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Timestamp: 2019-05-21 03:08:58
Document Index: 306379311

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 59', 'artículo 59', 'artículo 93', 'artículo 150', 'artículo 338', 'artículo 8', 'artículo 338', 'artículo 154', 'artículo 59', 'artículo 215', 'artículo 154', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 300', 'artículo 313', 'artículo 338', 'artículo 879', 'artículo 1']

﻿ Sentencia C-602 de septiembre 16 de 2015
SENTENCIA C-602 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA EMPRESAS VINCULADAS A PROGRAMAS EN CÁRCELES. SE DECLARA INEXEQUIBLE PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 1709 DEL 2014, EN LO RELACIONADO CON LAS FACULTADES AL GOBIERNO PARA CREAR Y REGLAMENTAR ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO O PERSONAS NATURALES QUE SE VINCULEN A PROGRAMAS DE TRABAJO Y EDUCACIÓN EN CÁRCELES O PENITENCIARÍAS. SEGÚN EL ALTO TRIBUNAL, LA NORMA EXCEDE EL MARCO ESPECIAL Y ESTRICTO QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 HA FIJADO PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TRIBUTOS Y, POR ENDE, DE LAS POLÍTICAS DE EXENCIÓN TRIBUTARIA. POR CONSIGUIENTE, LA CORPORACIÓN CONCLUYÓ QUE “EL ARTÍCULO DESCONOCE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA DE LOS TRIBUTOS, EN LA MEDIDA EN QUE EL CONGRESO SOBREPASÓ EL LÍMITE DE COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN AL ATRIBUIR AL EJECUTIVO LA REGULACIÓN DE UNA MATERIA QUE CORRESPONDE AL LEGISLATIVO”.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIO TRIBUTARIO, EMPRESA DEL ESTADO, ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, EMPRESA PRIVADA
Sentencia C-602 de septiembre 16 de 2015
Ref.: Expediente D-10665
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 59 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
Actor: Carlos Felipe Trujillo Medina.
Bogotá, D. C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.
EXTRACTOS: II. Texto de la norma acusada
A continuación se transcribe la norma subrayando el aparte demandado:
“ART. 59.—Modifícase el artículo 93 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
“ART. 93.—Estímulos tributarios. El Gobierno Nacional creará y reglamentará los estímulos tributarios para aquellas empresas públicas y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como también incentivará la inversión, por parte de estas empresas, en los centros de reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las empresas que incorporen en sus actividades a pospenados que hayan observado buena conducta certificada por el Consejo de Disciplina del respectivo centro de reclusión”.
En esta oportunidad la Corte debe determinar si la norma acusada, en la medida en que fija en el Gobierno la facultad de crear y reglamentar los estímulos tributarios que considere necesarios para promover los programas de trabajo y educación en las cárceles, la inversión en las penitenciarías y la incorporación laboral de los “pospenados” con buena conducta, vulnera el artículo 150, numerales 10 y 12 de la Carta, como también los artículos 113, 121 y 338 del mismo estatuto.
Para dar respuesta a esa problemática la Sala (i) hará una breve referencia a los principios de legalidad, reserva legal y certeza de los tributos; (ii) determinará los requisitos adscritos a los estímulos, beneficios o exenciones tributarios; y con base en ello, (iii) abordará al examen concreto de la norma impugnada.
3. Principios de legalidad y certeza de los tributos. Reiteración de Jurisprudencia(3).
3.1. La Constitución prescribe que es potestad del Congreso de la República hacer las leyes, por medio de las cuales ejerce la función de establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley (C.P., art. 150.12). La competencia del legislativo en esta materia es palmaria, en la medida en que en el numeral 10 del mismo artículo se establece que ni siquiera a través de las facultades extraordinarias se puede conferir al Presidente la facultad para decretar los impuestos. Sumada a la anterior disposición, el artículo 338 ejusdem, contempla lo siguiente:
“En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”(4).
