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Timestamp: 2018-03-21 22:43:37
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Matched Legal Cases: ['artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 67', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 24', 'artículo 31', 'artículo 19']

BONIFICACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO Y ADICIONAL PARA PERSONAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Escalona M., Camilo
REQUISITOS ALTERNATIVOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCTOR PROFESIONAL
ELECCIONES primarias para nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes
URGENCIA PARA CONCRECIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO EN PUERTO WILLIAMS. OFICIO
CRÍTICAS A "LEY CAE" Y DENUNCIA ANTE CONTRALORÍA POR PROPAGANDA TELEVISIVA EN SU FAVOR. OFICIOS
Sesión 13ª, en miércoles 18 de abril de 2012
(De 16:21 a 19:43)
SECRETARIOS, LOS SEÑORES MARIO LABBÉ ARANEDA, TITULAR,
Concurrió, además, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet Vignau. Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Luis Castillo Fuenzalida, y el Subdirector de la Dirección de Presupuestos, señor Hermann von Gersdorff.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 21 señores Senadores.
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", con relación al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal CONAF (boletín N° 7.486-01).
Con el segundo retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificada de "simple", para el despacho de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la ley N° 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de Policía Local, para prohibir el envío de citaciones en el caso en que las infracciones sean registradas con el vehículo en movimiento (boletín N° 7.292-15).
2.- La que enmienda la ley N° 18.290, de Tránsito, para incorporar en el certificado de inscripción el kilometraje registrado en el dispositivo y sancionar a quienes lo adulteren (boletines Nos. 7.559-15 y 7.565-15, refundidos).
De Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual solicita que se disponga lo necesario para que el Congreso Nacional se reúna el 21 de mayo próximo en Congreso Pleno, con el fin de recibir la cuenta del estado administrativo y político de la Nación, y propone, para tal efecto, que la sesión sea convocada para las 10 de ese día.
Del señor Ministro de Educación:
Da respuesta a petición de antecedentes, cursada en nombre del Honorable señor Quintana, en lo referente al avance de tres proyectos para enfrentar los efectos del incendio que afectó la infraestructura del liceo C 14 Carlos Schalchli Villalobos, comuna de Lonquimay.
Remite antecedentes, pedidos en nombre del Honorable señor Navarro, sobre vertimiento de aguas servidas en la salida de la torre de carga de la Planta Elevadora de Aguas Servidas de ESSBÍO S. A., hecho que causó la mortandad de peces en el canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío.
Informa sobre el estado de avance de veinte proyectos de tratamiento de aguas en la Región de Los Lagos, materia consultada en nombre del Honorable señor Kuschel.
De las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda, unidas, recaído en el proyecto de ley que crea el ingreso ético familiar (boletín Nº 7.992-06) (con urgencia calificada de "suma").
De los Honorables señora Allende y señor Navarro, para respaldar a la Fiscalía Nacional Económica en su investigación sobre colusión en el mercado de las bencinas, demandar de Su Excelencia el Presidente de la República el ejercicio de sus atribuciones para fortalecer la institucionalidad pública y la coordinación de las autoridades sectoriales, y pedir a la Asociación de Distribuidores de Combustibles que impulse buenas prácticas en materia de libre competencia (boletín N° S 1.462-12).
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento han llegado a la Mesa dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados, con los que esta informa que ha prestado su aprobación a las proposiciones de las Comisiones Mixtas que resolvieron las divergencias suscitadas en los proyectos sobre indulto general (boletín N° 7.533-07) y el que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena alternativa de trabajos comunitarios (boletín N° 7.534-07).
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la Cuenta de la sesión de la mañana se declaró inadmisible una moción, de varios Senadores, con la que se daba inicio a un proyecto de ley que elimina el límite de días de remuneración para el pago de la indemnización por años de servicio.
Pido que se envíe un oficio al Ejecutivo para que le otorgue su patrocinio.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por la unanimidad de los miembros presentes, acordó solicitarle a la Mesa que recabe la autorización para que el próximo miércoles 2 de mayo, entre las 17 y 18:30, ese órgano técnico pueda sesionar en forma simultánea con la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay inconveniente, se accederá.
El señor TUMA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía le pide a la Mesa recabar la autorización para funcionar hoy día simultáneamente con la Sala de 18 a 20.
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay objeciones, se accederá.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, solicito que puedan asistir a la sesión los señores Luis Castillo, Subsecretario de Redes Asistenciales, y Herman von Gersdorff, Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, para el efecto de poder contar con su valiosa presencia al tratar el proyecto que otorga un incentivo al retiro voluntario de los trabajadores de la Salud. Ello, en atención a que es imposible contar con la presencia del señor Ministro.
Deseo consultar, además, si es posible dejar para la próxima sesión -alcancé a conversarlo con algunos Comités- el proyecto que figura en la tabla de Fácil Despacho, el cual reemplaza artículos de la ley Nº 19.451, que establece el modo de determinar quiénes pueden ser donantes de órganos.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Secretaría General me expresa -discúlpeme, Senador señor Ruiz-Esquide, porque veo que me hace un gesto negativo con entusiasmo y se dejará constancia de su posición en la Versión Oficial- que basta que un Comité lo solicite para que el asunto quede remitido a la sesión siguiente.
El señor RUIZ.- ESQUIDE.- ¿Cuál lo hizo?
El señor ESCALONA (Presidente).- El Comité Unión Demócrata Independiente.
El aplicable es el artículo 88 del Reglamento.
El señor PIZARRO.- Se puede pedir segunda discusión, señor Presidente. No es necesario excluir la iniciativa de la tabla.
El señor ESCALONA (Presidente).- La disposición expresa: "Cualquier Comité puede pedir el retiro de un proyecto de la tabla de Fácil Despacho".
La señora ALLENDE.- Que se saque, entonces.
El señor PIZARRO.- Lo que se está solicitando es otra cosa.
El señor ESCALONA (Presidente).- No, Su Señoría. Se han formulado dos peticiones. Esta última es la que había que precisar primero, por decir relación con la tabla de Fácil Despacho.
El señor PIZARRO.- Una cosa es sacar la iniciativa de esta última, como lo ha expuesto el señor Secretario, y otra que sea tratada en primer lugar en la sesión del próximo miércoles 2 de mayo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Perdón, señor Senador. Como parece que se acostumbra intervenir sin que se haya otorgado el uso de la palabra, lo que lamento...
El señor PIZARRO.- ¡Usted no me lo dio, señor Presidente, para...!
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Su Señoría fue tan apresurado para hablar que ni siquiera me permitió hacerlo!
El señor PIZARRO.- Démelo ahora, entonces.
El señor ESCALONA (Presidente).- Lo tiene.
En todo caso, el artículo 88 dispone que la petición no se debate. Pero esto último es algo inevitable.
El señor PIZARRO.- No es para armar un lío, señor Presidente.
Está bien lo relativo al aspecto reglamentario. Pero lo que mi Honorable colega Uriarte me planteó, como Comité, es que el proyecto fuera tratado en el primer lugar del Orden del Día de la próxima sesión. Eso es lo que fue consultado con el Senador señor Ruiz-Esquide, miembro de la Comisión, quien manifestó estar de acuerdo siempre y cuando se garantice que será discutido con esa prioridad. Y estamos disponibles para aceptar, siempre y cuando se dé esa condición.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Comité Unión Demócrata Independiente manifiesta que no hay dificultad en ello.
El señor ROSSI.- Comprendo que están en su derecho al sacar el asunto de la tabla de Fácil Despacho, señor Presidente. Solo quiero consignar que el texto se halla hace rato esperando ser visto y que en el país se registran muy pocas donaciones de órganos.
La verdad es que queremos apoyar en la materia al Gobierno. Me llama la atención que en la propia bancada de enfrente no quieran respaldar la iniciativa del Ejecutivo, pero no podemos ser "más papistas que el Papa".
El señor COLOMA.- ¡El Ejecutivo no es infalible...!
El señor ESCALONA (Presidente).- El Reglamento es bastante claro en orden a que no cabe abrir discusión sobre el punto. El proyecto quedaría en el primer lugar...
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente). Sí, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es necesario precisar el contenido del artículo 88. Un Comité puede pedir que se saque un asunto de la tabla, pero esa es una indicación que debe ser sometida al pronunciamiento de la Sala. Conviene tenerlo claro para no enfrentar problemas en el futuro.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene razón, señor Senador. Pero, como el problema se encuentra zanjado sobre la base de que la iniciativa no se incluirá en tabla de Fácil Despacho, sino en el primer lugar del Orden del Día en la próxima sesión ordinaria, para que sea sometida a debate, no es necesario votar.
El señor URIARTE.- ¿Y la solicitud que formulé para la autorización de ingreso, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Si no hay inconveniente, se accederá a que asistan a la sesión las personas a las cuales se hizo referencia.
Boletín N° 8140-11
El señor ESCALONA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga al personal de la atención primaria de salud que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional, con informe de la Comisión de Salud y certificado de la Comisión de Hacienda. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8140-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 20 de marzo de 2012.
Salud: sesión 12ª, en 18 de abril de 2012.
Certificado de la Comisión de Hacienda: sesión 12ª, en 18 de abril de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer diversos incentivos al retiro respecto a los funcionarios del sector de la salud municipal que cumplan con las edades requeridas, consistentes en una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional y una bonificación adicional complementaria.
Las Comisiones de Salud y de Hacienda discutieron el proyecto en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 3 del mes en curso.
El primero de esos órganos técnicos aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Chahuán, Girardi, Rossi, Ruiz-Esquide y Uriarte. En cuanto a la discusión particular, ha dejado constancia de que, en virtud de la presentación de una indicación del Ejecutivo, efectuó una enmienda en el artículo 5°, la que acogió con la misma unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda aprobó en general la iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señora Rincón y señores Frei, García y Novoa, y realizó diversas modificaciones al texto despachado por la Comisión de Salud, las cuales sancionó también por unanimidad. Ello, con excepción de la consistente en rechazar el artículo 11, acordada con los votos de los Senadores señora Rincón y señores Frei y Lagos, habiéndose pronunciado a favor de la disposición los Honorables señores García y Novoa.
Su Señorías tienen a su disposición un boletín comparado en el que se consigna, en la última columna, el texto propuesto por la Comisión de Hacienda en su informe.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quiero agradecer públicamente su gentileza, porque se habían expuesto ciertas negativas injustificadas.
Voy a plantear muy brevemente el tema. Le hemos pedido al señor Presidente de la Comisión, como es costumbre entre nosotros, que haga una relación lo más exhaustiva posible.
Tal como voté en la Comisión, por lo menos, y como creo que lo harán los Senadores de la Democracia Cristiana, vamos a acoger el acuerdo que en ese órgano técnico registró solo pronunciamientos a favor y ninguno en contra.
Lo que se ha hecho es mejorar las condiciones de la gente de los servicios de atención primaria, sea que trabajen en el sistema municipal o en el público centralizado. El personal relacionado exclusivamente con los últimos datos que estoy dando, es decir, el que se desempeñe, fundamentalmente, en los servicios de Salud, las Secretarías Regionales Ministeriales y el Ministerio de Salud, viene en una segunda instancia.
Reitero que vamos a prestar nuestra aprobación, si bien ha habido dificultades en el otro aspecto. Pero en el que nos ocupa no ha mediado ninguna discusión con los gremios. Hay aceptación de lo que se está haciendo. Son acuerdos que se han tomado entre el Gobierno y un grupo representativo importante, como lo es la CONFUSAM.
El proyecto, en definitiva, permite el retiro anticipado y mejora las condiciones en las cuales las personas se iban habitualmente de los servicios, y, por lo tanto, vamos apoyarlo, sin perjuicio de adelantar que en la próxima iniciativa sobre la materia sí vamos a encontrarnos con algunos problemas en relación con planteamientos distintos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Rossi.
El señor ROSSI.- Lo haré en la misma línea, señor Presidente.
En la Comisión de Salud votamos unánimemente a favor de la iniciativa, porque venía, además, con un acuerdo total entre los trabajadores y el Gobierno: Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda.
Me acabo de enterar de un rechazo en la Comisión de Hacienda y sería interesante escuchar las razones para ello de parte de sus integrantes.
Nosotros dimos nuestra aprobación, básicamente, no solo por existir un acuerdo, sino también por tratarse de un beneficio sumamente necesario.
Bien lo decía el Senador señor Ruiz-Esquide: este es un incentivo al retiro. Y la verdad es que no solo los trabajadores de la atención primaria -ni siquiera únicamente los del sector público- presentan lo que se llama "daño previsional". Por mi parte, haría referencia, más bien, a una verdadera crisis previsional, porque el nivel de pensiones que tenemos hoy día en Chile, en efecto, es tremendamente bajo. Básicamente, si se comparan las tasas de reemplazo, es posible darse cuenta de que, en ocasiones, ni siquiera alcanzan al 30 por ciento. Aludo a lo que representa la pensión respecto del ingreso que recibía el trabajador. En el caso que nos ocupa, el incentivo permite mejorarla y proporcionar una mejor calidad de vida una vez jubilado.
Y da lugar, por cierto, a un "tiraje de la chimenea".
Esas son las razones en virtud de las cuales aprobamos por unanimidad el proyecto de ley en la Comisión de Salud. Al igual que lo hice en esta última, me pronunciaré a favor, pero sería interesante, sin duda alguna, conocer cuáles fueron los reparos de la Comisión de Hacienda, porque tengo entendido que se registró una votación dividida.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. ¡Antes de que se la tome, en todo caso...!
El señor PIZARRO.- No, gracias, señor Presidente.
La solicité para concederle una interrupción a mi Honorable colega Ruiz-Esquide. Como usted no se la daba, me pidió usar este procedimiento...
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Uriarte.
El señor URIARTE.- Señor Presidente, como ya se ha dicho, esta es una iniciativa que nació como fruto de un gran consenso que tuvo lugar en una mesa del sector público, en el ámbito de las conversaciones sobre la ley de reajuste, para negociar planes de incentivo al retiro.
La iniciativa cuenta con el completo respaldo de la CONFUSAM -es preciso decirlo-, que representa a los funcionarios de la salud municipalizada.
Conviene señalar, además, cuáles son los principios esenciales o las ideas matrices que se hallan detrás:
-Buscar esquemas homogéneos para los distintos sectores, pero respetando las particularidades de cada uno.
-Establecer un bono adicional único, favoreciendo a los funcionarios de menores ingresos.
-Igualar entre hombres y mujeres la edad tope de 65 años, dejando a estas últimas, eso sí, la opción de retirarse a partir de los 60.
Respecto a los beneficiarios, el proyecto comprende a 49 mil funcionarios de la atención primaria, esto es, a las mujeres que cumplan 60 años en el período de vigencia de la ley y a los hombres que cumplan 65.
Las mujeres podrán continuar trabajando voluntariamente después de enterados los 60 años y durante el período de vigencia de la ley, sin perder el derecho al beneficio.
Los trabajadores que cumplieron las edades para jubilar durante el período en que no hubo ninguna ley de retiro vigente -es decir, desde el 1° de enero del 2011, en el sector de salud municipal- también tendrán derecho a impetrar el beneficio.
Podrán acogerse a jubilación todos los funcionarios de planta y a contrata que cumplan con los requisitos anteriores y presenten su renuncia voluntaria.
Para poder impetrar el beneficio de las 395 unidades de fomento, los funcionarios deberán acreditar una antigüedad mínima de 10 años.
En cuanto al monto de los planes de retiro, se otorgará una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio, con un máximo de 11 años, tanto para hombres como para mujeres.
Se considera un monto adicional de 395 unidades de fomento para aquellos trabajadores que, cumpliendo con los requisitos, decidan acogerse al plan dentro de los plazos establecidos.
Podrán acceder a esta bonificación 2 mil 100 funcionarios en la salud municipal.
Hay que agregar, además, otro tipo de beneficios.
Para las mujeres que decidan acogerse a jubilación hasta los 65 años, así como para aquellos funcionarios que cumplieron con los requisitos para acogerse a jubilación cuando no había ley sobre la materia, se les hará compatible este beneficio con el bono poslaboral.
En el caso de CONFUSAM, para aquellos funcionarios en que el bono de 395 unidades de fomento sea inferior a 10,5 meses de remuneraciones, se les otorgará una bonificación adicional de hasta un mes de remuneración imponible.
El proyecto en análisis contempla cupos adicionales por razones sociales para aquellos trabajadores que no hicieron uso del beneficio cuando pudieron optar a un plan de retiro.
El costo total del incentivo al retiro de la salud municipal es de 41 mil 243 millones de pesos.
A la fecha, se ha llegado a un acuerdo respecto al incentivo al retiro con siete gremios: CONFUSAM, 49 mil funcionarios; CONFENATS, 40 mil; FENTESS, 14 mil; FENATS, 12 mil; FENFUSSAP, 3 mil 700; ASEMUCH, 38 mil, y AJUNJI, 11 mil.
Debo hacer presente, eso sí, que la iniciativa en discusión solo afecta a los funcionarios de la salud municipalizada. Para los de la salud centralizada -ya se ha mencionado- se está debatiendo otro proyecto de ley.
Las cifras entregadas anteriormente dan un total de 167 mil funcionarios.
Nos encontramos ante una iniciativa que se enmarca dentro de un acuerdo, de manera que rechazarla importaría un retroceso y un perjuicio innecesario a los gremios de la salud y, además, desconocer un compromiso adquirido con los trabajadores de Chile.
Tanto para la Comisión de Salud como para el Comité que me honro en representar, este es un gran proyecto, que vale la pena aprobar. Y junto con el voto del Senador Novoa en la Comisión de Hacienda, nos sumamos al pronunciamiento ojalá favorable de la Sala.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no quiero contradecir lo señalado por el Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra, quien manifiesta que este es un gran proyecto.
Sin embargo, es bueno decir, una vez más, que el Estado de Chile es, si no el peor, uno de los muy malos empleadores. Esto lo hemos indicado no sé cuántas veces anteriormente.
Entonces, ¿en qué estamos, señor Presidente? En el país de los ciegos se sabe quién es el rey. Hoy estamos legislando frente a un tremendo daño que sufren todos los trabajadores del país. La situación experimentada en nuestros fondos de pensiones en los últimos años es brutalmente negativa.
En consecuencia, cuando estamos ante estos incentivos al retiro, hay que dejar en claro, primero, que estas personas tienen un tremendo, un enorme daño previsional.
Y quiero colocar un ejemplo.
Semanas atrás me reuní con gente ligada a la salud secundaria. Por desgracia, no traje el ejemplo gráfico, pero lo voy a comentar. Se trata de dos personas que han trabajado 39 años en el servicio público, específicamente en el Hospital Regional de Punta Arenas: igual función, igual empleador, igual cantidad de años. La que se jubila a través del sistema antiguo -el IPS de hoy- recibiría, a fines de este año, una pensión cercana a los 560 mil pesos mensuales. Su colega -que, reitero, trabajó con el mismo empleador, los mismos años, en el mismo lugar, todo exactamente igual-, por estar dentro del sistema de AFP, recibiría 146 mil pesos mensuales, versus los 560 mil pesos de quien se encuentra en el otro sistema, hoy IPS.
