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Timestamp: 2016-12-07 15:41:10
Document Index: 241300741

Matched Legal Cases: ['artículo\n249', 'in fine', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 39', 'in dubio']

DiarioBAEJudicial-2014-04-01 by Diario Cronica - issuu
Nuevos avances sobre
¿Competencia laboral
o civil en accidentes
Persecución a la evasión
tributaria en el fútbol
La AFIP puso el ojo en la operatoria
de los millonarios pases de jugadores,
lo que desató una intensa polémica
que no tardó en abrirse paso entre
los actores judiciales
ssantopinto@diariobae.com
l titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se reunió días atrás con Joseph
Blatter, presidente de la FIFA –en la
sede central de Zúrich (Suiza)–, quien accedió a instrumentar un proceso para que
la AFIP pueda obtener información del registro de transferencia de jugadores, mecanismo que le permitirá al organismo
acercarse a los verdaderos valores de las
operaciones de compra venta de futbolis-
Se detectaron negociaciones
sospechosas en las triangulaciones
con jugadores argentinos
tas y restringir las maniobras de evasión
Dado que Argentina es uno de los principales países exportadores de jugadores
de fútbol, Echegaray planteó la problemática de los “paraísos fiscales deportivos”, es decir, aquellos clubes utilizados
para evadir el pago de impuestos en las
transferencias de futbolistas.“Hemos identificado determinadas planificaciones nocivas de triangulación de pases que se realizan con jugadores argentinos, donde se
interponen ciertos clubes, que en los papeles adquieren los derechos federativos,
fichando jugadores que no juegan en los
mismos, sino que terminan siendo transferidos a otros clubes”, señaló el administrador federal de Ingresos Públicos.
“A partir de la instrumentación del cruce de información con la FIFA se achica el
margen de maniobras de los intermediarios, como hombres de negocios de fútbol
y clubes que actúan como ‘paraísos fiscales deportivos’”, aseguró el titular de la AFIP.
No se trata de un dato menor si se tiene
en cuenta que el 50% de los ingresos de
los clubes argentinos –u$s160 millones,
aproximadamente– corresponde a las
transferencias de los futbolistas.
Consultado al respecto, Diego Fraga,
abogado especialista en derecho tributario y profesor en diversos posgrados sobre
derecho deportivo, señaló que “en Ar-
gentina, hasta
tiempo, la operatoria para evadir impuestos podía plasmarse a través del uso de los
clubes denominados ‘puente’, que solían
figurar como los titulares de los derechos
económicos de diversos jugadores”. Las
instituciones deportivas del país, para poder incorporar deportistas en nuestra plaza futbolística debían adquirir sus derechos a tales clubes del exterior, que permitían mantener el anonimato de los
auténticos beneficiarios de los pagos.“La
AFIP comenzó a hacer foco más intensamente sobre esta modalidad de los ‘clubes
puente’ y las triangulaciones, no sólo por
la problemática de la evasión sino por la
salida de divisas que implicaba esta operatoria”, añadió el especialista.
Al tomar nota desde el organismo fiscal
de esta modalidad, se adoptó una batería
de medidas tendientes a colocar un cerco
sobre el sector: se amplió el régimen informativo que regía anteriormente, para
controlar –entre otros– a inversores en derechos económicos, a jugadores, a sus agen-
tes y a los
clubes (RG
3374 y 3376). Asimismo, mediante gravosas consecuencias impositivas se frustraron las transacciones con los clubes del exterior que la AFIP considera “paraísos fiscales deportivos”. Se suspendió la CUIT de
los agentes de jugadores, por ser sospechados por la AFIP de participar en la operatoria. Posteriormente, se instauró un régimen de registro y retención para inver-
Se hizo foco no sólo en la
problemática de la evasión, sino
también en la salida de divisas
sores y representantes, tendiente a
blanquear sus cobros.
