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Timestamp: 2017-09-24 13:59:54
Document Index: 174879119

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 51', 'artículo 65', 'artículo 63', 'artículo 232', 'artículo 63', 'artículo 72', 'artículo 63', 'Artículo 556']

FUTUROS ABOGADOS LATINOAMERICANOS: Ley de arbitraje Bolivia
Ley de arbitraje Bolivia
ARTICULO lo.- (Ámbito normativo) Esta Ley establece la normativa jurídica del arbitraje y la conciliación como medios alternativos de solución de controversias, que facultativamente pueden adoptar los sujetos jurídicos antes de someter sus litigios a los tribunales ordinarios e inclusive durante su
ARTICULO 2o.- (Principios) Los siguientes principios regirán al arbitraje y la conciliación como medios alternativos de solución de controversias:
ARTICULO 3o.- (Derechos sujetos a arbitraje) Pueden someterse a arbitraje las controversias surgidas
o que puedan surgir de relaciones jurídicas contractuales o extracontractuales de las partes, mediante el
ejercicio de su libre arbitrio sobre derechos disponibles y que no afecten al orden público, antes, en el
transcurso o después de intentado un proceso judicial, cualquiera fuere el estado de éste, extinguiéndolo o
evitando el que podría promoverse.
I. Podrán someterse a arbitraje, las controversias en las que el Estado y las personas jurídicas de
Derecho Público son partes interesadas, siempre que versen sobre derechos disponibles y deriven
de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual.
II. Conforme a lo establecido en el parágrafo anterior, el Estado y las personas jurídicas de Derecho
Público tienen plena capacidad para someter sus controversias a arbitraje nacional o
internacional, dentro o fuera del territorio nacional, sin necesidad de autorización previa.
I. Salvando las limitaciones establecidas por el orden público sucesorio, el arbitraje instituido por
la sola voluntad del testador será válido, a efectos de resolver controversias que puedan surgir
entre sus herederos y legatarios, con referencia a las siguientes materias:
II. Cuando la disposición testamentaria no contemple la designación del tribunal arbitral o de la
institución encargada del arbitraje, se procederá a la designación del tribunal arbitral con auxilio
jurisdiccional de conformidad a lo dispuesto por la presente ley.
III. A falta de disposiciones expresas en el testamento, se aplicarán a esta modalidad de arbitraje las
disposiciones contenidas en la presente ley.
1. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los
aspectos derivados de su ejecución.
II. Las cuestiones laborales quedan expresamente excluidas del campo de aplicación de la presente
ley, por estar sometidas a las disposiciones legales que les son propias.
I. Cuando una disposición de la presente ley otorgue a las partes la facultad de decidir libremente
sobre una cuestión determinada, dicha facultad implicará la de autorizar a una tercera persona,
natural o jurídica, a que adopte esa decisión.
II Cuando una disposición de la presente ley se refiera a un acuerdo de partes celebrado o por
celebrar, se entenderán comprendidas en ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de
arbitraje que las partes hayan decidido adoptar.
III. Las normas referidas a la conformación del tribunal arbitral y al procedimiento arbitral, son de
carácter supletorio en relación a la voluntad de las partes. Estas, por mutuo acuerdo podrán
proponer al Tribunal la modificación parcial o la complementación de las normas del
procedimiento previstas en esta ley, siempre que no alteren los principios del arbitraje y las
materias excluidas del mismo.
I. Para efectos anteriores al inicio del procedimiento arbitral, se considerará válidamente recibida
toda notificación y cualquier otra comunicación escrita que sea entregada personalmente al
destinatario, o en su domicilio especial constituido, o en el establecimiento donde ejerza su
actividad principal o en su residencia habitual.
II. Cuando no se logre determinar ninguno de los lugares señalados en el parágrafo anterior, se
considerará recibida toda notificación o comunicación escrita que haya sido remitida por carta
certificada o cualquier otro medio que deje constancia del hecho, al último domicilio o residencia
habitual conocidos.
III. En los casos anteriores, se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha en que
se haya realizado la entrega.
IV. Las notificaciones, serán válidas cuando se hicieren por correo, telex, facsímil u otro medio de
comunicación que deje constancia documental escrita.
I. En las controversias que se resuelvan con sujeción a la presente ley, solo tendrá competencia el
tribunal arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, salvo que sea
para cumplir tareas de auxilio judicial.
II. La autoridad judicial competente para prestar auxilio, en los casos establecidos será la calificada
por ley para conocer la causa o controversia en materia civil o comercial, en ausencia del
arbitraje. En defecto de ella, será la del lugar donde debe realizarse el arbitraje si se hubiere
previsto, a falta de ello y a elección del demandante, el del lugar de celebración del convenio
arbitral o el del domicilio del demandado, o el de cualquiera de ellos, si son varios.
I. El convenio arbitral se instrumenta por escrito, sea como cláusula de un contrato principal o por
acuerdo separado del mismo. Su existencia deriva de la suscripción de un contrato principal o de
un convenio arbitral específico o del intercambio de cartas, telex, facsímiles o de cualquier otro
medio de comunicación, que deje constancia documental de la voluntad de ambas partes de
II. La referencia hecha en un contrato diferente a un documento que contenga el convenio arbitral
constituye constancia del mismo, siempre que dicho contrato conste por escrito y que la
referencia implique que el convenio arbitral forma parte del contrato.
ARTICULO 11o.- (Autonomía del convenio arbitral) Todo convenio arbitral que forme parte de un
contrato principal se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo.
I. El convenio arbitral importa la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias
o controversias sometidas al arbitraje.
II. La autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe
inhibirse de conocer el caso cuando lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso,
dicha parte puede oponer excepción de arbitraje en forma documentada y antes de la
contestación. La excepción será resuelta sin mayor trámite, mediante resolución expresa.
III. Constatada la existencia del convenio arbitral y sin lugar a recurso alguno, la autoridad judicial
competente declarará probada la excepción de arbitraje o, pronunciándose únicamente sobre la
nulidad o ejecución imposible del convenio arbitral desestimará la excepción de arbitraje.