La Sentencia C-891 de 2012 recopiló la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de los principios de legalidad y certeza tributaria, al examinar si el inciso 4 del artículo 8º de la Ley 1421 de 2010(5) (aportes voluntarios a los fondos - cuenta territoriales), desconocía lo dispuesto en el artículo 338 superior, que delegó en una autoridad administrativa (Ministerio del Interior), la facultad de determinar los elementos de un tributo cuya imposición se asigna a las entidades territoriales.
Bajo ese contexto, en ese fallo se recordó que el principio de legalidad en materia tributaria se funda en el aforismo “nullum tributum sine lege” que exige un acto del legislador para la creación de un gravamen, el cual se desprende de la máxima según la cual no hay tributo sin representación. Este principio surge a la vida jurídica como garantía política con la inclusión en la Carta Magna inglesa de 1215 de la institución “no taxation without representation”, universalmente reconocida como uno de los pilares del Estado liberal - democrático.
En los términos de la Sentencia C-891 de 2012, la aplicación del principio de legalidad, a partir del cual todo tributo requiere de una regla jurídica previa expedida por el Congreso, las asambleas o los concejos(6), conlleva a la formulación de un objetivo básico: “fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido”(7).
Como consecuencia de esos conceptos, ese fallo estableció las siguientes características del principio de legalidad: a) es expresión del principio de representación popular y del principio democrático, derivado de los postulados del Estado liberal; b) materializa el principio de predeterminación del tributo, según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal; c) brinda seguridad a los ciudadanos respecto a sus obligaciones fiscales; d) responde a la necesidad de promover una política fiscal coherente, inspirada en el principio de unidad económica, especialmente cuando existen competencias concurrentes donde confluye la voluntad del Congreso, de las asambleas o de los concejos; e) no se predica solamente de los impuestos, sino que es exigible respecto de cualquier tributo o contribución (sentido amplio), aunque de la naturaleza del gravamen depende el rigor con el que la ley debe señalar sus componentes; f) no sólo el legislador sino también las asambleas y los concejos están facultados para fijar los elementos constitutivos del tributo; g) la ley, las ordenanzas y los acuerdos, sin resignar sus atribuciones constitucionales, pueden autorizar a las autoridades de los distintos niveles territoriales, dentro de los límites establecidos, para fijar las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes; empero, el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos(8).
3.2. Adicionalmente, como un elemento del principio de legalidad, en la Sentencia C-891 de 2012 se afirmó que al establecer una obligación tributaria la ley debe suministrar con certeza los elementos mínimos que la definen(9). A partir de esta pauta, se argumentó que los órganos de representación popular están obligados a determinar, de manera clara y precisa, los elementos estructurales del tributo, con la finalidad de hacer efectivo, entre otros, la eficacia en su recaudo(10). En virtud de esto, la jurisprudencia ha reiterado que la norma que establezca el impuesto debe fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa(11).
En resumen, dicha decisión concluyó que: (i) son los órganos de elección popular quienes directamente deben señalar los sujetos activo y pasivo, el hecho y la base gravable y la tarifa de las obligaciones tributarias; (ii) al establecer los elementos del tributo, es necesario que la ley, las ordenanzas o los acuerdos determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de los elementos esenciales del mismo; (iii) solo cuando la falta de claridad sea insuperable se origina la inconstitucionalidad de la norma que determina los elementos de la obligación tributaria; (iv) el requisito de precisión y claridad de las normas que señalan los elementos de la obligación tributaria no se opone a su carácter general; (v) no se violan los principios de legalidad y certeza del tributo cuando uno de los elementos del mismo no está determinado expresamente en la norma, pero es determinable a partir de ella(12).
3.3. Para la Corte el principio de legalidad del tributo no implica que el legislador deba agotar la regulación de todos sus elementos hasta el menor detalle. La ley no tiene que desarrollar integralmente la materia, puesto que “puede delimitar el tema y permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos”(13). Por tanto, solamente estaría sujeta al rigorismo propio del principio de legalidad la determinación política de los elementos del tributo, “al paso que las variables económicas que inciden sobre los mismos, son susceptibles de un tratamiento menos restringido”(14).
