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Timestamp: 2019-08-23 11:02:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 134', 'artículo 36', 'artículo 2495', 'artículo 270', 'artículo 1', 'artículo 295', 'artículo 295', 'artículo 19', 'artículo 329', 'artículo 206']

Boletin Correspondiente a 2015-05-13Regresar
El modelo ya está reglamentado por el Decreto que podrán ver al final de este texto. “Con este modelo vamos a cumplir –sin límite de espacio ni de territorio– las expectativas presentes y futuras de cientos de miles de familias que pueden pagar un arriendo pero que no alcanzaban a completar para tener una casa propia. ¡Vamos a convertir a los arrendatarios en propietarios!”, afirmó el Presidente de la República.
( 2015-05-13) Consultar
Si considera que los costos que le están cobrando no son los que le habían anunciado o si quizá le hicieron un descuento por algún servicio sin su autorización, usted tiene cómo defenderse.
Los créditos laborales provenientes de contratos de trabajo, incluyendo los créditos de las cotizaciones e intereses en pensiones y en salud, integran la primera clase y conservan prelación frente a cualquier otra acreencia, salvo los alimentos debidos a menores que, en caso de existir, se pagarán en primer lugar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 134 de la Ley 1098 del 2006, precisó el Ministerio de Salud.
El artículo 36 de la Ley 50 de 1990 modificó la prelación de créditos del artículo 2495 del Código Civil y los artículos 157 y 345 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo que los salarios, cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales pertenecen a la primera clase y tienen privilegio excluyente sobre todos los demás.
En el mismo sentido, el artículo 270 de la Ley 100 de 1993 indicó que estos créditos tienen el mismo privilegio que aquellos por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y determinó, además, que los recursos de la seguridad social tienen destinación exclusiva y, por ende, no se pueden destinar ni utilizar para fines diferentes, indicó la entidad.
Así mismo, recordó que la Corte Constitucional, en Sentencia T-696 del 2000, señaló que, inclusive, dentro de los procesos de liquidación, los recursos parafiscales de la salud, deben ser entregados al sistema por tener una destinación específica, pues no están en la misma situación jurídica de los recursos de ahorradores e inversionista particulares ni pueden ser objeto del giro ordinario de los negocios de las entidades financieras.
El artículo 1 de la resolución 27 de 2014 dispone que el valor de la UVT que se utilice para la calificación será el vigente para el año anterior a aquel en que se realiza la calificación.
"ARTICULO 1, CONDICIONES PARA SER CALIFICADO COMO GRAN CONTRIBUYENTE. Serán calificados como grandes contribuyentes los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen tributario general u ordinario que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones, de acuerdo con la información disponible en la base de datos de la DIAN, correspondiente al año fiscal anterior al año en que se realiza la calificación.
No existe impedimento legal alguno para que un Usuario Aduanero Permanente -UAP-, transforme la naturaleza jurídica de su contrato social.
Ahora bien, no obstante lo anterior, al cambiar la responsabilidad de los socios, en este caso producto de la reforma de Ltda a SAS, se debe informar inmediatamente a la Subdirección de registro Aduanero acompañando el escrito con la nueva garantía bancaria o de compañía de seguros que garanticen el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que devienen de la nueva naturaleza asociativa, so sepa de quedar sin efecto el correspondiente reconocimiento como Usuario Aduanero Permanente.
Es de recordar que, tratándose del impuesto al patrimonio, el artículo 295-1 del E.T. – y en relación con las cooperativas – consagró que para efecto de la determinación de la base gravable de ese tributo se podía excluir “el valor patrimonial neto de los aportes sociales realizados por los asociados”.
Con referencia al impuesto a la riqueza, y haciendo alusión al mimos sector cooperativo, el numeral 9 del artículo 295-2 del E.T. señala que “los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este Estatuto, pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados”.
Resulta claro, que mientras en el impuesto al patrimonio era detraible – de la base gravable – “el valor patrimonial neto” de los aportes, para el recién creado impuesto a la riqueza, la disminución de la base gravable está dada por el “valor patrimonial” de esos aportes sociales; tal distinción, y como consecuencia matemática natural, implicará el beneficio de una menor base gravable del impuesto a la riqueza, en relación con el anterior impuesto al patrimonio.
En síntesis, si bien entonces la ley hace expresa alusión al “valor patrimonial” de los aportes sociales a excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza, la interpretación de la Autoridad Tributaria limita su alcance al concepto de “valor patrimonial neto”; siendo así las cosas, no puede ser de recibo lo expresado por la doctrina oficial, pues ello implicaría – de plano – el desconocimiento de lo claramente indicado en la norma superior.