Entonces, ante estos proyectos de incentivo al retiro, yo quiero decir que, sinceramente, si bien uno está obligado a aprobarlos, no lo estoy en cuanto a tener que seguir aceptando la situación descrita, que termina, en el fondo, haciendo que las personas que jubilan acaben en una brutal y precaria condición económica en sus últimos años de vida. Y eso es absolutamente inaceptable.
Hace ya largo tiempo propuse la creación de una AFP estatal de característica social que compitiera en iguales condiciones con las administradoras privadas. Hoy día el ciudadano no tiene ningún derecho a elegir. Puede hacerlo entre las privadas, pero no entre estas y una estatal. Con la propuesta planteada se podría a lo menos garantizar una más digna pensión para las personas.
Sé que todos estos incentivos son fruto de acuerdos políticos, y probablemente haya un grado de felicidad. Pero no podemos ocultar la verdad, que es una sola: la existencia de un tremendo daño. Actualmente, con el deterioro en las pensiones, esta gente tiene ya un daño previsional enorme, que estos incentivos ni siquiera alcanzan a equiparar o equilibrar.
Y hay otro aspecto que quiero despejar. Porque aquí yo veo como oculto lo que vendrá pronto, o más adelante, cuando se dice: "Estamos haciendo que las mujeres puedan jubilar hasta los 65 años, pero es posible que lo hagan a los 63, a los 62, o a los años que quieran, hasta los 65". ¿No se estará apuntando, encubiertamente, a aumentar la edad para poder jubilar en nuestro país? Creo que en eso falta ser un poquito más claro. Probablemente, terminaremos copiando algunos modelos de Europa y otros lugares, donde, en definitiva, la mujer jubila a los 63, 65 años, y el hombre, a los 68. Y ya sabemos las consecuencias que han tenido que enfrentar los países que han aumentado los años exigibles para pensionarse.
Por consiguiente, lo anterior me parece bien en la medida que no avancemos en dejar una puertita, una ventana abierta para que luego aparezca un proyecto que establezca que las personas deban jubilarse a una edad posterior. Esa situación obviamente no solo no la comparto, sino que quiero que hoy quede muy claro que podríamos estar perfectamente frente a un hecho como el que acabo de explicar.
El daño previsional es enorme. ¡El Estado de Chile es un muy mal empleador, el peor empleador! En cuanto a las personas a contrata, alguna vez hubo una norma 80/20 que no se cumplió nunca. Un porcentaje mayoritario de las mujeres y hombres que trabajan en el sistema público o municipal se encuentran colgando de un hilo cada año sabiendo que sus contratos pueden terminar. No existe estabilidad laboral.
¿Esto hay que aprobarlo? Sí. ¿Debiéramos hacerlo? Las ganas no están, porque sinceramente el daño es enorme, pero, por desgracia, no tenemos otra alternativa.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra me ahorran exponer lo que en esencia contiene este proyecto, sus beneficios, tanto la bonificación por retiro voluntario equivalente a un mes de remuneración imponible, con tope de once meses, como la bonificación adicional de 395 unidades de fomento para quienes además cumplan el requisito de tener una antigüedad mínima de diez años en establecimientos de salud públicos, municipales o corporaciones de salud municipal.
Yo quisiera hacer hincapié en una norma que me parece muy importante: la que favorece a las funcionarias, a las damas, que por lo demás representan a un número bastante mayoritario de los trabajadores de la salud municipal.
El artículo 1º, en el penúltimo de sus incisos, señala lo siguiente: "Con todo, las mujeres comprendidas en el ámbito del inciso primero de este artículo, podrán participar en cualquiera de los períodos de postulación con cargo a los cupos del año respectivo". Esto permite a las damas elegir el año en que presenten su renuncia. No están forzadas a jubilar al cumplir los 60 años. Lo pueden hacer entre los 60 años y el término de vigencia de la ley en proyecto.
Al respecto, debo señalar que durante muchos años, a propósito de otras iniciativas de incentivo al retiro, fue precisamente la actual Ministra del Trabajo, entonces Senadora señora Evelyn Matthei, quien siempre sostuvo que a las mujeres, a las damas, cuando se las obligaba a jubilar a los 60 años, se las castigaba doblemente: por un lado, con cinco años menos de imposiciones, y por otro, con cinco años más para el efecto del cálculo de sus pensiones, lo cual significa, aproximadamente, un 30 a un 40 por ciento menos en el monto de sus jubilaciones.
Me alegro de que también se haya recogido ese aspecto y que se dé la posibilidad a las damas para elegir, entre los 60 y los 65 años, el momento de su retiro.
Asimismo, quiero señalar -porque ha sido una de nuestras preocupaciones- que en el proyecto se establecen 200 cupos para los funcionarios y las funcionarias que al 31 de diciembre de 2010 ya hubieren cumplido los requisitos de edad exigidos para postular al beneficio. Es decir, aquí estamos pensando en personas mayores de 60 años, en el caso de las damas, y mayores de 65, tratándose de los varones.
Hay muchos funcionarios que, enfrentados a la decisión de jubilar, revisaron primero su situación personal (si tenían hijos en la universidad, o estudiando; si todavía estaban pagando su casa, el crédito hipotecario, en fin), y luego decidieron no acogerse a leyes de incentivo al retiro dictadas con anterioridad porque su situación económica personal no se los permitía.
También quiero recordar que el 2008 tuvimos una brusca caída en los fondos de pensiones, ocasión en la cual las propias autoridades del ámbito de la previsión social salieron a recomendar a los trabajadores que no jubilaran porque ese era el peor momento.
Eso ocurrió tanto el 2008 como el 2009.
Por lo tanto, los 200 cupos otorgados permiten que funcionarios que, habiendo tenido la posibilidad de haberse acogido a anteriores normativas de incentivo al retiro y no lo hicieron, puedan tomar esa decisión ahora.
A algunos les podrán parecer insuficientes los 200 cupos. Sin embargo, los propios dirigentes de la CONFUSAM señalaron ayer en la Comisión de Hacienda que con ellos se cubría el cien por ciento del universo de funcionarios que estimaban que se acogerían a jubilación y manifestaron su conformidad con la disposición pertinente.
Finalmente, señor Presidente, en lo que respecta al articulado del proyecto de ley, quiero llamar la atención sobre lo ocurrido ayer en la referida Comisión con el artículo 11, donde fue rechazado por tres votos contra dos. Y ello tiene repercusiones porque, de no aprobarse dicha disposición, nos quedaríamos sin financiamiento para el funcionamiento del primer año de la normativa de incentivo al retiro para los trabajadores de la salud municipal.
¿Qué establece el artículo 11, que es, por lo demás, un precepto que se incluye en todos los proyectos de ley? Que "El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos".
En el fondo, lo que está diciendo es que al Ministerio de Salud se le pedirá, dentro de sus posibilidades, realizar un esfuerzo de ahorro, pero que, si tal esfuerzo no es posible porque a noviembre u octubre ya tiene todos los recursos comprometidos, será el Tesoro Público el que asuma el cien por ciento del costo del proyecto para el presente año.
Repito que se trata de una norma tipo. Está presente siempre en todas las iniciativas que requieren financiamiento. Primero se revisa la ejecución presupuestaria del Ministerio respectivo, se ve si tiene alguna disponibilidad de recursos, para que los ocupe y no deba devolverlos al final de año, y, si no existe tal disponibilidad, o en lo que falte, actúa el Tesoro Público, donde están provisionados los recursos.
Por eso, resulta imprescindible, desde mi punto de vista, aprobar el artículo 11, tal como lo hizo la Comisión de Salud, y desechar la recomendación de la Comisión de Hacienda, que lo rechazó por tres votos contra dos.
Por último, señor Presidente, quiero felicitar a los trabajadores y a los dirigentes de la CONFUSAM. Y no lo hago con el ánimo de halagarlos o de hacerme el simpático con ellos. Porque a mí me parece que los acuerdos, cuando son sustantivos, como este, alcanzado entre las organizaciones gremiales de los trabajadores y las autoridades -en este caso, los Ministerios de Salud y de Hacienda-, y cuando son defendidos por los propios trabajadores, que vienen a respaldar el proyecto y nos piden por favor aprobarlo rápido, porque muchos funcionarios están esperando la ley para acogerse a retiro de un modo más digno, con algo de dinero en el bolsillo, son tremendamente importantes para el país y los trabajadores y constituyen, en definitiva, una demostración de que se escucha a las organizaciones gremiales, de que es posible llegar a acuerdo con ellas, de que no es cierto que toda la vida deba haber un enfrentamiento entre dichas organizaciones y sus demandas y las posiciones del Gobierno, y de que sus problemas nos importan y es bueno solucionarlos con su voluntad.
El señor TUMA.- Señor Presidente, cuando hablamos de incentivos al retiro es porque algo no funciona en el sistema previsional. ¿Por qué tenemos que estar aprobando leyes de incentivo al retiro? Si existiera un buen plan o un buen sistema previsional, las personas, al cumplir la edad legal, fluidamente tendrían que jubilar.
El punto está en que el sistema previsional no garantiza pensiones dignas y por esa razón todavía quedan personas de 60, 70 y hasta 80 años dentro de la Administración Pública, por cuanto, de jubilarse con los actuales niveles de pensión, se verían obligadas a buscar trabajo otra vez.
Entonces, aquí no se trata de aprobar o no un proyecto de ley sobre incentivo al retiro. Un medio de comunicación tiene un programa donde se afirma: "Podría ser peor". Y, claro, podría ser peor.	Quiero saludar a los dirigentes de la CONFUSAM y decirles que han logrado un acuerdo en función de su capacidad negociadora y de su realismo político, pero, en verdad, no es lo que los trabajadores desearían.
Los afiliados a la CONFUSAM y todos los trabajadores del país querrían un sistema previsional que les garantizara, fluidamente, que, cuando cumplan la edad para acogerse a retiro, podrán jubilarse sin tener que venir a pedir favores y leyes especiales al Congreso, sin tener que pedirle al Ministro de Hacienda que les otorgue, como favor especial -entre comillas-, una bonificación para pensionarse con algún premio.
En verdad, creo que deberíamos revisar el sistema previsional y, en la medida que construyamos uno distinto, ver la posibilidad de otorgar indemnizaciones a todo evento a las personas que jubilen.
La Sala del Senado ha aprobado la formación de una Comisión especial -esperamos que se constituya prontamente- para estudiar un mejoramiento sustantivo del régimen de previsión y hacer las propuestas del caso. Tal tarea se basará principalmente en garantizar pensiones dignas cercanas, como mínimo, al 80 por ciento de la tasa de reemplazo. Ello, por cuanto el actual sistema de ahorro individual, que opera en función de las cotizaciones de cada cual, es absolutamente insuficiente para ese efecto.
En mi opinión, los empleadores, tanto privados como públicos, también deberían aportar al sistema. Antiguamente, antes de que se crearan las AFP, ellos cotizaban un porcentaje muy importante (alrededor del 20 por ciento) de la remuneración de cada trabajador. En la actualidad, esto ya no sucede.
Ese sería un cambio sustantivo. Haríamos cotizar no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores. Así se garantizaría una modalidad de retiro del servicio activo con una pensión digna y una indemnización a todo evento.
De ese modo, se terminaría con la ruleta rusa que los trabajadores deben jugar con sus recursos, con sus ahorros, para apostarlos al mercado de valores, al mercado accionario.
En verdad, el Estado es el que debería garantizar aquello.
Al respecto, el Estado nos da lecciones. En los últimos años ha sido exitoso en el ámbito financiero: ha colocado bonos del Tesoro al 5 a 6 por ciento de interés; esto es, con una rentabilidad superior a la de los instrumentos en los que las AFP colocan la plata de sus afiliados.
Para colmo, esta misma plata la toman los grupos económicos al 5 por ciento de interés anual, para prestársela después a los propios trabajadores con un interés del 50 por ciento al año.
En síntesis, primero, no les garantizamos a quienes laboran un sistema previsional digno; segundo, les descontamos una cotización obligatoria permanente, que va a manos de los grupos económicos; tercero, cuando necesitan dinero, los obligamos a pedir créditos con tasas de interés usurarias, y finalmente, si quieren acogerse a retiro, no lo pueden hacer porque las pensiones no les aseguran una sobrevida desde el punto de vista de la dignidad familiar y de la dignidad como pensionados.
Con todo, señor Presidente, voy a votar favorablemente la iniciativa. Pero insisto en que deberíamos poner el foco central en la modernización y renovación completa del sistema previsional chileno.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, este asunto lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. En los años 2004-2005, hubo unanimidad en el Senado -incluso presentamos un proyecto de acuerdo- para enfrentar el llamado "daño previsional". Y todos los sectores participaron en esa propuesta.
Recuerdo haber estudiado, junto con funcionarios de la Contraloría General de la República, de la ANEF y de otras entidades, un proyecto de ley para crear un Fondo Solidario de Pensiones. No teníamos iniciativa en esa materia, pero igual se presentó al Parlamento y se pidió el patrocinio del Ejecutivo. ¿Cuál era el objetivo de esa propuesta? Reconocer una realidad: la que afecta a todos los funcionarios públicos que en 1982, cuando se instauró el nuevo régimen de pensiones, fueron presionados u obligados a transferirse del sistema solidario previsional entonces existente a otro basado en cuentas de capitalización individual.
¿Y qué sucedía? Algo que sucede hoy día y va a seguir sucediendo: que a los funcionarios fiscales, de todos los sectores, se les efectuaban imposiciones por cantidades bastante inferiores a sus ingresos reales. Muchas veces, para aumentar sus remuneraciones, se les concedían asignaciones u otros beneficios no imponibles.
El efecto que ello ha producido en los trabajadores a quienes se obligó a trasladarse al nuevo régimen de previsión es que, cuando llegan a la edad de jubilar, considerando el bono de reconocimiento que se les entrega para que lo incorporen a su cuenta de capitalización individual, notan que la tasa de reemplazo es del orden del 30 a 40 por ciento del ingreso que realmente perciben.
¿Qué decisión toman esas personas en tal escenario? No se retiran. No ejercen su derecho a pensionarse a la edad legal para tener el descanso que se merecen.
En cambio, las personas que permanecieron en el sistema antiguo -y por ello fueron criticadas en todo sentido- jubilan con tasas de reemplazo mucho mayores.
El señor BIANCHI.- ¡Del 70 por ciento!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Efectivamente, pueden llegar hasta el 70 por ciento de su remuneración.
En todo el mundo los sistemas previsionales establecen, como norma, que el techo de las tasas de reemplazo debe fluctuar entre 60 y 70 por ciento.
Sin embargo, quienes se trasladaron al régimen de las AFP deciden seguir en actividad. Por eso, como bien se ha dicho acá, tenemos funcionarios, tanto en el sector público centralizado y descentralizado como en el municipal -en este caso se hallan los de la salud, agrupados en la CONFUSAM-, que se ven obligados a trabajar hasta que fallecen o hasta que se encuentran absolutamente imposibilitados de seguir laborando, a fin de percibir los ingresos necesarios para subsistir durante el tiempo que les queda de vida.
Nunca se aceptó crear el que yo denominaba "Fondo Solidario de Pensiones", para permitir que los funcionarios que en 1982 fueron presionados y obligados a trasladarse a una AFP retornaran al antiguo sistema. Todas las imposiciones acumuladas en las cuentas de ahorro individual contribuirían a este Fondo, más el aporte del Estado, con lo cual los trabajadores jubilarían dentro de cierto plazo. Propusimos que este fuera de 8 años. En ese lapso la gente podría ir reincorporándose para después acogerse a retiro con una pensión razonable.
Si se hubiera acogido tal disposición hace 7 u 8 años, ya se estaría cumpliendo en los últimos tramos y haciendo justicia.
¿Qué ha ocurrido entonces? Que todos los sectores tratan de presionar -con mucha razón- para que se les otorgue algún tipo de beneficio, como es el caso a que se refiere el texto en debate.
Actualmente hay una mesa de trabajo con la ANEF y otros gremios (siete en total), donde se está negociando una eventual bonificación extraordinaria más el bono de 50 mil pesos que se entregará al momento de jubilar.
Yo voy a aprobar la iniciativa que nos ocupa porque los propios dirigentes la han aceptado.
Sin embargo, no entiendo por qué debe fijarse un cupo. ¿Por qué se habla de 2.100 funcionarios? Un Senador dijo: "Con 200 cupos lo logramos". Si es así, ¿por qué señalar una cantidad? ¿Por qué limitar esto a 200 cupos o a 800? ¿Por qué no se establece que todas las personas que cumplan tales y cuales requisitos, en forma objetiva, accederán al beneficio, como corresponde?
Así se garantizaría el derecho.
No obstante, con la modalidad propuesta, a lo mejor van a quedar 10, 20, 30, 40 o 100 funcionarios -no sé cuántos- fuera del cupo que se ha determinado. ¡Y eso no será justo!
Reitero que votaré a favor del proyecto, pero observo que no establece que los beneficios serán para toda la gente que cumpla las condiciones.
A mi juicio, esta materia -acuérdense de lo que digo- volverá a ser tratada en este Parlamento a propósito de otras iniciativas de ley que soliciten el mismo beneficio para quienes en los próximos años todavía no hayan podido acogerse a la modalidad que ahora se propone. Porque en cada año se irán acumulando empleados públicos que cumplirán con los requisitos para pensionarse.
Mientras no desaparezca ese contingente -en su momento lo calculábamos en al menos 60 mil funcionarios-, este problema va a ser recurrente.
Espero que, cuando se presenten los nuevos proyectos, ya se hayan cumplido las peticiones de los diferentes gremios de trabajadores.
Según se nos ha informado, a los funcionarios acogidos a la ANEF les están ofreciendo un nuevo sistema de indemnización por retiro voluntario, pero los beneficios son muy inferiores a los obtenidos hace dos años. Bueno, aquí habrá que discutir el asunto.
Por ahora, dejo constancia de la situación.
La iniciativa en estudio resuelve en parte el problema, pues persiste la injusticia hacia la gente que en 1982 fue obligada o presionada a traspasarse del antiguo régimen previsional solidario al nuevo sistema. Para esas personas esta solución es solo transitoria. Y la aceptan porque no tienen otra posibilidad.
Lo justo habría sido abordar una legislación que incluyera a todo el universo de funcionarios públicos en condiciones de jubilar y que garantizara una tasa de reemplazo del orden del 60 a 70 por ciento. El Estado de Chile debiera afrontar tal gasto por cuanto es el responsable por el sistema previsional de sus empleados.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, de un tiempo a esta parte se han venido aprobando en el Parlamento diversos proyectos de ley destinados a establecer un incentivo al retiro.
Aquí se habla de beneficios adicionales y de incentivos, pero no se señala por qué es necesario establecerlos. Tal como se ha comentado, es por el daño previsional que han sufrido los trabajadores.
En efecto, a pesar de otorgarse un incentivo al retiro de 11 meses de remuneraciones como máximo -según mis cálculos, en un nivel medio ello no pasará de 4 a 5 millones de pesos-, no se resolverá el problema de fondo de las pensiones a que legítimamente tienen derecho los funcionarios.
Por ello, años atrás hubo una gran discusión respecto del bono poslaboral. El Estado, a través del Gobierno, nunca quiso reconocer que debía realizar una reparación por el daño previsional que sufrían los trabajadores que cambiaron de sistema a partir de 1981, considerando que sus cuentas individuales no les dan para obtener una jubilación medianamente decente.