A ello se suma ahora el acuerdo celebrado con la FIFA el que, según sostiene
Fraga, “podrá ser utilizado en conjunto con
el flamante convenio suscripto entre Argentina y Suiza que permitirá el inter-
cambio de información fiscal”. El experto
agrega que dicho instrumento “se suma a
una múltiple red de acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales, celebrados por nuestra administración para obtener datos de otros países sobre residentes argentinos. Varios de esos países, hasta
hace poco, se mostraban reacios a compartir datos protegidos, por ejemplo, por
el secreto bancario, o por regir allí sistemas que permitían el anonimato de los
dueños de las sociedades”.
LOS AVANCES DE LA AFIP
■ La FIFA facilitará a la AFIP el acceso al
sistema del registro de transferencia de
jugadores (TMS).
■ De esta manera, la AFIP podrá
potenciar sus tareas de fiscalización y
así llegar a la realidad económica de las
■ Se achica el margen de maniobras de
los intermediarios,“hombres del negocio
de fútbol” y clubes que actúan como
“paraísos fiscales deportivos”.
Existe una tendencia de
■ Se implementan estrategias conjuntas
para transparentar las operaciones de
pases de jugadores y evitar la utilización
de los “paraísos fiscales deportivos”.
Esta tendencia de la cooperación internacional en materia tributaria entre los países no sólo ha sido aprovechada por la
AFIP para combatir la evasión en el fútbol,
pues varios países se han valido de ella en
investigaciones que culminaron en procesos judiciales, como en los casos “Messi” y “Neymar”, en España.
■ Todo esto se potencia con la
posibilidad de que la AFIP intercambie
información tributaria con una cada vez
mayor cantidad de países.
La AFIP busca obtener información del registro de transferencia de jugadores
El mundo de los pases de los jugadores
de fútbol encierra algunos grises en los
que la Administración Federal de Ingresos Públicos busca hacer foco. El punto
de mayor conflicto gira en torno de la
operatoria de triangulación de futbolistas que, según lo explica a BAE Judicial
el abogado Daniel Adrián Kiper, “consiste en maniobras tendientes a ocultar a
los verdaderos intervinientes en las transacciones, los valores de éstas y sus reales beneficiarios. Todos ganan, a excepción de los clubes de fútbol y el fisco nacional, quienes serían los principales
perjudicados. Por ello resulta necesario
investigar la probable comisión de los delitos de lavado de activos, defraudación
fiscal y administración fraudulenta”.
Por su parte, Gustavo Abreu –director
de la cátedra en Derecho del Deporte
de la Universidad Austral y árbitro internacional del Tribunal Arbitral de los
Deportes– explica que la operatoria de
la triangulación “originalmente no comenzó como un tema tributario. Cuan-
■ ¿Por qué el fútbol? Según los
datos proporcionados a BAE Judicial por la Unidad de Información Financiera (UIF), hay 38 millones de jugadores inscriptos y 5
millones de árbitros y funcionarios. Sumado a esto, se evidencia
que el mercado del fútbol profesional ha experimentado un significativo crecimiento debido a
un proceso de comercialización
iniciado en la década del ’90.
“Las sumas de dinero invertidas
en el fútbol crecieron principalmente como consecuencia del
aumento en los derechos televisivos y del sponsoreo a nivel empresarial. Simultáneamente, el
mercado laboral para los jugadores profesionales de fútbol experimentó un proceso de globalización inigualable, dado que una
cantidad cada vez mayor de jugadores de fútbol fueron contratados por equipos fuera de su
país de origen y los pagos por
transferencias, que se producen
en todo el mundo, alcanzaron niveles sorprendentes”, señalan
desde la UIF y hacen hincapié en
que “los flujos de dinero trans-
do un jugador quedaba libre, existía la
posibilidad de que sus derechos económicos fueran adquiridos por un inversor, pero, ¿qué seguridad jurídica tenía ese inversor de que el jugador respete esos derechos cedidos? Así, el
inversor buscaba un club amigo que le
sirva de registro, y ahí es cuando aparecieron los ‘clubes de registro de favor’.
