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Timestamp: 2018-09-23 07:23:16
Document Index: 170250521

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 9', 'artículo 3', 'artículo 131', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 3', 'Artículo 165', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 9']

﻿ Sentencia 2006-00127 de octubre 14 de 2010
SENTENCIA 2006-00127 DE 14 DE OCTUBRE DE 2010
CONTENIDO:ADMINISTRACIÓN DE LOS CONCURSOS DE LAS PRUEBAS DE CARRERA NOTARIAL. SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS EXPRESIONES "DEL ESTADO" Y "...Y CONTENDRÁ HASTA EL 15% DE LAS PREGUNTAS CONTENIDAS EN EL BANCO DE PREGUNTAS, EL CUAL PODRÁ SER PÚBLICO.", CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 3454 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL, CARRERA NOTARIAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:470 DE FEBRERO DE 2011, PG.207
Sentencia 2006-00127 de octubre 14 de 2010
Ref.: Expediente 2009-06
Radicación: 110010325000200600127-00
Actor: René Felipe Zárate Prado
Bogotá, D.C., octubre catorce de dos mil diez.
En la demanda, se impugna el Decreto 3454 de 2006, por medio del cual se reglamenta la Ley 588 de 2000.
Son cinco los puntos que constituyen el sustento de la solicitud de nulidad del Decreto 3454 de 2006, los cuales se estudian en su orden, para mayor claridad.
1) Incompetencia del gobierno.
Considera el actor, que es el Consejo Superior de la Carrera Notarial el competente para reglamentar el concurso de méritos destinado a la provisión de los cargos de notario, en consideración a que el inciso segundo del artículo 3º del decreto demandado, señala que es tal organismo el que debe convocar y administrar los concursos.
En consecuencia, al haberlo hecho el Gobierno Nacional, se arrogó facultades que por ley estaban asignadas a otro órgano.
El artículo 131 de la Constitución Política, dispone que compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia.
Señala igualmente, que el nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso y que corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.
Con fundamento en lo anterior, se expidió la Ley 588 de 2000, por medio de la cual se reglamentó el ejercicio de la actividad notarial y en ella se estableció la clase de nombramiento de que podían ser objeto los notarios (propiedad e interinidad), el procedimiento en caso de vacancia o declaratoria de deserción del concurso, el organismo encargado de realizar los exámenes o evaluaciones académicas, la autoridad competente para nombrar los notarios, organismo encargado de convocar y administrar los concursos, qué aspectos tendrían valor especial para la calificación en los concursos, los instrumentos de selección, puntaje sobre el que se califican los concursos, cómo se harían las postulaciones, la permanencia en el servicio notarial, régimen disciplinario y derogatorias.
En lo que interesa para el presente asunto —concurso de notarios—, la ley solo se encargó de señalar qué aspectos debían ser objeto de valoración especial, las pruebas e instrumentos de selección y el orden en que debían ser aplicadas, el puntaje sobre el que se calificaría el concurso, asignando 40 puntos a la prueba de conocimientos, 35 a la experiencia, 10 puntos a las especializaciones o postgrados, 5 puntos a la autoría de obras de derecho, 10 puntos a la entrevista y por último dispuso que el contenido de la prueba de conocimientos y criterio jurídico variaría de acuerdo con la categoría del círculo notarial para el que se concurse.
En las anteriores condiciones la ley era materia de reglamentación en cuanto simplemente se fijaron unos lineamientos generales en relación con el ejercicio de la actividad notarial, siendo necesaria la intervención del Presidente de la República en aras de propender por la cumplida ejecución de la misma, con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política que dispone:
a. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
En las anteriores condiciones, no asiste razón al demandante cuando afirma que quien tenía competencia para reglamentar la Ley 588 de 2000 por la cual se reglamentó el ejercicio de la actividad notarial era el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por cuanto la Constitución es clara en radicar tal función en cabeza del Presidente de la República, de tal manera que es su atribución y al haber sido señalado como el encargado de ejercerla, esta no puede ser adelantada por otras autoridades.