Precisamente, en lo concerniente al alcance de la potestad reglamentaria, la Sentencia C-891 de 2012 expuso que la exigencia de que sea la ley y no el reglamento la que defina los elementos esenciales del tributo, “no impide determinadas remisiones al reglamento en las leyes que crean tributos”(15). Esto porque el rigor del principio de legalidad se aplica a la determinación política de los elementos esenciales del tributo, por lo que escapa del mismo “ciertas variables técnicas o económicas cuya concreción no es posible realizar en la misma ley”(16).
4. Requisitos constitucionales adscritos a las exenciones, beneficios o estímulos tributarios. Reiteración de jurisprudencia(17).
4.1. Las exenciones tributarias corresponden a situaciones que en principio fueron objeto de gravamen pero que son sustraídas del pago —total o parcial— de la obligación por razones de política fiscal, social o ambiental. La Sentencia C-748 de 2009 definió este instrumento en los siguientes términos:
“Concretamente, a través de las exenciones tributarias, el legislador impide el nacimiento de la obligación tributaria en relación con determinados sujetos o disminuye la cuantía de la misma, por consideraciones de política fiscal. Así, si bien en principio, respecto del contribuyente, se concreta el hecho generador del tributo, este se excluye de forma anticipada de la obligación tributaria, por disposición legal(18), mediante una técnica de desgravación que le permite al legislador ajustar la carga tributaria, de manera que consulte los atributos concretos del sujeto gravado o de la actividad sobre la que recae la obligación tributaria, siempre con sujeción a criterios razonables y de equidad fiscal”(19).
Adicionalmente, según ha explicado la Corte, la exención obra como un instrumento de estímulo fiscal cuyos propósitos válidos pueden ser:
“1) recuperación y desarrollo de áreas geográficas gravemente deprimidas en razón de desastres naturales o provocados por el hombre; 2) fortalecimiento patrimonial de empresas o entidades que ofrecen bienes o servicios de gran sensibilidad social; 3) incremento de la inversión en sectores altamente vinculados a la generación de empleo masivo; 4) protección de determinados ingresos laborales; 5) protección a los cometidos de la seguridad social; 6) en general, una mejor redistribución de la renta global que ofrece el balance económico del país”(20).
Los beneficios tributarios se han catalogado como taxativos, limitados, personales e intransferibles, teniendo en cuenta que se dirigen a favorecer únicamente a los sujetos pasivos que se subsumen dentro de las hipótesis reguladas, lo que significa una estrecha relación entre el beneficiario y el gravamen que —al menos en principio— no puede ser trasladado a otro sujeto.
De esta manera, en cumplimiento de cualquiera de los fines anotados se excluye de la obligación tributaria al potencial contribuyente, a condición de que la misma se encuentre razonablemente justificada. En otras palabras, su validez está supeditada a la justificación que tenga a la luz de otros postulados constitucionales(21).
4.2. Las exenciones que se creen dentro del sistema tributario, al hacer parte de las manifestaciones de la política fiscal, también están cobijadas por los principios de legalidad y certeza. Por tanto, los elementos principales de cualquier exención deben estar definidos previamente por el legislador, las asambleas o los concejos, en los términos de los artículos 150, numerales 10 y 12, y 338. Es más, teniendo en cuenta el artículo 154 superior, se deduce que la consagración de estas figuras debe contar con la iniciativa gubernamental. En la Sentencia C-748 de 2009 se desarrolló esta idea de la siguiente manera:
“Esta corporación, en reiteradas oportunidades, ha establecido que así como el legislador goza de amplia potestad de configuración normativa para establecer tributos y definir sus elementos esenciales, es natural que, de la misma forma, goce del poder suficiente para consagrar beneficios tributarios, por razones de política económica o para realizar la igualdad real y efectiva en materia fiscal”(22).
