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Timestamp: 2018-06-20 07:46:47
Document Index: 356017555

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Textos aprobados - Miércoles 25 de abril de 2007 - Medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual ***I - P6_TA(2007)0145
Procedimiento : 2005/0127(COD)
Ciclo relativo al documento : A6-0073/2007
A6-0073/2007
PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18
PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
P6_TA(2007)0145
Miércoles 25 de abril de 2007 - Estrasburgo Edición definitiva
Medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual ***I
P6_TA(2007)0145 A6-0073/2007
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2007, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))
(Procedimiento de codecisión: primera lectura)
– Vista la propuesta modificada de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0168)(1) ,
– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0233/2005),
– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0073/2007),
2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;
3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.
(1) Pendiente de publicación en el DO.
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 25 de abril de 2007 con vistas a la adopción de la Directiva 2007/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual
P6_TC1-COD(2005)0127
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 95,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(1) ,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2) ,
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3) ,
(1) El Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior presentado por la Comisión el 15 de octubre de 1998 constató que la usurpación de marca y la piratería se han convertido en un fenómeno de dimensión mundial con importantes repercusiones en el plano económico y social y en términos de protección de los consumidores, en particular por lo que se refiere a la salud y la seguridad públicas. Se ha elaborado un plan de acción para el seguimiento del Libro Verde, plan que figura en la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social de 30 de noviembre de 2000.
(2) El Consejo Europeo de Bruselas de 20 y 21 de marzo de 2003 instaba en sus conclusiones a la Comisión y a los Estados miembros a mejorar la explotación de los derechos de propiedad intelectual adoptando medidas contra la usurpación de marca y la piratería.
(3) A nivel internacional, los Estados miembros y la Comunidad están vinculados, en lo concerniente a los asuntos de su competencia, por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC"), aprobado por la Comunidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio, mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo(4) . El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, en particular, disposiciones penales que constituyen normas comunes aplicables a nivel internacional, pero las disparidades entre Estados miembros siguen siendo demasiado importantes y no permiten luchar eficazmente contra las infracciones de la propiedad intelectual, en particular, en sus manifestaciones más graves. Ello acarrea la pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la reducción de las inversiones en innovación y creación.
(4) La Comisión también adoptó en noviembre de 2004 una Estrategia de aplicación de los derechos de propiedad intelectual para los países terceros.
(5) La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual(5) establece medidas, procedimientos y recursos de carácter civil y administrativo. Lo dispuesto en dicha Directiva debe completarse con disposiciones penales suficientemente disuasorias aplicables en todo el territorio de la Comunidad. Es necesario aproximar algunas disposiciones penales con el fin de luchar eficazmente contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. Incumbe al legislador comunitario adoptar las medidas penales necesarias para garantizar la plena eficacia de las normas que adopta en materia de protección de la propiedad intelectual según se define en la presente Directiva y, en cualquier caso, con exclusión de la materia relativa a las patentes .
(6) Sobre la base de la Comunicación de la Comisión relativa a una respuesta aduanera a la fabricación y la piratería adoptada en octubre de 2005, el Consejo adoptó una Resolución el 13 de marzo de 2006 en la que destacó que los objetivos de la Estrategia de Lisboa solo pueden "alcanzarse mediante el buen funcionamiento del mercado interior junto con medidas adecuadas para fomentar la inversión en la economía basada en el conocimiento" y "reconoce la amenaza que representa el importante aumento de la falsificación y la piratería para la economía de la Unión basada en el conocimiento y en particular para la salud y la seguridad (…)".
(7) En su Resolución de 7 de septiembre de 2006 sobre la falsificación de medicamentos, el Parlamento Europeo estima que la Comunidad Europea debe dotarse urgentemente de los medios necesarios para luchar eficazmente contra las prácticas ilícitas en el ámbito de la piratería y de la falsificación de medicamentos .
(8) Procede efectuar una aproximación, en particular, en lo referente al nivel de las penas impuestas a las personas físicas y jurídicas autoras o responsables de las mismas. Esta aproximación debe comprender las penas de privación de libertad, multa y decomiso.
(9) Con respecto a las personas acusadas de las infracciones establecidas en la presente Directiva, a la hora de elucidar su intención de vulnerar el derecho de propiedad intelectual de que se trate, debe tenerse en cuenta en qué medida la persona acusada tenía, antes de la infracción, razones fundadas para alegar que dicho derecho de propiedad intelectual no era válido.
(10) Deben establecerse disposiciones que faciliten las investigaciones penales. Los Estados miembros deben establecer la cooperación de los titulares de los derechos de propiedad intelectual con los equipos conjuntos de investigación, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión marco del Consejo 2002/465/JAI, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (6) . La participación de los titulares de derechos de propiedad intelectual consiste en prestar apoyo, sin que ello afecte a la neutralidad de las investigaciones oficiales.