Esta operatoria no está prohibida en
Ante este escenario, el especialista advierte que la búsqueda de cierta seguridad jurídica en estas operatorias es la que
originalmente generó la aplicación de las
triangulaciones y fue después que “se dieron cuenta que se pagaban menos impuestos, y más tarde notaron que era un
mecanismo que servía para sacar dólares del país. Entonces ahí sí, de algo que
había sido lícito para dar seguridad jurídica al inversor, empezó el festival de la
triangulación”.
Desde otra perspectiva, el especialista Norberto Outerelo –director de la
diplomatura del Deporte del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal y miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA– sumó a la controversia el hecho de que “el contrato de beneficios económicos entre un jugador
e inversores, agentes o representantes,
fue declarado por la Justicia como nulo.
Es decir, es un contrato que no existe,
por lo que no es correcto que cualquiera
se arrogue ser dueño del pase de un jugador”. A su vez cataloga a la triangulación de “ilegal” porque “el artículo
249 del reglamento de AFA explicita que
está prohibida la injerencia de terceros
en la transferencia de derechos federativos. Esto también lo indica el convenio colectivo de trabajo de los jugadores de fútbol”.
Lo que busca en definitiva el ente recaudador es que las operaciones se realicen directamente entre los clubes, sin triangulaciones. Otra de las cuestiones que se
relacionan a la transferencia internacional, es que queda habilitada la vía de re-
clamo de la FIFA. “Si se va a la Justicia ordinaria lo más que se puede lograr, después de unos cinco años, es obtener una
sentencia favorable que después tendrá
que ser ejecutada para cobrarla, lo que
puede llevar unos dos años más. En cambio si existe un pase extranjero, mediante
la vía FIFA, en un año y medio va a salir la
sentencia, porque la FIFA tiene el poder
coactivo de suspender la afiliación al club
que no pague”, agregó.
Consultado sobre el accionar de la AFIP,
el abogado sostuvo que era el único camino que “le quedaba para presionar y
para que todos se pusieran a derecho.
Quién debería haberlo hecho, es la AFA
mediante la denuncia pertinente”.
Sin perjuicio de lo anterior, ante la creciente ofensiva sobre tales clubes “puente”, Fraga advierte que los interesados en
evadir, en lugar de utilizar a las ya vapuleadas instituciones para sus negocios, acudirán a otras estructuras algo más sofisticadas que les brinden una mayor seguridad jurídica y una menor exposición.
Lavado de dinero en el deporte
fronterizos que se encuentran en
juego pueden escapar en gran
medida al control de organizaciones nacionales y supranacionales
de fútbol, lo que abre oportunidades para el movimiento y lavado
de dinero”. A esto se suma, la incorporación de montos dinerarios
provenientes de inversionistas
privados que están ingresando
en los clubes de fútbol para
mantenerlos en funcionamiento,
y pueden ofrecer a los inversionistas una rentabilidad a largo
plazo en términos de derechos
de difusión, venta de entradas,
ganancias provenientes de venta
de jugadores y de artículos promocionales. Frente al contexto de
un deporte que mueve cifras millonarias, ya en 2010 la UIF dictó
la resolución 32/2012 que reglamentó las obligaciones a cumplir
por la AFA y los clubes cuyos
equipos participen de los torneos
de fútbol de Primera División y
Primera B Nacional, de acuerdo
con la ley 25.246, de Lavado de
Activos. La resolución tiene como
fin la implementación de una política preventiva que permita detectar aquellas operaciones sospechosas de lavado de activos y
la financiación del terrorismo.
Entre aquellas operaciones que
se encuentran obligadas de reportar se encuentran, por ejemplo, situaciones en las que se
abonen grandes sumas de dinero
en cumplimiento de cláusulas de
penalización sin que exista una
justificación lógica del incumplimiento contractual, cuando se
en virtud de rescisiones anticipadas de contratos, las transferencias de derechos económicos en
las que intervengan fundaciones,
asociaciones o cualquier otra entidad sin fines de lucro, que no
se ajusten a su objeto social, las
transferencias de derechos económicos que se instrumenten
únicamente bajo la forma de un
contrato privado y no existan
manifestaciones de las partes
tendientes a cumplir con los trámites de inscripción y/o registración correspondientes ante la
AFA, las transferencias de derechos económicos a nombre de
personas físicas o jurídicas con
residencia en el extranjero, sin
justificación. Asimismo, las operaciones de adquisición de derechos económicos sucesivas sobre un mismo jugador, en un
plazo de un año, cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última
sea igual o superior 50% del
importe original. Según se explicó a BAE Judicial desde la
UIF, el armado de esta resolución se basó en un estudio publicado por el GAFI y el Gafisud
donde se analizan las tipologías
de lavado de activos más utilizadas en el sector futbolístico.
