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Timestamp: 2019-08-25 01:23:26
Document Index: 174136717

Matched Legal Cases: ['artículo 127', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 18', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 6']

CONVENIO CON UCRANIA EN MATERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA
MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
REEMPLAZO DE LEY CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RUIZ-ESQUIDE, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONFIERE CARÁCTER OBLIGATORIO A SEGUNDO NIVEL TRANSICIONAL DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA (3785-04)
Sesión 27ª, en miércoles 12 de enero de 2005
(De 16:25 a 18:43)
Se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (Boletines Nºs. S 761-04 y S 767-04).........................................................................................
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Cooperación en materia de Cultura, Educación y Ciencia entre Ucrania y Chile (3652-10) (se aprueba en general y particular).......................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas para mejoramiento de gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores (3630-10) (se aprueba en general y particular).......................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a actos de violencia intrafamiliar (2318-18) (se aprueba en general).........................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para utilización del gas como combustible en vehículos (2701-15) (se aprueba en general)....
Concurrieron, además, el señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, el señor Director de Asuntos Jurídicos y la señora Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores.
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 22 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 23 y 24ª, ordinarias, y 25ª, extraordinaria, en 4, 5 y 6 de enero del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Con el primero comunica que resolvió retirar de la actual Convocatoria a Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al sistema previsional aplicable al personal de las instituciones de las Fuerzas Armadas (Boletín Nº 3.397-02).
Con el segundo retira la urgencia que hizo presente para el despacho del proyecto que prorroga la vigencia de los avalúos de los bienes raíces no agrícolas de todo el país y la vigencia del mecanismo de compensación de los ingresos municipales establecido en la ley Nº 19.850 (Boletín Nº 3.763-05).
Con el primero comunica que en sesión celebrada el día 11 de enero en curso eligió como Presidente de esa Corporación al Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla.
Con el segundo informa que accedió a la solicitud del Senado, en orden a archivar el proyecto de reforma constitucional que reduce la duración del mandato presidencial y hace coincidir las elecciones de Presidente de la República , Senadores y Diputados (Boletín Nº 1.776-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar el proyecto.
Segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, a los efectos de establecer mayores exigencias para inscribir un arma y prohíbe su porte, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.219-02).
Del Senador señor Ruiz-Esquide, mediante la cual inicia un proyecto que confiere carácter obligatorio al segundo nivel transicional de la educación parvularia (Boletín Nº 3.785-04).
Dicha iniciativa no podrá ser considerada en tanto Su Excelencia el Presidente de la República no la incluya en la Convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional .
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:28, y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de la señora Carmen Gloria Álvarez Burgos y del señor Juan Witaler Jara Navarrete.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:40.
Deseo hacer una petición en nombre de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Señor Presidente , la Comisión de Transportes ha concluido el estudio del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones en materia de tránsito terrestre, que lleva alrededor de 12 años de tramitación en el Congreso.
Por acuerdo adoptado en la Sala el 5 de septiembre del año 2000, se estableció que la iniciativa, luego de ser evacuado el segundo informe de dicha Comisión, pasara a la de Constitución.
En atención a lo anterior, solicito que la Sala conozca el segundo informe de la Comisión de Transportes y que si en su discusión se estima necesario enviar el proyecto a la de Constitución, que se proceda en tal sentido. Pero que no se haga inmediatamente, porque esta última se halla recargada de trabajo.
Por otra parte, la iniciativa es muy extensa, ha tenido una discusión bastante dilatada y no queremos que se siga demorando la aprobación de una ley en proyecto que ya lleva, como dije, 12 años de tramitación en el Parlamento.
En consecuencia, pido dar a conocer el texto del segundo informe de la Comisión de Transportes a la Sala y que durante su debate se resuelva si debe ir o no a la de Constitución.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado por el Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Cooperación en materia de Cultura, Educación y Ciencia entre el Gobierno de Ucrania y el Gobierno de la República de Chile", suscrito en Kiev el 26 de marzo de 1997, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3652-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 13ª en 16 de noviembre de 2004.
Relaciones Exteriores, sesión 24ª, en 5 de enero de 2005.
Los objetivos principales del proyecto de acuerdo son promover y desarrollar las relaciones culturales entre Ucrania y Chile, logrando, en consecuencia, un mayor acercamiento y un establecimiento de nexos más estables en las esferas cultural, educacional y científica.
La Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra y Romero), en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Cabe señalar que el referido órgano técnico ha propuesto al señor Presidente discutir esta iniciativa en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado.
Tiene la palabra el Senador señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente, el Convenio que nos ocupa es muy similar a los ya celebrados con otros países, donde las obligaciones de las Partes se hallan establecidas claramente.
Dicho instrumento internacional contempla mecanismos y modalidades para asegurar la difusión de la cultura entre ambas naciones, promoviendo el intercambio de actividades artísticas, intelectuales, educacionales y científicas, tanto de personas como de instituciones.
Con el objeto de facilitar y cumplir lo convenido, dispone que se establecerán programas anuales de intercambio de profesores universitarios, profesionales, intelectuales, artistas y periodistas.
Asimismo, contempla la creación de una Comisión Mixta integrada por representantes de los Ministerios y organismos de las Partes Contratantes, a la cual le corresponderá velar, fundamentalmente, por el análisis de los resultados de la cooperación y la definición de prioridades y puntos de referencia atinentes a la futura colaboración.
Se recomendó, efectivamente, discutir en general y en particular el proyecto y aprobarlo, tal como lo hizo por unanimidad la Comisión.
A pesar de que mi relación iba a ser distinta, la cuenta del señor Presidente de la Comisión ha sido tan brillante que mi intervención no resulta necesaria.
En votación electrónica el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo por 29 votos a favor.
Votaron los señores Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cordero, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Larraín, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega y Zurita.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece normas para el mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda. La urgencia fue calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3630-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 10ª, en 3 de noviembre de 2004.
Relaciones Exteriores, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
La Sala del Senado, en sesión de 1º de diciembre de 2004, autorizó la discusión en general y en particular de la iniciativa, a la vez, en el primer informe.
Los objetivos principales del proyecto son adecuar la estructura y la forma de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores; establecer una asignación de estímulo para el personal de esa Cartera, beneficio asociado al cumplimiento de planes de modernización relacionados con el mejoramiento de la gestión y eficiencia institucionales, y facultar al Presidente de la República para modificar las plantas de personal de la Secretaría y Administración General, Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Instituto Antártico Chileno y Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus miembros, Honorables señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés.
En cuanto a la discusión en particular, efectuó diversas enmiendas al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, las cuales fueron acordadas también por unanimidad, con excepción de la supresión del artículo segundo transitorio, tendiente a facultar al Presidente de la República para modificar las plantas de personal de las distintas entidades del Ministerio. Esta eliminación contó con el voto favorable de los Honorables señores Coloma, Martínez y Romero, y el pronunciamiento en contra de los Senadores señores Muñoz Barra y Valdés.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto despachado por la de Relaciones Exteriores, con una sola modificación, consistente en contemplar como artículo segundo transitorio, con algunas variaciones, la disposición que ese último órgano técnico había suprimido. El acuerdo respectivo se adoptó con el voto conforme de los Honorables señores Boeninger, Foxley y Ominami, y la abstención del Senador señor García.
El texto que propone aprobar la Comisión de Hacienda, que es la última que trató la iniciativa, se transcribe en su informe.
Corresponde poner primero en discusión general el proyecto, para luego, conforme a lo acordado en la propia Sala, discutir en particular algunos aspectos.
Antes de ofrecer la palabra, solicito autorización para que asistan a la sesión el señor Claudio Troncoso, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio , y la señora María Loreto Ruz, asesora legal de la Cancillería.
La tiene el Senador señor Romero, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Señor Presidente , el proyecto que se debe analizar y que cumple su segundo trámite constitucional tuvo su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .
A las sesiones en que se estudió el articulado asistieron, especialmente invitados, el Ministro de Relaciones Exteriores , señor Ignacio Walker ; el Subsecretario , señor Cristián Barros ; el Director de Asuntos Jurídicos , señor Claudio Troncoso , y la Asesora Legal, señora María Loreto Ruz . De la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, estuvieron presentes su Director, señor Carlos Furche ; el Director Administrativo , señor Cristián Sánchez , y la Directora Jurídica subrogante, señora María Adriana Vargas .
Concurrieron, también, el entonces Presidente de la Asociación de Funcionarios Diplomáticos de Carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores (ADICA), señor Horacio del Valle ; el Presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores , señor Augusto Garrido , y el Secretario de este último organismo gremial, señor Víctor Salas .
Los objetivos de la iniciativa, según el mensaje, son los siguientes:
Primero, adecuar la estructura y la forma de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de responder a necesidades básicas que demandan los acuerdos comerciales suscritos en el último tiempo.
Segundo, establecer una asignación de estímulo para el personal de la referida Cartera, beneficio asociado al cumplimiento de planes de modernización relacionados con el mejoramiento de la gestión y eficiencia institucionales.
Tercero, traspasar la vinculación de la Agencia de Cooperación Internacional desde el Ministerio de Planificación y Cooperación al de Relaciones Exteriores, en la medida en que la cooperación internacional se ha convertido para Chile en un importante instrumento de política exterior, por cuanto facilita el entendimiento y la colaboración entre los países, particularmente si podemos aportar experiencias a favor del desarrollo y la superación de la pobreza.
Por último, facultar al Presidente de la República para modificar las plantas de personal de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones Exteriores, presupuesto en moneda nacional, y las de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, Instituto Antártico Chileno y Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
En cuanto al proyecto de ley propiamente tal, cabe señalar que se estructura sobre la base de cuatro artículos permanentes y cinco transitorios.
No obstante, durante la discusión se expusieron algunas objeciones al texto. En virtud de ello, el Gobierno presentó una indicación para suprimir la facultad concedida al Subsecretario , en el número 2) del artículo 1º, en orden a fijar las atribuciones de las unidades del Ministerio, ya que ello es de dominio legal por ser de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , según lo disponen los artículos 60, número 14), y 62º, número 2, de la Carta. Cabe precisar que, tal como aquélla se encontraba concebida, se iba a materializar mediante un decreto o resolución, pero no por una ley, como lo exige la Constitución.
Asimismo, se formuló una indicación para sustituir el artículo segundo transitorio, el cual fue cuestionado tanto en el fondo como en la forma. En el fondo, porque no precisaba los límites de la delegación. Y en la forma -ello es más importante aún-, porque se debe recordar que el señor Ministro , ante un planteamiento de la Comisión, accedió a formar una Mesa Técnica, integrada, entre otros, por Parlamentarios, tanto de esta Corporación como de la Cámara de Diputados, que se encargaría de elaborar un proyecto de Cancillería del siglo XXI. Creemos que esa ocasión es más conveniente para abordar un asunto como la planta de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que se encontraba contenido en el proyecto.
