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Timestamp: 2019-02-23 08:45:48
Document Index: 320240566

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 316', 'artículo 220', 'artículo 192', 'artículo 4', 'Artículo 232', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 2', 'e contrario', 'artículo 220', 'artículo 232', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 192']

Sala de casación penal magistrado Ponente: gustavo enrique malo fernández
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Acción de Revisión No. 36.657
ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA y Otros
Aprobado Acta No. 157.
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013).
La Sala se pronuncia de fondo sobre la demanda de revisión presentada por el Procurador 171 Judicial Penal II de Bogotá, contra la providencia proferida por el Tribunal Superior Militar el 22 de julio de 1991 que, por vía de consulta, confirmó la emitida por el Juzgado de Instancia de la Tercera Brigada del Ejército Nacional con sede en Cali, el 17 de mayo de 1991, por medio de la cual decretó la cesación de procedimiento y consecuente archivo de las diligencias seguidas contra el Teniente NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN, el Cabo Primero WILSON ALBERTO CONDE CHILITO, y los Soldados ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA, CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA, JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO, TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ, HERNÁN VARONA LIZCANO, JORGE DELGAR PARRA HERNÁNDEZ, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO, LUIS EDUARDO MORA CAICEDO, OMAR EDUARDO ÁLVAREZ MORA, JOSÉ ELDES CAICEDO, LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA, WALTER HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS EDGAR MONTAÑO VALENCIA y ABEL CHILLAMBO GODOY, por el concurso homogéneo y sucesivo de tres homicidios en concurso heterogéneo con un delito de lesiones personales.
El domingo 9 de septiembre de 1990, militares del grupo contraguerrilla adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 Cabal del Ejército Nacional, en cumplimiento de la orden de operaciones No. 91–GMECA–90 del 27 de agosto de 1990, llegaron hasta la vereda El Sande, jurisdicción del municipio de Santa Cruz de Guachavés (Nariño), en persecución de guerrilleros del XXIX frente de las FARC, y dieron de baja a un centinela del grupo insurgente. En los hechos resultó herido el soldado JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO.
Entre tanto, aproximadamente a las 4:00 p.m., la religiosa Hildegard María Feldman, de nacionalidad suiza, perteneciente a la orden de las Misioneras Laicas, se encontraba en cumplimiento de su misión pastoral y de atención médica a los campesinos de la región –vereda El Sande de Santa Cruz de Guachavés–, concretamente en la casa de José Ramón Rojas Erazo y de su esposa Rogelia Marina Leyton, sitio en que, por demás, funcionaba el dispensario del pequeño poblado y en donde permanecía afectada por quebrantos de salud la señora Florinda Cruz Rosero, vecina de una vereda cercana. Cuando la religiosa había constatado las condiciones de la enferma y dialogaba con las otras personas, el inmueble fue baleado por los miembros de la fuerza pública. En el acto, fallecieron Hildegard María Feldman y José Ramón Rojas Erazo.
Además, en otro sitio del poblado resultó herido en una pierna el señor Hernando García Zambrano, quien junto con su esposa María Graciela Álvarez, así como con María del Carmen Guelga de García y Segundo Abigaíl García Torres, lograron escapar. Al herido le colocaron un torniquete y lo ocultaron entre unas rocas del río Cristal, mientras los demás buscaron refugio en una cueva localizada a pocos metros. No obstante, los militares llegaron hasta el improvisado resguardo de García Zambrano y ahí lo ultimaron con armas de fuego.
Durante el tiroteo también resultó herida la señora Luz Marina Erazo, quien hubo de permanecer en precarias condiciones de salud hasta el día siguiente –lunes 10 de septiembre de 1990–, cuando uno de los soldados le prestó los primeros auxilios.
El centro de salud ubicado en la residencia de José Ramón Rojas Erazo, fue saqueado por los miembros de la fuerza pública que, al tiempo, obligaron a los pobladores del caserío a permanecer acostados, primero en el piso de una cancha y posteriormente en la iglesia, en donde debieron amanecer. Luego, algunos fueron obligados a trasladar los cadáveres hasta las proximidades de la escuela, y posteriormente se les ordenó sepultarlos.
Las primeras diligencias fueron adelantadas por la señora Juez Promiscuo Municipal de Santa Cruz de Guachavés el 12 de septiembre de 1990, quien se desplazó hasta el lugar de los hechos, dispuso la exhumación de los cadáveres, ordenó la práctica de las necropsias, llevó a cabo la inspección judicial a una de las casas de El Sande y recibió los testimonios de los militares Germán Darío Otálora Amaya (Subteniente), NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN (Teniente) y Julio César Caicedo Angulo (Soldado); así como de los civiles residentes en el caserío, Omaira Deyanira Torres, Manuel Mesías Oviedo, Célimo Álvarez y José Domingo Rodríguez Pantoja.
En atención a la orden impartida por la Dirección de Instrucción Criminal, la indagación preliminar fue asumida por el entonces Juzgado de Orden Público de Pasto el 13 de septiembre del mismo año, en curso de la cual practicó varias pruebas, entre las que se cuentan los testimonios de la doctora Sandra Bastidas González (Juez Promiscuo Municipal de Santa Cruz de Guachavés), Jairo Chamorro Ceballos (Sacerdote de Santa Cruz de Guachavés), Omar Salcedo Guerrón (Alcalde de Santa Cruz de Guachavés), Luz Marina Erazo (civil lesionada), Armando Cajiao Ortiz (mayor del ejército) y del doctor Gerardo Antonio Cifuentes Maya (Director del hospital de Samaniego).
El Juzgado de Orden Público, por auto del 26 de septiembre de 1990, dispuso que se enviara copia de lo actuado al Juzgado Dieciocho de Instrucción Penal Militar, con sede en Pasto, autoridad que el día 25 de los mismos mes y año había ordenado la apertura de investigación y la vinculación, mediante indagatoria, del “…personal militar que en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en el proceso sea considerado como autor o partícipe del ilícito.”
En desarrollo de la misma, el investigador militar escuchó los testimonios de Germán Darío Otálora (subteniente), Rigoberto Velasco Maldonado (cabo primero), Armando Cajiao Ortiz (mayor), Luis Carlos Burbano (soldado), Ignacio Arturo Riascos (soldado), César Augusto Posada (cabo segundo), Miguel Ángel Nieto (capitán), Benjamín Chaguendo Taquez (soldado), Rubén Darío Guarín (cabo segundo), Walter Orlando Salazar (soldado), Jorge Iván Cañas (soldado), Orlando Castillo Castañeda (soldado), Roberto García Callejas (sargento), Wilfredo Mejía Huertas (cabo primero), Luis Alfonso Orejuela (soldado), Wilson Ordóñez Preciado (soldado), Tito Libio Mafla (soldado), José Antonio Guerrero (soldado), Marco Antonio Patiño (soldado), José Wilson Aldana (cabo segundo), Carlos Alberto Llanos (soldado), John Jairo López (soldado), Álvaro José Delgado (soldado), Lucindo Tenorio Osorio (soldado), Haumer Trujillo Vargas (soldado), Fredy Villafañez González (soldado), Roger Augusto Cortéz (soldado), Diego Fernando Patiño (soldado), Omar Galindes García (soldado) Luis Hernández Rosero (soldado), Nelson Piaun Castro (soldado), José Orlando Gómez (soldado), Eliécer Rodríguez (soldado), Henry López Lara (soldado), Gabriel Rengifo Ángel (soldado), Jesús Moisés Molina (soldado), Omar Ortíz Chávez (soldado), Jorge Enrique Castillo (soldado).
