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Timestamp: 2017-05-26 09:09:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 4', 'Artículo 7', 'artículo 12', 'artículo 5', 'Artículo 44', 'Artículo 46', 'artículo 6', 'Artículo 47', 'artículo 45', 'artículo 214', 'artículo 7', 'Artículo 49', 'Artículo 51', 'Artículo 52']

Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción en la Comunidad Autónoma de Cataluña (Vigente hasta el 02 de Julio de 2010).
Vigencia desde 06 de Febrero de 1992. Esta revisión vigente desde 23 de Junio de 2002 hasta 02 de Julio de 2010
CAPITULO V. Atención especial a la población adolescente con conductas de alto riesgo social
SECCION SEGUNDA. Programas de educación y prevención
CAPITULO VI. Estatuto de la población menor acogida en centros de atención a personas menores
SECCION PRIMERA. Derechos y deberes
SECCION SEGUNDA. Incumplimiento de los deberes y medidas educativas correctoras
4 bis. Todos los centros de acogimiento deben prever, en el proyecto educativo del centro y en el proyecto educativo individualizado, el conjunto de actuaciones socioeducativas encaminadas a la preparación para un trabajo, con la finalidad de que los adolescentes logren más recursos, más autonomía personal y más habilidades sociales.
Número 4 bis del artículo 2 introducido por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 5. Los centros de acogida, si procede, ejercerán la atención inmediata y transitoria de los menores desamparados, a fin de analizar su problemática y proponer luego el tipo de medidas aplicables.
5 bis. Pueden crearse centros o unidades de estancia limitada en los centros de acogimiento para atender por separado, con función de acogimiento inicial en el primer periodo de adaptación al sistema, a los menores que se hallan en las circunstancias establecidas por el apartado 2 y a los adolescentes con conductas de alto riesgo social.
Número 5 bis del artículo 2 introducido por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 6. El Juez, a petición de los padres, del tutor, del guardador, de los familiares citados en el apartado 4 de este artículo, del Ministerio Fiscal o del organismo competente, debe confirmar o dejar sin efecto la declaración de desamparo.
1. La resolución de desamparo por las causas determinadas en el artículo 2 supone la asunción automática por parte del organismo competente de las funciones tutelares sobre el menor, mientras no se proceda a la constitución de la tutela por las reglas ordinarias o el menor no sea adoptado, no sea reintegrado a quien tenga la potestad del padre y de la madre o la tutela del mismo, no se emancipe o no llegue a la mayoría de edad.
2. Esta asunción de las funciones tutelares implica la suspensión de la potestad del padre y de la madre o de la tutela ordinaria durante el tiempo de aplicación de la medida.
Artículo 3 redactado por el artículo 2 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 4
La asistencia diurna a menores sin hogar, para que abandonen la permanencia en la calle. Estos programas de intervención socioeducativa, así como los talleres preparatorios para un trabajo, deben llevarse a cabo en los centros de día con la finalidad de que los menores logren más recursos, más autonomía personal y más habilidades sociales.
El alojamiento nocturno de corta duración para satisfacer las necesidades asistenciales de los menores. Su duración no puede superar los treinta días, aunque puede ser prorrogada mientras se mantenga la situación que determinó la adopción de la medida.
El ingreso, por necesidades reeducativas, en centros o unidades con restricción o supresión de salidas por un tiempo limitado, de forma que puedan desarrollarse programas individuales. En estos casos los menores pueden formular reclamación en forma de queja al director del centro. Esta medida únicamente puede adoptarse cuando la persona menor rechace las medidas establecidas en los apartados a y b o cualquier otra medida de protección adecuada a sus necesidades. La adopción de esta medida, que debe hacerse constar en el informe de seguimiento de la acción educativa de los menores afectados, debe notificarse a la Fiscalía antes de las veinticuatro horas siguientes al ingreso, debe revisarse semanalmente y su duración no puede superar los treinta días, aunque puede ser nuevamente adoptada si las demás medidas son rechazadas de nuevo y de forma reiterada. 3. Para la aplicación de las medidas que establece el apartado 2, deben crearse: a)
Centros socioeducativos diurnos.
