Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S11-05.html
Timestamp: 2014-03-10 00:10:04
Document Index: 239369252

Matched Legal Cases: ['artículo 44', 'artículo 27', 'artículo 46', 'Artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46']

Gregoria Herminia et al. v. El Salvador, Caso 708/03, Informe No. 11/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 11/05[1]
2. Conforme a la denuncia, el 25 de agosto de 1982 los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras, de 4 años, 1 año 8 meses y 4 meses de edad, respectivamente, habrían sido capturados por militares integrantes de la Quinta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador durante un operativo realizado en el lugar conocido como “La Conacastada” del cantón San Juan Buenavista, jurisdicción de Tecoluca, Departamento de San Vicente. Desde entonces, a casi 23 años de ocurrido los hechos, se desconoce el paradero de los niños. Todas las gestiones realizadas ante las autoridades para esclarecer los hechos, incluyendo una denuncia penal y un habeas corpus, resultaron infructuosas. 3. El Estado sostiene que los peticionarios interpusieron un recurso de hábeas corpus en el año 2002 (pudiendo haberlo interpuesto en cualquier momento anterior). El Estado señala que en sentencia de 17 de febrero de 2003, se admite este recurso, en el cual se ordena a la Fiscalía General de la República llevar a cabo las acciones respectivas para darle eficacia a la debida tutela a la libertad personal de los menores. El Estado señala que la Fiscalía inició las investigaciones del caso y que dicha investigación sigue su curso y que debe profundizarse más para determinar las circunstancias del caso. Alega asimismo que existía durante el conflicto armado interno la posibilidad de presentar la denuncia por las desapariciones al Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ésta nunca fue hecha en relación con los menores. Por lo tanto, solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso por falta de agotamiento de los recursos internos.
7. En cuanto a la investigación, los peticionarios indican que las diversas instancias que intervinieron en El Salvador han sido ineficaces e insuficientes. La madre de los niños acudió por primera vez a denunciar los hechos en 1993 ante la Comisión de la Verdad, luego de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Asimismo, el mismo año acudió a la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES). Al ser creada la Asociación Pro- Búsqueda, acudió también a ésta, y en 1996 acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La resolución de este último organismo, de fecha 30 de marzo de 1998, fue certificada y enviada a la Fiscalía General de la República, sin obtener resultados. El 16 de octubre de 2002, la señora María Contreras presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 8. Se indica que no fue posible hacer una denuncia con anterioridad, puesto que debido al conflicto armado existente, existía el temor de que cualquier persona que se apersonara a los cuarteles iba a ser vinculada a la guerrilla y sufrir represalias. Al respecto, la Comisión de la Verdad para El Salvador advirtió que se cometieron muchas violaciones de derechos humanos en contra de la población civil simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros, dentro de la campaña, especialmente de los primeros años de “quitarle el agua al pez”. Dentro de este panorama, los peticionarios alegan que no existía confianza en las autoridades, especialmente cuando las violaciones a los derechos humanos eran perpetradas por el ejército salvadoreño. 9. Los peticionarios señalan que el proceso penal interno no se inició sino hasta la resolución de esta sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 17 de febrero de 2003 (notificada el 3 de marzo de 2003), en la cual se reconoce la violación constitucional al derecho a la libertad de los hermanos Contreras y se insta a la Fiscalía General de la República a fin de que “tome las medidas necesarias conforme a sus atribuciones constitucionales, a efecto de llevar a cabal término el establecimiento de las condiciones en que se encuentran los favorecidos Serapio Cristián, Julia Inés y Herminia Gregoria, todos de apellido Contreras”.[2] 10. Los peticionarios alegan que “la Fiscalía no ha puesto el empeño necesario para la investigación del caso ya que de acuerdo a lo sostenido en el escrito de contestación [de la petición] existen registros que permitirían obtener información que conllevaría a conocer el paradero de los hermanos Contreras…”[3] Los peticionarios alegan asimismo que: “…aunque se sostenga [por el Estado en su escrito de contestación a la petición] que el proceso sigue abierto, ya ha pasado un año desde que se pronunció la resolución del hábeas corpus y no conocemos que se hayan obtenido resultados sobre la ubicación de los menores y tampoco se ha presentado el requerimiento respectivo ante el Juzgado competente…”.
