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Timestamp: 2018-06-24 22:12:45
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Autoridad contra Poder: TOCÓ EL TURNO A LOS JURISTAS " Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética" (PRIMERA PARTE)
TOCÓ EL TURNO A LOS JURISTAS " Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética" (PRIMERA PARTE)
El pasado 20 de mayo se llevo acabo el “Tercer Foro de los Debates sobre los Principios que deben regir la Reforma Energética, Análisis Constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética” , nombre kilométrico como lo extenso de su duración casi seis horas . La bienvenida corrió a cargo del senador panista Santia Creel Miranda y fungió como moderador el senador priísta Francisco Labastida Ochoa.
La lista de juristas invitados fue la siguiente :
Dr.Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Lic. Mario Alberto Becerra
Hay que decir que la reunión de estos especialistas fue para debatir y en esos mismos términos fue el encuentro , la discusión fue eminentemente de técnica e interpretación jurídica y así los Doctores Juventino V. Castro y Castro , Jaime Cárdenas y Arnaldo Cordova , expusieron sus argumentos que sustentan la inconstitucionalidad de la reforma que en materia de petróleo presentó el ejecutivo federal.
A reserva de profundizar en cada una de las exposiciones vale la pena leerlas tal cual aparece en la versión estenográfica publicada en sitio oficial del senado misma que se reproduce a continuación.
DOCTOR JAIME CARDENAS GRACIA.
Muchas gracias, señor senador. Agradezco la presencia de todos los senadores; legisladores; diputados; y desde luego del público en general; y la invitación que ha sido formulada para participar en este foro tan trascendente en la vida política, en la vida social, en la vida jurídica de este país:
Quiero decir que la ponencia que he presentado la titulé “Entreguismo, privatización e inconstitucionalidad de las propuestas calderonistas”, y a eso me referiré en pocos minutos. También me parece importante destacar que en este tema el debate qué bueno que se dé en el Congreso, en este Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados; pero no es el único espacio del debate, el debate puede darse en las universidades, en espacios sociales, en espacios públicos, y el debate, en él debe participar toda la sociedad.
No es un debate solamente para especialistas, porque qué sería de una democracia solamente para técnicos, es un debate en el que debemos estar inmersos todos como ciudadanos. Voy a referirme al primer punto de la ponencia: El entreguismo.
Yo creo que desde hace muchos años en este país ha habido una política económica y una actitud jurídica también deliberada por ir entregando espacios que estaban reservados al Estado, a los particulares. Toda la historia del siglo XX en México demuestra cómo las presiones de las grandes compañías petroleras y de los gobiernos extranjeros, principalmente de los Estados Unidos tuvieron como propósito apoderarse de los recursos naturales del subsuelo, ya nos podremos en el debate referir a incidentes históricos relacionados con el tema.
Desde los años 80’s distintas propuestas de reforma legislativa a la Ley Reglamentaria del artículo 27 han ido en un sentido contrario a la Constitución. En el gobierno de Zedillo se entregó el gas a los empresarios; en 1996 se liberaliza la petroquímica segundaria a los empresarios; durante los gobiernos de Fox y Calderón se entregan contratos de servicios múltiples que son inconstitucionales para explotar todas las fases de la industria petrolera, sobre todo en la Cuenca de Burgos para explotar el gas.
Hemos también establecido políticas absurdas, como la de la inversión privada en Pemex, en donde el 89% de la inversión es privada a través de ésta fórmula de Pidiregas que integra la formación del capital de la empresa. Hay por ahí un fondo, un fideicomiso no aclarado por el Gobierno Federal en un banco de Nueva York, el “Master CrossFond”, por más de 30 mil millones de dólares que habría que preguntarle al gobierno y a Pemex ¿qué garantizan esos recursos y por qué no se pone en conocimiento del pueblo de México?
El Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigación de la materia se ha desmantelado, y respecto a las conversaciones en el ASPAN, en esta alianza de seguridad y prosperidad de América del Norte entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México poco sabemos de los acuerdos a que se han llegado en materia petrolera, de hidrocarburos y de petroquímica básica.
