Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2003/09/registro-oficial-17-de-septiembre-del-2003
Timestamp: 2020-02-23 00:23:20
Document Index: 100694278

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 54', 'artículo 2', 'artículo 276', 'artículo 276']

Registro Oficial. 17 de SEPTIEMBRE del 2003
Miércoles, 17 de Septiembre del 2003 - R. O. No. 171
CONTRALORÍA\n GENERAL:
020\n CG	Refórmase\n el Reglamento Codificado del Fondo Privado de Jubilación\n Patronal de los Servidores
CONSEJO\n NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,\n CONSEP:
075\n CCC SE Derógase\n el Art. 5 de la Resolución N0 021 de 15 de abril de 1999.
DIRECCIÓN\n GENERAL DEL REGISTRO CIVIL:
2003-015-DIR.G\n Autorizase para\n que el personal y la dependencia de la Jefatura Provincial de\n Sucumbíos, ubicada en la ciudad de Nueva Loja, laboren\n en jornada única de trabajo con horario de 08h00 hasta\n las 16h30, con treinta minutos para el refrigerio desde las 12h30\n hasta las 13h00 horas.
2003-018-DIR.G Autorizase para que el personal\n y la dependencia de la Jefatura Provincial de Napo, ubicada en\n la ciudad del Tena, laboren en jornada única de trabajo\n con horario de 08h00 hasta las 16h30, con treinta minutos para\n el refrigerio desde las 12h30 hasta las 13h00 horas.
707-2002-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por la señora Amparo Mantilla Anderson de Santa Cruz.
712-02-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Galo Oswaldo Armijos Cabrera, por ser improcedente
726-2002-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n formulada por el señor Edison Fabián Granja Lema..
749-02-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n propuesta por la señora Guadalupe Espe-ranza Ordóñez\n Jara por ser procedente.
765-02-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor César Augusto Guerrero Cueva, por\n ser improcedente.
773-02-RA\n Revócase\n la resolución subida en grado y no admitir la acción\n de amparo constitucional propuesta por el señor Lupercio\n Reyes Alvarado..
0009-03-HD\n Confirmase la\n resolución del Juez Tercero de lo Civil del Cañar\n y niégase el recurso de hábeas data solicitado\n por Jorge Enrique Hugo Muño
012-2003-RA Confirma se la resolución\n del Juez Octavo de lo Civil de Guayaquil y niégase la\n acción de amparo constitucional solicitada por	José\n Antonio Castro Álvarez.
0022-03-RA Revócase la resolución\n de la Segunda Sala del Tribunal Distrital N0 1 de lo Contencioso\n Administrativo y acéptase la acción de amparo constitucional\n planteada por el arquitecto Jorge Enrique Sangoluisa Cacuango.
029-2003-HC Confirmase la decisión\n del Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Naranjal\n y niégase el recurso de hábeas corpus planteado\n en lo que respecta al accionante Carlos Enrique Rivera Alay..
030-2003-RA\n Revócase\n la resolución dictada por el Juez Octavo de lo Penal de\n Manabí y niégase el amparo constitucional solicitado\n por José Arnulfo Acosta Montalbán.
0030-03-HD Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por ex-empleados del Banco Central del Ecuador,\n por ser improcedente.
0032-03-HD Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de hábeas\n data propuesta por el señor Luis Joaquín Jerez\n Aguilar, por ser improcedente.
0037-2003-HC Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n corpus interpuesta a favor del señor Marco Leonel Briones\n Macías, por ser improcedente.
\n 0047-2003-HC Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de hábeas\n corpus interpuesta a favor de la señora Yolanda Soto López,\n por ser improcedente.
0048-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n constitucional planteada por Enma Noemí Aguiar.
0063-03-RA Revócase la resolución\n del Juez Vigé-simo Cuarto de lo Civil de Guayaquil y niégase\n la acción de amparo constitucional planteada por Nery\n Domingo Vera Pérez y otro.
0084-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo formulada\n por la señora Zoila Margoth Suárez Fonseca
0088-03-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Cristóbal Javier Matute Quintero.
0101-03-RA Confirmase el auto resolutorio\n contenido en providencia del Juzgado Tercero de lo Civil de Cotopaxi\n y no admitir a trámite la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Enrique Villamarín y otros.
114-2003-RA Confirmase la resolución\n de la Jueza Quinta de lo Civil de Manabí y niégase\n la acción de amparo constitucional solicitada por Eduardo\n Antonio Ramón Ceriz Flores. \n
0123-03-RA\n Confirmase la\n resolución del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n de Quito y acéptase la acción de amparo constitucional\n solicitada por Nelson Aguilar Espín.
0146-03-RA Confirmase la resolución\n de la Jueza Quinta de lo Civil de Tungurahua y niégase\n la acción de amparo constitucional planteada por Mayra\n Jacqueline Torres Mogrovejo
0152-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez Vigésimo de lo Civil de Guayaquil y niégase\n la acción de amparo constitucional solicitada por el doctor\n Luis Alberto Serrano Figueroa.
