Source: https://issuu.com/concejodecali/docs/cartillla_del_servidor_p_blico
Timestamp: 2017-10-18 11:33:38
Document Index: 223981571

Matched Legal Cases: ['Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 33', 'Artículo 122', 'Artículo 180', 'Artículo 83', 'Artículo 48', 'artículo 50', 'artículo 43', 'Artículo 110', 'Artículo 278', 'artículo 48', 'artículo 32', 'artículo 51', 'artículo 57', 'Artículo 175', 'artículo 48', 'artículo 177', 'artículo 58', 'artículo 182', 'artículo 60', 'artículo 278', 'Artículo 175', 'Artículo 57', 'Artículo 150', 'artículo 69']

Cartilla del Servidor Público by OSCAR RAMIREZ - issuu
“CARTILLA DEL SERVIDOR PÚBLICO”
Cali, Febrero de 2013
1. Notas de presentación …………..………………………………………………
2. Introducción……………………………………………………………………….
3. Responsabilidad del Servidor Público.………………………………………..
4. Responsabilidad Disciplinaria del Servidor Público…………………………
5. Proceso Disciplinario….…………………………………………………………
6. Representaciones gráficas del proceso disciplinario….………………………
1. Proceso Disciplinario – Tipos……………………………………………… 2. Proceso Ordinario – Etapas y Términos Procesales……………………. 3. Proceso Ordinario:- Etapa y Decisiones…………………………………. 4. Trámite General del Proceso Ordinario………………………………….. 5. Trámite de la Suspensión Provisional…………………………………….
7. Glosario……………………………………………………………………………
8. Concejales………………………………………………………………………..
9. Nivel directivo…..………………………………………………………………..
10. Referencias Bibliográficas...…………………………………………………..
a. Normativa………….………………………………………………………… b. Jurisprudencia…….………………………………………………………… c. Bibliográficas…………………………………………………………………
1. NOTAS DE PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN CONCEJO DE CALI En el régimen jurídico colombiano, el derecho disciplinario es “una rama esencial al funcionamiento del Estado enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas”, no es una creación legal ni una interpretación de la jurisprudencia, es una vertiente del derecho público que tiene origen en la Constitución Política, y ha sido desarrollado legalmente por la jurisprudencia al amparo de las normas constitucionales que lo erigen como una disciplina autónoma e independiente, en especial deslindada del derecho penal y el derecho administrativo. Se puede afirmar que el desarrollo histórico de la normativa del derecho disciplinario está íntimamente ligado a dos temas: por una parte, el control de la corrupción y, por otra, el establecimiento de derechos, deberes y características del empleo a nivel estatal en todos los ámbitos territoriales, generando en consecuencia una condición de dispersión inicial en el campo normativo que solo hasta 1995 se consolida en un solo cuerpo. Para los doctrinantes, la Ley 200 de 1995 representó un cambio trascendental en la legislación colombiana, constituyó el primer intento de reforma de la normativa disciplinaria que consolidó en un documento el régimen de faltas, sanciones y también los procedimientos, destacándose la finalidad del deber funcional del servidor público en cumplimiento de los llamados fines esenciales del Estado. Como resultado de la experiencia anterior, la aparición de la Ley 734 de 2002 implicó la modernización de esta rama del saber legal al lograr finalmente desligarse del derecho penal y el derecho administrativo puro, creando finalmente una disciplina particular. Con la expedición del Estatuto Anticorrupción –Ley 1474 de 2011-, se incluyen modificaciones de trascendental importancia en el campo disciplinario que propugnan una administración pública transparente, que responda únicamente a los fines esenciales del Estado. Se pretende que este documento se convierta en herramienta de apoyo para quienes tienen en sus manos la titánica labor de velar por el cumplimiento de la función pública y los fines esenciales del Estado enarbolando las banderas de la lucha contra la corrupción, como garantes de la sociedad.
PRESIDENTE CONCEJO DE CALI El Concejo Municipal de Santiago de Cali, a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario, se complace en presentar a ustedes un instrumento pedagógico denominado “Cartilla del Servidor Público”. Se espera que éste instrumento se constituya una herramienta eficaz de prevención, formación y consulta permanente cuando considere necesario ahondar en el estudio de los conceptos básicos que trata las conductas de los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas y regula la conducta de los mismos para que estén ajustados a la Constitución, los Tratados Internacionales relativos a derechos humanos, la Ley y los Reglamentos. El documento se encuentra desarrollado en un lenguaje sencillo para facilitar su comprensión por parte de todos los servidores y servidoras de nuestra entidad. La oficina de Control Interno Disciplinario, consciente de la responsabilidad que asume el Servidor en el marco de sus funciones, es por ello que la acción Disciplinaria cumple una función preventiva y punitiva, por eso los invito a asumir una actitud preventiva frente a los hechos que puedan eventualmente llegar a constituir conductas que trasciendan en el ámbito disciplinario, visión que se ajusta en mayor medida a los fines que persigue el derecho disciplinario: más prevención y menos sanción. Con el régimen disciplinario se buscó y se encontró fortalecer la autonomía e independencia del régimen disciplinario, y dejó de ser este un rey de burlas para convertirse en una herramienta clave para la administración pública. Con esto puedo afirmar que la solidez de esta independencia y autonomía es eficaz y eficiente a la hora de imponer sanciones, con esta ciencia sistemática se deben sentar bases para una administración justa e igualitaria para poder proscribir la arbitrariedad. Lo que pretendemos con esta cartilla es aportar un granito de arena más para la aproximación del servidor público a la normativa disciplinaria.
