48', 'artículo 4', 'artículo 123', 'e contrario', 'artículo 3', 'artículo 233', 'artículo 233', 'Artículo 78', 'artículo 123']

8fu20-11
LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA UNAM
(Parte 1, de 2)
*Lic. en Sociología, Director del Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario (CIHSU) del STUNAM.
La lucha de los trabajadores mexicanos y en particular de los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido ardua. Desde la constitución de la primera agrupación en el año de 1929, se inició la demanda del establecimiento de la regulación de las relaciones laborales en la Institución, a consecuencia de ya no ser considerados como empleados públicos.
A continuación mencionará cómo los trabajadores académicos y administrativos han luchado durante más de 80 años por conseguir mejores condiciones laborales apoyados en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.
Poco después de la solemne inauguración de la Universidad, el 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero convoca a los mexicanos a levantarse en armas el día 20 de noviembre "para arrojar del Poder a las autoridades que actualmente gobiernan" (Plan de San Luis Potosí).
Al estallar la Revolución Mexicana y ser derrocadas las autoridades gubernamentales se establecieron nuevas disposiciones para la Universidad y para el personal universitario, en el sentido de que quienes hubieran servido a la dictadura de Díaz no serían conservados dentro de las filas de la Revolución. Por esa situación, hubo algunos despidos para contratar a elementos revolucionarios. La propia institución tuvo que trabajar con muchas irregularidades por haber surgido durante la etapa final del porfirismo ya que algunos la consideraban reaccionaria.
El 7 de septiembre de 1912, durante el gobierno de Madero, fueron detenidos varios trabajadores entre los cuales figuraban los dirigentes de la Unión de Canteros. Posteriormente, el 17 de septiembre, fueron puestos en libertad; ese mismo día y para festejar el hecho se reunieron con los miembros del grupo anarquista "Luz", con los representantes de la Unión de Canteros, textiles de la fábrica "Linera", sastres y conductores de carruajes, para resolver, además, la situación creada por el fracasado intento de fundar la escuela racionalista en el local de la calle de Matamoros.
Después de una discusión de tres días resolvieron destinar dicho local para establecer la Casa del Obrero (que años más adelante se le agregaría el carácter de Mundial), determinando abrir sus puertas con un mitin de orientación el 22 de septiembre de 1912.
Los trabajadores universitarios no contaban con una legislación ni reglamentación que los incluyera como empleados federales, por lo que registraban diversas carencias. Conviene hacer mención del señalamiento del 11 de noviembre de 1912, que hizo el diputado José Natividad Macías (quien más tarde sería rector de la Universidad) sobre los trabajadores mexicanos: "Los obreros tienen hambre. Los obreros no pueden vivir con el mísero salario que hoy ganan en las fábricas y es necesario que empecemos por darles, aunque no sea toda la parte que les corresponde, sino una mínima parte de ella".
El 1o. de mayo de 1914 se constituyó la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), a la que años después se afiliarían los primeros sindicatos universitarios. En 1915, Luis N. Morones participaba en el Comité Provisional de la FSODF; ésta se adhirió a la Casa del Obrero Mundial (COM).
A las 3 de la mañana del día 31 de julio de 1916, luego del triunfo de Venustiano Carranza sobre las otras facciones revolucionarias, los trabajadores consideraron oportuno iniciar la lucha por su reivindicación. En esa fecha, la FSODF (que era miembro de la Casa del Obrero Mundial) promovió en secreto una huelga general en el D.F., porque "no han sido escuchadas sus demandas para que el pago de salarios se haga con oro, ya que, debido al deterioro de la economía del país, el papel moneda llamado infalsificable ha sufrido una gran devaluación"; y es que cada peso valía el equivalente a dos centavos. Por la huelga se interrumpió la energía eléctrica en la ciudad de México. A esta lucha se sumaron 86 mil trabajadores.
El 1o. de agosto, Venustiano Carranza promulgó una Ley Marcial en contra de los huelguistas. Se arrestó a Ernesto Velasco, miembro fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas, y a José Barragán. A Velasco se le condujo entre bayonetas para que pusiera en marcha las plantas de energía eléctrica y después quedó preso en calidad de rehén, para que si los obreros hacían algo a él se le castigara.
El día 2 de agosto de 1916, la COM por órdenes de Venustiano Carranza fue clausurada y se restablecieron todos los servicios públicos: tranvías eléctricos, alumbrado, agua, etcétera.
El 3 de agosto, durante la huelga, Carranza puso en vigor la Ley Marcial de enero de 1862 (expedida por el Presidente Juárez contra los conspiradores y colaboracionistas en ocasión de la intervención francesa) y dio inicio el proceso contra los huelguistas arrestados. El 11 de agosto se llevó a cabo el Primer Consejo de Guerra contra los huelguistas. Finalmente, fueron absueltos del delito de rebelión del que habían sido acusados.
A los 12 días se reanudaron las labores en su totalidad. Una comisión de huelguistas, se entrevistó con Carranza, pero no se resolvió nada.
El 26 de agosto se realizó el Segundo Consejo de Guerra y en el transcurso del mismo se condenó a muerte a Ernesto Velasco. La sentencia, sin embargo, fue suspendida. El 28 de septiembre de 1916, Carranza expidió un decreto según el cual todos los salarios deberían ser pagados en oro nacional. (Velasco sería liberado hasta el 18 de febrero de 1918).
Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, Carranza pronunció un discurso en el que hizo referencia a que "nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero, pero éstas serán promulgadas con ellos mismos, puesto que ellos serán los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social". Asimismo, Carranza prometió su independencia a la Universidad.
