Source: https://es.scribd.com/document/255203619/05215-2007-AA
Timestamp: 2019-04-26 09:48:05
Document Index: 165706281

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 293', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 293', 'artículo 293', 'artículo 9', 'artículo 139']

Cargado por Jose Armando
16-02 Los Derechos Sociales
4-TA.-PONENCIA.-CARLOS-BRICEÑO-Presentación-Límites-potestad-de-autotutela-de-la-Administración.-Octubre-de-2011
Teoria de Los Derechos Fundamentales(Resumen)
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4-TA.-PONENCIA.-CARLOS-BRICEÑO-Presentación-Límites-potestad-de-autotutela-de-la-Administración.-Octubre-de-2011 (1)
Garantis Individuales y Caso de Violacion de Derechos
° 5215-2007-PA/TC
ELIZABETH CONSUELO SÁNCHEZ
MOYA Y OTRA
En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Beaumont
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elizabeth Consuelo Sánchez
Moya y otros contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, de fojas 278, su fecha 18 de julio de 2007, que declaró improcedente la
demanda de amparo de autos.
Con fecha 17 de mayo de 2006, doña Elizabeth Consuelo Sánchez Moya por
derecho propio, y doña Rosemarie Zavala Reyna, en representación de don Daniel Antonio
González Villanueva, don Ervando Guevara Guevara, doña Adriana Elena Miranda
Troncoso, don Linder Bari Quispe Alvarado, don Samuel Eleazar Quispe Alvarado y don
Víctor Carlos Lázaro Arroyo, interponen demanda de amparo contra la Sociedad Civil
Gustavo Adolfo Benitez Jara & Asociados SCRL, a fin de que se declare inaplicable el
Acuerdo de su exclusión adoptado en la Junta de Socios del 15 de mayo de 2006. En
consecuencia, persiguen que se ordene su reincorporación con el reconocimiento de todos
sus derechos, y se cursen partes a los Registros Públicos para la inscripción de la decisión
jurisdiccional que se adopte en el presente proceso en la Partida Electrónica N.º 11047981
(sic). Invocan la violación de sus derechos constitucionales de defensa, al debido proceso y
a la tutela jurisdiccional.
Manifiestan ser socios fundadores de la emplazada, y que a fin de continuar con el
desarrollo de su objeto social se convino el aumento de capital vía incremento de aportes e
inclusión de nuevos socios. Sin embargo, sin llevarse a cabo la junta general para tomar tal
acuerdo, el administrador con algunos socios confeccionaron un acta que contenía el
supuesto acuerdo de inclusión de socios, sin efectuar publicaciones y falsificando firmas,
haciendo aparecer como que se llevó a cabo el 22 de febrero de 2006. Expresa que el
administrador convocó luego a una supuesta segunda reunión (el 17 de abril de 2006) en la
quedando con la mayoría societaria y los órganos de gobierno a su merced. por lo que no se ha cumplido con el artículo 45º del Código Procesal Constitucional. que se declaren inaplicables los acuerdos adoptados en la cuestionada asamblea de socios. esto es. Contesta la demanda manifestando que no se han agotado las vías previas. además. Mediante la demanda de amparo de autos. sin que se haya configurado ninguna de las causales de exclusión previstas por el estatuto. Ante ello. Sostiene. por estimar que los amparistas han recurrido a la vía ordinaria con la misma pretensión. además. El Juzgado Mixto de La Esperanza. y que conforme a su Estatuto y la Ley General de Sociedades. que los propios demandantes reconocen los hechos que han cometido en agravio de la sociedad y que han motivado su exclusión. los recurrentes persiguen que se declare inaplicable el Acuerdo de su exclusión adoptado en la Junta de Socios del 15 de mayo . desestimó la excepción propuesta y declaró improcedente la demanda. la vía ordinaria no es igualmente satisfactoria. lo que dio lugar al acuerdo de su exclusión. por considerar que la controversia debe ser dilucidada en la vía ordinaria. que si bien la Ley General de Sociedades prevé el derecho de oposición del socio excluido. sostiene que efectuaron el reclamo judicial correspondiente (impugnar un acuerdo societario). pues primero debió accionarse la impugnación de acuerdos para que posteriormente se pueda accionar en la vía constitucional (sic). pues conforme al artículo 293º de la Ley General de Sociedades. con fecha 13 de diciembre de 2006. FUNDAMENTOS Petitorio de la demanda de amparo de autos 1. por lo que resulta aplicable el artículo 5.2 que removió a la junta de administradores. el acuerdo debió ser impugnado en la vía del proceso abreviado (sic). conforme al estatuto y la Ley General de Sociedades. y sin poder ejercer su derecho de defensa. la cual se suspendió ante la protesta de los socios. toda vez que el proceso de amparo carece de estación probatoria y es de naturaleza residual. sin que haya existido procedimiento alguno. La recurrida confirmó la apelada. razón por la que opta por interponer el proceso de amparo.3 del Código Procesal Constitucional. Alega. la junta fue convocada mediante avisos judiciales en el diario encargado de la localidad. La emplazada propone la excepción de incompetencia toda vez que. al haber interpuesto una demanda de impugnación de acuerdo societario el mismo mes de la interposición de la presente demanda constitucional. el socio excluido puede oponerse interponiendo demanda a través del proceso abreviado.