AMANDA BORRERO HURTADO Jefe de la Oficina Control Interno Disciplinario
2. INTRODUCCIÓN En la actualidad, al hablar y reflexionar acerca de la naturaleza de la función disciplinaria, implica en primer lugar, el reconocimiento de la regla fundamental denominada relación especial de sujeción como categoría jurídica esencial que permite explicar el vínculo existente entre el servidor público y el Estado. De esta cláusula se deriva igualmente la facultad que ostenta la administración para el encauzamiento de la conducta oficial de quienes se hallan al servicio del Estado, la corrección de los comportamientos que se apartan de los fines esenciales de la gestión pública y la capacidad para imponer las sanciones a que haya lugar cuando se presentan conductas que afectan o ponen en riesgo la buena marcha de la administración. Debe reconocerse entonces, que el servidor público, además de contar con unas actitudes y capacidades especiales, ostenta una posición jurídica distinta, superior a la de los particulares, la cual se traduce desde el ámbito disciplinario, en una categoría especial de responsabilidades o deberes que debe atender mientras ejerza el cargo o desempeñe la función pública confiada. Podemos apreciar que a partir de la Ley 734 de 2002, el derecho disciplinario toma un nuevo rumbo como independiente y autónomo, donde expresa que puede complementarse en caso de vacíos con las demás legislaciones, y que el régimen disciplinario es principal por su naturaleza y los demás son subsidiarios y complementarios , pues es así como la Corte Constitucional y las demás corporaciones le han dado autonomía, pero aún le es aplicado las mismas garantía y principios del Derecho Penal, ya como dijimos al principio que es debido a su naturaleza sancionatoria, es por eso que podemos decir que está ligado con esta área, pero por si está totalmente escindida de esta, por lo que hablar de derecho disciplinario es hablar de una perniciosa identificación propia como tal, aunque sea imperioso utilizar las instituciones del derecho Penal. Se busca entonces con esta, abordar la temática desde la vista preventiva, lo que compromete una presentación de los atributos que deben rodear al buen servidor público, el significado y alcance de la función disciplinaria y el contenido práctico sustantivo y procedimental del proceso disciplinario que comprenda las fases o etapas que se surten en el proceso ordinario y verbal. Este práctica cartilla pretende que a partir del conocimiento de estos tópicos se logre el objetivo de la prevención de conductas que den lugar a sanciones disciplinarias, y que en caso de presentarse alguna situación que origine la actuación disciplinaria, los servidores y servidoras de la oficina de Control Interno Disciplinario de la corporación estén en capacidad de asumir de la mejor manera posible el proceso disciplinario. Se pretende sistematizar de la manera más sencilla posible la función disciplinaria y el proceso disciplinario como instrumento legal de aplicación de la ley disciplinaria, procurando abarcar la doble dimensión teórico-práctica en una perspectiva de diálogo permanente en el
que el protagonista sea el propio servidor. La idea principal de esta cartilla, es que solo quien conoce sus derechos los puede ejercer, de suerte que se busca que los servidores de esta oficina, comprendamos la complejidad que rodea en cada momento nuestra labor, las fuentes de la responsabilidad que lo cobijan, las consecuencias legales que se desprenden del servicio público y el trámite de los procesos disciplinarios, como pilares fundamentales de la prevención de conductas que puedan dar lugar a las sanciones que la ley establece en este campo del derecho sancionador. Por ello se abandona el lenguaje técnico jurídico y procuran definiciones y explicaciones sencillas que faciliten la comprensión general de la temática, buscando llegar a todas y todos los servidores de la corporación, es decir, que se trata de una herramienta pedagógica hecha para no abogados, sin perjuicio de que se pueda también contribuir en algo a estos profesionales, a quienes desde ya les rogamos su comprensión, dada la simplicidad de los textos.
AMANDA BORRERO HURTADO Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario
3. RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO
El Servidor Público ostenta actitudes y capacidades especiales que lo han distinguido históricamente en esta difícil pero honrosa función ante la sociedad. Se trata ni más ni menos que de una persona que sobresale por su vocación de servicio a la comunidad, que en la mayor de las veces configura su proyecto de vida, se antepone a sus intereses personales y le exige en ocasiones un esfuerzo mayor. Cuando se falla en el desempeño de la función o cargo, el Servidor Público puede verse sometido a diversos juicios de responsabilidad, aun cuando se trate del mismo hecho, así por ejemplo, si la conducta desplegada por el Servidor reviste las características de un delito corresponde a la Fiscalía General de la Nación la labor de investigación y acusación ante los Jueces de la República a quienes concierne adelantar su juzgamiento. Ahora, si la conducta que se atribuye al servidor se encuentra prevista en algún estatuto jurídico penal internacional del cual forme parte nuestro Estado, como es el caso de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario, en virtud del principio de complementariedad, los órganos competentes bien pueden llegar a juzgarlo, evento que se presenta básicamente cuando se evidencian fallas insalvables en los órganos judiciales internos que conlleven riesgo de impunidad. Si el hecho además constituye falta disciplinaria, la oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad, la Personería Distrital o Municipal o la Procuraduría General de la Nación, según el caso, lo pueden investigar disciplinariamente y en caso de hallarlo responsable, aplicarle la sanción correspondiente. Si el asunto tiene que ver con la administración, manejo y custodia de bienes y recursos públicos, la Contraloría Municipal y/o Distrital, Departamental o General de la República le pueden iniciar al Servidor Público un juicio por responsabilidad fiscal.
