Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2009_04_28/685
Timestamp: 2020-02-20 00:23:49
Document Index: 57358168

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 34', 'artículo 21', 'artículo 7', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 122', 'artículo 197', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 21', 'artículo 123', 'artículo 72', 'artículo 72', 'artículo 72', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 253', 'ARTÍCULO 253', 'artículo 253', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 55', 'Artículo 55', 'artículo 116', 'artículo 66', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 72', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 72']

Gaceta: LX/3SPO-375
Oficio con el que remite Denuncia del Convenio Constitutivo de la Unión Latina, dado en Madrid el quince de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, Y DE CULTURA.
Oficio con el que se remite la siguiente Minuta:
Proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
La Colegisladora pretende realizar las siguientes modificaciones:
•	Incorporar la definición de “cuerpo del delito”;
•	Eliminar la parte de la supletoriedad en la definición del hecho ilícito;
•	Considera que no ha lugar a indemnización;
•	Establecer la existencia de jueces especializados en materia de extinción de dominio;
•	Proponer la aplicación de las reglas establecidas en los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles;
•	Precisar términos como el de “desechar”;
•	Adicionar que se debe preservar la confidencialidad del testigo colaborante para no poner en riesgo el éxito de la averiguación previa;
•	Establecer que el Juez podrá decretar desierta una prueba admitida, cuando se advierta que es notoriamente inconducente;
•	Señalar quien cubrirá los gastos de administración;
Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para los efectos de lo dispuesto por la fracción e) del artículo 72 constitucional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DESARROLLO SOCIAL, DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
La Colegisladora concluyó que es innecesario agregar un segundo párrafo, exponiendo lo que no se considera autobeneficio, quedando sin sustento la modificación al artículo 11 que agrega la fracción IV Bis, relativa a los casos de excepción del autobeneficio. En referencia al artículo 6, fracción VI, se considera que el verbo adecuado es establecer y no determinar, en virtud del significado literal de la palabra, ya que la ley ordena o decreta más no fija los términos de algo.
Las dictaminadora consideran que para dar certeza y continuidad a la coordinación de la política de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, se establezca que sea a través de la Secretaría de Desarrollo Social, evitando de esta manera que se generen disputas al interior de la administración que puedan afectar a las organizaciones de la sociedad civil.
En lo referente al artículo 26 consideran que es procedente, en virtud de que amplía las facultades otorgadas al Consejo para emitir recomendaciones relativas a la aplicación y cumplimiento de la ley, y no sólo en relación con el registro. Asimismo, se amplía la participación del Consejo en la evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Finalmente la minuta promueve que el secretario ejecutivo sea electo por el presidente a propuesta de una terna del propio Consejo.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
Establece que las organizaciones procurarán que las actividades que realicen para su funcionamiento, tanto las remuneradas como las de carácter honorario, sean operadas por el personal que al efecto designen, tomando en cuenta el principio de equidad de género.
Se incluye la perspectiva de género en procesos que fomenten la equidad entre mujeres y hombres para equilibrar las oportunidades de desarrollo social y humano, así como el acceso equitativo a la capacitación, superación, vinculación y participación en todos los aspectos de la vida comunes y necesarios a los integrantes de la sociedad, para ello establece que las organizaciones promoverán que en la integración de sus órganos de dirección y de representación, así como en las actividades que realicen, se tome en cuenta la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres, además de que fomentarán la capacitación y profesionalización de sus integrantes tomando en cuenta la perspectiva de género.
La reforma garantiza el acceso de las mujeres en igualdad de circunstancias a los puestos de administración y representación de las organizaciones, que estén integrados según el principio de paridad de género. Y establece nuevos supuestos en que sería posible denegar apoyos a las organizaciones. Finalmente propone que las organizaciones que apliquen el principio de paridad y de equidad de género en su integración, al momento de solicitar su inscripción en el registro, deberá tomarse en cuenta de manera prioritaria a las organizaciones que fomenten la participación de las mujeres en igualdad de oportunidades que los hombres.
Proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y se adicionan los artículos 248 Ter, 248 Quáter y 248 Quintus al Código Penal Federal.
Propone establecer como agravantes para los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, los falsos testimonios de un testigo protegido o cuando un servidor público propicie su comisión. Asimismo, precisa que para la reparación del daño en estos casos, se estará a lo dispuesto en el Código Civil Federal y en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Policía Federal.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
EL SEN. JOSÉ LUIS GARCÍA ZALVIDEA SOLICITÓ AMPLIAR EL TURNO DE ESTA MINUTA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. LA PRESIDENCIA AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN ÚNICAMENTE PARA EMITIR OPINIÓN.
Propone reglamentar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a la regulación de la organización y funcionamiento de la Policía Federal, como responsable de asumir las facultades que tiene la federación en materia de seguridad pública. Que dicho órgano dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública.