Centros de alojamiento nocturno de corta duración.
Centros o unidades dotados con medidas estructurales de protección.
Artículo 5 bis introducido por el artículo 3 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 6
2. En su caso, el organismo competente puede pedir, también, la privación de la potestad del padre y de la madre o la remoción de la tutela, aparte de ejercer las correspondientes acciones penales.
Número 2 del artículo 6 redactado por el artículo 4 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 7
3. Las instituciones de acogida serán totalmente abiertas, integradas en un barrio o una comunidad, y se organizarán siempre en unidades que permitan un trato afectivo y una vida cotidiana personalizados. Sin embargo, sin alterar el régimen abierto de los centros, los que acojan a adolescentes pueden incorporar, en su configuración arquitectónica, elementos constructivos de seguridad, con el objeto de favorecer la eficacia de los programas educativos.
Último inciso del número 3 del artículo 12 introducido por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).Vigencia: 23 junio 2002 4. La acogida en una institución se constituye según las mismas reglas y duración de la acogida simple por una persona o familia.
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 44
La atención social de la población adolescente con conductas de alto riesgo social debe adecuarse, en todo caso, a los siguientes principios de actuación: a)
Es prioritaria la acción preventiva, que debe incidir en los factores de riesgo que originan la marginación y la delincuencia, y el fomento de las actividades que favorecen los procesos de integración social de la persona menor. En este sentido, con el objeto de garantizar su eficacia, deben habilitarse los recursos económicos necesarios.
En el ejercicio de su función de prevención de la marginación, de las conductas de alto riesgo social y la delincuencia, las administraciones quedan comprometidas a financiar con las dotaciones adecuadas el trabajo de los educadores de calle, equipos básicos de servicios sociales y equipos de atención a la infancia y la adolescencia, así como todos aquellos servicios o prestaciones que apoyen la atención del adolescente en el propio entorno.
Toda intervención que afecte a adolescentes con conductas de alto riesgo social debe ser respetuosa con los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, con prevalencia del interés superior del menor sobre cualquier otro de concurrente.
Vigencia: 23 junio 2002 SECCION
La atención en determinados centros abiertos, talleres y demás servicios comunitarios.
La atención en su propio entorno.
La ayuda profesional que tiende a proporcionar a los menores los medios pedagógicos que les faciliten la inserción en el mundo del trabajo.
El seguimiento de las personas menores desinternadas de los centros con la oferta del apoyo sociopedagógico necesario.
La atención psicoterapéutica.
Las demás medidas de índole educativa o terapéutica que se consideren pertinentes.
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 46
Los adolescentes con conductas de alto riesgo social sujetos a la atención socioeducativa establecida en este capítulo pueden recibir atención simultánea en varios programas y tratamientos preventivos. Capítulo V introducido por el artículo 6 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 47
La atención preventiva y educativa que establece el artículo 45 debe llevarse a cabo siempre con el consentimiento del representante legal del adolescente, previa consulta y audiencia al mismo. Si se carece de representante o si éste se opone de forma infundada a la adopción de las medidas, debe solicitarse autorización judicial, habiendo oído al Ministerio Fiscal.
Vigencia: 23 junio 2002 CAPITULO
1. Las personas menores, mientras son acogidas en centros, tienen, respecto de las personas que las guardan, los mismos derechos y deberes que corresponden a la relación con el tutor o tutora establecida en el artículo 214 del Código de familia. Especialmente, tienen los siguientes derechos: a)
Ser atendidas sin discriminación por cualquier razón, condición o circunstancia personal o social.
Recibir un trato digno tanto del personal del centro como de las demás personas residentes.
Tener cubiertas las necesidades fundamentales de la vida cotidiana que les permitan el desarrollo personal y social adecuado.
Ser respetadas en su intimidad personal y en sus pertenencias individuales en el contexto educativo que rige el centro.