Así se pronunció la Sala Plena de la corporación en sentencia de 8 de febrero de 2000, Expediente S-761, providencia en la cual expresó:
Entonces, según lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, corresponde al presidente, y no de otras autoridades administrativas, ejercer la potestad de reglamentar la ley mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes, cuando sea necesario para la cumplida ejecución de las leyes; de cualesquiera leyes, que en ello no se hicieron distinciones. Y esa potestad es distinta de la facultad atribuida a muchas autoridades para el cumplimiento de determinadas funciones, aun cuando esas funciones se cumplan mediante la expedición de actos administrativos de carácter general.
Es pues, una regla general de competencia que la Constitución otorga al Presidente de la República, como símbolo de unidad nacional, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, la de ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. No existe ninguna disposición constitucional que expresamente prohíba al Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria respecto de leyes, como la 223 de 1995, que reguló el impuesto de registro, y por el solo hecho de que se trate de un impuesto departamental, tal circunstancia no lo inhibe para que, como símbolo de unidad de la Nación, dentro del contexto a que se ha venido haciendo referencia, cumpla con tal función.
El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, con la finalidad de que expida normas de carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser una atribución propia que le confiere la Carta Política, no requiere de una norma legal que expresamente la conceda y se caracteriza además por ser atribución inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constitución y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la República no puede alterar o modificar la ley que reglamenta.
Ahora bien, el actor deduce la competencia que le atribuye al Consejo Superior de la Carreta Notarial, de las disposiciones contenidas en los artículos 165 del Decreto 960 de 1970, del inciso segundo del artículo 3º de la Ley 588 de 2000.
Artículo 165 del Decreto-Ley 960 de 1970:
Con suficiente anticipación el Consejo Superior de la Administración de Justicia fijará las bases de cada concurso, con señalamiento de sus finalidades, requisitos de admisión, calendario, lugares de inscripción y realización, factores que se tendrán en cuenta, manera de acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicará la divulgación que haya de darse a la convocatoria.
Inciso segundo, artículo 3º de la Ley 588 de 2000:
El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los concursos, así como la carrera notarial (se resalta).
Las normas transcritas radican en cabeza del Consejo Superior de la Carrera Notarial, las facultades de: fijar las bases del concurso, convocar los concursos y administrar los concursos y la carrera notarial, en medida alguna otorgó a esta entidad la facultad de reglamentar la ley.
En las anteriores condiciones, no asiste razón al actor por este aspecto.
Se aclara en este punto que el actor, en el mismo cargo, afirma que el decreto acusado, desarrolló aspectos reservados al Congreso de la República sin enunciar cuáles, razón por la cual la Sala no se pronunciará sobre este particular.
Establecido como está que la potestad reglamentaria, constitucionalmente está radicada en cabeza del presidente y ninguna otra autoridad puede asumirla, es necesario examinar, en consecuencia, los demás cargos expuestos en la demanda.
2) Violación del artículo 2º de la Ley 588 de 2000.
Ley 588 de 2000 Decreto 3454 de 2006
ART. 2º—Propiedad e interinidad.
Dichas pruebas estarán destinadas a medir los conocimientos de los concursantes. ART. 9º—Realización de la prueba. La realización de la prueba será contratada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial con una entidad del Estado de reconocida experiencia en realización de pruebas de aptitudes y conocimientos. El formulario de la prueba será elaborado por dicha entidad de manera aleatoria y de acuerdo a las técnicas propias de este tipo de pruebas con base en un banco de preguntas que le aportará el Consejo Superior y que este, a su turno, recaudará entre las entidades y organismos que él determine. El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado, y contendrá hasta el 15% de las preguntas contenidas en el banco de preguntas, el cual podrá ser público.
a) Considera el actor que el artículo 9º del decreto acusado, restringe las facultades del organismo rector, toda vez que lo obliga a realizar las pruebas de conocimiento con una entidad estatal, olvidando que el artículo 2º faculta al Consejo Superior de la Carrera Notarial a efectuar directamente las evaluaciones o a través de universidades públicas o privadas. Por su parte, la norma acusada le impone el deber de contratar con una entidad del Estado, quitándole con ello la autonomía que el legislador quiso brindarle al organismo citado.
Sobre este particular, observa la Sala que la Ley 588 de 2000, facultó al organismo rector de la carrera notarial para efecto de la realización de los exámenes o evaluaciones académicas, bien a realizarlos directamente o bien, a contratar para dicho efecto a universidades públicas o privadas, legalmente establecidas.
