Source: http://www.scribd.com/doc/26375609/naturaleza-juridica-de-la-queja-de-derecho
Timestamp: 2014-03-09 09:42:13
Document Index: 391017004

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo19', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 139', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 8', 'Artículo 139', 'Artículo 7']

P. 1naturaleza jurídica de la queja de derechonaturaleza jurídica de la queja de derechoRatings: (0)|Views: 5,629|Likes: 10Published by elalquimista1"queja de derecho y doble instancia", "queja de derecho y doble instancia" "queja de derecho y doble instancia", "queja de derecho y doble instancia" More info: categoriesTypes, Creative Writing, Fan FictionPublished by: elalquimista1 on Feb 04, 2010Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Free download as PDF, DOC, TXT or read online for free from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee MoreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/26375609/naturaleza-juridica-de-la-queja-de-derecho07/12/2013pdftextoriginal LA QUEJA DE DERECHO: SOLO CONTRA RESOLUCIONESDESESTIMATORIAS DE DENUNCIAS ?
Wilgem Vidal Sotomayor
Fiscal Adjunto SuperiorHuancavelica
El Artículo 12 del Decreto Legislativo 052 -Ley Orgánica del Ministerio Público(LOMP)-, ha establecido lo siguiente, respecto a la impugnación de resolucionesen sede pre jurisdiccional o sea, fiscal: « La denuncia a que se refiere el artículoprecedente puede presentarse ante el Fiscal Provincial o ante el Fiscal Superior.Si éste lo estimase procedente instruirá al Fiscal Provincial para que la formaliceante el Juez Instructor competente. Si el Fiscal ante el que ha sido presentadano la estimase procedente, se lo hará saber por escrito al denunciante, quienpodrá recurrir en queja ante el Fiscal inmediato superior, dentro del plazo detres días de notificada la Resolución denegatoria. Consentida la Resolución delFiscal Provincial o con la decisión del Superior, en su caso, termina elprocedimiento ».La Ley Orgánica del Ministerio Público, no ha previsto otro medio impugnatoriomás que el recurso de queja; ni otra situación, donde ejercitarla, a la descrita enel artículo citado anteladamente. Es decir, para decirlo sencillamente, conformeal Artículo 12 de la LOMP, solo procede interponer queja de derecho, contra laresolución expedida por el Fiscal Provincial decidiendo no formalizar denunciapenal y archivar la investigación preliminar.
Por ello, resulta importante determinar si la queja de derecho prevista en elArtículo 12 de la LOMP, es un recurso impugnatorio o, no.Así pues, por ejemplo, en sede administrativa, los recursos son actos deladministrado mediante los que éste pide a la propia administración la revocacióno reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rangoinferior a la ley en base a un título jurídico específico. El Articulo 401 del TextoÚnico Ordenado del Código Procesal Civil, señala, « que el recurso de queja tienepor objeto el
improcedenteun recurso
apelación o de casación
» . Ahora en vía constitucional, el Artículo19 del Código Procesal Constitucional señala que procede el recurso de queja,cuando se deniega el recurso de agravio constitucional. Entonces, la queja de
derecho, así, propuesta como está en el Artículo 12 de la LOMP, ha sidodesnaturalizada -para bien del derecho-, por que en las decisiones del FiscalProvincial que no se comparten, al no haberse contemplado un medioimpugnatorio, no cabría la interposición del recurso de queja -con esanomenclatura-, «[...] de manera que la esencia del recurso de queja, es atacaraquella decisión que desestima una solicitud de re examen por el superior engrado, no siendo en consecuencia, la decisión que efectúa el Fiscal Provincialcuando decide archivar la denuncia, esta revisión en grado conforme a lo señaladono puede constituir queja, sino
simplemente. La apelaciónconstituye el más importante de los recursos ordinarios, teniendo por fin larevisión por el órgano judicial superior de la sentencia o el auto del inferior ».