Quiero decir por qué esta reforma, desde mi punto de vista, es una reforma privatizadora. Tengo diez razones para sostenerla:
Uno.- Considero que se privatiza porque se entregaría a inversionistas nacionales, pero principalmente extranjeros fases o partes de la industria petrolera que han estado reservadas al sector público.
Dos.- Se compartirían decisiones en la explotación del petróleo e hidrocarburos y petroquímica, habría por lo tanto dos tipos de industria: una industria particular y una industria petrolera pública, habría que decir que la industria particular estaría protegida claramente por convenios, como el de la agencia multilateral de garantía a Inversiones MIGA en donde los inversionistas privados estarían protegidos aún de las expropiaciones. Es decir, el concepto de área estratégica y monopolio del Estado queda desvanecido con estas iniciativas.
Tres.- Las relaciones entre Pemex y los particulares se podrán regir no solamente por el derecho público, sino también por el derecho privado, las controversias se podrán ventilar ante tribunales extranjeros y con el derecho extranjero.
Cuarto.- Las empresas podrán ser propietarias y los empresarios nacionales y extranjeros de instalaciones, equipos, ductos y aún de refinerías.
Quinta.- En los contratos de desempeño, implican éstos contratos de desempeño compartir los beneficios de la explotación de los recursos, son una suerte de contratos de riesgo que quedaron prohibidos desde la Reforma Constitucional de 1960.
Sexto.- Algunos funcionarios de Pemex, como los consejeros profesionales, dos de ellos estarán exentos de las mismas responsabilidades del resto de los funcionarios públicos, y los niveles de transparencia que propone las iniciativas serán menores al de los entes públicos del país.
Séptimo.- En realidad de tratarse de una autonomía de gestión, como propone la Ley Orgánica de Pemex, se trata de un régimen de excepción; es decir, se trata de configurar a Pemex como una corporación privada, alejada totalmente de los esquemas del derecho público mexicano. También hay otra razón muy importante,
La octava, se abandona con estas iniciativas una reserva que hizo el Estado mexicano en el capítulo VI del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En este capítulo el Estado mexicano se reservó para sí las fases de producción y explotación de la cadena productiva del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica.
Está México con estas iniciativas, que pretende Calderón, abandonar la reserva que ya hicimos en el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no solamente serán inconstitucionales las reformas, sino también serán contrarias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otro punto muy importante.
El punto noveno, de ¿por qué se privatiza, tiene que ver con los yacimientos? México ha celebrado con los Estados Unidos dos tratados en materia de yacimientos transfronterizos, y la iniciativa de Calderón está proponiendo dos cosas: que las relaciones no sean de Estado a Estado en la aplicación de éstos tratados, sino que sean de Estado a particulares y, por otra parte, está proponiendo la Reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27, que esas relaciones puedan ventilarse no a través del derecho público, sino del derecho privado.
Finalmente como décima razón de ¿por qué son privatizadoras estas iniciativas? Es porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial Mexicano tendrán menos competencias a favor de los intereses privados.
Ahora quiero referirme a por qué son inconstitucionales estas reformas. Comienzo con la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Esta ley propone en su artículo 22 un comité de transparencia y auditoría. Este comité de transparencia y auditoría tendrá facultades para regular adquisiciones; es decir, atribuciones legislativas o cuasi legislativas que solamente le corresponden al Congreso de acuerdo al artículo 134 de la Constitución.
Esta Ley propone un comité de remuneraciones en su artículo 24 para fijar salarios de los altos funcionarios de Pemex. Según la Constitución para fijar los salarios de los altos funcionarios es una atribución que le corresponde a la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto y al Congreso cuando se fijan en ley posterior, según lo establecido en el artículo 126 de la Constitución.