El Congreso Constituyente de 1917 implantó artículos proteccionistas para los trabajadores asalariados en el artículo 123, aun cuando quedaron excluidos de dicha protección los trabajadores del Estado; ya se señalaba en la Constitución la conveniencia de reglamentar en forma especial las condiciones de los trabajadores del Estado.
En la Constitución, en el capítulo de trabajo, en torno a la prevención social, se establecieron normas laborales asistenciales que regularon las relaciones obrero-patronales:
Al respecto, se estableció lo siguiente:
Del trabajo y de la previsión social. “Artículo 123. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros jornaleros empleados, domésticos y artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo”. Este artículo tenía 30 incisos.
El 1o. de mayo de 1918, durante un Congreso Constituyente, surgió la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), cuya principal característica era su estrecha vinculación con el Estado. Su secretario general fue Luis N. Morones; se integraron a ésta aproximadamente siete mil obreros.
Varias organizaciones sindicales se abstuvieron de asistir, como la FSODF, que denunció que "ese congreso era un engaño del gobierno para crear una organización que le fuera incondicional". En el transcurso de las sesiones se enfrentaron tres corrientes ideológicas: anarcosindicalistas, socialistas y sindical-revolucionarios. Eran los primeros pasos para llegar a la unidad sindical.
El 12 de mayo, el Congreso Constituyente decidió constituir a nivel nacional la Confederación Regional Obrera Mexicana con base en el artículo 123 Constitucional y una estructura cimentada en el Sindicato; se decidió retomar el lema de la Casa del Obrero Mundial "Salud y Revolución Social", a pesar de que tenía un carácter anarquista. En 1919, la CROM se incorporó a la Unión Obrera Internacional de Amsterdam, Holanda.
El 18 de abril de 1919 se fundó la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. En mayo, el Gran Cuerpo Central de Trabajadores de la Región Mexicana apoyó en su huelga a los maestros contra el Ayuntamiento en la Ciudad de México. El movimiento se perdió.
Después de varios intentos, el 12 de agosto de 1925 se promulgó la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro, que vino a beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado otorgándoles derechos y prestaciones; ahí se incluyó a los trabajadores universitarios.
A la CROM pertenecía la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), que fue una de las organizaciones que se separaría de ella para crear una CROM "depurada", con Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, el 2 de septiembre de 1932. Ese mismo año, el presidente Ortiz Rubio presentó su renuncia a la presidencia de la República siendo sustituido por Abelardo L. Rodríguez.
El esfuerzo de los obreros por conquistar los derechos que beneficiaran por igual a la familia y a la comunidad de los trabajadores ha regulado la intensidad de la lucha de este sector en nuestro país.
El sindicalismo universitario se inició en la época posrevolucionaria, pero los cambios en la legislación se fueron dando de manera muy lenta y las transformaciones que se dieron al interior de la Universidad impidieron una pronta y clara definición de las relaciones laborales. A continuación se presenta la manera en que se dio esta situación.
En 1927, hubo un primer intento por formar una organización sindical y un grupo de trabajadores decidió conformar al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Nacional; pero, debido a las amenazas de las autoridades, que les indicaron que serían cesados, se desistieron, por lo que ese primer intento fracasó.
En el mes de julio de 1929, como resultado del conflicto estudiantil en la Universidad Nacional, después de dos meses de huelga se logró la promulgación de la Autonomía de la misma por medio del establecimiento de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional.
En el aspecto laboral se llevaron a cabo cambios acerca del personal docente y administrativo; en su artículo 31 se estableció: "Los empleados de la Universidad, de cualquier índole o categoría, no serán considerados como empleados federales a partir de la promulgación de esta ley, pero, por razones de equidad y estando ellos encargados de un servicio público, continuarán gozando de los beneficios que la Ley de Pensiones Civiles de Retiro les concede”.
A partir de 1930, el Consejo Universitario podrá resolver lo que estime conveniente sobre la situación de los empleados de la Universidad en relación con la Ley de Pensiones Civiles de Retiro".
También en el artículo 33 de esa ley se hacía mención de que: "Mientras los empleados de la Universidad estén sujetos a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, el tesorero de la Universidad, y, consecuentemente, los pagadores u oficinas pagadoras de sueldos o emolumentos de empleados de las instituciones que integran o en lo futuro integren la Universidad, están obligados a hacer al personal de las mismas instituciones, los descuentos que prevenga la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y la Dirección General del Ramo, muy especialmente aquellos a que se refiere el artículo 48 (que hacía referencia a los de la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro) y los provenientes de préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios y préstamos refaccionarios que adeudan al Fondo de la Dirección de Pensiones observándose lo dispuesto en esa Ley de Pensiones y entregándose a dicha Dirección las cantidades recaudadas por esos conceptos, como lo hacen los pagadores del gobierno federal".
El día 3 del mes de septiembre, luego de un periodo de concientización entre los trabajadores y con la asesoría de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF) se decidió la constitución de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional (UEUN). Se acordó que esta organización se afiliaría desde el primer momento a la FSODF (y que era filial de la CROM), en cuya sede, situada en las calles de Belisario Domínguez No. 64, se llevó a cabo el acto de constitución y solicitó de inmediato su registro al Departamento del Trabajo, de la Secretaría de Industria y Trabajo.
Durante el acto constitutivo se decidió que la UEUN quedaría encabezada por un Comité Directivo Provisional dirigido por el Secretario General Xavier Chávez Montiel. Se consideraba provisional porque se tomó el acuerdo de que en diciembre se llevarían a cabo elecciones de Mesa Directiva definitiva.