Dicha Mesa Técnica ha sido convocada recién. Se prefirió, sin embargo, enviar el articulado en examen e insertarle el punto, cuestión que hicimos presente, en su oportunidad, al Ministerio. Y la verdad es que resulta obvio, para entender realmente el sentido de crear tal instancia, que ella requiere contar con todos los elementos y no con iniciativas parche que harían muy difícil conseguir un trabajo más armonioso.
El espíritu mayoritario de la Comisión es que el tema de la DIRECON sea visto con más tranquilidad y con mayores antecedentes, y que no resulta conveniente mezclarlo con otras materias, como la de las remuneraciones e incentivos del personal de la Cancillería, en la cual sí reconocemos la existencia de premura.
No se trata de estar en contra de las modificaciones a la estructura y planta de aquella Dirección, sino de hacer un estudio en el contexto más amplio de la citada Mesa Técnica.
Además, no compartimos que la modificación de las plantas sea objeto de una facultad delegada a Su Excelencia el Presidente de la República para que actúe vía decretos con fuerza de ley. No queremos que en esta materia se repitan errores del pasado. En particular, solicitamos la máxima transparencia en el proceso de concursos para proveer los cargos respectivos.
Señor Presidente , sometido a votación el proyecto en análisis, fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (cinco votos a favor). En igual forma se despachó en particular, con excepción del artículo segundo transitorio, que fue rechazado por tres votos contra dos.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda , Senador señor Foxley.
Señor Presidente , la iniciativa en estudio, después de pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores, fue a la de Hacienda, que lo aprobó integralmente en general y en particular, incluida una indicación del Ejecutivo consistente en reponer el artículo segundo transitorio, mediante el cual se permite al Presidente de la República , a través de una facultad delegada -como dijo recién el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores-, dictar normas sobre encasillamiento en determinados servicios y direcciones de la Cancillería.
Pero tal vez el punto central, aquel en que -al menos en la Comisión de Hacienda- hubo una opinión más clara y fuerte, es el vinculado con la creación de determinado número de cargos de profesionales y la readecuación de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON).
Es efectivo lo que acaba de manifestar el Senador señor Romero en cuanto a que el Gobierno dio un paso importante -yo lo considero muy positivo- al, finalmente, buscar una metodología para definir lo que aquí se denomina "reforma de fondo del servicio exterior chileno" y llevar a cabo ésta -algo sin precedentes- en conjunto con las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados. Se trata de un buen paso, y de ahí debe partir el aggiornamiento de un servicio exterior que tiene que enfrentar la situación de un país completamente globalizado.
La razón por la cual la Comisión de Hacienda decidió insistir muy fuertemente en reponer la facultad del Presidente de la República es la de que en el entretanto -justamente es el argumento del Senador señor Romero puesto al revés- hay ciertas cuestiones que tienen enorme urgencia.
La otra tarea va a tomar tiempo; es en extremo compleja; enfrentará intereses distintos. En fin, se trata de una cuestión muy de fondo, con un calendario de por sí, probablemente, bastante prolongado.
En lo principal, tocante a las negociaciones económicas internacionales, observamos la existencia de una estructura que viene de hace veinte a treinta años, cuando lo que debía hacer nuestro país era, básicamente, mantenerse como un socio de ALADI en discusiones comerciales menores.
Posteriormente entramos en las negociaciones del MERCOSUR, que fueron más complejas.
Luego empezamos con la política de los acuerdos bilaterales de tipo comercial con numerosas naciones: primero, en América del Sur; después, en otras partes del mundo.
Nos vimos enfrentados, entonces, a negociaciones simultáneas con la Unión Europea y Estados Unidos, y llegamos más allá del límite de las capacidades técnica y profesional, e incluso, de la energía y creatividad de los negociadores de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Se trata de un personal altamente calificado, que ha tenido un brillante desempeño, pero que ¡ya no da más!, atendida la multiplicación de las áreas de negociación que debe atender simultáneamente.
Después de firmar acuerdos de aquella índole hay que entrar en la siguiente etapa: la de la implementación. Se requiere capacidad para contestar en forma oportuna ante los conflictos comerciales que plantea el socio. Por ejemplo, con Estados Unidos ya están planteados potencialmente varios; lo mismo va a ocurrir con Europa y, sin duda, en los pasos siguientes que se den.
Sin embargo, lo más importante ahora es que este año viene la etapa de mayor dificultad: el inicio de negociaciones con países de gran complejidad, envergadura y dinamismo, que desconocemos en lo fundamental: China e India. Eso está anunciado, y hay que enfrentarlo de manera simultánea con todas las demás tareas que describí con anterioridad.
Paralelamente, hay una iniciativa para integrar el acuerdo del MERCOSUR con el acuerdo de los países del sector andino; Chile, en algún grado, se halla participando por lo menos como observador. Se están iniciando conversaciones más profundas con Perú y Ecuador . Sabemos que debemos mejorar las relaciones en América del Sur y que los pactos de libre comercio pueden ser un buen instrumento para ello.
¡Y tenemos un cuerpo profesional que esencialmente es el mismo de hace 30 años, con muy pequeñas modificaciones!
Por tanto, es urgente -así lo estima la Comisión de Hacienda- aumentar el número de personas que trabajan en el referido organismo, sin perjuicio de que en una reformulación posterior del servicio exterior chileno se pueda volver a tocar el punto.
Podemos garantizar, sí, que no nos vamos a quedar de más con las veintitantas personas que se puedan contratar. Sin duda, nos quedaremos cortos.
Si comparamos los recursos humanos puestos por Estados Unidos o la Unión Europea con los que tuvo Chile durante la negociación de los tratados pertinentes, veremos que la desproporción era gigantesca. Simplemente, no teníamos preparado suficiente personal calificado.
Creo que es urgente, necesario, imprescindible tomar una decisión ahora, sin perjuicio de que la estructura más de fondo se concrete después, en consenso con las Comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, y, por cierto, con la posterior aprobación de las respectivas Salas.
Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en general y en particular, sobre todo la indicación que repone la norma en virtud de la cual se faculta al Presidente de la República para reencasillar y aumentar, en forma bastante modesta y limitada, el número de personas que trabajan en las negociaciones comerciales internacionales del país.
Señor Presidente , existe un convencimiento nacional respecto de la amplitud con que Chile ha abordado el esfuerzo de globalización en reemplazo de la antigua política defensiva llevada a cabo en los ámbitos económico, industrial y financiero. Ello ha merecido el aplauso de todos los sectores del territorio. Porque, con su tamaño y los recursos humanos de que dispone, nuestro país ha dado una demostración de eficiencia y capacidad al, en poco tiempo y con unidad de objetivos y conocimiento exacto de la realidad nacional, lograr acuerdos de libre comercio con México, Canadá , Estados Unidos, Europea y Corea, y al iniciar ahora tratativas más amplias, como las que mencionó el Honorable señor Foxley .
El esfuerzo ha sido muy grande. He podido verlo muy de cerca, por haberme correspondido presidir las dos Comisiones Parlamentarias que discutieron y aprobaron los convenios con Europa y Estados Unidos. He concurrido muchas veces a diversas reuniones y he visto a los funcionarios de que se trata trabajar en el extranjero. Y si Chile ha colocado parte importante de su desarrollo en la exportación, en el comercio internacional, en la vida externa, debemos tener conciencia de que existen ciertas falencias en los equipos humanos, los cuales deben reforzarse.
Ése es el caso de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que fue creada a propósito para enfrentar los requerimientos surgidos. Y ha actuado muy bien, con bastante eficiencia, sin ninguna crítica. A veces algunos sectores económicos del país no quedan conformes; pero eso sucede en todas las situaciones.
Pienso que la nación se halla satisfecha del esfuerzo desplegado. Pero, a mi entender, el señor Ministro y el Gobierno están en la razón al pedir un reconocimiento con respecto a ciertas falencias que tienen para enfrentar las nuevas dimensiones de la acción internacional y, al mismo tiempo, manejar en debida forma las situaciones que ocurren hoy. Porque la cuestión radica, no sólo en firmar tratados, sino también en administrarlos, perfeccionarlos, corregirlos, pues, mientras más nos incorporamos a la globalización, mayores problemas enfrentaremos. Jamás tendremos un estado de normalidad en un mundo donde hay tantas diferencias en los ámbitos financiero, económico y cultural.
Por eso la Comisión aprobó, después de larguísimas discusiones, las reformas que la Cancillería propuso en materia de estructura administrativa. Entre ellas, destaco la referente a algo absolutamente anómalo: que la Agencia de Cooperación Internacional dependa del Ministerio de Planificación y Cooperación. Nació así, accidentalmente, en los primeros años de los gobiernos democráticos, pero no corresponde a la organización natural del Ministerio de Relaciones Exteriores no contar con una estructura propia en materia de cooperación internacional, que constituye un instrumento decisivo para nuestra acción en el ámbito global.
Además, se hicieron otros cambios, que ya no vale la pena comentar. Pero topamos con un problema bien minúsculo. El Presidente de la Comisión expuso su criterio sobre esta materia, que fue coincidente con el de la mayoría de ella.
Al respecto, quiero hacer presente la posición de la minoría, que no estuvo de acuerdo con suprimir el artículo que permitía una pequeña modificación en la DIRECON. Según información del Gobierno, reiterada por el Ministro y por los funcionarios, en dicha Dirección se deben crear 32 cargos nuevos. Sólo ocho personas reúnen las condiciones para participar en un concurso interno, conforme a la ley, y los 24 cargos restantes deben ser llenados por concurso público externo. La disposición propuesta no está agrediendo ni faltando a las normas que establecen que los cargos deben proveerse mediante concurso. No existe ese riesgo. Se trata de gente que está trabajando en la DIRECON, cuya dotación es muy escasa, a la luz de las exigencias mayores a que hoy se encuentra sometida. Estamos en conocimiento de que el Presidente de la República y un grupo importantísimo de empresarios viajarán a la India, segundo país más poblado del mundo, donde se empezará a trabajar y simultáneamente se negociará con Perú y China, en el esfuerzo más grande de la Administración Pública chilena.
Que el Senado, en estas condiciones, no dé el visto bueno para que 24 funcionarios, que están trabajando, se incorporen a la planta, me parece que disminuye al mínimo la visión de lo que debe ser un Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esta materia, se arguye que se ha creado una comisión, a iniciativa del Presidente de la Comisión . Me parece bien, aun cuando me preocupa que seamos los Parlamentarios quienes corrijamos situaciones administrativas. Es posible que no sea tan técnica. En fin, participo de esa idea, aunque creo que para un Ministerio nuevo, del siglo XXI, se requieren experiencias externas y un trabajo muy lento. Es una pieza fundamental de la Administración Pública que no ha sido objeto de ninguna modernización desde la realizada, mayormente con asesoría brasileña, en el tiempo de don Jorge Alessandri Rodríguez .