También esta Ley Orgánica de Pemex limita las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría Interna de Pemex en el artículo 29 y solamente les da competencia para verificar la normatividad aplicable. Las principales funciones de fiscalización estarán en manos de un comité de tres personas: el Comité de Transparencia y Auditoría, esto puede violar los artículos 113, 134, y 79 de la Constitución.
La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos propone cuatro consejeros profesionales adicionales, dos de ellos no estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades, es decir, serán servidores públicos que no tendrán el mismo nivel de responsabilidades que el resto de los funcionarios públicos, seguramente se está proponiendo esto para que estos funcionarios no declaren su declaración patrimonial, o no presenten su declaración patrimonial, seguramente piensan invitar a estos cargos a gente como Carlos Slim o algún empresario importante.
En el artículo 36 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos hay una excepción al régimen de responsabilidades, lo que viola todo el título cuarto de la Constitución. Se conceden a PEMEX, en el artículo 38, fracción segunda, facultades para endeudarse externamente, lo que viola el artículo 73, fracción octava de la Constitución, pues es el Ejecutivo, según el 73, fracción octava, el que puede realizar, el que puede pactar empréstitos con el exterior.
Respeto a los bonos ciudadanos, previstos en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, además de que los bonos ciudadanos serán manejados por intermediarios financieros, se le dan a la Secretaría de Hacienda importantes atribuciones para regular estos bonos ciudadanos. Según la Constitución, en el artículo 73, fracción 11, los servicios de intermediación financiera corresponde regularlos no a Hacienda, sino al Congreso de la Unión. En materia de adquisiciones la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos está proponiendo que las adquisiciones puedan realizarse sin licitación pública, lo que viola el artículo 134 de la Constitución.
En materia de contratos de desempeño, el artículo 46 está sujetando estos contratos de desempeño a los beneficios de la extracción, es decir, son similares a los contratos de riesgos que están prohibidos desde 1960, por el artículo 27 Constitucional.
En materia de transparencia, en los artículos 47 y 48 no se cumplen los extremos de la reforma al artículo sexto constitucional para garantizar el principio de máxima publicidad. Y respeto al artículo 49, de esa Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, se viola el principio de área estratégica, soberanía y seguridad contemplado en los artículos 25 y 28, en tanto que se podrá aplicar para dirimir controversias el derecho extranjero y lo podrán hacer tribunales extranjeros.
Respecto a la segunda reforma, a la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay que decir que en un artículo de esta reforma, la Ley Orgánica de la Administración Pública, se conceden facultades a la Secretaría de Energía en el artículo 33, fracción séptima, para otorgar y revocar concesiones, es decir, se está violando directamente la letra de la Constitución, lo previsto en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Respecto a la Ley Reglamentaria del artículo 27, en el ramo del petróleo, existen distintas disposiciones contrarias a la Constitución. Por ejemplo, en el artículo segundo se propone reducir el significado de área estratégica, ya lo decía hace un momento el doctor Arturo Saldívar, no puede una Ley Reglamentaria establecer los contenidos de la Constitución.
Y aquí el artículo segundo dice: que el área estratégica se entenderá lo que establezca esta ley, no lo que establezca la Constitución. Vacías de contenidos, el artículo 28 constitucional. Respecto al artículo cuarto de la Ley Reglamentaria al artículo 27 se permiten los permisos en transporte, almacenamiento y distribución.
Hay que decir, Arturo, que no solamente están prohibidas las concesiones y los contratos, sino también los permisos porque el artículo 28 considera al petróleo, a los hidrocarburos y a la petroquímica básica dentro de las áreas estratégicas, y en áreas estratégicas no pueden concederse permisos. Respeto a la Ley Reglamentaria también, en el artículo cuarto, se establece la propiedad de instalaciones, equipos, ductos y refinerías, totalmente contrario al espíritu de la expropiación petrolera.
El artículo cuarto A de la Ley Reglamentaria del artículo 27 propone, respecto a yacimientos transfronterizos, que el Estado Mexicano pueda aplicar los tratados internacionales en la materia con particulares, violentando el artículo 133 de la Constitución.
