Source: http://lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATJUE14092016.html
Timestamp: 2018-01-19 11:30:39
Document Index: 332443838

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 89', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9']

LA JUSTICIA EUROPEA VE ILEGAL ENCADENAR CONTRATOS TEMPORALES PARA CUBRIR PUESTOS PERMANENTES EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD
RESUMEN DE LA SENTENCIA DEL TJUE de 14-9-2016
Procedimientos acumulados entre Florentina y Servicio Vasco de Salud (asunto C‑184/15) y entre Juan Carlos y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (asunto C‑197/15),
- Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18-3-1999, sobre el trabajo de duración determinada.
- Estas peticiones se han presentado en el marco de sendos litigios entre, por un lado, la Sra. Florentina y el Servicio Vasco de Salud, en relación con las renovaciones de su nombramiento de duración determinada y con la legalidad de la resolución por la que se puso fin a dicho nombramiento, y, por otro, entre el Sr. Juan Carlos y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación con la calificación jurídica de su relación de servicio y con la legalidad de la resolución mediante la que finalizó dicha relación.
- A tenor del artículo 1 de la Directiva 1999/70, ésta tiene por objeto «aplicar el Acuerdo marco [...] que figura en el anexo, celebrado [...] entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».
- El artículo 2, párrafo primero, de dicha Directiva establece:
- Con arreglo a la cláusula 1 del Acuerdo marco, éste tiene por objeto, por un lado, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otro, establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.
- La cláusula 3 del Acuerdo marco, con la rúbrica «Definiciones», establece:
- La cláusula 5 del Acuerdo marco, titulada «Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», tiene el siguiente tenor:
«1.- A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
2.- Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:
- Con arreglo a la cláusula 8, apartado 5, del Acuerdo marco
«la prevención y la resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación del presente Acuerdo se resolverán de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las prácticas nacionales.»
- El artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que incluye la definición de los diferentes tipos de personal al servicio de las Entidades locales, tiene el siguiente tenor:
- Con arreglo al artículo 15, apartado 1, del E.T., en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, el contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada. Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:
- En virtud del artículo 15, apartado 3, del E.T.
- Con arreglo al artículo 15, apartado 5, del E.T.
los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.
- La disposición adicional 15ª del E.T. tiene el siguiente tenor:
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público, superando el correspondiente proceso selectivo.[...]»
- El 2-2-2010, la Sra. Florentina fue nombrada personal estatutario temporal eventual en la categoría de auxiliar administrativo para prestar servicios de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria. Este nombramiento fue objeto de 13 prórrogas, ninguna de las cuales incluía una motivación específica, salvo una genérica mención a «necesidades de servicio». El 1-10-2012 se cesó a la Sra. Florentina.
- El recurso contencioso interpuesto por la Sra. Florentina fue desestimado por sentencia de 30-7-2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Bilbao.
- La Sra. Florentina interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el TSJ del País Vasco, alegando una infracción del artículo 9, apartado 3, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, ya que considera que los tres supuestos que recoge dicha disposición no pueden fundirse en una única categoría global para motivar la existencia de un nombramiento de duración determinada.
- El 1-12-1993, el Sr. Juan Carlos celebró con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un contrato de trabajo de duración determinada para la prestación de servicios como arquitecto. Dicho contrato finalizó el 30-11-1994.
- El 1-12-1995, se celebró un nuevo contrato laboral de duración determinada entre las mismas partes.
- El 22-1-1998, se le nombró funcionario interino del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- El 10-11-1998, se dio por finalizada la relación de servicio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con efectos al 31-12-1998 por conclusión del mencionado programa de ordenación urbana.
- el 11-1-1999, se revocó la resolución de 10-11-1998
- Mediante Decreto de 10-12-2012, se puso fin con carácter definitivo a la relación de servicio del Sr. Juan Carlos con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con efectos al 31-12-2012.
- El recurso contencioso interpuesto por el Sr. Juan Carlos fue desestimado por sentencia de 23-9-2013 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz.
- El Sr. Juan Carlos interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el TSJ del País Vasco, alegando, en particular, que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no se había pronunciado sobre la naturaleza laboral o administrativa de su relación de servicio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- En los dos asuntos prejudiciales, el tribunal remitente observa ante todo que los recurrentes en los litigios principales están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/70.
En los dos asuntos se ha producido una utilización abusiva de la contratación de duración determinada.
1).- La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18-3-1999, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28-6-1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo, a menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez nacional comprobar.
2).- Lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70, en relación con el principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a normas procesales nacionales que obligan al trabajador con contrato de duración determinada a ejercitar una nueva acción para que se determine la sanción apropiada cuando una autoridad judicial ha declarado la existencia de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, en la medida en que de ellas se derivan para dicho trabajador inconvenientes procesales en forma, en particular, de costes, de duración y de normativa de representación procesal, que pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico de la Unión.
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