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Timestamp: 2020-08-12 20:14:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 5', 'Artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 14']

El estado de emergencia en Francia | Desencadenados
Posted on diciembre 7, 2015 by jdesencadenados
Por Raúl Carral, con la colaboración de Mónica Espinosa.
Nos gustaría abrir un pequeño análisis con un tema, por desgracia muy en boga ahora que hemos oído con mucha asiduidad en los medios de comunicación, como es la aprobación de un estado de emergencia en el país galo.
Y por ello empezaremos hablando de la regulación legal del estado de emergencia, el cual en la ley francesa se llama ley de urgencia pero desde aquí matizamos que urgencia en francés (urgence) se traduce en español como emergencia.
En Francia, la ley que regula este estado excepcional es la ley 55-385 de 3 de abril de 1955 relativa al estado de urgencia, como ya mencioné, la cual por diversos avatares históricos (un ejemplo sería que esta ley, en sus primeros tiempos, hace referencia a Argelia como colonia francesa, la cual consigue la independencia en 1962, por lo que terminó desapareciendo las referencias a ese país) ha tenido que ser modificada con el paso del tiempo (por ejemplo, en 1960 por medio de una serie de ordenanzas como la 60-372, por la ley 2011-525 y la más reciente que quiere modificar a causa de los recientes atentados terroristas en la capital gala) dando ejemplo sobre cómo el Derecho ha de evolucionar para adaptarse a los tiempos.
Existe también una reforma de esta ley (7 de agosto de 1955) por la cual se permitía la prórroga del estado de excepción al territorio argelino por 6 meses más tras el fin del plazo inicial de 6 meses que Argelia tenía previsto por ley (artículo 15 de la ley 55-385 de 3 de abril). Al estar ya derogados los preceptos relativos al estado de excepción en Argelia (15-17 de la citada ley), se entiende que esta regulación legal queda derogada también. Es curioso mencionar que esta ley hace referencia a la suspensión de elecciones parciales en un estado de emergencia pero al no mencionar si se hace referencia a Francia o a Argelia expresamente, se entiende que sólo se podría aplicar a Francia como medida de estado de emergencia (ya sea simple o complejo, como explicaré más tarde) ya que actualmente Argelia no es colonia francesa. Debido a la escasa información, nos centramos mejor en el análisis de la ley 55-385 de 3 de abril de 1955.
Vamos a intentar analizar esta ley. Y es obvio que es mejor ir desgranado sus partes poco a poco que copiarla artículo por artículo, por lo que iré analizando y explicando lo que quiere decir este artículo, sin realizar una copia literal.
Parafraseando a estado de emergencia, en su magnífico artículo “La teoría y la realidad constitucional” en la exposición de motivos de la ley francesa viene una definición de estado de emergencia muy interesante: Según tal inicio legislativo, se define a este estado como “una solución intermedia entre el derecho común (el derecho normal en una situación estándar por explicarlo de alguna forma) con el estado de sitio (en el cual las libertades prácticamente desparecen debido a la gravedad de la situación en la que se encuentra el estado)”. Por explicarlo de forma más amena, es una situación regular entre una situación normal (estado común) y una situación muy grave (estado de sitio).
El artículo 1 nos habla de los casos en los cuales puede darse este estado excepcional:
1. Peligro inminente por alteración del orden público.
2. Caso de una calamidad pública.
Como se puede observar, son conceptos indeterminados (¿cuándo se altera el orden público? ¿qué es exactamente una calamidad?) por lo que cuando ocurra una situación así, habrá que analizar y determinar si cumple alguno de los casos citados en el artículo 1 de esta ley y con ello aplicarla.
