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Timestamp: 2017-12-11 14:54:24
Document Index: 231748729

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Sentencia T.S. 680/1995 (Sala 1) de 8 de julio. Sentencias. Ejecución. Tribunal Eclesiástico. Separación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 680/1995 (Sala 1) de 8 de julio
Sentencias: Ejecución. Tribunal eclesiástico. Separación matrimonial con liquidación de sociedad de gananciales. Motivos de quebrantamiento de formas esenciales del juicio. Indefensión. Incongruencia. Desestimación. Pruebas: Medios de prueba. Inadmisión. Acta notarial. Liquidación de la sociedad de gananciales. Determinación de los bienes gananciales y privativos. Herencia.
Primero.-El Procurador D. Víctor Viñuela Conejo en nombre y representación de D. Isidro, formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Gijón, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra D.ª Angelina, sobre ejecución de sentencia del Tribunal Eclesiástico, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se condene a la demandada a aceptar la liquidación de la sociedad legal de gananciales formada por ella misma y su esposo.
Segundo.-Admitida la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos el Procurador D. Javier Castro Eduarte, en su representación, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se condene al demandante a aceptar la liquidación de la sociedad de gananciales formada por ambos esposos, en los términos descritos en el presente escrito de contestación a la demanda.
Tercero.-Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.
Cuarto.-El Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia dictó sentencia en fecha dos de Noviembre de mil novecientos noventa cuyo fallo es el siguiente: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador SR. VIÑUELA CONEJO en nombre y representación de D. Isidro dirigida contra la demandada DÑA. Angelina representada por el Procurador Sr. CASTRO EDUARTE, debo absolver y absuelvo a ésta última de las pretensiones contenidas en la demanda; manteniendo el cuaderno particional realizado por el Contador Partidor Dirimente D. Evaristo por los razonamientos expuestos en los Fundamentos de Derecho y con imposición de costas al demandante."
Quinto.-Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia en fecha veintidós de Enero de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "REVOCAR la Sentencia dictada por la Iltma. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Gijón en el único sentido de no hacer pronunciamiento especial en cuanto a costas. Se mantienen los demás de la recurrida; sin declaración especial en cuanto a las de esta alzada."
Sexto.-El Procurador D. Leopoldo Puig Pérez de Inestrosa en nombre y representación de D. Isidro, interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: Primero.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692.3.º por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la Sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso se haya producido indefensión para la parte. Segundo.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692.4.º por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en Autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios. Tercero.-Al amparo de lo dispuesto en el art. 1692.5.º por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
Séptimo.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista, el día 21 de Junio de 1995, en que ha tenido lugar.
Primero.-Para poder introducir alguna claridad que explique o dote de algún sentido jurídico al juicio de menor cuantía (promovido con carácter autónomo) al que se refiere este recurso, se estima imprescindible exponer los que consideramos antecedentes procesales del mismo, los cuales han tenido que ser extraídos, en la medida de lo posible, de las pruebas que han sido practicadas en dicho proceso, al no haberse remitido (inexplicablemente) a esta Sala el procedimiento liquidatorio o particional al que seguidamente nos referiremos y del que dimana el expresado juicio de menor cuantía al que se refiere este recurso. Dichos antecedentes son los siguientes: 1.º Por sentencia de fecha 26 de Enero de 1979, el Tribunal eclesiástico del Arzobispado de Oviedo, acordó la separación matrimonial de los esposos D. Isidro y D.