Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/22666
Timestamp: 2020-06-03 17:17:39
Document Index: 382041584

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 156', 'Artículo 31', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 6']

HJ System - Decision: SENTENCIA 203/2011
SENTENCIA 203/2011, de 14 de diciembre
ECLI:ES:TC:2011:203
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, doña Adela Asúa Batarrita, don Francisco José Hernando Santiago y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, Magistrados ha pronunciado
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1463-2002, interpuesto por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha contra los arts. 3.2, 7.1, 7.3 y 8.1 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria. Ha intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal con fecha 12 de marzo de 2002, el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 3.2, 7.1, 7.3 y 8.1 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria por lesionar la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (arts. 156.1 CE y 42.1 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: EACM), así como la competencia exclusiva en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región del art. 31.1.12 EACM. La fundamentación que sustenta la impugnación de estos preceptos se resume a continuación.
a) La representación procesal de las Cortes de Castilla-La Mancha hace referencia, en primer lugar, a la exposición de motivos, apartado II, de la Ley 18/2001, reproduciendo varios párrafos de la misma que ponen de relieve que, el objetivo de la estabilidad presupuestaria ha de alcanzarse de modo diferente en el sector público estatal y local que cuando se trata de las Comunidades Autónomas, pues en este último caso hay que fijar mecanismos que garanticen la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y es que mientras que las normas referidas al Estado y a las entidades locales pueden tener el carácter de ley ordinaria, la cooperación financiera entre el Estado y las Comunidades Autónomas deben revestir la forma de ley orgánica. Por tal razón, se elaboraron dos leyes distintas, la Ley 18/2001, objeto del presente recurso, y la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria que deberán ser interpretadas y aplicadas en forma conjunta, por cuanto, en lo que concierne a las Comunidades Autónomas, constituyen un sistema normativo integrado. Por ello aunque se haya formalizado un recurso de inconstitucionalidad contra cada una de las leyes, ordinaria y orgánica, debe entenderse que la argumentación que se expone sirve para ambos recursos, con independencia de que existan ciertas cuestiones que no se abordan ahora.
b) A continuación la demanda se refiere a la finalidad de la Ley 18/2001, que conecta con las exigencias que, en materia de política presupuestaria, se derivan del Derecho comunitario. Así, los objetivos de estabilidad y crecimiento económico establecidos en el marco de la Unión Económica y Monetaria Europea orientan la ley impugnada, específicamente en su art. 1 que describe el objeto de dicha ley, y se recuerdan nuevamente al fijar con carácter general el principio de estabilidad presupuestaria (art. 3.1), al establecer el procedimiento de adopción por parte del Estado del objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto del sector público y para cada uno de sus integrantes (art. 8.2) y, finalmente, al regular la responsabilidad financiera que pueda derivarse del incumplimiento de tales compromisos (art. 11).
c) Atendiendo a la vinculación que existe entre los preceptos impugnados y la normativa dictada en el marco de la Unión, la demanda señala a continuación que resulta imprescindible analizar el alcance exacto de las imposiciones europeas a fin de calibrar en sus justos términos las causas de inconstitucionalidad de que adolecen las leyes recurridas. El examen previo de la normativa europea considera que permitirá delimitar con precisión los términos de la controversia, siempre teniendo en cuenta que, si bien la normativa de la Unión Europa en ningún caso puede jugar como ratio decidendi de las controversias, pues esto supondría aceptar que está dotada de la virtualidad de desplazar y sustituir a la normativa interna en la resolución de los conflictos de competencia, sí puede y debe emplearse para facilitar la delimitación del alcance de los respectivos títulos competenciales contemplados en el bloque de la constitucionalidad. Con este objetivo y significado de servir de auxilio hermenéutico del orden constitucional de competencias, procede la demanda a examinar el Derecho comunitario.
Y el análisis del marco normativo europeo comienza por el actual art. 104 del Tratado de la Comunidad Europea, que establece las pautas de la disciplina presupuestaria atendiendo, de un lado, a criterios de proporción entre el déficit público, previsto o real, y el producto interior bruto y, de otro, a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto, previendo para ambos casos valores de referencia que no pueden rebasarse. Estos valores de referencia han sido recogidos en el protocolo sobre procedimiento aplicable, en caso de déficit excesivo. La representación autonómica alude también al marco normativo que configura el Pacto de estabilidad y crecimiento, y que está compuesto por la resolución del Consejo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, acordada en Ámsterdam el 17 de junio de 1997, y por los reglamentos (CE) núms. 1466/1997, del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y 1467/1997, de 7 de julio de 1997, del Consejo, sobre aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo. Todas estas normas tendrían como finalidad conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit, adoptando medidas correctoras en caso contrario. El conjunto de normas citadas se considera bastante para poner de manifiesto, en términos inequívocos, que la única exigencia que impone a los Estados miembros el principio de déficit público no excesivo ex art. 104.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según ha quedado perfilado en el Derecho comunitario derivado, se reduce a mantener una situación presupuestaria próxima al equilibrio, sirviendo como esenciales puntos de referencia para identificar tal situación los tantas veces reiterados valores que se contienen en el protocolo núm. 5.
d) Con este punto de partida señala la demanda que desde el momento en que se instauró la prohibición de alcanzar un déficit público excesivo, se planteó el problema de cómo distribuir el endeudamiento entre los niveles de gobierno de los Estados descentralizados, así como las responsabilidades financieras en que pudieran incurrirse en caso de incumplimiento, pero, ni siquiera en países como Alemania ni en Austria ha cuajado la idea de que sea el Bund quien desempeñe unilateralmente dicha tarea, al entenderse que ello podría entrañar una injerencia constitucionalmente ilícita en la autonomía presupuestaria de los entes subcentrales.