IV. No obstante haberse entablado acción judicial, se podrá iniciar o proseguir las actuaciones
arbitrales y dictar laudo mientras la excepción esté en trámite ante el juez.
I. La renuncia al arbitraje será válida únicamente cuando concurra la voluntad de las partes. Será
II. Las partes pueden renunciar expresamente al arbitraje mediante comunicación escrita cursada al
Tribunal Arbitral en forma conjunta, separada o sucesiva, en cuyo caso podrán recurrir a la vía
jurisdiccional o a otros medios alternativos de solución de controversias que consideren
III. Se considera que existe renuncia tácita cuando una de las partes sea demandada judicialmente
por la otra y no oponga una excepción de arbitraje, conforme a lo establecido en la presente ley.
IV. No se considera renuncia tácita al arbitraje, el hecho que cualquiera de las partes, antes o durante
el procedimiento arbitral, solicite de una autoridad judicial competente la adopción de medidas
precautorias o que dicha autoridad judicial conceda el cumplimiento de las mismas.
2. Reúna los requisitos convenidos por las partes o exigidos por la institución administradora del
II. Los funcionarios judiciales, miembros del Poder Legislativo, servidores públicos, funcionarios
del Ministerio Público y operadores de bolsa, se encuentran impedidos de actuar como árbitros,
bajo pena de nulidad del laudo, sin perjuicio de la responsabilidad que les pueda corresponder
por aceptar una designación arbitral.
IV. La aceptación de arbitraje hecha por una institución especializada la obliga a administrar el
procedimiento con sujeción a lo pactado por las partes, lo establecido en su reglamento
institucional o lo prescrito por la presente ley. En caso de incumplimiento la parte perjudicada
tendrá acción contra la institución en la medida que resulte imputable, sin perjuicio de las que
ésta a su vez pueda seguir contra los árbitros.
ARTICULO 16o.- (Anticipos de gastos y honorarios) Salvo pacto en contrario, la aceptación del cargo
conferirá a los árbitros y a la institución encargada de administrar el arbitraje, el derecho de pedir a las
partes un anticipo de los fondos que estimen necesarios para satisfacer los honorarios. de los árbitros y los
costos y gastos de la administración del arbitraje.
I. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros que necesariamente será
impar. A falta de acuerdo, los árbitros serán tres.
II. En el arbitraje con árbitro único, cuando las partes no logren ponerse de acuerdo sobre la
designación del árbitro, éste será nombrado por la autoridad judicial a petición de cualquiera de
III. A falta de acuerdo en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitros así
designados nombrarán al tercero. La autoridad judicial competente designará los árbitros en los
1. Cuando una de las partes no designe su árbitro dentro de los ocho (8) días del requerimiento
escrito de la otra para que lo haga.
2. Cuando los dos árbitros designados por las partes no logren ponerse de acuerdo sobre el tercer
arbitro, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de su nombramiento.
IV. Los árbitros que conforman el tribunal arbitral podrán designar un Secretario del Tribunal de
conformidad con las partes. E1 Secretario tendrá el expediente bajo su responsabilidad y
coadyuvará al Tribunal en los actuados propios del procedimiento.
ARTICULO 18o.- (Elección de presidente) En el arbitraje con tres árbitros, los miembros del Tribunal
Arbitral designarán por mayoría a uno de ellos en calidad de Presidente. Si no llegaran a un acuerdo el
árbitro de mayor edad ejercerá las funciones de Presidente.
I. Las partes podrán facultar a un tercero la designación de uno o todos los miembros del Tribunal
II. Las partes podrán también encomendar la administración del arbitraje y la designación de los
árbitros a entidades o asociaciones especializadas a través de centros de arbitraje, de acuerdo con
los reglamentos de dichas instituciones.
I. En caso de falta de ejercicio, muerte, incapacidad definitiva, incapacidad temporal mayor a
veinte (20) días, renuncia, incompatibilidad legal o concurrencia de causal de recusación que
imposibiliten el ejercicio de la función arbitral, se nombrará un sustituto, conforme a lo previsto
II. Si existiere desacuerdo respecto de una causal para la separación del árbitro, cualquiera de las
partes podrá solicitarla de la autoridad judicial competente.
III. La renuncia de un árbitro o la aceptación de la interrupción de su mandato por ambas partes, no
implicará la presunción de evidencia de los motivos o causales que pudieren dar lugar a dicha
renuncia o separación.
ARTICULO 21o.- (Nombramiento de árbitro sustituto) Cuando un árbitro haya cesado en su cargo
por haberse dado uno de los casos previstos por el artículo 20 parágrafo I, se procederá al nombramiento
de un árbitro sustituto observando el mismo procedimiento por el que se designó a quien se ha de
sustituir. Concretada la sustitución, el Tribunal Arbitral podrá ordenar la reproducción de la prueba
oral ya realizada, salvo que el árbitro sustituto considere suficiente la lectura de las actuaciones.
I. Cualquiera de las partes podrá solicitar a la autoridad judicial competente la conformación del
Tribunal Arbitral, en los siguientes casos:
1. Cuando una de las partes no actúe conforme al procedimiento pactado para el nombramiento de
3. Cuando un tercero, incluida la institución administradora del arbitraje, no cumpla la función que
se le confiera con relación al procedimiento adoptado.
II. Será autoridad judicial competente aquella a la que las partes decidan someterse, o la del lugar
donde deba dictarse el laudo o, a elección de la parte demandante, la del domicilio,
establecimiento principal o residencia habitual de cualquiera de las partes demandadas, en ese
III. El interesado presentará su solicitud escrita ante la autoridad judicial competente, acompañando
los documentos probatorios del convenio arbitral y señalará las razones que justifiquen el auxilio
jurisdiccional para conformar el Tribunal Arbitral.
IV. La autoridad judicial admitirá o rechazará la solicitud y en su caso, convocará a las partes a una
audiencia, a realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes. Si la parte solicitante no
compareciere, la autoridad judicial dará por terminado el procedimiento, con archivo de obrados
e imposición de costas a la parte solicitante. La resolución judicial que pone fin al procedimiento
no afecta la cláusula compromisoria.