A su vez, para prevenir fueros o privilegios que atenten contra la justicia tributaria, que afecten gravemente la coherencia de la política fiscal o desvirtúen la eficacia del recaudo, la jurisprudencia ha destacado que la decisión legislativa de establecer exenciones debe obedecer ciertos límites o restricciones como la generalidad, la homogeneidad, la equidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la igualdad y la progresividad(23). En el fallo mencionado se calificaron estas barreras a la libertad del legislador de la siguiente manera:
“Así, la soberanía fiscal que ejerce el legislador, no por amplia puede reputarse absoluta, sino que por el contrario se encuentra sujeta a los límites y condicionamientos que emanan directamente de la Constitución Política.
Sobre el particular, la Corte ha destacado que al legislador le corresponde, a iniciativa del gobierno, evaluar la conveniencia y oportunidad de excluir a ciertas personas o actividades del pago de un tributo determinado, ya sea para estimular o incentivar ciertas actividades o comportamientos o con el propósito de reconocer situaciones de carácter económico o social que ameriten el otorgamiento del beneficio fiscal”.
La validez de los beneficios tributarios está adherida a la justificación que cada medida pueda tener en el ordenamiento constitucional. Esto implica, por supuesto, que cualquier beneficio debe contar con la iniciativa del Gobierno, el trámite correspondiente en el Congreso, la Asamblea o el Concejo que corresponda, la definición de los elementos mínimos del instrumento y el cumplimiento de las restricciones que eviten la consagración de fueros o privilegios injustificados.
5. Examen de constitucionalidad de la disposición acusada.
5.1. El actor considera que los estímulos tributarios establecidos en el artículo 59 (parcial) de la Ley 1709 de 2014, en el que se faculta al Gobierno para crear y reglamentar los estímulos, la exoneración o las rebajas de impuestos a favor de las personas que hagan parte de los programas de trabajo y educación en las cárceles, quienes inviertan en los centros de reclusión o a aquellos que incorporen en sus actividades a los “pospenados”, es contrario a los artículos 150, numerales 10 y 12 de la Carta, como también a los artículos 113, 121 y 338 del mismo estatuto.
Teniendo en cuenta que dicha ley no estableció facultades extraordinarias, estima que ese artículo desconoce los principios de legalidad y certeza de los tributos, en la medida en que el Congreso sobrepasó el límite de competencias establecidas en la Constitución al atribuir al Gobierno la regulación de una materia que corresponde al legislativo. Asimismo, el actor indica que la autonomía ejecutiva para crear exenciones implica la afectación del equilibrio de poderes, al permitir dictar normas que tendrán el carácter de leyes y que no podrán ser objeto de control de constitucionalidad.
La mayoría de intervinientes y el Procurador General de la Nación coadyuva la pretensión del demandante y solicita declarar la inexequibilidad del artículo demandado. Todos ellos estiman que los principios de legalidad y certeza son desconocidos por el precepto en la medida en que el legislador no concretó los elementos mínimos del beneficio. Solo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo estima que el artículo cumple con fines plausibles establecidos en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad, al tiempo que consideran que los argumentos del actor son equivocados por no aceptar que el Ejecutivo puede crear exenciones tributarias en determinadas ocasiones.
5.2. Según se ha podido explicar, la Constitución Política ha fijado un marco especial y estricto para la definición de los tributos con los que los ciudadanos contribuyen al mejoramiento de la sociedad y la financiación del gasto público. Estas obligaciones adquieren legitimidad y plena exigibilidad, atendiendo que solo puede surgir de las corporaciones que son elegidas democráticamente y en las cuales las decisiones se surten a partir de los debates y de un proceso que permite el flujo de conceptos, opiniones y el planteamiento de intereses, conforme a las garantías que se desprendan de la representación política.