A diferencia de estos países, la Ley 18/2001 habilita a las instancias centrales de gobierno a adoptar tales decisiones de modo prácticamente unilateral, como se desprende de su artículo 2, que extiende su ámbito de aplicación al conjunto del sector público, y de su artículo 3.1 que establece que las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales están sujetas, en su política presupuestaria, a observar los compromisos asumidos en la esfera comunitaria: “La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”. E incardinado al objetivo de garantizar la observancia de tales compromisos, el artículo 7.1 les exige que establezcan “en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria”; mientras que, por su parte, el art. 7.2 atribuye “al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en todo el ámbito del sector público”. Si bien sería, sin duda, el artículo 8, relativo al establecimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el que permitiría afirmar que la ley impugnada reserva al Estado la capacidad decisoria unilateral al respecto. Pues es el Gobierno quien, en el primer cuatrimestre de cada año, ha de fijar “el objetivo de estabilidad presupuestaria referido a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto del sector público, como para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el artículo 2.1 de esta Ley” (art. 8.1); y son las Cortes Generales las que proceden a su aprobación, previéndose, en caso de rechazo, que el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remita “un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento” (art. 8.2). La presencia de las Comunidades Autónomas se reducirá a participar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la elaboración de un informe previo a la adopción de la decisión por parte del Gobierno (art. 8.1 y 3).
Sostiene la demanda que esa capacidad del Estado de fijar unilateralmente el objetivo presupuestario de cada nivel de gobierno excedería las exigencias impuestas por el Derecho comunitario, que, se circunscriben a prescribir una situación próxima al equilibrio presupuestario, en el marco de los valores de referencia apuntados en el protocolo núm. 5.
e) Una vez constatado el alcance de la ley recurrida, aborda la representación procesal de las Cortes de Castilla-La Mancha la tarea de determinar en qué medida es constitucionalmente lícito que el Estado pueda imponer de modo unilateral el objetivo de estabilidad presupuestaria que será de aplicación para el conjunto de las Comunidades Autónomas, yendo incluso más allá de lo exigido por la normativa comunitaria.
En relación con los títulos competenciales en que se basa la Ley 18/2001, comienza refiriéndose al apartado 1 de su disposición final segunda, que establece que esta ley ha sido aprobada al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución, y constituye legislación básica del Estado, y añade que, asimismo, se aprueba al amparo de las competencias que atribuidas al Estado en los artículos 149.1.11 y 1491.14 de la Constitución, si bien considera que los últimos títulos citados jugarían un papel secundario como soporte competencial.
En lo que concierne a la intervención en la esfera autonómica, sostiene la demanda que el específico título competencial que podría legitimar la penetrante actuación del Estado, cuya constitucionalidad se cuestiona, es el contenido en el art. 149.1.13 CE, en virtud del cual se le atribuye la competencia exclusiva sobre las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”. Basándose en las limitaciones establecidas en los propios Estatutos de Autonomía, se resalta que el Tribunal Constitucional ha configurado el título competencial ex art. 149.1.13 CE como una suerte de competencia genérica de “ordenación de la actividad económica” o de “dirección de la política económica” y en este sentido también el artículo 53.5 EACM sujeta el ejercicio de las competencias económicas a dicha ordenación estatal. El Estado contaría pues, merced al art. 149.1.13 CE, con un título competencial de naturaleza transversal que, desde el punto de vista de su ámbito material, le permitiría emprender aquellas actuaciones normativas o adoptar aquellas medidas incardinadas a la configuración de la política económica en su conjunto, como se puso de manifiesto, entre otras en la STC 186/1988, FJ 2, pero siempre que “las finalidades perseguidas tengan tengan entidad suficiente como para constituir líneas maestras de planificación económica” en los términos de la STC 242/1999, FJ 16 b).
A la luz de la interpretación efectuada por la doctrina constitucional del alcance material de la competencia sobre la ordenación general de la actividad económica, considera la demanada que podría admitirse, a efectos dialécticos, que el Estado está facultado para dictar una ley reguladora de la política presupuestaria de todos los niveles de gobierno, e incluso, en línea de principio, para establecer determinadas medidas que restrinjan la libertad de acción de las Comunidades Autónomas al respecto. Ahora bien, no autorizaría al Estado a adoptar cualquier normativa que estimase oportuno diseñar, con independencia de lo penetrante, incisiva o erosionadora que pudiese resultar para la esfera autonómica, pues el Estado encuentra un límite infranqueable en la exigencia de evitar el vaciamiento de las competencias autonómicas, como dijo la STC 133/1997, FJ 4 c).