Establece sus objetivos, su forma de organización, funcionamiento y atribuciones. Lo relativo al servicio profesional de carrera policial. Crea el Consejo Federal como encargado de normar, conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos del servicio profesional de carrera, el régimen disciplinario, la profesionalización y la certificación de los integrantes de la corporación.
Asimismo, establece la coordinación y cooperación de dicha institución con otras autoridades, en términos de la cual se realizará el ejercicio de las funciones de investigación, persecución y combate a los delitos, para que tales actuaciones puedan presentarse como evidencias ante los tribunales.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
Propone que se pueda acceder a financiamientos por la vía de los fondos de fomento, esencialmente pensando en los beneficios de las tasa de FIRA, y con ello a su vez trasladar los beneficios a los productores, con base en una tasa mucho menor a la actual.
Establece en el artículo 7, que dicho organismo podrá celebrar operaciones que permitan captar de manera directa o indirecta recursos únicamente en el caso de la banca de desarrollo a fondos de fomento, y prioritariamente de los Fideicomisos instituidos con relación a la Agricultura y de los organismos financieros internacionales, cuyos recursos se destinen al sector de atención de la Financiera; puntualizando que el importe total de esas operaciones no podrá exceder del cincuenta por ciento del patrimonio de la Financiera.
Se elimina la prioridad de adquirir el financiamiento de los Fideicomisos instituidos en relación con la Agricultura (FIRA) constituidos en el Banco de México, ya que consignar tal prioridad en la ley generaría diversas interpretaciones en el sentido de que la Financiera deba contratar financiamiento en primer lugar o en la mayoría de los casos con FIRA, independientemente de las condiciones del crédito o préstamo.
La Minuta establece que la Financiera rural contará con el aval del Gobierno Federal para contratar financiamientos en las mejores condiciones ofrecidas por la banca nacional e internacional privada, como por los organismos internacionales. Finalmente, en consecuencia con las reformas propuestas, la minuta deroga el artículo 21 de la Ley orgánica, el cual establece la prohibición para la institución de contraer deuda.
Proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
Propone crear el tipo penal de pederastia, que tiene como propósito sancionar a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene frente a un menor de edad, derivada de los distintos vínculos que se pueden presentar de la relación que los une y que perjudica su sano desarrollo, ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, independientemente de que el infante otorgue o no su consentimiento. Lo anterior, también deberá ser sancionado cuando la víctima no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.
Se proponen penas de nueve a dieciocho años de prisión tal y como se encuentra contemplado para el delito de trata de personas cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo. Y si la víctima sufre violencia física, por las repercusiones que esto implica se ha considerado que las penas se aumenten más, en consideración al daño que se causa en las víctimas. Se establece que las personas que cometan éste ilícito deberán perder también lo derechos civiles que tiene con la víctima. De igual manera, si el activo cometió el delito en ejercicio del servicio público o de su profesión, se establece como sanción la inhabilitación o suspensión del ejercicio de dicha profesión. Con la presente reforma se armoniza nuestra legislación con la internacional en aras del principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad de infantes.
En la condena que al efecto se dicte, el juzgador deberá comprender dentro de la reparación del daño y como indemnización, los tratamientos que necesiten las víctimas de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, en virtud del detrimento que sufrieron en su salud física y mental, para que en la medida de lo posible, se les pueda restituir su dignidad y derechos. Se adicionan medidas tendientes a proteger a víctimas, ofendidos y testigos, con el propósito de evitar alguna amenaza, agresión, intimidación o daño alguno, resultado de cualquier tipo de contacto que nuevamente lo lacere. Se propone que la prescripción de los delitos cometidos en contra del libre desarrollo de la personalidad, comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla la mayoría de edad. Esto en virtud de que se ha considerado que, una vez que han alcanzado la mayoría de edad, puedan denunciarlos.
Se amplía a los responsables que deban evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación que puedan sufrir infantes, ya que como se ha señalado, el proteger y preservar el interés superior de la infancia es una tarea que todas y todos debemos realizar. Se incorpora a la ley respectiva la valoración que deberán realizar las autoridades competentes de las sanciones que se cometan a este ordenamiento, considerando de manera conjunta el carácter intencional de la infracción y el daño causado.
La reforma propone que la autoridad educativa federal deberá realizar en forma periódica y sistemática, exámenes de evaluación que permita certificar que el personal docente es apto para relacionarse con infantes, de conformidad con el marco nacional e internacional y se establece que deberán darse a conocer a la sociedad, los resultados de las evaluaciones que realicen, estableciendo la obligación para denunciar los hechos delictivos de los que se tenga conocimiento, cuyo deber concuerda con los criterios que se valoraron y establecieron en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Propone crear una red de apoyo y protección a las y los alumnos, motivo por el cual propone que conozca de las acciones que realice la autoridad respecto a los delitos cometidos en su agravio, defensa de derechos y salvaguarda a su integridad y educación. Asimismo, con este mismo propósito, conocerá de las acciones educativas y preventivas para evitar la comisión de ilícitos en perjuicio de menores e incluso a través de material preventivo que será difundido en la comunidad
A las asociaciones religiosas se les atribuye la obligación para que, de conformidad con su naturaleza, propicien y aseguren el respeto integral de los derechos humanos de las personas. Y además que, toda aquella persona que realice actividades religiosas informen la probable comisión de delitos de los que tengan conocimiento, con la finalidad de fomentar que en el ámbito religioso, se desarrolle una cultura de denuncia que proteja a niñas, niños y adolescentes y por ende, a la sociedad en general.
