Source: https://it.scribd.com/document/360879689/Papelera-Nacional-LMP
Timestamp: 2020-07-13 15:41:44
Document Index: 49092140

Matched Legal Cases: ['artículo 145', 'artículo 25', 'artículo 39', 'artículo 145', 'artículo 37', 'artículo 145', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 32', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'artículo 145', 'artículo 5', 'artículo 25', 'Artículo 10', 'Artículo 38', 'Artículo 145', 'artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 39', 'Artículo 145', 'artículo 145', 'Artículo 37', 'Artículo 43', 'artículo 95', 'Artículo 116', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 21', 'Artículo 6', 'Artículo 21', 'Artículo 6', 'Artículo 21', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 39', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 145', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 36', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 19', 'artículo 145', 'artículo 10', 'Artículo 27', 'artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 10', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'Artículo 103', 'Artículo 109', 'Artículo 3', 'Artículo 16', 'Artículo 25', 'Artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 13', 'Artículo 31', 'Artículo 14', 'Artículo 13', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'Artículo 104', 'artículo 1', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 145', 'artículo 39', 'artículo 145', 'artículo 4', 'artículo 145', 'artículo 230', 'artículo 48', 'artículo 145', 'Artículo 145', 'artículo 147', 'Artículo 147', 'artículo 37', 'Artículo 37', 'Artículo 43', 'artículo 95', 'Artículo 116', 'artículo 145', 'artículo 37', 'artículo 2', 'artículo 145', 'artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 6', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 230', 'artículo 25', 'artículo 39', 'Artículo 25', 'Artículo 39', 'artículo 22', 'artículo 27', 'artículo 26']

Papelera Nacional LMP | Residuos | Regulación
SalvaSalva Papelera Nacional LMP per dopo
Informe 2 - Legislación
Ensayo Mami
Reglamento de la Ley N° 27314.pdf
Procedimiento de Neutralizacion Camaras (Recuperado)
andraquitabebe
Proyecto Cambio Iluminación Led Pabellon Vilasana
Manejo Correcto de Los Rpbi ( Residuos
AMB-P04 Procedimiento de Reporte de Residuos Peligrosos
Tribunal de Fiscalización Ambiental Sala Especializada en Pesquería e Industria Manufacturera
RESOLUCION N° 012-2016-OEFA/TFA-SEPIM
063-2015-OEFA/DFSAI/PAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 725-2015-OEFA/DFSAI
SUMILLA: “Se confirma la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI del 31 de julio de 2015, a través de la cual determinó la existencia de responsabilidad
administrativa por parte infractoras:
de Papelera
Nacional S.A. por las siguientes
(i) No segregar ni acondicionar adecuadamente los residuos sólidos no peligrosos
toda vez que se encontraron dispersos sobre terreno afirmado, sin considerar su naturaleza física y/o química, evidenciándose su falta de segregación, lo cual generó el incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10° y 38° del j' Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y configuró la infracción prevista en el literal a) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
No almacenar ni disponer adecuadamente los residuos sólidos peligrosos por cuanto fueron almacenados en terrenos abiertos, a granel sin su correspondiente contenedor, asimismo, disponer el licor negro sobre terreno sin impermeabilízación y a la intemperie, lo cual generó el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 25° y el artículo 39° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y configuró la infracción prevista en el literal d) del numeral 2 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
No presentar el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondiente al mes de agosto de 2013, lo cual generó el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37° de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, concordado con los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057- 2004-PCM y configuró la infracción prevista en el literal c) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
No adoptar sistemas de muestreo y análisis del efluente liquido proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso, vertido al Canal Acequia local del distrito de Paramonga ubicado al lado sur de la Planta Paramonga, lo cual generó el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 6° del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la
Industria Manufacturera, aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI y configuró la infracción prevista en el literal i) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI.
(v) Exceder los Límites Máximos Permisibles respecto al parámetro Sólidos Suspendidos Totales: i) en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la Planta Paramonga de acuerdo con el monitoreo efectuado en el IV Trimestre del año 2013, lo cual generó el incumplimiento del numeral 2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-97- ITINCI y configuró la infracción prevista en el literal c) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI; y, ii) en el punto de control identificado como EF-01P en el I y II Trimestre del año 2014 y en el punto de control identificado como EF-05P ubicado en el punto de descarga de lodos hacia acequia ubicada al sur de la planta papelera de acuerdo con el muestreo efectuado el 24 y 25 de junio de 2014, lo cual generó el incumplimiento del numeral 2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI y configuró la infracción prevista en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA.
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI del 31 de julio de 2015 en el extremo que ordenó a Papelera Nacional S.A. las medidas correctivas por las conductas infractoras descritas en los puntos ii), iv) y v) del párrafo precedente.
Por otro lado, se dispone calificar la solicitud de ampliación del plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas a Papelera Nacional S.A. por las conductas infractoras descritas en los puntos ¡i) y iv) del párrafo antes señalado, como una solicitud de prórroga, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32° de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD, y se dispone además que sea la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA la instancia que evalúe el referido pedido”.
Lima, 7 de abril de 2016
Papelera Nacional S.A.1 (en adelante, Panasa) opera la planta de fabricación de diversos tipos de papel y cartón (en adelante, Planta Paramonga), ubicada en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima.
Del 25 al 27 de setiembre de 2013 y del 24 al 25 de junio de 2014, la Dirección de Supervisión (en adelante, DS) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) realizó dos supervisiones regulares en la Planta Paramonga, (en
Registro Único de Contribuyente N° 20100047641.
Organismo de Evaluación y j Tribunal de
adelante, supervisión regular del año 2013 y supervisión regular del año 2014) durante las cuales se detectaron presuntos incumplimientos de diversas obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de Panasa, tal como se desprende del Informe N° 0137-2013-OEFA/DS-IND (en adelante, Informe de Supervisión N° 0137-2013), del Informe N° 0068-2014-OEFA/DS-IND (en adelante, Informe de Supervisión N° 0068-2014)2 y del Informe Técnico Acusatorio N° 458-2014-OEFA/DS (en adelante,
ITA)3.
Sobre la base de los resultados contenidos en el Informe de Supervisión N°0137- 2013, el Informe N° 0068-2014 y el ITA, la Subdirección de Instrucción e Investigación (en adelante, SDI) del OEFA emitió la Resolución Subdirectoral N° 106-2015- OEFA/DFSAI/SDI4 del 27 de marzo de 2015, rectificada mediante la Resolución Subdirectoral N° 465-2015-OEFA/DFSAI/SDI del 13 de julio de 20155, a través de la cual inició un procedimiento administrativo sancionador contra Panasa6.
Luego de la evaluación de los descargos formulados por la administrada7, la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA (en adelante, DFSAI) emitió la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI del 31 de julio de 20 158, mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Panasa9, conforme se muestra en el Cuadro N° 1 a continuación10:
Dichos informes se encuentran en un medio electrónico (CD) a foja 14.
Fojas 1 a 14.
Fojas 127 a 145.
Fojas 431 y 432. Mediante dicha resolución se rectificó el error material incurrido en la parte resolutiva de la Resolución Subdirectoral N° 106-2015-OEFA/DFSAI/SDI, respecto al hecho imputado N° 3 contenido en la referida resolución.
Notificación efectuada el 31 de marzo de 2015.
Lo cual realizó mediante escritos con registro N° 22404 y N° 34836 presentados el 23 de abril y 8 de julio de 2015, respectivamente. (Fojas 149 a 417 y 424 a 426).
Fojas 473 a 507.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país:
LEY N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, sim plificación de procedim ientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2014. Artículo 19°.- Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de aplicación a los siguientes casos:
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada.
Cuadro N° 1: Conductas infractoras por las que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Panasa en la Resolución Directoral N° 725-2015-QEFA/DFSAI
No segregó ni acondicionó adecuadamente los residuos no peligrosos, toda vez que
1 estos se encontraron dispersos, sobre terreno afirmado, sin considerar su naturaleza física y/o química, evidenciando su falta de segregación y orden.
Norma sustantiva
N° 057-
2004-PCM'1.
Norma tipificadora
artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-
PCM12.
Literal a) del numeral
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de
operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas.
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses
desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
Mediante el artículo 5° de la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI dispuso archivar el procedimiento administrativo sancionador en los siguientes extremos:
Hecho imputado N° 1: Panasa habría incumplido con la obligación de caracterizar los residuos sólidos no peligrosos, obligación contenida en el numeral 2 del artículo 25° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
Hecho imputado N° 2: Panasa habría excedido los LMP respecto de los parámetros DBO y DQO en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la Planta de papel al canal del norte de acuerdo al monitoreo efectuado en el IV trimestre del año 2013.
Hecho imputado N° 3: Panasa habría excedido los LMP respecto de los parámetros DBO y DQO en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte de acuerdo a los monitoreos efectuados el I y II trimestres del año 2014; y, habría excedido los parámetros DBO y DQO en los puntos de control identificados como EF-01P y EF-05P ubicados previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte y punto de descarga de lodos hacia acequia ubicada al lado sur de la planta papelera, respectivamente, de acuerdo al muestreo efectuado el 24 y 25 de junio de 2014.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2004. Artículo 10°.- Obligación del generador previa entrega de los residuos a la EPS-RS o EC-RS Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final.
Artículo 38°.-Acondicionam iento de residuos
Los residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. Los recipientes deben aislar los residuos peligrosos del ambiente y cumplir cuando menos con lo siguiente:
1. Que su dimensión, forma y material reúna las condiciones de seguridad previstas en las normas técnicas
correspondientes, de manera tal que se eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte;
2. El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tipo de residuo, acatando la nomenclatura y demás
especificaciones técnicas que se establezcan en las normas correspondientes;
3. Deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados según las características de los residuos;
4. Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 145°.- Infracciones
Las infracciones a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se clasifican en:
1. Infracciones leves.- en los siguientes casos:
a) Negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las actividades de residuos;
ÍD) ER
No almacenó ni dispuso adecuadamente los residuos sólidos peligrosos por cuanto fueron almacenados en terrenos abiertos, a
Numeral 5 del artículo 25° y
Tribunal de Fiscalización Ambiental ■
Literal d) del numeral 2 del
granel sin su correspondiente contenedor y
en un área que comprende suelo natural,
N° 057-2004-
asimismo, dispuso el licor negro sobre terreno sin impermeabilización y a la intemperie.
PCM13.
PCM14.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM.
Artículo 25°.- Obligaciones del generador El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente
adecuada, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y, en las normas específicas que emanen de éste;
Artículo 39°.- Consideraciones para el almacenamiento
Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos:
1. En terrenos abiertos;
2. A granel sin su correspondiente contenedor;
3. En cantidades que rebasen la capacidad del sistema de almacenamiento;
4. En infraestructuras de tratamiento de residuos por más de cinco (5) días; contados a partir de su recepción; y,
5. En áreas que no reúnan las condiciones previstas en el Reglamento y normas que emanen de éste.
Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de almacenamiento deben sistematizarse en un registro que contenga la fecha del movimiento así como el tipo, característica, volumen, origen y destino del residuo peligroso, y el nombre de la EPS-RS responsable de dichos residuos.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 145°.- Infracciones Las infracciones a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se clasifican en:
2. Infracciones graves.- en los siguientes casos:
d) Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la autoridad competente.
correspondiente al mes de agosto del año
con los artículos 43° y 116°
2731415,
057-2004-PCM16.
Norma tipíficadora
Literal c) del numeral
artículo 145° del Decreto
Supremo N° 057-2004-
PCM17.