Pues bien, pienso que debe hacerse una reforma. La Cancillería se ha quedado muy atrás, a diferencia de los Ministerios de Justicia y de Hacienda, de la Dirección de Presupuestos o de la Tesorería General de la República. Se necesita un remezón muy grande para adaptarla a las exigencias actuales.
Sin embargo, también estimo que mejorar la organización interna de un instrumento tan vital, tan urgente, tan valioso, como la DIRECON, no debe merecer una crítica en el sentido de que es preferible esperar la reforma total. Considero que no antes de dos años, pues estamos en tiempo de elecciones, tendremos un acuerdo sobre un Ministerio nuevo. Esperar dos años, cuando se está trabajando en las condiciones ya señaladas, no corresponde a la realidad.
Por eso, voté a favor, y pido que la Sala reconsidere esta situación y apruebe lo que la iniciativa propone.
Señor Presidente , aprecio el aporte de quienes están interesados efectivamente en desarrollar un Ministerio de Relaciones Exteriores con visión del siglo XXI.
Creo que hay una coincidencia transversal, manifestada en muchas oportunidades en la Sala. Y si la iniciativa surgió aquí, en el Senado, es porque desgraciadamente no lo hizo otro sector.
En ese sentido, me parece ineludible que asumamos con fuerza ese planteamiento. Creemos tener autoridad moral para decirlo con la suficiente visión de Estado cuando se trata de políticas internacionales.
Ninguno de nosotros ni la opinión pública desconocen que esta Corporación siempre ha actuado con esa visión de país.
Por eso, debemos desapasionar el debate en los siguientes sentidos.
Nosotros no vamos a dejar sin personal a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, como al parecer se piensa. Simplemente, estamos a favor de mantener el mismo estatus de hoy, vigente desde 1990, es decir, hace 16 años. Y no es otra la distancia que media entre lo que vayamos a acordar en la mesa técnica y la reestructuración del Ministerio desde su base misma.
No debemos tener leyes de amarre que hagan difícil que el día de mañana baste una simple observación o sugerencia para que el planteamiento sea acogido.
Lo que señalo es que debemos distinguir las dos cosas.
Nosotros hemos estado de acuerdo en aprobar todas aquellas materias que requieren la urgencia necesaria. Y así procedió la Comisión al acoger por 5 votos contra cero prácticamente la totalidad del articulado.
No nos parece razonable, primero, delegar una facultad muy importante, en particular si se trata de un asunto que probablemente será uno de los más álgidos que se debatirán con motivo de la reforma de la Cancillería.
La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales debería ser una subsecretaría de comercio exterior o una vicecancillería, como se desee denominarla. Y en este punto debemos presentar una propuesta que efectivamente represente un aporte general.
Nosotros no vamos a desguarnecer ninguna negociación. Muy lejos de nuestro ánimo está dejar a la DIRECON sin personal, como pareciera que se ha planteado. Muy por el contrario: el que existe seguirá en funciones. Lo que impugnamos es dejar amarrados cargos que el día de mañana va a ser muy difícil rectificar o flexibilizar.
En segundo lugar, me llama la atención que el Gobierno haya replanteado el tema en la Comisión de Hacienda sobre una base distinta de la que nos presentó. Conforme a las actas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado -sus miembros son testigos-, el señor Canciller dijo que le bastaban ocho cargos para resolver los problemas más apremiantes. Sin embargo, según la Comisión de Hacienda, los cargos que se proponen son 32. Entonces, quisiera preguntar al señor Ministro subrogante si los cargos son 8, como señaló el Ministro titular , o 32. Lo consulto porque hay una diferencia importante entre una proposición y otra. En todo caso, tanto los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores como los de la de Hacienda debieran recibir la misma información, ya que de otra manera se hace inentendible un debate en distintos escenarios y con diversos planteamientos.
Quisiera interrumpir mi intervención para consultar al señor Ministro subrogante si son 8 cargos, como señaló el Ministro titular , o 32. Si son 8, la discusión naturalmente es distinta.
Con la venia de la Mesa, con el mayor agrado.
Ruego a Su Señoría que lea en la página 31 del informe de la Comisión de Relaciones Exteriores lo declarado por el Ministro titular : "Indicó que para los 32 cargos nuevos que se crean, solamente hay ocho personas que cumplen los requisitos para participar en el concurso interno, los 24 restantes serán llenados por concurso público externo.
"El Director de Direcon , señor Furche , agregó que los 32 funcionarios que se proponen apuntan a solucionar dos problemas impostergables.".
En consecuencia, están mencionados los 32 cargos en el informe que discutió la Comisión. Y ésta es el acta de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Su Señoría me está dando la razón. Efectivamente, en la Comisión de Relaciones Exteriores se indicó que hoy, al interior de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, hay sólo 8 personas que cumplen los requisitos para participar en un concurso interno -eso entendimos todos en la Comisión-, y que los 24 cargos restantes serían llenados mediante un concurso público externo.
Deseo que se me confirme si eso es así, porque aparentemente hay una diferencia -a lo mejor es un simple error de hecho- en cuanto al número de cargos que se proveerían por concurso.
El señor BARROS ( Ministro de Relaciones Exteriores subrogante ).-
Señor Presidente , es efectivo lo que ha señalado el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores . Se trata de 8 cargos que serán provistos por la dotación a contrata de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y el resto, por concurso público, de acuerdo con la nueva ley aprobada por el Congreso Nacional el año pasado.
El tema es muy concreto. Esta iniciativa no aborda la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que busca superar pequeños defectos de gestión que en este momento están perjudicando a la totalidad de los funcionarios de la Cancillería, en cuanto a remuneraciones, a normalización de la Dirección General Económica y a otros elementos mencionados por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Pero el punto relacionado con la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales es bastante más simple. Su contingente total está integrado por las personas que aquí se consignan como aumento de planta.
Hasta hace un año y medio, esto no hubiera representado ningún problema, porque la Contraloría General de la República admitía que cuando los funcionarios de planta de dicha Dirección eran destinados al exterior podían dejar sus cargos en suplencia y, por lo tanto, quienes los ocupaban en Santiago podían ejercer funciones de jefatura con todos los deberes y derechos de un funcionario de planta.
Sin embargo, un año y medio atrás, la Contraloría estableció: "No puede seguir haciéndose eso; el funcionario que se va al exterior se lleva su cargo de planta". Por consiguiente, al no haber suplencia en esos puestos en Chile, debe asignarse personal a contrata, que carece de los deberes y responsabilidades de un funcionario de planta. Entonces, se desarticula la Dirección General Económica.
El proyecto representa un pequeño mejoramiento de la planta que apunta exclusivamente a mantener cierta regularidad en el trabajo de este año. No cabe la menor duda de que se requiere una reforma mayor y un estudio mucho más profundo respecto a lo mencionado por el Honorable señor Valdés , y ése será el desafío del Ministerio de Relaciones Exteriores en el futuro.
Obviamente, el resultado de ello será quizás distinto de lo que tenemos hoy en día, pero la finalidad exclusiva del artículo segundo transitorio es regularizar el movimiento de personal de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y no entrampar su servicio exterior, el que en la actualidad se hace más necesario que nunca con los nuevos acuerdos internacionales que estamos negociando.
Señor Presidente , en realidad, entiendo que con este proyecto se busca mejorar la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es indudable que éste es nuestro principal instrumento de política exterior y de que el rol que cumple en el desarrollo del país y en su inserción en el ámbito internacional es demasiado importante.
Todos sabemos -es un tema que se viene discutiendo largamente- que la Cancillería debe ser objeto de una reestructuración mucho más profunda, más grande, y a eso obedece que en numerosas oportunidades el Congreso Nacional haya tratado de tomar la iniciativa para producir dichos cambios. Sin embargo, ello no ha sido posible.
En verdad, desde 1991 ó 1992 -cuando era Canciller don Enrique Silva Cimma - ya se planteaba la necesidad de realizar una reforma más integral al Ministerio. Pero eso no es fácil, ya que se caracteriza por una serie de tradiciones y por formas de operar que no lo hacen flexible ni dinámico para adecuarse a los desafíos del Chile de hoy.
Ojalá el esfuerzo de la Comisión especial del Senado sea exitoso. Sin embargo, como ha señalado el Senador señor Valdés , puede demorar todavía un tiempo largo, lo cual va a depender no sólo de los aspectos técnicos, sino también de la voluntad política y de los consensos que sea factible alcanzar, porque en numerosas oportunidades se ha tratado de emprender el proceso de modernización de la Cancillería y no se ha logrado concretar.
Me parece que, más allá de la parte técnica específica de cada uno de los cargos, el proyecto busca mejorar la gestión y adecuar el Ministerio a las necesidades de los compromisos y desafíos que tenemos por delante, principalmente en el área económica, y a las negociaciones internacionales que Chile debe impulsar, sobre todo con China, India y otros países con los cuales aspiramos a suscribir pronto acuerdos comerciales.
Creo que plantear una regularización de la asignación de estímulo es una buena medida, y todos deberíamos estar de acuerdo con ello.
Hoy los sueldos de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que trabajan en Chile son malos y, como se requieren especialistas, profesionales de primer nivel, se les arreglan las remuneraciones a través del pago de horas extraordinarias, lo cual no me parece lo más lógico. De manera que, si se aprueba una asignación de estímulo bien establecida que busque mejorar la gestión, la eficiencia institucional, bienvenida sea, porque a la larga, esos procesos se clarifican y modernizan, evitándose situaciones que no son las más aconsejables.
Además, mediante un artículo fundamental -no mencionado acá-, se cambia la dependencia de la Agencia de Cooperación Internacional, en cuanto a la forma de relacionarse con el Presidente de la República , desde el MIDEPLAN al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pienso que ello es pertinente, oportuno y muy bueno. Este punto se analizó largamente en la Comisión de Relaciones Exteriores y hubo acuerdo en que dicha Agencia debe estar vinculada con la Cancillería y en que no sólo es un instrumento de cooperación, sino también de política exterior, sobre todo en el caso de América Latina, demasiado importante para el país. Muchas veces, en esta misma Sala, nos quejamos o hemos oído opiniones en cuanto a por qué Chile no hace más, por ejemplo, para mejorar las relaciones con los países vecinos; por qué no trabajamos más en la implementación de programas de becas; por qué no cooperamos con otras naciones, tanto en temas legislativos como sociales, económicos, de modernización del Estado, etcétera.
La Agencia de Cooperación está desarrollando esa labor, bastante desconocida para muchos chilenos y para algunos Parlamentarios. Y estimo que un mecanismo que permita realizar un trabajo mejor, con mayor eficiencia, y trasladar su relación con el Presidente de la República a la Cancillería es una buena medida.