así como se cursen partes a los Registros Públicos para la inscripción de la decisión jurisdiccional que se adopte en el presente proceso en la Partida Electrónica N. de acuerdo a lo establecido en el numeral 5. es la propia Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad la que. estableció que: a) Respecto a la improcedencia de la demanda de amparo. se ordene su reincorporación con el reconocimiento de todos sus derechos. La inexistencia de la vía paralela como causal de improcedencia de la demanda 2. el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad. la recurrida ha declarado la improcedencia de la demanda bajo el argumento de que los amparistas han recurrido a la vía ordinaria con la misma pretensión. 238 y 151 a 153 de autos. El Tribunal Constitucional no comparte dicho pronunciamiento.3 del Código Procesal Constitucional. deben ser respetados en cualesquiera de las relaciones que entre dos particulares se pueda presentar. en efecto. toda vez que.2 del adjetivo acotado1. al pronunciarse en este mismo expediente sobre la materia de autos. por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de la presente sentencia. el juez no ha advertido que los amparistas invocan la vulneración de los derechos al debido proceso. Fojas 280 de autos . b) La finalidad del proceso de amparo será determinar si al decidirse la exclusión de los socios se ha seguido un debido procedimiento. Agrega que. Sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. por tanto. cuya sentencia también va a diferir de la emitida en el proceso constitucional.3 de 2006 y que en consecuencia. 1 Cfr. por lo que resulta aplicable el artículo 5. Alegan que dicha decisión vulnera sus derechos constitucionales de defensa. que se declaren inaplicables los acuerdos adoptados en la cuestionada Asamblea de Socios. 3. de legalidad y de asociación.º 11047981. al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. esto es. según consta a fojas 237 vuelta. los accionantes interpusieron demanda de impugnación de acuerdo societario el mismo mes de la interposición de la presente demanda constitucional. y que el Tribunal Constitucional ha establecido que los derechos fundamentales tienen eficacia directa en las relaciones inter privatos y. distinta al propósito del proceso de impugnación de acuerdos. Y concluye señalando que la actitud de los demandantes atenta notoriamente contra la naturaleza residual de los procesos constitucionales de amparo.