Por otro lado el título competencial autonómico más específicamente afectado por las facultades que reconoce al Estado la Ley 18/2001 es el contenido en el artículo 31.12 EACM, que atribuye a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia exclusiva sobre “planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y del sector público de Castilla-La Mancha”. Que sea el Estado quien fije unilateralmente, para períodos de tres años, los objetivos de estabilidad que han de satisfacer las Comunidades Autónomas —pudiendo llegar incluso a exigir el superávit presupuestario— resultaría difícilmente compatible con la subsistencia de una verdadera competencia autónoma de planificación y fomento digna de tal nombre. A este resultado conduciría también la aplicación del test jurisprudencial conforme al cual debe enjuiciarse si, en efecto, el ejercicio de las competencias estatales ex art. 149.1.13 CE y sobre la “ordenación de la actividad económica” produce o no el vaciamiento de las competencias exclusivas autonómicas. Test jurisprudencial que, como se extrae de la STC 225/1993, FJ 3 d), gira en torno al examen de la finalidad perseguida por la intervención estatal cuestionada.
Y el examen de la ley impugnada revela en opinión de la respresentación procesal autonómica que la finalidad perseguida por la intervención estatal es asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel europeo, tal y como quedan delimitados en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Sin embargo el concepto de equilibrio presupuestario del que parte la ley recurrida (situación de equilibrio o de superávit), y por ende las atribuciones que al respecto asume el Estado, excedería con creces el nivel impuesto por el reiterado Pacto de estabilidad y crecimiento, que sólo requiere una situación próxima al equilibrio de acuerdo con los valores de referencia apuntados en el protocolo núm. 5.
En este contexto, considera la demanda que la ley impugnada no ha observado la máxima de que las competencias ex art. 149.1.13 CE y sobre la ordenación general de la economía no pueden extenderse “de forma excesiva”, según, entre otras, las SSTC 76/1991, FJ 4; 112/1995, FJ 4; y STC 171/1996, FJ 3. “Prohibición del exceso” que vendría a configurarse como la garantía última destinada a evitar un vaciamiento de las competencias autonómicas exclusivas que se produciría de permitirse el ejercicio intenso de títulos competenciales tan genéricos por parte del Estado. Y en el supuesto que nos ocupa el presupuesto sobre el que se erige el entero edificio normativo formado por la Ley 18/2001 y la Ley Orgánica 5/2001 —a saber, la equiparación de la estabilidad presupuestaria con la situación de equilibrio o de superávit (art. 3.2 Ley 18/2001)— desbordaría el margen de maniobra que confiere al Estado el bloque de la constitucionalidad para diseñar la política económica global, al restringir desproporcionadamente la competencia autonómica en materia de “planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región” (art. 31.12 EACM).
Esta conclusión que se encontraría también respaldada por la reciente línea jurisprudencial, según la cual el Derecho comunitario puede servir para delimitar en los casos concretos el alcance exacto de los títulos competenciales que entran en juego en los conflictos trabados entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Desde que se ratificó mediante la Ley Orgánica 10/1992, de 28 de diciembre, el Tratado de la Unión Europea, se efectuó una relevante cesión de competencias derivadas de la Constitución a las instituciones comunitarias en materia de política económica que repercute en los correspondientes ámbitos competenciales de todos los niveles de gobierno. El art. 3.2 de la Ley 18/2001 parte de la convicción de que las facultades estatales ex art. 149.1.13 CE pueden siempre ejercitarse con independencia de que el régimen jurídico comunitario regulador de la política económica llegue a ser tan penetrante y detallista como el diseñado en el Pacto de estabilidad y crecimiento. La norma recurrida parte de la idea de que el Derecho comunitario, aun cuando descienda a una regulación que, de haberse dictado por el Estado, cabría considerar que agota lo básico en materia de política económica, no viene a desplazar a aquél de su ámbito competencial ex art. 149.1.13 CE, sino que son las Comunidades Autónomas las únicas que sufren la merma competencial derivada de la integración europea. Y de admitirse que el art. 149.1.13 CE puede siempre entrar en juego y ser de aplicación con independencia del alcance del Derecho comunitario dictado en el marco del capítulo I del título VII del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, es claro que podría llegar a desvirtuarse el entero sistema constitucional de distribución de competencias y esto es precisamente lo que habría sucedido en el caso que nos ocupa, pues lo que podría entenderse como básico ex art. 149.1.13 CE o lo que podría considerarse “ordenación general de la actividad económica” en materia de política presupuestaria se hallaría ya contenido en las detallistas medidas previstas en el Pacto de estabilidad y crecimiento, que se encarga de regular el contenido, presentación y seguimiento de los programas de estabilidad destinados a evitar déficit excesivos, entendiendo éstos en los términos estrictos del protocolo núm. 5, así como las sanciones que puedan imponerse en caso de incumplimiento. Las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento que delimitan el concepto de “déficit no excesivo” agotarían lo que cabe entender como “ordenación general de la actividad económica” o como básico para la planificación económica general.
Así pues, considera la demanda que el artículo 3.2 de la Ley 18/2001, al asumir un concepto de estabilidad presupuestaria más estricto que el requerido por la normativa comunitaria, resultaría contrario al orden constitucional de competencias. Y sentado lo anterior, habría que concluir que, por conexión, adolece del mismo defecto el artículo 7.1, puesto que obliga a los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la ley a adecuar su normativa al objetivo de cumplimiento de dicha estabilidad presupuestaria. Otro tanto sucedería con el artículo 7.3, que les impone la elaboración de un plan económico-financiero en “situaciones excepcionales de déficit presupuestario”, toda vez que del contexto de la ley se infiere que se puede extender esta exigencia a los supuestos de déficit que no están prohibidos por el Pacto de estabilidad y crecimiento.
f) Termina su escrito la representación procesal de las Cortes de Castilla-La Mancha abordando el argumento de que la ilicitud de los artículos. 3.1 y 8.1 de la Ley 18/2001 se vería ratificada examinando el mismo a la luz del principio de autonomía financiera consagrados en los artículos 156 CE y 42.1 EACM.
