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Timestamp: 2019-08-23 13:43:58
Document Index: 176931600

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 1']

B.1. Consideraciones sobre la debida diligencia y las líneas lógicas de investigación.
Los procesos penales seguidos contra Rito Alejo Del Río Rojas
Investigaciones emprendidas contra otros integrantes de la fuerza pública
Investigaciones contra miembros de grupos paramilitares
B.2. Consideraciones sobre el plazo razonable.
B.3. Consideraciones sobre las acciones de tutela por la propiedad colectiva
Como fuera considerado en esta Sentencia (supra Capítulo IV), el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, en relación con las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención, es una contribución positiva al desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia. Sin embargo, corresponde relacionar ese acto con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias particulares del caso concreto y si ese paso permite determinar la verdad de lo acontecido615.
En el presente capítulo, y en razón de la controversia subsistente (supra párr. 22), la Corte pasa a determinar si el Estado ha incurrido en violaciones a los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, para lo cual procede a examinar las diferentes investigaciones y procedimientos penales internos que se iniciaron a partir de los hechos del presente caso.
La Corte ha establecido que la obligación de garantizar los derechos contenidos en la Convención (artículo 1.1) comprende el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer [a los responsables] las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación […] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”616. La obligación de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse617.
Si bien la Corte ha indicado que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios618. Es responsabilidad de las autoridades estatales realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles que debe estar orientada a la determinación de la verdad y al eventual enjuiciamiento y en su caso castigo de los autores de los hechos, especialmente en un caso como el presente en el cual estaban involucrados agentes estatales619.
En lo que se refiere a la obligación de investigar con debida diligencia, esta Corte ha señalado que el órgano que investiga una alegada violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue620. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos621 y la naturaleza de los derechos lesionados622. En este sentido, tienen que adoptarse todas “las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”623.
La Corte entiende que una debida diligencia en los procesos por los hechos del presente caso exigía que éstos fueran conducidos tomando en cuenta, entre otros elementos, la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recabación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación624. Así las cosas, el análisis de tales circunstancias se hace sobre: a) los procesos penales seguidos contra Rito Alejo Del Río Rojas y otros miembros de las Fuerzas Militares; b) las investigaciones adelantadas contra otros integrantes de la fuerza pública; c) los procesos seguidos contra los paramilitares, y d) los procedimientos disciplinarios.
Hubo dos procesos iniciados en sede penal interna (UNDH-DIH) por los hechos materia del presente caso que datan del año 1997, a saber, el mismo año en que se desarrolló la Operación Génesis. Según surge de los procedimientos efectuados, uno de los procesos se refiere a la presunta aquiescencia del General retirado Rito Alejo Del Río Rojas con grupos paramilitares, entre 1996 y 1997, mientras fue Comandante de la Brigada XVII (Radicado 426) y el segundo se encuentra relacionado con la incursión en el caserío de Bijao por unidades paramilitares, el “homicidio en persona protegida” de Marino López Mena, el desplazamiento forzado de febrero de 1997, y el delito de concierto para delinquir (Radicado 2332). De acuerdo a lo indicado por los representantes y la Comisión, esos procesos no cumplieron con la debida diligencia: a) por la inseguridad para las personas que han participado en el proceso; b) por la falta de participación de las víctimas en los procesos; c) por la falta de vinculación de las empresas privadas en la presunta afectación a los derechos de las víctimas; d) por el hecho de que el delito de desaparición forzada no fue tipificado de manera autónoma; e) por el hecho que el crimen de Marino López fue investigado de manera aislada sin considerar la naturaleza de crímen de lesa humanidad; f) por el hecho que la Fiscalía se negara a investigar las presuntas presiones que motivaron las retractaciones del ex soldado Oswaldo Giraldo Yepes; g) por el hecho de que la Fiscalía no hubiese investigado el homicidio del ex concejal de Apartadó José de Jesus Guzmán, asesinado mientras esperaba testificar dentro de estos procesos, y h) por el hecho de que habrían líneas lógicas de investigación no exploradas, puesto que la ejecución extrajudicial de Marino López no ha sido investigada de manera sistemática teniendo en consideración que el desplazamiento forzado de las comunidades del Cacarica se hizo posible a través de la puesta en marcha de un plan concertado desde el más alto nivel.