Se aprueba que la PROFECO coadyuve con las autoridades correspondientes en la defensa de sus derechos y que además puedan ser sancionados por las diversas autoridades competentes. Se faculta a la PROFECO para que, en el caso de los proveedores de servicios educativos, difundan entre los consumidores la idoneidad del personal que labora para dichos centros educativos; ello con el fin, de asegurar el pleno conocimiento que tengan las y los usuarios de tales servicios, acerca de la aptitud certificada de dicho personal para relacionarse con infantes. Finalmente en congruencia a las reformas propuestas, se establece que la Dirección General de Profesiones tenga una base de datos del expediente de las y los profesionistas, incluyendo las sanciones que se le hayan aplicado, de quienes no ejerzan su profesión y de la cancelación de su registro con motivo de la condena judicial que se les haya declarado.
Proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone distinguir claramente entre derechos humanos y garantías. Se incorpora el término “persona”, se introducen las obligaciones que el Estado debe asumir frente a las violaciones a los derechos humanos, éstas comprenden: las de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Se incorpora constitucionalmente el derecho de toda persona de solicitar asilo, la ley regulará su procedencia y excepciones.
Se pretende incorporar dentro de las atribuciones del Ejecutivo Federal, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”.
Se plantea establecer que cuando las autoridades que no acepten las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los derechos humanos, deberán publicar las razones de su negativa. Asimismo, las legislaturas de los estados garantizarán que éstos organismos cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, se propone que la elección del titular de la CNDH, los titulares de los organismos de protección a los derechos humanos y sus consejos consultivos sea a través de una consulta pública y participación social.
Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que en las leyes que expida el Congreso de la Unión regulen los derechos colectivos, los cuáles sólo serán en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. Estos derechos podrán ser ejercidos por los órganos federales del Estaos competentes en estas materias. Dichas leyes determinarán las acciones y procedimientos judiciales para tutelarlos. Siendo facultad de los jueces federales para conocer sobre estos juicios.
Proyecto de decreto que reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone modificar la forma en que habrá de integrarse el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así como establecer nuevos requisitos para poder ser nombrado consejero de dicho órgano. Asimismo, faculta al consejo antes mencionado para determinar el número y especialización por materia de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal.
Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y se reforma el párrafo cuarto del artículo 197 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Minuta tiene como propósito renovar la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la federación acorde con las disposiciones ya señaladas y contenidas en el reformado artículo 21 constitucional.
Se establece que el Ministerio Público de la federación tendrá las atribuciones que le señale la legislación en materia de extinción de dominio, a fin de sólo hacer una remisión general, sin especificar qué facultades son esas, pues aún no hay una ley aprobada hasta el momento. La minuta plantea las facultades del Ministerio Público de la federación en la averiguación previa y en el proceso penal, dentro las cuales se destacan la facultades que se le confieren para recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que verifique los datos o información que sobre probables delitos aporten fuentes no identificadas; investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción; ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución.
Se faculta el Ministerio Público de la federación para investigar y perseguir los delitos del orden federal, sin perjuicio de la atribución que éste tenga para conocer de los delitos del fuero común de acuerdo con otras disposiciones aplicables, como la contenida en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Otorga facultades del Ministerio Público, entre otras como ordenar la detención y retención de indiciados y proceder a su registro inmediato; solicitar al juez la prisión preventiva de los indiciados; pedir al órgano jurisdiccional la orden de cateo por cualquier medio; determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa; ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, así como de su desistimiento o pretensión sobre ciertos bienes; ofrecer y entregar recompensas con cargo al erario federal a las personas que ayuden en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos; ordenar a la policía que brinde protección a personas respecto de las cuales exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal por su intervención en procedimientos penales instruidos por delitos calificados como graves.
Por lo que hace a las facultades que en materia de víctimas y ofendidos se confieren al Ministerio Público de la federación, incorporar estas nuevas disposiciones para la protección de víctimas y ofendidos. Por otra parte se establece que la PGR conserve una policía investigadora y que ésta lleve a cabo sus funciones de manera coordinada con otros cuerpos policiales, tanto federales como de las entidades federativas y de los municipios, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la federación. Acorde a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, se le asignan facultades al procurador general de la República, relativas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, como participar en las instancias de coordinación que correspondan en el ámbito de su competencia y dar cumplimiento a los acuerdos y resoluciones que se adopten en las mismas; ejercer las facultades que le confiere la ley por cuanto hace a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y participar en los demás órganos de gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para el efecto de que el procurador general de la República pueda solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la sala respectiva, realizar con motivo de un caso concreto, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida dicha solicitud, la Ley de Amparo lo debe contemplar, por lo que la Minuta propone reformarla. Por otra parte y abundando en las facultades del procurador general de la República o los servidores públicos en quienes delegue esa facultad, se les faculta para que resuelvan en definitiva tanto el acuerdo para el desistimiento del ejercicio de la acción penal como la decisión de llevar a cabo la infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada.