V. La ausencia de la parte o su representante, contra la cual se presenta la solicitud, no afectará la
La parte solicitante podrá desistir del procedimiento judicial iniciado para la conformación de]
Tribunal Arbitral, y pasar a la esfera jurisdiccional, para la consideración de la controversia de
I. En la audiencia, la autoridad judicial competente exhortará a los comparecientes a llegar a un
acuerdo sobre la integración del tribunal arbitral. Si las partes no se pusieren de acuerdo y no
existiere otro medio para proveer el nombramiento, la autoridad judicial efectuará la designación.
II. La autoridad judicial adoptará las medidas más aconsejables para la designación de árbitros. En
el nombramiento, la autoridad judicial considerará las condiciones requeridas por el convenio
arbitral para la función arbitral y tomará las medidas necesarias para garantizar el
nombramiento de árbitros independientes e imparciales.
III. La decisión que tome la autoridad judicial competente con referencia a la conformación del
Tribunal Arbitral, no admitirá recurso alguno.
I. La designación de los miembros del Tribunal Arbitral efectuada por las partes, un tercero, una
institución especializada o una autoridad judicial competente, será notificada a cada uno de los
II. Si dentro de ocho (8) días computables a partir de la fecha de su notificación la persona
designada como árbitro no aceptare por escrito la designación, se entenderá que renuncia a su
nombramiento y se procederá a nombrar uno nuevo.
I. La persona que fuere consultada para ser designada árbitro, tendrá la obligación de informar por
escrito a las partes o a la institución administradora del arbitraje, sobre posibles causales de
recusación u otras circunstancias que pudieren comprometer su imparcialidad.
II. Asimismo, el árbitro desde el momento de su nombramiento y durante el procedimiento arbitral
tendrá la obligación de revelar sin demora acerca de tales causales, salvo que ya hubiere
informado a las partes sobre el particular con anterioridad a su designación.
III. Las partes podrán dispensar expresa o tácitamente las causales de recusación que fueren de su
conocimiento. En este caso, el laudo no podrá ser impugnado invocando dicha causal. Se
considerará, que existe dispensación tácita de una causal de recusación, cuando se omita
plantearla dentro del término fijado al efecto.
2. Por inexistencia de los requisitos personales y profesionales convenidos por las partes o
establecidos por la institución encargada de administrar el arbitraje.
II. Una parte sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya
participado, por causales conocidas después de haberse efectuado la designación.
I. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros o remitirse
al reglamento de la institución que administra el arbitraje.
II. En ausencia de acuerdo o de determinación del reglamento, la parte recusante podrá acudir ante
la autoridad judicial competente en. la forma establecida en el artículo 29.
III. Tratándose de un solo árbitro, el procedimiento arbitral se paralizará mientras se sustancie la
recusación o si la misma alcanzare a la mayoría de los miembros del Tribunal.
I. La parte recusante que opte por plantear la recusación ante el Tribunal Arbitral, presentará el
pertinente memorial con exposición de las causales de recusación, dentro de los diez (10) días
siguientes que tome conocimiento de la conformación del Tribunal Arbitral o de cualquiera de
las causales mencionadas en el artículo 26.
II. El Tribunal Arbitral sin la participación del árbitro recusado, decidirá por mayoría absoluta sobre
la procedencia de la recusación, salvo que se produjere previamente renuncia o conformidad con
la recusación. En caso de empate, decidirá el Presidente del Tribunal y, en defecto de éste por ser
el recusado, el árbitro de mayor edad.
III. Contra la decisión adoptada, no corresponderá recurso alguno y la parte recusante no podrá hacer
valer la recusación desestimada como causal al solicitar la anulación del laudo.
I. En ausencia de acuerdo de partes o de regulación en los reglamentos de la institución que
administra el arbitraje, la parte recusante, podrá solicitar el auxilio jurisdiccional, en cuyo caso
formalizará la recusación ante la autoridad judicial competente dentro de los diez (10) días
siguientes de que tome conocimiento de la conformación del Tribunal Arbitral o de cualquiera de
las circunstancias mencionadas en el artículo 26.
II. Presentada la recusación y previa notificación de partes, la autoridad judicial competente
tramitará y resolverá el incidente conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
I. Las decisiones, acuerdos y laudos del Tribunal Arbitral cuando se tenga más de un árbitro, se
resolverán por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros.
II. Salvo disposición en contrario del Tribunal Arbitral, las providencias de mero trámite serán
dictadas por su Presidente.
ARTICULO 31o.- (Facultades). Son facultades de los árbitros:
2. Disponer en cualquier estado del procedimiento las diligencias convenientes para esclarecer la
verdad de los hechos controvertidos, pudiendo a tal fin solicitar aclaraciones, informaciones
complementarias y las explicaciones que estimen necesarias, respetando el derecho de defensa de
3. Intentar en todo momento una conciliación entre las partes con referencia a la materia arbitrada,
aplicando el procedimiento establecido en el Título III si las partes no acordasen otro.
I. El Tribunal Arbitral tendrá facultad para decidir acerca de su propia competencia y de las
excepciones relativas a la existencia, validez y eficacia del convenio arbitral.
II. La decisión arbitral que declare la nulidad de un contrato, no determinará de modo necesario la
I. La excepción de incompetencia del tribunal podrá fundarse en la inexistencia de materia
arbitrable o en la inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral. Podrá ser opuesta hasta
el momento de presentar la contestación de la demanda, aunque el excepcionista haya designado
árbitro o participado en su designación.
II. La excepción referida a un eventual exceso del mandato del Tribunal Arbitral, deberá oponerse
dentro de los cinco días siguientes al conocimiento del acto y durante las actuaciones arbitrales,
concretando la materia que supuestamente exceda dicho mandato.
III. En cualquiera de los casos referidos en los parágrafos anteriores, el Tribunal Arbitral podrá
considerar una excepción presentada más tarde, cuando considere justificada la demora u
I. El Tribunal Arbitral podrá decidir la excepción de incompetencia, como cuestión previa o a
tiempo de dictarse el laudo.