ª Angelina .-2.º Por así haberlo pedido la esposa, el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Gijón (al que correspondió por turno de reparto) tramitó, como autos número 303/79, el correspondiente procedimiento para la ejecución de la referida sentencia canónica, en cuyo procedimiento el expresado Juzgado dictó providencia de fecha 13 de Junio de 1979, la cual, aparte de otros particulares que aquí no interesan, contiene los siguientes: "....; se acuerda la disolución de la sociedad legal de gananciales de ambos cónyuges, que se anote asimismo en el Registro Civil, practicándose la liquidación de aquélla por los trámites del juicio voluntario de testamentaría, citándose al esposo a fin de que en término de quince días se persone en forma en los autos, bajo los apercibimientos de Ley si no lo verifica, haciéndole entrega de la oportuna cédula y copias presentadas".-3.º En el referido procedimiento (autos número 303/79), el expresado Juzgado dictó providencia de fecha primero de Septiembre de 1979, del siguiente tenor literal: "Dada cuenta del anterior escrito que se una a los autos de su razón, entregando las copias a la otra parte. Se tiene por personado al Procurador señor Carrio García en nombre de D. Isidro, en virtud de la copia de poder.... Procédase a la formación del inventario de bienes y documentos, señalándose para dar comienzo a la misma el día once de Septiembre actual a las once horas, citándose a las partes".-4.º En el día señalado al efecto (11 de Septiembre de 1979), con asistencia de los Procuradores y Abogados de ambos esposos, se hizo el inventario de los bienes gananciales, que eran los siguientes: "1. Ochenta y cuatro acciones de la Compañía Telefónica Nacional de España.-2. Muebles: Los obrantes en el piso que fué domicilio conyungal.-3. Vehículo Seat-124, matrícula I- ......... .-4. Camión Pegaso matrícula U..........-F .-5. Inmuebles: Piso NUM000 NUM001 de la casa número NUM002 de la AVENIDA000, de Gijón".-5.º Con fecha 1 de Marzo de 1983, D. Carlos Ramón, Abogado, y como Contador-partidor designado por la esposa D.ª Angelina, practicó la liquidación y adjudicación de los referidos bienes gananciales, respectivamente, a cada uno de los dos esposos, en los términos que constan en el formalizado cuaderno particional, del que sólo ha de destacarse aquí que el piso inventariado ( NUM000 NUM001 de la casa número NUM002 de la AVENIDA000 ) se lo adjudicaba en pleno dominio a la esposa D.ª Angelina .-6.º Con fecha 10 de Enero de 1985, D. Rodolfo, Abogado, y como Contador-partidor designado por el esposo D. Isidro, practicó la liquidación y adjudicación de los referidos bienes gananciales, respectivamente, a cada uno de los dos esposos, en los términos que constan en el formalizado cuaderno particional, del que sólo ha de destacarse aquí que el ya referido piso inventariado se lo adjudicaba en pleno dominio al esposo D. Isidro .-7.º Con fecha 5 de Diciembre de 1985, D. Evaristo, Abogado, en su calidad de Contador-partidor dirimente, formalizó el correspondiente cuaderno particional, por el que practicaba liquidación y adjudicación de los referidos bienes gananciales, respectivamente, a cada uno de los esposos, en los términos que constan en dicho cuaderno particional, del que solo ha de destacarse aquí que el repetido piso inventariado se lo adjudicaba en pleno dominio a la esposa D.ª Angelina .-8.º El día 30 de Enero de 1986 la representación procesal del esposo D. Isidro presentó en el Juzgado (autos número 303/79) un escrito de fecha 23 del citado mes, en el que manifestaba su oposición al cuaderno particional formalizado por el Contador- partidor dirimente por haberle adjudicado el piso a la esposa, pues estimaba que le debía haber sido adjudicado a él.-9.º Ya no es posible consignar más antecedentes, toda vez que, como se dijo al principio, no ha sido remitido a esta Sala el correspondiente procedimiento particional o de liquidación de la sociedad de gananciales (autos número 303/79), y los que han sido relacionados en los apartados anteriores son, como también se dejó allí anunciado, los que han podido ser extraídos (previa su ordenación cronológica) de los particulares obrantes en los respectivos ramos de prueba del proceso al que seguidamente nos referiremos.