LEY N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2000. Artículo 37°.- Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de Residuos Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes documentos:
37.3 Un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación de traslado de residuos peligrosos, fuera de instalaciones industriales o productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales y similares. Esta disposición no es aplicable a las operaciones de transporte por medios convencionales o no convencionales que se realiza al interior de las instalaciones o áreas antes indicadas.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 43°.- Manejo del manifiesto El generador y las EPS-RS o EC-RS, según sea el caso que han intervenido hasta la disposición final, remitirán y conservarán el manifiesto indicado en el artículo anterior, ciñéndose a lo siguiente:
1. El generador entregará a la autoridad del sector competente durante los quince primeros días de cada mes, los
manifiestos originales acumulados del mes anterior; en caso que la disposición final se realice fuera del territorio
nacional, adjuntará copias de la Notificación del país importador, conforme al artículo 95 del Reglamento y la documentación de exportación de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas;
2. La autoridad del sector competente indicada en la Ley, remitirá a la DIGESA copia de la información mencionada en
el numeral anterior, quince días después de su recepción;
3. El generador y las EPS-RS o la EC-RS según sea el caso, conservarán durante cinco años copia de los manifiestos
debidamente firmados y sellados como se señala en el artículo anterior.
Artículo 116°.- Manifiesto de manejo de residuos peligrosos El generador y la EPS-RS responsable del servicio de transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos están obligados a suscribir un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, según el formulario del Anexo 2 y de acuerdo a lo indicado en los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento.
c) Incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal.
áttfCApg
Tribunal de Fiscalización Ambienta!
No cumplió con adoptar sistemas de muestreos y análisis del efluente líquido proveniente de la planta de tratamiento de
Numeral 4 del artículo 6° del
Literal i) del artículo 21° del
agua para proceso, vertido al cuerpo
Decreto Supremo N° 019-
Decreto Supremo N° 025-
receptor (Canal Acequia local del distrito de
97-ITINCI18.
2001-ITINCI19.
Paramonga) ubicado al lado sur de su Planta Paramonga. Excedió los Límites Máximos Permisibles respecto del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el punto de control
Numeral 2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-
Literal c) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 025-
identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la planta de papel al canal del norte de acuerdo al monitoreo efectuado en el IV Trimestre del año 2013.
97-ITINCI20.
2001-ITINCI21.
DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI, Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera, publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de octubre de 1997. Artículo 6°.- Obligaciones del Titular.- Son obligaciones del titular de la industria manufacturera, sin perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales:
4. Adoptar sistemas adecuados de muestreo y análisis químicos, físicos, biológicos, mecánicos y otros que permitan monitorear en forma estadísticamente válida los efluentes o residuos líquidos y sólidos, las emisiones gaseosas, los ruidos y otros que pueda generar su actividad, en cada uno de sus procesos. Los Programas de Seguimiento y Control deberán ser permanentes y mantenerse actualizados, consignándose en ellos la información referida al tipo y volumen de los efluentes o residuos, y las concentraciones de las sustancias contenidas en éstos. El tipo, número y ubicación de los puntos de control estarán de acuerdo a las características geográficas de cada región donde se encuentra ubicado el centro productivo y sus áreas de influencia. Se llevará un registro de todos los muestreos realizados, los respectivos análisis y la información tabulada. Estos registros estarán a disposición de la Autoridad Competente cuando lo solicite, bajo responsabilidad.
DECRETO SUPREMO N° 025-2001-ITINCI, Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera aprobado por el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de julio de 2001. Artículo 21°.- Conductas que constituyen Infracciones. Son conductas que constituyen infracciones, además de las establecidas en los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento, las siguientes:
i) Otros incumplimientos al Reglamento, al presente Régimen, otras disposiciones legales complementarias así como aquellas disposiciones dictadas por la autoridad ambiental competente sobre conservación del ambiente.
DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI. Artículo 6°.- Obligaciones del Titular.- Son obligaciones del titular de la industria manufacturera, sin perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales:
2. Evitar e impedir que, como resultado de las emisiones, vertimientos descarga y disposición de desechos, no se cumpla con los patrones ambientales, adoptándose para tal efecto las medidas de control de la contaminación que correspondan.
DECRETO SUPREMO N° 025-2001-ITINCI. Artículo 21°.- Conductas que constituyen Infracciones. Son conductas que constituyen infracciones, además de las establecidas en los artículos 36, 37 y 38 del Reglamento, las siguientes:
c) Incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
Excedió los Límites Máximos Permisibles del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte de acuerdo a los monitoreos efectuados por dicho administrado en el I y II Trimestres del año 2014; y, excedió el
6 parámetro Sólidos Suspendidos Totales en los puntos de control identificados como EF-01P y EF-05P ubicados previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte y punto de descarga de lodos hacia acequia ubicada al lado sur de la planta papelera, respectivamente, de acuerdo al muestreo efectuado por la DS en la Supervisión Regular del año 2014. Fuente: Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI Elaboración: TFA
97-ITINCI.
Numeral 4.1 del artículo 4°
2013-OEFA/CD22.
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 045-2013-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones relacionadas al incum plim iento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2013. Artículo 4°.- Infracciones adm inistrativas graves 4.1 Constituyen infracciones administrativas graves:
a) Excederse hasta en 10% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa
de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.
b) Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.
c) Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias.
d) Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias.
e) Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2 500) Unidades Impositivas Tributarias.
f) Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será
sancionada con una multa de treinta (30) hasta tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias.
g) Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será
sancionada con una multa de treinta y cinco (35) hasta tres mil quinientas (3 500) Unidades Impositivas Tributarias.
h) Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades Impositivas Tributarias.
i) Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la
normativa aplicable, respecto de parámetros que califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa de cuarenta y cinco (45) hasta cuatro mil quinientas (4 500) Unidades Impositivas Tributarias.
j) Excederse en más del 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una
multa de cincuenta (50) hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias.
k) Excederse en más del 200% por encima de los límites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
de cincuenta y cinco (55) hasta cinco mil quinientas (5 500) Unidades Impositivas Tributarias.
ordenó a Panasa el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas23:
Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI,
la DFSAI
Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva Impuesta por la DFSAI mediante la Resolución Directoral N° 725-
peligrosos por cuanto
fueron almacenados en terrenos abiertos,
área que comprende
asimismo, dispuso el
licor negro sobre
impermeabilización y
Paramonga)
Planta Paramonga.
Excedió los Límites
parámetro Sólidos Suspendidos Totales
5 en el punto de control identificado como EF- 01P ubicado previo a
la salida del efluente
de la planta de papel
al canal del norte de
acuerdo al monitoreo
2015-OEFA/DFSAI
Acreditar que los
lodos de licor negro de
la Planta Paramonga
han sido retirados y dispuestos de manera
cumplimiento de la normatividad vigente.
En un plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de notificada la resolución.
Forma de acreditar el cumplimiento En un plazo de diez (10) días hábiles contado desde el día de vencido del plazo para cumplir la medida correctiva, Panasa deberá remitir a la DFSAI:
a. Un informe técnico detallado que contenga los respectivos medios probatorios visuales (fotografías o videos debidamente fechados y con coordenadas UTM WGS 84) sobre el retiro y disposición de los lodos de licor negro generados en la Planta Paramonga; y,
b) Un informe técnico detallado en el que se realice un análisis de los suelos luego de retirados los lodos de licor neqro.
la inclusión del punto
hábiles contado desde el día de
vencido el plazo para cumplir con
DFSAI
un plazo de
documentos que acrediten que ha
treinta (30) días
hábiles contados a
competente la inclusión del punto
partir de notificada
distrito de Paramonga,
el cual se ubica hacia
ubicado al lado sur
de la planta del mismo nombre en
Planta Paramonga en
gestión ambiental. Optimizar el sistema de tratamiento de las aguas residuales no domésticas toda vez que ha excedido los
Suspendidos Totales
En un plazo de quince (15) días hábiles contado desde el siguiente día de vencido el plazo para cumplir con la medida correctiva, deberá remitir a la DFSAI:
Límites Máximos Permisibles, respecto del parámetro Sólidos
En un plazo de setenta (70) días hábiles contados a partir de notificada la resolución.
a) Informe detallado sobre el proceso de tratamiento de aguas residuales no domésticas y las mejoras efectuadas a fin de
identificado como EF- 01P ubicado previo a
cumplir con los Límites Máximos Permisibles.
Con relación a la imposición de medidas correctivas respecto a las conductas descritas en los ítems 1 y 3 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, la DFSAI señaló que, en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 2.2 del artículo 2° de las "Normas reglamentarias que facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19° de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", aprobadas por Resolución N° 026-2014-OEFA/CD, no correspondía imponera Panasa las medidas correctivas.
O bligación
al canal del norte.
Excedió los Límites Máximos Permisibles del parámetro Sólidos Suspendidos Totales
en el punto de control identificado como EF- 01P ubicado previo a
salida del efluente
de tratamiento de las
efectuados por dicho
administrado en el I y
domésticas toda
que ha excedido
excedió el
parámetro Sólidos
control identificados
Permisibles,
en los puntos de
como EF-01P y EF- 05P ubicados previo a
identificado como EF- 05P ubicado en el punto de descarga de lodos hacia acequia
de la Planta de Papel al canal del norte y punto de descarga de
lodos hacia acequia ubicada al lado sur de la planta papelera, respectivamente, de acuerdo al muestreo
ubicada al lado sur de la planta papelera.
Regular del año 2014. Fuente: Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI Elaboración: TFA
Forma de acreditar el cumplimiento
b) Informe de Ensayo elaborado
por un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Defensa
Intelectual respecto del parámetro Sólidos Suspendidos Totales durante tres momentos diferentes por día por un periodo de tres (3) días consecutivos de monitoreo en el punto de control EF-01P a fin de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
a) Informe detallado sobre el proceso de tratamiento de aguas residuales no domésticas y las mejoras efectuadas a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles.
por un laboratorio acreditado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual respecto del parámetro Sólidos Suspendidos Totales durante tres momentos diferentes por día por un periodo de tres (3) días consecutivos de monitoreo en el punto de control EF-05P a fin de verificar el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles.
N° 725-2015-OEFA/DFSAI
(i) De los artículos 2° y 7° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, Ley N° 28611) se desprende que los titulares de la industria manufacturera están obligados a cumplir con los principios y obligaciones establecidas en la citada ley y las normas reglamentarias, entre las cuales están la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos (en adelante, Ley N° 27314),
el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 27314, Ley
Decreto Supremo N° 057-2004-
PCM), y el Reglamento de
General de Residuos Sólidos (en adelante,
N° 019-97-ITINCI) con el fin de regular sus actividades productivas y alcanzar
una adecuada gestión ambiental.
En tal sentido, la DFSAI señaló que el tener aprobado un Plan Ambiental Complementario (en adelante, PAC), no significa que Panasa deje de cumplir con la normativa ambiental vigente, puesto que la finalidad de dicho instrumento de gestión ambiental (en adelante, IGA) es ser un mecanismo para cumplir con la legislación en materia de residuos sólidos y de Límites Máximos Permisibles (en adelante, LMP).
Sobre el inadecuado acondicionamiento y segregación de los residuos sólidos no peligrosos - Conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 (en adelante, conducta infractora N° 1)
La DFSAI indicó que tal como se desprende de las obligaciones establecidas en los artículos 10°, 38° y 55° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, como generador de residuos sólidos, Panasa tiene la obligación de realizar un adecuado acondicionamiento y segregación de los residuos sólidos no peligrosos generados en la Planta Paramonga, considerando sus características físicas, químicas y biológicas; asimismo, debe de contar con los dispositivos de almacenamiento adecuados.
Sin embargo, la primera instancia indicó que de la supervisión regular del año 2013 la DS detectó residuos de plástico y madera, almacenados sobre suelo natural en un área contigua al almacén de fibra secundaria. Asimismo, la DS verificó que se encontró almacenamiento de residuos no peligrosos de la Planta Paramonga sobre terreno que ocupa la planta, a la intemperie y sin reunir las condiciones para el acondicionamiento.
Sobre lo indicado por Panasa en su escrito de descargos respecto a que no le es exigióle la legislación aplicable en materia de residuos sólidos porque según el PAC aprobado sólo se encuentra obligado a presentar informes de implementación de la actividad con frecuencia trimestral, la DFSAI indicó que de la revisión del citado IGA se observa que Panasa se comprometió a implementar un “Programa de Gestión de Residuos Sólidos” el mismo que establece que se debe continuar con lo establecido en su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, en el cual se señaló que la normativa en la que se basarán para el adecuado manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos será la Ley N° 28611, la Ley N° 27314 y el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, por lo cual en su propio IGA el administrado se comprometió a aplicar la normativa antes señalada.