0173-03-RA Confirmase la resolución\n de la Jueza Duodécima de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo constitucional solicitada por Julio\n Adriano Ramón
0177-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha y niégase la\n acción de amparo constitucional propuesta por Jens Rivadeneira\n Jiménez
0197-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez Séptimo de lo Civil del Cañar y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por José\n Tello Andrade y otro.
0206-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez Duodécimo de lo Civil de Guayaquil y niégase\n la acción de amparo constitucional planteada por Frerida\n Cleopatra Flores Varas..
0214-03-RA Confirmase la resolución\n del Juez Décimo Tercero de lo Civil del Azuay y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por Maria\n de Jesús Guamán Nieves..
341-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n formulada por Wilson Patricio Gómez Crespo.
364-2003-RA Inadmitir la acción\n planteada por el doctor Fausto Moreno Sánchez y otro,\n por ser improcedente..
0372-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Alcalde del Municipio de Muisne y otro.
0396-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y deséchase la acción de amparo\n constitucional formulada por Fulbio Emilio Reyes Jara y otros.
708-2003-RA Niégase el amparo formulado\n por el licenciado Telmo Matamorros Molina y revócase la\n resolución del Juez Primero de lo Civil de El Oro.
-\n Cantón Camilo Ponce Enríquez: Que regula el servicio de cementerios.\n \n \n
N0 020\n CG
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO SUBROGANTE
Que el Art. 61 de la Constitución Política de\n la República del Ecuador posibilita el funcionamiento\n de seguros complementarios, opcionales, orientados a proteger\n contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro\n general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, financiados\n con los aportes de los asegurados, en los cuales los empleadores\n pueden efectuar aportes voluntarios, que sean administrados por\n entidades públicas, privadas o mixtas;
Que mediante Acuerdo N0 258 de 8 de junio de 1983, se creó\n la jubilación patronal a favor de los servidores de la\n Contraloría General del Estado;
Que a través del Acuerdo N0 695 de 18 de agosto de\n 1983, se expidió el Reglamento para la Jubilación\n Patronal en la Contraloría General del Estado;
Que con Acuerdo N0 056 de 30 de enero de 1991, se expidió\n el Reglamento Codificado de Administración del Fondo Privado\n de Jubilación Patronal de los Servidores de la Contraloría\n General del Estado;
Que es necesario actualizar algunas normas del Reglamento\n Codificado de Administración del Fondo, para dinamizar\n su funcionamiento, acorde con las nuevas disposiciones constitucionales\n y legales; y,
En uso de las facultades que le confiere el Art. 31, numeral\n 23 de la Ley Orgánica de la Contraloría General\n del Estado,
EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL REGLAMENTO CODIFICADO DEL\n FONDO PRIVADO DE JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS SERVIDORES\n DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.
Art. 1.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo\n 1, reformado, por el siguiente:
"El sistema de jubilación patronal protegerá\n a los funcionarios, servidores y empleados de la Contraloría\n General del Estado de los riesgos de vejez, invalidez y muerte,\n por medio de una pensión complementaria de mejora, independiente\n de la que, para estos casos, confiere el Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social. El sistema se financiará con el aporte\n de la Contraloría, de los asegurados y otras fuentes.\n La incorporación a este sistema del nuevo personal que\n ingrese a la institución y de quienes actualmente no pertenecen\n a él, será voluntaria.
Si un funcionario, servidor o empleado dejare de prestar sus\n servicios a la institución y no cumpliere las exigencias\n y requisitos señalados en el Capitulo IV de este reglamento\n para hacerse acreedor a las prestaciones que éste otorga,\n tendrá derecho a que le sea reintegrado el valor al que\n asciendan sus aportes personales. No se cancelarán intereses,\n debido a que éstos, por efecto del principio de solidaridad,\n quedarán a favor de los beneficiados de sistema.
Art. 2.- Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente:
"Art. 3.- DE LA COMISIÓN ADMINISTRADORA.- La administración\n del sistema de jubilación patronal estará a cargo\n de una Comisión Administradora, que se integrará\n de la siguiente manera: tres representantes del Directorio de\n la Asociación Nacional de Servidores Públicos de\n la Institución; dos representantes de la Asociación\n de Jubilados de la Institución; y, un representante institucional,\n designado por el Contralor General. La Comisión elegirá,\n de entre sus miembros, al presidente y al vicepresidente. Cada\n representante tendrá su respectivo suplente. Los representantes\n del Directorio de la Asociación Nacional de los Servidores\n Públicos y el representante institucional deberán\n acreditar al menos cinco años de servicios en la Contraloría\n General y ser cotizantes del Fondo de Jubilación Patronal.
La Comisión funcionará con un quórum\n mínimo de cuatro representantes y las decisiones se adoptarán\n por mayoría simple de votos. En caso de empate en las\n votaciones, el presidente tendrá voto dirimente.
