Source: http://estudiocastiglioni.blogspot.com/2015/08/
Timestamp: 2020-08-13 06:12:03
Document Index: 218510128

Matched Legal Cases: ['artículo 202', 'artículo 10', 'artículo 202', 'artículo 202', 'artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 48', 'artículo 26', 'artículo 90', 'artículo 36', 'artículo 48', 'artículo 203', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 48', 'artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 26', 'artículo 61']

ESTUDIO CASTIGLIONI GHIGLINO & ABOGADOS: agosto 2015
LA NULIDAD DE OFICIO EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El numeral 1 del artículo 202 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece la facultad de la administración para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos, dentro del procedimiento ya iniciado y no en uno distinto, ello de ninguna manera autoriza a que la administración sobre todo cuando se trate de procedimientos en los que se encuentran en conflicto derechos fundamentales, soslaye garantías procesales o los principios del procedimiento administrativo los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para el administrado como para la administración, dado que el cumplimiento cabal de tales exigencias constituye garantía de respecto del principio del debido procedimiento administrativo establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la precitada Ley; lo contrario implicaría admitir un ejercicio abusivo de la facultad de la administración de declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos, argumentando que éstos se encuentran viciados con alguna de las causales contempladas en el artículo 10 antes referido, abuso gue se encuentra proscrito en nuestro ordenamiento jurídico.
El artículo 202 numeral 202.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, se debe tener en cuenta que: "No basta que los actos administrativos objeto de la potestad de nulidad de oficio estén afectados por vicios graves que determinen su invalidez absoluta, sino que, además, deben agraviar el interés público, lo que trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particulares destinatarios del acto viciado porque se exige que para ejercer la potestad de nulificar de oficio sus propios actos, la Administración determine, previa evaluación, el perjuicio para los intereses públicos que le compete tutelar o realizar", En tal sentido, cabe señalar que el interés público es un concepto jurídico genérico con contenido y extensión variable", que tiene que ver con aquello que beneficia a todos como comunidad, por ello se afecta cuando el acto viciado tiene repercusiones no solo en un reducido grupo de personas sino en la colectividad. El interés público se concreta y especifica cuando la administración actúa en el campo de sus potestades, teniendo como requisito la motivación de sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, puesto que la administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta de la afectación del "interés público", ya que de lo contrario se incurriría en una "mera apariencia con las que muchas veces se busca justificar un exceso o una desviación en el ejercicio del poder”.
La potestad de anulación (artículo 202 de la Ley del Procedimiento Administrativo General) no lo indica de manera expresa, "deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los artículos 3.5, 161.2, 187.2, que ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación de oficio, sin otorgar anteladamente audiencia al interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria de oficio debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad”.
En la Casación N° 037-2006 - Lambayeque del diecinueve de setiembre del dos mil seis y en la Casación N° 88-2005 Puno del tres de agosto del dos mil seis, esta Sala Suprema estableció como precedente de observancia obligatoria que la autoridad administrativa que pretenda invalidar un acto administrativo, debe expedir previamente una resolución dando inicio al procedimiento de nulidad de oficio de aquel acto de conformidad a los artículos 103 Y 104 de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 2744415, debiendo además notificar dicha iniciación de procedimiento al administrado cuyos derechos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, informando la naturaleza del mismo, así como sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación, ya que tales exigencias constituyen garantía
Respecto del principio del debido procedimiento administrativo establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la precitada ley.
Décimo cuarto.- Precedente Vinculante
El artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008- JUS, autoriza a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, a establecer precedentes vinculantes en sus que contengan principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativo; que en el caso de autos habida cuenta de la importancia de la materia que se ha puesto a su consideración, esta Suprema Sala considera procedente declarar que el criterio establecido en los considerandos sétimo, octavo y noveno de la presente resolución, constituye precedente judicial vinculante para los órganos jurisdiccionales de la República, debiendo publicarse en el Diario Oficial "El Peruano" y en la página web del Poder Judicial.
