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Timestamp: 2019-10-15 09:09:45
Document Index: 2900936

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 8', 'artículo 157', 'artículo 9', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA C-235 DE MARZO 18 DE 2003
SENTENCIA C-235 DE 18 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL SOBRE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS, APROBADO EN CANCÚN EN OCTUBRE DE 1999 Y LA LEY 763 DE 2002 APROBATORIA DEL MISMO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, COOPERACIÓN ADUANERA EN EL TLC
Sentencia C-235 de marzo 18 de 2003
Sentencia C-235 de 2003
Ref.: Expediente LAT 226
EXTRACTOS: «II. Texto de la ley y acuerdo objeto de revisión
El texto de la ley y acuerdo objeto de revisión, son los siguientes:
c) Asunto requerido
b) Depositando el instrumento de ratificación después de haberlo firmado bajo reserva de ratificación, y
c) Las denuncias recibidas, y
Paraguay, Miguel Martín González Ávila.
Acción contra infracciones aduaneras que recaen sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas
1. Las disposiciones del presente anexo no obstaculizarán la aplicación de las medidas en vigor, en el plano nacional, en materia de coordinación de la acción de las autoridades competentes para la lucha contra el abuso de los estupefacientes y de las sustancias psicotrópicas. Tampoco obstaculizarán, sino que complementarán la aplicación de las disposiciones de la Convención única sobre estupefacientes de 1961 (el Protocolo de modificación de marzo de 1972) y de la Convención de 1971 sobre sustancias psicotrópicas (Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988), por las partes contratantes de dichas convenciones que también acepten el presente anexo.
2. Las disposiciones del presente anexo, relativas a las infracciones aduaneras sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se aplicarán igualmente en los casos adecuados, y en la medida en que las autoridades aduaneras sean competentes al respecto, a las operaciones financieras vinculadas con tales delitos.
a) Operaciones en las que se constatare o de las cuales se sospeche que constituyen infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de operaciones que parecieran apropiadas para cometer tales infracciones;
c) Medios o métodos utilizados para la comisión de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas; y
d) Productos recientemente elaborados o utilizados como estupefacientes o como sustancias psicotrópicas que fueran objeto de dichas infracciones.
a) La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas y medios de transporte sobre los que se sospeche puedan estar involucrados en la comisión de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas;
b) Sobre los movimientos de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas señalados por la autoridad aduanera requirente, que fueran objeto de un importante tráfico ilícito con destino o a partir del territorio de dicha parte, y
c) Lugares donde se hayan establecido depósitos de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas, que se presuma son utilizados para almacenar mercancías destinadas al tráfico ilícito.
5. A solicitud de la autoridad aduanera requirente, la autoridad aduanera requerida, actuando en el marco de las leyes y reglamentos en vigor en su territorio, procederá a investigaciones tendientes a obtener elementos de prueba relativos a los ilícitos aduaneros sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que fueran objeto de investigaciones en el territorio de la autoridad aduanera requirente, recogerá las declaraciones de las personas investigadas en razón de esta infracción, así como las de los testigos o de los expertos y comunicará los resultados de la investigación, así como los documentos u otros elementos de prueba, a la autoridad aduanera requirente.
6. Cuando no sea suficiente una simple declaración escrita, la autoridad requerida, previa solicitud de la autoridad requirente autorizará a sus funcionarios en la medida de las posibilidades, a declarar ante los tribunales situados en el territorio de la autoridad requirente, en calidad de testigos o de expertos, en un asunto relativo a una infracción aduanera sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
9. Cuando la autoridad requerida se encuentre realizando una investigación sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, podrá autorizar cuando lo considere apropiado, previa solicitud de la autoridad requirente, a los funcionarios designados por la autoridad requirente a presentarse en sus oficinas y tener acceso a los escritos, registros y otros documentos o soportes de información pertinentes y tomar copias o extraer de ellos la información o elementos de información relativos a dicha infracción.
10. Previa solicitud de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá autorizar, cuando lo considere apropiado, la presencia de funcionarios de la autoridad requirente en su territorio, en ocasión de la investigación o de la constatación de una infracción aduanera sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas que interese a la autoridad requirente.
12. La secretaría establecerá y mantendrá al día un registro de las informaciones que le sean proporcionadas por las autoridades aduaneras y utilizará los datos contenidos en este registro para elaborar resúmenes y estudios relativos a las nuevas tendencias o a las ya establecidas en materia de infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Periódicamente procederá a una clasificación, a fin de eliminar las informaciones que, a su parecer, fueren inútiles o caducas.
15. Salvo indicación en contrario de la autoridad aduanera que comunique las informaciones, la secretaría comunicará igualmente a los servicios o a los funcionarios designados nominativamente por las otras partes, a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, así como a las organizaciones internacionales con las que se hubieran concertado acuerdos al respecto, las informaciones relativas a las infracciones aduaneras sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas que figuren en el registro central, en la medida en que considere útil esta comunicación, así como los resúmenes y estudios realizados en esta materia en aplicación del numeral 12 del presente anexo.