Los miembros de la Comisión Administradora serán\n administrativa, civil y penalmente responsables de las decisiones\n en las que hubieren participado con su voto.
En ningún caco los miembros de la Comisión Administradora\n integrarán las comisiones asesoras o de apoyo que se designen\n para informar o ejecutar asuntos relacionados con la administración\n del sistema, las cuales preferentemente serán conformadas\n con personal de la Contraloría General del Estado, atendiendo\n a su formación y experiencia".
La Comisión Administradora designará un Secretario\n de entre los servidores de la institución, quien actuará\n en las sesiones con voz informativa.
Art. 3.- En el artículo 4, efectúense las siguientes\n modificaciones: Sustitúyase el literal g), por el siguiente:
g) Reunirse con la periodicidad que requiera el cumplimiento\n de sus funciones. Este aspecto será regulado por la Comisión.\n De cada sesión se elaborará el acta correspondiente\n que contendrá las deliberaciones principales que sirvan\n como elemento de juicio o fundamento de las resoluciones que\n se adopten, la misma que obligatoriamente será conocida,\n aprobada y suscrita en la sesión siguiente por los representantes\n que intervinieron en la sesión anterior
Sustitúyase el literal q), por el siguiente y a aquél,\n denomínese r).
"q) Designar o contratar un administrador, cuyas funciones\n y responsabilidades constarán en el Reglamento Orgánico\n Funcional del Fondo de Jubilación. Este funcionario no\n será servidor de la Institución".
Art. 4.- En el literal o) del artículo 4, suprímase\n la siguiente frase: "y un Procurador Judicial que lo represente\n judicial y extrajudicialmente".
Art. 5.- A continuación del artículo 4, agréguese\n un artículo innumerado que diga:
Art. DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.- Son funciones\n del Presidente:
a)	Cumplir y hacer cumplir el Reglamento y las resoluciones\n que expida la Comisión Administradora del sistema de jubilación\n patronal, así como velar por la buena marcha del Fondo;
b)	Representar, judicial y extrajudicialmente a la Comisión\n Administradora del Fondo;
c)	Ejecutar los actos y celebrar los contratos que disponga\n la Comisión Administradora, una vez cumplidos los requisitos\n establecidos en el Reglamento;
d)	Autorizar los egresos relacionados con los pagos de los\n beneficios, gastos generales o administrativos y préstamos,\n de acuerdo con los respectivos informes previos y según\n las escalas y los montos fijados por la Comisión Administradora;
e)	Vigilar que se mantenga correcta y actualizada la contabilidad,\n que se elaboren los estados financieros y los estudios actuariales\n anuales requeridos;
f)	Convocar a las sesiones de la Comisión Administradora;\n y,
g)	Las demás que le asigne o delegue, por escrito,\n la Comisión Administradora.".
Art. 6.- Derogatoria.- Deróganse la letra d), reformada,\n del Art. 17 del Reglamento Codificado del Fondo de Jubilación\n Patronal de los Servidores de la Contraloría General del\n Estado, y todas las disposiciones que se opongan al presente\n acuerdo.
PRIMERA: La nueva Comisión Administradora se integrará\n en el plazo de diez días, contado a partir de la fecha\n de publicación de este acuerdo en el Registro Oficial.\n Continuarán en funciones los dos representantes actuales\n de las asociaciones Nacional de Servidores y de Jubilados de\n la Contraloría, que fueron designados por sus respectivas\n organizaciones, quienes ejercerán sus atribuciones mientras\n dure el período de los directorios correspondientes. El\n tercer representante de la Asociación Nacional de Servidores\n de la institución integrará la Comisión\n Administradora tan pronto como sea designado.
SEGUNDA:	La nueva Comisión Administradora, contratará\n la realización de estudios actuariales, para determinar\n la situación real actual del fondo.
TERCERA: La Comisión Administradora, en el plazo de\n diez días contado a partir de la fecha de presentación\n del informe actuarial, solicitará al Contralor General\n del Estado que designe una subcomisión, que se encargue\n de efectuar las gestiones tendientes a dotar de personalidad\n jurídica al Fondo de Jubilación Patronal, de así\n estimarlo conveniente para la buena marcha y consolidación\n del sistema.
CUARTA: Una vez obtenida la personalidad jurídica,\n de ser el caso, en el plazo de sesenta días se realizará\n la cesión de derechos, la sustitución del acreedor\n y, en general, la transferencia de los documentos, activos y\n pasivos a favor de la referida persona jurídica.
QUINTA: En todas las disposiciones del reglamento que se refieran\n a la Comisión Administradora, se entenderá como\n Comisión Administradora del Sistema de Jubilación\n Patronal.
ARTÍCULO FINAL.- El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado, en el despacho del Contralor General del Estado subrogante,\n en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 9 de septiembre de 2003.