Con respecto a la alegada situación de inseguridad de los participantes en el proceso625, el Tribunal constata que no ha sido aportada prueba específica en este sentido. La Corte nota que si bien la Comisión indicó que el 9 de agosto de 2001 otorgó medidas cautelares a favor del ex Jefe de la UDH-FGN y del Jefe de la Unidad Anticorrupción, así como a varios fiscales adscritos a la UNDH-DIH y miembros del CTI626, no se ha precisado en autos si las medidas de protección a dichos funcionarios tienen que ver con diligencias de investigación y procesamiento relacionadas con los hechos del presente caso.
Sin perjuicio de lo anterior, caber reiterar que este Tribunal ha indicado en otros casos que para garantizar un debido proceso, los Estados deben facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos627, pues de lo contrario eso tendría un efecto amedrantador e intimidante en quienes investigan y en quienes podrían ser testigos, afectando seriamente la efectividad de la investigación628.
En lo concerniente a la retractación del testimonio del señor Oswaldo Giraldo Yepes, alegada como ejemplo de esa falta de seguridad, la Corte nota que la Fiscalía General de la Nación había valorado su testimonio , concluyendo que era “falaz […] la versión inicial del testigo expuesta en las primeras declaraciones”, que el mismo “no ofrece serios motivos de credibilidad”, que existían en sus declaraciones contradicciones y “hechos completamente inverosímiles”. Además la FGN indicó que el declarante "[e]xhibe una insólita capacidad de evocación, menciona nombres, apodos y vínculos de miembros de dicha agrupación (paramilitares), informando [sobre] hechos de los cuales no explica como los supo y los cuales relata en forma inusualmente detallada [...] que su relato no se muestra espontáneo sino maquinal y automático como si no hubiera percibido los hechos sino memorizado la información para declararla". Por último, la Fiscalía notó que “Owsaldo Yepes se encontraba afectado por el homicidio de su hermano y los delicados problemas judiciales que tenía”, concluyendo que "[e]n esas condiciones de extrema presión psicológica y riesgo, la experiencia indica que las personas buscan a ultranza cualquier medio de protección, ante un pretexto tan convincente como formular imputaciones graves contra altas personalidades"629.
En lo que se refiere a la alegada falta de participación de las víctimas al proceso, la Comisión no aportó mayores elementos de información y análisis que los alegatos formulados. Tampoco explicó de qué forma esa alegada falta de participación se tradujo en una afectación a la debida diligencia en la investigación en el presente caso. En lo concerniente a la ausencia de hipótesis de participación de las empresas privadas en la afectación a los derechos de las víctimas en el presente caso, la Corte nota que no cuenta con elementos de prueba suficiente que le permitan concluir que empresas privadas podrían haber estado implicadas en los hechos del presente caso y que hubiese habido negligencia en investigar esa supuesta participación. En cualquier caso, corresponde a las autoridades internas competentes continuar investigando si esas hipótesis tienen cabida en los hechos del caso y, en su caso, determinar lo correspondiente.
Con respecto al hecho que el delito de desplazamiento forzado no fuera imputado de manera autónoma al General del Río en el presente caso, la Corte constata, en primer lugar, que el 23 de agosto de 2012 ese procesado fue condenado en primera instancia a 312 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el término de 10 años, por la muerte de Marino López. Por tanto, independientemente del nomen iuris de los tipos penales imputados, los hechos no habrían quedado sin ser investigados y, en su caso, juzgados y sancionados. Corresponderá a las autoridades internas, en este sentido, determinar si en atención a la gravedad y circunstancias de los hechos corresponden otras calificaciones legales.
En lo que concierne el homicidio del ex concejal de Apartadó, no han sido aportados suficientes elementos de prueba a la Corte que le permitan afirmar que ese hecho se encuentre relacionado con los hechos del presente caso o que el mismo denote una falta a la debida diligencia de las investigaciones o de los procedimientos judiciales relacionados con este caso.