Asimismo, recibió los testimonios de los civiles Luis Augusto Morán Andrade (profesor), José Antonio Rodríguez Cerón (profesor), Manuel Mesías Oviedo García, Luz Marina Erazo (civil lesionada), Luis Antonio Torres Bastidas, Rogelia Marina Leyton, María Graciela Álvarez Pantoja, Isabel Portilla de Erazo, Gladis Concepción Rojas Leyton, José Pedro Hernández Salazar (inspector de policía de El Sande), José Jeremías Álvarez Melo, Miguel Ángel Álvarez, Célimo Álvarez, Segundo Abigail García y María del Carmen Guelga de García.
Igualmente, escuchó en indagatoria a ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA (soldado), CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA (soldado), JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO (soldado), NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN (teniente), WILSON ALBERTO CONDE CHILITO (cabo primero), TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ (soldado), HERNÁN VARONA LIZCANO (soldado), JOSÉ DELGAR PARRA HERNÁNDEZ (soldado), GUSTAVO ADOLFO CAICEDO (soldado), LUIS EDUARDO MORA CAICEDO (soldado), OMAR EDUARDO ÁLVAREZ (soldado), JOSÉ ELDES CAICEDO (soldado), LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA (soldado), a quienes el Juzgado Dieciocho de Instrucción Penal Militar les definió la situación jurídica por auto del 19 de noviembre de 1990, absteniéndose de imponerles medida de aseguramiento.
El 10 de diciembre de 1990, el Juzgado Dieciocho de Instrucción Penal Militar declaró ausentes a los soldados WALTER HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS EDGAR MONTAÑO VALENCIA y ABEL CHILLAMBO GODOY; y, en el mismo proveído les resolvió la situación jurídica en los mismos términos de los anteriores.
Del mismo modo, se allegaron las correspondientes actas de necropsia y el dictamen médico legal sobre las lesiones sufridas por la señora Luz Marina Erazo (civil lesionada). También se certificó la vinculación de los procesados a la institución militar, documentándose también que se hallaban en servicio para el día y hora de los hechos.
Las diligencias, en ese estado, se enviaron al Juzgado de Instancia de la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali, dependencia que emitió el auto del 17 de mayo de 1991, en el cual resolvió “Declarar que dentro de la presente investigación adelantada por los delitos de Homicidio y Lesiones Personales no existe mérito para convocar un Consejo de Guerra…” y, en consecuencia, dispuso “Cesar todo procedimiento (…), adelantado contra el siguiente personal militar: SL QUIROZ CORREA ROBINSON GUILLERMO, SL. CARMONA (sic) CARLOS ALBERTO, SL. CAICEDO ANGULO JULIO CÉSAR, SL. BALANTA CARABALÍ TEMÍSTOCLES, SL. BARONA LIZCANO HERNÁN, SL. PARRA HERNÁNDEZ JOSÉ DELGAR, SL. CAICEDO GUSTAVO ADOLFO, SL. MORA CAICEDO LUIS EDUARDO, SL. ÁLVAREZ OMAR EDUARDO, SL. CAICEDO JOSÉ ELDES, SL. ASPRILLA MOSQUERA LUIS CARLOS, CP. CONDE CHILITO WILSON, TE. BELTRÁN DUSSAN NÉSTOR, SL. HERNÁNDEZ RAMÍREZ WALTER, SL. MONTAÑO VALENCIA LUIS EDGAR y SL. CHILLAMBO GODOY ABEL…”
El juzgador, para ese efecto, partió de admitir definida la tipicidad objetiva de los hechos, particularmente, la muerte de Hildegard María Feldman, José Ramón Rojas Erazo, Hernando García Zambrano, y de un N.N., conforme lo demuestran las necropsias y los registros civiles de defunción; así como las lesiones sufridas por la señora Luz Marina Erazo, cuya materialidad se probó con los certificados médico legales.
Luego advierte que aparece abundante prueba en el diligenciamiento con la que se respalda que el actuar de los procesados se enmarcó en el cumplimiento de actos del servicio, y precisamente en desarrollo de la misión que se les había encomendado de enfrentar grupos subversivos, respondieron un ataque del cual fueron víctimas por parte de los guerrilleros que se encontraban en la vereda El Sande del municipio de Santa Cruz de Guachavés.
De acuerdo con la declaración del teniente Germán Darío Otálora Amaya, la tropa llegó al sitio y de inmediato fueron atacados por el centinela de los subversivos, acto en el que resultó herido el soldado JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO y que ante la situación, los militares reaccionaron y dispararon contra sus agresores, al tiempo que otra patrulla que se desplazaba cerca al río Cristal debió abrir fuego contra otros insurgentes, dando de baja a uno de ellos a quien se le encontró un fusil; mientras que en la vivienda de Ramón Rojas hallaron otra de esas armas de fuego, estopines, granadas y documentos , versión que consideró el Juez Penal Militar corroborada con los testimonios del cabos Rigoberto Velasco Maldonado y César Augusto Posada, así como de los soldados, Eliécer Rodríguez, Gabriel Rengifo Ángel, Luis Hernández Rosero, Molina Pantoja, Ortíz Chávez, Jorge Enrique Castillo, Luis Carlos Burbano, Ignacio Riascos Prado, Benjamín Chaguendo Taquez, Walter Orlando Salazar y Jorge Iván Cañas Herrera.
Reseña que declararon sobre la llegada del Ejército al caserío y el enfrentamiento que los militares sostuvieron, los civiles Omaira Deyanira Torres, Manuel Mesías Oviedo, Célimo Álvarez y Domingo Rodríguez Pantoja. Se refirió al testimonio del sacerdote Jairo Chamorro Ceballos, quien planteó dudas sobre las circunstancias en las que fallecieron las cuatro personas. Al igual que alude a la versión de Luz Marina Erazo, que relata haber sido herida por los militares, y que en el mismo sentido depusieron su esposo Miguel Álvarez y los vecinos Jeremías Álvarez Melo y Célimo Álvarez.
Sobre la forma como fallecieron la misionera Hildegard María Feldman y el señor José Ramón Rojas Erazo, explicó la primera instancia que dieron testimonio sus familiares Rogelia Marina Leyton de Rojas y Gladis Concepción Rojas, parientes de José Ramón, que también admitieron que a su casa llegaban “muchachos o compañeros” y que ese día habían estado allí y habían ido al río.