La explicación dada por el Ministro subrogante señor Barros respecto del artículo segundo transitorio, en lo que se refiere a la autorización expresa al Primer Mandatario para la creación de nuevos cargos en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, me parece razonable y buena. Además, salvo el caso de los 8 funcionarios aquí mencionados, los otros 24 cargos se van a proveer por concurso público. De manera que tampoco hay una situación de amarre, como se ha pretendido manifestar.
El proyecto en debate -que por supuesto no encara en profundidad el tema de la necesaria reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que durante el tiempo de transición ayudará a lograr propuestas y consensos adecuados que después deberán ser conocidos por el Parlamento- es absolutamente indispensable para mejorar la gestión del Ministerio.
Señor Presidente , revisando con cierta detención los antecedentes entregados, noté que en el artículo 1º original incluía un número 2) -entiendo que fue rechazado por la Comisión de Relaciones Exteriores-, que agregaba un numeral 8 al artículo 8º, el cual daba la posibilidad de resolver el problema planteado. Dicha norma venía de la Cámara de Diputados, razón por la cual, de aprobarse lo propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores, será necesario un tercer trámite constitucional.
El referido número 8 consigna lo siguiente: "Fijar y modificar la organización interna de las unidades del Ministerio, asignándoles el personal necesario, fijándoles sus atribuciones, obligaciones y dependencias conforme a las normas establecidas en la ley Nº 18.575, sin que el ejercicio de esta facultad pueda originar modificaciones en la planta, funciones y estructura del Ministerio.".
En mi opinión, desde el momento mismo en que se eliminó dicho numeral -no veo en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores si fue en votación dividida-, el artículo segundo transitorio, que ha generado la mayor dificultad, hizo más complicada la discusión. A mi juicio, de haber mantenido el numeral 8 en el articulado permanente, se habría resuelto el problema originado por la inclusión de esa norma transitoria.
Sin embargo, es urgente que esta última se apruebe -así lo entendió el Ejecutivo -, pues entrega al Presidente de la República una facultad para ser ejercida dentro de los próximos seis meses, plazo en el cual debe realizar lo que en ella se establece. Comparto con el Gobierno que ese lapso es clave desde el punto de vista de nuestra política exterior, en especial en todo lo relativo al ejercicio de las funciones propias de la DIRECON, porque en los próximos seis meses estaremos comprometidos en negociaciones particularmente delicadas.
Entiendo que hoy se iniciaron -el señor Ministro subrogante, aquí presente, podrá rectificarnos- conversaciones con Perú, nada menos que para avanzar en la negociación de un tratado de libre comercio. Sabemos que constituye una tarea bastante difícil, dados los aspectos y variables de carácter estrictamente político relacionados con el hermano país del norte.
También se ha dado comienzo a importantes tratativas con China, que por cierto deberían ser mucho más complejas todavía. Un solo capítulo relativo a las negociaciones con ese país -como hace poco señaló el señor Embajador al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y al Senador que habla, cuando fuimos invitados a conversar sobre diferentes temas, entre los cuales se tocó el que nos ocupa- respecto de un eventual tratado de libre comercio con Chile reviste extraordinarias complicaciones. Pensemos, por ejemplo, en el de carácter financiero, o en otros que presentan mayores complejidades.
En consecuencia, debiéramos trabajar con una visión distinta.
Creo que el artículo segundo transitorio entrega al Presidente de la República un plazo muy estrecho y concreto (6 meses) para introducir las modificaciones necesarias, sobre todo tratándose de una actividad que requiere el máximo apoyo profesional para el buen éxito de gestiones y trabajos que se están realizando en materia de tratados de libre comercio.
Por otro lado, debo señalar que el artículo tercero transitorio -entiendo que fue aprobado por unanimidad en ambas Comisiones- faculta al Jefe de Estado para que, mediante decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, fije el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 161, etcétera.
¿Qué quiero decir con eso? Que ahí sí se abrirá con más certeza la posibilidad de que funcione lo prometido al Senado y a la Cámara de Diputados: generar un proceso de discusión más a fondo respecto de lo que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, que todos de alguna manera diseñamos mentalmente, pero que todavía no sabemos cómo aterrizar en la realidad, a fin de que responda a las exigencias y desafíos del país en el siglo XXI.
Por lo tanto, señor Presidente , considero que la Comisión de Hacienda tiene buenas razones para reponer el artículo segundo transitorio, derivadas fundamentalmente de lo apremiante que resultan los requerimientos inmediatos del país en una materia tan compleja como los tratados de libre comercio.
A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Boeninger.
Señor Presidente , resulta evidente que la reestructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores en su conjunto, para ponerlo a la altura de los requerimientos del siglo XXI de un país pequeño como el nuestro, inserto plenamente en la economía global, es una labor indispensable.
Además, ha demostrado ser una tarea mayor, porque el tema se viene analizando con insinuación de propuestas desde hace 12 ó 13 años. En mi período de Ministro del Gobierno del Presidente Aylwin ya se empezaba a discutir. El hecho de que no haya logrado aterrizarse en forma concreta demuestra la complejidad del trabajo y las diferencias de opiniones sobre la materia. Eso, en primer término.
En segundo lugar, de lo expuesto por el Ministro subrogante señor Barros y de lo que consta en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, creo que no puede sostenerse que estamos en presencia de una solución de parche. Porque una cosa es la reestructuración de una cartera, que es probable que tarde varios años, y otra -imposible de sostener al mismo tiempo-, la resolución indispensable de ciertos problemas que la afectan. Entonces, si hay dificultades urgentes que abordar, hacerlo no es un parche.
Por lo tanto, la solución de los problemas de la DIRECON resulta impostergable.
Sobre el particular, se ha expresado que existen cuatro elementos básicos: primero, el relativo a la implementación de los tratados suscritos por Chile nada menos que con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y los otros que conocemos; segundo, el concerniente a las negociaciones que se inician con los dos países de mayor dimensión de la tierra (China e India), lo cual representa enorme complejidad; tercero, el referido a otras negociaciones en curso, con Nueva Zelandia, Singapur, etcétera; y el cuarto, tocante a la labor de promoción, de ayuda a la consecución de mercados para las exportaciones chilenas que realiza PROCHILE -vinculado a la DIRECON-, que también es indispensable.
Me parece que estamos frente a un problema absolutamente sustantivo, cuya solución -reitero- no se puede calificar de parche, y tampoco puede esperarse la reestructuración completa de la Cancillería para enfrentarlo.
A continuación, quiero citar lo que el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores señala: "El Director de Direcon , señor Furche , agregó que los 32 funcionarios que se proponen apuntan a solucionar dos problemas impostergables. En primer lugar llenar algunos cargos en la Red de Agregados Comerciales, y en segundo lugar solucionar el problema de las trece oficinas comerciales que hay en Regiones que actualmente funcionan con personas a contrata.".
De acuerdo con lo explicado recién por el Ministro subrogante señor Barros , un dictamen de la Contraloría ha hecho imposible que el personal que podría desempeñar esos cargos -actualmente a contrata- pueda ejercerlos en propiedad, debido a que no reúne las condiciones exigidas. Además, debe tenerse en cuenta que, pese a la exigua dotación de la DIRECON, muchos funcionarios deben viajar continuamente al extranjero para cumplir las tareas recién señaladas.
En suma, señor Presidente, nos encontramos ante un problema urgente de resolver si no deseamos tener una "pata coja" en el manejo de las relaciones internacionales en sus aspectos económicos.
Por último, se debe añadir el hecho de que, por fin, se está solucionando la incorporación de la Agencia de Cooperación Internacional al Ministerio de Relaciones Exteriores, pedida año tras año, desde que pertenezco al Senado, a propósito de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, obteniendo siempre la promesa o aquiescencia del Ejecutivo en el sentido de que eso es lo conveniente, pero recién en la iniciativa que nos ocupa ello se ha materializado, lo cual representa otra razón adicional para votarla favorablemente.
Señor Presidente , quiero señalar, en mi calidad de integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, que sobre la necesidad de reestructuración de la Cancillería para adecuarla a los tiempos actuales y a los compromisos de Chile ha existido unanimidad en dicho organismo técnico. No se presentaron diferencias de índole política entre quienes lo integramos, como tampoco en la propia Cartera o en el Gobierno.
Pero indudablemente se enfrenta una situación de tipo puntual. Me permito recordar que hay 13 oficinas con esta responsabilidad que trabajan con personal a contrata.
Participo de lo planteado por el señor Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en cuanto a que debe llevarse a cabo una modernización en el Ministerio, tal como indiqué al inicio de mi intervención, pero creo que, frente a la presión de tener que cumplir nuestros compromisos internacionales, debemos limitarnos a solucionar por ahora este problema puntual. No olvidemos que la última reestructuración de la Cartera duró entre dos y tres años; no fue algo rápido, evidentemente, por la envergadura de lo que se requiere hacer. Si a ello sumamos que éste es un año de elecciones presidenciales, es indudable que el proceso puede ser mucho más largo.
Asimismo, deseo destacar que de los 32 cargos que se deben llenar, 24 lo serán por concurso público externo, lo cual garantiza la continuidad del profesionalismo por el que es conocida la Cancillería.
Termino manifestando, señor Presidente , que en la Comisión me pronuncié a favor del proyecto, al igual como lo voy a hacer ahora respecto de la idea de legislar, que sin duda debe concitar la unanimidad de los señores Senadores, considerando que posibles modificaciones pueden efectuarse durante la discusión particular.
¿Me permite formular una moción de orden, señor Presidente?
Propongo cerrar el debate, votar en general la iniciativa y posponer la discusión particular hasta el próximo martes.
Efectivamente, debe procederse a la votación general una vez terminado el debate. Pero aún estoy ofreciendo la palabra sobre la materia.
La ha pedido el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , tal vez para satisfacer el interés del Senador señor Romero , aunque no estoy de acuerdo con su argumento, se podría dividir la votación respecto de la norma que Su Señoría ha observado. De este modo, el proyecto podría ser aprobado en general y también en particular, exceptuado el inciso objetado, el cual debería ser votado separadamente.
No es un inciso, sino un artículo.
No, el señor Senador objeta un inciso, que -repito- podría ser votado en forma separada. Ello permitiría despachar la iniciativa en el día de hoy y ahorrarnos la discusión del martes.
Hagamos el debate particular ahora, señor Presidente.
Primero hay que aprobar la idea de legislar sobre la materia. Sólo después podríamos entrar a la discusión pormenorizada. Sin embargo, cualquier Comité tiene derecho a pedir el aplazamiento de la votación de una norma.
En consecuencia, vamos resolviendo las cosas en orden.