Dictó y firmó el acuerdo que antecede, el señor\n doctor don Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado,\n subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito\n Metropolitano a los nueve días del mes de septiembre del\n año dos mil tres.
No 075\n CCC SE
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO\n NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,\n CONSEP
Que mediante Resolución N0 021 AS SE de 15 de abril\n de 1999 suscrita por el ingeniero Alfredo Santoro Donoso, Secretario\n Ejecutivo del CONSEP; y la doctora Maria del Cisne Riofrío,\n Directora Nacional de Control y Fiscalización, se dispone\n en el Art. 5 lo siguiente:
"En el caso de transporte de sustancias químicas\n no controladas, el CONSEP concederá el salvoconducto en\n el formulario respectivo, para personas naturales y jurídicas\n calificadas y no calificadas";
Que tal disposición no tiene posibilidad práctica\n de aplicación;
Que esta disposición carece de sustentación\n legal; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 13, numeral\n 5 de la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,
Art. 1.- Derogar el Art. 5 de la Resolución N0 021\n de 15 de abril de 1999.
Art. 2.- Suprimir todos los trámites de concesión\n de salvoconductos para transportación de sustancias químicas\n no controladas por el CONSEP, en cumplimiento de la Ley 108 de\n Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Art. 3.- Dejar sin efecto los salvoconductos para transportación\n de sustancias químicas no controladas concedidos hasta\n esta fecha y que no hubieren sido utilizados.
Art. 4.- Las personas naturales o jurídicas que hubieren\n adquirido los formularios numerados de salvoconductos para transportación\n de sustancias químicas no controladas que no han sido\n utilizados, podrán solicitar la devolución de los\n valores que hubieren pagado por ese concepto hasta noventa días\n a partir del 28 de agosto de 2003.
Art. 5.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación\n en el Registro Oficial.
Dada en Quito, DM, en la sala de sesiones de la Secretaria\n Ejecutiva del CONSEP, el 28 de agosto de 2003.
f.) Cristian Córdova Cordero, Secretario Ejecutivo.
f.) Dra. Luz Maria Martínez Altamirano, Directora Técnica\n del Área de Control y Fiscalización de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas.
No. 2003-015-DIR.\n G
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,\n IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
Que, el artículo 54 del Reglamento General de Aplicación\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, determina\n la jornada ordinaria regular de trabajo para las entidades del\n sector público, debe desarrollarse en dos sesiones, excepto\n para las ciudades de Quito y Guayaquil; por resolución\n de la Dirección Nacional de Personal se podrá aplicar\n la jornada única en otras ciudades del país;
Que, mediante Ley No. 16, publicada en el Registro Oficial\n No. 143 del 7 de marzo de 1989, la Dirección Nacional\n de Personal fue integrada a la Secretaría Nacional de\n Desarrollo Administrativo, como una unidad dependiente de la\n Presidencia de la República;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 041 del 21 de agosto de\n 1998, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 11\n del 25 del mismo mes y año, se suprimió la Secretaria\n Nacional de Desarrollo Administrativo, creándose la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional;
Que, el Art. 5 del Decreto Ejecutivo No. 041 del 21 de agosto\n de 1998, transfiere las facultades de la Dirección Nacional\n de Personal establecidas en las leyes de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, y de Remuneraciones de los servidores públicos\n y sus reglamentos; a las unidades de Personal o de Recursos Humanos\n de las entidades y organismos del sector público, exceptuándose\n lo referente a reclasificaciones, valoraciones, revaloraciones\n de puestos y la administración del sistema de remuneraciones;
Que, el artículo 2 de la Ley de Registro Civil faculta\n al Director General del Registro Civil, Identificación\n y Cedulación, para organizar y administrar los asuntos\n concernientes a esta Dirección;
Que, la Coordinación de Gestión de Recursos\n Humanos de la Dirección General del Registro Civil, Identificación\n y Cedulación, emite criterio favorable mediante oficio\n No. 0429-GRH de 22 de agosto de 2003, para que el personal que\n labora cii la Jefatura Provincial del Registro Civil de Sucumbios,\n dependencia ubicada en la ciudad de Nueva Loja, labore en jornada\n única de conformidad con los antecedentes y consideraciones\n señaladas; y,
En uso de la facultad que le confiere la ley,
Art. 1.- Autorizar para que el personal y la dependencia de\n la Jefatura Provincial del Registro Civil de Sucumbíos,\n ubicada en la ciudad de Nueva Loja, laboren en jornada única\n de trabajo con horario de 08h00 hasta las 16h30, con treinta\n minutos para el refrigerio desde las 12h30 hasta las 13h00 horas.
Art. 2.- De la ejecución de la presente resolución,\n encárguese a la Coordinación de Gestión\n de Recursos Humanos de la Dirección General de Registro\n Civil, Identificación y Cedulación.
La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n veinte y dos de agosto de 2003.
f.) Dr. Pablo Trujillo Paredes, Director General del Registro\n Civil, Identificación y Cedulación (E).
