Source: https://www.scribd.com/document/164706377/Arancibia-Clavel-2004
Timestamp: 2018-11-14 09:40:15
Document Index: 408559504

Matched Legal Cases: ['artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 18', 'artículo 210', 'artículo 14', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 280']

Arancibia Clavel (2004)
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ARANCIBIA CLAVEL, ENRIQUE LAUTARO S/ HOMICIDIO CALIFICADO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA Y OTROS S u p r e m a -IA raíz del recurso interpuesto por la defensa
de Enrique Lautaro Arancibia Clavel contra la sentencia por la cual se lo condenara por homicidio y asociación ilícita (fs. 1/98), la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la prescripción de la acción en orden al último de estos delitos (fs. 99/116). Contra esa decisión el querellante -la representación del gobierno de Chile- interpuso recurso extraordinario (fs. 117/139) que, ante su rechazo (fs. 140/143), dio origen a la presente queja (fs. 145/152). -IIEl nombrado fue condenado por el Tribunal Oral Federal n° 6 a la pena de reclusión perpetua y accesorias por considerarlo partícipe necesario del homicidio, agravado por el uso de explosivos y por el concurso de dos o más personas, del matrimonio Prats Cuthbert y como autor de la conducta consistente en pertenecer a una asociación ilícita integrada por diez o más individuos con una organización de tipo militar e integrada por oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas; que disponía de armas de guerra y explosivos y recibía apoyo ayuda o dirección de funcionarios públicos, delito previsto en el artículo 210 bis. incisos a), b), d), f) y h) del Código Penal. En lo que a la asociación ilícita se refiere, los magistrados consideraron que correspondía esta calificación en base a la aplicación del principio de "ley penal más benigna" por cuanto esta figura -incorporada al Código Penal por la ley 23077- contiene mayores elementos típicos que la que estimaron vigente al momento del hecho. Sobre este último aspecto, establecieron que el artículo 210 del Código Penal conforme la reforma de la ley 21338 constituiría la ley penal que regía al tiempo de su comisión, que los magistrados identificaron con el año 1978, cuando Arancibia Clavel se habría desvinculado de la asociación al ser detenido en la causa "Acuña", en la que se investigaban hechos vinculados con la actuación de los servicios de inteligencia chilenos (la supuesta asociación ilícita). Ante el recurso de la defensa, la Cámara Nacional de Casación Penal revocó C o r t e :
parcialmente la sentencia. Para así resolver consideró que no correspondía subsumir la conducta del nombrado en la figura del artículo 210 bis. del Código Penal al no verificarse la agravante genérica prevista en el tipo, esto es, que la acción desplegada
Critica. más allá de la discusión suscitada sobre cuál sería el último acto a tener en cuenta para computar los plazos de prescripción." (cfr. la alzada debió limitarse a constatar si se encontraban objetivamente reunidas las condiciones que habilitarían 2 . -IVEl recurso directo traído a conocimiento del Tribunal se sustenta en que. También desechó la impugnación sobre el sentido que se le diera al principio de ley penal más benigna y al artículo 210 bis.por la asociación ". la alzada negó haberse excedido en su potestad de juzgamiento por cuanto dichos agravios sí habrían sido introducidos en su oportunidad por el recurrente... Por su parte. la interpretación del artículo 210 bis. por último.". Así. 114). ni cuál fue el concreto peligro o riesgo -en el sentido de real y constatable. alegó que no había realizado hermenéutica alguna de esta garantía ya que directamente había considerado inaplicable este tipo penal y... en el rechazo del recurso. fs.. consideró que la alegada arbitrariedad de la sentencia sólo denotaba la disconformidad de la parte con la solución adoptada.que no se advierte de qué modo ese reducido número de personas que componían la DINA EXTERIOR -con aún una más reducida presencia en Buenos Aires. del Código Penal. además. expresaron: ".corrido en su vigencia por la Constitución Nacional.contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Sostiene la querella que. al igual que el análisis sobre la aplicación del principio de ley penal más benigna. en el rechazo del remedio federal. por lo que el tribunal habría incurrido en un exceso de jurisdicción al resolver de esa manera.. en lugar de argumentar en favor de su decisión.. la Cámara Nacional de Casación Penal incurrió en un nuevo exceso de jurisdicción al "defender" su pronunciamiento anterior. -IIIEn el recurso extraordinario la parte se agravia de que la discusión sobre la supuesta atipicidad de la conducta de Arancibia Clavel no habría sido expresamente introducida por la defensa. del Código Penal propuesta por la Cámara Nacional de Casación Penal por considerarla arbitraria.. considerando cualquiera de las opciones posibles la acción igualmente se habría extinguido. Finalmente concluyó que debía aplicarse la figura básica del artículo 210 del Código Penal por lo que.pudo haber hecho la contribución típicamente requerida. circunstancia ajena por su naturaleza al recurso extraordinario.