II. Cuando, el Tribunal Arbitral declare como cuestión previa que carece de competencia, se darán
por concluidas las actuaciones arbitrales debiendo restituirse la documentación a las partes que la
III. Si el Tribunal Arbitral se declara competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta días
siguientes de notificada la decisión, podrá solicitar de la autoridad judicial competente que
resuelva la cuestión, y su resolución será inapelable; mientras esté pendiente la solicitud, el
Tribunal Arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.
I. Salvo acuerdo en contrario de partes y a petición de una de ellas, el Tribunal Arbitral podrá
ordenar las medidas precautorias que estime necesarias, respecto del objeto de la controversia.
II. El Tribunal Arbitral podrá exigir a la parte que solicite la medida precautoria una contracautela
adecuada, a fin de asegurar la indemnización de daños y perjuicios en favor de la parte contraria
para el caso que la pretensión se declare infundada.
I. Para la ejecución de medidas precautorias, producción de pruebas o cumplimiento de medidas
compulsorias, el Tribunal Arbitral o cualquiera de las partes podrá disponer o pedir,
respectivamente', el auxilio de la autoridad judicial competente del lugar donde deba ejecutarse
la medida o practicarse una diligencia dispuesta por el Tribunal Arbitral.
II. Al efecto anterior, el Tribunal Arbitral oficiará a la autoridad judicial competente y acompañará
una copia auténtica del convenio arbitral y de la resolución que dispone la medida precautoria o
I. En el ámbito de su competencia y de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la
autoridad judicial cuyo auxilio se solicitare, deferirá a la solicitud sin sustanciación en un plazo
máximo de cinco (5) días de recibida.
II. Salvo que la medida solicitada sea contraria al orden público, la autoridad judicial competente se
limitará ú cumplir la solicitud sin juzgar sobre su procedencia o improcedencia ni admitir
oposición o recursos.
ARTICULO 38o.- (Representación y patrocinio) Las partes actuarán directamente o a través de sus
representantes. Igualmente, podrán obtener la asistencia y patrocinio de abogados o ejercer la defensa de
sus intereses por sí mismas.
I. Las partes tendrán la facultad de convenir el procedimiento al que deberá someterse el Tribunal
Arbitral o de adoptar reglas de arbitraje establecidas por la institución administradora del mismo.
II. A falta de acuerdo y con sujeción a los principios generales del arbitraje, el Tribunal podrá
desarrollar el procedimiento del modo que considere más apropiado. Esta facultad conferida al
Tribunal Arbitral, incluirá la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas.
I. Las partes en su primer memorial deberán señalar domicilio especial para recibir notificaciones y
comunicaciones escritas, dentro del radio urbano o localidad donde funcione el Tribunal Arbitral,
que se reputará subsistente para todos los efectos legales mientras no se haya constituido otro.
II. Cuando las partes no hubieren señalado domicilio especial en la forma prevista por el parágrafo
anterior, tendrán la obligación de apersonarse los días martes y viernes de cada semana para
notificarse con las actuaciones correspondientes. Si no lo hicieren, se las tendrá por notificadas,
excepto cuando se trate de notificaciones con el laudo arbitral y las que correspondan en los
casos regulados por el Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 41o.- (Prórroga de Plazos) Los plazos previstos en la presente ley podrán ser prorrogados
siempre que exista acuerdo de partes.
I. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de acuerdo o de
disposición expresa del reglamento de arbitraje aplicable, el Tribunal Arbitral lo determinará,
conforme a las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia de las partes.
II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo anterior, el Tribunal Arbitral podrá reunirse, con
noticia de partes, en cualquier lugar que estime apropiado para celebrar sus deliberaciones, oír a
las partes y sus testigos o peritos, examinar mercancías o realizar cualquier otra actuación.
ARTICULO 43o.- (Inicio del procedimiento arbitral) Salvo acuerdo diverso de partes, el
procedimiento arbitral se iniciará cuando todos los árbitros hayan notificado a las partes por escrito su
aceptación de la designación.
I. Formalizada la demanda, la parte demandada dispondrá de un plazo de diez días para contestar a
II. La demanda y la contestación concretarán los hechos en que se fundaren expuestos con
puntualidad y precisión, el objeto de la demanda designado con exactitud, eventuales derechos
subjetivos lesionados y el interés legítimo que pretendan preservar las partes, peticionados en
términos claros y concretos. Las partes podrán modificar o ampliar la demanda o la contestación
hasta un día antes de la primera actuación de recepción de pruebas referida en el articulo 49.
III. A tiempo de presentar la demanda, reconvención y contestación de ambas, las partes. deberán
aportar todas las pruebas documentales que consideren pertinentes o hacer referencia a las que
presentarán más adelante.
I. El Tribunal Arbitral continuará las actuaciones aún cuando la parte demandada no presente su
contestación conforme a lo previsto en el artículo anterior y no invoque causa justificada para
II. Asimismo, el Tribunal Arbitral continuará las actuaciones y dictará el laudo en base a las pruebas
que disponga, aún cuando una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente
I. El Tribunal Arbitral decidirá de oficio o a instancia de partes la celebración de audiencias para la
presentación de pruebas, alegatos orales u otros efectos o si las actuaciones se sustanciarán sobre
la base de documentos y demás pruebas.,
II. Las pruebas deberán producirse dentro del plazo máximo de treinta (30) días computables a
partir de la fecha de notificación con la contestación de la demanda o la reconvención.
I. El ofrecimiento y recepción de toda prueba debe notificarse a las partes o sus representantes,
para efectos de validez. Particularmente, deberá ponerse a disposición de ambas partes los
peritajes o los documentos probatorios en los que el Tribunal Arbitral pueda fundar su
I. El Tribunal Arbitral podrá nombrar uno o más peritos, para que informen sobre materias que.
requieran conocimientos especializados. Al mismo tiempo, dispondrá que las partes faciliten a
los peritos el acceso a la información, documentación y bienes requeridos para el cumplimiento
II. Presentados los informes periciales, el Tribunal Arbitral, de oficio o a instancia de partes, podrá
disponer la realización de audiencias, para que los peritos expliquen o complementen puntos
específicos y controvertidos de dichos informes.