En consecuencia, considera la Sala que al obligar al Consejo Superior de la Carrera Notarial a contratar únicamente con entidades el Estado, está excediendo la potestad reglamentaria en la medida en que la ley se refirió a la posibilidad de efectuar las pruebas directamente o contratando con universidades públicas o privadas y el decreto reglamentario excluyó a estas últimas de la posibilidad de ser contratadas para los efectos aludidos en la norma, de un lado, y de otro, amplió el sentido de la norma al incluir en la posibilidad de contratar, a todas las entidades públicas con experiencia en la materia.
En las anteriores condiciones, prospera el cargo y en consecuencia deberá declararse la nulidad de la frase “… del Estado …”, contenida en el artículo 9º del Decreto 3454 de 2006.
b) El artículo demandado ordena al Consejo Superior de la Carrera Notarial, elaborar un banco de preguntas, de las cuales, el examen solo contendrá un 15%, sin tener en cuenta que la competencia para fijar el método de evaluación corresponde al Consejo Superior de la Carrera Notarial. Tal previsión viola la autonomía del Consejo Superior de la Carrera Notarial, único organismo, señalado por la ley para la administración de los concursos.
En consecuencia, el Gobierno Nacional, so pretexto de reglamentar la ley, asumió una competencia que no le correspondía, limitando el porcentaje de preguntas que del banco elaborado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, deberían tener en cuenta las entidades contratadas para el efecto.
No se trata en el presente caso, como lo expresa el actor de fijar un método de evaluación, sino de que se le permita al organismo rector el ejercicio de su función.
Acoge en consecuencia el concepto de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto expresó lo siguiente:
Igualmente el citado artículo restringe la facultad del consejo de solo intervenir en un banco de preguntas del 15%, lo que en opinión de este despacho no resulta ni razonable, ni proporcionado, pues si dicho organismo es el rector de todo el proceso de selección, debe él, y no el reglamento, determinar en qué porcentaje participará en la elaboración del cuestionario a aplicar, pues claramente es una de sus competencias.
En las anteriores condiciones, prospera este cargo y en consecuencia, se declarará la nulidad de la expresión “… y contendrá hasta el 15% de las preguntas contenidas en el banco de preguntas, el cual podrá ser público”.
3) Evaluación de los estudios de postgrado y de obras jurídicas.
ART. 4º—Para la calificación de los concursos se valorará especialmente la experiencia de los candidatos, así como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antigüedad en el mismo, capacitación y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, así como el ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores serán concurrentes. ART. 5º—Documentación exigida para acreditar requisitos. En los términos de la Ley 588 de 2000 y del Decreto 960 de 1970, para acreditar el cumplimiento de los requisitos para aspirar al cargo de notario y la experiencia, títulos y obras que se pretendan hacer valer, se aceptarán los siguientes documentos:
a) Considera el actor que el decreto acusado solo se refirió a los estudios de postgrado, dejando de lado los estudios de especialización o diplomados, introduciendo un elemento discriminatorio en la evaluación. Tampoco tuvo en cuenta la capacitación y el adiestramiento que tengan los aspirantes en materias propias del notariado.
En primer lugar es necesario señalar que el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, estableció como género los estudios de postgrado y dentro de ellos, señaló a las especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados.
De manera que es antitécnico afirmar, como se hace en la demanda, que el decreto demandado solo se refirió a estudios de postgrado dejando de lado las especializaciones, porque esta es una especie dentro del género, que está incluida en este último.
En cuanto a los diplomados y aunque estos no son considerados como estudios de postgrado, por disponerlo así la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organizó la educación superior, lo cierto es que la Ley 588 de 2000, ordenó tenerlos en cuenta y añadió, particularmente los relacionados con el notariado.
Lo anterior quiere decir, que la norma reglamentaria no podía excluirlos y debía tenerlos en cuenta otorgándoles un puntaje para el efecto, pero este es un aspecto que además de constituir una omisión, no vicia de nulidad el decreto acusado.
En los anteriores términos ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Sección Segunda de esta corporación, señalando para el efecto(1):
La Ley 588 de 2000 incluye como factores de valoración los títulos de postgrado, especialización o diplomado. A su vez el artículo 5º del Decreto 3454 de 2006 al reglamentar la anterior atiende lo dispuesto por la Ley 30 de 1992 que en relación con los títulos de postgrado prevé:
ART. 10.—Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías los doctorados y los postdoctorados.
