Source: http://www.unfpa.org/derechos/guatemala.htm
Timestamp: 2014-07-24 19:21:05
Document Index: 197652368

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 27', 'artículo 23']

Historial de presentación de informes a los Comités de Tratados Recomendaciones de los Comités por Áreas Programáticas Población y Desarrollo Salud Sexual y Reproductiva Promoción de la Igualdad de Género Recomendaciones de los Comités por Grupos de Población Pueblos Indígenas Adolescentes y Jóvenes Personas con Discapacidad Informes de las vistas de los Relatores Especiales Principales instancias de derechos humanos
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, es designada por el Congreso de la República y esta integrada por un diputado de cada partido político representando en el correspondiente periodo. Esta comisión tiene atribución constitucional de proponer al pleno del congreso la terna de la cual deberá escogerse al magistrado de conciencia. El Procurador de los Derechos Humanos es electo por el pleno del Congreso de la República por un periodo improrrogable de cinco años. La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de los Derechos Humanos le fija otras atribuciones relacionadas con programas de promoción y enseñanza de derechos humanos, con especial énfasis en investigaciones, campañas de divulgación y publicaciones; relación con instituciones orientadas a la misma actividad; participación en eventos internacionales; divulgación del informe anual, elaboración del presupuesto y funciones administrativas internas. También el Procurador de los Derechos Humanos cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, asociaciones en asuntos de su interés y toda la ciudadanía. Asimismo, el señalamiento de hechos contrarios al marco protector de los derechos humanos, las denuncias de violación a esos derechos fundamentales, que corresponden a esas instituciones y personas, relaciona íntimamente con la función de proceso, investigación y resolución de las mismas que corresponde al Procurador. En contraparte, el respeto a las decisiones del Magistrado de Conciencia por parte de las autoridades, es indispensable para que la Procuraduría se fortalezca y sea eficaz. La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos es una entidad del gobierno, dependiente directamente de la Presidencia de la República creada para lograr la mejor coordinación de la acción de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo para hacer ejecutiva la vigencia y protección de los derechos humanos; así como garantizar la comunicación y cooperación de el Ejecutivo con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos , en lo que corresponde a tales derechos. Está integrada por un representante personal del Presidente de la República, quien la preside, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Gobernación, el jefe del Ministerio Público y el coordinador de la comisión de la paz.
La Secretaría Presidencial de la Mujer se encarga de asesorar y apoyar al Presidente de la República en los programas y proyectos para la promoción y adopción de las políticas pública inherentes al desarrollo integral de las mujeres propiciando para tal efecto condiciones de equidad entre hombres y mujeres, atendiendo a la diversidad sociocultural del país; Vela por la observancia y aplicación de los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales que se refieran a la mujer; vela por el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en los organismos e instancias internacionales y en los Acuerdos de Paz.
La Secretaría de Bienestar Social es responsable de administrar y ejecutar las políticas del Gobierno de la República en materia de bienestar social; desarrollando acciones coherentes y eficaces destinadas a fortalecer la familia y brindar protección a niños, niñas y adolescentes, dentro de un marco de desarrollo integral de la persona humana. Promover acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la niñez y adolescencia guatemalteca.
Entrada en vigor Revisión de informe más reciente Informes pendientes CESCR
17, 18-07-01 3°
17-02-83
24, 27-02-06 CEDAW
11-09-82
21, 22-11-00, 24-11-00
4°, 5°
3°, 4° Recomendaciones de los Comités por Áreas Programáticas [A continuación se presenta una selección de las recomendaciones relativas a los temas que conciernen el mandato de UNFPA, incluidas en las observaciones finales por parte de los Órganos de Tratados a los informes presentados por el país. Es posible que una misma recomendación corresponda a más de uno de los criterios de clasificación. Las recomendaciones que se presentan corresponden a la revisión más reciente en cada caso, y es posible que no siempre reflejen la realidad actual.]