Por lo que hace a las bases de organización, se establece una estructura con mayor capacidad operativa, en la cual el titular de la Procuraduría General de la República se auxiliará, entre otros, de subprocuradores; un oficial mayor; un visitador general; coordinadores; titulares de unidades especializadas; directores generales; delegados; órganos desconcentrados; agregados; agentes del Ministerio Público de la federación, oficiales ministeriales, visitadores, peritos, y directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento y demás servidores públicos que establezca el reglamento de la Ley. Así como una policía federal ministerial, basada en la especialización y la desconcentración a través de la coordinación regional, cuyo objetivo es contar con un diseño estratégico y una organización más eficientes de la presencia y actividades de la Procuraduría General de la República a lo largo del territorio nacional. Con esta coordinación regional se podría atender a criterios objetivos como la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional y los fenómenos criminógenos, lo que permitirá además, una distribución más flexible y un control directo de las delegaciones de la Procuraduría General de la República, bajo una visión de casos concretos y el seguimiento de inicio a conclusión de cada asunto, atendiendo a las circunscripciones territoriales en que queden comprendidas.
En relación con los requisitos para poder ser subprocurador o visitador general la propuesta señala que se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación y contar con título profesional de licenciado en derecho, con ejercicio profesional de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso.
La minuta incluye la creación de la policía investigadora, por lo que se incluye ésta como auxiliar directo del Ministerio Público de la federación, denominándola Policía Federal Ministerial, en congruencia con la terminología utilizada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por cuanto hace a la figura del oficial ministerial que en la Procuraduría General de la República no existía, pero en otras procuradurías sí existe; estos oficiales ministeriales auxiliarán al Ministerio Público de la federación en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con lo que establezca el reglamento y los acuerdos que emita el procurador general de la República. Tratándose de un colaborador técnico-jurídico que ayude al Ministerio Público de la federación a fin de hacer más eficiente el desempeño de sus funciones.
Se incorporan disposiciones sobre requisitos de ingreso y de permanencia de los agentes de la Policía Federal Ministerial, así como en materia de obligaciones, desarrollo y sanciones, retomando las disposiciones respectivas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que hace a los procesos de evaluación de control de confianza, se aplicarán a los servidores públicos los exámenes siguientes: entorno social y patrimonial; médico; psicométrico y psicológico; poligráfico; y toxicológico. Por lo que hace al desempeño, los servidores públicos de la Procuraduría General de la República serán examinados sobre temas como: comportamiento y cumplimiento en el ejercicio de las funciones. La minuta desarrolla la materia de la certificación de los servidores públicos en consonancia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluye la posibilidad de suspender los efectos de la misma, respecto del personal que esté sujeto a proceso penal como probable responsable de delito doloso, o culposo calificado como grave por la ley.
En relación con el servicio de carrera del personal ministerial, policial y pericial, éste se integra en la nueva concepción del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por virtud de la cual se establecen los esquemas de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales de los servidores públicos, bajo un sistema de certificación, sin la cual no podrán prestar sus servicios en instituciones de procuración de justicia, adecuándose al texto constitucional y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adicionándose que los servidores públicos que no formen parte del Servicio de Carrera serán considerados trabajadores de base o de confianza, debiendo todos someterse a los procesos de certificación.
Por lo que se refiere al Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, la minuta establece que sea el propio procurador quien lo presida; que los agentes del Ministerio Público de la federación y de la Policía Federal Ministerial, y el perito que lo integran sean miembros del Servicio de Carrera y tengan voz y voto, y que entre las facultades del Consejo estén las de normar, desarrollar, supervisar, operar y evaluar lo relacionado con el desarrollo Policial de la Policía Federal Ministerial.
Se crea una Vistaduría General como el órgano de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección, fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público de la federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Procuraduría General de la República, en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la federación, así como de investigación de los delitos en que incurran, ello sin perjuicio de las facultades que correspondan al órgano interno de control en la Procuraduría General de la República, conforme con las disposiciones aplicables, que además estará facultada para investigar los delitos en que éstos incurran. Se le da la oportunidad al particular, ya sea el imputado o la victima u ofendido, a presentar quejas por presuntas irregularidades o el incumplimiento de las obligaciones del Ministerio Público de la federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos.