148). Precisamente en los precedentes traídos a colación por el recurrente (cfr. Alega. Pero por otro lado. con ello. 148 vta. 316:1606. desfigura así su naturaleza excepcional y extraordinaria.encuadraban o no en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la arbitrariedad" (cfr. de resolver circunstanciadamente si tal apelación -prima facie 3 . es decir. Y si bien es cierto que el tribunal sentenciante no se encuentra en condiciones de valorar si su propia decisión es arbitraria (y. la mera invocación de alguna de las causales que habilitan el remedio federal abriría sin más el acceso a la jurisdicción del Tribunal. del Código Penal y en la inteligencia que debe dársele en el caso al artículo 18 de la Constitución Nacional y 91 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre.la intervención de la Corte.la alzada se habría extralimitado al expedirse sobre la viabilidad del recurso. no es menos cierto que ello no exime a los órganos judiciales llamados a expedirse sobre la concesión de los recursos extraordinarios federales. el artículo 210 bis.) se asientan los principios arriba reseñados. a mi juicio. En "Estévez" (Fallos 319:1213) se señala que "si bien incumbe a [la] Corte juzgar sobre la existencia o inexistencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia. sí le está permitido rechazar recursos cuando sus agravios sean manifiestamente improcedentes. De adherir a la tesis de la defensa. adviértase que el mismo recurrente califica a la resolución en crisis como dictada en "exceso de jurisdicción". si la causal invocada constituye uno de los supuestos de impugnación por arbitrariedad de sentencias. y si bien este principio admite excepciones en los casos en que su apreciación traduzca un injustificado rigor formal (Fallos 304:1829. -VEs doctrina del Tribunal que constituye una facultad privativa de los jueces de la causa lo concerniente a determinar si el recurso ante ellos planteado cumple con los requisitos relativos a su procedencia formal. tampoco se evidencia en el presente esta falencia -exceso en la fundamentación. que existe cuestión federal suficiente habida cuenta que la controversia suscitada se centra en la interpretación de una norma de carácter federal. Lejos de ello. 310:264. considero que en el presente no se dan estas condiciones. fs. además. argumentando sobre cuestiones que excederían la mera constatación de los supuestos formales habilitantes del recurso extraordinario. 311:1513. 307:1067. 2745) o lo resuelto no satisfaga el recaudo de fundamentación suficiente (Fallos 315:1939 y sus citas). fs. Resulta opuesto al principio ya referido supra (que los jueces deben examinar los requisitos de admisión del recurso) la afirmación de que éstos deben limitarse a "resolver si [los] agravios -más allá de su acierto o error.señalada en el recurso. susceptible de ser remediada por la vía del recurso del artículo 14 de la ley 48). esto es que -según alega.
