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Timestamp: 2020-04-03 10:39:25
Document Index: 155183790

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 33', 'artículo 199', 'artículo 197', 'artículo 102', 'artículo 150', 'artículo 269', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 590', 'artículo 2', 'artículo 247', 'artículo 40', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 121', 'artículo 15', 'artículo 130', 'artículo 130', 'artículo 148', 'artículo 19', 'artículo 67', 'artículo 40', 'artículo 71', 'artículo 215', 'artículo 309', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 627', 'artículo 757', 'artículo 1053', 'artículo 88', 'artículo 69', 'artículo 25', 'artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 54', 'artículo 62', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 194', 'artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 111', 'artículo 25', 'artículo 80', 'artículo 627', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20']

﻿ LEY 1564 DE 2012 - LIBRO QUINTO Cuestiones varias
ART. 605.—Efectos de las sentencias extranjeras. Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.
El exequátur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero se someterá a las normas que regulan la materia.
ART. 606.—Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos:
3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada.
ART. 607.—Trámite del exequátur. La demanda sobre exequátur de una sentencia extranjera, con el fin de que produzca efectos en Colombia, se presentará por el interesado a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, salvo que conforme a los tratados internacionales corresponda a otro juez, y ante ella deberá citarse a la parte afectada por la sentencia, si hubiere sido dictado en proceso contencioso.
Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma.
Para el exequátur se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
2. La Corte rechazará la demanda si faltare alguno de los requisitos exigidos en los numerales 1º a 4º del artículo precedente.
3. De la demanda se dará traslado a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado que corresponda en razón de la naturaleza del asunto, en la forma señalada en el artículo 91, por el término de cinco (5) días.
4. Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia.
5. Si la Corte concede el exequátur y la sentencia extranjera requiere ejecución, conocerá de esta el juez competente conforme a las reglas generales.
ART. 608.—Procedencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales sobre cooperación judicial, los jueces colombianos deberán diligenciar los exhortos sobre pruebas decretadas por funcionarios extranjeros del orden jurisdiccional o de tribunales de arbitramento, y las notificaciones, requerimientos y actos similares ordenados por aquellos, siempre que no se opongan a las leyes u otras disposiciones nacionales de orden público.
ART. 609.—Competencia y trámite. De las comisiones a que se refiere el artículo precedente conocerán los jueces civiles del circuito del lugar en que deban cumplirse, a menos que conforme a los tratados internacionales correspondan a otro juez.
Las comisiones se ordenarán cumplir siempre que el exhorto se halle debidamente autenticado. Si este no estuviere en castellano, el juez dispondrá su previa traducción a costa del interesado.
Si el exhorto reúne los requisitos indicados, se dará traslado al Ministerio Público por tres (3) días para que emita concepto, vencidos los cuales se resolverá lo pertinente.
Surtida la diligencia, se devolverá el exhorto a la autoridad extranjera comitente, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. De la misma manera se procederá cuando la comisión no haya podido cumplirse.
ART. 610.—Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, podrá actuar en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos:
PAR. 1º—Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado actúe como interviniente, tendrá las mismas facultades atribuidas legalmente a la entidad o entidades públicas vinculadas como parte en el respectivo proceso y en especial, las siguientes:
a) Proponer excepciones previas y de mérito, coadyuvar u oponerse a la demanda.
b) Aportar y solicitar la práctica de pruebas e intervenir en su práctica.
c) Interponer recursos ordinarios y extraordinarios.
d) Recurrir las providencias que aprueben acuerdos conciliatorios o que terminen el proceso por cualquier causa.
e) Solicitar la práctica de medidas cautelares o solicitar el levantamiento de las mismas, sin necesidad de prestar caución.
PAR. 2º—Cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado obre como apoderada judicial de una entidad pública, esta le otorgará poder a aquella.
La actuación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en todos los eventos, se ejercerá a través del abogado o abogados que designe bajo las reglas del otorgamiento de poderes.
PAR. 3º—La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas.
Así mismo, en toda tutela, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá solicitarle a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.