I. La celebración de audiencias y reuniones del Tribunal Arbitral para examinar documentos,
mercancías u otros bienes, se notificará con un plazo no menor de tres (3) días a la fecha de su
realización. En caso necesario y conforme a circunstancias especiales, este plazo podrá ser
ampliado o reducido por disposición del Tribunal Arbitral.
II. El Tribunal Arbitral correrá en traslado y pondrá a disposición de las partes toda la prueba,
documentación, declaraciones, informaciones y peritajes que le fueren presentados.
ARTICULO 50o.- (Conclusión de las actuaciones) Las actuaciones arbitrales concluirán con la
dictación y notificación del laudo definitivo. Con anterioridad, en forma extraordinaria por disposición
del Tribunal Arbitral, en los siguientes casos:
2. Desistimiento de la demanda, salvo oposición de la parte demandada si el tribunal arbitral
reconoce un interés legítimo de su parte en obtener una solución definitiva de la controversia.
4. Imposibilidad o falta de necesidad para proseguir las actuaciones, comprobada por el tribunal
S. Abandono del procedimiento arbitral por ambas partes por mas de sesenta días, computable
desde la última actuación.
I. Si durante las actuaciones arbitrales las partes acordaren una conciliación o transacción que
resuelva la controversia, el Tribunal Arbitral dará por terminadas las actuaciones y hará constar
la conciliación o transacción en forma de laudo arbitral y en los términos convenidos por las
II. En el caso anterior, el Tribunal Arbitral dictará el laudo con sujeción a lo dispuesto en la presente
ley. Este laudo tendrá la misma naturaleza y efectos que cualquier otro dictado sobre el fondo de
III. Cuando la conciliación o transacción fuere parcial, el procedimiento arbitral continuará respecto
de los demás asuntos controvertidos no resueltos.
ARTICULO 52o.- (Suspensión) Las partes de común acuerdo y mediante comunicación escrita a los
árbitros, podrán suspender el procedimiento arbitral antes de dictado el laudo, por un plazo máximo de
cuarenta días a partir de la última notificación.
I. El laudo arbitral será escrito. Cuando se tenga más de un árbitro, el laudo será válido únicamente
cuando esté firmado por la mayoría de los miembros del Tribunal Arbitral. En el laudo deberá
constar las razones de la falta de firma de quien no lo hizo.
II. El laudo arbitral será motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa, o que se trate
de un laudo expedido en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 51 de la
I. El Tribunal Arbitral decidirá en el fondo de la controversia con arreglo a las estipulaciones del
contrato principal. Tratándose de un asunto de naturaleza comercial, tendrá además en cuenta los
usos mercantiles aplicables al caso.
II. Salvo pacto en contrario, el Tribunal Arbitral decidirá según la equidad y conforme a sus
conocimientos y leal saber y entender.
I. El Tribunal Arbitral dictará su laudo en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días
computables desde la fecha de aceptación de los árbitros o desde el día de la última sustitución.
Durante la vigencia del plazo originalmente pactado, dicho plazo podrá ser prorrogado por un
máximo de sesenta (60) días.
ARTICULO 56o.- (Contenido del laudo) Para su validez legal, el laudo arbitral contendrá:
I. En caso que el laudo disponga el cumplimiento de una obligación pecuniaria, su parte resolutiva
especificará la correspondiente suma líquida y determinada y el plazo para su cumplimiento.
Tratándose de obligaciones de hacer o no hacer, el laudo fijará un plazo prudencial para el
II. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera fuere la naturaleza de la obligación que el laudo disponga
cumplir, el Tribunal Arbitral podrá establecer sanciones pecuniarias en beneficio del acreedor,
por la eventual demora en el cumplimiento de tal obligación. Las sanciones pecuniarias serán
progresivas y se graduarán conforme a las condiciones económicas y personales del responsable,
siempre que las partes así lo hubieren convenido.
I. .Las costas y gastos del arbitraje serán regulados por la institución que administra un arbitraje.
Las costas y gastos comunes incluirán enunciativa y no limitativamente:
4. Gastos administrativos y retribuciones del servicio prestado por la institución encargada del
II. Salvo acuerdo en contrario, las partes pagarán las costas y gastos propios que les corresponda
soportar y los comunes por partes iguales.
III. En el arbitraje ad hoc, el Tribunal Arbitral fijará sus honorarios y los del secretario en su primera
reunión. Notificadas las partes con los honorarios, éstas podrán aceptarlos o rechazarlos en un
plazo máximo de tres (3) días.
En caso de rechazo por cualquiera de las partes, el Tribunal Arbitral las convocará a una
audiencia dentro de las 48 horas siguientes, con el objeto de que puedan llegar a un acuerdo
I. Dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del laudo, las partes podrán solicitar que el
Tribunal Arbitral enmiende cualquier error de cálculo, copia, tipografía o de similar naturaleza,
siempre que no se altere lo sustancial de la decisión. El mero error material podrá corregirse de
oficio, aun en ejecución del laudo.
II. En la misma forma y en plazo similar, las partes podrán solicitar que el Tribunal Arbitral se
pronuncie sobre algún punto omitido o de inteligencia e interpretación dudosa, para
complementar o aclarar el laudo. La enmienda, complementación o aclaración solicitada será
despachada por el Tribunal Arbitral dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud. En caso
necesario, este plazo podrá ser prorrogado por un término máximo de diez (10) días, con
aceptación de las partes.
III. Las enmiendas, complementaciones y aclaraciones del laudo quedarán sujetas a las normas
establecidas en los artículos 53 y 56 de la presente ley.
I. El laudo arbitral quedará ejecutoriado cuando las partes no hubieren interpuesto el recurso de
anulación en el término hábil correspondiente, o cuando haya sido declarado improcedente el que
II. El laudo ejecutoriado tendrá valor de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y será de
obligatorio e inexcusable cumplimiento desde la notificación a las partes con la resolución que
así lo declare.
ARTICULO 61o.- (Cesación de funciones) El Tribunal Arbitral cesará en sus funciones al terminar las
actuaciones arbitrales que incluyen los actos relativos a la enmienda, complementación, aclaración y
declaración de ejecutoria del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.