cuenta. 321:1409. entre muchos otros). En consecuencia y teniendo en cuenta que la interpretación de las reglas que rigen la prescripción. es mi opinión que los agravios del recurrente resultan insustanciales para ser tratados por el Tribunal puesto que la decisión de la alzada cuenta con fundamentos suficientes para descartar la tacha de arbitrariedad. como es sabido. remite al análisis de cuestiones de derecho común y procesal ajenas. con fundamentos suficientes para dar sustento. a la vía extraordinaria (Fallos: 304:596. 4 . 191:170. 307:2504. a la luz de conocida doctrina de [la] Corte. debe ser declarada de oficio. -VIEl recurrente reprocha a la Cámara Nacional de Casación Penal que la consideración sobre la inteligencia que debe asignarse al artículo 210 bis. no debe olvidarse que esta controversia se relaciona directamente con la eventual prescripción de la acción que. en principio. si bien bajo el marco de discusión sobre cuál debía ser la figura penal aplicable al hecho que se juzgaba. las normas que integran los códigos de fondo constituyen leyes de carácter común (doctrina de Fallos 136:131. 311:2205. como lo es el de arbitrariedad" (considerando 21). más allá de si cabe atribuirle a dicho precepto carácter federal. asunto por lo menos opinable por cuanto. se advierte que la cuestión fue debidamente introducida. al constituir una cuestión de orden público y que se produce de pleno derecho. como expresara la alzada. agregándose allí que el vocablo que resalto en la cita precedente debe entenderse como "con toda menudencia. por cualquier tribunal. Tampoco considero atendibles los argumentos relacionados con la interpretación del artículo 210 bis. 869-XXXVII).el recurso de casación (obrante a fs. del Código Penal. 182:317.valorada. del cual se hiciera una reseña en el considerando 21 del fallo de la alzada. 184:574. 322:300 y 323:1785. a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional. a los efectos de determinar la ley penal más benigna. 187:449. Pero en mi opinión esto es inexacto: verificado -tal como se asentó en la sentencia. Es que. en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (doctrina de Fallos 186:289. Sin perjuicio de ello. respecto de cada uno de los agravios que los originan. 308:627 y 311:1960). Conceptos éstos que se reiteran en "Magi" (Fallos 323:1247). adviértase que. 189:182. ésta descartó que los hechos juzgados encontraran en ella adecuación típica. del Código Penal no habrían sido introducidas por la defensa de Arancibia Clavel. en principio. 7/88 del expediente A. por lo que no la tuvo en consideración al dilucidar cuáles eran las normas susceptibles de aplicación al caso. sin omitir ninguna circunstancia o particularidad" (del considerando 61). entre muchos otros).
E. 210 bis. es mi opinión que corresponde rechazar la queja en todo cuanto fuera materia de agravio. Considerando: 6 condenó a Enrique Lautaro Arancibia Clavel a la pena de reclusión perpetua. Buenos Aires. 404 y 993). incs. tenía por función formar en Buenos Aires una red paralela de informantes que aportaran datos sobre los perseguidos. Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por el Estado y el Gobierno de Chile en la causa Arancibia Clavel. d.642). del Código Penal (asociación ilícita agravada. V. versión ley 23. 2) Que a raíz del recurso interpuesto por la defensa la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal casó parcialmente el fallo mencionado. etc.Al dictaminar en este sentido. -VIIPor lo expuesto. según ley 20. 3) Que en lo que aquí interesa la sentencia del tribunal oral tuvo por acreditado que Enrique Lautaro Arancibia Clavel tomó parte a partir de marzo de 1974 y hasta el 24 de noviembre de 1978 de una asociación ilícita (la Dirección de Inteligencia Nacional CDINA exteriorC. puesto que.de recursos en los que la impugnación se dirigía contra sentencias sustentadas en normas a las que se les atribuía naturaleza federal (cfr. Contra dicha decisión. NICOLÁS EDUARDO BECERRA Buenos Aires. tengo presente que no constituye óbice alguno para su rechazo el alegado carácter federal de la cuestión. a. sometimiento a interrogatorios bajo tormentos. y cuya actividad consistía en la persecución de opositores políticos al régimen de Pinochet exiliados en Argentina. 27 de mayo de 2003. Esto incluía secuestros. b. la querella Cen representación del gobierno de ChileC interpuso el recurso extraordinario. 24 de agosto de 2004. ha declarado la inadmisibilidad -artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.077) en concurso real con el de participación necesaria en el homicidio agravado por el uso de explosivos y con el concurso premeditado de dos o más personas de Carlos José Santiago Prats y Sofía Esther Cuthbert del Código Penal. para decidir sobre su procedencia. 321:390. en cuanto había condenado por asociación ilícita agravada y declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de asociación ilícita simple. sobreseyendo a Arancibia Clavel por este hecho. Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Causa n 259C". estuvo presente durante el allanamiento y la 5 . f y h. Fallos 317:1534. como autor del delito previsto en el art. Asimismo. sustracción de sus identificaciones para su reutilización previa falsificación. Dentro de la organización. en otras oportunidades. cuya denegación originó la presente queja. dependiente del gobierno de facto de Chile). Arancibia Clavel. que contaba con al menos 10 miembros.