El 22 de octubre,en respuesta a la solicitud de registro, el Departamento del Trabajo, dictaminó en relación a la personalidad jurídica de los empleados universitarios lo siguiente: "No son ni pueden ser empleados federales, se les reconoce el derecho de formar asociación de resistencia, puesto que son empleados al servicio de un patrón particular y con fundamento en los artículos 52 y 31 de la propia Ley Orgánica, se resolvió que estando bien definido el carácter de dichos empleados, deben registrarse como se registró la agrupación de resistencia que formaron".
También el 22 de octubre, el Oficial Mayor de la Secretaría de Industria y Trabajo envió un oficio al Departamento del Trabajo indicando: "El señor Secretario expresa por acuerdo del C. Presidente de la República (Emilio Portes Gil), que puede usted reconocer al Sindicato de Empleados de la Universidad Nacional Autónoma".
El 29 de octubre fueron aprobados en Asamblea General los Estatutos de la Unión de Empleados, en donde se establece que la Mesa Directiva tendría una duración de un año del 1o. de enero al 31 de diciembre. Asimismo, se define que "La Unión de Empleados era una organización de resistencia" y "con el nombre de Unión de Empleados se constituye una sociedad de carácter gremial, integrada por los empleados y servidores de dicha Institución"; también establece que:
"los fines que perseguía eran: a).- hacer valer ante las Autoridades Universitarias, los derechos que, quienes sirven a la Universidad, tienen como trabajadores".
En el artículo 4o. se hacía mención que "Para lograr sus fines, la Unión hará uso de toda la fuerza que las leyes vigentes conceden a las agrupaciones de su especie, así como también de los medios lícitos que la solidaridad trae consigo".
Xavier Chávez Montiel, se destacó por presentar una serie de propuestas en beneficio de los empleados, ya que no contaban con otra protección desde que se decidió que quedarían al margen de la Ley de Pensiones. Por lo que en el mes de noviembre presentó a los agremiados a la UEUNMA un proyecto de Previsión Social, que constaba de 24 artículos con los siguientes rubros: I.- Fondos; II.- Administración de Fondos; III.- Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamos; IV.- Cajero, Contador, Vocales; V.- Fondo de Defunción.
Esta propuesta, aunque no prosperó, trataba de contrarrestar la separación de los beneficios que la Ley de Pensiones Civiles les otorgaba, ya que buscaban no quedar totalmente desprotegidos.
Es necesario recalcar que en esas fechas la Unión de Empleados solicitaba la expedición de un Reglamento del Servicio Civil. De nuevo, en agosto, la UEUNMA solicitó al Consejo Universitario que emitiera un dictamen sobre la situación de los profesores y empleados con respecto a la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, como lo establecía la Ley Orgánica.
El 28 de agosto de 1931 fue promulgada la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 Constitucional y que vino a definir situaciones que hasta entonces prmanecían irregulares en el ámbito laboral de todo el país.
El 23 de enero de 1932, Rafael Carrasco Puente, ex delegado y encargado de la Sección de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, envió un escrito al Comité Directivo de la UEUN sugiriéndole que descartara su proyecto de defender solo a sus agremiados de los despidos y por humanitarismo lograra la reposición de los ya despedidos; que aceptara, en beneficio de la Universidad una rebaja general de salarios, con el fin de evitar los despidos que como consecuencia de la reducción del subsidio de la Universidad Nacional se buscaba hacer.
En el mismo documento, Carrasco Puente pedía que “se gestione ante el señor Presidente de la República, jefe de la revolución, el mayor apoyo de la Universidad y que se obtenga un subsidio especial, del superávit que hay en las arcas de la Tesorería General de la Federación, para aliviar del desastre a la Institución máxima de México y evitar que muchos obreros y empleados humildes queden en la miseria más espantosa”.
Para esas fechas, la UEUNMA contaba con 423 afiliados y se designó a la nueva Mesa Directiva, que funcionaría en adelante dirigida por Secretario General Manuel Vázquez Cadena.
Primer Contrato Colectivo de Trabajo en la Universidad Nacional
La lucha emprendida por la Unión de Empleados en pro de un instrumento que regulará las relaciones laborales en la Universidad Nacional no fue gratuita. Se debió a la falta de una definición acerca del tipo de instrumento que debería existir entre la organización sindical y la Institución. Es importante mencionar que incluso la figura del contrato colectivo de trabajo ya había sido ofrecida por las propias autoridades universitarias y la Unión de Empleados sólo hizo un poco de presión al amenazar a las autoridades con demandarlas ante la Junta Central de Conciliación.
Fue el propio Rector, licenciado Ignacio García Téllez, quien asesorado por algún especialista de la Facultad de Leyes presentó el texto del Contrato Colectivo de Trabajo a la Comisión designada por la Unión de Empleados, integrada por Pedro Rivas M., Velino Ramos y Mariano Madariaga, para ser firmado por las dos partes.
El 26 de febrero, como resultado de las gestiones de Diódoro Antúnez Echegaray y del nuevo Secretario General, Manuel Vázquez Cadena, y con la asesoría de la FSODF ante las autoridades de la Institución, la Universidad Nacional y la Unión de Empleados firmaron el primer Contrato Colectivo de Trabajo de la Institución. En él se estableció que:
"para los efectos de este contrato yde acuerdo con los artículos 4o. y 232 de la Ley Federal del Trabajoen lo sucesivo a la Universidad Nacional Autónoma se le nombrará patrón y a la Unión de Empleados simplemente sindicato". El Contrato constaba de 36 cláusulas divididas en trece capítulos y un artículo transitorio, que indicaba que "este contrato entra en vigor con esta fecha 26-II-32". El Rector Ignacio García Téllez"firma con carácter provisional pues deja la aprobación definitiva del convenio al Consejo o a la Gran Comisión de la Universidad"; por parte de la Unión de Empleados firma el Secretario General, Manuel Vázquez Cadena.