12. En relación con las normas aplicables, los peticionarios sostienen que el Estado salvadoreño ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1978, y por lo tanto es responsable de las violaciones a ésta en perjuicio de los hermanos Contreras. B. El Estado
[L]a Fiscalía General de la República hizo las investigaciones del caso, para lo cual acudió el día 27 de [no se indica mes] de 2003 a la Quinta Brigada de Infantería de la ciudad de San Vicente, reuniéndose con diferentes efectivos de dicha Brigada, quienes manifestaron lo siguiente:”Habiendo explicado el Teniente Coronel Alas Zansur, que todos los registros de operaciones realizadas por efectivos de la Quinta Brigada de Infantería de esta ciudad en la década de los 80 y 90 se mandaron al Archivo General del Ministerio de la Defensa Nacional, ya que las mismas poseen un valor histórico….comprometiéndose las personas antes mencionadas a proporcionar guías, con el objeto de realizar inspecciones en los referidos cantones y así tratar de ubicar familiares de los menores desaparecidos…” 17. El Estado añade que existían otras vías de denuncia como el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ésta nunca fue utilizada por los peticionarios. 18. Por último, el Estado salvadoreño sostiene que las investigaciones continúan abiertas en etapa de investigación y que los recursos de la jurisdicción interna no han sido agotados, conforme a los principios generalmente aceptados del Derecho Internacional, por lo cual solicita que la CIDH declare la inadmisiblidad del caso. El Estado recalca que una investigación abierta 20 años después, no puede resolverse con la prontitud que se requiere en virtud de que el lapso de tiempo, perjudica la investigación y la prueba. Sin embargo, el Estado insiste que ha puesto toda la diligencia del caso. IV. ANÁLISIS
19. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están legitimados para formular una petición ante la Comisión. La petición objeto de estudio indica que la supuesta víctima estaba sometida a la jurisdicción del Estado salvadoreño en la época de los hechos aducidos. Con respecto al Estado, la Comisión señala que El Salvador es un Estado parte de la Convención Americana, habiendo depositado en debida forma su instrumento de ratificación el 23 de junio de 1978. En consecuencia, la Comisión posee competencia personal para examinar las denuncias presentadas. 20. Además posee competencia material porque los peticionarios aducen violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana. El Estado manifiesta que el derecho aplicable durante el conflicto armado interno sería el derecho internacional humanitario. Al respecto, la Comisión entiende que la circunstancia de que algunos de los hechos denunciados, hubiesen ocurrido en el contexto de un conflicto armado, no excluye la facultad de esta Comisión de pronunciarse sobre los mismos. El propio artículo 27 de la Convención, permite la suspensión de ciertos derechos en el contexto de conflictos armados pero en modo alguno suspende la vigencia de la Convención en su integridad ni priva a esta Comisión de sus atribuciones. Todo ello, sin perjuicio de que en la etapa de fondo, la CIDH deba analizar las obligaciones del Estado emanadas de la Convención, a la luz de las normas del derecho internacional humanitario que serán utilizadas como parte de interpretación en tanto lex specialis. 21. La Comisión posee jurisdicción temporal para examinar las denuncias. La petición se basó en alegaciones sobre hechos ocurridos a partir del 25 de agosto de 1982, fecha en que habría comenzado de la desaparición de los hermanos Contreras. Los hechos aducidos se produjeron por lo tanto con posterioridad de la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como parte de la Convención Americana. Además, como en la petición se alegan violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado parte, la Comisión concluye que posee competencia territorial para tomar conocimiento de la misma. B. Otros requisitos de admisibilidad de la petición
22. El artículo 46 de la Convención establece requisitos adicionales de admisibilidad, en este sentido Artículo 46
1. Agotamiento de los recursos internos 23. El Estado alega que el presente caso es inadmisible porque no se han agotado los recursos internos en El Salvador. Señala en tal sentido la existencia de un proceso penal abierto en etapa de investigación, por lo cual estaría pendiente de resolución en sede interna. Asimismo, señala que no se agotaron en tiempo los recursos disponibles, como son el de hábeas corpus y la denuncia al Comité Internacional de la Cruz Roja. En este sentido, el Estado señala que se interpuso un recurso de habeas corpus el año 2002, pudiendo haberse interpuesto anteriormente en cualquier momento; que este recurso fue admitido y que en virtud de éste, se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía General de la República, que sigue en curso. El Estado añade que el 12 de septiembre de 1980, firmó un Convenio de sede con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de que se instalara una delegación permanente de dicha organización en El Salvador. En virtud de este acuerdo, el CICR instaló una agencia de búsquedas para registrar las solicitudes de familiares relativas a personas supuestamente detenidas o dadas por desaparecidas. Dos de estas oficinas estaban ubicadas en Santa Ana y San Miguel. Se sostiene que en el documento entregado por el CICR el 15 de mayo de 1993, en donde se plasmaban las denuncias recibidas respecto de desapariciones desde 1979 a 1992, nunca hubo un documento que señalara denuncias de desapariciones de menores.