En lo que concierne a la muerte de Hernando García Zambrano, dice el Juez que fueron escuchados los testigos María Graciela Álvarez, Segundo Abigail García y María del Carmen Guelga de García, quienes reconocen haber huido en medio de la “refriega”, momento en el cual Hernando García fue herido en una pierna, “…pero culminan sugiriendo que los soldados acabaron con su vida pues dispararon algunas ráfagas. No obstante no se dieron cabal cuenta de la manera como se produjo la muerte de GARCÍA.”
Empero, el mayor Armando Cajíao Ortíz y el capitán Miguel Ángel Nieto Espejo, sostuvieron que las bajas se ocasionaron durante un enfrentamiento armado entre el Ejército y la subversión, sin que pudiera determinarse que las muertes de los civiles las hubiesen ocasionado las tropas o los guerrilleros, porque “…bien pudo resultar del cruce de disparos, dentro del desarrollo del combate.”
En el expediente aparece la relación de las armas y del material incautado y que se probó la presencia de guerrilleros de las FARC en la población de El Sande, al igual que el desplazamiento de los militares se hizo en cumplimiento de operaciones del Comando del Grupo Mecanizado Cabal.
Por último, destaca que los procesados vinculados mediante indagatoria declararon haber sido atacados con armas de fuego por los guerrilleros desde varios puntos, especialmente desde la casa del señor Ramón Rojas, por lo que se vieron obligados a repeler el fuego.
A partir de las evidencias relacionadas, consideró la primera instancia que las conductas ejecutadas por el personal militar estaban justificadas, puesto que lo ocurrido se enmarcaba en el enfrentamiento sostenido entre el Ejército y los terroristas que días antes habían atacado el puesto de policía de la cabecera municipal que, al ser sorprendidos por la tropa en El Sande, abrieron fuego causándole heridas al soldado JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO, siendo ese un “…comportamiento en sí injusto, arbitrario, lo que motivó la reacción de la patrulla con los resultados ya conocidos.” Así que la muerte de Hildegard María Feldman y José Ramón Rojas Erazo, resultó inevitable, puesto que desde la casa en donde estas personas estaban se hostigaba a los miembros de la fuerza pública, quienes para eliminar el peligro que se cernía sobre sus vidas no tuvieron más alternativa que disparar en esa dirección sobre los sujetos que los atacaban, y sobre los que predica haber ocupado una posición privilegiada en relación con los soldados, sin que hubiese manera de evitar el resultado, “…porque si bien podría pensarse que era previsible al tenor del Artículo 18 del Código Penal Militar, la necesidad de la defensa superaba toda discusión en el ámbito de la voluntad pues le era exigible el comportamiento de disparar sobre el objetivo donde presumía con sobradas razones, porque era evidente que desde allí se disparaba, que individuo o individuos amenazan con matar a los miembros de la contraguerrilla.”
De ahí que el comportamiento de los procesados se hubiese justificado por el Juez Penal Militar, al considerar que habían actuado en estricto cumplimiento de un deber legal; por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, contra injusta agresión actual o inminente; y, por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente.
No fue desproporcionada la legítima defensa, porque los procesados dispararon para preservar sus vidas, frente al ataque de los subversivos que accionaban las armas en mejor posición.
Y, las acciones investigadas y de las cuales derivaron la muerte de Hernando García y las lesiones de Marina Erazo, obedecieron a un caso fortuito.
Así resumió el punto la primera instancia:
“Debe este Comando hacer expresa mención que mientras la actitud referida a la muerte de la misionera Suiza y el particular RAMÓN ROJAS, está justificada como se expresó en acápites anteriores, el deceso del particular HERNANDO GARCÍA y las lesiones de la señora MARINA ERAZO, se encuentran enmarcados dentro de las causales señaladas en el artículo 26 del Código Penal Militar por cuanto que la conducta corresponde al denominado caso fortuito, puesto que en el cruce de disparos, infortunadamente, aquellos resultaron afectados y francamente que no le era factible al personal militar evitar el resultado.”
Añadió el funcionario:
“Era materialmente imposible para los servidores del Estado distinguir entre los verdaderos criminales que disparaban sus armas en contra de las tropas y aquellos moradores de la población que quizás en un momento de fatal determinación decidieron desplazarse de un lugar a otro colocándose al alcance de los proyectiles.
No se agredió, pues, de manera inmisericorde, como se hace creer por parte de algunos habitantes de El Sande, a la población civil, pues no eran precisamente aquellos ciudadanos de bien, a quienes el Ejército Nacional debe su protección en sus vidas y haciendas, los enemigos del Régimen Constitucional y de la Seguridad Pública que atacaron a las Fuerzas Militares.”
El proceso culminó con cesación de procedimiento en primera instancia, y corrió el grado jurisdiccional de la consulta ante el Tribunal Superior Militar, en donde se dio traslado al Ministerio Público, para que emitiera su concepto.
El Fiscal delegado solicitó del Tribunal que se inhibiera de conocer, porque consideró que en este caso no era procedente el grado jurisdiccional de la consulta.
Finalmente, el 22 de julio de 1991, el Tribunal Superior Militar examinó el auto interlocutorio de primer grado y concluyó en su justeza, reiterando que se había acreditado debidamente la materialidad de los hechos, porque realmente se produjeron las muertes y las lesiones objeto de investigación. Sin embargo, explicó que esos acontecimientos, de acuerdo con los testimonios del mayor Armando Cajíao Ortiz y del capitán Miguel Ángel Nieto Espejo, fueron el resultado de un enfrentamiento entre miembros del Ejército y guerrilleros de las FARC, sin que pudiera determinarse con exactitud la autoría.
Insiste en que las acciones se desarrollaron de acuerdo con lo narrado por el teniente Germán Darío Otálora Amaya, quien explicó que la tropa llegó al sitio y fue repelida por el fuego del vigía de la guerrilla que disparó desde la casa en donde fueron hallados los cadáveres de los civiles Hildegard María Feldman y José Ramón Rojas Erazo, así como que otra patrulla dio de baja a un subversivo cuando se desplazaban cerca al río. Versión que respaldaron los cabos Rigoberto Velasco Maldonado y César Augusto Posada, aparte de haber declarado en similares términos los demás militares que integraban el grupo que ese día tuvo contacto con los terroristas.
Con todo, descartó el Tribunal las versiones de Luz Marina Erazo, Rogelia Marina Leyton y Gladis Concepción Rojas, porque:
“No existe duda procesal que la patrulla militar que aparece comprometida en esta investigación se encontraba cumpliendo un operativo especial por cuanto perseguía a la columna de las FARC que habían asaltado la población de Guachavés destruyendo el Cuartel de la Policía y apoderándose del material de guerra, el mismo frente que posteriormente luego de ocupar la vereda El Sande fuera sorprendido por esta patrulla militar presentándose un intercambio de disparos que culminó con los resultados ampliamente conocidos.