tuvo en cuenta que en los delitos permanentes (como la asociación ilícita) la ley aplicable al momento de comisión es la de vigencia al momento del cese de la conducta delictiva. Los cabecillas. el art. uno o más miembros oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas o de seguridad.077. al menos entre 1976 y 1978. si la asociación dispusiera de armas de guerra y tuviere una organización de tipo militar. en el sentido de poder contribuir efectivamente a afectar el sistema republicano y democrático. utilizaba identidades falsas y ocultaba sus actividades de inteligencia aparentando ser empleado del Banco de Estado de Chile. en su redacción actual. Por su parte. de conformidad con la posición postulada por el querellante. con lo cual sólo podía entrar en consideración el tipo básico del art. cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. versión ley 23. por lo tanto. versión ley 21. y con seguridad. la Cámara de Casación afirmó que la conducta atribuida a Arancibia Clavel. por ser "la única disposición penal que define el comportamiento tanto al tiempo de iniciarse la ejecución del hecho como en el intermedio y en el del juzgamiento". organización militar. organizadores o instructores serán reprimidos de ocho a veinticinco años de reclusión o prisión. sin embargo. 210 bis. por cuanto desde la fecha en que Arancibia dejó de cometer el delito (la de su detención. en el caso. "jamás pudo contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional". el tribunal oral consideró. 4) Que al calificar la conducta de Arancibia Clavel de haber tomado parte en la asociación precedentemente descripta. 5) Que. no resultaba aplicable el tipo penal del art. sobre la base de que en la sentencia no quedaban comprendidos los delitos 6 . si la asociación dispusiere de armas de fuego o utilizare uniformes o distintivos o tuviere una organización de tipo militar. en contra de ello. y concluyó que. 210. Respecto de dicho delito. disposición de armas de guerra o explosivos. que reprime más gravemente las asociaciones ilícitas que reúnan al menos dos características particulares (diez o más miembros. 2. Código Penal.aplicación de torturas a la ciudadana chilena Laura Elgueta. por aplicación de la ley más benigna (art. resolvió que la acción penal se encontraba prescripta. apoyo de funcionarios públicos). La pena será de reclusión o prisión de cinco a quince años.338) ya no se encontraba vigente. el tipo penal en que sí podría haber resultado subsumible (art. 210 bis vigente en 1978 preveía un tipo penal más gravoso (versión 21. que. que resultaba aplicable al caso el tipo previsto en el art. jefes. 210 bis.338): "Se impondrá reclusión o prisión de cinco a doce años. por tratarse delitos de lesa humanidad. el 24 de noviembre de 1978) hasta la de su llamado a prestar declaración indagatoria (15 de mayo de 1989) transcurrieron más de 6) Que con relación a este último punto el a quo rechazó la posición de los querellantes con respecto a la imprescriptibilidad de los hechos imputados a Arancibia Clavel. La misma pena se impondrá si la asociación estuviere organizada total o parcialmente con el sistema de células". Código Penal) quedaba desplazado por el actual art. Como fundamento para aplicar el texto actual. por sus características. fueron encontrados en su poder documentos de identidad utilizados para dificultar la identificación de los asesinados. 210 bis. 210 bis.