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CAMBIO APELLIDOS SE ADICIONARÁ NOMBRE SI EVITA CONFUSIÓN EMOCIONAL.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema fijó criterio jurisprudencial mediante la sentencia recaída en la Casación N° 592-2013 Ayacucho, que declara fundado el recurso interpuesto en el marco de un proceso de adición de nombre solicitado por un padre de familia para su menor hijo.
Son tres principios básicos que rigen la institución del nombre, como son la inmutabilidad, restricción en su elección y dualidad del apellido, sustentados por la naturaleza pública del nombre, ceden frente al interés privado, cuando el sujeto demuestra que su nombre merece un cambio.
Las causales para solicitar el apellido compuesto, como son la fama y notoriedad; popularidad del primer apellido; pérdida o extinción del apellido; inscripción de hijos en países con normas de atribución de nombres diferentes; por características del segundo apellido; por matrimonio; para evitar homonimias; recomposición; y por de seguridad.
La fama y notoriedad es la justificación más usada. “Se aboga en su mayoría cuando el apellido adquiere una importancia ya sea social, económica, política u otras. El segundo, cuando el primer apellido es común o corriente, el sujeto opta por identificarse con ambos, que luego pasan a ser una sola estructura.
Para evitar homonimias, la composición procederá cuando se trate de apellidos comunes; y en el caso de ocultamiento de identidad por razones de seguridad, será la solución más pacífica en lugar de cambiar todo el nombre de los apellidos.
De acuerdo con el artículo 29 del Código Civil, por regla general nadie puede cambiar su nombre ni hacerle adiciones, salvo por motivos justificados y vía autorización judicial, publicada e inscrita.
La Sala afirma que el no otorgarle al niño el derecho de llevar el apellido paterno compuesto conllevaría una confusión en su desarrollo emocional.
Esto último en aplicación del interés superior del niño, de su derecho constitucional respecto a su identidad, y habiéndose identificado al menor desde su nacimiento con un apellido paterno conformado por los apellidos paterno y materno del padre.
La sala atiende el art. 19 del CC, cuyo texto especifica que toda persona tiene el deber y derecho de llevar un nombre, el que incluye los apellidos.
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BARRERA BUROCRATICA
Mediante escrito presentado el 30 de enero del 2013 la denunciante interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Bellavista, por la presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad consistentes en:
(i) La suspensión temporal del procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de instalación de infraestructura para telecomunicaciones, contenida en la Ordenanza Municipal Nº 012-2012-CDB.
(ii) Las siguientes exigencias contenidas en el procedimiento de autorización para colocación de antenas de telecomunicaciones2, contenido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Ordenanza Nº 007- 2004-CDB3 y efectivizadas mediante Carta N° 327-2012-MDB-DDU, consistentes en:
• Presentar un formulario único oficial y hoja de trámite;
• Indicar el tiempo de uso de la antena;
• Presentar un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios;
• Pago por inspección ocular;
• Pago por autorización, según altura de la antena; y,
• Pago por multa [sic] por instalación de antena sin autorización.
(iii) El pago de una multa de tres mil seiscientos cincuenta nuevos soles (S/. 3.650.00) como condición para tramitar el procedimiento de autorización para la colocación de antenas de telecomunicaciones, contenida en la Resolución Directoral Nº 340-2012-DDU-MDB.
Resuelven declarar barreras burocráticas ilegales las siguientes medidas impuestas por la Municipalidad Distrital de Bellavista; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada.
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TIEMPO DE DURACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO
El contrato administrativo de servicios se prorroga en forma automática si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo. Este hecho no genera que el contrato administrativo de servicios se convierta en un contrato de duración indeterminada, debido a que el artículo 5° del Decreto Supremo N .o. 075-2008-PCM, prescribe que la "duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”. En la actualidad, este parecer se encuentra reconocido como ya se ha señalado supra, en el artículo 5.2° del Decreto Supremo Nº 075- 2008-PCM, que fue incorporado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.