Asimismo, la DFSAI indicó que de los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD, Texto
Único Ordenado del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA (en adelante, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015- OEFA/PCD) se desprende que una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción administrativa (en el presente caso, el no haber acondicionado ni segregado adecuadamente los residuos no peligrosos), Panasa solo podía eximirse de responsabilidad sólo si logra acreditar de manera fehaciente la ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero. Sin embargo, la primera instancia consideró que la ausencia o poca cantidad de rellenos sanitarios que existen en nuestro país y los altos costos de fletes para trasladar los residuos al relleno sanitario ubicado en Barranca, no constituiría una causal eximente de responsabilidad, puesto que ello no está vinculado con el cumplimiento de su obligación de acondicionar y segregar de manera adecuada los residuos sólidos no peligrosos generados en la Planta Paramonga, antes, durante y después de la disposición final de éstos, obligación cuyo cumplimiento no se observó durante la supervisión regular del año 2013.
Sobre el almacenamiento y disposición de los residuos sólidos peligrosos - Conducta Infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 (en adelante, conducta infractora N° 2)
(v) La DFSAI indicó que, tal como se desprende de las obligaciones establecidas en los numerales 3 y 5 del artículo 25° y el artículo 39° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Panasa se encontraba en la obligación de almacenar y disponer adecuadamente los residuos sólidos peligrosos.
En tal sentido, la primera instancia administrativa señaló que en la supervisión regular del año 2013 la DS advirtió que Panasa almacenaba los residuos de aceite usado en cilindros a la intemperie, sin reunir la capacidad para el volumen almacenado y sin las debidas condiciones para el almacenamiento de dichos residuos.
Asimismo, durante la supervisión regular del año 2014 la DS advirtió el mismo hecho detectado, puesto que se observó lo siguiente:
Residuos metálicos como alambres y piezas de equipos, mezclados con residuos de madera y dispuestos sobre suelo de la zona de chatarra. Envases y sacos vacíos de productos químicos vacíos, todos acumulados sobre terreno afirmado, a cielo abierto en el ingreso a zona de chatarra. Residuos metálicos (alambres, cilindros, metales varios) oxidados acopiados sobre terreno afirmado, expuesto a la intemperie, mezclados con residuos plásticos. Residuos metálicos oxidados, acopiados sobre terreno afirmado, expuestos a la intemperie en la zona de chatarra colindante con calles del distrito de Paramonga.
Por tanto, la DFSAI indicó que en la Planta Paramonga de Panasa se acumulan residuos peligrosos a la intemperie sobre terreno afirmado y a granel.
De otro lado, la primera instancia administrativa señaló que los residuos sólidos de licor negro generados por el uso de bagazo de caña como materia prima para la producción de papel en la Planta Paramonga son dispuestos en tres pozas a la intemperie, tal como detectó la DS en la supervisión regular del año 2013 y la supervisión regular del año 2014, por lo cual en el ITA se indicó que Panasa no trató los lodos de licor negro generados en la citada planta en instalaciones impermeabilizadas.
En tal sentido, la DFSAI concluyó que durante la supervisión regular del año 2013 y la supervisión regular del año 2014, la DS constató que Panasa no almacenó ni dispuso adecuadamente los residuos sólidos peligrosos, toda vez que se observó que éstos eran acumulados a la intemperie sobre terreno afirmado y a granel; y, además, que disponía el lodo de licor negro sobre terreno sin impermeabilización y a la intemperie.
Sobre lo alegado por Panasa en sus descargos respecto a que según el informe de “Evaluación de peligrosidad en lodos”, los lodos de licor negro no constituyen residuos sólidos peligrosos, la DFSAI indicó que el anexo 4 del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM enumera como residuos peligrosos a los lodos residuales y que el artículo 27° de la citada norma establece que los lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales son considerados como residuos peligrosos salvo que el generador demuestre lo contrario con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten. Sin embargo, el informe presentado por Panasa ha sido elaborado por la propia administrada y no ha sido aprobado por la autoridad competente, que confirme la peligrosidad o no peligrosidad de los lodos.
Asimismo, la primera instancia administrativa indicó que Panasa, a la fecha de presentación de su escrito de descargos (20 de marzo de 2015), sigue disponiendo el lodo de licor negro como residuos sólidos peligrosos.
De otro lado, respecto a lo señalado por Panasa en cuanto a que el área de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos actualmente se encuentra debidamente delimitada, identificada, rotulada y cercada por paredes y rejas de metal, cuentan con piso de cemento (impermeabilizado), con techo y con un sistema de recuperación de aceites en caso de derrames, la DFSAI indicó que de conformidad con el artículo 5o de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD, las acciones ejecutadas por Panasa con posterioridad a la detección de la infracción no tienen incidencia en el carácter sancionable de su conducta ni la exime de responsabilidad.
Sobre la falta de presentación del Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondientes al mes de agosto de 2013 - Conducta Infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 (en adelante, conducta infractora N° 3)
(ix) La DFSAI indicó que para que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 37° de la Ley N° 27314 y en los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM se configuran cuando la empresa dispuso el traslado de residuos peligrosos fuera de sus instalaciones y no envió a la
autoridad competente el Manifiesto respectivo dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al que se realizó esa disposición. El solo hecho de no presentar el manifiesto no configura por sí sola la comisión de la infracción.
En tal sentido, la primera instancia administrativa señaló que en la supervisión regular del año 2014 la DS advirtió que Panasa no presentó los manifiestos de manejo de los residuos sólidos peligrosos de! año 2013.
De otro lado, la DFSAI indicó que de los actuados que obran en el expediente se advierte que Panasa realizó el traslado, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos (3,467 galones de aceite usado) generados en la Planta Paramonga en el mes de agosto del 2013, a través de una EPS-RS debidamente autorizada mediante la Dirección General de Salud Ambiental (en adelante, Digesa), elaborando el manifiesto correspondiente, sin embargo no presentó ante la autoridad competente el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos respecto de los residuos generados y trasladados a través de una EPS-RS en el mes de agosto del 2013.
Sobre lo alegado por Panasa en sus descargos respecto a que el artículo 37° de la Ley N° 27314 ni los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM califican el hecho imputado como infracción, la DFSAI indicó que en el artículo 37° de la Ley N° 27314, los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM establecen la obligación del generador de residuos sólidos de presentar los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, siendo dicho incumplimiento se encuentra tipificado en el literal c) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
Sobre la falta de adopción de sistemas de muestreo y análisis del efluente líquido proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso - Conducta Infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 (en adelante, conducta infractora N° 4)
(xii) La DFSAI indicó que del numeral 4 del artículo 6o del Decreto Supremo N° 019- 97-ITINCI se desprende que Panasa tenía la obligación de adoptar sistemas de muestreo y análisis químicos, físicos, biológicos, mecánicos entre otros para monitorear sus efluentes o residuos, las emisiones gaseosas, ruidos y otros que se generen por su actividad productiva.
Asimismo, la primera instancia administrativa señaló que de la revisión del PAC y del Programa de Monitoreo Ambiental aprobado por el Oficio N° 7309-2013-PRODUCE/DVMYPE-l/DIGGAM del 15 de octubre de 2013 se aprecia que Panasa declaró cuatro (4) puntos de control para el monitoreo de sus efluentes.
En tal sentido, de la supervisión regular del año 2014 la DS verificó la existencia de un efluente de aguas residuales industriales no tratado (ni caracterizado) proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso hacia un Canal Acequia local del distrito de Paramonga, ubicado hacia el lado sur de la Planta Paramonga de Panasa, el cual no se encontraba contemplado en el IGA a la
Organismo de Evaluación y Tribunal de
fecha de la supervisión como un punto de control aprobado por la autoridad competente.
Sobre lo alegado por Panasa en sus descargos respecto a que el numeral 4 del artículo 6o del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI y el literal i) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI, Régimen de Sanciones e incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera, aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2001- ITINCI (en adelante, Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI) no califican al presente hecho imputado como infracción por lo que no es objeto de sanción, la DFSAI indicó que el numeral 4 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-97- ITINCI establece la obligación del titular de industria de adoptar sistemas de muestreo y análisis químicos, físicos, biológicos que permitan monitorear válidamente los efluentes o residuos líquidos y sólidos, emisiones gaseosas, lo cual no ha sido observado el día de la supervisión regular del año 2014, siendo dicho incumplimiento tipificado como infracción en el literal i) del artículo 21° del Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI.
Del mismo modo, la DFSAI indicó que el artículo 36° del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI establece que los titulares de actividades de la industria manufacturera en caso de incumplimiento del referido reglamento, serían sancionados por la autoridad competente.
De otro lado, la primera instancia administrativa señaló que del Oficio N° 7309- 2013-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, se aprecia que Panasa estableció cuatro (4) puntos de control de efluentes, por tanto, consideró que lo alegado por la citada empresa sobre la no generación de efluentes no se condice con el compromiso de monitorear sus efluentes industriales.
(xv) Asimismo, la DFSAI indicó que sobre que la Dirección de Asuntos Ambientales de Industria (en adelante, DAAI) del Ministerio de la Producción (en adelante, Produce) no haya ordenado analizar el efluente proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso, no lo exime de su responsabilidad como titular de la industria manufacturera de declarar los efluentes y los puntos de control a fin de monitorearlos.
Sobre el exceso de los Límites Máximos Permisibles (en adelante, LMP - Conductas Infractoras N° 5 y N° 6 descritas en el Cuadro N° 1 (en adelante, conducta infractora N° 5 y conducta infractora N° 6)
(xvi) La DFSAI indicó que del numeral 2 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019- 97-ITINCI se desprende que Panasa tiene la obligación de evitar e impedir que como resultado de sus emisiones, vertimientos, descargas y disposición de desechos no se cumplan con las normas, directrices, prácticas, procesos e instrumentos, definidos por la autoridad competente con el fin de promover políticas de prevención, reciclaje y reutilización y control de la contaminación en el sector de la industria manufacturera.
En tal sentido, la DFSAI señaló que el 2 de julio de 2014, Panasa presentó al OEFA los resultados de los monitoreos ambientales correspondientes al IV Trimestre del año 2013 y I y II Trimestre del año 2014. Asimismo, del ITA se observa que la DS verificó que los efluentes generados por Panasa en dichos trimestres superó los LMP en el parámetro Sólidos Suspendidos Totales (en adelante, SST).
Del mismo modo, la DFSAI indicó que durante la supervisión regular del año 2014 la DS efectuó la toma de muestras en los puntos de control EF-01P y EF- 05P donde se habrían excedido los LMP.
(xvii) Por tanto, la DFSAI consideró que ha quedado acreditado que Panasa excedió los LMP respecto al parámetro SST fijado en el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, que aprobó los LMP y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel (en adelante, Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE) respecto de los monitoreos efectuados en los siguientes periodos:
IV trimestre del año 2013: por lo que infringió las obligaciones establecidas en el numeral 2 del artículo 6o del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, y configura la infracción tipificada en el literal c) del artículo 21° Decreto Supremo N° 025-2001-ITINCI; y,
I y II trimestre del año 2014 y en la supervisión regular del año 2014: por lo que infringió las obligaciones establecidas en el numeral 2 del artículo 6o del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI y configura la infracción tipificada en el numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al incumplimiento de los LMP previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA (en adelante, Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD).
Sobre la procedencia de la imposición de medidas correctivas
Respecto de las conductas infractoras Nos 1 y 3, la DFSAI indicó que Panasa habría corregido dicha conducta por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de numeral 2.2 del artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD, Normas reglamentarias que facilitan la
aplicación de lo establecido en el Artículo 19
de la Ley N° 30230- Ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para
la promoción y dinamización de la inversión en el país (en adelante, Resolución de Consejo Directivo N° 026-2014-OEFA/CD) no corresponde ordenar la realización de alguna medida correctiva en dicho extremo.