Significa pues, que en esencia, la queja de derecho resulta ser un recurso omedio impugnatorio, por que su finalidad concreta es la de impugnar o cuestionarun acto resolutivo emitido por un ente pre jurisdiccional -como el que ejecuta unrepresentante del Ministerio Público-, pretendiendo básicamente su revocación,nulidad o modificación, por eso es que el denunciante, pide su revisión. Es más,del propio texto del Artículo 12 de la LOMP se desprende esta conclusión; ya que,dice literalmente en uno de sus párrafos: «[...] si el Fiscal ante el que ha sidopresentada no la estimase procedente, se lo hará saber por escrito aldenunciante, quien podrá
ante el Fiscal inmediato superior,dentro del plazo de tres días de notificada la Resolución denegatoria [...]».(Negrita nuestra).Nótese pues que, ya la propia norma concede a este acto, la calidad de recurso ysi ello es así, cabe precisar que, «[...] todos los recursos persiguen siguiendo supropia vía, la modificación o anulación de una resolución judicial, siempre conmiras a la mejor aplicación del Derecho de Justicia ».
Concluyendo este tema, lo característico de los recursos es, por lo tanto, sufinalidad impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estimancontrarias a Derecho, que, persiguen un mejor estudio por parte del superior engrado, en relación a lo decidido por el de primera instancia.
Actuación de los representantes del Ministerio Público, debido proceso ytutela jurídica efectiva
Ya el Tribunal Constitucional Peruano, máximo intérprete de nuestraconstitucionalidad, ha expresado que, el principio jurisdiccional contenido en elinciso 3 del Artículo 139 de la
Magna Lex , es decir la observancia del debidoproceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, se proyectan también al ámbito dela etapa pre jurisdiccional de los procesos penales, o sea, en aquellos cuyadirección compete a los representantes del Ministerio Público, de tal forma quelos principios como el indicado, son aplicables a las investigaciones realizadas porellos y serán interpretados de conformidad con el Artículo 1 de la Constitución,según el cual, «[...] la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidadson el fin supremo de la sociedad y del Estado ».
El Supremo Tribunal, así se ha expresado en reiterada jurisprudencia, como porejemplo en las sentencias recaídas en los procesos números 06167-2005-HC/TC y 1268-2001 HC/TC.Y, sobre el debido proceso, existe vasta legislación -nacional e internacional,como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 14inciso 1; y en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el inciso 1 delArtículo 8- y, sobretodo, extensa doctrina que delimitan claramente su contenidoe importancia. Se resumiría en que el debido proceso, «[...] es la institución delDerecho Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestosprocesales mínimos que siempre debe reunir todo proceso judicial jurisdiccionalpara asegurar al justiciable la certeza, justicia, razonabilidad y legitimidad deresultado socialmente aceptable ».
pero se podría agregar que es un derechoque encuentra su fundamento en la dignidad del ser humano -como todo derechofundamental- y en el valor justicia.Ahora bien, la tutela jurisdiccional efectiva -o mejor la tutela jurídica efectivapor sus alcances inclusive a nivel pre jurisdiccional-, como el rostro visible dederechos esenciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participeen un proceso judicial, considerando que este derecho lo tienen todos sólo por elhecho de serlo,
constituye también un principio constitucionalizado -el inciso 3del Artículo 139 de nuestra Constitución Política contempla como principios jurisdiccionales, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional-, queestá estrechamente vinculado al debido proceso; uno requiere de los alcances delotro. Así pues, por ejemplo, el Artículo I del Título Preliminar del Texto ÚnicoOrdenado del Código Procesal Civil, prescribe: « Toda persona tiene derecho a latutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos ointereses, con sujeción a un debido proceso » y; el Artículo 7 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial, prevee: « En el ejercicio y defensa de sus derechos, todapersona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debidoproceso [...]».Es oportuno recordar que; resulta «[...] importante reafirmar que los derechos aldebido proceso constituyen la base sobre la que se asienta la tutela judicial y no judicial. En tal entendido se puede señalar que, en nuestro sistema constitucionalse encuentran consagradas enunciativamente las garantías de un procesolitigioso, en función de lo cual toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional ».
Establecido que el cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia delderecho a la tutela jurisdiccional efectiva -jurídica en puridad-; a modo deepílogo sobre este tema, cabe indicar que son garantías, principios procesales yderechos
númerus apertus , teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad humana. El jurista español Gonzalo, concluía que, «[...]llamamos debido proceso aquel proceso que reúna las garantías ineludibles paraque la tutela jurisdiccional sea efectiva [...]».
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