Respecto al fondo. La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y. por otro. ya que si bien nos encontramos en el ámbito privado. cumplir (…) la Constitución (…)”. “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar. en imponer. norma que impone el deber de respetar los derechos de todos.4 4.3 del Código Procesal Constitucional. y que las personas naturales o jurídicas de derecho privado se encuentren ajenas a su respeto. 8. La eficacia de los derechos fundamentales entre particulares 5. 7. un deber de tutelar dichos derechos. En consecuencia. no resulta aplicable el artículo 5. Esta norma establece pues que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes. de respetar. razón por la cual este Tribunal estima que.]. con vista a lo anteriormente expuesto.. en nuestro sistema constitucional. cumplir y defender la Constitución”. vincula al Estado y la sociedad en general. Esta última dimensión objetiva de los derechos fundamentales se traduce. esta vinculación de los derechos fundamentales en la que se encuentran los organismos públicos. . no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado. es menester determinar si al decidirse la exclusión de los socios se ha respetado el derecho a un debido proceso. no significa que tales derechos solo se puedan oponer a ellos. por un lado. en exigir que las leyes y sus actos de aplicación se realicen conforme a los derechos fundamentales (efecto de irradiación de los derechos en todos los sectores del ordenamiento jurídico) y. conforme al artículo 38° de la Constitución “Todos los peruanos tienen el deber [. Los derechos fundamentales que la Constitución Política del Estado reconoce son derechos subjetivos pero también constituyen manifestación de un orden material y objetivo de valores constitucionales en los cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico. los derechos fundamentales vinculan tanto al Estado como a los particulares. El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples ocasiones que. corresponde emitir pronunciamiento respecto del fondo de la controversia. no sin antes efectuar algunas consideraciones previas necesarias para efectos de que lo acá decidido pueda ser entendido a cabalidad. Por ende. sino también a aquellas establecidas entre particulares. como tal. sea que desarrollen sus actividades en la esfera privada o pública. 6. De conformidad con el artículo 38º de la Constitución. Sin embargo. sobre todos los organismos públicos. no puede la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desdecirse sin mayor sustento del criterio que ella misma había establecido al pronunciarse en la misma causa.
como es el caso del acto cuestionado en el presente proceso. aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. que como en el caso de autos constituye una sociedad civil de derecho privado. En consecuencia. frente a todo tipo de destinatario. sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada. en particular. pues de haber alguno. 12. Pero el efecto horizontal o inter privatos que detentan los derechos fundamentales no sólo se deriva del artículo 38º de la Constitución. Si. sino también del principio dignidad (artículos 1º y 3º de la Constitución). Resulta. lo cual implica que las normas estatutarias de las entidades privadas. y los actos de sus órganos deben guardar plena conformidad con la Constitución y. resulta invulnerable o inmune al control constitucional. pues. Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución. 11. desde luego. Como hasta ahora se ha visto. se negaría el valor normativo del mismo principio de dignidad. así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares. inadmisible y carente de todo sentido pretender que porque una determinada organización de particulares se rige por sus propias normas internas. al interior de una institución privada. en cuanto el valor central de la persona impone que sus derechos fundamentales proyecten también su efecto regulador al ámbito de la sociedad y de la propia autonomía privada. cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado. de los derechos fundamentales. los derechos fundamentales vinculan. en el presente caso nos encontramos frente al ejercicio del derecho disciplinario sancionador que una persona jurídica de derecho privado puede aplicar a sus miembros cuando estos cometan faltas tipificadas como tales en sus . como se ha dicho. el procedimiento legal-estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere. su fuerza activa y pasiva. queda claro que cualquier afectación sobre su contenido es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional. se impone el deber de respetar los derechos fundamentales. con los derechos fundamentales. de modo que no hay ámbito social exento del efecto normativo y regulador de los mismos. detentan fuerza regulatoria en las relaciones jurídicas de derecho privado. sino a todas las personas. La dignidad de la persona trae así consigo la proyección universal. En consecuencia. los derechos fundamentales no sólo vinculan a los poderes públicos. resulta inexorablemente inconstitucional. Así también. La viabilidad de la demanda de amparo para supuestos como el de autos 13. respetando.5 9. que pretende conculcar o desconocerlos. por excepcional que fuese. sean estas públicas o privadas. 10.
sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. 3 Cfr. parafraseando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. existe abundante y uniforme reiterada jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional2. este Colegiado ha señalado que el derecho al debido proceso es un derecho cuyas potestades que se encuentran en su esfera de protección no solo se titularizan en el seno de un proceso judicial. y respecto a los procedimientos disciplinarios sancionadores llevados a cabo al interior de asociaciones. En el caso de autos. entre otras tantas. e incluso de un particular o entidad privada. En el caso de autos. 3312-2004AA/TC. 15. 16. que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. En diversas oportunidades. si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional. STC N. 1414-2003-AA/TC. sino que se extienden. 0353-2002-AA/TC. en general. 14. como por ejemplo el derecho de defensa– resultan aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica de derecho privado.º 4 . máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión. STC N. Fundamento N. a cualquier órgano del Estado. del estudio de los actuados este Tribunal puede concluir que la demanda debe ser estimada habida cuenta que: a) Si bien de la escritura pública que corre a fojas 4 a 7 de autos –que transcribe el impugnado acuerdo de expulsión de los demandantes. Sobre el particular. sino de una sociedad civil de responsabilidad limitada. siempre y cuando se les garantice un debido proceso y se respeten los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 1489-2004-AA/TC. Como ha sido expuesto por este Colegiado3. del 15 de mayo de 2006– consta que la convocatoria a Junta de Socios se publicó en el diario oficial La 2 Cfr. queda claro que dichos criterios resultan perfectamente invocables y. De ahí que este Tribunal haya establecido que el debido proceso –y los derechos que lo conforman.6 estatutos. su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto. a efectos de verificar el irrestricto cumplimiento del debido proceso. aplicables a la controversia de autos. 1515-2003-AA/TC. las partes no han adjuntado los Estatutos de la sociedad emplazada. por ende. Análisis del caso concreto 18. a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos.os 1612-2003-AA/TC. 17.º 3312-2004-AA/TC. si bien es cierto. si bien no se trata de una asociación en sentido estricto (conforme la entiende del Código Civil) .
sino que a tenor del documento de fojas 110. u omitido el cumplimiento de normas preestablecidas que regulan su ejercicio. toda vez que “En cuanto al quórum de instalación se aprecia que han asistido socios que representan solo 425 participaciones de un total de 3. por tanto. dicha convocatoria no solo no obra en autos. d) Respecto de los documentos emitidos por el funcionario registral. por ejemplo. el acuerdo tiene que adecuarse al procedimiento establecido en el artículo 293º de la Ley de Sociedades”.º 5 .7 República de Trujillo. que4. en el segundo supuesto se trata de garantizar que al momento de emitirse tal pronunciamiento. emitir un informe a favor o en contra de algo respecto de lo cual se carece de conocimientos elementales). por cuanto “(…) la Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso de convocatoria (…)”. este Tribunal ha establecido. además.696 participaciones. 4 Cfr. se aprecia que el funcionario de la Oficina Registral de Trujillo ha tachado el título por el que se pretendía inscribir el acuerdo de expulsión. es decir. se observen todas y cada una de las pautas que la ley impone. “cuando una dependencia del Estado emite una opinión técnica acerca de un asunto propio de su competencia. c) Del mismo documento de fojas 109 consta. en el presente caso. de respetar la parte reglada que toda opinión debe suponer al momento de adoptarse)”. mutatis mutandis. podría excluir a los 99 socios restantes. no vulnera ni amenaza per se derechos constitucionales. que se tacha el título correspondiente porque “Según el artículo 293 de la Ley de Sociedades 26887. Mientras que en el primer supuesto. el Tribunal Constitucional estima que dichos documentos deben ser objeto de valoración jurídica. Es por tal razón que. a menos que con la emisión de dicho dictamen se hubiese obrado de una forma absolutamente incompatible con los objetivos propios de la función que se ejerce. Fundamento N. el funcionario de la Oficina Registral de Trujillo ha tachado el título por el que se pretendía inscribir el acuerdo de expulsión. b) Del documento de fojas 109. caso contrario se daría la ilegal situación de que por ejemplo en una sociedad de cien socios en la que uno de ellos tiene el 51%. se trata de preservar que toda opinión guarde un mínimo de razonabilidad o coherencia a partir de los referentes que proporciona el tipo de función dentro de la que dicha opinión especializada se encuentra inmersa (no se podría. que es el último capital inscrito (…)”. en criterio que resulta aplicable. el proceso de exclusión de socios se da en forma individual. a fin de que la opinión pueda considerarse adecuadamente emitida (se trata. STC N.º 0921-2003-AA/TC.