Y ese famoso bono poslaboral, que se fijó en 50 mil pesos -en un principio se propuso un guarismo de 10 mil, y logramos incrementarlo-, no resolvió el problema previsional. Personas que recibían 200 mil pesos vieron aumentada su pensión a 250 mil. Se trataba de gente con 40, 50 y 60 años de actividad en la Administración Pública.
Deseo referirme también a lo que señaló el Senador señor Andrés Zaldívar.
Efectivamente, funcionarios de la Contraloría de Temuco hicieron un excelente estudio sobre la materia. Allí señalaban que había empleados públicos de 80 y 81 años de edad, quienes no podían jubilar porque terminarían con pensiones de 200 mil pesos. Un arquitecto que percibe un sueldo de un millón cien mil pesos jubilaría con 300 a 350 mil pesos. Indudablemente, ahí se evidencia un tremendo daño previsional.
Quienes han sido dogmáticos con la modalidad que nos rige no han querido entender que este sistema previsional colapsó, que este sistema previsional fracasó, que este sistema previsional está causando daño -y va a causar mucho más- a las personas que quieren jubilar.
¿Qué explicación podemos darle a un trabajador en tales condiciones?
Pongo un ejemplo: un ex funcionario de la Cámara de Diputados que jubiló el año pasado perdió 16 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual. ¿Quién le explica a ese trabajador la razón de una pérdida de tal envergadura? ¿Cómo recuperará esa cantidad? ¡Nunca la va a recuperar, por mucho que le digan: "No se cambie de fondo; siga en el E, en el D, porque son los más seguros"! Ese argumento lo entienden los técnicos, pero dicho funcionario solo sabe que tenía 16 millones de pesos más de los que ahora hay en su cuenta, 16 millones que fueron birlados de su ahorro individual.
Yo voy a aprobar el proyecto, pero, indudablemente, este no resolverá el daño previsional.
Las personas que en este momento perciben una renta de 400 mil pesos no van a recibir más de 120 mil o 130 mil pesos de jubilación. Y se les dará un incentivo al retiro de 4 a 5 millones de pesos, lo que equivale a 10 u 11 meses de sueldo.
Señor Presidente, debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el país con nuestro sistema previsional. Por esa razón, junto con otros señores Senadores, hace un tiempo presentamos una reforma constitucional que permita a las trabajadoras y los trabajadores chilenos elegir el sistema de pensión. ¿Por qué yo no puedo escoger en este ámbito? ¿Por qué no puedo optar entre un sistema solidario, uno de capitalización individual y uno de seguros?
Yo no digo que no estemos obligados a que se descuenten las cotizaciones previsionales. Pero, ¡por favor!, denme la libertad de elegir. Si se afirma que en nuestro país hay libertad de oportunidades, permítanme decidir dónde depositar mis recursos, a fin de buscar la institución que me dé la seguridad de que mis ahorros redituarán lo que yo espero obtener.
Ese es el gran tema.
Seguramente, vamos a seguir debatiendo acerca de los incentivos al retiro. Pero no vamos a arreglar el problema de fondo, esto es, el actual sistema previsional, el cual -reitero- ¡fracasó!
Sin embargo, los dogmáticos le van a encontrar una serie de bondades, las cuales benefician solo a los administradores de los fondos de pensiones y no a los trabajadores en sus cuentas individuales.
Por ello, llamo a reflexionar y a discutir sobre la materia.
El año pasado lo que motivó las protestas en las calles fue lo relativo a la educación. Creo que este año debieran ser los problemas en el sistema previsional y en el de salud.
Voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente, pero dejo planteada mi inquietud: no sigamos engañando a los trabajadores con estos incentivos al retiro. Recibirán por una vez 5 millones, 10 millones de pesos, pero sus pensiones seguirán siendo escuálidas, miserables.
Por lo tanto, preocupémonos de reformar el sistema de pensiones chileno.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito el Senador señor Letelier, pero no está presente en la Sala ahora.
El señor SABAG.- Señor Presidente, este proyecto, por supuesto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, es uno más de los que tratamos de esta especie. Llevamos siete iniciativas aprobadas, que benefician a siete gremios. Con esta, son ocho. Y se verán favorecidas alrededor de 160 mil personas.
¿Por qué permanentemente estamos despachando este tipo de proyectos? Porque las condiciones de jubilación de los empleados públicos son paupérrimas. Se obligó a la inmensa mayoría de los trabajadores a cambiarse a las AFP. Algunos continuaron en el régimen antiguo. Pero ambos sistemas los llevan a una pensión realmente ínfima: alrededor de 25 por ciento de lo que ganan hoy.
Entonces, ¿quién se va a jubilar si lo espera una remuneración tan baja, tan escasa?
Por eso, no se retiran. Y se ha buscado un estímulo para que lo hagan, en este caso, los trabajadores de la CONFUSAM.
La iniciativa contempla una bonificación por retiro voluntario equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, con un máximo de 11 meses, para el personal que entre el 1° de enero de 2011 y el 30 de junio de 2014 hubiera cumplido o cumpla 60 años de edad, si son mujeres, y 65 años de edad, si son hombres, y que renuncie desde la fecha de publicación de la ley hasta el 31 de marzo de 2015.
Se estima que podrán acceder a este beneficio hasta un total de 2 mil 100 beneficiarios.
Se entrega, además, una bonificación adicional a quienes se acojan a la bonificación por retiro voluntario y tengan una antigüedad mínima de 10 años en la atención primaria de salud, la que será equivalente a 395 UF si se desempeñan con jornada completa o si la suma de las jornadas en los distintos establecimientos alcanza a 44 horas semanales o más. Para jornadas menores, el beneficio será proporcional respecto del total de 44 horas semanales.
Cuando la bonificación adicional sea inferior a 10,5 meses de la remuneración imponible, se entregará una bonificación adicional complementaria por un monto que permita alcanzar dicha cifra, pero con un tope de hasta un mes de la remuneración imponible percibida.
Se establece, también, que estos beneficios serán compatibles con el bono laboral de la ley N° 20.305 y, de manera excepcional, se posibilita que postulen los funcionarios que ya hubiesen cumplido los requisitos de edad al 31 de diciembre de 2010.
Se calcula que el costo de los beneficios alcanzará, en régimen, a 41 mil millones de pesos.
Estamos ante un beneficio que los trabajadores pidieron, que naturalmente agradecen y que es fruto de un acuerdo con el Ejecutivo. Pero no me cabe duda de que es mínimo. Nosotros mismos hemos visto que otros sectores laborales del país, que se desempeñan en una actividad sumamente productiva, reciben 10 o 15 millones de pesos ¡por término de conflicto! ¿Cuánto va a percibir cada uno de estos trabajadores? ¿Cinco millones, diez millones? ¿Después de 30 o 40 años de trabajo? ¿Y lo estamos limitando solo a 11 meses?
Por eso, creo que debemos hacer una revisión del sistema previsional. La gente no se puede ir en las condiciones en que se encuentra hoy día.
Quiero señalar que en el Ministerio de Hacienda se están estudiando los casos de varios otros servidores públicos. Muy pronto tendremos los proyectos pertinentes en la Sala. Y espero que ahí también vengan los relativos a los trabajadores del Poder Judicial, que se encuentran en una situación muy desesperada, muchos ya con la edad cumplida para poder retirarse, y no lo hacen porque se irían en condiciones -yo diría- muy paupérrimas. Si están recibiendo 1 millón, se van con 250 mil pesos de jubilación.
Por consiguiente, confío en que el Gobierno actuará con generosidad también con todos los otros trabajadores, para que puedan por lo menos tener una vejez digna, como se merecen después de haber entregado lo mejor de su vida, su juventud, al servicio de la patria, y siempre muy bien.
Señor Presidente, naturalmente, votaré a favor.
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, el proyecto que crea condiciones especiales para incentivar el retiro de funcionarios de la salud ya ha sido examinado en su contenido, y solo quiero limitarme a decir que, a pesar de que aquí se han abarcado otros aspectos, como poner en tela de juicio el sistema previsional completo y cosas de esa amplitud, hay que volver a centrar la discusión en lo elemental.
Esta iniciativa no es un "premio", como se lo ha calificado. Tampoco es una solución general que abarque todo. Es, simplemente, un articulado impulsado por una idea de equidad general, cuyo propósito es emparejar la cancha y crear condiciones un poco mejores para un grupo de ciudadanos: precisamente los que trabajan en el sector salud.
Ya se ha dado a conocer a cuántos incluye, cuántos serán los funcionarios potencialmente beneficiados con el bono. Aprovecho de señalar que se fijó ese número por la simple razón de que esto implica un gasto, y el guarismo se pone para saber por cuánto se multiplica el bono especial de las 395 UF. No es que se quiera impedir que otros se beneficien; se está acotando el gasto. Es una razón técnica que yo, por lo menos, como abogado y jardinero, logro discernir.
Ahora, como he dicho, solo se trata de emparejar la cancha. No es una solución genial ni amplísima. Por supuesto, queda mucho por hacer.
Hay un deseo de justicia aquí. Se pide nada más que cumplir con el requisito de la edad: 60 y 65 años; 10 años de servicio. Y luego también se le deja a la mujer, que siempre trabaja con tanta abnegación, especialmente en lo que tiene que ver con la salud, una flexibilidad adicional para decidir cuándo se acoge a los incentivos.
Este proyecto está dirigido a personas que se hallan fuera del sistema de salud del decreto ley N° 3.500, que, cuando se dictó, incorporó a las remuneraciones básicas todas las retenciones que se les hacían. Ahí hubo un aumento brusco y unánime de todas las remuneraciones.
Por lo tanto, creo que esta iniciativa tiene muchos, muchos factores buenos. Además, reúne una peculiaridad bastante poco común, y es que en él coincide la voluntad del Ejecutivo con la de los gremios que dirigen a las personas que trabajan en este sector. O sea, hay un consenso importante.
Sería, entonces, una gran lástima que, por alguna razón de tipo técnico, se quisiera dejar esta ley en proyecto en el limbo. Creo que es interesante que ella pueda tener la aprobación de la Sala y una pronta aplicación concreta. Es efectivo que no beneficia a todas las personas posiblemente dañadas en alguna forma. Pero, ¡bueno!, las mejoras se hacen de a poco. No existen medidas que produzcan un efecto universal que deje a todo el mundo feliz. Por desgracia, las realidades son lo que son.
En consecuencia, simplemente quiero decir que a los Senadores de Renovación Nacional nos parece una iniciativa buena, oportuna, que va a favorecer a gente que lleva tiempo esperando, que puede generar efectos muy sustanciales para los que reúnen los requisitos y, por ejemplo, pertenecen al grupo de profesionales. Es posible que ellos lleguen a recibir beneficios superiores a 45 y aun a 50 millones de pesos. Los ingresos inferiores, efectivamente, van a tener un incentivo menor.
Aquí hay una oportunidad valiosa, y sería una lástima que se perdiera. Existen la disposición del Gobierno y la voluntad de los gremios. Solo falta que el Parlamento dé su aprobación, con un ánimo generoso. No se trata en esta ocasión -presumo yo- de hacer fracasar un proyecto del Ejecutivo, porque eso sería un poco mezquino y hablaría mal de los que así pensaran.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en general considero que esta es una buena iniciativa, que mantiene conquistas de los trabajadores, como el contar con incentivos al retiro, el aplicar una lógica de un mes por año y el otorgar una bonificación adicional.
Hay, sin embargo, dos criterios que se comienzan a discutir a partir de esta iniciativa y que no quiero dejar pasar, porque sientan precedentes.
La conquista de que las mujeres recibieran un trato que significara una discriminación positiva no es un tema secundario, por lo menos para mí.
Eso no solo se refiere a que las mujeres puedan elegir si jubilan a partir de los 60 años o esperan cumplir los 65 -esto se mantiene-, sino también a que el Estado haga un gesto, y por eso tienen un mes más que los hombres. Ello obedece a un criterio de discriminación positiva.
No tengo la menor duda de que aquí se sienta un precedente para eliminar ese criterio. Este es un problema político, no financiero. Es un problema de política pública; de las señales que queremos dar, particularmente en la Administración Pública, donde trabajan más mujeres que hombres.
Por lo tanto, quiero dejar constancia, primero, de que no estoy de acuerdo con lo que hace el Gobierno en esta materia.
En segundo término, tampoco comparto la propuesta relativa a los cupos que se asignan para aquellos trabajadores que no se acogieron a la ley anterior, porque también sienta un precedente nefasto.
Y hoy el Gobierno, en las últimas instancias de la negociación, está presionando y negociando con la misma billetera para reducir las conquistas logradas por la ANEF y otros gremios del sector público respecto a los sistemas de incentivos al retiro.
Este proyecto, sin duda, será una buena ley, en general, pero marcará precedentes para la negociación del sector público.
Sería bueno, de una vez por todas, contar con un sistema único de incentivo al retiro para los trabajadores de la Administración Pública. Como bien indicó el Senador Tuma, tenemos este debate porque la farsa de las AFP, en cuanto a que el problema no radica en ellas sino en el sistema previsional del país, no garantiza que sean precisamente eso: un sistema previsional.
Se privatizó la previsión. Se mintió cuando se dijo que la tasa de reemplazo al momento de jubilar iba a ser a lo menos el 70 por ciento del ingreso del trabajador.
Por eso deberemos aprobar este proyecto, como lo hicimos con el que otorgó el bono poslaboral, el cual es un derecho ya adquirido. Sin embargo, esas iniciativas legales no hacen más que recordar que el problema de fondo es que la privatización del sistema previsional causó tremendos daños a la política pública de Chile.
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa porque considero que es una conquista de los trabajadores.
Eso sí, desconozco -confío mucho en que los dirigentes lo hayan estudiado- qué significará este proyecto, particularmente para los administrativos y técnicos, porque entiendo que la bonificación adicional hace justicia a los sectores que históricamente han quedado más rezagados.
Ello me parece muy bien. Pero me preocupa -y quiero reiterarlo- el precedente que implica para las negociaciones del resto del sector público.
A mí no me gusta y nunca me ha gustado, ni cuando mi coalición era Gobierno ni ahora, que se divida a los trabajadores en los procesos de negociación, que se ponga a unos contra otros, porque esa es a mi juicio una maniobra nefasta.
Yo aplaudo el contenido de la iniciativa, pero me molesta la ausencia del criterio de discriminación positiva en favor de las mujeres.
También quiero referirme al rechazo de la Comisión de Hacienda al mecanismo de financiamiento.
La pregunta es ¿por qué el Ministerio de Salud, con sus recursos que se presumen insuficientes, deberá hacerse cargo del financiamiento? ¡Para qué hacer el listado! En la Sexta Región, por ejemplo, traumatología es un escándalo. ¡Claro! La mejor forma de terminar con las listas de espera es no incorporar a la gente. También es un escándalo lo que ocurre en nuestro país en salud mental, donde hay carencias tremendas. Y podría dar muchos ejemplos más.
Por lo anterior, se debería destituir al Ministro de Salud que no gastara todos sus recursos, que guardara la plata para otros fines y que les pusiera una cortapisa a los hospitales para que no operaran demasiado porque, como el arancel FONASA no cubre los costos reales, el sistema de financiamiento es perverso y endeuda a los establecimientos de salud cuando hacen más trabajo.
Entonces, a mí no me gusta -y quiero dejarlo consignado- el mecanismo de financiamiento contemplado en esta iniciativa.
Entiendo que esa fue la señal que quiso enviar la Comisión de Hacienda cuando rechazó el artículo respectivo. Y no es que el proyecto vaya a quedar sin financiamiento -tampoco hay que ser escandalosos y generar temores donde no existen-: si se aprueba el proyecto sin la norma en comento, los gastos se cargarán al Tesoro Público.
¡Claro! Existe una presión entre la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Salud y los trabajadores. ¡Apuesto que si los subsecretarios hablaran igual como lo hacen en privado, probablemente estarían aplaudiendo el rechazo de este artículo...!
El señor LAGOS.- ¡Estarían dichosos...!
El señor LETELIER.- Pero no pueden hacerlo, porque tienen una cierta obligación institucional. Yo lo entiendo.
Quiero decir que en este punto -se lo mencioné a mi colega el Senador García, que intervino con antelación y con quien tenemos un consenso en lo sustantivo acerca del proyecto- se debería haber consignado que el proyecto se financiará con cargo a una partida del Tesoro Público y no diciéndole al Ministerio de Salud que ahorre en otras cosas, otros programas para pagar los costos de la iniciativa, por cuanto se genera un incentivo burocrático muy perverso, que no me gusta.
Por lo tanto, señor Presidente, no votaré a favor de ese artículo. Estoy seguro de que hay otras formas de resolverlo, y entiendo que esa fue la señal que dio la Comisión de Hacienda.
Como Senador por la Sexta Región, donde tenemos el menor número de especialistas per cápita en el país y la mayor población por funcionario del sector público de salud, pienso que -discúlpenme- la Dirección de Presupuestos debería ser un poquito más creativa para ver cómo lograr el financiamiento de la iniciativa, en vez de decirle al Ministerio de Salud "apriete y apriete". Porque mi temor es que cuando ello ocurre los más perjudicados son los que no somos de la Región Metropolitana, en la que hay más capacidad para gritarle al Ministerio; son, normalmente, las Regiones donde muchas veces existen mayores carencias.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se ha solicitado abrir la votación.
El señor PROKURICA.- Conforme.
El señor CANTERO.- "Si le parece", señor Presidente.
El señor ESCALONA (Presidente).- Les recuerdo, señores Senadores, que se trata solo de la votación general.
¿Habría acuerdo para abrir la votación general manteniendo los tiempos de hasta diez minutos para los oradores inscritos, que son varios?
El señor ESCALONA (Presidente).- Le corresponde intervenir al Senador señor Chahuán, quien no se halla en la Sala.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los dirigentes que nos acompañan esta tarde desde las tribunas. Los hemos visto en muchas oportunidades a lo largo de numerosas batallas, y nos alegramos de que estén con nosotros.
Además, debo señalar, una vez más, que en muchas ocasiones no se valora lo que significa la atención primaria: el esfuerzo, el compromiso, el tratamiento directo, la puerta de entrada que significa en el sistema de salud. Y realmente hay que vivirlo para entender la voluntad, la responsabilidad y todo lo que a su personal le compete.
Evidentemente, con este proyecto estamos dando un paso importante para lograr una bonificación por retiro voluntario con una de carácter adicional, lo cual -como ya se ha explicado- nos parece fundamental.
Por otra parte -y me alegra que este tema haya salido a colación en la Sala-, no podemos dejar de mencionar la enorme injusticia que genera todavía nuestro sistema previsional. Es decir, cuando se observa que este modelo fue impuesto y se dijeron cosas que no se han cumplido; cuando se prometieron tasas de reemplazo que no son una realidad; cuando uno ve que nuestra gente sigue y sigue trabajando, porque jubilar significa perder una parte importante de sus ingresos, la verdad es que uno se pregunta cuánto más vamos a tener que seguir caminando como país para lograr encontrar una fórmula que dé la respuesta merecida. Hay gente que lleva 40 años en su trabajo y no lo abandona porque sabe que la tasa de reemplazo es mínima.