Comité de los Derechos del Niño, 27º período de sesiones (mayo 2001) El Comité examinó el segundo informe periódico de Guatemala (CRC/C/65/Add.10), y aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
El Comité recomienda que el Estado Parte siga elaborando un sistema para la reunión de datos y de indicadores desglosados por sexo, edad, grupos indígenas y minoritarios, y por zona urbana o rural, que tenga en cuenta las disposiciones de la Convención. Ese sistema debería incluir a todos los menores de 18 años y prestar especial atención a los niños especialmente vulnerables, entre ellos los de los grupos indígenas; los niños víctimas de abusos, abandono o malos tratos; los niños con discapacidades; los niños desplazados; los niños que tienen conflictos con la justicia; los niños que trabajan; los niños víctimas de explotación sexual con fines comerciales; los niños adoptados y los niños que viven en las calles y en las zonas rurales. Asimismo, alienta al Estado Parte a que utilice esos datos e indicadores para formular políticas y programas que permitan el eficaz cumplimiento de la Convención. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 35° período de sesiones (15 de mayo a 2 de junio de 2006). El Comité examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6).
El Comité pide al Estado parte que mejore la reunión de datos desglosados por sexo y la utilización de esos datos como indicadores con el fin de hacer un seguimiento más eficaz del progreso en la aplicación de la Convención. Esos datos deben servir de base para formular programas y políticas eficaces y para evaluar el efecto de las medidas adoptadas y la evolución de la situación de la mujer a lo largo del tiempo.
Comité de Derechos Humanos, 72º período de sesiones (9 al 27 de julio de 2001). El Comité de Derechos Humanos examinó el segundo informe periódico de Guatemala (CCPR/C/GTM/99/2 y HRI/CORE/1/Add.47) y aprobó los comentarios siguientes.
El Estado Parte tiene el deber de garantizar el derecho a la vida (art. 6) de las mujeres embarazadas que deciden interrumpir su embarazo, proporcionándoles la información y los medios necesarios para garantizarles sus derechos, y enmendando la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, salvo peligro de muerte de la madre. Al Comité le preocupa la subsistencia de una disposición legal que exime de pena al autor de un estupro si contrae matrimonio con la víctima, así como la persistencia en la legislación de la condición de que una mujer ha de ser honesta para que se configuren los elementos de dicho delito. El Estado Parte debe proceder a la inmediata abolición de dicha legislación, la cual es incompatible con los artículos 3, 23, 26, y 2 (3) del Pacto. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31º período de sesiones (10 a 28 de noviembre de 2003). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Guatemala y aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité recomienda al Estado Parte que tome medidas para reducir la mortalidad infantil y materna y en particular que intensifique la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Sexual, que preste más ayuda y proporcione formación a las parteras, que organice campañas de información sobre la salud reproductiva y sexual de la mujer y que incluya esas cuestiones en los planes de estudio escolares.
Para prevenir la mortalidad y la morbilidad infantiles y para reducir las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad, el Comité recomienda que se presten servicios adecuados de atención prenatal y puerperal y se organicen campañas para proporcionar a los padres de familia información básica sobre la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental, la planificación de la familia y la salud reproductiva.
El Comité sugiere que se realice un estudio multidisciplinario de gran amplitud que permita comprender la extensión de los problemas de salud de los adolescentes, entre los que se cuentan los efectos negativos de las enfermedades sexualmente transmisibles y del VIH/SIDA, como base para elaborar políticas y programas al respecto. Se recomienda también que el Estado Parte adopte otras medidas, entre ellas la asignación de suficientes recursos humanos y económicos, para evaluar la eficacia de los programas de educación sanitaria, especialmente de salud reproductiva, y para crear servicios confidenciales de orientación, atención y rehabilitación que tengan en cuenta las necesidades especiales de los jóvenes y no requieran el consentimiento de los padres cuando persigan el interés superior del niño.