Es bien sabido, que el artículo 329 del E.T. consagra la clasificación de las personas naturales (para efecto del impuesto sobre la renta y complementarios), y que las mismas han de ser ubicadas en las categorías de empleados, trabajadores por cuenta propia y de las demás personas naturales, ello acorde a las condiciones específicas de cada sujeto pasivo.
Dispone tal referente que “las personas naturales se clasifican en las siguientes categorías tributarias:
los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales no se rigen por lo previsto en los Capítulos I y II de este Título, sino por lo previsto en el numeral 5 del artículo 206 de este Estatuto”.
A partir de esa nueva disposición, aplicable a las personas naturales, se consulta a la Administración Tributaria que “con fundamento en la Ley 1607 de 2012 y en el Decreto 0099 de 2013, en el caso de una persona natural obligada a declarar renta en el año 2012, cuyos ingresos provienen de una asignación pensional y de honorarios en ejercicio de una profesión liberal, cuál es la retención en la fuente aplicable en un contrato de prestación de servicios?”. (Oficio 079480 de diciembre 11 de 2013)
Dos meses después de que el Gobierno Nacional anunciara que se reactivó el programa para vender 57,6% de las acciones de Isagen, y ad portas de que se realice la subasta (19 de mayo), la firma estatal reveló sus resultados financieros trimestrales en los que atribuyó al pago de impuestos la caída de 27% en su utilidad neta.
Según información reportada a la Superintendencia Financiera, las ganancias, que fueron de $96.548 millones en el primer trimestre de 2015, presentaron una caída de más de $35.500 millones frente al mismo periodo del año pasado debido a los impactos que dejó la reforma tributaria.
Así las cosas, sobre unos ingresos operacionales de $662.865 millones, que reportaron un alza de 26%, se tuvieron que pagar $30.057 millones por el impuesto a la riqueza; $6.984 millones por el pago a la sobretasa del CREE, y $13.932 millones a un mayor impuesto diferido.
Luis Fernando Ramírez, vicerector de investigaciones de la Universidad de la Salle, dijo que no solo estos resultados de Isagen, sino los de Ecopetrol y también los de las compañías privadas están demostrando los efectos negativos de la reforma tributaria que está buscando mayor recaudo.
“Tanto en las firmas del Estado como en las públicas se espera que la tendencia de 2015 y la de los próximos tres años sea de revisiones a la baja”, añadió.
A partir del 4 de mayo, todas las personas que han cometido infracciones de tránsito en Bogotá y quieran acceder a los descuentos legales deben realizar, como requisito indispensable, el pago del comparendo antes de tomar el curso pedagógico.
De acuerdo con la nueva directriz, que se aplicará para los cursos que se imparten en la Secretaría Distrital de Movilidad (supercades Calle 13, 20 de Julio, Américas y Suba) y en las sedes del Centro Integral de Atención (Ciatran S.A.), los ciudadanos deben presentar al ingreso del curso el original del recibo de pago con timbre bancario, correspondiente al descuento que aplique, de lo contrario no podrán tomarlo.
Comparendos notificados personalmente o por aviso: 50% de descuento en el valor de la sanción, si realiza el curso y el pago entre el día 1 al 10 hábil siguiente a la fecha de notificación o el 25% de descuento entre el día 11 a 25 hábil siguiente a la fecha de notificación.
Hemos recibido su consulta, por medio de la cual solicita concepto sobre "(...) quien debe asumir el pago a estas incapacidades: Mi caso ante, SALUD TOTAL EPS Y FONDO DE PENSIONES PROTECCION por el pago de las siguientes incapacidades generadas por tener un Cáncer Gástrico Avanzado encontrado en Diciembre del 2012 la cual la EPS me lo ha venido tratando y pago hasta el mes de julio del 2013 las incapacidades.
Tiempo en que cumplí los 180 días y asumió los pagos el fondo de pensiones hasta el 22 de octubre del 2013 fecha que por determinación médica me reintegraron a trabajar hasta el 29 de noviembre del 2013. Donde nuevamente por reaparición de la enfermedad me incapacitan habiendo un tiempo de interrupción de la incapacidad de 38 días, motivo por el cual el fondo de pensiones y la EPS a partir de este momento ninguna quiere asumir el pago de las mismas.
De conformidad con las normas precitadas, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el reconocimiento y pago de incapacidades por contingencias de origen común, para los afiliados cotizantes es hasta por el termino de 180 días a cargo de la EPS y cuando exista concepto favorable de rehabilitación por parte de dicha entidad, la Administradora de Fondos de Pensiones — AFP, postergará el trámite de calificación de invalidez, hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario, adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la EPS, caso en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, la AFP, otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.