Se observa en este caso que el Decreto 3454 de 2006 se ocupó de reglamentar lo relacionado con la acreditación de los títulos de postgrado y especialización regulados por la Ley 30 de 1992, pero no sucede lo mismo con los diplomados, que no se encuentran contemplados por dicha ley, pues tales estudios han sido concebidos en el campo de la educación no formal, denominación modificada por la Ley 1064 de 2006, por la de educación para el trabajo y el desarrollo humano, regulada por la Ley 115 de 1994 y los decretos 114 de 1996 y 3011 de 1997.
De acuerdo con lo anterior es claro que el gobierno omitió reglamentar lo correspondiente al puntaje que se debía asignar a los diplomados, y aún cuando se declarara la nulidad de la expresión demandada no podrían entenderse incluidos dichos estudios en el literal que la contiene (la expresión demandada), puesto que la expresión “en los términos del artículo 10 de la Ley 30 de 1992” tampoco se refiere a los diplomados. En consecuencia, declarar la nulidad del aparte demandado no tendría efecto práctico, pues no los incluiría dentro de las disposiciones del artículo 5º del Decreto 3454 de 2006.
La inconformidad alegada sería más bien objeto de complementación pero no de nulidad de la norma acusada.
En consecuencia no prospera el cargo formulado contra el literal h) del artículo 5º del Decreto 3454 de 2006.
b) En relación con la autoría de obras de derecho, la Ley 588 no limita el otorgamiento del puntaje a la elaboración de un tipo de obra en particular, mientras que el acto acusado confiere los puntos previstos a las obras que hayan sido objeto de publicación, lo cual es una limitación.
Respecto de este cargo es necesario precisar que la norma reglamentaria, contrario a lo afirmado por el actor, no limita el puntaje a las obras que hayan sido objeto de publicación pues el artículo dispone “Se otorgarán los cinco (5) puntos a los aspirantes que puedan demostrar al menos la autoría de una (1) obra jurídica”.
Se observa que para obtener los cinco puntos que se asignan por este aspecto, lo relevante es la autoría de la obra. El otorgamiento del puntaje no está limitado a la publicación.
Es cierto que la primera parte del literal g) del artículo 5º del Decreto 3454 de 2006 se refiere a cómo se debe acreditar la publicación de una obra, pero la asignación del puntaje no se circunscribe exclusivamente a dicha publicación, pues como se dijo, para el efecto lo que debe probarse es la autoría(2) de una obra jurídica.
En el mismo orden de ideas, afirma la parte actora que la Ley 588 de 2000 no limita el otorgamiento del puntaje a la elaboración de un tipo de obra en particular, sin embargo, no puede pasarse por inadvertido que las “obras”(3) a las que hace referencia la norma deben versar sobre temas jurídicos, de un lado y de otro, que una obra debe ser el producto de un esfuerzo intelectual que revista alguna importancia en relación con el tema que trata.
Ahora bien, alega el actor que las publicaciones señaladas por la norma demandada, deben estar referidas a asuntos notariales. Por este aspecto el cargo tampoco tiene vocación de prosperidad, en consideración a que si bien la ley expresa que se deben valorar “especialmente” las relacionadas con el notariado, no limita a que estén referidas únicamente a este tema.
4) Artículo 11 del Decreto 3454 de 2006.
La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluará la personalidad, vocación de servicio y profesionalismo del aspirante (ver sentencias C-469/2008 y C-097/2001). ART. 11.—Conformación y publicación de la lista de elegibles. El puntaje final de los aspirantes será el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, una por cada círculo notarial, estará integrada por quienes hayan obtenido más de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.
La ley reglamentada no estableció puntajes mínimos de aprobación para la conformación de la lista de elegibles, sin embargo, el decreto acusado, dispuso que la lista de elegibles debía estar integrada por quienes hubieran obtenido más de 75 puntos de 100 posibles en el concurso de méritos, sin tener en cuenta que por el nivel académico de los colombianos, difícilmente podrían obtener el 50% de los puntos posibles.