ART. 611.—Suspensión del proceso por intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicción, se suspenderán por el término de treinta (30) días cuando la Agencia Nacional de Defensa del Estado manifieste su intención de intervenir en el proceso, mediante escrito presentado ante el juez de conocimiento. La suspensión tendrá efectos automáticos para todas las partes desde el momento en que se radique el respectivo escrito. Esta suspensión solo operará en los eventos en que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no haya actuado en el proceso y siempre y cuando este se encuentre en etapa posterior al vencimiento del término de traslado de la demanda.
ART. 612.—Modifíquese el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
"ART. 199.—Notificación personal del auto admisorio y del mandamiento de pago a entidades públicas, al Ministerio Público, a personas privadas que ejerzan funciones públicas y a particulares que deban estar inscritos en el registro mercantil. El auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades públicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, según el caso, y al Ministerio Público, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales a que se refiere el artículo 197 de este código.
ART. 614.—Extensión de la jurisprudencia. Con el objeto de resolver las peticiones de extensión de la jurisprudencia a que se refieren los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas deberán solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el término de diez (10) días, la agencia informará a la entidad pública respectiva, su intención de rendir concepto. La emisión del concepto por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se deberá producir en un término máximo de veinte (20) días.
El término a que se refiere el inciso 4º del numeral 3º del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, empezará a correr al día siguiente de recibido el concepto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o del vencimiento del término a que se refiere el inciso anterior, lo que ocurra primero.
ART. 615.—Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
“ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
ART. 616.—Modifíquese el inciso 2º del artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así:
ART. 617.—Trámites notariales. Sin perjuicio de las competencias establecidas en este código y en otras leyes, los notarios podrán conocer y tramitar, a prevención, de los siguientes asuntos:
PAR.—Cuando en estos asuntos surjan controversias o existan oposiciones, el trámite se remitirá al juez competente.
ART. 618.—Plan de acción para la implementación del Código General del Proceso. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la colaboración armónica del Ministerio de Justicia y del Derecho, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, elaborará el correspondiente plan de acción para la implementación del Código General del Proceso que incluirá, como mínimo, los siguientes componentes respecto de los despachos judiciales con competencias en lo civil, comercial, de familia y agrario:
ART. 619.—Comisión de seguimiento a la ejecución del plan de acción para la implementación del Código General del Proceso. La ejecución del plan de acción para la implementación del Código General del Proceso estará a cargo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
5. Dos (2) presidentes de salas especializadas en lo civil o de familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial, designados por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
PAR. 1º—El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura será invitado permanente de la comisión.
PAR. 2º—Los miembros a los que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 5º podrán delegar, únicamente, en viceministros, viceprocuradores o procuradores delegados y vicepresidente, respectivamente.
PAR. 3º—Los delegados a los que se refiere los numerales 6º y 7º tendrán voz pero no voto.
PAR. 4º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y las demás entidades públicas estarán obligadas a suministrar la información que le solicite la comisión.
(Nota: Véase Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 artículo 1.1.3.2. del Ministerio de Justicia y del Derecho)
ART. 620.—Modifíquese el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 640 de 2001, el cual quedará así:
“PAR. 2º—Las partes deberán asistir personalmente a la audiencia de conciliación y podrán hacerlo junto con su apoderado. Con todo, en aquellos eventos en los que el domicilio de alguna de las partes no esté en el municipio del lugar donde se vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre por fuera del territorio nacional, la audiencia de conciliación podrá celebrarse con la comparecencia de su apoderado debidamente facultado para conciliar, aun sin la asistencia de su representado”.
ART. 621.—Modifíquese el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, el cual quedará así:
“ART. 38.—Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de indeterminados.
PAR.—Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 590 del Código General del Proceso”.
ART. 622.—Modifíquese el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así:
ART. 623.—Modifíquese la parte final del numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2010, la cual quedará así:
ART. 624.—Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
ART. 625.—Tránsito de legislación. Los procesos en curso al entrar a regir este código, se someterán a las siguientes reglas de tránsito de legislación:
(Nota: Corregido el presente numeral 4 por el Decreto 1736 de 2012 artículo 13 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
(Nota: Corregido el presente numeral 7 por el Decreto 1736 de 2012 artículo 14 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
(Nota: Véase Sección Primera del Consejo de Estado Sentencia 2012-00369 de 2018 M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés que declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 1736 de 2012).