En aquellos eventos en los cuales la entidad pública sea condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar un daño antijurídico causado por un servidor público de dicho órgano, como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa atribuible a éste, procede la acción de repetición contra el Servidor, es decir, que en este caso, la responsabilidad del Servidor se extiende a lo patrimonial. 4. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PUBLICO. El derecho disciplinario busca principalmente encauzar el comportamiento oficial de los Servidores Públicos hacia el logro de los fines esenciales del Estado, así como el aseguramiento de la función pública de conformidad con los principios de moralidad, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficiencia y eficacia. Es decir que los servidores públicos en ejercicio de las funciones y atribuciones del cargo que desempeñan, cumplan bien y fielmente con los deberes que les impone la Constitución Política, los Instrumentos Internacionales acogidos por Colombia, la ley y los reglamentos, a lo que se agrega que tampoco pueden hacer aquello que está prohibido. Cuando los Servidores Públicos llevan a cabo comportamientos contrarios al marco general de sus funciones y atribuciones legales, incurren en falta disciplinaria por acción, y cuando no hacen lo que tienen que hacer se incurre en la falta por omisión del deber funcional, pero si el Servidor más allá de lo que le corresponde hacer y su conducta deriva en una afectación trascendente de la función pública, la falta se realiza por extralimitación en el ejercicio del cargo o función. Entonces las sanciones que se contemplan en el ámbito disciplinario cumplen la doble función de prevención y corrección comportamental en infracciones al deber funcional por acción, omisión o extralimitación en conductas que den lugar al quebrantamiento del régimen legal, violación de las prohibiciones y los impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, observando en cada caso el grado de riesgo o afectación que su conducta apresta para la buena marcha de la administración. Ahora, las bases fundamentales que rigen el marco de la conducta oficial de los Servidores Públicos en el desempeño del cargo o función, encuentra su cimiento en las siguientes categorías jurídicas: a. Deberes. Artículo 34 Ley 734 de 2002. b. Prohibiciones. Artículo 35 Ley 734 de 2002. c. Derechos. Artículo 33 Ley 734 de 2002. d. Inhabilidades. Artículo 122 Constitución Política, Modificó Acto Legislativo 01 de 2009. e. Incompatibilidades. Artículo 180 Constitución Política de Colombia. f. Impedimentos. g. Conflicto de interés. Artículo 83 Constitución Política de Colombia. Según el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002, adicionada por la Ley 1474 de 2011)
las faltas disciplinarias se clasifican en: Faltas gravísimas (Artículo 48 CDU): Se encuentran expresamente señaladas en la ley, esfuerzo que se justifica en la medida que corresponden a las conductas que mayor daño le causan a la administración y que a la vez suponen la más grave sanción que en disciplinaria se puede imponer a los Servidores Públicos que sean hallados responsables de infringir el ordenamiento jurídico disciplinario en el desempeño del cargo o en el ejercicio de las funciones públicas, la cual dependiendo de la forma subjetiva de realización de la conducta (dolo o culpa), va desde la suspensión e inhabilidad especial hasta la destitución del cargo e inhabilidad general para ocupar cargos públicos de 10 a 20 años. Los numerales más destacados son: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. 3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga. 17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales. Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de inhabilidad, incompatibilidad, o conflicto de intereses. 18. Contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en las normas vigentes. 30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. No efectuar oportunamente e injustificadamente, salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar opor-
tunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF. 31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. 38. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales. 39. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. 40. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. 43. Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a personas no autorizadas. 49. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previstas con sanción de remoción o destitución, o como causales de mala conducta. 56. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa. 64. Adicionado por la Ley 1474 de 2011. Sin perjuicio de la adopción de las medidas previstas en la Ley 1010 de 2006, cometer, directa o indirectamente, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, acto arbitrario e injustificado contra otro servidor público que haya denunciado hechos de corrupción. De igual manera, en el artículo 50 del Código Disciplinario Único indica que constituye falta grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de
las funciones o la violación del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución y la ley, señalándose enseguida, que para determinar la gravedad o levedad de la falta se debe acudir a los siguientes criterios establecidos en el artículo 43 del mismo estatuto, los cuales permiten determinar la gravedad o levedad de la falta disciplinaria: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
El grado de culpabilidad. La naturaleza esencial del servicio. El grado de perturbación del servicio. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en él investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. 7. Los motivos determinantes del comportamiento. 8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos. 9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, será considerada falta grave. Ahora bien, la conducta en materia disciplinaria se puede realizar con dolo, culpa gravísima o culpa grave. La conducta es dolosa cuando el servidor conoce el marco general de sus deberes, se encuentra en una situación apropiada para el pleno cumplimiento de sus funciones, es decir, que no se presentan circunstancias que desestabilicen o afecten significativamente su libre proceder y, sabe además, que está obrando en contrario, reflejando de esta manera su intencionalidad de quebrantar el ordenamiento jurídico. La culpa gravísima tiene lugar cuando se incurre en la falta disciplinaria por ignorancia supina, entendida como negligencia en aprender o averiguar lo que puede y debe saber el Servidor en el ejercicio del cargo o función que desempeña en la administración pública. También tiene lugar cuando el Servidor obra con desatención elemental o violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa grave se presenta cuando el Servidor incurre en la falta disciplinaria por inobservancia, desobediencia o quebranto del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, con lo cual se quiere significar que el ejercicio de la función pública supone como mínimo el cuidado, la diligencia y la atención que la persona del común tiene en cuenta al momento de realizar cualquier cosa. Destitución e inhabilidad general: Faltas gravísimas dolosas y faltas gravísimas con culpa gravísima.
Suspensión e inhabilidad especial: Faltas gravísimas con culpa grave y faltas graves dolosas. Suspensión: Falta grave con culpa grave. Multa: Falta leve dolosa. Amonestación escrita: Falta leve con culpa grave. La destitución del cargo supone: a) La terminación de la relación del servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección. b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, numeral 1, de la Constitución Política. Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. Artículo 278.1. Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
c) La terminación del contrato de trabajo. d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. Si la falta se estima como gravísima pero se realiza con culpa grave o se trata de una falta calificada como grave realizada con dolo, la sanción a imponer es la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para el ejercicio de función pública entre 30 días y doce meses, es decir, que la persona queda suspendida, no puede ir a ocupar otro cargo en la administración y tampoco recibe remuneración alguna. En este caso, las dos sanciones que se imponen al Servidor Público implican en el plano material la separación del ejercicio del cargo o función en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y además la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo, cargo que de todas maneras tampoco puede
ejercer al hallarse suspendido. Si por el contrario la falta se califica como grave pero se realiza con culpa grave la sanción que se puede imponer al Servidor Público es únicamente la suspensión en el ejercicio del cargo entre 30 días y doce meses. Nótese entonces, que en este caso al no preverse la inhabilidad especial o general para el ejercicio de funciones públicas, el Servidor bien podría ocupar otro cargo en la administración, hecho que si bien no se encuentra prohibido si puede constituir al menos una contrariedad a la ética o la moralidad pública. La multa es una sanción de carácter pecuniario que se impone solo cuando la falta se considera leve y se realiza a título de dolo, y de acuerdo a lo previsto en el Código Disciplinario Único, no podrá ser inferior al valor de diez (10), ni superior al de ciento ochenta (180) días del salario básico mensual devengado por el Servidor al momento de la comisión de la falta. La ley disciplinaria también establece que si la sanción consiste en suspensión pero el Servidor ya se encuentra retirado de la entidad, el tiempo de sanción se convierte en salarios para hacerla efectiva, pudiéndose acudir en este caso, al cobro coactivo. Finalmente, si la falta disciplinaria se estima como leve y se realiza con culpa grave, la sanción que corresponde es la simple amonestación escrita que implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. En todo caso, el Estado a través del operador jurídico disciplinario interno, las Personería o la Procuraduría General, dispone solamente de cinco (5) años para adelantar la correspondiente investigación y como consecuencia de ésta aplicar el correctivo disciplinario pertinente, contados estos desde la fecha de comisión del hecho, pues de no hacerlo en este tiempo se pierde la potestad sancionadora, prescribe la acción y se debe archivar el proceso a favor del Servidor investigado. Solo cuando la conducta investigada refiera una de las graves violaciones a los derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario consagradas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 del Código Disciplinario Único (ley 734 de 2002), o cuando se trate de hechos relacionados con la omisión, retardo u obstaculización e la tramitación de la actuación disciplinaria originada en faltas gravísimas cometidas por los servidores públicos o la omisión o retardo en la formulación de la denuncia de faltas gravísimas o delitos dolosos, preterintencionales o culposos investigables de oficio de que tenga conocimiento en razón del cargo o función, este tiempo se puede extender hasta los doce (12) años. Lo mismo ocurre con la sanción, pues si esta no se ejecuta en el término fijado en la ley disciplinaria, la misma pierde toda su efectividad y se queda en el mero antecedente disciplinario, salvo que se trate por ejemplo de una inhabilidad intemporal o permanente.