Sobre este particular, igualmente la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse, denegando la solicitud de nulidad, por lo siguiente:
La provisión de los cargos de notario mediante concurso parte del mérito como principio para el acceso a la carrera notarial, con fundamento en cual son las calidades académicas, experiencia, buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de cada aspirante las que determinan su ingreso.
De acuerdo con lo anterior, la Ley 588 se ocupó de establecer la estructura del concurso, el cual comprende las siguientes fases: convocatoria; inscripción y presentación de documentos; análisis de requisitos y antecedentes; calificación de la experiencia; prueba de conocimientos; entrevista, y conformación y publicación de la lista de elegibles (D. 3454/2006, art. 2º).
En el artículo 4º señaló los aspectos a valorar para la calificación dentro del concurso tales como experiencia, capacidad y antigüedad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, capacitación y adiestramiento en la materia, obras de investigación y divulgación, estudios de postgrado y estudios de especialización o diplomados, ejercicio de la cátedra universitaria y la participación y desempeño en funciones legislativas, gubernativas y judiciales.
Igualmente dispuso que el concurso debe calificarse sobre 100 puntos, y asignó para cada factor el puntaje sobre el cual debe ser evaluado, así:
En consecuencia, la norma reglamentaria al determinar un puntaje mínimo para integrar la lista de elegibles, atendiendo los puntajes establecidos en la ley, cumple con el fin del concurso, cual es el de seleccionar a quienes demuestren mayor mérito para acceder a la carrera notarial, pues lo contrario, implicaría que todos aquellos que aspiren y se presenten acreditando el cumplimiento de los requisitos deberían integrar la lista de elegibles sin importar el puntaje obtenido en las distintas etapas del proceso, haciendo que pierda su razón ser, pues al no existir puntaje aprobatorio, se desconocer el mérito como principio para el acceso a la función pública.
En esas condiciones no prospera el cargo formulado(4).
Afirma el actor que no es razonable ni objetivo que el decreto reglamentario asigne la misma puntuación a personas que no se encuentran en la misma situación académica. Expresa que no es aceptable que una persona con tesis doctoral en derecho notarial, reciba el mismo tratamiento jurídico que otra que haya realizado una especialización o un diplomado que la ley reglamentada sí distinguió.
Se reitera lo expresado anteriormente, en el sentido de que el artículo 10 de la Ley 30 de 1992, otorga el carácter de postgrado a las especializaciones, maestrías, doctorados o postdoctorados, carácter que no ostentan los diplomados.
Igualmente, sobre estos últimos se llegó a la conclusión de que el decreto reglamentario había omitido darles el valor a tener en cuenta para efecto del puntaje final del concursante y que tal omisión no alcanza a viciar de nulidad el acto acusado.
En las anteriores condiciones, no es cierto lo que afirma el actor, por cuanto, los títulos de postgrado llámense especializaciones, maestrías, doctorados o postdoctorados, tienen la misma categoría, contrario a los diplomados, que como ya se dijo anteriormente, están incluidos dentro del campo de la educación no formal y a los que el decreto reglamentario no les otorga ningún tipo de puntaje, por tal razón no es posible arribar a la conclusión a la que llega el actor.
DECLÁRASE LA NULIDAD de las expresiones “… del Estado…” y “… y contendrá hasta el 15% de las preguntas contenidas en el banco de preguntas, el cual podrá ser público”, contenidas en el artículo 9º del Decreto 3454 de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
ESTESE a lo resuelto en la sentencia de marzo 11 de 2010, en relación con los artículos 5º y 11 del decreto demandado.
(1) Exp. 0635-07. Sentencia de marzo 11 de 2010. Sección Segunda. Actor: Fernando Alarcón Rojas. Ponente: Alfonso Vargas Rincón.
(2) Ver pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sentencia C-097 de 2001.
(3) La Corte debe señalar, en todo caso, que ni el registro de la obra ni su publicación es per se sinónimo de calidad del contenido. Si lo que se pretende es que los cinco puntos que la Ley 588 adjudica a la autoría de obras en derecho, responda a criterios de calidad, ello no se obtendrá mediante la cualificación del medio de prueba, sino mediante una prescripción expresa de las características que la obra debe reunir para asegurar que sea merecedora de dicho puntaje y, en todo caso, cualquier consideración sobre este aspecto solo podrá ser materia de concursos futuros (C. Const., Sent. SU-913/2009).