Por último, en relación con los alegatos referidos a las líneas lógicas de investigación y a la supuesta investigación “aislada” del homicidio de Marino López Mena, la Corte nota que la misma sentencia del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá de 23 de agosto de 2012 indicó que “la muerte de López Mena fue una de las acciones desarrolladas con ocasión del adelantamiento de la denominada Operación Génesis, diseñada y ejecutada por Rito Alejo Del Río Rojas quién para esa época obraba como Comandante de la Brigada XVII, [siendo] que la mencionada operación militar se adelantó con el apoyo de los grupos de autodefensa que operaban en la región” 630. En la misma sentencia surge que la Fiscalía planteó como hipótesis de los hechos que “la muerte de Marino López Mena [había sido] un medio para otros objetivos, esto es, un plan conjunto entre Ejercito y paramilitares para efecto de causar terror en la población”, agregando que “Ejercito y autodefensas se dividieron la zona y emprendieron ataques violentos contra la población civil a efecto [de] desplazarlos y apoderarse de esas tierras”. Del mismo modo, el representante del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) que actuó en el proceso que tuvo a Rito Alejo Del Río Rojas como imputado, indicó que “el mencionado homicidio no se puede ver como un hecho aislado, sino que fue un instrumento para una finalidad específica”631.
En consecuencia, según surge de lo señalado en los propios pronunciamientos de las distintas autoridades del Estado que actuaron en la investigación y el proceso, y de los análisis probatorios, indiciario y de pruebas circunstanciales tomadas en cuenta por el Juzgado Octavo para llegar a pronunciar una determinación de derecho, no se puede concluir que el Estado hubiese considerado el homicidio de Marino López como un “hecho aislado”. Por el contrario, las líneas de investigación seguidas por la Fiscalía indican que la persecución penal estuvo enfocada, precisamente, a determinar si ese homicidio estaba enmarcado en lógicas tendientes a generar desplazamientos forzados, en un contexto de colaboración entre grupos paramilitares y altas esferas militares presentes en la región. En consecuencia, no parece probado lo alegado por los representantes y la Comisión en cuanto a que el Estado no cumplió en investigar el homicidio de Marino López ni el desplazamiento forzado sin tener en cuenta la compleja estructura de personas involucradas en el planeamiento y ejecución del crimen. Corresponderá a las autoridades internas, naturalmente, determinar si existen otros grados de participación en los hechos y, en ese caso, continuar las investigaciones y juzgar a los responsables.
Asimismo, independientemente del período por el que ambos procesos se hayan prolongado, cuestión que será analizada en el siguiente apartado, la Corte constata que la actividad investigativa llevada a cabo por las diversas fiscalías intervinientes en ambos procesos nunca cesó. Todo esto, a pesar de las dificultades que se presentaban en la región en ese momento en Colombia. Ahora bien, el Tribunal pudo constatar que, fueron principalmente tres las razones que contribuyeron a que el proceso de Radicado No. 426 se encuentre a la fecha sin sentencia. Primero, tal como surge de los hechos probados (supra párrs. 145 y ss.), existieron numerosos conflictos de competencia entre los fiscales que conocieron en la causa632. Segundo, el proceso en cuestión estuvo suspendido durante cinco años, debido a que el 9 de marzo de 2004 el Fiscal General de la Nación dictó la preclusión de la investigación633, y la causa recién fue reabierta el 11 de marzo de 2009 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia634, en virtud del surgimiento de prueba y hechos nuevos. Un tercer factor que ha contribuido a la falta de resolución de este expediente, es la negativa por parte del imputado Alejo Del Río de ampliar su declaración indagatoria en audiencia, que fue suspendida tres veces por tal motivo635.
En relación con el proceso Radicado No. 2332, la Corte pudo constatar que, desde que le fue asignado el conocimiento de los hechos a la Fiscalía 15 de Ríosucio en el año 2003, la actividad investigativa nunca se vio interrumpida636. A partir de allí, obran en el expediente numerosas declaraciones rendidas por paramilitares vinculados a la causa que avalan la línea instructiva manejada en torno a la vinculación entre el General Del Río y miembros de grupos paramilitares, como responsables de los hechos investigados637. En la mayoría de los casos, las declaraciones consisten en versiones libres que fueron trasladadas como prueba de los procesos seguidos en el marco de Justicia y Paz638.