“Las operaciones allí descriptas
se relacionan con la propiedad
de clubes de fútbol o de jugadores, el mercado de transferencias, las apuestas, los derechos
de imagen y los convenios de
sponsoreo o publicidad. Otros
casos demuestran que también
se emplea el sector del fútbol
para cometer otras actividades
delictivas, tales como trata de
personas, corrupción, tráfico de
estupefacientes (doping) y delitos impositivos”, señalan. Conforme lo detallan desde el organismo, las técnicas de lavado de
dinero que se utilizan varían de
básicas a complejas, e incluyen
el uso de dinero en efectivo,
transferencias transnacionales,
paraísos fiscales, compañías
pantalla, profesionales no financieros y personas políticamente
expuestas. Asimismo, en muchos casos, se identificaron conexiones con otras tipologías de
lavado de dinero ampliamente
reconocidas, tales como el lavado de dinero basado en el sector
del comercio exterior, el uso de
profesionales no financieros y
organizaciones sin fines de lucro, legitimación de activos a
través del mercado de títulos valores, del sector inmobiliario y de
la industria de juegos de azar.
| Judicial | 3
Se espera que la Corte se expida al respecto
judicial@diariobae.com
n épocas en que se vive el
boom de las redes sociales
y la inevitable proliferación
de Internet, crecen los peligros en
el uso abusivo de los datos que
circulan en la red. Frente a la judicialización de estos casos, recientemente la Procuración General de la Nación emitió un nuevo dictamen donde se reafirma
que los intermediarios no tienen
responsabilidad en Internet por
los contenidos que se publiquen.
Se trata de un paso de importancia si se tiene en cuenta que se espera que la Corte Suprema de Justicia se expida de un momento a
otro sobre los alcances de la responsabilidad de los buscadores.
El dictamen de la fiscalía general
es en referencia al caso de la modelo Belén Rodríguez, sobre el cual
la Procuración recomienda desestimar el recurso extraordinario
presentado por esta artista.
Se estaría alcanzando
por primera vez una
apreciación en torno a la
búsqueda de imagenes
Otra arista novedosa de este dictamen refiere a que se estaría alcanzando por primera vez una
apreciación sobre las búsquedas
de imágenes: “Si bien no hace referencia explícita, al dar lugar al recurso extraordinario presentado
por Google, la procuradora estaría
abarcando a Google Imágenes en
su dictamen”, sostienen fuentes judiciales, e indican que “si bien no
se expidió más allá de lo dictaminado en “Da Cunha” y no desarrolló el tema de las imágenes, al
hacer lugar al recurso que interpuso Google por ambas plataformas (Search y Google Imágenes)
la afirmación del dictamen alcanzaría a ambas”. Desde Google esperan que el análisis de la Procuración General sea confirmado por
la Corte, “predominando el acceso a la información y la libertad de
expresión por sobre las distintas
interpretaciones que se hacen sobre el derecho a la propia imagen”.
Lo cierto es que ahora el máximo tribunal tiene en sus manos
no sólo el caso de Rodríguez sino
que también el de Virginia Da Cunha, que fue el que, en cierta forma, abrió la brecha para que estos casos llegaran a la Justicia.
En 2006 la modelo María Belén
Rodríguez demandó a Google y a
Yahoo!, porque que al ingresar su
nombre en los buscadores, los resultados de búsqueda listaban enlaces a sitios de contenido sexual
o pornográfico.