y "habrá de verse si acaso permitan superar la aludida inseguridad las definiciones que acuña el estatuto de la Corte Penal Internacional. fue introducido por la querella ante la Cámara de Casación y no fue mantenido explícitamente en esta instancia. sometimiento a esclavitud.. y en cuanto al planteo de la arbitraria interpretación de la ley penal efectuada por el a quo. 210 bis del Código Penal de la Nación.los asesinatos. En su opinión. en ejecución o conexión con cualquier crimen de jurisdicción del Tribunal.. remiten al examen de cuestiones de derecho procesal y común. 210 bis a la conducta del imputado. por su calidad de crímenes de lesa humanidad.que pudieren haber cometido los miembros de la banda. Por otra parte. cuando la cuestión no había sido expresamente planteada por la defensa.". sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados. ajenos a la vía del art.". cabe señalar que como la sentencia impugnada ha tratado este tema que configura una cuestión federal. exterminación. sólo se cuenta hasta el momento con definiciones inseguras. sólo se limita a fundar su discrepancia con el criterio adoptado. así como la atinente a la subsunción de la conducta imputada a Arancibia Clavel en el tipo penal previsto actualmente en el art. cabe destacar que tal arbitrariedad no se vislumbra en la sentencia impugnada. y por demás fundado. 10) Que la apreciación de la Cámara de Casación relativa a que la conducta de Arancibia Clavel de tomar parte en la asociación ilícita que integraba "de ningún modo se ha demostrado que pueda encajar dentro de los 'crímenes de lesa humanidad'" no puede compartirse. o persecuciones por motivos políticos. deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil o durante la guerra. Asimismo. 14 de la ley 48. Se pretende dar sustento a tal afirmación en la circunstancia de que el objeto de la sentencia apelada no incluye los delitos que pudieran haber cometido los miembros de la banda Cni siquiera el 7 .. raciales o religiosos. Dicha conductaCafirmóC de ningún modo se ha demostrado que pueda encajar dentro de los "crímenes de lesa humanidad" que definió como ". corresponde que sea tratado por la Corte toda vez que la prescripción de la acción penal constituye una cuestión de orden público y la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico interamericano.. sino únicamente el haber integrado una asociación ilícita. 7) Que la querella fundó sus agravios ante esta Corte en el exceso de jurisdicción en que habría incurrido la cámara al resolver la inaplicabilidad del art.. resulta inoficioso todo examen respecto de la forma y oportunidad de su introducción y mantenimiento en el proceso (Fallos: 306:1047). con lo que el agravio del recurrente. 8) Que tanto la cuestión relativa a la forma de introducción del planteo de la defensa. toda vez que la Cámara de Casación efectuó un análisis correcto de las exigencias del tipo penal aplicable. en este sentido.. 9) Que si bien el agravio relativo a la imprescriptibilidad de las conductas imputadas a Arancibia Clavel. y cuestionó por arbitraria la interpretación que el a quo realizara de dicha norma y de la garantía de la ley penal más benigna.
el instrumento normativo que debía regir la interpretación era la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (conf. queda alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de hechos. Así. de acuerdo con el texto del Estatuto de Roma que en la resolución apelada cita sólo en su art. que emplee esta calificación. pues la agrupación de la que formaba parte estaba destinada a perseguir a los opositores políticos de Pinochet. si lo que estaba en discusión era la imprescriptibilidad de una asociación ilícita cuyo objeto era la comisión de tales crímenes. De igual forma. la desaparición forzada de personas. por medio de homicidios. son delitos contra la humanidad. 11) Que. hecho que no estaría comprendido en ninguna de las definiciones de delitos de lesa humanidad que transcribe. que incluye dentro de los actos castigados la "asociación para cometer genocidio". de "inseguras". En efecto. cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte" (ap. pues si bien no existía al tiempo de los hechos "ningún texto convencional en vigencia. d. por ejemplo lo estatuyen los arts. la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad" (conf. Así. sino que expresamente menciona el contribuir "de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo contribución es efectuada "con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo. 8 . toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros. y 3 inc. 2. b de la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 210. 12) Que. Código Penal. no sólo quedan incluidas las formas "tradicionales" de participación (art. supuesto i). por otro lado. y ello sin perjuicio de la ley positiva del Estado que se trate. se ha dicho que "la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a respetar y garantizar". 7. inc. sentencia del 20 de enero de 1989. luego reiterado en el caso Godinez Cruz. y a partir de las propias definiciones utilizadas por el a quo correspondía calificar a la conducta de Arancibia Clavel como un delito de lesa humanidad. Caso Velásquez Rodríguez. a.778. Serie 36. 13) Que en este sentido no podría sostenerse que si los homicidios. además. sentencia del 29 de julio de 1988 4. desaparición forzada de personas y tormentos Csobre cuyo carácter no caben dudasC con la aquiescencia de funcionarios estatales. objeto de otro recursoC. ley 24. 3. aplicable a los Estados Partes en la Convención. el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea. 25. estrictamente. sino tan solo la imputación por el art. b y c). pues constituiría un contrasentido tal afirmación. y a las que califica. que adquirió jerarquía constitucional por ley 25. la tortura y los tormentos.584 y decreto 579/2003).homicidio de Prats y su esposa. aps.