De esta manera, en el artículo 32 del CDU se dispone el plazo máximo que tiene la administración para hacer efectiva las sanciones disciplinarias es de cinco (5) años, contados desde la fecha en la cual cobra ejecutoria el fallo, salvo que se trate de una inhabilidad general, pues en este caso como la sanción va desde los diez (10) hasta los veinte (20) años, el término para su ejecución se extiende hasta que se cumpla el tiempo fijado. A lo anterior debe agregarse que solo las sanciones disciplinarias que han sido impuestas a los Servidores Públicos en el ejercicio de sus funciones, previo el trámite de un proceso disciplinario tramitado conforme a las disposiciones legales pertinentes, constituye ANTECEDENTE DISCIPLINARIO, es decir, que los llamados de atención o memorando de carácter interno no constituyen antecedentes. En este mismo sentido, también se puede afirmar que el trámite que se genera como consecuencia de la aplicación del artículo 51 de la ley 734 de 2002, que según se ha explicado, tiene cabida cuando el hecho que se imputa al Servidor no trasciende la órbita interna de la dependencia, dando lugar únicamente al correctivo administrativo que se ampara en la facultad que ostenta el superior para impartir las órdenes pertinentes, llamar la atención de sus colaboradores, establecer las directrices y fijar las pautas de procedimiento, tampoco constituye antecedente disciplinario. 5. PROCESO DISCIPLINARIO Los procesos disciplinarios son válidos únicamente cuando se garantizan estos principios, entre lo que podemos destacar los siguientes: 1. Legalidad 2. Ilicitud sustancial 3. Debido proceso 4. Efecto general de las normas procesales 5. Reconocimiento de la dignidad humana 6. Presunción de inocencia 7. Gratuidad de la actuación 8. Ejecutoriedad 9. Celeridad de la actuación 10. Culpabilidad 11. Favorabilidad 12. Igualdad ante la ley disciplinaria 13. Función de la sanción disciplinaria 14. Derecho de defensa 15. Proporcionalidad 16. Motivación 17. Integración normativa
Los procesos disciplinarios se originan cuando se presenta alguna de las siguientes circunstancias: 1. Queja. Cualquier ciudadano o ciudadana cuando considere que se presentan irregularidades en la prestación del servicio, así como omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de las funciones por parte de los Servidores Públicos. La queja disciplinaria no exige mayores requisitos, incluso es válido el anónimo cuando contiene hechos concretos, es decir, cuando se trate de conductas disciplinariamente relevantes y de posible ocurrencia. El quejoso no tiene la calidad jurídica de sujeto procesal, por ello su participación en el proceso disciplinario es limitada, en general, puede intervenir en la actuación presentando y ampliando la queja, aportando las pruebas que tenga en su poder y cuando se decida la terminación del proceso mediante archivo o se profiera fallo absolutorio, es obligación notificarle el contenido de la providencia y otorgarle la posibilidad material de recurrir la decisión, para lo cual podrá conocer y obtener copia del expediente. 2. Informe Es deber de todos los servidores públicos informar a las autoridades competentes, la ocurrencia de hechos irregulares que afecten la administración. El no cumplimiento de éste deber puede dar lugar a la comisión de falta disciplinaria por parte del servidor que conoció el hecho y omitió presentar el informe pertinente. 1. Copias En el curso de las investigaciones disciplinarias el órgano de control interno disciplinario puede advertir la ocurrencia de otras conductas disciplinables, por lo cual puede ordenar oficiosamente la compulsa de copias para que se investiguen por separado los hechos.
PROCEDIMIENTO VERBAL: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO VERBAL. El artículo 57 de la Ley 1474 de 2011 modificó el Artículo 175 de la Ley 734 de 2002, y es aquel que se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve. También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley. En los eventos contemplados en los incisos anteriores, se citará a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos. En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia. PROCEDIMIENTO VERBAL. El artículo 177 de la Ley 734 de 2002 fue modificado por el artículo 58 de la Ley 1474 de 2011, luego que se haya calificado el procedimiento a seguir conforme a las normas anteriores, el funcionario competente, mediante auto que debe notificarse personalmente, ordenará adelantar proceso verbal y citará a audiencia al posible responsable. En el auto que ordena adelantar proceso verbal, debe consignarse la identificación del funcionario cuestionado, el cargo o empleo desempeñado, una relación sucinta de los hechos reputados irregulares y de las normas que los tipifican, la relación de las pruebas tomadas en cuenta y de las que se van a ordenar, lo mismo que la responsabilidad que se estima puede caber al funcionario cuestionado. La audiencia debe iniciar no antes de cinco (5) ni después de quince (15) días de la fecha del auto que la ordena. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Al inicio de la audiencia, a la que el investigado puede asistir solo o asistido de abogado, podrá dar su propia versión de los hechos y aportar y solicitar pruebas, las cuales serán practicadas en la misma diligencia, dentro del término improrrogable de tres (3) días. Si no fuere posible hacerlo se suspenderá la audiencia por el término máximo de cinco (5) días y se señalará fecha para la práctica de la prueba o pruebas pendientes. Las pruebas se practicarán conforme se regulan para el proceso ordinario, haciéndolas compatibles con las formas propias del proceso verbal. Podrá ordenarse la práctica de pruebas por comisionado, cuando sea necesario y procedente. La negativa a decretar y practicar pruebas, por inconducentes, impertinentes o superfluas, debe ser motivada.