En otras palabras, conforme al principio de legalidad tributaria establecido en los artículos 150, numerales 10 y 12, y 338 superior, dichas cargas impositivas únicamente pueden surgir de la ley (salvo lo previsto en el artículo 215 constitucional) y, en esa medida, en época de normalidad sólo el legislador tiene la obligación de definir sus elementos esenciales para que, a partir de estos, el Ejecutivo proceda a efectuar la correspondiente reglamentación.
Adscrito a lo anterior, también es una obligación del legislador cumplir con el principio de certeza que implica la definición clara de los elementos del tributo, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa (C.P., art. 338). Como se observó, estas exigencias no hacen parte de una fórmula institucional intrascendente, sino que —como lo señala el actor— tienen fundamento en el principio de separación de poderes que permiten o garantizan la seguridad jurídica de los ciudadanos, la protección de sus bienes, el aseguramiento de una política fiscal coherente y justa, entre otros.
Al hacer parte integral de la política fiscal que puede fijar el Estado, la creación de exenciones tributarias también debe cumplir con los requisitos constitucionales enunciados. La coherencia del sistema exige que haya una sincronía entre las cargas y los beneficios, de manera que se estimule el pago de las obligaciones a la vez que se impulsan o apoyan algunas actividades especiales con interés para toda la comunidad.
Como consecuencia, a diferencia de lo manifestado por uno de los intervinientes, para la Corte es claro que el Ejecutivo no puede decretar directa o autónomamente los beneficios tributarios, sin importar su finalidad. En su lugar, es necesario que previamente exista la definición de todos los componentes por parte del Congreso, Asamblea o Concejo para que el Gobierno proceda, de a la reglamentación correspondiente. Es más, por disposición constitucional su trámite legislativo cuenta con una exigencia adicional consistente en la iniciativa gubernamental prevista en el artículo 154 superior.
La Sala acoge tanto los criterios del actor como los del jefe del Ministerio Público quienes consideran que en el presente caso fueron inobservados los principios de legalidad y de certeza del tributo, por cuanto no es el Congreso de la República quien crea la exención o los estímulos tributarios sino que se desprende de esta competencia para transferirla al Gobierno transgrediendo el principio fundamental de que obliga la representación cuando se impone la tributación. En el mismo sentido resultó vulnerado el principio de certeza del tributo al no prever la norma atacada los elementos mínimos que lo definen, considerados como requisito para hacer eficaz el recaudo.
5.3. En esos términos, la Sala considera que la norma demandada incumple con los principios de legalidad y certeza tributaria y, como consecuencia, procederá a declarar su inexequibilidad.
En primer lugar, es necesario reconocer que el carácter genérico del precepto impide que haya una determinación elemental de los componentes del beneficio tributario. De hecho, una parte del artículo textualmente entrega al Ejecutivo la posibilidad de ‘crear’ exenciones sobre cualquier carga impositiva, sin más restricción que las actividades desarrolladas en las cárceles o a favor de los “pospenados”, lo que vulnera claramente las competencias indelegables en cabeza del Congreso de la República. La aplicación de una norma de esta envergadura podría terminar por afectar gravemente el sistema jurídico creado por el legislador, ya que en cumplimiento de cualquiera de esas finalidades, el Ejecutivo podría desmontar buena parte de la política fiscal establecida bajo los parámetros de los artículos 150 y 338 constitucionales.
Además, aunque su finalidad sea loable, lo cierto es que el artículo 59 (parcial) de la Ley 1709 de 2014 no concreta los elementos mínimos del beneficio tributario que podrán ser ‘reglamentados’ por el Gobierno. Si bien la norma define tres hechos que serían generadores de la exención así como el sujeto pasivo y el sujeto activo, no establece qué tipo de tributos podrían ser objeto del beneficio y tampoco especifica unas bases para determinar las tarifas que regirían la reducción de la obligación.
Esas carencias hacen inviable el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno y conllevan a que la Corte declare la inexequibilidad del precepto.