Respecto al régimen de transitoriedad, se propone que todo el personal de la Procuraduría General de la República deberá ser evaluado en los términos de esta ley hacer una remisión a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio un plazo de cuatro años a partir de su entrada en vigor dicho precepto, así como incorporar los efectos, pues dicha ley también dispone que los servidores públicos que no cuenten con la certificación respectiva serán separados del cargo, de acuerdo con el artículo 123 constitucional, fracción XIII, Apartado B.
Oficio con el que remite el expediente de la Minuta desechada del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Depósito Legal, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE BIBLIOTECA Y ASUNTOS EDITORIALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que crea la Ley de Depósito Legal y se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La colegisladora considera, previo análisis, que el proyecto de decreto contenía desde su origen diversos vicios de forma y de fondo, inclusive, algunos de ellos consisten en graves violaciones a la Constitución, que fueron inadvertidos por ambas cámaras durante las Legislaturas LVIII y LIX. De esta manera se concluye que la Minuta en cuestión debe desecharse y en todo caso reiniciar el proceso parlamentario con una nueva iniciativa, dando así cumplimiento a la fracción D del artículo 72 constitucional, así como al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de fecha de 20 de enero de 2009, que instruye a las Comisiones Ordinarias a dictaminar las Minutas pendientes a fin de que sean presentadas en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones.
La Minuta tiene el propósito de ampliar el acervo intelectual de México y facilitar su acceso a la población, para fomentar la lectura y apoyar los procesos de formación académica y de culturización, proponiendo para tal efecto, expedir la Ley de Depósito Legal, teniendo como objetivo de integrar, custodiar, preservar y poner a disposición del público todos los materiales documentales editados en el país. El mismo decreto designa como bibliotecas depositarias a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, que serán las encargadas de hacerlo cumplir.
Una, de la Comisión de Agricultura y Ganadería, por la que informa de la atención a dos puntos de acuerdo sobre el censo agropecuario 2007.
De las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
EL SEN. GONZÁLEZ ALCOCER INFORMÓ QUE EN ESTE DICTAMEN SE CONSIDERÓ, DE MANERA PARCIAL, UNA INICIATIVA DEL SEN. RENÉ ARCE ISLAS Y LA HOJA CORRESPONDIENTE A ESA MENCIÓN SE DISTRIBUYÓ PARA CONOCIMIENTO.
FUE APROBADO POR 87 VOTOS; 10 ABSTENCIONES. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
A la Secretaría de Salud se le impone la obligación de elaborar un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia; programa que deberá establecer los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y lafarmacodependencia. Para los efectos de ese programa se definen los conceptos de farmacodependiente, consumidor, farmacodependiente en recuperación, atención médica, detección temprana, prevención, tratamiento, investigación en materia de farmacodependencia y suspensión de la farmacodependencia.
Asimismo se infiere la obligación de las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federal como local, de crear centros especializados en tratamiento, atención y rehabilitación para farmacodependientes, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del paciente.
Se establece que en caso de que al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento para el farmacodependiente será obligatorio. Por otra parte se clarifica el régimen de aplicación de excusas absolutorias gracias al sistema de la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que indica las cantidades de narcótico en posesión que podrían considerarse como consumo personal.
Adiciona un Capítulo relacionado con delitos contra la salud, en materia de narcomenudeo. Sancionará a quien comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.
Se prevén normas de carácter transitorio que comprenden los plazos adecuados para la instrumentación de las acciones, mecanismos y reglas jurídicas para que las reformas de mérito puedan surtir efectos. Para ello las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal contarán con un año para adecuar la legislación correspondientes, Por otra parte la Federación y las entidades federativas contarán con un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las acciones necesarias para dar debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el presente decreto.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Orgánica de Nacional Financiera; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal; de la Ley Orgánica de la Financiera Rural y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, PRD
CARLOS LOZANO DE LA TORRE, PRI
EL PRESIDENTE INFORMÓ DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS RESERVADOS:
DE LOS SENADORES JOSÉ ISABEL TREJO REYES, FERNANDO CASTRO TRENTI Y AMIRA GÓMEZ TUEME:
SUPRIMIR LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL.
DEL SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES:
42, FRACCIONES X Y XVIII DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO;
37 DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA;
35 DE LA LEY ORGÁNICA DE BANOBRAS;
58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA;
37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE BANSEFI; Y
61 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL.
DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA:
LOS ARTÍCULOS 7º, FRACCIÓN XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL Y EL
NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO.
SE APROBÓ EL PROYECTO EN LO GENERAL Y EN LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 70 VOTOS EN PRO, 25 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN.
SE DIO LECTURA A LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES, A NOMBRE DE LAS COMISIONES. PARA REFERIRSE A ESAS PROPUESTAS, INTERVINO LA SEN. ROSALINDA LÓPEZ HERNÁNDEZ.
LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN XXIV DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL DE LOS SENADORES JOSÉ ISABEL TREJO REYES, FERNANDO CASTRO TRENTI Y AMIRA GÓMEZ TUEME Y RICARDO MONREAL ÁVILA, SE ADMITIERON A DISCUSIÓN Y SE APROBÓ QUE FORMARAN PARTE DEL PROYECTO.