Segundo.-Con fecha 18 de Abril de 1989, D. Isidro promovió contra su esposa D.ª Angelina el juicio de menor cuantía de que este recurso dimana, por medio de demanda en la que, diciendo expresamente promover dicho proceso al amparo del artículo 1088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y limitándose a transcribir parcialmente en ella las liquidaciones o cuadernos particionales formalizados por sus respectivos Contadores-partidores y también el formalizado por el Contador-partidor dirimente (a los que nos hemos referido, respectivamente, en los apartados 5.º, 6.º y 7.º del Fundamento jurídico anterior), pero sin dar a conocer, ni siquiera indiciariamente, los extremos en que discordaba de este último cuaderno particional (el del Contador-partidor dirimente), se limitó a postular que se dicte sentencia por la que se condene a la demandada a aceptar la liquidación practicada por su propio Contador- partidor (el del demandante). Con la expresada demanda el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Gijón (que es el mismo que venía conociendo del ya referido procedimiento número 303/79) acordó la incoación de un proceso autónomo o independiente y lo registró como autos número 221/89. La esposa demandada, en su escrito de contestación a la demanda, en el que se limitó a exponer las razones por las que creía que el piso le debía ser adjudicado a ella, pero no dió a conocer si estaba o no conforme con la liquidación practicada por el Contador-partidor dirimente, postuló se dicte sentencia por la que se condene al demandante a aceptar la liquidación practicada por su propio Contador-partidor (el de la demandada).
En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo, por la que (salvo en cuanto a las costas) confirma íntegramente la de primera instancia, la cual contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. V.C., en nombre y representación de D. Isidro dirigida contra la demandada D.ª Angelina, representada por el Procurador Sr. C.E., debo absolver y absuelvo a ésta última de las pretensiones contenidas en la demanda; manteniendo el cuaderno particional realizado por el Contador Partidor Dirimente D. Evaristo ".
Contra la referida sentencia de la Audiencia (confirmatoria, como acaba de decirse, de la de primera instancia), que ha sido consentida por la demandada, el demandante D. Isidro ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de tres motivos.
Tercero.-El primero de ellos aparece textualmente formulado así: "Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692-3.º, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso se haya producido indefensión para la parte". En el alegato integrador de su desarrollo plantea cuatro distintas y heterogéneas cuestiones (no dos, como parece decir), que son las siguientes: a) Incongruencia de la sentencia recurrida; b) Supuesto quebrantamiento de forma por no haberse dado traslado al actor, aquí recurrente, de la reconvención que, según dice, formuló la demandada; c) Supuesto quebrantamiento de forma por haberse admitido la presentación por la demandada, en período de prueba, de un documento (acta notarial) de fecha anterior a la incoacion del proceso y que dicha demandada no acompañó con su escrito de contestación a la demanda; y d) Otro supuesto quebrantamiento de forma, por no haberse admitido en segunda instancia al actor, allí apelante, dos medios de prueba documental que propuso.
Las cuatro referidas cuestiones que, dada la heterogeneidad de las mismas, deberían haber sido objeto de otros tantos motivos distintos e independientes, como exige una correcta técnica casacional, habrán de ser examinadas separadamente, como si se tratara de cuatro submotivos, dentro de ese extraño motivo primero.
En la primera de las aludidas cuestiones, alegando textualmente "infracción de lo dispuesto en el art. 372.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con lo dispuesto en los arts. 359 y 360 de la misma Ley", se denuncia un supuesto vicio de incongruencia, que el recurrente parece hacer consistir, en esencia, en que la sentencia recurrida (como antes había hecho la de primera instancia) ha aprobado la partición (liquidación de la sociedad de gananciales) practicada por el Contador dirimente, cuando ello, viene a decir, no ha sido pedido por ninguna de las partes, en sus respectivos escritos rectores del proceso. La respuesta casacional que ha de corresponder a dicho submotivo es la que se desprende de las consideraciones que a continuación se exponen. El juicio ordinario que por la cuantía corresponda, a que se refiere el artículo 1088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fué el promovido por el actor, según lo dice expresamente en el párrafo segundo del Fundamento de Derecho I de su demanda (folio 2 vuelto de los autos), surge únicamente cuando, habiéndose formalizado en tiempo hábil, por algún interesado, oposición a las operaciones divisorias del contador dirimente, en la Junta correspondiente, a la que serán convocados todos los interesados y el propio contador dirimente (artículo 1086 de la citada Ley), no hubiere conformidad de todos los referidos interesados respecto a las cuestiones promovidas, en cuyo supuesto, decimos, surge el referido juicio ordinario (artículo 1088), el cual solamente puede tener por objeto la impugnación de la partición efectuada por el contador dirimente, respecto de las cuestiones que los interesados