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Timestamp: 2019-05-23 09:12:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'Artículo 70', 'Artículo 59', 'Artículo 40', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 24', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'artículo 73', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 123', 'artículo 33', 'artículo 105', 'artículo 45', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'artículo 87', 'artículo 69', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82']

Constitución política del estado libre y soberano de colima - Página 4
(REFORMADA, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
XXXI.- Proponer al Congreso del Estado, mediante el procedimiento que establezca la ley de la materia, al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
XXXII.- Presidir todas las reuniones oficiales a que concurra a excepción de las del Congreso y Tribunales.
(REFORMADA, P.O. 14 DE SEPTIEMBRE DE 1996)
XXXIII.- Prestar, previa solicitud de las autoridades electorales, el auxilio de la fuerza pública, así como los apoyos que requieran para la preservación del orden público en los procesos electorales.
(REFORMADA, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000)
XXXIV.- Participar, en los términos que establezcan las leyes de la materia, en acciones de desarrollo urbano y de asentamientos humanos.
XXXV.- Asumir facultades especiales o extraordinarias conforme a la fracción XVI del artículo 33 de esta Constitución, cuando, en virtud de las circunstancias, no se pudiere recabar la autorización del Congreso, a quien dará cuenta de lo que hiciere para su aprobación o reprobación.
XXXVI.- Decretar la expropiación por causa de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes.
(ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 1936)
XXXVII.- Siempre que esté en goce de facultades extraordinarias en el Ramo de Hacienda, condonar contribuciones cuando lo considere justo y equitativo.
(REFORMADA, P.O. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1989)
XXXVIII.- Expedir los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y someterlos a la aprobación de la Legislatura Local; en la misma forma y términos que establece el Artículo 70 de esta Constitución para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.
(ADICIONADA, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
XXXIX.- Organizar y conducir la planeación democrática del desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación ciudadana y la consulta popular.
(REFORMADA, P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
XL.- Promover el desarrollo del Estado en materia económica, social y cultural.
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
XLI.- Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los términos que disponga la Ley, propuestas de actos o decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la vida pública del Estado; y
(REFORMADA [N. DE E. REUBICADA], P. O. 11 DE DICIEMBRE DE 1999)
XLII.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.
Artículo 59.- El Gobernador no puede:
I.- Negarse a publicar las Leyes y Decretos del Congreso sólo en el caso de que le parezcan contrarios a la Constitución del Estado, a la Federal, o restrinjan las Facultades del Ejecutivo, notificándolo a la Legislatura para que se proceda en los términos del Artículo 40 de esta Constitución.
II.- Distraer los caudales públicos, de los objetos a que están destinados por la ley.
III.- Imponer contribución alguna a no ser que esté extraordinariamente facultado para ello.
IV.- Ocupar la propiedad de persona alguna, ni perturbar en la posesión, uso o aprovechamiento de ella, sino en los términos que prevenga la ley.
V.- Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad.
VI.- Mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante el juicio, de las cosas que en él se versen o de las personas que estén bajo la acción de la justicia.
(REFORMADA, P.O. 22 DE JULIO DE 2000)
VII.- Ausentarse del Territorio del Estado por más de treinta días sin licencia del Congreso.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
De la Administración Pública del Estado.
(REFORMADO, P.O. 30 DE AGOSTO DE 2011)
Artículo 60.- Para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo, éste se auxiliará de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Procurador General de Justicia y demás servidores públicos de las dependencias que forman la administración pública centralizada, y descentralizada, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
(REUBICADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artículo 61.- Las Secretarías tendrán igual rango por lo que no habrá entre ellas preeminencia alguna. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado y que para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas y de los demás servidores públicos que requiera el desempeño de sus funciones.
Artículo 62.- Para ser Secretario de Administración Pública Estatal, se requieren los mismos requisitos que señala el Artículo 24 de esta Constitución, exceptuando el de la vecindad.
(REFORMADO Y REUBICADO, P.O. 26 DE MARZO DE 1994)
Artículo 63.- Todas (sic) los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo, deberán ser refrendados con carácter obligatorio por el Secretario General de Gobierno y por los Secretarios del ramo a que el asunto corresponda.
Artículo 64.- Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la Administración Pública Estatal y el Procurador General de Justicia del Estado, no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el Notariado.
Artículo 65.- El Secretario General de Gobierno representará jurídicamente al Ejecutivo del Estado.
Artículo 66.- La estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la conforman, se determinarán de acuerdo con lo expuesto por la Ley Orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos administrativos que al efecto se expidan.
Artículo 67.- El Poder Judicial del Estado se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados especializados en justicia para adolescentes, Juzgados de Control, Tribunales de Enjuiciamiento, Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Juzgados de Paz, y los demás órganos auxiliares de la administración de justicia que señale su Ley Orgánica.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fijará las atribuciones de los Tribunales y Juzgados, y establecerá los procedimientos a que deben sujetarse en la impartición de justicia.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por esta Constitución y la ley orgánica respectiva, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado; ejercerán las funciones jurisdiccionales y su ejecución con autonomía absoluta, con apego a los principios rectores de la carrera judicial como lo son la excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
(REFORMADO, P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
Los recintos del pleno del Supremo Tribunal, de sus salas y de los juzgados, son inviolables.
(REFORMADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 68.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará en pleno o en sala colegiada y estará integrado por el número de magistrados que fije la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
(REFORMADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2015)
El Supremo Tribunal de Justicia, actuando en Pleno, tendrá a su cargo la representación jurídica del Poder Judicial. Esta representación podrá delegarla, indistintamente, en favor de su Presidente, de algún servidor público del Poder Judicial o comisión de éstos, en los términos que señalen la Ley Orgánica y el Reglamento.
(ADICIONADO, P.O. 20 DE JUNIO DE 2015)
La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado Presidente, quien será elegido por el Pleno para un período de dos años y podrá ser reelecto.
(ADICIONADO, P.O. 26 DE JULIO DE 2014)
El Poder Judicial del Estado contará con un Centro Estatal de Justicia Alternativa y resolución de conflictos, el cual actuará bajo los principios de equidad, imparcialidad, celeridad, profesionalismo, confidencialidad y gratuidad, de conformidad con lo que establezca la ley.
El Director General del Centro Estatal de Justicia Alternativa y resolución de conflictos será nombrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a propuesta de su Presidente; para la designación de los demás servidores públicos del Centro, se nombrarán dentro de aquéllos que aprueben satisfactoriamente el curso de formación para mediadores, conciliadores o árbitros, mediante un proceso riguroso de oposición. Las bases, requisitos y procedimientos serán establecidos por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Tratándose de la materia penal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se regirán por las bases y lineamientos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable.
Artículo 69.- Para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
(REFORMADA, P.O. 10 DE ABRIL DE 2004)
II.- Tener por lo menos 35 años de edad el día de su designación;
III.- Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y
V.- Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artículo 70.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días.
Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no podrán tomar posesión los magistrados nombrados.
En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos, respecto de la misma vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente período ordinario de Sesiones.
En dicho período, dentro de los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el magistrado provisional, y el Gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho Cuerpo Colegiado, en los términos señalados.
Las faltas temporales de un magistrado, que no excedan de tres meses, se suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial.
(REFORMADO, P.O. 22 DE JULIO DE 2000)
Si faltare un Magistrado por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Gobernador del Estado someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso, quedando este nombramiento limitado al resto del correspondiente período a que se refiere el artículo 73 de esta Constitución. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación provisional mientras se reúne aquél y da la aprobación definitiva.
Artículo 71.- Los jueces de primera instancia, los de paz y los que con cualquier otra denominación se creen en el Estado, serán nombrados y ratificados por el Supremo Tribunal de Justicia, observando las normas y requisitos que establece la Ley Orgánica respectiva.
La administración de justicia en primera instancia estará a cargo de jueces. La Ley determinará el número de éstos, su residencia, su competencia, sus atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas o temporales. Los juzgados de primera instancia residirán en la cabecera de distrito o región que señale la Ley Orgánica.
En materia penal la primera instancia corresponde, además, a los jueces de control, tribunales de enjuiciamiento, y Juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 25 DE JUNIO DE 1988)
Artículo 72.- Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial del Estado, serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Artículo 73.- Los magistrados y jueces durarán en el ejercicio de su encargo seis años que se contarán desde el día primero de noviembre en que se inicia el período constitucional del Ejecutivo; podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo serán privados de sus puestos en los términos de esta Constitución o la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Si por cualquier motivo no se hace elección de magistrados o jueces, o los designados no se presenten al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se encuentren desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren.
Artículo 74.- Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado:
I.- Elaborar y aprobar su reglamento interior;
II.- Conocer de las causas de responsabilidad que hayan de formarse a los funcionarios de que habla el Artículo 123, previa la declaración que se haga de haber lugar a sujeción de causa;
III.- Consignar a los jueces de primera instancia y demás que designe la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la autoridad competente, por delitos comunes o responsabilidades oficiales en que incurran, a solicitud del Procurador General de Justicia;
IV.- Conceder licencias a los jueces de Primera Instancia y a las demás autoridades que designe la Ley Ofgánica (sic) del Poder Judicial, así como a los empleados inferiores de su dependencia; y resolver acerca de la renuncia de sus miembros;
V.- La administración de los recursos humanos y materiales que requiere el funcionamiento de su dependencia y le asigne el presupuesto de egresos;
VI.- Dirimir los conflictos que surjan entre los municipios y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, o entre aquéllos, que no sean de los previstos por la fracción XX del artículo 33 de esta Constitución; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII.- Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre los Tribunales del Estado;
VIII.- De los negocios civiles y penales del fuero común, como Tribunal de apelación o de última instancia;
IX.- Ejercitar el derecho de iniciar leyes ante el Congreso local y nombrar, en su caso, el representante a que se refiere el artículo 45 de esta Constitución;
X.- Nombrar y remover a los empleados del Supremo Tribunal de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jueces de Paz y demás servidores públicos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como tomarles la protesta de ley;
XI.- (DEROGADA, P.O. 31 DE MAYO DE 2014)
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2008)
XII.- Funcionando en Pleno o Salas, establecer, en el ámbito de su competencia, criterios de aplicación, interpretación e integración de leyes, reglamentos y demás normas jurídicas, que vinculen a todas las autoridades del Estado, en los términos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
La jurisprudencia que establezca el Pleno del Tribunal se sujetará a las reglas siguientes:
a) Se constituirá cuando la mayoría de los magistrados resuelvan las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas, fijando el criterio que deba prevalecer o regir.
b) Se integrará con cinco resoluciones consecutivas, no interrumpidas por otra en contra, en las cuales sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma.