LA PROPUESTA DEL SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA EN RELACIÓN AL NOVENO TRANSITORIO DEL DECRETO NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
EN LA DISCUSIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL SEN. JOSÉ ISABEL TREJO REYES: 42, FRACCIONES X Y XVIII DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA; 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE BANOBRAS; 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA; 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE BANSEFI; 61 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, INTERVINIERON LOS SENADORES PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, AMIRA GÓMEZ TUEME, DANTE DELGADO RANNAURO Y RICARDO MONREAL ÁVILA.
SE ADMITIERON A DISCUSIÓN Y SE APROBÓ QUE FORMARAN PARTE DEL DICTAMEN.
EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, SE APROBÓ CON LA MODIFICACIÓN POR 98 VOTOS.
LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIONES X Y XVIII DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE NACIONAL FINANCIERA; 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE BANOBRAS; 58 DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA; 37 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE BANSEFI; 61 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, SE APROBARON CON LAS MODIFICACIONES POR 67 VOTOS, 28 EN CONTRA, 1 ABSTENCIÓN.
SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PROYECTO DE DECRETO. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos Primera, el que contiene decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 86 VOTOS; 7 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone crear un mecanismo que permita la impartición de justicia pronta y expedita, a través del uso de tecnologías de la información y comunicaciones, mediante el desarrollo y operación de un juicio en línea.
El objetivo del juicio en línea es generar un bien público, que permita prestar al gobernado un servicio de justicia de excelencia, con una visión de largo plazo y que pueda ser reproducido en otros tribunales del país.
Entre las características principales del juicio se citan las siguientes:
•	El Juicio en Línea consiste en que toda la tramitación del juicio contencioso-administrativo, desde la demanda hasta la sentencia, se realice a través de la Internet.
•	El Juicio en Línea es un espejo del juicio tradicional.
•	El juicio tradicional y el Juicio en Línea van a coexistir para asegurar un pleno acceso a la justicia.
•	El particular tendrá el derecho a decidir la vía en la que se tramite el juicio (tradicional o en línea).
•	La “garantía de audiencia” y la “seguridad jurídica” en el Juicio en Línea se garantizarán plenamente.
•	Una vez que el particular optó por promover el Juicio en Línea, todas las actuaciones efectuadas por la autoridad, incluyendo su contestación, deberán ser presentadas por Internet.
•	En los juicios de lesividad, también el particular demandado, al contestar la demanda, elegirá la vía mediante la cual habrá de tramitarse y resolverse el juicio de que se trate.
•	Las partes podrán presentar todas sus promociones a través del Sistema de Justicia en Línea, las 24 horas del día dentro de los plazos procesales previstos por la Ley.
•	Para ello habrá que acceder al portal del Tribunal y registrar la clave de acceso y contraseña que previamente se tramitó en el propio Sistema.
•	Las promociones presentadas a través del Sistema de Justicia en Línea deberán ser autorizadas por las partes con la Firma Electrónica Avanzada, la cual producirá los mismos efectos legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento.
•	Las partes podrán consultar el estado procesal de su expediente, desde cualquier computadora, las 24 horas del día y los 365 días del año a través de la página Web del Tribunal.
•	Los acuerdos, oficios y resoluciones que deban notificarse personalmente a los particulares o por oficio a las autoridades, se realizarán a través del Sistema de Justicia en Línea
•	Los documentos, videos, audio, imágenes que las partes ofrezcan como prueba, incluido el expediente administrativo, deberán exhibirlos en forma legible a través del Sistema de Justicia en Línea y tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física.
•	En casos excepcionales de pruebas diferentes a las anteriores, deberán ofrecerse en la demanda y ser presentadas ante la Sala que esté conociendo del asunto.
De las Comisiones Unidas de Justicia; de Comercio y Fomento industrial; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.
LA PRESIDENCIA INFORMÓ DE LA RESERVA DEL ARTÍCULO 253.
FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS POR 84 VOTOS; 5 ABSTENCIONES.
JESÚS GARIBAY GARCÍA, PRD, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
ELOY CANTÚ SEGOVIA, PRI, QUIEN PRESENTÓ PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.
AMBAS PROPUESTAS FUERON ACEPTADAS. EL ARTÍCULO 253 FUE APROBADO POR 85 VOTOS.
El dictamen plantea la adición de una fracción VI, con seis párrafos, del artículo 253 del Código Penal Federal, ubicado en el Libro Segundo, Título Decimocuarto, referido a los delitos contra la Economía Pública, en su capítulo I denominado Delitos Contra el Consumo y la Riqueza Nacionales, proponiendo otorgar sanciones severas e incentivos que permitan a las autoridades tener los instrumentos necesarios para que persigan de manera eficaz aquellos acuerdos entre competidores cuyo objeto sea fijar precios o restringir demanda. Asimismo, pretende otorgar certeza jurídica a los ciudadanos al acotar y determinar de manera clara las conductas punibles y eliminar aquellas cuya eficiencia es teórica e internacionalmente probada.