25. En el presente caso se alega la presunta responsabilidad de integrantes del Ejército salvadoreño en la desaparición forzada de tres niños en pleno conflicto armado interno en El Salvador. Dicha época se caracterizó por las violaciones sistemáticas de derechos humanos e impunidad, facilitada en parte por la ineficacia del sistema judicial salvadoreño.[6] Habida cuenta de las circunstancias particulares del caso y el contexto mencionado, la Comisión considera que al momento en que ocurrieron los hechos alegados, no era posible ni necesaria la presentación de recurso alguno, configurándose la excepción al agotamiento de recursos internos, establecida en el artículo 46(c) de la Convención Americana. 26. Hasta la fecha de adopción de este informe los recursos internos no han operado con la efectividad que se requiere para investigar una denuncia de desaparición forzada. En efecto, han transcurrido casi 12 años desde que las autoridades salvadoreñas habrían tomado conocimiento de los hechos. En efecto, la madre de las presuntas víctimas habría denunciado su desaparición a la Comisión de la Verdad en 1993. El mismo año, dicha Comisión hizo público su Informe y lo entregó a las autoridades en El Salvador. El Informe contiene los nombres de los tres hermanos.[7] Sin embargo, hasta la fecha de adopción del presente informe no se ha establecido de manera definitiva cómo sucedieron los hechos.
28. El 31 de mayo de 1996, la Asociación Pro- Búsqueda, presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), sobre 145 casos de menores víctimas de desaparición forzada, todos ellos en el contexto del conflicto armado interno del país. La Procuraduría seleccionó de éstos, 5 casos, entre ellos el de los hermanos Contreras. 29. El 30 de marzo de 1998, la Procuraduría emite su Informe[10], estableciendo la responsabilidad del Estado en la desaparición de los tres hermanos. Entre las diligencias que se hicieron para establecer los hechos en este sentido, la Procuraduría ofició al Ministerio de la Defensa Nacional y este respondió: “El Comandante de la Quinta Brigada de Infantería a la fecha del operativo era el Coronel Napoleón Alvarado; las unidades que participaron en la operación fueron el Regimiento de Caballería, el Centro de Instrucción de Ingenieros de la Fuerza Armada y el Centro de Instrucción de Transmisiones de la Fuerza Armada; no se logró establecer el nombre de los oficiales que se conducían como ejecutivos responsables de la operación, así como tampoco el nombre del jefe del Batallón Cazador de Quinta Brigada de Infantería, en razón de que “Cazador” era un nombre genérico que tenían varios Batallones; el Ministerio de Defensa Nacional no abrió ningún tipo de investigación sobre la posible desaparición forzada de los menores Herminia Gregoria, Serapio Cristián y Julia Inés, todos de apellido Contreras Recinos.”