El director del proceso podrá ordenar un receso, por el tiempo que estime indispensable, para que las partes presenten los alegatos de conclusión, el cual será de mínimo tres (3) días y máximo de diez (10) días. De la misma manera podrá proceder en aquellos eventos que no estén previstos y que hagan necesaria tal medida. Contra esta decisión no cabe ningún recurso. De la audiencia se levantará acta en la que se consignará sucintamente lo ocurrido en ella. Todas las decisiones se notifican en estrados. PROCEDIMIENTO ESPECIAL El procedimiento especial se encuentra en el artículo 182 de la ley 734 de 2002 y adicionado por el artículo 60 de la Ley 1474 de 2011. También es verbal o en audiencia, se surte ante el Procurador General de la Nación se presenta cuando la conducta por la cual se proceda de alguna de las previstas en el numeral 1º del artículo 278 de la Constitución Política, también para los casos en que su competencia para disciplinar sea en única instancia. PROCEDIMIENTO ORDINARIO El procedimiento ordinario es entonces aquel se surte comúnmente de manera escrita, en tres etapas procesales conocidas como indagación preliminar, investigación y juzgamiento disciplinario, concluyéndose con el fallo de primera o única instancia. El proceso ordinario empieza normalmente con la decisión de apertura de la indagación o la investigación disciplinaria y concluye con el fallo de primera, única o segunda instancia, sin embargo, en cualquier etapa del proceso se puede ordenar la terminación la actuación anticipada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió. 2. Cuando se establezca que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió o que existe una causal de exclusión de responsabilidad 3. Cuando se verifique que la actuación no podía iniciarse o proseguirse por ejemplo, por prescripción de la acción disciplinaria o muerte del servidor investigado. La decisión de terminación anticipada del proceso disciplinario se debe notificar en forma personal al investigado y a su apoderado, si lo tuviere. Durante todo el proceso disciplinario, el Servidor Público investigado debe estar rodeado de las plenas garantías del debido proceso y hallarse garantizado su derecho de defensa, lo que supone además, los derechos a conocer la actuación, obtener copia del proceso, interponer los recursos establecidos en la ley, designar defensor que puede ser abogado titulado o estudiante de consultorio jurídico, aportar, solicitar e intervenir en la práctica de las pruebas.
6. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO 1.Proceso Disciplinario – Tipos.
Artículo 175 Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 57 de la Ley 1474 de 2011.
Artículo 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DISCIPLINARIO TIPOS TIPOS
2. Proceso Ordinario – Etapas y Términos Procesales.
Proceso Proceso Disciplinario Disciplinario Ordinario Ordinario Etapa Etapa yy Términos Términos Procesales Procesales
Queja Informe Cargos Cargos
Indignación Preliminar
Archivo Proceso Verbal FIN
FIN Descargos Descargos
66 meses meses 12 meses: DH-DIH
66 meses meses 12 meses: art num. 5 al 11 Mes 1/3:: 2 o más faltas -2 o mas inculpados
10 días Pruebas Pruebas
90 días Fallo Fallo 11
20 días Fallo Fallo 22
3. Proceso Ordinario:- Etapas y Decisiones.
Proceso Proceso Disciplinario Disciplinario Ordinario Ordinario Etapa Etapa yy Decisiones Decisiones
Queja Informe Apertura Apertura
Absolutorio Absolutorio
Sancionatorio Sancionatorio
Variación De Cargos SUSPENSIÓN PROVICIONAL: 33 meses meses prolongables prolongables (3 (3 meses meses +3 +3 meses) meses)
4. Trámite General del Proceso Ordinario. Queja Queja informa informa
Análisis de Requisitos Si Relevancia Disciplinaria
Fin Inhibitorio Fin Inhibitorio
Si Indagación Indagación preliminar preliminar
Proceso Proceso Verbal Verbal
Duda Si Investigación Investigación Disciplinaria Disciplinaria
1 Prueba Del Hecho 2 Prueba De Responsabilidad
Cargos Archivos Archivos
Si Fase Fase Probatoria Probatoria Varios Cargos
a Fallo Fallo 22a instancia instancia
No a Fallo Fallo 11a instancia instancia
Si Alegatos finales
5. Trámite de la Suspensión provisional. |
Procedimiento Ordinario Etapas Etapas de de investigación investigación
Inicio Inicio Del Del Tramite Tramite
Etapas Etapas de de juzgamiento juzgamiento
Procedimiento Verbal Auto Auto de de citación citación de de Audiencias Audiencias
Tipo De Faltas1 Gravísimo Grave
1 Reiteración de la Falta 2. Continuación Comisión de la falta 3 Interferencia en la investigación
Causal Si Suspensión Suspensión Provisional Provisional Si
Reintegro Reintegro
3 Meses Cierre de la investigación
Si FIN FIN
ACCIÓN DISCIPLINARIA. Facultad que poseen la propia administración y en general todos los ciudadanos y ciudadanas para acudir ante las autoridades con competencia disciplinaria para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar y se impongan las sanciones disciplinarias del caso, contra servidores públicos cuando incurran con conductas en el desempeño de la función que den lugar a la comisión de falta disciplinaria, por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio las funciones o atribuciones del cargo. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. Oportunidad procesal en la que el disciplinado o su apoderado le manifiestan al operador disciplinario sus apreciaciones finales acerca de la forma en que debe dictarse el fallo, indicándole las razones y fundamentos. AMONESTACIÓN ESCRITA. Sanción aplicable a los servidores públicos que hayan incurrido en la comisión de faltas leves culposas, consistente en un llamado de atención que se le hace por escrito y se incorpora a su hoja de vida. Como se trata da una falta disciplinaria, constituye antecedente disciplinario. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Son todas las sanciones disciplinarias ejecutoriadas que impuestas a un servidor público en el ejercicio de su función y a la vez puedan configurar ciertas inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas. ARCHIVO. Decisión con fuerza de cosa juzgada, a través de la cual se termina el procedimiento disciplinario en momento o como consecuencia de la evaluación de la indagación o la investigación, entre otras causas, por encontrarse demostrado que el hecho no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN. Providencia de trámite mediante la cual el operador disciplinario da inicio formal a la investigación disciplinaria en contra de un servidor público. El único requisito legal es que cuente con la identificación o individualización de su posible autor.