El supuesto de que termine la relación laboral de forma unilateral y sin que medie incumplimiento del contrato, se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el Decreto Leg. 1057 y sus normas reglamentarias.
El hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en el contrato administrativo de servicios constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario, a fin de que se determine las responsabilidades previstas en el artículo 7.° del Decreto Legislativo Nº 1057, pues tal hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3.° del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
Lima, 12 de julio 2014
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ILEGAL COBRO POR DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO.
Mediante escrito presentado el 8 de enero del 2013, la empresa denunciante interpone denuncia contra la Municipalidad Distrital de La Victoria por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de pago de dieciséis mil ochocientos soles (S./ 16, 800.00) por el derecho de aprovechamiento de bien de uso público para la instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la Liquidación de Pago N° 082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE- MDLV.
Resuelven Declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de pago de dieciséis mil ochocientos soles (S. / 16 800.00) por el derecho de aprovechamiento de un bien de uso público para la instalación de anuncios publicitarios, efectivizada en la Liquidación de Pago N° 082-2012 y mediante Carta N° 1494-2012-SGC-GDE- MDLV; y, en consecuencia, fundada la denuncia presentada contra la Municipalidad Distrital de La Victoria.
Disponen que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal en el procedimiento y todos los actos que la materialicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28996.
Declaran que el incumplimiento de lo dispuesto en la resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26º del Decreto Ley Nº 25868.
Lima, 09 de julio de 2014
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CONSTITUYE BARRERA BUROCRATICA PEDIR REQUISITOS QUE NO HAN SIDO APROBADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
La ilegalidad radica en que, al exigir dichos estudios, la Municipalidad ha transgredido el artículo 90º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por cuanto no se ha sujetado al cumplimiento de los requisitos que establece la Ley Nº 29090, el Reglamento Nacional de Edificaciones (aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA) y el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación (aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA) que se encontraba vigente al momento de la imposición de las exigencias cuestionadas.
Al exigir presentar estudios de impacto ambiental y vial previamente aprobados por la autoridad competente, la Municipalidad le exige a la denunciante el cumplimiento de requisitos que no se encuentran incluidos en el TUPA de dicha entidad, motivo por el cual se contraviene el artículo 36º de la Ley Nº 27444.
Disponer que no se aplique a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resuelven declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar los requisitos, que deberán estar previamente aprobados por la autoridad competente, establecidos en el Procedimiento Nº 09.13, denominado “Revisión de anteproyecto en consulta – modalidad B, C y D con evaluación previa por Comisión Técnica” consignado en el TUPA de la Municipalidad (aprobado por Ordenanza Nº 332-MSS y sus modificatorias):
a. Estudio de impacto ambiental de ser el caso.
b. Estudio de impacto vial de ser el caso.
Precisan que la barrera burocrática declarada ilegal en el procedimiento se considerará materializada en cualquier otra disposición que exista o que, con posterioridad, emita la Municipalidad, a través de la cual se imponga una exigencia de similares o idénticas características.
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CONSTITUYE BARRERA BUROCRATICA EN SOLICITAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA MANTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
Mediante escritos presentados la denunciante interpuso denuncia contra la Municipalidad Distrital de Barranco por presunta imposición de barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad originada en la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento.
Declararon barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento impuesta por la Municipalidad Distrital de Barranco, materializada en la Carta Nº 312-2012-GM/MDB, debido a que el procedimiento iniciado para revocar la referida licencia no se sustenta en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 203° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala: Revocación: 203.1 Los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 203.2 Excepcionalmente, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 203.2.1 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumplan los requisitos previstos en dicha norma. 203.2.2 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 203.2.3 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. 203.3 La revocación prevista en este numeral sólo podrá ser declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. En concordancia con el artículo 7° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, el cual señala: Artículo 7.- Requisitos para solicitar licencia de funcionamiento: Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que incluya: 1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. b) Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada. c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión de la licencia de funcionamiento reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite de la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, las Municipalidades podrán disponer en los TUPA el reemplazo del certificado de Inspección por el informe de inspección sin observaciones para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento. d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Declaración Jurada. d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la licencia. Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia el artículo 15 de esta Ley.