Sobre la conducta infractora N° 2, la DFSAI indicó que a la fecha de presentación del escrito de descargos (23 de abril de 2015) Panasa contaba con el denominado “centro de acopio de residuos peligrosos”, el cual está techado, cercado, enmallado, cuenta con sistema de recuperación de aceite en caso de
derrame, contenedores debidamente rotulados para cada tipo de residuos peligrosos generado en su planta Paramonga, rombo de seguridad y extintores adyacentes a dicho centro en caso de posibles emergencias, lo cual demuestra un adecuado almacenamiento de dicho tipo de residuos. No obstante ello, la DFSAI consideró que la conducta infractora N° 2 también versa sobre el inadecuado almacenamiento de los lodos de licor negro, los cuales estaban dispuestos a la intemperie en pozas mal impermeabilizadas y sobre terreno natural, de los cuales no existe certeza de que se estén almacenando adecuadamente o que se hayan hecho un tratamiento y disposición final fuera de la planta Paramonga de Panasa.
Respecto a las conductas infractoras Nos 4 a 6, la DFSAI indicó que de la documentación que obraba en el expediente no se observaban medios probatorios que acrediten la subsanación de las conductas infractoras.
correspondientes en cuanto a las conductas infractoras Nos 2 y 4 a 6.
señaló que corresponde dictar las medidas correctivas
Posteriormente, mediante escrito de fecha 19 de agosto de 201524, Panasa señaló que el literal c) del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM no califica como infracción “La no presentación del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos", razón por la cual se cumple con la debida tipificación del hecho imputado y no resulta una infracción sancionable. Asimismo, a modo de ejemplo, mediante el Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM se tipifica para el sector minería el hecho de no presentar el citado manifiesto a diferencia de lo que ocurre para los subsectores de la industria manufacturera.
El 9 de diciembre de 201525, Panasa interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI, respecto de las conductas
y 6 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, alegando lo
infractoras Nos 1, 2, 4, 5 siguiente:
a) Produce, autoridad competente en materia de evaluación y aprobación de los IGA de adecuación en nuestro sector (manufactura), con fecha 15 de octubre de 2013 aprobó el PAC de la Planta Paramonga, concediéndoles un plazo de cuatro (4) años -hasta el mes de octubre del año 2017- a efectos de que puedan adecuar sus operaciones a determinadas obligaciones generadas por el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE y el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, mediante la implementación de las siguientes actividades:
Implementar un sistema de tratamiento integral de efluentes que se descargan al canal norte, siendo que dicha actividad se encuentra vinculada a las conductas infractoras Nos 5 y 6. En tal sentido, solo luego
Fojas 509 a 510.
Fojas 513 a 554.
del vencimiento del plazo otorgado para implementar esta actividad se podrá medir el cumplimiento de los LMP para efluentes25.
Implementar un tratamiento y disposición de residuos sólidos del sistema de tratamiento de aguas, siendo que dicha actividad se encuentra relacionada a la conducta infractora N° 4. En tal sentido, solo luego del vencimiento del plazo otorgado para implementar dicha actividad se podrá verificar la necesidad de implementar un sistema de muestreo y análisis particular de los efluentes provenientes de la planta de tratamiento de agua para proceso.
Programa de Gestión de Residuos Sólidos, la cual se encuentra vinculada a las conductas infractoras Nos 1 y 2, por lo cual sólo luego del vencimiento del plazo otorgado para implementar esta actividad se podrá verificar el acondicionamiento adecuado de los múltiples residuos sólidos peligrosos y no peligrosos encontrados por el OEFA durante las visitas de supervisión, puesto que se requiere de tiempo y presupuesto para que sean debidamente dispuestas. Asimismo, en el país se adolece de una alarmante carencia de rellenos sanitarios y de seguridad, que dificulta sobremanera la adecuada gestión de residuos sólidos en general, razón por la cual, Produce aprobó su adecuación en determinados plazos27.
En consecuencia, en el presente caso se ha desconocido su derecho y deber de adecuar sus actividades en curso, conforme al cronograma de implementación de actividades aprobado por Produce, que en cuanto al manejo integral de efluentes y al manejo de lodos de la planta de tratamiento de agua para proceso, así como a la gestión de residuos sólidos en general, lo cual vence en el mes de octubre del año 2017. Por tanto, la resolución materia de impugnación es nula conforme al inciso 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley N° 27444)28. Además, el OEFA no puede permitir el amparo del abuso del derecho, puesto que se encontraban en un proceso de adecuación según cronograma de implementación de actividades aprobado por Produce.
se llegaría al absurdo de admitir que los limites máximos
permisibles son aplicables a actividades en curso a la aprobación de las mismas, desde el día siguiente de dicha aprobación, desconociendo que en la realidad probablemente requiera el diseño de un proyecto para mejorar o reemplazar el sistema de tratamiento utilizado, con la consecuente inversión de tiempo y dinero para su ejecución”. (Foja 519).
Panasa indicó sobre este punto lo siguiente: “
Sobre este punto Panasa señaló que: "En el caso particular de nuestra Planta Papel, también ocurre que los pocos rellenos existentes se encuentran muy alejados de la provincia de Barranca, implicando indefectiblemente mayores costos y complejidades para la disposición de los residuos sólidos generados en la zona. Esta situación implicó para nuestra compañía que la disposición de residuos haya atravesado un proceso lento, a fin de que sea viable económicamente su disposición (fletes de alto costo). Es así que factores externos a nuestra compañía que dificultan sobremanera la gestión de residuos sólidos de nuestra Planta Papel, han justificado aún más, la implementación de procesos de adecuación para nuestras actividades (en curso), como así fuera dispuesto por la DIGAAM”. (Foja 520).
Del mismo modo, Panasa indicó que: “En tal sentido, queda claro que PRODUCE es la autoridad competente para evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental correspondientes a nuestro sector, encontrándose facultado para autorizar la ejecución de los mismos, como ha ocurrido en nuestro caso con la aprobación del PAC de nuestra Planta Papel. Asimismo, ocurre que el OEFA no puede desconocer los actos administrativos otorgados por PRODUCE o por cualquier otra entidad con competencias ambientales". (Foja 522).
b) De otro lado, no se encuentra obligada en este momento a cumplir LMP aprobados por el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE e incluir un punto de monitoreo que probablemente sea eliminado al final del plazo de implementación de actividades otorgado ni al manejo adecuado de cuantiosos residuos heredados de operaciones anteriores, por cuanto la autoridad competente ha evaluado el tema y otorgado un plazo de adecuación, luego del cual, se debe cumplir lo indicado. Por tanto, la declaración de existencia de responsabilidad administrativa desconociendo lo dispuesto por Produce, resultaría ser abusivo.
Sobre la conducta infractora N° 2
c) La resolución impugnada es nula por falta de motivación, toda vez que los lodos de licor negro constituyen residuos sólidos no peligrosos y en tal sentido, no les corresponde la calificación ni tratamiento como residuos peligrosos. Además, de conformidad con el informe de “Evaluación de Peligrosidad en Lodos”, realizado en noviembre del año 2014 por SGS del Perú S.A.C. Servicios Ambientales y presentado en nuestro escrito de descargos, los lodos de licor negro no constituyen residuos sólidos peligrosos. Por tanto, se comete una equivocación al calificarlos como tales y pretender que se le dé un tratamiento como tales29.
d) Del mismo modo, Produce ha confirmado que los residuos de licor negro constituyen residuos no peligrosos, a través de la Resolución Directoral N° 234- 2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, de fecha 7 de julio de 2015, que aprueba el Plan de Cierre Definitivo de la “Poza de almacenamiento de residuos de Licor Negro (Poza PAMA)”, ubicada en la Planta Paramonga, señalándose específicamente en el informe que lo sustenta (Informe N° 1059-2015- PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI). En tal sentido, los lodos de licor negro constituyen residuos sólidos no peligrosos y en consecuencia, no corresponde calificarlos como peligrosos ni darles un tratamiento como tales.
e) Por otro lado, lo señalado en el numeral 92 de la Resolución Directoral N° 725- 2015-OEFA/DFSAI30 es erróneo puesto que los lodos de licor negro son residuos provenientes del antiguo proceso de producción de papel y no del sistema de
có que "Al respecto,
como fuera explicado detalladamente
cia concluye lo siguiente:
• Ninguna de las muestras presenta características de inflamabilidad, corrosivídad, reactividad y toxicidad de acuerdo a lo establecido por la USEPA.
• Según el análisis de Toxicidad por lixiviación (Test TLCP) inorgánico- orgánico; y en base a la comparación con la normativa de USEPA, no se han encontrado valores que superen los niveles de comparación para la muestra de lodos. Determinando, de acuerdo a los parámetros analizados, que la muestra es considerada como residuo no peligroso.
• Con relación a los parámetros microbiológicos, encontrados en la muestra de lodo no presentan condición de patogenicidad por su bajo valor encontrado". (Foja 524).
El numeral 92 de la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI señaló lo siguiente:
“92. Sobre el particular, el Anexo 4 del RLGRS enumera como residuos peligrosos a los lodos residuales, asimismo, el Artículo 27° del RLGRS establece que los lodos del sistema de tratamiento de aguas residuales son considerados como residuos peligrosos salvo que el generador demuestre lo contrario con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten". (Foja 490).
tratamiento de aguas residuales, como se considera equivocadamente en el citado numeral.
Asimismo, la norma citada por la DFSAI no se sustenta la obligación de contar con un estudio técnico aprobado por determinada entidad, debiendo ser suficiente cualquier estudio técnico que lo justifique, siendo que tienen un estudio técnico que lo justifica, elaborado por una empresa de reconocimiento internacional y un acto administrativo por parte de Produce que confirma la no peligrosidad de los lodos de licor negro. Por tanto, la resolución impugnada es nula puesto que la conducta infractora N° 2 está basada en un hecho errado, que es la equivocada calificación de los lodos de licor negro como residuos peligrosos.
Sobre la conducta infractora N° 4
f) La resolución impugnada es nula por cuanto la situación es configurada por hecho determinante de un tercero, puesto que los artículos 3°, 7° y 22° del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, dispone que los consultores y auditores ambientales son responsables de la veracidad e idoneidad de la información contenida en los instrumentos de gestión ambiental y auditorías ambientales que suscriban, toda vez que son justamente los responsables de su elaboración y de su contenido, no teniendo el titular de la actividad ninguna responsabilidad, salvo la asumida en cuanto a su cumplimiento, una vez aprobado.
En tal sentido, en razón de lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4° de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA/PCD, queda claro que incluso cuando sea verificado algún hecho constitutivo de infracción administrativa, el administrado podrá eximirse de la responsabilidad si demuestra la ruptura del nexo causal por hecho determinante de un tercero, como es el presente caso.
g) De otro lado, ocurre que la falta de adopción de sistema de muestreo y análisis del efluente líquido proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso, vertido al cuerpo receptor ubicado al lado sur de la planta, es responsabilidad de la consultora ambiental, dado que se trata de la persona encargada de la elaboración del instrumento y consecuente propuesta de puntos de control, que luego pasó a ser aprobado por Produce, siendo que Panasa no estableció los puntos de control.
Del mismo modo, no tiene sentido implementar un sistema de muestreo y análisis de un punto que probablemente sea eliminado una vez implementado el PAC, más aún cuando no les es exigible el cumplimiento de LMP hasta el vencimiento del plazo otorgado por Produce para su implementación.
Sobre las medidas correctivas impuestas
h) En cuanto a la medida correctiva impuesta por la conducta infractora N° 2 es nula por falta de razonabilidad, toda vez que los lodos de licor negro de la Planta
Paramonga serán retirados y dispuestos conforme al Plan de Cierre aprobado por Produce, es decir, existe un IGA aprobado por la autoridad competente que los obliga a cerrar la poza en referencia, previo retiro de los residuos de licor negro de la Planta Paramonga, seguimiento y acreditación de su ejecución.