AUTO DE SUSTANCIACIÓN. Pronunciamiento que emite el operador disciplinario para impulsar el trámite de la actuación, por ejemplo, ordenar una prueba, designar defensor de oficio o autorizar copias. AUTO INTERLOCUTORIO. Pronunciamiento motivado que emite el operador disciplinario para definir cuestiones de fondo en la actuación como por ejemplo, la declaratoria de nulidad del proceso o el archivo. COMPETENCIA. Presupuesto del proceso consistente en la cualidad de un órgano jurisdiccional o de la administración que le permite o le exige conocer válidamente de un tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos, para conocer de un litigio o causa determinados. COMPETENCIA PREFERENTE. Facultad otorgada a la Procuraduría General de la Nación y a las Personerías Municipales o Distritales, para desplazar a las Oficinas de Control Disciplinario Interno en el conocimiento de una actuación disciplinaria en cualquiera de las etapas. También se expresa mediante la remisión de actuaciones al órgano interno de control disciplinario, la super-vigilancia del proceso o la designación de un agente del ministerio público para que intervenga en el proceso como sujeto procesal. CULPA. Forma de realización subjetiva de la falta disciplinaria, determinada por no actuar con el deber de cuidado exigido en una situación concreta. CULPA GRAVE. Cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. CULPA GRAVÍSIMA. Cuando se incurre en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. CULPABILIDAD. Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica cuando en el comportamiento del agente concurren el dolo o la culpa. Desde otro punto de vista, la culpabilidad en materia disciplinaria consiste en el juicio de exigibilidad de conducta que se formula al servidor público investigado respecto de los hechos. DEBIDO PROCESO. Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas, a las formalidades preestablecidas por las normas jurídicas (constitución política, instrumentos internacionales y ley). Tiene como finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad. DERECHO DE DEFENSA. Garantía que cobija al disciplinado, que le permite directamente o por intermedio de su abogado, solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean desfavorables. Si la defensa la ejerce el servidor investigado se llama defensa material y si la realiza un abogado se denomina defensa técnica.
DESCARGOS. Pieza procesal en la cual el disciplinado se pronuncia y ejerce su defensa frente a los cargos que constituyen la acusación disciplinaria. También se puede entender como el momento procesal que permite al investigado y a su defensor, aportar y solicitar la práctica de pruebas después de la formulación de los cargos. DESTITUCIÓN. Sanción de carácter disciplinaria que implica la desvinculación del empleado de la entidad y del servicio, como consecuencia de la incursión en una falta disciplinaria. Es una de las máximas sanciones que puede imponer el operador jurídico disciplinario. Generalmente, va siempre acompañada de la inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas. DOLO. Forma de incurrir en la falta disciplinaria consistente en el conocimiento del servidor público de los hechos constitutivos de la infracción, y a pesar de la adecuada condición para el cumplimiento de sus deberes, en causa su comportamiento a la realización de conducta contraria a éstos. DUDA RAZONABLE. Ausencia objetiva de certeza acerca de la responsabilidad del disciplinado, que surge tras el análisis probatorio y que no es posible superar. EXPEDIENTE. Conjunto de todos los documentos, pruebas, instrumentos y elementos correspondientes al trámite de la actuación disciplinaria. FALLO. Decisión que pone fin a la actuación y que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez agotadas o cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo la responsabilidad disciplinaria del investigado, a través de una absolución frente a los cargos imputados o mediante la imposición de la sanción correspondiente. FALTA DISCIPLINARIA. Incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad, que da lugar al adelantamiento de una acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.). IGNORANCIA SUPINA. La que procede por la negligencia en aprender o averiguarlo que puede y debe saber el servidor público en el marco de su funciones o atribuciones del cargo. IMPEDIMENTO: Obstáculo, o estorbo para hacer algo. INCOMPATIBILIDAD: Impedimento o tacha legal para ejercer dos o más cargos a la vez. INDAGACIÓN PRELIMINAR. Etapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento disciplinario ordinario, cuya finalidad es establecer la procedencia de la investigación formal, verificando la ocurrencia de la conducta, determinando si es constitutiva de falta disciplinaria;
o identificando e individualizando al autor de la misma. INHABILIDAD. Circunstancias expresadas en la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada para un cargo público. INHABILIDAD ESPECIAL. Sanción disciplinaria que se impone junto con la suspensión e implica la imposibilidad de ejercer la función pública, salvo aquella relacionada con el cargo que se ocupa. Generalmente acompañada de la suspensión en el ejercicio del cargo o función que ocupaba el servidor al momento de la comisión de la falta. INHABILIDAD GENERAL. Sanción disciplinaria que se impone junto con la destitución, que implica la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. INHABILIDAD SOBREVINIENTE. Circunstancias determinadas en la Constitución y la ley que surgen con posterioridad al ejercicio de un cargo o función pública y que imposibilitan que se continúe desarrollando, dando lugar a la separación o insubsistencia del cargo. INHIBITORIO. Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador disciplinario se abstiene de adelantar una actuación disciplinaria, por encontrar, entre otros aspectos, que la queja es manifiestamente temeraria, se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa. INVESTIGACION DISCIPLINARIA: Etapa del procedimiento ordinario, adelantada cuando se encuentra identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria, y cuya finalidad es verificar la ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió; el perjuicio causado a la Administración y la responsabilidad del investigado INVESTIGADO. Persona a la que se le endilga la comisión de una falta disciplinaría y cuya responsabilidad es debatida en el proceso. JUZGAMIENTO. Etapa del proceso disciplinario que se inicia con la formulación del pliego de cargos contra el investigado. MULTA. Sanción pecuniaria derivada de la comisión de una falta leve dolosa. Se tasa en salarios diarios percibidos al momento de la comisión de la falta. NOTIFICACION. Actuación procesal a través de la cual se hace efectivo el principio de publicidad de las decisiones, dándoselas a conocer a los sujetos procesales, personalmente, por estado, por edicto, por estrados o por conducta concluyente. NOTIFICACIÓN EN ESTRADO. Comunicación de las decisiones proferidas en audiencia pública o en cualquier diligencia de carácter verbal a todos los sujetos procesales, estén o no presentes.