Para ello parte de la STC 32/1981, FJ 8, desde la cual la jurisprudencia constitucional no ha dejado de enfatizar el papel de la autonomía financiera como núcleo esencial del poder político sustantivo que ostentan las Comunidades Autónomas, ya que opera como un instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política. Resalta que es innegable que dentro de la autonomía financiera es la dimensión presupuestaria la que adquiere su máxima potencialidad y vigencia, en la medida en que respecto de ella las Comunidades Autónomas ostentan el mayor margen de libre configuración política y, en consecuencia, las eventuales restricciones que puedan pergeñarse en este ámbito deben ser contempladas con la máxima prevención y cautela; máxime si no se soslaya —como puntualizó la STC 68/1996, FJ 10— que la autonomía financiera, en su vertiente de gasto, no entraña sólo la libertad de sus órganos de gobierno en cuanto a la fijación del destino y orientación del gasto público, sino también para la cuantificación y distribución del mismo dentro del marco de sus competencias.
En atención a ello pone de relieve que el Tribunal Constitucional, al enjuiciar una posible extralimitación en el ejercicio de las competencias estatales, ha actuado con mayor rigor cuando lo que se afecta no es un concreto título competencial autonómico, sino genéricamente su autonomía financiera. En los casos en que la actuación estatal afecta potencialmente a la totalidad de las Comunidades Autónomas ha de atenderse con mayor cuidado la preservación de la esfera autonómica. Por ello, de conformidad con la línea jurisprudencial trazada en esta STC 68/1996, cabría sostener que es claramente insuficiente el papel que la Ley 18/2001 reconoce a las Comunidades Autónomas en la determinación del reparto del déficit público entre los diversos niveles de gobierno, puesto que se reduce a participar en la elaboración de un informe en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, según establece el art. 8.1.
Atendiendo al procedimiento contemplado en la Ley 18/2001, considera que se evidencia su difícil conciliación con la autonomía financiera y ello con independencia de que la ley hubiese optado o no por ceñirse estrictamente a la noción de déficit público excesivo asumida en el Pacto de estabilidad y crecimiento. Es decir, la preservación de la autonomía financiera hubiese requerido una presencia más intensa de las Comunidades Autónomas en la asignación por parte del Gobierno del objetivo de estabilidad presupuestaria a los diversos integrantes del sector público y, por ello, el artículo 8.1 de la Ley 18/2001 se considera lesivo de la autonomía financiera consagrada en el art. 156.1 CE y en el art. 42.1 EACM.
La representación procesal de las Cortes de Castilla-La Mancha termina su escrito rebatiendo los argumentos de que los arts. 3.2 y 8.1 de la ley recurrida encontraían fundamento constitucional en el principio de coordinación, que opera como un límite a la autonomía según los artículos 156.1 CE y 42.1 EACM, así como que los mencionados artículos se encontrarían amparados por el art. 2.1 b) de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Considera que en modo alguno el artículo 2.1 b) LOFCA podría justificar las disposiciones recurridas, pues este precepto constituye un supuesto excepcional, que no encuentra ningún parangón en el ordenamiento de los países descentralizados, dadas la vaguedad del supuesto de hecho que autoriza al Estado a intervenir y la extrema generosidad con que se concibe la posible actuación estatal. Por ello ha de interpretarse en términos restrictivos, como se desprende, de las SSTC 63/1986, 96/1990, 237/1992, 171/1996, 103/1997 y 62/2001.
La potestad excepcional que confiere al Estado el art. 2.1 b) LOFCA únicamente podría ponerse en juego cuando la falta de una actuación coordinada de las Comunidades Autónomas entrañase un riesgo de ruptura del equilibrio económico general. Por lo tanto, y de conformidad con la exigencia de interpretar restrictivamente el alcance del precepto, no puede pretender ampliarse su ámbito material para dar entrada al principio de la contención del déficit público concebido como un objetivo permanente e incondicionado, esto es, con independencia de si el grado de limitación del gasto pretendido en el caso concreto resulta verdaderamente necesario, o no, para evitar quiebras del reiterado equilibrio económico general. Desde el punto de vista constitucional, el mantenimiento de una situación de equilibrio económico no reclamaría necesariamente, como condición sine qua non, una política presupuestaria restrictiva, tal y como se desprende inequívocamente del artículo 40.1 CE, que obliga a conciliar el objetivo de estabilidad económica con una política orientada al pleno empleo y a la promoción del progreso social y económico. Por tanto, equilibrio económico general y estabilidad presupuestaria no son, para el Derecho constitucional, ni realidades coextensas, ni conceptos sinónimos o intercambiables.
Conectado con lo anterior afirma la demanda que la tarea estatal de garantizar el “equilibrio económico” ex art. 2.1 b) LOFCA, como se infiere de las Sentencias de este Tribunal recaídas al respecto, lejos de autorizar la fijación de medidas destinadas a tener vocación de permanencia, apunta a la adopción de decisiones coyunturales destinadas a hacer frente a episódicas alteraciones de dicho equilibrio. En suma, con la inclusión de este precepto el legislador orgánico no habría perseguido sino posibilitar la realización de una política coyuntural anticíclica por parte del Estado.