La modelo también reclamó
que cesaran en la supuesta utilización de su imagen en forma comercial y sin su autorización. Alegó que ambas situaciones le generaban un daño moral y
material, por el que solicitó una
El paso de este caso por la Justicia llevó a que en primera instancia, la jueza Nora González de Ro-
La Procuración General de la Nación emitió un nuevo dictamen
selló hiciera lugar a la demanda.
Entendió que los buscadores, puestos en conocimiento de la situación de la reclamante, no tomaron
las medidas suficientes para prevenir el daño, por lo que los condenó a pagar, en conjunto, la suma
de $120.000, en concepto de daño
moral. Rechazó el reclamo por
daño material, al entender que no
había sido demostrado el perjui-
CAUSA TESTIGO
El caso de la ex Bandana
■ Luego de que la Procuración General de la Nación recomendara desestimar el planteo de la ex
cantante del grupo Bandana Virginia Da Cunha,
quien en 2009 denunció que los resultados de
búsqueda web la asocian a contenido sexual o
pornográfico, por “inadecuada comprensión de
los principios sobre la libertad de expresión”, el
caso pasó a manos de la Corte.
El dictamen firmado por la procuradora general
adjunta Laura Monti sostiene que los buscadores
de internet no son responsables por el contenido
de los sitios que relevan. El escrito –que recomendó al máximo tribunal que rechace los reclamos de Da Cunha– señala que “debe aplicarse al
caso la doctrina de la Corte en materia de responsabilidad de los medios de comunicación por
los dichos de otros”.
“La conducta de los buscadores… no puede, en
principio, traer aparejada responsabilidad alguna
a las demandadas” ya que “se limitan a detallar
la información contenida en la red, mencionando
expresamente la fuente, en este caso los sitios
cio a la imagen comercial de la modelo. Los últimos datos de la causa indican que el pasado año la
Sala A de la Cámara Civil revocó
parcialmente la sentencia. “Por un
lado, dejó sin efecto la condena por
daño moral. Estimó que no resultaba posible ni legalmente válido
exigir a los buscadores la tarea de
monitorear la red y prevenir situaciones conflictivas, pues ello
conduciría a la censura de contenidos y la afectación de la libertad de expresión y el derecho a la
información”, explican especialistas. Sin embargo, consideró que
asistía razón a la reclamante en
cuanto al uso de su imagen sin su
consentimiento, que prohibió definitivamente a los buscadores.
El debate apunta a saber
si los buscadores deben
regular el contenido que
se publica en la Red
Virginia Da Cunha, una de las denunciantes
web, de la cual procede”, prosigue el dictamen, y
afirma que el planteo de la cantante “implica una
inadecuada comprensión de los principios sobre
la libertad de expresión”.
La ex integrante de Bandana presentó un recurso
ante la Corte en el que sostiene que los buscadores de internet “potencian el daño provocado mediante la difusión masiva de los sitios ilícitos”.
Frente a los hechos, Google y
Yahoo! presentaron recursos extraordinarios, los que se encuentran para resolver en la Corte Suprema. El hecho de que la
haya dictaminado en el sentido
que debe eximírselos de toda responsabilidad por el contenido de
los sitios web que enlazan, puede marcar un camino en lo que
refiere a este tipo de controversias judiciales.
La Corte reclama la puesta en marcha de la Cámara Nacional de Casación
os ministros afirmaron que la puesta
en marcha de este tribunal de alzada
es insoslayable. Su creación fue aprobada por la ley 26.371 en mayo de 2008 y sus
jueces designados en julio de 2013, pero
aún sigue sin funcionar.
A raíz de un reclamo de los jueces que
fueron designados para integrar la nueva
Cámara Nacional de Casación Penal, quienes aún no entraron en funciones, la Corte Suprema de Justicia elevó un reclamo al
Consejo de la Magistratura que realice los
informes correspondientes con el fin de que
esta nueva instancia comience a funcionar.