La adición propone como actos u omisiones que afecten gravemente el consumo nacional y se sancionaran con prisión de seis a diez años y con mil a tres mil días de multa, a quien realice, participe por sí o en representación de un tercero, sea ordenando o sea ejecutando contratos, convenios, arreglos o combinaciones, entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea el fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo sentido; el establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios; así como dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados; así como establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas. Finalmente establece que de incurrir en cualquiera de los supuestos comprendidos en las fracciones del artículo, el juez podrá ordenar, además la suspensión hasta por un año o la disolución de la empresa de la que el delincuente sea miembro o representante, si concurren las circunstancias mencionadas en el artículo 11 del propio Código Penal Federal.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Social; de Estudios Legislativos; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 44 de la Ley del Seguro Social.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 84 VOTOS. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone que sea optativo para el trabajador asegurado presentar el recurso de inconformidad respecto del dictamen de la calificación de un riesgo de trabajo efectuado por el personal de medicina del trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o bien, acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
De las Comisiones Unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley General de Educación.
El dictamen reforma el actual tercer párrafo del artículo 41 y se adicionan los párrafos tercero y cuarto, pasando el actual párrafo tercero a ser quinto del mismo artículo de la Ley General de Educación.
Las disposiciones contenidas en el dictamen a la minuta establecen que para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.
Asimismo establece que las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes.
Finalmente se define que la educación especial incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación.
En opinión de las dictaminadoras, las modificaciones aprobadas por la Colegisladora en relación con el texto original, tienen el propósito de facultar a la autoridad Federal para que emita los lineamientos de la educación para personas con aptitudes sobresalientes en materia de identificación, evaluación y acreditación y certificación de estudios, con pleno respeto de las autonomías universitarias en el contexto de la educación superior, no obstante que prevé un marco de congruencia general bajo el que se puedan llevar a cabo estas tareas.
De las Comisiones Unidas de Educación; de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 88 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
Propone incorporar elementos de terminología digital a la Ley General de Bibliotecas con el propósito de que los acervos contenidos en formatos electrónicos en cualquier soporte, tengan el mismo valor o relevancia que los acervos impresos de que hoy disponen las bibliotecas públicas. Cabe señalar que muchos recintos integrados a la Red, más de dos mil seiscientos, cuentan con medios electrónicos suficientes para intercomunicación con acervos digitales y con otras bibliotecas y, como consecuencia, la transmisión de acervos, además de contar con material digital de consulta al público en formatos analógicos y digitales, por lo que deben ser encausados normativamente con la finalidad de que se garantice su conservación, disponibilidad al público y acrecentamiento.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 55 bis de la Ley General de Vida Silvestre.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 79 VOTOS; 1 EN CONTRA; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
El dictamen tiene por objeto ampliar los casos de excepción previstos en la Ley General de Vida Silvestre, con el objeto de que, además de los fines de investigación científica y las actividades de educación, restauración, repoblamiento y reintroducción, también se permita la importación, exportación, reexportación y aprovechamiento extractivo de mamíferos marinos y primates “que deban protegerse y resguardarse de su extinción, los destinados a programas de conservación y educación ambiental en zoológicos y acuarios”.
En consecuencia propone modificar el Artículo 55 bis de la Ley estableciendo que queda prohibida la importación, exportación y reexportación de ejemplares de cualquier especie de mamífero marino y primate, así como de sus partes y derivados, con excepción de aquéllos destinados a la investigación científica y las muestras de líquidos, tejidos o células reproductivas de aquellos ejemplares que se encuentren en cautiverio, previa autorización de la Secretaría.
Se considera que con esta redacción se hacen las excepciones pertinentes causa de iniciativa del Senador promovente, y se facilitan las acciones médicas o de reproducción en cautiverio de estas especies, que se encuentran en cautiverio, pero sin afectar el espíritu de la ley y demás ordenamientos legales que protegen.
De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 116 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
EL DICTAMEN FUE RETIRADO DE SU DISCUSIÓN. DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES DE LOS SENADORES QUE HICIERON USO DE LA PALABRA. LA INICIATIVA QUE CONTIENE EL DICTAMEN SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Belarús para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Minsk el 4 de septiembre de 2008.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 85 VOTOS; 4 ABSTENCIONES. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa; y de Hacienda y Crédito Público, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, con Protocolo, firmado en La Haya el 27 de septiembre de 1993, suscrito en la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2008.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 85 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe; y de Educación, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Estudios de Educación Superior entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República del Ecuador, firmado en la Ciudad de México el 11 de Abril de 2008.
CON DISPENSA DE SEGUNDA LECTURA, FUE APROBADO POR 87 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
CON DISPENSA DE SEGUNDA,FUE APROBADO POR 85 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN.