Las Salas del tribunal conformarán la jurisprudencia cuando emitan cinco ejecutorias consecutivas no interrumpidas por otra en contra, en las cuales sostengan el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá los requisitos para la interrupción y modificación de la jurisprudencia, así como el procedimiento para su aprobación, compilación, sistematización y publicación;
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 23 DE JULIO DE 2002)
XIII.- Salvaguardar, aun con el uso de la fuerza pública en caso necesario, la inviolabilidad de los recintos del Poder Judicial; y
XIV.- Disponer, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Hacienda del Estado, del fondo auxiliar en beneficio de la administración de justicia, el que se integrará con multas, decomisos, donaciones, derechos, productos, aprovechamientos e intereses que generen las inversiones que se hagan por los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante las dependencias y tribunales judiciales del fuero común que se aplicará a infraestructura, capacitación, actualización y especialización del personal. Asimismo podrá aplicarse hasta el treinta por ciento del monto del Fondo Auxiliar en Beneficio de la Administración de Justicia al otorgamiento de incentivos al desempeño de los servidores públicos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Procedimientos y Asignación de Estímulos del Poder Judicial del Estado.
Artículo 75.- Los magistrados rendirán su protesta ante el H. Congreso del Estado, en sesión pública extraordinaria que para tal efecto se convoque. Los jueces lo harán ante el Supremo Tribunal de Justicia.
Artículo 76.- Durante el ejercicio de su encargo los miembros del Poder Judicial no podrán ejercer la profesión de abogado ni las funciones de notario público, salvo que estén desempeñando el cargo con el carácter de suplente y por un término que no exceda de tres meses.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN [N. DE E. REPUBLICADA], P.O. 26 DE JULIO DE 2014)
De la Jurisdicción en Materia Administrativa y Laboral.
Artículo 77.- La función jurisdiccional en materia administrativa, incluyendo la fiscal, estará a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2008)
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estará dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones y tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades de la Administración Pública Estatal, de la Municipal y de los Organismos Públicos Descentralizados de éstas con los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa en los términos que determine la ley, la cual establecerá las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.
Las resoluciones emitidas en los procedimientos administrativos municipales, señalados en el inciso a), fracción II del artículo 87 de esta Constitución, podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
El Tribunal estará integrado por un magistrado propietario y los supernumerarios que se requieran, quienes deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 69 de esta Constitución.
Artículo 78.- (DEROGADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 1997)
Artículo 79.- Estará a cargo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón la función jurisdiccional para resolver las controversias de carácter laboral entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados de ambos, con los servidores públicos a su cargo; en este aspecto se regirán por la ley de la materia y sus reglamentos.
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 13 DE AGOSTO DE 2011)
Del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.
Artículo 80.- El Ministerio Público es la institución única, indivisible y de buena fe, que tiene por objeto velar por el cumplimiento de la ley y combatir las conductas delictivas que atentan contra la sociedad que representa, mediante el ejercicio de la acción penal y de reparación del daño. Le corresponde también, la defensa de los derechos del Estado y la intervención en los procedimientos que afecten a las personas a quienes las leyes otorguen especial protección.
Artículo 81.- El Ministerio Público tendrá un titular que se denominará Procurador General de Justicia del Estado, auxiliado por los agentes y demás personal que señale su ley orgánica.
Para el esclarecimiento de los hechos que puedan tener el carácter de delictivos, así como para la persecución de las personas que hayan intervenido en su realización, la Procuraduría contará con un cuerpo facultado de investigación, que actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Los elementos policiacos del sistema de seguridad pública, estarán facultados para intervenir en la investigación de los delitos, en los términos de la legislación aplicable.
(REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013)
Artículo 82.- El Procurador General de Justicia dependerá directamente del Gobernador y será nombrado por éste con la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso del Estado.
El Gobernador nombrará al Procurador y enviará el nombramiento al Congreso del Estado, el cual otorgará o negará la aprobación, dentro del término improrrogable de 15 días hábiles. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho término, se tendrá por aprobado el nombramiento, en este caso, el Ejecutivo solicitará al Congreso tome la protesta de Ley; en caso de negativa o falta de respuesta por parte del Congreso, transcurrido cinco días, el Ejecutivo podrá tomar la protesta señalada. Sin la toma de protesta no podrá tomar posesión el Procurador nombrado.