Este tribunal que fue creado en mayo
de 2008 mediante la sanción y promulgación de la ley 26. 371, y que según el texto de la norma es una parte integrante de
la estructura de la justicia penal, nunca
Ministros del Tribunal Supremo
entró en funciones a pesar de que sus
miembros fueron designados por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre de 2013.
En su reclamo, los magistrados solicitaron a la Corte Suprema que se les to-
mara el necesario juramento, pero desde
el máximo tribunal explicaron que por
principio se procede a la habilitación de
tribunales y la toma de juramento de los
jueces designados “cuando existen las condiciones necesarias para su pleno funcionamiento, esto es los recursos presupuestarios y de infraestructura edilicia
cuya provisión corresponde al Consejo de
la Magistratura”.
En el escrito –firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni– los ministros resaltaron que “la ingente
competencia atribuida a la nueva Cámara, que implica la creación de una nueva
instancia, obliga, con mayor énfasis, a
adoptar los recaudos indispensables a los
fines de que se ponga en marcha el ejercicio de esa competencia.
Competencia de la Cámara
Según el artículo 2º de la ley 26.371 la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra las sentencias y resoluciones dictadas
por los tribunales orales en lo criminal,
los tribunales orales de menores, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los jueces nacionales correccionales y los jueces nacionales
de ejecución penal con asiento en la Capital Federal.
*Leonardo Scolpatti-Especial para BAE Judicial
E-mail: comercial@diariobae.com
Patricio A. Minini*
esde el dictado de la
ley 26.773 –y la reforma que introduce en la
Ley de Riesgos del Trabajo– se
puso en debate la competencia de la justicia del trabajo
para causas sobre accidentes o
Esta norma –también llamada Régimen de Ordenamiento
de la Reparación de los Daños
Derivados de los Accidentes
de Trabajo y Enfermedades
Profesionales– establece en su
articulado que “en los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho
civil se aplicará la legislación
de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil”. Asimismo, determina que en el ámbito de la
Capital Federal será competente para entender en las acciones judiciales que de ella
se deriven, la Justicia Nacional en lo Civil.
Ahora bien, para entender
mejor quién resulta el juez
Competencia laboral o civil
en accidentes de trabajo
Capital Federal será
competente la Justicia
Nacional en lo Civil
competente, es importante recordar la directiva emanada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en reiteradas oportunidades ha señalado que para determinar la
competencia corresponde tomar en cuenta la exposición
de los hechos que se hiciera
en la demanda, y el derecho
invocado como fundamento
Sin lugar a dudas, no es posible la aplicación inmediata
de esta nueva ley para solucionar las cuestiones de competencia, de manera que frente a
los infortunios laborales ocurridos con anterioridad a su
vigencia –recordamos que su
publicación fue en octubre de
2012–, el trámite debe transitar por el fuero laboral.
En ese sentido, ya existe una
importante cantidad de pronunciamientos de primera y
segunda instancia del fuero
nacional del trabajo, que se
han expedido respecto de la
competencia de la justicia del
trabajo para infortunios ocurridos con anterioridad a la vigencia de la ley 26.773, aunque la demanda hubiera sido
interpuesta con posterioridad
a la publicación oficial de la
Tales decisiones judiciales
tienen sustento en el dictamen del fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal del día 8 de febrero de
del trabajador de su juez natural (juzgado del trabajo), crea
una discriminación en tres
■ El trabajador que se accidente dentro del período de
vigencia de la ley 26.733 queda
en peor posición que aquel
que lo sufriera antes de ella.
En este último caso, el damnificado contará con el beneficio
de una pacífica jurisprudencia
que le permite reclamar por la
vía del derecho común.
■ Quien se accidente dentro
de la vigencia del nuevo régimen no tendría los beneficios
normativos e interpretativos
de la disciplina específica, con
los que sí cuentan los trabajadores cuando reclaman por
■ Porque se pretende una
igualdad dentro del proceso
civil, cuando ni siquiera la
misma existía en el laboral,
porque sencillamente en la realidad, el trabajador siempre
está en peor situación. De manera que este desplazamiento
de juez, normas y principios,
no hace más que profundizar
La cámara del trabajo de la
Capital, se pronunció para
mantener la competencia
“Desde el dictado de la ley 26.773 se abrió el debate de la competencia de los fueros judiciales”
2013, que con la firma del
doctor Eduardo O. Álvarez
propuso dejar sin efecto la
sentencia dictada por el juez
de grado que se declaraba incompetente para entender en
reclamos por accidentes de
trabajo ocurridos con anterioridad al dictado de la ley
26.773, pero iniciados con
posterioridad a su vigencia, y
fundados en normas civiles.