No. 2003-018-DIR.\n G
Que, la Coordinación de Gestión de Recursos\n Humanos de la Dirección General del Registro Civil, Identificación\n y Cedulación, emite criterio favorable mediante oficio\n No. 0437-GRI H de 1 de septiembre de 2003, para que el personal\n que labora en la Jefatura Provincial del Registro Civil de Napo,\n dependencia ubicada en la ciudad del Tena, labore en jornada\n única de conformidad con los antecedentes y consideraciones\n señaladas; y,
Art. 1.- Autorizar para que el personal y la dependencia de\n la Jefatura Provincial del Registro Civil del Napo, ubicada en\n la ciudad del Tena, laboren en jornada única de trabajo\n con horario de 08h00 hasta las 16h30, con treinta minutos para\n el refrigerio desde las 12h30 hasta las 13h00 horas.
Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n primero de septiembre de 2003.
No. 707-2002-RA
Magistrado ponente: Dr. Luis Rojas Bajaña
"LA SEGUNDA SALA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Quito, a viernes 9 de mayo de 2003;\n las 10h46.
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta\n por los señores: Amparo Mantilla Anderson de Santa Cruz,\n Gerente General y representante legal del Centro Aéreo\n Transexpress Ecuatoriano Cía. Ltda.; Alexis Iván\n Proaño Ruiz, Ricardo Aurelio Chiriboga Murgueitio, Pablo\n Esteban Riofrío Guarderas, Guillermo Javier Estrella Santos\n y Juan Ernesto Jijón Chávez, por sus propios derechos,\n en contra de la Directora del Servicio de Rentas Internas, en\n la cual manifiestan: Que la Compañía Centro Aéreo\n Transexpress Ecuatoriano Cía. Ltda., es una empresa que\n desarrolla la actividad de transportar bienes al país\n a través del servicio denominado Club Buzón, desde\n los Estados Unidos, cumpliendo con todas las disposiciones legales.\n Que la Empresa AMERICARGO LOGISTICS CORP., con asiento en Miami,\n Florida, realizó el embarque de varios paquetes de mercaderías\n y efectos personales encargados por varios clientes de TRANSEXPRESS\n CIA. LTDA. Que el 5 de febrero de 2001, dos camiones de la Cooperativa\n de Transporte Pesado Libertadores de Pichincha, que circulaban\n por el sector norte de la ciudad de Quito, transportando dos\n contenedores de mercaderías de la Compañía\n SAVOMA SA., entre los que se incluía los paquetes de sus\n clientes, fueron interceptados y detenidos por funcionarios del\n Servicio de Rentas Internas acompañados de la fuerza pública,\n aduciendo que circulaban sin las respectivas guías de\n remisión. Que de los documentos que se anexaron al expediente\n tramitado en el SRI se desprende que la Empresa AMERICARGO LOGISTICS\n CORP., embarcó equivocadamente los bienes de sus clientes\n entre la carga que correspondía a la de SAVOMA S.A., empresa\n a la que el SRI incautó la mercadería. Que por\n su parte la Compañía AMERICARGO LOGISTICS CORP.,\n por intermedio de la Coordinadora de Exportaciones, informó\n del particular a la Compañía SAVOMA. Que el 22\n de mayo de 2001, TRANSEXPRESS CIA. LTDA., presentó una\n solicitud al SRI, solicitando deje sin efecto la resolución\n por la que se declaró la incautación provisional\n y se proceda a devolver a la Aduana la mercadería, para\n ser entregada a los clientes una vez satisfechos los derechos\n aduaneros correspondientes. Que el SRI violando los derechos\n constitucionales de la empresa y sus clientes, no atendió\n la petición y mediante Resolución No. 00623 de\n 8 de agosto de 2001, declaró el abandono de la mercadería.\n Que ni la compañía ni sus clientes tuvieron conocimiento\n oportuno de la incautación provisional de la mercadería\n y no existe constancia en el proceso de que el SRI ni la Aduana\n hayan notificado a la compañía ni ti sus clientes\n que la mercadería ha sido incautada, que por lo tanto\n no es aplicable la disposición contenida en la letra d)\n de la séptima disposición de la Ley No. 99-24 para\n la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999. Que se ha\n aplicado una sanción a quien no ha cometido infracción\n alguna, lo que es improcedente, ilegal e inconstitucional, violando\n los Arts. 23, numerales 7, 8, 15, 23, 26, 27; 24, numerales 1\n y 7 de la Constitución Política de la República,\n causándoles un daño inminente, grave e irreparable,\n por lo que fundamentados en los Arts. 95 de la Constitución\n Política de la República y 46 de la Ley del Control\n Constitucional, interponen acción de amparo constitucional\n y solicitan se ordene la suspensión definitiva del acto\n administrativo ilegítimo que constituye la Resolución\n No. 00623 de 8 de agosto de 2001, dictada por la Directora General\n del Servicio de Rentas Internas.
