Source: http://www.drleyes.com/page/resoluciones/documento/1/82/Suprema-Corte/Transito-Proceso-Penal/
Timestamp: 2013-05-20 20:28:02
Document Index: 103710514

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 5', 'Artículo 148', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 305', 'Artículo 4', 'artículo 31', 'Artículo 5', 'artículo 64', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 180', 'artículo 3', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 3', 'Artículo 12', 'artículo 3', 'Artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 5', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 124', 'artículo 44', 'Artículo 19', 'artículo 124', 'artículo 44', 'Artículo 20', 'artículo 12', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 148', 'artículo 5', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

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En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Dulce M. Rodríguez de Goris, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de agosto del 2006, años 163° de la Independencia y 144° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución: Visto, el artículo 8 numeral 2 letras b), c), d) y g), y 8.4 de la Constitución de la República; Visto, el Código Procesal Penal, instituido por la Ley Núm. 76-02; Visto, el artículo 29, inciso 2) de la Ley Núm. 821 sobre Organización Judicial; Visto, la Ley Núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley Núm. 156-97, del 10 de julio de 1997; Visto, la Ley Núm. 278-04 que implementa el Proceso Penal instituido por la Ley Núm. 76-02; Visto, las Resoluciones 1170-2004, del 7 de septiembre del 2004, la 1207-2004, del 23 de septiembre del 2004, y la Num. 295-2005 de fecha 6 del mes abril del 2005, dictadas por la Suprema Corte de Justicia; Atendido, que el artículo 5 de la Ley Num. 278-04 dispone: “Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento. Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aún cuando haya mediado actividad procesal. Párrafo: Durante este período, cuyo total es de cinco (5) años, y durante el primer trimestre de cada año podrá procederse, si es necesario, con respecto a las causas aun pendientes dentro de la estructura liquidadora, de la manera establecida por el Artículo 3 de la presente ley para la extinción extraordinaria”; Atendido, que el indicado plazo de dos años computado a partir del 27 de septiembre del 2004 concluye el 27 de septiembre del 2006; Atendido, que se hace necesario establecer las disposiciones reglamentarias tendentes a evitar que el tránsito de los procesos de un modelo al otro se produzca de forma traumática, asegurando de esta manera la uniformidad de las actuaciones dirigidas a la ejecución del proceso de transición ante todas las jurisdicciones; Por tales motivos; R E S U E L V E:
DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1: Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar el tránsito de los procesos del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal, de conformidad con el Articulo 5 de la Ley Núm. 278-04, asegurando la uniformidad de las actuaciones dirigidas a la ejecución del proceso de transición ante todas las jurisdicciones. CAPITULO I DE LAS CAUSAS EN TRAMITE ANTE LOS JUZGADOS DE PAZ LIQUIDADORES Artículo 2. Las causas que cursan ante los Juzgados de Paz liquidadores se clasifican, a los fines de la presente Resolución, en dos categorías: 1) aquellas que según el Código Penal conllevan penas de simple policía; 2) aquellas que, no obstante contemplar penas correccionales, han sido atribuidas por una disposición especial de la ley a la competencia del Juzgado de Paz, incluyendo las que versan sobre infracciones contenidas en la Ley Num. 241, sobre Tránsito de Vehículos. Artículo 3. En las causas que versan sobre hechos sancionados con penas de simple policía y las causas correccionales sometidas por disposición especial de la ley a la competencia del juzgado de paz que, al 27 de Septiembre del 2006, aun no se encontraren en estado de fallo, se procederá de la manera siguiente: 1) En las de simple policía el juez continuará su conocimiento conforme a las previsiones de los artículos 356 y siguientes del Código Procesal Penal. 2) En las correccionales, incluyendo aquellas que versan sobre infracciones contenidas en la Ley de Tránsito de Vehículos, en la próxima audiencia que siga al 27 de septiembre del 2006, el juez intimará a las partes para que en el plazo común de diez (10) días concreten sus pretensiones según lo dispuesto por los artículos del 293 al 297 del Código Procesal Penal. En la misma audiencia el juez intimará a las partes para que en el mismo plazo realicen, conforme a su interés, las actuaciones propias de la preparación del debate según el artículo 305 del indicado Código. Las disposiciones de este texto aplican del mismo modo sobre aquellas causas que conforme al Código Procesal Penal, requieran de una fase intermedia, dado que no pueden ser retrotraídas a etapas