Asimismo, el plazo otorgado por dicha medida resulta irrazonable, toda vez que se necesitarían al menos treinta (30) días hábiles para que la medida impuesta pueda ser cumplida31, por lo cual en el caso que la medida correctiva impuesta no sea declarada nula solicitan la variación del plazo a treinta (30) días hábiles.
i) Respecto a la medida correctiva impuesta por la conducta infractora N° 4 es nula, toda vez que se establece un plazo de cumplimiento incumplible, toda vez que se necesitarían al menos sesenta (60) días hábiles para que dicha medida pueda ser cumplida, en tanto requerirá diversos pasos que toman un tiempo considerable, que escapan a su alcance32, por lo cual en el caso que no se declare la nulidad de dicha medida correctiva, solicita la variación del referido plazo a sesenta (60) días hábiles.
j) En cuanto a la medida correctiva impuesta por las conductas infractoras N° 5 y N° 6 es nula por falta de razonabilídad, toda vez que los LMP para SST de sus efluentes serán cumplidos una vez que sea implementado el sistema de tratamiento integral de efluentes del PAC, según lo aprobado por Produce. Asimismo, sólo después de implementar un tratamiento y disposición de residuos sólidos del sistema de tratamiento de agua de proceso podremos definir la necesidad de establecer un punto de muestreo y análisis particular para los efluentes (lodos) de dicho sistema.
De otro lado, respecto a la medida correctiva impuesta por el punto de control EF-01P en el caso que no sea declarada la nulidad de esta medida correctiva, solicita la variación de la exigencia del referido informe de ensayo por el último informe de monitoreo ambiental que comprenda SST en efluentes, según cronograma de monitoreo aprobado por Produce.
Asimismo, respecto a la medida correctiva impuesta por el punto de control EF- 05P no es razonable que se les obligue a costear el desarrollo de monitoreos adicionales a los establecidos actualmente, dado que probablemente evidencien que todavía no se ha logrado cumplir con los LMP para SST.
Panasa señaló que: “
nuestro alcance, entre otros, las gestiones para la toma de muestra, la toma de muestra, el análisis en laboratorio (quince días aproximadamente), el informe de monitoreo (cinco días aproximadamente), el informe desarrollado para efectos de presentación ante autoridad y gestiones para su presentación". (Foja 530).
tanto requerirá diversos pasos que toman un tiempo considerable y que incluso escapan a
otros, las gestiones para la formulación del expediente, el estudio
técnico para definir los parámetros y puntos de control, tanto para el efluente como para la calidad del agua que ingresa y del agua del cuerpo receptor'’. (Foja 530).
Sobre este punto Panasa señalo que: “
marzo de 2016,
a solicitud de Panasa,
una audiencia de
informe oral ante la Sala Especializada en Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, tal como consta en el Acta respectiva33.
Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, Decreto Legislativo N° 1013)34, se crea el OEFA.
Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley N° 3001135 (en adelante, Ley N° 29325), el OEFA es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental.
Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29325 dispone que mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA36.
Foja 574.
DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio del Ambiente
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde.
LEY N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. Artículo 6°.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Artículo 11°.- Funciones generales Son funciones generales del OEFA:
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas.
LEY N° 29325. Disposiciones Complementarias Finales Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el
Mediante Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM37 se aprobó el inicio del proceso de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería de Produce al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2013-OEFA/CD38 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental del rubro papel de la industria manufacturera del sector industria desde el 20 de febrero de 2013.
Por otro lado, el artículo 10° de la Ley N° 2932539, los artículos 18° y 19° del Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del OEFA40, disponen que el Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa al interior del OEFA, para materias de su competencia.
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE
Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y culturales
OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades.
DECRETO SUPREMO N° 009-2011-MINAM, aprueban inicio del Proceso de Transferencia de Funciones en materia ambiental de los sectores pesquería e industria de PRODUCE al OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 3 de junio de 2011. Artículo 1o.- Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de los sectores industria y pesquería, del Ministerio de la Producción al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 004-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de febrero de 2013. Artículo 1o.- Determinar que a partir del 20 de febrero de 2013 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del Rubro Papel de la Industria Manufacturera del Subsector Industria proveniente del Ministerio de la Producción - PRODUCE.
LEY N° 29325. Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.
DECRETO SUPREMO N° 022-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de diciembre de 2009. Artículo 18°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental El Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) es el órgano encargado de ejercer funciones como última instancia administrativa del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento, y constituyen precedente vinculante en materia ambiental, siempre que se señale en la misma Resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley.
Artículo 19°.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Son funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental:
a) Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra las
resoluciones o actos administrativos impugnables emitidos por la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos.
b) Proponer al Presidente del Consejo Directivo del OEFA mejoras a la normatividad ambiental, dentro del ámbito de
c) Ejercer las demás atribuciones que correspondan de acuerdo a Ley.
existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos)41.
16. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2o de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, Ley N° 28611)42, prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.
17. En tal situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de calidad de vida de las personas.
18. En nuestro sistema jurídico, el primer nivel de protección al ambiente es formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que tutelan los bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución Ecológica”, dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente43.
19. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por su consideración (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; (ii) como derecho fundamental44 cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve45; y, (iii) como conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales46.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.
LEY N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2005. Artículo 2°.- Del ámbito
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a "sus componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho:
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:
“En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el
que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser
humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (
20. Es importante destacar que en su dimensión como derecho fundamental el Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos47: (i) el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica48; y, (ii) el derecho a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho) y (ii) la obligación de garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el incumplimiento de la primera obligación referida49.
21. Como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico nacional que regula la protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental.
22. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a través del ejercicio de
ii la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos, (ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y (¡ii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e inciertos50.
23. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia ambiental,
entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes
ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a
los particulares".
segundo acápite (
Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03610-2008- PA/TC.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC, fundamento jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:
"En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido".
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9.
así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador.
Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son las siguientes:
Si son exigibles a Panasa las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI.
Si la determinación de la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Panasa sobre la base del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM contraviene el principio de tipicidad.
(¡ii)
Si la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI se encuentra debidamente motivada respecto a la determinación de responsabilidad administrativa por la inadecuada disposición y almacenamiento del licor negro.
Panasa es responsable
por no adoptar sistemas de
Si ante la determinación de responsabilidad administrativa por las conductas infractoras Nos 2, 4 a 6 correspondía imponer a Panasa las medidas correctivas correspondientes.
Si corresponde calificar la solicitud de ampliación del plazo efectuada por Panasa, para el cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, como un pedido de prórroga.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS
Si son exigibles a Panasa las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI
En su recurso de apelación, Panasa indicó que Produce, autoridad competente para la certificación ambiental en el sector manufacturero con fecha 15 de octubre de 2013 les aprobó el PAC de la Planta Paramonga, concediéndoles un plazo de cuatro (4) años - hasta el mes de octubre del año 2017- para que puedan adecuar sus operaciones a las obligaciones generadas por el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE y el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, mediante la implementación de diversas medidas, respecto de sistemas de tratamiento de efluentes y residuos sólidos.
Por tanto la resolución materia de impugnación es nula conforme al inciso 1 del artículo 10° de la Ley N° 27444, puesto que Panasa considera que se ha desconocido su derecho y deber de adecuar sus actividades en curso, conforme al cronograma de implementación de actividades aprobado por Produce. Además, no se encuentra obligada en este momento a cumplir LMP aprobados por el Decreto Supremo N° 003-
2002-PRODUCE e incluir un punto de monitoreo que probablemente sea eliminado al final del plazo de implementación de actividades otorgado ni al manejo adecuado de cuantiosos residuos heredados de operaciones anteriores. En consecuencia, el OEFA no puede permitir el amparo del abuso del derecho, puesto que se encontraban en un proceso de adecuación según cronograma de implementación de actividades aprobado por Produce.
27. En tal sentido, esta Sala considera que debe verificarse si le eran exigibles a Panasa las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI y el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE.
Sobre las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
28. Mediante la Ley N° 27314 se aprobó la Ley General de Residuos Sólidos, la cual tiene como ámbito de aplicación a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población51.
29. De acuerdo a la Décimo Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314, en concordancia con la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, las obligaciones contenidas en dichos dispositivos legales devienen exigibles a partir del día siguiente de la publicación del Reglamento, esto es, el 25 de julio de 200452.
30. En tal sentido, debe indicarse que los artículos 103° y 109° de la Constitución Política del Perú53 establecen que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las
LEY N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, publicada en el diario oficial El Peruano el 21 de julio de 2000. Artículo 2°.- Ám bito de aplicación
2.1 La presente Ley se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos,
desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en
los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.
2.2 No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de
competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley.
LEY N° 27314. Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Décimo Segunda.- Sobre las normas vigentes En tanto no se aprueben las disposiciones reglamentarias de la presente Ley, regirán las normas reglamentarias específicas sobre manejo de residuos sólidos vigentes, siempre que no se opongan a esta Ley.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES Segunda.- Aplicación del presente Reglamento El presente Reglamento es de aplicación inmediata, incluyendo las normas sobre residuos del ámbito de gestión municipal, la obligación de una adecuada disposición final de residuos cualquiera sea su origen asi como la importación y exportación de residuos sólidos. Aquellas obligaciones distintas a las anteriormente mencionadas que requieran de la normativa complementaria establecida en la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final serán exigibles una vez se aprueben las normas allí señaladas.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 103°.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; asimismo que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga
su vigencia en todo o en parte.
Asimismo, cabe indicar que el artículo III del Título Preliminar del Código Civil54 indica que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución.
En relación a la aplicación de las referidas normas, el Tribunal Constitucional ha
señalado55:
“En ese sentido, este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo
que “(
nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en
materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por
tanto, para aplicar una norma (
consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas."
En este contexto, se concluye que el marco normativo establecido por el Decreto
Supremo N° 057-2004-PCM, era obligatorio y, por tanto, exigible a partir del 25 de julio
2004, respecto de todas las actividades relativas a la gestión y manejo de residuos
sólidos, desde su generación hasta su disposición final, que venían siendo desarrolladas por los titulares de la industria manufacturera desde dicha fecha y en adelante.
En efecto, considerando que el contenido normativo de dicho dispositivo es de aplicación inmediata conforme a la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, correspondía a los titulares de la
industria manufacturera adecuar sus actividades e infraestructuras de residuos sólidos
las especificaciones derivadas de las nuevas obligaciones fiscalizares así establecidas para el cumplimiento inmediato de las mismas.
tal sentido, Panasa al ser titular de la Planta Paramonga es generadora de residuos
sólidos56, por lo que se encontraba bajo el ámbito de aplicación de las obligaciones
establecidas en la Ley N° 27314 y el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM57.
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del derecho.
Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
DECRETO LEGISLATIVO N° 295, Código Civil, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de julio de 1984. Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú.
Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el expediente N° 00008-2008-PI/TC, Fundamento jurídico 72.
j del Ambiente
36. Es necesario precisar que la aplicación de las normas del Decreto Supremo N° 057- 2004-PCM no implica que las obligaciones contenidas en el PAC aprobado por Produce dejen de ser exigibles, pues dicho IGA y la norma antes citada devienen en obligaciones ambientales fiscalizables que deben ser cumplidos por Panasa. Por ello, la lectura de las normas ambientales con los IGA debe ser conjunta y complementaria.
37. Con respecto a lo indicado, este Tribunal Administrativo ha señalado58 que la relación entre un instrumento de gestión ambiental, como el PAC, y un instrumento normativo59, como el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, radica en que el instrumento de gestión ambiental constituye un mecanismo operativo, cuyo diseño y aplicación posee carácter funcional o complementario a la regulación contenida, precisamente, en los instrumentos normativos (normas ambientales)60. Por ello, dicho mecanismo contiene, además de una descripción de la actividad propuesta, compromisos referidos a determinadas materias ambientales, siendo una de ellas el manejo y gestión de los residuos sólidos generados por el titular de un proyecto de inversión61.
LEY N° 27314. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES Décima.- Definición de términos 5. GENERADOR Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las actividades de recolección.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 3°.- Ámbito de aplicación El Reglamento es de aplicación al conjunto de actividades relativas a la gestión y manejo de residuos sólidos; siendo de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica, pública o privada dentro del territorio nacional.