9. (Eliminado).* La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión del juez o magistrado, a los procesos en curso al momento de promulgarse este código.
(Nota: Eliminado el presente numeral 9 por el Decreto 1736 de 2012 artículo 15 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
ART. 626.—Derogaciones. Deróguense las siguientes disposiciones:
a) A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal” del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley.
(Nota: Corregido el literal a) del presente artículo por el Decreto 1736 de 2012 artículo 16 del Ministerio de Justicia y del Derecho)
c) A partir de la entrada en vigencia de esta ley, en los términos del numeral 4º(sic)* del artículo 627, queda derogado el Código de Procedimiento Civil expedido mediante los Decretos 1400 y 2019 de 1970 y las disposiciones que lo reforman; el Decreto 508 de 1974; artículos 151, 157 a 159, las expresiones “mediante prueba científica” y “en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001” del 214, la expresión “En el respectivo proceso el juez establecerá el valor probatorio de la prueba científica u otras si así lo considera” del 217, 225 al 230, 402, 404, 405, 409, 410, la expresión “mientras no preceda” y los numerales 1º y 2º del artículo 757, el 766 inciso final, y 1434 del Código Civil; artículos 6º, 8º, 9º, 68 a 74, 804 inciso 1º, 805 a 816, 1006, las expresiones “según las condiciones de la correspondiente póliza” y “de manera seria y fundada” del numeral 3º del artículo 1053, y artículos 2027 al 2032 del Código de Comercio; artículo 88 del Decreto 1778 de 1954; artículos 11, 14 y 16 a 18 de la Ley 75 de 1968; artículo 69 del Decreto 2820 de 1974; el Decreto 206 de 1975; artículo 25 de la Ley 9 de 1989; artículo 36 del Decreto 919 de 1989; el Decreto 2272 de 1989; el Decreto 2273 de 1989; el Decreto 2303 de 1989; artículos 139 al 147 y 320 a 325 del Decreto-ley 2737 de 1989; la expresión “Los procesos de disolución y liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se tramitará por el procedimiento establecido en el título XXX del Código de Procedimiento Civil y serán del conocimiento de los jueces de familia, en primera instancia.” el artículo 7º y 8º parágrafo de la Ley 54 de 1990; artículos 10, 11, 21, 23, 24, 41, 46 al 48, 50, 51, 56 y 58 del Decreto 2651 de 1991; artículos 7º y 8º de la Ley 25 de 1992; artículos 24 al 30, y 32 de la Ley 256 de 1996; artículo 54 inciso 4º de la Ley 270 de 1996; el artículo 62 y 94 de la Ley 388 de 1997; artículos 2º a 6º, 9º, 10 al 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 a 29, 103, 137, y 148 salvo los parágrafos 1º y 2º de la Ley 446 de 1998; artículos 43 a 45 de la Ley 640 de 2001; artículo 49 inciso 2º, el parágrafo 3º del artículo 58, y la expresión “Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento consagrado en el artículo 194 del Código de Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen” del artículo 62 inciso 2º de la Ley 675 de 2001; artículos 7º y 8º de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5º de la Ley 861 de 2003; artículo 111 numeral 5º Ley 1098 de 2006; artículo 25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 de 2009; artículos 1º a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 y 121 de la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las demás disposiciones que le sean contrarias.
(sic)* (Nota: En el literal c) en la referencia del numeral 4 se le coloca sic ya que debería entenderse que es el numeral 6 por los antecedentes de la ley y el contexto de la redacción final del artículo 627).
(Nota: Corregido el literal c) del presente artículo por el Decreto 1736 de 2012 artículo 17 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
(Nota: Véase Sección Primera del Consejo de Estado Sentencia 2012-00369 de 2018 M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés que declaró la nulidad del artículo 16 del Decreto 1736 de 2012).
(Nota: Corregido el presente numeral 1º por el Decreto 1736 de 2012 artículo 18 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
(Nota: Véase Sección Primera del Consejo de Estado Sentencia 2012-00369 de 2018 M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés que declaró la nulidad del artículo 18 del Decreto 1736 de 2012).
(Nota: Véase Decreto 1736 de 2012 artículo 19 y artículo 20 del Ministerio de Justicia y del Derecho)