anteriores, como disponen los artículos 168 y 405 del Código Procesal Penal. Artículo 4. Las causas calificadas como de acción pública a instancia privada según las disposiciones del artículo 31 del Código Procesal Penal, que sean de la competencia del Juzgado de Paz, se regirán por el procedimiento común establecido en el Código Procesal Penal y esta resolución, salvo las distinciones que se hacen más adelante en las disposiciones comunes. CAPITULO II DE LAS CAUSAS EN TRAMITE ANTE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN LIQUIDADORES. Artículo 5. En los procesos que cursan ante los juzgados de instrucción liquidadores en los que no ha sobrevenido decisión definitiva, el Juez de Instrucción Liquidador remitirá bajo inventario las indicadas causas y sus actuaciones al Procurador Fiscal, para que proceda conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. En los casos iniciados conforme al procedimiento de querella directa con constitución en parte civil, instituido por el artículo 64 del Código de Procedimiento Criminal, además de la remisión hecha al fiscal, el juez dará aviso al querellante de dicha remisión, para que pueda ejercer las facultades que le son reconocidas por el Código Procesal Penal. Párrafo: En razón de que las Cámaras de Calificación establecidas por el Código de Procedimiento Criminal de 1884 dejarán de existir con la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal. En las causas en liquidación que se encontraren en fase de instrucción en grado de apelación, el presidente de la corte de apelación competente dispondrá lo relativo a la fijación de audiencia, para que se resuelva sobre el recurso en la forma prevista por los artículos del 410 al 415 del Código Procesal Penal. Aquellas causas que se encontraren en fase de instrucción en casación serán resueltas de la manera ordenada por la ley vigente al momento de su interposición. Artículo 6. Las causas calificadas como de acción pública a instancia privada y de acción privada según las disposiciones de los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal, que sean de la competencia del Juez de la Instrucción, se regirán por el procedimiento común establecido en el Código Procesal Penal y en esta resolución, salvo las distinciones que se hacen más adelante, en las disposiciones comunes. CAPITULO III DE LAS CAUSAS EN TRAMITE ANTE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA LIQUIDADORES. Artículo 7. Las causas que cursan ante los juzgados de primera instancia liquidadores, en atribuciones penales, se clasifican, a los fines de esta resolución, en tres categorías: 1) aquellas que conlleven penas pecuniarias y/o privativas de libertad cuya escala mayor es igual o menor a dos años; 2) aquellas que conlleven penas privativas de libertad cuya escala mayor es superior a los dos años, y; 3) aquellas relativas a la Ley Núm. 241 sobre tránsito de vehículos que se subdividen en dos grupos, a saber: a) En las que se ha asignado competencia al juzgado de primera instancia como tribunal de primer grado, y; b) aquellas en las que se ha asignado competencia al juzgado de primera instancia como tribunal de apelación. CAUSAS CUYA PENA MÁXIMA IMPONIBLE ES PECUNIARIA Y/O MENOR A DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Artículo 8. Las causas que conlleven penas pecuniarias y/o privativas de libertad cuya escala mayor es igual o menor a dos años, se clasifican en dos grupos: 1) aquellas que fueron iniciadas mediante cualesquiera de las modalidades instituidas por el artículo 180 del Código de Procedimiento Criminal; 2) aquellas que fueron remitidas al tribunal mediante el sistema establecido al efecto por la Ley Núm. 1014 del 6 de octubre de 1935; En todas estas causas se sigue el procedimiento instituido en el inciso 2) del artículo 3 de la presente resolución. Artículo 9. Las causas calificadas como de acción pública a instancia privada y de acción privada según las disposiciones de los artículos 31 y 32 del Código Procesal Penal, se regirán por el procedimiento común establecido en el Código Procesal Penal y por esta resolución, salvo las distinciones que se hacen más adelante, en las disposiciones comunes. CAUSAS CUYA PENA MÁXIMA IMPONIBLE SUPERA LOS DOS AÑOS Artículo 10. En las causas que conlleven penas privativas de libertad cuya escala mayor es superior a los dos años serán remitidas, bajo inventario, al tribunal colegiado correspondiente, conforme se dispone en la parte relativa a la remisión al juzgado de primera instancia que aparece en las disposiciones comunes de la presente resolución. Artículo 11. En las causas de que trata el artículo anterior, una vez recibidas las causas por el presidente del tribunal colegiado correspondiente, éste procederá con cada una de ellas del modo siguiente: 1) La providencia calificativa o el veredicto calificativo que envíe al imputado al tribunal criminal, será tenido como auto de apertura a juicio en tanto apodera al tribunal para que celebre un juicio sobre la acusación planteada por el ministerio público o por el querellante. 