disidentes manifiesten sucesivamente ("empezando los traslados por aquellos que primero hubieren solicitado la entrega de las operaciones", preceptúa el citado artículo 1088), por lo que el demandante, aquí recurrente, ignoró lo anteriormente dicho, al promover este proceso sin mencionar los extremos en que disiente de la partición del contador dirimente y postular única y exclusivamente que se apruebe la partición (liquidación de la sociedad de gananciales) que hizo el Contador-partidor que él designó, en cuya deficiencia le secundó el propio Juzgado, al incoar dicho proceso con carácter totalmente autónomo e independiente del procedimiento particional que se había venido tramitando (los ya referidos autos número 303/79), olvidando el actor, como también luego la demandada, que las particiones hechas por los Contadores- partidores designados, respectivamente, por ellos, al mostrar recíprocamente los interesados una absoluta disconformidad respecto de las mismas, quedaron ya totalmente periclitadas o precluidas (sin efecto alguno) y sustituidas por la que formalizó el contador dirimente (pues para dicho supuesto se le nombró, artículos 1070 y 1073 de la citada Ley procesal), que es la única que puede ser impugnada por los disidentes (por múltiples causas, ad exemplum: falta de citación de alguno de los interesados a la formación del inventario; valoración arbitraria de los bienes; naturaleza privativa de alguno de los bienes incluidos en la partición; vicios de ésta, determinantes de su nulidad o rescindibilidad, etc.) y la única también que ha de prevalecer, bien con las rectificaciones de las irregularidades denunciadas, que hayan quedado probadas en dicho juicio ordinario, bien en su forma originaria (como la hizo el contador dirimente), si no se prueba ninguna irregularidad en la misma, como así lo ha entendido la sentencia recurrida, al igual que antes la de primera instancia, pese a la ya dicha anómala tramitación de este proceso como autónomo e independiente del procedimiento particional (autos número 303/79) del que debía haber formado parte integrante, como pieza separada del mismo. Con base en todo lo anteriormente expuesto ha de concluirse que la sentencia aquí recurrida, al aprobar la partición efectuada por el contador dirimente, por no haberse probado en el proceso ninguna irregularidad en la misma y no obstante los insólitos pedimentos (ya dichos en el Fundamento jurídico segundo de esta resolución) de los escritos de demanda y contestación, no ha incurrido en incongruencia alguna, por lo que ha de fenecer este primer apartado o submotivo del motivo primero.
A través del que hemos llamado segundo submotivo, aunque mezclando confusamente su argumentación impugnatoria con la del que acabamos de examinar, parece que el recurrente quiere denunciar un quebrantamiento de forma, que hace consistir en que el Juzgado no le dió traslado de la reconvención que, según dice, formuló la demandada en su escrito de contestación, con lo que se le privó, parece querer decir, de su derecho a poderla contestar.
Teniendo en cuenta los razonamientos que, con relación al primer submotivo, hemos expuesto anteriormente y que aquí se dan por reproducidos, este segundo submotivo también ha de ser desestimado, ya que si el juicio ordinario a que se refiere el artículo 1088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solamente puede tener por objeto la impugnación de la partición practicada por el contador dirimente (una vez que, en la Junta que el Juez convoque al efecto, falte la conformidad de todos los interesados sobre las cuestiones promovidas -artículos 1086 a 1088 de la citada Ley procesal-), resulta evidente que no cabe la posibilidad de formular reconvención alguna en el mismo, toda vez que, por un lado, los interesados que disientan de la referida partición habrán de limitarse a exponer los motivos de su impugnación a la misma, "empezando los traslados por aquellos que primero hubiesen solicitado la entrega de las operaciones, conforme al artículo 1084" (cuyo precepto imperativo, que establece expresamente el artículo 1088, carecería totalmente de sentido, si el juicio ordinario a que el mismo se refiere fuera un proceso completamente autónomo y con libertad de objeto contencioso), cuyo requisito impugnatorio, además, no cumplió el actor, aquí recurrente, al promover este proceso, sino que formuló en el mismo la insólita pretensión de que se apruebe la partición hecha por el Contador-partidor que él había designado, cuando dicha partición, como se dijo al desestimar el primer submotivo, ya había quedado totalmente excluida y sin efecto alguno, y, por otro lado (retomando el hilo de la argumentación que iniciamos más arriba), aquellos otros interesados que no disientan de la partición hecha por el contador dirimente, si quieren hacer alguna alegación, habrán de limitarla exclusivamente, como es obvio, a exponer las razones por las que crean debe ser rechazada la impugnación de los disidentes y ser aprobada, lógicamente, la partición impugnada, requisito que tampoco cumplió la esposa demandada, pues en su escrito de contestación, sin plantear reconvención alguna que, como se ha dicho, aquí no cabe, formuló la también insólita pretensión de que se apruebe la partición hecha por el Contador-partidor que ella había designado, cuya partición ya había corrido la misma suerte, antes dicha, que la realizada por el de su marido.