Es importante destacar que, finalmente, luego de los cambios establecidos por la Ley Orgánica de 1929, se definía la situación de los empleados de la Universidad Nacional y se les enmarcaba en la Ley Federal del Trabajo, como se establece en la Cláusula “2ª.- Se entiende por ambas partes que lo no especificado en el presente contrato y que estipule la Ley en beneficio de las partes se entiende por pactado”.
Sin embargo, éste que había sido un gran paso de la situación que estaba pendiente desde 1929, se vio truncada por el rector, quien propuso el 16 de marzo, al Consejo Universitario que designara una comisión para formular una Ley del Servicio Civil (para los trabajadores administrativos en sustitución del contrato colectivo del trabajo). Integraron esa comisión el licenciado Vicente Lombardo Toledano, director de la Facultad de Derecho; José Muro Méndez y licenciado Gabino Fraga, ayudante de la comisión.
En la Sesión de la Gran Comisión correspondiente al día 16 de marzo, el licenciado Vicente Lombardo Toledano expuso una gran argumentación sobre porqué la Universidad Nacional sí debía firmar un Contrato Colectivo de Trabajo, y sin mencionar el que se había firmado con la Unión de Empleados el día 28 de febrero afirmaba que el Consejo Universitario no conocía el Contrato. A continuación se transcribe un párrafo del Acta de la Sesión de la Gran Comisión del 16 de marzo:
“El Secretario General del Sindicato fue cesado, según entiendo, no sé hasta qué punto estoy informado de la situación, no se firmó el contrato o por lo menos el Consejo Universitario no conoce el Contrato; además de estos hechos, en los últimos meses del año pasado era difícil prever la situación económica de la Universidad para 1932; todos sabíamos que, cantidad más, cantidad menos, nuestro subsidio iba a ser mermado, si se aceptaba la responsabilidad patronal de la Universidad, porque no haberse acogido a la situación de la Ley Federal del Trabajo para casos de suspensión de contratos de trabajo por no poder seguir trabajando normalmente. La Ley de Trabajo establece el principio de la irresponsabilidad económica del patrón cuando este previamente a un reajuste se dirige a la autoridad de Trabajo y le demuestra que no va a poder en lo sucesivo seguir trabajando normalmente, entonces no hay ninguna responsabilidad para la empresa, para el patrón, no se terminan los trabajos de contrato, no se rescinde simplemente se suspenden en sus conceptos jurídicos. Si la Universidad iba a verse obligada a reajustar personal por disminución de su subsidio, el único camino era haberse anticipado y decirle a la autoridad de Trabajo, en este caso la Junta de Conciliación y Arbitraje: mi subsidio va a ser mermado en esta suma de dinero y vamos a hacer un reajuste, como este reajuste es por actos que no son de nuestra voluntad, te pido que declares que no son de nuestra responsabilidad, y hacer el reajuste de acuerdo con el Consejo”.
Por otro lado, el 20 de abril de 1932, la Gran Comisión del Consejo Universitario declaró en suspenso el Contrato Colectivo de Trabajo.
En abril, la FSODF envió un oficio a Lombardo Toledano respaldando a la Unión de Empleados en su conflicto con el Rector.
El 21 de abril se publicó el primer Boletín de la Unión de Empleados y en él se reprodujeron los documentos en los que se hacía mención del registro que se les otorgó por parte de las autoridades laborales desde el año de 1929, esto en contra del desconocimiento del contrato colectivo de trabajo que pretendía hacer el Rector García Téllez. El número de afiliados con que contaba la UEUNM era de 423.
El 27 de abril se publicó el segundo Boletín de la Unión de Empleados, en el cual se explicaba que según los artículos 2o, 3o, 30 y 52 de la Ley Orgánica, la autonomía les otorgaba diferente personalidad jurídica en relación a los empleados públicos; por lo tanto, adquirían el carácter de simples trabajadores al servicio de un patrón particular, como lo estableció el dictamen otorgado por la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en 1929.
Durante junio, en dos ocasiones la UEUNMA informó a la FSODF que la Junta de Conciliación cometió un atentado en contra de los trabajadores de la Universidad. También se enviaron dos oficios al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, Abelardo Rodríguez, para que con su apoyo se remediaran las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo. Lombardo Toledano renunció a la comisión que debería elaborar la Ley de Servicio Civil.
El 19 de noviembre de 1932, Vicente Lombardo Toledano, que encabezaba a la FSODF, se salió de la CROM junto con sus seguidores y formaron la "CROM depurada".
El 30 de noviembre, Abelardo L. Rodríguez creó el Departamento Autónomo del Trabajo (en 1940 se transformaría en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social).
En diciembre, se publicó un libro con la recopilación de una serie de artículos que habían aparecido en el periódico El Universal. Su nombre era "Estatuto Jurídico de los funcionarios públicos de México", editado por el Instituto Americano de Derecho y de Legislación Comparada. Su autor era Francesco Consentini, quien comentaba el criterio de que la "Universidad no es un capitalista, sino una entidad de derecho público; sus profesores y empleados no son asalariados; interviene un convenio, que culmina en el contrato colectivo de trabajo para los funcionarios públicos; dicho contrato es substituido con el Estatuto Jurídico, que es Ley emanada del Estado".