¿Dimos un salto con la Presidenta Bachelet? Sí.
¿Fue significativo el aporte previsional solidario? ¿Fue significativo el bono solidario? ¿Fue significativo lo que ello implicó para muchas familias? Por cierto.
Pero el tema de fondo es que el sistema impuesto en los años 81-82 no nos ha dado una respuesta satisfactoria. Tiempo atrás se mencionaban cifras muy dolorosas sobre las pérdidas que hubo. Hoy día aparece como una cuestión importante, para las personas que están en el sistema de las AFP, la recuperación experimentada por quienes se encuentran en la categoría A, la de mayor riesgo.
Al respecto, recuerdo muy bien una ministra que estaba presente en la Sala, quien recomendaba permanecer en el Fondo A. Y yo decía: "No es rol de un Ministro del Trabajo estar dando recomendaciones sobre cuál categoría hay que mantenerse", con los riesgos que ello implica, sino que es preciso entender que el sistema en sí es poco transparente, por más que hayamos tratado de hacerle algunas reformas. Es exactamente como las isapres.
¡La verdad es que las ganancias desmedidas que obtienen las administradoras de fondos de pensiones son inauditas!
Asimismo, en esta Sala hemos tenido conocimiento acerca de los más de 68 mil millones de pesos que ganaron las isapres. Cinco o seis de ellas cautivan el mercado. En este caso podemos decir que unas pocas administradoras lo hacen, porque el sistema comenzó con aproximadamente 18 instituciones y ahora solo existen cinco, las que también terminan dominando el mercado.
Entonces, una vez más estamos en presencia de situaciones de fondo que, como país, no hemos podido arreglar.
Y yo quisiera señalar esta tarde en la Sala que seguiremos caminando hacia aquello en lo que creemos: que ojalá la gente pueda a lo menos escoger en qué sistema quiere permanecer; que debería existir una posibilidad respecto de aquellos que prácticamente fueron engañados, desinformados u obligados a cambiarse de régimen previsional y que hoy día están conscientes de la pérdida que eso les ha significado.
Entonces, avancemos en lo que siempre se ha dicho: en resolver el daño previsional y en una justa y necesaria compensación.
Señor Presidente, voy a aprobar este proyecto de ley, porque claramente beneficia a un grupo importante de trabajadores. Necesitamos que la gente tenga opciones para jubilar más tempranamente.
Por otro lado, quiero manifestar que comparto lo expresado por el Senador Letelier, en el sentido de que no me parece adecuado que se haya terminado con lo que siempre estuvimos de acuerdo: las políticas de discriminación positiva hacia la mujer, por cuanto simplemente significaban reconocer muchas veces la doble y triple jornada que ellas realizan hasta el día de hoy, cuestión que todos sabemos. Por lo tanto, es legítimo que se mantenga el criterio de discriminación positiva en favor de las mujeres y que no se elimine.
Aquí, si bien es cierto que se les da, además, la opción de poder jubilar o acceder al retiro voluntario a partir de los 60 años o trabajar hasta los 65, ello no es suficiente. Nosotros queremos que permanezca lo que se había acordado: otorgarles un mes más. Nos parece que ese beneficio debería ser recuperado. De lo contrario, consideramos que es una mala señal del Gobierno.
Así que comparto lo planteado por el Senador Letelier sobre el particular.
Y por supuesto hay que aprobar el proyecto -el que, además, fue consensuado con los trabajadores, con los dirigentes de la CONFUSAM-, pues permite que se considere efectivamente al personal de la atención primaria de salud mediante el otorgamiento de una bonificación por retiro voluntario y otra adicional.
Me alegro por ello, pero me gustaría que alguna vez pudiera haber un cambio de fondo que nos hiciera decir: "Estamos llegando a una tasa de reemplazo razonable", para que nuestros trabajadores del sector público no tengan que seguir laborando, muchas veces con bastante edad, porque su jubilación simplemente no les alcanza y no guarda correlación o correspondencia con los años de servicio prestados.
Esa era una de las razones por las cuales se justificaba la reforma de la Presidenta Bachelet. Porque había que reconocer el trabajo de numerosa gente que ni siquiera tenía la posibilidad de gozar de una pensión o del derecho a jubilar.
En consecuencia, señor Presidente -reitero-, voy a aprobar el proyecto. Creo que el beneficio que se otorga perfectamente podría haber sido financiado con fondos del Tesoro Público y no del Ministerio de Salud. Pero a mí lo que me importa en este momento es que la iniciativa salga y constituya un incentivo para el retiro voluntario. De esta manera se permitirá que haya dinamismo y que otras personas puedan seguir avanzando en la escala.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, ante todo, deseo reconocer el esfuerzo que han hecho los distintos gremios del sector público, y también el del Gobierno del Presidente Piñera al ofrecer a todos y cada uno de ellos condiciones homogéneas para los efectos de acogerse al plan de incentivo al retiro.
Eso era parte del compromiso adquirido en la mesa de trabajo con el sector público, en el ámbito de la negociación del proyecto de ley de reajuste para establecer planes de esta naturaleza.
Los integrantes de esa mesa -es importante señalarlo- decidieron negociar en forma separada, lo cual dio origen a planes de retiro sectoriales.
Adicionalmente a la iniciativa en discusión, que fue aprobada por la Comisión de Salud y, además, por la de Hacienda, se espera ingresar otras nuevas. Al respecto, quisiera hacer una solicitud a la Dirección de Presupuestos y al Ministerio de Hacienda acerca de los asistentes de la educación,...
... quienes también están aspirando a obtener condiciones homogéneas al resto de los trabajadores del sector público.
Este acuerdo suscrito por el Gobierno con la CONFUSAM representa un apoyo importante, porque dicha entidad agrupa a 49 mil funcionarios. Y las restantes organizaciones gremiales que han podido llegar a acuerdo hasta ahora son la CONFENATS, con 40 mil trabajadores; la FENTESS, con 14 mil; la FENATS, con 12 mil; la FENFUSSAP, con 3 mil 700; la ASEMUCH, con 38 mil, y la AJUNJI, con 11 mil, lo que da un total de 167 mil 700 funcionarios que conforman los gremios que han negociado un plan de incentivo al retiro.
Además, es dable destacar que existe un plan de incentivo al retiro que está vigente con el Colegio de Profesores desde el año 2010.
Lo anterior refleja el afán del Gobierno del Presidente Piñera por evitar las distorsiones que se provocaron en la Administración anterior, donde cierto grupo de organizaciones tuvo un trato preferente al estar incorporadas, fundamentalmente, a una asociación gremial determinada.
El costo total del incentivo al retiro de la salud municipal es de 41 mil 243 millones de pesos, lo que revela el esfuerzo que el Gobierno del Presidente Piñera ha realizado en la materia.
En relación con el proyecto, es posible mencionar también algunos aspectos que son importantes: primero, que la vigencia de estos planes de retiro rige, una vez que los funcionarios cumplan con los respectivos requisitos, hasta el 30 de junio del año 2014.
Además se establece que, sin perjuicio de los montos de aquellos planes, se otorgará una bonificación equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio, con un máximo de 11, tanto para hombres como para mujeres. Asimismo, se dispone una bonificación adicional de 395 UF para aquellos trabajadores que, cumpliendo los requisitos, decidan acogerse al plan de retiro dentro de los plazos establecidos. Se estima que accederán a esta bonificación cerca de 2 mil 100 funcionarios de la CONFUSAM.
Adicionalmente, se contempla una condición excepcionalísima para las mujeres que resuelvan jubilar después de los 60 años. Y respecto de aquellos funcionarios que cumplieron los requisitos para acogerse a jubilación cuando no había ley vigente se les hará compatible este beneficio con el bono poslaboral.
En consecuencia, conforme a lo señalado, aquí ha habido un esfuerzo significativo del Gobierno, como igualmente en términos de homologar las condiciones de los planes de incentivo al retiro. Sin duda, la materia en debate dice relación con la posibilidad de resolver el daño previsional existente, y muestra también la disposición de aquel en orden a cumplir la palabra empeñada.
Por supuesto, la bancada de Renovación Nacional aprobará este proyecto de ley.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desde ya, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
Claramente, este es un esfuerzo que ha hecho el Gobierno en beneficio de los funcionarios. Sin embargo, quiero hacer dos observaciones.
De la lectura del artículo 1° se desprende claramente la finalidad del proyecto de ley: otorgar una bonificación por retiro voluntario en determinadas circunstancias. Por su parte, el artículo 11 nos dice -no sé si estoy leyendo mal, pero está el señor Subsecretario de Salud presente para corregirme- que estos dineros después van a ser descontados porcentualmente a los municipios. Esa es la duda que tengo. Porque no se trata de recursos extraordinarios, sino de un anticipo del aporte estatal que luego deberá ser devuelto en su totalidad por la entidad administradora de salud municipal mediante una rebaja de dicho aporte. Para estos efectos hay que suscribir un convenio (entre el Servicio de Salud y la municipalidad correspondiente) donde deberá constar el monto del anticipo solicitado.
En definitiva, el Ministerio de Salud entrega un anticipo del aporte estatal. Mi pregunta apunta a saber si la devolución de tales recursos van a salir de la entidad municipal, pues todos sabemos que la salud en este ámbito se halla desfinanciada.
Yo no estuve al tanto del proceso de negociación, pero al final la bonificación se va a pagar con los aportes que reciben de manera regular los municipios, toda vez que después se les descontará.
Lo que queda pendiente es qué va a pasar después del 2015. ¿Siempre vamos a necesitar una ley de retiro voluntario para regular en forma permanente la situación de los trabajadores municipales? ¿Estaremos sujetos por siempre, cada cinco años (en este caso, cada tres o cuatro), a tener que debatir sobre las condiciones de retiro de los más viejos, pues ganan poco? Porque, en definitiva, las AFP les caducaron la posibilidad de recibir una jubilación justa. O acaso en algún momento vamos a entrar a discutir el problema de fondo. Porque el tema que nos ocupa obedece a una razón específica: la gente no puede jubilar porque la condenaron a cambiarse al sistema de las AFP. Muchas personas estaban en el INP y de haber permanecido allí hoy día estarían jubilando dignamente, sin necesidad de ninguna ley.
Por lo tanto, el problema lo saldamos para los más antiguos (60, 65 años), pero para el resto se requiere una nueva negociación. Y está claro que la salud municipal no se financia y que las AFP no van a lograr entregar pensiones dignas. Y esta es una responsabilidad del Senado.
Los programas presidenciales -tenemos al Senador Frei presente en la Sala, quien fue candidato- contemplaban una AFP estatal, porque el sistema no da para más. Las instituciones previsionales siguen ganando lo mismo, a pesar de que no se obtenga utilidad alguna para el cotizante individual.
Voy a votar a favor del proyecto, pero quiero que quede claro -porque a veces nos condenan por aprobar normativas y no ir a los temas de fondo-: hoy día nuevamente nos encontramos ante una legislación transitoria orientada a un segmento significativo, con el objeto de provocar el tiraje de la chimenea, de pagar lo que el sistema de las AFP no brinda y, en definitiva, lograr una jubilación digna para los trabajadores. Eso es importante y lo vamos a apoyar. No obstante, la resolución del problema sigue pendiente para los que vienen atrás, para los más jóvenes. Y sigue pendiente la cuestión de fondo: las AFP, que es poner y poner. Sin embargo, cuando hay pérdidas estas son asumidas por los trabajadores y no por dichas administradoras.
Tenemos, por lo tanto, un debate que realizar con todos los trabajadores del sector público, quienes en su inmensa mayoría están en las AFP.
Estuve en Punta Arenas -los Senadores Bianchi y Muñoz Aburto lo saben- y me reuní con la gente de la FENPRUSS y con dos tecnólogos médicos para ver una materia diferente. No obstante, pude darme cuenta de que una jubilación a través del INP del orden de los 621 mil pesos en la AFP llega a los 213 mil pesos. Es decir, tres veces menos para una funcionaria que cuenta con los mismos años de servicio y que ha ejercido iguales cargos administrativos u operativos. En definitiva, aquí estamos poniendo un parche a un déficit de fondo, a un problema de carácter nacional e institucional.
En el Estado, los funcionarios públicos están desprotegidos. Y cada vez que la olla acumula presión, porque hay mucha gente que quiere jubilar, se llega a una salida parcial y el sistema no logra explotar. Sería absurdo que lo hiciera. Pero en algún momento la olla va a tener tanta presión que podrían producirse situaciones más graves.
Voto a favor del proyecto, porque entiendo que ha sido consensuado con los trabajadores. Está claro que la plata se la van a descontar a los municipios. Yo espero que haya racionalidad en los alcaldes -a veces escasea bastante en lo que respecta a administración de salud y educación- para que al sacar estos recursos no se afecte el sistema asistencial y de prestación de servicios a los usuarios con cuyo per cápita, por cierto, se financia.
Queda claro que este es un parche. Y yo emplazo a mis colegas: hasta cuándo seguiremos parchando el sistema. Cuándo nos vamos a dar a la tarea de enfrentar la verdad pura: que el sistema hará que más de 60 o 70 por ciento de quienes jubilen a través de las AFP no alcancen ni siquiera el monto mínimo y deban ser subsidiados por el Estado. Y ese asunto viene; no tiene que ver con la salud, sino con el sistema previsional. No obstante, así como hoy ocurre en el sector de la salud, también acontece con los codocentes en la educación y con los empleados públicos de la totalidad de los Ministerios. Por cierto, estos se han acercado a hablar conmigo, así como lo han hecho los del Congreso, porque también tenemos funcionarios públicos que se hallan en la misma condición.
Señor Presidente, el Parlamento muchas veces es cuestionado -en algunas ocasiones, con legítima razón, y en otras, de manera injusta- por nuestros propios errores. Sin embargo, en cuanto a la materia que nos ocupa, espero que en la próxima elección presidencial, a través de un plebiscito nacional, el 11 de noviembre de 2013, los chilenos puedan tomar una decisión acerca del tipo de gobierno que quieren para enfrentar de verdad los temas de fondo.
La eliminación del 7 por ciento que se descuenta por concepto de salud a los jubilados ha sido un acierto de este Gobierno, cosa que hemos reconocido. Asimismo, elogiamos los seis meses de posnatal, a pesar de que el proyecto llegó con letra chica y se perfeccionó con el aporte de la Oposición. No obstante, en algún minuto se deberá enfrentar el problema de fondo, que no solo afecta a los funcionarios públicos, sino también al resto de los chilenos, dado que el sistema de capitalización individual de las AFP no dio resultado, no rindió, engañó a los usuarios, a sus afiliados.
En definitiva, la política de la mortadela, de las rodajas y los parches, nos lleva a aprobar leyes especiales, nos termina presionando la movilización de los trabajadores, a veces dividiendo sus gremios, pues a cada uno de ellos les asiste el legítimo derecho de negociar las mejores condiciones para sus representados, pero eludimos el tema de fondo: la desprotección, el absoluto abandono en que se encuentran los funcionarios públicos en materia previsional.
Yo escucho muchas historias de funcionarios que tienen 70, 75 u 80 años, que se desempeñan en varios Ministerios (son pocos, pero ahí están) y que no jubilan porque no podrían vivir con la pensión que recibirían. Algunos de ellos, arrastrando los pies, con mucha dignidad, permanecen en sus puestos de trabajo.
Hoy día les damos una salida a los empleados de la salud municipal mediante este proyecto de ley. Yo quiero dejar en claro que no ignoro ni dejo pasar el tema de fondo, a pesar de que ahora estamos haciendo una contribución que en parte los alivia.
Yo me pregunto si los 2 mil 300 funcionarios van a resolver todo el problema. Puede que las fronteras creen siempre un conflicto: habrá algunos que pasarán y otros que no alcanzarán. Lo más probable es que con la aplicación de la ley un cierto número de ellos queden en una zona límite y tengamos una resaca, porque no todos los que cumplan los requisitos podrán acceder al beneficio.
Imagino que lo anterior habrá sido evaluado por las federaciones, las asociaciones de trabajadores, con el Ministerio.
Señor Presidente, voto a favor del proyecto de ley con las observaciones que señalé y espero que podamos enfrentar dentro del corto plazo la cuestión de fondo de la previsión social de los trabajadores del Estado y también de los del sector privado.
El señor ESCALONA (Presidente).- Le ruego a Su Señoría que pase a presidir la sesión, pues en ausencia del Senador Lagos, quien se hallaba inscrito a continuación, yo haré uso de la palabra.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, no quiero abusar del tiempo de los colegas, pero quiero anunciar que voy a votar a favor del proyecto, pues es enteramente merecido por los trabajadores de la salud municipal.
No obstante, hace pocos días adopté un compromiso con la Asociación Chilena de Municipalidades -y lo voy a cumplir ahora- consistente en reclamar al Ejecutivo -cuestión que hago a través del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, quien se halla presente en la Sala y que, además, es un destacado economista- por el mecanismo de cargar a los municipios el costo de estos proyectos.
Mis colegas de la Comisión de Hacienda han rechazado el antiguo artículo 11, que se consigna en el texto del boletín comparado. Pero, en realidad, lo grave no es ese precepto, sino el nuevo artículo 11, que establece claramente que el referido gasto se carga a la ley Nº 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal; es decir, se carga al per cápita de salud.
¡Eso es lo inaceptable!
Este beneficio social, entonces, lo pagan la atención primaria, la gente humilde, no el Gobierno central.
O sea, ¡una vez más les estamos cargando la mata a los municipios!
La redacción es sumamente clara: "Las entidades administradoras de salud municipal podrán solicitar al Ministerio de Salud, por intermedio del Servicio de Salud respectivo, un anticipo del aporte estatal", etcétera. Luego dice que ese anticipo se tiene que devolver, y establece un mecanismo para hacerlo.
No hay al respecto ninguna duda.
¡Lo que se plantea no es justo!
En Puerto Montt hay en este momento un tremendo déficit de médicos especialistas y de médicos generales, pero el municipio no tiene cómo financiar más contrataciones para paliar tal carencia. Y la norma en comento significa enterrar definitivamente la salud municipal en esa comuna, por ejemplo.
¡Eso es inadmisible! ¡Así no se hacen las cosas!
Yo lamento tener que llamar la atención sobre un punto tan ingrato. Me gustaría que ahora los trabajadores de la salud municipal se fueran de fiesta a celebrar. Pero se trata de un mecanismo totalmente perverso.
Entonces, le ruego al Ejecutivo que modifique la forma de financiar el proyecto. La Administración central tiene recursos de más.
No quiero hacer mi alegato de 2011 en el sentido de que ese año el Ministerio de Salud no ejecutó sus recursos.
La ejecución de operaciones de infraestructura de salud el año recién pasado cubrió 20 por ciento del presupuesto total. O sea, se gastó la quinta parte de los fondos.
No existe ninguna razón, pues, para cargarles el costo a los municipios.
Señor Presidente, yo reclamo que el Gobierno modifique el artículo en cuestión. De lo contrario, en forma enteramente involuntaria para los trabajadores, el beneficio pasa a ser costo de la atención a la gente más humilde de nuestro país.
El señor NAVARRO (Vicepresidente).- Estaba inscrito el Senador señor Lagos, quien no se encuentra presente en estos momentos.
El señor CASTILLO (Subsecretario de Redes Asistenciales).- Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones en torno a la ley en proyecto.