Cuarto.-Para referirse a las cuestiones planteadas en los que hemos llamado submotivos tercero y cuarto del motivo primero (en cuyo estudio aún nos hallamos), el recurrente utiliza un encabezamiento único que, transcrito literalmente, dice así: "b) Infracciones de normas relativas a la admisión de medios de prueba que redundan en el derecho a la defensa y ocasionan indefensión con infracción de lo dispuesto en el artículo 24.1 y 24.2 de la Constitución Española de 1978, por vulneración de lo dispuesto en el art. 506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 863.2.º del mismo texto legal".
La cuestión integrante del submotivo tercero la hace consistir el recurrente en que el Juzgado admitió el acta notarial que la demandada D.ª Angelina presentó en período de prueba, cuando la referida acta, al ser de fecha 4 de Abril de 1988 y, por tanto, anterior a la incoación de este proceso (18 de Abril de 1989), debió presentarla, dice el recurrente, con su escrito de contestación a la demanda. Después de insistir en las muy peculiares características del juicio ordinario al que se refiere el artículo 1088 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que, como anteriormente ya se ha dicho, las partes en él intervinientes se configuran, más bien, como impugnantes (por alguna de las numerosas causas antes señaladas, por vía de ejemplo) y no impugnantes de la partición formalizada por el contador dirimente ("empezando los traslados por aquellos que primero hubieren solicitado la entrega de las operaciones conforme al artículo 1084", según ordena el 1088, volvemos a insistir), después de reiterar lo anterior, decimos, el expresado submotivo ha de ser desestimado, ya que es doctrina de esta Sala (Sentencias de 2 de Julio y 9 de Diciembre de 1960, 31 de Octubre de 1963, 24 de Octubre de 1978, 26 de Abril de 1985, 16 de Julio de 1991, entre otras) la de que los documentos a que se refiere el artículo 504 de la Ley adjetiva civil, al exigir que los mismos sean necesariamente presentados "in limine litis", con los escritos rectores del proceso (demanda y contestación), son los básicos de la pretensión, que fundamentan la causa de pedir, pero no aquellos otros complementarios, accesorios o auxiliares, encaminados a integrar el proceso probatorio o a combatir las alegaciones de contrario, los cuales pueden ser aportados en período de prueba, siendo de estas últimas características el acta notarial de fecha 4 de Abril de 1988, a la que se refiere el recurrente, la cual solamente recoge que el piso ganancial objeto de la controversia, que fué el domicilio familiar de los esposos aquí litigantes y del hijo de ambos, se encontraba, en la fecha de levantamiento del acta, completamente deshabitado y con los servicios de luz y teléfono cortados, con lo que la esposa pretendía rebatir la afirmación hecha por su ex- marido de que él venía viviendo en el expresado piso.
Para poder resolver la cuestión a que se refiere el cuarto submotivo ha de partirse de lo siguiente: 1.º Durante la tramitación del recurso de apelación, el allí apelante, D. Isidro, trató de aportar los siguientes documentos: una valoración del piso ganancial que, por su encargo, se había hecho después de pronunciada la sentencia de primera instancia, y un extracto del movimiento de la cuenta del préstamo hipotecario sobre el referido piso.-2.º El Tribunal de apelación rechazó la admisión de los dos referidos documentos, "al tratarse (se dice textualmente en el correspondiente auto denegatorio) de elementos de prueba que pudieron hacerse en el momento procesal correspondiente, es decir, en el trámite probatorio de la primera instancia".