Tal como se observa en la Resolución N° 025-2014-OEFA/TFA-SE1 del 25 de julio de 2014.
Se debe señalar que, para efectos de la presente exposición, toda referencia a "instrumento normativo” está referida a la Constitución, leyes o decretos supremos (legislación), cada uno de los cuales que contienen normas jurídicas.
LEY N° 26811. Artículo 16°.- De los instrumentos 16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias. 16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país.
Artículo 25°.- De los Estudios de Impacto Ambiental Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.
LEY N °27314 Artículo 31o- Estudios Ambientales
Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y demás instrumentos de gestión ambiental o Estudios Ambientales establecidos en la legislación vigente para el desarrollo de proyectos de inversión, deben considerar necesariamente medidas para prevenir, controlar, mitigar y eventualmente reparar, los impactos negativos de los residuos sólidos.
38. En efecto, el artículo 31° de la Ley N° 2731462, dispone que los IGA, para el desarrollo de proyectos de inversión, deben considerar necesariamente medidas para prevenir, controlar, mitigar y eventualmente reparar, los impactos negativos de los residuos sólidos. Ello implica que los citados instrumentos deban ser formulados con observancia a la citada Ley y su reglamento.
39. Del mismo modo, debe indicarse que el artículo 13° de la Ley N° 2731463 establece que el manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud64. Por tanto, Panasa debía cumplir con
2 LEY N° 27314. Artículo 31°.- Estudios Ambientales Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y demás instrumentos de gestión ambiental o Estudios Ambientales establecidos en la
legislación vigente para el desarrollo de proyectos de inversión, deben considerar necesariamente medidas para prevenir, controlar, mitigar y eventualmente reparar, los impactos negativos de los residuos sólidos. Los referidos instrumentos deben ser formulados con observancia de las disposiciones de esta Ley y sus respectivos reglamentos y normas complementarias, considerando en particular, los siguientes aspectos:
1. Prevención y control de riesgos sanitarios y ambientales.
2. Criterios adoptados, características de las operaciones o procesos de manejo y obligaciones a cumplir en materia de
residuos sólidos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la presente Ley y como parte del Plan de Manejo Ambiental correspondiente.
3 LEY N° 27314. Artículo 13°.- Disposiciones generales de manejo El manejo de residuos sólidos realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente
\ adecuado, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud, así como a los lineamientos de política establecidos en el Artículo 4.
Sobre el principio de prevención de impactos negativos esta Sala en las Resoluciones Nos 001 y 003-2016-OEFA/TFA- SEPIM dei 22 de enero y 24 de febrero de 2016 ha señalado lo siguiente:
“El artículo VI del Título Preliminar de la Ley N° 28611 contempla el principio de prevención, el cual es uno de los principios generales para la protección del medio ambiente y dispone lo siguiente:
Conforme al citado principio, se advierte que la gestión ambiental en materia de calidad ambiental se encuentra orientada, por un lado, a ejecutar medidas para prevenir, vigilar y evitar la ocurrencia de un impacto ambiental negativo y, por otro lado, a efectuar las medidas para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según corresponda, en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado".
Asimismo, sobre la protección de la salud este Tribunal Administrativo en la Resolución N° 019-2014-OEFA/TFA-SEP1 del 23 de octubre de 2014 ha manifestado lo siguiente:
“A l respecto, debe mencionarse que la Constitución Política del Perú establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
Asimismo, sobre el derecho a la salud, el Tribunal Constitucional ha señalado que:
civiles y políticos, y tienen por finalidad, al igual que ellos, erigirse en garantías para el individuo y para la sociedad, de manera tal que se pueda lograr el respeto de la dignidad humana, una efectiva participación ciudadana en el sistema democrático y el desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad, en
los derechos sociales (como el derecho a la salud) se constituyen como una ampliación de los derechos
especial de aquellos que carecen de las condiciones físicas, materiales o de otra índole que les impiden un efectivo disfrute de sus derechos fundamentales".
consecuencia, lo sostenido por Panasa en este extremo debe ser desestimado.
lo dispuesto en la citada
N° 057-2004-PCM.
Sobre las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI
El artículo 1o del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI dispone que el referido reglamento es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas del sector público o privado que realicen actividad manufacturera a nivel nacional65.
Cabe mencionar que el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI fue publicado el 1 de octubre de 1997, por lo cual sus disposiciones se encuentran vigentes desde el día siguiente de su publicación, tal como disponen los artículos 103° y 109° de la Constitución Política del Perú.
Asimismo, del Informe de Supervisión N° 0137-2013 la DS indicó que Panasa desde el año 2007 viene realizando actividades de industria manufacturera en el rubro papel en la Planta Paramonga66, en razón de la licencia de funcionamiento emitida por la Municipalidad Distrital de Paramonga67 y el contrato de arrendamiento celebrado con la empresa Quimpac S.A. el 2 de enero de 2007. Por tanto, al realizar actividades de la industria manufacturera, Panasa se encontraba en la obligación de cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI.
En tal sentido, las obligaciones contenidas, en este caso, en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI le son exigibles, siendo que, tal como se mencionó precedentemente, la lectura de dichas normas ambientales con los IGA con que
La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble ( El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe proteger tratando de que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en ese sentido.
Sobre este punto, debe precisarse que, si bien es cierto que la protección de la salud es responsabilidad del Estado - correspondiéndole por tanto regularla, vigilarla y promoverla - también lo es que Doe Run, al establecer en un instrumento de gestión ambiental (en el presente caso, el PAMA) medidas específicas referidas a la protección de la salud (las cuales van más allá del mero apoyo logístico), asume compromisos ambientales, de obligatorio cumplimiento".
DECRETO SUPREMO N° 019-97-ITINCI. Artículo 1°.- Ámbito. El presente Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera desarrolla las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; en el Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y en sus normas modificatorias y complementarias; en la Ley N° 23407, Ley General de Industrias; en la Ley N° 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades; en el Artículo 104 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, tratados internacionales suscritos y ratificados por el país que forman parte de la legislación nacional, y alcanza a todas las personas naturales o jurídicas del Sector Público o Privado que realicen actividad industrial manufacturera a nivel nacional.
Cabe señalar que Panasa cuenta con una Licencia de Funcionamiento N° I.A. 0001-2011 emitida por la Municipalidad Distrital de Paramonga.
Dicho contrato se encuentran en un medio electrónico (CD) a foja 14.
cuenta Panasa - tal como se ha desarrollado en el considerando 37 de la presente resolución- debe ser conjunta y complementaria.
Por otro lado, debe mencionarse que el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE aprobó los LMP y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel; y, dispuso en el artículo 1o que dichos LMP es aplicable a todas las empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas con instalaciones existentes o por implementar que se dediquen en el país a las actividades industriales manufactureras de producción, entre otras, de papel68.
Del mismo modo, el artículo 4o del Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE dispone que los LMP aprobados son de cumplimiento obligatorio e inmediato para las actividades o instalaciones industriales manufactureras, entre otras de papel, que se inicien a partir de la vigencia de la citada norma69. En tal sentido, esta Sala considera que los LMP son exigibles a los titulares de actividades de industria manufacturera que inician actividades a partir del desde el 5 de octubre de 2002 (fecha correspondiente al día siguiente de la publicación de la norma en cuestión en el diario oficial El Peruano), razón por la cual Panasa debía cumplirlos durante las actividades manufactureras de fabricación de papel en la Planta Paramonga, tal como se mencionó en el considerando 42.
Por tanto, contrariamente a lo señalado por Panasa, esta Sala considera que como titular para realizar actividades de la industria manufacturera, en este caso, en el rubro papel debía cumplir con las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 019-
97-ITINCI y con PRODUCE.
N° 003-2002-
Del mismo modo, cabe precisar que esta Sala considera -de modo general- que los administrados no solo se encuentran obligados a cumplir con las obligaciones derivadas de sus estudios ambientales70, sino también aquellas derivadas de la
DECRETO SUPREMO N° 003-2002-PRODUCE, Aprueban Límites Máximos Permisibles y Valores Referenciales para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre y papel, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de octubre de 2002. Artículo 1o.-Alcance. El presente Decreto Supremo es aplicable a todas las empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas con instalaciones existentes o por implementar, que se dediquen en el país a las actividades industriales manufactureras de producción de cemento, cerveza, curtiembre y papel.
DECRETO SUPREMO N° 003-2002-PRODUCE. Artículo 4o.- Limites Máximos Permisibles para Actividades en Curso o que se inician. Los Límites Máximos Permisibles aprobados son de cumplimiento obligatorio a inmediato para el caso de las actividades o instalaciones industriales manufactureras de cemento, cerveza, curtiembre y papel que se inicien a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo. Tratándose de actividades en curso a la fecha de vigencia de la presente norma, los Límites Máximos Permisibles deberán ser cumplidos en un plazo no mayor de cinco (5) años, que excepcionalmente podrá ser extendido por un plazo adicional no mayor de dos (2) años, en los casos en los cuales los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental prioricen acciones destinadas a promover métodos de prevención de la contaminación y respondan a los objetivos de protección ambiental contenidos en las Guías de Manejo Ambiental. El Ministerio de la Producción determinará en forma particular, los plazos que corresponde a cada titular de la actividad manufacturera, al momento de la aprobación del respectivo Diagnóstico Ambiental Preliminar o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, según corresponda.
De no ser cierta dicha afirmación, sería suficiente la obligación contenida en el numeral 3 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, que dispone:
legislación ambiental aplicable a sus operaciones; ello, en la medida que tales estudios, dado su carácter predictivo, no pueden contemplar todas aquellas medidas necesarias para prevenir los impactos ambientales negativos significativos que los titulares de la industria manufacturera generen durante la ejecución de sus
operaciones71.
48. Partiendo de ello, se justifica que en el artículo 6o del Decreto Supremo N° 019-97- ITINCI se establezcan diversas obligaciones ambientales a cargo del titular de la industria manufacturera en resguardo del ambiente ante una posible afectación como producto de su actividad manufacturera, pues dicha actividad, al ser dinámica, vale decir que se va modificando en función a diversos factores y circunstancias no puede limitarse ai cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas en los IGA72. En tal sentido, debe desestimarse lo señalado por Panasa en este extremo.
Respecto a la facultad del OEFA para supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar en materia ambiental
49. En cuanto a lo señalado por Panasa respecto a que el OEFA no puede permitir el amparo del abuso del derecho, puesto que se encontraban en un proceso de adecuación según cronograma de implementación de actividades aprobado por Produce; debe indicarse que, el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, dispone que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben sustentarse en la debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, respetando la Constitución, la Ley y el derecho73.
50. En tal sentido, tal como ha sido indicado en el punto II de la presente resolución, los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325 prevén que el OEFA es un organismo público
“Artículo 6°.- Obligaciones del Titular.- Son obligaciones del titular de la industria manufacturera, sin perjuicio del cumplimiento de las normas ambientales:
3. Ejecutar los programas de prevención y las medidas de control contenidas en el EIA, DIA o PAMA".
Tal como se ha señalado en la Resolución N° 007-2015-OEFA/TFA-SEPIM del 30 de abril de 2015.
Es por ello que por ejemplo, se establece la actualización de los estudios ambientales, según lo dispuesto en el artículo 30° del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Ley N° 27446, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM:
Artículo 30°.- Actualización del Estudio Ambiental El Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, debiendo precisarse sus contenidos así como las eventuales modificaciones de los planes señalados en el articulo precedente. Dicha actualización será remitida por el titular a la Autoridad Competente para que ésta la procese y utilice durante las acciones de vigilancia y control de los compromisos ambientales asumidos en los estudios ambientales aprobados. (
LEY N° 27444. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.-Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control v sanción en materia ambiental. Asimismo, en razón de la labor de fiscalización y sanción, el OEFA tiene la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables e imponer sanciones por el incumplimiento, entre otros, de obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental,_y de la normativa ambiental vigente.