La Ley tiene como finalidad promover la renovación del parque vehicular para propiciar el desarrollo de la cadena productiva de automotores, así como la utilización de vehículos que cuentan con tecnología que permite un consumo de energía más eficiente y una menor emisión de contaminantes.
Sin embargo, la Colegisladora considera desechar la minuta en comento.
De las Comisiones Unidas de Marina; y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 66 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO)
CON DISPENSA DE SEGUNDA, FUE APROBADO POR 85 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN.
La Iniciativa tiene como propósito, que cada dos años se sometan los registros de las embarcaciones al esquema de auditoria voluntaria diseñado por la Organización Marítima Internacional.
Las comisiones dictaminadoras, en virtud de las condiciones actuales de la Marina Mercante Nacional, considera que no es factible establecer el esquema de auditorias voluntarias de la Organización Marítima Internacional, conocida por sus siglas OMI, toda vez que la flota mercante mexicana es casi inexistente y subestándard. Por lo anterior, proponen desechar la propuesta.
FUE APROBADO POR 83 VOTOS. SE TURNÓ A LOS CONGRESOS ESTATALES.
El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo lo anterior y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
FUE APROBADO POR 86 VOTOS. SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Eleva a nivel constitucional, el que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y le corresponderá al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
Dentro de la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de deporte, se inserta el concepto de cultura física, como se plantea en la propuesta al artículo 4º constitucional.
FUE APROBADO POR 78 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
Pretende modificar el trámite que deben hacer los ciudadanos mexicanos para no perder tal carácter, respecto a prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, aceptar o usar condecoraciones extranjeras y admitir del gobierno de otro país títulos o funciones, en cuyos casos se deberá solicitar permiso al Ejecutivo Federal y no al Congreso a la Comisión Permanente como se establece actualmente.
Sin embargo, se propone exceptuar al Presidente de la República de la obligación de solicitar permiso para aceptar y usar condecoraciones extranjeras, por tratarse del mismo Poder Ejecutivo Federal quien otorgaría los permisos. De igual forma a los titulares del Poder Legislativo Federal y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que de esta manera se mantendrá el equilibrio en los tres poderes.
LA PRESIDENCIA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES ENTREGARON UNA FE DE ERRATAS A SU DICTAMEN, LA CUAL SE AUTORIZÓ INCLUIR EN EL DICTAMEN.
FUE APROBADO POR 75 VOTOS; 9 ABSTENCIONES. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
La minuta pretende regular la subcontratación o intermediación laboral y, establecer, a la vez, un mecanismo legal para que el IMSS garantice y haga efectiva la seguridad social a los trabajadores, evitando que los patrones desconozcan u oculten su relación laboral.
Se incorporan dos supuestos de infracción con su correspondiente multa, para el caso de que no se proporcione al Instituto la información requerida y para cuando no se entregue a los trabajadores la constancia aludida anteriormente.
Con la reforma propuesta en la minuta se trata de evitar actos de simulación o evasión respecto de las obligaciones en materia de seguridad social a cargo de los patrones, concretamente en lo atinente a las cuotas obrero-patronales, beneficiando a los trabajadores afiliados y a sus familias derechohabientes.
Las Comisiones consideran conveniente realizar algunas modificaciones que mejoran la minuta y dotan al texto legal de mayor claridad, fortaleciendo las atribuciones de control del IMSS pero dentro de un marco que no repercuta en una afectación a la competitividad de las empresas.
De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.
Adiciona la fracción VIII al artículo 5 y se reforma el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, para establecer que todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de armas de fuego, cartuchos y municiones para uso exclusivo del Ejército Armada y/o Fuerza Aérea Mexicana, y explosivos será considerado amenaza a la Seguridad Nacional.
Asimismo el dictamen establece que gobierno federal al momento de elaborar la Agenda Nacional de Riesgos deberá tomar en cuenta tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el programa respectivo, previéndose además las medidas necesarias para evitar o combatir las amenazas de Seguridad Nacional previstas en la propia Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5º.
De las Comisiones Unidas de Justicia; de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 429 del Código Penal Federal y 223 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.
FUE APROBADO POR 80 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.
La minuta tiene por objeto que el delito de piratería previsto en el Código Penal y en la Ley de la Propiedad Industrial se persigan de oficio, sin embargo, las comisiones dictaminadoras consideran modificarla para exceptuar alguna de las conductas establecidas en el Código Penal.
De Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Primera, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento de la Licenciada Irene Espinosa Cantellano, como Tesorera de la Federación.
FUE APROBADO POR 74 VOTOS; 6 ABSTENCIONES. LA FUNCIONARIA RINDIÓ SU PROTESTA DE LEY.
CON DISPENSA DE TRÁMITES, FUE APROBADO POR 78 VOTOS; 1 ABSTENCIÓN. SE TURNÓ AL EJECUTIVO FEDERAL.
De Las Comisiones Unidas De Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.