(11) Con el fin de facilitar las investigaciones o los procesos penales relativos a infracciones de la propiedad intelectual, éstos no deben depender de la declaración o acusación de una víctima de la infracción.
(12) En la definición de los delitos y sus penas, y también durante las investigaciones y los procedimientos judiciales, deben respetarse plenamente los derechos proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(13) La presente Directiva no cuestiona los regímenes de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet previstos en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (7) y en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (8) .
(14) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.
(15) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos principalmente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En particular, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 2, de esta Carta.
(16) Es necesario garantizar la adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del sector audiovisual, con arreglo a lo indicado en la Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 1998, relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (9) .
La presente Directiva establece las medidas penales necesarias para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, según se definen más adelante, en el contexto de la falsificación y la piratería .
Estas medidas se aplican a los derechos de propiedad intelectual, con exclusión de la materia relativa a las patentes, previstos por la legislación comunitaria.
Los derechos de propiedad industrial basados en una patente no se verán afectados por lo dispuesto en la presente Directiva.
En especial, la presente Directiva no se aplicará a ninguna infracción de un derecho de propiedad intelectual relacionado con:
– las patentes, los modelos de utilidad y los derechos sobre las variedades vegetales, incluidos los derechos derivados de los certificados de protección complementaria,
– la importación paralela de artículos originales desde un tercer país con el acuerdo del titular del derecho.
a) "derechos de propiedad intelectual", uno o varios de los siguientes derechos:
– derechos de autor,
– derechos afines a los derechos de autor,
– derecho sui generis del creador de un banco de datos,
– derechos de los creadores de topografías de productos semiconductores,
– derechos relativos a las marcas, siempre que su protección al amparo del Derecho penal no afecte a las normas del mercado libre y a las actividades de investigación ,
– derechos relativos a los diseños y modelos,
– indicaciones geográficas,
– nombres comerciales, en caso de estar protegidos por derechos de exclusiva en la correspondiente legislación nacional,
– y, en cualquier caso, los derechos, previstos a escala comunitaria, relativos a las mercancías a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n° 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (10) y, de cualquier manera, con exclusión de las patentes;
b) "vulneración cometida a escala comercial", toda vulneración de un derecho de la propiedad intelectual para conseguir ventajas comerciales, con exclusión de los actos efectuados por usuarios privados con fines personales y no lucrativos;
c) "vulneración intencionada de un derecho de propiedad intelectual", la vulneración deliberada y consciente del mencionado derecho efectuada para sacar un provecho económico a escala comercial;
d) "persona jurídica" toda entidad jurídica que disfrute de esta condición en virtud del Derecho nacional aplicable, salvo los Estados y demás organismos públicos que intervengan en el ámbito del ejercicio de su prerrogativa de poder público, así como las organizaciones internacionales públicas.
Los Estados miembros velarán por calificar de infracción penal toda vulneración intencional de un derecho de propiedad intelectual cometida a escala comercial, así como la complicidad y la instigación a la comisión de dicha infracción.
Las sanciones penales no se aplicarán a los casos de importación paralela de artículos originales que han sido comercializados con el acuerdo del titular del derecho en un país fuera de la Unión Europea .
Los Estados miembros adoptarán las medidas que se impongan para que el uso razonable de una obra protegida, incluido su uso mediante la reproducción como copia o reproducción sonora o por cualquier otro medio para críticas, comentarios, información, enseñanza (incluidas copias múltiples para su utilización en las aulas), formación o investigación, no constituya una infracción penal.
Naturaleza de las sanciones
1. Para las infracciones contempladas en el artículo 3, los Estados miembros impondrán las siguientes sanciones:
a) para personas físicas, penas privativas de libertad;
b) para personas físicas y jurídicas:
i) multas penales para personas físicas y multas penales o no penales para personas jurídicas ;
ii) decomiso del objeto, los instrumentos y los productos procedentes de las infracciones o de bienes cuyo valor corresponda a dichos productos.
2. Para las infracciones contempladas en el artículo 3, los Estados miembros preverán asimismo la imposición, cuando proceda, de las siguientes sanciones:
a) la destrucción de los bienes, incluidos materiales o equipos utilizados para vulnerar un derecho de propiedad intelectual;
b) la clausura total o parcial, definitiva o temporal, del establecimiento que haya servido para cometer la infracción de que se trate;
c) la prohibición permanente o temporal del ejercicio de actividades comerciales;
d) la colocación bajo control judicial;
e) la disolución judicial;
f) la prohibición del acceso a las ayudas y subvenciones públicas;
g) la publicación de las decisiones judiciales;
h) una orden por la que se requiere el pago, por parte del infractor, de los gastos de conservación de la mercancía incautada.