Si ningún otro señor Senador desea intervenir, pondré en votación general el proyecto relativo al mejoramiento de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estoy pareado con el Honorable señor Chadwick, señor Presidente.
En ese caso, señor Senador, sólo debe registrar su asistencia, sin votar.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y dos pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
No votaron, por estar pareados, los señores Moreno y Ruiz (don José).
Correspondería votar el proyecto en particular. Sin embargo, el Comité Renovación Nacional ha solicitado aplazamiento de la votación.
Señor Presidente , yo no quiero aparecer como un obstáculo. Si efectivamente el Ministerio desea que la iniciativa sea despachada en el día de hoy, no tengo ningún inconveniente. Mi única intención era ordenar el debate.
Tal como se ha dicho, mi observación apunta exclusivamente a uno de los artículos transitorios. De manera que si se da por aprobado el resto y nos limitamos a votar dicha disposición, podemos resolver el tema en 5 minutos.
El Honorable señor Romero pide votar separadamente una sola norma, que es el artículo 2º transitorio.
Es sólo un inciso, señor Presidente.
Entiendo que habría acuerdo -y en ese sentido, el Comité Renovación Nacional retiraría su petición de aplazamiento- para despachar en particular el proyecto hoy día. Mi pregunta es si habría que votar separadamente todo el artículo 2º transitorio o sólo uno de sus incisos.
Me parece que Su Señoría objeta únicamente el inciso tercero de la disposición.
¿Qué le parece, señor Senador, que sea el mismo Honorable colega que levantó la objeción el que aclare la situación?
¡Sólo estaba tratando de asistirlo, señor Presidente ...!
¿Senador señor Romero?
Efectivamente, señor Presidente , la norma en cuestión es la indicada por el Honorable señor Viera-Gallo , referida a la creación de cargos.
Entonces, si le parece a la Sala, se darán por aprobadas en particular, con la misma votación recién registrada, todas las disposiciones del proyecto, exceptuado únicamente el inciso tercero del artículo 2º transitorio, que se votará separadamente.
--Se aprueban (28 votos).
A continuación, pondré en votación el inciso tercero del artículo 2º transitorio, que faculta al Presidente de la República para incrementar el número de cargos de las plantas del personal de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Señor Presidente, quiero dejar constancia de que estoy pareado con el Honorable señor Coloma.
Entonces, sólo debe registrar su asistencia, sin votar, señor Senador.
Sólo quiero aclarar una confusión.
Entiendo que lo único que se está votando es el inciso tercero del artículo 2º transitorio.
Exactamente. Las demás disposiciones, incluido el resto de la norma que se está votando, ya fueron aprobadas.
Resultado de la votación: 14 votos por la negativa, 13 por la afirmativa, una abstención y 4 pareos.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Horvath, Larraín, Matthei, Orpis, Prokurica, Romero, Stange y Vega.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Viera-Gallo y Zurita.
Se abstuvo el señor Aburto.
No votaron, por estar pareados, los señores Moreno, Muñoz Barra, Pizarro y Ruiz (don José).
La abstención influye en el resultado.
Por lo tanto, hay que repetir la votación y, ciertamente, llamar a quien se abstuvo a pronunciarse en un sentido u otro.
¿Es de quórum simple la norma?
En consecuencia, pongo nuevamente en votación el inciso tercero del artículo 2º transitorio.
--Se rechaza el inciso tercero del artículo 2º transitorio (14 votos contra 13 y 4 pareos) y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Cordero, Horvath, Larraín, Matthei, Orpis, Prokurica, Romero y Stange.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Naranjo, Núñez, Parra, Ruiz-Esquide, Sabag, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Correspondería, a continuación, analizar el proyecto que figura en el Nº 2 del Orden del Día, referente a incentivos para uso de combustibles gaseosos en vehículos motorizados. Sin embargo, se ha solicitado que recabe el asentimiento de la Sala para tratar antes el que está en el Nº 3, que reemplaza la ley contra la violencia intrafamiliar, en el cual hay acuerdo, y después ver el Nº 2, que tiene urgencia.
Ofrezco la palabra al Senador señor Orpis.
Señor Presidente, el proyecto sobre incentivos para uso de combustible gaseoso fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Hace muchos años que los propietarios de vehículos de transporte de pasajeros, como los taxis especialmente, esperan una rebaja del impuesto al gas.
Las dos iniciativas legales tienen urgencia y fueron acogidas por unanimidad en su discusión en general.
Señor Presidente , ¿cuál de los dos proyectos es más simple?
No puedo determinar eso, señor Senador.
Si la voluntad de la Sala es mantener el orden de la tabla, no hay problema.
Señor Presidente , la iniciativa contra la violencia intrafamiliar fue acogida por unanimidad en la Comisión. Y ahora sólo corresponde su aprobación general por la Sala. Bastarían 5 minutos -con eso se satisface la inquietud del Senador señor Boeninger- para explicar sus objetivos y despacharla rápidamente, pues no es necesario un gran debate al respecto.
Señor Presidente , si sólo son 5 minutos, como dice el Senador señor Viera-Gallo, no habría inconveniente en tratar de inmediato el proyecto. Sin embargo, a veces, los discursos se extienden.
Fijemos cinco minutos y votamos, señor Presidente .
¿Habría acuerdo para alterar la tabla y tratar, primero, el tercer punto del Orden del Día?
Si así fuera, ante la ausencia en la Sala del Presidente de la Comisión , uno de sus miembros podría informar la iniciativa, y después se votaría.
¿De cuál proyecto estamos hablando?
Del que reemplaza la ley contra la violencia intrafamiliar. Una vez que lo despachemos, veríamos el que incentiva el uso de gas como combustible.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Los objetivos principales del proyecto son: reemplazar la ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, modificando el procedimiento judicial por seguir, creando un nuevo tipo penal, ampliando las atribuciones de la policía y reformando el sistema sancionatorio.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó la iniciativa solamente en general, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento, y por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, aprobó la idea de legislar, dejando constancia, resumidamente, de los siguiente reparos:
1º El proyecto es insuficiente para solucionar la violencia intrafamiliar, dado que sólo se centra en una perspectiva sancionatoria.
2º La iniciativa debería tener un enfoque más global, mediante una política integral por parte del Estado que haga hincapié en la acción de la sociedad para erradicar la práctica de la violencia en la familia.
3º Es un error entregar esta materia sólo a los tribunales de familia.
4º Existen dudas en cuanto a la tipificación penal establecida en los artículos 3º y 8º.
5º Resulta necesario que el Gobierno considere la conveniencia de aportar recursos que permitan operar en el sentido propuesto.
El texto despachado en general por la Comisión se transcribe en el informe correspondiente.
Cabe señalar que el artículo 18 tiene carácter de ley orgánica constitucional, por lo que, para su aprobación, requiere el voto conforme de 26 señores Senadores.
Antes de seguir, debo informar que la señora Cecilia Pérez, Ministra Directora del SERNAM , me llamó por teléfono y luego, incluso, me envió un fax, comunicándome que, por haber sido citada a un Consejo de Gabinete, no podía asistir a la discusión del proyecto.
Hago presente lo anterior porque, obviamente, la señora Ministra tiene gran interés en la aprobación del asunto. Le señalé que, de todos modos, si el ánimo de la Sala era discutirlo y aprobarlo, así procederíamos, aun en su ausencia.
Quiero dejar constancia de esta situación, porque dicha Secretaria de Estado ha tenido especial preocupación por participar en el estudio del proyecto y sacarlo adelante, ya que obedece a una preocupación suya.
En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , en ausencia del Presidente de la Comisión , Honorable señor Espina -quien me pidió que diera un breve informe-, debo señalar que esta moción intenta modificar y actualizar la ley Nº 19.325, que estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.
Se sabe que en el país, desgraciadamente, ésta es una práctica bastante generalizada: una de cada cuatro familias sufre este flagelo, donde las víctimas, generalmente, son mujeres y niños.
El proyecto complementa un conjunto de leyes que permiten resolver estos conflictos, teniendo en cuenta que se acaban de crear los tribunales de familia, con competencia en la materia, los cuales empezarán a funcionar a fines de este año.
La iniciativa define mejor la violencia intrafamiliar; establece un delito claro en esta materia; al mismo tiempo, otorga más atribuciones a las policías, y permite mayor eficacia para sancionar acciones de esta naturaleza.
Lamentablemente, en lo que va corrido del año, han fallecido tres mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Por cierto, se trata de asesinatos; pero, si hubiésemos intervenido con prontitud, tal vez se habrían evitado.
Por eso, la Comisión coincide, por unanimidad, en la importancia de aprobar en general el proyecto. Sin embargo, como advirtió el señor Secretario, en el informe se deja constancia de algunas deficiencias que, a juicio de ella, existen en el texto.
Se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en el sentido de presentar una indicación complementaria en el debate en particular, para poner mayor énfasis en la parte preventiva y no sólo en la sancionatoria; asimismo, para dar un enfoque más integral en lo referente a las políticas del Estado respecto de la protección de la familia y establecer redes de acción junto con los municipios y los organismos no gubernamentales. Se trata de proceder, un poco, como lo hace el SENAME con las unidades de protección de derechos en las municipalidades.
Se hicieron presentes algunas dudas en cuanto a la tipificación del delito, según está consignado, y al uso del concepto de riesgo para intervenir, porque, a nuestro parecer, es algo que carece de precisión.
Dicho esto, la Comisión pide la aprobación de la Sala para, de acuerdo con el Gobierno, trabajar en el perfeccionamiento de la iniciativa en su análisis en particular.
En verdad, éste es un tema sumamente importante. Y, por lo que se desprende de lo señalado por Su Señoría y del informe del señor Secretario , hay concordancia en la iniciativa; pero, obviamente, ella requiere diversos cambios, por las insuficiencias anotadas. Entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo en ello.
Señor Presidente , la explicación dada por el Senador señor Viera-Gallo al tenor del texto que analizamos; la importancia de la materia en discusión, y la necesidad de introducir cambios en un asunto que es nuevo, como lo fue hace años el maltrato infantil -cuya ley también tendremos que mejorar-, ameritan que, sin mayor discusión y conforme al acuerdo de la Sala en tal sentido, el proyecto se apruebe de inmediato y por unanimidad, para lo cual estamos disponibles.
Señor Presiente , sólo quiero referirme -no conozco el detalle del proyecto- a lo siguiente: al identificarse la larga lista de falencias de la ley, lo primero que se empezó a conocer fue que en los tribunales había carencia tanto de recursos humanos como materiales para implementarla, tal cual lo señala el informe.
Al respecto, consulto al señor Presidente subrogante de la Comisión cuál es el compromiso formal para implementar en esos aspectos este cuerpo legal. ¿Qué se discutió en el órgano técnico? ¿Qué sugirió el Ejecutivo ? Lo pregunto porque éste ha sido el principal escollo.
