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Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 14', 'artículo 7', 'artículo 14', 'Artículo 20', 'artículo 23', 'Artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 25']

BOE.es - Documento BOE-A-2006-15574
Documento BOE-A-2006-15574
«BOE» núm. 214, de 7 de septiembre de 2006, páginas 31873 a 31880 (8 págs.)
BOE-A-2006-15574
Madrid, 25 de agosto de 2006.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.
2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad o parte de la renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
(iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y
(iv) los impuestos locales sobre la renta; (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).
b) En Malta:
a) el término «España» significa el Reino de España y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio del Reino de España incluyendo su mar territorial así como las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales;
b) el término «Malta» significa la República de Malta y, utilizado en sentido geográfico, significa la isla de Malta, la Isla de Gozo y las restantes islas del archipiélago maltés, incluyendo su mar territorial, así como las áreas del fondo marino, su subsuelo y la columna de aguas suprayacentes, adyacentes a su mar territorial, sobre los que Malta ejerza derechos de soberanía, jurisdicción o control con arreglo al Derecho internacional y a su legislación interna, comprendida su legislación relativa a la exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos naturales;
c) las expresiones «un Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan España o Malta, según el contexto;
(ii) en Malta: el Ministro responsable de Finanzas o su representante autorizado;
a) dicha persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente únicamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);
c) si viviera habitualmente en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente únicamente del Estado del que sea nacional;
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente únicamente del Estado contratante en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
3. Una obra, un proyecto de construcción o instalación, o las actividades de inspección o consultoría relacionadas con ellos, sólo constituyen establecimiento permanente si su duración excede de doce meses.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles utilizados para la prestación de servicios personales independientes.
4. Mientras sea usual en un Estado contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el apartado 2 no impedirá que ese Estado contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de imputación adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este artículo.
2. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero:
a) cuando los dividendos los pague una sociedad residente de España a un residente de Malta que sea su beneficiario efectivo, el impuesto español así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos;
b) cuando los dividendos los pague una sociedad residente de Malta a un residente de España que sea su beneficiario efectivo, el impuesto maltés sobre el importe bruto de los dividendos no excederá del que fuera aplicable a los beneficios con cargo a los cuales se pagan dichos dividendos.
1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. El término «intereses» en el sentido de este artículo significa los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular, los rendimientos de valores públicos y los rendimientos de bonos u obligaciones, incluidas las primas y lotes unidos a esos títulos, así como cualesquiera otras rentas que se sometan al mismo régimen que los rendimientos de los capitales prestados por la legislación fiscal del Estado del que procedan las rentas. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo.
3. Las disposiciones del apartado 1 no se aplican si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
4. Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de los intereses, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
1. Los cánones procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. El término «cánones» empleado en el presente artículo, significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y las películas, cintas o cualquier otro método utilizado para la reproducción de la imagen o el sonido, de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplican si el beneficiario efectivo de los cánones, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado en ese otro Estado o presta servicios personales independientes por medio de una base fija situada en ese otro Estado, y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente o base fija. En tal caso se aplicarán las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según proceda.
4. Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio.
3. Las ganancias que una empresa de un Estado contratante obtenga de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles afectos a la explotación de tales buques o aeronaves, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
4. Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones análogas cuyo valor se derive en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante podrán someterse a imposición en ese otro Estado.
1. Las rentas obtenidas por una persona física que sea residente de un Estado contratante de la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que esa persona disponga de manera habitual de una base fija en el otro Estado contratante para realizar sus actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a dicha base fija.
3. No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional por una empresa de un Estado contratante pueden someterse a imposición en ese Estado.
Las participaciones y otras retribuciones similares que un residente de un Estado contratante obtenga por su condición de miembro de un consejo de administración de una sociedad residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
Artículo 20. Estudiantes y personas en prácticas.