ARTICULO 62o.- (Recurso de anulación) Contra el laudo dictado por el Tribunal Arbitral sólo podrá
interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral,
debe fundamentarse y basarse exclusivamente en las causales señaladas en el siguiente artículo.
II. La autoridad judicial competente también podrá anular el laudo cuando la parte recurrente
pruebe cualquiera de las siguientes causales:
1. Existencia de los casos de nulidad o anulabilidad del convenio arbitral, conforme a normas del
4. Referencia del laudo a una controversia no prevista en el convenio arbitral o inclusión en el
mismo de decisiones y materias que exceden el referido convenio arbitral, previa separación de
las cuestiones sometidas a arbitraje y no sancionadas con anulación.
6. Desarrollo viciado del procedimiento, que vulneren lo pactado, lo establecido en el reglamento
adoptado o lo prescrito en la presente ley.
III. La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere plantear una protesta respecto
de las causales señaladas, no podrá invocar la misma causal en el recurso de anulación.
I. El recurso de anulación se interpondrá ante el Tribunal Arbitral que pronunció el laudo
fundamentando el agravio sufrido, en el plazo de diez (10) días computables a partir de la fecha
de notificación con el laudo o, en su caso, de la fecha de notificación con la enmienda,
complementación o aclaración.
II. De este recurso se correrá traslado a la parte contraria, que deberá responder dentro del mismo
plazo. Vencido éste, el Tribunal Arbitral, con o sin respuesta del traslado corrido, concederá el
recurso disponiendo el envío del expediente ante el juez de partido de turno en lo civil del
correspondiente Distrito Judicial. La remisión del expediente se efectuará dentro del plazo de
veinticuatro horas de la concesión del recurso.
III. El Tribunal Arbitral rechazará sin mayor trámite cualquier recurso de anulación que fuere
presentado fuera del plazo establecido por el presente artículo, o que no se encuentre fundado en
las causales señaladas en el artículo 63 de la presente ley.
ARTICULO 65o.- (Compulsa) Si el recurso fuere rechazado al margen de las previsiones del artículo
anterior, la parte interesada podrá interponer recurso de compulsa ante el juez de partido de turno en lo
civil, quien lo sustanciará conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.
I. Recibido el expediente por el juez de partido de turno en materia civil, decretará su radicatoria,
actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado.
II. El Juez cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad cuando corresponda y así lo solicite una de las partes, por el plazo que estime pertinente
a fin de dar al Tribunal Arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o adoptar
cualquier otra medida que a su juicio elimine las causas motivantes del recurso de anulación.
III. El juez dictará resolución de vista sin mayor trámite, en el plazo de treinta (30) días, computable
a partir de la fecha de ingreso del expediente a despacho.
IV. El juez conforme a su prudente criterio, podrá abrir un término probatorio de ocho (8) días,
observando la regla del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 67o.- (Inadmisibilidad de recursos) La resolución de vista que resuelva el recurso de
anulación no admite recurso alguno.
ARTICULO 68o.- (Auxilio judicial para ejecución) Consentido o ejecutoriado el laudo y vencido el
plazo fijado para su cumplimiento, la parte interesada podrá solicitar su ejecución forzosa ante la
autoridad judicial competente del lugar donde se haya dictado el laudo.
I. La parte que solicite el reconocimiento b la ejecución de un laudo, acompañará a su demanda
copias auténticas de los siguientes documentos:
I. Radicada la solicitud, la autoridad judicial competente correrá la misma en traslado a la otra
parte, para que la responda dentro de los cuatro (4) días de su notificación.
II. La autoridad judicial aceptará oposiciones a la ejecución forzosa del laudo, que se fundamenten
documentadamente en el cumplimiento del propio laudo o en la existencia de recurso de
anulación pendiente. En este último caso, la autoridad judicial suspenderá la ejecución forzosa
del laudo, hasta que el recurso sea resuelto.
III. La autoridad judicial desestimará sin trámite alguno las oposiciones fundadas en argumentos
diferentes de los señalados en el parágrafo anterior, o cualquier incidente que pretenda
entorpecer la ejecución solicitada. Las resoluciones que se dicten en esta materia, no admitirán
impugnación ni recurso alguno. Está prohibido al juez ejecutor admitir recursos que entorpezcan
la ejecución del laudo siendo nula la resolución respectiva.
IV. La autoridad judicial rechazará de oficio la ejecución forzosa, cuando el laudo esté incurso en
alguna de las causales previstas por el artículo 63 parágrafo I de la presente ley.
I. A los efectos de la presente ley, un arbitraje será de carácter internacional, en los casos
1. Cuando al momento de celebrar el convenio arbitral, las partes tengan sus establecimientos en
2. Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el
cual el objeto de la controversia tenga una relación más estrecha se encuentre fuera del Estado en
el que las partes tienen sus establecimientos.
3. Cuando las partes hubieren convenido expresamente que la materia arbitrable está relacionada
con más de un Estado.
II. A los efectos de determinar el carácter internacional de un arbitraje, cuando una de las partes
tenga más de un establecimiento para el ejercicio de sus actividades principales, se considerará
aquel que guarde relación con el convenio arbitral. Cuando una parte no tenga ningún
establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual.
I. Las disposiciones de este Título se aplicarán al Arbitraje Internacional, sin perjuicio de lo
previsto en los siguientes instrumentos:
1. Convenio Interamericano sobre "Arbitraje Comercial Internacional", aprobado en Panamá el 30
de enero de 1975.
2. Convenio sobre "Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras" aprobado
en Nueva York el 10 de junio de 1958.
3. Convenio Interamericano sobre "Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Extranjeros",
previa ratificación, aprobado en Montevideo el 8 de mayo de 1979.
4. Convenio sobre "Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
otros Estados", aprobado en Washington el 18 de marzo de 1965.
II. Cuando corresponda, las disposiciones del Título 1 de la presente ley relativas al arbitraje en
general, se aplicarán con carácter supletorio a las disposiciones especiales de este Título II así
como las previsiones contenidas en los instrumentos referidos en el parágrafo anterior.