Disponen que se inaplique a la denunciante la barrera burocrática declarada ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. El incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi.
Resolvieron declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con un contrato de arrendamiento vigente como requisito para mantener la vigencia de la licencia de funcionamiento, materializada en la Carta Nº 312-2012-GM/MDB impuesta por la Municipalidad Distrital de Barranco; y en consecuencia, fundada la denuncia presentada.
Lima, 05 de julio de 2014
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COBRO ILEGAL DE PARQUEO VEHICULAR
Se declara que la Municipalidad Distrital de San Antonio Cañete incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al cobrar tasas por estacionamiento vehicular como condición para ingresar y salir de la playa León Dormido ubicada en el distrito de San Antonio durante la temporada de verano 2013.
El artículo 61° del D. S N° 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación, señala:
“Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado.
En virtud de lo establecido por el párrafo precedente, no está permitido el cobro por pesaje; fumigación; o el cargo al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre comercialización en el territorio nacional.”
En ese sentido, en aplicación del artículo 26º del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Indecopi, se dispone sancionar con una multa de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias a los funcionarios, al calificar sus conductas como una falta muy grave.
En su condición de representante legal y máxima autoridad municipal, se sanciona al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio; y al Gerente de Rentas de la Municipalidad.
Se dispone sancionar con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria a las personas encargadas de efectuar cobros a nombre de la Municipalidad.
La Municipalidad Distrital de San Antonio Cañete incumplió lo dispuesto en el artículo 61º de la Ley de Tributación Municipal, al efectuar cobros como condición para el ingreso y salida a la playa León Dormido durante la temporada de verano 2013, sin considerar el tiempo de permanencia de los vehículos.
De igual manera requirieron al Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio - Cañete, que adopten las acciones necesarias para que en las siguientes temporadas de verano, los cobros que se efectúen por concepto de parqueo vehicular en su municipio sean realizados en estricto cumplimiento del marco legal vigente.
Lima, 03 de julio de 2014.
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RETIRO QUE LA CONFIANZA DE UN TRABAJADOR NO AFECTARÁ REMUNERACIÓN.
Se Califica como acto de hostilidad la reducción unilateral de la remuneración de un trabajador de carrera que retornó a un puesto anterior como consecuencia del retiro de la confianza por su empleador. Así lo señala la Cas. Nº 3636-2010-Cusco, emitida por el Poder Judicial.
La Corte Suprema, señala que la carrera ascendente del trabajador hasta alcanzar la condición de confianza justifica que este haya incorporado a su patrimonio de derechos subjetivos un estatus remunerativo laboral y su correlato de estatus social, que no puede ser quebrantado inmotivadamente por el empleador sin que medie una aceptación expresa, pues ello implicaría respaldar una decisión arbitraria e inconstitucional.
El trabajador había sido víctima de actos de hostilidad, luego de haber tenido una carrera profesional ascendente y alcanzar una jefatura, se le retiró la confianza y se le regresó al cargo anterior, reduciéndosele la categoría y remuneración.
La rebaja de los haberes, el tribunal manifiesta que en tanto no existe norma o disposición que autorice al empleador a reducir unilateralmente la remuneración del trabajador alcanzada en el tiempo que ocupó el cargo de confianza, el empleador cometió un acto de hostilidad contra el trabajador.
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EL PROCESO DISCIPLINARIO POSIBILITA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR.
El Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el Exp. N° 04147-2012-PA/TC se declara infundada una demanda de amparo interpuesta por un trabajador del sector público.
El mero sometimiento a un proceso disciplinario no puede constituir una amenaza a derechos fundamentales, aun cuando lleve implícita la posibilidad cierta de una futura sanción, a menos que, durante su desarrollo, el sujeto procesado no hubiese tenido la oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso.
