Source: https://ogueta69.wordpress.com/2016/09/24/valoracion-de-la-prueba-requisitos-de-credibilidad/
Timestamp: 2017-10-17 05:52:01
Document Index: 32519013

Matched Legal Cases: ['artículo 741', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 790', 'artículo 849', 'artículo 852', 'artículo 24', 'Artículo 24']

Resulta de vital importancia en el proceso penal, seducir al Juzgador a fin de que por éste se desarrolle una valoración de la prueba practicada en el Juicio oral, a fin de que por éste se declaren probados los hechos que interesan al derecho de la parte que se postula en el proceso -tanto por las acusaciones, como por las defensa- para conseguir en ésta instancia una Sentencia acorde con sus intereses. El motivo es obvio, si bien no es ocioso reiterar: la configuración del proceso penal de conformidad con la doctrina consolidada por el TEDH y asumida plenamente por el TC y por el TS en relación a las competencias del Tribunal sentenciador, del Tribunal de Apelación, del Tribunal Supremo a través del recurso extraordinario de casación penal, y del Recurso de amparo al Tribunal Constitucional; añadiendo en su caso la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está hoy, perfecta, clara y nitidamente definida. Las exigencias del respeto al principio de inmediación, en lo relativo al respeto escrupuloso, casi sacramental, que debemos a quien presenció las pruebas de carácter personal, que lo sitúan en un punto de vista idóneo para la percepción motu propio de las connotaciones que dicha prueba conlleva en relación a la actitud de quienes deponen su testimonio ante un Tribunal de derecho, la posibilidad única que el Tribunal a quo tiene de formular las preguntas que pudieran aclarar cualquier atisbo de oscuridad o duda en el testimonio de los testigos, y la declaración de insuficiencia por la merita doctrina de que la observación del vídeo del Juicio oral colme las exigencias de respeto de tan angular principio de inmediación; llevan a la necesidad de plantear como objetivo prioritario, el de persuadir al Tribunal enjuiciador para que conforme una convicción que se identifique en la medida de lo posible con la nuestra, y que expresamente deberemos manifestar en el contenido de nuestro informe.
Si el Tribunal, dentro de la libertad que le otorga el artículo 741 LECr, valora la prueba en un sentido concreto, sea cual fuere, debemos tener claro que en posteriores instancias será estéril intentar modificar dicha valoración, en relación con las pruebas de carácter personal: la testifical, principalmente; y en menor medida la prueba del Informe pericial. Con la salvedad de los casos -escasos- en los que podamos atacar la valoración del Tribunal por resultar arbitraria en relación con que resulte evidente que es imposible, absurda, irracional, contraria a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia, o a los conocimientos científicos vigentes; pues en estos casos, la infracción resulta de tal magnitud, que sobrepasa el ámbito de legalidad, y alcanza al derecho de tutela judicial efectiva –artículo 24.1 CE– en relación al deber de motivación de las resoluciones judiciales –artículo 120 CE– y al principio de no arbitrariedad de los poderes públicos –artículo 9.3 CE-, pudiendo defender que aunque exista una aparente motivación y valoración de la prueba, dichos motivos resultan sólo aparentes, y que por tanto podríamos perfectamente considerar que no hay tal motivación en realidad.
Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que la declaración testifical única del testigo-víctima resulta bastante por sí misma para desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Queda desterrado por tanto el anticuado aforismo que rezaba así: “probatio unus, probatio nullus”, por la cual se consideraba que sólo se podía considerar como de cargo la prueba de la acusación a partir de un mínimo de 2 testimonios. Esta regla no resultaba ilógica, ni mucho menos. Simplemente se establecía como un plus de garantía para el acusado, y que respetaba, como respeta, la exigencia del desiderátum de preferir dejar libre a quien hubiera cometido un hecho delictivo, en favor de impedir la condena de un inocente. Y que hoy, no tengo duda, todos consideramos plenamente vigente. Sin embargo, en los casos que tanto el TC como el Tribunal Supremo, señala como delitos normalmente cometidos en un ámbito de intimidad entre el agresor y la víctima, que en principio, provocan que, de ordinario no haya más prueba de la comisión del delito que la denuncia de quien lo ha sufrido como víctima. De tal manera que, de mantener el meritado aforismo, resultaría un ámbito de impunidad excesivamente elevado que vaciaría de contenido los citados tipos penales, relegando su condena a casos puntuales y