El siguiente artículo es de una importancia capital, ya que en él se especifica que el estado de emergencia tendrá que ser aprobado por ley, más concrétamente por un decreto acordado por el Consejo de Ministros. Además, se señalarán las circunscripciones territoriales donde entrarán en efecto este estado excepcional y tras esa delimitación territorial, se especificarán las zonas donde se aplicará el estado de Emergencia (primero se determina la zona y luego se aplica, damos a entender)
También este artículo nos explica que el plazo de este Estado de Emergencia será de unos 12 días y que si es necesario ampliarlo se realizará por ley, añadiendo que el artículo 3 señala que la extensión de ese plazo por ley fijará además su duración definitiva. Este último precepto ha sido el más conocido recientemente por la pretensión del presidente François Hollande de ampliar el estado de emergencia de 12 días a 3 meses, tal y como los medios de comunicación han ido señalando con el paso de las semanas. También se oye una modificación constitucional para introducirlo sin límite temporal pero por el momento no hay suficiente información sobre tal proposición.
¿Cuáles son las medidas del estado de emergencia?
El siguiente articulado de la ley nos menciona fundamentalmente las acciones que se podrán realizar por las autoridades pertinentes durante el estado de emergencia, concrétamente desde los artículos 5 a 11 de la ley. Dejamos constancia de ciertos inconvenientes en este tramo de la ley debido a cierta confusión legislativa según la gravedad de las acciones a realizar, los encargados de poder realizarlas, el desconocimiento de algunos preceptos legislativos etc… asi que hemos decidido organizarlas desde un punto de vista más comprensible.
Partiendo de las bases de Jiménez de Parga, existe el Estado de Emergencia simple o sencillo y el agravado o complejo en función de cuáles sean las acciones a realizar y el nivel de gravedad.
Según el artículo 5, en el estado de emergencia simple, el Prefecto puede:
Prohibir la circulación de vehículos y personas en ciertos lugares y momentos.
Establecer zonas de protección y seguridad.
Prohibición de la estancia en ciertos departamentos a personas que entorpezcan las actuaciones de los poderes públicos.
A éstas se les une también las de los artículos 9 y 10 de la ley (de ahí el desorden legislativo antes mencionado):
El artículo 9 de la ley hace referencia al decreto del 18 de abril de 1939, por el cual las autoridades designadas en el artículo 6 de la ley (el ministro del Interior francés) puede proceder a la recogida de armas y municiones de cierta categoría.
El artículo 10 de la misma ley hace referencia al artículo 1 de la Ley del 11 de julio de 1938, por el cual se pueden proceder al reclutamiento de las personas (civiles se entiende) y al requerimiento de bienes que sean necesarios para atender a la situación gravosa existente.
Antes de seguir, seguramente el lector estará pensando que las medidas anteriormente citadas son bastantes antiguas y con escaso margen de éxito si se aplicaran actualmente pero hay que partir de la antigüedad de esta ley (es de los años 50, con referencias legislativas a los años 30) y que a pesar de las reformas realizadas siguen teniendo algunos preceptos arcaicos, aparte de que las leyes en las que se basan la aplicación de estas estas medidas se caracterizan por ser de finales de los años 30, un momento en que Francia se encontraba a las puertas de la II Guerra Mundial (1939-1945) durante el gobierno del Frente Popular francés (1936-1938) dirigido por Léon Blum, Camille Chautemps y Edouard Daladier, caracterizado por un gobierno político de izquierdas y de reformas sociales pero también con una clara inestabilidad a las puertas del gran conflicto.
Tras el recordatorio histórico, volvemos al tema en cuestión. Una vez que el estado de emergencia ha sido declarado e iniciado con las primeras medidas, el ministro del Interior o el prefecto según el caso, pueden adoptar otras facultades (diferentes y de otro tipo a las primeras ya mencionadas) en las zonas territoriales donde esté implantado el estado de emergencia para avanzar en su establecimiento (podemos decir que las del artículo 5, 9 y 10 son iniciales o básicas). Dichas facultades son las de los artículos 6 y 8 que se resumen en:
Artículo 6: el ministro del interior puede proceder al:
Arresto domiciliario o residencia obligatoria de personas cuya actividad es peligrosa para el orden público. Debido a esa privación de libertad, han de matizarse ciertos límites a tal situación de desaparición de derechos fundamentales:
Tal acción privativa de libertad ha de realizarse en zona urbana o alrededores.