Concluye su escrito reiterando que el principio de coordinación en cuanto límite de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas no ofrece suficiente cobertura a las disposiciones impugnadas de la Ley 18/2001.
2. La Sección Cuarta del Tribunal, mediante providencia de 23 de abril de 2002, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha frente a los arts. 3.2, 7.1, 7.3 y 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria. Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. El día 8 de mayo de 2002 el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se dirigió al Tribunal personándose en el proceso y solicitó una prórroga del plazo por el máximo legal para formular sus alegaciones.
El día 14 de mayo de 2002 la Sección Cuarta acuerdó incorporar a las actuaciones el escrito del Abogado del Estado de 8 de mayo de 2002 y concederle la prórroga de ocho días para formular las alegaciones.
4. Con fecha 17 de mayo de 2002 se registró un escrito de la Presidenta de Congreso de los Diputados comunicando al Tribunal el acuerdo de la Mesa de la Cámara de no personarse en el proceso ni formular alegaciones y poniéndose a su disposición.
5. El día 16 de mayo de 2002 se registró en el Tribunal un escrito del Letrado jefe de la asesoría jurídica del Senado, en representación de dicha Cámara, comunicando que comparece en relación con los recursos de inconstitucionalidad números 1451-2002, promovido por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 1455-2002, promovido por el mismo órgano de la Comunidad Autónoma y 1460-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como en relación con los recursos números 1461-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, 1462-2002, promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha, 1463-2002, promovido por las Cortes de Castilla-La Mancha, 1467-2002, promovido por el Gobierno de Aragón, 1471-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1473-2002, promovido por el Gobierno de Aragón, 1487-2002, promovido por las Cortes de Aragón, 1488-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 1505-2002 y 1506-2002, promovido por Diputados del grupo parlamentario socialista y 1522-2002, promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, todos ellos relacionados con la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, y con la Ley Orgánica 5/2002, de 13 de diciembre.
Al respecto señala que el Senado ha adoptado el acuerdo de personarse en los referidos recursos de inconstitucionalidad y de formular alegaciones en los cuatro referidos en primer lugar. Asimismo solicitó la acumulación de todos los recursos mencionados por cumplir lo dispuesto en el art. 83 LOTC y la suspensión del plazo para formular alegaciones.
6. Con fecha 3 de junio de 2002 se registró el escrito mediante el cual el Abogado del Estado formuló sus alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad número 1463-2002, que resumidamente se exponen.
a) Antes de examinar los motivos de inconstitucionalidad aducidos por la parte demandante, el Abogado del Estado expone el contenido y finalidad de las leyes recurridas, que queda expresado en la exposición de motivos de la Ley 18/2001. Según el legislador se trata de adoptar una importantísima medida de política económica dirigida a mantener y prolongar el ciclo expansivo económico actual, actuando sobre el sector de la política económica en el que el Estado tiene un margen de actuación, al ser mínima su posibilidad de intervenir en la política monetaria, que recae en el Banco Central Europeo. Por ello, el margen de intervención del Estado se localiza en las políticas estructurales y en la política presupuestaria, esfera esta última en la que inciden las medidas contenidas en las leyes recurridas, que se refieren a los principios de estabilidad presupuestaria —definido como equilibrio o superávit—, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos. Estas medidas tienen en cuenta las decisiones y recomendaciones adoptadas en el ámbito europeo (Pacto de estabilidad y crecimiento acordado en el Consejo de Ámsterdam en junio de 1997 y en las recomendaciones del Consejo Europeo de Santa Maria da Feira de junio de 2000).
Sin ánimo de exhaustividad y señalando que el acierto técnico o político no puede ser objeto de debate constitucional en esta sede, el Abogado del Estado relaciona las razones que fundamentan las medidas legales. En primer lugar, alude a la consolidación fiscal que, consistiendo en cerrar los presupuestos de modo que los gastos se financien con los ingresos sin endeudamiento, ha llevado a la eliminación del déficit público en el ejercicio de 2001 por primera vez en la historia de la democracia, haciendo posible el crecimiento económico español a mayor ritmo que los socios europeos, y todo ello en un contexto de desaceleración de la economía mundial. En este sentido, la prioridad del equilibrio presupuestario es la posición más adecuada para afrontar esa desaceleración, dando continuidad al crecimiento y a la creación de empleo. El principio de estabilidad presupuestaria o superávit se complementa con el de plurianualidad, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, de modo que los gastos que atienden a la población pasiva (sistema de pensiones y gastos sanitarios) conllevarán, bien recortes en otras partidas, bien aumento de otros ingresos. Por tanto, mientras se abordan las profundas reformas dirigidas a viabilizar el sistema, se trata de ir generando un margen financiero a través del objetivo de la estabilidad presupuestaria. Estamos, pues, en conclusión, ante un objetivo de política económica general materializado mediante medidas de política presupuestaria.
En segundo lugar, dicha ley prevé que las Comunidades Autónomas podrán “establecer en sus normas reguladoras en materia presupuestaria los instrumentos y procedimientos necesarios para adecuarlas al objetivo del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria”. Por tanto, serán aquéllas las que, en ejercicio de sus competencias, actúen de modo preciso para alcanzar el objetivo a cumplir.