51. En ese contexto, el artículo 17° de la citada norma74 establece que constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia del OEFA las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
d) El incumplimiento de los compromisos ambientales de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
LEY N° 29325. Artículo 17°.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos
emitidos por las instancias competentes del OEFA.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según corresponda. Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encuentra facultado para desarrollar las acciones
de fiscalización ambiental a que hubiere lugar. Las acciones que ejerza el OEFA, conforme a lo señalado en el presente artículo, se realizan sin perjuicio de las competencias que corresponden a los gobiernos regionales y demás Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), así como al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a otras entidades sectoriales, conforme a sus competencias. Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro del Ambiente a propuesta del OEFA, se establecen disposiciones y criterios para la fiscalización ambiental de las actividades mencionadas en los párrafos anteriores. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ejerce la potestad sancionadora respecto de las obligaciones ambientales establecidas en los planes, programas y demás instrumentos de gestión ambiental que corresponda aprobar al Ministerio del Ambiente (MINAM). Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones aplicables. La tipificación de infracciones y sanciones generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones que utilicen las EFA.
52. De lo expuesto, se desprende que el OEFA es competente para verificar el cumplimiento, entre otros, de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental (en el presente caso, contenidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI), y en el caso de detectar incumplimientos, puede iniciar los procedimientos administrativos sancionadores e imponer las sanciones correspondientes. Por tanto, el OEFA no solo verifica los impactos ambientales causados por los administrados en razón de sus actividades económicas, sino que también fiscaliza que estas sean llevadas a cabo en cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas, entre otras, de la normativa ambiental y de los instrumentos de gestión ambiental correspondientes.
Asimismo, debe mencionarse nuevamente que la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2013-0EFA/CD precisó la competencia del OEFA respecto de las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del rubro papel de la industria manufacturera proveniente de Produce. En consecuencia, se desprende que el OEFA es competente para fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas, no solo en los IGA sino también en las normas ambientales del referido sector.
Por tanto, partiendo del marco normativo antes expuesto, esta Sala considera que al momento de supervisar y fiscalizar las actividades desarrolladas en el sector de la industria manufacturera en el rubro papel el OEFA verifica no solo el cumplimiento de los compromisos asumidos en los IGA sino también comprueba el cumplimiento de la normativa ambiental.
Teniendo en cuenta lo expuesto, conviene traer a colación las conductas infractoras imputadas a Panasa, así como la norma sustantiva que contiene la obligación ambiental fiscalizable cuyo incumplimiento se imputa a la administrada:
Cuadro N° 3: Conductas imputadas a Panasa
No segregó ni acondicionó
adecuadamente los residuos no peligrosos, toda vez que estos se encontraron dispersos, sobre terreno afirmado, sin considerar su naturaleza física y/o química, evidenciando su falta de segregación y orden.
Artículos 10° y 38° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
Literal a) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-
2004-PCM.
Numeral 5 del artículo
Literal d) del numeral 2 del artículo
artículo 39° del Decreto Supremo
145° del Decreto Supremo N° 057-
contenedor y en un área que comprende
suelo natural, asimismo, dispuso el licor
impermeabilización y a la intemperie.
N° 3: No presentó el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondiente al mes de agosto del año 2013.
Ley N° 27314,
en concordancia con los artículos
43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
37° de
Literal c) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-
N° 4: No cumplió con adoptar sistemas
líquido proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso, vertido al cuerpo receptor (Canal Acequia local del distrito de Paramonga) ubicado al lado sur de su Planta Paramonga.
N° 5: Excedió los Límites Máximos Permisibles respecto del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la planta de papel al canal del norte de acuerdo al monitoreo efectuado en el IV Trimestre del año 2013.
N° 6: Excedió los Límites Máximos Permisibles del parámetro Sólidos Suspendidos Totales en el punto de control identificado como EF-01P ubicado previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte de acuerdo a los monitoreos efectuados por dicho administrado en el I y II Trimestres del año 2014; y, excedió el parámetro Sólidos Suspendidos Totales en los puntos de control identificados como EF- 01P y EF-05P ubicados previo a la salida del efluente de la Planta de Papel al canal del norte y punto de descarga de lodos hacia acequia ubicada al lado sur de la planta papelera, respectivamente, de acuerdo al muestreo efectuado por la DS en la Supervisión Regular del año 2014.
21° del
019-97-
025-2001-
ITINCI.
Numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD.
Fuente: Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI Elaboración: TFA
56. Cabe indicar que las conductas infractoras imputadas a Panasa se originaron como consecuencia de los siguientes hallazgos detectados en la supervisión regular del año 2013 y en la supervisión regular del año 201475:
Conducta Infractora N° 1
Hallazgo N° 1 “Se encontró el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos conjuntamente con residuos no peligrosos generados de las actividades productivas de la planta papelera Paramonga, sobre el terreno que ocupa la planta, a la intemperie en un área cercada y cerrada de aproximadamente 12,000 m2, sin reunir las características físicas, químicas y de peligrosidad,
Fuente: Informe de Supervisión N° 0137-2013 Elaboración: TFA
0137-2013.
Las fotografías registradas en las mencionadas supervisiones obran en un medio magnético (CD) a foja 14.
Fotografías del Hallazgo N° 1:
Foto N° 17: Personal de la planta realizando acciones de segregación en área contigua al punto de acopio de residuos sólidos no peligrosos.
Foto N° 18: Acopio de residuos sólidos de madera en área contigua al punto de acopio de residuos sólidos no peligrosos.
Conducta Infractora N° 2
Hallazgo N° 1
“Los residuos sólidos de aceite usado son almacenados en cilindros, acopiados en un área a medio techar a la intemperie que no reúne las condiciones para el almacenamiento de dicho residuos, en la mencionada área se encontró vestigios de dicho residuo sobre el terreno de almacenamiento, en un área aproximada de 1.0 m2
Hallazgo N° 2
“En la zona de chatarra de la planta papelera se encontraron residuos sólidos peligrosos (envases vacíos y llenos de productos químicos, cilindros metálicos vacíos de aceites, transformadores eléctricos en
desuso) (
área aproximadamente 10000 m2”.
acumulados a la intemperie sobre terreno afirmado en un
Hallazgo N° 3
"En el área donde se ubican las pozas de “licor negro” (3 pozas) se encontró residuos semisólidos (lodos de licor negro) dentro de la poza
2.0 Ha (aproximadamente), la cual no cuenta con impermeabilízación
se encontraron “lodos de licor negro" removidos de las pozas de
1.5 Ha y 0.5 Ha respectivamente, acumulados sobre el terreno al borde
de dichas pozas (
Fuente: Informe de Supervisión N° 0137-2013 y 0068-2014 Elaboración: TFA
N° 0137-2013.
al 28,
Fotos N°7AyByN°8Ay B del Informe de Supervisión N° 0068-2014.
0068-2014.
Foto N° 25: Punto de acopio de aceite usado, el cual está parcialmente techado y con piso de cemento, observándose que el volumen de los cilindros almacenados abarca hasta un área de tierra contigua al piso de cemento.
Foto N° 26: Se observa vestigios de residuos de aceite usado sobre la tierra donde se acopia parte de los envases de aceite usado de un
tamaño aproximado de
Foto N° 28: Almacenamiento de contenedores de sustancias químicas vacíos, maderas y parihuelas de madera en un área aproximada de 12,000 m2de superficie
Foto N° 27: Area de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos de cilindros de metal (de sustancias químicas), sacos de plástico.
Foto N° 30: Vista del almacenamiento de cilindros de plástico vacíos de insumos químicos, envases de metal de gases, batería y chatarra.
Foto N° 31: Vista del almacenamiento de chatarra oxidada sobre la tierra del terreno de 12,000 m2 dentro de la Planta Paramonga sin considerar las características de peligrosidad de los residuos.
^fcüCAOf^
Fotografías del Hallazgo N° 2:
Foto N* 7 A. Zona de chatarra, ingreso a zona de chatarra, donde se observa residuos
metálicos (alambres, piezas de equipos) mezclados con residuos de madera.
Foto N9 8 A. Zona de chatarra, se observa residuos metálicos (alambres, cilindros, meta’es •/arios) oxidados acopiados sobre terreno afirmado, expuesto a la intemperie, mezclados
con residuos plásticos.
Fotografías del Hallazgo N° 3:
LODOSDE LICORNEGRO
Foto N* 7 B. Ingreso de zona de chatarra, se observa envases y sacos vados de productos quimiccs vacíos, tctíos acumulados sobre terreno afirmado, a cielo ab'erto.
20UDE CHATARRA
COUNDANTE CON CALLES CELDÍTWTOCE
PAIUMOMA.
Foto N° 8 B. Zona de chatarra, se cbserva residuos metálicos oxidados acopiados sobre
terrero afirmado, expuesto a la intemperie.
SUSTANCIAS QUÍMICAS CE PLANTA ALCAU DE
QUIMPACSA ACUf/UALDOS EN POZA DE
LOOOS DE UCOR NEGRO DE O.SHa.
LOOOS DE LICOR NEGRO
COLOCADOS S03RE EL TERRENO
Feto N° 13. Laguna de confinamiento no impermeabilizada, en la cual se observa ledos
de licor negro.
Foto Nc 14. Remoción y acumulación de lodos de licor negro, provenientes de las
lagunas de confinamiento de 1.5 y 0.5 Ha., sin impermeabilización. Además se observa uso de la poza para acumulación de sustancias químicas de Planta de álcali de Quimpac S.A.
Conducta Infractora N° 3
Hallazgo N° 6
“El administrado no presenta Manifiestos de Residuos
Sólidos Peligrosos (
Fuente: Informe de Supervisión N° 0068-2014 Elaboración: TFA
Requerimiento documentario del Acta de Supervisión N° 57-2014. Respuesta a requerimiento mediante Escrito con Registro N° 2014-E01-027515
Conducta Infractora N° 4
“No implementa medidas para
que el administrado cuenta con
reducir o eliminar el vertimiento
de sustancias contaminantes al
administrado no realiza
“Los efluentes del sistema de
monitoreo de dicho efluente, así
0068-
tratamiento de agua para proceso,
son vertidos a un canal local
contemplado en el programa de
(acequia) del distrito de Paramonga,
el cual se ubica hacia el lado sur de
la planta de papel”.
establecido por la autoridad del
sector (
SE OBSERVA COLORAOÓN DEL EFUJENTE DE PAPELERA NACIONAL S-A. EN CONTRASTE CON EL CUERPO RECEPTOR.
Foto N® 5. Toma de muestra de efluente descargando hada Canal Acequia del distrito de Paramonga, ubicado al lado sur de la planta papelera "Papelera Nacional S.A.'
Foto N* 6. Aguas abajo de Canal Acequia del distrito de Paramonga. ubicado al lado sur de la Planta Papelera. So observa la misma coloración de! efluente descargado por Papelera
Nacional S A
Conductas Infractoras N° 5 y N° 6
Hallazgo N° 4 “Los valores de los parámetros Sólidos Suspendidos Totales (SST) (
del efluente son mayores a los
LMP establecidos en el D.S. 003-2002-PRODUCE para aguas superficiales de acuerdo a los Informes de Monitoreo del 4to trimestre 2013, 1er y 2do trimestre 2014, de la Planta Paramonga"
A criterio de esta Sala los hechos antes señalados que se encuentran descritos en el Informe de Supervisión conllevan al incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM y el Decreto Supremo N° 019- 97-ITINCI, toda vez que Panasa:
• No segregó ni acondicionó sus residuos sólidos no peligrosos.
• No almacenó ni dispuso adecuadamente sus residuos sólidos peligrosos.
• No presentó el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos correspondiente al mes de agosto de 2013.
• No adoptó un sistema de muestreo y análisis del efluente líquido proveniente de la planta de tratamiento de agua para proceso vertido al Canal Acequia local del distrito de Paramonga.
• Excedió los LMP respecto del parámetro SST en el punto de control EF-01 (IV Trimestre del año 2013 y I y II Trimestre del año 2014) y en el punto de control EF-05P (muestreo realizado en la Supervisión Regular del año 2014).