NOTIFICACIÓN PERSONAL. Es la forma más particular y garantista de dar a conocer las decisiones tomadas en el proceso, ya que se hace directamente a los sujetos procesales. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Se entiende cumplida la notificación, cuando a pesar de no haberse realizado la notificación personal o supletoria, el procesado o su defensor intervienen en diligencias posteriores o se refiere a la decisión en escritos o alegatos verbales posteriores o interpone contra las mismas los recursos de Ley. NOTIFICACIÓN POR FUNCIONARIO COMISIONADO. Es la forma como se notifica el pliego de cargos al disciplinado, cuando este se encuentre en lugar diferente a la sede de quien lo profiere. En estos casos, se le encomienda la notificación a otro funcionario de la Procuraduría, al Jefe de la entidad donde labore o en su defecto a la Personería. NOTIFICACIÓN POR EDICTO. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente, consistentes en la fijación del contenido de la misma en la secretaría del despacho. Se debe notificar por Edicto la apertura de la indagación o investigación, el pliego de cargos y al fallo. NOTIFICACIÓN POR ESTADO. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se pudieren realizar personalmente. Se deben notificar por Estado las decisiones interlocutorias y de trámite que exigen publicidad. Consiste en la anotación en una planilla denominada “estado” de los principales datos del proceso, la fecha de la decisión y el cuaderno en que se halla, la cual debe ser publicada en lugar visible de la secretaría del despacho. NULIDAD. Sanción impuesta por la ley contra las actuaciones judiciales o disciplinarias, realizadas por funcionarios que carezcan de competencia, o que se produzcan con violación al derecho de defensa o de las formalidades establecidas para su desarrollo. Consiste en obligar la reposición de las actuaciones viciadas. OMISIÓN. Forma de incurrir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo jurídicamente exigido en la ejecución de una actividad o no haberla ejecutado. OPERADOR JURÍDICO DISCIPLINARIO. Servidor público con competencia para tramitar la actuación disciplinaria. PLIEGO DE CARGOS. Es una de las formas o posibilidades de evaluación de la investigación y la constituye la acusación directa que se hace en contra del disciplinado, con la cual ha de ser juzgado y sometido a un fallo, ya sea absolutorio o sancionatorio. De acuerdo a la ley, se produce cuando existe en el expediente prueba que demuestra objetivamente la ocurrencia de la falta disciplinaria y por lo menos una prueba que comprometa la responsabilidad disciplinaria del investigado. POTESTAD DISCIPLINARIA. Facultad del Estado para investigar y sancionar a los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, que incurran en faltas disciplinarias.
PRESCRIPCIÓN. Perdida de la potestad disciplinaria que tiene el Estado para investigar y sancionar a los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones públicas, en virtud del paso del tiempo. Entre 5 y 12 años, dependiendo de la clase de falta. PRINCIPIOS. Normas fundamentales que rigen la interpretación de la misma normatividad. PROCEDIMIENTO ORDINARIO. El que se imprime a la actuación disciplinaria cuando no concurren circunstancias que ameriten su desarrollo mediante trámites especiales. PROCEDIMIENTO VERBAL. Trámite especial de la actuación disciplinaria previsto para los eventos en donde el autor es sorprendido al momento de cometer la falta, o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de su ejecución. También se aplica cuando la falta ha sido calificada como leve o cuando el implicado confiesa su responsabilidad. Finalmente es aplicable al trámite de las faltas gravísimas contempladas en artículo de Ley 1474 de 2011 en los numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 PROCESO. Serie o sucesión de actos y etapas, tendientes a la aplicación o realización del Derecho en un caso concreto. PROVIDENCIA. Pronunciamiento mediante el cual el operador disciplinario impulsa el trámite del proceso o adopta las decisiones del caso, incluyendo el fallo. PRUEBA. Cualquier medio que acredita la certeza de un hecho y constituye presupuesto esencial de una decisión disciplinaria. En materia disciplinaria son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos, los cuales deben ser practicados conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal. PRUEBA TRASLADADA. Elemento de convicción que practicado válidamente en un proceso se aporta a otro, para que sea tenido en cuenta. QUEJA. Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato disciplinario, contempladas en el artículo 69 del C. D. U., y constituye un supuesto de reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa. QUEJOSO. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta anomalía o irregularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones. RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales se faculta a los sujetos procesales, y en algunos eventos al Ministerio Público y al quejoso, para que ejerzan los derechos de contradicción o impugnación frente a las decisiones disciplinarias, con la finalidad de que las mismas sean revisadas, total o parcialmente, por el mismo funcionario que las profirió o por uno de superior jerarquía
RECURSO DE APELACIÓN. Facultad atribuida a los sujetos procesales y excepcionalmente al quejoso para controvertir las decisiones del funcionario de primera instancia, y que la misma sea resuelta por el superior del funcionario que la dictó. RECURSO DE REPOSICIÓN. Facultad que tiene los sujetos procesales y excepcionalmente el quejoso, para acudir ante la misma autoridad que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare. RECURSO DE QUEJA. Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior, que conozca del recurso de apelación, cuyo otorgamiento fue negado por el inferior. REMISION POR COMPETENCIA: Actuación procesal que indica la necesidad de enviar a otra autoridad o entidad en razón de la materia, el sujeto procesal o algún factor especial de competencia el expediente disciplinario abierto inicialmente por la oficina de control disciplinario de la entidad SANA CRITICA. Sistema de valoración probatoria que le impone al operador disciplinario la obligación de analizar en conjunto los elementos de convicción aplicando las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia. SANCION. Pena de carácter disciplinario que se impone a un servidor público considerado responsable de cometer una falta disciplinaria, previo el agotamiento de un proceso ordinario o verbal disciplinario, y en la cual se cumple una función preventiva, correctiva y garantizadora de los principios Constitucionales y Legales que se deben observar en el ejercicio de la función pública. SEGUNDA INSTANCIA. Instancia superior que realiza un nuevo examen del asunto al resolver los recursos de apelación o de queja. SUJETO PROCESAL: Personas autorizadas legalmente para intervenir dentro de la actuación disciplinaria, con facultades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas; intervenir en las mismas; interponer recursos; presentar solicitudes y obtener copias de la actuación. En materia disciplinaria son el investigado, su defensor y en algunos casos el Ministerio Público (Arts. 89 a 93 del C. D. U.). Por vía jurisprudencial, en materia disciplinaria cuando se trata de posibles violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, también ostentan esta calidad las víctimas o perjudicados que concurran al proceso. SUSPENSIÓN. Sanción disciplinaria consistente en la separación temporal del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta, por el término fijado en el fallo. TERMINOS. Plazo otorgado legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una de las etapas de la investigación y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos procesales para ejercitar sus derechos. TESTIMONIO. Relato formal que hace una persona, diferente del investigado, sobre el
conocimiento que tiene de los hechos que se investigan. Se puede allegar al proceso por mediante cualquier medio técnico o tecnológico o mediante acta que se levanta por escrito. ÚNICA INSTANCIA. Procedimiento disciplinario excepcional, en virtud del cual por motivos previamente establecidos en la ley, no procede el recurso de apelación. Sin embargo, las decisiones admiten el recurso de reposición el cual se surte ante la misma autoridad que conoce del proceso. UNIDAD PROCESAL. Principio según el cual por cada falta disciplinaria se debe adelantar una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores, salvo las excepciones constitucionales y legales. VERSIÓN LIBRE. Acto procesal mediante el cual el investigado, por iniciativa propia o a solicitud del operador disciplinario, libre de todo apremio y sin juramento, explica su comportamiento. En ella puede el investigado concurrir con o sin abogado.