33. Con base en todo lo anterior, la Comisión Interamericana decide aplicar al presente caso la excepción prevista en la segunda parte del artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. En consecuencia, no se aplican los requisitos previstos en dicho instrumento internacional sobre agotamiento de recursos internos, como tampoco el plazo de seis meses para la presentación de la petición. 34. Al mismo tiempo, la CIDH no considera que la denuncia al Comité Internacional de la Cruz Roja sea uno de los recursos que la Convención exige agotar. Dicho Comité es una organización humanitaria y no constituye un órgano judicial. 35. Por último, debe señalarse que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos prevista en la Convención Americana se halla vinculada estrechamente a la determinación de posibles violaciones de ciertos derechos consagrados en la misma, como la tutela judicial efectiva. El artículo 46(2) de la Convención Americana, sin embargo, es una norma de contenido autónomo respecto a las otras disposiciones sustantivas del mismo instrumento. A fin de determinar si las excepciones al agotamiento de recursos internos resultan además en violaciones a la Convención Americana en el presente caso, debe efectuarse un análisis diferente en la etapa de fondo de la cuestión denunciada. Ello se debe a que en el análisis de dichas excepciones se utilizan normas de apreciación distintas de las aplicables para la determinación de las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
37. Al respecto, tomando en cuenta la fecha de los hechos alegados, la posibilidad de encontrarse frente a una situación de violación continuada de derechos humanos, y la situación de los diversos recursos internos en El Salvador, la Comisión considera que la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable. 3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacionales
41. La Comisión Interamericana concluye que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. 42. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
[5] En su respuesta de fecha 5 de marzo, el Estado cita el Informe presentado por el profesor José Antonio Pastor Ridruejo a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cumplimiento del mandato concedido por la Resolución 1983/29 de dicha Comisión, de fecha 19 de enero de 1984, en el cual se establece la vigencia de el P.O.N. (“Procedimiento Operativo Normal para las detenciones efectuadas por elementos de las Fuerzas Armadas”). En dicho procedimiento se establece que los menores que se encontraran iban a ser llevados a lugares seguros. [6] En sus informes anuales publicados durante la vigencia de dicho conflicto, la CIDH se pronunció en varias oportunidades acerca de la violencia y la falta de tutela judicial efectiva de los derechos. Por ejemplo:
El derecho a la justicia se ha visto profundamente afectado por el estado de emergencia que rige en El Salvador, tal como fuera ya señalado. Al respecto cabe reiterar lo señalado por la Comisión en su anterior Informe Anual: la Convención Americana sobre Derechos Humanos no autoriza a suspender las garantías judiciales indispensables para proteger los derechos fundamentales y menos aún cuando esa suspensión rige por lapsos demasiado prolongados, como ha venido ocurriendo en El Salvador. A ello se agrega la falta de independencia y de autoridad de su Poder Judicial, contra cuyos miembros también se han ejercitado actos criminales. Las acentuadas restricciones de las garantías judiciales han determinado, como se ha expresado en anterior oportunidad, que muchos procesos hayan quedado sin esclarecer, generando en la población una pérdida de confianza en el sistema judicial. CIDH, Informe Anual 1983-1984, Capítulo IV “Situación de los derechos humanos en varios Estados: El Salvador”, párr. 6. [7] Ver Informe De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Naciones Unidas, año 1993, Naciones Unidas. El listado de víctimas se encuentra en los Anexos, Tomo II. c. Fuente indirecta, pág. 33.
[10] Resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de fecha 30 de marzo de 1998. [11] En relación con la falta de investigación, señala: “se intimó al Ministro de Defensa Nacional, manifestando éste que ninguno de los favorecidos se encuentra privado o restringido de su libertad física en alguna de las unidades militares de la Fuerza Armada, no siendo posible su exhibición personal; conforme a los archivos del organismo y de las diversas unidades militares no existen registros o antecedentes relacionados con posibles restricciones. Por su parte el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada a quien también se le intimó, expuso: que ninguno de los favorecidos se encuentra privado o restringido de su libertad en alguna de las unidades militares de la Fuerza Armada, por lo que no es posible su exhibición personal, no existiendo así investigaciones incoadas por autoridades militares, pues conforme a los archivos del organismo y de las diversas unidades militares no existen registros o antecedentes relacionados con posibles restricciones o privaciones de la libertad de ahora favorecidos. Finalmente el juez ejecutor nombrado, concluyó en su informe que a este momento no se tenía un registro completo ni detallado del rango ni del nombre de los militares que se realizaron dichos operativos.
[12] Resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, de fecha 17 de febrero de 2003, en el proceso de habeas corpus número 215-2002. [13] Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Castillo Páez, Sentencia de fondo de 3 de noviembre de 1998, Serie C, Nº 34, párr. 66.