Al haberse probado ampliamente que los militares que fueron vinculados a este proceso mediante indagatoria obrando bajo las causales de justificación consagradas en los numerales 1°, 4° y 5° del artículo 26 del código penal militar, esto es, estricto cumplimiento de un deber legal, necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión y la necesidad de defender un derecho propio o ajeno no evitable de otra manera y no existiendo exceso en su accionar, el fallador de derecho decidió cesar todo procedimiento adelantado contra ellos por la vía directa del artículo 316 del código penal militar.”
Como quiera que la citada disposición (art. 316 C.P.M.) permitía adoptar la decisión objeto de consulta en cualquier estado del proceso, cuando se hubiese comprobado que se había obrado amparado por una causal excluyente de antijuridicidad, concluyó la segunda instancia:
“En el caso sub–examine aparecen plenamente probadas tres causales de antijuridicidad con prueba que no fue legalmente controvertida en autos. Por manera que siendo ello así y sin necesidad de otras consideraciones la Sala confirmará el auto materia de la consulta.”
Contra esa providencia que adquirió la condición de cosa juzgada, el Procurador 171 Judicial II Penal de Bogotá, actuando por comisión conferida por el Procurador General de la Nación, presentó demanda de revisión con fundamento en la hipótesis deducida por la Corte Constitucional en la sentencia C-004 de 2003, al interpretar el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, la cual está hoy regulada en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, esto es “Cuando después del fallo en proceso por violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respeto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar la existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates”.
Al comienzo de la demanda, el representante del Ministerio Público relaciona el acontecer fáctico, y lo adelantado procesalmente por la Justicia Penal Militar.
Afirma que José Ramón Rojas Erazo, Hildegard María Feldman y Hernando García Zambrano, no agredieron a los integrantes del Ejército Nacional que ingresaron al caserío de El Sande el día en que aquellos fallecieron como consecuencia de la arremetida que sin requerimiento previo emprendieron en su contra los uniformados, ejecutándolos en la más absoluta indefensión, incluso cuando uno de ellos apenas trataba de ocultarse entre unas rocas. Ello sin contar con que los militares saquearon el centro de salud del pequeño poblado.
Explica el Delegado que su pretensión se sustenta en el informe número 15 de 1995, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitido en el caso número 11010, en el que se analizaron los hechos ocurridos en la verada El Sande del municipio de Santa Cruz de Guachavés, en curso de los cuales perdieron la vida la religiosa suiza Hildegard María Feldman y los colombianos José Ramón Rojas Erazo y Hernando García Zambrano, atribuibles a agentes del Estado, concretamente militares, cuyo accionar contravino el artículo 4 (Derecho a la vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al tiempo que determinó haberse desconocido los artículos 8 (Garantías judiciales) y 25 (Protección judicial) del mismo estatuto.
En el referido informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva por parte de la jurisdicción ordinaria.
Señala que la Corte Suprema de Justicia ha seguido los lineamientos trazados por la Corte Constitucional, a partir de los cuales se impone remover la cosa juzgada en casos como éste que constituyen violación grave a los derechos humanos, sin que se requiera prueba nueva, siempre que previamente una instancia internacional de protección hubiese determinado el incumplimiento protuberante del Estado colombiano a sus obligaciones de investigar seria e imparcialmente tales violaciones.
En consecuencia, solicita de la Corte que se declare fundada la causal de revisión invocada, se dejen sin efecto las providencias proferidas y se remita la actuación a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, por ser competente para investigar la conducta de los uniformados implicados.
Anexó a la demanda los siguientes documentos:
-Copia del escrito fechado el 22 de marzo de 2011, por medio del cual el señor Procurador General de la Nación, lo comisionó para presentar la demanda de revisión.
-Copia del Informe No. 15 del 13 de septiembre de 1995, en el caso 11.010 Colombia, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
-Copia de las providencias de primera y segunda instancias, proferidas el 16 de mayo y el 22 de julio de 1991, por el Juzgado de Instancia de la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali y el Tribunal Superior Militar, respectivamente, en las cuales se cesó el procedimiento a favor de NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN, el Cabo Primero WILSON ALBERTO CONDE CHILITO, y los Soldados ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA, CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA, JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO, TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ, HERNÁN VARONA LIZCANO, JORGE DELGAR PARRA HERNÁNDEZ, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO, LUIS EDUARDO MORA CAICEDO, OMAR EDUARDO ÁLVAREZ MORA, JOSÉ ELDES CAICEDO, LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA, WALTER HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS EDGAR MONTAÑO VALENCIA y ABEL CHILLAMBO GODOY.
-Constancia del 20 de enero de 2011, expedida por la Secretaría del Tribunal Superior Militar, señalando que la decisión quedó ejecutoriada el 5 de agosto de 1991.
La demanda fue admitida mediante auto del 9 de junio de 2011, en el cual se ordenó al Juzgado Tercero de Brigadas con sede en Cali allegar el proceso seguido contra NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN, el Cabo Primero WILSON ALBERTO CONDE CHILITO, y los Soldados ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA, CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA, JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO, TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ, HERNÁN VARONA LIZCANO, JORGE DELGAR PARRA HERNÁNDEZ, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO, LUIS EDUARDO MORA CAICEDO, OMAR EDUARDO ÁLVAREZ MORA, JOSÉ ELDES CAICEDO, LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA, WALTER HERNÁNDEZ RAMÍREZ, LUIS EDGAR MONTAÑO VALENCIA y ABEL CHILLAMBO GODOY; de igual forma, se dispuso recabar copia de lo actuado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 11.010.
Efectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se obtuvo copia del informe No. 15/95, en el cual se detallan las actuaciones seguidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso N° 11.010.
También se recabó el original del proceso que con radicación 13.510, se siguió por la justicia Penal Militar y culminó con la declaratoria de cesación de procedimiento.
Luego de adelantar ingentes esfuerzos para notificarles personalmente a los beneficiados con las decisiones de la justicia penal militar cuya revisión se demanda, se determinó que NÉSTOR ARMANDO BELTRÁN DUSSAN, GUSTAVO ADOLFO CAICEDO y ABEL CHILLAMBO GODOY, habían fallecido conforme consta en los respectivos registros de defunción; y, por no haberse podido llevar a cabo las notificaciones respecto de JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO y LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA, luego de ser emplazados, por auto del 7 de marzo de 2012, a estos últimos se les declaró personas ausentes designándoseles defensores de oficio.
En auto del 9 de mayo de 2012, la Sala negó las solicitudes probatorias elevadas por los defensores de LUIS CARLOS ASPRILLA MOSQUERA, JOSÉ DELGAR PARRA HERNÁNDEZ, LUIS EDUARDO MORA CAICEDO y WILSON ALBERTO CONDE CHILITO; y, el día 30 de los mismos mes y año, se corrió traslado a las partes para la presentación de alegatos de conclusión.