extraordinarios; contrarios al fin constitucionalmente legítimo de garantizar la adecuada e idónea persecución de delitos, y que imponen la apertura del principio de presunción de inocencia, a estos casos concretos. Subrayo que el Tribunal Constitucional considera bastante la declaración única del testigo-víctima, si bien, lo hace con el fin de adecuarlo a estos casos concretos en los que, extraordinariamente, se desarrollan ordinariamente en un ámbito de intimidad entre agresor y víctima, que impide la formulación de otras pruebas de cargo simplemente porque no las hay. Esta doctrina no puede, ni debe, interpretarse como que la acusación puede elegir si llevar otros testigos que pudiera haber en el caso concreto, o si prefiere optar por la proposición del testigo-víctima como único, impidiendo así las posibilidades del adecuado ejercicio de defensa por el acusado. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo 22/2016 de 27 de enero STS 2ª 22/2016 de 27 enero (pon. Excmo. Sr. Manuel Marchena Gomez) al excluir de la aplicación de esta doctrina constitucional “aquellas ocasiones en las que la acción delictiva o su resultado han trascendido el espacio reservado a la intimidad, la desidia a la hora de proponer los elementos de prueba no puede jugar en contra del acusado. Lo prohíbe el contenido material del derecho a la presunción de inocencia”. Señala la resolución que “la validez potencial de esa declaración ha de superar un test de credibilidad ante los Jueces de instancia, de suerte que la carestía probatoria asociada a un único elemento de cargo, pueda ser compensada con la seguridad que proporcionan, además de los indispensables elementos de corroboración, un testimonio coherente, sin fisuras, que no suscite interrogantes acerca de la concurrencia de elementos fácticos definitorios del tipo penal por el que se formula acusación”.
La existencia como hecho probado, de otros testigos que vieron los hechos delictivos, a parte de la víctima, con la añadidura de su no aportación por la acusación, o la ocultación de la identidad de dichos testigos por parte de la víctima, son constitutivos de una objeción de carácter objetivo para que el Tribunal pueda considerar bastante la aportación de un único testigo-víctima como desvirtuador del principio de presunción de inocencia. De esta forma, nos situamos ante una duda objetiva que va más allá de la subjetiva convicción del Tribunal de instancia. En este caso, no se trata tanto de si el Tribunal tuvo o no dudas de que quedaron probados los elementos exigidos por el tipo penal concreto que en cada momento se articule por las acusaciones, sino que el Tribunal debió dudar objetivamente ante la concurrencia de esas circunstancias.
La importancia de lo que antecede es vital, dado que es motivo de recurso, tanto de apelación, como de casación penal, por infracción del precepto constitucional del artículo 24.2 CE en relación con la vulneración del principio de presunción de inocencia. Dicha infracción deberá encauzarse a través del artículo 790 LECr para el recurso de apelación, y por los cauces del artículo 849.1 LECr o artículo 852 LECr en relación al recurso de casación penal, de conformidad con la doctrina de la propia Sala que permite su cauce como infracción de precepto sustantivo, pues el artículo 24.2 CE es propiamente un precepto sustantivo, además de ser un precepto constitucional por estar recogido en la Carta Magna.
En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 24 de septiembre de 2016.
P.D. este artículo viene a completar, o concretar todo lo que el artículo anterior de este mismo blog:
https://ogueta69.wordpress.com/2015/07/06/metodo-que-la-jurisprudencia-indica-como-adecuado-en-la-labor-del-juzgador-de-valorar-la-prueba-adecuadamente
https://ogueta69.wordpress.com/2015/08/03/la-prueba-de-indicios-en-el-proceso-penal
24 septiembre, 2016 26 marzo, 2017 Oguetaabogado, Artículo 24.1 CE, credibilidad, defensa técnica, Derecho defensa, Excmo. Manuel Marchena Gomez, motivación sentencia, Penal, práctica prueba, presunción de inocencia, Prueba, prueba testifical, tribunal "a quo", Valoración de la prueba, Vista oraldefensa técnica, Prueba, Recurso
2 comentarios sobre “VALORACIÓN DE LA PRUEBA: REQUISITOS DE CREDIBILIDAD”
VALORACIÓN DE LA PRUEBA: REQUISITOS DE CREDIBILIDAD – pedroaojeda – Abogado
25 septiembre, 2016 a las 9:18 am	 Responder
[…] Origen: VALORACIÓN DE LA PRUEBA: REQUISITOS DE CREDIBILIDAD […]
INFORME PERICIAL DE CREDIBILIDAD: ALCANCE Y OBJETO – SIN ANIMUS MOLESTANDI
5 febrero, 2017 a las 8:15 am	 Responder
[…] https://ogueta69.wordpress.com/2016/09/24/valoracion-de-la-prueba-requisitos-de-credibilidad/ […]
Entrada anterior CONDENA COSTAS: A LA ACUSACIÓN PARTICULAR
Entrada siguiente EL TRIBUNAL DEL JURADO: EN QUÉ CONSISTE