17. Las notificaciones efectuadas de acuerdo con esta parte del registro tendrán por objeto suministrar las informaciones relativas;
a) A las personas que hayan sido condenadas por sentencia definitiva por delitos sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y
b) Eventualmente, a las personas sospechosas o aprehendidas en flagrante infracción aduanera sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas en el territorio de la autoridad aduanera responsable, de la notificación, inclusive si aún no se hubiera llevado a cabo ningún procedimiento judicial.
j) Naturaleza y número de sus documentos de identidad, inclusive fechas y país de expedición, y
a) Los métodos o sistemas para cometer infracciones aduaneras sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluso la utilización de medios ocultos, en todos los casos que presenten un interés especial en el plano internacional.
b) Los vehículos y otros medios de transporte utilizados para cometer infracciones aduaneras sobre estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En principio, deberían comunicarse solamente las informaciones relativas a asuntos considerados de interés en el plano internacional.
A. Métodos o sistemas utilizados.
B. Vehículos y otros medios de transporte utilizados.
1. Las disposiciones del anexo se refieren a los objetos de arte y antigüedades, así como a los otros bienes culturales que, a título religioso o profano, son considerados como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, en el sentido del artículo 1º, literales a) a k) de la Convención de la Unesco relativa a las medidas a tomar para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (París, 14 de nov./70), en la medida en que dichos objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales fueran objeto de infracciones aduaneras.
b) Personas dedicadas o en la medida en que la legislación nacional lo permitiera, personas sospechosas de dedicarse a las operaciones mencionadas en el literal a) precedente, así como de los vehículos, naves, aeronaves y otros medios de transporte utilizados o sospechosos de ser utilizados para dichas operaciones, y
a) La entrada y salida desde y hacia su territorio de personas y medios de transporte sobre los que se sospeche puedan estar involucrados en la comisión de infracciones aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales, y
16. Salvo indicación en contrario de la autoridad aduanera que comunique las informaciones, la secretaría comunicará igualmente a los servicios o a los funcionarios designados nominativamente por las otras partes, a los órganos competentes de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, así como a las organizaciones internacionales con las que se hubieran concertado acuerdos al respecto, las informaciones relativas a las infracciones aduaneras sobre objetos de arte y antigüedades y otros bienes culturales que figuren en el registro central, en la medida en que considere útil esta comunicación, así como los resúmenes y estudios realizados en esta materia en aplicación del numeral 13 del presente anexo.
d) Otras observaciones: se indicará especialmente las circunstancias en las que fue descubierta la infracción, y
Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2000
1. Aprobación presidencial.
El 20 de septiembre del año 2000, el Presidente de la República aprobó y ordenó someter a la aprobación del Congreso de la República el acuerdo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución Política. El decreto también fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores y el Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del ministro de ese despacho.
En el expediente legislativo correspondiente al trámite de la Ley 763 de 31 de julio de 2002, que ahora se revisa, no se encuentra la certificación relativa los plenos poderes con los que debió actuar el funcionario que participó en la negociación del protocolo de modificación del Convenio multilateral sobre cooperación y asistencia mutua entre las direcciones nacionales de aduanas, aprobado por medio de la ley mencionada. Con todo, según lo dispuesto por el artículo 8º de la Convención de Viena, la ratificación presidencial subsana cualquier vicio de representación del Estado, como quiera que al Presidente de la República corresponde como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales (C.P., art. 189-2), de ahí que la confirmación presidencial subsane cualquier vicio de representación durante el trámite de suscripción del tratado.
3.Análisis formal.
El proyecto de ley radicado bajo los números 163/01 Senado y 014/01 Cámara, fue presentado al Senado de la República (C.P., art. 154, inc. final), por los ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. El texto original y la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 90 de 27 de marzo de 2001, por el Senado de la República, dando así cumplimiento a la exigencia de la publicación oficial del proyecto de ley por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva, tal como lo señala el artículo 157, numeral 1º de la Constitución Política.
3.1. Trámite del Proyecto de Ley 163 de 2001, en el Senado de la República y su conformidad con la Constitución Política.
La ponencia para segundo debate fue presentada por el senador Javier Cáceres Leal y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 298 de 14 de junio de 2001.
3.2. Trámite del Proyecto de Ley 14 de 2001, en la Cámara de Representantes y su conformidad con la Constitución Política.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue presentada por el representante Jiménez Walters Pomare, y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 614, el 30 de noviembre de 2001.
Mediante certificación expedida el 6 de mayo de 2002 por el presidente de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley mencionado fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda, en sesión de 3 de abril de 2002.
La ponencia para segundo debate fue presentada por el mismo representante, y aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 136 de 29 de abril de 2002.