1. Defensora de CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA.
Luego de referirse a la obligación de prestar el servicio militar, señala que los miembros de la fuerza pública deben cumplir las órdenes impartidas por sus superiores, siempre que no se los impidan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de lo cual informarán a sus mandos.
Destaca que el compromiso en relación con los mandatos proferidos por los militares, es de quien los emite y no de las personas que los ejecutan. Por esa razón no hay responsabilidad cuando se actúa en estricto cumplimiento de un deber legal y a su defendido no se le pueden reprochar esos hechos, lo cual quedó ratificado con la decisión de cesar el procedimiento a su favor.
En relación con lo que denomina excepción de caducidad de la acción explica la defensora:
“La acción de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. Cuando después de la sentencia aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. (CAPÍTULO IX ACCIÓN DE REVISIÓN. Artículo 232 del C.P.P.).
Si con anterioridad se dictaron dos decisiones en la cual (sic) se cesa todo tipo de procedimiento con fundamento en el acervo probatorio.
No queda duda alguna y/o interrogante ya que se realizó todo el procedimiento en cuanto el ordenamiento jurídico.”
Considera que su asistido actuó al amparo de las causales de justificación que dedujeron las instancias (artículo 32, numerales 1, 4 y 5 del Código Penal Militar) y “…por tal motivo dicha conducta es atípica”, con mayor razón porque no dirigió el ataque contra la población civil, sino contra los guerrilleros que estaban en el río.
Solicita de la Corte “…se confirme una vez más la Cesación de todo procedimiento en contra de mi poderdante el señor CARLOS ALBERTO CARDONA NAVIA. Según la ley 1407 de 2010 (Código Penal Militar) en su ARTÍCULO 33. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: 1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.”
2. Intervención del Procurador 171 Judicial Penal II.
De manera puntual, el Procurador Judicial advierte que aparte de las declaraciones defensivas de los procesados, ninguna evidencia muestra que los militares hubiesen sido atacados desde la vivienda de José Ramón Rojas Erazo, al punto que no resultaron guerrilleros heridos en ese inmueble, en donde sólo permanecían civiles, en su mayoría mujeres.
Agrega que intempestivamente, sin que mediara algún llamado, los miembros del Ejército Nacional abrieron fuego contra la casa del señor Rojas Erazo, en donde fallecieron éste, la religiosa Hildegard María Feldman y resultó herido Hernando García Zambrano, quien posteriormente fue ejecutado por la fuerza pública cuando se refugiaba indefenso en el río.
La agresión contra la casa de José Ramón Rojas Erazo, fue desproporcionada e insidiosa, si se tiene en cuenta que el centinela de la guerrilla ya había sido dado de baja y ningún peligro representaba para la patrulla militar.
“En ese orden, la infracción grave a los derechos humanos de los campesinos y agricultores ejecutados encuentra plena correspondencia con las garantías que se pretende proteger por ante instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 4), pues la integridad física y la vida de estas personas fue alevemente irrespetada por las fuerzas del Estado.”
Hernando García Zambrano no era miembro del grupo subversivo, porque la prueba indica que era un campesino de la zona, ejecutado fuera de combate cuando estaba herido e inerme y, en consecuencia, no se le podía calificar de objetivo militar. Por el contrario, tenía que ser protegido de acuerdo con el Protocolo de Ginebra, por lo que su muerte fue una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
La investigación por esos hechos debió asumirla la justicia ordinaria, puesto que los atentados contra la vida e integridad personal de estas personas constituyó una extralimitación en las funciones institucionales de los servidores que actuaron por fuera del marco constitucional y legal vigente para la época, cuya instrucción no debió asumir la jurisdicción militar, para garantizar de esa forma los derechos de protección judicial y garantía judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, máxime porque la investigación no cumplió con la satisfacción de verdad y justicia, al cesar el procedimiento en corto lapso, sin recaudar las pruebas de forma eficiente e integral.
Entonces, es procedente la acción de revisión, porque (i) se confirmó una afrenta a los derechos humanos o una grave infracción al derecho internacional humanitario; y, (ii) se acreditó la decisión de un órgano internacional de supervisión y control de derechos humanos aceptado formalmente por Colombia, que constató el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente esas violaciones.
Destaca que el contacto de los pobladores de El Sande con miembros de la guerrilla no obedecía a la voluntad de aquellos, sino a que estaban obligados a convivir con la insurgencia, especialmente José Ramón Rojas, sin que por esa imposición pudiera estigmatizarse a los campesinos ni imputárseles la condición de victimarios, lo cual parece ser el motivo que impulsó a la tropa para arremeter contra la humilde vivienda “…con los lamentables resultados sobre la indefensa población civil, violentada y saqueada, en lugar de amparada y protegida por la gendarmería institucional.”
El fuego dirigido contra la morada de José Ramón Rojas, que afectó vidas de civiles, sumado a la ejecución extrajudicial de Hernando García Zambrano, son acciones que constituyen infracciones “…graves a los derechos humanos de una población campesina que sufre los rigores de la guerra no internacional, es víctima de la guerrilla y además continúa siéndolo, para su infortunio, en este caso, del estamento militar que juró resguardarlo, no violentarlo. Que no tomó precauciones, distinciones, proporciones, con todo el conocimiento que tenía de la presencia allí esa tarde del fuego enemigo.” Por esa razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó, en la resolución 15/95, caso 11.010 Colombia:
“Que el Gobierno de Colombia no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptando con arreglo a sus procedimientos constitucionales y legales vigentes, las medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivo el derecho de las personas a obtener que se les haga justicia sancionando a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, quienes, en desempeño de actos del mismo servicio, violaron el derecho a la vida.”
De esa forma –añade– se satisfacen las exigencias previstas en la jurisprudencia, en especial en la sentencia C–004 de 2003 de la Corte Constitucional, y en los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Acorde con ello, concluye que están reunidas las exigencias para que se revise la decisión por la que el Juzgado Tercero de Brigadas con sede en Cali cesó el procedimiento el 17 de mayo de 1991 y la del Tribunal Superior Militar que confirmó esa providencia el 22 de julio del mismo año.
Por último, solicita de la Sala de Casación Penal “…la revocatoria de dichas determinaciones ordenándose rehacer el proceso por la jurisdicción ordinaria, enviándose las diligencias con destino a la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH por razones de competencia para que se investigue la conducta de los uniformados (…), por los hechos relatados al inicial acápite de este planteamiento constitutivos de graves infracciones a los derechos Humanos.”
3. Defensora de TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ y ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA.