Por todo lo anterior, el Tribunal encuentra que no han sido aportados elementos de prueba o alegatos que le permitan determinar que se podujo una violación por parte del Estado a la obligación de investigar con la debida diligencia, y en su caso llevar a cabo el juzgamiento y sanción, en los procesos relativos a Rito Alejo Del Río Rojas.
La Corte nota que no ha sido aportada información completa relativa a investigaciones y/o procedimientos relacionados con integrantes de la fuerza pública distintos a Rito Alejo Del Río Rojas. Al respecto, cabe reiterar que en el presente caso el Tribunal dio por probado que se había producido una colaboración entre unidades paramilitares y elementos de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de las operaciones Cacarica y Génesis, por lo que llama la atención que en ambos procesos no se haya vinculado a ningún otro miembro de las mismas.
Por tanto, el Tribunal encuentra que el Estado no cumplió con su deber de investigar con la debida diligencia a los demás integrantes de la fuerza pública que pudieron haber tenido participación y responsabilidad en los hechos.
De acuerdo a lo indicado por los representantes y la Comisión, las investigaciones y los procesos no cumplieron con la debida diligencia por las siguientes razones: a) la inseguridad para las personas que han participado en el proceso; b) la falta de participación de las víctimas; c) la falta de vinculación de las empresas privadas a las investigaciones por los hechos del caso; d) el hecho de que habrían líneas lógicas de investigación no exploradas, puesto que la ejecución extrajudicial de Marino López no ha sido investigada de manera sistemática teniendo en consideración que el desplazamiento forzado de las comunidades del Cacarica se hizo posible a través de la puesta en marcha de un plan concertado desde el más alto nivel; e) los efectos que tienen las extradiciones a los Estados Unidos de personas de personas que están sujetas a procesos en Colombia adelantados de conformidad con la Ley de Justicia y Paz; f) no se habrían iniciado investigaciones en la jurisdicción ordinaria penal por las incursiones paramilitares a la cuenca el Cacarica; g) por qué únicamente cinco paramilitares (aunque la prueba indica que fueron diez) estarían vinculados con los hechos del caso; h) las versiones libres en justicia y paz, “a pesar de que […] han revelado algunos elementos que aportan la verdad, ésta ha sido fragmentada y en general incompleta”; i) el hecho de que la Fiscalía no ha recabado, de manera profunda, elementos de prueba diferentes a lo dicho por los postulados en las diligencias de versión libre para establecer la veracidad de sus declaraciones, y en general j) no haberse investigado efectiva, amplia y sistemáticamente los hechos del presente caso.
La Corte reitera las apreciaciones vertidas en el acápite B.1.a) anterior relativas a los aspectos relacionados con inseguridad para las personas que han participado en el proceso, la falta de participación de las víctimas y por la falta de vinculación de las empresas privadas a las investigaciones por los hechos del caso. Con respecto a las líneas lógicas de investigación, surge de la prueba remitida que la Fiscalía General de la Nación ha enmarcado los hechos del caso en patrones de actuación de los paramilitares que actuaban en la región639 y que, según quedó demostrado en el presente caso, han contado con la colaboración y aquiescencia de la fuerza pública.
En relación con las extradiciones de paramilitares a EEUU, la Corte ha considerado en el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia640 y en la resolución de cumplimiento de Sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia641, que “la aplicación de figuras como la extradición no debe servir como un mecanismo para favorecer, procurar o asegurar la impunidad. Por ello, en las decisiones sobre la aplicación de estas figuras procesales a una persona, las autoridades estatales deben hacer prevalecer la consideración de la imputación de graves violaciones de derechos humanos”. Lo anterior también ha sido considerado, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, respecto a una solicitud de extradición de un paramilitar642.