En consecuencia, en el presente caso, en razón que los hechos detectados configuran incumplimientos a las obligaciones ambientales fiscalizables en la normativa ambiental, por lo cual la DFSAI (primera instancia sancionadora del OEFA) ha actuado conforme al principio de legalidad y de acuerdo a las facultades otorgadas al determinar la responsabilidad administrativa de Panasa en la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI. Por tanto, corresponde por tanto desestimar los argumentos esgrimidos por la recurrente en este extremo de su apelación.
Si la determinación de la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Panasa sobre la base del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM contraviene el principio de tipicidad (Conducta infractora N° 3)
Cabe mencionar que de la revisión de la Resolución Directoral N° 725-2015- OEFA/DFSAI del 31 de julio de 2015 se observa que la DFSAI determinó la responsabilidad administrativa de Panasa, entre otros, por no presentar el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos correspondiente al mes de agosto de 201376. Del mismo modo, de los considerandos 120 a 127 de la citada resolución se observa que la DFSAI analizó los argumentos esgrimidos por Panasa en su escrito de descargos respecto a la que las normas imputadas no califican como infracción.
Cabe señalar que mediante escrito de fecha 19 de agosto de 2015 Panasa presentó argumentos adicionales a los esgrimidos en sus descargos respecto a la falta de presentación del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos. En tal sentido en dicho escrito indicó que el literal c) del artículo 145° del Decreto Supremo N 057-2004-PCM no califica como infracción “La no presentación del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos”, razón por la cual se cumple con la debida tipificación del hecho imputado y no resulta una infracción sancionable. Asimismo, a modo de ejemplo, medíante el Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM se tipifica solo para el sector minería el hecho de no presentar el citado manifiesto a diferencia de lo que ocurre para los subsectores de la industria manufacturera.
Debe mencionarse que dicha resolución fue notificada el 11 de noviembre de 2015.
61. El numeral 4 del artículo 230° de la Ley N° 27444 recoge el principio de tipicidad, estableciendo que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Además, establece que "las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la lev permita tipificar por vía reglamentaria". Es decir, dicho dispositivo permite la colaboración reglamentaria, esto es, que disposiciones reglamentarias puedan especificar las conductas infractoras o, más aún, que en vía reglamentaria se puedan tipificar las infracciones administrativas.
62. Con relación a ello, el artículo 48° de la Ley N° 27314 establece que las infracciones y sanciones aplicables por contravención a la mencionada ley y sus normas reglamentarias, serán tipificadas por las normas reglamentarias, lo cual se cumplió con la aprobación del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
63. Adicionalmente, resulta oportuno precisar que dentro de las exigencias derivadas del principio de tipicidad, se encuentra la de exhaustividad suficiente en la descripción de la conducta sancionable, la cual implica (de acuerdo con lo señalado por Morón), que la norma legal “debe describir específica y taxativamente todos los elementos de la conducta sancionable
64. Sobre la base de estas consideraciones, cabe señalar que el literal c) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, señala lo siguiente:
' “Artículo 145°.- Infracciones Las infracciones a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se clasifican en:
c) Incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal."
65. A su vez, en el numeral 1 del artículo 147° de la referida norma, se establecen las sanciones administrativas correspondientes a infracciones leves, como se observa a continuación:
“Artículo 147°.- Sanciones
a. Amonestación por escrito en donde se le obliga a corregir la infracción; y,
b. Multas de 0.5 a 20 UIT, con excepción cuando se trate de residuos peligrosos que
será de 21 hasta 50 UIT;”.
MORÓN URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima:
Gaceta Jurídica, 2011, p. 709.
66. En el presente caso, se observa que la conducta infractora N° 3 está referida al incumplimiento del artículo 37° de la Ley N° 27314, en concordancia con los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, los cuales disponen lo siguiente:
"Ley N °27314 Artículo 37°.- Declaración, Plan de Manejo y Manifiesto de Residuos Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal, remitirán en formato digital, a la autoridad a cargo de la fiscalización correspondiente a su Sector, los siguientes documentos:
Artículo 43°.- Manejo del manifiesto
El generador y las EPS-RS o EC-RS, según sea el caso que han intervenido hasta la
disposición final, remitirán y conservarán el manifiesto indicado en el artículo anterior, ciñéndose a lo siguiente:
1. El generador entregará a la autoridad del sector competente durante los quince primeros días de cada mes, los manifiestos originales acumulados del mes anterior; en caso que la disposición final se realice fuera del territorio nacional, adjuntará
copias de la Notificación del país importador, conforme al artículo 95 del Reglamento
y la documentación de exportación de la Superintendencia Nacional Adjunta de
Aduanas;
2. La autoridad del sector competente indicada en la Ley, remitirá a la DIGESA copia
de la información mencionada en el numeral anterior, quince días después de su recepción;
3. El generador y las EPS-RS o la EC-RS según sea el caso, conservarán durante
cinco años copia de los manifiestos debidamente firmados y sellados como se señala en el artículo anterior.
Artículo 116°.- Manifiesto de manejo de residuos peligrosos El generador y la EPS-RS responsable del servicio de transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos están obligados a suscribir un Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, según el formulario del Anexo 2 y de acuerdo a lo indicado en los artículos 41, 42 y 43 del Reglamento”.
67. De las normas antes señaladas se advierte que el literal c) del numeral 1 del artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM establece como infracción el incumplimiento de las obligaciones formales, entre ellas, el presentar los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos, regulados en el artículo 37° de la Ley N° 27314 y los artículos 43° y 116° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. Como se aprecia, las normas antes señaladas describen de manera suficiente la conducta infractora, razón por la cual se verifica el cumplimiento del principio de tipicidad. En consecuencia, corresponde desestimar el argumento planteado por la recurrente sobre la vulneración del principio de tipicidad.
De otro lado, tal como se ha mencionado, el artículo 2o de la Ley N° 27314 dispone que como ámbito de aplicación a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Por tanto, Panasa al ser un generador de residuos sólidos, en razón de su actividad de industria manufacturera, debe cumplir con las obligaciones contenidas en la citada Ley y su reglamento, puesto que el incumplimiento de dichas obligaciones configuran las infracciones contempladas en el artículo 145° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. En tal sentido, debe desestimarse lo alegado por Panasa respecto que solo en el sector minero se ha tipificado el incumplimiento de la presentación de los Manifiestos de Residuos Sólidos.
Si la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI se encuentra debidamente motivada respecto a la determinación de responsabilidad administrativa por la inadecuada disposición y almacenamiento del licor negro
En su recurso de apelación, Panasa indicó que la resolución impugnada es nula por falta de motivación, toda vez que los lodos de licor negro constituyen residuos sólidos no peligrosos y en tal sentido, no les corresponde la calificación ni tratamiento como residuos peligrosos. Además, de conformidad con el informe de “Evaluación de Peligrosidad en Lodos”, realizado en noviembre del año 2014 por SGS del Perú S.A.C. Servicios Ambientales y presentado en su escrito de descargos, los lodos de licor negro no constituyen residuos sólidos peligrosos. Por tanto, se comete una
equivocación al calificarlos como tales y pretender que se le dé el tratamiento que corresponda a este tipo de residuos.
Sobre el particular, el numeral 4 del artículo 3o de la Ley N° 27444, en concordancia con el artículo 6o del citado instrumento78, establece que el acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. En tal sentido, la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y la exposición de las razones jurídicas que justifiquen el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.
En este contexto, nuestro régimen jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación
LEY N° 27444. Artículo 3o.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos:
Artículo 6o.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores
justifican el acto adoptado.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso
concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente
esclarecedoras para la motivación del acto.
administrativa. Así, los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la
Ley N° 27444 establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación . En primer lugar, se recoge la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública80, conforme al principio del debido procedimiento, y, en segundo lugar, se dispone - como requisito previo a la motivación - la obligación de la verificación plena de los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material .
72. Asimismo, de acuerdo con el artículo 3o de la citada ley, la motivación constituye un
elemento de validez del acto administrativo, mientras que el artículo 6o del citado instrumento establece con mayor detalle sus alcances, prohibiciones y excepciones.
Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 03891-2011-AA/TC (Fundamento jurídico 17) ha señalado lo siguiente:
“La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3° y 43° de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso".
Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente N° 03399-2010-PA/TC (Fundamento jurídico 4) señala lo siguiente:
“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabiiidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa ( )",
LEY N° 27444. Artículo IV.- Principios del procedim iento adm inistrativo
1.1. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.
Cabe destacar que, este principio se manifiesta cuando el legislador, mediante el numeral 2 del artículo 230° de la Ley N° 27444, exige que las entidades apliquen sanciones sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.
LEY N °27444. Artículo IV.- Principios del procedim iento adm inistrativo
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
73. Conforme a lo expuesto, se concluye que la motivación exige la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa en un caso concreto, lo cual implica la exposición de los hechos debidamente probados y su relación con la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación, ello como garantía del debido procedimiento administrativo.
74. En el presente caso, de la revisión de los considerandos 90 a 99 de la Resolución Directoral N° 725-2015-OEFA/DFSAI se observa que la DFSAI consideró que: i) en las supervisiones regulares de los años 2013 y 2014 la DS constató que no almacenó ni dispuso adecuadamente los lodos de licor negro, ¡i) que los lodos de licor negro es un residuo sólido peligroso; y, iii) de los actuados que obran en el expediente, se observa que Panasa ha considerado dicho residuo como peligroso y que el informe presentado por la misma no ha sido aprobado por parte de autoridad alguna.
75. En su recurso de apelación Panasa indicó que Produce ha confirmado que los residuos de licor negro constituyen residuos no peligrosos, a través de la Resolución Directoral N° 234-2015-PRODUCE/DVMYPE-l/DIGGAM-DIEVAI, de fecha 7 de julio de 2015. Además, Panasa considera que la norma citada por la DFSAI no se sustenta la obligación de contar con un estudio técnico aprobado por determinada entidad, debiendo ser suficiente cualquier estudio técnico que lo justifique, siendo que tienen un estudio técnico que lo justifica, elaborado por una empresa de reconocimiento internacional y un acto administrativo por parte de Produce que confirma la no peligrosidad de los lodos de licor negro.
76. Asimismo, Panasa señaló que el numeral 92 de la Resolución Directoral N° 725-2015- OEFA/DFSAI es erróneo puesto que los lodos de licor negro son residuos provenientes del antiguo proceso de producción de papel y no del sistema de tratamiento de aguas residuales, como se considera equivocadamente en el citado numeral.
77. Al respecto, debe indicarse que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 25° del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM82, corresponde al generador de residuos sólidos del ámbito no municipal almacenar, acondicionar, tratar o disponer sus residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, atendiendo a lo establecido en la Lev N° 27314. el Decreto Supremo N° 057-2004- PCM. y a las normas específicas que emanen de este último dispositivo. Asimismo, el artículo 39° de la citada norma dispone que está prohibido el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos, en terrenos abiertos, a granel sin su correspondiente contenedor, en cantidades que rebasen la capacidad de almacenamiento, en áreas que no reúnan las condiciones establecidas en las citadas normas83.
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 25°.- Obligaciones del generador El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme se establece en la Ley, el Reglamento y, en las normas específicas que emanen de éste (.,.).
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM. Artículo 39°.- Consideraciones para el almacenamiento Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos:
78. Asimismo, cabe mencionar que el artículo 22° de la Ley N° 2731484 dispone que los residuos sólidos peligrosos son aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente.
79. En tal sentido del anexo 4 del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM se consigna el listado de residuos peligrosos, señalando en el rubro A.1.11 como residuo sólido peligroso a los lodos residuales. Asimismo, el artículo 27° de la citada norma dispone que se consideran también, como residuos peligrosos; los lodos de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales; u otros que tengan las condiciones establecidas en el artículo 26°, salvo que el generador demuestre lo contrarío con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten.
80. Del mismo modo, de la revisión del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental de la Planta Paramonga se observa lo siguiente:
"Cuadro 8.1b.- Medidas de Prevención y Mitigación
Neutralización y
(Licor Negro)
proveniente de la Planta
Alcohol, se deberá tener, como medida de prevención,
;§ 3
clorhídrico, en caso de que la