(dictamen 56.350, causa “Virgilli Darío Ernesto c/ Federación Patronal Seguros S. A. y
otros s/ accidente-acción civil”, expediente 53.199/2012,
Sala V).
Siguiendo este razonamiento, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió:
■ Que la competencia de la
Justicia Nacional en lo Civil
fue establecida para aquellos
reclamos iniciados por trabajadores “por la vía del derecho
civil”, pero que sólo rige para
los accidentes ocurridos con
posterioridad al 4 de noviembre de 2012, es decir, luego de
transcurridos los ocho días de
la publicación de la ley 26.773
■ Si se trata de un accidente
ocurrido con anterioridad a la
vigencia de la ley 26.773, se
debe peticionar la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley
laborales ocurridos con
anterioridad a la ley, el
trámite irá al fuero laboral
de Riesgos del Trabajo (que
exime de responsabilidad civil
al empleador), conforme la
doctrina del fallo “Aquino” de
de la Nación, aunque la demanda se interpusiera con
posterioridad al 4/11/2012.
Por lo tanto, un trabajador accidentado antes de la vigencia
de la ley 26.773 no puede interponer una acción fundada
en el derecho civil, partiendo
de la premisa de que se derogó el artículo 39 ya señalado.
(Causa “Bonfanti Melina c/
Grupo Concesionario del Oeste S.A. y otros s/ accidente acción civil”, expediente
61.182/2012, sentencia del
24/05/2013).
A su turno, la Sala II resolvió
adherir al criterio antes mencionado. Sin embargo, se avizora con el voto del Dr. Miguel
Ángel Maza, que solamente resultarían de competencia civil
en Capital Federal aquellas acciones fundadas en el derecho
civil, que sean producto de
una contingencia ocurrida con
posterioridad al 4 de noviembre de 2012. Por el contrario,
aquellos reclamos fundados
en el Código Civil provenientes de accidentes anteriores a
la entrada en vigencia de la ley
26.773, son de competencia
laboral de acuerdo con las reglas de la Ley de Procedimiento del trabajo. (Causa “S. G. A.
c/ Los Constituyentes S.A.T. y
otro s/ despido”, expediente
55.916/2012, sentencia del
21/03/2013).
Incluso la Sala III realizó un
análisis más profundo de la situación en la causa “Valdez
Eliana Flavia Valeria c/ Pertenecer S.R.L. y otro s/ despido”,
expediente 2.604/13, sentencia del 30.09.13, donde consideró que el desplazamiento
la brecha en perjuicio del trabajador.
En ese contexto, y según el
criterio de esta Sala, es evidente que al desplazar la competencia sin justificativo alguno, coloca en peor situación al
trabajador que ni siquiera será
sometido a un proceso bajo
los principios y reglas específicos del derecho laboral, violando el principio pro homine,
y resulta regresivo, dificultando el acceso a la Justicia. Por
lo tanto, se resolvió declarar la
competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en esas actuaciones.
Tal como puede apreciarse,
las distintas salas que componen la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal se han pronunciado a favor de mantener
la competencia en casos de
accidentes de trabajo, e incluso ya han avanzado en el criterio de mantener dicha atribución, aun en casos de accidentes acontecidos con
posterioridad al 4 de noviembre de 2012. Para ello, han recurrido al principio protectorio del derecho del trabajo y
en especial a las reglas que
aquel contiene: norma más favorable para el trabajador;
condición más beneficiosa e
in dubio pro operario o de la
*Socio en M&A Abogados
DiarioBAEJudicial-2014-04-01