Se garantiza su subsistencia o supervivencia.
Los arrestos domiciliarios no podrán convertirse ni organizarse como campos de concentración o de prisioneros.
El artículo 8: El ministro del Interior o prefecto pueden proceder al:
Cierre provisional de salas y espectáculos, puestos de bebidas y lugares de reunión de todo tipo.
Prohibir también las reuniones de carácter provocativo o que provoquen desórdenes.
Tales acciones se realizarán en las zonas asignadas por cada uno de estas autoridades administrativas (según el conjunto del territorio asignado, departamento o provincia del Prefecto).
Todas estas facultades se pueden catalogar como las propias de un estado de Emergencia simple o sencillo pero hemos de analizar las del artículo 11 de esta ley que se basan en las del estado de emergencia agravado o complejo, que como su mismo calificativo indica se basan en acciones que se han de tomar si las facultades realizadas en el Estado de Emergencia simple no fueran suficientes por la gravedad de la situación existente y por ello deberemos elevar el nivel del Estado de Emergencia y aplicar esas facultades aún más excepcionales y privativas de derechos subjetivos.
El artículo 11 de la ley nos explica que:
De forma expresa por un decreto, las autoridades administrativas pueden:
Realizar registros domiciliarios día y noche.
Controlar la prensa, los medios de comunicación, los medios audiovisuales (radio, TV, cine).
Como es obvio, estas acciones son extremadamente limitadoras de los derechos fundamentales más básicos de forma colectiva o general (intimidad, vida privada, domicilio, libertad en los medios de comunicación, libertad de expresión) si bien es cierto que las anteriores privaciones de derechos son notablemente perjudiciales también (recuérdese el arresto domiciliario que, aunque es una privación de libertad, hay unos límites muy claros e infranqueables), por lo que consideramos que éstas son las más llamativas debido a la extrema situación, el carácter colectivo de tales limitaciones de carácter ilimitado y a su gravedad (permitir hacer registros en los hogares de los ciudadanos las 24 horas del día sin apenas permitir una “defensa” del inquilino ante el allanamiento de morada impuesto, controlar todo medio de comunicación existente).
No olvidemos, por ejemplo que en las medidas del artículo 5 (emergencia simple), la prohibición de circular sólo se realiza en plazos temporales fijados mientras que los registros domiciliarios del artículo 11 (emergencia agravada) pueden realizarse a cualquier hora.
Es evidente que dentro de estas medidas limitadoras, a ese control de los medios de comunicación del artículo 11 (cine, radio, tv) tenemos que añadir evidentemente internet: Es necesario recordar que las nuevas tecnologías, entre ellas la red ha sido por desgracia un foco de fomento del terrorismo islámico (contactos con terroristas o seguidores del ISIS, conseguir patrocinio o aumentar su patrimonio por negocios o donaciones en internet, realización y publicación de vídeos con mensajes de apoyo a ISIS o de reivindicación de atentados). Es decir, no se debe interpretar de forma literal una ley, sobre todo en algunos preceptos con escasa evolución histórica y se debe analizar un texto legal siempre pensando en la actualidad, en su uso presente y real y en hacerlo con la mayor eficacia o eficiencia posible.
¿Y el derecho de reclamación del particular ?
Es curioso que, a pesar de esta compleja situación, el particular tiene derecho a reclamar de forma administrativa si considera que algunas de las medidas tomadas incluso en tal excepcionalidad estatal han de ser eliminada o están siendo consideradas como abuso de poder (se recuerda que estamos en un Estado con derechos reducidos o eliminados por motivos excepcionales para proteger a la población y al Estado pero que puede provocar un levantamiento de ciertos sectores políticos o sociales aprovechando la situación de alteración pública o calamidad en el país) tal y como viene regulado en el artículo 7 de la ley, aunque su reclamación para acabar con estas medidas limitadoras de derechos sólo son las del artículo 5.3 (prohibición de estancia) y la del 6 (arresto domiciliario o residencia obligatoria), es decir no van dirigidas a todas las medidas limitadoras de la ley.