Nivel de las sanciones
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando hayan sido cometidas por personas físicas, las infracciones contempladas en el artículo 3 sean punibles con una pena máxima de al menos 4 años de privación de libertad, cuando estas infracciones revistan gravedad con arreglo al artículo 3, punto 5, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (11) , o hayan sido cometidas en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión marco 2007/.../JAI … [ relativa a la lucha contra la delincuencia organizada] o cuando dichas infracciones supongan un riesgo para la salud o la seguridad de las personas.
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que pueda imponerse a las personas físicas o jurídicas responsables de las infracciones contempladas en el artículo 3 sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Estas sanciones comprenderán multas penales y no penales:
a) de un máximo de al menos 100 000 EUR para los casos distintos de los casos a que se refiere el apartado 1 ;
b) de un máximo de al menos 300 000 EUR para los casos más graves, en particular los mencionados en el apartado 1.
3 . Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones cometidas de forma reiterada por personas físicas o jurídicas en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometan las infracciones contempladas en el artículo 3 se tengan en cuenta para determinar el nivel de las sanciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Poderes de decomiso ampliados
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir el decomiso total o parcial de los bienes pertenecientes a una persona física o jurídica condenada de acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo , de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito(12) , cuando dichas infracciones revistan gravedad con arreglo al artículo 3 punto 5, de la Directiva 2005/60/CE, o se hayan cometido en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión marco 2007/.../JAI … [relativa a la lucha contra la delincuencia organizada] o cuando dichas infracciones supongan un riesgo para la salud o la seguridad de las personas.
Utilización abusiva de los derechos
Los Estados miembros velarán por que, mediante medidas penales, civiles y procesales, se prohiba y sancione toda utilización abusiva de amenazas de sanciones penales.
Los Estados miembros prohibirán los abusos procesales, especialmente cuando las medidas penales se utilizan para cumplir los requisitos del Derecho civil.
Derechos de los demandados
Los Estados miembros velarán por que los derechos de los demandados estén debidamente protegidos y garantizados.
Equipos conjuntos de investigación
1. Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos de propiedad intelectual en cuestión o sus representantes, así como los expertos, puedan colaborar en las investigaciones realizadas por los equipos conjuntos de investigación sobre las infracciones contempladas en el artículo 3.
2. Los Estados miembros establecerán medidas de salvaguardia adecuadas para garantizar que esta colaboración no comprometa los derechos de los acusados y que no afecte, por ejemplo, a la veracidad, la integridad o imparcialidad de las pruebas.
3. Durante las investigaciones y los procedimientos judiciales deberán respetarse plenamente el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo a la protección de los datos de carácter personal, y la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (13) .
Derecho a recibir información de las autoridades policiales
Los Estados miembros velarán por que, en caso de las autoridades policiales incauten bienes u obtengan otras pruebas de infracción, pongan estas pruebas a disposición para su uso en el marco de los juicios civiles pendientes o previstos contra los presuntos infractores incoados por el titular de los derechos ante un órgano jurisdiccional en la Unión Europea y, en caso de que sea posible, que dichas autoridades informen al titular de los derechos en cuestión o a su representante de que se encuentran en posesión de dichos bienes o pruebas. Los Estados miembros podrán disponer que toda comunicación de pruebas al titular de los derechos sea objeto de un acceso razonable, de medidas de seguridad y de otras disposiciones que permitan garantizar la integridad de las pruebas y que se evite cualquier problema en relación con los procedimientos penales que pudieran incoarse.
Inicio de la acción penal
Los Estados miembros garantizarán que la posibilidad de iniciar investigaciones o actuaciones penales relativas a las infracciones contempladas en el artículo 3 no dependa de la declaración o acusación de una persona víctima de la infracción, al menos si los hechos se han cometido en territorio del Estado miembro.
Incorporación al Derecho Interno
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones necesarias para atenerse a la presente Directiva a más tardar el ...(14) . Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones y una tabla de correspondencias entre éstas y las disposiciones de la presente Directiva.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros adoptarán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Por el Parlamento Europeo	Por el Consejo
El Presidente	El Presidente
(1) DO C [...] de […], p. […].
(2) DO C [...] de […], p. […].
(3) Posición del Parlamento Europeo de 25 de abril de 2007.
(4) DO L 336 de 23.12.1994, p. 1.
(5) DO L 157 de 30.4.2004, p. 45. Corrigendum publicado en el DO L 195 de 2.6.2004, p. 16.
(6) DO L 162 de 20.6.2002, p. 1.
(7) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
(8) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
(9) DO L 320 de 28.11.1998, p. 54.
(10) DO L 196 de 2.8.2003, p. 7.
(11) DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
(12) DO L 68 de 15.3.2005, p. 49.
(13) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) n° 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(14) * Dieciocho meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva.
Última actualización: 8 de febrero de 2011 Aviso jurídico