Esta iniciativa le otorga al personal de la atención primaria de salud que indica una bonificación por retiro voluntario, una bonificación adicional y una bonificación adicional complementaria, todas de carácter transitorio.
Además, compatibiliza los plazos de postulación y de renuncia con los establecidos para el bono laboral de la ley Nº 20.305.
En cuanto al financiamiento de la bonificación por retiro voluntario, contempla que las entidades administradoras de salud municipal podrán solicitarle al Ministerio de Salud un anticipo del aporte estatal definido en el artículo 49 de la ley Nº 19. 378. Y dispone que esa Secretaría de Estado considerará anticipos de aportes hasta por un máximo nacional de 2 mil 100 funcionarios, más 200 adicionales contemplados dentro de la postulación excepcional.
La bonificación adicional y la bonificación adicional complementaria son de cargo fiscal, no del Ministerio de Salud propiamente tal.
Como lo establece el proyecto, "El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos.".
A mayor abundamiento, señor Presidente, es del caso señalar que en la anterior ley de incentivo al retiro, la Nº 20.250, la norma de financiamiento decía: "El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo a reasignaciones de la partida presupuestaria Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con dichos recursos.".
En la norma de financiamiento del proyecto que ocupa hoy al Senado no se consideran reasignaciones de recursos desde la Partida Ministerio de Salud que afecten al Programa de Atención Primaria, ni a ninguno de los programas que inciden directamente en la atención de enfermos, ni menos al per cápita, por lo que no debiera haber ningún efecto en la atención operacional de la salud municipal correspondiente.
Sin embargo, el artículo 11 da la posibilidad de utilizar holguras presupuestarias que se pudieran generar al final de cada año para destinar recursos al financiamiento del beneficio, o la de, en caso de no haberlas, acudir a la Partida Tesoro Público, como en la provisión del financiamiento comprometido, de manera de hacer un uso más eficiente de los fondos públicos.
Dicho de otro modo, esta iniciativa recoge básicamente un acuerdo mancomunado suscrito entre la Asociación Chilena de Municipalidades -el año pasado consensuamos la forma de trabajar específicamente este incentivo-, el gremio de la atención primaria de salud municipal y el Ministerio de Salud, representado por la Subsecretaría de que soy titular, en el cual se aceptaba esta forma de financiamiento, que no era más que un remedo de lo existente en incentivos anteriores.
Ahora, señor Presidente, quiero hacer un par de menciones.
Es evidente que la bonificación que se otorga a los trabajadores de la atención primaria de salud es un justo y merecido incentivo, especialmente para el 70 por ciento de mujeres que laboran en dicho sector.
También es indudable que ello refleja un esfuerzo de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Gobierno y el gremio. Por lo tanto, a mi juicio, se requiere una votación favorable absoluta, a fin de empezar a beneficiar a los funcionarios de la atención primaria de salud que esperan el incentivo en comento.
Los cargos presupuestarios al Ministerio de Salud para la atención primaria no deben afectar a los gastos operacionales de los hospitales, ni a las inversiones en infraestructura hospitalaria o en ese tipo de atención, porque se trata de asignaciones distintas, diferenciadas, y los gastos operacionales están absolutamente dirigidos a las redes hospitalarias versus los gastos operacionales de la atención primaria.
Por tanto, en ese aspecto, este beneficio no debiera afectar ni al gasto operacional para la atención primaria, aun cuando haya un anticipo del per cápita, ni tampoco, desde ninguna perspectiva, al presupuesto de los hospitales del país.
También quiero hacer presente que a fines de 2011 en el Ministerio de Salud se ejecutó aproximadamente 92,8 por ciento de las iniciativas de inversión en infraestructura hospitalaria. Logramos hacer lo que estimamos a nivel nacional.
Finalmente, cabe subrayar que, de aprobarse, la ley en proyecto dará en el ámbito de la atención primaria de salud una muy buena posibilidad y un merecido incentivo para que se acojan a retiro funcionarios que llevan mucho tiempo laborando. Pero no solo eso: asimismo, a los efectos de que puedan optar al beneficio, les reconoce antigüedad a quienes, pese a no trabajar en la atención primaria de salud por 10 años seguidos, se desempeñaron durante ese lapso en los servicios de salud o en hospitales y se trasladaron a la atención primaria de salud y llevan realizando funciones en ella durante 2 o 3 años.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, primero quiero señalar que este proyecto está claramente bien inspirado: como señalaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, básicamente busca mayor equidad; procura entregar un reconocimiento a trabajadores del sector público, y, al mismo tiempo, trata de conseguir cierta rotación de los funcionarios de la salud municipalizada.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, como todos (me parece que la aprobación será unánime). Pero deseo puntualizar que no porque las cosas se han hecho siempre de determinada forma uno no puede plantear que se realicen de manera distinta.
Y quiero concentrarme en el financiamiento.
En efecto, en este proyecto, al igual que en otros que aprobó el Parlamento mucho antes de que varios de nosotros llegáramos al Senado, Hacienda usa la fórmula sacramental que señala que el mayor gasto en que se incurriere se financiará con cargo al Ministerio respectivo, y si los recursos no fueran suficientes, con cargo al Tesoro Público.
Yo agradezco, señor Presidente, las palabras del Subsecretario y los esfuerzos que se hicieron ayer en la Comisión de Hacienda. Pero, la verdad sea dicha -y lo sostengo muy tranquilamente-, en muchos casos aquella fórmula está pensada y redactada desde la lógica de una Dirección de Presupuestos y de un Ministerio de Hacienda que entienden que en los Ministerios sectoriales siempre hay recursos que no se van a utilizar; por último, se trata de "apretar a la Secretaría de Estado pertinente para que los dineros aparezcan, y posteriormente veremos si se suplementan o no a través de la Partida Tesoro Público".
No sé cuál es el origen ni si aquello tiene que ser un principio sacrosanto. Pero me parece que, si se discutió este proyecto y se dijo que en 2012 se iban a requerir sobre 6 mil quinientos millones de pesos, los recursos deben provenir del presupuesto del Ministerio de Salud. Y si este no estaba en condiciones de asumir el gasto porque todavía no se había aprobado su Partida, debió decirse directamente que se solventaría con cargo al Tesoro Público. De esa manera el proyecto habría nacido con financiamiento.
Nadie quiere quitarle el financiamiento a la iniciativa. Pero qué diferente sería la situación si en vez de la frase sacrosanta que figura en el artículo 11 se dijera "el mayor gasto se solventará con cargo al Tesoro Público". Punto.
Para eso en la Partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos de este año aprobamos una generosa cantidad de recursos.
En consecuencia, no estoy de acuerdo con el argumento de que "hay que seguir haciéndolo así porque de ese modo se ha hecho siempre".
Cuando se ha procedido de tal manera, eso ha significado que los Ministerios sectoriales, que no pueden hablar, hayan debido hacer frente a gastos adicionales no contemplados en su presupuesto utilizando recursos previstos para otros fines.
Esa es la razón por la cual voté en contra en la Comisión de Hacienda.
Como bien dijo la Senadora Allende, no se trata de dejar sin financiamiento la ley en proyecto. Sin embargo, yo no veo por qué las cosas no pueden hacerse de manera distinta de la habitual.
Ahora, debo subrayar que hoy estamos discutiendo esta materia por los trabajadores del sector de la salud municipal. Pero la semana venidera estaremos debatiendo respecto de otros trabajadores de la salud, a base de un proyecto muy parecido, que contiene situaciones muy similares a las planteadas a propósito de la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Yo no considero adecuada la forma como se planteó el problema de género en este proyecto y en el que discutiremos más adelante, pues en el fondo no hay un reconocimiento a las mujeres, sino que se nivela hacia abajo, sin hacerse cargo de un problema real.
Estas iniciativas, sí. Procuran la equidad: ¡bien! Se desea otorgar un incentivo para que la gente se vaya a su casa ojalá en mejores condiciones: ¡bien! Se pretende dar tiraje a la chimenea en el sector: ¡bien! Pero no se dice claramente que también se quiere compensar...
El señor PIZARRO.- ¡Se parece a "El Flaco y el Indio"...!
El señor LAGOS.- ¿El Flaco y quién?
El señor PIZARRO.- Y el Indio.
El señor LAGOS.- No los he visto, señor Senador. He estado trabajando mucho.
El señor PIZARRO.- Estuvieron en el Festival de Viña.
El señor LAGOS.- Lo que quiero expresar, señor Presidente, es que acá se reconoce la existencia de un daño previsional provocado a los servidores del sector público.
Y hay algo que es recomplicado decirlo: son afortunadamente (afortunadamente entre comillas) los empleados públicos quienes, al menos en este caso, tienen la suerte de que se pueda legislar para que la situación particular de aquellos que se cambiaron en forma voluntaria de sistema creyendo que les iba a ir mejor o la de aquellos que debieron hacerlo porque así eran las reglas del minuto, ya que el que no se cambiaba lo podía pasar mal, sea objeto de un pequeño reconocimiento. Porque la tasa de reemplazo en materia de jubilación será tan baja que les vamos a dar un pequeño dulce para que puedan pensionarse en mejores condiciones.
Hay acá, entonces, un reconocimiento implícito de que algo no funcionó.
Yo digo: ¡Qué bueno que al menos los trabajadores del sector público, con esto de que no se les alcanza a reparar lo que hubieran obtenido de haber jubilado por el sistema antiguo, tengan alguna compensación!
Eso sí que es algo que escapa de las manos de cualquier trabajador del sector privado que también se cambió.
Ahora, sería bueno que hiciéramos un esfuerzo. Porque la situación en comento se arrastra.
Esto de hacer aproximaciones o paquetes en función de gremios o sectores tiene para el gobierno de turno la virtud de que le permite dividir. Esta es la verdad: le permite dividir. Llega a acuerdos con algunos que le cuestan más barato porque sus remuneraciones son más bajas y las compensaciones, por tanto, deben ser menores; o con otros cuyo número es más reducido, en fin. Y va sentando precedentes.
Lamento que sea así. Se hizo antes. Pero -insisto- eso no quiere decir que lo que se hizo antes -mucho de ello lo defiendo con gran fuerza- no pueda ser distinto o mejor.
En mi concepto, hay que tener un criterio único para los servidores del sector público. Al final del día, los trabajadores de la salud (lo digo con gran respeto por ellos) son tan importantes como los de los distintos Ministerios. Y los trabajadores municipales, lo mismo.
En consecuencia, debemos tener algo muy básico: una ley pareja que se haga cargo de las condiciones de retiro para todos los trabajadores.
--Se aprueba en general el proyecto (36 votos afirmativos).
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero saber si reglamentariamente es posible solicitar suspensión o aplazamiento de la votación y que haya segunda discusión sobre el artículo relativo al financiamiento.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La urgencia de este proyecto vence el 19 de abril.
De consiguiente, la postergación de la votación requeriría cambio de la urgencia, salvo que se citara a otra sesión.
Ahora bien, los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones -no me estoy refiriendo al relativo al financiamiento- tendrían que darse por aprobados, a menos que a petición de un Senador, y por la unanimidad de los presentes, se acordara someter a discusión y votación uno o más de ellos. O sea, si no existe consenso, quedan aprobados.
El artículo que la Comisión de Hacienda propone rechazar por tres votos en contra y dos a favor sí que debe ser votado.
El señor ESCALONA (Presidente).- El proyecto ya fue aprobado en general. Ahora corresponde entrar a la discusión particular. Y la urgencia vence mañana.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, antes de entrar al debate particular, debo señalar que -así lo entiendo- si no se reúne el quórum para aprobar el artículo individualizado iremos al tercer trámite constitucional.
Entonces, la idea es preguntarle al Ejecutivo, por su intermedio, si tiene disposición a cambiar la urgencia para permitir que se discuta el artículo en cuestión.
Porque muchas veces se le imputa al Congreso Nacional que obliga a los municipios a financiar ese tipo de normas. Y varios parlamentarios asumimos un compromiso en el sentido de que no obligaremos más a las municipalidades a solventar el gasto que irrogan las disposiciones de tal índole.
El Senado ha debatido ampliamente en otras ocasiones en torno a la idea de que los gastos pertinentes deban enfrentarse con financiamiento propio.
Por eso he consultado si reglamentariamente puedo pedir aplazamiento de la votación.
Entiendo que sí es factible.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Ejecutivo manifiesta que no tiene disposición a ese respecto.
Senador señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, habiéndose zanjado ya lo relativo a la postergación, solo quiero aprovechar la oportunidad para señalar que, de acuerdo al artículo 11, el financiamiento no sería con cargo a los municipios, sino al presupuesto del Ministerio de Salud, y si este no tuviera recursos, con cargo al Tesoro Público.
Por lo tanto, aquí no se afecta a las municipalidades para nada.
El señor ESCALONA (Presidente).- Señor Senador, ya que hizo uso de la palabra sobre el contenido del proyecto, me veo en la triste necesidad de expresar que desde mi punto de vista, conforme al artículo 11, la situación no es como usted indica.
Pero estamos en la cuestión reglamentaria. El Ejecutivo no retirará la urgencia. Por tanto, hay que votar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ante todo, ¿quedarían aprobados todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y los que fueron objeto de enmiendas unánimes?
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
La señora ALVEAR.- Sí.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde ocuparse en la recomendación de la Comisión de Hacienda de rechazar el artículo 11 del proyecto.
El señor PIZARRO.- ¿Si nos pronunciamos en contra significa que se desecha la disposición?
El señor ESCALONA (Presidente).- Se trata del antiguo artículo 11, ya que el orden se modificó precisamente al no ser acogido en el órgano técnico.
En consecuencia, se votará a favor o en contra de la proposición.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión de Hacienda plantea que se desestime el texto de la norma despachada por la Cámara de Diputados.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, consulto cómo tenemos que votar los que queremos que el artículo se mantenga en la forma como lo aprobó la Comisión de Salud.
En seguida, entiendo que, desde el punto de vista constitucional, no podemos rechazar la disposición. En efecto, el inciso cuarto del artículo 67 de la Carta dice: "No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto", y el precepto al cual se hace referencia indica las fuentes de financiamiento.
Además, los parlamentarios no tenemos iniciativa de ley en la materia.
Por lo tanto, no queda más que aprobar la norma, en mi modesta opinión, si queremos que la ley cuente con recursos para el presente año.
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa encuentra enteramente admisible la resolución de la Comisión de Hacienda precisamente por lo que expliqué en mi intervención. El artículo 11 nuevo determina, en forma textual, que el financiamiento provendrá de "un anticipo del aporte estatal definido en el artículo 49 de la ley N° 19.378", que es la de la atención primaria.
El señor Subsecretario expresó que ello no sería de cargo de los municipios, pero no es así, porque el inciso tercero de la disposición señala incluso la forma en que estos deben hacer la devolución total del gasto, cuyo plazo no puede exceder de setenta y dos meses. Es decir, el mecanismo de financiamiento se encuentra establecido.
Por lo tanto, es totalmente aceptable, desde el punto de vista de la Mesa, lo obrado por la Comisión de Hacienda -repito- en relación con el anterior artículo 11.
Los que voten a favor acogerán el criterio con que actuó ese órgano técnico y los que lo hagan en contra se pronunciarán por reponer la antigua norma.
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor ESCALONA (Presidente).- Puede intervenir, Su Señoría.
El señor NOVOA.- Solo deseo puntualizar que el antiguo artículo 11 consigna que "El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el presente año, se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud.".
La disposición sobre el financiamiento permanente ya fue aprobada, porque no fue objeto de modificaciones en la Comisión de Hacienda.
Entonces, el problema se presenta solo respecto del año en curso. Si se mantiene el criterio de dicho órgano técnico, no habrá recursos para los pocos casos que tengan lugar en ese período, que no serán muchos.
Quisiera insistir en el punto, en consecuencia, porque observo que en la discusión se están confundiendo dos artículos: uno ya aprobado y otro referente al financiamiento para 2012, que fue rechazado y cuya reposición planteamos.
El señor ESCALONA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, no deseo entrar en la discusión sobre la admisibilidad o no. La Mesa tomó una decisión.
Más bien estimo conveniente que tengamos claridad en cuanto a que si se aprueba lo acordado por el voto de mayoría en la Comisión de Hacienda, ocurrirá al final del día, como aquí se ha dicho, que la gente que podría resultar favorecida con el incentivo al retiro durante el presente año -no sé cuántos casos son, pero me interesaría aunque fuera uno solo- quedaría sin el beneficio.
Me parece bastante importante, por lo tanto, considerar ese hecho al momento de votar: si aprobamos el rechazo propuesto por la Comisión, el personal de la atención primaria potencialmente beneficiario, durante el año en curso, del incentivo al retiro se quedaría -reitero- sin la posibilidad de recibirlo.
El señor ESCALONA (Presidente).- Su Señoría tiene razón.
Si se acoge el criterio de la Comisión de Hacienda, solo se podrá financiar el proyecto con el nuevo artículo 11, esto es, de acuerdo con la ley N° 19.378, que establece el Estatuto de la Atención Primaria.
Si se aprueba el criterio inicial del Ejecutivo, se permitirá contar con recursos suplementarios del Tesoro Público.
--Por 22 votos contra 6 y un pareo, se rechaza la proposición de la Comisión de Hacienda, quedando aprobado en particular el proyecto.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Quintana, Rossi, Tuma y Uriarte.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Frei (don Eduardo), Lagos, Pizarro, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
No votó, por estar pareado, el señor Prokurica.
El señor ESCALONA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Letelier.
Boletín N° 7319-15
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la sesión de ayer quedó pendiente el plazo para presentar indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Tránsito, a fin de establecer requisitos alternativos para obtener licencia profesional (boletín 7.319-15).
El señor ESCALONA (Presidente).- La Mesa propone fijar el lunes 7 de mayo próximo para tal efecto.
Boletín N° 7911-06
El señor ESCALONA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la República, parlamentarios y alcaldes, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (7911-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 86ª, en 4 de enero de 2012.
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 11ª, en 17 de abril de 2012.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es regular un sistema de elecciones primarias que pueda ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de Presidente de la República, Senadores, Diputados y alcaldes.
La Comisión discutió el proyecto solamente en general y la idea de legislar fue aprobada por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Bianchi, Orpis, Rossi, Sabag y Zaldívar.
El texto propuesto se transcribe en el primer informe.
Cabe tener presente que la normativa es de rango orgánico constitucional, por lo que requiere 22 votos para ser acogida.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, prefiero intervenir después de mi Honorable colega Rossi, para que emita su informe como Presidente de la Comisión.
El señor ESCALONA (Presidente).- La dificultad radica en que hay varios inscritos antes.
El señor LARRAÍN.- ¡Lo que pasa es que es lento para pedir la palabra, pero es el Presidente del órgano técnico...!
La señora ALLENDE.- Así es.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, el Honorable señor Gómez me acaba de plantear la posibilidad de abrir la votación. Dejo expuesta la consulta al respecto.
Quisiera destacarle a la Sala que este es un proyecto trascendental, diría. Tratándose de mejorar la calidad de la política, es una de las reformas más relevantes.