Asimismo, quiero dar a conocer que los magistrados no consideran como atinente a su jurisdicción tal problema, otro de los puntos en los cuales se advierte falencia.
Deseo consultar cómo se va a resolver el punto. Lo pregunto porque no lo veo incluido en el texto propuesto. Además, estas materias no son propias del articulado del proyecto, pues tratan de aspectos financieros.
Señor Presidente, el gran esfuerzo del Ejecutivo y del Parlamento fue la creación de los tribunales de familia. El establecimiento de ellos para hacerse cargo de casos que se tramitaban en los juzgados civiles es, a mi juicio, un importante avance, que va a agilizar mucho el tratamiento judicial del asunto.
Lo que a la Comisión le preocupaba fue que hubiera sólo un enfoque sancionatorio, pues también se requiere uno de prevención y de educación.
Ahora, lo más fácil al respecto sería cumplir los compromisos internacionales contra la violencia intrafamiliar; establecer una parte preventiva en la ley y, al mismo tiempo, señalar -al igual como en el caso del SENAME- algunas líneas de acción con relación a los municipios y organismos no gubernamentales.
Cuánto de eso se va a implementar en el Presupuesto de la Nación escapa al propósito de la iniciativa legal en debate.
Señores Senadores, por tratarse de un proyecto que requiere ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, no rigen los pareos.
Señor Presidente, antes de que ponga en votación el proyecto quiero dar a conocer, al igual que otros Honorables colegas, que lo apoyo.
Tuve la posibilidad de participar en la discusión realizada por la Comisión. Se trata de una situación que afecta actualmente sobre todo a muchas mujeres de condición social muy modesta. No es un problema que tenga un sesgo determinado, pero claramente son ellas las que tienen mayor vulnerabilidad.
En mi opinión, los tribunales de familia, a diferencia de lo que aquí he escuchado, constituyen un mecanismo que permite resolver estos problemas a través de toda una normativa.
Por lo tanto, voy a votar a favor. Pienso que esos tribunales, más allá de lo que aquí se ha mencionado ahora, constituyen la forma de salvar la situación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos favorables), y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Flores, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.
Para marzo, señor Presidente.
Podría ser el 2, señor Presidente.
Sugiero el miércoles 2 de ese mes, a las 12.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, calificándola de "simple".
El proyecto -como se señaló- fue analizado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la cual fue autorizada por la Sala, en sesión de 23 de junio del año pasado, para discutirlo en general y en particular a la vez en el primer informe.
1.- Incentivar el uso de combustibles gaseosos.
2.- Establecer un igual tratamiento tributario del gas licuado de petróleo y del gas natural comprimido.
3.- Modificar la estructura del impuesto, ya que se establece un cobro variable.
4.- Sancionar la venta o abastecimiento clandestino de gas natural comprimido y de gas licuado de petróleo.
La Comisión aprobó el proyecto en general por la unanimidad de sus integrantes, Honorables señores Cantero, Muñoz Barra, Novoa, Pizarro y Vega.
En la discusión particular, el órgano técnico efectuó diversas modificaciones al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados. Todas ellas fueron acordadas por unanimidad.
Cabe tener presente que el artículo 3º, contenido en el número 3 del artículo 1º, tiene carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de 26 señores Senadores.
Finalmente, corresponde señalar que, de aprobarse en general la iniciativa, debe ser analizada en particular también por la Comisión de Hacienda.
En la discusión general del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Novoa, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Señor Presidente , éste es un proyecto que ha tenido una tramitación bastante larga y que ha sufrido algunas modificaciones.
Quiero ser lo más breve posible y ojalá lo más claro en la descripción de la situación relacionada con la iniciativa en debate.
Hoy día existe un impuesto a los vehículos que utilizan gas natural comprimido o gas licuado de petróleo, establecido como una patente anual.
En el caso de automóviles particulares, de alquiler de lujo, de turismo o de servicios especiales, el gas natural comprimido o gas licuado de petróleo es de 1.43 veces el valor del impuesto específico por metro cúbico que rige para la gasolina.
Tratándose de taxis básicos o colectivos, microbuses o taxibuses de locomoción colectiva, el impuesto es de 3.21 veces el valor del impuesto específico por metro cúbico que rige para la gasolina automotriz, si usan gas natural comprimido, y de 7.50 veces el impuesto específico por metro cúbico que rige para la gasolina si utilizan gas licuado.
¿Qué ha ocurrido? Como son impuestos de pago anual y de un monto bastante elevado, en la práctica existe una fuerte evasión y también un uso fraudulento de estos combustibles. Recurriendo a ciertos subterfugios para pasar las revisiones técnicas, éstos son empleados de manera muy poco segura, especialmente el gas licuado. Además, dicho tributo era excesivamente alto en el caso del gas licuado de petróleo.
El Gobierno presentó un proyecto que inicialmente establecía una tasa de 9 UTM anuales para los automóviles particulares, furgones y camionetas y de 18 UTM anuales para los vehículos de alquiler, de turismo y de movilización colectiva de pasajeros.
Frente a esa iniciativa se alzó la objeción de que, si bien es cierto que se nivelaba la tasa del gas natural comprimido con la del gas licuado hacia una más baja, el impuesto permanecía como una patente anual.
Por ello, se pidió al Ejecutivo que estudiara y enviara una indicación sustitutiva del proyecto, en virtud de la cual se incorporara un impuesto que gravara el consumo de gas, sea por metro cúbico o por cualquier otra unidad.
El Gobierno planteó que no había mayores dificultades respecto del gas natural comprimido, porque se vende sólo en estaciones de servicio muy especiales. Pero abrigaba dudas en cuanto a aplicar el mismo mecanismo al gas licuado de petróleo (que es el gas licuado común y corriente que todos conocen), porque éste no se encuentra afecto a impuestos cuando es de uso domiciliario y sí lo está cuando se utiliza como combustible de vehículos.
En definitiva, el Ejecutivo envió la indicación sustitutiva mediante la cual se estableció un impuesto al consumo. Y, sobre la base de un consumo normal para un recorrido tipo, se fijó una tasa equivalente a 9 UTM para vehículos particulares y comerciales, y de 18 UTM para taxis colectivos y microbuses.
Dicha indicación venía acompañada de un nuevo impuesto para el diésel. Porque gran parte del desincentivo del uso del gas natural comprimido o del gas licuado como combustible obedece a que la tasa de éstos, a pesar de ser menor a la que grava la bencina, es superior al impuesto al diésel. Por lo tanto, la opción más económica para muchos transportistas, incluso para los particulares, es traspasarse a diésel y no a gas.
El Gobierno pretendió solucionar el problema aumentando el impuesto al diésel, en vez de bajar todos los otros tributos.
Sin embargo, la indicación fue declarada inadmisible en todas aquellas materias que decían relación al diésel por dos razones: primero, porque crear un nuevo impuesto iniciando la tramitación en el Senado contraviene las normas de la Constitución, que establecen que las leyes sobre tributos sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. Y, en segundo lugar, el mensaje era claro en cuanto a que se iba a modificar el régimen tributario que afecta a los combustibles gaseosos y el diésel no lo es.
Declarada inadmisible la indicación en lo que respecta al diésel, la Comisión de Transportes se pronunció sobre el resto del texto sustitutivo que establecía un impuesto al consumo del gas, y aprobó por unanimidad la idea de legislar y también todos sus preceptos. El artículo 1º del proyecto dispone el nuevo impuesto a los combustibles gaseosos y las disposiciones siguientes consagran la forma de control para evitar que combustibles gaseosos -como el gas licuado-, que no pagan impuestos si se utilizan para consumo domiciliario, sean usados fraudulentamente para vehículos motorizados.
No obstante lo anterior, la Comisión reparó en que el artículo 1º de la iniciativa, que establece el nuevo impuesto a los gases, contiene un inciso que hace progresivo este gravamen a partir del año 2009 hasta el 2012. ¿Y por qué? Porque la indicación que fijaba un nuevo impuesto al diésel -que fue declarada inadmisible- también era progresiva.
En la Comisión estuvimos de acuerdo en un nuevo mecanismo para calcular el impuesto al gas sobre la base del consumo. Pero la progresividad no tiene sentido -y así quedó claro-, porque ésta tenía por objeto adecuar la carga tributaria a la del diésel, la cual también era progresiva.
Por lo tanto, como Presidente de la Comisión de Transportes , pido a la Sala la aprobación general del proyecto y que se abra plazo para formular indicaciones a objeto de eliminar la progresividad, porque, con el acuerdo del Ejecutivo , coincidimos en dejar el impuesto al gas natural comprimido y al gas licuado de petróleo, tal como lo establece el artículo 1º del proyecto, en forma permanente.
Si el Gobierno quiere enviar una iniciativa tendiente a incrementar el impuesto al diésel, tendrá que presentarla en la Cámara de Diputados y, en su momento, habrá que discutir si se acoge ese aumento y si se eleva o se modifica la progresividad del impuesto al gas.
En consecuencia, solicito aprobar la idea de legislar y que se abra plazo para formular indicaciones, con el propósito de hacer una corrección respecto de esa materia.
Ahora bien, no como Presidente de la Comisión sino en mi calidad de Senador integrante de la misma, deseo señalar que el Ejecutivo nos manifestó que el resultado del impuesto al consumo para los vehículos particulares, con un promedio normal de uso estimado en 25 a 30 mil kilómetros al año, iba a ser de aproximadamente 9 UTM anuales. Pero lo pagarían en la medida en que consumieran el combustible. Y los taxis colectivos pagarían 18 UTM anuales, si anduvieran 70 ó 75 mil kilómetros por año.
Sin embargo, conforme a los antecedentes de que dispongo, a esos niveles de recorrido o de consumo, el impuesto se duplicaría. Por lo tanto, también es necesario un periodo de indicaciones para precisar bien los cálculos.
En la Comisión, hicimos fe de que éstos se realizaron, pero obviamente no tuvimos la posibilidad de revisarlos. Básicamente, se nos señaló que, estimándose un consumo de combustible estándar, los vehículos particulares, furgones y camionetas terminarían pagando 9 UTM anuales, y los automóviles de locomoción colectiva, 18 UTM, cifras que, si bien son altas -probablemente desincentiven el uso del gas-, corresponden a los niveles existentes. Por tal motivo, no estaríamos aumentando impuestos.
Sin embargo, ello queda sujeto a una revisión de los cálculos. En mi opinión, señor Presidente , es necesario darnos un tiempo para estudiarlos, a fin de votar informadamente si el nivel de tributación que se propone es el adecuado o no.
Señor Presidente, solicito que abra la votación para que podamos pronunciarnos desde ahora.