15) Que Arancibia Clavel fue condenado por el delito de asociación ilícita.de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. con conocimiento de ello. Finalmente. y la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. toda vez que el tribunal de juicio dio por probado que el incuso formaba parte de un grupo destinado a perseguir 9 . h. las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes. a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra (Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. Por otra parte el art. dispone "Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I. raciales. Esto obedece a "que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos. étnicos. o que conspiren para cometerlos.. el art. la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal.960. como ya se adelantara.. culturales. luego de definir los crímenes imprescriptibles. inc. Desde esta perspectiva. podría afirmarse que la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado. así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración". Asimismo.1. 14) Que del plexo normativo internacional transcripto se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad. y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948)" (dictamen del señor Procurador General en la causa M. Emilio Eduardo s/ incidente de excarcelación". nacionales. sentencia del 15 de abril de 2004). 7. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. considera como crimen de lesa humanidad la "Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos. la Carta de Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948. u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional. en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. religiosos o de género definido en el párrafo 3. II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. cualquiera sea su grado de desarrollo. conf.".XXXVII "Massera. Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas).
reprimir y exterminar sistemáticamente a opositores políticos del régimen dictatorial instaurado en la República de Chile. 20) Que el fundamento común del instituto de la prescripción. entre otros. 16) Que los delitos como el genocidio. hace que la persona imputada no sea la misma. 17) Que en consecuencia el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos. la sanción. en perjuicio del imputado. independientemente del rol funcional que se ocupe. 118 de la Constitución Nacional. En el caso "Mirás" (Fallos: 287:76. sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva". por lo tanto no sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase su operatividad. las llamadas leyes ex post facto. porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. falsificación de documentos. como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial conflictiva. a garantizar la impunidad de los autores materiales de crímenes de lesa humanidad. y sus numerosas citas sobre el punto) se señaló expresamente que tal principio alcanza también a la prescripción de la acción penal. también pasa a ser un delito contra la humanidad. 19) Que el instituto de la prescripción de la acción penal. el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos Centre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esta persecuciónC. o entre la condena y su ejecución. para pasar a ser un mero hecho histórico-anec. asumiendo como función el encausado. que impliquen un empeoramiento de las condiciones de los encausados ha constituido doctrina invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte. desapariciones forzadas. en los que el transcurso del tiempo entre el hecho y el juicio. En definitiva escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados. a partir de septiembre de 1973 (DINA exterior). también es un crimen contra la humanidad. 10 . 18) Que definida la asociación ilícita para perpetrar hechos considerados delitos de lesa humanidad. Se dijo en esa ocasión: "el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de 'ley penal'. y abarcó la comisión de homicidios. la desaparición forzada de personas. al menos. desde que ésta comprende no sólo el precepto. la noción del delito y la culpabilidad. el facilitar y apoyar los delitos del grupo por medio de la consolidación de una "red de informantes" y "contactos" con funcionarios policiales y militares destinados a obtener datos sobre posibles perseguidos y. está estrechamente ligado al principio de legalidad. la tortura. pueden ser considerados crímenes contra la humanidad. en su caso.dótico. independientemente del objeto al que aluda Cde la acción o de la penaC. es la inutilidad de la pena en el caso concreto. tormentos. disposición de armas y explosivos. El rechazo de la retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho. resta por verificar si la acción penal se encuentra prescripta o no. que operaba dentro del territorio nacional.
está configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad. y operaba en el territorio de la República Argentina. la KGB estalinista era un cuerpo policial. huyendo al control y a la contención jurídica. no sólo dentro de las fronteras del Estado chileno. Por ello. 23) Que el fundamento de la imprescriptibilidad de las acciones emerge ante todo de que los crímenes contra la humanidad son generalmente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera del control del derecho penal.778) se produjo con posterioridad a la comisión de los hechos de la causa corresponde examinar la cuestión relativa a si la regla que establece la imprescriptibilidad de la imputación por el delito de asociación ilícita se aplicaría al sub lite retroactivamente o si ello lesiona el principio nulla poena sine lege. 25) Que la doctrina de la Corte señalada en el precedente "Mirás" (Fallos: 287:76). es decir. se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno. los peores crímenes nazis los cometió la Gestapo (Geheiminis Staatspolizei o policía secreta del Estado). No es muy razonable la pretensión de legitimar el poder genocida mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto preventivo. no puede sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza. Es decir.21) Que la excepción a esta regla. ya que se tratan de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. sino también fuera de él. que dependía directamente de la Dirección de Inteligencia Nacional del Estado chileno. que pertenecía a una agencia ejecutiva que operaba al margen del control jurisdiccional y del control del poder punitivo. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma. en el cual el gobierno italiano requirió la extradición de Erich Priebke para su juzgamiento por hechos calificables por 11 . voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor). 24) Que el caso que nos ocupa no escapa a estas consideraciones ya que quedó demostrado que Arancibia Clavel formaba parte de una asociación denominada DINA exterior. pero fue modificada con respecto a la normativa internacional en el precedente "Priebke" (Fallos: 318: 2148). 22) Que en razón de que la aprobación de la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" y su incorporación con jerarquía constitucional (ley 25. Las desapariciones forzadas de personas en nuestro país las cometieron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas operando en función judicial. En este sentido se ha dicho que "Tanto los 'crímenes contra la humanidad' como los tradicionalmente denominados 'crímenes de guerra'" son delitos contra el "'derecho de gentes' que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar" (Fallos: 318:2148.
las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena. lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario. constituye la culminación de un largo proceso que comenzó en los primeros años de la década de 1960 cuando la prescripción amenazaba con convertirse en fuente de impunidad de los crímenes practicados durante la segunda guerra mundial. 27) Que la convención citada. en caso de que exista. voto de los jueces Nazareno y Moliné O'Connor). A pesar de ello. la acción penal se encontraba prescripta. de conformidad con el cual los Estados Partes "se comprometen a adoptar. IV. 28) Que esta convención sólo afirma la imprescriptibilidad. I y II de la presente Convención y. A ello se agrega el texto del art. "pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes". no se aplique a los crímenes mencionados en los arts. esta Corte hizo lugar a la extradición. 26) Que el Preámbulo de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad señala que una de las razones del establecimiento de la regla de la imprescriptibilidad fue la "grave preocupación en la opinión pública mundial" suscitada por la aplicación a los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios.tratados internacionales como "genocidio" y "crímenes de guerra". que ya tenía vigencia al tiempo de comisión de los hechos. indican la necesidad de un examen de la cuestión de la prescripción diferenciada. conforme la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. cuya función primordial "es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto. para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal" (Fallos: 318:2148. si bien no resultan categóricas con respecto a la retroactividad de la convención. por entender que. según se trate o no de un delito de lesa humanidad. toda vez que su carácter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificación de la convención de 1968 era ius cogens. De esta manera. establecida por ley o de otro modo. así como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con anterioridad a la convención. con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales. no resultaban aplicables las reglas de la prescripción de la acción penal previstas en el Código Penal. puesto que se acercaban los veinte años de la comisión de esos crímenes. Desde esta perspectiva. desde la perspectiva del derecho interno. 12 . sino que se reafirma un principio instalado por la costumbre internacional. 29) Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional. Tales formulaciones. sea abolida". no se fuerza la prohibición de irretroactividad de la ley penal. pero respecto de los cuales.