Podríamos suponer que aunque en ese momento no se aplicó un estatuto, la idea no fue desechada y se guardó para más adelante, aunque es interesante que se propusiera incluso años antes que el estatuto de los empleados federales.
A principios de 1933, hubo una demanda interpuesta en contra de la Universidad por Felipe Catalán y Carlos Sánchez García ante la Junta Especial por haber sido rescindidos, porque se habían inconformado con la rebaja de sueldos. En principio ganaron su demanda, pero la Universidad apeló en contra de la resolución y se tuvo que resolver la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ésta resolvió a favor de la Universidad, en este caso en particular el dictamen que se dio fue contrario al desarrollo del sindicalismo universitario, por considerarse que estas personas no tenían un contrato, porque la Universidad no estaba facultada para contratar, sino que únicamente otorgaba nombramientos. En el futuro, siempre que se iniciaba un conflicto laboral la Universidad mostraba ese fallo como jurisprudencia.
El 9 de marzo se llevó a cabo la elección del Comité Ejecutivo de la Unión de Empleados, en las cuales resultó electo como Secretario General José MeixueiroBonola.
Del 10 al 13 de marzo se llevó a cabo un Congreso Extraordinario de la CROM. Ahí se declararon las diferencias que existían entre Lombardo y Morones, y se dividió la CROM. Lombardo, con un importante número de sindicatos, formaron la CROM “depurada” con Vicente Lombardo Toledano como su Secretario General, y rompieron relaciones con la American Federation of Labor y se separaron de la PanamericanFederation Labor.
El 30 de mayo se dio lectura de un fallo negativo de la Suprema Corte de la Nación en el asunto de las demandas promovidas por los empleados que fueron cesados el año anterior (Felipe Catalán y Carlos Sánchez García).
El Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM)
En el marco de este conflicto, estaba la Universidad en huelga: el 18 de octubre se realizó una asamblea en la que participaron varios trabajadores universitarios miembros de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México Autónoma, en la que decidieron constituir al "Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México" (SEOUAM). Entre las resoluciones que ahí se tomaron destacaban las siguientes:
"Primera.- En virtud del decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión con fecha dieciocho de los corrientes, que deroga la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México como una institución privada totalmente desligada del poder público, con plena personalidad jurídica y que no realiza de un modo exclusivo la función de impartir la cultura superior que tenía a su cargo la extinta Universidad Nacional Autónoma, la nueva Universidad queda colocada dentro de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo como patrón de los obreros y empleados" y éstos "como trabajadores, dentro de la definición que para éstos da el artículo 3o. de la Ley mencionada”.
Segunda.- Atenta a la situación jurídica de la Universidad Autónoma de México que se explica en la cláusula que antecede, los suscritos empleados y obreros de esta institución han decidido organizar el "Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México" como un sindicato de empresa, de acuerdo con lo que establece la fracción II del artículo 233 (doscientos treinta y tres) de la Ley Federal del Trabajo.
Séptima.- Por último, se acordó proceder desde luego a formar el padrón de los miembros del Sindicato con todos los detalles del caso, para enviar a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y a las autoridades que proceda una copia del mismo padrón que acompañará a la presente acta y a los estatutos para los efectos legales correspondientes.
El 26 de octubre, el SEOUAM solicitó su registro a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, que les correspondía de acuerdo al artículo 233 fracción II de la ley laboral.
El 6 de noviembre, los miembros de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México Autónoma (UEUNMA) llevaron a cabo una Asamblea General Extraordinaria en la que se decidió desconocer a José MeixueiroBonóla y a Rafael Moreno como Secretario General y Secretario del Interior, respectivamente, con el argumento "que pretendían desorientar a los trabajadores al crear otra organización" y afirmar que se trataba de la misma Unión de Empleados, por lo que se procedió a elegir a una nueva mesa directiva, que se integró con Fabián León como Secretario General.
Lo anterior se informaba por medio de una circular fechada el 8 de noviembre, en la que se establecía que “Los compañeros MeixueiroBonola y Moreno quedan suspensos en sus derechos y en su oportunidad serán invitados a comparecer ante la Asamblea, que constituida en Gran Jurado, resolverá su caso. Exíjaseles la devolución de lo que aún conservan del Archivo de la Unión y la rendición de cuentas por los cobros de los meses de enero a abril, inclusive”.
El día 8 se otorgó el registro laboral al SEOUAM; el Secretario de Acuerdos de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del D.F. envió copia del acuerdo al sindicato, en el cual se informaba que “El suscrito Secretario hace constar que con esta fecha quedó registrado el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México, con el número 474 (cuatrocientos setenta y cuatro) y a fojas 190 (ciento noventa) del libro segundo respectivo.- Doy fé.- México, D.F. a ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres”.
El 5 de enero se decretó el establecimiento del salario mínimo y más adelante la Ley del Servicio Civil.
Para 1934 se aprobó el pago del personal docente por el mes de enero, con 50% de sus sueldos de 1933, y del administrativo conforme al presupuesto mínimo aprobado en noviembre.
El 12 de septiembre, la Cámara de Diputados declaró Presidente Electo a Lázaro Cárdenas para el periodo del 1o. de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940.
Se culpó a José MeixueiroBonola y a Rafael Moreno de la escisión habida para formar al SEOUAM. Se analizó además, la situación de crisis en que se encontraba la Universidad. Finalmente, se decidió elegir formalmente al Comité Ejecutivo quedando encabezado por el Secretario General Daniel Bravo Chávez.
El 17 de febrero, el Congreso de la Unión aprobó la Iniciativa del Presidente Cárdenas adicionando a la Ley Federal del Trabajo el Artículo 78, en el que se establecía que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con salario íntegro.