Ser informadas por los responsables del centro de su situación legal y participar en la elaboración de su proyecto individual.
Ser oídas en las decisiones de trascendencia, si han cumplido los doce años, o si tienen juicio suficiente si no los han cumplido.
Relacionarse con la familia y disfrutar del régimen de visitas establecido legalmente o por decisión judicial.
Participar de forma activa en la elaboración de la programación de actividades internas o externas del centro y en su desarrollo.
Ser documentadas por la Administración que tiene la responsabilidad de las mismas si se da el caso de que están indocumentadas.
2. A efectos de lo establecido en la letra f del apartado 1, los menores que han cumplido los doce años y los que tienen juicio suficiente deben ser oídos preceptivamente cuando la decisión implique un cambio de las medidas adoptadas. Capítulo VI introducido por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 8/2002, 27 mayo, de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y de regulación de la atención especial a los adolescentes con conductas de alto riesgo social («D.O.G.C.» 3 junio).
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 49
Durante su estancia en los centros de acogimiento o residenciales, las personas menores deben: a)
Respetar la dignidad y las funciones del personal del centro y de las demás personas residentes.
Desarrollar con dedicación y aprovechamiento las actividades educativas, laborales y de formación, organizadas, dirigidas y coordinadas por el propio centro de acogimiento o residencial, que formen parte de su proyecto educativo.
Incumplimiento de los deberes y medidas educativas correctoras
Incumplir las normas de funcionamiento y de convivencia del centro.
Promover o participar activamente en actos o conductas que supongan una alteración del orden, la seguridad o la convivencia dentro del centro o la insubordinación respecto al personal del centro.
Agredir física o verbalmente a las personas.
Alterar de forma manifiesta la vida cotidiana del centro.
Abandonar el centro sin autorización o intentarlo de forma reiterada.
Causar daños en las dependencias, los materiales y los efectos del centro o las pertenencias de otras personas.
Introducir, poseer o consumir en el centro drogas tóxicas, incluyendo sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
Introducir o poseer en el centro armas o instrumentos especialmente peligrosos.
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 51
1. Las medidas educativas correctoras que hay que aplicar en razón de los incumplimientos de deberes de las personas menores de edad no pueden implicar nunca, directa o indirectamente, castigos corporales, privación de la alimentación, privación del derecho de visita de la familia, privación del derecho a la educación obligatoria y de asistencia al centro escolar, ni atentar contra la dignidad del chico o la chica menor. 2. Son medidas educativas correctoras las siguientes:
Privación de actividades cotidianas de ocio, deportivas o de carácter lúdico, ya sean diarias, de fin de semana o especiales.
Realización de actividades de interés para la colectividad en el mismo centro por un tiempo máximo de un mes.
Separación del grupo con privación o limitación de incentivos por un tiempo máximo de tres días. Esta medida sólo puede aplicarse en caso de incumplimiento de deberes de carácter grave.
La edad y características del chico o la chica menor.
Vigencia: 23 junio 2002 Artículo 52
1. La actuación educativa como respuesta a los incumplimientos de deberes debe garantizar siempre el derecho a ser informado y oído en relación con el hecho. 2. La potestad de imponer medidas educativas correctoras se ejerce en aplicación de la función correctora que corresponde al tutor o tutora de acuerdo con la legislación civil, sin necesidad de tramitar expediente para las faltas leves. Para las faltas graves o muy graves no pueden imponerse sanciones salvo en virtud de expediente disciplinario, con el correspondiente nombramiento de un instructor o instructora. En todos los casos debe darse audiencia al presunto infractor o infractora.
3. Las medidas correctoras que se impongan a las personas menores residentes deben comunicarse, antes de veinticuatro horas desde que se adopten, al Ministerio Fiscal. Asimismo, deben comunicarse, para que quede constancia de las mismas en su expediente personal, al órgano competente de la Administración que tenga asignadas las funciones sobre atención a los menores.
Vigencia: 23 junio 2002 DISPOSICIONES ADICIONALES Primera