I. El Tribunal Arbitral decidirá la controversia con sujeción a las normas legales elegidas por las
partes, como aplicables al fondo de la controversia. Salvo que se exprese lo contrario, se
entenderá que toda indicación o referencia al ordenamiento jurídico de un Estado se refiere al
Derecho Sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
II. Cuando las partes no señalen la ley aplicable, el Tribunal Arbitral aplicará las reglas de derecho
III. El Tribunal Arbitral, decidirá como amigable componedor sólo si las partes lo hubieran
autorizado en forma expresa.
IV. En todos los casos, el Tribunal Arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y
ARTICULO 74o.- (Capacidad contractual) La capacidad de las partes para otorgar el convenio arbitral
por sí mismas o en representación de otra persona, será la que establezca la ley del lugar de su domicilio,
establecimiento principal o residencia habitual, salvo que la ley boliviana sea más favorable a la validez
del convenio arbitral.
I. La validez sustancial o formal de un convenio arbitral internacional, que podrá adoptar una
forma escrita, se rige por la ley elegida por las partes.
II. A falta de acuerdo de partes, la validez sustancial o formal de dicho convenio se rige por la ley
del lugar de su celebración.
ARTICULO 76o.- (Validez del convenio arbitral) Cuando cl Estado Boliviano o cualquier otra persona
jurídica nacional de Derecho Público haya celebrado válida y legalmente un convenio arbitral, la
arbitrabilidad de la controversia no podrá ser cuestionada ni objetada, en supuesto amparo del
ordenamiento jurídico interno o de falta de capacidad para ser parte del convenio arbitral.
I. Las partes podrán acordar libremente el o los idiomas que deban utilizarse en las actuaciones
arbitrales. A falta de acuerdo, el Tribunal Arbitral determinará el o los idiomas a emplearse.
II. Se presume que el acuerdo sobre el idioma, comprende a todos los escritos de las partes,
audiencias, notificaciones, actuaciones escritas, comunicaciones, laudo y demás actos arbitrales.
III. El Tribunal Arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental sea acompañada de una
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el Tribunal
Arbitral, suscrita por perito autorizado.
II. Cuando se tenga que designar un árbitro único o un tercer arbitro, la autoridad judicial
competente tendrá en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la
ARTICULO 79o.- (Laudo extranjero) Se entenderá por laudo extranjero toda resolución arbitral de
fondo que haya sido dictada fuera de Bolivia.
I. Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en Bolivia, de conformidad a los
instrumentos citados por el artículo 72 parágrafo I de esta ley.
II. Salvo acuerdo en contrario y para el caso de existir más de un instrumento internacional
aplicable, se optará por el tratado o convención más favorable a la parte que solicite el
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
III. En defecto de cualquier tratado o convención, los laudos extranjeros serán reconocidos y
ejecutados en Bolivia, de conformidad a las disposiciones legales y normas especiales de la
I. El reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero será denegado y declarado
improcedente, por las siguientes causales:
1. Existencia de cualquiera de las causales de anulación establecidas en el artículo 63 de la presente
ley, probada por la parte contra la cual se invoca el reconocimiento y ejecución del laudo, en los
casos del parágrafo II.
2. Ausencia de obligatoriedad por falta de ejecutoria, anulación o suspensión del laudo por
autoridad judicial competente del Estado donde se dictó, probada por la parte contra la cual se
invoca el reconocimiento y ejecución del laudo.
3. Existencia de causales de anulación o improcedencia establecidas por acuerdos o convenios
I. La solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero en Bolivia será presentada
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. La parte que pretenda el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero, deberá presentar
copias del convenio y laudo arbitral correspondientes, debidamente legalizadas.
III. Cuando cl convenio y el laudo arbitral no cursaren en idioma español, el solicitante deberá
presentar una traducción de dichos documentos, firmada por perito autorizado.
I. Presentada la solicitud, la Corte Suprema de Justicia de la Nación correrá en traslado a la otra
parte la solicitud y documentación presentada, para que la responda dentro de los diez (10) días
de su notificación y presente las pruebas que considere necesarias.
II. Las pruebas deberán producirse en un plazo máximo de ocho (8) días computables a partir de la
última notificación a la partes con el decreto de apertura del término de prueba pertinente. Dentro
de los cinco (5) días de haberse vencido el término de prueba, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictará resolución.
III. Declarada la procedencia de la solicitud, la ejecución del laudo se llevará a cabo por la autoridad
judicial competente designada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que será la del
domicilio de la parte contra quien se hubiere invocado o pedido el reconocimiento del laudo o,
en su defecto, por aquella que tenga competencia en el lugar donde se encuentren los bienes a ser
I. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo aceptará las oposiciones a la ejecución forzosa
del laudo, que se fundamenten documentadamente en el cumplimiento del propio laudo o en la
existencia de recurso de anulación pendiente.
II. En el caso anterior, acreditada la existencia de un recurso de anulación pendiente de resolución,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspenderá la ejecución forzosa del laudo hasta que
III. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimará sin mayor trámite cualquier oposición,
que Se base en argumentos diferentes de los señalados en el primer parágrafo del presente
artículo, o cualquier incidente que pretenda entorpecer la ejecución solicitada.
I. La conciliación podrá ser adoptada por las personas naturales o jurídicas, para la solución de
mutuo acuer4o de cualquier controversia susceptible de transacción, antes o durante la
tramitación de un proceso judicial.
II. El procedimiento de la conciliación se basará en la designación de un tercero imparcial e
independiente, que tendrá la función de facilitar la comunicación y relacionamiento entre las
partes. El conciliador podrá, en cualquier etapa, pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
ARTICULO 86o.- (Ejercicio institucional) La conciliación podrá ser desarrollada y aplicada por
instituciones especializadas en medios alternativos de solución de controversias, así como por personas
naturales que cumplan los requisitos previstos por el Capitulo II del presente título.
I. Los actos, procedimientos, declaraciones e informaciones que tuvieren lugar en la conciliación,
serán de carácter reservado y confidencial, sujetos a las reglas del secreto profesional y no
tendrán valor de prueba en ningún proceso judicial.