Con el fin de cumplir con los artículos 3, 25 y 26, el Estado Parte debe tomar las medidas pertinentes para mejorar la participación de las mujeres, si es preciso mediante la adopción de programas de medidas positivas e informar al Comité sobre el resultado de dichos programas.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31º período de sesiones (10 a 28 de noviembre de 2003). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Guatemala y aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité pide al Estado Parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y de las jóvenes, en el acceso al empleo, en la igualdad de salario por trabajo igual y en el acceso a la tierra y al crédito. El Comité insta al Estado Parte a hacer que aumente el nivel de representación de las mujeres en los servicios públicos.
El Comité insta al Estado Parte a luchar contra la violencia de la que es víctima la mujer, en particular mediante la aplicación efectiva de la legislación sobre la violencia en el hogar y mediante la realización de campañas de sensibilización destinadas a luchar contra las prácticas y prejuicios negativos tradicionales y contra sus efectos y consecuencias. A este respecto, el Comité insta al Estado Parte a modificar el Código Penal tipificando como delito la violencia en el hogar.
El Comité recomienda al Estado Parte que intensifique sus programas y actividades destinados a luchar contra la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, particularmente de los grupos marginados y vulnerables, incluyendo las poblaciones indígenas.
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 35° período de sesiones (15 de mayo a 2 de junio de 2006). El Comité examinó el sexto informe periódico de Guatemala (CEDAW/C/GUA/6).
El Comité insta al Estado parte a que establezca una estrategia eficaz con prioridades y plazos claros para reformar debidamente disposiciones discriminatorias de los Códigos Civil, Penal y Laboral, a fin de que estén en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención. El Comité alienta al Gobierno a asegurar que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer tengan la autoridad y los recursos humanos y financieros necesarios para desarrollar campañas de concienciación para que en las ramas legislativa y judicial se comprendan plenamente los derechos humanos de las mujeres, a la luz de lo dispuesto en la Convención.
El Comité recomienda al Estado parte que refuerce los mecanismos nacionales, especialmente la Secretaría Presidencial de la Mujer, dotándolos de las competencias y los recursos humanos y financieros necesarios para mejorar su eficiencia en el cumplimiento de su mandato a todos los niveles, en particular de la capacidad adecuada para lograr una cooperación mejor y más eficaz entre todas las entidades gubernamentales encargadas de aplicar la Convención.
El Comité alienta al Estado parte a que asuma claramente la responsabilidad de cumplir todas las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención. También alienta al Estado parte a que mejore la colaboración con los grupos y las organizaciones de mujeres, pero sin delegar en esos interesados las responsabilidades que le competen con respecto a la aplicación de la Convención.
El Comité insta al Estado parte a que intensifique su labor para determinar las causas y el alcance de la trata de mujeres y niñas, desde su perspectiva como país de origen, tránsito y destino, y la incidencia de la trata dentro del país. Recomienda al Estado parte que refuerce las medidas para combatir y prevenir la trata de mujeres y niñas y que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre el efecto de esas medidas.
El Comité insta al Estado parte a que adopte sin demora todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos y las desapariciones de mujeres y a la impunidad de los perpetradores. A ese respecto, sugiere al Estado parte que tenga en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la investigación que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo Facultativo, hizo sobre el secuestro, la violación y el asesinato de mujeres en la zona de Ciudad Juárez en Chihuahua (México) (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). Alienta al Estado parte a que institucionalice la Comisión para el Abordaje del Femicidio como órgano permanente con recursos humanos y financieros propios. Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, facilite información detallada sobre las causas, el alcance y la magnitud de la desaparición, la violación y el asesinato de mujeres y sobre el efecto de las medidas adoptadas para prevenir esos casos, investigar los incidentes, procesar y castigar a los culpables y ofrecer recursos, en particular indemnizaciones apropiadas, a las víctimas y sus familiares.
