Source: http://edicionespropuesta.blogspot.com/2014/
Timestamp: 2017-10-18 09:11:46
Document Index: 354125184

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 220', 'artículo 63', 'artículo 52', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 76', 'artículo 39', 'artículo 33']

PROPUESTA: 2014
Publicado por Ediciones Propuesta en 11:35 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Entre la Ley de Arbitraje y el Reglamento de la LCE
Se inicia un proceso, regulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con árbitro único. El demandado objeta la forma en que se ha constituido el tribunal señalando que como no estaba pactado el número de árbitros, éstos debieron ser tres y no uno, en aplicación del artículo 19 de la Ley de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo 1071, que textualmente dice que “las partes podrán fijar libremente el número de árbitros que conformen el tribunal arbitral. A falta de acuerdo o en caso de duda, serán tres árbitros.”
En opinión del demandado la ley, esta ley, prevalece sobre el Reglamento, aprobado mediante decreto supremo. Se refiere al artículo 220 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 184-2008-EF, que literalmente dispone en su primer párrafo que “el arbitraje será resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros, según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las partes, o en caso de duda, será resuelto por árbitro único.”
Interpuesta la respectiva excepción, el árbitro único la declara infundada optando por la norma reglamentaria que a su juicio prevalece sobre la general en virtud del principio de la especialidad y del principio de la delegación, en cuya virtud el dispositivo de inferior jerarquía regula por extensión lo que la ley le encarga y, por tanto, manteniendo de alguna manera la misma fuerza legislativa.
Emitido el laudo, el demandado interpone un recurso de anulación aduciendo, de conformidad con el inciso c) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, que la composición del tribunal no se ha ajustado a lo preceptuado por el Decreto Legislativo 1071. Entre sus fundamentos señala que se ha pretendido ajustar tal composición al reglamento aplicable que, sin embargo, entra en conflicto con la Ley de Arbitraje que es precisamente una de las causales para solicitar la anulación que, por lo demás, sólo procede, según el mismo acápite, si hubiera sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el tribunal arbitral por la parte afectada y ese reclamo hubiera sido desestimado.
¿Cómo resuelve la Corte Superior?
Algunos expertos, consultados por PROPUESTA, han respondido optando por la Ley de Arbitraje e indicando que ésta prevalece por sobre el decreto que aprueba el Reglamento de la LCE, por más que esté vigente el orden de prelación establecido en el artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, promulgada mediante Decreto Legislativo 1017 y modificada por la Ley 29873, que coloca debajo de la Constitución, a la LCE y su Reglamento, como si fueran un solo dispositivo, y a continuación a las demás “normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho”, subrayando que “esta disposición es de orden público” y que el “incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulación del laudo.”
Otros especialistas, ciertamente los menos, prefieren el Reglamento y destacan que optan por la ley de la materia cuando en realidad lo que eligen es el decreto, específico es cierto pero decreto supremo al fin y al cabo.
Por esa razón, nuestro editor ha propuesto que se le dé fuerza de ley al Reglamento, con lo que se soluciona cualquier conflicto normativo y éste pasa a prevalecer sobre cualquier otra disposición en razón de su especialidad. Así se hizo, según lo ha recordado en el curso de la entrevista que le hizo el doctor Rigoberto Zúñiga, publicada en la última edición de la revista Arbitraje PUCP, con el Reglamento General de las Actividades de Consultoría (REGAC), que él revisó antes de ser aprobado en 1987 pero que obviamente entraba en colisión con otras normas. Desde que se le dio fuerza de ley, a su iniciativa, desaparecieron los conflictos.
Publicado por Ediciones Propuesta en 1:02 No hay comentarios: Enlaces a esta entrada
Reducción de ofertas que superan el valor referencial
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado emitió el pasado 24 de octubre la Opinión N° 081-2014/DTN en la que concluye que cuando una entidad cuente con la asignación presupuestaria suficiente y cuando el postor acepta reducir su oferta, el comité especial no puede negarse a otorgar la buena pro a una propuesta que supere el valor referencial hasta el límite máximo permitido por la Ley.
El artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado, actualmente vigente, promulgada mediante Decreto Legislativo N° 1017, considera como ofertas válidas a todas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las bases y expresamente dispone que excluirá del proceso a aquellas que ofrezcan montos que excedan el valor referencial, salvo que se trate de ejecución de obras, “en cuyo caso serán devueltas las propuestas que [lo] excedan […] en más del diez por ciento (10%)”.
El artículo 28 de la nueva Ley N° 30225 estipula justicieramente que “en el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más de diez por ciento (10%).” Vuelve de esta manera a uniformizar el tratamiento que les dispensa a las dos actividades vinculadas a las obras, como no podía ser de otra forma. Lo hizo, en parte, gracias a la campaña que PROPUESTA impulsó y que nuestro editor lideró a través de distintos medios de comunicación, creando conciencia sobre el particular y sobre el riesgo que hubiera significado dejarlas sin valor referencial y, lo que es todavía peor, sin un límite mínimo, que en estas materias equivale a abrir las puertas a las ofertas ruinosas, a proscribir la competencia y a condenar al país a perder tiempo con proveedores golondrinos que espantan a los profesionales serios y sólo vienen para lucrar con los fondos públicos y desaparecer sin cumplir sus obligaciones en menos de lo que canta un gallo.
El primer párrafo del artículo 76 del Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, por su parte, establece que, en ejecución de obras, para otorgar la buena pro a una propuesta que supere el valor referencial “hasta el límite máximo previsto en dicho artículo, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.” El nuevo Reglamento, en actual elaboración, tendrá que reproducir una disposición similar y hacerla extensiva a los casos de consultoría de obras.
Si el postor reduce su propuesta, en uno u otro caso, ya no debería haber ninguna necesidad de verificar si existe la asignación presupuestaria ni de obtener esa aprobación especial porque se supone que tales requisitos sólo se explican por el exceso, cuando la oferta supera el monto de la convocatoria, toda vez que para emprender el proceso mismo la entidad necesariamente debe tener el financiamiento por el íntegro del valor referencial.
La posibilidad de reducirla incluso por debajo del valor referencial se ampara en el artículo 39 del Reglamento que, en armonía con lo ordenado en el artículo 33 de la Ley, establece que “el límite inferior para determinar la admisión de la propuesta económica [es] de noventa por ciento (90%) del valor referencial en el caso de los procesos para la ejecución y consultoría de obras.” Por lo tanto, cabe perfectamente que el postor que quede en primer lugar reduzca el monto de su oferta no sólo al valor referencial con el que se hizo la convocatoria sino incluso hasta por un diez por ciento por debajo con el objeto de asegurarse la adjudicación. Ciertamente bastaría que lo haga hasta el mismo valor referencial y que ahí se plante. Si la entidad se niega a otorgarle la buena pro en tales circunstancias entra en falta y corre el riesgo de ser ella la sancionada.