A través del submotivo cuarto, el recurrente denuncia un quebrantamiento de forma, por infracción del artículo 863.2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberle sido denegada la admisión de dichos documentos. El expresado submotivo también ha de claudicar, por las siguientes razones: 1.ª Porque ninguno de los dos expresados documentos (informe pericial, por encargo del recurrente, sobre el valor del piso ganancial, y extracto del movimiento de la cuenta bancaria del préstamo hipotecario sobre dicho piso) pueden incardinarse en ninguno de los supuestos del artículo 506 de la Ley adjetiva civil, al que se refiere el 863.2.º de la misma, ya que se trata propiamente de pruebas (el informe pericial sobre el valor del piso y el extracto de la cuenta bancaria) que, como acertadamente dice la Audiencia en el auto denegatorio de su admisión, pudieron ser practicadas en la primera instancia y no lo fueron, añadimos nosotros, por causa imputable al actor, aquí recurrente.-2.ª Para que la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produce indefensión pueda tener virtualidad casacional es requisito ineludible que se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia en que se hubiere cometido (artículo 1693 de la Ley procesal civil), requisito que aquí tampoco aparece cumplido, pues el actor- apelante, aquí recurrente, consintió el auto denegatorio de la admisión de los expresados documentos, cuando pudo haber interpuesto contra el mismo el correspondiente recurso de súplica (artículo 867 de la repetida Ley rituaria) y no lo hizo.
Por todos los razonamientos expuestos en éste y en el anterior Fundamento jurídicos, ha de ser desestimado el motivo primero, integrado por los cuatro submotivos, a los que, sucesiva y extensamente, nos hemos venido refiriendo.
Quinto.-En el motivo segundo, con sede procesal en el ordinal cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente), se dice denunciar "error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios". En el extenso alegato integrador de su desarrollo, refiriéndose al acta notarial de fecha 4 de Abril de 1988 e insistiendo, de nuevo, en que la presentacion de la misma por la demandada, en período de prueba, no debió haberle sido admitida (a lo que ya nos hemos referido al examinar el submotivo tercero del motivo primero),y aludiendo también a todas las demás pruebas practicadas en el proceso, el recurrente pretende alcanzar la conclusión (que es en lo que parece hacer consistir el error probatorio que dice denunciar) de que el piso ganancial ha debido serle adjudicado a él, que es el que se halla, dice, en la posesión del mismo, y no a la esposa, como hace la sentencia recurrida.
El expresado motivo, a cuya admisión ya se opuso el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen, ha de ser rotundamente rechazado, ya que en el mismo no se denuncia ningún concreto error de hecho en la apreciación de la prueba, en el que haya incurrido la sentencia recurrida y que aparezca evidenciado de modo directo, patente e inequívoco (literosuficiencia) por algún documento obrante en autos, que es la única finalidad casacional del medio impugnatorio aquí utilizado y hoy ya suprimido, sino que, a través de su forzado alegato, lo que pretende el recurrente es hacer una nueva valoración de toda la prueba practicada en el proceso, olvidando que este recurso extraordinario, como tantas veces ya se ha dicho, no es una nueva instancia, y obtener, por medio de ella, una conclusión probatoria distinta de la obtenida por la sentencia recurrida cuando ésta, valorando ponderadamente todo el elenco probatorio obrante en autos, alcanza el resultado de que el piso ganancial, que fué el domicilio familiar de los cónyuges y del hijo de ambos, antes de la ya remota ruptura matrimonial, debe ser adjudicado en pleno dominio a la esposa, que es lo que hace el contador dirimente, cuya partición aprueba, para lo cual la referida sentencia se basa, fundamentalmente, en la siguiente argumentación: ".... la vivienda en cuestión constituyó el domicilio familiar de los litigantes y del hijo menor, estando en estos momentos desocupada, tal y como se acredita mediante la prueba de confesión ('vive en el otro lado también'), en relación con el acta notarial levantada a instancia de quien, como la esposa, sin un uso judicial o privadamente asignado, ostenta también la propiedad del inmueble. En esta situación, si alguien tiene que volver parece más conveniente que lo sea ésta, y en definitiva, su hijo con el que convive pese a su mayoría de edad, y no el esposo que formó una familia nueva extraña al piso. Pero es que, además, repugna a la lógica más elemental que quien presumiblemente se ocupó con mayor intensidad y dedicación al cuidado de la casa, se vea en estos momentos privada de ella a cambio de recibir como contraprestación el equivalente pecuniario de unos bienes que, aún gananciales, constituyeron la herramienta de trabajo de su esposo, como es el camión Pegaso que utilizó en su negocio de transporte" (Fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida).