Si se lee el mensaje, cabe darse cuenta de que este se hace cargo justamente de la baja participación de los menores de 30 años, en particular, en los procesos electorales. En los años noventa ella registraba un nivel muy significativo y hoy día, por desgracia, ha disminuido muchísimo, lo que obedece, básicamente, a una pérdida de confianza de la ciudadanía en nosotros mismos, en lo que hacemos, en los partidos.
Por eso es que la iniciativa busca establecer un mecanismo de primarias abiertas, vinculantes, en el que mediaría la decisión del Consejo General de cada colectividad política. Evidentemente, en la discusión particular vamos a tener que buscar una fórmula para que no sea necesariamente la visión mayoritaria o preponderante o cupular del partido la que determine la necesidad del proceso, sino que pueda existir también, como algunos lo hemos planteado, cierta forma de activación a partir de un grupo de militantes.
Pero lo importante es que el proyecto permite resolver uno de los principales problemas que enfrentamos, que es el de la desconfianza, no solo de la ciudadanía, diría, sino también de los propios militantes. Estos, muchas veces, dudan de cómo se resuelven las diferencias al interior de un partido, en especial con relación a las cuestiones electorales.
Y, desde ese punto de vista, adquiere bastante relevancia el que se contemple un mecanismo conforme al cual el Servicio Electoral es el que organiza, establece el padrón y se hace cargo justamente de todo lo necesario para garantizar que el proceso sea transparente, riguroso y dé cuenta en forma fidedigna de lo que la gente manifieste el día de las elecciones. De hecho, las primarias se realizan en un solo día en los casos en que proceden.
Al interior de la Comisión se llevó a cabo un análisis bien significativo respecto de la voluntariedad o la obligatoriedad del instrumento en examen. Incluso se han presentado algunas reformas en orden a que las primarias presidenciales sean obligatorias.
Se ha abierto debate, asimismo, acerca de un financiamiento adicional o no. La iniciativa contempla un límite, pero en cuanto al considerado para la elección definitiva. Esta última se verificaría, en el caso de los comicios municipales en el año en curso, 17 semanas después de las primarias para la nominación de candidatos a alcalde.
También se discutió, tratándose de este tipo de procedimientos -y en la Cámara de Diputados se introdujeron modificaciones-, con relación a la publicidad o a la propaganda política en los medios televisivos.
El mecanismo se aplica -debí haberlo dicho al principio- respecto de los cargos de Presidente de la República, de parlamentario y de alcalde. No se contempla -en la sociedad se han planteado muchas inquietudes sobre el particular- respecto de los concejales.
Ha surgido una controversia en lo relativo a los independientes. Porque algunos de ellos han planteado reparos con mucho entusiasmo, ya que no les parece conveniente que se requiera el apoyo de un pacto o un partido para poder postular a una primaria, presidencial o en cualquier caso.
A nivel de concejales se puede tener un candidato a alcalde y llegar a un acuerdo en que existan un pacto o dos listas en apoyo a un candidato a jefe comunal. En el plano parlamentario y presidencial debiera operar más bien un sistema de omisión.
Así que, en términos generales, diría que este es un proyecto tremendamente importante para la calidad de la política, de la democracia; para el fortalecimiento de los partidos, de su institucionalidad; para acercar la política a la ciudadanía; para generar mecanismos participativos que legitimen la actividad pública.
Las colectividades políticas entregan poder, es cierto. Entiendo que en todas ellas se discutió mucho, antes de la presentación de la iniciativa, con relación a cuánto cedían. Pero creo que ganan profundamente cuando lo transfieren a la ciudadanía. Hay experiencias tremendamente exitosas en la materia.
A partir de la experiencia de las primarias de la Concertación, puedo comentar, para ir finalizando, que es posible percibir cuestiones importantes de abordar, las que tienen que ver con el financiamiento; con la existencia de una institucionalidad como el Servicio Electoral, obviamente, que garantiza el proceso, el que se lleve a cabo y que dé garantías a todos los sectores.
Otro de esos aspectos es el famoso "acarreo", que ocurre mucho en comunas chicas, adonde son trasladados ciudadanos de otras, y eso distorsiona la expresión de voluntad local, que se ve afectada directamente por la decisión que toman todos los participantes en el proceso electoral respectivo.
Varios señores Senadores han destacado la necesidad de contar con transporte público para facilitarle a la gente la participación en el proceso, de naturaleza voluntaria, al igual que el actual sistema electoral, de inscripción automática y voto voluntario.
Eso es lo que puedo informar, señor Presidente.
El señor ORPIS.- Me corresponde ahora el uso de la palabra.
El señor ESCALONA (Presidente).- El Senador señor Rossi planteó que se abriera la votación, pero debo informar a la Sala que son trece los inscritos, y, en consecuencia, el Orden del Día no alcanzaría a absorber tan desbordante interés.
El señor LARRAÍN.- Sería preciso llegar al término de la votación.
El señor ESCALONA (Presidente).- En efecto. Esta no podría ser interrumpida.
El señor LETELIER.- No hay acuerdo.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, Honorable Senado, este proyecto resulta fundamental para revitalizar la democracia a partir de los partidos políticos, lo cual es posible solo cuando la ciudadanía tiene una participación mucho más directa en la determinación de las candidaturas.
Ese es el valor de la presente iniciativa. Además, creo que viene en un momento muy oportuno, porque ante la demanda ciudadana de cada vez mayor participación, transparencia y competitividad, responde de manera eficaz.
Dicho eso, me voy a concentrar -obviamente, aprobaré la idea de legislar- en al menos tres aspectos que considero necesario perfeccionar.
El primero se refiere a cómo se gatillan las primarias y quiénes pueden ser nominados candidatos.
Actualmente, el proyecto contempla, en el caso de los aspirantes a candidatos presidenciales, que corresponderá al consejo general de cada partido la decisión de participar en las primarias, la nominación de los candidatos y la modalidad, cuando así lo solicite la directiva central del partido o un 10 por ciento de dicho consejo.
Tratándose de los aspirantes a candidaturas a parlamentario o a alcalde, la decisión también es tomada por el consejo general, definiendo los territorios electorales en que se participará, nominando a los candidatos y la modalidad, cuando así lo solicite la directiva central o el consejo regional que corresponda, a petición, en este último caso, de la directiva regional o de al menos el 10 por ciento del consejo regional.
¿A qué voy con este punto, señor Presidente? A que considero fundamental que tal decisión no solo quede en manos de los consejos generales o de la directiva central, sobre todo en escenarios complejos. Por ejemplo, si un 30 por ciento de los miembros de un partido político solicita las primarias, la determinación de participar no puede quedar radicada solo en algunas estructuras, en ciertas cúpulas, que muchas veces son las que han impedido el pleno desarrollo de la democracia.
El segundo aspecto dice relación con quiénes pueden ser nominados candidatos. En lo personal, me parece que no se halla resuelto el mecanismo de primarias al interior de un pacto cuando los partidos ya han realizado sus primarias internas.
El tercero se refiere, desde mi punto de vista, a la necesidad de perfeccionar el artículo 24 de la iniciativa, porque no hay una justificación clara para impedir la participación ciudadana en más de una elección primaria, simultáneamente. Es una materia por resolver.
Un cuarto punto que merece observación es el artículo 31, que establece que en las elecciones primarias las mesas estarán constituidas por tres vocales, designados por la junta electoral respectiva mediante sorteo, "de entre aquellos que se hayan desempeñado como vocal en la última elección general, ya sea de parlamentarios o municipal".
En tal caso, pueden resultar designados individuos que no pertenezcan a ninguno de los partidos que participen en la elección primaria, lo que supone el establecimiento de una carga pública, ya no respecto del sistema electoral, sino en beneficio del funcionamiento de un partido o pacto ajeno a la persona llamada a cumplir las funciones de vocal.
Señor Presidente, estos son algunos de los aspectos que habrá que perfeccionar y acerca de los cuales presentaré las indicaciones pertinentes en la discusión particular del proyecto.
No obstante lo anterior, creo que el mecanismo de primarias representa un avance significativo en el fortalecimiento de nuestra democracia, muy vinculado al tema de la participación ciudadana en las decisiones de los partidos. En la medida en que incorporemos dicha participación en la determinación de las colectividades políticas, no tengo la menor duda de que se terminará robusteciendo el sistema democrático.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, cuando se compara nuestro país con otros de Latinoamérica a través de índices internacionales que miden la democracia, nuestra situación siempre es favorable respecto del resto.
En efecto, no es extraño que sistemáticamente lideremos en la región, junto a Uruguay y Costa Rica, todos los rankings de calidad de la democracia o de desarrollo democrático que en forma anual realizan distintas instituciones y académicos internacionales.
Sin embargo, cuando encuestas reconocidas, como CEP-Adimark, CERC y otras, miden la percepción que los chilenos tienen respecto a la democracia que estamos viviendo, eso cambia radicalmente. Aparecen dudas, la sensación de que los partidos políticos no responden a las necesidades de la población, y, aún más, diversos planteamientos que, como lo manifestaron aquí los Senadores Rossi y Orpis, generan cierta incertidumbre en nuestro sistema democrático.
Transcurrido el tiempo, el Gobierno del Presidente Piñera ha ido cumpliendo los compromisos adquiridos durante la campaña para perfeccionar la democracia, generando mecanismos que permitan empoderar a la gente. Es cierto que, como expresaron otros colegas, algunos quisiéramos resolver todos los problemas de inmediato; pero debemos ir de a poco. Por eso, a los proyectos de inscripción automática y voto voluntario, ahora se suma este, sobre elecciones primarias.
Sin duda, la modificación propuesta en la última iniciativa ayuda a que las decisiones de los partidos sean más transparentes y democráticas. Además, creo que las elecciones primarias reguladas por ley permiten que la selección de candidatos se haga de un modo más transparente, competitivo y participativo. Los ciudadanos podrán conocer mejor la forma de escoger a los candidatos y, a menudo, expresar su voluntad dentro de tales procesos, los que, previsiblemente, producirán una mayor renovación de las autoridades y dirigentes políticos, abriendo a las colectividades políticas a las inquietudes de los ciudadanos, quienes se sentirán mejor representados.
En el proyecto se establecen las siguientes características sobre las elecciones primarias:
-Serán voluntarias, ya que así lo dispone el artículo 19, N° 15, de la Constitución, organizadas por el Servicio Electoral y, por lo tanto, financiadas por el Estado.
Este es un tema muy importante, señor Presidente, porque el SERVEL se encuentra dentro de las instituciones con más prestigio en Chile, de modo que si dichas elecciones son vigiladas, supervisadas y organizadas por él, por supuesto que nadie tendrá ninguna duda de que serán limpias y transparentes.
-Podrán ser utilizadas para designar a los candidatos a Presidente de la República, a parlamentario y a alcalde. A los partidos les será posible utilizarlas en forma individual o con otros partidos y candidatos independientes.
-Se realizarán de manera simultánea a nivel nacional para todos los partidos y pactos.
-Para las candidaturas a alcalde, las primarias deberán efectuarse 20 semanas antes de las elecciones definitivas; y para los aspirantes a Presidente y a parlamentarios, 20 semanas antes de los comicios respectivos. Es decir, para las elecciones del 2013, la inscripción de candidaturas se cerrará el 21 de abril y las primarias se celebrarán el 30 de junio, ambas fechas de ese mismo año.
-Serán vinculantes para el partido o pacto, de suerte que este se hallará obligado a inscribir en la elección definitiva a los ganadores; y también serán vinculantes para quienes participen en ellas, toda vez que los que no resulten ganadores no podrán competir por ese cargo en el mismo territorio electoral.
Lo anterior transforma a las primarias en un procedimiento serio, que evitará lo que ocurre habitualmente con los partidos políticos y por lo que estos son tan criticados, pues a veces no logran controlar a quienes, no siendo militantes o siendo independientes, de alguna manera juegan a participar en procesos internos y que, de no resultar ganadores, igual se encumbran en una candidatura que saben que no tiene ningún destino, pero que provoca un efecto por fuera.
Por lo tanto, señor Presidente, vamos a aprobar este proyecto de ley, porque no nos cabe ninguna duda de que forma parte de los compromisos de perfeccionamiento que el Presidente Piñera adquirió y que hoy día van mejorando, poco a poco, el sistema democrático de nuestro país.
El señor ESCALONA (Presidente).- Está inscrito a continuación el Honorable señor Coloma.
Esperamos con interés su intervención, señor Senador.
El señor COLOMA.- Muchas gracias por el interés, señor Presidente. Espero sensibilizarlo, porque usted a veces manifiesta un sentido público que a mi juicio debe llamarlo a la reflexión.
Me parece que este es uno de los proyectos más importantes en el ámbito político y, por tanto, amerita una consideración profunda acerca de sus efectos.
No pongo en duda los deseos, las aspiraciones, las motivaciones que hay detrás de él. Valoro que el Gobierno haya hecho un esfuerzo por modernizar la política en muchos aspectos, uno de los cuales tiene que ver con el tema de las elecciones primarias.
Comparto la idea de fondo, pero reconozco que cada vez tengo más incertidumbres que certezas acerca de los efectos prácticos de la iniciativa. Y por eso me parece muy relevante hacer ahora una reflexión general y en la discusión particular ver si podemos corregir algunos de los errores que a mi juicio -puedo estar equivocado- plantea el sistema propuesto.
En primer lugar, asumo que se trata de elecciones primarias voluntarias. Si alguien pretendiera imponer que este fuera el sistema único para definir a los candidatos, estaría vulnerando el sentido estricto de la palabra "primarias", que es una fórmula para elegir candidatos. Nunca olvidemos que los que definen finalmente a los elegidos son los ciudadanos, quienes jamás podrán estar sometidos a una imposición distinta desde el punto de vista de su derecho a voto.
Por esta vía se trata de generar un instrumento para permitir una suerte de legitimidad diferente con relación a las candidaturas. La idea de fondo es legitimar de otra manera la forma de elegir a los candidatos. Y lo que se plantea es traspasar esa decisión desde los dirigentes y los órganos internos de los partidos políticos que hoy día existen a los -entre comillas- ciudadanos.
Ese es el objetivo por el cual se busca crear una instancia de este tipo, que, obviamente, resta rol a los partidos. Eso nadie lo pone en duda. Sí me llama la atención que, habiendo dirigido uno de ellos durante cuatro años, tal hecho deje a tanta gente impávida, porque creo que si al final terminamos rompiendo o debilitando a los partidos los efectos para la democracia no serán los mejores.
Me sorprende que junto con un cambio de esta naturaleza no se incluya alguna norma que pretenda darles sentido a dichas colectividades. Hasta ahora, uno de ellos era elegir a los candidatos, el cual, con el sistema en estudio, queda disminuido en favor de los ciudadanos, a quienes se busca validar.
Primera pregunta: ¿es correcta esta forma de interpretar lo que va a ocurrir? Y perdonen que sea tan preciso respecto de situaciones internas, pero, desde mi perspectiva, algunas de las enseñanzas que dejaron las elecciones primarias de la Concertación y las realizadas en el ámbito internacional poco tiempo atrás -por ejemplo, las norteamericanas, que son interesantes como modelo- plantean algo distinto.
Lo que puede suceder -y este es un punto que yo por lo menos quiero situar arriba de la mesa- es que ese traspaso de decisión no se verifique desde los partidos hacia los ciudadanos, sino desde los partidos hacia minorías organizadas de ciudadanos, lo cual constituiría un efecto completamente diferente.
Yo oí algunas de las expresiones usadas -fueron públicas- por algunos de los participantes de las últimas primarias. Se habló de la importancia del dinero, de la importancia del acarreo, y se profirieron amenazas de no apoyar a uno de los ganadores por considerar que en su génesis se había producido una alteración de la voluntad ciudadana.
Algo similar ocurre en Estados Unidos. Este no es un fenómeno chileno, sino algo que hoy se debate en todas las universidades de ese país, donde se está revisando el sistema, que es centenario, para precisar en qué medida son los ciudadanos los que toman la decisión o si se está generando un efecto distinto, en cuanto a que con plata sería más fácil influir en la definición del candidato.
Y ahí está la médula del asunto, más que en la elección misma.
A veces, con recursos, para alguien es más fácil elegir al contrincante del candidato.
Se trata de una cuestión muy compleja. Y yo creo que se da: en una elección estrecha, yo, con recursos, podría influir en la designación de la persona que quiero que me enfrente.
El señor QUINTANA.- ¡A confesión de parte...!
El señor COLOMA.- ¡Momento! Es un tema que estuvo en la prensa pocos días atrás y pienso que debe ser tenido en consideración.
Entonces, hay ahí un primer punto que deseo instalar en el debate. Yo no creo en esta reflexión de que allí se produce un traspaso automático hacia la ciudadanía.
¿Que hay un debilitamiento de los partidos? No me cabe duda.
¿Que no es bueno? En mi opinión, no.
Y, adicionalmente, puede haber un traspaso a minorías organizadas, las que el día de mañana podrán ser de fanatismo político, de fanatismo religioso, en fin, no tengo idea lo que podrán ser, pero no serán los ciudadanos los que estén resolviendo. Las tasas de participación, en algunos casos, eran ínfimas.
Y les quiero decir -y es una mala noticia para los amigos de enfrente- que los resultados de sus últimas primarias le abrieron a nuestro sector oportunidades impensadas de obtener alcaldías que jamás habían estado en nuestra mira porque su candidato fuerte perdió. Y esto porque algunos, organizadamente, generaron un desenlace diferente.
La vida es así, pero lo que yo quiero resaltar es que ahí hay un asunto muy complicado.
El segundo punto se refiere a la igualdad de oportunidades. Y aquí deseo hacer una reflexión que va en un sentido amplio.
En la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral -todos los parlamentarios que estamos acá estuvimos presentes en su discusión, ya sea como Diputados o como Senadores-, se dio un gran paso para la igualdad de oportunidades -¡ojo!- acortando los períodos de campaña y originando un financiamiento público complementario.
Se redujo de 150 a 90 días el plazo de inscripción de candidaturas, considerando que ahí estaba la clave para no alargar las campañas y no gastar mucho más de lo que se podía suponer.
El proyecto en análisis, en la práctica -¡fíjense, Sus Señorías!- amplía a 240 días el período (que habíamos disminuido de 150 a 90) para la inscripción de candidatos a elecciones primarias.
Entonces, yo tiendo a pensar, otra vez, que existe un buen deseo, pero que la forma de llevarlo a cabo claramente beneficia a los que tienen más recursos, a los que tienen más aguante, a los que tienen más espacio para desarrollar, por ocho meses, una campaña en conformidad a la ley. Y ello implica ir en el sentido inverso de todo lo que habíamos generado en la ley anterior aprobada en el Congreso.
A mí me sorprende que esto suceda y que a nadie le importe mucho.
El tercer punto dice relación con la influencia del gasto electoral.
Si uno observa en detalle, ve, primero, que se va a producir una asimetría muy significativa entre el parlamentario o alcalde que ha participado en una primaria y aquel que no lo ha hecho, por una razón muy simple.
Voy a poner el caso de un Senador. A ver, en este momento estoy mirando al Senador Tuma, que podría repostular al cargo, y probablemente lo haga, porque ha hecho muchos méritos.
Si él va a la reelección, o el Senador Escalona, y no hay candidato en la primaria...
El señor PÉREZ VARELA.- ¡No! ¡Ahí sí va a haber!
El señor COLOMA.- ¡Estamos haciendo una simulación, colega!