El 17 de octubre de 2002, se realizó la audiencia pública\n en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de\n Quito, Primera Sala, a la que compareció el abogado defensor\n de la Directora del Servicio de Rentas Internas, ofreciendo poder\n o ratificación, quien manifestó que ningún\n Juez que forme parte de la Administración de Justicia\n ordinaria está facultado para conocer acciones directas\n en las que se plantee inconstitucionalidad de un acto administrativo,\n como lo dispone el Art. 276, numeral 2 de la Norma Fundamental,\n siendo el Tribunal Constitucional quien tiene tal potestad. Que\n es improcedente la pretensión de los actores de que se\n deje sin efecto las resoluciones por inconstitucionales. Que\n la sanción de incautación ha sido impuesta observando\n todas las formalidades establecidas, convirtiéndose en\n un acto firme y eficaz, legítimo y llamado a cumplirse.\n Que el Código Tributario prescribe la presunción\n de legitimidad de los actos administrativos ejercidos por la\n Administración Tributaria, debiendo probarse en derecho,\n de manera concluyente por parte de quien lo alega, su ilegitimidad\n y que la Corte Suprema de Justicia expidió el instructivo\n sobre la tramitación de las acciones de amparo constitucional,\n publicado en el Registro Oficial No. 559 de 19 de abril de 2002.\n Que la Empresa de Transportes Libertadores del Pichincha, que\n portaba la mercadería declarada en abandono, estaba jurídicamente\n obligada a emitir las guías de remisión respectivas\n en el momento de su embarque, incurriendo en una infracción\n tributaria al no acatar la disposición. Que en la tramitación\n del expediente iniciado con el fin previsto por el inciso final\n del literal d) de la séptima disposición general\n de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999,\n por la Empresa SAVOMA SA., sus representantes presentaron una\n serie de escritos solicitando que los bienes incautados sean\n reembarcados a su lugar de origen, por tratarse de bienes que\n no son de su propiedad, por lo que el SRI expidió la providencia\n de 29 de marzo de 2001, notificada a la Compañía\n AMERICARGO LOGISTICS CORP., en Miami, requiriendo justifique\n su calidad de propietaria o poseedora legítima de la mercadería,\n evento que no se verificó hasta la fecha de emisión\n de la Resolución No. 00623 de 8 de agosto de 2001. Que\n la acción planteada es improcedente y se lo demuestra\n con el hecho de que la empresa SAVOMA SA., interpuso ante el\n Juez Décimo Séptimo de lo Civil del cantón\n Sta. Elena una demanda de amparo constitucional contra la Resolución\n No. 623 de 8 de agosto de 2001, emitida por el SRI, siendo declarada\n con lugar mediante providencia de 14 de enero de 2002. Que el\n 17 de enero de 2001, el Juez subrogante encargado del Juzgado\n Décimo Séptimo de lo Civil del cantón Sta.\n Elena, fue destituido por la Comisión de Recursos Humanos\n del Consejo Nacional de la Judicatura. Que el SRI apeló\n la resolución, siendo conocida por la Primera Sala del\n Tribunal Constitucional, la que negó la acción\n propuesta. Por lo expuesto solicitó se deseche la acción\n planteada por improcedente y carente de fundamento jurídico.-\n Compareció la Dra. Ligia Granados Vargas, ofreciendo poder\n o ratificación de la Directora Nacional de Patrocinio\n del Estado, delegada del Procurador General del Estado.- La accionante\n con su abogado defensor, se ratificó en los fundamentos\n de hecho y de derecho de la demanda.
El 24 de octubre de 2002, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n Distrito de Quito, Primera Sala, resolvió conceder el\n amparo solicitado. Radicada la competencia en esta Sala por el\n sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver,\n para hacerlo se considera:
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto\n por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución\n Política de la República.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir la resolución de la causa por lo que se\n declara su validez.
TERCERO.- Para que proceda la acción de amparo constitucional\n es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos\n de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier\n derecho consagrado con la Constitución o en un tratado\n o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar\n un daño grave e inminente.
CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la accionante, como representante\n de la Compañía CENTRO AÉREO TRANSEXPRESS\n ECUATORIANO CIA. LTDA., solicita que se deje sin efecto el acto\n administrativo contenido en la Resolución No. 00623 de\n 8 de agosto de 2001, dictada por la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas, por medio de la cual se declara en abandono\n varias mercaderías incautadas que, a decir de la peticionaria,\n pertenecen a los clientes de su representada; agrega que, por\n una equivocación cometida por la Compañía\n AMERICARGO LOGISTICS CORP., domiciliada en Miami, fueron enviadas\n a la Compañía SAVOMA S.A. la misma que retiró\n dicha mercadería de la Aduana para posteriormente embarcarla\n en dos camiones que fueron interceptados y detenidos por funcionarios\n del Servicio de Rentas Internas y miembros de la fuerza pública.