En el presente caso, el actor argumenta que desde que llegó a trabajar a la Oficina de Bienestar Social de la Corte Superior de Arequipa ha sido hostilizado, acosado y ha recibido amenazas por el personal de esta dependencia. Alega que la resolución por la que se dispone iniciarle una investigación administrativa vulnera los derechos a la defensa y a un debido proceso, atentando contra los derechos al trabajo, bienestar social y a la paz y a la tranquilidad personal, y que el inicio de tal procedimiento pone en riesgo su permanencia en su institución.
El inicio de un procedimiento administrativo es, en principio, una actividad legítima de la administración, autorizada y regida por la legislación.
La resolución cuestionada por el demandante tiene como propósito dar noticia de la existencia de un procedimiento para que la persona procesada pueda efectuar sus descargos, vale decir, ejercer sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva.
El inicio de un procedimiento administrativo no se desprende que necesariamente el actor será separado de su puesto de trabajo o que será sancionado de una u otra manera, por lo que la demanda (de amparo) carece de fundamento constitucional.
El solo sometimiento a un procedimiento disciplinario no puede configurar una amenaza, aunque implícitamente exista la posibilidad cierta de una futura sanción. A menos que durante su desarrollo el sujeto procesado no hubiese tenido la oportunidad de ejercer su derecho al debido proceso.
Las palabras usadas por el demandante para interponer su acción, como “cholas igualadas” o “indias patas rajadas”, son agraviantes y no guardan el debido respeto por las partes demandadas ni por la majestad de dicho colegiado ni del Poder Judicial, además de ser frases racistas.
Para el colegiado constitucional, la concepción de una sociedad ordenada de acuerdo con jerarquías raciales y de género no demuestra la existencia de una visión colonial persistente, pero que no por ello se hace legítima ni constitucionalmente amparable.
El Tribunal Constitucional advierte una conducta ofensiva y desconsiderada del demandante, al que le impone una multa de 10 unidades de referencia procesal (URP) por haber faltado a sus deberes de lealtad, probidad, buena fe y de guardar respeto de las partes.
Publicado por Estudio Castiglioni en 7:49 No hay comentarios:
VÍA PROCEDIMENTAL PARA INPUGNAR UNA SANCION.
El trabajador sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 que sufre un daño por ejecutar obligaciones provenientes de su vínculo con su empleador puede optar por la vía contenciosa administrativa o la civil para obtener el resarcimiento correspondiente.
La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema fijó este criterio jurisprudencial mediante la sentencia recaída en la Casación N° 209-2013 Lima en virtud de la cual se declara fundado dicho recurso interpuesto en el marco de un proceso de indemnización por daños y perjuicios.
En el caso de que el trabajador opte por la vía civil, el colegiado considera que es perfectamente factible que el análisis de los hechos para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad pueda ser realizado teniendo como premisa las normas correspondientes a la responsabilidad civil.
Si el daño que el trabajador demandante imputa a su empleador proviene no estrictamente de la ejecución del vínculo laboral existente entre ambos, sino de la arbitraria finalización del mismo que efectuó la parte demandada.
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EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN NO ESTÁ CONDICIONADO A PAGO ALGUNO.
El ejercicio del derecho fundamental de petición no puede estar condicionado a pago alguno, estableció el máximo órgano de justicia constitucional, constituye una traba, burocrática e innecesaria para la admisión y trámite de una solicitud por parte de la administración.
Declaró fundada la demanda de amparo (Expediente Nº 02496-2012-PA/ TC) interpuesta contra la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Servicio de Administración Tri­butaria de Trujillo (SATT), ordenando que accedan a tramitar la solicitud de prescripción de papeletas de tránsito sin requerirle pago al­guno al demandante.