El 24 de febrero de 1936 se constituyó la Confederación de Trabajadores de México (CTM); como su primer Secretario General fue electo Vicente Lombardo Toledano. Ahí se resolvió que la Central lucharía por una sociedad sin clases y por la desaparición del capitalismo, utilizando como táctica de lucha la huelga, el boicot, la manifestación pública y la acción revolucionaria y porque fuera un organismo independiente del poder público.
La inclusión del sindicalismo universitario en una organización alterna a la CTM
En los párrafos anteriores se hace referencia a la constitución de la CTM; en éste me abocaré a presentar la información sobre la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), organización en la que participó el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM), que a su vez estuvo involucrada en una central diferente a la CTM.
El 15 de agosto de 1936 se formó "Con la expresa autorización de las asambleas de las organizaciones constituyentes" un pacto que dio origen al Consejo Nacional del Trabajo. Y los respaldaba la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Federación de Sindicatos Obreros del D.F. (FSODF), la Federación Obrera Local del D.F. y la Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana.
En el Pacto se establecía un Programa Mínimo que se adoptaba hasta que se llevara a cabo la Primera Convención Nacional del Trabajo; en él se establecía que "Si se tiene en cuenta el reducido avance que ha logrado hasta ahora el trabajador, mediante los esfuerzos de la organización sindical en los escasos cuatro lustros de acción colectiva, al amparo del artículo 123 constitucional, el programa mínimo a desarrollar por el Consejo Nacional del Trabajo, no es ni puede ser diferente o inferior al adoptado por la que se tenga por la más avanzada organización proletaria, inclusive la desquiciada agrupación que pretendió erigirse en Central Única y que en medio de la agitación crónica en que ha vivido, no consiguió adelantar un paso siquiera en la conquista del mejoramiento integral del trabajador".
En julio de 1937, Daniel Bravo Chávez convocó a asamblea para discutir el proyecto de Estatuto Jurídico para los empleados federales. La convocatoria fue elaborada con el membrete de Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de México (STUAM). El día 17 se constituyó el Comité Reorganizador del Sindicato de Empleados, su Secretario General era Daniel Bravo Chávez.
Como resultado de las discusiones que se generaron por el proyecto de Estatuto Jurídico para los empleados federales y de la reorganización del sindicato, el día 22 de julio se emitió un comunicado por medio de un cartel con el título de "El Comité Reorganizador del Sindicato de Empleados de la Universidad Autónoma", en el que se daba a conocer el punto de vista de la agrupación con respecto al proyecto de Estatuto Jurídico.
Se afirmaba que algunos trabajadores habían comentado que el mencionado proyecto los podía encuadrar, por lo que se les contestaba que esto no podría ser así ya que constituiría una violación a la autonomía universitaria y se atentaría contra la propia institución, que no tenía carácter oficial sino particular y que podía considerársele como "empresa privada que ocupa determinado número de trabajadores pagándoles un salario, por cuya causa se convierte automáticamente en PATRON toda vez que compra la fuerza de trabajo de sus servidores". Por lo que "estaría obligada a reconocer el derecho de sus trabajadores y considerarlos dentro de la Ley Federal del Trabajo ya que esta no hace distinción alguna entre las empresas con utilidades o sin ellas para garantizar los derechos de los trabajadores".
Por otro lado, mencionaban que se invitaba a los trabajadores que aún no se afiliaban a la organización a que lo hicieran para apoyar la lucha por sus intereses; asimismo, declaraban su solidaridad con los estudiantes "ya que sus ideales nos son comunes".
También felicitaban al rector por sus tendencias "claramente progresistas" y esperaban su buena disposición "para dejar garantizados nuestros derechos"; finalmente, agradecían su apoyo a las organizaciones de trabajadores y juveniles. Manifestaban: "sólo queremos que se nos tome en cuenta como asalariados, con un mínimo de derechos, en comparación a los que tienen los demás trabajadores".
Sin embargo, las cosas no eran como lo suponían los dirigentes y si bien ellos hicieron públicas sus expectativas, el 26 de julio el rector Chico Goerne manifestó por medio de volantes lo siguiente:
"LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE LOS ESTUDIANTES FRENTE AL PROBLEMA DE LOS EMPLEADOS.
“La rectoría de la Universidad Nacional de México ratifica su criterio en el sentido de que estima que la interpretación jurídica correcta acerca de la personalidad de la Universidad es que se trata de un caso típico de personalidad de Derecho Público descentralizada. En consecuencia, el criterio de la Rectoría es precisamente el punto de vista opuesto a la opinión de que la Universidad es persona de derecho privado, y que puede estimarse que su situación es equivalente a la de una organización patronal".
La reacción del Comité Reorganizador del Sindicato de Empleados fue la publicación de un nuevo cartel dirigido "A los empleados de la Universidad Autónoma, a la opinión pública y a los estudiantes conscientes".
En él se manifestaban los argumentos de la organización para no ser considerados en el ámbito del Estatuto Jurídico de los empleados federales, "Siendo los profesores trabajadores intelectuales, pero trabajadores al fin, porque perciben un salario, no pueden ni deben ser desvinculados de la gran masa administrativa ya que son idénticos en sus ideales inmediatos: dar vida a la Universidad. Para tal efecto el Sindicato tiene que ser de empresa porque lo integrarán todos y cada uno de los obreros, empleados y profesores de la Institución, y como ello engendraría necesidades diversas, a fin de discutir y resolver los problemas específicos de cada sector, nuestra agrupación constar de dos secciones: una administrativa y otra de profesores resolviéndose así una anomalía superficial que se pretende explotar ingenuamente".