II. Las partes podrán participar en la conciliación, en forma directa o por medio de representantes
debidamente acreditados mediante poder especial otorgado al efecto. Podrá contar o no, con el
patrocinio de abogados.
III. Las actuaciones y audiencias de la conciliación se efectuarán en forma oral y sin ninguna
constancia escrita consentida ni firmada por las partes o registrada por medios mecánicos,
electrónicos, magnéticos y similares. Esta prohibición no involucra las anotaciones del
conciliador que serán destruidas a tiempo de suscribirse el acta final. Se salva lo dispuesto en
contrario por los reglamentos de las instituciones especializadas.
ARTICULO 88o.- (Instituciones autorizadas)I. Las personas jurídicas podrán constituir, desarrollar y administrar Centros de Conciliación
Institucional, estableciendo en sus documentos constitutivos:
II. Los Centros de Conciliación establecidos por las Cámaras de Comercio con anterioridad a la
presente ley, continuarán sus programas y actividades de conciliación con sujeción a las
ARTICULO 89o.- (Honorarios) Los Centros de Conciliación establecerán un Arancel de Honorarios de
Conciliadores y de Gastos Administrativos.
I. Podrá ser conciliador toda persona natural que goce de capacidad de obrar y no haya sido
condenada judicialmente por la comisión de delitos públicos o privados.
II. La aceptación por las partes de un determinado conciliador es voluntaria, motivo por el que
ningún conciliador podrá ser impuesto a las mismas.
I. Las partes podrán solicitar la conciliación en forma conjunta o separada ante el conciliador o
Centro de Conciliación Institucional de su elección. El conciliador nombrado citará a las partes
en forma inmediata para la primera audiencia de conciliación.
II. En la audiencia el conciliador, previa recapitulación de los hechos y fijación de los puntos de la
controversia, desarrollará una metodología de acercamiento de las partes, para la adopción por
ellas de una solución mútuamente satisfactoria.
III. El conciliador realizará cuantas audiencias sean necesarias para facilitar la comunicación de las
partes. En caso necesario y bajo absoluto respeto de su deber de imparcialidad y
confidencialidad, podrá efectuar entrevistas privadas y separadas con cada una de las partes,
previo conocimiento de la otra.
1. El procedimiento concluirá con la suscripción de un documento llamado Acta de Conciliación,
que incorpore el acuerdo celebrado por las partes y especifique en forma expresa los derechos y
obligaciones a cargo de cada una de ellas, o la suscripción de acta que establezca la
imposibilidad de alcanzar la conciliación.
II. El Acta de Conciliación surtirá los efectos jurídicos de la transacción y tendrá entre las partes y
sus sucesores a título universal la calidad de cosa juzgada, para fines de su ejecución forzosa.
I. El Ministerio de Justicia ejercerá tuición en la institucionalización, desarrollo y aplicación de la
conciliación como medio alternativo de solución de controversias.
II. Créase el Registro de Conciliadores dependiente del Ministerio de Justicia, que reglamentará los
requisitos de inscripción y las condiciones de funcionamiento.
III. El Ministerio de Justicia podrá suspender o cancelar el funcionamiento de los Centros de
Conciliación Institucional o de cualesquiera personas naturales que se desempeñen como
conciliadores, cuando incurran en faltas contra la ética de la conciliación, la reserva y
confidencialidad de su procedimiento, o cuando no cumplan los requisitos previstos en esta Ley.
ARTICULO 94o.- (Mediación) La mediación como medio alternativo para la solución de común
acuerdo de cualquier controversia susceptible de transacción, podrá adoptarse por las personas naturales o
jurídicas como procedimiento independiente o integrado a una iniciativa de conciliación.
ARTICULO 95o.- (Conciliación por los Organos Judiciales) Sin perjuicio del funcionamiento de los
Centros de Conciliación Institucional y de las personas naturales que desarrollen la conciliación, facúltase
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la creación de Centros de Conciliación en los Distritos
Judiciales de la República. El procedimiento de la conciliación se sujetará a los principios y normas
previstos en el Título III de la presente Ley.
ARTICULO 96o.- (Difusión de la ley) Los Centros de Conciliación Institucional bajo la supervisión del
Ministerio de Justicia financiarán el funcionamiento de centros pilotos en sus respectivos distritos, para el
adiestramiento y capacitación de conciliadores, así como para la difusión y divulgación de la presente ley
por los medios de comunicación que sean necesarios.
I. El Tribunal Arbitral podrá aplicar supletoriamente las normas del Código Civil y del Código de
Procedimiento Civil, cuando las partes, el reglamento institucional adoptado o el propio tribunal
no hayan previsto un tratamiento especifico de esta materia.
ARTICULO 98o.- (Derogación de normas legales) Quedan derogadas las siguientes disposiciones
1. Artículo 556 del Capítulo IV, Título II del Libro Tercero y artículos 712 al 746 de los Capítulos I
y II del Título V del Libro Cuarto del' Código de Procedimiento Civil aprobado y promulgado
por Decreto Ley No. 12760 de fecha 6 de agosto de 1975.
2. Artículos 1478 al 1486 del Capítulo II Título 1 del Libro Cuarto del Código de Comercio
aprobado y promulgado por Decreto Ley No. 12379 de fecha 25 de febrero de 1977.
3. Artículos 190o. y 191o. del Decreto Ley No. 15516 de fecha 2 de junio de 1978 sobre "Ley de
Entidades Aseguradoras" y artículo l0o. de la Ley No. 1182 de fecha 17 de septiembre de 1990
sobre "Inversiones".
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de marzo de
mil novecientos noventa y siete años.
Fdo.- H. Raúl Lema Patiño.- PRESIDENTE H. SENADO NACIONAL.- H. Georg Prestel Kern.-
PRESIDENTE H. CAMARA DE DIPUTADOS.- HH. Walter Zuleta Roncal y Guido Capra Jemio,
Senadores Secretarios.- HH. Hugo Baptista Orgaz e Ismael Morón Sánchez, Diputados Secretarios.-
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de marzo de mil novecientos noventa