En conciso escrito se limita a solicitar de esta Corporación, “…confirmar el fallo absolutorio, que fuera impugnado en REVISIÓN por el Ministerio Público, teniendo en cuenta que de las pruebas ordenadas por el despacho, ninguna de las practicadas o allegadas al proceso en trámite de revisión, demuestra que los aquí referenciados tuvieron responsabilidad alguna en los hechos por los cuales fueron investigados durante el proceso ordinario. Si ello es así, no puede este Tribunal extraordinario, revisar el fallo demandado, ya que durante este trámite revisional ninguna prueba arroja resultados contra mis patrocinados.”
4. Defensora de WILSON ALBERTO CONDE CHILITO.
Niega que los militares hubiesen disparado contra la casa de José Ramón Rojas Erazo, y ocasionado la muerte de éste y de la religiosa suiza Hildegard María Feldman, porque a El Sande arribaron dos pelotones en busca de unos guerrilleros de quienes sabían que se dedicaban al proselitismo en ese sector y en ese momento se enfrentaron con un centinela del grupo ilegal a quien dieron de baja.
Afirma que a continuación otros subversivos que se encontraban cerca a la casa del señor Rojas Erazo, agredieron a los uniformados.
A su juicio, Hernando García Zambrano murió en combate, cuando se enfrentó a los militares en el río Cristal.
Explica que uno fue el hecho en el que resultó muerto el guerrillero y otro en el que fallecieron los civiles, y con posterioridad Hernando García Zambrano, empero debe tenerse en cuenta que WILSON ALBERTO CONDE CHILITO sólo participó en el primero, lo que ocurrió como reacción al ataque del centinela y en “franca lid”.
“Sobre los hechos que produjeron los fallecimientos de Ramón Rojas, Hildegard Feldman, Hernando García, así como el supuesto saqueo, no tiene WILSON ALBERTO CONDE CHILITO ningún conocimiento ya que no tuvo ninguna participación, y de esos acontecimientos se enteró de oídas, posteriormente.”
El soporte jurídico de la acción de revisión en este caso, lo constituye “…es la “decisión” emanada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos…”, empero esa no es una decisión, sino un informe que termina con una conclusión e incluye unas recomendaciones.
Asimismo, advierte que contrario a lo que afirma el delegado de la Procuraduría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no recomendó sancionar a los militares responsables. Aduce que “…brilla por su ausencia la investigación completa, imparcial y efectiva dado que en esta demanda se le negó al demandado toda posibilidad probatoria de su inocencia.” Y, destaca que los informes de la aludida Comisión no obligan al Estado Colombiano, “…del cual forma parte la Corte Suprema de Justicia.”
Censura que la Procuraduría no hubiese acreditado la infracción grave a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, “Y no lo hizo por cuanto lo que se critica por parte del Demandante amparado en la crítica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recae sobre las actuaciones judiciales supuestamente ineficientes de lo Penal Militar…”. Además, las pruebas aducidas por el Ministerio Público son las actuaciones judiciales adelantadas por la jurisdicción castrense en primera y segunda instancias, que profirieron “…ahí sí, una decisión absolutoria (Cesación de Procedimiento) a favor de mi defendido el Sargento WILSON ALBERTO CONDE CHILITO.”
También argumenta que omitió el Procurador delegado demostrar que los homicidios se ejecutaron de forma sistemática y organizada y que se trató de un caso de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
Sostiene que el proceso penal adelantado ante la justicia militar decidió a favor de WILSON ALBERTO CONDE CHILITO, porque con la declaración del cabo Rigoberto Velasco Maldonado se demostró que la muerte de Hernando García la ocasionó el soldado ROBINSON GUILLERMO QUIROZ CORREA, que no pertenecía al equipo de su representado y admitió haber dado de baja a un guerrillero en el río y ese era Hernando García.
Se refiere a la declaración de WILSON ALBERTO CONDE CHILITO, pues, éste dijo que al iniciarse el operativo fue sorprendido por el centinela de la guerrilla, a quien dio de baja en consideración a que estaba mejor ubicado que el subversivo, así como le ocasionaron la muerte a otros dos rebeldes que estaban en el río, resaltando que desde la casa de Ramón Rojas fueron atacados con armas de fuego, lo que les obligó a reaccionar y en razón de ello murieron los civiles, sin que hubiese tomado parte en esta última acción.
El testimonio de Rubén Darío Guarín Sánchez, permite descartar la participación de CONDE CHILITO, en la muerte de José Ramón Rojas Erazo y de Hildegard María Feldman.
En el mismo sentido declaró TEMÍSTOCLES BALANTA CARABALÍ, precisando que los militares reaccionaron para defenderse del ataque del centinela a quien le ocasionaron la muerte en legítima defensa.
Por su parte, HERNÁN VARONA LIZCANO admitió haber participado en los hechos en que perdió la vida Hernando García, lo que descarta la participación de WILSON ALBERTO CONDE CHILITO; al paso que GUSTAVO ADOLFO CAICEDO, informó que CONDE CHILITO fue el militar que dio de baja al vigía de esa facción de las FARC, luego de que éste atacara a la patrulla, aspecto que fue ratificado con el testimonio de JORGE DELGAR PARRA HERNÁNDEZ.
Con el testimonio de JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO se demuestra que fue este militar quien disparó contra la casa de Ramón Rojas.
Además, advierte que las constancias sobre las operaciones militares, dan cuenta de que WILSON ALBERTO CONDE CHILITO cumplía órdenes legales y legítimas de las que no se podía sustraer.
Las armas de fuego incautadas a los guerrilleros estaban en buen estado de funcionamiento y que el cadáver del N.N. correspondía al del guerrillero que cumplía la función de vigilante.
Se refiere al testimonio de Gladys Concepción Rojas Leyton, argumentando que con esta declaración se demuestra que el subversivo dado de baja estaba prestándoles seguridad a los otros rebeldes que se encontraban en el río.
Concluye que en los hechos en que perdieron la vida los civiles, participaron los integrantes del equipo de apoyo No. 1 del pelotón Arco 3 y su defendido formaba parte del equipo de choque de la contraguerrilla Espina 5, por lo que ninguna participación tuvo en los delitos investigados. En consecuencia, solicita que se declare infundada la causal de revisión invocada.
4. Defensor de JORGE DELGAR PARRA HERNÁNDEZ y de LUIS EDUARDO MORA CAICEDO.
Considera que la cesación de procedimiento dictada en este caso por la justicia penal militar, era la decisión más sería, imparcial y justa que debía adoptarse, acorde con el material probatorio recaudado.
Si bien las ONG pusieron “de moda” la reapertura de causas en relación con asuntos decididos por las jurisdicciones ordinaria y castrense y tal atribución también puede asumirla el Ministerio Público, lo cierto es que este último no lo hace por iniciativa propia, sino por insinuación de instancias internacionales que presentan “…observaciones tardíamente, desconociendo la realidad de lo que pudieron haber sido los hechos, las circunstancias que pudieron rodear los mismos, y las condiciones y circunstancias materiales y personales en que cada uno de los actores, pudo haber participado, en una confrontación armada con fuerzas insurrectas, en el cumplimiento del deber como soldados regulares adscritos a las Fuerzas Militares de Colombia, ora, en el ejercicio de un derecho a conservar sus vidas, al dar respuesta al fuego enemigo, cuando fueron atacados, con las consecuencias que arroja el fragor del fuego cruzado entre quienes se defienden no solo para conservar su integridad personal, sino mantener íntegramente la Soberanía Nacional y la Institucionalidad.”