El Comité insta al Estado parte a que preste atención prioritaria a la adopción de un enfoque amplio e integrado para hacer frente a la violencia contra la mujer y la niña, teniendo en cuenta la recomendación general 19 del Comité relativa a la violencia contra la mujer. Insta al Estado parte a que apruebe las reformas pendientes del Código Penal para tipificar como delito la violencia intrafamiliar y asigne los recursos necesarios para la aplicación del Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres 2004-2014. Le recomienda que imparta capacitación a los funcionarios públicos sobre la violencia contra la mujer, en particular a las fuerzas de orden público y el personal del sistema judicial, el personal docente y los servicios de atención de la salud, a fin de concienciarlos sobre todas las formas de violencia contra la mujer para que puedan responder adecuadamente a ese tipo de situaciones.
El Comité pide al Estado parte que acelere el proceso de reforma de la Ley electoral y de partidos políticos y refuerce el uso de medidas temporales especiales, como la aplicación de cuotas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, para aumentar el número de mujeres, en particular de mujeres indígenas, que participan en la vida política y pública y ocupan cargos decisorios. Sugiere al Estado parte que ponga en marcha programas de capacitación en liderazgo dirigidos a las mujeres, con el fin de ayudarles a ocupar puestos directivos y decisorios en la sociedad. Insta al Estado parte a que organice campañas de
concienciación dirigidas a mujeres y hombres para contribuir a la eliminación de los estereotipos asociados con los papeles tradicionales del hombre y de la mujer en la familia y en la sociedad en general y promover el empoderamiento político de la mujer.
El Comité sugiere al Estado parte que haga un estudio para determinar el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de las mujeres y que estudie la posibilidad de adoptar medidas compensatorias teniendo en cuenta los derechos humanos de la mujer.
El Comité insta al Estado parte a que procure que todos los programas y políticas de erradicación de la pobreza incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, en particular las que viven en el medio rural. Recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos por ejecutar programas educativos y sanitarios eficaces en todo el país, particularmente en las esferas de la alfabetización funcional, el fomento de las empresas, la capacitación y la microfinanciación, como medio de atenuar la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, 68º período de sesiones (20 de febrero al 10 de marzo de 2006). El Comité examinó los informes periódicos 8º a 11° de Guatemala que se presentaron refundidos en un solo documento (CERD/C/469/Add.1) y adoptó las siguientes observaciones finales.
El Comité exhorta al Estado Parte que apruebe el proyecto de política nacional denominada ‘Por una Convivencia Armónica e Intercultural’ encaminada a eliminar la discriminación racial. Recomienda igualmente que tome medidas especiales como establece el artículo 2.2 de la Convención a favor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y afro descendientes. Asimismo el Comité recomienda que se intensifiquen las acciones de coordinación de apoyo entre las diferentes instituciones que se dedican a la lucha contra la discriminación racial tales como la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala y el Ministerio de Educación.
El Comité recomienda que el Estado parte adopte una ley específica que tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial así como todo acto de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes existentes en el Estado parte.
El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general 23, apartado 4 d), recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer indígena en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas particularmente los xinca y garifuna, participen en todos los niveles. Asimismo urge a que se enmiende la Ley electoral y de partidos políticos de tal manera que promueva la participación política de todos los pueblos indígenas.
Teniendo en cuenta su recomendación general 23 relativa a los derechos de los pueblos indígenas, en particular el párrafo 5, el Comité exhorta al Estado parte a que tome medidas que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras y territorios. En los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se hayan ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de aquellas poblaciones, el Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas para que dichas tierras les sean devueltas. El Comité asimismo urge a que agilice el proceso de adopción del proyecto de la Ley de Catastro Nacional para que se identifiquen y demarquen las tierras comunales indígenas. El Comité recomienda al Estado parte que al tomar decisiones relacionadas directamente con los derechos e intereses de los pueblos indígenas se esfuerce en obtener su consentimiento con conocimiento de causa como se establece en la Recomendación general 23, párrafo 4d). El Comité recomienda igualmente que el Estado parte incluya, antes de adoptar la Ley reguladora del Procedimiento Consultivo, una cláusula referente al derecho de consulta de los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos con el fin de asegurar su consentimiento por tales medidas.