En cuarto lugar, se fija un procedimiento para establecer el objetivo de equilibrio presupuestario para cada Comunidad Autónoma, partiendo de que en el primer cuatrimestre de cada año el Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas, sometiéndolo al Congreso y al Senado para su aprobación. A continuación, el Consejo de Política Fiscal y Financiera fija el objetivo de estabilidad para cada Comunidad Autónoma; en caso de que no hubiera acuerdo en el seno de dicho órgano, las Comunidades Autónomas deben aprobar y liquidar sus presupuestos de acuerdo con el principio de equilibrio previsto en el art. 3.2 de la Ley 18/2001, es decir, con equilibrio o superávit. El acuerdo tiene carácter trienal, aunque se adopta cada año, modulándolo así en virtud de la situación económica del momento.
Con todas estas medidas no se afecta a las decisiones de la autoridad presupuestaria autonómica relativas a la previsión de ingresos y autorización de gastos respecto de cada una de las partidas del presupuesto, de manera que se produce la menor incidencia posible en la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Dicha autonomía es cada vez mayor en la vertiente de los ingresos y se ha vuelto a ampliar con el nuevo sistema de financiación, conteniéndose en la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas todo un catálogo e innovaciones en relación con la cesión de tributos estatales (impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales de fabricación, sobre electricidad y especial sobre determinados medios de transporte), mayores competencias normativas sobre los impuestos ya cedidos, sistemas de recargos o nuevos mecanismos de participación en ingresos del Estado, etc. De todo ello concluye el Abogado del Estado que no se puede afirmar que el endeudamiento sea el único recurso que queda a las Comunidades Autónomas para financiar sus gastos, precisando también que las leyes recurridas admiten excepcionalmente el déficit y el acceso al crédito aunque sea con medidas de coordinación.
Para el Abogado del Estado este iter se basa en el principio de coordinación de las Comunidades Autónomas con el Estado, previéndose distintos momentos en los que aquéllas pueden expresar su opinión, concluyendo que al final del proceso no existe una imposición forzosa ex lege a las Comunidades Autónomas en la configuración de su presupuesto. En contra de lo aducido por la demanda, no considera aplicable en este caso la doctrina de la STC 76/1983, porque lo que se declaró inconstitucional en dicha Sentencia fue un precepto que preveía una situación similar a la prevista en el art. 155 CE. Tampoco considera extensible aquí lo señalado en el fundamento jurídico 14 de la misma STC 76/1983, pues en este caso no existe un acuerdo necesario y vinculante del órgano de coordinación.
Por todo lo anterior concluye que no se produce infracción de la autonomía política y autonomía financiera de la Comunidad Autónoma porque tenga que remitir su plan económico-financiero al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que existe una medida de coordinación que no impone de manera forzosa o vinculante ninguna decisión al poder ejecutivo o legislativo.
7. Mediante providencia de 4 de junio de 2002, el Pleno del Tribunal acordó tener por personado al Letrado de las Cortes Generales jefe de la asesoría jurídica del Senado, en representación de la Cámara, en el presente recurso de inconstitucionalidad, así como en los registrados con los números 1454-2002, 1455-2002, 1460-2002, 1461-2002, 1462-2002, 1463-2002, 1467-2002, 1471-2002, 1473-2002, 1487-2002, 1488-2002, 1505-2002, 1506-2002 y 1522-2002, según interesa en su escrito de 16 de mayo último, accediendo a la suspensión que pide del plazo para hacer alegaciones en los correspondientes recursos hasta tanto se resuelva sobre la acumulación de los mismos. Asimismo, acordó oír a los recurrentes y demás partes personadas para que en el plazo de diez días alegasen lo que estimasen oportuno sobre la petición de acumulación. Por último, acordó llevar testimonio del citado escrito y de esta resolución a los recursos de inconstitucionalidad antes relacionados.
8. El Abogado del Estado, en escrito registrado el día 21 de junio de 2002, manifiestó que no se opondría a la acumulación solicitada por la representación del Senado.
9. El día 4 de julio de 2002, el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha dirigió un escrito al Tribunal en el que solicitó que se acordarse la acumulación del recurso 1451-2002 con los promovidos por las Cortes de Castilla-La Mancha, registrados con los números 1462-2002 y 1463-2002.
10. Por ATC 215/2002, de 29 de octubre, el Pleno del Tribunal decidió la no acumulación solicitada. La representación del Senado no formuló alegaciones.
11. Por providencia de 13 de diciembre de 2011 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
1. Se impugnan con este recurso de inconstitucionalidad los arts. 3.2, 7.1, 7.3 y 8.1 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria.
2. La fundamentación que sustenta la presente impugnación guarda relación con aquella contenida en el recurso que el mismo recurrente ha presentado contra la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley general de estabilidad presupuestaria. No obstante el recurrente ha planteado un recurso autónomo frente a los preceptos recogidos en la Ley Orgánica 5/2001, recurso no acumulado al presente por este Tribunal, por lo que en la presente Sentencia únicamente nos corresponde la resolución de las impugnaciones dirigidas contra los preceptos anteriormente referidos de la Ley 18/2001.
El recurso considera que los preceptos impugnados lesionan la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (art. 156.1 CE y el art. 42.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: EACM), así como la competencia exclusiva autonómica en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región (art. 31.1.12 EACM), al producir la ley impugnada el vaciamiento de las competencias autonómicas.