precisamente. . queda claro que en el presente caso no se ha acreditado que se hayan cumplido las exigencias establecidas por nuestro ordenamiento constitucional y por la jurisprudencia de este Tribunal para los casos de aplicación del derecho disciplinario sancionador en las personas jurídicas de derecho privado. tanto más que los ordenamientos procesales y legales pertinentes prevén. a fin de que ejerzan su defensa. y como ha quedado dicho. f) De la escritura pública que corre de fojas 4 a 7 de autos consta que el fundamento para decidir la expulsión de un grupo de los socios es el hecho de que han interpuesto una demanda contra la sociedad –de impugnación del acuerdo del 22 de febrero de 2006 por el que se incorporaba nuevos socios y se ampliaba el capital. h) Por lo demás. lo cual. acompañando el correspondiente sustento probatorio. el considerar como causal de expulsión la discrepancia con un acuerdo societario. para este Tribunal ello resulta innecesario. Si la demandada consideraba que los recurrentes cometieron alguna falta. lo cual atenta contra los fines de la sociedad y sus estatutos. como consecuencia de ello. encontrándose su actuar dentro de lo normado en el artículo 9º del Estatuto. vuelta–. la posibilidad de cuestionarlos a través de los mecanismos legales correspondientes. toda vez que resulta inadmisible desde todo punto de vista. según aparece a fojas 5. al actuar en forma dolosa. debieron comunicarles por escrito los cargos imputados. precisamente. causando descrédito contra la sociedad. 19. este Tribunal tampoco puede dejar de hacer mención al Informe Grafotécnico que corre a fojas 97 a 100 de autos. el cual concluye que a la demandante Rosemarie Zavala Reyna se le falsificó la firma en el acta que contiene el acuerdo del 22 de febrero de 2006. motivo por el que debe aplicárseles el numeral 22º y excluírseles de la sociedad. la expulsión de los demandantes. y violatorio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. y otorgarles un plazo prudencial a efectos de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– puedan ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa.8 e) No consta en autos que la sociedad emplazada haya notificado previamente a los demandantes acerca de las faltas que se les imputaban. si bien en autos no obran los estatutos correspondientes a efectos de verificar cuál era el procedimiento de exclusión y cuáles las causales que pudieran dar lugar a ello. el cual suspendido por una medida cautelar. g) Al respecto. originó la correspondiente demanda de impugnación de acuerdo y. razón por la cual la exclusión de los actores deviene en arbitraria y violatoria de los derechos constitucionales a un debido proceso y de defensa. Con vista a lo anterior.
Ervando Guevara Guevara. supra. inaplicable a los demandantes el Acuerdo adoptado en la Junta de Socios del 15 de mayo de 2006. LANDA ARROYO BEAUMONT CALLIRGOS ETO CRUZ . en consecuencia. Adriana Elena Miranda Troncoso. con el reconocimiento de los derechos y obligaciones que correspondan. de los derechos constitucionales vulnerados cuya protección se ha reclamado. y no declaratoria. 2. 3. Samuel Eleazar Quispe Alvarado y Víctor Carlos Lázaro Arroyo. En consecuencia. Rosemarie Zavala Reyna. toda vez que la finalidad del proceso de amparo incoado es restitutoria. la demanda de amparo. Declarar FUNDADA.9 20. y que este Tribunal ya ha dispensado. de la Constitución. Ordena que la emplazada reincorpore a los demandantes Elizabeth Consuelo Sánchez Moya.º 11047981 (sic). tal extremo de la demanda no puede ser estimado en sede constitucional.º 21. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO 1. SS. incisos 3) y 14). Publíquese y notifíquese. Por estos fundamentos. al haberse acreditado la violación de los derechos al debido proceso y de defensa. y sin efecto la medida de exclusión. 21. consagrados en el artículo 139°. Linder Bari Quispe Alvarado. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo a que se ha hecho referencia en el Fundamento N. en su condición de socios de la Sociedad Civil Gustavo Adolfo Benitez Jara & Asociados SCRL. Respecto a la solicitud de que se cursen partes a los Registros Públicos para la inscripción de la decisión jurisdiccional en la Partida Electrónica N. Daniel Antonio González Villanueva. en parte. el Tribunal Constitucional. la demanda debe ser estimada.
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