QUINTO.- Con fecha 19 de marzo de 2002, la Primera Sala de\n este Tribunal Constitucional, resolvió el caso No. 065-2002-RA,\n correspondiente a la acción de amparo propuesta por el\n representante de la Compañía SAVOMA S.A. en contra\n de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, en el\n que se solicitaba se deje sin efecto la Resolución No.\n 00623 de 8 de agosto de 2001, mediante la cual se declaró\n el abandono de los bienes incautados, luego de seguir el trámite\n correspondiente conforme a lo establecido por la disposición\n general séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas. En la resolución citada, la Primera Sala\n analizó el acto impugnado estableciendo que el trámite\n seguido para su emisión fue el correcto; que dentro del\n expediente tramitado por el Servicio de Rentas Internas se dictó\n una providencia por medio de la cual se ordenó que la\n Compañía AMERICARGO LOGISTICS CORP. comparezca\n y justifique su calidad de propietaria o posesionaría\n legítima de la mercadería incautada, por medio\n de documentos en los que consten los nombres del o los propietarios\n reales de la mercadería; que la Resolución 00623\n se encuentra debidamente motivada; que en el plazo concedido\n para demostrar la propiedad o posesión sobre los bienes\n no se presentó ningún documento que pruebe tal\n situación; concluyendo que no existe acto ilegitimo alguno\n en la Resolución No. 00623 dictada por la Directora General\n del Servicio de Rentas Internas, por lo que se negó el\n amparo por improcedente.
SEXTO.- De lo señalado en el considerando anterior,\n se hace presente que el acto que se impugna por medio del presente\n amparo, fue motivo de un amparo propuesto con anterioridad por\n la Compañía SAVOMA SA., el mismo que fue debidamente\n analizado por la Primera Sala de este Tribunal, y sobre el cual\n se dictó la correspondiente resolución; en tal\n virtud, no cabe la presente acción de amparo pues se trata\n de una materia ya resuelta en segunda y definitiva instancia,\n por lo tanto, existe ya un fallo ejecutoriado al respecto.
SÉPTIMO.- En el expediente subido en grado, a folios\n 29 a 32, consta una copia certificada de la Resolución\n No. 065-2002-RA, dictada por la Primera Sala de este Tribunal\n dentro de la acción de amparo a la que se hizo referencia\n anteriormente; por tal motivo, causa extrañeza que la\n Primera Sala del Tribunal Distrital de lo contencioso Administrativo\n de Quito, haya concedido el amparo propuesto en el presente caso,\n cuando de la simple lectura a los antecedentes de aquella resolución\n se observa con claridad que se trata del mismo acto, del mismo\n procedimiento, de las mismas compañías involucradas\n en los hechos, por lo que no era difícil concluir que\n no podía volver a resolverse sobre el mismo asunto, aunque\n fuera otra persona jurídica la proponente de la acción.
Por las consideraciones que anteceden y en uso de sus atribuciones\n constitucionales y legales, esta Sala,
1.-	Revocar la resolución venida en grado y por tanto\n negar el amparo constitucional propuesto por la señora\n Amparo Mantilla Anderson de Santa Cruz, Gerente General y representante\n legal del Centro Aéreo Transexpress Ecuatoriano Cía.\n Ltda.
2.-	Remitir una copia de la presente resolución al\n Consejo Nacional de la Judicatura.
3.-	Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines\n consiguientes.- Notifíquese.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña, Presidente, Segunda Sala.\n
f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal, Segunda Sala.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal, Segunda Sala.
Razón: Siento por tal que el día de hoy viernes\n nueve (9) de mayo de dos mil tres (2003), a las diez horas y\n cuarenta y seis (10h46), se aprobó la resolución\n que antecede.- Lo certifico.
f.) El Secretario de la Sala.
Fiel copia del original, Segunda Sala.- f.) Secretario de\n Sala.- Tribunal Constitucional
Magistrado ponente: Doctor Mauro Terán Cevallos
N0 712-02-RA.
"LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En el caso signado con el N0 712-2002-RA
El señor Galo Oswaldo Armijos Cabrera comparece ante\n el Juez Primero de lo Civil de Loja e interpone acción\n de amparo constitucional en contra del Gobernador de la provincia\n de Loja, a fin de que se deje sin efecto el acto administrativo\n constante en la resolución de 24 de junio de 2002, y en\n consecuencia sea reintegrado a su cargo de Secretario Ejecutivo\n 2 de la Gobernación de la provincia de Loja.
El accionante manifiesta que el 18 de abril de 2002, el señor\n Gobernador encargado de la provincia de Loja presentó\n una denuncia mediante la cual hacía conocer al Ministerio\n Público la desaparición de 33 pasaportes de la\n oficina de la Gobernación que estaba a su cargo. El Agente\n Fiscal Distrital de Loja, que conoció la causa el 25 de\n abril de 2002, resuelve dar inicio a la Instrucción Fiscal,\n imputándole al señor Galo Oswaldo Armijos Cabrera\n la comisión del delito de hurto tipificado en el artículo\n 548 del Código Penal. Añade que con posterioridad,\n el Juez que conoció el proceso penal dictó sobreseimiento\n definitivo a su favor.