Sin perjuicio de lo anterior, los representantes no han explicado cómo en el caso concreto, o por qué motivo, las extradiciones de los paramilitares afectaron el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Por el contrario, surge de la prueba remitida por las partes, que la Fiscalía General de la Nación así como el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá han llegado a determinaciones relativas a la verdad judicial sobre los hechos del caso que, por cierto, se ajustan en lo esencial a lo enunciado por los representantes en sus escritos. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se toma en consideración que la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá ha concluido con una condena al General retirado Rito Alejo Del Río Rojas, tomando precisamente en consideración, entre otras pruebas e indicios, las versiones libres de los paramilitares desmovilizados en Justicia y Paz. En otros términos, no se han aportado mayores elementos de análisis que permitan concluir que, en el presente caso, las extradiciones de paramilitares desmovilizados se tradujeran en una afectación al derecho a la verdad procesal, o que las mismas hubiesen impedido llegar a determinaciones judiciales acordes con lo alegado por los representantes en el presente proceso.
Con respecto al hecho de que no se iniciaran procesos en la jurisdicción penal ordinaria, la Corte nota que no fueron aportados alegatos o elementos de prueba que le permitan concluir que el hecho de diligenciar actuaciones por medio de la jurisdicción de Justicia y Paz y no por medio de la justicia ordinaria hubiesen significado necesariamente un menoscabo al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Por el contrario, surge de los alegatos de las partes, de la prueba remitida por los representantes643, por la Fiscalía General de la Nación, y de la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 23 de agosto de 2012, que fue precisamente la jurisdicción especial de Justicia y Paz la que permitió develar información relevante que, a su vez, ha permitido reconstruir parcialmente la verdad judicial de lo ocurrido en los hechos del caso y que a la postre terminó constituyendo un elemento esencial de la condena proferida contra Rito Alejo Del Río Rojas.
En relación con el hecho que las versiones libres de los paramilitares en Justicia y Paz presentarían una verdad fragmentada o parcial, los representantes no indicaron en qué se diferencia esa constatación de las supuestas “verdades fragmentadas” que se puedan presentar en un proceso ante la jurisdicción ordinaria, ni las afectaciones a esa “verdad fragmentada” en las investigaciones relativas a los hechos del presente caso. Al respecto, cabe reiterar que son precisamente esas versiones libres de paramilitares desmovilizados, su verificación por la Fiscalía y la valoración de pruebas complementarias, las que constituyeron el acervo probatorio que permitieron al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá llegar a la determinación judicial en lo concerniente a Rito Alejo Del Río Rojas. Por último, en lo que se refiere a la supuesta falta de verificación por parte de la Fiscalía de las versiones libres de los paramilitares en el presente caso, la Corte ya ha podido constatar supra que esas confesiones fueron objeto de verificación por parte de la Fiscalía, así como de una valoración judicial imparcial e independiente por parte de dicho Juzgado en su sentencia de 23 de agosto de 2012.
La Corte nota que los representantes y la Comisión señalaron, respecto de los procesos disciplinarios que se llevaron a cabo por los hechos del presente caso, que: a) en algunos se había declarado la prescripción; b) en otros se indica que las últimas actuaciones fueron en el 2002; c) en otro se profirió fallo de instancia única con sanción de destitución del cargo al Director y Secretario de CODECHOCO, y d) otro se encuentra en etapa preliminar.
Respecto de los procedimientos en el ámbito disciplinario, el Tribunal ha considerado que los mismos pueden ser valorados en tanto el examen contribuya al esclarecimiento de los hechos siendo decisiones relevantes, además, por el valor simbólico del mensaje de reproche que puede significar ese tipo de sanciones para funcionarios públicos y miembros de instituciones públicas644. A su vez, en tanto tiende a la protección de la función administrativa y se orienta esencialmente a la corrección y control de los funcionarios públicos, una investigación de esta naturaleza puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos645.
En el presente caso la Corte constata que los alegatos de los representantes referidos a los procesos disciplinarios se limitan a describir la etapa procesal o el resultado de los mismos sin especificar ni explicar las presuntas violaciones a la debida diligencia de la cual podrían adolecer. Sobre el particular, el Tribunal reitera su jurisprudencia constante en la cual se establece que la obligación de investigar es una obligación de medios, y no de resultados646, por lo que la parte que alega su ineficacia debe demostrar que la misma se debe a defectos, negligencias u omisiones en el desarrollo de las investigaciones, siendo insuficiente alegar la ineficacia únicamente haciendo alusión a la etapa procesal en la cual se encuentra. Por tanto, la Corte no cuenta con elementos suficientes para determinar la violación a la debida diligencia en las investigaciones relacionadas a los procedimientos disciplinarios.