El Comité siente preocupación con respecto a la alegación del Estado Parte en cuanto a que sus preceptos constitucionales le impiden dar debido cumplimento a las disposiciones del Pacto, lo cual lo ha llevado, por ejemplo, al desconocimiento de algunos derechos de los miembros de las comunidades indígenas. El Estado Parte no debería aducir las limitaciones de su Constitución como motivo para el incumplimiento del Pacto, sino que debe elaborar las reformas necesarias para lograr dicho cumplimiento. El Estado Parte debe seguir con sus esfuerzos para facilitar a los miembros de las comunidades indígenas el disfrute de todos los derechos que recoge el artículo 27 del Pacto, así como expedir una legislación completa dirigida a este fin. Debe también vigilar que la aplicación de esa legislación mejore la situación de los miembros de las comunidades indígenas en la práctica y no únicamente en la legislación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31º período de sesiones (10 a 28 de noviembre de 2003). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Guatemala y aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos por combatir la discriminación contra las poblaciones indígenas, particularmente en los ámbitos del empleo, los servicios de salud, la propiedad de la tierra, la idoneidad de la nutrición, la vivienda y la educación.
El Comité alienta al Estado parte a que adopte medidas concretas y específicas para acelerar el mejoramiento de las condiciones de las mujeres indígenas en todas las esferas de la vida. Pide al Estado parte que asegure el pleno acceso de las mujeres indígenas a una educación bilingüe, servicios de atención de la salud e instituciones de crédito y su plena participación en los procesos de adopción de decisiones. Pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, incluya información y datos sobre la situación de las mujeres indígenas y sobre el efecto de las medidas que haya adoptado para superar las múltiples formas de discriminación de que son objeto.
adolescentes y Jóvenes Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 31º período de sesiones (10 a 28 de noviembre de 2003). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe periódico de Guatemala y aprobó las siguientes observaciones finales.
A la luz de lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas para que se vigile la situación de los niños con discapacidades a fin de hacer una buena evaluación de sus necesidades y que emprenda campañas de sensibilización de la población en todos los idiomas, especialmente en los de los indígenas, para crear conciencia de la situación y de los derechos de esos niños. Además, recomienda que el Estado Parte asigne los recursos necesarios para los programas y servicios destinados a todos los niños discapacitados, especialmente los que viven en las zonas rurales, y elabore programas comunitarios que les permitan permanecer en el seno de la familia. Asimismo, se recomiendan programas de apoyo a los padres de niños con discapacidades, que incluyan servicios de orientación y, si es necesario, ayuda económica. Teniendo en cuenta las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General) y las recomendaciones del Comité aprobadas el día de su debate general sobre "los derechos de los niños con discapacidades" (véase el documento CRC/C/69), reitera también (CRC/C/15/Add. 58, párr. 38) que el Estado Parte debe seguir promoviendo la integración de los niños con discapacidades en el sistema de educación regular y en la sociedad, por ejemplo, proporcionando capacitación especial a sus maestros y tratando de facilitar su entrada a las escuelas. El Comité recomienda que el Estado Parte solicite asistencia técnica a la OMS, entre otros organismos.
Informes de las visitas de los relatores especiales
Comisión de Derechos Humanos, 62º período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler. Misión a Guatemala (26 de enero a 4 de febrero de 2005)
Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones. Informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Misión a Guatemala (26 de junio al 12 de julio de 2004)
Comisión de Derechos Humanos, 61º período de sesiones. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk. Misión a Guatemala (9 al 14 de febrero de 2004)
Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2001/57 de la Comisión Adición. Misión a Guatemala (1º a 11 de septiembre de 2002)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de la Mujer. Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (2001), "Los Derechos de la Mujer"
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. Visita In Loco a Guatemala
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala (2003) IV La Situación de los Pueblos Indígenas. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 5 rev. 1. 29 diciembre 2003.