A su juicio, en este caso no se violaron las garantías debidas a los procesados, ni a las víctimas o a terceros, ni mucho menos a la administración de justicia, en atención a que la instrucción del proceso se llevó a cabo de forma dinámica, idónea, seria y eficaz, para establecer tanto lo favorable como lo desfavorable para los implicados, pero nunca con la intención de propiciar la impunidad.
Solicita de la Sala “…ratificar en su integridad la providencia por medio de la cual se puso fin a la instancia, en la cual se declaró que no existía mérito para convocar a un Consejo de Guerra y en consecuencia, Cesó todo Procedimiento…”
5. la Fiscalía Primera Penal delegada ante el Tribunal Superior Militar.
Asegura la funcionaria que la pretensión de la Procuraduría carece de fundamentos materiales, sustanciales y probatorios, si se tiene en cuenta que la cesación de procedimiento se profirió de acuerdo con las leyes vigentes al momento de los hechos y goza de la presunción de acierto y legalidad.
La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha advertido que las recomendaciones de instancias judiciales internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana, carecen de efecto vinculante, máxime porque se ha podido constatar en este asunto que la investigación adelantada por la justicia colombiana fue seria e imparcial.
En su sentir, prácticamente toda la instrucción fue adelantada por la jurisdicción ordinaria, especialmente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guachavés que actuó por comisión del Juzgado Segundo de orden público con sede en la ciudad de Pasto, entidad que luego ordenó remitir el proceso a los juzgados penales militares; además, durante el trámite se practicaron las pruebas conducentes y pertinentes.
Hace una relación detallada de varias pruebas, concretamente de la orden de operaciones militares No. 01 Grupo Cabal de Ipiales (Nariño), que demuestra el desarrollo de una misión institucional orientada a la protección de las personas y alude a las versiones de los militares que participaron en la operación. Así, el teniente Germán Darío Otálora Amaya detalló todo el suceso, desde la llegada de la tropa a El Sande, la estrategia que se ordenó y las labores adelantadas para salvaguardar a los civiles, sin que en ningún momento se atentara contra éstos, puesto que lo ocurrido con la religiosa fue “…simplemente por cosas del destino…”, al tiempo que afirmó haberse encontrado armas y equipos en la casa de Ramón Rojas, desde donde –aseguró el uniformado– les disparaban los guerrilleros, razón por la cual las bajas se ocasionaron en una situación de fuego cruzado, de combate.
Expone que en el mismo sentido declararon los suboficiales y demás militares que participaron en la operación.
Hace referencia al inventario del material incautado y resalta que esos elementos fueron inspeccionados por el Juzgado de Orden Público de Pasto y se determinó que se trataba de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, con excepción de dos escopetas, y que se encontraban en perfecto estado de funcionamiento.
El Ejército utilizó armas de calibre 7,62 y los impactos que recibió José Ramón Rojas –argumenta–, fueron ocasionados con armas cortas, de acuerdo con la versión del cabo César Augusto Posada.
Llama la atención en relación con que la hipótesis planteada por la jurisdicción ordinaria fue que se trató de un enfrentamiento entre el Ejército y los subversivos. Pues, las declaraciones de los civiles dan cuenta de la presencia de insurgentes en el lugar y el enfrentamiento que hubo entre el ejército y esa facción. En tal sentido, cita los testimonios de Omaira Deyanira Torres, Manuel Mesías Oviedo y José Domingo Rodríguez Pantoja.
Se refiere a la declaración del soldado JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO, quien narró que un rebelde los atacó al cruzar el río, por lo que fue dado de baja, añadiendo que a él le dispararon desde una casa, ocasionándole heridas en la pierna derecha. Sobre esas lesiones –explica la memorialista– dictaminó un médico del hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego.
Durante la inspección judicial a una casa que de acuerdo con un oficial del ejército era habitada por los facinerosos, la señora Juez Promiscuo Municipal de Guachavés halló carbonato de sodio, dos proveedores para pistola y una gorra de la Policía Nacional. Y, esta funcionaria, al remitir las diligencias al Juzgado de Orden Público, anotó que se trataba de homicidios y lesiones personales ocasionados durante un combate entre el Ejército y guerrilleros de las FARC.
Critica la declaración de la doctora Sandra Bastidas González, Juez Promiscuo Municipal de Guachavés, quien aseguró que todas las personas con las que dialogó coincidieron en afirmar que al llegar el Ejército hubo disparos de forma indiscriminada, que entre los muertos sólo había un guerrillero, las demás víctimas eran civiles y que los militares no distinguían entre aquellos y los insurgentes. Asimismo, destacó que de acuerdo con lo que informaron varios militares, se presentaron otras bajas entre los rebeldes, empero sus cadáveres fueron arrastrados por la corriente o recogidos durante la noche.
Sin embargo, la señora Fiscal le resta credibilidad a esta declaración, por considerar que se trata de una testigo de oídas, que no puede afirmar con seguridad que fue la fuerza pública la que dio de baja a los civiles y los testimonios que aquella funcionaria recibió, tampoco dan cuenta de esa circunstancia. Entonces, cree que ese relato obedece a un criterio personal al que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dado importancia, pero que al ser analizado con objetividad, es evidente que no tiene congruencia.
Menciona que el sacerdote Jairo Chamorro Ceballos no fue testigo directo; declaró haberse desplazado hasta El Sande para averiguar por la suerte de la religiosa suiza y allí le señalaron el lugar en donde había sido sepultada y agregó que esa muerte fue ocasionada por una bala perdida. Además, declaró que los guerrilleros en ese momento no estaban en la casa de Ramón Rojas, sino en el río, aunque los subversivos se alojaban en una vieja propiedad del señor Rojas, sin que él pudiera oponerse.
Se refiere la señora Fiscal al testimonio del Alcalde de Guachavés, Omar Salcedo, quien dijo haberse enterado de las por parte de los habitantes del caserío. Se quejó por los malos tratos que recibió del Ejército e informó que los insurrectos llegaban hasta las casas de El Sande a pedir favores, sin que la gente pudiera negárselos ni oponerse a que pintaran consignas.
Explica la memorialista que Luz Marina Erazo admitió que momentos antes de ser lesionada, hubo una reunión entre pobladores y dos guerrilleros en la cancha de El Sande y no supo si se presentó algún enfrentamiento. Agregó la testigo que fue auxiliada por personal de las fuerzas armadas.