también esta costumbre era materia común del derecho internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno. ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos 13 . En la mayoría de los casos. a la cual adhería el Estado argentino. sino que ésta ya era la regla por costumbre internacional vigente desde la década del '60. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. las ejecuciones sumarias. el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad (conf. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura.las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables. voto del juez Bossert. se configura a partir de la aceptación en forma tácita de una práctica determinada" (Fallos: 318:2148. 30) Que las cláusulas de los tratados modernos gozan de la presunción de su operatividad. "por ser. Fallos: 318:2148. 34) Que comprendido entonces que para la época en que fueron ejecutados los hechos investigados eran considerados crímenes contra la humanidad por el derecho internacional de los derechos humanos vinculante para el Estado argentino. y además. "la modalidad de aceptación expresa mediante adhesión o ratificación convencional no es exclusiva a los efectos de determinar la existencia del ius cogens. al manifestar "Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía. como fuera expresado en el precedente publicado en Fallos: 318: 2148. ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado Nacional como parte de la Comunidad Internacional. de ello se deriva como lógica consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y su consiguiente imprescriptibilidad. ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse. 32) Que de acuerdo con lo expuesto y en el marco de esta evolución del derecho internacional de los derechos humanos. en su mayoría. claras y completas para su directa aplicación por los Estados partes e individuos sin necesidad de una implementación directa". con lo cual no se da una aplicación retroactiva de la convención. considerando 88 y siguientes). 35) Que este criterio ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 31) Que al momento de los hechos. todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. voto del juez Bossert). 33) Que en consecuencia los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel.. puede decirse que la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad..
sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención" (CIDH. resulta imprescriptible. un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado.Reparaciones. 14 .. es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención.cumplimiento de sentencia. resolución del 9 de 37) Que en virtud de las consideraciones realizadas corresponde declarar que el hecho que diera lugar a la condena de Arancibia Clavel por el delito de asociación ilícita. considerando 92. no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir." (conf. en todas sus estructuras del ejercicio del poder público. CIDH.584 y 25. A partir de dicho fallo quedó claramente establecido el deber del Estado de estructurar el aparato gubernamental. Bolivia" . En efecto. a pesar de haber transcurrido el plazo previsto por el art. co 4). caso "Velázquez Rodríguez". en tales condiciones. 62 inc. de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos. Desde este punto de vista. compromete su responsabilidad internacional (conf.. caso "Barrios Altos". por ejemplo. la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar. No obstante.consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú. 36) Que en virtud del precedente mencionado. caso "Benavides Cevallos" . reviste la calidad de crimen contra la humanidad y. sentenc 75). CIDH. sentencia del 27 de febrero de 2002. investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. caso "Trujillo Oroza vs. por lo tanto. por cuanto las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y por la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" (leyes 24. cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes que ostentan por su carácter oficial. no por ese hecho en sí mismo. caso 75. investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención. 38) Que. tomando en cuenta que el Estado argentino ha asumido frente al orden jurídico interamericano no sólo un deber de respeto a los derechos humanos. por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión. y consecuentemente. puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado. 210 del Código Penal corresponde declarar que la acción penal no se ha extinguido respecto de Enrique Lautaro Arancibia Clavel. ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. en función del art.778). lo cual incluye el deber de prevenir. sentencia del 29 de julio de 1988. sino también un deber de garantía: "en principio.
HIGHTON de NOLASCO. oído el señor Procurador General. 15 . RAUL ZAFFARONI . Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda. se hace lugar a la queja. se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente .CARLOS S.ANTONIO BOGGIANO (según su voto).ELENA I. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (según su voto). Agréguese la queja al principal.JUAN CARLOS MAQUEDA (según su voto)E.ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ (en disidencia). Hágase saber y remítase. FAYT (en disidencia).Por ello.AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia).
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