La Corte considera que el Estado es responsable por no haber actuado con la debida diligencia en las investigaciones de los integrantes de la fuerza pública y de las relacionadas con las estructuras paramilitares, en violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las comunidades desplazadas del Cacarica por los hechos de febrero de 1997.
La Corte recuerda que el Estado reconoció de manera parcial su responsabilidad por la violación del plazo razonable en las investigaciones de los hechos del presente caso (supra párr. 17). Sin perjuicio de considerar que, en efecto, la duración de las investigaciones internas no satisfacen, en conjunto, los criterios del plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, la Corte hace notar que, en casos complejos como el presente, es necesario tener en cuenta la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación647, así como la naturaleza de las acusaciones, el número de acusados y la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de la ocurrencia de los hechos.
El caso bajo análisis involucra, presuntamente, a una cantidad numerosa de miembros de la fuerza pública y de los grupos paramilitares, inclusive altos rangos de las Fuerzas Armadas cuyas actividades gozan de confidencialidad por la naturaleza de sus funciones. Además se vieron afectadas centenares de presuntas víctimas por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano; en una región de difícil acceso (supra párr. 84), en zonas con presencia de grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) que acarrean riesgos para los mismos investigadores, que son, como se ha reconocido, característicos de acciones sistemáticas, y con testigos potenciales que se desplazaron a distintas zonas del país. Por tanto, es claro que la investigación de los hechos del presente caso resulta de una enorme complejidad. Lo anterior ha sido reconocido en este proceso tanto por las partes como por la Comisión.
Con respecto a ambos procesos seguidos ante la UNDH-DIH (Radicados 426 y 2332), puede advertirse que las investigaciones iniciadas en el año 1997 se vieron seriamente obstaculizadas por el contexto de criminalidad organizada en que sucedieron las violaciones de derechos humanos que aquí se juzgan.
Sobre la investigación Radicado 426, hasta el año 2004 la Corte pudo constatar diversas actuaciones tendientes, entre otras, a declarar abierta la instrucción, a someter a medida de aseguramiento al procesado y admitir una demanda de parte civil (supra párr. 145 y ss.). Con respecto a este proceso, ni la Comisión, ni los representantes han presentado información o alegatos de los que se pudiera inferir que la decisión de preclusión de la investigación el 9 de marzo de 2004 hubiese sido dictada mediante fraude, colusión con los imputados o que hubiese mediado falta a la debida diligencia. Es así que el Tribunal no cuenta con los elementos que le permitan inferir el exceso en el plazo razonable por parte de las autoridades dentro del proceso de análisis. Incluso, consta que desde que se reiniciaron las investigaciones, en el año 2009, han transcurrido cuatro años, lo cual, desde el punto de vista de la complejidad del asunto, no parece excesivo. Se reafirma lo anterior, si se tiene en cuenta que la repertura de la investigación por parte de la FGN obedeció a la ocurrencia de hechos sobrevinientes y pruebas que deben ser sometidos a la instrucción (supra párr. 154).
En cuanto a las investigaciones de integrantes de los grupos paramilitares, el Tribunal constata que si bien los hechos que se someten a consideración del Tribunal sucedieron hace más de 15 años, es recién a partir del proceso de desmovilización de grupos paramilitares y guerrilleros y la posterior sanción de la Ley de Justicia y Paz que se dinamizaron investigaciones relativas a delitos cometidos por sus miembros.
Con respecto a estas investigaciones de miembros de grupos paramilitares, existen dos períodos diferenciados en el desarrollo de la investigación. El primero, que transcurre entre el año 1997 y 2004 aproximadamente, en que comenzó el proceso de desmovilización; y el segundo que se desarrolla entre el año 2004 y la actualidad. Por una parte, con respecto al primer período, es clara la omisión de no haber llevado a cabo investigaciones sino hasta más de siete años después y, por ende, el exceso notable del plazo razonable. Sin embargo, desde el inicio de la desmovilización de grupos armados ilegales y principalmente con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, el Estado llevó adelante de manera ininterrumpida investigaciones tendientes a determinar la responsabilidad de paramilitares en violaciones de derechos humanos, en general, y en el presente caso, en particular. Si bien los procesos no se encuentran concluidos, el Estado ha informado a esta Corte que las versiones libres estarían siendo objeto de verificación de veracidad que dos paramilitares han sido sometidos a audiencia de imputación y que la mayoría de los postulados están privados de su libertad, esperando una sentencia, desde el comienzo su desmovilización, hace varios años. Asimismo, las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2004 han producido información valiosa que ha sido determinante para adelantar otros procedimientos relativos a los hechos de este caso, y según señalaron el perito Ciurlizza y el declarante a título informativo Samper, han sido determinantes para develar información relativa a otros procedimientos judiciales.