Sexto.-El motivo tercero aparece textualmente formulado así: "Al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692-5.º por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate". A través del confuso alegato integrador de su desarrollo en el que va citando, por este orden, los artículos 3, 4, 1392, 1397, 1398, 392, 393, 394, 1074 y 1045 del Código Civil, aunque sin concretar cual de dichos heterogéneos preceptos es el que considera infringido, y mencionando también la doctrina jurisprudencial acerca del enriquecimiento injusto, el recurrente viene a sostener, en esencia, que la valoración de los bienes gananciales que el contador dirimente tuvo en cuenta al practicar la partición (liquidación de la sociedad de dicha naturaleza ganancial, existente entre los esposos) no puede ser aquí mantenida, parece decir el recurrente, por el aumento de valor experimentado por alguno de dichos bienes (concretamente el piso), con posterioridad a la practica de la mencionada partición, haciendo también el recurrente una referencia específica a la posibilidad de rescindir la partición por causa de lesión, conforme al artículo 1074 del Código Civil.
El expresado motivo también ha de ser desestimado, por las siguientes razones: 1.ª Porque en la partición de la herencia, cuya normativa es aplicable, con carácter supletorio, a la liquidación de la sociedad de gananciales (artículo 1410 del Código Civil), el valor que ha de ser tenido en cuenta es el que a los bienes integrantes del caudal hereditario (ganancial, en este caso) les corresponda en el momento de practicarse la partición (artículos 847, 1045 y 1074 del citado Código), cuyo valor es el que el contador dirimente tuvo en cuenta al practicar (en 1985) la liquidación de la sociedad de gananciales a que se refiere este proceso, sin que se haya probado que dicha valoración, en la fecha indicada, fuera errónea o inexacta, por lo que la misma ha de ser aquí mantenida, no obstante el retraso que, por causas únicamente imputables al actor, aquí recurrente (al pretender que el piso le sea adjudicado a él), haya experimentado la aprobación judicial, que en este proceso se hace, de la correcta partición hecha por el contador dirimente.-2.ª Porque la posible rescisión de la partición por causa de lesión, a la que también se refiere el recurrente, solamente es posible cuando la lesión que se dice experimentada sea superior en una cuarta parte, atendido el valor de los bienes cuando fueron adjudicados (artículo 1074 del Código Civil), lo que aquí no ha ocurrido, pues no se ha probado que con los bienes gananciales adjudicados al esposo, haya experimentado éste la lesión expresada, teniendo en cuenta el valor de todos los bienes cuando el contador dirimente hizo la partición y subsiguiente adjudicación de los bienes partidos o liquidados (en 1985), que es la fecha a la que ha de atenderse, según establece el citado precepto.-3.ª Tampoco cabe hablar de enriquecimiento injusto alguno por parte de la esposa, al que también se refiere el recurrente, pues el contador dirimente, en la partición por él practicada, efectuó el pago a cada uno de los dos referidos esposos de su respectiva e igual cuota en la sociedad de gananciales, mediante la adjudicación que les hizo de los respectivos bienes de dicha naturaleza, según el valor que los mismos tenían en la fecha de la partición o liquidación.
Séptimo.-El decaimiento de los tres motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo al recurrente y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador D. Leopoldo Puig Pérez de Inestrosa, en nombre y representación de D. Isidro, contra la sentencia de fecha veintidós de Enero de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Oviedo en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición al recurrente de las costas de dicho recurso y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal que corresponda; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.