Expresa también que el 16 de mayo de 2002, la Asistente\n de Recursos Humanos de la Gobernación de Loja, atendiendo\n una comunicación del Gobernador de la provincia, inicia\n en contra del accionante una audiencia administrativa.
El señor Gobernador encargado, con fecha 24 de junio\n de 2002, dicta la resolución correspondiente dentro del\n trámite administrativo que se siguió en contra\n del señor Galo Oswaldo Armijos Cabrera, la misma que lo\n sanciona con la destitución del cargo. El accionante dice\n que la indicada resolución desconoce el hecho de que ya\n fue juzgado anteriormente, y además absuelto, y que sin\n motivación de ningún tipo se procede a destituirle\n del cargo.
Considera que se ha vulnerado todos los derechos y garantías\n que prescribe la Constitución Política del Ecuador\n en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 24, principalmente\n el derecho a la defensa.
La audiencia pública se realiza el 16 de octubre de\n 2002 ante el Juez Primero de lo Civil de Loja. El accionante\n se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.\n Por su parte, el accionado, en lo principal, manifiesta: Que\n jamás se ha violentado derecho constitucional del licenciado\n Armijos Cabrera. La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n expresa que cuando se ha cometido una infracción, sin\n perjuicio de la acción civil y penal, se podrá\n iniciar acciones administrativas; Que el accionante fue notificado\n con el inicio de una Audiencia Administrativa con fecha 6 de\n junio de 2002 por haber incumplido los deberes impuestos en el\n inciso segundo del Art. 32, Arts, 58 y 62 de la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa; Que jamás se conculcó\n ningún derecho constitucional, es más la resolución\n administrativa emitida por el Gobernador fue apelada por el accionante,\n y es el propio Ministro de Gobierno de Policía y Municipalidades\n quien ratifica dicha resolución con fecha 23 de agosto\n de 2002; Que el proponente está tratando de mezclar en\n su demanda actos penales y administrativos, sin ser esto admisible\n para conceder el amparo porque el derecho administrativo sanciona\n faltas leves, graves, etcétera; por lo que solicita se\n rechace la demanda de amparo constitucional propuesta.
El Juez Primero de lo Civil de Loja niega la acción\n de amparo propuesta por el señor Galo Armijos, por considerar\n que la destitución se ha tramitado conforme a las normas\n establecidas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n y que el demandado no ha violado ninguna disposición de\n la Carta Magna.
Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente\n caso de conformidad con lo que dispone el artículo 276,\n número 3 de la Constitución Política del\n Estado, en concordancia con el Art. 12 numeral 3, y Art. 62 de\n la Ley del Control Constitucional;
Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez;
Que, del Art. 95 del texto constitucional, y de la normativa\n singularizada en la Ley del Control Constitucional, se establece\n de manera concluyente que la acción de amparo constitucional\n es procedente cuando: a) Existe un acto ilegítimo; b)\n Que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional;\n c) Amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio\n del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos\n para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse\n presentes simultáneamente y de manera unívoca;
Que, el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa dice: Reconócese el derecho de\n los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionársele\n la posibilidad de justificarse; y el inciso segundo añade:\n Para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera de\n las sanciones previstas en el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa se les escuchará previamente\n en audiencia de lo cual se dejará constancia escrita;
Que, efectivamente, el hoy accionante fue sancionado con la\n destitución del cargo de Secretario Ejecutivo 2 de la\n Gobernación de la provincia de Loja, sanción contemplada\n en el Art. 62, literal e) de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa;
Que, para ser sancionado con la destitución de cargo,\n al señor Armijos Cabrera, a pesar de no existir obligación\n de hacerlo por no ser servidor de carrera, se le instauró\n un sumario administrativo en donde tuvo de la oportunidad de\n presentar prueba, y de justificarse en dos audiencias administrativas:\n la primera celebrada el 21 de mayo de 2002 (folio 64) dentro\n del sumario instaurado en su contra; y, la segunda celebrada\n el 7 de junio de 2002, ante el propio. Gobernador de la provincia\n de Loja;
Que, la valoración de la prueba dentro del trámite\n administrativo no puede realizarse únicamente sobre lo\n actuado en tal proceso, sino que es legítimo valorar prueba\n que deviene de otros actos ocurridos con anterioridad, en concreto,\n en el presente caso, en las declaraciones rendidas ante la Policía\n Judicial como parte de la indagación previa impulsada\n por la Fiscalía de la Provincia de Loja, puesto que, precisamente\n ahí, se conocen los actos que luego se investigan administrativamente;
Que, en la m