En ese orden de ideas, Colombia aprobó mediante la Ley 16 de 1989 el “Convenio multilateral sobre cooperación y asistencia mutua cutre las direcciones nacionales de aduanas, suscrito en Ciudad de México el 11 de septiembre de 1981”, con el fin de lograr a través del intercambio de información y de asistencia mutua entre tos diferentes países que suscribieran el convenio, frenar la práctica progresiva de defraudación de los estados a través de la entrada o salida ilegal de sus mercancías. Este convenio a pesar de haber resultado útil para el fortalecimiento de los fines que persigue, requería ser actualizado atendiendo las variantes circunstancias existentes en el contexto global de la economía de los países, particularmente del incremento y desarrollo del comercio entre las partes. Por ello, como se señala en la exposición de motivos, se hizo necesario la adecuación del convenio inicial, modernizándolo y ajustándolo a las nuevas circunstancias, sin variar la esencia y alcance de los acuerdos logrados en el convenio inicial.
En el capítulo II se establecen los mecanismos y procedimientos para la solicitud de asistencia mutua, ejecución de las solicitudes, comunicación de la información, su tratamiento y confidencialidad, destacando que la información que se suministre podrá ser utilizada para fines diversos de los estipulados en el objeto del convenio, siempre y cuando exista consentimiento de la autoridad requerida y bajo la reserva de las condiciones que ésta estipule. También se establecen en este capítulo las excepciones a brindar la insistencia requerida o a sujetarla a ciertas condiciones, cuando puedan atentar contra su soberanía, infringir el orden público, la seguridad u otros intereses nacionales; y, cuando se pudieran violar secretos industriales, comerciales o profesionales.
El anexo I, se refiere a la vigilancia especial y dispone lo relativo a la eventualidad en que la autoridad requerida deba ejercer en el marco de su competencia y posibilidades un control especial durante un período determinado, sobre el ingreso y salida desde y hacia su territorio de personas, mercancías y medios de transporte, de los cuales se sospeche la comisión de infracciones aduaneras, y de los lugares donde se sospeche que existe depósito de mercancías destinadas al tráfico ilícito.
El anexo IV por su parte, regula lo relacionado con la acción contra infracciones aduaneras que recaen sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Así, dispone lo relativo a la asistencia y cooperación mutua en materia de: intercambio de oficio de informaciones; solicitud de asistencia mutua en materia de vigilancia; investigaciones efectuadas a solicitud y por cuenta de una autoridad aduanera; intervención de funcionarios aduaneros de una parte en el territorio de otra; la centralización de informaciones; registro de las personas; y, registro de métodos, sistemas, vehículos y otros medios de transporte que se utilicen para el efecto.
5.3. Analizado el contenido del convenio objeto de control constitucional, encuentra la Corte que los integrantes son los estados latinoamericanos y los estados de España y Portugal, los cuales a través de las suscripción del mismo, buscan promover y fomentar la cooperación e integración entre las direcciones nacionales de aduanas de los respectivos países. Lo cual se encuentra acorde con el artículo 9º, inciso final de la Carta, en el que se dispone que “la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Así mismo, como se vio en los anexos del convenio, se regula lo relacionado con la obtención de información de personas y sitios en los cuales se pueda almacenar mercancía de procedencia ilegal o sustancias psicotrópicas, con lo cual se pretenden establecer mecanismos ágiles y efectivos de lucha contra el delito. Igualmente, se busca proteger el patrimonio cultural de los países, ante la posibilidad cada vez más común, de que piezas de arte de significativo valor histórico, cultural o artístico puedan salir ilegalmente de un Estado.
Observa la Corte que el artículo 8º del convenio, establece la confidencialidad de la información que una parte obtenga de otra, la cual solamente podrá ser utilizada para los fines consagrados en el convenio y bajo reserva de las condiciones que estipule la autoridad requerida que las proporcione. Así mismo, la información gozará por parte de la autoridad requirente que las reciba de las mismas medidas de protección de la información confidencial y del secreto profesional que esté en vigor en el país que suministra la información. Se estipula también que la información podrá ser utilizada para fines diversos, siempre que exista consentimiento escrito de la autoridad requerida y “bajo reserva de las condiciones que ésta estipule”.
Para la Corte el tratamiento de confidencialidad de las informaciones obtenidas en virtud del convenio que se analiza, no vulnera la Constitución Política, sino por el contrario encuentra lógico que la información obtenida en virtud de la asistencia mutua goce de cierta confidencialidad y que presente unos límites para su disposición en virtud de la figura de la reserva de las condiciones estipuladas por la autoridad requerida, por cuanto esto permite un control del Estado colombiano sobre informaciones relativas al tráfico aduanero, que pueden afectar seriamente la economía de los estados, por una parte, y, por otra, porque la información de los estados partes, en el presente convenio puede versar sobre personas y sitios vinculados al tráfico ilegal de sustancias psicotrópicas, que requieren de un ámbito amplio de manejo de la información conforme al interés público, claro está, sin perjuicio de los derechos fundamentales de las personas.
El convenio analizado en su artículo 18, dispone que no se admitirán reservas al mismo. En relación con la prohibición de formular reservas en los tratados internacionales, esta Corte expresó:
“[D]e conformidad con el artículo 2º, literal d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. Así mismo, esa convención, y la posterior de Viena de 1986, establecen como sus límites, los siguientes eventos: “a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado” (art. 19).
“Lo expuesto lleva a concluir que, como lo dijo ya esta Corte, la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional o autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores” (1) .
(1) Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.