Bueno, en ese caso, el Senador Tuma o el Senador Escalona solo van a poder pedir "Vote Escalona" o "Vote Tuma" los últimos 60 días de campaña. ¡Por ley!
Pero, si hay primarias en otro partido que no incluyan a ninguno de esos dos Senadores, los candidatos tendrán acceso a un financiamiento por parte de las empresas, de hasta el 25 por ciento del gasto, ocho meses antes. ¡Ocho meses antes!
Aquí está también el Senador Kuschel. Imaginemos que él participa en una elección primaria. Entonces, ocho meses antes nuestro colega podría gastar en su campaña para los efectos de ser elegido. En cambio, el Senador Escalona no lo podría hacer.
¡Eso es lo que sucederá con este sistema!
Y a mí no me parece que esa asimetría sea lógica en un mundo de igualdad de oportunidades, y menos aún respecto del espíritu de la ley, que el Gobierno de la Concertación pretendió resguardar -deseo valorarlo-, en el sentido de no dar espacio para que precandidatos -¡fíjense el detalle!- que no terminen siendo candidatos reciban dinero en exceso; o sea, tener mucho cuidado con el uso de los recursos durante ese período.
Pero con el sistema propuesto un candidato puede no sacar votos e igual recibir hasta el 25 por ciento del gasto previsto por ley. Recordemos que, como hubo un cambio en el número de electores,...
¿Me concede un minuto más, señor Presidente, para terminar?
El señor COLOMA.- Gracias.
Decía que, como hubo un cambio en el padrón electoral, el límite de gasto hoy día corresponde a cantidades muy altas.
Algunos podrán ser candidatos para el solo efecto de recibir recursos, subsidiados por el Estado, sin rendir las cuentas necesarias...
El señor QUINTANA.- ¡No es así!
El señor GÓMEZ.- ¡No!
El señor COLOMA.- Me refiero a las platas que aportan las empresas, las cuales reciben un beneficio fiscal. ¡El sistema es así, no es otro! No hablo del gasto directo.
El señor QUINTANA.- Ahí sí.
El señor COLOMA.- Es lo que cada candidato puede recaudar. Y eso tiene un límite: hasta el 25 por ciento de lo consignado en la ley Nº 19.884. En muchas Regiones ese porcentaje alcanza a 250 millones de pesos.
Y respecto de ello no hay control, lo que significa que el Estado, antes de la primaria, no sabrá cuánto le costará el proceso, porque dependerá de la cantidad de candidatos que se presenten.
Señor Presidente, entiendo la importancia de la renovación de la política, pero no comparto las situaciones descritas, las que, a mi juicio, confunden en vez de esclarecer.
Por ello, espero que el proyecto siga su curso y que, mediante la presentación de indicaciones, podamos superar estas dudas, las cuales, si no son resueltas, al final generarán más incertezas en la política.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, me llama la atención que el mensaje -es bastante singular en un aspecto- entregue cifras realmente impactantes, que comparto. Son dolorosas por cuanto evidencian que cada vez es más decreciente la participación ciudadana.
A modo de ejemplo, se señala que, en el plebiscito de 1988, votó el 88 por ciento de la población en edad de sufragar; mientras que, en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, en 2009, lo hizo solo el 60 por ciento.
Otro dato que proporciona el mensaje es el envejecimiento del padrón electoral: en 1988, los menores de 30 años conformaban un tercio de los inscritos en los registros; en 2009, ese porcentaje disminuyó a menos del 10 por ciento.
Claramente, tales cifras golpean, pues demuestran que estamos en presencia de un proceso de menor participación.
Pero antes de ahondar en esa materia, hago presente que en el mensaje el Ejecutivo sostiene que, para volver a mayores niveles de participación y transparencia en los procesos electorales, ha dispuesto, como herramienta para incrementar la confianza de los ciudadanos -ya me haré cargo de este tema- y resolver la crisis de representatividad, una agenda de reformas políticas. Esta incluye medidas como la inscripción automática y el voto voluntario -esto ya fue aprobado-; la elección directa de los consejeros regionales -sinceramente, espero que esta iniciativa se despache lo antes posible, pero hay que ponerle urgencia para que, ojalá, sea una realidad en las próximas elecciones municipales-; la iniciativa ciudadana de ley, y el incentivo para la realización de plebiscitos comunales, en todo lo cual estoy de acuerdo.
Sin embargo, no se menciona una palabra respecto del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, iniciativa largamente anhelada. Fui autora de una moción en esta materia en 2005, pero los parlamentarios de la bancada de enfrente se opusieron. Jamás han querido legislar sobre el particular.
Seamos sinceros, como lo fue el Senador Coloma, quien habló con mucha franqueza acerca de las dudas que le merece el proyecto.
Hemos hablado más de alguna vez sobre el particular, y la UDI siempre se ha opuesto al derecho a voto de los chilenos en el exterior.
El señor COLOMA.- ¡Así es!
La señora ALLENDE.- Parece que el Ejecutivo, desafortunadamente, se está haciendo eco de esa posición, porque no menciona el punto en el mensaje. Ello, pese a que el Presidente Piñera -tengo que lamentar una vez más el que no cumpla- se comprometió con el Senador Ignacio Walker y conmigo a enviar un proyecto de ley sobre la materia.
Hemos tenido una larga negociación y negación -llamémoslo así- con el Gobierno en relación con las sugerencia que ha hecho. Porque una y otra vez han insistido en condicionar ese derecho a voto a situaciones bastante absurdas. La última de ellas implicaba exigir a los chilenos en el extranjero haber venido al país durante 18 días por año. ¡Calculen la discriminación económica que tal requisito significa! Por suerte, al parecer aquel entró en razón y se convenció de que esa condición era absurda. Por tanto, debería aprobarse esa iniciativa, si el Ejecutivo cumpliera su palabra y tuviera interés.
Además, lamento que no esté presente el Ministro Secretario General de la Presidencia, porque este era su compromiso: nosotros aprobábamos el proyecto de inscripción automática y voto voluntario, y el Gobierno, a cambio, enviaba a la Cámara de Diputados la iniciativa sobre derecho a voto de los chilenos en el extranjero. No se le ha dado urgencia a esta; no se está tramitando. El compromiso no se ha cumplido.
Una vez más el Ejecutivo decepciona a la comunidad chilena en el exterior, que hace mucho tiempo está esperando, con ansias, que se resuelva esta situación.
Y el sistema operaría de una manera muy simple: bastaría con registrarse en los consulados, los cuales, por cierto, son atendidos profesionalmente por diplomáticos de carrera. En este ámbito, una serie de elementos ya estaban listos, gracias a un proyecto que en su momento envió al Parlamento la Presidenta Bachelet.
Señor Presidente, para mí este asunto es muy importante. De hecho, acompañé a representantes del comité internacional Chile Somos Todos a entregar una carta al Presidente de la República, para recordarle su compromiso y solicitarle que lo cumpla.
Me preocupa que haya menor participación de la ciudadanía; me preocupa que esté envejeciendo el padrón electoral; me preocupa el descrédito creciente de la política, de los partidos políticos, del Parlamento. ¡Para qué mencionar el triste espectáculo que hemos dado en los últimos días, y que nos duele a todos! Con ello perdemos como país.
Asimismo, me impactan los resultados de una encuesta efectuada por la FLACSO que midió el funcionamiento interno de los partidos políticos y la distancia entre estos y la sociedad chilena, la cual es cada vez más significativa, como demuestra el estudio.
En él se muestran el fuerte nivel de críticas de que son objeto las colectividades políticas y, lo que es peor, la tremenda desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado, incluido, desde luego, el Congreso Nacional.
La falta de confianza en los partidos ha ido acrecentándose a tal punto que hoy día su credibilidad llega solamente al 7 por ciento.
Todo ello nos indica que no estamos legislando bien. Por tanto, debiéramos hacer más democráticas las decisiones.
No se trata solo de ver cómo elegir a los candidatos, sino de procurar dar más espacio a los ciudadanos para que participen en la elección de las candidaturas. Ese es el sentido de una primaria, y en esa dirección debemos apuntar.
En el análisis particular del proyecto -estamos en la discusión general-, será necesario perfeccionar el sistema.
Obviamente, el proceso debe ser organizado por el Servicio Electoral.
Además, las primarias -según se ha dicho hasta ahora- son voluntarias. Pero también deben ser simultáneas. Si no lo son, se corren algunos de los riesgos señalados por el Senador Coloma. Algo de ello ocurrió en las últimas primarias que, con mucho esfuerzo, organizó la Concertación.
Hago presente que estas fueron voluntarias y financiadas por todos nosotros.
En ciertos lugares, efectivamente participaron independientes de Derecha, quienes tenían el mayor interés en manipular el resultado de la primaria, con el propósito de, como muy bien dijo el colega -a confesión de parte, relevo de pruebas-, conseguir que ganara el candidato más débil. Así, se obtendría ventaja para la elección definitiva.
Es triste. Pero ocurrió. Y así fue reconocido en esta Sala.
Habrá que hacerse cargo de esa realidad.
Tal situación se evitaría si las primarias fueran simultáneas. Es lo que yo espero.
Ahora bien, como son voluntarias, confío en que los partidos políticos mostrarán más entusiasmo.
Yo sé que al Senador Coloma no le entusiasma la idea y que la UDI nunca ha participado en un proceso de primarias. Tienen otro sistema para designar candidatos.
El señor COLOMA.- ¡Pero somos el partido más grande!
La señora ALLENDE.- Con todo, nos haría bien dar ese salto.
Aquí también se habló del acarreo. Y es cierto que existe, Senador Coloma.
Pero, si en esta legislación no nos comprometemos a dar fondos para el traslado de la gente que vive en zonas rurales y aisladas, estaremos impidiendo una mayor participación. Porque, en un proceso de primarias, no tenemos derecho a exigir a las personas que gasten 3 mil, 4 mil, 6 mil pesos -dependiendo del lugar, muchas veces es muy grande la distancia por recorrer- para concurrir a votar en un proceso que es voluntario.
Por lo tanto, debiera estar garantizado el transporte en las zonas rurales. De lo contrario, el traslado de los votantes lo financiarán los candidatos, con lo cual, una vez más, se verá favorecido el que tenga más recursos. Esa es la realidad.
Por otra parte, estamos trabajando de una manera muy acotada. Aquí no hay una reforma profunda a los partidos políticos.
Ya es hora de decir las cosas como deben ser: una auténtica democracia no existe si los partidos políticos, que siguen siendo órganos mediadores, no tienen financiamiento. Sin ello, su existencia es absolutamente precaria, como ocurre en nuestro país.
Con mucha dificultad conseguimos una devolución por concepto de gastos en las elecciones. Pero no hay financiamiento público para los partidos políticos. En otros países se entregan recursos no solo a dichas colectividades, sino también a las fundaciones ligadas a ellas, que realizan actividades vinculadas con temas globales, locales, nacionales, en fin.
Eso no lo hemos entendido jamás. Y lo lamento, porque significa no darse cuenta de que uno debe extender la democracia y no disminuirla.
Además, no nos hacemos cargo de una cuestión muy importante: a los partidos políticos no les hace bien nuestro sistema binominal, pues este limita el número de candidatos. En el fondo, es una camisa de fuerza que, claramente, va en desmedro de tales conglomerados.
Necesitamos cambiar, de una vez por todas, el sistema binominal por uno proporcional corregido que permita, a lo menos, tener más candidaturas. Eso garantizará mayor legitimidad.
Son muchas las materias que deberemos abordar en particular.
Este es un paso. Yo voy a aprobar el proyecto. Me parece muy positivo. Pero estoy convencida de que será insuficiente, mientras no haya mayor transparencia en los financiamientos de las campañas y de los partidos; mientras no contemos con un Servicio Electoral más empoderado en sus funciones, para que, entre otras cosas, fiscalice los gastos electorales. Porque hasta ahora,...
El señor ESCALONA (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Le daré un minuto adicional para que concluya.
La señora ALLENDE.- Gracias.
Porque hasta ahora ni siquiera lo puede hacer.
Todos sabemos que muchas veces se han sobrepasado los gastos en las campañas. Eso lo vemos porque es ostensible; pero al Servicio Electoral le es imposible fiscalizar, ya que no cuenta con suficientes funcionarios ni con atribuciones ni con el financiamiento adecuado.
Por lo tanto, señor Presidente, anuncio que mi voto será positivo. Con esto damos un paso, pero será todavía muy limitado si no es seguido de muchos otros.
Concluyo recordándole una vez más al Gobierno que cumpla su compromiso y que, de una vez por todas, entregue el derecho a voto a los chilenos en el exterior.
El señor ESCALONA (Presidente).- Antes de ceder la palabra al Honorable señor Bianchi -con su intervención se acabará el Orden del Día-, quiero dejar constancia de los inscritos para la próxima sesión.
Están anotados los Senadores señores Gómez, Quintana, Pérez (don Víctor), señora Von Baer y señores Sabag, Pizarro, Navarro, Tuma, Escalona y Muñoz Aburto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, no puedo alegrarme más de lo que hoy día estamos discutiendo en general.
Este asunto guarda mucha relación con lo que ocurrió hace un par de años, cuando la Región de Magallanes rompió el sistema binominal. Porque así fue. Eso me permitió llegar a este Congreso. Sus habitantes entregaron un voto de confianza a alguien que no pertenecía ni había pertenecido a partidos políticos. De esa manera, mi Región me dio el honor de poderla representar a través del cargo que he ocupado en estos años.
Lo curioso, señor Presidente, es que, si bien no he militado en un partido político, yo creo en la necesidad imperiosa de fortalecer las estructuras partidarias.
Transcurridos ya algunos años de mi vida, me hubiese gustado mucho poder encantarme con tales colectividades. Es allí donde yo le puedo pasar la cuenta a quienes han dado una vida entera a esa identificación partidaria. Del mismo modo, la ciudadanía y el país ven muy lejano -¡muy lejano!- el deseo o el anhelo de participar en un conglomerado político.
Entonces, me pone muy contento que hoy día los partidos políticos permitan que se oxigene, que se ventile el sistema con la idea de organizar primarias, de aumentar la competencia, de abrirse a que ya no exista la situación tan particular en la que un grupo menor de personas tomaba las decisiones. Decían: "Esta Región te toca a ti, esta otra me la quedo yo; esta comuna es tuya, esta es mía", etcétera, etcétera. Y la gente veía cómo, por años de años, no tenía posibilidad alguna de participar, de entrar a competir con quienes están más ligados a las cúpulas de los partidos políticos.
No obstante, señor Presidente, yo creo absolutamente en la necesidad de fortalecer a los partidos políticos. No me imagino una democracia en Chile sin ellos.
De igual modo, a partir de hace un par de años, no la imagino sin la presencia de personas independientes. Mal que mal, hemos podido representar otras inquietudes y una manera de actuar en política. Humildemente, pienso que hemos hecho nuestra contribución a fortalecer aún más esta democracia, que a ratos se siente algo debilitada, pero que, precisamente gracias a proyectos de ley como el que nos ha hecho llegar el Gobierno en esta oportunidad, se está abriendo a una mejor posibilidad por la vía de las primarias.
Pero hay que respetar el resultado de las primarias, aunque no sean obligatorias.
La semana pasada me tocó ser testigo de las primarias de la Concertación en la Región de Magallanes, particularmente en la comuna de Punta Arenas. El proceso se iba a realizar antes, pero, a causa del aluvión, se postergó para el domingo recién pasado. Al día de hoy, entiendo que hay una persona ganadora por una diferencia mínima de 20 o 30 votos. ¡El punto es que igual se debe respetar el resultado! Sin embargo, se viven momentos complejos, porque quien perdió aún no ha saludado al candidato victorioso. La diferencia es muy poca. Algunos partidos dicen que esto hay que volverlo a realizar por tercera vez. En fin, la situación es difícil.
Pero estamos avanzando en la línea de despachar una normativa que permita reglamentar todo el proceso.
Además, hicimos ver al Ministro la necesidad imperiosa de tener cuidado en algo que podría darse: el cohecho. Esta amenaza, obviamente, nos preocupa. Y hemos elaborado un proyecto -espero entregarlo la próxima semana o la subsiguiente- para evitar que algunas personas, por la vía del dinero, puedan quedarse con los cargos, puedan comprar votos. Tal situación será sancionada. Así lo espero. Y el Ministro señaló que iba a acoger esa propuesta.
¿Cómo queda en la iniciativa en debate el mundo de las personas independientes?
Cuando se establecieron el voto voluntario y la inscripción automática, aumentó el padrón. En tal escenario, quienes somos independientes nos vemos obligados a juntar un 50 por ciento más de firmas. Está bien. Esa obligación yo, por lo menos, la asumo, porque pretendo mantenerme en esta condición de independencia. Si hemos hecho bien el trabajo, vamos a conseguir las firmas; si lo hemos hecho mal, no. Así de simple. Y yo asumo esa responsabilidad.
Entonces, nosotros, a diferencia de los miembros de los partidos políticos, tenemos un primer paso que resolver: obtener las firmas.
Por ello, es muy razonable que el proyecto apunte a que los partidos políticos hagan primarias. Y las personas independientes que se asocien con ellos para estos efectos deben estar sometidas a las mismas exigencias. En eso no hay discusión. Como también me parece razonable que quienes somos independientes y no estamos dentro de los partidos políticos, que ya tenemos la gran obligación de cumplir con la recolección de las firmas necesarias, no nos veamos forzados al sometimiento posterior de deber entrar a una primaria, porque eso ya sería una situación casi imposible de resolver y bastante compleja.
Quiero detenerme en las necesidades que aprecio en este proyecto, respecto a las cuales formularemos en su momento las indicaciones pertinentes.
En primer término, está lo relativo al transporte público. El voto es voluntario; debemos entusiasmar a la gente, más allá del discurso, con propuestas, con ideas. Y como se trata de un acto voluntario, para evitar el cohecho, la compra del voto, siento que es tremendamente necesario que el Estado habilite movilización pública gratuita en el proceso de primarias.
Asimismo, en cuanto a los canales de televisión, a la propaganda, tendrían que crearse espacios o franjas cuyo financiamiento fuera asumido por el Estado, de manera que todos contaran con las mismas posibilidades de participar, no solo aquel que es dueño de un medio de comunicación o que posee mucho dinero, lo cual le permite comprar más y más espacios, sino también el que no es dueño o quien no tiene cómo pagar.
Entonces, pienso que en ese ámbito nos queda mucho por avanzar.
A mí me parece que el mecanismo de las primarias lo anhelaba el país entero. Me alegro por ello. Y felicito además, sinceramente, el entusiasmo con que mis colegas Senadoras y Senadores han abordado esta materia, pues constituye una inyección a la vena, un balón gigante de oxígeno para la clase política. Obviamente, no tengo dudas de que esta iniciativa va a saldar por lo menos en parte la triste situación, el lamentable espectáculo del que todos hemos sido testigos en los últimos días y horas, que en nada contribuye al fortalecimiento de lo político.
Apunto, señor Presidente, a que tenemos una democracia, un sistema político. A algunos puede no gustarle; a otros puede agradarle. Es lo que nos rige y debemos defenderlo. Y lo dice alguien que, si bien no está dentro de las estructuras partidarias, siente que el fortalecimiento de aquellas es un deber ciudadano para seguir manteniendo una sana democracia que nos permita, como país y como Estado, avanzar en los grandes temas.