Con respecto a su derecho de asociación afirmaban que era un "hecho incontrovertible que no puede estar sujeta a la anuencia o voluntad de las autoridades Universitarias, es un derecho inalienable consignado en los preceptos jurídicos relativos y siendo nuestra agrupación un conjunto de asalariados no puede plegarse a REGLAMENTO ESPECIAL alguno en virtud de que esto sería una excepción odiosa ya que el dilema es terminante para toda asociación de trabajadores: LEY FEDERAL DEL TRABAJO o ESTATUTO JURIDICO para los empleados al servicio del Estado".
Incluso se mencionaba que el Presidente de la República estaba pugnando por el mejoramiento efectivo de los trabajadores llegando a conceder "a los empleados federales el DERECHO DE HUELGA. ¿Por qué entonces en la Universidad se obstrucciona a toda labor sindical cuyas únicas miras son garantizar los más elementales derechos del asalariado? ¿Acaso esta actitud no acusa una flagrante contradicción con el llamado acercamiento de la Universidad al Pueblo?".
Pretendían (como las autoridades) la expedición de un reglamento semejante a la Ley del Servicio Civil para los empleados públicos que "marque definitivamente la posición del empleado universitario". Inmediatamente el Sindicato de Profesores y Empleados de la Universidad, le envió un telegrama al Presidente Cárdenas informándole de lo sucedido:
"El Comité Ejecutivo ha sido víctima (de) toda clase de atropellos (por) parte (del) rector Lic. Luis Chico Goerne, quien cesó en masa a tres miembros del Comité Ejecutivo (con el) objeto de aplastar (a) nuestro movimiento sindical, para lo cual ha tratado de involucrar, torpemente, nuestra actuación social con (la) situación estudiantil agitada y turbulenta (que) prevalece, debido (a las) maniobras (del) rector (para) burlar (el) voto (del) estudiantado y saquear materialmente, entre él y sus amigos, (los) fondos universitarios, como fácilmente (puede) comprobarse si (se) verificase (un) arqueo (en la) caja misma. Creemos que mientras páganse sueldos misérrimos a (los) empleados inferiores y obligase (a los) mozos (a) trabajar diariamente doce y trece horas, (con el) pretexto (de que) no hay dinero (para) pagar más personal, no es justo que (que) individuos avorazados como (el) Oficial Mayor Bremer cobre dos mil seiscientos pesos mensuales (por) concepto (de) varios sueldos (que) no devenga (en lo) absoluto; que (el) rector adjudícase sueldo fabuloso mientras (que los) familiares de éste gratifícanse cinco mil pesos (con el) fin (de) evadir (el) pago (de los) vales (que) firmaron por (el) dinero (que) prestóles (la) Institución, mermando así (el) subsidio (que el) Gobierno da (a la) Universidad. Declaramos categóricamente (que) está infringiéndose (la) libertad (de) cátedra (con el) fin (de) dar cabida únicamente (a) derechistas y reaccionarios, quienes ideológicamente están distanciados (del) programa revolucionario (que) usted siempre ha sustentado, y una prueba de ello fueron (las) frecuentes tentativas (de) deshacer nuestro sindicato cesando a quienes hacían labor sindical y tratando de formar una Unión blanca (con) elementos colaboracionistas con (los) malversadores (de los) fondos (del) pueblo y con violadores flagrantes (de la) Ley Federal del Trabajo. Por lo expuesto suplicamos sírvase ordenar (una) investigación (del) asunto e impártasenos justicia. El Comité Ejecutivo. Daniel Bravo, Isidro Castorena, Juan Estrella Campos, Luis Santos Orlaineta.
El 17 de marzo de 1938, las uniones de profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Facultad de Filosofía y Letras y de Estudios Superiores enviaron una convocatoria a los organismos similares a fin de realizar una Convención de Maestros Universitarios, que se celebraría el 4 de abril en el Paraninfo de la Universidad, con el objeto de constituir la Federación de Profesores Universitarios.
Por otro lado, en abril de 1938 el presidente de la Unión de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria (y de la Facultad de Filosofía y Bellas Artes), Julio Jiménez Rueda, envió un escrito al general Cárdenas en agradecimiento por las pensiones otorgadas a los profesores Juan Mancilla Ríos y Basilio Romo, que les permitiría vivir descansadamente durante los últimos días de su vida.
"Nada tan ingrato como la tarea de un profesor que tiene que luchar con dificultades de todo linaje y que, al final de su vida, debe enfrentarse con problemas dolorosos para lograr la subsistencia de los suyos. En todos los órdenes de esas actividades podrían señalarse casos similares a los de los profesores Mancilla Ríos y Romo Aguilar, especialmente en la Escuela Preparatoria, cuyo personal docente ha hecho de la cátedra la actividad preferente de su vida. La Unión confía en que paulatinamente y considerando todo caso especial se extienda la franquicia concedida a todos los que, habiendo dedicado su vida a la enseñanza, agotadas sus energías, pasan por un estado de miseria a todas luces injusto.
“La Unión reconoce que este acto de justicia honra al Ejecutivo de la Unión y se complace en felicitarlo muy cordialmente".
El 4 de abril, el personal académico constituyó la Federación de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de reunir "en su seno a todos los profesores de la Universidad, sin distinción de credos políticos y sociales, contribuir al mejoramiento intelectual y social de los mismos; cooperar en la realización de los fines de la Universidad en su más amplio y generoso sentido, y ser factor atendible y respetable en todos los actos en que la Universidad intervenga", esto se asentó en el acta constitutiva.