El artículo séptimo de la Ley Reglamentaria del artículo 27 establece también la posibilidad de permisos para reconocer y explorar posibilidades petrolíferas. Y el artículo 12 de esa Ley Reglamentaria contempla la posibilidad de que en materia de permisos y contratos las relaciones entre PEMEX e inversionistas pueda regularse mediante el derecho privado y aplicando el derecho extranjero.
Respecto a la ley de la Comisión Reguladora de Energía, las reformas que se están proponiendo violan la Constitución también. Por ejemplo, en materia de precios de las ventas de primera mano el Estado pierde el control bajo determinadas condiciones. Como dice el artículo tres de esa propuesta, cuando existan condiciones de competencia efectiva, los precios de las ventas de primera mano estarán sujetos a la libertad del mercado.
Y el artículo décimo de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía permite o establece permisos para el transporte, almacenamiento, distribución, violando los artículos 27, 25, 28 de la Constitución.
Finalmente, respecto a la Ley de la Comisión del Petróleo, hay que decir que esta ley incrementa la burocracia nacional, habrá cinco comisionados, desde luego sin participación del Congreso, nombrados por el Ejecutivo, que tendrán dentro de sus funciones otorgar permisos para la ejecución, funcionamiento, desmantelamiento de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación del petróleo, es decir, se pierde esta posibilidad de controlar el proceso productivo en materia de petróleo e hidrocarburos de las que nos hablaba Arturo Saldívar.
Y otra cosa que me preocupó, muy llamativa en este ley, prevista en el artículo octavo, es que esta ley está estableciendo que habrá una suerte de superregistro público de la propiedad privada pública y social, este superregistro de la propiedad privada y social en violación al artículo 124 de la Constitución, participará en materia de expropiaciones para determinar la expropiación por causas de utilidad pública.
Como ustedes pueden ver, se trata de cinco iniciativas totalmente inconstitucionales. Quiero decir, para finalizar, que estas iniciativas no enfrentan los más importantes problemas de la industria petrolera del país.
Como ya se ha dicho en otras mesas, estas iniciativas no proponen nada respecto a la corrupción del sindicato petrolero, ni respecto a la corrupción entre la alta burocracia con PEMEX, y los contratistas, son reformas que no buscan democratizar al sindicato de PEMEX, no son propuestas concebidas desde la transparencia y la rendición de cuentas, más bien alientan la opacidad y favorecen la ausencia de controles; no son reformas que estén incorporando en serio a la sociedad civil en la toma de decisiones trascendentes en PEMEX, por eso el nombramiento de consejeros y de comisionados, en ello no solamente se olvida al Congreso, sino también al a sociedad civil.
No se trata de modificaciones legales que fortalezcan las competencias del Poder Legislativo y judicial Mexicano, más bien la reducen a favor de tribunales extranjeros y del derecho extranjero, y limitan competencia del Poder Legislativo Mexicano, como en materia de adquisiciones, responsabilidades y otras.
No son reformas que propongan medidas para racionalizar administrativamente las funciones de PEMEX, no son modificaciones que respondan al problema del destino de los excedentes petroleros; no son propuestas inscritas en la racionalidad y austeridad administrativa de PEMEX; no son propuestas interesadas en promover la investigación científica y tecnológica a cargo del Instituto Mexicano del Petróleo.
No son reformas orientadas a fortalecer la inversión pública en el organismos descentralizado y sus funciones; no son planteamientos que quieren recuperar pozos abandonados o que fijen reglas, para la explotación íntegra de los mismos.
No son propuestas que promuevan fuentes alternas de energía, no es una reforma que atienda al petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica como un instrumento geoestratégico que nos permita mantener relaciones igualitarias con los vecinos del norte.
No es una modificación legal que salvaguarde la seguridad energética del país, son, en síntesis, iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal, carente de vínculos con la Constitución, con la historia de México y con las grandes mayorías del país. Muchas gracias.