DECLARAR LA INEXEQUIBILIDAD del artículo 59 de la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
(3) La base teórica de este capítulo fue desarrollada en la Sentencia C-449 de 2015.
(4) Debe tenerse en cuenta que el artículo 300 numeral 4º atribuye a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales y el artículo 313 numeral 4º confiere a los concejos la competencia para votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.
(5) Por medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
(6) Cfr. sentencias C-822 de 2011, C-664 de 2009, C-1153 de 2008, C-643 de 2002, C-1295 de 2001, C-796 de 2000, entre otras.
(7) Cfr. sentencias C-018 de 2007, C-776 de 2003, C-488 de 2000 y C-084 de 1995.
(8) Cfr. sentencias C-525 de 2003 y C-155 de 2003.
(9) En la Sentencia C-287 de 2009 se manifestó: “conforme al principio de legalidad en materia tributaria, previsto en el artículo 338 C.P., en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. De esta manera, como lo prevé el mismo precepto superior, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores y las bases gravables, al igual que la tarifa de los impuestos”.
(10) Cfr. sentencias C-287 de 2009 y C-488 de 2000.
(11) Cfr. Sentencia C-664 de 2009. En la Sentencia C-704 de 2010 se sostuvo que en la obligación tributaria aparecen: el sujeto activo, que es la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo; el sujeto pasivo, o persona en quien recae la obligación correlativa; el hecho gravado o situación de hecho indicadora de una capacidad contributiva a la cual la ley confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria; y la base gravable y la tarifa, que son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación. La Sentencia C-155 de 2003 profundiza sobre cada uno de los elementos del tributo.
(12) Cfr. Sentencia C-822 de 2011. Además, la Sentencia C-891 de 2012 explicó lo siguiente: “cuando el legislador establece tributos del orden nacional debe señalar todos los componentes, de manera clara e inequívoca. No obstante, no opera la misma exigencia para los del orden territorial, frente a los cuales el Congreso deberá crearlos o autorizar su creación, pudiendo asumir además esa Corporación Legislativa una de tres alternativas para la determinación de los elementos constitutivos del tributo: i) que señale los elementos del tributo; ii) que fije algunos de los elementos del tributo y permita que asambleas y concejos señalen los restantes, y iii) que deje a las corporaciones públicas territoriales la fijación de los elementos del tributo que aquel ha creado”.
(13) Sentencia C-690 de 2003. Cfr. Sentencia C-891 de 2012.
(14) Cfr. Sentencia C-690 de 2003.
(15) Cfr. Sentencia C-690 de 2003.
(16) Cfr. sentencias C-032 de 2005, C-690 de 2003, C-842 de 2000 y C-583 de 1996, entre otras. La Corte ha admitido la remisión al reglamento o a la administración en normas que tienen que ver con la certificación del precio de la panela (C-040 de 1993), la fijación del precio de los productos agropecuarios como punto de partida para establecer la tarifa de las contribuciones parafiscales aplicables (C-1067 de 2002), las exenciones del IVA implícito para la importación de bienes cuando exista insuficiencia de oferta (C-597 de 2000), la determinación de los parámetros para la fijación, y la fijación, del índice de bursatilidad de las acciones (C-842 de 2000), la valoración de activos patrimoniales (C-583 de 1996) y el avalúo catastral (C-690 de 2003 y C-467 de 1993).
(17) Ver Sentencia C-1021 de 2012.
(18) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-804 de 2001.
(19) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-511 de 1996.
(20) Corte Constitucional, Sentencia C-1107 de 2001. En esta oportunidad la Corte declaró exequible el numeral 1º del artículo 879 del estatuto tributario, tal como fue adicionado por el artículo 1º de la Ley 633 de 2000, según el cual se encuentra exentos del GMF los retiros efectuados de las cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda.
(21) Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2009.
(22) Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-341 de 1998, y C-250 de 2003.
(23) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-709 de 1999.