3. Ante todo, hemos de plantearnos la posible extinción de este proceso por virtud de la derogación de la Ley 18/2001 por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, que aprueba el texto refundido de la Ley general de estabilidad presupuestaria, cuestión ésta a la que la citada STC 134/2011, ha dado, en su fundamento jurídico 2, una respuesta negativa: “carece de sentido, tratándose de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya” del ordenamiento, pero “constituyen una excepción a esta regla general aquellos supuestos en los que a través de un recurso de inconstitucionalidad lo que se traba en realidad es una controversia en el ámbito de las competencias respectivas del Estado y de las Comunidades Autónomas”.
Y en este caso ocurre que la derogación que dicho Real Decreto Legislativo “realiza de la Ley 18/2001 supone su sustitución por otra normativa que reproduce, aun con una redacción diferente y más amplia, las mismas cuestiones objeto de controversia … Por tanto, ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a su modificación o derogación, el recurso de inconstitucionalidad promovido frente a la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, … mantiene vivo su objeto”.
4. Para entrar en el fondo del asunto hemos de recordar la doctrina del ius superveniens que reiteradamente venimos sentando, en lo que ahora importa, en el control de los posibles excesos competenciales, y sobre esta base, una vez que ya hemos dejado constancia de la reforma constitucional que ha modificado el art. 135 CE con la “consagración constitucional” —exposición de motivos de la Reforma— del “principio de estabilidad presupuestaria”, resulta claro que “es a este nuevo canon de constitucionalidad al que hemos de atenernos ahora al dictar sentencia, pues es doctrina uniforme de este Tribunal que ‘en el recurso de inconstitucionalidad no se fiscaliza si el legislador se atuvo o no, en el momento de legislar, a los límites que sobre él pesaban, sino, más bien, si un producto normativo se atempera, en el momento del examen jurisdiccional, a tales límites y condiciones.’” (STC 179/1998, de 19 de septiembre, FJ 2, y en el mismo sentido SSTC 135/2006, de 27 de abril, FJ 3; 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2; y 120/2011, de 6 de julio, FJ 2).
Y el apartado 1 de la nueva redacción del art. 135 CE establece que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”. Estamos, pues, como ya dijimos en la STC 157/2011, de 18 de octubre, “ante un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes públicos y que por tanto, en su sentido principal queda fuera de la disponibilidad —de la competencia— del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cuestión distinta es la de su desarrollo, pues aquel sentido principal admite diversas formulaciones, de modo que será ese desarrollo el que perfilará su contenido”. Desarrollo que la nueva redacción del art. 135 CE en su apartado 3 encomienda a una ley orgánica, obviamente estatal.
5. Estando clara, como ya declaramos en la STC 134/2011, ya citada, y ratificamos en la STC 157/2011, la competencia estatal ex 149.1.13 y 14 CE, por un lado, y art. 149.1.11 y 18 CE, por otro para dictar las normas controvertidas, “deberemos valorar en el examen de cada precepto impugnado si las competencias estatales en juego limitan o no de modo indebido las competencias autonómicas, en particular su autonomía política y financiera (arts. 137 y 156 CE)” (STC 134/2011, ya citada, FJ 7), no sin antes recordar la doctrina establecida en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 64, en relación con que la atribución por el Estatuto de competencias a la Comunidad Autónoma, en el presente supuesto la competencia exclusiva en materia de planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico de la región, no puede afectar a las competencias (o potestades o funciones dentro de las mismas) sobre las materias o submaterias reservadas al Estado, que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas competencias autonómicas con el alcance que les haya otorgado el legislador estatal con plena libertad de configuración, sin necesidad de que el Estatuto incluya cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales.
7. A la misma conclusión desestimatoria con los mismos fundamentos reproducidos, hemos de llegar respecto a todos aquellos preceptos que imponen a las Comunidades Autónomas adecuarse al principio de estabilidad tal como es definido en el artículo 3.2 de la Ley 18/2001. Así sería el caso de los arts. 7.1 y 7.3 de la Ley 18/2001 cuyo tenor es el siguiente:
“Artículo 7. Cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
3. Las situaciones excepcionales de déficit presupuestario deberán ser justificadas mediante la exposición de las causas que las ocasionan y la identificación de los ingresos y los gastos que las producen, y requerirán la formulación de un plan económico-financiero de saneamiento a medio plazo para su corrección, con el contenido y alcance previstos en esta Ley y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de ésta.”
Más concretamente, en relación con la desestimación de la impugnación del artículo 7.3, cuyo contenido es coincidente con el del artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2001 en cuanto dispone la obligación de elaborar un plan de saneamiento para la corrección de los desequilibrios, es posible, asimismo, aplicar la doctrina recogida en la STC 134/2011, FJ 11, para desestimar la impugnación de aquel precepto de la ley orgánica, doctrina que afirma que:
“partiendo de la legitimidad del establecimiento por el Estado del principio de estabilidad presupuestaria, debemos atribuir igual legitimidad al criterio de que cuando dicho principio no se atienda en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento en la liquidación del mismo, el Estado imponga ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades Autónomas correspondientes de un plan económico-financiero de corrección del desequilibrio, pues de no hacerse así quedaría sin efecto el objetivo de estabilidad y, por consecuencia, la citada competencia del Estado, a cuyo través éste ha de garantizar el equilibrio de la política económica general (STC 62/2001, FJ 4, con remisión a otras). En definitiva, la elaboración del plan es una consecuencia vinculada al incumplimiento del objetivo de estabilidad.”