El demandante sostuvo que su pedido de prescripción fue declarado inadmisible por no haber adjuntado el recibo de pago por “derecho de trámite”. El Tribunal Constitucional puntualizó que la admisión y el posterior trámite de la referida solicitud no trae consigo el reconocimiento ni la decla­ración de un derecho o estatus administrativo para el recurrente. La tramita­ción constituye una obligación legal que recoge la posibilidad de que las deudas prescriban.
Si se permitiese dicho pago, se caería en el absurdo de legitimar a la Ad­ministración Pública una especie de cobro por el concepto de aplicación o de cumplimiento de la ley, lo cual resulta vedado por los pos­tulados del Estado Constitucional y Social de Derecho. El Colegiado consideró que el condicionamiento de pagos para la ad­misión y el posterior trámite de solicitudes, en el mejor de los casos, no incentiva la partici­pación del ciudadano en el control de los actos del poder público y, por el contrario, genera desinterés.
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RESOLUCIÓN CON CALIDAD DE COSA JUZGADA NO PUEDE SER IMPUGNADA NI MODIFICADA POR AUTORIDAD ALGUNA.
Una resolución que ha adqui­rido la calidad de cosa juzgada no puede ser impugnada ni modifica­da por autoridad o persona alguna, estableció el Tribunal Constitucional al de­clarar fundada la demanda de am­paro contenida en el Expediente Nº 05369-2009-PA/TC.
Pese a existir una sentencia con calidad de cosa juzgada expedida en un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulen­ta, la cual declaró la nulidad e insub­sistencia de todo lo actuado en un proceso ejecutivo de pago de dóla­res, el órgano de ejecución de este último proceso no dejó sin efecto to­do lo actuado en el proceso de pago de dólares, sino que tan solo atinó a declarar la nulidad de un incidente de desafectación de inmueble pro­movido por los demandantes.
El Colegiado con­cluyó que la sentencia dictada afec­taba al incidente, y también a las sentencias recaí­das en el proceso ejecutivo de pago de dólares.
De esta forma, el máximo colegiado ratificó su doctrina de que el respeto a una reso­lución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan pues­to fin al proceso judicial no pueden ser recurridas mediante medios im­pugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcu­rrido el plazo para impugnarla y, en segundo lugar, el derecho a que el contenido de las resoluciones que han adquirido tal condición, no puede ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes, de terce­ros o incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó la resolución (STC Nº 4587-2004-AA/TC).
Lima, 22 de junio de 2014
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DOCTRINA CONSTITUCIONAL VINCULANTE EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES.
En el Expediente Nº 00978-2012-PA/TC, al declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por no habérsele vulnerado derecho constitucional alguno, puesto que la sentencia penal firme, que determinó la restitución del acceso libre por el pasaje de uso común al área verde materia de usurpación, no podía ser variada, modificada o suspendida por una medida cautelar de no innovar.
EL Tribunal Constitucional (TC) precisó, con carácter de doctrina constitucional vinculante, que las medidas cautelares ordinarias no pueden ser utilizadas con la sim­ple intención de retardar en el tiempo la ejecu­ción de una sentencia ordinaria o de resistirse a su efectivo cumplimiento, señaló que el principio pro homine (en favor de la perso­na) debe trasladarse inclusive al ámbito de ejecu­ción de los procesos judiciales ordinarios.
El máximo colegiado agregó que los jueces de un proceso cautelar ordinario deben optar por hacer pre­valecer la sentencia ordinaria sobre cualquier intento de desconocer o perturbar a través del concesorio de una medida cautelar ordina­ria, pues en este tipo de casos específicos la tute­la procesal efectiva, manifestada a través de una medida cautelar, viene ciertamente limitada por el derecho fundamental a la cosa juzgada.
Declaró que el fundamento 6 de la sentencia constituye doctrina constitucional vinculante para todos los jueces y tribunales del país, especificándose que ante problemas fre­cuentes de oposiciones y/o contradicciones en sus propios términos entre una sentencia judi­cial ordinaria y una medida cautelar concedida en otro proceso ordinario, los jueces y tribuna­les del país deben optar por hacer prevalecer la primera.
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