Source: http://www.amarcmexico.org/public/index.php/2018/04/02/predictamen-de-ley-de-comunicacion-social-atenta-contra-medios-libres/
Timestamp: 2019-02-20 15:05:14
Document Index: 221099257

Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 16', 'artículo 134', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 89', 'in fine']

PREDICTAMEN DE LEY DE COMUNICACION SOCIAL ATENTA CONTRA #MEDIOS LIBRES – AMARC México
Posted on April 2, 2018 May 30, 2018 by Hector Camero
El predictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial.
En primer término el artículo 134, octavo párrafo de la Constitución prevé que “la propaganda … deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Asimismo, la CIDH a través de la Relatoría Especial para la Libertad de expresión ha señalado que “en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado” y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público que tenga por objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar los derechos humanos de los ciudadanos, o con fines electorales o partidarios[1].
Sin embargo, el predictamen (art. 4, f.I) considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de los gobiernos y sujetos obligados abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobreexposición de los mismos a la sociedad mexicana y, por tanto, impactando directamente en la equidad de la contienda electoral.
En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el art. 14 respecto a la publicidad de los informes anuales de laborales los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios públicos y no para rendir cuentas a la ciudadanía.
Asimismo, se prevé la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarios a los originalmente planteados en el Programa Anual de Comunicación Social sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando directamente el principio de planeación adecuada del gasto[2]. Es importante recordar que existen en la misma ley disposiciones especiales plasmadas en el artículo 16 que prevén la difusión de campañas en casos de emergencia. Además existen graves incongruencias respecto al tipo de campañas de comunicación social que pueden ocurrir durante las campañas electorales (art. 21,f IV).
El predictamen sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos.
Ahora bien, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que busca subsanar la omisión de regular el artículo 134 señala claramente que la gravedad de la omisión deriva en la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. Sin embargo, el predictamen no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto.
Por su parte, el artículo 7 del predictamen prevé que se exenta de regulación de esta ley los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar “disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal”. Esta situación abre la puerta a la corrupción y el desvío de recursos de uno a otro concepto.
Es importante advertir que la falta de criterios de asignación de la publicidad oficial representa una violación directa al artículo 7 de la Constitución y del 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Precisamente por esto es que desde el colectivo #Medioslibres hemos insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios preestablecidos, claros, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tales como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. A su vez es trascendental reconocer la idoneidad, el público objetivo -con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables- y la no discriminación.
El predictamen no formula una propuesta para un mejor control presupuestario. Las menciones realizadas en este sentido quedan muy ambiguas y no construyen certeza jurídica (art. 18) . En resumen, el dictamen no prevé ninguna disposición que busque revertir los sobre ejercicios del gasto en publicidad oficial ni poner un tope a los gastos en publicidad oficial.
El predictamen centraliza más el control del gasto en publicidad oficial.
De la misma manera que el punto anterior el principio 7 de la Relatoría Especial ha señalado la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. En este predictamen, salvo las referencias al rol -ya existente- de la Auditoría Superior de la federación (o contraloría estatal y equivalente), se omite por completo la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. Al contrario, de aprobarse este dictamen, se le otorgarían facultades potenciadas a la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, en los artículos 35 y 37 se prevé que sea la Secretaría de Gobernación quien está a cargo del Padrón de Nacional de Medios de Comunicación.
Ausencia de fomento al pluralismo y la diversidad.
La iniciativa no prevé ninguna disposición que permita promocionar la diversidad y el pluralismo en el país. Como lo mencionamos desde el Colectivo #MediosLibres en el decálogo, “los Estados deberán establecer políticas y destinar recursos para promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de mecanismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, diferenciados de los gastos de publicidad oficial como lo prevé el punto 8 de los principios para la regulación de la publicidad oficial de la Organización de los Estados Americanos.”
La asignación de recursos por venta de publicidad oficial a los medios de Uso Social Comunitarios e Indígenas se ajustará a lo especificado por el artículo 89. Fr. VII de la LFTR, de acuerdo a su carácter de medios sin fines de lucro.
El predictamen no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y rating
Como bien lo subrayamos en el decálogo presentado a inicio del mes de febrero, la medición de la circulación y del rating es un punto medular que debe contemplar la regulación. Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Es primordial establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos.
Las organizaciones, medios de comunicación, periodistas y personas que suscriben este comunicado hacen un enérgico llamado a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados a no aprobar este predictamen y a generar una discusión plural y abierta que genere una Ley de publicidad oficial que garantice la existencia de #MediosLibres.
93 firmas individuales
[1]CIDH, Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión, Principio 2. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/publicidad%20oficial%202012%20o5%2007.pdf
[2] Idem principio 4.
CategoriesComunicados, Información
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