1. Las rentas de un residente de un Estado contratante, cualquiera que fuese su procedencia, no mencionadas en los anteriores artículos del presente Convenio, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
La doble imposición se evitará como sigue:
1. En España:
a) Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Malta, España permitirá:
i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Malta;
ii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente pagado por la sociedad que reparte los dividendos, correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, se concederá de acuerdo con la legislación interna de España.
2. En Malta:
1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de esos Estados, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 del artículo 23, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá plantearse dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones de este Convenio.
4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse directamente entre sí a fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante un intercambio verbal de opiniones, este podrá realizarse a través de una comisión mixta integrada por representantes de las autoridades competentes de los Estados contratantes.
2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado y sólo se comunicará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos de cualquier naturaleza, de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a estos impuestos, de la resolución de los recursos relativos a los mismos, o a los órganos de supervisión de tales personas o autoridades. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para dichos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.
4. Cuando un Estado contratante solicite información en virtud del presente artículo, el otro Estado contratante utilizará las medidas para recabar información de que disponga con el fin de obtener la información solicitada, aún cuando este otro Estado contratante pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios. La obligación precedente está limitada por lo dispuesto en el apartado 3, excepto cuando tales limitaciones impidieran a un Estado contratante proporcionar información exclusivamente por la ausencia de interés nacional en la misma.
5. Por lo que respecta al fraude fiscal, en ningún caso se interpretarán las disposiciones del apartado 3 en el sentido de impedir a un Estado contratante proporcionar información únicamente por que esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, incluidos los agentes designados, o porque esté relacionada con acciones o participaciones en una persona.
Artículo 27. Limitación de beneficios.
1. Lo dispuesto en los artículos 6 a 21 del presente Convenio no será aplicable a:
a) aquellas personas que disfruten de un tratamiento fiscal especial en virtud de las leyes o de la práctica administrativa de cualquiera de los Estados contratantes, identificadas en el Protocolo al presente Convenio;
b) aquellas personas que disfruten de un tratamiento fiscal especial en cualquiera de los Estados contratantes, que se hayan identificado como tal mediante acuerdo amistoso entre las autoridades competentes.
2. No obstante las restantes disposiciones de este Convenio, un residente de un Estado contratante no podrá beneficiarse de las reducciones o exenciones fiscales previstas en el presente Convenio, otorgadas por el otro Estado contratante, cuando el fin primordial o uno de los fines primordiales para la existencia o la constitución de tal residente, o de cualquier persona relacionada con dicho residente, fuera el de obtener los beneficios derivados del presente Convenio, que de otro modo no le serían accesibles.
Articulo 28. Entrada en vigor.
i) en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience en la fecha de entrada en vigor del Convenio o con posterioridad a la misma;
ii) en los restantes casos, en la fecha en la que el Convenio entre en vigor.
i) en relación con los impuestos de devengo periódico, respecto de los impuestos sobre la renta correspondientes al año fiscal que comience el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia, o con posterioridad a esa fecha; ii) en los restantes casos, el primer día de enero del año civil siguiente a aquel en el que se notifique la denuncia.
Hecho en doble ejemplar en Madrid, el 8 de noviembre de 2005 en las lenguas española e inglesa, siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación, ésta se resolverá de acuerdo con el texto en lengua inglesa.–Por el Reino de España, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.–Por Malta, Michael Frendo, Ministro de Asuntos Exteriores.
1. Con referencia al artículo 27.
a) en el caso de España, no existe legislación o práctica administrativa alguna en virtud de la cual una persona pueda disfrutar de un tratamiento fiscal especial;
b) en el caso de Malta, las personas que disfrutan de un tratamiento fiscal especial son aquellas que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marina Mercante (Merchant Shipping Act) de 1973 –y en esa medida– no están sujetas a tributación por los beneficios derivados de la explotación de buques en tráfico internacional.
2. Con referencia al artículo 25.5.
Fecha de publicación: 07/09/2006
Entrada en vigor: 12 de septiembre de 2006.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 25 de agosto de 2006.