En el evento se analizó la situación precaria del profesorado, al que se le tenía en cuenta únicamente para dar su cátedra. Si bien tenía representación en los órganos, como lo eran el Consejo Universitario y en las Academias de Profesores y Alumnos, "estas representaciones no han recaído siempre en catedráticos que puedan interpretar el sentir de su propia clase ni han sido verdaderamente representantes del gremio en sus aspiraciones de mejoramiento colectivo".
Más adelante se afirmaba que "Si se atiende a su situación económica, en tanto que los trabajadores manuales y aun los profesionistas han mejorado sus ingresos, el catedrático gana menos de lo que percibía en 1910 y mucho menos relativamente, de lo que alcanzaba un profesor de la Real y Pontificia Universidad en la época colonial.
“Irrisorias son las cantidades que se pagan por una cátedra en una época en que el costo de la vida ha aumentado considerablemente y el material de trabajo: libros, útiles de laboratorio, etc., ha subido en un 200 por ciento, y todavía esas cantidades no se cubren con la puntualidad debida a pesar de que el presupuesto de la Universidad es más alto que nunca. Los empleados públicos disfrutan del derecho de pensión, pueden jubilarse modestamente, muy modestamente por cierto; pueden solicitar préstamos en situación apurada.
“Al profesor de la Universidad le esta negado todo esto, pues no hay organismo adecuado a quien recurrir en caso de apuro, y después de una vida consagrada al estudio, fatigosa y agobiante no tiene la menor perspectiva de descanso.
“Así vemos a profesores de más de sesenta años obligados a proseguir en su cátedra con la agilidad de uno de veinticinco; y cuando hay enfermedades adquiridas en el ejercicio de su ministerio impiden materialmente al catedrático el concurrir siquiera a sus aulas, por toda compensación se le hace la gracia de ayudarlos con el sueldo equivalente a dos grupos de su enseñanza, es decir, a una cantidad inferior a doscientos pesos".
El 10 de mayo de 1938, Julio Jiménez Rueda por medio de un telegrama le participaba al Presidente Cárdenas de la constitución de la Federación de Profesores Universitarios y le solicitaba una audiencia. Su Secretario General era el propio Julio Jiménez Rueda.
El 27 de julio, el nuevo secretario general del SEOUAM, Santos Orlaineta, solicitó audiencia al Presidente de la República para tratar "un asunto grave relacionado con el sindicato".
En la sesión del Consejo Universitario del 1o. de agosto se presentó una propuesta de Estatuto General de la Universidad, sobre el Título relativo a los trabajadores administrativos, artículos 54 y 55. Asimismo, se acordó una moción suspensiva para que estudie detenidamente la comisión abocada al aspecto de la naturaleza jurídica de la Universidad.
Después de varios años de discusiones, el 23 de agosto se presentó el proyecto del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. Durante algún tiempo se insistió que los trabajadores universitarios deberían estar enmarcados en ese estatuto pero esto no fue aceptado por ellos ni por la Universidad, argumentando que se violaría la autonomía, ya que existía el temor de que el SEOUAM adquiriera una mayor fuerza al ser apoyado por los sindicatos afines.
En ese marco, surgió una nueva organización de trabajadores universitarios denominada Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de México. El 27 de septiembre solicitaron audiencia al Presidente Cárdenas "para informarle (sobre las) imperiosas necesidades de nuestros representados". Su Comité Ejecutivo estaba encabezado por el Secretario General, ingeniero Apolinar Hernández.
El 3 de octubre, por medio de un telegrama al Presidente Cárdenas, el ingeniero. Hernández le suplicaba que los apoyara con "su influencia ante la junta de Conciliación y Arbitraje a efecto de que a la mayor brevedad (se) defina la personalidad jurídica de la Universidad Nacional de México".
El 6 de octubre, en las sesiones del Consejo Universitario se iniciaron las discusiones sobre la reforma al Estatuto General de la Universidad Nacional. En relación al Título sobre los empleados de la Universidad, los consejeros representantes de los empleados, ingeniero Blázquez y Barranco, discutieron e hicieron observaciones. También hablaron los consejeros Franco Serrato, Manrique, Cossío y Cossío, Laborde, Cansino y Chavel y se concedió la palabra a Luis Santos Orlaineta, en su carácter de Secretario General del SEOUAM.
El 13 de octubre, el consejero representante de los empleados presentó un escrito del SEOUAM al Consejo Universitario, sobre la inconformidad de los trabajadores de la Institución acerca de que habían en el Proyecto de Estatuto General de la Universidad, en el Título Sobre los Empleados, algunos aspectos que sobrepasaban "los derechos que los asalariados concede la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, principalmente los números XI y XIII tiene otros, que en nuestra humilde opinión son completamente leoninos y no llevan otro objetivo directo que infringir las leyes vigentes.
"En el caso de ser separado el empleado es víctima de otra injusticia ya que la indemnización se reducía a un mes de sueldo, en lugar de los tres meses por año que marca la Ley Federal del Trabajo. En el proyecto se afirmaba que los derechos de los trabajadores no serían menores a los ahí establecidos".
Censuraban además el exceso de plazas de confianza que consideraban las autoridades en el proyecto; asimismo, se oponían a la categoría de ayudante de investigador que es eminentemente un simple trabajador asalariado.
Proponían que las relaciones laborales se rigieran por lo previsto en la Ley Federal del Trabajo, que la Universidad firme un Contrato Colectivo de Trabajo con sus trabajadores y que las ventajas y derechos superiores a la Ley Federal del Trabajo, del proyecto de Estatuto se otorguen a los empleados universitarios. El escrito lo firmaba el secretario general Luis Santos Orlaineta.