Entonces, queda abierta la votación de la iniciativa, la cual, para ser aprobada, requiere quórum de ley orgánica constitucional. Los señores Senadores que lo deseen pueden dejar su voto en la Mesa.
Señor Presidente , el Presidente de la Comisión ha dicho que el proyecto ha tenido una tramitación curiosa. Y eso es cierto.
La iniciativa que nos ocupa es bastante antigua y nació de la idea de generar una nueva matriz energética para los automóviles, tomando en cuenta el tema de la contaminación y la posibilidad de ocupar un combustible que, en su momento, se consideró bastante seguro, menos contaminante y más barato.
Sin embargo, tengo serias dudas de que el proyecto cumpla con sus objetivos.
El problema radica en que, al interior del Ejecutivo, siempre se observa una pugna. En esta materia hay dos almas: una es la generación de una matriz energética diversificada (el gas natural comprimido y el gas licuado), y la otra, que resulta fatal cuando interviene con una fuerza tremenda, es la recaudación fiscal.
Todos sabemos que el Estado recauda alrededor de 1.100 millones de dólares por concepto de impuesto a los combustibles. Por lo tanto, cada vez que discutimos el asunto, el Gobierno se echa al bolsillo lo relativo al medio ambiente y la economía de la bullada y defendida clase media, que son los taxistas, las personas que tienen un vehículo para la feria.
Entonces, aparece el ánimo voraz del Ministerio de Hacienda de recaudar y recaudar y recaudar más recursos.
Esto queda en evidencia, señor Presidente , toda vez que en los términos en que está planteada la iniciativa no se logra el primer objetivo que en ella se señala, esto es, incentivar el uso de combustibles gaseosos. El Ejecutivo , en vez de bajar el impuesto que los grava, para hacerlos más atractivos a los usuarios chilenos y a la clase media -supuestamente defendida-, y promover su empleo como una alternativa más limpia y más económica, lo que quiere -ha insistido en esto en dos oportunidades- es subir el impuesto al diésel.
Yo no soy partidario de este aumento. Menos aún en un país como Chile donde los impuestos a los combustibles son los más altos de América. Ello, sin agregar que el Ejecutivo se ha hecho el sordo y el "sueco" -como se decía originalmente-, pues cada vez que sube el precio internacional, obtiene una recaudación extra. Y este año será superior a 80 millones de dólares sólo por ese concepto, dado el incremento de los tributos.
Entonces, la verdad es que aquí no se cede nada. Se pone en primer lugar el tema de la recaudación fiscal, y lo referente a la contaminación, a la clase media y a otros asuntos, no vale en absoluto.
A mi juicio, de mantenerse el proyecto como está, este tipo de combustible será poco atractivo. La generación de esta matriz energética no dará resultado. Porque, para que se instale una bomba de gas natural comprimido, es necesario que exista un número importante de consumidores que la haga sustentable económicamente.
Además, como lo planteó el Presidente de la Comisión , coincido en que la progresión establecida para el impuesto va a matar la posibilidad de que este combustible diversifique hoy día la matriz energética.
Por otra parte, creo que con esta actitud del Gobierno se va a "dieselizar" el mercado automotriz. Esto está ocurriendo no sólo con los vehículos nuevos ¿hoy, según leía en el diario, el 58 por ciento de las ventas, creo, corresponde a automóviles diésel, pues resultan más económicos, por tener un impuesto más barato-, sino también -¡y esto es lo más grave de todo, señor Presidente , por la tozudez del Ejecutivo!- con los vehículos antiguos bencineros. Mucha gente que pudo haberse cambiado al gas natural comprimido o a gas licuado modificó su automóvil usado incorporando un motor petrolero, el cual contamina más y hace que el Estado recaude menos por concepto de impuesto.
Por lo tanto, pienso que el Gobierno está mal enfocado en el proyecto.
Nosotros vamos a votar a favor, porque hay que legislar acerca de esta materia. Pero, sin duda, como lo dijo el Presidente de la Comisión, aquí debemos convertir el gas licuado y el gas natural comprimido en una alternativa atractiva para quienes deseen un combustible más barato y menos contaminante.
Si se mantiene la norma como está en el informe, tengo la impresión de que quedaremos en el peor de todos los mundos.
En mi opinión, lo que ha hecho el trabajador de la feria o el comerciante pequeño con su vehículo antiguo es sacar el motor bencinero y poner uno diésel usado. Con esto, pierde el Fisco, porque recauda menos impuesto, y también el país en lo que atañe a contaminación y a eficiencia.
Entonces, si el Ejecutivo quiere cumplir la promesa que hizo el Presidente Lagos de generar una matriz energética distinta para el uso de vehículos motorizados -promesa que fue difundida por todo Chile por un conocido Subsecretario de Transportes-, a la cual se trasladó un montón de usuarios, especialmente de la locomoción colectiva...
¿Quiere una interrupción, Senador señor Pizarro?
No. Es que el Honorable señor Sabag dijo que ese Subsecretario llegó hasta Rancagua , no más.
¡Por suerte...!
Lo que tenemos que hacer en el tema energético es abordar el asunto en serio, no vinculado con el apéndice de la recaudación fiscal. Si no, terminaremos en el peor de todos los mundos. Y esto no será atractivo para los chilenos de clase media, que algunos dicen defender tanto.
Además, va a haber un mayor número de motores diésel, los que contaminan más y dan lugar a una menor recaudación fiscal.
Por último, también coincido con el Presidente de la Comisión en que se debe abrir plazo para formular indicaciones para evitar el problema que tuvimos con el proyecto de ENAMI, que, por no haberlas presentado, el articulado propuesto quedó aprobado.
Señor Presidente , sin ánimo de ser repetitivo -creo que el señor Presidente de la Comisión de Transportes describió muy bien las características del proyecto-, colocaré el énfasis en un punto que deberá ser discutido a fondo por el órgano técnico competente.
Esta iniciativa tiene a lo menos dos méritos: bajar el impuesto y establecer que éste no sea fijo -originalmente lo era- sino variable, en función del consumo, que fue lo que estancó el estudio en la Comisión de Transportes durante prácticamente dos años.
Ambos criterios se hallan en la línea correcta. Sin embargo, debo dejar constancia, para la historia de la ley, de que existen serias dudas acerca de los supuestos con que se elaboró el tributo que en definitiva fue incorporado a la indicación del Ejecutivo. Y quiero clarificarlo de la siguiente forma.
¿Cuáles fueron los tres supuestos tenidos en vista?
Primero, se estructura el impuesto a base del que hoy grava al gas natural: 19,26 UTM en el caso de los taxis (me estoy refiriendo en términos bien concretos a esta situación).
Segundo, se estima un recorrido de 70 mil kilómetros anuales. Y la verdad es que todos sabemos que, en general, la distancia que cubren los taxis es muchísimo mayor.
Y tercero, se entiende que el gas licuado de petróleo rinde entre 70 y 75 por ciento del rendimiento del gas natural.
Sobre la base de esos tres supuestos, en el caso del gas natural comprimido -y aquí está también la diferencia-, de acuerdo con los parámetros fijados por el Ejecutivo , los vehículos deberían rendir 17,4 kilómetros por metro cúbico, y en el caso del gas licuado de petróleo, 12 kilómetros por litro. Pero la verdad es que, según los diferentes antecedentes que he recogido, esos rendimientos tampoco son reales, por cuanto, conforme a normas y parámetros técnicos, estamos muy lejos de tales cifras para los efectos de establecer un tributo. En general, los rendimientos acreditados a través de distintas metodologías bordean los 11,1 kilómetros por litro.
La diferencia -y éste es el punto central, señor Presidente; por eso resultan muy importantes los supuestos- entre los rendimientos previstos en este proyecto, con criterios ambiental y tributario, es muy relevante para el cálculo del impuesto definitivo.
Por lo tanto, al menos quiero dejar consignado en la historia de esta discusión que en el artículo 1º el tema de fondo -junto con lo relativo a la progresión, que debe ser resuelto- está constituido por los supuestos que el Ejecutivo consideró para el establecimiento del impuesto de que se trata.
Señor Presidente , coincido con el análisis que acaba de hacer el Senador señor Orpis . Sin duda, los supuestos están un poco alejados de la realidad. Incluso, el rendimiento de 11,1 u 11,2 kilómetros por litro podría ser menor; al menos, eso es lo que indica la experiencia.
Ahora, concordando absolutamente con el informe entregado por el señor Presidente de la Comisión y con la necesidad de que el Ejecutivo formule las indicaciones correspondientes, me declaro partidario más bien de una definición gubernativa que ponga término al conflicto derivado de la existencia de una política del sector transporte, del sector medioambiental, en el sentido de incentivar el uso del gas debido a los problemas de la contaminación versus la necesidad de Hacienda de mantener o aumentar la recaudación emanada de los impuestos a los combustibles.
Ahí estuvo el quid de la discusión y del atraso en el despacho de este proyecto de ley, más allá de si se cobraba una patente anual o si se privilegiaba el cobro por consumo. Lo natural es el cobro por consumo, sin lugar a dudas. Así se procede, por lo demás, con los otros combustibles: bencina, petróleo, en fin. El pago del impuesto depende de cuánto se consume.
¿Me permite una interrupción, señor Senador? Le ruego que me disculpe.
Encantado, señor Presidente. Usted es quien ordena el debate.
En este momento tenemos quórum en la Sala para tomar acuerdos. Y es probable, por lo que puedo advertir, que en unos minutos más no lo haya.
Usted desea someter a votación el proyecto.
No, Su Señoría, sino que, para el evento de que esta iniciativa sea aprobada -parece que así ocurrirá-, se fije plazo a los efectos de presentar indicaciones, aprovechando la existencia de quórum.
¿Les parece a los señores Senadores el miércoles 3 de marzo, a las 12?
Yo ampliaría un poco el plazo,...
Sí, porque es muy corto.
...pues prácticamente resta una semana de sesiones y tal vez en los primeros días de marzo el Ejecutivo no tenga las indicaciones.
¿Y el lunes 14 de marzo, a las 12?
Disculpe la interrupción, Su Señoría.
Puede continuar con el uso de la palabra.
Yo estaba analizando la diferencia de criterio del Ejecutivo en cuanto a privilegiar el incentivo al uso del gas para disminuir la contaminación y acceder a un combustible más barato versus la recaudación tributaria que genera el impuesto a los combustibles; en este caso específico, al petróleo.
En determinado momento, el Gobierno envió una indicación que prácticamente significa aumentar el impuesto al petróleo. Y en esto quiero ser categórico. Es cierto que, desde el punto de vista del procedimiento, el Presidente de la Comisión la declaró inadmisible; pero, en el hecho, se entregó al Ejecutivo la señal de que no había apoyo para dicho incremento.
Eso es lo que hoy día nos tiene entrabados. Y parece bueno que el Senado tenga los antecedentes a la mano, pues ahí está la razón de fondo de que el proyecto no fuera aprobado y se declarara inadmisible la citada indicación.