La Corte ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido, en otras oportunidades, que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial sean "verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación”648. De este modo, el Tribunal ha declarado que "la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar”649.
Este Tribunal ha afirmado, asimismo, que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad650. En ese sentido, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea del mismo651. Por tanto, la efectividad de las sentencias y de las providencias judiciales depende de su ejecución652. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado653.
Dicho lo anterior, la Corte constató que en relación a la explotación ilegal de madera dentro del territorio comunitario, existen diversas decisiones de órganos estatales cuyo objetivo se dirigió a tutelar los derechos de los miembros de las comunidades involucradas, precisamente, en lo relativo a la propiedad colectiva (supra, párr. 357).
Así, además de las constataciones hechas por la PGN en el marco de procedimientos disciplinarios (supra párr. 142), se tiene conocimiento acerca de: a) una acción de tutela resuelta, en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 7 de septiembre de 2001, ordenando a CODECHOCÓ “realizar las actuaciones necesarias para hacer cumplir el acto administrativo que ordenó la suspensión de la explotación maderera en ese sector”654. Luego de un tránsito recursivo (supra párrs. 143), dicha acción de tutela fue confirmada por la Corte Constitucional en fecha 17 de octubre de 2003655, en relación los derechos fundamentales de los accionantes, que se habían vulnerado en razón de la explotación ilegal dentro de territorio, y b) en mayo de 1993 por la Corte Suprema de Justicia (supra párr. 134), y el 22 de Octubre de 1993 la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional revocaron la orden dada a CODECHOCÓ de perfeccionar, mediante contratos, los permisos de explotación forestal otorgados por la Resolución 3595 de diciembre de 1992 a nombre de Maderas del Darién S.A (supra párr. 134).
Con respecto a las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 7 de septiembre de 2001 y de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2003, el Tribunal constata que no fue aportada prueba específica en la cual quede establecido claramente que dichas decisiones se hubiesen cumplido cabalmente en los plazos más breves. Por el contrario, la única información con la cual cuenta el Tribunal es aquella brindada por la Defensoría del Pueblo, según la cual mediante la Resolución número 538 de 27 de abril de 2005 CODECHOCÓ impuso medida preventiva consistente en la suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal, excepto “el realizado por ministerio de la ley”, que se realice en la jurisdicción del departamento del Chocó sin contar con el respectivo permiso, concesión o autorización expedida por CODECHOCÓ (supra párrs. 141 a 143). En otros términos, la Corte constata que han pasado tres años y medio entre la decisión de más del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y 18 meses entre la decisión de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2003 y la Resolución número 538 de CODECHOCÓ consistente en la suspensión de todo tipo de aprovechamiento forestal ordenando hacer efectivo las decisiones adoptadas sobre las tutelas incoadas. Durante ese período de tiempo habría seguido la explotación ilegal de la propiedad colectiva.
Por otro lado, con respecto a las decisiones de 1993 de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, surge de los hechos probados que CODECHOCÓ suscribió los contratos de aprovechamiento forestal inmediatamente después del fallo de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, en 1993, pese a que el mismo fuera anulado por las referidas decisiones de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional en el mismo año. No le consta a la Corte que los referidos contratos hubiesen sido anulados o dejados sin efecto.
En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte estima que el Estado no garantizó un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las explotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, ni garantizó que las decisiones de tribunales internos que han tutelado los derechos de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica a su propiedad colectiva fueran cumplidas a cabalidad. Por lo anterior, el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25.2.a y 25.2.c de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las Comunidades de la cuenca del río Cacarica.