8. CONCEJALES. MESA DIRECTIVA
JOSÉ FERNANDO GIL MOSCOSO Presidente Concejo Municipal de Santiago de Cali CARLOS HERNÁN RODRIGUEZ NARANJO Primer Vicepresidente Concejo Municipal de Santiago de Cali
LUIS ENRIQUE GÓMEZ GÓMEZ Segundo Vicepresidente Concejo Municipal de Santiago de Cali
HERBERT LOBATÓN CURREA Secretario General Concejo Municipal de Santiago de Cali CONCEJALES ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE AMPARO GUTIÉRREZ VARGAS AUDRY MARÍA TORO ECHEVARRÍA CARLOS HERNANDO PINILLA MALO CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ DANIS ANTONIO RENTERÍA CHARÁ FABIO FERNÁNDO ARROYAVE RIVAS FERNÁNDO ALBERTO TAMAYO OVALLE HARVY MOSQUERA JHON JAIRO HOYOS GARCÍA JOHN MICHEL MAYA BEDOYA JOSE URIEL ROJAS BAUTISTA JUAN CARLOS OLAYA CIRO NORALBA GARCÍA MORENO NORMA HURTADO SÁNCHEZ OSWALDO ARCO BENAVIDES PATRICIA MOLINA BELTRÁN ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTÉS
9. NIVEL DIRECTIVO AUDREY BAHAMÓN GÓMEZ Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas ANDRÉS FELIPE MÉNDEZ LICONA Subsecretario Comisión de Presupuesto DAVID FERNÁNDO RUIZ CARDONA Subsecretario Comisión de Institutos NELSON ANDRÉS DOMINGUEZ PLATA Subsecretario Comisión de Plan y Tierras MYRIAM GARCÍA ARIAS Directora Administrativa INÉS VELASQUEZ CASTILLO Jefe de Oficina de Talento Humano FREDDY ANTONIO VILLEGAS JARAMILLO Jefe de Oficina de Gestión Documental LIBARDO SANTAFÉ URREGO Jefe de Oficina Recursos Físicos DANIEL ALEXANDER NARVÁEZ POTES Jefe de Oficina Gestión Jurídica OSCAR FERNÁNDO RAMIREZ LUGO Jefe de Oficina Informática y Telemática JESÚS ALBERTO BURBANO ROSERO Jefe de Oficina Control Interno AMANDA BORRERO HURTADO Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. a. Normativas: I. II.
Constitución Política de Colombia. Editorial Legis, 2012. Código Disciplinario Único - Actualizado. Procuraduría General de la Nación, 2012.
b. Jurisprudencia – Corte Constitucional I. Sentencia C-427-1994. M. P. Dr. Fabio Morón D. II. Sentencia C-341-1996. M. P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. III. Sentencia C-286-1996. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. IV. Sentencia C-028-1996. M. P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. V. Sentencia C-417-1993. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. VI. Sentencia C-124-2003. M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. VII. Sentencia C-948-2002. M. P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. VIII. Sentencia C-181-2002. M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. IX. Sentencia C-036-2003. M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. X. Sentencia C-070-2003. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. XI. Sentencia C-1076-2002. M. P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. XII. Sentencia C-450-2003. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. XIII. Sentencia C-328-2003. M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. XIV. Sentencia C-315-2012. M. P. Dra. María Victoria Calle Correa. XV. Sentencia C-030-2012. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. c. Bibliográficas I.
BRITO RUIZ Fernando, FARFAN MOLINA Francisco “Asuntos Disciplinarios II: Las pruebas en el Proceso Disciplinario” Primera Edición, Ediciones Jurídicas AXEL 2008.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo “Asuntos Disciplinarios I: Praxis y Jurisprudencia” – Colección Derecho Disciplinario, Volumen 2, Segunda Edición. Ediciones Nueva Jurídica 2009.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo “Problemas Centrales del derecho Disciplinario” – Colección Derecho Disciplinario, Volumen 1, Primera Edición - Ediciones Nueva Jurídica 2009.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo “Dogmática del Derecho Disciplinario”. 4ª Edición. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2007.
GÓMEZ PAVAJEAU, Carlos Arturo “La Relación Especial de Sujeción como Categoría
Dogmática Superior del Derecho Disciplinario”. Colección de Derecho Disciplinario No.5. Instituto de Estudios del Ministerio Público – Procuraduría General de la Nación. VI.
ROA SALGUERO, David Alonso, FERRER LEAL, Héctor Enrique. “Aspectos Sustanciales y Procesales de La Ley Disciplinaria”, Ediciones Jurídicas AXEL, 2008.
VII. SANCHEZ HERERRA Eziquio Manuel “Dogmática Practicable Disciplinario”, Segunda Edición. Editorial Nueva Jurídica. Bogotá 2007
VIII. SANCHEZ HERERRA Eziquio Manuel, YATE CHINOME Diomedes, DIAZ BRIEBA Álvaro “Derecho Disciplinario – Parte Especial – Estudio Sistemático de las Faltas Gravísimas”, Ediciones Nueva Jurídica 2009. IX.
Cartilla “FUNCIÓN DISCIPLINARIA: Conceptualización Básica”. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP. Bogotá, Enero de 2011.
Contie ne los lineamientos para prevención, formación y consulta de la conducta de los servidores públicos
concejodecali