Ahora bien, tengo la impresión de que seguirá siendo rechazado cualquier aumento del impuesto al petróleo. Las razones han sido largamente explicitadas.
Por otro lado, en la discusión de la iniciativa se planteó si era posible garantizar que no se produjera manipulación o clandestinaje en la comercialización del gas licuado, sobre todo.
Al respecto, el avance de la tecnología, la responsabilidad con que actúan las empresas distribuidoras, e incluso las propias organizaciones de usuarios, al menos en la locomoción colectiva, permitieron disipar y despejar de manera completa las inquietudes.
En efecto, desde el punto de vista técnico, es perfectamente posible operar con el gas natural comprimido y con el gas licuado sin que existan mayores riesgos, siempre y cuando se cumplan las normas pertinentes, se realicen las fiscalizaciones correspondientes y se entreguen las facilidades necesarias.
Por todo lo anterior, señor Presidente , solicito la aprobación general del proyecto. Y me parece que esta discusión y el hecho de que hayamos enviado la iniciativa a la Sala sabiendo que existen discrepancias respecto de su contenido obligan al Ejecutivo a definir de una vez por todas si va a privilegiar una política de incentivo al uso de combustibles más baratos y no contaminantes, o lisa y llanamente, como hasta ahora, la recaudación tributaria.
Señor Presidente , primero que todo, deseo recordar que en 1991 envié al Ejecutivo una moción para resolver determinado problema, dado que la de Magallanes es una Región que cuenta con una larga experiencia en esta materia.
Durante muchos años hemos estado utilizando allí el gas como combustible en vehículos. Y quiero decir a los señores Senadores que la experiencia ha sido positiva en todos los sentidos. Por ejemplo, las máquinas, mecánicamente, tienen mayor duración con el uso de combustibles gasíferos, porque son más limpios; los motores presentan un desgaste mucho menor en todo el sistema de anillos, en los bujes, en fin.
Por lo tanto, hay ahí un aspecto muy importante.
Además, como aumenta el rendimiento de los vehículos, se gasta menos plata en combustible.
Entonces, desde la perspectiva de país, el hecho de que una parte importante del parque automotriz utilizara gas significaría a Chile, neto importador de combustible, gastar muchísimos menos recursos por este concepto.
Ciertamente, se produce una suerte de contradicción o, mejor dicho, de colisión con los intereses del Ministerio de Hacienda, porque, si se vende demasiado combustible -en especial gasolina, cuyo impuesto específico es muy alto-, la recaudación fiscal es bastante elevada.
Sin embargo, surge acá también un aspecto que, a estas alturas del desarrollo del país, deberíamos considerar. Me refiero a la construcción de carreteras vía concesiones, que prevé el cobre de peajes.
El sentido primitivo del impuesto específico a los combustibles era colaborar con la mantención de los caminos de Chile. ¿Y qué pasa? Que hoy día ya no tiene ese sentido, porque quienes usan combustibles, cualquiera que sea, pagan peaje en las carreteras; y próximamente lo harán en las propias ciudades, con las vías que se están construyendo, también mediante concesiones. Entonces, a estas alturas, el impuesto específico ya no tiene ninguna razón de ser.
Por lo tanto, insistir en los impuestos a los combustibles como un mecanismo de recaudación fiscal me parece equivocado. Y, en tal sentido, coincido con quienes han planteado que debe revisarse el punto.
Aparte lo anterior -y concuerdo plenamente con lo señalado aquí al respecto-, considero un absurdo que estemos estableciendo en esta iniciativa impuestos que debieran regir desde 2009 ó 2010.
Es razonable que el proyecto contemple un impuesto. En todo caso, me parece excesivamente alto; de todas maneras, debería bajarse. No sé si tenemos atribuciones para ello; creo que, desgraciadamente, no. No estoy muy seguro. Porque, como existe hoy día un impuesto, deberíamos tener antecedentes que demuestren que el que se pretende establecer es del mismo tenor.
Sin embargo, aquí enfrentamos un problema. Porque se habla de kilómetros recorridos para determinar un parámetro de medición; pero sucede que no todos los vehículos recorren la misma cantidad. Entonces, es imposible utilizar mecanismos que nada tienen que ver con el valor del combustible.
La moción que presenté en su oportunidad establecía un impuesto directo; es decir -igual que ahora-, al consumo. Eso es lo razonable: cobrar por la unidad de consumo, llámese metros cúbicos, llámese como se quiera. Tal como se hace en el caso de las gasolinas y del diésel, en que se cobra por litro en la estación de servicio, es lógico que el impuesto ahora previsto se pague por metro cúbico de combustible, sin importar cuánto se transita. Así se evita la realización de cálculos muy enredados para saber qué distancia cubre cada vehículo, ya que no todos recorren igual cantidad de kilómetros. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un colectivo en Santiago que uno en otras Regiones. Entonces, no podemos aplicar normas para todo el país, como si hubiera una sola ciudad, sin considerar las enormes diferencias que existen en el sistema de movilización.
En consecuencia, el proyecto adolece de varios errores. Por desgracia, va a ser difícil corregirlos, porque se requieren más antecedentes. Pero una posibilidad sería simplificarlo, de suerte que, en vez de establecer impuestos tan complicados, contemplara simplemente uno que correspondiera a un porcentaje del valor del combustible. Y éste cambiará de acuerdo a las normas que tiene el país para fijar los precios en este rubro. Es absurdo que el impuesto dependa de la distancia recorrida.
Por lo tanto, si existe la posibilidad, a través de una negociación con el Ejecutivo , de que durante el plazo fijado para presentar indicaciones se modifique la forma de determinar el impuesto, creo que debe aprovecharse. Eso favorecería mucho a la propia gente que deberá pagar aquél y, además, pondríamos el problema en su real dimensión.
Por eso, junto con aprobar la idea de legislar, anuncio mi intención de formular indicaciones, pese a las limitaciones existentes, que son muchas.
Ruego al señor Secretario completar la votación nominal con quienes aún no se han pronunciado.
Votaron los señores Arancibia, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Larraín, Matthei, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Recuerdo a Sus Señorías que se acordó fijar como plazo para presentar indicaciones el lunes 14 de marzo, a las 12.
--La iniciativa queda despachada en este trámite.
Correspondería analizar el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Ávila , que despenaliza la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Pero, tal como procedimos ayer, se suspenderá el debate, debido a la obligada ausencia de su autor.
Todos los otros proyectos requieren para su aprobación quórum especiales. Y sería difícil discutirlos, pues en este minuto no contamos con los votos necesarios.
Adicionalmente, el que tipifica la conducta de maltrato o crueldad con los animales fue retirado de la Tabla.
Por lo tanto, me parece prudente levantar la sesión.
¿Tiene alguna consulta, Senadora señora Frei?
No, señor Presidente, porque el proyecto a que deseaba referirme fue retirado de la Tabla.
Como carecemos de quórum para adoptar cualquier resolución, el proyecto de acuerdo que figura en el Tiempo de Votaciones también queda pendiente hasta la próxima sesión.
En cuanto a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa, según acuerdo de Comités, pese a haberse suspendido la hora de Incidentes, serán dirigidas a las autoridades pertinentes.
¿No hay hora de Incidentes, señor Presidente?
No, señora Senadora. Fue suspendida.
En todo caso, como expresé, se pueden hacer llegar por escrito los oficios.
Señor Presidente , quería referirme -y enviaré el oficio correspondiente- al caos existente en Santiago a raíz de la repavimentación de la Alameda.
Sencillamente, constituye un escándalo la falta de manejo que ha exhibido el Intendente. No se ha señalizado absolutamente ningún camino alternativo. Los tacos a veces son de una hora. Ayer debí llamar al 133, porque estuve tres cuartos de hora en uno que impedía moverse.
Haré llegar el oficio correspondiente, ya que no hay derecho para lo que está sucediendo en la Capital.
A los señores Ministro de Obras Públicas, Director Nacional de Vialidad, Director del SERNATUR y Director de Vialidad de la Undécima Región, pidiéndoles REPARACIÓN EN TRAMO DE CAMINO COCHRANE-VILLA O'HIGGINS.
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole AUMENTO EN FRECUENCIA DE BARCAZA QUE RECORRE FIORDO MICHELL (Undécima Región).
Al señor Ministro de Minería, solicitándole EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE COMISIÓN PARA ESTUDIO DE POSIBILIDADES DE EXPLORACIÓN DE YACIMIENTOS DE GAS.
A la Comisión Nacional de Energía, requiriéndole información en cuanto a FIJACIÓN DE PRECIO PARIDAD DE INTERNACIÓN DE GAS LICUADO Y MÁRGENES DE UTILIDAD DE DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES.
Al señor Director General de Investigaciones, pidiéndole IDENTIFICACIÓN Y FECHA DE INGRESO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS NO SUDAMERICANOS DESDE SEPTIEMBRE DE 2003 A LA FECHA.
Habiéndose cumplido sus objetivos, se levanta la sesión.
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prescrito por la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido por el Reglamento del Senado, Considerando:
1.- La educación chilena ha mejorado ostensiblemente en los últimos
años tanto en su cobertura como en su calidad. Esto es consecuencia de la convicción del gobierno y del parlamento que ella es esencial para enfrentar el progreso que el mundo ha tenido en la tecnología y la ciencia, entendiendo sobre todo que es el desarrollo humano y no sólo su crecimiento el objetivo esencial de la formación de los niños y de los jóvenes.
2.- En el último decenio, además, se ha comprobado que la época más
fértil para producir ese desarrollo en la emocionalidad y en el intelecto de los niños, es antes del sexto a séptimo año de vida. Los estudios de educadores y especialmente neurofisiólogos y psicólogos infantiles demuestran que lo que no se haya logrado entregar al niño en materia de capacidad de aprendizaje a esa edad, pierde gran parte de su eficiencia. De ahí que toda la visión moderna de la educación apunta a privilegiar ese tiempo de los niños en su aprendizaje, en su relación con el mundo exterior y su capacidad de relación con las demás personas, así como en su afecto familiar.
3.- En virtud de eso, presenté junto con otros Senadores una moción
para que el segundo nivel transicional fuese obligatorio. Sin embargo, el trámite legislativo y la opinión del gobierno se tradujo en la ley Nº 19771 que sólo obliga al Estado a promover dicha instancia, sin hacerla obligatoria.
El Senador que suscribe viene en presentar el siguiente
“Artículo único.- Modifícase el inciso primero del artículo 6º bis de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, intercalando, -a continuación del primer punto seguido que se sustituye por una coma,- la siguiente frase: “, con excepción del segundo nivel transicional.”.
(Fdo.): MARIANO RUIZ-ESQUIDE JARA SENADOR