Llama la atención acerca de las necropsias, asegura que actualmente resultan precarias, porque no informan el tipo de armas que causaron las muertes ni la distancia a las que fueron disparadas.
Los procesados fueron vinculados a la investigación penal con fundamento en las pruebas legalmente practicadas, a ellos se les resolvió la situación jurídica y se decretó la cesación de procedimiento a su favor, porque se constató que se llevó a cabo un operativo, los alzados en armas se refugiaban en la casa de Ramón Rojas y nada permitía suponer que en esa vivienda permaneciera la religiosa, puesto que hacia ese lugar se disparó para repeler el ataque de los guerrilleros.
Para la jurisdicción militar era claro que los uniformados actuaron en cumplimiento de un deber legal, ya que los civiles por temor o por simpatía habían aceptado la presencia de los subversivos y esa es la razón por la que el ejército debió actuar.
Entonces, la decisión adoptada por el Juzgado de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, se fundamentó en que los militares actuaron en cumplimiento de un deber legal y en legítima defensa.
Esa providencia fue confirmada por el Tribunal Superior Militar, que consideró demostrada la ausencia de antijuridicidad.
Resalta que la Procuraduría Provincial recomendó archivar el proceso disciplinario adelantado con ocasión de esos hechos, porque no halló pruebas que demostraran la responsabilidad de los implicados.
“En efecto, se solicita de la Honorable Corte Suprema de Justicia, desestimar la acción de revisión planteada por el señor Procurador 171 Judicial II Penal; en el entendido que la recomendación realizada por el organismo internacional, por tratarse de un órgano administrativo que no administra justicia y que solo profiere decisiones y recomendaciones administrativas, no puede tener fuerza vinculante para derrocar una decisión jurisdiccional, en donde se han practicado todas las pruebas tendientes a esclarecer la verdad de los hechos, y goza de la presunción de acierto, legalidad, imparcialidad y buena fe. Se reitera que no tiene la fuerza vinculante, para tumbar o derrocar una decisión jurisdiccional, la recomendación planteada por el organismo internacional, debido a que al verificar la actuación judicial que se llevó por la Justicia Penal Militar, esta se hizo con el debido celo, dedicación e imparcialidad.
No se pueden afectar los caros principios constitucionales, del Juez natural, del principio de legalidad, de cosa juzgada, de non bis in ídem y en general la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima de los asociados para con el Estado, por un pedimento administrativo de un organismo internacional; para la Fiscalía, lamentable resulta, que en el conflicto interno Colombiano, se pierda el don más preciado como lo es la vida, pero es una situación que obedece a las discordias internas que se presentan, y a los efectos colaterales de la guerra, presentándose en el subjudice (sic) una responsabilidad objetiva para el Estado, más no una responsabilidad penal que es de ultima ratio, además porque se avizora desde ya que las pruebas practicadas por la Justicia Ordinaria y obrantes en el proceso penal son las únicas que servirán y en gracia de discusión, de ordenar rehacer el proceso para tomar una decisión, resultan precarias y que dado el transcurrir del tiempo no se podría construir una verdad, porque como dijo Bentham en su obra las pruebas judiciales ‘Tiempo que transcurre verdad que huye’.”
Estima que la verdad en este caso se construyó a partir de una labor judicial seria e imparcial que no se puede poner en duda sólo por la presión de un organismo internacional, porque ello afectaría las garantías de los procesados, mismas que, sin desconocer los derechos de las víctimas, pide respetar, máxime porque en su gran mayoría se trataba de jóvenes que estaban prestando el servicio militar obligatorio, aparte de que el oficial que comandaba el operativo ya falleció.
Solicita de la Sala que desestime las pretensiones de la Procuraduría.
6. Defensora de HERNÁN VARONA LIZCANO.
Considera que la norma aplicable al caso no es el artículo 220–3° de la Ley 600 de 2000, sino el artículo 232 del Decreto 2700 de 1991.
Advierte que la sentencia C–004 de 2003 de la Corte Constitucional, no tiene efectos retroactivos, por lo que no puede afectar las decisiones proferidas con anterioridad, porque a los procesados debe ampararlos la garantía de la favorabilidad.
“La sentencia C–004 no destruyó el principio fundamental del imperio de la ley favorable y del imperio del también fundamental principio de legalidad en cuanto a cada hecho se le aplica el procedimiento vigente al momento de la comisión, a no ser que la norma sobreviniente sea favorable. Artículo 6° de la Ley 600 de 2000, artículo 6 de la ley 599 de 2000; (e inclusive el artículo 6° de la Ley 906 de 2004) todo al amparo del artículo 29 superior.”
Argumenta que el demandante no mencionó las pruebas echadas de menos, que de haberse practicado hubiesen variado los resultados del proceso. Por ello, no se cumple la exigencia jurisprudencial acerca del “…incumplimiento protuberante de las obligaciones del estado Colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.”
La preclusión de la investigación en este caso obedeció al cumplimiento de la ley, no fue parcializada y no buscaba favorecer a los militares. Entonces no se ha constatado que el Estado colombiano hubiese incumplido su deber de investigar el delito. Otra cosa es que los resultados no favorecieran a los interesados en la condena.
Solicita que se niegue la revisión que reclama la Procuraduría General de la Nación.
7. Defensora de OMAR EDUARDO ÁLVAREZ MORA, JOSÉ ELDES CAICEDO y JULIO CÉSAR CAICEDO ANGULO.
Señala que sus asistidos ya fueron juzgados en un proceso al que se allegaron “…todas las pruebas que existieron para ese entonces propias para una acusación y fallo…”, mismas que fueron valoradas por la autoridad competente. Además, esas actuaciones fueron conocidas por la Procuraduría General de la Nación, sin que se presentara ninguna objeción de su parte.
La defensa y los procesados, en cambio, propugnaron por la cesación de procedimiento.
Admite que la causal de revisión invocada está consagrada legalmente en el artículo 192–4° de la Ley 906 de 2004, empero en esos casos no debería investigarse únicamente la conducta de quienes ya fueron juzgados, sino también la de las autoridades que incumplieron la obligación de investigar y en ese orden deben verificarse las actuaciones de los altos mandos militares, porque su conducta encuadraría en el prevaricato por omisión.
Del mismo modo, es necesario ordenar la investigación del Delegado de la Procuraduría que tenía el proceso a cargo, porque no cumplió la función de velar por los derechos de la ciudadanía, ya que no era parte de sus objetivos buscar la absolución de los militares, que sí lo era de la defensa y de los procesados.
Pide “…no revisar solo lo atinente a los aquí estos (sic) encartados que de antemano insisto (…) no aceptar las pretensiones del Demandante para requerirlos nuevamente a fin de que se defiendan de un nuevo proceso; Sino revisar también entonces la conducta de quienes fueron los encargados de velar porque se hiciera justicia en ese momento procesal por que (sic) a ellos les competía la obligación del Estado de velar por una recta justicia.”