2) El presidente, mediante auto, hará notificar al ministerio público para que este proceda, en el término de diez (10) días, a redactar o adecuar el acta de acusación, concretando la formulación precisa de cargos y la oferta de pruebas sobre los hechos delimitados en la providencia calificativa ya dictada. Cumplida esta formalidad se sigue el procedimiento instituido en el inciso 2) del artículo 3 de la presente resolución. CAUSAS RELATIVAS A LA LEY NUM. 241, SOBRE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Artículo 12. Aquellas causas de la Ley Num. 241, sobre Tránsito de Vehículos en las que se ha atribuido competencia al juzgado de primera instancia como tribunal de primer grado, serán remitidas al juez de paz correspondiente para que proceda conforme se establece en el inciso 2) del artículo 3 de esta resolución. Artículo 13. Aquellas causas que la Ley Num. 241, sobre Tránsito de Vehículos ha atribuido competencia al juzgado de primera instancia como tribunal de apelación, serán remitidas a la corte de apelación correspondiente para que esta proceda de conformidad con el artículo 14 de la presente resolución. CAPITULO IV DE LAS CAUSAS EN TRAMITE ANTE LAS CORTES DE APELACIÓN EN ATRIBUCIONES LIQUIDADORAS Artículo 14. Las causas en liquidación ante las cortes de apelación por haberse ejercido el recurso en las formas y plazos previstos en el Código de Procedimiento Criminal, que al 27 de septiembre de 2006, no hayan comenzado a instruirse, se regirán por las reglas del juicio dispuestas en el Código Procesal Penal, como ha previsto el Artículo 5 de la Ley Núm. 278-04. Todos estos recursos se reputarán admitidos en lo atinente a las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal. La corte conocerá del recurso con el mismo alcance y extensión que le atribuía la ley vigente en el momento en que fuera interpuesto y dictará su propia decisión. Artículo 15. Las causas que fueron falladas conforme al Código de Procedimiento Criminal, y por efecto de un recurso de casación se anula la sentencia, y se ordena un nuevo juicio, serán conocidas por el tribunal de envió en la forma dispuesta en el artículo anterior. Articulo 16. Las causas que les sean remitidas bajo inventario por los tribunales de primera instancia como se ha dispuesto en el artículo 13 de esta resolución serán recibidas por las cortes de apelación y se regirán por las mismas disposiciones estipuladas en los artículos 14 y 15 de la presente resolución. CAPITULO V DE LAS CAUSAS EN TRAMITE ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ATRIBUCIÓN LIQUIDADORA Artículo 17. Todo lo relativo a la admisibilidad del recurso, a los motivos y formalidades respecto de las causas en liquidación pendientes de fallo en la Suprema Corte de Justicia, se regirán por la legislación vigente al momento de la interposición del recurso. Párrafo: Estas reglas aplicarán en lo que corresponda, a las cortes de apelación respecto del recurso de apelación. CAPITULO VI DISPOSICIONES COMUNES DE LAS INFRACCIONES DE ACCIÓN PÚBLICA A INSTANCIA PRIVADA Y DE ACCIÓN PRIVADA Artículo 18. En aquellas causas que versan sobre las infracciones que el artículo 31 del Código Procesal Penal clasifica como de acción pública a instancia privada, cuando la acción penal haya sido impulsada por el ministerio público de oficio y no haya intervenido denuncia o querella, se notificará a la víctima de la manera que procediere legalmente, para que dentro del mismo plazo establecido en el inciso 2) del artículo 3 de la presente resolución, formalice su instancia conforme las previsiones del Código Procesal Penal. Si vencido este plazo no se ha producido querella ni denuncia, se considerará desistida la instancia privada, debiendo proceder conforme al inciso 5) del artículo 44 del Código Procesal Penal. Si la víctima querellante o denunciante debidamente notificada no comparece a la audiencia, sea ésta preliminar o de juicio, se pronunciará el desistimiento conforme lo dispone el artículo 124 inciso 2) del Código Procesal Penal. Pronunciado el desistimiento deberá proceder conforme a lo que dispone el inciso 5) del artículo 44 del indicado Código. Artículo 19. Si la infracción es de acción privada, se procederá a notificar a la víctima o querellante, en la misma forma y plazo establecidos en el artículo anterior para que pueda formalizar su querella en la forma prevista por los artículos del 294 al 297 del Código Procesal Penal. Presentada la acusación el tribunal procederá de conformidad a los artículos del 359 al 362 del mismo Código. Si la víctima no presenta acusación o si luego de presentada no comparece a la audiencia, se pronunciará el desistimiento conforme lo dispone el artículo 124 inciso 2) del Código Procesal Penal. Pronunciado el desistimiento se procederá conforme a lo que dispone el inciso 4) del artículo 44 del indicado Código. REMISIÓN DE CAUSAS DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA Artículo 20. Remisión al juzgado de paz: Los asuntos que deban ser remitidos al juzgado de paz desde el juzgado de primera instancia conforme a las disposiciones del artículo 12 de la presente resolución, serán tramitados según las reglas de distribución que determine la corte de apelación correspondiente. Artículo 21. Los procesos que de conformidad al Código de Procedimiento Criminal podrían ser remitidos por cualquier tribunal al juez de instrucción, serán remitidos en cada caso al procurador fiscal correspondiente. Artículo 22. Remisión al juez de primera instancia. En todos los casos en los que deban remitirse causas al tribunal de primera instancia, se hará del modo siguiente: 1) En los Distritos Judiciales de Santo Domingo, Santiago y en el Distrito Nacional se remitirán al juez presidente de la cámara penal para que éste a su vez apodere al juez unipersonal o al tribunal colegiado que corresponda. 2) En los demás distritos judiciales en donde haya más de un tribunal unipersonal y/o más de un tribunal colegiado el asunto será remitido al presidente de la corte de apelación para que éste, mediante auto, apodere, equitativamente, al tribunal que corresponda. 3) En los demás distritos judiciales donde haya un solo tribunal unipersonal y/o un solo tribunal colegiado el asunto será remitido directamente a quien lo presida. Artículo 23. Remisión a la corte de apelación. Aquellas causas que deban ser tramitadas a una corte de apelación, serán remitidas al presidente de la misma, para que éste proceda como corresponda. Artículo 24. Nulidades. En aquellas causas que forman parte de la estructura liquidadora y que seguirán siendo conocidas, a partir del 27 de septiembre de 2006, según las reglas del Código Procesal Penal, las nulidades planteadas sobre actos y pruebas integrantes de las mismas serán conocidas y falladas según la ley vigente al momento en que dicho acto fue realizado o que dicha prueba fue recogida. Artículo 25. Causas empezadas a instruir. Toda audiencia o juicio cuya instrucción se haya iniciado antes de las 12 de la noche del día veintisiete (27) de septiembre de 2006, y no se haya concluido al término de este día, seguirá su desarrollo de manera continua e ininterrumpida por el tiempo que fuere menester, con el mismo procedimiento iniciado, hasta su decisión definitiva por el órgano jurisdiccional que la estuviere conociendo. Artículo 26. Plazo máximo de duración del proceso: El plazo máximo a que se refiere el artículo 148 del Código Procesal Penal correrá de la manera indicada en el artículo 5 de la Ley Núm. 278-04. Artículo 27. Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal será resuelta tomando en cuenta el plazo de la legislación vigente al momento en que la misma fue puesta en movimiento, salvo que la legislación posterior reduzca su término. Artículo 28. Extinción extraordinaria. La presente resolución no aplica para las causas que, de conformidad a la Ley Núm. 278-04, son pasibles de ser extinguidas por la vía de la extinción extraordinaria, las cuales deberán seguir el procedimiento fijado al efecto por la mencionada ley. Artículo 29. Contumacia y defecto. Las causas en las que se haya iniciado el procedimiento en contumacia, conforme las previsiones de los artículos 334 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal, que al 27 de septiembre no se hayan concluido, mediante sentencia irrevocable, seguirán tramitándose conforme las previsiones de los artículos 100 y 101 del Código Procesal Penal. También seguirán este trámite las causas en las que, según el Código de Procedimiento Criminal debía pronunciarse el defecto. Del mismo modo se procederá en aquellas causas en las que habiéndose pronunciado la contumacia o el defecto y como consecuencia de la nulidad pronunciada por un tribunal superior, deba celebrarse un nuevo juicio. CAPITULO VII DISPOSICIONES FINALES Artículo 30. Fuerza vinculante del reglamento. El presente reglamento será de aplicación obligatoria y uniforme en todos los departamentos y distritos judiciales. Artículo 31. Aplicación supletoria. Para los casos y situaciones no previstos por el presente reglamento, se aplicarán de manera supletoria las reglas de derecho común. Artículo 32. Ordena comunicar la presente resolución a la Dirección General de la Carrera Judicial y a la Procuraduría General de la República, para fines de su cumplimiento, y que sea publicada en el Boletín Judicial para su general conocimiento. Jorge A. Subero Isa
Rafael Luciano Pichardo Julio Ibarra Ríos
Hugo Álvarez Valencia Dulce Ma. Rodríguez de Goris
Margarita A. Tavares Víctor José Castellanos Estrella
Enilda Reyes Pérez Edgar Hernández Mejía
Julio Aníbal Suárez Pedro Romero Confesor
La presente resolución ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran más arriba, el mismo día treinta y uno (31), mes de agosto del año dos mil seis (2006) en ella expresados, lo que yo, Secretaria General, certifico.- Descargar Buscar
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