8. Finalmente se recurre el artículo 8.1 de la Ley 18/2001 de estabilidad presupuestaria que dispone:
Para la recurrente la preservación de la autonomía financiera hubiese requerido una presencia más intensa de las Comunidades Autónomas en la asignación por parte del Gobierno del objetivo de estabilidad presupuestaria a los diversos integrantes del sector público. Como ya recordamos en la STC 134/2011, FJ 8 d), el acuerdo del Gobierno sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria tiene, según el art. 8.1 de la Ley 18/2001, una doble referencia, pues ha de fijarse el objetivo de estabilidad “para el conjunto del sector público”, de un lado, y “para cada uno de los grupos de agentes comprendidos en el art. 2.1 de esta Ley”, de otro. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, interviene, en este segundo supuesto de la fijación por el Gobierno del objetivo de estabilidad para “el conjunto de las Comunidades Autónomas” mediante informe. No obstante una vez fijado el objetivo de estabilidad para “el conjunto de las Comunidades Autónomas” corresponde al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera ex artículos 6.3 y 6.4 de la Ley Orgánica 5/2001, mediante acuerdo, determinar “el objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a cada una de las Comunidades Autónomas”.
La impugnación en este caso se refiere a la previsión de la intervención del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mediante informe, en la fijación por el Gobierno del objetivo de estabilidad para “el conjunto de las Comunidades Autónomas”, intervención que, a juicio de la recurrente, hubiese requerido una presencia más intensa de las Comunidades Autónomas en la asignación por parte del Gobierno del objetivo de estabilidad. Y en este punto debemos desestimar la impugnación recordando que en la STC 134/2011, FJ 8 a), admitimos la legitimidad constitucional de que el Estado, ex arts. 149.1.13 y 156.1 en conexión con el art. 149.1.14 CE, establezca topes generales máximos a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos, “toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica de especial relevancia, a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico general (STC 62/2001, FJ 4)”.
Desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra los arts. 3.2, 7.1, 7.3 y 8.1 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria.
Dada en Madrid, a catorce de diciembre de dos mil once
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 1463-2002
Interpuesto por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria.
Aplica la doctrina sobre las limitaciones de las competencias autonómicas, y en particular de su autonomía política y financiera, generadas en virtud de la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, de la STC 134/2011 [FFJJ 5 a 8].
La atribución por el Estatuto de competencias a la Comunidad Autónoma no puede afectar a las competencias sobre las materias o submaterias reservadas al Estado, que se proyectarán, cuando corresponda, sobre dichas competencias autonómicas con el alcance que les haya otorgado el legislador estatal sin necesidad de que el Estatuto de Autonomía incluya cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales (STC 31/2010) [FJ 5].
La legitimidad constitucional de que el Estado establezca topes máximos en materias concretas a las Comunidades Autónomas en la elaboración de sus presupuestos se extiende a la fijación de topes generales para dichos presupuestos, toda vez que la política presupuestaria es un instrumento de la política económica a cuyo través incumbe al Estado garantizar el equilibrio económico general (SSTC 62/2011, 134/2011) [FFJJ 6, 8].
Cuando el principio de estabilidad presupuestaria no se atienda en el momento de la aprobación del presupuesto o se constate su incumplimiento en la liquidación del mismo, es legítimo que el Estado imponga ex art. 149.1.13 CE la elaboración por las Comunidades Autónomas correspondientes de un plan económico-financiero de corrección del desequilibrio (SSTC 62/2001, 134/2011) [FJ 7].
Artículo 149.1.13, ff. 2, 5, 6 a 8
Artículo 149.1.14, ff. 2, 5, 6, 8
Artículo 156.1, ff. 2, 6, 8
Artículo 31.1.12, f. 2
Artículo 2.1, ff. 6, 8
Artículo 3.2, ff. 1, 6, 7
Artículo 7.3, ff. 1, 7
Artículo 8.1, ff. 1, 8
Artículo 6.4, f. 8
Autonomía financieraAutonomía financiera, ff. 4 a 8
Cláusula de salvaguardiaCláusula de salvaguardia, f. 5
Competencias en materia de planificación económicaCompetencias en materia de planificación económica, ff. 6 a 8
Comunidades AutónomasComunidades Autónomas, ff. 4 a 8
Control financieroControl financiero, ff. 4 a 8
Coordinación entre el Estado y las Comunidades AutónomasCoordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, ff. 6 a 8
Equilibrio económicoEquilibrio económico, ff. 6 a 8
Límites a la autonomía financieraLímites a la autonomía financiera, ff. 6 a 8
Plan de saneamiento financieroPlan de saneamiento financiero, f. 7
Presupuestos de las Comunidades AutónomasPresupuestos de las Comunidades Autónomas, ff. 6 a 8
Presupuestos públicosPresupuestos públicos, f. 7
Principio de estabilidad presupuestariaPrincipio de estabilidad presupuestaria, ff. 4 a 8
Informes consultivosInformes consultivos, f. 8
Leyes de presupuestos de las Comunidades AutónomasLeyes de presupuestos de las Comunidades Autónomas, ff. 4 a 8
Consejo de política fiscal y financiera de las Comunidades AutónomasConsejo de política fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas, f. 8
Consejo de política fiscal y financiera de las Comunidades AutónomasConsejo de política fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas, Función, f. 8