En consecuencia, el proyecto en debate representa un adelanto tremendamente significativo, que contará, por supuesto, con mi voto favorable en su discusión general.
Tengo dudas con respecto al límite de 25 por ciento que se le fija al gasto electoral para las primarias. Estimo que hay que bajarlo. De lo contrario, volverá a ganar el que ponga más dinero. Y créame, señor Presidente, que en Regiones hay personajes con mucho dinero, quienes ven en esto la posibilidad de tener más y más poder a través de los cargos pertinentes.
Por lo tanto, me parece adecuado, para garantizar una mayor igualdad, disminuir ese tope de 25 por ciento.
Vamos a aprobar la idea de legislar, y luego presentaremos las indicaciones respectivas.
A los señores Ministro de Energía y Contralor General de la República, solicitándoles requerir información sobre CONTRATOS ESPECIALES DE OPERACIÓN DE PETRÓLEO (CEOP) PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN REGIÓN DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Salud, a fin de que informe si existe PROGRAMA PARA PONER FIN A BASURAL Y A PLAGA DE ROEDORES EN TERRENO EN POBLACIÓN SANTA OLGA, COMUNA DE LO ESPEJO (Región Metropolitana).
Del señor FREI (don Eduardo):
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, pidiéndole adoptar resolución para FIN DE CALIDAD DE EXONERADO POLÍTICO DE SEÑOR CÉSAR TAPIA ARANEDA.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, requiriéndole CONSIDERACIÓN DE PREDIOS INDICADOS PARA CUMPLIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLANES DE URBANIZACIÓN EN COMUNA DE AYSÉN.
El señor ESCALONA (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Movimiento Amplio Social, liderado por el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me cedieron su tiempo el Comité Socialista...
El señor ESCALONA (Presidente).- ¿Y cuál más, señor Senador?
El señor NAVARRO.- ... y el Radical Social Demócrata.
El señor QUINTANA.- El Comité PPD, no.
Entonces, dispone de doce minutos, Su Señoría.
El señor ESCALONA (Presidente).- Cómo no, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, le comenté al Senador Navarro que tengo hora al médico, con el objeto de que me permita intervenir en primer lugar.
El señor NAVARRO.- Así es, señor Presidente. No tengo inconveniente.
El señor BIANCHI.- Además, le informo que el Comité Renovación Nacional me cedió su tiempo para hacer uso de la palabra en esta parte de la sesión.
El señor ESCALONA (Presidente).- Conforme.
Entonces, intervendrá en primer lugar el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, hoy en día nuestras Regiones reclaman la atención que les ha sido negada por tanto tiempo, y entre sus principales anhelos se halla mejorar la integración y afianzar así la identidad nacional. Para este objeto, es imprescindible contar con condiciones mínimas de conectividad, que representan el cimiento para el desarrollo y crecimiento de los lugares más apartados de nuestro país.
La localidad de Puerto Williams, ubicada en la isla Navarino, constituye la base terrestre más próxima al continente antártico, la más austral del país y del mundo, y pertenece a la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Concentra la mayor cantidad de la población de la isla, con 2.230 habitantes, y es el punto estratégico principal para el progreso del polo austral.
A su vez, el Ministerio de Obras Públicas tiene como uno de sus fines satisfacer las necesidades de infraestructura que permitan el mejor desarrollo de las potencialidades del territorio nacional.
En consideración a lo expuesto, nos preocupa la multiplicidad de proyectos destinados a mejorar la infraestructura turística en Puerto Williams, que involucran la creación y ampliación de obras marítimas y la construcción de edificaciones terrestres, los cuales han sido anunciados con gran difusión en la prensa regional y nacional, pero no se han concretado.
En ese contexto, he sostenido varias reuniones de trabajo con el Gobernador de la provincia Antártica Chilena, el profesor señor Nelson Cárcamo.
La gente de Navarino ve con preocupación la lenta tasa de avance de dichos proyectos. Esta resulta francamente impresentable en algunos casos; pues, hasta el día de hoy, se ha tenido que esperar más de quince años.
Para aclarar tal situación y develar los reales compromisos del Gobierno en la materia con esta gente pionera, solicité que se oficiara al señor Ministro de Obras Públicas para que enviara los datos actualizados relativos a los proyectos vigentes en la Región de Magallanes, particularmente en la provincia Antártica Chilena, que se especifican a continuación:
"Construcción Caleta de Pescadores".
"Mejoramiento infraestructura Portuaria Turística en Puerto Williams".
"Construcción Camino Penetración Caleta Eugenia-Puerto Toro".
Mención especial nos merece esta última iniciativa, que data de 1994. Ella ha pasado por diversas etapas, pero no existe proyecto concreto alguno que conecte el poblado de Puerto Toro con Puerto Williams.
Asimismo, "Construcción Infraestructura Portuaria Puerto Navarino" y "Ampliación Pista Aeródromo Guardiamarina Zañartu en Puerto Williams".
En materia de salud, pedí que se oficiara al Ministro del ramo, señor Jaime Mañalich, para que tuviera a bien informar acerca del proyecto "Centro de Salud Familiar Puerto Williams" y realizar las gestiones necesarias a fin de agilizar su ejecución, pues dicho establecimiento resulta indispensable para la comunidad de la provincia y para el cumplimiento de los estándares de un país moderno y equitativo con sus Regiones.
Adicionalmente, solicité que se oficiara al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Pedro Pablo Errázuriz, para que nos informara sobre el mejoramiento de la señal de Internet, la cual es muy defectuosa y genera trastornos diarios en todos los sectores de la provincia Antártica Chilena en actividades cotidianas, como pago de cuentas, postulaciones a proyectos, compras a través de sistemas on line, pago de impuestos o estudios a distancia.
Por lo expuesto, le pedí al titular de dicha Cartera que presentara los programas o enviara los proyectos necesarios para mejorar las comunicaciones en la Región de Magallanes, particularmente en la provincia Antártica Chilena, sobre todo en lo que dice relación con la señal de Internet, a los efectos de cumplir con los estándares de un país moderno y equitativo con sus Regiones.
Además, con igual fin, en cuanto a disponer de mejor conectividad austral, solicité que se mantuvieran los convenios de transporte marítimo y aéreo para la zona.
Por otra parte, pedí que se oficiara al Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Rodrigo Pérez Mackenna, para que informara acerca de la factibilidad y disposición de la Cartera a su cargo respecto de los siguientes puntos:
a) Concreción de la entrega de 40 subsidios para la construcción de viviendas en Puerto Williams, por un monto de 1.320 millones de pesos, lo que, según lo proyectado, debería concluirse durante el presente año.
b) Pavimentación de las calles de Puerto Williams, dado que el tamaño y los recursos del municipio son insuficientes y, además, este carece de la capacidad técnica para realizar los estudios necesarios.
c) Mejoramiento de la Villa Ukika, donde viven los últimos descendientes de la etnia yagán, por medio de subsidios y programas de mejoramiento de viviendas.
d) Autorización para la construcción de viviendas destinadas al personal que se desempeñe en el futuro "Centro de Salud Familiar Puerto Williams".
Los puntos señalados anteriormente son de suma urgencia para la población de Puerto Williams.
Finalmente, con fecha de diciembre de 2010, la Subdirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas emitió un documento titulado "Informe de Seguimiento Plan de Conectividad Austral", que detalla los proyectos relacionados con mi Región en el ámbito señalado. Entre los temas que trata se encuentran el avance de indicadores por objetivo estratégico, la inversión sectorial, el número de proyectos y/o acciones por objetivo estratégico, etcétera.
Todos esos datos son importantes para analizar tanto las gestiones realizadas como las pendientes. Sin embargo, al tratarse de un informe publicado el año 2010, resulta ineficiente para tener un panorama general de la ejecución y avance de los proyectos existentes.
Por todo lo anterior, señor Presidente, solicité que se dirigiera un oficio a la Subdirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas para que tuviera a bien enviar los datos actualizados de los proyectos vigentes en la Región de Magallanes, y particularmente de la provincia Antártica Chilena.
Para finalizar, solicito que copia de la presente intervención se remita a la Gobernación de la provincia Antártica Chilena, al Alcalde de Cabo de Hornos y a sus concejales.
El señor KUSCHEL.- Adhiero a los planteamientos del Senador Bianchi.
El señor NAVARRO.- Yo, también.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre del Senador señor Bianchi, conforme al Reglamento.
El señor ESCALONA (Presidente).- En el turno al Comité Partido MAS, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, Manuel Riesco, destacado economista a quien muchos respetamos, dijo en un artículo: "¡CAE a los Bancos Estúpido!".
Tenemos un gran debate sobre eso.
Hoy día he ingresado a la Contraloría General de la República una solicitud para que se determine la legalidad de la propaganda televisiva que el Ministerio de Educación está realizando sobre la "Ley CAE", en la cual se anuncia, en horario prime, que el CAE se reducirá de 6 a 2 por ciento, y se muestra a una masa de jóvenes que serían beneficiados con esa decisión del Gobierno.
Dicha imagen representa una realidad parcial, confunde, engaña a los jóvenes, porque el Gobierno tiene financiado solo el 2012. Para poder financiar las carreras que duran dos, tres, cuatro, cinco o seis años, que son la mayoría, se requiere asignar esos recursos en el proyecto de Ley de Presupuestos, que vamos a discutir este año para que se aplique el 2013. Y a fin de que los endeudados con crédito CAE desde 2006 hasta 2011 puedan ver rebajados los intereses de 6 a 2 por ciento se necesita una ley.
Por tanto, la pregunta es: ¿Qué está difundiendo el Gobierno en los spots televisivos, que tienen un costo de 2 millones de pesos por 30 segundos? ¡Dos millones de pesos por 30 segundos!
Pero no importaría el costo. ¡El punto de fondo es que lo que allí se anuncia no corresponde a la verdad!
El Gobierno, por una decisión suya, contrariando la voluntad de la inmensa mayoría de los chilenos, del 80 por ciento que pedía gratuidad, optó por fortalecer el CAE y seguir beneficiando a la banca, solo para el 2012.
Y esto que lo sepan los jóvenes de Chile, el millón de estudiantes de educación superior: por decisión del Gobierno, a fin de que haya CAE permanente se requiere una ley del 2013 en adelante y una normativa retroactiva desde el 2011 hasta el 2006, pues está financiado únicamente el 2012.
Frente a eso, hemos dicho que se busca engañar a los jóvenes. Por ello, recurrimos a la Contraloría General de la República para que, al igual que en los dictámenes números 47311, de 19 de noviembre de 2002, y 25406, de 18 de junio de 2003, aplique el precepto legal correspondiente. Estoy hablando de la publicidad que el ex Ministro de Salud doctor Artaza hizo del Plan AUGE y que determinó que el Órgano Contralor estableciera que dicho gasto no se podía reembolsar. Y así lo disponen esos dictámenes, que señalan claramente que se "evidencia que la normativa vigente al momento de incurrirse en los gastos objetados no permitía realizar esos desembolsos para informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar", toda vez que ello no se ha aprobado "mediante diversas normas de rango legal". Es decir, no hay ley.
Ahora bien, contrariamente a lo que ha planteado la Senadora Von Baer, quien me ha llamado a que me informe más, yo quiero decirle que la normativa es clara; que efectivamente no existe el financiamiento para el CAE que ofrece el Gobierno en el spot televisivo, y que políticamente los jóvenes señalaron, el 80 por ciento de la ciudadanía dijo: "Queremos gratuidad; no queremos endeudarnos a 20 años". Porque esa es la propuesta que hay en el Senado de la República para reducir el CAE de 6 a 2 por ciento. ¡Cuotas a 20 años!
Señor Presidente, las instituciones de educación superior privadas con fines de lucro han reportado ganancias brutas por no menos de 400 millones de dólares a los bancos intermediarios, debido, en cierto modo, a los intereses devengados por el crédito a los estudiantes y por la recarga pagada al contado por el Fisco más o menos en partes iguales, sin ningún riesgo, "sin moverse de su escritorio". Por cierto, los bancos han obtenido ganancias brutas que equivalen al 20 por ciento de los aproximadamente 2 mil millones de dólares colocados a los estudiantes en el CAE hasta el momento.
Y, sin embargo -señala Manuel Riesco-, "considerando la recompra por parte del Estado, la banca ha aportado solo unos 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, las ganancias brutas hasta el momento equivalen a ¡un tercio del capital aportado por la banca! No está mal", afirma Riesco.
"A lo anterior hay que agregar que aparte de endeudar a los estudiantes en 800 millones de dólares anuales y consumir un 30 por ciento del presupuesto de educación superior del 2012" -¡30 por ciento del presupuesto de la educación superior destinado al crédito con aval del Estado!- "casi todos los CAE van a parar a instituciones de educación superior privadas y la mitad a sólo tres de ellas, con fines de lucro.
"Por estos motivos hay que terminar con el CAE". Y esto lo compartimos con Riesco: ¡Se debe poner fin al CAE!
Y prosigue el economista: "Las ´recargas´ pagadas por el fisco a la banca suman un total de 106.257 millones de pesos entre el 2006 y 2011". Lo quiero repetir: "Las ´recargas´ pagadas por el Fisco a la banca suman un total de 106.257 millones de pesos entre el 2006 y 2011".
"Llama la atención que los promedios de recarga pagados a la banca entre el 2006 y el 2010 promediaron más de 40 por ciento de la cartera recomprada, proporción que se redujo violentamente el 2011 llegando a sólo 6 por ciento. "Ello -dice Riesco- resulta escandaloso, puesto que evidencia que durante los años precedentes se pagó de más a la banca una suma de más de ochenta mil millones de pesos". Por cierto, ¡cinco veces más que el escándalo de Kodama!, y pocos han hecho referencia a ello.
"Los intereses devengados por los CAE todavía en poder de la banca, es decir, descontada la recompra por parte del Estado, suman 90.452 millones de pesos desde el 2006". Esta cifra hay que actualizarla.
Señor Presidente, estamos frente a una dura disyuntiva: se nos propone discutir una ley retroactiva para alivianar la situación de 350 mil familias que serían beneficiadas con los descuentos a partir del 2012, y se nos da la posibilidad de rebajar de 6 a 2 por ciento el CAE para quienes están actualmente endeudados a 20 años.
Entonces, emplazo al Gobierno, y por cierto también a la propia ciudadanía, para que respondan lo siguiente:
¿Cuál sería en definitiva el modelo que el Senado debiera sancionar a través de la aprobación de una iniciativa legal? ¿El endeudamiento es tal como lo ha propuesto el Gobierno?
Algunos nos dirán: "El CAE fue creado por las Administraciones de la Concertación". Así es. ¡Pero ha demostrado su completo fracaso! Y es digno reconocer que se equivocó el camino y que se cometió un error.
El CAE no ha resuelto el problema del financiamiento de la educación superior. Por el contrario, ha causado un brutal endeudamiento de las familias y un enriquecimiento absoluto de la banca.
Señor Presidente, solicito que se oficie al Ministerio de Educación para que nos envíe toda la información respecto a los costos de la difusión del spot publicitario sobre el CAE a través de los principales canales de televisión, en los horarios principales, en los de los noticieros. Quiero, además, que nos remita todos los antecedentes acerca del gasto exacto en que ha incurrido dicha Secretaría de Estado entre los años 2006 y 2011 producto del CAE. Y, también, que actualice el desembolso proyectado a futuro, que ha sido planteado en un proyecto de ley que hoy día se debate en el Senado de la República.
¡Qué paradoja, señor Presidente! El martes y el miércoles pasados los podríamos denominar "el martes negro" y "el miércoles negro" de esta Corporación. El martes hubo una ácida discusión, un profundo cuestionamiento de la ciudadanía hacia el Senado. Y el miércoles analizamos con la CONFECH, la FEUC y la FECH, en lo relativo al CAE -esto se televisó-, si vamos a seguir aprobando que los bancos obtengan millonarias utilidades, decenas de miles de millones de pesos. Este día también discutimos lo concerniente al litio: a si este mineral va a ser administrado por decreto, como quiere el Gobierno, con la contradicción de intereses que ya hemos señalado del Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien no asistió al debate invocando la Ley de Transparencia, tras reconocer que en su caso había conflicto de intereses, pues su hermano es vicepresidente de la mayor industria de litio del mundo.
Entonces discutimos sobre un decreto que va a otorgar al sector privado de las mineras ganancias equivalentes a cientos de miles y miles de millones de pesos. Y debatimos acerca de las decenas de miles de millones de pesos que va a obtener la banca.
¡La banca y las mineras obtendrán cientos de miles de millones de pesos respecto de los cuales el Senado tiene el deber político y moral de discutir!
Sin embargo, al final del día martes -y también del miércoles- el tema en discusión no eran las ganancias millonarias de la banca (en mi opinión, ilegítimas), o la opción que ha tomado el Gobierno al entregar la explotación del litio a las mineras para que consigan utilidades siderales: cientos de miles de millones de pesos. El debate se centró en los dos millones de pesos correspondientes a las asignaciones de los Senadores.
Qué extraño que al final la prensa y la ciudadanía solo se queden con la discusión del equilibrio que debe haber entre las asignaciones que se entregan en la Cámara de Diputados y en el Senado con relación al gasto operacional. Porque un Diputado por un distrito recibe 5 millones de pesos y a un Senador, que se ocupa de cuatro, de ocho distritos, le dan 7 millones. La diferencia es de 2 millones de pesos que son asignados por un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, creado por la ley N° 20.447.
El Congreso Nacional es el único poder del Estado con este nivel de transparencia, pues da cuenta de cómo se asignan los recursos, del monto asignado y de cómo se revisan las deudas.
Yo lo he llamado "síndrome de la casa de vidrio". A veces la transparencia es buena, pero cuando es excesiva se vuelve contra quien busca ser transparente. Y los ciudadanos de la casa de vidrio terminan siendo cuestionados por mostrar todo: el baño, la intimidad. Y los voyeristas terminan por cuestionar que se muestre todo y lo consideran impuro, o inmoral.
Señor Presidente, yo creo que lo inmoral en este tema es la poca atención que estamos prestando a lo que he señalado, es decir, a las millonarias utilidades de la banca en torno al CAE y a las millonarias utilidades que las empresas mineras buscan obtener del litio, sin la participación del Estado, vulnerando lo que fue la chilenización y nacionalización del cobre, que se establecieron por ley.
Se ha producido un baipás al Senado de la República que es inaceptable.
Señor Presidente, ruego dar curso a los oficios que he solicitado, tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Hacienda, a fin de poder tener claridad del gasto de estos recursos, información que es posible obtener pero que quisiéramos que los Ministros de esas Carteras nos detallen, porque va a contribuir a la mayor transparencia en el ejercicio de la tramitación de dicho proyecto de ley.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, adhiero al oficio pedido por el Senador señor Navarro.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento, con la adhesión del Honorable señor Pizarro.
El señor ESCALONA (Presidente).- ¡Su Señoría hizo uso de toda la hora de Incidentes...!
Además, con su metáfora de la casa de vidrio me hizo acordar de John Lennon y Yoko Ono.
El partido Demócrata Cristiano no hará uso de la palabra y el Senador Bianchi ya ocupó el tiempo de Renovación Nacional.
--Se levantó a las 19:43.