Esas reclamaciones se pueden realizar de 2 formas:
En el caso de eliminación de medidas de los artículos 5.3 y 6 de la ley: El particular presenta una solicitud a una comisión compulsiva formada por delegados del consejo departamental o provincial (un recurso de gracia según Jiménez de Parga).
Si no es posible tal acción o se le deniega el proceso anterior, el particular puede pedir recurso por exceso de poder ante el tribunal o jurisdicción administrativa competente, la cual deberá responder en un 1 mes el recurso. Si se apela, el plazo es de 3 meses para decidir.
Como curiosidad, si los tribunales no resuelven en los plazos concretos, las medidas de los artículos 5.3 y 6 no surtirán efecto, dando una mayor protección al ciudadano que a la administración, inclusive en una situación tan compleja.
Por último, el artículo 13 de la ley nos habla de las infracciones y sus correspondientes sanciones en caso de incumplimiento injustificado de algunas de las medidas del estado de emergencia y el artículo 14 nos habla fundamentalmente de la desaparición de las medidas cuando acabe el estado de emergencia existente, si bien es cierto que se podrán mantener los tribunales militares y con ellos las causas que se hayan juzgado o se vayan a juzgar en el estado de emergencia, aunque éste haya llegado a su fin.
Los últimos preceptos de la ley han sido derogados por los avatares históricos.
Unas últimas informaciones sobre el Estado de Emergencia
Como es sabido, se ha hablado de la reforma de esta ley de pasar el estado de emergencia de 12 días a 3 meses, actuación que parece una potestad desproporcionada del presidente francés pero que es perfectamente posible y legal realizarla amparado por los artículos 2 y 3 de la citada ley (aunque somos conscientes de que cualquier decisión política tomada en un Estado de Emergencia va a tener carácter desproporcionado y sobre todo magnificada por los medios de comunicación). En cuanto a la reforma constitucional, todavía no tenemos suficiente información.
Una última referencia que nos parece interesante es la cumbre del clima realizada en París durante esta última semana en 2015, con las consiguientes manifestaciones de sectores sociales y políticos contrarios a ciertos aspectos de las políticas de los miembros participantes en la cumbre de París. Aunque es sabido que en cumbres de esta clase, la oposición es constante y siempre ha habido momentos de tensión o violencia en manifestaciones o reuniones (casi siempre, por minorías antisistema) pero en un estado de excepción como el que se encuentra Francia actualmente, donde las manifestaciones y derechos similares están prohibidas por tal situación de emergencia (sólo se permitían las reuniones pacíficas), las acciones violentas se intensificaron por tal prohibición, provocando un gran número de detenciones por disturbios y participar en una manifestación prohibida.
Por último, si alguien quiere interesarse más en el tema del estado de emergencia o similar, recomendamos los siguientes materiales audiovisuales:
“Estado de Sitio” de Costas-Gavras (1972) con Yves Montad, Renato Salvatori y Jacques Weber.
“Díaz: No limpiéis esa sangre” de Daniele Vicari (2012) con Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano. Sobre las manifestaciones en Génova en 2001 y la actuación policial.
“23-F-La película” con Paco Tous, Juan Diego, Fernando Cayo, Mariano Venancio. Sobre el intento de golpe de estado del coronel Tejero al Congreso de los Diputados en 23 de Febrero de 1981 en España.
Ley 55-385 de 3 de abril de 1955 relativa al Estado de Emergencia y posteriores reformas.
JIMÉNEZ DE PARGA, MANUEL: “La teoría y la realidad constitucional contemporáneas”.
http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/15/5648e0cf268e3eeb2c8b4577.html
http://www.swissinfo.ch/spa/francia-busca-cambiar-la-constituci%C3%B3n-para-regular-el-estado-de-emergencia/41817342
http://www.rtve.es/noticias/20151129/miles-zapatos-mantienen-vivo-derecho-manifestarse-paris-contra-cambio-climatico/1264223.shtml
Fuente de la imagen: www.lavozdegalicia.es